Retorno a página principal

Nº 190 - TOMO 412 - 30 DE JULIO DE 2002

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

37ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Y EL SEÑOR SENADOR DOCTOR RUBEN CORREA FREITAS Segundo Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyectos presentados

- El señor Presidente del Cuerpo presenta, con exposición de motivos, un proyecto de resolución por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Senado correspondiente al Ejercicio 2001.

- A la Comisión de Presupuesto.

- El señor Presidente de la Comisión Administrativa presenta, con exposición de motivos, un proyecto de resolución por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo correspondiente al Ejercicio 2001.

- A la Comision de Presupuesto.

5 y 7) Administracion Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL)

- Proyecto de ley por el que se procede a la derogación de los artículos 612 y 613 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001 que autoriza la constitución de una sociedad anónima por acciones.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

6) Integración de Comisiones

- Propuesta del Sector Batllismo - Lista 15 comunicando distintos cambios de sus representantes en las Comisiones Permanentes del Senado.

8) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 26 de julio de 2002.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo martes 30, a la hora 15 y 30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

- Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se derogan los artículos 612 y 613 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, referidos a la telefonía celular terrestre y se mantiene el monopolio de la telefonía fija.

Carp. Nº 804/02 - Rep. Nº 491/02

Hugo Rodríguez Secretario - Filippini Mario Farachio Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Arismendi, Astori, Barrios Tassano, Brause, Cid, Couriel, De Boismenu, Fau, Fernández Huidobro, Gallinal, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Korzeniak, Larrañaga, Michelini, Millor, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Pou, Riesgo, Rubio, Sanabria, Singer, Virgili y Xavier.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

( Es la hora 15 y 47 minutos)

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 30 de julio de 2002.-

El Poder Ejecutivo remite varios Mensajes comunicando:

- conforme lo establecido en el artículo 174 de la Constitución de la República, que ha designado Ministro de Economía y Finanzas al Dr. Alejandro Atchugarry.

- que se designa en el Directorio de la Administración Nacional de Correos al doctor Diego Martínez, en calidad de Presidente.

- y que se designan en el Directorio del Banco Central del Uruguay, al economista Julio de Brun en calidad de Presidente, al doctor en Relaciones Internacionales Miguel Vieytes en calidad de Vicepresidente y al economista Andrés María Pieroni en calidad de Director.

- TENGASE PRESENTE Y ARCHIVENSE.

La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se establece que a las contrataciones de los médicos de familia previstas en el artículo 270 de la Ley Nro. 15.903, de 10 de noviembre de 1987 no les alcanza la prohibición establecida por el artículo 12 de la Ley Nº 12.079, de 11 de diciembre de 1953.

- A LA COMISION DE PRESUPUESTO.

La Cámara de Representantes remite:

- con destino a la Comisión de Educación y Cultura la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Representante Nacional Ruben H. Diaz referidas a la utilización de figuras de la historia nacional con fines publicitarios.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

- y con destino a la Comisión de Constitución y Legislación copia de la versión taquigráfica de las palabras del señor Representante Nacional Ramón Legnani relacionadas con un canal de televisión por cable del departamento de Canelones.

- A LA COMISION DE CONSTUCION Y LEGISLACION.

La Junta Departamental de Canelones remite:

- con destino a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, fotocopia de las palabras expresadas por varios señores Ediles Departamentales en respuesta a lo manifestado por el señor ex Ministro Cr. Alberto Bensión, sobre el tema relacionado con las ejecuciones a los productores rurales.

- A LA COMISION DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.

- y con destino a la Comisión de Educación y Cultura la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Edil Darío Onesti relacionadas con el tema "Explotación infantil en el mundo".

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

La Junta Departamental de Maldonado remite con destino a la Comisión de Educación y Cultura la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Edil Horacio Díaz relacionadas con hechos ocurridos en el Liceo Departamental de Maldonado.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

La Junta Departamental de Flores comunica que ha aprobado una resolución por la que ha resuelto apoyar el planteo formulado por el señor Edil Julio C. Melgar, en relación a la suba de precios en los artículos de primera necesidad.

La Junta Departamental de Maldonado remite la versión taquigráfica de las palabras expresadas por el señor Edil Darío Toledo referidas al tema "Emigración de Compatriotas".

- TENGASE PRESENTE.

4) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Presidente del Senado presenta, con exposición de motivos, un proyecto de resolución por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2001.

- A LA COMISION DE PRESUPUESTO."

(Texto del proyecto de resolución presentado:)

"Carp. Nº 854/02

Dist. 1668/02

CAMARA DE SENADORES

RENDICION DE CUENTAS

Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL

EJERCICIO 2001

CUADRO A

MONTO DEL CREDITO ORIGINAL

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2001

(ART. 110 NUM. 3 LIT. A. DEL TOCAF)

CUADRO B

APERTURA DE RUBROS DE SUELDOS

Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2001

(ART. 110 NUM. 3 LIT. B DEL TOCAF)

CUADRO C

APERTURA DE RUBROS DE GASTOS

Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2001

(ART. 110 NUM. 3 LIT. B DEL TOCAF)

CUADRO D

APERTURA DE RUBRO DE INVERSIONES

Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2001

(ART. 110 NUM. 3 LIT. B DEL TOCAF)

CUADRO E

MONTO DEL CREDITO DEFINITIVO

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2001

(ART. 110 NUM. 3 LIT. C DEL TOCAF)

CUADRO F

COMPROMISOS CONTRAIDOS

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2001

(ART. 110 NUM. 3 LIT. D DEL TOCAF)

CUADRO G

SALDOS NO UTILIZADOS

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2001

(ART. 110 NUM. 3 LIT. E DEL TOCAF)

CUADRO H

MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2001

(ART. 110 NUM. 6 LITS. A, B, C Y D DEL TOCAF)

CUADRO I

DOCUMENTOS DE ENTREGA DE FONDOS EMITIDOS

PENDIENTES DE COBRO AL 31/12/01 - EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2001

ANEXO

LEY 15.900

APERTURA Y EJECUCION

EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2001

ANEXO

CREDITOS NO IMPUTADOS

(AHORROS) - EN PESOS URUGUAYOS

EJERCICIO 2001

ANEXO

COMPARATIVO 1999 - 2000 - 2001

EN PESOS URUGUAYOS A VALORES HISTORICOS Y CONSTANTES

ANEXO

COMPARATIVO 1999 - 2000 - 2001

EN PESOS URUGUAYOS

A VALORES CONSTANTES 12/01

ANEXO

ALCANCE DE META PRESUPUESTAL

EN PESOS URUGUAYOS

A VALORES CONSTANTES 12/01

EXPOSICION DE MOTIVOS Y PROYECTO DE RESOLUCION PRESENTADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DEL SENADO, LUIS HIERRO LOPEZ

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el marco de lo establecido en el artículo 108 de la Constitución de la República y en el 110 del TOCAF cumplo en presentar al Senado la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2001.

El Senado continuó bajando sus gastos, en un porcentaje del 1,71% respecto del año 2000.

El análisis de las cifras aportadas por los servicios contables da como resultado que los egresos superaron en un 0,79% la meta establecida por el artículo 7º de la Resolución del Senado de 17/02/2001, (ver cuadro de la página 14) de manera que los mismos situados en $ 233.050.895 fueron superiores en $ 1.826.158 a la meta de $ 231.224.737 fijada en la mencionada disposición. (Los valores anotados están calculados al 31 de diciembre de 2001).

Corresponde por tanto dar una explicación de las circunstancias que culminaron en el incumplimiento parcial de la referida meta.

En el ejercicio transcurrido el ahorro se realizó exclusivamente con una severa contracción del gasto y las inversiones, adoptándose medidas de restricción en las compras y el suministro de materiales y útiles de oficina, sin afectar el funcionamiento de los servicios administrativos y de apoyo a los Senadores. Como ilustra el cuadro anexo de página 11, que amalgama el contenido de los cuadros E y F páginas 4 y 5, prácticamente no se hicieron inversiones y se logró un sensible ajuste en los distintos rubros de gastos con excepción del rubro gastos telefónicos que volvió a tener un resultado notoriamente deficitario, pese al ajuste logrado para los últimos meses del año en la tarifa de ANTEL.

Cabe destacar que después de arduas negociaciones recién se pudo lograr en los meses de octubre y noviembre de 2001 la firma de los convenios con las entidades de asistencia médica en los que se aseguró el mantenimiento de todos los beneficios vigentes para los funcionarios, dando cumplimiento al artículo 13 de la resolución del Senado de 17 de febrero de 2001. De manera que el ahorro generado por este ajuste a la baja de gastos de cobertura de salud para los funcionarios del Senado, recién tendrá efecto en el actual Ejercicio 2002.

Por lo tanto la Presidencia con la colaboración total de la Secretaría, ha hecho los mayores esfuerzos para abatir los gastos de funcionamiento de la Cámara de Senadores.

Corresponde poner en conocimiento del Senado al momento de presentar la Rendición de Cuentas de 2001, las nuevas medidas de contención del gasto que se han ido y se seguirán aplicando en el Ejercicio 2002 en curso que permitirán cumplir este año con la meta presupuestal fijada el 17 de febrero de 2001, y tal como lo solicitara oportunamente el Ministro de Economía y Finanzas, procurar un ahorro complementario, que se asimile al establecido para la Administración Central y el reclamado a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

A tales fines además del ya referido ahorro en el costo del seguro de salud para los funcionarios del Senado que a pesos constantes a mayo de 2002 es de $ 2.653.800, se han disminuido para el Ejercicio 2002: los costos de publicación del Diario de Sesiones en un 50% de su valor anterior; los tirajes y gastos correspondientes a la impresión y distribución de documentos, en un 30%; los gastos por servicios de cantina, refrescos y café, en un 5%; a partir del mes de junio se ha reducido a un tercio el costo del servicio de atención de usuarios de la red informática; para lo que se contó con el apoyo y comprensión de la empresa adjudicataria Sonda Uruguay S.A.; un nuevo ajuste en los gastos telefónicos en las oficinas y servicios administrativos, con una disminución de costos de aproximadamente 10%; una rebaja del 10% adicional en las tarifas telefónicas; y la rebaja del 8,5% de la partida de prensa de los señores Senadores. Se suma a ello la disminución de la partida de gastos de los Sectores Parlamentarios en un 8,5% tal como se había acordado con los coordinadores de Bancada, asunto que requiere la confirmación del Senado, por tratarse de una modificación en el monto del presupuesto, que debe hacerse antes del 31 de julio en curso, conforme lo ordena el artículo 108 de la Constitución.

Para una mejor comprensión de la evolución del gasto, corresponde aclarar el cuadro comparativo de fojas 13.

En el año 2001 se gastaron a valores constantes $ 4:137.728 más que en el año 2000. De manera que resultaría incongruente el ahorro presupuestal anunciado para el Ejercicio 2001 con un gasto mayor al realizado en el año anterior, lo que facilita la explicación de no haber llegado en el Ejercicio 2001 a la meta propuesta.

