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Nº 228 - TOMO 415 - 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2002

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

75ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

EL SEÑOR SENADOR DOCTOR GUILLERMO GARCIA COSTA Primer Vicepresidente

Y EL SEÑOR SENADOR DOCTOR RUBEN CORREA FREITAS Segundo Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyecto presentado

- Los señores Senadores Larrañaga y Garat presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley sobre el endeudamiento del sector agropecuario.

- A la Comisión de Hacienda.

5 y 9) Solicitudes de licencia

- Las formulan los señores Senadores Riesgo, Nin Novoa y Garat

- Concedidas.

6 y 10) Integración del Cuerpo

- Notas de desistimiento. Las presentan los doctores Lescano, Ríos y Ambrosio Rodríguez, comunicando que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.

7) Levantamiento del receso

- El Senado resuelve levantar el receso a fin de considerar el asunto motivo de la convocatoria.

8 y 11) Bancos con actividades suspendidas

- Proyecto de ley por el que se dictan normas para los Bancos cuyas actividades están suspendidas.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

12) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 19 de diciembre de 2002.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, a solicitud de varios señores Senadores, mañana viernes 20, a la hora 16, a fin de hacer cesar el receso, informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se dictan normas sobre los Bancos cuyas actividades están suspendidas.

Carp. Nº 966/02

Hugo Rodríguez Filippini Secretario - Mario Farachio Secretario."

"Montevideo, 19 de diciembre de 2002.

Sr. Presidente del Senado

Luis Hierro López.

Los Senadores abajo firmantes solicitamos se cite al Senado para el día de mañana 20 de diciembre a la hora 16, a fin de hacer cesar el receso y considerar el proyecto de ley sobre la actividad bancaria.

Saludamos a usted muy atentamente.

Wilson Sanabria, Alberto Brause, Luis A. Heber, Danilo Astori, Ruben Correa Freitas, Senadores."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Arismendi, Astori, Barrios Tassano, Brause, Cid, Couriel, de Boismenu, Dini, Gallinal, Garat, Gargano, González, Heber, Herrera, Korzeniak, Larrañaga, Michelini, Millor, Núñez, Pereyra, Pou, Rubio, Sanabria, Scarpa, Singer y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Nin Novoa, Riesgo y Virgili; y con aviso, los señores Senadores Fernández Huidobro y Mujica.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 18 y 39 minutos)

- Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"El Ministerio de Educación y Cultura remite la información solicitada por el señor Senador Felipe Goiriena relacionada con la Educación Pública en el departamento de Tacuarembó.

- OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR FELIPE GOIRIENA.

La Cámara de Representantes comunica que ha sancionado los siguientes proyectos de ley:

- por el que se regulariza la situación de los empleados de la ex Administración Nacional de los Servicios de Estiba,

- por el que se autoriza la salida del país de efectivos del Ejército Nacional, a efectos de ampliar su participación en la Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo,

- y por el que se modifica la tributación que grava las enajenaciones de gas-oil.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES.

- y remite con destino a la Comisión de Asuntos Internacionales, copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Representante Nacional Carlos Baráibar referidas a la realización de la IV Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), en la localidad de Ixtapan de la Sal, en los Estados Unidos Mexicanos.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

4) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Los señores Senadores Jorge Larrañaga y Carlos Garat presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley sobre endeudamiento del sector agropecuario."

- A LA COMISION DE HACIENDA.

(Texto del proyecto presentado:)

"REESTRUCTURACION DE ADEUDOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y SERVICIOS ANEXOS

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Quedan comprendidos en esta ley, con carácter preceptivo, las deudas contraídas con el Banco Central del Uruguay, el Banco de la República Oriental del Uruguay y con las instituciones de intermediación financiera en actividad intervenidas o en proceso de liquidación, u otras cuyo capital accionario mayoritariamente pertenezca al Estado de la República Oriental del Uruguay, derivadas del giro o actividad productiva de los deudores agropecuarios o prestatarios de servicios anexos, con anterioridad al 20 de junio de 2002, vencidas o a vencer, que no hubieren sido canceladas con posteriodidad a esa fecha.

Asimismo se entienden incluidas, aquellas deudas originalmente contraídas con los sujetos de derecho acreedores, indicados en el inciso anterior, que mediante la modalidad de cesión u otra análoga enajenación, sean transferidas a particulares u otras instituciones públicas o privadas.

Quedan expresamente excluidas las situaciones de endeudamiento que continúen siendo atendidas al amparo de las Leyes Nº 15.786, de 4 de noviembre de 1985, Nº 15.940 de 4 de marzo de 1988, Nº 16.243, de 5 de marzo de 1992, Nº 16.322, de 8 de noviembre de 1992 y Decretos reglamentarios del Poder Ejecutivo, convenios suscritos de acuerdo a las normas sobre endeudamiento interno de las resoluciones del Directorio de los Bancos: Central del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay, Comercial, La Caja Obrera y Pan de Azúcar de mayo de 1990 y demás disposiciones concordantes y modificativas.

El Banco Central del Uruguay instrumentará la fórmula de amparo a los beneficios de estas disposiciones para quienes hubieren optado por la operativa dispuesta por la Ley Nº 17.167, del 15 de setiembre de 1999, Resoluciones del Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay de 31 de mayo de 2001 y 26 de julio de 2002, modificativas y concordantes y modificativas.

No se considerarán cancelaciones las novaciones y renovaciones parciales o totales, con capitalización o no de intereses, cualesquiera fueren las formas de su instrumentación.

Artículo 2º.- La presente reestructuración de adeudos comprenderá a los deudores, codeudores, fiadores, garantes en general o avalistas, siempre que las deudas hayan sido contraídas para el giro o inversiones en la explotación agropecuaria o servicios anexos, ya sean personas físicas, jurídicas, sociedades civiles, sociedad conyugal, condóminos, socios de toda clase de sociedades de hecho, regulares, irregulares, o accidentales.

A los efectos de la individualización de los sujetos comprendidos se estará principalmente al origen de la documentación. Sin perjuicio de ello, las instituciones de intermediación financiera aplicarán los criterios más favorables a los deudores, para que dichos sujetos queden amparados.

Artículo 3º.- A los efectos de esta ley se entenderá por: a) capital adeudado, los adeudos por capital e intereses que las instituciones acreedoras determinen al 1º de enero de 1999, sin intereses de mora ni capitalización de los mismos; b) interés devengado, el generado a partir de la citada fecha hasta la vigencia de la presente ley.

Artículo 4º.- El capital adeudado se abonará en 20 cuotas semestrales vencidas, iguales y consecutivas del 5% cada una, a partir del 1º de mayo de 2005, cuyo pago inicial se hará efectivo el 31 de octubre del mismo año.

Artículo 5º.- El interés devengado se abonará en 10 cuotas semestrales vencidas, iguales y consecutivas del 10% cada una, a partir del 30 de abril de 2003, cuyo pago inicial se hará efectivo el 30 de octubre de 2003. El monto de los intereses devengados en el período comprendido entre el 1º de enero de 1999 y la vigencia de esta ley, será a una tasa del 5% anual sobre el capital adeudado al 1º de enero de 1999, que serán satisfechas en las mencionadas diez cuotas iguales.

Artículo 6º.- El interés sobre saldos pendientes de capital adeudado así como los saldos de intereses devengados, se le aplicarán una tasa de interés futura del 8% y se abonará en la forma, cuotas y plazos referidos en los artículos 4º y 5º de la presente ley.

Artículo 7º.- Las sumas pagadas con posterioridad al 1º de enero de 1999 por obligaciones generadas con anterioridad, se tomarán como pagos realizados a cuenta del capital adeudado a dicha fecha, abatiendo el mismo en el importe correspondiente.

Artículo 8º.- Los créditos concedidos con posterioridad al 1º de enero de 1999, generarán la tasa mencionada en el artículo 5º de la presente ley. Si se hubieren realizado pagos por concepto de intereses, en cuanto excedan el 5% se tomarán como pagos a cuenta de los intereses devengados en el período comprendido entre el 1º de enero de 1999 y la vigencia de esta ley.

Artículo 9º.- En todos los casos de amortización parcial o total del capital adeudado, interés devengado, costos judiciales, honorarios y otras erogaciones, las instituciones acreedoras aceptarán que el pago se realice con: Certificado de Depósitos Reprogramados del Banco de la República Oriental del Uruguay y Banco Hipotecario del Uruguay, Bonos del Tesoro, Letras de Tesorería Propiedad del Deudor o de un tercero u otras obligaciones que determine la Reglamentación, tomándolos por su valor nominal, cualquiera sea la fecha de vencimiento establecida para dichos títulos y obligaciones.

También se establece que por cada dólar que se pague en efectivo el Banco de la República Oriental del Uruguay o cualquiera de las instituciones financieras establecidas en la presente ley, lo tomen a los efectos del pago de capital como 1,50 dólares y para pago de intereses como 1,30 dólares.

Artículo 10.- Toda otra erogación que se devengue de los títulos, por su administración y rescate, o por otros conceptos no serán aplicados a la deuda reestructurada ni de cargo del deudor.

Artículo 11.- La presente ley operará como una opción a la que podrán acogerse todos los deudores agropecuarios y prestatarios de servicios anexos.

En este caso, necesariamente, las instituciones de intermediación financiera deberán reliquidar las deudas contraídas por aquéllos, determinándolas en la forma indicada en los artículos anteriores. Para el caso de que la deuda originalmente pactada no pueda ser fehacientemente determinada se tomará en cuenta la más antigua documentación que se conserve, como base para calcular el capital adeudado al 1º de enero de 1999.

Artículo 12.- Los honorarios de los profesionales intervinientes por la parte demandante para el cobro de las deudas contraídas por los sujetos comprendidos en la presente ley, devengados de actuaciones extrajudiciales o judiciales, no podrán exceder del 10% (diez por ciento) de lo fijado por el arancel profesional respectivo y las instituciones acreedoras lo adicionarán al capital adeudado al 1º de enero de 1999. En el caso que el obligado dé cumplimiento a los términos de la reestructuración de adeudos, quedará definitivamente liberado de abonar el total de los honorarios devengados.

Artículo 13.- Las instituciones acreedoras, no requerirán para esta operativa nuevas garantías y liberarán a favor de los deudores agropecuarios, por su orden las garantías hipotecarias, prendarias y personales, anualmente en el mismo porcentaje del importe de la cancelación de los adeudos. Tampoco constituirá un impedimento o inhabilitación del productor agropecuario para futuros créditos.

Artículo 14.- Suspéndese hasta la reglamentación de esa operativa, la ejecución de las providencias que hayan dispuesto o dispongan el remate de bienes embargados judicialmente, así como las subastas en ejecuciones hipotecarias o prendarias extrajudiciales, tendientes al cobro de deudas contraídas por productores agropecuarios deudores, codeudores, garantes en general o avalistas.

Artículo 15.- Durante el término y en los casos previstos por el artículo anterior, el secuestro y depósito en manos de terceros de los bienes embargados, sólo podrá decretarse cuando el ejecutado no quiera o no pueda constituirse en depositario de los mismos.

Artículo 16.- Los lanzamientos o desocupaciones dispuestos o que se dispongan contra colonos del Instituto Nacional de Colonización, que acrediten la calidad de arrendatarios, subarrendatarios, cesionarios o promitentes adquirentes de predios propiedad de dicho Instituto, quedarán suspendidos en su cumplimiento efectivo hasta el dictado de la Reglamentación que se dispone en la presente ley.

Artículo 17.- Estarán comprendidas en lo que establece la presente ley las deudas pecuarias hasta 200.000 dólares, las deudas agrícolo-ganaderas hasta 250.000 dólares y las deudas de la agricultura hasta 350.000 dólares.

Artículo 18.- Se podrán cancelar deudas con Bonos de Deuda Pública y el Banco de la República Oriental del Uruguay podrá exigir hasta el 15% el pago en efectivo del total de la deuda a cancelar para las categorías 3, 4 y 5 y del 30% en efectivo del total de la deuda a cancelar para las categorías 1 y 2. En todo los casos se aceptarán los bonos para el pago total o pago parcial de la deuda.

Artículo 19.- A los deudores agropecuarios con explotación hasta 500 hectáreas de índice de CONEAT 100, cuya deuda, recalculada de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º de la presente ley, no exceda los 30.000 dólares, tendrán las mismas condiciones establecidas, pero con un reperfilamiento a 15 años.

Empezarán a pagar amortización de capital a partir del año 2007. Para ampararse en esta refinanciación deberán pagar intereses antes de abril del año 2003. Estos deudores tendrán la posibilidad de pagar total o parcialmente sus deudas con Bonos de Deuda Pública, pero sin la exigencia del pago en efectivo.

Artículo 20.- El Juez, sin más trámite, decretará la suspensión, a petición de parte, cuando el interesado acredite sumariamente ser sujeto comprendido y que se cumplan los extremos previstos en los artículos 1º y 4º de la presente ley, o de oficio, cuando los mismos resulten del expediente. La providencia que decrete la suspensión no será pasible de recurso alguno.

Artículo 21.- El Banco Central del Uruguay, dentro de un plazo de 30 días de promulgación de la presente ley, dictará las disposiciones necesarias para esta operativa de reestructuración de endeudamiento pueda cumplirse con arreglo a estas disposiciones.

Jorge Larrañaga, Carlos Garat, Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El proyecto de ley atiende al endeudamiento del sector agropecuario, y servicios anexos, persigue que los afectados por un alto endeudamiento puedan con el valor de la producción ir amortizando sus deudas.

En la situación actual, con elevado monto que las mismas han adquirido, como consecuencia de los atrasos, el alto costo de los intereses y moras, la baja de valor de los productos del campo, hacen imposible que se pueda pagar el endeudamiento en el sector agropecuario.

Demás esta explicar el contenido social de esta ley, la que permitirá al productor rural permanecer en el medio trabajando con su familia y no verse expulsado, pasando a ser un desamparado marginal en los cordones de pobreza de las ciudades.

El sistema financiero va a poder recuperar la totalidad de lo adeudado, si se le otorga a los deudores la posibilidad de pagar con el valor de su producción. Si se le ejecuta, no se recupera ni la mitad del endeudamiento, además del grave problema social que se generaría de alcance imprevisible.

Es así que se considera necesario impulsar esta ley, mediante la cual se recalcula el valor del monto de la deuda al 1º de enero de 1999, se extienden los plazos para el pago de la misma, se bajan los intereses, haciendo posible que con producción se pueda vivir y pagar los compromisos asumidos.

Además se establece la posibilidad de pagar con Bonos del Estado y Depósitos reprogramados de los Bancos Oficiales.

Asimismo se dispone de franjas del monto de los deudores para ampararse a esta ley.

Jorge Larrañaga, Carlos Garat, Senadores."

5) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Riesgo solicita licencia por el día de la fecha."

Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 20 de diciembre de 2002.

Señor Presidente

de la Camara de Senadores

Don Luis Hierro López

Presente.

De mi mayor consideración.

Por la presente solicito a Usted licencia por el día de la fecha, y en consecuencia, que se convoque a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente

Walter Riesgo, Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Senador Dini, quien ya ha prestado el juramento de estilo, por lo que, si se encontrara en Antesala, se lo invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Dini)

- Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Nin Novoa solicita licencia por el día de la fecha."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 20 de diciembre de 2002.

Don Luis Hierro López

Presidente del Senado

Presente.

De mi consideración:

Por la presente solicito licencia por el día 20 de diciembre, por razones particulares.

Por ese motivo, solicito también se cite a mi suplente.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,

Rodolfo Nin Novoa, Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de dos notas de desistimiento.

(Se da de las siguientes:)

"Los doctores Lescano y Ríos comunican que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto."

- Corresponde convocar al doctor Tabaré González, quien ya ha prestado el juramento de estilo, por lo que, si se encontrare en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador González)

7) LEVANTAMIENTO DEL RECESO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ha sido convocado para considerar el proyecto de ley sobre los bancos suspendidos, por lo que es necesario levantar el receso.

Se va a votar si se levanta el receso.

Los señores Senadores por la afirmativa, sirvanse indicarlo.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) BANCOS CON ACTIVIDADES SUSPENDIDAS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el único punto del Orden del Día: "Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se dictan normas sobre los Bancos cuyas actividades están suspendidas. (Carp. Nº 966/02)."

(Antecedentes:)

"Comisión de Hacienda

integrada con la de

Constitución y Legislación

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

SECCION I

NORMAS SOBRE INTERMEDIACION FINANCIERA

Capítulo I

Normas de fortalecimiento de la supervisión del sistema financiero

Artículo 1º. Supervisión de entidades integrantes de grupos económicos.- El Banco Central del Uruguay ejercerá sus potestades normativas, de control y sancionatorias sobre las entidades de intermediación financiera que integren un grupo económico con otras empresas, teniendo en cuenta la existencia y situación del grupo y su incidencia en la actividad, solidez y solvencia de la entidad controlada. El Directorio del Banco Central del Uruguay declarará, mediante resolución fundada, la existencia del grupo económico e integración a él de la entidad controlada.

Con la finalidad de consolidar la supervisión atendiendo al grupo económico del cual forme parte la entidad controlada, el Banco Central del Uruguay a través de sus dependencias especializadas podrá ejercer las potestades previstas en el literal b) del artículo 14 y en el inciso cuarto del artículo 15 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, y en su caso en el literal G) del artículo 7º de la Ley Nº 16.426, de 14 de octubre de 1993, y en el literal G) del artículo 39 de la Ley Nº 16.696, de 30 de marzo de 1995, respecto a todas las empresas integrantes del grupo, cualquiera sea su giro.

Artículo 2º. Tercerización de servicios por entidades controladas.- Requerirá autorización del Banco Central del Uruguay la contratación por las entidades sometidas a su control de la prestación en su favor por terceros de servicios de tal modo inherentes a su giro que, cuando son cumplidos por dependencias de la propia entidad, están sometidos a las potestades normativas y control del Banco Central del Uruguay. El Banco Central del Uruguay podrá enumerar reglamentariamente, en forma no taxativa, servicios comprendidos en esta previsión.

Las empresas que presten tales servicios estarán sometidas, en cuanto a esas actividades, a las mismas normas que las rigen cuando son cumplidas por las entidades controladas por el Banco Central del Uruguay, exceptuando las de carácter sancionatorio.

Artículo 3º. Obligación de información de los empleados de las empresas controladas por el Banco Central del Uruguay.- La aplicación de una sanción o de cualquier otra medida lesiva a los empleados de empresas de intermediación financiera controladas por el Banco Central del Uruguay motivada por el cumplimiento del deber de informar a dicha institución acerca de las infracciones a las leyes y los decretos que rigen esta actividad o a las normas generales e instrucciones particulares dictadas por el Banco Central del Uruguay, de las que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones, constituirá una infracción y dará lugar a las medidas previstas en el artículo 20 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992. La sanción se graduará atendiendo a la gravedad de la irregularidad denunciada por el empleado y de la lesión que se le hubiere inferido a éste. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad por su comportamiento ilícito del empleador frente al empleado, conforme a las normas del derecho común y laboral.

La existencia de la denuncia y la identidad del denunciante están comprendidas en el deber de secreto (artículos 22 y 23 de la Ley Nº 16.696, de 30 de marzo de 1995).

Artículo 4º. Cometidos y atribuciones de las Superintendencias de Instituciones de Intermediación Financiera y de Seguros y Reaseguros.- Sustitúyese el penúltimo inciso del artículo 39 de la Ley Nº 16.696, de 30 de marzo de 1995, por el siguiente:

"El Directorio podrá avocar en cualquier momento el ejercicio de las potestades previstas en los literales A) y F)."

La remisión a ese inciso contenida en el artículo 41 de la misma ley se entenderá referida a la redacción que se le atribuye por este artículo.

Artículo 5º.- Poderes del Banco Central del Uruguay.- Sustitúyese el artículo 16 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, por el siguiente:

"ARTICULO 16.- Con respecto a las empresas e instituciones comprendidas en los artículos 1º y 2º de esta ley, el Banco Central del Uruguay podrá:

a) establecer un encaje mínimo obligatorio sobre los depósitos. El encaje sólo podrá estar constituido por la tenencia efectiva de billetes y monedas en circulación, por depósitos en el Banco Central del Uruguay, por la tenencia de metales preciosos y por otros activos líquidos que autorice el Banco Central del Uruguay;

b) reglamentar las modalidades de captación de recursos;

c) dictar normas generales e instrucciones particulares tendientes a mantener la liquidez y la solvencia de las empresas y limitar los riesgos que pudieran asumir fijándoles los topes que estime necesarios; a exigirles planes de adecuación, de saneamiento o de recomposición patrimonial, o adecuación de su monto; a requerirles reestructuras de su organización, y desplazamientos o sustituciones de su personal superior.

El Banco Central del Uruguay podrá requerir de las empresas comprendidas en el artículo 1º de esta ley modificaciones en la estructura y composición del capital accionario, si los propietarios de las acciones correspondientes hubieran sido sancionados de conformidad con el artículo 23 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y sus modificativas.

La resolución del Banco Central del Uruguay que imponga la adopción de las modificaciones referidas se adoptará otorgando previamente a los accionistas afectados adecuada oportunidad de presentar sus descargos y articular su defensa, y deberá fijar un plazo prudencial para la realización de los procedimientos societarios que puedan corresponder para su cumplimiento.

El quorum de presencia y la mayoría de votos necesarios para que los órganos sociales adopten las decisiones requeridas conforme a lo previsto en el inciso precedente se computarán prescindiendo de los accionistas y de sus acciones alcanzados por las resoluciones del Banco Central del Uruguay que ese inciso se refiere. Las decisiones sociales consiguientes necesarias para cumplir la resolución del Banco Central del Uruguay, no generarán derechos de preferencia o de acrecer (Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, Arts. 326 a 330) ni tampoco derecho de receso (Ley Nº 16.060, citada, Arts. 108, 109, 129, 130, 139, 166, 284, 319, 330 y 362 a 364 y concordantes), en beneficio del o de los accionistas alcanzados por las antedichas resoluciones del Banco Central del Uruguay.

Si no se diera cumplimiento a las modificaciones en la estructura y composición del capital accionario requeridas en el plazo prudencial que hubiera fijado, el Banco Central del Uruguay podrá anular los derechos de los accionistas, alcanzados por el requerimiento (Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, Art. 319)."

Artículo 6º. Instituciones estatales.- Sustitúyese el inciso final del artículo 20 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, por los siguientes:

"El Banco Central del Uruguay pondrá en conocimiento del Poder Ejecutivo las infracciones a las leyes y decretos que rijan la intermediación financiera o a las normas generales e instrucciones particulares que hubiera dictado, cometidas por instituciones estatales, así como las resoluciones dictadas en aplicación de lo dispuesto en el inciso siguiente, a fin de que considere la adopción de rectificaciones sobre la gestión o los actos de la institución infractora, o de correctivos sobre los miembros de su Directorio, de conformidad con el artículo 197 de la Constitución de la República.

Las instituciones infractoras serán pasibles de las medidas previstas en los numerales 1), 2) y 3) del inciso primero de este artículo."

Las remisiones de la legislación vigente al artículo 20 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, se entenderán referidas a la redacción que se le atribuye por este artículo.

Artículo 7º. Medidas respecto del personal superior.- Sustitúyese el acápite del artículo 23 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, por el siguiente:

"ARTICULO 23.- Los representantes, directores, gerentes, administradores, mandatarios, síndicos y fiscales de las empresas de intermediación financiera comprendidas en la presente ley, que actúen con negligencia en el desempeño de sus cargos, o aprueben o realicen actos o incurran en omisiones que puedan implicar o impliquen la aplicación de las sanciones previstas en los numerales 3º) a 7º) del artículo 20 de la presente ley, podrán ser pasibles de multas entre UR 100 (cien Unidades Reajustables) y UR 10.000 (diez mil Unidades Reajustables) o inhabilitados para ejercer dichos cargos hasta por diez años, por el Banco Central del Uruguay".

Artículo 8º. Registro, emisión y transferencia de acciones.- Sustitúyense los artículos 43, 45 y 46 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 4º de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, por los siguientes:

"ARTICULO 43.- Las sociedades anónimas que desarrollen actividades de intermediación financiera deberán consagrar preceptivamente en sus estatutos que sus acciones serán necesariamente nominativas y sólo transmisibles previa autorización del Banco Central del Uruguay".

"ARTICULO 45.- El Banco Central del Uruguay llevará un registro público de los accionistas de las sociedades anónimas a que se refiere el artículo 43.

Las sociedades anónimas de intermediación financiera deberán declarar ante el Banco Central del Uruguay quiénes son sus accionistas, para su inscripción en el registro respectivo. Si los accionistas son a su vez sociedades por acciones, deberá establecerse en la declaración la identidad de los accionistas de esta sociedad; si la situación se reiterara, se ampliará la declaración hasta llegar al sujeto de derecho que, a juicio del Banco Central del Uruguay, ejerce el efectivo control de la sociedad que cumple sus actividades en el país.

Los representantes de las entidades financieras constituidas en el exterior, sean o no sociedades anónimas, deberán registrarse ante el Banco Central del Uruguay, en las condiciones que establezca la reglamentación".

"ARTICULO 46.- Toda emisión o transferencia de acciones de una sociedad anónima que desarrolle actividad de intermediación financiera deberá ser previamente autorizada por el Banco Central del Uruguay, que tendrá en cuenta al resolver razones de legalidad, de oportunidad y de conveniencia. La solicitud de autorización deberá precisar la identidad del o los adquirentes.

La emisión o transferencia realizada en violación de lo dispuesto en este artículo será nula".

Artículo 9º. Desplazamiento de accionistas por razones de necesidad pública en caso de suspensión y graves infracciones.- Declárase de necesidad pública la expropiación por el Estado de las acciones de las empresas de intermediación financiera con actividad suspendida y cuyos propietarios hayan sido sancionados de conformidad con el artículo 23 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982 y sus modificativas.

Artículo 10. Designación y consignación de la compensación.- La designación de las acciones a expropiar conforme a lo dispuesto en el artículo precedente será decretada por el Poder Ejecutivo, a propuesta fundada del Banco Central del Uruguay.

La justa y previa compensación prevista en el artículo 32 de la Constitución de la República surgirá de la determinación del valor patrimonial de la empresa que realice el Banco Central del Uruguay. La resolución de designación establecerá el monto resultante de dicha determinación, o en su caso, hará constar el valor patrimonial negativo de la empresa.

El importe respectivo, cuando corresponda, será consignado de inmediato por el Poder Ejecutivo en una cuenta especial en el Banco de la República Oriental del Uruguay, a la orden del expropiado o a la orden del Juzgado competente si se propusiera impugnar el monto de la compensación conforme a lo previsto en el artículo siguiente.

La consignación de la compensación, o en su caso la determinación del valor patrimonial negativo de la empresa, producirán de pleno derecho la transferencia a favor del Estado de las acciones alcanzadas por la designación decretada por el Poder Ejecutivo, que se inscribirá en el Registro respectivo. El recurso administrativo y la acción de nulidad que pudieran interponerse contra el decreto de designación del Poder Ejecutivo, o la acción de determinación del monto de la compensación prevista en el artículo siguiente, no suspenderán esa transferencia.

Artículo 11. Determinación judicial de la compensación.- Si el Poder Ejecutivo o el sujeto expropiado consideraran injusta la compensación determinada conforme al artículo anterior, o en su caso la declaración del valor patrimonial negativo de la empresa, podrán promover la determinación de la compensación en proceso ordinario ante el Juzgado competente, estableciendo en la demanda la cuantía que estimen justa, sin perjuicio de la transferencia de propiedad ya producida y de la disponibilidad por el expropiado del monto consignado por el expropiante.

Si el proceso fuera promovido por el Poder Ejecutivo, el Juzgado librará orden de pago a favor del expropiado hasta concurrencia del importe contenido en la demanda contra los fondos consignados, y podrá hacerlo hasta el total consignado si el expropiado garantizara satisfactoriamente la devolución del exceso que pudiera resultar.

La acción prevista en este artículo deberá promoverse dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de designación. Vencido ese plazo, se entenderá aceptado ese monto como justa compensación.

Artículo 12.- Previa autorización del Banco Central del Uruguay las cooperativas de intermediación financiera podrán emitir, si está previsto en sus estatutos, acciones con interés, las que formarán parte de su patrimonio esencial, a los efectos del cumplimiento de la relación patrimonio-activos de riesgo fijada por las normas banconcentralistas.

Las acciones con interés a que refiere el inciso anterior serán nominativas, no originarán a sus tenedores derechos sociales (voz y voto en asambleas generales, derecho a elegir y ser elegido como dirigente), no podrán emitirse por un importe mayor al 50% (cincuenta por ciento) del capital social resultante al cierre del ejercicio anterior al de la emisión y podrán ser rescatadas en cualquier momento por la cooperativa emisora.

La Asamblea General determinará las condiciones de cada emisión, el plazo de su inscripción y el tipo de interés de las acciones correspondientes a la misma.

Las acciones deberán contener:

a) el nombre acción con interés;

b) denominación y domicilio de la cooperativa y los datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio;

c) capital social;

d) valor nominal de la acción;

e) fecha de creación;

f) el nombre del tenedor de la acción;

g) el lugar y fecha de pago de los intereses, si no fuera el mismo que el domicilio;

h) el monto y la moneda de cada acción;

i) el interés y la forma de reajuste o actualización del capital, si correspondiente;

j) la firma del representante legal de la cooperativa.

Capítulo II

Potestades del Banco Central del Uruguay como liquidador de sociedades de intermediación financiera

Artículo 13.- Sustitúyese el artículo 41 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, incorporado por el artículo 4º de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, por el siguiente:

"ARTICULO 41.- El Banco Central del Uruguay será liquidador, en sede administrativa, de las empresas integrantes del sistema de intermediación financiera y de sus respectivas colaterales. A tales efectos, determinará las empresas que se consideran colaterales.

El Banco Central del Uruguay ejercerá sus potestades como liquidador de entidades de intermediación financiera con la finalidad primordial de proteger el ahorro por razones de interés general".

Artículo 14.- La disolución de las sociedades y el consiguiente estado de liquidación serán declarados por el Banco Central del Uruguay, en los casos en que proceda conforme a la legislación vigente en materia de sociedades de intermediación financiera y las demás aplicables a las sociedades anónimas. La liquidación se regirá por las disposiciones de la presente ley, y subsidiariamente y en lo pertinente por las normas de liquidación de sociedades anónimas.

Compete al Banco Central del Uruguay, como liquidador, la verificación de créditos, la definición de masa solvente e insolvente, la conversión de obligaciones en moneda nacional o extranjera o en unidades reajustables u otros procedimientos de actualización monetaria, la determinación del orden de preferencia en los pagos, el porrateo de los fondos y demás competencias que sean necesarias para el logro de sus fines.

Los actos del Banco Central del Uruguay previstos en el inciso precedente y sus antecedentes se pondrán de manifiesto por el término de diez días hábiles, lo que se hará saber por edictos publicados en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional. Vencido el término de diez días, se considerarán notificados a todos los interesados, a los efectos del inciso primero del artículo 317 de la Constitución de la República. Dentro del término de diez días previsto en la disposición constitucional recién citada, deberá deducirse cualquier reclamación contra esos actos, incluso las que deriven de la invocación de nulidad o anulabilidad de actos anteriores de la sociedad en liquidación.

Artículo 15.- El Banco Central del Uruguay, como liquidador, dispondrá de los más amplios poderes de administración y disposición, sin limitaciones de especie alguna, sobre los bienes, acciones, derechos y obligaciones de las sociedades o empresas comprendidas en la liquidación, a cuyo efecto podrá levantar los embargos e interdicciones trabados.

En su carácter de liquidador, el Banco Central del Uruguay tendrá las facultades necesarias para la mejor gestión y recuperación de los créditos contra terceros, incluyendo la de efectuar quitas y esperas, renovar créditos y celebrar acuerdos de pago referidos a los créditos, y mantener operativas las Carteras de tarjetas de crédito y similares según la reglamentación que establecerá el propio Banco Central del Uruguay; debiendo adoptar la solución que en cada caso posibilite la mejor recuperación en beneficio de la masa en atención a las circunstancias.

Las resoluciones consentidas o definitivas del Banco Central del Uruguay dictadas en su calidad de liquidador por las cuales se liquiden créditos de las empresas en liquidación contra terceros, constituirán título ejecutivo.

Artículo 16.- El Banco Central del Uruguay, en su carácter de liquidador, podrá disponer que con activos y pasivos del intermediario en liquidación que a tal efecto determine, se constituyan uno o más fondos de recuperación de patrimonios bancarios, que se regirán en lo pertinente por la Ley Nº 16.774, de 27 de setiembre de 1996 y su modificativa Nº 17.202, de 24 de setiembre de 1999.

Los fondos de recuperación de patrimonios bancarios estarán constituidos por el aporte de créditos contra la sociedad en liquidación, invertidos en los créditos de la misma sociedad contra terceros; no regirán a estos efectos los requisitos de homogeneidad o analogía ni de garantía contenidos en el inciso primero del artículo 30 de la Ley Nº 16.774, de 27 de setiembre de 1996, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.202, de 24 de setiembre de 1999. Los créditos contra la sociedad se transformarán en aportes al fondo por su importe calculado con valor a la fecha de constitución del fondo de acuerdo a lo pactado originariamente con la sociedad de intermediación, o en su caso de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la presente ley, y sus titulares serán cuotapartistas del patrimonio de afectación a prorrata de ese monto. Podrán emitirse cuotapartes de condominio, de crédito o mixtas, según se establezca en el reglamento respectivo. Los deudores de la sociedad de intermediación financiera pasarán a serlo del patrimonio de afectación en las condiciones pactadas con la entidad en liquidación.

Los reglamentos de los fondos de recuperación de patrimonios bancarios podrán establecer los tipos de medios de pago o valores que los cuotapartistas recibirán en virtud de sus cuotas.

El Banco Central del Uruguay publicará la constitución del fondo de recuperación en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional. Con esa publicación, se entenderán transferidos al fondo de pleno derecho, en la fecha de la última publicación, todos los derechos y obligaciones, sus títulos y garantías, que ya sea como aportes al fondo de recuperación o como el objeto de su inversión, resultaren de su constitución, transferencia que se hará constar expresamente en todas las publicaciones; y desde ese momento, todas las referencias documentales y registrales relativas a los derechos y obligaciones transferidos al fondo de recuperación se entenderán hechas a éste.

La denominación del fondo de recuperación permitirá identificar su origen en las operaciones de la institución intermediaria de la cual procede.

Los patrimonios de los fondos de recuperación de patrimonios bancarios no responderán por las deudas de los cuotapartistas, de las sociedades administradoras o depositarias, ni por las demás deudas de la sociedad de intermediación financiera en liquidación.

Artículo 17.- El Banco Central del Uruguay podrá administrar por sí los fondos a que refiere el artículo anterior, o encomendar esa administración o la de activos incluidos en el fondo mediante un procedimiento competitivo a una institución bancaria, o a una de las sociedades reguladas por los artículos 5º y siguientes de la Ley Nº 16.774, de 27 de setiembre de 1996. La remuneración de la entidad administradora será con cargo a los fondos administrados; su monto se acordará con el Banco Central del Uruguay.

Al encomendarle la administración, el Banco Central del Uruguay determinará las facultades de que el administrador del fondo estará investido para la mejor gestión y recuperación de los créditos contra terceros, pudiendo incluir la de efectuar quitas y esperas, renovar créditos y celebrar acuerdos de pago referidos a los créditos, y vender como universalidades o formando parte de ellas activos o pasivos comprendidos en el fondo que a tal efecto determine; debiendo adoptar la solución que en cada caso posibilite la mejor recuperación en beneficio del fondo en atención a las circunstancias del caso.

La responsabilidad de los administradores de fondos de recuperación de patrimonio bancarios se regirá, según corresponda, por los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República, o por lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Nº 16.774, de 27 de setiembre de 1996.

Artículo 18.- En el mismo carácter de liquidador, el Banco Central del Uruguay podrá vender como universalidades, cuotas partes del patrimonio de las sociedades en liquidación que a tal efecto determine, pudiendo incluir activos líquidos. Las ventas se realizarán por el procedimiento competitivo que determine el Banco Central del Uruguay por razones de buena administración, respetando los principios de igualdad de los interesados y publicidad, y se adjudicarán al oferente que proponga la mejor contraprestación.

Si activos o pasivos comprendidos en la o las cuotas vendidas se hubieran incluido en un fondo de recuperación de patrimonio bancarios de los previstos en el artículo 16 de la presente ley, el Banco Central del Uruguay, como liquidador, o en su caso el administrador del fondo conforme al inciso segundo del artículo anterior, podrá proceder a desglosarlos del mismo y transferirlos al comprador en la forma que corresponda conforme a derecho, siempre que se mantenga razonablemente la proporción entre aportes y activos del fondo existente al momento de su constitución, ya sea volcando el precio percibido en el fondo de recuperación que esos activos y pasivos integraban, o mediante otra compensación, todo ello apreciado conforme a las reglas de contabilización y valoración de activos y pasivos de las entidades de intermediación financiera del Banco Central del Uruguay y, en su defecto, las demás generalmente admitidas.

A los efectos del inciso anterior, no regirá para la sociedad administradora del fondo de recuperación de patrimonios bancarios o de activos incluidos en él, la prohibición del inciso primero del artículo 12 de la Ley Nº 16.774, de 27 de setiembre de 1996.

Artículo 19.- Con la finalidad de transferir los respectivos pasivos a otro intermediario financiero, de aportarlos para la constitución de un fondo de recuperación de los previstos en el artículo 16 de la presente ley, o de desglosarlos de un fondo ya constituido respetando la proporción entre aportes y activos prevista en el inciso segundo del artículo 18 de esta ley, el Banco Central del Uruguay en su carácter de liquidador y el intermediario financiero destinatario de esa transferencia, o en su caso y en su lugar el administrador del fondo, podrán proyectar de común acuerdo, para proponerlos a los acreedores de la sociedad en liquidación o a categorías determinadas de ellos, acuerdos colectivos de sustitución de deudor, de quitas o reprogramación de los vencimientos de sus créditos con el nuevo deudor, de aportación de sus créditos a la constitución de fondos de inversión, de capitalización de sus créditos, o de tales soluciones acumulativamente. Las propuestas podrán contemplar soluciones diferenciales en beneficio de ciertas categorías de acreedores o de créditos hasta cierto valor absoluto, respetando la igualdad entre los acreedores de la misma categoría y sin alterar el prorrateo que en definitiva corresponda a todos los acreedores.

Las propuestas sólo podrán ser presentadas a los acreedores afectados cuando cuenten con la opinión favorable de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera del Banco Central del Uruguay, fundada en la viabilidad actual y futura de la entidad destinataria.

El Banco Central del Uruguay, en su calidad de liquidador, convocará a adherir al acuerdo colectivo a los acreedores a los que se refiere la propuesta, mediante publicaciones en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional por lo menos, determinando la forma y el plazo en que los acreedores podrán formular su consentimiento.

Los acuerdos colectivos serán obligatorios para todos los acreedores a los que se refieren, adherentes o no, cuando hubieran adherido a ellos acreedores alcanzados que representen el 66% (sesenta y seis por ciento) del total de los pasivos afectados por el acuerdo. En el caso de las obligaciones negociables se requerirá el consentimiento de tenedores que representen la mayoría del capital circulante. Se excluirá de la obligatoriedad general de los acuerdos colectivos, en cuanto contengan capitalización de sus créditos, a los acreedores a los que esté legal o reglamentariamente prohibido invertir en acciones de instituciones de intermediación financiera.

Artículo 20.- Declárase que la suspensión de actividades de las entidades de intermediación financiera comprendidas en el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982 dispuesta por el Banco Central del Uruguay, tendrá por efecto la suspensión de la exigibilidad de todos los créditos contra la entidad suspendida por todo el plazo de duración de esta medida.

Artículo 21.- En el ejercicio de sus facultades como liquidador, el Banco Central del Uruguay tendrá presentes los privilegios de ciertos créditos legalmente establecidos y la igualdad entre los acreedores de la misma categoría.

No se entenderá por sí misma lesiva de la igualdad la determinación de categorías de acreedores para incluirlas o no en fondos de recuperación de patrimonio bancarios, en el alcance de acuerdos colectivos conforme al artículo 19 de la presente ley, o en universalidades transferidas a terceros, en tanto exista razonable equivalencia entre activos y pasivos transferidos o la diferencia se compense en el precio incorporado a la masa o mediante otra compensación, todo ello apreciado conforme a las reglas de contabilización y valoración de activos y pasivos de las entidades de intermediación financiera del Banco Central del Uruguay y, en su defecto, las demás generalmente admitidas.

Capítulo III

Normas sobre liquidación de instituciones de intermediación financiera cuyas actividades están suspendidas a la fecha de promulgación de la presente ley

Artículo 22.- Las disposiciones del presente Capítulo, adoptadas como consecuencia de la situación por la que atraviesan las instituciones de intermediación financiera cuya actividad se suspendió por el Banco Central del Uruguay, tienen el propósito de amortiguar el impacto que para la sociedad significaría la aplicación lisa y llana de la normativa vigente.

En cumplimiento de lo expresado en el inciso anterior, se pretende rescatar el mayor valor de los activos pertenecientes a las instituciones de intermediación financiera suspendidas, mediante los mecanismos que surgirán de la aplicación de la presente normativa a efectos de defender los derechos de los acreedores.

El Banco Central del Uruguay ejercerá sus potestades como liquidador de las entidades de intermediación financiera comprendidas en el presente Capítulo, con la finalidad de proteger los derechos de los depositantes de esas entidades, custodiando el ahorro por razones de interés general.

El Estado no realizará aporte de recursos adicionales en ninguna de estas instituciones.

Artículo 23.- El Estado, sin perjuicio de las acciones promovidas al presente, deberá demandar administrativa y judicialmente a los accionistas y directores responsables de graves infracciones en perjuicio de los bancos a que refiere este Capítulo. El producido de las mismas se destinará a los Fondos de Recuperación de Activos.

Artículo 24.- La disolución y liquidación de las entidades de intermediación financiera cuyas actividades se encuentran suspendidas a la fecha de promulgación de esta ley que pueda disponer el Banco Central del Uruguay, se regirán por lo dispuesto en el Capítulo II de la Sección I de la presente ley.

La resolución del Banco Central del Uruguay disponiendo la disolución y liquidación de una entidad bancaria de las aludidas en el inciso primero, importará por sí, de pleno derecho, la constitución de un fondo de recuperación del respectivo patrimonio bancario regido por lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la presente ley. Por consiguiente, también de pleno derecho, la resolución disponiendo la disolución y liquidación operará la transferencia al fondo, en esa fecha, de todos los derechos y obligaciones, sus títulos y garantías, incluso activos líquidos, que ya sea como aportes al fondo de recuperación o como el objeto de su inversión, resultaren de su constitución, todo según el estado de situación de la sociedad a la fecha de la suspensión de sus actividades, con los ajustes posteriores que correspondan según los determinará el Banco Central del Uruguay como liquidador. En la misma resolución del Banco Central del Uruguay disponiendo la disolución y liquidación de la sociedad se aprobará el reglamento del fondo de recuperación del patrimonio bancario, que preverá la existencia de una cuotaparte adicional del pasivo incorporado destinada a contingencias futuras, que quedará a disposición del liquidador.

Artículo 25.- Sin perjuicio de todas las potestades que se le otorgan en el Capítulo II de la Sección I de la presente ley, el Banco Central del Uruguay, en su carácter de liquidador y administrador del fondo constituido en virtud de lo dispuesto por el artículo 24 de la presente ley, enajenará a instituciones bancarias autorizadas a estos efectos para operar en el país, en una partida o en varias, la totalidad o parte de los activos, incluyendo los líquidos, de dicho fondo, y sus respectivas garantías.

La enajenación se realizará en cada caso como universalidad, por el procedimiento competitivo que determine el Banco Central del Uruguay por razones de buena administración, respetando los principios de igualdad de los interesados y publicidad. Se adjudicará al oferente que proponga la mejor contraprestación, sobre la base de las dos terceras partes de su valor conforme a las reglas de contabilización y valoración de activos de las entidades de intermediación financiera del Banco Central del Uruguay y, en su defecto, las demás generalmente admitidas, según el estado de situación de la sociedad a la fecha de la suspensión de sus actividades, con los ajustes posteriores que correspondan según los determinará el Banco Central del Uruguay como liquidador.

Será aplicable, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 18, 38 y 39 de esta ley.

Artículo 26.- Transfiérense al Estado los créditos por cualquier concepto del Banco Central del Uruguay contra los bancos cuyas actividades se encuentran suspendidas a la fecha de la presente ley que sean liquidados, y sus respectivas garantías.

La Corporación Nacional para el Desarrollo cancelará los préstamos que le otorgó el Poder Ejecutivo y que aquélla destinó al Banco Comercial, al Banco de Montevideo y al Banco La Caja Obrera (Resoluciones del Poder Ejecutivo de fechas 14 de mayo, 24 de junio y 4 de julio de 2002), mediante la cesión al Estado de sus derechos contra esos Bancos y las garantías correspondientes.

Artículo 27.- Con la finalidad primordial de proteger el ahorro por razones de interés general, se autoriza al Poder Ejecutivo a destinar parte de los recursos en efectivo o en valores que correspondan al Estado, en su calidad de acreedor de las entidades a que se refiere el artículo 24 de la presente ley, como resultado de los procedimientos previstos en este Capítulo, para posibilitar soluciones más favorables en beneficio de categorías de depositantes o de depositantes hasta ciertos montos, del sector privado no financiero, en esas entidades.

Se priorizará a los depositantes del sector no financiero titulares de cuentas corrientes, cajas de ahorro y depósitos a plazo fijo, para complementar con los recursos referidos en el inciso anterior, por los primeros U$S 100.000 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional u otras monedas, considerando, a tales efectos, el conjunto de sus créditos de los que es titular en las tres sociedades que se liquidan.

El Banco Central del Uruguay, en su carácter de liquidador, queda facultado para aplicar los beneficios que puedan resultar de la aplicación de este artículo en favor de un depositante, en primer término a amortizar o cancelar las deudas en mora de ese depositante con cualquiera de las sociedades a que se aplica el presente Capítulo.

Quedarán excluidos de los beneficios de este artículo los depósitos de personas o de empresas vinculadas a los accionistas o directivos de cualquiera de las tres sociedades que se liquidan.

Artículo 28.- En la aplicación de cualquiera de las soluciones previstas en esta ley, el Banco Central del Uruguay podrá convertir unilateralmente los adelantos otorgados a los ahorristas de conformidad con el inciso segundo del artículo 9º de la citada Ley Nº 17.523, de 4 de agosto de 2002, en pagos con subrogación.

La declaración unilateral de conversión de los adelantos a los ahorristas en pagos con subrogación, importarán la subrogación de pleno derecho a favor del Banco Central del Uruguay en los derechos del acreedor. Los recursos que se recuperen en virtud de esa subrogación retornarán al Banco Central del Uruguay, con destino a la subcuenta especial a que se refiere el inciso segundo in fine del artículo 9º de la Ley Nº 17.523 citada.

Artículo 29.- A efectos de facilitar el cumplimiento de los deudores que permanezcan en los fondos de recuperación de activos a que refiere el artículo 16 de la presente ley, el Estado podrá, por el porcentaje de cuotaparte que le corresponde, autorizar al administrador de los mismos, a otorgar extensiones de plazos y a aceptar cancelaciones con bonos soberanos tomados a su valor nominal.

Artículo 30.- Facúltase al Poder Ejecutivo a constituir una Comisión integrada por personas de notorio prestigio y experiencia en materia bancaria y financiera, con el cometido de auditar todas las gestiones y operaciones que se realicen en cumplimiento de las normas del presente Capítulo, tanto por el Banco Central del Uruguay en su carácter de liquidador como por cualquier otro administrador que pueda designarse a tales efectos.

La Comisión auditora estará facultada para solicitar al Banco Central del Uruguay y a los administradores actuantes todas las informaciones que entienda necesarias para cumplir su cometido, y a dirigir al Banco Central del Uruguay todas las observaciones que las gestiones y operaciones auditadas puedan merecerle.

La Comisión auditora como tal y todos sus integrantes quedarán comprendidos en el deber de secreto establecido por el artículo 23 de la Ley Nº 16.696, de 30 de marzo de 1995. Queda excluida de ese deber la comunicación que la Comisión resuelva realizar al Poder Ejecutivo, de las observaciones que haya formulado al Banco Central del Uruguay de conformidad con el inciso precedente, a los efectos del artículo 197 de la Constitución de la República.

Artículo 31.- Facúltase al Banco Central del Uruguay a otorgar a los ahorristas de los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera, cuyos depósitos hayan sido transferidos a otras instituciones sin mediar su consentimiento, los mismos derechos que correspondan a los demás ahorristas de dichos bancos.

A dichos efectos y por acto fundado, el Banco Central del Uruguay conformará una comisión que se expedirá en un plazo máximo prorrogable de 60 (sesenta) días.

Capítulo IV

Reestructuración del sistema de intermediación financiera

Artículo 32.- Se autoriza al Estado a constituir una sociedad anónima de giro bancario y ser titular de parte de sus acciones, regida por el derecho aplicable a las entidades privadas de intermediación financiera en todos sus aspectos, incluyendo los relativos a su estructura y funcionamiento societarios, a la autorización, habilitación, supervisión y control de su actividad, a la enajenación de acciones y a la contratación de cualquier naturaleza con terceros, sin perjuicio de lo que se establece en el artículo siguiente.

Cométese al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, la tenencia, custodia y gestión de las acciones de la referida sociedad.

La resolución que disponga constituir la sociedad del inciso primero deberá tener el contenido y producirá los efectos previstos en los artículos 250 y 251 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989. Se deberá cumplir con las formalidades de inscripción y publicaciones que ordena dicha ley, pudiendo funcionar a partir de la primera publicación.

Artículo 33.- Los estatutos de la sociedad a que se refiere el artículo anterior podrán establecer que su capital se dividirá en: acciones ordinarias con derecho a voto, que sólo se emitirán a favor del Estado; acciones ordinarias sin derecho a voto para las que no regirán lo dispuesto en el artículo 322 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989; y acciones preferidas sin derecho a voto que tendrán prioridad en el reembolso del capital en caso de liquidación (artículo 323 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989). Podrán establecer también que las acciones sin derecho a voto se emitan al portador y se ofrezcan públicamente, en ambos casos cuando la reglamentación a que se refiere el artículo siguiente lo admita.

Artículo 34.- El Banco Central del Uruguay determinará reglamentariamente la forma en que, respecto de las acciones nominativas sin derecho a voto previstas en el artículo anterior, se dará cumplimiento a los requisitos de nominatividad de las acciones y de autorización previa para su emisión o transferencia, contenidos en los artículos 43 y 46 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, incorporados por el artículo 4º de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, y en la redacción dada por el artículo 8º de la presente ley, así como a las demás exigencias reglamentarias.

La reglamentación del Banco Central del Uruguay podrá prever que una o ambas categorías de acciones nominativas sin derecho a voto, cuando sean endosables, se emitan y se trasmitan sin autorización previa; en este caso, para el ejercicio de sus derechos, salvo el cobro de dividendos, el endosatario solicitará su inscripción en el registro previsto en el artículo 45 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, incorporado por el artículo 4º de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, y en la redacción dada por el artículo 8º de la presente ley, inscripción que el Banco Central del Uruguay sólo podrá denegar cuando el solicitante no cumpla los requisitos mínimos de rectitud y aptitud que establecerá la reglamentación. La reglamentación también podrá prever que una o ambas categorías de acciones sin derecho a voto se emitan al portador y que se ofrezcan públicamente.

Artículo 35.- Facúltase al Poder Ejecutivo a integrar, con cargo a los intereses percibidos y a percibir, de los créditos que se transfieren según el artículo 26 de la presente ley, el capital necesario para la constitución de la sociedad anónima de giro bancario a que refiere el artículo 32 de esta ley.

El Banco Central del Uruguay adelantará al Estado los fondos necesarios para el cumplimiento de lo previsto en el inciso primero, con cargo a los recursos en efectivo o en valores que correspondan al Estado, en su calidad de acreedor de las entidades a que refiere el artículo 24 de la presente ley, como resultado de los procedimientos previstos en el Capítulo III de la Sección I.

