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N° 3046 - 24 DE JULIO DE 2002

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

TERCER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

36ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR REPRESENTANTE GUILLERMO ÁLVAREZ Presidente

ACTUAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTOR HORACIO D. CATALURDA Y DOCTORA MARGARITA
REYES GALVÁN YLOS PROSECRETARIOS DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO Y SEÑOR ENRIQUE SENCIÓN CORBO

 

Texto de la citación

 

 


Montevideo, 19 de julio de 2002. LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión extraordinaria, el próximo miércoles 24, a lahora 16, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

 


HORACIO D. CATALURDA      MARGARITA REYES GALVÁN
S e c r e t a r i o s

 

S U M A R I O

 

1.- Asistencias y ausencias

2.- Asuntos entrados

3.- Proyectos presentados

4 y 6.- Exposiciones escritas

5.- Inasistencias anteriores

CUESTIONES DE ORDEN

7.- Integración de la Cámara

7.- Licencias

ORDEN DEL DÍA

8.- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

(Ver 27ª sesión)

— Manifestaciones de varios señores Representantes.

— Se resuelve cursar una comunicación a la Cámara de Diputados de la República de Chile, a la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos y al Congreso de la República de Guatemala.

— Asimismo, se aprueba una moción acerca de editar una publicación referente a la aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

1.- Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Washington Abdala, Odel Abisab, Guzmán Acosta y Lara, Ernesto Agazzi, Guillermo Álvarez, Juan Justo Amaro, Gustavo Amen Vaghetti, José Amorín Batlle, Fernando Araújo, Raúl Argenzio, Beatriz Argimón, Roberto Arrarte Fernández, Roque E. Arregui, Carlos Baráibar, Raquel Barreiro, Jorge Barrera, Artigas A. Barrios, José Bayardi, Edgar Bellomo, Juan José Bentancor, Nahum Bergstein, Ricardo Berois Quinteros, Daniel Bianchi, José L. Blasina, Nelson Bosch, Brum Canet, Julio Cardozo Ferreira, Ruben Carminatti, Nora Castro, Tomás Castro, Ricardo Castromán Rodríguez, Roberto Conde, Silvana Charlone, Eduardo Chiesa Bordahandy, Guillermo Chifflet, Sebastián Da Silva, Ruben H. Díaz, Daniel Díaz Maynard, Juan Domínguez, Alejandro Falco, Ricardo Falero, Alejo Fernández Chaves, Pablo Ferrer, Luis José Gallo Imperiale, Daniel García Pintos, Orlando Gil Solares, Carlos González Álvarez, Tabaré Hackenbruch Legnani, Arturo Heber Füllgraff, Doreen Javier Ibarra, Luis Alberto Lacalle Pou, Julio Lara, Félix Laviña, Ramón Legnani, Guido Machado, Óscar Magurno, José Carlos Mahía, Juan Máspoli Bianchi, Artigas Melgarejo, José Homero Mello, Felipe Michelini, José M. Mieres, Pablo Mieres, Martha Montaner, Basilio Morales, Eloísa Moreira, Eduardo Muguruza, Ruben Obispo, Francisco Ortiz, Gabriel Pais, Ronald Pais, Gustavo Penadés, Margarita Percovich, Alberto Perdomo, Enrique Pérez Morad, Carlos Pita, Martín Ponce de León, Iván Posada, Yeanneth Puñales Brun, María Alejandra Rivero Saralegui, Ambrosio Rodríguez, Glenda Rondán, Víctor Rossi, Adolfo Pedro Sande, Julio Luis Sanguinetti, Diana Saravia Olmos, Leonel Heber Sellanes, Pedro Señorale, Juan C. Siázaro, Julio C. Silveira, Lucía Topolansky, Daisy Tourné, Wilmer Trivel y Walter Vener Carboni.

Con licencia: Gustavo Borsari Brenna, Jorge Chápper, Ramón Fonticiella, Ricardo Molinelli, Jorge Orrico, Enrique Pintado y Gustavo Silveira.

Faltan con aviso: Gustavo Guarino, Darío Pérez, Hugo Rosete, Alberto Scavarelli y Raúl Sendic.

2.-     Asuntos entrados.

"Pliego Nº 158

PROMULGACIÓN DE LEYES

El Poder Ejecutivo comunica que ha promulgado las siguientes leyes:

-     Archívense

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Presidencia de la Asamblea General remite copia autenticada del mensaje y decreto dictado por el Poder Ejecutivo fijando los coeficientes a aplicar en la liquidación de haberes y partidas a los funcionarios del Servicio Exterior, con vigencia al 1º de julio de 2002. C/105/000

-     A la Comisión de Presupuestos

DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores remite los siguientes proyectos de ley, aprobados por dicho Cuerpo:

-    A la Comisión de Defensa Nacional

-     A la Comisión de Hacienda

La citada Cámara comunica que, en sesión de 17 de julio de 2002, sancionó los siguientes proyectos de ley:

-     Ténganse presente

El referido Cuerpo remite los antecedentes enviados por el Poder Ejecutivo, relacionados con el proyecto de ley por el que se designa "Italia" la Escuela Nº 323 de la ciudad de Montevideo. C/2282/002

-   A sus antecedentes

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Educación y Cultura se expide sobre los siguientes proyectos de ley:

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración se expide sobre el proyecto de ley por el que se designa "Doctor Justo Marcelo Alonso" el Hospital de la ciudad de Rosario, departamento de Colonia. C/1399/001

La Comisión de Asuntos Internacionales se expide sobre el proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo con la Corporación Andina de Fomento, suscrito en Montevideo el 14 de setiembre de 2001, a efectos de que ésta pueda desarrollar sus actividades en la República mediante la instalación de una Oficina de Representación o el nombramiento de un agente, un gerente o un representante. C/2283/002

-     Se repartieron con fecha 19 de julio

La Comisión Especial con Fines Legislativos sobre las Situaciones de Pobreza se expide sobre el proyecto de ley por el que se establece que el Instituto Nacional de Estadística deberá publicar anualmente un informe dando cuenta sobre el estado de situación y evolución de la pobreza a nivel nacional. C/2292/002

-     Se repartirá

COMUNICACIONES GENERALES

La Cámara Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay remite nota sobre la agenda de prioridades para el transporte internacional elaborada por dicha institución. C/9/000

-    A la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas

La Junta Departamental de Río Negro remite nota relacionada con la posibilidad de establecer comunicaciones con la Cámara de Representantes por la vía del correo electrónico. C/73/000

-     A la Comisión de Asuntos Internos

La Junta Departamental de Flores remite nota acerca de la suba de los precios de los artículos que conforman la canasta básica familiar. C/20/000

-   A la Comisión de Hacienda

Las Juntas Departamentales de Montevideo, Flores, Paysandú, Cerro Largo, Rocha y Maldonado remiten notas por las que comunican la integración de sus Mesas para el período 2002-2003. C/18/000

-     Ténganse presente

La Cámara de la Industria Frigorífica contesta la exposición escrita presentada por el señor Representante Daniel García Pintos, sobre la necesidad de controlar los precios excesivos para los artículos que integran la canasta familiar básica. C/27/000

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto contesta los siguientes pedidos de informes:

La Junta Departamental de Paysandú remite los siguientes asuntos:

La Suprema Corte de Justicia contesta la exposición escrita presentada por el señor Representante Felipe Michelini, sobre la necesidad de realizar una profunda investigación en torno al episodio en el que resultara gravemente lesionado el músico Jorginho Gularte. C/27/000

-     A sus antecedentes

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio de Defensa Nacional contesta la exposición escrita presentada por el señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez, sobre los funcionarios que cumplen tareas de control fronterizo en el puente internacional "General José de San Martín". C/27/000

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente contesta los siguientes asuntos:

  • del señor Representante Ramón Fonticiella, relacionado con la modalidad operativa y la financiación de las empresas adjudicatarias de las plantas de tratamiento de residuos en algunas ciudades del interior. C/1674/001

  • de la señora Representante María Alejandra Rivero Saralegui, acerca de la construcción de una nueva planta de depuración de aguas servidas para la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo. C/2055/002

  • presentada por el señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez, referente a las dificultades en el suministro de agua potable en el centro poblado Menafra, departamento de Río Negro. C/27/000

  • presentadas por la señora Representante María Alejandra Rivero Saralegui:

  • sobre la necesidad de dotar de un sistema de saneamiento al balneario Lago Merín, en el departamento de Cerro Largo. C/27/000

  • relacionada con la situación higiénica y sanitaria existente en dos barrios de la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo. C/27/000

  • presentada por el señor Representante Walter Vener Carboni, relacionada con la posibilidad de coordinar la realización de obras en la vía pública con las previsiones meteorológicas. C/27/000

El Ministerio de Relaciones Exteriores contesta el pedido de informes de la señora Representante Margarita Percovich, relacionado con el nombramiento de cónsules y agregados, por parte de dicha Secretaría de Estado, en el año 2002. C/2053/002

-    A sus antecedentes

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Daniel Díaz Maynard solicita se curse un pedido de informes al Tribunal de Cuentas, sobre las actuaciones cumplidas por dicho Organismo en relación a la licitación pública del Hipódromo Nacional de Maroñas. C/2304/002

Los señores Representantes Jorge Orrico y Enrique Pintado solicitan se curse un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores, relacionado con los rubros adjudicados para solventar la presentación de dos películas uruguayas en el III Festival Latinoamericano de Cine de Varsovia, República de Polonia. C/2305/002

-    Se cursaron con fecha 17 de julio

El señor Representante Edgar Bellomo solicita se curse un pedido de informes al Ministerio del Interior, acerca del cambio de celda de un recluso y su posterior fallecimiento. C/2306/002

El señor Representante Artigas Melgarejo solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sobre un convenio celebrado con la Asociación de Fomento y Turismo de Piriápolis, relativo a la remodelación del Pabellón de las Rosas, en el departamento de Maldonado. C/2307/002

-     Se cursaron con fecha 22 de julio

El señor Representante Guzmán Acosta y Lara solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, relacionado con diversos datos relativos al funcionamiento del Departamento de Sanidad de Fronteras, creado por dicha Cartera. C/2308/002

El señor Representante Gustavo Guarino solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, acerca de un convenio para la construcción de un local para el funcionamiento de un Centro CAIF en la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo. C/2309/002

-    Se cursaron con fecha 23 de julio

PROYECTOS PRESENTADOS

La señora Representante Yeanneth Puñales Brun presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa "Clemente Lucrecio Funes Molina" la Escuela Rural Nº 31 de paraje La Horqueta de Castillos, departamento de Rocha. C/2310/002

-     A la Comisión de Educación y Cultura".

3.-      Proyectos presentados.

"CLEMENTE LUCRECIO FUNES MOLINA. (Designación a la Escuela Rural Nº 31 de paraje La Horqueta de Castillos, departamento de Rocha).

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Desígnase con el nombre "Clemente Lucrecio Funes Molina", la Escuela Rural Nº 31, ubicada en la 4a. Sección Judicial del departamento de Rocha, paraje "La Horqueta de Castillos", dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Montevideo, 23 de julio de 2002.

YEANNETH PUÑALES BRUN, Representante por Rocha.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Escuela Nº 31 del departamento de Rocha, paraje "La Horqueta de Castillos", carece de nominación. Por tal motivo hemos consultado a la Directora y maestras del mencionado centro escolar para que propongan el nombre de alguna persona que a su juicio sea merecedora de tan importante distinción.

Fue recibida con muy buena aceptación, la de homenajear al señor Lucrecio Funes, quien tuvo el enorme gesto, allá por el año 1908, de donar un predio de su propiedad para la construcción de un centro escolar para los niños que vivían en ese medio rural y se preocupó en forma permanente por su progreso junto a su familia.

El señor Clemente Lucrecio Funes Molina nació el 23 de noviembre de 1882, en Castillos, hijo de don Antonio Funes y Carolina Molina.

En el año 1908, contrajo matrimonio con la señora Gualberta Adelina San Martín, con quien tuvo nueve hijos, de los cuales viven actualmente cuatro. Todos sus hijos han sido ex alumnos de este centro escolar, y también lo han sido algunos nietos y una bisnieta.

Ya en el año 1908 era ganadero de la zona, poseyendo cierta extensión de campo frente a donde hoy se yergue esta escuela. En vista de que debía construirse el camino vecinal y este separaba parte de su propiedad hacia uno y otro lado, procede a la donación de una franja de terreno de 4 hectáreas de forma triangular a la derecha del camino, y en ese mismo año se comienza la construcción del edificio escolar, autorizada la creación de ciento cincuenta escuelas, entre ellas la Nº 31, por una ley del año 1907.

A partir de 1966 el terreno es propiedad del Consejo de Educación Primaria, según escritura suscrita por el escribano Israel Uriarte, con uno de los hijos de Funes, el señor Antonio Funes.

El señor Lucrecio Funes falleció hace más de treinta años, pero siempre estuvo vinculado con esta escuela y aún continúa el vínculo a través de sus familiares.

Sería un alto honor para toda la comunidad educativa de la zona y la familia en particular que el proyecto de ley llegara a buen término.

La escuela, que en el año 2003 próximo, cumplirá noventa y cinco años de vida al servicio de la comunidad educativa, queremos que también en esos festejos pudiéramos homenajear a quien tuviera la feliz idea de donar un predio para que allí pudiera asentarse un local de enseñanza en el medio del campo.

Montevideo, 23 de julio de 2002.

YEANNETH PUÑALES BRUN, Representante por Rocha".

4.-      Exposiciones escritas.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 14)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Guzmán Acosta y Lara solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

El señor Representante Fernando Araújo solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, acerca de la conveniencia de exonerar del pago de la tasa de reconexión de energía eléctrica a determinados usuarios. C/27/000

El señor Representante Roque Arregui solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

El señor Representante Felipe Michelini solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, al Sindicato Unico de Autores, a la Asociación de Críticos del Uruguay y al Instituto de Solidaridad y Desarrollo, referente al fallecimiento del comunicador Ruben Castillo Batello. C/27/000

La señora Representante María Alejandra Rivero Saralegui solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

El señor Representante Enrique Pérez Morad solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la República; al Ministerio de Salud Pública, y por su intermedio a la Dirección Regional de Salud, zona Este y a los Centros Asistenciales de Salud del departamento de Maldonado; a la Intendencia Municipal de Maldonado, y por su intermedio a las Juntas Locales; a la Junta Departamental de Maldonado, y por su intermedio a las bancadas parlamentarias que la integran y a la Comisión de Salud; a la Junta Local Autónoma y Electiva de San Carlos y a la Coordinadora de Barrios de dicha ciudad, referente a la interrupción de una campaña de prevención de la enfermedad del dengue y de la falta de pago de sus haberes a personas que trabajaran en la misma. C/27/000"

¾ ¾ Se votarán oportunamente.

5.-     Inasistencias anteriores.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión ordinaria realizada el 17 de julio de 2002:

Con aviso: Enrique Pérez Morad y María Alejandra Rivero Saralegui.

Inasistencias a las Comisiones.

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Miércoles 17 de julio

ASUNTOS INTERNACIONALES

Con aviso: José María Mieres.

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

Con aviso: Alejo Fernández Cháves, Felipe Michelini, Jorge Barrera, Margarita Percovich y Odel Abisab.

DEFENSA NACIONAL

Con aviso: Enrique Soto Durán.

EDUCACIÓN Y CULTURA

Con aviso: María Alejandra Rivero Saralegui.

INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Con aviso: Alberto Perdomo.

SEGURIDAD SOCIAL

Con aviso: Luis Basilio Morales.

TURISMO

Con aviso: Ambrosio Rodríguez y Enrique Pérez Morad.

Viernes 19 de julio

PRESUPUESTOS integrada con la de HACIENDA

Con aviso: Daniel García Pintos, Fernando Araújo Abimorad y Ronald Pais.

Lunes 22 de julio

PRESUPUESTOS integrada con la de HACIENDA

Con aviso: Daniel García Pintos.

ESPECIAL CON FINES LEGISLATIVOS SOBRE LAS SITUACIONES DE POBREZA

Con aviso: Roberto Conde.

Martes 23 de julio

INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA integrada con la ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES LEGISLATIVAS REFERENTES A LA LIBERTAD DE COMERCIO EN EL URUGUAY

Con aviso: Adolfo Pedro Sande, Alberto Perdomo, Artigas A. Barrios, Gabriel Pais, Iván Posada, Julio Luis Sanguinetti, Sebastián Da Silva y Víctor Rossi.

PRESUPUESTOS integrada con la de HACIENDA

Con aviso: Carlos Baráibar y Ruben H. Díaz.

ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Con aviso: Daisy Tourné y Margarita Percovich".

6.-     Exposiciones escritas.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Cuarenta y uno en cuarenta y tres: AFIRMATIVA.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante Guzmán Acosta y Lara a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca y por su intermedio al Instituto Nacional de Colonización; a la Junta Departamental de Durazno; a la Federación Rural del Uruguay; a la Asociación Rural del Uruguay y a la Sociedad Rural del citado departamento, sobre la proyectada eliminación del mencionado Instituto.

"Montevideo, 23 de julio de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita a los Ministerios de Economía y Finanzas; de Ganadería, Agricultura y Pesca y, por su intermedio, al Instituto Nacional de Colonización (INC); a la Junta Departamental de Durazno; a la Federación Rural; a la Asociación Rural del Uruguay, y a la Sociedad Rural de Durazno. El proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2001 establece, en varios de sus artículos, disposiciones de alcance general respecto a los entes del dominio comercial e industrial del Estado, incluidos en el artículo 221 de la Constitución de la República. Queremos considerar el caso especial del INC, al que refieren, concretamente, los artículos 131 a 134, inclusive. Este proyecto de ley busca la eliminación del INC como tal y, por tanto, manifestamos nuestro profundo rechazo a tal medida. Este año, el señor Presidente de la República anunció públicamente su intención de trasladar el INC al centro del país. Nosotros, firmes defensores de la descentralización real y efectiva que hace falta en el Uruguay, apoyamos totalmente dicha iniciativa y, es más, no solo la apoyamos sino que propusimos nuestro departamento de Durazno como el lugar físico más conveniente para el eventual emplazamiento del organismo. No quedamos solo allí, sino que redactamos un proyecto de ley presentado a la Cámara de Representantes el pasado 30 de abril, por el que se modifica el artículo 2º de la Ley Nº 11.029, de 12 de enero de 1948, estableciendo su domicilio legal y principal en la ciudad de Durazno. Creemos firmemente en la necesidad de que siga existiendo el INC, pero también pedimos una reformulación del mismo y que, por la naturaleza de su cometido, sea trasladado al centro del país. Entendemos, además, que el INC fue creado como ente autónomo calidad que lo hace gozar, por tanto, del mayor nivel de descentralización. Por ello está dotado de poderes legales que le otorgan total independencia y siendo objeto de un control no sustitutivo voluntariamente por parte del Poder Ejecutivo. Posee un patrimonio propio, con totales poderes de administración en su materia. El proyecto de Rendición de Cuentas solo pone punto final a la existencia y el desarrollo del INC, afectando directamente las potestades que le reconoce la Constitución de la República. Entendemos que el país todo y, en particular, un sector tan deprimido como lo es el sector agropecuario, no puede prescindir de este organismo. Estamos convencidos de que el traslado de sus cometidos a la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca no es conveniente ni oportuna y solo agrandaría una estructura ministerial de por sí ya bastante amplia y con serios problemas presupuestales. Apoyamos sí su reconversión, apoyamos el pago de los adeudos que se tienen con el INC, bregamos para que el mismo se instale en la capital del centro del país como lo propuso el señor Presidente de la República, y no como ahora, que pretende, a través de este conjunto de normas, eliminarlo y pasarlo al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El INC no solo se dedica a la actividad meramente colonizadora, sino que tiene diversas áreas de explotación como la forestación, porque aunque su patrimonio está compuesto básicamente por tierra, se realiza la forestación en 2.660 hectáreas. También se ocupa de la explotación de campos de recría lecheros y ganaderos, y ni hablar de su importantísimo rol como agente mitigador del fenómeno del despoblamiento de la campaña, hecho que a los legisladores del interior nos afecta muchísimo más en directo y nos impulsa a trabajar con mayor ahínco, para defender a la familia rural de la lamentable migración y consecuente disgregación de las familias del interior del país, porque el INC, hoy por hoy, contribuye a frenar en algo ese triste fenómeno social. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GUZMÁN ACOSTA Y LARA, Representante por Durazno".

2) Exposición del señor Representante Guzmán Acosta y Lara a los Ministerios de Turismo y de Relaciones Exteriores; al Congreso Nacional de Intendentes y a la Cámara Uruguaya de Turismo, relacionada con la implementación de políticas de Estado en materia turística.

