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Nº 218 - TOMO 414 - 19 DE NOVIEMBRE DE 2002

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

65ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR SENADOR WALTER RIESGO Presidente en ejercicio

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyectos presentados

- El señor Senador Millor presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se excluye de las disposiciones de la Ley Nº 17.551 el Padrón urbano Nº 767 del Balneario "La Paloma".

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

- Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se crea un adicional al establecido por el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.294 que gravará las remuneraciones de los altos funcionarios del Estado.

- A la Comisión de Hacienda.

5) Archivo de Carpeta

- La Comisión de Hacienda aconseja el archivo de la Carpeta Nº 839/02.

- Se procederá de conformidad.

6) Padrón Nº 767 del Balneario "La Paloma"

- Manifestaciones del señor Senador Millor.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve remitir el proyecto de ley que sobre este tema presentara a la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

7) Urgencias

- Por moción del señor Senador Gargano, el Senado declara la urgencia y consideración inmediata de los proyectos contenidos en los Repartidos Nos. 529, 528, 531, 544, 545, 547, 546, 548 y 549.

8 y 19) Contaminación por plomo

- Proyecto de ley por el que se declara obligatoria la realización de análisis de plombemia para los niños comprendidos entre uno y cuatro años de edad.

- Por moción de la señora Senadora Xavier, el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración en la presente sesión.

9) Rotación de la Presidencia del Senado y de la Asamblea General

- Solicitud del señor Senador Korzeniak para hacer una exposición de 35 minutos sobre este tema en la segunda sesión ordinaria del mes próximo.

- Concedida.

10) Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Bulgaria sobre Cooperación Antártica

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

11) Convención sobre Seguridad Nuclear

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

12) Acuerdo sobre Programa de Vacaciones y Trabajo Eventual entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Nueva Zelandia

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

13) Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR

- Proyecto de ley por el se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

14) Convenio de Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

15) Protocolo sobre Cooperación, Preparacion y Lucha contra los Sucesos de Contaminación por Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas, 2000

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

16) Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Italiana

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

17) Acuerdo Complementario de Cooperación Turística entre la República Oriental del Uruguay y la República de Colombia

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

18) Adhesión de la República a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, suscrito en Nueva York, el 28 de setiembre de 1954

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

20) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 15 de noviembre de 2002.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo martes 19, a la hora 16 a fin de informarse de los asuntos entrados.

Hugo Rodríguez Filippini Secretario - Mario Farachio Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abelenda, Arismendi, Barrios Tassano, Cid, Correa Freitas, Couriel, de Bois-menu, Fernández Huidobro, Gallinal, Gargano, Heber, Korzeniak, Larrañaga, Millor, Nin Novoa, Núñez, Pou, Rubio, Sanabria, Scarpa, Segovia, Virgili y Xavier.

FALTAN: el señor Presidente Luis Hierro López, por encontrarse en ejercicio de la Presidencia de la República; con licencia, los señores Senadores Astori, Herrera y Mujica; con aviso, los señores Senadores Garat, García Costa y Pereyra y, sin aviso, los señores Senadores Brause, Michelini y Singer.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 10 minutos)

- Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina varios Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

- por el que se concede una pensión graciable al Sr. Eustaquio Sosa Aquino, sustituyendo al enviado con fecha 6 de setiembre de 2002, por haberse padecido error en el nombre del beneficiario.

- AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES.

- y texto sustitutivo del artículo 3° del proyecto de ley oportunamente enviado, por el que se establecen modificaciones en la tributación que grava a las enajenaciones de gasoil.

- AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES.

El Poder Ejecutivo remite Mensaje comunicando:

- que ha designado Ministro de Educación y Cultura,al doctor Leonardo Guzmán, Ministro de Industria, Energía y Minería al doctor Pedro Bordaberry, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, al doctor Santiago Pérez del Castillo y Ministro de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente al arquitecto Saúl Irureta Saralegui.

- TENGASE PRESENTE.

- y que ha promulgado los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Hungría sobre Cooperación en el Area de Sanidad Animal, suscrito en Budapest, el 28 de junio de 2000.

- por el que se aprueba el Convenio Internacional del Trabajo Nº 167 sobre Seguridad y Salud en la Construcción, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en la 75ª reunión celebrada en Ginebra en junio de 1988.

- y por el que se modifican las condiciones para el ascenso del Personal Superior (JM) y del Personal Subalterno (JM) del inciso 03, Ministerio de Defensa Nacional.

- ARCHIVENSE.

El Ministerio de Relaciones Exteriores remite nota acusando recibo del pedido de informes presentado por el señor Senador José Korzeniak, referido a agregados civiles o militares que prestan funciones en las representaciones diplomáticas de la República.

- OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR JOSE KORZENIAK.

El Banco Central del Uruguay remite nota comunicando la resolución adoptada de fecha 6 de noviembre de 2002 en relación a las monedas acuñadas según Ley Nº 16.260 de 26 de mayo de 1992, conmemorativas del 25° aniversario de dicho Banco.

- TENGASE PRESENTE.

La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se establecen normas para el fortalecimiento del Banco Hipotecario del Uruguay.

- A LA COMISION DE HACIENDA.

La Cámara de Representantes remite, con destino a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Representante Guillermo Chifflet, relacionadas con las afirmaciones atribuidas al Presidente del Frigorífico Tacuarembó.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se designa 'Ismael Iribarren' el Centro Diurno de la ciudad de Trinidad, departamento de Flores,

- por el que se designa 'Doctor Cipriano Goñi' el Hogar de Ancianos de la ciudad de Trinidad, departamento de Flores

- y por el que se establecen plazos para la contestación de los pedidos de informes cursados a solicitud de los señores Legisladores.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba la Adhesión de la República a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, suscrita en Nueva York, el 28 de setiembre de 1954.

- por el que se aprueba el Acuerdo Complementario de Cooperación Turística entre la República Oriental del Uruguay y la República de Colombia, suscrito en Santa Fe de Bogotá el 17 de febrero de 1998.

- por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Cinematográfica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Italiana, integrado por el Preámbulo, veinte artículos y un Anexo, suscrito en Montevideo, el 13 de marzo de 2001.

- por el que se aprueba el Protocolo sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra los Sucesos de Contaminación por Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas 2000.

- por el que se aprueba el Convenio de Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, suscrito en Rotterdam el 10 de setiembre de 1998.

- y por el que se aprueba el Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR, suscrito en la ciudad de Olivos, provincia de Buenos Aires, República Argentina, el 18 de febrero de 2002.

- REPARTANSE."

4) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Pablo Millor presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley, por el que se excluye de las disposiciones de la Ley Nº 17.551, de 23 de agosto de 2002, el padrón urbano Nº 767 del Balneario "La Paloma."

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

(Texto del proyecto presentado:)

"PROYECTO DE LEY, POR EL QUE SE EXCLUYE UN PADRON DE LA LEY Nº 17.551

Artículo 1º.- Se excluye de las disposiciones de la Ley Nº 17.551 del 23 de agosto de 2002 el Padrón urbano Nº 767 del Balneario La Paloma, ubicado en la 10ª Sección Judicial del departamento de Rocha.

Dr. Pablo Millor, Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 23 de agosto de 2002 fue promulgada la Ley Nº 17.551, que había sido aprobada por unanimidad de ambas Cámaras, incluido nuestro voto.

Esta ley, cuyo proyecto fue presentado por los tres Representantes Nacionales del departamento de Rocha, declaró de utilidad pública la expropiación de varios padrones ubicados en la franja costera del Balneario de La Paloma, 10ª Sección Judicial del departamento de Rocha.

La finalidad era preservar el equilibrio y estructura de la faja costera, principal atractivo turístico del lugar, evitando la construcción de nuevas edificaciones en la zona de defensa costera, las cuales afectarían el paisaje y entorpecerían los accesos a la costa.

Evidentemente, la ley procuraba evitar la realización de futuras edificaciones y cercamientos en predios costeros.

Pero no era la intención ni podría serlo afectar derechos legítimamente adquiridos y provocarle al Estado la posibilidad de algún juicio entablado por algún particular perjudicado en caso de que las expropiaciones se materialicen, juicio del cual el Estado podía resultar perdidoso.

Tampoco era la intención cometer alguna injusticia y menos atentar contra edificaciones que han generado fuentes de trabajo y que han embellecido y jerarquizado la zona.

En la ley aprobada se incluye el Padrón Nº 767. En dicho Padrón fue edificado e inaugurado el pasado verano, un parador con un área edificada de 300 m2, equipamiento que consta de 200 sillas y 100 mesas, repisas, mostradores, iluminación, cocina, heladeras, freezers, fritadores, platos, cubiertos, copas, vasos, etc. Además cuenta con cuatro baños que son utilizados por clientes del lugar y por personas que concurren a la playa La Balconada.

Es un local de dos plantas que ofrece servicio de pizzería, parrilla y cocina en general.

Este emprendimiento fue sometido a un estudio de impacto ambiental por la DINAMA que consideró que el mismo era de categoría "A" o sea que no presenta impactos ambientales negativos.

Pero lo que nos mueve a presentar este proyecto estriba en que el emprendimiento cuenta con los permisos de construcción requeridos, otorgados por los organismos estatales correspondientes.

En efecto el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, otorgó el permiso de construcción el día 4 de setiembre de 2001 según surge del expediente Nº 3073/2001, y la Intendencia de Rocha, hizo lo propio el día 4 de octubre de 2001, según Resolución Nº 2611/2001. Ambos documentos se adjuntan al presente proyecto de ley.

A partir de esas autorizaciones, los solicitantes, amparados en un legítimo derecho y basados en la certeza jurídica que emana de los referidos actos administrativos, concretaron el emprendimiento antes señalado, invirtiendo una suma que supera los U$S 200.000 (doscientos mil dólares americanos), incluyendo el costo del terreno.

Entendemos que no es un argumento válido para incluir este padrón entre los posibles a ser expropiados, el hecho de que el proyecto de ley ya había sido presentado en la Cámara de Representantes, a la fecha en que se otorgaron los permisos.

La presentación de un proyecto no lo convierte en ley, y en todo caso la potestad y responsabilidad de haber otorgado los permisos recae en el quienes los concedieron y no en quienes lo solicitaron.

Estos, los solicitantes, cumplieron con los requisitos legales, solicitaron y obtuvieron los permisos en el año 2001, realizaron la inversión y se pusieron a trabajar, generando empleo a la vez que un lugar de recreación, a comienzos del verano pasado, cuando el proyecto de ley estaba lejos de ser aprobado.

Más allá de las dudas que nos genera la situación económica de la Intendencia de Rocha, para poder viavilizar las expropiaciones, se nos ocurre, en lo que al padrón que nos ocupa refiere, que no es justo que quienes construyeron algo para trabajar brindando servicios, se vean sometidos a la incertidumbre jurídica de si su establecimiento va o no a ser expropiado.

Además creemos que de procederse a la expropiación, exista la eventualidad de un reclamo por parte de los propietarios contra el Estado, que seguramente le provoca perjuicios económicos al mismo.

Proponemos, por lo expuesto que se excluya el Padrón 767 de la 10ª Sección Judicial del departamento de Rocha, único padrón edificado de los que se enumeran en la disposición legal, del alcance de la Ley Nº 17.551, del 23 de agosto de 2002.

Dr. Pablo Millor, Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Las señoras Senadoras Marina Arismendi y Mónica Xavier y los señores Senadores Alberto Couriel, Reinaldo Gargano y José Korzeniak presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se crea un adicional al establecido por el artículo 25 del decreto ley Nº 15.294 de 23 de junio de 1982, que gravará las remuneraciones de los altos funcionarios del Estado."

- A LA COMISION DE HACIENDA.

(Texto del proyecto presentado:)

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Créase un impuesto adicional al establecido por el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.294 de 23 de junio de 1982 que gravará las remuneraciones del Presidente y Vicepresidente de la República.

Este adicional, que tendrá como sujetos pasivos a los mencionados gobernantes, será por un monto equivalente al reajuste de las mencionadas remuneraciones realizado a partir del mes de setiembre de 2002.

Artículo 2º.- Créase un impuesto adicional al establecido por el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.294 de 23 de junio de 1982 que gravará las remuneraciones de los Ministros de Estado, del Secretario de la Presidencia de la República, y del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

El gravamen tendrá un monto equivalente al adicional tributado por los Legisladores Nacionales en los términos de la Ley Nº 17.588 de 25 de setiembre de 2002, publicada en el Diario Oficial el 30 de setiembre de 2002.

Artículo 3º.- Lo recaudado por aplicación de los artículos precedentes será destinado exclusivamente como refuerzo de los rubros de gastos del Instituto Nacional del Menor (INAME) relativos a convenios con asociaciones civiles.

Artículo 4º.- Las publicaciones oficiales que, por cualquier medio, difundan las remuneraciones de los gobernantes o altos funcionarios del Estado, deberán expresarse en términos que reflejen inequívocamente el total de los haberes que perciben.

José Korzeniak, Mónica Xavier, Reinaldo Gargano, AlbertoCouriel, Marina Arismendi,, Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Nº 17.558 estableció un adicional al impuesto creado por el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.294, cuyo producido se destinó al Instituto Nacional del Menor (INAME), que grava con un equivalente al monto líquido del reajuste de las remuneraciones de los Legisladores Nacionales.

Si bien es notorio que los graves problemas económicos del país no se mitigan en lo más mínimo con este tipo de medidas, las mismas razones emblemáticas median, con igual o mayor justificación, en el caso de las remuneraciones de que trata este proyecto.

Las eventuales objeciones acerca de la constitucionalidad del proyecto, en su relación con el artículo 154 de la Carta en lo que refiere al Presidente y Vicepresidente de la República, serían las mismas, mutatis mutandi que las que pudieran afectar a la Ley Nº 17.558 en su relación con el artículo 117 de la Constitución.

El adicional que se crea para gravar los sueldos de los Ministros de Estado, del Secretario de la Presidencia de la República y el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se fija en el proyecto en un monto igual en cantidad y en término de su aplicación al que se aplica a los Legisladores Nacionales por el artículo 1º de la Ley Nº 17.558 recientemente promulgada el 25 de setiembre próximo pasado.

Las normas que fijan las retribuciones de los Ministros, Secretario de la Presidencia, y el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto incluyen una extensa serie de envíos legales que se convierten en una suerte de galimatías, básicamente comenzado por el artículo 9º apartado a) de la Ley de Presupuesto Nº 15.809 de 8 de abril de 1986, que los fija en un "…115% sobre la retribución de los Subsecretarios de Estado…", más o menos culminados, hasta donde ha sido posible la fatigosa investigación, por el artículo 14 de otra Ley de Presupuesto Nº 17.296 de 21 de febrero de 2001, que nada menos autoriza al Poder Ejecutivo "…a reestructurar las remuneraciones…" de esos y otros funcionarios, como "…compensación a la persona…".

Es esta oscura cadena legislativa la que ha hecho aconsejable establecer en el artículo 2º del proyecto la peculiar fijación del monto del impuesto adicional por igualdad de cantidad con el establecido para los Legisladores Nacionales, y no por determinación porcentual, como es la fórmula más ortodoxa.

El estudio de estos envíos y reenvíos legislativos conducen en varios casos a encontrar como remuneraciones fijadas jurídicamente, cifras que no coinciden -a veces por diferencias importantes- con los montos de las remuneraciones que se publican oficialmente. Esto explica el artículo que se proyecta con el número 4º.

José Korzeniak, Mónica Xavier, Reinaldo Gargano, AlbertoCouriel, Marina Arismendi, Senadores."

5) ARCHIVO DE CARPETA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de la Comisión de Hacienda.

(Se da de la siguiente:)

"La Comisión de Hacienda aconseja el archivo de la carpeta Nº 839/02, relacionada con la modificación al régimen tributario de los servicios vinculados a la salud de los seres humanos."

- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) PADRON Nº 767 DEL BALNEARIO "LA PALOMA"

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: a través de los asuntos entrados se acaba de dar ingreso a un proyecto de ley presentado por nosotros por el cual proponemos la exclusión del Padrón Nº 767 de las disposiciones de la Ley Nº 17.551 de 23 de agosto de 2002. Se trata de las disposiciones de una ley votada recientemente en el Senado de la República en una segunda instancia, por la cual se declaraba de interés público la expropiación de una serie de padrones en el balneario La Paloma. Si no me equivoco, el proyecto de ley se derivó a la Comisión de Constitución y Legislación. Sin embargo, quiero aclarar que si bien siempre es conveniente que los proyectos que un Legislador presenta -al menos a mí siempre me ha resultado conveniente- se deriven a Comisiones que integra ese Senador, porque de esa manera tiene más posibilidades de agilizar su trámite.

En honor a la verdad y en homenaje a mis compañeros de la Comisión que integré hasta hace pocos días -o sea, la de Vivienda y Ordenamiento Territorial-, debo decir que aquella ley, de la cual nosotros consideramos conveniente excluir el padrón que figura en nuestro proyecto de ley, fue estudiada, aprobada e informada por la Comisión que nombré antes. Comparto la idea de que ese proyecto de ley pase a la Comisión de Constitución y Legislación pero, reitero, en homenaje a los compañeros con los que trabajé dos años y medio y como esa ley fue votada con ese padrón incluido por unanimidad -incluido mi voto y después me di cuenta del error; estoy seguro de que es un error, pero hay que tomar una decisión-, consulto a la Mesa si no sería conveniente que ese proyecto de ley se remitiera a la Comisión que estudió e informó esa iniciativa para que el Senado aprobara después esa ley que allí se menciona.

En síntesis, formulo moción en el sentido de que en lugar de que ese proyecto de ley pase a la Comisión de Constitución y Legislación, se remita a la de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 18 en 20. Afirmativa.

7) URGENCIAS

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: con el acuerdo unánime de la Comisión de Asuntos Internacionales y tal como hemos comunicado a la Secretaría, vamos a pedir que se trate con carácter urgente los siguientes proyectos de ley: primero, por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Bulgaria sobre cooperación antártica; segundo, por el que se aprueba la Convención sobre Seguridad Nuclear adoptada en la ciudad de Viena el 20 de setiembre de 1994 en el marco del Organismo Internacional de Energía Atómica; tercero, por el que se aprueba el acuerdo sobre programas de vacaciones y trabajos eventuales entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Nueva Zelandia; cuarto, el Protocolo por el cual se aprueba el Tratado para la Solución de Controversias en el MERCOSUR suscrito en la ciudad de Olivos, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, el 18 de febrero de 2002; quinto, por el que se aprueba el Convenio de Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, suscrito en Rotterdam el 10 de setiembre de 1998; sexto, por el que se aprueba el Protocolo sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra los Sucesos de Contaminación por Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas 2000; séptimo, por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Cinematográfica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Italiana; octavo, por el que se aprueba el Acuerdo Complementario de Cooperación Turística entre la República y la República de Colombia y, noveno, por el que se aprueba la adhesión de la República a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas suscrito en Nueva York, el 28 de setiembre de 1954.

Todos estos proyectos de ley vienen con la aprobación unánime de los miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales, por lo cual aconsejamos que se aprueben en el Senado.

Sería conveniente que se llamara a Sala, señor Presidente, porque se requieren por lo menos 16 votos para cada proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia aclara que hay en Sala 16 señores Senadores.

SEÑOR GARGANO.- En ese caso, señor Presidente, sugiero que se pase a votar.

Además, queremos expresar unas breves palabras sobre el Protocolo de Olivos, pues nos parece importante que quede constancia en la versión taquigráfica de que el Senado lo aprobó, así como referirnos a la materia que trata, dado que es el más importante de los que figuran en este caso.

Reitero, pues, nuestra solicitud de que estos temas se declaren urgentes.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa recuerda que habrá que esperar un momento hasta que se distribuyan los repartidos correspondientes a esos asuntos.

Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) CONTAMINACION POR PLOMO

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente solicito que se declare urgente y se considere en esta sesión la Carpeta Nº 916/2002 -en ese sentido solicito que se reparta-, que hace referencia al análisis de plomo en niños de entre uno y cuatro años de edad. Los hechos de notoriedad hacen que solicitemos su declaración de urgencia y su consideración en la sesión del día de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Secretaría me informa que se necesitan dos tercios de votos para su aprobación, porque este asunto no ha sido repartido.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: estaba solicitando que se declarara su urgencia y se considerara en esta sesión.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Secretaría nos comunica que para aprobar la urgencia se necesitan dos tercios de votos.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: deseo recordar que cuando se solicita la declaración de urgencia de un asunto y es repartido, basta la mayoría absoluta para que se trate como urgente; si no lo es, se requieren dos tercios de votos. La señora Senadora Xavier solicitó que fuera repartido el asunto, por lo que no se necesitan dos tercios de votos para su aprobación. Una vez repartido, basta la mayoría absoluta para tratarlo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se hará.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la urgencia solicitada por la señora Senadora Xavier.

(Se vota:)

- 17 en 18. Afirmativa.

9) ROTACION DE LA PRESIDENCIA DEL SENADO Y DE LA ASAMBLEA GENERAL

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: formulo moción de orden para que en la segunda sesión ordinaria del mes de diciembre, el Senado me autorice a realizar una exposición de 35 minutos sobre el tema "Rotación de la Presidencia del Senado y de la Asamblea General".

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el planteamiento realizado por el señor Senador Korzeniak.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: en nombre de nuestra Bancada solicitamos un cuarto intermedio de diez minutos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 18. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por diez minutos.

(Así se hace. Es la hora 16 y 23 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 16 y 36 minutos)

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- En primera instancia, quiero pedir disculpas al Cuerpo, porque apenas ingresé solicité un cuarto intermedio para poder lograr un acuerdo. En realidad, en lo personal me extrañó lo que ha ocurrido con la sesión del Senado de esta tarde. Como coordinador de Bancada, había entendido que esta sesión era simplemente de trámite, porque a las 16 y 30 horas habíamos sido citados para la Comisión Especial de Servicios Públicos a fin de tratar las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y de Agua. Entonces, veníamos justamente a dar trámite y a varios Senadores de mi Partido les dije que esta era una sesión de trámite, por lo que no se iba a tratar ningún tema. Algunos de ellos, como el señor Senador García Costa y otros, no concurrieron a la sesión porque pensaron que no se iba a considerar ningún asunto, porque estaba citada la Comisión Especial de Servicios Públicos. No quiero quedar mal frente a mis compañeros y he explicado a los demás coordinadores de Bancada que realmente me sorprende la sesión de hoy del Senado. Si las demás Bancadas entienden que es necesario votar estos proyectos, haría moción para que en el día de mañana citemos para una sesión del Senado y, de ese modo, podré avisar esto a mis compañeros para que vengan a votar. De lo contrario, estaría en falsa posición; el Orden del Día de hoy no existía, ya que la sesión fue citada sin él, pues iba a ser solamente de trámite.

En resumen, hago moción para pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 16 horas y en ese momento, si se quiere, tratar los convenios que tenemos a consideración, cuyo tratamiento ha solicitado una Bancada.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Aclaro que el coordinador de Bancada es el señor Senador Núñez, pero quiero decir que mañana tenemos una reunión con el Poder Ejecutivo, por lo que no estamos en condiciones de asistir a una sesión extraordinaria.

Quiero señalar que el acuerdo no fue nuestro, sino de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado que, además, en el día de ayer trasmitió al señor Secretario lo que había acordado. Hicimos esto -en mi caso personal, en calidad de Presidente- en función del interés que tiene el país, ya que el Gobierno lo tienen el Partido Colorado y el Partido Nacional y si ellos no quieren votar, no votamos y nos vamos. Además, si les parece más importante la sesión de la Comisión Especial de Servicios Públicos, esta puede reunirse. Si hubiéramos votado cuando se dijo, habríamos terminado hace diez minutos. Parecería que hay sombras y fantasmas, pero no es así y, en realidad, esto le sirve al Poder Ejecutivo y no al Encuentro Progresista - Frente Amplio. El tema es que le sirve al país y, entonces, si se quiere votar, que se vote y, si no es así, venimos otro día o dentro de un año.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- El señor Senador Gargano nos dice que tiene una reunión y yo respeto estas reuniones con el Poder Ejecutivo y, naturalmente, no voy a pedir una sesión para el día de mañana. Si estos proyectos se pueden votar en cinco minutos, estaríamos en condiciones de hacerlo, pero no sé si tenemos los votos suficientes.

Reitero que a mis compañeros de Bancada les dije que no iba a haber sesión y no tendría ningún inconveniente en votar estos convenios que vienen aprobados por unanimidad de la Comisión de Asuntos Internacionales. Si fuera así, los votaríamos y no pediríamos un cuarto intermedio.

En definitiva, retiro mi moción y propongo que se voten uno por uno los convenios, a los efectos de que empiece a sesionar la Comisión Especial de Servicios Públicos, citada para las 16 y 30 horas.

SEÑORA ARISMENDI.- Ya se votó que se repartieran las carpetas y luego se pasaran a considerar.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- La Bancada del Partido Colorado solicita que el proyecto de ley que ha sido aprobado por la Cámara de Representantes sobre plombemia sea derivado, como corresponde, a la Comisión de Salud Pública, comprometiéndonos a analizarlo rápidamente y a aprobarlo en una sesión extraordinaria del Senado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 9 en 20. Negativa.

La Mesa consulta al señor Senador Gargano acerca del orden de tratamiento de las carpetas.

SEÑOR GARGANO.- En primer lugar, debemos considerar el convenio con Bulgaria.

10) ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE BULGARIA SOBRE COOPERACION ANTARTICA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el proyecto de ley por el que se aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Bulgaria sobre Cooperación Antártica. (Carp. Nº 865/02 - Rep. 529/02)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 865/02

Rep. Nº 529/02

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Bulgaria sobre Cooperación Antártica, suscrito en Sofía, el 27 de enero del año 2000.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 30 de julio de 2002.

Guillermo Alvarez Presidente

Horacio D. Catalurda Secretario.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de

Relaciones Exteriores

Ministerio de

Economía y Finanzas

Ministerio de

Defensa Nacional

Montevideo, 10 de julio de 2001.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168, numeral 20) y 85, numeral 7º), de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Bulgaria, sobre Cooperación Antártica, suscrito en la ciudad de Sofía el 27 de enero del año 2000.

El Acuerdo que se remite a consideración de ese Cuerpo destaca en su Preámbulo, de conformidad con los convenios internacionales sobre la materia, la importancia de la cooperación internacional para la investigación científica en la Antártida, especialmente para el medio ambiente global, en un todo de acuerdo con la decisión de las Partes del Tratado Antártico de designar al período 1991-2000 como la "década de la cooperación científica internacional antártica".

En los Artículos I y II las Partes se comprometen a establecer un mecanismo de consultas permanentes, intercambiando información sobre sus respectivas posiciones, con miras a emprender acciones conjuntas para lograr la optimización de los recursos humanos y materiales en el marco del sistema del Tratado Antártico, aplicando el mecanismo de consulta establecido en el Memorándum de Cooperación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Bulgaria.

En el Artículo III establece que se cooperará en el desarrollo de la investigación científica y tecnológica mediante la formación de equipos de expertos para la realización de proyectos conjuntos, promoviendo a su vez, el intercambio de personal científico y logístico para el desarrollo de experiencias comunes. Para la capacitación de los recursos humanos y sus experiencias conjuntas las Partes podrán otorgarse facilidades en los aspectos relativos a transporte, alojamiento y refugio.

En los siguientes artículos se designan como instituciones destinadas a llevar a cabo los objetivos del presente Acuerdo al Instituto Antártico Uruguayo y al Instituto Antártico Búlgaro.

De acuerdo al espíritu de la década de la cooperación científica internacional en la Antártida las Instituciones antes mencionadas serán quienes estudien la posibilidad de ampliar su cooperación bilateral a nuevos proyectos multilaterales. Estas mismas Instituciones elaborarán con al menos un año de anticipación los programas de acción conjunta.

En caso de surgir controversias que no pudieran ser solucionadas por las Instituciones designadas en el Artículo IV se deberá notificar a las Partes por la vía diplomática a los efectos de buscar una solución.

En los Artículos IX y X se establece que el mencionado Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última de las notificaciones, mediante las cuales las Partes se comuniquen el cumplimiento de los requisitos legales internos y que permanecerá en vigor por tiempo indefinido, hasta que una de las Partes decida darlo por terminado mediante notificación por la vía diplomática. Dicha denuncia surtirá efecto seis meses después y no afectará las acciones iniciadas durante su vigencia.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República, Didier Opertti, Alberto Bensión, Luis Brezzo.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Bulgaria sobre Cooperación Antártica, suscrito en Sofía, el 27 de enero del año 2000.

Montevideo, 10 de julio de 2001.

Didier Opertti, Alberto Bensión, Luis Brezzo.

TEXTO DEL ACUERDO

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Bulgaria, en adelante denominados "las Partes";

Considerando que los Artículos II y III del Tratado Antártico, el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente y las Recomendaciones de las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico, otorgan gran prioridad a la cooperación internacional en la realización de las actividades científicas antárticas;

Reconociendo la creciente importancia de la Antártida para la investigación científica, especialmente para el medio ambiente global y conscientes de la necesidad de que las actividades científicas tengan un impacto mínimo sobre el medio ambiente antártico y sus ecosistemas dependientes y asociados;

Y de conformidad con la decisión de las Partes del Tratado Antártico de designar el período 1991-2000 como la "Década de la Cooperación Científica Internacional Antártica",

Convienen lo siguiente:

ARTICULO I

Las Partes convienen en realizar a través de sus Ministerios de Relaciones Exteriores, consultas permanentes relativas a materias de interés común en las áreas política, jurídica, científica, medioambientales y otras en el marco del Sistema del Tratado Antártico aplicando el mecanismo de consulta establecido en el Memorándum de Cooperación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Bulgaria, firmado el 11 de junio de 1992 en Montevideo.

Con este objeto, las Partes se esforzarán por intercambiar información sobre sus respectivas posiciones en diferentes foros internacionales con competencia en esas materias, respetando sus intereses individuales y llevando a la práctica el espíritu y la letra del Tratado Antártico.

ARTICULO II

Las Partes realizarán los máximos esfuerzos para emprender operaciones conjuntas, con el objeto de utilizar mejor las posibilidades de cooperación previstas en el Tratado Antártico y de optimizar los recursos humanos y materiales correspondientes, y respondiendo a la necesidad de evitar la duplicación de esfuerzos, tendientes a perfeccionar los estudios interdisciplinarios que pudieren desarrollarse entre sus respectivas comunidades científicas antárticas.

ARTICULO III

Con esta finalidad, las Partes establecerán los mecanismos más aptos de coordinación e intercambio de información que se estimen necesarios entre las instituciones antárticas de cada Parte, con el objeto de cooperar en actividades a cumplirse en las siguientes áreas:

a) Desarrollar la investigación científica y tecnológica en proyectos conjuntos con la finalidad de profundizar en los conocimientos obtenidos, fundamentalmente en materia de la protección del medio ambiente antártico y sus ecosistemas dependientes y asociados.

Del mismo modo, propender al establecimiento de equipos conjuntos de expertos para evaluar el posible impacto sobre el medio ambiente antártico de sus respectivas actividades en el área, a la vez que promover el intercambio de personal científico y logístico para colaborar en proyectos de interés común.

b) Intercambiar información y desarrollar proyectos y experiencias comunes en las respectivas estaciones de cada país, con el fin de proporcionar apoyo logístico moderno y eficiente a las actividades científicas, teniendo presente la fragilidad del medio ambiente antártico y el impacto de la presencia humana en el área del Tratado Antártico.

c) Propender a la capacitación de recursos humanos mediante la aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos modernos a fin de contar con un grupo de investigadores, administradores y técnicos especializados principalmente en el medio ambiente antártico. En este sentido, se fomentará el intercambio de expertos, personal científico, logístico y tecnológico para participar en programas de capacitación realizados en las instalaciones físicas de cualquiera de las Partes. La capacitación de recursos humanos podrá comprender programas y actividades académicas a desarrollarse en instituciones u organismos de formación de cada una de las Partes.

d) Las Partes podrán, en forma acorde con sus capacidades, proveerse mutuamente transporte y alojamiento para el personal y carga a bordo de sus propios barcos, aviones y estaciones o refugios durante las campañas antárticas, de acuerdo con el Artículo V del presente Convenio.

e) El intercambio de experiencias relacionadas con el desarrollo tecnológico de asentamientos humanos y con actividades turísticas en áreas polares.

ARTICULO IV

Para los fines señalados precedentemente, las Partes designan respectivamente, al Instituto Antártico Uruguayo, en adelante "IAU", y al Instituto Antártico Búlgaro, en adelante "IAB", como las instituciones dedicadas a llevar a cabo dichos fines para coordinar las actividades científicas y logísticas con las entidades nacionales.

ARTICULO V

1. Las Partes convienen en que el IAU y el IAB harán los máximos esfuerzos para:

a) Desarrollar y coordinar conjuntamente proyectos de investigación científica, médica y tecnológica en virtud de este Convenio.

b) Establecer un sistema de intercambio de información en materias de orden científico, tecnológico y apoyo logístico.

c) Compartir información que pueda ser de utilidad en la planificación y desarrollo de actividades en el área del Tratado Antártico, con el objeto, entre otros, de proteger el medio ambiente antártico y sus ecosistemas dependientes y asociados.

d) Intercambiar datos científicos obtenidos en proyectos similares, para la elaboración de investigación conjunta, de conformidad con los principios previamente establecidos en cada proyecto de investigación.

e) Participar a través de proyectos científicos conjuntos en sus respectivas expediciones antárticas.

Capacitar a profesionales y técnicos en materias antárticas, propendiendo al intercambio de estos recursos humanos, con la finalidad de una utilización eficiente y efectiva de instalaciones y equipos científicos en cualquiera de las dos Partes.

f) Promover aspectos científicos antárticos que puedan resultar de interés para ambas Partes, especialmente en áreas como: la Física Atmosférica y Meteorológica, la Oceanografía, la Cosmología y Cosmogeofísica, la Ciencia de la Tierra, la Biología y la Medicina, la Ecología Marina, el impacto ambiental y las investigaciones tecnológicas.

g) Intercambiar profesionales del área logística para que conozcan la aplicación y desarrollo de esta técnica de apoyo en la Antártida.

2. Los gastos de traslado generados por el cumplimiento de las actividades señaladas anteriormente, serán asumidos por la Parte que envía al personal científico, técnico y logístico, y los gastos de estadía serán de cargo del país receptor.

ARTICULO VI

En el espíritu de la Década de la Cooperación Científica Internacional en la Antártida y considerando los programas de cooperación antártica que tienen la República Oriental del Uruguay y la República de Bulgaria con otros países, el IAU y el IAB, estudiarán la posibilidad de ampliar su cooperación bilateral a nuevos proyectos multilaterales para lo cual, contando con la aprobación de los institutos mencionados en el Artículo IV y, en la medida de sus posibilidades financieras, incluyendo aquellos aspectos de financiamiento y transporte para sus científicos y personal logístico que sean necesarios a fin de cumplir con estos objetivos.

ARTICULO VII

El IAU y el IAB elaborarán con al menos un año de anticipación, el programa de acción conjunta que incluya los objetivos señalados en los Artículos III y V del presente Convenio.

ARTICULO VIII

Cualquier controversia que pudiere surgir en relación con la interpretación o aplicación del presente Convenio de Cooperación Antártica, que no pueda ser resuelta por las entidades designadas por las Partes en el Artículo IV, deberá ser notificada a los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores a través de los cuales se llevarán a cabo las consultas necesarias para lograr una solución.

ARTICULO IX

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de la última notificación, en que las Partes se comuniquen recíprocamente por los canales diplomáticos, el cumplimiento de las formalidades requeridas por sus respectivos ordenamientos jurídicos internos.

ARTICULO X

Este Convenio permanecerá en vigor en forma indefinida. Sin embargo, podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes mediante notificación por la vía diplomática enviada con seis meses de anticipación. La denuncia no afectará a las acciones iniciadas durante su vigencia.

En fe de lo cual, los suscritos representantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Convenio.

Hecho en la ciudad de Sofía, a los 27 días del mes de enero de 2000, en dos ejemplares originales en los idiomas castellano y búlgaro, siendo ambos textos igualmente auténticos.

SIGUEN FIRMAS.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE BULGARIA SOBRE COOPERACION ANTARTICA

Este Acuerdo, ya aprobado por la Cámara de Representantes, es de cooperación y consultas, a realizarse a través de los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países para promover el desarrollo de los intereses antárticos y utilizar mejor las posibilidades de cooperación previstas en el Tratado Antártico, para optimizar los recursos humanos y materiales (Artículo II), evitando la duplicación de esfuerzos.

Las partes establecerán los mecanismos más aptos de coordinación y el intercambio de información que se estimen necesarios (Artículo III) como:

Desarrollar la investigación científica y tecnológica.

Evaluar el impacto sobre el medio ambiente de las actividades a realizar conjuntamente.

Intercambiar información y experiencias entre las respectivas estaciones en el lugar.

Propender a la capacitación de recursos humanos para el medio.

Se proveerán mutuamente apoyo logístico (transporte, alojamiento, aviones, naves, refugios).

En los artículos, IV y V se designan al Instituto Antártico Uruguayo y al Instituto Antártico Búlgaro para llevar a cabo los fines previstos en el Acuerdo.

Se prevé que este Acuerdo bilateral pueda ampliarse hacia otros países adheridos al Tratado Antártico.

Se establece en el Artículo VIII que cualquier controversia surgida entre los Organismos designados, debe ser remitida en consulta a los Ministerios de Relaciones Exteriores de los países firmantes. Dada la importancia que tiene el desarrollo antártico y la presencia de nuestro país en el continente, se aconseja la aprobación del presente Acuerdo.

Sala de la Comisión, a 24 de octubre de 2002.

Carlos Garat, Miembro Informante; Ruben Correa Freitas, Reinaldo Gargano, Pablo Millor, Juan Adolfo Singer, Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Bulgaria sobre Cooperación Antártica, suscrito en Sofía, el 27 de enero del año 2000."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

11) CONVENCION SOBRE SEGURIDAD NUCLEAR

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el proyecto de ley por el que se aprueba la Convención sobre Seguridad Nuclear. (Carp. Nº 860/02 - Rep. Nº 528/02).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 860/02

Rep. Nº 528/02

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase la Convención sobre Seguridad Nuclear adoptada en la ciudad de Viena, el día 20 de setiembre de 1994, en el marco del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 30 de julio de 2002.

Guillermo Alvarez Presidente

Horacio D. Catalurda Secretario.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de

Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de

Defensa Nacional

Ministerio de Industria,

Energía y Minería

Ministerio de

Salud Pública

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento

Territorial y Medio Ambiente

Montevideo, 16 de mayo de 2000.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el que se aprueba la Convención sobre Seguridad Nuclear adoptada en Viena, el veinte de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro en el marco del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Se destaca en este instrumento internacional la necesidad que tiene la comunidad internacional de velar por la segura, bien reglamentada y ambientalmente sana utilización de la energía nuclear; creando el marco adecuado para seguir reafirmando la importancia de la cooperación internacional para mejorar la seguridad nuclear así como el de fomentar una cultura efectiva en este campo.

Sus objetivos están determinados en el artículo 1º destacándose por su orden los de:

Conseguir y mantener un alto grado de seguridad nuclear en todo el mundo a través de la mejora de medidas nacionales y de la cooperación internacional, incluida, cuando proceda, la cooperación técnica relacionada con la seguridad.

Establecer y mantener defensas eficaces en las instalaciones nucleares contra los potenciales riesgos radiológicos a fin de proteger a las personas, a la sociedad y al medio ambiente de los efectos nocivos de la radiación ionizante por dichas instalaciones.

Prevenir los accidentes con consecuencias radiológicas y mitigar éstas en caso de que se produjesen.

Por su parte el artículo 2 define específicamente los conceptos de "instalación nuclear", "órgano regulador" y "licencia"; siendo su ámbito de aplicación el referido a las instalaciones nucleares según lo indica el artículo 3.

En el Capítulo 2 se establece el régimen de obligaciones indicándose en el literal a) aquellas que se refieren a las disposiciones generales, a saber: el artículo 4 establece las medidas de cumplimiento; el artículo 5 los informes que deberán presentar cada Parte Contratante así como la adopción de las medidas adecuadas para velar por la realización, lo antes posible, de un examen de la seguridad de las instalaciones nucleares existentes en el momento de la entrada en vigor de la Convención para esa Parte Contratante. Es importante destacar que cuando sea necesario en el contexto de la presente Convención "La Parte Contratante velará por que se introduzcan con carácter urgente todas las mejoras que sean razonablemente factibles para incrementar la seguridad de la instalación nuclear". Artículo 6.

En el literal b) aquellas que se refieren al marco legislativo y reglamentario, estipulaciones que se encuentran establecidas en el artículo 7 del mismo. Entre otras se determinan en su literal ii) un sistema de otorgamiento de licencias relativas a las instalaciones nucleares, así como de prohibición de la explotación de una instalación nuclear carente de licencia y en el iv) las medidas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables y de lo estipulado en las licencias, inclusive medidas de suspensión, modificación o revocación.

El artículo 8 señala que cada Parte Contratante constituirá o designará un órgano regulador que se encargue de la aplicación del marco legislativo reglamentario a que se refiere el artículo antes citado, y que esté dotado de autoridad, competencia, y recursos financieros y humanos adecuados para cumplir las responsabilidades que se le asignen. Su numeral 2 reza así: "Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para velar por una separación efectiva entre las funciones del órgano regulador y las de cualquier otro órgano o entidad a los que incumba el fomento o la utilización de la energía nuclear".

En el artículo 9 se determina el régimen de la responsabilidad del titular de la licencia, aseverándose que cada Parte Contratante velará por que la responsabilidad primordial en cuanto a la seguridad de una instalación nuclear recaiga sobre el titular de la correspondiente licencia, velando asimismo por que dicho titular asuma sus responsabilidades en cada caso.

En el literal c) las consideraciones generales relativas a la seguridad, están descriptas en los artículos 10 a 16 inclusive, reglamentándose en forma pormenorizada el régimen de la prioridad a la seguridad, recursos financieros y humanos, factores humanos, garantía de calidad, evaluación y verificación de la seguridad, protección radiológica y preparación para casos de emergencia. Justamente en lo relacionado con este último punto es de vital importancia la reglamentación contenida en los numerales 2 y 3 del artículo 16 que reza así: "Artículo 16. Preparación para casos de emergencia. … 2. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para velar por que a su propia población y a las autoridades competentes de los Estados que se hallen en las cercanías de una instalación nuclear se les suministre información pertinente sobre los planes de emergencia y respuesta, siempre que sea probable que resulten afectados por una emergencia radiológica originada en dicha instalación. 3. Las Partes Contratantes que no tengan ninguna instalación nuclear en su territorio nacional, en tanto sea probable que resulten afectadas en caso de emergencia radiológica en una instalación nuclear situada en las cercanías, adoptarán las medidas adecuadas para velar por que se elaboren y prueben planes de emergencia para su territorio, que cubran las actividades que se deban realizar en caso de emergencia.

En el literal d), en cuanto a la seguridad de las instalaciones, los artículos 17 a 19 determinan por su orden el régimen del emplazamiento, diseño, construcción y explotación.

En cuanto al régimen de emplazamiento, se dispone que cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para velar por el establecimiento y la aplicación de procedimientos apropiados con el fin de: evaluar todos los factores significativos relacionados con el emplazamiento, que afecten probablemente a la seguridad de una instalación nuclear a lo largo de la vida prevista; evaluar las probables consecuencias sobre la seguridad de las personas, de la sociedad y del medio ambiente de una instalación nuclear proyectada; revaluar los factores pertinentes con el fin de cerciorarse de que la instalación nuclear continúa siendo aceptable desde el punto de vista de la seguridad; consultar a las Partes Contratantes que se hallen en las cercanías de una instalación nuclear proyectada, siempre que sea probable que resulten afectadas por dicha instalación y, previa petición, proporcionar la información necesaria a esas Partes Contratantes, a fin de que puedan evaluar y formarse su propio juicio sobre las probables consecuencias de la instalación nuclear para la seguridad en su propio territorio.

A su vez según así lo indica el artículo 18, cada Parte velará por que las instalaciones nucleares se diseñen y construyan de modo que existan varios niveles y métodos fiables de protección contra la emisión de materias radioactivas para prevenir los posibles accidentes y atenuar sus consecuencias radiológicas, a la vez que se adoptarán las medidas para que las tecnologías adoptadas en el diseño y la construcción de una instalación sean de validez comprobada por la experiencia o verificada por medio de pruebas o análisis. En líneas generales lo que se procura es que todo diseño de una instalación de esta naturaleza, permita una explotación fiable, estable y fácilmente controlable. Por su parte el régimen aplicable a la explotación está minuciosamente determinado en el artículo 19 numerales i) a viii).

En el Capítulo 3 se pacta el régimen de las reuniones entre las Partes, estableciéndose que se celebrarán reuniones denominadas reuniones de examen, a fin de examinar los informes presentados de conformidad a la presente Convención; también podrán establecerse subgrupos, que de ser necesario funcionen durante las reuniones de examen, con el fin de estudiar temas específicos contenidos en los informes. En los artículos 21 a 26 se encuentran recogidas las normas relacionadas con el calendario para las reuniones indicadas anteriormente, arreglos sobre cuestiones de procedimiento, reuniones extraordinarias, asistencia, informes resumidos, y los idiomas en que se realizarán las mismas.

De suma importancia es el artículo 27 -Confidencialidad- al aseverar que las disposiciones de esta Convención no afectarán a los derechos y obligaciones de las Partes, de proteger, de conformidad con sus leyes, la información que no deba ser relevada, especificándose que "A los efectos de este artículo, la ‘información’ incluye entre otros, i) los datos personales; ii) la información protegida por derechos de propiedad intelectual o por la confidencialidad industrial o comercial; iii) información relativa a la seguridad nacional, o a la protección física de los materiales nucleares o de las instalaciones nucleares. Asimismo cuando en el contexto de la presente Convención, una Parte Contratante suministre información identificada por esa Parte como de carácter reservado conforme a lo dispuesto en el párrafo 1, dicha información será utilizada únicamente a los fines para los que haya sido suministrada y su confidencialidad deberá ser respetada.

Se establece que el Organismo Internacional de Energía Atómica desempeñará las funciones de Secretaría para las reuniones debiendo ésta: convocar y preparar las reuniones de las Partes y prestarles los necesarios servicios; así como transmitir a las Partes Contratantes la información recibida o preparada de conformidad con lo dispuesto en la presente Convención. El numeral 3 indica que las Partes Contratantes podrán por consenso, pedir al organismo que preste otros servicios a las reuniones de dichas Partes.

Culminando, el artículo 29 prevé el régimen de solución de controversias; disponiéndose que para los casos en que se susciten controversias en su interpretación o aplicación, las Partes Contratantes celebrarán consultas en el marco de una reunión de las Partes Contratantes a fin de resolver la controversia en cuestión.

Considerando la importancia de que la República sea parte de instrumentos internacionales de esta naturaleza, y entendiendo que la presente Convención constituirá un instrumento eficaz para alcanzar los objetivos y fines propuestos en la misma, se solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República, Didier Opertti, Guillermo Stirling, Luis Brezzo, Sergio Abreu, Horacio Fernández Ameglio, Carlos Cat.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase la Convención sobre Seguridad Nuclear adoptada en la ciudad de Viena, el día veinte de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro, en el marco del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Montevideo, 16 de mayo de 2000.

Didier Opertti, Guillermo Stirling, Luis Brezzo, Sergio Abreu, Horacio Fer-nández Ameglio, Carlos Cat.

