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N° 3056 - 13 DE AGOSTO DE 2002

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

TERCER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

46ª SESIÓN ESPECIAL

PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES GUILLERMO ÁLVAREZ Presidente
CONTADOR CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ  2do.  Vicepresidente
DOCTOR ENRIQUE PÉREZ MORAD  3er. Vicepresidente
Y DOCTOR RAÚL AREGENZIO 4to. Vicepresidente

 

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS  TITULARES  DOCTOR HORACIO D. CATALURDA Y DOCTORA MARGARITA REYES GALVÁN Y
LOS PROSECRETARIOS DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO Y SEÑOR ENRIQUE SENCIÓN CORBO

 

 

Texto de la citación

 

Montevideo, 8 de agosto de 2002.

 

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión especial (artículo 32 del Reglamento del Cuerpo), el próximo martes 13, a la hora 9 y 30, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal - Ejercicio 2001. (Aprobación). (Carp. 2253/002). Rep. 1004 y Anexos I a XIII

HORACIO D. CATALURDA                   MARGARITA REYES GALVÁN
S e c r e t a r i o s

 

 

S U M A R I O

1.- Asistencias y ausencias

CUESTIONES DE ORDEN

3, 5 y 9.- Integración de la Cámara

7.- Intermedio

3, 5 y 9.- Licencias

ORDEN DEL DÍA

2, 4, 6, 8 y 10.- Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal - Ejercicio 2001. (Aprobación).

Antecedentes: Rep. Nº  1004 y Anexos I a XIII, de julio de 2002, y Anexo XIV, de agosto de 2002. Carp. Nº 2253 de 2002. Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda.

— En discusión general.

— Se pasa a la discusión particular.

— Se resuelve que la Cámara se reúna el miércoles 14 de agosto, a la hora 9, para continuar considerando este asunto.

1.-    Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes:, Guzmán Acosta y Lara, Ernesto Agazzi, Guillermo Álvarez, Juan Justo Amaro, Gustavo Amen Vaghetti, José Amorín Batlle, Fernando Araújo, Raúl Argenzio, Beatriz Argimón, Roque E. Arregui, Carlos Baráibar, Jorge Barrera, Artigas A. Barrios, José Bayardi, Edgar Bellomo, Juan José Bentancor, Nahum Bergstein, Ricardo Berois Quinteros, Daniel Bianchi, José L. Blasina, Gustavo Borsari Brenna, Nelson Bosch, Brum Canet, Julio Cardozo Ferreira, Ruben Carminatti, Nora Castro, Ricardo Castromán Rodríguez, Roberto Conde, Jorge Chápper, Silvana Charlone, Eduardo Chiesa Bordahandy, Guillermo Chifflet, Sebastián Da Silva, Ruben H. Díaz, Miguel Dicancro, Juan Domínguez, Alejandro Falco, Ricardo Falero, Alejo Fernández Chaves, Ramón Fonticiella, Luis José Gallo Imperiale, Daniel García Pintos, Orlando Gil Solares, Carlos González Álvarez, Gustavo Guarino, Tabaré Hackenbruch Legnani, Arturo Heber Füllgraff, Doreen Javier Ibarra, Luis Alberto Lacalle Pou, Julio Lara, Félix Laviña, Ramón Legnani, Antonio López (1), Ramón Lorente, José Carlos Mahía, Juan Máspoli Bianchi, Artigas Melgarejo, José Homero Mello, Felipe Michelini, José M. Mieres, Pablo Mieres, Ricardo Molinelli, Martha Montaner, Basilio Morales, Ruben Obispo, Jorge Orrico, Francisco Ortiz, Gabriel Pais, Ronald Pais, Gustavo Penadés, Margarita Percovich, Alberto Perdomo, Darío Pérez, Enrique Pérez Morad, Enrique Pintado, Carlos Pita, Martín Ponce de León, Elena Ponte, Iván Posada, María Alejandra Rivero Saralegui, Ambrosio Rodríguez, Glenda Rondán, Hugo Rosete, Víctor Rossi, Adolfo Pedro Sande, Julio Luis Sanguinetti, Diana Saravia Olmos, Alberto Scavarelli, Leonel Heber Sellanes, Raúl Sendic, Pedro Señorale, Jorge Silva Rotta, Julio C. Silveira, Carlos Testoni, Lucía Topolansky, Daisy Tourné, Wilmer Trivel, José L. Veiga y Walter Vener Carboni.

Con licencia: Washington Abdala, Roberto Arrarte Fernández, Raquel Barreiro, Daniel Díaz Maynard, Guido Machado, Óscar Magurno, Yeanneth Puñales Brun y Gustavo Silveira.

Suplente convocado: Marcelino Viera.

Observaciones:

(1) A la hora 19:50 cesó con motivo del reintegro del titular, Sr. Arturo Heber Füllgraff.

2.-     Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal - Ejercicio 2001. (Aprobación).

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Está abierto el acto.

(Es la hora 9 y 58)

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se entra al orden del día con la consideración del asunto motivo de la convocatoria: "Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal - Ejercicio 2001. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. 1004

"PODER EJECUTIVO

Montevideo, 30 de junio de 2002.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo, el adjunto proyecto de ley referente a la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2001.

El estado de resultados del Ejercicio 2001 presenta un déficit de $ 12.963:443.000 (pesos uruguayos doce mil novecientos sesenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y tres mil), lo que representa aproximadamente el 5,2% del Producto Bruto Interno generado en dicho año. Esta cifra incluye el resultado del total de operaciones, inclusive los que tienen como fuente fondos los recursos de libre disponibilidad.

Este resultado refleja las dificultades que debió enfrentar la economía por tercer año consecutivo y en particular el marcado descenso en la recaudación y la decisión de mantener un nivel acotado de gasto a lo largo del ciclo económico, ajustándolo lo necesario para no comprometer la posición de solvencia financiera que el país ha ganado a lo largo de la última década.

En el informe económico financiero que se acompaña, se presenta una breve descripción de la situación económica de 2001 y se vincula a la misma la evolución de las cifras más relevantes de este Balance de Ejecución Presupuestal.

Con el propósito de ofrecer una presentación más complexiva de las finanzas públicas, el Poder Ejecutivo ha iniciado un estudio del costo de las exoneraciones fiscales vigentes tanto a nivel de la Dirección General Impositiva como del Banco de Previsión Social, que habrá de ser difundido en un futuro próximo.

En cuanto al articulado del proyecto de ley, se compone de un conjunto normativo con el objetivo de racionalizar los recursos humanos y materiales del Estado tendiendo a una utilización más productiva y a la vez menos onerosa de los mismos para el Erario.

Se destacan cuatro grandes temas en los que se impulsan reformas estructurales del Estado, la racionalización del gasto publico, la racionalización de los recursos humanos del Estado y un nuevo marco regulatorio para futuras necesidades en materia de recursos humanos.

El Capítulo referente a las Reformas estructurales del Estado, trata en primer lugar, de dotar al Estado de un nuevo marco normativo a los servicios del ente Administración de los Ferrocarriles del Estado (AFE) e Instituto Nacional de Colonización (INC).

En cuanto a AFE se transfiere de ésta al Ministerio de Transporte y Obras Públicas los cometidos y facultades relativos a la infraestructura vial ferroviaria.

En cuanto al INC se propone la adquisición por parte de los colonos de las tierras que ocupan a título oneroso, con un plazo pago máximo de 25 años, a través del financiamiento del Banco de la República Oriental del Uruguay.

Otro tema tratado dentro de este Capítulo es el referente a PLUNA. En efecto, la sociedad de economía mixta PLUNA SA, en su funcionamiento de los últimos años, ha continuado sufriendo pérdidas importantes.

El Poder Ejecutivo estima que la alternativa más viable, a los efectos de evitar futuras capitalizaciones de la sociedad, es la enajenación de las acciones de PLUNA SA, entendiéndose necesario realizarla con autorización del Poder Legislativo.

Otra norma aprueba una modificación a la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay. Se plantea una reforma que incluya, entre otros puntos, la transformación gradual de sus fuentes de financiamiento, la securitización obligatoria de su Cartera por encima de un cierto monto a determinar y el otorgamiento exclusivo de créditos hipotecarios a personas físicas.

Otra disposición regula la exclusión de dragas de la reserva de bandera. Los servicios de dragado de puertos y canales, se insertan en un mercado restringido e imperfecto, en el cual la reserva de bandera genera una distorsión de la competencia en las licitaciones públicas. Se pretende evitar que el uso de la reserva de bandera, otorgue privilegios y posibilite eventuales aumentos de los precios a abonar por el Estado.

Otro tema es el relativo a la racionalización del gasto público. Dentro de este Capítulo se busca, por un lado reducir el gasto público y por otro utilizar en forma más eficiente los recursos con que se cuenta. En ese sentido se incluye la reducción porcentual de créditos presupuestales, con criterios diferenciales.

En el mismo sentido se plantea la reestructura del Servicio Exterior, la reducción de agregadurías militares y la readecuación de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Finanzas.

En lo que refiere a la racionalización de los recursos humanos, se proponen una serie de disposiciones que tienen por fin dotar al Estado de un sistema normativo lógico. Se plantea así, la reducción de los cuadros funcionales por medio del retiro incentivado en forma anticipada de aquellos funcionarios que hayan alcanzado una determinada edad.

En este Capítulo, se propone incorporar normas sobre funcionarios excedentarios, en disponibilidad, limitación para pases en comisión, eliminación de beneficios extrasalariales, control de horas extra, prohibición de contratar nuevos funcionarios públicos hasta el año 2015, entre otras.

Saludan al señor Presidente de la Asamblea General con la mayor consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, GUILLERMO STIRLING, DIDIER OPERTTI, ALBERTO BENSIÓN, LUIS BREZZO, ANTONIO MERCADER, LUCIO CÁCERES, SERGIO ABREU, ÁLVARO ALONSO, ALFONSO VARELA, GONZALO GONZÁLEZ, JUAN BORDABERRY, CARLOS CAT, JAIME MARIO TROBO.

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

La situación macroeconómica durante 2001

La gestión presupuestal del año 2001 volvió a desarrollarse en un entorno macroeconómico desfavorable, situación que se repite por tercer año consecutivo. El año comenzó con perspectivas de una recuperación en el nivel de actividad, pero entrado el segundo trimestre del año, algunos impactos negativos desde el exterior como los problemas comerciales con Brasil, la agudización de los problemas internos en Argentina con una devaluación encubierta, la devaluación del euro y la consolidación del precio del petróleo en niveles muy altos, comenzó a sentirse en la economía y principalmente a operar en forma desfavorable sobre las expectativas de los agentes económicos. A todos estos problemas y para completar un cuadro de choques adversos, se debe agregar la aparición de un brote de fiebre aftosa en el mes de abril, que cerró automáticamente los mercados a las exportaciones de carne uruguaya. Cabe destacar que el dinamismo que hasta el primer trimestre de 2001 mostraron las exportaciones uruguayas fue liderado precisamente por las ventas de carne a los mercados no aftósicos.

La baja en la inversión fue muy fuerte (-6,3%), también se redujo el consumo, aunque en cuantía inferior como es normal al ser éste el componente más estable de la demanda en el ciclo económico (el consumo privado se redujo 3,2%). La caída en las exportaciones de bienes y servicios del 8,2% acentuó el impacto negativo de las bajas reseñadas, resultando en una caída del 3,1% del Producto Bruto Interno. Esta evolución del sector real afectó la base impositiva y por ende la recaudación a lo largo del año.

Un segundo aspecto importante de la situación económica en el 2001 es la evolución a la baja de los precios internos medidos en dólares. Si bien la región no determina en forma unívoca los niveles de precios internos, la cercanía y la integración determinan que los acontecimientos de Argentina y Brasil tengan fuerte incidencia en la evolución de los precios en nuestro país. Si la región se encarece o se abarata en dólares frente al resto del mundo, es muy difícil que los precios en Uruguay muestren un comportamiento disímil a partir de dicha situación. En la primer mitad de la década de los noventa se observa un proceso de encarecimiento en dólares de la región, producto de la enorme entrada de capitales, lo que trajo aparejado un rápido crecimiento de las economías, del que Uruguay fue parte. Luego de la crisis mexicana de diciembre de 1994, el aumento de los precios de las exportaciones nos condujo a un muy importante período de crecimiento sin mayores tensiones inflacionarias internas, que conjuntamente con la contención de los gastos, posibilitaron la estabilización de precios. El proceso de convergencia hacia precios más bajos en dólares se inicia entre 1997 y 1998 y fue procesándose en forma gradual. Esta situación es importante para comprender la evolución del presupuesto ya que, el sector público tiene pagos y obligaciones que debe realizar en moneda extranjera mientras que los ingresos se encuentran mayoritariamente expresados y vinculados a la moneda nacional. Es decir que el proceso de deflación en dólares nos conduce, si nada del resto se altera, a un nivel de déficit superior.

Nivel de actividad y empleo

El mantenimiento de la situación recesiva a nivel regional determinó que la actividad productiva se retrajera un 3,1% durante el año 2001, medida en función del Producto Bruto Interno. Las caídas que experimentaron el sector construcción (11,7%), industria manufacturera (5,9%), agropecuario (4,5%) y "comercio, restaurantes y hoteles" (3,4%) fueron decisivas en este resultado. El único sector que presentó un comportamiento positivo fue "electricidad, gas y agua", cuyo nivel de actividad se incrementó 1,4%.

Los precios de exportación cayeron nuevamente en el año 2001 -aunque en forma más atenuada que en el año anterior-, por reducciones principalmente en los productos agropecuarios.

Desde el punto de vista de la demanda agregada, cayeron fuertemente las exportaciones de bienes y servicios (8,2%) debido fundamentalmente a la paralización de las exportaciones de carne a raíz de la aparición de la fiebre aftosa, en tanto que el gasto interno de la economía caía un 3,4% como resultado de descensos en la inversión (6,3%), consumo privado (3,2%) y consumo del Gobierno (0,6%).

La evolución del tipo de cambio en nuestro país, a un mayor ritmo que los precios internos, contribuyó en gran medida a mejorar la capacidad de competencia del país frente al exterior. De todas formas, ello no se vio reflejado en un incremento de las exportaciones totales, las que se vieron afectadas por los factores que detuvieron las ventas de carne y derivados al exterior y la crisis económica que afectó a Argentina. Este hecho explica casi el 100% del comportamiento exportador, en tanto que la reducción del ingreso y el ajuste del gasto fiscal que se debió realizar como forma de compensar parcialmente la caída de la recaudación, son causas que explican la contracción de la absorción doméstica.

Pese a la menor actividad productiva, aumentó levemente el empleo urbano (0,3%), lo que implica en promedio 4.000 puestos de trabajo más que en el año anterior, elevándose así a 1.155.000 las personas ocupadas promedialmente en 2001. El comercio y los servicios se comportaron en forma levemente expansiva en la generación de empleo, mientras que la demanda de trabajo se redujo en la industria manufacturera, la construcción y el transporte.

El mayor incremento relativo de la oferta en el mercado laboral (2,3%), determinó un crecimiento de la tasa de desempleo de la economía, la que en promedio se ubicó en el 15,3% frente a 13,6% registrado en 2000.

Sector externo

La balanza de pagos

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos en el año 2001, alcanzó a US$ 475 millones, equivalente al 2,5% del PBI. Este desequilibrio, que refleja el exceso de inversión sobre el ahorro de la economía globalmente considerada, se vincula con el déficit registrado a nivel del sector público (4% del PBI). En función de los guarismos anteriormente señalados, se puede estimar que a nivel del sector privado se habría registrado un exceso de ahorro en relación a la inversión del orden del 1,5% del PBI, el mayor que se conoce en más de una década.

Si analizamos los distintos componentes de la cuenta corriente vemos que el comercio de bienes experimenta un déficit de US$ 766 millones (considerando exportaciones e importaciones FOB). Este déficit comercial supone una mejora frente al año anterior, en la medida en que tanto las exportaciones como las importaciones, medidas en dólares, cayeron un 13%. En este resultado juega un papel fundamental la pérdida de términos del intercambio.

Por su parte la balanza de servicios registró un superávit de US$ 363 millones. En este resultado influyó fundamentalmente el superávit registrado en la cuenta "Turismo" de US$ 358 millones, el cual refleja exportaciones del rubro por US$ 611 millones e importaciones por US$ 253 millones. Estos niveles son sensiblemente inferiores a los verificados en el año anterior, y responden a un menor número de turistas argentinos.

La cuenta capital de la balanza de pagos registró un superávit de US$ 851.6 millones por efecto básicamente del incremento de la deuda bruta del sector público no financiero (US$ 514 millones) y el aumento de los depósitos de no residentes en el sistema.

La partida "Errores y Omisiones Netos" tuvo un saldo negativo de US$ 80 millones. Este resultado podría estar asociado a una sobrestimación de las colocaciones de títulos públicos en poder de no residentes a nivel de cuenta de capital que debe compensarse con una partida negativa en este renglón.

Como resultado de los movimientos reseñados, la balanza de pagos registró un superávit de US$ 297 millones (aumento de las Reservas Internacionales Netas del Banco Central).

El comercio de bienes

Las exportaciones de bienes alcanzaron US$ 2.060.4 millones, lo que refleja un descenso del 10,3%. En este resultado operaron negativamente las colocaciones a Argentina (22,9%), Brasil (17,2%) y a los países del NAFTA (4,6%).

Las menores colocaciones a Argentina se explican por la crisis económica que afecta a esa economía, las menores ventas a Brasil por la fuerte devaluación que experimentó el real y la caída de las exportaciones al NAFTA, en el cierre de los mercados cárnicos debido al brote de aftosa.

Por su parte, las destinadas a los países europeos crecieron un 2,5%, reflejando la mejora en la competitividad de los productos uruguayos.

En lo que refiere a las importaciones expresadas en valores CIF, las mismas experimentaron una caída del 10,7%. Las compras de bienes intermedios disminuyeron 13,5%, destacándose el descenso de las importaciones de petróleo y destilados (24,6%) y otros insumos intermedios (8,5%). Los bienes de consumo experimentaron una caída del 6,9% y los bienes de capital del 14,1%.

Precios y tipo de cambio

El objetivo de inflación anunciado originalmente por el Gobierno se fijó en el rango de 4% y 6%. Concomitantemente se confirmó que la banda de flotación aumentaría un 0,6% mensual, lo que representa un 7,4% acumulado anual. Sin embargo, el 19 de junio el Gobierno duplicó el ritmo de deslizamiento de la banda de flotación al 1,2% mensual, al igual que el ancho de la banda (del 3% al 6%). Motivó esta medida los cambios introducidos en el sistema cambiario argentino. Pese a los anuncios en materia cambiaria, no se modificaron los objetivos en materia inflacionaria. En efecto, la aceleración de la pauta cambiaria se realizó con el objetivo de evitar que la economía ingrese en un doloroso proceso deflacionario.

La diferencia entre estas dos tasas de variación es consistente y se explica por la coyuntura de precios internacionales, en especial el proceso de convergencia de los precios en dólares de la región a niveles más bajos.

La inflación del año fue del 3,6% y la tendencia en el año resultó descendente.

Las finanzas del sector público

El déficit del sector público en su conjunto, medido por el Banco Central del Uruguay a través de las variaciones en las fuentes de financiamiento, mostró en el año 2001 un déficit de $ 10.677 millones. Esta cifra se compone por el déficit acumulado del Gobierno Central, del Banco Central del Uruguay y de otros organismos del sector público no financiero, principalmente los Gobiernos Departamentales. Las empresas públicas tuvieron un superávit.

El aspecto más resaltable de las finanzas públicas en el 2001 es que la fase recesiva del ciclo y la evolución de los precios relativos afectó fuertemente la recaudación, en especial en el segundo semestre del año. Los ingresos brutos de la DGI medidos en términos reales se redujeron 0,6% en el primer semestre del año en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que en el segundo semestre la caída fue del 5,4%.

La ejecución presupuestal

El estado de resultados consolidado para 2001 muestra un total de recursos de $ 47.835,2 millones, mientras que las erogaciones totales alcanzaron los $ 60.798,6 millones. De esta forma, el resultado del ejercicio fue deficitario en $ 12.963,4 millones.

A valores constantes con respecto al ejercicio anterior, el déficit del Gobierno Central fue superior en un 34,6% debido a que mientras la recaudación disminuyó un 2,0%, los gastos de funcionamiento e inversiones excluido el rubro otras Erogaciones, registraron un incremento del 3,6% y 3,3% respectivamente.

En los recursos, la disminución con respecto al ejercicio anterior es mayor debido a que en este ejercicio se contabilizaron nuevos tributos aprobados con posterioridad al Ejercicio 2000 por un importe de $ 1.099.6 millones.

En los gastos de funcionamiento, el desvío en más de $ 1.907,8 millones con respecto al Ejercicio 2000 se explica fundamentalmente por los aumentos registrados en los siguientes rubros: Intereses de Deuda Pública $ 1.015,5 millones, Subsidios y Otras Transferencias $ 566,5 millones y Retribuciones Personales $ 489,9 y la disminución operada en el rubro Materiales y Servicios no Personales $ 125:6.

Las causas de la expansión de estas partidas fueron:

A) Intereses de Deuda Pública, el mayor nivel de endeudamiento;

B) Subsidios y Otras Transferencias:

- las partidas aprobadas en los artículos 640 y 643 de la Ley de Presupuesto, para los Gobiernos Departamentales, implicaron una erogación de $ 408,0 millones.

- Los certificados de crédito emitidos.

C) Retribuciones Personales: las mejoras obtenidas en el Presupuesto por los incisos correspondientes a los organismos del artículo 220 de la Constitución crecieron en $ 458,7 (5,8%).

El esfuerzo de contención del gasto dispuesto por los Decretos 169/01 y 172/01 se reflejó en los Incisos del Poder Ejecutivo, donde se observó una caída del gasto corriente en $ 361,7 millones (5,2%). En los Incisos correspondientes a los organismos del artículo 220 de la Constitución, se registró un aumento en $ 158,6 millones (8,7%).

La Asistencia Financiera a la Seguridad Social fue similar a la del Ejercicio 2000, debido a que en este ejercicio tuvo un financiamiento adicional, proveniente del nuevo impuesto, COFIS, cuya recaudación ascendió a $ 894:1.

PROYECTO DE LEY

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2001, con un resultado deficitario de ejecución presupuestaria de $ 12.963:443.000 (pesos uruguayos doce mil novecientos sesenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y tres mil), según los estados demostrativos y auxiliares que acompañan a la presente ley y que forman parte de la misma.

Redúcense los créditos correspondientes a gastos de funcionamiento por toda financiación, de los Grupos 1 a 7 de los Incisos 02 a 19 y 25 a 27, en un 8% (ocho por ciento) anual para los ejercicios 2002 a 2004, excepto aquellos que, por su carácter, el Poder Ejecutivo declare no abatibles, con comunicación a la Asamblea General dentro de un plazo máximo de diez días.

Redúcense los créditos correspondientes a inversiones, por toda fuente de financiamiento, en un 19% (diecinueve por ciento) adicional a la reducción dispuesta por el artículo 619 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, para el Ejercicio 2002 y en un 28% (veintiocho por ciento) anual para los ejercicios 2003 y 2004, en todos los Incisos del Presupuesto Nacional. Facúltase al Poder Ejecutivo a declarar proyectos prioritarios en función de su impacto social, para los cuales la reducción para los ejercicios 2003 y 2004 será menor.

Artículo 2º.- La presente ley regirá a partir del 1º de enero de 2003, excepto en aquellas disposiciones en que, en forma expresa, se establezca otra fecha de vigencia.

SECCIÓN II

RACIONALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA
POLÍTICA DEL ESTADO

Artículo 3º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a fusionar, suprimir o reorganizar los Ministerios y unidades ejecutoras de la Administración Central, en el marco de la racionalización y reducción del gasto del Estado, siempre y cuando no impliquen costos presupuestales ni de caja asociados al Grupo 0 "Servicios Personales".

Artículo 4º.- El Poder Ejecutivo podrá disponer, por resolución fundada en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio o Ministerios que correspondan, las modificaciones necesarias para racionalizar la estructura orgánica de los Incisos 02 al 15, de acuerdo con las siguientes normas:

A) Podrá disponer la supresión, fusión, transformación o reordenamiento de unidades ejecutoras.

B) Las modificaciones de estructura orgánica no podrán causar lesión de derechos.

C) La racionalización deberá ser adecuada a los objetivos de cada programa y requerirá el previo informe conjunto de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación.

D) De las racionalizaciones que se efectúen, se dará cuenta a la Asamblea General. Si las funciones de las unidades reordenadas, fusionadas, transformadas o suprimidas no fueran incorporadas a otra unidad, los funcionarios serán redistribuidos de acuerdo con lo dispuesto por las normas generales de redistribución establecidas en la presente ley. En caso de fusión, el Ministerio respectivo, en un plazo no mayor de ciento ochenta días posteriores a la resolución que la disponga, someterá a aprobación del Poder Ejecutivo una reestructura presupuestal y racionalización administrativa que permita la integración de los cargos y funciones contratadas en la nueva planilla unificada, sin que ello implique costo presupuestal y de caja, previo informe conjunto de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación. Si con la reordenación, transformación, supresión o fusión de unidades ejecutoras quedaran sin justificar cargos de particular confianza, el Poder Ejecutivo propondrá su eliminación en la primera instancia presupuestal siguiente.

Artículo 5º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a reestructurar la conformación y funcionamiento o a suprimir las diversas Comisiones, Juntas, Delegaciones, Direcciones y toda entidad que se financie total o parcialmente con recursos del Presupuesto Nacional y que funcionan en el ámbito de la Administración Central, incluidas las Comisiones Binacionales o Multinacionales, aun cuando tengan carácter de persona de derecho público no estatal, asegurando el cumplimiento de sus cometidos y de los correspondientes convenios internacionales.

Artículo 6º.- Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 15.740, de 8 de abril de 1985 por el siguiente:

"ARTÍCULO 1º.- Los entes autónomos y servicios descentralizados serán administrados de la siguiente forma:

A) El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), por un Directorio integrado por cinco miembros designados conforme a lo dispuesto por el artículo 187 de la Constitución de la República.

B) El Banco Central del Uruguay (BCU), el Banco de Seguros del Estado (BSE), el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), la Administración de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP), la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), la Administración Nacional de Puertos (ANP), la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), las Primeras Líneas de Navegación Aérea (PLUNA), por Directorios compuestos por tres miembros designados conforme a lo dispuesto por el artículo 187 de la Constitución de la República".

Artículo 7º.- El Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), será dirigido por un Consejo Directivo integrado por tres miembros, los que serán designados por el Poder Ejecutivo, previa venia de la Cámara de Senadores.

Artículo 8º.- Sustitúyese al Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) por un Director General, conforme con lo dispuesto por el inciso primero del artículo 185 de la Constitución de la República.

Artículo 9º.- Aplícase a los miembros de los Directorios o Directores Generales de los entes autónomos y de los servicios descentralizados industriales y comerciales del Estado, la prohibición contenida en el inciso segundo del artículo 195 de la Constitución de la República.

Artículo 10.- En los casos que las disposiciones vigentes requieran mayorías especiales por parte de los Directorios o Consejos Directivos mencionados en los artículos 6º y 7º de la presente ley, se tendrán por cumplidas las mismas con el voto conforme de la mayoría absoluta del total de sus componentes.

Artículo 11.- La destitución de funcionarios de los organismos del artículo 221 de la Constitución de la República, en los casos de ineptitud, omisión o delito, será dispuesta por mayoría simple de los integrantes de los respectivos Directorios.

Artículo 12.- El Poder Ejecutivo, con anterioridad al 1º de marzo de 2005, solicitará a la Cámara de Senadores la venia correspondiente para designar miembros comunes en los Directorios de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) y de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE).

El Poder Ejecutivo constituirá, en un plazo máximo de ciento ochenta días contados a partir de la vigencia de la presente ley, una Comisión Especial que tendrá como cometido coordinar las actividades complementarias y competitivas de los organismos referidos, de manera de racionalizar y optimizar su gestión y sus recursos.

La Comisión estará integrada por los siguientes miembros:

A) El Ministro de Industria, Energía y Minería que la presidirá.

B) El Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

C) Los Presidentes de ambos organismos.

SECCIÓN III

RACIONALIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL ESTADO

CAPÍTULO I

RETIROS ANTICIPADOS E INCENTIVADOS

Artículo 13. (Cese obligatorio).- Fíjase en sesenta y cinco años la edad establecida en el inciso primero del artículo 35 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974.

Artículo 14.- Los funcionarios públicos que configuren causal jubilatoria con posterioridad al cumplimiento de la edad indicada en el artículo anterior, cesarán obligatoriamente al configurarla.

Artículo 15. (Régimen transitorio).- Los funcionarios públicos que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley tuvieran causal jubilatoria configurada y sesenta y cinco o más años de edad, cesarán obligatoriamente al cumplirse seis meses de la fecha de promulgación de la presente ley, salvo que antes de esa fecha cumplan setenta años de edad, en cuyo caso cesarán al cumplirlos.

Artículo 16. (Retiro incentivado de funcionarios).- Los funcionarios públicos que a la entrada en vigencia de la presente ley tuvieren entre sesenta y sesenta y cuatro años de edad y presentaren renuncia dentro de los sesenta días de la entrada en vigencia de la presente ley, percibirán mensualmente del organismo al cual pertenecían con cargo a su presupuesto, hasta que cumplan los sesenta y cinco años de edad, una prestación calculada de acuerdo a la siguiente tabla:

70% (setenta por ciento) De sus retribuciones para los que tengan 64 años
69% (sesenta y nueve por ciento) De sus retribuciones para los que tengan 63 años
68% (sesenta y ocho por ciento) De sus retribuciones para los que tengan 62 años
67% (sesenta y siete por ciento) De sus retribuciones para los que tengan 61 años
66% (sesenta y seis por ciento) De sus retribuciones para los que tengan 60 años

El concepto "retribuciones" incluye todas las prestaciones permanentes sujetas a montepío; aquellas que son permanentes pero de monto variable, se determinarán por el promedio de lo percibido en los últimos doce meses anteriores a la aceptación de la renuncia. Esta prestación constituirá materia gravada a los efectos de las aportaciones personales de seguridad social.

La prestación se percibirá hasta que el funcionario se acoja al beneficio jubilatorio, siendo de aplicación a sus efectos las normas sobre retiro anticipado establecidas en los artículos 13 y 14 de este Capítulo.

El período durante el cual se perciba dicha prestación se computará como tiempo efectivo de trabajo a los efectos de la seguridad social.

La opción a que refiere el inciso primero, una vez realizada será irrevocable.

Artículo 17. (Funcionarios con sesenta y cinco o más años de edad).- Los funcionarios públicos, que a la fecha de vigencia de la presente ley tuviesen sesenta y cinco o más años de edad, que no hayan configurado causal jubilatoria y que no sean beneficiarios de otra pasividad o retiro con cargo a cualquier organismo de previsión social, que renuncien dentro de los plazos establecidos por el artículo anterior, percibirán una prestación del 70% (setenta por ciento) de su retribución hasta configurar causal jubilatoria o cumplir los setenta años de edad, cuando cesarán automáticamente.

Se aplicará, a los efectos de este artículo, las disposiciones de los incisos segundo a quinto del artículo anterior.

Artículo 18. (Retiro con reserva de cargo).- Facúltase a la Administración Central y organismos comprendidos en el artículo 220 y 221 de la Constitución de la República a reservar por dos años el cargo público de aquellos funcionarios que opten por incorporarse a empresas regidas por estatutos de derecho privado. La reserva no tendrá lugar en caso de cesación de empleo en la empresa privada por notoria mala conducta debidamente comprobada o si se configura causal jubilatoria dentro del período de reserva.

Artículo 19. (Retiro con tercerización).- Facúltase a la Administración Central y a los organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República, a contratar la prestación de actividades, servicios y cometidos comprendidos en su giro con las empresas formadas por funcionarios, a condición que éstos se retiren de la función pública previa o simultáneamente a la firma del contrato.

Exceptúanse a dichos funcionarios de la prohibición establecida en el numeral 1) del artículo 487 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987 en la redacción dada por el artículo 524 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, a efectos de su presentación al procedimiento de contratación respectivo.

Dicha contratación podrá efectuarse en forma directa por un plazo máximo de dos años o mediante procedimientos competitivos en los que podrá otorgarse preferencia a dichas empresas en los pliegos respectivos. El Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones de aplicación y los requisitos a cumplir por las empresas formadas por funcionarios para obtener los beneficios previstos en el presente artículo.

Artículo 20. (Ámbito de aplicación).- El régimen de incentivo para el retiro de la función pública que se establece por la presente ley, alcanza a los funcionarios públicos pertenecientes a la Administración Central que, por tal calidad, estén afiliados al Banco de Previsión Social (BPS).

El régimen de incentivo para el retiro de la función pública será aplicable a los funcionarios de los organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de laConstitución de la República, siempre que se ajusten a las disposiciones del presente Capítulo.

Artículo 21. (Aceptación del retiro incentivado).- El jerarca máximo del Inciso u organismo podrá no autorizar la opción de retiro incentivado por razones fundadas de servicio.

Artículo 22. (Ajuste de valores).- Las sumas a abonar por el organismo respectivo, en concepto de retiro incentivado, se ajustarán en las mismas oportunidades y formas que las dispuestas con carácter general para sus funcionarios.

Artículo 23. (Supresión de vacantes).- Las vacantes de cargos presupuestados o funciones contratadas que se generen por aplicación de retiro anticipado o incentivado serán suprimidas.

En caso de tratarse de cargos imprescindibles dentro de la estructura organizativa o gerencia, según corresponda, se deberán suprimir en sustitución, vacantes por el costo equivalente a una vez y media del costo de la vacante generada por aplicación de este régimen, que podrán corresponder a otros grados o escalafones. De no cumplirse el extremo anterior, el funcionario no podrá ampararse al régimen previsto.

Artículo 24. (Prohibición de contratar).- El Estado no podrá celebrar o financiar contratos de cualquier naturaleza que impliquen de alguna forma la prestación de un servicio de carácter personal con personas que se hayan amparado a las presentes disposiciones, con excepción de cargos electivos, políticos, de particular confianza o docentes.

Esta prohibición rige además para los organismos no estatales que se financian total o parcialmente con fondos públicos, cuando estos representen por lo menos un 20% (veinte por ciento) de su presupuesto.

Artículo 25. (Destino de economías sobre vacantes).- Las disposiciones legales vigentes que otorgan un destino especial a las economías resultantes de la no provisión de vacantes, no regirán respecto a las que sean consecuencia de la aplicación del presente régimen. Estas economías deberán aplicarse en primera instancia a financiar el fondo que se crea por el artículo siguiente y el remanente deberá verterse a Rentas Generales o destinarse a reducción de tarifas del organismo, según disponga la reglamentación.

Artículo 26. (Fondo presupuestal para el pago de las compensaciones).- En cada Inciso u organismo deberá constituirse dentro del presupuesto, un fondo con recursos provenientes de la supresión de vacantes generadas por aplicación del régimen de retiros anticipados incentivados, para atender hasta la suma concurrente, el pago de las prestaciones previstas en este Capítulo.

Artículo 27. (Situaciones excluidas del régimen de retiro anticipado).- No estarán alcanzados por las normas de retiro anticipado:

A) Los funcionarios que ocupen cargos electivos, políticos o de particular confianza, o que se encuentren percibiendo subsidios por haber ocupado dichos cargos.

B) Los funcionarios que tengan limitada la duración de sus mandatos o la edad por la Constitución de la República.

C) Los funcionarios policiales, militares, de servicio exterior, o docentes.

D) Los funcionarios integrantes del escalafón "N", los Secretarios Letrados de organismos jurisdiccionales, Actuarios y Alguaciles.

E) Los funcionarios contratados al amparo de lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992 y al amparo de lo dispuesto por los artículos 44, 714 a 718 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

F) Los funcionarios que ocupen cargos o funciones contratadas, comprendidos en el beneficio de reserva del cargo o función, salvo que el retiro corresponda al cargo o función reservada.

Artículo 28. (Situaciones excluidas del retiro incentivado).- No tendrán derecho al retiro incentivado:

A) Los funcionarios mencionados en el artículo anterior.

B) Los funcionarios que cuenten con menos de cinco años ininterrumpidos en el organismo, a la fecha de presentación de la solicitud.

C) Los funcionarios que tengan pendiente sumario administrativo. No obstante, éstos podrán acogerse al retiro incentivado si como consecuencia de dicho sumario no recae destitución.

D) Los funcionarios que se encuentren cumpliendo sanciones de suspensión sin goce total o parcial del sueldo, podrán optar por dicho beneficio una vez cumplida la sanción dispuesta.

CAPÍTULO II

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

Artículo 29. (Topes retributivos y readecuación salarial).- Ninguna persona física que preste servicios personales al Estado, cualquiera sea la naturaleza del vínculo y su financiación, podrá percibir ingresos mensuales permanentes, por todo concepto, por el desempeño conjunto de sus actividades, superiores al 60% (sesenta por ciento) de la retribución total del Presidente de la República.

El Poder Ejecutivo instruirá a los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República para que, a partir del presupuesto del Ejercicio 2003 y en oportunidad en que se otorguen los incrementos salariales, adopten los mecanismos de ajuste selectivo necesarios para la aplicación del tope establecido precedentemente y para redefinir las escalas salariales a efectos de lograr una adecuada relación entre los diferentes niveles.

Artículo 30.- Prohíbese, a partir de la vigencia de la presente ley, el otorgamiento de nuevos beneficios extrasalariales que no contengan autorización legal expresa.

El Poder Ejecutivo instruirá a los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República para que eliminen los beneficios extrasalariales que no corresponda considerar como partidas salariales a la fecha de vigencia de la presente ley.

Los beneficios que no corresponda eliminar serán materia gravada de la seguridad social y su incorporación al grupo 0 "Servicios Personales" se realizará por el monto percibido en efectivo o por el equivalente al que se abona en especie, pudiendo incrementarse el respectivo grupo exclusivamente por los aportes patronales.

Artículo 31.- El Poder Ejecutivo instruirá a los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República para que dispongan la supresión de los servicios médicos, asistenciales y odontológicos propios destinados a brindar asistencia a sus funcionarios, ex funcionarios y/o familiares de los funcionarios.

Los beneficios referidos serán contratados con las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC). Por la asistencia médica contratada de acuerdo a lo previsto en el Decreto-Ley Nº 15.181, de 21 de agosto de 1981, modificativos y concordantes, el valor máximo a pagar por el organismo, por cada beneficiario, no podrá superar el importe que paga el Banco de Previsión Social (BPS) por la asistencia médica contratada para los beneficiarios activos.

Una vez dispuesta la instrucción del Poder Ejecutivo, los organismos dispondrán de un plazo de ciento ochenta días para contratar la asistencia y declarar la excedencia de los funcionarios médicos y no médicos aplicados directa o indirectamente a la provisión de servicios asistenciales.

Artículo 32.- Prohíbese a los Directores de entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado, disponer la contratación de personal de confianza en tareas de asesoría, secretaría, etcétera, por un monto total mensual que supere el equivalente a una vez y media la remuneración de un Ministro de Estado, no pudiendo adicionar ninguna otra retribución, en efectivo o en especie, a dichos contratos, tales como horas extra, compensaciones, productividad, participación en utilidades o fondos de participación.

La modalidad de contratación será mediante el régimen de contrato a término que se crea en la presente ley.

Artículo 33.- Declárase por vía de interpretación auténtica que el artículo 7º de la Ley Nº 11.907, de 19 de diciembre de 1952, fue derogado por lo dispuesto en el artículo 643 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Artículo 34.- La remuneración de los integrantes del Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), se determinará de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994.

CAPÍTULO III

INGRESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA

Artículo 35.- Extiéndese hasta el 25 de abril de 2015, el plazo previsto en el inciso primero del artículo 32 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995.

Artículo 36.- Derógase el artículo 4º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990 así como toda excepción dispuesta a la aplicación del artículo 1º de la citada ley.

CAPÍTULO IV

RÉGIMEN DE CONTRATOS A TÉRMINO

Artículo 37. (Ámbito de aplicación).- Facúltase al Poder Ejecutivo y organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República a celebrar contratos de trabajo a término con personas físicas a efectos de atender las necesidades que la Administración no pueda cubrir con sus propios funcionarios.

Artículo 38. (Condiciones de la contratación).- Todos los organismos habilitados para la aplicación del presente régimen de contrato de trabajo a término, previo a la solicitud de contratación, deberán dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, modificativas y concordantes, que establecen la obligación de recurrir en forma imperativa al Registro de Personal a Redistribuir.

En toda propuesta de contratación se deberá adjuntar un informe que indique la cantidad total de personas que se desempeñan en la unidad ejecutora o Gerencia solicitante, revistan o no la calidad de funcionarios públicos.

Dicha información deberá comprobar que la o las nuevas contrataciones propuestas no incrementan el número de personas que cumplían actividades en dichas unidades al 30 de junio de 2002. En las propuestas de contratación que se efectúen con posterioridad al 30 de junio de 2003, las diferentes unidades ejecutoras o Gerencias proponentes deberán acreditar una disminución no inferior al 1,5% (uno con cinco por ciento) anual en relación al total del personal que se desempeñaba en la misma, revista o no la calidad de funcionario público, al 30 de junio del año anterior.

Excepcionalmente, podrán autorizarse nuevas contrataciones que no cumplan con la condición establecida en el inciso anterior, en aquellas unidades ejecutoras o Gerencias que tengan nuevas competencias otorgadas por ley o por convenios internacionales.

En el caso de organismos en los que se aplique un sistema de retiro incentivado posterior al 30 de junio de 2002, se deberá considerar el total de personal que se desempeñaba en la unidad ejecutora o Gerencia, luego de producidos dichos retiros, a los efectos de la comparación y de la reducción dispuesta en el inciso tercero de este artículo.

Artículo 39. (Provisión de los contratos).- Las contrataciones previstas en el artículo 37 se realizarán mediante llamado público abierto y la selección se efectuará a través de concurso de méritos y antecedentes y serán publicadas en medios electrónicos adecuados.

Artículo 40. (Calidad del contratado).- El contratado no adquiere la calidad de funcionario público, ni los beneficios que tal calidad conlleva. Su contrato será a término, revocable por parte del organismo contratante cuando lo estime conveniente y renovable, siempre que subsistan las necesidades del servicio que lo motivaron y el rendimiento haya sido satisfactorio a criterio de la autoridad correspondiente.

Si se produjeren sucesivas renovaciones del contrato a término, ello no implicará en ningún caso que se adquieran derechos a permanencia e inamovilidad del contratado.

Artículo 41. (Incompatibilidad).- El régimen de contrato a término es incompatible con el desempeño de cualquier cargo o función pública remunerada, salvo la docencia en la enseñanza pública. Ningún organismo podrá suscribir contratos de esta naturaleza con personas que estén contratadas por ese u otro organismo en igual régimen.

Artículo 42. (Plazo).- Los contratos de trabajo a término que se otorguen a partir de la vigencia de la presente ley, no podrán tener un plazo inicial superior a los doce meses.

Al vencimiento del plazo se extingue la relación contractual, excepto que la Administración notifique en forma fehaciente su voluntad de renovación de dicha relación con una anticipación al vencimiento del plazo contractual, no inferior a treinta días. Cada renovación individual no podrá ser por un plazo superior a los doce meses.

La extinción del plazo contractual inicial o de las sucesivas renovaciones no dará lugar a indemnización por despido ni derecho al beneficio de seguro de desempleo, salvo que el plazo total supere los veinticuatro meses. En este caso, el contratado tendrá derecho a indemnización por despido y seguro de desempleo, conforme los términos de las Leyes Nº 10.489, de 6 de junio de 1944, Nº 10.542, de 20 de octubre de 1944, Nº 10.570, de 15 de diciembre de 1944, Nº 12.597, de 30 de diciembre de 1958, modificativas y concordantes y Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981 respectivamente. La suma de los dos beneficios no podrá superar, en ninguna situación, el equivalente a seis meses de retribución total, por lo que el contratado solo podrá recibir el beneficio del seguro de desempleo por la eventual diferencia resultante.

Artículo 43. (Provisoriato).- Durante el término de los tres primeros meses del contrato, se podrá poner fin a la relación contractual por voluntad unilateral de la Administración, no generando derecho a indemnización alguna.

Artículo 44. (Rescisión unilateral).- La Administración podrá proceder a la rescisión unilateral de los contratos por los siguientes motivos:

A) Por razones de mejor servicio no imputables al contratado.

B) Por haber incurrido en cinco o más faltas injustificadas en un período de doce meses.

C) Por un desempeño insatisfactorio en su actividad.

D) Por razones disciplinarias.

Artículo 45. (Derechos).- Las personas físicas contratadas bajo el régimen que se crea por los artículos precedentes, tendrán derecho a beneficios sociales, licencia anual ordinaria ( Ley Nº 12.590, de 23 de diciembre de 1958, modificativas y concordantes), indemnización por despido en las situaciones expresamente previstas en el inciso final del artículo 42 y literal A) del artículo 44, así como al amparo al beneficio del seguro por desempleo previsto por el Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, con aplicación de los importes máximos establecidos en el referido artículo 42 de la presente ley. Los contratados tendrán también derecho al beneficio de los seguros sociales de enfermedad previsto por el Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975, modificativas y concordantes.

Artículo 46. (Suscripción de contratos).- En los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional los contratos a celebrarse deberán ser aprobados por el Poder Ejecutivo actuando en acuerdo, el Presidente de la República con el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro respectivo, previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación. Los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República para celebrar contratos bajo este régimen deberán contar previamente con el informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación.

Los contratos que celebren los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República, deberán ser autorizados por el Poder Ejecutivo y contar con el informe previo y favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Artículo 47. (Financiamiento).- Las erogaciones resultantes de los contratos, que se autorizan a celebrar por el régimen que se crea, podrán ser financiadas con cargo al Fondo de Contrataciones que a dichos efectos se creará en cada unidad ejecutora de los Incisos 02 al 27 del Presupuesto Nacional, con los créditos resultantes de la supresión de vacantes de cargos presupuestados o funciones contratadas, en el marco de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994.

Los créditos resultantes de la supresión de vacantes por reestructuras, podrán acrecentar el Fondo, el que también podrá integrarse con hasta el 50% (cincuenta por ciento) del crédito previsto actualmente para la contratación de becarios y pasantes, previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación.

En el ámbito de los organismos del artículo 221 de la Constitución de la República, el Fondo de Contrataciones se financiará con los créditos resultantes de la supresión de vacantes de cargos presupuestados o funciones contratadas así como las que se originen en reformulación de estructuras organizativas.

El crédito disponible de la supresión de vacantes será el resultante luego de la aplicación del artículo 9º de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

En todos los casos, los contratos a celebrarse por el presente régimen podrán ser financiados con cargo a convenios celebrados con otros Estados u Organismos Internacionales o con fondos provenientes de convenios interadministrativos.

También podrán utilizarse para su financiación, las partidas legales autorizadas en el Objeto del Gasto 581 "Transferencias corrientes a Organismos Internacionales" y en los Objetos del Gasto correspondientes a impuestos asociados al mismo.

Toda obligación, cualquiera sea su naturaleza, emergente de los contratos deberá ser atendida con el mismo financiamiento a cuyo cargo se encuentra en contrato celebrado y que da origen a las mismas.

Facúltase al Poder Ejecutivo a incorporar nuevos financiamientos para el presente régimen, sin que ello implique costo presupuestal ni de caja.

Artículo 48. (Responsabilidad).- El no cumplimiento de lo dispuesto en el presente régimen, dará lugar en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, a la responsabilidad patrimonial del jerarca contratante, sin perjuicio de las sanciones administrativas que puedan corresponder.

Artículo 49. (Registro).- Créase en el ámbito de la Oficina Nacional del Servicio Civil, el Registro de Contratos Personales del Estado. Una vez suscritos los contratos de trabajo a término a que refieren los artículos precedentes, los mismos deberán ser inscriptos dentro de los diez días hábiles posteriores a su celebración.

Artículo 50. (Reglamentación).- Dentro de los sesenta días posteriores a la vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo reglamentará el régimen dispuesto precedentemente y establecerá las escalas retributivas correspondientes, tomando en consideración entre otros elementos la complejidad, especificidad y los conocimientos técnicos requeridos para el desempeño de las tareas a contratar.

Artículo 51. (Regularización becarios y pasantes a incorporar al nuevo régimen de contratación con el Estado).- Las personas contratadas bajo el régimen de becarios o pasantes con anterioridad al 1º de enero de 2001, que se encuentren cumpliendo funciones por renovaciones sucesivas de sus contratos a la fecha de promulgación de la presente ley, previa evaluación satisfactoria de los jerarcas, serán contratados bajo la modalidad prevista en el presente Capítulo.

CAPÍTULO V

CONTRATOS DE FUNCIÓN PÚBLICA

Artículo 52.- Derógase el artículo 24 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Artículo 53. (Perfeccionamiento).- Los contratos de función pública, vigentes al 1º de enero de 2003, deberán perfeccionarse mediante la suscripción de un documento tipo en un plazo de noventa días de la promulgación de la presente ley.

Los funcionarios contratados al amparo de los artículos 29 y siguientes del Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975, serán calificados de acuerdo a las disposiciones vigentes para la evaluación del desempeño de los funcionarios presupuestados, la que se tomará en cuenta para proceder a la renovación de los contratos. En caso que se cumplan los extremos de los literales A), B) y C) del artículo siguiente, no podrá procederse a la renovación.

Artículo 54. (Rescisión unilateral).- La rescisión unilateral de la relación funcional podrá decidirse en cualquier momento, por las siguientes razones:

A) No haber obtenido el funcionario una calificación satisfactoria en el ejercicio anterior.

B) Contar con más de diez inasistencias injustificadas en el año.

C) Por razones disciplinarias.

CAPÍTULO VI

REDISTRIBUCIÓN Y ADECUACIÓN

Artículo 55. (Redistribución de funcionarios excedentarios registrados en la Oficina Nacional del Servicio Civil a la fecha de promulgación de la presente ley).- Los funcionarios que se encuentren en situación de ser redistribuidos, a la fecha de promulgación de la presente ley, hubieran sido o no ofertados con anterioridad, serán ofrecidos por la Oficina Nacional del Servicio Civil, en un plazo no superior a sesenta días.

Si el organismo que recibe la oferta no se expidiese en 30 días se entenderá aceptada la propuesta, debiendo la Oficina Nacional del Servicio Civil notificar al interesado, promover la redistribución y comunicar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y a la Contaduría General de la Nación para proceder al ajuste de los créditos correspondientes.

Una vez perfeccionado el acto de la redistribución y realizada la adecuación presupuestal definitiva, el organismo de destino deberá incorporar al funcionario, en un plazo máximo de treinta días a partir de la fecha de esta última.

Si el funcionario no se presentara en un plazo de treinta días a partir de la notificación, se entenderá que se configuró la renuncia tácita, procediendo a la supresión de los cargos o contratos de función pública y a dar de baja los créditos asociados a los mismos en el organismo donde figuren.

Artículo 56. (Redistribución funcionarios de PLUNA).- Los funcionarios de las Primeras Líneas de Navegación Aérea (PLUNA) (ente autónomo), que se encuentren percibiendo sus haberes sin contraprestación laboral, podrán ser redistribuidos dentro de la Administración Pública y no podrán negarse a la redistribución cuando el ofrecimiento cumpla con las condiciones del artículo 66.

En caso de no aceptar la redistribución dentro de un plazo de treinta días de ser notificada, se entenderá que se configuró su renuncia tácita.

Derógase el artículo 24 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

Artículo 57. (Nuevo régimen general de redistribución).- Las necesidades de personal de los Incisos que integran el Presupuesto Nacional serán cubiertas con funcionarios presupuestados o contratados de los escalafones civiles declarados excedentes en la Administración Pública, a excepción de los Gobiernos Departamentales.

Artículo 58.- Todos los Incisos del Presupuesto Nacional y organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República, podrán declarar excedentes a sus funcionarios en razón de reestructura, supresión de servicios o exceso de personal, por resolución fundada del jerarca máximo del Inciso u organismo.

Artículo 59.- No podrán ser declarados excedentes los funcionarios de los escalafones docentes y del servicio exterior, los Magistrados, los funcionarios contratados al amparo de lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992 y al amparo de lo dispuesto por los artículos 44 y 714 a 718 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, como así tampoco aquéllos que revistan en cargos políticos o de particular confianza, o que ocupen cargos o funciones contratadas comprendidas en el beneficio de reserva de cargo o función establecida en el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.622, de 24 de diciembre de 1976, modificativas y concordantes.

Artículo 60.- Prohíbese la redistribución de funcionarios provenientes de los Gobiernos Departamentales a los entes autónomos y servicios descentralizados, así como también de los entes autónomos y servicios descentralizados a los Gobiernos Departamentales.

Artículo 61.- Efectuada la notificación al funcionario de la resolución de declaración de excedencia, el organismo deberá comunicar a la Oficina Nacional del Servicio Civil, en un plazo no mayor a los cinco días hábiles, los datos personales del funcionario con información de las características de las tareas que desempeñaba, perfil educativo, sueldo, compensaciones y beneficios, y la evaluación de su comportamiento funcional.

Artículo 62.- La Oficina Nacional del Servicio Civil procederá a redistribuir al funcionario excedente teniendo en cuenta:

A) Las necesidades de recursos humanos que le hubieran sido comunicadas.

B) Las tareas desempeñadas en el organismo de origen.

C) El perfil del funcionario.

La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá resolver la solicitud de personal en un plazo máximo de diez días hábiles, debiendo notificar al organismo solicitante los datos del funcionario cuyos servicios se ofrecen o la inexistencia en el Registro del perfil laboral demandado.

En función de los criterios señalados y de la estructura de cargos del organismo de destino, el o los funcionarios podrán ser ofertados para desempeñarse en un escalafón distinto al de su origen.

Artículo 63.- El jerarca del organismo de destino no podrá rechazar al funcionario cuyos servicios le hubieren sido ofrecidos, salvo por resolución fundada donde se acredite fehacientemente que aquél no cumple con el perfil solicitado o que presenta antecedentes disciplinarios incompatibles con el cargo o función a desempeñar.

Durante el término de los tres primeros meses de la prestación de funciones en el nuevo destino, el jerarca del organismo evaluará el desempeño del funcionario de acuerdo con las disposiciones vigentes en la materia. Cuando éste obtenga una calificación inferior a satisfactoria en su evaluación podrá ser reincorporado al Registro de Funcionarios a Redistribuir.

La reincorporación por dos veces al Registro por este motivo, será causal de destitución por omisión o ineptitud.

Artículo 64.- El organismo notificará al funcionario, su destino, en forma fehaciente, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, quién una vez notificado, deberá presentarse en el organismo de destino dentro de los diez días hábiles siguientes. El incumplimiento injustificado de dicha obligación se entenderá como renuncia tácita al cargo o función.

Artículo 65.- En todos los procedimientos de redistribución, la Comisión a que refiere el artículo 22 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990 efectuará la adecuación presupuestal correspondiente, determinando el escalafón, grado y la remuneración que corresponda asignar, de conformidad con la aceptación formulada. Para el cumplimiento de dicha actividad dispondrá, bajo responsabilidad funcional directa de sus integrantes –titulares o alternos-, de un plazo máximo de noventa días corridos contados a partir del día siguiente al de la recepción de las actuaciones remitidas a tales efectos por la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Artículo 66.- La redistribución del funcionario excedente podrá disponerse dentro del mismo departamento donde reside o desempeñaba su trabajo habitualmente, o fuera de éste, cuando ello no suponga un traslado superior a los sesenta kilómetros. El lugar de residencia del funcionario deberá ser acreditado según disponga la reglamentación.

En el caso de que el funcionario hubiere solicitado la redistribución fundamentada en los artículos 26 y 28 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990 y el destino previsto fuera en un lugar distinto a la localidad en la que reside o trabajaba, deberá contarse con la conformidad previa del funcionario.

Artículo 67.- La Oficina Nacional del Servicio Civil publicará por medios electrónicos adecuados el listado del Registro de Funcionarios a Redistribuir indicando perfil laboral, lugar de residencia y de trabajo habitual de cada funcionario en la función pública, resguardando su anonimato.

Artículo 68.- Prohíbese toda designación o contratación de servicios personales, de cualquier naturaleza, que tenga por objeto la prestación de las tareas inherentes a los cargos o funciones contratadas para sustituir a los funcionarios declarados excedentes. Todo acto administrativo dictado en contravención a esta disposición será considerado nulo y hará incurrir en responsabilidad al jerarca que lo haya dictado.

Artículo 69.- Los funcionarios excedentarios quedarán eximidos del deber de asistencia a su lugar de trabajo, salvo en el caso de pase anticipado y en los casos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990. El tiempo transcurrido en esta situación no generará derecho a licencia.

Artículo 70.- Hasta tanto el funcionario no comience a desempeñar tareas en el organismo de destino, la remuneración se ajustará a las siguientes condiciones:

A) En todos los casos, desde la declaración de excedentario, se abonará el 100% (cien por ciento) por el término de seis meses.

B) A partir del séptimo mes se abonará el 50% (cincuenta por ciento) de las retribuciones y compensaciones y la totalidad de los beneficios sociales.

C) Cuando el funcionario hubiera solicitado la redistribución fundamentada en los artículos 26 y 28 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990 y continúe trabajando en el organismo de origen, se abonará el 100% (cien por ciento) de las retribuciones, compensaciones y beneficios sociales.

Artículo 71.- La retribución del funcionario redistribuido comprenderá el sueldo y todas las compensaciones de carácter permanente y retributivo, percibidas en el organismo de origen, con excepción de las compensaciones por prestación de funciones específicas de ese organismo o de tareas distintas a las inherentes a su cargo o función y de los beneficios sociales.

Se entiende por compensaciones de carácter permanente, aquellas cuyo derecho al cobro se genera al menos dos veces al año, con excepción del sueldo anual complementario.

Se considera que tienen carácter retributivo aquellas partidas que independientemente de su denominación o financiación se abonen a los funcionarios por prestar efectivamente servicios.

Cuando la retribución se integre con conceptos de monto variable, se tomará el promedio mensual de lo percibido en los últimos doce meses previos a la declaración de excedencia.

Las retribuciones en especie se tomarán por su equivalente monetario.

Si la retribución que le corresponde al cargo o función en el organismo de destino fuere menor, la diferencia resultante se mantendrá como compensación personal, la cual será absorbida por futuros ascensos o regularizaciones.

Artículo 72.- Facúltase a la Oficina Nacional del Servicio Civil a realizar convenios con instituciones públicas o privadas para realizar los cursos de capacitación necesarios a efectos de la reconversión, recalificación o especialización de los funcionarios declarados excedentes con el objeto de su reubicación en la función pública.

Artículo 73.- La Oficina Nacional del Servicio Civil apreciará en cada caso, las necesidades de capacitación de los funcionarios declarados excedentes, determinando los cursos de capacitación que deberán realizar obligatoriamente en forma previa a su redistribución.

El funcionario debidamente notificado, que se niegue a recibir la capacitación dispuesta o que incurra en un ausentismo no justificado superior al 20% (veinte por ciento) de las horas de clase dictadas, se considerará incurso en omisión, pasible de destitución.

Artículo 74.- Las normas contenidas en la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990 serán de aplicación en todo lo que no se opongan a la presente ley.

Artículo 75.- Las economías resultantes de la supresión de cargos o funciones contratadas como consecuencia de los artículos contenidos en este Capítulo se destinarán en su totalidad a Rentas Generales o a la reducción de tarifas del organismo, según lo disponga la reglamentación.

CAPÍTULO VII

NORMAS GENERALES SOBRE FUNCIONARIOS

Artículo 76. (Pases en Comisión).- Sustitúyese el artículo 32 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, en la redacción dada por el artículo 40 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, por el siguiente:

"ARTÍCULO 32. Autorízase el traslado de funcionarios de organismos públicos estatales y no estatales para desempeñar, en comisión, tareas de asistencia directa al Presidente de la República, Ministros de Estado y legisladores nacionales, a expresa solicitud de éstos.

Los legisladores no podrán tener más de cinco funcionarios en comisión, simultáneamente.

Los Ministros de Estado no podrán tener más de diez funcionarios en comisión simultáneamente.

El plazo del traslado en comisión se extenderá por todo el período de ejercicio del cargo por parte de quien formule la solicitud, salvo que éste resolviera dejarlo sin efecto.

Los indicados traslados en comisión no tendrán otro efecto que la prestación de la actividad al servicio y a la orden de quien formula la solicitud. Los funcionarios mantendrán su condición, ya sea de presupuestados o contratados, debiendo considerárseles como si prestaran servicios en su lugar de origen, en particular en cuanto refiera a la carrera administrativa, a la renovación de sus contratos si correspondiera, a la bonificación de sus servicios a los efectos jubilatorios, y a su remuneración, cualquiera sea su naturaleza, incluyendo aquellas que tengan por condición la prestación efectiva de tareas en el organismo. Lo dispuesto no será de aplicación para aquellas partidas que por norma legal expresa tuviesen un tratamiento diferente.

Los jerarcas de los Incisos del Presupuesto Nacional que cuenten con personal en comisión deberán solicitar la ratificación de los traslados de acuerdo con lo establecido en el inciso tercero, en un plazo no superior a treinta días, corridos y siguientes a la promulgación de la presente ley. Cuando los funcionarios sean provenientes de la Administración Central y organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República y cuenten con una antigüedad superior a cinco años en comisión en el mismo destino, podrán dentro del mismo plazo, solicitar su incorporación definitiva al Inciso, mediante el mecanismo de redistribución dispuesto en la presente ley. Los funcionarios a los que no se les haya ratificado su comisión o no se haya solicitado su incorporación definitiva al Inciso, deberán reintegrarse a sus oficinas de origen en un plazo no superior a sesenta días, corridos y siguientes a la promulgación de la presente ley.

No se podrá autorizar pases en comisión de funcionarios que se desempeñen en funciones de dirección o al amparo de lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, por los artículos 44 y 714 a 718 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y otros regímenes similares".

Artículo 77. (Licencia por enfermedad).- El régimen de pago para los casos de licencia por enfermedad según lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990 será el siguiente:

A) El equivalente al 70% (setenta por ciento) de la retribución habitual del funcionario.

B) El pago se realizará a partir del cuarto día de enfermedad, de modo que las ausencias por enfermedad de hasta tres días no serán remuneradas. En caso que el funcionario haya sido hospitalizado, corresponderá la paga desde el comienzo de la hospitalización.

Artículo 78.- Modifícase el inciso primero del artículo 12 de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990 por el siguiente:

"Al funcionario público que en un período de doce meses incurra en más de treinta inasistencias o por un período de veinticuatro meses en más de cincuenta inasistencias, se le instruirá un sumario administrativo".

Artículo 79.- Las inasistencias motivadas por enfermedad que no determinen la imposibilidad permanente para el cumplimiento de las funciones, podrán prolongarse hasta un año. Por resolución fundada de una Junta de Médicos de Salud Pública se podrá extender el plazo por hasta un año más. Vencido dicho plazo, se procederá a la destitución según lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990.

Artículo 80. (Licencia ordinaria).- Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990, por el siguiente:

"ARTÍCULO 1º.- Todos los funcionarios presupuestados o contratados -con excepción de los Magistrados, diplomáticos, militares y policiales y docentes- tienen derecho a una licencia anual remunerada de veinte días, así como al complemento a que refiere el artículo siguiente, siéndoles de aplicación las normas que se establecen en la presente ley".

Artículo 81. (Licencia por estudio).- La licencia por estudio establecida en el artículo 33 de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990 y por el artículo 30 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, será de hasta quince días anuales hábiles para rendir exámenes o pruebas finales de la asignatura. Por cada examen o prueba final se otorgará hasta tres días de licencia por estudio.

Artículo 82. (Licencias especiales sin goce de sueldo).- Modifícase el artículo 37 de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990 en la redacción dada por el artículo 592 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

"Se podrá conceder al personal licencia en casos especiales debidamente fundados. Esta licencia se concederá sin goce de sueldo y con un plazo máximo de hasta un año, prorrogable por otro año más.

No obstante, no regirá este límite para:

A) Los funcionarios cuyos cónyuges –también funcionarios públicos- sean destinados a cumplir servicios en el exterior por un período superior a un año y siempre que la concesión de la licencia no ocasione perjuicio al servicio respectivo.

B) Los funcionarios públicos que pasen a prestar servicios en Organismos Internacionales de los cuales la República forma parte, cuando ellos sean de interés de la Administración y por un plazo que no podrá exceder de los cinco años.

C) Cuando los funcionarios deban residir en el extranjero por motivo de cumplimiento de cursos o realización de investigaciones sobre temas atinentes a su profesión o especialización.

D) Los funcionarios con cargos docentes designados o electos para desempeñar cargos docentes de gobierno universitario".

Artículo 83. (Actos de comisión de servicio).- Modifícase el artículo 39 de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990 por el siguiente:

"ARTÍCULO 39.- El cumplimiento de cursos o pasantías de perfeccionamiento, o la concurrencia a congresos o simposios, serán reputados actos en comisión de servicio si son declarados previamente por el Ministro o jerarca del servicio de interés para su Ministerio o para el organismo que pertenece, con resolución fundada.

Para la concurrencia a congresos o simposios, que sean reputados actos en comisión de servicio, realizados dentro o fuera del país, se podrá otorgar un máximo de diez días en el año".

Artículo 84. (Reglamentación de causales de destitución).- Los funcionarios del Estado incurrirán en ineptitud u omisión cuando obtengan un promedio bianual de calificación inferior a satisfactorio en la evaluación correspondiente al ejercicio anterior, acumulen diez faltas injustificadas al año, o efectúen registros en los mecanismos de control de asistencia pertenecientes a otros funcionarios.

Artículo 85. (Inasistencias continuas sin aviso).- Cumplidos tres días hábiles continuos en que el funcionario faltare a sus tareas sin aviso, el organismo deberá en forma inmediata intimar fehacientemente el reintegro al trabajo, bajo apercibimiento de renuncia tácita. Si el funcionario no se reintegrara al día laborable inmediatamente posterior a la notificación, se entenderá que existe renuncia tácita a la función pública, sin perjuicio de lo que establece el artículo 66 de la Constitución de la República.

Cuando no se pudiere confirmar la notificación en el domicilio del funcionario y la ausencia del funcionario sin previo aviso se prolongara por más de diez días continuos, se entenderá que existe renuncia tácita a la función pública.

Artículo 86.- Los jefes o encargados de las reparticiones tienen el cometido de controlar el cumplimiento del deber de asistencia y de permanencia en su área de trabajo de los funcionarios bajo su dependencia. La omisión de este deber será considerada falta grave.

Artículo 87.- Los funcionarios que controlan la asistencia serán responsables de que las faltas al servicio queden debidamente documentadas y sean comunicadas a los efectos de su sanción. Su omisión al respecto se considerará falta grave.

CAPÍTULO VIII

RÉGIMEN HORARIO

Artículo 88. (Horario único).- El horario de las oficinas de la Administración Central, entes autónomos, servicios descentralizados, Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, será de 9 a 18 horas.

El horario mínimo de atención al público en los referidos organismos será de 10 a 17 horas, salvo situaciones especiales que, para una mejor atención de los usuarios o por razones de mejor servicio, establezca la reglamentación correspondiente.

Los demás Poderes del Estado, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y los Gobiernos Departamentales establecerán horarios únicos de funcionamiento de sus dependencias en coincidencia a los establecidos para la Administración Pública.

Artículo 89. (Horas extra).- A partir de la vigencia de la presente ley, no se autorizará el pago de horas extra dentro del horario de 9 a 18 horas.

Fuera de ese horario, las horas extra se regirán según lo que establezca la reglamentación respectiva.

SECCIÓN IV

ORDENAMIENTO FINANCIERO

Artículo 90. (Déficit).- Derógase el artículo 28 del Decreto-Ley Nº 14.550, de 10 de agosto de 1976.

Artículo 91. (Partidas pendientes de regularizar).- Modifícase el artículo 8º de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTÍCULO 8º.- A partir de la promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo incluirá en el proyecto de ley de aprobación del Balance de Ejecución Presupuestal, las partidas pendientes de regularización y las modificaciones indispensables a las normas generales sobre ejecución presupuestal, funcionarios y ordenamiento financiero. Simultáneamente se remitirá, para su conocimiento, el informe sobre el estado de la situación económico-financiera de la República, con enunciación de los resultados obtenidos por la política aplicada por el Poder Ejecutivo y su correspondiente evaluación anual. Derógase el Decreto-Ley Nº 14.695, de 26 de agosto de 1977".

Artículo 92.- Sustitúyese el artículo 76 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, en la redacción dada por el artículo 6º de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

"ARTÍCULO 76.- En los Incisos 02 al 27, los déficit que se originen por modificación de la paridad monetaria o por variación de los precios, en gastos de funcionamiento e inversión que se financien con Rentas Generales, serán de cargo del Tesoro Nacional siempre que el ajuste de precios o el pago en moneda extranjera, esté previsto en el respectivo contrato.

Esto será de aplicación en los siguientes casos:

Cuando se trate de reliquidaciones de gastos presentados por el acreedor con posterioridad al cierre del ejercicio.

Por las diferencias producidas entre el momento del compromiso del gasto y su pago, cuando los créditos resultaren insuficientes.

La erogación correspondiente será dispuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas, previo informe de la Contaduría General de la Nación, y se atenderá con cargo a los créditos del Inciso, en el Objeto del Gasto correspondiente".

Artículo 93. (Sentencias judiciales).- Suprímese en el último inciso del artículo 31 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, la referencia al Ministerio del Interior y agréguese el siguiente párrafo:

"En estos casos la erogación resultante se atenderá con cargo al crédito autorizado en el artículo 464 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987".

Artículo 94. (Vehículos).- Los créditos asociados al mantenimiento y uso de la flota de vehículos y talleres del Estado, se abatirán estrictamente de acuerdo a las reducciones operadas en los Incisos por aplicación de las respectivas normas legales o reglamentarias.

A tales efectos, se comunicará mensualmente las bajas a la Contaduría General de la Nación.

Artículo 95.- Declárase por vía de interpretación auténtica, que la extensión a la Universidad de la República, dispuesta por el artículo 429 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, del régimen de exoneraciones previsto en el artículo 395 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, en la redacción dada por el artículo 578 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, se entiende realizada con el alcance y la vigencia de este último, disponiéndose que son válidos e irrevocables los aportes patronales ya efectuados.

SECCIÓN V

INCISOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Artículo 96.- Cométese a la Oficina Nacional del Servicio Civil, con el asesoramiento del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado (CEPRE), la reglamentación y puesta en práctica de un nuevo régimen de evaluación del desempeño, el que se aplicará, en sustitución del dispuesto por los artículos 22 a 27 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, para las evaluaciones correspondientes a los ejercicios 2003 y siguientes.

Artículo 97.- Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar una reestructura organizativa de la Oficina Nacional del Servicio Civil que incorpore nuevos modelos de gestión y gerenciamiento, previo asesoramiento del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado (CEPRE) y del Ministerio de Economía y Finanzas. A tales efectos podrá suprimir, transformar, fusionar y redistribuir cargos y funciones contratadas, establecer un sistema de alta gerencia, alta especialización y prioridad u otro sistema igualmente idóneo, reasignando los créditos presupuestales correspondientes.

La reestructura mencionada no podrá implicar costo presupuestal ni de caja, ni lesión de derechos funcionales.

La Oficina Nacional del Servicio Civil, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la promulgación de la presente ley, proyectará y remitirá al Poder Ejecutivo la nueva estructura orgánica y escalafonaria para su aprobación, el que dará cuenta a la Asamblea General.

Artículo 98.- La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), unidad ejecutora 009, programa 005, "Regulación y Control de Servicios de Comunicaciones" del Inciso 02 "Presidencia de la República" dispondrá además de los cometidos y poderes jurídicos establecidos en los artículos 86 y 90 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, los de prevenir conductas anticompetitivas y de abuso de posición dominante en las actividades referidas en el artículo 71 de la precitada ley, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas vigentes en materia de servicios públicos y monopolios legalmente establecidos.