"Montevideo, 23 de julio de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a los Ministerios de Turismo, y de Relaciones Exteriores, al Congreso de Intendentes, y a la Cámara Uruguaya de Turismo. Cuando se está hablando permanentemente de reducción del gasto, de eliminación de tal o cual Ministerio y entre los nombrados está el de Turismo, sentimos que es un error absoluto que nuestro país carezca de una política de Estado en materia turística y de un organismo del mismo que la rija. En los pasados 5 años de Gobierno del Foro Batllista, el Uruguay incorporó más de 50 establecimientos turísticos, que significaron una inversión superior a los US$ 600.000.000 y más de 7.000 camas. Lo que significa que, en dicho quinquenio, la industria turística y de servicios tuvo la mayor evolución cuantitativa y cualitativa de la historia. La Organización Mundial de Comercio (OMC), calcula que cada cuarto de hotel genera 5 puestos de trabajo, 1 directo y 4 indirectos, lo que significó para nuestro país en 5 años 10.000 empleos genuinos. En 1997, Uruguay recibió 2.462.532 turistas que generaron un ingreso de US$ 759.000.000, lo que fue un récord y ubicó a nuestro país en el segundo lugar de turismo receptivo en América del Sur, después de la República Argentina. En 1999, los turistas que llegaron fueron 2.273.164 y generaron US$ 653.000.000 en divisas. Hoy, lamentablemente, la realidad es otra. Nuestros mercados principales de captación de turistas, la República Argentina y la República Federativa del Brasil se encuentran inmersos en una profunda crisis económica, financiera y social, que hoy determina que ambos sean los países de mayor riesgo de inversión del mundo. Esto ha determinado, entre otras razones, que la denominada industria sin chimeneas se haya venido abajo significativamente, afectando de manera más que considerable a las finanzas públicas, que no contaron con la importante cantidad de recursos que el turismo genera. Nuestro país se ha destacado en los últimos años en la actividad servicios, el Uruguay es un país de servicios y el turismo no escapa a este sector. Países más pobres, con menos recursos y desarrollo que el nuestro, hacen del sector servicios y del turismo la principal fuente de ingresos y de creación de empleos. Creo que el Uruguay, sin desconocer ni desatender otros sectores productivos tradicionales debe apostar seriamente al turismo como una vía cierta de reactivación del sistema productivo nacional. Nuestras representaciones diplomáticas y consulares en el exterior, deben constituirse en agentes de información, promoción y comercialización del Uruguay como producto turístico de primer nivel y ampliamente competitivo. Recientemente, la República de Honduras está promocionando su sector turismo para alcanzar en 3 años un ingreso anual de US$ 500.000.000 y la creación de 40.000 empleos. Uruguay ya supo superar ampliamente esa cifra y pudo crear la cuarta parte de esos empleos en el período pasado. También, entendemos que es necesario que se realicen planes efectivos de identificación de mercados, lograr acuerdos específicos de promoción con operadores, con líneas aéreas, publicidad en revistas especializadas y seleccionadas que lleguen al público objetivo. Pero ante todo, también cuenta de manera más que importante la capacidad de los uruguayos para transmitir al visitante nuestro orgullo nacional, brindar un servicio de excelencia, acorde a las expectativas del mismo, no más la viveza criolla ni la idea de hacerse el año en 2 meses. Todos cuentan, desde el personal de migración, hasta el taxista, el personal del hotel o el ciudadano común que se encuentra con un extranjero. Uruguay puede y debe apostar al turismo, ya lo ha hecho con éxito. Hoy las condiciones regionales no son las adecuadas, pues entonces se hace imperativo la conquista de nuevos mercados y no seguir insistiendo o esperando a que se recupere la República Argentina o la República Federativa del Brasil y esperar que vengan. Eso no. Asimismo, que en las representaciones en el exterior, existan funcionarios especializados y dedicados exclusivamente al área turismo y promoción y que puedan participar de cierto porcentaje por los negocios que acuerden para beneficio del país. Que se establezca un convenio de coparticipación entre las carteras de Turismo y de Relaciones Exteriores para este cometido. Entendemos, que no es algo imposible y que sus resultados pueden ser altamente positivos para el país y su gente. Países más pobres y menos desarrollados que nosotros ya lo están practicando con objetivos claros y a mediano plazo; Uruguay también puede, solo hay que intentarlo. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GUZMÁN ACOSTA Y LARA, Representante por Durazno".

3) Exposición del señor Representante Fernando Araújo al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, acerca de la conveniencia de exonerar del pago de la tasa de reconexión de energía eléctrica a determinados usuarios.

"Montevideo, 23 de julio de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE). Dada la actual crisis económica por la que está atravesando nuestro país, se ha constatado un aumento progresivo de morosos en el servicio de suministro de energía eléctrica, cifra que en la actualidad asciende a los 50.000 deudores, considerados incobrables, superando a los 20.000 cortes mensuales del servicio. La gran mayoría de los clientes que incurren en incumplimiento, son personas de escasos recursos económicos, tales como: jubilados, pensionistas, asalariados y desocupados, quienes se ven privados de un servicio tan esencial, precisamente, en sus domicilios. Una vez que se realiza el corte se ha establecido, por parte de UTE una tasa de reconexión que resulta de difícil cumplimiento y que entendemos excesiva para dichas personas que, generalmente, integran núcleos familiares numerosos. Al no poder abonar dicha tasa y el pasaje del nombre del deudor al 'clering de morosos', lo lleva a buscar artilugios que permitan un rápido restablecimiento del servicio, habiéndose constatado que se hace figurar el nombre de un familiar como nuevo cliente, o lo que es peor, conectarse de forma clandestina, lo que significa cometer el delito de hurto de energía, con el consiguiente perjuicio para el organismo. Por lo expuesto, solicitamos al Directorio de UTE que resuelva la exoneración de la tasa de reconexión para aquellas personas que sean jubiladas, pensionistas, con ingresos inferiores a $ 3.500 y para las que, por medio fehaciente, comprueben estar desocupadas. Estimamos, también, que dicho beneficio debería extenderse a los clientes residenciales que consuman menos de 300 Kw mensuales, que equivale a la suma de $ 600. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. FERNANDO ARAÚJO, Representante por Rivera".

4) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Salud Pública, referente a la posibilidad de destinar una partida mensual para atender necesidades de la policlínica de la localidad de José Enrique Rodó, departamento de Soriano.

"Montevideo, 24 de julio de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Salud Pública. En villa José Enrique Rodó, del departamento de Soriano, la Comisión de Apoyo a la Policlínica viene volcando sus esfuerzos en forma generosa, para contribuir a que los vecinos del lugar puedan contar con una adecuada atención de la salud. No obstante ello, los distintos gastos que debe enfrentar y las dificultades que se originan para obtener los recursos necesarios, como consecuencia de la situación económica que se vive, significan un serio problema para afrontar los loables objetivos trazados. En función de lo expuesto, solicitamos que se estudie la posibilidad de destinar una partida mensual a dicha Comisión, a los efectos de posibilitar una mejor atención a la población que asiste a la mencionada policlínica. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

5) Exposición del señor Representante Roque Arregui a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Instituto Nacional de Alimentación, sobre el retraso en la entrega de alimentos por parte del referido Instituto a los centros CAIF.

"Montevideo, 24 de julio de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Instituto Nacional de Alimentación (INDA) y al Ministerio de Economía y Finanzas. De acuerdo a informaciones que se nos han proporcionado, la entrega de los alimentos que cada dos meses realiza el INDA a los Centros de Atención a la Infancia y a la Familia (CAIF), que habitualmente se realizaba el día 4 de cada mes, aproximadamente, pasa ahora a realizarse entre los días 26 y 27. Ese atraso de casi un mes significa inconvenientes económicos para los referidos centros. A los efectos de superar esa situación, solicitamos que se realicen las coordinaciones necesarias entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el INDA, a fin de eliminar los inconvenientes originados por esos atrasos. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

6) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, para su remisión al Consejo de Educación Secundaria, relacionada con el sistema de remuneración a los profesores del denominado "Espacio Adolescente".

"Montevideo, 24 de julio de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), para su remisión al Consejo de Educación Secundaria. Los profesores de Espacio Adolescente, que desempeñan su función en los grupos de 1er. a 3er. año del Ciclo Básico, trabajan bajo un sistema de remuneración que les resulta perjudicial. El desempeño de dicha función a lo largo del año, no genera pago mensual durante los meses de vacaciones, ni promedio vacacional. Esta situación es discriminatoria en relación al sistema del ejercicio de la docencia en otras disciplinas, y tampoco se equipara con la actividad privada, donde existe el seguro de desempleo. En función de lo anteriormente expuesto, solicitamos se equipare en lo que se relaciona a sus remuneraciones, a los profesores de Espacio Adolescente con los del resto del sistema. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

7) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Defensa Nacional, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, acerca de la posible reducción del horario de atención al público del servicio de cabina telefónica de la localidad de José Enrique Rodó, y de la necesidad de instalar teléfonos públicos en la localidad de Colonia Manuel Victoria, del departamento de Soriano.

"Montevideo, 24 de julio de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Defensa Nacional, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL). A través de las fuerzas vivas de villa José Enrique Rodó, en el departamento de Soriano, hemos recibido planteamientos que podrían ser solucionados por el Directorio de ANTEL. Se observa con preocupación la posible reducción de horarios para la atención al público del servicio de cabina telefónica del lugar, lo que perjudicaría a los usuarios de dicho servicio, por lo que se requiere mantener los horarios de atención. Asimismo, se plantea la necesidad de instalar un teléfono público en la colonia Manuel Victoria, dado que la distancia de la misma a villa José Enrique Rodó, amerita su instalación, para atender las necesidades de comunicación que se presentan en la mencionada colonia. Por lo expuesto, solicitamos que se dé satisfacción a dichos requerimientos. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

8) Exposición del señor Representante Felipe Michelini al Ministerio de Educación y Cultura, al Sindicato Unico de Autores, a la Asociación de Críticos del Uruguay y al Instituto de Solidaridad y Desarrollo, referente al fallecimiento del comunicador Ruben Castillo Batello.

"Montevideo, 24 de julio de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, a la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), a la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay y al Instituto de Solidaridad y Desarrollo (ISODE). El sábado 13 de julio próximo pasado, falleció quien fuera una figura fundamental de la cultura uruguaya en materia de música y teatro, el señor Ruben Castillo Batello. Todo un referente de la cultura uruguaya; fue esencialmente un comunicador, al que muchos deben agradecer su carrera artística. Este riverense vivió intensamente sus 76 años; hombre emprendedor, fermental, creativo y coherente, con múltiples intereses y siempre fiel a sus convicciones políticas, conocidas, abiertas, socialistas. Siempre en la búsqueda, apoyando lo distinto, lo diferente, lo que se distanciaba de lo estrictamente normativo, apostando a la espontaneidad. Defensor a ultranza de los encuentros, de las discusiones, de los intercambios, resistiendo, desde el vamos, la dictadura cívico militar, que le impidió trabajar. El señor Ruben Castillo, convocaba, en aquellos tiempos, a ponerle el pecho a la intolerancia, algo fundamental también para la situación actual que transita nuestro país. Contribuyó a crear desde su sitial en la Asociación de Críticos los premios 'Florencio', sumando su voto equilibrado y justo en la elección de los mismos. Entendió todo el potencial de comunicación de la radio y desde ella se dio el lujo de crear 'El Club del Libro' junto a su admirado amigo Carlos Maggi y otros. Castillo recibió premios de la Casa del Teatro, de los críticos de televisión y de Ondas de España, sin que ello afectara, en absoluto, su sencillez y su idea de que no había méritos individuales sino colectivos en todo aquello que emprendía. La música, el teatro y la radio de este país le deben mucho de lo que son actualmente y la sociedad toda, por lo que fueron sus aportes a la cultura nacional. Por ello sentimos que no se puede dejar pasar por alto tan triste pérdida. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. FELIPE MICHELINI, Representante por Montevideo".

9) Exposición de la señora Representante María Alejandra Rivero Saralegui al Ministerio del Interior, con destino a la Dirección Nacional de Bomberos y a la Junta Departamental de Cerro Largo, sobre la necesidad de instalar un cuartelillo de bomberos en la zona de Isidoro Noblía y Aceguá, en el citado departamento.

"Montevideo, 24 de julio de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio del Interior, con destino a la Dirección Nacional de Bomberos, y a la Junta Departamental de Cerro Largo. Queremos referirnos a un planteamiento que nos efectuaron vecinos de villa Acegúa, en el departamento de Cerro Largo. Las localidades de Isidoro Noblía y de Aceguá se encuentran ubicadas sobre la Ruta Nacional Nº 8 Brigadier General Juan Antonio Lavalleja y distantes de Melo, ciudad capital del departamento, 50 y 60 kilómetros, respectivamente. El planteamiento está referido a que en la zona no existe un cuartelillo de bomberos. Cuando la situación lo amerita, se debe recurrir a los servicios que presta el Cuartel de Bomberos de la ciudad de Melo. La distancia existente entre la capital departamental y esas localidades opera, indudablemente, en contra de la celeridad con que deben actuar los efectivos de bomberos cuando se les requiere. La población de dichas localidades, así como la de las zonas rurales adyacentes, que deben ser atendidas consideran fundamental, la existencia de un cuartelillo de bomberos en la región. Por lo expuesto, nos permitimos solicitar que se disponga lo necesario por parte de las autoridades del Ministerio del Interior, a fin de dar satisfacción a esta necesidad. Saludamos al señor Presidente con nuestra más elevada consideración. MARÍA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI, Representante por Cerro Largo".

10) Exposición de la señora Representante María Alejandra Rivero Saralegui a la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre, relacionada con la utilización de un predio perteneciente a esa Institución, para construir una cancha de fútbol en la localidad de Tupambaé, departamento de Cerro Largo.

"Montevideo, 24 de julio de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR). En visita que realizáramos al pueblo Tupambaé, en el departamento de Cerro Largo, recibimos un planteamiento efectuado por los vecinos referido a la posible utilización de un predio de MEVIR en dicha localidad. Según nos expresaron, desde el año 1975, en el Plan de Viviendas MEVIR 1, luego de la ejecución de ese conjunto habitacional, quedó un predio sin utilizar cuyas dimensiones son, aproximadamente, de 100 metros de largo por 50 metros de ancho. Hace tres años, uno de los vecinos del complejo, en sus horas libres, comenzó a enseñar la práctica del fútbol a los niños del barrio, actividad que realiza en el predio de referencia. Con posterioridad, muchos niños de otras zonas, entusiasmados con la posibilidad de poder practicar ese deporte, se fueron incorporando a la actividad. Actualmente, ese grupo de, aproximadamente, 50 niños cuyas edades oscilan entre los 6 y los 14 años, gracias a la labor de ese vecino, que está al frente de dicha actividad, se encuentra organizado por categorías. El predio de referencia está sin cercar, por lo que es utilizado por diferentes vecinos para el pastoreo de animales. Debemos destacar que en el pueblo de Tupambaé, no existe otra persona o institución alguna que fomente la práctica del fútbol infantil, fuera del horario escolar. La persona de referencia cuenta con experiencia en la práctica de fútbol en el ámbito 'amateur' y se preocupa permanentemente en recibir asesoramiento de personas, de la ciudad de Melo, que fomentan la práctica de ese deporte a escala infantil. Para la realización de esas actividades cuenta, únicamente, con el apoyo de los padres de esos niños. Los vecinos nos han planteado que es su aspiración lograr por parte de MEVIR, la autorización correspondiente para construir una cancha para la práctica de baby fútbol, con sus elementos correspondientes y, paralelamente, ejercer el control necesario para que el predio sea destinado únicamente a la práctica de ese deporte. Por lo expresado, y a solicitud de dichos vecinos, nos permitimos trasladar a MEVIR el presente planteamiento. Saludamos al señor Presidente con nuestra más elevada consideración. MARÍA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI, Representante por Cerro Largo".

11) Exposición del señor Representante Enrique Pérez Morad a la Presidencia de la República; al Ministerio de Salud Pública, y por su intermedio a la Dirección Regional de Salud, zona Este y a los Centros Asistenciales de Salud del departamento de Maldonado; a la Intendencia Municipal de Maldonado, y por su intermedio a las Juntas Locales; a la Junta Departamental de Maldonado, y por su intermedio a las bancadas parlamentarias que la integran y a la Comisión de Salud; a la Junta Local Autónoma y Electiva de San Carlos y a la Coordinadora de Barrios de dicha ciudad, referente a la interrupción de una campaña de prevención de la enfermedad del dengue y de la falta de pago de sus haberes a personas que trabajaran en la misma.

"Montevideo, 24 de julio de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República; al Ministerio de Salud Pública y, por su intermedio, a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), a la Regional de Salud del departamento de Maldonado y a los Centros Asistenciales de Salud del referido departamento; a la Intendencia Municipal de Maldonado y, por su intermedio, a las Juntas Locales; a la Junta Departamental de Maldonado y, por su intermedio, a las bancadas parlamentarias que la integran y a la Comisión de Salud; a la Junta Local Autónoma Electiva de San Carlos, y a la Coordinadora de Barrios de la ciudad de San Carlos, del departamento de Maldonado. La enfermedad del dengue comenzó nuevamente ha extenderse por América del Sur a partir de la década del 80, constituyéndose en forma alarmante en un serio problema de salud. El vector que había sido erradicado de América del Sur a mitad del siglo pasado, reaparece en esa década en la mayoría de los países, incluyendo más adelante a Uruguay en los años 1996-1997 donde, mediante el transporte desde zonas infestadas se reintrodujeron con su presencia los virus y las enfermedades que estos producen. A partir de la década del 90, en la República Federativa del Brasil y, fundamentalmente, en la República de Venezuela, se registraron miles de casos configurándose un verdadero alerta sanitario. 'Aedes aegypti' está presente en los países como Argentina y Bolivia con índices de infección larvaria de 5% así como en Ecuador, en Perú, en Paraguay, y en Colombia, entre otros. Investigadores científicos en la Argentina consideran que: las grandes ciudades argentinas en zonas templadas están a merced del problema. En la ciudad de Buenos Aires, se considera que los niveles de abundancia de mosquitos potencialmente transmisores, ya son superiores a los necesarios para generar una epidemia, acotamos esto por la vecindad con nuestro país. Siendo conscientes de que el dengue es una enfermedad fundamentalmente urbana, entendemos que la principal medida de control para combatir al vector, depende expresamente de la mano de obra, del material humano que por suerte poseemos y que tan buenos resultados ha obtenido en las experiencias que se han llevado a cabo. En este sentido, el Ministerio de Salud Pública a través del Programa de Prevención del Dengue, coordinado en la ciudad de Maldonado por la Dirección Regional de Salud y con la colaboración de la Intendencia Municipal de Maldonado, puso en práctica desde el 20 de diciembre de 2001, un Programa de Prevención del Dengue que fue llevado a cabo por, entre otros, 11 personas contratadas. Estas personas debidamente identificadas, salían de lunes a viernes en el horario de 10 a 16, provistas de sus planillas y con las manzanas y el número de padrón correspondiente a fin de efectuar el control de larvas. En el transcurso del tiempo que se instrumentó ese plan (iniciativa que supuestamente era hasta fin de 2002 y posiblemente se renovara), se inspeccionaron 27.000 viviendas en las que se entregaba folletería que apuntaba a la educación y pretendía la participación activa de la comunidad. El día 1º de julio del corriente año, cuando los 11 trabajadores se hicieron presentes para continuar sus labores, se les comunicó por intermedio de la Directora Regional de Salud, doctora María E. Álvarez, que no tenían más trabajo, 'se terminó la campaña', 'no hay más plata'. La desazón de los trabajadores fue generalizada puesto que no solamente veían truncadas sus esperanzas de un trabajo a mediano plazo, sino que se incrementaba la incertidumbre por los adeudos que el Ministerio de Salud Pública mantiene con ellos. Dicha Secretaría de Estado, eventualmente debería haber enviado $ 30.000 todos los meses, suma que se dividiría igualitariamente entre los 11 trabajadores. Es de extrañar que recién en el mes de marzo cobraran enero, en tanto febrero y marzo lo cobraron juntos en mayo, por lo que se les adeuda abril, mayo y junio. También causa extrañeza, que esos trabajadores cuando cobraron, lo hicieran en la Intendencia Municipal de Maldonado firmando un recibo del que no recibieron copia ni obtuvieron comprobante del mismo. Uruguay no ha reportado dengue autóctono, pero sí se ha demostrado la presencia del vector en los relevamientos que se han realizado, por lo que resulta imprescindible que se continúe con el Programa de Prevención del Dengue, que se les vuelva a restablecer el trabajo a las personas que hasta el viernes 28 de junio del corriente año estaban trabajando y que se les abone con estricta celeridad los meses adeudados mencionados anteriormente. Sin otro particular, y esperando una resolución favorable que permita continuar ese emprendimiento tan importante para la salud de nuestra población, saludamos al señor Presidente muy atentamente. ENRIQUE PÉREZ MORAD, Representante por Maldonado

7.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Enrique Pintado, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 24 de julio de 2002, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora María Eloísa Moreira.

Del señor Representante Jorge Orrico, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 24 y 25 de julio de 2002, convocándose al suplente siguiente, señor Pablo Ferrer.

Del señor Representante Ramón Fonticiella, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 24 y 25 de julio de 2002, convocándose al suplente siguiente, señor Eduardo Muguruza.

Del señor Representante Roque Arregui, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 30 y 31 de julio de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Hugo Cuadrado.