TEXTO DE LA CONVENCION

PREAMBULO

LAS PARTES CONTRATANTES

i) Conscientes de la importancia que tiene para la comunidad internacional velar por que la utilización de la energía nuclear se realice en forma segura, bien reglamentada y ambientalmente sana;

ii) Reiterando la necesidad de continuar promoviendo un alto grado de seguridad nuclear en todo el mundo;

iii) Reiterando que la responsabilidad de la seguridad nuclear incumbe al Estado que tiene jurisdicción sobre una instalación nuclear;

iv) Deseando fomentar una cultura efectiva de la seguridad nuclear;

v) Conscientes de que los accidentes que ocurran en las instalaciones nucleares pueden tener repercusiones más allá de las fronteras;

vi) Teniendo presente la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares (1979), la Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares (1986), y la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica (1986);

vii) Afirmando la importancia de la cooperación internacional para mejorar la seguridad nuclear por medio de los mecanismos bilaterales y multilaterales existentes y de la adopción de la presente Convención con carácter de estímulo;

viii) Reconociendo que la presente Convención implica un compromiso para la aplicación de principios fundamentales de seguridad a las instalaciones nucleares en lugar de normas detalladas de seguridad, y que existen directrices de seguridad formuladas en el plano internacional, que se actualizan cada cierto tiempo y pueden, por tanto, ofrecer orientación sobre los medios modernos de conseguir un alto grado de seguridad;

ix) Afirmando la necesidad de comenzar rápidamente a elaborar una Convención Internacional sobre seguridad en la gestión de desechos radiactivos, tan pronto como el proceso en curso de establecimiento de nociones fundamentales de seguridad en la gestión de desechos haya plasmado en un amplio acuerdo internacional;

x) Reconociendo la utilidad de proseguir los trabajos técnicos relacionados con la seguridad de otras partes del ciclo del combustible nuclear, y que esos trabajos pueden, a su debido tiempo, facilitar el desarrollo de existentes o futuros instrumentos internacionales;

HAN CONVENIDO en lo siguiente:

CAPITULO 1

OBJETIVOS, DEFINICIONES Y AMBITO DE APLICACION

ARTICULO 1

OBJETIVOS

Los objetivos de la presente Convención son los siguientes:

i) Conseguir y mantener un alto grado de seguridad nuclear en todo el mundo a través de la mejora de medidas nacionales y de la cooperación internacional, incluida, cuando proceda, la cooperación técnica relacionada con la seguridad;

ii) Establecer y mantener defensas eficaces en las instalaciones nucleares contra los potenciales riesgos radiológicos a fin de proteger a las personas, a la sociedad y al medio ambiente de los efectos nocivos de la radiación ionizante emitida por dichas instalaciones;

iii) Prevenir los accidentes con consecuencias radiológicas y mitigar éstas en caso de que se produjesen.

ARTICULO 2

DEFINICIONES

Para los fines de la presente Convención:

i) Por "instalación nuclear" se entiende, en el caso de cada Parte Contratante, cualquier central nuclear para usos civiles situada en tierra y sometida a su jurisdicción, incluidas las instalaciones de almacenamiento, manipulación y tratamiento de materiales radiactivos, que se encuentren ubicadas en el mismo emplazamiento y estén directamente relacionadas con el funcionamiento de la central nuclear. Dicha central dejará de ser una instalación nuclear cuando todos los elementos combustibles nucleares se hayan extraído definitivamente del núcleo del reactor y se hayan almacenado en condiciones de seguridad de conformidad con procedimientos aprobados, y el órgano regulador haya dado su conformidad para el programa de clausura.

ii) Por "órgano regulador" se entiende, en el caso de cada Parte Contratante, cualesquier órgano u órganos dotados por esa Parte Contratante de facultades legales para otorgar licencias y establecer reglamentos sobre emplazamiento, diseño, construcción puesta en servicio, explotación o clausura de las instalaciones nucleares.

iii) Por "licencia" se entiende cualquier autorización otorgada por un órgano regulador al solicitante para que asuma la responsabilidad sobre el emplazamiento, diseño, construcción, puesta en servicio, explotación o la clausura de una instalación nuclear.

ARTICULO 3

AMBITO DE APLICACION

La presente Convención se aplicará a la seguridad de las instalaciones nucleares.

CAPITULO 2

OBLIGACIONES

a) Disposiciones generales

ARTICULO 4

MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO

Cada Parte Contratante adoptará, en el ámbito de su legislación nacional, las medidas legislativas, reglamentarias y administrativas, así como cualesquier otras que sean necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la presente Convención.

ARTICULO 5

INFORMES

Cada Parte Contratante presentará a examen, antes de cada una de las reuniones a que se refiere el artículo 20, un informe sobre las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la presente Convención.

ARTICULO 6

INSTALACIONES NUCLEARES EXISTENTES

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para velar por la realización, lo antes posible, de un examen de la seguridad de las instalaciones nucleares existentes en el momento de la entrada en vigor de la Convención para esa Parte Contratante. Cuando sea necesario en el contexto de la presente Convención, la Parte Contratante velará por que se introduzcan con carácter urgente todas las mejoras que sean razonablemente factibles para incrementar la seguridad de la instalación nuclear. Si fuera imposible conseguir este incremento, deberían ponerse en práctica planes para cerrar la instalación nuclear tan pronto como sea prácticamente posible. Al fijar el calendario de cierre se podrá tener en cuenta el contexto energético global y las opciones posibles, así como las consecuencias sociales, ambientales y económicas.

b) Legislación y reglamentación

ARTICULO 7

MARCO LEGISLATIVO Y REGLAMENTARIO

1. Cada Parte Contratante establecerá y mantendrá un marco legislativo y reglamentario por el que se regirá la seguridad de las instalaciones nucleares.

2. El marco legal y reglamentario preverá el establecimiento de:

i) los requisitos y las disposiciones nacionales aplicables en materia de seguridad;

ii) un sistema de otorgamiento de licencias relativas a las instalaciones nucleares, así como de prohibición de la explotación de una instalación nuclear carente de licencia;

iii) un sistema de inspección y evaluación reglamentarias de las instalaciones nucleares para verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables y de lo estipulado en las licencias;

iv) las medidas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables y de lo estipulado en las licencias, inclusive medidas de suspensión, modificación o revocación.

ARTICULO 8

ORGANO REGULADOR

1. Cada Parte Contratante constituirá o designará un órgano regulador que se encargue de la aplicación del marco legislativo y reglamentario a que se refiere el artículo 7, y que esté dotado de autoridad, competencia y recursos financieros y humanos adecuados para cumplir las responsabilidades que se le asignen.

2. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para velar por una separación efectiva entre las funciones del órgano regulador y las de cualquier otro órgano o entidad a los que incumba el fomento o la utilización de la energía nuclear.

ARTICULO 9

RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA LICENCIA

Cada Parte Contratante velará por que la responsabilidad primordial en cuanto a la seguridad de una instalación nuclear recaiga sobre el titular de la correspondiente licencia, y adoptará las medidas adecuadas para velar por que dicho titular asuma sus responsabilidades.

c) Consideraciones generales relativas a la seguridad

ARTICULO 10

PRIORIDAD A LA SEGURIDAD

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para velar por que todas las entidades dedicadas a actividades directamente relacionadas con las instalaciones nucleares establezcan principios rectores que den la debida prioridad a la seguridad nuclear.

ARTICULO 11

RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS

1. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para velar por que se disponga de recursos financieros suficientes para mantener la seguridad de cada instalación nuclear a lo largo de su vida.

2. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para velar por que se disponga de personal cualificado, con formación, capacitación y readiestramiento apropiados, en número suficiente para cubrir todas las actividades relativas a la seguridad en o para cada instalación nuclear, a lo largo de su vida.

ARTICULO 12

FACTORES HUMANOS

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para velar por que se tengan en cuenta, a lo largo de la vida de una instalación nuclear, las capacidades y limitaciones de la actuación humana.

ARTICULO 13

GARANTIA DE CALIDAD

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para velar por que se establezcan y apliquen programas de garantía de calidad a fin de que se pueda confiar en que, a lo largo de la vida de una instalación nuclear, se satisfagan los requisitos que se hayan especificado acerca de todas las actividades importantes para la seguridad nuclear.

ARTICULO 14

EVALUACION Y VERIFICACION DE LA SEGURIDAD

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para velar por:

i) La realización de evaluaciones detalladas y sistemáticas de la seguridad antes de la construcción y puesta en servicio de una instalación nuclear así como a lo largo de su vida. Dichas evaluaciones deberán estar bien documentadas, ser actualizadas subsiguientemente a la luz de la experiencia operacional y de cualquier nueva información significativa en materia de seguridad, y ser revisadas bajo la supervisión del órgano regulador;

ii) La realización de actividades de verificación por medio de análisis, vigilancia, pruebas e inspección, para comprobar que el estado físico de una determinada instalación nuclear y su funcionamiento se mantienen de conformidad con su diseño, los requisitos nacionales de seguridad aplicables y los límites y condiciones operacionales.

ARTICULO 15

PROTECCION RADIOLOGICA

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para velar por que la exposición de los trabajadores y el público a las radiaciones causadas por una instalación nuclear en todas las situaciones operacionales se reduzca al nivel más bajo que pueda razonablemente alcanzarse, y por que ninguna persona sea expuesta a dosis de radiación que superen los límites de dosis establecidos a nivel nacional.

ARTICULO 16

PREPARACION PARA CASOS DE EMERGENCIA

1. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para velar por que existan planes de emergencia para las instalaciones nucleares, que sean aplicables dentro del emplazamiento y fuera de él, sean probados con regularidad y comprendan las actividades que se deban realizar en caso de emergencia.

Cuando una instalación nuclear sea nueva, estos planes se elaborarán y probarán antes de que la misma comience a funcionar por encima de un nivel bajo de potencia, acordado por el órgano regulador.

2. Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para velar por que a su propia población y a las autoridades competentes de los Estados que se hallen en las cercanías de una instalación nuclear se les suministre información pertinente sobre los planes de emergencia y respuesta, siempre que sea probable que resulten afectados por una emergencia radiológica originada en dicha instalación.

3. Las Partes Contratantes que no tengan ninguna instalación nuclear en su territorio nacional, en tanto sea probable que resulten afectadas en caso de emergencia radiológica en una instalación nuclear situada en las cercanías, adoptarán las medidas adecuadas para velar por que se elaboren y prueben planes de emergencia para su territorio, que cubran las actividades que se deban realizar en caso de emergencia.

d) Seguridad de las instalaciones

ARTICULO 17

EMPLAZAMIENTO

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para velar por el establecimiento y la aplicación de procedimientos apropiados a fin de:

i) Evaluar todos los factores significativos relacionados con el emplazamiento, que probablemente afecten a la seguridad de una instalación nuclear a lo largo de su vida prevista;

ii) Evaluar las probables consecuencias sobre la seguridad de las personas, de la sociedad y del medio ambiente de una instalación nuclear proyectada;

iii) Revaluar, en la medida de lo necesario, todos los factores pertinentes a que se refieren los apartados i) y ii), con el fin de cerciorarse de que la instalación nuclear continúa siendo aceptable desde el punto de vista de la seguridad.

iv) Consultar a las Partes Contratantes que se hallen en las cercanías de una instalación nuclear proyectada, siempre que sea probable que resulten afectadas por dicha instalación y, previa petición, proporcionar la información necesaria a esas Partes Contratantes, a fin de que puedan evaluar y formarse su propio juicio sobre las probables consecuencias de la instalación nuclear para la seguridad en su propio territorio.

ARTICULO 18

DISEÑO Y CONSTRUCCION

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para velar por que:

i) Las instalaciones nucleares se diseñen y construyan de modo que existan varios niveles y métodos fiables de protección (defensa en profundidad) contra la emisión de materias radiactivas, con el fin de prevenir los accidentes y de atenuar sus consecuencias radiológicas en el caso de que ocurrieren;

ii) Las tecnologías adoptadas en el diseño y la construcción de una instalación nuclear sean de validez comprobada por la experiencia o verificada por medio de pruebas o análisis;

iii) El diseño de una instalación nuclear permita una explotación fiable, estable y fácilmente controlable, con especial consideración de los factores humanos y la interfaz persona-máquina.

ARTICULO 19

EXPLOTACION

Cada Parte Contratante adoptará las medidas adecuadas para velar por que:

i) La autorización inicial de explotación de una instalación nuclear se base en un análisis apropiado de seguridad y en un programa de puesta en servicio que demuestre que la instalación, tal como se ha construido, se ajusta a los requisitos de diseño y seguridad;

ii) Los límites y condiciones operacionales deducidos del análisis de seguridad, de las pruebas y de la experiencia operacional se definan y revisen para establecer, en la medida de lo necesario, los confines de seguridad para la explotación;

iii) Las actividades de explotación, mantenimiento, inspección y pruebas de una instalación nuclear se realicen de conformidad con los procedimientos aprobados;

iv) Se establezcan procedimientos para hacer frente a incidentes operacionales previstos y a los accidentes;

v) Se disponga, a lo largo de la vida de la instalación nuclear, de los servicios de ingeniería y apoyo técnico necesarios en todas las disciplinas relacionadas con la seguridad;

vi) El titular de la correspondiente licencia notifique de manera oportuna al órgano regulador los incidentes significativos para la seguridad;

vii) Se establezcan programas para recopilar y analizar la experiencia operacional, se actúe en función de los resultados y conclusiones obtenidos, y se utilicen los mecanismos existentes para compartir la importante experiencia adquirida con los organismos internacionales y con otras entidades explotadoras y órganos reguladores;

viii) La generación de desechos radiactivos producidos por la explotación de una instalación nuclear se reduzca al mínimo factible para el proceso de que se trate, tanto en actividad como en volumen, y en cualquier operación necesaria de tratamiento y almacenamiento de combustible gastado y de los desechos directamente derivados de la explotación, en el propio emplazamiento de la instalación nuclear, se tengan en cuenta los requisitos de su acondicionamiento y evacuación.

CAPITULO 3

REUNIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES

ARTICULO 20

REUNIONES DE EXAMEN

1. Las Partes Contratantes celebrarán reuniones (denominadas en lo sucesivo "reuniones de examen") a fin de examinar los informes presentados en cumplimiento del artículo 5 de conformidad con los procedimientos adoptados con arreglo al artículo 22.

2. A reserva de lo dispuesto en el artículo 24, podrán establecerse subgrupos compuestos por representantes de las Partes Contratantes, que si se estimase necesario funcionen durante las reuniones de examen, con el fin de estudiar temas específicos contenidos en los informes.

3. Cada Parte Contratante dispondrá de una oportunidad razonable para discutir los informes presentados por otras Partes Contratantes y de pedir aclaraciones sobre los mismos.

ARTICULO 21

CALENDARIO

1. Se celebrará una reunión preparatoria de las Partes Contratantes no más tarde de seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención.

2. En esta reunión preparatoria, las Partes Contratantes fijarán la fecha de la primera reunión de examen. Esta reunión de examen se celebrará tan pronto como sea posible pero a más tardar 30 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención.

3. En cada reunión de examen, las Partes Contratantes fijarán la fecha de la siguiente reunión. El intervalo existente entre las reuniones de examen no excederá de tres años.

ARTICULO 22

ARREGLOS SOBRE CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO

1. En la reunión preparatoria que se celebre conforme al artículo 21, las Partes Contratantes elaborarán y adoptarán por consenso un reglamento y un reglamento financiero. Las Partes Contratantes establecerán, en particular, de conformidad con el Reglamento:

i) Directrices acerca de la forma y estructura de los informes que deban ser presentados con arreglo al artículo 5;

ii) Una fecha para la presentación de tales informes;

iii) El procedimiento para el examen de dichos informes;

2. En las reuniones de examen las Partes Contratantes podrán, si se estimase necesario, examinar los arreglos establecidos de conformidad con los apartados i) a iii) anteriormente mencionados, y adoptar por consenso revisiones de los mismos, a no ser que el Reglamento disponga otra cosa. También podrán enmendar por consenso el Reglamento y el Reglamento Financiero.

ARTICULO 23

REUNIONES EXTRAORDINARIAS

Se celebrará una reunión extraordinaria de las Partes Contratantes cuando:

i) así lo acuerde la mayoría de las Partes Contratantes presentes y votantes en una reunión; las abstenciones serán consideradas como votación, o

ii) así lo pida por escrito una Parte Contratante, en un plazo de seis meses contado a partir de la fecha en que la petición haya sido comunicada a las Partes Contratantes y la secretaría a que se refiere el artículo 28 haya recibido notificación de que la petición cuenta con el apoyo de la mayoría de las Partes Contratantes.

ARTICULO 24

ASISTENCIA

1. Cada Parte Contratante deberá asistir a las reuniones de las Partes Contratantes y estar representada en las mismas por un delegado, así como por los suplentes, expertos y asesores que considere necesarios.

2. Las Partes Contratantes podrán invitar, por consenso, a cualquier organización intergubernamental competente en cuestiones reguladas por la presente Convención, a que asista, en calidad de observador, a cualquier reunión o a determinadas sesiones de la misma. Se exigirá a los observadores que acepten por escrito y por anticipado las disposiciones del artículo 27.

ARTICULO 25

INFORMES RESUMIDOS

Las Partes Contratantes aprobarán por consenso y pondrán a disposición del público un documento relativo a las cuestiones debatidas y a las conclusiones alcanzadas en las reuniones.

ARTICULO 26

IDIOMAS

1. Los idiomas de las reuniones de las Partes Contratantes serán el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso, a no ser que el Reglamento disponga otra cosa.

2. Los informes presentados de conformidad con el artículo 5 se redactarán en el idioma nacional de la Parte Contratante que los presente o en un solo idioma que se designará, previo acuerdo, en el Reglamento. De presentarse el informe en un idioma nacional distinto del idioma designado, la Parte en cuestión facilitará una traducción del mismo al idioma designado.

3. No obstante las disposiciones del párrafo 2, la secretaría, si se le resarcen los gastos, se encargará de traducir al idioma designado los informes presentados en cualquier otro idioma de la reunión.

ARTICULO 27

CONFIDENCIALIDAD

1. Las disposiciones de la presente Convención no afectarán a los derechos y obligaciones de las Partes Contratantes, de proteger, de conformidad con sus leyes, la información que no deba ser revelada. A los efectos de este artículo, la "información" incluye, entre otros, i) los datos personales; ii) la información protegida por derechos de propiedad intelectual o por la confidencialidad industrial o comercial; iii) la información relativa a la seguridad nacional, o a la protección física de los materiales nucleares o de las instalaciones nucleares.

2. Cuando, en el contexto de la presente Convención, una Parte Contratante suministre información identificada por esa Parte como de carácter reservado conforme a lo dispuesto en el párrafo 1, dicha información será utilizada únicamente a los fines para los que haya sido suministrada y su confidencialidad deberá ser respetada.

3. Deberá mantenerse la confidencialidad del contenido de los debates de las Partes Contratantes durante el examen de los informes en cada reunión.

ARTICULO 28

SECRETARIA

1. El Organismo Internacional de Energía Atómica (denominado en lo sucesivo el "Organismo") desempeñará las funciones de secretaría para las reuniones de las Partes Contratantes.

2. La secretaría deberá:

i) convocar y preparar las reuniones de las Partes Contratantes y prestarles los necesarios servicios;

ii) transmitir a las Partes Contratantes la información recibida o preparada de conformidad con lo dispuesto en la presente Convención;

Los gastos realizados por el Organismo en cumplimiento de las funciones mencionadas en los apartados i) y ii) precedentes serán sufragados por el Organismo con cargo a su presupuesto ordinario.

3. Las Partes Contratantes podrán, por consenso, pedir al Organismo que preste otros servicios a las reuniones de dichas Partes. El Organismo podrá prestar tales servicios si puede realizarlos con sujeción a su programa y presupuesto ordinarios. De no ser esto posible, el Organismo podrá prestar dichos servicios siempre que se disponga de financiación voluntaria de otra procedencia.

CAPITULO 4

CLAUSULAS Y OTRAS DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 29

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En caso de controversia entre dos o más Partes Contratantes sobre la interpretación o aplicación de la presente Convención, las Partes Contratantes celebrarán consultas en el marco de una reunión de las Partes Contratantes a fin de resolver la controversia en cuestión.

ARTICULO 30

FIRMA, RATIFICACION, ACEPTACION, APROBACION,

ADHESION

1. La presente Convención estará abierta, hasta su entrada en vigor, a la firma de todos los Estados en la Sede del Organismo en Viena, a partir del 20 de setiembre de 1994.

2. La presente Convención está sujeta a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados signatarios.

3. Tras su entrada en vigor, la presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados.

4.

i) La presente Convención estará abierta a la firma o la adhesión de las organizaciones regionales con fines de integración o de otra naturaleza, siempre que la organización en cuestión esté constituida por Estados soberanos y tenga competencia para la negociación, celebración y aplicación de acuerdos internacionales en las materias que son objeto de la presente Convención.

ii) En las materias de su competencia, tales organizaciones en su propio nombre, deberán ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que la presente Convención atribuye a los Estados Partes.

iii) Al hacerse Parte en la presente Convención, esa organización remitirá al depositario una declaración en la que se indique los Estados que la componen, los artículos de la presente Convención que le sean aplicables y el alcance de su competencia en las materias cubiertas en tales artículos.

iv) Dicha organización sólo tendrá derecho a los votos que correspondan a sus Estados Miembros.

5. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación, o adhesión se depositarán ante el depositario.

ARTICULO 31

ENTRADA EN VIGOR

1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha de depósito ante el depositario, del vigésimo segundo instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, incluidos los instrumentos de diecisiete Estados que tengan cada uno al menos una instalación nuclear que haya alcanzado la criticidad en el núcleo de un reactor.

2. Para cada Estado u organización regional con fines de integración o de otra naturaleza que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención o se adhiera a la misma después de la fecha de depósito del último instrumento requerido para satisfacer las condiciones enunciadas en el párrafo 1, la presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha en que dicho Estado u organización haya depositado ante el depositario el correspondiente instrumento.

ARTICULO 32

ENMIENDAS A LA CONVENCION

1. Cualquier Parte Contratante podrá proponer enmiendas a la presente Convención. Las enmiendas propuestas serán examinadas en una reunión de examen o en una reunión extraordinaria.

2. El texto de cualquier enmienda propuesta y las razones de la misma se pondrán en conocimiento del depositario, el cual comunicará la propuesta a las Partes Contratantes con prontitud y no menos de 90 días con anterioridad a la reunión en la que vaya a ser examinada. El depositario transmitirá a las Partes Contratantes las observaciones que reciba en relación con la citada enmienda.

3. Tras estudiar la enmienda propuesta, las Partes Contratantes decidirán si la adoptan por consenso o, de no existir consenso, la presentan a una Conferencia Diplomática. Para adoptar la decisión de presentar una propuesta de enmienda a una Conferencia Diplomática se requerirá mayoría de dos tercios de las Partes Contratantes presentes y votantes en la reunión a condición de que esté presente en el momento de la votación al menos la mitad de las Partes Contratantes. Las abstenciones serán consideradas como votación.

4. La Conferencia Diplomática encargada de examinar y adoptar enmiendas a la presente Convención será convocada por el depositario y deberá celebrarse a más tardar un año después de que haya sido adoptada la decisión correspondiente de conformidad con el párrafo 3 de este artículo. La Conferencia Diplomática hará todo lo posible para conseguir que las enmiendas se aprueben por consenso. Si esto no fuera posible, las enmiendas se aprobarán por mayoría de dos tercios de todas las Partes Contratantes.

5. Las enmiendas a la presente Convención adoptadas de conformidad con los párrafos 3 y 4 antes citados estarán sujetas a la ratificación, aceptación, aprobación o confirmación de las Partes Contratantes y entrarán en vigor para quienes las hayan ratificado, aceptado, aprobado o confirmado, el nonagésimo día siguiente a la fecha en la que el depositario haya recibido los instrumentos correspondientes de tres cuartos, como mínimo, de las Partes Contratantes. Para las Partes Contratantes que ratifiquen, acepten, aprueben o confirmen con posterioridad dichas enmiendas, éstas entrarán en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha en que la Parte Contratante haya depositado su correspondiente instrumento.

ARTICULO 33

DENUNCIA

1. Cualquier Parte Contratante podrá denunciar la presente Convención mediante notificación dirigida por escrito al depositario.

2. La denuncia surtirá efecto al cabo de un año contado a partir de la fecha de recepción de la notificación por el depositario, o en una fecha posterior que pueda ser indicada en la citada notificación.

ARTICULO 34

DEPOSITARIO

1. El Director General del Organismo será el depositario de la presente Convención.

2. El depositario informará a las Partes Contratantes acerca de:

i) La firma de la presente Convención y del depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, de conformidad con el artículo 30;

ii) La fecha en que entre en vigor la Convención, de conformidad con el artículo 31;

iii) Las notificaciones de denuncia de la Convención, y sus respectivas fechas, realizadas de conformidad con el artículo 33;

iv) Las propuestas de enmienda a la presente Convención presentadas por Partes Contratantes, las enmiendas adoptadas por la correspondiente Conferencia Diplomática o por la reunión de las Partes Contratantes, y la fecha de entrada en vigor de las mencionadas enmiendas, de conformidad con el ar-tículo 32.

ARTICULO 35

TEXTOS AUTENTICOS

El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado ante el depositario, el cual enviará ejemplares certificados del mismo a las Partes Contratantes.

EN FE DE LO CUAL, LOS INFRASCRITOS, DEBIDAMENTE AUTORIZADOS AL EFECTO, HAN FIRMADO LA PRESENTE CONVENCION.

Hecho en Viena a los 20 días de septiembre de 1994.

CONVENCION SOBRE SEGURIDAD NUCLEAR

En nombre del Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica, como depositario de la anterior Convención, tengo el honor de certificar que el documento adjunto es copia auténtica y completa del original de la Convención sobre Seguridad Nuclear que quedó abierta a la firma en la Sede del OIEA en Viena el 20 de setiembre de 1994. De acuerdo con el párrafo 1 del artículo 30, la Convención permanecerá abierta a la firma de todos los Estados hasta su entrada en vigor.

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Se trata de la Convención sobre Seguridad Nuclear, adoptada en Viena el 20/09/94, en el marco del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Se establece en este Convenio, la necesidad que tiene la comunidad internacional de velar por la segura, bien reglamentada y ambientalmente sana utilización de la energía nuclear, por medio de una mejora en las medidas de seguridad en el ámbito nacional en el marco de una cooperación internacional.

Se procura mantener defensas eficaces en las instalaciones nucleares contra posibles riesgos radiológicos, para proteger personas, medio ambiente de los efectos nocivos de la radiación.

El Capítulo 2, define las obligaciones que asuman los contratantes, como son las de impulsar las medidas legislativas que permitan cumplir con las obligaciones derivadas de esta Convención.

Cada parte contratante brindará los informes sobre medidas que haya dispuesto siguiendo las obligaciones emanadas de esta Convención.

En lo que respecta a las instalaciones nucleares ya existentes, se obligan las partes a un examen de seguridad, para definir si puede seguir prestando servicios en condiciones de aceptación.

El artículo 7 establece el marco legislativo y reglamentario por el que se regirá la seguridad de las instancias nucleares.

Las partes (artículo 8) establecerán un órgano regulador que se encargue de la aplicación del marco legislativo dispuesto.

Se define la responsabilidad del titular de la licencia (artículo 9).

Se deben disponer los recursos financieros necesarios y suficientes para mantener la seguridad de cada instalación nuclear.

Continúa la Convención, manteniendo énfasis en la seguridad que brindan las instalaciones nucleares, desde el comienzo de su operación en adelante, en lo que tiene que ver con los factores humanos de riesgo, garantía de calidad, evaluación y verificación de la seguridad, protección radiológica, casos de emergencia, emplazamiento de las plantas, diseño de las mismas y construcción que sean de validez comprobada.

Las partes contratantes efectuarán reuniones de examen (artículo 20).

El Organismo Internacional de Energía Atómica oficiará de secretaría para las Partes Contratantes.

En el artículo 29 se fija que la solución de controversias se analizarán en consultas en reuniones de Partes Contratantes.

Finalmente esta Convención ha sido ya aprobada por la Cámara de Representantes y dada la importancia de la misma y la pretensión de ordenar las medidas de seguridad en instalaciones nucleares, es que se aconseja la aprobación de ella.

Sala de la Comisión, a 24 de octubre de 2002.

Carlos Garat, Miembro Informante; Ruben Correa Freitas, Reinaldo Gargano, Pablo Millor, Juan Adolfo Singer, Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Apruébase la Convención sobre Seguridad Nuclear adoptada en la ciudad de Viena, el día 20 de setiembre de 1994, en el marco del Organismo Internacional de Energía Atómica."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

12) ACUERDO SOBRE PROGRAMA DE VACACIONES Y TRABAJO EVENTUAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE NUEVA ZELANDIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el proyecto de ley sobre el Acuerdo sobre Programa de Vacaciones y Trabajo Eventual entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Nueva Zelandia (Carp. Nº 929/02 - Rep. 531/02).

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 929/02

Rep. Nº 531/02

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo sobre Programa de Vacaciones y Trabajo Eventual entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Nueva Zelandia, suscrito en Montevideo, el 16 de noviembre de 2001.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 8 de octubre de 2002.

Guillermo Alvarez Presidente

Horacio D. Catalurda Secretario.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Turismo

Ministerio de Deporte y Juventud

Montevideo, 12 de marzo de 2002.

Asunto 076/02a

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168, numeral 20 y 85, numeral 7 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Acuerdo sobre Programa de Vacaciones y Trabajo Eventual entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Nueva Zelandia, suscrito en Montevideo, el 16 de noviembre de 2001.

El objetivo del Acuerdo, -que contempla un número inicial de 100 participantes por año-, es la promoción del intercambio y del conocimiento recíproco entre jóvenes uruguayos y neozelandeses, mediante el usufructo de vacaciones en los respectivos países.

Los participantes que reúnan los requerimientos estipulados (residencia habitual en el país de la contraparte, 18 a 30 años de edad, pasaje de retorno, recursos suficientes para su manutención durante el período de estadía, seguro médico y de hospitalización, etc.), estarán habilitados durante el término de la visita, a desarrollar actividades laborales remuneradas, con carácter eventual, por un período no superior a los doce meses o matricularse en cursos de capacitación o estudio por un plazo de hasta tres meses.

Se contempla la hipótesis de impedir el ingreso al territorio del Estado Parte, de cualquier participante del Programa que se considere indeseable o expulsar del país a cualquier persona de esas características que haya ingresado en virtud del Acuerdo.

La suspensión del Acuerdo está prevista por motivos de seguridad pública, orden público, salud pública o riesgo de inmigración.

El Programa de Vacaciones y Trabajo se constituirá en un instrumento útil para estrechar vínculos entre las juventudes de los países signatarios, estimular el intercambio cultural, alentar la participación en cursos de capacitación, facilitar la generación de experiencia laboral y favorecer una vertiente turística desde y hacia nuestro país, lo cual justifica el interés del Poder Ejecutivo en la entrada en vigor del mismo, solicitando la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República, Didier Opertti, Guillermo Stirling, Alfonso Varela, Alvaro Alonso, Jaime Trobo.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Turismo

Ministerio de Deporte y Juventud

Montevideo, 12 de marzo de 2002.

Asuntos 076/02 b

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo sobre Programa de Vacaciones y Trabajo Eventual entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Nueva Zelandia, suscrito en Montevideo, el 16 de noviembre de 2001.

Didier Opertti, Guillermo Stirling, Alfonso Varela, Alvaro Alonso, Jaime Trobo.

ACUERDO SOBRE PROGRAMA DE VACACIONES Y TRABAJO EVENTUAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE NUEVA ZELANDIA

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Nueva Zelandia, (en adelante "las Partes"), han alcanzado el siguiente Acuerdo sobre un Programa de Vacaciones y Trabajo Eventual (en adelante "el Programa") entre los dos países,

Objetivo

Artículo 1

El objetivo del Programa es promover el intercambio y el conocimiento recíproco entre jóvenes uruguayos y neozelandeses, mediante vacaciones en el país de la Contraparte. Los participantes en este Programa de vacaciones podrán realizar trabajos no permanentes, los cuales pueden ser remunerados. Dichos trabajos no podrán constituir la razón primordial de la visita. Este Programa estará sujeto a los requerimientos que se indican a continuación, de conformidad con las legislaciones de los respectivos países.

Responsabilidades del Gobierno de Nueva Zelandia.

Artículo 2

Las autoridades competentes de Nueva Zelandia, a través de su oficina de tramitación de visas, con arreglo al artículo 3, a solicitud de un ciudadano de la República Oriental del Uruguay, otorgarán una visa de trabajo, válida para ser presentada durante un período de doce (12) meses desde la fecha de su otorgamiento, a toda persona que satisfaga cada uno de los siguientes requerimientos:

a) sea ciudadano uruguayo con residencia habitual en la República Oriental del Uruguay a la fecha de la solicitud;

b) demuestre al funcionario encargado de otorgar visas que su intención principal es tomar vacaciones en Nueva Zelandia, siendo el trabajo algo accesorio y no la razón primordial de la visita;

c) tenga entre dieciocho (18) y treinta (30) años de edad inclusive, a la fecha de la solicitud;

d) no irá acompañado por niños;

e) sea titular de un pasaporte uruguayo válido;

f) posea un pasaje de retorno o recursos suficientes para adquirirlo;

g) posea recursos suficientes, a criterio de las autoridades competentes, para su manutención durante el período de estadía en Nueva Zelandia;

h) pague los derechos correspondientes a la solicitud de visa de trabajo;

i) acceda a contratar un seguro médico y de hospitalización integral que permanezca vigente durante toda su estadía en Nueva Zelandia.

Artículo 3

Las autoridades competentes de Nueva Zelandia podrán otorgar cada año, a ciudadanos de la República Oriental del Uruguay, determinado número de las visas de trabajo mencionadas en el artículo 2. El número de visas será el fijado en el artículo 13 o el que se establezca de común acuerdo entre las Partes, de conformidad con lo previsto en dicho artículo.

Artículo 4

Con arreglo al artículo 3, las autoridades competentes de Nueva Zelandia otorgarán un permiso de trabajo al ciudadano de la República Oriental del Uruguay, a condición que el mismo posea la visa de trabajo expedida de conformidad con el artículo 2 y satisfaga cada uno de los requerimientos establecidos en dicho artículo. El permiso de trabajo se otorgará a dicha persona a su arribo a Nueva Zelandia y será válido por un período no superior a los doce (12) meses desde la fecha de entrada a Nueva Zelandia.

Artículo 5

Las autoridades competentes de Nueva Zelandia requerirán a cualquier ciudadano de la República Oriental del Uruguay que haya ingresado a Nueva Zelandia a través del Programa que funciona bajo este Acuerdo, el cumplimiento con las leyes y reglamentos de Nueva Zelandia y a no comprometerse en trabajos que sean contrarios al propósito del Programa. A los participantes del Programa no les está permitido comprometerse en empleos permanentes durante su visita y no podrán trabajar con el mismo empleador por más de tres meses durante su visita. Podrán matricularse en un curso de capacitación o estudio por un plazo de hasta tres meses durante su visita a Nueva Zelandia.

Responsabilidades del Gobierno de la República Oriental del Uruguay

Artículo 6

Las autoridades competentes de la República Oriental del Uruguay, a través de su oficina de tramitación de visas, con arreglo al artículo 7, a solicitud de un ciudadano de Nueva Zelandia, otorgarán una visa especial, válida para ser presentada durante un período de doce (12) meses desde la fecha de su otorgamiento, a toda persona que satisfaga cada uno de los siguientes requerimientos:

a) sea ciudadano neozelandés con residencia habitual en Nueva Zelandia a la fecha de la solicitud;

b) demuestre al funcionario encargado de otorgar visas que su intención principal es tomar vacaciones en la República Oriental del Uruguay, siendo el trabajo algo accesorio y no la razón primordial de la visita;

c) tenga entre dieciocho (18) y treinta (30) años de edad inclusive, a la fecha de la solicitud;

d) no irá acompañado por niños;

e) sea titular de un pasaporte neozelandés válido;

f) posea un pasaje de retorno o recursos suficientes para adquirirlo;

g) posea recursos suficientes, a criterio de las autoridades competentes, para su manutención durante el período de estadía en la República Oriental del Uruguay;

h) pague los derechos correspondientes a la solicitud de visa especial;

i) acceda a contratar un seguro médico y de hospitalización integral que permanezca vigente durante toda su estadía en la República Oriental del Uruguay.

Artículo 7

Las autoridades competentes de la República Oriental del Uruguay podrán otorgar cada año, a ciudadanos de Nueva Zelandia, determinado número de las visas especiales mencionadas en el artículo 6. El número de visas será el fijado en el artículo 13 o el que se establezca de común acuerdo entre las Partes, de conformidad con lo previsto en dicho artículo.

Artículo 8

Con arreglo al artículo 7, las autoridades competentes de la República Oriental del Uruguay otorgarán un permiso de trabajo al ciudadano de Nueva Zelandia, a condición que el mismo posea la visa especial expedida de conformidad con el artículo 6 y satisfaga cada uno de los requerimientos establecidos en dicho artículo. El permiso de trabajo se otorgará a dicha persona a su arribo a la República Oriental del Uruguay y será válido por un período no superior a los doce (12) meses desde la fecha de entrada a la República Oriental del Uruguay.

Artículo 9

Las autoridades competentes de la República Oriental del Uruguay requerirán a cualquier ciudadano de Nueva Zelandia que haya ingresado a la República Oriental del Uruguay a través del Programa que funciona bajo este Acuerdo, el cumplimiento con las leyes y reglamentos de la República Oriental del Uruguay y a no comprometerse en trabajos que sean contrarios al propósito del Programa. A los participantes del Programa no les está permitido comprometerse en empleos permanentes durante su visita y no podrán trabajar con el mismo empleador por más de tres meses durante su visita. Podrán matricularse en un curso de capacitación o estudio por un plazo de hasta tres meses durante su visita a la República Oriental del Uruguay.

Disposiciones Generales

Artículo 10

Cualquiera de las Partes puede rechazar cualquier solicitud en particular que reciba.

Artículo 11

Cualquiera de las Partes puede, de conformidad con su propia legislación, impedir el ingreso a su territorio de cualquier persona participante en el Programa, que considere indeseable o expulsar del país a cualquier persona de esas características que haya obtenido el ingreso en virtud de este Acuerdo.

Artículo 12

1. Cualquiera de las Partes puede, en cualquier momento, solicitar consultas por la vía diplomática, sobre las disposiciones de este Acuerdo, incluyendo cualquier propuesta para la enmienda del mismo. La otra Parte responderá a la solicitud dentro de los 60 días. El Acuerdo estará sujeto a revisión después de un período de dos (2) años desde la fecha de su entrada en vigor y, posteriormente, a solicitud de alguna de las Partes.

2. Todas las enmiendas realizadas de común acuerdo luego de las consultas establecidas en el inciso 1 de este artículo, se harán efectivas por medio de un intercambio de notas por vía diplomática, las cuales incluirán referencia a la fecha en la cual las enmiendas entrarán en vigor.

Artículo 13

El número de participantes en este Programa, por cada Parte, será inicialmente cien (100) personas por año. Sin embargo, este número puede ser modificado de común acuerdo entre las Partes, mediante un intercambio de notas por vía diplomática, que no será considerado una enmienda formal del Acuerdo.

Suspensión del Acuerdo

Artículo 14

Cualquiera de las Partes puede suspender temporalmente el Acuerdo, en su totalidad o en parte, por motivos de seguridad pública, orden público, salud pública o riesgo de inmigración. Toda suspensión de ese tipo y la fecha en que se hará efectiva, será notificada a la otra Parte por la vía diplomática.

Terminación

Artículo 15

Cualquiera de las Partes puede poner término a este Acuerdo notificando a la otra Parte por la vía diplomática, con tres (3) meses de anticipación.

Entrada en Vigor

Artículo 16

Este Acuerdo entrará en vigor desde la fecha de la última notificación en que las Partes se comuniquen por la vía diplomática, el cumplimiento de sus requisitos internos.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, en nombre de sus respectivos Gobiernos, han suscrito este Acuerdo, en Montevideo, el 16 de noviembre de dos mil uno, en dos ejemplares originales, en idiomas español e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

 

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

El presente Acuerdo promueve y formula el intercambio entre jóvenes de ambos países en sus períodos de vacaciones, habilitándolos también para desarrollar actividades laborales durante su estadía.

Aconsejamos su aprobación por ser beneficioso para nuestros jóvenes y no existir objeciones al articulado propuesto.

Sala de la Comisión, a 24 de octubre de 2002.

Reinaldo Gargano, Miembro Informante; Ruben Correa Freitas, Carlos Garat, Pablo Millor, Juan Adolfo Singer, Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo sobre Programa de Vacaciones y Trabajo Eventual entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Nueva Zelandia, suscrito en Montevideo, el 16 de noviembre de 2001."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

13) PROTOCOLO DE OLIVOS PARA LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN EL MERCOSUR

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR. (Carp. Nº 764/02 - Rep. Nº 544/02 )"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 764/02

Rep. Nº 544/02

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 15 de marzo de 2002.

Asunto Nº 095a/2002.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 168, numeral 20 y el Artículo 85 numeral 7 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el cual se aprueba el Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR, suscrito en la ciudad de Olivos, provincia de Buenos Aires, República Argentina, el 18 de febrero de 2002.

I. Antecedentes

I.1. Anexo III al Tratado de Asunción.

El primer sistema de solución de controversias que rigió en el MERCOSUR fue el consagrado en el Anexo III al Tratado de Asunción y lo hizo desde el 29 de noviembre de 1991 (fecha de entrada en vigor del Tratado de Asunción) hasta la entrada en vigor del Protocolo de Brasilia para la Solución de Controversias (22 de abril de 1993). Se trataba de un mecanismo elemental, destinado a regir inmediatamente después de la entrada en vigor del Tratado de Asunción. Tenía por objeto las controversias que pudieren surgir entre los Estados Partes como consecuencia de la aplicación del Tratado. Este mecanismo constaba de tres etapas: las negociaciones directas (que se han mantenido como primer intento de solución de la controversia en los sistemas propuestos ulteriormente); en caso de no lograr una solución por esta vía, la presentación ante el Grupo Mercado Común (GMC); y si en esta instancia tampoco se alcanzara una solución, el recurso al Consejo del Mercado Común (CMC). Se trataba de un procedimiento no jurisdiccional, en el que tanto el Grupo Mercado Común como el Consejo del Mercado Común, se pronunciaban a través de Recomendaciones a los Estados Partes en la controversia. En la etapa correspondiente a la intervención del Grupo Mercado Común, ya se preveía el establecimiento de grupos de peritos o paneles de expertos, cuya función era asesorar al Grupo Mercado Común.

Resumiendo, se establecía un sistema de solución de controversias en el que sólo los Estados Partes tenían legitimación activa y pasiva y en el que se contemplaban únicamente las controversias que pudieran surgir "como consecuencia de la aplicación del Tratado". No se preveían plazos para las negociaciones directas, el plazo para la adopción de las Recomendaciones por parte del Grupo Mercado Común era extenso (sesenta días) y no se consagraba la posibilidad de que el Consejo del Mercado Común convocara peritos o expertos, en caso de ser llamado a intervenir en una controversia.

1.2. El Protocolo de Brasilia.

En cumplimiento del artículo 3 del Tratado de Asunción y del numeral 2 del Anexo III a dicho Tratado, se llevaron a cabo los trabajos tendientes a elaborar el régimen de solución de controversias que regiría durante el período de transición, esto es, desde la entrada en vigor de dicho instrumento hasta el 31 de diciembre de 1994. Fue así que por Decisión Nº 1/91 de 17 de diciembre de 1991, el Consejo del Mercado Común aprobó el Protocolo para la Solución de Controversias, denominado "Protocolo de Brasilia" en el cual se estableció un sistema de solución de controversias que se mantendría vigente hasta la entrada en vigor del Sistema Permanente de Solución de Controversias previsto en el numeral 3 del Anexo III del Tratado de Asunción.

Este instrumento incorporó novedades de gran importancia con respecto al sistema plasmado en el Anexo III al Tratado de Asunción. Entre ellas cabe mencionar, en primer lugar, que el Protocolo de Brasilia incluyó un capítulo en el que se contempló la posibilidad de que los particulares efectuaran reclamos relativos a la sanción o aplicación de medidas legales o administrativas de efecto restrictivo, discriminatorias o de competencia desleal por los Estados Partes, en violación tanto del derecho originario como del derecho derivado del MERCOSUR. Por otra parte, en lo relativo a las controversias entre Estados Partes, se estableció un plazo de quince días para alcanzar una solución por la vía de las negociaciones directas, se redujo a treinta días el plazo del Grupo Mercado Común para formular Recomendaciones a los Estados Partes y se estableció el mecanismo para la selección de expertos que integrarían el grupo asesor.

Además, eliminó la instancia ante el Consejo del Mercado Común prevista en el Anexo III al Tratado de Asunción e introdujo una instancia de carácter jurisdiccional: el procedimiento arbitral de naturaleza ad hoc.

Con respecto a la vigencia de este Protocolo, el mismo incluyó una disposición según la cual su vigencia se extendería "hasta que entre en vigor el Sistema Permanente de Solución de Controversias para el Mercado Común...", suplantando la fórmula del Tratado de Asunción y su Anexo que se referían expresamente al 31 de diciembre de 1994 por otra más flexible.

I.3. Protocolo de Ouro Preto.

El Protocolo de Ouro Preto sobre la Estructura Institucional del MERCOSUR, aprobado el 17 de diciembre de 1994 incluyó algunas normas sobre solución de controversias. Quedaron incorporadas conforme a este Protocolo (artículo 43), las Directivas de la Comisión de Comercio del MERCOSUR al conjunto de normas cuya interpretación, aplicación o incumplimiento pueden ser objeto de una controversia conforme al ámbito señalado en los artículos 1, 19 y 25 del Protocolo de Brasilia. Además, se previó que los Estados Partes efectuarían una revisión del sistema de solución de controversias vigente en el MERCOSUR con miras a la adopción del sistema permanente a que se refería el ítem 3 del Anexo III del Tratado de Asunción y el artículo 34 del Protocolo de Brasilia, antes de culminar el proceso de convergencia del Arancel Externo Común (artículo 44).

Finalmente, corresponde tener en cuenta que el artículo 21 del Protocolo de Ouro Preto otorgó a la Comisión de Comercio del MERCOSUR la competencia de conocer en las reclamaciones presentadas por las Secciones Nacionales de la Comisión de Comercio del MERCOSUR, originadas por los Estados Partes o en demandas de particulares -personas físicas o jurídicas-, relacionadas con las situaciones previstas en los artículos 1 (interpretación, aplicación o incumplimiento del Derecho originario y derivado del MERCOSUR) y 25 (sanción o aplicación por los Estados Partes, de medidas legales o administrativas de efecto restrictivo, discriminatorio o de competencia desleal en violación del Derecho originario y derivado del MERCOSUR) del Protocolo de Brasilia, cuando estuvieran dentro de su área de competencia (políticas comerciales comunes, comercio intra-MERCOSUR y con terceros países).

1.4. Reglamento del Protocolo de Brasilia.

Por Decisión MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 17/98 de 10 de diciembre de 1998 se aprobó el "Reglamento del Protocolo de Brasilia para la Solución de Controversias" en el que se regularon aspectos de procedimiento relativos a los mecanismos de solución de controversias consagrados en el Protocolo de Brasilia.

Con respecto a las negociaciones directas, se estableció que ellas serán conducidas por los Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común de los Estados Partes en la controversia y se previó el momento a partir del cual se contará el plazo de quince días para llegar a una solución por este medio.

En cuanto a la intervención del Grupo Mercado Común, se reguló el procedimiento para plantear la controversia ante el mismo y se consagró la intervención de expertos, cuando el GMC lo considerara necesario. Con respecto a éstos, el Reglamento dispuso que deberán firmar una declaración comprometiéndose a actuar con independencia técnica, honestidad e imparcialidad.