En efecto en el año 2001 se pagó por sueldos (diferencia por permanencia en el cargo) más de $ 4:000.000 complementarios, además de imputarse en el Ejercicio $ 900.000 por retroactividad abonado a cuatro Secretarios de Comisión en cumplimiento de sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Hecho este somero análisis de la Rendición de Cuentas de 2001 y la evolución del presupuesto interno para el ejercicio en curso, corresponde hacer algunos comentarios y precisiones sobre posibles modificaciones presupuestales ante la inminencia del vencimiento del plazo constitucional y la imperiosa necesidad de ahorro.

En primer lugar la Presidencia se ve obligada a postergar para el próximo Ejercicio las soluciones de equiparación de sueldos con los empleados de la Cámara de Representantes.

En segundo lugar trasmitir la voluntad de poner en práctica este año normas sobre calificaciones y ascensos y un nuevo marco estatutario, que deben ser aprobados por el Senado, pero no están sometidos a los plazos perentorios de las modificaciones presupuestales.

En el proyecto de Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo Ejercicio 2001, actualmente a estudio de la Cámara de Representantes, se establecen entre otras, una serie de normas sobre funcionarios públicos, relativas al retiro obligatorio a los 65 años, el retiro incentivado para quienes tengan entre 61 y 64 años.

La Presidencia entiende que si estas normas quedan incluidas en la Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo con el texto que apruebe el Parlamento, las mismas deberán aplicarse a los funcionarios de la Cámara de Senadores.

Por estas razones se proponen en el proyecto de resolución que se acompaña disposiciones por las que el Senado en plazo constitucional, otorga la autorización necesaria a esos fines.

Luis Hierro López, Presidente.

PROYECTO DE RESOLUCION

ARTICULO 1º.- Apruébase la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2001 y las medidas de ajuste de las partidas presupuestales previstas en los artículos siguientes.

ARTICULO 2º.- Disminúyese en un 8,5% la partida vigente de "Gastos de Sectores Parlamentarios".

ARTICULO 3º.- Dispónese el retiro obligatorio de los funcionarios del Senado en las condiciones establecidas en la Ley de Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo del Ejercicio 2001, una vez que ésta sea promulgada.

ARTICULO 4º.- Autorízase a la Presidencia del Senado a establecer en régimen de retiro incentivado en las condiciones dispuestas en la Ley de Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo del Ejercicio 2001, una vez que ésta sea promulgada.

ARTICULO 5º.- Los cargos vacantes por aplicación de lo dispuesto en los artículos 3º y 4º de la presente resolución serán suprimidos."

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Solicitamos un cuarto intermedio por treinta minutos.

Formulo moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta las 16 y 20 minutos.

(Así se hace. Es la hora 15 y 50 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 16 y 26 minutos)

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: en nombre de mi Bancada, la del Partido Nacional, queremos solicitar un cuarto intermedio de media hora, motivado por los momentos que está viviendo el país, que son difíciles, que conmueven y preocupan a todas las Bancadas sin excepción y a todos los señores Senadores. Esto nos obliga -yo me siento así y creo que los integrantes de las demás Bancadas también- a hacer un esfuerzo formidable para que en la tarde de hoy podamos votar de forma unánime lo relativo a los artículos 612 y 613 de la Ley Nº 17.296, que es lo que nos ha enfrentado.

Se trata de un mensaje patriótico para que todos, sin excepción, hagamos un esfuerzo; no lo estoy pidiendo a nadie, sino que lo hacemos nosotros, para que luego de este cuarto intermedio podamos volver a Sala con un solo proyecto de derogación que contemple las posiciones de todas las Bancadas. Esto servirá, reitero, para que saquemos lo que nos enfrenta y podamos tener un mensaje para la población en general, en el sentido de que el sistema político se puso de acuerdo a fin de sortear el difícil tema que tenemos por delante.

Hago moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta la hora 17.

(Así se hace. Es la hora 16 y 28 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 17 y 51 minutos)

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: formulo moción en el sentido de que el Senado pase nuevamente a cuarto intermedio hasta la finalización de la sesión de la Asamblea General, que está previsto se reúna a la hora 18.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 16 en 17. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta que finalice la sesión de la Asamblea General.

(Así se hace. Es la hora 17 y 52 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 18 y 28 minutos)

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un proyecto de resolución entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- "El señor Presidente de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo presenta, con exposición de motivos, un proyecto de resolución por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2001."

- A LA COMISION DE PRESUPUESTO.

(Texto del proyecto de resolución:)

"Carp. Nº 855/02

Distr. 1672/02

RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA COMISION

ADMINISTRATIVA DEL PODER LEGISLATIVO

EJERCICIO 2001

Comisión Administrativa

Poder Legislativo

Presidencia.

Montevideo, 30 de julio de 2002.

A LA CAMARA DE SENADORES

La Comisión Administrativa del Poder Legislativo tiene el honor de remitir a la Cámara de Senadores para su sanción, la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal -Ejercicio 2001- con la correspondiente resolución del Cuerpo adoptada por unanimidad, en sesión de fecha 29 de julio de 2002, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 5º de la Ley Nº 16.821 de 23 de abril de 1997, 108 de la Constitución de la República y 7º del Presupuesto Quinquenal de la Comisión Administrativa de fecha 13 de febrero de 2001, respectivamente.

En relación a la información disponible suministrada por la Unidad de Control Interno, resulta del caso destacar:

a) que, se ha logrado en relación a los gastos de suministros una importante reducción -del orden del 30% a valor dólar en relación al año anterior- como consecuencia de la disminución: en los consumos de ANTEL; en la realización de adquisiciones y obras de reparación; como así también en la restricción de la compra y entrega de artículos de oficina; abatimiento que ha permitido una vez más cumplir con las metas propuestas en el artículo 8º del Presupuesto Quinquenal de fecha 13 de febrero de 2001.

Los logros obtenidos en la disminución de los consumos de ANTEL, se deben a la aplicación desde el mes de julio de 2001 del Convenio suscrito con la Institución (artículo 20 del Presupuesto Quinquenal de 13 de febrero de 2001) a través del cual se ha reducido la tarifa en un 10% por el primer año y en un 20% por el segundo, como así también a la adopción de medidas internas encaminadas al mismo fin, suprimiéndose las salidas de larga distancia a través del dígito cero. En el primer caso el ahorro significó la suma de $ 244.792.oo y en el segundo $ 3:599.800.oo.

b) que como resultado de lo establecido en el artículo 29 del Presupuesto Quinquenal de 13 de febrero de 2001, desde el mes de setiembre de 2001 se han venido firmando convenios con distintas entidades médicas, lo que ha determinado una economía de $ 1:431.452.

En otro orden de cosas y considerando que la Comisión Administrativa luego de una evaluación profunda acerca de la necesidad de concretar la realización de las obras relacionadas con el Acondicionamiento Térmico, decide autorizarlas dado que a través de las mismas la Administración tiene por objeto la preservación del Edificio Monumento Histórico Nacional Palacio Legislativo, en cuanto a su arquitectura e instalaciones. Como consecuencia de dicha autorización se procedió al llamado a Licitación Pública correspondiente; b) que la partida presupuestal respectiva está fijada en pesos, mientras que las ofertas han sido cotizadas en dólares, circunstancia que se ha visto superada por la realidad económica-financiera del Estado, no previsible al momento de efectuar las gestiones correspondientes y que amerita adoptar un mecanismo de reserva de las partidas que resulte eficaz a fin de cumplir oportunamente con los pagos previstos; se entiende conveniente adoptar la resolución prevista en el artículo 2º de la presente Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal.

Asimismo se considera oportuno señalar, que en el ámbito de la Comisión Administrativa se ha procedido a la unificación de las áreas informáticas, por resolución de fecha 8 de octubre de 2001, concretando de esta manera la etapa de avance hacia la creación de un Sistema de Información y Documentación del Poder Legislativo, previsto en los artículos 9º y 10 de la Resolución de la Cámara de Senadores de 31 de julio de 1997, artículo 6º de la Resolución de la Cámara de Representantes de 31 de julio de 1997, artículos 8º y 9º de la Resolución por la que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Comisión Administrativa, sancionada por la Cámara de Senadores con fecha 31 de julio de 1997 y los artículos 39 y 41 de la Resolución por la que se aprueba la Reestructura Orgánica y Reordenamiento Escalafonario de la Comisión Administrativa, sancionada por la Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1998; temática que oportunamente fue objeto de análisis en reuniones mantenidas por el Grupo Coordinador de las tres Unidades Ejecutoras del Poder Legislativo, concluyendo sus participantes que tal iniciativa de unificación debía concretarse en la medida que a cada Unidad Ejecutora corresponda.

Para finalizar se considera necesario indicar que esta Unidad Ejecutora, ha mantenido -cumpliendo con lo expresado en oportunidad de remitir para su sanción la Rendición de Cuentas y Balance Presupuestal - Ejercicio 2000- una política de abatimiento y racionalización del gasto. Sin perjuicio de ello y en consideración a la situación económico - financiera del Estado, ha tenido que enfrentar y continúa haciéndolo, sensibles reducciones en las partidas mensuales que entrega la Tesorería General de la Nación, obligando a los Ordenadores de gasto a realizar importantes esfuerzos a fin de cumplir con las obligaciones contraídas, procurando asimismo no afectar los servicios que habitualmente presta, fundamentalmente aquellos vinculados al apoyo que se brinda a la labor parlamentaria.

Luis Hierro López, Presidente.

Montevideo, 30 de julio de 2002.

VISTO: La Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal -Ejercicio 2001- de la Unidad Ejecutora Comisión Administrativa del Poder Legislativo, que forma parte integrante de la presente resolución.

RESULTANDO: I) Que la misma se ha formulado conforme a la normativa vigente, constando los estados contables demostrativos del desempeño presupuestal en el ejercicio bajo análisis.

II) Que del análisis comparativo entre el crédito autorizado y lo comprometido en el Ejercicio 2001, se verifica una economía presupuestal con respecto a las partidas presupuestales asignadas del 16,71%.

CONSIDERANDO: Que la Comisión Administrativa del Poder Legislativo en sesión de fecha 29 de julio de 2002 analiza la documentación presentada resolviendo por unanimidad aprobarla sin observaciones.

ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 5º de la Ley Nº 16.821 de 23 de abril de 1997, 108 de la Constitución de la República y 7º del Presupuesto Quinquenal de la Comisión Administrativa de fecha 13 de febrero de 2001, respectivamente,

la Comisión Administrativa del Poder Legislativo

RESUELVE

por unanimidad, en sesión de fecha 29 de julio de 2002.

Artículo 1º.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal -Ejercicio 2001- de la Unidad Ejecutora Comisión Administrativa del Poder Legislativo, en la que se verifica una economía presupuestal con respecto a las partidas presupuestales asignadas del 16,71%.

Artículo 2º.- Reasígnase al Proyecto 720 "Reacondicionamiento Térmico" una partida equivalente a U$S 1:450.000.oo.