Artículo 99.- Declárase incluidas en las exoneraciones del artículo 1º del Capítulo I del Título 3 del Texto Ordenado 1996 a las radioemisoras AM y FM, con exclusión de las siguientes:

A) Las instaladas en el departamento de Montevideo.

B) Las instaladas en el interior del país que tengan –de acuerdo a los parámetros técnicos autorizados– un área principal de servicio cuya cobertura comprenda el centro de Montevideo, tomando como tal el km. 0.

Cométese al Poder Ejecutivo, a través de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), la delimitación del área principal de servicio.

Derógase el artículo 617 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Artículo 100.- Dispónese la reducción del número de agregados militares en el exterior, en al menos un 30% (treinta por ciento), respecto a la situación vigente al 30 de junio de 2001, en un plazo máximo de un año a partir de la vigencia de la presente ley.

Artículo 101.- Agrégase al artículo 27 del Decreto-Ley Nº 15.524, de 9 de enero de 1984, el siguiente numeral:

"5) Emanan de los mandos respectivos de las Fuerzas Armadas, por medio de las cuales, se aplique cualquier tipo de sanción o pena a sus efectivos, en virtud de la comisión de falta y/o delitos militares y la baja como consecuencia de los mismos".

Artículo 102.- Dispónese la reducción de los egresos totales del área del Comercio Exterior de la "Dirección General de Comercio", unidad ejecutora 014, programa 014 "Coordinación del Comercio", del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", por los servicios prestados en el exterior, en al menos un 30% (treinta por ciento), respecto a la situación vigente al 30 de junio de 2001, en un plazo máximo de un año a partir de la vigencia de la presente ley.

Artículo 103.- Cométese al Poder Ejecutivo la racionalización, reestructura y fusión si correspondiese, de las diferentes entidades vinculadas a la promoción y fomento del comercio exterior, incluidas las que tengan carácter de persona de derecho público no estatal.

Artículo 104.- Se establece un plan de reducción de los gastos de funcionamiento del Inciso 06 "Ministerio de Relaciones Exteriores" para los años 2002-2004, como parte del actual proceso de reestructura del Servicio Exterior. El mencionado plan tendrá como meta cuantitativa la reducción de dichos gastos en por lo menos 15% (quince por ciento) respecto a la ejecución presupuestal del año 1999 de dicha Secretaría de Estado.

La obtención de dicha meta financiera se alcanzará garantizando el cumplimiento de los objetivos programáticos establecidos por la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, para el Ministerio de Relaciones Exteriores y con especial consideración por los objetivos y prioridades trazados en materia de comercio exterior.

Sin perjuicio del referido porcentaje del 15% (quince por ciento), el Ministerio de Relaciones Exteriores presentará al Poder Ejecutivo, dentro de los treinta días hábiles a partir de la entrada en vigor de la presente ley, una proyección anual de funcionarios y retribuciones que le permita incrementar dicho ajuste.

Artículo 105.- Autorízase al Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" a asignar tareas de relevamiento y análisis de información, estadística, contralor, análisis físicos y químicos, autorización, registración, fiscalización, habilitación, certificación y supervisión, a instituciones u organizaciones que acrediten desempeñarlas con las debidas capacidades y garantías.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca deberá habilitar expresamente a las empresas o instituciones a tales fines, así como auditar el cumplimiento riguroso de las condiciones que establezca a esos efectos.

Se dará preferencia a empresas formadas por ex funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Artículo 106.- Suprímese en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" programa 006 "Fomento y Desarrollo Regional", la unidad ejecutora 007 "Comisión Honoraria Nacional del Plan Citrícola". Los cometidos, recursos, atribuciones y competencias asignados a la unidad ejecutora que se suprime, serán ejercidos por el programa 004 "Servicios Agrícolas", unidad ejecutora 004: "Dirección General de Servicios Agrícolas". Los funcionarios de la unidad ejecutora que se suprime, podrán ser redistribuidos dentro del Inciso 07, sin perjuicio de lo establecido por los artículos 16 y 17 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

La presente supresión no abarca la Comisión Honoraria Nacional del Plan Citrícola, creada por la Ley Nº 13.930, de 31 de diciembre de 1970, que seguirá funcionando dentro de la órbita de la Dirección General de Servicios Agrícolas, con todos los cometidos asignados por dicha ley.

Artículo 107.- Sustitúyese el inciso segundo del numeral 2) del artículo 277 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 288 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

"El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá transferir directamente la titularidad de los silos, plantas de almacenaje, elevadores zonales, depósitos y equipos administrados por la Comisión Técnica Ejecutora del Plan de Silos a sus actuales tenedores legítimos con título habilitante.

A tales efectos los mismos se deberán comprometer a integrar un capital no menor a US$ 40,oo (cuarenta dólares de los Estados Unidos de América) por tonelada de capacidad nominal de los depósitos, en un plazo de hasta cinco años.

El plazo para acordar las condiciones de integración de capital entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y los actuales tenedores no podrá exceder los ciento ochenta días a partir de la vigencia de la presente ley.

Dicho plazo podrá ser extendido en la mitad del anterior y por única vez por razones debidamente fundadas.

Vencidos cualesquiera de los plazos dispuestos en el inciso anterior, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá enajenar los bienes, sin limitaciones de ninguna índole.

El capital integrado por los actuales tenedores se destinará a atender:

A ) La deuda del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ante el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU).

B) La deuda que tuvieran, al momento del acuerdo, los actuales tenedores ante el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU).

La deuda que tuvieran, al momento del acuerdo, los actuales tenedores con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por concepto del arrendamiento de las plantas deberá ser cancelada independientemente de la capitalización antes mencionada, según forma de pago que se acordará dentro de los plazos ya definidos.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá gravar con hipoteca a favor del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) las plantas de su propiedad en respaldo de créditos de los tenedores que ingresen en la operativa que esta ley consagra.

La enajenación en primera venta de los bienes comprendidos en esta operativa, no estará gravada con el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP)".

Artículo 108.- El Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" podrá aplicar los créditos autorizados en el objeto del gasto 581 "Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales", a los destinos previstos por el artículo 284 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en la redacción dada por el artículo 221 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, de acuerdo con la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

Esta reasignación no podrá generar aumento de costo presupuestal ni de caja.

Artículo 109.- Créase en el Inciso 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas", programa 005 "Servicios para Construcción y Reparación de Edificios", unidad ejecutora 005 "Dirección Nacional de Arquitectura" una función contratada permanente (Funcionamiento) de Jefe de Sección, escalafón A grado 10, Serie Arquitecto. Dicha función será destinada -conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996- al cumplimiento de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 524 de 13 de agosto de 2001.

Artículo 110.- Declárase que los "derechos de puertos" a que hace referencia el artículo 10 de la Ley Nº 12.091, de 5 de enero de 1954, constituyen el derecho al uso de canales de navegación, vías de acceso, aguas del puerto y sus obras de abrigo.

Artículo 111.- Las empresas concesionarias nacionales de líneas de transporte de pasajeros solo atenderán requerimientos de nuevos servicios benévolos o gratuitos, cuando exista financiación extratarifaria predeterminada.

Artículo 112.- Los recursos destinados al financiamiento del Órgano de Control de Carga creado por el artículo 272 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, estarán integrados por las multas que se apliquen por infracciones, los precios de placas y guías de carga, con vigencia al 1º de enero de 2002.

La contratación de Agentes de Control Especial autorizada por el artículo 273 de la mencionada ley se hará en el régimen de contrato a término que se crea en la presente ley.

El Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el asesoramiento del Órgano de Control de Carga reglamentará la presente disposición.

Artículo 113.- Créase en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", programa 007 "Organización de Espectáculos Artísticos y Administración de Radio y Televisión Oficiales", la unidad ejecutora "Canal 5 – Servicio de Televisión Nacional".

Sus cometidos y la estructura administrativa, serán todos los que las disposiciones vigentes le asignen a la Dirección de Televisión Nacional.

El Poder Ejecutivo podrá disponer las modificaciones necesarias y reformular la estructura organizativa y de los puestos de trabajo de la unidad ejecutora que se crea, cuya racionalización deberá contar con el informe favorable del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado (CEPRE), dándose cuenta a la Asamblea General.

Artículo 114.- El Poder Ejecutivo reglamentará la asignación de bienes, créditos, proyectos de inversión, recursos y obligaciones que tendrá la Dirección de Televisión Nacional, en base a la distribución efectuada con anterioridad a la presente ley por el Servicio Oficial de Difusión Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE), transfiriéndolos de pleno derecho a la unidad ejecutora que se crea, previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y de la Contaduría General de la Nación.

El Poder Ejecutivo podrá disponer en la proporción que entienda adecuado, la transferencia de parte de los ingresos de la Dirección de Televisión Nacional al Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos.

Artículo 115.- El Director de Televisión Nacional será el jerarca de la referida unidad ejecutora, cargo que será de particular confianza y estará comprendido en el literal C) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Artículo 116.- Las actuales unidades ejecutoras de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) designadas como Institutos, pasarán a denominarse Servicios en las especialidades de que se trate. El Ministerio de Salud Pública quedará facultado para efectuar las adecuaciones que estimare pertinentes para adaptar la estructura orgánica a la nueva definición.

Artículo 117.- Suprímense las siguientes unidades ejecutoras del Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública": programa 006 "Administración de la Red de Establecimiento de Agudos", unidad ejecutora 003 "Unidad de Atención Cardiorrespiratoria" (Hospital Filtro) y unidad ejecutora 010 "Instituto Nacional de Reumatología", programa 008 "Administración de los Establecimientos de Crónicos y Especializados" unidad ejecutora 014 "Hospital Psiquiátrico" (Musto) y unidad ejecutora 011 "Instituto Hanseniano".

Artículo 118.- Suprímese en el Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", programa 004 "Situación de Salud", la unidad ejecutora 065 "Comisión Honoraria de la Lucha contra la Hidatidosis". La Comisión Nacional Honoraria de Lucha contra la Hidatidosis creada por Ley Nº 13.459, de 9 de diciembre de 1965, asumirá íntegramente la administración de los recursos humanos y materiales para el cumplimiento de los cometidos asignados por dicha norma, de acuerdo con la reglamentación que al efecto dicte el Poder Ejecutivo.

Artículo 119.- Créanse en el Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", programa 007 "Administración de la Red de Establecimientos de Agudos del Interior" las siguientes unidades ejecutoras: Centro Auxiliar Chuy, Centro Auxiliar Rincón de la Bolsa y Centro Auxiliar Ciudad de la Costa.

Artículo 120.- Suprímese en el Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", programa 005 "Administración del Subsidio para la Atención Médica", la unidad ejecutora 067 "Escuela de Sanidad Dr. José Scosería".

Transfiérase al Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) los cargos y funciones contratadas así como los créditos presupuestales correspondientes a la Unidad Ejecutora suprimida por el inciso anterior.

Asimismo, transfiérase a dicho organismo los recursos de afectación especial y los créditos financiados con cargo a los mismos, y el inmueble ubicado en Montevideo empadronado con el Nº 3424 perteneciente al Ministerio de Salud Pública.

La presente norma será reglamentada por el Poder Ejecutivo, quedando facultada la Contaduría General de la Nación a efectuar las trasposiciones de créditos necesarias al efecto.

Artículo 121.- El aporte del Estado previsto en el literal A) del artículo 3º de la Ley Nº 16.343, de 15 de diciembre de 1992, en la redacción dada por los artículos 409 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y 366 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, será regulado a opción del Poder Ejecutivo, sea por la cantidad de beneficiarios cuya asistencia médica fuera otorgada por el Ministerio de Salud Pública o por el costo de los actos médicos efectivamente realizados. La Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Sanidad Policial podrán hacer uso de esta opción.

Artículo 122.- Agrégase al artículo 3º de la Ley Nº 16.343, de 24 de diciembre de 1992, el siguiente inciso:

"Facúltase al Poder Ejecutivo para establecer los sistemas de percepción de los aportes determinados para las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) definidas en el artículo 6º del Decreto-Ley Nº 15.181, de 21 de agosto de 1981, de modo de asegurar el debido y oportuno cumplimiento, por parte de las entidades referidas".

Artículo 123.- Las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) solo podrán ceder, de los créditos que posean respecto del Banco de Previsión Social (BPS), aquéllas sumas que superen las correspondientes a los aportes que, de acuerdo con lo preceptuado por el literal C) del artículo 3º de la Ley Nº 16.343, de 24 de diciembre de 1992, se encuentran obligadas a efectuar al Fondo Nacional de Recursos. El Poder Ejecutivo reglamentará la aplicación del presente artículo.

Artículo 124.- Transfiérase al Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 001 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno", unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Oficinas Dependientes", con destino a la Junta Nacional de Drogas, los cargos y contratos de función pública, así como los créditos presupuestales correspondientes al Programa de Hábitos Tóxicos perteneciente al Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", programa 003 "Control de Calidad de la Atención Médica", unidad ejecutora 070 "Dirección General de la Salud".

La presente norma será reglamentada por el Poder Ejecutivo, quedando facultada la Contaduría General de la Nación a efectuar las trasposiciones de créditos necesarias.

Artículo 125.- Extiéndase a las Comisiones de Apoyo y Honorarias del Ministerio de Salud Pública y al Patronato del Psicópata, lo dispuesto por el artículo 199 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, para las personas de derecho público no estatales.

Artículo 126.- Declárase en vía interpretativa de las normas que se referirán, que el personal del suprimido Instituto Nacional de Abastecimiento que hizo uso de la opción prevista en el literal B) del artículo 378 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, y los empleados de la ex Administración Nacional de los Servicios de Estiba (ANSE) comprendidos en el artículo 33 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, se encuentran excluidos del "Fondo de Participación" creado por el artículo 294 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, modificado por los artículos 113 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, y 430 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y del fondo de participación creado por el artículo 567 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 439 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Artículo 127.- Establécese que la competencia en la formación de recursos humanos docentes en materia de educación física, será ejercida por la Universidad de la República.

El Poder Ejecutivo y la Universidad de la República acordarán la transferencia de los recursos humanos y materiales a los efectos de desarrollar el ejercicio de dicha competencia.

Artículo 128.- Autorízase al Inciso 15 "Ministerio de Deporte y Juventud" a celebrar convenios de administración y gestión de las Plazas de Deporte, con las Intendencias Municipales de toda la República.

Artículo 129.- Establécese que las competencias en materia de actividades docentes vinculadas al desarrollo de la cultura física en los Institutos de Enseñanza Pública serán desarrolladas exclusivamente por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El Poder Ejecutivo y la Administración Nacional de Enseñanza Pública, determinarán los recursos humanos y materiales a transferir a la Administración Nacional de Educación Pública a los efectos de desarrollar el ejercicio de dichas competencias.

Derógase los artículos 60 de la Ley Nº 7.519, de 13 de octubre de 1922, y artículo 48 de la Ley Nº 7.819, de 7 de febrero de 1925.

SECCIÓN VI

EMPRESAS PÚBLICAS

Artículo 130. (AFE).- Transfiérase de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, los cometidos, facultades y bienes relativos a la infraestructura ferroviaria. Estas facultades incluyen el derecho a cobro de peaje referido en el artículo 21 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000.

De los subsidios y subvenciones previstos en el artículo 431 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001 se transfiere al Ministerio de Transporte y Obras Públicas US$ 5.000.000 (cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América) para el Ejercicio 2003 y US$ 10.000.000 (diez millones de dólares de los Estados Unidos de América) del Ejercicio 2004 en adelante. Tales transferencias se destinarán a inversiones y mantenimiento de aquella parte de la red ferroviaria cuya utilización se habilite por ser económicamente sustentable.

La Administración de Ferrocarriles del Estado realizará aquellos servicios de transporte ferroviario que prevea su presupuesto en base a los ingresos directos que éstos le proporcionen y el subsidio remanente.

Artículo 131. (INC).- Las personas que al 30 de junio de 2002, en calidad de colonos del Instituto Nacional de Colonización (INC) ocupen legítimamente tierras a título oneroso, tendrán derecho a adquirir dichas tierras.

El Poder Ejecutivo dispondrá las medidas necesarias para instruir al Instituto Nacional de Colonización a otorgar los compromisos de compraventa respectivos, conforme las condiciones que se establecen en el artículo siguiente.

Artículo 132.- Las compraventas se ajustarán, en lo sustancial, a las siguientes condiciones:

A) La operación tendrá carácter voluntario.

B) El precio de la enajenación no podrá ser inferior al valor de catastro y será establecido teniendo en cuenta el valor actual de la renta.

C) El precio total será integrado en un plazo máximo de veinticinco años.

D) En caso de existir deudas por concepto de rentas impagas al momento de la suscripción de los compromisos de compra venta, el valor de las mismas se consolidará al momento de la suscripción de dichos compromisos. Este valor consolidado será abonado por el promitente comprador en un plazo máximo equivalente al establecido para la adquisición de la tierra y en las condiciones de intereses que establezca oportunamente el Poder Ejecutivo.

E) Las deudas generadas por concepto de compra de la tierra y las anteriores deudas por arrendamientos impagos tendrán carácter indivisible.

F) El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) actuará como agente recaudador de los pagos que correspondan por rentas, promesas de compra venta vigentes y las que se deriven de la aplicación de esta norma.

Artículo 133.- En el caso de los arrendamientos que persistan por voluntad de los actuales colonos, será de aplicación lo establecido en el marco regulatorio de arrendamientos rurales.

Artículo 134.- La primera enajenación al titular del inmueble rural que se realice en el marco de estas disposiciones legales, estará exonerada del Impuesto a las Trasmisiones Inmobiliarias.

Artículo 135. (PLUNA).- Autorízase a las Primeras Líneas de Navegación Aérea (PLUNA) ente autónomo a enajenar a empresas nacionales o ciudadanos uruguayos las acciones de las que es titular en PLUNA S.A. siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:

A) Los establecidos en los artículos 9 y 11 inciso 2º del acta fundacional de PLUNA S.A. de 26 de agosto de 1994.

B) Lo estatuido en el artículo 56 del Estatuto Fundacional (artículo 27 del Decreto Nº 722/991, de 30 de diciembre de 1991).

El cumplimiento de estos requisitos será verificado permanentemente por el órgano estatal de control de las sociedades anónimas.

Artículo 136.- El producido de la venta autorizada en el artículo anterior se destinará íntegramente al pago del pasivo acumulado por las Primeras Líneas de Navegación Aérea (PLUNA) ente autónomo.

Artículo 137. (BHU).- Sustitúyese el artículo 19 de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), Ley Nº 5.343, de 22 de octubre de 1915 y sus modificativas, por el siguiente:

"ARTÍCULO 19.- Las operaciones del Banco serán las siguientes:

A) Celebrar operaciones de crédito, en el país o en el exterior.

B) Otorgar préstamos a particulares, para la adquisición o construcción de vivienda propia, reajustables o no, con garantía hipotecaria o sin ella.

C) Realizar todas las operaciones financieras que le autorice el Banco Central del Uruguay (BCU).

D) Vender, permutar o adquirir propiedades.

E) Prestar servicios de locación de cajas de seguridad, cobranza, guarda y administración de valores de terceros.

F) Disponer, si lo estima conveniente, que se retengan de los sueldos o pasividades el importe del servicio o de los intereses de préstamos, a los deudores que se beneficien de cualquiera de las líneas de crédito del Banco. A tal efecto, mientras el prestatario perciba sueldo, jubilación o pensión, la oficina, institución o empresa encargada de abonar dicho sueldo, jubilación o pensión, retendrá mensualmente de su importe la cuota correspondiente a la operación realizada, y la entregará al Banco Hipotecario del Uruguay dentro de los cinco días de la fecha del respectivo pago.

Bastará para ello que el pedido de retención le sea dirigido por el Banco Hipotecario del Uruguay. En el caso de los obreros a jornal, las retenciones se harán proporcionalmente a la forma de pago, sea éste semanal o quincenal; en la forma establecida en el inciso anterior, si es mensual. Si la oficina o empresa abonara los sueldos o jornales fuera de la capital, depositará las retenciones en la sucursal del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) o en la del Banco Hipotecario del Uruguay donde la haya, dentro del mismo plazo fijado en el segundo párrafo de este numeral. El Banco de la República Oriental del Uruguay hará gratuitamente los traspasos de fondos a favor del Banco Hipotecario del Uruguay. La retención dispuesta por el Banco tendrá preferencia sobre cualquier operación que el prestatario pueda realizar con posterioridad sobre el sueldo o jubilación.

G) Captar depósitos del público mediante el sistema de ahorro previo.

H) Colocar los fondos disponibles, ya sea mediante depósitos en Bancos, instituciones financieras estatales, ya sea en créditos a corto o mediano plazo, con garantía hipotecaria, prendaria o personal.

I) Adquirir, con autorización del Poder Ejecutivo, acciones o partes del capital de instituciones extranjeras de carácter financiero".

Artículo 138.- A partir de la vigencia de la presente ley, el Banco deberá obtener los fondos requeridos para su financiamiento mediante la venta de su Cartera hipotecaria, para su eventual posterior securitización, de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 17.202, de 24 de setiembre de 1999.

Artículo 139.- A partir de la fecha de vigencia de la presente ley, el Banco solo podrá otorgar créditos con fondos integrantes de su capital, hasta por un importe agregado que no supere el menor de los siguientes valores: US$ 50.000.000 (cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América) o el equivalente al 75% (setenta y cinco por ciento) de su responsabilidad patrimonial neta, valuada de acuerdo a normas bancocentralistas.

Artículo 140.- En un plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, el Banco deberá acordar con el Poder Ejecutivo y con el Banco Central del Uruguay (BCU), un proceso de disminución de la captación de pasivos constituidos por depósitos del público. A partir de la finalización de dicho proceso, el Banco solo podrá captar depósitos del público de acuerdo con lo previsto en el numeral 7º del artículo 19 de la Carta Orgánica del Banco, en la redacción dada por el artículo 137 de la presente ley.

Artículo 141.- En un plazo máximo de quince años contados a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, el Banco deberá cancelar mediante pago, todas las obligaciones asumidas por la emisión de títulos, bonos de crédito, obligaciones o valores transferibles que emita o que haya emitido.

Artículo 142.- Facúltase al Poder Ejecutivo a constituir un Fondo de Garantía, con recursos provenientes de la recaudación del 1% (uno por ciento) del Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) destinado al Fondo Nacional de Vivienda, con el objetivo de garantizar un porcentaje de la Cartera de créditos hipotecarios enajenados por el Banco, que sean declarados incobrables, de acuerdo a las normas bancocentralistas, con la finalidad de disminuir el costo del financiamiento para vivienda. El porcentaje de créditos incobrables que se asegure no podrá superar el 5% (cinco por ciento).

Artículo 143.- En un plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, el Banco deberá acordar con el Poder Ejecutivo un proceso de reducción de su plantilla de funcionarios, de forma de adecuarla a las funciones que se le asignan en esta ley y a los demás gastos operativos e inversiones de la institución. A los efectos de la reducción de la plantilla de funcionarios, se utilizará el procedimiento de redistribución previsto en la presente ley.

Artículo 144.- Exceptúanse de las restricciones dispuestas en los artículos 138 y 139, fondos por hasta un monto de UR 8.000.000 (unidades reajustables ocho millones), los que se deberán destinar al cumplimiento de los compromisos vigentes a la fecha de la promulgación de la presente ley. El Banco deberá acordar con el Poder ejecutivo, en un plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, la instrumentación de esta disposición.

Artículo 145.- Derógase el artículo 447 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, así como todas las disposiciones que directa o indirectamente se opongan a lo previsto en los artículos 137 a 144 de la presente ley.

Artículo 146. (ANP).- Exclúyese a las actividades de dragado a realizarse con dragas de succión por arrastre, incluyendo extracción de suelos, traslado y vertido de los mismos, de la reserva de bandera establecida en el artículo 1º de la Ley Nº 12.091, de 5 de enero de 1954. No se considerarán actividades excluidas aquellas explícitamente permitidas por la autoridad competente a efectos de la extracción de materiales del lecho fluvial o marítimo para su comercialización o industrialización.

Artículo 147. (ANCAP).- La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) no podrá financiar pérdidas de sus actividades de Cemento Pórtland y Alcoholes, utilizando resultados de sus otras áreas de negocios.

El Poder Ejecutivo instruirá al Directorio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland para que presente, dentro de los sesenta días de vigencia de esta ley, un informe con el diagnóstico actual de las actividades comerciales deficitarias referidas, sus alternativas y proyecciones de funcionamiento futuro y las medidas a adoptar para asegurar el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

SECCIÓN VII

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

Artículo 148.- Derógase el numeral 1º del artículo 37 de la Ley Nº 9.515, de 28 de octubre de 1935. Las Juntas Departamentales, a propuesta del Intendente respectivo, por mayoría absoluta de votos de sus componentes, podrán autorizar la cesión onerosa o la dación en garantía a terceros del cobro de adeudos líquidos y exigibles, por concepto de tributos municipales.

Artículo 149.- El testimonio de la resolución firme del Intendente aprobando la liquidación de los tributos adeudados, sus intereses y recargos, así como de las multas impuestas por infracción a las disposiciones departamentales, constituirá título ejecutivo, siendo aplicable al respecto lo establecido por los artículos 91 y 92 del Código Tributario.

Artículo 150.- Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas a deducir de las partidas dispuestas por el artículo 761 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 (IMESI gasoil); artículo 3º de la Ley Nº 13.453, de 2 de diciembre de 1965, artículo 169 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y artículo 182 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001 (Utilidades de Casinos); artículo 448 y literales B) y C) del artículo 640 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, sin perjuicio de la deducción dispuesta por el artículo 208 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986 (IMESI naftas y tabacos), aquellos adeudos que las Intendencias mantengan con la Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE), la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) y la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), cuya antigüedad de exigibilidad sea mayor a tres meses.

Artículo 151.- La transferencia a los Gobiernos Departamentales de las partidas mencionadas en el artículo anterior, estará supeditada a la presentación de la información de la ejecución financiera a que hace referencia el artículo 22 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Dicha información deberá presentarse ante el Ministerio de Economía y Finanzas, en forma trimestral, dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de cada trimestre calendario.

SECCIÓN VIII

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 152.- Sustitúyese el artículo 13 de la Ley Nº 17.502, de 29 de mayo de 2002, por el siguiente:

"ARTÍCULO 13.- Facúltase al Poder Ejecutivo a abatir el incremento de alícuotas establecido en los artículos 3º a 5º de la referida ley, a partir del 1º de enero de 2004, tomando en consideración el cumplimiento de las metas fiscales alcanzadas a esa fecha y aplicando criterios graduales y selectivos que prioricen la situación de las personas incluidas en la escalas de menores ingresos".

Artículo 153.- Declárase por vía interpretativa, a los efectos de aplicar la excepción establecida por el artículo 13 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, que el ingreso del funcionario al régimen de reinserción laboral y empresarial creado por el artículo 6º de dicha norma, se perfecciona, de pleno derecho, en el momento de su presentación formal ante el organismo competente, o desde su participación expresa en cualquier procedimiento de contratación que aquel formule.

Artículo 154.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 491 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 525 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTÍCULO 491.- Para las licitaciones públicas y remates se efectuará una publicación en el Diario Oficial y en medios electrónicos adecuados de la Presidencia de la República, sin perjuicio de otros medios que se consideren convenientes para asegurar la publicidad del acto, en especial la comunicación a los servicios de información sobre compras estatales. En las licitaciones abreviadas, los organismos del Estado deberán realizar la publicación en el medio electrónico indicado".

Artículo 155.- Los organismos comprendidos en el artículo 451 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987 (artículo 2º del TOCAF), deberán dar a publicidad el acto de adjudicación de las licitaciones públicas y abreviadas, las contrataciones en régimen de excepción; las ampliaciones de las mismas y los actos de reiteración del gasto por observación del Tribunal de Cuentas.

Dichos organismos tendrán la obligación de enviar al medio electrónico que determine el Poder Ejecutivo, la mencionada información en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.

Artículo 156. (Salto Grande).- Modifícanse los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 7º de la Ley Nº 15.845, de 15 de diciembre de 1986, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 2º.- Las servidumbres a que refiere el artículo anterior, se extenderán por un plazo de cien años y serán constituidas por el Poder Ejecutivo, el que identificará los inmuebles afectados por dichas crecidas y fijará la indemnización correspondiente a pagar, de cargo de Rentas Generales.

ARTÍCULO 3º.- Con la finalidad de asesorar al Poder Ejecutivo, créase una Comisión Honoraria que dependerá del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el que proveerá los recursos materiales y humanos para el cumplimiento de sus cometidos.

ARTÍCULO 4º.- Dicha Comisión estará integrada por cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo de la siguiente forma: dos de ellos directamente por el Poder Ejecutivo, uno de los cuales deberá ser a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas y otro a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien la presidirá; uno a propuesta de la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar, uno a propuesta de la Asociación de Cultivadores de Arroz y uno a propuesta de la Delegación del Uruguay ante la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande.

ARTÍCULO 5º.- El Poder Ejecutivo reglamentará el funcionamiento de la Comisión referida.

ARTÍCULO 7º.- La Comisión actuará con el asesoramiento de la Dirección Nacional de Catastro, los servicios técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Delegación del Uruguay en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande.

La indemnización deberá cubrir la disminución del valor de los inmuebles expuestos a las mencionadas crecidas temporarias, teniéndose en cuenta, a esos efectos, la naturaleza de la explotación a que los referidos inmuebles estaban destinados hasta el 31 de diciembre de 1985.

Dicha indemnización deberá cubrir además los daños y perjuicios ocasionados a daños, cosechas y mejoras.

La Comisión elevará la propuesta de indemnización debidamente fundada, discriminando la cifra por concepto de disminución del valor de la tierra y cada uno de los otros rubros, si los hubiera, estándose en definitiva a lo que resuelva el Poder Ejecutivo".

Artículo 157.- Facúltase al Poder Ejecutivo para fijar un plazo que no podrá superar los sesenta días calendario, a efectos de que los titulares de derechos reales o personales sobre los inmuebles comprendidos en los términos de la Ley Nº 15.845, de 15 de diciembre de 1986 comparezcan a deducir sus eventuales derechos, so pena de caducidad de los mismos.

La convocatoria, conjuntamente con el listado de padrones correspondientes, deberá ser publicada en el Diario Oficial y otro diario de circulación nacional, computándose el término que se establezca, a partir del día siguiente a la publicación, sin perjuicio de su difusión en otros medios que se estime conveniente.

Quienes se presenten deberán acreditar el cumplimiento de los extremos requeridos por la ley, de acuerdo con la reglamentación que al respecto dicte el Poder Ejecutivo.

Artículo 158.- En ningún caso se admitirán reclamos de indemnización por concepto de daños y perjuicios a cosechas, ganado o mejoras que refieran a los inmuebles sobre los cuales ya haya sido abonada la indemnización por disminución del valor de la tierra.

Artículo 159.- Deróganse los artículos 11 y 12 de la Ley Nº 15.845, de 15 de diciembre de 1986.

Artículo 160. (BPS).- Modifícase el artículo 461 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, con el complemento dado por el artículo 252 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 461.- Los adeudos reconocidos por el contribuyente ante el Banco de Previsión Social (BPS), en oportunidad de presentar declaraciones de obligaciones, o los resultantes de convenios de pago incumplidos, constituyen título ejecutivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 91 del Código tributario. Lo dispuesto precedentemente, se aplicará también a los adeudos resultantes de declaraciones presentadas a los efectos de la formación del registro de historia laboral (artículo 7º de la Ley Nº 16.190, de 20 de junio de 1991 y artículo 87 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995).

Lo dispuesto en el inciso primero será aplicable a las obligaciones de los sujetos pasivos de los tributos que recauda la Dirección General Impositiva (DGI)".

Artículo 161.- Incorpórase como inciso segundo del artículo 89 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995:

"El Banco de Previsión Social (BPS) podrá emplazar públicamente a los trabajadores para que comparezcan a notificarse en un plazo no menor a noventa días a partir de la convocatoria y vencido dicho término se considerará cumplida la notificación a todos los efectos legales".

Artículo 162.- Modifícase el inciso primero del artículo 90 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"El afiliado dispondrá de un plazo de ciento ochenta días para observar la información, a partir de que la misma le haya sido notificada conforme lo dispuesto en el artículo anterior".

Artículo 163.- Solo serán beneficiarios y atributarios de las prestaciones de actividad a cargo del Banco de Previsión Social (BPS) aquellos trabajadores que estando comprendidos en las normas de inclusión sean contribuyentes de los aportes a la seguridad social recaudados por el referido organismo.

Montevideo, 30 de junio de 2002.

GUILLERMO STIRLING, DIDIER OPERTTI, ALBERTO BENSIÓN, LUIS BREZZO, ANTONIO MERCADER, LUCIO CÁCERES, SERGIO ABREU, ÁLVARO ALONSO, ALFONSO VARELA, GONZALO GONZÁLEZ, JUAN BORDABERRY, CARLOS CAT, JAIME MARIO TROBO".

(Los Anexos I a XIII se encuentran a disposición, para su consulta, en la Secretaría de la Cámara de Representantes)

Anexo XIV al
Rep. Nº 1004

"CÁMARA DE REPRESENTANTES
Comisión de Presupuestos,
integrada con la de Hacienda

INFORME EN MAYORÍA

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda ha considerado el Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondientes al Ejercicio 2001 y el correspondiente proyecto de ley articulado desde Secciones del I a VIII.

En la Sección I, artículo 1º, el Poder Ejecutivo propone la aprobación de dicha Rendición con un resultado deficitario de ejecución presupuestaria de $ 12.963.443.000 (doce mil novecientos sesenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y tres mil pesos uruguayos) que figura en forma explícita en los estados demostrativos y auxiliares que acompañan el referido Mensaje.

A su vez, en los Incisos segundo y tercero del mismo artículo, se prevé la reducción de los créditos de gastos de funcionamiento de los Grupos 1 a 7 y de los Incisos 02 al 19 y 25 al 27 en un 8% anual para los ejercicios 2002 al 2004, y se reducen los créditos correspondientes a inversiones en un 19% (diecinueve por ciento) adicional a la reducción dispuesta por el artículo 619 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, para el Ejercicio 2002, y en un 28% anual para los Ejercicios 2003 y 2004 en todos los Incisos del Presupuesto Nacional; a su vez, se faculta al Poder Ejecutivo a hacer reducciones de estos porcentajes en aquellos proyectos de impacto social.

Este resultado indica las dificultades que la economía de nuestro país debió enfrentar y las que aún tendrá en el futuro, producto de la caída abrupta y sostenida de la economía de la región, que llegó, en algunos países limítrofes, a producir desórdenes institucionales y sociales.

En nuestra concepción, la reducción del gasto público implica e implicará la baja de la presión del Estado sobre la sociedad en su conjunto, y equipara el ajuste de la actividad particular con la del Estado, hecho éste al que todos los uruguayos estamos comprometidos para tener una mayor equidad en los esfuerzos que nuestra sociedad hace para mantener al país en orden institucional y social.

A su vez, con lo proyectado en las Secciones II y III se busca la racionalización de la estructura política del Estado, hecho no menor y que lleva a un mejor servicio con menor gasto, tema éste que va a llegar directamente a la población del Uruguay en su conjunto. También se promueve una política de retiros incentivados, que promoverá la disminución de la plantilla funcional y directamente provocará una reducción del gasto. En el Capítulo II se abren metas con los temas de retribuciones y complementos, donde se ponen topes de salarios en la Administración Pública y se eliminan los beneficios extrasalariales, como así también la duplicación de los servicios médicos, lo que apunta también, en forma directa, a la baja del gasto del Estado.

El Capítulo III de la Sección II extiende hasta el año 2015 la prohibición de ingreso a la Administración Pública, norma ésta que mantiene la constante de promover el achicamiento del Estado. El Capítulo IV se refiere a la normativa que regulará las normas y condiciones de contratación así como también en los ámbitos de aplicación. Estas normas tienden a uniformizar los criterios entre la administración del Estado con el régimen de contrato a término.

También en el Capítulo V, se articulan en esta ley las normativas dentro del Estado en lo referente a la redistribución y adecuación de los funcionarios públicos, y se procura la promoción de la racionalización y adecuación de la estructura escalafonaria y salarial dentro de todos los Incisos de la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

Los Capítulos VI y VII se refieren a normas generales sobre funcionarios y régimen horario; aquí también se universalizan las normativas, se mejora y se promueve el horario único.

La Sección IV corresponde al ordenamiento financiero. Allí también se procede a regularizar situaciones pendientes de solucionar desde hace mucho tiempo y posibilita un mayor orden dentro de las finanzas del Estado.

En la Sección V se procede a ordenar y adecuar distintas normas de los Incisos de la Administración Central para una mayor ejecución y administración de las mismas.

La Sección VI corresponde a las empresas públicas. En ella se transfiere la infraestructura ferroviaria al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y se mantiene el resto del servicio en el Directorio de AFE; se permite que el paquete accionario de PLUNA se pueda enajenar en que el organismo lo considere adecuado, entre empresas o ciudadanos uruguayos. Esto corresponde a adecuar la realidad de Uruguay a los tiempos en los cuales vivimos.

La Sección VII pertenece a los Gobiernos Departamentales, donde se contemplan distintos requerimientos de los señores Intendentes en cuanto a tener normativas legales de respaldo a sus gestiones.

La Sección VIII proyecta disposiciones varias, y en el articulado se contemplan adecuaciones de distintas leyes y facultades nuevas sobre distintos organismos del Estado, que tienden a mejorar la gestión de los mismos.

Por lo expuesto, la Comisión, por mayoría de sus componentes, aconseja al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley que se informa.

Sala de la Comisión, 9 de agosto de 2002.

ADOLFO PEDRO SANDE, Miembro Informante, JOSÉ AMORÍN BATLLE, RICARDO BEROIS QUINTEROS, RUBEN H. DÍAZ, MIGUEL DICANCRO, DANIEL GARCÍA PINTOS, HENRY LÓPEZ, GABRIEL PAIS, RONALD PAIS, GUSTAVO PENADÉS.

PROYECTO DE LEY

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2001, con un resultado deficitario de ejecución presupuestaria de $ 12.963.443.000 (pesos uruguayos doce mil novecientos sesenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y tres mil), según los estados demostrativos y auxiliares que acompañan a la presente ley y que forman parte de la misma.

Redúcense los créditos correspondientes a gastos de funcionamiento por toda financiación, de los Grupos 1 a 7 de los Incisos 02 a 19 y 25 a 27, en un 8% (ocho por ciento) anual para los ejercicios 2002 a 2004, excepto aquellos que, por su carácter, el Poder Ejecutivo declare no abatibles, con comunicación a la Asamblea General dentro de un plazo máximo de diez días.

Redúcense los créditos correspondientes a inversiones, por toda fuente de financiamiento, en un 19% (diecinueve por ciento) adicional a la reducción dispuesta por el artículo 619 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, para el Ejercicio 2002 y en un 28% (veintiocho por ciento) anual para los Ejercicios 2003 y 2004, en todos los Incisos del Presupuesto Nacional. Facúltase al Poder Ejecutivo a declarar proyectos prioritarios en función de su impacto social, para los cuales la reducción para los ejercicios 2003 y 2004 será menor.

Artículo 2º.- La presente ley regirá a partir del 1º de enero de 2003, excepto en aquellas disposiciones en que, en forma expresa, se establezca otra fecha de vigencia.

SECCIÓN II

RACIONALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA
POLÍTICA DEL ESTADO

Artículo 3º.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo la elaboración de un proyecto de ley, estableciendo, en el marco de la racionalización y reducción del gasto del Estado, la fusión, supresión o reorganización de los Ministerios de la Administración Central, siempre y cuando ello no implique costos presupuestales asociados al Grupo 0 "Servicios Personales".

Artículo 4º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer la fusión, supresión o reorganización de las diversas unidades ejecutoras de la Administración Central. De lo actuado se dará cuenta a la Asamblea General, la que dispondrá de un plazo de cuarenta y cinco días para su consideración, teniéndose por aprobado si ésta no se expidiese en el término referido.

En ningún caso la ejecución de lo proyectado podrá causar lesión de derechos, ni implicar costos presupuestales ni de caja asociados al Grupo 0 "Servicios Personales".

Artículo 5º.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo, con el asesoramiento preceptivo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la realización de los estudios necesarios a los efectos de determinar la procedencia y conveniencia de la eventual modificación de las disposiciones normativas referentes al número de integrantes de los Directorios de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del Estado.

De concluir tal estudio en la conveniencia de operar modificaciones en las normas respectivas, el Poder Ejecutivo deberá proceder a la elaboración y remisión del correspondiente proyecto de ley.

Artículo 6º.- Cométese al Poder Ejecutivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso quinto del artículo 230 de la Constitución de la República, la elaboración de un proyecto de ley estableciendo la descentralización a nivel departamental y regional, de los procesos de gestión de la Administración Central, así como de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

Asimismo, encomiéndase al Poder Ejecutivo la reglamentación e implementación de lo dispuesto por el artículo 643 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Artículo 7º.- La destitución de funcionarios de los organismos del artículo 221 de la Constitución de la República, en los casos de ineptitud, omisión o delito, será dispuesta por mayoría simple de los integrantes de los respectivos Directorios.

Artículo 8º.- El Poder Ejecutivo constituirá, en un plazo máximo de ciento ochenta días contados a partir de la vigencia de la presente ley, una Comisión Consultiva con el cometido de coordinar e impulsar las actividades complementarias y competitivas de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) y la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), de manera de racionalizar y optimizar su gestión y sus recursos.

Dicha Comisión estará integrada por los siguientes miembros:

A) El Ministro de Industria, Energía y Minería que la presidirá.

B) El Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

C) Los Presidentes de ambos organismos.

SECCIÓN III

RACIONALIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL ESTADO

CAPÍTULO I

RETIROS INCENTIVADOS

Artículo 9º.- El Estado no podrá celebrar o financiar contratos de cualquier naturaleza que impliquen de alguna forma la prestación de un servicio de carácter personal con quienes, habiendo revestido el carácter de funcionarios públicos, se hubieren acogido como tales al beneficio jubilatorio.

Exceptúanse de esta prohibición aquellas contrataciones que tengan por objeto la prestación de servicios de docencia directa en organismos de enseñanza pública.

Derógase el inciso quinto del artículo 35 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974.

Artículo 10. (Retiro incentivado de funcionarios).- Los funcionarios públicos que a la entrada en vigencia de la presente ley tuvieren entre sesenta y sesenta y nueve años de edad y que se acojan al beneficio jubilatorio dentro de los sesenta días de la entrada en vigencia de la presente ley, percibirán mensualmente del organismo al cual pertenecían con cargo a su presupuesto, hasta que cumplan los setenta años de edad, una prestación de hasta el 15% (quince por ciento) de sus retribuciones.

Dicho porcentaje variará hasta el límite señalado en base a una escala relacionada con la edad del funcionario, según la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

El concepto "retribuciones" incluye todas las prestaciones permanentes sujetas a montepío; aquellas que son permanentes pero de monto variable, se determinarán por el promedio de lo percibido en los últimos doce meses anteriores a la aceptación de la renuncia.

La opción a que refiere el inciso primero, una vez realizada será irrevocable.

Artículo 11. (Retiro con reserva de cargo).- Facúltase a la Administración Central y organismos comprendidos en el artículo 220 y 221 de la Constitución de la República a reservar por dos años el cargo público de aquellos funcionarios que opten por incorporarse a empresas regidas por estatutos de derecho privado. La reserva no tendrá lugar en caso de cesación de empleo en la empresa privada por notoria mala conducta debidamente comprobada o si se configura causal jubilatoria dentro del período de reserva.

Artículo 12. (Retiro con tercerización).- Facúltase a la Administración Central y a los organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República, a contratar la prestación de actividades, servicios y cometidos comprendidos en su giro con las empresas formadas por funcionarios, a condición que éstos se retiren de la función pública previa o simultáneamente a la firma del contrato.

Exceptúanse a dichos funcionarios de la prohibición establecida en el numeral 1) del artículo 487 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 524 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, a efectos de su presentación al procedimiento de contratación respectivo.

Dicha contratación podrá efectuarse en forma directa por un plazo máximo de dos años o mediante procedimientos competitivos en los que podrá otorgarse preferencia a dichas empresas en los pliegos respectivos. El Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones de aplicación y los requisitos a cumplir por las empresas formadas por funcionarios para obtener los beneficios previstos en el presente artículo.

Artículo 13. (Ámbito de aplicación).- El régimen de incentivo para el retiro de la función pública que se establece por la presente ley, alcanza a los funcionarios públicos pertenecientes a la Administración Central que, por tal calidad, estén afiliados al Banco de Previsión Social (BPS).

El régimen de incentivo para el retiro de la función pública será aplicable a los funcionarios de los organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República, siempre que se ajusten a las disposiciones del presente Capítulo.

Artículo 14. (Aceptación del retiro incentivado).- El jerarca máximo del Inciso u organismo podrá no autorizar la opción de retiro incentivado por razones fundadas de servicio.

Artículo 15. (Ajuste de valores).- Las sumas a abonar por el organismo respectivo, en concepto de retiro incentivado, se ajustarán en las mismas oportunidades y formas que las dispuestas con carácter general para sus funcionarios.

Artículo 16. (Supresión de vacantes).- Las vacantes de cargos presupuestados o funciones contratadas que se generen por aplicación de retiro incentivado serán suprimidas.

En caso de tratarse de cargos imprescindibles dentro de la estructura organizativa o gerencial, según corresponda, se deberán suprimir en sustitución, vacantes por el costo equivalente al de la vacante generada por aplicación de este régimen, que podrán corresponder a otros grados o escalafones. De no cumplirse el extremo anterior, el funcionario no podrá ampararse al régimen previsto.

Artículo 17. (Prohibición de contratar).- El Estado no podrá celebrar o financiar contratos de cualquier naturaleza que impliquen de alguna forma la prestación de un servicio de carácter personal con personas que se hayan amparado a las presentes disposiciones, con excepción de cargos electivos, políticos, de particular confianza o docentes.

Esta prohibición rige además para los organismos no estatales que se financian total o parcialmente con fondos públicos, cuando estos representen por lo menos un 20% (veinte por ciento) de su presupuesto.

El incumplimiento de lo preceptuado por parte del jerarca será considerado falta administrativa grave.

Artículo 18. (Destino de economías sobre vacantes).- Las disposiciones legales vigentes que otorgan un destino especial a las economías resultantes de la no provisión de vacantes, no regirán respecto a las que sean consecuencia de la aplicación del presente régimen. Estas economías deberán aplicarse en primera instancia a financiar el fondo que se crea por el artículo siguiente y el remanente deberá verterse a Rentas Generales o destinarse a reducción de tarifas del organismo, según disponga la reglamentación.

Establécese que a los efectos del destino determinado por el artículo 492 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, para los créditos definitivos resultantes de la no provisión de vacantes, los mismos no podrán superar el monto correspondiente al Ejercicio 2001 por tal concepto.

Inclúyense en lo establecido en el presente artículo otros casos que pudieren corresponder.

Artículo 19. (Fondo presupuestal para el pago de las compensaciones).- En cada Inciso u organismo deberá constituirse dentro del presupuesto, un fondo con recursos provenientes de la supresión de vacantes generadas por aplicación del régimen de retiros incentivados, para atender hasta la suma concurrente, el pago de las prestaciones previstas en este Capítulo.

Artículo 20. (Situaciones excluidas del retiro incentivado).- No tendrán derecho al retiro incentivado:

A) Los funcionarios que ocupen cargos electivos, políticos o de particular confianza, o que se encuentren percibiendo subsidios por haber ocupado dichos cargos.

B) Los funcionarios que tengan limitada la duración de sus mandatos o la edad por la Constitución de la República.

C) Los funcionarios policiales, militares, de servicio exterior, o docentes.

D) Los funcionarios integrantes del escalafón "N", los Secretarios Letrados de organismos jurisdiccionales, Actuarios y Alguaciles.

E) Los funcionarios contratados al amparo de lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, y al amparo de lo dispuesto por los artículos 44, 714 a 718 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

F) Los funcionarios que ocupen cargos o funciones contratadas, comprendidos en el beneficio de reserva del cargo o función, salvo que el retiro corresponda al cargo o función reservada.

G) Los funcionarios que cuenten con menos de cinco años ininterrumpidos en la administración pública, a la fecha de presentación de la solicitud.

H) Los funcionarios que tengan pendiente sumario administrativo. No obstante, éstos podrán acogerse al retiro incentivado si como consecuencia de dicho sumario no recae destitución.

Los funcionarios que se encuentren cumpliendo sanciones de suspensión sin goce total o parcial del sueldo, podrán optar por dicho beneficio una vez cumplida la sanción dispuesta.

CAPÍTULO II

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

Artículo 21. (Topes retributivos y readecuación salarial).- Ninguna persona física que preste servicios personales al Estado, cualquiera sea la naturaleza del vínculo y su financiación, podrá percibir ingresos mensuales permanentes, por todo concepto, por el desempeño conjunto de sus actividades, superiores al 60% (sesenta por ciento) de la retribución total del Presidente de la República.

El Poder Ejecutivo instruirá a los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República para que, a partir del presupuesto del Ejercicio 2003 y en oportunidad en que se otorguen los incrementos salariales, adopten los mecanismos de ajuste selectivo necesarios para la aplicación del tope establecido precedentemente y para redefinir las escalas salariales a efectos de lograr una adecuada relación entre los diferentes niveles.

Artículo 22.- Elimínase todo beneficio extrasalarial existente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley en los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República.

El Poder Ejecutivo instruirá a los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República a los efectos de que procedan a operar las supresiones referidas en el inciso anterior.

Entiéndese por beneficios extrasalariales, a los únicos efectos de lo dispuesto por el presente artículo, aquellos que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley no fueren considerados monto imponible de los aportes tributarios a la seguridad social.

Los beneficios que no corresponda eliminar serán incorporados al Grupo 0 "Servicios Personales" por el monto percibido en efectivo o por el equivalente al que se abone en especie, pudiendo incrementarse el respectivo grupo exclusivamente por los aportes patronales.

Artículo 23.- El Poder Ejecutivo instruirá a los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República para que dispongan la supresión de los servicios médicos, asistenciales y odontológicos propios destinados a brindar asistencia a sus funcionarios, ex funcionarios y/o familiares de los funcionarios.

Los beneficios referidos serán contratados con las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC). Por la asistencia médica contratada de acuerdo a lo previsto en el Decreto-Ley Nº 15.181, de 21 de agosto de 1981, modificativos y concordantes, el valor máximo a pagar por el organismo, por cada beneficiario, no podrá superar el importe que paga el Banco de Previsión Social (BPS) por la asistencia médica contratada para los beneficiarios activos.

Una vez dispuesta la instrucción del Poder Ejecutivo, los organismos dispondrán de un plazo de ciento ochenta días para contratar la asistencia y declarar la excedencia de los funcionarios médicos y no médicos aplicados directa o indirectamente a la provisión de servicios asistenciales.

Artículo 24.- Declárase por vía de interpretación auténtica que el artículo 7º de la Ley Nº 11.907, de 19 de diciembre de 1952, fue derogado por lo dispuesto en el artículo 643 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Artículo 25.- La remuneración de los integrantes del Directorio del Banco de Previsión Social (BPS), se determinará de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994.

Artículo 26.- La partida del artículo 46 de la Ley Nº 17.453, de 28 de febrero de 2002, podrá ser incrementada con el monto correspondiente al objeto 064 "Contribución a la Asistencia Médica" del programa 002 Consejo de Educación Primaria del Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública, de los maestros que perciban el beneficio del artículo 14 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, al 1º de marzo de 2002. La Contaduría General de la Nación adecuará los créditos.

CAPÍTULO III

INGRESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA

Artículo 27.- Extiéndese hasta el 25 de abril de 2015, el plazo previsto en el inciso primero del artículo 20 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 28.- Se requerirá la previa autorización del Poder Ejecutivo para la aplicación del artículo 4º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, así como toda excepción dispuesta a la aplicación del artículo 1º de la citada ley.

CAPÍTULO IV

RÉGIMEN DE CONTRATOS A TÉRMINO

Artículo 29. (Condiciones de la contratación).- Todos los organismos habilitados para la aplicación del presente régimen de contrato de trabajo a término, previo a la solicitud de contratación, deberán dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, modificativas y concordantes, que establecen la obligación de recurrir en forma imperativa al Registro de Personal a Redistribuir.

En toda propuesta de contratación se deberá adjuntar un informe que indique la cantidad total de personas que se desempeñan en la unidad ejecutora o Gerencia General solicitante, revistan o no la calidad de funcionarios públicos.

Dicha información deberá comprobar que la o las nuevas contrataciones propuestas no incrementan el número de personas que cumplían actividades en dichas unidades al 30 de junio de 2002. En las propuestas de contratación que se efectúen con posterioridad al 30 de junio de 2003, las diferentes unidades ejecutoras o Gerencias Generales proponentes deberán acreditar una disminución no inferior al 1,5% (uno con cinco por ciento) anual en relación al total del personal que se desempeñaba en la misma, revista o no la calidad de funcionario público, al 30 de junio del año anterior.

Excepcionalmente, podrán autorizarse nuevas contrataciones que no cumplan con la condición establecida en el inciso anterior, en aquellas unidades ejecutoras o Gerencias Generales que tengan nuevas competencias otorgadas por ley o por convenios internacionales.

En el caso de organismos en los que se aplique un sistema de retiro incentivado posterior al 30 de junio de 2002, se deberá considerar el total de personal que se desempeñaba en la unidad ejecutora o Gerencia General, luego de producidos dichos retiros, a los efectos de la comparación y de la reducción dispuesta en el inciso tercero de este artículo.

Artículo 30. (Ámbito de aplicación).- Facúltase al Poder Ejecutivo y organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República a celebrar contratos de trabajo a término con personas físicas a efectos de atender las necesidades que la Administración no pueda cubrir con sus propios funcionarios.

Artículo 31. (Provisión de los contratos).- Las contrataciones previstas en el artículo 30 se realizarán mediante llamado público abierto y la selección se efectuará a través de concurso de méritos y antecedentes y serán publicadas en medios electrónicos adecuados.

Artículo 32. (Calidad del contratado).- El contratado no adquiere la calidad de funcionario público, ni los beneficios que tal calidad conlleva. Su contrato será a término, revocable por parte del organismo contratante cuando lo estime conveniente y renovable, siempre que subsistan las necesidades del servicio que lo motivaron y el rendimiento haya sido satisfactorio a criterio de la autoridad correspondiente.

Si se produjeren sucesivas renovaciones del contrato a término, ello no implicará en ningún caso que se adquieran derechos a permanencia e inamovilidad del contratado.

Artículo 33. (Incompatibilidad).- El régimen de contrato a término es incompatible con el desempeño de cualquier cargo o función pública remunerada. Ningún organismo podrá suscribir contratos de esta naturaleza con personas que estén contratadas por ese u otro organismo en igual régimen. Exceptúanse de estas prohibiciones, aquellas situaciones para las cuales la ley autoriza la acumulación de cargos o funciones. A estos solos efectos, se asimilarán los contratos a término a funciones contratadas.

Artículo 34. (Plazo).- Los contratos de trabajo a término que se otorguen a partir de la vigencia de la presente ley, no podrán tener un plazo inicial superior a los doce meses.

Al vencimiento del plazo se extingue la relación contractual, excepto que la Administración notifique en forma fehaciente su voluntad de renovación de dicha relación con una anticipación al vencimiento del plazo contractual, no inferior a treinta días. Cada renovación individual no podrá ser por un plazo superior a los doce meses.

La extinción del plazo contractual inicial o de las sucesivas renovaciones no dará lugar a indemnización por despido ni derecho al beneficio de seguro de desempleo, salvo que el plazo total supere los veinticuatro meses. En este caso, el contratado tendrá derecho a indemnización por despido y seguro de desempleo, conforme los términos de las Leyes Nº 10.489, de 6 de junio de 1944, Nº 10.542, de 20 de octubre de 1944, Nº 10.570, de 15 de diciembre de 1944, Nº 12.597, de 30 de diciembre de 1958, modificativas y concordantes y Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, respectivamente. La suma de los dos beneficios no podrá superar, en ninguna situación, el equivalente a seis meses de retribución total, por lo que el contratado solo podrá recibir el beneficio del seguro de desempleo por la eventual diferencia resultante.

Artículo 35. (Provisoriato).- Durante el término de los tres primeros meses del contrato, se podrá poner fin a la relación contractual por voluntad unilateral de la Administración, no generando derecho a indemnización alguna.

Artículo 36. (Rescisión unilateral).- La Administración podrá proceder a la rescisión unilateral de los contratos por los siguientes motivos:

A) Por haber incurrido en cinco o más faltas injustificadas en un período de doce meses.

B) Por notoria mala conducta debidamente justificada.

Artículo 37. (Derechos).- Las personas físicas contratadas bajo el régimen que se crea por los artículos precedentes, tendrán derecho a beneficios sociales, licencia anual ordinaria (Ley Nº 12.590, de 23 de diciembre de 1958, modificativas y concordantes), indemnización por despido en las situaciones expresamente previstas en el inciso final del artículo 34 y literal A) del artículo 36, así como al amparo al beneficio del seguro por desempleo previsto por el Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, con aplicación de los importes máximos establecidos en el referido artículo 34 de la presente ley. Los contratados tendrán también derecho al beneficio de los seguros sociales de enfermedad previsto por el Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975, modificativas y concordantes.

Artículo 38. (Suscripción de contratos).- En los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional los contratos a celebrarse deberán ser aprobados por el Poder Ejecutivo actuando en acuerdo, el Presidente de la República con el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro respectivo, previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación. Los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República para celebrar contratos bajo este régimen deberán contar previamente con el informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación.

Los contratos que celebren los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República, deberán ser autorizados por el Poder Ejecutivo y contar con el informe previo y favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Artículo 39. (Financiamiento).- Las erogaciones resultantes de los contratos, que se autorizan a celebrar por el régimen que se crea, podrán ser financiadas con cargo al Fondo de Contrataciones que a dichos efectos se creará en cada unidad ejecutora de los Incisos 02 al 27 del Presupuesto Nacional, con los créditos resultantes de la supresión de vacantes de cargos presupuestados o funciones contratadas, en el marco de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994.

Los créditos resultantes de la supresión de vacantes por reestructuras, podrán acrecentar el Fondo, el que también podrá integrarse con hasta el 100% (cien por ciento) del crédito previsto actualmente para la contratación de becarios y pasantes, previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación.

En el ámbito de los organismos del artículo 221 de la Constitución de la República, el Fondo de Contrataciones se financiará con los créditos resultantes de la supresión de vacantes de cargos presupuestados o funciones contratadas así como las que se originen en reformulación de estructuras organizativas.

El crédito disponible de la supresión de vacantes será el resultante luego de la aplicación del artículo 9º de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

En todos los casos, los contratos a celebrarse por el presente régimen podrán ser financiados con cargo a convenios celebrados con otros Estados u Organismos Internacionales o con fondos provenientes de convenios interadministrativos.

También podrán utilizarse para su financiación, las partidas legales autorizadas en el Objeto del Gasto 581 "Transferencias corrientes a Organismos Internacionales" y en los Objetos del Gasto correspondientes a impuestos asociados al mismo.

Toda obligación, cualquiera sea su naturaleza, emergente de los contratos deberá ser atendida con el mismo financiamiento a cuyo cargo se encuentra en contrato celebrado y que da origen a las mismas.

Facúltase al Poder Ejecutivo a incorporar nuevos financiamientos para el presente régimen, sin que ello implique costo presupuestal ni de caja.

Artículo 40. (Responsabilidad).- El no cumplimiento de lo dispuesto en el presente régimen, dará lugar en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, a la responsabilidad patrimonial del jerarca contratante, sin perjuicio de las sanciones administrativas que puedan corresponder.

Artículo 41. (Registro).- Créase en el ámbito de la Oficina Nacional del Servicio Civil, el Registro de Contratos Personales del Estado. Una vez suscritos los contratos de trabajo a término a que refieren los artículos precedentes, los mismos deberán ser inscriptos dentro de los diez días hábiles posteriores a su celebración.

Artículo 42. (Reglamentación).- Dentro de los sesenta días posteriores a la vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo reglamentará el régimen dispuesto precedentemente y establecerá las escalas retributivas correspondientes, tomando en consideración entre otros elementos la complejidad, especificidad y los conocimientos técnicos requeridos para el desempeño de las tareas a contratar. Las mismas serán publicadas a través de los diversos medios oficiales de difusión electrónica.

Artículo 43. (Regularización de becarios y pasantes a incorporar al nuevo régimen de contratación con el Estado).- Las personas contratadas bajo el régimen de becarios o pasantes con anterioridad al 1º de enero de 2001, que se encuentren cumpliendo funciones por renovaciones sucesivas de sus contratos a la fecha de promulgación de la presente ley, previa evaluación satisfactoria de los jerarcas, podrán hacer uso de la opción de ser contratadas bajo la modalidad prevista en el presente Capítulo. Para ello se requerirá su aceptación expresa, en el plazo que establezca la reglamentación. Para estas contrataciones no será de aplicación lo dispuesto en los artículos 29, 31 y 35 de la presente ley. A los efectos del artículo 34, se computará como antigüedad el tiempo de desempeño de beca o pasantía. Queda comprendido en la modalidad prevista en la presente disposición el personal referido en el artículo 379 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Podrán ser incorporados a este régimen también los actuales Niños Cantores de la Dirección de Loterías y Quinielas, para quienes regirán las condiciones establecidas en los literales A) y B) del artículo 246 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974. Para ello deberán manifestar por escrito su decisión de ampararse a dicho beneficio dentro del plazo perentorio de sesenta días.

Cométese al Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil, la elaboración de un proyecto de ley determinando el régimen jurídico estatutario aplicable a la totalidad de los becarios o pasantes que, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso anterior, no hubieren quedado incluidos en el régimen de contratación a término.

CAPÍTULO V

REDISTRIBUCIÓN Y ADECUACIÓN

Artículo 44.- El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento preceptivo de la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Contaduría General de la Nación, deberá someter a la consideración del Poder Legislativo, un proyecto de ley destinado a racionalizar y adecuar la estructura escalafonaria y salarial de los Incisos de la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

Artículo 45. (Redistribución de funcionarios excedentarios registrados en la Oficina Nacional del Servicio Civil a la fecha de promulgación de la presente ley).- Los funcionarios que se encuentren en situación de ser redistribuidos, a la fecha de promulgación de la presente ley, hubieran sido o no ofrecidos con anterioridad, serán ofrecidos por la Oficina Nacional del Servicio Civil, en un plazo no superior a sesenta días.

Si el organismo que recibe el ofrecimiento no se expidiese en treinta días se entenderá aceptada la propuesta, debiendo la Oficina Nacional del Servicio Civil notificar al interesado, promover la redistribución y comunicar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y a la Contaduría General de la Nación para proceder al ajuste de los créditos correspondientes.

Una vez perfeccionado el acto de la redistribución y realizada la adecuación presupuestal definitiva, el organismo de destino deberá incorporar al funcionario, en un plazo máximo de treinta días a partir de la fecha de esta última.

Si el funcionario no se presentara en un plazo de treinta días a partir de la notificación, se entenderá que se configuró la renuncia tácita, procediendo a la supresión de los cargos o contratos de función pública y a dar de baja los créditos asociados a los mismos en el organismo donde figuren.

Artículo 46. (Redistribución funcionarios de PLUNA).- Los funcionarios de las Primeras Líneas de Navegación Aérea (PLUNA) (Ente Autónomo), que se encuentren percibiendo sus haberes sin contraprestación laboral, podrán ser redistribuidos dentro de la Administración Pública y no podrán negarse a la redistribución cuando el ofrecimiento cumpla con las condiciones del artículo 56 de la presente ley.

En caso de no aceptar la redistribución dentro de un plazo de treinta días de ser notificada, se entenderá que se configuró su renuncia tácita.

Derógase el artículo 24 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990.

Artículo 47. (Nuevo régimen general de redistribución).- Las necesidades de personal de los Incisos que integran el Presupuesto Nacional serán cubiertas con funcionarios presupuestados o contratados de los escalafones civiles declarados excedentes en la Administración Pública, a excepción de los Gobiernos Departamentales.

Artículo 48.- Todos los Incisos del Presupuesto Nacional y organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República, podrán declarar excedentes a sus funcionarios en razón de reestructura, supresión de servicios o exceso de personal, por resolución fundada del jerarca máximo del Inciso u organismo.

Artículo 49.- No podrán ser declarados excedentes los funcionarios de los escalafones docentes y del servicio exterior, los Magistrados, los funcionarios contratados al amparo de lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, y al amparo de los dispuesto por los artículos 44 y 714 a 718 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, como así tampoco aquéllos que revistan en cargos políticos o de particular confianza, o que ocupen cargos o funciones contratadas comprendidas en el beneficio de reserva de cargo o función establecida en el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.622, de 24 de diciembre de 1976, modificativas y concordantes.

Artículo 50.- Prohíbese la redistribución de funcionarios provenientes de los Gobiernos Departamentales a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, así como también de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados a los Gobiernos Departamentales.

Artículo 51.- Efectuada la notificación al funcionario de la resolución de declaración de excedencia, el organismo deberá comunicar a la Oficina Nacional del Servicio Civil, en un plazo no mayor a los cinco días hábiles, los datos personales del funcionario con información de las características de las tareas que desempeñaba, perfil educativo, sueldo, compensaciones y beneficios, y la evaluación de su comportamiento funcional.

Artículo 52.- La Oficina Nacional del Servicio Civil procederá a redistribuir al funcionario excedente teniendo en cuenta:

A) Las necesidades de recursos humanos que le hubieran sido comunicadas.

B) Las tareas desempeñadas en el organismo de origen.

C) El perfil del funcionario.

La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá resolver la solicitud de personal en un plazo máximo de diez días hábiles, debiendo notificar al organismo solicitante los datos del funcionario cuyos servicios se ofrecen o la inexistencia en el Registro del perfil laboral demandado.

En función de los criterios señalados y de la estructura de cargos del organismo de destino, el o los funcionarios podrán ser ofrecidos para desempeñarse en un escalafón distinto al de su origen.

Artículo 53.- El jerarca del organismo de destino no podrá rechazar al funcionario cuyos servicios le hubieren sido ofrecidos, salvo por resolución fundada donde se acredite fehacientemente que aquél no cumple con el perfil solicitado o que presenta antecedentes disciplinarios incompatibles con el cargo o función a desempeñar.

Durante el término de los tres primeros meses de la prestación de funciones en el nuevo destino, el jerarca del organismo evaluará el desempeño del funcionario de acuerdo con las disposiciones vigentes en la materia. Cuando éste obtenga una calificación inferior a satisfactoria en su evaluación podrá ser reincorporado al Registro de Funcionarios a Redistribuir.

Artículo 54.- El organismo notificará al funcionario, su destino, en forma fehaciente, en un plazo máximo de tres días hábiles, quién una vez notificado, deberá presentarse en el organismo de destino dentro de los diez días hábiles siguientes. El incumplimiento injustificado de dicha obligación se entenderá como renuncia tácita al cargo o función.

Artículo 55.- En todos los procedimientos de redistribución, la Comisión a que refiere el artículo 22 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, efectuará la adecuación presupuestal correspondiente, determinando el escalafón, grado y la remuneración que corresponda asignar, de conformidad con la aceptación formulada. Para el cumplimiento de dicha actividad dispondrá, bajo responsabilidad funcional directa de sus integrantes –titulares o alternos-, de un plazo máximo de noventa días corridos contados a partir del día siguiente al de la recepción de las actuaciones remitidas a tales efectos por la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Artículo 56.- La redistribución del funcionario excedente podrá disponerse dentro del mismo departamento donde reside o desempeñaba su trabajo habitualmente, o fuera de éste, cuando ello no suponga un traslado superior a los sesenta kilómetros, siempre que haya transporte público entre ambas localidades. El lugar de residencia del funcionario deberá ser acreditado según disponga la reglamentación.

En el caso de que el funcionario hubiere solicitado la redistribución fundamentada en los artículos 26 y 28 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, y el destino previsto fuera en un lugar distinto a la localidad en la que reside o trabajaba, deberá contarse con la conformidad previa del funcionario.

Artículo 57.- La Oficina Nacional del Servicio Civil publicará por medios electrónicos adecuados el listado del Registro de Funcionarios a Redistribuir indicando perfil laboral, lugar de residencia y de trabajo habitual de cada funcionario en la función pública, resguardando su anonimato.

Artículo 58.- Prohíbese toda designación o contratación de servicios personales, de cualquier naturaleza, que tenga por objeto la prestación de las tareas inherentes a los cargos o funciones contratadas para sustituir a los funcionarios declarados excedentes. Todo acto administrativo dictado en contravención a esta disposición será considerado nulo y hará incurrir en responsabilidad al jerarca que lo haya dictado.

Artículo 59.- Los funcionarios excedentarios quedarán eximidos del deber de asistencia a su lugar de trabajo, salvo en el caso de pase anticipado y en los casos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990. El tiempo transcurrido en esta situación no generará derecho a licencia.

Artículo 60.- Hasta tanto el funcionario no comience a desempeñar tareas en el organismo de destino, la remuneración se ajustará a las siguientes condiciones:

A) En todos los casos, desde la declaración de excedentario, se abonará el 100% (cien por ciento) por el término de seis meses.

B) A partir del séptimo mes se abonará el 50% (cincuenta por ciento) de las retribuciones y compensaciones y la totalidad de los beneficios sociales.

C) Cuando el funcionario hubiera solicitado la redistribución fundamentada en los artículos 26 y 28 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, y continúe trabajando en el organismo de origen, se abonará el 100% (cien por ciento) de las retribuciones, compensaciones y beneficios sociales.

Artículo 61.- La retribución del funcionario redistribuido comprenderá el sueldo y todas las compensaciones de carácter permanente y retributivo, percibidas en el organismo de origen, con excepción de las compensaciones por prestación de funciones específicas de ese organismo o de tareas distintas a las inherentes a su cargo o función y de los beneficios sociales.

Se entiende por compensaciones de carácter permanente, aquellas cuyo derecho al cobro se genera al menos dos veces al año, con excepción del sueldo anual complementario.

Se considera que tienen carácter retributivo aquellas partidas que independientemente de su denominación o financiación se abonen a los funcionarios por prestar efectivamente servicios.

Cuando la retribución se integre con conceptos de monto variable, se tomará el promedio mensual de lo percibido en los últimos doce meses previos a la declaración de excedencia.

Las retribuciones en especie se tomarán por su equivalente monetario.

Si la retribución que le corresponde al cargo o función en el organismo de destino fuere menor, la diferencia resultante se mantendrá como compensación personal, la cual será absorbida por futuros ascensos o regularizaciones.

Artículo 62.- Facúltase a la Oficina Nacional del Servicio Civil a realizar convenios con instituciones públicas o privadas para realizar los cursos de capacitación necesarios a efectos de la reconversión, recalificación o especialización de los funcionarios declarados excedentes con el objeto de su reubicación en la función pública.

Artículo 63.- La Oficina Nacional del Servicio Civil apreciará en cada caso, las necesidades de capacitación de los funcionarios declarados excedentes, determinando los cursos de capacitación que deberán realizar obligatoriamente en forma previa a su redistribución.

El funcionario debidamente notificado, que se niegue a recibir la capacitación dispuesta o que incurra en un ausentismo no justificado superior al 20% (veinte por ciento) de las horas de clase dictadas, se considerará incurso en omisión, pasible de destitución.

Artículo 64.- Las normas contenidas en la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, serán de aplicación en todo lo que no se opongan a la presente ley.

Artículo 65.- Las economías resultantes de la supresión de cargos o funciones contratadas como consecuencia de los artículos contenidos en este Capítulo se destinarán en su totalidad a Rentas Generales o a la reducción de tarifas del organismo, según lo disponga la reglamentación.

CAPÍTULO VI

NORMAS GENERALES SOBRE FUNCIONARIOS

Artículo 66.- Los Directores de las unidades ejecutoras de la Administración Central deberán suministrar en tiempo y forma la información necesaria para completar los datos de los sistemas informáticos que establezca el Poder Ejecutivo por vía reglamentaria.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas precedentemente, configurará falta administrativa grave.