En lo referente al procedimiento arbitral, se establecieron, entre otras, disposiciones relativas a la designación de los árbitros. En este sentido, se previó una norma según la cual no podrán actuar como árbitros, personas que hubieran intervenido bajo cualquier forma en las fases anteriores del procedimiento o que no tuvieran la necesaria independencia con relación a los gobiernos de los Estados Partes (artículo 15). Asimismo, se consagró la obligación de los árbitros de declarar que no tienen ningún interés en la controversia ni razón alguna para considerarse impedidos en los términos del artículo 15, obligándose entre otras cosas, a juzgar con independencia, honestidad e imparcialidad (artículo 16).

Por último, con respecto a los reclamos presentados por particulares, se estableció que los mismos deberán ser presentados por escrito ante la Sección Nacional del Grupo Mercado Común indicando las medidas legales o administrativas que configurarían la violación alegada, la determinación del perjuicio o amenaza, los fundamentos jurídicos y la indicación de los elementos de prueba presentados (artículo 24). Asimismo, se previó que una vez recibido el reclamo por el Grupo Mercado Común, éste sólo podrá rechazarlo en caso de que medie consenso. Si el mismo no es rechazado, se considerará aceptado y el Grupo Mercado Común deberá convocar inmediatamente a un grupo de expertos (artículo 26), quien deberá expedir su dictamen por unanimidad (artículos 35 a 37).

1.5. Perfeccionamiento del sistema de solución de controversias.

Cabe destacar que Uruguay tuvo un desempeño relevante y activo en la iniciativa de perfeccionar el sistema de solución de controversias finalmente concretado. Planteó de modo reiterado en distintas reuniones del MERCOSUR al más alto nivel, la necesidad de reformular los procedimientos, siendo uno de los objetivos esenciales de esta reformulación la creación de un tribunal permanente.

A estos efectos, nuestro canciller entabló contactos con sus pares de los demás países y la delegación preparó un proyecto de Acuerdo, con una pormenorizada regulación en lo sustancial y en lo procesal, cuyas soluciones fueron recogidas en buena parte en el texto final. La negociación básicamente quedó concluida, salvo detalles, en la Cumbre de diciembre de 2000 y el acuerdo se habría suscrito en Montevideo de no haber mediado las circunstancias de notoriedad acaecidas en Argentina que determinaron el aplazamiento de su consideración.

En lo que hace al proceso de la negociación, por Decisión MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 25/00 de 29 de junio de 2000, el Consejo del Mercado Común decidió incluir el perfeccionamiento del sistema de solución de controversias entre las cuestiones vinculadas al análisis del relanzamiento del MERCOSUR. En ese marco, se decidió instruir al Grupo Mercado Común a fin de que, a través del Grupo Ad hoc Aspectos Institucionales, realizara un análisis y presentara una propuesta integral relativa al perfeccionamiento del Protocolo de Brasilia. Entre los temas a analizar se incluyó la necesidad de abordar algunos aspectos relativos a la etapa posterior al laudo arbitral (cumplimiento de los laudos y alcance de las medidas compensatorias), los criterios para la conformación de las listas de expertos y árbitros, así como para su designación en cada caso; la agilización de los procedimientos existentes y la implementación de procedimientos sumarios para casos determinados.

Con posterioridad, por Decisión MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 65/00 de 14 de diciembre de 2000, se dispuso la creación de un Grupo de Alto Nivel para proyectar la propuesta de perfeccionamiento del sistema de solución de controversias. Para la elaboración de esa propuesta integral de perfeccionamiento del sistema de solución de controversias del MERCOSUR sería tomado en consideración el trabajo realizado hasta el momento por el Grupo Ad hoc Aspectos Institucionales y las propuestas presentadas por los Estados Partes y que entre los temas analizados se incluiría el de la creación de un Tribunal Arbitral para el MERCOSUR.

Como culminación de los trabajos, dicho Grupo de Alto Nivel elaboró un proyecto de reforma y en definitiva, el 18 de febrero de 2002 fue adoptado y suscrito el "Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR". Según se desprende del Acta MERCOSUR/CMC EXT/ACTA Nº 01/02 de la III Reunión Extraordinaria del Consejo del Mercado Común, para su aprobación se tomó en consideración la necesidad de garantizar la correcta interpretación, aplicación y cumplimiento de los instrumentos fundamentales del proceso de integración y del conjunto normativo del MERCOSUR, de forma consistente y sistemática, y la conveniencia de efectuar modificaciones específicas en el sistema de solución de controversias de manera de consolidar la seguridad jurídica en el ámbito del MERCOSUR.

II. El texto aprobado.

II.1. Aspectos generales.

Al igual que el Protocolo de Brasilia, el instrumento que hoy se somete a consideración de este Cuerpo, regula dos tipos de controversias: las que se plantean entre Estados Partes y las que se suscitan como consecuencia de reclamos de particulares. Si bien el ordenamiento jurídico tutelado es el mismo en ambos tipos de controversias (el Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, los protocolos y acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción, las Decisiones del Consejo del Mercado Común, las Resoluciones del Grupo Mercado Común y las Directivas de la Comisión de Comercio del MERCOSUR), el objeto de las mismas es diferente. En efecto, mientras el artículo 1 establece que el Protocolo regula los procedimientos aplicables a las controversias que surjan entre Estados Partes "sobre la interpretación, aplicación o incumplimiento" de las normas mencionadas, el artículo 39 dispone que el Capítulo IX se aplicará a los reclamos efectuados por particulares "con motivo de la sanción o aplicación, por cualquiera de los Estados Partes, de medidas legales o administrativas de efecto restrictivo, dicriminatorias o de competencia desleal" en violación de alguna de las normas citadas. Puede observarse que el ámbito material de las controversias entre Estados Partes es mucho más amplio que el relativo a los reclamos de particulares, ya que no sólo recae en actos legislativos o administrativos, sino también en actos jurisdiccionales e incluso abarca eventuales omisiones.

Con respecto a las controversias entre Estados Partes, el procedimiento se estructura en varias etapas: la primera, las negociaciones directas, por la cual las propias partes en la controversia deben procurar resolverla entre sí. Si esta etapa no culmina satisfactoriamente, las partes podrán optar por una segunda, que puede ser la intervención del Grupo Mercado Común, el procedimiento arbitral ad hoc o el acceso directo -previo acuerdo- al Tribunal Permanente de Revisión. En esta segunda etapa, se advierten dos de las más importantes novedades introducidas por el Protocolo de Olivos: la intervención facultativa del Grupo Mercado Común y la incorporación de un órgano de carácter permanente al mecanismo de solución de controversias. En caso de que las partes en la controversia opten por la intervención del Grupo Mercado Común y si la controversia no puede solucionarse por esta vía, se abre una tercera etapa: el procedimiento arbitral, que se desarrolla ante un tribunal ad hoc (al igual que en el Protocolo de Brasilia). El laudo dictado por este Tribunal, puede ser objeto del recurso de revisión, con lo que se abre una cuarta etapa, que tiene lugar ante el Tribunal Permanente de Revisión. En caso de que en la segunda etapa se opte por seguir el procedimiento arbitral, el laudo dictado por el tribunal ad hoc también puede ser objeto del recurso de revisión por el Tribunal Permanente de Revisión. Finalmente, si las partes en la controversia hubieran optado por acudir directamente ante el precitado Tribunal Permanente, su intervención constituirá la única instancia, teniendo sus laudos carácter definitivo.

El Protocolo de Olivos incorpora un capítulo especial dedicado a la posibilidad de aplicar medidas compensatorias por parte del Estado beneficiado por el laudo, el alcance de las mismas y la facultad de que el Estado obligado a cumplir el laudo cuestione dichas medidas. Se profundiza así la regulación dada a este mecanismo aplicable en caso de incumplimiento total o parcial del laudo por el Protocolo de Brasilia.

En cuanto a los reclamos de particulares, se establecen mecanismos que contribuyen a agilizar el procedimiento, previéndose la necesidad del consenso para que el Grupo Mercado Común pueda rechazar el reclamo. De no obtenerse tal consenso, el reclamo se considerará aceptado, debiéndose proceder a la convocatoria inmediata de un grupo de expertos. Otra novedad del Protocolo de Olivos con respecto al Protocolo de Brasilia radica en la distinción de las consecuencias del dictamen del grupo de expertos, según éste se expida por unanimidad (sea recibiendo o rechazando la procedencia del reclamo) o no. En este último caso, las conclusiones deberán comunicarse al Grupo Mercado Común, que deberá dar por concluido el reclamo en el ámbito del Capítulo relativo a particulares.

II.2. Análisis particular de las disposiciones.

II.2.1. Ambito.

El artículo 1 establece que el Protocolo de Olivos se aplicará a la solución de controversias entre Estados Partes originadas en la interpretación, aplicación o incumplimiento de la normativa del MERCOSUR. De esta disposición se desprende que sólo los Estados Partes del MERCOSUR tienen legitimación activa y pasiva, vale decir, pueden ser actores y demandados. En virtud de ello, quedan excluidos del régimen del Protocolo de Olivos las controversias que puedan plantearse entre un Estado Parte y el MERCOSUR o uno de sus órganos, los conflictos normativos entre el ordenamiento jurídico del MERCOSUR y el orden jurídico de un Estado Parte, las controversias entre funcionarios y órganos del MERCOSUR y los conflictos entre los propios órganos del MERCOSUR.

Sin perjuicio de ello, cuando se trate de controversias que puedan también ser sometidas al sistema de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio o de otros esquemas preferenciales de comercio del que sean parte individualmente los Estados Partes del MERCOSUR, la parte demandante podrá someter la controversia a uno u otro foro. Sin perjuicio de ello, las partes en la contienda podrán convenir el foro ante el que se ventilará la misma. Las cuestiones relativas a la opción del foro deberán ser objeto de reglamentación por parte del Consejo del Mercado Común.

El carácter excluyente y definitivo del foro elegido, consagrado en el segundo párrafo del artículo 1.2 tiene sus antecedentes en el artículo 2 de los Anexos al Vigésimo primer y al Vigésimo segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 celebrado entre los Gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR y el Gobierno de la República de Chile, del Anexo al Décimoprimer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 celebrado entre los Gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR y el Gobierno de la República de Bolivia y del Decimosexto Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 5 celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay.

II.2.2. Mecanismos relativos a aspectos técnicos (Capítulo II)

Teniendo en cuenta las necesidades planteadas por la realidad comercial, el Protocolo de Olivos introduce como novedad la posibilidad de establecer mecanismos expeditos para resolver controversias entre Estados Partes, cuando éstas versen sobre aspectos técnicos regulados en instrumentos de políticas comerciales comunes. El artículo 2.2 delega en el Consejo del Mercado Común la definición y aprobación de las reglas de funcionamiento, el alcance que tendrán los citados mecanismos y la naturaleza de los pronunciamientos que se emitan en el marco de los mismos.

III.2.3. Negociaciones directas (Capítulo IV).

Manteniendo las soluciones del Anexo III al Tratado de Asunción y de los artículos 2 y 3 del Protocolo de Brasilia, el Protocolo de Olivos consagra la necesidad de procurar resolver las controversias entre los Estados Partes, ante todo, por la vía de las negociaciones directas (artículo 4). Para evitar dilatorias se otorga un plazo breve, de quince días a partir de la fecha en que una de las partes le comunicó a la otra la decisión de iniciar la controversia. No obstante, ambas partes podrán acordar la extensión del referido plazo. El Grupo Mercado Común deberá ser informado de las gestiones realizadas por los Estados Partes durante las negociaciones y los resultados de las mismas, a través de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR (artículo 5).

II.2.4. Intervención del Grupo Mercado Común (Capítulo V).

Una de las principales modificaciones que incluye el Protocolo de Olivos con respecto al de Brasilia, es la intervención optativa del Grupo Mercado Común, en caso de que no se logre un acuerdo o si la contienda sólo se resuelve parcialmente mediante las negociaciones directas. En efecto, mientras el artículo 4.1 del Protocolo de Brasilia, consagraba la posibilidad de someter la controversia a consideración del Grupo Mercado Común, el artículo 6.1 del instrumento en análisis habilita, además, la posibilidad de acudir directamente al procedimiento arbitral.

Si se opta por la intervención del Grupo del Mercado Común, éste deberá evaluar la situación, dando oportunidad a las partes en la controversia para exponer sus posiciones, requiriendo -de considerarlo necesario- el asesoramiento de expertos elegidos de la lista a la que se refiere el artículo 43. Los gastos que demande este asesoramiento serán solventados en partes iguales por los Estados Partes en la controversia, o en la proporción que determine el Grupo Mercado Común. El procedimiento ante este órgano culminará con la formulación de recomendaciones que en lo posible deberán ser expresas y detalladas- tendientes a resolver el diferendo (artículos 6.2, 6.3 y 7.1). Estas recomendaciones no tienen carácter obligatorio y, en caso de incumplimiento de las mismas, la parte perjudicada vería facilitado su recurso al procedimiento arbitral.

Otra novedad en materia de intervención del Grupo Mercado Común, radica en la posibilidad de que un Estado Parte que no sea parte en la controversia requiera la intervención del Grupo Mercado Común al finalizar las negociaciones directas. En este caso, si las partes hubieran iniciado el procedimiento arbitral ad hoc, éste no se interrumpirá, salvo acuerdo entre las mismas. La intervención del Grupo Mercado Común a solicitud de un tercer Estado finalizará con la formulación de comentarios o recomendaciones, que no son obligatorios (artículos 6.3 y 7.2).

En cualquiera de las hipótesis reguladas en el artículo 6, el procedimiento no podrá extenderse por más de treinta días a partir de la fecha de la reunión en que la controversia fue sometida a consideración del Grupo Mercado Común.

II.2.5. Procedimiento arbitral ad hoc (Capítulo VI).

La instancia arbitral puede seguirse cuando la controversia no hubiere sido resuelta por la vía de las negociaciones directas o de la intervención del Grupo Mercado Común. Sin embargo, tal como se observara en el párrafo II.2.4, no constituye un requisito sine qua non el previo agotamiento de la vía del Grupo Mercado Común, en cuanto el artículo 6.1 consagra la posibilidad de acudir directamente al procedimiento arbitral, una vez culminadas -sin éxito- las negociaciones directas.

Para dar comienzo al procedimiento arbitral, será necesario que uno de los Estados Partes comunique la decisión de acudir al mismo, a la Secretaría Administrativa del MERCOSUR. Esta deberá notificar inmediatamente al otro u otros Estados involucrados en la controversia y el Grupo Mercado Común. Además, la Secretaría Administrativa del MERCOSUR tendrá a su cargo las gestiones administrativas que le sean requeridas para el desarrollo del procedimiento (artículo 9).

a. Composición del Tribunal Arbitral Ad hoc.

Al igual que en el Protocolo de Brasilia, el procedimiento arbitral se sustanciará ante tribunal ad hoc compuesto de tres árbitros (artículo 10.1). A partir del momento en que la Secretaría Administrativa del MERCOSUR comunique a los Estados Partes en la controversia la decisión de uno de ellos de someter la controversia a arbitraje, cada uno de ellos dispondrá de un plazo de quince días para designar un árbitro titular y un suplente -para el caso de incapacidad o excusa del titular- entre los integrantes de la lista a la que hace referencia el artículo 11.1. Si en el mencionado plazo, alguno de los Estados no hubiera nombrado sus árbitros, ellos serán designados por la Secretaría Administrativa del MERCOSUR, por sorteo entre los árbitros de ese Estado, de la lista prealudida, dentro de dos días a partir del vencimiento del plazo de quince días.

El tercer árbitro -que actuará en calidad de Presidente del Tribunal- y su suplente, se designarán de común acuerdo por los Estados Partes en la controversia, entre los integrantes de la lista prevista en el artículo 11.2.iii), en el plazo de quince días a partir de la fecha en que la Secretaría Administrativa del MERCOSUR comunique a los Estados Partes en la controversia la decisión de uno de ellos de recurrir al arbitraje. Tanto el Presidente como su suplente no podrán ser nacionales de los Estados Partes en la controversia (artículo 10.3). De no haber acuerdo entre las Partes para elegir el tercer árbitro dentro del plazo previsto, la Secretaría Administrativa del MERCOSUR, a solicitud de cualquiera de ellos, lo designará por sorteo de la lista establecida en el artículo 11.2.iii, excluyendo a los nacionales de los Estados Partes en la controversia.

Quienes resulten designados para actuar como terceros árbitros deberán responder si aceptan actuar en la controversia, en un plazo máximo de tres días, contados a partir de la notificación de su designación, lo que tendrá lugar a través de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR.

b. Listas de árbitros (artículo 11).

A los efectos de conformar la lista de árbitros que podrán integrar los tribunales ad hoc, cada Estado Parte deberá designar doce árbitros. En este aspecto se observa una diferencia con el Protocolo de Brasilia, en el que se preveía la designación de diez árbitros. La designación y el curriculum vitae detallado de los candidatos propuestos se notificará simultáneamente a los demás Estados Partes y a la Secretaría Administrativa del MERCOSUR. Los Estados Partes podrán solicitar aclaraciones sobre las personas designadas por los demás Estados para integrar la lista, dentro del plazo de treinta días contado a partir de dicha notificación. La lista de árbitros consolidada será notificada a los Estados Partes.

Existirá además una lista de terceros árbitros, para la cual cada Estado Parte deberá proponer cuatro candidatos. Al menos uno de ellos no será nacional de ninguno de los Estados Partes del MERCOSUR. En este aspecto, si bien se mantiene el número de dieciséis integrantes de la lista, se observa una variante con respecto al artículo 12.2 del Protocolo de Brasilia, ya que éste preveía que la lista de terceros árbitros estaría integrada en partes iguales por nacionales de los Estados Partes y por nacionales de terceros países (artículo 11.2).

También en el caso de los terceros árbitros, la lista y el curriculum vitae de los árbitros propuestos, debe notificarse a los demás Estados Partes. Cada Estado Parte podrá solicitar aclaraciones respecto de las personas propuestas por los demás Estados Partes o presentar objeciones justificadas a los candidatos indicados, dentro de los treinta días contados desde que las propuestas le sean notificadas. Las objeciones deberán referirse a los criterios establecidos en el artículo 35 del Protocolo, vale decir, deberán ser vinculadas a la competencia en las materias que puedan ser objeto de controversia o a la imparcialidad e independencia funcional de la persona propuesta con respecto a la Administración Pública Central o directa del Estado Parte correspondiente. Las objeciones deben comunicarse al Estado Parte proponente, por medio de la Presidencia Pro Tempore. Si dentro de los treinta días desde la notificación no se llegare a una solución, prevalecerá la objeción. La lista consolidada de terceros árbitros y las sucesivas modificaciones acompañada del curriculum vitae de los árbitros se comunicará a la Secretaría Administrativa del MERCOSUR, la que la registrará y notificará a los Estados Partes. La Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR será la encargada de notificar las listas a los Estados Partes, de comunicar las eventuales objeciones y de poner en conocimiento de la Secretaría Pro Tempore la lista consolidada de terceros árbitros así como sus modificaciones.

c. Representantes y asesores (artículo 12).

Vinculado al respeto del principio del debido proceso y siguiendo el criterio del artículo 17 del Protocolo de Brasilia, se prevé que los Estados Partes en la controversia designarán sus representantes ante el tribunal arbitral y también podrán designar asesores para defender sus derechos.

d. Unificación de representación (artículo 13).

Atendiendo al principio de economía procesal, ya recibido en el Protocolo de Brasilia (artículo 14), cuando dos o más Estados sostuvieran la misma posición en una controversia, podrán unificar su representación ante el tribunal arbitral y designarán de común acuerdo un árbitro, dentro del plazo establecido en el artículo 10.2.i).

e. Objeto de la controversia (artículo 14).

El objeto de la controversia quedará determinado en los escritos de presentación y de respuesta presentados ante el tribunal ad hoc y no podrá ser ampliado posteriormente. Los planteamientos realizados en los mencionados escritos se basarán en las cuestiones consideradas en las etapas previas, contempladas en el Protocolo y en el Anexo al Protocolo de Ouro Preto. En los referidos escritos, los Estados Partes en la controversia deberán informar al tribunal arbitral sobre las instancias previas al procedimiento arbitral, haciendo una exposición de los fundamentos de hecho y de derecho de sus posiciones.

f. Medidas provisionales (artículo 15).

El tribunal arbitral podrá adoptar medidas provisionales. Ello sólo podrá llevarse a cabo a solicitud de parte interesada y siempre que existan presunciones fundadas de que el mantenimiento de la situación puede ocasionar daños graves e irreparables a una de las partes en la controversia. El tribunal deberá apreciar su procedencia, determinar qué tipo de medidas corresponde aplicar así como el alcance de las mismas. En la misma medida, puede dejarlas sin efecto en cualquier momento.

Si el laudo dictado por el tribunal fuera objeto de revisión, las medidas provisionales que no hubieran quedado sin efecto antes de dictarse el laudo se mantendrán hasta su tratamiento en la primera reunión del Tribunal Permanente de Revisión, que deberá resolver sobre su continuidad o cese.

g. Laudo arbitral (artículo 16).

El procedimiento arbitral ad hoc culmina con un laudo dictado por el tribunal arbitral en un plazo de sesenta días contados a partir de la comunicación efectuada por la Secretaría Administrativa del MERCOSUR a las Partes y a los demás árbitros informando la aceptación por el árbitro Presidente de su designación. El referido plazo podrá prorrogarse por decisión del Tribunal, por un máximo de treinta días.

II.2.6. Procedimiento de revisión (Capítulo VII).

Tal vez la novedad más importante del Protocolo de Olivos sea la creación del Tribunal Permanente de Revisión y, concomitantemente, la introducción del procedimiento de revisión. Este podrá plantearse como recurso -no previsto en el Protocolo de Brasilia- contra el laudo que pone fin al procedimiento arbitral ad hoc regulado en el Capítulo VI del Protocolo o bien directamente -previo acuerdo expreso de las partes en la controversia- como única instancia, una vez culminadas las negociaciones directas previstas en los artículos 4 y 5.

a. Recurso de revisión (artículo 17).

Tal como lo prevé el artículo 17, éste podrá ser introducido por cualquiera de las partes en la controversia, dentro de los quince días a partir de la notificación del laudo. El recurso sólo se limita a las cuestiones de derecho tratadas en la controversia y las interpretaciones jurídicas incluidas en el laudo del tribunal ad hoc. En consecuencia, y tal como surge del propio texto del artículo 17.3, no son susceptibles de este recurso los laudos dictados en base a los principios ex aequo et bono.

b. El Tribunal Permanente de Revisión (artículo 18).

El conocimiento de los recursos de revisión interpuestos contra los laudos arbitrales le compete al Tribunal Permanente de Revisión.

Se trata de un tribunal de carácter permanente, integrado por cinco árbitros. Cada Estado Parte del MERCOSUR designará un árbitro y su suplente por un período de dos años, renovable por no más de dos períodos consecutivos. Los Estados Partes deberán manifestar la voluntad de renovar o proponer nuevos candidatos para actuar en calidad de árbitros con una anticipación mínima de tres meses a la fecha de expiración del mandato de los que se encuentran en ejercicio. Si la expiración del mandato tuviera lugar en el momento en que el árbitro se encuentra entendiendo en una controversia, éste deberá permanecer en funciones hasta su conclusión (artículo 18.6).

El quinto árbitro tendrá un mandato de tres años, no siendo renovable. A los efectos de la designación del quinto árbitro, se conformará una lista para la cual cada Estado propondrá dos integrantes que deberán ser nacionales de los países del MERCOSUR. De dicha lista, los Estados Partes elegirán por unanimidad al quinto árbitro, con tres meses de anticipación a la expiración del mandato del quinto árbitro en ejercicio. Si no hubiere unanimidad, la designación se realizará por sorteo realizado por la Secretaría Administrativa del MERCOSUR entre los integrantes de la lista mencionada, dentro de los dos días siguientes al vencimiento del plazo de tres meses previos a la expiración del mandato del quinto árbitro en ejercicio. Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos 1 y 2 del artículo 18, los Estados Partes podrán acordar otros criterios para la designación del quinto árbitro. Resulta aplicable a los procedimientos de integración del Tribunal Permanente de Revisión lo establecido en el artículo 11.2, en lo relativo a la notificación de la lista a los demás Estados Partes a través de la Presidencia Pro Tempore, a la posibilidad de solicitar aclaraciones o presentar objeciones justificadas con respecto a las personas propuestas por los demás Estados Partes, la comunicación de las mencionadas objeciones al Estado Parte proponente a través de la Presidencia Pro Tempore y la comunicación de la lista consolidada de terceros árbitros y sus sucesivas modificaciones.

Los miembros del Tribunal Permanente de Revisión, una vez aceptada su designación, deben estar disponibles de modo permanente para actuar cuando sean convocados (artículo 19).

c. Funcionamiento del Tribunal (artículo 20).

El funcionamiento del Tribunal varía según la cantidad de Estados Partes involucrados en la controversia, y sin perjuicio de que, mediante acuerdo de los Estados Partes, puedan definirse criterios diferentes:

- si se trata de dos Estados Partes, el Tribunal se integrará por tres árbitros, de los cuales dos serán nacionales de cada uno de los Estados Partes en la controversia. El tercero, que actuará en calidad de Presidente, será elegido mediante sorteo a realizar por el Director de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR, entre los demás árbitros que no sean nacionales de los Estados Partes en la controversia. La designación tendrá lugar al día siguiente de la interposición del recurso de revisión, fecha en la que el Tribunal quedará constituido a todos los efectos;

- si se trata de más de dos Estados Partes, el Tribunal estará integrado por cinco árbitros.

d. Procedimiento.

Una vez interpuesto el recurso de revisión, la otra parte tendrá un plazo de quince días para contestarlo. El plazo se contará a partir de la notificación de la presentación del recurso. Una vez presentada la contestación o vencido el plazo para la misma, el Tribunal deberá pronunciarse sobre el recurso dentro de un plazo máximo de treinta días. El Tribunal podrá prorrogar el plazo por quince días más.

e. Pronunciamiento.

El pronunciamiento del Tribunal Permanente de Revisión podrá confirmar, modificar o revocar los fundamentos jurídicos y las decisiones del tribunal arbitral ad hoc, prevalecerá sobre éstas y tendrá carácter definitivo.

II.2.7. Acceso directo al Tribunal Permanente de Revisión (artículo 23).

En caso de que los Estados Partes en una controversia, una vez culminada la etapa de negociaciones directas, hayan acordado expresamente someterse en forma directa al Tribunal Permanente de Revisión, éste actuará en única instancia y tendrá las mismas competencias que un tribunal arbitral ad hoc. En este mismo sentido, corresponde destacar que, en esta instancia, el Tribunal Permanente no está limitado -como en el recurso de revisión- a decidir sobre cuestiones de derecho e interpretaciones jurídicas, sino que puede entender en todas las cuestiones que puedan ser objeto del procedimiento arbitral.

Las normas que regirán este tipo de procedimiento serán las mismas que para el tribunal arbitral, con excepción de las relativas a la composición del Tribunal y las listas de árbitros. En estos casos, los laudos dictados por el Tribunal Permanente de Revisión serán obligatorios para las partes en la controversia desde el momento de su notificación, no podrán ser objeto de revisión y tendrán fuerza de cosa juzgada para las partes.

La posibilidad de este acceso directo constituyó una iniciativa -innegociable- de Uruguay, como fórmula para abrir el camino a dos resultados igualmente valiosos; por un lado permitir la mayor agilización posible de los procedimientos; y, por el otro, activar la puesta en marcha del Tribunal Permanente conforme a la solución inicialmente presentada por la delegación, en el que se creaba un tribunal permanente en única instancia. De este modo, quedó contemplada la iniciativa de algunas delegaciones de arbitrar un mecanismo de revisión y la de otras de configurar un tribunal permanente activo y no meramente circunscripto a cumplir funciones como instancia superior.

II.2.8. Función consultiva del Tribunal (artículo 3).

El artículo 3 establece la posibilidad de que el Consejo del Mercado Común regule la solicitud de opiniones consultivas al Tribunal Permanente de Revisión, cuyo alcance y procedimientos serán definidos por el propio Consejo. Este mecanismo, propuesto por Uruguay, es nuevo en el sistema de solución de controversias del MERCOSUR. Se estima que puede éste constituir un procedimiento relevante, en tanto sus efectos podrían consistir en la prevención de una controversia, si la interpretación dada como respuesta a la solicitud de opinión consultiva fuere aceptada como solución por las partes involucradas. Desde otro ángulo, el conjunto de opiniones consultivas podría configurar, asimismo, una línea de interpretación de la normativa del MERCOSUR que constituiría, a lo largo del tiempo, un acervo jurisprudencial de interés, orientador de la propia práctica del MERCOSUR.

II.2.9. Laudos.

Los laudos del tribunal arbitral ad hoc y del Tribunal Permanente de Revisión se adoptarán por mayoría, deberán ser fundados y suscritos por el Presidente y por los demás árbitros. No se podrán fundar votos en disidencia, debiéndose mantener la confidencialidad de la votación y de las deliberaciones (artículo 25). Se recoge en este aspecto la experiencia de los tribunales europeos y de otros mecanismos regionales como el Pacto Andino, según los cuales la confidencialidad del procedimiento constituye una forma de preservar la necesaria independencia de los integrantes del Tribunal.

Los laudos son obligatorios para las partes en la controversia desde su notificación. En el caso de que se trate de un laudo pronunciado por un tribunal arbitral ad hoc, éste adquirirá fuerza de cosa juzgada si transcurrido el plazo de quince días desde su notificación no se hubiera interpuesto el recurso de revisión. Los laudos dictados por el Tribunal Permanente de Revisión son inapelables y tienen fuerza de cosa juzgada para las partes desde el momento en que se emiten (artículo 26).

II.2.10. Recurso de aclaratoria (artículo 28).

Cualquiera de las partes en la controversia puede solicitar la aclaración del laudo o de la forma en que debe cumplirse el laudo dictado por el tribunal arbitral ad hoc o por el Tribunal Permanente de Revisión. El recurso podrá presentarse dentro de los quince días siguientes a la notificación del laudo.

II.2.11. Cumplimiento del laudo.

a. Obligación de cumplir el laudo.

Las partes en la controversia están obligadas a cumplir los laudos en la forma y con el alcance con que fueron dictados, no obstante la adopción de medidas compensatorias en los términos del Protocolo (artículo 27), dentro del plazo establecido por el tribunal respectivo. En caso de que éste no estuviera determinado, los laudos deberán cumplirse dentro de los treinta días siguientes a su notificación (artículo 29.1).

Si se hubiera interpuesto el recurso de revisión con respecto a un laudo dictado por un tribunal arbitral ad hoc, el cumplimiento del mismo será suspendido durante la sustanciación del recurso.

La parte obligada a cumplir el laudo deberá informar a la otra parte y al Grupo Mercado Común acerca de las medidas que adoptará para cumplir el laudo, por medio de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR, dentro de los quince días contados desde su notificación. (Art. 29.3).

b. Divergencias sobre el cumplimiento del laudo (artículo 30).

Si el Estado beneficiado por el laudo entiende que las medidas adoptadas no dan cumplimiento al mismo, podrá someter la situación a consideración del tribunal ad hoc o del Tribunal Permanente de Revisión, según quien haya dictado el laudo. El Tribunal correspondiente tendrá treinta días a partir de la fecha en que tome conocimiento de la situación, para resolver el planteamiento. En caso de no poderse convocar al tribunal arbitral ad hoc que intervino originalmente en la controversia, deberá conformarse otro con el o los suplentes establecidos en los artículos 10.2 y 10.3.

II.2.12. Medidas compensatorias.

El Capítulo IX regula en forma detallada la aplicación de medidas compensatorias siguiendo lineamientos similares a los establecidos en los diversos regímenes reguladores de los mecanismos de integración.

a. Facultad del Estado beneficiado por el laudo.

La aplicación de medidas compensatorias es una facultad que se otorga al Estado parte en la controversia, que resulta perjudicado por el incumplimiento total o parcial del laudo del tribunal arbitral. Esta facultad no obsta al sometimiento de la situación a consideración del tribunal correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 30, y puede comenzar a hacerse uso de la misma dentro del plazo de un año contado a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para el cumplimiento del laudo, previsto en el artículo 29.1. La adopción de estas medidas debe ser informada formalmente por el Estado que las aplicará al Estado que debe cumplir el laudo, con una anticipación mínima de quince días.

La enumeración de las medidas compensatorias temporarias tendientes a obtener el cumplimiento del laudo prevista en el artículo 31.1 es a vía de ejemplo y el objetivo de su aplicación es el logro del cumplimiento del laudo. El Estado beneficiado por el laudo, en caso de aplicar medidas compensatorias, deberá procurar, en primer lugar, suspender las concesiones u obligaciones equivalentes en el mismo sector o sectores afectados. Si ello fuere impracticable o ineficaz, podrá suspender concesiones u obligaciones en otro sector, pero dicha decisión deberá ser fundada. (Artículo 31.2).

b. Cuestionamiento de las medidas compensatorias (artículo 32).

El Estado Parte obligado a cumplir con el laudo tiene la facultad de cuestionar las medidas compensatorias en los siguientes casos:

i) si considera que las medidas adoptadas para el cumplimiento del mismos son satisfactorias. En esta hipótesis, podrá plantear la situación ante el tribunal arbitral ad hoc o el Tribunal Permanente de Revisión según corresponda, dentro de los quince días contados a partir de la notificación de la adopción de medidas compensatorias por parte del Estado beneficiado por el laudo. El Tribunal competente tendrá un plazo de treinta días a partir de su constitución para pronunciarse sobre el caso;

ii) si entiende que las medidas compensatorias adoptadas por el Estado beneficiado por el laudo son excesivas. En este caso, contará con quince días a partir del momento en que comenzaron a aplicarse las mencionadas medidas, para solicitar al tribunal ad hoc o al Tribunal Permanente de Revisión, según corresponda, que se pronuncie sobre el tema. Al igual que en la hipótesis planteada anteriormente, el Tribunal contará con treinta días a partir de su constitución para expedirse sobre el tema en cuestión.

En ambos casos, el Tribunal competente debe pronunciarse sobre las medidas compensatorias adoptadas por el Estado beneficiado por el laudo. A dichos efectos, deberá evaluar, en su caso, el fundamento expuesto por el Estado para aplicarlas en un sector diferente al afectado, y la proporcionalidad de la medida en relación a las consecuencias derivadas del incumplimiento del laudo. Al analizar este respecto, el Tribunal deberá considerar el volumen y el valor del comercio en el sector afectado y cualquier otro perjuicio o elemento que haya incidido en la determinación de las medidas compensatorias.

Una vez adoptada la decisión por el Tribunal, el Estado que adoptó las medidas compensatorias, deberá adecuarlas a dicha decisión dentro de los diez días siguientes, salvo que el Tribunal estableciera otro plazo.

III.2.13. Disposiciones comunes al procedimiento arbitral ad hoc y al procedimiento de revisión.

a. Jurisdicción (artículo 33).

Al aprobar el Protocolo de Olivos, los Estados Partes del MERCOSUR aceptan, en forma previa y obligatoria, la jurisdicción de los tribunales arbitrales ad hoc y del Tribunal Permanente de Revisión, sin necesidad de acuerdo especial al respecto.

b. Derecho aplicable (artículo 34).

Con respecto a las fuentes de derecho aplicables, el Protocolo de Olivos retoma las soluciones del Protocolo de Brasilia (artículo 19), con las incorporaciones efectuadas por el Protocolo de Ouro Preto (inclusión de las Directivas de la Comisión de Comercio del MERCOSUR -artículo 41-), previendo la aplicación de las fuentes jurídicas del MERCOSUR y las disposiciones del derecho internacional aplicables en la materia.

Corresponde destacar además, que se mantiene la posibilidad de fallar ex aequo et bono siempre que las partes lo hubieren acordado. En el caso del Tribunal Permanente de Revisión esta posibilidad se reduce al caso en que el mismo actúe en instancia directa y única.

c. Calificación de los árbitros (artículo 35).

Los árbitros de los tribunales arbitrales ad hoc y del Tribunal Permanente de Revisión deberán ser juristas de reconocida competencia en las materias que puedan ser objeto de controversia y conocer las normas del MERCOSUR.

A efectos de dotar de total transparencia al sistema de solución de controversias, el Protocolo de Olivos consagra la necesidad de imparcialidad, independencia, objetividad, confiabilidad y buen juicio de los árbitros de los tribunales arbitrales ad hoc y del Tribunal Permanente de Revisión.

d. Honorarios y otros gastos (artículos 36 y 37).

La determinación de los honorarios, gastos de traslado, alojamiento, viáticos y otros gastos de los árbitros le corresponde al Grupo Mercado Común.

Los gastos y honorarios que genere la actividad de los árbitros del tribunal arbitral ad hoc será sufragada por el país que los designe, y los gastos del Presidente del tribunal serán solventados por partes iguales por los Estados Partes en la controversia, salvo que el tribunal decida una distribución diferente de los mismos.

Los gastos y honorarios que devengue la actividad de los árbitros del Tribunal Permanente de Revisión será sufragada en partes iguales por los Estados Partes en la controversia, salvo que el Tribunal adopte una decisión diferente al respecto.

Los gastos mencionados podrán abonarse por intermedio de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR. Sin perjuicio de ello, el artículo 36.3 otorga a los Estados Partes la facultad de constituir un Fondo Especial al depositar las contribuciones relativas al presupuesto de la Secretaría Administrativa o al momento de dar comienzo al procedimiento arbitral ad hoc o al procedimiento de revisión. El Fondo será administrado por la Secretaría Administrativa del MERCOSUR.

e. Sede (artículo 38).

En lo referente a la sede de los tribunales llamados a entender en las controversias que se planteen entre Estados Partes, se incorpora una novedad con respecto al Protocolo de Brasilia. El instrumento recientemente aprobado distingue según se trate de los tribunales arbitrales ad hoc (que podrán sesionar en cualquier ciudad de los Estados Partes del MERCOSUR) o del Tribunal Permanente de Revisión, en cuyo caso la sede permanente se encontrará en la ciudad de Asunción. Sin embargo, en este último caso, con carácter excepcional y siempre que medien motivos fundados, el Tribunal podrá reunirse en otra ciudad del MERCOSUR.

II.2.14. Reclamos de particulares.

a. Ambito (artículo 39).

En este sentido, se consagra una disposición similar a la contenida en el Protocolo de Brasilia (artículo 25), con la incorporación de las Directivas de la Comisión de Comercio del MERCOSUR -originalmente prevista en el artículo 43 del Protocolo de Ouro Preto-. Es así que nuevamente, los particulares pueden presentar sus reclamos contra los Estados Partes del MERCOSUR, siempre que se alegue una violación a alguna de las fuentes normativas del mecanismo de integración. Es importante destacar que la reclamación sólo puede fundarse en "la sanción o aplicación… de medidas legales o administrativas". Con esto quedan fuera las posibles omisiones en la aplicación de la normativa del MERCOSUR por los Estados Partes. Las medidas legales o administrativas contra las que puede reclamar el particular son aquellas que tienen "efecto restrictivo, discriminatorias o de competencia desleal" violatorias del Derecho originario y del Derecho derivado del MERCOSUR.

b. Inicio del trámite.

El reclamo debe formalizarse ante la Sección Nacional del Grupo Mercado Común del Estado Parte donde el particular tenga su residencia habitual o la sede de sus negocios (artículo 39).

La admisión del reclamo por parte de la Sección Nacional debe ser objeto de una evaluación por ésta, ya que la mencionada admisibilidad está condicionada no sólo a que el reclamo aluda al tipo de medidas establecidas en el artículo 39, sino que además se requiere que el reclamante aporte elementos que permitan determinar la verosimilitud de la violación y la existencia o amenaza de un perjuicio. Estos factores serán nuevamente evaluados por el Grupo Mercado Común y por el grupo de expertos, en caso de que aquél sea convocado (artículo 40). Esta nueva evaluación no surge con claridad del Protocolo de Brasilia y ha dado lugar a interpretaciones contradictorias. A este respecto, se ha entendido durante el análisis de este tema, que las exigencias requeridas a los particulares para admitir su reclamo, lejos de constituir un impedimento, son en realidad un filtro necesario y razonable para dicha admisión.

c. Procedimiento.

Si se dan los requisitos establecidos en el artículo 40 y si el reclamo no ha motivado la iniciación de alguno de los procedimientos de solución de controversias entre Estados Partes previstos en los Capítulos IV a VII (negociaciones directas, intervención del Grupo Mercado Común, procedimiento arbitral ad hoc o procedimiento de revisión), comenzará el procedimiento. En este aspecto, existe una importante variante con respecto al artículo 27 del Protocolo de Brasilia. El nuevo texto prevé la obligación de que la Sección Nacional del Grupo Mercado Común del Estado Parte de residencia habitual o sede de los negocios del particular afectado, entable consultas con la Sección Nacional del Grupo Mercado Común del Estado Parte al que se atribuye la violación, con el objetivo de alcanzar una solución inmediata a la cuestión. Se elimina así la opción prevista en la norma del Protocolo de Brasilia, que permitía, en consulta con el particular afectado, optar por las referidas consultas o elevar el reclamo directamente al Grupo Mercado Común.

Si la cuestión no se hubiera resuelto dentro de los quince días contados a partir de la comunicación del reclamo al Estado Parte al que se atribuye la violación, las consultas se tendrán por concluidas automáticamente correspondiendo elevar el reclamo al Grupo Mercado Común sin más trámite. En este sentido, corresponde remarcar que esta etapa no requiere, como en el Protocolo de Brasilia, la solicitud del particular afectado. De esta forma, se contribuye a agilizar el procedimiento.

d. Intervención del Grupo Mercado Común (artículo 42).

Esta instancia mantiene, básicamente, los lineamientos establecidos para la misma en el artículo 29 del Protocolo de Brasilia. Así, le corresponde al Grupo Mercado Común una nueva evaluación de los fundamentos de la admisión, que tendrá lugar en la primera reunión siguiente a la recepción del mismo. La importancia de esta norma, que recoge la solución prevista en el artículo 26 del Reglamento del Protocolo de Brasilia, es la introducción del requisito del consenso para rechazar el reclamo. A falta de dicho consenso, es decir, a falta de rechazo del reclamo, éste se considerará aceptado. Esta disposición trata de evitar las trabas que puede generar el requisito del consenso para admitir el reclamo y beneficia al reclamante y es lo que se ha dado en llamar el consenso negativo.

Si el reclamo es aceptado, corresponde la convocatoria del grupo de expertos. Este dará la oportunidad de ser oídos y presentar sus argumentos no sólo al particular y "al Estado contra el cual se efectuó el reclamo" como establece el Protocolo de Brasilia sino "a los Estados involucrados en el reclamo", con lo cual podrá comprender también el Estado Parte donde tiene su residencia habitual o su sede el reclamante. Además, de conformidad con el artículo 42.3, esta instancia tiene lugar "en audiencia conjunta".

e. Grupo de expertos (artículo 43).

La constitución de la lista y del grupo de expertos establecida en el Protocolo de Olivos reitera la solución del Protocolo de Brasilia (artículos 30 y 31). En efecto, el grupo de expertos se compone de tres miembros designados por el Grupo Mercado Común. Si no existe acuerdo acerca de la designación de uno o más miembros, éstos se eligen por votación de los Estados Partes entre los integrantes de una lista de veinticuatro expertos. En caso de que sea necesario adoptar esta forma de designación, uno de los expertos elegidos no podrá ser nacional del Estado contra el cual se dirige el reclamo ni del Estado en el que el particular planteó el reclamo.

Cada uno de los Estados Partes deberá designar seis personas de reconocida competencia en las cuestiones que puedan ser objeto de reclamo, a los efectos de constituir la lista de veinticuatro expertos entre los que se elegirán los integrantes del grupo de expertos que intervendrá en cada caso. Dicha lista quedará registrada en la Secretaría Administrativa del MERCOSUR.

Los gastos devengados por la actuación del grupo de expertos serán solventados en la proporción que determine el Grupo Mercado Común. Si no existiere acuerdo en este sentido, se repartirán en montos iguales entre las partes en el reclamo.

f. Dictamen del grupo de expertos (artículo 44).

El dictamen del grupo de expertos debe elevarse al Grupo Mercado Común. Siguiendo las soluciones adoptadas por el Reglamento del Protocolo de Brasilia en este sentido, se prevé que el dictamen del grupo de expertos debe emitirse por unanimidad. Las consecuencias derivadas de la adopción del mencionado dictamen, pueden resumirse de la siguiente forma:

i. Si la procedencia del reclamo fue adoptada por unanimidad. En este caso, tal como ocurre en todos los casos en el Protocolo de Brasilia, cualquier otro Estado Parte -no sólo el Estado en el cual se presentó el reclamo por el particular- podrá requerir al Estado Parte contra el que aquél se dirigió, la adopción de medidas correctivas o la anulación de las medidas cuestionadas. Si este requerimiento no prosperase dentro de un plazo de quince días, el Estado requirente podrá recurrir directamente al procedimiento arbitral ad hoc previsto en el Capítulo VI;

ii. si la improcedencia del reclamo fue adoptada por unanimidad. En esta situación, el Grupo Mercado Común dará por concluido el reclamo en el ámbito de las reclamaciones por particulares, en forma inmediata;

iii. si el dictamen no es adoptado por unanimidad. En esta hipótesis, el grupo de expertos deberá elevar las diversas conclusiones al Grupo Mercado Común, donde se dará por concluido el reclamo en el ámbito de las reclamaciones de particulares.

En consecuencia, tanto si se considera improcedente el reclamo como si no se alcanza la unanimidad para el dictamen, el Grupo Mercado Común dará por concluido el reclamo de los particulares. A partir de ese momento, queda abierta la posibilidad de que el Estado Parte donde se inició el reclamo, dé comienzo a los procedimientos de negociaciones directas, intervención del Grupo Mercado Común y procedimiento arbitral ad hoc previstos para las controversias que se planteen entre Estados Partes del MERCOSUR.

A diferencia de los laudos de los Tribunales Arbitrales ad hoc y del Tribunal Permanente de Revisión, el dictamen del grupo de expertos no tiene carácter vinculante.

II.2.15. Otras formas de concluir la controversia o el reclamo (artículo 45).

Además de las formas de concluir la controversia o el reclamo que se analizaron precedentemente, el Protocolo de Olivos prevé que, en cualquier etapa, la parte reclamante podrá desistir de la controversia o el reclamo. Asimismo, ambas partes podrán arribar a una transacción que dé por terminada la diferencia. Tanto los desistimientos como las transacciones deberán ser comunicados por intermedio de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR al Grupo Mercado Común o al Tribunal correspondiente, según el caso.

II.2.16. Confidencialidad (artículo 46).

Una de las características de los procedimientos regulados en el Protocolo de Olivos es la confidencialidad. Es así que, salvo los laudos arbitrales, el resto de la documentación que se presente tendrá carácter reservado a las partes en la controversia. Sin perjuicio de ello, el Consejo del Mercado Común reglamentará la forma de divulgación de los escritos y presentaciones de las controversias una vez concluidas.

Los mencionados documentos podrán darse a conocer a los sectores interesados en la cuestión, siempre que la Sección Nacional del Grupo Mercado Común de cada Estado lo considere adecuado y siempre que ello sea necesario para elaborar las posiciones a presentar ante el Tribunal.

II.2.17. Aspectos procesales.

Los plazos establecidos en el Protocolo de Olivos son perentorios y se cuentan días corridos a partir del día siguiente al acto o hecho al que se refieren. Sin embargo, estos plazos pueden modificarse por acuerdo de las partes en la controversia. Asimismo, los plazos previstos para los procedimientos que se tramiten ante los tribunales arbitrales ad hoc y ante el Tribunal Permanente de Revisión podrán modificarse previa solicitud al Tribunal correspondiente y aprobación del mismo (artículo 48).