Artículo 36.- Las entidades de intermediación financiera cuyas actividades se encuentran suspendidas a la fecha de promulgación de esta ley a las que se levante dicha suspensión por el Banco Central del Uruguay podrán celebrar con sus acreedores a la fecha de la suspensión de actividades o con categorías determinadas de ellos, acuerdos colectivos de sustitución de deudor, de quitas o reprogramación de los vencimientos de sus créditos, de aportación de sus créditos a la constitución de fondos de inversión, de capitalización de sus créditos, o de tales soluciones acumulativamente, previa aprobación de la propuesta por el Banco Central del Uruguay, ya sea como condición o como consecuencia de la rehabilitación. Las propuestas podrán contemplar soluciones diferenciales en beneficio de ciertas categorías de acreedores o de créditos hasta cierto valor absoluto.

Dichos acuerdos, cuando se celebren con la adhesión de más de la mitad de los titulares de depósitos y por un monto también superior a la mitad de la totalidad del importe contabilizado en cada una de las instituciones en el rubro indicado, serán obligatorios para la totalidad de los titulares de los depósitos referidos.

El Banco Central del Uruguay podrá prestar su aprobación a propuestas de acuerdos colectivos y adhesiones a los mismos anteriores a la vigencia de la presente ley, si contaran con la opinión favorable de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera.

Artículo 37.- En caso de que el Banco Central del Uruguay levante la suspensión de actividades del Banco de Crédito, facúltase al Estado a aplicar a la absorción del patrimonio negativo de dicho banco, su participación en el capital de este último y los créditos resultantes de los préstamos que realizó la Corporación Nacional para el Desarrollo al Banco de Crédito, con fondos que el Poder Ejecutivo prestó a la Corporación Nacional para el Desarrollo con esa finalidad (Resoluciones del Poder Ejecutivo de fechas 24 de junio de 2002 y 4 de julio de 2002), hasta la suma equivalente a U$S 33:500.000 (treinta y tres millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América). La deuda de la Corporación Nacional para el Desarrollo con el Estado por concepto de los préstamos antes referidos quedará condonada hasta concurrencia con lo que la Corporación Nacional para el Desarrollo aplique a la finalidad establecida en este inciso.

Facúltase al Estado y al Banco Central del Uruguay a aceptar en pago de sus créditos contra el Banco de Crédito por cualquier concepto, Bonos del Tesoro u otros valores públicos por su valor nominal, o la cesión de créditos del Banco de Crédito contra terceros.

Capítulo V

Disposiciones Generales

Artículo 38.- Las transferencias de universalidades previstas en esta ley no implican sucesión a título universal, sino sólo la sustitución exclusivamente en las situaciones jurídicas activas y pasivas comprendidas en la delimitación de la universalidad que se transmite.

Por consiguiente, los bienes incluidos en la universalidad no responderán por obligaciones no comprendidas en su delimitación. No se adoptarán medidas cautelares, provisionales, anticipadas ni de ejecución en protección o para la satisfacción de derechos ajenos a la universalidad trasmitida.

Artículo 39.- Las transferencias de dominio de bienes o de otros derechos como consecuencia de la aplicación de cualquiera de las soluciones previstas en esta ley que requieran publicidad registral serán inscriptas en los Registros Públicos que correspondan mediante la presentación de testimonio notarial del contrato o del acto del Banco Central del Uruguay que las causen, e individualización en anexo de los bienes o derechos cuya transferencia se registra. Según además aplicables a las transferencias de créditos y sus garantías, el artículo 10 del Decreto-Ley Nº 14.701, de 12 de setiembre de 1977, en la redacción dada por el artículo 30 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, y en su caso los artículos 1º a 5º del Decreto-Ley Nº 15.631, de 26 de setiembre de 1984, rigiendo en cuanto a este último en favor del beneficiario de la transferencia las soluciones allí previstas en favor del Banco Central del Uruguay.

Las transferencias de dominio de bienes o de otros derechos como consecuencia de la aplicación de cualquiera de las soluciones previstas en esta ley estarán exentas de toda clase de tributos, aun los establecidos por leyes especiales.

Artículo 40.- Interprétase el artículo 517 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, declarándose:

a) que los artículos 252 y 409 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, sólo son aplicables a las sociedades cuya actividad está regulada por el Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y modificativas, en lo atinente al control de legalidad de las cláusulas estatutarias propuestas en los actos jurídicos referidos en dichas normas;

b) que no son aplicables a los negocios celebrados al amparo de la presente ley que impliquen transferencia de bienes, derechos u obligaciones a título universal, las disposiciones de la Sección XII "De la fusión y de la escisión" del Capítulo I de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de1989.

Artículo 41.- Interprétanse los artículos 12 a 23, 25 y 28 a 30 de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001, declarándose:

a) que salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, sus disposiciones no son aplicables a las liquidaciones de empresas integrantes del sistema de intermediación financiera y sus colaterales, que se rigen por las disposiciones del Capítulo II y en su caso del Capítulo III de la Sección I de la presente ley, y se declararán y tramitarán exclusivamente en sede administrativa, bajo el contralor jurisdiccional previsto en las disposiciones constitucionales y legales vigentes (artículos 309 y siguientes de la Constitución de la República, y leyes reglamentarias);

b) que los Juzgados Letrados de Concursos son competentes para entender en todos los procesos pendientes o que se inicien en que la sociedad de intermediación financiera en liquidación sea demandada, y en las acciones sociales de responsabilidad y reivindicatorias a que se refiere el artículo 13 de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001, en lo pertinente.

SECCION II

PROTECCION DEL AHORRO BANCARIO

Capítulo I

Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario

Artículo 42. Creación, naturaleza jurídica, domicilio y capacidad.- Créase la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario, como dependencia desconcentrada del Banco Central del Uruguay.

Artículo 43. Cometidos.- Será cometido de la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario garantizar el reintegro de los depósitos en Bancos y cooperativas de intermediación financiera, en las condiciones que establece la presente ley y su reglamentación.

Artículo 44. Poderes jurídicos.- Para el cumplimiento de sus cometidos, la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario podrá:

1) Requerir a los intermediarios financieros, directamente o a través de la Superintendencia de las Instituciones de Intermediación Financiera del Banco Central del Uruguay, toda la información que juzgue necesaria para cumplir sus cometidos, con la periodicidad y bajo la forma que juzgue necesaria.

2) Administrar el Fondo de Garantía de Depósitos constituido de conformidad con el Capítulo II de la presente Sección.

3) Reglamentar los términos y condiciones en que se hará efectiva la garantía de reintegro de los depósitos en situaciones de crisis de instituciones de intermediación financiera depositarias.

4) Reintegrar los depósitos garantizados.

5) Ejercer la facultad de disposición sobre las acciones de las sociedades de intermediación financiera que hubieran incumplido los planes de saneamiento o de recomposición patrimonial exigidos por o presentados al Banco Central del Uruguay. La enajenación se realizará mediante el procedimiento competitivo que determine la Superintendencia por razones de buena administración, respetando los principios de igualdad de los interesados y publicidad.

6) Proponer al Banco Central del Uruguay el dictado de los reglamentos, resoluciones, instrucciones particulares, normas de prudencia, sanciones o cualquier otra medida de su competencia que estime conveniente para el logro de las finalidades que son comunes a ambas instituciones públicas.

Capítulo II

Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios

Artículo 45. Creación.- Créase un Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios, que constituirá un patrimonio de afectación independiente, sin personería jurídica, gestionado por la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario, quien ejercerá las facultades de dominio sin ser propietaria, para cumplir los cometidos asignados en esta ley.

El patrimonio del Fondo no responde por las deudas del Banco Central del Uruguay ni de los aportantes y es inembargable.

Los acreedores del Fondo no podrán hacer efectivos sus créditos contra los aportantes, cuya responsabilidad se limita a sus aportaciones.

Artículo 46. Recursos del Fondo.- El Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios se constituirá con los siguientes recursos:

1) El aporte que realizarán los Bancos y cooperativas de intermedición financiera de conformidad con lo previsto en el artículo siguiente, cuyo pago en una sola partida o en varias periódicas determinará el Directorio.

2) Los frutos y reintegros de las colocaciones que realice la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario en el cumplimiento de sus cometidos legales.

3) El producido de los préstamos o empréstitos que para el cumplimiento de sus cometidos celebre la Superintendencia con recursos del Fondo o para obtenerlos, con entidades financieras nacionales, extranjeras o internacionales.

4) Las utilidades líquidas de la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario en cada ejercicio anual.

Artículo 47. Aportes de los bancos y las cooperativas de intermediación financiera.- El aporte a que se refiere el numeral 1) del artículo anterior será fijado por el Poder Ejecutivo, a propuesta fundada de la Superintendencia, entre el 1 o/oo (uno por mil) y el 30 o/oo (treinta por mil) del promedio anual de los depósitos garantizados del sector no financiero de cada institución bancaria o cooperativa de intermediación financiera comprendida en la garantía en fun-ción del rango de los distintos riesgos a que esté expuesta cada una de ellas. La Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario ubicará fundadamente a cada entidad en el rango de riesgos asumidos que le corresponda aplicando los criterios técnicos generalmente admitidos. El Poder Ejecutivo podrá exonerar del aporte a aquellas instituciones que presenten un seguro suficiente, o respaldo de otras instituciones o casas matrices. También podrá fijar diferentes tarifas en atención a la moneda de constitución de las obligaciones. Las porciones del aporte determinadas por moneda se pagarán efectivamente en las respectivas monedas.

El Poder Ejecutivo, a propuesta fundada de la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario, fijará el máximo de reserva en cada moneda con que estará formado el Fondo de Garantía. Los aportes en las respectivas monedas se suspenderán cuando el Fondo de Garantía alcance el máximo establecido para cada una, y se reanudarán cuando caigan por debajo del máximo.

Si se requirieran erogaciones del Fondo que por su importancia lo justifiquen, la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario podrá exigir a las instituciones aportantes el adelanto de la integración de sus aportes, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Artículo 48. Garantía de depósitos.- El Poder Ejecutivo, a propuesta fundada del Banco Central del Uruguay, establecerá los montos máximos a ser reintegrados en ejecución de la garantía de depósitos. Los montos máximos se establecerán por persona acreedora, por institución deudora y por moneda adeudada según sea nacional o cualquiera extranjera, determinando también en este último caso los criterios para los arbitrajes que sean necesarios.

Los montos máximos sólo se modificarán cuando ocurran cambios de importancia en las variables económicas que se consideren relevantes a tales efectos, para nuevas situaciones de crisis que ocurran en el futuro y a propuesta fundada de la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario.

Artículo 49. Garantía. Efectividad.- Al disponerse la liquidación o la suspensión de actividades del intermediario financiero, la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario hará efectiva la garantía de los depósitos en las condiciones a que refiere el artículo 48 de la presente ley, procediendo al pago de los créditos cubiertos por la garantía conforme a lo allí previsto.

La recepción por los acreedores de las sumas desembolsadas con los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos, importa la subrogación de pleno derecho a favor de ese Fondo en los derechos del acreedor. Los recursos que se recuperen en virtud de esa subrogación retornarán al Fondo.

Capítulo III

Disposiciones transitorias

Artículo 50.- La garantía de reintegro de los depósitos en Bancos y cooperativas de intermediación financiera a que se refiere el artículo 43 de la presente ley entrará en vigencia cuando el Poder Ejecutivo así lo disponga, a propuesta de la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario fundada en la suficiencia para ello de las reservas acumuladas hasta ese momento en el Fondo con los recursos previstos en el artículo 46 de la presente ley.

En el mismo decreto se establecerá la fecha de constitución de los depósitos a partir de la cual quedaran amparados por la garantía, y los montos máximos a que refiere el artículo 47 de la presente ley.

SECCION III

SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Artículo 51. Ambito de aplicación.- El régimen de subsidio por desempleo establecido por el Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, comprenderá obligatoriamente a todos los empleados afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, sin perjuicio de las modificaciones al mismo establecidas en la presente ley para los referidos afiliados.

Artículo 52. De la prestación.- La prestación por desempleo consiste en un subsidio mensual en dinero que se paga a todo trabajador comprendido en la presente ley que se encuentre en situación de desocupación forzosa no imputable a su voluntad o capacidad laboral, de cargo del Fondo de Subsidio por Desempleo administrado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Los desocupados comprendidos en la presente ley deberán solicitar la prestación por desempleo ante la Caja, en la forma que determine la reglamentación y dentro del plazo de treinta días, la que otorgará el subsidio a quienes tengan derecho al mismo. La falta de presentación en plazo determinará la pérdida del beneficio por él o los meses transcurridos.

En ningún caso la prestación podrá superar el equivalente a veinte salarios mínimos nacionales mensuales.

Artículo 53. Período previo de generación.- Para tener derecho al subsidio por desempleo se requiere que el trabajador comprendido en el ámbito de aplicación de la presente ley haya computado como mínimo seis meses de aportes efectivos a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, previos a configurarse la causal respectiva tratándose de trabajadores mensuales.

Sin perjuicio de la exigencia precedente, se requerirá para los remunerados por día o por hora haber computado ciento cincuenta jornales de aportación efectiva; para los trabajadores con remuneración variable, se exigirá haber percibido un mínimo de seis salarios mínimos nacionales mensuales en el período comprendido, y por los cuales se haya efectuado la aportación correspondiente.

Artículo 54. Fondo de Subsidio por Desempleo.- El subsidio por desempleo establecido en la presente ley, estará financiado con los siguientes recursos que constiturán el Fondo de Subsidio por Desempleo administrado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias:

a) La cuota parte de lo recaudado mensualmente por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias por concepto del tributo referido en el artículo 56 de la presente ley, hasta la suma necesaria para financiar exclusivamente el monto del subsidio por desempleo correspondiente a cada empleado subsidiado, por un período de hasta los seis primeros meses del subsidio y la o las eventuales prórrogas por un período total de doce meses más, con un máximo en cada caso equivalente a ocho salarios mínimos nacionales. Los trabajadores amparados por lo dispuesto en el presente literal a) serán los referidos en el literal b) siguiente.

b) Un aporte personal máximo mensual de los afiliados activos a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias del 2,5% de las asignaciones computables, y de sus afiliados pasivos del 2,5% del monto de las pasividades, destinado a financiar exclusivamente las prestaciones correspondientes a los trabajadores en situación de desocupación forzosa de instituciones de intermediación financiera autorizadas para operar en el país que hayan sido suspendidas por el Banco Central del Uruguay durante el año 2002, en el monto de las mismas no cubierto por la financiación referida en el literal a) precedente. La Caja reducirá las tasas de aportación referidas en el presente literal, cuando las proyecciones financieras que deberá realizar, determinen la posibilidad cierta de dicha reducción.

c) Un aporte mensual equivalente al 100% (cien por ciento) del monto de la prestación mensual del subsidio por desempleo correspondiente a cada empleado despedido o en situación de suspensión de actividad de las empresas empleadoras no comprendidas en el literal b) precedente. El contribuyente será la respectiva empresa empleadora, y estará destinado a financiar la prestación y por el término de la misma, incluyendo la o las prórrogas concedidas. La parte del Fondo financiada con el aporte referido en este literal se administrará en forma separada del resto y se recaudará y servirá en forma nominada.

La suma a pagar por la empresa se determinará en base a un término máximo de la prestación de dieciocho meses y un importe no superior al referido en el inciso segundo del artículo 52 de la presente ley, estando sujeta a devolución la suma eventualmente abonada en exceso.

En caso de cese total de actividades de una empresa afiliada a la Caja no comprendida en el literal b) precedente, y cualquiera sea su causa, razón o motivo, deberá pagar en una sola vez la suma equivalente a la totalidad de las prestaciones a abonar por la Caja.

Artículo 55. Recursos.- Los recursos determinados en los literales b) y c) del artículo 54 de la presente ley constituyen prestaciones de carácter pecuniario establecidas a favor de una persona de derecho público no estatal (inciso primero del artículo 1º del Código Tributario), recaudadas por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Los pagos se efectuarán en la oportunidad, forma y condiciones que determine la reglamentación.

Los testimonios de las Resoluciones firmes del Consejo Honorario de la Caja, asentadas en actas y relativas a deudas por los aportes establecidos en el artículo anterior, constituyen títulos ejecutivos siempre que cumplan con los requisitos previstos por el artículo 92 del Código Tributario.

En ningún caso podrán transferirse recursos para financiar prestaciones en forma distinta a la establecida en el artículo 54 de la presente ley.

Artículo 56. Prórrogas de la prestación.- Vencido el plazo inicial de seis meses, más la o las prórrogas por un plazo total máximo de doce meses, se podrá proceder a conceder prórroga o prórrogas del término de las prestaciones correspondientes a los beneficiarios comprendidos en el literal b) del artículo 54 precedente, y con la financiación exclusiva de la aportación personal prevista en dicho literal, por un plazo total máximo de dieciocho meses. Si la financiación no fuere suficiente para cubrir la totalidad de las prestaciones, éstas se reducirán en forma proporcional a los recursos existentes.

Las prórrogas, en todos los casos, serán resueltas por el Consejo Honorario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias requiriéndose mayoría de votos conformes.

Artículo 57. Reducción de aportes patronales.- Fíjase en 0% (cero por ciento) la tasa de aporte patronal jubilatorio a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, correspondiente a aquellos trabajadores que a partir de la vigencia de la presente Ley fueren contratados o reincorporados del subsidio por desempleo administrado por la referida Caja. La tasa referida precedentemente se aplicará por un período máximo de dos años a contar desde la fecha de contratación o reincorporación del trabajador, y por una única vez por trabajador.

Artículo 58. Tributo.- Destínase como recurso del Fondo de Subsidio por Desempleo para financiar el monto de las prestaciones con un máximo de ocho salarios mínimos nacionales (inciso primero literal a) del artículo 54 de la presente ley), el importe mensual equivalente para su financiamiento del producido del impuesto creado por el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.294, de 23 de junio de 1982, y sus modificativas y complementarias.

Artículo 59. Cómputo del período de desocupación y del subsidio.- Los subsidios por desempleo establecidos en la presente ley constituyen asignaciones computables y los períodos en que se gozan los mismos se computan como tiempo trabajado a los efectos de los años de servicios.

Artículo 60. Gravabilidad del subsidio.- Las prestaciones del subsidio por desempleo de que trata la presente ley estarán gravadas con las mismas aportaciones personales a favor de la Caja Bancaria que los salarios del personal en actividad.

El aporte de las empresas previsto en el literal c) del artículo 54 de la presente ley estará exento de aportes patronales a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias y no constituye materia gravada para el impuesto a las retribuciones.

Artículo 61. Alícuota de aporte patronal jubilatorio.- El Poder Ejecutivo, durante el año 2003, podrá autorizar a aumentar hasta 4,5% (cuatro con cinco puntos porcentuales) la alícuota de aporte patronal jubilatorio a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

SECCION IV

VIGENCIA

Artículo 62.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación.

Sala de la Comisión, 20 de agosto de 2002.

Alberto Brause, Miembro Informante, Francisco Gallinal, Miembro Informante; Danilo Astori, con salvedades; Ruben Correa Freitas, Alberto Couriel, con salvedades; Guillermo García Costa, Luis A. Heber, José Korzeniak, con salvedades; Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, con salvedades; Pablo Millor, Manuel Núñez, con salvedades; Enrique Rubio, con salvedades; Wilson Sanabria, Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Brause.

SEÑOR BRAUSE.- En el día de hoy el Senado de la República ha sido convocado para considerar un proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo que, sin duda, tiene una enorme relevancia en la vida económica del país. Bajo el nombre de "Instituciones de intermediación financiera y liquidaciones de los bancos cuyas actividades están suspendidas", este proyecto procura atenuar el impacto que ha tenido sobre la economía en general y sobre la sociedad la crisis que afectó al sistema financiero en el corriente año.

No vamos a abundar en consideraciones de esta crisis, puesto que ya han sido motivo de extensas y muy ilustrativas discusiones en esta Cámara, pero lo cierto es que como consecuencia de ella el país se vio sacudido por un feriado bancario que el Poder Ejecutivo no tuvo otra alternativa que decretar a fines de julio de este año y al levantarse el mismo, decidir la suspensión de cuatro Bancos. Desde entonces, este impacto que ha sufrido nuestra economía se ha venido desarrollando sin encontrar una respuesta para estos cuatro Bancos suspendidos. Lo cierto es que la situación de dificultades por las que atraviesa el sistema financiero ha afectado fuertemente a las instituciones financieras privadas que, en lo que va del año, han tenido resultados no positivos en su gestión. La mejor solución para estos Bancos suspendidos hubiera sido, sin duda, su transferencia a terceros, pero las ofertas que hasta ahora ha venido recibiendo el Gobierno, con excepción de una en la que confiamos que se arribe pronto a una solución feliz -me refiero al Banco de Crédito- solamente han servido para demorar una solución en tanto no permitían una respuesta favorable del Poder Ejecutivo.

La solución, pues, no admite demora y confiamos que ella sea la que se propone a través de este proyecto de ley que, en sustancia, prevé la liquidación de los tres Bancos que no han tenido ninguna oferta coherente y aceptable, que son el Banco Comercial, el Banco Montevideo y el Banco La Caja Obrera. Por otra parte, se propone constituir un nuevo banco con los depósitos de los ahorristas, con los mejores créditos y con los mejores clientes. O sea que la base de este proyecto de ley, las ideas fuerza que contiene, procura principalmente proteger la economía nacional a través de la protección del ahorro, declarándolo como de interés nacional. También tiene como idea fuerza preservar el valor de los activos de estas instituciones suspendidas y fomentar el crédito para que este vuelva a ser la corriente sanguínea imprescindible para el desarrollo de nuestra economía.

En este proyecto de ley lo que se persigue es la liquidación de las instituciones suspendidas. La pregunta que tenemos que formularnos es: ¿por qué la liquidación? La respuesta la dio en la Comisión de Hacienda integrada con Constitución y Legislación el señor Ministro de Economía y Finanzas, expresando claramente y de manera contundente que al 30 de junio de este año estos Bancos suspendidos tenían un patrimonio negativo que, en el caso del Banco Comercial alcanzaba a U$S 434:000.000, en el del Banco Montevideo, a U$S 469:000.000 y en el Banco La Caja Obrera, a U$S 51:000.000. Este patrimonio negativo claramente transforma a estas instituciones en inviables y, además, de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia de sociedades anónimas -esto es lo que son las instituciones de intermediación financiera a que estamos aludiendo-, lleva a su disolución, por haber perdido más del 75% de su capital. Esta situación derivó en la caída de los depósitos y la dificultad de recuperar créditos, y se agravó por cuanto siguieron funcionando de manera limitada, pero atendiendo a los gastos de funcionamiento y con fondos que se van distribuyendo del escaso patrimonio que a estas instituciones les va a quedar.

Por lo tanto, atendiendo a la situación de estas tres instituciones, la conclusión inevitable es la de la liquidación. El Poder Ejecutivo ha entendido -lo ha hecho con el fundamento de los informes de una consultora que, en su momento, fue contratada luego de un llamado que hizo el Banco Central del Uruguay- que la liquidación no era la única solución, sino que ella debía estar acompañada de otras alternativas que la complementaran y que, en definitiva, derivarían en la creación de un nuevo banco, de una nueva institución de intermediación financiera. Esto debe hacerse, señor Presidente, con la mayor urgencia. ¿Por qué la urgencia? Porque en la medida en que se demore la implementación de esta solución, los activos de estas instituciones se van a ir deteriorando aún más con el aumento de la morosidad, y esto hará que los clientes morosos pasen de las categorías 1 y 2 del Plan de Cuentas del Banco Central del Uruguay a las categorías 3, 4 y 5 que, indudablemente, no van a poder ser transferidas al nuevo banco, ya que el corte, según lo informado por el señor Ministro de Economía y Finanzas, se hace en la categoría 3.

La razón que ha movido al Poder Ejecutivo, de acuerdo con el informe presentado por la consultora contratada, a crear un nuevo banco, complementando la iniciativa de la liquidación, es que los números de los cuatro bancos -incluyendo ahora al Banco de Crédito- son determinantes a favor de esta solución. El número de clientes de estos cuatro bancos alcanza la cifra de 247.000, lo que representa el 32% de clientes del sector financiero privado, con un número de dependencias de casi el 43% del total de la banca privada. Hay que tener en cuenta que, en el interior del país, el número de dependencias alcanza al 46,3% del total del sector privado. Además, como instituciones financieras, intermedian en el crédito con residentes en un 54% del total de la banca privada. Estas cifras elocuentes han llevado al Poder Ejecutivo a proponer esta solución, rescatando lo mejor de las tres instituciones para procurar crear un nuevo banco.

Quiero referir en forma resumida los aspectos centrales y las secciones en las que se ha dividido el proyecto de ley. Contiene tres secciones, la primera de las cuales tiene que ver con normas de intermediación financiera. A su vez, esta sección está dividida en capítulos. El Capítulo I refiere al fortalecimiento de la supervisión del sistema financiero del país. Se dan facultades al Banco Central para mejorar esta supervisión, entre ellas, la definición de la existencia de grupos económicos y, a través de esto, la determinación de la responsabilidad de las instituciones de intermediación financiera que forman parte de dichos grupos y, por lo tanto, la posibilidad de mejorar el control y, eventualmente, aplicar sanciones a las instituciones de intermediación financiera por su actuación en el grupo económico. Además, se otorga la facultad al Banco Central del Uruguay de procurar información, no sólo de las empresas de intermediación financiera, sino también de aquellas empresas que forman parte de ese grupo económico.

Asimismo, es importante señalar que se extienden las facultades del Banco Central del Uruguay en cuanto a su potestad de incluir a la banca pública en las normas que dicte y, en caso de infracciones por parte de la banca pública, la posibilidad de comunicar tal hecho al Poder Ejecutivo para que tome las medidas que le permitan la Constitución y las leyes.

Vale la pena señalar también una disposición que fue motivo de intenso intercambio en el seno de la Comisión y que refiere a la posibilidad de desplazar accionistas mediante la expropiación de sus acciones por parte del Estado en los casos en que se configuren las dos hipótesis siguientes: que se trate de una institución de intermediación financiera suspendida o que los propietarios de esas acciones hayan sido sancionados por infracciones cometidas. En tal caso, por Decreto del Poder Ejecutivo, previa propuesta del Banco Central del Uruguay, las acciones pueden ser expropiadas, claro está que respetando el procedimiento del ajuste y previa compensación establecido en el artículo 32 de la Constitución de la República. Por último, en caso de discrepancias, se prevé la intervención final del Poder Judicial.

Nuevamente, quiero destacar la idea fuerza que constituye la base de este proyecto de ley, a través de esta medida de expropiación, que es, justamente, la de proteger el ahorro. En el Capítulo II de este proyecto se otorgan potestades al Banco Central del Uruguay como liquidador de las instituciones de intermediación financiera. Concretamente, esas facultades refieren tanto a declarar la disolución como la liquidación de las instituciones de intermediación financiera; al mismo tiempo, se le otorgan potestades para verificar créditos y amplios poderes de administración y disposición. A través de este procedimiento se procura que, en general, cuando se plantea la hipótesis de liquidación de una institución de intermediación financiera, como norma permanente el Banco Central pueda realizar dicha liquidación rápidamente.

Asimismo, en este Capítulo se permite al citado Banco -y es este un aspecto saliente de la norma-, una vez decretada la liquidación de una institución de intermediación financiera, constituir uno o más fondos de recuperación de patrimonios bancarios. Esto es algo realmente innovador y naturalmente, cuando lleguemos a la discusión particular, podremos ampliar la información acerca de este aspecto. Simplemente, quiero ahora dar una idea general del mismo y de lo que significa. En el momento en que el Banco Central disponga de la autorización legal, procederá a liquidar cada una de las instituciones financieras a que hice referencia y, simultáneamente, constituirá estos fondos de recuperación de patrimonios bancarios, los que estarán regidos también por la Ley Nº 16.774, sobre sociedades administradoras de fondos de inversión. Así, sin duda se da al Banco Central un instrumento de rápida administración y, eventualmente, disposición de estos patrimonios. Cabe aclarar que los patrimonios se constituyen con los activos y pasivos de las instituciones de intermediación financiera que han sido liquidadas.

También hay que destacar, en este rápido repaso, que el Banco Central puede administrar estos fondos por sí o encomendar dicha tarea a terceros, mediante el debido procedimiento competitivo; estamos hablando, por ejemplo, de instituciones bancarias o sociedades administradoras de fondos de inversión. Tal como explicó el señor Ministro de Economía y Finanzas en Comisión, lo que se procura a través de esto es que haya una entidad que conozca de la administración de estos fondos, de manera tal de ir recuperando la mayor cantidad de activos, lo que al mismo tiempo servirá para cancelar a los pasivos a prorrata. En este sentido, a través de este proyecto de ley, el Banco Central queda autorizado a enajenar universalidades o cuotas de ese patrimonio, así como también, por otro lado, a proponer acuerdos colectivos con los acreedores de las instituciones de intermediación financiera. Además, se incluye la posibilidad de aportar los créditos del Banco Central del Uruguay en esos fondos de inversión, con lo cual claramente se aumenta o se tiende a aumentar el patrimonio que está siendo recuperado y con ello -insisto- la posibilidad de que los ahorristas y todos aquellos que tengan interés y que formen parte del pasivo de aquella institución de intermediación financiera puedan tener una alternativa mejor para recuperar sus derechos.

En el Capítulo III de esta Sección I, se establecen normas sobre liquidación de instituciones de intermediación financiera con actividad suspendida a la fecha de la ley. O sea que las normas que aquí se incorporan se aplican exclusivamente a las situaciones de estos Bancos suspendidos a esa fecha. Las normas anteriores eran de carácter permanente.

Es bueno señalar aquí una iniciativa del señor Senador Gallinal referida a encabezar este Capítulo III con normas de naturaleza programática, pero que consagran expresamente el propósito que este capítulo persigue, que es el de atenuar el impacto que significaría para la sociedad la aplicación lisa y llana de las liquidaciones. Es importante detenernos aquí unos instantes, para señalar que si se aplicaran estrictamente las normas que contiene nuestro Derecho Positivo en materia de liquidación, en la situación de estos Bancos suspendidos, por un lado, el procedimiento sería muy lento y, por otro, la posibilidad de recuperación por parte de los acreedores apenas alcanzaría un 10% del patrimonio inicialmente reclamado. En Derechos que contienen normas que permiten la liquidación con más facilidad y celeridad que el nuestro, no cabe ninguna duda de que -pues así lo enseña la experiencia- apenas se alcanza un 20% de recuperación. Pero reitero que en nuestro Derecho ese guarismo se ubicaría por debajo del 10%, lo que sin duda significaría un impacto negativo sobre el ahorro y sobre la confianza que se debe tener en el sistema financiero. Aquí nuevamente insistimos en que lo que se persigue a través de estas disposiciones es la defensa del ahorro.

Es importante señalar también la autorización que a través de una norma de este proyecto de ley se concede al Estado para transferir para sí créditos que hoy en día son del Banco Central del Uruguay y de la Corporación Nacional para el Desarrollo. A renglón seguido, se establece la autorización al Estado para destinar parte de estos recursos para buscar soluciones más favorables en beneficio de categorías de depositantes, de depositantes hasta ciertos montos, dando prioridad hasta  U$S 100.000 -reitero, señor Presidente: dando prioridad hasta U$S 100.000- en cajas de ahorro, cuentas corrientes o plazos fijos de estas instituciones bancarias.

Sin duda se trata de una solución que hay que subrayar, por cuanto es una ayuda que la sociedad hace a través del Estado a los depositantes de estas instituciones de intermediación financiera.

Además, el proyecto de ley establece o consagra una norma realmente importante con el objetivo de facilitar el cumplimiento por parte de los deudores permitiéndole al Estado, por la cuota parte que le corresponde como acreedor, autorizar la extensión de plazos a los deudores y la cancelación de deudas con bonos soberanos por su valor nominal.

Finalmente, en este Capítulo se establece una norma que autoriza al Banco Central del Uruguay a otorgar a los ahorristas del Banco Montevideo y del Banco La Caja Obrera, cuyos depósitos fueran transferidos a otras instituciones sin mediar su consentimiento, los mismos derechos que a los otros ahorristas. Crea al efecto una Comisión que será integrada por el Banco Central del Uruguay a fin de atender los reclamos de estos ahorristas.

En el Capítulo IV, señor Presidente, se establece una reestructuración del sistema de intermediación financiera, autorizando al Estado -como señalaba al comienzo de mi exposición- a constituir una sociedad anónima con giro bancario y con el Estado como titular de las acciones. El capital de estas sociedades anónimas será integrado por el Estado con un capital mínimo, de acuerdo con las normas bancocentralistas, de U$S 4:000.000.

Dicho esto, el Estado procurará enajenar lo antes posible la nueva institución de intermediación financiera, a los efectos de que su gestión pase a ser de la actividad privada, sin perjuicio de que en el ínterin esta gestión sea llevada a cabo por aquellos que indique el Banco Central del Uruguay.

De esta manera, señor Presidente, y reiterando que en la discusión general queremos dar los lineamientos más globales de este proyecto de ley, concluyo los comentarios sobre la Sección I.

Bueno es destacar que en la Sección II, en un único Capítulo, se crea la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario como una dependencia desconcentrada del Banco Central del Uruguay, lo que consideramos como solución viable. Sin duda es mucho mejor que la que originalmente se había propuesto de crear una persona pública no estatal que tuviera estos cometidos. Si bien no se nos escapa la crítica de que se están acumulando en el Banco Central del Uruguay un sinnúmero de cometidos ya establecidos por otras normas legales, tales como la Superintendencia del Sector Bancario, la Superintendencia de Seguros, la Superintendencia de Ahorro Previsional, la Superintendencia del Mercado de Valores -y ahora le agregamos otra Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario-, también es cierto que las limitaciones de nuestro mercado no permiten, como en otros países con mercados mayores, disponer de personas jurídicas o entidades que se ocupen en forma independiente de cada una de estas materias. Entonces, le estamos encargando al Banco Central del Uruguay todas estas Superintendencias, conociendo también el argumento de que esta Institución, en su calidad de administradora, de ser banco de bancos y al mismo tiempo regular la política monetaria, puede ingresar en algún conflicto de intereses respecto de la gestión de esta Superintendencia. Pero en definitiva, más allá de estas críticas y del reconocimiento de argumentos que existen para atenuarlas, lo cierto es que atendiendo al tamaño de nuestro mercado insistimos en que es bueno que el Banco Central del Uruguay ejerza todos estos cometidos a través de dependencias desconcentradas.

En el proyecto se establecen los poderes jurídicos para esta Superintendencia, de los cuales el principal -sin ingresar en detalles de cada uno- es el de ejercer la facultad de disposición de las acciones de instituciones de intermediación financiera que hubieren incurrido en incumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias.

Debe mencionarse también, señor Presidente, que en este Capítulo se crea el Fondo de Garantía de Depósitos como fondo de afectación independiente. Esto constituye una nueva institución y una solución innovadora en nuestro Derecho, pero no en el Derecho Comparado. Se trata de un fondo de garantía que va a ser gestionado por la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario, cuyos recursos serán fijados por el Poder Ejecutivo entre el uno por mil y el treinta por mil del promedio anual de los depósitos garantizados que se realicen en el futuro. Cabe señalar que en este proyecto de ley se prevé que el Poder Ejecutivo puede exonerar del aporte a este Fondo de Garantía de Depósitos a aquellas instituciones de intermediación financiera que presenten un seguro suficiente contratado o un respaldo de su Casa Matriz.

En la Sección III -y última de este proyecto de ley- se atiende el tema de subsidio por desempleo. En tal sentido se ha entendido por parte de la Comisión la importancia de atender el impacto que la solución que propone este proyecto de ley va a tener en la ocupación dentro del sector financiero. Por tanto, este subsidio por desempleo comprende a todos los afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias que, como consecuencia de las medidas que se vayan adoptando, ingresen al desempleo forzoso. Según se nos ha explicado por parte del señor Ministro de Economía y Finanzas, hay que tener en cuenta que en estas tres instituciones que entrarían en liquidación, trabajan 1.740 empleados y que el nuevo banco va a requerir un número menor. Entonces, como este sector de la actividad no contaba con un subsidio por desempleo, surge la necesidad de crearlo. Este seguro de desempleo consistirá en la prestación de un subsidio mensual a cargo de un fondo administrado por la Caja de Jubilaciones Bancarias por un plazo de seis meses, con una prórroga por un total de doce, y finalmente la posibilidad para los desocupados en el 2002 de que se extienda hasta dieciocho meses.

Los recursos de ese Fondo están previstos en la norma. También queremos destacar que la sociedad, a través del Erario, habrá de financiar hasta 8 salarios mínimos para ese subsidio por desempleo, para el cual se establece un tope de hasta 20 salarios mínimos financiado con recursos provenientes de los activos y pasivos bancarios. Asimismo, deseo señalar que los subsidios y sus períodos son computables como tiempo trabajado a los efectos de los años de servicio.

Señor Presidente: no quiero terminar este informe sin manifestar a modo de conclusión que los propósitos principales que persigue este proyecto de ley son: proteger el ahorro, fomentar el crédito y, en general, preservar la economía. Entendemos que ésta se debe integrar con un sistema financiero sano y fuerte que repose en la confianza. Ciertamente debemos reconocer que dicha confianza se ha debilitado como consecuencia de los acontecimientos vividos en el correr de 2002. Sin embargo, como se ha podido comprobar, luego de aprobada la Ley de Fortalecimiento del Sistema Bancario, el 4 de agosto de este año, la sociedad uruguaya ha demostrado una madurez, serenidad y prudencia en medio de la crisis que realmente la distingue, sobre todo de aquellas experiencias que hemos tenido ocasión de comprobar que ocurren en otros países, especialmente en nuestra vecina Argentina.

Por cierto, las soluciones que se proponen en este proyecto de ley no son ortodoxas, no reclaman la liquidación lisa y llana de estas instituciones de intermediación financiera, lo que sí afectaría el ahorro y, por lo tanto, la confianza de los uruguayos. En realidad, se trata de soluciones innovadoras, a la uruguaya, porque confiamos en la madurez y prudencia que ha demostrado reiteradamente nuestro pueblo.

Por último, confiamos en que este proyecto se apruebe para que rápidamente se convierta en ley y de esa forma sus soluciones puedan lograr los objetivos e ideas que persigue.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: durante todo el año 2002 nuestro país ha visto inmerso en una gran crisis a todo su sistema bancario que, lógicamente, ha traído consecuencias de la más diversa índole, tanto a nivel social como económico, determinando una profundización aún más importante de la recesión que venía sufriendo de tiempo atrás. Dicha crisis, al involucrar al sistema bancario, trajo como consecuencia una merma considerable en la indispensable generación de créditos para lograr la reactivación económica. En función de ello, hoy nos vemos en la obligación de prestarle una atención especial al problema, con el propósito de ir creando las condiciones mínimas imprescindibles a través de las cuales el Uruguay pueda reactivarse económicamente, recuperar una tasa de nivel de desempleo de un dígito y así mover toda una actividad económica indispensable para alcanzar el primero y último de nuestros objetivos, desde el momento en que tenemos responsabilidades de gobierno desde el Parlamento nacional: mejorar la calidad de vida de nuestra gente.

A ese propósito apunta el proyecto de ley que hoy estamos considerando, al que no hubiera sido posible llegar si, al menos, no se hubieran dado dos circunstancias importantes en la vida de este país durante 2002. Esto se dio como respuesta a una crisis que entre otras muchas causas que se podrían señalar tuvo dos fundamentales. Una de ellas está relacionado con la situación que desde fines del año pasado vive nuestra hermana República Argentina, con un contagio de la desconfianza, que se ha visto incrementada por la importancia de los depósitos de los no residentes en nuestro país, básicamente de origen argentino, y la otra con los ilícitos que se cometieron contra dos de las importantes instituciones bancarias que funcionaban en el país hasta julio de este año: el Banco Montevideo-La Caja Obrera y el Banco Comercial.

Uno de los factores que de alguna manera ha ayudado para que hoy estemos aquí legislando en esta nueva materia tiene que ver con la reacción absolutamente positiva que los principales sectores sociales del país tuvieron cuando se encontraron enfrentados a la grave situación. Aclaro que en ellos incluyo a la ciudadanía en su conjunto, como así también a los ahorristas de los bancos involucrados que optaron por aunar esfuerzos para mejorar su situación en vez de dedicarse a protestar, cacerolear o golpear las puertas de las instituciones suspendidas. Ellos nos dieron un ejemplo de tal magnitud que fue recogido en un proyecto de ley que este Senado aprobó por unanimidad y que hoy está a consideración de la Cámara de Representantes, aunque en gran medida ha perdido su objetivo por cuanto esta iniciativa soluciona con mayor alcance aquella problemática. Lo que nosotros plasmamos en aquel proyecto y en éste no hace otra cosa que recoger el ejemplo que nos han dado los propios ahorristas, incluyendo a todos aquellos que tenían su dinero colocado a plazo fijo o poseían obligaciones negociables e involucrados están con estas instituciones. También debemos hacer un reconocimiento al rol papel que cumplió en este tiempo el sindicato que defiende los intereses de los empleados bancarios, AEBU, el que comprendiendo la dimensión del problema también ha velado por los intereses del sistema en su conjunto, colaborando con ideas e iniciativas para que esto no se deteriore más de lo que se ha deteriorado en estos meses.

El otro factor que, a nuestro juicio, también ha operado positivamente en esta coyuntura por la que estamos atravesando ha sido la Ley de Fortalecimiento del Sistema Bancario que aprobamos hace algunos meses y que permitió, a partir de ese día, regenerar la confianza en la principal institución bancaria que tiene el país que, además, es pública y pertenece al Estado: el Banco de la República Oriental del Uruguay. Esta Institución hoy viene superando las dificultades que tuvo a mediados de año, ha logrado llegar a un balance positivo en lo que respecta al ingreso de depósitos comparado con el retiro de los mismos y se apresta a cumplir cabalmente -así debe ser- con el primero de los grandes compromisos que le impuso aquella ley: devolver a los ahorristas del Banco de la República y del Banco Hipotecario el 25% de sus depósitos a partir de mediados del año que viene. Aprobada la Ley mencionada en 72 horas, que fue el tiempo que insumió a ambas Cámaras sancionar un proyecto de esas características, anunciamos nuestra disposición a empezar a trabajar desde ese mismo día en la búsqueda de una solución para los Bancos que iban a ser suspendidos en sus actividades a partir del levantamiento del feriado bancario.

El proyecto de ley que estamos considerando en el día de hoy impone una solución y otorga un instrumento para los cuatro Bancos que hoy ocupan nuestra atención. Tengo que ser sincero con mi pensamiento y con la opinión de mi Partido en cuanto a lo que ha ocurrido en estos más de cuatro meses que han transcurrido desde el día en que se aprobó la Ley de Fortalecimiento del Sistema Bancario. Porque debo reprocharle al Poder Ejecutivo el tiempo que se ha demorado en construir y ofrecer un instrumento que permita crear una esperanza a los efectos de encontrar una salida para todos los sectores que están involucrados en este problema, y reprocharle también la forma en que se encararon las gestiones con los potenciales inversores interesados en capitalizar y hacerse cargo de la gestión de algunas de estas instituciones que hoy están comprometidas y para las que estamos buscando una solución.

Esta problemática se vio agravada, además, por la cuestionable venta del Banco La Caja Obrera al Banco Montevideo. Cuestionable y cuestionada porque en la Comisión de Hacienda, junto con el señor Senador Heber, cuestionamos esa venta a los entonces Ministro de Economía y Finanzas y Presidente del Banco Central.

Asuma entonces el Gobierno el cuestionamiento al tiempo perdido que ha agravado más la situación, porque es notorio que los activos principales de esos bancos se han deteriorado en forma importante en el tiempo que llevamos sin ofrecer una salida. Asimismo, es notorio que si aprobada la ley no se trabaja con la dedicación, el esfuerzo y la celeridad debidos, ese deterioro se va a incrementar aún más hasta el momento en que la nueva institución cobre vida, empiece a trabajar y pueda proteger debidamente los activos que se le van a otorgar a través del sistema que se establece en el proyecto de ley.

Un capítulo aparte merece la situación del Banco de Crédito. En esta circunstancia no vamos a juzgar la actitud del Poder Ejecutivo y, en especial, del Banco Central en lo que refiere a las negociaciones con el Banco de Crédito, entre otras razones, porque no disponemos de toda la información necesaria para poder señalar debidamente a quién deben atribuirse las responsabilidades que han impedido una solución para esta Institución hasta el día de hoy. Aunque mucho me temo que también aquí hay responsabilidad del Gobierno por sus marchas y contramarchas en el tema. Pero es bueno señalar que el proyecto de ley que estamos estudiando aporta en sus artículos 36 y 37 instrumentos al Gobierno y al Banco importantes, si se dan las condiciones de solvencia y de capitalización -que esperamos que el Gobierno exija en la medida que corresponda-, la posibilidad de reapertura de esta Institución. En tanto el artículo 36 facilita que los acuerdos que se logren entre los ahorristas para la reprogramación y capitalización de sus depósitos, alcanzadas determinadas mayorías, sean obligatorios para la totalidad de los titulares, el artículo 35 faculta al Estado a aplicar a la absorción del patrimonio negativo del Banco de Crédito su participación en el capital de ese Banco, básicamente, a través de la Corporación Nacional del Desarrollo, con la condición -que incorporamos en conversación con los demás sectores políticos- que por este artículo 37 el Estado quedará autorizado a participar, al aplicar esa absorción, en la medida en que esa Institución reabra sus puertas; de otra manera, seguirán teniendo toda la vigencia y validez los créditos que el Estado tiene contra la misma. Quiere decir que a partir del momento en que se sancione la ley, el Poder Ejecutivo va a tener absolutamente todos los instrumentos que necesita para viabilizar la reapertura del Banco de Crédito. Será entonces de su exclusiva responsabilidad lograr las condiciones fundamentales para esa reapertura, porque tiene y dispone de todos los instrumentos que precisa para facilitarla y lograrla con solvencia, liquidez y capitalización.

Ojalá que el fin al que lleguen esas negociaciones sea positivo, pero más allá de esto que no pasa de ser una mera expresión de deseo, lo cierto es que a partir del momento en que se apruebe la ley estarán dados todos los instrumentos legales necesarios para que el Gobierno proceda en consecuencia y esperamos tener una rápida definición de este asunto. De otra manera, la no reapertura del Banco de Crédito significará que el mismo se incluya en la solución que hoy estamos elaborando con las dificultades que eso puede representar para el futuro de la nueva institución.

Pasados estos más de cuatro meses en los que no tuvimos noticias sobre el destino que tendrían estas instituciones, finalmente apareció un instrumento que, por cierto, es muy bienvenido, no solamente por el hecho de tener a nuestra disposición, con iniciativa del Poder Ejecutivo, una forma de resolver un problema de estas características, sino porque, además -reconozcámoslo-, en su arquitectura jurídica el proyecto es muy bueno.

La ley que vamos a sancionar estará caracterizada por dos condiciones fundamentales; por un lado, una buena arquitectura jurídica y, por otro -condición que no establecemos nosotros-, su situación en el mercado, las posibilidades de competir y la suerte de la nueva institución, tema en el que nos guiamos por las opiniones técnicas que hemos recibido al respecto. La arquitectura jurídica de este proyecto es tan buena que siendo tan complejo y habiéndole dedicado la Comisión un trabajo por demás profundo e interesante, las modificaciones introducidas no han sido de un nivel tal que hoy podamos decir que tenemos un proyecto distinto al que se nos enviara. Reitero que es prácticamente igual en su arquitectura jurídica, más allá de algunos cambios sustantivos que se le introdujeron durante la discusión llevada a cabo en la Comisión. Cabe señalar que dicha Comisión desarrolló una labor intensa, dando oportunidad a los sectores involucrados a expresar su opinión. A ella concurrieron una delegación de AEBU, representantes de la más diversa índole de ahorristas y tenedores de Bonos, todos quienes fueron escuchados y cuyas opiniones sobre el proyecto eran diferentes. Sin embargo, todas ellas fueron recibidas con particular atención porque en una situación de estas características corresponde, desde luego, escuchar no solamente a los involucrados, sino también a quienes algo de lo suyo tendrán que aportar para que este instrumento que estamos elaborando termine cumpliendo sus funciones con eficiencia y con el éxito que todos deseamos.

No está de más reconocer hoy -como lo hicimos cuando aprobamos el proyecto de reprogramación- que hubo opiniones contrarias y negativas inclusive de aquellos que se van a ver beneficiados por este proyecto de ley. En muchos casos se plantearon propuestas alternativas que no fueron recogidas por el Parlamento porque se consideró que el Estado no estaba en condiciones -tal como se llegó a proponer- de hacerse cargo de esos ahorros, de reprogramarlos a través del Banco de la República y de comprometerse a su devolución en determinado plazo.

En definitiva, pienso que este proyecto tiene muchas cosas buenas y positivas que ojalá puedan ayudar al cumplimiento del objetivo que nos hemos planteado. Creo que también tiene la deliberada intención -que es la de todos los partidos políticos que integramos este Parlamento- de evitarle al país y a la sociedad males mayores, como habría sucedido si se hubiera recurrido a la aplicación lisa y llana de la legislación vigente en esta materia. Por eso hicimos especial énfasis en incorporar como primer artículo del Capítulo III, relativo a las normas sobre liquidación de instituciones de intermediación financiera con actividad suspendida a esta fecha, el artículo 20, que establece claramente que las disposiciones que se están aprobando, adoptadas como consecuencia de la situación por la que atraviesan las instituciones de intermediación financiera cuya actividad se encuentra suspendida, tienen el propósito de amortiguar el impacto que para la sociedad significaría la aplicación lisa y llana de la normativa vigente. Quiere decir que en el propio texto del proyecto de ley llegamos a la conclusión de que el propósito es, repito, evitarle al país males mayores si recorriéramos los caminos marcados por la ley que hoy es Derecho Positivo. El inciso segundo de este artículo expresa que en cumplimiento de lo expresado en el inciso anterior, se pretende rescatar el mayor valor de los activos pertenecientes a esas instituciones, mediante los mecanismos que surgirán de la aplicación de la presente normativa, a efectos de defender los derechos de los acreedores. Y yo digo que defender los derechos de los acreedores, en particular los de los depositantes, es una de las filosofías principales que inspira este proyecto de ley para la circunstancia por la que estamos atravesando, referida a la situación de los Bancos con actividad suspendida, y también para el futuro, porque en el artículo 11 del Capítulo II, relativo a las normas de carácter permanente, se establece expresamente que el Banco Central del Uruguay ejercerá sus potestades como liquidador de entidades de intermediación financiera con la finalidad primordial de proteger el ahorro por razones de interés general. En consecuencia, defender los derechos de todos los ahorristas de estas instituciones es la base de inspiración para la aprobación de este proyecto de ley. A tal punto lo es, señor Presidente, que se decidió incluir expresamente, mediante el artículo 29, a quienes depositaron sus ahorros en los Bancos Montevideo y Caja Obrera y fueron transferidos a otras instituciones conocidas como el TCB, a donde se derivaron los depósitos que esos ahorristas realizaron oportunamente en esas instituciones de plaza.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Dr. García Costa)

- Cuando estábamos estudiando toda esta temática, propusimos en la Subcomisión de Desglose, en nombre del Partido Nacional, que una norma recogiera el problema de estos ciudadanos. La respuesta unánime de esa Subcomisión significó el paso más importante que se da en este proyecto de ley con respecto al TCB. Me refiero a que esos ciudadanos están contemplados en la ley; de otra manera, habrían quedado excluidos y no tendrían otra alternativa que la de seguir pleiteando con el propósito de defender sus derechos. En una primera redacción establecimos que los ahorristas de los Bancos Montevideo y La Caja Obrera cuyos depósitos fueron trasladados a otras instituciones -y que deberían tener los mismos derechos, exactamente los mismos, que los demás ahorristas de estas instituciones- estuvieran contemplados en caso de que esos depósitos hubieran sido transferidos sin su consentimiento. La discusión llevó a sustituir la expresión "sin su consentimiento" por "contra su voluntad". Puesto nuevamente en consideración en la tarde de hoy este artículo y en el entendido de que se les estaba complicando la posibilidad de defender sus intereses al trasladarse la carga de la prueba, se decidió volver a la redacción original, por temor a terminar cometiendo una injusticia. Considero que la primer justicia es la de haberlos incluido en este proyecto de ley; es el gran paso, y ahora será una Comisión del Banco Central la que frente a la duda deberá expedirse en un plazo máximo de sesenta días con respecto a su inclusión. En caso de pensar que no están contemplados en las disposiciones de este proyecto de ley o que no cumplen con las condiciones requeridas, los excluirá y, aun en esa circunstancia les quedará el recurso la vía del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Hemos introducido una disposición adicional en virtud de que dichos ahorristas representan montos muy importantes. Ante la perspectiva de que no fuera suficiente con establecer en los fondos de inversión -fondos previsionados, como decía originalmente el proyecto- hasta el 10%, con el propósito de que aquellas reclamaciones que no sean contempladas en primera instancia tengan la vía administrativa correspondiente para la reclamación y en el caso de que sean reconocidos sus derechos, exista un respaldo o una garantía que contemple sus intereses, ahora eliminamos ese porcentaje y establecemos que podrá ser mayor. Dicho porcentaje será determinado por el Banco Central en función de las reclamaciones que en primera instancia no prosperen y tengan que ir a la vía administrativa y contenciosa para defender sus derechos.