Artículo 67. (Pases en comisión).- Sustitúyese el artículo 32 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, en la redacción dada por el artículo 40 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, por el siguiente:

"ARTÍCULO 32.- Autorízase el traslado de funcionarios de organismos públicos estatales y no estatales para desempeñar, en comisión, tareas de asistencia directa al Presidente de la República, Vicepresidente de la República, Ministros de Estado, Subsecretarios y Legisladores Nacionales a expresa solicitud.

Los legisladores no podrán tener más de cinco funcionarios en comisión simultáneamente.

Los Ministros de Estado no podrán tener más de diez funcionarios en comisión simultáneamente.

Los Subsecretarios de Estado no podrán tener más de cinco funcionarios en comisión cada uno. Estas solicitudes deberán ser formuladas por el jerarca del Inciso.

El plazo del traslado en comisión se extenderá por todo el período de ejercicio del cargo por parte de quien formule la solicitud, salvo que éste resolviera dejarlo sin efecto. Al asumir un nuevo jerarca, éste podrá mantener hasta por noventa días los funcionarios que tenía en comisión su predecesor, en tanto transcurra el período procedimental relativo a la renovación o sustitución de las mismas.

Los indicados traslados en comisión no tendrán otro efecto que la prestación de la actividad al servicio y a la orden de quien formula la solicitud. Los funcionarios mantendrán su condición, ya sea de presupuestados o contratados, debiendo considerárseles como si prestaran servicios en su lugar de origen, en particular en cuanto refiera a la carrera administrativa, a la renovación de sus contratos si correspondiera, a la bonificación de sus servicios a los efectos jubilatorios, y a su remuneración, cualquiera sea su naturaleza, incluyendo aquellas que tengan por condición la prestación efectiva de tareas en el organismo. Lo dispuesto no será de aplicación para aquellas partidas que por norma legal expresa tuviesen un tratamiento diferente.

Cuando los funcionarios provinieren de la Administración Central o de los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República y cuenten con una antigüedad superior a cinco años en comisión, podrán solicitar su incorporación definitiva al Inciso en que vinieren desempeñando funciones, mediante el mecanismo de redistribución dispuesto por la presente ley".

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará respecto a los funcionarios que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encontraren desempeñando tareas en régimen de comisión, sin perjuicio de su derecho a optar por la incorporación definitiva al Inciso correspondiente.

Artículo 68.- Modifícase el inciso primero del artículo 12 de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Al funcionario público que en un período de doce meses incurra en más de treinta inasistencias o por un período de veinticuatro meses en más de cincuenta inasistencias, se le instruirá un sumario administrativo".

Artículo 69.- Las inasistencias motivadas por enfermedad que no determinen la imposibilidad permanente para el cumplimiento de las funciones, podrán prolongarse hasta un año. Por resolución fundada de una Junta de Médicos de Salud Pública se podrá extender el plazo por hasta un año más. Vencido dicho plazo, se procederá a la destitución según lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990.

Artículo 70. (Licencia por estudio).- La licencia por estudio establecida en el artículo 33 de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990, y por el artículo 30 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, será de hasta veinte días anuales hábiles para rendir exámenes o pruebas finales de la asignatura. Por cada examen o prueba final se otorgará hasta cinco días de licencia por estudio.

No obstante, no se otorgará licencia por estudio a aquel funcionario que no hubiere demostrado, mediante la presentación de la documentación respectiva, el haber aprobado al menos el 33% (treinta y tres por ciento) de las asignaturas correspondientes al año lectivo inmediato anterior o al último año en que hubiere hecho uso de este tipo de licencia, cuando se tratare de carreras universitarias o de nivel de educación terciaria; o bien al menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de aquéllas, cuando se tratare de estudios de nivel secundario. No obstante, tal exigencia no será requerida a quienes hicieren uso de la licencia especial por primera vez desde el ingreso a la función pública en el ejercicio precedente.

Artículo 71. (Licencias especiales sin goce de sueldo).- Modifícase el artículo 37 de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990, en la redacción dada por el artículo 592 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Se podrá conceder al personal licencia en casos especiales debidamente fundados. Esta licencia se concederá sin goce de sueldo y con un plazo máximo de hasta un año, prorrogable por otro año más.

No obstante, no regirá este límite para:

A) Los funcionarios cuyos cónyuges –también funcionarios públicos- sean destinados a cumplir servicios en el exterior por un período superior a un año y siempre que la concesión de la licencia no ocasione perjuicio al servicio respectivo.

B) Los funcionarios públicos que pasen a prestar servicios en Organismos Internacionales de los cuales la República forma parte, cuando ellos sean de interés de la Administración y por un plazo que no podrá exceder de los cinco años.

C) Cuando los funcionarios deban residir en el extranjero por motivo de cumplimiento de cursos o realización de investigaciones sobre temas atinentes a su profesión o especialización.

D) Los funcionarios con cargos docentes designados o electos para desempeñar cargos docentes de gobierno universitario.

E) Los funcionarios comprendidos en el artículo 7º del Decreto Nº 158/002, de 30 de abril de 2002, en la redacción dada por el artículo 4º del Decreto Nº 208/002, de 11 de junio de 2002".

Artículo 72. (Actos de comisión de servicio).- Modifícase el artículo 39 de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 39.- El cumplimiento de cursos o pasantías de perfeccionamiento, o la concurrencia a congresos o simposios, serán reputados actos en comisión de servicio si son declarados previamente por el Ministro o jerarca del servicio de interés para su Ministerio o para el organismo que pertenece, con resolución fundada.

Para la concurrencia a congresos o simposios, que sean reputados actos en comisión de servicio, realizados dentro o fuera del país, se podrá otorgar un máximo de diez días en el año".

Artículo 73. (Reglamentación de causales de destitución).- A partir de la vigencia de la presente ley, los funcionarios del Estado incurrirán en ineptitud u omisión cuando durante dos años consecutivos obtengan una calificación inferior a satisfactorio en la evaluación correspondiente, acumulen diez faltas injustificadas al año, o efectúen registros en los mecanismos de control de asistencia pertenecientes a otros funcionarios.

Artículo 74. (Inasistencias continuas sin aviso).- Cumplidos tres días hábiles continuos en que el funcionario faltare a sus tareas sin aviso, el organismo deberá en forma inmediata intimar fehacientemente el reintegro al trabajo, bajo apercibimiento de renuncia tácita. Si el funcionario no se reintegrara al día laborable inmediatamente posterior a la notificación, se entenderá que existe renuncia tácita a la función pública, sin perjuicio de lo que establece el artículo 66 de la Constitución de la República.

Artículo 75.- Los jefes o encargados de las reparticiones tienen el cometido de controlar el cumplimiento del deber de asistencia y de permanencia en su área de trabajo de los funcionarios bajo su dependencia. La omisión de este deber será considerada falta administrativa grave.

Artículo 76.- Los funcionarios que controlan la asistencia serán responsables de que las faltas al servicio queden debidamente documentadas y sean comunicadas a los efectos de su sanción. Su omisión al respecto se considerará falta administrativa grave.

CAPÍTULO VII

RÉGIMEN HORARIO

Artículo 77. (Horario único).- La Oficina Nacional del Servicio Civil coordinará con la Administración Central, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, el establecimiento de un horario único de las oficinas y un horario mínimo de atención al público, salvo situación especial que, para una mejor atención de los usuarios y por razones de mejor servicio, establezca la reglamentación correspondiente.

Los demás Poderes del Estado, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y los Gobiernos Departamentales fijarán horarios únicos de funcionamiento de sus dependencias en coincidencia a los que se establezcan para la Administración Pública.

Artículo 78. (Horas extra).- A partir de la vigencia de la presente ley, no se autorizará el pago de horas extra dentro del horario de funcionamiento de las oficinas.

Fuera de dicho horario, las horas extra se regirán según lo que establezca la reglamentación respectiva.

SECCIÓN IV

ORDENAMIENTO FINANCIERO

Artículo 79. (Déficit).- Derógase el artículo 28 del Decreto-Ley Nº 14.550, de 10 de agosto de 1976.

Artículo 80. (Partidas pendientes de regularizar).- Modifícase el artículo 8º de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 8º.- A partir de la promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo incluirá en el proyecto de ley de aprobación del Balance de Ejecución Presupuestal, las partidas pendientes de regularización y las modificaciones indispensables a las normas generales sobre ejecución presupuestal, funcionarios y ordenamiento financiero. Simultáneamente se remitirá, para su conocimiento, el informe sobre el estado de la situación económico-financiera de la República, con enunciación de los resultados obtenidos por la política aplicada por el Poder Ejecutivo y su correspondiente evaluación anual. Derógase el Decreto-Ley Nº 14.695, de 26 de agosto de 1977".

Artículo 81.- Sustitúyese el artículo 76 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, en la redacción dada por el artículo 6º de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

"ARTÍCULO 76.- En los Incisos 02 al 27, los déficit que se originen por modificación de la paridad monetaria o por variación de los precios, en gastos de funcionamiento e inversión que se financien con Rentas Generales, serán de cargo del Tesoro Nacional siempre que el ajuste de precios o el pago en moneda extranjera, esté previsto en el respectivo contrato.

Esto será de aplicación en los siguientes casos:

Cuando se trate de reliquidaciones de gastos presentados por el acreedor con posterioridad al cierre del ejercicio.

Por las diferencias producidas entre el momento del compromiso del gasto y su pago, cuando los créditos resultaren insuficientes.

La erogación correspondiente será dispuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas, previo informe de la Contaduría General de la Nación, y se atenderá con cargo a los créditos del Inciso, en el Objeto del Gasto correspondiente".

Artículo 82. (Sentencias judiciales).- Agrégase el siguiente párrafo al artículo 31 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001:

"En estos casos la erogación resultante se atenderá con cargo al crédito autorizado en el artículo 464 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987".

Artículo 83.- El Poder Ejecutivo abatirá los créditos de funcionamiento de los Incisos 02 a 15, para los ejercicios 2003 y 2004, por los montos de las economías generadas como consecuencia de la reducción de la flota vehicular de los respectivos Incisos, deducida la cuota parte de abatimiento dispuesta por el artículo 1º de la presente ley.

Igual obligación regirá para los jerarcas de los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República.

Artículo 84.- Establécese que la Universidad de la República estará gravada por la contribución especial de seguridad social de aportes patronales al Banco de Previsión Social.

Artículo 85.- Los aportes patronales efectuados por la Universidad de la República, a partir de la vigencia del artículo 429 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, serán imputados a "Asistencia Financiera al Banco de Previsión Social", en cada uno de los períodos en que fueron generados.

Artículo 86.- La contabilidad de los fondos declarados de terceros por la presente ley y por la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2002, deberá llevarse de la forma y condiciones que determine la Contaduría General de la Nación.

La utilización de dichos fondos deberá acreditarse en estados trimestrales, con informe de revisión limitada, firmado por contador público, que se presentarán ante la Contaduría General de la Nación a los treinta días de vencido el trimestre.

La Auditoría Interna de la Nación, deberá realizar controles periódicos, en especial sobre la información contenida en los estados contables y su documentación respaldante, dando cuenta al Ministerio de Economía y Finanzas.

SECCIÓN V

INCISOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Artículo 87.- Cométese a la Oficina Nacional del Servicio Civil, con el asesoramiento del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado (CEPRE), la reglamentación y puesta en práctica de un nuevo régimen de evaluación del desempeño, el que se aplicará, en sustitución del dispuesto por los artículos 22 a 27 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, para las evaluaciones correspondientes a los ejercicios 2003 y siguientes.

Artículo 88.- Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar una reestructura organizativa de la Oficina Nacional del Servicio Civil que incorpore nuevos modelos de gestión y gerenciamiento, previo asesoramiento del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado (CEPRE) y del Ministerio de Economía y Finanzas. A tales efectos podrá suprimir, transformar, fusionar y redistribuir cargos y funciones contratadas, establecer un sistema de alta gerencia, alta especialización y prioridad u otro sistema igualmente idóneo, reasignando los créditos presupuestales correspondientes.

La reestructura mencionada no podrá implicar costo presupuestal ni de caja, ni lesión de derechos funcionales.

La Oficina Nacional del Servicio Civil, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la promulgación de la presente ley, proyectará y remitirá al Poder Ejecutivo la nueva estructura orgánica y escalafonaria para su aprobación, el que dará cuenta a la Asamblea General.

Artículo 89.- La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), unidad ejecutora 009, programa 005, "Regulación y Control de Servicios de Comunicaciones" del Inciso 02 "Presidencia de la República" dispondrá además de los cometidos y poderes jurídicos establecidos en los artículos 86 y 90 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, los de prevenir conductas anticompetitivas y de abuso de posición dominante en las actividades referidas en el artículo 71 de la precitada ley, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas vigentes en materia de servicios públicos y monopolios legalmente establecidos.

Artículo 90.- Decláranse incluidas en las exoneraciones del artículo 1º del Capítulo I del Título 3 del Texto Ordenado 1996 a las radioemisoras AM y FM, con exclusión de las siguientes:

A) Las instaladas en el departamento de Montevideo.

B) Las instaladas en el interior del país que tengan –de acuerdo a los parámetros técnicos autorizados– un área principal de servicio cuya cobertura comprenda el centro de Montevideo, tomando como tal el Km 0.

Cométese al Poder Ejecutivo, a través de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), la delimitación del área principal de servicio.

Derógase el artículo 617 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Artículo 91.- Dispónese la reducción del número de agregados militares en el exterior, en al menos un 30% (treinta por ciento), respecto al número vigente al 30 de junio de 2001, en un plazo máximo de un año a partir de la vigencia de la presente ley.

Artículo 92.- Agrégase al artículo 27 del Decreto-Ley Nº 15.524, de 9 de enero de 1984, el siguiente numeral:

"5) Emanen de los mandos policiales y de las Fuerzas Armadas, por medio de las cuales, se aplique cualquier tipo de sanción o pena a sus respectivos efectivos, en virtud de la comisión de falta disciplinaria o, en su caso, delitos militares y la baja como consecuencia de los mismos".

Artículo 93.- Agrégase al artículo 4º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, el siguiente literal:

"P) Los cargos presupuestados de los Escalafones "A" Profesional Universitario, Serie Licenciado en Meteorología, "B" Técnico Profesional, Serie Meteorólogo y "D" Especializado, Series Técnico en Meteorología Cuerpo de Observadores y Comunicación, Electrónica y Computación, de la unidad ejecutora 039 "Dirección Nacional de Meteorología" del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional". Establécese a partir del 1º de enero de 2002, la no supresión de vacantes del último grado de los escalafones y series citadas precedentemente.

  Autorízase al Poder Ejecutivo a reducir las vacantes necesarias dentro del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional" a los efectos de compensar el costo de las designaciones a que dé lugar la aplicación del inciso anterior".

Artículo 94.- El Poder Ejecutivo tomará las medidas necesarias para lograr una efectiva racionalización y coordinación de los sistemas logísticos existentes en el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional, a fin de reducir los costos y maximizar la eficacia de los recursos empleados en el cumplimiento de los cometidos asignados al Inciso 03.

Establécese, asimismo, la necesidad de adoptar las medidas necesarias para coordinar y racionalizar los sistemas de enseñanza a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, a fin de lograr la optimización de los recursos empleados, eliminando la duplicación de áreas de enseñanza, especialmente en los cursos de formación y capacitación correspondientes a las Fuerzas Armadas, propiciando la concentración de cursos afines en los distintos centros de enseñanza, sin perjuicio del empleo de sistemas de control de calidad.

Artículo 95.- Modifícase el artículo 29 del Decreto-Ley Nº 15.688, de 30 de noviembre de 1984, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"El Comando General del Ejército podrá integrar un Comando de Apoyo Logístico del Ejército con la misión de:

A) Dirigir, coordinar, planificar y supervisar las actividades de los Servicios del Ejército.

B) Recomendar la política de explotación y empleo de medios.

El Poder Ejecutivo, a propuesta del Comando General del Ejército, reglamentará las organizaciones de los servicios de acuerdo a las necesidades del Ejército y los Reglamentos Técnicos que rigen la materia".

Artículo 96.- Modifícase el literal A) del artículo 45 del Decreto-Ley Nº 15.688, de 30 de noviembre de 1984, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"A) Asegurar la preparación, actualización, conservación, distribución y evaluación de material cartográfico necesario para el cumplimiento de su misión fundamental asignada al Ejército por la presente ley y en apoyo a la planificación integral de las actividades de Seguridad y Desarrollo Nacional".

  Agrégase al artículo 45 del Decreto-Ley Nº 15.688, de 30 de noviembre de 1984, el siguiente literal:

"E) Establecer, mantener y operar un Sistema de Información Geográfica para el Apoyo a la Gestión y toma de Decisiones".

Artículo 97.- Efectúase la trasposición definitiva y permanente en el programa 003 "Armada Nacional", unidad ejecutora 018 "Comando General de la Armada", por un importe de $ 13.500.000 (trece millones quinientos mil pesos uruguayos), dentro del Grupo 0, según el siguiente detalle:

OBJETO DEL GASTO A DISMINUIR

Importe ($)

042004 - Comp. Obreros SCRA

4.000.000

042014 - Permanencia a la Orden

1.000.000

042067 - Compensación mensual por equipo

500.000

043004 - Dedicación integral

8.000.000

OBJETO DEL GASTO A INCREMENTAR

Importe ($)

051 - Dietas

13.500.000

Artículo 98.- Asígnase al programa 003 "Armada Nacional", unidad ejecutora 018 "Comando General de la Armada", para el proyecto hidrográfico "Relevamiento de la Traza del Límite Exterior de la Plataforma Continental", declarado de Interés Nacional por la Ley Nº 17.357, de 22 de junio de 2001, los créditos que se detallan a continuación:

Grupo 1

$ 2.620.153

Grupo 2

$ 1.500.000

Objeto del Gasto 141

$ 2.000.000

Objeto del Gasto 151

$ 200.000

PIP 758 "Adquisición, Recuperación y Equipamiento de Unidades Flotantes y Aeronavales"

$ 1.955.000

Artículo 99.- Establécese que constituyen Fondos de Terceros las contraprestaciones percibidas por la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas por la realización respecto de instituciones públicas, privadas y terceros no usuarios, de actos médicos, quirúrgicos, exámenes, estudios y otros servicios.

Artículo 100.- Establécese que la totalidad de los fondos que la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas recauda al amparo de lo dispuesto por el Decreto 78/994, de 22 de febrero de 1994, y por el artículo 3º de la Ley Nº 16.720, de 13 de octubre de 1995, constituye Fondos de Terceros.

Artículo 101.- Establécese que a partir de la vigencia de la presente ley, no será aplicable al personal de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, el artículo 397 de la Ley Nº 13.032, de 7 de diciembre de 1961.

Artículo 102.- Sustitúyese el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.675, de 16 de noviembre de 1984, por el siguiente:

"ARTÍCULO 1º.- La contribución mensual de cada beneficiario del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas a dicha Institución, calculada, en todos los casos, sobre la contribución básica de Soldado de Segunda, se liquidará sobre el siguiente porcentaje:

A) Personal Superior

  Tenientes Generales, en actividad y retiro, 13,20% (trece con 20/100 por ciento)

  Oficiales Generales, en actividad y retiro, 11,60% (once con 60/100 por ciento)

  Oficiales Superiores, en actividad y retiro, 10,80%(diez con 80/100 por ciento)

  Oficiales Jefes, en actividad y retiro, 14,60% (catorce con 60/100 por ciento)

  Oficiales subalternos, en actividad y retiro, 12,40% (doce con 40/100 por ciento)

B) Personal Subalterno

  Suboficiales, en actividad y retiro, 10,10% (diez con 10/100 por ciento)

  Clases, en actividad y retiro, 6,75% (seis con 75/100 por ciento)

  Alistados, en actividad y retiro, 4,50% (cuatro con 50/100 por ciento)

  Aprendices, 3,40% (tres con 40/100 por ciento)

C) Alumnos de las Escuelas de Formación de Oficiales, 3,40% (tres con 40/100 por ciento)

D) Equiparados: los funcionarios equiparados integrantes del Ministerio de Defensa Nacional, en actividad y retiro, aportarán de acuerdo al respectivo grado de su equiparación.

E) Civiles: los funcionarios civiles integrantes del Ministerio de Defensa Nacional, en actividad y retiro, 9% (nueve por ciento)

F) Pensionistas: los pensionistas del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, aportarán cada uno de ellos, de acuerdo al grado del respectivo causante que generó el derecho a pensión.

G) Familiares: el aporte del cónyuge o cada familiar con derecho de asistencia según la reglamentación del Poder Ejecutivo, será en el mismo porcentaje que corresponde al titular directo que genera el derecho de asistencia, calculando de acuerdo a lo establecido en los literales anteriores.

En el caso de que en un mismo núcleo familiar existieran dos o más integrantes del Ministerio de Defensa Nacional, el aporte de todos los componentes del grupo familiar se liquidará de acuerdo al aporte del de mayor jerarquía.

H) En ningún caso el aporte total de los señores Oficiales Generales y Oficiales Superiores será inferior al 3,30% (tres con 30/100 por ciento) calculado sobre sus respectivas retribuciones mensuales.

Artículo 103.- Autorízase al Poder Ejecutivo, previa propuesta del Ministerio de Defensa Nacional, a aumentar o disminuir el porcentaje de aporte de la contribución mensual que abonan los beneficiarios de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas.

Artículo 104.- En las contrataciones de los servicios fúnebres que se realicen con recursos del Fondo Especial de Tutela Social, la Administración podrá aceptar de las empresas oferentes y contratantes garantías personales respecto del mantenimiento de la oferta y cumplimiento de contrato, debiendo acreditarse la solvencia económica mediante documentación fehaciente.

Artículo 105.- Facúltase al Ministerio del Interior a partir de la promulgación de la presente ley para efectuar promociones dentro del personal subalterno policial cualquiera sea el subescalafón sin aplicar lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, que determina que los ascensos deben realizarse con fecha 1º de febrero cuando ocurra imposibilidad de ocupar los cargos vacantes, y sea necesario para el normal funcionamiento del servicio, manteniéndose las demás exigencias establecidas en la Ley Orgánica Policial para realizar los ascensos del personal.

Artículo 106.- Prohíbese a los funcionarios policiales que reúnan la doble condición de policías (Personal Superior y Personal Subalterno), y de profesionales del derecho (Doctor en Derecho, Abogado, Procurador), intervenir en el asesoramiento, defensa o cualquier otro servicio ajeno al específicamente policial, de personas físicas y/o jurídicas que estuvieran directamente involucrados en los procedimientos policiales donde hubiera participado.

Prohíbese, asimismo, a los funcionarios policiales que posean la calidad de Peritos en cualquier área, realizar informes, peritajes, intervenir en procesos judiciales o extrajudiciales, a favor de personas privadas (físicas o jurídicas), donde hubiera participado directamente o tenga participación cualquier unidad ejecutora del Ministerio del Interior realizando idénticas tareas técnicas.

La comprobación de que un funcionario policial hubiera incurrido en las prohibiciones señaladas será causal de baja o cesantía, previa instrucción del sumario administrativo correspondiente.

Artículo 107.- Establécese que constituye Fondos de Terceros la contribución mensual que aporta preceptivamente cada beneficiario a la Dirección Nacional de Sanidad Policial, instituida por el artículo 86 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967.

A partir de la entrada en vigencia de la presente norma, se abatirá en un 93% (noventa y tres por ciento) el crédito de funcionamiento e inversiones con cargo a rentas con afectación especial. El Poder Ejecutivo podrá variar anualmente el porcentaje de abatimiento en la medida que se modifique la relación existente entre los Fondos de Terceros y el total de recursos con afectación especial.

Artículo 108.- El Fondo Especial de Tutela Social (Decreto-Ley Nº 15.569, de 1º de junio de 1984, en la redacción dada por el artículo 116 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992) se integrará con el 1% (uno por ciento) de las asignaciones de todos sus aportantes, en sustitución del 0,75% (cero con 75/100 por ciento) vigente.

Esta norma entrará en vigencia a partir del primer día del mes siguiente al de la promulgación de la presente ley.

Artículo 109.- Modifícase el artículo 43 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 43.- El Poder Ejecutivo podrá establecer tiques moderadores por la asistencia que presta la Dirección Nacional de Sanidad Policial. El importe de los referidos tiques no podrá exceder el 5% (cinco por ciento) del sueldo básico perteneciente al cargo de Agente de 2da. El producido de los mismos integrará el Fondo creado por el artículo 86 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967".

Artículo 110.- Dispónese la reducción de los egresos totales del área del Comercio Exterior de la "Dirección General de Comercio", unidad ejecutora 014, programa 014 "Coordinación del Comercio", del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas", por los servicios prestados en el exterior, en al menos un 30% (treinta por ciento), respecto a la situación vigente al 30 de junio de 2001, en un plazo máximo de un año a partir de la vigencia de la presente ley.

Artículo 111.- Cométese al Poder Ejecutivo la racionalización, reestructura y fusión si correspondiese, dentro de la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, de las diferentes entidades vinculadas a la promoción y fomento del comercio exterior, incluidas las que tengan carácter de persona de derecho público no estatal.

De lo actuado se dará cuenta a la Asamblea General, la que dispondrá de un plazo de cuarenta y cinco días para su consideración, teniéndose por aprobado si ésta no se expidiese en el término referido.

Artículo 112.- Como parte del actual proceso de racionalización y reasignación de recursos, emprendido en el presente período de gobierno por el Inciso 06 "Ministerio de Relaciones Exteriores", éste deberá obtener en dicho período, una reducción de gastos totales no menor al 15% (quince por ciento) de la ejecución presupuestal del año 1999, medida ésta en dólares estadounidenses corrientes.

La obtención de dicha meta financiera se alcanzará garantizando el cumplimiento de los objetivos programáticos establecidos por la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, para el Ministerio de Relaciones Exteriores y con especial consideración por los objetivos y prioridades trazados en materia de comercio exterior.

Sin perjuicio del referido porcentaje del 15% (quince por ciento), el Ministerio de Relaciones Exteriores presentará al Poder Ejecutivo, dentro de los treinta días hábiles a partir de la entrada en vigor de la presente ley, una proyección anual de funcionarios y sus retribuciones que le permita incrementar dicho ajuste.

Artículo 113.- Cométese al Ministerio de Relaciones Exteriores determinar los méritos para el concurso de ingreso a los cursos de formación del Instituto Artigas del Servicio Exterior establecido por el inciso segundo del artículo 36 del Decreto-Ley Nº 14.206, de 6 de junio de 1974, en la redacción dada por el artículo 295 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, a fin de incluirlos oportunamente en el Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior. A tales efectos se deberá contemplar los títulos universitarios emitidos por la Universidad de la República y universidades privadas legalmente habilitadas, o por universidades extranjeras, y debidamente revalidados, vinculados a las áreas de Economía, Administración, Derecho, Ciencias Sociales y Relaciones Internacionales.

Artículo 114.- Suprímese en el Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" programa 006 "Fomento y Desarrollo Regional", la unidad ejecutora 007 "Comisión Honoraria Nacional del Plan Citrícola". Los cometidos, recursos, atribuciones y competencias asignados a la unidad ejecutora que se suprime, serán ejercidos por el programa 004 "Servicios Agrícolas", unidad ejecutora 004: "Dirección General de Servicios Agrícolas". Los funcionarios de la unidad ejecutora que se suprime, podrán ser redistribuidos dentro del Inciso 07, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 16 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

La presente supresión no abarca la Comisión Honoraria Nacional del Plan Citrícola, creada por la Ley Nº 13.930, de 31 de diciembre de 1970, que seguirá funcionando dentro de la órbita de la Dirección General de Servicios Agrícolas, con todos los cometidos asignados por dicha ley.

Artículo 115.- Sustitúyese el inciso segundo del numeral 2) del artículo 277 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 288 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

"El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá transferir directamente la titularidad de los silos, plantas de almacenaje, elevadores zonales, depósitos y equipos administrados por la Comisión Técnica Ejecutora del Plan Nacional de Silos a sus actuales tenedores legítimos con título habilitante.

A tales efectos los mismos se deberán comprometer a integrar un capital no menor a US$ 40 (cuarenta dólares de los Estados Unidos de América) y un máximo de US$ 50 (cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) por tonelada de capacidad nominal de los depósitos, en un plazo de hasta diez años, quedando el Ministerio facultado para contemplar causales de fuerza mayor que justifiquen la ampliación del mismo.

El plazo para acordar las condiciones de integración de capital entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y los actuales tenedores no podrá exceder los ciento ochenta días a partir de la vigencia de la presente ley.

Dicho plazo podrá ser extendido en la mitad del anterior y por única vez por razones debidamente fundadas.

Vencidos cualquiera de los plazos dispuestos en el inciso anterior, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá enajenar libremente los bienes, sin limitaciones de ninguna índole.

El capital integrado por los actuales tenedores se destinará a los siguientes fines:

A) En hasta un 20% (veinte por ciento), a atender la deuda del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ante el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) para la construcción de los silos.

B) El remanente, a atender la deuda que tuvieren, al momento del acuerdo, los actuales tenedores ante el BROU. En caso de que el tenedor no tuviere deudas con el BROU, dicha integración se destinará a la efectiva capitalización del adquirente.

  La deuda que tuvieran, al momento del acuerdo, los actuales tenedores con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por concepto del arrendamiento de las plantas deberá ser cancelada independientemente de la capitalización antes mencionada, según forma de pago que se acordará dentro de los plazos ya definidos.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá gravar con hipoteca a favor del BROU, las plantas de su propiedad en respaldo de créditos de los tenedores que ingresen en la operativa que esta ley consagra.

La enajenación en primera venta de los bienes comprendidos en esta operativa, no estará gravada por el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP)".

Artículo 116.- El Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" podrá aplicar los créditos autorizados en el Grupo 5 "Transferencias", a los destinos previstos por el artículo 284 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en la redacción dada por el artículo 221 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, de acuerdo con la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

Artículo 117.- Créase en el Inciso 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas", programa 005 "Servicios para Construcción y Reparación de Edificios", unidad ejecutora 005 "Dirección Nacional de Arquitectura" una función contratada permanente (Funcionamiento) de Jefe de Sección, escalafón A grado 10, Serie Arquitecto. Dicha función será destinada -conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996- al cumplimiento de la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 524 de 13 de agosto de 2001.

Artículo 118.- Declárase que los "derechos de puertos" a que hace referencia el artículo 10 de la Ley Nº 12.091, de 5 de enero de 1954, constituyen el derecho al uso de canales de navegación, vías de acceso, aguas del puerto y sus obras de abrigo.

Artículo 119.- Las empresas concesionarias nacionales de líneas de transporte de pasajeros solo atenderán requerimientos de nuevos servicios benévolos o gratuitos, cuando exista financiación extratarifaria predeterminada.

Artículo 120.- Los recursos destinados al financiamiento del Órgano de Control de Carga creado por el artículo 272 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, estarán integrados por las multas que se apliquen por infracciones, los precios de placas y guías de carga, con vigencia al 1º de enero de 2002.

La contratación de Agentes de Control Especial autorizada por el artículo 273 de la mencionada ley se hará en el régimen de contrato a término que se crea en la presente ley.

El Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el asesoramiento del Órgano de Control de Carga reglamentará la presente disposición.

Artículo 121.- Créase en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", programa 007 "Organización de Espectáculos Artísticos y Administración de Radio y Televisión Oficiales", la unidad ejecutora "Canal 5 – Servicio de Televisión Nacional".

Sus cometidos y la estructura administrativa, serán todos los que las disposiciones vigentes le asignen a la Dirección de Televisión Nacional.

El Poder Ejecutivo podrá disponer las modificaciones necesarias y reformular la estructura organizativa y de los puestos de trabajo de la unidad ejecutora que se crea, cuya racionalización deberá contar con el informe favorable del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado (CEPRE), dándose cuenta a la Asamblea General.

Artículo 122.- El Poder Ejecutivo reglamentará la asignación de bienes, créditos, proyectos de inversión, recursos y obligaciones que tendrá la Dirección de Televisión Nacional, en base a la distribución efectuada con anterioridad a la presente ley por el Servicio Oficial de Difusión Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE), transfiriéndolos de pleno derecho a la unidad ejecutora que se crea, previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y de la Contaduría General de la Nación.

El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia de al menos el 30% (treinta por ciento) de los ingresos generados por la Dirección de Televisión Nacional, al Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos.

Artículo 123.- El Director de Televisión Nacional será el jerarca de la referida unidad ejecutora, cargo que será de particular confianza y estará comprendido en el literal C) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986.

Artículo 124.- Transfiérase $ 1.000.000 (un millón de pesos uruguayos) al objeto 7.4.9. "Otras partidas a reaplicar" de la unidad ejecutora 012 "DINACYT" del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", provenientes del objeto 559 "Transferencias corrientes a otras instituciones sin fines de lucro" de la unidad ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría" del mismo Inciso, al amparo de lo dispuesto por el artículo 309 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001. Esta partida se destinará a promover las actividades juveniles en ciencia, tecnología e innovación.

Artículo 125.- Establécese que en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", programa 007 "Organización de Espectáculos Artísticos y Administración de Radio y Televisión Oficiales", la unidad ejecutora 016 "Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos" podrá disponer de la totalidad de los recursos que obtenga como producido por actividad propia, para gastos de funcionamiento (con exclusión de retribuciones personales) e inversión, no siendo de aplicación en este caso, lo dispuesto por el artículo 594 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

La entrada en vigencia de este artículo tendrá lugar a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 126.- Las actuales unidades ejecutoras de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) designadas como Institutos, pasarán a denominarse Servicios en las especialidades de que se trate.

Artículo 127.- Suprímense las siguientes unidades ejecutoras del Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública": programa 006 "Administración de la Red de Establecimiento de Agudos", y unidad ejecutora 003 "Unidad de Atención Cardiorrespiratoria" (Hospital Filtro), programa 008 "Administración de los Establecimientos de Crónicos y Especializados" unidad ejecutora 014 "Hospital Psiquiátrico" (Musto) y unidad ejecutora 011 "Instituto Hanseniano".

Artículo 128.- Suprímese en el Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", programa 004 "Situación de la Salud", la unidad ejecutora 065 "Comisión Honoraria de la Lucha contra la Hidatidosis". Los recursos humanos, materiales y financieros de la citada unidad ejecutora serán transferidos a la Comisión Nacional Honoraria de Lucha contra la Hidatidosis creada por la Ley Nº 13.459, de 9 de diciembre de 1965, de acuerdo con la reglamentación que al efecto dicte el Poder Ejecutivo. Los recursos humanos seguirán revistando en los cuadros funcionales del Ministerio de Salud Pública, cesando los mismos al vacar.

Artículo 129.- Créanse en el Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", programa 007 "Administración de la Red de Establecimientos de Agudos del Interior" las siguientes unidades ejecutoras: Centro Auxiliar Chuy, Centro Auxiliar Rincón de la Bolsa y Centro Auxiliar Ciudad de la Costa.

Artículo 130.- Suprímese en el Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", programa 005 "Administración del Subsidio para la Atención Médica", la Unidad Ejecutora 067 "Escuela de Sanidad Dr. José Scosería".

Transfiérase al Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) los cargos y funciones contratadas así como los créditos presupuestales correspondientes a la unidad ejecutora suprimida por el inciso anterior.

Asimismo, transfiérase a dicho organismo los recursos de afectación especial y los créditos financiados con cargo a los mismos, y el inmueble ubicado en Montevideo empadronado con el Nº 3424 perteneciente al Ministerio de Salud Pública.

La presente norma será reglamentada por el Poder Ejecutivo, quedando facultada la Contaduría General de la Nación a efectuar las trasposiciones de créditos necesarias al efecto.

Artículo 131.- El aporte del Estado previsto en el literal A) del artículo 3º de la Ley Nº 16.343, de 15 de diciembre de 1992, en la redacción dada por los artículos 409 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y 366 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, será regulado a opción del Poder Ejecutivo, sea por la cantidad de beneficiarios cuya asistencia médica fuera otorgada por el Ministerio de Salud Pública o por el costo de los actos médicos efectivamente realizados. La Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Sanidad Policial podrán hacer uso de la opción establecida por este artículo o mantener la situación actual.

Artículo 132.- Agrégase al artículo 3º de la Ley Nº 16.343, de 24 de diciembre de 1992, el siguiente inciso:

"Facúltase al Poder Ejecutivo para establecer los sistemas de percepción de los aportes determinados para las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) definidas en el artículo 6º del Decreto-Ley Nº 15.181, de 21 de agosto de 1981, de modo de asegurar el debido y oportuno cumplimiento, por parte de las entidades referidas".

Artículo 133.- Las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) solo podrán ceder, de los créditos que posean respecto del Banco de Previsión Social (BPS), aquéllas sumas que superen las correspondientes a los aportes que, de acuerdo con lo preceptuado por el literal C) del artículo 3º de la Ley Nº 16.343, de 24 de diciembre de 1992, se encuentran obligadas a efectuar al Fondo Nacional de Recursos. El Poder Ejecutivo reglamentará la aplicación del presente artículo.

Artículo 134.- Transfiérase al Inciso 02 "Presidencia de la República", programa 001 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno", unidad ejecutora 001 "Presidencia de la República y Oficinas Dependientes", con destino a la Junta Nacional de Drogas, los cargos y contratos de función pública, así como los créditos presupuestales correspondientes al Programa de Hábitos Tóxicos perteneciente al Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", programa 003 "Control de Calidad de la Atención Médica", unidad ejecutora 070 "Dirección General de la Salud".

La presente norma será reglamentada por el Poder Ejecutivo, quedando facultada la Contaduría General de la Nación a efectuar las trasposiciones de créditos necesarias.

Artículo 135.- Extiéndase a las Comisiones de Apoyo y Honorarias del Ministerio de Salud Pública y al Patronato del Psicópata, lo dispuesto por el artículo 199 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, para las personas de derecho público no estatal.

Artículo 136.- Declárase en vía interpretativa de las normas que se referirán, que el personal del suprimido Instituto Nacional de Abastecimiento que hizo uso de la opción prevista en el literal B) del artículo 378 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, y los empleados de la ex Administración Nacional de los Servicios de Estiba (ANSE) comprendidos en el artículo 33 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, se encuentran excluidos del "Fondo de Participación" creado por el artículo 294 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, modificado por los artículos 113 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, y 430 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y del fondo de participación creado por el artículo 567 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 439 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Artículo 137.- Establécese que la competencia en la formación de recursos humanos docentes en materia de educación física, será ejercida por la Universidad de la República.

Lo establecido en el inciso precedente se pondrá en vigencia cuando el Poder Ejecutivo y la Universidad de la República acuerden la transferencia de los recursos humanos y materiales a los efectos de desarrollar el ejercicio de dicha competencia.

Artículo 138.- Autorízase al Inciso 15 "Ministerio de Deporte y Juventud" a celebrar convenios de administración y gestión de las plazas de deporte, con los Gobiernos Departamentales.

Artículo 139.- El Fondo de Deporte y Juventud destinado a la organización, gestión, desarrollo y fomento de actividades relacionadas con el deporte y la juventud a que refiere el inciso tercero del artículo 37 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, está constituido por todos los recursos íntegramente considerados, que percibe el Ministerio de Deporte y Juventud.

A tales efectos, dicho fondo se integrará con los ingresos producidos por:

A) la venta, arrendamiento, concesiones, licencias y cualquier otra operación relacionada con activos fijos, bienes, derechos y servicios de cualquier naturaleza;

B) contribuciones realizadas por particulares u organizaciones nacionales o internacionales, públicas o privadas;

C) donaciones y legados recibidos de particulares u organizaciones nacionales o internacionales, públicas o privadas. Las que se recibieran bajo una condición modal se afectarán al uso dispuesto en las mismas;

D) Subsidios y transferencias recibidos de particulares u organizaciones nacionales o internacionales, públicas o privadas;

E) aportes de cualquier naturaleza provenientes del Estado;

F) producido de colocaciones financieras;

G) participación en eventos, promociones, auspicios, organizaciones públicas o privadas y similares;

H) tributos que las disposiciones legales o reglamentarias afecten al Ministerio de Deporte y Juventud;

I) cualquier otro recurso con destino al Ministerio de Deporte y Juventud que no fuere afectado a otros fines.

El Ministerio de Deporte y Juventud podrá realizar los actos necesarios para la obtención de los recursos indicados. En especial, en aquellos casos previstos en el literal A), queda facultado a determinar los precios y las condiciones en que se intercambiarán los bienes y se prestarán los servicios, sin perjuicio de establecer la gratuidad o nivel de subsidio de los mismos en aquellos casos que, por razones de interés social o estratégico, así lo determinen los planes y políticas de desarrollo en materia de deporte y juventud.

El producido de los recursos que el Ministerio de Deporte y Juventud percibe, a través de los servicios que actualmente presta, tales como: servicios médicos y de rehabilitación; cursos de educación, de formación de grado y posgrado, venta de pliegos; servicios deportivos y recreativos suministrados en las diferentes plazas de deportes o campamentos; Instituto Nacional de la Juventud; entre otros, se consideran integrantes del Fondo de referencia.

Artículo 140.- Aquellas personas con capacidades diferentes que concurren para su recuperación al Centro de Recuperación "Casa de Gardel" podrán colaborar en la prestación de los servicios de dicho Centro como parte del proceso de plena integración social.

Dichos servicios se prestarán en el régimen horario y condiciones que los informes médicos aconsejen y percibirán los emolumentos correspondientes a las tareas asignadas las que se financiarán exclusivamente con el producido del Centro, y su monto no excederá a dos salarios mínimos nacionales.

Los contratados no serán considerados funcionarios públicos y sus emolumentos no constituirán materia gravada para la seguridad social y serán compatibles con cualquier asignación o pensión por invalidez, según lo dispuesto por la Ley Nº 17.266, de 13 de setiembre de 2000.

Artículo 141.- Establécese el régimen de dietas, para los administradores o interventores que corresponda designar, de acuerdo a las normas vigentes, por el Poder Ejecutivo o el Ministerio de Deporte y Juventud, en su caso. Dichas dietas son acumulables con cualquier otra retribución de actividad o pasividad que posea la persona.

Su monto máximo se fija en hasta 15 salarios mínimos nacionales vigentes a la fecha de la designación y se incrementará en las mismas condiciones y oportunidad que se establezcan para los salarios públicos de la Administración Central.

Artículo 142.- El producido de las enajenaciones a que refiere el artículo 430 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, se destinará en un 100% (cien por ciento) al Fondo de Deporte y Juventud del Ministerio de Deporte y Juventud.

Derógase el inciso tercero del artículo 430 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Artículo 143.- Sustitúyese el artículo 285 de la Ley Nº 16.320, de 1 de noviembre de 1992, por el siguiente:

"ARTÍCULO 285.- Autorízase al Ministerio de Deporte y Juventud a conceder hasta veinticinco becas simultáneas.

Dichos becarios percibirán una retribución equivalente a la de profesor de Educación Física grado 1, y no podrá permanecer en dicho régimen por un plazo mayor a tres años, no prorrogable.

La Contaduría General de la Nación habilitará el crédito correspondiente en el Grupo 5".

Artículo 144.- Establécese que las competencias en materia de actividades docentes vinculadas al desarrollo de la cultura física en los Institutos de Enseñanza Pública serán desarrolladas exclusivamente por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Lo establecido en el inciso anterior se pondrá en vigencia cuando el Poder Ejecutivo y la Administración Nacional de Enseñanza Pública, determinen los recursos humanos y materiales a transferir a la Administración Nacional de Educación Pública a los efectos de desarrollar el ejercicio de dichas competencias.

Deróganse los artículos 60 de la Ley Nº 7.519, de 13 de octubre de 1922, y 48 de la Ley Nº 7.819, de 7 de febrero de 1925.

SECCIÓN VI

EMPRESAS PÚBLICAS

Artículo 145. (AFE).- Transfiéranse de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, los cometidos, facultades y bienes relativos a la infraestructura ferroviaria. Estas facultades incluyen el derecho a cobro de peaje referido en el artículo 21 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000.

De los subsidios y subvenciones previstos en el artículo 431 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, se transfiere al Ministerio de Transporte y Obras Públicas US$ 5.000.000 (cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América) para el Ejercicio 2003 y US$ 10.000.000 (diez millones de dólares de los Estados Unidos de América) del Ejercicio 2004 en adelante. Tales transferencias se destinarán a inversiones y mantenimiento de aquella parte de la red ferroviaria cuya utilización se habilite por ser económicamente sustentable.

La Administración de Ferrocarriles del Estado realizará aquellos servicios de transporte ferroviario que prevea su presupuesto en base a los ingresos directos que éstos le proporcionen y el subsidio remanente.

Artículo 146.- Dentro de los noventa días de promulgada la presente norma el Poder Ejecutivo remitirá al Poder Legislativo un proyecto de ley estableciendo la redefinición organizativa, estructural y funcional del Instituto Nacional de Colonización, así como las modificaciones en sus cometidos y objetivos, según correspondiere.

Artículo 147. (PLUNA).- Autorízase a las Primeras Líneas de Navegación Aérea (PLUNA) Ente Autónomo a enajenar a empresas nacionales o ciudadanos uruguayos las acciones de las que es titular en PLUNA S.A. siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:

A) Los establecidos en los artículos 9º y 11 inciso 2º del acta fundacional de PLUNA S.A. de 26 de agosto de 1994.

B) Lo estatuido en el artículo 56 del Estatuto Fundacional (artículo 27 del Decreto Nº 722/991, de 30 de diciembre de 1991).

El cumplimiento de estos requisitos será verificado permanentemente por el órgano estatal de control de las sociedades anónimas.

Artículo 148.- El producido de la venta autorizada en el artículo anterior se destinará íntegramente al pago del pasivo acumulado por las Primeras Líneas de Navegación Aérea (PLUNA) Ente Autónomo.

Artículo 149. (ANP).- Exclúyese a las actividades de dragado a realizarse con dragas de succión por arrastre, incluyendo extracción de suelos, traslado y vertido de los mismos, de la reserva de bandera establecida en el artículo 1º de la Ley Nº 12.091, de 5 de enero de 1954. No se considerarán actividades excluidas aquellas explícitamente permitidas por la autoridad competente a efectos de la extracción de materiales del lecho fluvial o marítimo para su comercialización o industrialización.

SECCIÓN VII

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

Artículo 150.- Derógase el numeral 1º del artículo 37 de la Ley Nº 9.515, de 28 de octubre de 1935. Las Juntas Departamentales, a propuesta del Intendente respectivo, por dos tercios de votos de sus componentes, podrán autorizar la cesión onerosa o la dación en garantía a terceros del cobro de adeudos líquidos y exigibles, por concepto de tributos municipales.

Artículo 151.- El testimonio de la resolución firme del Intendente aprobando la liquidación de los tributos adeudados, sus intereses y recargos, así como de las multas impuestas por infracción a las disposiciones departamentales, constituirá título ejecutivo, siendo aplicable al respecto lo establecido por los artículos 91 y 92 del Código Tributario.

Artículo 152.- La transferencia de las partidas realizada por el Gobierno Central a los Gobiernos Departamentales, estará supeditada a la presentación de la información de la ejecución financiera a que hace referencia el artículo 22 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Dicha información deberá presentarse ante el Ministerio de Economía y Finanzas, en forma cuatrimestral, dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de cada cuatrimestre calendario.

Artículo 153.- Transfiérese a los Gobiernos Departamentales respectivos, la titularidad de los padrones referidos en la Ley Nº 12.710, de 5 de mayo de 1960, que permanezcan a nombre de la llamada Comisión Nacional de Ayuda a los Damnificados.

Artículo 154.- A partir de la vigencia de la presente ley, el Ministerio de Economía y Finanzas depositará en una o varias cuentas a la orden del Congreso de Intendentes, con carácter de anticipo, dentro de los sesenta días de finalizado cada cuatrimestre, el 80% (ochenta por ciento) de la cuota parte correspondiente a los Gobiernos Departamentales de las utilidades líquidas devengadas por los Casinos del Estado en el referido cuatrimestre, según lo dispuesto por los artículos 3º de la Ley Nº 13.453, de 2 de diciembre de 1965, y 169 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y del Decreto 588/975, de 24 de julio de 1975.

El saldo de las utilidades correspondientes a cada ejercicio, deberá ser depositado en la o las cuentas correspondientes dentro de los ciento ochenta días de finalizado dicho ejercicio.

SECCIÓN VIII

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 155.- Sustitúyese el artículo 13 de la Ley Nº 17.502, de 29 de mayo de 2002, por el siguiente:

"ARTÍCULO 13.- Facúltase al Poder Ejecutivo a abatir, a partir de 1º de enero de 2004, el incremento de las alícuotas dispuestas en los artículos 3º a 5º de la referida ley, tomando en consideración el cumplimiento de las metas fiscales alcanzadas a esa fecha y aplicando una disminución proporcional en la carga tributaria establecida, dando prioridad a la situación de los sujetos pasivos comprendidos en las escalas de menores ingresos y a los de la actividad privada".

Artículo 156.- Declárase por vía interpretativa, a los efectos de aplicar la excepción establecida por el artículo 13 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, que el ingreso del funcionario al régimen de reinserción laboral y empresarial creado por el artículo 6º de dicha norma, se perfecciona, de pleno derecho, en el momento de su presentación formal ante el organismo competente, o desde su participación expresa en cualquier procedimiento de contratación que aquél formule.

Artículo 157.- Los organismos comprendidos en el artículo 451 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987 (artículo 2º del TOCAF), deberán dar a publicidad el acto de adjudicación de las licitaciones públicas y abreviadas, las contrataciones en régimen de excepción; las ampliaciones de las mismas y los actos de reiteración del gasto por observación del Tribunal de Cuentas.

Dichos organismos tendrán la obligación de enviar al medio electrónico que determine el Poder Ejecutivo, la mencionada información en la forma y condiciones que establezca la reglamentación, sin que ello genere costo adicional alguno para el organismo obligado.

Artículo 158. (Salto Grande).- Facúltase al Poder Ejecutivo para fijar un plazo que no podrá superar los sesenta días calendario, a efectos de que los titulares de derechos reales o personales sobre los inmuebles comprendidos en los términos de la Ley Nº 15.845, de 15 de diciembre de 1986 comparezcan a deducir sus eventuales derechos, so pena de caducidad de los mismos.

La convocatoria, conjuntamente con el listado de padrones correspondientes, deberá ser publicada en el Diario Oficial y otro diario de circulación nacional, computándose el término que se establezca, a partir del día siguiente a la publicación, sin perjuicio de su difusión en otros medios que se estime conveniente.

Quienes se presenten deberán acreditar el cumplimiento de los extremos requeridos por la ley, de acuerdo con la reglamentación que al respecto dicte el Poder Ejecutivo.

Artículo 159.- En ningún caso se admitirán reclamos de indemnización por concepto de daños y perjuicios a cosechas, ganado o mejoras que refieran a los inmuebles sobre los cuales ya haya sido abonada la indemnización por disminución del valor de la tierra.

Artículo 160. (BPS).- Modifícase el artículo 461 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, con el complemento dado por el artículo 252 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 461.- Los documentos suscritos por los contribuyentes del Banco de Previsión Social o por sus representantes legales, estatutarios o convencionales, en que consten declaraciones de obligaciones que no hubieran sido cumplidas y los documentos emanados de convenios de facilidades de pago, que hubieran caducado por su incumplimiento, constituyen títulos ejecutivos, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 del Código Tributario. Lo dispuesto precedentemente se aplicará también respecto a los instrumentos en que consten declaraciones presentados a los efectos de la formación del Registro de Historia Laboral (artículo 7º de la Ley Nº 16.190, de 20 de junio de 1991, y artículo 87 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995).

Lo dispuesto en el inciso primero será aplicable a las obligaciones de los sujetos pasivos de los tributos que recauda la Dirección General Impositiva (DGI)".

Artículo 161.- Incorpórase como inciso segundo del artículo 89 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, el siguiente:

"El Banco de Previsión Social (BPS) podrá emplazar públicamente a los trabajadores para que comparezcan a notificarse en un plazo no menor a noventa días a partir de la convocatoria y vencido dicho término se considerará cumplida la notificación a todos los efectos legales".

Artículo 162.- Modifícase el inciso primero del artículo 90 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"El afiliado dispondrá de un plazo de ciento ochenta días para observar la información, a partir de que la misma le haya sido notificada conforme lo dispuesto en el artículo anterior".

Artículo 163.- Solo serán beneficiarios y atributarios de las prestaciones de actividad a cargo del Banco de Previsión Social (BPS) aquellos trabajadores que estando comprendidos en las normas de inclusión sean contribuyentes de los aportes a la seguridad social recaudados por el referido organismo.

Sala de la Comisión, 9 de agosto de 2002.

ADOLFO PEDRO SANDE, Miembro Informante, JOSÉ AMORÍN BATLLE, RICARDO BEROIS QUINTEROS, RUBEN H. DÍAZ, MIGUEL DICANCRO, DANIEL GARCÍA PINTOS, HENRY LÓPEZ, GABRIEL PAIS, RONALD PAIS, GUSTAVO PENADÉS.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
Comisión de Presupuestos,
integrada con la de Hacienda.

INFORME EN MINORÍA

Señores Representantes:

Con fecha 30 de junio del 2002 ingresó al Parlamento el proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2001.

En su presentación dice: "El estado de resultados del Ejercicio 2001 presenta un déficit de $ 12.963.443.000, lo que representa aproximadamente el 5,2% del PBI".

Son números que indican el estado recesivo de la economía por tercer año consecutivo. Trae también la iniciativa un informe económico financiero del que vamos a destacar algunos conceptos. Se enumeran un conjunto de factores externos adversos, y se sacan algunas conclusiones: "La baja en la inversión fue muy fuerte, -6,3%. También se redujo el consumo. Cayeron las exportaciones de bienes y servicios 8,2%, resultando una caída del 3,1% del PBI". "Evolución a la baja de los precios internos medidos en dólares. La tasa de desempleo se ubicó en el 15,3%. El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos en el año 2001 alcanzó US$ 475 millones".

Señala también un superávit de 363 millones de dólares en la balanza de servicios de los cuales 358 millones corresponden a turismo. En el momento en que la Rendición de Cuentas entra a su consideración en sala, esta cuenta se ve hoy y en su proyección, gravemente afectada, pues el grueso de nuestro turismo proviene de la República Argentina.

El aumento de los depósitos de no residentes, que está señalado en el informe que precede al proyecto de ley, es otro factor que invirtió su evolución en forma negativa, estimándose al día de hoy, los retiros de no residentes en 3.045 millones de dólares.

El aumento de las reservas del Banco Central del Uruguay es otro de los factores que ha cambiado en forma total. Se señala también la baja de exportación de bienes en un 10,3% y una caída de las importaciones.

El objetivo de inflación anunciado por el gobierno y lo relativo al tipo de cambio son valores que la dinámica de los hechos dejó por el camino.

Debemos, por último resaltar en esta primera parte de nuestro informe que las empresas públicas, tozudamente, tuvieron en el período un superávit. Hubo una baja fuerte en la recaudación. En este cuadro netamente recesivo, y en el transcurso de los días que se discute la Rendición de Cuentas, el país sufre enormes cambios que todos conocemos y por tanto no vamos a enumerar.

Este proyecto de ley, que no vamos a apoyar por las razones que desarrollaremos en esta intervención, trasciende en sí lo que el TOCAF en su artículo 110 define como el contenido de una Rendición de Cuentas. En realidad, estamos frente a una norma proyectada que nos propone, por un lado según palabras del ex ministro de Economía (Acta 80, página 4) "Debo comenzar por señalar que este proyecto de Rendición de Cuentas intenta, en primer lugar, dar cumplimiento a lo que ha sido una constante en el reclamo, en la aspiración, en el planteo sobre esta Rendición de Cuentas: la baja del gasto público. Y aquí, desde este punto de vista, nosotros hemos anunciado -cuando digo nosotros, me refiero a distintos representantes del Poder Ejecutivo- que este proyecto de Rendición de Cuentas plantea una rebaja del gasto que supera largamente los 250 millones de dólares anuales, que está concentrado principalmente en el resultado de la disposición del artículo primero que rebaja en un 8% los créditos correspondientes a los gastos de funcionamiento, en un 19% para este año los créditos correspondientes para inversiones, y en un 28% para los años 2003 y 2004 en el mismo sector de inversiones". En el proceso de discusión, este artículo se ha mantenido incambiado. En el momento de la discusión en particular, plantearemos aditivos con relación al mismo, que mejoren en relación a la gente este costo. Nos plantea en realidad un nuevo ajuste fiscal que va a dejar al país en condiciones aún más penosas desde el punto de vista de la inversión, el crecimiento y el empleo. Nuevamente se toma como salida el camino del ajuste. Trae además una reforma del Estado y varias disposiciones de dudosa constitucionalidad.

De las planillas adjuntas, constatamos en casi todos los Incisos un atraso en el envío de los créditos presupuestales votados. Además de los topes, puestos por decreto a la ejecución de dichos créditos. Esto ha dejado y consta en las actas de la Comisión, en situación límite el funcionamiento y la inversión de muchos de los Incisos; es sobre este cuadro, que se hace el nuevo ajuste.

En la primera sección se consagra al barrer el recorte en gastos de funcionamiento e inversión solo modificable en forma discrecional por el Poder Ejecutivo. Nosotros pensamos que todos los Incisos que componen el Presupuesto Nacional no son iguales, que hay lugares que ya no soportan un recorte más porque, téngase en cuenta lo ya dicho: el presupuesto ya fue topeado y tiene graves atrasos en el envío de los créditos votados. Los recortes en gastos de funcionamiento e inversiones son también una paralización en el encadenamiento de trabajo que ellos generan, por lo que aumentará la tasa de desempleo, y reducirán la recaudación comprometiendo gravemente la cadena de pagos, y hay que tener presente también, que la recaudación se hace en moneda nacional y el presupuesto tiene pagos y obligaciones en moneda extranjera.

Segunda sección "Racionalización de la estructura política del Estado".

En ella se encomienda al Poder Ejecutivo la proyección de una ley de reorganización de ministerios y unidades ejecutoras, dándose cuenta a la Asamblea General. Se comete también al Poder Ejecutivo la elaboración de otro proyecto de ley estableciendo la descentralización departamental y regional de los procesos de gestión de la Administración Central así como de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Se constituye una comisión consultiva para coordinar actividades de ANCAP y UTE. Estas normas, a futuro, darán como resultado una nueva estructura del Estado.

La Sección III, bajo el título "Racionalización de Recursos Humanos del Estado" introduce una gigantesca desregulación de la función pública. Es por eso que nosotros planteamos su desglose, en el entendido que no corresponde a un proyecto de Rendición de Cuentas. Más claro, nadie se niega a rever la estructura del Estado y sus recursos humanos, solo que pensamos que este es el peor camino posible elegido. Algo tan crucial como lo propuesto debiera ir por ley aparte y estar precedido de una discusión nacional, porque el Estado podrá ser más grande o más chico, podrá ser más caro o más barato, más o menos productivo, más o menos eficiente, pero lo debemos construir como nación. Sobran en el mundo ejemplos. De lo que se trata, es de ir en concordancia a la evolución tecnológica, a las nuevas necesidades. Estos cambios, hechos de este modo y en este momento, mucho nos tememos que resientan aun más los servicios públicos que ya están desbordados y que el empobrecimiento del país requiere aun más saludables y mejores. Para poner solo un ejemplo o dos: pensemos en Salud Pública y en ANEP. Todo estuvo precedido de una campaña de criminalización del funcionario público, no hay una sola objeción sobre las responsabilidades de gestión de quienes estuvieron al mando, porque las situaciones no se generan solas. Se crea a su vez, una nueva categoría de funcionario, que no será ni público ni privado, y estará suspendido sobre un agujero legal en cuanto a deberes y derechos se trate.

Al no tener la calidad de funcionarios públicos, no regirían principios básicos tales como "el funcionario existe para la función y no para el funcionario" o "ningún funcionario estará al servicio de ninguna fracción política", asimismo debemos señalar que todo el elenco de delitos contra la Administración Pública previstos por el Código Penal, donde el sujeto activo es el funcionario público, no les alcanzarían. También debemos destacar que quedarían excluidos de la obligación de presentar su declaración jurada al amparo de la Ley Nº 17.060 (ley anti corrupción). ¿Qué son, entonces? El doctor Gonzalo Aguirre Ramírez, dice en un informe enviado a la Comisión, en su página 2 lo siguiente:

"En síntesis, se trataría de un régimen laboral de derecho privado insertado en el ámbito de la función pública. Más aun, el contrato a término, sujeto a potestades absolutamente discrecionales de su empleador, estaría en una situación de menor estabilidad laboral -más desprovista de garantías- que el trabajador privado, en el régimen del contrato a prueba".

"A nuestro juicio, la pretensión de incorporar este régimen de trabajo en el ámbito estatal, sumada a la proyectada extensión de la prohibición de designar personal presupuestado hasta el año 2015, subvertiría totalmente el sistema constitucional en la materia (artículos 59 a 61, 86, 214, 215 y concordantes de la Carta). Este sistema parte de la premisa, como regla de principio, de que quienes trabajan para el Estado son funcionarios públicos presupuestados e inamovibles".

"Por cierto que existe la categoría de los funcionarios contratados, pero estos no están desprovistos de todo derecho ni de la mínima estabilidad en su función. Al respecto, ha señalado Sayagués Laso en su célebre Tratado de Derecho Administrativo (Tomo 1 séptima edición, páginas 244, 245) 'La persona que ingresa a la función pública mediante contrato no está sustraída totalmente al régimen estatutario general. Pero ha de tenerse en cuenta que la Administración no tiene libertad para tales contrataciones y, por el contrario, solo facultades muy limitadas, no pudiendo recurrir a ese procedimiento para eludir la aplicación de las disposiciones constitucionales y legales que limitan o condicionan el ingreso a las funciones públicas, o que regulan su ejercicio'. En consecuencia, los proyectados artículos 37 a 50, numeración original del proyecto de Rendición de Cuentas son absolutamente inconstitucionales. No porque colidan con determinados artículos de la Carta, sino porque resultan inconciliables con todo un sistema -instituido por el constituyente- de ingreso a la función pública y de ejercicio de la misma".

Debemos recordar también, que el artículo 1º del Estatuto del Funcionario (Decreto-Ley Nº 10.388, de 13 de febrero de 1943) dispone: "Considérase funcionario público a toda persona que, nombrada por autoridad pública competente, participa en el funcionamiento de un servicio público permanente mediante el desempeño de un empleo remunerado, que acuerda derecho a jubilación".

La plantilla del Estado, como consecuencia de la prohibición del ingreso al mismo se ha visto netamente perjudicada. En primer término envejeció (edad promedio 46 años); segundo, se ha ingresado por vía de contratos de obras y servicios, o alguna otra modalidad contractual; tercero, se ha hecho uso y abuso del pase en comisión, reconociendo que en algunos casos fue la única forma que el jerarca encontró para cubrir necesidades. Uno de los fundamentos de la prohibición para el ingreso al Estado, cuando se votó por primera vez, fue detener el clientelismo político, no se logró. Se gastó mucho en la primer reforma del Estado, se hizo muy poco. Ahora se reincide por un camino que lleva la desregulación al grado mayor y podrá llevar aun a más discrecionalidad. Resumiendo: nosotros pensamos que la propuesta traerá una gigantesca distorsión del Estado en funciones y funcionarios, unidades ejecutoras, servicios, etcétera.

En el desarrollo de la discusión en particular señalaremos detalladamente nuestra posición en cada norma y las inconstitucionalidades que percibimos.

Sección IV "Ordenamiento Financiero":

De esta sección quisiéramos destacar dos aspectos, uno referido al artículo 91 original. A partir de la redacción propuesta, se incorpora a los proyectos de Rendición de Cuentas "las modificaciones indispensables a las normas generales sobre ejecución presupuestal, funcionarios, y ordenamiento financiero". Como podrá apreciarse, la nueva norma habilita que en lo sucesivo se pueda incluir en estos proyectos, la posibilidad de modificar todo lo que tenga que ver con la normativa que involucra a los funcionarios, lo que no resulta aconsejable, porque contribuye a desvirtuar el contenido de las leyes de Rendición de Cuentas, y no resulta de buena técnica legislativa.

El otro aspecto a destacar de esta sección es la nueva redacción dada al original artículo 95, relativo al desconocimiento de la resolución fundada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo respecto a la Universidad de la República. Es necesario recordar que en Uruguay existe separación de poderes, que nuestra principal Casa de Estudios debiera ser el buque insignia en el conocimiento y tecnología, porque esto es el motor del país productivo y para eso se precisan recursos, que son inversiones en cerebro, en futuro. Desconocer esto es imposible para cualquier sociedad que mire hacia delante. Tuvo lugar en Comisión una dura discusión sobre el tema, la cual consta en actas. La nueva redacción no mejoró las cosas.

Sección V "Incisos de la Administración Central":

Haremos un comentario general sobre los artículos 96 y 97 remitidos por el Poder Ejecutivo. Aquí corresponde señalar que más allá que el régimen vigente puede ser objeto de modificaciones, no parece razonable que se habilite a que el Poder Ejecutivo, a través de la Oficina Nacional del Servicio Civil modifique el régimen previsto a través de un acto administrativo. Más allá de la potestad de reglamentación de las leyes que corresponde al Poder Ejecutivo, parecería adecuado mantener el manejo de esta temática en la órbita parlamentaria.

Los artículos siguientes corresponden a modificaciones en distintos Incisos que iremos fundamentando a lo largo de la discusión en particular.

Sección VI "Empresas Públicas":

En el transcurso de los días de trabajo en comisión, este capítulo quedó reducido a tres Entes del Estado: AFE, PLUNA y ANP. En el marco de la ley aprobada el domingo 4 del corriente, y de la constancia dejada de que el tema del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) se tratará por ley aparte, y de lo comprometido en la Carta de Intención firmada, no somos optimistas en cuanto a la suerte de la Banca Nacional, más allá de que, hoy no figure en esta ley, pues parecería que el objetivo es acotar al máximo las actividades del BHU y el BROU, o quizás más. Sabemos el instrumento que significa el BROU para el desarrollo de la producción nacional, y el BHU en relación a la vivienda y la industria de la construcción. Esto vaya como constancia.

Lo que sigue es parte de un informe del Doctor Mario Pomatta:

"Es necesario un comentario general que surge de las transferencias y supresiones de ciertos cometidos y bienes de empresas públicas entre organismos. Es un ejercicio unilateral de la facultad de transformar estas empresas, eludiendo en algunos casos la disposición contenida en el artículo 189 de la Constitución que, establece un quórum especial, y también la asignación de nuevos cometidos viola las respectivas disposiciones legales que establecen el principio de especialidad para cada caso establecido por el artículo 190 de la Constitución. Queda claro a vía de ejemplo en la solución establecida para AFE artículo 130 (numeración original) PLUNA artículo 135 (numeración original) y las transferencias de cometidos y recursos a favor del MTOP, así como la exclusión del sistema de reserva de bandera, prevista legalmente, a favor de algunas actividades que quedan fuera del sistema público"

En relación a AFE seguimos visualizando su desmantelamiento. Se puede sostener que el artículo 130 (numeración original) supone la liquidación de la misma, por lo que -tratándose de un Ente Autónomo- rige el artículo 189 de la Constitución que exige una mayoría especial de 2/3 de votos del total de componentes de cada Cámara para su aprobación.

El transporte carretero plagado de peajes, el transporte ferroviario en liquidación o a lo sumo una gran incertidumbre, la liquidación de PLUNA (para lo cual también se precisarían 2/3 del total de componentes de cada Cámara). En relación a PLUNA dice el Doctor Mario Pomatta: "se desconoce el resultado de las consultas populares, en especial la establecida en el año 1992 acerca de las empresas públicas, previéndose la venta de su capital accionario al margen no solo de dicho resultado sino de las claras disposiciones constitucionales, tal como la contenida en el artículo 189 de la Constitución".

De ahora en más: ¿Cuál es el diseño en materia de transportes para el país? ¿Puede un país que pretende dar servicios no tener una política de transporte?

Sección VII "Gobiernos Departamentales":

Aquí nos detendremos en los dos primeros artículos. No se pueden dar a terceros los cobros de tributos municipales, traerá para los Intendentes actuales y los futuros todo tipo de problemas. Y en relación a los contribuyentes rigidizará los cobros y las ejecuciones en el momento en el que la cadena de pagos está más comprometida. La misma filosofía que con los funcionarios públicos, si las Intendencias han sido mal administradas, empecemos por ahí, que no sea el contribuyente el que quede castigado.

Estas disposiciones en su conjunto, además de lesionar la autonomía municipal, no hacen más que prever que el "negocio" de la recaudación de tributos departamentales pueda ser cedido a particulares.

Sección VIII "Disposiciones Varias":

En relación al artículo 152 (numeración original) debemos remarcar el efecto negativo, entre otros, sobre las pasividades dado que en la ley de ajuste fiscal desapareció el artículo 8º que les otorgaba un 2% de aumento. Debemos recordar que las mismas se calculan por el Índice Medio de Salarios. En ese sentido, el acumulado de enero a mayo del 2002, es de 1%.

Siempre hemos destacado la importancia de la historia laboral, pero la obligación de hacer la historia laboral de cada trabajador y notificarlo por lo menos una vez al año no se ha cumplido. La Rendición de Cuentas, al cambiar la redacción de "debe haber certeza" a "en debida forma" rebaja las garantías de notificación del trabajador. Hay otros cambios, también de terminología, que implican contenidos en cuanto a la certeza de las garantías de notificación a los trabajadores. Y por último, en el artículo 163 se desprotege al trabajador, al no quedar establecido que "sean contribuyentes inscriptos" pues es importante proteger el trabajo efectivo más allá que el patrón haya o no volcado al Banco de Previsión Social (BPS) el aporte descontado.

Finalmente, resumiendo, como dijimos al principio, el 30 de junio ingresó al Parlamento la Rendición de Cuentas, ajuste que forma parte de la tormenta neoliberal que desde años azota este continente y nuestra tierra; 270 millones de dólares, un enorme recorte parejo en gastos de funcionamiento e inversiones que provoca el corte de la cadena de trabajo que esos gastos generan en la sociedad y deja en el CTI al país productivo.

Una enorme reforma del Estado que va camino de una total desregulación de dudosa constitucionalidad. Precedida por la aprobación de la Ley de Fondo de Estabilidad del Sistema Bancario, que hiciera puntería en el BROU. Estamos en otro país. Están cayendo algunos símbolos nacionales, Hospital de Clínicas, BROU, AFE, PLUNA.

A partir de hoy, el Uruguay será otro. Habrá que refundarlo como se ha dicho. Los dados se echaron desde bastante antes, y desde lejos, de acuerdo a la Carta de Intención firmada. Quedan por el camino logros, hoy símbolos que fueron la acumulación tenaz de años y años, más austeros, de nuestros mayores, tradiciones.

Nosotros, nuestro partido, el Encuentro Progresista-Frente Amplio, no somos responsables de este caos, los gobiernos blanquicolorados debieran tener, como responsables del mismo, algún gesto de autocrítica.

La crisis es general: productiva, laboral, social, bancaria, financiera.

Todos sabemos lo que significa. ¿Cuáles son los números al día de hoy, reservas, tipo de cambio, inflación, PBI, riesgo país, sus proyecciones, etcétera? Imposible saberlo.

Sobre la gente de a pie, sobre la canasta familiar, impactó una variación de precios y de tarifas muy alta. Por eso nosotros propondremos algunos aditivos que hacen a la emergencia social, en la esperanza de que esta Cámara los haga suyos. No hay forma de medir el daño en la trama social cuando este se produce. Pero sí estamos, todavía hoy, pudiendo evitar algo en un país en el que se podría haber evitado mucho más de haber andado por otros rumbos, porque estamos en la última frontera agrícola de la tierra, Brasil, Uruguay, Argentina. La última frontera agrícola de la tierra y sobre la segunda reserva de agua dulce del planeta.

Los países salen de las crisis. Solo que saldremos más pobres y menos soberanos. Debemos ser entonces más solidarios, y ese es el sentido de nuestros aditivos para la emergencia social.

Por lo dicho y por las razones que también darán mis compañeros de bancada, es que no vamos a acompañar el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo con las modificaciones introducidas en la Comisión.