Siguiendo la misma solución que el Protocolo de Brasilia, el Protocolo consagra que los idiomas oficiales de todos los procedimientos son el español y el portugués (artículo 56).

El Tribunal Permanente de Revisión adoptará sus Reglas de Procedimiento -que deberán ser aprobadas por el Consejo del Mercado Común- dentro de los treinta días contados a partir de su constitución (artículo 51). Por su parte, teniendo en cuenta que los tribunales arbitrales tienen naturaleza ad hoc, se prevé que cada tribunal adoptará sus propias reglas de procedimiento, tomando como referencias las Reglas Modelo que serán aprobadas por el Consejo del Mercado Común. Como rasgo común a las reglas de procedimiento de uno y otros tribunales, el Protocolo de Olivos prevé el respeto al principio del debido proceso, que se traduce en la oportunidad de ser oído, la posibilidad de presentar argumentos y en la celeridad de los procesos.

II.2.18. Disposiciones transitorias.

a. Notificaciones iniciales (artículo 49).

Las primeras designaciones y notificaciones correspondientes a la lista de árbitros que podrán integrar los tribunales arbitrales ad hoc (artículo 11) a los integrantes del Tribunal Permanente de Revisión (artículo 18) y a la lista de expertos que podrán conformar los grupos de expertos que entenderán en los reclamos efectuados por particulares (artículo 43.2), tendrán lugar dentro de los treinta días a partir de la entrada en vigor del Protocolo.

b. Controversias en trámite (artículos 50 y 55.2).

Las controversias iniciadas al amparo del Protocolo de Brasilia, que se encuentren en trámite al momento de entrar en vigor el Protocolo de Olivos, continuarán rigiéndose exclusivamente por aquél hasta su conclusión.

II.2.19. Otras disposiciones.

a. Reglamentación.

El artículo 47 prevé que el Consejo del Mercado Común deberá aprobar la reglamentación del Protocolo de Olivos dentro de los sesenta días de su entrada en vigor, que tendrá lugar una vez ratificado por los cuatro Estados Partes del MERCOSUR (artículo 52).

b. Derogación.

El Protocolo de Olivos deroga, desde su entrada en vigencia, al Protocolo de Brasilia y su Reglamento (Decisión CMC 17/98). Sin embargo, mientras no se completen los procedimientos previstos en el artículo 49, es decir, integración de la lista de árbitros, del Tribunal Permanente de Revisión y de la lista de expertos, continuarán aplicándose aquellos instrumentos, en lo que corresponda (artículo 55).

c. Adhesión o denuncia ipso jure (artículo 54).

La adhesión al Tratado de Asunción implicará, ipso jure, la adhesión al Protocolo de Olivos. De la misma forma, la denuncia de este último, significará ipso jure, la denuncia del Tratado de Asunción.

III. Consideraciones finales.

El mecanismo de solución de controversias que el Poder Ejecutivo somete a la aprobación parlamentaria constituye, por sus características, un afianzamiento de la institucionalidad del MERCOSUR, antigua aspiración de nuestro país en la que concordaron los Estados Partes como uno de los objetivos que fundan y justifican la modificación y el perfeccionamiento del régimen en vigor.

Desde este punto de vista, cabe recordar la experiencia singular de otros escenarios integrados, en los que tribunales permanentes para la solución de controversias han constituido un factor impulsor positivo en virtud de la seguridad jurídica y la previsibilidad de que sólo la jurisprudencia que dimana de este tipo de tribunales puede dotar al sistema.

En este nuevo régimen se posibilita una agilización general de los procedimientos al permitir que luego de las negociaciones entre las partes éstas accedan directamente y en instancia única al Tribunal Permanente de Revisión. Si bien se requiere para ello el consentimiento de las partes en la controversia, la futura práctica y desarrollos de dicho tribunal y la necesidad de reducir costos, inducirá a los contendientes, muy probablemente en numerosos casos, a hacer uso de esta opción. Este acceso directo constituyó uno de los objetivos fundamentales e innegociables de la delegación uruguaya, en virtud de que posibilita la actividad regular del Tribunal Permanente, actuación cuyas ventajas fueron reiteradamente expuestas en este Mensaje.

En todo caso, cabe destacar que el instrumento fundamental del nuevo sistema está constituido por el Tribunal Permanente, en una u otra modalidad de activación, cuya tarea permitirá introducir un importante componente de seguridad jurídica y de unificación hasta ahora difíciles de obtener, en virtud de que contribuirá a superar las diferencias naturales de los resultados de los tribunales ad hoc. Su especial valor se profundiza y ratifica si se tiene en cuenta que el MERCOSUR carece de una Secretaría Técnica como órgano central y permanente, también propuesto por Uruguay, el que se encuentra en el presente en curso de análisis.

La supresión de la etapa obligatoria ante el Grupo Mercado Común permitirá a las partes recurrir a esta instancia sólo cuando estimen que ella puede brindar una solución eficaz, habiéndose eliminado la preceptividad de esta fase, aunque no la posibilidad de su utilización. En el mismo sentido, las partes en la controversia evaluarán en cada caso si prefieren someter su diferendo a un arbitraje eventualmente en dos instancias, en virtud de que se mantienen los tribunales ad hoc.

La incorporación de un régimen de opiniones consultivas a reglamentar por el Consejo del Mercado Común constituirá asimismo una nueva herramienta, paralela aunque estrechamente conexa con el procedimiento de solución de controversias, en virtud de que dichas opiniones podrán alcanzar un carácter disuasivo o preventivo cuando su contenido satisfaga a las partes en una eventual controversia y coadyuve a resolver o mitigar sus diferencias.

Además, se instituye el perfeccionamiento del régimen de cumplimiento de los laudos por medio de una pormenorizada regulación de las medidas compensatorias instancia post laudo tan trascendente como el propio mecanismo arbitral, con importantes consecuencias en el terreno de las relaciones económico comerciales y de los intereses privados.

En suma, el nuevo régimen regula y complementa aspectos sustanciales y procedimentales del mecanismo en vigor, buscando perfeccionarlo en base a la rica experiencia derivada de su aplicación, paso imprescindible para el desarrollo del sistema.

Al solicitar la aprobación de este Acuerdo, el Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República; Alberto Bensión, Luis Brezzo.

Montevideo, 15 de marzo de 2002.

Asunto Nº 095b/2002.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR, suscrito en la ciudad de Olivos, provincia de Buenos Aires, República Argentina, el 18 de febrero de 2002.

Alberto Bensión, Luis Brezzo.

PROTOCOLO DE OLIVOS

PARA LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN EL

MERCOSUR

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, en adelante denominados "Estados Partes";

TENIENDO EN CUENTA el Tratado de Asunción, el Protocolo de Brasilia y el Protocolo de Ouro Preto;

RECONOCIENDO

Que la evolución del proceso de integración en el ámbito del MERCOSUR requiere del perfeccionamiento del sistema de solución de controversias;

CONSIDERANDO

La necesidad de garantizar la correcta interpretación, aplicación y cumplimiento de los instrumentos fundamentales del proceso de integración y del conjunto normativo del MERCOSUR, de forma consistente y sistemática;

CONVENCIDOS

De la conveniencia de efectuar modificaciones específicas en el sistema de solución de controversias de manera de consolidar la seguridad jurídica en el ámbito del MERCOSUR;

HAN CONVENIDO lo siguiente:

CAPITULO I

CONTROVERSIAS ENTRE ESTADOS PARTES

Artículo 1

Ambito de aplicación

1. Las controversias que surjan entre los Estados Partes sobre la interpretación, aplicación o incumplimiento del Tratado de Asunción, del Protocolo de Ouro Preto, de los protocolos y acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción, de las Decisiones del Consejo del Mercado Común, de las Resoluciones del Grupo Mercado Común y de las Directivas de la Comisión de Comercio del MERCOSUR, serán sometidas a los procedimientos establecidos en el presente Protocolo.

2. Las controversias comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Protocolo que puedan también ser sometidas al sistema de solución de controversias de la Organización Mundial de Comercio o de otros esquemas preferenciales de comercio de que sean parte individualmente los Estados Partes del MERCOSUR, podrán someterse a uno u otro foro a elección de la parte demandante. Sin perjuicio de ello, las partes en la controversia podrán, de común acuerdo, convenir el foro.

Una vez iniciado un procedimiento de solución de controversias de acuerdo al párrafo anterior, ninguna de las partes podrá recurrir a los mecanismos establecidos en los otros foros respecto del mismo objeto, definido en los términos del artículo 14 de este Protocolo.

No obstante, en el marco de lo establecido en este numeral, el Consejo del Mercado Común reglamentará los aspectos relativos a la opción de foro.

CAPITULO II

MECANISMOS RELATIVOS A ASPECTOS TECNICOS

Artículo 2

Establecimiento de los mecanismos

1. Cuando se considere necesario, podrán ser establecidos mecanismos expeditos para resolver divergencias entre Estados Partes sobre aspectos técnicos regulados en instrumentos de políticas comerciales comunes.

2. Las reglas de funcionamiento, el alcance de esos mecanismos y la naturaleza de los pronunciamientos que se emitieran en los mismos serán definidos y aprobados por Decisión del Consejo del Mercado Común.

CAPITULO III

OPINIONES CONSULTIVAS

Artículo 3

Régimen de solicitud

El Consejo del Mercado Común podrá establecer mecanismos relativos a la solicitud de opiniones consultivas al Tribunal Permanente de Revisión definiendo su alcance y sus procedimientos.

CAPITULO IV

NEGOCIACIONES DIRECTAS

Artículo 4

Negociaciones

Los Estados Partes en una controversia procurarán resolverla, ante todo, mediante negociaciones directas.

Artículo 5

Procedimiento y plazo

1. Las negociaciones directas no podrán, salvo acuerdo entre las partes en la controversia, exceder un plazo de quince (15) días a partir de la fecha en que una de ellas le comunicó a la otra la decisión de iniciar la controversia.

2. Los Estados Partes en una controversia informarán al Grupo Mercado Común, a través de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR, sobre las gestiones que se realicen durante las negociaciones y los resultados de las mismas.

CAPITULO V

INTERVENCION DEL GRUPO MERCADO COMUN

Artículo 6

Procedimiento optativo ante el GMC

1. Si mediante las negociaciones directas no se alcanzare un acuerdo o si la controversia fuere solucionada solo parcialmente, cualquiera de los Estados Partes en la controversia podrá iniciar directamente el procedimiento arbitral previsto en el Capítulo VI.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el numeral anterior, los Estados Partes en la controversia podrán, de común acuerdo, someterla a consideración del Grupo Mercado Común.

i) En este caso, el Grupo Mercado Común evaluará la situación, dando oportunidad a las partes en la controversia para que expongan sus respectivas posiciones requiriendo, cuando considere necesario, el asesoramiento de expertos seleccionados de la lista a que hace referencia el artículo 43 del presente Protocolo.

ii) Los gastos que irrogue este asesoramiento serán sufragados en montos iguales por los Estados Partes en la controversia o en la proporción que determine el Grupo Mercado Común.

3. La controversia también podrá ser llevada a la consideración del Grupo Mercado Común si otro Estado, que no sea parte en la controversia, requiriera justificadamente tal procedimiento al término de las negociaciones directas. En ese caso, el procedimiento arbitral iniciado por el Estado Parte demandante no será interrumpido, salvo acuerdo entre los Estados Partes en la controversia.

Artículo 7

Atribuciones del GMC

1. Si la controversia fuese sometida al Grupo Mercado Común por los Estados Partes en la controversia, éste formulará recomendaciones que, de ser posible, serán expresas y detalladas tendientes a la solución del diferendo.

2. Si la controversia fuere llevada a consideración del Grupo Mercado Común a pedido de un Estado que no es parte en ella, el Grupo Mercado Común podrá formular comentarios o recomendaciones al respecto.

Artículo 8

Plazo para la intervención y el pronunciamiento del GMC

El procedimiento descripto en el presente Capítulo no podrá extenderse por un plazo superior a treinta (30) días a partir de la fecha de la reunión en que la controversia fue sometida a consideración del Grupo Mercado Común.

CAPITULO VI

PROCEDIMIENTO ARBITRAL AD HOC

Artículo 9

Inicio de la etapa arbitral

1. Cuando la controversia no hubiera podido solu-cionarse conforme a los procedimientos regulados en los Capítulos IV y V, cualquiera de los Estados Partes en la controversia podrá comunicar a la Secretaría Administrativa del MERCOSUR su decisión de recurrir al procedimiento arbitral que se establece en el presente Capítulo.

2. La Secretaría Administrativa del MERCOSUR notificará de inmediato la comunicación al otro u otros Estados involucrados en la controversia y al Grupo Mercado Común.

3. La Secretaría Administrativa del MERCOSUR tendrá a su cargo las gestiones administrativas que le sean requeridas para el desarrollo de los procedimientos.

Artículo 10

Composición del Tribunal Arbitral Ad Hoc

1. El procedimiento arbitral se sustanciará ante un Tribunal Ad Hoc compuesto de tres (3) árbitros.

2. Los árbitros serán designados de la siguiente manera.

i) Cada Estado Parte en la controversia designará un (1) árbitro titular de la lista prevista en el Artículo 11.1, en el plazo de quince (15) días, contado a partir de la fecha en que la Secretaría Administrativa del MERCOSUR haya comunicado a los Estados Partes en la controversia la decisión de uno de ellos de recurrir al arbitraje.

Simultáneamente designará, de la misma lista, un (1) árbitro suplente para reemplazar al titular en caso de incapacidad o excusa de éste en cualquier etapa del procedimiento arbitral.

ii) Si uno de los Estados Partes en la controversia no hubiera nombrado sus árbitros en el plazo indicado en el numeral 2 i), ellos serán designados por sorteo, por la Secretaría Administrativa del MERCOSUR dentro del término de dos (2) días, contado a partir del vencimiento de aquel plazo, entre los árbitros de ese Estado de la lista prevista en el Artículo 11.1.

3. El árbitro Presidente será designado de la siguiente manera:

i) Los Estados Partes en la controversia designarán de común acuerdo al tercer árbitro, que presidirá el Tribunal Arbitral Ad Hoc, de la lista prevista en el Artículo 11.2 iii), en el plazo de quince (15) días, contado a partir de la fecha en que la Secretaría Administrativa del MERCOSUR haya comunicado a los Estados Partes en la controversia la decisión de uno de ellos de recurrir al arbitraje.

Simultáneamente designarán, de la misma lista, un árbitro suplente para reemplazar al titular en caso de incapacidad o excusa de éste en cualquier etapa del procedimiento arbitral.

El Presidente y su suplente no podrán ser nacionales de los Estados Partes en la controversia.

ii) Si no hubiere acuerdo entre los Estados Partes en la controversia para elegir el tercer árbitro, dentro del plazo indicado, la Secretaría Administrativa del MERCOSUR, a pedido de cualquiera de ellos, procederá a designarlo por sorteo de la lista del Artículo 11.2 iii), excluyendo del mismo a los nacionales de los Estados Partes en la controversia.

iii) Los designados para actuar como terceros árbitros deberán responder en un plazo máximo de tres (3) días, contado a partir de la notificación de su designación, sobre su aceptación para actuar en una controversia.

4. La Secretaría Administrativa del MERCOSUR notificará a los árbitros su designación.

Artículo 11

Listas de árbitros

1. Cada Estado Parte designará doce (12) árbitros, que integrarán una lista que quedará registrada en la Secretaría Administrativa del MERCOSUR. La designación de los árbitros, conjuntamente con el curriculum vitae detallado de cada uno de ellos, será notificada simultáneamente a los demás Estados Partes y a la Secretaría Administrativa del MERCOSUR.

i) Cada Estado Parte podrá solicitar aclaraciones sobre las personas designadas por los otros Estados Partes para integrar la lista a que hace referencia el párrafo anterior, dentro del plazo de treinta (30) días, contado a partir de dicha notificación.

ii) La Secretaría Administrativa del MERCOSUR notificará a los Estados Partes la lista consolidada de árbitros del MERCOSUR, así como sus sucesivas modificaciones.

2. Cada Estado Parte propondrá asimismo cuatro (4) candidatos para integrar la lista de terceros árbitros. Al menos uno de los árbitros indicados por cada Estado Parte para esta lista no será nacional de ninguno de los Estados Partes del MERCOSUR:

i) La lista deberá ser notificada a los demás Estados Partes a través de la Presidencia Pro Tempore, acompañada por el curriculum vitae de cada uno de los candidatos propuestos.

ii) Cada Estado Parte podrá solicitar aclaraciones respecto de las personas propuestas por los demás Estados Partes o presentar objeciones justificadas a los candidatos indicados, conforme con los criterios establecidos en el artículo 35, dentro del plazo de treinta (30) días contado desde que esas propuestas le sean notificadas.

Las objeciones deberán ser comunicadas a través de la Presidencia Pro Tempore al Estado Parte proponente. Si en un plazo que no podrá exceder de treinta (30) días contado desde su notificación no se llegare a una solución, prevalecerá la objeción.

iii) La lista consolidada de terceros árbitros y sus sucesivas modificaciones, acompañada del curriculum vitae de los árbitros será comunicada por la Presidencia Pro Tempore a la Secretaría Administrativa del MERCOSUR, que la registrará y notificará a los Estados Partes.

Artículo 12

Representantes y asesores

Los Estados Partes en la controversia designarán sus representantes ante el Tribunal Arbitral Ad Hoc y podrán también designar asesores para la defensa de sus derechos.

Artículo 13

Unificación de representación

Si dos o más Estados Partes sostuvieren la misma posición en una controversia, podrán unificar su representación ante el Tribunal Arbitral Ad Hoc y designarán un árbitro de común acuerdo, en el plazo establecido en el artículo 10.2 i).

Artículo 14

Objeto de la controversia

1. El objeto de la controversia quedará determinado por los escritos de presentación y de respuesta presentados ante el Tribunal Arbitral Ad Hoc, no pudiendo ser ampliado posteriormente.

2. Los planteamientos que las partes realicen en los escritos mencionados en el numeral anterior se basarán en las cuestiones que fueron consideradas en las etapas previas, contempladas en el presente Protocolo y en el Anexo al Protocolo de Ouro Preto.

3. Los Estados Partes en la controversia informarán al Tribunal Arbitral Ad Hoc en los escritos mencionados en el numeral 1 del presente artículo sobre las instancias cumplidas con anterioridad al procedimiento arbitral y harán una exposición de los fundamentos de hecho y de derecho de sus respectivas posiciones.

Artículo 15

Medidas provisionales

1. El Tribunal Arbitral Ad Hoc podrá a solicitud de la parte interesada y en la medida en que existan presunciones fundadas de que el mantenimiento de la situación pueda ocasionar daños graves e irreparables a una de las partes en la controversia, dictar las medidas provisionales que considere apropiadas para prevenir tales daños.

2. El Tribunal podrá, en cualquier momento, dejar sin efecto dichas medidas.

3. En el caso en que el laudo fuera objeto de recurso de revisión, las medidas provisionales que no hubiesen quedado sin efecto antes de dictarse el mismo, se mantendrán hasta su tratamiento en la primera reunión del Tribunal Permanente de Revisión, que deberá resolver sobre su continuidad o cese.

Artículo 16

Laudo arbitral

El Tribunal Arbitral Ad Hoc dictará el laudo en un plazo de sesenta (60) días, prorrogables por decisión del Tribunal por un plazo máximo de treinta (30) días, contado a partir de la comunicación efectuada por la Secretaría Administrativa del MERCOSUR a las partes y a los demás árbitros, informando la aceptación por el árbitro Presidente de su designación.

CAPITULO VII

PROCEDIMIENTO DE REVISION

Artículo 17

Recurso de revisión

1. Cualquiera de las partes en la controversia podrá presentar un recurso de revisión al Tribunal Permanente de Revisión, contra el laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc en un plazo no superior a quince (15) días a partir de la notificación del mismo.

2. El recurso estará limitado a las cuestiones de derecho tratadas en la controversia y a las interpretaciones jurídicas desarrolladas en el laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc.

3. Los laudos de los Tribunales Ad Hoc dictados en base a los principios ex aequo et bono no serán susceptibles del recurso de revisión.

4. La Secretaría Administrativa del MERCOSUR tendrá a su cargo las gestiones administrativas que le sean encomendadas para el desarrollo de los procedimientos y mantendrá informados a los Estados Partes en la controversia y al Grupo Mercado Común.

Artículo 18

Composición del Tribunal Permanente de Revisión

1. El Tribunal Permanente de Revisión estará integrado por cinco (5) árbitros.

2. Cada Estado Parte del MERCOSUR designará un (1) árbitro y su suplente por un período de dos (2) años, renovable por no más de dos períodos consecutivos.

3. El quinto árbitro, que será designado por un período de tres(3) años no renovable salvo acuerdo en contrario de los Estados Partes, será elegido por unanimidad de los Estados Partes, de la lista a que hace referencia este numeral, por lo menos tres (3) meses antes de la expiración del mandato del quinto árbitro en ejercicio. Dicho árbitro tendrá la nacionalidad de alguno de los Estados Partes del MERCOSUR. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 4 de este artículo.

No lográndose unanimidad, la designación se hará por sorteo que realizará la Secretaría Administrativa del MERCOSUR entre los integrantes de esa lista, dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento de dicho plazo.

La lista para la designación del quinto árbitro se conformará con ocho (8) integrantes. Cada Estado Parte propondrá dos (2) integrantes que deberán ser nacionales de los países del MERCOSUR.

4. Los Estados Partes, de común acuerdo, podrán definir otros criterios para la designación del quinto árbitro.

5. Por lo menos tres (3) meses antes del término del mandato de los árbitros, los Estados Partes deberán manifestarse respecto de su renovación o proponer nuevos candidatos.

6. En caso de que expire el período de actuación de un árbitro que se encuentra entendiendo en una controversia, éste deberá permanecer en funciones hasta su conclusión.

7. Se aplicará, en lo pertinente, a los procedimientos descriptos en este artículo lo dispuesto en el artículo 11.2.

Artículo 19

Disponibilidad permanente

Los integrantes del Tribunal Permanente de Revisión, una vez que acepten su designación, deberán estar disponibles de modo permanente para actuar cuando se los convoque.

Artículo 20

Funcionamiento del Tribunal

1. Cuando la controversia involucre a dos Estados Partes, el Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros. Dos (2) árbitros serán nacionales de cada Estado Parte en la controversia y el tercero, que ejercerá la Presidencia se designará, mediante sorteo a ser realizado por el Director de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR, entre los árbitros restantes que no sean nacionales de los Estados Partes en la controversia. La designación del Presidente se hará el día siguiente al de la interposición del recurso de revisión, fecha a partir de la cual quedará constituido el Tribunal a todos los efectos.

2. Cuando la controversia involucre a más de dos Estados Partes el Tribunal Permanente de Revisión estará integrado por cinco (5) árbitros.

3. Los Estados Partes, de común acuerdo, podrán definir otros criterios para el funcionamiento del Tribunal establecido en este artículo.

Artículo 21

Contestación del recurso de revisión y plazo para el laudo

1. La otra parte en la controversia tendrá derecho a contestar el recurso de revisión interpuesto, dentro del plazo de quince (15) días de notificada de la presentación de dicho recurso.

2. El Tribunal Permanente de Revisión se pronunciará sobre el recurso en un plazo máximo de treinta (30) días contado a partir de la presentación de la contestación a que hace referencia el numeral anterior o del vencimiento del plazo para la señalada presentación, según sea el caso. Por decisión del Tribunal el plazo de treinta (30) días podrá ser prorrogado por quince (15) días más.

Artículo 22

Alcance del pronunciamiento

1. El Tribunal Permanente de Revisión podrá confirmar, modificar o revocar los fundamentos jurídicos y las decisiones del Tribunal Arbitral Ad Hoc.

2. El laudo del Tribunal Permanente de Revisión será definitivo y prevalecerá sobre el laudo del Tribunal Arbitral Ad hoc.

Artículo 23

Acceso directo al Tribunal Permanente de Revisión

1. Las Partes en una controversia, culminado el procedimiento establecido en los artículos 4 y 5 de este Protocolo, podrán acordar expresamente someterse directamente y en única instancia al Tribunal Permanente de Revisión, en cuyo caso éste tendrá las mismas competencias que un Tribunal Arbitral Ad Hoc y regirán, en lo pertinente, los artículos 9, 12, 13, 14, 15 y 16 del presente Protocolo.

2. En este supuesto los laudos del Tribunal Permanente de Revisión serán obligatorios para los Estados Partes en la controversia a partir de la recepción de la respectiva notificación, no estarán sujetos a recurso de revisión y tendrán con relación a las partes fuerza de cosa juzgada.

Artículo 24

Medidas excepcionales y de urgencia

El Consejo del Mercado Común podrá establecer procedimientos especiales para atender casos excepcionales de urgencia, que pudieran ocasionar daños irreparables a las Partes.

CAPITULO VIII

LAUDOS ARBITRALES

Artículo 25

Adopción de los laudos

Los laudos del Tribunal Arbitral Ad Hoc y los del Tribunal Permanente de Revisión se adoptarán por mayoría, serán fundados y suscriptos por el Presidente y por los demás árbitros. Los árbitros no podrán fundar votos en disidencia y deberán mantener la confidencialidad de la votación. Las deliberaciones también serán confidenciales y así se mantendrán en todo momento.

Artículo 26

Obligatoriedad de los laudos

1. Los laudos de los Tribunales Arbitrales Ad Hoc son obligatorios para los Estados Partes en la controversia a partir de su notificación y tendrán, con relación a ellos, fuerza de cosa juzgada si transcurrido el plazo previsto en el Artículo 17.1 para interponer el recurso de revisión, éste no fuere interpuesto.

2. Los laudos del Tribunal Permanente de Revisión son inapelables, obligatorios para los Estados Partes en la controversia a partir de su notificación y tendrán, con relación a ellos, fuerza de cosa juzgada.

Artículo 27

Obligación del cumplimiento de los laudos

Los laudos deberán ser cumplidos en la forma y con el alcance con que fueron dictados. La adopción de medidas compensatorias en los términos de este Protocolo no exime al Estado Parte de su obligación de cumplir el Laudo.

Artículo 28

Recurso de aclaratoria

1. Cualquiera de los Estados Partes en la controversia podrá solicitar una aclaración del laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc o del Tribunal Permanente de Revisión y sobre la forma en que el laudo deberá cumplirse, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación.

2. El Tribunal respectivo se expedirá sobre el recurso dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de dicha solicitud y podrá otorgar un plazo adicional para el cumplimiento del laudo.

Artículo 29

Plazo y modalidad de cumplimiento

1. Los laudos de los Tribunales Ad Hoc o los del Tribunal Permanente de Revisión, según el caso, deberán ser cumplidos en el plazo que los respectivos tribunales establezcan. Si no se determinara un plazo, los laudos deberán ser cumplidos dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su notificación.

2. En caso que un Estado Parte interponga el recurso de revisión el cumplimiento del laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc será suspendido durante la sustanciación del mismo.

3. El Estado Parte obligado a cumplir el laudo informará a la otra parte en la controversia así como al Grupo Mercado Común, por intermedio de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR, sobre las medidas que adoptará para cumplir el laudo, dentro de los quince (15) días contados desde su notificación.

Artículo 30

Divergencias sobre el cumplimiento del laudo

1. En caso de que el Estado beneficiado por el laudo entienda que las medidas adoptadas no dan cumplimiento al mismo, tendrá un plazo de treinta (30) días desde la adopción de aquellas, para llevar la situación a la consideración del Tribunal Ad Hoc o del Tribunal Permanente de Revisión, según corresponda.

2. El Tribunal respectivo tendrá un plazo de treinta (30) días desde la fecha que tomó conocimiento de la situación, para dirimir las cuestiones referidas en el numeral anterior.

3. Si no fuera posible convocar al Tribunal Arbitral Ad Hoc interviniente, se conformará otro con el o los suplentes necesarios mencionados en los artículos 10.2 y 10.3.

CAPITULO IX

MEDIDAS COMPENSATORIAS

Artículo 31

Facultad de aplicar medidas compensatorias

1. Si un Estado Parte en la controversia no cumpliera total o parcialmente el laudo del Tribunal Arbitral, la otra parte en la controversia tendrá la facultad, durante el plazo de un (1) año, contado a partir del día siguiente al que venció el plazo referido en el artículo 29.1, e independientemente de recurrir a los procedimientos del artículo 30, de iniciar la aplicación de medidas compensatorias temporarias, tales como la suspensión de concesiones u otras obligaciones equivalentes, tendientes a obtener el cumplimiento del laudo.

2. El Estado Parte beneficiado por el laudo procurará, en primer lugar, suspender las concesiones u obligaciones equivalentes en el mismo sector o sectores afectados. En el caso que considere impracticable o ineficaz la suspensión en el mismo sector, podrá suspender concesiones u obligaciones en otro sector, debiendo indicar las razones que fundamentan esa decisión.

3. Las medidas compensatorias a ser tomadas deberán ser informadas formalmente, por el Estado Parte que las aplicará, con una anticipación mínima de quince (15) días, al Estado Parte que debe cumplir el laudo.

Artículo 32

Facultad de cuestionar medidas compensatorias

1. Si el Estado Parte beneficiado por el laudo aplicara medidas compensatorias por considerar insuficiente el cumplimiento del mismo, pero el Estado Parte obligado a cumplirlo estimara que las medidas que adoptó son satisfactorias, este último tendrá un plazo de quince (15) días contados desde la notificación prevista en el artículo 31.3, para llevar la situación a consideración del Tribunal Arbitral Ad Hoc o del Tribunal Permanente de Revisión, según corresponda, el cual tendrá un plazo de treinta (30) días desde su constitución para pronunciarse al respecto.

2. En caso que el Estado Parte obligado a cumplir el laudo considere excesivas las medidas compensatorias aplicadas, podrá solicitar, hasta quince (15) días después de la aplicación de esas medidas, que el Tribunal Ad Hoc o el Tribunal Permanente de Revisión, según corresponda, se pronuncie al respecto, en un plazo no superior a treinta (30) días a partir de su constitución.

i) El Tribunal se pronunciará sobre las medidas compensatorias adoptadas. Evaluará, según el caso, la fundamentación esgrimida para aplicarlas en un sector distinto al afectado, así como su proporcionalidad con relación a las consecuencias derivadas del incumplimiento del laudo.

ii) Al analizar la proporcionalidad el Tribunal deberá tomar en consideración, entre otros elementos, el volumen y/o valor del comercio en el sector afectado, así como todo otro perjuicio o factor que haya incidido en la determinación del nivel o monto de las medidas compensatorias.

3. El Estado Parte que tomó las medidas compensatorias, deberá adecuarlas a la decisión del Tribunal en un plazo máximo de diez (10) días, salvo que el Tribunal estableciere otro plazo.

CAPITULO X

DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPITULOS VI y VII

Artículo 33

Jurisdicción de los tribunales

Los Estados Partes declaran reconocer como obligatoria, ipso facto y sin necesidad de acuerdo especial, la jurisdicción de los Tribunales Arbitrales Ad Hoc que en cada caso se constituyan para conocer y resolver las controversias a que se refiere el presente Protocolo, así como la jurisdicción del Tribunal Permanente de Revisión para conocer y resolver las controversias conforme a las competencias que le confiere el presente Protocolo.

Artículo 34

Derecho aplicable

1. Los Tribunales Arbitrales Ad Hoc y el Tribunal Permanente de Revisión decidirán la controversia en base al Tratado de Asunción, al Protocolo de Ouro Preto, a los protocolos y acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción, a las Decisiones del Consejo del Mercado Común, a las Resoluciones del Grupo Mercado Común y a las Directivas de la Comisión de Comercio del MERCOSUR así como a los principios y disposiciones de Derecho Internacional aplicables a la materia.

2. La presente disposición no restringe la facultad de los Tribunales Arbitrales Ad Hoc o la del Tribunal Permanente de Revisión cuando actúe en instancia directa y única, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de decidir la controversia ex aequo et bono, si las partes así lo acordaren.

Artículo 35

Calificación de los árbitros

1. Los árbitros de los Tribunales Arbitrales Ad Hoc y los del Tribunal Permanente de Revisión deberán ser juristas de reconocida competencia en las materias que puedan ser objeto de las controversias y tener conocimiento del conjunto normativo del MERCOSUR.

2. Los árbitros deberán observar la necesaria imparcialidad e independencia funcional de la Administración Pública Central o directa de los Estados Partes y no tener intereses de índole alguna en la controversia. Serán designados en función de su objetividad, confiabilidad y buen juicio.

Artículo 36

Costos

1. Los gastos y honorarios ocasionados por la actividad de los árbitros serán solventados por el país que los designe y los gastos del Presidente del Tribunal Arbitral Ad Hoc serán solventados por partes iguales por los Estados Partes en la controversia, a menos que el Tribunal decida distribuirlos en proporción distinta.

2. Los gastos y honorarios ocasionados por la actividad de los árbitros del Tribunal Permanente de Revisión serán solventados en partes iguales por los Estados Partes en la controversia, a menos que el Tribunal decida distribuirlos en proporción distinta.

3. Los gastos a que se refieren los incisos anteriores podrán ser pagados por intermedio de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR. Los pagos podrán ser realizados por intermedio de un Fondo Especial que podrán crear los Estados Partes al depositar las contribuciones relativas al presupuesto de la Secretaría Administrativa, conforme al artículo 45 del Protocolo de Ouro Preto, o al momento de iniciarse los procedimientos previstos en los Capítulos VI o VII del presente Protocolo. El Fondo será administrado por la Secretaría Administrativa del MERCOSUR, la cual deberá anualmente rendir cuentas a los Estados Partes sobre su utilización.

Artículo 37

Honorarios y demás gastos

Los honorarios, gastos de traslado, alojamiento, viáticos y demás gastos de los árbitros serán determinados por el Grupo Mercado Común.

Artículo 38

Sede

La Sede del Tribunal Permanente de Revisión será la ciudad de Asunción. No obstante, por razones fundadas el Tribunal podrá reunirse, excepcionalmente, en otras ciudades del MERCOSUR. Los Tribunales Arbitrales Ad Hoc podrán reunirse en cualquier ciudad de los Estados Partes del MERCOSUR.

CAPITULO XI

RECLAMOS DE PARTICULARES

Artículo 39

Ambito de aplicación

El procedimiento establecido en el presente Capítulo se aplicará a los reclamos efectuados por particulares (personas físicas o jurídicas) con motivo de la sanción o aplicación, por cualquiera de los Estados Partes, de medidas legales o administrativas de efecto restrictivo, discri-minatorias o de competencia desleal, en violación del Tratado de Asunción, del Protocolo de Ouro Preto, de los protocolos y acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción, de las Decisiones del Consejo del Mercado Común, de las Resoluciones del Grupo Mercado Común y de las Directivas de la Comisión de Comercio del MERCOSUR.

Artículo 40

Inicio del trámite

1. Los particulares afectados formalizarán los reclamos ante la Sección Nacional del Grupo Mercado Común del Estado Parte donde tengan su residencia habitual o la sede de sus negocios.

2. Los particulares deberán aportar elementos que permitan determinar la verosimilitud de la violación y la existencia o amenaza de un perjuicio, para que el reclamo sea admitido por la Sección Nacional y para que sea evaluado por el Grupo Mercado Común y por el grupo de expertos, si se lo convoca.

Artículo 41

Procedimiento

1. A menos que el reclamo se refiera a una cuestión que haya motivado la iniciación de un procedimiento de Solución de Controversias de acuerdo con los Capítulos IV a VII de este Protocolo, la Sección Nacional del Grupo Mercado Común que haya admitido el reclamo conforme al artículo 40 del presente Capítulo deberá entablar consultas con la Sección Nacional del Grupo Mercado Común del Estado Parte al que se atribuye la violación a fin de buscar, a través de aquéllas, una solución inmediata a la cuestión planteada. Dichas consultas se tendrán por concluidas automáticamente y sin más trámite si la cuestión no hubiere sido resuelta en el plazo de quince (15) días contado a partir de la comunicación del reclamo al Estado Parte al que se atribuye la violación, salvo que las partes hubieren decidido otro plazo.

2. Finalizadas las consultas sin que se hubiera alcanzado una solución, la Sección Nacional del Grupo Mercado Común elevará el reclamo sin más trámite al Grupo Mercado Común.

Artículo 42

Intervención del Grupo Mercado Común

1. Recibido el reclamo, el Grupo Mercado Común evaluará los requisitos establecidos en el artículo 40.2, sobre los que basó su admisión la Sección Nacional, en la primera reunión siguiente a su recepción. Si concluyere que no están reunidos los requisitos necesarios para darle curso, rechazará el reclamo sin más trámite, debiendo pronunciarse por consenso.

2. Si el Grupo Mercado Común no rechazare el reclamo, éste se considerará aceptado. En este caso el Grupo Mercado Común procederá de inmediato a convocar a un grupo de expertos, que deberá emitir un dictamen acerca de su procedencia en el término improrrogable de treinta (30) días contado a partir de su designación.

3. Dentro de ese plazo, el grupo de expertos dará oportunidad al particular reclamante y a los Estados involucrados en el reclamo, de ser oídos y de presentar sus argumentos en audiencia conjunta.

Artículo 43

Grupo de expertos

1. El grupo de expertos a que se hace referencia en el artículo 42.2 estará compuesto por tres (3) miembros designados por el Grupo Mercado Común o, a falta de acuerdo sobre uno o más expertos, éstos serán elegidos por votación que realizarán los Estados Partes entre los integrantes de una lista de veinticuatro (24) expertos. La Secretaría Administrativa del MERCOSUR comunicará al Grupo Mercado Común el nombre del experto o de los expertos que hubieren recibido la mayor cantidad de votos. En este último caso, y salvo que el Grupo Mercado Común lo decida de otra manera, uno (1) de los expertos designados no podrá ser nacional del Estado contra el cual se formuló el reclamo, ni del Estado en el cual el particular formalizó su reclamo, en los términos del artículo 40.

2. Con el fin de constituir la lista de expertos, cada uno de los Estados Partes designará seis (6) personas de reconocida competencia en las cuestiones que puedan ser objeto del reclamo. Dicha lista quedará registrada en la Secretaría Administrativa del MERCOSUR.

3. Los gastos derivados de la actuación del grupo de expertos serán sufragados en la proporción que determine el Grupo Mercado Común o, a falta de acuerdo, en montos iguales por las partes directamente involucradas en el reclamo.

Artículo 44

Dictamen del grupo de expertos

1. El grupo de expertos elevará su dictamen al Grupo Mercado Común.

i) Si en dictamen unánime se verificare la procedencia del reclamo formulado en contra de un Estado Parte, cualquier otro Estado Parte podrá requerirle adopción de medidas correctivas o la anulación de las medidas cuestionadas. Si su requerimiento no prosperare dentro de un plazo de quince (15) días, el Estado Parte que lo efectuó podrá recurrir directamente al procedimiento arbitral, en las condiciones establecidas en el Capítulo VI del presente Protocolo.

ii) Recibido el dictamen que considere improcedente el reclamo por unanimidad, el Grupo Mercado Común dará de inmediato por concluido el mismo en el ámbito del presente Capítulo.

iii) En caso que el grupo de expertos no alcance la unanimidad para emitir el dictamen, elevará sus distintas conclusiones al Grupo Mercado Común, que dará de inmediato por concluido el reclamo en el ámbito del presente Capítulo.

2. La finalización del reclamo por parte del Grupo Mercado Común, en los términos de los apartados ii) y iii) del numeral anterior, no impedirá que el Estado Parte reclamante dé inicio a los procedimientos previstos en los Capítulos IV a VI del presente Protocolo.

CAPITULO XII

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 45

Transacción o desistimiento

En cualquier etapa de los procedimientos, la parte que presentó la controversia o el reclamo podrá desistir de los mismos, o las partes involucradas podrán llegar a una transacción, dándose por concluida la controversia o el reclamo en ambos casos. Los desistimientos o las transacciones deberán ser comunicadas por intermedio de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR al Grupo Mercado Común, o al Tribunal que corresponda, según el caso.

Artículo 46

Confidencialidad

1. Todos los documentos presentados en el ámbito de los procedimientos previstos en este Protocolo son de carácter reservado a las partes en la controversia, a excepción de los laudos arbitrales.

2. A criterio de la Sección Nacional del Grupo Mercado Común de cada Estado Parte y cuando ello sea necesario para la elaboración de las posiciones a ser presentadas al Tribunal, dichos documentos podrán ser dados a conocimiento, exclusivamente, a los sectores con intereses en la cuestión.

3. No obstante lo establecido en el numeral 1, el Consejo del Mercado Común reglamentará la modalidad de divulgación de los escritos y presentaciones de las controversias ya concluidas.

Artículo 47

Reglamentación

El Consejo del Mercado Común aprobará la reglamentación del presente Protocolo dentro de los sesenta (60) días de su entrada en vigencia.

Artículo 48

Plazos

1. Todos los plazos establecidos en el presente Protocolo son perentorios y serán contados por días corridos a partir del día siguiente al acto o hecho a que se refieren. No obstante, si el vencimiento del plazo para presentar un escrito o cumplir una diligencia no ocurriese en día hábil en la sede de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR, la presentación del escrito o cumplimiento de la diligencia deberá ser realizada el primer día hábil inmediatamente posterior a esa fecha.

2. No obstante lo establecido en el numeral anterior, todos los plazos previstos en el presente Protocolo podrán ser modificados de común acuerdo por las partes en la controversia. Los plazos previstos para los procedimientos tramitados ante los Tribunales Arbitrales Ad Hoc y ante el Tribunal Permanente de Revisión podrán ser modificados cuando las partes en la controversia lo soliciten al Tribunal respectivo y éste lo conceda.

CAPITULO XIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 49

Notificaciones iniciales

Los Estados Partes realizarán las primeras designaciones y notificaciones previstas en los artículos 11, 18 y 43.2 en un plazo de treinta (30) días a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo.

Artículo 50

Controversias en trámite

Las controversias en trámite, iniciadas de acuerdo con el régimen del Protocolo de Brasilia, se regirán exclusivamente por el mismo hasta su total conclusión.

Artículo 51

Reglas de procedimiento

1. El Tribunal Permanente de Revisión adoptará sus propias Reglas de Procedimiento dentro de los treinta (30) días contados a partir de su constitución las que deberán ser aprobadas por el Consejo del Mercado Común.

2. Los Tribunales Arbitrales Ad Hoc adoptarán sus propias reglas de procedimiento, tomando como referencia las Reglas Modelo a ser aprobadas por el Consejo del Mercado Común.

3. Las reglas a las que se hace referencia en los numerales precedentes del presente artículo garantizarán que cada una de las partes en la controversia tenga plena oportunidad de ser oída y de presentar sus argumentos y asegurarán que los procesos se realicen de forma expedita.

CAPITULO XIV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 52

Vigencia y depósito

1. El presente Protocolo, parte integrante del Tratado de Asunción, entrará en vigor el trigésimo día contado a partir de la fecha en que haya sido depositado el cuarto instrumento de ratificación.

2. La República del Paraguay será depositaria del presente Protocolo y de los instrumentos de ratificación y notificará a los demás Estados Partes la fecha de los depósitos de esos instrumentos, enviando copia debidamente autenticada de este Protocolo a los demás Estados Partes.

Artículo 53

Revisión del sistema

Antes de finalizar el proceso de convergencia del arancel externo común, los Estados Partes efectuarán una revisión del actual sistema de solución de controversias, a fin de adoptar el Sistema Permanente de Solución de Controversias para el Mercado Común a que se refiere el numeral 3 del Anexo III del Tratado de Asunción.

Artículo 54

Adhesión o denuncia ipso jure

1. La adhesión al Tratado de Asunción, significará ipso jure, la adhesión al presente Protocolo.

2. La denuncia del presente Protocolo, significará ipso jure, la denuncia del Tratado de Asunción.

Artículo 55

Derogación

1. El presente Protocolo deroga, a partir de su entrada en vigencia, el Protocolo de Brasilia para la Solución de Controversias, suscripto el 17 de diciembre de 1991 y deroga el Reglamento del Protocolo de Brasilia, Decisión CMC 17/98.

2. No obstante, mientras las controversias iniciadas bajo el régimen del Protocolo de Brasilia no se concluyan totalmente; y hasta tanto se completen los procedimientos previstos en el artículo 49, continuará aplicándose, en lo que corresponda, el Protocolo de Brasilia y su Reglamento.

3. Las referencias al Protocolo de Brasilia realizadas en el Protocolo de Ouro Preto y su Anexo, se entenderán remitidas al presente Protocolo en lo que corresponda.

Artículo 56

Idiomas

Serán idiomas oficiales en todos los procedimientos previstos en el presente Protocolo el español y el portugués.

Hecho en la ciudad de Olivos, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, a los dieciocho días del mes de febrero del año dos mil dos en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

POR LA REPUBLICA ARGENTINA

Eduardo Duhalde - Carlos Ruckauf

POR LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

Fernando Henrique Cardoso - Celso Lafer

POR LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

Luis González Macchi - José Antonio Moreno Ruffinelli

POR LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Jorge Batlle Ibáñez - Didier Opertti

Gloria Amarilla

Directora de Tratados

Domingo Schipani

Embajador

Director de Tratados.

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

PROTOCOLO DE OLIVOS PARA LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN EL MERCOSUR

Con fecha del 15 de marzo de 2002, el Poder Ejecutivo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 168 numeral 20 y el Artículo 85 numeral 7º de la Constitución de la República, envía para su consideración, el proyecto de ley de Artículo Unico por el cual se aprueba el PROTOCOLO DE OLIVOS PARA LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN EL MERCOSUR, suscrito en la ciudad de Olivos, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, el 18 de febrero de 2002.

El PROTOCOLO DE OLIVOS consta de una Introducción y de 14 Capítulos que agrupan 56 artículos en los cuales desarrolla el cuerpo normativo. En la Introducción señala que:

"la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay (en adelante los Estados Partes):

TENIENDO EN CUENTA el Tratado de Asunción, el Protocolo de Brasilia y el Protocolo de Ouro Preto;

RECONOCIENDO que la evolución del proceso de integración en el ámbito del MERCOSUR requiere del perfeccionamiento del sistema de solución de controversias;

CONSIDERANDO la necesidad de garantizar la correcta interpretación, aplicación y cumplimiento de los instrumentos fundamentales del proceso de integración y del conjunto normativo del MERCOSUR, de forma consistente y sistemática;

CONVENCIDOS de la conveniencia de efectuar modificaciones específicas en el sistema de solución de controversias de manera de consolidar la seguridad jurídica en el ámbito del MERCOSUR;

HAN CONVENIDO lo siguiente:".

En el CAPITULO I, titulado CONTROVERSIAS ENTRE ESTADOS PARTES, en el Artículo 1º define el Ambito de aplicación: a) las controversias sobre la interpretación, aplicación o incumplimiento del Tratado de Asunción, del Protocolo de Ouro Preto, de los protocolos y acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción, de las Decisiones del Consejo del Mercado Común, de las Resoluciones del Grupo Mercado Común y de las Directivas de la Comisión de Comercio del MERCOSUR, serán sometidas a los procedimientos establecidos en el presente Protocolo; b) las controversias comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Protocolo, que puedan ser sometidas también al sistema de solución de controversias de la OMC u otros esquemas preferenciales de comercio de que sean parte los Estados Partes del MERCOSUR, podrán someterse a uno u otro a elección de la parte demandante. Sin perjuicio de ello las partes de la controversia podrán convenir el foro, pero una vez iniciado un procedimiento no se podrá recurrir a los mecanismos establecidos en otros foros respecto del mismo objeto.

EL CAPITULO II establece los MECANISMOS RELATIVOS A ASPECTOS TECNICOS. El artículo 2º señala que cuando se considere necesario se podrán establecer mecanismos expeditos para resolver divergencias sobre aspectos técnicos regulados en instrumentos de políticas comerciales comunes, y que las reglas de funcionamiento, el alcance de los mecanismos y la naturaleza de los pronunciamientos serán definidos y aprobados por Decisión del Consejo del Mercado Común.