Artículo 3º.- Ratifícase la resolución de fecha 8 de octubre de 2001, relativa a la unificación de las áreas informáticas dependientes de la Comisión Administrativa, cuyo texto se transcribe: "Montevideo 8 de octubre de 2001. VISTO: La necesidad de establecer un sistema de Información y Documentación del Poder Legislativo que optimice el uso de ambas, su calidad y difusión, racionalice la aplicación de los recursos materiales necesarios y obtenga el mejor rendimiento de los recursos humanos disponibles. CONSIDERANDO: I) lo establecido en la materia por los artículos 9º y 10 de la Resolución de la Cámara de Senadores de 31 de julio de 1997, artículo 6º de la Resolución de la Cámara de Representantes de 31 de julio de 1997, artículos 8º y 9º de la Resolución por la que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Comisión Administrativa, sancionada por la Cámara de Senadores con fecha 31 de julio de 1997 y los artículos 39 y 41 de la Resolución por la que se aprueba la Reestructura Orgánica y Reordenamiento Escalafonario de la Comisión Administrativa, sancionada por la Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1998. II) que en las reuniones efectuadas por el Grupo Coordinador de las tres Unidades Ejecutoras del Poder Legislativo se llegó a la conclusión de que era necesario unificar los servicios informáticos de la Comisión Administrativa, como primer avance hacia la creación de un Sistema de Información y Documentación del Poder Legislativo. ATENTO: a lo dispuesto por la Ley Nº 16.821 de fecha 23 de abril de 1997 a las atribuciones que le confiere el artículo 50 de la Resolución por la que se aprueba la Reestructura Orgánica y Reordenamiento Escalafonario de la Comisión Administrativa, sancionada por la Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1998. El Presidente de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo RESUELVE Artículo 1º.- La Dirección de Informática Administrativo Contable y la Dirección Técnica de Biblioteca quedarán integradas y subordinadas a la Dirección General de Informática Parlamentaria Escalafón R - Personal de Informática. Derogánse todas las disposiciones que otorgan autonomía funcional a las Direcciones de Informática Administrativo Contable y Técnica Informática de Biblioteca. Artículo 2º.- Suprímanse las Series a) Informática Parlamentaria, b) Informática Administrativo Contable y c) Técnica Informática de Biblioteca del Escalafón R - Personal de Informática. Artículo 3º.- Los cargos actualmente vacantes de Programador de las Series que se suprimen y las que se generen como consecuencia de los ascensos, serán provistos por vía de excepción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Resolución por la que se aprueba la Reestructura Orgánica y Reordenamiento Escalafonario de la Comisión Administrativa, sancionada por la Cámara de Senadores de 22 de diciembre de 1998. Artículo 4º.- Pase a la Secretaría de la Comisión Administrativa a efectos de que se sirva disponer se notifique a los funcionarios involucrados y se libren las comunicaciones correspondientes. Firma Luis Hierro López, Presidente".

Artículo 4º.- Remítase a la Cámara de Senadores conforme a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley Nº 16.821.

Luis Hierro López Presidente

Sergio E. Croci Secretario

Enrique González Garín Prosecretario - Guillermo Pomi Prosecretario.

Montevideo, 15 de julio de 2002.

Señor Secretario de la

Comisión Administrativa

Sr. Sergio E. Croci.

De acuerdo a lo solicitado, elevo a usted la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2001 de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

Se acompañan los siguientes anexos:

ANEXO Nº I - Cuadro resumen de la ejecución del presupuesto del año 2001

ANEXO Nº II - Evolución partidas de Funcionamiento del Ejercicio 2001

ANEXO Nº III - Evolución partidas de Suministros del Ejercicio 2001

ANEXO Nº IV - Evolución partidas de Inversiones del Ejercicio 2001

ANEXO Nº V - Evolución partidas de Sueldos del Ejercicio 2001

ANEXO Nº VI - Movimiento de Fondos del Ejercicio 2001

Durante el Ejercicio 2001 hubo una disminución muy importante en los gastos de suministros, principalmente, por reducción en los consumos de ANTEL. Esta economía, conjuntamente con la imposibilidad de realizar diversas adquisiciones y obras de reparación, debido a una reducción significativa en los ingresos recibidos de la Tesorería General de la Nación y en las restricciones realizadas en la compra de diversos artículos de oficina, ha ocasionado una reducción en los gastos de funcionamiento e inversiones del orden del 30% a valor dólar con respecto al Ejercicio anterior.

Esto ha determinado que las metas propuestas en el Art. 8º) del Presupuesto Quinquenal, hayan sido cumplidas.

Desde el mes de setiembre/2001, se ha comenzado a firmar convenios con distintas sociedades médicas, lo cual ha significado una economía para dicho Ejercicio de $ 1:431.452.

Desde el mes de julio/01, existe un convenio con ANTEL, por el cual se ha reducido la tarifa en un 10% por el primer año y de un 20% para el segundo año. La economía producida por dicho concepto se encuentra en el Anexo Nº III.

La Comisión Administrativa, viene cubriendo los gastos telefónicos que se realizan por medio de la central telefónica de la Cámara de Senadores y de Representantes. Los montos devengados por dicho concepto a diciembre de 2001, ascienden a $ 3:735.347 para Cámara de Senadores y $ 10:444.968 para la Cámara de Representantes.

Con relación a las modificaciones para el Presupuesto del año 2002, se considera que debería ajustarse a la partida del Proyecto 720 "Reacondicionamiento Térmico", dado que dicha partida está establecida en pesos uruguayos con variación IPC y el gasto se efectuará en dólares. Por lo que se sugiere establecer la partida con variación dólar y fijar su monto en el equivalente a U$S 1:500.000 a valores enero/2002.

Saluda a usted, atentamente,

Cr. Rodolfo Trecca Director Contable

Montevideo, 22 de julio de 2002.

Se eleva a la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, para su consideración.

Sergio E. Croci Secretario

Enrique González Garín Prosecretario - Guillermo Pomi Prosecretario

PODER LEGISLATIVO

COMISION ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE CONTROL INTERNO

EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 31/12/2001

 

 

Sergio E. Croci Secretario

Cr. Rodolfo Trecca Director Contable

Enrique González Garín Prosecretario

Guillermo Pomi Prosecretario

ANEXO Nº II

Sergio E. Croci Secretario

Cr. Rodolfo Trecca Director Contable

Enrique González Garín Prosecretario

Guillermo Pomi Prosecretario

COMISION ADMINISTRATIVA

DEL PODER LEGISLATIVO

LISTADO COMPLEMENTARIO AL ANEXO Nº II

Sergio E. Croci Secretario

Cr. Rodolfo Trecca Director Contable

Enrique González Garín Prosecretario

Guillermo Pomi Prosecretario

ANEXO Nº III

SUMINISTROS

Sergio E. Croci Secretario

Cr. Rodolfo Trecca Director Contable

Enrique González Garín Prosecretario

Guillermo Pomi Prosecretario

ANEXO Nº IV

Sergio E. Croci Secretario

Cr. Rodolfo Trecca Director Contable

Enrique González Garín Prosecretario

Guillermo Pomi Prosecretario

ANEXO Nº V

Sergio E. Croci Secretario

Cr. Rodolfo Trecca Director Contable

Enrique González Garín Prosecretario

Guillermo Pomi Prosecretario

ANEXO Nº VI

MOVIMIENTO DE FONDOS

Sergio E. Croci Secretario

Cr. Rodolfo Trecca Director Contable

Enrique González Garín Prosecretario

Guillermo Pomi Prosecretario

MONTOS AFECTADOS GASTOS E INVERSIONES

Sergio E. Croci Secretario

Cr. Rodolfo Trecca Director Contable

Enrique González Garín Prosecretario

Guillermo Pomi Prosecretario

MONTOS COBRADOS TGN

Sergio E. Croci Secretario

Cr. Rodolfo Trecca Director Contable

Enrique González Garín Prosecretario

Guillermo Pomi Prosecretario."

5) ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el único punto del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se derogan los artículos 612 y 613 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, referidos a la telefonía celular terrestre y se mantiene el monopolio de la telefonía fija. (Carp. Nº 804/02 - Rep. Nº 491/02)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 804/02

Rep. Nº 491/02

Comisión de

Constitución y Legislación

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo Unico.- Deróganse los artículos 612 y 613 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Alejandro Atchugarry, Miembro Informante; Ruben Correa Freitas, Yamandú Fau, José Korzeniak, Manuel Núñez.

Ministerio de Defensa Nacional

Montevideo, 14 de mayo de 2002.

Señor Presidente de la

Asamblea General.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto proyecto de ley referente a las disposiciones contenidas en los artículos 612 y 613 de la Ley Nº 17.296 de 21 de febrero de 2001.

La Ley de Presupuesto Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, por medio de los artículos 612 y 613 le otorgó a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) la autorización para constituir una sociedad anónima por acciones, cuyo objeto fuera la prestación del servicio de telefonía celular terrestre y a comercializar hasta el 40% del paquete accionario de dicha sociedad.

Por su parte, la Ley Nº 17.443 de 28 de diciembre de 2001 estableció, a iniciativa del propio Cuerpo Legislativo, que la admisión de capitales privados o la venta de acciones en la prestación del servicio de telefonía terrestre de ANTEL, debía contar con la previa autorización legal conforme al artículo 188 de la Constitución de la República.

Luego de la sanción de la Ley Nº 17.443, el Poder Ejecutivo entendió que con la autorización previa exigida a ANTEL para constituir sociedades o admitir la presencia de capitales privados en el servicio de telefonía móvil que explota ANTEL en competencia con otros privados, la discusión promovida por los impulsores del cuestionamiento de los artículos 612 y 613 quedaba concluida.

Es posición del Poder Ejecutivo que dado que estamos ante una discusión jurídica carente de sentido práctico y a los efectos de evitarle al país un costo por demás importante, resulta imprescindible dar por concluida la discusión proponiendo la derogación de los artículos 612 y 613 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, reiterando la ya admitida doctrina, en otro artículo del proyecto de ley que el monopolio de ANTEL sólo resulta de aplicación para el caso de la telefonía básica, entendiendo por tal el servicio público de telefonía fija, conmutada y referida al tráfico nacional.

Saluda al Señor Presidente con la mayor consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República, Luis Brezzo.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Deróganse los artículos 612 y 613 de la Ley Nº 17.296 de 21 de febrero de 2001.

Artículo 2º.- La prestación a terceros del servicio público de telefonía fija, conmutada y referida al tráfico nacional continuará siendo realizada en exclusividad por la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL).

Luis Brezzo."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el señor Senador Brause.