Del señor Representante Gustavo Silveira, por enfermedad, literal A) del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 24 de julio y 19 de agosto de 2002, convocándose al suplente siguiente, señor Basilio Morales".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en cincuenta y dos: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas mencionadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 24 de julio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside licencia por el día de la fecha.

El motivo es personal.

Sin otro particular, lo saludo a usted atentamente.

ENRIQUE PINTADO
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 24 de julio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional Enrique Pintado, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saluda al Sr. Presidente muy atentamente.

Jorge Iribarnegaray".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Enrique Pintado.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 24 de julio de 2002.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Jorge Iribarnegaray.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 24 de julio de 2002, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Enrique Pintado.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente correspondiente, señor Jorge Iribarnegaray.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 24 de julio de 2002, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora María Eloísa Moreira.

Sala de la Comisión, 24 de julio de 2002.

DAISY TOURNÉ, TOMÁS CASTRO TABARÉ HACKENBRUCH."

"Montevideo, 23 de julio de 2002.

Señor Presidente
de la Cámara de Representantes
Don Guillermo Álvarez.

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a la Cámara que Ud. preside, licencia los días 24 al 25 del corriente por asuntos particulares, convocando en tal caso al suplente correspondiente.

Saluda a usted atentamente.

JORGEORRICO

Representante por Montevideo".

"Montevideo, 23 de julio de 2002.

Señor Presidente
de la Cámara de Representantes
Don Guillermo Álvarez.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted mi renuncia por esta única vez, a desempeñar la suplencia del Diputado Dr. Jorge Orrico, por encontrarme en el exterior del país.

Saluda atentamente.

Jorge Zás Fernández".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Orrico.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 24 y 25 de julio de 2002.

II) Que por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto, el suplente correspondiente siguiente, señor Jorge Zás Fernández.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 24 y 25 de julio de 2002, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Orrico.

2) Acéptase por esta única vez, la renuncia presentada por el suplente correspondiente siguiente, señor Jorge Zás Fernández.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Pablo Ferrer.

Sala de la Comisión, 24 de julio de 2002.

DAISY TOURNÉ, TOMÁS CASTRO TABARÉ HACKENBRUCH ".

"Salto, 22 de julio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

Solicito licencia durante los días 24 y 25 de julio de 2002, conforme al inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465 del 14 de enero de 1994.

Atentamente.

RAMÓN FONTICIELLA
Representante por Salto".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Salto, Ramón Fonticiella.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 24 y 25 de julio de 2002.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 24 y 25 de julio de 2002, al señor Representante por el departamento de Salto, Ramón Fonticiella.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 303 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Eduardo Muguruza.

Sala de la Comisión, 24 de julio de 2002.

DAISY TOURNÉ, TOMÁS CASTRO TABARÉ HACKENBRUCH ".

"Montevideo, 24 de julio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Solicito se me conceda licencia por motivos personales para los días martes 30 y miércoles 31 de julio próximos, convocándose al suplente respectivo Sr. Hugo Cuadrado.

Sin otro particular saluda a usted muy atentamente.

ROQUEARREGUI
Representante por Soriano".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Soriano, Roque Arregui.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 30 y 31 de julio de 2002.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 30 y 31 de julio de 2002, al señor Representante por el departamento de Soriano, Roque Arregui.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Hugo Cuadrado.

Sala de la Comisión, 24 de julio de 2002.

DAISY TOURNÉ, TOMÁS CASTRO TABARÉ HACKENBRUCH ".

"Montevideo, 24 de julio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de solicitar, al amparo de lo establecido en el literal A) de la Ley Nº 16.465, licencia por motivos de salud (se adjunta certificado médico), del miércoles 24 de julio al lunes 19 de agosto inclusive.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

GUSTAVO SILVEIRA
Representante por Artigas".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad del señor Representante por el departamento de Cerro Largo, Gustavo Silveira.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 24 de julio y 19 de agosto de 2002, y adjunta certificado médico.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el literal A) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por enfermedad, por el período comprendido entre los días 24 de julio y 19 de agosto de 2002, al señor Representante por el departamento de Cerro Largo, Gustavo Silveira.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Basilio Morales.

Sala de la Comisión, 24 de julio de 2002.

DAISY TOURNÉ, TOMÁS CASTRO TABARÉ HACKENBRUCH".

8.-     Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

——Se entra al orden del día con la consideración del asunto motivo de la convocatoria: "Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional".

Tiene la palabra el señor Diputado Laviña.

SEÑOR LAVIÑA.- Señor Presidente: realmente fue una alegría que, en su oportunidad, el Parlamento haya aprobado este Estatuto de la Corte Penal Internacional, porque ello arroja méritos y honor a nuestro país en el concierto universal. Voy a hacer una síntesis lo más breve posible sobre el tema, porque ya fue tratado oportunamente en esta Cámara, en la que hice una exposición al respecto. A la vez, voy a ser lo más estricto posible para que quede constancia en la versión taquigráfica y con el fin de constituir fuente de interpretación de la ley, como también lo van a ser otros Diputados de los cuatro Partidos.

En primer lugar, me referiré a los antecedentes parlamentarios. En su oportunidad, solicité hablar en esta Cámara sobre el Estatuto de la Corte Penal Internacional por espacio de sesenta minutos, lo que se hizo realidad en la sesión del 4 de julio de 2001, según consta en el Diario de Sesiones de la Cámara Nº 2957.

En esa oportunidad, el Poder Ejecutivo aún no había remitido el proyecto de ley correspondiente para someterlo a la aprobación de la Cámara. Era mi propósito alertar al Parlamento, a la opinión pública y al Poder Ejecutivo sobre la necesidad de que nuestro país, por su tradición democrática y por sus antecedentes históricos, doctrinarios y jurídicos en materia de defensa de los derechos humanos, no permaneciera ajeno o expectante e irresoluto ante un movimiento universal que tenía como noble objetivo crear un nuevo organismo internacional que representa un avance en el desarrollo progresivo del derecho y de la justicia internacionales, y que tiene como función esencial castigar los crímenes y las conductas humanamente inaceptables.

(Murmullos)

——Fue así, señor Presidente, que se hizo posible la creación de un ámbito parlamentario para promover la difusión, aclaración y toma de conciencia acerca del alcance...

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Solicitamos a los señores Diputados que hagan silencio para poder escuchar al orador y posibilitar la toma de la versión taquigráfica.

Puede continuar el señor Diputado Laviña.

SEÑOR LAVIÑA.- Decía, señor Presidente, que fue así que se hizo posible la creación de un ámbito parlamentario para promover la difusión, aclaración y toma de conciencia acerca del alcance y repercusión que tendría para los pueblos y para la sociedad internacional la entrada en vigencia del Estatuto de Roma, que crea y regula la Corte Penal Internacional.

En aquella oportunidad, legisladores de todos los Partidos representados en este Cuerpo, luego de escuchar muchas exposiciones, aceptaron y aprobaron por unanimidad de presentes una minuta de comunicación que establecía: "La Cámara de Representantes declara: Que la Cámara vería con satisfacción el envío por el Poder Ejecutivo del mensaje y proyecto de ley relativo a la aprobación parlamentaria del Estatuto de la Corte Penal Internacional, a efectos de que se pueda proceder a la ratificación y al depósito de la misma. Esta última etapa significará que el Uruguay pasará a ser parte de dicho Estatuto, con todos los derechos y deberes que ello implica.- Que, asimismo, la Cámara de Representantes adelanta su actitud positiva para la rápida consideración y aprobación del proyecto de ley y que a este respecto espera que el Poder Ejecutivo remita a la brevedad".

Luego de transcurrido prácticamente un año, llega al Senado el proyecto de ley para aprobar el Estatuto de Roma, lo que se produjo el 25 de junio en el Senado, siendo sancionado el 26 de junio en la Cámara de Representantes. El Poder Ejecutivo promulgó la ley y depositó el instrumento de ratificación en la Secretaría de las Naciones Unidas el día 28 del mismo mes, con lo que se integró como miembro de este importantísimo y realmente trascendente Tratado internacional.

Con respecto al segundo punto, que atañe a la importancia de la creación de la Corte Penal Internacional, en aquella sesión del 4 de julio del año pasado, yo recordaba que: "Después de la Conferencia de Roma de julio de 1998, tuvo lugar la ceremonia de apertura de firmas del Tratado que crea la Corte Penal Internacional, el 18 de julio de 1998. Posteriormente, el instrumento quedó en la Secretaría de las Naciones Unidas para la firma de los Estados.- En la ceremonia referida" -en aquella oportunidad recordaba que fue histórica- "se anunció el alcance de este acontecimiento, expresándose que 'el mundo nunca será el mismo después del establecimiento de la Corte Penal Internacional. La adopción del Acta Final de la Conferencia Diplomática de Naciones Unidas y la apertura de hoy de la firma de la Convención, marca tanto el final de un proceso histórico que se inició después de la Primera Guerra Mundial, así como el de una nueva fase en la historia de la Justicia Penal Internacional. El establecimiento de la Corte Penal Internacional simboliza y encarna ciertos valores fundamentales y expectativas compartidos por todas las personas del mundo y es, por tanto, un triunfo de la humanidad. Afirma que la impunidad para los culpables de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, no será más tolerada. La Corte Penal Internacional no será una panacea para todos los males de la humanidad. No eliminará los conflictos, no regresará a la vida a las víctimas, ni restaurará las condiciones de bienestar previas a los sobrevivientes, y no pondrá ante la justicia a todos los culpables de graves crímenes. Pero sí, la Corte Penal Internacional fortalecerá el orden mundial y contribuirá a la paz y la seguridad mundial. La Corte Penal Internacional como tal, junto con otras instituciones legales nacionales e internacionales, dará su contribución a la humanización de nuestra civilización'".

Paso al tercer punto, que tiene que ver con las ventajas e inconvenientes del Estatuto de Roma. Comprendemos que el Estatuto, como toda obra humana, no es perfecto, señalándose como inconvenientes la opción de aceptar en forma diferida por siete años la jurisdicción de la Corte respecto a crímenes de guerra, supeditar su competencia a que el Estado en cuyo territorio se haya cometido el delito la haya aceptado, así como el de que se haya establecido como precondición del ejercicio de la competencia de la Corte que el Estado del que sea nacional el acusado del crimen haya aceptado su competencia.

No obstante, prevalecen los argumentos a favor de la aprobación del Estatuto, y basta citar algunos de ellos. En primer lugar, se trata de un Tratado multilateral que crea un Tribunal Penal Internacional permanente, abierto a la firma de todos los Estados de la comunidad internacional. En segundo término, se crea un sistema de justicia respaldado por una sólida seguridad jurídica. En tercer lugar, la competencia de la Corte es complementaria de la de los Tribunales nacionales de los Estados ratificantes; solo en los casos en que los Estados no actúen o demoren excesivamente su actuación, la Corte reasumirá su competencia para juzgar a los que considere incursos en los delitos especificados en el Estatuto. En cuarto término, resulta positiva también la previa calificación penal de los crímenes que serán de la competencia de la Corte: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y la futura tipificación del crimen de agresión. En quinto lugar, se reconocen los grandes principios del "non bis in idem", en el artículo 20; del "nullum crimen sine lege", en el artículo 22, y del "nulla poena sine lege", en el artículo 23. En sexto término, el rechazo de la obediencia debida como eximente ante la Justicia Penal Internacional. En séptimo lugar, el reconocimiento al debido proceso ante la Corte Penal Internacional. En octavo término, la proscripción de la pena de muerte. En noveno lugar, el establecimiento de una pena máxima de treinta años. En décimo término, la condición para ser imputable de tener más de dieciocho años. En undécimo lugar, la presunción de inocencia y el reconocimiento de los derechos del acusado. En duodécimo término, la no inmunidad de los Jefes de Estado o de Gobierno y otros jerarcas de la función pública, aclarándose que la no inmunidad establecida en el Estatuto se aplicará en los casos de responsabilidad penal ante la Corte Penal Internacional, de acuerdo con el derecho internacional, excluyéndose los casos de inmunidad ante el derecho interno regulado por la Constitución. En decimotercer lugar, la no admisión de reservas de los países al firmar, adherir o ratificar el Estatuto, lo que le otorga firmeza al Estatuto y a la Corte Penal Internacional. En decimocuarto término, la Corte Penal Internacional que instituye este Tratado se diferencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya por cuanto esta última tiene jurisdicción limitada a los Estados, mientras que la Corte Penal Internacional tiene capacidad para procesar individuos.

El quinto tema se refiere a la entrada en vigor del Estatuto de Roma y sus consecuencias. A ese respecto, debo decir que con el depósito de los instrumentos de ratificación el 11 de abril de 2002, dicho Estatuto entró en vigor el 1º de julio del año en curso, por imperio de lo establecido en el artículo 126 de aquel documento. Dicha disposición establece que la entrada en vigor ocurrirá "el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión".

Luego de la entrada en vigor del Estatuto, se producirán dos acontecimientos importantes: la primera reunión de la Asamblea de los Estados Parte y la elección de los Magistrados. Los países que ratificaron antes del 2 de julio -como lo hizo Uruguay- tienen derecho de voto pleno durante la primera reunión de la Asamblea de los Estados Parte, que se llevará a cabo del 3 al 13 de setiembre de 2002. Durante esta reunión, los Estados Parte discutirán las reglas y procedimientos para la nominación y elección de los Magistrados, así como para la nominación y la elección del Fiscal. Las elecciones tendrán lugar, probablemente, durante la segunda reunión de la Asamblea de los Estados Parte, en enero de 2003.

Con respecto a la obligación de los Estados Parte de colaborar con la Corte, debo manifestar que el Estatuto señala la necesidad de que los Estados Parte presten toda la colaboración requerida para el correcto funcionamiento de la Corte Penal Internacional y la debida eficacia de sus actuaciones. La obligación referida implica la aprobación de normas internas que regulen las funciones específicas de las autoridades administrativas o judiciales de las que dependerá la prestación de la colaboración a la Corte.

La introducción en la normativa penal interna de los crímenes tipificados en el Estatuto permitirá a los Estados invocar el principio de complementariedad, asumiendo la jurisdicción preferente en los casos en que sus Tribunales sean competentes.

El sexto tema es el relativo a las Constituciones nacionales y el Estatuto de la Corte, y lo resalto porque muchos países y muchos Parlamentos han hecho cuestión de la constitucionalidad de algunos artículos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Yo estimo que más que argumentos de carácter jurídico, ha habido decisiones de tipo político en determinados Estados en los que se teme la creación de la Corte para el juzgamiento de personas que cometan este tipo de actos en el futuro -porque la norma no tiene efecto retroactivo-, juzgamiento en el que el acusado gozará de todos sus derechos. Me refiero a la presunción de inocencia, al derecho al debido proceso, a la designación de defensor; en fin, a todas las garantías necesarias para que un individuo que sea acusado ante la Corte pueda esgrimir sus derechos y ser pasible de una condena o de una exoneración de responsabilidad.

Destaco este tema porque en muchos países se está haciendo hincapié en que sus normas constitucionales impiden la aprobación de la Corte por parte de sus respectivos Parlamentos. Estimamos que los argumentos responden a cuestiones internas de los Estados, a conflictos en las sociedades y a motivaciones políticas, pero no a razones estrictamente jurídicas.

Sostenemos que si en un país existe una Constitución en la que se reconocen los derechos individuales y se establecen normas de funcionamiento de un Estado de derecho, la creación de cualquier organismo internacional que tienda a velar y a proteger esos derechos individuales o derechos humanos, de ninguna manera puede ser inconstitucional. Si Chile -para citar un ejemplo- tiene un sistema democrático de gobierno que funciona como tal y en su Constitución están previstos los derechos individuales, ninguna disposición del Estatuto de Roma contradice el sistema político e institucional de ese país. Si en Guatemala o en México ocurre lo mismo, no existen razones de carácter jurídico que impidan en esos países, puestos como ejemplo, la aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional por el Parlamento y su ratificación por el Poder Ejecutivo.

Al respecto, decía que hemos sostenido que en los Estados con sistema democrático de gobierno, en los cuales, por ende, se reconocen en sus Constituciones los derechos fundamentales de las personas, no existe razón jurídica que obstaculice la ratificación del Estatuto de Roma.

En efecto, en aquella sesión de Cámara ya citada yo expresaba: "Creo firmemente que en nuestro país, Uruguay, con la aprobación del Estatuto de la Corte Penal Internacional no se viola la Constitución. Basado en antecedentes nacionales, haciendo referencia a la Convención sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, en la página 73 del libro que en 1987 -o sea, hace casi quince años- publicó la editorial Depalma S.R.L. en Buenos Aires, bajo el título 'Sistemas Internacionales de Protección de los Derechos Humanos', yo decía lo siguiente: 'El convenio por el que se efectúa una declaración de Derechos Humanos y organiza un sistema de protección de los mismos, no es en principio, y por razón de materia, violatorio de la Constitución uruguaya. Si bien la Constitución uruguaya no prevé la existencia de una declaración y de un sistema internacional de protección de los derechos humanos, ello, por sí, no significa la inconstitucionalidad de un convenio internacional referente a esa materia. Tal inconstitucionalidad no existe porque, en el sistema de la Constitución, los derechos individuales no son establecidos o creados por el texto constitucional; no derivan su existencia del hecho de que una norma los prevea, sino que, por el contrario, la Constitución se limita a declarar, a enunciar y proteger derechos preexistentes, que el ser humano posee por su calidad de tal. De modo que el orden jurídico estatal presupone los derechos humanos que son anteriores a él.- En consecuencia su declaración y protección internacional, al igual que en lo interno, se dirige a la defensa de la persona humana, que es la base y el fundamento de todo el sistema jurídico. Y es por ello que un sistema internacional de protección de los derechos del hombre, libremente consentido por los Estados, no puede considerarse, por razón de materia, contrario a una Constitución que se fundamenta en una concepción democrática del Estado'.- Y terminaba manifestando: 'Vemos cómo la doctrina nacional uruguaya ya ha aclarado debidamente que no es pertinente oponer el principio de no intervención para no aceptar un sistema de protección internacional de los derechos del hombre, como que este no impide la ratificación de una convención, tratado o Estatuto, ya que por el origen de los derechos humanos anteriores a ella, en ningún caso podrá interpretarse que pueda violentar las normas constitucionales'. Indudablemente estas consideraciones son aplicables a una ley internacional, a un tratado o estatuto internacional por el cual se crea la Corte Penal Internacional, con lo que de todas maneras forma el sistema internacional de protección de los derechos humanos que tiene como fin último el castigo de delitos que constituyen violaciones gravísimas de esos derechos.- El Estado uruguayo, al ratificar el Estatuto de Roma, transfiere libremente poderes que, lejos de operar transgresiones a su orden jurídico mayor, son definitivamente compatibles con su Constitución".

El séptimo punto lo titulamos: "Hacia la universalidad en la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional".

Se han dado pasos importantísimos en los últimos años en beneficio del reconocimiento de la necesidad de crear una Justicia Penal Internacional, como instrumento de lucha contra la impunidad.

Asimismo, se ha estimado que este acontecimiento ya histórico de la creación de una Corte Penal Internacional constituye una resultante de los procesos de la progresiva globalización de los temas internacionales y la creciente sensibilización de la opinión pública mundial, que observa este fenómeno como una exigencia ética, una necesidad jurídica y un imperativo político.

En efecto, la opinión pública mundial ya no soporta más la indiferencia ante hechos que implican una responsabilidad penal individual en el plano internacional, cuando se cometen delitos de genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.

Respondiendo a esa tendencia, al día de hoy ya han ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional setenta y seis países, y una decena se encuentran en proceso de ratificación.

Debemos saludar con legítima satisfacción y con fundado optimismo este importante avance en la efectiva valoración de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que, en definitiva, se enmarca en los sistemas de protección de aquellos derechos esenciales de la persona humana. No obstante, todos sabemos que para que la Corte actúe en nombre de la comunidad internacional con plena legitimidad jurídica y para que tenga mayor representatividad, es necesario que se integren al Estatuto de Roma muchos otros países.

Siento que ante esta necesidad de ampliar la base de ratificaciones para garantizar la futura estabilidad, la continuidad y el funcionamiento normal de la Corte, los Parlamentos, los legisladores tenemos un espacio, una responsabilidad, una obligación de estimular a legisladores y a partidos políticos de otros países que aún no han ratificado el Estatuto de Roma, para que lo hagan a la brevedad. En América del Sur, en Chile se han invocado problemas constitucionales. En América del Norte, México se halla en proceso de ratificación, estimándose allí que también se requieren reformas constitucionales. En América Central, en Guatemala se está en la etapa de estudio.

Son los mismos argumentos que se habían esgrimido en nuestro país, aunque, por suerte, hemos disipado esas dudas sobre la base de la consideración de que en los sistemas democráticos se reconocen los derechos fundamentales, los derechos humanos, que son propios de las personas e inherentes a ellas, que son anteriores a la Constitución y que, por ello, cualquier tratado que establezca un sistema de protección de aquellos derechos jamás contraría el precepto constitucional, sino que se adecua a él y lo complementa. El mismo razonamiento vale para Chile y para México.