Pero tendrán siempre, en definitiva, el fondo previsionado que los estará esperando para respaldar y defender sus derechos.

Señor Presidente: quiere decir que esa situación tan injusta que se ha dado con estos ahorristas está contemplada en el proyecto de ley, mediante un propósito muy claro y definido, por lo menos, en el ánimo, en el espíritu y hasta en la expresión que consta en la versión taquigráfica de las señoras y señores Senadores, que consiste en defender a los ahorristas de los Bancos Montevideo y La Caja Obrera que fueron estafados. No se trata de defender a todos los ahorristas del TCB, sino a aquellos que fueron engañados y terminaron con sus recursos y depósitos en instituciones a las que no tenían la más mínima intención de llevarlos, porque precisamente habían confiado en los Bancos mencionados.

Antes de empezar este análisis omití señalar que el proyecto de ley atiende a la defensa en condiciones igualitarias de todos los acreedores de estas instituciones; coloca en un pie de igualdad a los ahorristas, a los tenedores de obligaciones negociables, a los acreedores correspondientes a las corresponsalías de esas instituciones y a todos los que tienen algún crédito contra esas instituciones, entre quienes se encuentra el Estado. Las diferencias se marcan por una mecánica absolutamente distinta que a continuación vamos a considerar, mediante una norma especial. Mediante esta norma, se faculta al Estado, que es acreedor por aproximadamente el 40% del total de los pasivos de estas cuatro instituciones -que tienen un pasivo aproximado de U$S 2.200:000.000 y el Estado es su acreedor por alrededor de U$S 1.000:000.000, cifra que ya volcó en esas instituciones y a la que va a renunciar a favor de los ahorristas; de todos, sin ningún tipo de distinción.

Esta es una decisión que asumimos en forma colectiva y unánime porque consideramos que la forma de protegerlos es, precisamente, recorriendo un camino de esta naturaleza. Alguno de nosotros pensaba que deberían ser beneficiados por ese mismo subsidio -en definitiva, no se trata de otra cosa que de un subsidio, de los tantos que el Estado da en forma permanente-, no solamente los ahorristas propiamente dichos o los ahorristas en una definición restringida, sino también los ahorristas en una definición más amplia, es decir, los ahorristas a largo plazo, o sea quienes son tenedores de obligaciones negociables del Banco Montevideo y La Caja Obrera.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. García Costa).- Por moción de varios señores Senadores, se va a votar la solicitud de prórroga del término de que dispone el orador.

(Se vota:)

- 16 en 17. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Muchas gracias.

Señor Presidente: estaba señalando que buscamos en nuestra legislación vigente definiciones referidas a los ahorristas. Me parece que se trata de una categoría que tiene que estar claramente definida cuando se trata de implementar un proyecto de ley e interpretar una ley que los va a comprender. En la Doctrina, la diferenciación de ahorristas y tenedores de obligaciones negociables prácticamente no existe; la naturaleza jurídica del contrato es similar y la única diferencia que se da en uno y otro depósito es que los primeros son ahorristas a plazos cortos y los tenedores de obligaciones negociables lo son a plazos largos. La única norma que encontramos vinculada a esta temática -lamento que no esté en Sala el señor Senador Brause, quien discrepa con esta definición- es el artículo 50 de la recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero, que dice que a los efectos de los regímenes de encaje y de tenencia de valores públicos, se considera que constituyen depósitos todas las sumas de dinero que reciban las empresas de intermediación financiera, a cualquier título, de las que deriven derechos a favor de terceros, salvo las obtenidas de otras empresas de intermediación financiera, las originadas en operaciones con el Banco Central del Uruguay y las indicadas en el artículo 51, que hace referencia a los depósitos exentos de la obligación de constituir encajes. No obstante, se optó por ello, y no lo vamos a cuestionar.

SEÑOR BRAUSE.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. García Costa).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- El señor Senador Gallinal me aludió con respecto a una interpretación sobre la calidad del depositante, intercambio que fue muy enriquecedor en la Comisión de Hacienda integrada con Constitución. A fin de que conste en la versión taquigráfica, deseo manifestar que la naturaleza jurídica del contrato de depósito es la que determina la calidad del depositante, que es una de las partes del contrato. Por lo tanto, la naturaleza jurídica del contrato de depósito es la que gobierna, a nuestro modo de ver el concepto de depositante y, al efecto, existe un trabajo de doctrina muy elaborado y, sin duda, un clásico en la materia, que es el "Depósito bancario" del fallecido profesor Supervielle. A nuestro entender, ese depósito se configura cuando existe una relación directa entre el cliente depositante y la institución de intermediación financiera depositaria.

En el caso de la otra situación señalada, que es la de los tenedores de obligaciones negociables, desde el punto de vista jurídico, se establece una figura distinta, al punto que lo que se adquiere son obligaciones y, si bien existe un negocio jurídico en el cual uno entrega el precio y el otro obligaciones o documentos que hacen sus veces, se trata de un negocio de otra naturaleza jurídica, al extremo de estar regido por normas de Derecho Comercial que permiten la circulación de esos papeles en el comercio, en forma independiente de quién es el que los tiene. En tal sentido, esa es la diferencia que yo señalaba respecto del contrato de depósito propiamente dicho y, por tanto, del depositante con el tenedor de obligaciones emitidas por un banco, en este caso, Bancos Comercial o Montevideo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. García Costa).- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Respeto mucho la opinión de la doctrina, así como la que conforma al señor Senador Brause, pero cuando hay una norma de Derecho Positivo que define un tema de estas características, no tenemos más remedio que guiarnos por ese Derecho, y en este caso la disposición existe. Es evidente que estamos ante un depósito y que la naturaleza jurídica es similar. De todas maneras, no vamos a hacer cuestión en lo que refiere a esta decisión -que hasta bienvenida es- y quedará para otra oportunidad la definición de quiénes son depositantes y cuál es la naturaleza jurídica de las obligaciones negociables, sin perjuicio de la señal sin dudas negativa que hacia los tenedores de bonos, todos, sin distinción, se emite.

El otro tema importante respecto al que habíamos puesto condiciones en el momento de estudiar el proyecto de ley es el que refiere a la responsabilidad del Estado. Este asunto preocupa a la ciudadanía toda, es la consecuencia lógica de las dificultades que acabamos de vivir, es el cuestionamiento que tanta gente realiza - por qué el Estado ha respaldado tanto a instituciones que no le son propias- y es, además, la conclusión inevitable a la que tenemos que llegar en el momento de legislar en esta materia, asegurándonos que la responsabilidad del Estado esté delimitada clara y precisamente. Hay una nueva filosofía en lo que respecta a la vida de los bancos en el Uruguay, impuesta como consecuencia de la crisis, llevándola a la práctica con el propósito de mejorar el sector bancario; las circunstancias, felizmente, nos han llevado a ello. Una vez más, entonces, de lo negativo rescatamos algo positivo. De ahora en adelante, el Estado será responsable solamente de sus propias instituciones, y en lo que refiere a ésta en particular, ha quedado consagrado en el inciso final del artículo 22 inciso final, no ha de poner un peso más.

Nos preocupaba un segundo aspecto de la responsabilidad del Estado, que es la que puede surgir como consecuencia de la aprobación de normas que vulneren los derechos legítimamente adquiridos por quienes estaban vinculados, en calidad de acreedores, a estas instituciones. Fue por ese razonamiento que desde el primer momento cuestionamos el artículo 21 del proyecto original, en tanto establecía un sistema de compensación especial que derogaba la legislación vigente en la materia, y además, por no tener otra forma de hacerlo, lo realizaba con carácter retroactivo a la fecha en que se decretó la suspensión de todas estas instituciones. No tenía otra alternativa porque el Código de Comercio -conjunto de normas vigentes en esta materia- establece expresamente que la compensación, si se dan las condiciones establecidas en la ley, opera "ipso jure", es decir, de pleno derecho; o sea que queda consagrada sin necesidad de ningún acto jurídico, mucho menos una sentencia posterior que la confirme o valide. Si esto es así, las compensaciones han operado desde el momento en que se decretó la suspensión de los bancos hasta hoy; por lo tanto, si se pretendía modificar la compensación, no había otra alternativa que hacerlo con carácter retroactivo, vulnerando derechos legítimamente adquiridos y abriendo un ancho espacio para generar una responsabilidad adicional del Estado, en este caso de tipo legislativo.

Por si lo expresado fuera poco, la solución que se intentaba llevar adelante era intrínsecamente injusta. Toda persona que, cumpliendo con las condiciones establecidas en el Código de Comercio, reuniera la doble calidad de ser deudor por un lado y acreedor por el otro, por sumas líquidas y exigibles, y llenara también otros requisitos de acuerdo con las normas que se pretendía aprobar, seguiría siendo deudor por el total de su deuda, pero cobraría lo que le tocara en función de la prorrata del fondo que le correspondiere. Para nosotros, eso era de una tremenda injusticia y por eso hoy celebramos que se haya sustituido esta norma por lo que establece el artículo 20 del proyecto aprobado en Comisión, que en lugar de la compensación en la que previamente se había pensado, dispone que los créditos contra las instituciones de intermediación financiera que se encuentran suspendidas, durante el período de la suspensión no son exigibles; es decir que durante ese período no se les puede aplicar la compensación lisa y llana que establece el Código de Comercio, porque le falta la condición de exigibilidad. Esto quiere decir, también, que cuando se deje sin efecto la suspensión y se proceda a la instrumentación de los demás institutos que se proyectan en la ley que estamos estudiando, recobrará todo su imperio el capítulo de las compensaciones del Código de Comercio y bajo su luz se definirán las compensaciones que correspondan.

En un análisis general de los principales artículos del proyecto que estamos estudiando, rescataría del Capítulo I el que se refiere a la expropiación, que también fue modificado. No compartíamos que se declarara como de necesidad pública la expropiación por el Estado de las acciones de las empresas de intermediación financiera con carácter genérico, dejando abierta la posibilidad, no sólo de expropiar las acciones referidas a estos Bancos -La Caja Obrera, Comercial y Montevideo-, sino de otorgar al Poder Ejecutivo y al Banco Central, la facultad de expropiar acciones de cualquier institución.

Se ha llegado a una norma que reúne consenso, que nosotros compartimos, en donde se establece que la declaración genérica de necesidad pública de expropiación podrá ser aplicada si las instituciones comprendidas tienen suspendida su actividad y si, además, han sido sancionadas de acuerdo con el artículo 23 del decreto-ley de intermediación financiera, lo que nos parece una buena solución.

En el Capítulo II se incorpora lo ya dicho al artículo 13, o sea, que el Banco Central ejercerá sus potestades "con la finalidad primordial de proteger el ahorro por razones de interés general", lo que pasa a ser una muy importante filosofía de futuro.

En el artículo 19 del mismo Capítulo se establece para la nueva institución la facultad de reprogramar, a través de la presencia del Banco Central, los depósitos que hasta ayer eran de las instituciones suspendidas. El Banco Central será el encargado de definir, en su plan de negocios, en qué plazo, en qué condiciones y con qué pago de intereses se devolverá a los ahorristas sus depósitos. Esta reprogramación que definirá el Banco Central, deberá ser consentida por los acreedores -los ahorristas- y se necesitará conformar una mayoría del 66% del total de los montos para que pueda prosperar.

El artículo incluye una novedad muy importante, al facultar al Banco Central a reprogramar las obligaciones negociables, estableciendo una mayoría especial de acreedores, de manera que se puedan contemplar los derechos de quienes sean tenedores de las mismas.

El Capítulo III se inicia con el artículo 22, de nuestro puño y letra -ya comentado- que contiene algunas normas de carácter programático, además de disposiciones concretas como las que limitan la responsabilidad del Estado y las que establecen la finalidad primordial de defender el derecho de los ahorristas.

El artículo 23 introduce otra novedad también propuesta por el Partido Nacional que refiere a la obligación del Estado de demandar administrativa y judicialmente a los accionistas y directores responsables de las graves infracciones en perjuicio de los Bancos Montevideo y Comercial, sin perjuicio de las acciones ya instauradas. Se establece, además, que el producido de ese accionar -si algún producido económico hubiere- se destinará a los Fondos de Recuperación de Activos.

El artículo 27, al que ya hiciéramos referencia, refiere a la protección de los ahorristas y, además, establece muy claramente la protección especial que tendrán todos los ahorros hasta la suma de U$S 100.000.

En el Capítulo IV, felizmente no se formó ninguna persona jurídica, ni de Derecho Público no estatal ni de ninguna otra naturaleza, para ser el tenedor de las acciones en nombre del Estado, como originalmente se había pensado y, a su vez, se logró excluir a la Corporación Nacional para el Desarrollo, cuya presencia no nos gustaba. Se llegó a la muy original -pero legítima y legal- definición de que es el Estado el propietario de las acciones, pero el responsable de tenerlas y vigilarlas, así como de definir su custodia y la gestión de las mismas, será el Ministerio de Economía y Finanzas.

A su vez, en la Sección II, la creación de la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario es también una forma de evitar la creación de una nueva persona jurídica, recogiendo una idea que fue proporcionada por el señor Senador Korzeniak, que supondrá tener, dentro del propio Banco Central, un organismo con la máxima desconcentración posible encargado de atender la implementación de un seguro de depósito, lo que sin duda será una señal positiva para los futuros ahorristas en lo que tiene que ver con el desarrollo del sistema bancario nacional. A ello se agrega la peculiaridad de su carácter facultativo, porque habrá empresas de intermediación financiera que eventualmente podrán quedar exoneradas de este seguro de depósito, como es el caso -me imagino- del Banco de la República Oriental del Uruguay, que con el solo respaldo de todo el Estado ofrece garantías más que suficientes -tal como lo ha demostrado en la reciente ley de reprogramación- para que los ahorristas puedan confiar en él.

Finalmente -y sin dejar de señalar que también por unanimidad decidimos dejar fuera de este proyecto todo lo que refiere al mercado de valores-, tenemos el subsidio por desempleo. Dicho subsidio consagra, con carácter general y en absoluta igualdad de condiciones con los demás trabajadores del país, el seguro de desempleo para los trabajadores bancarios, beneficio que hasta hoy no existía. Seguro que tiene una excepcionalidad referida a los empleados que sean despedidos de las instituciones que hoy tienen su actividad suspendida, porque en base al aporte que los propios empleados y pasivos bancarios realizarán, se logrará en forma transitoria, por un plazo de hasta 18 meses adicionales, un plus que permitirá superar - solamente por aquel período - el tope de 8 salarios mínimos.

En este sentido, señor Presidente, queremos poner de manifiesto y llamar la atención de los demás integrantes del Cuerpo sobre algo que quizás no advertimos en el momento de discutir este Capítulo, y es que hemos establecido el seguro de desempleo para algunos funcionarios públicos, ya que la disposición comprende obligatoriamente, a todos los afiliados a la Caja Bancaria, entre quienes se incluyen los funcionarios de los bancos del Estado. Esto no me parece que sea una buena disposición, en primer lugar porque creo que no los protege a ellos, y además porque no me parece que la sociedad reciba con beneplácito una noticia de estas.

En todo caso, este es un tema que tendremos que estudiar en toda su dimensión en otra oportunidad, más allá de que en el momento de aprobar el proyecto de ley quizás nos veamos en la necesidad de modificar el primer artículo de la Sección III, Subsidio por Desempleo, en tanto establece que el régimen de subsidio por desempleo establecido por el Decreto-Ley Nº 15.180, comprenderá obligatoriamente a todos los empleados afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, sin perjuicio de las modificaciones establecidas en la presente ley. Dado que los empleados de los Bancos públicos son a su vez afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, como lógica consecuencia los empleados del Banco de la República Oriental del Uruguay, del Banco Hipotecario del Uruguay y del Banco de Seguros del Estado, pasarían a tener seguro por desempleo, lo que no me parece razonable, ni coherente con los objetivos que nos marcamos al momento de implementar dicho seguro. Como consecuencia, habría que agregar allí una referencia que estableciera que quedarán excluidos del mismo los que a su vez tengan la condición de funcionarios públicos.

En términos generales esta es la opinión que tenemos sobre el proyecto de ley que estamos considerando.

En definitiva, tanto en nuestra actuación personal como en lo que refiere a la labor que ha venido desarrollando nuestro sector político, la Correntada Wilsonista, en todo lo que tiene que ver con la temática bancaria, somos absolutamente conscientes de haber tenido una exposición pública de carácter permanente, aunque también deliberada, porque entendíamos que debía buscarse de cualquier manera una solución a este problema. Creo que hicimos bien en pelear desde el primer momento en la búsqueda de soluciones, y creo que hacemos mejor en aprobarlas, inspirados en lo que dispone el artículo 22 del proyecto.

(Ocupa la Presidencia el señor Luis Hierro López)

-También fue positivo el haber intentado en todo momento articular con todos los sectores políticos los mayores consensos y las más amplias mayorías para la aprobación de este proyecto de ley, y es con el aporte de todos que el mismo se ha enriquecido, tanto en su redacción como en su espíritu, como en el mensaje que a la población se transmite.

Estamos absolutamente identificados con el concepto general de la defensa a ultranza de los derechos de los ahorristas, propósito que estamos convencidos que vamos a alcanzar.

También estamos identificados -y a la luz de sus consejos, apreciaciones y aportes técnicos trabajamos durante todos estos meses- con el informe que los contadores José Pedro Laffitte y Mario Bucheli aportaron al Directorio del Partido Nacional cuando éste les fue requerido. En sus conclusiones estos profesionales señalaron lo siguiente: "Las apreciaciones efectuadas en los capítulos anteriores, tienen como único propósito el aportar modificaciones o adicionales conceptos para aclarar el significado o alcance de alguna disposición que a nuestro entender pueda mejorarse o eliminarse, sin afectar los objetivos del proyecto.

El país está enfrentado a una difícil situación económico-financiera, con importantes derivaciones sociales de difícil solución inmediata.

En este contexto enfrenta la disyuntiva de adoptar decisiones referentes al sistema financiero que en circunstancias normales son de clara resolución. Los bancos con serias dificultades se liquidan o se capitalizan.

No estamos frente a un caso de esa naturaleza. Una capitalización en las actuales circunstancias es más improbable. La liquidación por el método tradicional, tiene connotaciones negativas y dramáticas inmediatas.

Ante ello, el Poder Ejecutivo eleva al Poder Legislativo un proyecto de ley que plantea una solución inusual y compleja, que por tal razón amerita modificaciones cuyos resultados quizás puedan apreciarse recién dentro de uno o dos años, pero que tiene aspectos positivos que deben valorarse.

Por esas razones, tomando como válidas las expresiones del Sr. Ministro de Economía, del Sr. Presidente del B.C.U. y la opinión de la consultora internacional (ING), que en forma expresa o tácita consideran viable la creación del nuevo banco, estimamos que en una objetiva evaluación, los aspectos positivos deben superar con bastante amplitud a los negativos en especial en los primeros dos años que el Poder Ejecutivo se ha fijado como objetivo.

El proyecto requiere modificaciones, alguna a nuestro juicio importante, que no alteran su concepción general y sus objetivos básicos, frente a las consecuencias inmediatas de la otra solución (liquidación).

En nuestro caso somos partidarios de su aprobación. Vale la pena intentarlo. Cr. José Pedro Laffitte, Cr. Mario Bucheli".

Por nuestra parte, consideramos absolutamente compartible, sobre todo, la última expresión: "Vale la pena intentarlo". Pensamos que el respaldo tan contundente como el que va a tener este proyecto de ley en el Parlamento, va a dar un mensaje muy importante que colaborará al éxito que todos deseamos de la futura institución.

Creemos -y es justo señalarlo en esta circunstancia- que todo esto se hace, por supuesto, para ahorrarle a la sociedad males mayores; que vamos a buscar, por eso mismo, recompensar a los ahorristas en todo lo que sea posible, y el señor Ministro ha estimado la posibilidad de llegar hasta un 80% de sus ahorros en plazos que todavía no conocemos; que se va a lograr salvar unas cuantas fuentes de trabajo; que para los deudores de estas instituciones se evitará la precipitada ejecución de sus obligaciones; que si esto prospera, la sociedad en su conjunto va a recibir paliativos o tendrá consecuencias muy superiores a las negativas que inexorablemente hubiera recibido si se hubiera procedido lisa y llanamente a la liquidación de estas instituciones. Consideramos, además, que las condiciones en las que quedará la nueva institución para lograr un nuevo inversor, un nuevo comprador, si se cumplen los preceptos de este proyecto de ley, van a ser inmejorables o por lo menos ampliamente superiores a las condiciones anteriores. Si bien accedimos a retirar del proyecto la norma que establecía plazos para su venta -nos pareció que no era recomendable que en estas circunstancias se estableciera por adelantado los plazos en los que se debería cumplir con ese requisito-, debo destacar que todo esto tiene, sin lugar a dudas, el propósito de atraer a quien tenga solvencia, condiciones de liquidez, posibilidad de incorporar capital y el buen y prestigioso nombre necesario para hacerse cargo de la institución. Será muy bienvenido, pues de esa manera tendremos una solución prácticamente definitiva para el problema que hoy pretendemos resolver.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una nota llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"Montevideo, 20 de diciembre de 2002.

Señor Presidente del Senado de la República

Don Luis Hierro López

Presente

De nuestra consideración:

Por la presente ponemos en su conocimiento que es decisión política de nuestro sector parlamentario, MPP, no concurrir a la sesión del Senado citada para el día de la fecha.

Sin otro particular le saluda atentamente,

Eleuterio Fernández Huidobro, José Mujica, Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: hace unos cuantos días la Mesa Política del Encuentro Progresista - Frente Amplio, y también la agrupación de gobierno de nuestra fuerza política, examinaron el proyecto de ley relativo a la crisis bancaria enviado por el Poder Ejecutivo, el que en su estructura sustancial -por lo menos en su mecánica bancario económica- es el que está a consideración de este Senado.

En esa oportunidad, estos órganos decidieron proponer una serie de condiciones a incluir en el propio proyecto a efectos de votarlo afirmativamente, las cuales referían a temas que se consideraba necesario figuraran en el texto, y algunas de ellas implicaban modificaciones o agregados; pero, además, había otras condiciones relacionadas con el contexto económico del país que no condicionaban la aprobación de este proyecto de ley, o sea, tenían que ver con temas ajenos desde el punto de vista formal, porque es obvio que no lo son a la vida del país.

Básicamente me voy a referir a las condiciones inherentes al proyecto de ley que, en este momento, van a determinar su votación afirmativa; lo voy a hacer de una manera casi relatada rápidamente y, por razones de mi propio conocimiento, desde una perspectiva de los temas que fueron debatidos desde el punto de vista jurídico; la mecánica del funcionamiento económico de este proyecto, y la estrictamente bancaria y financiera, otros compañeros la podrán analizar con mucha más propiedad que yo.

Previamente, voy a mencionar esas otras condiciones que nuestra fuerza política entendía que no debían incluirse en el proyecto, sino que deberían ser lo más concomitantemente posible con esta iniciativa, para que este proyecto y el país en general mejoraran en su funcionamiento o, por lo menos, intentara salir de una situación tremendamente crítica, como la que está viviendo en la actualidad.

Esas condiciones decían relación con dos o tres temas. Uno tiene que ver con la atención de situaciones de enorme emergencia social, vinculadas a la pobreza que está padeciendo mucha gente, que lleva a que algunos organismos tengan que hacer una tarea casi asistencial. En ese sentido, nuestra fuerza política propuso -incluso le fue planteado al propio Presidente de la República- que no se recortaran las partidas que atendían esas finalidades sociales tan importantes. Otro de los aspectos a contemplar tenía relación con la búsqueda de soluciones, de paliativos y de diálogo respecto de la situación de los deudores en este país, que están siendo objeto, en algunos casos, de ejecuciones y de angustias por no poder cumplir con esas deudas. Este es uno de los puntos que se entendió importante, debido al contexto económico del país, atender en el tratamiento de este proyecto de ley, aunque no para incluirlo en él.

Respecto al primer grupo de planteos -y también al segundo, como dije antes, referido a los deudores eventualmente ejecutables- nuestra agrupación parlamentaria en el día de ayer entendió que, aunque no era un tema para ser incluido en este proyecto de ley -recordemos que las condicionantes para votar esta iniciativa eran otras-, debía ser planteado ayer mismo al Poder Ejecutivo, naturalmente a través del señor Ministro de Economía y Finanzas, que además se encontraba en la Casa. Nuestros compañeros coordinadores de Bancada del Senado y de la Cámara de Representantes conversaron largamente con el señor Ministro, le plantearon este tema y le aclararon muy bien su naturaleza y su relación con la búsqueda de una salida a la crisis bancaria. Por cierto eso nunca es suficiente cuando no se logra atender alguno de los otros problemas reales de la economía del país.

Por supuesto tenemos presente, señor Presidente, que no son temas separados. Si un trabajador, por el hecho de que nunca tuvo un peso ahorrado en un banco, piensa que el tema bancario no le interesa, se equivoca pues obviamente el cobro de su salario o la posibilidad de conseguir un trabajo, a veces, puede depender de la situación de la actividad bancaria. Por ejemplo, muchos trabajadores pudieron no haber cobrado sus aguinaldos en el día de ayer porque los bancos estuvieron cerrados, y no necesariamente porque ellos cobren en los bancos, sino porque pueden haber empresas que no hayan podido sacar el dinero de esas instituciones.

Al margen de eso, resolver el problema bancario, en lo posible -teniendo en cuenta la crisis- no supone arreglar la situación económica del país.

Por esa razón consideramos oportuno, no como un chantaje político sino siguiendo una línea coherente que se ha planteado públicamente, hacer ese planteo en el día de ayer.

Queremos decir, señor Presidente -y enseguida ingreso al tema del proyecto de ley-, que recibimos una respuesta más o menos aceptable -por la información que nos dio el señor Senador Núñez, coordinador de nuestra Bancada- del Poder Ejecutivo en el tema de no recortar partidas para atender cuestiones de tipo social, más que de urgencia, de humanidad. Podríamos decir que la respuesta no fue la necesaria, pero se dijo que no se iban a hacer más recortes y que se iban a atender algunas de estas cosas.

Con respecto al tema de los deudores, aprovechando este momento especial de que se acerca la feria judicial y que hasta el mes de febrero no van a reabrir los Juzgados, por lo que tampoco van a haber ejecuciones -que, sin duda, son todas muy complejas; habrá alguna justa, pero por lo general dan lugar a situaciones muy difíciles-, se hizo una sugerencia que no fue atendida. Concretamente, consistía en que en medio de esa feria judicial se proyectara y se publicitara, incluso, una reunión con las organizaciones de deudores -hay una que es bastante completa- en la que estuvieran Representantes del Poder Ejecutivo, de los Partidos y, en general, de los interesados, para buscar alguna solución en donde el Estado mostrara que está pidiendo cautela, prudencia y que no se empujen las ejecuciones de una manera indiscriminada. Reitero que se planteaba esto aprovechando que la feria judicial ya va a determinar por lo menos una tregua de un mes para gente que está en un estado de angustia realmente impresionante. Como dije, esa parte no tuvo una respuesta positiva.

Quiero señalar que, sin perjuicio del voto afirmativo que vamos a dar a este proyecto de ley sobre el tema bancario, nuestra fuerza política, por todos los medios posibles, va a insistir en que eso debiera hacerse porque es justo y lógico. Además es un factor que también puede contribuir a que este proyecto de ley, cuyo riesgo de aplicación existe, pueda tener un aporte más que ayude a que los resultados positivos se den en la realidad. No son temas ajenos que haya una psicología media a veces irritada, otras veces angustiada, que pueda recobrar la idea de que el Estado no procede con frialdad en esas situaciones tan difíciles.

De modo que anuncio que nuestra fuerza política, que reitero va a votar afirmativamente este proyecto de ley, no renuncia a ningún medio posible para contribuir a que el Poder Ejecutivo realice una reunión para mantener un diálogo con los deudores, a fin de obtener una solución por intermedio de esa mesa de trabajo. Sabemos, señor Presidente, que en cualquier institución, que tiene deudores y acreedores, un "perdonatutti" para los deudores puede operar en perjuicio de los acreedores, o sea de los ahorristas. Eso es muy claro y evidente; no son paradojas, sino contradicciones conocidas para quien sabe lo que es actividad bancaria, para quien sabe lo que es débito y lo que es crédito. De todas maneras, es el Estado quien justamente, con actitudes humanas primero, y después racionales, puede ir aplacando esas situaciones.

A continuación, voy a decir, de manera muy sintética, no las razones generales de fondo por las cuales votamos el proyecto de ley, sino las que vi más directamente por integrar la Subcomisión de Desglose, que analizó una serie de puntos que se debatían en la Comisión de Hacienda integrada con la de Constitución y Legislación y que generaban dificultades. Dicha Subcomisión logró, en algunos momentos, ciertas conquistas que habían sido condiciones internas que había puesto nuestra fuerza política al proyecto de ley, así como Legisladores de otras fuerzas políticas hicieron lo propio. Paso a analizarlas.

En primer lugar, nos parecía que no estaba bien que la Corporación Nacional para el Desarrollo fuera la propietaria de esa entidad que se crearía como Nuevo Banco Comercial, o como sea que se llame, en sustitución -una sustitución con arreglos- de lo que son los tres bancos suspendidos en sus actividades. No nos parecía bien que la Corporación Nacional para el Desarrollo estuviera allí. El tema fue aceptado y también planteado por Legisladores de otras fuerzas políticas. En lugar de eso hay un artículo que específicamente establece que el Estado es quien tiene la custodia, la propiedad, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, de las acciones de esa nueva entidad. Esa solución está de manera muy clara establecida en el proyecto de ley. Por lo tanto, cualquier cambio sobre esa situación naturalmente implicaría que haya que modificar esa disposición. Nos parece que ha sido la más acertada.

El tema dio lugar a una larga disquisición jurídica en el grupo que integró esa Subcomisión de Desglose. Por un lado se decía que se incluía en el proyecto de ley o en uno anexo -que después llegó- la creación de una persona de Derecho Público no estatal que cumpliera dos funciones: administrar el seguro de depósitos y ser la propietaria de las acciones de esa nueva entidad bancaria regida por el Derecho Privado, que va a aparecer. Nosotros -es otro de los puntos en donde nos pareció que tuvimos cierta recepción- entendíamos que crear un nuevo organismo era generar una especie -para quien no conoce la distinción entre persona pública no estatal y un Ente Autónomo- de un nuevo Ente Autónomo. Pensábamos que esa era la imagen que iba a reflejar. Entonces, la gente se iba a preguntar: ¿cómo, en la parquedad de la austeridad republicana de no hacer el Estado más gordo como se predica constantemente, aparece un nuevo Ente Autónomo? Nos opusimos a esa solución a sabiendas de que el tema ofrecía dificultades técnicas por esas razones que menciono. Fue así que se logró una solución, que consistió en eliminar esa persona pública no estatal. La función de administradora de la garantía de depósitos la tiene, pues, el propio Banco Central del Uruguay a través de una Superintendencia interna, cuyo alcance desconcentrado explicó el señor Senador Gallinal, y la parte de propiedad de las acciones, sobre todo su custodia y su tenencia, quedó cristalizada en el inciso de un artículo que, naturalmente, algún día puede cambiar por la modificación de una ley por otra.

Fue una buena solución, novedosa, como se ha dicho. Hubo aportes muy importantes de distintos Legisladores de todos los Partidos para ver cómo se lograba una finalidad que aparecía como común. Se había llegado al acuerdo. Se decía que esa persona pública no estatal no iba a estar. Entonces, ¿en dónde depositamos el asunto? Hay un acuerdo que se plasma en un proyecto de ley. Una vez aprobado, si algún día aparecen otras soluciones que cambien esa situación, tendrá que modificarse también la ley.

Otra de las condiciones que nuestra fuerza política proponía y que el Poder Ejecutivo acordaba -el Partido Nacional también estaba de acuerdo-, tiene que ver con el seguro de desempleo para los bancarios. A propósito de ese tema, quiero hacer una consideración vinculada a lo que expuso sobre el punto hace unos minutos el señor Senador Gallinal.

Antes que nada voy a aclarar que cuando mencione artículos, me estaré refiriendo al primer distribuido que se hizo con el título "Proyecto de ley sustitutivo". Hago esta aclaración porque ahora apareció el último, que es el definitivo de la Comisión, y entonces los artículos cambiaron de número.

De manera que cuando digo artículo 49, me refiero al 51, pero puedo hacerlo porque todos tenemos a la vista el primero de los repartidos.

Como explicó el señor Senador Gallinal, este artículo se refiere al subsidio por desempleo, que es un seguro de paro para los empleados bancarios que queden sin trabajo a raíz de esta crisis. Concretamente, dice que el régimen de subsidio por desempleo comprenderá obligatoriamente a todos los empleados afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, sin perjuicio de las modificaciones establecidas en la presente ley.

La Caja de Jubilaciones Bancarias sirve las pasividades de los funcionarios de los bancos privados y de los bancos públicos -adelanto esto desde ya, no para desordenar el trámite, sino porque no sé si va a haber una discusión particular artículo por artículo, dado que por lo largo del debate previo es posible que se resuelva votar por Capítulos o por Secciones- o sea que como es claro que los funcionarios de los bancos estatales también están afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, habría que hacer una precisión en el texto que, incluso, ya tengo redactada. Si no es así, podría creerse que, por ejemplo, el Banco de la República o el Banco Hipotecario tienen derecho a enviar 100 empleados al seguro de paro. Ese es el sistema habitual, habida cuenta de que en el Uruguay, a diferencia de otros países, no existe una norma que impida a la actividad privada mandar un empleado al seguro de paro o despedirlo. En el primer caso lo que corresponde es pagar un subsidio y en el segundo, una indemnización. Para evitar eso, habría que decir -creo que es una norma compartida y compartible por todos- que lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de los derechos estatutarios al ejercicio de su cargo, en el caso de los funcionarios de los bancos del Estado. Si un empleado de la banca estatal comete un delito o una infracción grave, lo pueden echar, pero le tienen que hacer un sumario; no es voluntad del jerarca suspenderlo y mandarlo al seguro de desempleo, porque el estatuto de ese organismo -todos los bancos del Estado, como entes autónomos que son, tienen un estatuto hecho por ellos y aprobado por el Poder Ejecutivo- lo impide. Entonces, habría que decir que esto no implica que el funcionario pierde los derechos. Si un día lo quieren suspender, podrán hacerlo, pero deberá ser por una falta, previo sumario, como figura en el estatuto.

Sigo enumerando algunos puntos y naturalmente lo hago desde la perspectiva más bien jurídica con la que encaro este tema y muchos otros. También nos ha inclinado a votar este proyecto, el hecho de que se ha perfeccionado el sistema de controles del Banco Central sobre el bancario.

Aquí quiero dejar una constancia; que haya necesidad de perfeccionar y que esto sea bueno, como aquí ocurre, no significa que estemos opinando sobre los controles anteriores y las omisiones que pudo haber habido. A nuestro juicio, estas no ocurrieron por falta de normas, sino que habrá sido por cuestiones humanas, porque se hicieron mal esos controles. O sea que en una interpretación a contrario, muy simplificada, no se debe entender que como estas normas se apoyan en un Parlamento quiere decir que todo lo anterior estaba sin norma. La Carta Orgánica del Banco Central y desde mucho antes por un Capítulo de la Ley Nº 13.608, se le otorgaban a ese organismo potestades de control muy buenas, fuertes y eficaces, pero la experiencia puede demostrar que hacían falta otras. Cuando se plantearon éstas en el proyecto -algunas muy ingeniosas- hubo dos problemas básicos. Uno fue resuelto hace dos días; se discutió si algunas de esas normas debían ser sólo para los bancos que están suspendidos en su actividad o si debían ser permanentes. Ese tema se pasó a la Comisión de Desglose y quiero decir con toda claridad que en el artículo 8º del primer ejemplar, ahora 9º, que se titula "Desplazamiento de accionistas por razones de necesidad pública en caso de suspensión y graves infracciones", se dice que se declara de necesidad pública la expropiación por el Estado de las acciones de las empresas de intermediación financiera con actividad suspendida y cuyos propietarios hayan sido sancionados de conformidad con el artículo 23 del Decreto-Ley tal. Se trata de bancos que no funcionan porque hubo Directores, administradores o accionistas que estafaron, hicieron graves infracciones y fueron sancionados. Después de pasar a la Comisión de Desglose, se resolvió que esta norma no era específica para los bancos que hoy en día están suspendidos, sino que es de carácter permanente. Por eso se la incluyó en este Capítulo de normas permanentes. De manera que si en el futuro -y deseamos que nunca más ocurra- un grupo de dueños, un dueño, un gerente o un director de un banco comete actos fraudulentos o graves infracciones que determinan que se suspenda su actividad, es aplicable esta norma y se pueden expropiar las acciones. De esta forma se disipó el problema de la dureza que algunos veían en la expresión "expropiación de acciones", porque las causales son terminantemente claras. De todos modos, lo que trató la Comisión de Desglose no fue un tema de fondo, sino si correspondía aplicarlo para los bancos que actualmente están suspendidos o para cualquiera que en el futuro cometa estas infracciones. La conclusión unánime en ese grupo de trabajo -en esas condiciones se trajo el tema a la Comisión- fue que era una norma de carácter permanente, con lo que se superó una discusión que llevó un buen rato.

Por otra parte, el Frente Amplio puso otra condición al proyecto en una de sus reuniones con la agrupación de Gobierno. Había un artículo que estaba poco menos que anunciando o estimulando la reprivatización del nuevo banco que se creaba y el Frente Amplio planteó la necesidad de eliminarlo, con lo que el señor Ministro estuvo de acuerdo, al igual que los Legisladores de los otros partidos. Entonces, la eliminación de ese artículo, combinada con la solución que ya expliqué de que el Estado es el custodio de esas acciones, determinó una salida, si bien la misma no se cristaliza eternamente porque otra ley la puede modificar.

También surgió -esta no fue una de las condiciones que se pusieron originalmente en la agrupación parlamentaria de nuestra fuerza política, pero sí surgió la idea y se conversó y Legisladores de los otros partidos plantearon textos alternativos- la iniciativa de no excluir, castigar o destratar legislativamente a los depositantes que de buena fe hicieron un depósito en un banco uruguayo -básicamente en el Banco de Montevideo y en Caja Obrera- que fue transferido al exterior.

La idea general de los Legisladores ha sido y es -así se ha llegado a una fórmula- la de premiar y no castigar la buena fe. Eso determinó la redacción de este artículo -creo que es el 31 actual y el 30 en el repartido anterior- que modificó la frase según la cual para que una persona pudiera adquirir la condición de ahorrista, sus depósitos debían haber sido transferidos al exterior contra su voluntad. La fórmula que ha quedado, como ya explicó el señor Senador Gallinal, es mucho más racional y no contradice principios elementales en materia probatoria ni disposiciones del Código Civil que se refieren al consentimiento y que fueron leídas en el seno de la Comisión por el señor Senador Millor. Por lo tanto, cuando no hay consentimiento, los titulares de los depósitos son considerados ahorristas.

Voy a seguir enumerando puntos en el terreno jurídico que nos han inclinado a votar afirmativamente este proyecto.

Otro artículo que fue comentado por el señor Senador Gallinal -creo que era el 21; no sé ahora qué número tiene- establece que el Estado no puede, sino que debe perseguir a los accionistas y administradores de las empresas bancarias cuando hayan sido estafadores -para decirlo en términos populares- y tiene que embargarlos.

Nosotros habíamos conversado en la Comisión sobre una fórmula que se refería a la búsqueda de bienes de quienes cometen esas tropelías, aún cuando estuvieran a nombre de cualquier sociedad anónima. Esta fórmula estaba basada en la tesis del conjunto económico, que permite descorrer el velo de las personas jurídicas a los efectos de poder perseguir bienes de esos directores, administradores o gestores que hayan utilizado esas constelaciones de empresas para esquivar, por ejemplo, la acción de un juicio ejecutivo o de un embargo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay una moción para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 15 en 16. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Gracias, señor Presidente.

Lamentablemente, no pudimos introducir una disposición que dijera que el concepto de conjunto económico debiera ser utilizado a los efectos de este artículo, pero estuvimos revisando la legislación y ya en la Jurisprudencia uruguaya los jueces -además, hay alguna disposición en ese sentido- están admitiendo ese criterio. Hace muchos años que los jueces con más impulso intelectual ya lo hacen; si se sabe que determinado bien es propiedad de una persona que cometió actos dolosos y puso en peligro la estabilidad del sistema financiero, aunque estén a nombre de otra sociedad, se descorre el velo de la persona jurídica sociedad y se le embarga. Ya existe alguna norma que apoya esa posibilidad, por lo que creo que este artículo es bueno y, aunque no se diga, la tesis del conjunto económico está allí referida.

También nos inclinó finalmente a votar este proyecto la reinserción de un artículo que había sido eliminado sin demasiados argumentos. Me refiero al artículo 2º, que refiere a la posibilidad de que las empresas bancarias tercericen servicios. Esta disposición, reitero, había sido eliminada del proyecto en un proceso que nunca me había quedado claro. Lo cierto es que no fue a la Comisión de Desglose, pero sin duda el reexamen en la tarde de hoy tuvo como consecuencia que, a través de alguna modificación que propuso el señor Senador Gallinal, se reinsertara en el proyecto. De lo que se trata, concretamente, es de que los bancos no puedan tercerizar servicios que sean considerados muy importantes para los controles del Banco Central. Esto había ocurrido en la práctica con algún banco -el Comercial, por ejemplo- que había tercerizado sus servicios de computación donde estaban datos de contabilidad muy importantes. Como esa empresa tercerizada no era un banco, no era una empresa de intermediación financiera, el Banco Central no tenía la potestad de examinarla. Aclaro que este artículo no prohibe la tercerización de la limpieza de un edificio, por ejemplo, sino simplemente que servicios inherentes a la actividad bancaria que son objeto de contralor se tercericen para esquivar los controles del Banco Central. Se hizo un agregado, propuesto por el señor Senador Gallinal, al proyecto original del Poder Ejecutivo, que establece que no se pueden hacer esas tercerizaciones sin la autorización del Banco Central, sin que éste dicte normas a esas empresas y sin que las controle; no puede sancionarlas porque, naturalmente, en un caso como éste, la sancionada debería ser la empresa de intermediación financiera. Se dejó "controlar" y "normar", pero se eliminó "sancionar".

Por estas razones muy sintéticamente expuestas, que contemplaron nada más que algunos de los aspectos jurídicos que se resolvieron en la Comisión de Desglose, vamos a votar afirmativamente el proyecto. De todas maneras, vamos a proponer un par de aditivos para los cuales no tuvimos votos suficientes en la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: vamos a hacer una muy breve expresión de nuestro apoyo a este proyecto de ley. Personalmente, nos basta de manera muy particular la exacta, detallada e inteligente exposición que hizo nuestro compañero de Bancada, el señor Senador Francisco Gallinal, pero queremos agregar algunas consideraciones políticas que nos parecen de importancia.

Vamos a votar este proyecto de ley en el sentido de ponerle el hombro al país en un momento de dificultades y de un enorme colapso en el sistema financiero nacional. Una primera duda que tuvimos estaba referida a si debíamos optar por lo que suponía un proceso de liquidación lisa y llana o por la solución del proyecto de ley que remitiera el Poder Ejecutivo, que generaba una verdadera ingeniería jurídica para construir un nuevo banco a fin de evitar la destrucción de riqueza. Una primera conclusión que sacamos era que en un proceso de liquidación se perjudicaba a todos: a los depositantes, a los trabajadores bancarios y a los deudores de dichas instituciones. Los primeros solamente podrían alcanzar, en una hipótesis ideal, la satisfacción de su crédito por apenas un porcentaje que nunca podría superar el 15%. Los trabajadores del sistema financiero iban a quedar en la calle, lo que es sumamente grave por lo que significa la pérdida de fuentes de trabajo en el país. Por último, los deudores seguramente iban a ser sometidos a un riguroso proceso de recuperación de activos para poder hacer frente a ese proceso de liquidación.

El nuevo banco seguramente podrá presentar incertidumbres y tendrá dificultades, como las ha tenido el sistema financiero nacional.

Sin embargo, creemos que es el mal menor para la sociedad uruguaya porque, además, luego de que se decidiera invertir en el sistema financiero nacional más de U$S 2.500:000.000, no íbamos a terminar en un proceso de liquidación que significara el derrumbe de parte de ese sistema. Hemos acudido al criterio de protección de la sociedad en su conjunto en estos tiempos de dura crisis y de tremendas dificultades. Creo en la incidencia trascendente que todos los Partidos representados en este Parlamento han tenido en la estructuración de este proyecto de ley. Realmente, estoy seguro de que el Parlamento, el Senado de la República, hace hoy un esfuerzo colectivo de unidad para encontrar los caminos que permitan al país recuperarse de la situación por la que venimos atravesando. Quiero recalcar que me siento orgulloso de pertenecer a este Senado, por el esfuerzo que han hecho los compañeros Senadores de todos los partidos quienes, junto a la presencia del señor Ministro de Economía y Finanzas, en representación del Poder Ejecutivo, permitieron arribar a esta solución.

Asimismo, quiero destacar -y me corresponde- la incidencia de nuestro Partido Nacional, porque cuando muchos, desde adentro y desde afuera, expresaban que luego de la instancia del 3 de noviembre en que cambiamos nuestro relacionamiento con el Gobierno, íbamos a ofrecer una oposición desmelenada, a ultranza, contra todo lo que pudiera venir del propio Gobierno de la República, estamos respondiendo al compromiso de la palabra empeñada por nuestro Partido en cuanto a dar gobernabilidad al país a través del otorgamiento de los instrumentos que correspondan, para que se pudieran llevar adelante las soluciones. Ojalá esto nos lleve a revertir y superar las enormes dificultades que tenemos. También creo -y lo dejo como constancia política- que nuestro Partido seguramente ha incidido como todos, pero lo ha hecho de manera muy importante en la configuración de este acuerdo, de este proyecto de ley, al que generosamente todos los Partidos han concurrido.

Queremos decir que no hemos tenido responsabilidad en la forma cómo se armó la crisis en el sistema financiero; no obstante, sin tener conocimiento en profundidad, por lo menos en los primeros meses de este año, de la intensidad de la crisis de este sistema, el Parlamento, el Senado de la República y nuestra colectividad política, el Partido Nacional, han contribuido a impulsar soluciones frente a estos problemas, tanto en la Ley de Reprogramación de los Depósitos de los Bancos Estatales, del mes de agosto, como ahora, con este proyecto de ley que, seguramente, contará con media sanción. Creemos, con sinceridad, que el objetivo de esta iniciativa está -por supuesto- en la defensa del ahorro nacional. Siempre lo hemos expresado así. Resulta que los que confiaron en el sistema financiero son los que quedaron atrapados en él. Aquellos que confiaron en las bondades del sistema financiero nacional, quedaron presos en él, y han estado soportando situaciones de angustia, de padecimiento y de enormes dificultades. Sabemos que, entre ellos, hay muchos ahorristas con exiguos depósitos que, incluso, padecen enfermedades y, sin embargo, tienen enormes dificultades para retirar aunque sea parte de sus ahorros. Hemos tenido el compromiso de representantes de todos los Partidos para que, a la brevedad, también se pueda solucionar ese tema.

Con certeza, el objetivo de este proyecto de ley es la defensa del ahorro nacional, del crédito del país, de la economía nacional. Pero también, habida cuenta de que toda la sociedad ha invertido centenas de millones de dólares en parte de la resolución de la crisis del sistema financiero, está bien que se priorice la situación de los depositantes y está bien que se defienda la situación de los trabajadores bancarios. Pero también el esfuerzo de la sociedad amerita, a nuestro juicio, mejores soluciones para el tema del endeudamiento interno, que es otro de los graves problemas que tiene la economía nacional.

En consecuencia, señor Presidente, resaltando lo dicho al principio -que apoyamos en todos sus términos- por nuestro compañero de Bancada, el señor Senador Gallinal, y con estas apreciaciones políticas, que hoy hemos querido dejar para constancia en la versión taquigráfica de esta sesión del Senado, vamos a apoyar esta solución, en el sentido de que estamos en este ámbito dando la cara, enfrentando los problemas y buscando soluciones con la mejor energía, con lo poco de nuestra inteligencia y con lo mejor de la buena fe del sistema político que se encuentra, por primera vez, en un importante acuerdo de todos los Partidos Políticos para llevar adelante el restablecimiento de la confianza, que es ingrediente fundamental para la recuperación del sistema financiero nacional y del país en su conjunto.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- En realidad, este es un momento extraordinariamente importante que están viviendo el Parlamento y el sistema político uruguayos. Creo que, a esta altura, hay consenso en la sociedad uruguaya acerca de que esta es la crisis más profunda que se ha vivido en el país. Y, frente a esta situación tan brutalmente crítica que viven los uruguayos, el conjunto de los Partidos Políticos tuvo la capacidad y la fuerza suficientes para encontrar los acuerdos básicos y dar una señal de que todos estamos de acuerdo en este proyecto de ley que tiende a iniciar un proceso de modificaciones en el sistema bancario, que todos esperamos tenga los elementos más positivos y constructivos posibles. Digo esto, porque el hecho de que todos los Partidos estemos apoyando esta situación puede significar -acá no hay certezas; puede significar- que mejore la confianza y la credibilidad que el sistema financiero no tiene, y que constituyen elementos centrales por los que hubo una impresionante fuga de depósitos.

En el año 2002 se perdió el 40% de los depósitos en el país, porque no había credibilidad, porque no hay confianza, porque la gente empezó a temer que podía perder sus ahorros, si los dejaba en los bancos. Ahora bien, la verdad es que es muy difícil que un proceso económico funcione si no hay bancos, y es muy difícil que los bancos funcionen si no hay depositantes. De manera que, pensando en el futuro del país, no tengo absolutamente ninguna duda de que estamos buscando el inicio de una salida que para mí es trascendente si da la chance, la posibilidad de que se inicie una etapa de credibilidad y de confianza en el sistema bancario.