SEÑOR BRAUSE.- Señor Presidente: la Comisión de Constitución y Legislación ha aprobado y presenta a consideración del Senado el proyecto de ley sustitutivo del Mensaje original del Poder Ejecutivo por el cual se derogan los artículos 612 y 613 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

El Miembro Informante de este proyecto de ley era el ex Senador Atchugarry, hoy al frente de esa difícil tarea que significa conducir los destinos económicos del país. Sustituirlo no es tarea fácil, no obstante lo cual haré algunas consideraciones que a nuestro entender justifican que el Cuerpo, luego de la debida consideración, termine sancionando el artículo único. Su texto es bien claro y refiere a la derogación de dos disposiciones que fueron sancionadas en la Ley de Presupuesto Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001. Estos artículos permitieron a ANTEL la constitución de una sociedad anónima por acciones con el objeto de prestar servicios de telefonía celular terrestre y, además, vender el 40% de dichas acciones. La otra disposición también habilitó a ANTEL a constituir una sociedad o a admitir capitales privados en servicios de telefonía móvil en competencia con privados. Estas normas fueron luego impugnadas por un grupo de ciudadanos, en un procedimiento que se entendió largo, a través del cual se pudo recoger, en el lapso de un año, el 25% de las firmas. En ese ínterin y estando en proceso la recolección de firmas, el Parlamento, la Asamblea General, sancionó la Ley Nº 17.443, de 28 de diciembre de 2001, que estableció la necesidad de una ley para autorizar a ANTEL la venta de las acciones, así como también la admisión de capitales privados en la gestión de la telefonía que hace este servicio descentralizado.

A juicio del Poder Ejecutivo y también de quien habla, la sanción de esta Ley terminó con la discusión promovida por los impulsores del cuestionamiento a los artículos 612 y 613. Más aún; transcurrido el tiempo, podemos constatar que, ya presentadas las firmas ante la Corte Electoral, la Oficina Nacional dependiente de este organismo ha reconocido que las mismas se han verificado. Quiere decir que, teniendo presente la sanción de la Ley Nº 17.443, que desde el punto de vista jurídico termina con la discusión, y verificado que el número de firmas necesarias ha sido alcanzado, a nuestro entender la discusión se torna políticamente inconducente. De ahí que se justifica el artículo único que propone la Comisión de Constitución y Legislación derogando los cuestionados artículos 612 y 613 de la Ley Nº 17.296.

Bueno es señalar, también, que en la iniciativa del Poder Ejecutivo, al tiempo de elevar a la Asamblea General el proyecto de ley cuyo artículo 1º indicaba la derogación de los artículos 612 y 613, el artículo 2º establecía que la prestación a terceros del servicio público de telefonía fija conmutada y referida al tráfico nacional continuaría siendo realizada en exclusividad por la Administración Nacional de Telecomunicaciones. ¿Cuál era el objetivo que perseguía el Poder Ejecutivo con esta norma? Era contemplar claramente la situación de ANTEL una vez que fuera sancionada la norma que derogaba los artículos 612 y 613, de manera tal de permitirle continuar prestando el servicio de la telefonía básica, como se le dice en el lenguaje común, pero que en realidad refiere a la telefonía fija conmutada. ¿Por qué el Poder Ejecutivo quería contemplar esto? Por la sencilla razón de que, desde el punto de vista jurídico, ante la existencia de una norma derogatoria, el monopolio o la exclusividad de los servicios públicos que la ley anterior le atribuía a ANTEL no revivía. Esas normas habían sido derogadas y, por tanto, al derogarse las normas derogatorias, no revivían aquellas que originalmente le conferían a ANTEL los servicios públicos de telefonía, en exclusividad.

En función de eso, desde el punto de vista jurídico se planteaba el problema de que la ley derogatoria sólo tiene efectos hacia el futuro. En nuestro Derecho, de acuerdo a la mejor doctrina, la ley no puede anular leyes, lo que hace es derogarlas, y la derogación siempre es hacia el futuro. A fin de evitar ese vacío jurídico que se estaría presentando para ANTEL entre la ley derogatoria presente y la que había derogado el monopolio anterior, la solución, claramente, era aprobar este artículo 2º por el cual expresamente se le confería al Ente el cometido de prestar en forma exclusiva el servicio público de telefonía básica.

También es cierto que la ley puede establecer la retroactividad, pero en estos casos se tiene que decir expresamente y se debe hacer teniendo especial cuidado de no lesionar derechos adquiridos. Este es un principio básico en materia de Derecho; es nada menos que el principio de la seguridad o certeza jurídica. Aclaro que no voy a elaborar sobre este tema, pero es bueno recordar que Recasens Siches señalaba que la derogación es, en todo caso y siempre, hacia el futuro, y se justifica en tanto que el Derecho nace en la vida humana para colmar una urgencia de certeza y seguridad en las relaciones sociales. He ahí un principio rector en materia de Derecho. Sólo a través de la seguridad jurídica, principio que informa el ordenamiento jurídico, se puede lograr solución a los conflictos de intereses, o sea, se puede lograr la Justicia.

No obstante la iniciativa del Poder Ejecutivo, la Comisión resolvió no tener en cuenta el artículo 2º que acabamos de comentar, sino proponer al Cuerpo la derogación lisa y llana. Este fue el resultado de acuerdos políticos que se llevaron a cabo en su momento en la Comisión de Constitución y Legislación; aunque en ese entonces no era miembro de ella, sin duda alguna la circunstancia de postergar el tratamiento del artículo 2º de la iniciativa del Poder Ejecutivo no significa, de ninguna manera, poder plantearla nuevamente en el futuro -a efectos de contribuir en la gestión de los cometidos de ANTEL- la necesidad de que se le devuelva al Ente la exclusividad en la prestación del servicio público de la telefonía básica.

Hecha esta afirmación -que reitero, señor Presidente, tiene una base estrictamente jurídica, que es la de procurar llenar los cometidos de ANTEL para la prestación del servicio público de la telefonía básica en forma exclusiva-, lo cierto es que cualquier intento de restablecer el monopolio de los servicios de telefonía a través de la ley, se da de bruces contra la realidad. En materia de telefonía ya no tenemos por qué hablar del futuro, sino que debemos comprobar el presente. De ninguna manera podemos detener a través de la ley el hecho de que las personas se puedan comunicar, justamente, por medio del sistema de telecomunicaciones inalámbricas. Hoy en día ya lo podemos comprobar en el mundo, pero en el futuro los uruguayos también nos vamos a poder comunicar a través de satélites, donde no hay fronteras, y ningún monopolio va a poder detener esa realidad. Ese es el presente y va a ser el futuro en materia de telecomunicaciones. Reitero que ningún monopolio establecido por ley lo va a poder detener, porque la ley no puede ir en contra de la realidad. Esa nueva generación de telefonía inalámbrica a través de satélites va a tornar totalmente inoperante e inútil el monopolio.

Pero esto no quiere decir que ANTEL no pueda prestar servicios a la sociedad uruguaya en el futuro. Sin duda, ANTEL cuenta con una red de cobre que cubre todo el país y que sirve -y va a servir- para la transmisión de datos, además de la de voz que se realiza por medio de la telefonía básica. El Ente es el propietario de esa infraestructura y ningún inversor va a venir a competir al país para instalar una adicional. De modo que se puede defender perfectamente bien a ANTEL a través de la reserva de la exclusividad de los servicios públicos de la telefonía básica. Así lo señalaba el artículo 2º del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que, a nuestro entender, en el futuro deberá ser considerado por el Parlamento.

En definitiva, nosotros creemos que tanto por razones jurídicas como políticas, estamos en presencia de la necesidad de derogar los artículos 612 y 613, y aceptar la realidad; una realidad que, más allá de las circunstancias que hoy nos convocan, se presenta en forma muy complicada. No podemos estar discutiendo estas normas ignorando la situación que atraviesa el país. A nuestro modo de ver, no tenemos recuerdo de que el Uruguay haya atravesado una situación de conmoción económica y social del tamaño y gravedad de la que hoy vivimos. Ante una situación de esta naturaleza, que nos azota y conmociona, nosotros entendemos que debemos contribuir con la paz y la tranquilidad, evitándole al país una discusión en torno a si corresponde o no llevar adelante el plebiscito de los artículos 612 y 613.

Ya hemos dicho que desde el punto de vista jurídico la discusión está concluida, y que en lo político es totalmente inoperante, pero además, la realidad que hoy vive el país -que no era la que se vivía al tiempo de la sanción de estos artículos, ni la que se vivía en el momento de la recolección de firmas por parte de quienes cuestionaban estas normas, como tampoco la que en el día de hoy conmociona a nuestra sociedad-, nos obliga a deponer las discusiones y, en aras de contribuir a la paz y a la tranquilidad, liquidar esta consideración, lo que significa derogar los artículos 612 y 613.

Nosotros, señor Presidente, queremos contribuir con nuestro esfuerzo a esa paz y tranquilidad que el país nos reclama. Con ello, además, colaboramos con la conducción económica del Gobierno, a cuyo frente hoy está el amigo de todos y correligionario de esta Bancada, doctor Atchugarry. Nos hacemos cargo de las preocupaciones e inquietudes que en este momento debe estar teniendo. Por ello tenemos el deber de colaborar, de aunar esfuerzos y de dar al país un mensaje, como decía, de paz y tranquilidad, pero también de esperanza y prosperidad. Los uruguayos todos se lo merecen.

Muchas gracias.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- El Parlamento recordará en qué condiciones se votaron los artículos 612 y 613 en la Ley de Presupuesto; recordará las características de la discusión, donde sin ninguna duda hubo posiciones dispares, tanto por el contenido como por la forma. Naturalmente, no vamos a volver a aquella discusión, pero tanto el contenido como la forma llevaron a la necesidad de plantear un referéndum. Después de un período indispensable para alcanzar las firmas, este objetivo se logró. La Corte Electoral reafirmó que se había llegado a la cantidad de firmas necesarias, lo que de alguna manera constituyó un extraordinario triunfo para quienes habían convocado a ese referéndum.

SEÑOR BRAUSE.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR COURIEL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Deseo aclarar que la Corte Electoral todavía no se pronunció; la que sí lo hizo fue la Oficina Nacional, que es una Comisión que actúa a nivel de la Corte Electoral.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Acepto la corrección del señor Senador Brause.

Confieso que no pensaba hablar de este tema, pero dado que el señor Senador me lo pide y me corrige, no tengo más remedio -insisto, no pensaba aludir a este aspecto de ninguna manera- que hacer una crítica muy profunda a la Corte Electoral; realmente muy profunda.

SEÑOR BRAUSE.- Lo había mencionado en mi exposición.

SEÑOR PRESIDENTE.- Por favor, evitemos los dialogados, señores Senadores.

SEÑOR COURIEL.- Debo decir que, a nuestro entender, esta institución -en la que tampoco debe ser por casualidad que no se llegó a la integración que todos aspirábamos después del último acto electoral-, no actuó de acuerdo con las circunstancias, ni mostró lo que creemos debió haber sido el objetivo central de un organismo de contralor de esa índole.

Como decía, se alcanzaron las firmas; tal como expresó el señor Senador Brause, una Comisión así lo proclamó, y esto demostró que quienes habían llevado adelante el referéndum con un brutal esfuerzo, habían obtenido, como mínimo, el primer triunfo, que era nada más ni nada menos que llegar a la adhesión del 25% de los ciudadanos en condiciones de votar. Frente a la situación imperante en estos momentos y ante el hecho de que la Comisión de Constitución y Legislación nos trae un texto para derogar los artículos 612 y 613, quisiera volver a reafirmar que ello es una demostración más de un impresionante triunfo de aquellos sectores sociales y políticos que impulsaron este referéndum.