Muchas veces, los obstáculos son producto de circunstancias políticas enraizadas en el pasado, que ensombrecen el razonamiento jurídico. Creo que nuestro Parlamento tiene mucho que hacer, en nombre de la amistad y de la solidaridad con esos otros países, para seguir avanzando en esta lucha de la humanidad contra la impunidad.

He terminado mi exposición y agradezco la atención de la Mesa.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Bellomo.

SEÑOR BELLOMO.- Señor Presidente: estamos celebrando los cuatro años de la firma del Estatuto de Roma, en el mes en que comenzó su existencia y su vigencia la Corte Penal Internacional y en momentos en que en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes está considerando un proyecto de ley tendiente a sancionar los delitos de lesa humanidad, en el mismo sentido de lo que se establece en los artículos 5 y siguientes: aquellos que se cometan contra la comunidad internacional en su conjunto y que tratan del genocidio, de la guerra, de la agresión. Pero también se entienden de esa manera cuando se cometan como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil, y en ese sentido se menciona el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o traslado forzoso, la encarcelación u otra privación grave de libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, la tortura, la desaparición forzada de personas, el apartheid; y hay más.

Nosotros decimos que bienvenido sea este instrumento; bienvenido sea este progreso, que consideramos algo así como el lado positivo de la globalización y que constituye un avance sensible y esperanzador para toda la humanidad. Pero, como uruguayo, como americano y como ciudadano del mundo, debo dejar sentada mi preocupación, señor Presidente, porque este instrumento nace sin toda la fuerza necesaria.

Queremos hacer mención expresa, con todo respeto, a una gran nación, como los Estados Unidos de América, que no está firmando el Tratado ni apoyando la Corte Penal Internacional, este proceso que de alguna forma viene gestando el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, y tal vez desde antes, y que ha cobrado vigencia en estos días. Lo lamentamos profundamente, porque en la Corte Penal Internacional hay garantías sobradas para las personas y para los Estados, como las que establece el artículo 11, que dice que "La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto", o el artículo 24, que determina que "Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor". Inclusive, entre otras garantías, el artículo 33 establece la posibilidad de ser eximido, y, aún más, hay una disposición transitoria en el artículo 124 que establece que "un Estado, al hacerse parte en el presente Estatuto, podrá declarar que, durante un período de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto, no aceptará la competencia de la Corte". Quiere decir que hay garantías por demás para ayudar a la buena voluntad de los pueblos a firmar este Tratado. Entonces, nos preocupa que ello no se dé, ni siquiera con estas reservas y garantías. Nos preocupa por el futuro de la humanidad.

Vamos a dar lectura a dos notas. Una, está escrita por el articulista James Graff, de "Time Américas", quien, refiriéndose al Tribunal, entre otras cosas establece: "Una vez debidamente constituida, la Corte no podrá iniciarle una causa penal a ningún presunto criminal de guerra si el gobierno de su país ha emprendido una investigación de buena fe. De este modo, si un soldado estadounidense fuese absuelto de tales cargos por un tribunal civil o militar de su país, la Corte Criminal Internacional no podría juzgarlo". Y cita entre comillas las manifestaciones de una persona de alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores holandés, que dice: "No comprendemos por qué Estados Unidos tiene tan poca confianza en su propio sistema judicial".

Continúa el artículo: "'La Corte Criminal Internacional está obligada a deferir a las fiscalías nacionales a menos que la Corte considere que los tribunales de la nación en cuestión carezcan de la voluntad o de la capacidad para llevar a cabo dicha función', afirma un alto cargo estadounidense. 'Pero la decisión a este respecto queda en manos de la Corte, la cual, en teoría, podría hacer lo que quisiera'. La administración Bush parece desconfiar profundamente del tribunal. El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, ha declarado que la creación de dicho tribunal es 'especialmente preocupante, sobre todo en medio de una guerra contra el terrorismo tan compleja y peligrosa'".

(Murmullos)

——En estos días, un artículo publicado en el diario "La República" por el analista Niko Schvarz da cuenta de que la decisión adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de otorgar inmunidad ante el Tribunal Penal Internacional a los militares norteamericanos que revistan en la fuerza de paz en Bosnia fue calificada como escandalosa por Amnistía Internacional y afecta la credibilidad del organismo echado a andar el 1º de julio. Dice, además, que el Embajador Negroponte, de los Estados Unidos, amenazó al Consejo de Seguridad con retirar las tropas norteamericanas del contingente que opera en Bosnia Herzegovina si previamente no se le aseguraba la impunidad en sus acciones, y que lo hizo cuando caducaba el mandato de la fuerza de paz, por lo que equivalía a la disolución de la misión. Expresa el articulista que el Consejo en pleno capituló, optando por garantizar la continuidad de las operaciones, no sin antes expresar diplomáticas reservas.

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- La Mesa ruega a los señores Diputados hacer silencio.

Puede continuar el señor Diputado Bellomo.

SEÑOR BELLOMO.- Gracias, señor Presidente.

Más importante que lo que estamos diciendo nos parece que es poner en conocimiento de la Cámara algunas opiniones más calificadas, como las que estamos mencionando y de las que sería interesante que se tomara nota.

El articulista de la revista citada concluye -yo diría en forma preocupante- que la Corte "no es sino la más reciente prueba de la gigantesca brecha que existe entre los intereses estadounidenses y los del resto del planeta. La cual, sin duda, seguirá agrandándose".

Esperamos que el articulista no tenga razón, pero mucho nos tememos que la brecha se siga agrandando y que algunas injusticias que están ocurriendo hoy mismo y que son patrón corriente en América Latina y en el mundo sigan existiendo, porque, de otra manera, no entenderíamos por qué pese a todas las reservas -de a partir de ahora, de un año más, de los eventuales siete años en una cláusula transitoria-, no se firma el Tratado y no se apoya este Tribunal Penal Internacional.

Creo que el Estatuto tiene otras virtudes positivas y muy claramente establecidas. Por ejemplo, el artículo 27, relativo al Tribunal Penal Internacional, habla de la improcedencia del cargo oficial. Dice así: "[...] el cargo oficial de una persona [...] en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá 'per se' motivo para reducir la pena".

También es importante señalar, como lo venimos manejando en la Comisión de Derechos Humanos -espero que esto contribuya al proyecto de ley que estamos tratando, para ver si lo podemos acelerar, ya que desde el año pasado lo tenemos a estudio-, lo que dice el artículo 29, que es claro y conciso y contiene una sola oración: "Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán". Sería bueno, señor Presidente, que habiendo apoyado Uruguay el Estatuto, tenga también su propia ley que sancione, castigue y prevenga los delitos de lesa humanidad.

También sería bueno que uno de los magistrados o de los funcionarios calificados que esta Corte tendrá fuese uruguayo. Constituiría un motivo de orgullo para nosotros, aunque sabemos que esto es difícil por la cantidad de requisitos y equilibrios que establece el artículo 36.

Quiero ahondar en dos o tres aspectos más, que me parece que ofrecen garantías muy importantes. Hay que resaltar que la Corte Penal Internacional ofrece garantías individuales en sus artículos 66 y 67, donde se establecen la presunción de inocencia y los derechos del acusado.

Debemos mencionar que el artículo 72 hace referencia a la protección de información que afecte a la seguridad nacional. Por eso nos preguntamos: ¿qué otras garantías se precisan para acompañar, firmar y poner esto en práctica?

También es destacable la reparación que para las víctimas o causahabientes prevé el artículo 75, o la eventual indemnización al detenido ilegalmente o condenado injustamente, a la que alude el artículo 85, porque también la Corte puede cometer injusticias o errores.

Nosotros seguimos pensando que el gran problema que hoy tiene la humanidad, con el avance científico y tecnológico -al que no acceden todos los ciudadanos del mundo, todos los habitantes del planeta- y con la cantidad y calidad de derechos consagrados y establecidos con garantías, es el de la realidad: ¿se ejercen realmente los derechos establecidos? Todos tenemos nuestras dudas, pero sabemos que tenemos que contribuir a la legislación para establecer cada vez más derechos y también velar para que se cumplan.

La gran pregunta es: ¿resultará finalmente exitoso este instrumento que el mundo ha echado a andar y que nosotros estamos apoyando, aunque tenga ese problema, aunque haya esa falta de confianza y de apoyo de parte de una de las grandes potencias de la humanidad? Nosotros, señor Presidente, decimos con firmeza y con franqueza que deseamos y esperamos que así sea. También exhortamos a todos los legisladores a contribuir para que esto así sea, en la medida de sus posibilidades. Y una de las posibilidades es apurar -si cabe el término- ese proyecto de ley que tenemos a estudio en la Comisión de Derechos Humanos desde octubre del año pasado. Si bien venimos avanzando, sería bueno terminarlo rápidamente para que pueda ser presentado en el plenario, dando una muestra cabal de que el Parlamento uruguayo sanciona este tipo de conductas, estos crímenes contra la humanidad.

Señor Presidente: la unión hace la fuerza y, sin duda, nosotros queremos contribuir desde nuestro humilde puesto a que esa unión sea cada vez más grande, sea cada vez más fuerte.

Voy a terminar mi exposición citando dos comentarios que no fueron hechos este año, sino en años anteriores. Uno tiene que ver nada más y nada menos que con el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y el otro fue emitido por Amnistía Internacional, en un documento elaborado solo unas pocas semanas después de haberse firmado el Tratado de Roma.

Decía el Secretario General de las Naciones Unidas: "La Corte Penal Internacional promete, por fin, proveer de lo que ha sido por tanto tiempo el eslabón perdido en el sistema legal internacional, una corte permanente para juzgar los crímenes de más grave preocupación para la comunidad internacional en su conjunto -genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra".

Por su parte, expresaba Amnistía Internacional: "El verdadero significado de la adopción del Estatuto puede que repose, no en la actual institución en sí misma en sus primeros años, que enfrentará enormes obstáculos, sino en la revolución en las actitudes morales y legales hacia los peores crímenes del mundo. Estos crímenes no serán más eventos simplemente políticos a ser tratados por la diplomacia a nivel internacional sino crímenes que todos los Estados tienen el deber de castigar ellos mismos o, si ellos fracasan en cumplir este deber, por la comunidad internacional de acuerdo con el imperio de la ley".

Nosotros decimos que estas son visiones claras que se están cumpliendo y que nos marcan las dificultades que íbamos a atravesar, pero también la esperanza en esa revolución, fundamentalmente en las actitudes morales y también legales que las pueden acompañar. No pueden quedar impunes los crímenes de lesa humanidad. No deben quedar impunes; no es bueno que así sea. No es bueno que a la Corte Penal Internacional no se la apoye ni se la respalde.

Creo que sería muy bueno, reitero, que este Parlamento, en esta sesión extraordinaria y en otras instancias -porque por los frutos se conoce al árbol- pueda dar muestras suficientes y capaces hacia nuestra sociedad, por lo menos, y hacia el mundo en general, de que también nosotros vamos a aprobar prontamente un proyecto de ley que castigue a quienes cometen delitos de lesa humanidad y de que buscamos, como siempre, que la justicia sea respetada en Uruguay y en el mundo.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Penadés.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: el Partido Nacional me ha designado para hacer una serie de reflexiones en la sesión que la Cámara celebra en la tarde de hoy para considerar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Este Estatuto ya fue ratificado por el Poder Legislativo y tiene desde el 1º de julio a Uruguay como uno de sus signatarios.

Este Tratado no hace más que confirmar la larga tradición que al respecto nuestro país y el Poder Legislativo tienen. Cabe citar la Declaración de Derechos Humanos de 1948, la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio -del mismo año-, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Tortura -del año 1985-, que son una serie de instrumentos internacionales y regionales que nuestro Parlamento ha ratificado en la historia de la República.

Es, entonces, que puedo afirmar que nuestro país y en particular el Parlamento y esta Cámara han asumido -ya lo dije- un compromiso muy fuerte en defensa de la protección universal de los derechos humanos y, específicamente, en lo que refiere a la posibilidad de sancionar penalmente a quienes cometen crímenes de carácter internacional.

El Uruguay posee una larga trayectoria en este aspecto. Nuestro país apoyó el frustrado intento de creación, luego de finalizada la Primera Guerra Mundial, de un tribunal para juzgar los crímenes cometidos en ese período. Asimismo, apoyamos en la Sociedad de las Naciones la creación de un Tribunal Penal Internacional para juzgar los crímenes de terrorismo de Estado, como también los juicios de Nuremberg y Tokio.

Para finalizar con esta reseña, es bueno recordar dos hechos significativos en lo que tiene relación con la participación de nuestro país en el apoyo a instancias del sometimiento a la justicia internacional de crímenes en violación de los derechos humanos universales. En primer lugar, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas tuvo la iniciativa de crear una Corte Penal Internacional en el año 1951, Uruguay fue elegido como uno de los quince miembros que integraron esa Comisión redactora del proyecto de Estatuto. Vale la pena recordar que entre los integrantes de nuestra delegación de aquel entonces estuvo quien posteriormente fuera Canciller de la República y especialista en el tema que hoy estamos abordando, mi correligionario el doctor Héctor Gros Espiell. También es bueno recordar que nuestro Gobierno apoyó la creación de los tribunales para la ex Yugoslavia y Ruanda.

Las monstruosidades que diariamente vemos en nuestras pantallas de violación al derecho internacional no dejan de sorprendernos. Los más mínimos principios del derecho internacional son periódicamente violados. Por consiguiente, compartimos desde siempre la idea de la implementación de instituciones internacionales efectivas para la protección de los derechos humanos.

Como lo expresara el ya mencionado doctor Héctor Gros Espiell, es necesario "reafirmar el carácter irreductible y siempre vigente, tanto frente al Estado como ante otros centros de poder, grupos o individuos, de los derechos humanos, la necesidad de protegerlos y garantizarlos en toda circunstancia y en todo momento". La Corte Penal Internacional apunta a este objetivo y su creación busca satisfacer las aspiraciones de aquellos pueblos que han padecido la comisión de delitos atroces, marcando así un punto de viraje significativo en la forma en que la comunidad internacional ve la ejecución del derecho internacional. Esta Corte jugará un papel decisivo en la disuasión de futuros crímenes y en la defensa de los derechos humanos, fortaleciendo así los principios básicos sobre los que se levanta la Constitución de la República.

Este organismo, tal como lo señalara el miembro fundador de la Sociedad Internacional de la Corte Penal, Bruce Broomhall, alentará a los Estados a investigar y enjuiciar el genocidio, los crímenes de guerra y los de lesa humanidad y, en circunstancias adecuadas, investigará y enjuiciará estos crímenes. Esto promoverá su principal objetivo de disuadir la comisión de abusos y de reducir los crímenes que tanto han ensangrentado el siglo XX. Entonces, reduciendo los crímenes, la Corte aliviará las tensiones que amenazan la paz y la seguridad de las naciones y también recortará significativamente los costos que los Estados y la comunidad internacional afrontan al terminar un conflicto armado y reparar sus consecuencias.

En los últimos años, conflictos jurisdiccionales internacionales han atraído la atención de toda la sociedad, creando tensiones que surgieron ante situaciones en que una cantidad de jurisdicciones afectadas concurrieron por un acusado determinado. La flexibilidad jurisdiccional ofrecida por la Corte dará a los Estados un foro imparcial al cual entregar individuos en situaciones en que se pudiera estar reticente a extraditar a la persona a un Estado en particular, brindando de esta forma un potencial foro de consenso y un lugar neutral para los enjuiciamientos, reduciendo así las fricciones que pudiesen surgir entre los Estados.

También es posible que la Corte Penal Internacional reduzca la tentación de los Estados de asumir acciones unilaterales de imposición agresiva. A través de estos efectos positivos sobre las relaciones internacionales, los Estados que entregan a un acusado podrán evitar alternativas políticas difíciles y la presión internacional, a la vez que prometer justicia a las víctimas y asegurar al acusado un juicio que mantenga las normas más elevadas del debido proceso. La Corte, entonces, ayudará a las víctimas a trazar una línea en el pasado a través de la reparación que puedan obtener y del reconocimiento implícito de su sufrimiento en los juicios.

La participación de Uruguay en este proceso plasma el compromiso de nuestro Partido, el Partido Nacional, de contribuir a un régimen que apoye el estado de derecho internacional.

A pesar de esto, hay quienes levantan cuestionamientos de distinto peso acerca de su oportunidad política o de su solidez jurídica, inclusive sosteniendo algunas viejas interpretaciones del concepto de soberanía nacional, por el que se defiende el derecho de los Estados a disponer a su antojo de los derechos humanos de sus ciudadanos. Estas críticas olvidan que esta Corte surge de un proceso de negociación en el que participaron más de ciento treinta Estados, teniendo en cuenta que es muy difícil armonizar intereses entre países que poseen diferentes sistemas jurídicos.

Además, sus críticos se olvidan de resaltar que con este organismo de carácter permanente se da un salto cualitativo en la defensa de los derechos humanos.

Esto no nos lleva a dejar de reconocer que pueden existir dudas acerca de la legitimidad de un proceso que podría llegar a afectar más a los criminales de países del Tercer Mundo que a sus símiles de las grandes potencias. Para esto debemos continuar trabajando, y no por dicha incertidumbre menospreciemos este hito histórico en el derecho internacional, pues estamos convencidos de que esta institución creada el pasado 1º de julio constituirá un elemento de disuasión para la comisión de crímenes internacionales y, aunque no constituya una panacea, contribuirá a evitar que estos crímenes queden impunes.

En esta alocución no podemos dejar de señalar importantes aspectos regulados en el Estatuto de Roma, como lo es el principio de irretroactividad, es decir, la previsión de la no retroactividad "rationae personae", al determinar que la Corte solo podrá juzgar los delitos que se cometan en el futuro, al estipular en el artículo 11 que "nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor". Entonces, la Corte no se ocupará de los crímenes cometidos con anterioridad al 1º de julio de 2002, aunque estos hubieran sido declarados imprescriptibles. Es una institución que apunta al futuro, evitando revolver viejos resabios del pasado.

Otro principio básico del funcionamiento de la Corte es la complementariedad con respecto a las jurisdicciones penales nacionales. En definitiva, no se busca que la Corte sea un órgano supranacional que esté por encima de los sistemas nacionales; por el contrario, se busca estimular a los Tribunales de Justicia nacionales a que investiguen los delitos que son de competencia de la Corte. Y en los casos en que los mecanismos internos fallen, ya sea por falta de voluntad o por incapacidad para juzgar a los responsables de los más graves delitos de trascendencia internacional, la Corte asumirá esas consecuencias.

Finalmente, no podemos terminar nuestras palabras sin reconocer el papel jugado por los organismos no gubernamentales en este proceso, desde el desarrollo de los Comités Preparatorios de discusión del proyecto de Estatuto de creación de la Corte Penal Internacional, a partir del año 1996. Estas instituciones han realizado una permanente tarea de asesoramiento, análisis, discusión y posicionamiento frente a las diferentes propuestas que fueron surgiendo durante el proceso de formación de este órgano, así como también la importante labor, llevada a cabo en los distintos países, tendiente a lograr que estos adhieran al proyecto de creación de una Corte Penal Internacional.

La presencia de las ONG posibilitó un monitoreo cercano al proceso de discusión, lo cual, como ha sido reconocido públicamente, coadyuvó a que finalmente se aprobase, contra todo pronóstico, el Estatuto de Roma.

En lo que refiere al proceso en el ámbito nacional, recordemos, señoras legisladoras y señores legisladores, el importante papel jugado por la sección uruguaya de Amnistía Internacional, que conversó con parlamentarios en varias oportunidades y organizó actividades de las que representantes de este Parlamento y de mi colectividad política tuvieron el gusto de ser parte, con el objetivo de concientizar a los actores políticos y sociales del país sobre la trascendencia de la aprobación del Estatuto de Roma.

No dejemos de reconocer el papel de este Parlamento en el proceso llevado a cabo para que Uruguay fuese miembro inicial de la Corte Penal Internacional, instando en varias ocasiones al Poder Ejecutivo a acelerar el proceso para proceder a su ratificación. Me permito recordar en este momento los esfuerzos que la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, así como también otras organizaciones, hicieron el año pasado para acelerar este proceso.

A pesar de las dificultades que se pueden suscitar de aquí en adelante en materia legislativa en virtud de la ratificación realizada por Uruguay el pasado 28 de junio de 2002 del Estatuto de Roma, esto constituye un paso importante, que cierra un proceso de participación de nuestro país en la implementación de un órgano internacional que prevenga las violaciones de los derechos humanos.

Si bien la constitución de esta Corte planteará enormes desafíos al derecho nacional, ya que hasta ahora nuestro orden jurídico nunca se había encontrado ante tamaño reto, nuestro país no podía permanecer ajeno a esta instancia ni a su tradición internacional.

Es así que, más allá de las pequeñas dificultades señaladas, debemos trabajar para que esta Corte, creada hace poco más de una semana, se transforme en un verdadero motor de justicia y de salvaguarda de los derechos humanos, y no en una mera curiosidad académica.

Nuestro país deberá implementar mecanismos reales de cooperación con ese órgano para que los problemas detectados no se transformen en obstáculos, permitiendo así lograr la constitución de un verdadero instrumento de disuasión de futuros crímenes.