Quisiera hacer una reflexión muy breve, señor Presidente, para dejar claramente establecido que en esta profunda crisis que vive el país, sobre todo en esta profunda crisis bancaria, nosotros no nos sentimos con responsabilidad; a mi entender hay responsabilidades claras y nítidas del Gobierno, de Partidos políticos y de la política económica, que tengo necesidad de establecer. A partir de eso, es muy importante tener una actitud muy constructiva dada la situación que vive el Uruguay. Pero no quiero olvidarme de las responsabilidades por las cuales se llegó a una crisis como la actual. Estos son nada más que títulos, señor Presidente, porque de alguna manera, en la interpelación del mes de julio de este año, pusimos sobre la mesa temas de esta naturaleza. Estamos hablando de un modelo económico que daba prioridad a la entrada de capitales y, por lo tanto, al sistema financiero, que terminó afectando profundamente las actividades productivas y generando una profunda crisis social en el país. Nos referimos a un proceso de dolarización que todavía estamos sufriendo. Nosotros, en la Concertación Nacional Programática de los años 1984 y 1985 planteamos la necesidad de comenzar a desdolarizar, pero se nos dijo que no. Hubo momentos en el país en que era más fácil hacerlo, por ejemplo, cuando se llegó a una inflación de un dígito. Entonces, como la inflación era muy baja, había más facilidad y se podía tener más confianza en llevar adelante depósitos, créditos y emisión de Títulos en moneda nacional, así como en tratar de financiar el déficit fiscal, también con moneda nacional. Sin embargo, ello no se hizo, sino que se continuó insistiendo con la dolarización y muchas veces se obligó a la gente a endeudarse en dólares para comprar un electrodoméstico, una vivienda, un terreno o un automóvil, lo cual fue -sin duda- negativo y todavía lo estamos sufriendo en el país.

Un elemento que mucho tiene que ver con esta crisis que estamos viviendo -voy a dar el título, porque seguramente he cansado a los parlamentarios con este tema- fue el atraso cambiario y, sobre todo, la salida abrupta del atraso cambiario. Siempre decíamos que tuviéramos cuidado de no volver a tener el corte de la "tablita" del año 1982, pero lo repetimos en el 2002.

Acepto plenamente que la crisis del sistema bancario, que tenía elementos de contexto a los cuales termino de hacer referencia, empieza con la situación crítica de Argentina. Son los argentinos los que vienen al país a retirar sus depósitos porque estaban en un "corralito" en su país. Pero claro está que esto podía ser válido en el mes de enero o febrero de 2002, pero no durante todo el año 2002. Influyeron fraudes y estafas en el Banco Comercial y en el Banco de Montevideo, que -sin ninguna duda- afectaron enormemente la credibilidad y la confianza en el sistema bancario. Aquí también hay responsabilidades políticas. Este Parlamento le hizo tres interpelaciones al gobierno del doctor Lacalle por la venta del Banco Comercial a los hermanos Röhm. Hoy, uno de ellos está preso y el otro fugado.

En aquel período también tuvo lugar la venta a Benhamou del Banco Pan de Azúcar y en diciembre del año pasado se llevó adelante la venta del Banco La Caja Obrera a los Peirano, quienes generaron una brutal estafa en el país.

Creo también, señor Presidente, que ha habido omisiones, falta de supervisión y de previsión de las autoridades gubernamentales en estas situaciones, especialmente, en lo que tiene que ver con el Banco de Montevideo. No tengo dudas al respecto.

De modo que, simplemente a los efectos de dejar bien en claro el contexto, debo decir que nosotros no tenemos Directores en el Banco Central ni en el Banco de la República, y criticamos permanentemente la política económica y el modelo económico que está en el centro y en la base de esta profunda crisis productiva, social y financiera que está viviendo el país.

Una vez que las responsabilidades están claras, lo que queremos, básicamente, es ayudar a los uruguayos, que no pueden soportar más la situación que están viviendo. Tenemos merenderos, tenemos pobreza, tenemos desocupación, problemas con los ahorristas, con los deudores, problemas de los productores rurales y de los industriales; en fin... Tenemos una cantidad enorme de problemas en el país. Desde este punto de vista, fijadas clara y nítidamente las responsabilidades, debemos tener una actitud constructiva para salvar a los uruguayos y no seguir padeciendo una de las más altas tasas de suicidio de la región. Para que los uruguayos no se vayan, porque la emigración de los uruguayos es un problema del futuro del Uruguay. Debemos tener presente que se van los más calificados: los docentes, los profesionales, los que investigan, los que en este mundo del conocimiento, con tanto avance tecnológico, van a ser indispensables. Esos son los que se están yendo.

Entonces, para tratar de limitar esta emigración, para tratar de bajar esta tasa de suicidios, para tratar de ayudar a los uruguayos, me parece fundamental tratar de ayudar a mejorar su situación. Y creo que este voto positivo de nuestro movimiento político a este proyecto de ley intenta, básicamente, ayudar a los uruguayos que están sufriendo la crisis más profunda de su historia. Francamente, creo que uno de los elementos centrales de esta iniciativa es la búsqueda, primero que nada -como decía antes-, de la confiabilidad, de la confianza, de la credibilidad, a fin de que retornen los depósitos. Me refiero a los depósitos de los residentes, porque no estoy esperando que los argentinos vuelvan a traer los suyos en el corto plazo. Sí espero que lo hagan los uruguayos, los que retiraron sus depósitos y los guardan en sus colchones, en sus cofres o donde pueden. Si esos U$S 1.000:000.000 o U$S 1.500:000.000 vuelven al sistema bancario, éste estará en condiciones de dar crédito, y si da crédito a las actividades productivas, el país podrá generar un proceso de recuperación y de generación de empleo.

Creo que en este proyecto de ley se trata de atender a los tres sectores involucrados: a los depositantes, a los trabajadores y a los deudores. Pero si esta institución que se crea realiza una gestión buena y profesional, adecuada a las circunstancias -lo cual es muy importante-, y no el estilo de gestión a que nos tienen acostumbrados en las últimas décadas -diría yo- las empresas del Estado, seguramente vamos a poder ayudar a la sociedad toda, a esa sociedad que hoy está desempleada y que tiene enormes dificultades de ingreso.

Estamos viviendo una situación tan crítica que es muy difícil decir que encontramos soluciones ideales o muy buenas. Probablemente encontramos la solución menos mala, lo que no significa que garanticemos el futuro, aunque todos debemos hacer esfuerzos para ello.

Otra solución era ir a la liquidación lisa y llana de los cuatro bancos, que era lo que se preveía el 4 ó 5 de agosto, sobre todo después del feriado bancario y de ver el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En una liquidación lisa y llana los depositantes, en vez de recibir el 100% de sus depósitos de una u otra forma -luego analizaré esto-, hubieran recibido el 5% o el 10%; es decir, la liquidación los afectaba enormemente. Para los trabajadores la liquidación significaba la pérdida de 2.400 puestos de trabajo. Por lo tanto, puede decirse que no encontramos la solución ideal, ni una salida para mantener esos 2.400 puestos de trabajo; seguramente, alrededor de 1.000 bancarios quedarán desempleados.

A su vez, si hubiéramos ido a una liquidación lisa y llana, ya se hubiera comenzado a ejecutar a los deudores, lo que hubiera afectado sin ninguna duda las actividades productivas y las propias de la sociedad. En cambio, la salida que se está buscando tendrá que proporcionar la flexibilidad y los elementos necesarios para que los deudores puedan cumplir con sus obligaciones en las mejores condiciones, pues se trata de una ley que no sólo tiene que defender a los depositantes, sino también a los deudores. En consecuencia, digo claramente que haber liquidado a las cuatro instituciones significaba un costo enorme, además de lo que hubiera implicado en términos de cadena de pagos y de pérdidas de empresas productivas.

Muchas veces se habló de una segunda solución: pasar todas las carteras y los depósitos al Banco de la República, como acaba de suceder con los depósitos del Banco Hipotecario. Pero a esta Institución la tenemos que salvar, fortalecer, pero no golpear. Alguna vez he dicho que para mí la economía del Uruguay es una con el Banco de la República y otra sin él. Si a la economía del Uruguay le sacan el Banco de la República, es como si a Montevideo le quitaran la rambla sobre el Río de la Plata, pues estaríamos hablando de otra ciudad. El Banco de la República es el banco base que está en condiciones de dar crédito a las actividades productivas como no lo dan el resto de las instituciones, y por eso hay que fortalecerlo, y no golpearlo. El hecho de que las carteras y los depósitos pasaran al Banco de la República podía afectarlo enormemente y, por eso, no era una buena solución. Entonces, dijimos sí a la creación de una nueva institución. Y lo cierto, señor Presidente, es que con este proyecto podemos analizar qué sucede con los depositantes, los trabajadores y los deudores.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Dr. Correa Freitas)

- Como lo hicieron otros señores Senadores, quisiera destacar que los depositantes de nuestro país han tenido una actitud muy generosa, muy altruista y muy solidaria. Ellos colocaron sus ahorros y no tienen la certeza de que se los devuelvan; los depósitos del Banco de la República se reprogramaron, pero los ahorristas están haciendo el esfuerzo de pensar que cobrarán los intereses y que el año que viene podrán cobrar el 25% -incluso, algunos podrán pensar en dejar depositado ese dinero-, y esa es una actitud muy generosa. Los depositantes del Banco de Crédito dijeron que querían defender sus ahorros, pero si tenían que capitalizar el 25%, obteniendo acciones, estaban dispuestos a hacerlo. Esa también es una actitud muy generosa, como lo es la de los trabajadores bancarios, que ayudaron fervientemente en este proyecto de ley y lo apoyaron sabiendo que perderían mil puestos de trabajo y que seguramente algunas instituciones tendrían pérdidas de salario real.

Creo que no es menor lo que estoy diciendo, dada la profundidad de la crisis, la angustia, la depresión, la bronca, la rabia de estar desocupado, de no tener para comer o de encontrarse en situación de pobreza, así como el hecho de perder las riquezas, los ingresos o el futuro.

Los depositantes de la nueva institución van a recibir una cuotaparte de los activos buenos de los bancos La Caja Obrera, Montevideo y Comercial, otra recibirán los tenedores de Eurobonos y otra el Estado. No sabemos con exactitud cuánto valen esos activos, esas carteras, pero puedo decir que las carteras que se van a otorgar a los depositantes y tenedores de Eurobonos, en promedio, rondarían el 35% de los depósitos de las tres instituciones bancarias. Sin embargo, este proyecto de ley le permite al Estado, como acreedor de estas instituciones, recibir un porcentaje muy alto -probablemente, alrededor del 40% de los acreedores los tenga el Estado-, y éste va a transferir a los depositantes U$S 300:000.000 o U$S 400:000.000 para que, en vez de recibir el 35% de sus depósitos, ellos perciban el 80% o 90%. Este es un salto cualitativo extraordinariamente importan-te que da tranquilidad y confianza, aunque es posible que de pronto algunos depositantes reciban un 10% en acciones.

Existe una segunda disposición más importante que está en el proyecto y que fue manifestada por otros señores Senadores, en cuanto a que los depósitos hasta U$S 100.000 de los Bancos La Caja Obrera, Montevideo y Comercial iban a tener prioridad. Por lo tanto, estos ahorristas recibirían certificados de depósitos y podrían cobrar en su momento depósitos reprogramados; es decir que cobrarán todo el dinero en forma líquida.

Con toda franqueza debo decir que no esperaba una salida de esta naturaleza y que ella me dio tranquilidad de espíritu. Seguramente los depósitos por debajo de los U$S 100.000 pertenecen a las capas medias uruguayas que están brutalmente afectadas por el modelo económico y que van a tener garantías de recibir su dinero. También es cierto, señor Presidente, que hay una diferencia entre acreedores.

Depositante es el señor o la señora que fue al banco. Siempre recuerdo una película checoslovaca de dibujos animados, en la cual el banco siempre aparecía como un edificio hermoso, con hermosos cuadros y muebles, porque tenía que dar al depositante una imagen de seguridad. Dichos depositantes llegaban porque podían afirmar que tenían la certeza de que les devolverían su dinero. Lo que ocurrió en el Uruguay es que ese seguro implícito que siempre tuvo, porque de alguna manera el Estado siempre atendía al depositante, no se pudo aplicar. Con este proyecto de ley estamos haciendo el mayor esfuerzo posible por atender a esos depositantes. Por lo tanto, cuando el Estado les dé, como acreedor, una parte, no se la dará a quienes tengan bonos, que irán en la primera prorrata. Recibirán en función de los activos buenos y, seguramente, cuando se recauden mejor los activos malos, también lo harán quienes tengan bonos.

Reitero que el depositante fue a una institución y puso su dinero partiendo de la base de que siempre lo iba a recuperar. También esperaba recibir una tasa de interés y en un determinado plazo poder retirar lo que colocó. En cambio, quien compra un bono corre otro tipo de riesgo; también cobra un interés, pero como se cotiza en Bolsa, en un momento podrá valer cien, doscientos, trescientos o ciento cincuenta. Incluso, lo puede vender y obtener una ganancia. Si el valor del bono cae, podrá tener una pérdida en el caso de que lo venda, o podrá esperar, pero estamos hablando de un tipo de acreedor completamente distinto al depositante.

En este proyecto de ley se atiende a ambos; en la prorrata se atiende al depositante y también al tenedor de bonos. No obstante, en una segunda instancia, la parte del Estado irá fundamentalmente para los depositantes, ya que no existen bancos sin ellos y lo que este proyecto tiene que buscar de todas maneras es asegurar la tranquilidad a éstos para que retornen al sistema bancario, depositen nuevamente y se pueda comenzar a dar créditos a las actividades productivas.

En el caso de los ahorristas de los Bancos La Caja Obrera y Montevideo, cuyos fondos hubiesen sido transferidos sin su consentimiento a otras instituciones, especialmente al exterior, luego de comprobarlo, tendrán la categoría de depositantes como si estuvieran en los libros correspondientes de estas instituciones. Decía bien el señor Senador Gallinal que lo más importante es que todos los partidos políticos nos pusimos de acuerdo para que este artículo estuviera en el proyecto de ley y, además, se le agregó un mecanismo por el cual en un plazo de sesenta días cualquier reclamo tiene que ser resuelto por el Banco Central. Esto tiene como fin que los ahorristas no tengan que pasar meses, o quizás años, tratando de recurrir para poder demostrar que se transfirieron sus depósitos o sus ahorros sin su consentimiento. Es decir que se establece dicho plazo de sesenta días para resolverlo. De manera que este no es un elemento menor de esta iniciativa destinado a atender a los depositantes.

Diría que de esta forma estamos atendiendo a los depositantes de tres bancos y, si se abre el Banco de Crédito, de cuatro, y se trata de hacerlo de la mejor forma posible. Francamente, tengo cierto grado de tranquilidad porque creo que aquí se hizo un esfuerzo de parte de todo el sistema político para tratar de solucionar, de la mejor manera posible, la situación de los depositantes.

En cuanto a los trabajadores, con la apertura de dos bancos van a tener alrededor de 1.400 empleos, pero perderán 1.000, que van a ir al seguro de desempleo. No obstante, si se hiciera una liquidación lisa y llana, se perderían 2.400 puestos de trabajo. Al abrirse estos dos bancos, se perderán 1.000 puestos de trabajo, lo que no es poca cosa. Es decir que hay un costo importante, nada menos ni nada más que en un sector que siempre fue extremadamente privilegiado, porque la intermediación financiera, dadas las características del modelo económico, siempre lo fue. Al ser privilegiados los banqueros, también lo eran los bancarios que, en este momento, están aceptando la pérdida de 1.000 puestos de trabajo. Reitero que no es un tema menor. Quienes pierdan su trabajo van a recibir un seguro de desempleo como lo hacen todos los trabajadores del Uruguay que tienen derecho al seguro de paro. Además, van a recibir un seguro complementario a costa de un 2,5% que van a pagar los activos y pasivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. El primer seguro es el usual, por el que recibirán hasta 8 salarios mínimos por un plazo máximo de 18 meses; el segundo es propio para los trabajadores bancarios, pagado por ellos mismos, es decir, por los trabajadores activos y por los pasivos, que podrá llegar hasta un tope de 20 salarios mínimos.

Si analizamos esta situación, podremos ver que el Estado participa en esta solución para los trabajadores aportando $ 108:000.000, es decir, alrededor de U$S 4:000.000. Por su parte, los trabajadores van a mantener 1.400 puestos de trabajo y perderán 1.000, con lo que tendrán costos por la pérdida de empleos y la rebaja de los salarios, aunque también recibirán un seguro de desempleo. En cuanto a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, perderá activos, ya que si hay 1.000 puestos de trabajo que se pierden, recibirá 1.000 aportes menos.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Ruben Correa Freitas).- ¿Me permite, señor Senador?

Los señores Senadores Arismendi y Gargano formulan moción para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 18 en 19. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Seguramente, muchos empleados bancarios van a aprovechar la situación para jubilarse, por lo que dicha Caja va a perder activos y tendrá que enfrentar más jubilaciones. A través de este proyecto de ley se buscó una salida de financiamiento para la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, por lo menos transitoria, hasta que se analice su situación en términos más estructurales, con un financiamiento de hasta 4,5% del aporte patronal del conjunto de las instituciones bancarias.

En lo que tiene que ver con los deudores, si se fuera a una liquidación lisa y llana, se los ejecutaría. A través de esta norma, por medio de un fondo de recuperación de activos, se les extenderán los plazos y se les aplicarán quitas. Además, a pedido del Frente Amplio se incluyó un artículo concreto y expreso, por el cual los deudores buenos pasan al nuevo Banco y a los que tienen dificultades se les va a permitir pagar con bonos. Es decir que si un deudor tiene una deuda de cien, puede comprar Bonos del Tesoro uruguayo por esa cantidad. No sé cuál es la cotización actual, pero quizás podría pagar por ellos cincuenta o sesenta. Por lo tanto, termina su deuda dando un bono de cien en términos nominales por el cual pagó cincuenta; es decir que se le rebaja la deuda en un 50%.

Desde este punto de vista no tengo ninguna duda de que se está atendiendo en parte la situación de los deudores de los Bancos suspendidos.

Alguien me ha preguntado -y seguramente tiene razón- ¿por qué el Estado le da a los depositantes? ¿Por qué el Estado ayuda a los deudores de los Bancos suspendidos y no al resto de la sociedad? ¡Por favor! En el resto de la sociedad tenemos problemas de alimentación en un país que produce carne, trigo y leche, las principales calorías y proteínas que no hay que importar. Además, nuestro país tiene un 19% de desocupación. Precisamente, cuando estuve en una radio alguien me llamó y me preguntó "¿Por qué no me pagan intereses si soy desocupado? ¿Por qué le pagan intereses a los depositantes y no a mí?". También hay que tener en cuenta que el 53% de los uruguayos que se ofrecen en el mercado de trabajo tiene algún problema de empleo: están desocupados, están subocupados o tienen un problema de precariedad. Estos últimos son los que se ofrecen en el mercado de trabajo porque saben que a la semana siguiente pueden perder el que tienen. Está el problema de los ahorristas cuyas cuentas han sido reprogramadas, pero también está el que sufren los deudores de nuestro país. Por un lado, tenemos los que se han endeudado en moneda nacional, a quienes se les ha cobrado tasas de interés absolutamente usureras y, por otro, están los deudores en moneda extranjera a quienes se les obligó a endeudarse en dólares. Fíjense que el Gobierno los estimulaba, ya que hace exactamente un año el señor Presidente de la República habló por televisión y dijo: "Este es un país estable, la política cambiaria es estable, endéudese y pida créditos en dólares que es más barato que en moneda nacional". De manera que, desde este punto de vista, los deudores en dólares no son responsables de la forma abrupta en que se salió del atraso cambiario ni de la dolarización, pero están pagando las consecuencias.

Entonces, cualquiera me podría decir: "¿Por qué ayudan a estos depositantes y no al resto de la sociedad?". Esta pregunta puede tener su grado de validez. Lo que digo es que si yo resuelvo el problema de 30.000 depositantes, de los cuales 28.300 van a recibir certificados de depósitos por el 100% y no otro tipo de papeles, que van a ser líquidos, o sea, si a esos 28.300, que representan el 93% de los depositantes, porque tienen menos de U$S 100.000 van a recibir el total, estoy dando una tranquilidad y una seguridad para ver si consigo con esta ley, a través de la apertura de este Banco, dar la confianza y la credibilidad necesarias para que vuelvan los depósitos; porque si vuelven los depósitos, voy a poder dar créditos; y si puedo dar créditos, las actividades productivas pueden empezar a avanzar positivamente y puedo comenzar a generar empleo; y si empiezo a generar empleo, voy a recaudar; y si voy a recaudar, puedo atender la emergencia social.

Es verdad que aquí, de alguna manera, se está ayudando a los depositantes, a los deudores y a los trabajadores de estos Bancos. Es cierto, pero si la salida es positiva y constructiva, estoy ayudando al conjunto de la sociedad, y ojalá esto así ocurra.

Este proyecto de ley, señor Presidente, tiene algunos otros elementos que también nos parecen importantes. Me refiero, por ejemplo, a los contralores del Banco Central, respecto de los cuales -como bien decía el señor Senador Korzeniak- existían disposiciones que les permitía no haber caído en omisiones. Sin embargo, por más normas que pongamos, esto depende de lo humano, de la gestión, de la capacidad; esto depende de la honestidad de quienes trabajan en estas instituciones. Entonces, el hecho de que se profundicen, se multipliquen y queden como permanentes algunas disposiciones vinculadas con los contralores del Banco Central y con la supervisión que el mismo realiza, sin ninguna duda, me parece positivo.

Además -y esto ya lo manifestó el señor Senador Korzeniak- entre las condiciones que establecimos estaba la necesidad de un seguro de depósitos, y diría que las autoridades gubernamentales hicieron un esfuerzo considerable -no es fácil hacer un seguro de esta naturaleza- por incluirlo en el proyecto de ley. Como dijo el señor Senador Korzeniak, primero vino como una institución, pero luego el señor Ministro manifestó que había querido explicar lo relativo a esta nueva institución y se dio cuenta de que no lo podía hacer si no decía que estaba creando un nuevo Ente Autónomo, y una creación de esta naturaleza en este momento no sería positivo para el país. De manera que esta institución quedó en una superintendencia del Banco Central a los efectos de cumplir con la función de seguro de depósitos. Pero, yo digo, señor Presidente, que si abro un nuevo Banco con las características del que estoy hablando, quienes en el futuro depositen en todas las instituciones bancarias -las del Estado ya están garantizadas- sabrán que tienen un seguro de depósito, y esto, evidentemente, debiera ayudar a restablecer la confianza y la credibilidad necesarias para el futuro del sistema bancario.

Es más, si se le saca una fotografía al Nuevo Banco Comercial -si es así como se va a llamar- se observará que nace bien; nace en mejores condiciones que muchas instituciones financieras de plaza, tal vez con U$S 1.000:000.000 de activos, con una liquidez de U$S 140:000.000 -U$S 70:000.000 en Bonos y U$S 70:000.000 en efectivo- la cual no es una cantidad nada despreciable en el sistema bancario uruguayo. En definitiva, creo que la fotografía inicial es buena, sobre todo si uno la compara con el resto del sistema financiero. Sin embargo, para mí el elemento central, el elemento clave e indispensable para que este Banco funcione bien tiene que ver con su dirección y especialmente con su gestión. Si volvemos a formar un Directorio político en esta institución, con fulanito de tal partido y menganito de tal otro, y seguimos multiplicando la política de clientela a que nos tienen acostumbrados los Bancos estatales, este Banco no va a funcionar. Si no profesionalizamos el gerenciamiento y la gestión, este Banco no va a funcionar; este Banco no tiene futuro si se administra tal como se viene haciendo con los Bancos Hipotecario, de Seguros y también de la República. Para que este Banco tenga futuro, la profesionalización de su gerenciamiento y de su gestión es vital. No olviden los señores Senadores que según la información que estamos recogiendo, los clientes de estos Bancos no se pasaron a otras instituciones y hay una especie de mercado cautivo, entre otras cosas, por la propia localización de estas instituciones. ¿En cuántas capitales y ciudades departamentales, además del Banco de la República, sólo existen el Banco Comercial, el Caja Obrera o el Banco de Crédito? En muchísimas. Por lo tanto, desde este punto de vista el mercado cautivo está allí y la localización de estos Bancos es muy importante.

Insisto: si trabajamos con un Directorio que tenga básicamente características políticas y sobre todo con un gerenciamiento que no es profesional y del mejor nivel posible, la idea que estamos defendiendo en estos momentos con todo ardor, por ser la solución menos mala, también puede caer en un vacío profundo.

Otros aspectos positivos que nosotros solicitamos tienen que ver con el hecho de que la Corporación Nacional para el Desarrollo -por la imagen que tiene- no participe en la propiedad ni en la gestión de estas instituciones. Esto fue aceptado por todos los partidos políticos.

Como decía con anterioridad, sugerimos el seguro de depósitos, que nos parece un elemento relevante para darle tranquilidad, confianza, garantía y credibilidad al sistema bancario.

A pedido nuestro, se eliminó el cronograma de privatización que figuraba en el proyecto de ley. Si vamos a armar un banco nuevo, con nuevas características de los directores y de la gestión, démosle flexibilidad, tiempo y démosle la chance, y veamos si realmente una institución de esta naturaleza, que va a funcionar bajo el Derecho Privado aunque la propiedad de las acciones las va a tener el Estado, puede encontrar una salida para las instituciones en cuestión. No recuerdo la frase exacta, pero los contadores Bucheli y Lafitte decían que vale la pena correr el desafío. Démosle la chance, no nos apuremos con ese cronograma que estaría planificado y modifiquémoslo. Además, el señor Senador Korzeniak dejó establecido con nitidez las características que tendría que tener una modificación de propiedad de una institución de esta naturaleza.

Señor Presidente: ojalá -nadie lo puede asegurar porque certidumbre no tenemos- esta ley pueda marcar el inicio del retorno de los depósitos, de la confianza y de la credibilidad aunque, de todas maneras, vamos a tener un año 2003 muy difícil.

Ojalá estas instituciones empiecen a dinamizarse, pero todavía tenemos algunos problemas muy serios. Sin duda, el primero es el de la dolarización. He leído declaraciones del señor Presidente del Banco Central que me agradan porque habla permanentemente de fomentar los depósitos y los créditos en moneda nacional, porque habla de desdolarizar y porque trata de darle confianza a la moneda nacional; pero la dolarización nos afecta enormemente. Detrás de la dolarización está la deuda y detrás de la deuda está un organismo nada sencillo, lo digo clara y francamente. Tal vez mi primer libro de éxito lo escribimos con el actual Embajador uruguayo en México, el contador Lichtensztejn; era sobre el Fondo Monetario Internacional y fue escrito en el año 1967. En esta obra, precisamente, lo criticábamos, como se criticaba y se lo sigue haciendo en América Latina. Ahora se hace lo propio en el sudeste asiático, en Europa y en Estados Unidos. Por su parte, el que más lo critica es el Premio Novel de Economía.

La crisis fue de tal naturaleza que quedamos encadenados al FMI. La situación va a ser muy difícil porque el Fondo sigue siendo muy rígido, porque sigue trabajando con recetas, porque va a afectar a pesar de que ha ayudado dando préstamos -sin duda que esto es así- pero con condiciones de tal naturaleza que pueden perjudicar a la sociedad uruguaya.

Es absolutamente imprescindible que el crédito sea la palanca de la reactivación, que esta ley pueda ayudar a ello, que pueda mejorar los niveles de empleo, que podamos empezar a atender la emergencia social para tener un poco más de libertad y podamos desprendernos de la cadena en la que estamos encerrados en el año 2003, nada menos ni nada más que de un organismo como el Fondo Monetario Internacional que, sin ninguna duda, nos dará muchos dolores de cabeza. Nos ayudó a salir de la situación financiera de los bancos, eso es verdad; pero, reitero, las condiciones también nos pueden afectar tremendamente en el futuro, y me estoy refiriendo a los años 2003 y 2004.

Ojalá que esta ley sirva para desencadenarnos de esas condicionantes y que por sobre todas las cosas los uruguayos dejen de emigrar y empiecen a encontrar expectativas más favorables, porque hoy la angustia y la depresión los carcome.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Continuando con la discusión general, tiene la palabra la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI.- Mi exposición va a ser a modo de anticipo de fundamento de voto.

Hay una serie de elementos en las vicisitudes del estudio y de la aprobación del proyecto de ley que ya fueron desarrolladas por el señor Senador Korzeniak y, por lo tanto, voy a evitar hacer el relato de aquellos que se fueron modificando desde el texto inicial al que tenemos a consideración debido a que suscribo la descripción de los distintos intercambios de opiniones y acuerdos que se fueron realizando en lo concerniente a esta iniciativa.

Quiero plantear un par de puntualizaciones, en la medida en que vamos a acompañar este proyecto de ley y lo vamos a hacer en un posicionamiento político que queremos dejar bien claro.

En primer lugar, no compartimos el planteo que se hizo en el informe en el sentido de que este proyecto de ley soluciona las consecuencias de la crisis. Nosotros pensamos que -ya se ha mencionado por otros señores Senadores- las causas de la crisis en la que quedaron inmersos estos cuatro Bancos que hoy, en definitiva, son los que generaron la situación de tener que dar a luz esta iniciativa, siguen vigentes, siguen existiendo y tienen que ver con toda una concepción, una estrategia y una política económica que nosotros no compartimos.

Partimos de la base de que mientras no se cambie esto van a seguir produciéndose todas estas consecuencias a las cuales le queremos dar un paliativo a través de este proyecto de ley. Es más; en la medida en que toda esta estrategia que se ha llevado adelante ha sido sobre la base implícita y explícita de generar un país que no tuviera un compromiso y un proyecto de desarrollo del aparato productivo, de la creación de puestos de trabajo, del fortalecimiento de la capacidad adquisitiva y de la calidad de vida de sus trabajadores en todos los planos -los dependientes, los que viven de su trabajo en empresas, en el agro, etcétera y, por lo tanto, también de protección a los que fueron trabajadores y que hoy están jubilados- trae inevitablemente como consecuencia una reducción del mercado interno y, por consiguiente, un agravamiento de la crisis. Mientras estos elementos no sean los fundamentales que rijan la concepción de la política económica y social desde el Gobierno de coalición, vamos a seguir teniendo efectos como los que hemos estado viviendo y padeciendo el conjunto de la sociedad uruguaya. La política dirigida a Uruguay-plaza financiera es una concepción, como decía, implícita y explícita. El país de la especulación, el país tesoro y paraíso de los que vienen a especular en el sistema financiero fue defendido en teoría y llevado consecuentemente a la práctica, y los resultados los tenemos a la vista.

Mientras esa concepción siga vivita y coleando, tal como lo está desde mi punto de vista, no podremos, por más parches que le pongamos a la situación -y a ese parche vamos a colaborar nosotros en el día de hoy- tener salida. Al respecto, algunos de mis compañeros sostienen que hay fenómenos de ineptitud -es posible- de fracasos en una política -también es posible- porque las cosas se pueden hacer en determinada dirección con resultados, al menos políticos, más aceptables que los que hasta ahora ha tenido el Gobierno. Lo que sí está claro en mi opinión es que es parte de toda una estrategia que no se da sólo en el caso del Uruguay y a la está vinculada la política cambiaria, el endeudamiento en dólares y el endeudamiento interno. A los uruguayos y uruguayas se los incitó a endeudarse en dólares y se les planteó que la situación iba a continuar estable. Esto -tengo que decirlo aquí, porque lo he manifestado en otros lugares- se lo creyeron hasta algunos integrantes del Gobierno, quienes se endeudaron en dólares, creyéndose su propia historia. Por lo tanto, la falta de controles en el sistema -si nos ponemos de acuerdo en que los problemas que tenía el Banco Central eran de instrumentos- tal como ha afirmado el señor Senador Korzeniak y fue planteado en el debate efectuado en Comisión, fue un asunto sobre el que había que definir. Es decir que había que saber si se requerían herramientas jurídicas para que actuara el Banco Central y, por lo tanto, el Poder Ejecutivo, a fin de salirle al paso a una situación que evidentemente se precipitaba. Había que decidir, entonces, si era necesario crear herramientas permanentes para que la situación no se repitiera, para evitar que la sangre llegara al río, siendo capaces de actuar antes.

En ese sentido, las medidas que se votaran debían ser instrumentos de carácter permanente, como efectivamente lo fueron. Digo esto, más allá de que estoy convencida de que no se trató de una cuestión de controles y tampoco se debió a un problema de no saber, sino a un tema de concepción. El Gobierno no empieza ni termina cuando se cambia a un Ministro y las responsabilidades tampoco. Recuerdo que en la interpelación que se hizo al ex-Ministro de Economía y Finanzas, contador Bensión, se le advirtió sobre algunos elementos y también recuerdo sus respuestas.

Por lo tanto, no se trata de que haya habido errores -que también los hubo- o ineficiencias, sino que existió el convencimiento de una concepción, de una estrategia, que dio, inevitablemente, estos resultados.

Dicho de otro modo, creemos que la crisis fue propiciada y determinados sistemas y posiciones acerca de una plaza financiera y de un paraíso para la especulación generaron el campo fértil para las estafas, los vaciamientos, de lo que tenemos una historia que no voy a desarrollar en este momento.

Hace unos días, le explicaba a un conjunto de ahorristas que me abordaron en la puerta del Palacio Legislativo, que si supiera que en la esquina de mi casa hay carteristas, al pasar por allí cuidaría mi cartera. En consecuencia, parecería lógico que el Estado tendría que haber agarrado fuerte la cartera cuando estuvo frente a dinastías que ostentaban determinados historiales.

Por lo tanto, acá hubo un problema de voluntad política y de compromiso. ¿Con quiénes debemos comprometernos? ¿Con quién es el compromiso de cada uno de nosotros desde el punto de vista político?

El señor Miembro Informante decía que la solución no admite demora y que por eso hoy estamos sentados aquí. En realidad, lo que no admite demora -tal como manifestaba nuestro Prócer- es la causa de los pueblos y, en consecuencia, la situación del pueblo uruguayo. Es porque la sociedad uruguaya paga, tal como lo hará, sea que votemos este proyecto o no. El asunto es saber cuándo va a pagar más y peor. La sociedad siempre paga; está pagando los préstamos del Fondo Monetario Internacional y el endeudamiento del país. En la agrupación parlamentaria a la que pertenezco comentaba a mis compañeros que lo difícil es trasmitir, comunicar, la idea de que aquél que hoy vive en la calle, en un portal, debajo de un nylon y come de los tachos de la basura, también paga por la situación de estos Bancos. Lo hace, aunque no se dé cuenta, aunque jamás haya entrado en un Banco atractivo y bonito ni haya tenido en su vida una libreta de cheques, aunque no tenga trabajo ni asistencia médica; esa persona también tiene deuda y va a pagar las consecuencias de esta situación.

(Ocupa la Presidencia el señor Luis Hierro López)

- En nuestra opinión, estaba claro que debíamos colaborar en la búsqueda de una salida que involucrara a los ahorristas; a los depositantes; a quienes en algún momento se les dijo que estuvieran tranquilos, porque la situación permanecería inalterable; a las personas que nos han venido a ver en estos días y nos mostraron hermosos folletos por medio de los cuales se les vendía el producto y cuyo dinero fue a parar no se sabe adónde. Repito que debíamos encontrar una solución para los deudores de distintas categorías -no para todos- para las empresas porque, en definitiva, hablar de ellas es hablar del trabajo, del aparato productivo y de los miles de trabajadores privados que van a quedar en la calle, sumándose a ese ejército de desocupados cuya cantidad se ha mencionado hace unos momentos. Por supuesto, también debíamos hacerlo teniendo en cuenta a los trabajadores bancarios. En este sentido, quiero expresar claramente que mi opinión, por lo que pueda valer, es que esos trabajadores no fueron ni son privilegiados. Digo esto, porque en este país, a los trabajadores de cualquier gremio nunca nadie les regaló nada. Todo lo que tienen lo conquistaron peleando, con más o menos fuerza, con más o menos organización, con más o menos capacidad de incidir. Reitero que en toda su historia, a estos trabajadores nadie les regaló nada y por ello me niego, terminantemente, a aceptar que se diga de algún trabajador de este país, que es un privilegiado por el hecho de ganar un sueldo mayor del miserable que perciben los maestros, los funcionarios de Salud Pública, los de la Administración Central o los obreros de alguna fabriquita o taller de la aguja, como hay tantos miles que figuran en negro o en situaciones desfavorables. Acá, el enfrentar a trabajadores con trabajadores forma parte, también, de una concepción, de una estrategia que hace que en este pueblo maravilloso, quien tiene un sueldo un poco mayor sienta que está en falta con su vecino que quizás no tenga empleo o gane un sueldo bajo. Eso no es justo y, por lo tanto, voy a defenderlos. Estas reflexiones pesaron en mí de manera determinante en la consideración del voto que voy a dar. Voy a defender a esos miles que quedan adentro y a los que van a ir al Seguro de Paro. Me importa todo esto, porque el razonamiento que se hace desde el punto de vista de los números fríos -no desde el mío- es que el trabajador supuestamente privilegiado accede a cierto nivel de consumo, compra en el almacén o en el supermercado, usa el transporte colectivo o el individual, lo cual indica que consume y de una manera más o menos determinante, aporta al movimiento laboral del país.

Acá nosotros no hemos recibido asistencia de los organismos financieros internacionales, la palabra no es asistencia sino dependencia; es una dependencia económica y, por lo tanto, dependencia política. Antes, hace muy poco, señor Presidente, ni siquiera estoy hablando de épocas muy pasadas, quizás en la Legislatura pasada, a algunos les parecía pintoresco -por no decir otra cosa- que habláramos de los dictámenes del Fondo Monetario Internacional. Ahora lo dice el Gobierno; ahora parecería que ya no es algo viejo, sino que es algo tan descarnado como lo que ocurrió el día que el Embajador norteamericano estaba esperando acá que se aprobara un proyecto de ley para luego salir en la prensa y en los medios de comunicación a decir que al fin, una vez aprobada esa iniciativa, el Fondo Monetario Internacional nos iban a dar los vintenes de asistencia.

No es por casualidad -y lo decía el señor Senador Korzeniak, por lo que no voy a entrar en detalles- por qué para nosotros el tema de las propuestas de emergencia nacional y de reactivación, no eran una condición que poníamos para saludar la bandera -como dijo algún compañero- o para justificar un voto negativo, sino porque realmente, en esta coyuntura, se necesitan medidas de emergencia y de reactivación. Las respuestas son las que señaló el señor Senador Korzeniak. Lamentablemente, algunos creíamos que no iban a ser otras que estas. Podíamos haber tomado determinada postura en este apuro por votar, por resolver, en este manejo de los tiempos que no se compadece con el manejo anterior a esta situación, con esta presentación del proyecto de ley, ni con los más de cuatro meses que se estuvo en esta realidad, así como tampoco, reitero, con los meses anteriores a que estallara esta problemática a la que no se dio respuesta. Sin embargo, para nosotros, atentos a la situación que estaba planteada, los tiempos no eran menores, como tampoco lo fueron durante estos cuatro meses; como no lo eran cuando le advertíamos al ex-Ministro de Economía y Finanzas, contador Bensión, que estas cosas iban a pasar. También salimos antipáticamente a la opinión pública -las pocas veces que lo hicimos y cuando somos más o menos visibles- a decir cosas que a la gente le cae mal porque decir que todo va a estar peor, a nadie le cae bien; ahora, cuando uno está convencido que eso es lo que va a suceder, por lo menos en lo que me es personal, no me alegro, pero tampoco puedo decir cosas de las que no estoy convencida. No puedo decir a la gente que va a estar mejor porque estoy convencida que va a estar peor.

En consecuencia, son más de cuatro meses en los que hemos venido señalando estas cosas. Sin embargo, nos avenimos a estos tiempos y a trabajar con estos ritmos; ritmos que entre otras cosas, hacen que en lo personal asuma, por supuesto la postura de mi fuerza política Encuentro Progresista - Frente Amplio, aunque no voy a decir que acepto por disciplina partidaria. No es verdad, no es por disciplina partidaria, sino que participé en esta decisión y voté en mi agrupación parlamentaria a favor de la misma. Lo hice con los tiempos que me marcó el ritmo de la discusión; lo hice asumiendo, personalmente como Senadora de la República y como representante de mi Partido, la responsabilidad ante mi propio Partido. Partido que no tuvo los tiempos para correr atrás de todas las vicisitudes de este proyecto de ley porque no se los dieron, ya que corre con desventaja, sobre todo en lo que refiere a la información.

También quiero que quede bien claro que esta es una responsabilidad absolutamente personal en el marco de una decisión de mi agrupación parlamentaria que acompañé. Además, ayudé con mi voto a que esto se produjera, por lo que me hago responsable de lo que hice y de lo que estoy haciendo; como me hago responsable siempre, tal como me lo enseñó mi Partido. Si hay algo que nos ha caracterizado a los comunistas es el ser responsables y no escurrir el bulto frente a las situaciones. Nos podremos equivocar y eso es otra cosa, pero no escabullimos las responsabilidades. Es en este marco que vamos a votar en el día de hoy.

Por otro lado queremos decir que estábamos posicionados en contra de la liquidación que llamábamos "a lo bestia"; de la liquidación de algunos connotados economistas que, desde mi punto de vista, han participado en esta situación y en la que ha vivido el país durante estas décadas, y que hoy propician la liquidación lisa y llana, cuando lo único que tenemos son cadáveres, tendal de cadáveres por todos lados.

No participamos -en lo que me es personal- de que la solución pase por el Banco de la República porque sí compartimos lo que nuestros compañeros, tanto a nivel de la banca oficial como de la privada han defendido y que es, entre otras cosas, reconocer la situación gravísima que atraviesa esa institución. Hoy, el Banco de la República existe -como tantas otras cosas públicas en este país- porque esa responsabilidad recae sobre los hombros de sus trabajadores y no por cierto por su Dirección ni por su gerenciamiento.

Participábamos a su vez de la propuesta que se hacía a propósito de una salida a través de un Banco llamado en su momento Banco Nacional. Estábamos de acuerdo, y lo seguimos estando con las normas bancocentralistas y con la posibilidad de dar mayores instrumentos en ese sentido. También compartíamos la necesidad de un fondo de garantía y la implementación de un Seguro de Paro para esta situación específica que tiene características inéditas. Digo inéditas, entre otras cosas, por la particular situación que tiene el negocio de los Bancos. Cuando se manda a los trabajadores al Seguro de Paro esto no constituye, por cierto, una motivación para que la gente vaya a depositar o hacer negocios en ese Banco, sino que por el contrario es una señal de que algo anda mal. Además, no es un ámbito laboral en el que existiera el Seguro de Paro.

También dijimos en la Comisión y lo repetimos ahora en Sala, que nosotros defendimos y propusimos el registro de desocupados para los trabajadores bancarios. No es la primera vez que proponemos un registro de este tipo, ya que lo hemos hecho a nivel del Encuentro Progresista - Frente Amplio, vinculado a la asistencia social, a la canasta de alimentos, a la asignación familiar y, a veces, descarnadamente, como un solo artículo de registro de desocupados. Sin embargo, esta iniciativa siempre ha vuelto a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, tal como sucedió hoy con la propuesta del registro de desocupados para trabajadores bancarios. No creo en las promesas que se hacen en Sala ni en la Comisión, en el sentido que luego que este tipo de iniciativas pasan a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, van a ser tratadas como ley aparte y luego se van a votar. No lo creo, señor Presidente. ¿Por qué no creo? Porque hace ocho años que me vienen con el mismo cuento. Entonces, ¿por qué tengo que creerles? Les voy a creer con hechos. Tampoco acepto que se me diga -como se dijo en la Comisión- que este es un ámbito que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Hasta el día de hoy no existió este Ministerio, estaba "pintado" como dijo un trabajador en la Comisión.

En consecuencia, lo que no sale en un debate como esto no es verdad que luego vaya a la Comisión; no es verdad que luego se apruebe y tampoco es verdad que se le dé el nivel de importancia que se puede dar a este tipo de iniciativas en una situación como esta.

También se han señalado otros aspectos, algunos en forma expresa. Se ha dicho expresamente que se está en contra de todas las bolsas de trabajo y se ha fundamentado teóricamente; se ha dicho que se está en contra de los registros de desocupados y se hace toda una teorización en torno a este tema, aunque ahora no voy a entrar en él porque me prometí ser breve.

Pero, en el caso de la banca, hay un problema de fondo que no se quiere abordar, que tiene que ver con la reconversión del sistema financiero, tanto a nivel privado como oficial. En definitiva, no se quiere abordar la posibilidad de refrescar el sistema financiero con trabajadores jóvenes y trabajadores calificados y, al mismo tiempo, dar la opción a aquellos que tienen la edad que se requiere, que han trabajado y que a la vez perciben salarios altos de acogerse a la jubilación. Este es, entonces, el problema de fondo que no se quiso discutir hoy.

Acá tenemos una solidaridad clarísima y cruda de los trabajadores y jubilados bancarios, que aparece expresada en este proyecto de ley. Pero, al mismo tiempo, hay una solidaridad de parte de aquellos a los que nadie les preguntó. En un giro de humor negro, de esos que a veces surgen como forma de poder transitar por estos debates, hace un momento le decía a la señora Senadora Xavier que ni a su hijo ni a mi nieto nadie les preguntó sobre la cuota parte de deuda externa que adquirieron, sin embargo, la tienen; tampoco nadie les preguntó si querían ser deudores del Fondo Monetario Internacional, pero lo son; nadie les preguntó si aceptaban o no tener su futuro hipotecado en función de salidas a situaciones que se podían haber previsto, no obstante lo tienen comprometido e hipotecado. Entonces, está la solidaridad de los que tienen posibilidad de expresarla y está también la de aquellos que obligatoriamente se los hace ser solidarios con toda esta situación. Por decirlo de una manera muy cruda: el que duerme abajo del portal y come en el tacho de la basura, entre otras cosas aportó para cubrir lo que se llevaron los que robaron, los que estafaron y los que vaciaron. Si le hacemos un seguimiento a los billetes, poniéndoles un "chip", veremos cómo es esa cosa tan misteriosa para el conjunto de la población -o para la mayoría de la población- que es el funcionamiento del sistema financiero.

Algunos señores Senadores manifestaban que este es el camino menos malo. No sé si es el menos malo, no tengo convicción, aunque sí es absolutamente claro que las otras dos posibilidades eran horribles. No obstante, en función de las respuestas que recibimos y de las que no nos dieron, de las dudas sobre el futuro y sus consecuencias en el conjunto de la sociedad -a pesar de que ayer el doctor Tabaré Vázquez nos decía que debemos renunciar a un derecho, que es el de equivocarnos, agrego que cuando nos equivocamos los que se perjudican son siempre los mismos- en el acierto o en el error con absoluta contrariedad, pero con la convicción de que nos hacemos responsables de aportar presentes en Sala, el voto y una posible -quizás, a lo mejor, puede ser- postergación de una muerte segura como eran las otras salidas, nosotros vamos a acompañar en general el proyecto de ley y la mayoría de los artículos en particular. Asimismo vamos a insistir con algunos de los que hemos propuesto en Comisión y que no fueron acompañados con el voto de la mayoría.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Núñez.

SEÑOR NUÑEZ.- Señor Presidente: inevitablemente, cuando uno ya ha escuchado el fundamento de tres compañeros de nuestra Bancada por lógica algunos argumentos se repiten. De todas maneras, queremos dejar algunas constancias sobre el posicionamiento de nuestra fuerza política en términos generales y, en algunos casos, sobre determinadas soluciones en particular.

El señor Senador Couriel decía que el Encuentro Progresista - Frente Amplio, nuestra fuerza política, no tiene responsabilidad de la situación económica y social que vive el país. No tiene responsabilidad por la caída y por la crisis que hoy está pasando el sistema financiero.

Somos un partido de oposición, no integramos ninguna coalición de gobierno y hemos combatido en todos sus términos la política económica que se ha delineado y seguido por décadas en este país por varios gobiernos desde la dictadura a la fecha.

No somos responsables de que a partir de la crisis financiera de la Argentina, y quizás desde antes, más de U$S 6.000:000.000 en depósitos se hayan fugado de nuestro país a los colchones, a los cofre fort, o a través de estafas como se han producido en el Banco Central y en el Banco Montevideo. No somos responsables de una pérdida de más de U$S 2.500:000.000 en reservas, tal como sucedió entre enero y julio de este año. No somos responsables de que se haya asistido a determinados bancos con la cifra de U$S 1.200:000.000 en distintas oportunidades, por diferentes mecanismos y a través de diversas instituciones como, por ejemplo, la Corporación Nacional para el Desarrollo o, directamente, por parte de un Ministro y un Presidente de la República. No somos responsables de que cuando se apruebe este proyecto de ley prácticamente se llegue a los cinco meses de suspensión de cuatro Bancos, lo cual obviamente genera una situación anómala en la economía del país, en la cadena de pagos en el futuro bancario y, al mismo tiempo, un problema grande para los depositantes, los acreedores, los ahorristas y para los deudores de esas instituciones.

Tampoco somos responsables porque la situación económica y productiva del país es realmente trágica. Estamos convencidos de que si no se cambia el esquema, no se modifica la inversión y no se respalda al sector productivo con nuevos créditos, seguramente, cualquier otra solución al sistema financiero quede renga.

No somos responsables por la devaluación ocurrida el 20 de junio, por el nivel de desempleo abierto, por la postración del sistema productivo y la pérdida importante de parte del aparato productivo del país.

No somos responsables de la falta de crédito para los sectores que hoy intentan salir aun teniendo mejores precios y, por la devaluación, teniendo mayor competitividad con el exterior.

Esa es la parte productiva del país a la que damos mucha importancia y que nos llevó a plantear al señor Ministro de Economía y Finanzas nuestra preocupación para que, de alguna forma, se destinen fondos a ese aparato productivo, a la situación alicaída de la economía del país.

Por otra parte, tampoco somos responsables de la emergencia social que se vive. No hemos hecho nosotros los recortes a las inversiones en vivienda, en educación y en salud. No somos responsables por la falta de materiales en los hospitales que hoy, de alguna forma, pone en peligro la salud de una gran parte, diría enorme, de la población uruguaya. No somos responsables de las largas colas que hacen trabajadores de la construcción para obtener una canasta familiar que da el propio sindicato a los desocupados. No somos responsables de que el pueblo uruguayo tenga que cumplir lo que no se puede hacer por parte de la economía generando, a través de la solidaridad, las ollas populares y los comedores.

Toda esta situación de la que no hemos sido responsables nos dice que, de todas maneras, la situación que hoy vive el país no puede ser la excusa para que no nos comprometamos con el futuro. Nos tenemos que hacer responsables de que existe ya una situación de hecho, que desde hace cinco meses hay un conjunto de cuatro Bancos que no funciona, que trece departamentos en sus ciudades capitales tienen sólo la entidad bancaria Banco de la República Oriental del Uruguay o a veces la del Banco Hipotecario del Uruguay, que actualmente no es una institución de intermediación financiera y que está especializada en vivienda. Nos tenemos que hacer responsables de que el 30% de la operativa de todo el sistema financiero y de la cadena de pagos esté parada, pero que ese porcentaje a nivel nacional es el 46% en los departamentos del interior del país. Téngase en cuenta que estas cuatro instituciones que hoy son objeto de este proyecto de ley, de alguna forma representan en el interior profundo el 46% de la actividad bancaria en general. Eso está así planteado por la situación financiera que hoy tenemos, en donde el Banco de la República Oriental del Uruguay ha quedado reprogramado, así como también el Banco Hipotecario del Uruguay, o sea la actividad pública bancaria, los bancos suspendidos, y el conjunto de bancos internacionales que operan básicamente en Montevideo, pero también algunos lo hacen en Maldonado o en Colonia.

Queremos decir, pese a que repitamos algunos argumentos de señores Senadores que nos precedieron en el uso de la palabra, que ya a principios del mes de diciembre, el Comité Central del Partido Socialista había analizado la situación y había definido la posición que hoy está adoptando, también, el conjunto de la Bancada del Encuentro Progresista - Frente Amplio. Concretamente, había definido que la actual situación bancaria es la no solución, que la actual situación del sistema bancario es suicida para el país, para la gente, para el sistema productivo, para los deudores y para los acreedores. En la situación actual, la banca suspendida simplemente no funciona, salvo para cobrar a los deudores y para la recomposición de la cadena de pagos.

(Manifestaciones en la Barra)

- Esta es la situación que hoy estamos viviendo desde hace casi cinco meses. Para la economía estos Bancos no están cerrados ni abiertos, no operan pero no permiten que otro ocupe ese lugar en el mercado. En los hechos, la cadena de pagos está rota. Sin embargo, para los Bancos y la situación financiera en términos generales, las carteras se siguen deteriorando a medida que pasa el tiempo. Además, como siempre hay especuladores que, de alguna forma, están esperando y de eso estamos convencidos. La confianza en esta situación no se regenera.