EL CAPITULO III establece que el Consejo del Mercado Común podrá establecer mecanismos relativos a la solicitud de OPINIONES CONSULTIVAS al Tribunal Permanente de Revisión definiendo su alcance y sus procedimientos.

EL CAPITULO IV establece en su Artículo 4º que los Estados Partes, procurarán resolver las controversias ante todo, mediante NEGOCIACIONES DIRECTAS, que no podrán exceder un plazo de quince días salvo acuerdo entre las partes, a partir de la fecha en que se comunicó la decisión de iniciar la controversia. Por el Artículo 5º los Estados Partes informarán al Grupo Mercado Común, a través de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR, las gestiones que se realicen durante las negociaciones y sus resultados.

EL CAPITULO V regula la INTERVENCION DEL GRUPO MERCADO COMUN (GMC). El artículo 6º establece que: a) si mediante las negociaciones directas no se alcanzó un acuerdo o si la controversia fuere solucionada sólo parcialmente, cualquiera de los Estados Partes podrá iniciar el procedimiento arbitral previsto en el CAPITULO VI; b) no obstante, los Estados Partes, de común acuerdo, podrán someter la controversia a consideración del GMC. En este caso, el GMC evaluara la situación requiriendo si lo considera necesario el asesoramiento de expertos seleccionados de la lista a que se hace referencia en el Artículo 43 del presente Protocolo; los gastos serán sufragados en partes iguales por los Estados Partes intervinientes y c) el GMC también podrá considerar una controversia si otro Estado, que no sea parte en la misma, requiere justificadamente tal procedimiento al término de las negociaciones directas; en este caso el procedimiento arbitral no será interrumpido salvo acuerdo entre los Estados Partes en la controversia.

El Artículo 7º señala que si el GMC interviene a solicitud de los Estados Partes en la controversia, formulara recomendaciones que de ser posible, serán expresas y detalladas tendientes a la solución del diferendo. Si la intervención es a instancia de Estado que no es parte en la controversia, podrá formular comentarios o recomendaciones al respecto.

El Artículo 8º fija el plazo para la intervención y el pronunciamiento del GMC, que no podrá ser superior a treinta días a partir de la fecha de la reunión en que la controversia fue sometida a su consideración.

EL CAPITULO VI esta referido al PROCEDIMIENTO ARBITRAL AD HOC. Por el Artículo 9º, si una controversia no pudo solucionarse conforme a los procedimientos de los Capítulos IV y V, cualquiera de los Estados Partes de la misma, podrá comunicar a la Secretaria Administrativa del MERCOSUR su decisión de recurrir al procedimiento arbitral que se establece en este Capítulo, el que será notificado de inmediato al otro u otros Estados involucrados en la controversia y al GMC.

El Artículo 10 regula detalladamente la composición del Tribunal Arbitral Ad Hoc: a) El Tribunal estará compuesto por tres (3) árbitros. b) Cada Estado Parte en la controversia designará un árbitro titular y un suplente de la lista prevista en el Artículo 11, en un plazo de quince (15) días luego de conocida la decisión de recurrir al arbitraje. Cumplido el plazo anterior, si el Estado Parte no efectuó la designación, la Secretaría Administrativa del MERCOSUR dentro del término de dos (2) días la realizará por sorteo entre los árbitros designados por ese Estado en la lista ya aludida. c) El árbitro Presidente y su suplente serán designados de común acuerdo entre los Estados Partes de la controversia, de la lista aludida, en un plazo de quince (15) días, no pudiendo ser nacionales de los Estados Partes en la controversia. En caso de que no hubiere acuerdo para la designación del mismo dentro del plazo indicado, la Secretaria Administrativa del MERCOSUR, a pedido de cualquiera de ellos, lo designará por sorteo, excluyendo del mismo a los nacionales de los Estados Partes de la controversia. Los designados deberán responder en un plazo de tres (3) días su aceptación para actuar.

El Artículo 11 reglamenta lo referente a las Listas de árbitros: a) Cada Estado Partes designará doce (12) árbitros. La lista de los mismos y sus curriculum vitae serán notificados a los demás Estados Partes y a la Secretaria Administrativa del MERCOSUR. Los Estados Partes podrán solicitar aclaraciones sobre los árbitros designados, dentro del plazo de treinta (30) días. La lista consolidada será notificada a los Estados Partes por la Secretaría Administrativa del MERCOSUR así como las sucesivas modificaciones; b) Cada Estado Parte propondrá asimismo cuatro (4) candidatos para integrar la lista de terceros árbitros. Al menos uno de ellos no será nacional de ninguno de los Estados Partes del MERCOSUR. Esta lista y sus curriculum vitae serán notificados a los demás Estados Partes a través del Presidente Pro Tempore. Se podrán solicitar aclaraciones respecto de las personas propuestas o presentar objeciones justificadas a los candidatos indicados, conforme al Artículo 35 del presente Protocolo, dentro de los treinta (30) días de comunicadas las propuestas. Planteada una objeción, si en un plazo que no puede exceder los treinta días (30) no se llega a una solución, la objeción prevalecerá. La lista consolidada de terceros árbitros y sus modificaciones será comunicada por la Presidencia Pro Tempore a la Secretaria Administrativa del MERCOSUR que la registrará y notificará a los Estados Partes.

El Artículo 12 establece que los Estados Partes en la controversia designarán sus representantes ante el Tribunal Arbitral Ad Hoc y podrán designar asesores para la defensa de sus derechos.

El Artículo 13 faculta a dos o más Estados Partes que sostuvieren la misma posición en una controversia, a unificar su representación ante el Tribunal Arbitral Ad Hoc y designar un árbitro de común acuerdo.

El artículo 14 señala que el objeto de la controversia quedará determinado por los escritos de presentación y de respuesta presentados ante el Tribunal Arbitral Ad Hoc, no pudiendo ser ampliado posteriormente. El mismo se basará en cuestiones que fueron consideradas en las etapas previas y contempladas en el presente Protocolo y en el Anexo al Protocolo de Ouro Preto; se informará al Tribunal Arbitral Ad Hoc en los escritos, así como sobre las instancias cumplidas con anterioridad al procedimiento arbitral y se hará una exposición de los fundamentos de hecho y de derecho de sus respectivas posiciones.

En el Artículo 15 se establecen medidas provisionales: El Tribunal Arbitral Ad Hoc podrá, a solicitud de parte y en la medida en que existan presunciones fundadas de que el mantenimiento de la situación pueda ocasionar daños graves e irreparables a una de las partes en la controversia, dictar medidas provisionales para prevenir tales daños. El Tribunal podrá asi mismo dejarlas sin efecto en cualquier momento. En caso de que el laudo fuera objeto de recurso de revisión, las medidas provisionales que no hubiesen quedado sin efecto antes de dictarse el mismo se mantendrán hasta su tratamiento en la primera reunión del Tribunal Permanente de Revisión, que deberá resolver sobre su continuidad o cese.

El Artículo 16 señala que el Tribunal Arbitral Ad Hoc dictará el laudo en el plazo de sesenta días (60) prorrogables por decisión del Tribunal por un plazo máximo de treinta días (30) contados a partir de la comunicación efectuada por la Secretaría Administrativa del MERCOSUR a las partes y a los demás árbitros, informando la aceptación por el árbitro Presidente de su designación.

EL CAPITULO VII reglamenta en ocho (8) Artículos el PROCEDIMIENTO DE REVISION.

El Artículo 17 establece que cualquiera de las partes en la controversia podrá presentar un Recurso de Revisión al Tribunal Permanente de Revisión contra un laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc en un plazo no superior a quince (15) días a partir de la notificación del mismo. El recurso estará limitado a cuestiones de derecho y a las interpretaciones jurídicas desarrolladas en el laudo. Los laudos dictados en base a los principios ex aequo et bono (principios del arbitraje de equidad, también denominado amigable composición) no serán susceptibles del recurso de revisión. Las gestiones administrativas y las información a los Estados Partes y al GMC estarán a cargo de la Secretaria Administrativa del MERCOSUR.

El Artículo 18 define la composición del Tribunal Permanente de Revisión: a) Estará integrado por cinco (5) árbitros. b) Cada Estado Parte del MERCOSUR designa un árbitro y su suplente, por un período de dos (2) años, renovable por no más de dos períodos consecutivos. c) El quinto árbitro, será designado por un período de tres (3) años no renovable salvo acuerdo en contrario de los Estados Partes y será elegido por unanimidad de los mismos, de la lista conformada con ocho (8) integrantes propuestos a razón de dos por cada Estado Parte tres meses antes de la expiración del mandato del quinto árbitro en ejercicio. d) Dicho quinto árbitro será nacional de alguno de los Estados Partes del MERCOSUR. e) En caso de que no se logre unanimidad, la designación se hará por sorteo entre los integrantes de la lista, sin perjuicio que de común acuerdo puedan definirse otros criterios para la designación. f) Tres meses antes del término del mandato los Estados Partes deberán manifestarse respecto de su renovación o proponer nuevos candidatos; en caso de que el plazo de actuación de un árbitro expire mientras se encuentre entendiendo en una controversia permanecerá en funciones hasta su conclusión.

El Artículo 19 establece que los integrantes del Tribunal Permanente de Revisión tendrán disponibilidad permanente para actuar toda vez que se los convoque a actuar.

El Artículo 20 establece las normas para el funcionamiento. El Tribunal, cuando la controversia involucre a dos Estados Partes, se integrará con tres (3) árbitros: uno nacional de cada Estado Parte y el tercero, que ejercerá de Presidente, será designado por sorteo entre los árbitros restantes que no sean nacionales de los mismos. Si la controversia involucra a más de dos Estados Partes el Tribunal se integrará con cinco (5) árbitros. Los Estados Partes de común acuerdo podrán definir otros criterios de funcionamiento.

El Artículo 21 establece las normas para la contestación del recurso de revisión y plazo para el laudo. La contestación, por la otra parte en la controversia, al recurso de revisión interpuesto dispone de un plazo de quince (15) días a partir de notificada la presentación del recurso. El Tribunal Permanente de Revisión se pronunciará sobre el recurso en un plazo máximo de treinta (30) días a partir de la presentación de la contestación, pudiendo prorrogar por quince (15) días dicho plazo.

El Artículo 22 establece el alcance del pronunciamiento: el Tribunal Permanente de Revisión puede confirmar, modificar o revocar los fundamentos jurídicos y las decisiones del Tribunal Arbitral Ad Hoc y que su laudo será definitivo y prevalecerá sobre el laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc.

El Artículo 23 establece que las partes de una controversia, culminado el procedimiento de negociación establecido en los Arts. 4 y 5, podrán acordar expresamente someterse directamente y en única instancia al Tribunal Permanente de Revisión, que tendrá en este caso, las mismas competencias que las del Tribunal Arbitral Ad Hoc según los Arts. 9º, 12, 13, 14, 15 y 16 del presente Protocolo. Los laudos en este supuesto serán obligatorios para los Estados Partes en la controversia, no estarán sujetos a recurso de revisión y tendrán fuerza de cosa juzgada.

Por el Artículo 24 se establece que el Consejo del Mercado Común podrá establecer procedimientos especiales para atender casos excepcionales de urgencia, que pudieran ocasionar daños irreparables a las Partes de la controversia.

EL CAPITULO VIII desarrolla las normas referidas a los LAUDOS ARBITRALES.

Por el Artículo 25 se establece que los laudos del Tribunal Arbitral Ad Hoc y los del Tribunal Permanente de Revisión se adoptarán por mayoría, serán fundados y suscriptos por el Presidente y por los demás árbitros. Asimismo los árbitros no podrán fundar votos en disidencia y deberán mantener la confidencialidad de la votación. Las deliberaciones también serán confidenciales y así se mantendrán en todo momento.

En el Artículo 26 se establece que los laudos del Tribunal Arbitral Ad Hoc son obligatorios para los Estados Partes a partir de su notificación y tendrán con relación a ellos, fuerza de cosa juzgada si transcurrido el plazo previsto en el Artículo 17 para interponer el recurso de revisión, este no fuere interpuesto. Los laudos del Tribunal Permanente de Revisión son inapelables, obligatorios a partir de su notificación y tendrán con relación a los Estados Partes, fuerza de cosa juzgada.

El Artículo 27 señala la obligatoriedad de los laudos que deberán ser cumplidos en la forma y con el alcance con que fueron dictados. La adopción de medidas compensatorias en los términos de este Protocolo no exime al Estado Parte de su obligación de cumplir el laudo.

En el Artículo 28 se establece que cualquiera de los Estados Partes en la controversia podrá solicitar una aclaración del laudo emitido por cualquiera de los Tribunales y sobre la forma en que el mismo deberá cumplirse, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación. El Tribunal respectivo deberá expedirse sobre ese recurso dentro de igual plazo y podrá otorgar un plazo adicional para el cumplimiento del laudo.

El Artículo 29 regula los plazos y modalidades de cumplimiento: los laudos deberán ser cumplidos en el plazo que los respectivos tribunales establezcan; si no se determina plazo, los laudos serán cumplidos dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su notificación. Si se interpone recurso de revisión el plazo será suspendido mientras el mismo se sustancie. El Estado Parte obligado a cumplir el laudo, informará a la otra parte así como al GMC por intermedio de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR, sobre las medidas que adoptará para cumplir el laudo, dentro de los quince (15) días contados desde su notificación.

El Artículo 30 señala que en caso de que el Estado beneficiado por el laudo entienda que las medidas adoptadas no dan cumplimiento al mismo, tendrá un plazo de treinta (30) días para llevar la situación a la consideración del Tribunal Arbitral Ad Hoc o al Tribunal Permanente de Revisión según corresponda. Este a su vez contará con igual plazo para dirimir las cuestiones planteadas. Si no fuere posible convocar al Tribunal Ad Hoc interviniente, se conformará otro con el o los suplentes necesarios mencionados en el Artículo 10.

EL CAPITULO IX desarrolla la facultad de establecer MEDIDAS COMPENSATORIAS.

El Artículo 31 habilita a que, si un Estado Parte en la controversia no cumpliera total o parcialmente el laudo del Tribunal Arbitral, la otra parte tendrá la facultad, durante el plazo de un año, independientemente de recurrir a los procedimientos fijados en el Artículo 30, de iniciar la aplicación de medidas compensatorias temporarias, tales como la suspensión de concesiones u otras obligaciones equivalentes, tendientes a obtener el cumplimiento del laudo. Dichas medidas compensatorias procurarán en primer lugar, referirse al sector afectado. En caso de que no fuera posible, o se considere ineficaz la suspensión en el mismo sector, podrán aplicarse en otro, indicando los fundamentos de tal decisión. Las medidas compensatorias adoptadas por un Estado Parte deberán ser comunicadas con una anticipación mínima de quince (15) días.

El Artículo 32 faculta el cuestionamiento de las medidas compensatorias: si el Estado Parte beneficiado por el laudo aplicara medidas compensatorias, pero el Estado Parte obligado a cumplirlo estimara que las medidas que adoptó son satisfactorias, podrá llevar la situación, dentro de un plazo de quince (15) días, a consideración del Tribunal correspondiente, que deberá pronunciarse al respecto en un plazo de treinta (30) días contados desde su constitución. En caso de que considere excesivas las medidas compensatorias aplicadas, podrá solicitar que el Tribunal correspondiente se pronuncie al respecto en un plazo no superior a treinta (30) días. El Tribunal correspondiente evaluará la fundamentación esgrimida para aplicar medidas compensatorias en un sector distinto al afectado, así como su proporcionalidad con relación a las consecuencias derivadas del incumplimiento del laudo. Al analizar la proporcionalidad el Tribunal deberá considerar, el volumen y/o valor del comercio en el sector afectado, así como todo otro perjuicio o factor que haya incidido en la determinación del nivel o monto de las medidas compensatorias. El Estado Parte que tomó las medidas compensatorias deberá adecuarlas a la decisión del Tribunal en un plazo de diez (10) días.

EL CAPITULO X establece DISPOSICIONES COMUNES a los Capítulos VI y VII que regulan el Procedimiento Arbitral Ad Hoc y el Procedimiento de Revisión respectivamente.

El Artículo 33 establece que los Estados Partes reconocen como obligatoria, ipso facto y sin necesidad de acuerdo especial la jurisdicción de los Tribunales Arbitrales Ad Hoc y del Tribunal Permanente de Revisión para conocer y resolver las controversias conforme a las competencias que les confiere el presente Protocolo.

Por el Artículo 34 se establece que los Tribunales decidirán las controversias "en base al Tratado de Asunción, al Protocolo de Ouro Preto, a los protocolos y acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción, a las Decisiones del Consejo del Mercado Común, a las Resoluciones del Grupo Mercado Común y las Directivas de la Comisión de Comercio del MERCOSUR así como a los principios y disposiciones de Derecho Internacional aplicables a la materia". Esta disposición no restringe la facultad de los Tribunales Arbitrales Ad Hoc y Permanente de Revisión, cuando actúen en instancia directa y única, conforme a los principios del arbitraje de equidad, también denominado amigable composición (ex aequo et bono), si las partes así lo acordaren.

El Artículo 35 determina que los árbitros deberán ser juristas de reconocida competencia en las materias objeto de las controversias y tener conocimiento del conjunto normativo del MERCOSUR y que deberán observar imparcialidad e independencia funcional de la Administración Pública Central o directa de los Estados Partes y no tener intereses de índole alguna en la controversia.

Por el Artículo 36 se asignan los costos de las actuaciones de los árbitros, que serán solventados por el país que los designe, excepto los del Presidente del Tribunal Arbitral Ad Hoc, que serán solventados por partes iguales entre los Estados Partes en la controversia, a menos que el Tribunal decida distribuirlos en proporción distinta. Los gastos ocasionados por el Tribunal Permanente de Revisión serán solventados por igual entre las partes en la controversia a menos que el Tribunal decida distribuirlos en proporciones distintas. Los mencionados gastos podrán ser pagados por intermedio de la Secretaria Administrativa del MERCOSUR o de un Fondo Especial que los Estados Partes podrán crear al depositar las contribuciones estipuladas en el Artículo 45 del Protocolo de Ouro Preto.

El Artículo 37 señala que los honorarios, traslados, alojamiento, viáticos y demás gastos de los árbitros serán determinados por el Grupo Mercado Común.

El Artículo 38 fija como Sede del Tribunal Permanente de Revisión la ciudad de Asunción, aunque por razones fundadas podrá reunirse en otras ciudades del MERCOSUR. Los Tribunales Arbitrales Ad Hoc podrán reunirse en cualquier ciudad de los Estados Partes del MERCOSUR.

EL CAPITULO XI está dedicado a regular los RECLAMOS DE LOS PARTICULARES.

El Artículo 39 se refiere al Ambito de aplicación: alcanzará a "los reclamos efectuados por particulares (personas físicas o jurídicas) con motivo de la sanción o aplicación de medidas legales o administrativas de efecto restrictivo, discriminatorias o de competencia desleal, en violación del Tratado de Asunción, del Protocolo de Ouro Preto, de los protocolos y acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción, de las Decisiones del Consejo del Mercado Común, de las Resoluciones del Grupo Mercado Común y de las Directivas de la Comisión de Comercio del MERCOSUR".

El Artículo 40 establece que los particulares afectados formalizarán los reclamos ante la Sección Nacional del Grupo Mercado Común del Estado Parte donde residen o tengan la sede de sus negocios y deberán aportar elementos que permitan determinar la verosimilitud de la violación y la existencia o amenaza de un perjuicio, para que el reclamo sea admitido y evaluado por el GMC y por el grupo de expertos si se lo convoca.

El Artículo 41 reglamenta el procedimiento de reclamo: a menos que se refiera a una cuestión que haya motivado la iniciación de un procedimiento de Solución de Controversias de acuerdo con los Capítulos IV a VII de este Protocolo, la Sección Nacional que haya admitido el reclamo, deberá entablar consultas con la correspondiente Sección Nacional del GMC del Estado Parte al que se atribuye la violación, a fin de buscar, una solución inmediata a la cuestión planteada. Dichas consultas, si no hubieran sido resueltas en un plazo de quince (15) días contados a partir de la comunicación del reclamo, se darán automáticamente por concluidas sin más trámite, salvo que las partes hubieren decidido otro plazo. Finalizadas las consultas sin que se hubiera alcanzado una solución, la Sección Nacional elevará el reclamo sin más al Grupo Mercado Común.

El Artículo 42 da cuenta de la intervención del GMC: recibido el reclamo, evaluará las bases de su admisión por parte de la Sección Nacional. Si entiende que no están reunidos los requisitos, rechazará el reclamo sin más trámite, debiendo pronunciarse por consenso. En caso de no rechazarlo, convocará a un grupo de expertos que deberá emitir un dictamen acerca de su procedencia en un plazo de treinta (30) días contados a partir de su designación. En ese plazo el grupo de expertos dará oportunidad de ser oídas a todas las partes del reclamo.

En el Artículo 43 se establece que el grupo de expertos estará compuesto por tres (3) miembros designados por el GMC; a falta de acuerdo sobre uno o más de ellos, serán elegidos por votación que realizarán los Estados Partes entre los integrantes de una lista de veinticuatro (24) expertos. En este caso no podrán ser nacionales de ninguno de los Estados Partes involucrados en el reclamo. La lista de expertos aludida se constituirá con seis (6) personas designadas por cada Estado Parte miembro del MERCOSUR. Los gastos derivados de su actuación serán sufragados por las partes involucradas directamente en el reclamo.

El Artículo 44 establece que el dictamen del grupo de expertos será elevado al GMC: a) Si en dictamen unánime se verifica su procedencia, cualquier otro Estado Parte podrá requerirle la adopción de medidas correctivas o la anulación de las medidas cuestionadas. Si el requerimiento no prosperase se podrá recurrir al procedimiento arbitral según el Capítulo VI del presente Protocolo. b) Si el dictamen considera improcedente el reclamo por unanimidad se dará por concluido el mismo en el ámbito de este Capítulo. c) Si no se alcanza la unanimidad se elevarán las distintas conclusiones al GMC que dará por concluido el reclamo en el ámbito del presente Capítulo. La finalización del reclamo en los supuestos de los apartados b) y c), no impedirá que el Estado Parte reclamante dé inicio a los procedimientos previstos en los Capítulos IV a VI del presente Protocolo.

EL CAPITULO XII dispone un conjunto de DISPOSICIONES GENERALES:

En el Artículo 45 se establece que en cualquier etapa del procedimiento las partes pueden desistir o efectuar transacciones sobre las controversias y los reclamos en curso; los mismos deberán ser comunicados por intermedio de la Secretaria Administrativa del MERCOSUR al GMC o al Tribunal que corresponda según el caso.

En el Artículo 46 se establece que los documentos presentados en el ámbito de los procedimientos son de carácter reservado, a excepción de los laudos arbitrales. Si a criterio de la Sección Nacional del GMC de cada Estado Parte y cuando sea necesario para la elaboración de las posiciones a ser presentadas al Tribunal, los documentos podrán ser dados a conocimiento de los sectores con intereses en la cuestión. El Consejo del Mercado Común reglamentará la modalidad de divulgación de los escritos y presentaciones de las controversias ya concluidas.

En el Artículo 47 establece que el Consejo del Mercado Común aprobará la reglamentación del presente Protocolo dentro de los sesenta (60) días de su entrada en vigencia.

En el Artículo 48 se dispone que todos los plazos establecidos en el presente Protocolo son perentorios y contados por días corridos a partir del siguiente al acto o hecho a que se refieren, a excepción de que si el vencimiento del plazo para presentar un escrito o cumplimiento de una diligecia no ocurriera en día hábil en la sede de la Secretaria Administrativa del MERCOSUR, podrá ser realizada en el primer día hábil posterior a esa fecha. No obstante todos los plazos podrán ser modificados de común acuerdo por las partes en la controversia. Los plazos previstos para los procedimientos tramitados ante los Tribunales Arbitrales Ad Hoc y ante el Tribunal Permanente de Revisión podrán ser modificados cuando las partes en la controversia lo soliciten al Tribunal respectivo y éste lo conceda.

EL CAPITULO XIII dispone un conjunto de DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

Por el Artículo 49 se dispone que las primeras designaciones y notificaciones previstas en los Arts. 11, 18 y 43 se realizarán en un plazo de treinta (30) días a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo.

En el Artículo 50 se dispone que las Controversias en trámite iniciadas de acuerdo con el régimen del Protocolo de Brasilia se regirán exclusivamente por el mismo hasta su total conclusión.

Por el Artículo 51 se establece que el Tribunal Permanente de Revisión adoptará sus propias reglas de Procedimiento, las que deberán ser aprobadas por el Consejo del Mercado Común. Los Tribunales Arbitrales Ad Hoc adoptarán sus propias reglas tomando como referencia las Reglas Modelo a ser aprobadas por el Consejo del Mercado Común. Las reglas de procedimiento anteriores garantizarán que las partes en la controversia tengan plena oportunidad de ser oídas y de presentar sus argumentos y asegurarán, que los procesos se realicen de forma expedita.

EL CAPITULO XIV establece un conjunto de DISPOSICIONES FINALES:

Por el Artículo 52 se establece que el presente Protocolo, parte integrante del Tratado de Asunción, entrará en vigor el trigésimo día contado a partir de la fecha en que haya sido depositado el cuarto instrumento de ratificación y que la República del Paraguay será depositaria del mismo, así como de los instrumentos de ratificación y notificará a los demás Estados Partes la fecha de los depósitos de esos instrumentos, enviando copia debidamente autenticada de este Protocolo a los demás Estados Partes.

En el Artículo 53 se establece que "antes de finalizar el proceso de convergencia del arancel externo común, los Estados Partes efectuarán una revisión del actual sistema de solución de controversias, a fin de adoptar el Sistema Permanente de Solución de Controversias para el Mercado Común a que se refiere el numeral 3 del Anexo II del Tratado de Asunción."

En el Artículo 54 se establece que la adhesión al Tratado de Asunción significa ipso jure la adhesión al presente Protocolo. Por igual, la denuncia del presente Protocolo, significará la denuncia del Tratado de Asunción.

Por el Artículo 55 se establece que el presente Protocolo deroga, a partir de su entrada en vigencia, el Protocolo de Brasilia para la Solución de Controversias y el Reglamento del Protocolo de Brasilia, Decisión CMC 17/98. No obstante las controversias iniciadas bajo el régimen del Protocolo de Brasilia, hasta tanto no se concluyan totalmente y hasta tanto no se completen los procedimientos del Artículo 49 del presente Protocolo, continuará aplicándose aquel y su reglamento.

Finalmente, el Artículo 56 establece que los idiomas oficiales serán el español y el portugués.

El presente Protocolo, denominado Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias constituye un avance muy importante en la consolidación de la institucionalidad del MERCOSUR en tanto perfecciona instrumentos esenciales de los procesos de integración, como lo son la elaboración doctrinaria y de normas jurídicas supranacionales que regulen las complejas relaciones entre los Estados y las sociedades en el camino de la integración.

En particular las experiencias de integración ya desarrolladas, entre los que destaca la CEE, demuestran que la conformación de tribunales permanentes para la solución de controversias es un elemento fundamental en cuanto otorgan un marco de seguridad, equidad y previsibilidad jurídica, en un campo tan delicado como es el relacionamiento económico y comercial en el mundo de nuestros días.

En ese proceso de construcción de un sistema de solución de controversias, el Anexo III al Tratado de Asunción fue el primer escalón que rigió en el MERCOSUR, entre el 29 de noviembre de 1991 hasta la entrada en vigor del Protocolo de Brasilia para la Solución de Controversias (22 de abril de 1993). En este primer escalón, el objeto eran las controversias entre los Estados Partes como consecuencia de la aplicación del Tratado y distinguía tres instancias (negociaciones directas, presentación ante el GMC y Consejo del Mercado Común) que concluían en recomendaciones.

El segundo escalón en este proceso, dando cumplimiento al artículo 3º del Tratado de Asunción y del numeral 2 del Anexo III a dicho Tratado fue dado por el Consejo del Mercado Común, aprobando el Protocolo para la Solución de Controversias, (Protocolo de Brasilia) en diciembre de 1991. Este instrumento, que debería regir hasta la entrada en vigor del Sistema Permanente de Solución de Controversias previsto en el numeral 3 del Anexo III del Tratado de Asunción, incorporó cambios importantes en el proceso de afianzamiento de la institucionalidad del MERCOSUR. El ámbito de aplicación no solo alcanzaba las controversias entre los Estados Partes sino que incorporó a los particulares (personas físicas o jurídicas) quienes podrán efectuar reclamos con relación a sanciones o aplicación de medidas legales o administrativas de efecto restrictivo, discriminatorio o de competencia desleal por los Estados Partes, en violación del derecho tanto originario como derivado del MERCOSUR. Además redujo los plazos de las distintas instancias, estableció mecanismos de consulta a expertos, eliminó la instancia del Consejo del Mercado Común, introdujo una instancia de carácter jurisdiccional, el procedimiento arbitral de naturaleza ad hoc, y extendió el plazo de vigencia hasta la entrada en vigor del Sistema Permanente de Solución de Controversias para el Mercado Común en sustitución del 31 de diciembre de 1994 que establecía el Anexo y el Tratado de Asunción.

En ese proceso de aproximaciones sucesivas, el tercer escalón se configuró con el Protocolo de Ouro Preto sobre la Estructura Institucional del MERCOSUR, aprobado el 17 de diciembre de 1994 que incluyó normas relativas a la solución de controversias. En efecto se incorporaron las Directivas de la Comisión de Comercio del MERCOSUR a las normas pasibles de una controversia y se estableció que los Estados Partes efectuarían una revisión del sistema de solución de controversias con miras a la adopción del sistema permanente a que se refería el artículo 3º del Anexo III del Tratado de Asunción y el artículo 34 del Protocolo de Brasilia, antes de culminar el proceso de convergencia del Arancel Externo Común. Además se otorgó a la Comisión de Comercio del MERCOSUR la competencia de conocer en las reclamaciones presentadas por las Secciones Nacionales tanto originadas en los Estados Partes como en los particulares, relacionadas a la interpretación, aplicación o incumplimiento del derecho originario y derivado del MERCOSUR y en relación a medidas legales o administrativas de efecto restrictivo, discriminatorio o de competencia desleal.

Un cuarto escalón se dio en la Decisión MERCOSUR/CMC/DEC Nº 17/98, del 10 de diciembre de 1998 con la aprobación del Reglamento del Protocolo de Brasilia para la Solución de Controversias en que se regulan aspectos de procedimiento consagrados en dicho Protocolo: conducción de las negociaciones directas por parte de los Coordinadores Nacionales del GMC, intervención de expertos, disposiciones para la designación de árbitros y por último que los reclamos presentados por particulares se efectuarán ante la Sección Nacional del GMC que sólo por consenso podrá rechazarlo.

El Protocolo de Olivos que estamos considerando, constituiría un quinto escalón en el proceso de consolidación institucional del MERCOSUR, de importancia mayúscula en el contexto actual de la región.

Como se señala en el análisis con que el Poder Ejecutivo acompaña el proyecto de ley, nuestro país tuvo un desempeño relevante y activo en la iniciativa de perfeccionar el sistema de solución de controversias, finalmente concretado en el Protocolo de Olivos de manera altamente satisfactoria. La negociación que quedó concluida prácticamente en la cumbre de diciembre de 2000 no pudo materializarse antes por los acontecimientos vividos en la Argentina y que aplazaron su consideración.

Hoy día, la propuesta de perfeccionamiento del sistema de solución de controversias elaborada por el Grupo de Alto Nivel creado por Decisión MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 65/00 adoptado y suscrito el 18 de febrero de 2002 como "PROTOCOLO DE OLIVOS PARA LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN EL MERCOSUR" debe contar con nuestro apoyo.

Por tanto, en mi opinión, la comisión debe aprobar el proyecto de ley sometido a nuestra consideración.

Sala de la Comisión, a 14 de noviembre de 2002.

Reinaldo Gargano, Miembro Informante; Ruben Correa Freitas, Carlos Garat, Juan Ignacio Mangado, Pablo Millor, Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Apruébase el Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el Mercosur, suscrito en la ciudad de Olivos, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, el 18 de febrero de 2002."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: de todos los temas que tenemos a consideración, este es el más importante. Se trata de uno de los cinco Protocolos que se han firmado en torno al MERCOSUR, por el que se establece definitivamente un mecanismo para la solución de controversias entre los particulares y los Estados Partes. Como se sabe, anexo al Tratado de Asunción, en una primera instancia se votó un Protocolo en Brasilia que establecía un mecanismo inicial para la solución de controversias que generó enormes dificultades, porque no habilitaba un funcionamiento con regularidad. En este Protocolo sí se establece ese mecanismo, que es complejo y está extensamente explicado en el informe que hemos elaborado. Creemos que a quien le preocupe el tema, allí va a encontrar material con el cual informarse. Insisto en cuanto a que el Senado está votando un tema muy importante y pienso que habría que habilitar rápidamente su trámite a nivel de la Cámara de Representantes para que ésta lo pueda aprobar a la brevedad, de manera que el país deposite la ratificación del Protocolo antes de fin de año.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: quisiera que el Miembro Informante me aclarara lo siguiente. Indudablemente, se trata de un convenio muy importante y quisiera saber si la urgencia es tal como para votarlo esta tarde. Planteo esta interrogante, porque a muchos de nosotros nos gustaría estudiar un poco más este Protocolo que modifica el que existe actualmente. Repito, quisiera saber si a juicio del Miembro Informante es absolutamente necesario aprobar este proyecto de ley en el día de hoy.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: en realidad, hace dos meses que el Ministerio de Relaciones Exteriores nos viene urgiendo la aprobación de esta iniciativa. Este Protocolo se aprobó en febrero, fundamentalmente a instancias de Uruguay, que era la parte más interesada. Posteriormente, nuestro país dejó de tener la Presidencia "pro tempore" y no se pudo votar por las dificultades que había en Argentina. Luego, fue precisamente Argentina quien pasó a tener la Presidencia "pro tempore". Y se lo firmó en la residencia de Olivos. Reitero que la urgencia la ha pedido el Gobierno.

Por otro lado, deseo aclarar lo siguiente. En esta materia nosotros podemos aprobar o rechazar, pero no tenemos otra alternativa. Además, el señor Senador puede obtener la información en su Bancada e, incluso, si cree que no es conveniente este Protocolo, puede bloquearlo en la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

14) CONVENIO DE ROTTERDAM PARA LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO A CIERTOS PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio de Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional. (Carp. Nº 890 /02 - Rep. Nº 545/02 )"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 890/02

Rep. Nº 545/02

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Convenio de Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento del Consentimiento Fundamentado previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, suscrito en Rotterdam el 10 de setiembre de 1998.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 20 de agosto de 2002.

Guillermo Alvarez Presidente

Horacio D. Catalurda Secretario.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de

Relaciones Exteriores

Ministerio de

Economía y Finanzas

Ministerio de Ganadería,

Agricultura y Pesca

Ministerio de Industria,

Energía y Minería

Ministerio de

Salud Pública

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento

Territorial y Medio Ambiente

Montevideo, 8 de mayo de 2002.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85, numeral 7º) y el artículo 168, numeral 20) de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Convenio de Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, suscrito en Rotterdam el 10 de setiembre de 1998.

Este Convenio busca asegurar las buenas prácticas de manejo de los productos químicos peligrosos que se exporten por las Partes, de forma tal que protejan adecuadamente la seguridad humana, salud de los consumidores y los trabajadores y el medio ambiente.

En el Artículo 1º se establece como objetivo del Convenio promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos, con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente.

En el Artículo 2º se definen los términos utilizados en el Convenio; mientras que en el Artículo 3º se establece el ámbito de aplicación del mismo.

El Artículo 4º estipula que las Partes designarán autoridades nacionales para el desempeño de actividades administrativas relativas al Convenio.

Los Artículos 5º a 11 se refieren a los procedimientos y obligaciones relativos a los productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos, formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas e inclusión, retirada, importación y exportación de productos químicos enumerados en el Anexo III (Productos Químicos Sujetos al Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo).

Los Artículos 12 y 13 establecen la necesidad de notificar la exportación de un producto prohibido a la Parte importadora y la información que debe acompañar a los productos químicos exportados.

El Artículo 14 especifica que las Partes favorecerán el intercambio de información de conformidad con los objetivos del Convenio.

El Artículo 15 determina la aplicación del Convenio, debiendo tomar las Partes las medidas internas necesarias para la aplicación efectiva del mismo.

Los Artículos 16 y 17 se refieren a la promoción de la asistencia técnica entre las Partes para el mejor manejo de los productos químicos prohibidos y al incumplimiento del Convenio.

Los Artículos 18 y 19 crean la Conferencia de las Partes y la Secretaría, como órganos de la Convención y determinan sus funciones.

En el Artículo 20 se establece el sistema de solución de controversias entre las Partes.

Los Artículos 21 y 22 determinan la posibilidad de las Partes de proponer enmiendas y la aprobación y enmienda de los anexos mientras que en el Artículo 23 se destaca el derecho al voto de cada una de las Partes del Convenio.

Los Artículos 24 al 28 definen los mecanismos para la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, entrada en vigor, reservas y denuncia del Convenio.

Finalmente, los Artículos 29 y 30 estipulan que el Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del presente Convenio y se especifican los idiomas en que el texto original será igualmente auténtico.

El Convenio cuenta con cinco anexos. Anexo I "Información que ha de adjuntarse a las notificaciones hechas con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 5"; Anexo II "Criterios para la inclusión de productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos en el Anexo III"; Anexo III "Productos químicos sujetos al procedimiento de consentimiento fundamentado previo"; Anexo IV "Información y criterios para la inclusión de formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas en el Anexo III"; y Anexo V "Información que ha de adjuntarse a las notificaciones de exportación".

Por lo expuesto y al compartir la República los criterios y normas adoptadas por el presente Convenio, el Poder Ejecutivo se permite resaltar la importancia de la entrada en vigor del mismo, para lo cual solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Didier Opertti, Alberto Bensión, Gonzalo González, Sergio Abreu, Alfonso Varela, Carlos Cat.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Convenio de Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, suscrito en Rotterdam el 10 de setiembre de 1998.

Montevideo, 8 de mayo de 2002.

Didier Opertti, Alberto Bensión, Gonzalo González, Sergio Abreu, Alfonso Varela, Carlos Cat.

TEXTO DEL CONVENIO

Las Partes en el presente Convenio,

Conscientes de los efectos perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente de ciertos plaguicidas y productos químicos peligros objeto de comercio internacional,

Recordado las disposiciones pertinentes de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el Capítulo 19 del Programa 21, sobre "Gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos, incluida la prevención del tráfico internacional ilícito de productos tóxicos y peligrosos",

Conscientes de la labor realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con miras al funcionamiento del procedimiento de consentimiento fundamentado previo establecido en las Directrices de Londres para el intercambio de información acerca de productos químicos objeto de comercio internacional, en su forma enmendada (en adelante denominadas "Directrices de Londres en su forma enmendada") y el Código Internacional de Conducta para la distribución y utilización de plaguicidas, de la FAO (en adelante denominado "Código Internacional de Conducta"),

Teniendo en cuenta las circunstancias y las especiales necesidades de los países en desarrollo y los países con economías en transición, en particular la necesidad de fortalecer la capacidad nacional para el manejo de los productos químicos, inclusive mediante la transferencia de tecnologías, la prestación de asistencia financiera y técnica y el fomento de la cooperación entre las Partes,

Tomando nota de las necesidades específicas de algunos países en materia de información sobre movimientos en tránsito,

Reconociendo que las buenas prácticas de manejo de los productos químicos deben promoverse en todos los países, teniendo en cuenta, entre otras cosas, los estándares voluntarios establecidos en el Código Internacional de Conducta sobre la distribución y utilización de plaguicidas y el Código Deontológico para el Comercio Internacional de productos químicos del PNUMA,

Deseosas de asegurarse de que los productos químicos peligrosos que se exporten de su territorio estén envasados y etiquetados en forma que proteja adecuadamente la salud humana y el medio ambiente, en consonancia con los principios establecidos en las Directrices de Londres en su forma enmendada y el Código de Conducta Internacional de la FAO,

Reconociendo que el comercio y las políticas ambientales deben apoyarse mutuamente con miras a lograr el desarrollo sostenible,

Destacando que nada de lo dispuesto en el presente Convenio debe interpretarse de forma que implique modificación alguna de los derechos y obligaciones de una Parte en virtud de cualquier acuerdo internacional existente aplicable a los productos químicos objeto de comercio internacional o a la protección del medio ambiente,

En el entendimiento de que lo expuesto más arriba no tiene por objeto crear una jerarquía entre el presente Convenio y otros acuerdos internacionales,

Resueltas a proteger la salud humana, incluida la salud de los consumidores y los trabajadores, y el medio ambiente frente a los posibles efectos perjudiciales de ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional,

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1º

Objetivo

El objetivo del presente Convenio es promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños y contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el intercambio de información acerca de sus características, estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo esas decisiones a las Partes.

Artículo 2º

Definiciones

A los efectos del presente Convenio:

a) Por "producto químico" se entiende toda sustancia, sola o en forma de mezcla o preparación, ya sea fabricada u obtenida de la naturaleza, excluidos los organismos vivos. Ello comprende las siguientes categorías: plaguicida, (incluidas las formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas) y producto químico industrial;

b) Por "producto químico prohibido" se entiende aquél cuyos usos dentro de una o más categorías han sido prohibidos en su totalidad, en virtud de una medida reglamentaria firme, con objeto de proteger la salud humana o el medio ambiente. Ello incluye los productos químicos cuya aprobación para primer uso haya sido denegada o que las industrias hayan retirado del mercado interior o de ulterior consideración en el proceso de aprobación nacional cuando haya pruebas claras de que esa medida se haya adoptado con objeto de proteger la salud humana o el medio ambiente;

c) Por "producto químico rigurosamente restringido" se entiende todo aquél cuyos usos dentro de una o más categorías hayan sido prohibidos prácticamente en su totalidad, en virtud de una medida reglamentaria firme, con objeto de proteger la salud humana o el medio ambiente, pero del que se sigan autorizado algunos usos específicos. Ello incluye los productos químicos cuya aprobación para prácticamente cualquier uso haya sido denegada o que las industrias hayan retirado del mercado interior o de ulterior consideración en el proceso de aprobación nacional cuando haya pruebas claras de que esa medida se haya adopta-do con objeto de proteger la salud humana o el medio ambiente;

d) Por "formulación plaguicida extremadamente peligrosa" se entiende todo producto químico formulado para su uso como plaguicida que produzca efectos graves para la salud o el medio ambiente observables en un período de tiempo corto tras exposición simple o múltiple, en sus condiciones de uso;

e) Por "medida reglamentaria firme" se entiende toda medida para prohibir o restringir rigurosamente un producto químico adoptada por una Parte que no requiera la adopción de ulteriores medidas reglamentarias por esa Parte;

f) Por "exportación" e "importación", en sus acepciones respectivas, se entiende el movimiento de un producto químico de una Parte a otra Parte, excluidas las operaciones de mero tránsito;

g) Por "Parte" se entiende un Estado u organización de integración económica regional que haya consentido en someterse a las obligaciones establecidas en el presente Convenio y en los que el Convenio esté en vigor;

h) Por "organización de integración económica regional", se entiende una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada a la que sus Estados Miembros hayan transferido competencias en asuntos regulados por el presente Convenio y que haya sido debidamente facultada, de conformidad con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar o aprobar el Convenio o adherirse a él.

i) Por "Comité de Examen de Productos Químicos" se entiende el órgano subsidiario a que se hace referencia en el párrafo 6 del artículo 18.

Artículo 3

Ambito de aplicación del Convenio

1. El presente Convenio se aplicará a:

a) Los productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos; y

b) Las formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas.

2. El presente Convenio no se aplicará a:

a) Los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas;

b) Los materiales radiactivos;

c) Los desechos;

d) Las armas químicas;

e) Los productos farmacéuticos, incluidos los medicamentos humanos y veterinarios;

f) Los productos químicos utilizados como aditivos alimentarios;

g) Los alimentos;

h) Los productos químicos en cantidades que sea improbable afecten a la salud humana o el medio ambiente, siempre que se importen:

i) Con fines de investigación o análisis; o

ii) Por un particular para su uso personal en cantidades razonables para ese uso.

Artículo 4

Autoridades nacionales designadas

1. Cada Parte designará una o más autoridades nacionales que estarán facultadas para actuar en su nombre en el desempeño de las funciones administrativas requeridas en virtud del presente Convenio.

2. Cada Parte procurará que esas autoridades cuenten con recursos suficientes para desempeñar eficazmente su labor.

3. Cada Parte, a más tardar en la fecha de entrada en vigor del presente Convenio para ella, comunicará a la Secretaría el nombre y la dirección de esas autoridades. Comunicará asimismo de inmediato a la Secretaría cualquier cambio que se produzca posteriormente en el nombre o la dirección de esas autoridades.

4. La Secretaría comunicará de inmediato a las Partes las notificaciones que reciba con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3.

Artículo 5

Procedimientos relativos a los productos químicos

prohibidos o rigurosamente restringidos

1. Cada Parte que haya adoptado una medida reglamentaria firme lo comunicará por escrito a la Secretaría. Esa comunicación se hará lo antes posible, pero a más tardar en un plazo de noventa días a partir de la fecha en que la medida reglamentaria firme haya entrado en vigor, e incluirá, de ser posible, la información estipulada en el Anexo I.

2. Cada Parte, en la fecha de entrada en vigor del presente Convenio para ella, comunicará por escrito a la Secretaría las medidas reglamentarias firmes que haya adoptado y estén en vigor en ese momento, con la salvedad de que las Partes que hayan presentado notificaciones de medidas reglamentarias firmes en virtud de las Directrices de Londres en su forma enmendada o del Código Internacional de Conducta no tendrán que presentarlas de nuevo.

3. La Secretaría verificará, tan pronto como sea posible, pero a más tardar en un plazo de seis meses a partir de la recepción de una notificación en virtud de los párrafos 1 y 2, si la notificación contiene la información estipulada en el Anexo I. Si la notificación contiene la información requerida, la Secretaría enviará de inmediato a todas las Partes un resumen de la información recibida, y si no fuese así, lo comunicará a la Parte que haya enviado la notificación.

4. La Secretaría enviará cada seis meses a las Partes una sinopsis de la información recibida en virtud de los párrafos 1 y 2, incluida información relativa a las notificaciones que no contengan toda la información estipulada en el Anexo I.

5. La Secretaría, cuando haya recibido al menos una notificación de cada una de las dos regiones de consentimiento fundamentado previo acerca de un producto químico que le conste cumple los requisitos estipulados en el Anexo I, enviará esas notificaciones al Comité de Examen de Productos Químicos. La composición de las regiones de consentimiento fundamentado previo se definirá en una decisión que se adoptará por consenso en la primera reunión de la Conferencia de las Partes.

6. El Comité de Examen de Productos Químicos examinará la información facilitada en esas notificaciones y, con arreglo a los criterios establecidos en el Anexo II, formulará una recomendación a la Conferencia de las Partes sobre si ese producto químico debe quedar sujeto al procedimiento de consentimiento fundamento previo y, por consiguiente, incluirse en el Anexo III.

Artículo 6

Procedimientos relativos a las formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas

1. Cualquier Parte que sea un país en desarrollo o un país con economía en transición y experimente problemas causados por una formulación plaguicida extremadamente peligrosa en las condiciones en que se usa en su territorio, podrá proponer a la Secretaría la inclusión de esa formulación plaguicida en el Anexo III. Al preparar una propuesta, la Parte podrá basarse en los conocimientos técnicos de cualquier fuente pertinente. En la propuesta se incluirá la información estipulada en la Parte 1 del Anexo IV.