Podemos así afirmar que la República, al ratificar, con el total apoyo del Partido Nacional, el Estatuto de creación de la Corte Penal Internacional, ha dado un paso más en la construcción de un mundo más humano y más justo.

Nada más, señor Presidente.

(¡Muy bien!)

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Bergstein.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: es inusual -por lo menos, no recuerdo ningún precedente- que la Cámara dedique una sesión especial a un Estatuto internacional ya aprobado, en lo que, de hecho, viene a ser una fundamentación de voto. En este caso nos parece un hecho positivo, una señal que privilegia una visión ética del compromiso internacional de nuestro país con los derechos humanos.

En más de un sentido, la posición uruguaya profundiza una tradición que pone límites al principio de no intervención cuando de derechos humanos se trata, y en otros aspectos refleja un esfuerzo de adaptación de conceptos como el de soberanía y el de poder jurisdiccional a las nuevas realidades mundiales.

La exposición de motivos del Poder Ejecutivo nos recuerda que "en el escenario de la justicia internacional Uruguay fue el primer país del mundo que aceptó sin reservas la jurisdicción obligatoria, primero de la Corte Permanente de Justicia Internacional y luego de la actual Corte Internacional de Justicia, y en lo que se refiere a derechos humanos específicamente, ratificó el Pacto Universal de Derechos Civiles y Políticos y en el ámbito americano la Convención Americana de Derechos Humanos, aceptando la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

Si nos remontamos más atrás en el tiempo, cabe acotar que cuando se elaboró la Declaración Universal de Derechos Humanos, Uruguay tuvo participación de primera línea con juristas de la talla de Justino Jiménez de Aréchaga y Dardo Regules. Con su carácter universal, aquella Declaración enfatizó que los derechos humanos eran inherentes a toda persona, cualquiera fuese su condición.

Ahora, con el Estatuto, se reconoce que algunos crímenes contra los derechos humanos de primera generación son de tal entidad que, además de atacar a sus víctimas, envilecen al género humano en su conjunto. Ahí nace el concepto de los delitos de lesa humanidad.

Si tuviéramos que definir en una frase las novedades del Estatuto de la Corte Penal Internacional, expresaríamos que el mismo establece la jurisdicción internacional obligatoria sobre personas físicas -incluso nacionales de Estados que no son parte del Estatuto- que han incurrido en determinados delitos graves, cuando no pueden o no quieren ser juzgadas por el Estado en que se cometió el delito. En esta enunciación se incluyen sus virtudes cardinales y también -por qué no decirlo- los eventuales inconvenientes.

La puesta en vigor del Estatuto, al establecer las responsabilidades individuales de quienes incurrieron en esos crímenes, genera, por su sola entrada en vigencia -como aquí ya se ha dicho-, un poderoso efecto disuasivo.

Por otra parte, la instalación de la Corte, cuya competencia puede alcanzar a nacionales de países no firmantes del Estatuto, constituye un hecho moral respaldado por la fuerza coactiva del derecho a través de un conjunto de normas procesales y de derecho penal sustantivo, de carácter internacional.

A nuestro juicio, esto configura un punto de inflexión de gran alcance en la historia jurídica de la humanidad, que justifica con creces la aprobación unánime por parte de este Parlamento, pero no debe obstaculizar la percepción de los riesgos jurídicos y políticos cuya apropiada solución determinará el curso futuro de los acontecimientos, porque este gran paso que significa la aprobación del Estatuto solo será irreversible en la medida en que nosotros y la comunidad internacional en su conjunto tengamos conciencia de estos riesgos y sumemos esfuerzos para superarlos.

Por lo tanto, esas dificultades, que son de índole jurídica y política, deben ser identificadas, para lo cual intentaremos un somero examen.

Jurídicamente, es un texto de transacción entre dos grandes culturas jurídicas, valga la redundancia: la del "common law" y la romano-germánica.

Nosotros compartimos la opinión de la profesora Ofelia Grezzi en su ilustrado informe al señor Ministro de Relaciones Exteriores, en el sentido de que hay "un claro predomino del 'common law' que justamente nos es ajena".

De hecho, el texto es el resultado de trabajosas negociaciones diplomáticas y, en buena parte, se plasmó en lenguaje diplomático. Quizás sea esta la razón a la cual debamos atribuir la amplitud o vaguedad de términos como "amenaza a la paz", "gran escala" y otros a los que nos habremos de referir y que son conceptos "abiertos", librados a la interpretación del magistrado.

El propio principio de complementariedad -ya mencionado aquí-, esencial en el Estatuto, es bastante confuso a la hora de determinar cuándo el Estado con jurisdicción sobre el delito tiene disposición a actuar y cuándo no, lo que a su vez habilitaría la competencia de la Corte.

En cuanto a las definiciones de los delitos de competencia de la Corte, cabe expresar que el delito de agresión será definido al cabo de un proceso de siete años -artículo 124-, que el delito de genocidio reproduce la definición del Convenio de París, ratificado en nuestro país por la Ley Nº 13.482, y, finalmente, que la definición de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra tienen como antecedente el Estatuto de Nuremberg y el de Tokio. O sea que las definiciones de esos delitos no son de ahora, sino de data anterior.

Estos textos, ahora reproducidos en el Estatuto, no son, como subraya Ofelia Grezzi, "leyes penales en sentido estricto, por lo que son notorias sus deficiencias técnicas en lo relativo a la descripción de la conducta que es vaga, abierta y nada estricta, en expresiones como 'la matanza', 'destruir total o parcialmente'", etcétera, aunque es justo agregar que el Preámbulo proporciona pautas interpretativas sobre el objeto de la tutela y el sujeto pasivo -o sea, el titular del bien jurídico protegido-, los cuales, al igual que la gravedad del crimen, pueden ser de gran ayuda.

Por otra parte, puede haber dificultades para diferenciar un delito de otro porque hay elementos estructurales similares en todos ellos, lo que puede tener consecuencias prácticas, ya que si en determinada hipótesis se invoca que es un crimen de guerra, se puede consecuentemente eludir o postergar la competencia de la Corte; por ejemplo, "impedir nacimientos" en el genocidio con "la esterilización forzada" como crimen de guerra, del cual un Estado puede zafar por siete años.

No queremos cansar al Cuerpo, pero importa destacar que la jurisprudencia de la Corte sellará el destino del Estatuto, porque las vaguedades enumeradas, y muchas más de las que hacemos gracia, imponen la más absoluta ecuanimidad, ponderación y despolitización en la aplicación del Estatuto.

Toda disposición que se preste a más de una interpretación -hay mucho de eso en el Estatuto- obliga a un especial énfasis en evitar cualquier posibilidad de politización, porque eso, a la corta o a la larga, sellaría el fracaso del Estatuto.

Está expuesto a esos riesgos porque ya, de por sí, contiene ingredientes políticos, por lo que debe ser tratado e interpretado de forma de prevenir una hipertrofia de los mismos.

El régimen de negociación del Estatuto fue complejo y singular.

Tenemos la impresión de que un grupo de países, mayormente europeos, asumieron el grueso de la negociación con las grandes potencias como China, Rusia y Estados Unidos. Entonces, otros países quedaron de hecho marginados de la negociación, a pesar de integrar, como es el caso de Uruguay, delegaciones altamente calificadas. La nuestra estaba presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Didier Opertti, e integrada por los Embajadores Tálice, Pérez Otermin, Paolillo y la doctora Berta Feder.

Sus propuestas, hasta donde me consta, no fueron siquiera tratadas, a pesar de ser -al menos en mi criterio- muy atinadas. De todos modos, fueron dejadas a un lado sin ser discutidas.

Por ejemplo, nuestra delegación propuso, en el artículo 17, "Una valoración del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas dentro del mecanismo de aplicación del principio de complementariedad". No tengo dudas de que este agregado habría contribuido a la precisión jurídica de un principio cardinal del Estado, principio que en su redacción actual se presta a confusiones y valoraciones subjetivas.

En el proceso de elaboración del Estatuto hubo gran presión por parte de organizaciones no gubernamentales, algunas de ellas con orientaciones políticas definidas. Permítasenos mencionar dos ejemplos que refuerzan la necesidad de prevenir los riesgos de politización.

Primer ejemplo: el Estatuto establece responsabilidades de personas físicas por los crímenes cometidos, pero son crímenes en gran escala que nadie puede cometer aisladamente, porque requieren una organización y una infraestructura. Siempre habrá un Gobierno, agrupación de oposición, grupos terroristas -dicho sea de paso, en el Estatuto se ha omitido incluir el delito terrorista- o grupos paramilitares, es decir, todas organizaciones con propósitos políticos, cuando bien sabemos las dificultades que se le crea a la Justicia Penal a la hora de intervenir en cuestiones de poder político.

Segundo ejemplo: las facultades que el Estatuto acuerda al Consejo de Seguridad -órgano político por excelencia-, el cual, según el artículo 13, apartado b), tiene el derecho de iniciativa en situaciones en que, de conformidad con las disposiciones del Estatuto, parezca haberse cometido un crimen que sea de competencia de la Corte; y, según el artículo 16, puede -casi a la inversa, diríamos- pedir la suspensión de una investigación o enjuiciamiento por doce meses.

Se expresó que esa facultad tiene como fundamento preservar la paz en determinadas situaciones en las cuales se hacía conveniente o necesario postergar los fines de la Justicia. Está bien, pero ¿quién puede asegurar que esto no conducirá a una situación de privilegio para los nacionales de países que son miembros del Consejo de Seguridad?

Este año, el Consejo está presidido por Siria. Atento a las características de esta sesión, no quisiera extender mi comentario sobre ese hecho, pero invita a la reflexión. Por añadidura, los miembros permanentes del Consejo tienen derecho de veto. En su primera intervención desde la vigencia del Estatuto, hace más de dos semanas, el Consejo de Seguridad resolvió suspender por un año las eventuales responsabilidades de nacionales de Estados no firmantes del Estatuto que integran las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. En realidad, Estados Unidos quería, según leímos en la prensa, que la suspensión fuera permanente y se logró -en mi opinión, inteligentemente- esa fórmula transaccional y realista para que Estados Unidos no retire sus fuerzas de esas misiones -lo cual en algunas regiones tendría un efecto devastador sobre su eficacia-, y además permite involucrar gradualmente a los Estados Unidos en el ámbito de un Estatuto al cual es tan reacio.

Todo eso marca, desde el inicio, los inconvenientes de extender una politización que en cierto grado ya es ínsita.

Debemos tener muy en claro el principio -ese sí, incorporado con meridiana claridad- de no retroactividad a hechos anteriores a la entrada en vigencia del Estatuto, consagrado desde distintos ángulos nada menos que en tres disposiciones diferentes: los artículos 11.1, 22 y 24.

Han trascendido algunos intentos, basados en presuntas teorías del delito continuado o delito permanente, para ampliar la vigencia temporal de la Corte. A nuestro juicio, esos intentos no resisten el menor análisis jurídico. El delito continuado se configura en nuestro país -y, hasta donde nos consta, en muchos otros- cuando se producen varias violaciones de una misma ley penal como acciones ejecutivas de una misma resolución criminal, y el conjunto se considera un solo delito. Por ende, todos los elementos que integran el tipo, incluso la resolución criminal, deben ser posteriores a la entrada en vigencia del Estatuto para que pueda intervenir la Corte.

Además, se trata de una antigua construcción jurídica, inspirada en un criterio de benignidad, que se remonta a épocas en las que si una persona cometía tres hurtos podía ser condenada a muerte, pero si los tres hurtos constituían un delito continuado se evitaba la gravedad de la pena porque se consideraba el conjunto de hechos como un solo delito. El delito permanente es aquel cuyo estado de consumación se prolonga en el tiempo y cesa por un acto del sujeto activo, por ejemplo el secuestro, el cual, como es sabido, es un delito contra la propiedad.

Valga esta digresión para conjurar "ab initio" todo artilugio jurídico que en base al Estatuto intente soslayar el principio de irretroactividad. Si la Corte tuviera jurisdicción sobre hechos anteriores a su vigencia, el Estatuto perdería en buena medida su razón de ser, que es, precisamente, evitar tribunales "ex post facto", como los de Nuremberg, Tokio, Ruanda o la ex Yugoslavia.

Hay cosas que nuestro país podría hacer y que en algún aspecto tienen relación específica con nuestro Parlamento. En primer término, lo referido a las inconstitucionalidades, de las cuales se ha hablado más de una vez. Hay disposiciones del Estatuto que coliden con nuestra Carta Magna, por lo menos en nuestra opinión. El artículo 2º del proyecto aprobado por el Parlamento establece que nuestro país asegurará la aplicación del Estatuto con estricta observancia del ordenamiento constitucional. Obviamente, no podría ser de otra manera, pero esa disposición puede entenderse como una reserva al Estatuto, lo cual está expresamente prohibido en el artículo 120.

La doctrina y jurisprudencia de nuestro país, tal como subraya el informe del Poder Ejecutivo, sostiene que aun cuando el derecho de los tratados es jerárquicamente superior a la ley, no lo es respecto a la Constitución. En otros países no es así.

Reconocemos que en algunos aspectos hay discrepancias al respecto en la doctrina nacional.

Por ejemplo, nada menos que Gros Espiell -tal como se desprende del informe del Poder Ejecutivo- manifiesta que si nuestro sistema constitucional se funda sobre el reconocimiento de los derechos humanos como un atributo de la persona anterior al Estado, la organización estatal tiene por finalidad asegurar esos derechos, por lo que no serían inconstitucionales los acuerdos internacionales libremente consentidos para establecer un sistema de garantías de los mismos.

Eso en cuanto a la transferencia de competencias a la Corte Internacional que la Constitución reserva a los órganos nacionales; pero hay otras eventuales inconstitucionalidades con relación a las inmunidades, al artículo 93 de la Constitución, a las facultades de amnistía, etcétera.

En nuestra opinión, no hay otra solución que la reforma constitucional que legitime de manera genérica -como lo hizo Francia- o específica -como está en vías de hacerse en otros países- las disposiciones del Estatuto que coliden con la Carta Magna.

Admito que no hay urgencia, porque no se avizoran situaciones concretas que originen problemas con nuestro país. Precisamente por ello, mejor debemos buscar la solución constitucional sin la presión de ninguna circunstancia.

En otro orden, entendemos que nuestro país debería asumir la posición de que ni los Jueces de la Corte ni el Fiscal deben ser nacionales de países que integran el Consejo de Seguridad, por las características ya mencionadas de dicho organismo.

También creemos que nuestro país tiene sólidas credenciales y juristas del nivel necesario como para aspirar a que un uruguayo sea uno de los dieciocho Jueces que integren la Corte.

Finalmente, entendemos que el Parlamento debe abocarse al estudio de una ley que reglamente las distintas facetas de la cooperación, tal como lo prevé el artículo 88 del Estatuto, así como incorporar a nuestro derecho positivo penal los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.

No solo pensamos en la mera transcripción de las disposiciones del Estatuto -lo que ya sería útil de por sí-, sino que en el marco de la tipificación del Estatuto sería conveniente precisar los alcances de cada delito para proporcionar la certeza propia del derecho penal liberal. En el mismo proyecto incorporaríamos un delito de terrorismo.

La aprobación del Estatuto de Roma y la subsiguiente creación de la Corte Penal Internacional constituyen un gran paso adelante. Pero no es un paso irreversible. Para que efectivamente sea un paso irreversible y sea seguido en el tiempo por otros avances en la misma dirección de la protección internacional de los derechos humanos, la Corte deberá actuar con la mayor cautela y ecuanimidad para evitar distorsiones jurídicas y políticas. En ese sentido, creemos que Uruguay puede desempeñar un rol destacado, acorde con las mejores tradiciones en la materia.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Díaz Maynard.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Señor Presidente: en la medida en que cuando se votó este Tratado yo estaba de licencia, quería dejar expresa constancia de mi satisfacción por su aprobación, que, sin duda, es un avance de gran importancia.

No voy a entrar en el análisis detallado que han hecho los señores legisladores que me precedieron en el uso de la palabra, pero quiero compartir con los colegas algunas reflexiones que la situación en que se inscribe este Estatuto me ha provocado.

Uno entiende el derecho como un conjunto de reglas de conducta que pueden analizarse desde distintos puntos de vista. El primero, sin duda, es el de la justicia, y en ese sentido nos parece inobjetable el Tratado de Roma, que se inscribe en la tradición que han mencionado varios legisladores y a la que refiere el mensaje del Poder Ejecutivo, aunque en mi opinión hay tres omisiones.

En primer lugar, el Uruguay fue el primer país que reconoció como genocidio la masacre armenia perpetrada por los turcos. En segundo término, el Uruguay se opuso a la pena de muerte en el juicio de Nuremberg. Y, en tercer lugar, Uruguay participó en 1951, como recordaba el señor Diputado Penadés, en el intento de creación de una Corte Penal Internacional. Él se refirió al doctor Gros Espiell, y yo quiero rendir mi homenaje a aquel ilustre Magistrado que fue delegado uruguayo: el doctor Enrique Piñeyro Chain, que tuvo una intervención destacadísima en esa reunión de 1951. Gracias a la perseverancia de uno de sus hijos y a la colaboración del doctor Gros Espiell, se va a publicar un libro con esas intervenciones, que creo que son una gloria para el país.

Si podemos juzgarlo desde el ámbito de la justicia, tenemos que juzgarlo también desde el ámbito de la validez. No cabe duda de que el Tratado de Roma es absolutamente válido, en la medida en que ha sido aprobado por una enorme mayoría de países. Fue firmado por 139 países y ratificado por 76, de manera que es absolutamente válido como instrumento del derecho internacional.

Pero además de la justicia y de la validez, el derecho debe ser juzgado desde el punto de vista de su eficacia. Y es en este sentido que nos acometen algunas dudas.

Recordamos que en mayo de 1999, en una sesión en régimen de Comisión General, el señor Canciller Opertti, en aquel momento Presidente de la Asamblea General de la ONU, hizo una exposición magistral, y me voy a permitir leer algunos párrafos, que me parecen excepcionales. Dijo: "En primer lugar, hay un sistema internacional severamente afectado en uno de sus capítulos esenciales, que es la toma de decisiones en orden al empleo de la fuerza; un sistema internacional que muestra que han nacido en el mundo nuevas formas, nuevas usinas productoras de decisiones por fuera de él [...]". Más adelante, expresó: "El uso de la fuerza no es una atribución que se pueda arrogar nadie en nombre de las Naciones Unidas, por legítima o justiciera que fuera la causa invocada, obviando los mecanismos de toma de decisiones del sistema". Luego, manifestó: "[...] vivimos en un mundo en el que al menos como categoría conceptual hemos aceptado como valor entendido que la fuerza no es superior al derecho y que la única fuerza invocable y utilizable es la que se escuda en el derecho". Y decía con cierta nostalgia: "No sea cosa que lo que no se hace como reforma de la Carta se haga como reforma del sistema, por fuera de la Carta, y algún día descubramos que esta -al igual que pasaba con la Sociedad de Naciones- ha muerto por la inacción, por muerte natural, lenta, quizás como fenómeno etario, por haber pasado los cincuenta años".

De mayo de 1999 hasta hoy, la situación internacional ha empeorado de manera notoria, y de esto nadie puede tener absolutamente ninguna duda. Se ha señalado el retiro de la firma, por parte de Estados Unidos, de lo que había signado el Presidente Clinton, y la amnistía dada por el Consejo por el término de un año a los soldados norteamericanos, que pueden cometer con la mayor impunidad algunos de los atroces crímenes que se establecen, con declaraciones terribles a las que se ha referido nuestro compañero, el señor Diputado Bellomo.

Esta situación, en la que la eficacia del derecho internacional está en grave riesgo, a quienes fuimos abogados nos hace recordar -me va a perdonar el señor Presidente que me mantenga en el límite del estilo parlamentario- la triste época mal llamada del proceso cívico-militar, cuando defendíamos presos políticos, cuando nos sentíamos como médicos durante la epidemia de fiebre amarilla, sin siquiera tener la satisfacción de haber sido inmortalizados por Juan Manuel Blanes. En aquella época, los militares nos decían que el derecho -porque siempre hay un derecho que encubre la fuerza- no tenía nada que ver con el derecho de los abogados; nos señalaban: es el derecho nuestro. Y, por supuesto, los abogados que actuábamos en aquel mundo teníamos que recurrir a la ironía para soportar la angustia que representaba defender presos políticos, que sabíamos torturados y sometidos a las peores condiciones.

Circulaba entre nosotros un cuento, en el que estaban tres parroquianos jugando a las cartas. Aparece un cuarto y coloca dos revólveres encima de la mesa, y dice: "Ahora, vamos a jugar al pororó". Por supuesto, ninguno de los tres sabía cómo se jugaba al pororó. Y él dice: "Yo les voy a enseñar". Reparte una carta a cada uno y les dice: "Apuesten". Luego que apostaron, dan vuelta las cartas y él da vuelta la suya en último término y dice: "Pororó", y se queda con el dinero. Repite la operación dos veces, hasta que la tercera vez el penúltimo de la fila da vuelta la carta y dice: "Pororó", y pretende retirar su dinero. El hombre de las pistolas dice: "Yo no he jugado aún". Da vuelta su carta y dice: "Pororó real", y se queda con toda la apuesta. De alguna manera, yo me siento hoy en el mundo del pororó real del Presidente Bush. Pido perdón al señor Presidente por haber hecho este cuento, que sé que está en el límite de lo que debe ser el estilo parlamentario.