Sala de la Comisión, 9 de agosto de 2002.

LUCÍA TOPOLANSKY, Miembro Informante, CARLOS BARÁIBAR, BRUM CANET, ROBERTO CONDE, SILVANA CHARLONE, DOREEN JAVIER IBARRA, MARTÍN PONCE DE LEÓN.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Recházase el proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2001.

Sala de la Comisión, 9 de agosto de 2002.

LUCÍA TOPOLANSKY, Miembro Informante, CARLOS BARÁIBAR, BRUM CANET, ROBERTO CONDE, SILVANA CHARLONE, DOREEN JAVIER IBARRA, MARTÍN PONCE DE LEÓN.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
Comisión de Presupuestos,
integrada con la de Hacienda

INFORME EN MINORÍA

Señoras y señores Representantes:

Hace algunos meses, una vez votado el último ajuste fiscal, se anunciaba por parte del gobierno de la República que la instancia de la Rendición de Cuentas era crucial, porque nos iba a permitir a los uruguayos un redimensionamiento del gasto público del orden de los 200 a 250 millones de dólares, y a la vez, emitir señales inequívocas de un ajuste político, acorde a la megacrisis que vive el país. Tal como se anunciaba era el momento para reducir el número de Ministerios, de Directores en los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, y de paso reducir los niveles del gasto.

Todos los uruguayos creímos que la cosa venía en serio, que de una vez por todas, ante las tremendas dificultades que vivía el país, nuestro Estado se iba a ajustar el cinturón eliminando una serie de injusticias e iniquidades que caracterizan al Sector Público.

Todos los uruguayos creímos que ese compromiso se hacía aún mayor después que en los pasados días, al borde de la cesación de pagos, nuestro país obtenía gracias al apoyo de los Estados Unidos un nuevo préstamo de 800 millones de dólares y el adelanto de desembolsos por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, a medida que fuimos inquiriendo respecto a la proyectada reducción del gasto nos enteramos que en realidad, en lo que respecta al Gobierno Central no estaban proyectados nuevos esfuerzos. En todo caso, se ratificaba legalmente las reducciones dispuestas por los Decretos 55/02 y 69//02. En consecuencia, la reducción anunciada no es tal. No existe. Ya fue. O dicho de otra manera, el Poder Ejecutivo se siente satisfecho con lo ya realizado y no tiene previsto nuevas disminuciones del gasto en la Administración Central.

En cambio si se prevé recortar el gasto de los organismos del artículo 220 de la Constitución, o sea la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República, el Instituto Nacional del Menor, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral y Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Todos los uruguayos sabemos que las áreas de la Educación, de atención a la Niñez y Adolescencia y de la Justicia, son particularmente sensibles ante la reducción del gasto público. Y todos sabemos, que en el contexto de brutal crisis que vivimos, estos recortes van a desencadenar una serie de conflictos que nada bien le harán a nuestro país.

Quizás alguien piense que esta reducción del gasto tiene un impacto significativo en las cuentas del Estado. Pero no es así. La reducción proyectada equivale a la cotización $ 25 por dólar, a unos 13 millones de dólares. Por eso nos preguntamos si el ahorro de 13 millones de dólares justifican el notorio incremento que estos por días tendrá la conflictividad general, cuando el gobierno debiera destinar su reflexión, capacidad y tiempo, a revertir o al menos administrar la severa crisis social y económica, y muy especialmente, a la reestructura del sistema financiero que permita la mejor salida a la crisis del sector. ¿Cuánto vale ahorrarnos ese desgaste de energía y pasión? ¿Cuánto vale ahorrarnos la violencia?

Pero además, ¿es razonable reducir los recursos que el Estado destina a la Educación cuando todos sabemos que el próximo año se va a registrar, como consecuencia de la situación de nuestro país, un espectacular incremento de matrículas en la Enseñanza Pública?

Lamentablemente, ni en el diálogo con el Presidente de la República que prologó a la presentación de este proyecto de ley, ni el trabajo de la Comisiones de Presupuesto y Hacienda, fue posible encontrar respuestas a estas interrogantes. ¡Ojalá que en el curso parlamentario que todavía le queda a este proyecto podamos encontrar y ayudar a construir las respuestas!

El anunciado ajuste político no tuvo mejor suerte. Murió antes de nacer. Primero, porque el propio Poder Ejecutivo envío un proyecto solicitando una autorización genérica cuando todos sabemos que tanto para crear como para suprimir ministerios se requiere hacerlo por ley. Al fin de cuentas, debemos colegir que no existe voluntad política al respecto en el seno de la coalición de gobierno. En tal caso, el artículo a consideración del Cuerpo no es más que un saludo a la bandera: tanto se habló del tema que algo había que decir.

En esta materia, las únicas propuestas tendientes a suprimir y fusionar ministerios (creación del Ministerio de Desarrollo Productivo, producto de la fusión de los actuales Ministerios Ganadería, Agricultura y Pesca, Industria, Minería y Energía, y Turismo; y creación del Ministerio de Desarrollo Social, producto de la fusión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y Deporte y Juventud) fueron planteadas por el Nuevo Espacio Independiente sin que lográramos despertar otros apoyos en el seno de las Comisiones.

La otra pata del ajuste político planteado por el Poder Ejecutivo era la reducción del número de Directores en los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, y la regulación de las potestades de éstos en cuanto a la contratación de personal de confianza. No hubo suerte. Y eso a pesar de los votos favorables de los partidos de oposición, pues, lamentablemente los artículos respectivos no contaron con los votos de los propios legisladores del sector del Presidente de la República. O sea, como en todo carnaval, que siga el corso.

Queremos pensar que tal desatino será corregido cuando el asunto sea tratado en la sesión de la Cámara de Diputados, y por las dudas, el Nuevo Espacio Independiente los incorporará como aditivos al proyecto de ley en consideración. ¡Vaya a saber si todo no fue simplemente un error!

Vale resaltar que el proyecto aprobado en las Comisiones de Presupuesto y Hacienda dejó al margen dos temas que habían generado nuestra preocupación, tales como las modificaciones que se planteaban a la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay (reduciéndolo a un rol testimonial ajeno al previsto en la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968, y las relativas al Instituto Nacional de Colonización. En tal sentido, aguardamos que en instancias parlamentarias futuras podamos abordar la necesaria reestructura del Banco Hipotecario.

Al margen de estas consideraciones, el proyecto de ley que se somete a consideración de la Cámara de Diputados tiene dos insalvables y enormes omisiones.

Todos los uruguayos sabemos cual es el estado en que viven los niños y adolescentes en nuestro país. Todos sabemos que la pobreza está concentrada en este sector de la sociedad. Todos sabemos que de cada dos niños que nacen en Uruguay, uno pertenece a hogares pobres. Todos sabemos que la crisis actual ha aumentado significativamente el desempleo y golpeado especialmente en la estabilidad y calidad de los puestos de trabajo. Todos sabemos que gran parte de los hogares pobres no tienen ingresos provenientes del mercado formal de trabajo. Todos sabemos que esa es la realidad y también sabemos que el Estado uruguayo destina al sistema de asignaciones familiares importantes recursos (eran aproximadamente 68 millones de dólares hace algunos meses), y sabemos además, que el 50% de los niños en situación de pobreza no recibe asignación familiar.

Todos los uruguayos sabemos que los adolescentes pertenecientes a los hogares pobres abandonan tempranamente la educación media, generalmente sin perspectivas de trabajo. Todos sabemos que casi la mitad de los uruguayos pobres abandonaron sus estudios antes de los 15 años. Todos sabemos que es necesario revertir este fenómeno cuanto antes. Antes de que la bomba social donde estamos sentados explote y haga volar los últimos vestigios de una sociedad que se caracterizó por un fuerte entramado social.

Para el Nuevo Espacio Independiente constituye un imperativo ético dar al menos alguna respuesta, teniendo en cuenta las limitaciones de recursos que nuestro país tiene, especialmente en esta coyuntura. Por esa razón es que hemos propuesto insistentemente, la necesidad de abordar una reforma del sistema de asignaciones familiares, redistribuyendo los recursos actuales, de forma tal de orientarlos hacia los niños y adolescentes más vulnerables. Una reforma de esta naturaleza debe necesariamente asociar el componente del subsidio con el de la educación, realizando los institutos de educación públicos y privados un control efectivo no solo de la diaria asistencia, sino de los avances en la formación integral como seres humanos.

Por tales razones hemos planteado incorporar en este proyecto de ley, una sección que establece una singular reforma del sistema de asignaciones familiares. Lamentablemente, al menos hasta culminar el trabajo de las comisiones referidas, no hemos encontrado apoyo de los restantes sectores políticos.

La segunda gran omisión de este proyecto de ley es ignorar la situación generada a partir del 20 de junio del corriente año, esto es la modificación de la política cambiaria, abandonando el sistema de tipo de cambio fijo con pautas devaluatorias preanunciadas, y dejando flotar (hasta ahora en forma pura) la moneda.

Todos los uruguayos sabemos lo que este hecho ha significado para muchos miles de uruguayos. Todos sabemos que el Banco Central del Uruguay ha aprobado una normativa en materia de endeudamiento que permite a los deudores del sistema financiero, pagar parte de su deuda en efectivo y el resto con títulos de deuda pública. No obstante, también sabemos que por esa normativa no es preceptiva y que por tanto los bancos, la aplican si quieren. En consecuencia, una buena solución termina aumentando la distorsión en el funcionamiento del sistema bancario.

Por tales razones, el Nuevo Espacio Independiente, ha propuesto en el seno de las Comisiones, -y lo reiterará en la sesión de la Cámara - que la normativa aprobada por el Banco Central sea de aplicación preceptiva por todas las instituciones de intermediación financiera, aún para aquellas que entren en liquidación, como es el caso de los Banco Montevideo y La Caja Obrera.

Pero además, los uruguayos sabemos que hay un sector importante de nuestros compatriotas que utilizaron sus ahorros y contrataron un préstamo en dólares para comprar su única vivienda. Para esos uruguayos estamos proponiendo incorporar soluciones que permitan que puedan cumplir con los préstamos contraídos por un sistema similar al instrumentado por el Banco Central (pagando parte de la cuota con títulos de deuda pública) o por la vía de la reprogramación de los plazos de vencimiento de la deuda.

Por las razones expuestas, aconsejamos al Cuerpo, rechazar el proyecto de ley elevado a su consideración.

Sala de la Comisión, 9 de agosto de 2002.

IVÁN POSADA, Miembro Informante.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Recházase el proyecto de ley por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2001.

Sala de la Comisión, 9 de agosto de 2002.

IVÁN POSADA, Miembro Informante".

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante en mayoría, señor Diputado Sande.

SEÑOR SANDE.- Señor Presidente: antes de desarrollar el asunto que nos convoca, deseo hacer algunas puntualizaciones.

Quisiera agradecer formalmente, en lo personal, a las señoras Adriana Tusinelli, Beatriz Méndez y Matilde Garín y al señor Guillermo Geronés, por su invalorable ayuda a lo largo de todo el trámite del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, así como a los integrantes de la Comisión en su conjunto, pues demostraron el profesionalismo y la ejecutividad que los momentos exigen. También agradezco al resto de los funcionarios de la Comisión, a los Oficiales de Sala, a quienes trabajaron en la parte de sonido, y al Cuerpo de Taquígrafos, al cual, por mi forma de ser, sé que en algún momento lo llevé apurado. Me consta que todos pusieron la mejor voluntad para que hoy pudiésemos estar discutiendo este tema.

La Rendición de Cuentas tiene un resultado deficitario, que se aproxima al 5% del producto bruto interno, hecho no menor, aunque se trata de un guarismo muy inferior al que se podía prever. En la historia de nuestro país nunca nos atacaron tantas cosas; parece que hubieran sido las siete maldiciones. Aunque parezca mentira, comenzamos con inundaciones en varias zonas; luego se produjo la inundación del departamento de Artigas; después cayó Brasil en una devaluación prácticamente constante, lo que provocó que perdiéramos ese mercado; luego cayó profundamente Argentina; apareció la aftosa, y todo esto nos golpeó de tal forma que pensé que nuestro país iba a caer inevitablemente en lo que se llama "default", es decir, en una quiebra total. A pesar de esas creencias, hoy tengo el convencimiento pleno de que hemos llegado al piso y de que estamos saliendo.

No es fácil ser miembro informante de un proyecto de ley de Rendición de Cuentas de este tipo en un momento en que hay recesión y en que el país se encuentra en una situación de inestabilidad económica y financiera, aunque empieza de a poco a retomar la confianza. Reducir el gasto del Estado en su conjunto en US$ 260:000.000 no es sencillo. Pero era nuestra obligación, la obligación del Partido de Gobierno, encarar esta situación.

Hace mucho tiempo que los sectores productivos privados del país estaban reclamando al sistema político uruguayo que lo hiciera, y a este le implicaba un gran esfuerzo, porque no es fácil.

Este país afirmó sus bases a lo largo del tiempo en un Estado importante, grande y sólido. Don José Batlle y Ordóñez lo fortificó y don Luis Batlle Berres más todavía. Eso provocó que la mayoría de las actividades productivas y las inversiones del país pasaran por el Gobierno y por el Estado, masificando en forma importante el funcionariado público. Entonces, tener que dar marcha atrás para que el país tome carrera ante el mundo y ante sí mismo, en una proyección de actividad seria, nos lleva a tratar de reducir el Estado.

La reducción del Estado: ¡oh, frase cuestionada! ¡Oh, frase que para muchos representa un sacrilegio! De pronto, esto no es suficiente; personalmente, considero que es poco, pero cuando uno gobierna en coalición con Partidos con los cuales a lo largo de la historia se hizo la patria, hay que aceptar determinadas situaciones. Inclusive, dentro de nuestro propio Partido hay que aceptar situaciones.

Lo que nosotros pensamos que puede ser lo mejor, de pronto es poco para algunos y mucho para otros. Por eso, en una coalición se llega a lo que es posible; y esa es la parte fundamental de la política: es el arte de lo posible. Hasta aquí llegamos en el arte de lo posible.

La Rendición de Cuentas es, precisamente, rendir cuentas de lo que sucedió, pero esta que llega al Parlamento reflejando un déficit de $ 12.000:000.000, también incluye 163 artículos en los que se ven reflejadas manifestaciones importantes, muchas de ellas incluidas por el Partido Nacional, al que agradezco personalmente la colaboración que nos ha prestado. Esta colectividad política ha incluido artículos declarativos de mucha significación, que demuestran la voluntad política de intentar cambiar este país.

Cuando empecemos a analizar la Rendición de Cuentas, veremos que, en el artículo 1º, el Gobierno establece una rebaja del 8% en la inversión del Estado en cuanto a los créditos de funcionamiento. Allí se establece un aspecto importante, que muchas veces no se tiene en cuenta cuando se hace la crítica, y es que hay una excepción, y las excepciones a veces marcan las reglas. La excepción está dada por el hecho de que, en caso de que no sea necesario llegar a hacer uso de esta rebaja, de esta reducción al funcionamiento en las áreas que son sociales o que tienen que ver con la producción, si en el momento adecuado hay que hacer una inversión, el Poder Ejecutivo está facultado para hacerla.

En consecuencia, surge con claridad que eso no está escrito por gusto, sino que está incluido y votado con la intención de dar al Poder Ejecutivo la facultad de que, si el 8% de reducción en el crédito de funcionamiento del Estado es excesivo en algún área, el propio Poder Ejecutivo podrá aumentar el gasto. Lo mismo ocurre con el abatimiento de la inversión, que es del 19% en todos los Incisos y que llegará a ser del 28% en 2003 y en 2004.

Esto es fuerte. Es duro hablar de recorte de la inversión en un momento de crisis, en un país por naturaleza estatista; pero no olvidemos que lo que estamos recortando son los gastos del Estado y que en el Senado se está considerando un proyecto de ley que tiene que ver con el desarrollo productivo del país.

Por algún lado había que empezar a reducir y aquí se agarró la tijera y se cortó; y, como decía al principio, no se redujo todo lo que se debía. Pero aquí llegamos y, personalmente, me siento muy orgulloso de estar hablando en Sala de que mi Partido, el Partido Colorado, con nuestro tradicional adversario, el Partido Nacional, agarró la tijera y empezó a cortar.

Hace muchos años que el sector productivo está pidiendo que se achique el Estado; y aquí lo tiene. No será tan bonito, y capaz que bailamos con la más fea -como dicen en campaña-, pero lo teníamos que hacer y lo estamos haciendo.

Debemos considerar que el sacrificio que vamos a pedirnos a nosotros mismos, en primer lugar, y al resto de los funcionarios del Estado, todas las personas que trabajan en el sector privado hace ya tres años que lo están haciendo. Hace tres años que se están bajando el salario para mantener sus puestos de trabajo; hace ya tres años que están haciendo el sacrificio.

En realidad, aquí no se rebaja ningún salario, pero sí se recortan los gastos. Es notorio que se ingresa en un campo al que el Uruguay no había entrado nunca. Se trata de que en la Administración Pública haya un régimen nuevo de ingreso, mediante un sistema de contratos muy similar al de los trabajadores de la actividad privada, lo cual creo que es saludable. Habrá que revisarlo después que empiece a regir, pero creo que no es válido criticarlo antes de verlo caminar. Es como el jugador de fútbol que actúa por primera vez en Tercera División y lo criticamos, y que en poco tiempo termina jugando en Primera y es una estrella.

Veremos cómo funciona en la Administración este nuevo régimen que, como decía antes, es muy parecido al sistema que funciona desde hace muchos años en la administración de las empresas particulares.

Se autoriza que aquellos funcionarios públicos que tengan entre sesenta y sesenta y nueve años de edad puedan retirarse con los topes jubilatorios del Banco de Previsión Social más un 15% del sueldo en actividad hasta que cumplan setenta años, porcentaje que será pagado por el organismo al cual pertenecían. Esto traerá como consecuencia, evidentemente, que muchas personas se amparen a este régimen, lo cual permitirá reducir la plantilla de funcionarios públicos, tarea a la que estamos abocados.

A la normativa de la Rendición de Cuentas se incorpora un aspecto importante: hasta el año 2015 no podrán llenarse vacantes en la Administración Pública, continuando con el régimen que rige desde hace muchos años en el país, según el cual el funcionario público es inamovible después que es presupuestado. Es decir que no podrá ingresar ningún funcionario presupuestado hasta 2015. Esta es una señal importante, más allá de que falten muchos años para 2015: algunos de nosotros quizá no lleguemos a verlo, pero -insisto- de esta manera estamos dando una señal a la ciudadanía de que mantenemos con firmeza el criterio de que el Estado no puede seguir creciendo.

La región está cayendo, en particular el país hermano más cercano, que día a día se encuentra en una situación peor, lo cual influye directamente en el nuestro. Con el turismo, que tan importante era para nosotros y del que tanto dependíamos, no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar este año.

Sí podemos asegurar una cosa: hemos podido llegar a presentar este proyecto de ley de Rendición de Cuentas porque cuando padecimos los momentos más difíciles que nos tocó vivir a lo largo de nuestra vida, que no es muy corta, hubo un solo Estado, una sola mano que apareció. Quiero desembuchar esto porque la mayoría de quienes estamos acá somos descendientes de españoles, de portugueses, de franceses o de italianos, aunque algunos inmigrantes también vinieron de otras partes de Europa. Y yo debo respetar a ese Estado, porque cuando alguien tiende la mano en los momentos difíciles es que se ven los amigos. Así lo decimos en campaña.

Aquí se atacó -no todos lo hicieron- al Gobierno de Estados Unidos de América, pero yo debo reconocer lo que hizo, porque aquí no vino un español -de cuyo pueblo soy descendiente-, un italiano, un francés o un portugués a decirnos: "Yo los ayudo, muchachos; yo les voy a comprar y les presto un poco de dinero para que salgan de esta situación que ni siquiera ustedes provocaron". Evidentemente, fue un problema exógeno, que apareció de afuera. Nos cayó de arriba y Estados Unidos de América -no fue el Fondo Monetario Internacional, sino este país- sacó el dinero y nos lo mandó. Cubrió nuestro sector financiero que, si hubiera dado quiebra, nos habría colocado en una situación mucho más difícil que aquella en la que estamos. Debo reconocerlo porque uno, que es de poco hablar en esta Cámara, en algunos momentos siente que se habla muy mal de ese país. Yo no tengo ningún lazo directo, afectivo ni político con él, pero sé que el país de mis ancestros fracasó, porque mucho hablan, mucho vienen, mucho ofrecen, pero cuando la situación aquí se complicó, una sola mano apareció. Y los gringos -como se les dice- estuvieron presentes y mandaron la plata que sacaron del Departamento del Tesoro. Debo reconocerlo, porque cuando en Comisión tratábamos esta iniciativa de Rendición de Cuentas, el país pasaba por una situación tan difícil que por momentos este proyecto pasó inadvertido; y ellos estuvieron presentes, lo cual personalmente agradezco.

Se establece, también, en esta Rendición de Cuentas algo que era esperado y que no es fácil votar: que ningún funcionario público pueda cobrar más del 60% de lo que percibe el Presidente de la República. Muchos dicen que esto es relativamente inviable, porque se nos van a ir muchos técnicos, ya que ganarían más en las empresas privadas que en el Estado. Yo digo que puede ser cierto, pues un 60% de lo que cobra el Presidente de la República no es mucha plata en las empresas privadas, pero también es cierto que este país está lleno -por suerte- de personas capaces y, si alguien se va, alguien aparecerá para sustituirlo. Estamos enviando un mensaje y una señal importante al poner un tope a los sueldos. Permanentemente se ha hablado de los importantes sueldos de los legisladores, lo que no es real. Los que estamos sentados en estas bancas lo sabemos, pero somos gente pública y nos tienen que golpear de vez en cuando. Nos golpean seguido, aceptémoslo. Se ha hablado mucho de los sueldos exuberantes en la Administración del Estado. Yo no creo que sean tan exuberantes; son más reducidos que en la actividad privada, aunque ahora en ese sector han bajado. Había que mandar una señal y así se hizo. Aquí está escrito: no se puede ganar más del 60% de lo que percibe el Presidente de la República. Veremos qué sucede; si es cierto eso de que se va a ir tanta gente -como dicen algunos- o si se acepta tal como viene y la gente se queda en su trabajo, dando una buena señal de que al país hay que defenderlo y de que hay que seguir trabajando para ayudarlo.

Aquí también hay otro aspecto significativo: se da una importante atribución al Poder Ejecutivo -en forma genérica, sí, pero atribución al fin- para que en un lapso corto pueda enviar un mensaje tendiente a reducir Ministerios -a fusionarlos-, a eliminar unidades ejecutoras y, en definitiva, a realizar una verdadera reforma dentro del Estado, de modo de que este sea más eficiente y sus servicios sean mejores, para beneficio de la gente de nuestro país.

Asimismo, se autoriza al Poder Ejecutivo a enviar un proyecto de ley que reduzca -con la fundamentación adecuada-, el número de integrantes de los Directorios de los entes autónomos y de los servicios descentralizados, hecho que en lo personal yo hubiese plasmado aquí, aunque en esto no implico al resto de mis compañeros de mi grupo político ni al Partido que integro. Yo hubiese cortado aquí, pero no porque represente una reducción del gasto -vamos a aclararlo-: un Director de un ente autónomo gana $ 29.000 o $ 30.000 por mes.

Eso no achica ni agranda nada, pero muchas veces hay que dar las señales, por más que sean chicas. Por lo general, los cargos de Jefes y Subgerentes ganan más que los propios Directores de los entes, o sea que la reducción del Estado no pasa por ahí; pero con esto damos una buena señal. De pronto, como algunos dicen, nos perdimos la ocasión, pero hay que aceptar que cuando hay que conjuntar opiniones para votar una Rendición de Cuentas en la cual precisamos cincuenta manos levantadas, hay que aceptar la opinión de todos. Tenemos que aceptar que no siempre todos tenemos razón; a veces uno habla con mucha firmeza, pensando que tiene la razón en la boca, y de pronto la razón la tiene el otro. Por lo tanto, todos cedemos algo para llegar a un punto; a ese punto estamos llegando hoy.

En este caso, se hace una reforma importante en lo que tiene que ver con AFE, y se permite que la parte vial pase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es decir que el ente no desaparece, y su Directorio va a seguir funcionando en todo lo relativo a la conducción del pasaje y a la administración.

También se envía otro mensaje que no por ser pequeño es menos importante. Este país es sobre todo agropecuario; en el mensaje del Poder Ejecutivo venían disposiciones relativas al Instituto Nacional de Colonización, que no eran menores pero tampoco modificaban lo que el propio Directorio había autorizado por medio de sus resoluciones. La coalición -creo que sabiamente- resolvió pedir al Poder Ejecutivo que en noventa días envíe un proyecto de ley para modificar dicho Instituto. Este, que tiene muchos años de vida y que fue creado por las masas vivas de todo el interior del país, merece esos noventa días en los que se va tener que trabajar -y mucho- para poder enviar a este Parlamento un mensaje en el que se reflejen las voluntades de los funcionarios que estuvieron aquí -que tienen una opinión-, de los Directores -que tienen otra- y de los propios colonos, que están pidiendo que se reestructure el Instituto, porque dicen que así como está no funciona más. En consecuencia, creo que fue sabio haber sacado estas disposiciones; fue sabio y prudente. Vamos a esperar ese mensaje y que el Directorio del Instituto, los colonos y los funcionarios hallen un punto de encuentro para enviar un proyecto de ley que discutiremos en este Parlamento y que sacaremos dentro de noventa días.

También se otorga a los Municipios una cantidad de facultades que no tenían; de pronto es poco, porque los Municipios están pasando por un momento muy difícil. Todos sabemos que, cuando el bolsillo se achica, lo primero que se deja de pagar son los impuestos. Hoy no se puede tocar la libreta de conductor y, en consecuencia, el dueño de un vehículo deja de pagar la patente y sigue circulando libremente. No es malo que no se toque la libreta, pero, evidentemente, eso ha achicado la recaudación de los Municipios -de los Gobiernos Municipales, como decía el señor Diputado Posada, que nos corregía cuando hablábamos de Intendencias-; es cierto, la gente no está pagando. En muchos departamentos también se ha dejado de pagar la Contribución Inmobiliaria. Creo que no hubiese estado de más que la Comisión por lo menos les hubiese dado a los Municipios alguna pequeña alternativa más en cuanto a ingresos, diciéndoles que UTE los podía considerar como grandes consumidores, lo que les rebajaría notoriamente los pagos correspondientes y ayudaría, aunque fuera en algo, a paliar una situación nada fácil; todos están teniendo problemas.

Creo que también se podría haber dado otro punto de apoyo a los Municipios en el tema concreto de la forestación. No olvidemos que desde hace ya muchos años se han dado subsidios para la forestación, que ya se está sacando la producción y que por donde sale quedan caminos rotos, porque el peso es mucho. Los camiones cargan entre 40.000 y 50.000 kilos y deshacen los caminos de balasto; y esta gente no paga Contribución Inmobiliaria. Entre todos los que vamos a votar esta Rendición de Cuentas tendríamos que haber hecho el esfuerzo, por lo menos, de decir a aquellos que hace más de diez años que no pagan Contribución Inmobiliaria que comiencen a hacerlo para colaborar con el arreglo de los caminos de penetración a los lugares donde se desarrolla la forestación.

Mencionamos hoy estos puntos porque consideramos que era una obligación para nosotros; no están escritos, nos salieron. Pero no importa; vamos a respetar lo acordado. Vamos a votar lo que se pactó con el Partido Nacional -coma por coma y punto por punto- y lo que acordamos dentro de nuestro Partido. Al hacer uso de la palabra en nombre de la Comisión tenía que decir algunas cosas como estas, que yo pensé que en su momento iban a poder salir, pero no salieron.

En consecuencia, señor Presidente, en nombre de la mayoría de la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, vamos a pedir a este plenario que nos acompañe en una actitud que yo diría que es gallarda, porque sé que no es fácil apoyar esto, y menos en este momento; es mucho más sencillo no votarlo. Siempre ha sido así, y cuando los momentos son difíciles y hay que votar cosas severas, lo más fácil es salir por el costado. También sé que la democracia se nutre de eso, y si todos votásemos lo mismo, romperíamos el esquema democrático.

Por lo tanto, respeto a quien no lo respalda y agradezco a los señores Diputados que lo van a votar.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra la miembro informante en minoría, señora Diputada Topolansky.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: en primer término queremos agradecer a los funcionarios que colaboraron con nosotros en la tarea del estudio de este proyecto de ley de Rendición de Cuentas, tanto a los de la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, como a los taquígrafos y a los funcionarios de imprenta. También queremos agradecer a las múltiples delegaciones que nos visitaron, que nos señalaron algunos aspectos sobre distintos artículos y nos aportaron puntos de vista siempre valiosos que nos permitieron integrar a la discusión la opinión de nuestro pueblo, de nuestra gente, sobre quien se va a aplicar esta Rendición de Cuentas.

Quisiéramos aclarar que cuando realizábamos el informe en minoría todavía no estaba pronto el texto con sus números de artículos definitivos; dicho texto recién estuvo terminado el día lunes. Por lo tanto, hacemos notar que vamos a hacer referencia a la numeración original. Queríamos que constara en la versión taquigráfica para que no hubiera confusiones en cuanto a los contenidos.

Con fecha 30 de junio de 2002 ingresó al Parlamento esta Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, que corresponde al Ejercicio 2001; parece un siglo atrás, porque en este país han ocurrido muchas cosas.

Por eso, al inicio de esta exposición recalcamos en qué momento ingresó al Parlamento este proyecto de ley.

En su presentación establecía: "El estado de resultados del Ejercicio 2001 que es el que analizamos presenta un déficit de $ 12.963:443.000 [...], lo que representa aproximadamente el 5,2% del Producto Bruto Interno [...]".

Son números que indican el estado recesivo de la economía por tercer año consecutivo; esto es así porque miramos el año 2001, aunque estemos transitando este complejo 2002.

El proyecto original también trajo un informe económico-financiero que, al releerlo para elaborar este documento, nos pareció algo virtual, porque refería a algo que ya cambió. De todas formas, vamos a destacar algunos conceptos allí planteados, que tienen que ver con la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal.

Se enumera un conjunto de factores externos adversos. En la vida de los países siempre existen factores externos, pero nosotros, además de observarlos, debemos mirar los factores internos, porque son estos los que hacen a nuestra mejor o peor gestión.

En ese proyecto se plantean conclusiones, de las que vamos a tomar algunas, las que nos parecen más significativas. Se dice que la baja en la inversión fue muy fuerte -6,3%-, que se redujo el consumo y que cayeron las exportaciones de bienes y servicios en un 8,2%, resultando una caída del 3,1% del PBI.

El informe también hace referencia a la evolución a la baja de los precios internos medidos en dólares; se afirma que la tasa de desempleo se ubicó en el 15,3%, y que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos en el año 2001 alcanzó US$ 475:000.000. Se señala que hubo un superávit de US$ 363:000.000 en la balanza de servicios, de los cuales US$ 358:000.000 corresponden a turismo. En el momento en que la Rendición de Cuentas entra a su consideración en Sala, se observa en la proyección que esta cuenta se verá gravemente afectada, pues el grueso de nuestro turismo proviene de la República Argentina y no sabemos por cuánto tiempo esta corriente turística estará ausente.

En el informe que precede al proyecto de ley también se señala el aumento de los depósitos de no residentes. Este es otro factor que invirtió su evolución en forma negativa. Hemos tenido dificultades para registrar la cifra, pues la información se obtiene de diferentes fuentes, por lo que hay un estimado de US$ 3.045:000.000, aunque los retiros de depósitos de no residentes pueden ser más.

Se agrega que aumentaron las reservas del Banco Central del Uruguay. Este es otro de los factores que han cambiado de la noche al día. Se señala la baja de las exportaciones en un 10,3% y una caída de las importaciones.

La previsión de inflación anunciada por el Gobierno y lo relativo al tipo de cambio son valores que la dinámica de los hechos del mes de julio y lo que va de agosto dejó por el camino.

Por último, debemos resaltar que en la primera parte de nuestro informe se indica que las empresas públicas, de acuerdo con el informe que precede al proyecto de ley, tozudamente tuvieron en el período un superávit.

Hubo una baja fuerte en la recaudación. En este cuadro netamente recesivo, y en los días en que se discute esta Rendición de Cuentas, el país sufre enormes cambios que todos conocemos y que, por tanto, no vamos a enumerar.

Este proyecto de ley, que no vamos a apoyar por las razones que desarrollaremos en esta intervención y por las que expondrán nuestros compañeros de bancada, trasciende lo que el artículo 110 del TOCAF define como el contenido de una Rendición de Cuentas. Queremos señalar este aspecto porque es importante mencionar en qué se ha transformado este proyecto de ley.

Estamos frente a una norma proyectada que nos propone lo siguiente, de acuerdo con expresiones del ex Ministro de Economía y Finanzas -página 4 de la versión taquigráfica de la Comisión del 8 de julio de este año-: "Debo comenzar por señalar que este proyecto de Rendición de Cuentas intenta, en primer lugar, dar cumplimiento a lo que ha sido una constante en el reclamo, en la aspiración, en el planteo sobre esta Rendición de Cuentas: la baja del gasto público. Y aquí, desde este punto de vista, nosotros hemos anunciado -cuando digo nosotros, me refiero a distintos representantes del Poder Ejecutivo- que este proyecto de Rendición de Cuentas plantea una rebaja del gasto que supera largamente los US$ 250:000.000 anuales, que está concentrado principalmente en el resultado de la disposición del artículo 1º que rebaja en un 8% los créditos correspondientes a los gastos de funcionamiento, en un 19% para este año los créditos correspondientes para inversiones, y en un 28% para los años 2003 y 2004 en el mismo sector de inversiones".

En el proceso de discusión, este artículo se ha mantenido incambiado. Por este motivo resaltábamos las palabras del entonces Ministro de Economía y Finanzas.

En la discusión particular plantearemos aditivos para que mejore el costo que tiene este artículo con respecto a la gente.

Tal como planteaba el señor Diputado preopinante, el artículo autoriza al Poder Ejecutivo a realizar excepciones. Nosotros preferimos que las excepciones se hagan por vía parlamentaria. En realidad, este proyecto nos plantea un nuevo ajuste fiscal que dejará al país en condiciones aún más penosas desde el punto de vista de la inversión, del crecimiento y del empleo. Nuevamente se toma como salida el camino del ajuste fiscal.

Además, el proyecto de ley incluye una reforma del Estado y varias disposiciones de dudosa constitucionalidad.

A través de las planillas adjuntas constatamos -también de los testimonios de los distintos señores Ministros cuando concurrieron a la Comisión-, en casi todos los Incisos, un atraso en el envío de los créditos presupuestales votados. Además de los topes establecidos por decreto en la ejecución de los créditos, hay que tener en cuenta el atraso que tienen. Esto -y así consta en las versiones taquigráficas de la Comisión- ha dejado en situación límite el funcionamiento y la inversión de muchos Incisos. Es sobre este cuadro que se hace el nuevo ajuste.

En la primera sección se consagra, al barrer, el recorte en gastos de funcionamiento e inversión -como recién señaláramos-, solo modificable en forma discrecional por el Poder Ejecutivo. Pensamos que todos los Incisos que componen el Presupuesto Nacional no son iguales; hay lugares que ya no soportan un recorte más, porque hay que tener en cuenta lo ya dicho: el Presupuesto ya fue topeado y existen graves atrasos en el envío de los créditos votados.

Los recortes en gastos de funcionamiento e inversiones significan también una paralización en el encadenamiento que ellos generan con relación al trabajo, por lo que aumentará la tasa de desempleo y se reducirá la recaudación, comprometiendo gravemente la cadena de pagos. Debemos también tener en cuenta y bien presente que la recaudación se hace en moneda nacional y que el Presupuesto tiene pagos y obligaciones en moneda extranjera.

En la Sección II, bajo el título "Racionalización de la estructura política del Estado" -esta sección cambió su redacción original-, se encomienda al Poder Ejecutivo la proyección de una ley de reorganización de Ministerios y unidades ejecutoras, dándose cuenta a la Asamblea General. Se comete también al Poder Ejecutivo la elaboración de otro proyecto de ley estableciendo la descentralización departamental y regional de los procesos de gestión de la Administración Central, así como de los entes autónomos y servicios descentralizados. Asimismo, se constituye una comisión consultiva para coordinar actividades de ANCAP y UTE. Aquí hubo una modificación de los artículos iniciales. De todas formas, pensamos que estas normas, a futuro, darán como resultado una nueva estructura del Estado, que todavía no sabemos cuál va a ser.

La Sección III, bajo el título "Racionalización de recursos humanos del Estado", introduce una gigantesca desregulación de la función pública. Es por eso que nosotros planteamos su desglose. Entendemos que no corresponde el tema a un proyecto de Rendición de Cuentas. Más claro -y esto nos importa dejarlo nítido en Sala-: nadie se niega, en nuestra fuerza política, a rever la estructura del Estado y sus recursos humanos; solo que pensamos que el elegido es el peor camino posible. Algo tan crucial como lo propuesto debería ir por ley aparte y estar precedido de una discusión nacional, con amplia participación de todos los implicados, porque el Estado podrá ser grande o chico, más caro o más barato, más o menos productivo, más o menos eficiente, pero lo debemos construir entre todos, lo debemos construir como nación. Sobran en el mundo ejemplos. De lo que se trata, en realidad, es de ir en concordancia con la evolución tecnológica y con las necesidades que la realidad nos va planteando. Estos cambios, hechos de este modo y en este momento, mucho nos tememos que resientan aún más los servicios públicos que ya están desbordados y que el empobrecimiento del país requiere que sean más saludables y mejores.

Para poner solo un par de ejemplos, pensemos en Salud Pública, hoy con 160.000 usuarios más, o en ANEP, que a nivel de Primaria llega a tener 220.000 alumnos. Todo estuvo precedido, además, de una campaña de criminalización del funcionario público. Sin embargo, no hay una sola objeción sobre las responsabilidades de gestión de quienes estuvieron al mando, porque las situaciones no se generan solas.

Se crea, a su vez, una nueva categoría de funcionario, que no será ni público ni privado, y estará suspendido sobre un agujero legal en cuanto a deberes y derechos se trate. Quiero recalcar esto porque, de futuro, de aprobarse estas normas, nos puede traer muchos dolores de cabeza. Al no tener la calidad de funcionarios públicos, no regirían principios básicos tales como el de que "el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario" o el de que ningún funcionario estará al servicio de ninguna fracción política.

Asimismo, debemos señalar que todo el elenco de delitos contra la Administración Pública previstos por el Código Penal, donde el sujeto activo es el funcionario público, no les alcanzaría. También debemos destacar que quedarían excluidos de la obligación de presentar su declaración jurada al amparo de la Ley Nº 17.060, sobre anticorrupción. Nos preguntamos qué son entonces. Nos ha dado una gran ayuda un informe presentado en Comisión, elaborado por el doctor Gonzalo Aguirre Ramírez, que en su página 2 dice lo siguiente: "En síntesis, se trataría de un régimen laboral de derecho privado insertado en el ámbito de la función pública. Más aún, el contrato a término, sujeto a potestades absolutamente discrecionales de su empleador, estaría en una situación de menor estabilidad laboral -más desprovista de garantías- que el trabajador privado, en el régimen del contrato a prueba.- A nuestro juicio, la pretensión de incorporar este régimen de trabajo en el ámbito estatal, sumada a la proyectada extensión de la prohibición de designar personal presupuestado hasta el año 2015, subvertiría totalmente el sistema constitucional en la materia (artículos 59 a 61, 86, 214, 215 y concordantes de la Carta). Este sistema parte de la premisa, como regla de principio, de que quienes trabajan para el Estado son funcionarios públicos presupuestados e inamovibles.- Por cierto que existe la categoría de los funcionarios contratados, pero estos no están desprovistos de todo derecho ni de la mínima estabilidad en su función. Al respecto, ha señalado Sayagués Laso en su célebre Tratado de Derecho Administrativo (Tomo 1 séptima edición, páginas 244, 245) 'La persona que ingresa a la función pública mediante contrato no está sustraída totalmente al régimen estatutario general. Pero ha de tenerse en cuenta que la Administración no tiene libertad para tales contrataciones y, por el contrario, solo facultades muy limitadas, no pudiendo recurrir a ese procedimiento para eludir la aplicación de las disposiciones constitucionales y legales que limitan o condicionan el ingreso a las funciones públicas, o que regulan su ejercicio'. En consecuencia" -finaliza el doctor Gonzalo Aguirre Ramírez- "los proyectados artículos 37 a 50, numeración original del proyecto de Rendición de Cuentas, son absolutamente inconstitucionales. No porque colidan con determinados artículos de la Carta, sino porque resultan inconciliables con todo un sistema -instituido por el constituyente- de ingreso a la función pública y de ejercicio de la misma".

Debemos recordar también que el artículo 1º del Estatuto del Funcionario -Decreto-Ley Nº 10.388, de 13 de febrero de 1943- dispone: "Considérase funcionario público a toda persona que, nombrada por autoridad pública competente, participa en el funcionamiento de un servicio público permanente mediante el desempeño de un empleo remunerado, que acuerda derecho a jubilación".

La plantilla del Estado, como consecuencia de la prohibición del ingreso, se ha visto netamente perjudicada. En primer término, envejeció. La edad promedio es hoy de cuarenta y seis años. En segundo lugar, se ha ingresado por vía de contratos de obras y servicios, o alguna otra modalidad contractual no controlable por este Parlamento. En tercer término, se ha hecho uso y abuso del pase en comisión, reconociendo que en algunos casos fue la única forma que el jerarca encontró para cubrir necesidades. Uno de los fundamentos de la prohibición para el ingreso al Estado, cuando se votó por primera vez, fue detener el clientelismo político; no se logró. Se gastó mucho en la primera reforma del Estado; se hizo muy poco. Ahora se reincide en un camino que lleva la desregulación al grado mayor y por el que se podrá alcanzar aún más discrecionalidad.

Resumiendo: nosotros pensamos que la propuesta traerá una gigantesca distorsión del Estado en funciones y funcionarios, unidades ejecutoras, servicios, etcétera. En el desarrollo de la discusión particular señalaremos detalladamente nuestra posición frente a cada norma y las inconstitucionalidades que percibimos en algunas de ellas. En especial, nos referiremos al tema de becarios y pasantes.

Con relación a la Sección IV, "Ordenamiento financiero", quisiéramos destacar dos aspectos. Uno, está referido al artículo 91 correspondiente a la numeración original, en el que, a partir de la redacción propuesta, se incorporan a los proyectos de ley de Rendición de Cuentas -leo textualmente- "[...] las modificaciones indispensables a las normas generales sobre ejecución presupuestal, funcionarios y ordenamiento financiero". Como podrá advertirse, esta nueva norma habilita a que, en lo sucesivo, se puedan incluir en estos proyectos modificaciones a todo lo que tenga que ver con la normativa que involucra a los funcionarios, lo que no resulta aconsejable porque contribuye a desvirtuar el contenido de las leyes de Rendición de Cuentas, y eso no es de buena técnica legislativa.

El otro aspecto a destacar es la nueva redacción dada al artículo 95 original, relativo al desconocimiento de la resolución fundada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con relación a la Universidad de la República. En primer término, es necesario recordar que en el Uruguay existe separación de Poderes. En segundo lugar, nuestra principal casa de estudios debería ser el buque insignia en el conocimiento y en la tecnología, porque es el motor del país productivo y, para ello, se precisan recursos, que son inversiones en cerebros, en futuro. Desconocer esto es imposible para cualquier sociedad que mire hacia adelante. Sobre este tema, en la Comisión tuvo lugar una dura discusión, que figura en la versión taquigráfica. La nueva redacción no mejoró las cosas.

Con respecto a la Sección V, "Incisos de la Administración Central", haremos un comentario general sobre los artículos numerados originalmente como 96 y 97. Corresponde señalar que, más allá de que el régimen vigente puede ser objeto de modificaciones, no parece razonable que se habilite al Poder Ejecutivo, a través de la Oficina Nacional del Servicio Civil, a modificar el régimen previsto a través de un acto administrativo. Más allá de la potestad de reglamentación de las leyes, que corresponde al Poder Ejecutivo, parecería más adecuado mantener el manejo de esta temática en la órbita parlamentaria. Nosotros seguimos creyendo que este Parlamento debe cumplir algunas funciones en forma ineludible.

Los artículos siguientes corresponden a modificaciones en distintos Incisos, que fueron cambiando en el transcurso de la discusión en Comisión. A lo largo de la sesión, en la medida en que desarrollemos la discusión particular, iremos fundamentando nuestra posición con relación a esos artículos.

En lo que tiene que ver con la Sección VI, "Empresas públicas", debo decir que en el transcurso de los días de trabajo en Comisión se cambió bastante y quedó reducida a tres entes del Estado: AFE, PLUNA y ANP. Sin embargo, nosotros nos vemos en la obligación de dejar una constancia.

En el marco de la ley aprobada el domingo 4 del corriente mes, de la constancia dejada en el sentido de que el tema del Banco Hipotecario del Uruguay se tratará en un proyecto de ley aparte, y de lo comprometido en la Carta de Intención firmada -aquí haré una digresión: el señor Diputado preopinante decía que solo Estados Unidos vino a darnos una mano en estos momentos de crisis, pero lo que nosotros no sabemos, o por lo menos no sabe la bancada de la oposición, es qué condiciones, además de las ya firmadas, trajo consigo esa mano-, no somos optimistas en cuanto a la suerte de la banca pública, más allá de que hoy no figure en este proyecto de ley, pues parecería que el objetivo es acotar al máximo las actividades del Banco Hipotecario del Uruguay y del Banco de la República, o quizás más. Sabemos el instrumento que representan el Banco de la República para el desarrollo de la producción nacional, de la industria, del comercio y del crédito social, y el Banco Hipotecario del Uruguay, con relación a la vivienda y a la industria de la construcción. Queremos dejar esto como constancia porque, de aquí en adelante, en este ámbito se van a desarrollar otras discusiones respecto a estos temas.

A continuación, traemos parte de un pequeño informe del doctor Mario Pomatta, quien nos aclara algunas cosas relativas a los entes del Estado. Dice el doctor Pomatta: "Es necesario un comentario general que surge de las transferencias y supresiones de ciertos cometidos y bienes de empresas públicas entre organismos. Es un ejercicio unilateral de la facultad de transformar estas empresas, eludiendo en algunos casos la disposición contenida en el artículo 189 de la Constitución, que establece un quórum especial, y también la asignación de nuevos cometidos viola las respectivas disposiciones legales que establecen el principio de especialidad para cada caso establecido por el artículo 190 de la Constitución. Queda claro a vía de ejemplo en la solución establecida para AFE [...] PLUNA [...] y las transferencias de cometidos y recursos a favor del MTOP, así como la exclusión del sistema de reserva de bandera, prevista legalmente, a favor de algunas actividades que quedan fuera del sistema público".

Con relación a AFE, mantenemos nuestra visión de que estas normas conducen a su desmantelamiento. Entonces, se puede sostener que el artículo 130 -numeración original- supone su liquidación, por lo que regiría el artículo 189 de la Constitución, que exige una mayoría especial de dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara para su aprobación.

Y estamos viendo que el transporte carretero de nuestro país va a quedar plagado de peajes, que el transporte ferroviario va a quedar en liquidación, privatizado o no se sabe bien en qué situación -es una incertidumbre-, y que se liquida PLUNA; todo ese paquete que hace a las comunicaciones y al transporte queda en una situación confusa.

Respecto a PLUNA, el doctor Mario Pomatta dice: "Se desconoce el resultado de las consultas populares, en especial la establecida en el año 1992 acerca de las empresas públicas, previéndose la venta de su capital accionario al margen no solo de dicho resultado sino de las claras disposiciones constitucionales, tal como la contenida en el artículo 189 de la Constitución".

Entonces, nos preguntamos: de ahora en adelante, ¿cuál es el diseño en materia de transporte para este país? ¿Puede un país que pretende dar servicios no tener una política en este sentido? Son preguntas que quedan para nuestros colegas y que con el tiempo se irán dilucidando.

En lo que tiene que ver con la Sección VII, "Gobiernos Departamentales", nos detendremos en los dos primeros artículos, que creemos muy graves. No se puede dar a terceros el cobro de los tributos municipales. Esto traerá para los Intendentes actuales y los futuros todo tipo de problemas. Y en relación con los contribuyentes, rigidizará los cobros y las ejecuciones en el momento en que la cadena de pagos está más comprometida.

Es la misma filosofía que se aplica con los funcionarios públicos: si las Intendencias han sido mal administradas, empecemos por ahí, señor Presidente; que no sea el contribuyente el que quede castigado.

Estas disposiciones, en su conjunto, además de lesionar la autonomía municipal, no hacen más que prever que el negocio de la recaudación de tributos departamentales pueda ser cedido a particulares.

De la Sección VIII, "Disposiciones varias", vamos a hacer un pequeño comentario sobre el artículo 152 de la numeración original, que trata sobre el IRP. Debemos remarcar su efecto negativo sobre las pasividades -entre otros-, dado que en la ley de ajuste fiscal desapareció el famoso artículo 8º, que otorgaba un 2% de aumento a los pasivos, compensatorio de los recortes que se le generaban por el ajuste fiscal. Debemos recordar que el ajuste de las pasividades se calcula por el índice medio de salarios, y tener presente que el acumulado de enero a mayo de 2002 es de -1%. Ese artículo va a empeorar la situación de esas pasividades.

Siempre hemos destacado la importancia de la historia laboral, pero la obligación de hacer la de cada trabajador y de notificarla, por lo menos una vez al año, no se ha cumplido. La Rendición de Cuentas, al cambiar la expresión "debe haber certeza" por "en debida forma", rebaja las garantías de notificación al trabajador. Pero también hay otros cambios de terminología que implican contenidos en cuanto a la certeza de las garantías de notificación a los trabajadores.

Creemos que el último artículo, el 163, desprotege al trabajador. Nosotros quisiéramos que este artículo fuera eliminado de la Rendición de Cuentas, y vamos a proponer que así se proceda. Pero, de no ser así, vamos a proponer que se modifique la palabra "contribuyentes" por "inscriptos", porque es importante proteger el trabajo efectivo, más allá de que el patrón haya o no volcado al Banco de Previsión Social el aporte descontado.

Resumiendo, como dijimos al principio, el 30 de junio ingresó al Parlamento la Rendición de Cuentas. Es un ajuste que forma parte de la tormenta neoliberal que desde hace años azota este continente y nuestra tierra; son US$ 270:000.000, un enorme recorte parejo en gastos de funcionamiento e inversiones, que provoca el corte de la cadena de trabajo que esos gastos generan en la sociedad y, lo que es peor, deja en el CTI al país productivo; es una enorme reforma del Estado que va camino a una total desregulación, de dudosa constitucionalidad, y que fue precedida por la aprobación de la ley que creó el Fondo de Estabilidad del Sistema Bancario, que hiciera puntería en el Banco de la República.

Señor Presidente: estamos en otro país. Están cayendo algunos símbolos nacionales, llámense Hospital de Clínicas, Banco de la República, AFE, PLUNA. A partir de hoy, el Uruguay será otro; habrá que refundarlo, como se ha dicho. Los dados se echaron hace bastante tiempo y desde lejos, de acuerdo con la Carta de Intención firmada. Quedan por el camino logros -hoy símbolos- de nuestros mayores, que fueron resultado de la acumulación tenaz de años y años más austeros, de esos años que recordaba el señor Diputado preopinante cuando trajo a Sala la memoria de don José Batlle y Ordóñez y de don Luis Batlle Berres; son también tradiciones que quedan por el camino.

Nosotros, nuestro Partido, el Encuentro Progresista-Frente Amplio, no somos responsables del caos que se ha establecido en este país. Los Gobiernos blanquicolorados deberían tener, como responsables del mismo, algún gesto de autocrítica.

La crisis en este momento es general: productiva, laboral, social, bancaria, financiera. Y todos sabemos lo que eso significa.

¿Cuáles son los números al día de hoy? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cuáles son las reservas, el tipo de cambio, la inflación, el producto bruto interno, el riesgo país, las proyecciones posibles, etcétera? Imposible saberlo.

Sobre la gente de a pie, sobre la canasta familiar, impactó una variación de precios y de tarifas muy alta. Por eso, propondremos algunos aditivos que hacen a la emergencia social, en la esperanza de que esta Cámara los haga suyos.

No hay forma de medir el daño en la trama social cuando este se produce, pero sí estamos, todavía hoy, con posibilidades de evitar algo en un país en el que se podría haber evitado mucho más de haber andado por otros rumbos. Porque, señor Presidente, téngase en cuenta que estamos en la última frontera agrícola de la tierra: Brasil, Uruguay y Argentina; sobre la última frontera agrícola de la tierra y sobre la segunda reserva de agua dulce del planeta.

Señor Presidente: los países salen de las crisis, solo que más pobres y menos soberanos. Debemos ser, entonces, más solidarios, mucho más solidarios, y ese es el sentido de nuestros aditivos para la emergencia social. La esperanza que tenemos es que esta Cámara los haga suyos. Necesitamos ser más solidarios en relación con la emergencia social.

Por lo que hemos dicho y por las razones que expondrán nuestros compañeros de bancada, tanto en la discusión general como en la particular, no vamos a acompañar este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Díaz.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: este proyecto de ley de Rendición de Cuentas se inscribe, sin duda alguna, dentro de un proceso de política económica y dentro de un proceso de crisis que tiene el país desde enero de 1999, que no podemos desconocer ni soslayar.

Pero queremos empezar con algunas reflexiones políticas, motivados fundamentalmente por las expresiones de la señora Diputada que me precedió en el uso de la palabra.

Sí, es verdad: estamos en un Uruguay que está cambiando; estamos en un Uruguay distinto; estamos en un Uruguay que yo no diría que está muriendo: es un Uruguay que se está transformando, que se está modificando, que está buscando, a través de instrumentos diferentes, los mismos objetivos de solidaridad social que siempre tuvo, que sigue teniendo y que tendrá en el futuro.

Ese Uruguay que se defiende, señor Presidente, al que tanto se combatió -inclusive por el uso de la fuerza, como es notorio-, es el que nosotros seguimos defendiendo; pero para defenderlo, hoy sin duda necesitamos instrumentos diferentes y no conceptos dogmáticos que sostienen formalmente aspectos que hoy pueden ser contradictorios.

Nosotros vemos cómo se alaban las figuras de Batlle y Ordóñez y de Luis Batlle, y nos congratulamos de que sea así. Pero ¿sabe qué, señor Presidente? Cuando Batlle y Ordóñez y Luis Batlle vivían y actuaban en el país, los trataban peor que como nos tratan hoy a nosotros. Es decir que, en definitiva, sentimos que estamos en el buen camino y en el buen sentido. Y pruebas al canto: el día que murió Batlle y Ordóñez lo trataron peor que el día que murió Pacheco Areco. Porque el día que murió Pacheco Areco hicieron la grosería de no entrar a la Asamblea General cuando se le rendían honras fúnebres. Cuando murió Batlle y Ordóñez, entraron y dijeron que había sido un instrumento del imperialismo, de la oligarquía, y que había estado al servicio de intereses no nacionales. Eso está en la versión taquigráfica de la sesión en la que se rindieron honras fúnebres a José Batlle y Ordóñez.

Este país sigue teniendo solidaridad social; este país sigue teniendo preocupación por la gente y, en este país, lamentablemente por el infortunio de esta crisis, se han podido superar largas discusiones que hemos tenido durante mucho tiempo.

Acá tengo un repartido con comentarios del Instituto Nacional de Estadística, que llegó ayer a mi despacho. El índice medio de salarios tuvo una variación de -0,10% a lo largo de junio de 2002, fijando el número del índice en 179,46, lo que determina una variación acumulada en los doce meses transcurridos de -0,63% en el año.

Señor Presidente: ¡vaya si esto es de por sí una prueba concluyente, en definitiva, de que esta es una sociedad que tiene sentido de solidaridad! Con toda la crisis que hemos afrontado, con todas las dificultades que hemos tenido a lo largo de todo este año y que tantas veces hemos enumerado, sin embargo el índice medio de salarios casi no registra pérdida de poder adquisitivo. Creo que este es un esfuerzo, entre los tantos que ha hecho este país en el transcurso de estos tres o cuatro años, por superar la crisis, como el esfuerzo feroz que hizo la sociedad uruguaya por cumplir con los depositantes; como el esfuerzo feroz que hizo la sociedad uruguaya por mantener su economía estable.

Yo digo esto, señor Presidente: me imagino que hoy ya no se discutirá más que no exista relación entre el crecimiento del producto y el aumento del índice de pobreza. Me imagino que hoy ya no se dudará más de que cuando hubo aumento del producto, hubo menos pobres en el Uruguay. Se distribuyó mejor el ingreso y todos los indicadores sociales nos llevaron a que fuéramos el primer país de América Latina y el trigésimo tercero en el mundo, como lo reconocen los organismos internacionales que estudian estos temas. Y ya no se discutirá más que hoy, en que lamentablemente cayó el producto bruto, los indicadores sociales están trasuntando esa realidad.

Hoy no se podrá discutir más, señor Presidente, y mucho menos en el futuro, que hemos tenido Gobiernos y que tenemos Gobiernos que, por suerte, han sido fieles custodios del déficit fiscal y que, en ese sentido, han mantenido políticas serias, políticas sensatas, políticas dolorosas, pero políticas absolutamente necesarias, no solo para cumplir con objetivos económicos, sino también para cumplir fundamentalmente con objetivos sociales. En este campo y en esta línea de acción es que se inscribe este proyecto de Rendición de Cuentas.

Durante muchos años, tuvimos en el país Rendiciones de Cuentas que representaban verdaderas leyes generales en las que se incorporaban distintos aspectos. Luego, durante varios años, se aprobaron Rendiciones de Cuentas de gasto cero, es decir, que no aumentaban el gasto público, lo cual fue un paso positivo. Y hoy, a través de este proyecto de Rendición de Cuentas, tenemos un proyecto de ley que baja el gasto público. No quiero decir en qué cifra se va a bajar el gasto público; se habla de US$ 200:000.000 o de US$ 250:000.000 menos. ¿Por qué no lo quiero decir? Porque, en definitiva, se toman disposiciones, pero luego dependerá de otros factores saber cuál es el déficit fiscal. De todos modos, el hecho es que hoy tenemos, por razones que todos conocemos y que no dependen sustancialmente de las políticas que ha seguido el país -aunque, por supuesto, no hicimos todo en forma perfecta y pudimos haber cometido errores-, un 5% de déficit fiscal, cifra que no se veía en el Uruguay desde el año 1989.

Desde la apertura democrática hasta ahora hemos tenido tres Gobiernos y, sistemáticamente, los tres han desarrollado una política de control del déficit que ha sido realmente importante.

En 1985, tomamos el Gobierno con un 10% de déficit fiscal y lo dejamos con un 6,3%, y durante los cinco años el promedio de déficit fiscal fue de 5,1%. Pero téngase en cuenta, señor Presidente, que logramos el milagro del año anterior al año de la elección, de bajar un 50% el déficit fiscal: del 9,5% en 1988 a 6,3% en 1989.

El Gobierno del doctor Lacalle fue el que en el quinquenio tuvo menor déficit fiscal de todos en términos absolutos: tuvo un 1,5% de promedio de déficit fiscal, aunque el último año tuvo un 3,1%. A su vez, en la situación fiscal del año 1995 incidió decisivamente la crisis mexicana que se produjo el 8 de diciembre de 1994. Ello hacía que el Gobierno entrante tuviera prácticamente seguro un 5% o un 6% de déficit fiscal, por la incidencia del acumulado el año anterior en el posterior.

Claro está que el segundo Gobierno del doctor Sanguinetti tuvo un 2% de déficit fiscal, pero logró un 10,3% de crecimiento económico. Teniendo en cuenta la relación con el crecimiento económico es una gran "performance", mucho más si tenemos en cuenta que el Gobierno del doctor Lacalle logró dos puntos de promedio de déficit fiscal, pero tuvo un 24% de crecimiento bruto en el quinquenio. Fue prácticamente -y sin prácticamente- el Gobierno que tuvo un mayor crecimiento económico en el país en los últimos cincuenta años.

La salida democrática del Uruguay, de 1984 en adelante, tiene como colofón un desarrollo económico que lleva a que el producto haya crecido 35% en la década del noventa y 60% aproximadamente entre los años 1985 y 2000. A partir de 1999 tenemos las dificultades que todos conocemos, por causas que no vamos a enumerar aquí porque se han señalado en múltiples oportunidades.

Pero, entonces, señor Presidente, pongámonos de acuerdo en un aspecto. Cuando teníamos Rendiciones de Cuentas con gasto cero se nos criticaba porque, prácticamente, las Rendiciones de Cuentas no traían nada, porque servían para muy poco. Ahora que incorporamos una Rendición de Cuentas que tiende a disminuir el gasto, es natural y lógico que debamos incluir en ese proyecto una serie de instrumentos para hacer efectiva la reducción del gasto. Por eso es que este proyecto de Rendición de Cuentas ha traído una serie de normas en su interior que cambian, en algunos casos sustancialmente -creo que para bien, en la inmensa generalidad-, muchos de los aspectos del funcionamiento del Estado.

Señor Presidente: quiero decir que en esta polémica del gasto público y de la situación económica del país, no estamos todavía incorporando adecuadamente algunos aspectos que ya son conceptuales e importantes en nuestro país, aunque no los reconocemos en el ámbito de la actividad política: me refiero al ámbito de lo público no estatal.

Por definición, lo público no estatal es -ya se ha escrito bastante en ese sentido- aquello que afecta toda la actividad pública pero que no se desarrolla propiamente desde el Estado. Es una actividad en la economía -en un momento en que la actividad del Estado ha bajado y en que el mercado ha superado su accionar- que significa un gran amortiguador desde el punto de vista económico, pero fundamentalmente social, para la sociedad en su conjunto.

Voy a dar solo una cifra. Lo público no estatal en Estados Unidos da el 12% de la mano de obra, mientras que toda la industria en ese país da el 13% de la mano de obra, porcentaje que ha venido descendiendo desde el 30% en que se ubicaba en la década del sesenta.

En este momento en que estudiamos el tema de la Rendición de Cuentas, que, en definitiva, también involucra una reflexión sobre hacia dónde queremos que vaya el gasto público y hacia dónde queremos que vaya el Estado, digo que, en la agenda de discusión, lo público no estatal debe ser un tema en el que debemos empezar a trabajar. Lo queramos o no -y yo creo que lo debemos querer-, las posibilidades que desde el Gobierno uno tiene de moverse sin gasto público, a través de otras instituciones, como las ONG, cada día están más presentes. Cada día es más claro que lo público no estatal es el interlocutor que está entre el ciudadano y el Estado, que interactúa y que de alguna manera limita a otros interlocutores que existen entre el Estado y el ciudadano, inclusive los propios partidos políticos.

SEÑOR BERGSTEIN.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR DÍAZ.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: reafirmando lo que expresa el señor Diputado Díaz, quiero formular una mínima observación.

Las personas públicas no estatales son un invento uruguayo para reducir el peso del Estado sin privatizar, porque lo público no estatal no pasa al dominio privado. Por ende, en una situación tan compleja, todos aquellos que ideológica o pragmáticamente se oponen a todo tipo de privatización, quizá deberían ser los primeros en apoyar la multiplicación de personas públicas no estatales, con controles adecuados, porque al fin y al cabo se trata de patrimonios públicos. A lo largo de su trayectoria y con lógicos altibajos, se han revelado como un instrumento beneficioso para el país.

Agradezco al señor Diputado Díaz la interrupción que me concedió.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Díaz.

SEÑOR DÍAZ.- No me quiero extender sobre este tema, señor Presidente, porque tendría menos minutos para referirme a la cuestión que nos ocupa. No obstante, creo que el contralor de lo público no estatal es uno de los grandes temas que tenemos en este país, y que ya han aparecido a nivel parlamentario.

Por lo tanto, la primera pregunta que debemos formularnos es si en la posmodernidad podemos regular o controlar de alguna manera lo público no estatal con los instrumentos que nos dábamos en la modernidad, es decir, si controlamos lo público no estatal de la manera en que tradicionalmente controlamos lo público, o no. En buen romance: si controlamos esto desde el Parlamento, o creamos y buscamos instrumentos para que la sociedad autocontrole lo público no estatal, o bien hacemos algo mixto. Este no es el tema específico que nos ocupa, pero creo que es un gran tema para el país.

En cuanto al proyecto de ley de Rendición de Cuentas, creo que en la Comisión y fuera de ella trabajamos muy bien; escuchamos a todos los que debíamos atender y prácticamente a todos los que pidieron audiencia. Luego, los integrantes de la bancada de la coalición de Gobierno, como corresponde, en un ejercicio maduro de la actividad política y de gobierno, durante dos días estuvimos deliberando entre nosotros y con el Poder Ejecutivo. Presentamos respetuosamente a la bancada opositora de la Comisión un proyecto armado, que pusimos a consideración. Es cierto que hubo poco tiempo para que la bancada de la oposición analizara las modificaciones que habíamos introducido, pero también lo es que la norma constitucional limita los tiempos. No obstante, creo que trabajamos bien.

Quiero apuntar que en ese trabajo que hizo la bancada de la coalición de Gobierno reafirmamos muchos de los aspectos que envió el Poder Ejecutivo en su proyecto original, pero también le introdujimos cosas fundamentales. En este sentido, creo que demostramos la independencia de criterio que tiene la bancada de la coalición de Gobierno en su conjunto, en una interacción natural, fecunda e importante con el Poder Ejecutivo.

En este proyecto consagramos la rebaja del gasto público, los incentivos para el retiro anticipado de los funcionarios, así como los contratos para la función pública mientras se mantenga la prohibición de nombrar funcionarios públicos. Esta norma representa un inmenso avance en el país, ya que la inamovilidad de los funcionarios públicos existe prácticamente solo en el Uruguay. Aquí introducimos nuevos elementos para el futuro, pero debe quedar claro y definitivamente establecido -sobre el particular hay que hacer la precisión que corresponde- que no lesionamos los derechos de absolutamente ningún funcionario público que esté prestando funciones. Lo que hacemos es establecer, marcar o señalar un camino de funcionamiento que creemos que dará mayor eficacia y agilidad y que se corresponderá mucho más con los tiempos que corren, ya que ahora no es como antes, cuando una persona ingresaba a un empleo público o privado y prácticamente allí hacía la carrera de toda una vida. Hoy las cosas han cambiado, el mundo ha ido cambiando y hasta el sentido de la educación se ha modificado.

Damos al país, a través de una fórmula inteligente planteada por el Partido Nacional, la posibilidad de garantizar el repago de los préstamos que generosamente se están brindando; se está proyectando el IRP para el futuro, pero consagrando el principio de solidaridad social para la percepción de este impuesto, lo que nos permitirá, en la medida en que las necesidades fiscales vayan bajando, disminuir este gravamen para los sectores de menores ingresos de la sociedad y, fundamentalmente, para el sector privado.

Creemos que la separación del canal de televisión del resto del funcionamiento del SODRE es un paso positivo.

Asimismo, consideramos que la reforma de AFE es un paso fundamental en la reforma del Estado.

El cobro por parte de terceros de los pasivos de las Intendencias -seguiremos discutiendo sobre las mayorías necesarias para consagrarlo-, creemos que dará a los Gobiernos Departamentales un instrumento para ser más eficaces en el cobro de sus adeudos, lo cual les permitirá mejorar sus finanzas, un tanto deterioradas en estas circunstancias.

Hemos propuesto normas que permiten asegurar la prestación de servicios en forma eficiente y eficaz en el Hospital Policial y en el Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas.

También hemos instrumentado una fórmula que permite el contralor parlamentario para la reforma interna de cada uno de los Incisos que integran el Presupuesto -léase Ministerios-, mejorando la eficacia, la funcionalidad y los distintos aspectos que están vinculados.

Hemos encomendado al Poder Ejecutivo un proyecto sobre descentralización de gestión a diferentes niveles, que pensamos permitirá dar a todo el mundo un acceso más directo a la gestión pública.

Tampoco es poca cosa señalar algunos de los aspectos que venían en el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo y que, por iniciativa de un parlamentario u otro, de una bancada u otra, ni siquiera fueron sometidos a la Comisión para su aprobación. Por ejemplo, no hemos aprobado una norma de dudosa constitucionalidad, que permitía al Poder Ejecutivo modificar unilateralmente la forma de integración del Gabinete. No hemos aprobado la norma que proponía el retiro obligatorio a los sesenta y cinco años para todos los funcionarios públicos, entre otras cosas porque entendemos que, hoy en día, la vida útil de las personas se prolonga y la expectativa de vida es cada vez más larga. En consecuencia, el Estado no podía cambiar su política, que había sido la de elevar los topes jubilatorios, bajándolos bruscamente.

No hemos aprobado una norma -no nos pareció conveniente- por la cual se unificaban los Directorios de UTE y de ANCAP. No hemos aprobado una norma por la cual ANCAP podía dejar de trabajar con el pórtland. Tampoco hemos aprobado la norma por la que se rebajaba el número de miembros de los Directorios de los entes autónomos, porque pensamos que es un tema que merece otro tipo de reflexiones.

No hemos aprobado la norma por la que se reforma el Instituto Nacional de Colonización y, en cambio, aprobamos una disposición por la que pedimos al Poder Ejecutivo que en un plazo perentorio envíe un proyecto de fondo en ese sentido.

No hemos aprobado las normas que modifican el funcionamiento del Banco Hipotecario del Uruguay, pero esto no quiere decir que no lo vayamos a hacer en algún momento; todo lo contrario: aprobaremos un proyecto de ley que modifique sustancialmente su funcionamiento, que no puede seguir así, con un costo estimado en US$ 600:000.000, aportados por el Estado, y con mil trescientos funcionarios. Sin embargo, entendimos que en estas circunstancias era mejor estudiar y reflexionar sobre este tema en ámbitos separados.

No hemos aprobado la norma que originalmente estaba incluida en el artículo 150, relativa a la posibilidad de compensar deudas, por disposición expresa del Ministerio de Economía y Finanzas, a las Intendencias del interior, aunque ello no implique decir -por lo menos en mi caso- que estas Comunas están bien administradas; por el contrario, creo que están deficitariamente administradas en la generalidad de los casos, aunque no en su totalidad.

Señor Presidente: se dice mal cuando se afirma que no hemos reformado el Estado; tal vez no lo hayamos hecho en los plazos y tiempos a los que Uruguay está acostumbrado. Se dice mal cuando se hace ese doble discurso que implica, por un lado, criticar al Estado tal como estaba y, por otro, cuestionar al Estado clientelista. Yo pregunto: ¿formamos un buen Estado o formamos un mal Estado? ¿Fuimos clientelistas o no fuimos clientelistas? Porque las dos cosas, a la vez, no funcionan. Si UTE, ANCAP, OSE y toda la estructura del Estado fueron buenos, y es lo que hay que preservar hoy, no cabe decir que fuimos un país clientelista, con partidos políticos clientelistas. Yo digo que ni una cosa ni la otra. Tuvimos desviaciones clientelistas; por supuesto que las tuvimos. ¿Quién no las ha tenido? El tema es la actitud, la necesidad de reformarlo y modificarlo.

Tuvimos un gran Estado. Nuestra sociedad no cayó en la crisis porque se hayan hecho las cosas mal, ni en esta coyuntura ni en la anterior, pero eso no quiere decir que ese Estado y esa sociedad permanezcan inmutables a través del tiempo y que no puedan sufrir modificaciones o transformaciones; por el contrario, están sufriendo y necesariamente van a sufrir modificaciones profundas.