2. La Secretaría verificará lo antes posible, pero a más tardar en un plazo de seis meses a partir de la recepción de una propuesta con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1, si la propuesta incluye la información estipulada en la parte 1 del Anexo IV. Si la propuesta contiene esa información, la Secretaría enviará de inmediato a todas las Partes un resumen de la información recibida. Si no fuese así, la Secretaría lo comunicará a la Parte que haya presentado la propuesta.

3. La Secretaría reunirá la información adicional que se indica en la parte 2 del Anexo IV en relación con las propuestas que se envíen con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2.

4. Cuando se hayan cumplido los requisitos establecidos en los párrafos 2 y 3 "supra" en relación con una formulación plaguicida extremadamente peligrosa, la Secretaría remitirá la propuesta y la información conexa al Comité de Examen de Productos Químicos.

5. El Comité de Examen de Productos Químicos examinará la información facilitada en la propuesta y la información adicional reunida y, con arreglo a los criterios establecidos en la parte 3 del Anexo IV, formulará una recomendación a la Conferencia de las Partes sobre si esa formulación plaguicida extremadamente peligrosa debe quedar sujeta al procedimiento de consentimiento fundamentado previo y, por consiguiente, incluirse en el Anexo III.

Artículo 7

Inclusión de productos químicos en el Anexo III

1. El Comité de Examen de Productos Químicos preparará un proyecto de documento de orientación para la adopción de decisiones sobre cada producto químico cuya inclusión en el Anexo III haya decidido recomendar. Ese documento de orientación se basará, como mínimo, en la información especificada en el Anexo I o, en su caso, en el Anexo IV, e incluirá información sobre los usos del producto químico en una categoría distinta de aquella a la que se aplique la medida reglamentaria firme.

2. La recomendación a que se hace referencia en el párrafo 1, junto con el proyecto de documento de orientación para la adopción de decisiones, se remitirá a la Conferencia de las Partes. La Conferencia de las Partes decidirá si ese producto químico debe quedar sujeto al procedimiento de consentimiento fundamentado previo y, por consiguiente, incluirse en el Anexo III, y si debe aprobarse el proyecto de documento de orientación.

3. Cuando la Conferencia de las Partes haya adoptado una decisión de incluir un producto químico en el Anexo III y haya aprobado el documento de orientación para la adopción de decisiones correspondiente, la Secretaría lo comunicará inmediatamente a todas las Partes.

Artículo 8

Inclusión de productos químicos en el procedimiento voluntario de consentimiento fundamentado previo

Cuando un producto químico distinto de los enumerados en el Anexo III haya sido incluido en el procedimiento voluntario de consentimiento fundamentado previo antes de la primera reunión de la Conferencia de las Partes, la Conferencia decidirá en esa reunión incluir el producto químico en dicho anexo si considera que se han cumplido los requisitos establecidos para la inclusión en el Anexo III.

Artículo 9

Retirada de productos químicos del Anexo III

1. Si una Parte presenta a la Secretaría información de la que no se disponía cuando se decidió incluir un producto químico en el Anexo III y de esa información se desprende que su inclusión podría no estar justificada con arreglo a los criterios establecidos en los Anexos II o IV, la Secretaría transmitirá la información al Comité de Examen de Productos Químicos.

2. El Comité de Examen de Productos Químicos examinará la información que reciba en virtud del párrafo 1. El Comité de Examen de Productos Químicos, con arreglo a los criterios establecidos en el Anexo II o, en su caso, en el Anexo IV, preparará un proyecto de documento de orientación para la adopción de decisiones revisado sobre cada producto químico cuya retirada del Anexo III haya decidido recomendar.

3. La recomendación del Comité mencionada en el párrafo 2 se remitirá a la Conferencia de las Partes acompañada de un proyecto de documento de orientación revisado. La Conferencia de las Partes decidirá si el producto químico debe retirarse del Anexo III y si debe aprobarse el documento de orientación revisado.

4. Cuando la Conferencia de las Partes haya adoptado una decisión de retirar un producto químico del Anexo III y haya aprobado el documento de orientación revisado, la Secretaría lo comunicará inmediatamente a todas las Par-tes.

Artículo 10

Obligaciones relativas a la importación de productos químicos enumerados en el Anexo III

1. Cada Parte aplicará las medidas legislativas o administrativas necesarias para garantizar la adopción oportuna de decisiones relativas a la importación de los productos químicos enumerados en el Anexo III.

2. Cada Parte transmitirá a la Secretaría, lo antes posible pero a más tardar en un plazo de nueve meses a partir de la fecha de envío del documento de orientación para la adopción de decisiones a que se hace referencia en el párrafo 3 del artículo 7, una respuesta sobre la futura importación del producto químico de que se trate. Si una Parte modifica su respuesta, remitirá de inmediato la respuesta revisada a la Secretaría.

3. Si transcurrido el plazo a que se hace referencia en el párrafo 2 una Parte no hubiera proporcionado esa respuesta, la Secretaría enviará inmediatamente a esa Parte una solicitud escrita para que lo haga. Si la Parte no pudiera proporcionar una respuesta, la Secretaría, cuando proceda, le prestará asistencia para que lo haga en el plazo estipulado en la última frase del párrafo 2 del artículo 11.

4. Las respuestas en aplicación del párrafo 2 adoptarán una de las formas siguientes:

a) Una decisión firme, conforme a las normas legislativas o administrativas, de:

i) Permitir la importación;

ii) No permitir la importación; o

iii) Permitir la importación con sujeción a determinadas condiciones expresas; o

b) Una respuesta provisional, que podrá contener:

i) Una decisión provisional de permitir la importación con o sin condiciones expresas, o de no permitir la importación durante el período provisional;

ii) Una declaración de que se está estudiando activamente una decisión definitiva;

iii) Una solicitud de información adicional a la Secretaría o a la Parte que comunicó la medida reglamentaria firme; o

iv) Una solicitud de asistencia a la Secretaría para evaluar el producto químico.

5. Las respuestas formuladas con arreglo a los incisos a) o b) del párrafo 4 se referirán a la categoría o categorías especificadas para el producto químico en el Anexo III.

6. Toda decisión firme irá acompañada de información donde se describan las medidas legislativas o administrativas en las que se base.

7. Cada Parte, a más tardar en la fecha de entrada en vigor del presente Convenio para ella, transmitirá a la Secretaría respuestas con respecto a cada uno de los productos químicos enumerados en el Anexo III. Las Partes que hayan transmitido esas respuestas en aplicación de las Directrices de Londres en su forma enmendada o del Código Internacional de Conducta no tendrán que hacerlo de nuevo.

8. Cada Parte pondrá las respuestas formuladas en virtud del presente artículo a disposición de todos los interesados sujetos a su jurisdicción, de conformidad con sus disposiciones legislativas o administrativas.

9. Las Partes que, con arreglo a los párrafos 2 y 4 del presente artículo y al párrafo 2 del artículo 11, tomen la decisión de no otorgar su consentimiento a la importación de un producto químico, o de consentirla sólo bajo determinadas condiciones, simultáneamente prohibirán o someterán a las mismas condiciones, si no lo hubieran hecho con anterioridad:

a) La importación del producto químico de cualquier fuente; y

b) La producción nacional del producto químico para su uso nacional.

10. La Secretaría informará cada seis meses a todas las Partes acerca de las respuestas que haya recibido. Esa información incluirá, de ser posible, una descripción de las medidas legislativas o administrativas en que se han basado las decisiones. La Secretaría comunicará además a las Partes los casos en que no se haya transmitido una respuesta.

Artículo 11

Obligaciones relativas a la exportación de productos químicos enumerados en el Anexo III

1. Cada Parte exportadora:

a) Tomará las medidas legislativas o administrativas adecuadas para comunicar a los interesados sujetos a su jurisdicción las respuestas enviadas por la Secretaría con arreglo al párrafo 10 del artículo 10;

b) Tomará las medidas legislativas o administrativas adecuadas para que los exportadores sujetos a su jurisdicción cumplan las decisiones comunicadas en esas respuestas a más tardar seis meses después de la fecha en que la Secretaría las comunique por primera vez a las Partes con arreglo al párrafo 10 del artículo 10;

c) Asesorará y ayudará a las Partes importadoras que lo soliciten, cuando proceda, para:

i) Obtener más información que les permita tomar medidas de conformidad con el párrafo 4 del artículo 10 y el inciso c) del párrafo 2 "infra"; y

ii) Fortalecer su capacidad para manejar en forma segura los productos químicos durante su ciclo de vida.

2. Cada Parte velará por que no se exporte desde su territorio ningún producto químico enumerado en el Anexo III a ninguna Parte importadora que, por circunstancias excepcionales, no haya transmitido una respuesta o que haya transmitido una respuesta provisional que no contenga una decisión provisional, a menos que:

a) Sea un producto químico que, en el momento de la importación, esté registrado como producto químico en la Parte importadora; o

b) Sea un producto químico respecto del cual existan pruebas de que se ha utilizado previamente en la Parte importadora o se ha importado en ésta sin que haya sido objeto de ninguna medida reglamentaria para prohibir su utilización, o

c) El exportador solicite y obtenga el consentimiento expreso de la autoridad nacional designada de la Parte importadora. La Parte importadora responderá a esa solicitud en el plazo de 60 días y notificará su decisión sin demora a la Secretaría.

Las obligaciones de las Partes exportadoras en virtud del presente párrafo entrarán en vigor transcurridos 6 meses desde la fecha en que la Secretaría comunique por primera vez a las Partes, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 10 del artículo 10, que una Parte no ha transmitido una respuesta o ha transmitido una respuesta provisional que no contiene una decisión provisional, y permanecerán en vigor durante un año.

Artículo 12

Notificacion de exportación

1. Cuando un producto químico que haya sido prohibido o rigurosamente restringido por una Parte se exporte desde su territorio, esa Parte enviará una notificación de exportación a la Parte impotadora. La notificación de exportación incluirá la información estipulada en el Anexo V.

2. La notificación de exportación de ese producto químico se enviará antes de la primera exportación posterior a la adopción de la medida reglamentaria firme correspondiente. Posteriormente, la notificación de exportación se enviará antes de la primera exportación que tenga lugar en un año civil. La autoridad nacional designada de la Parte importadora podrá eximir de la obligación de notificar antes de la exportación.

3. La Parte exportadora enviará una notificación de exportación actualizada cuando adopte una medida reglamentaria firme que conlleve un cambio importante en la prohibición o restricción rigurosa del producto químico.

4. La Parte importadora acusará recibo de la primera notificación de exportación recibida tras la adopción de la medida reglamentaria firme. Si la Parte exportadora no recibe el acuse en el plazo de 30 días a partir del envío de la notificación de exportación, enviará una segunda notificación. La Parte exportadora hará lo razonablemente posible para que la Parte importadora reciba la segunda notificación.

5. Las obligaciones de las Partes que se estipulan en el párrafo 1 se extinguirán cuando:

a) El producto químico se haya incluido en el Anexo III;

b) La Parte importadora haya enviado una respuesta respecto de ese producto químico a la Secretaría con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 10; y

c) La Secretaría haya distribuido la respuesta a las Partes con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 10 del artículo 10.

Artículo 13

Información que debe acompañar a los productos químicos exportados

1. La Conferencia de las Partes alentará a la Organización Mundial de Aduanas a que asigne, cuando proceda, códigos específicos del Sistema Aduanero Armonizado a los productos químicos o grupos de productos químicos enumerados en el Anexo III. Cuando se haya asignado un código a un producto químico cada Parte requerirá que el documento de transporte correspondiente contenga este código cuando el producto se exporte.

2. Cada Parte, sin perjuicio de cualesquiera requisitos impuestos por la Parte importadora, requerirá que los productos químicos enumerados en el Anexo III y los que estén prohibidos o rigurosamente restringidos en su territorio estén sujetos, cuando se exporten, a requisitos de etiquetado que aseguren la presencia de información adecuada con respecto a los riesgos y/o los peligros para la salud humana o el medio ambiente, teniendo en cuenta las normas internacionales pertinentes.

3. Cada Parte, sin perjuicio de cualesquiera requisitos impuestos por la Parte importadora, requerirá que los productos químicos sujetos a requisitos de etiquetado por motivos ambientales o de salud en su territorio estén sujetos, cuando se exporten, a requisitos de etiquetado que aseguren la presencia de información adecuada con respecto a los riegos y/o los peligros para la salud humana o el medio ambiente, teniendo en cuenta las normas internacionales pertinentes.

4. En relación con los productos químicos a que se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo que se destinen a usos laborales, cada Parte exportadora requerirá que se remita al importador una hoja de datos de seguridad, conforme a un formato internacionalmente aceptado, que contenga la información más actualizada disponible.

5. En la medida de lo posible, la información contenida en la etiqueta y en la hoja de datos de seguridad deberá figurar al menos en uno de los idiomas oficiales de la Parte importadora.

Artículo 14

Intercambio de información

1. Cada Parte, cuando proceda y de conformidad con los objetivos del presente Convenio, facilitará:

a) El intercambio de información científica, técnica, económica y jurídica relativa a los productos químicos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio, incluida información toxicológica, ecotoxicológica y sobre seguridad;

b) La transmisión de información de dominio público sobre medidas reglamentarias nacionales relacionadas con los objetivos del presente Convenio;

c) La transmisión de información a otras Partes, directamente o por conducto de la Secretaría, sobre las medidas que restrinjan sustancialmente uno o más usos del producto químico, según proceda.

2. Las Partes que intercambien información en virtud del presente Convenio protegerán la información confidencial según hayan acordado mutuamente.

3. A los efectos del presente Convenio no se considerará confidencial la siguiente información:

a) La información a que se hace referencia en los Anexos I y IV, presentada de conformidad con los artículos 5 y 6, respectivamente;

b) La información que figura en la hoja de datos de seguridad a que se hace referencia en el párrafo 4 del artículo 13;

c) La fecha de caducidad del producto químico;

d) La información sobre medidas de precaución, incluidas la clasificación de los peligros, la naturaleza del riesgo y las advertencias de seguridad pertinentes; y

e) El resumen de los resultados de los ensayos toxicológicos y ecotoxicológicos.

4. La fecha de producción no se considerará normalmente confidencial a los efectos del presente Convenio.

5. Toda Parte que necesite información sobre movimientos en tránsito de productos químicos incluidos en el Anexo III a través de su territorio deberá comunicarlo a la Secretaría, que informará al efecto a todas las Partes.

Artículo 15

Aplicación del Convenio

1. Cada Parte tomará las medidas necesarias para establecer y fortalecer su infraestructura y sus instituciones nacionales para la aplicación efectiva del presente Convenio. Esas medidas podrán incluir, cuando proceda, la adopción o enmienda de medidas legislativas o administrativas nacionales, y además:

a) El establecimiento de registros y bases de datos nacionales, incluida información relativa a la seguridad de los productos químicos;

b) El fomento de las iniciativas de la industria para promover la seguridad en el uso de los productos químicos; y

c) La promoción de acuerdos voluntarios, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 16.

2. Cada Parte velará por que, en la medida de lo posible, el público tenga acceso adecuado a la información sobre manipulación de productos químicos y gestión de accidentes y sobre alternativas que sean más seguras para la salud humana o el medio ambiente que los productos químicos enumerados en el Anexo III del presente Convenio.

3. Las Partes acuerdan cooperar, directamente o, si procede, por conducto de las organizaciones internacionales competentes, para la aplicación del presente Convenio a nivel subregional, regional y mundial.

4. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio se interpretará en forma que restrinja el derecho de las Partes a tomar, para proteger la salud humana y el medio ambiente, medidas más estrictas que las establecidas en el presente Convenio, siempre que sean compatibles con las disposiciones del Convenio y conformes con el derecho internacional.

Artículo 16

Asistencia técnica

Las Partes, teniendo en cuenta especialmente las necesidades de los países en desarrollo y los países con economías en transición, cooperarán en la promoción de la asistencia técnica para el desarrollo de la infraestructura y la capacidad necesarias para el manejo de los productos químicos a efectos de la aplicación del presente Convenio. Las Partes que cuenten con programas más avanzados de reglamentación de los productos químicos deberían brindar asistencia técnica, incluida capacitación, a otras Partes para que éstas desarrollen la infraestructura y la capacidad de manejo de los productos químicos a lo largo de su ciclo de vida.

Artículo 17

Incumplimiento

La Conferencia de las Partes desarrollará y aprobará lo antes posible procedimientos y mecanismos institucionales para determinar el incumplimiento de las disposiciones del presente Convenio y las medidas que hayan de adoptarse con respecto a las Partes que se encuentren en esa situación.

Artículo 18

Conferencia de las Partes

1. Queda establecida una Conferencia de las Partes.

2. El Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación convocarán conjuntamente la primera reunión de la Conferencia de las Partes a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Convenio. De ahí en adelante, las reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes se celebrarán con la periodicidad que determine la Conferencia.

3. Las reuniones extraordinarias de la Conferencia de las Partes se celebrarán cuando ésta lo estime necesario o cuando cualquiera de las Partes lo solicite por escrito, siempre que se sumen a esa solicitud un tercio de las Partes, como mínimo.

4. La Conferencia de las Partes, en su primera reunión, acordará y aprobará por consenso un reglamento interno y un reglamento financiero para sí y para los órganos subsidiarios que establezca, así como disposiciones financieras para regular el funcionamiento de la Secretaría.

5. La Conferencia de las Partes mantendrá en examen y evaluación permanentes la aplicación del presente Convenio. La Conferencia de las Partes desempeñará las funciones que se le asignen en el Convenio y, con este fin:

a) Establecerá los órganos subsidiarios que considere necesarios para la aplicación del Convenio;

b) Cooperará, en su caso, con las organizaciones internacionales e intergubernamentales y los órganos no gubernamentales competentes; y

c) Estudiará y tomará las medidas adicionales que sean necesarias para alcanzar los objetivos del Convenio.

6. En su primera reunión, la Conferencia de las Partes establecerá un órgano subsidiario, que se denominará Comité de Examen de Productos Químicos, para que desempeñe las funciones que se le asignen en el presente Convenio. A este respecto:

a) Los miembros del Comité de Examen de Productos Químicos serán nombrados por la Conferencia de las Partes. El Comité estará integrado por un número limitado de expertos en el manejo de productos químicos designados por los gobiernos. Los miembros del Comité se nombrarán teniendo presente el principio de distribución geográfica equitativa y velando por el equilibrio entre las Partes que sean países desarrollados y las que sean países en desarrollo;

b) La Conferencia de las Partes decidirá acerca del mandato, la organización y el funcionamiento del Comité;

c) El Comité hará todo lo posible por que sus recomendaciones se adopten por consenso. Si se agotan todos los esfuerzos por llegar a un consenso sin lograrlo, las recomendaciones se adoptarán, como último recurso, por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes.

7. Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica, así como cualquier Estado que no sea Parte en el presente Convenio, podrán estar representados como observadores en las reuniones de la Conferencia de las Partes. Cualquier órgano u organismo nacional o internacional, gubernamental o no gubernamental con competencia en las esferas contempladas en el Convenio que haya informado a la Secretaría de su deseo de estar representado como observador en una reunión de la Conferencia de las Partes podrá ser admitido salvo que un tercio, como mínimo, de las Partes presentes se oponga a ello. La admisión y la participación de observadores estarán sujetas a lo dispuesto en el reglamento aprobado por la Conferencia de las Partes.

Artículo 19

Secretaría

1. Queda establecida una Secretaría.

2. Las funciones de la Secretaría serán las siguientes:

a) Hacer arreglos para las reuniones de la Conferencia de las Partes y de sus órganos subsidiarios y prestarles los servicios que precisen;

b) Ayudar a las Partes que lo soliciten, en particular a las Partes que sean países en desarrollo y a las Partes con economías en transición, a aplicar el presente Convenio;

c) Velar por la necesaria coordinación con las secretarías de otros órganos internacionales pertinentes;

d) Concertar, con la orientación general de la Conferencia de las Partes, los arreglos administrativos y contractuales que puedan ser necesarios para el desempeño eficaz de sus funciones; y

e) Desempeñar las demás funciones de secretaría que se especifican en el presente Convenio y cualesquiera otras que determine la Conferencia de las Partes.

3. Desempeñarán conjuntamente las funciones de secretaría del presente Convenio el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con sujeción a los arreglos que acuerden entre ellos y sean aprobados por la Conferencia de las Partes.

4. Si la Conferencia de las Partes estima que la Secretaría no funciona en la forma prevista, podrá decidir, por mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes, encomendar las funciones de secretaría a otra u otras organizaciones internacionales competentes.

Artículo 20

Solución de controversias

1. Las Partes resolverán toda controversia sobre la interpretación o la aplicación del Convenio mediante negociación o cualquier otro medio pacífico de su elección.

2. Al ratificar, aceptar o aprobar el presente Convenio o adherirse a él, o en cualquier momento posterior, toda Parte que no sea una organización de integración económica regional podrá declarar en un instrumento escrito presentado al Depositario que, en lo que respecta a cualquier controversia sobre la interpretación o la aplicación del Convenio reconoce como obligatorios, en relación con cualquier Parte que acepte la misma obligación, uno o los dos siguientes medios para la solución de controversias:

a) El arbitraje de conformidad con los procedimientos que la Conferencia de las Partes se adoptará en un anexo lo antes posible; y

b) La presentación de la controversia a la Corte Internacional de Justicia.

3. Una Parte que sea una organización de integración económica regional podrá hacer una declaración de efecto análogo en relación con el arbitraje con arreglo al procedimiento a que se hace referencia en el inciso a) del párrafo 2 del presente artículo.

4. Las declaraciones que se formulen de conformidad con el párrafo 2 del presente artículo seguirán en vigor hasta el momento que en ellos figure para su expiración o hasta tres meses después de la fecha en que se haya entregado al Depositario notificación escrita de su revocación.

5. La expiración de una declaración, una notificación de revocación o una nueva declaración no afectará en modo alguno a los procedimientos pendientes ante un tribunal de arbitraje o ante la Corte Internacional de Justicia, a menos que las partes en la controversia acuerden otra cosa.

6. Si las Partes en la controversia no han aceptado el mismo procedimiento de los establecidos en el párrafo 2 del presente artículo y no han conseguido resolver su controversia en los doce meses siguientes a la fecha en que una de ellas haya notificado a la otra la existencia de dicha controversia, ésta se someterá a una comisión de conciliación a petición de cualquiera de las partes en la controversia. La comisión de conciliación presentará un informe con recomendaciones. En un anexo que la Conferencia de las Partes adoptará a más tardar en su segunda reunión se establecerán procedimientos adicionales para regular la comisión de conciliación.

Artículo 21

Enmiendas del Convenio

1. Cualquier Parte podrá proponer enmiendas del presente Convenio.

2. Las enmiendas del presente Convenio se aprobarán en una reunión de la Conferencia de las Partes, la Secretaría comunicará el texto de cualquier propuesta enmienda a las Partes al menos seis meses antes de la reunión en que se proponga su aprobación. La Secretaría comunicará también las enmiendas propuestas a los signatarios del presente Convenio y, a efectos de información, al Depositario.

3. Las Partes harán todo lo posible por llegar a un acuerdo con consenso sobre cualquier propuesta de enmienda del presente Convenio. Si se agotan todos los esfuerzos por alcanzar el consenso sin lograrlo, las enmiendas se aprobarán, como último recurso, por mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes en la reunión.

4. El Depositario transmitirá la enmienda a todas las Partes para su ratificación, aceptación o aprobación.

5. La ratificación, aceptación o aprobación de las enmiendas se notificará al Depositario por escrito. Las enmiendas adoptadas de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo entrarán en vigor para las Partes que las hayan aceptado, el nonagésimo día después de la fecha de depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación por al menos tres cuartos de las Partes. De ahí en adelante, las enmiendas entrarán en vigor para cualquier otra Parte el nonagésimo día después de la fecha en que esa Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de las enmiendas.

Artículo 22

Aprobación y enmienda de anexos

1. Los anexos del presente Convenio formarán parte integrante de él y, salvo que se disponga expresamente otra cosa, se entenderá que toda referencia al presente Convenio se aplica igualmente a cualquiera de sus anexos.

2. Los anexos sólo tratarán de cuestiones de procedimiento, científicas, técnicas o administrativas.

3. Para la propuesta, aprobación y entrada en vigor de nuevos anexos del presente Convenio se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Los nuevos anexos se propondrán y aprobarán de conformidad con el procedimiento establecido en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 21;

b) Toda Parte que no pueda aceptar un nuevo anexo lo notificará por escrito al Depositario en el plazo de un año a partir de la fecha de comunicación por el Depositario de la aprobación del nuevo anexo. El Depositario comunicará sin demora a todas las Partes cualquier notificación recibida. Una Parte podrá en cualquier momento retirar una declaración anterior de no aceptación de un nuevo anexo, y en tal caso los anexos entrarán en vigor para esa Parte según lo dispuesto en el inciso c) del presente párrafo; y

c) Transcurrido un año desde la fecha de comunicación por el Depositario de la aprobación de un nuevo anexo, el anexo entrará en vigor para todas las Partes que no hayan hecho una notificación de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del presente párrafo.

4. Salvo en el caso del Anexo III, la propuesta, aprobación y entrada en vigor de las enmiendas a los anexos de este Convenio se someterán a los mismos procedimientos que la propuesta, aprobación y entrada en vigor de los anexos adicionales del Convenio.

5. Para enmendar el Anexo III se aplicarán los siguientes procedimientos de propuesta, aprobación y entrada en vigor:

a) Las enmiendas del Anexo III se propondrán y aprobarán con arreglo al procedimiento que se establece en los artículos 5 a 9 y en el párrafo 2 del artículo 21;

b) La Conferencia de las Partes adoptará por consenso sus decisiones sobre su aprobación;

c) El Depositario comunicará inmediatamente a las Partes toda decisión de enmendar el Anexo III. La enmienda entrará en vigor para todas las Partes en la fecha que se estipule en la decisión.

6. Cuando un nuevo anexo o una enmienda de un anexo guarden relación con una enmienda del presente Convenio, el nuevo anexo o enmienda no entrará en vigor hasta que entre en vigor la enmienda del Convenio.

Artículo 23

Derecho de voto

1. Con sujeción a lo establecido en el párrafo 2 "infra", cada Parte en el presente Convenio tendrá un voto.

2. Las organizaciones de integración económica regional, en los asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en el presente Convenio. Esas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si cualquiera de sus Estados miembros ejerce el suyo, y viceversa.

3. A los efectos del presente Convenio, por "Partes presentes y votantes" se entiende las Partes que estén presentes y emitan un voto afirmativo o negativo.

Artículo 24

Firma

El presente Convenio estará abierto a la firma en Rotterdam para todos los Estados y organizaciones de integración económica regional el 11 de septiembre de 1998, y en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York desde el 12 de septiembre de 1998 hasta el 10 de septiembre de 1999.

Artículo 25

Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión

1. El presente Convenio, estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados y las organizaciones de integración económica regional. Quedará abierto a la adhesión de los Estados y las organizaciones de integración económica regional a partir del día en que quede cerrado a la firma. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en poder del Depositario.

2. Toda organización de integración económica regional que pase a ser Parte en el presente Convenio sin que ninguno de sus Estados miembros lo sea quedará sujeta a todas las obligaciones contraídas en virtud del Convenio. En el caso de dichas organizaciones, cuando uno o varios de sus Estados miembros sean Partes en el presente Convenio, la organización y sus Estados miembros decidirán acerca de sus responsabilidades respectivas en cuanto al cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del Convenio. En tales casos, la organización y los Estados miembros no estarán facultados para ejercer simultáneamente los derechos conferidos por el Convenio.

3. Las organizaciones de integración económica regional expresarán en sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión el alcance de su competencia con respecto a las materias reguladas por el presente Convenio. Estas organizaciones comunicarán asimismo al Depositario, quien a su vez comunicará a las Partes, cualquier modificación sustancial en el alcance de su competencia.

Artículo 26

Entrada en vigor

1. El presente Convenio entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se deposite el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

2. Para cada Estado u organización de integración económica regional que ratifique, acepte o apruebe el Convenio o se adhiera a él una vez depositado el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el Convenio entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que el Estado u organización de integración económica regional deposite su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

3. A los efectos de los párrafos 1 y 2 del presente artículo, los instrumentos depositados por una organización de integración económica regional no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de esa organización.

Artículo 27

Reservas

No se podrán formular reservas al presente Convenio.

Artículo 28

Denuncia

1. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el Convenio, mediante notificación escrita al Depositario, transcurridos tres años a partir de la fecha en que el Convenio haya entrado en vigor para esa Parte.

2. La denuncia surtirá efecto al cabo de un año desde la fecha en que el Depositario haya recibido la notificación correspondiente, o en la fecha en que se indique en la notificación de denuncia si ésta fuese posterior.

Artículo 29

Depositario

El Secretario General de las Naciones Unidas será el Depositario del presente Convenio.

Artículo 30

Textos auténticos

El original del presente Convenio, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, han firmado, el presente Convenio.

Hecho en Rotterdam el diez de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

ANEXO I

INFORMACION QUE HA DE ADJUNTARSE A LAS NOTIFICACIONES HECHAS CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5

Las notificaciones deberán incluir:

1. Propiedades, identificación y usos

a) Nombre común;

b) Nombre del producto químico en una nomenclatura internacionalmente reconocida (por ejemplo la de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (UIQPA)), si tal nomenclatura existe;

c) Nombres comerciales y nombres de las preparaciones;

d) Números de código: número del Chemicals Abstract Service (CAS), código aduanero del Sistema Armonizado y otros números;

e) Información sobre clasificación de peligros, si el producto químico está sujeto a requisitos de clasificación;

f) Usos del producto químico.

g) Propiedades fisicoquímicas, toxicológicas y ecotoxicológicas.

2. Medida reglamentaria firme

a) Información específica sobre la medida reglamentaria firme;

i) Resumen de la medida reglamentaria firme;

ii) Referencia al documento reglamentario;

iii) Fecha de entrada en vigor de la medida reglamentaria firme;

iv) Indicación de si la medida reglamentaria firme se tomó sobre la base de una evaluación de los riesgos o peligros y, en caso afirmativo, información sobre esa evaluación, incluida una referencia a la documentación pertinente;

v) Motivos para la adopción de la medida reglamentaria firme relacionados con la salud humana, incluida la salud de los consumidores y los trabajadores, o el medio ambiente;

vi) Resumen de los riesgos y peligros que el producto químico presenta para la salud humana, incluida la salud de los consumidores y los trabajadores, o el medio ambiente, y del efecto previsto de la medida reglamentaria firme;

b) Categoría o categorías con respecto a las cuales se ha adoptado la medida reglamentaria firme y, para cada categoría:

i) Usos prohibidos por la medida reglamentaria firme;

ii) Usos autorizados;

iii) Estimación, si fuese posible, de las cantidades del producto químico producidas, importadas, exportadas y utilizadas;

c) Una indicación, en la medida de lo posible, de la probabilidad de que la medida reglamentaria firme afecte a otros Estados o regiones;

d) Cualquier otra información pertinente, que podría incluir:

i) La evaluación de los efectos socioeconómicos de la medida reglamentaria firme;

ii) Información sobre alternativas y, cuando se conozcan, sus riesgos relativos, tal como:

- Estrategias para el control integrado de las plagas;

- Prácticas y procesos industriales, incluidas tecnologías menos contaminantes.

ANEXO II

CRITERIOS PARA LA INCLUSION DE PRODUCTOS QUIMICOS PROHIBIDOS O RIGUROSAMENTE

RESTRINGIDOS EN EL ANEXO III

El Comité de Examen de Productos Químicos, al examinar las notificaciones que le haya enviado la Secretaría con arreglo al párrafo 5 del artículo 5:

a) Confirmará si la medida reglamentaria firme se ha adoptado con el fin de proteger la salud humana o el medio ambiente;

b) Establecerá si la medida reglamentaria firme se ha adoptado como consecuencia de una evaluación del riesgo. Esta evaluación se basará en un examen de los datos científicos en el contexto de las condiciones reinantes en la Parte de que se trate. Con ese fin, la documentación proporcionada deberá demostrar que:

i) Los datos se han generado de conformidad con métodos científicamente reconocidos;

ii) El examen de los datos se ha realizado y documentado con arreglo a principios y procedimientos científicos generalmente reconocidos;

iii) La medida reglamentaria firme se ha basado en una evaluación del riesgo en la que se tuvieron en cuenta las condiciones reinantes en la Parte que adoptó la medida;

c) Considerará si la medida reglamentaria firme justifica suficientemente la inclusión del producto químico en el Anexo III, para lo que tendrá en cuenta:

i) Si la medida reglamentaria firme ha supuesto, o cabe prever que suponga, una reducción significativa de la cantidad del producto químico utilizada o del número de usos;

ii) Si la medida reglamentaria firme ha supuesto, o cabe prever que suponga, una reducción real del riesgo para la salud humana o el medio ambiente en la Parte que ha presentado la notificación;

iii) Si las razones que han conducido a la adopción de la medida reglamentaria firme sólo rigen en una zona geográfica limitada o en otras circunstancias limitadas;

iv) Si hay pruebas de que prosigue el comercio internacional del producto químico;

d) Tendrá en cuenta que el uso indebido intencional no constituye de por sí razón suficiente para incluir un producto químico en el Anexo III.

ANEXO III

PRODUCTOS QUIMICOS SUJETOS AL PROCEDIMIENTO DE CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO

ANEXO IV

INFORMACION Y CRITERIOS PARA LA INCLUSION DE FORMULACIONES PLAGUICIDAS EXTREMADAMENTE

PELIGROSAS EN EL ANEXO III

Parte 1. Documentación que habrá de proporcionar una Parte proponente

En las propuestas presentadas con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 6 se incluirá documentación que contenga la siguiente información:

a) El nombre de la formulación plaguicida peligrosa;

b) El nombre del ingrediente o los ingredientes activos en la formulación;

c) La cantidad relativa de cada ingrediente activo en la formulación;

d) El tipo de formulación;

e) Los nombres comerciales y los nombres de los productores, si se conocen;

f) Pautas comunes y reconocidas de utilización de la formulación en la Parte proponente;

g) Una descripción clara de los incidentes relacionados con el problema, incluidos los efectos adversos y el modo en que se utilizó la formulación;

h) Cualquier medida reglamentaria, administrativa o de otro tipo que la Parte proponente haya adoptado, o se proponga adoptar, en respuesta a esos incidentes.

Parte 2. Información que habrá de recopilar la Secretaría

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 6, la Secretaría recopilará información pertinente sobre la formulación, incluidas:

a) Las propiedades fisicoquímicas, toxicológicas y ecotoxicológicas de la formulación;

b) La existencia de restricciones a la manipulación o aplicación otros Estados;

c) Información sobre incidentes relacionados con la formulación en otros Estados;

d) Información presentada por otras Partes, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales u otras fuentes pertinentes, ya sean nacionales o internacionales;

e) Evaluaciones del riesgo y/o del peligro, cuando sea posible;

f) Indicaciones de la difusión del uso de la formulación, como el número de solicitudes de registro o el volumen de producción o de ventas, si se conocen,

g) Otras formulaciones del plaguicida de que se trate, e incidentes relacionados con esas formulaciones, si se conocieran;

h) Prácticas alternativas de lucha contra las plagas;

i) Otra información que el Comité de Examen de Productos Químicos estime pertinente.

Parte 3. Criterios para la inclusión de formulaciones plaguicidas extremadamente peligrosas en el Anexo III

Al examinar las propuestas que remita la Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 6, el Comité de Examen de Productos Químicos tendrá en cuenta:

a) La fiabilidad de las pruebas de que el uso de la formulación, con arreglo a prácticas comunes o reconocidas en la Parte proponente, tuvo como resultado los incidentes comunicados;

b) La importancia que esos incidentes pueden revestir para otros Estados con clima, condiciones y pautas de utilización de la formulación similares;

c) La existencia de restricciones a la manipulación o aplicación que entrañen el uso de tecnologías o técnicas que no puedan aplicarse razonablemente o con la suficiente difusión en Estados que carezcan de la infraestructura necesaria;

d) La importancia de los efectos comunicados en relación con la cantidad de formulación utilizada; y

e) Que el uso indebido intencional no constituye por sí mismo motivo suficiente para la inclusión de una formulación en el Anexo III.

ANEXO V

INFORMACION QUE HA DE ADJUNTARSE A LAS NOTIFICACIONES DE EXPORTACION

1. Las notificaciones de exportación contendrán la siguiente información:

a) El nombre y dirección de las autoridades nacionales designadas competentes de la Parte exportadora y de la Parte importadora;

b) La fecha prevista de la exportación a la Parte importadora;

c) El nombre del producto químico prohibido o rigurosamente restringido y un resumen de la información especificada en el Anexo I que haya de facilitarse a la Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5. Cuando una mezcla o preparación incluya más de uno de esos productos químicos, se facilitará la información para cada uno de ellos;

d) Una declaración en la que se indique, si se conoce, la categoría prevista del producto químico y su uso previsto dentro de esa categoría en la Parte importadora;

e) Información sobre medidas de precaución para reducir las emisiones del producto químico y la exposición a éste;

f) En el caso de mezclas o preparaciones, la concentración del producto o productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos de que se trate;

g) El nombre y la dirección del importador;

h) Cualquier información adicional de que disponga la autoridad nacional designada competente de la Parte exportadora que pudiera servir de ayuda a la autoridad nacional designada de la Parte importadora.

2. Además de la información a que se hace referencia en el párrafo 1, la Parte exportadora facilitará la información adicional especificada en el Anexo I que solicite la Parte importadora.

Comisión de Asuntos Internacionales

INFORME

CONVENIO DE ROTTERDAM PARA LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO A CIERTOS PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONAL

La Cámara de Representantes ha aprobado el Convenio de Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional suscrito en Rotterdam el 10 de setiembre de 1998.

El Poder Ejecutivo remitió oportunamente el Mensaje y proyecto de ley, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 85 ordinal 7º y 168 ordinal 20 de la Constitución de la República, que tiene como finalidad principal asegurar las buenas prácticas de manejo de los productos químicos peligrosos que se exporten por las Partes, de forma tal que protejan adecuadamente la seguridad humana, la salud de los consumidores, de los trabajadores y del medio ambiente.

En el artículo 1º se establece como objetivo del Convenio, la promoción de la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños y contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el intercambio de información acerca de sus características, estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo esas decisiones a las Partes.

Por su parte, el artículo 2º formula entre otras las definiciones de "producto químico", "producto químico prohibido", "producto químico rigurosamente restringido", "formulación plaguicida extremadamente peligrosa".

El artículo 3º precisa el ámbito de aplicación del Convenio y el artículo 4º prescribe que cada parte designará una o más autoridades nacionales que estarán facultades para actuar en su nombre en el desempeño de las funciones administrativas requeridas en virtud del presente Convenio.

Los artículos 5º a 14 consagran las normas sobre procedimiento para el fiel cumplimiento del Convenio.

En el artículo 15 se prevé que cada Parte tomará las medidas necesarias para establecer y fortalecer su infraestructura y sus instituciones nacionales para aplicación efectiva del presente Convenio.

En el artículo 18 se crea la Conferencia de las Partes y en el artículo 19 se crea la Secretaría. Según el artículo 20 las Partes resolverán toda controversia sobre la interpretación o la aplicación del Convenio, mediante la negociación o cualquier otro medio pacífico de su elección.

De acuerdo con el artículo 22 los cinco Anexos que contiene el Convenio, formarán parte integrante de él, especificándose que los Anexos sólo tratarán de cuestiones de procedimiento, científicas, técnicas o administrativas.

En cuanto a la entrada en vigencia del Convenio, se prevé que será el nonagésimo día después de la fecha en que se deposite el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Finalmente el artículo 27, prescribe que no se podrán formular reservas al presente Convenio.

Por las razones expuestas la Comisión de Asuntos Internacionales recomienda al Senado la aprobación del Convenio de referencia, dado que el mismo procura salvaguardar la vida humana y el medio ambiente, derechos que están especialmente protegidos en los artículos 7º, 26, 47 y 72 de la Constitución de la República.

Sala de la Comisión, 14 de noviembre de 2002.

Ruben Correa Freitas, Miembro Informante; Carlos Garat, Reinaldo Gargano, Juan Ignacio Mangado, Pablo Millor, Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Apruébase el Convenio de Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, suscrito en Rotterdam el 10 de setiembre de 1998."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

15) PROTOCOLO SOBRE COOPERACION, PREPARACION Y LUCHA CONTRA LOS SUCESOS DE CONTAMINACION POR SUSTANCIAS NOCIVAS Y POTENCIALMENTE PELIGROSAS, 2000

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra los Sucesos de Contaminación por Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas, 2000. (Carp. Nº 858/02 - Rep. Nº 546/02)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 858/02

Rep. Nº 546/02

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Apruébase el Protocolo sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra los Sucesos de Contaminación por Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas, 2000.

Artículo 2º.- Dicho Protocolo se incorporará al "Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidorcarburos, 1990" (OPRC’90), aprobado por la Ley Nº 16.521, de 25 de julio de 1994.

Artículo 3º.- Se comete a la Armada Nacional las responsabilidades de desarrollar el Protocolo en todo su alcance a través:

A) Del "Sistema Nacional de Control de Derrame de Contaminantes" establecido por la Ley Nº 16.688, de 22 de diciembre de 1994.

B) De los controles pertinentes en toda la jurisdicción de la Armada Nacional y la emisión de las normas de reglamentación técnica pertinente así como de su permanente actualización.

Artículo 4º.- Los aspectos técnicos previamente mencionados, se reglamentarán a través de Disposiciones Marítimas de la Prefectura Nacional Naval, siendo las segundas interpretativas de las primeras.

Artículo 5º.- Las Disposiciones Marítimas de la Prefectura Nacional Naval y las Circulares de la Dirección Registral y de Marina Mercante de la Prefectura Nacional Naval, serán publicadas en el Diario Oficial con una antelación de 20 días hábiles de su entrada en vigor. Quedan exceptuadas de este requisito las existentes, de las que se deberán publicar un listado con las vigentes y la materia que abarcan.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 30 de julio de 2002.

Guillermo Alvarez Presidente

Horacio D. Catalurda Secretario.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de

Defensa Nacional

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento

Territorial y Medio Ambiente

Ministerio de

Relaciones Exteriores

Montevideo, 12 de diciembre de 2000.

Señor Presidente de la Asamblea General,

Don Luis Hierro López:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración acorde a lo preceptuado por el numeral 7 del artículo 168 de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el "Protocolo sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra los Sucesos de Contaminación por Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas, 2000".

Nuestro país ha aprobado por la Ley Nº 16.521, de 25 de julio de 1994, el "Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos, 1990", conocido como OPRC’90.

Como consecuencia de la aprobación del Convenio citado precedentemente y en un esfuerzo por mantener la coherencia en la estrategia de prevenir la contaminación se sancionó la Ley Nº 16.688, de 22 de diciembre de 1994, que estableció un régimen de prevención y vigilancia de la contaminación de las aguas provenientes de hidrocarburos, autorizando en su artículo 3º al Poder Ejecutivo a incluir en este régimen a cualquier otro elemento contaminante de las aguas o del medio ambiente, que tenga su origen en la actividad de los buques, aeronaves o artefactos navales.

A posteriori, por la Ley Nº 16.820, de 23 de abril de 1997, nuestro país aprobó el "Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños Causados por la Contaminación por Hidrocarburos, Bruselas 1969" y en el mismo acto el "Convenio Internacional de Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños Causados por la Contaminación por Hidrocarburos, Bruselas 1971" y sus Protocolos de 1992, todo en un mismo acto legislativo.

El Protocolo cuya aprobación se solicita, define en su artículo 2, numeral 2), como sustancias nocivas y potencialmente peligrosas a toda sustancia distinta de los hidrocarburos cuya introducción en el medio marino pueda ocasionar riesgos para la salud humana, dañar los recursos vivos y la flora y fauna marinas, menoscabar los alicientes recreativos o entorpecer otros usos legítimos del mar.

La mención de esta amplia definición pone de manifiesto la conveniencia para el país de la aprobación de este Protocolo y los beneficios que ello trae aparejados.

Asimismo, se mantiene el criterio de que la Autoridad Marítima es responsable en materia de contralor de la contaminación marina, lo cual facilita la aplicación y el desarrollo de la normativa reglamentaria correspondiente.

La aprobación por ley del citado Protocolo le permitirá al país reducir los riesgos de contaminación marina por sustancias nocivas, incrementando los niveles de control, especialmente en cuanto a su transporte y supervisión, como Estado de la bandera y Rector de Puertos. Ello contribuiría con la política y esfuerzo sostenido desarrollados por la Armada Nacional a través de sus componentes específicos, en materia de prevención del medio ambiente.

Por lo expuesto, se solicita la aprobación del "Protocolo sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra los Sucesos de Contaminación por Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas, 2000".

Saluda a usted, con la mayor consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República; Luis Brezzo, Oscar Gorosito, Didier Opertti.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Apruébase el Protocolo sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra los Sucesos de Contaminación por Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas, 2000.

Artículo 2º.- Dicho Protocolo se incorporará al "Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos, 1990" (OPRC’90), aprobado por la Ley Nº 16.521, de 25 de julio de 1994.

Artículo 3º.- Se comete a la Armada Nacional las responsabilidades de desarrollar el Protocolo en todo su alcance a través:

A) del "Sistema Nacional de Control de Derrame de Contaminantes" establecido por la Ley Nº 16.688, de 22 de diciembre de 1994;

B) de los controles pertinentes en toda la jurisdicción de la Armada Nacional y la emisión de las normas de reglamentación técnica pertinente así como de su permanente actualización.

Artículo 4º.- Los aspectos técnicos previamente mencionados, se reglamentarán a través de Disposiciones Marítimas de la Prefectura Nacional Naval, siendo las segundas interpretativas de las primeras.

Artículo 5º.- Las Disposiciones Marítimas de la Prefectura Nacional Naval y las Circulares de la Dirección Registral y de Marina Mercante de la Prefectura Nacional Naval, serán publicadas en el Diario Oficial con una antelación de veinte días hábiles de su entrada en vigor. Quedan exceptuadas de este requisito las existentes, de las que se deberán publicar un listado con las vigentes y la materia que abarcan.

Montevideo, 12 de diciembre de 2000.

Luis Brezzo, Oscar Gorosito, Didier Opertti.

TEXTO DEL PROTOCOLO

LAS PARTES EN EL PRESENTE PROTOCOLO,

SIENDO PARTES en el Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos, hecho en Londres el 30 de noviembre de 1990.

TENIENDO EN CUENTA la resolución 10, relativa a la ampliación del ámbito de aplicación del Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos, 1990, de modo que comprenda las sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, aprobada por la Conferencia sobre Cooperación Internacional para la Preparación y la Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos, 1990,

TENIENDO EN CUENTA ASIMISMO que, de conformidad con la resolución 10 de la Conferencia sobre Cooperación Internacional para la Preparación y la Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos, 1990, la Organización Marítima Internacional ha intensificado su labor, en colaboración con todas las organizaciones internacionales interesadas, en los diversos aspectos de la cooperación, preparación y lucha contra los sucesos de contaminación por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas,

TENIENDO PRESENTE el principio de que "el que contamina paga" como principio general de derecho ambiental internacional,

CONSCIENTES de que se está elaborando una estrategia para incorporar el planteamiento preventivo a las políticas de la Organización Marítima Internacional,

CONSCIENTES ASIMISMO de que si se produce un suceso de contaminación por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, es esencial tomar medidas rápidas y eficaces para reducir al mínimo los daños que pueda ocasionar dicho suceso,

CONVIENEN:

ARTICULO 1

Disposiciones generales

1) Las Partes se comprometen, conjunta o individualmente, a tomar todas las medidas adecuadas, de conformidad con las disposiciones del presente Protocolo y de su Anexo, para prepararse y luchar contra los sucesos de contaminación por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas.