Por lo tanto, la situación que se plantea actualmente en la banca suspendida es aún peor que la liquidación. Sin embargo, como ya analizaron otros señores Senadores, la liquidación lisa y llana es la peor de las soluciones posibles para la salida de la situación que hoy enfrentamos.

Recuerdo que en los primeros días, luego de la crisis financiera del mes de agosto, una Carta de Intención firmada por el Gobierno de la República contenía su intención de que esos Bancos se liquidaran en su totalidad. De todas maneras, estos casi cinco meses permitieron, por suerte, una mejor solución que las intenciones que tenía el Gobierno después de la crisis financiera, como consecuencia de la cual se suspendieron las actividades de esos cuatro Bancos y se reprogramaron el Banco de la República Oriental del Uruguay y el Banco Hipotecario del Uruguay. La liquidación lisa y llana deja a los deudores obligados a afrontar sus deudas en cortísimos plazos sin refinanciación, a lo que hay que agregar los trámites judiciales, las liquidaciones, los remates, etcétera. Los deudores también verán afectadas sus garantías, deberán afrontar los remates de sus casas, de sus campos y de otros bienes, porque no hay una solución absoluta. Es mejor la apertura de un Banco porque da la posibilidad a los deudores de negociar con esa nueva institución, que la liquidación lisa y llana. Eso es absolutamente así.

La economía en general, en esta situación de liquidación, tendría un gran salto de la reestructuración salvaje. La cadena de pagos se rompería para muchas miles de familias y también para muchas miles de empresas. Los valores de los activos se seguirían depreciando.

Asimismo, a principios de diciembre analizamos la situación del Banco de la República Oriental del Uruguay como una posibilidad de ser el receptor de los activos y de los pasivos de estos Bancos, e incluso de que esa institución fuera la receptora de los mejores pasivos y activos de esas entidades bancarias. Hemos llegado a la conclusión de que un gran problema que tenemos para solucionar en el país es la situación del Banco de la República Oriental del Uruguay.

La administración del Banco de la República sigue siendo lenta, pesada, politizada y partidizada. Si optáramos por la solución de enviar las carteras de los activos y pasivos al Banco de la República, lejos de fortalecerlo, aumentaríamos su debilidad. Como dijo el señor Senador Couriel, a este Banco ya le está pesando y costando demasiado las carteras que se le enviaron del Banco Hipotecario del Uruguay, ya que este no transfiere los Fondos necesarios para afrontar la reprogramación. También valoramos el hecho de que en una solución en la que se enviaran los depósitos al Banco de la República -los créditos y los débitos- se superpondrían redes físicas y de informática y se perderían activos de mil maneras. Más adelante voy a explicar por qué me detengo en este punto a pesar de que otros compañeros de Bancada ya lo han mencionado.

Entonces, dentro de las opciones que teníamos, esta era sin duda la mejor. Varios de los señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra se refirieron a esta solución como la menos mala, y efectivamente es así. Vamos a votar este proyecto de ley por responsabilidad, porque creemos que la situación amerita que todos pongamos algún granito de arena para darle una salida posible, pero no lo hacemos con alegría. Creo que se llegó a esta situación por una muy mala administración, por una muy mala previsión económica y por una muy mala política económica que desembocó en este hecho que estamos documentando.

Vamos a detenernos muy poco en los contenidos del proyecto, porque ya lo hicieron anteriormente otros compañeros Legisladores. Consideramos que es muy importante el Capítulo I, que establece nuevas potestades para el Banco Central del Uruguay, aunque algunas son viejas pero aquí se hacen más específicas y más claras, además de incluir disposiciones de carácter permanente para este banco de bancos. De todas maneras -y es bueno dejar otra vez la aclaración- estamos convencidos de que a esta situación no se llegó por falta de normas. La situación en la que el Banco Central no cumplió su rol controlador correctamente en los Bancos en que se realizaron estafas y vaciamientos, no fue producto de una falta de normas. El Banco Central pudo haber utilizado las disposiciones existentes para un control mucho más eficaz y pudo, sin ninguna duda, haber detenido esta situación antes de que se concretara. En general, estamos de acuerdo con el conjunto de normas que aquí se dictan y me voy a referir, básicamente, a algunas de ellas.

En primer lugar, quiero señalar que estamos conformes políticamente con que, por medio de esta ley, se cree un Fondo de Garantía de depósitos. La Bancada del Partido Socialista, apoyada por el conjunto del Encuentro Progresista, en el Senado, presentó el 6 de diciembre de este año un proyecto de ley por el que se creaba el Fondo de Garantía de Depósitos o Seguro de Depósitos. Luego de considerar varias alternativas, incluyendo una propuesta del Gobierno que fue modificada, creemos que el Fondo de Garantía que aquí se crea tiene bastantes similitudes con el que nosotros presentamos. En ese sentido, hemos tenido el consentimiento del propio señor Ministro, porque la idea le había gustado y se había basado en ella para formular alguna de las normas que hoy tenemos a consideración.

Nuestro proyecto de ley, presentado el día 6 de diciembre, creaba un sistema de seguro de depósitos o Fondo de Garantía que sería obligatorio, limitado y oneroso. Sería obligatorio para todas las instituciones del sistema financiero, y la iniciativa que hoy analizamos en este Senado, incluso abarca a otras instituciones que no habíamos previsto, como las cooperativas de intermediación financiera. Sería también limitado -y va a ser limitado a pesar de que no se limita en esta ley- porque no garantizaba la totalidad de los depósitos, sino que lo haría hasta determinado monto. Dichos depósitos se van a asegurar, tanto en moneda nacional como extranjera. Y oneroso, porque son las instituciones de intermediación financiera las que van a aportar a dicho Fondo para que se vaya nutriendo y se amplíe la cantidad de dinero que lo constituya, como para que en determinadas circunstancias -y esperemos que no tengamos que utilizarlo, pero creo que es un elemento sustancial para restaurar la credibilidad de los ahorristas en este país- si ocurriera nuevamente alguna de las situaciones que hemos vivido, podamos recurrir a él.

Dicho Fondo estatal estará administrado por el Banco Central en una Superintendencia de Ahorro y podrá ser utilizado para darle a los depositantes la garantía de la devolución de sus depósitos. Durante mucho tiempo, y en los últimos años, esto no existió, porque se prefería un seguro implícito, apoyado por aquello que decía un ex Presidente, de que acá los bancos uruguayos nunca se funden, porque en definitiva el Estado los socorre. Me parece que llegó la hora de cambiar esa mentalidad y, al dejar que los bancos se fundan, de alguna forma debemos dar garantías a los ahorristas para que confíen nuevamente en esas instituciones. Entonces, en vez de ser garantías implícitas por las que el Estado socorre siempre a los bancos, tienen que ser explícitas. Tienen que estar aseguradas por la existencia de un Fondo al que se pueda recurrir cuando ocurran condiciones como la liquidación o suspensión de un banco, en las que los depositantes no puedan retirar sus ahorros, pero sí puedan hacerlo contra este Fondo del Banco Central. Seguramente, lo más importante de este proyecto de ley es la creación del Fondo de Garantía de depósitos.

Un hecho político que me parece relevante es que el conjunto de los Partidos haya comprendido que, al no existir un seguro implícito, tiene que existir un seguro explícito. En esas condiciones, seguramente, esta norma va a ser perfeccionada en el futuro a través de la reglamentación que el propio Poder Ejecutivo, el Banco Central y la nueva Superintendencia de Ahorro van a elaborar sobre el mismo.

No quería terminar esta intervención sin decir que, modestamente, hemos hecho un aporte poniendo el tema arriba de la mesa y siendo recogido en este proyecto de ley, aunque no en su totalidad, en su globalidad, en toda su extensión, pero sí lo suficientemente como para empezar a generar una nueva forma de seguro de depósitos que dé garantías a los depositantes y confianza en el futuro.

No es sólo la creación de un nuevo banco o el acuerdo al que han llegado los cuatro Partidos del sistema político lo que puede regenerar esa confianza, sino también establecer instrumentos concretos como el seguro de depósitos o el Fondo de Garantía que, de alguna forma, van a ayudar en ese sentido. Como dijeron otros compañeros, es también un funcionamiento cristalino del sistema financiero de aquí en más, mejores controles del Banco Central, un control de los administradores, de los dueños de los Bancos, que realmente en etapas pasadas se hicieron muy mal.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay una moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 17. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Núñez.

SEÑOR NUÑEZ.- Básicamente, quiero señalar dos cosas, porque otros compañeros ya se han referido al tema. Nosotros no somos partícipes de que la solución del Banco de Crédito esté contenida en este proyecto de ley. Creemos que aquí, con la creación de un nuevo banco, se da una solución a instituciones que hoy están suspendidas y que van a ser liquidadas. No es que estemos en contra de dar solución legal al Banco de Crédito y por eso, tal como lo hicimos en Comisión, en este Plenario vamos a solicitar el desglose de esa norma. Cuando el tema se trate específicamente, vamos a dar una opinión más concreta, pero ahora vamos a pedir que esa norma se trate como un proyecto de ley separado, que de alguna forma no se incluya en este conjunto de disposiciones que hoy están siendo estudiadas por el Senado.

Por último, señor Presidente, recapacitando de la actitud política que tuvimos hoy de tarde en la Comisión y aunque creo que el señor Senador Gallinal ha sido muy contundente y que lo animan buenos propósitos al proponer que en lugar de tres Directores del Banco Central haya cinco para que puedan participar no sólo del Gobierno sino también los Partidos de oposición, vamos a votar en general este proyecto de ley y la mayoría de sus artículos, peleando por introducir algunos que no fueron votados en la Comisión, pero no esa propuesta, porque no queremos que eso se empañe con ningún tipo de malos pensamientos, de suspicacias. Nuestra posición se basa en las razones que di al principio y en que creemos que, de todas las opciones, incluida la situación que hoy se vive de la no solución, esta es la solución mejor.

(Manifestaciones en la Barra)

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Barra no puede hacer ningún tipo de manifestaciones.

Puede continuar el señor Senador Núñez.

SEÑOR NUÑEZ.- En ese sentido, reitero, por lo menos la Bancada de la 90, no va a votar que el Directorio del Banco Central pase a ser integrado por cinco miembros como proponía el señor Senador Gallinal.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Herrera.

SEÑOR HERRERA.- Quisiera saber de qué tiempo dispongo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dispone de treinta minutos que se pueden prorrogar por otros treinta.

SEÑOR HERRERA.- No voy a hacer uso de la prórroga y voy a terminar antes de los treinta minutos.

SEÑOR ASTORI.- No es obligación.

SEÑOR HERRERA.- Pero me comprometo a ello; me gusta el compromiso.

Sin duda estamos viviendo, especialmente en los últimos dos años, una situación internacional muy compleja y de suma inestabilidad. Pongamos un ejemplo concreto. La mayor y más poderosa potencia desde el punto de vista económico, tecnológico, científico, militar y político del mundo, que son los Estados Unidos de América, tuvo un crecimiento sostenido de su economía durante diez años, lo que era calificado por los analistas económicos como un guarismo y un comportamiento espectacular. Todos los años se anunciaba que iba a dejar de crecer, porque no podía ser que siguiera haciéndolo continuadamente a altas tasas durante tantos años.

No es novedad que los Estados Unidos tienen suficientes recursos como para llevar a cabo todo lo que deseen hacer. Todos sabemos que un día amanecimos con la noticia de que megacorporaciones internacionales habían caído abruptamente en los Estados Unidos, dejando en la calle a decenas de miles de trabajadores y en las manos de los accionistas papeles sin valor. Ello no se debió, por cierto, a que no existieran controles por parte del Gobierno de los Estados Unidos. La Reserva Federal es conocida en el mundo por los poderes que tiene y la capacitación de sus funcionarios. Sin duda, esa sorpresiva caída de las empresas se debe a un funcionamiento muy complejo y sofisticado del mundo empresarial de hoy que, en algunos casos, logra evadir hasta los controles más severos y más capacitados que hay en el mundo. Esas crisis empresariales han provocado una retracción de las inversiones, del flujo y del movimiento de dinero en el mundo porque, precisamente, ha sucedido en el país de mayor incidencia en la vida económica del planeta.

Asimismo, se está viviendo una situación regional complicada y compleja. Hay situaciones complejas dentro de nuestro continente latinoamericano, sea en el plano político, en el plano macroeconómico y situaciones negativas desde hace mucho tiempo en el plano social. A ello se agregó la crisis argentina, la profunda crisis financiera en la Argentina. A esa crisis argentina que nosotros vivimos tan de cerca, no solamente por nuestra proximidad geográfica, sino por los lazos que nos unen con ese pueblo y porque vivimos mirando lo que sucede en ese país a través de la televisión, informándonos de lo que ocurre en esa nación y generándonos aprensiones y temores...

(Manifestaciones en la Barra)

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Herrera.

SEÑOR HERRERA.- A las circunstancias que he venido mencionando se agregó la grave inconducta de algunos banqueros, la que sin duda precipitó la crisis en sus propios Bancos. Esta crisis ha afectado a los ahorristas, a los que operan con esas instituciones y, en realidad, a todos, porque hay empresas que dejan de trabajar con esos Bancos, que no encuentran crédito, etcétera. No sólo les sucede esto a las empresas, sino también a las personas físicas que, cuando necesitan recurrir al crédito, no pueden hacerlo porque su Banco está suspendido en sus actividades y los otros han recortado al máximo su concesión.

En esta situación tan grave debería buscarse un camino de salida, porque no basta la búsqueda de los culpables, aunque los hay. Es obvio que la búsqueda de los culpables no hace que se reabran los Bancos, ni defiende el ahorro ni los puestos de trabajo. La búsqueda de los culpables le corresponde a la Justicia, donde está radicado el tema, y así es como se resolverá esto en el Uruguay, por ser un país civilizado.

Entonces, el Partido Colorado, en el Poder Ejecutivo, se puso a trabajar para construir un camino de salida a los problemas que tenemos, asumiendo la responsabilidad que le corresponde como Partido de Gobierno y también porque históricamente a los colorados les ha gustado asumir responsabilidades propias y aun ajenas cuando los demás no las asumen. Así, en el Parlamento Nacional  -comenzando por la Cámara de Senadores- el Partido Colorado recibió, con todos los demás Partidos políticos, la iniciativa que el Poder Ejecutivo envió una vez que la tuvo estructurada. Y junto con los demás Partidos hemos trabajado en las Comisiones de Hacienda integrada con la de Constitución y Legislación y de Desglose, con absoluta libertad de criterio y con el mismo empeño y tesón, para encontrar un camino de salida lo mejor diseñado y estructurado posible. En algunos casos, algún Legislador de otro Partido hasta se sorprendió porque teníamos una opinión crítica respecto de algún instrumento que el propio Poder Ejecutivo nos había remitido. Pero lo cierto es que entendimos que no se trataba de un tema partidario, que no era momento de abroquelarse o de defender la iniciativa del Poder Ejecutivo sólo porque provenía del Poder Ejecutivo, sino que teníamos que trabajar abierta y sinceramente a fin de encontrar los mejores instrumentos para poder salir de esta crisis financiera y luego tratar los otros temas que el país tiene que seguir abordando.

Así, hemos tratado de mejorar los instrumentos -y creo que esto es algo que hemos logrado entre todos los Partidos políticos aquí presentes- y ahora estamos deseosos de votar este proyecto de ley, por los objetivos principales y sustanciales que él prevé, entre los cuales se encuentra el de mantener la presencia de un Banco nacional en todo el país. Todos sabemos que el Banco Comercial era el que más sucursales y mayor presencia tenía en zonas del interior, que justamente son las que necesitan su presencia y que ahora no la tienen. El Estado y los ahorristas están haciendo un esfuerzo para mantener un Banco nacional en todo el Uruguay para que productores, comerciantes y ciudadanos en general puedan seguir concurriendo a una sucursal bancaria a plantear sus problemas, a tratar de encontrar una solución y a rehabilitar su crédito. La defensa del ahorro y de los ahorristas pasa por la creación de este nuevo Banco y también pasa por los otros instrumentos previstos en este proyecto de ley como, por ejemplo, la transferencia de créditos que el Estado hace, que tiene a su favor y que cede en beneficio de los ahorristas, según el procedimiento previsto en el articulado. Las ideas fundamentales son: la presencia del Banco, que haya ahorristas, que éstos permanezcan en la institución, que defiendan sus ahorros a través de ese nuevo Banco y que a los ahorristas que no están allí el Estado pueda transferir recursos y créditos de forma que esos otros ahorristas recuperen el máximo porcentaje posible del dinero que, en un acto de confianza, depositaron en el sistema bancario nacional.

En lo que tiene que ver con la defensa del empleo, aquí se ha dicho que habrá alrededor de 1.000 empleados bancarios que probablemente perderán su fuente de trabajo, pero habrá más de 700 que van a conservar su puesto. Además, para esas mil personas se instrumenta un seguro de desempleo especial, diferente, con características especiales distintas al que posee el régimen general, para amparar la situación de esos empleados bancarios que se vieron envueltos y arrastrados por la crisis financiera, por todas las causas que mencioné al principio.

Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto de ley que plantea objetivos con los que está de acuerdo la inmensa mayoría de los uruguayos; se trata de una iniciativa que votaremos en el Senado, con la convicción de que no será perfecto -porque no hay obra humana perfecta y seguramente nos estaremos equivocando en alguna cosa- pero persigue los mejores objetivos. Es más; hemos trabajado honestamente y con ahínco para que sus instrumentos nos permitan alcanzar esos objetivos.

Estamos ansiosos porque el Senado de la República vote este proyecto de ley para poder pasarlo a la Cámara de Representantes y podamos seguir trabajando en todos los otros temas que el país tiene por delante. Para ello se contará con la contribución del Partido Colorado, porque es su rasgo histórico buscar soluciones en lugar de preocuparse por hacer acusaciones políticas. En realidad, todos podríamos hacerlas, porque todos tenemos memoria de muchas cosas. Pero no nos ocuparemos de las acusaciones que nos han hecho ni de las que podríamos hacer, sino que seguiremos trabajando para encontrar los caminos de salida que solucionen los problemas de todos los uruguayos.

(Ocupa la Presidencia el doctor Ruben Correa Freitas)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Trataré de ser lo más breve posible, señor Presidente. No voy a caer en eso que a veces sucede en el Senado cuando alguien anuncia que va a ser breve en su exposición, porque recuerdo lo que en este tipo de circunstancias decía el entonces Senador Ortiz: "Va a ver que no lo va a lograr".

Como decía, señor Presidente, voy a tratar de ser breve.

Me parece muy importante decir algunas cosas que no hacen tanto al proyecto en sí ya que me he sentido muy representado con las palabras pronunciadas por el Miembro Informante del Partido Nacional, señor Senador Gallinal, quien hizo un informe y comentarios que, realmente, han representado, repito, a mi Partido. Sin embargo, considero importante decir dos o tres cosas por las señales que hoy estamos dando los representantes de cada uno de los sectores políticos, y no tanto entre nosotros sino hacia fuera. Por lo tanto, pienso que lo primero que debo decir es que esta es la solución menos mala, no la mejor. No es un exceso de pesimismo el mío, sino que me preocupa que afuera se pueda ver con mayores expectativas lo que es la solución en sí. Por lo tanto, al decir que es la solución menos mala me parece que le generamos, por lo menos a quienes tienen una expectativa de cobro natural, una mayor ubicación de lo que este esfuerzo va a significar.

Además, quiero decir que la solución que hemos encontrado ha surgido en una instancia histórica puesto que muy pocas veces se ven las mayorías que hoy se van a conseguir. Esto hace que dejemos de lado por instantes -pero sin olvidarla, por supuesto- la situación económica del país, es decir, lo que pasó, está pasando y puede pasar, de modo tal de señalar, subrayar o jerarquizar la casi unanimidad que vamos a conseguir esta noche o dentro de unas horas, a la madrugada.

A mi juicio, lo que más resalta esta sesión del Senado es que como esta película comenzó por una falta de confianza, el esfuerzo del sistema político es tratar, justamente, de devolver la confianza y esto no es patrimonio del Gobierno, de los partidos de oposición, de aquellos que estamos dando gobernabilidad, ni de nadie. Considero que la confianza en el sistema es la que posibilita la futura reactivación. Debemos generar un mensaje lo suficientemente fuerte como para que aquellos que en su momento retiraron sus depósitos recuperen la confianza. Esta se perdió por efecto de la desconfianza que comenzó en Argentina y que se agravó por las estafas de los Bancos. Pero no empezó con ellas, sino en una crisis muy honda de un país que mucho respetamos, que queremos y que nos duele ver como está; y ello, indudablemente, no podía dejar de repercutir en nuestra economía. Sé que hubo reflexiones sobre la situación económica del país, pero quizá otro día, no con tanta urgencia, podamos analizar la situación regional del país y confrontar ideas; sinceramente, no creo que éste sea el momento. Debemos, sí, por lo menos llegar a una instancia objetiva y concluir en que esto se produce a causa de la desconfianza argentina. En nuestro país esta desconfianza se da como consecuencia del cordón umbilical que empieza muy claramente con el Banco de Galicia y es a partir de ahí que se generan desconfianza, retiro y estafas -producto de esta misma crisis- que son las que generan esta situación que después repercutiría también en los Bancos estatales. Hace relativamente poco acabamos de votar, con miras a lograr un fortalecimiento, las reprogramaciones del Banco de la República a los efectos de que este organismo fuera inexpugnable, inundible. Sin embargo, los uruguayos nos vimos sorprendidos -creo que ese sentimiento es unánime- al ver que el Banco de la República tuvo problemas. Y sí, señor Presidente, el Banco del Estado, con el respaldo del Estado, tuvo problemas. Creo que está haciendo un esfuerzo para salir de ellos y que la confianza de los uruguayos en el Banco del Estado fue formidable porque las expectativas de retiro eran mayores por parte del Gobierno e, incluso, del propio Banco. Votada la ley, establecidos los blindajes, los aportes y las asistencias del caso, vimos que el comportamiento de los ahorristas uruguayos, en el Banco de la República, no se dio en la misma proporción que en los meses anteriores

En realidad, no me gusta hacer afirmaciones que no estén debidamente documentadas, pero me pareció escuchar decir al señor Ministro -me podrán corregir los señores Senadores- que en tres o cuatro meses el Banco de la República tuvo retiros por más de U$S 1.000:000.000. Señor Presidente, esto le pasó al Banco más seguro en lo que hace a la confianza de los uruguayos porque si de algo todos estabamos seguros es que nada podía suceder con este Banco -al que llamábamos Banco País- puesto que contaba con el respaldo del Estado. Sin embargo, tuvimos que reprogramar sus depósitos y asistirlo con fuertes sumas de dinero que, a mi juicio, lo sacaron adelante más fortalecido aún de lo que estaba. No podemos perder de vista, entonces, que nunca nos hubiéramos imaginado que esto podía suceder en nuestro país. Todos conocemos los entretelones, lo que costó conseguir este dinero y todo lo que significó hablar en el exterior, convencer y obtener ese crédito. Al respecto, muchos han dicho que ha sido el último préstamo que, de acuerdo con la proporción que tenemos en cuanto al Producto Bruto, se le puede dar a un país. Sin duda, esto se debe a que a lo largo de su historia nuestro país ha sido serio; de lo contrario, difícilmente podría haber obtenido, en instancias de dificultad económica, de corridas y de falta de confianza, los niveles de asistencia en función del Producto Bruto que tiene.

Señor Presidente, aquí se ha dicho -y es cierto- que este dinero genera dependencia. Y esa asistencia -que lo fue- a los Bancos del Estado, en su mayor proporción representa un alto grado de dependencia. Quizá otro día deberíamos analizar con profundidad lo que significa esta dependencia; como blanco y nacionalista, es uno de los temas que más me preocupa. Considero que esta independencia que veníamos logrando en cuanto al crédito externo se empezó a deteriorar como consecuencia de carecer de una correcta y mejor administración, puesto que, a mi juicio, en nuestros tiempos, el grado de independencia radica, justamente, en que nos administremos bien.

Un país que tiene que ir al exterior a pedir crédito porque las cosas no le anduvieron bien, igual que un ciudadano que va a un banco a pedir un crédito, tendrá que demostrar a la institución a la que le pide el préstamo, que sus ajustes -como en la vida personal del ciudadano- no condicen con sus ingresos y, por eso, debe recurrir a esta alternativa.

Entonces, señor Presidente, me parece que es muy importante tener en cuenta que este grado de dependencia del crédito extranjero, producto de la desconfianza que nos lleva a golpear puertas para obtener los niveles de préstamos que solicitó el país en este año, genera problemas, naturalmente, en los niveles de endeudamiento futuros del país. Esto también nos tiene que llevar a reflexionar sobre la importancia de tener una buena administración de nuestros ingresos y nuestros gastos. Digo esto porque si no hubiéramos llegado a la situación deficitaria que se dio en febrero, producto de no haber combatido quizás con más fervor el gasto superfluo o superficial y de no haber tenido una obsesión y entablado una guerra contra el gasto inútil, buscando una mejor asignación de los recursos del Estado y un mejor posicionamiento de éste en la economía nacional, tampoco hubiéramos tenido que recurrir -como se hizo- a soluciones de emergencia en dos oportunidades este año, una en febrero y otra en mayo, para poder señalar al mundo y a los organismos de crédito a quienes estábamos solicitando préstamos, que también nosotros nos ajustábamos en nuestros gastos. Es decir que como antes no hicimos bien esos deberes, los hicimos mal este año.

El Partido Nacional tenía la aspiración, señor Presidente, y quizás también la ilusión de que en la etapa de la Rendición de Cuentas de pronto se pudiera corregir los aspectos que la emergencia no nos dejó estudiar en febrero ni en mayo. También pensábamos que podíamos contar con el tiempo suficiente en esa etapa y analizar en detalle estos aspectos, buscando los gastos e identificándolos cuando están de más o pueden eliminarse.

Como dije, mis palabras no quieren reeditar viejas discusiones que ya hemos tenido en esta Sala ni buscan la confrontación, sino que simplemente quiero decir cómo llega mi sector político a este proyecto de ley. En toda esta instancia, señor Presidente, siempre hemos tenido como norte la necesidad de mirar bien lo que hacemos aquí adentro, porque esto genera, indudablemente, la posibilidad de no depender del crédito como lamentablemente sucedió a mediados de este año.

Entonces vino la asistencia, motivada por la dependencia del crédito. Esto no se da por sustitución, sino que una causa trae la otra. Digo esto porque aquí hubo desconfianza y los uruguayos se contagiaron por el recelo argentino, que repercutió en nuestro país. No obstante, pienso que no debemos ser tan duros con los argentinos porque creo que las medidas que allá se tomaron fueron las que ocasionaron, como resultado final, que vinieran aquí a buscar sus ahorros para poder vivir, porque no podían tocarlos en su propio país. Esto significó una salida hasta para aquel argentino que no quería retirar sus ahorros pero debía hacerlo para poder vivir; sí podía hacerlo en el Uruguay, sorteando las medidas que le impedían proceder de esa manera en Argentina.

Naturalmente, también están aquellos que desconfiaron y que creyeron que aquí se iba a dar una situación similar a la argentina y que terminaríamos en medidas similares.

Entonces, señor Presidente, creo que el sistema político uruguayo, por más que no llegamos a instancias de unanimidades -que es muy difícil tenerlas- en esas dos oportunidades, actuó de forma diferente a cómo lo hicieron otros países de la región, en especial, la Argentina. Digo esto en lo que tiene que ver con los sacrificios que hicimos en cada instancia y teniendo en cuenta la razón de todas las partes. Asimismo, los dineros que obtuvo el Uruguay en el exterior tampoco fueron suficientes como para sostener al sistema financiero y este, lamentablemente, termina por caer al tomarse la decisión de un feriado bancario y la suspensión de bancos.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto, aunque aclaro que esta es mi visión de la situación y que el señor Senador Michelini no la va a cambiar.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Agradezco la interrupción que me concede el señor Senador Heber y es la prueba de que lo estoy escuchando con mucha atención. Quizás no logre cambiar su punto de vista pero, por lo menos, no sigo su razonamiento en silencio, convalidando lo que me parece que es un relato bastante rosa de lo que ocurrió en el Uruguay. Digo esto porque, por un lado, nos dice que los problemas vinieron de afuera y eso generó desconfianza y, por otro, manifiesta que no estuvimos a la altura de las circunstancias porque no supimos atender el tema del gasto pero se olvida que, con su voto, en el Presupuesto Nacional, el gasto se subió en plena recesión.

Por otra parte, sigue insistiendo en que el tema es fiscal, cuando tenía que ver con precios y producción; no vendíamos, pero seguimos con la visión de que todo se arregla por el lado fiscal.

Sin embargo, señor Presidente, debo aclarar que no era este el motivo de mi pedido de interrupción, sino que mi preocupación es otra y tiene que ver con el tema de la desconfianza. Pienso que no llegamos a ella por lo que ocurrió en Argentina, sino porque se estaba haciendo un ajuste fiscal tras otro y porque hubo un Ministro de Economía y Finanzas -que el señor Senador Heber defendió en esta Sala- que un día modificó la política cambiaria. No importa ahora si era buena o mala, sino que en un momento el Ministro Bensión manifestó que esa política cambiaria se mantendría hasta diciembre, pero un día la modificó.

Entonces, la desconfianza de la gente ¿hacia quién es? Es hacia toda la actuación política -porque nos meten a todos en la misma bolsa- en virtud de la cual se le dijo a la gente una cosa y no se cumplió.

También se dijo que el ajuste fiscal de febrero sería el último, pero tampoco lo fue, sino que hubo otro más y una Rendición de Cuentas que fue un semiajuste fiscal encubierto.

Asimismo, se manifestó que la política cambiara sería una, pero después se cambió.

En consecuencia, todos los problemas que tenemos se deben, en parte, a que la gente confió en lo que se le decía. Y ahora ¿cómo se recupera la confianza? En primer lugar, reconociendo por parte de quienes llevaron el gobierno adelante -porque había un gobierno de coalición nacional, que integraba el Partido Nacional- que se cometieron errores y que no se supo detener al ex Ministro de Economía y Finanzas a tiempo. También tienen que reconocer que pensaban que la situación se arreglaba con un ajuste fiscal, pero después no fue así. Quiero señalar que al ex Ministro Bensión se lo defendía aún después de haberse ido y la última vez que oí al señor Senador Heber hablar de él, dijo que era un buen Ministro. Entonces, mientras se tenga esa visión, la gente no va a creer.

¡Cómo va a ser un buen Ministro si nos llevó al peor caos de la historia del país! Además, si el Gobierno era bueno, ¿por qué se fueron? Algo hizo mal el Gobierno que implicó que el Partido Nacional dejara el Poder Ejecutivo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Esta noche voy a tener que tener paciencia.

Vengo a hablar sobre cuál es mi visión de la situación y he tratado de hacer una narración por lo menos cronológica y no desastrosa como hizo el señor Senador Michelini.

SEÑOR SANABRIA.- Apoyado.

SEÑOR HEBER.- ¡Qué tienen que ver los ajustes! La situación de Argentina fue previa a la crisis bancaria. ¿No sabe eso el señor Senador Michelini?

SEÑOR GALLINAL.- No; no lo sabe.

SEÑOR HEBER.- Me parece que la interrupción del señor Senador Michelini estuvo fuera de lugar. He venido hablando y no lo he hecho para generar polémica. Después me culpan de generar polémicas. He dicho: vino la crisis argentina o ¿no vino la crisis argentina? ¿No existe la crisis argentina? Los ajustes son de febrero y la crisis argentina y las medidas del "corralito" son de octubre y noviembre del año pasado. Luego viene la estafa y la caída del Banco Comercial; previamente tuvieron lugar las dificultades del Banco de Galicia.

He estado haciendo una narración de hechos y no estoy dando opinión. Luego vienen las instancias de febrero y de mayo. Dimos la opinión en su momento y ¡qué tiene que ver si dije o no tal cosa del Ministro! Fue también nuestro Partido el que lo sacó. ¡Pero qué vamos a ir a esa discusión! ¿Vale la pena hacerlo? Reitero que me parece totalmente fuera de lugar la intervención del señor Senador Michelini, que no hace al tema al que quiero ingresar y para el que he realizado toda esta narración de hechos. Me pregunta por qué sacamos a los Ministros; no voy a contestarle, porque ya hemos dado las razones al país a través de todos los medios de prensa. Si quiere enterarse que lea la prensa, que se ubique en el tema que estamos discutiendo, que es trascendente y ha generado una mayoría realmente excepcional.

He dicho que todos estos episodios pasados nos pueden haber dividido, nos han enfrentado y hemos discutido aquí airadamente. Personalmente, lo hago con pasión y convicción, como también lo hacen los demás señores Senadores. Creo que en esta instancia sería bueno que estuviéramos todos aunque, lamentablemente, no lo estamos. Aclaro que esta no es una alusión a ninguna fuerza política, porque me duelen prendas. Me importa decir que aquí estamos haciendo un esfuerzo para dar una señal de ayuda al país y al Gobierno para restablecer una confianza perdida. Entonces hoy, la pregunta sería ¿cómo podemos dar la mejor señal? Creo que esta es una señal histórica en un momento histórico para el país. Hemos sufrido la crisis más grande en muchos años y el señor Presidente habló de que era la peor en el siglo, en cien años; quizás él sepa mucho más que todos nosotros. Lo cierto es que todos somos conscientes de que hemos vivido una crisis muy grande y que es muy difícil salir de ella. Todos, quienes están y quienes no están en el Gobierno no quieren discutir un país en estado de crisis severa como la actual, porque todos aspiramos a que si somos Gobierno en el período futuro -a ello aspira el Partido Nacional- no nos encontremos con un país totalmente destruido por falta de entendimiento. Es lógico que tengamos nuestros enfrentamientos y distintos puntos de vista, pero no concebimos la destrucción del Uruguay porque ello va a condicionar también a quienes queremos generar y llevar adelante una serie de ideas que, a nuestro juicio, todavía no se han planteado en el Uruguay, o que no nos han dejado plantear.

Por razones diferentes, naturalmente, porque somos partidos diferentes, hoy llegamos a un punto de encuentro para dar una gran señal al Uruguay y -perdón por la creencia- también al mundo. En realidad, creo que el mundo mira muy poco al Uruguay, pero los pocos ojos que miran es importante que lo hagan viendo señales de madurez, de seriedad y tratando de salir a través de un esfuerzo conjunto. En mi opinión, el espíritu nacional a veces se refleja en estas instancias y a veces debatiendo duramente, pero este es el que tiene que prevalecer en instancias de suma gravedad como la que vive el Uruguay en estos tiempos.

Continuando con mi narración objetiva -por lo menos trato de que así sea- llegamos a la instancia de la suspensión de los Bancos. Creo que el señor Ministro Bensión -vuelvo a decirlo- no fue un mal Ministro, sino que se fue desgastando en esta situación y ya no estaba preparado para conducirla. Sin embargo, el actual Ministro Alejandro Atchugarry sí lo está, ya que demostró cintura y diálogo, algo que se había deteriorado con el Ministro anterior, no sé si por culpa de él, por nuestra culpa, por culpa de la sociedad o por culpa de la situación. Creo que todos estamos contestes en decir que el Ministro Bensión, en el momento en que dejó de serlo, había deteriorado su capacidad de diálogo, que era muy necesaria para salir adelante. En esa oportunidad asume el doctor Alejandro Atchugarry -ya lo conocemos y es amigo de muchos de nosotros- que es un Ministro que demostró tener esa capacidad de diálogo. Realmente, no creo que esta ley hubiera podido sacarla el contador Bensión, ni creo que él hubiera podido sobrevivir al feriado bancario porque había sido interpelado y cuestionado por sus socios, y el Partido Nacional no tuvo a lo largo de esta coalición y menos ahora, la posibilidad de contar con la debida información sobre la conducción económica. Este fue y es uno de los motivos de nuestro alejamiento y de la ruptura de la sociedad a la que nos comprometimos con la ciudadanía antes de la instancia del balotage.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- El señor Senador Gargano mociona para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 15 en 16. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Por lo tanto, señor Presidente, hoy me importa dar, sostener y defender esta solución acordada que, muy bien decía el señor Senador Gallinal, en su estructura jurídica no ha tenido cambios, aunque sí ha sufrido modificaciones sustanciales en diversos temas y mensajes, lo que creo que habla bien del proyecto de ley. Coincidí con ese razonamiento y creo que la frase que eligió el señor Senador Gallinal para decir en qué estábamos marca el espíritu de todos cuando hizo mención a dos queridos amigos como lo son los contadores Laffite y Bucheli cuando dicen que vale la pena intentarlo. ¿Qué es lo que estamos intentando, señor Presidente? Me importa hoy decirlo ¿qué es lo que se está intentando? ¿Sacar otro Banco del Estado a competir en el sistema financiero? No es eso lo que estamos intentando.

Mediante la creación de un nuevo Banco, tenemos la aspiración de generar confianza en el sistema, señor Presidente.

Quiero recordar una sesión de la Comisión de Hacienda a la que concurrieron dirigentes de AEBU, quienes dijeron que no estaban en esa solución -palabras más, palabras menos- por los 700 funcionarios a los que se les podía dar empleo en este nuevo Banco. Me pareció una muy buena reflexión por parte de su principal dirigente, el señor Ramos. Naturalmente, parece una buena señal emplear a cierta cantidad de los 1.700 ó 2.000 funcionarios que pueden quedar en la calle de un día para el otro; si a todos nos importa cuando un uruguayo queda en la calle, máxime teniendo en cuenta el nivel de desempleo que lamentablemente tenemos, ¡cuánto más nos importará que queden 2.000! Pero, como decía, me gustó el razonamiento que hizo el Sindicato en la Comisión, cuando dijo "lo que nos importa, más que los 700 empleos que pueda dar el Nuevo Banco Comercial, es la señal de confianza que pueda generar el devolver más de U$S 1.000:000.000", que están, como hoy día se dice hasta en los medios de prensa -y pido disculpas al Senado- en el "Colchon Bank", refiriéndose a los ahorros que están en el colchón, en los cofres o en el fondo de la casa. Creo, señor Presidente, que si generamos la confianza suficiente como para que vuelvan los ahorros de todos los que desconfiaron, podremos salir adelante.

Frente a esta instancia de querer dar un mensaje para que quienes desconfiaron vuelvan a confiar, cabe la pregunta de si el Estado podrá hacerlo mediante este instrumento. A mi juicio, este es el menos malo de los tres que teníamos, que eran liquidar y cerrar, adoptar la alternativa intermedia planteada por algunos ahorristas -que tuvo eco en mi sector político- que brindaba la posibilidad de que esto se hiciera en el Banco de la República con contabilidades separadas, y este tercero, que es por el que optamos.

Después de mucho debatir, teníamos que dar la mejor de las señales. Todos sabemos que la experiencia que hemos tenido históricamente en materia de liquidación y cierre de Bancos no es buena; hay algunos que todavía siguen liquidándose y han pasado más de 20 años. Entonces, cabe preguntarse si es bueno el prestigio que hemos tenido con las comisiones liquidadoras a lo largo de la historia uruguaya como para decir que en cuatro años podemos liquidar los activos y devolver lo máximo posible a los ahorristas. Esta fue una posibilidad que no descartó mi Partido. Naturalmente, nuestra propuesta no significaba liquidar y cerrar como se hizo en la década del sesenta, ni liquidar estos Bancos como se hizo en la década del 80 con el Banco de Italia. Se trataba de algo diferente; un planteamiento atendible, estudiable, analizable, y eso hizo mi Partido, sin descartar ninguna de las soluciones, aunque finalmente lo hicimos, porque en este momento también de mensajes se hace la confianza y, mal o bien, en el Uruguay existe una especie de temor a la liquidación y al cierre, pues en los ahorristas genera la convicción de que cobrarán poco y nada, en los funcionarios la idea de que desaparece la posibilidad o esperanza de ser retomados -porque muchos, lamentablemente, quedarán en situación de Seguro de Paro o tendrán un retiro anticipado- y los deudores creen que habrá estudios de abogados que rápidamente ejecutarán deudas que fueron pactadas a largo plazo, porque en la urgencia de tener que devolver a los ahorristas, los liquidadores saldrán a buscar el cobro de esos activos para pagar a los acreedores. Entonces, si bien dentro de mi Partido se analizaba otra figura aparte de las ya vistas, en términos generales la opinión pública percibía que ésta era una señal contraria a todos los actores involucrados: funcionarios, ahorristas y deudores.

(Ocupa la Presidencia el señor Luis Hierro López)

- Es así que después de razonarlo mucho y de estudiarlo como lo hicieron todos los Partidos, arribamos a esta solución, obviamente con dudas. ¿Quién puede asegurar? ¿Quién puede tener la bola de cristal como para decir que este va a ser un gran Banco y que mañana vamos a poder venderlo a una millonada? Nadie puede saberlo ni garantizarlo. Lo que sí podemos decir es que en este momento estamos dando la señal correcta de que el sistema político, por una amplísima mayoría, está respaldando este instrumento para devolver a los ahorristas lo máximo posible. En el proyecto de ley existen señales que lo dicen claramente, como la del ex artículo 20, que ahora es el 22, cuyo último inciso dice: "El Estado no realizará aporte de recursos adicionales en ninguna de estas situaciones". A mi entender, este proyecto de ley da una serie de señales que procuran regenerar la confianza perdida.

Creo que en una instancia de liquidación y cierre presupuestamos la desconfianza, le pasamos raya, la pagamos; en cambio, en esta circunstancia el Estado dice "yo voy a hacer un esfuerzo para restituir lo máximo posible a estos ahorristas". Y el esfuerzo lo está haciendo la sociedad en su conjunto, porque hay gente que está ayudando mediante este renunciamiento del Estado, gente que no siendo deudora ni ahorrista ni empleada bancaria, está ayudando a que la situación se recomponga. Algunos podrán decir que es injusto, pero a mí me parece que es un buen mensaje que da el país el que su sociedad haga el esfuerzo de devolver. No vamos a dejar librados a su suerte justamente a aquellos que, frente a la crisis, se mantuvieron hasta último momento confiando en la palabra del señor Presidente y del señor Ministro de la época en el sentido de que no retiraran sus ahorros, de que no aumentaran la desconfianza. Sería injusto, entonces, que no hiciéramos el esfuerzo o que tomáramos distancia de aquel que confió, que dejó sus ahorros, que apostó al país, que no dejó que lo llevara el temor -justificado, porque eran los ahorros de toda su vida- y los sacara del país.

Por eso, señor Presidente, creo que este artículo hace bien al hablar de los estafados del Banco Montevideo, incluyéndolos en la ley y dándoles una oportunidad, porque tampoco debe ser por aquí por donde se corte la piola, o sea, por el lado más delgado. No podemos decir "como fuiste estafado, embromate", "como creíste en el Estado y en sus mensajes, embromate", "si elegiste este Banco, fue tu elección; ahora se va a liquidar, embromate", y se terminó la historia.

No me parece que sea lo mejor, aunque técnicamente pueda ser una solución válida, a estudiar y reflexionar.

Lamentablemente, la instancia intermedia era llevar al Banco de la República, mediante contabilidades separadas, la posibilidad de realizar la liquidación, y no mediante la creación de un Banco nuevo. Y digo "lamentablemente", porque nadie quiere que esa sea la imagen del Banco de la República. Esta institución no ha generado su prestigio en base a la realización de sus propios activos. Lo hemos discutido con el Sindicato, con el señor Ministro y con los señores Legisladores, y hoy lo estuvimos comentando: la tradición del Banco de la República no ha sido cobrar Carteras, ya que desde el año 1980 no ha ejecutado y se trata de grandes deudores. Habrá razones y excusas para que esto haya sucedido, señor Presidente, pero la verdad es que repito que hay grandes deudores cuyas deudas están en poder del Banco Central del Uruguay desde antes del año 1985, y éste se las ha dado al Banco de la República Oriental del Uruguay para administrar y no lo ha logrado. Entonces, no creo que esta alternativa de contabilidades separadas dentro del Banco de la República para no generar un gasto en un nuevo Banco, pueda constituir una buena señal, porque reitero que su prestigio no descansa, precisamente, en cobrar las deudas que, lamentablemente, hace muchos años que algunos deudores han ido provocando a las instituciones y que no han tenido la posibilidad de cobrar. Esto no va contra la Administración ni contra los Directorios porque, a mi juicio, ellos no son los culpables de esta situación. La responsabilidad es otra y esto lo podremos analizar otro día con más detalle.

Lo que importa en este momento no es la discusión que podamos tener en este ámbito, sino el poder tener la mano levantada -ojalá que estén levantadas las manos de todos los que están aquí- reflejando un entendimiento que va más allá de los partidos políticos, que servirá para dar confianza en este nuevo instrumento, que es mejor que el del cierre o la liquidación, y menos malo que darle al Banco de la República, mediante contabilidades separadas, la posibilidad de realizar esa liquidación.

Como ya se ha dicho, el proyecto contiene una serie de capítulos nuevos. Entre las innovaciones está la posibilidad del seguro de desempleo -que a mi juicio es buena cosa- y ciertas potestades -algunas permanentes y otras coyunturales- que se le otorgan al Banco Central del Uruguay.

Deseo manifestar que coincidimos con el análisis pormenorizado que ha realizado el señor Senador Gallinal sobre este proyecto de ley, que refleja las razones por las cuales el Partido Nacional lo acompaña.

Señor Presidente: no tenemos la bola de cristal, pero creo que de los tres escenarios que he planteado, el mejor es el que estamos creando hoy. No va a ser el perfecto y no creo que tengamos la garantía de no equivocarnos. ¡Ojalá que en la vida política pudiéramos levantar la mano sabiendo que no nos equivocamos! Muchas veces, señor Senador Michelini, nos equivocamos en esta actividad, porque por suerte no somos seres especiales y no tenemos el don de saberlo, preverlo y adivinarlo todo; habrá alguno que se lo crea, pero no lo es.

Pienso que este es el mejor camino para el país y es la mejor señal que podemos dar en este momento. Por encima de las enormes diferencias que tenemos -que no las debemos traer en el día de hoy a esta sesión- por encima de todo, el sistema político uruguayo se ha puesto de acuerdo para votar este instrumento, casi por unanimidad, a fin de dárselo al Poder Ejecutivo para que vuelva a restablecer la confianza, que no será solamente en el sistema financiero, porque a partir de la confianza que el propio sistema político hoy está dando como mensaje fuerte y contundente en esta instancia de crisis y de desesperación -pero no de falta de esperanza, que en definitiva es lo que pretendemos lograr a partir de la sanción de esta ley- esperamos obtener una solución a esta situación.

Muchas gracias.

9) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de licencia que cobra vigencia a partir de las 24 horas.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Riesgo solicita licencia por el día 21 de diciembre."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 21 de diciembre de 2002.

Señor Presidente

de la Cámara de Senadores

Don Luis Hierro López.

Presente.

De mi mayor consideración.

Por la presente solicito a Usted licencia por el día 21 de diciembre, y en consecuencia, que se convoque a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.

Walter Riesgo, Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Continúa en ejercicio de la banca el señor Senador Dini.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Nin Novoa solicita licencia por el día 21 de diciembre."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 20 de diciembre de 2002.

Don Luis Hierro López

Presidente del Senado

Presente.

De mi consideración:

Por la presente solicito licencia por el día 21 de diciembre, por razones particulares.

Por ese motivo, solicito también se cite a mi suplente.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,

Rodolfo Nin Novoa, Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 16 en16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Continúa en ejercicio de la banca el señor Senador Tabaré González.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Garat solicita licencia por el día 21 de diciembre."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 19 de diciembre de 2002.

Sr. Presidente del Senado

Don Luis Hierro López

Presente.

De mi consideración:

Solicito que el Cuerpo me conceda licencia por el día sábado 21, por tener que atender asuntos personales imprescindibles.

Saludo a usted atentamente.

Carlos Garat, Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una nota de desistimiento.

(Se da de la siguiente:)

"El doctor Ambrosio Rodríguez comunica que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto".

- Corresponde convocar al doctor José Carlos Cardoso.

11) BANCOS CON ACTIVIDADES SUSPENDIDAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la consideración del tema, tiene la palabra el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: seguramente como a la mayoría de los que estamos aquí, no nos gusta estar en la situación en la que nos encontramos, tratando de votar una solución a un problema de extrema gravedad que vive el país.

Pienso que aquí el aporte sustancial para llegar a la conformación de este proyecto de ley, más allá del protagonismo que han tenido los partidos políticos, lo realizó de verdad la institución sindical, que fue la que aportó la idea matriz de la solución al tema de la banca suspendida.

A su vez, debemos señalar el comportamiento ejemplar de la gente que quedó atrapada en los Bancos suspendidos. Creo que su actitud no tiene precedentes en el país ni en la región; ha sido de serenidad, de movilizaciones y de discusión, muchas veces exaltada aquí en el Poder Legislativo, por el cual también voy a partir una lanza, porque este Parlamento al que en general se lo critica tanto desde los distintos ámbitos, es el lugar donde la gente viene normalmente a plantear sus cosas, porque sabe que de alguna manera es escuchada, y que desde aquí, bien, mal o medianamente, se trata de solucionar sus problemas. Esa gente se ha movido muy bien y, sobre todo, no ha transformado su protesta en un acto radical de contestación contra el sistema institucional, como ha ocurrido en otros países. Me parece que estas son cosas que hay que destacar desde el inicio.

Quiero decir que aunque esta ha sido una crisis tremendamente profunda y grave, al mismo tiempo significa una oportunidad, y yo espero que hayamos comenzado a recorrerla de la mejor manera posible, si bien no como lo hubiéramos deseado algunos, sí dando pasos en la dirección correcta.

El sistema financiero uruguayo, por lo menos desde 1982 hasta esta crisis, consumió más de U$S 2.500:000.000. Tengo aquí los datos aportados por Joaquín Etchevers, que trabaja en el área de asesoramiento de la Bancada parlamentaria del Encuentro Progresista, que dicen que los recursos otorgados en esta crisis a los bancos suspendidos alcanzaban, en el mes de setiembre, los U$S 1.463:000.000. La asistencia dada por el Banco Central suma U$S 1.173:000.000 y la dada por el Gobierno Central U$S 538:000.000. Los miembros del Senado saben la forma en que hemos cuestionado, porque consideramos que ha sido ilegal e inconstitucional, esta asistencia prestada por el Gobierno Central.

Digo, para que quede constancia de ello, que este dinero se recogió de los impuestos que financian el Presupuesto Nacional y tenían como destino, entre otros, la educación, la salud pública, la vivienda, la seguridad nacional, pero fue volcado hacia el área de la banca suspendida. Cuando digo "seguridad nacional" me refiero al mantenimiento de la seguridad interna por parte del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas, porque quiero abarcar todo el espectro, ya que todos estamos, de alguna manera, sufriendo las consecuencias de la crisis. Me parece bien que aquí no polemicemos sobre el conjunto de la crisis económica y de la situación social que vive el país ya que otros integrantes del Cuerpo se han referido a ello. Si bien creo que han habido circunstancias externas que agravaron la situación de recesión, tales como la devaluación del Brasil o la crisis argentina, no me parece bien -y no creo que sea para alegrarse- que se diga que el sistema financiero uruguayo tenía una fortaleza tremenda, por lo que no iba a caer; al final cayó, luego de haber perdido el 50% de los depósitos.

Creo que eso es una demostración de lo que se puede llamar una visión errónea, incluso, del manejo de la propia crisis. No se trata sólo de errores, sino de incompetencia en el manejo de la situación, porque podría no haberse llegado a estos extremos.

Cuando hablo de incompetencia me refiero también a lo que sucedió con el Banco Central, en cuanto a la supervisión que debe hacer del sistema financiero. Comparto lo que hoy expresaba el señor Senador Korzeniak, de que lo que ocurrió no se debió a la falta de normas o de disposiciones legales, sino que en realidad no hubo un seguimiento ajustado del funcionamiento del sistema financiero. Algunos jerarcas habían sido cuestionados desde el mismo momento en que asumieron la titularidad de algunas de esas empresas, y otros tenían antecedentes por haber perpetrado en el país, hace treinta años, actos como los que ahora reiteraron.