Una reflexión sobre los ingresos en la Administración Pública. No tengo las cifras de estos dos últimos años, pero desde 1985 a 1990 los ingresos de los funcionarios de la Administración Central bajaron un 8% su poder adquisitivo; en ese mismo período, los funcionarios de las empresas públicas aumentaron un 23% su poder adquisitivo, mientras que los funcionarios municipales de los diecinueve departamentos en su conjunto mejoraron en un 80% el poder adquisitivo de sus ingresos. Esto, señor Presidente, nos tiene que llevar a reflexionar y a concluir -esto no está consagrado aquí, pero lo señalo ya como una preocupación- que de alguna forma tendremos que atender en los próximos años la situación de los ingresos de los funcionarios de la Administración Central, quienes no pueden seguir siendo la cenicienta del Estado. Cuando hablamos de falta de equidad en los sueldos de los funcionarios públicos nos referimos en primerísimo término, sin duda alguna, a los maestros, a los profesores, a los policías, a los integrantes de las Fuerzas Armadas y a los funcionarios de Salud Pública, pero también hay que decir que se trata de un problema que afecta al conjunto de los funcionarios de la Administración Central.

Durante quince años tuvimos una política permanente de aumento del ingreso de los funcionarios de las empresas públicas y una política dispendiosa y carente de todo contralor. Creemos que una norma que subsistió en ese sentido con relación a los funcionarios municipales, es buena, sin que estos representen, desde el punto de vista del trabajo del país, ninguna cifra importante. Los funcionarios municipales son treinta mil en todo el país y han tenido un aumento espectacular de los ingresos. Entre gastos de administración y de salarios, el país gasta más de US$ 800:000.000 en las Intendencias. Gastamos aproximadamente US$ 840:000.000 en las Intendencias para que nos vuelvan en inversión alrededor de cien flacos millones de dólares. En su conjunto, es plata bastante mal gastada, señor Presidente. Y estas son cifras, más que opiniones. Si el país pudiera contar con esos US$ 800:000.000 -esto no lo estoy diciendo en nombre de alguien más; lo estoy diciendo en nombre de Ruben Díaz- para apoyar a los sectores productivos, ¡qué otros resultados se estarían dando en el país!

Entonces, señor Presidente, creo que en estos momentos estamos incorporando el concepto de Rendiciones de Cuentas que bajen el gasto público y que sean un instrumento eficaz y eficiente para mejorar la gestión del Estado, para hacerlo más dinámico y para acompasarlo a nuestros tiempos; y el concepto de que, por suerte para la sociedad, cada vez mandamos menos desde el Estado. Hace veinte, veinticinco, treinta o cuarenta años, los Presupuestos y las Rendiciones de Cuentas prácticamente decidían la vida y las haciendas de todos los uruguayos, porque era tan fuerte la presencia del Estado en el conjunto de la sociedad que nadie se podía mover sin que este actuara y sin lo que se decidiera en estos ámbitos. Hoy, por suerte, el ámbito de lo público va disminuyendo y va aumentando la capacidad de la gente de actuar, de decidir, de promover, de tener su propia iniciativa y, en definitiva, de tener más libertad.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra la señora Diputada Charlone.

SEÑORA CHARLONE.- Señor Presidente: mientras estudiaba la Rendición de Cuentas estaba pensando en el país en que estamos, en el momento que estamos pasando y en lo que debería buscar una Rendición de Cuentas frente a ello, naturalmente enfocada a una perspectiva de mediano plazo.

Indudablemente, el país está con un elevadísimo déficit fiscal; no voy a abundar aquí en cifras. Estamos cerca de los registros históricos de la tasa de desempleo: un 15,6%. Estamos, ya por cuarto año consecutivo, ante una abrupta caída del producto bruto interno y de los niveles de actividad; se estima -aunque esto es muy variable- que probablemente en este año se produzca una caída del 10%. Estamos con un deterioro muy fuerte de todo nuestro entramado social, con sectores que progresivamente van ingresando en condiciones de marginación, con un fuerte deterioro salarial y con una inestabilidad laboral muy fuerte porque, como sabemos, si a ese 15,6% de desempleo le agregamos el empleo precario y la informalidad, la cifra se nos dispara. Estamos con una caída de los ingresos de las familias, que en el primer semestre del año fue del 6%. Estamos con un rebrote inflacionario, con una inflación que, anualizada, ronda el 22%.

Entonces, me pregunto cuáles serían los objetivos que tendría que perseguir una Rendición de Cuentas desde lo que se puede hacer del Estado y desde lo que es la Rendición de Cuentas que, naturalmente, no lo es todo, pero sí es un poderoso instrumento, como lo son todos los Presupuestos, para fijar políticas públicas de mediano y largo plazo.

Al analizar la Rendición de Cuentas y al ver cuáles son los lineamientos que en esta se nos plantea frente a la situación que tiene el país, frente a los indicadores que demuestran las claras cifras de deterioro -ya no se puede negar, porque el diagnóstico es muy claro; las cifras de deterioro saltan tanto a la vista que no podemos dudar de ese diagnóstico objetivo, sin entrar en los porqué, de los que seguramente todos tenemos distintas explicaciones; no podemos dudar del diagnóstico, porque está en las cifras de cuanta publicación en términos económicos anda por ahí-, nos preguntamos, desde el arranque: ¿qué se nos está planteando en la Rendición de Cuentas? De alguna manera es, y machaconamente sigue siendo, la rebaja del déficit fiscal a través de la rebaja del gasto público. Y digo "machaconamente" porque esta ha sido siempre la alternativa que se ha recorrido como si fuera la única posible.

Todos sabemos que el déficit fiscal -estoy hablando de una de las variables más importantes de la economía, pero naturalmente que la economía no puede ni debe estar en función del déficit fiscal; la finalidad de la economía es satisfacer las necesidades y dar bienestar a la gente; si nos olvidamos de eso, nos olvidamos del "vamos"- tiene dos componentes: los ingresos y los gastos. Entonces, está bien que para rebajar el déficit fiscal se disminuyan los gastos innecesarios, superfluos; pero el otro elemento esencial del déficit es la recaudación tributaria. Lamentablemente, venimos de atravesar procesos de ajustes tributarios, de incrementos de presión tributaria, unos tras otros, y sabemos que ella está al límite en términos de producto bruto interno en este país. En realidad, lo que ha sucedido es que con más impuestos se ha recaudado menos, porque no se toleran y van deprimiendo cada vez más los niveles de actividad. Entonces, ¿qué es lo que está fallando en la concepción de fondo? Vamos a tener que bajar el déficit, pero no solamente a través de la rebaja de gastos, sino por aumento de ingresos y de actividad. Si no hay aumento de actividad, que implica el aumento de la recaudación, por más que se tome el tipo de medidas planteadas aquí, que se han formulado una y otra vez, vamos a seguir con déficit altos y con condiciones de trabajo, de vida y de salarios cada vez peores.

Para empezar estaba analizando el artículo 1º, por el que se plantea una reducción de gastos de funcionamiento indiscriminada del 8%, así como una rebaja del gasto en inversiones del 19% para el año 2002 y del 28% para los años 2003 y 2004. Entonces, el mensaje que se está dando es que la perspectiva va a ser cada vez más negra. El Gobierno podrá estimar que este año los recortes se deben a que estamos cayendo, pero yo no comparto eso. ¿Y aquí qué me están diciendo? ¿Por qué siguen profundizándose los recortes en inversiones públicas? Aquí estamos hablando con mucha fuerza de los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. ¿Por qué se rebajan los rubros de inversión en un 28% para los años 2003 y 2004? ¿Es que se prevé que el producto va a seguir bajando o es una concepción teórica? Creo que es una concepción teórica profundamente equivocada, porque cuando hay recesión, los Estados que actúan y se comprometen -¡vaya si los países desarrollados actúan y se comprometen!- aplican políticas anticíclicas y no procíclicas. Si hay recesión hay que aumentar los puestos de trabajo y generar actividad, y la inversión pública es una de las bases centrales para ello. Sin embargo, aquí se ha planteado desde el "vamos" que se va a reducir la inversión pública en un 19% para este año y en un 28% para los años 2003 y 2004. Realmente, esto es incomprensible en términos de proyección de imagen de futuro. Hasta se podría haber tenido la delicadeza de reducir la del 2003 el año que viene. El mensaje que se está dando me parece absolutamente insostenible en términos teóricos.

Diría que una de las grandes áreas de reforma que está planteada en este proyecto de Rendición de Cuentas es la que tiene que ver con los funcionarios y su forma de contratación, es decir, cómo se va a ir delineando la Administración Pública del próximo tiempo. Me estoy yendo de la parte teórica, pero quiero dejar establecida una precisión en la versión taquigráfica. Entendemos que una buena parte de los artículos requieren, para ser aprobados, el voto de los dos tercios de los componentes de la Cámara, debido a que se refieren a empresas públicas. Esos artículos no van a ser aprobados. Si se aprueban con otras mayorías no se van a poder aplicar debido a que nuestra fuerza política no los va a votar y, por tanto, no se contará con los dos tercios de votos. Me interesaba dejar sentada esta salvedad para que quedara como fundamento de futuras discusiones.

Decía que el sistema que se plantea consiste en un régimen de retiros incentivados para funcionarios que, en general, están entre los sesenta y los sesenta y cinco años, en un universo que, según se nos dijo, comprendería a unos 11.000 funcionarios. Es decir que si esas personas se acogieran a este sistema, que es voluntario, podrían desaparecer 11.000 cargos de la estructura del Estado. Digo que podrían desaparecer, porque cuando una persona se acoge al sistema de incentivos el cargo se suprime, y si no se lo hace al nivel que está, se eliminan por debajo una cantidad de cargos que impliquen el mismo costo. Noto que no hay absolutamente ninguna estructura de pensamiento, de racionalización, de modernización o de funcionamiento armónico de los organigramas del Estado. Mencionaba algo que me parece bien gráfico: las estructuras funcionales del Estado van a quedar como un queso gruyer, perforadas por todos lados, porque los cargos se suprimen a cualquier nivel, afectando organigramas, perspectivas de ascenso y carreras funcionales. Estamos hablando de que hay 11.000 personas que están en situación de acogerse a este sistema.

Por otra parte, se plantea la prohibición de ingresar a la función pública hasta el año 2015 en calidad de funcionario público, tal como lo conocemos ahora. Asimismo, se plantea un proceso de reestructura donde se otorga a todos los jerarcas de los Incisos del Presupuesto Nacional la posibilidad de declarar excedentes a sus funcionarios en razón de reestructura, supresión de servicios o exceso de personal, por resolución fundada del jerarca máximo del Inciso u organismo; así lo dispone el artículo 48, que se aplicaría a los Incisos del Presupuesto Nacional y a los organismos del artículo 221. Quiere decir que nuevamente se genera una situación de gran inestabilidad. Nos hemos preocupado de preguntar a los Ministros y al entonces Ministro de Economía y Finanzas, contador Bensión, cuál iba a ser el criterio, las pautas administrativas que iban a alentar la supresión de cargos y la declaración de funcionarios excedentarios. Nos dijo que dependía de la voluntad del jerarca, tal como está establecido. Eso fue lo que se nos contestó. Se dice que si los funcionarios no son distribuidos, en los primeros seis meses van a ganar el 100% de su salario y a partir del séptimo mes el 50%.

Por un lado, tenemos retiros incentivados, declaraciones de excedencia, prohibiciones de ingresar a la función pública con carácter de funcionario; y, por otro, se crea este híbrido, un sistema de contratos a término -del que hablaba la señora Diputada Topolansky- para funcionarios que no son públicos pero tampoco privados y que van a actuar dentro del derecho privado pero con menos derechos; no queda claro su estatus jurídico. Entonces, uno se imagina a la Administración funcionando en base a un personal reducido -la idea es, decididamente, reducir personal-, removible, con alto grado de inestabilidad y con gente que, dado que no pertenece a un sistema de inamovilidad, va a estar muy supeditada a determinadas regulaciones, evaluaciones y normas que no están establecidas y que no sabemos cuáles son. Es decir que se creará un sistema de mucha discrecionalidad. En definitiva, pensamos que se va a terminar en un sistema donde mucha gente entre y salga con las Administraciones. Lo que se está planteando en este contexto de desempleo estructural, alto, elevadísimo, es la supresión de puestos de trabajo. Y dentro del sector privado, en una economía que se está pensando que va a decrecer en un 10% este año, no hay demasiadas perspectivas de nuevas fuentes de trabajo.

Entonces, cabe preguntarse qué va a pasar desde el punto de vista de la evolución de la sociedad y de nuestra economía. La precarización del empleo y la desregulación son tendencias que se han dado en muchos países, pero desarrollados, que cuentan con otros mecanismos de protección en materia de seguridad social y con mucha movilidad en el mercado de trabajo, con entradas y salidas muy fáciles. En cambio, en el Uruguay no tenemos esa movilidad; no hay posibilidades de irse de un lado para otro. Tampoco hay buenas coberturas a nivel laboral o social que permitan soportar períodos altos de desempleo.

Me pregunto qué pasaría con un régimen de contratos a término o de precariedad. Al respecto, cabe señalar que no se trata de competir; acá se ha dicho muchas veces: "Los privados lo pasaron peor". No creo que al diseñarse una política laboral y de relacionamiento del Estado con sus funcionarios tenga que desatarse una carrera para ver quién pierde más rápidamente sus derechos. Es cierto que en el sector privado se han perdido muchos derechos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?

Me pregunto si en sistemas con inestabilidad laboral alguien puede pensar en hacer compras a mediano plazo; si las parejas se pueden casar, tomar una deuda -un alquiler o un préstamo bancario- y proyectarla a veinte o veinticinco años; si alguien puede invertir o cambiar el auto. Y estoy hablando de sectores medios. ¿Quién puede tomar decisiones de mediano y largo plazo -de esas que mueven y que hacen al funcionamiento cotidiano de la economía- si nadie puede tener más o menos una mínima perspectiva de cuáles pueden ser sus ingresos en el mediano plazo? ¡Ojo!, porque después ejecutamos a la gente.

Entonces, creo que todo este sistema no tendría que estar discutiéndose en una Rendición de Cuentas, en la que hay muchas cosas que van a causar problemas. Hay zonas muy oscuras, que quedan para la interpretación, que no se terminaron de pulir, tratándose de un aspecto tan delicado de la legislación; y lo vamos a ver en la discusión particular. Me parece que estos temas se tendrían que haber tratado aparte y que son bien inoportunos en relación con el momento por el que está pasando el país.

Una se pregunta: ¿por qué estas cosas? Porque, de alguna manera, están comprometidas. Me parece que, cada vez más, transitamos por soluciones que no son las convenientes o las mejores, sino las que se comprometen. Esta no es la Rendición de Cuentas que necesita el país; en todo caso, es a la que el país se ha comprometido con los organismos internacionales.

Y si queremos saber qué es lo que sigue en las próximas escenas de esta película, tomemos el informe de prensa del Fondo Monetario Internacional del 8 de agosto de 2002, en el que ya se está marcando que en el corto plazo la disminución del gasto continuado será una meta importante. Está bien: van a ser protegidos objetivos sociales. ¡Menos mal! Esperemos que sí. También se nos adelanta una reforma tributaria que será enviada al Parlamento en octubre y se dice que es algo importante para mejorar la perspectiva fiscal de mediano plazo y una de las altas prioridades en el diálogo entre el Fondo Monetario Internacional y las autoridades uruguayas. Por lo pronto, en octubre estaremos considerando -y seguramente muchos la estarán votando- una reforma tributaria; otra más que, como se persigue un objetivo fiscal, indudablemente terminará aumentando la presión tributaria.

Nuevamente se anuncia que hay que revigorizar la economía a través de la privatización y la desregulación; eso será muy importante en los meses que siguen y en el mediano plazo. Entonces, si se quiere ver qué es lo que va a pasar en la economía uruguaya y cuáles son los próximos proyectos de ley que serán votados en este Parlamento, al mirar las páginas del informe del Fondo Monetario Internacional ya tenemos el camino trazado y, lamentablemente, también las certezas. Digo "lamentablemente" porque en forma machacona seguimos afirmando que por acá no se sale. Y como la realidad es porfiada, machaconamente nos sigue dando la razón.

Como Frente Amplio-Encuentro Progresista estamos planteando una serie de alternativas que pasan por otro lado, que marcan otras prioridades. Naturalmente, esta no sería la Rendición de Cuentas que presentaríamos si fuéramos Gobierno, porque creo que en ese caso haríamos muchas cosas muy distintas desde una perspectiva general. A veces es difícil acoplar o emparchar propuestas dentro de un modelo que no es propio, pero algo hay que hacer; estamos en este modelo e igualmente hay cosas que se pueden hacer, porque es cierto que la gente no puede esperar hasta el año 2004. ¡No puede esperar!

Entre otras cosas planteamos propuestas que realmente son contrastantes. Voy a destacar solo algunas.

Estamos planteando que no se puede rebajar la inversión pública. Si decimos que hay que reactivar el país, una palanca para hacerlo es la inversión pública. Entonces, si hay que bajar gastos, que se reduzcan los superfluos, pero no los destinados a la construcción de viviendas, porque esta implica empleos, bienestar, recaudación y también rebaja del déficit.

Como entendemos que con el rebrote inflacionario hay sectores que realmente ya no pueden más, estamos planteando una canasta alimentaria básica regulada para algunos alimentos: aceite, arroz, azúcar, carne, fideos, huevos, leche, pan, yerba, etcétera. Decíamos que la inflación anualizada ronda el 22%; estábamos repasando los componentes más importantes que han subido y veíamos que, justamente, los alimentos de primera necesidad son los que más han aumentado. Entonces, ¡ hay que tomar medidas! ¡No se pueden tomar dentro de un año! ¡Hay que hacerlo ahora, porque esto la gente lo está viviendo y padeciendo hoy!

Dicho sea de paso, hay que tomar medidas, no sé si administrativas, porque no puede ser que mientras hay gurises que comen pasto, se mueran 22.000 pollos. Eso realmente es incomprensible, pero es otro tema.

Estamos diciendo que tiene que haber una recuperación del valor del salario. Porque si hasta ahora nos manejamos con una inflación del 12% en el primer semestre y del 22% para el año, no puede ser que lo único que se perciba a nivel de los trabajadores públicos, de los pensionistas y de los jubilados, sea el aumento de enero del 1,5%. Esto no puede ser cuando tenemos datos de que la incidencia en la canasta familiar fue de un 6%. Esto hay que corregirlo, porque, de lo contrario, ¿en qué situación va a quedar la gente de acá al año que viene sin una corrección? Aclaro que no estamos hablando de aumentos adicionales, sino de adecuar los salarios a los valores reales. Es una adecuación y no un aumento. ¡No se puede seguir esperando!

También estamos planteando que haya partidas que no puedan sufrir recortes de gastos. En el correr del año ya ha habido discusiones con el Ministro de Economía y Finanzas y con el equipo económico en ese sentido. Una cantidad de instituciones que se ocupan de brindar atención a los sectores que se encuentran en una situación de mayor emergencia fueron recortadas en un 20% por el Decreto Nº 85 del año 2002. Por un monto ridículo en términos de déficit se puso al punto de casi no poder sobrevivir a una enorme lista de instituciones. Cabe señalar, entre otras de esta enorme lista, a la Escuela Horizonte, al Instituto Psicopedagógico, a la Asociación Uruguaya de Lucha contra el Cáncer, a la Liga Uruguaya de Lucha contra la Tuberculosis y a la Fundación Procardias. Estamos planteando que esas instituciones no solo no se pueden tocar, sino que deben volver a los niveles que tenían antes del Decreto Nº 85 de 2002 y que debe haber organismos a los que no se les pueda reducir los gastos de funcionamiento e inversión, como por ejemplo la ANEP, la Universidad de la República, el INAME y el Instituto Nacional de Alimentación. Cuando queremos reducir gastos, tenemos que marcar prioridades básicas. Esto no puede hacerse al barrer.

A través de la comparecencia de muchos organismos hemos verificado que el Estado le debe a todo el mundo. Excepto en sueldos y jubilaciones, uno ve que en todos los organismos los atrasos en los pagos a proveedores alcanzan a veces promedios de un año, como ocurrió en el Hospital de Clínicas. O sea que el Estado se está financiando con sus proveedores. Pero hay un límite, porque los proveedores también están dentro de este sistema que se está cayendo, y no pueden más. Por ello planteamos que en los casos en los que haya atrasos y, naturalmente, las obligaciones sean exigibles, se emitan cheques compensatorios o certificados para que la gente, por lo pronto, pueda hacer frente a sus obligaciones tributarias; porque después, cuando se atrasan en esos pagos, el Estado sí les cobra multas y recargos. Sin embargo, el Estado no les paga.

Estamos planteando, también, que si hay problemas serios en la cadena de pagos -¿alguien puede negarlo?- hasta que las condiciones no vuelvan a la normalidad no se apliquen multas ni recargos en los pagos atrasados de las empresas públicas y de algunas obligaciones tributarias. ¡Mire, señor Presidente, qué filosofía tan contraria a la de la Rendición de Cuentas! Existen problemas en la cadena de pagos, estamos en un contexto recesivo, las empresas están cerrando, y las que podrían tener capacidad de supervivencia y para exportar, por la mejora de su competitividad derivada de la modificación de la política cambiaria, no pueden hacerlo porque no tienen con qué empezar a andar, no tienen crédito, no tienen capital de giro. Fíjense qué distinto: en estas condiciones, lo que se plantea en este proyecto es que las deudas tributarias, las multas y los recargos del BPS y de la Dirección General Impositiva, sin más trámite, se vuelvan títulos ejecutivos, al igual que las deudas que tiene la gente con las Intendencias por contribuciones o tributos. En este contexto en el que existen problemas en la cadena de pagos, ¿hay que darle facilidades a la gente para que pueda pagar o hay que ejecutarla? Estas normas después quedarán sujetas a la discrecionalidad de los Intendentes, del BPS o de la Dirección General Impositiva, pero con esto cae medio país. Entonces, ¿qué es lo que se está votando?

Lamentablemente, una vez más, no se están atendiendo los problemas del país ni dando soluciones a los problemas de la gente. Y si se sigue transitando machaconamente por esta línea, vamos a seguir de ajuste en ajuste -como los que hemos tenido y ya se anuncian otros- y aplicando el mismo tipo de políticas. Así tendremos un mayor deterioro social, una mayor recesión productiva y la gente estará más desconforme.

La gente tiene muy mala opinión del Parlamento. Creo que se siente más identificada con él a nivel institucional, porque es donde están representadas todas las opiniones, y espera que le resuelva los problemas. A veces las responsabilidades no corresponden al Parlamento, porque se le piden cosas que están en la órbita del Poder Ejecutivo, pero otras tantas veces se le piden algunas que sí son de su competencia. El Parlamento no es homogéneo; creo que aquí todos representamos intereses y sectores distintos de la sociedad, con las miras puestas sobre todo en el mantenimiento de la institucionalidad, pero vuelvo a sentir que con este tipo de medidas -y las que se van a seguir tomando- una vez más no se está colaborando ni aportando para que la gente crea más en el Parlamento y en las instituciones. Además, se están desperdiciando oportunidades y momentos preciosos, porque estamos en una carrera contra reloj; los márgenes son cada vez más chicos y más condicionados.

Entonces, si no se ratifican los lineamientos centrales, si no cambiamos algunos aspectos importantes de la política económica -al menos donde haya márgenes para hacerlo-, lamentablemente las cosas no van a mejorar. Espero -si no tuviéramos esperanzas no propondríamos cosas- que el tiempo demuestre, a quienes piensan como nosotros y a otros cuyas manos son necesarias para que, al menos, algunas medidas sean modificadas y aprobadas, que emprendamos caminos de cambio.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: en esta parte de la discusión quiero referirme en forma general a este proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal.

Sobre la situación económica nacional hemos discutido con frecuencia, pero las medidas que el país precisa derivan de las necesidades que tiene la sociedad en este momento. El fin de semana pasado discutimos con bastante fuerza y quedó bien claro que el país está en rojo. Entendemos que el fundamento del informe en mayoría que hemos oído frente a un país en rojo, con dificultades, no es activo y no camina hacia la implementación de medidas, sino que es pasivo, tratando de disminuir los problemas y no de salir a buscar alternativas.

Hay dos temas a los que me quiero referir centralmente con relación a este proyecto de ley: las empresas públicas y los recursos humanos del Estado. Creo que son puntos centrales del debate político nacional la dimensión del Estado, el cuestionamiento de sus monopolios, la crítica a la ineficiencia de las empresas públicas -y, en todo caso, su contracara, que es la alabanza a la eficiencia privada- y la visión que se ha generado en nuestra sociedad de que tenemos demasiados funcionarios públicos.

Se ha dicho que una de las prioridades del país es reducir el tamaño del Estado, y se habla mucho del peso excesivo que tiene. Sin embargo, no es así. Si nos comparamos con Europa, vemos que allí el gasto del Estado, medido en porcentaje del PBI, supera largamente el 40%, si se puede dar un promedio, porque hay situaciones de países muy disímiles. Inclusive, los Estados Unidos tienen un gasto del Estado de más del 32% y toda América Latina se aproxima a valores por encima del 33%. En Uruguay, el porcentaje oscila entre el 20% y el 25%. Además, entre las actividades del Estado no figuran las productivas, las industriales, las agrícolas, la construcción ni el comercio. En realidad, nuestro Estado se compone de actividades tradicionales: suministra servicios, electricidad, agua, comunicaciones y proporciona ocupación, la cual viene disminuyendo en los últimos diez años. El Estado es un actor importante, sobre todo en la demanda de bienes de capital.

Creemos que la discusión sobre el redimensionamiento del Estado, en el sentido de si se debe reducir o no su tamaño, es un falso debate. La baja del gasto no es equivalente a la reducción del tamaño, con lo cual queremos decir que hay que considerar al Estado globalmente. Hay muchas maneras de bajar el gasto. Inclusive, en el proyecto de ley que tenemos a consideración hay una disminución importante del gasto en algunas actividades; pero no se recorta por igual en el conjunto de las que realiza el Estado. En el Poder Ejecutivo el gasto se baja bastante poco; los recortes grandes se hacen en la ANEP, en la Universidad de la República, en el INAME, en el Poder Judicial y en el Tribunal de Cuentas. Se trata, pues, de actividades muy importantes para la sociedad.

¿Cuál es la esencia del sector público? No creemos que readecuarlo, retirando las empresas públicas y otorgando más mercados al capital privado, sea un fin defendible. Por lo menos, esto no se dice, aunque entre la familia de razones para redimensionar el Estado, con frecuencia uno ve -sin que se fundamente explícitamente- la conveniencia de retirar empresas públicas para generar oportunidades de inversión del capital privado. Entiendo que es razonable que esto sea fundamentado por los dueños del capital privado, quienes están interesados en organizar grandes empresas en el país para su beneficio, pero no que lo justifiquemos nosotros, que somos los propietarios de las empresas públicas, a las cuales tenemos que defender para que den mejores servicios a la población.

Las ideas sobre la privatización y la transformación de empresas públicas fueron claramente expresadas en Uruguay en 1973, en el cónclave de San Miguel, como un objetivo a alcanzar. No obstante, no se han logrado privatizaciones concretas de importancia. Inclusive, algunas que sí han comenzado, pensando que podían derivar en privatizaciones importantes, han quedado a medio camino o han fracasado, como el caso de AFE, acerca de lo que tanto hemos discutido aquí en oportunidad del tratamiento de la primera ley de urgente consideración, así como en todo el país. Hoy sabemos que ni siquiera AFE ha conseguido empresarios interesados; tampoco lo ha hecho el Poder Ejecutivo, y es una materia pendiente determinar qué vamos a hacer con el transporte ferroviario del país. Sí hubo privatizaciones de servicios; sí hubo privatizaciones de las llamadas zonas geográficas con los "free-shops".

La historia de nuestras empresas públicas muestra que se han formado a partir de empresas privadas que se descapitalizaron o que se desinteresaron del cumplimiento de sus funciones. El sector público absorbió empresas privadas que en su momento decidieron invertir sus capitales en otras actividades. Nunca en el Uruguay se estatizaron empresas privadas rentables; o sea que no es cierta la crítica a la voracidad del Estado por haberse adueñado de actividades que desempeñaban empresas privadas. Lo que el Estado hizo en Uruguay fue encargarse del salvataje de empresas públicas; esa es la historia de AFE y hasta la del Banco de la República.

Por otra parte, quiero referirme a los gastos del Estado. En la actual situación del país hay otro discurso que se acepta y es que tenemos muchos gastos del Estado, aunque, fundamentalmente, están localizados en los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior y en el pago de deudas. Las empresas públicas -que también realizan inversiones- son generadoras de aportes para Rentas Generales y, además, ofician como recaudadoras de impuestos. No quiero referirme al sistema tributario porque, seguramente, lo discutiremos dentro de pocos meses, pero aceptemos que muchas de las críticas a las empresas públicas por lo caros que son sus servicios radican en que son recaudadoras de impuestos. Este gasto del Estado, con esta estructura, no es fácil de reducir.

Es común referirse a los reclamos de la sociedad. Ahora bien: hay reclamos y reclamos. Por razones económicas y políticas, una de las prioridades del país es reducir el tamaño del Estado. Esto lo manifestaron integrantes de la Asociación de Bancos, que siempre formaron parte de la vanguardia antiestatista; además, son expresiones del contador Alberto Bensión publicadas en el diario "La Mañana" del 3 de octubre de 1988. Hay reclamos de empresas, como las de la banca privada, que quieren tener un escenario distinto para el desarrollo de sus actividades; y todos sabemos que frecuentemente le han transferido sus pérdidas al Estado.

Otro aspecto es la crítica a las empresas públicas como monopolio legal. Se habla de que ejercen un control oligopólico, de que tienen una gran concentración de capital. Ahora bien: si estas empresas públicas que ejercen un monopolio fueran sustituidas por privadas, ¿podrían asumir estas actividades empresas privadas pequeñas y nacionales? En realidad, la sustitución de las empresas públicas que tenemos -monopólicas y legales- por otras privadas será cambiar un monopolio público por uno privado, porque son grandes empresas las que pueden invertir aquí.

Hay todo un capítulo relacionado con la eficiencia. Se habla de empresas burocratizadas que no actúan en función del mejor servicio a la sociedad, y quizás eso sea cierto en gran medida por la forma de provisión de los cargos y hasta por la de designación de sus Directores. Sabemos que, históricamente, ha habido una estrecha relación entre la estructura de nuestro sistema político y los fenómenos del clientelismo. Es lógico que ellos deriven de la estructura de las empresas públicas y de la estructura general del Estado uruguayo. Es falso identificar la eficiencia con la rentabilidad y con la productividad. Un servicio público plantea una manera de relacionarse con los usuarios que no tiene nada que ver con una empresa privada multiplicadora de capital. El Estado se hizo cargo de nuestras empresas cuando el capital privado las abandonó. Inclusive, muchas veces se ha fracasado porque los privados no toman a las empresas cuando el Estado las deja. Es cierto que un capítulo pendiente es mejorar la eficiencia de las empresas públicas como empresas; es cierto que hay que superar los fenómenos de amiguismo y de clientelismo político; es cierto que hay que mejorar la selección de sus Directores; es cierto que hay que mejorar la presencia de Directores con sentido de servicio público; es cierto que hay que mejorar la inversión en capacitación de personal y en tecnología, y es cierto, también, que hay que mejorar la participación de la sociedad en las tareas públicas.

Aquí se hizo mención al fenómeno de las empresas públicas de derecho privado. Nosotros pensamos que hay que ser creativos en este aspecto y hay un rol que cumplir para que la sociedad participe en la gestión de las empresas. Ahora, en realidad, nosotros tenemos miedo de que desaparezcan empresas públicas que corresponden a un modelo de país, que han desempeñado un rol importante en la organización de nuestro país y con connotaciones sociales, como el Banco Hipotecario del Uruguay en el acceso a la vivienda de los trabajadores, el Instituto Nacional de Colonización en el acceso a la tierra de los pequeños productores y trabajadores y el Banco de la República Oriental del Uruguay, y que el acceso a la vivienda, a la tierra y al crédito se rija exclusivamente por las frías, duras e inconvenientes leyes del mercado, sin ninguna participación de la sociedad para conformar derechos de otra naturaleza para la ciudadanía.

Otro capítulo importante en este proyecto de ley es el de los recursos humanos, que abarcan la mayor parte de la iniciativa. Lamentablemente, no tengo tiempo para referirme a este tema, pero quiero decir que hace doce años que existe una ley de funcionarios públicos y que la reforma del Estado consistió en reducir el número de funcionarios y no en reformar el Estado. Los funcionarios envejecieron, tecnológicamente nos atrasamos y el mecanismo de los incentivos personales solicitado por los funcionarios es desestructurador. En realidad, hubo una sustitución por contratos de otro tipo que nos costaron mucho, con altísimos ingresos y mecanismos de selección que no son cristalinos. Esto conduce a desarmar la lógica institucional.

Pensamos que en una Rendición de Cuentas hay que acordarse de los puestos de trabajo y que el Estado debería tener -todos deberíamos tener- una actitud activa frente a lo que nos pasa. El trigo va a dar para fabricar pan durante pocos meses. Ayer nos visitaron plantadores arroceros y nos dijeron que no hay crédito para plantar arroz; las empresas que pidieron concordato conforman una larga lista, tal como hoy divulgaba la prensa y todos los Diputados sabemos; el agro, la industria y el sistema financiero están en crisis. Pensamos que esto de ir de ajuste en ajuste -este año tendremos el cuarto, con este proyecto de ley- no es el camino que precisa el país. Nosotros vamos a proponer otras cosas, agregando o sustituyendo artículos en la discusión particular.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Bergstein.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: en primer término, quisiera expresar a la Cámara que el señor Diputado Machado sufrió un accidente cuando viajaba en ómnibus para asistir a esta sesión. Aunque no corre peligro, ha sufrido algunas heridas. Ese hecho nos hace reflexionar una vez más sobre la vida sacrificada de los legisladores del interior, en especial los de departamentos alejados, viviendo en la carretera y exponiéndose a ese tipo de riesgos, muchas veces al cabo de jornadas muy cansadoras.

Seguramente, expreso el sentimiento de todos los presentes al formular votos para su pronto restablecimiento.

SEÑOR AGAZZI.- ¡Apoyado!

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: sabemos que siempre conviene evitar la tentación de accionar rápidamente cuando la gente está irritada. Sin embargo, el Poder Legislativo debe actuar realmente con rapidez en la actual coyuntura.

Cada vez que encaramos leyes singularmente importantes no falta quien plantee que un tema debería ir por una ley aparte. Teóricamente, podría ser cierto, pero en temas que llevan cinco, diez, quince o veinte años de discusión, mientras se sigue debatiendo, lo que estamos sosteniendo hoy será obsoleto mañana porque la realidad no espera. De manera que en los tiempos que vive el país nos parece un tema de sensibilidad que en la órbita legislativa, en la que tenemos la posibilidad y la obligación de actuar, lo hagamos con rapidez.

Pero se da una situación muy especial: hay muchos problemas y no podemos priorizarlos todos; si se prioriza todo, no se prioriza nada. ¿Qué tenemos que priorizar en este momento, a pocos días de haber aprobado una ley de estabilización del sistema bancario? Lo primero es la reducción del déficit fiscal. ¿Por qué? Porque con ese déficit fiscal tenemos las manos atadas en materia de reactivación productiva. Porque además de las obligaciones de la deuda externa y del peso del gasto público en la economía general del país, todo lo cual debe solventar el sector privado, seguimos generando un desnivel importantísimo, que está entre el 4,5% y el 5% anual. A nuestro juicio, esto puede destruir la economía del país.

Por ende, lo primero es reducir el déficit fiscal. ¿Cómo? Hay dos maneras: o seguimos aumentando los impuestos -el sector privado no soporta, y menos aún en las actuales circunstancias, nuevos aumentos de la presión tributaria que prácticamente lo empujan a evasiones fiscales, que es como obligarlo a ponerse al margen de la ley- o bajamos el gasto. Si estamos de acuerdo en que bajar el déficit fiscal es la prioridad número uno, no tenemos manera de sustraernos al dilema de aumentar los impuestos o bajar el gasto; bajan las salidas o aumentan las entradas.

Entonces, el proyecto de ley que está a consideración, efectivamente, se inclina por la baja del gasto público. Luego veremos cómo se produce esa baja, porque aquí tenemos un proyecto de ley de Rendición de Cuentas que, como dijo el señor Diputado Díaz, marca un nuevo hito en la evolución del Estado a partir del restablecimiento democrático, ya que era tradicional en nuestro país que las Rendiciones de Cuentas fueran verdaderos códigos que generaban gastos. En la Legislatura anterior fue objeto de un duro proceso llegar a la presentación de Rendiciones de Cuentas de artículo único y gasto cero. No fue fácil porque representó un cambio de mentalidad, y en su momento generó discusiones en el seno de la sociedad uruguaya. Ahora vamos a dar otro paso: el de utilizar las Rendiciones de Cuentas como parte de un proceso permanente para la reducción del gasto, y vamos a decir por qué.

Este proyecto, en el actual momento, es hijo de la necesidad. Sin embargo, reducir el gasto público debería ser, también, hijo de la previsión; reitero: no solo hijo de la necesidad, sino hijo de la previsión. En otras palabras: en los años de vacas gordas hay que prever para los años de vacas flacas. Y, efectivamente, en países desarrollados que no están atravesando momentos económicos tan duros como el nuestro, estos son procesos permanentes. En ese marco, nosotros creemos que las Rendiciones de Cuentas van a ser instrumentos naturales para actuar.

Nosotros creemos que una ley de esa naturaleza puede tener un impacto recesivo -porque necesariamente la reducción del gasto público puede producir ese efecto en lo más inmediato-, pero entendemos que esto se inscribe en una política de reactivación del aparato productivo. ¿Por qué? Porque con un déficit fiscal como el actual no hay crédito, o, al menos, no lo hay en la medida necesaria como para que constituya un factor de reactivación y de creación del empleo. Y si hubiera crédito, ¿a qué tasa? ¿En qué condiciones? Con ese déficit fiscal el país pierde el crédito. Es otro camino para demostrar la urgencia que existe en lograr esa reducción.

Nosotros creemos que un país en desarrollo, como el nuestro, tiene que aspirar a un déficit fiscal cero, y yo diría más: a generar superávit, porque así como hoy somos víctimas de un círculo vicioso del cual nos cuesta salir, tenemos los instrumentos como para cambiar ese círculo vicioso por un círculo positivo, y es más fácil hacerlo en una economía reducida que en otra de grandes proporciones.

Además, nosotros creemos que la reducción del déficit fiscal a través del descenso del gasto público puede tener un extraordinario efecto para detener el proceso de desconfianza que predomina en la sociedad, clima de desconfianza que es incompatible con el crecimiento económico. Porque la reactivación no se establece por decreto, no es algo que pueda legislarse. No se puede ordenar una reactivación. No; cuando nosotros hablamos de un proyecto de ley de reactivación -como el que está a consideración del Senado-, estamos tratando de crear los canales o los mecanismos para que puedan reactivar aquellos que serán los protagonistas de esa reactivación. ¿Quiénes? Los productores, los industriales y los empresarios -esa caballería andante de toda sociedad moderna-, que serán quienes asuman los riesgos que comprometan sus patrimonios, a veces su salud y su honor, en aras de sus empresas. A ellos queremos facilitarles el camino, a través de la acción del Estado, con rebajas en la presión tributaria y otras medidas, pero todo eso termina en costos económicos. Si toda reactivación productiva significa un costo, quiere decir que de algún lado tiene que salir la plata. ¿Cómo lo vamos a hacer? Seguramente que no será aumentando el déficit fiscal.

Quiere decir que lo primero que hay que concluir sobre este proyecto de ley es que estamos dando un paso en la dirección correcta. Además, representa una señal hacia una mayoría silenciosa del país, en el sentido de que no somos sordos a su clamor de reclamo de disminución del gasto público. Quienes recorremos ámbitos de la actividad privada sabemos que ese es el tema recurrente: "No soportamos más". "Nosotros, los contribuyentes," -nos dicen- "los que tenemos que soportar todo el andamiaje público, no soportamos más". No podemos estar sordos ante este reclamo, porque la disminución del gasto público es lo que nos va a permitir asumir los gastos de la reactivación. Y por eso creemos que este proyecto se inscribe en el contexto de la reactivación del sistema económico del país.

Se plantean discusiones sobre las vías que este proyecto ha utilizado. A nosotros nos parece que son apropiadas, razonables y balanceadas. Son el resultado de negociaciones entre los distintos sectores políticos y creemos que se han respetado puntos clave.

En primer término, el nuestro debe ser el único país del mundo -si no lo es, debe de haber muy pocos más- en el que la inamovilidad de los funcionarios públicos está consagrada constitucionalmente. Es algo que está incorporado a las tradiciones, pero que progresivamente se incorpora al debate público. Mientras tanto se comienza por un régimen de incentivación para el retiro.

Se ha dicho que esta es una manera de desestructurar a la Administración Pública. Pero en verdad es una consecuencia de la inamovilidad: fomentar a la gente para que se retire, pero, ¡atención!, con un límite. El proyecto establece que si la función es necesaria, no alcanza con la voluntad del funcionario y este no podrá retirarse.

Como puede haber necesidad de nuevos funcionarios, y seguramente existirá en determinados sectores, se crea el sistema de contratos a término para que se pueda tomar al personal necesario en condiciones racionales, modernas y en función de los requerimientos. Quizás eso, establecido en términos generales, pueda suponer algo novedoso para nuestra mentalidad, pero va a haber muchas novedades, señor Presidente. Habrá muchas novedades que estoy seguro de que todo el espectro político, antes o después, tendrá que asumir.

El sistema de los contratos a término no es el fin del mundo. Además, esas personas van a regirse con todas las garantías del derecho privado y van a desempeñar una función que permitirá una revaluación, dando lugar a una flexibilidad de todo el aparato público que nos parece imprescindible. En ese camino transita este proyecto.

Yo me pregunto: ¿alguien puede creer que hay una cantidad insuficiente de funcionarios públicos? Supongamos que estuviéramos en épocas de máxima bonanza, ¿alguien puede creer que ello determinaría que nosotros tuviéramos que aumentar la cantidad de funcionarios públicos? Creo que no. Estamos buscando instrumentos flexibles. Por un lado, prorrogamos la supresión de vacantes y, por el otro, se instituye el régimen de contratos a término.

(Suena el timbre indicador del tiempo)

——Creo que esta ley, de ser consagrada, va a tener un enorme impacto psicológico en todos los sectores de la sociedad. Va a reivindicar las credenciales del sistema político; porque nosotros podemos tener legítimas discrepancias, pero nadie puede sostener -nos parece a nosotros, con todo respeto- que la aprobación de un proyecto como este puede dañar al país productivo. Todo lo contrario.

Termino, señor Presidente.

Estamos transitando por el camino correcto. Si queremos hacer una realidad de la misericordia socialista, tenemos que generar bases financieras sólidas, y esto a su vez pasa por una racionalización de la Administración Pública y una sustancial reducción del gasto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Ibarra.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: nosotros escuchábamos detenidamente a los señores legisladores opinar sobre el contenido de esta Rendición de Cuentas; por supuesto que acordamos con algunos y con otros no, porque los argumentos que se plantean en el sentido de que también a través de esta Rendición de Cuentas se logrará una reducción sustancial del déficit fiscal, los hemos escuchado en dos oportunidades durante este año. Primero, cuando en febrero de 2002 se planteó un ajuste fiscal, ese fue el argumento principal del Poder Ejecutivo, del Gobierno: la necesidad de reducir el déficit fiscal para habilitar que el país se encauzara por el camino del desarrollo.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Pérez Morad)

——Esto se hizo en contraposición con lo que se expresara oportunamente por parte del Gobierno durante la campaña electoral en cuanto a que se entendía que no había espacio en nuestro país para nuevos tributos.

Se anunció, además, que era el último ajuste fiscal. Pero el hecho se vuelve a repetir, y en el mes de mayo se propone otro -siempre utilizando el argumento de que era imprescindible aprobarlo rápidamente; inclusive, algunos voceros de prensa se hicieron eco de ese planteamiento-, que representó una carga tremenda para los sectores de ingresos fijos, y, en este caso, no únicamente para los funcionarios públicos, sino para los empleados privados y para los jubilados y pensionistas, con alícuotas en los impuestos a los sueldos y a las jubilaciones y pensiones que fueron desde el 3% al 20%. Esto produjo, sin ningún tipo de dudas, una disminución muy importante del poder adquisitivo de miles y miles de uruguayos que hoy están sufriendo las consecuencias muy negativas de esas decisiones.

Ahora, en este proyecto de ley de Rendición de Cuentas se plantea nuevamente el mismo argumento: hay que bajar el déficit fiscal. Nosotros estamos de acuerdo, señor Presidente, en bajar el déficit fiscal, pero tenemos que ver de qué manera lo hacemos, no retaceando o disminuyendo la inversión pública al barrer, en forma indiscriminada, sino implementando medidas de manera selectiva. El Gobierno tuvo el tiempo suficiente como para analizar este tema en profundidad y ver dónde se podía realmente disminuir algunos recursos a nivel del Estado, ya fuera en gastos de funcionamiento o en gastos de inversión pública. Sin embargo, se optó por establecer determinados porcentajes -que analizaremos más adelante- de disminución de los gastos de funcionamiento y de los gastos de inversión pública.

Entrando un poco en tema, señor Presidente, estamos ante una Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del año 2001 que tiene un déficit muy importante, del entorno de los US$ 973:000.000. Durante el año pasado, los recursos alcanzaban la cifra de US$ 3.590:000.000 y se realizaron gastos e inversiones por US$ 4.562:000.000, lo que representa un déficit fiscal del 5,2%. Además, el porcentaje correspondiente a gastos de funcionamiento fue de un 92% y las inversiones constituyeron tan solo un 8%. Pero lo que es notorio -y esto se ha agravado en las últimas semanas- es que por concepto de intereses de deuda externa se pagó un equivalente a US$ 540:000.000, lo que representa un 12% del Presupuesto, mientras -reitero- tan solo se invirtió un 8% del Presupuesto Nacional.

Sabemos bien que en algunos sectores no se produjeron caídas con respecto a 2000 -como en materia de electricidad, gas, agua, transporte y comunicaciones-, y esto se debe a que están íntimamente vinculados con las empresas públicas. Pero en otros sectores, señor Presidente, se produjeron reducciones muy importantes como, por ejemplo, con relación a 1999, el 15,4% en el agro, el 16,7% en la industria, el 13,4% en la construcción y el 12% en comercio, restoranes y hoteles, lo que está indicando que toda esta problemática repercute directamente en el mercado interno, en el empleo y en la actividad del país.

Sin embargo, esta situación no indujo al Gobierno a priorizar la inversión pública como forma de atenuar, de suavizar los efectos de la recesión y así evitar los sufrimientos que ella está representando para todos los uruguayos. Muy por el contrario, en esta Rendición de Cuentas se plantean nuevos recortes importantísimos en el área de la inversión.

En nuestro país tenemos una estructura impositiva absolutamente irregular, que es necesario regularizar de alguna manera a través de un nuevo sistema tributario más equitativo, que permita que de verdad los sectores de mayores ingresos paguen más, en contraposición a los sectores de menores ingresos, que deberían pagar menos impuestos.

Por todo esto, señor Presidente, hay que resolver el problema relativo al déficit fiscal, sobre el cual se argumentó. Y para ello resulta imprescindible apostar a la reactivación de la economía, no solo porque los sectores sociales y productivos lo reclaman, sino porque es la única forma de incrementar la recaudación y así reducir el déficit fiscal, teniendo en cuenta, además, que se prevé para este año una disminución muy importante del producto bruto interno, que llegaría a US$ 14.000:000.000, mientras que en 2001 alcanzó a US$ 18.000:000.000. Hay otras cifras acerca de las que no voy a abundar porque no creo que haya clima para ello, no obstante lo cual sí voy a realizar algunas consideraciones muy precisas.

No es lo mismo hablar de salario nominal que hablar de salario real. Obran en mi poder los datos económicos provenientes del Banco Central y del Instituto Nacional de Estadística, que dicen que entre enero y junio de este año el salario real cayó un 7,73%, que en los últimos doce meses -de junio de 2001 a junio de 2002- el salario real cayó un 8,71%, que la caída del salario real desde que asumió el Gobierno fue de un 9,2% -sin duda, se ha incrementado en las últimas semanas-, y que la caída del salario real público desde junio de 1971 fue de un 47,2%. Cualquier uruguayo que perciba salarios públicos o privados siente que diariamente el salario real va cayendo por el aumento del precio de los artículos de primera necesidad, por la inflación y por la nueva situación en el régimen cambiario.

Debemos hacer notar que en 2001 se llegó a una tasa de desempleo del 15,5% y que actualmente está en 15,6%. Además -reiteramos-, el PBI cayó en 2001 un 3.1%, y si se toma el acumulado desde 1999, el descenso representa el 7,4%.

Estos son los datos reales, los números que indican con absoluta claridad la problemática que actualmente tiene el país.

Apreciamos que en el artículo 1º de este proyecto de ley, en forma indiscriminada se plantea la disminución de gastos de funcionamiento en un 8% y la disminución de la inversión pública en un 19% para este año y en un 28% para los años 2003 y 2004.

No creemos que este sea el camino adecuado para reactivar el país; estamos convencidos de que la salida que tiene nuestro Uruguay es a través de la inversión pública, y aún más, de ser posible también mediante la inversión privada. En tal sentido, planteamos un aditivo para exceptuar de esta disminución de la inversión pública a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Transporte y Obras Públicas, por entender que el país y los uruguayos necesitan trabajo, por entender que la vivienda y la obra pública habilitarían la creación de miles y miles de fuentes laborales para que los ciudadanos vivan con dignidad.

Por estos motivos, lamentamos que no se haya concretado lo que alguna fuerza política anunció durante mucho tiempo con bombos y platillos, creando expectativas en la opinión pública respecto a exceptuar del 19% de disminución de la inversión pública para este año y del 28% para los próximos dos al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Nosotros lo hubiéramos acompañado; estamos convencidos de que esa información que se trasladó a la opinión pública, esa opinión de un Partido integrante de la coalición de Gobierno, era muy importante y que habría que haber insistido en ello, porque en este Parlamento, en esta Cámara de Representantes y en el Senado de la República, están los votos suficientes para concretar esa excepción para esa Secretaría de Estado.

Lamentamos estos cambios, que van en perjuicio del país, en perjuicio de los ciudadanos que están desesperados, angustiados, por conseguir fuentes de trabajo.

Reiteramos hasta el cansancio que estamos de acuerdo en disminuir los gastos del Estado, pero hay que hacerlo en forma selectiva, viendo en qué lugar se hace la reducción. No podemos disminuir los gastos del Estado en áreas sociales que requieren de más recursos para atender las necesidades de la gente; por ejemplo, los servicios que presta el Ministerio de Salud Pública; por ejemplo, los servicios de la educación, ya sea a nivel de la ANEP o de la Universidad de la República; por ejemplo, los servicios del INAME, que son insuficientes porque no tienen recursos; por ejemplo, el Instituto Nacional de Alimentación.

Tampoco se deben disminuir las inversiones a través de decretos relacionados con el área de subsidios y subvenciones para las organizaciones no gubernamentales que prestan servicios realmente importantes a aquellos sectores de ciudadanos con discapacidades, tal como lo establecen los artículos 432 a 435.

Nos alarma que las inversiones en dólares hayan sufrido, entre 1999 y 2001, una disminución del 20%, y que desde 1998 la inversión pública haya disminuido un 25,7%.

Además, de aprobarse el artículo 1º de esta Rendición de Cuentas tal cual está redactado, en 2002 la disminución de la inversión pública será del 28%. Así podríamos proyectar una inversión para el año 2003 del orden de los US$ 360:000.000 y para 2004 una del orden de los US$ 345:000.000.

En las últimas horas he escuchado distintas opiniones y declaraciones sobre la Universidad de la República, cuyos estudiantes nucleados en la FEUU resolvieron realizar movilizaciones dentro del orden constitucional, dentro del orden institucional que rige en nuestro país.

Con respecto al Inciso 26, Universidad de la República, debo decir que en el proyecto que oportunamente nos enviara esa casa de estudios para ser analizado en la Comisión, hay una serie de temas que se podrían atender. Y lo mismo ocurre con la ANEP y con el Poder Judicial. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la Universidad, todos sabemos la problemática que está viviendo el Hospital de Clínicas, y al respecto está el artículo 3º, que habilita al Poder Ejecutivo a otorgarle partidas especiales para que pueda funcionar adecuadamente.

También se ha planteado la actualización de los créditos de seguros de salud, de las pasantías laborales y otros temas que son de interés, pero lamentablemente no han existido los votos suficientes en la Comisión para aprobarlos.

Sin embargo, mientras suceden estos hechos, mientras se baja al barrer la inversión pública, mientras no hay ningún tipo de selección en áreas sociales y en áreas que habilitarían fuentes de trabajo, vemos determinadas paradojas en esta Rendición de Cuentas, al menos en este segundo proyecto. Lo digo con el mayor respeto, pero lo tengo que decir.

Existió hasta hace muy pocas horas, en el proyecto que remitiera el Poder Ejecutivo, un artículo 6º que refería a disminuir el número de integrantes de los Directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados, menos el del Banco de la República, donde se mantenían cinco miembros. En el resto de los organismos se fijaba en tres la cantidad de miembros por Directorio. Pero -y esto lo tiene que saber la opinión pública- cuando se votó en la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, se eliminó este artículo.

También se había creado una expectativa muy grande en la opinión pública cuando se dijo -y con razón- que de alguna manera así se disminuía, aunque en un porcentaje de repente inferior -pero se disminuía-, los gastos del Estado. Sin embargo, se optó por sacarlo.

No quiero decir que esto significa, en definitiva, lograr un acuerdo entre los Partidos de la coalición. No quiero decir que lo que se intenta, en definitiva, es mantener a determinadas personas en los cargos de los Directorios de los entes autónomos por compromisos políticos. No digo esto. Pero lo que digo es que hubiera sido una muy buena señal de parte del sistema político y, sobre todo, de la coalición de Gobierno, haber aprobado el artículo 6º, lo que no se hizo. Aclaro -porque hay que decir toda la verdad- que se plantea encomendar al Poder Ejecutivo la presentación de un proyecto de ley para analizar el tema de la integración de los Directorios de entes autónomos y servicios descentralizados. No recuerdo bien cuál es el plazo que se fija, pero creo que es de noventa días o algo por el estilo. Esperaré pacientemente a que llegue ese proyecto de ley.

Quiero dejar constancia en la versión taquigráfica de que nosotros votamos el artículo 6º en Comisión porque estamos absolutamente convencidos de que es posible disminuir la cantidad de Directores en los entes autónomos y servicios descentralizados.

En el artículo 4º se pide facultades para suprimir, fusionar o reorganizar Ministerios. Aclaro que no lo habríamos votado porque entendemos que el Parlamento es el que debe definir esta situación, y no el Poder Ejecutivo. Desde el 19 de marzo de 2002 tenemos nuestra propia propuesta respecto a la cantidad de Ministerios. En este sentido se remitió una nota al señor Presidente de la República, firmada por el compañero Presidente del Encuentro Progresista-Frente Amplio, doctor Tabaré Vázquez. No me voy a extender en esto porque no tengo tiempo, pero se trata de una serie de iniciativas con relación a la supresión, incorporación o reducción de determinados Ministerios. Hubiera sido una muy buena señal habernos puesto de acuerdo para estudiar el tema.

Quiero ahora tocar un tema referido a un aditivo que hemos presentado los compañeros y compañeras Diputados del Encuentro Progresista-Frente Amplio, que tiene que ver con la necesidad de que el Poder Ejecutivo interprete como corresponde la Ley Nº 16.903, que aprobara este Parlamento y que en el literal B) del artículo 1º expresa: "Si la variación en los precios al consumo fuere inferior al 23% (veintitrés por ciento) anual en cada uno de los meses posteriores al último ajuste del ejercicio financiero anterior y superior al 10% (diez por ciento) anual como mínimo en una de las mediciones mensuales posteriores al último ajuste del ejercicio financiero anterior, ambas medidas en años móviles, el Poder Ejecutivo adecuará las citadas remuneraciones por períodos no menores de cuatro meses ni mayores de seis".

¿Qué pasa con el tema de los salarios? No me refiero únicamente a los salarios públicos, sino también a los privados; además, esto repercute directamente en las jubilaciones y pensiones a partir del 1º de enero del año próximo. ¿Qué pasa? Que estamos ante una inflación, al mes de julio, del 12,41%, que solamente en el mes de julio hubo una inflación del 4,86% y que los funcionarios públicos y la mayor parte de los funcionarios privados recibieron un aumento del 1,5% a partir del 1º de enero. Por lo tanto, tal cual lo dice la ley, según nuestra opinión y de acuerdo con un informe jurídico muy claro que tenemos sobre nuestra mesa, corresponde que el Poder Ejecutivo, al haberse sobrepasado ese 10% que indica el literal B) del artículo 1º de la citada ley, automáticamente regularice los salarios públicos, que repercuten en los privados y en las jubilaciones y pensiones. Eso sería bueno, no solo para los funcionarios públicos y privados y, en el futuro, para los jubilados y pensionistas, sino también para el país. Sería bueno para el país porque ello habilitaría de alguna manera a reactivar el mercado interno, teniendo en cuenta la problemática que existe en este momento.

Sabemos perfectamente bien que los precios de los artículos de primerísima necesidad se han disparado; que la gente que trabaja tiene dificultades para adquirir artículos como el aceite, la harina o la carne, por ejemplo. Nada que decir, por supuesto, de la gente que no trabaja, que está desempleada. Me refiero a ese 15,6% de desempleados o a esos 650.000 uruguayos que tienen trabajos informales o zafrales. ¡Ni hablar de esos conciudadanos, de esos compatriotas! Estoy hablando de los que logran trabajar en el Estado o en la actividad privada. En definitiva, en este momento se está disminuyendo el déficit fiscal a través del sacrificio directo de los trabajadores, de los jubilados y de los pensionistas. Más allá de los errores que se han cometido por la política económica desarrollada por los últimos Gobiernos, estoy hablando del año 2001.

Para terminar, aclaro que no vamos a votar esta Rendición de Cuentas. Creemos que todavía estamos a tiempo de salvar aunque sea el trabajo de los uruguayos, si exceptuamos de la disminución de la inversión pública a determinadas áreas, como pueden ser las relacionadas con la vivienda y con la obra pública. Si hay voluntad política en algún otro Partido, esta fuerza está dispuesta a acompañar en ese sentido.

También alertamos al país -ya lo hemos hecho a través de la prensa y de los medios de comunicación- que esta nueva figura de contratos a término, más allá de la inamovilidad o no de los funcionarios públicos, es sumamente peligrosa. Digo esto porque me da la sensación de que nuevamente se recurre a la posibilidad futura -no quiere decir que se haga, pero se dejan los caminos abiertos- de implementar otra vez el clientelismo en nuestro país, según el partido político que esté en el Gobierno. Esa política equivocada, llevada a cabo durante décadas por los distintos Gobiernos de la República Oriental del Uruguay, ha perjudicado, sin ningún tipo de dudas, al Estado: a la Administración Central, a los entes autónomos y a los servicios descentralizados.

Por ello, todo lo que tiene que ver con la reforma laboral que se plantea es rechazado por nosotros y proponemos desglosar la Sección III para considerarla por la vía de otro proyecto de ley, a fin de que todos los actores puedan opinar sobre el particular.

SEÑOR PRESIDENTE (Pérez Morad).- Tiene la palabra el señor Diputado Penadés.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: en la tarde de hoy, antes de proceder a votar el pase a la discusión particular del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2001, permítaseme hacer algún tipo de consideraciones políticas que, en el marco de intimidad que da el reducido número de legisladores presentes en Sala, en algún momento podrán tener el carácter de confesión.

Nosotros esperábamos otra Rendición de Cuentas; lo hemos dicho y, por tanto, esta afirmación no es nueva. El Partido Nacional, que desde el inicio de la actual Administración ha dado un apoyo crítico pero sostenido a la gestión que vienen llevando adelante el señor Presidente de la República, su elenco de Gobierno y el Partido Colorado, esperaba que la instancia de la Rendición de Cuentas sirviera para profundizar en algunos conceptos en los que es imprescindible hacerlo.

En octubre del año pasado, el Partido Nacional anunciaba y proclamaba -antes de los sucesos que se irían desarrollando en la región y que ocasionaran que durante febrero y mayo tuvieran que votarse, en dos proyectos de ley, dos severos ajustes fiscales para intentar no ingresar en el huracán en que la región parecía sumergirse- que la instancia de la Rendición de Cuentas debía ser aprovechada por el país y el Gobierno para realizar cambios profundos en varias áreas de la gestión gubernativa. Lo hacíamos porque éramos conscientes y consecuentes con la idea de que al Estado había que reformarlo. Quizás, la expresión "reforma del Estado" hoy esté desvalorizada y desmonetizada por la cantidad de cosas que bajo ese concepto tan general y profundo se dijeron a favor y en contra, pero sin lugar a dudas hay que reestructurar lo que se conoce como Estado. Entonces, desde ese momento, comenzamos a pensar e insistimos en diferentes oportunidades en que el señor Presidente de la República, con la potestad constitucional que tiene, utilizara el Consejo de Ministros como una herramienta en la que se pusiera de manifiesto el Gobierno de coalición. Es decir, terminar de entender que la coalición de Gobierno no es solo una coalición parlamentaria, sino que es una coalición esencialmente establecida en el Poder Ejecutivo, porque los cinco señores Ministros elegidos o propuestos por el Partido Nacional para integrar el Gabinete del señor Presidente Batlle están allí en nombre del Partido Nacional. Esto no debe ser interpretado como un menoscabo a la autoridad presidencial; muy por el contrario. Esto no quiere decir que nosotros pretendiéramos ingresar en un estilo de gobierno distinto al que, por supuesto, le corresponde establecer en exclusividad al señor Presidente de la República. Pero creíamos, y creemos, que un Gobierno de coalición implica que las exposiciones de la gestión del Gobierno deben reflejarse en el Poder Ejecutivo en un todo, y el ámbito adecuado no solo es el del acuerdo entre el señor Presidente y el señor Ministro del ramo, sino entre el señor Presidente de la República y el Consejo de Ministros.

¿Por qué decíamos esto? Porque entendíamos -y entendemos- que el gran ajuste, el severo ajuste, el ajuste que hemos definido que se realiza con hacha, ese que votamos al señor Ministro de Economía y Finanzas de entonces, que era la posibilidad de abatir partidas del Presupuesto del año 2000, ya se había efectuado, y que ahora había que empezar una tarea más propia de cirujano, que era trabajar en los Incisos, siguiendo líneas directrices de gestión. Entonces, el Partido Nacional empezó a insistir en algunas áreas en las que era imprescindible trabajar en ese sentido, pero no con un concepto de recorte, sino de mejora del gasto, porque estamos absolutamente convencidos de que, cuando el Estado comience a mejorar el gasto, como consecuencia de ello se producirá el ahorro. El ahorro tendido en líneas generales, como sucede con quien siembra, generalmente trae perjuicios; se resienten servicios y se genera malestar. Todo ello lo hemos visto de manifiesto en estos últimos tiempos.

Tampoco nadie puede dudar, salvo que se tenga una venda en los ojos o se proceda con mala intención, de que, como se dice popularmente, a este Gobierno le ha tocado bailar con la más fea; yo diría que con la horrible, no con la más fea. Esto debemos exponerlo con absoluta honestidad intelectual, pero, a su vez, tenemos que decir que ello debería y debe ser aprovechado como una fuerza que nos lance y nos anime a profundizar los cambios.

También digo que si ese Consejo de Ministros funcionara de otra manera, el chisporroteo que se da entre los socios de la coalición muchas veces podría ser evitado.

Entonces, el Partido Nacional decía en aquel entonces: "Aprovechemos la Rendición de Cuentas", y con un afán pocas veces interpretado -inclusive, hasta mal interpretado-, tratando de ayudar, propuso una cantidad de cosas todos los días. Reitero: no con el objetivo de sustituir a quien legítimamente posee la jefatura del Estado y del Gobierno, sino con el de ayudar. Es así, entonces, que dijimos: "Es necesario trabajar en el Ministerio de Defensa Nacional; es necesario trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores", obviando u olvidándonos de quiénes estaban al frente de las Carteras. Porque alguien con un espíritu pequeño podría decir: "¡Ah!, los blancos se meten en los Ministerios donde hay Ministros de tal sector o de tal partido". ¡No! Porque lo mismo decíamos de los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Industria, Energía y Minería, de Deporte y Juventud o de Educación y Cultura. En esto hay que pensar con espíritu grande; hay que tratar de ser grandes en las cosas grandes.

Nadie podía dejar de reconocer que un país como el Uruguay necesita una reestructura de su Servicio Exterior, no solamente presupuestal ni viéndola como una cuestión de recorte, sino como una cuestión de estrategia. ¿Para qué quiere el Uruguay su Servicio Exterior? ¿Para qué quiere el Uruguay sus Fuerzas Armadas, que el Partido Nacional reivindica como necesarias? Y lo podemos demostrar viendo cómo se atendieron esos sectores en nuestro período de Gobierno. ¿Para qué quiere el Uruguay que los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en las áreas de los recursos renovables y en las áreas de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, tengan cometidos muy similares? ¿No es necesario pensar en suprimir o juntar?

Entonces, esperábamos que esta Rendición de Cuentas introdujese esos conceptos, no con el afán de cortar, sino con el de modernizar y lograr articular un Estado inteligente. Ese es el concepto sobre el cual deberemos trabajar en los próximos tiempos. Es decir, un Estado que detecte qué cosas se superponen, qué gastos son superfluos y cuáles se pueden mejorar. Esa era la Rendición de Cuentas a la que apostábamos y en la que íbamos a tener la oportunidad de opinar.

También tengo que reconocer que muchos decían que el ámbito para realizar determinadas cosas no debía ser el Poder Ejecutivo, sino el Poder Legislativo. No. El Poder Legislativo no tiene la capacidad, ni siquiera instrumental, de llevar adelante recortes, reestructuras ni fusiones, porque no tiene todos los elementos ni datos para poder hacerlo. Así fue, entonces, que esta Rendición de Cuentas -que esperábamos fuera una gran Rendición de Cuentas- comenzó a achicarse. Y de la noche a la mañana se envió al Parlamento una serie de artículos elaborados en el ámbito de una asesoría de la Presidencia de la República -que quizás no tenía el conocimiento cabal de todo lo que sucedía en el Estado-, que planteó una cantidad de cosas, la mayoría de ellas compartibles -por eso vamos a votar el proyecto-, pero otras absolutamente efectistas, pero no efectivas; efectistas, pero no efectivas.

Entonces, vamos a votarle al Poder Ejecutivo esta Rendición de Cuentas, que ha sido sensiblemente mejorada en el Parlamento, con la buena opinión de los sectores de Gobierno y del Partido Nacional; nadie puede dudar esto. Pero debemos decir que aspirábamos a que este fuera un momento en el cual el país se detuviera y dijera: "Frente a todo lo que nos golpea, frente a todo lo que es adverso hacia nosotros, hoy relanzamos y refundamos el Gobierno a través de una gran gestión definida en la Rendición de Cuentas". Sinceramente, lo esperábamos; lo esperaba yo -permítaseme hablar en primera persona- como legislador del Partido Nacional, como legislador que apuesta a que a este Gobierno le vaya muy bien; sería un suicida si esperara que le fuera mal, porque yo vivo en este país, en mi país.

Esperábamos que nos diéramos cuenta todos de que cuando uno señala no lo hace porque al frente de la Cartera está Fulano o Mengano, sino porque allí hay que hacer cosas. Esperábamos un compromiso mayor de los organismos comprendidos en los artículos 220 y 221. ¿En este país no nos damos cuenta de que estamos viviendo una crisis como nunca se ha vivido? Entonces, esperábamos que los organismos del artículo 220, por un mínimo de solidaridad, no fueran a la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, a pedir el aumento de las partidas de su presupuesto y se dieran cuenta de que la cosa no da para más, de que no hay plata. No puedo creer -entre otras cosas porque integramos un órgano político por definición y porque somos todos políticos- que el actual Gobierno tenga un germen de autoeliminación tan brutal dentro de sí que quiera hacer estas cosas para que le vaya mal. No conozco a nadie, y menos al Partido Colorado, con esa definición. Es un partido que toda la vida se ha caracterizado por intentar cosas y le ha ido muy bien -hay que reconocerlo- en el correr de la historia; lo demuestran los resultados electorales. No puedo creer que muchas de las medidas, que pueden ser definidas como antipáticas, estén incluidas aquí por una cuestión de deleite. No; están puestas aquí por una cuestión de necesidad.

Entonces, nos gustaría que quedara de manifiesto esta definición: creo que nos perdimos una gran oportunidad. ¿Está todo perdido? No, y por eso vamos a votar esta Rendición de Cuentas. El Partido Nacional informó al Partido Colorado que íbamos a analizar todas las medidas que tuvieran el acuerdo de todo el Partido Colorado; las que no lo tuvieran, el Partido Nacional no las iba a analizar. Quiero que eso quede bien claro, por si algo circunstancial se hubiera retirado de la Rendición de Cuentas.

Es así que tenemos un déficit fiscal de casi US$ 1.000:000.000 en el Ejercicio pasado; un déficit con relación al producto bruto interno de 4,64%; una caída de los ingresos del Gobierno del 22%; una relación entre la evolución del déficit, la inflación y la devaluación del 17,96%; un 3,60% de inflación y un déficit de US$ 865:000.000, con una caída a través de los retiros de los depósitos, del 31 de diciembre de 2001 al 30 de julio de 2002, de US$ 3.500:000.000, lo que duplicó el monto de la deuda neta del Uruguay. Con esta situación, con una caída del producto bruto interno del 10% para este año, con una evolución negativa de las finanzas del Gobierno, con este panorama, mucho no se puede exigir.

Nos sorprende cuando en Sala se plantea por qué no se le da más a tal sector y no se le quitan impuestos a tal otro. Con un margen de maniobra tan acotado, es imposible poder hacer mucho más de lo que el Gobierno ha propuesto realizar en cuanto al manejo de las cuestiones incorporadas en la Rendición de Cuentas.

Es así que en el artículo 1º se reconoce el déficit y se establecen las potestades para proceder al recorte de los gastos de funcionamiento y de las inversiones para este Ejercicio y para los futuros. Pero que quede bien claro a quienes les preocupan los sectores sociales, a quienes nos preocupan las políticas sociales que debe llevar adelante el Gobierno, que se establece la potestad y discrecionalidad del Poder Ejecutivo, que dará cuenta a la Asamblea General, lo cual el Partido Nacional va a exigir que se aplique para que los recortes en los gastos de funcionamiento y en las inversiones sean selectivos. Hay ámbitos del quehacer nacional que no admiten un recorte más. Compartimos la idea de que la reducción de la inversión pública en momentos de contracción de la economía no es una de las medidas ideales, pero sí es necesaria. Por ende, en el proyecto de reactivación que el Senado de la República está analizando a iniciativa del Partido Nacional, entre otras propuestas, con la megaconcesión del Aeropuerto Internacional de Carrasco se busca transitar por un camino alternativo que, a través del incentivo de la inversión privada en cuestiones que antes realizaba el Estado, pueda sustituir la inversión que este hoy no puede realizar.

Debemos renovar nuestra confianza en el señor Ministro de Economía y Finanzas, doctor Atchugarry, quien personalmente nos ha pedido el instrumento que posibilite realizar reestructuras, fusión, supresión de unidades ejecutoras dentro del Poder Ejecutivo, dando cuenta a la Asamblea General, la que tendrá un plazo de cuarenta y cinco días para expedirse. Esperamos que esa herramienta que damos, a pedido del señor Ministro de Economía y Finanzas, sea utilizada en profundidad por parte del Gobierno Nacional.

Establecemos la necesidad de que no se olvide la posibilidad de fusionar Ministerios, y se prevé el envío al Parlamento de una norma legal en ese sentido. Nadie habla de la supresión de los Ministerios de Turismo y de Deporte y Juventud; hablamos de replantearnos el Estado. ¿Por qué no pensar en un Ministerio de Fomento, que reúna todo lo que hoy realizan los Ministerios de Industria, Energía y Minería y de Ganadería, Agricultura y Pesca? ¿Por qué no pensamos en la concreción de un Ministerio de Servicios? ¿Por qué no pensamos en uno de políticas sociales? Esa es la profundidad de la reforma que estamos planteando; no se trata de suprimir los Ministerios de Turismo y de Deporte y Juventud, porque inmediatamente las corporaciones afectadas pueden sentirse atacadas y vulneradas. Estas Carteras cumplen roles fundamentales, que aquí reivindicamos; pero esta no es la reforma planteada. Esperemos que el Poder Ejecutivo utilice correctamente esta herramienta.