(Ocupa la Presidencia el doctor Correa Freitas)

- En función de esas consideraciones, en el día de ayer la Mesa Política Nacional del Frente Amplio adoptó una Resolución a la que daré lectura. Dice así: "Vista la propuesta del Gobierno en torno a derogar los artículos 612 y 613 de la Ley Nº 17.296, la Mesa Política Nacional del Frente Amplio, en su sesión del día de la fecha resuelve que los Legisladores de esta fuerza política voten afirmativamente si se acuerda previamente la vigencia de la Carta Orgánica de ANTEL".

De acuerdo con esta Resolución, la Bancada del Frente Amplio presentó una moción de resolución en cuyo artículo único establece lo siguiente: "Art. único. Decláranse en vigor las disposiciones abrogadas o modificadas por los artículos 612 y 613 de la Ley Nº 17.296 de 21 de febrero de 2001.

Asimismo, deróganse los artículos referidos en el inciso anterior".

Estas son las dos resoluciones centrales, y como coordinador de Bancada debo decir que representan la posición del Encuentro Progresista - Frente Amplio.

Gracias.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Doctor Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Creo que si la sociedad uruguaya está en condiciones de derogar estos artículos, a fin de ahorrar la discusión al Senado de la República en un día muy especial, con situaciones complejas a nivel de la economía nacional -quizás, deberíamos abocar nuestra energía a resolver otros temas y no este-, debemos actuar correctamente, porque no alcanza con derogar los artículos 612 y 613 si no se sabe cuáles van a ser las disposiciones que regirán a ANTEL o a ANCEL, en su oportunidad. Por lo tanto, señor Presidente, creo que lo peor que podemos hacer es derogar y abrir una nueva polémica sobre cuáles son las normas jurídicas en las que nuestra telefonía -en este caso, ANTEL- deberá basarse. En virtud de ello, hemos presentado una propuesta que fue discutida a nivel de la Mesa Ejecutiva del Nuevo Espacio -y que todos los señores Senadores tienen en sus bancas-, en la que a renglón seguido de la derogación de los artículos 612 y 613 propuesta por la Comisión de Constitución y Legislación, restablecemos la vigencia de los artículos 3 a 6, 8 a 10 y 12 del Decreto-Ley Nº 14.235, con las modificaciones introducidas por el Decreto-Ley Nº 15.671, y por la Ley Nº 16.211, de 1º de octubre de 1991. Esto tiene como objetivo, repito, terminar con la polémica. De esa forma, evitaremos discutir en los próximos meses cuál es la normativa en la cual debe basarse ANTEL, porque ya lo expresamos aquí, restableciendo las disposiciones que de alguna forma sustituyeron los artículos 612 y 613.

Nos parece que el texto es muy claro y que podría obtener el consenso de los diferentes Senadores. Por consiguiente, a la hora de votar vamos a pedir que se tome este proyecto como base y sea considerado antes que el presentado por la Comisión, si sus miembros lo creen conveniente.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: lamento no poder venir al Plenario a decir que logramos un acuerdo unánime. No creo que esto sea, simplemente, un tema de echar culpas a nadie, pero esa es la verdad. Desgraciadamente tengo que decir que, frente al llamado a hacer los máximos esfuerzos, no hemos logrado obtener una redacción de consenso para votar todos juntos y encontrar una solución a un enfrentamiento de mucho tiempo y que en otra oportunidad -lo digo con mucha tranquilidad-, en otra situación del país, en otro momento de su economía y no con los problemas que -lamentablemente- tenemos hoy, nos hubiera gustado discutir públicamente, convocando a la gente, porque lo que nos ha llevado a esta fórmula no es el temor a su opinión. En este sentido, pienso que puedo hablar con propiedad, porque cuando fuimos gobierno y quisimos generar una asociación, perdimos -diría, por paliza- algo así como 70 y pico por ciento a 28% y, como no podía ser de otra manera, respetamos ese pronunciamiento, en una ANTEL diferente y en un momento también distinto del Uruguay.

(Ocupa la Presidencia el señor Luis Hierro López)

-Hoy buscábamos el consenso para evitar nuevos enfrentamientos y tratábamos de que cada uno depusiera un poco sus posiciones para encontrar un punto común. No creo que éste no exista, y para mí era importante que el sistema político dijera que hay puntos de encuentro común. A veces, las circunstancias de un país pueden dar para no hacer demasiados esfuerzos por encontrarlos, ya que una situación económica y también espiritual de tranquilidad puede llevar a que esta discusión, este enfrentamiento -que no es malo sino, por el contrario, bueno, puesto que se pueden discutir ideas y temas en forma profunda- le sirva. Nosotros no rehuimos a esto; es más, lo buscamos. No obstante, no creo que este sea el momento adecuado para ello, ni tenemos la serenidad espiritual y nos asaltan otro tipo de preocupaciones que exceden debates de esta índole. De todos modos, buscábamos ese punto común -que existe- y que, si hiciéramos un esfuerzo, podríamos encontrar.

Más adelante diré lo que nos preocupa, que creo podría despejarse con un esfuerzo de todas las partes.

Las circunstancias cambian y uno es no solamente lo que piensa, sino también las circunstancias que lo rodean -como decía Ortega y Gasset- y hoy son muy distintas a las que pensábamos cuando el Partido Nacional trajo uno de estos artículos. Ese era un escenario que buscaba potenciar, capitalizar al Banco de todos, al Banco de la República, vía la asociación de esta empresa ANCEL, que no existía en el momento en que se realizó el plebiscito de ANTEL, y darle los recursos necesarios para reactivar el aparato productivo nacional. No hablábamos solamente del agro, sino también de la industria, del comercio y del consumo. El Banco de la República era, entonces, el centro de nuestras preocupaciones, como lo sigue siendo hoy. Si creemos que hay alguna medida reactivante, ella pasará por las manos del Banco de la República, que es la garantía que podemos tener de que esos recursos vayan, como créditos, a impulsar, a ser la palanca de desarrollo de nuestro país. Eso era lo que buscábamos en ese entonces, señor Presidente.

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde ese momento: la instancia presupuestal, las "hojas de ruta", que se han mencionado y las firmas que sí están. Creo que poco importa decir si la Oficina Nacional ha hecho la comunicación de que están las firmas, y no la Corte Electoral. ¿Qué importa? ¿Cuál es el tema? ¿Están o no las firmas? Los técnicos que han estudiado el tema, dicen que están y si esto no se ha señalado oficialmente es porque, además de decirse que están las firmas, tiene que haber otro tipo de pronunciamiento. Pero eso será tema de análisis, no fácil de dirimir. ¿Cuál es el inconveniente en hacer esa puntualización? Lo cierto es que están las firmas y ha sido un triunfo -¿por qué no decirlo?- de quienes se han movilizado.

En esto, me parece que también hay una cuota parte de culpa de muchos de los actores que defendemos estas normas o que las defendíamos -aunque hoy estemos dispuestos a derogarlas-, por esperar a esta instancia o a la plebiscitaria a los efectos de discutirlas a fondo. Ha habido un error político, por nuestra parte, de renunciamiento a la discusión; en su momento, no dimos la batalla necesaria para defender el tema frente a la opinión pública creyendo que, si se arribaba a las firmas, íbamos a tener oportunidad de hacerlo. Esta instancia no se va a dar, porque el país no soporta un enfrentamiento más. Lo decimos no sólo con relación a ANCEL, sino también a otros. Nuestro partido, en la instancia reciente de interpelación al señor Ministro de Economía y Finanzas hizo una declaración pública en la que especialmente destacaba -lo hacía doblemente- que la circunstancia no era de enfrentamiento, sino que se trataba de una convocatoria a la unión nacional. Es más, en el numeral tercero -que fue votado por la unanimidad de nuestra Bancada de Legisladores- de esa declaración hacíamos un llamado a las fuerzas políticas, diciendo que no eran momentos de confrontación, sino de unión.

Cuando la empresa nacional -repito, empresa nacional, no para dar un criterio economicista a mis palabras, sino en el mejor sentido de la expresión- tiene los desafíos a los que en la tarde de hoy se ve enfrentado nuestro país, me siento con una responsabilidad muy grande de estar sentado donde estoy y, por ende, de tratar de ayudar a que esos caminos se encuentren para, luego, tal vez, volver a confrontar los proyectos. No rehuimos a ello; es más, nos gusta confrontarlos, porque esa es la manera de saber si uno tiene razón. Y si mañana, de esa confrontación, la gente nuevamente opina que no tengo razón, porque soy demócrata -y lo seré y creo que no tengo que demostrarlo- cuando gano y también cuando pierdo, aceptaré el fallo. Ahora bien, los momentos que vive el país -y no quiero ser reiterativo- requieren de mirar lejos y después discutir, para darnos el tiempo suficiente y tener la tranquilidad de espíritu, que también la población debe tener, para opinar sobre temas tan importantes como el que tenemos hoy. No me parece que esta discusión hoy la estén siguiendo muchos uruguayos que, obviamente, están preocupados por otras cosas.

Cuando somos representativos de la población, o pretendemos serlo en todos los momentos, debemos comprender que las dificultades y preocupaciones de la gente pasan hoy por otro lado, y no por estos artículos. Naturalmente, hay una diferencia. Como somos partidos diferentes, obviamente, no somos lo mismo que el partido de Gobierno, sino que tenemos nuestras discrepancias en todo este trámite con el Poder Ejecutivo y con el Partido Colorado. Al poco tiempo de que le votamos estas herramientas, el Poder Ejecutivo nos dijo que no iba a implementarlas. Es más; señaló que no era su voluntad generar la asociación -no la venta- en un 40% de la empresa ANCEL.

Lo discutíamos hoy y ahora lo digo en voz alta: no podemos ser más realistas que el rey; no podemos ser más realistas -reitero el término-, porque el Poder Ejecutivo entiende que estas no son herramientas que le sirvan y nos remite un proyecto de ley derogando los artículos 612 y 613, ahora a consideración del Cuerpo. Pensamos que le iban a servir; así lo entendió mi partido, porque consideró que representaban una fuente de recursos para reactivar el aparato productivo nacional. Mi partido concibió la idea y se la dio, pero no es una iniciativa del Poder Ejecutivo. Si no la quiere, le parece que no es buena, y genera una confrontación en el sistema político, naturalmente, no podemos ser más gobierno que el propio Poder Ejecutivo.

Ese es un tema importante a la hora de tener que decidir, porque esto no significa desdecirnos de nuestra opinión, sino que, si hubiéramos estado en el Gobierno, habríamos empleado estas herramientas consagradas en los artículos 612 y 613. Creemos y sostenemos que eran más importantes a la hora de tener esa palanca de desarrollo que necesita el país; eran más importantes cuando mirábamos los sectores productivos -como lo hacíamos- sin creer que la estabilidad, la situación financiera o las cuentas del Estado, fueran suficientes. Es necesario que las cuentas del Estado den, pero no constituyen un fin en sí mismo y no representan el objetivo de nuestro partido que, por el contrario, apunta a dar crédito, a generar la reactivación y la palanca de desarrollo del aparato productivo y el empleo nacionales. Lo estaban necesitando, no ahora -porque en este momento lo precisan más que nunca-, sino desde el año 2000. Sin embargo, no hemos podido ser lo suficientemente inteligentes e imaginativos como para poder generar los dineros necesarios a fin de que el banco de todos, esto es, el Banco de la República, tuviera esa palanca de desarrollo.