2) El Anexo del presente Protocolo constituirá parte integrante de éste y toda referencia al presente Protocolo constituirá al mismo tiempo una referencia al Anexo.

3) El presente Protocolo no se aplicará a los buques de guerra ni a las unidades navales auxiliares, ni a los buques que, siendo propiedad de un Estado o estando a su servicio, sólo presten por el momento servicios gubernamentales de carácter no comercial. No obstante, cada Parte se cuidará de adoptar las medidas oportunas para garantizar que, dentro de lo razonable y practicable, tales buques de propiedad o servicio estatal actúen en consonancia con el presente Protocolo, sin que ello perjudique las operaciones o la capacidad operativa de dichos buques.

ARTICULO 2

Definiciones

A los efectos del presente Protocolo regirán las siguientes definiciones:

1) Suceso de contaminación por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (en adelante denominado "suceso de contaminación"): todo acaecimiento o serie de acaecimientos del mismo origen, incluidos un incendio o una explosión, que dé o pueda dar lugar a una descarga, escape o emisión de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, y que represente o pueda representar una amenaza para el medio marino, el litoral o los intereses conexos de uno o más Estados, y que exija medidas de emergencia u otra respuesta inmediata.

2) Sustancias nocivas y potencialmente peligrosas: toda sustancia distinta de los hidrocarburos cuya introducción en el medio marino pueda ocasionar riesgos para la salud humana, dañar los recursos vivos y la flora y fauna marinas, menoscabar los alicientes recreativos o entorpecer otros usos legítimos del mar.

3) Puertos marítimos e instalaciones de manipulación de sustancias nocivas o potencialmente peligrosas: puertos o instalaciones en los que los buques cargan o descargan tales sustancias.

4) Organización: la Organización Marítima Internacional.

5) Secretario General: el Secretario General de la Organización.

6) Convenio de Cooperación: el Convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos, 1990.

ARTICULO 3

Planes de emergencia y notificación

1) Cada Parte exigirá que todos los buques que tengan derecho a enarbolar su pabellón lleven a bordo un plan de emergencia para sucesos de contaminación y que los capitanes u otras personas que estén a cargo de tales buques observen procedimientos de notificación en la medida requerida. Tanto el plan de emergencia como los procedimientos de notificación serán conformes con las disposiciones aplicables de los convenios elaborados por la Organización que hayan entrado en vigor para dicha Parte. La cuestión de los planes de emergencia de a bordo para sucesos de contaminación para unidades mar adentro, incluidas las instalaciones flotantes de producción, almacenamiento y descarga de hidrocarburos y las unidades flotantes de almacenamiento, debería quedar adecuadamente resuelta en las disposiciones nacionales o en los sistemas de gestión ambiental de las compañías y queda excluida del ámbito de aplicación del presente artículo.

2) Cada Parte exigirá que las autoridades o empresas a cargo de puertos marítimos e instalaciones de manipulación de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas sometidas a su jurisdicción, según estime apropiado, dispongan de planes de emergencia en caso de sucesos de contaminación o de medios similares para las sustancias nocivas y potencialmente peligrosas que estime apropiados, coordinados con el sistema nacional establecido conforme a lo dispuesto en el artículo 4 y aprobados con arreglo a los procedimientos que determine la autoridad nacional competente.

3) Cuando las autoridades competentes de una Parte se enteren de un suceso de contaminación, lo notificarán a otros Estados cuyos intereses puedan verse afectados por dicho suceso.

ARTICULO 4

Sistemas nacionales y regionales de preparación y lucha contra la contaminación

1) Cada Parte establecerá un sistema nacional para hacer frente con prontitud y de manera eficaz a los sucesos de contaminación. Dicho sistema incluirá como mínimo:

a) la designación de:

i) la autoridad o autoridades nacionales competentes responsables de la preparación y la lucha contra sucesos de contaminación;

ii) el punto o puntos nacionales de contacto; y

iii) una autoridad facultada por el Estado para solicitar asistencia o decidir prestarla;

b) un plan nacional de preparación y lucha para contingencias que incluya las interrelaciones de los distintos órganos que lo integren, ya sean públicos o privados, y en el que se tengan en cuenta las directrices elaboradas por la Organización.

2) Además, cada Parte, con arreglo a sus posibilidades, individualmente o mediante la cooperación bilateral o multilateral y, si procede, en colaboración con el sector naviero y el sector de las sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, las autoridades portuarias y otras entidades pertinentes, establecerá:

a) el equipo mínimo, previamente emplazado, para hacer frente a sucesos de contaminación en función de los riesgos previstos, y programas para su utilización;

b) un programa de ejercicios y de formación del personal pertinente para las organizaciones de lucha contra sucesos de contaminación;

c) planes pormenorizados y medios de comunicación para hacer frente a sucesos de contaminación. Tales medios deberían estar disponibles de forma permanente; y

d) un mecanismo o sistema para coordinar la lucha contra sucesos de contaminación, incluidos, si procede, los medios que permitan movilizar los recursos necesarios.

3) Cada Parte se asegurará de que se facilita a la Organización, directamente o a través de la organización o sistema regional pertinente, información actualizada con respecto a:

a) la dirección, los datos sobre telecomunicaciones y, si procede, las zonas de responsabilidad de las autoridades y entidades a que se hace referencia en el párrafo 1) a);

b) el equipo de lucha contra la contaminación y los servicios de expertos en disciplinas relacionadas con la lucha contra sucesos de contaminación y el salvamento marítimo que puedan ponerse a disposición de otros Estados cuando éstos lo soliciten; y

c) su plan nacional para contingencias.

ARTICULO 5

Cooperación internacional en la lucha contra la contaminación

1) Las Partes acuerdan que, en la medida de sus posibilidades y a reserva de los recursos pertinentes de que dispongan, cooperarán y facilitarán servicios de asesoramiento, apoyo técnico y equipo para hacer frente a un suceso de contaminación, cuando la gravedad de tal suceso lo justifique, a petición de la Parte afectada o que pueda verse afectada. La financiación de los gastos derivados de tal asistencia se efectuará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo del presente Protocolo.

2) Toda Parte que haya solicitado asistencia podrá pedir a la Organización que ayude a determinar fuentes de financiación provisional de los gastos a que se hace referencia en el párrafo 1).

3) De conformidad con los acuerdos internacionales aplicables, cada Parte adoptará las medidas de carácter jurídico o administrativo necesarias para facilitar:

a) la llegada a su territorio, la utilización dentro de éste y la salida de su territorio de los buques, aeronaves y demás medios de transporte que participen en la lucha contra un suceso de contaminación o que transporten el personal, los cargamentos, los materiales y el equipo necesarios para hacer frente a dicho suceso, y

b) la entrada, salida y paso con rapidez por su territorio del personal, los cargamentos, los materiales y el equipo a que se hace referencia en el apartado a).

ARTICULO 6

Investigación y desarrollo

1) Las Partes convienen en cooperar directamente o a través de la Organización o de las organizaciones o sistemas regionales pertinentes, según proceda, con el fin de difundir e intercambiar los resultados de los programas de investigación y desarrollo destinados a perfeccionar los últimos adelantos en la esfera de la preparación y la lucha contra sucesos de contaminación, incluidas las tecnologías y técnicas de vigilancia, contención, recuperación, dispersión, limpieza, y otros medios para minimizar o mitigar los efectos de los sucesos de contaminación, así como las técnicas de restauración.

2) Con este fin, las Partes se comprometen a establecer directamente o a través de la Organización o de las organizaciones o sistemas regionales pertinentes, según proceda, los vínculos necesarios entre los centros e instituciones de investigación de las Partes.

3) Las Partes convienen en cooperar directamente o a través de la Organización o de las organizaciones o sistemas regionales pertinentes, según proceda, con el fin de fomentar la celebración periódica de simposios internacionales sobre temas pertinentes, incluidos los avances tecnológicos en técnicas y equipo para hacer frente a sucesos de contaminación.

4) Las Partes acuerdan impulsar a través de la Organización u otras organizaciones internacionales competentes la elaboración de normas que permitan asegurar la compatibilidad de las técnicas y el equipo de lucha contra la contaminación por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas.

ARTICULO 7

Cooperación técnica

1) Las Partes se comprometen, directamente o a través de la Organización y otros organismos internacionales, según proceda, en lo que respecta a la preparación y la lucha contra sucesos de contaminación, a facilitar a las Partes que soliciten asistencia técnica, apoyo destinado a:

a) formar personal;

b) garantizar la disponibilidad de tecnologías, equipo e instalaciones pertinentes;

c) facilitar la adopción de otras medidas y disposiciones para prepararse y luchar contra los sucesos de contaminación; y

d) iniciar programas conjuntos de investigación y desarrollo.

2) Las Partes se comprometen a cooperar activamente, con arreglo a sus legislaciones, reglamentos y políticas nacionales, en la transferencia de tecnología relacionada con la preparación y la lucha contra sucesos de contaminación.

ARTICULO 8

Fomento de la cooperación bilateral y multilateral para la preparación y la lucha contra la contaminación

Las Partes procurarán establecer acuerdos bilaterales o multilaterales para la preparación y la lucha contra sucesos de contaminación. Del texto de dichos acuerdos se enviarán copias a la Organización, quien las pondrá a disposición de todas las Partes que lo soliciten.

ARTICULO 9

Relación con otros convenios y acuerdos

Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo se interpretará en detrimento de los derechos u obligaciones adquiridos por las Partes en virtud de otros convenios o acuerdos internacionales.

ARTICULO 10

Disposiciones institucionales

1) Las Partes designan a la Organización, a reserva de su consentimiento y de la disponibilidad de recursos suficientes que permitan mantener la actividad, para realizar las siguientes funciones y actividades:

a) servicios de información:

i) recibir, cotejar y distribuir, previa solicitud, la información facilitada por las Partes y la información pertinente facilitada por otras fuentes; y

ii) prestar asistencia para determinar fuentes de financiación provisional de los gastos;

b) educación y formación:

i) fomentar la formación en el campo de la preparación y la lucha contra los sucesos de contaminación; y

ii) fomentar la celebración de simposios internacionales;

c) servicios técnicos:

i) facilitar la cooperación en las actividades de investigación y desarrollo;

ii) facilitar asesoramiento a los Estados que vayan a establecer medios nacionales o regionales de lucha contra la contaminación; y

iii) analizar la información facilitada por las Partes y la información pertinente facilitada por otras fuentes y prestar asistencia o proporcionar información a los Estados;

d) asistencia técnica:

i) facilitar la prestación de asistencia técnica a los Estados que vayan a establecer medios nacionales o regionales de lucha contra la contaminación; y

ii) facilitar la prestación de asistencia técnica y asesoramiento a petición de los Estados que tengan que hacer frente a sucesos importantes de contaminación.

2) Al llevar a cabo las actividades que se especifican en el presente artículo, la Organización procurará reforzar la capacidad de los Estados, individualmente o a través de sistemas regionales, para la preparación y la lucha contra sucesos de contaminación, aprovechando la experiencia de los Estados, los acuerdos regionales y las disposiciones tomadas por el sector industrial, y tendrá particularmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

3) Las disposiciones del presente artículo se implantarán de conformidad con un programa que elaborará y mantendrá continuamente sometido a examen la Organización.

ARTICULO 11

Evaluación del Protocolo

Las Partes evaluarán, en el marco de la Organización, la eficacia del Protocolo a la vista de sus objetivos, especialmente con respecto a los principios subyacentes a la cooperación y la asistencia.

ARTICULO 12

Enmiendas

1) El presente Protocolo podrá ser enmendado por uno de los procedimientos expuestos a continuación.

2) Enmienda previo examen para la Organización:

a) toda enmienda propuesta por una Parte en el Protocolo será remitida a la Organización y distribuida por el Secretario General a todos los Miembros de la Organización y todas las Partes por lo menos seis meses antes de su examen;

b) toda enmienda propuesta y distribuida como se acaba de indicar será remitida al Comité de Protección del Medio Marino de la Organización para su examen;

c) las Partes en el Protocolo, sean o no Miembros de la Organización, tendrán derecho a participar en las deliberaciones del Comité de Protección del Medio Marino;

d) las enmiendas serán aprobadas por una mayoría de dos tercios de las Partes en el Protocolo presentes y votantes;

e) si fueran aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el apartado d), las enmiendas serán comunicadas por el Secretario General a todas las Partes en el Protocolo para su aceptación;

f) i) toda enmienda a un artículo o al Anexo del Protocolo se considerará aceptada a partir de la fecha en que dos tercios de las Partes hayan notificado al Secretario General que la han aceptado;

ii) toda enmienda a un apéndice se considerará aceptada al término de un plazo, no inferior a 10 meses, que determinará el Comité de Protección del Medio Marino en el momento de su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el apartado d), salvo que dentro de ese plazo un tercio al menos de las Partes comuniquen una objeción al Secretario General;

g) i) toda enmienda a un artículo o al Anexo del Protocolo aceptada de conformidad con lo dispuesto en el apartado f) i) entrará en vigor seis meses después de la fecha en que se considere que ha sido aceptada con respecto a las Partes que hayan notificado al Secretario General que la han aceptado;

ii) toda enmienda a un apéndice aceptada de conformidad con lo dispuesto en el apartado f) ii) entrará en vigor seis meses después de la fecha en que se considere que ha sido aceptada con respecto a todas las Partes salvo las que, con anterioridad a dicha fecha, hayan comunicado una objeción. Las Partes podrán en cualquier momento retirar la objeción que hayan comunicado anteriormente, presentando al Secretario General una notificación a tal efecto.

3) Enmienda mediante una conferencia:

a) a solicitud de cualquier Parte con la que se muestre conforme un tercio cuando menos de las Partes, el Gobierno General convocará una conferencia de Partes en el Protocolo para examinar enmiendas al Protocolo;

b) toda enmienda aprobada en tal conferencia por una mayoría de dos tercios de las Partes presentes y votantes será comunicada por el Secretario General a todas las Partes para su aceptación;

c) salvo que la conferencia decida otra cosa, la enmienda se considerará aceptada y entrará en vigor de conformidad con los procedimientos estipulados en los apartados f) y g) del párrafo 2).

4) Para la aprobación y entrada en vigor de una enmienda consistente en la adición de un nexo o de un apéndice se seguirá el mismo procedimiento que para la enmienda del Anexo.

5) Toda Parte que:

a) no haya aceptado una enmienda a un artículo o al Anexo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2) f) i); o

b) no haya aceptado una enmienda consistente en la adición de un anexo o un apéndice de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4); o

c) haya comunicado una objeción a una enmienda de un apéndice en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2) f) ii).

será considerada como no parte por lo que se refiere exclusivamente a la aplicación de esa enmienda y seguirá siendo considerada como tal hasta que presente la notificación de aceptación o de retirada de la objeción a que se hace referencia en los párrafos 2) f) i) y 2) g) ii), respectivamente.

6) El Secretario General notificará a todas las Partes cualquier enmienda que entre en vigor en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, así como la fecha de su entrada en vigor.

7) Toda notificación de aceptación, de objeción o de retirada de una objeción a una enmienda en virtud del presente artículo será dirigida por escrito al Secretario General, quien comunicará a las Partes dicha notificación y la fecha en que fue recibida.

8) Los apéndices del Protocolo contendrán solamente disposiciones de carácter técnico.

ARTICULO 13

Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

1) El presente Protocolo estará abierto a la firma, en la sede de la Organización, desde el 15 de marzo de 2000 hasta el 14 de marzo de 2001 y posteriormente seguirá abierto a la adhesión. Los Estados Partes en el Convenio de Cooperación podrán constituirse en Partes en el presente Protocolo mediante:

a) firma sin reserva en cuanto a ratificación, aceptación o aprobación; o

b) firma a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, seguida de ratificación, aceptación o aprobación; o

c) adhesión.

2) La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se efectuarán depositando ante el Secretario General el instrumento pertinente.

ARTICULO 14

Estados con más de un régimen jurídico

1) Todo Estado Parte en el Convenio de Cooperación integrado por dos o más unidades territoriales en las que sea aplicable un régimen jurídico distinto en relación con las materias objeto del presente Protocolo podrá declarar en el momento de dar su firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al mismo que el presente Protocolo será aplicable a todas sus unidades territoriales, o sólo a una o varias de ellas a las que se aplique también el Convenio de Cooperación, y podrá en cualquier momento sustituir por otra su declaración original.

2) Esa declaración se notificará por escrito al depositario y en ella se hará constar expresamente a qué unidad o unidades territoriales será aplicable el Protocolo. Cuando se trate de una sustitución, en la declaración se hará constar expresamente a qué otra unidad o unidades territoriales se aplicará el Protocolo y la fecha en que surtirá efecto tal aplicación.

ARTICULO 15

Entrada en vigor

1) El presente Protocolo entrará en vigor doce meses después de la fecha en que por lo menos quince Estados lo hayan firmado sin reserva en cuanto a ratificación, aceptación o aprobación o hayan depositado los pertinentes instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.

2) Para los Estados que hayan depositado un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión respecto del presente Protocolo una vez satisfechos los requisitos para la entrada en vigor de éste, pero antes de la fecha de entrada en vigor, la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión surtirán efecto en la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo o tres meses después de la fecha en que haya sido depositado el instrumento pertinente, si ésta es posterior.

3) Para los Estados que hayan depositado un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo, éste comenzará a regir tres meses después de la fecha en que haya sido depositado el instrumento pertinente.

4) Todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión depositado con posterioridad a la fecha en que se haya considerado aceptada una enmienda al presente Protocolo en virtud del artículo 12, se referirá al presente Protocolo enmendado.

ARTICULO 16

Denuncia

1) El presente Protocolo podrá ser denunciado por cualquier Parte en cualquier momento posterior a la expiración de un plazo de cinco años a contar de la fecha en que el presente Protocolo haya entrado en vigor para dicha Parte.

2) La denuncia se efectuará mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General.

3) La denuncia surtirá efecto doce meses después de la recepción por el Secretario General de la notificación de denuncia, o cuando expira cualquier otro plazo más largo que se indique en dicha notificación.

4) Toda Parte que denuncia el Convenio de Cooperación denunciará también automáticamente el Protocolo.

ARTICULO 17

Depositario

1) El presente Protocolo será depositado ante el Secretario General.

2) El Secretario General:

a) notificará a todos los Estados que hayan firmado el presente Protocolo o se hayan adherido al mismo:

i) cada nueva firma y cada nuevo depósito de instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión y la fecha en que se produzca;

ii) todo declaración hecha en virtud del artículo 14;

iii) la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo; y

iv) el depósito de cualquier instrumento de denuncia del presente Protocolo y la fecha en que se recibió dicho instrumento, así como la fecha en que la denuncia surta efecto;

b) remitirá copias auténticas certificadas del presente Protocolo a los Gobiernos de todos los Estados que lo hayan firmado o se hayan adherido al mismo.

3) Tan pronto como el presente Protocolo entre en vigor, el depositario remitirá una copia auténtica certificada del mismo al Secretario General de las Naciones Unidas a efectos de registro y publicación, de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

ARTICULO 18

Idiomas

El presente Protocolo está redactado en un solo ejemplar en los idiomas árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, siendo cada uno de estos textos igualmente auténticos.

EN FE DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados al efecto por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Protocolo.

HECHO EN Londres el día quince de marzo del año dos mil.

ANEXO

REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE ASISTENCIA

1) a) A menos que se haya establecido un acuerdo de carácter bilateral o multilateral sobre las disposiciones financieras por las que se regirán las medidas adoptadas por las Partes para hacer frente a sucesos de contaminación antes de producirse el suceso, las Partes sufragarán los gastos de sus respectivas medidas de lucha contra la contaminación de conformidad con lo dispuesto en los incisos i) o ii).

i) Si las medidas han sido adoptadas por una Parte a petición expresa de otra Parte, la Parte peticionaria reembolsará los gastos de la misma a la Parte que prestó asistencia. La Parte peticionaria podrá anular su petición en cualquier momento, pero si lo hace, sufragará los gastos que ya haya realizado o se haya comprometido a realizar la Parte que prestó asistencia.

ii) Si las medidas han sido adoptadas por iniciativa propia de una Parte, ésta sufragará los gastos de tales medidas.

b) Los principios indicados en el apartado a) serán aplicables, a menos que las Partes interesadas acuerden otra cosa en casos concretos.

2) Salvo que exista otro tipo de acuerdo, los gastos de las medidas adoptadas por una Parte a petición de otra Parte se calcularán equitativamente con arreglo a la legislación y la práctica vigente de la Parte que preste asistencia en lo que se refiere al reembolso de tales gastos.

3) La Parte que solicitó la asistencia y la Parte que la prestó cooperarán, llegado el caso, para llevar a término cualquier acción que responda a una reclamación de indemnización. Con ese fin, tendrán debidamente en cuenta los regímenes jurídicos existentes. Cuando la acción así concluida no permita la plena indemnización de los gastos ocasionados por la operación de asistencia, la Parte que solicitó la asistencia podrá pedir a la Parte que la prestó que renuncie al cobro de los gastos que no haya cubierto la indemnización o que reduzca los gastos calculados de conformidad con el párrafo 2). También podrá pedir el aplazamiento del cobro de dichos gastos. Al considerar tales peticiones, las Partes que prestaron asistencia tendrán debidamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

4) Las disposiciones del presente Protocolo no se interpretarán en modo alguno en detrimento de los derechos de las Partes a reclamar a terceros los gastos ocasionados por las medidas adoptadas para hacer frente a la contaminación, o a la amenaza de contaminación, en virtud de otras disposiciones y reglas aplicables del derecho nacional o internacional.

PROTOCOLO SOBRE COOPERACION, PREPARACION Y LUCHA CONTRA LOS SUCESOS DE CONTAMINACION POR SUSTANCIAS NOCIVAS Y POTENCIALMENTE PELIGROSAS, 2000

Con fecha 12 de diciembre de 2000 el Poder Ejecutivo remitió un Mensaje y proyecto de ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 ordinal 7º de la Constitución de la República, por el que se aprueba el "Protocolo sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra los Sucesos de Contaminación por Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas, 2000".

La Cámara de Representantes aprobó con fecha 30 de julio de 2002, el referido proyecto de ley que contiene cinco artículos, por lo que corresponde que el Senado le dé sanción definitiva al referido instrumento internacional.

En tal sentido, corresponde informar que el Uruguay aprobó por la Ley Nº 16.521 de fecha 15 de julio de 1994, el Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos, 1990, conocido por OPRC’ 90. Posteriormente se sancionó la Ley Nº 16.688, de 22 de diciembre de 1994, que estableció un régimen de prevención y vigilancia de la contaminación de las aguas provenientes de Hidrocarburos, autorizando en el artículo 3º al Poder Ejecutivo a incluir en este régimen a cualquier otro elemento contaminante de las aguas o del medio ambiente, que tenga su origen en la actividad de los buques, aeronaves o artefactos navales.

Finalmente, por la Ley Nº 16.820, de fecha 23 de abril de 1997, se aprobó el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños Causados por la Contaminación por Hidrocarburos, Bruselas, 1969 y el Convenio Internacional de Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños Causados por la Contaminación por Hidrocarburos, Bruselas, 1971, y sus Protocolos de 1992.

De acuerdo con el artículo 1º del Protocolo, las Partes se comprometen a tomar todas las medidas adecuadas para prepararse y luchar contra los sucesos de contaminación por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas. Se prevé que el Protocolo no se aplicará a los buques de guerra ni a las unidades navales auxiliares, ni a los buques propiedad de un Estado o que estando a su servicio, solo presten por el momento servicios gubernamentales de carácter no comercial.

En el artículo 2º se define lo que son sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, así como lo que es suceso de contaminación por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas. Por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas se entiende toda sustancia distinta de los hidrocarburos, cuya introducción en el medio marino pueda ocasionar riesgos para la salud humana, dañar los recursos vivos y la flora y fauna marinas, menoscabar los alicientes recreativos o entorpecer otros usos legítimos del mar.

Se establece en el artículo 3º que cada Parte exigirá que todos los buques que tengan derecho a enarbolar su pabellón, lleven a bordo un plan de emergencia para los sucesos de contaminación y que los capitanes u otras personas que estén a cargo de tales buques observen procedimientos de notificación en la medida requerida.

El artículo 4º prescribe que cada Parte debe establecer un sistema nacional para hacer frente con prontitud y de manera eficaz a los sucesos de contaminación.

En cuanto a la investigación y desarrollo, las Partes convienen en cooperar directamente o a través de la Organización Marítima Internacional o de las organizaciones o sistemas regionales pertinentes, la difusión e intercambio de los resultados de los programas de investigación y desarrollo destinados a perfeccionar los últimos adelantos en la esfera de la preparación y la lucha contra sucesos de contaminación.

En lo que se refiere a la cooperación técnica las Partes se comprometen, directamente a través de la Organización Marítima Internacional u otros organismos internacionales a facilitar a las Partes que soliciten asistencia técnica, apoyo destinado a formar personal; garantizar la disponibilidad de tecnologías, equipo e instalaciones pertinentes; facilitar la adopción de otras medidas y disposiciones para prepararse y luchar contra los sucesos de contaminación, y finalmente iniciar programas conjuntos de investigación y desarrollo.

En el artículo 11 se establece que las Partes evaluarán, en el marco de la Organización Marítima Internacional, la eficacia del Protocolo a la vista de sus objetivos, especialmente con respecto a los principios subyacentes a la cooperación y la asistencia.

Sobre las enmiendas del Protocolo cuya aprobación se solicita, el artículo 12 prescribe dos procedimientos: Enmienda del Protocolo previo examen por la Organización Marítima Internacional y Enmienda mediante una Conferencia.

Respecto a la entrada en vigor del presente Protocolo, el artículo 15 establece en doce meses después de la fecha en que por lo menos quince Estados lo hayan firmado sin reserva o hayan deposito los pertinentes instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

Por último, el artículo 16 consagra el procedimiento de denuncia del Protocolo, que podrá serlo en cualquier momento posterior a la expiración de un plazo de cinco años a contar de la fecha en que el Protocolo haya entrado en vigor para dicha Parte.

Por las razones expuestas, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 47 de la Constitución de la República que prescribe que "la protección del medio ambiente es de interés general" y que "las personas deberán de abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente", la Comisión de Asuntos Internacionales considera de especial trascendencia la aprobación de este Protocolo, dado que el mismo es parte de un conjunto de instrumentos internacionales que el país ya ha ratificado y coordina perfectamente con la voluntad del constituyente manifestada en la reforma constitucional de 1997.

Sala de la Comisión, a 14 de noviembre de 2002.

Ruben Correa Freitas, Miembro Informante; Carlos Garat, Reinaldo Gargano, Juan Ignacio Mangado, Pablo Millor, Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Señor Presidente: formulo moción en el sentido de que se suspenda la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que será comunicado al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

16) ACUERDO DE COPRODUCCION CINEMATOGRAFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALIANA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Italiana. (Carp. Nº 911 /02 - Rep. Nº 547/ 02)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 911/02

Rep. Nº 547/02

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 17 de setiembre de 2002.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Italiana, integrado por el preámbulo, veinte artícu-los y un Anexo, que fue suscrito en Montevideo, el 13 de marzo de 2001.

De conformidad con lo establecido en el referido instrumento, la modalidad de admisión al régimen de coproducción de la obra cinematográfica, deberá contar con la aprobación de las autoridades competentes de las Partes Contratantes, debiendo los productores a los que se concedan los beneficios de coproducción, disponer de una organización técnica y financiera adecuadas, como de la experiencia y de la suficiente calificación profesional.

La aportación de cada coproductor implicará necesariamente una efectiva participación artística, técnica y creativa en la obra cinematográfica, proporcional a su inversión, debiendo observarse un justo equilibrio tanto en la participación como en la cuantía global de las inversiones.

El Poder Ejecutivo considera de primordial interés otorgar impulso al desarrollo de la coproducción cinematográfica, en cuanto instrumento de creación y de expresión de la diversidad cultural.

En tal sentido, el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica con la República Italiana podría constituirse en un medio idóneo para contribuir al fomento de la industria cinematográfica uruguaya y en un factor dinámico para la referida actividad, que permitirá estimular la capacitación, la calificación y la experiencia profesionales, afianzará vínculos en el ámbito artístico, técnico y cultural e impulsará la tarea de distribución y exhibición, todo lo cual permitiría el aumento del intercambio económico entre las Partes Contratantes, convicciones necesarias y suficientes para justificar el interés del Poder Ejecutivo al formular la presente solicitud de aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República; Didier Opertti, Antonio Mercader, Guillermo Valles.

Montevideo, 17 de setiembre de 2002.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Italiana, suscrito en Montevideo, el 13 de marzo de 2001.

Didier Opertti, Antonio Mercader, Guillermo Valles.

ACUERDO DE COPRODUCCION CINEMATOGRAFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALIANA

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Italiana a continuación denominados "las Partes".

Conscientes de la contribución que las coproducciones pueden aportar al desarrollo de las industrias cinematográficas, así como al crecimiento de los intercambios económicos y culturales entre Uruguay e Italia.

Decididos a estimular el desarrollo de la cooperación cinematográfica entre los dos Países.

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1

A los fines del presente Acuerdo, el término film comprende las obras cinematográficas de cualquier duración y de cualquier material, incluyendo aquellos de ficción, animación y documentales, conforme a las disposiciones relativas para la industria cinematográfica existentes en ambos países donde la primera difusión, se realizará en las salas cinematográficas de los dos países.

Artículo 2

Los filmes realizados en coproducción y amparados por el presente Acuerdo, se beneficiarán de todos los derechos y ventajas previstos para los filmes nacionales por las disposiciones relativas para la industria cinematográfica que estén en vigor o que podrían ser promulgadas en cada uno de los dos países.

De todos modos, las Autoridades Competentes podrán limitar las ayudas establecidas en las disposiciones vigentes o futuras del país que las concede, en el caso de coproducciones financieras o en aquellas en las cuales el importe financiero no sea proporcional a las participaciones técnicas o artísticas.

Dicha limitación deberá ser comunicada al coproductor interesado en el momento en el cual será aprobado el proyecto de coproducción.

Estas ventajas serán concedidas solamente al productor del País que la concede.

Artículo 3

La realización de los filmes en coproducción entre los dos países debe recibir la aprobación, luego de haberse consultado recíprocamente, de las Autoridades competentes:

a) en Uruguay: el Instituto Nacional del Audiovisual del Ministerio de Educación y Cultura;

b) en Italia: el Departamento del Espectáculo del Ministerio para los Bienes y las Actividades Culturales.

Artículo 4

Para usufructuar los beneficios que la coproducción otorga, los filmes deberán ser realizados por productores que dispongan de una buena organización tanto técnica como financiera y una experiencia y calificación profesional reconocida por las autoridades competentes mencionadas en el artículo 3.

Artículo 5

Las solicitudes de admisión a los beneficios de la coproducción presentadas por los productores de cada uno de los dos países deberán ser redactadas, para su aprobación, según las normas de procedimiento, previstas en el anexo del presente Acuerdo, el cual es parte integrante del mismo.

Dicha aprobación es irrevocable salvo en caso de sustanciales modificaciones de las previsiones realizadas en materia artística, económica y técnica.

Artículo 6

La proporción de los respectivos aportes de los coproductores de los dos países puede variar del veinte al ochenta por ciento (20-80%) por film.

El aporte del coproductor minoritario debe incluir obligatoriamente una participación técnica, artística y creativa efectiva, en línea de máxima proporción a su inversión. Excepcionalmente, pueden ser admitidas derogaciones acordadas por las Autoridades Competentes de los dos países.

Se considera personal creativo, técnico y artístico a las personas calificadas como tales por las legislaciones de cada uno de los países. El aporte de cada uno de los antedichos, será valorado individualmente.

En línea de máxima, el aporte de cada País incluirá al menos un elemento creativo (guionista, director de escenografía, director, autor de la música, técnico en el montaje de las máquinas, director de fotografía, escenógrafo, fónico), un actor en un rol principal, un actor en un rol secundario y un técnico calificado.

Con este fin el actor del rol principal podrá ser sustituido por al menos dos técnicos calificados.

Artículo 7

Los filmes deben ser realizados por directores uruguayos o italianos (o provenientes de un país de la Unión Europea), con la participación de técnicos o intérpretes de nacionalidad italiana (o pertenecientes a un país de la Unión Europea) o uruguayos.

Podrá ser admitida la participación de interpretes y técnicos distintos de aquellos mencionados en el parágrafo anterior, consideradas las exigencias del film y luego de un acuerdo entre las Autoridades Competentes de los dos países.

Las filmaciones deben ser realizadas en el territorio de los países coproductores; podrán ser concedidas excepciones por motivos artísticos por parte de las autoridades competentes.

Artículo 8

En el caso de coproducciones multilaterales, la participación más baja no podrá ser inferior al 10% (diez por ciento), y la más alta no podrá exceder el 70% (sesenta por ciento) del costo total.

Las condiciones de admisión de las obras cinematográficas deberán ser examinadas caso por caso.

Artículo 9

Un justo equilibrio debe ser observado en lo que respecta a la participación del personal creativo, artístico o técnico en lo que concierne a los medios financieros y técnicos de los dos países (teatros de prosa y laboratorios).

Con el fin de lograr el equilibrio financiero y del número de filmes podrán ser tomados en consideración los filmes nacionales uruguayos e italianos distribuidos y/o difundidos en Uruguay y en Italia que hayan obtenido un mínimo de garantía por parte del distribuidor y/o una preadquisición por parte de un canal televisivo.

La Comisión Mixta prevista por el Art. 18 del presente Acuerdo velará por el respeto de este equilibrio y, en caso contrario, adoptará las medidas que se crean necesarias para restrablecerlo.

Artículo 10

Los trabajos de filmaciones en teatro de prosa, de sonido y de laboratorio deberán ser realizados respetando las siguientes disposiciones:

a) las filmaciones en teatro de prosa deberán realizarse preferentemente en el territorio de ambos países coproductores;

b) cada productor es, en cada caso, copropietario del negativo original (imágenes y sonido), sea cual sea el lugar donde sea depositado.

c) cada coproductor tiene derecho, en cualquier caso, a un internegativo de la propia versión. Si uno de los coproductores renuncia a este derecho, el negativo será depositado en un lugar elegido de común acuerdo entre los coproductores.

d) en línea de máxima, la post producción y el desarrollo del negativo será realizado en los estudios y en los laboratorios del País mayoritario, así como la impresión de las copias destinadas a la proyección en el mismo país, las copias destinadas al uso en el país minoritario serán realizadas en un laboratorio de ese país.

e) El eventual saldo de la cuota minoritaria debe ser pagado en el término de sesenta (60) días de la fecha de entrega de todo el material necesario para la preparación de la versión del film en el país del coproductor minoritario.

Artículo 11

En el respeto de la propia legislación y reglamentación, cada una de las dos Partes contratantes facilitará el ingreso y la estadía en el propio territorio del personal técnico y artístico de la otra Parte.

De la misma forma, autorizará la importación temporal y la exportación del material necesario para la producción de los filmes realizados en el ámbito del presente Acuerdo y facilitará el ingreso y la estadía en el propio país del personal de la producción.

Artículo 12

Las cláusulas contractuales que prevén la distribución entre los coproductores de cualquier tipo de ganancia y de los territorios estarán subordinados a la aprobación de las Autoridades Competentes de los dos Países. Esta distribución debe, en línea de máxima, ser proporcional a los aportes respectivos de los coproductores.

Artículo 13

En el caso en el cual un film realizado en coproducción sea exportado a un país en el cual las importaciones de obras cinematográficas estén limitadas:

a) el film, por reglamento, es agregado al contingente del país que tiene una participación mayoritaria;

b) en el caso de filmes para los cuales hay una participación igual de ambos Países, la obra limitada será asignada al contingente del país con mejores condiciones de exportación.

c) en caso de dificultades, el film será asignado al contingente del país de origen del productor;

d) si uno de los países coproductores tiene la posibilidad de libre importación de sus filmes en el país importador, los filmes coproducidos, así como los nacionales, se beneficiarán de pleno derecho de dicha posibilidad.

Artículo 14

Los filmes realizados en coproducción deben ser presentados con la leyenda: "Coproducción italo-uruguaya" o "Coproducción uruguayo-italiana".

Tal leyenda deberá figurar en los títulos de inicio o de fin, en toda la publicidad y propaganda comercial en el material promocional y en todo lugar en donde sea presentada dicha coproducción.

Artículo 15

Las obras cinematográficas realizadas en coproducción y que sean presentadas en Festivales Internacionales deberán mencionar todos los países coproductores.

Artículo 16

Como excepción a las disposiciones precedentes del presente Acuerdo pueden ser admitidos anualmente al beneficio de la coproducción de ambas partes, filmes realizados en cada uno de los dos países bajo las siguientes condiciones:

1. Poseer una calidad técnica y un valor artístico espectacular, de forma tal de demostrar un indiscutible interés para el cine europeo; estas características deberán ser reconocidas por las autoridades competentes de los dos países.

2. Tener un costo igual o superior a 1.200 millones de liras o su equivalente en pesos uruguayos;

3. Conformar una participación minoritaria del 20% (veinte por ciento), que podrá ser limitada al ámbito financiero, en conformidad con el contrato de coproducción; en caso que el presupuesto de costo del filme sea superior a los 2.400 millones de liras o su equivalente en pesos uruguayos; el aporte minoritario podrá ser reducido hasta y no menos del 10% (diez por ciento). Excepcionalmente las Autoridades Competentes podrán aprobar porcentajes de participación financiera superior al 20% (veinte por ciento).

4. Tener las condiciones fijadas para la concesión de la nacionalidad por la legislación vigente del país mayoritario. De todos modos, la participación de los intérpretes del país mayoritario puede ser limitada a la sola mayoría de los intérpretes secundarios.

5. Incluir en el contrato de coproducción disposiciones relativas a la distribución de los ingresos.

El beneficio de la coproducción bilateral será concedido solamente a cada obra, previa autorización específica caso por caso, de las competentes Autoridades uruguayas e italianas.

De todas formas, en el cómputo general de las coproducciones financieras deberá haber un igual número de filmes con participación mayoritaria sea italiana como uruguaya, los aportes financieros efectuados por una y otra parte debiendo ser equilibrados, a los fines de dicho equilibrio podrá tenerse en cuenta cuanto dispuesto en el segundo parágrafo del Art. 9 del presente Acuerdo.

Si en el curso de dos años, se obtiene el número de filmes correspondientes a las condiciones antes enunciadas, la Comisión Mixta, según el Art. 18, se reunirá con el fin de examinar si el equilibrio financiero es respetado y determinar si otras obras cinematográficas pudieran ser admitidas en el beneficio de la coproducción.

En caso de que la reunión de la Comisión Mixta no pudiera realizarse, las Autoridades Competentes podrán admitir en el beneficio de la coproducción financiera, en condiciones de reciprocidad, caso por caso, filmes que reúnan todas las condiciones indicadas.

Artículo 17

La importación, distribución y proyección de los filmes italianos en Uruguay y de los uruguayos en Italia no estará subordinada a ninguna restricción, salvo aquellas establecidas por la legislación y reglamentación vigente en ambos países.

Igualmente, las Partes reafirman su voluntad de favorecer y desarrollar por todos los medios, la difusión de los filmes de un país en el otro.

Artículo 18

Las Autoridades Competentes de los dos países examinarán, de ser necesario, las condiciones de aplicación del presente Acuerdo a fin de resolver las dificultades que surjan de la aplicación de las propias disposiciones. Análogamente estudiarán las modificaciones necesarias con el fin de desarrollar la cooperación cinematográfica en el interés común de los países.

Las mismas se reunirán, en el ámbito de una Comisión Mixta, al máximo una vez cada dos años, alternadamente en cada país. No obstante esto, podrá ser convocada una reunión extraordinaria a solicitud de una de las Autoridades Competentes, especialmente en lo referente a modificaciones legislativas importantes o de las reglamentaciones aplicables a la industria cinematográfica o en el caso en que el Acuerdo encuentre dificultades especialmente graves en su aplicación.

En concreto, examinarán si la estabilidad numérica y porcentual de las coproducciones ha sido respetada.

Artículo 19

Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo no perjudicarán las obligaciones internacionales de las Partes, incluidas, en lo que respecta a la República Italiana, las obligaciones derivadas de la normativa de la Unión Europea.

Artículo 20

El presente Acuerdo entrará en vigencia luego de treinta (30) días de la recepción de la segunda de las dos notificaciones con las cuales las Partes se habrán comunicado oficialmente el cumplimiento de los respectivos procedimientos internos previstos para su aprobación.

El presente Acuerdo tendrá una duración bi-anual y será renovable tácitamente por períodos sucesivos y de igual duración, salvo opinión contraria de cualquiera de las Partes, notificando por la vía diplomática a la otra Parte, al menos tres meses antes de la fecha de la renovación.

Cada una de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación escrita a la otra Parte, por vía diplomática, de su intención de denunciarlo. La denuncia tendrá efecto transcurrido tres meses a partir de la fecha de la notificación.

La disolución anticipada del presente Acuerdo no tendrá efecto sobre la conclusión de las coproducciones que hayan sido aprobadas durante su validez.

En fe de ello, los abajo firmantes, representantes debidamente autorizados por los respectivos Gobiernos, firman el presente Acuerdo.

Hecho en Montevideo el 13 de marzo de 2001, en dos originales cada uno en idioma italiano y español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

ANEXO

NORMAS DE PROCEDIMIENTO

La solicitud para la aprobación de los proyectos de coproducción en los términos del presente Acuerdo deberá ser presentada simultáneamente a las Partes, con al menos 40 días antes del comienzo de las filmaciones. El País coproductor mayoritario comunicará su propuesta al otro dentro de los 20 días a partir del recibimiento de la solicitud.

Para completar la solicitud y beneficiarse de las disposiciones del presente Acuerdo, deberá adjuntar:

1. Escenografía y guión;

2. Documento comprobante de la adquisión legal de los derechos de autor para la coproducción a realizar;

3. Copia del contrato de coproducción (*) estipulado con reserva de aprobación por parte de las Autoridades Competentes de los dos países.

(*) el contrato deberá contener los siguientes elementos:

a) Título del film;

b) Identificación de los productores acordantes;

c) Nombre y apellido del guionista y del adaptador, si ha sido tomado de una fuente literaria;

d) Nombre y apellido del director (ha sido concedida una cláusula de sustitución en caso de necesidad);

e) Presupuesto que refleje el porcentaje de participación de cada productor, que deberá corresponder al valor financiero de los aportes técnicos artísticos;

f) Plan de financiación;

g) Cláusula que establezca la división de cualquier tipo de prebendas y de los territorios;

h) Cláusula que especifique las participaciones respectivas de los coproductores en los gastos superiores e inferiores. Dichas participaciones, en línea de máxima, serán proporcionales a las respectivas contribuciones. La participación del coproductor minoritario, en un exceso de gastos, podrá ser limitada a un porcentaje menor o a una cantidad fija, siempre que sea respetado el aporte mínimo del 20% o del 10%, en el caso de coproducciones financieras para filmes de importes no superiores a los 2.400 millones de liras o su equivalente en pesos uruguayos.

i) Cláusula que describa las medidas a utilizar si luego de una consideración completa del caso, las Autoridades Competentes de uno de los países rechazan la concesión de los beneficios solicitados o si cada una de las Partes no cumple con los acuerdos establecidos;

j) Fecha de comienzo de las filmaciones;

k) Cláusula que prevea la repartición de la propiedad de los derechos de autor, sobre una base proporcional a los respectivos aportes de los coproductores;

l) Cláusula que prevea que la admisión al beneficio del Acuerdo no compromete a las Autoridades Competentes italianas a la extensión del permiso de proyección en público.

4. Contrato de distribución, una vez firmado,

5. Elenco del personal creativo, artístico y técnico indicando la nacionalidad y categoría de las especialidades, en el caso de los actores, la nacionalidad y los roles que interpretan, con indicación de la categoría y la duración de los mismos;

6. Programa de la producción, con indicación expresa de la duración aproximada de la filmación, los lugares donde se realizarán las tomas y el plan de trabajo;

7. Presupuesto detallado que identifique los gastos previstos para cada uno de los coproductores.

Las Autoridades Competentes de los dos países podrán solicitar otros documentos e informaciones que consideren necesarios.

Por norma, antes del inicio de las tomas del film, se deberá presentar a las Autoridades Competentes el guión definitivo, incluyendo los diálogos.

Se podrán realizar modificaciones al contrato original cuando las mismas sean necesarias, pero estas modificaciones deberán estar sujetas a la aprobación de las Autoridades Competentes de ambos países, antes de fines de la realización de la copia de muestra del film. La sustitución de un coproductor estará permitida solo en casos excepcionales y con el beneplácito de las Autoridades Competentes de ambos países.

Las Autoridades Competentes se mantendrán informadas de las propias decisiones.

ACUERDO DE COPRODUCCION CINEMATOGRAFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALIANA

El Poder Ejecutivo ha remitido un Mensaje y proyecto de ley, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 85 ordinal 7 y 168 numeral 20 de la Constitución de la República, por el que se aprueba el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República Italiana, suscrito en Montevideo, el 13 de marzo de 2001.

La finalidad de dicho Acuerdo es el de estimular el desarrollo de la cooperación cinematográfica y fortalecer el crecimiento de los intercambios económicos y culturales entre ambos países.

El artículo 1º del Acuerdo determina el alcance del término film estableciendo que comprende las obras cinematográficas de cualquier duración y de cualquier material, incluyendo aquellos de ficción, animación y documentales, conforme a las disposiciones relativas para la industria cinematográfica existentes en ambos países donde la primera difusión se realizará en las salas cinematográficas de los dos países.

El artículo 2º precisa que los filmes realizados en coproducción y amparados por el presente Acuerdo, se beneficiarán de todos los derechos y ventajas previstos para los filmes nacionales por las disposiciones relativas para la industria cinematográfica que estén en vigor o que podrían ser promulgadas en cada uno de los países.

Asimismo, las Autoridades Competentes podrán limitar las ayudas establecidas en las disposiciones vigentes o futuras del país que las concede, en el caso de coproducciones financieras o en aquellas en las cuales el importe financiero no sea proporcional a las participaciones técnicas o artísticas.

En el artículo 3º se prevé que la realización de los filmes en coproducción entre los dos países debe recibir la aprobación, luego de haberse consultado recíprocamente, de las Autoridades competentes en Uruguay y el Instituto Nacional del Audiovisual del Ministerio de Educación y Cultura; y en Italia: el Departamento del Espectáculo del Ministerio para los Bienes y las Actividades Culturales.

El artículo 5º refiere a las solicitudes de admisión a los beneficios de la coproducción presentadas por los productores de cada uno de los dos países. Las mismas deberán ser redactadas, para su aprobación, según las normas de procedimiento, previstas en el anexo del presente Acuerdo, el cual es parte integrante del mismo.

Se establece en el artículo 6º los aportes de los coproductores de los dos países, y se define al personal creativo, técnico y artístico.

Por su parte, el artículo 10 formula las disposiciones que deben ser respetadas cuando se realizan trabajos de filmaciones en teatro de prosa, de sonido y de laboratorio.

El artículo 12 consagra que las cláusulas contractuales que prevén la distribución entre los coproductores de cualquier tipo de ganancia y de los territorios estarán subordinados a la aprobación de las Autoridades Competentes de los dos Países.

Como excepción a las disposiciones precedentes del presente Acuerdo, el artículo 16 establece las condiciones que deben reunir los filmes realizados en cada uno de los dos países para ser admitidos al beneficio de la coproducción de ambas partes.

El artículo 17 prescribe que la importación, distribución y proyección de los filmes italianos en Uruguay y de los uruguayos en Italia no estará subordinada a ninguna restricción, salvo aquellas establecidas por la legislación y reglamentación vigente en ambos países. Igualmente, las Partes reafirman su voluntad de favorecer y desarrollar por todos los medios, la difusión de los filmes de un país en el otro.