Si bien uno lo dice muy rápidamente, estamos hablando de U$S 1.463:000.000 de asistencia que prestaron el Banco Central y el Gobierno. Para tener una idea del volumen de los recursos que se evaporó, diré que esto equivale a tres años y medio del funcionamiento de todo el sistema de la enseñanza pública. Digo esto, haciendo referencia sólo a la asistencia; no hablo del dinero que han perdido los ahorristas. Estamos instrumentando algunas soluciones para que la gente recupere algo de su dinero, aunque va a perder plata. Esto hay que decirlo con claridad. Si bien es posible que algunos recuperen el 100% de sus ahorros con el transcurso de los años, muchos no los van a recuperar en su totalidad. El Gobierno tiene la esperanza de que un 30% de lo que invirtió en asistir al sistema financiera pueda ser recuperado; ¡ojalá así ocurra!

Personalmente, voy a votar favorablemente este proyecto, porque se trata de una resolución racional, pensada, articulada para dar respuesta a dos grandes problemas planteados por la crisis financiera: el de los ahorristas -había que tratar de recuperar algo de lo que habían perdido- y el de la gente comprometida dentro de las empresas uruguayas con estos Bancos. Desde el comienzo se nos dijo, ya en el mes de agosto, durante la interpelación al ex Ministro Bensión, que había 23.000 empresas que estaban ligadas, cruzadas, con el Banco de la República, que operaban con los Bancos Comercial, La Caja Obrera y Montevideo, en áreas donde muchas veces la banca extranjera no llega. En contactos mantenidos en el interior de la República, me he enterado de cómo se siente allí la ausencia de estas instituciones.

Por último, voy a hacer referencia al tema de los trabajadores del sistema financiero, que son los que están en medio de todo y que van a perder duramente; no sólo van a quedar sin sus puestos de trabajo, sino que además se ha articulado en el proyecto un mecanismo de Seguro de Desempleo que, en gran medida, está financiado por los propios ingresos de estos trabajadores, quienes van a perder parte de ellos para financiar la situación de sus compañeros que van al Seguro de Desempleo.

Me quiero detener solamente en uno de los aspectos de los mecanismos de defensa de los ahorristas. Concretamente, me refiero a la peculiaridad del robo perpetrado en los Bancos La Caja Obrera y Montevideo. Es una demostración de la incompetencia del Banco Central -lo digo con todo respeto- que operara en el Uruguay una empresa como el Trade Commercial Bank -sin estar autorizada, pero con el conocimiento de toda la "city"- y que no se pusiera coto a su actuación. Esto era responsabilidad del Banco Central. Personalmente, voy a votar algunas de estas disposiciones, porque creo que hay responsabilidad del Estado, ya que el Banco Central no hizo lo que debía. Nuestra fuerza política entiende que los depositantes cuyos dineros fueron trasladados sin su autorización deben ser considerados como ahorristas, ya que no dieron autorización para que sus depósitos cambiaran de destino y, por lo tanto, han sido estafados, también por culpa de quienes tenían que supervisar la actuación de los referidos Bancos. Me parece de estricta justicia que se les contemple y considero muy bien que se haya modificado la disposición en el sentido de que todos quienes vieron trasladados sus depósitos a las Islas Caymán, reciban el mismo tratamiento que los ahorristas. Sin embargo, hay que destacar que esto lo estamos pagando todos, que el pueblo uruguayo es el que va a pagar el dinero que se va a devolver. El otro se lo llevaron los que robaron el Banco Montevideo y el Banco La Caja Obrera.

También, me quiero ocupar de los derechos de los trabajadores. Aquí hay un planteo de Seguro de Paro. No quisiera que lo que voy a decir cayera en saco roto. Pienso que no hay posibilidad de hacer muchas modificaciones, pero pienso que, aunque el Seguro de Paro está bastante bien estructurado, tiene algunos defectos.

A continuación, voy a explicar la situación del sindicato, que comparto, en torno al Seguro de Desempleo y de los trabajadores bancarios.

A su vez, los trabajadores han expresado que van a participar, como dije con generosidad, en el financiamiento del seguro y, además, han planteado la creación de una bolsa de trabajo, que ellos llaman registro de trabajadores, con quienes van al Seguro de Paro, a efectos de que, con un mecanismo especial, a medida que se necesiten empleados bancarios, se tome de allí a los más capacitados, para que ingresen cubriendo las vacantes que se produzcan en el futuro en el sistema financiero. Sin embargo, esto último no aparece; en lo personal, creo que sería bueno que sí apareciera, ya que alimentaría durante 3 años la capacidad del gremio para seguir financiando ese Fondo que deben mantener para que se les pague a los que están en el Seguro de Paro y tengan un ingreso decoroso.

Por otro lado, hay otra disposición que me importa sustancialmente y que creo que se puede modificar aquí; es la que dice relación con que todo el sistema financiero esté sometido al Seguro de Paro. Creo que no se han explicado bien las razones por las cuales los trabajadores bancarios no están de acuerdo en que se incluya a todo el sistema financiero, sino únicamente a aquellos bancos que ingresen a una situación de suspensión de actividades o de liquidación. ¿Por qué? Se esgrimen dos razones que me parecen muy importantes: la primera es que si un banco que actúa en plaza manda a cien trabajadores al Seguro de Paro, al otro día habrá una corrida de depósitos en esa institución, en virtud de que está enviando una señal que indica que algo no funciona, que las cosas no van bien, y entonces se puede volver a producir una situación como la que está planteada; la segunda refiere a que el Seguro de Paro puede ser un mecanismo no aplicable a cien personas de una institución bancaria, pero sí a tres o a cuatro y, en general, puede ser una fuente de conflictos porque podría estar dirigido específicamente a aquellos empleados a los cuales la empresa no les tiene simpatía ni agrado porque, de pronto, desempeñan alguna labor en el campo sindical.

Me parece, señor Presidente, que este aspecto se puede corregir y que efectivamente puede ser importante que sólo funcione para las instituciones de intermediación financiera que se encuentran en situación de suspensión o de liquidación. Pienso que así debe ser por las razones de funcionamiento del sistema financiero que he indicado y por estas otras razones de carácter de política sindical.

También vamos a votar, porque la Mesa Política del Frente Amplio, la dirección del Encuentro Progresista y nuestra Bancada pusieron como condición para hacerlo, la creación de un Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios. Quiero decir que hace diez años que estamos planteando este tema. En esta materia en el Uruguay estamos muy atrasados, porque en Europa este requisito existe desde hace quince años. Incluso, en algunos países de América Latina, después del efecto "Tequila" en México, ya se instaló.

Por otro lado, muchas de las normas que recogimos en nuestro proyecto que presentamos hace veinte días, relacionadas con la creación de ese Fondo de Garantía de Depósitos, están inspiradas en esos antecedentes, ya que nadie inventa demasiado en el sistema financiero y casi todos recogemos la información que existe en el mundo. Creo que esto constituye un avance, y me parece importante aunque un poco tardío, porque estamos operando hacia el futuro. Si bien es un mecanismo importante que no tiene topes para su funcionamiento, considero que el Reglamento del Fondo tiene que establecerlos, especialmente para que los pequeños y medianos ahorristas tengan confianza en que van a ser auxiliados en caso de situaciones difíciles. De todas formas, creo que la existencia misma de esto es algo gravitante.

Por otra parte, quiero señalar que la existencia de las nuevas normas de control del sistema financiero y fortalecimiento del Banco Central son importantes y, en ese sentido, creo que se ha dado un paso hacia adelante porque son más severas. Debo decir aquí que en realidad me gustaban más las que estaban previstas en el proyecto original del Poder Ejecutivo que las que han quedado, porque eran más severas y duras. Se las ha objetado pero, de cualquier manera, queda algo de la arquitectura inicial que va a permitir que se pueda exigir a quienes están al frente del Banco Central, que actúen con mucha severidad en el control del sistema financiero.

Comparto alguna afirmación que se hizo en nuestra Bancada -no sé si lo dijo el señor Senador Korzeniak- en el sentido de que no basta con la ley severa, ni con el control que en ella está previsto, porque lo importante es que los que estén al frente de la institución utilicen los mecanismos. Si ya los tenían y se produjo lo que se produjo, ahora les estamos dando más armas para que puedan controlar mejor, pero también hay que vigilar quién está al frente y cómo actúa, para garantizar que esos instrumentos se utilicen.

Finalmente quiero decir, señor Presidente, que la fuerza política que represento presentó, simultáneamente con estos planteos referentes al Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios, a la no presencia de la Corporación Nacional para el Desarrollo -que está siendo investigada- en el manejo de la nueva institución financiera que se crea, a eliminar la fecha que se había incorporado para la futura privatización del banco, etcétera, algunas medidas de carácter general referentes a la situación económica y social del país. Quiero decir que desgraciadamente esos planteos que le fueron trasmitidos al señor Ministro Atchugarry no han recibido respuestas concretas y creo que, en alguna medida, se las ha tomado como que nosotros pretendíamos con esto -como dicen algunos compañeros- hacer un saludo a la bandera o vestir una decisión política. La prueba de que no lo hacíamos para vestir nada es que estamos votando este proyecto de ley a pesar de que no se han recogido esas propuestas. Sin embargo, vamos a seguir planteando esas inquietudes porque, en sustancia, señor Presidente, no es con esta ingeniería financiera -como dice la señora Senadora Arismendi- que vamos a sacar al país adelante. De alguna manera, podemos contener que se precipite una debacle mayor en el sistema financiero y devolver algo de confianza para que la gente siga utilizando dicho sistema, lo que es muy importante porque sin él no existe el comercio y no hay posibilidad de intercambio. Lo que también debe funcionar es el sistema económico, la actividad productiva, y nosotros como país creo que no estamos haciendo lo necesario para empujar una reactivación económica.

A propósito de esto he puesto algunos ejemplos. Hemos presentado un proyecto de ley para que todo lo que se recaude con destino a la construcción de viviendas se destine a ese fin. Me informaron que anteayer estuvo en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado de la República, el señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y dijo "No tenemos un peso; no hay absolutamente un peso". Desde que se fue el ex Ministro Chiruchi, poco o nada se ha destinado a ese rubro. Sin embargo, el Estado a través del Impuesto a las Retribuciones Personales recauda, con destino a la vivienda, una cifra que, en estos años de menor actividad, oscila en U$S 120:000.000. Además tiene la obligación de verter en una cuenta que se creó en el Presupuesto de 1995, perteneciente al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, los dineros que le descuenta a los pasivos para la vivienda. He explicado aquí que esos dineros el Ministerio de Economía y Finanzas los ha volcado en Letras de Tesorería. Evidentemente que éstas no se pueden usar ni cambiar porque si así fuera, el conjunto del equipo económico-en realidad iba a utilizar un vocablo más grueso- le cortaría las manos a quienes dispongan volcar en el mercado esas Letras de Tesorería que están depositadas en la cuenta.

Por otro lado, hubo algo que yo pretendo creer que fue dicho como una ironía por parte de un integrante del Gobierno, quien señaló "Menos mal que estaban en Letras de Tesorería porque así no las agarró el corralito". Esto figura en la versión taquigráfica de la Comisión, por lo que no estoy inventando nada. Me parece una barbaridad, como también me parece en cierto modo una perversión desde el punto de vista legal que ese dinero, en su totalidad, se destine a otros fines que no sea la construcción viviendas. Nada se va a poder resolver si no hay reactivación económica.

Cuando hablo de reactivación económica me refiero también a la situación de los deudores. Me parece que lo que se ha incluido en el proyecto de ley, a ese respecto, es absolutamente insuficiente. Este mediodía los trabajadores bancarios me señalaban que entre los endeudados en dólares hay 500.000 que deben menos de U$S 1.000. Por cierto, tenemos cifras del Banco de la República Oriental del Uruguay sobre el endeudamiento del sector agropecuario en donde la enorme mayoría del monto de esas deudas no supera los U$S 200.000. Fíjese, señor Presidente, que presentamos en ambas Cámaras un proyecto para gastar U$S 30:000.000 anuales para dar tres años de gracia como forma de ablandar la carga que tenía esa gente y no se hizo nada; sin embargo nos gastamos U$S 3.000:000.000 de las reservas defendiendo el sistema financiero.

En verdad, no creo que se pueda superar la situación de decenas de miles de productores rurales, de comerciantes y de pequeños y medianos industriales si efectivamente no se instrumenta una solución que los contemple. Pienso que de alguna manera tenemos que ayudar a que eso se concrete. Tal como señaló el señor Senador Núñez, no se trata solamente de ayudarlos a ellos, sino que también se contribuye con el mercado, porque actualmente las garantías que se están ejecutando a los productores, a los comerciantes y a los industriales se están malbaratando. Las casas no valen nada, los tractores no valen nada y las cosechadoras no valen nada; entonces cuando se van a remate los equipos de refrigeración que tienen las casas de comercio y sus propios muebles ya casi no tienen precio porque prácticamente se está regalando la mercadería que sale a remate. Esto implica una pérdida de bienes para el propio país y, por esa razón, también hay que contribuir para que esa gente salga adelante, gastando dinero -claro que sí porque esto va a tener un costo-, pero mayor va a ser el gasto si no se la auxilia.

Por estos motivos vamos a persistir con la instrumentación de estas medidas. En torno a los productores agropecuarios, la idea central que propusimos era que se detuvieran las ejecuciones y que se instalara una mesa de diálogo en el mes de enero para, el 1º de febrero, estar en condiciones de tener una respuesta articulada o, por lo menos, algo consensuado en el caso de que no se pudiera llegar a la solución legal que pretendíamos. Pero no salió y no hubo respuesta para eso.

Soy de la idea de que tenemos que encontrar una solución no a muy largo plazo. Precisamente se ha anunciado una medida de extrema gravedad por parte de los productores agropecuarios en el sentido de no enviar a partir del 15 de enero más ganado a los frigoríficos. Si se concreta esta medida como respuesta a la situación que están atravesando los productores, es de extrema gravedad y va a tener más costos finales para el país que el que tendría un programa de ayuda para resolver el endeudamiento.

Ahora bien, dicho esto, por las razones que han expuesto mis compañeros y las que he tratado de esbozar rápidamente, vamos a votar el proyecto de ley. No obstante, no creo que por aquí esté la solución a todos los problemas del país. En realidad, se trata de unas medidas destinadas a contener lo que puede ser una debacle mayor en el campo financiero y económico. Me hubiera gustado no tener la oportunidad de tratar este tema y que el país viviera en una situación distinta a la que ha vivido hasta ahora. A pesar de todo, creo que en nuestro país hay condiciones para salir adelante. No me convenzo de que un país que tiene 16:000.000 de hectáreas fértiles, que es uno de los mejor regados del mundo, que tiene un cuerpo de técnicos, de profesionales, de trabajadores y una masa humana educada y preparada para poder sacarlo adelante, tenga que seguir echando gente. Pienso que hay que buscar la forma de lograr un cambio profundo y que hay capacidad para ello. También es un horror que el "milagro" de modelo económico haya logrado que el 53% de la población esté sin trabajo estable y tenga problemas de empleo; y que haya un 25% de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza, sobre todo, en un país que produce alimentos. Se parece al "milagro" de la Argentina por el cual se consiguió que la mitad de la población se muera de hambre en un país que tiene la mayor riqueza del mundo.

Por supuesto, hay que terminar con esos "milagros" y empezar a reparar las cosas, tratando de gobernar con austeridad, impidiendo que se robe e invirtiendo en aquello que pueda dar la posibilidad de sacar el país adelante.

Muchas gracias.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: antes de que se pase a votar el proyecto de ley, quiero hacer uso de la palabra por dos o tres minutos. No me voy a referir a su contenido, que ya ha sido ampliamente analizado por los señores Senadores de todos los sectores, sino al hecho político que hemos venido protagonizando colectivamente desde hace varias semanas aquí en el Senado.

Quiero expresar mi sentimiento de satisfacción y de esperanza. Satisfacción porque hoy aquí en el Senado empieza a culminar una larga búsqueda que hicieron muchas personas durante el transcurso de cuatro meses para encontrar una salida a la situación de los llamados Bancos suspendidos. Siempre creímos que esa salida había que buscarla por una sencilla razón: estos Bancos no son sustituibles por la banca pública ni la privada transnacional. En ese sentido, pensábamos que era mejor encontrar una solución por la potencialidad del impacto negativo que hubiera tenido su liquidación, tal como fue detalladamente fundamentado en Sala por varios señores Senadores.

No pretendo ocultar que personalmente hubiera preferido ofertas concretas y buenas para el país a los efectos de reabrir estos Bancos, pero eso no se consiguió. Al no haberse conseguido esas ofertas que hubiera deseado, porque entiendo que esa era la mejor forma de resolver el problema, no tengo la menor duda de que el camino elegido es el preferido. Es por esta razón, en primer lugar, que quiero expresar mi satisfacción.

Por otro lado, quiero expresar también mi satisfacción pues, habiendo elegido el mejor camino, este es un excelente proyecto de ley, entre otras razones, porque propone con una enorme creatividad soluciones muy complejas.

Me parece que es hora de tener un reconocimiento para los excelentes profesionales del Banco Central del Uruguay que armaron esta propuesta; en particular, quiero mencionar al doctor Cajarville, factor fundamental en la elaboración de esta iniciativa, que puso su enorme solvencia profesional al servicio de esta solución, complementada luego con mucha eficacia en la labor posterior de análisis.

Quiero expresar mi satisfacción, asimismo, por lo que expresaba el señor Senador Heber en palabras que comparto totalmente. Muchas veces hemos señalado que los países en crisis, si además están divididos políticamente, necesitan buscar soluciones de unidad. Esto es un ejemplo notable de una solución de unidad que está siendo respaldada por todos los partidos políticos del Uruguay. Crean, señor Presidente y señor Senador Heber, que esta lectura va a ser prolijamente realizada también en el exterior. Precisamente hace un par de semanas hice una gira por los Estados Unidos y una de las preguntas que se reiteraba en los organismos multilaterales que hemos visitado refería a la reciente decisión del Partido Nacional como un motivo de preocupación acerca de la posible estabilidad del Gobierno de aquí en adelante.

Estoy absolutamente seguro de que esta decisión que hoy comienza a adoptar el Senado de la República, que luego tomará la Cámara de Representantes para tener una ley antes de fin de año va a ser un factor a favor del Uruguay en esos organismos. No tengo la menor duda de ello, con las repercusiones favorables que tendrá sobre las posibilidades financieras y comerciales del país en el exterior. Lo decimos pensando, sobre todo, en ese mercado enorme al que estamos pretendiendo acceder con mejores posibilidades para incrementar también los resultados que el país necesita urgentemente.

Por tanto, creo que hay que expresar satisfacción por las dos cosas que han hecho posible esta salida. En primer lugar, algo que reclamamos al Gobierno insistentemente con un análisis crítico, que se repitió una y otra vez: apertura y flexibilidad. Por otro lado, la responsabilidad de la oposición, que también supo estar a la altura de la hora en que vive el Uruguay y las exigencias de encontrar una solución de Estado que nos comprometa y nos involucre a todos.

Creo que el Gobierno, y en particular el señor Ministro de Economía y Finanzas como su representante, ha demostrado en todo este trámite del proyecto de ley una actitud que desearíamos se mantuviera. Si el Senado me permite, quiero hacer un reconocimiento también al doctor Alejandro Atchugarry, un Ministro muy diferente a todos los anteriores. Es cierto que es una persona de esta Casa y que, por tanto, tiene características que conocemos bien; sin embargo, podría tener esas características y no haber adoptado con tanta apertura y flexibilidad sus posturas al tratar este proyecto de ley complejo. Lo dice un Legislador que integra una fuerza cuyas propuestas sobre este proyecto de ley fueron aceptadas en un cien por cien. Entonces, después de haber criticado tantas veces la inflexibilidad, el no haber escuchado propuestas y la falta de diálogo, cuando se produce lo contrario quiero reconocerlo. En ese reconocimiento, en el que por supuesto están comprometidos todos los Legisladores del Gobierno, pienso que el señor Ministro de Economía y Finanzas, doctor Alejandro Atchugarry, ha jugado un papel absolutamente fundamental, que en lo que me es personal deseo reconocer expresamente.

Naturalmente, no voy a alabar a la oposición que integro, pero debo decir que también ha sido responsable y ha prestado su concurso a este proyecto de ley luego de un análisis apretado y exhaustivo, donde muchas veces hubo que realizar estudios en un escaso tiempo disponible. Al expresar esta satisfacción, también manifiesto mi deseo de que Gobierno y oposición mantengan esta actitud, que no implica renunciar a nuestras convicciones, sino que en el marco de las mismas y de las discrepancias que ello supone, buscar puntos de encuentro porque el país los va a necesitar, además de haber podido gestar un proyecto de ley de este tipo.

Se avecinan tiempos con dificultades. El señor Senador Couriel ha anunciado un año 2003 que va a ser difícil, particularmente en materia de compromisos financieros con el exterior. Ojalá que esas dificultades nos encuentren unidos sin renunciar, repito, a convicciones y mucho menos a principios y ni qué hablar de discrepancias, en la búsqueda generosa de soluciones para un país que, insisto, además de dividido políticamente -como tantas veces hemos dicho- en dos grandes bloques, necesita unidad para sortear los difíciles momentos que nos ha tocado vivir.

Si el Senado me permite, también deseo expresar mi satisfacción por el trabajo de la Comisión de Hacienda integrada con la de Constitución y Legislación, así como a todos los Legisladores que, sin integrarlas, estuvieron trabajando codo a codo con nosotros, Senadores y Diputados, para los que significó una especie de adelanto del trabajo que tendrán que realizar seguramente la semana próxima. Ese trabajo fue fundamental porque ahí se gestaron los acuerdos que permitieron llegar a esta solución colectiva final. Por ese motivo quiero recordarlo, así como también el trabajo de los funcionarios de la Secretaría de las Comisiones, que tuvieron que hacer su tarea contra reloj. Acabo de hacer una lectura final del proyecto de ley mientras se desarrollaba la sesión, y pude encontrar una cantidad despreciable de errores muy pequeños que seguramente vamos a corregir más adelante, lo cual habla de un nivel de eficiencia en el trabajo que también hay que destacar y agradecer.

Además de expresar satisfacción, deseo manifestar un sentimiento de esperanza en el sentido de que este proyecto, al ser sancionado y puesto en práctica como ley, confirme el proceso de estabilización bancaria iniciado con la ley del 4 de agosto el que por suerte, a mi juicio, tuvo éxito en su objetivo fundamental, que era preservar la estabilidad de la banca pública, especialmente la del Banco de la República Oriental del Uruguay, que afortunadamente hace dos meses está ganando depósitos. Como todos sabemos, tiene problemas de gestión, que serán motivo de análisis especial y de procesos de reestructura que habrá que realizar, pero el Banco está ganando depósitos y eso es absolutamente importante para que el proceso de estabilización continúe. Ojalá esta ley confirme ese proceso, avanzando desde el punto de vista de los problemas que quedan pendientes.

La otra esperanza que quiero compartir con el Senado es que, además de todo lo que significa este proyecto de ley desde el punto de vista financiero, sea un aporte muy importante, no sólo a la estabilización financiera, sino también a la reactivación productiva. Como se ha dicho acertadamente en Sala, si esta solución funciona -creo que va a funcionar y tengo esperanzas de que así sea; todos los aquí presentes haremos lo posible para confirmar esta esperanza-, el país va a poder restablecer de a poco condiciones de crédito que constituirán una herramienta, quizás no suficiente, pero sí imprescindible para apoyar financieramente los procesos de reactivación productiva, de creación de empleo y de resultados positivos para el país. No veamos solamente esta ley como una especie de ropa o de traje financiero; esta será también, si funciona, una ley productiva, de apoyo a la producción.

A través de estas pocas palabras quiero manifestar que no quería permanecer ajeno a las reflexiones que se han hecho por parte de los señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra, previamente a la votación en general de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: a modo de fundamento de voto adelantado, y en forma muy breve, quiero trasmitir la posición del Nuevo Espacio.

En primer lugar, tenemos un proyecto de ley que se nos presenta como una solución y que tiene algunos artículos muy buenos y otros que no lo son tanto, unos aceptables y otros que nos generan dudas, como el que crea el propio banco, que puede terminar siendo una comisión liquidadora carísima. Puede ser un banco que capte dinero y que, por lo tanto, tenga capacidad de préstamo o, si se maneja mal, puede ser un foco de clientelismo político, que tanto combatimos.

Sin embargo, lo más importante que tiene esta ley es el consenso que ha generado, al que queremos sumarnos. Si, al final, esto puede generar un elemento de confianza importante, creo que todos debemos hacer el esfuerzo para que así sea. Algunos lo hacen más convencidos y otros, como quien habla, con mayores dudas, pero en definitiva, todos respaldamos esa solución. Si el respaldo político que tiene la hace más exitosa, bienvenida sea.

Por último, quería trasmitir que, si bien es cierto que no es momento de polémicas, no todos somos responsables de lo que pasó y no es cierto que las cosas sólo vinieron de afuera. Naturalmente, hay responsabilidades acá adentro y cada vez que, con convicción y pasión, algún Legislador en esta Sala haga su propia evaluación, levantaremos nuestra voz para trasmitir, con firmeza y claridad, aquello de lo que estamos convencidos.

Por estas razones, señor Presidente, y con esa constancia final estamos apoyando este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

VARIOS SEÑORES SENADORES.- Que se rectifique la votación.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Formulo moción para que se siga el siguiente mecanismo. En primer lugar, que la Mesa consulte a cada Senador respecto a qué artículos quiere que se desglosen de una votación en bloque. La segunda propuesta sería, precisamente, que se voten en bloque todos los demás artículos. A su vez, propongo que a continuación se traten los aditivos que se han presentado.

Por último, solicito que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se ha solicitado que se rectifique la votación.

Se va a votar nuevamente el proyecto de ley en general.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar la moción formulada por el señor Senador Korzeniak.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Por lo tanto, la Mesa consulta a los miembros de la Comisión y a los coordinadores de Bancada, sobre cuáles son los artículos que desean votar separadamente.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Solicito que se desglosen los artículos 37 y 54.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA- Solicito que se desglosen los artículos 2, 6 y 7.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Solicito que se desglosen los artículos 5, 12, 30, 45, 60 y 61.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Solicito que se desglose el artículo 50, simplemente por una cuestión gramatical.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Solicito que se desglosen los artículos 32 Y 37.

SEÑOR PRESIDENTE.- El artículo 37 ya había sido solicitado.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Solicito que se desglose el artículo 51.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Solicito que se desglose el artículo 29.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito que se desglose el artículo 26. A su vez, propongo que aquellos artículos que han sido desglosados por razones gramaticales, sean corregidos y votados en bloque.

SEÑOR ASTORI- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Ese criterio no es posible, porque hay artículos en los que pesan los dos factores: el de fondo, y el de redacción. Por lo tanto, luego de desglosados los artículos, sugiero que se voten en bloque los restantes, como había propuesto el señor Senador Korzeniak y, luego, los analicemos por separado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a reiterar los artículos que se ha solicitado sean desglosados. Ellos son los artículos: 26, 29, 37, 54, 2, 6, 7, 5, 12, 30, 45, 60, 61, 50, 32 y 51.

En discusión particular.

En consideración los artículos del proyecto de ley, exceptuando los que se han desglosado.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: este artículo y algunos más que he señalado, en general, tienden a establecer alguna diferenciación con relación al sistema público bancario. Obviamente, estoy hablando del Banco de la República y también del Banco Hipotecario, aunque me interesa más el primero. Tengo la impresión de que a este banco se le ha subsumido en un sistema que no se justifica, porque es un ente autónomo de la misma categoría que el Banco Central y se le aplican normas constitucionales, por lo que no se justifican algunas disposiciones. La primera de ellas es el artículo 2º que se refiere a la tercerización de servicios por entidades controladas. El Banco de la República, como ente del Estado, trabaja dentro de una normativa muy clara en esta materia y sus responsabilidades como Ente Autónomo también están muy claras. Por lo tanto, propondríamos que en este artículo 2º, luego de: "requerirá autorización del Banco Central del Uruguay la contratación por las entidades" se agregue: "de derecho privado sometidas a su control...". Como he dicho, la diferencia -que no es poca, naturalmente- es que se hace referencia a entidades de derecho privado, dejando marginados al Banco de la República y al Banco Hipotecario, por su condición de Entes Autónomos.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- En realidad, la propuesta no agrega nada al artículo tal como está. La disposición se refiere a entidades sometidas al control del Banco Central y el Banco de la República, por disposición constitucional, así como el Banco Hipotecario y el Banco de Seguros, por ser Entes Autónomos, están sometidos al control del Poder Ejecutivo y no del Banco Central. Si se quiere hacer el agregado, no tengo inconvenientes, pero la disposición ya alude, claramente, a la contratación por entidades sometidas a control del Banco Central.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- No controvierto las manifestaciones aquí formuladas en cuanto a que el Banco de la República y el Banco Hipotecario son empresas del Estado, Entes Autónomos y, por lo tanto, de acuerdo a la Constitución de la República, están sometidos al control del Poder Ejecutivo. No obstante ello, quiero mencionar que en el artículo 6º de este proyecto de ley se le reconoce al Banco Central del Uruguay la potestad de dictar normas generales e instrucciones particulares relacionadas con las instituciones estatales. En el caso de violarse esas normas generales o instrucciones dictadas por el Banco Central, se establece la facultad de éste de comunicarlo al Poder Ejecutivo a los efectos que corresponda. Me parece que es lógico que así sea, porque estamos hablando del sistema financiero en general, que está compuesto tanto por las empresas públicas estatales como por las empresas privadas. En tal sentido, todas ellas están sometidas a las normas generales e instrucciones que dicte el Banco Central del Uruguay, como tiene que ser.

Por lo tanto, a nuestro modo de ver, este artículo 2º debería referirse de manera general a las entidades sometidas al control del Banco Central del Uruguay, sin perjuicio de no violar las facultades o potestades de control sobre las empresas estatales que le corresponden al Poder Ejecutivo. De manera tal que nos inclinamos a mantener el artículo como está y el Banco Central del Uruguay dictará las normas e instrucciones que correspondan a las entidades sometidas a su control.

Con respecto a la última parte del inciso primero, cuando dice que el Banco Central del Uruguay podrá enumerar reglamentariamente, en forma no taxativa, servicios comprendidos en esta previsión, me parece que, de darse esta facultad al Banco Central del Uruguay para hacer esa enumeración, la misma debería ser taxativa, porque no tendría mayor sentido dejarla de esta manera. Por lo tanto, propongo que se elimine la palabra "no", de modo que la enumeración sea taxativa.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BRAUSE.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Cuando leí esta disposición, la entendí en el sentido de que el Banco Central puede tener que agregar nuevos elementos de carácter tecnológico, de procedimiento bancario, etcétera, porque no hacemos todos los días modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y no vamos a hacer una nueva ley para autorizarlo a hacer determinada cosa. Por lo tanto, creo que la redacción, tal como está planteada, es correcta.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Brause.

SEÑOR BRAUSE.- Lo que hace esta norma es facultar al Banco Central del Uruguay a enumerar taxativamente aquellos servicios comprendidos en esta previsión de manera tal que la norma, de aprobarse, quedara como un texto vigente. Dentro de esa facultad, el Banco Central dictará normas reglamentarias a fin de comprender los servicios que en ese momento o en el futuro estime necesario incorporar. De manera tal que es una facultad permanente, que el Banco Central podrá ir utilizando a medida que lo entienda necesario, es decir que no hay necesidad de dictar una nueva ley en el futuro. Lo que sí me parece de rigor es que, cuando el Banco Central dicte la reglamentación, la misma enumere en forma taxativa aquellos servicios comprendidos, porque insisto: hacerlo de manera no taxativa no tiene razón de ser desde el punto de vista de las facultades que estamos dando en este momento al Banco Central del Uruguay.

En definitiva, la facultad es permanente, luego el Banco Central irá dictando reglamentaciones a medida que lo entienda conveniente y, en cada una de ellas, los servicios comprendidos son taxativos.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa exhorta cordialmente a los señores Senadores a no intervenir dos veces en la discusión particular de un artículo, porque eso puede alargar mucho el debate.

Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- El señor Senador Brause señalaba que el artículo 6º implicaría una oposición a lo que estamos pidiendo con relación al 2º; justamente, por eso pedimos incluir también el artículo 6º. Aquí hay algo que tenemos que decidir, y deberemos hacerlo en la votación: o el Banco de la República tiene potestades que le son propias y el Banco Central no puede invadirlas -por más que nosotros tratemos que lo haga- con todo el trasfondo del carácter de Ente Autónomo o, además, establezcamos que el Banco Central puede dictar normas aplicables al Banco de la República. Agrego finalmente, señor Presidente, que todos sabemos perfectamente que si el Banco de la República no alcanza de por sí el cumplimiento de normas como las que el Banco Central le pudiere dar, entonces no va a marchar el Banco de la República, ni el Banco Central, ni el país. De manera que lo mejor es dejar que el Banco de la República se maneje de acuerdo con sus propios criterios. No podemos tratarlo como banca privada, porque no lo es. Se me dice que ya está controlado; pero, entonces, vamos a poner que no sea de derecho privado, por las dudas, para no tener mañana un conflicto de competencias en virtud del cual el Banco Central invoque el artículo 2º y el Banco de la República invoque otra disposición. Lo que queremos tener es claridad. Si el Senado desea que la ley contenga una superintendencia en la materia por parte del Banco Central, puede quedar el artículo como está, pero si desea que el Banco de la República tenga en esta materia su propia capacidad de decidir -cosa que me parece necesaria- entonces, lo correcto es que el artículo establezca que las facultades son sobre aquellas entidades de derecho privado.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Sobre este artículo se han planteado dos propuestas. Me voy a referir, en primer lugar, a la que hizo el señor Senador García Costa.

Nosotros somos partidarios de la propuesta del señor Senador Brause de mantener la redacción del artículo tal como está, no distinguiendo entre banca pública y banca privada. ¿Por qué? Porque es cierto que el Banco de la República, el Banco Hipotecario y los demás Entes Autónomos dependen del Poder Ejecutivo, como está claramente establecido en la Carta Magna, y su dependencia es muy clara en materia de responsabilidades y de comunicación de sus actos. Pero lo que aquí se pretende es que en materia de intermediación financiera, aun tratándose de entidades públicas, estén reguladas por el Banco de bancos, que es el Banco Central. Eso es a lo que alude este artículo al no distinguir entre entidades públicas y privadas.

Por otro lado, quiero decir que me parece una incongruencia del Partido Nacional, que hace unos pocos días, en oportunidad de discutirse la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay, sostuvo que una de las modificaciones más importantes que se introducía a dicha Carta Orgánica era que debía ajustarse a las normas bancocentralistas en materia de intermediación financiera. Por mi parte, me parece que confundir la dependencia orgánica y la responsabilidad de comunicación a través del Poder Ejecutivo con la materia propia del Banco Central, que es la financiera, no es conveniente. Además, pienso que no se puede tener un criterio para el Banco Hipotecario -como el que se tuvo hace muy pocos días, reitero- en el sentido de aplicar las normas bancocentralistas, incluso en la Carta Orgánica, y otro para el Banco de la República Oriental del Uruguay, pretendiéndose que no esté sometido al Banco Central cuando se trata de controles respecto de su actividad como entidad de intermediación financiera.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: para comenzar, digo que si vamos a hablar de incongruencias, entonces nos quedamos acá toda la noche. Por mi parte, preferiría que se trataran de explicar las distintas posiciones con otra visión que no sea precisamente ésa.

Este tema fue largamente discutido en el seno de la Comisión, y creo que para bien, porque la versión taquigráfica, tanto de la Comisión como del Senado -seguramente mucho más lo hará la de la Comisión, porque allí se discutió cada uno de los artículos- va a ilustrar la aplicación de todas estas normas en el futuro. Creo que habíamos convenido que debíamos hacer un análisis de la actuación del Banco de la República en dos dimensiones. Por un lado, como Ente Autónomo -que sin duda lo es- cuya organización institucional y la forma en que se elige a sus Directores, el relacionamiento con los funcionarios, la calidad de funcionarios públicos de éstos, etcétera, sin duda no se rigen por lo que al efecto disponga el Banco Central, sino por lo que establecen la Constitución de la República y las leyes. En relación con estos temas, hay una jerarquía institucional de similar dimensión entre uno y otro Ente Autónomo. Por otro lado, debemos estudiar la actuación de esta Institución como Banco, pues cuando ejerce sus funciones como tal, lo hace sometido a las mismas condiciones en que están las demás instituciones de intermediación financiera. Creo que eso es lo que ayuda a dar luz a este artículo 2º. Es evidente que en el futuro el Banco de la República Oriental del Uruguay está la posibilidad de tercerizar servicios, básicamente en materia de informática, que son los que más preocupan; en ese caso, deberá existir alguna suerte de contralor sobre esos servicios.

Finalmente, quiero señalar que en el informe que sobre el artículo 2º nos hizo llegar el doctor Gonzalo Aguirre, se pronuncia en el mismo sentido de lo que ha solicitado el señor Senador Brause. El doctor Aguirre expresa que la reglamentación que esta norma dispone debiera ser taxativa, y agrega que debería ser dictada por el Poder Ejecutivo a propuesta del Banco Central, y no como dice allí, definida por el Banco Central. De todas formas, me da la impresión de que la referencia a lo que debe definir el Banco Central no es la reglamentación de la ley, sino la reglamentación interna para la aplicación de lo que impone la ley. Pero, en todo caso, el doctor Aguirre coincide en que debe ser de carácter taxativo.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: con el enorme respeto que me merecen todas las opiniones aquí vertidas y las de los doctrinos que se han expedido en esta materia, quiero aportar el conocimiento de este tema vivido desde adentro del Banco Central, desde el día en que fue creado hasta hoy.

Personalmente, no creo que aquí podamos determinar si el Banco tiene o no facultades de control sobre el Banco de la República Oriental del Uruguay. En realidad, se trata de una "pelea" -dicho esto entre comillas- que se gestó desde la creación del Banco Central y que continúa hasta hoy. ¿Cuál es la solución que se dio en un acuerdo de las Salas de Abogados de ambas Instituciones? La que figura en este proyecto de ley, es decir, por un lado el Banco Central observa y controla al Banco de la República y, por otro, si encuentra algo que está mal, da cuenta al Poder Ejecutivo para no violar la Constitución, que establece que el control sobre los Entes Autónomos lo tiene dicho Poder del Estado. Eso es lo que aquí figura, y por eso el señor Senador Brause explicaba que en el artículo 6º, cuando se habla de instituciones estatales, se dice: "El Banco Central del Uruguay pondrá en conocimiento del Poder Ejecutivo las infracciones a las leyes y decretos"; lo mismo sucede si encuentra alguna infracción a un reglamento del Banco Central. Por eso me inclino decididamente por la tesis de no excluir expresamente al Banco de la República Oriental del Uruguay, porque sería como intentar terminar de solucionar -en un tema que no estamos pretendiendo solucionar- una controversia que seguirá, por razones explicables con sentido de la realidad. Esa controversia existió y existe.

Con respecto al tema de si los reglamentos que el Banco Central puede ir dictando deben ser con situaciones taxativas o no, creo que debería adoptarse una salida práctica. Es decir, donde dice "podrá enumerar reglamentariamente, en forma no taxativa, servicios comprendidos en esta previsión", propongo que saquemos la expresión "en forma no taxativa". Pero tampoco pongamos "en forma taxativa". En general, los abogados siempre han discutido potestades del Banco Central, que en todo el mundo son iguales, diciendo que no hay garantías, porque eso es lo que pide el distinguido colega, doctor Gonzalo Aguirre, al exigir que esta enumeración sea en forma taxativa.

Pero por otro lado, cuando al Banco Central no le gusta algo que está mal o que viola un reglamento -la persona puede decir que como no estaba en el reglamento, no le puede decir que no y le tiene que dar la autorización- tiene otras habilitaciones o instrucciones particulares. Lo dice la ley: "Dictar cuestiones generales e instrucciones particulares."

Entonces, creo que si eliminamos la expresión "en forma no taxativa" pero no establecemos que sea en forma taxativa, queda todo resuelto. ¿Dónde está la falta de garantía de que no sea taxativa? En ningún lado. Dictó un reglamento, apareció una tercerización y el Banco Central dice que esto viola porque es inherente a la actividad bancaria. Entonces, le dice que no. El otro, por su parte, responde que reglamentariamente ya se había expedido y no puede dictar un reglamento a posteriori. Luego, el Banco Central dice que va a dictar una instrucción particular, lo que puede hacer por ley.

En definitiva, creo que si eliminamos esa expresión, se acaba la discusión. Creo que sobre temas que están muy trillados a nivel práctico entre los dos Bancos, estamos "sutilizando" tanto que podemos dar lugar a una discusión muy extensa.

Este es el aporte que quería hacer, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en primer lugar si el Senado acepta la propuesta del señor Senador García Costa, en el sentido de establecer: "las entidades de Derecho Privado sometidas", etcétera.

(Se vota:)

- 4 en 27. Negativa.

En segundo término, corresponde votar la propuesta del señor Senador Brause en el sentido de que la cláusula final del primer inciso diga "en forma taxativa".

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Me da la impresión de que el señor Senador Brause aceptaba la propuesta del señor Senador Korzeniak. Entonces, debería establecerse lo siguiente: "podrá enumerar reglamentariamente servicios comprendidos en esta previsión".

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Le asentí con la cabeza porque el razonamiento me parecía razonable, pero para despejar todo tipo de duda me inclino por quitar el "no", de tal forma que insisto con la expresión "en forma taxativa". Comprendo el razonamiento del señor Senador Korzeniak, pero preferiría mantener la redacción como la sugerí.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción del señor Senador Brause en el sentido de que la cláusula final diga: "en forma taxativa servicios comprendidos en esta previsión."

(Se vota:)

-16 en 28. Afirmativa.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- El artículo 2º no se votó. Se votó cómo se iba a redactar esta parte, pero no el artículo. Además, me parece que deberíamos haber puesto primero a votación el texto de la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene razón el señor Senador Michelini.

Se va votar el artículo 2º con la nueva redacción introducida por el Senado, que propone la supresión del "no".

(Se vota:)

- 27 en 28. Afirmativa.

El artículo 3º no estaba desglosado, pero al argumentar sobre el artículo 2º, el señor Senador Gallinal hizo una referencia a él. Lo cierto es que lo habíamos votado como parte de un bloque, por lo que corresponde decidir si se lo reconsidera.

Se va a votar si se pasa a considerar nuevamente el artículo 3º.

(Se vota:)

- 27 en 28. Afirmativa.

Está nuevamente en consideración el artículo 3º.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Aquí sí habría que incluir el término "privadas" y decir: "La aplicación de una sanción o cualquier otra medida lesiva a los empleados de empresas de intermediación financiera de carácter privado" o, de lo contrario, "empresas privadas de intermediación financiera". Con esto quedaría salvado el problema.

SEÑOR GONZÁLEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador González.

SEÑOR GONZÁLEZ.- Yo no estoy de acuerdo con esa discriminación, porque parecería como que se estimulara a que en un lado se omita la información de irregularidades. Creo que la que está planteada en el artículo 3º es una norma sana en cuanto a que preserva el derecho y la obligación de todo funcionario y le da garantías para que no ocurra esa circunstancia de omitir la denuncia de irregularidad.

En ese aspecto considero que la redacción debería quedar como está.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: nosotros también somos partidarios de mantener esta disposición tal como viene aprobada por la Comisión, dado que entendemos que puede aplicarse perfectamente -y es aplicable perfectamente- a empresas de intermediación financiera tanto públicas como privadas. En definitiva, un funcionario del Banco de la República o del Banco Hipotecario que denuncie al Banco Central irregularidades o infracciones a las leyes o reglamentos que están cometiendo esas instituciones, eventualmente podría ser sancionado con la autonomía que tiene el Banco de la República o el Banco Hipotecario, pero esto no sería posible.

Entonces, pienso que hay que mantener esta disposición porque protege a los funcionarios que puedan denunciar estas situaciones ante el Banco Central y creo que contribuye en buena medida a la transparencia de la gestión de intermediación financiera y bancaria en el Uruguay, que tanta importancia tiene.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- En definitiva no voy a hacer mayor cuestión; sigamos adelante.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Simplemente quiero decir que eso alteraría totalmente el equilibrio de un artículo que fue modificado en Comisión para resaltar el hecho de la garantía para los empleados, a fin de que cumplan con el deber de informar. Entonces, si introducimos una modificación de ese tipo, complicamos toda la arquitectura del artículo, que ahora se basa en la defensa del derecho que tienen los trabajadores que cumplen con el deber de informar.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Deseo aclarar cuál es la filosofía y la finalidad de esta disposición. El artículo 3º establece que si una empresa de intermediación financiera pública o privada sanciona a uno o varios empleados por el hecho de haber informado al Banco Central que dichas entidades habían violado normas dictadas por este, el mismo Banco Central puede sancionar a esas entidades públicas o privadas. Ese es el objetivo; se trata de la defensa del deber que tienen los funcionarios de las empresas de intermediación financiera públicas o privadas de informar las violaciones a las leyes, reglamentos y circulares del Banco Central.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 6º tal como vino de la Comisión.

(Se vota:)

- 26 en 27. Afirmativa.

SEÑOR HERRERA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HERRERA.- Señor Presidente: no voy a reiterar los argumentos que di en Comisión pero sigo sosteniendo que este artículo debería aplicarse exclusivamente al personal superior de las instituciones bancarias.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 5º.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: quiero dejar una breve constancia sobre todo a los efectos de la versión taquigráfica, para que resulte aclaratoria cuando se trate en la Cámara de Representantes. Tal como fue armado físicamente el literal c) en el repartido que tenemos, parecería que el tercero, cuarto y quinto inciso no formaran parte del mismo por razones de impresión. Sin embargo los incisos tercero, cuarto y quinto del literal c) forman un conjunto de normas. Eso debe quedar muy claro porque se está modificando el artículo 16 del Decreto-ley Nº 15.322.

Por lo tanto dejo la constancia que todos los incisos que están bajo la denominación literal c), forman parte del mismo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 5º.

(Se vota:)

- 27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 6º.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: ya expliqué el motivo por el que solicité el desglose de esta disposición, pero el Senado se ha pronunciado por la preeminencia del Banco Central sobre el Banco de la República en todos los órdenes y también en los que involucra este artículo 6º. Va a ser difícil armonizar la Constitución con esta ley, pero de eso se encargarán los abogados.

En definitiva, no viene al caso que proponga un cambio de criterio cuando ya lo estableció el Senado.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Señor Presidente: efectivamente ya se ha explicado cuál es el alcance de esta norma. Quizás poniendo un ejemplo para que quede constancia en la versión taquigráfica se pueda ilustrar mejor el objetivo que se persigue. El señor Senador Gallinal explicó con claridad que a través de estas normas no se modifica lo que dispone la Constitución de la República y las leyes, sobre todo la Carta Orgánica del Banco de la República, las que naturalmente no pueden ser modificadas por disposiciones del Banco Central del Uruguay. También debe quedar claro que esta es la institución que vela por todo el sistema financiero -así lo dice su Carta Orgánica- y por lo tanto dicta circulares e instrucciones, por ejemplo en materia de encaje, de clasificación de cuentas, etcétera. Se trata de disposiciones que comprenden a todo el sistema financiero y, obviamente, también al Banco de la República Oriental del Uruguay. Cuando se constate una infracción por el hecho de que no se cumpla con la norma de encaje o las clasificaciones de deudores, el Banco Central puede acudir a esta disposición, poniendo en conocimiento del Poder Ejecutivo las infracciones que cometa el Banco de la República Oriental del Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 6º.

(Se vota:)

- 23 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 7º.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: quiero dejar una constancia. No debemos olvidar que en este artículo también se incluye -sé que el Senado va a aceptar que el Banco Central disponga las sanciones- a los funcionarios públicos, quienes a su vez están comprendidos en el Capítulo II, más precisamente en los artículos 160 a 165 del Código Penal, que son los que consignan los delitos que los mismos puedan cometer. Aquí creamos otra categoría que va a estar a cargo del Banco Central. Entonces, los funcionarios del Banco de la República Oriental del Uruguay y del Banco Hipotecario del Uruguay van a soportar esta doble carga, pero parece que el tema ya fue aclarado por el Senado en votaciones previas.

De cualquier manera, quería dejar esta constancia puesto que a mi juicio debería referir solamente a las empresas de intermediación financiera privadas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7º.

(Se vota:)

- 24 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 12.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: simplemente se trata de dos pequeñas modificaciones.

En el literal a), donde se detallan los contenidos de las acciones de las cooperativas se señala "el nombre acción con interés". Es muy confusa la expresión y por lo tanto debería decir, entre comillas, "acción con interés".

Por otra parte en el literal i) debe decir "correspondiere" en lugar de "correspondiente".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 12.

(Se vota:)

- 26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 26.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Solicité el desglose de este artículo porque lo voy a votar en contra. Como la discusión ya se realizó en la Comisión, las constancias ya están formuladas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 26.

(Se vota:)

- 26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 29.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- El artículo 29 establece una suerte de ayuda y da facilidades a los deudores de los bancos, fijando plazo y cancelación con bonos soberanos tomados a su valor nominal. Como me encuentro comprendido en esta disposición porque tengo deudas con bancos suspendidos, solicité su desglose para poder retirarme de Sala cuando se realice la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador Korzeniak ha presentado una moción para que se autorice, de acuerdo con el Reglamento del Senado, al señor Senador Heber a participar del debate y la votación del artículo correspondiente.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 26. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 29.

(Se vota:)

- 25 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 30.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- En este artículo se ha propuesto modificar la primera palabra de la segunda línea del segundo inciso, ya que dice "ya" y debe decir "y a".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 30 con la modificación propuesta por el señor Senador Astori.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 32.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Con respecto a este artículo, proponemos una modificación de su inciso segundo y creo que el texto sustitutivo ya fue repartido. Ya habíamos conversado sobre esto con los señores Senadores Korzeniak y Brause y responde a una solicitud del señor Ministro de Economía y Finanzas, que entendemos se corresponde con la estructura orgánica de la ley en la materia y, en consecuencia, recomendamos al Cuerpo la aprobación de esta modificación.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Estamos de acuerdo con el planteo realizado con el señor Senador Gallinal. El texto ha sido repartido y se dice expresamente que se sustituye el inciso segundo del artículo 32.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Creo que con las modificaciones propuestas el artículo queda mejorado porque, por la materia de que se trata, es mejor que el Poder Ejecutivo pueda delegar o encomendar a la Superintendencia del Banco Central. Ese es el único cambio que se realiza.

SEÑOR GONZALEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GONZALEZ.- En mi opinión, cuando dice "el cumplimiento de similares cometidos", lejos de aclarar confunde el centro de lo que este inciso contiene, que es "la tenencia, custodia y gestión de las acciones de la referida sociedad". Personalmente, creo que quedaría más expreso el sentido de lo que aquí se plantea si quitáramos la expresión "el cumplimiento de similares cometidos". Inclusive, no lo entiendo desde el punto de vista gramatical.

SEÑOR BRAUSE.- Estoy de acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consecuencia, el segundo inciso queda redactado de la siguiente manera: " Cométese al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, con facultad de encomendar a la Superintendencia de Protección del Ahorro Público, la tenencia, custodia y gestión de las acciones de la referida sociedad".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 32, con las modificaciones propuestas.