En esta instancia reiteramos el llamado al esfuerzo. Sé que en este tema hay mucho de interpretación sobre cuál es el régimen que queda vigente. Hicimos el esfuerzo para que la Carta Orgánica de ANTEL estuviera vigente. La mejor de las redacciones que hemos podido observar fue la presentada por el señor Senador Michelini, en la que incluía la posibilidad de que se restableciera, a partir de tal fecha, la vigencia de los artículos que, de alguna manera, fueron sustituidos por el 612 y el 613. Agregábamos una certeza, que era elemental para nosotros -era lo único que solicitábamos en este acuerdo-, en el sentido de que lo que se ha otorgado por licencias en virtud de la desmonopolización de las llamadas internacionales tuviera plena vigencia, no solamente ayer, sino también mañana. Creo que ello daba una garantía en la defensa del propio Estado. Eso no iba -ni debería- a motivar un enfrentamiento, porque no creo que en el espíritu de nadie esté el deseo de causar un perjuicio al Estado. Algunos señores Senadores -no importa quiénes- nos han dicho: "Estoy seguro de que no va a haber juicios". Puedo hacer un acto de fe en el criterio, en el buen juicio de algún Senador, pero creo que lo que precisamos acá son certezas, garantías; si estas no están escritas, no estamos dándolas. No creo que sea mucho lo que pedimos. No descarto la posibilidad de hacer esfuerzos hasta el último momento a fin de encontrar esos puntos en común. Creo que la hora nos lo está pidiendo. Lamentaría mucho tener que votar la derogación de los artículos 612 y 613, sin saber cuál es la normativa vigente. Participo del juicio de algún Senador, que dice: "¿Qué es lo que queda vigente?" Demos las dos garantías: la de la vigencia de la Carta Orgánica y la de que, en lo que ya se dio, no vamos a tener juicios contra el Estado que termine pagando la empresa y el Estado de todos.

Sería una interesante discusión la que se podría generar sobre estos artículos, en la que podríamos profundizar sobre lo que significan y la señal que transmitimos hacia adentro y hacia fuera en estos momentos, tan importantes, que vive el país. Sin embargo, el punto de encuentro existe, es factible, llegamos a arañarlo. Sería una lástima que en la tarde de hoy el sistema político uruguayo no haya podido tener la capacidad de renunciamiento de todas sus partes, como para decir que el mensaje es unánime y que hoy son horas de encuentros y no de enfrentamientos, que es lo que buscábamos en esta instancia.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: creo que los artículos 612 y 613 de la Ley de Presupuesto Nacional tienen partida de defunción, probablemente desde hace un buen tiempo, por distintas causas y razones que, en el transcurso de los últimos meses, se han venido acumulando y que han de determinar que, por una vía u otra, queden derogados y pierdan su vigencia. Sin dudas, la recolección de firmas que se realizó operó, como bien se ha dicho, como factor decisivo en esta situación de defunción en la que se encuentran los referidos artículos, que hoy son motivo, una vez más, de una convocatoria del Senado. Pienso que la campaña que se organizó, también tuvo una influencia muy importante en la opinión de nuestra gente en el momento de decidirse a manifestar su voluntad, a través de la firma, para que se convocara a un referéndum con el propósito de que la ciudadanía toda se pronunciara a favor o en contra de su mantenimiento.

Asimismo, la falta de convencimiento de quienes aprobamos en su momento estos artículos, ha tenido una influencia importante en el desgaste en que los mismos han caído en el transcurso del tiempo. Me refiero a una falta de convencimiento que, en este tema, se ha manifestado con mayor fuerza, con un momento culminante cuando se aprobó la ley cuya iniciativa correspondió al señor Senador Michelini.

La misma tenía el claro propósito de señalarle a toda la ciudadanía, que en ese momento estaba siendo convocada a firmar, que a través de los artículos 612 y 613 no había intenciones de vender una parte de la telefonía celular o de las acciones que iban a conformar la sociedad anónima. Por disposición del artículo 612, dicha sociedad anónima iba a tener el cometido de brindar servicios de telefonía celular en todo el territorio nacional. Sin embargo, como tuvimos desavenencias -incluso dentro de nuestro propio Partido- y como pasó un tiempo importante entre la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Senadores y la posterior sanción en la Cámara de Representantes -lo que no promovió la fuerza necesaria para convencer a la gente del objetivo que se perseguía-, se fue perdiendo de vista o no se logró imponer la importancia de estos artículos.

También contribuyó a esto la campaña que no se hizo por parte de quienes defendimos el proyecto de ley, quizás porque pensábamos que la íbamos a hacer si se conseguían las firmas. A partir de entonces vendría la convocatoria del referéndum, lo que abriría el espacio para una campaña electoral en la que quienes estaban a favor y quienes estaban en contra iban a tener la oportunidad de debatir públicamente a través de los medios de difusión, ilustrando a la ciudadanía sobre los beneficios o defectos de la ley. De esa manera se lograba que la gente estuviera clara y suficientemente informada sobre los alcances de la norma. De todos modos, la campaña no se va a llevar a cabo, seguramente esta iniciativa se va a transformar en ley y, en consecuencia, no se dará esa posibilidad.

Finalmente, debemos tener en cuenta un tema no menor y es el mensaje que el propio Gobierno envió a la ciudadanía cuando surge la iniciativa de promover la derogación de los artículos. Entonces, no solamente promueve la derogación, sino que además explica el porqué y le quita importancia y valor a los artículos, con lo cual la gente se terminaba preguntando cómo un Gobierno puede defender durante un año la necesidad de aprobar un nuevo marco jurídico para una empresa pública de la envergadura e importancia de ANTEL, y cuando se sabe que están las firmas para convocar a un referéndum, el propio Gobierno diga que las normas no tienen tanta importancia porque en definitiva no cambiarán nada. Obviamente, eso conspiró y conspira contra la posible sobrevivencia de estas disposiciones si se diera el caso de que un referéndum se lleve a cabo.

Entonces, por cualquiera de los dos caminos que se pueden tomar en estas circunstancias, las normas quedan derogadas: ya sea porque se apruebe una ley que las deroga expresamente o porque un referéndum así lo decide. Debemos reconocer que si hoy hubiera un referéndum -si bien al mismo le estaría faltando un debate que, a mi juicio, es lo más importante-, tal como están planteadas las cosas, todo parece indicar -y creo que eso incidió mucho en el ánimo del Gobierno- que el resultado sería favorable para quienes propician la derogación de los artículos.

Por otro lado, jurídicamente van a quedar dudas en cuanto a los alcances de esta derogación. Se trata de las mismas dudas que quedarían si mañana se realizara el referéndum, ya que la doctrina ha discutido y discute cuáles son los efectos que tiene tanto un referéndum como la derogación de una ley. Bastaría como ejemplo señalar que los efectos del referéndum que se realizó en el año 1992 todavía hoy son motivo de discusión en la doctrina. Esto deberá ser aclarado, si es que se hace necesario -y será necesario- a través de dos vías. Por un lado, mediante la actuación de la Administración, en este caso ANTEL, que tendrá que aplicar la ley que se va a aprobar y, en base a ello, definir su marco jurídico y el alcance de la exclusividad en materia de servicios de telecomunicaciones y de la telefonía en particular. Por otra parte, eventualmente el Poder Judicial puede ser llamado a definir una contienda de estas características. Lo cierto es que el vacío jurídico en definitiva no va a existir, porque tanto por la vía de la actuación de la Administración, como por la del propio Poder Judicial, las dudas se van a despejar cuando aparezcan los pronunciamientos concretos -si es que se requieren- en este último ámbito. Sin duda que se van a requerir en la vía administrativa, porque el Directorio de ANTEL deberá consultar a sus asesorías jurídicas para informarse sobre los alcances de sus competencias y la forma en que se deberá mover en el mercado.

Por estos motivos, comparto el razonamiento del señor Senador Heber. A pesar de no estar dispuesto a votar la derogación de los artículos 612 y 613, sí lo estaba para encontrar un camino intermedio entre todos los partidos políticos por el que, derogando esas disposiciones se sacaran de arriba de la mesa desde el mismo momento de la aprobación de este proyecto de ley, las dudas jurídicas que se pudieran manifestar en el transcurso de los próximos tiempos.

Hoy asistimos a una situación que -digo esto sin ánimo de enjuiciar a nadie- es propia del mundo del revés: se van a derogar normas por las que teóricamente la oposición debería votar a favor de la derogación y los Partidos Nacional y Colorado deberíamos hacerlo en contra. Sin embargo, si se sacara una fotografía del momento en que se proceda a la votación en general del proyecto de ley, nos vamos a encontrar con que los distintos partidos estaremos en las posiciones invertidas a las que teóricamente deberíamos estar sosteniendo.

Creo que es un error proceder a la derogación de esta iniciativa y me parece que esta actitud mina la credibilidad de quienes sanamente, con criterio positivo y no para vender -y mucho menos enajenar ni entregar la soberanía nacional, tal como en algún momento se ha dicho- sino para proteger nuestras empresas públicas, creemos que es necesario dar a las mismas los instrumentos que necesitan y van a necesitar en el transcurso de los próximos tiempos para desarrollarse y llevar adelante sus objetivos, ejerciendo sus atribuciones y cumpliendo debidamente con sus servicios, en un mundo altamente competitivo como lo es en el que estamos hoy sumergidos y al que seguramente estaremos más profundamente enfrentados en el futuro.

Creo que el instrumento que se crea a través del artículo 612, de una sociedad anónima cien por ciento estatal pero que se puede regir por el derecho privado de manera tal de no quedar claramente en desventaja frente a otras empresas privadas, ya de por sí es un medio formidable para permitir un mayor desarrollo del Ente. Pero por sobre todas las cosas, si estamos convencidos de nuestras ideas, si verdaderamente creemos que el valor de las tarifas públicas en el Uruguay es exageradamente alto y que encubren impuestos y si pensamos que hay que transformar la realidad y los instrumentos que este Gobierno -y los que puedan venir- necesita para llevar adelante sus políticas, creo que lo que la gente espera es que hagamos todo el esfuerzo para tratar de concretar esas ideas.

Eso es lo que a veces me temo, es decir, se van minando las posibilidades de concreción de reformas para los próximos tiempos. Este país tiene un antecedente muy fuerte en el año 1992, con la derogación parcial de la Ley de Empresas Públicas, y ahora pasa a tener otro caso con características similares. Se va generando, además, una suerte de tabú o por lo menos de temor, a proponer nuevas reformas porque éstas, obviamente, corren el riesgo de caer, de no ser implementadas, porque no están dadas las circunstancias, quizás desde el punto de vista político, para llevarlas adelante. Pero nuestra responsabilidad siempre tiene que ir más allá; uno no puede mirar solamente el hoy, sino también el mañana. Es un hecho que esas empresas públicas van a necesitar de esos instrumentos aunque quizás hoy no, porque lamentablemente las circunstancias por las que está atravesando la región hacen que ésta no sea atractiva para la inversión.