Abusando de aquella magistral intervención del Canciller Opertti, voy a volver a leerla. Dice lo siguiente: "Cuando la realidad nos atropella, las ideas sobreviven, y malo sería que atropellados por la realidad, acalláramos nuestras ideas". Hoy estamos atropellados por la realidad, pero no van a acallar nuestras ideas, que vamos a mantener de cualquier manera. Estamos absolutamente de acuerdo con los méritos que tienen el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, pero también estamos absolutamente seguros de que en la práctica es un progreso, como ha sido habitualmente en el derecho internacional, más escritural que modificativo de la realidad. No le quitamos mérito por ello, ya que entendemos que el progreso escritural representa también un progreso en el plano axiológico, en el plano de los valores, que no descartamos de ninguna manera.

Con las reservas que he manifestado, quiero dejar constancia de que hubiera votado con absoluta alegría y satisfacción el proyecto cuando fue objeto de consideración en la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: la Cámara fue muy sabia cuando, el 26 de junio pasado, resolvió aprobar sin debate el proyecto enviado por el Senado, como consta en la versión taquigráfica, y decidió realizar esta sesión extraordinaria a los efectos de analizar las diversas aristas que tiene el Estatuto de Roma.

Los oradores que me precedieron en el uso de la palabra han hecho hincapié en muchos conceptos que comparto. A los efectos de que quede constancia en la versión taquigráfica, voy a reiterar algunos de ellos, por lo menos los que me parecen más importantes. En un ámbito naturalmente político, tal vez no lo habría hecho el 26 de junio, en primer lugar porque no me encontraba en el país y, en segundo término, porque probablemente hubiera valorado no decir lo que voy a expresar, en aras de la aprobación del Tratado de Roma.

Hace pocos minutos, el señor Diputado Bergstein se quejaba de que la delegación uruguaya no había sido tenida en cuenta en Roma a los efectos de las propuestas y las sugerencias que se hacían durante la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios. Esa es una manera de mirar las cosas y, de alguna manera, es una constancia política que quiso hacer el señor Diputado.

Yo voy a manifestar que en todo este proceso que va desde el 17 de julio de 1998, desde la Conferencia de Roma en adelante, el señor Canciller Opertti al menos no representó a este Partido en el tratamiento, en el análisis y en la posterior ratificación del Tratado. En cambio, todos aquellos que de alguna manera intentamos que nuestro país tuviera una política activa en la ratificación del Estatuto de Roma -no solo de este Partido, sino de todas las bancadas- no tuvimos un solo hecho de agresión al Ministro en este tema, sino que se hizo un esfuerzo enorme para que el Poder Ejecutivo enviara el proyecto y se convirtiese en ley.

Esto va a ser lo central que quiero dejar sentado en esta sesión, porque me parece que es justo distinguir aquí entre quienes -repito, de todos los Partidos- hicieron un esfuerzo enorme a los efectos de que se ratificara el Estatuto de Roma y aquellos que, estando en situaciones de poder y de responsabilidad, hicieron lo contrario, es decir, demorarlo permanentemente. Creo que tengo elementos suficientes para probarlo.

Como dijo William Pace, el coordinador general de la coalición de la Corte Penal Internacional, el 11 de abril de 2002, el mismo día en que se ratificaba el Estatuto de Roma: "Con la sexagésima ratificación, ha comenzado una nueva etapa para la justicia internacional. Es cierto, aún queda mucho por hacer para que la Corte sea justa, efectiva e independiente, pero nos alienta el compromiso de los gobiernos y las ONG de todas las regiones del mundo. Trabajaremos juntos para asegurar que esta gran institución alcance su potencial". Este es un potencial que se establece en el propio Preámbulo del Estatuto de Roma, en el sentido de que el objetivo de los Estados Parte en la ratificación es la decisión de poner fin a la impunidad de los autores de crímenes más graves, de trascendencia para la comunidad internacional, y contribuir así a la prevención de nuevos crímenes. En ese sentido, el Estatuto sin duda es un equilibrio muy complejo de negociación diplomática por un lado, de generar mecanismos, de tener una Corte imparcial, justa, eficaz y eficiente y, al mismo tiempo, un ámbito político como la Asamblea de Estados Parte para, de alguna forma, ir estableciendo todo lo que significa de garantía para que prime el derecho y no la arbitrariedad.

El Estatuto no es un instrumento perfecto ni puede hacerse depositario de la ilusión de que logrará en el mundo, en forma automática, la plena y total vigencia efectiva de todos los derechos humanos, pero es un avance significativo, conjuntamente con la cooperación internacional en la materia y, lo que es fundamental, el derecho y el deber de todos los Estados de prevenir, respetar, garantizar y promover los derechos básicos y la movilización de los pueblos en pos de su efectiva vigencia, para hacer un mundo más respetuoso de la dignidad de las personas. En esa lucha y en ese marco debe comprenderse este avance significativo.

Nuestro país no generó enormes debates, pero despertó variados apoyos de distintas esferas en la aprobación, primero, del Estatuto de Roma y, luego, en su ratificación. Por ejemplo, el ex Canciller de la República, ingeniero Ramos Trigo, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas defendió la idea, y el economista Carlos Pérez del Castillo también la promovió en los salones de la Cancillería, en el marco de una conferencia organizada por la organización "No hay paz sin justicia". También puedo mencionar la adhesión de legisladores de todos los Partidos, y menciono a algunos: Federico Bosch, Guillermo Chifflet, Arturo Heber Füllgraff, León Morelli, Jorge Orrico, Reynaldo Gargano, Gustavo Penadés, Iván Posada, que hicieron expreso su deseo de que hubiera adhesión a un Tribunal Penal Internacional. Nuestro país, hasta 1998, inclusive integró el grupo de amigos afines a la Corte Penal Internacional. Pero luego de la aprobación del Estatuto de Roma, de esa clara y firme adhesión, muchos ciudadanos uruguayos y creo que varios de los legisladores de este Parlamento fueron sintiendo que desde la jefatura del Ministerio de Relaciones Exteriores, desde el propio Canciller Opertti, se perdía calor en cuanto a la iniciativa, no había tanto entusiasmo.

El Estatuto se aprueba en Roma el 17 de julio de 1998, con el voto de nuestro país, y recién se firma el 19 de diciembre de 2000. Durante todo ese tiempo no hubo entusiasmo para la firma y casi se llegó al vencimiento del plazo establecido por el Estatuto de Roma para poder ser miembro fundador del organismo.

Se creó una comisión interministerial que trabajó profundamente, pero que luego, por los apuros del proyecto, ni siquiera se menciona en la exposición de motivos del Poder Ejecutivo. No se escuchó la voz de esta Cámara cuando, el 4 de julio de 2001, el señor Diputado Laviña solicitó efectuar una exposición y logró el apoyo y la adhesión de todos los integrantes de este Cuerpo para que el Poder Ejecutivo diera estado parlamentario al Estatuto de Roma. Tampoco se escuchó en el año 2002 y en las reiteradas visitas del Canciller a la Comisión de Asuntos Internacionales -tanto del Senado como de la Cámara de Diputados- cuando se expresaba la necesidad -no solo de este legislador, sino de otros- de que se le diera estado parlamentario para profundizar temas sin duda delicados y complejos, como bien refería a alguno el señor Diputado Bergstein. Pero no se tomó en cuenta.

Cuando se produjo la ratificación o depósito número sesenta que disparaba el mecanismo para que el Estatuto cobrara vigencia en un mínimo de sesenta y un días y un máximo de noventa, el 30 de abril del año 2002 el Poder Ejecutivo envía el mensaje, con una serie de observaciones y declaraciones interpretativas en las que, inteligentemente -me consta-, el Senado de la República trabajó. Inclusive legisladores del oficialismo, como el señor Senador Singer, hicieron un trabajo de convencimiento para que ese disparate que venía del Poder Ejecutivo no tuviera andamiento. Hablamos de la política real.

SEÑOR DÍAZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MICHELINI.- En seguida se la concedo, señor Diputado.

Estoy diciendo que se trataba de un Estatuto que era claro, que sin duda tenía la claridad de que no podía haber reservas; sin embargo, el Poder Ejecutivo envía un proyecto con algunas observaciones que eran reservas de hecho. Los demás países lo saben, la comunidad internacional de organizaciones no gubernamentales dedicadas a estos temas también lo sabe, y en un mundo global se sabe que fue gracias a los legisladores de todos los Partidos que eso no tuvo andamiento.

Lo grave es que el 26 de junio tuvimos que aprobar ese proyecto a las apuradas y sin discusión; por suerte, reitero, por la voluntad de todos los legisladores y de todos los Partidos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Pero no había derecho; no levantamos nuestra voz antes porque no queríamos poner ninguna excusa, ningún obstáculo a los efectos de que no se dijera que era por nosotros que no se enviaba el proyecto al Poder Legislativo.

Esta vez hubo una historia feliz. ¡Vaya ironía! Cuando no había voluntad ni convencimiento -esa es la verdad- de parte del señor Canciller, el Poder Ejecutivo promulgó el Estatuto de Roma el 27 de junio -¡qué fecha, señor Presidente!- y se ratificó vía fax el 28 de junio.

Estoy convencido de que el Estatuto de Roma es un inicio que habrá que cuidar, que habrá que regar y en el que habrá que trabajar en forma entusiasta para que pueda cumplirse con eficacia, justicia y equidad.

SEÑOR DÍAZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MICHELINI.- En seguida se la concedo.

Cuando en el ámbito internacional se reclama participación, en el ámbito interno también hay que tener la voluntad de impulsar las cosas, de llevarlas a buen puerto, y creo que aquí ha habido un grave error. No nos sentiríamos conformes con nosotros mismos si hubiésemos dejado pasar esta sesión sin expresar estos conceptos.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——¿Cuánto tiempo me queda, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Ha finalizado su tiempo, pero puede redondear su idea.

SEÑOR MICHELINI.- Pido mil disculpas al señor Diputado Díaz; él sabe que yo concedo interrupciones, pero quería finalizar mi exposición.

Esta reflexión que hice fue con ánimo constructivo. Aspiro a que se tome debida nota y a que se renueven los esfuerzos para que desde una política de Estado, de toda la sociedad uruguaya, se continúe trabajando en la lucha contra la impunidad.

SEÑOR DÍAZ.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Dado que el tono de la sesión no ha sido para entrar en alusiones y contraalusiones y a pesar de que el señor Diputado Díaz está anotado a posteriori del siguiente orador y podría contestar entonces, la Mesa va a cederle la palabra.

Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: más que la respuesta a una alusión, diría que es una precisión o una aclaración.

Me parece que el señor Diputado Michelini ha sido muy injusto.

En primer lugar, el Gobierno uruguayo participó activamente en todo el proceso de elaboración de este Tratado, a punto tal de que uno de los negociadores en nombre del Gobierno uruguayo era nada menos que el Embajador ante Naciones Unidas, quien acaba de hacer una publicación en ese sentido.

En segundo término, el Poder Ejecutivo suscribe el Tratado.

En tercer lugar, es notorio que existen controversias en cuanto al Tratado. En la propia sociedad uruguaya, basta leer distintas publicaciones en un sentido y en otro; lo mismo sucede en el ámbito internacional. No es porque sí que muchos países no lo han suscrito.

El Poder Ejecutivo envía el asunto a la consideración del Parlamento. En el Senado se hicieron muchas observaciones y finalmente se llegó a un consenso a propósito de los distintos artículos del proyecto que envió el Poder Ejecutivo. En ningún momento ningún Senador empleó los adjetivos que utilizó el señor Diputado Michelini, quien, por supuesto, está en su derecho de hacerlo a raíz de su versación jurídica, la que respeto tanto como la del señor Canciller Opertti. Me parece que es injusto señalar que, particularmente, el Canciller Opertti no fue un entusiasta de este Tratado. A todos nos consta que el Canciller Opertti fue un buscador de consensos con el propósito de que el país suscribiera el Tratado y de que, finalmente, participara de pleno derecho de la convención que se crea.

En cuarto lugar, es injusto decir que este Tratado se aprobó a las apuradas. Se aprobó a las apuradas porque el Parlamento así lo quiso. Y creo que hizo bien en aprobarlo con cierta perentoriedad a los efectos de tener determinados derechos en la formación de los institutos que prevé este Tratado, pero eso no quiere decir que se haya sido coactivo o coercitivo en el asunto.

Por esta vía quiero dejar claro que el señor Canciller Opertti ha sido un entusiasta actor en el protagonismo que el país tuvo y que el Poder Ejecutivo ha cumplido con todas las normas desde el punto de vista de sus propósitos, de sus potestades, así como en cuanto al aspecto legal y a lo que debe hacerse en la tramitación de un Tratado de esta naturaleza.

Ahora, eso de fijar fechas al Poder Ejecutivo, al país y todo lo demás, me parece que es uno más de los excesos en que incurrió el señor Diputado Michelini en su intervención. En definitiva, el Gobierno tenía el derecho y la responsabilidad de reflexionar sobre el asunto, de presentarlo de la manera en que lo creyera conveniente, y así lo hizo.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Baráibar.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: el pasado 26 de junio esta Cámara aprobó el Tratado sobre la constitución de la Corte Penal Internacional, lo cual permitió, a su vez, que nuestro país fuera miembro fundador de ella.

Por razones que todos conocemos -hay urgencias políticas del momento-, ese día se votó, a iniciativa de varios Diputados -por nuestra bancada, particularmente a iniciativa del señor Diputado Pita- esta sesión extraordinaria a fin de que los legisladores de todas las bancadas pudiéramos dar nuestros puntos de vista y nuestros aportes con relación a un hecho tan importante como el que se consignaba en el proyecto de ley que se estaba aprobando por unanimidad, luego de haber sido votado por el Senado, remitiéndolo posteriormente al Poder Ejecutivo.

En esta ocasión, mi intención era referirme a los aspectos jurídicos, históricos y políticos, pero dado que varios señores legisladores lo han hecho, y teniendo en cuenta que este Tribunal entró en vigencia el pasado 1º de julio de 2002 en una situación muy especial, preferí buscar los antecedentes -la verdad es que los encontré, y es lo que voy a trasmitir a este Cuerpo- sobre la situación muy peculiar que se da y que dice relación con el papel que los Estados Unidos de América han jugado con respecto a la aprobación de este Tratado.

Tengo en mi poder dos recortes de prensa del 1º de julio. Uno de ellos es del diario "El País", de Madrid, y en él se expresa: "Justicia hasta donde Washington lo permita. La Corte Penal Internacional nace mañana en medio de un conflicto con Estados Unidos que amenaza las misiones de paz de la ONU". El diario "Clarín", de Buenos Aires, dice: "Nace el Tribunal contra crímenes de guerra sin el apoyo de los Estados Unidos".

Es por ello que he preferido tomar un relato histórico-político, un alegato del conocido escritor mexicano Carlos Fuentes referido a este tema, publicado hace muy pocos días en el diario "La Nación", de Buenos Aires. Dice que en el año 1950, la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, con sede en Ginebra, se abocó al examen "de la legitimidad de los procesos entablados por las potencias victoriosas en la Segunda Guerra Mundial contra la vencida Alemania nazi. La disputa era clara. ¿Tenía derecho a juzgar hechos del pasado un tribunal ex post facto, es decir, creado con posterioridad a los crímenes juzgados? ¿No violaba Nuremberg el principio cardinal del derecho criminal desde épocas de Roma, 'nullum crimen nulla poena sine previa lege penale' -es decir, 'ningún crimen y ninguna pena sin ley que los preceda'? O por el contrario, ¿el hecho de que los crímenes juzgados -atrocidades, masacres y ejecuciones sin mediar proceso- ya eran delitos antes de la Segunda Guerra Mundial, le daba plena legitimidad al Tribunal de Nuremberg? Y en todo caso, ¿no eran de tal modo repugnantes los crímenes del régimen nazi, que justificaban un tribunal ad hoc para juzgar tanto al régimen hitleriano como a los individuos que en su nombre cometieron los delitos? El principal promotor de Nuremberg y de la legislación contra crímenes de guerra fueron, en 1945, los Estados Unidos. Las reticencias soviéticas eran explicables y su tajante demanda (cortar sin excepción todas las cabezas del régimen nazi, incluyendo a los que escaparon a la horca, Hess, Farben, Von Papen, Schacht) una forma extrema de arrojar el velo sobre los crímenes estalinistas. En tanto que Inglaterra, con flema absoluta, no permitió turbar su conciencia con las hazañas de 'Bomber' Harris, el destructor de Dresden y promotor de la victoria aliada desde el aire, con pérdidas superiores para Inglaterra que para Alemania.- En cambio, los Estados Unidos llegaron a Nuremberg -y posteriormente a la Comisión de Derecho Internacional- como los abanderados de la jurisdicción penal internacional como parte integral de un orden global fundado en derecho. Los Estados Unidos surgían de la Segunda Guerra con una luminosa buena conciencia que ni siquiera Hiroshima opacaba. La Segunda Guerra Mundial había sido 'la buena guerra', la guerra moral, y se había ganado gracias a la decidida participación de los Estados Unidos contra el Eje -este sí, del Mal-: Roma-Berlín-Tokio.- Los Estados Unidos emergieron de la victoria como los principales promotores de la organización internacional, baluarte indispensable contra la repetición de los atroces hechos de los años 1939-1945.- La Guerra Fría entibió este entusiasmo internacionalista norteamericano, dándole un giro defensivo. En el sordo combate contra el comunismo y su ciudadela, el Kremlin, Washington necesitaba aliados. Aliados convencidos (Europa Occidental, ubicada en las fronteras del poder soviético) o a la fuerza: la América latina alineada por las buenas o por las malas con la política antisoviética de Washington. La foto de familia de la cumbre presidencial de Panamá en 1955 es elocuente. Eisenhower, general él mismo, está rodeado de bravos defensores de la democracia como los generales Batista, Trujillo, Somoza, Castillo Armas y una larga lista de la que se salvan solo tres civiles: el mexicano Adolfo Ruiz Cortines, el brasileño Juscelino Kubitschek y el peruano Manuel Prado.- Ronald Reagan llamó a la URSS 'el imperio del mal'. Bueno o malo, era un imperio con pies de arcilla que cayó estrepitosamente, con el Muro de Berlín, en 1989. El Presidente George Bush padre declaró entonces que se abría la era del 'nuevo orden internacional', entendiendo por tal, un orden multilateral, con varios centros de poder (sobre todo, Estados Unidos, Europa y Japón, locomotoras económicas del nuevo orden) y la supremacía del derecho internacional. No ha sido así. La desaparición del adversario equiparable, la URSS, ha dejado a los Estados Unidos como única superpotencia. La clara conciencia de los límites del poder imperial (barreras jurídicas y aliados confiables y respetados) distinguió a la presidencia de un verdadero estadista, Bill Clinton. Hoy toda noción de límite a la voluntad unilateral de la Casa Blanca ha desaparecido. Y nada lo demuestra mejor que el ataque frontal del gobierno norteamericano contra el Tribunal Penal Internacional (TPI) que acaba de ser consagrado por la inmensa mayoría de la comunidad global abriendo, en palabras de Quentin Peel en el Financial Times de Londres, 'la disputa más peligrosa y divisiva entre Europa y los Estados Unidos después del 11 de setiembre'.- El Tribunal Penal Internacional nace de las terribles experiencias del siglo XX: violaciones masivas de derechos humanos, el Holocausto nazi, el Gulag estalinista, las dictaduras salvajes de América latina, África y Asia, el apartheid en África del Sur, My Lai y las atrocidades norteamericanas en Vietnam y, más recientemente, los crímenes contra la humanidad en Ruanda y la antigua Yugoslavia (para no hablar de Chechenia).- La comunidad de naciones ha venido respondiendo a estos crímenes desde los juicios de Nuremberg, siempre a partir de un principio: los procesos penales son, en primera instancia, privativos del derecho interno de cada nación. Solo cuando estos crímenes afectan a nacionales de terceros países (el asesinato del funcionario español de la CEPAL, Carmelo Santiago, por la dictadura pinochetista en Chile) o se cometen fuera del territorio del autor del crimen (el asesinato del socialista chileno Orlando Letelier en las calles de Washington por agentes pinochetistas) procede la acción desde una jurisdicción externa contra un acusado externo, como lo ha venido haciendo desde España el Juez Baltasar Garzón. El Tribunal Penal Internacional se ajusta en todo a estos principios e incluso, a instancias de los propios Estados Unidos, su estatuto deja bien en claro que la acción del tribunal no afecta ni la jurisdicción interna norteamericana ni la salvaguardia del personal militar estadounidense.- Trato de resumir los principios que regirán al tribunal: El TPI solo atenderá 'atrocidades amplias y sistemáticas'.- En primera instancia, los crímenes serán investigados y juzgados por las autoridades nacionales.- El TPI solo actuará si los tribunales nacionales no pueden o no quieren.- Los jueces y abogados del TPI serán seleccionados sobre la base de su competencia e imparcialidad. Dado que todo juicio político puede ocultar 'vendetta' o ser velo para incompetencias internas de una nación determinada, los países signatarios tienen la facultad de remover a un juez o procurador parciales.- De este modo, el tribunal ofrece las máximas garantías, dentro de un marco de derecho, a los Estados Unidos de América, la única superpotencia en un mundo que dista mucho del imaginado por Bush padre al terminar la Guerra Fría. El trauma del 11 de septiembre ha dado un giro nuevo a las relaciones internacionales. Profundamente heridos, los Estados Unidos reclaman y reciben apoyo internacional en su lucha contra el terrorismo. Europa acude en auxilio de los Estados Unidos en Afganistán. Pero cuando Europa pide a Estados Unidos que apoye una instancia jurídica mundial que puede ser arma efectiva contra el terror, Washington se niega a participar en un tribunal que, pudiendo cumplir ese servicio, les niega a los Estados Unidos un mandato supralegal, no sujeto a normatividad alguna.- Este es el peligro, este es el dolor, este es el asombro. A pesar de todas las salvaguardias ya mencionadas, el gobierno de Bush Junior dice que no. Y lo dice para afirmar que los Estados Unidos no están sujetos a ley o jurisdicción superior a los propios Estados Unidos. Paradoja de paradojas: en la era de la globalización, cuando se celebra o lamenta, según el caso, la muerte de las soberanías nacionales, la máxima potencia mundial afirma su propia soberanía a un grado sin precedente, por lo menos desde la era del Imperio Romano. Sin poderes limitantes o equilibrios potenciales, los Estados Unidos le dicen al mundo: 'Mi soberanía es inviolable. La tuya no'. O sea, en el mundo hay una regla para los Estados Unidos y otra para los demás.- El secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, lo ha dicho con todas sus letras. Se trata de 'defender a nuestro pueblo, de defender nuestros intereses, defender nuestro modo de vida', ¿Contra Al-Qaeda? ¿Contra el terrorismo? ¿Contra el crimen, la subversión, los invasores de Marte, los mutantes plantados como repollos en los suburbios norteamericanos, incluso contra los terroristas locales como Timothy McVeigh y los crímenes de Oklahoma? No. Donde Rumsfeld ve el máximo peligro para el pueblo norteamericano... es en el Tribunal Penal Internacional.- Los norteamericanos pueden irse del tribunal. Pero nosotros no. Estas firmes palabras de Javier Solana, encargado de la seguridad y de la política externa de la Unión Europea, deben ser guía no solo para los europeos, sino para todos nosotros. En beneficio propio y de los Estados Unidos, a todos nos conviene recordarle a Washington que mientras más imperial sea su política, más vulnerable será. Que si no cuenta con la comunidad internacional, comenzando por sus propios aliados, los Estados Unidos construirán su poder sobre el vacío. Que nada les conviene más a los Estados Unidos, después del 11 de septiembre, que fortalecer el imperio del derecho.- No hay que hacerse ilusiones al respecto. El intento de sabotear el Tribunal Penal Internacional es solo la última en una ya larga serie de decisiones atentatorias contra el 'nuevo orden internacional' de Bush padre que Bush hijo ha mandado decapitar. Todos conocen la lista. Contra el tratado de Kyoto y a favor de la emisión nociva de gases. Contra el Protocolo sobre Armas Biológicas. Contra el Tratado de Prohibición de Experimentos Nucleares. Contra el Tratado de Minas Antipersonales. En pro de la explotación petrolera en zonas ecológicas de Alaska. Y a favor de las medidas proteccionistas del acero y los subsidios gigantescos a la agricultura.- Los latinoamericanos nos quejamos de la escasa atención que la administración Bush les presta a nuestros países. Por el contrario, deberíamos felicitarnos de ello. En estos momentos, estar fuera de la pantalla de radar de Washington es casi un certificado de salud.- El atroz crimen del 11 de septiembre tiene más víctimas que los inocentes asesinados entonces por una intolerancia ciega y destructiva. Los Estados Unidos se han victimado a sí mismos dándole la espalda a la mejor defensa contra el terror, que es el derecho. Y Al-Qaeda nos ha victimizado a todos, aplazando la construcción de un orden jurídico global, única avenida contra el terror, pero también contra hechos tan explosivos como el terror: la ignorancia, el hambre, la enfermedad, la pobreza de dos mil millones de seres humanos en el planeta".