(Se vota: )

- 27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 37.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- La Bancada del Encuentro Progresista decidió en el día de hoy proponer en Comisión que este artículo se votara por separado y en otro proyecto de ley. En ese momento esta propuesta no fue aceptada, pero la presentamos ahora como una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde votar el artículo 37 tal como fue aprobado en Comisión y si la votación es afirmativa, no consideraríamos la moción del señor Senador Núñez.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- En este artículo que refiere expresamente al Banco de Crédito se establece la participación por parte del Banco Central en el capital del mismo hasta un límite equivalente a U$S 33:500.000. En la actualidad se dispone de los balances del Banco, que son hasta el 30 de junio y, naturalmente, para concretar la transferencia del mismo, como es de público conocimiento, se requiere necesariamente de la participación de esa cifra por parte del Banco Central. Desde entonces ha transcurrido cierto tiempo y, sin duda, los activos de este Banco han tenido y tendrán que sufrir nuevos castigos y, por lo tanto, aumento de previsiones, lo que disminuye su patrimonio. Por lo tanto, según los cálculos realizados posteriormente por el Banco Central del Uruguay, para facilitar y para que finalmente se pueda arribar a un acuerdo, esta participación de la norma legal le autoriza al Banco Central ampliarse hasta U$S 9:000.000, en el caso de que en el momento en que proceda al acuerdo o convenio con quienes se está negociando, sea necesario aumentar la previsión por activos. Por todo esto, sugiero que en el inciso primero, después de los "U$S 33:500.000", se agregue una frase que diga que esta participación podrá ampliarse hasta en U$S 9:000.000, para el caso de que hubiera que aumentar la previsión de los activos del Banco.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Quiero aclarar que estos U$S 9:000.000 más que se plantean por parte del Poder Ejecutivo están vinculados al cálculo de pérdidas actual que es de U$S 18:000.000. Como se recordará, el 51% de la responsabilidad patrimonial del Banco de Crédito es del Estado y el 49%, del grupo minoritario.

Evidentemente, cuando en el artículo se habla de U$S 33:500.000, la pérdida patrimonial es de casi el doble en virtud de que el Grupo Moon minoritario asume su cuotaparte, que es más o menos el equivalente, ya que tiene el 49%. Por tanto, esta presentación o pedido del Ministerio de Economía y Finanzas es sustancial, en la medida en que la apertura del Banco de Crédito está asegurada, puesto que hay un planteamiento de capitalización adecuado; sin embargo, se tienen que generar estas condiciones vinculadas con pérdidas que se produjeron con anterioridad. Quiere decir que la capitalización está basada en el equilibrio del punto cero de los dos socios: el Estado y el Grupo Moon minoritario. Por ese motivo esta partida de U$S 9:000.000 tiene otra contrapartida de la misma cantidad aproximadamente que debe aportar el Grupo Moon minoritario en la negociación que se está llevando a cabo con el Banco Central.

SEÑOR GARGANO.- Solicito que se vote el artículo.

SEÑOR KORZENIAK.- Sí, señor Presidente, que se vote.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de pasar a votarlo, se va a dar lectura por Secretaría con la redacción propuesta por el señor Brause.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Personalmente, no sé qué estamos votando.

SEÑOR PRESIDENTE.- Por ese motivo, vamos a dar lectura al texto.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: solicitamos que primero se vote el artículo con la redacción que viene de la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Eso es lo que corresponde y alcanza con que el señor Senador lo solicite.

Se va a votar el artículo 37 con la redacción aprobada por la Comisión.

(Se vota:)

- 4 en 26. Negativa.

Léase el artículo con la redacción propuesta por el señor Senador Brause.

(Se lee:)

"Artículo 37.- En caso de que el Banco Central del Uruguay levante la suspensión de actividades del Banco de Crédito, facúltase al Estado a aplicar a la absorción del patrimonio negativo de dicho Banco, su participación en el capital de este último y los créditos resultantes de los préstamos que realizó la Corporación Nacional para el Desarrollo al Banco de Crédito, con fondos que el Poder Ejecutivo prestó a la Corporación Nacional para el Desarrollo con esa finalidad (Resoluciones del Poder Ejecutivo de fechas 24 de junio de 2002 y 4 de julio de 2002), hasta la suma equivalente a U$S 33:500.000 (treinta y tres millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América). Esta participación podrá ampliarse hasta en U$S 9:000.000 (nueve millones de dólares de los Estados Unidos de América), en caso de que hubiere que aumentar la previsión sobre los activos del Banco. La deuda de la Corporación Nacional para el Desarrollo con el Estado por concepto de los préstamos antes referidos quedará condonada hasta concurrencia con lo que la Corporación Nacional para el Desarrollo aplique a la finalidad establecida en este inciso.

Facúltase al Estado y al Banco Central del Uruguay a aceptar en pago de sus créditos contra el Banco de Crédito por cualquier concepto, Bonos del Tesoro u otros valores públicos por su valor nominal o la cesión de créditos del Banco de Crédito contra terceros."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: creo que en este agregado que propone hacer el señor Senador Brause no sería conveniente hablar de participación porque, en realidad, no lo es. Esta es una posibilidad de aumentar la suma de U$S 33:500.000 en caso de ser necesario un aumento de la previsión sobre los activos, pero no es un aumento de la participación. Entonces, propondría redactar esa frase que se agrega diciendo: "Dicha suma" -y no la participación- "podría ampliarse en hasta U$S 9:000.000, en caso de ser necesario un aumento de la previsión sobre los activos del Banco."

SEÑOR BRAUSE.- Estoy de acuerdo con la propuesta del señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Quería decir que no me la habían planteado, salvo indirectamente a través de otros señores Senadores, que se preveía este aumento de la participación -o como se le quiera llamar- en el artículo 37. Creo que este tipo de modificaciones merece una mejor información al plenario. No entendí cuál es la razón por la cual, después de un mes de análisis, en el que no hemos tocado este artículo -que nos costó muchísimo sacarlo de la Comisión; lo acompañamos y salió por mayoría, aunque con conflictos- ahora, a último momento, se propone el aumento de U$S 9:000.000. Me gustaría que el señor Senador Brause me explicara mejor la razón porque, a pesar de escuchar con atención a los señores Senadores Sanabria y Brause, no he logrado interpretar el motivo del cambio de la cifra, que se da precisamente en esta situación.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Pido excusas, en todo caso, al señor Senador Heber, porque en el momento en que estaba haciendo uso de la palabra conversamos con algún otro señor Senador del Partido Nacional a propósito de esta incorporación. Naturalmente, también pedimos las excusas del caso en nombre del Poder Ejecutivo.

En la explicación que intenté brindar del por qué de este agregado dije que se trata, justamente, de actualizar la situación patrimonial de este Banco, por cuanto el último balance que se tenía era al 30 de junio de este año y los funcionarios del Banco Central del Uruguay habían estado trabajando a los efectos de actualizarlo. Naturalmente, durante el tiempo transcurrido los activos se han ido deteriorando y, por tanto, hay que castigarlos aumentando las previsiones. Entonces, a los efectos de poder llegar a un acuerdo con quien tiene interés en comprar el Banco de Crédito, aquí se está sugiriendo que se permita al Banco Central del Uruguay poder incrementar la suma que se prevé hasta la cantidad de U$S 9:000.000. Obviamente, esto supone una participación de parte del interesado en adquirir la mayoría accionaria del Banco de Crédito. De eso se trata, nada más, a los efectos de poder alcanzar el acuerdo que en definitiva se procura para poner nuevamente en actividad al Banco de Crédito.

Pido excusas una vez más al señor Senador Heber, pero la finalidad concreta es la que acabo de señalar, además de la explicación que dio el señor Senador Sanabria. No se trata de otra cosa. Esta modificación no altera la filosofía ni el concepto de lo que aquí se persigue. Simplemente se permite al Banco Central incrementar la suma referida en el agregado.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Voy a explicar bien, con mucha franqueza, la posición de toda la Bancada, aunque puede ser que alguno de mis compañeros no haya sido consultado.

La Agrupación Parlamentaria del Frente Amplio en la tarde de hoy manifestó que este artículo debía ser desglosado para otra ley. ¿Por qué? Porque sabemos que se trata de una disposición que está pensada en función de una negociación que está haciendo el señor Ministro de Economía y Finanzas con el Grupo Moon.

Por lo tanto, queremos ver el resultado de la negociación y aprobar esa disposición en otra ley. Esa es la posición de mi Bancada. Posteriormente a tratarse el artículo en la Comisión, el señor Senador Gallinal introdujo una modificación que agregaba la frase "en caso de que el Banco Central del Uruguay levante la suspensión de actividades del Banco de Crédito".

Sencillamente, esto quiere decir que en caso de que el Banco Central del Uruguay termine de arreglar el negocio, va a levantar la suspensión. En su momento, en la Comisión, dijimos que ese agregado nos parecía razonable, pero como teníamos un mandato de la Bancada no podíamos votar en esa oportunidad; durante el Plenario, haríamos las consultas entre nosotros y, a lo mejor, lo votábamos. ¿Qué habíamos acordado hacer? Votarlo en contra para que quedara claro que cumplíamos el mandato de nuestra agrupación y, luego, pedir rectificación de la votación y votarlo a favor, con el agregado propuesto por el señor Senador Gallinal, a quien le habíamos adelantado lo que estoy señalando. Ahora aparece un cambio -aclaro que alguno de los compañeros me ha preguntado cómo vamos a votar U$S 9:000.000 ahora, a las dos de la mañana- que va en el mismo sentido que esa negociación que se estaba haciendo y por la que ayer estaban reunidos. Seguramente, se debe decir que si esto no se incluye, esa negociación no sale. Me parece que esta es una explicación sencilla y clara.

En líneas generales, nosotros estábamos dispuestos a votar el agregado, porque también queremos que se reabra el Banco de Crédito. Esta es la posición de AEBU, que hoy nos la trasmitió, como seguramente lo habrá señalado a las otras Bancadas. En mi opinión, ahora no vamos a hacer nuevamente la ficción en el sentido de votar en contra y después pedir la rectificación. Creo que a esta altura estamos en condiciones de votar el artículo con el agregado propuesto. No sé si todos los compañeros se encuentran en esa situación, pero por mi parte tengo esa disposición. Quiero decir que tenemos esa disposición en el entendido de que nuestra agrupación parlamentaria hoy no tuvo en cuenta esta primera frase que fue incluida a sugerencia del señor Senador Gallinal. Por esto, me siento habilitado, y creo que interpreto el espíritu de la agrupación parlamentaria del Frente Amplio, a votar directamente la disposición, claro está, con el agregado propuesto por el señor Senador Gallinal.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, se va a votar el artículo 37, en la redacción dada por la Comisión, con el agregado que finalmente redactó el señor Senador Astori, que si los señores Senadores desean se podrá leer nuevamente.

Léase el agregado.

(Se lee:)

"Dicha suma podrá ampliarse hasta en U$S 9:000.000 de los Estados Unidos de América en caso de ser necesario un aumento de la previsión sobre los activos del Banco."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 24. Afirmativa.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: deseo fundamentar el voto y dejar una constancia importante en la misma línea de lo que proponía el señor Senador Korzeniak. Esto que acabamos de votar y que pronostiqué provocaría una discusión como la que tuvimos, no es un aumento de los recursos que vuelca el Estado a la reapertura del Banco de Crédito. No debe entenderse de esa manera. ¿Por qué? Porque lo que puede aumentar en caso de que sea necesario incrementar la previsión, es la imputación de los préstamos que ya otorgó, a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Estado al Banco de Crédito, a la absorción de su patrimonio negativo. Esto no quiere decir que vaya a haber nuevos recursos volcados a la reapertura de este Banco, sino que podría aumentar la imputación contable.

Por lo tanto, no estamos votando un incremento en los recursos frescos, llamémosle así, del Estado a la reapertura del Banco de Crédito.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Señor Presidente: además de lo que han dicho los señores Senadores Korzeniak y Astori, uno de los aspectos que la agrupación parlamentaria tuvo en cuenta para pedir el desglose, fue el tema que se solucionó con la redacción dada por el señor Senador Gallinal, o sea, teniendo claro que este artículo entra en vigencia en caso de que se levante la suspensión del Banco de Crédito. Ese es uno de los aspectos.

Obviamente que estoy de acuerdo con que esta modificación no aporta nuevos fondos, sino que simplemente aumenta la previsión.

¿Por qué nosotros hubiéramos preferido que esto formara parte de otro proyecto de ley? Porque la solución con respecto a este Banco está siendo estudiada por el Ministerio de Economía y Finanzas y el grupo inversor que hasta ahora era el accionista minoritario y que va a pasar a ser el mayoritario. Esa solución se ha demorado mucho y reiteradamente vemos por la prensa que la Superintendencia de entidades financieras señala que todavía no se han cumplido determinados requisitos, no se han aportado las exigencias del Banco Central. Por eso, creíamos que era mejor votar esta norma en una ley separada de la que hoy hemos apoyado, en general, en este ámbito.

De todas maneras, como ya dijeron los compañeros, el objetivo es que este Banco pueda abrir. Creemos que el mal menor es que pueda abrir, porque las otras soluciones posibles serían incorporar a la solución que hoy estamos votando en este proyecto de ley la creación de un nuevo Banco con el Banco de Crédito incluido o pasar sus activos y pasivos al Banco de la República Oriental del Uruguay, que sería la otra posibilidad, en la medida en que el otro accionista mayoritario de este Banco es el Estado. Me parece que hay que descartar esas dos soluciones posibles y, por lo tanto, como queremos que reabra este Banco, hemos votado afirmativamente esta norma, pero dejando esta constancia, en el sentido de que hubiéramos preferido que el artículo figurara en otro proyecto de ley y no en éste.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: he votado negativamente por los argumentos ya expresados por los compañeros de Bancada acerca de por qué se había pretendido desglosar la norma para que figurara en un proyecto aparte y porque, además, es absolutamente desprolija, para decirlo de alguna manera, sin generar un debate, porque estoy fundamentando el voto. Tenemos claro que ya se puso la cifra de U$S 33:500.000 que habíamos estado manejando en Comisión, fuera de ella y en todo momento, porque no estamos hablando de dinero a depositar ni de dinero fresco, como decía el señor Senador Astori, sino que estamos viendo que en todo caso hicieron las cuentas y a las dos de la mañana advirtieron que U$S 33:500.000 no era el monto correcto y que se necesitan U$S 9:000.000 o hasta U$S 9:000.000.

Entonces, me parece demasiada la velocidad aplicada al tratamiento de todo esto. Fui quien le dijo al señor Senador Korzeniak que no voy a votar U$S 9:000.000 a las dos de la mañana porque, de repente, dentro de un rato o mañana los cálculos hubieran sido otros. Creo que se pueden hacer las mismas cosas con un poquito más de cuidado y de precisión. En ese caso, todos estaríamos haciendo el esfuerzo hasta con un poquito más de ánimo que el que nos va quedando a esta altura de la noche.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: en forma coherente con lo que hemos venido actuando en lo que se refiere a este artículo durante su tratamiento en la Comisión, al que por dos veces le salvamos la vida, hemos votado afirmativamente.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Dr. Correa Freitas)

- Creo que si algo ha quedado de manifiesto, es la absoluta falta de tacto por haber propuesto en estas circunstancias una modificación de este tipo, que no hace más que ratificar el reproche que hicimos al Gobierno en oportunidad de la consideración general del proyecto, es decir, la improvisación con que se ha movido en esta materia. A nuestro juicio, ello fue la causa de que fracasaran algunas de las negociaciones que se intentó llevar adelante a fin de capitalizar estas Instituciones.

SEÑOR GONZALEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GONZALEZ.- Señor Presidente: creo que el debate que se ha producido y el hecho de plantear la necesidad de habilitar la posibilidad de imputar cifras superiores, está demostrando que es absolutamente conveniente, cuando se procede a votar un proyecto de ley de carácter instrumental tan complejo como éste -vinculado a la reestructura de todo el sistema y atendiendo a su situación de crisis, disponiendo mayores herramientas para el Banco Central y directivas específicas para la creación de la nueva entidad, con seguro para los ahorristas y subsidio de desempleo para los trabajadores, todo lo cual constituye una elaborada ingeniería instrumental que permitirá que se recupere la esperanza y la confianza- que todos esos instrumentos sean aplicados por manos hábiles. Digo esto, porque un instrumento en manos inhábiles puede resultar peor que el problema que se desea resolver. En ese sentido, considero justa la solución a que llegó la Bancada, en cuanto a solicitar que este artículo fuera desglosado y se elaborara un proyecto de ley específico para habilitar o corroborar las negociaciones con el Banco de Crédito.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Personalmente, he votado en contra del artículo 37, en virtud de la poca consideración que se ha demostrado por el trabajo realizado por los integrantes de nuestra Bancada durante el análisis de este proyecto de ley. Pienso que ni el Partido Nacional ni el Herrerismo se merecen saber, en Sala, que se ha alterado una cifra de este porte, en virtud de una comunicación telefónica que se produjo a última hora en las negociaciones, siendo que hemos estado permanentemente preocupados por la marcha de éstas durante todos los días de sesión de la Comisión. Antes de votar este artículo queríamos saber cómo iban esas conversaciones, si habían avanzado y, en caso contrario, cuál era la razón.

(Ocupa la Presidencia el señor Luis Hierro López)

- Creo que el Partido Nacional y nuestro sector político merecen una consideración totalmente distinta a lo que puede ser enterarse en Sala de un cambio de esta naturaleza; considero que merecíamos una explicación seria, de la misma manera que nos hemos comportado seriamente a lo largo de la consideración de este proyecto de ley. Es más; se debería haber solicitado un cuarto intermedio a fin de explicarnos la situación. Pienso que es lo que habría hecho el doctor Atchugarry si se estuviera desempeñando como Senador en este momento.

Insisto en que mi Partido no merece ese tratamiento, en función del comportamiento que ha mantenido y de lo que ha colaborado con el trabajo de la Comisión. En consecuencia, he votado en contra este artículo por la falta de consideración hacia nuestra fuerza política, ya que esta explicación no debió darse en Sala, sino que tenía que haber sido dada en forma pormenorizada y con respeto.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Ante las expresiones que acaban de escucharse, quiero aclarar que esta modificación fue propuesta al Partido Nacional a través de alguno de sus representantes. Como ya manifesté, y pido nuevamente disculpas por ello, no fue propuesta al señor Senador Heber, porque en ese momento estaba haciendo uso de la palabra.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Ratificando lo que ha dicho el señor Senador Brause, quiero decir que, efectivamente, la modificación nos fue propuesta antes de la votación, pero la respuesta que dimos fue negativa, por lo que no entendemos por qué de todas maneras se propuso.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 45.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Voy a proponer una pequeña modificación en la tercera línea. Luego de "Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario," en lugar de "quien ejercerá", debería decir "la que ejercerá las facultades de dominio" .

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el artículo 45 con la modificación propuesta.

(Se vota: )

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 50.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Voy a hacer una consideración puramente "geográfica", ya que en el texto figura el título Capítulo III "Disposiciones Transitorias", pero se trata de una sola, y creo que debería figurar como un segundo inciso del artículo 62, que es el último y el que dice que el presente proyecto de ley entrará en vigencia a partir de su publicación. Por lo tanto, a esto último habría que agregarle que "La garantía de reintegro de los depósitos", etcétera, entrará en vigencia cuando el Poder Ejecutivo así lo disponga. Como de lo que se trata es del momento de su entrada en vigencia, creo que la disposición está mal ubicada y debería colocársela a continuación de la que dice que, en general, la ley entra en vigencia a partir de su publicación, luego de lo cual es correcta la aclaración de que un artículo entra en vigencia cuando el Poder Ejecutivo así lo dispone.

En consecuencia, mi propuesta es que no haya un Capítulo con un solo artículo, sino que a dicho artículo se lo coloque al final, tal como ocurre con las disposiciones transitorias.

Reitero que estoy hablando del artículo 50, que dice que la garantía de reintegro a que se refiere el artículo 43 entrará en vigencia cuando el Poder Ejecutivo así lo disponga. En el mismo decreto se establecerá la fecha de constitución de los depósitos, a partir de la cual quedarán amparados por la garantía. Como vemos, se trata de una norma sobre vigencia, que habría que juntar con el artículo 62, que habla sobre la norma general de vigencia, a partir de la publicación de la ley. Entonces, propongo que el artículo 50 figure como inciso segundo del artículo 62. Es una cuestión de elegancia gramatical.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Estoy de acuerdo, señor Presidente, con la sugerencia del señor Senador Korzeniak en cuanto a que el artículo 50 se convierta en el segundo inciso del artículo 62.

SEÑOR ASTORI.- Eso exige reconsiderar el artículo 62, que ya fue votado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Es así, señor Senador, cosa que haremos al final de la votación.

Se posterga, entonces, la votación del artículo 50 y hay un cambio en la numeración de los artículos.

En consideración el artículo 51, en su numeración original, "Ambito de aplicación".

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Nos hemos expresado largamente sobre este artículo, con motivo de la exposición que hiciéramos en la discusión general. Del mismo surge que los funcionarios públicos de los bancos estatales tendrían el régimen de subsidio por desempleo que se crea con carácter general para todos los empleados afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Pensamos que no fue ese el propósito del Poder Ejecutivo al enviar el proyecto, ni el del Senado cuando el artículo fue aprobado en Comisión. En consecuencia, correspondería excluir a los funcionarios públicos. Por lo tanto, se debería decir: "Comprenderá obligatoriamente" -aquí debería ir una coma- "con excepción de los funcionarios públicos" -otra coma- "a todos los empleados afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias".

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Pensamos que la solución puede ser otra, que nos gusta más, porque el peligro de que estos funcionarios ingresaran al seguro de desempleo sería la posibilidad de que un banco estatal, apartándose del Estatuto, entendiera que esta ley le otorga la facultad de mandar al seguro de paro, cuando no es así, porque es el Estatuto del funcionario de ese Organismo el que rige y para suspender hay que hacer un sumario, así como respetar una serie de garantías.

Entonces, lo que proponemos es que a este artículo se le agregue un inciso; es decir, que permanezca como está sin mencionar la exclusión de los empleados públicos, es decir de los empleados de los Bancos oficiales, y se agregue: "Lo dispuesto en el presente artículo es sin perjuicio de los derechos estatutarios al ejercicio de sus cargos en el caso de los funcionarios de los Bancos del Estado". Quiere decir que esta es una solución diferente a la que propone el señor Senador Gallinal, donde se los excluye a estos funcionarios de este sistema de seguro de desempleo.

En consecuencia, en esta otra propuesta no se les excluye, pero se aclara que eso no le da derecho al Banco estatal a apartarse del Estatuto y, en caso de no tener a ese empleado en el ejercicio del cargo, tiene que hacer un sumario por una falta o una infracción, etcétera.

Estamos entonces frente a dos soluciones diferentes, por lo que propongo que una vez que los señores Senadores tomen posición o hablen del tema, simplemente se vote.

Queda claro que aquí hay una alternativa, porque en un caso se excluye y en el otro se dice que están dentro de este seguro de paro o de desempleo pero que eso no implica apartarse de los derechos al ejercicio del cargo que están en el Estatuto de cada Ente.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: nosotros nos inclinamos por la moción presentada por el señor Senador Gallinal, porque de principio los funcionarios públicos no tienen derecho al Seguro de Paro. Estos funcionarios tienen un régimen estatutario y así lo tienen, también, por supuesto, los empleados bancarios de las entidades oficiales, es decir, los empleados públicos que se desempeñan en los Bancos estatales.

En consecuencia, preferimos la modificación propuesta por el señor Senador Gallinal, ya que el Seguro de Paro se aplica pura y exclusivamente -y este es el régimen previsto por estas disposiciones- a los empleados de la actividad privada.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Quiero poner de manifiesto que este es un Seguro de Paro que va a ser administrado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias; no es un seguro de desempleo común. Además, una parte que incluso puede ser mayor que el seguro de desempleo en principio previsto, va a ser atendida por esta Caja con el aporte de sus funcionarios activos y pasivos. Hasta 8 salarios mínimos es lo que aporta el Estado, pero hasta 20 salarios mínimos se puede llegar con el aporte de la Caja, descontándoles a los empleados activos y pasivos. De esta forma se jubilan los empleados de los Bancos oficiales. Esto me hizo preferir esta otra solución porque, de lo contrario, a la Caja se le va a excluir una cantidad muy grande de funcionarios de los Bancos públicos. Reitero que esta es la razón que me hizo inclinar por esta posición.

Es obvio que no hay Seguro de Paro en la actividad pública, pero justamente lo que podría darse es que estatutariamente a un funcionario después de un sumario se le suspenda y, en ese caso, no creo que la ley haya querido excluirlo de ese Seguro de Paro.

SEÑOR GONZALEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GONZALEZ.- Mi preocupación estaba en la misma línea que planteaba el señor Senador Korzeniak. No conozco el Decreto - Ley Nº 15.180, pero supongo que, como sucede generalmente en este tipo de seguros, hay dos partes: los que aportan para mantener el Fondo del seguro y los que se benefician. Si en este artículo se excluye a los afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, quiere decir que los trabajadores del Estado no van a aportar para el Fondo de desempleo. En lo personal, lo interpreté así porque después, en los incisos posteriores, artículo 54, incisos a) y b), se dice específicamente a quiénes corresponde y habla concretamente de los Bancos suspendidos. Incluso, en el inciso c), con el que no estamos de acuerdo, también se habla de los Bancos suspendidos. Pienso que se delimita claramente el ámbito de quiénes se benefician y, por lo tanto, la redacción que proponían en el sentido de diferenciar a los públicos de los privados, genera, para la creación de este fondo, un sacabocado sustantivo.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- En lo personal me inclino por la propuesta del señor Senador Gallinal, porque de lo contrario, ¿qué le vamos a estar diciendo a los funcionarios públicos bancarios? ¿Que aportan para un seguro de desempleo al cual no van a tener derecho? Los demás van a tener el derecho universal, la posibilidad de ampararse al seguro de desempleo, pero los funcionarios públicos bancarios no tendrán ese beneficio porque, como se sabe, tienen la inamovilidad y, por lo tanto, no existe la posibilidad de percibir ese seguro. Además, a los efectos de los aportes, no hicimos las cuentas y no tengo muy claro en este momento las cifras como para decir que esto desestabiliza el Fondo; me parece que no. Habría que analizar el tema, pero creo que es más que suficiente que el circuito bancario que va a recibir este beneficio, sea el que lo financie y no aquellos que no lo van a percibir.

SEÑORA ARISMENDI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Los jubilados también van a aportar y no van a recibir el beneficio porque ya están jubilados. Esta es una decisión de todos los que aportan a la Caja, tanto activos como pasivos.

En consecuencia, es esta la propuesta, y por ese motivo hoy destacábamos el papel de la solidaridad de los bancarios, tanto activos como jubilados en una propuesta que hacen sobre un seguro de desempleo para los que son de la actividad privada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- En seguida, señor Senador.

Entiendo lo que dice la señora Senadora Arismendi, pero la pregunta es si son desestabilizantes las cifras.

SEÑOR GALLINAL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- En realidad, el señor Senador Michelini ya le había pedido una interrupción.

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto se la concederé, luego de que haga uso de la palabra el señor Senador Gallinal.

SEÑOR PRESIDENTE.- Usted es el dueño de la palabra.

Puede interrumpir el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Mi intención, al excluir a los funcionarios públicos, no estaba referida a los aportes, sino al beneficio que surge del seguro de desempleo. Me parece que estaríamos dando un muy mal mensaje a los funcionarios públicos empleados de los Bancos y a la población, si aquí establecemos el seguro de desempleo exclusivamente para determinados funcionarios públicos. Ese fue el sentido con que hice la propuesta y no con el propósito de excluirlos de los aportes. De todos modos, si hablamos de éstos, podemos ver que el aporte del literal a) es el que refiere a que del IRP que se recauda mensualmente por concepto de los aportes que hacen todos los empleados bancarios públicos y privados, la cuota parte necesaria va directamente a la Caja Bancaria y debemos mantenerlo incluido para los funcionarios públicos. A su vez, el literal b) también debemos mantenerlo en la forma en que está establecido, y el literal c) no hace a los funcionarios públicos.

Entonces, pienso que deberíamos buscar un inciso segundo para el artículo 51 que establezca exclusivamente que no serán beneficiarios del seguro de desempleo, con lo cual en mi opinión solucionamos el problema.

Quiero aclarar que la fórmula que propone el señor Senador Korzeniak deja abierto un margen muy amplio a nivel de los Bancos oficiales para que, interpretándolo de una manera distinta, puedan utilizar el beneficio del seguro de desempleo. De esa manera, creo que le estaríamos haciendo daño a los propios funcionarios. En cambio, si establecemos claramente que están excluidos del beneficio, es lógico que seguirán obligados a respetar el compromiso de aportar. Reitero que me parece que de esa manera resolvemos el problema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: pienso que es adecuado que hagan su aporte los funcionarios del sector bancario público, pues ya tienen empleo seguro. Bueno fuera que los que pueden perder el empleo, además, tengan que construir su propio seguro y aquellos que tienen su trabajo seguro no ayuden a aquel que lo puede perder. En ese caso estaríamos siendo poco solidarios.

Por lo tanto, comparto el planteo de AEBU; me parece bien como lo toma el Poder Ejecutivo y es apropiado que aquellos que tienen un empleo seguro colaboren con quienes lo pueden perder. De no ser así podría ocurrir que aquellos que pueden perder el empleo tengan que construir su propio seguro, con lo cual el monto de dinero será menor y, naturalmente, el beneficio también. Pienso que la mirada tiene que estar dirigida hacia ese punto y no a que no van a tener el beneficio, pues no lo van a tener porque tienen un trabajo seguro, salvo que cometan delito u omisión.

En consecuencia, me parece aceptable la filosofía planteada por AEBU y recogida por el Poder Ejecutivo y por la Comisión, pero me parece que hay que hacer la salvedad -ya sea mediante el mecanismo planteado por el señor Senador Korzeniak o por la versión propuesta por el señor Senador Gallinal- respecto a que no deben quedar dudas vinculadas no con el beneficio que naturalmente van a tener los empleados privados, sino con los funcionarios públicos que no van a gozar de ese beneficio porque se ven favorecidos con la inamovilidad de su cargo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- He terminado, señor Presidente.

SEÑOR HERRERA. Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HERRERA.- Señor Presidente: es claro que los funcionarios públicos están excluidos del beneficio a texto expreso en este proyecto de ley que ya estamos votando. Por su parte, el literal b) los deja afuera del beneficio, pues se refiere exclusivamente a los funcionarios bancarios que hayan sido suspendidos por el Banco Central del Uruguay en el año 2002, por lo tanto, no está relacionado con los funcionarios del Banco de la República Oriental del Uruguay o del Banco Hipotecario.

En cuanto a la situación de si son aportantes o no, en realidad creo que estamos inmersos en un problema y es que este subsidio por desempleo se parece más a un fondo mutual o gremial basado en la solidaridad de un colectivo que al Seguro de Paro legal establecido por el Decreto Ley Nº 15.180 que recordaba hoy el señor Senador González.

En definitiva, tenemos que decidir qué alcance le damos a esta disposición porque, reitero, ya estamos inmersos en este asunto. Los argumentos que se han dado son realmente todos muy válidos, pero es un tema de decisión política y de lo que se trata es de resolver hasta dónde seguimos en un asunto cuya naturaleza genuina es la de un fondo mutual.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HERRERA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: quiero señalar que estamos considerando el artículo 51. Entonces, el tema que se ha planteado es si el seguro de desempleo comprende o no a los funcionarios públicos, o sea, bancarios oficiales.

El artículo 54 no tiene que ver con quiénes pueden recibir ese seguro de desempleo, sino con los recursos de ese fondo. Por esa razón, los literales a), b) y c) hablan de los recursos para nutrir el pago de ese beneficio; el literal b) específicamente refiere a los aportes.

De todas maneras, informalmente se me ha planteado la idea de dejar el texto como está sin que exprese que no comprende. En todo caso, si va a haber reglamentaciones de la Caja Bancaria y un decreto reglamentario del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, una solución podría ser que se aclare a través de ese mecanismo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Herrera.

SEÑOR HERRERA.- Reitero, señor Presidente, que en el artículo 54 están excluidos los funcionarios públicos pues dice que los recursos se podrán aplicar exclusivamente a los funcionarios suspendidos. Es decir que la posibilidad de aplicar un seguro de desempleo sin recursos es virtual.

Entonces, está claro que los funcionarios públicos están excluidos del beneficio. El punto en discusión es si aportan o no. Reitero: estamos inmersos en un lío en tanto estamos regulando por ley el funcionamiento de un fondo que en realidad tiene una naturaleza mutual. El Senado tendrá que decir hasta dónde se quiere llegar.

SEÑOR SINGER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SINGER.- Señor Presidente: desde ya adelanto que comparto la línea propuesta por el señor Senador Gallinal. Me parece que todos tenemos claro dos cosas: una de ellas es que los funcionarios de los bancos estatales no pueden estar comprendidos en el seguro de desempleo; nadie ha sostenido lo contrario. En eso, entonces, estamos todos de acuerdo.

También estamos todos de acuerdo en que todos los funcionarios deben aportar para financiar el subsidio. Si es así, lo único que hay que agregar es que quedan excluidos los funcionarios de los bancos estatales y punto. La exclusión es del beneficio y no de los aportes que están regulados por otra disposición.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: es indiscutible que cuando se hizo el cálculo de cómo se forma el fondo de acuerdo con el artículo 54 estaba previsto que los funcionarios de los bancos públicos hicieran su aporte. De la misma manera que los jubilados bancarios aportan aunque no vayan a recibir el régimen de subsidio, es claro que deben contribuir al aporte del fondo. Por supuesto, como dice el señor Senador Singer, quedarán exceptuados del régimen de subsidio que consagra el artículo 51.

SEÑOR GALLINAL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LARRAÑAGA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: mi propuesta original significaba excluirlos del régimen de subsidio, con lo cual quedaban también exonerados de hacer el aporte, pero no era esa la intención. Entonces, me parece que habría que hacer el siguiente cambio: mantener como inciso primero el artículo 51 con su redacción y agregar un inciso segundo que diga que los "funcionarios públicos afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias quedarán exceptuados del beneficio del subsidio mensual en dinero establecido en los artículos 52 y concordantes de la presente ley". De ese modo no son beneficiarios del subsidio, pero sí son aportantes del dinero para solventar el fondo, que es la idea que proponía el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Ya finalicé, señor Presidente.

SEÑOR GONZALEZ.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GONZALEZ.- Señor Presidente: quisiera proponer la siguiente redacción por la positiva y, en lugar de generar el fenómeno de exclusión, tomaría el artículo 52, que habla de "la prestación", y luego de señalar que el subsidio por desempleo consiste en un subsidio mensual de dinero que se paga a todo trabajador bancario que esté comprendido -y aquí está la propuesta-, agregaría "en las causales establecidas en el artículo 54".

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- El régimen de subsidio por desempleo tiene prestaciones y recursos. En consecuencia, me pregunto si la prestación del régimen de subsidio por desempleo establecido en el artículo 51 no podría comprender obligatoriamente a todos los empleados privados afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Luego, cuando viene la parte relativa al Fondo de Subsidio por Desempleo, está el artículo con la redacción correspondiente.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: es muy peligroso empezar a hacer este tipo de modificaciones en Sala, a esta altura de la noche.

En este caso está jugando, por un lado, el sentido común. Es obvio que un funcionario público no va a percibir beneficios de un Seguro de Paro igual al que recibe un trabajador de la actividad privada. Además, está la reglamentación de la ley.

En consecuencia, mi propuesta es que se vote el artículo tal como está.

SEÑOR MICHELINI.- Apoyado.

SEÑOR HERRERA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HERRERA.- Señor Presidente: deseo recordar que todos los funcionarios públicos aportamos al Seguro de Desempleo establecido por el Decreto-Ley Nº 15.180, incluso los que estamos aquí presentes. Nuestros descuentos por concepto de aporte al Banco de Previsión Social no están discriminados. Por lo tanto, todos aportamos al Seguro por Desempleo. Entonces, pienso que lo mejor es que dejemos este proyecto de ley tal como está; en todo caso, que sea el Directorio de la Caja de Jubilaciones el que tome la resolución.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 51 con la redacción dada por la Comisión.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: he votado negativamente, porque me parece muy mal mensaje para los funcionarios públicos involucrados y para la sociedad en su conjunto la ilógica interpretación que hacemos del artículo 51.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 54.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: en la segunda línea del literal a) hay una referencia equivocada, pues se menciona el artículo 56 y debe decirse "artículo 58".

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: proponemos que se excluya de la redacción el literal c), y que se vote por separado.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Señor Presidente: el señor Senador Astori tiene razón en su sugerencia, en función de que estamos eliminando el artículo 50 para pasarlo al 62. Entonces, la referencia al artículo 58 debe ser al 57.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: no debemos renumerar nosotros, sino que debemos dejar esa tarea a la Secretaría, que cuenta con procedimientos acordes a estas circunstancias y a lo que ya está muy acostumbrada. Simplemente, tomemos nota de que con la numeración actual, la referencia debe ser al artículo 58. Después, la Secretaría se encargará de la numeración correspondiente.

SEÑOR BRAUSE.- Está correcto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el acápite del artículo 54 y sus literales a) y b).

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el literal c) del artículo 54.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 15 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 60.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: simplemente, para una correcta referencia al Impuesto a las Retribuciones Personales. Debo decir que falta la palabra "Personales" al final del artículo.

SEÑOR NUÑEZ.- Además, debe figurar con mayúscula.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 60 con la modificación sugerida.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 61.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: en este caso, debemos hacer un cambio, porque el sentido que se desprende de su redacción actual es incorrecto. Dice: "podrá autorizar a aumentar hasta 4,5%", lo cual puede dar la idea de que se autoriza a elevar el aporte patronal hasta el 4,5%; pero, en realidad se está autorizando un aumento de hasta 4,5% la alícuota del aporte patronal jubilatorio. Entonces, debería decir: "podrá autorizar un aumento de hasta 4,5% (cuatro con cinco puntos porcentuales) la alícuota de aporte patronal jubilatorio a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias." No se trata de que se pueda aumentar hasta 4,5%, sino en 4,5%.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Señor Presidente: quiero dejar constancia de que la norma está refiriendo a 4,5 puntos porcentuales. Si bien figura entre paréntesis, debe quedar constancia expresa para evitar confusiones y que se crea que el aumento es de hasta 4,5. Se trata, pues, de un aumento porcentual.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 61 con las modificaciones propuestas.

(Se vota:)

- 24 en 25. Afirmativa.

SEÑOR SINGER.- Solicito que se reconsidere el artículo 62.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se reconsidera el artículo 62 para incluir la modificación del artículo 50.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración, nuevamente, el artículo 62.

La propuesta es que como segundo inciso del actual artículo 62, se incluya el texto del artículo 50 que viene de la Comisión.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: voy a pedir que se reconsidere el artículo 61 porque, en función de la última intervención del señor Senador Brause, creo que lo podemos aclarar aún más.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se reconsidera del artículo 61.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración nuevamente el artículo 61.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: el concepto es el mismo, pero hay que eliminar el signo de porcentaje. Entonces, la redacción debe decir: "podrá autorizar un aumento de hasta 4,5 (cuatro con cinco) puntos porcentuales la alícuota de aporte patronal jubilatorio a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el artículo 61 con la última redacción dada por el señor Senador Astori.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ya se había votado la reconsideración del artículo 62.

En consideración nuevamente el artículo 62.

SEÑOR SINGER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SINGER.- A mi juicio, está bien la propuesta que se hizo de pasar el artículo 50 al 62, pero no me convence que el primero pase a ser los incisos segundo y tercero; entiendo que debería quedar como primero y segundo incisos de dicho artículo 62, dejando para el final la disposición que es prácticamente de orden y que establece que la presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- No tengo inconveniente en aceptar la propuesta del señor Senador Singer, pero el artículo 50 no se refiere sino a la vigencia de determinados artículos; creo que alude al artículo 43. En consecuencia, luego del mismo no se puede expresar que la presente ley entrará en vigencia, porque se trata de la presente ley menos el artículo 43. Entonces, podríamos decir que los demás artículos de la presente ley entrarán en vigencia a partir de la publicación.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Para dar muestras de una buena técnica legislativa, creo que deberían establecerse dos artículos diferentes dentro de la Sección IV, "Vigencia". Uno de ellos sería el actual artículo 50 y luego el artículo 62, para distinguirlos claramente y evitar esta redacción de "los restantes artículos" que, sinceramente, considero que no es de buena técnica legislativa.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 50 tal cual proviene de la Comisión, que vendría a ser el 62 del texto definitivo.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el último artículo del proyecto, que expresa: "La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración los aditivos presentados por la Bancada del Encuentro Progresista - Frente Amplio.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Dichos aditivos refieren a la creación de un registro de desocupados bancarios y establece distintas disposiciones vinculadas al mismo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Consulto a la Bancada del Encuentro Progresista acerca de si los artículos adicionales propuestos se pueden votar en bloque.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Se puede hacer una única votación.

Naturalmente que la numeración de estos aditivos seguiría en forma correlativa a los ya aprobados si, como todo hace suponer, contaran con los votos del Senado. El segundo aditivo, donde dice "literal b) del artículo 51 de la ley", debe decir "literal b) del artículo 51 de la presente ley", ya que existe un error dactilográfico en el texto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra se van a votar los aditivos propuestos.

(Se votan:)

- 10 en 25. Negativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"SECCION I

NORMAS SOBRE INTERMEDIACION FINANCIERA

Capítulo I

Normas de fortalecimiento de la supervisión del sistema financiero

ARTICULO 1°. Supervisión de entidades integrantes de grupos económicos.- El Banco Central del Uruguay ejercerá sus potestades normativas, de control y sancionatorias sobre las entidades de intermediación financiera que integren un grupo económico con otras empresas, teniendo en cuenta la existencia y situación del grupo y su incidencia en la actividad, solidez y solvencia de la entidad controlada. El Directorio del Banco Central del Uruguay declarará, mediante resolución fundada, la existencia del grupo económico e integración a él de la entidad controlada.

Con la finalidad de consolidar la supervisión atendiendo al grupo económico del cual forme parte la entidad controlada, el Banco Central del Uruguay a través de sus dependencias especializadas podrá ejercer las potestades previstas en el literal b) del artículo 14 y en el inciso cuarto del artículo 15 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 3° de la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992, y en su caso en el literal G) del artículo 7° de la Ley N° 16.426, de 14 de octubre de 1993, y en el literal G) del artículo 39 de la Ley N° 16.696, de 30 de marzo de 1995, respecto a todas las empresas integrantes del grupo, cualquiera sea su giro.

ARTICULO 2°. Tercerización de servicios por entidades controladas.- Requerirá autorización del Banco Central del Uruguay la contratación por las entidades sometidas a su control de la prestación en su favor por terceros de servicios de tal modo inherentes a su giro que, cuando son cumplidos por dependencias de la propia entidad, están sometidos a las potestades normativas y control del Banco Central del Uruguay. El Banco Central del Uruguay podrá enumerar reglamentariamente, en forma taxativa, servicios comprendidos en esta previsión.

Las empresas que presten tales servicios estarán sometidas, en cuanto a esas actividades, a las mismas normas que las rigen cuando son cumplidas por las entidades controladas por el Banco Central del Uruguay, exceptuando las de carácter sancionatorio.

ARTICULO 3°. Obligación de información de los empleados de las empresas controladas por el Banco Central del Uruguay.- La aplicación de una sanción o de cualquier otra medida lesiva a los empleados de empresas de intermediación financiera controladas por el Banco Central del Uruguay motivada por el cumplimiento del deber de informar a dicha institución acerca de las infracciones a las leyes y los decretos que rigen esta actividad o a las normas generales e instrucciones particulares dictadas por el Banco Central del Uruguay, de las que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones, constituirá una infracción y dará lugar a las medidas previstas en el artículo 20 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2° de la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992. La sanción se graduará atendiendo a la gravedad de la irregularidad denunciada por el empleado y de la lesión que se le hubiere inferido a éste. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad por su comportamiento ilícito del empleador frente al empleado, conforme a las normas del derecho común y laboral.

La existencia de la denuncia y la identidad del denunciante están comprendidas en el deber de secreto (artículos 22 y 23 de la Ley N° 16.696, de 30 de marzo de 1995).

ARTICULO 4°. Cometidos y atribuciones de las Superintendencias de Instituciones de Intermediación Financiera y de Seguros y Reaseguros.- Sustitúyese el penúltimo inciso del artículo 39 de la Ley N° 16.696, de 30 de marzo de 1995, por el siguiente:

"El Directorio podrá avocar en cualquier momento el ejercicio de las potestades previstas en los literales A) y F)".

La remisión a ese inciso contenida en el artículo 41 de la misma ley se entenderá referida a la redacción que se le atribuye por este artículo.

ARTICULO 5°. Poderes del Banco Central del Uruguay.- Sustitúyese el artículo 16 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992, por el siguiente:

"ARTICULO 16.- Con respecto a las empresas e instituciones comprendidas en los artículos 1° y 2° de esta ley, el Banco Central del Uruguay podrá:

a) establecer un encaje mínimo obligatorio sobre los depósitos. El encaje sólo podrá estar constituido por la tenencia efectiva de billetes y monedas en circulación, por depósitos en el Banco Central del Uruguay, por la tenencia de metales preciosos y por otros activos líquidos que autorice el Banco Central del Uruguay;

b) reglamentar las modalidades de captación de recursos;

c) dictar normas generales e instrucciones particulares tendientes a mantener la liquidez y la solvencia de las empresas y limitar los riesgos que pudieran asumir fijándoles los topes que estime necesarios; a exigirles planes de adecuación, de saneamiento o de recomposición patrimonial, o adecuación de su monto; a requerirles reestructuras de su organización, y desplazamientos o sustituciones de su personal superior.

El Banco Central del Uruguay podrá requerir de las empresas comprendidas en el artículo 1° de esta ley modificaciones en la estructura y composición del capital accionario, si los propietarios de las acciones correspondientes hubieran sido sancionados de conformidad con el artículo 23 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y sus modificativas.

La resolución del Banco Central del Uruguay que imponga la adopción de las modificaciones referidas se adoptará otorgando previamente a los accionistas afectados adecuada oportunidad de presentar sus descargos y articular su defensa, y deberá fijar un plazo prudencial para la realización de los procedimientos societarios que puedan corresponder para su cumplimiento.

El quorum de presencia y la mayoría de votos necesarios para que los órganos sociales adopten las decisiones requeridas conforme a lo previsto en el inciso precedente se computarán prescindiendo de los accionistas y de sus acciones alcanzados por las resoluciones del Banco Central del Uruguay a que ese inciso se refiere. Las decisiones sociales consiguientes necesarias para cumplir la resolución del Banco Central del Uruguay, no generarán derechos de preferencia o de acrecer (Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, arts. 326 a 330) ni tampoco derecho de receso (Ley N° 16.060, citada, arts. 108, 109, 129, 130, 139, 166, 284, 319, 330 y 362 a 364 y concordantes), en beneficio del o de los accionistas alcanzados por las antedichas resoluciones del Banco Central del Uruguay.

Si no se diera cumplimiento a las modificaciones en la estructura y composición del capital accionario requeridas en el plazo prudencial que hubiera fijado, el Banco Central del Uruguay podrá anular los derechos de los accionistas alcanzados por el requerimiento (Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, artículo 319)".

ARTICULO 6°. Instituciones estatales.- Sustitúyese el inciso final del artículo 20 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2° de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, por los siguientes:

"El Banco Central del Uruguay pondrá en conocimiento del Poder Ejecutivo las infracciones a las leyes y decretos que rijan la intermediación financiera o a las normas generales e instrucciones particulares que hubiera dictado, cometidas por instituciones estatales, así como las resoluciones dictadas en aplicación de lo dispuesto en el inciso siguiente, a fin de que considere la adopción de rectificaciones sobre la gestión o los actos de la institución infractora, o de correctivos sobre los miembros de su Directorio, de conformidad con el artículo 197 de la Constitución de la República.

Las instituciones infractoras serán pasibles de las medidas previstas en los numerales 1), 2) y 3) del inciso primero de este artículo".

Las remisiones de la legislación vigente al artículo 20 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2° de la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992, se entenderán referidas a la redacción que se le atribuye por este artículo.

ARTICULO 7º. Medidas respecto del personal superior.- Sustitúyese el acápite del artículo 23 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992, por el siguiente:

"ARTICULO 23.- Los representantes, directores, gerentes, administradores, mandatarios, síndicos y fiscales de las empresas de intermediación financiera comprendidas en la presente ley, que actúen con negligencia en el desempeño de sus cargos, o aprueben o realicen actos o incurran en omisiones que puedan implicar o impliquen la aplicación de las sanciones previstas en los numerales 3°) a 7°) del artículo 20 de la presente ley, podrán ser pasibles de multas entre UR 100 (cien Unidades Reajustables) y UR 10.000 (diez mil Unidades Reajustables) o inhabilitados para ejercer dichos cargos hasta por diez años, por el Banco Central del Uruguay".

ARTICULO 8°. Registro, emisión y transferencia de acciones.- Sustitúyense los artículos 43, 45 y 46 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 4º de la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992, por los siguientes:

"ARTICULO 43.- Las sociedades anónimas que desarrollen actividades de intermediación financiera deberán consagrar preceptivamente en sus estatutos que sus acciones serán necesariamente nominativas y sólo transmisibles previa autorización del Banco Central del Uruguay".

"ARTICULO 45.- El Banco Central del Uruguay llevará un registro público de los accionistas de las sociedades anónimas a que se refiere el artículo 43.

Las sociedades anónimas de intermediación financiera deberán declarar ante el Banco Central del Uruguay quiénes son sus accionistas, para su inscripción en el registro respectivo. Si los accionistas son a su vez sociedades por acciones, deberá establecerse en la declaración la identidad de los accionistas de esta sociedad; si la situación se reiterara, se ampliará la declaración hasta llegar al sujeto de derecho que, a juicio del Banco Central del Uruguay, ejerce el efectivo control de la sociedad que cumple sus actividades en el país.

Los representantes de las entidades financieras constituidas en el exterior, sean o no sociedades anónimas, deberán registrarse ante el Banco Central del Uruguay, en las condiciones que establezca la reglamentación".

"ARTICULO 46.- Toda emisión o transferencia de acciones de una sociedad anónima que desarrolle actividad de intermediación financiera deberá ser previamente autorizada por el Banco Central del Uruguay, que tendrá en cuenta al resolver razones de legalidad, de oportunidad y de conveniencia. La solicitud de autorización deberá precisar la identidad del o los adquirentes.

La emisión o trasferencia realizada en violación de lo dispuesto en este artículo será nula".

ARTICULO 9°. Desplazamiento de accionistas por razones de necesidad pública en caso de suspensión y graves infracciones.- Declárase de necesidad pública la expropiación por el Estado de las acciones de las empresas de intermediación financiera con actividad suspendida y cuyos propietarios hayan sido sancionados de conformidad con el artículo 23 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982 y sus modificativas.

ARTICULO 10. Designación y consignación de la compensación.- La designación de las acciones a expropiar conforme a lo dispuesto en el artículo precedente será decretada por el Poder Ejecutivo, a propuesta fundada del Banco Central del Uruguay.

La justa y previa compensación prevista en el artículo 32 de la Constitución de la República surgirá de la determinación del valor patrimonial de la empresa que realice el Banco Central del Uruguay. La resolución de designación establecerá el monto resultante de dicha determinación, o en su caso, hará constar el valor patrimonial negativo de la empresa.

El importe respectivo, cuando corresponda, será consignado de inmediato por el Poder Ejecutivo en una cuenta especial en el Banco de la República Oriental del Uruguay, a la orden del expropiado o a la orden del Juzgado competente si se propusiera impugnar el monto de la compensación conforme a lo previsto en el artículo siguiente.

La consignación de la compensación, o en su caso la determinación del valor patrimonial negativo de la empresa, producirán de pleno derecho la transferencia en favor del Estado de las acciones alcanzadas por la designación decretada por el Poder Ejecutivo, que se inscribirá en el Registro respectivo. El recurso administrativo y la acción de nulidad que pudieran interponerse contra el decreto de designación del Poder Ejecutivo, o la acción de determinación del monto de la compensación prevista en el artículo siguiente, no suspenderán esa transferencia.

ARTICULO 11. Determinación judicial de la compensación.- Si el Poder Ejecutivo o el sujeto expropiado consideraran injusta la compensación determinada conforme al artículo anterior, o en su caso la declaración del valor patrimonial negativo de la empresa, podrán promover la determinación de la compensación en proceso ordinario ante el Juzgado competente, estableciendo en la demanda la cuantía que estimen justa, sin perjuicio de la transferencia de propiedad ya producida y de la disponibilidad por el expropiado del monto consignado por el expropiante.