En la Constitución de 1830, Uruguay tuvo tres Ministerios; no digo que volvamos a tres, pero afirmo que podemos reestructurar. Y esto no lo planteamos pensando que, si suprimimos Ministerios, vayan a dejar de ser Ministros algunos integrantes del Partido Nacional. ¡No! Es pensar en profundidad el Estado, dándonos cuenta de que hay oficinas que promueven el desarrollo de la inversión en cuatro o cinco Ministerios. Aquí facultamos a que lo relativo al comercio exterior se fusione dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto debe estar en una oficina única; no podemos tener oficinas de promoción del comercio exterior en tres Ministerios, cada una con su presupuesto y con sus funcionarios. De esos ejemplos podemos poner muchos. Esperemos que esto sea utilizado correctamente por el Poder Ejecutivo.

Por otro lado, establecemos un organismo coordinador entre ANCAP y UTE. Creemos necesario que se coordinen muchas cosas, pero también sepamos que, estratégicamente, estos dos organismos compiten. ¿O no compiten ANCAP y UTE en el consumo de energía? Uno nos convoca al consumo de la energía eléctrica y otro al de la energía producto de los derivados del petróleo. Entonces, antes de pensar en fusionar los Directorios, estudiemos cómo vamos a hacer para que estas cosas se complementen.

Se planteó la reducción del número de integrantes de los Directorios de los entes autónomos. Lamentamos que esta norma no llegue al plenario por una cuestión interna del Partido Colorado. Pero también debemos decir que no es lo mismo eliminar Directores en el Correo que en la ANEP; no es lo mismo eliminar Directores en el Banco de la República que en el Banco Hipotecario del Uruguay, porque no sabemos cuál va a ser el futuro de estas dos instituciones.

Entonces, nadie diga que esto es por falta de voluntad política, por lo menos del Partido Nacional, porque también la tuvimos en el pasado cuando llegó el momento de disminuir la cantidad de Directores de ANTEL o de AFE. Tenemos la voluntad de hacerlo y por eso hay un artículo aquí que faculta al Poder Ejecutivo a enviar al Parlamento, luego de un estudio de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, una norma con la reducción de la cantidad de Directores; si se quiere, estamos dispuestos a votarla pasado mañana, pero algo que haya sido estudiado, razonado y pensado. Eso es lo que estamos buscando al incorporar esta norma. No es porque quien ha promovido el ajuste político y lo va a volver a promover dentro de poco tiempo, el Partido Nacional, busque ubicar gente en los Directorios de los entes autónomos, como algún señor legislador ha manifestado; seríamos muy poca cosa. Es una afirmación casi ofensiva. Pero queremos que haya una definición detrás de esto. Por ahorro no es, porque acá nadie puede creer que las empresas vayan a ahorrar porque haya un Director menos o un Director más. Debe ser producto de un análisis estratégico, porque les puedo asegurar que si es por ahorrar, a las empresas públicas habría que meterles la mano en otros lados y no solo en los gastos del Directorio. Nadie dice que no se puedan racionalizar y mejorar, pero hay otros lados donde ¡vaya si habría que meter la mano, y en profundidad!

Sin embargo, estas cosas se pueden hacer hoy por los Directorios de las empresas públicas, dado que están compuestos por representantes de los partidos políticos. ¡Que se les ordene por parte del Poder Ejecutivo ejecutar esas normas! No tiene que ser siempre el Parlamento responsable de las cosas antipáticas que hay que hacer. El Directorio de ANCAP puede decidir que se dejen de subsidiar actividades ineficientes que quizás esté cumpliendo este organismo; lo puede hacer por una resolución del propio Directorio y no necesita pasar por el Parlamento.

Eso es lo que reclamamos con esto.

Entonces, la reducción de los Directores de los entes autónomos no tiene que ser producto de un canto de tribuna, sino de una visión estratégica que al Uruguay le está faltando. Se llegó a esta conclusión con ANTEL, bien propuesta por el señor Presidente de la República y aceptada por todos los Partidos políticos, y se redujo su Directorio. Pero con respecto a ANEP, creo que deben existir cinco Directores.

Es ahí donde esperamos que el Poder Ejecutivo reflexione y envíe al Parlamento rápidamente una norma en ese sentido.

Señor Presidente: con relación a la racionalización de los recursos humanos del Estado, de sus retribuciones y complementos, quizás debemos pensar esta norma como un mientras tanto; sí, quizás como un mientras tanto. No nos negamos a analizar en profundidad la situación de los funcionarios públicos. Creemos que, muchas veces en forma injustificada, se les hace responsables de situaciones de las que no lo son. Pero también pensamos que hay que tomar medidas urgentes y son las que están contenidas en la Rendición de Cuentas.

Tenemos una visión crítica de lo actuado en el pasado por el Comité para la Reforma del Estado -CEPRE-, que recibió un préstamo muy importante del BID para ejecutar una reforma inteligente e interna del Estado. Cada vez que en el Parlamento queremos tocar una norma saltan cincuenta cuestiones que están atadas con alambre a ella. Tenemos que hacer que el Estado deje de estar atado con alambre, y esa es otra facultad que damos al Poder Ejecutivo, a iniciativa del Partido Nacional: que estudie la readecuación de las funciones y de los salarios, porque es injusto que un funcionario que cumple en la Administración Central una tarea similar a la de otro en un ente público, cobre un salario diferente. Nos gustaría que, de vez en cuando, el movimiento gremial y sindical hablara de estas cosas, como así también las fuerzas que a veces dicen representarlo y defenderlo.

En este aspecto, establecemos normas que nos parece importante asumir. Establecemos modificaciones en las normas generales sobre funcionarios, no con el objetivo de perjudicarlos, sino de ir tratando de generar equidad. Como bien se decía, quizás muchas de las cosas que fueron consagradas en la época de don Luis Batlle hoy haya que modificarlas. ¿Por qué hay que tener miedo a eso? ¡Animémonos a hacerlo! ¿Por qué está bien la inamovilidad, si todos sabemos cómo surgió este concepto en nuestro Estado? ¿Hoy alguien puede pensar que haya represalias políticas? No olvidemos que esta norma fue creada para defender a los blancos, que era a quienes barrían de la Administración, todos sabemos cuándo.

(Interrupción del señor Representante Bayardi.- Respuesta del orador)

——Ahora, ese concepto ya no es más necesario. Cuando se habla de clientelismo político, digo que es verdad que en algún momento se utilizó al Estado, no con un concepto clientelista -porque sería menospreciar hasta a la gente-, sino de posibilidad de asistir que existía en aquel momento, en aquel Uruguay, y que hoy no existe más. Debemos adecuarnos a eso.

SEÑOR CHIFFLET.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PENADÉS.- Termino y con mucho gusto le concederé la interrupción.

Voy a tratar de redondear mi razonamiento.

El clientelismo nos salió mal porque, entre otras cosas, muchos de los que ingresaron hoy no pertenecen a nuestras fuerzas políticas. Entonces, el clientelismo no lo hacemos nosotros; capaz que lo hacen otros, por otros caminos.

Por lo tanto, no estoy dispuesto a aceptar ni tampoco agredo a nadie hablando de clientelismo; hablo de circunstancias que se dieron en momentos determinados de la vida del país, que hoy no son las mismas que hace veinte años.

Pero no solo eso, señor Presidente -y voy a decir algo con el mayor de los respetos por todo el mundo-: la mayoría de los ingresos al Estado se dieron en una época en la que los partidos políticos no existían. Entonces, no puedo atribuir a nadie que haya ingresado al Estado en esa época a condición de cosas que a mí no me constan.

En síntesis, voy a hacer algunas puntualizaciones para redondear, porque mis compañeros se explayarán más sobre esto. El Gobierno ha asumido, por fuera de esta Rendición de Cuentas, dos compromisos con el Partido Nacional. Uno de ellos está relacionado con la redacción de un decreto en el que se establecerá que no se recortarán las partidas a las instituciones comprendidas en el Inciso 21 del Presupuesto. Creemos que estas instituciones cumplen una labor muy importante, que si el Estado debiera cumplirla le saldría mucho más caro que los subsidios que otorga.

El otro compromiso es el de tratar de buscar la forma de normalizar las partidas que se liberan al INAME. Esto regularizaría una situación de retraso en las partidas que el INAME recibe de Rentas Generales.

Estos dos asuntos, que para nosotros son muy importantes, están comprendidos dentro del acuerdo, pero no dentro de la redacción que la Cámara de Diputados votará en esta Rendición de Cuentas.

Señor Presidente: vamos a proceder a votar este proyecto de ley de Rendición de Cuentas, convencidos de que sin ser el ideal y el que esperábamos, es una herramienta necesaria para el Poder Ejecutivo. A través de este proyecto vamos a renovar la confianza en este Gobierno -que el próximo 31 de agosto cumplirá la mitad de su período-, al que todavía le quedan dos años y medio para hacer, para transformar y para construir. Esperemos que esa confianza que el Partido Nacional otorga al Presidente de la República y al Poder Ejecutivo sea bien administrada y bien utilizada, y que al final del camino estemos con la tranquilidad de conciencia de habérsela dado a un Gobierno que hizo las cosas que debía y debe hacer, enfrentado a circunstancias de una dificultad pocas veces vista. Lo hacemos en la creencia de que estas medidas -conjuntamente con otras que el Partido Nacional promueve y promoverá- servirán para reactivar la economía de nuestro país, trayendo a nuestros compatriotas la tranquilidad que hoy lamentablemente no tienen.

SEÑOR PRESIDENTE (Pérez Morad).- Tiene la palabra el señor Diputado Guarino.

SEÑOR GUARINO.- Señor Presidente: nosotros también esperábamos otra Rendición de Cuentas -como recién se dijo- y también pensábamos y pensamos que una Rendición de Cuentas es una instancia fundamental para reacomodar cosas y, sobre todo, para realizar cambios profundos que si antes eran necesarios, mucho más lo son ahora, a la luz de la realidad de este país de los últimos tiempos y, particularmente, de la coyuntura de los últimos días.

Como esperábamos otra Rendición de Cuentas, que fuera un instrumento para los cambios, y no lo es, con firmeza decimos que no vamos a apoyar este proyecto. Hicimos los aportes y las críticas a muchos de los aspectos; muchos de estos aportes se hicieron en Comisión y se harán a lo largo de la discusión particular, pero como entendemos que todo lo que vamos a votar es demasiado trascendente, sin que eso modifique la sustancia de lo que ha sido el camino elegido por la coalición de Gobierno, no votaremos la iniciativa.

Algunos compañeros de nuestra bancada ya expresaron con claridad los aspectos principales que determinan nuestra votación en contra del proyecto en general, pero me quiero centrar en uno de ellos, que es la restricción del gasto público, particularmente en inversiones.

Todos sabemos que esa restricción, ese recorte a hachazos -como alguien dijo hace un momento en Sala-, grosso modo, sin reparar en las consecuencias, en el encadenamiento que tiene en los distintos sectores de la economía y en los distintos departamentos del país, determina que estemos sustancialmente en contra. Tampoco estamos de acuerdo con la forma, porque no se contempla la repercusión que esto puede tener, sobre todo para quienes provenimos de departamentos alejados, que tenemos las peores situaciones económicas y los peores indicadores sociales. Sabemos que una restricción en la inversión pública, al barrer, del orden del 28% en todos los organismos, como la que se plantea en el proyecto, nos afectará quizás de una manera mucho más severa que a otros lugares del país, más allá de que sabemos que estas medidas nos afectan a todos y tendrán una repercusión negativa, sobre todo en ese interior profundo, donde los atractivos para la inversión pública o privada no son los mismos que en otros zonas del país; diría que son menos aún que los que pueda haber en una economía ya en recesión a nivel general.

Los departamentos del norte y nordeste de nuestro país no tienen la infraestructura adecuada para atraer inversiones porque están a grandes distancias de los centros de embarque o de los puertos y porque carecen de servicios. Esta es una cadena que viene arrastrándose desde hace muchos años y tiene que ver con un retraso de esa misma inversión que se va transformando en un círculo vicioso. Esto ya lo dijimos en la Cámara más de una vez, particularmente cuando se discutió el tema del gas natural y se descartó la posibilidad de que pasara por nuestros alejados departamentos porque no había la suficiente demanda de los sectores industriales; por supuesto que estos sectores, o los agroindustriales, cada vez tienen más dificultades para implantarse ahí porque, además, no tendrán ese gas natural.

De modo que una de las pocas posibilidades de reactivación del empleo en forma directa e inmediata, como lo está necesitando gran parte de nuestro país, es a través de esa inversión pública directa. Cuando digo esto no hablo de cosas sofisticadas, sino concretamente de la elaboración de planes de vivienda, de la construcción de obras viales y del mejoramiento de la infraestructura vial de carreteras, todo lo cual, además de generar ese empleo directo, nos estaría dando la posibilidad, si se hace en forma racional y selectiva, de ir igualando para que no existan varios Uruguay dentro de este pequeño país. Cuando se piensa que quizás por otros mecanismos se va a sustituir la inversión que el Estado no va a realizar, también debemos ser conscientes de que hay lugares a los que no va a llegar, aun en el mejor de los casos, si efectivamente se reactivan esos mecanismos como, por ejemplo, el de la megaconcesión.

Quiero hacer una referencia concreta al departamento de Cerro Largo, al que represento. La megaconcesión implica entregar un tramo de la Ruta Nº 8, en la que ya existe un peaje. Además -bueno es decirlo en Cámara para que este tema tome estado público-, a partir del 1º de agosto los peajes aumentaron casi el 30%, sin que haya existido una explicación. Hemos formulado un pedido de informes al señor Ministro de Transporte y Obras Públicas para conocer cuáles fueron las paramétricas utilizadas para que en este cuatrimestre el peaje se despegara. En el cuatrimestre anterior los peajes habían aumentado un 10% y, en este, casi un 30%. El peaje ahora sale $70.

Como decía, se está instalando sobre un tramo de la Ruta Nº 8, al igual que en otros lugares del país -hablo concretamente de este, que es por el que paso semanalmente-, un peaje sobre el río Cebollatí, que va a encarecer al doble el tránsito por allí. El tramo que se va a dar a la concesionaria que intervenga en esto es el que une Minas y Treinta y Tres; es el mejor tramo, es el que se hizo por último y es al que se le han reparado o hecho a nuevo todos los puentes en los últimos meses. El tramo que va de Treinta y Tres a Melo, -es bueno reiterarlo y decirlo aquí, en una tribuna parlamentaria-, donde hay riesgos reales para la seguridad porque está en pésimo estado -sobre todo las curvas-, en permanente deterioro y reparación -que se hace con recursos escasos-, no se va a tocar.

Por lo tanto, la empresa que gane la licitación para ese peaje va a encarecer al doble los costos de movimiento de particulares, del transporte de pasajeros y del transporte de mercaderías, pero ello no redundará en un beneficio, ni siquiera en un mejoramiento de la infraestructura en ese tramo, ni en empleo directo, que seguramente no se concretará en el tramo que va a través del departamento de Cerro Largo hasta Treinta y Tres.

¿Por qué son importantes, además de esto, las repercusiones del recorte en obra pública, elemento reactivador para ese interior más complicado y profundo? Son importantes porque, además, estamos padeciendo una tremenda situación de postración económica que arranca de los problemas de la producción agropecuaria de nuestro país, los cuales se han venido agravando en los últimos años y repercuten en forma directa en la agroindustria, que transforma los productos, y en el comercio de nuestros pueblos y ciudades del interior. Basta ir por ellos para ver decenas y centenares de locales comerciales cerrados, que eran parte dinamizadora del empleo porque se trataba de pequeños negocios que empleaban mano de obra familiar o a dos o tres empleados. Esto es fruto de la menor circulación económica que en el interior, especialmente en estos lugares, se origina en el sector primario.

Y no hay perspectiva de una mejoría. Se nos podrá decir: "Tenemos previsto recortar la inversión en un 28% o 30% en 2002, 2003 ó 2004 porque va a haber una reactivación agropecuaria muy importante". No, señor. Estamos viendo que en 2002 vamos a tener mayores padecimientos.

Voy a hacer referencia a dos o tres elementos en ese sentido. Uno de ellos es el trigo. Fruto de una situación climática, el año pasado nuestro país quedó sin poder autoabastecerse de trigo y, seguramente, el próximo año tampoco seremos autosuficientes en eso, cosa que hacía mucho tiempo que no sucedía. Esto no sucedió solo por un problema climático sino porque los productores no pudieron sembrar al no contar con los créditos necesarios para hacer ese esfuerzo, sabiendo de antemano que los precios internacionales del trigo están bastante altos. El Uruguay está pagando un costo muy alto, lo que encarece elementos básicos de la canasta familiar como el pan y los fideos. Lo sabemos de antemano, porque no tuvimos a nivel de las decisiones de Gobierno, particularmente del Banco de la República Oriental del Uruguay, que es el que opera en el fomento de estos cultivos, la posibilidad o la voluntad de destinar US$ 20:000.000. Los productores trigueros concurrieron a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca y nos informaron que por esa situación ahora hay sembrada un área que, si llega a 80.000 hectáreas de las casi 200.000 que se sembraban, es mucho.

Ayer estuvimos reunidos con productores de arroz y con industriales molineros de arroz -el señor Diputado Agazzi hizo referencia a esto en su intervención-, de ese sector de la agroindustria que ha sido uno de los más dinámicos y que ha generado, a lo largo de los últimos años, un constante ingreso de divisas genuinas, porque es un sector que tiene un balance neto de divisas a favor del país; es decir que por cada dólar que consume de productos importados, ingresan US$ 3 de exportación de arroz, ya que es un producto del país fundamentalmente exportable. ¿Saben qué nos planteaban estos industriales y productores arroceros? Que temían seriamente que por la actual situación el área arrocera, que el año pasado ya se había reducido a 150.000 hectáreas, cayera a menos de 60.000, porque no hay financiamiento de parte del Banco de la República. Los molinos tienen su capacidad de crédito agotada, porque esta va encadenada con el financiamiento del Banco. Con 60.000 hectáreas todo el complejo agroindustrial del arroz, es decir, los molinos procesadores y exportadores, está en una situación de riesgo de supervivencia, porque se está trabajando a una escala productiva en la cual pierde competitividad y rentabilidad; estaría funcionando prácticamente a un tercio de la capacidad instalada de los molinos.

Este es un tema que está pendiente. Seguramente tendremos que hacer un esfuerzo, pero en el mejor de los casos sabemos que no tendremos una situación floreciente ni en el mediano ni en el corto plazo. Esto estará incidiendo para que sea más marcada esa caída de la inversión pública en obras de generación de empleo en los departamentos que viven de estos productos.

Podríamos hablar de la ganadería. Ahora se especula con la posibilidad de retomar alguno de los mercados del NAFTA con parte de nuestras carnes, y eso alienta una nueva perspectiva. El hecho de haberse corregido parte del atraso cambiario generaría mejores condiciones de competencia para la industria frigorífica. Sin embargo, cuando vemos la situación de los productores nos encontramos con que tienen un problema de financiamiento muy grande, con un endeudamiento que conocemos, porque ello se ha discutido en este Parlamento. Durante el año pasado y el que transcurre no se han hecho las inversiones imprescindibles en mejoramiento de pasturas y forrajes, que son la base de la producción de la carne. Si mañana cambian las condiciones -ojalá así sea; así parece ser-, no tendremos la posibilidad de aprovechar todo el potencial de la mejoría de los precios porque no han existido las inversiones necesarias para ese mejoramiento.

Estas son algunas de las reflexiones centrales sobre los temas que nos preocupan. A veces no se concibe al país como un todo y se considera que la rebaja puede generar problemas solo en determinadas áreas. Creemos que no podemos separar la Rendición de Cuentas de todo el acontecer político, económico y nacional, porque al mover una pieza se mueven otras de todo el entramado económico y social del país.

Hay otros elementos, que fueron claramente señalados por nuestros compañeros de bancada, que nos llevan a votar en contra. Creemos que alterar todo el sistema de normas que rige el relacionamiento de los funcionarios públicos con el Estado, en la forma en que se hace en este proyecto de Rendición de Cuentas, no es bueno. Es demasiado importante para el país todo el aparato del Estado, sus funcionarios y sus estructuras -es parte integrante del ser nacional, por lo menos de todo el siglo pasado- como para, de un plumazo, generar cambios trascendentes como los que se proponen en esta Rendición de Cuentas sin el necesario debate nacional, sin la discusión en todos los ámbitos.

Hace un momento oíamos al señor Diputado preopinante decir por qué no votaría la reducción de la cantidad de Ministerios ni la disminución de cinco a tres de la cantidad de Directores de los entes. Decía que eso requería una discusión profunda de estrategias y de políticas. Si para modificar la cantidad de integrantes de un Directorio se requiere una discusión -no digo que no sea así-, imaginen el profundo debate que deberíamos darnos todos, partiendo desde el Parlamento, que es la base del sistema político y representativo, para cambiar las reglas de juego a decenas de miles de uruguayos que participan de normas que hemos ido creando a lo largo de nuestra historia. Por eso es que no apoyamos esto. Además, deja de lado un factor que en Uruguay era sagrado proteger, más allá de que su desconocimiento se daba en ocasiones; pero cuando eso sucedía era muy mal visto. Deja en manos de la discrecionalidad del jerarca de turno la vida y la suerte de muchos miles de funcionarios públicos uruguayos. Basta con que el jerarca de turno tenga la voluntad de mandar a uno a la bolsa de los excedentarios para que ese funcionario sepa que está condenado a seguir sobreviviendo con la mitad de su sueldo o a que lo manoseen y lo manden a otro Inciso que, de pronto, no tiene nada que ver con la tarea que desempeñaba. Si además lo rechazan de ese otro Inciso, ello puede ser factor de destitución.

Para terminar -estos temas se discutirán puntualmente-, quiero mencionar un aspecto que tiene que ver con los Gobiernos Departamentales y va en el mismo sentido que la preocupación de que hablábamos anteriormente. Uno de los artículos faculta a los Intendentes -para hablar en términos criollos y directos- a privatizar la gestión de cobro de deudas y a transformarlas en títulos ejecutivos, de modo que pueda tercerizarse; hace posible que las empresas interesadas en el negocio tengan ese derecho, hagan esa gestión y ejecuten a los deudores de las Intendencias. Particularmente las Intendencias del interior, que son las que más conozco, están pasando -fruto de todo lo que decíamos al principio- por situaciones de mucha morosidad, indeseadas por los contribuyentes, que están preocupados y se sienten atados por esta norma, por la cual se podría pasar a un estudio jurídico o a un sector financiero internacional la posibilidad de ejecución. He escuchado al Intendente de mi departamento y a los de otros departamentos asegurar que no la van a aplicar. Si es así, ¿por qué incluimos elementos irritantes, de desconfianza social? Basta que a un contribuyente, que tiene una pequeña casita o un campo grande, mediano o chico y que no puede hacer frente a sus obligaciones, le digan que ahora no va a depender de la Intendencia, sino que va a depender de un tercero que le va a realizar la gestión y lo puede terminar ejecutando -más allá de que esa no sea la voluntad de quienes voten esta iniciativa-, para generarle una inseguridad y una irritación que no contribuye en nada al clima que necesitamos para reconstruir el Uruguay en base a una confianza que tanta falta nos hace.

Muchas gracias.

3.-    Licencias.

        Integración de la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Pérez Morad).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Julio Lara, en misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para concurrir a la XIII Reunión de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsionales del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, por el período comprendido entre los días 28 y 30 de agosto de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Schubert Gambetta.

Del señor Representante Ernesto Agazzi, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 14 de agosto de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, Esteban Pérez.

Del señor Representante Ronald Pais, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 22 de agosto y 4 de setiembre de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, Miguel Dicancro.

Del señor Representante Guido Machado, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 13 y 16 de agosto de 2002. Habiéndose agotado la nómina de suplentes solicítase a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Veintiocho en veintinueve: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas, y se oficiará a la Corte Electoral en el caso pertinente.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 13 de agosto de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitar licencia, desde el día 28 hasta el 30 del corriente mes, con motivo de participar, en la reunión de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsionales del Parlamento Latinoamericano, que se realizará en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Sin más saluda atentamente,

JULIO LARA
Representante por Canelones".

"Montevideo, 13 de agosto de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

Por la presente me dirijo a usted a efectos de comunicar que renuncio a asumir como Representante Nacional, entre los días 28 al 30 de agosto, en virtud de la licencia solicitada por el Diputado Julio C. Lara.

Sin más saluda atentamente,

Yamandú Castro".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Canelones, Julio Lara, para participar de la reunión de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsionales del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 28 y 30 de agosto de 2002.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Yamandú Castro.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994 y en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, al señor Representante por el departamento de Canelones, Julio Lara, por el período comprendido entre los días 28 y 30 de agosto de 2002, para participar de la reunión de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsionales del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta el suplente siguiente señor Yamandú Castro.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71 del Lema Partido Nacional, señor Schubert Gambetta.

Sala de la Comisión, 13 de agosto de 2002.

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER", TABARÉ HACKENBRUCH".

"Montevideo, 13 de agosto de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme licencia por el día 14 de agosto de 2002, por motivos personales. Asimismo solicito se proceda a convocar al suplente respectivo.

Sin más saluda atentamente,

ERNESTO AGAZZI
Representante por Canelones".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Ernesto Agazzi.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 14 de agosto de 2002.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 14 de agosto de 2002, al señor Representante por el departamento de Canelones, Ernesto Agazzi.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 14 de agosto de 2002, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Esteban Pérez.

Sala de la Comisión, 13 de agosto de 2001.

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, TABARÉ HACKENBRUCH".

"Montevideo, 13 de agosto de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo establecido por la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales desde el 22 de agosto hasta el 4 de setiembre inclusive.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

RONALD PAIS
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Ronald Pais.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 22 de agosto y 4 de setiembre de 2002.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 22 de agosto y 4 de setiembre de 2002, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Ronald Pais.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2000 del Lema Partido Colorado, señor Miguel Dicancro

Sala de la Comisión, 13 de agosto de 2002.

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, TABARÉ HACKENBRUCH".

"Montevideo, 13 de agosto de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo establecido por la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales desde el 13 hasta el 16 de agosto inclusive.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

GUIDO MACHADO
Representante por Rivera".

"Montevideo, 13 de agosto de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

María Terrón de Esteves".

"Montevideo, 13 de agosto de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Walter Machado".

"Montevideo, 13 de agosto de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente, comunico a Ud. que por esta vez no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Saluda a Ud. muy atte.,

Ariel Y. Abarno Silva".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Rivera, señor Guido Machado.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 13 y 16 de agosto de 2002.

II) Que por esta vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes correspondientes siguientes, señora María Terrón de Esteves y señores Walter Machado y Ariel Abarno.

III) Que habiéndose agotado la nómina es pertinente solicitar a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

ATENTO A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994 y por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 13 y 16 de agosto de 2002, al señor Representante por el departamento de Rivera, Guido Machado.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez han presentado los suplentes correspondientes siguientes de la Hoja de votación Nº 292000 del Lema Partido Colorado, señora María Terrón de Esteves y señores Walter Machado y Ariel Abarno.

3) Ofíciese a la Corte Electoral.

Sala de la Comisión, 13 de agosto de 2002.

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER".

4.-     Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal - Ejercicio 2001. (Aprobación).

——Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado Amorín Batlle.

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- Señor Presidente: mi compañero de bancada y miembro informante en mayoría de este proyecto de ley, señor Diputado Sande, ha hecho los agradecimientos que corresponden a los funcionarios que han trabajado con ahínco, esmero y absoluta eficiencia en la elaboración de esta iniciativa en la Comisión, por lo que adhiero a sus expresiones.

En los últimos años nos acostumbramos a votar proyectos de ley de Rendición de Cuentas con artículo único y gasto cero. Seguramente, hace tres años -el año pasado también- pensábamos que ese era el mejor sistema. Sin embargo, las circunstancias que vive el país hacen que hoy estemos aconsejando al Cuerpo votar -seguramente lo haremos entre hoy y mañana- un proyecto de Rendición de Cuentas que tiene más de ciento sesenta artículos. Naturalmente, esta iniciativa no está sola y colgada del espacio, sino que es parte de un proceso importante de modificaciones legislativas y de una política económica que ha planteado este Gobierno y que en la totalidad de los casos ha contado con los votos afirmativos de la coalición de Gobierno.

Hemos hecho modificaciones de peso en lo que tiene que ver con política tributaria. Se ha disminuido parte importante de los impuestos a los sectores productivos: a la industria, al agro, al transporte y a la construcción.

También se han hecho modificaciones importantes en cuanto a política cambiaria. Hemos modificado la política tributaria y la política cambiaria, haciendo mucho más competitivos los productos uruguayos para la exportación y para la competencia a nivel interno con los productos importados.

Asimismo, este año votamos dos proyectos de ley por los cuales se efectuaba un ajuste fiscal importante, aumentando los impuestos que gravaban a la enorme mayoría de la población. Hemos pedido un sacrificio a todos los uruguayos porque las circunstancias complicadísimas que vive la región así lo exigían, y para ello también contamos con el voto responsable de toda la coalición de Gobierno. Entendimos que había llegado el momento de adecuar el tamaño del Estado a las circunstancias que vive el país. No podíamos mantenernos o mantener al Estado alejado del sacrificio que pedimos al resto de la población. Por lo tanto, en esta Rendición de Cuentas incluimos una serie de medidas tendientes a adecuar el Estado a los momentos que vive el país. Esta Rendición de Cuentas no es un elemento aislado, sino un eslabón más de una cantidad de leyes, decretos y políticas que entendimos eran necesarios para que el país pudiera sobrellevar esta complicadísima situación regional que claramente nos está golpeando muy duro. Sería demasiado largo historiar los acontecimientos que especialmente desde Argentina y Brasil nos han llegado, golpeando en forma muy dura nuestra economía.

Este proyecto de ley, elaborado por el Poder Ejecutivo, fue enviado hace más de cuarenta días al Poder Legislativo. Quiero reconocer en este momento el trabajo de todos los integrantes de la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, y especialmente el de quienes hoy van a votar este proyecto de ley. Durante estos cuarenta días estuvimos absolutamente abiertos a todos los aportes, vinieran del sector del que vinieran y, especialmente, a los de la coalición de Gobierno. Todos los aportes que han venido de la coalición de Gobierno han sido bien recibidos y hoy son parte de esta Rendición de Cuentas que entendemos que es absolutamente necesaria y absolutamente positiva para el país. Este trabajo de la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, tiene que ser especialmente resaltado.

Quiero comenzar por mencionar los aspectos de la Rendición de Cuentas que no serán votados hoy, pero que seguramente se aprobarán en poco tiempo. Hay un aspecto relativo a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay que entendemos fundamental. Por distintos motivos, pero más que nada por conveniencia -por no tratar este tema de extraordinaria importancia en la instancia de la Rendición de Cuentas y por hacer de este proyecto una ley especial y separada-, los integrantes de la coalición de Gobierno nos hemos comprometido a darle un rápido trámite a este tema, que había sido incluido por el Poder Ejecutivo en la iniciativa de la Rendición de Cuentas.

En estos últimos años, el Banco Hipotecario ha tenido pérdidas enormes. Hace pocos días votamos una capitalización del entorno de US$ 550:000.000. Por lo tanto, la forma en que la ley habilita hoy a funcionar al Banco Hipotecario del Uruguay, sin lugar a dudas lo va a cambiar, sin dejar de mantener el objetivo principal de esta institución: que miles de uruguayos puedan acceder a la vivienda a través de sus préstamos. Miles lo han hecho y miles lo harán. Esta norma permitirá que el Banco funcione normalmente y que cumpla con su objetivo principal. Seguramente, en los próximos días en este Parlamento se estará tratando este proyecto de ley en forma aislada, desglosado de la Rendición de Cuentas.

También hemos desglosado otro paquete de artículos referidos al Instituto Nacional de Colonización, al que muchos tenemos especial simpatía y agradecimiento por haber prestado servicios en él. El Instituto tiene una finalidad social muy interesante; maneja cientos de miles de hectáreas de campo y hoy tiene un déficit muy importante. Tendremos que modificar las normas que lo rigen para que pueda funcionar cumpliendo los objetivos asignados, sirviendo a los colonos, a la gente que está alrededor de él, y para que el déficit que hoy tiene disminuya, hasta eliminarlo en forma total.

Hay otro aspecto que por el momento ha quedado fuera de la Rendición de Cuentas y que es el relacionado con el pedido al Poder Ejecutivo de que elabore un proyecto de ley con el asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Esta es una idea que el Presidente de la República maneja desde hace mucho tiempo: disminuir la cantidad de integrantes de los Directorios de entes autónomos. Tanto lo maneja desde hace mucho tiempo que en el tratamiento de la primera ley de urgente consideración, la Cámara, por mayoría -no por unanimidad, ya que fue votado solamente por los integrantes de la coalición de Gobierno-, resolvió la disminución de la cantidad de Directores de cuatro entes autónomos. En este proyecto de ley figuraba la disminución para el resto de los entes, de cinco a tres Directores, con la sola excepción del Banco de la República Oriental del Uruguay. Se nos ha solicitado un estudio más profundo del tema. Hoy nos comprometemos a que ello se haga. Y hoy nos comprometemos a que, en poco tiempo, estemos discutiendo en este Parlamento un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, por el que se disminuya a tres la cantidad de integrantes de los Directorios de entes autónomos. Y también estamos absolutamente seguros de que, por las razones explicitadas por el Poder Ejecutivo, esto será votado en el Parlamento.

Desde mi punto de vista, estos son los tres temas más importantes que han sido desglosados de este proyecto de ley. Afirmo que han sido desglosados en forma momentánea y que seguramente en el correr del año serán votados.

Hay otros puntos que trata este proyecto de ley y que son de absoluta importancia. El artículo 1º, que en algún sentido ha sido criticado en Sala, legisla acerca de la reducción en los gastos de funcionamiento y en los gastos de inversión de la Administración Pública. Es claro que no habríamos querido disminuir los gastos en inversión; eso es absolutamente claro. Entendemos que la inversión del Estado fue, es y será necesaria. También es claro que la situación fiscal del país nos impone extraordinarias limitaciones y que estamos actuando en el ámbito de esas restricciones. Pero para suplir las inversiones que hasta ahora hacía el sector público, estamos dando condiciones de funcionamiento para que las haga el sector privado. Y esto va en normas que han sido votadas, en decretos que han sido dictados y en algunas propuestas que aprobaremos en estos próximos días en la Cámara de Representantes. Y las votaremos en un proyecto de ley que se está tratando hoy en el Senado: la llamada ley de reactivación.

Como decíamos, esta Rendición de Cuentas no está sola en el tiempo y en el espacio; esta Rendición de Cuentas es una parte más de un paquete que nos va a permitir sobrellevar estos tiempos extraordinariamente difíciles, y seguro que va a dar al país los elementos para el crecimiento en los tiempos futuros.

Hay algunos artículos que son fundamentales. El artículo que permite al Poder Ejecutivo reorganizar, fusionar y suprimir unidades ejecutoras para lograr un mejor funcionamiento, más racional y eficiente, de la Administración, es absolutamente fundamental. Esto seguramente será utilizado. Hay un compromiso formal del señor Ministro de Economía y Finanzas de venir al Parlamento a explicar todas estas modificaciones. Además, hay una norma que establece que estas modificaciones vendrán a la Asamblea General para que sean consideradas en un plazo de cuarenta y cinco días.

También hay una disposición que comete al Poder Ejecutivo el estudio relativo a la fusión y supresión de Ministerios. Este estudio será hecho con seriedad y, seguramente, vendrá en los próximos meses un proyecto de ley en ese sentido para su discusión en el Parlamento.

Es decir que tenemos un compromiso muy serio, un compromiso muy firme, un compromiso que vamos a cumplir, con la reforma política del Estado, que es absolutamente necesaria.

También hay un capítulo destinado a los funcionarios públicos, en el que se establecen normas que se aplican a los funcionarios actuales y otras que se aplicarán a quienes ingresen de aquí en adelante. Se prorroga la prohibición del ingreso de funcionarios públicos durante unos años más, pero se permite una nueva forma de ingreso: el llamado contrato a término, que va a hacer mucho más flexible, mucho más ágil y mucho más justo el acceso de uruguayos a la función pública. Y digo mucho más justo porque en esta Cámara se ha criticado el clientelismo político; se ha dicho que durante muchos años los funcionarios entraban a la función pública de forma clientelística. Sin embargo, aquí hay normas serias, firmes y claras acerca de cómo se va a ingresar a la función pública por medio de contratos a término. Esta es una modificación sustancial, importante, a la que nosotros le damos relevancia fundamental.

También en esta Rendición de Cuentas se hace referencia a organismos públicos que tienen dificultades. Se autoriza al Poder Ejecutivo a vender las acciones de PLUNA. Esta empresa, como todas las de aviación en el mundo en este momento, es deficitaria; por ello se establece esta autorización al Poder Ejecutivo, para que no le siga costando a todos los uruguayos decenas...

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Pérez Morad).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Señor Presidente: el señor Diputado hacía referencia a las diversas normas sobre los funcionarios públicos y las planteaba con un sentido general.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Álvarez)

——Nosotros estamos bastante sorprendidos por un cambio que aparece en el último articulado. En el proyecto inicial, el artículo 30 prohibía, a partir de la vigencia de la ley, el otorgamiento de nuevos beneficios extrasalariales que no contuvieran autorización legal expresa y se agregaba una instrucción para los organismos del artículo 221 de la Constitución de la República en una dirección similar; pero en el articulado de la Comisión hay algo que nos sorprende mucho.

Este planteo en la discusión general se debe a dos razones: nos parece que hay un cambio del criterio general y nos importa mucho que se sepa hoy si este cambio se hace o no conscientemente; no es para adelantar la discusión, sino porque el tema está subiendo de temperatura afuera. El artículo 22, que mantiene lo de instruir a los organismos del artículo 221 de la Constitución, en lugar de determinar: "Prohíbese, a partir de la vigencia de la presente ley, el otorgamiento de nuevos beneficios extrasalariales [...]", establece: "Elimínase todo beneficio extrasalarial existente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley en los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República". No sé si este es un problema de redacción o algo conscientemente pensado. Lo cierto es que esto implicaría una rebaja efectiva en lo que actualmente reciben como parte de sus remuneraciones tanto los funcionarios de la ANEP como los de la Universidad de la República.

Como el tema es trascendente, me permití pedir esta interrupción al señor Diputado Amorín Batlle para que fuera aclarado antes de que dejara el tema relativo a los funcionarios públicos.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Amorín Batlle.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- Aunque es claro que este es un tema que corresponde a la discusión particular -específicamente, al que era el artículo 30-, con mucho gusto voy a conceder una interrupción al señor Diputado Gabriel Pais para que satisfaga el interés del señor Diputado Ponce de León.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado Gabriel Pais.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente: dada la inquietud del señor Diputado Ponce de León, informamos al Cuerpo que hemos realizado una serie de consultas con distintos integrantes de la coalición de Gobierno y vamos a volver al texto original sugerido por el Poder Ejecutivo al remitir el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Es decir que va a quedar sin efecto el artículo 22 y va a ser sustituido por el artículo 30 contenido en el mensaje del Poder Ejecutivo, de modo de no afectar derechos adquiridos, fundamentalmente de los funcionarios de la ANEP y de la Universidad de la República. Vamos a volver al texto original que prohibe nuevos beneficios extrasalariales que no tengan autorización legal expresa. Ese es el que vamos a votar y no este otro, que venía en el informe en mayoría, que eliminaba los beneficios extrasalariales existentes.

Creo que es bueno hacer público esto para que llegue a todos los interesados y dé tranquilidad a los funcionarios de los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución sobre una variante que, sin lugar a dudas, iba a afectar los ingresos de muchos de ellos.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Amorín Batlle.

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- Señor Presidente: estábamos diciendo que buscamos modificaciones profundas en distintos organismos del Estado.

Estamos transfiriendo algunas de las actividades de AFE -por ejemplo, el mantenimiento de las vías férreas- al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. AFE mantendrá los trenes corriendo por las vías, competirá con esa finalidad exclusiva y todos sus esfuerzos van a estar en mejorar la calidad de esos servicios.

Creo, señor Presidente, que esta es una Rendición de Cuentas importante. Creo que esta es una Rendición de Cuentas que introduce modificaciones importantes en el funcionamiento del Estado. Creo que estamos cumpliendo con la obligación que teníamos con el resto de la sociedad en cuanto a modificar el Estado, modificar la estructura del Estado y modificar los gastos del Estado. Reitero que solicitamos un esfuerzo de la población toda cuando votamos las leyes de marzo y de mayo que aumentaban la cantidad de impuestos, y ahora estamos modificando el Estado, estamos disminuyendo los gastos y autorizando al Poder Ejecutivo a hacer las modificaciones que crea necesarias para que el Estado funcione mejor, en forma más eficiente y gastando menos. Creo que ese es el Estado que todos queremos; creo que ese es el Estado del que nadie reniega; creo que ese es el Estado que debemos mantener y creo que ese es el Estado que, seguramente, empezaremos a construir todos juntos.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Berois Quinteros.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Señor Presidente: antes de iniciar mi exposición voy a solicitar al Cuerpo dos licencias.

En primer lugar, quiero manifestar mi deseo de pronta recuperación a un compañero de la Cámara, el señor Diputado Machado, Representante por Rivera, quien hoy en la mañana, cuando venía de su departamento, tuvo un accidente.

Por otra parte, quiero manifestar mi agradecimiento a todos los secretarios que estuvieron trabajando desde comienzos del mes de julio en la instancia de la Rendición de Cuentas -Beatriz, Matilde, Guillermo y Adriana-, por su trabajo siempre eficiente, que nos hizo sentir realmente apoyados en nuestra tarea.

SEÑOR PENADÉS.- ¡Muy bien!

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Como bien decía el señor Diputado Penadés, el Partido Nacional en ningún momento participó en la elaboración de esta Rendición de Cuentas. Recibimos el proyecto cuando llegó al Poder Legislativo; en ese momento nos enteramos de cómo era la propuesta y, como siempre, con el mismo espíritu positivo de trabajo, tratamos de agregar o de sacar, de hacer modificaciones, dando el enfoque que el Partido Nacional entendía que debía llevarse adelante.

Como decía el señor Diputado Penadés, consideramos que se perdió un hermoso tiempo; habríamos pretendido que se hicieran más reformas y que hubiésemos podido contar con un mayor plazo para efectuarlas. Pero no importa; a grandes rasgos, creo que la ciudadanía está pidiendo el contenido del proyecto. En ese sentido, aunque sea poco, lo importante es empezar a hacer aportes y nunca dejar de lado que estamos viviendo momentos duros. En medio de la instancia de la Rendición de Cuentas, el país entero se vio enfrentado a un problema financiero; inclusive, tuvimos que reunirnos a trabajar durante un fin de semana. Esperamos que esta situación se pueda atravesar de la mejor manera y de la forma más rápida posible.

Días pasados leía lo que escribió un periodista amigo a consecuencia de esta problemática. Bajo el título "El despertar de otro país" decía que nos enteramos entonces, sorprendidos y agobiados por la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, de que había un mundo desarrollado y otro subdesarrollado; de que nosotros estábamos en este último y teníamos que aprender, de aquí en más, a vivir de nuevo, privados de muchas cosas a las que creíamos tener derecho. Esta es la dirección; me parece que hay que rescatar esto, porque esta es la dirección. No estoy criticando los derechos que existían desde hace mucho por lógicas conquistas de muchos gremios y sectores, pero hoy tenemos que acostumbrarnos a vivir en este país con la realidad que estamos atravesando. Por supuesto que hay muchos temas que son nuestros, pero otros tantos -que cada vez sentimos más- son de la región y del mundo.

Como decía el señor Diputado Penadés, esto no es obra de algún insensato que está hoy en el Gobierno, que quiere hacer recortes porque sí y por quedar mal con la gente. Esto es el producto de una realidad que nos ha tocado vivir y que tratamos de adecuar de la mejor manera posible. Creo que el sentido del mundo es desregular, tratar de abrir la economía; y ese es el sentido de esta iniciativa. Cada vez más debemos manejar este concepto, además del de equidad, sobre todo en lo que se refiere a la administración del Estado.

Los señores Diputados saben que yo insisto mucho acerca de este punto, pero quiero hacer mía una parte del mensaje que acompaña el proyecto de ley de Rendición de Cuentas; concretamente, cuando habla del nivel de actividad y de empleo y de las consecuencias de lo que estamos viviendo y refiere a la importancia que tiene el sector agropecuario en este país. Se menciona la reducción de precios principalmente en los productos agropecuarios, el descenso de la exportación de carnes y derivados, la fiebre aftosa, y se subraya algo que yo comparto y a lo que ya hice referencia: la trascendencia que el sector agropecuario tiene en este país. Después de lo que nos ha pasado, esta afirmación adquiere mayor importancia.

Por eso, en esta Rendición de Cuentas hay que apuntar a sacar esta pesada estructura del Estado. Ya no se trata solo de gastar menos, sino, esencialmente, de gastar mejor, sin buscar culpables. Muchas veces aquí se pone en el banquillo de los acusados a los funcionarios públicos como si fueran los culpables; no es así la cosa. Creo que debemos adecuarnos a las realidades y desempolvar un poco las viejas estructuras del Estado, buscando la equidad.

El señor Diputado Gabriel Pais aclaraba al señor Diputado Ponce de León alguna equivocación sobre el artículo 21; precisamente, se quiso dar la posibilidad de estos ingresos extrasalariales a la Administración Central y buscar cierta equidad con los organismos que están comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República, que son los que han tenido más beneficios en este sentido. Entonces, debemos tratar de buscar la equidad; ese era y es el objetivo de algunos de los artículos que aquí se presentaron.

Pero a veces uno pierde la perspectiva, porque dentro del mismo marco también hay funcionarios públicos que, con mucho merecimiento, han obtenido beneficios y hoy se podrían ver perjudicados por esta redacción. Por suerte, eso se arreglará; seguramente, lo vamos a corregir.

En lo que tiene que ver con los ingresos de funcionarios del Estado, también se extiende la prohibición hasta 2015. Y me quiero detener en algo que considero muy trascendente y que tiene que ver con esta Rendición de Cuentas. Hay estudios de diferentes juristas acerca del régimen del contrato a término y se hacen críticas porque se dice que este régimen laboral es igual al del derecho privado. No voy a entrar en análisis jurídicos, porque no soy jurista -lejos estoy de serlo-, pero sí soy político. Precisamente, se trata de igualar la actividad pública y la privada y, como políticos, tenemos que analizar esto. No veo que eso esté mal porque nadie, ningún ser humano, tiene algo asegurado para siempre; hay que ganárselo. La defensa de los puestos de trabajo, en general, se estima como el derecho a ocupar indefinidamente un puesto. Pero esto es contrario a la historia económica y a la economía que cambia, al igual que lo hacen los empleos en función de ello. Por ejemplo, hasta hace poco, componentes esenciales de la industria gráfica eran la tipografía, los linotipistas, etcétera; hoy lo son las computadoras. ¿Qué pasa con todo lo que quedó de lado? ¿Qué sucedió con estos trabajadores? Se reconvirtieron y se transformaron. El progreso técnico y las oportunidades crean y destruyen puestos de trabajo y los seres humanos debemos adaptarnos a las nuevas modalidades. Los puestos de trabajo no son nuestros; no se los podemos imponer a la sociedad. Es la propia sociedad la que crea y dispone de esos puestos de trabajo. Esto es lo que pasa en la actividad privada y no veo mal que también suceda en la actividad pública.

Por eso, creo que este régimen de contrato a término da mucha más seguridad, inclusive, que la que tienen muchos de quienes hoy están trabajando en la actividad pública, como los becarios y los pasantes, porque se tendrá un derecho mayor en este tipo de contrataciones.

Ante la negativa, el Partido Nacional planteó que esto fuera una opción para los becarios y los pasantes. No queríamos imponerle nada a nadie; la opción siempre estará del lado de quienes tienen este derecho y así quedó establecido en la Rendición de Cuentas.

Entonces, creo que esto va en una línea de defensa del trabajador de la actividad pública. Este tipo de normas que están en la Constitución, en definitiva, pueden llevar a desprestigiar al funcionario público, que solo se prestigia con su trabajo; ese es un valor fundamental para la actividad pública y es lo que debemos rescatar de todo esto.

Por eso son importantes las disposiciones que se establecen en la Rendición de Cuentas para la actividad y los contratos de los funcionarios públicos.

Reitero que no ingreso en una discusión jurídica, pero esta es una apreciación que me parece importante hacer desde el punto de vista político.

En cuanto a los horarios, también hubo una transformación, porque damos la posibilidad de adecuarse a ellos, de acuerdo con lo que muchos nos expusieron sobre la incomodidad que causaba el horario que, en principio, figuraba en el mensaje, porque no todos estaban en condiciones de cumplirlo.

En lo que tiene que ver con el tope de los sesenta y cinco años, el Partido Nacional estableció que este no era el momento para llevarlo a cabo. Hemos presentado un proyecto para que se pueda elevar la tasa de reemplazo; con esto sí tendremos una disminución importante en el número de funcionarios públicos.

Otra norma importante a destacar -que puede quedar colgada entre estos 163 artículos- refiere a la descentralización. Es muy importante a nivel de la Administración Pública departamental, porque quienes vivimos en el interior a veces advertimos que hay infraestructura del Estado subutilizada y que, por otro lado, se trata de alquilar, construir o comprar un inmueble, a pesar de que tanto a nivel de la Administración Central como de los entes se puede utilizar edificios que estarían en condiciones de proporcionar el mismo servicio a la gente. Ese es el sentido de la descentralización: ahorrar y gastar mejor.

En cuanto a la supresión y reorganización de las unidades ejecutoras, hicimos transformaciones importantes, pero no se está extendiendo un cheque en blanco, sino que se está pidiendo al Poder Ejecutivo que presente un proyecto de ley para proceder a la reorganización, que el Parlamento aprobará. Asimismo, estamos dando un plazo de cuarenta y cinco días a la Asamblea General para que se expida.

Me gustaría hacer una aclaración con respecto a los Gobiernos Departamentales. Hay un artículo que da a los Intendentes o a los Gobiernos Municipales la posibilidad de ceder los créditos. Este tema fue planteado por el Congreso de Intendentes, que concurrió al Parlamento para defender esta norma, y ningún Intendente, de ninguna colectividad política, dijo que no quería esto. En definitiva, podemos dar la razón a algunos argumentos que se han planteado acerca del peligro que puede conllevar la aplicación de esta norma, pero, reitero, debemos decir que esta fue una propuesta del Congreso de Intendentes.

Por otra parte, en la propuesta se establecía la necesidad de una mayoría de integrantes de la Junta Departamental para aprobar el mecanismo. Nosotros elevamos esa mayoría a los dos tercios para dar seguridad a la gente de que deberá existir un gran respaldo por parte de los Ediles para que esto se pueda llevar a cabo.

Asimismo, me parece importante la propuesta del Poder Ejecutivo -que el Parlamento, haciendo uso de sus facultades, mejoró- en cuanto al traslado de las plantas de silos a sus tenedores. Reitero que me parece importante esta medida porque cada vez que asumía un Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca se planteaba la deuda que mantiene esta Cartera con el Banco de la República por los silos. Me parece que esta que se propone es una solución inteligente: que los tenedores asuman la deuda que el Ministerio tiene con el Banco. Con el 20% se va a pagar esto y con el 80% restante se capitalizará a las cooperativas, que hoy son las tenedoras.

Seguramente, en la discusión particular hablaremos más de esto, pero debemos rescatar la idea, que mucho hemos escuchado en el Parlamento, de defender la producción nacional, con lo que nosotros estamos de acuerdo. Los tenedores de las treinta plantas son cooperativas de productores; es cierto que no todos los productores están en las cooperativas, pero todos tienen acceso a los silos que usan las cooperativas y creemos que esta es una solución para fortalecer también a estas empresas.

Creo que con esta solución mejorada por el Poder Legislativo, las cooperativas van a poder hacer uso de la opción -inclusive, el plazo era de cinco años y se extendió a diez y se estableció un tope de US$ 50 por tonelada-, porque sería peligroso para la producción nacional que estos silos pudieran ser vendidos a terceros. Hay experiencias en este sentido con alguna planta que está en algún puerto, donde los silos no son usados por los productores uruguayos, sino que primero tiene acceso a ellos la producción de algún otro país, porque la dueña es la que determina quién puede hacer uso de ellos, así como el precio.

Reitero: creo que esta es una solución inteligente, que va en defensa de la agricultura nacional, y me parece importante destacarla en esta Rendición de Cuentas. Digo esto por la importancia estratégica que tienen los silos en la producción; todos sabemos que las cooperativas no tienen razón de ser si no tienen los silos. Por lo tanto, este aspecto influye en el productor, en la agropecuaria y, además, en la creación de fuentes de trabajo.

En lo que se refiere al Instituto Nacional de Colonización, rescato el desglose que hizo el Poder Legislativo, que me parece importante.

Antes que nada, tengo que aclarar que comparto muchas de las expresiones que formularan el Presidente del Instituto Nacional de Colonización y el resto de sus miembros en la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda. Me parece que todos los orientales nos están pidiendo a gritos una reformulación y una reorganización de este organismo. Pero no la que venía en el proyecto original, que eran tres artículos que, en definitiva, no resolvían el problema de fondo. Por eso, estamos dando noventa días al Poder Ejecutivo para que presente un proyecto de reorganización, porque tenemos claro -todos- que el Instituto, así como está, no puede seguir funcionando. Todos los orientales estamos aportando US$ 1:000.000 o US$ 1:500.000 de subsidio. Por otra parte, no puede haber un organismo de colonización en el cual la mayor parte de sus funcionarios estén en la Ciudad Vieja -sus funcionarios dicen que hay un 60% en Montevideo y un 40% en el interior, mientras que los Directores manifiestan que es un 70% y un 30%; no me quedó claro-; ese no es el país que yo quiero.

Estas son reformulaciones y reorganizaciones que debemos hacer. El Parlamento debe ponerse a trabajar en ese sentido y por eso estamos dando al Poder Ejecutivo noventa días para presentar un nuevo proyecto.

En cuanto a PLUNA y AFE, también hay signos de reorganización importantes. Parte de AFE pasaría a la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Lo que debe quedar claro es que de alguna forma todos los orientales estamos pagando un subsidio, lo que no nos ayuda; por el contrario, representa un gran peso de parte de la estructura del Estado. Espero que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas pueda reorganizar lo que le estamos trasladando.

Nuestra sociedad es conservadora y en eso se apoyan muchas propuestas. A veces, a la gente no le gusta cambiar y quiere atarse al pasado. Creo que estos momentos, estos cruces de camino difíciles que nos toca vivir son propicios para dar los toques que el país necesita. Necesitamos desempolvar muchas propuestas en algo que creo que es decisivo para la vida del país, porque acá absolutamente nadie tiene nada asegurado. En el fondo, necesitamos reestructuras más profundas, mucho más que las que hoy nos presentan. Pero creemos que vamos en esta dirección. Eso es lo importante y lo que en definitiva debe extraerse: nuestra sociedad no tolera aplazamientos. Entre el deseo y las realizaciones hay una gran dificultad. El obstáculo más serio que tenemos es que ninguno de los problemas más graves tiene solución a corto plazo. Tenemos que ser claros en estas soluciones. Ya no hay postergaciones posibles. Se acabó la época de los parches. Nos estamos jugando el futuro, el futuro nuestro, el futuro de cada uno de nuestros hijos y el de miles de orientales que hoy están sin trabajo. Y a lo que lleva esto es a desempolvar viejas estructuras para generar, como en otros años, más actividad y el crecimiento económico que tuvimos y que hoy, por circunstancias de la región, por circunstancias difíciles del mundo, cada vez es menos, lo que se traduce en el hecho de que cada vez hay menos puestos de trabajo. O sea que rescatamos la línea de la acción.

Hubiéramos pretendido mucho más y en otro tiempo, pero rescatamos esto con espíritu constructivo. En estas circunstancias siempre están los votos del Partido Nacional para decir una vez más cuál es la dirección que debemos tomar, porque es la dirección que nos está pidiendo nuestro pueblo, miles de desocupados y mucha gente que hoy necesita y nos pide una reorganización, un no gastar más y un gastar mejor por parte del Estado. Ese es el sentido y la dirección que tiene esta Rendición de Cuentas y por eso la vamos a votar afirmativamente.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Conde.

SEÑOR CONDE.- Señor Presidente: ya se han hecho menciones bastante detalladas al proyecto, por lo cual simplemente vamos a remarcar algunos de los aspectos presupuestales y políticos que nos parecen centrales en la discusión general.

En primer lugar, nos gustaría detenernos en una mirada que nos permita explicarnos la evolución del déficit fiscal. Como se ha dicho aquí, esta Rendición de Cuentas viene con un déficit para el cierre del año 2001 de US$ 973:000.000, uno de los mayores -si no el mayor- de que se tenga memoria. Sin embargo, a nuestro juicio no se ha explicitado con claridad el motivo de su variación. En el discurso oficial, en el discurso del Gobierno, se reclama insistentemente -diría que hasta el hartazgo- la disminución del gasto público, y hay algunos artículos al respecto, de carácter general, a los que vamos a hacer referencia. Sin embargo, no se menciona que en el Presupuesto del año 2000 -así lo hicimos notar en la Rendición de Cuentas que informamos el año pasado- se había producido una rebaja en el gasto público de US$ 160:000.000, sin contar las inversiones; me refiero al costo de personal, a los servicios no personales y suministros y a la asistencia a la seguridad social. En el año 2001, si analizamos las variaciones, vemos que se ha producido otra reducción de US$ 156:000.000 en estos cuatro rubros: costo de personal, servicios no personales y suministros, partidas sin financiación y asistencia a la seguridad social. Entonces, ¿cómo podemos explicarnos la suba persistente del déficit, su variación desde US$ 734:000.000 en 1999 a US$ 763:000.000 en 2000 y a US$ 973:000.000 en el año 2001?

La explicación pasa fundamentalmente por el comportamiento de otras partidas y, en especial, por la disminución de la recaudación, que cayó US$ 187:000.000 en el año 2000 respecto a 1999, y US$ 295:000.000 en 2001 respecto al año 2000. Esta variación por sí sola estaría explicando el aumento de US$ 210:000.000 en el déficit, y lo estaría explicando con exceso.

En síntesis: ha habido una importantísima rebaja de US$ 156:000.000 del gasto público, que no ha sido suficiente para compensar una caída brutal de la recaudación, de US$ 295:000.000. Esto de por sí ya está demostrando que el gasto público no es el centro del análisis, si queremos hacer un enfoque a fondo de la problemática fiscal del país. La caída de la recaudación es extraordinariamente más importante y significativa que el aumento del gasto, y este comportamiento, que ya se vio con claridad en 2000, se repitió, inclusive en forma más acentuada, en el año 2001.

El otro componente que explica la evolución del déficit son los intereses y comisiones de la deuda, que persistentemente aumentan, año tras año: US$ 67:000.000 de aumento en 1999, US$ 59:000.000 en 2000 y US$ 51:000.000 en 2001.

Si los factores fundamentales de la evolución del déficit son la caída de la recaudación y la evolución de los intereses de la deuda, es absolutamente inútil, por erróneo y por equivocado, creer que es por la vía de la baja del gasto por donde se van a encarar las soluciones a la problemática fiscal del país.

En el informe del año anterior nosotros habíamos puesto énfasis en esto, diciendo que si no había reactivación económica y aumento de la recaudación, no habría forma de frenar el aumento del déficit. De esta manera habíamos enjuiciado la política económica vigente, por considerarla absolutamente recesiva. Dijimos que el déficit fiscal no es hijo del gasto, sino que es hijo de la recesión. Marcábamos nuestras diferencias con la política del Poder Ejecutivo, y voy a leer una sola frase de nuestro informe del año pasado, que decía: "Por tal motivo, nuestro enfoque de esta Rendición de Cuentas" -se refiere a la del año 2000- "es diametralmente diferente en cuanto a los objetivos que se están juzgando. Opinamos que la economía tiene que crecer para estabilizar el presupuesto y no que se debe equilibrar el presupuesto para que llegue el crecimiento. Nótese que el desequilibrio de que se nos da cuenta, del 3,8% del PBI, resulta de caída en los ingresos, no por suba del gasto". Este comportamiento volvió a reiterarse casi exactamente en 2001, y no nos extraña que las cosas en 2001 sigan siendo iguales a las de 2000, a las de 1999 o a las de 1998. Por algo hace cuatro años que en materia de política económica la oposición y la coalición de Gobierno tienen un discurso opuesto, diametralmente opuesto. Lo que lamentamos es que año tras año las consecuencias sigan siendo nefastas para el país y que el Gobierno se niegue tozudamente a rectificar un solo punto de su comportamiento, su equivocado comportamiento de política económica.

En lo que hace a la recaudación en sí, vale la pena insistir en un concepto que también mencionamos: en el año 2001 se recaudaron US$ 379:000.000 -a un tipo de cambio indicado por Contaduría de $ 13,32 por dólar- por concepto del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio y US$ 304:000.000 por el Impuesto a las Retribuciones Personales, es decir, a la renta de todos los asalariados y pasivos. Es hora de que haya definitivamente un sinceramiento en el país, de que se acepte que este impuesto a la renta de los asalariados y los pasivos, llamado Impuesto a las Retribuciones Personales, es eso, es precisamente lo que es: un impuesto a las rentas personales de estos sectores de la sociedad. Pero quedan otros vastos sectores de la sociedad que no son alcanzados por la tributación a la renta de la industria y el comercio ni por la tributación de este tipo de renta sobre salarios y pasividades. Por una razón de justicia, pero también por una razón económica elemental, de recaudación y de coherencia en la técnica tributaria, para terminar con la gigantesca evasión que existe en este país es absolutamente imprescindible sincerarse y encarar con urgencia la instauración de un impuesto a la renta de las personas físicas en el Uruguay. No se deben seguir manteniendo impuestos a la renta ocultos o semiocultos, como son el impuesto a los sueldos y a las jubilaciones, que son injustos, discriminatorios, no encaran el problema fundamental de la evasión y, además, no conducen a que el Estado tenga una conducta no solo de gravamen tributario sino de recaudación efectiva, coherente y acorde con las necesidades presupuestales.

En suma, señor Presidente, en varias intervenciones se ha hablado de las materias pendientes que tiene el país, que, naturalmente, son muchas. Esta reforma tributaria, desde el punto de vista fiscal -que hoy estamos analizando, porque estamos discutiendo una Rendición de Cuentas-, es quizás la más urgente e imprescindible tarea pendiente que tiene el país.

Haremos algunos breves comentarios sobre la composición del gasto. Si observamos la evolución de lo ejecutado en el año 2001, advertiremos que la estructura del gasto no ha cambiado demasiado; se mantiene estable la mayoría de sus áreas, con excepción de los intereses de la deuda. En el período de ejecución 1995-1999, los intereses de la deuda habían sido 8,24% del Presupuesto; en 2000, habíamos señalado 10,49% y en el ejecutado en 2001 los intereses y comisiones de la deuda ya son el 11,79% del Presupuesto, lo que equivale a un 2,90% del PBI.

Quisiéramos hacer un comentario con respecto al porcentaje en materia de gasto social que, como hemos señalado, comprende ANEP, Universidad de la República, INAME, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y salud militar y policial; esta es una clasificación hecha por nosotros, que es de uso. El gasto social en 2001 se ubicó en 25,46% del total del gasto; lo ejecutado en 2000 había sido de 26,14%. Importaría señalar que hay un leve descenso en el gasto social, que no está acorde con la evolución de las necesidades insatisfechas en la sociedad.

Recuerdo que un par de meses después de que discutimos la Rendición de Cuentas del año anterior, aquí, en esta Cámara, todavía se debatía cuál era la situación real de la pobreza en el Uruguay. Y se alzaron voces de parlamentarios del Gobierno que sostenían que no existía una pobreza del 24% en la sociedad uruguaya; hoy ya nadie discute eso. Esta pobreza que en 1995 se situaba entre el 13% y el 14% y había llegado a su punto mínimo después del retorno a la democracia, ahora ha trepado por encima del 24% o 25%, y esto ya no es discutible, quiera medirse en la forma en que se quiera medir. Parecería, entonces, que esta enorme dificultad que está sufriendo la sociedad uruguaya debería ser compensada con un aumento en el gasto social, que no aparece en el Presupuesto, ya que el gasto social está congelado en el 25%. Quizás lo más grave sea lo que se afirmaba en Sala hace unos minutos: que aunque en los números el gasto social se encuentra en alrededor del 25%, en la realidad las partidas que debe entregar el Ministerio de Economía y Finanzas tienen tal atraso -en muchos casos, de varios meses- que hoy están dejando no solo en una situación de morosidad generalizada a los organismos que tienen que instrumentar las políticas sociales, sino que los está poniendo al borde del cese de la actividad, como ocurrió hace muy pocos días con el servicio de emergencia del Hospital de Clínicas. Este es un ejemplo que puede darse para el INAME, para la Universidad, para la ANEP, para todos los organismos, incluyendo los servicios de sanidad de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior. ¡Y ni qué hablar del presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que merecerá por nuestra parte una reflexión por separado!

En esta materia nos ha parecido muy bien el compromiso que ha anunciado el señor Diputado Penadés en cuanto a que han acordado entre el Partido Colorado y el Partido Nacional que las partidas del Inciso 21 del Presupuesto no van a ser disminuidas. Quizás el señor Diputado lo ha anunciado públicamente porque de esta manera quiere asegurar el cumplimiento de este acuerdo. Yo no voy a interferir en las conversaciones privadas entre los dos Partidos respecto de un área del gasto público tan importante, si es que creen que deben resolverlo en conversaciones privadas. Pero si están dispuestos a hacer lo que el señor Diputado dijo que iban a hacer, ¿por qué no lo pusieron en la Rendición de Cuentas? Inclusive, ¿por qué no aceptaron los aditivos que redactamos para que ese acuerdo que dicen que existe estuviera escrito y fuera votado hoy en la Rendición de Cuentas?

Siguiendo con la valoración general, en este enfoque en grandes capítulos nos queda hacer referencia al tema de las inversiones. El año pasado dijimos que el camino más directo hacia la reactivación pasaba por aumentar la inversión pública, por compensar con más subsidios a la exportación y por medidas que entrañaran una mayor protección del mercado interno, fundamentalmente en lo que hace a la introducción de artículos de extra zona. Tampoco se ha cumplido con absolutamente nada en la materia. La coalición de Gobierno ha seguido totalmente jugada a que la reactivación económica vendrá por la vía de la desregulación, por la entrega total del mercado y del país a la libre circulación de los capitales y a la inversión extranjera. Y la libre circulación irrestricta de los capitales, así como la inversión extranjera desenfrenada y descontrolada, sobre todo en el campo financiero, lo que nos ha traído es caos, fraude, vaciamiento y la peor crisis financiera de la que tenga memoria el país. Si seguimos resignando el protagonismo del Estado para conducir las políticas de desarrollo no tendremos posibilidad alguna de reactivación. Por lo tanto, no tendremos posibilidad alguna de aumentar la recaudación, el déficit fiscal se hará grave y crónico y seguiremos dando vueltas en un círculo vicioso, cuyas consecuencias sociales son degradantes e insoportables para nuestro pueblo.

El Gobierno ha insistido con una reducción feroz de la inversión pública. En algunos cuadros que hemos proyectado para el año 2002, en curso, si aplicáramos un tipo de cambio de $18,50, en una primera estimación del cambio promedio para este año -no nos estamos metiendo con la política monetaria porque no sabemos en cuánto va a terminar-, la inversión autorizada por el Gobierno actualmente estaría en el entorno de los US$ 307:000.000, que con los niveles de ejecución habituales, que oscilan entre 80% y 85% de lo autorizado, apenas sobrepasará los US$ 270:000.000. Se trata de una inversión absolutamente insuficiente, que no sirve para reactivar absolutamente nada, para crear un solo puesto de trabajo más y, sobre todo, que deja sin recursos también a algunos sectores de extraordinaria importancia social, en particular -y el más grave- la construcción de viviendas en el país.

De modo que cuando hace unos instantes se decía que esta Rendición de Cuentas no dañaba al país productivo y que debería ser considerada como un buen mensaje, nosotros expresamos que esta Rendición de Cuentas es un mensaje desastroso para el país productivo, porque es la quintaesencia de la política recesiva que remacha cuatro años de recesión hasta grados realmente inimaginables.

En este tema vinculado a la inversión todavía nos queda por comentar algunas disposiciones referidas a las empresas públicas. Se insiste en el desmantelamiento de AFE como empresa pública, como ente autónomo. No se ha tenido una política de transporte ferroviario en el país; el Estado se ha desentendido de ella y no ha aprovechado la oportunidad de planificar una política ferroviaria y de utilizarla como base para la inversión pública. Al contrario, se ha optado por el Estado desertor. Se insiste y se legisla para entregar todo lo que se puede entregar, para ver si alguna empresa extranjera tiene interés en los negocios y se responsabiliza por lo que el Estado no debió dejar de hacer.

Aquí se ha dicho que se han retirado tres artículos referidos al Instituto Nacional de Colonización. Celebramos que haya sido así porque ligeramente rozaban la situación de los colonos y no estaban dirigidos a ninguno de los aspectos medulares de la crisis del Instituto. A su vez, se anuncia que vendrá un proyecto de ley relativo a la renovación y rediagramación de su funcionamiento. Vamos a esperar esa iniciativa, aunque desearíamos que no fuera solo una fórmula de reorganización de su funcionamiento, pues si realmente hay interés en hacer las cosas como se deben hacer, el Poder Ejecutivo debería enviar un proyecto de modernización y adaptación a la realidad actual de la idea primigenia de la colonización.

No hay que reformar solamente al Instituto como organismo ni sus aspectos administrativos, pero sí hay que definir cuál es la validez de una verdadera política de colonización en el Uruguay actual. Esperamos que ese futuro proyecto recoja el espíritu pionero de la ley original, para evitar que se transforme en una mera reforma administrativa para terminar por vía burocrática con la idea vigente y necesaria de la colonización en el Uruguay.

Seguramente los compañeros que trabajan en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca sabrán dar a ese debate el debido contenido.

También nos sorprendió que se retirara un artículo, aparentemente ingenuo, referido a ANCAP, que lisa y llanamente establecía el inmediato cierre de sus Divisiones Pórtland y Alcohol. ¡Desapareció por arte de magia! No sabemos si fue por una táctica de repliegue por parte del Gobierno, que no ha querido dar todos los enfrentamientos y combates en forma simultánea, o si obedece a un interés serio de discutir en profundidad la situación de estas plantas y líneas de producción de ANCAP. Dejamos planteada la duda y vamos a permanecer alertas para que no se proceda a un cierre liso y llano de estas plantas sin que exista una discusión a fondo desde el punto de vista tecnológico, comercial y fiscal, porque se trata de una empresa pública.

Hemos intentado dar nuestra opinión sobre esta Rendición de Cuentas en lo que respecta al mundo de la producción. ¿Qué significa esta Rendición de Cuentas como mensaje al mundo del trabajo y a los trabajadores?

En primer lugar, empecemos por los funcionarios públicos. Este proyecto de ley, en su parte medular, incluye un nuevo régimen de contratos a término para las personas que trabajen para el Estado, que ya no serán considerados funcionarios públicos. Se trata de un régimen de contratos a término que significa una absoluta precarización de la relación laboral.

En nuestro informe -leído por la señora Diputada Topolansky- hacemos referencia a las fundamentaciones del doctor Gonzalo Aguirre Ramírez para sostener la crasa inconstitucionalidad del régimen que se propone.

En este punto, queremos hacer una salvedad de tono político. Seguramente perderemos esta votación porque las manos están para levantarse a los efectos de consagrar este régimen de contratación en el Estado. Es una inconstitucionalidad. En estos dos años hemos constatado en este Poder Legislativo, inclusive valiéndonos de la absoluta coincidencia entre la academia y la doctrina, la votación de artículos totalmente inconstitucionales. No nos hacemos responsables de esa inconstitucionalidad.