Hasta aquí llega el admirable escrito del famoso escritor Carlos Fuentes, todo un alegato con relación a la actitud de Estados Unidos con respecto a la Corte Penal Internacional.

Reconociéndole su poder y gravitación a nivel mundial, si este Tribunal no cuenta con el aval decidido de los Estados Unidos, emergerá en condiciones muy adversas y difíciles para imponer la justicia en el mundo, como es el objetivo central de todas las naciones, incluida la nuestra, que han suscrito el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Díaz.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: en una sesión donde se ha tratado este tema y se ha criticado a Estados Unidos por no adherir al Estatuto y, presuntamente, por no respetar los derechos humanos, voy a comenzar leyendo una cita textual de "La gran mascarada", de Revel: "Es innegable que los Estados capitalistas han cometido crímenes. Todos los Estados los cometen. Pero, dejando a un lado el hecho de que los crímenes de las democracias capitalistas no tienen el carácter masivo y constante de los crímenes nazis o comunistas y son, cuantitativamente, mucho menores, la diferencia fundamental es otra. Es cualitativa: las democracias capitalistas no tienen necesidad de cometer crímenes para existir, mientras que los regímenes totalitarios, sean cuales sean, no pueden subsistir sin cometerlos. No se trata de saber si el capitalismo, el cristianismo, el islamismo, las monarquías o las repúblicas han cometido crímenes o no. La respuesta es sí. Se trata de saber si la comisión de esos crímenes era un acompañamiento permanente de su actividad. La respuesta es no. Por el contrario, la criminalidad va asociada constantemente al comunismo. Fue la condición intrínseca de su existencia y de su supervivencia".

Y esta es la cuestión de la que estamos hablando hoy, señor Presidente; estamos hablando de la creación de una Corte Penal Internacional para el respeto de los derechos humanos, que se crea en los albores del siglo XXI, porque en el siglo XX estos se violaron en forma sistemática y constante.

Sobre las violaciones de los derechos humanos durante el siglo XX voy a mencionar otra cita extraída de "El libro negro del comunismo". Dice así: "No tenemos aquí el propósito de establecer no se sabe qué macabra aritmética comparativa, qué contabilidad por partida doble del horror o qué jerarquía en la crueldad. Sin embargo, los hechos son testarudos y ponen de manifiesto que los regímenes comunistas cometieron crímenes que afectaron a unos 100 millones de personas, contra unos 25 millones de personas aproximadamente del nazismo. Este sencillo dato debe por lo menos llevar a una reflexión comparativa acerca de la similitud entre el régimen que fue considerado a partir de 1945 como el más criminal del siglo, y un sistema comunista que conservó hasta 1991 toda su legitimidad internacional y que, hasta el día de hoy, se mantiene en el poder en algunos países y conserva adeptos en todo el mundo. Y aunque muchos partidos comunistas han reconocido tardíamente los crímenes del estalinismo, en su mayoría, no han abandonado los principios de Lenin y tampoco se interrogan sobre su propia implicación en el fenómeno terrorista".

Señor Presidente: esperemos que el siglo XXI, a la luz de este instrumento jurídico que estamos votando hoy -esta Corte Internacional que se crea- y de todo lo que implica luchar contra este flagelo, en cuanto a responsabilidad y decisión, sea mejor que el siglo XX. Pero debemos reconocer lo que han sido, en definitiva, prácticas terroristas sistemáticas desde el Estado impulsadas por los totalitarismos. Diferenciemos la doctrina de la práctica. Doctrinariamente, el comunismo como concepción de la sociedad ideal existe desde Platón, pasando por Jesús y Tomás Moro; pero nosotros nos ocupamos del comunismo real, no del que está en el cielo de las ideas; nos ocupamos del comunismo en tiempos reales, en países concretos y representados por dirigentes célebres: Lenin y Stalin en la URSS, Mao en China, Ho Chi Minh en Indochina, Castro y el "Che" en Cuba, Ceausescu en Rumania, y tantos otros.

El comunismo real implantó el terror como forma de gobierno. La ideología, ¿es inocente frente a ese terror? Se ha sostenido, para defender lo indefendible, que el comunismo real no tenía nada que ver con el comunismo ideal, pero alguien dijo sabiamente que las revoluciones, como los árboles, se reconocen por sus frutos.

Superando los crímenes individuales, los asesinatos puntuales, los regímenes comunistas, a fin de asentarse en el poder, eligieron el crimen en masa en un verdadero sistema de gobierno.

Al cabo de un lapso variable, el terror perdió su vigor y los regímenes se estabilizaron basándose en la represión cotidiana a través de la censura de las comunicaciones, del control de las fronteras y de la expulsión de los disidentes. La memoria del terror continúa asegurando la credibilidad y la eficacia de la amenaza represiva.

Sin embargo, los crímenes del comunismo no han sido sometidos a una evaluación legítima y normal, ni desde el punto de vista histórico ni del moral. Se puede pensar que la mayoría de estos crímenes pertenecían a regímenes en ejercicio, Gobiernos legalizados y reconocidos en el plano internacional. Pero sucedió lo mismo con el nazismo, el fascismo, los franquismos y nuestras dictaduras militares.

Los crímenes, esos crímenes, no se definen de acuerdo con la ideología de los gobiernos y la ubicación geográfica; son o no consustanciales a la humanidad.

Abandonemos la idea de que determinados fusilamientos -paredón- de quienes no piensan como nosotros, así como la matanza de obreros, la matanza de quienes se sublevan y determinada hecatombe de campesinos muertos de hambre fueron accidentes coyunturales de un país o de una época. El terror fue, desde sus orígenes, una de las dimensiones fundamentales del comunismo moderno.

El comunismo ha cometido crímenes contra el espíritu, pero también contra las culturas nacionales y la cultura nacional: Stalin hizo demoler centenares de iglesias en Moscú con cientos de años de construidas; Ceausescu destruyó el corazón histórico de Bucarest para construir avenidas; Pol Pot ordenó desmontar piedra a piedra la catedral de Phnom Penh y abandonó a la jungla los templos de Angkor; durante la revolución cultural maoísta, los guardias rojos destrozaron y quemaron innumerables testimonios de la milenaria cultura china, y lo mismo hicieron los chinos con la cultura tibetana cuando invadieron el Tíbet. Sin embargo, por graves que pudieran ser estos delitos para las naciones implicadas y para la humanidad, nada tiene más peso ni es más grave que el atropello a los derechos humanos que cometieron y el asesinato masivo de personas, de hombres, de mujeres y de niños; práctica concreta la de estos asesinatos que se encuentra más acentuada en un régimen específico y su ejecución se realiza por medios diversos: fusilamientos, horca, ahogamientos, apaleamientos, gas militar, veneno, accidentes automovilísticos, destrucción por hambre -hambrunas provocadas y no socorridas-, deportación con marchas a pie o en vagones de ganado, trabajos forzados con su secuela de agotamiento, enfermedad, hambre y frío.

Cuando cae el muro de Berlín, la obra del investigador Furet resulta ampliamente ilustrativa. Se compone de dos libros: "El fin de la ilusión" y "El libro negro del comunismo", que no pudo prologar porque encontró la muerte cuando un equipo de investigadores muy vinculado a él analizaba todos estos hechos. En definitiva, señala que pueden estimarse en 100:000.000 los muertos, fruto de la persecución política de los comunistas durante el siglo XX, los que fueron sacrificados en esa oportunidad. Se estima que en la URSS fueron asesinadas 20:000.000 de personas a través de los procedimientos de los regímenes comunistas; en China, 65:000.000; en Vietnam, 1:000.000; en Corea del Norte, 2:000.000; en Camboya, 2:000.000; en Europa Oriental, 1:000.000; en América Latina, 150.000; en África, casi 2:000.000, y en Afganistán, 1:500.000 personas. En fin: las cifras y los hechos son elocuentes.

Existen distintos tipos de regímenes. Pol Pot, en tres años de poder en Camboya, mató por hambre y tortura a la cuarta parte de la población de su país. La experiencia maoísta sobrecoge por la magnitud de las cifras, pero la de la URSS hiela la sangre por su aspecto experimental, por ser el modelo exitoso imitado y por ser una masacre reflexionada, lógica y política, la peor que se conoce a lo largo de la historia.

Evidentemente, estamos frente a crímenes cometidos lisa y llanamente.

La cuestión del crimen cometido por un Estado fue abordada por primera vez desde el punto de vista jurídico en 1945 por el Tribunal de Nuremberg, instituido por los aliados para juzgar los crímenes nazis. En el artículo 6 del Estatuto de este Tribunal se señalan tres crímenes mayores: los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Pero, ¡oh, casualidad!: un examen de los crímenes cometidos en el mundo comunista en general nos lleva a reconocer cada una de estas tres categorías. Primera semejanza desgraciada entre el nazismo y el comunismo.

Los crímenes se definen en el artículo 6: "Dirección, preparación, desencadenamiento y realización de una guerra de agresión o de una guerra en que se violen tratados, pactos o acuerdos internacionales o la participación en un plan concertado o en una conspiración para la realización de uno o de cualquiera de los actos precedentes".

Stalin cometió, sin duda, este tipo de crímenes al negociar en secreto con Hitler mediante los tratados del 23 de agosto y del 28 de setiembre de 1939 el reparto de Polonia, la anexión a la URSS de los Estados bálticos, de Bukovina del norte y de la Besarabia; Stalin perpetró un nuevo crimen contra la paz al agredir a Finlandia el 30 de noviembre de 1939.

El ataque gratuito de Corea del Norte a Corea del Sur el 25 de junio de 1950 y la intervención masiva del ejército de China comunista tienen las mismas características.

Los métodos de subversión utilizados por los partidos comunistas dirigidos desde Moscú son asimilados a crímenes contra la paz que, por su acción, desembocaron en guerras. Así, un golpe de Estado comunista en Afganistán llevó, el 27 de diciembre de 1979, a una intervención masiva de la URSS.

Los crímenes de guerra aparecen claramente definidos en el artículo 6B, que establece: "Las violaciones de las leyes y costumbres de la guerra.- Estas violaciones comprenden, sin limitarse a estas conductas, el asesinato, los malos tratos o la deportación para realizar trabajos forzados o con cualquier otra finalidad de las poblaciones civiles de los territorios ocupados, el asesinato y los malos tratos de los prisioneros de guerra o de las personas localizadas en el mar, la ejecución de rehenes, el saqueo de bienes públicos o privados, la destrucción sin motivos de ciudades y pueblos, o la devastación no justificada por las exigencias militares".

Las leyes y costumbres de la guerra aparecen por primera vez en la Convención de La Haya de 1907, en la que se estipula: "En tiempo de guerra las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo el imperio de los principios del derecho de gentes tal y como se derivan de los usos establecidos por las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública".

De acuerdo con esta tipificación, Stalin ordenó o autorizó numerosos crímenes de guerra como, por ejemplo, la liquidación de la casi totalidad de los oficiales polacos hechos prisioneros en 1939, así como la matanza de 45.000 polacos en Katyn. Sin embargo, estos crímenes han pasado inadvertidos, como el asesinato y muerte en los "gulag" de centenares de miles de soldados alemanes capturados entre 1943 y 1945, y como las violaciones en masa de mujeres alemanas por los soldados del ejército rojo en Alemania, sin hablar del saqueo sistemático de plantas industriales en los países ocupados.

En el artículo citado tienen cabida los resistentes organizados que combatieron el poder comunista de manera abierta cuando fueron hechos prisioneros, fusilados o deportados; por ejemplo, los militares de las organizaciones polacas de resistencia antinazi, los miembros de las organizaciones de guerrillas bálticas armadas, los resistentes afganos, etcétera.

El tiempo es escaso y en esta sesión, hablando de las víctimas de la violencia de los Estados, me parece -y tengo el honor de ser el primero en mencionarlo en la tarde de hoy- que no podemos olvidar al pueblo sin ninguna duda más perseguido y símbolo de la violación sistemática de los derechos humanos por parte de Estados totalitarios: el pueblo judío, ya que el nazismo iguala a los crímenes que hemos mencionado por parte del comunismo.

En este momento en que tal vez, a través de la acción del Tratado que hemos aprobado, de alguna forma se puedan vislumbrar tiempos mejores en esta materia para toda la humanidad, levanto dos nombres: el de Solzhenitsin y el de Ana Frank, como símbolos de las víctimas de la persecución política de nuestro siglo XX.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra la señora Diputada Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: hace un año, cuando -como se ha dicho aquí- con un poco de apuro y después de que se habían logrado todas las ratificaciones necesarias, realizamos una sesión en este Parlamento para promover la ratificación por parte de nuestro país, había habido una serie de apoyos a la Corte Penal Internacional por parte de organismos que este Parlamento integra, como el PARLATINO y la Unión Interparlamentaria Mundial; había habido un amplio respaldo. A mediados de agosto, el Grupo de Río y la Cumbre de Jefes de Estado también sacaban una interesante declaración de apoyo. Sin embargo, también a mediados de agosto se expresó, formal y públicamente, por parte de Estados Unidos, que la aprobación del pago de parte de la millonaria deuda que mantiene ese país con las Naciones Unidas estaba condicionada a que se aprobara una ley de protección a los soldados estadounidenses en servicio.

Realmente, en esas fechas en que sucedieron tantas cosas, en octubre, apenas pasados los ataques a las torres y a Washington, mientras el Gobierno estadounidense estaba promoviendo una amplia colaboración entre los Estados, inclusive a nivel judicial, para luchar contra el terrorismo en respuesta a estos atentados, ese mismo Gobierno apoyó una ley contra la Corte Penal Internacional que se introdujo el 2 de octubre en el Senado estadounidense. Esa acta de protección de los miembros del servicio americano en el exterior prohibía -esa era la propuesta- toda asistencia militar a la mayoría de los Estados que ratificaran el Estatuto de Roma, limitaba la trasmisión de información sobre seguridad nacional para los países ratificantes, se oponía a la participación estadounidense en las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y autorizaba al Presidente a utilizar "todos los medios necesarios y adecuados para liberar a un ciudadano estadounidense detenido por la Corte Penal Internacional".

En esos días, el Senador Jesse Helms dijo -se publicó en toda la prensa-: "Tenemos que aniquilar ese monstruo. Votar contra la Corte Penal Internacional no es suficiente. Los Estados Unidos deben acabar con él". A raíz de esto, fueron muchas las cartas enviadas desde los Gobiernos de la Unión Europea -Alemania y Francia-, en nombre de la propia coordinación de ese organismo, a Estados Unidos, a Colin Powell y al líder de la mayoría del Senado de los Estados Unidos, haciendo notar que la adopción de esta acta podía abrir una grave brecha en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y se insistía en que no se llevara adelante esa aprobación.

A fines de noviembre del año pasado, otra vez veintiún Jefes de Estado iberoamericanos apoyaron la Corte Penal Internacional en la cumbre correspondiente a ese mes. Sin embargo, el viernes 10 de diciembre de 2001 el Senado de los Estados Unidos votó una enmienda -no un acta, pero sí una enmienda- a una ley de defensa ya aprobada por la Cámara de Representantes para prohibir la cooperación de Estados Unidos con la Corte Penal Internacional. Por supuesto que esta enmienda estaba patrocinada por el Senador republicano Jesse Helms.

En mayo de este año, en un acto sin precedentes, el Presidente George Bush retiró a los Estados Unidos del acuerdo de Roma; retiró la firma de la ratificación y también de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Fue algo que realmente sorprendió al mundo entero; el hecho de que una nación tan importante y determinante en el mundo adoptara esa actitud resultó realmente sorprendente a nivel diplomático. La fundamentación fue la del miedo de que sus soldados, diplomáticos o políticos se vieran eventualmente forzados a responder por sus actos ante un tribunal que no estaba bajo el control del Gobierno de los Estados Unidos.

Se ha comentado por parte de los juristas y de los propios norteamericanos que han seguido este tema con sorpresa que, obviamente, esto es algo muy improbable. Como decía el señor Diputado Bellomo, representa una falta de confianza en su propio sistema judicial, ya que la Corte Penal Internacional solamente puede actuar cuando los tribunales del lugar donde se cometa el delito no quieran o no puedan investigarlo.

Quiero referirme a lo que en este momento nos parece más grave y es que, el 12 de julio, esta presión ejercida por el Gobierno hegemónico más importante del mundo en materia militar, política y económica sobre el Consejo de Seguridad, hizo que este adoptara por unanimidad la Resolución 1422, decidiendo que la Corte Penal Internacional deberá abstenerse durante doce meses de iniciar investigaciones o juicios contra nacionales de Estados Unidos -que no son parte del Tratado de Roma- por hechos u omisiones relacionados con una operación establecida o autorizada por Naciones Unidas. Esta resolución, esta abstención, puede ser prorrogable por períodos iguales indefinidamente.