Las propias circunstancias por las que atravesó el Gobierno y en particular la URSEC -que tenía la intención de realizar la subasta de un espacio con el propósito de brindar un servicio de telefonía celular, que finalmente fracasó porque no había oferentes-, demuestran que hoy la región no está en las mejores condiciones, ni cosa que se le parezca, para llamar y atraer al inversor, que es lo que estamos necesitando. Tan es así que cuando se declaró desierta la licitación, para el propósito al que hacía referencia en el sentido de subastar un espacio del espectro para la prestación de servicios de telefonía celular, se decidió modificar el pliego o el llamado, de manera tal que si se presentaba una sola empresa y reunía las condiciones que allí se exigían, estando sola o como única oferente, se le pudiera otorgar la licitación. En el ínterin el Gobierno resolvió enviar los artículos 612 y 613 a conocimiento del Parlamento, con lo cual la propia empresa interesada en participar en la licitación vio que no estaban dadas las condicionantes, ni siquiera desde el punto de vista de la certeza, para presentarse. Entonces, quedó suspendida la licitación, sin plazo, porque obviamente la región, y mucho menos esta zona, no invita a invertir. Pero si Dios quiere, va a llegar un momento en que la región recupere la estabilidad económica, sea atractiva para la inversión nacional o extranjera y las empresas públicas se verán en la necesidad de disponer de instrumentos para la competencia. Entonces, nuestra responsabilidad es preparar a esas empresas públicas para ese desafío que van a tener en el futuro.

Nosotros, señor Presidente, tenemos que pensar en el Uruguay de hoy y también en el de mañana. Quizás en este momento, más que nunca, pensamos en el Uruguay de hoy porque la circunstancia y la coyuntura son de una gravedad tal que por todos lados se buscan las soluciones que permitan paliar las enormes dificultades a las que nos vemos enfrentados. Pero también es nuestra responsabilidad, como gobernantes, pensar en el Uruguay de mañana y en ir arbitrando algunos mecanismos que nos permitan, en un futuro, cuando la situación mejore; cuando esta zona del mundo sea imán para nuevas inversiones y cuando venga la reactivación económica, otorgar a las empresas públicas y a nuestros gobiernos, sin importarnos cuál sea el partido político que tenga la responsabilidad de conducirlos, los instrumentos que les permitan enfrentar esas circunstancias.

Un problema similar nos sucede con ANCAP. Por intuición, esto me genera un doble temor o una doble preocupación. La primera es que esto sea una etapa más en la posible derogación de la Ley de ANCAP, que me parece es uno de los instrumentos del Uruguay del futuro, porque no se puede aplicar hoy pero sí mañana, si es que desde ya, recabando o recogiendo esta suerte de autocrítica que hemos hecho, empezamos a hablar claramente de las virtudes que esa ley tiene, de manera tal que no corra el mismo itinerario y no esté sometida a los mismos bemoles a los que se ven enfrentados estos artículos 612 y 613. Entonces, esta circunstancia me genera ese temor respecto a la posibilidad de que esté sometida a los vaivenes que recién mencioné. Asimismo, me produce un segundo temor, que es la posibilidad de que en poco tiempo estemos aquí discutiendo, quizás con similares objetivos, la modificación de la Ley de ANCAP. Por lo tanto, ese Uruguay del futuro no está tan presente en nuestros debates.

Por esos motivos y respetando el pronunciamiento de este Senado -como ha sucedido siempre-, pero en particular el de quienes compartieron con nosotros tantas jornadas de encuentros y de consensos, digo que no voy a votar la derogación.

Por último, entiendo que todos los partidos políticos debemos asumir, por todos los medios posibles, un compromiso y ponernos a trabajar cuanto antes, para elaborar una reforma que cada día se hace más imperiosa. Creo que ese es un compromiso ineludible para todos los partidos políticos y que es una materia pendiente que tiene el país desde hace muchos años. Todos hemos aprendido mucho con las cosas que han sucedido desde 1992 hasta la fecha. Desde ese entonces, podemos recoger positivamente una experiencia importante, aún partiendo de la premisa de que muchas veces de lo malo se sacan cosas buenas, lo que no quiere decir que no haya habido cosas buenas durante todo este tiempo.

A mi entender, el sistema político no debe dejar pasar esta Administración sin seguir buscando puntos de consenso como los que se intentaron lograr hoy, de los que tan lejos no estuvimos y de los que tan lejos no vamos a estar. Por algo estamos hoy en el mundo del revés; por algo hoy los papeles están invertidos. Quiere decir que en algún momento estábamos en otros papeles y que en el medio de estas dos situaciones hubo un cruce de caminos en donde pudieron estar marcadas algunas coincidencias, en aras de las cuales tenemos que bregar para ver si podemos, entre todos los partidos políticos, lograr una solución. Si acaso no se alcanzara ese objetivo, desde luego que es válida la aprobación de reformas por mayorías, también en esta materia, pero todo parece indicar que las circunstancias nos obligan a obtener más voluntades de las que hemos trabajado hasta hoy en esos acuerdos, para que luego esto fructifique.

Es cuanto tenía para señalar.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: muy brevemente voy a decir que vamos a votar la derogación lisa y llana de los artículos 612 y 613 de la Ley Nº 17.296. Conversamos dentro del partido hace ya unos cuantos meses sobre esta posibilidad frente al recurso interpuesto por miles de ciudadanos, no como forma de burlar la voluntad de los ciudadanos que han acompañado con su firma este recurso, sino como una manera -dada la situación del país- de allanarnos a la demanda de 700.000 compatriotas.

Tal como lo han señalado algunos de nuestros compañeros, las firmas están. Más allá de los pronunciamientos naturales de la Corte Electoral, que se han demorado de manera manifiesta -es justo admitirlo-, están las firmas para la habilitación de la instancia plebiscitaria. Creo que, independientemente de compartir en el fondo las apreciadas y estimadas declaraciones de nuestro compañero, el señor senador Gallinal, en cuanto a mirar al país del futuro, también es cierto que hoy Uruguay está muy mal, que se nos está quemando el rancho y que en esta coyuntura mal podemos ir a una instancia plebiscitaria contra dos artículos que, de cualquier manera -por la ley que aprobó el Parlamento y cuya iniciativa le correspondió al señor senador Michelini-, nos remiten al artículo 188 de la Constitución para la admisión de capitales privados o la venta de acciones en la prestación del servicio de telefonía celular terrestre. Entonces, por qué ir a una instancia plebiscitaria cuyo resultado, de cualquier forma -es justo admitirlo-, hoy se puede anticipar con bastante certeza. Sería enfrascar al país en una instancia de discusión realmente importante, perder recursos económicos que hoy no tenemos frente a la coyuntura y volver a la situación que marca la propia derogación lisa y llana de los artículos 612 y 613 de la ley de presupuesto.

Finalmente, adelanto que voy a votar esta derogación para intentar remover obstáculos dentro de una situación crispada a nivel político y con una fuerte y creciente tensión social. Creo que esta instancia plebiscitaria nos permite, al allanarnos a la demanda de los recurrentes para acceder a lo que se pretendió cuando se juntaron las firmas -es decir, obtener la derogación de los artículos 612 y 613 de la ley de presupuesto-, remover uno de los obstáculos para encontrar un clima distinto dentro de la vida del país. Tampoco voy a agraviar a los recurrentes y decir que por recurrir están generándole problemas al país. Creo que es un recurso absolutamente legítimo y avalado por la cantidad de ciudadanos que lo apoyaron; pero asimismo encontramos que hay otros obstáculos que hoy inviabilizan la necesidad de arribar a una instancia de diálogo y acuerdo nacional, como es la posibilidad de renovar la integración de los organismos de contralor, de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas.

Frente a la situación y la gravedad de la hora, más que nunca es necesario el impulso, la constitución de una instancia de diálogo que, a corto plazo -sobre unos pocos puntos consensuados pero que signifiquen un acuerdo-, desemboque en un acuerdo nacional que hoy el país precisa y en un diálogo social que permita canalizar las discrepancias en el marco institucional.

En consecuencia, con estas salvedades e intentando recorrer el camino menos malo, estamos acompañando la instancia de la derogación lisa y llana de los artículos 612 y 613 que, por otra parte, fue parte de la demanda de los partidos que conforman el Encuentro Progresista-Frente Amplio cuando se comenzó a hablar de la posible remisión por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto de ley de esta naturaleza.

Es cuanto deseaba señalar, señor Presidente.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Antes que nada, deseo pedir disculpas a mi bancada ya que habíamos acordado no hacer uso de la palabra, salvo para la fundamentación del voto, que está a cargo de nuestro coordinador y que comparto. Sin embargo, deseo hacer algunas precisiones fruto de la intervención en Sala de los señores senadores a quienes les reconozco, en primer lugar, la franqueza con la que hablaron.

El día de debate de este proyecto de ley no lo elegimos nosotros. En lo que me es particular, le consta al señor Presidente al igual que a otros señores senadores de la coalición de Gobierno, hubiera sido mi intención no tratarlo hoy. Pensaba que este proyecto de ley -casi estaba por decir esta discusión, que no lo es- merecía, en todo caso, una serie de puntualizaciones y daría la sensación -por lo menos para los que entendemos que todos los fenómenos y situaciones económicas, políticas y sociales están entrelazadas e interactúan -que hablar hoy de una empresa del Estado, de su posible privatización -como entendemos algunos- o no -como piensan otros-, algo tiene que ver con la situación económica por la que está atravesando el país. En mi opinión -no comprometo la de mi bancada-, hubiera sido interesante que hoy no hubiese tenido lugar esta sesión del Senado. También comparto algunos argumentos que se dieron en el sentido de que no era una buena señal para el país que no sesionara el Senado en un día tan complejo como el de hoy, lo que hubiera deseado que también sucediera con la Asamblea General, ya que no tuvo quórum porque faltaron bancadas enteras, donde se podía votar a favor o en contra del levantamiento de los vetos y de lo que sucedía en Maldonado. Pero hubiera sido importante que se reuniera y que los legisladores dieran las consideraciones que tuvieran o, incluso, ninguna; solamente, que levantaran la mano y se expresaran por el voto. Eso hubiera sido tan importante como el funcionamiento del Senado.

Por otra parte, como ya dijimos en otras oportunidades, deseo indicar que las organizaciones sociales y sindicales recurren al referéndum no porque amen estar caminando por todo el país convenciendo a la gente y dándole explicaciones -téngase en cuenta las modificaciones que ha sufrido la ley de referéndum- para solicitarle algo que nos parecía que era más violento, es decir, la huella dactilar. Sin embargo, hemos visto con atención y, si se quiere, emoción la actitud cívica de los uruguayos y uruguayas que no han vacilado en colocar esa huella dactilar cuando estaban convencidos de ello.