De acuerdo al artículo 19 las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo no perjudicarán las obligaciones internacionales de las Partes, incluidas, en lo que respecta a la República Italiana, las obligaciones derivadas de la normativa de la Unión Europea.

En cuanto a la entrada en vigencia del Acuerdo, se prevé que será luego de treinta días de la recepción de la segunda de las dos notificaciones con las cuales las Partes se habrán comunicado oficialmente el cumplimiento de los respectivos procedimientos internos previstos para su aprobación.

El presente Acuerdo tendrá una duración bi-anual y será renovable tácitamente por períodos sucesivos y de igual duración, salvo opinión contraria de cualquiera de las Partes, notificando por la vía diplomática a la otra Parte, al menos tres meses antes de la fecha de la renovación.

Por las razones expuestas, la Comisión de Asuntos Internacionales recomienda al Senado la aprobación del Acuerdo de referencia, dado que el mismo podría constituirse en un medio idóneo para contribuir al fomento de la industria cinematográfica uruguaya y al aumento del intercambio económico entre las Partes Contratantes.

Sala de la Comisión, a 14 de noviembre de 2002.

Ruben Correa Freitas, Miembro Informante; Carlos Garat, Reinaldo Gargano, Juan Ignacio Mangado, Pablo Millor, Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Italiana, suscrito en Montevideo, el 13 de marzo de 2001."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

17) ACUERDO COMPLEMENTARIO DE COOPERACION TURÍSTICA ENTRE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo Complementario de Cooperación Turística entre la República Oriental del Uruguay y la República de Colombia. (Carp. Nº 396/01 - Rep. Nº 548/02)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 396/01

Rep. Nº 548/02

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo Complementario de Cooperación Turística entre la República Oriental del Uruguay y la República de Colombia, suscrito en Santafe de Bogotá el 17 de febrero de 1998.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 7 de marzo de 2001.

Gustavo Penadés Presidente

Horacio D. Catalurda Secretario.

ACUERDO COMPLEMENTARIO DE COOPERACION TURISTICA ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL

URUGUAY Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA

La República Oriental del Uruguay y la República de Colombia, en adelante denominados "las Partes";

Destacando su voluntad de ampliar su cooperación con espíritu de equidad y de apoyo a los intereses comunes;

Considerando la importancia de ampliar la cooperación en el campo del turismo y procurando que la misma sea lo más fructífera posible; con el objetivo de lograr una mayor y mejor coordinación e integración de los esfuerzos realizados por cada país en este campo;

Convencidos de la importancia que el desarrollo de las relaciones turísticas pueda tener, en las respectivas economías, en el intercambio cultural, social y de amistad entre ambos pueblos;

En desarrollo del Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica suscrito el 31 de enero de 1989,

Han convenido lo siguiente

ARTICULO I

Con el fin de consolidar el turismo entre ambos países y fortalecer la integración y el conocimiento mutuo de la cultura y modos de vida, las Partes promoverán y pondrán en marcha programas de cooperación turística de conformidad con sus objetivos y políticas internas de turismo y las disponibilidades económicas, técnicas y financieras dentro del límite que les marca la legislación interna.

ARTICULO II

Conforme a lo expuesto en el Artículo anterior, las Partes estimularán y facilitarán el desarrollo de programas de proyectos de cooperación turística a través de:

1. Transferencia recíproca de tecnologías y asistencia técnica relacionada con el desarrollo del turismo.

2. Intercambio de técnicos o expertos en turismo, con el fin de obtener asesoría mutua.

3. Intercambio de información y documentación turística.

4. Diseño, estudio y ejecución de proyectos turísticos, definiendo para cada proyecto específico los compromisos y obligaciones de carácter técnico, administrativo y financiero.

5. Intercambios empresariales y rondas de negocios que faciliten el diseño y comercialización de productos turísticos binacionales, así como la participación en seminarios, conferencias y ferias.

ARTICULO III

1. Las Partes alentarán a sus respectivos expertos en turismo para intercambiar información técnica y/o documentación en los siguientes campos:

* Sistemas y métodos para capacitar y/o actualizar profesionales e instructores sobre asuntos técnicos del turismo.

* Evaluación y análisis de los impactos ambientales y culturales del turismo y medidas de protección y conservación de los recursos naturales y culturales de interés turístico.

* Sistemas y métodos de planificación turística.

* Programas de estudio para capacitación de personal que brinde servicios turísticos.

* Perfiles ocupacionales de empresas turísticas.

* La legislación vigente sobre las actividades turísticas.

2. Cada Parte desarrollará acciones que faciliten la cooperación entre profesionales de ambos países, a fin de elevar el nivel de sus técnicos en turismo y fomentar la investigación y el estudio de casos conjuntos, en materias de interés común.

3. Asimismo, ambas Partes alentarán a sus respectivos estudiantes y profesores de turismo para que se beneficien de las becas ofrecidas por centros de educación y capacitación en turismo.

ARTICULO IV

Ambas Partes estimularán su colaboración en la ejecución de programas de investigación turística sobre temas de interés mutuo, tanto a través de universitarios como de centros de investigación u organismos oficiales.

ARTICULO V

Dentro de los límites establecidos por su legislación, las Partes se concederán recíprocamente todas las facilidades para intensificar y estimular el movimiento turístico de las personas y el intercambio de documentos y de materiales de propaganda turística.

ARTICULO VI

De conformidad con su legislación, las Partes acuerdan brindar las facilidades necesarias con el objeto de permitir el ingreso en su territorio de material promocional, originario de la otra Parte.

ARTICULO VII

El Ministerio de Desarrollo Económico de Colombia y el Ministerio de Turismo de Uruguay, serán los responsables de la ejecución del presente acuerdo en el ámbito de la Comisión Mixta prevista por el artículo VIII del Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica suscrito por ambos países en fecha 31 de Enero de 1989, para lo cual desarrollará las siguientes actividades:

1º.- Supervisión, seguimiento y análisis de la aplicación del presente acuerdo, para promover las medidas que se consideren necesarias, con el fin de lograr la correcta aplicación de la cooperación entre las dos partes.

2º.- Determinar los sectores prioritarios para la realización de proyectos específicos de Cooperación Turística.

3º.- Proponer programas de Cooperación Turística.

4º.- Evaluar los resultados alcanzados.

A dichos efectos ambos Ministerios designarán los técnicos respectivos que integrarán la referida Comisión para el tratamiento de los temas específicos del área turística.

ARTICULO VIII

Cualquier controversia que surja sobre la interpretación o puesta en práctica del presente Acuerdo que no pueda ser resuelta por los responsables de su ejecución será llevada a consideración de los Gobiernos respectivos para su arreglo en la forma determinada por ellos.

ARTICULO IX

El presente Acuerdo empezará a regir cuando las Partes se notifiquen a través de sus respectivos canales diplomáticos acostumbrados, del cumplimiento de los respectivos requisitos constitucionales necesarios para la vigencia del mismo.

El presente Acuerdo será válido por un período de cinco años y podrá ser renovado automáticamente por períodos de un año, a menos que una de las Partes lo dé por terminado en forma escrita a través de sus respectivos mecanismos diplomáticos, por lo menos con tres meses de antelación a la fecha de vencimiento.

La finalización del Acuerdo, no afectará la realización de los programas presentados oportunamente durante el período de vigencia a menos que las Partes acuerden lo contrario.

Hecho en la ciudad de Santafé de Bogotá a los diez y siete días del mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, en dos ejemplares originales en español, siendo ambos textos igualmente válidos.

Comisión de

Asuntos Internacionales

ACUERDO COMPLEMENTARIO DE COOPERACION TURISTICA ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL

URUGUAY Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA

La Cámara de Representantes ha aprobado el Acuerdo Complementario de Cooperación Turística entre la República y la República de Colombia, suscrito en Santafé de Bogotá el 17 de febrero de 1998.

La finalidad de dicho Acuerdo Complementario es el de consolidar el turismo entre varios países y fortalecer el conocimiento mutuo de la cultura y modos de vida, para lo cual las Partes promoverán y pondrán en marcha programas de cooperación turística de conformidad con sus objetivos y políticas internas de turismo y las disponibilidades económicas, técnicas y financieras dentro del límite que les marca la legislación interna.

Para dar cumplimiento con los objetivos propuestos, se prevé que las Partes estimularán y facilitarán el desarrollo de programas de proyectos de cooperación turística a través de transferencia recíproca de tecnologías y asistencia técnica relacionada con el desarrollo del turismo; el intercambio de técnicos o expertos en turismo; el intercambio de información y documentación turística; el diseño, estudio y ejecución de proyectos turísticos; y los intercambios empresariales y rondas de negocios que faciliten el diseño y comercialización de productos turísticos binacionales, así como la participación en seminarios, conferencias y ferias.

El Artículo VII del Acuerdo Complementario, establece que son responsables de la ejecución del Ministerio de Desarrollo Económico de Colombia y el Ministerio de Turismo de Uruguay, en el ámbito de la Comisión Mixta prevista en el artículo VIII del Acuerdo Básico de Cooperación Técnica y Científica suscrito por ambos países con fecha 31 de enero de 1989.

En cuanto a las controversias que surjan sobre la interpretación o puesta en práctica del Acuerdo, que no puedan ser resueltas por los órganos responsables de su ejecución, serán llevadas a consideración de los gobiernos respectivos para su arreglo en la forma determinada por ellos.

Finalmente el artículo IX del Acuerdo Complementario prevé que el Acuerdo será válido por un período de cinco años y podrá ser renovado automáticamente por períodos de un año.

La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado considera de suma importancia la aprobación del referido instrumento internacional, por cuanto se inscribe dentro de las políticas de desarrollo turístico que lleva adelante nuestro país, permitiendo consolidar los lazos de cooperación y amistad con la Nación hermana de Colombia.

Ruben Correa Freitas, Miembro Informante; Carlos Garat, Reinaldo Gargano, Juan Ignacio Mangado, Pablo Millor, Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo Complementario de Cooperación Turística entre la República y la República de Colombia, suscrito en Santafé de Bogotá el 17 de febrero de 1998."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que será comunicado al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

18) ADHESION DE LA REPUBLICA A LA CONVENCION SOBRE EL ESTATUTO DE LOS APATRIDAS, SUSCRITA EN NUEVA YORK, EL 28 DE SETIEMBRE DE 1954

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se aprueba la adhesión de la República Oriental del Uruguay a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. (Carp. Nº 850/02 - Rep. Nº 549/02)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 850/02

Rep. Nº 549/02

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Deporte y Juventud

Montevideo, 9 de julio de 2002.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 168 numeral 20 y el Artículo 85 numeral 7 de la Constitución Nacional, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba la adhesión de la República a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, suscrita en Nueva York, el 28 de setiembre de 1954.

La Convención que se adjunta, suscrita en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, tiene como objetivo general regularizar y mejorar la condición de los apátridas, asegurando el libre ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, tal como lo establece la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

A tales efectos, el Artículo 1 define el término "apátrida" como aquella persona que no sea considerada nacional por ningún Estado, de acuerdo a la legislación internacional; sin embargo, el mismo Artículo estipula los casos en que una persona no será considerada como apátrida, destacándose aquellos individuos que son culpables de actos contrarios a los principios y propósitos de las Naciones Unidas. El Artículo 2, por su parte, estipula que todo apátrida tiene la obligación de acatar las leyes y reglamentos del Estado en que se encuentra.

Los Capítulos II y III de la Convención, establecen diversas cláusulas de derechos humanos que deberán ser respetadas y reconocidas a las personas con tal calidad. A modo de ejemplo, el Artículo 18 estipula que los apátridas que se encuentren legalmente en el territorio de un Estado tendrán el derecho de trabajar por cuenta propia, mientras que el Artículo 19 concede a los apátridas residentes que cuenten con diplomas reconocidos por las autoridades competentes del Estado, el derecho de ejercer una profesión liberal. Cabe destacar que gran parte de las estipulaciones que otorgan derechos y deberes a los apátridas, estipulan que el trato no podrá ser menos favorable que el otorgado a los extranjeros en general, bajo las mismas condiciones.

Dentro del Capítulo V -Medidas Administrativas- el Artículo 27 estipula que los Estados Contratantes de la Convención expedirán documentos de identidad a todo apátrida que se encuentre en sus territorios y que no posean documentos de viaje válidos. En cuanto a estos últimos, el Artículo 28 determina que deberán expedirse documentos de viaje a los apátridas que se encuentren legalmente en su territorio, a menos que se opongan a ello razones de seguridad nacional o de orden público. A tales efectos, la Convención adjunta un Anexo que incluye disposiciones sobre la forma y fondo en esta materia.

Finalmente, vale la pena recordar que la República ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del 28 de julio de 1951, de íntima relación con el instrumento que hoy se envía, dado que la mencionada Convención regula el caso de los apátridas, cuando estos tengan la calidad de refugiados. La necesidad de regularizar la condición de aquellos apátridas a los que la anterior Convención no alcance, justifica el interés del Poder Ejecutivo en que la República adhiera a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, para lo cual solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República; Didier Opertti, Guillermo Stirling, Alberto Bensión, Luis Brezzo, Antonio Mercader, Lucio Cáceres, Sergio Abreu, Alvaro Alonso, Alfonso Varela, Gonzalo González, Juan P. Bordaberry, Carlos Cat, Jaime Trobo.

Asunto Nº 249 B/2002.

Montevideo, 9 de julio de 2002.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase la adhesión de la República Oriental del Uruguay a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, suscrita en Nueva York, el 28 de setiembre de 1954.

Didier Opertti, Guillermo Stirling, Alberto Bensión, Luis Brezzo, Antonio Mercader, Lucio Cáceres, Sergio Abreu, Alvaro Alonso, Alfonso Varela, Gonzalo González, Juan P. Bordaberry, Carlos Cat, Jaime Trobo.

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL

ESTATUTO DE LOS APATRIDAS

CONVENCION SOBRE EL ESTATUTO DE LOS APATRIDAS

Nueva York, 28 de septiembre de 1954

NACIONES UNIDAS

1954

Preámbulo

Las Altas Partes Contratantes,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, han afirmado el principio de que los seres humanos, sin discriminación alguna, deben gozar de los derechos y libertades fundamentales;

Considerando que las Naciones Unidas han manifestado en diversas ocasiones su profundo interés por los apátridas y se han esforzado por asegurarles el ejercicio más amplio posible de los derechos y libertades fundamentales;

Considerando que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951 comprende solo a los apátridas que son también refugiados, y que dicha Convención no comprende a muchos apátridas;

Considerando que es deseable regularizar y mejorar la condición de los apátridas mediante un acuerdo internacional,

Han convenido en las siguientes disposiciones:

Capítulo I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1

Definición del término "apátrida"

1. A los efectos de la presente Convención, el término "apátrida" designará a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación.

2. Esta Convención no se aplicará:

i) A las personas que reciban actualmente protección o asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, mientras estén recibiendo tal protección o asistencia;

ii) A las personas a quienes las autoridades competentes del país donde hayan fijado su residencia reconozcan los derechos y obligaciones inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal país;

iii) A la persona respecto de las cuales haya razones fundadas para considerar:

a) Que han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, definido en los instrumentos internacionales referentes a dichos delitos;

b) Que han cometido un delito grave de índole no política fuera del país de su residencia, antes de su admisión en dicho país;

c) Que son culpables de actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

ARTICULO 2

Obligaciones generales

Todo apátrida tiene, respecto del país donde se encuentra, deberes que, en especial, entrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamentos, así como las medidas adoptadas para el mantenimiento del orden público.

ARTICULO 3

Prohibición de la discriminación

Los Estatutos Contratantes aplicarán las disposiciones de esta Convención a los apátridas, sin discriminación por motivos de raza, religión o país de origen.

ARTICULO 4

Religión

Los Estados Contratantes otorgarán a los apátridas que se encuentren en su territorio un trato por lo menos tan favorable como el otorgado a sus nacionales en cuanto a la libertad de practicar su religión y en cuanto a la libertad de instrucción religiosa a sus hijos.

ARTICULO 5

Derechos otorgados independientemente de esta Convención

Ninguna disposición de esta Convención podrá interpretarse en menoscabo de cualesquier derechos y beneficios otorgados por los Estados Contratantes a los apátridas independientemente de esta Convención.

ARTICULO 6

La expresión "en las mismas circunstancias"

A los fines de esta Convención, la expresión "en las mismas circunstancias" significa que el interesado ha de cumplir todos los requisitos que se le exigirían si no fuese apátrida (y en particular los referentes a la duración y a las condiciones de estancia o de residencia) para poder ejercer el derecho de que se trate, excepto los requisitos que, por su naturaleza, no pueda cumplir un apátrida.

ARTICULO 7

Exención de reciprocidad

1. A reserva de las disposiciones más favorables previstas en esta Convención, todo Estado Contratante otorgará a los apátridas el mismo trato que otorgue a los extranjeros en general.

2. Después de un plazo de residencia de tres años, todos los apátridas disfrutarán, en el territorio de los Estados Contrantes, de la exención de reciprocidad legislativa.

3. Todo Estado Contratante continuará otorgando a los apátridas los derechos y beneficios que ya les correspondiere, aun cuando no existiera reciprocidad, en la fecha de entrada en vigor de esta Convención para tal Estado.

4. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la posibilidad de otorgar a los apátridas, cuando no exista reciprocidad, derechos y beneficios más amplios que aquellos que les correspondan en virtud de los párrafos 2 y 3, así como la posibilidad de hacer extensiva la exención de reciprocidad a los apátridas que no reúnan las condiciones previstas en los párrafos 2 y 3.

5. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 se aplicarán tanto a los derechos y beneficios previstos en los artículos 13, 18, 19, 21 y 22 de esta Convención, como a los derechos y beneficios no previstos en ella.

ARTICULO 8

Exención de medidas excepcionales

Con respecto a las medidas excepcionales que puedan adoptarse contra la persona, los bienes o los intereses de nacionales o ex nacionales de un Estado extranjero, los Estados Contratantes no aplicarán tales medidas a los apátridas únicamente por haber tenido la nacionalidad de dicho Estado. Los Estados Contratantes que en virtud de sus leyes no puedan aplicar el principio general expresado en este artículo, otorgarán, en los casos adecuados, exenciones a favor de tales apátridas.

ARTICULO 9

Medidas provisionales

Ninguna disposición de la presente Convención impedirá que en tiempo de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, un Estado Contratante adopte provisionalmente, respecto a determinada persona, las medidas que estime indispensables para la seguridad nacional, hasta que tal Estado Contratante llegue a determinar que tal persona es realmente un apátrida y que, en su caso, la continuación de tales medidas es necesaria para la seguridad nacional.

ARTICULO 10

Continuidad de residencia

1. Cuando un apátrida haya sido deportado durante la segunda guerra mundial y trasladado al territorio de un Estado Contratante, y resida en él, el período de tal estancia forzada se considerará como de residencia legal en tal territorio.

2. Cuando un apátrida haya sido deportado del territorio de un Estado Contratante durante la segunda guerra mundial, y haya regresado a él antes de la entrada en vigor de la presente Convención, para establecer allí su residencia, el período que preceda y siga a su deportación se considerará como un período ininterrumpido, en todos los casos en que se requiera residencia ininterrumpida.

ARTICULO 11

Marinos apátridas

En el caso de los apátridas empleados regularmente como miembros de la tripulación de una nave que enarbole pabellón de un Estado Contratante, tal Estado examinará con benevolencia la posibilidad de autorizar a tales apátridas a establecerse en su territorio y de expedirles documentos de viaje o admitirlos temporalmente en su territorio, en particular con el objeto de facilitar su establecimiento en otro país.

Capítulo II

CONDICION JURIDICA

ARTICULO 12

Estatuto personal

1. El estatuto personal de todo apátrida se regirá por la ley del país de su domicilio o, a falta de domicilio, por la ley del país de su residencia.

2. Los derechos anteriormente adquiridos por el apátrida que dependan del estatuto personal, especialmente los que resultan del matrimonio, serán respetados por todo Estado Contratante, siempre que se cumplan, de ser necesario, las formalidades que exija la legislación de tal Estado, y siempre que el derecho de que se trate sea de los que hubiera reconocido la legislación de tal Estado, si el interesado no se hubiera convertido en apátrida.

ARTICULO 13

Bienes muebles e inmuebles

Los Estados Contratantes concederán a todo apátrida el trato más favorable posible y, en ningún caso, menos favorable que el concedido generalmente a los extranjeros en las mismas circunstancias, respecto a la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros derechos conexos, arrendamientos y otros contratos relativos a bienes muebles e inmuebles.

ARTICULO 14

Derechos de propiedad intelectual e industrial

En cuanto a la protección a la propiedad industrial, y en particular a inventos, dibujos o modelos industriales, marcas de fábrica, nombres comerciales y derechos relativos a la propiedad literaria, científica o artística, se concederá a todo apátrida, en el país en que resida habitualmente, la misma protección concedida a los nacionales de tal país. En el territorio de cualquier otro Estado Contratante se le concederá la misma protección concedida en él a los nacionales del país en que tenga su residencia habitual.

ARTICULO 15

Derecho de asociación

En lo que respecta a las asociaciones no políticas ni lucrativas y a los sindicatos, los Estados Contratantes concederán a los apátridas que residan legalmente en el territorio de tales Estados, un trato tan favorable como sea posible y, en todo caso, no menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general.

ARTICULO 16

Acceso a los tribunales

1. En el territorio de los Estados Contratantes, todo apátrida tendrá libre acceso a los tribunales de justicia.

2. En el Estado Contratante donde tenga su residencia habitual, todo apátrida recibirá el mismo trato que un nacional en cuanto al acceso a los tribunales, incluso la asistencia judicial y la exención de la cantio judicatum solvi.

3. En los Estados Contratantes distintos de aquel en que tenga su residencia habitual, y en cuanto a las cuestiones a que se refiere el párrafo 2, todo apátrida recibirá el mismo trato que un nacional del país en el cual tenga su residencia habitual.

Capítulo III

ACTIVIDADES LUCRATIVAS

ARTICULO 17

Empleo remunerado

1. Los Estados Contratantes concederán a los apátridas que residan legalmente en el territorio de dichos Estados un trato tan favorable como sea posible y, en todo caso, no menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general, en cuanto al derecho a empleo remunerado.

2. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la asimilación, en lo concerniente a la ocupación de empleos remunerados, de los derechos de todos los apátridas a los derechos de los nacionales, especialmente para los apátridas que hayan entrado en el territorio de tales Estados en virtud de programas de contratación de mano de obra o de planes de inmigración.

ARTICULO 18

Trabajo por cuenta propia

Todo Estado Contratante concederá a los apátridas que se encuentren legalmente en el territorio de dicho Estado el trato más favorable posible y, en ningún caso, menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general, en lo que respecta al derecho de trabajar por cuenta propia en la agricultura, la industria, la artesanía y el comercio, y al de establecer compañías comerciales e industriales.

ARTICULO 19

Profesiones liberales

Todo Estado Contratante concederá a los apátridas que residan legalmente en su territorio, que posean diplomas reconocidos por las autoridades competentes de tal Estado y que deseen ejercer una profesión liberal, el trato más favorable posible y, en ningún caso, menos favorable que el generalmente concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros.

Capítulo IV

BIENESTAR

ARTICULO 20

Racionamiento

Cuando la población en su conjunto esté sometida a un sistema de racionamiento que regule la distribución general de productos que escaseen, los apátridas recibirán el mismo trato que los nacionales.

ARTICULO 21

Vivienda

En materia de vivienda y, en tanto esté regida por leyes y reglamentos o sujeta a la fiscalización de las autoridades oficiales, los Estados Contratantes concederán a los apátridas que residan legalmente en sus territorios el trato más favorable posible y, en ningún caso, menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general.

ARTICULO 22

Educación pública

1. Los Estados Contratantes concederán a los apátridas el mismo trato que a los nacionales en lo que respecta a la enseñanza elemental.

2. Los Estados Contratantes concederán a los apátridas el trato más favorable posible y, en ningún caso, menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general, respecto de la enseñanza que no sea la elemental y, en particular, respecto al acceso a los estudios, reconocimientos de certificados de estudios, diplomas y títulos universitarios expedidos en el extranjero, exención de derechos y cargas y conceción de becas.

ARTICULO 23

Asistencia pública

Los Estados Contratantes concederán a los apátridas que residan legalmente en el territorio de tales Estados el mismo trato que a sus nacionales en lo que respecta a asistencia y a socorro públicos.

ARTICULO 24

Legislación del trabajo y seguros sociales

1. Los Estados Contratantes concederán a los apátridas que residan legalmente en el territorio de tales Estados el mismo trato que a los nacionales en lo concerniente a las materias siguientes:

a) Remuneración, inclusive subsidios familiares cuando formen parte de la remuneración, horas de trabajo, disposiciones sobre horas extraordinarias de trabajo, vacaciones con paga, restricciones al trabajo a domicilio, edad mínima de empleo, aprendizaje y formación profesional, trabajo de mujeres y de adolescentes y disfrute de los beneficios de los contratos colectivos de trabajo, en la medida en que estas materias estén regidas por leyes o reglamentos, o dependan de las autoridades administrativas;

b) Seguros sociales (disposiciones legales respecto a accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, maternidad, enfermedad, invalidez, ancianidad, fallecimiento, desempleo, responsabilidades familiares y cualquier otra contingencia que, conforme a las leyes o a los reglamentos nacionales, esté prevista en un plan de seguro social), con sujeción a las limitaciones siguientes:

i) Posibilidad de disposiciones adecuadas para la conservación de los derechos adquiridos y de los derechos en vías de adquisición;

ii) Posibilidad de que las leyes o reglamentos nacionales del país de residencia prescriban disposiciones especiales concernientes a los beneficios o partes de ellos pagaderos totalmente con fondos públicos, o a subsidios pagados a personas que no reúnan las condiciones de aportación prescritas para la concesión de una pensión normal.

2. El derecho a indemnización por la muerte de un apátrida, de resultas de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, no sufrirá menoscabo por el hecho de que el derechohabiente resida fuera del territorio del Estado Contratante.

3. Los Estados Contratantes harán extensivos a los apátridas los beneficios de los acuerdos que hayan concluido o concluyan entre sí, sobre la conservación de los derechos adquiridos y los derechos en vías de adquisición en materia de seguridad social, con sujeción únicamente a las condiciones que se apliquen a los nacionales de los Estados signatarios de los acuerdos respectivos.

4. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la aplicación a los apátridas, en todo lo posible, de los beneficios derivados de acuerdos análogos que estén en vigor o entren en vigor entre tales Estados Contratantes y Estados no Contratantes.

Capítulo V

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 25

Ayuda administrativa

1. Cuando el ejercicio de un derecho por un apátrida necesite normalmente de la ayuda de autoridades extranjeras a las cuales no pueda recurrir, el Estado Contratante en cuyo territorio aquél resida tomará las medidas necesarias para que sus propias autoridades le proporcionen esa ayuda.

2. Las autoridades a que se refiere el párrafo 1 expedirán o harán que bajo su vigilancia se expidan a los apátridas los documentos o certificados que normalmente serían expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o por conducto de éstas.

3. Los documentos o certificados así expedidos reemplazarán a los instrumentos oficiales expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o por conducto de éstas, y harán fe, salvo prueba en contrario.

4. A reserva del trato excepcional que se conceda a las personas indigentes, pueden imponerse derechos por los servicios mencionados en el presente artículo, pero tales derechos serán moderados y estarán en proporción con los impuestos a los nacionales por servicios análogos.

5. Las disposiciones del presente artículo no se oponen a las de los artículos 27 y 28.

ARTICULO 26

Libertad de circulación

Todo Estado Contratante concederá a los apátridas que se encuentren legalmente en el territorio, el derecho de escoger el lugar de su residencia en tal territorio y de viajar libremente por él, siempre que observen los reglamentos aplicables en las mismas circunstancias a los extranjeros en general.

ARTICULO 27

Documentos de identidad

Los Estados Contratantes expedirán documentos de identidad a todo apátrida que se encuentre en el territorio de tales Estados y que no posea un documento válido de viaje.

ARTICULO 28

Documentos de viaje

1. Los Estados Contratantes expedirán a los apátridas que se encuentren legalmente en el territorio de tales Estados, documentos de viaje que les permitan trasladarse fuera de tal territorio, a menos que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional o de orden público. Las disposiciones del anexo a esta Convención se aplicarán igualmente a esos documentos. Los Estados Contratantes podrán expedir dichos documentos de viaje a cualquier otro apátrida que se encuentre en el territorio de tales Estados; y, en particular, examinarán con benevolencia el caso de los apátridas que, encontrándose en el territorio de tales Estados, no puedan obtener un documento de viaje del país en que tengan su residencia legal.

ARTICULO 29

Gravámenes fiscales

1. Los Estados Contratantes no impondrán a los apátridas derecho, gravamen o impuesto alguno de cualquier clase que difiera o exceda de los que se exijan o puedan exigirse de los nacionales de tales Estados en condiciones análogas.

2. Lo dispuesto en el precedente párrafo no impedirá aplicar a los apátridas las leyes y los reglamentos concernientes a los derechos impuestos a los extranjeros por la expedición de documentos administrativos, incluso documentos de identidad.

ARTICULO 30

Transferencia de haberes

1. Cada Estado Contratante, de conformidad con sus leyes y reglamentos, permitirá a los apátridas transferir a otro país, en el cual hayan sido admitidos con fines de reasentamiento, los haberes que hayan llevado consigo al territorio de tal Estado.

2. Cada Estado Contratante examinará con benevolencia las solicitudes presentadas por los apátridas para que se les permita transferir sus haberes, donde quiera que se encuentren, que sean necesarios para su reasentamiento en otro país en el cual hayan sido admitidos.

ARTICULO 31

Expulsión

1. Los Estados Contratantes no expulsarán a apátrida alguno que se encuentre legalmente en el territorio de tales Estados, a no ser por razones de seguridad nacional o de orden público.

2. La expulsión del apátrida únicamente se efectuará, en tal caso, en virtud de una decisión tomada conforme a los procedimientos legales vigentes. A no ser que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional, se deberá permitir al apátrida presentar pruebas en su descargo, interponer recursos y hacerse representar a este efecto ante la autoridad competente o ante una o varias personas especialmente designadas por la autoridad competente.

3. Los Estados Contratantes concederán, en tal caso, al apátrida un plazo razonable dentro del cual pueda gestionar su admisión legal en otro país. Los Estados Contratantes se reservan el derecho a aplicar durante ese plazo las medidas de orden interior que estimen necesarias.

ARTICULO 32

Naturalización

Los Estados Contratantes facilitarán en todo lo posible la asimilación y la naturalización de los apátridas. Se esforzarán, en especial, por acelerar los trámites de naturalización y por reducir en todo lo posible los derechos y gastos de tales trámites.

Capítulo VI

CLAUSULAS FINALES

ARTICULO 33

Información sobre leyes y reglamentos nacionales

Los Estados Contratantes comunicarán al Secretario General de las Naciones Unidas el texto de las leyes y los reglamentos que promulguen para garantizar la aplicación de esta Convención.

ARTICULO 34

Solución de controversias

Toda controversia entre las Partes en esta Convención respecto a su interpretación o aplicación, que no haya podido ser resuelta por otros medios, será sometida a la Corte Internacional de Justicia a petición de cualquiera de las Partes en la controversia.

ARTICULO 35

Firma, ratificación y adhesión

1. Esta Convención quedará abierta a la firma en la Sede de las Naciones Unidas hasta el 31 de diciembre de 1955.

2. Estará abierta a la firma de:

a) Todo Estado Miembro de las Naciones Unidas;

b) Cualquier otro Estado invitado a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas; y

c) Todo Estado al cual la Asamblea General de las Naciones Unidas dirigiere una invitación al efecto de la firma o de la adhesión.

3. Habrá de ser ratificada y los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

4. Los Estados a que se refiere el párrafo 2 podrán adherir a esta Convención. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

ARTICULO 36

Cláusula de aplicación territorial

1. En el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, todo Estado podrá declarar que esta Convención se hará extensiva a la totalidad o a parte de los terri-torios cuyas relaciones internacionales tenga a su cargo. Tal declaración surtirá efecto a partir del momento en que la Convención entre en vigor para el Estado interesado.

2. En cualquier momento ulterior, tal extensión se hará por notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas y surtirá efecto a partir del nonagésimo día siguiente a la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido la notificación o a la fecha de entrada en vigor de la Convención para tal Estado, si esta última fecha fuere posterior.

3. Con respecto a lo territorios a los que no se haya hecho extensiva la presente Convención en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, cada Estado inte-resado examinará la posibilidad de adoptar, a la mayor bre-vedad posible, las medidas necesarias para hacer extensiva la aplicación de esta Convención a tales territorios, a reserva del consentimiento de los Gobiernos de tales territorios, cuando sea necesario por razones constitucionales.

ARTICULO 37

Cláusula federal

Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se aplicarán las disposiciones siguientes:

a) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación dependa de la acción legislativa del poder legislativo federal, las obligaciones del Gobierno federal serán, en esta medida, las mismas que las de las Partes que no son Estados federales;

b) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación dependa de la acción legislativa de cada uno de los Estados, provincias o cantones constituyentes que, en virtud del régimen constitucional de la federación, no estén obligados a adoptar medidas legislativas, el Gobierno federal, a la mayor brevedad posible y con su recomendación favorable, comunicará el texto de dichos artículos a las autoridades competentes de los Estados, provincias o cantones.

c) Todo Estado federal que sea Parte en esta Convención proporcionará, a petición de cualquier otro Estado Contratante que le haya sido transmitida por el Secretario General de las Naciones Unidas, una exposición de la legislación y de las prácticas vigentes en la Federación y en sus unidades constituyentes, en lo concerniente a una determinada disposición de la Convención, indicando en qué medida, por acción legislativa o de otra índole, se ha dado efecto a tal disposición.

ARTICULO 38

Reservas

1. En el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, todo Estado podrá formular reservas con respecto a artículos de la Convención que no sean los artículos 1, 3, 4, 16 (1), y 33 a 42 inclusive.

2. Todo Estado que haya formulado alguna reserva con arreglo al párrafo 1 del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento, mediante comunicación al efecto dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

ARTICULO 39

Entrada en vigor

1. Esta Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha del depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión.

2. Respecto a cada Estado que ratifique la Convención o adhiera a ella después del depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha del depósito para tal Estado de su instrumento de ratificación o de adhesión.

ARTICULO 40

Denuncia

1. Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento denunciar esta Convención mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

2. La denuncia surtirá efecto para el Estado Contratante interesado un año después de la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas lo haya recibido.

3. Todo Estado que haya hecho una declaración o una notificación con arreglo al artículo 36 podrá declarar en cualquier momento posterior, mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, que la Convención dejará de aplicarse a determinado territorio designado en la notificación. La Convención dejará de aplicarse a tal territorio un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido esta notificación.

ARTICULO 41

Revisión

1. Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento, mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, pedir la revisión de esta Convención.

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas recomendará las medidas que, en su caso, hayan de adoptarse respecto de tal petición.

ARTICULO 42

Notificaciones del Secretario General del las Naciones Unidas

El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se refiere el artículo 35, acerca de:

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones a que se refiere el artículo 35;

b) Las declaraciones y notificaciones a que es refiere el artículo 36;

c) Las reservas formuladas o retiradas, a que se refiere el artículo 38;

d) La fecha en que entrará en vigor esta Convención, con arreglo al artículo 39;

e) Las denuncias y notificaciones a que es refiere el artículo 40;

f) Las peticiones de revisión a que se refiere el artículo 41.

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados, firman en nombre de sus respectivos Gobiernos la presente Convención.

HECHA en Nueva York el día veintiocho de septiembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, en un solo ejemplar, cuyos textos en español, francés e inglés son igualmente auténticos, que quedará depositado en los archivos de las Naciones Unidas y del cual se entregarán copias debidamente certificadas a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se refiere el artículo 35.

ANEXO

Párrafo 1

1. En el documento de viaje a que se refiere el artículo 28 de la presente Convención, deberá indicarse que el portador es un apátrida según los términos de la Convención del 28 de septiembre de 1954.

2. El documento estará redactado por lo menos en dos idiomas, uno de los cuales será el inglés o el francés.

3. Los Estados Contratantes examinarán la posibilidad de adoptar un documento conforme al modelo adjunto.

Párrafo 2

Con sujeción a los reglamentos del país de expedición, los niños podrán ser incluidos en el documento de viaje del padre o de la madre o, en circunstancias excepcionales, en el de otro adulto.

Párrafo 3

Los derechos que se perciban por la expedición del documento no excederán de la tarifa más baja que se aplique a los pasaportes nacionales.

Párrafo 4

Salvo en casos especiales o excepcionales, el documento será válido para el mayor número posible de países.

Párrafo 5

La duración de la validez del documento no será menor de tres meses ni mayor de dos años.

Párrafo 6

1. La renovación o la prórroga de la validez del documento corresponderá a la autoridad que lo haya expedido mientras el titular no se haya establecido legalmente en otro territorio y resida legalmente en el territorio de dicha autoridad. La expedición de un nuevo documento corresponderá, en iguales condiciones, a la autoridad que expidió el documento anterior.

2. Los representantes diplomáticos o consulares podrán ser autorizados para prorrogar, por un plazo que no exceda de seis meses, la validez de los documentos de viaje expedidos por sus respectivos Gobiernos.

3. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la posibilidad de renovar o prorrogar la validez de los documentos de viaje o de expedir nuevos documentos a los apátridas que ya no residan legalmente en el territorio de los Estados y no puedan obtener documentos de viaje del país de su residencia legal.

Párrafo 7

Los Estados Contratantes reconocerán la validez de los documentos expedidos con arreglo a las disposiciones del artículo 28 de esta Convención.

Párrafo 8

Las autoridades competentes del país al cual desee trasladarse el apátrida, si están dispuestos a admitirlo, visarán el documento que posea, si se requiere un visado.

Párrafo 9

1. Los Estados Contratantes se comprometen a expedir visados de tránsito a los apátridas que hayan obtenido visados para un territorio de destino definitivo.

2. Podrá negarse la expedición del visado por los motivos que permitan justificar la negación de visado a cualquier extranjero.

Párrafo 10

Los derechos de expedición de visados de salida, de entrada o de tránsito, no excederán de la tarifa más baja que se aplique a los visados de pasaportes extranjeros.

Párrafo 11

Cuando un apátrida haya establecido legalmente su residencia en el territorio de otro Estado Contratante, la responsabilidad de la expedición de un nuevo documento incumbirá en adelante, conforme a los términos y condiciones del artículo 28, a la autoridad competente de tal territorio, de quien podrá solicitarlo el apátrida.

Párrafo 12

La autoridad que expida un nuevo documento deberá retirar el antiguo y devolverlo al país que lo haya expedido, si el antiguo documento específica que debe ser devuelto al país que lo expedió; en caso contrario, la autoridad que expida el nuevo documento retirará y anulará el antiguo.

Párrafo 13

1. Todo documento de viaje expedido con arreglo al artículo 28 de esta Convención, conferirá al titular, salvo indicación en contrario, el derecho de regresar al territorio del Estado que lo expidió, en cualquier momento durante el plazo de validez del documento. En todo caso el plazo durante el cual el titular podrá regresar al país que ha expedido el documento no será menor de tres meses, excepto cuando el país al cual se propone ir el apátrida no exija que en el documento de viaje conste el derecho de readmisión.

2. Con sujeción a las disposiciones del párrafo precedente, un Estado Contratante puede exigir que el titular de ese documento se someta a todas las formalidades que puedan imponerse a los que salen del país o a los que regresan a él.

Párrafo 14

Con la única reserva de las disposiciones del párrafo 13, las disposiciones del presente anexo en nada se oponen a las leyes y los reglamentos que rigen en los territorios de los Estados Contratantes, las condiciones de admisión, tránsito, permanencia, establecimiento y salida.

Párrafo 15

Ni la expedición del documento ni las anotaciones que en él se hagan determinarán o modificarán la condición del titular, especialmente en cuanto a su nacionalidad.

Párrafo 16

La expedición del documento no da al titular derecho alguno a la protección de los representantes diplomáticos o consulares del país que expidió el documento ni confiere ipso facto a tales representantes derecho de protección.

Comisión de

Asuntos Internacionales

ADHESION DE LA REPUBLICA A LA CONVENCION SOBRE EL ESTATUTO DE LOS APATRIDAS, SUSCRITA EN NUEVA YORK, EL 28 DE SETIEMBRE DE 1954

El Poder Ejecutivo ha remitido un Mensaje y proyecto de ley por el que se aprueba la adhesión de la República Oriental del Uruguay a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, suscrita en Nueva York con fecha 28 de setiembre de 1954.

En el preámbulo se afirma que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951, comprende sólo a los apátridas que son también refugiados, pero que dicha Convención no comprende a muchos apátridas, por lo que es deseable regularizar y mejorar la condición de los apátridas mediante un acuerdo internacional.

El artículo 1º de la Convención, define como "apátrida" a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado conforme a su legislación.

El artículo 3º prohíbe la discriminación de los apátridas por motivos de raza, religión o país de origen. Por su parte el artículo 4º establece la obligación de los Estados Contratantes de otorgar a los apátridas que se encuentren en su territorio un trato por lo menos tan favorable como el otorgado a los nacionales en cuanto a la libertad de practicar su religión y en cuanto a la libertad de instrucción religiosa a sus hijos.

El Capítulo 2 de la Convención regula la condición jurídica de los apátridas. En el artículo 12 se afirma que el estatuto personal de todo apátrida se regirá por la ley del país de su domicilio o, a falta de domicilio, por la ley del país de su residencia. El artículo 13 se refiere a la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros derechos conexos; el artículo 14 a los derechos de propiedad intelectual e industrial; el artículo 15 al derecho de asociación y el artículo 16 al derecho al libre acceso a los apátridas a los tribunales de justicia.

El Capítulo 3 se refiere a las actividades lucrativas, consagrando disposiciones sobre empleo remunerado en el artículo 17; el trabajo por cuenta propia en el artículo 18; y el ejercicio de profesiones liberales en el artículo 19.

El Capítulo 4 se refiere a las normas sobre bienestar, por lo que se establecen normas sobre racionamiento, vivienda, educación pública, asistencia pública, legislación del trabajo y seguros de trabajo (artículos 20 a 24).

En el Capítulo 5 se establecen las normas sobre libertad de circulación, documentos de identidad y documentos de viaje (artículos 26 a 28). En tal sentido se prescribe que se deberá conceder a los apátridas que se encuentren legalmente en el territorio de un Estado Contratante el derecho de elegir el lugar de su residencia y el de viajar libremente. Asimismo los Estados Contratantes expedirán documentos de identidad a todo apátrida que se encuentre en el territorio de tales Estados y que no posean un documento válido de viaje.

El artículo 31 prohíbe la expulsión a los apátridas que se encuentren legalmente en el territorio de un Estado Contratante, salvo por razones de seguridad nacional o de orden público.

Finalmente, el artículo 32 prescribe que se facilitará en todo lo posible la naturalización de los apátridas por parte de los Estados Contratantes.

Cabe recordar que nuestro país ratificó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de fecha 28 de julio de 1951, razón por la cual considera la Comisión de Asuntos Internacionales que el Senado deberá dar aprobación a la presente Convención, por cuanto se ajusta a la tradicional política de nuestro país de proteger y brindar seguridad a todas las personas, independientemente del lugar de nacimiento.

Sala de la Comisión, a 14 de noviembre de 2002.

Ruben Correa Freitas, Miembro Informante; Carlos Garat, Reinaldo Gargano, Juan Ignacio Mangado, Pablo Millor, Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Apruébase la adhesión de la República Oriental del Uruguay a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, suscrita en Nueva York, el 28 de setiembre de 1954."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

19) CONTAMINACION POR PLOMO

SEÑOR PRESIDENTE.- Correspondería pasar a considerar el proyecto de ley sobre contaminación por plomo.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: pensamos que este tema no es urgente como para tener que votarlo sin poder leerlo antes o estudiarlo en la Comisión. Concretamente estoy pidiendo que pasemos a un cuarto intermedio o que, de acuerdo con la moción del señor Senador Correa Freitas -tal como lo plantea su Bancada-, este proyecto de ley se derive a la Comisión para ser estudiado.

Dicen que estos convenios vienen siendo estudiados en la Comisión de Asuntos Internacionales -lo cual no pongo en duda- y que son urgentes; tenemos citada una Comisión para esta tarde, cuyo comienzo decidimos postergar por media hora con el fin de aprobarlos, pero ahora reitero nuevamente mi moción en el sentido de que el proyecto de ley sea enviado a la Comisión y que en veinticuatro horas venga con el informe correspondiente.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: el proyecto de ley que pedíamos que se considerara en el día de hoy ya ha sido aprobado en la Cámara de Representantes y el planteo de la urgencia se debe a que en estos últimos días el tema ha vuelto a cobrar notoriedad. Me consta que el problema nunca dejó de ser una preocupación para varios miembros del Senado, pero ahora se confirma que en un barrio muy distante del que motivó la inquietud mayor hace ya un año, se descubrió que 107 niños registran cifras excesivamente elevadas de plomo en sangre.

No ha sido esta la única vez que discutimos el tema; ya hemos dicho que, en la medida en que afecta esencialmente a los niños -dada su cercanía con el suelo y la consiguiente posibilidad de contaminación-, aspirábamos a que fuera en este segmento de la población en el que se tuvieran mayores cuidados.

Hoy sabemos que no hemos dado en la tecla con relación a todos los medios que pueden estar contaminando nuestro suelo y nuestro aire. Hay que tener en cuenta que la población infantil es la más vulnerable y que pasamos una situación crítica desde el punto de vista económico, lo que hace aún más difícil el problema y potencia más la contaminación. Es sabido que para un niño que tiene el estómago protegido por comida es más difícil absorber el plomo, y que hay determinados alimentos que aumentan las posibilidades de que el niño se defienda. Hoy existen dificultades en el suministro de la canasta básica justamente para las personas más indigentes.

Todos estos elementos nos llevan a decir que es un tema en el que no deberíamos demorarnos nada.

En estas circunstancias, en que ya han sido varios los Legisladores que se han retirado, seguramente no contemos con los votos para su aprobación. Sin embargo, si bien es importante que todos tengamos tiempo para estudiar los temas, también debemos considerar que este no es uno cualquiera y, tal como fue planteado por un Legislador de la Bancada del Partido Colorado, ameritará una reunión especial a fin de que se resuelva lo antes posible.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Correspondería votar la moción formulada por el señor Senador Heber, pero no hay número para ello. Por lo tanto, si así lo desean los señores Senadores presentes, se puede pasar a considerar el proyecto de ley aunque no será posible votarlo.

SEÑORA POU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA POU.- Señor Presidente: sé que no hay número para votar -ni siquiera la moción que podamos formular-, pero coincido con el criterio de que a veces los temas urgentes hacen posponer los necesarios, y los necesarios hacen posponer los urgentes.

Contando al señor Presidente, estamos presentes en Sala tres miembros de la Comisión de Salud Pública -cuya sesión del día de hoy sufrió un desfasaje-, y pienso que podríamos comprometernos a volver a reunirnos antes de la sesión ordinaria de la Comisión del próximo martes, con el fin de tratar este tema en ese ámbito -como por lo visto lo quiere la mayoría-, además del otro asunto pendiente. Lo cierto es que realmente sí me parece importante el tema objeto de este proyecto de ley.

Muchas gracias, señor Presidente.

20) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No hay número para continuar sesionando.

Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 16 y 59 minutos, presidiendo el señor Senador Walter Riesgo y estando presentes los señores Senadores Abelenda, Arismendi, Cid, Couriel, Fernández Huidobro, Gargano, Korzeniak, Larrañaga, Nin Novoa, Núñez, Pou, Rubio, Segovia y Xavier.)

SENADOR WALTER RIESGO Presidente en ejercicio

Sr. Mario Farachio - Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretarios

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.