Si el proceso fuera promovido por el Poder Ejecutivo, el Juzgado librará orden de pago en favor del expropiado hasta concurrencia del importe contenido en la demanda contra los fondos consignados, y podrá hacerlo hasta el total consignado si el expropiado garantizara satisfactoriamente la devolución del exceso que pudiera resultar.

La acción prevista en este artículo deberá promoverse dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de designación. Vencido ese plazo, se entenderá aceptado ese monto como justa compensación.

ARTICULO 12.- Previa autorización del Banco Central del Uruguay las cooperativas de intermediación financiera podrán emitir, si está previsto en sus estatutos, acciones con interés, las que formarán parte de su patrimonio esencial, a los efectos del cumplimiento de la relación patrimonio-activos de riesgo fijada por las normas bancocentralistas.

Las acciones con interés a que refiere el inciso anterior serán nominativas, no originarán a sus tenedores derechos sociales (voz y voto en asambleas generales, derecho a elegir y ser elegido como dirigente), no podrán emitirse por un importe mayor al 50% (cincuenta por ciento) del capital social resultante al cierre del ejercicio anterior al de la emisión y podrán ser rescatadas en cualquier momento por la cooperativa emisora.

La Asamblea General determinará las condiciones de cada emisión, el plazo de su inscripción y el tipo de interés de las acciones correspondientes a la misma.

Las acciones deberán contener:

a) la expresión "acción con interés";

b) denominación y domicilio de la cooperativa y los datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio;

c) capital social;

d) valor nominal de la acción;

e) fecha de creación;

f) el nombre del tenedor de la acción;

g) el lugar y fecha de pago de los intereses, si no fuera el mismo que el domicilio;

h) el monto y la moneda de cada acción;

i) el interés y la forma de reajuste o actualización del capital, si correspondiere;

j) la firma del representante legal de la cooperativa.

Capítulo II

Potestades del Banco Central del Uruguay como liquidador de sociedades de intermediación financiera

ARTICULO 13.- Sustitúyese el artículo 41 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, incorporado por el artículo 4° de la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992, por el siguiente:

"ARTICULO 41.- El Banco Central del Uruguay será liquidador, en sede administrativa, de las empresas integrantes del sistema de intermediación financiera y de sus respectivas colaterales. A tales efectos, determinará las empresas que se consideran colaterales.

El Banco Central del Uruguay ejercerá sus potestades como liquidador de entidades de intermediación financiera con la finalidad primordial de proteger el ahorro por razones de interés general".

ARTICULO 14.- La disolución de las sociedades y el consiguiente estado de liquidación serán declarados por el Banco Central del Uruguay, en los casos en que proceda conforme a la legislación vigente en materia de sociedades de intermediación financiera y la demás aplicable a las sociedades anónimas. La liquidación se regirá por las disposiciones de la presente ley, y subsidiariamente y en lo pertinente por las normas de liquidación de sociedades anónimas.

Compete al Banco Central del Uruguay, como liquidador, la verificación de créditos, la definición de masa solvente e insolvente, la conversión de obligaciones en moneda nacional o extranjera o en unidades reajustables u otros procedimientos de actualización monetaria, la determinación del orden de preferencia en los pagos, el prorrateo de los fondos y demás competencias que sean necesarias para el logro de sus fines.

Los actos del Banco Central del Uruguay previstos en el inciso precedente y sus antecedentes se pondrán de manifiesto por el término de diez días hábiles, lo que se hará saber por edictos publicados en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional. Vencido el término de diez días, se considerarán notificados a todos los interesados, a los efectos del inciso primero del artículo 317 de la Constitución de la República. Dentro del término de diez días previsto en la disposición constitucional recién citada, deberá deducirse cualquier reclamación contra esos actos, incluso las que deriven de la invocación de nulidad o anulabilidad de actos anteriores de la sociedad en liquidación.

ARTICULO 15.- El Banco Central del Uruguay, como liquidador, dispondrá de los más amplios poderes de administración y disposición, sin limitaciones de especie alguna, sobre los bienes, acciones, derechos y obligaciones de las sociedades o empresas comprendidas en la liquidación, a cuyo efecto podrá levantar los embargos e interdicciones trabados.

En su carácter de liquidador, el Banco Central del Uruguay tendrá las facultades necesarias para la mejor gestión y recuperación de los créditos contra terceros, incluyendo la de efectuar quitas y esperas, renovar créditos y celebrar acuerdos de pago referidos a los créditos, y mantener operativas las carteras de tarjetas de crédito y similares según la reglamentación que establecerá el propio Banco Central del Uruguay; debiendo adoptar la solución que en cada caso posibilite la mejor recuperación en beneficio de la masa en atención a las circunstancias.

Las resoluciones consentidas o definitivas del Banco Central del Uruguay dictadas en su calidad de liquidador por las cuales se liquiden créditos de las empresas en liquidación contra terceros, constituirán título ejecutivo.

ARTICULO 16.- El Banco Central del Uruguay, en su carácter de liquidador, podrá disponer que con activos y pasivos del intermediario en liquidación que a tal efecto determine, se constituyan uno o más fondos de recuperación de patrimonios bancarios, que se regirán en lo pertinente por la Ley N° 16.774, de 27 de setiembre de 1996 y su modificativa N° 17.202, de 24 de setiembre de 1999.

Los fondos de recuperación de patrimonios bancarios estarán constituidos por el aporte de créditos contra la sociedad en liquidación, invertidos en los créditos de la misma sociedad contra terceros; no regirán a estos efectos los requisitos de homogeneidad o analogía ni de garantía contenidos en el inciso primero del artículo 30 de la Ley N° 16.774, de 27 de setiembre de 1996, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 17.202, de 24 de setiembre de 1999. Los créditos contra la sociedad se transformarán en aportes al fondo por su importe calculado con valor a la fecha de constitución del fondo de acuerdo a lo pactado originariamente con la sociedad de intermediación, o en su caso de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la presente ley, y sus titulares serán cuotapartistas del patrimonio de afectación a prorrata de ese monto. Podrán emitirse cuotapartes de condominio, de crédito o mixtas, según se establezca en el reglamento respectivo. Los deudores de la sociedad de intermediación financiera pasarán a serlo del patrimonio de afectación en las condiciones pactadas con la entidad en liquidación.

Los reglamentos de los fondos de recuperación de patrimonios bancarios podrán establecer los tipos de medios de pago o valores que los cuotapartistas recibirán en virtud de sus cuotas.

El Banco Central del Uruguay publicará la constitución del fondo de recuperación en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional. Con esa publicación, se entenderán transferidos al fondo de pleno derecho, en la fecha de la última publicación, todos los derechos y obligaciones, sus títulos y garantías, que ya sea como aportes al fondo de recuperación o como el objeto de su inversión, resultaren de su constitución, transferencia que se hará constar expresamente en todas las publicaciones; y desde ese momento, todas las referencias documentales y registrales relativas a los derechos y obligaciones transferidos al fondo de recuperación se entenderán hechas a éste.

La denominación del fondo de recuperación permitirá identificar su origen en las operaciones de la institución intermediaria de la cual procede.

Los patrimonios de los fondos de recuperación de patrimonios bancarios no responderán por las deudas de los cuotapartistas, de las sociedades administradoras o depositarias, ni por las demás deudas de la sociedad de intermediación financiera en liquidación.

ARTICULO 17.- El Banco Central del Uruguay podrá administrar por sí los fondos a que refiere el artículo anterior, o encomendar esa administración o la de activos incluidos en el fondo mediante un procedimiento competitivo a una institución bancaria, o a una de las sociedades reguladas por los artículos 5° y siguientes de la Ley N° 16.774, de 27 de setiembre de 1996. La remuneración de la entidad administradora será con cargo a los fondos administrados; su monto se acordará con el Banco Central del Uruguay.

Al encomendarle la administración, el Banco Central del Uruguay determinará las facultades de que el administrador del fondo estará investido para la mejor gestión y recuperación de los créditos contra terceros, pudiendo incluir la de efectuar quitas y esperas, renovar créditos y celebrar acuerdos de pago referidos a los créditos, y vender como universalidades o formando parte de ellas activos o pasivos comprendidos en el fondo que a tal efecto determine; debiendo adoptar la solución que en cada caso posibilite la mejor recuperación en beneficio del fondo en atención a las circunstancias del caso.

La responsabilidad de los administradores de fondos de recuperación de patrimonios bancarios se regirá, según corresponda, por los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República, o por lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 16.774, de 27 de setiembre de 1996.

ARTICULO 18.- En el mismo carácter de liquidador, el Banco Central del Uruguay podrá vender como universalidades, cuotas partes del patrimonio de las sociedades en liquidación que a tal efecto determine, pudiendo incluir activos líquidos. Las ventas se realizarán por el procedimiento competitivo que determine el Banco Central del Uruguay por razones de buena administración, respetando los principios de igualdad de los interesados y publicidad, y se adjudicarán al oferente que proponga la mejor contraprestación.

Si activos o pasivos comprendidos en la o las cuotas vendidas se hubieran incluido en un fondo de recuperación de patrimonios bancarios de los previstos en el artículo 16 de la presente ley, el Banco Central del Uruguay, como liquidador, o en su caso el administrador del fondo conforme al inciso segundo del artículo anterior, podrá proceder a desglosarlos del mismo y transferirlos al comprador en la forma que corresponda conforme a derecho, siempre que se mantenga razonablemente la proporción entre aportes y activos del fondo existente al momento de su constitución, ya sea volcando el precio percibido en el fondo de recuperación que esos activos y pasivos integraban, o mediante otra compensación, todo ello apreciado conforme a las reglas de contabilización y valoración de activos y pasivos de las entidades de intermediación financiera del Banco Central del Uruguay y, en su defecto, las demás generalmente admitidas.

A los efectos del inciso anterior, no regirá para la sociedad administradora del fondo de recuperación de patrimonios bancarios o de activos incluidos en él, la prohibición del inciso primero del artículo 12 de la Ley N° 16.774, de 27 de setiembre de 1996.

ARTICULO 19.- Con la finalidad de transferir los respectivos pasivos a otro intermediario financiero, de aportarlos para la constitución de un fondo de recuperación de los previstos en el artículo 16 de la presente ley, o de desglosarlos de un fondo ya constituido respetando la proporción entre aportes y activos prevista en el inciso segundo del artículo 18 de esta ley, el Banco Central del Uruguay en su carácter de liquidador y el intermediario financiero destinatario de esa transferencia, o en su caso y en su lugar el administrador del fondo, podrán proyectar de común acuerdo, para proponerlos a los acreedores de la sociedad en liquidación o a categorías determinadas de ellos, acuerdos colectivos de sustitución de deudor, de quitas o reprogramación de los vencimientos de sus créditos con el nuevo deudor, de aportación de sus créditos a la constitución de fondos de inversión, de capitalización de sus créditos, o de tales soluciones acumulativamente. Las propuestas podrán contemplar soluciones diferenciales en beneficio de ciertas categorías de acreedores o de créditos hasta cierto valor absoluto, respetando la igualdad entre los acreedores de la misma categoría y sin alterar el prorrateo que en definitiva corresponda a todos los acreedores.

Las propuestas sólo podrán ser presentadas a los acreedores afectados cuando cuenten con la opinión favorable de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera del Banco Central del Uruguay, fundada en la viabilidad actual y futura de la entidad destinataria.

El Banco Central del Uruguay, en su calidad de liquidador, convocará a adherir al acuerdo colectivo a los acreedores a los que se refiere la propuesta, mediante publicaciones en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional por lo menos, determinando la forma y el plazo en que los acreedores podrán formular su consentimiento.

Los acuerdos colectivos serán obligatorios para todos los acreedores a los que se refieren, adherentes o no, cuando hubieran adherido a ellos acreedores alcanzados que representen el 66% (sesenta y seis por ciento) del total de los pasivos afectados por el acuerdo. En el caso de las obligaciones negociables se requerirá el consentimiento de tenedores que representen la mayoría del capital circulante. Se excluirá de la obligatoriedad general de los acuerdos colectivos, en cuanto contengan capitalización de sus créditos, a los acreedores a los que esté legal o reglamentariamente prohibido invertir en acciones de instituciones de intermediación financiera.

ARTICULO 20.- Declárase que la suspensión de actividades de las entidades de intermediación financiera comprendidas en el artículo 1° del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982 dispuesta por el Banco Central del Uruguay, tendrá por efecto la suspensión de la exigibilidad de todos los créditos contra la entidad suspendida por todo el plazo de duración de esta medida.

ARTICULO 21.- En el ejercicio de sus facultades como liquidador, el Banco Central del Uruguay tendrá presentes los privilegios de ciertos créditos legalmente establecidos y la igualdad entre los acreedores de la misma categoría.

No se entenderá por sí misma lesiva de la igualdad la determinación de categorías de acreedores para incluirlas o no en fondos de recuperación de patrimonio bancarios, en el alcance de acuerdos colectivos conforme al artículo 19 de la presente ley, o en universalidades transferidas a terceros, en tanto exista razonable equivalencia entre activos y pasivos transferidos o la diferencia se compense con el precio incorporado a la masa o mediante otra compensación, todo ello apreciado conforme a las reglas de contabilización y valoración de activos y pasivos de las entidades de intermediación financiera del Banco Central del Uruguay y, en su defecto, las demás generalmente admitidas.

Capítulo III

Normas sobre liquidación de instituciones de intermediación financiera cuyas actividades están suspendidas a la fecha de promulgación de la presente ley

ARTICULO 22.- Las disposiciones del presente Capítulo, adoptadas como consecuencia de la situación por la que atraviesan las instituciones de intermediación financiera cuya actividad se suspendió por el Banco Central del Uruguay, tienen el propósito de amortiguar el impacto que para la sociedad significaría la aplicación lisa y llana de la normativa vigente.

En cumplimiento de lo expresado en el inciso anterior, se pretende rescatar el mayor valor de los activos pertenecientes a las instituciones de intermediación financiera suspendidas, mediante los mecanismos que surgirán de la aplicación de la presente normativa a efectos de defender los derechos de los acreedores.

El Banco Central del Uruguay ejercerá sus potestades como liquidador de las entidades de intermediación financiera comprendidas en el presente Capítulo, con la finalidad de proteger los derechos de los depositantes de esas entidades, custodiando el ahorro por razones de interés general.

El Estado no realizará aporte de recursos adicionales en ninguna de estas situaciones.

ARTICULO 23.- El Estado, sin perjuicio de las acciones promovidas al presente, deberá demandar administrativa y judicialmente a los accionistas y directores responsables de graves infracciones en perjuicio de los bancos a que refiere este Capítulo. El producido de las mismas se destinará a los Fondos de Recuperación de Activos.

ARTICULO 24.- La disolución y liquidación de las entidades de intermediación financiera cuyas actividades se encuentran suspendidas a la fecha de promulgación de esta ley que pueda disponer el Banco Central del Uruguay, se regirán por lo dispuesto en el Capítulo II de la Sección I de la presente ley.

La resolución del Banco Central del Uruguay disponiendo la disolución y liquidación de una entidad bancaria de las aludidas en el inciso primero, importará por sí, de pleno derecho, la constitución de un fondo de recuperación del respectivo patrimonio bancario regido por lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la presente ley. Por consiguiente, también de pleno derecho, la resolución disponiendo la disolución y liquidación operará la transferencia al fondo, en esa fecha, de todos los derechos y obligaciones, sus títulos y garantías, incluso activos líquidos, que ya sea como aportes al fondo de recuperación o como el objeto de su inversión, resultaren de su constitución, todo según el estado de situación de la sociedad a la fecha de la suspensión de sus actividades, con los ajustes posteriores que correspondan según los determinará el Banco Central del Uruguay como liquidador. En la misma resolución del Banco Central del Uruguay disponiendo la disolución y liquidación de la sociedad se aprobará el reglamento del fondo de recuperación del patrimonio bancario, que preverá la existencia de una cuotaparte adicional del pasivo incorporado destinada a contingencias futuras, que quedará a disposición del liquidador.

ARTICULO 25.- Sin perjuicio de todas las potestades que se le otorgan en el Capítulo II de la Sección I de la presente ley, el Banco Central del Uruguay, en su carácter de liquidador y administrador del fondo constituido en virtud de lo dispuesto por el artículo 24 de la presente ley, enajenará a instituciones bancarias autorizadas a estos efectos para operar en el país, en una partida o en varias, la totalidad o parte de los activos, incluyendo los líquidos, de dicho fondo, y sus respectivas garantías.

La enajenación se realizará en cada caso como universalidad, por el procedimiento competitivo que determine el Banco Central del Uruguay por razones de buena administración, respetando los principios de igualdad de los interesados y publicidad. Se adjudicará al oferente que proponga la mejor contraprestación, sobre la base de las dos terceras partes de su valor conforme a las reglas de contabilización y valoración de activos de las entidades de intermediación financiera del Banco Central del Uruguay y, en su defecto, las demás generalmente admitidas, según el estado de situación de la sociedad a la fecha de la suspensión de sus actividades, con los ajustes posteriores que correspondan según los determinará el Banco Central del Uruguay como liquidador.

Será aplicable, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 18, 38 y 39 de esta ley.

ARTICULO 26.- Transfiérense al Estado los créditos por cualquier concepto del Banco Central del Uruguay contra los Bancos cuyas actividades se encuentran suspendidas a la fecha de la presente ley que sean liquidados, y sus respectivas garantías.

La Corporación Nacional para el Desarrollo cancelará los préstamos que le otorgó el Poder Ejecutivo y que aquélla destinó al Banco Comercial, al Banco de Montevideo y al Banco La Caja Obrera (Resoluciones del Poder Ejecutivo de fechas 14 de mayo, 24 de junio y 4 de julio de 2002), mediante la cesión al Estado de sus derechos contra esos Bancos y las garantías correspondientes.

ARTICULO 27.- Con la finalidad primordial de proteger el ahorro por razones de interés general, se autoriza al Poder Ejecutivo a destinar parte de los recursos en efectivo o en valores que correspondan al Estado, en su calidad de acreedor de las entidades a que se refiere el artículo 24 de la presente ley, como resultado de los procedimientos previstos en este Capítulo, para posibilitar soluciones más favorables en beneficio de categorías de depositantes o de depositantes hasta ciertos montos, del sector privado no financiero, en esas entidades.

Se priorizará a los depositantes del sector no financiero titulares de cuentas corrientes, cajas de ahorro y depósitos a plazo fijo, para complementar con los recursos referidos en el inciso anterior, por los primeros U$S 100.000 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional u otras monedas, considerando, a tales efectos, el conjunto de sus créditos de los que es titular en las tres sociedades que se liquidan.

El Banco Central del Uruguay, en su carácter de liquidador, queda facultado para aplicar los beneficios que puedan resultar de la aplicación de este artículo en favor de un depositante, en primer término a amortizar o cancelar las deudas en mora de ese depositante con cualquiera de las sociedades a que se aplica el presente Capítulo.

Quedarán excluidos de los beneficios de este artículo los depósitos de personas o de empresas vinculadas a los accionistas o directivos de cualquiera de las tres sociedades que se liquidan.

ARTICULO 28.- En la aplicación de cualquiera de las soluciones previstas en esta ley, el Banco Central del Uruguay podrá convertir unilateralmente los adelantos otorgados a los ahorristas de conformidad con el inciso segundo del artículo 9º de la citada Ley Nº 17.523, de 4 de agosto de 2002, en pagos con subrogación.

La declaración unilateral de conversión de los adelantos a los ahorristas en pagos con subrogación, importarán la subrogación de pleno derecho a favor del Banco Central del Uruguay en los derechos del acreedor. Los recursos que se recuperen en virtud de esa subrogación retornarán al Banco Central del Uruguay, con destino a la subcuenta especial a que se refiere el inciso segundo in fine del artículo 9º de la Ley Nº 17.523 citada.

ARTICULO 29.- A efectos de facilitar el cumplimiento de los deudores que permanezcan en los fondos de recuperación de activos a que refiere el artículo 16 de la presente ley, el Estado podrá, por el porcentaje de cuotaparte que le corresponde, autorizar al administrador de los mismos, a otorgar extensiones de plazos y a aceptar cancelaciones con bonos soberanos tomados a su valor nominal.

ARTICULO 30.- Facúltase al Poder Ejecutivo a constituir una Comisión integrada por personas de notorio prestigio y experiencia en materia bancaria y financiera, con el cometido de auditar todas las gestiones y operaciones que se realicen en cumplimiento de las normas del presente Capítulo, tanto por el Banco Central del Uruguay en su carácter de liquidador como por cualquier otro administrador que pueda designarse a tales efectos.

La Comisión auditora estará facultada para solicitar al Banco Central del Uruguay y a los administradores actuantes todas las informaciones que entienda necesarias para cumplir su cometido, y a dirigir al Banco Central del Uruguay todas las observaciones que las gestiones y operaciones auditadas puedan merecerle.

La Comisión auditora como tal y todos sus integrantes quedarán comprendidos en el deber de secreto establecido por el artículo 23 de la Ley N° 16.696, de 30 de marzo de 1995. Queda excluida de ese deber la comunicación que la Comisión resuelva realizar al Poder Ejecutivo, de las observaciones que haya formulado al Banco Central del Uruguay de conformidad con el inciso precedente, a los efectos del artículo 197 de la Constitución de la República.

ARTICULO 31.- Facúltase al Banco Central del Uruguay a otorgar a los ahorristas de los Bancos de Montevideo y La Caja Obrera, cuyos depósitos hayan sido transferidos a otras instituciones sin mediar su consentimiento, los mismos derechos que correspondan a los demás ahorristas de dichos bancos.

A dichos efectos y por acto fundado, el Banco Central del Uruguay conformará una Comisión que se expedirá en un plazo máximo prorrogable de 60 (sesenta) días.

Capítulo IV

Reestructuración del sistema de intermediación financiera

ARTICULO 32.- Se autoriza al Estado a constituir una sociedad anónima de giro bancario y ser titular de parte de sus acciones, regida por el derecho aplicable a las entidades privadas de intermediación financiera en todos sus aspectos, incluyendo los relativos a su estructura y funcionamiento societarios, a la autorización, habilitación, supervisión y control de su actividad, a la enajenación de acciones y a la contratación de cualquier naturaleza con terceros, sin perjuicio de lo que se establece en el artículo siguiente.

Cométese al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, con facultad de encomendar a la Superintendencia de Protección del Ahorro Público, la tenencia, custodia y gestión de las acciones de la referida sociedad.

La resolución que disponga constituir la sociedad del inciso primero deberá tener el contenido y producirá los efectos previstos en los artículos 250 y 251 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989. Se deberá cumplir con las formalidades de inscripción y publicaciones que ordena dicha ley, pudiendo funcionar a partir de la primera publicación.

ARTICULO 33.- Los estatutos de la sociedad a que se refiere el artículo anterior podrán establecer que su capital se dividirá en: acciones ordinarias con derecho a voto, que sólo se emitirán en favor del Estado; acciones ordinarias sin derecho a voto para las que no regirá lo dispuesto en el artículo 322 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989; y acciones preferidas sin derecho a voto que tendrán prioridad en el reembolso del capital en caso de liquidación (artículo 323 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989). Podrán establecer también que las acciones sin derecho a voto se emitan al portador y se ofrezcan públicamente, en ambos casos cuando la reglamentación a que se refiere el artículo siguiente lo admita.

ARTICULO 34.- El Banco Central del Uruguay determinará reglamentariamente la forma en que, respecto de las acciones nominativas sin derecho a voto previstas en el artículo anterior, se dará cumplimiento a los requisitos de nominatividad de las acciones y de autorización previa para su emisión o transferencia, contenidos en los artículos 43 y 46 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, incorporados por el artículo 4º de la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992, y en la redacción dada por el artículo 8° de la presente ley, así como a las demás exigencias reglamentarias.

La reglamentación del Banco Central del Uruguay podrá prever que una o ambas categorías de acciones nominativas sin derecho a voto, cuando sean endosables, se emitan y se trasmitan sin autorización previa; en este caso, para el ejercicio de sus derechos, salvo el cobro de dividendos, el endosatario solicitará su inscripción en el registro previsto en el artículo 45 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, incorporado por el articulo 4º de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, y en la redacción dada por el artículo 8° de la presente ley, inscripción que el Banco Central del Uruguay sólo podrá denegar cuando el solicitante no cumpla los requisitos mínimos de rectitud y aptitud que establecerá la reglamentación. La reglamentación también podrá prever que una o ambas categorías de acciones sin derecho a voto se emitan al portador y que se ofrezcan públicamente.

ARTICULO 35.- Facúltase al Poder Ejecutivo a integrar, con cargo a los intereses percibidos y a percibir, de los créditos que se transfieren según el artículo 26 de la presente ley, el capital necesario para la constitución de la sociedad anónima de giro bancario a que refiere el artículo 32 de esta ley.

El Banco Central del Uruguay adelantará al Estado los fondos necesarios para el cumplimiento de lo previsto en el inciso primero, con cargo a los recursos en efectivo o en valores que correspondan al Estado, en su calidad de acreedor de las entidades a que refiere el artículo 24 de la presente ley, como resultado de los procedimientos previstos en el Capítulo III de la Sección I.

ARTICULO 36.- Las entidades de intermediación financiera cuyas actividades se encuentran suspendidas a la fecha de promulgación de esta ley a las que se levante dicha suspensión por el Banco Central del Uruguay podrán celebrar con sus acreedores a la fecha de la suspensión de actividades o con categorías determinadas de ellos, acuerdos colectivos de sustitución de deudor, de quitas o reprogramación de los vencimientos de sus créditos, de aportación de sus créditos a la constitución de fondos de inversión, de capitalización de sus créditos, o de tales soluciones acumulativamente, previa aprobación de la propuesta por el Banco Central del Uruguay, ya sea como condición o como consecuencia de la rehabilitación. Las propuestas podrán contemplar soluciones diferenciales en beneficio de ciertas categorías de acreedores o de créditos hasta cierto valor absoluto.

Dichos acuerdos, cuando se celebren con la adhesión de más de la mitad de los titulares de depósitos y por un monto también superior a la mitad de la totalidad del importe contabilizado en cada una de las instituciones en el rubro indicado, serán obligatorios para la totalidad de los titulares de los depósitos referidos.

El Banco Central del Uruguay podrá prestar su aprobación a propuestas de acuerdos colectivos y adhesiones a los mismos anteriores a la vigencia de la presente ley, si contaran con la opinión favorable de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera.

ARTICULO 37.- En caso de que el Banco Central del Uruguay levante la suspensión de actividades del Banco de Crédito, facúltase al Estado a aplicar a la absorción del patrimonio negativo de dicho banco, su participación en el capital de este último y los créditos resultantes de los préstamos que realizó la Corporación Nacional para el Desarrollo al Banco de Crédito, con fondos que el Poder Ejecutivo prestó a la Corporación Nacional para el Desarrollo con esa finalidad (Resoluciones del Poder Ejecutivo de fechas 24 de junio de 2002 y 4 de julio de 2002), hasta la suma equivalente a U$S 33:500.000 (treinta y tres millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América). Dicha suma, podrá ampliarse hasta en U$S 9:000.000 (nueve millones de dólares de los Estados Unidos de América) en caso de ser necesario un aumento de la previsión sobre los activos del Banco. La deuda de la Corporación Nacional para el Desarrollo con el Estado por concepto de los préstamos antes referidos quedará condonada hasta concurrencia con lo que la Corporación Nacional para el Desarrollo aplique a la finalidad establecida en este inciso.

Facúltase al Estado y al Banco Central del Uruguay a aceptar en pago de sus créditos contra el Banco de Crédito por cualquier concepto, Bonos del Tesoro u otros valores públicos por su valor nominal, o la cesión de créditos del Banco de Crédito contra terceros.

Capítulo V

Disposiciones Generales

ARTICULO 38.- Las transferencias de universalidades previstas en esta ley no implican sucesión a titulo universal, sino sólo la sustitución exclusivamente en las situaciones jurídicas activas y pasivas comprendidas en la delimitación de la universalidad que se transmite.

Por consiguiente, los bienes incluidos en la universalidad no responderán por obligaciones no comprendidas en su delimitación. No se adoptarán medidas cautelares, provisionales, anticipadas ni de ejecución en protección o para la satisfacción de derechos ajenos a la universalidad trasmitida.

ARTICULO 39.- Las transferencias de dominio de bienes o de otros derechos como consecuencia de la aplicación de cualquiera de las soluciones previstas en esta ley que requieran publicidad registral serán inscriptas en los Registros Públicos que correspondan mediante la presentación de testimonio notarial del contrato o del acto del Banco Central del Uruguay que las causen, e individualización en anexo de los bienes o derechos cuya transferencia se registra. Serán además aplicables a las transferencias de créditos y sus garantías, el artículo 10 del Decreto-Ley N° 14.701, de 12 de setiembre de 1977, en la redacción dada por el artículo 30 de la Ley N° 16.906, de 7 de enero de 1998, y en su caso los artículos 1° a 5° del Decreto-Ley N° 15.631, de 26 de setiembre de 1984, rigiendo en cuanto a este último en favor del beneficiario de la transferencia las soluciones allí previstas en favor del Banco Central del Uruguay.

Las transferencias de dominio de bienes o de otros derechos como consecuencia de la aplicación de cualquiera de las soluciones previstas en esta ley estarán exentas de toda clase de tributos, aun los establecidos por leyes especiales.

ARTICULO 40.- Interprétase el artículo 517 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, declarándose:

a) que los artículos 252 y 409 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, sólo son aplicables a las sociedades cuya actividad está regulada por el Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y modificativas, en lo atinente al control de legalidad de las cláusulas estatutarias propuestas en los actos jurídicos referidos en dichas normas;

b) que no son aplicables a los negocios celebrados al amparo de la presente ley que impliquen transferencia de bienes, derechos u obligaciones a titulo universal, las disposiciones de la Sección XII "De la fusión y de la escisión" del Capítulo I de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

ARTICULO 41.- Interprétanse los artículos 12 a 23, 25 y 28 a 30 de la Ley N° 17.292, de 25 de enero de 2001, declarándose:

a) que salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, sus disposiciones no son aplicables a las liquidaciones de empresas integrantes del sistema de intermediación financiera y sus colaterales, que se rigen por las disposiciones del Capítulo II y en su caso del Capítulo III de la Sección I de la presente ley, y se declararán y tramitarán exclusivamente en sede administrativa, bajo el contralor jurisdiccional previsto en las disposiciones constitucionales y legales vigentes (artículos 309 y siguientes de la Constitución de la República, y leyes reglamentarias);

b) que los Juzgados Letrados de Concursos son competentes para entender en todos los procesos pendientes o que se inicien en que la sociedad de intermediación financiera en liquidación sea demandada, y en las acciones sociales de responsabilidad y reivindicatorias a que se refiere el artículo 13 de la Ley N° 17.292, de 25 de enero de 2001, en lo pertinente.

SECCION II

PROTECCION DEL AHORRO BANCARIO

 

Capítulo I

Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario

ARTICULO 42. Creación, naturaleza jurídica, domicilio y capacidad.- Créase la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario, como dependencia desconcentrada del Banco Central del Uruguay.

ARTICULO 43. Cometidos.- Será cometido de la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario garantizar el reintegro de los depósitos en Bancos y cooperativas de intermediación financiera, en las condiciones que establece la presente ley y su reglamentación.

ARTICULO 44. Poderes jurídicos.- Para el cumplimiento de sus cometidos, la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario podrá:

1) Requerir a los intermediarios financieros, directamente o a través de la Superintendencia de las Instituciones de Intermediación Financiera del Banco Central del Uruguay, toda la información que juzgue necesaria para cumplir sus cometidos, con la periodicidad y bajo la forma que juzgue necesaria.

2) Administrar el Fondo de Garantía de Depósitos constituido de conformidad con el Capítulo II de la presente Sección.

3) Reglamentar los términos y condiciones en que se hará efectiva la garantía de reintegro de los depósitos en situaciones de crisis de instituciones de intermediación financiera depositarias.

4) Reintegrar los depósitos garantizados.

5) Ejercer la facultad de disposición sobre las acciones de las sociedades de intermediación financiera que hubieran incumplido los planes de saneamiento o de recomposición patrimonial exigidos por o presentados al Banco Central del Uruguay. La enajenación se realizará mediante el procedimiento competitivo que determine la Superintendencia por razones de buena administración, respetando los principios de igualdad de los interesados y publicidad.

6) Proponer al Banco Central del Uruguay el dictado de

los reglamentos, resoluciones, instrucciones particulares, normas de prudencia, sanciones o cualquier otra medida de su competencia que estime conveniente para el logro de las finalidades que son comunes a ambas instituciones públicas.

Capítulo II

Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios

ARTICULO 45. Creación.- Créase un Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios, que constituirá un patrimonio de afectación independiente, sin personería jurídica, gestionado por la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario, la que ejercerá las facultades de dominio sin ser propietaria, para cumplir los cometidos asignados en esta ley.

El patrimonio del Fondo no responde por las deudas del Banco Central del Uruguay ni de los aportantes y es inembargable.

Los acreedores del Fondo no podrán hacer efectivos sus créditos contra los aportantes, cuya responsabilidad se limita a sus aportaciones.

ARTICULO 46. Recursos del Fondo.- El Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios se constituirá con los siguientes recursos:

1) El aporte que realizarán los Bancos y cooperativas de intermediación financiera de conformidad con lo previsto en el artículo siguiente, cuyo pago en una sola partida o en varias periódicas determinará el Directorio.

2) Los frutos y reintegros de las colocaciones que realice la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario en el cumplimiento de sus cometidos legales.

3) El producido de los préstamos o empréstitos que para el cumplimiento de sus cometidos celebre la Superintendencia con recursos del Fondo o para obtenerlos, con entidades financieras nacionales, extranjeras o internacionales.

4) Las utilidades líquidas de la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario en cada ejercicio anual.

ARTICULO 47. Aportes de los bancos y las cooperativas de intermediación financiera.- El aporte a que se refiere el numeral 1) del artículo anterior será fijado por el Poder Ejecutivo, a propuesta fundada de la Superintendencia, entre el 1 o/oo (uno por mil) y el 30 o/oo (treinta por mil) del promedio anual de los depósitos garantizados del sector no financiero de cada institución bancaria o cooperativa de intermediación financiera comprendida en la garantía en función del rango de los distintos riesgos a que esté expuesta cada una de ellas. La Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario ubicará fundadamente a cada entidad en el rango de riesgos asumidos que le corresponda aplicando los criterios técnicos generalmente admitidos. El Poder Ejecutivo podrá exonerar del aporte a aquellas instituciones que presenten un seguro suficiente, o respaldo de otras instituciones o casas matrices. También podrá fijar diferentes tarifas en atención a la moneda de constitución de las obligaciones. Las porciones del aporte determinadas por moneda se pagarán efectivamente en las respectivas monedas.

El Poder Ejecutivo, a propuesta fundada de la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario, fijará el máximo de reserva en cada moneda con que estará formado el Fondo de Garantía. Los aportes en las respectivas monedas se suspenderán cuando el Fondo de Garantía alcance el máximo establecido para cada una, y se reanudarán cuando caigan por debajo del máximo.

Si se requirieran erogaciones del Fondo que por su importancia lo justifiquen, la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario podrá exigir a las instituciones aportantes el adelanto de la integración de sus aportes, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

ARTICULO 48. Garantía de depósitos.- El Poder Ejecutivo, a propuesta fundada del Banco Central del Uruguay, establecerá los montos máximos a ser reintegrados en ejecución de la garantía de depósitos. Los montos máximos se establecerán por persona acreedora, por institución deudora y por moneda adeudada según sea nacional o cualquiera extranjera, determinando también en este último caso los criterios para los arbitrajes que sean necesarios.

Los montos máximos sólo se modificarán cuando ocurran cambios de importancia en las variables económicas que se consideren relevantes a tales efectos, para nuevas situaciones de crisis que ocurran en el futuro y a propuesta fundada de la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario.

ARTICULO 49. Garantía. Efectividad.- Al disponerse la liquidación o la suspensión de actividades del intermediario financiero, la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario hará efectiva la garantía de los depósitos en las condiciones a que refiere el artículo 48 de la presente ley, procediendo al pago de los créditos cubiertos por la garantía conforme a lo allí previsto.

La recepción por los acreedores de las sumas desembolsadas con los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos, importa la subrogación de pleno derecho a favor de ese Fondo en los derechos del acreedor. Los recursos que se recuperen en virtud de esa subrogación retornarán al Fondo.

SECCION III

SUBSIDIO POR DESEMPLEO

ARTICULO 50. Ambito de aplicación.- El régimen de subsidio por desempleo establecido por el Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, comprenderá obligatoriamente a todos los empleados afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, sin perjuicio de las modificaciones al mismo establecidas en la presente ley para los referidos afiliados.

ARTICULO 51. De la prestación.- La prestación por desempleo consiste en un subsidio mensual en dinero que se paga a todo trabajador comprendido en la presente ley que se encuentre en situación de desocupación forzosa no imputable a su voluntad o capacidad laboral, de cargo del Fondo de Subsidio por Desempleo administrado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Los desocupados comprendidos en la presente ley deberán solicitar la prestación por desempleo ante la Caja, en la forma que determine la reglamentación y dentro del plazo de treinta días, la que otorgará el subsidio a quienes tengan derecho al mismo. La falta de presentación en plazo determinará la pérdida del beneficio por él o los meses transcurridos.

En ningún caso la prestación podrá superar el equivalente a veinte salarios mínimos nacionales mensuales.

ARTICULO 52. Período previo de generación.- Para tener derecho al subsidio por desempleo se requiere que el trabajador comprendido en el ámbito de aplicación de la presente ley haya computado como mínimo seis meses de aportes efectivos a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, previos a configurarse la causal respectiva tratándose de trabajadores mensuales.

Sin perjuicio de la exigencia precedente, se requerirá para los remunerados por día o por hora haber computado ciento cincuenta jornales de aportación efectiva; para los trabajadores con remuneración variable, se exigirá haber percibido un mínimo de seis salarios mínimos nacionales mensuales en el período comprendido, y por los cuales se haya efectuado la aportación correspondiente.

ARTICULO 53. Fondo de Subsidio por Desempleo.- El subsidio por desempleo establecido en la presente ley, estará financiado con los siguientes recursos que constituirán el Fondo de Subsidio por Desempleo administrado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias:

a) La cuota parte de lo recaudado mensualmente por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias por concepto del tributo referido en el artículo 57 de la presente ley, hasta la suma necesaria para financiar exclusivamente el monto del subsidio por desempleo correspondiente a cada empleado subsidiado, por un período de hasta los seis primeros meses del subsidio y la o las eventuales prórrogas por un período total de doce meses más, con un máximo en cada caso equivalente a ocho salarios mínimos nacionales. Los trabajadores amparados por lo dispuesto en el presente literal a) serán los referidos en el literal b) siguiente.

b) Un aporte personal máximo mensual de los afiliados activos a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias del 2,5% de las asignaciones computables, y de sus afiliados pasivos del 2,5% del monto de las pasividades, destinado a financiar exclusivamente las prestaciones correspondientes a los trabajadores en situación de desocupación forzosa de instituciones de intermediación financiera autorizadas para operar en el país que hayan sido suspendidas por el Banco Central del Uruguay durante el año 2002, en el monto de las mismas no cubierto por la financiación referida en el literal a) precedente. La Caja reducirá las tasas de aportación referidas en el presente literal, cuando las proyecciones financieras que deberá realizar, determinen la posibilidad cierta de dicha reducción.

c) Un aporte mensual equivalente al 100% (cien por ciento) del monto de la prestación mensual del subsidio por desempleo correspondiente a cada empleado despedido o en situación de suspensión de actividad de las empresas empleadoras no comprendidas en el literal b) precedente. El contribuyente será la respectiva empresa empleadora, y estará destinado a financiar la prestación y por el término de la misma, incluyendo la o las prórrogas concedidas. La parte del Fondo financiada con el aporte referido en este literal se administrará en forma separada del resto y se recaudará y servirá en forma nominada.

La suma a pagar por la empresa se determinará en base a un término máximo de la prestación de dieciocho meses y un importe no superior al referido en el inciso segundo del artículo 51 de la presente ley, estando sujeta a devolución la suma eventualmente abonada en exceso.

En caso de cese total de actividades de una empresa afiliada a la Caja no comprendida en el literal b) precedente, y cualquiera sea su causa, razón o motivo, deberá pagar en una sola vez la suma equivalente a la totalidad de las prestaciones a abonar por la Caja.

ARTICULO 54. Recursos.- Los recursos determinados en los literales b) y c) del artículo 53 de la presente ley constituyen prestaciones de carácter pecuniario establecidas a favor de una persona de derecho público no estatal (inciso primero del artículo 1º del Código Tributario), recaudadas por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Los pagos se efectuarán en la oportunidad, forma y condiciones que determine la reglamentación.

Los testimonios de las Resoluciones firmes del Consejo Honorario de la Caja, asentadas en actas y relativas a deudas por los aportes establecidos en el artículo anterior, constituyen títulos ejecutivos siempre que cumplan con los requisitos previstos por el artículo 92 del Código Tributario.

En ningún caso podrán transferirse recursos para financiar prestaciones en forma distinta a la establecida en el artículo 53 de la presente ley.

ARTICULO 55. Prórrogas de la prestación.- Vencido el plazo inicial de seis meses, más la o las prórrogas por un plazo total máximo de doce meses, se podrá proceder a conceder prórroga o prórrogas del término de las prestaciones correspondientes a los beneficiarios comprendidos en el literal b) del artículo 53 precedente, y con la financiación exclusiva de la aportación personal prevista en dicho literal, por un plazo total máximo de dieciocho meses. Si la financiación no fuere suficiente para cubrir la totalidad de las prestaciones, éstas se reducirán en forma proporcional a los recursos existentes.

Las prórrogas, en todos los casos, serán resueltas por el Consejo Honorario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias requiriéndose mayoría de votos conformes.

ARTICULO 56. Reducción de aportes patronales.- Fíjase en 0% (cero por ciento) la tasa de aporte patronal jubilatorio a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, correspondiente a aquellos trabajadores que a partir de la vigencia de la presente ley fueren contratados o reincorporados del subsidio por desempleo administrado por la referida Caja. La tasa referida precedentemente se aplicará por un período máximo de dos años a contar desde la fecha de contratación o reincorporación del trabajador, y por una única vez por trabajador.

ARTICULO 57. Tributo.- Destínase como recurso del Fondo de Subsidio por Desempleo para financiar el monto de las prestaciones con un máximo de ocho salarios mínimos nacionales (inciso primero literal a) del artículo 53 de la presente ley), el importe mensual equivalente para su financiamiento del producido del impuesto creado por el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.294, de 23 de junio de 1982, y sus modificativas y complementarias.

ARTICULO 58. Cómputo del período de desocupación y del subsidio.- Los subsidios por desempleo establecidos en la presente ley constituyen asignaciones computables y los períodos en que se gozan los mismos se computan como tiempo trabajado a los efectos de los años de servicios.

ARTICULO 59. Gravabilidad del subsidio.- Las prestaciones del subsidio por desempleo de que trata la presente ley estarán gravadas con las mismas aportaciones personales a favor de la Caja Bancaria que los salarios del personal en actividad.

El aporte de las empresas previsto en el literal c) del artículo 53 de la presente ley estará exento de aportes patronales a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias y no constituye materia gravada para el Impuesto a las Retribuciones Personales.

ARTICULO 60. Alícuota de aporte patronal jubilatorio.- El Poder Ejecutivo, durante el año 2003, podrá autorizar un aumento de hasta 4,5 (cuatro con cinco) puntos porcentuales la alícuota de aporte patronal jubilatorio a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

SECCION IV

Disposiciones Transitorias

ARTICULO 61.- La garantía de reintegro de los depósitos en Bancos y cooperativas de intermediación financiera a que se refiere el artículo 43 de la presente ley entrará en vigencia cuando el Poder Ejecutivo así lo disponga, a propuesta de la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario fundada en la suficiencia para ello de las reservas acumuladas hasta ese momento en el Fondo con los recursos previstos en el artículo 46 de la presente ley.

En el mismo decreto se establecerá la fecha de constitución de los depósitos a partir de la cual quedarán amparados por la garantía, y los montos máximos a que refiere el artículo 47 de la presente ley.

SECCION V

VIGENCIA

ARTICULO 62.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación."

(Texto de los aditivos propuestos:)

"Articulado propuesto:

Art. 1º.- Créase un REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES DESOCUPADOS DEL SISTEMA FINANCIERO, administrado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

Art. 2º.- Podrán inscribirse en ese Registro, dentro del plazo que establezca la reglamentación, todos los trabajadores comprendidos en el literal b) del Art. 51 de la Ley...

Art. 3º.- Al momento de la inscripción, los trabajadores deberán aportar a la CJPB, el 50% (cincuenta por ciento) de la indemnización por despido que les haya correspondido; el destino exclusivo de esos aportes será el de atender los costos que demanden los cursos de capacitación y recalificación profesional que se dictarán. La asistencia a dichos cursos es obligatoria para los trabajadores inscriptos en el Registro, y el incumplimiento de esta obligación, en las condiciones que se determinen, tendrá como consecuencia su eliminación definitiva del Registro, sin derecho a reclamar devolución alguna de la suma aportada.

Art. 4º.- Los trabajadores que ingresen, cualquiera sea el modo de vinculación y relacionamiento laboral, a los Bancos públicos y privados, al Banco de Seguros del Estado, y a todas las demás empresas de intermediación financiera ya autorizadas o autorizarse por el Poder Ejecutivo (Decreto-Ley Nº 15.322, sus modificativas y concordantes), hasta el 1º de enero de 2006, deberán obligatoriamente ser seleccionados entre los trabajadores inscriptos en el Registro que se crea, hasta alcanzar el número de empleados o funcionarios que revistaban en su plantilla al 30 de noviembre de 2002.

En caso de disponerse ingresos de trabajadores que superen el límite referido, al menos el 50% (cincuenta por ciento) de esos nuevos ingresos, deberán ser seleccionados de trabajadores inscriptos en el Registro.

Para el caso de las empresas que inicien su actividad con posterioridad al 30 de noviembre de 2002, se procederá de igual modo al establecido en el inciso anterior.

Establécese por el período 1º de enero de 2003 al 1º de enero del 2006, la obligatoriedad para las empresas referidas en este Artículo, de tomar un nuevo trabajador, por cada uno de los trabajadores que cesen para acogerse a la jubilación por haber configurado la causal dentro de ese período, así como de tomar un nuevo trabajador por cada uno de los trabajadores que cesen para acogerse a la jubilación anticipada regulada por el Artículo 8º de esta ley.

Art. 5º.- Por cada trabajador que reingrese a la actividad, la CJPB podrá volcar mensualmente el monto nominal que éste percibía como prestación por subsidio por desempleo, por el tiempo que le restare de amparo, considerando el máximo período de prórroga que se otorgue con carácter general, al Fondo Jubilatorio que administra el Instituto de Previsión.

Art. 6º.- La selección de los trabajadores, a efectos de ingresar a las instituciones del modo establecido en el Art. 4º de esta ley, deberá hacerse por concurso, o por sorteo, exclusivamente entre trabajadores inscriptos en el Registro, en ambos casos, se determinará, en la forma que disponga la reglamentación, el perfil y los requisitos requeridos. La CJPB mantendrá un legajo individual de los trabajadores inscriptos en el Registro, en el que constarán los estudios cursados, la experiencia laboral anterior, la capacitación, y todo otro dato relevante para su reinserción como trabajador activo.

Art. 7º.- Dispónese con carácter excepcional, hasta el 1º de enero de 2006, la obligatoriedad de jubilarse, de todos los trabajadores afiliados a la CJPB pertenecientes a las empresas individualizadas en el Art. 4º, que hayan configurado causal jubilatoria a la fecha de promulgación de esta ley, o la configuren antes del 1º de enero de 2006. Quienes a la fecha de promulgación de esta ley ya hayan configurado causal, dispondrán de un plazo máximo de 180 (ciento ochenta) días corridos para cesar en la actividad y presentarse a la CJPB a solicitar la jubilación; cumplido ese plazo sin que lo hubieren verificado, la CJPB de oficio, iniciará el trámite jubilatorio y lo comunicará a la empresa empleadora, la que deberá disponer de inmediato el cese del trabajador. Los trabajadores que configuren causal jubilatoria entre la fecha de promulgación de esta ley y el 1º de enero de 2006, dispondrán de un plazo de treinta días a partir de esa configuración, para cesar en su actividad e iniciar el trámite ante la CJPB; cumplido ese plazo, la CJPB iniciará de oficio el trámite tal como se establece en este mismo artículo. En todos los casos regulados en este artículo en que la CJPB proceda a jubilar de oficio, la desvinculación del trabajador de la empresa empleadora, no le otorgará derecho a indemnización de clase alguna.

Art. 8º.- Dispónese con carácter excepcional, hasta el 1º de enero de 2006, la posibillidad de acceder a una jubilación anticipada, a los trabajadores de las empresas afiliadas a la CJPB, individualizadas en el Art. 4º de esta ley, que sin haber configurado causal jubilatoria, les resten no más de tres años a partir de la promulgación de esta ley, para configurarla. Pueden acceder a esta jubilación anticipada, trabajadores que aún no cuenten con la edad o con los años de servicios requeridos, o con ambos requisitos conjuntamente, con tal que los alcanzaren, si continuaren en su actual actividad hasta por tres años más. Esos trabajadores podrán presentarse ante la CJPB, y comprobados los requisitos establecidos en este artículo, la Caja otorgará el derecho jubilatorio, el que tendrá el carácter de definitivo.

Art. 9º.- El Consejo Honorario de la CJPB, por mayoría absoluta, reglamentará todos los aspectos necesarios para la aplicación de la presente ley.

Marina Arismendi, Senadora".

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Señor Presidente: quiero expresar la enorme satisfacción que siento por el resultado de esta votación, de la cual han participado y compartido el esfuerzo todos los partidos políticos aquí representados. Sin duda, como se ha dicho en Sala, es una formidable señal que el Parlamento da a la opinión pública.

Asimismo, quiero dejar expresa constancia del esfuerzo que se hizo en la Comisión por parte de todos y pido excusas, nuevamente, si cometí alguna omisión porque lo hice con total buena fe. En ese sentido, quienes se sientan aludidos pueden estar totalmente seguros. Quiero agradecer especialmente a la Secretaría de la Comisión que hizo un esfuerzo formidable y reconocer de manera especial la actuación del Presidente de la misma, señor Senador Astori, por la ecuanimidad, la diligencia y la agilidad que supo imprimirle al trabajo para alcanzar el feliz resultado del cual hoy todos podemos estar satisfechos de comprobar.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- En la Comisión varios señores Senadores expresaron, con respecto a este registro, su voluntad de estudiarlo con tranquilidad e, incluso, expresaron que estaban en condiciones de votar su pase a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. No sé si esa es la voluntad del Senado, pero formulo moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción del señor Senador Michelini.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR HERRERA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HERRERA.- He votado negativamente la creación de un Registro Nacional de Trabajadores Desocupados del Sistema Financiero y con total franqueza -como lo reclamaba más temprano la señora Senadora Arismendi- quiero decir que no soy partidario de las bolsas de trabajo de carácter obligatorio. Una cosa es un registro donde el conjunto de trabajadores y, especialmente, el sindicato y las empresas puedan llegar a acuerdos voluntariamente y otra, establecer obligaciones. Sin embargo, esa no fue la principal razón por la que voté en contra. Estoy dispuesto a concurrir a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social a debatir sobre el tema. La cuestión es que tomé conocimiento del articulado recién hoy a las 18 horas y pude constatar que establece algunas disposiciones de suma importancia, tales como el 50% de la indemnización por despido, la causal jubilatoria anticipada, la incidencia en los planes de los bancos, etcétera. Hay muchas disposiciones demasiado importantes como para poder resolver en tan poco tiempo.

12) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 2 y 45 minutos, presidiendo el señor Hierro López y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Astori, Barrios Tassano, Brause, Correa Freitas, de Boismenu, Dini, Gallinal, González, Heber, Herrera, Larrañaga, Michelini, Millor, Núñez, Pereyra, Sanabria, Scarpa y Singer.)

SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Sr. Mario Farachio - Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretarios

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.