Por lo tanto, se recurre a ese referéndum porque no hubo caminos. El señor Senador Couriel decía -y lo comparto con la misma sobriedad con la que él lo señaló- que no vamos a entrar a discutir como no se discutió el tema de ANTEL cuando se aprobó el Presupuesto Nacional. Tampoco se escucharon los planteos acerca de toda una serie de puntos.

El señor Senador Larrañaga formuló un planteo -agradezco que lo haya hecho- en el sentido de que nosotros en alguna oportunidad presentamos el proyecto de ley que decía, lisa y llanamente: "Deróguense los artículos 612 y 613", y ello era en función de que había una serie de propuestas que luego se concretaron en la llamada "Ley Michelini". En definitiva, decíamos que más que interpretar, lo que había que hacer era derogar, lisa y llanamente.

Si recurrimos a las versiones taquigráficas -no las traje porque no pensaba intervenir-, todos recordamos -por lo menos los que estábamos en la Comisión Especial de Servicios Públicos- que se hicieron largas argumentaciones diciendo que si se derogaba así como lo habíamos presentado nosotros, es decir, tal como se planteó en Sala en el día de hoy, quedaba un vacío legal. También se hicieron planteos con respecto a la Doctrina, los que hace un momento se hicieron aquí. Digo más: en ocasión de concurrir la Mesa Sindical Coordinadora de Entes a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, tal como consta en la versión taquigráfica, hicimos una consulta al doctor Correa Freitas -no en su calidad de Senador, sino de jurista-, en cuanto a si revivía la ley cuando era derogada. En esa oportunidad -y como antes lo había dicho el entonces señor Senador Atchutgarry, hoy Ministro de Economía y Finanzas o el entonces Presidente de ANTEL, ingeniero Bracco-, había Doctrina -como se dijo aquí- señalando que si se derogaba -el señor Senador Gallinal mencionó también si se hacía por vía plebiscitaria- no automáticamente revivían las normas que habían sido derogadas, fundamentalmente, por el artículo 613.

Siempre dijimos que el artículo 612 era superabundante porque el 613 permitía hacer todo lo que incluía la explicación del 612. Por lo tanto, ante esas dudas y posibles bibliotecas, de las cuales se ha hablado acá, hay posturas distintas, como la de algunos que no somos juristas pero tenemos abundantes informes de quienes sí lo son y opinan que no es así, es decir, que revive la norma. Entonces, para tener una certeza jurídica - de la que hablaban con mucha claridad los señores Senadores -, dijimos: si va a haber dudas y habrá que interpretar, será el Parlamento el que lo hará porque yo no soy jurista -seguramente después mi compañero, el señor Senador Korzeniak, me enseñará -, y las normas y las leyes las interpreta el Parlamento y no administrativamente ANTEL, como se dijo acá. Pero esto será para otro debate.

En todo caso, para que no quede ninguna duda resolvamos que quede vigente la carta orgánica de ANTEL, porque puede haber lugar a distintas interpretaciones.

Aquí se ha dicho que tenemos que hacer un esfuerzo y este es un plural que nos puede abarcar a todos. También se dijo con toda claridad que las firmas están y muchos Senadores se anticipan a los acontecimientos y pronostican -lo comparten personalmente- que si vamos al plebiscito, los votos están. Pero esa es política-ficción porque hasta el momento en que se vota, no se conoce el resultado; pero el hecho de que las firmas son suficientes, no está en discusión. Entonces, si ello es así, podemos hacer dos interpretaciones de lo que estamos haciendo hoy: 31 sustituyen a 700.000 ó 31 -como decía el señor Senador Larrañaga recién- lo que hacen es oír, respetar y tener en cuenta 700.000, algo que también señalaba el señor Senador Couriel cuando fundamentaba nuestra postura. Pero este ya es un debate político en el que no vamos a entrar.

Asimismo, quería dejar sentado que comparto los planteos autocríticos que hacían los señores Senadores Heber y Gallinal. Sería interesante un debate -por supuesto que no hoy- sobre esto. Pienso que no debatir públicamente no es bueno para el país. Quizás podría haber cambiado la situación, aunque personalmente creo que no hubiera sido posible, a pesar de que teníamos buenos argumentos. Pero el manto de silencio y el tema de que en vez de debatir públicamente haya que hacer el esfuerzo de ir a golpear puerta por puerta, creo que es malo para el país. Aspiro a que esta experiencia que se ha hecho y que se ha aceptado como un error político no se repita con el tema de ANCAP, porque es bueno que discutamos de cara a la ciudadanía y que los medios se abran para ese debate, para que no sea un trabajo que se realice rompiendo la barrera del silencio, la incomunicación o el no debate. Si cada uno de nosotros cree que tiene razón y buenos argumentos, entonces, expongámoslos; el tema será quién convence a la ciudadanía, pero esto le hace bien a la democracia.

Quería señalar que ese esfuerzo que se podía hacer no tiene que ver, en definitiva, con evitarle al país en este momento un debate. Insisto en que el día no lo elegimos nosotros; además, el proyecto de resolución se había presentado hace mucho tiempo, no hoy. Lo cierto es que nosotros no sabíamos lo que iba a pasar hoy pero, a lo mejor, otros sí lo sabían. Entonces no es un problema nuestro que esta discusión se realice hoy. Por otra parte, creo que debemos medir las dimensiones del esfuerzo de quienes juntamos 700.000 firmas, ya que en lugar de que decida la ciudadanía o la voluntad popular, este asunto se dirime aquí. Este no es el mundo del revés, sino el mundo del derecho, en el cual cuando no se puede discutir en tiempo y forma, cuando no se escucha y no se tienen en cuenta las iniciativas que se presentan, hay que recurrir a los mecanismos que establece la Constitución y la ley. De la misma manera, dentro de la Constitución y de la ley -lamento tener que decirlo- la Corte Electoral tendría que haber convocado a plebiscito. En definitiva, el apuro de resolverlo en esta Sala es para evitar que un organismo que sabe que tiene las firmas y que, como consecuencia de ello, tiene mandato de la ley para convocar a referéndum, lo haga. Esa es la discusión en la que estamos. Lo digo con mucha serenidad y vuelvo a pedir disculpas a la Bancada, pero creo que algunas cosas que se estaban diciendo necesitaban puntualizaciones.

Por último, el señor Senador Brause fue muy claro y comparto lo que él dijo: ya no es una interpretación, y él lo expresó en su intervención. El dijo que en el proyecto inicial enviado por el Poder Ejecutivo se planteaba la derogación de los artículos 612 y 613 y quedaba la telefonía básica en exclusividad de ANTEL. En ese sentido, el texto era clarísimo. Dicho de otra manera, todo lo que no fuera telefonía básica, por los mismos argumentos que él dio -que se pueden compartir o no; personalmente no los comparto, pero ese es otro debate-, era pasible, tal como lo decía el artículo 613, de ir a subasta, venderse o regalarse, si se quisiera.

Por lo tanto, estamos convencidos de que sería importante, después de haber escuchado a tantos señores Senadores coincidir con nosotros en un análisis que hemos hecho y de oír a otros tantos explicar las necesidades que se tienen de una certeza jurídica, que quede negro sobre blanco -al igual que otros Legisladores, yo no tengo dudas- y que, para que nadie se equivoque, quede interpretado por el Parlamento -que es quien debe hacerlo- que la Carta Orgánica de ANTEL está vigente. Digo esto porque la derogación lisa y llana, a secas, según representantes de la Bancada del Partido Colorado y del entonces Directorio de ANTEL, podría dar lugar a debates e inseguridades jurídicas en torno a qué es lo que está vigente. Entonces, digamos que está vigente la Carta Orgánica de ANTEL.

Estas eran las precisiones que quería hacer y pido disculpas por no haber estado dentro de los acuerdos, pero según me dicen la vida es más rica.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Quería reiterar lo manifestado en el sentido de que, efectivamente, la derogación de los artículos 612 y 613, a mi modo de ver y de acuerdo con la doctrina a la que adherimos, no hace renacer las disposiciones que éstos habían derogado. Sí es cierto -como ya lo afirmé y lo reitero- que en un futuro, sin dudas, el Senado de la República deberá abocarse a analizar cuál es la situación que ANTEL se merece. En ese sentido, el Poder Ejecutivo ya adelantó su opinión mediante el artículo 2º del proyecto de ley que en su momento remitió al Parlamento.

6) INTEGRACION DE COMISIONES

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de pasar a tomar la votación, dése cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente:)

"El señor Presidente del Senado comunica que a propuesta del sector ‘Batllismo - Lista 15’ y de conformidad con el artículo 144 del Reglamento, las Comisiones Permanentes y Especiales del Senado que integra dicho sector quedarán distribuidas de la siguiente manera: el señor Senador Alberto Brause en las Comisiones de Hacienda, Constitución y Legislación, Asuntos Laborales y Seguridad Social, Investigadora sobre los negocios de ANCAP en la República Argentina y Especial de Servicios Públicos; el señor Senador José de Boismenu en las Comisiones de Presupuesto, Ganadería, Agricultura y Pesca, Industria y Energía, y Vivienda y Ordenamiento Territorial; el señor Senador Honorio Barrios Tassano en las Comisiones de Asuntos Administrativos, Educación y Cultura, y Medio Ambiente; el señor Senador Juan Adolfo Singer en las Comisiones de Defensa Nacional, Asuntos Internacionales y Ciencia y Tecnología, y el señor Senador Walter Riesgo en las Comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca, Presupuesto, Salud Pública, Transporte y Obras Públicas, y Especial de Servicios Públicos."

7) ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general, en primer lugar el proyecto de ley proveniente de la Comisión.

(Se vota:)

- 17 en 30. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Deróganse los artículos 612 y 613 de la Ley Nº 17.296 de 21 de febrero de 2001."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 30. Afirmativa.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

(Manifestaciones en la Barra)

(Campana de orden)

- La Presidencia recuerda a la Barra que está impedida de hacer todo tipo de manifestaciones.

Léase el proyecto de ley sustitutivo, firmado por el señor Senador Michelini.

(Se lee:)

"Restablécese la vigencia de los artículos 3º a 6º, 8º a 10 y 12 del Decreto - Ley Nº 14.235, de 25 de julio de 1974, con las modificaciones introducidas por el Decreto - Ley Nº 15.671, de 8 de noviembre de 1984, y por la Ley Nº 16.211, de 1º de octubre de 1991".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-12 en 30. Negativa.

Léase el proyecto de ley firmado por los señores Senadores Korzeniak y Couriel.

(Se lee:)

"Decláranse en vigor las disposiciones abrogadas o modificadas por los artículos 612 y 613 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Asimismo, deróganse los artículos referidos en el inciso anterior."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-12 en 30. Negativa.

8) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- Agotado el Orden del Día, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 20, presidiendo el señor Luis Hierro López y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Astori, Barrios Tassano, Brause, Cid, Correa Freitas, Couriel, de Boismenu, Fau, Fernández Huidobro, Gallinal, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Korzeniak, Larrañaga, Michelini, Millor, Mujica, Núñez, Pereyra, Pou, Riesgo, Rubio, Sanabria, Singer, Virgili y Xavier.)

SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Sr. Mario Farachio Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretarios

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.