Cuando dejo esta constancia no lo hago solamente para referirme a los artículos inconstitucionales que una y otra vez se votan aquí, sino con el ánimo de establecer una conducta de los partidos políticos frente a la vigencia de la Constitución y del Estado de derecho. Es en ese sentido que decimos que no nos hacemos responsables por la votación de artículos con claros contenidos de inconstitucionalidad.

SEÑOR DÍAZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CONDE.- Con mucho gusto se la voy a conceder cuando redondee mi pensamiento.

Este régimen de contratación es inconstitucional. Hemos pedido que el tema se discutiera aparte. No nos negamos a discutir la reforma del Estado en su conjunto ni el tema de los funcionarios públicos en particular. Es más: acepto que es una necesidad imperiosa y, si quieren, lo sumamos al índice de materias pendientes que aquí se han mencionado. Esta también, junto con la reforma tributaria, es una materia pendiente de singular importancia. Me refiero a la reforma del Estado y al estatuto del funcionario público, sobre todo porque estamos viviendo en una época en la que asistimos al estrepitoso fracaso del primer intento de reforma del Estado, que costó al país US$ 140:000.000.

Pido disculpas al señor Diputado Díaz porque se me está acabando el tiempo.

Se ha hecho aquí mención, desde distintos ángulos, a la ayuda exterior que se ha recibido de los Estados Unidos. No vamos a actuar como malagradecidos. La ayuda siempre hay que agradecerla. Ya tendremos oportunidad de analizar detallada y meticulosamente de dónde obtienen los bancos internacionales y las potencias financieras del mundo los recursos con que nos ayudan. Cuando analicemos el circuito de los capitales financieros en el mundo, no vamos a tener demasiada dificultad en llegar a la conclusión de que, en muchos casos -diría que en la mayoría-, nos prestan el mismo dinero que se llevan. En este círculo infernal, en las últimas cuatro o cinco décadas hemos asistido a un proceso en el cual determinadas áreas del mundo, y en particular de América Latina, aunque han crecido en su producto, no se desarrollan y están cada vez más endeudadas. De modo que no alcanza con manejar aisladamente si la ayuda es buena o mala, si se hace con buena o mala intención, o si llega o no en el momento oportuno. Lo que hay que analizar es el circuito internacional de los capitales para entender por qué nuestros países del sur y de América Latina se descapitalizan permanentemente, durante décadas y décadas, y su deuda aumenta también en forma permanente.

Por último, si quieren ayudarnos -todos lo saben: Estados Unidos, Europa, el Fondo Monetario Internacional; es un secreto a voces-, a nosotros no nos alcanza el dinero para pagar los intereses de la deuda. Aun cuando queramos pagar, no alcanza. Cada dólar que se quiera pagar significa más hambre. El dinero para pagar no alcanza. Si quieren ayudarnos, que digan claramente si están dispuestos a rediscutir el perfilamiento de la deuda; si están dispuestos a aliviar las tasas y los plazos para que, efectivamente, las obligaciones que tienen estos países, y en particular el nuestro, puedan rebajarse y hacerse accesibles a las condiciones de la economía real que vivimos. Esa sería una forma frontal, seria y definitiva de encarar la ayuda.

SEÑOR DÍAZ.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- La Mesa no advirtió que el señor Diputado haya sido aludido. De todos modos, siempre ha puesto buena voluntad y ante sus reiterados e insistentes pedidos para contestar alusiones se los ha concedido.

Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: no tengo el propósito de cambiar el tono y la forma en que se viene desarrollando el debate porque, de alguna manera, todos los conceptos que ha expresado el señor Diputado preopinante respecto a las expresiones de legisladores de las otras bancadas, los hemos controvertido. Realmente me vinieron ganas de interrumpirlo en un instante, cuando se refirió a las inconstitucionalidades.

Como todos sabemos, quien establece si una norma es inconstitucional o no es la Suprema Corte de Justicia, que es la que falla en ese sentido, y no depende de nosotros. Cada vez que votamos una norma pensamos que es constitucional. Podemos estar equivocados, pero siempre votamos con el propósito de que sea constitucional. No hay buenos y malos en esto de votar normas constitucionales o inconstitucionales, en el sentido de que los buenos voten normas constitucionales y los malos voten normas inconstitucionales. Tanto es así, que cada vez que proponemos gastos sin iniciativa del Poder Ejecutivo todos sabemos que estamos propiciando la aprobación de una norma claramente inconstitucional, razón por la cual queríamos dejar establecido que, en todo caso, si hay pecados en esa materia, ¡vaya si serán compartidos!

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Ronald Pais.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Señor Presidente: se ha comentado en Sala en reiteradas ocasiones que esta no es la Rendición de Cuentas que algunos señores legisladores esperaban. Tal vez tampoco es la Rendición de Cuentas que nosotros hubiéramos preferido. En realidad, por un tema de ordenamiento y técnica legislativa, habríamos preferido tener una Rendición de Cuentas de un solo artículo. En ese sentido, creemos que lo dispuesto por el artículo 1º, al que se le podría agregar lo que dispone el artículo 155, sería suficiente como para que tuviéramos materia para un estudio y una discusión profundos sobre todo el tema de la gestión del Estado. Habríamos preferido eso porque durante muchos años este país desarrolló una técnica legislativa que atomiza las normas y prácticamente obliga a que cualquier persona que se interese por algún tema referido a funcionarios públicos o al Presupuesto, tenga que bucear en diferentes normas para tratar de encontrar su sentido y su alcance final.

Por lo tanto, habríamos preferido que las normas sobre funcionarios públicos y reforma del Estado vinieran por cuerda separada, para poder discutirlas en profundidad. Creo que esto da como para un comentario especial que haremos a continuación.

Para volver al artículo 1º, digamos que allí está la cruda realidad que enfrentamos. La Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2001 deja un saldo deficitario de $ 12.963:000.000. Esta es la primera realidad que hay que enfrentar, no solamente con respecto a los problemas económicos que tiene el país en general, sino también en cuanto a su posicionamiento y juzgamiento por parte del mundo. En una conversación que no hace mucho tiempo mantuvimos con el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, contador Iglesias, nos decía que en definitiva hoy a los países se los juzga sobre si tienen o no déficit fiscal y si adoptan o no medidas para abatirlo. Esta es la realidad que tenemos.

Se ha dicho en Sala que no es un problema del gasto, sino de la baja de recaudación. El asunto es si con esa baja de recaudación estamos o no en condiciones de seguir gastando. Es allí donde no aparecen las soluciones, porque se dice: "Si no tenemos el dinero, ¿cómo vamos a gastar lo que no tenemos?". Alguien dice: "Establezcamos una reforma tributaria y gravemos más a un sector de la sociedad con nuevos impuestos o con una forma impositiva diferente". Creo que nadie puede creer este argumento seriamente, en las condiciones en que está hoy el Uruguay. No creo que haya ningún sector de la población que no esté afectado por la situación económica. No creo que haya algún sector de la población que no esté sufriendo las consecuencias de algo que no es imputable, como se pretende muchas veces, íntegramente a decisiones de Gobierno. Podremos tener o no responsabilidad en el Gobierno sobre determinadas situaciones internas del país, pero lo que nadie puede discutir es que hay situaciones externas que han sido determinantes para que el Uruguay esté en la situación en la que se encuentra, y que si hay cambios externos, sobre todo en los mercados de nuestros vecinos y clientes más importantes, nuestra situación también cambiará, como confiamos que suceda. Pero, mientras tanto, ¿tenemos capacidad para seguir haciendo crecer el endeudamiento? Notoriamente, no. Quien no entienda esto y no atienda la realidad que hemos vivido en los últimos tiempos, estará ignorando la imposibilidad que hoy tiene el país de solucionar esto, vía nuevos endeudamientos o aumento del endeudamiento, y de mantener un nivel de gasto que, evidentemente, es insostenible.

Por lo tanto, la cruda realidad está en el artículo 1º: tenemos que adecuar nuestra salida de dinero a lo que nos entra, y eso implica una dramática decisión, que ninguno de nosotros hubiera querido tomar, empezando por el Gobierno. Cuando se habla de los atrasos que en las partidas puede tener el Ministerio de Economía y Finanzas con respecto a determinadas instituciones -y no queremos poner énfasis ni mencionar especialmente el tema de la emergencia del Clínicas, porque tiene muchas connotaciones referidas a la Universidad y no al Gobierno-, entendemos que esto no lo hace de caprichoso, porque tenga mala voluntad o porque sea perverso, sino porque no se puede. Y no se puede porque no están los recursos, y eso es algo que hay que entender. Esto es lo mismo que sucede en una casa en la que se está gastando más de lo que entra: llega un momento en que eso no es sostenible y hay que adecuar el presupuesto, por más doloroso que sea el recorte que haya que hacer.

Este es un recorte muy duro; lo admitimos. Es un recorte con consecuencias; también somos conscientes de ello. Pero creemos que no hay ninguna posibilidad de hacer algo distinto a lo que aquí está establecido. Naturalmente, el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de decir qué proyectos entiende prioritarios y en esos casos no ejercer la facultad o la preceptividad de la reducción establecida por el mismo artículo. Entonces, será el Poder Ejecutivo el que juzgue, en los Incisos que comprende esta disposición, lo que podrá y no podrá hacerse, lo que será prioritario y lo que no lo será.

Esta no es la única disposición que refiere a reducción del gasto. El artículo 91 también establece una reducción importante con relación al número de Agregados Militares en el exterior, algo que se ha reclamado insistentemente. Bueno; aquí está: el Ministerio de Defensa Nacional, una vez más -porque ha reducido su presupuesto en forma muy importante en los últimos años-, reduce en un 30% el número de Agregados Militares en el exterior.

Por otra parte, el artículo 112 refiere al Ministerio de Relaciones Exteriores y también establece una reducción de gastos totales no menor al 15% con respecto a la ejecución presupuestal del año 1999, que ya está en curso y se ha venido realizando. Y el artículo 110 establece la reducción de los egresos totales del Área Comercio Exterior, en la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea que son varias las disposiciones, por lo menos las referidas específicamente a estos Ministerios, en las que no solo no hay incremento del gasto, sino una reducción muy importante.

Hubiéramos preferido, entonces, centrar el tratamiento de la Rendición de Cuentas en esto, porque hay algo que tiene relación con otro tema de la reforma del Estado, del cual se ha venido hablando insistentemente, pero en el que no noto que estemos profundizando. Se trata de la nueva metodología que estableció la ley de Presupuesto, que dispone la posibilidad de juzgar el Presupuesto y los avances en los objetivos fijados en base a una metodología de planificación estratégica. En la Rendición de Cuentas hemos encontrado una cantidad de falencias con respecto a la aplicación de esa metodología y lo hemos puesto de manifiesto en la Comisión respectiva, ya que los planillados que tendrían que estar mostrando los avances de los objetivos muchas veces no han venido completos, seguramente porque todavía no hay una conciencia clara en todas las unidades ejecutoras de la Administración de que esta es una herramienta fundamental para juzgar si el Estado avanza o no, si se transforma o no, si es eficaz o no lo es, si es eficiente o no.

En forma reiterada se me ha acusado -muchas veces en tono de broma, pero firmemente- de ser defensor de las empresas públicas, pero debo decir que hay una gran diferencia en este aspecto con respecto al resto de la Administración. Las empresas públicas tienen la planificación estratégica desde el año 1988 y la aplican, se fijan los objetivos y se pueden medir los resultados. Pero, lamentablemente, en el resto del Estado ello todavía no sucede; hasta tal punto que nosotros, que adherimos y fuimos quienes con nuestro sector planteamos en una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo que no se redujeran los subsidios y subvenciones a las personas públicas no estatales y a las organizaciones no estatales que se ocupan de los temas sociales, también le dijimos que no se estaba midiendo la eficacia y la eficiencia con que se aplicaban esos recursos. No se está estudiando adecuadamente cómo se está gastando el dinero público, y así lo hicimos saber a la auditoría respectiva de la Contaduría General de la Nación. Y también hemos dicho reiteradamente en esta Sala que a las organizaciones no gubernamentales que trabajan con dinero del Estado hay que exigirles que rindan cuentas de lo que hacen con esos recursos, a fin de medir si lo gastan bien o mal; hay que verificar cuánto se destina a sueldos, estructuras o infraestructuras, y cuánto llega a los beneficiarios o presuntos beneficiarios.

Por lo tanto, a nosotros, que adherimos a ese compromiso que ha asumido el Poder Ejecutivo, nos parece que cuanto antes debe hacerse un control y una medición de cómo se están gastando esos dineros. Hay instituciones que gastan muy bien y hacen una obra muy loable, pero hay otras que, lamentablemente, no gastan tan bien y quizás haya que aplicarles cuanto antes las medidas correctivas para que eso no suceda o, directamente, eliminar el subsidio o subvención, si no está llegando a quien tiene que llegar.

Con respecto a la medición de los resultados, nos parece que quizás tengamos que hacer una propuesta, que vamos a dejar planteada desde ya. Si tanto nos interesa que el Estado se reforme, si tanto nos interesa que el Estado -como se ha dicho tantas veces- tenga menos grasa y más musculatura, hagamos un esfuerzo; también el Parlamento lo puede hacer. No solo pidamos al Poder Ejecutivo que mande proyectos de ley. ¿Por qué no hacemos leyes nosotros? ¿Por qué no decidimos -dejamos la propuesta establecida- crear una Comisión Especial con fines legislativos para que empiece a discutir una gran reforma del Estado y para que comience a armar un texto ordenado de todas las normas sobre funcionarios públicos, a fin de que revisemos las normas de contratación?

Recuerdo haber intervenido en el equipo que trabajó en la modificación del viejo Decreto Nº 104 de 1968, relativo a las compras del Estado, que dio origen a lo que luego se llamó el TOCAF -Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado-, que es el que regula todas las compras. Pero ha pasado mucho tiempo y las modalidades de compra hoy son diferentes; tenemos una cantidad de elementos nuevos. Entonces, quizás debamos empezar un trabajo legislativo profundo, que va a implicar mucha más tarea y horas de esfuerzo que reportajes en la prensa, pero que dará al país y al Poder Ejecutivo herramientas y elementos que ordenen un poco el gran desorden normativo que tenemos en nuestro país en materia pública y de Estado.

Por lo tanto, me parece que tenemos una oportunidad para comenzar una tarea en ese ámbito, donde las propuestas van a ser bienvenidas, porque en esto hay mucho voluntarismo y mucho grito para la tribuna diciendo que achiquemos el Estado y a los políticos, pero, en realidad, de sustancia hay poca cosa sobre la mesa.

SEÑOR CHIFFLET.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: en realidad, deseo subrayar lo que el señor Diputado propone, porque nosotros estamos particularmente preocupados por eso mismo. Creo que esta sería una oportunidad de abrir el diálogo porque, hasta ahora, en algún caso los líderes políticos han sido citados para escuchar informes; el señor Ministro Atchugarry, con muy buena disposición -hay que reconocerlo- vino a la Comisión hace dos sábados a informar y, desde la mañana a la noche, estuvimos siguiendo las deliberaciones de la Comisión de Hacienda. Pero cuando vinieron los bancarios, que tenían la posibilidad de dar un punto de vista distinto, aun dentro de los lineamientos que se habían impuesto o que se suponía se le imponían al país, se les dio solo diez minutos, y era gente que conocía el tema.

Voy al punto concreto que el señor Diputado propone y con el que estoy muy de acuerdo. Hace poco, en un diario de la capital apareció una nota -es la segunda en el año- que dice que el Estado gasta más por compra directa que por licitación, y da una serie de datos interesantísimos. En cierta oportunidad en que estuvimos en la Comisión Permanente pudimos comprobar que en distintas mesas de los funcionarios de algún organismo del Estado se dejaba la lista de las compras que había que hacer. Lo que analizábamos en ese momento era la destitución de algunos funcionarios que en cada una de esas compras arreglaban -porque eran directas- con la persona que vendía o con la institución a la que se le adquiría el artículo y, naturalmente, se guardaban algunos pesos. Esto dio lugar, desde luego, a la destitución inmediata de una serie de funcionarios.

Hemos estado pensando en estos temas y sería muy sencillo solucionarlos. Si el Estado gasta más por compra directa que por licitación -están las cifras, que son muy importantes-, deberíamos tener una computadora central en la que se hiciera una licitación centralizada de todos aquellos organismos que desean presentarse a las compras que tiene que hacer el Estado; esto facilitaría muchísimo. En primer lugar, no habría evasión, aun esas menores producto de las compras directas -todos sabemos que hasta $35.000 se pueden hacer en forma directa-; eso sería una gota de agua, pero en última instancia está comprobado -lo hicimos en la Comisión Permanente en esa oportunidad- que hay evasión por ese lado.

Yo recibo la idea del señor Diputado y tenga la seguridad de que la compartimos. En esa Comisión, sin duda, se podrá abrir un diálogo auténtico para escuchar las iniciativas de todos los sectores.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Ronald Pais, a quien le restan catorce minutos.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Señor Presidente: creemos que el resto de las disposiciones que hemos tenido en la Rendición de Cuentas y que refieren a diversos aspectos de los funcionarios públicos y de la reforma del Estado deberían estar enmarcados en ese diálogo profundo que nos debemos todos los uruguayos.

Con respecto a las empresas públicas hemos dicho algo -creo que por tercera o cuarta vez- que reiteramos. No creo que pueda haber una política de Estado sustentable en materia de empresas públicas, si no es con una gran participación de todos los partidos políticos; estoy convencido de eso, cualquiera sea el signo del Gobierno. Entonces, el gran problema que también tenemos refiere a buscar las propuestas. Fue el Foro Batllista el que dijo que no al artículo que prohibía que se transfirieran recursos de las otras áreas de ANCAP a la de alcoholes y pórtland. Fuimos nosotros, porque entendemos, en primer lugar -como se dijo aquí-, que ese es un tema de decisión empresarial, que no es necesaria la ley, y, en segundo término, porque tiene que haber una gran definición de lo que son los rubros pórtland y alcoholes en ANCAP. Lo cierto es que tenemos un problema muy grande en las tres áreas: combustibles, alcoholes y pórtland. ANCAP está muy comprometida y no veo ideas alternativas. Tenemos que analizar opciones para ver qué es lo que hacemos con esa gran empresa del Estado; nos debemos una discusión profunda para saber qué vamos a hacer con el tema del pórtland, área que este año va a perder cerca de US$ 8:000.000, por lo que es insostenible que se mantenga en esas condiciones. Buscamos una asociación integral con alguien -ya no digo "Loma Negra", porque si hay otro interesado me da igual- que nos dé los mercados y la posibilidad de tener abiertas estas plantas, que no tienen escala suficiente comparándolas con monstruos como, por ejemplo, la citada "Loma Negra" en Olavarría, que tiene 1:600.000 toneladas de procesamiento, u otras alternativas. De lo contrario, va a tener que cerrar, pero no por medio de un artículo descolgado de una ley de Rendición de Cuentas.

Por eso, nosotros decimos: "Discusiones, sí, pero a fondo e integrales". Y es por esta razón que hemos destacado algunas facultades que nos ha pedido especialmente el Poder Ejecutivo y que vamos a acompañar como, por ejemplo, la establecida en el artículo 4º. Que yo recuerde, esta facultad no la tuvo nunca ningún Poder Ejecutivo. En la ley de Presupuesto del año 1996 se votó un artículo por el que se le daban facultades respecto a las unidades organizativas de las unidades ejecutoras, pero no con relación a estas últimas. La supresión de una unidad ejecutora puede ser, por ejemplo, la del Instituto de Reumatología, con lo que tampoco estuvimos de acuerdo, y por eso se sacó del proyecto de ley.

Por lo tanto, esperamos dos cosas: no solamente que se cumplan los alcances establecidos en los artículos, sino también los compromisos asumidos por el señor Ministro de Economía y Finanzas de hacer consultas políticas cuando el Poder Ejecutivo tenga que hacer modificaciones importantes en su organización.

Con respecto a los Ministerios, que parece ser un punto central del interés de los periodistas, que se preguntan por qué no se suprimió tal o cual, nosotros decimos que no estamos casados con ninguno y que tampoco tenemos ninguna ojeriza contra alguno en particular. Si se van a reorganizar o fusionar Ministerios, estudiemos alternativas. Tenemos una propuesta del señor Diputado Díaz -de nuestro sector político- que establece que organicemos un gran Ministerio de producción y un gran Ministerio de servicios, y estoy de acuerdo con esa idea. Pero estudiemos todo profundamente y digamos qué es lo que queremos fusionar, qué es lo que queremos suprimir y tratemos de ponernos de acuerdo acerca del mejor funcionamiento del Poder Ejecutivo que podamos imaginar; y lo mismo con respecto a la organización de las distintas unidades ejecutoras.

Hay una cantidad de artículos que vamos a ir desbrozando a medida que se vayan tratando en la discusión particular, pero quisiéramos hacer hincapié en algo que se comentó aquí con respecto a la situación de los becarios y pasantes. Este es un viejo tema que, desde nuestro punto de vista, se origina cuando el Estado cierra a cal y canto los ingresos como una forma de evitar nombramientos no destinados al mejor funcionamiento del Estado. Es entonces que aparecen los contratos, los becarios, los pasantes como válvula de escape, como forma de renovar de alguna manera la plantilla de recursos humanos con que cuentan los distintos organismos. Sentíamos que habíamos tratado de establecer una solución en la ley de Presupuesto, pero que no podíamos sumergir nuevamente en la incertidumbre a esta gente, que lleva nueve o diez años en el mismo organismo, acerca de su futuro, que bastante incierto ha sido hasta el momento. Entonces, propusimos que se estableciera un régimen de aquí para adelante, pero dando la opción de que ellos, o bien ingresen a él porque entienden que pueden tener más beneficios que en su actual situación, o bien permanezcan como están.

Me parece que es una norma sabia que, en definitiva, trata de solucionar una situación que afecta a muchísimas personas que han sido muy importantes para la Administración Pública. Ojalá que con esta norma mantengan, al menos, el estatus que hasta ahora han tenido, y puedan contar con otras posibilidades en base a las nuevas modalidades que la ley crea.

En cuanto al artículo 22 -ya se refirieron a este los señores Diputados Amorín Batlle y Gabriel Pais-, ya habíamos hecho la salvedad en la Comisión de que nos parecía que el cambio no era positivo y que iba a generar problemas en los organismos del artículo 220 de la Constitución. Efectivamente, así se vio en estos días y en estas horas, y por eso volvimos a la redacción original, que me parece mejor, pero que no es la mejor. Es mejor que la que fue propuesta en Comisión, pero no tanto como la que podría redactarse si realmente queremos unificar todo el sistema de retribuciones.

¡Ojalá que los organismos del artículo 220 de la Constitución lo puedan hacer motu proprio, sin que lo tengamos que poner en la ley! Pero en cuanto a los beneficios extrasalariales, si lo que se pretende es homogeneizar la forma de retribución, debería tenderse a eliminarlos y no a crear nuevos; mantengamos los que están y, en definitiva, no creemos nuevos. Si incluimos a la Administración Central -que con la redacción propuesta en la Comisión quedaba fuera y que ahora está adentro nuevamente- y si agregamos a los organismos del artículo 221 de la Constitución, no veo por qué no pueden estar los organismos del artículo 220.

Por lo tanto, si bien no puede ser preceptivo por una razón de autonomía, aspiro a que en esos mismos organismos exista una toma de conciencia de que acá tiene que haber una especie de sintonía general y que si adoptamos medidas en la Administración Central y en los organismos del artículo 221 de la Constitución, los organismos del artículo 220 no pueden estar como en una órbita aparte, sin darse cuenta de lo que está pasando en el resto del Estado.

También nos parecen muy importantes algunos artículos como el 111 -que es una incursión algo tímida, pero al menos es una primera incursión- sobre algo que señalaba el señor Diputado Penadés y que nosotros hemos mencionado varias veces en esta Sala.

Tenemos una convicción personal -aunque creo que es compartida por mucha gente- de que este país se salva y sale de la situación económica que está viviendo con dos cosas: con las exportaciones y con el aumento del turismo, si lo logramos hacer. Digo esto porque tenemos una gran dependencia del mercado argentino, somos tan monodependientes de los argentinos en materia turística que deberemos dar señales en este proyecto de ley, en el de reactivación o en cualquier otro -así lo hemos propuesto- para lograr que ese sector, que ha invertido más de US$ 1.500:000.000 en los últimos once años, sobreviva. Tenemos que tratar de que el turismo sobreviva para cuando venga una reactivación, que seguramente va a venir, pero que depende en gran medida de que mejore la situación en Argentina.

En cuanto a las exportaciones, estoy convencido de que no estamos haciendo todos los deberes porque muchos sectores, inclusive los exportadores, esperaban que una modificación de la política y de la pauta cambiarias generara inmediatamente una expansión muy grande de las exportaciones, pero eso no ha sucedido. En primer lugar, porque también hubo modificaciones de las pautas cambiarias de nuestros dos vecinos y, en segundo término, porque no hemos tenido la capacidad, que por ejemplo demostró Chile, para desarrollar una estrategia de inserción comercial en el mundo y también lograr una conquista rápida de mercados y una adaptación rápida a los cambios a fin de acceder a otros mercados alternativos cuando fallan los principales. Y allí pecamos por tener muchísimas organizaciones a nivel del Estado y a nivel privado que no actúan con la coordinación y la potenciación con que deberían hacerlo. Por eso creemos que aquí se da el primer paso para unificar y potenciar. ¡Ojalá que esto derive en una mayor coordinación y planificación de lo que debemos hacer a nivel internacional, que no es un tema a corto plazo, sino que nos va a llevar muchos años, como a Chile. De todas maneras, si no lo empezamos pronto, tampoco habrá posibilidades de aumentar nuestras exportaciones en el corto plazo.

Otro tema que me gustaría destacar refiere a las normas que se han incorporado a nivel parlamentario y que significan un fortalecimiento de los Servicios de Sanidad Militar y de Sanidad Policial. No me parece que esto sea un tema menor. ¡Ojalá que el país tuviera un sistema integral de salud, que aprovechara mejor los recursos y que no tuviera la atomización brutal que existe en materia de atención! Pero, mientras tanto, estos dos Servicios atienden a mucha gente. Solo Sanidad Militar atiende aproximadamente a 185.000 personas. No es poca cosa.

Por lo tanto, me parecen oportunas las normas destinadas a fortalecer esos Servicios, como también el Servicio de Tutela Social de las Fuerzas Armadas, que están atendiendo a algo que no se reconoce a este ni a anteriores Gobiernos. Tampoco se ha reconocido que esto ha representado un aumento del gasto social y desarrollo de una serie de políticas que ponen énfasis en lo social por parte de un Estado que, lejos de ser prescindente, ha logrado ocupar un puesto muy destacado en el índice de desarrollo humano no solo de las Naciones Unidas, sino de otros organismos internacionales.

A lo largo de la discusión en particular abundaremos sobre lo establecido por algunos artículos.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Araújo.

SEÑOR ARAÚJO.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero hacer mías las palabras de mi compañero de bancada, el señor Diputado Berois Quinteros, en cuanto a su solidaridad con el Representante por mi departamento, el señor Diputado Machado, quien sufrió en la mañana de hoy este percance que lamentablemente le costó la vida a una niña, lo que llena de congoja y de dolor a todos los riverenses y a todos los uruguayos, porque creo que esto nos afecta a todos.

También quiero brindar nuestro agradecimiento a la comprensión y a la tolerancia de las Secretarias y del personal de la Comisión, como así también al Cuerpo de Taquígrafos, que también colaboró con tanta paciencia en esta tarea tan ardua y complicada que se realiza durante la discusión de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal.

En los últimos meses hemos vivido instancias dramáticas, momentos de angustia, de dolor, de incertidumbre, que a todos los uruguayos nos llena de interrogantes.

Esta situación tan dramática, que nuestro compañero de bancada, el señor Diputado Penadés, tuvo la feliz ocurrencia de compararla con esta película de tanta fama en los últimos tiempos llamada "Una tormenta perfecta", ha llevado a nuestro país y a nuestra gente a vivir muchas dificultades.

Como hombres vinculados a la actividad política, vivimos preocupados por las cosas de los otros -al decir del doctor Luis Alberto de Herrera, dejamos de pensar y de sentir las cosas propias para empezar a pensar y sentir las cosas de los otros-, además de todas esas interrogantes que normalmente nos hacemos sobre cómo se va a desarrollar nuestra vida en el futuro, si solucionaremos los problemas de educación de nuestros hijos, si conseguirán trabajo, si se resolverá el tema de la vivienda, de la salud, qué va a ocurrir con la producción y con el endeudamiento de los sectores productivos, industriales y comerciales; y ahora, de golpe y porrazo, se nos agrega toda esta avalancha de términos y de palabras que a veces nos cuesta entender.

El otro día leí una frase que me pareció muy interesante: "Parece que a los economistas se les ocurren estas cosas no para hacer la vida más fácil, sino más difícil". Un Premio Nobel de Economía decía que a veces los economistas teorizan demasiado sobre la economía, tanto que si tuvieran que estudiar a los caballos, en vez de ponerse a observarlos, se irían a sus estudios a pensar qué harían si fueran caballos; y es verdad. Esa frase me recordó la feliz ocurrencia que tuvo el diario "El País" el domingo, cuando publicó un breve diccionario de todos estos términos -algunos más raros que otros y unos con nombres distintos-, como, por ejemplo, reprogramación de depósitos, riesgo país, "default", capitalización, activos de reserva, créditos puente, calificadoras internacionales, "investment grade", pesificación, dolarización I y II, transferencias electrónicas, bancos suspendidos, cofres fort, realización de activos, Reserva Federal, índice Dow Jones, a los cuales les daba explicación. Realmente, en algunos casos nos resulta ilustrativo y, en otros, debemos confesar que nos ayuda mucho. En virtud de toda esta avalancha de preguntas y como hombres políticos que no somos economistas, nos vimos obligados a hacer un razonamiento para ver si el sistema político ha entendido la dimensión real de esa tormenta perfecta que nos ha tocado vivir.

Me llamó la atención el cartel que estaba en la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, donde figuran los días que restan para que venza el plazo y los días que han transcurrido; esto lo han podido ver quienes actuaron en instancias presupuestales. Entonces, me puse a hacer un comparativo: el día 3, faltaban 42, y el riesgo país estaba en 1.484 puntos; el día 4, faltaban 41, y el riesgo país estaba en 1.528; el día 5, faltaban 40 y el riesgo país estaba en 1.603; el día 6, faltaban 39, y el riesgo país estaba en 1.623; el día 9, faltaban 36, y el riesgo país era 1.703; el día 10, faltaban 35, y el riesgo país estaba en 1.703; el día 14, faltaban 31, y el riesgo país estaba en 2.700; el día 15, faltaban 30, y el riesgo país estaba en 2.764; el día 16, faltaban 29, y el riesgo país estaba en 2.842; el día 18, faltaban 27 y el riesgo país estaba en 3.099, y así sucesivamente.

Entonces, uno se pregunta si realmente quienes estamos en la actividad política hemos tomado una real dimensión de nuestras responsabilidades, y si el ajuste político que ha reclamado el Presidente del Directorio del Partido Nacional, que fuera recogido por la gente, no debe ser el primer elemento de debate y análisis a enfocar, porque en este mundo tecnológico, tan dinámico, y donde la información fluye a una velocidad supersónica, lamentablemente seguimos rigiéndonos por las normas de la Constitución de 1967, pensadas para un mundo y una realidad distintas, y los cartelitos, los plazos y los días hoy pasan de una manera distinta. Esto es como si en la sala de fiesta del Titanic se hubiera seguido bailando, mientras el barco se hundía.

Entonces, cuando acá se dice que hay que discutir, debatir y estudiar más determinados temas, como sector político y como partido político nosotros decimos: no, señor; acá se debate, se discute y se habla mucho, pero se hace poco; acá hay que hacer más cosas y de verdad.

No se puede volver atrás en el camino de la historia; es en el futuro donde viviremos el resto de nuestras vidas y esa es una realidad aunque parezca de Perogrullo.

Tampoco aceptamos que se diga que esto es el producto -como expresó la señora Diputada Topolansky, miembro informante en minoría- de las coaliciones blancas y coloradas: no, señor; no, señora. No fue lo mismo el Gobierno del Partido Nacional. No fue lo mismo el Gobierno del Partido Nacional, ni lo fueron los Gobiernos que lo precedieron, ni los que lo sucedieron. El Gobierno del Partido Nacional tuvo una actitud transformadora, diría revolucionaria; me gusta el término, porque de hecho creo que fue revolucionaria. Fueron sesenta meses que cambiaron el país: se redujo en diez mil el ingreso de los funcionarios públicos y se mejoró notoriamente la gestión de las empresas públicas que, por primera vez en Uruguay, se transformaron en empresas públicas como hoy se conocen. Además, se crearon la historia laboral, el Programa Nacional de Desburocratización, la ley de administración financiera del Estado -el TOCAF, a que hacía referencia el señor Diputado Pais- y el sistema único de identificación de empresas -el RUC-. PLUNA se transformó en una empresa mixta. A su vez, el Estado se desprendió de explotaciones deficitarias, a las que muchos defendían. Se llevó a cabo la informatización de los Registros Públicos, además de crearse la Tarjeta Joven. Hubo mejoras en los sueldos del Poder Judicial como nunca. El crecimiento económico entre 1990 y 1994 fue de un 23%. Las cuentas nacionales de inversión crecieron a una tasa del 15%. El consumo privado creció un 5% anual. Aumentaron los ingresos de los sectores de menores recursos. Se creó el MERCOSUR. Se participó en la Hidrovía Paraguay-Paraná. Se impulsó la idea de crear el eje vial del Cono Sur. Asimismo, se mejoró la seguridad pública y se realizaron en todo el país más de cien obras de infraestructura de carácter social, tales como liceos, escuelas, guarderías. Se hicieron 52.000 viviendas, como nunca en la historia. Y atención: no hicimos más porque no nos dejaron hacer; reitero: no hicimos más porque no nos dejaron hacer. Si nos hubieran dejado hacer, seguramente, hubiera sido mucho más lo que habríamos hecho.

Me gusta mucho el ejemplo de la tormenta. Cuando niño me tocó vivir una tormenta metido en un rancho -no soy hombre de campaña, pero estaba allí en ese momento- y el paisano, que era pariente mío, nos encerró a todos en el rancho, taponeó las puertas y las ventanas, tiró un lazo arriba de la cumbrera, se afirmó al lazo y esperó que pasara el viento. Al día siguiente, se puso a ver qué había pasado, las chapas que habían volado y los pedazos del rancho que habían quedado. Pasaron muchos años; yo ya era Diputado cuando en ese mismo lugar ocurrió otra vez una tormenta, pero el paisano ya había hecho una casa de material, más fuerte, con cimientos sólidos. El tornado pasó y arrastró muchos ranchos alrededor; alguna gente murió, pero la casa del paisano ya no cayó. Esto fue lo que le pasó al país; si nos hubieran dejado hacer las transformaciones que el país necesitaba para ser lo que hoy es Chile -como señalaba paradojalmente el señor Diputado Ronald Pais-, seguramente la tormenta habría sido más suave. Pero no vale la pena llorar sobre la leche derramada.

A propósito de leche, también hay que empezar a decir a la gente que la ubre de la vaca se secó. Es muy fácil salir a decir que la leche se envasa en la bolsita de nylon y listo; no: la leche sale de la ubre de la vaca y esta se secó. Ahora todos tenemos el gran desafío de iniciar las instancias de transformación que el país necesita y discutir todo lo que haya que discutir.

Hoy se discute y se cuestiona si este proyecto de Rendición de Cuentas crea una nueva categoría de funcionarios públicos, y es verdad. ¿Saben por qué es verdad? Porque nadie en este país se ha atrevido a decir: "Estamos dispuestos a estudiar y analizar el tema de la inamovilidad y a ir a las reformas constitucionales que se requieran y se acepten para que los ciudadanos sean todos iguales ante la ley y no se admita, como dice nuestra Constitución, otra diferencia que la de sus talentos y sus virtudes". Esas diferencias existen porque los funcionarios públicos han sido tratados en forma distinta a como han sido tratados los empleados de la actividad privada.

Si quieren hablar de ese tema, pues hablemos, pero sin ampararnos en esos corporativismos que tanto daño han hecho a nuestro país, al Estado y al propio funcionario público, ya que esa rigidez es la que ha llevado a que queden estas categorías paralelas -no sé si es el término correcto-, sin ningún tipo de definición porque no son funcionarios públicos ni privados, y eufemísticamente se los nombra como contratos "cachet", de becarios o pasantes y todo ese tipo de cosas que se han inventado, precisamente, para eludir esa disposición constitucional, que tanto daño ha terminado haciendo a toda la generación de gente joven que aspira a ser funcionarios del Estado y a dar lo mejor de sí en la actividad pública y no lo puede hacer por la rigidez de esa norma.

Entonces, discutamos eso. ¿Quieren discutir? Discutamos, pero una vez que lo hagamos, llevemos adelante las reformas que haya que hacer. Hagamos las reformas que debamos hacer para que los funcionarios públicos, en definitiva, se sientan lo que se deben sentir en un régimen democrático republicano como el nuestro: servidores públicos. No debe haber cosa más linda que ser y sentirse como servidores públicos, concepto que tanto nos gusta a los nacionalistas.

No me voy a referir al articulado, porque seguramente lo haremos en oportunidad de la discusión particular.

En definitiva, aceptamos el desafío, pero no de seguir discutiendo, no de seguir deliberando eternamente sobre lo que hay que hacer con el Estado, no teorizando sobre lo que hay que hacer con el Estado como el economista de la anécdota, que al final termina pensando qué es lo que haría si fuera caballo. Pensemos realmente qué es lo que debemos hacer, y para ello seguramente van a contar con el apoyo y el respaldo de los legisladores del Partido Nacional, de los representantes del Partido Nacional en el Directorio y también con el aval y la aprobación de todos los blancos de la República.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Señor Presidente: hay reformas buenas y hay reformas malas. Y nosotros, en lo que nos es particular y en lo que atañe a nuestro sector, vamos a apoyar las reformas buenas y a oponernos a las reformas malas, provengan de donde provengan.

Entonces, cuando en la década del noventa se promovió una ley de empresas públicas, por ejemplo, apoyamos lo que nos pareció que era una reforma buena y nos opusimos a lo que creímos que era una reforma mala. Y, en definitiva, debería haber habido flexibilidad para dejar fuera de determinados parámetros lo relacionado con la telefonía básica de ANTEL. En aquel momento estábamos convencidos de que, por ejemplo, se podía satisfacer la demanda insatisfecha, mientras había Directores de ANTEL que salían a la prensa a decir que el ente era incapaz de lograrlo y que el Estado nunca podría terminar con la demanda insatisfecha de teléfonos; y nosotros demostramos en los hechos que eso era equivocado.

Por lo tanto, nuestro apoyo a todas las reformas que sean necesarias; si son malas, la oposición que corresponde.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Acosta y Lara.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Señor Presidente: en estos momentos importantes para el país en que todos conocemos la crisis social y económica que estamos viviendo, no queríamos dejar de hacer ciertas consideraciones políticas que son importantes en cuanto al concepto de esta Rendición de Cuentas.

Quizás algunos esperaban algún tipo de actitud distinta por parte del Partido Colorado, pero este ha hincado el diente en forma real a reformas esenciales que se pretende hacer desde el Estado, con la visión de Estado que tenemos. Evidentemente, puede haber tantos conceptos de Estado desde un extremo a otro como tantos integrantes hay en esta Cámara o en la sociedad. Nosotros, como integrantes de un Partido que ha gobernado durante muchísimos años y de un sector que consideramos importante en la ciudadanía, creemos que el Estado debe cumplir el papel del medio. No tiene que ser un Estado juez y gendarme ni un Estado totalmente benefactor que se encargue de dar la comida en la boca a la gente. Debe ser un Estado que dé soluciones concretas y reales, pero sin pasarse de rosca y de esa manera atribuirse conceptos esenciales de policía y de juez. Creo que no debe estar en un extremo ni en otro, pero sí tener un papel adecuado. Y un papel adecuado del Estado tiene que ver con dos o tres temas importantes, que no pasan solo por la dimensión en cuanto al funcionariado público y las empresas del Estado, sino por la participación que debe tener el país como un todo y no únicamente a nivel de la capital. Ese es un defecto que tenemos. De aquí, de la Cámara, los legisladores del interior muchas veces nos vamos con la angustia de saber que algunos tienen un concepto por el que solo ven a Montevideo como centro del país; se miran el ombligo. No queremos el divisionismo en el país; queremos un país en su totalidad.

Unos hablan de ajuste político, algunos de disminuir la cantidad de Intendencias, otros de regionalizar y de reducir la cantidad de departamentos. Podemos discutir sobre eso y teorizar sobre política todas las veces que quieran, pero lo que nos está pidiendo la gente es otra cosa: que hablemos menos y hagamos más. Creo que ese es un aspecto importante a tener en cuenta.

¿Cómo lo implementamos en esta Rendición de Cuentas? Si tenemos algunas empresas que son ineficientes, evidentemente debemos cerrarlas, cambiarlas o reestructurarlas. El caso de PLUNA es concreto y real. No significa que por eso extranjericemos una empresa y perdamos la bandera. Cuando se discuta el artículo 247 se advertirá que tiene que ver con el hecho de que se demuestre la ciudadanía uruguaya para la venta de las acciones. Además, sabemos que en la región hay aerolíneas, como el caso de LAN-Chile, que ya lo han hecho. Chile tiene un gobierno socialista que sin lugar a dudas ha privatizado totalmente esa aerolínea a través de una empresa extranjera y no ha pasado nada; nadie se ha rasgado las vestiduras ni se ha hablado de la importancia de esa empresa que, por lo menos según los datos que teníamos antes del 11 de setiembre pasado, estaba considerada como una de las diez primeras de aeronavegación mundial. Entonces, se puede hacer cosas importantes redimensionando al Estado, dándole la verdadera función que debe tener y situándolo en el lugar en que debe estar.

Paso a otro tema: el Instituto Nacional de Colonización. Aquí vuelvo al concepto de visión del país. Nosotros apoyamos al Instituto Nacional de Colonización y la función que desarrolla a nivel nacional en cuanto a la redistribución de la tierra uruguaya y en cuanto a que los colonos se radiquen y sigan trabajando en el interior del país. ¿Cómo no lo vamos a hacer? ¿Cómo no vamos a pensar que ese Instituto debe adecuarse y bajar la morosidad, adquiriendo una nueva dimensión, diferente a la que tenía en el año 1940, cuando fue creado? Pero nosotros también vemos más allá y, como legisladores, habríamos traicionado nuestra conciencia si no hubiéramos realizado fuertes movimientos para llevarlo al centro del país.

En ese sentido, junto con el señor Diputado Bosch presentamos un proyecto de ley por el que se propone cambiar el domicilio legal del Instituto Nacional de Colonización. Queremos dejar constancia de ello en este momento no solo para la barra, sino para la gente de nuestro departamento, que la tiene muy clara porque estamos envueltos todos en ello; en el departamento de Durazno no existen diferencias políticas entre blancos, colorados, frenteamplistas y nuevoespacistas, sino que todos tenemos el concepto de que hay que luchar por las cosas de nuestro departamento. Y quien nos llevó a presentar ese proyecto fue el propio Presidente de la República. Cuando en diciembre del año pasado se hablaba de duras medidas económicas por los momentos difíciles que estábamos pasando, uno de los anuncios que hacía tenía que ver con la intención de ver al Instituto Nacional de Colonización en el centro del país.

Ahora, en que pronto será enviado un proyecto de ley que vendrá con una nueva visión del Instituto Nacional de Colonización, la implementación de un nuevo funcionamiento, una baja de la morosidad de los colonos y una redistribución de la tierra, esperamos que se tenga en cuenta esa anhelada visión que no solamente tenemos los duraznenses, sino el resto del interior del país, a fin de que sea conceptuado y se le dé participación real. Así lo hemos hecho nosotros en todas las instancias y lo vamos a seguir haciendo cada vez que sea necesario en esta Cámara, a pesar de que a algunos los aburra y piensen que nos creemos el centro del mundo. Somos el ombligo del Uruguay, sí, estamos en el centro y queremos llevar cosas para nuestro querido departamento, porque es nuestra función. Si no lo hiciéramos, estaríamos traicionando no solo a quienes nos votaron, sino al sitio donde nacimos y en el que queremos seguir construyendo nuestro futuro como nación.

Hay que concebir al país con un concepto de unidad y no seguir teniendo diecinueve republiquetas que se están llevando mal. Digo esto a título personal; no quiero comprometer políticamente a mi sector, y tampoco se lo atribuyo al señor Diputado Bosch, pero me pareció que era el momento adecuado para decirlo y me quería tomar esa licencia, si la Cámara me lo permite.

En cuanto a los Gobiernos Departamentales, ¡cómo no voy a reivindicar la autonomía y el uso de los recursos departamentales! Y miren que en mi departamento, el Partido Colorado hace más de sesenta años que no gana. Por algo no ganará. No es un tema de ganar elecciones, sino de visión: la visión de que los Gobiernos Departamentales se administren bien, no sean clientelistas y no utilicen mal los recursos. En eso estamos todos comprometidos, y acá nadie está libre de pecado. No quiero hacer referencias bíblicas diciendo que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, porque creo que nadie lo puede hacer; y el que lo haga es un hipócrita.

¡Cómo no voy a reivindicar la autonomía de los Municipios en el manejo de los recursos! No estoy dando carta blanca al Intendente de mi departamento; doy mi apoyo en las cosas necesarias y mi crítica en las que no tienen que ser. Si en momentos difíciles como los que estamos viviendo, las Intendencias -como lo veo a diario- son las que tienen que hacer frente a las dificultades de la población y son los primeros escudos ante la gente, que cada vez tiene más necesidades, ¡cómo no voy a reivindicar los recursos genuinos! Pero también debo exigir a los Intendentes que hagan propuestas coherentes, y mi función legislativa es controlar que estas no sean demagógicas. No quiero generar una discusión, porque tal vez no sea el momento ni el lugar. Ya daremos nuestra opinión sobre ese famoso banco de fomento que algunos pretenden crear; pero me parece que esa no es la mejor manera de utilizar los recursos del Estado.

Sí reivindico la autonomía en cuanto a lo expresado, y voy a hacer referencia a ello cuando consideremos el artículo 152 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, relativo a los recursos de las Intendencias Municipales.

Por otra parte, también hay que dar herramientas a las Intendencias Municipales. ¡Cómo no les vamos a dar herramientas! Ni siquiera les permitimos que realicen los controles adecuados cuando la gente circula por el país -reivindicamos la libre circulación de todos los ciudadanos por todo el territorio- sin que se le pueda retener la libreta de propiedad por estar debiendo uno o dos años de la patente de rodados! ¡Cómo les vamos a atar las manos a los Intendentes en este sentido! Estoy hablando en general para todo el país, no solo para los Intendentes del interior, sino también para la propia Intendencia Municipal de Montevideo. ¡Cómo les vamos a atar las manos para que efectúen los controles adecuados cuando tienen que hacer un buen uso de los recursos y estos son cada vez más escasos y las necesidades más grandes! Es imposible tener elementos en ese sentido cuando, por un lado, todos en este ámbito hacemos actos de patriotismo y nos rasgamos las vestiduras diciendo que defendemos la democracia y los partidos y, por otro, lo único que hacemos es quitar las herramientas a quienes están actuando. Vamos a actuar con patriotismo, pero con hechos y no con dichos. Esa era otra referencia que quería realizar.

Voy a hacer otra mención importante con respecto a este proyecto de Rendición de Cuentas, que tiene que ver con las nuevas contrataciones en la función pública, el rol de los funcionarios públicos y la prohibición de ingresos hasta el año 2015. Esto es algo que el Partido Colorado ha manifestado anteriormente, lo ha seguido diciendo y la bancada del Foro Batllista, a través de una minuta de comunicación, ha expresado su voluntad en cuanto a que se concretara. Somos el Partido de Gobierno y lo hacemos porque hay intereses nacionales por encima de cualquier interés particular o mezquino; de lo contrario, no sabríamos administrar ni llevar adelante este país.

Apoyamos todas las maneras de redistribución y adecuación de los funcionarios públicos con la correspondiente participación de los órganos especializados y creados con este fin. ¿Para qué está la Oficina Nacional del Servicio Civil si no cumple su función como debe? ¿Para dar un puesto a algún jerarca? No, para cumplir con la redistribución de los funcionarios públicos y que se hagan los informes correspondientes.

Algunos piensan que la Oficina Nacional del Servicio Civil o el Comité que tiene a cargo la reforma del Estado y que trabaja desde la Presidencia no tienen la verdadera dimensión de lo que deben hacer. Obviamente, hay que empezar a tomar al Estado con un concepto, no privatizador, sino de una empresa de todos los uruguayos. Es evidente que la Oficina Nacional del Servicio Civil debe tener en cuenta el perfil del funcionario para desarrollar una función. No tenemos que crear una función que sirva al funcionario, sino lograr que la función sirva al Estado por sobre todas las cosas. Debemos tener en cuenta las tareas que se desempeñan, la necesidad de los recursos humanos y la participación directa del jerarca del organismo, al que tenemos que consultar para saber con cuántos funcionarios tiene que trabajar y cuánto les tiene que pagar.

También está previsto en este proyecto de Rendición de Cuentas un nuevo régimen de calificaciones que será elevado próximamente con la participación de estos organismos especializados para que colaboren e informen en forma debida. Algunos dijeron en Sala que esta era una mini Rendición de Cuentas o que esperaban algo más del Poder Ejecutivo. Discrepo totalmente con ello. Creo que este ha sido un buen proyecto, que incluye pequeñas cosas a las que algunos no les dan bolilla -como decimos los muchachos jóvenes-, como el perfil del funcionario, la necesidad de recursos humanos, el nuevo régimen de calificaciones y la limitación de pases en comisión. Se manifiesta que los legisladores ya estábamos limitados por ley, pero sabemos que el Poder Ejecutivo no lo está; nos parece perfecto que eso sea transparente en este sentido, y que también los Ministros estén limitados. Las Intendencias también deben tener limitaciones en sus pases en comisión y hay muchas que no las tienen.

También hay que tener en cuenta la reglamentación de las causales de destitución y la severidad que se debe tener para con los funcionarios, pero no solo cuando sean corruptos, sino también cuando no cumplan con su función. A veces decimos que hay que penalizar al que es corrupto, pero no solo es necesario que se cometa un delito para penalizar a algún funcionario. Hay otros aspectos a considerar: cuando se llega tarde, cuando no se cumple el horario correspondiente, cuando no se desempeña la función debidamente o se desempeña a desgano, cuando no se quiere trabajar, o bien cuando alguien hace la vista gorda y se pone a tomar el té ante el conciudadano que paga sus tributos. Con esto no quiero generalizar. ¡Quiero defender a los buenos funcionarios públicos! Quiero defender a ese funcionario público que se mata y, a veces, lleva la carga de los que no quieren trabajar. ¡Si habrá gente en este país con necesidad de trabajar y que precisa que se tenga una nueva visión del Estado!

Deseo finalizar diciendo que cuando se hizo referencia a los contratos a término se habló de clientelismo político y se le atribuyó a los Partidos tradicionales. No quiero entrar en una discusión política en cuanto a quiénes son los clientelistas y quiénes no; sería una actitud menor. Si lo hiciéramos, podríamos hablar de clientelismo en la Intendencia Municipal de Montevideo, de cómo ha habido privatizaciones de contratos de obra, pases en comisión, financiamientos a ONG sin ningún tipo de rendición de cuentas a la Junta Departamental, o bien privatizaciones de los cordones cuneta -como se ha hecho en algunas Intendencias del interior- o privatizaciones del estacionamiento público. Actuaríamos con mezquindad si ahondáramos y diéramos detalles de esas cosas e hiciéramos una escala desde quién es más clientelista hasta quién no lo es. Yo no estoy para defender ni una posición ni otra; estoy para decir que si tenemos un concepto de país que mira hacia adelante, no cedo la derecha a nadie en cuanto a patriotismo y a servicio a la nación, tal como ha procedido el Partido Colorado.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: creo que la jornada de hoy, de alguna forma, señala el tenor de esta Rendición de Cuentas que calificaría como "la que quiso ser y no fue": una Rendición de Cuentas que quería poner en el debate público un eje de cincuenta ideas -o no sé cuántas se contabilizaron- de renovación, de efectos removedores, en el marco del funcionamiento del Estado, y que, producto de las circunstancias, sin lugar a dudas se ha constituido en un tema de menor envergadura, de una importancia relativa, opacada por los sucesos que todavía estamos viviendo a raíz de la gravísima crisis financiera que ha sacudido al país y por la llamada ley de estabilidad del sistema financiero, votada por esta Cámara el domingo 4 de agosto.

Decimos que esta Rendición de Cuentas quiso poner en el debate público una lógica salvadora para el país, pero no pudo. Este proyecto fue enviado el 30 de junio por un Ministro que prácticamente ya nadie recuerda. Él se fue diciendo que el país estaba bien y que se iba a reactivar, que en realidad estaba haciendo las cosas bien y que tenía los apoyos políticos de todos, pero hoy nadie recuerda siquiera su nombre.

Decimos que esta Rendición de Cuentas que intentaba ser renovadora, en definitiva se ha contagiado de lo que, desde nuestro punto de vista, ha caracterizado a esta conducción económica: de incompetente, incapaz e irresponsable. Así han conducido al país, lo que lamentamos profundamente porque nos gustaría estar discutiendo otras cosas.

Nos hubiera gustado haber tenido más tiempo para atesorar los profundos cambios que se han procesado en la República a partir de la votación de la ley del 4 de agosto. Se trata de la reforma estructural más importante, por la que digo -medio en serio, medio en broma- que el país, de una República, ha pasado a ser de la forma más rápida una república bananera.

¿Qué tenemos hoy? Una Rendición de Cuentas que ni siquiera contó con los apoyos y el entusiasmo del Poder Ejecutivo. Fíjese, señor Presidente, que el señor Ministro del Interior vino a cuestionar la Rendición de Cuentas que él había firmado. Vino a decir que una política de seguridad ciudadana, con la reducción de los gastos propuesta, prácticamente era imposible de sostener. ¡El propio Ministro del Interior de este Gobierno cuestionó en la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, el proyecto del Poder Ejecutivo!

Decíamos que la situación gravísima a raíz de la crisis económico-financiera, de consecuencias impensables en materia social, hace que este déficit que se quiere ahorrar de US$ 250:000.000, prácticamente se licue vía inflación. Por supuesto que el servicio de la deuda es pesado, pero este proceso inflacionario hace que el déficit sea, sin duda, algo menor.

Lamentamos que no se tomen los datos de la realidad y que se insista en esta lógica de las soluciones inevitables; que se insista en esta lógica de una única posibilidad. En esta Rendición de Cuentas que quiso ser, todos los uruguayos nos desayunamos de que el país en forma irresponsable, conducido por un Ministro que, en definitiva, nadie apoyó, no tenía más dinero para respaldar las políticas que se venían llevando adelante, y tuvo que pedir la asistencia poco menos que de rodillas al Gobierno de los Estados Unidos. ¿Y se tiene que insistir en esta Rendición? Eso es algo que no entendemos. ¿Por qué después del feriado bancario no se asumió la Rendición de Cuentas como una oportunidad para cambiar el eje de las cosas? ¿Por qué no se tomó la oportunidad de ese diálogo en el que tanto se insiste que debe existir? Pero en la realidad concreta, en la peor crisis que ha vivido el Uruguay en su historia, ni siquiera se ha tenido la virtud de desandar un camino, retirando esta Rendición de Cuentas tan engorrosa, tan complicada que ni siquiera los legisladores más entusiastas del Gobierno han defendido en algunos aspectos, a los efectos de eliminar o reducir la conflictividad, tratando de quitar a este pueblo, que tan ejemplar y pacíficamente está soportando esta situación, la angustia y el dolor que está padeciendo, a la vez que apuesta a la optimización del sistema político. No ha sido esta la postura que ha asumido el Poder Ejecutivo que, con la coalición de Gobierno -más allá de su posicionamiento-, ha insistido en mantener esta Rendición de Cuentas que a esta altura está absolutamente desflecada e incomprensible en muchas de sus partes, desandando caminos sobre los que estaríamos dispuestos a discutir y conversar en un ámbito de tranquilidad, pero no en la actual situación de nuestro país.

Lamentamos que se insista en esta lógica política, que no se optimice al sistema político, que tan diferente hace transcurrir los destinos del país -basta con mirar a los hermanos argentinos-, y que en definitiva se traiga un texto que aumenta la conflictividad, la crisis y la angustia de la población uruguaya.

Vayan, pues, estas palabras como un enfoque general de lo que es este proyecto de Rendición de Cuentas, que quiso ser y no fue, de este Gobierno, que quiso ser y no fue. En definitiva, desde nuestro punto de vista, se ha desoído fundamentalmente el principio de realidad, esta gravísima crisis que la población uruguaya está viviendo y que esta Rendición de Cuentas, en definitiva, aumenta, y se ha perdido una buena oportunidad para lograr que el sistema político pueda estar a la altura de las circunstancias.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Argenzio)

——Lamentamos que esto sea así. Lamentamos que nos toque vivir en estas circunstancias. Nos queda ejercer nuestro derecho de oposición, de alzar la voz, de organizar la protesta y de oponernos con todas nuestras fuerzas a esta política económica incompetente, incapaz e irresponsable que le ha traído tan malos destinos a la población uruguaya.

Aspiramos a que la situación gravísima que vive el país no termine siendo peor. En eso estará la responsabilidad de todos.

SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- Tiene la palabra el señor Diputado Castromán Rodríguez.

SEÑOR CASTROMÁN RODRÍGUEZ.- Señor Presidente: no tenemos ninguna duda de que los compañeros que durante esta sesión han hecho uso de la palabra en nombre de nuestra fuerza política, el Encuentro Progresista-Frente Amplio, han sido harto elocuentes en cuanto a lo que expusieron sobre la Rendición de Cuentas que está a consideración del Cuerpo. Como aquí se ha dicho -nosotros lo compartimos y lo respaldamos-, esta no es la Rendición de Cuentas a la que nosotros aspirábamos.

Desde la instalación de este nuevo Parlamento, desde el comienzo de este nuevo período parlamentario, nuestra fuerza política una y otra vez ha propuesto alternativas que no son antojadizas, caprichosas ni voluntaristas, sino que pretendían y pretenden estar a la altura de las circunstancias que viven centenares de miles de uruguayas y uruguayos. Sin embargo, nos encontramos con el escollo de siempre, de no escuchar, de no ver y de no creer. Muchas veces, inclusive, nos encontramos con una actitud de soberbia, de ignorancia o de ironía ante las propuestas que nosotros, legítimamente y convencidos, formulamos con el soporte de los compañeros técnicos que en forma conjunta con nosotros buscan soluciones paliativas a la grave crisis que atraviesa nuestro país.

Estamos convencidos de que esto es más de lo mismo, que es un nuevo "fiscalazo", que es algo retardatario y antipopular. Lo decimos como lo pensamos, como acostumbramos manifestar las cosas, sin buscar palabras en el diccionario, como aprendimos a hablar.

Los ahorros que se piden a la sociedad constituyen otra especie de sacrificio de los que se han venido pidiendo a partir de la instalación de este Gobierno; desde el año 2000, veintisiete nuevos impuestos han caído sobre las castigadas espaldas del pueblo uruguayo. Este Estado uruguayo no da más y cualquiera de nosotros, poniendo su mano sobre el corazón, sabe que es un dato de la realidad; basta con recorrer los barrios de Montevideo o los departamentos del mal llamado interior del país, para constatar esta realidad que cada día se agudiza un poco más.

Creemos que todo esto no está para nada en consonancia con los últimos acontecimientos, como la ley que algunos señores Diputados votaron el pasado domingo 4 de agosto en esta Cámara y, fundamentalmente, los hechos delictivos que en nuestro país son una comidilla de todos los días: el vaciamiento por parte del grupo Peirano y los hermanos Rohm de los bancos de los que eran propietarios y que el Estado uruguayo y sus autoridades, solícitamente -quizá, graciosamente-, socorrieron con un importe casi igual al dinero que estas personas se llevaron: alrededor de US$ 1.000:000.000. Unos US$ 640:000.000 corresponden a la Corporación Nacional para el Desarrollo -ese organismo paraestatal al que nadie audita ni controla y parece una cuestión fuera del Estado- y el resto a otros organismos financieros del Estado uruguayo que también prestamente socorrieron a estas personas que malversaron y robaron; algunos de ellos hoy están presos en la cárcel y esperemos que la Justicia -aunque eso no nos compete- actúe con todo el rigor del caso.

No observamos, entonces, una correspondencia con la vida de cientos de miles de uruguayos que están pasando muy mal y que acrecientan todos los días un poco más la marginación, la miseria, la emigración y la desesperanza.

Tenemos que decirlo como lo pensamos porque también es un dato de la realidad: este Gobierno que se constituyó divertido, ha empezado a caer en situaciones depresivo-emocionales, con algunas lágrimas o considerando que todo es fantástico, maravilloso; en fin, son estados de ánimo que uno trata de entender aunque no comprende, y esto no es un juego de palabras.

Se ha dicho aquí que en su oportunidad vendrán proyectos relativos a la situación del Instituto Nacional de Colonización y varios señores legisladores se han referido al tema del Banco Hipotecario del Uruguay. Curiosamente, el lunes 5 de agosto, por un error de interpretación de las autoridades de ese banco, se devolvieron US$ 3:500.000 a algunos ahorristas; más allá de votar y argumentar en contra de la ley, esto nos preocupa porque nos gustaría saber quiénes son esos ahorristas, si se trata de don Juan o doña María o de gente cercana al poder. Esto último constituiría parte de una vieja práctica en este país, que nosotros rechazamos. Nos parece que este tipo de actitudes no hablan bien de cómo se establecen los criterios y la responsabilidad de quienes ocupan cargos de dirección en empresas u organismos del Estado. Eso no puede ser una especie de premio consuelo para quienes no han tenido el acompañamiento de la ciudadanía para ocupar un escaño en el Parlamento o en una Junta Departamental, o no han podido obtener una retribución de esas que se acostumbra dar y que nosotros también desterramos y no queremos, como es el amiguismo y el clientelismo del cual también aquí al pasar se ha hablado.

SEÑOR CARMINATTI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CASTROMÁN RODRÍGUEZ.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CARMINATTI.- Señor Presidente: no es la primera vez que siento estos lamentos de parte del colega de mi departamento, con quien tengo una buena amistad, un buen relacionamiento y una estima apreciable. Sin embargo, no me gusta el tono con el que está analizando estas cosas.

Hace un tiempo cuando la situación no era todavía tan grave, unos cuantos meses atrás, se publicó una carta escrita por él en un periódico de Fray Bentos en la que argumentaba muy mal contra el señor Presidente de la República. Por supuesto, sé que él no votó al señor Presidente, pero mucha gente sí lo hizo -por eso ocupa ese cargo- y en ese momento la situación no era como la actual; estábamos mejor. Aun así, había un tono de ironía y una jocosidad lamentable para quienes pensamos que no se puede hablar de un Presidente con esa bajeza. No había altura en sus expresiones. Creo que todos tenemos que respetarnos y sentirnos hombres y gente de bien, sin menoscabar y despreciar nada menos que a nuestro Presidente.

Si bien no recuerdo los detalles de la carta -porque casi no me atreví a leerla; la dejé un poco de lado, como diciendo "esto no se debe leer porque no está bien"-, debo decir que me molestó. Nunca se lo dije al señor Diputado, pero ahora se lo digo delante de todos ustedes. Realmente, para mí eso fue lamentable, porque no era una expresión acorde con aquellas circunstancias, ni tampoco con estas, cuando se habla del Presidente de esa manera.

Por supuesto que la sensibilidad depende de cada uno. Yo, por ejemplo, puedo llorar frente a la muerte de un amigo y otro podrá permanecer serio, sin siquiera decir nada, sin poder hablar. El señor Presidente tiene su sensibilidad; actuó de esa manera porque lo siente, y gracias a él tenemos la disponibilidad de este dinero que nos ha permitido salvar la situación -espero que definitivamente-; era la única alternativa que teníamos.

Cuando el señor Ministro Atchugarry concurrió a Comisión e hizo uso de la palabra, dijo: "Yo sé que puede haber soluciones mejores que esta, pero para mí es la mejor. Y como para mí es la mejor, esta es la única que tengo. Si ustedes tienen alguna mejor, yo les dejo mi silla". Nosotros estudiamos la posición que nos presentaba el Ministro Atchugarry; por supuesto que la oposición, con esa modalidad que tiene de oponerse a las cosas -que puede ser razonable o no- se manifestó contraria a ella. Pero yo le pregunto al sector opositor que no dio la solución: ¿dónde estaba la salida si no contábamos con lo que logramos en aquel momento? ¿Había otra solución? ¿Había que plantearla? ¿Se debía conversar? Yo no estaba en la Comisión que programó todo esto, ni hubiera querido estar en medio de ese problema tan grave, pero entiendo que hay muchas negativas en el grupo opositor que ya son una cuestión congénita, vitalicia, crónica, permanente y sin término, porque no creo que terminemos nunca con la negativa de la oposición. Yo tengo amigos entre los opositores, pero considero que algunas cosas deben tener una solución común. Pienso que se debe decir: "Bueno; vamos a coincidir en algo y vamos a sacar adelante esto". Este no es solo mi país ni el de ninguno de los aquí presentes; es el país de todos. Si, como se dice, nos estamos jugando el Uruguay, vamos a jugarlo juntos, porque yo no quiero que mañana mi Presidente termine como el Presidente renunciante en Argentina, viniendo luego cualquier otro y después otro. Tampoco quiero adelantar las elecciones.

La situación no ha sido tan buena como para decir: "Este jugador jugó mal porque cuando entró a la cancha tenía todo disponible: la mejor pelota, los mejores compañeros". No fue así; jugó como pudo, porque peor suerte no ha podido tener. Le tocó bailar con la más fea, chueca y todavía con mal aliento. ¿Qué más quieren?

Entonces, no se puede hacer nada así. Reitero que no tenía otra solución; bailó con la más fea e hizo lo posible, y yo creo que bastante bien. Estoy convencido de eso. Yo lo voté y soy amigo de él; por lo menos, me considero su amigo; tal vez él no se siente amigo mío, pero siempre me ha tratado con mucha deferencia y estima.

Entonces, yo no quiero que digan esto de mi Presidente, ni el Diputado Castromán Rodríguez ni ningún otro. Eso no me gusta, porque yo no hiero a Vázquez, ni a ningún Presidente. Ni siquiera me atrevo a hablar de Castro, cuando tantas loas aquí se han hecho de él. ¡Y Castro...! ¡Bueno!

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Estoy convencido de que vamos mal por este camino; estoy seguro de que por aquí no llegamos a ningún lado.

SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- Ha culminado su tiempo, señor Diputado.

SEÑOR CARMINATTI.- Redondeo, señor Presidente.

Yo pediría que respetemos a las autoridades -a las nuestras de este lado y a las de ellos del otro lado- y que luchemos juntos para hacer un país y no para decir permanentemente ciertas cosas u ofender. Se dijo que el Presidente lloriqueó; ¡seguro que debe haber llorado! ¡Y lo hizo porque quiere al país! De lo contrario, no hubiera llorado; le hubiera importado todo un comino y se hubiera ido a cualquier lado.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- Puede continuar el señor Diputado Castromán Rodríguez.

SEÑOR CASTROMÁN RODRÍGUEZ.- Señor Presidente: no voy a entrar en el corral de ramas que me da la impresión que me quiso armar mi colega. Ya estamos hartos de corrales, así que no vamos a hablar de eso.

En primer lugar, me parece bueno que él lea lo que escribo; en verdad me alegra que se interese en lo que yo hago.

En segundo término, yo no me timbeé la plata de este país; las veces que he timbeado ha sido con mi plata. Y digo "timbeado", porque es parte de la idiosincrasia de los uruguayos.

En tercer lugar, nunca le he faltado el respeto a las autoridades. Digo lo que pienso, quizás por mi formación de trabajador, porque no tuve oportunidad para saber manejar mejor adjetivos, verbos, tiempos y expresiones que a lo mejor no rozaran la fina sensibilidad de los oídos de algunos colegas.

Por lo tanto, sigo diciendo que para nosotros esta Rendición de Cuentas es mala, por muchas de las expresiones que vertieron los compañeros, porque se rebaja un 8% de los créditos que corresponden a gastos de funcionamiento, un 19% de los créditos que tienen que ver con las inversiones en la obra pública, fundamentalmente de los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Transporte y Obras Públicas, y para los años 2003-2004 se está anunciando un 28%, lo que, sumado, representa un 55% de recortes en el Presupuesto quinquenal que se votara en su oportunidad en esta Cámara. Seguramente, eso implica centenares de millones de dólares menos, que el Estado no podrá invertir para tratar de paliar o dar una mano -como se quiera decir- ante la situación de emergencia que vive nuestra gente.

En su oportunidad, intervendremos para referirnos a la Sección VI, que tiene que ver con las empresas del Estado; por ejemplo, con el pasaje de la Administración de Ferrocarriles del Estado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con todo lo referido a PLUNA, a la Administración Nacional de Puertos, lo cual, a nuestro juicio, es parte de la práctica de desmantelamiento y arrase de las empresas del Estado y de aquellos lugares estratégicos para cualquier Gobierno que se precie de gobernar para la gente. Seguramente, cuando entremos en la discusión particular de los artículos, nos referiremos a ellos con nuestra forma de hablar, sin herir susceptibilidades y tratando de ser lo más respetuosos posible ante la Cámara.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- Tiene la palabra el señor Diputado Lacalle Pou.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: quisiéramos agregar algunas acotaciones a las palabras de nuestros compañeros de la Comisión, quizás haciendo un poco de historia sobre cómo surge esta Rendición de Cuentas a la que no estamos muy acostumbrados. Últimamente, las Rendiciones tenían un artículo único, venían con gasto cero y contenían pocas reformas estructurales, si es que las había.

Recuerdo haber estado presente en una sesión del Directorio, hace ya muchos meses, en la que el señor Ministro Trobo planteó en el seno de ese Cuerpo -y fue aceptado unánimemente- la necesidad de readecuar lo que en su momento había sido el Presupuesto del año 2000 para nuestro país. El argumento que se esgrimía era que las circunstancias habían cambiado y que ese traje que se había confeccionado para el quinquenio que se venía adelante, se tenía que reacomodar porque bastantes eran los revolcones y los tropezones que nuestro país había sufrido, ya sea desde el exterior, con acciones o acontecimientos sobre los cuales no teníamos ningún poder, o -como hemos dicho en reiteradas ocasiones- por falta de celeridad y muchas veces de osadía en reformas que se hacían inevitables, pero el plazo se nos fue pasando.

Así que la idea de nuestro Partido Nacional -así se hizo saber al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República- era transformar este traje que se había confeccionado. Fue así que se solicitó que en el seno del Consejo de Ministros se hiciera este trabajo para tornarlo menos difícil. De ese modo surgió esta nueva Rendición de Cuentas. Lamentablemente entre idas y venidas, con la intervención de asesores del Presidente de la República -ni miembros del Poder Legislativo ni del Poder Ejecutivo- se llegó al texto que hoy estamos analizando y que ha sido votado por mayoría en la Comisión respectiva.

A poco de recibir varias delegaciones en nuestro despacho y de hacer una lectura -no el estudio en profundidad que han realizado los miembros de la Comisión- vemos que estas reformas estructurales que se planteaba han quedado muchas veces como un gesto para la tribuna, como una moña, una gambeta entre la Olímpica y la Amsterdam, simplemente enunciando títulos y no entrando al fondo del asunto.

Por ejemplo -lo comenté con algún compañero de la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda-, está el tema de cómo se encara a los funcionarios públicos. No me gusta cuando se generaliza y se dice que todos los políticos son buenos o que todos los políticos son malos. No puedo decir lo mismo de todos los carpinteros, los médicos o los abogados. No me gusta generalizar, y me parece que con estas normas simplemente se ha visto el defecto y no la virtud del funcionario público. Creemos que un buen estatuto para el funcionario público debe ser el que sancione a aquel empleado que no está cumpliendo con su rol, pero también que beneficie al que sabe cumplir con su trabajo y hacerlo en muy buena forma. Hoy no tenemos esa categorización. Yo no creo que en ninguna actividad de nuestra vida seamos todos iguales. Creo en la parábola de los talentos y que la gente debe ser juzgada por lo que le han dado y qué ha hecho con ello, y en esta Rendición de Cuentas no ha sido tratado en buena forma el tema de los funcionarios públicos.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Álvarez)

——También hemos visto que cuando llega este texto hay importantes divergencias en el propio Partido de Gobierno. Nosotros, como Partido socio de una coalición, pero minoritario, lo mínimo que habríamos esperado es que hubiera un acuerdo de todo el Partido de Gobierno. A poco que el Poder Ejecutivo presentó esta iniciativa, cuando vinieron los Ministros del ramo correspondiente, muchas veces parecía que reclamaban más que la oposición. Y esos Ministros pertenecían al Partido de Gobierno. Eso, a un Partido que colabora con el Gobierno, le llama poderosamente la atención; se pregunta si habrá sido discutido y si habrá sido planificado en conjunto o si volvemos al principio: esta Rendición de Cuentas no fue elaborada por gente que tiene un cabal conocimiento, una actividad constante en la política. Por eso decíamos que no fue fruto del Poder Ejecutivo, ni de la Cámara de Diputados ni de la Cámara de Senadores.

También nos ha dejado una mala impresión acerca de temas como el del Instituto Nacional de Colonización. Todos sabemos que la ley madre de este organismo no se ha cumplido en su totalidad. Sabemos que el artículo 11, que prevé que se debe hacer mejoras y que el colono debe ser asistido, nunca se cumplió. Pero eso de agarrar uno de los temas del Instituto Nacional de Colonización, los temas malos o los que no convienen, y meterlos en una Rendición de Cuentas -cuando, si hay un déficit en el Instituto, es por el alto grado de morosidad- mientras no se pretende atacar ese problema, nos parece que una vez más es agarrar un título y, en un vuelo rasante, poner algunas cosas que, por lo general, no hacen a la esencia del buen funcionamiento del Instituto.

También queremos decir que en la Rendición de Cuentas se proponía hablar del Banco Hipotecario del Uruguay. Y en esto queremos ser muy firmes, porque si se pretende hablar del Banco Hipotecario del Uruguay no han sido las mejores las señales enviadas desde el Poder Ejecutivo, cuando, una vez más, su socio en la coalición, su corresponsable -en distintos grados, por supuesto- le pidió -porque no lo podemos hacer de otra forma, no lo podemos exigir-, le solicitó al Presidente de la República que removiera al Presidente de dicho organismo por carecer de la confianza necesaria de nuestra colectividad política. Esto fue hace varios meses y el señor Lausarot sigue tan campante como en aquel momento en la Presidencia del Banco Hipotecario del Uruguay.

Entonces, no nos parece que debamos entrar a discutir el futuro del Banco Hipotecario del Uruguay si quien lo dirige, quien pone la última firma, hace ya varios meses que carece de la confianza y del respaldo del socio de la coalición. Una vez más, esa no ha sido una buena señal para tratar temas e instituciones tan importantes.

Por último, voy a hacer una referencia que ya hemos hecho en más de una oportunidad. Escuchábamos al señor Diputado Ibarra, quien, porque no se acuerda, o porque no quiere hacerlo -diría yo-, al pasar iguala una vez más a todos los Gobiernos posteriores a la vuelta a la democracia. Me gustaría que el señor Diputado Ibarra se tomara un poco de su tiempo y, con esa capacidad que él tiene para estudiar y como conocedor de los temas económicos, nos deleitara aquí con una exposición en la que trate cada Gobierno separadamente. Seguramente, lo va a hacer mejor que nosotros, y los números y las realidades le van a decir otra cosa que lo que nos ha estado informando.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Canet.

SEÑOR CANET.- Señor Presidente: en primer término, queremos sumarnos al reconocimiento y al agradecimiento a los funcionarios y funcionarias que han colaborado extraordinariamente con la Comisión.

En segundo lugar, queremos decir que nos sentimos muy representados por las exposiciones de los compañeros del Encuentro Progresista-Frente Amplio, quienes han expuesto con acierto distintos aspectos y valoraciones del proyecto. Pero voy a manifestar algunos comentarios que me parecen necesarios.

La reforma del Estado entra en su tercera etapa; tercera generación de cambios. Entre sus rasgos distintivos, se encuentra el de ser casi la extinción programada del funcionariado público. Se apunta a su constante e indiscriminada disminución. Por lo tanto, no se persigue un modelo de la estructura administrativa ni técnica del Estado. Se promueve el abandono, en cualquier nivel y en cualquier ámbito, de la función pública, no la dignificación del servidor público. Por lo tanto, se irá logrando -es difícil pensar que no deliberadamente- el envejecimiento promedio de los servidores públicos y el deterioro y el caos que, generalmente, atribuyen a las conductas y posturas de nuestra fuerza política. Me refiero al deterioro y al caos de la organización del Estado.

Se modifican normas del Texto Ordenado de Funcionarios Públicos y del Estatuto del Funcionario, en un proceso de gestación del proyecto de Rendición de Cuentas caracterizado por los desacuerdos en el seno del Poder Ejecutivo, que le impidieron enviar un proyecto realmente elaborado en forma acorde o, a veces, como se puso en evidencia en distintas concurrencias de Ministros, con falta de consulta en temas concernientes a su Cartera.

En materia presupuestal, este proyecto solo trae limitaciones en gastos e inversiones para los tres ejercicios -inclusive el presente- de este período de Gobierno. ¿Quién puede afirmar con mediana certeza que se lograrán ahorros de US$ 250:000.000, como estimó el anterior equipo económico? Aquí hay algo poco comprensible: ¿ese equipo económico ignoraba cómo estaba el país, en qué encrucijada iba a caer? ¿No previó ninguna relativización de estas cifras? En cuanto a cifras que hemos recibido en este Parlamento, esta es una cifra aventurada más.

Esto ya se ha ensayado: recortar el gasto y la inversión y aumentar los impuestos, y la verdad es que el déficit no ha disminuido. Esa receta no ha servido. Sin embargo, se insiste en ella. Lo hemos dicho en 1999 en la campaña electoral, lo repetimos en 2000 y en 2001, y lo volvemos a repetir ahora: solo reactivando la economía aumentará la recaudación tributaria. Es tan sencillo como eso. Se nos puede reprochar que muchas veces no sumamos nuestros votos a las propuestas del Gobierno, pero esas propuestas siguen una orientación tendiente a achicar la cancha, lo que nos conduce a la contracción de la economía.

En este proyecto tenemos como novedad la prolongación del Impuesto a las Retribuciones Personales hasta el final del período de Gobierno. Entonces, uno recuerda alguna cosa y yo creo conveniente refrescar la memoria. Voy a leer algunas palabras vertidas el 8 de marzo de 2000, al inicio de este período de Gobierno, por el señor Senador Astori, en oportunidad de la concurrencia del ex Ministro de Economía y Finanzas, contador Alberto Bensión, junto con su equipo económico, a una reunión de las Comisiones de Presupuestos y de Hacienda de ambas Cámaras. En esa reunión, el señor Senador Astori manifestó: "Hablando de promesas electorales, cabe recordar que el señor Ministro en su exposición no hizo ninguna referencia a todo un conjunto de ellas, que están incluidas en los compromisos asumidos por los partidos integrantes de la coalición y me gustaría saber qué suerte van a correr. Creo que este tema debe manejarse en esta reunión, porque así se hizo antes de la elección y la sociedad uruguaya merece saber qué suerte van a correr esos compromisos. El señor Ministro hizo referencia solamente a uno de ellos, que es el de los salarios de los policías y militares, pero quiero recordar que también se prometió eliminar la sobretasa del impuesto a los sueldos, la rebaja de los aportes patronales" -lo que, dicho sea de paso, tiene un contenido bastante ambiguo en algunas propuestas que se han hecho-, "revisar los topes jubilatorios para personas de más de cincuenta años, aumentar las jubilaciones inferiores a un Salario Mínimo Nacional, eliminar los tiques del mutualismo, llevar el presupuesto educativo al 4,5% del Producto Bruto Interno. Entonces, mi pregunta es: ¿qué suerte van a correr esas promesas electorales, particularmente teniendo en cuenta la preocupante situación fiscal que describió el equipo económico y, además, que la visión de uno de los integrantes de la coalición de Gobierno, que es el Partido Nacional, es que estos compromisos comiencen a cumplirse este año? Así lo indica un documento del Partido Nacional que establece que, en lo que se refiere a la materia legal, los compromisos asumidos por el Presidente tendrán que ser cumplidos antes del 1º de julio de este año", es decir, antes del 1º de julio de 2000.

Continúa: "Entonces, sabiendo que puede haber visiones diferentes sobre este tema dentro de la propia coalición de Gobierno, quisiera saber cuál es la visión que tiene el señor Ministro sobre todas esas promesas. Creo que debemos estar informados sobre este tema, precisamente por lo que hablábamos al principio, razón por la cual planteo estas preguntas. Además, toda la sociedad merece saber qué suerte van a correr estos anuncios".

Ahora está en tratamiento parlamentario en el Senado un proyecto que apunta a reactivar la economía. Ha demorado bastante en llegar un proyecto que reactive la economía, ya que estamos en la mitad del período de Gobierno. Hemos dejado pasar las oportunidades desde el punto de vista global de las instituciones de Gobierno. Ahora no disponemos de créditos externos y, si los tuviéramos, las tasas que pagaríamos serían altísimas, dado que el riesgo país está en el orden de los dos mil puntos. Tampoco podemos echar mano al oro -como bien se sabe, mal vendido- ni a las reservas en moneda extranjera, ahora comprometidas.

Ya nos explicaron oportunamente, cuando teníamos el grado inversor, que había que cuidarlo igual que las reservas. Cuando el país tenía un margen para la inversión y tenía oportunidades, el Gobierno se dedicó afanosa y prolijamente a mutilarlas una a una. Y esta Rendición de Cuentas, que ya no es de artículo único ni de gasto cero, es la continuidad de esa política de restricción, siempre jugando al achique.

Decía el ex Ministro contador Bensión, en la Comisión, hace algunas semanas: "La evolución económica del año pasado, por las circunstancias por todos conocidas, ha determinado un nivel de déficit como el que estamos presentando, fundamentalmente como consecuencia de la caída de la recaudación con respecto a nuestras previsiones iniciales. Sin perjuicio de ello, debo también recordar a los señores legisladores -lo que seguramente conocen tan bien o mejor que yo- que el año pasado, como consecuencia de la entrada en vigencia de la ley presupuestal, hubo un incremento de gastos con respecto al año anterior que fue, precisamente, consecuencia de las disposiciones aprobadas en esa ley de Presupuesto que entraron en vigencia en febrero del año pasado.- Quiero reiterar que este es un proyecto de Rendición de Cuentas que, efectivamente, busca un abatimiento importante del gasto público".

El gasto público no disminuyó y, en materia de disminuciones, todo depende de la tijera con que se corta y del criterio con que se usa la tijera.

El Presidente Batlle ha conformado con los dos Partidos históricos un Gobierno de coalición. Tiene un Gabinete bipartidario. Lo mismo ocurre con los Directorios de los entes autónomos -de integración política- y los servicios descentralizados. Y, lo fundamental es que posee mayoría parlamentaria en las dos Cámaras, por lo que no tiene ningún obstáculo insalvable de carácter político. Sin embargo, no han reducido el gasto ni abatido el déficit. La reforma del Estado, desarrollada en los Gobiernos anteriores y en el presente nos ofrece creciente ineficiencia, afecta el empleo y la distribución de la riqueza, distorsiona el funcionamiento del Estado y de toda la sociedad, y los señores parlamentarios de los Partidos históricos saben bien que estos resultados son de su entera responsabilidad.

Según el señor Presidente Batlle, el Encuentro Progresista-Frente Amplio no puede integrar los Directorios de los entes autónomos de dirección política; la razón que esgrime es que solo pueden integrarlos los miembros de los Partidos de la coalición de Gobierno, porque en estos organismos se toman decisiones en el marco de la política económica del Gobierno. Se olvida, por supuesto, del derecho de control de la minoría.

Al margen de ello, en momentos en que se está considerando la Rendición de Cuentas, creo oportuno mencionar un texto que habla de la modificación de las tarifas de ANTEL, que me ha enviado un industrial y comerciante. Sin duda, esta modificación afecta a la población y, particularmente, al comercio, a la industria e, inclusive, al agro, o sea, a la actividad productiva. Aquí hay algo sibilino, porque la modificación consiste en que se duplica la tarifa entre la hora 14 y las 16 en los días hábiles, porque en lugar de contabilizarse un cómputo cada dos minutos, se cuenta un cómputo por minuto. Quiere decir que desde la hora 14 hasta las 16 la tarifa es la misma que en los tramos anterior y posterior; sin embargo, quien lea la factura, apreciará la diferencia en el costo. Esto ocurre en momentos en que la producción, el comercio y la industria están en una situación de enorme compromiso.

De manera que no sabemos bien cuál es la política económica que hay que observar en los entes autónomos, porque por un lado se manda un proyecto de reactivación -naturalmente vamos a considerarlo en el marco de las dificultades que el Uruguay tiene hoy y de la necesidad de encontrar inversiones y fuentes de trabajo para los uruguayos- y, al mismo tiempo, se está castigando la actividad económica.

Otro flagelo importante ha afectado a la producción, a la economía y al país todo: la aftosa. Precisamente, la segunda etapa de la reforma del Estado prevé el desmantelamiento de organismos estatales especializados vinculados con el agro. Esta reforma constituyó un factor negativo importantísimo, un agravante que trajo peores secuelas y una mayor extensión e intensidad de esta lamentable epidemia.

Por todos estos aspectos, consideramos que la responsabilidad -o el mérito, según se mire- de cada sector del Parlamento es exclusivamente bicolor, exclusivamente de los Partidos tradicionales. No quiero ofender a nadie, pero el idioma español permite utilizar las palabras correctas y esto, desde el punto de vista del Gobierno de un país, es fracaso.

No obstante, siempre estuvimos, estamos y estaremos en actitud de construir juntos aquí, en el Parlamento, pero hay pocas oportunidades de hacerlo, de construir las mejores soluciones posibles en medio de tantas dificultades. En general, los Partidos tradicionales han optado por el camino de la exclusión.

A veces, las leyes son conocidas por el nombre de una persona o por un tema; nos preguntamos qué nombre debiera tener o cómo debiéramos conocer a esta Rendición de Cuentas, que comenzó con un proyecto original del Poder Ejecutivo de 163 artículos, muchos de los cuales fueron incluidos sin consultar al Ministro correspondiente. De este proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal que supone un déficit de $12.963:000.000, algunos temas fueron retirados; entre ellos, podemos mencionar los procesos de liquidación del Banco Hipotecario del Uruguay y del Instituto Nacional de Colonización; el retiro obligatorio de los funcionarios públicos a los sesenta y cinco años, sin la incorporación de ningún funcionario joven; la privatización de certificaciones en la producción agropecuaria; el otorgamiento de facultades al Poder Ejecutivo para una reforma política, etcétera. En el retiro de estos temas influyó enormemente el estudio, la búsqueda de diálogo y la movilización de sectores afectados, además del análisis de las propuestas en la Comisión integrada y también, en alguna medida, la limitada interacción entre Gobierno y oposición, fundamentalmente por la resolución de algunos desacuerdos iniciales entre los Partidos de Gobierno. Alivianada de estos contenidos -algunos de los cuales van a tener tratamiento específico en otros proyectos de ley-, por alguna ingeniería o por mero azar tenemos un proyecto distinto en muchos de sus contenidos, pero otra vez de 163 artículos.

¿Cómo designar esta ley después de estas podas y recomposiciones, después de tantos cambios, pero sin modificaciones en su filosofía, en su enfoque? ¿Cómo designar un proyecto insensible al problema social, ajeno al eslogan ganador de 1999: "No más impuestos. Uruguay no resiste aumentar la carga tributaria"? Después de tantas variaciones, esta merecería ser conocida como la ley de la metamorfosis, solo que de esta metamorfosis creo que no va a surgir ninguna mariposa que dé una esperanza a nuestro pueblo.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Rossi.

SEÑOR ROSSI.- Señor Presidente: queremos intervenir solo para dejar una constancia y para repasar una serie de hechos que se han sucedido en el tiempo.

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar, señor Diputado.

SEÑOR ROSSI.- En esta sesión estamos considerando un proyecto de ley importante -como siempre lo son las Rendiciones de Cuentas-, que incluye artículos que tienen que ver con la transformación del Estado en muchos aspectos, a los que se han referido los compañeros de la bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio, cuyas opiniones comparto.

Este proyecto contiene disposiciones relacionadas con el futuro de AFE, que ya lleva quince años en vías de transformación, con resultados que por cierto niegan los intentos de fortalecimiento del ente, tantas veces anunciados y a los cuales seguramente nos vamos a referir en el desarrollo de esta sesión. Pero queremos mencionar particularmente lo que es la declaración del fin de un ente autónomo, que no se expresa en forma concreta, pero se da por la vía de los hechos; se trata de la situación de PLUNA ente autónomo y del alcance de los artículos que se refieren a esta empresa.

PLUNA fue una empresa que actuó en el país en forma superavitaria en materia operativa hasta 1993. A fines de 1992 se acuerda una operación por la que PLUNA ente autónomo y VARIG pretenden monopolizar de hecho el mercado hacia Brasil, a través del aumento de frecuencias y la utilización de tarifas preferenciales en todas las rutas desde y hacia ese país. Eso se denominó "convenio de pool".

Posteriormente, en diciembre de 1993, se licitaron los servicios de terceros en Carrasco. Bajo la forma de Candisur -SATA-, VARIG adquiere el monopolio de todos los servicios a terceros en Carrasco. Con esto se debilita económicamente a PLUNA, haciéndole perder los ingresos por servicios prestados en el aeropuerto, así como por reciprocidad con otras compañías, lo que permitía operar en otros países con tarifas de aeropuerto sensiblemente reducidas. Es a partir de esta circunstancia, provocada, que comienza la real asfixia económica del ente estatal PLUNA.

Hace pocos días nos enteramos de que nuevamente se habían liberalizado los servicios a terceros en el Aeropuerto de Carrasco. Veremos en qué circunstancias.

Luego, en julio de 1994, llegó el arriendo a VARIG de un equipo DC 10 para la operación intercontinental. PLUNA ya tenía serios problemas económicos para subsistir en el mercado intercontinental en razón de los costos que debía afrontar, por lo que VARIG le arrendó un equipo en condiciones sensiblemente ventajosas, brindándole, además, el apoyo necesario para mantener la operación a nivel intercontinental. En razón de ese apoyo, así como por el "pool" regional ya mencionado, VARIG conocía a esta altura el funcionamiento y los puntos vulnerables de PLUNA.

El 25 de febrero de 1995 se adjudicó la licitación al único oferente: Pluriconsorcio de Aeronavegación. Entre las condiciones excluyentes contenidas en el pliego de condiciones, se exigía el gerenciamiento por parte de un ente de probada experiencia en el manejo aéreo, pero no que integrase la futura sociedad como accionista. Sí exigía del "ente gerencial" el desarrollo de PLUNA S.A. a efectos de llevarla -se decía- a un primer plano en la actividad regional, tanto en la calidad de sus servicios como en la cantidad de operaciones a cumplirse. También se pretendía que el gerenciamiento condujese a un cambio radical de los resultados económicos, como consecuencia de una mejor gestión comercial.

Hay una serie de hechos que constan en las versiones taquigráficas, particularmente en múltiples sesiones del Senado de la República, en las que se analiza todo el proceso de licitación de esta pionera asociación de una empresa del Estado uruguayo con inversores privados y todas las interrogantes planteadas en ese entonces, que quedaron sin respuesta. Todo eso pasó por una larga peripecia de cambios, ajustes, sustitución de Directores, designación de interventores y finalmente la decisión que mencionamos, del 25 de febrero de 1995.

VARIG compra las acciones de la Serie B, acciones no estatales. El 27 de abril de 1995 se suscribe un contrato de compraventa de acciones entre TEVYCOM FAPECO y VARIG.

Hasta esa fecha TEVYCOM FAPECO era propietaria de la mitad de las acciones de la Serie B, serie que comprende el 51% de lo que antes era PLUNA Uruguay; el 49% restante, es decir, la Serie A, es propiedad del Estado uruguayo a través de PLUNA ente autónomo.

Por el contrario, TEVYCOM FAPECO vendió a VARIG la mitad de su paquete accionario. La otra mitad fue constituida en garantía de un préstamo que TEVYCOM recibió de VARIG. Este préstamo era exigible a los seis meses y podía pagarse mediante las acciones que fueron dadas en garantía. De este modo, VARIG se hizo con la totalidad de las acciones de TEVYCOM FAPECO. La otra mitad de las acciones de la Serie B eran del restante integrante del adjudicatario Pluriconsorcio de Aeronavegación, es decir, los señores Santiago y Víctor Mesa Redes.

El 26 de mayo de 1995 VARIG firmó un acuerdo con ellos. En este contrato se pacta una limitación de la responsabilidad del grupo Mesa. A su vez, este grupo puede vender -y en la práctica está obligado a vender- sus acciones a VARIG, si como consecuencia de una descapitalización la necesidad de recomponer capital la obliga más allá de sus posibilidades.

El precio de estas acciones se fija en US$ 2:000.000. En estos dos contratos, por los que de hecho VARIG se hace de las acciones de la Serie B, juega un importante papel el temor de los vendedores respecto a un endeudamiento futuro que los desplace. Este endeudamiento, efectivamente, se produjo.

Es interesante señalar que este proceso por el que VARIG se hace cargo del 49% de las acciones de la asociación con PLUNA, fue calificado de muy inconveniente por el actual señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, en función de que esta asociación nos obligaba con quien era simultáneamente socio nuestro, proveedor, acreedor y prestador de los servicios de PLUNA ente autónomo.

El 5 de julio de 1995 se firmó el contrato de gerenciamiento de VARIG entre esta empresa y PLUNA S.A.

Un año después pudo comprobarse que, lejos de desarrollarse, PLUNA S.A. se ve comprimida como consecuencia de la gradual eliminación de renglones de actividad altamente competitivos -por ejemplo, la actividad no regular de vuelos chárter-; que se aplican estrategias no apropiadas como consecuencia del desconocimiento del perfil de PLUNA dentro del área regional; que la situación deficitaria no solo no se revierte sino que empeora, situando el déficit luego del primer año de gestión en un entorno -récord en la historia de PLUNA- de US$ 16:000.000. Quizás lo significativo de este déficit es que por primera vez, históricamente, la empresa es deficitaria en el área operacional, en razón de que la mala gestión de PLUNA S.A. se expresa en malos resultados financieros.

PLUNA pierde toda identidad como empresa, pasando de hecho a integrar el grupo VARIG. A su vez, VARIG se convierte -escúchese bien- en el principal acreedor de PLUNA.

Esto obliga a que el actual señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, en 1996. iniciara negociaciones con VARIG para establecer lo que se llamó "Convenio Marco", que se firmó entre PLUNA ente autónomo y VARIG S.A. el 28 de agosto de 1996. Allí se estableció un aporte para la futura integración de PLUNA S.A. y, entre otras cosas, VARIG aporta su crédito para destinarlo irrevocablemente a la futura integración de capital.

Como se sabe, dicha integración se hizo efectiva. Como consecuencia de ello, para mantener su porcentaje de capital -es decir, 49%-, PLUNA ente autónomo recibió de VARIG un préstamo por un monto de US$ 3:473.448, cifra confirmada en marzo de 1997 cuando el ente firma la respectiva carta de adeudo.

PLUNA ente autónomo debería haber pagado en junio de 2000 y, aun aumentando la tasa de interés, podrá prorrogar la deuda hasta junio de 2002. ¡Escúchese bien: junio de 2002! Si no puede pagarla, el convenio establece que deberá cancelarse transfiriendo a VARIG las acciones recibidas como consecuencia del préstamo.

En febrero de 1999 nos enteramos -y se hace público- de que el 17 de febrero de ese año se vendieron acciones de EQUANT NV en las bolsas de París y Nueva York por un valor global que representó al vendedor PLUNA S.A. la cantidad de US$ 4:896.916. Las acciones mencionadas fueron adjudicadas a PLUNA en 1995 como consecuencia de la participación de PLUNA ente autónomo en la empresa SITA S.C., cuya cuota social y derechos derivados, por no integrar el inventario del pasaje patrimonial de PLUNA a PLUNA S.A., permanecen en el patrimonio del ente. Estas acciones -podríamos referirnos a la historia si tuviéramos tiempo y sería de interés hacerlo-, sin embargo, tienen un valor muy importante en plaza y algunas ya se vendieron, repartiendo el monto entre VARIG y PLUNA ente autónomo.

En abril de 2002, hace muy poco, recibíamos en la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas al actual Presidente de PLUNA, que manifestó: "El Directorio entiende que se trata de una empresa necesaria para el país, por lo que implica en materia de comunicaciones, por el turismo y porque puede haber algún proyecto más profundo de infraestructura turística para el Uruguay. Esto quedó demostrado cuando Aerolíneas Argentinas estuvo parada. En esa oportunidad, permanentemente nos mantuvimos comunicados con Argentina a través de los aviones de PLUNA, con una demanda totalmente satisfecha, y con un entendimiento entre los sindicatos de ambas márgenes del Plata, lo cual ayudó mucho. Allí pudimos percibir que Uruguay hubiera quedado aislado de no haber seguido el criterio con el que se condujeron todos los actores en torno a PLUNA S.A.". En esa sesión de abril de 2002, el Directorio de PLUNA nos comunicaba un memorándum de entendimiento a someter a la Comisión Política Aeronáutica de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay y al señor Presidente de VARIG S.A. Dicho memorándum fue finalmente aprobado. A través de él se hizo una recomposición del patrimonio de la empresa PLUNA S.A., licuando las deudas que tenía la empresa para habilitar un conjunto de proyectos que no tengo tiempo de mencionar, aunque sería bueno hacerlo.

Eso fue en abril de 2002, y nada se decía en ese entonces de los artículos que estamos considerando en esta Rendición de Cuentas. Debemos interpretar esos artículos a la luz de la nueva situación que se ha generado en el país y en la región, en función de un conjunto de medidas que se han venido tomando en lo que tiene que ver con la navegación aérea.

Recién hacía referencia a que se han liberado los servicios de terceros en el aeropuerto, pero aquella posibilidad que se le negó a PLUNA en aquel entonces -porque se decía que no era conveniente que hubiera un monopolio de servicios-, ¿ahora a quién se le va a otorgar, dado que PLUNA se va a ver impedida de funcionar? ¿Quién se va a hacer cargo no solo del gerenciamiento, con un resultado tan discutible, sino de la dirección general? ¿Cuáles son los intereses que pueden estar atentos a los requerimientos para hacerse cargo de las acciones que actualmente están a punto de ser puestas a la venta en el mercado?

Estamos considerando un proyecto que está lesionando definitivamente el futuro de PLUNA como empresa de bandera nacional, y al hacerlo eludimos un proceso de discusión que sería imprescindible porque no hemos dado respuesta a lo largo de la historia de estos años a todo un proceso que tiene muchas más dudas y puntos oscuros que certezas. Parece que hubiera un apuro por cerrar este capítulo para que nadie más pudiera hablar de PLUNA, y fundamentalmente de la asociación que se hizo con PLUNA y que lleva a este desastre. Se está utilizando un mecanismo que procura evitar la mayoría especial que la Constitución establece para la liquidación de un ente autónomo, porque el proyecto no dice -y nadie lo ha afirmado hasta el momento- qué función queda reservada para PLUNA ente autónomo, como un continente absolutamente vacío de todo contenido.

Muchas gracias.

5.-     Licencias.

        Integración de la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Carlos Pita, en misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para concurrir a la XVIII Reunión de la Comisión de Narcotráfico y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, por el período comprendido entre los días 28 y 30 de agosto de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Álvaro Pérez.

Visto la licencia concedida oportunamente al señor Representante Guido Machado, y ante la denegatoria de los suplentes correspondientes de aceptar la convocatoria realizada, la Corte Electoral, ante solicitud de la Cámara, proclama nuevos suplentes y se convoca por el período comprendido entre los días 13 y 16 de agosto de 2002, al suplente siguiente señor Marcelino Viera.

Del señor Representante Roque Arregui, en misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para asistir a la reunión de la Comisión de Deuda Social del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, por el período comprendido entre los días 28 y 30 de agosto de 2002, convocándose al suplente siguiente, señor Hugo E. Cuadrado.

Del señor Representante Daniel García Pintos, en misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para concurrir a la XVIII Reunión de la Comisión de Narcotráfico y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, por el período comprendido entre los días 28 y 31 de agosto de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Roberto Bagalciague.

Del señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 19 de agosto y 6 de setiembre de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Sergio Tarallo".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y uno en cuarenta y dos: AFIRMATIVA.

En consecuencia, quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 13 de agosto de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito se me conceda licencia desde el 28 al 30 de agosto inclusive, a fin de participar en misión oficial a la XVIII Reunión de la Comisión de Narcotráfico y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano, a desarrollarse en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, en mi carácter de integrante de la misma. Asimismo solicito se proceda a la convocatoria del suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

CARLOS PITA
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 13 de agosto de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

En virtud de la solicitud de licencia cursada por el señor Representante Nacional, doctor Carlos Pita manifiesto a usted que por esta única vez no acepto la convocatoria de que he sido objeto.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

Gonzalo Reboledo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Pita, para asistir a la XVIII Reunión de la Comisión de Narcotráfico y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 28 y 30 de agosto de 2002.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria el suplente siguiente señor Gonzalo Reboledo.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y en el literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Pita, por el período comprendido entre los días 28 y 30 de agosto de 2002, para asistir a la XVIII Reunión de la Comisión de Narcotráfico y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

2) Acéptase la negativa presentada por el suplente siguiente, señor Gonzalo Reboledo.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Álvaro Pérez.

Sala de la Comisión, 13 de agosto de 2002.

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, TABARÉ HACKENBRUCH".

"Montevideo, 13 de agosto de 2002.

SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
DIPUTADO DON GUILLERMO ÁLVAREZ

1687/2002
272/15

Señor Presidente:

Pongo en su conocimiento que la Corte Electoral en acuerdo del día de hoy, visto que el Representante Nacional por el departamento de Rivera Ing. Agr. Guido Machado electo por la hoja de votación número 292000 del lema Partido Colorado, sublema "Foro Batllista" ha solicitado licencia por el período comprendido entre los días 13 y 16 de agosto del año en curso y al haber declinado por esta vez la convocatoria los suplentes correspondientes, resolvió proclamar Representante Nacional al segundo candidato Marcelino Viera y suplentes Sres. Dr. Alberto Buyanoff, Pedro Muñoz y Schubert Gonzálvez. Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal y por término la licencia concedida al Representante Nacional señor Ing. Agr. Guido Machado y en el concepto de que se han cumplido las condiciones establecidas por el inciso 2º del artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo 3º de la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945 y por el inciso 3º del artículo primero de la ley Nº 10618, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 16.465 de 14 de enero de 1994.

Saludo al señor Presidente con mi más distinguida consideración.

CARLOS A. URRUTY
Presidente

ANTONIO MORELL
Secretario Letrado"

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de Rivera, Guido Machado, por el período comprendido entre los días 13 y 16 de agosto de 2002.

RESULTANDO: Que los suplentes correspondientes siguientes, señora María Terrón de Esteves y señores Walter Machado y Ariel Abarno no habían aceptado por esa vez la convocatoria de que fueron objeto.

CONSIDERANDO: Que habiéndose agotado la nómina de suplentes la Corte Electoral a solicitud de la Cámara, proclamó a los señores Marcelino Viera, Alberto Buyanoff, Pedro Muñoz y Schubert Gonzálvez, como suplentes, lo que comunicó por Oficio Nº 1687/2002, de 13 de agosto de 2002.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

Convóquese por Secretaría para integrar la representación por el departamento de Rivera, por el período comprendido entre los días 13 y 16 de agosto de 2002, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 292000, del Lema Partido Colorado, señor Marcelino Viera.

Sala de la Comisión, 13 de agosto de 2002.

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, TABARÉ HACKENBRUCH".

"Montevideo, 13 de agosto de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Solicito se me conceda licencia del 28 al 30 de agosto del presente año, para participar en misión oficial de la reunión de la Comisión de Deuda Social del Parlamento Latinoamericano que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires, convocándose al suplente respectivo.

Sin otro particular saluda a usted muy atentamente.

ROQUE ARREGUI
Representante por Soriano".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Soriano, Roque Arregui, para participar en la reunión de la Comisión de Deuda Social del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 28 y 30 de agosto de 2002.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, al señor Representante por el departamento de Soriano, Roque Arregui, por el período comprendido entre los días 28 y 30 de agosto de 2002, para participar en la reunión de la Comisión de Deuda Social del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

2) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Hugo E. Cuadrado.

Sala de la Comisión, 13 de agosto de 2002.

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, TABARÉ HACKENBRUCH".

"Montevideo, 13 de agosto de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 16.465, artículo único, literal B), solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia entre el 28 y el 31 inclusive de los corrientes, a los efectos de participar en la reunión de la Comisión de Narcotráfico del PARLATINO, la cual integro, que tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires, en las fechas mencionadas.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

DANIEL GARCÍA PINTOS
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 13 de agosto de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

Habiendo sido convocado para integrar ese Cuerpo, en mi calidad de suplente del Representante Daniel García Pintos entre el 28 y 31 de los corrientes, comunico a usted que por esta vez no acepto dicha convocatoria.

Saluda a Ud. atentamente.

Yamandú Flangini".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por misión oficial del señor Representante por el departamento de Montevideo, Daniel García Pintos, en virtud de asistir a la reunión de la Comisión de Narcotráfico y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

CONSIDERANDO: 1) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 28 y 31 de agosto de 2002.

2) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Yamandú Flangini.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por misión oficial por el período comprendido entre los días 28 y 31 de agosto de 2002, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Daniel García Pintos, en virtud de concurrir a la reunión de la Comisión de Narcotráfico y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente correspondiente, señor Yamandú Flangini.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Roberto Bagalciague.

Sala de la Comisión, 13 de agosto de 2002.

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, TABARÉ HACKENBRUCH".

"Montevideo, 13 de agosto de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito licencia por motivos personales, desde el 19 de agosto al 6 de setiembre.

Lo saluda atentamente.

LUIS ALBERTO LACALLE POU
Representante por Canelones".

"Montevideo, 13 de agosto de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para poner en su conocimiento que, por esta única vez, no acepto la convocatoria de la que he sido objeto.

Sin otro particular, lo saludo atentamente.

Juan Carlos Bentancor".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, señor Luis A. Lacalle Pou.

CONSIDERANDO: 1) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 19 de agosto y 6 de setiembre del año 2002.

2) Que por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente señor Carlos Bentancor.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 19 de agosto y 6 de setiembre del año 2002, al señor Representante por el departamento de Canelones, Luis A. Lacalle Pou.

2) Acéptase la negativa que por ésta vez ha presentado el suplente siguiente señor Carlos Bentancor.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 400 del Lema Partido Nacional, señor Sergio Tarallo.

Sala de la Comisión, 13 de agosto de 2002.

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, TABARÉ HACKENBRUCH".

6.-     Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal - Ejercicio 2001. (Aprobación).

——Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado José María Mieres.

SEÑOR MIERES (don José María).- Señor Presidente: hoy queremos hacer una breve reflexión sobre la Rendición de Cuentas que vamos a votar. Esta Cámara se apresta hoy a discutir una nueva instancia de ajuste presupuestal, más que a considerar su objetivo esencial, que sería evaluar la gestión del Poder Ejecutivo a través de la Rendición de Cuentas. Así, al menos, sus voceros la han definido, caracterizándola como un instrumento idóneo imprescindible para resolver una serie de problemas de gestión. De esta manera, el énfasis de esta Cámara seguramente será puesto en el alcance de la propuesta anunciada en los términos que acabamos de referir.

Seguramente esto ha sido lo que el Partido Nacional ha venido reclamando del Gobierno desde hace muchos meses, especialmente en la advertencia o prevención de las circunstancias que lamentablemente nos ha tocado vivir en los últimos días y que sin duda nos quitan margen de maniobra. Pero el Gobierno una vez más ha decidido actuar en solitario y enviarnos un paquete de soluciones que se nos anunciaron como una profunda reforma política de las empresas públicas y de la gestión del Estado que iba a permitir adecuar el gasto público y reasignar recursos improductivos.

Una vez conocido dicho texto, advertimos una gran asimetría entre los dichos y los hechos. Al respecto, con motivo del tratamiento de la Rendición de Cuentas de 2000, decíamos que somos conscientes de que desarrollar una política económica en un contexto regional plagado de circunstancias adversas conlleva un alto grado de responsabilidad y de austeridad, pero también es cierto que se requiere audacia en las propuestas. Hoy, un año después y habiendo vivido las vicisitudes que todos los uruguayos debimos soportar, podemos afirmar lo mismo desde que se nos propone más de lo mismo: rebaja indiscriminada del gasto público -con excepción de algunos proyectos de cierto impacto social que no se ven afectados, pese a que se dispone de autorización para establecer topes de ejecución-, en el sentido de que no aparecen propuestas claras en materia de gasto social que atemperen los efectos de la crisis en los sectores más carenciados, se hacen propuestas tardías o incompletas sobre reformas de empresas públicas, y no se ataca el problema de las empresas públicas deficitarias.

En este contexto, el Poder Ejecutivo nos propone considerar 163 artículos, de los cuales dedica aproximadamente cien a racionalizar nuevamente la estructura orgánica y funcional del Estado y a modificar normas sobre funcionarios, en tanto los treinta siguientes se destinan a resolver cuestiones operativas de la Administración Central. En fin, así podríamos seguir y, salvo excepciones, mucho nos costaría encontrar disposiciones que realmente estuvieran alineadas con el propósito anunciado.

Si, como se ha dicho, el eje de la propuesta es la racionalización de la gestión pública, cabría preguntarse cuáles fueron los resultados obtenidos desde la Administración anterior sobre la actuación del CEPRE en esta materia y para qué se contrajo una abultada deuda a efectos de financiar estos estudios si hoy se nos solicita nuevamente una readecuación de esta estructura. Sería por demás interesante que este Parlamento fuera informado adecuadamente de esta aparente contradicción, en especial si tenemos en cuenta que se sigue utilizando ese organismo como asesoramiento de primera línea. Es más: se plantea reformular la gestión de la Oficina Nacional del Servicio Civil con su asesoramiento y resulta que una buena parte de sus competencias fueron asumidas por el CEPRE. Realmente, cuesta entender cómo se mantiene esta evidente duplicación de funciones, no solo con la Oficina Nacional del Servicio Civil, sino con la Contaduría General de la Nacional y con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, proveniente de una gestión que, a la luz de lo que solicita el Poder Ejecutivo, puede llevar a pensar que su gestión no ha sido aceptable.

El resto de las propuestas que refieren a funcionarios de la Administración Central, sin perjuicio de admitir que algunas de ellas pueden corregir algunos vicios existentes, no hacen a la cuestión fundamental -afirmación que creo no puede ser discutida- y, en su inmensa mayoría, pueden y deben ser resueltas por decreto.

Asimismo, esta propuesta, en momentos de gran inestabilidad social, nos parece inoportuna desde que puede contribuir a generar más consecuencias no deseadas que beneficios.

En síntesis, una primera conclusión sobre esta Rendición de Cuentas en la que no hemos participado, pese -reiteramos- a nuestra pública pretensión de no desperdiciar esta instancia en un uso tradicional, es que el país será el mismo luego de aprobada esta ley.

Con respecto a la Sección VI, "Empresas Públicas", la situación y las soluciones propuestas no parecen muy diferentes. En efecto, se propone transferir parte de AFE al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la venta de tierras a colonos, la venta de PLUNA ente autónomo, la prohibición de financiar déficit de ciertas áreas de ANCAP con el producido de otras, y acaso lo más sustantivo: una reforma orgánica del Banco Hipotecario. Como puede advertirse, ninguna de estas propuestas contribuye a resolver las cuestiones de fondo, esto es, qué hacer con giros o empresas históricamente deficitarios, discutir la eficiencia de los servicios públicos y cómo dirigir inversiones hacia esas empresas.

Como ejemplo de lo expuesto alcanza con considerar dos casos. Por un lado, el de AFE, un organismo que desde 1995 viene sufriendo una serie de propuestas diferentes que siempre han culminado en un mismo sentido: un importante subsidio para financiar una actividad que presenta una caída importante de su volumen de carga y un aumento de sueldos y horas extra. No se ha hecho una reestructura para bajar el subsidio de US$ 19:000.000 y un plan adecuado de redistribución de su personal. Por otro, los artículos que referían al Banco Hipotecario no tenían un claro enfoque de su problemática ni apuntaban a una redefinición clara de sus nuevos roles. De todas maneras, creemos que estas propuestas llegan demasiado tarde y cuando su situación resulta harto comprometida. Todos sabemos de los abultados déficit de los últimos años, que transformaron al Banco en una institución prácticamente inviable desde el punto de vista financiero. Inclusive, en un contexto de dificultades, con descalces tanto en plazo como en monedas, se lanzó el Plan Fénix en unidades reajustables, pese a que el Banco se financiaba tomando dólares a corto plazo, profundizando, por ende, los descalces estructurales.

Algunas de las empresas públicas no ameritan debates ideológicos, sino que simplemente se debe analizar si es lógico que la población las subsidie sin tener claro qué ventajas le proporcionan. Como es sabido, en esta materia la iniciativa es privativa del Poder Ejecutivo y, en consecuencia, es poco lo que este Parlamento puede hacer. No obstante, el Partido Nacional ha introducido algunos cambios en esta materia que nos parece importante destacar.

Hemos propuesto algunos artículos de contenido social que no han sido votados por la Comisión pese a tener una financiación concreta o a no tener costo.

En el Inciso correspondiente al Ministerio del Interior advertimos que algunos artículos referentes al Hospital Policial han sido aprobados, y ello nos da una especial satisfacción porque, según consta en la versión taquigráfica de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, nosotros nos hemos preocupado por la situación de ese hospital. Hemos propuesto un artículo relativo a los Comisarios con más de diez años en el grado y más de veinticinco años de servicios -que actualmente cobran como Comisarios Inspectores y tienen hecho el curso de pasaje de grado- para que se les diera el grado correspondiente y, por suerte, va a ser aprobado.

Además, otro artículo relativo a salarizar partidas de los funcionarios policiales que se financiarían hasta el límite de la asistencia a la Caja Policial y que, por ende, actualmente no tendría costo -quizás podría tenerlo en el futuro- no fue aprobado. Asimismo, un artículo que proponía incluir las deudas generadas por el servicio 222 en el artículo 450 de la Ley Nº 13.640, que no tiene costo, tampoco fue aprobado. También creemos que Sanidad Policial debe tener un artículo similar al 99, que se refiere a la Dirección General de Sanidad de las Fuerzas Armadas, y probablemente ello suceda en el día de mañana.

Entendemos que si bien no está planteado específicamente en la Rendición de Cuentas, se deben cumplir los compromisos asumidos en materia educativa, tanto en la ley de Presupuesto, como en la de responsabilidad fiscal; a vía de ejemplo: la regularización de los auxiliares de servicio o la cuota mutual de los maestros.

En síntesis, nos habría gustado que este proyecto de ley de Rendición de Cuentas hubiese sido de baja del déficit del Estado, pero también más selectivo. Nos habría gustado un proyecto de ley de Rendición de Cuentas que, de cara a las dificultades que hoy tiene el país, contuviera una redefinición clara del rol del Estado y que, además, estableciera una redistribución más justa y equitativa de los dineros públicos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra la señora Diputada Argimón.

SEÑORA ARGIMÓN.- Señor Presidente: muy brevemente, nos parece muy importante dejar constancia en la versión taquigráfica de la posición de nuestro sector respecto al tema que hoy nos ha convocado.

En principio, queremos decir que de las evaluaciones que han realizado los distintos expositores del Partido Nacional, quedó por demás constatado que esta no es la Rendición de Cuentas que el Partido Nacional quería y mucho menos mi sector. Nos habría gustado que en esta Rendición de Cuentas hubiese existido un compromiso real, con una mirada distinta al Uruguay del siglo XXI, que precisa cambios, que precisa cambios estructurales fuertes, definidos y valientes, y estos se dan especialmente en los momentos difíciles como este, mucho más teniendo un Partido que ha colaborado -y lo sigue haciendo- a efectos de otorgar al Gobierno los instrumentos indispensables para eso: a fin de que decida y gobierne. Por eso es que vamos a votar esta Rendición de Cuentas: exclusivamente a efectos de que, una vez más, tenga una nueva herramienta para que se hagan efectivos algunos aspectos de este proyecto de ley que consideramos interesantes.

También nos parece importante, siendo honestos, señalar que empezamos a considerar su votación cuando se desglosó el capítulo correspondiente al Banco Hipotecario del Uruguay, que nuestro sector, en reiteradas oportunidades, solicitó de manera expresa que se desglosara.

Realmente, consideramos que esta Rendición de Cuentas es una suerte de saludo a la bandera. Vuelvo a decir que nos hubiera gustado otra cosa. Si ingresamos al siglo XXI hablando de reformas, tenemos que aprovechar todas y cada una de las instancias para hacerlas. Me refiero a reformas en serio, reformas que entendemos que pasan por aprovechar esos aportes que seguramente han hecho -como decían mis compañeros- especialistas en el CEPRE y que nunca supimos, en realidad, en qué se concretaron. Ya que nos endeudamos, sería bueno que en algún momento supiéramos las actividades que desde el CEPRE se llevaron adelante a efectos de modernizar el Estado.

En otro orden de cosas, hay algunos aspectos de esta Rendición de Cuentas que vamos a votar por disciplina partidaria, que tienen que ver con los funcionarios públicos. Fui funcionaria pública -estoy orgullosa de haberlo sido- y entiendo que un estatuto del funcionario público, de los funcionarios del Estado, debe tener una específica consideración. En esta Rendición de Cuentas el tratamiento que se les da a través de algunos artículos -que en la interna de nuestra bancada entendimos dudosos desde el punto de vista jurídico, y vamos a exponer nuestras argumentaciones en el momento indicado-, en definitiva, tampoco apuntan a la excelencia, que los funcionarios públicos son los primeros en considerar en el momento de su actuación.

Por otra parte, hubo algunos aspectos que nos llevan a dejar constancia de compromisos asumidos por parte de la bancada del Partido Colorado respecto a esa mirada al aspecto social que hemos solicitado a través de la bancada del Partido Nacional desde hace ya dos años y sobre lo que todavía estamos esperando respuestas concretas. Desde este punto de vista, uno de los compromisos tiene que ver con una deuda importante que el Instituto Nacional del Menor ha ido generando como consecuencia del retraso en la entrega de las partidas que presupuestalmente le corresponden y que el Poder Ejecutivo no ha vertido en fecha, amén de haberse operado un recorte. Recorte sí, señor Presidente, pero con otra mirada. Los recortes que se vienen ejecutando a nivel del Poder Ejecutivo no responden a la mirada que el Partido Nacional daría al Estado en esta coyuntura. También es cierto que se ha logrado, de alguna manera, un principio de acuerdo para avanzar en el sentido de no recortar a instituciones que tienen subsidios en materia social y que realmente tienen severos problemas en el desempeño de sus funciones a raíz de los recortes que se vienen haciendo efectivos desde marzo de este año. Además, ha habido reiterados debates y solicitudes al Poder Ejecutivo a efectos de que se reconsidere esta situación. Entendemos positivo que en la instancia de la Rendición de Cuentas se haya abierto una puerta y una posibilidad de diálogo para que estos recortes no se sigan llevando adelante.

Por lo tanto, y como decíamos, votamos esta Rendición de Cuentas para colaborar nuevamente con una herramienta más, que ojalá el Poder Ejecutivo utilice en los dos años y medio que le restan de gestión.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: hace algunos meses, casi inmediatamente después de que se aprobara el segundo ajuste fiscal en el correr de este año, la Rendición de Cuentas pasó a ser una suerte de oportunidad para una reforma cierta y seria del Estado uruguayo. Diría que desde todos los Partidos políticos hubo expresiones en el sentido de la necesidad de que esta Rendición de Cuentas tuviera un carácter distinto y que supusiera realmente plasmar objetivos sustanciales en materia de reforma del Estado uruguayo. De hecho, muchos Partidos políticos también reclamábamos un programa de redimensionamiento del gasto público uruguayo -que ha sido uno de los talones de Aquiles de esta economía uruguaya-, de forma tal que comenzara a disminuir sustancialmente y, en tal sentido, aprovechar la instancia de la Rendición de Cuentas para generar ese redimensionamiento del gasto público.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante González Álvarez)

——Se habló de cifras; se dijo que esta Rendición de Cuentas debía contener, por lo menos, una reducción del gasto público que no podía ser menor a US$ 200:000.000. La realidad es que en esta Rendición de Cuentas lo único nuevo que se reduce en materia de gastos son los escasos US$ 13:000.000 que corresponden a los organismos del artículo 220, esto es, la Universidad de la República, la Administración Nacional de Educación Pública, el Instituto Nacional del Menor, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral y al Tribunal de Cuentas de la República. Al margen de esa reducción -que según el valor del dólar al día de hoy es de aproximadamente US$ 13:000.000-, el resto simplemente convalida lo que ya han sido reducciones de gastos por medio de los Decretos Nos. 55 y 69 del año 2002.

Debemos plantear una primera desilusión. Aquella instancia de reducción del gasto público que se anunciaba para tratar de atender una situación especialísima que vivía el país -diría que más especialísima después de lo que ha pasado en los últimos días- no se dio. Allí constatamos falta de voluntad política cierta y acorde con lo que se había anunciado.

Además, analicemos detenidamente en qué contexto se da esta reducción del gasto público que se plantea para los organismos del artículo 220. ¿En qué contexto se da? Pensemos qué va a pasar, por ejemplo, con la matrícula de estudiantes a nivel del sector público el próximo año. Todos conocemos la cantidad de abandonos que se están dando a nivel del sector privado de la educación -tenemos información en ese sentido- como consecuencia de la crisis, lo que va a determinar una importante inscripción en el sector público a partir del año 2003.

Entonces, lo primero que debemos preguntarnos es si es razonable rebajar los créditos presupuestales de los organismos que pertenecen a la Administración Nacional de Educación Pública.

Lo segundo que debemos preguntarnos es si en el contexto de crisis que se vive, donde las pasiones están a flor de piel, vale la pena que por estos US$ 13:000.000 el país se embrete en un nivel de conflictividad del que nada lo puede sacar. Creo que estas cosas debieron haber estado en la valoración en el momento mismo en que se presentó esta Rendición de Cuentas.

Lamentablemente, no hemos tenido respuesta a esas interrogantes y seguimos pensando aún hoy que quizás en el curso que tome esta Rendición de Cuentas una vez que sea aprobada por la Cámara de Diputados, pueda haber todavía la suficiente inteligencia para que nuestro país se ahorre situaciones como las que indudablemente, de una manera u otra, se comienzan a vivir en un contexto que todos sabemos que es crítico.

Quiero mencionar otra reflexión que nos merece esta Rendición de Cuentas. La situación de crisis también se corresponde con un notorio incremento de los niveles de pobreza. Este es un dato de la realidad; no en vano han aumentado las prestaciones que brinda el propio Instituto Nacional de Alimentación y, por cierto, ha proliferado la aparición de nuevos comedores y merenderos, lo que constituye un buen signo de nuestra sociedad. Pero, en todo caso, señor Presidente, esta instancia de Rendición de Cuentas debía establecer señales precisas en materia de contención, de apoyo, de promoción, orientada fundamentalmente hacia los niños y adolescentes que viven en condiciones de pobreza.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Álvarez)

——Lamentablemente, tampoco acá hay planteos respecto al tema.

El Nuevo Espacio Independiente ha insistido incansablemente en la necesidad de establecer un nuevo sistema en materia de asignaciones familiares, de forma tal de que los recursos que el Estado hoy gasta sean redistribuidos para que los niños y adolescentes que viven en hogares que están por debajo de la línea de pobreza reciban este beneficio, este subsidio de parte del Estado, sin importar si quienes están al frente del hogar están o no en el sector formal de trabajo. Este es uno de los problemas que hoy tiene el beneficio, en cuanto a que solo alcanza a aquellos que tienen un trabajo formal. En consecuencia, esto determina que una cantidad importante de niños y de adolescentes no reciban ninguna cobertura de parte del sistema.

El trabajo que hace un tiempo hicieran Katzman y Filgueira estimaba que aproximadamente un 50% de los niños y adolescentes uruguayos que viven en hogares que están por debajo de la línea de pobreza no recibía el subsidio que corresponde al sistema de asignaciones familiares.

Por otro lado, en esta Rendición de Cuentas hay otra gran omisión, y es la referencia a un contexto como este en el que estamos, de incertidumbres acentuadas en función de lo que ha sido un cambio en la política cambiaria, hecho que se registró a partir del 20 de junio. Por cierto, desde nuestro sector político, se reclamaba como una de las necesarias salidas que tenía el país para evitar una situación que lo iba a llevar a una pérdida mucho más rápida de la que ha ocurrido en materia de reservas, pero también para mejorar de una vez por todas la competitividad y las posibilidades de las exportaciones de los productos uruguayos.

Por cierto, ese cambio en la política cambiaria, el abandono de la pauta devaluatoria, del tipo de cambio fijo y el hecho de que se pasara a un sistema de flotación pura, ha determinado que muchos deudores en dólares que, de alguna manera, tenían planteado un determinado horizonte en materia de evolución de esta moneda, vieran absolutamente desequilibradas sus economías empresariales y también las familiares. En ese sentido, hemos valorado positivamente que el Banco Central del Uruguay haya aprobado una normativa tendiente a facilitar el pago de las distintas deudas en dólares al 31 de diciembre de 2001 con una parte en efectivo, que varía en función de las cuotas vencidas y de las no vencidas y de los distintos montos de deudas, y otra, con la entrega de títulos de deuda pública.

Pero ¿qué ha pasado con esta normativa? Esta normativa fue dictada por el Banco Central del Uruguay con carácter facultativo y, en consecuencia, cada banco se arroga para sí la decisión de su aplicación o no.

A nuestro juicio, esta instancia de Rendición de Cuentas tenía que traer certeza sobre este tema y establecer que esta normativa que, repito, ha aprobado el Banco Central del Uruguay, sea aplicada con carácter preceptivo por todos los bancos y que no quede, en definitiva, a juicio de cada uno de ellos la atención o no de las deudas en dólares.

Este es un aspecto que, de una manera u otra, necesitaba una resolución. Asimismo, era necesario que esta Rendición de Cuentas se aprovechara como una instancia para generar una respuesta cierta a aquellos uruguayos que para comprar su vivienda, su única vivienda, contrajeron endeudamientos en dólares que hoy están absolutamente imposibilitados de pagar.

En ese sentido, nos parecía que también había que dar certeza hacia el futuro a estas familias uruguayas previendo mecanismos similares al que se establece en esa circular o aun pensando en una reprogramación de los plazos de vencimiento, como lo hemos planteado y como está incorporado entre las distintas propuestas que el Nuevo Espacio Independiente realizara en relación con esta Rendición de Cuentas.

Pero hay un capítulo más y lo dejé para el final porque, de alguna manera, pinta la situación que muy bien refería en cierta forma la señora Diputada Argimón cuando decía que esta Rendición de Cuentas se había transformado en un saludo a la bandera. En esta Rendición de Cuentas había un par de señales que si uno las miraba por el lado del ahorro, realmente no significaban mucho, pero que sí tenían valor en términos de compromiso; es decir que esa referencia concreta al tan manido ajuste político terminó en esto que tenemos hoy: la absoluta inexistencia de normas que refieran a dos temas que ocuparon la primera plana de toda la prensa uruguaya y que fueron comentados en todos los medios de comunicación. Uno de ellos era la reducción del número de Directores de los entes autónomos y servicios descentralizados.

Señor Presidente: se dio el contrasentido de que esas normas que refieren a la reducción en el número de miembros de los Directorios, terminaron siendo votadas en la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, por los Partidos de la oposición y no fueron apoyadas por los Partidos que teóricamente sostenían esa propuesta. Creo que se trata de una señal inequívoca de que no hay voluntad política manifiesta para que este tema se aborde de una vez por todas; esta era la oportunidad. No era necesario realizar algún estudio para bajar el número de Directores en los entes; simplemente, había que reducir su cantidad. Sin embargo, hasta el propio sector del Presidente de la República termina votando en contra de esa norma.

Lo otro, que de alguna manera estigmatiza a esta Rendición de Cuentas, era la reducción de las potestades de los Directores de los entes en materia de contratación de personas para sus secretarías. En el seno de las Comisiones integradas llegamos a sentir la defensa de algún Presidente de algún Directorio sosteniendo que necesitaba de cualquier manera doce personas en su secretaría. Creo que esto no necesita ningún comentario. Precisamente, la norma tendía a esto: a evitar los desbordes y a establecer claramente una limitación a esas facultades que hoy tienen los Directores. Y establecía como límite que los montos de estas contrataciones no podían superar -escúchese bien- una vez y media el sueldo de un Ministro de Estado. Sin embargo, también esa norma, que nosotros votamos afirmativamente, fue rechazada en la Comisión y no integra este proyecto de Rendición de Cuentas que tiene a consideración la Cámara de Diputados.

Obviamente, en la propuesta que realiza como aditivo el Nuevo Espacio Independiente estos temas están de nuevo puestos arriba de la mesa para demostrar en el ámbito de esta Cámara de Representantes dónde está la voluntad política para establecer reducciones en materia de gasto, pero también compromisos en lo que refiere a un verdadero ajuste político.

Por otra parte, también se hizo referencia -diría, durante un mes y medio largo- al tema de la reducción de los Ministerios. La discusión estaba en cuáles se iban a reducir, pero se manifestaba por parte del Poder Ejecutivo una decisión en tal sentido. El proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento establecía para sí una autorización genérica en este sentido, cuando es sabido que para crear o suprimir Ministerios se necesita normativa legal y que hay que hacerlo notoriamente a título expreso. Por lo tanto, también en este caso debemos deducir que no existía una voluntad política cierta respecto de reducir Ministerios tal como se señalaba.

Este es el panorama, esta es la realidad y, en consecuencia, frente a esta situación, lo único que cabe es rechazar este proyecto de Rendición de Cuentas. Este es el sentido con el que el Nuevo Espacio Independiente ha fundamentado una serie de propuestas y ha señalado las omisiones que en un principio, en algunos casos, estaban generadas en el propio proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y, en otros, surgieron a partir de la votación en la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda.

Por ahora, es todo cuanto quería decir.

7.-     Intermedio.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Señor Presidente: el Partido Nacional, por razones de índole política, solicita un intermedio de una hora.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

La Cámara pasa a intermedio.

(Es la hora 18 y 27)

——Continúa la sesión.

(Es la hora 19 y 41)

8.-     Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal - Ejercicio 2001. (Aprobación).

——Prosigue la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado Lara.

SEÑOR LARA.- Señor Presidente: vamos a fijar la posición del sector Alianza Nacional, haciendo una pequeña introducción.

En la actualidad nuestro país se encuentra viviendo el cuarto año consecutivo de retracción económica, previéndose una caída en el nivel de actividad superior al 10% en el corriente año, una caída en las exportaciones uruguayas, un nivel de desocupación abierta superior al 15% -se estima que más del 50% de nuestra población tiene problemas de empleo-, retracción del salario real superior al 7% anual, inflación próxima al 14% anual, con expectativas optimistas de superar el 25% anual al cierre del 2002.

A la realidad resumida anteriormente debemos agregar la del sistema financiero uruguayo. Como todos sabemos, más del 50% del ahorro depositado en instituciones de plaza ha ido a parar a las casas de los uruguayos, a cofres de seguridad y a bancos en el exterior del país. Esto ha redundado en el cierre preventivo de cuatro instituciones de plaza, reprogramación de depósitos en la banca estatal y retracción del crédito a nivel de todo el sistema. Todos conocemos compatriotas, tanto del interior del país como de la capital, tanto profesionales como obreros, que ante una problemática común como la falta de empleo y la desesperanza, han optado por emigrar del país. Todos conocemos o sabemos de innumerables empresas que ante problemas de competitividad frente a productos importados, o bien por incapacidad de colocar sus productos en plaza o en el exterior y, por tanto, de hacer frente a sus obligaciones, se han visto obligadas a cerrar sus puertas y a dejar a miles de trabajadores y a sus familias en la calle.

En medio de este contexto totalmente desfavorable, el Poder Ejecutivo presenta ante el Poder Legislativo un proyecto de Rendición de Cuentas con un conjunto de artículos que, en función de su contenido, podrían dividirse en tres grandes grupos. El primer grupo conforma la Rendición de Cuentas en sí misma; el segundo grupo intenta desregular y flexibilizar las relaciones laborales en la función pública, y hay un tercero que podríamos llamar la reforma del Estado que el Poder Ejecutivo intenta llevar adelante...

(Murmullos.- Campana de orden)

——...o, en otras palabras, la visión de país que tiene el Poder Ejecutivo.

La primera duda que nos surge es si esta Rendición de Cuentas y proyecto de país es compartida plenamente por el actual equipo económico o, en contrapartida, es una de las tantas herencias negativas que ha recibido del anterior Ministro.

La referencia a la Rendición de Cuentas del Ejercicio anterior y las reducciones tanto del gasto de funcionamiento como de inversiones, se presentan en el artículo 1º. Aquí surge la primera diferencia importante con respecto al Poder Ejecutivo, en particular en cuanto a las reducciones previstas para el Ejercicio en curso -el 2002- y el 2003. Por la sola modificación de la política cambiaria, la depreciación observada a la fecha y la estimada para el futuro, dado el grado de dolarización de la economía y el consecuente incremento de la inflación por la vía de impuestos inflacionarios, el Estado licuará el déficit fiscal para llegar a una cifra prácticamente conforme a la meta fiscal de 2,5% en relación con el producto bruto interno.

Si bien somos plenamente conscientes de que el abatimiento del déficit fiscal y el logro de un equilibrio en las cuentas públicas será una pieza fundamental para controlar el rebrote inflacionario, también somos plenamente conscientes de que lograr superávit primario es condición necesaria para poder hacer frente al servicio de la deuda, la cual, como todos sabemos, prácticamente llegará al 80% del producto bruto interno a raíz de la asistencia prestada al sistema financiero en el transcurso del año.

Ahora bien: no podemos ser menos conscientes de que una reducción indiscriminada tanto del gasto de funcionamiento como de las inversiones no solo es altamente recesiva; ante todo, seguramente estaríamos votando -de así hacerlo- una fortísima reducción de los recursos asignados en la actualidad, ya no a las políticas sociales sino a la contención de la crisis por la que está comenzando a atravesar nuestra sociedad.

Al mismo tiempo -y a renglón seguido a lo anterior-, hoy estamos votando una Rendición de Cuentas con un tipo de cambio de aproximadamente $13, cuando la cotización de la divisa asciende a $25 -es obvio que la restricción presupuestaria tuvo lugar el 20 de junio de 2002, fecha en la que se aprobó la modificación de la política cambiaria-; entonces, a decir verdad, el apoyar o no con el voto el presente artículo, no es más que un mero trámite legislativo.

Vayamos ahora al conjunto de artículos que ante la opinión pública el Poder Ejecutivo ha dado en llamar reforma del Estado. Aquí nos cabe una segunda pregunta: ¿qué entiende por Estado el Poder Ejecutivo? Si, como lo hacemos nosotros, por Estado se entiende el conjunto de la sociedad uruguaya y de la Administración Pública como un componente, como un agente más de esta sociedad, y el sistema político como representante democrático de dicha sociedad, entonces, señores legisladores, una reforma del Estado, para que le quepa tal nombre, debió ser consensuada por todos los Partidos políticos y no solo tener un fin fiscalista de reducir el gasto público. Además, tiene que considerar cuál debe ser el rol que el Gobierno, no el Estado, debe tener en la vida económica y social del país. El Estado está más allá de los gobernantes y de la vigencia de lo que hoy se vota. De votarse tal y como ha sido presentado, este proyecto tiene un horizonte temporal que supera con creces la vigencia de un ciclo electoral.

En consecuencia, ¿tenemos el derecho de votar hoy la visión de país que tiene el Poder Ejecutivo y comprometer por esta vía la capacidad de gestión de los próximos gobernantes?

Señores: para llevar adelante una iniciativa de este tipo, obviamente debe contarse, al menos, con la opinión de todos los sectores políticos en un ámbito y con un tiempo adecuados. Esta metodología de trabajo del Poder Ejecutivo es frecuente y ya nos estamos acostumbrando. El caos que tuvo lugar en febrero con el primer ajuste fiscal -ley de responsabilidad fiscal-, tuvo lugar luego con el segundo ajuste fiscal -ley de estabilidad fiscal- del mes de mayo, se reiteró recientemente con la ley de fortalecimiento del sistema financiero y tiene lugar una vez más ahora con el proyecto de Rendición de Cuentas. El hecho de que el Poder Ejecutivo nos tenga acostumbrados a esta metodología de trabajo no significa para nada que estemos de acuerdo.

Cuando hablamos de reforma del Estado no podemos hablar solo de supresiones de programas dentro del Ministerio de Salud Pública, del cierre programado a mediano plazo del Banco Hipotecario del Uruguay, de otorgar atribuciones ilimitadas al Poder Ejecutivo para suprimir o fusionar Ministerios y de restar derechos a los trabajadores de la Administración Pública. Cuando hablamos de reforma del Estado debemos hacerlo en forma seria; debemos racionalizar la Administración Pública en función de la visión de país que tengamos. Primero debemos concluir cuál es la forma de que nuestro país logre un crecimiento económico sustentable y cómo debemos hacer para alcanzar una más equitativa distribución del ingreso. Debemos hablar acerca de cómo financiar políticas sociales efectivas, de qué modelo de educación queremos para nuestros hijos y de qué modelo de asistencia de salud queremos, entre otras cosas. Una vez que dispongamos de estas conclusiones sobre la mesa, deberemos, ahí sí, pensar en la mejor manera en que nuestra Administración Pública debiera organizarse y financiarse. Ahora bien, en lo que no podemos caer es en sucesivas reformas del Estado en cada período, de acuerdo con el gusto y gana del Gobierno de turno.

Para terminar, no podemos de ninguna manera aprobar hoy o fijar impuestos para el futuro. ¿Qué esperanza damos a nuestros compatriotas si hoy les decimos que como este país no va a crecer, para financiar los gastos del Estado debemos poner nuevos impuestos? A una sociedad empobrecida, a una sociedad con ahorros -en el mejor de los casos- reprogramados, a una sociedad a la que se le cobra en dólares y gana en pesos cada día más depreciados, no le podemos seguir pidiendo esfuerzos. El esfuerzo lo debemos hacer desde el Gobierno, en la búsqueda de un plan de reactivación serio y efectivo. En ese sentido es que nuestro sector político está dispuesto a hablar de reforma del Estado, con los plazos establecidos, para ver qué país queremos entre todos. Por eso es que en el día de hoy nuestro sector no va a acompañar en general este proyecto de Rendición de Cuentas, aunque sí lo hará cuando se trate y se vote en particular.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y ocho en ochenta y nueve: AFIRMATIVA.

SEÑOR HEBER FÜLLGRAFF.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR HEBER FÜLLGRAFF.- Señor Presidente: hemos votado el pase a la discusión particular de este proyecto de ley con salvedades, pues tenemos una serie de modificaciones que vamos a proponer en su momento.

Queremos dejar claramente establecido nuestro compromiso, asumido con la ciudadanía al votar el ajuste fiscal del mes de junio, en cuanto a que en este proyecto de ley se reflejarían ajustes en los gastos del Estado y reestructuras. También se dio la certeza a la opinión pública de que cuando llegara este momento de la Rendición de Cuentas el poder político iba a ajustarse tal como ajustó en la ley que aprobamos en el mes de junio. Sin perjuicio de que hay disposiciones que han sido vueltas a redactar para mejorar la redacción o por ser de dudosa constitucionalidad, hay elementos en este proyecto de ley que la Cámara no debe dejar de lado. Vamos a hacer hincapié en ellos cuando llegue el momento de tratar cada uno de estos temas.

SEÑOR ARREGUI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ARREGUI.- Señor Presidente: no quisimos hacer uso de la palabra en la discusión general para no extenderla.

Hemos votado negativamente este proyecto de Rendición de Cuentas porque entendemos que contribuye a la profundización de la crisis, no da respuesta a los problemas sociales -lejos de ello, los agrava- y desestructura el Estado. Contribuye a la profundización de la crisis porque no es un instrumento que favorezca la reactivación, al mismo tiempo que reduce las inversiones en obra pública y vivienda.

Decimos que no da respuesta a los problemas sociales porque, en momentos en los cuales el problema de la alimentación pasa a ser fundamental en el seno de la sociedad, no se procura inyectar más recursos para los comedores escolares, para el INDA y para aquellos organismos que prestan asistencia. En momentos en que el problema de la salud se agudiza, porque decenas de miles de afiliados a las instituciones de asistencia médica recurren a la atención de los hospitales, no se procura entregar más recursos y, lejos de ello, se producen recortes en gastos de funcionamiento y de inversiones. En momentos en los cuales el INAME debe tener una atención principalísima por el problema de la minoridad, aquí no se le entregan los recursos correspondientes. ¡Ni hablar del tema de la educación! La ANEP y la Universidad de la República van a verse sensiblemente disminuidas en los recursos.

Decimos que se desestructura el Estado porque hay normas, como las que se han mencionado y fundamentado debidamente por parte de los compañeros -como la de los contratos a término, la de la desarticulación de AFE y la del traslado a privados del cobro de los tributos por parte de los Gobiernos Departamentales-, que hacen que el Estado vaya abandonando las funciones que le competen.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a rectificar la votación.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en noventa y seis: AFIRMATIVA.

SEÑOR DÍAZ.- ¡Que se rectifique la votación!

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a rectificar nuevamente la votación.

(Se vota)

——Cincuenta en noventa y seis: AFIRMATIVA.

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- ¡Que se rectifique nuevamente!

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a rectificar por última vez la votación.

(Se vota)

——Cincuenta en noventa y seis: AFIRMATIVA.

9.-     Licencias.

        Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la solicitud de licencia del señor Representante Jorge Orrico, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 28 y 29 de agosto de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, Jorge Zás Fernández".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Ochenta y cinco en noventa y cinco: AFIRMATIVA.

En consecuencia, queda convocado el correspondiente suplente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha mencionada.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 13 de agosto de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a la Cámara que usted preside licencia los días 28 y 29 de agosto por motivos personales, convocando en tal caso al suplente correspondiente.

Saluda atentamente,

JORGE ORRICO
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Orrico.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 28 y 29 de agosto de 2002.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 28 y 29 de agosto de 2002, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Orrico.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Jorge Zás Fernández.

Sala de la Comisión, 13 de agosto de 2002.

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, TABARÉ HACKENBRUCH".

10.-     Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal - Ejercicio 2001. (Aprobación).

——Prosigue la consideración del asunto en debate.

Dese cuenta de una moción presentada por la señora Diputada Tourné y los señores Diputados Berois Quinteros y Ronald Pais.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la Cámara se reúna mañana, miércoles 14, a la hora 9, para considerar la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal - Ejercicio 2001".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Ochenta y cinco en noventa y tres: AFIRMATIVA.

Se levanta la sesión.

(Es la hora 20 y 4)

 

 

GUILLERMO ÁLVAREZ

PRESIDENTE

 

Dra. Margarita Reyes Galván

Secretaria Relatora
Dr. Horacio D. Catalurda

Secretario Redactor
 

Mario Tolosa

Director del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.