Pese a que la Corte aún no se ha constituido, desde el 1º de julio, fecha en que entró en vigor su Estatuto, se pueden presentar denuncias destinadas a la Corte, y la decisión del Consejo de Seguridad tiene por fin que la Corte no dé curso a las denuncias a que refiere su Resolución 1422. Esta resolución del Consejo de Seguridad invoca el artículo 16 del Estatuto de la Corte Penal Internacional y, más allá de las diferencias que hay entre los textos, que se han traducido a distintos idiomas, acerca del momento en que el Consejo puede adoptar la decisión de pedir la suspensión de la investigación o el enjuiciamiento, es evidente que no puede pedirle -como lo decide la Resolución 1422- que se abstenga de manera general de iniciar una investigación contra nacionales de Estados que no son parte del Estatuto de Roma. Si bien la intervención del Consejo de Seguridad que establece el artículo 16 confiere una autonomía limitada a la Corte, como lo han señalado la declaración de la Asociación Americana de Juristas cuando se expidió sobre esta resolución y otras organizaciones de juristas y de derechos humanos desde el inicio de la discusión del Tratado de Roma, es inadmisible interpretar dicho artículo en el sentido de establecer por anticipado un privilegio general de inmunidad a favor de los nacionales de los Estados que no son parte del Estatuto y que participan en operaciones establecidas o autorizadas por Naciones Unidas.

La única interpretación razonable del artículo 16 es que el Consejo de Seguridad puede ejercer la facultad que le confiere en cada caso que se presente, y no de una manera general y anticipada. En cambio, la interpretación que ha hecho el Consejo de Seguridad viola algunos principios fundamentales del derecho que se han consagrado en diversos instrumentos internacionales; por ejemplo, el principio de igualdad de todas las personas ante la ley, al establecerse un privilegio de inmunidad anticipada a favor de los nacionales de algunos Estados, inmunidad que no rige para los nacionales de los Estados que han ratificado el Tratado de Roma. Otro principio que viola es el de la independencia de la magistratura, por la supresión de la autonomía ya limitada de la Corte, y también la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, cuyo artículo 18 establece que un Estado que ha firmado un Tratado -aunque no lo haya ratificado, como es el caso de Estados Unidos-, deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin del Tratado. De modo que, bajo la presión de los Estados Unidos, los Estados Miembros del Consejo de Seguridad que son parte en el Tratado de Roma o lo han firmado, lo han violado.

Lo que el Consejo de Seguridad ha hecho es tratar de modificar un Tratado acordado por los Estados Parte, facultad conferida, en este caso, únicamente a la Asamblea de Estados Parte. Es más: el Consejo está excediendo sus atribuciones al tratar de modificar un Tratado que se ajusta plenamente a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Por otra parte, al invocar el Capítulo VII de la Carta, el Consejo ha calificado erróneamente la amenaza estadounidense de vetar operaciones de mantenimiento de la paz por considerarla una amenaza para la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión. Ninguno de estos términos es aplicable a una Corte creada con el fin de hacer rendir cuentas a los autores de los peores crímenes posibles con arreglo al derecho internacional.

Estados Unidos ha ejercido una gran presión sobre los demás miembros del Consejo de Seguridad durante todos estos meses para que hagan aquello a lo que la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas se oponen abiertamente. Las investigaciones y procesamientos por los delitos más graves nunca deben verse obstaculizados, al igual que nunca se deben crear y aplicar normas paralelas distintas para los miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz o cualquier otra persona.

Los cambios introducidos en la propuesta del Consejo de Seguridad, tras semanas de discusiones durante las cuales Estados Unidos impidió la aprobación de operaciones de mantenimiento de la paz en tanto no se diera cumplimiento a su exigencia de conceder inmunidad a miembros de tales fuerzas, son insustanciales. La resolución sigue encaminada a impedir que la Corte Penal Internacional investigue o enjuicie a ciudadanos de un Estado no constituido en Parte en el Estatuto de Roma que participen en una operación de la ONU y sean sospechosos del delito de genocidio, de crímenes de lesa humanidad o de crímenes de guerra, salvo que las potencias representadas en el Consejo de Seguridad decidan lo contrario.

Al tratar de impedir que los Estados Parte en el Estatuto de Roma cumplan sus obligaciones jurídicas durante un plazo renovable de un año, la Resolución 1422 ataca de lleno la esencia misma de los principios de justicia consagrados en la Corte Penal Internacional. Por suerte, numerosos países no representados en el Consejo de Seguridad han defendido con firmeza la integridad del Estatuto de Roma.

La evolución del reconocimiento de los derechos universales ha ido avanzando inexorablemente. El militarismo y las acciones terroristas van quedando cada vez más aisladas por la opinión y por la jurisprudencia universal.

Al día de hoy, la Corte Penal Internacional es una llamita que necesita vivir. El propio Estados Unidos, al final de la Segunda Guerra Mundial, pidió fervientemente la constitución de una corte de este estilo. Hoy, muchos están intentando apagar esta llama. Esperamos que Uruguay, que demoró tanto en ratificarla -y que, como decía el señor Diputado Michelini, no lo hizo con mucho calor-, no sea renuente a apoyarla fervientemente en estos meses en los que debe constituirse con fuerza y con muchos apoyos.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: finalmente, el 26 de junio pasado, después de un largo proceso, la Ley Nº 17.510 aprobó el Tratado firmado por nuestro país por el que se crea la Corte Penal Internacional.

Al margen de las consideraciones que se han hecho en Sala por parte del señor Diputado Michelini -que, en realidad, están marcando las distintas características que tuvo este proceso y los diferentes tropiezos que sufrió hasta que se consagró en ley la aprobación de este Tratado-, queremos saludar este hecho como uno de los hitos fundamentales para este Parlamento, en la medida en que no tenemos ninguna duda de que la creación de la Corte Penal Internacional supone un avance sustancial para la humanidad.

Tomamos conocimiento de los avances en este tema y de su tratamiento por parte del Comité de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas en el año 1997, cuando tuvimos el honor de ser designados para integrar la delegación de Uruguay a la apertura de la 52ª Asamblea de las Naciones Unidas. Lo cierto es que, a partir de ese momento, abrazamos con entusiasmo la idea de que este era un paso fundamental en la relación entre los seres humanos. Estamos convencidos de que los avances en materia de derecho internacional ayudan a la convivencia entre todos los seres humanos, y cuanto más progresemos en este campo, más a salvo vamos a estar de cualquiera de los distintos delitos de lesa humanidad o genocidios que a lo largo de la historia del mundo se han cometido. Más debemos estarlo los países que somos pequeños, porque es al derecho internacional al que debemos recurrir para defender y hacer respetar nuestra soberanía.

Como se señalaba, en el año 1997 trabajamos junto con otros parlamentarios del mundo y legisladores uruguayos, entre los cuales el señor Diputado Michelini mencionó al entonces Diputado y actual Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, señor Federico Bosch, a los señores Diputados Guillermo Chifflet, Arturo Heber Füllgraff, Jorge Orrico y Gustavo Penadés, al entonces Diputado León Morelli y al actual Senador Reynaldo Gargano. En aquel momento, firmamos un llamamiento por la creación de un Tribunal Penal Internacional en 1998, para que los criminales de guerra fueran procesados. Esa nota decía: "Considerando la necesidad urgente de poner fin a la situación de impunidad formal y sustancial de culpables de crímenes contra la humanidad, genocidios y crímenes de guerra que han dejado su impronta sobre este presente siglo; subrayando la necesidad inderogable de dotar a la comunidad internacional de medios disuasivos eficaces frente a las guerras, agresiones y masacres y la de hacer sentar frente a los tribunales ad hoc a los responsables de los crímenes acaecidos en la ex Yugoslavia y en Ruanda; considerando el momento maduro para conseguir un primer y efectivo segmento de derecho internacional para todos los países del mundo bajo la égida de la ONU, y la posibilidad concreta de cerrar este milenio bajo el signo de una justicia internacional imparcial y efectiva; subrayando el gran progreso acaecido en los últimos años en el seno de las sesiones del Comité Preparatorio de la ONU para la redacción del proyecto de Estatuto del Tribunal Penal Internacional; considerando la candidatura del gobierno italiano a organizar y alojar en Roma la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios dedicada a la creación del Tribunal Penal Internacional; pedimos solemnemente a la 52ª Asamblea General de la ONU y al Consejo de Seguridad: que adopten las recomendaciones formales del Comité Preparatorio y proclamen la resolución de convocar en Roma en enero de 1998, la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios para la creación del Tribunal Penal Internacional, y que le aseguren una dotación de fondos adecuada dentro del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas; que modifique el mandato de la SFOR y se tome cualquier otra medida útil con el fin de que sean arrestadas y juzgadas por los tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda las personas acusadas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad".

Finalmente, como es sabido, la reunión se celebró el 17 de junio de 1998, y en esa oportunidad se aprobó en Roma la creación de una Corte Penal Internacional, cuyo Estatuto entró en vigor en abril de este año y nuestro país ratificó por la Ley Nº 17.510.

Pero queremos referirnos a por qué estos aspectos y la creación de esta Corte Penal Internacional suponen ese avance sustantivo para toda la humanidad. La Corte Penal Internacional será la primera institución judicial internacional permanente con competencia para juzgar crímenes internacionales. Como es sabido, han existido otros tribunales que también tuvieron la característica de ser de carácter penal internacional, pero fueron creados para juzgar crímenes cometidos en determinadas circunstancias. Los primeros fueron los tribunales internacionales de Nuremberg y de Tokio, encargados de enjuiciar crímenes de guerra cometidos durante la Segunda Guerra Mundial por Alemania y Japón. Más recientemente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó dos tribunales ad hoc, que todavía están ejerciendo sus funciones, para enjuiciar los crímenes internacionales cometidos en la antigua Yugoslavia desde 1991 y en Ruanda a lo largo de 1994.

Esta vocación de permanencia presenta, a nuestro juicio, ventajas evidentes. En primer lugar, su existencia contribuirá a que los crímenes sometidos a su jurisdicción no queden impunes y puede ser un elemento de disuasión a la hora de cometerlos. En segundo término, la existencia de un tribunal permanente es más justa y equitativa que la creación de tribunales ad hoc, pues que estos se originen responde a una decisión política del Consejo de Seguridad y, si no existe voluntad de crearlos, seguirán quedando impunes determinados crímenes internacionales.

Respecto a la jurisdicción establecida por este Tratado, debo decir que, como regla general, la Corte es competente para juzgar los crímenes cometidos en el territorio de un Estado Parte y los cometidos en cualquier lugar por nacionales de un Estado Parte. Sin embargo, existe la posibilidad de que la Corte pueda juzgar crímenes cometidos en el territorio de Estados que no son Parte de su Estatuto o por nacionales del Estado en cuestión, en dos supuestos previstos en el artículo 14 que vale la pena reseñar. La primera alternativa es cuando los presuntos crímenes son sometidos a la Fiscalía por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, esto es, cuando califica una situación como una agresión, una amenaza a la paz y la seguridad internacionales o un quebrantamiento de la paz y la seguridad internacionales. La otra opción es cuando el Estado afectado, mediante una declaración ad hoc, acepta la jurisdicción de la Corte respecto a presuntos crímenes cometidos en su territorio o por nacionales suyos.

Estas plausibles disposiciones son de gran importancia pues, al menos teóricamente, pueden servir para no dejar impunes determinados crímenes por el hecho de que el Estado en donde se han cometido no ha ratificado el Estatuto o por la nacionalidad de los presuntos criminales. Sin embargo, aunque valoramos muy positivamente estas cláusulas, no hay que dejarse llevar por un exceso de optimismo, pues, por un lado, no es realista pensar que Estados que no son Parte en el Estatuto de la Corte Penal Internacional acepten su jurisdicción, y, por otro, la posibilidad de que el Consejo de Seguridad someta casos a la Fiscalía está limitada a situaciones de extrema gravedad y en las que no estén involucrados directamente algunos de los cinco miembros permanentes con derecho a veto.

El otro aspecto que me interesa señalar refiere a cuáles son los crímenes que están sometidos a jurisdicción de la Corte Penal Internacional. En ese sentido, el artículo 5 del Estatuto afirma que la Corte extenderá su jurisdicción sobre "los más graves crímenes que conciernen a la comunidad internacional en su conjunto", entendiendo por tales el crimen de genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, así como la agresión. No obstante, la Corte solo podrá ejercer su competencia sobre la agresión cuando se haya modificado el Estatuto, lo cual, como veremos más adelante, en los hechos es muy difícil de lograr.

En relación con estos crímenes, son responsables criminalmente los autores, quienes ordenan, solicitan o inducen a cometerlos; quienes facilitan o colaboran en su ejecución y, en el caso del genocidio, quienes incitan directa y públicamente a otros a cometerlo.

Por otra parte, existe responsabilidad criminal por la consumación del crimen y por la tentativa de cometerlo, salvo que quien intente hacerlo abandone completa y voluntariamente su intento.

Este Estatuto de la Corte Penal Internacional incluye definiciones del crimen de genocidio, de los crímenes contra la humanidad y de los crímenes de guerra. En particular, queremos señalar por lo menos un aspecto que nos parece que debió ser atendido...

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——¿Cuánto tiempo me resta?

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Ha finalizado su tiempo, señor Diputado.

SEÑOR POSADA.- Voy a redondear, señor Presidente.

Decía que en particular nos parece importante señalar que en la lista de crímenes en la que se definen los de lesa humanidad es criticable el requisito de que la persecución se cometa en conjunción con otro crimen contemplado en el Estatuto, con lo cual la Corte no podrá enjuiciar la persecución como tal, a diferencia de lo que ocurre con lo establecido en otros estatutos según los cuales la persecución es, por sí misma, un crimen de lesa humanidad.

Por el contrario, consideramos altamente positivo que la Corte pueda juzgar crímenes sexuales distintos de la violación. Igualmente, consideramos plausible la cláusula de cierre contemplada en el literal k), que permite abarcar otros crímenes contra la humanidad no contemplados en el Estatuto que pueden surgir en el futuro, llegando a plasmarse en normas de derecho internacional consuetudinario.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Chifflet.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: costó bastante llegar a la aprobación de la Corte Penal Internacional, no solo en nuestro país -tal como ha señalado el señor Diputado Michelini-, sino también en otras naciones.

En 1998, en Roma culminó un proceso que había llevado muchos años. En ese momento, 120 Estados aprobaron la creación de la Corte, 21 se abstuvieron y 7 votaron en contra, entre estos Estados Unidos, China e Israel.

En estos días, su entrada en vigencia ha sido señalada por algunos, como Prudencio García -un consultor internacional de las Naciones Unidas-, como un alumbramiento que se produce en medio de objeciones y de argumentos contrarios. ¿Por qué? Porque se dice, por ejemplo, que se trata de un instrumento jurídico que impondrá modelos culturales supuestamente universales y que no lo son. Se plantea, en ese sentido, que lo que se llama "justicia universal" por los partidarios de este Tribunal, en realidad no lo es y que, de hecho, lo que se busca es imponer al mundo entero los valores de la actual cultura occidental.

En otras palabras: entre los que se oponen a la Corte Penal Internacional hay quienes sostienen que no se puede juzgar a los dirigentes de unos pueblos con los criterios o los intereses de otros, que tienen diferente historia y diferente base cultural. Se plantea entonces una interrogante: ¿es que cada colectividad humana no tiene derecho a su propia escala de valores? En apariencia, el argumento parece claro y coherente. Pero un par de ejemplos de la historia permiten llegar a la convicción de que es necesario poner límites a criminales aberraciones que ciertos tipos de culturas son capaces de infligir a la humanidad.

Este consultor de las Naciones Unidas a quien hemos citado ha expresado que si se analizan los patrones culturales de aquella nocturna filosofía germánica que fue y es el nazismo, se comprueba que consideraba justa la eliminación de otras razas diversas de la que señalaba como superior. En ese sentido, si hubiésemos debido respetar la "peculiaridad cultural" de la Alemania de ese momento, el hitlerismo no debería haber sido enjuiciado en Nuremberg.

Monstruosidades como las planteadas por Walter Buch -juez supremo del nazismo-, quien sostuvo que el judío no era un ser humano y que por lo tanto estaba fuera de la ley, están -esas sí- hoy y siempre fuera de la condición humana.

Entre muchos otros ejemplos posibles podemos citar el caso de Camboya, donde la cultura que dominó al país entre 1975 y 1979 llegó a costar casi dos millones de vidas. Un exterminio que alcanzó a la cuarta parte de la población de la actual Kampuchea, en matanzas colectivas con arma blanca, a degüello como en los enfrentamientos primitivos o a martillazos en la nuca, de seres a los que se colocaba al borde de las zanjas que se obligaba a cavar a las propias víctimas.

A veces no se pone el acento suficiente en todo esto, que nos parece tan ajeno a lo que pueden ser nuestras tierras y a la patria grande de nuestra América. Sin embargo, también se produjo en nuestro continente.

En mis tiempos de periodista tuve oportunidad de entrevistar a la madre de Ernesto Guevara, quien me explicó que su hijo le contaba en alguna de las cartas cómo había presenciado, en la Guatemala de 1954 -invadida con el pretexto de que el gobierno era comunista; todos recordamos y sabemos hoy que era el gobierno de Arbenz, que continuaba al de Arévalo, dos demócratas que quisieron que Guatemala fuera de los guatemaltecos-, que se obligaba a los guatemaltecos partidarios de ese régimen patriótico, liberador, a cavar las fosas, luego se los ponía adentro, se tiraba sobre ellas napalm y se obligaba a otros guatemaltecos a cubrir lo que eran esas tumbas. Esto sucedió en nuestra América, que pudo ser y que muchas veces la sentimos como tierra de la esperanza.

Respetar las peculiaridades culturales por raras y ajenas que parezcan, está bien. Pero cuando esas peculiaridades entran a saco en lo más sagrado del ser humano -como el derecho a no ser torturado, a no ser gaseado o lapidado, a no ser tratado en forma inhumana o degradante-, la sociedad universal debe defender la dignidad de todo ser humano.

Hay una serie de valores mínimos que rigen por encima de fronteras y particularidades. Estos son los principios básicos de la Corte Penal Internacional, cuya creación, tal como se ha destacado aquí, es un hito importante, quizá el más importante desde la Declaración de Derechos Humanos acordada en 1948.

Como se ha señalado, la Corte entenderá en los casos de genocidio, de crímenes de lesa humanidad o de crímenes de guerra. Delitos como los ocurridos por estas latitudes, inclusive en nuestro propio país, en el futuro no podrán quedar impunes, o no deberían quedar impunes.

Este es un paso a nivel universal en la lucha contra la impunidad; un paso en los textos legales que no siempre, luego, se aplican como corresponde. El derecho debe también ser juzgado desde el punto de vista de su eficacia, de su aplicación real o no, tal como ha señalado en su intervención del día de hoy el señor Diputado Díaz Maynard.

Damos hoy un paso concreto para que no quede en una simple aspiración el "Nunca más", consigna con la que se han titulado los informes sobre las violaciones a los derechos humanos durante los años sombríos de las dictaduras militares que asolaron a nuestra América y al propio Uruguay en las décadas infames.

Tenemos, pues, un texto legal más para luchar por el "Nunca más". Se trata de una Corte subsidiaria de los tribunales nacionales -creo que esto también se ha destacado-, que no los reemplaza, sino que intervendrá cuando estos estén imposibilitados de actuar. No desarrollo este aspecto, porque ha sido mencionado por otros oradores.

Algo que nos preocupaba cuando se comenzó a concretar la Corte Penal Internacional -creo que al respecto, en una primera exposición, muy importante, que realizó en esta Cámara el señor Diputado Laviña, le planteé una pregunta- es cómo, con qué garantías para los pueblos menos poderosos, serían designados los integrantes del Tribunal. Deben participar en los nombramientos todos los Estados Parte del Tratado y sus integrantes deberán ser personas de reconocida competencia en derecho y en procedimiento penal; y se fija una serie de condiciones -no voy a desarrollarlas- que, sin ninguna duda, son parte de las garantías que reclamábamos.

Se cuidará, además, una representación geográfica equitativa entre los continentes, de modo que estarán representados en la Corte los principales sistemas jurídicos del mundo. Obsérvese que esa representación deberá ser equilibrada entre mujeres y hombres.

Un aspecto esencial que nos preocupaba a muchos es que, para evitar o tratar de impedir las presiones de los poderosos que se dan en los problemas internacionales, la votación para designar a los integrantes de la Corte Penal Internacional deberá ser secreta, lo cual, sin duda, constituye otra garantía.

Confiamos, entonces, en que la decisión que ha tomado esta Cámara contribuirá a poner nuevas vallas a las tiranías, a los delitos de lesa humanidad y a las impunidades que tanto mal han hecho, inclusive, a las democracias.

La situación internacional -tal como señaló el señor Diputado Díaz Maynard- actualmente ha empeorado. La eficacia del derecho internacional está en grave riesgo. Y ante eso es imprescindible crear la opinión internacional, realizar la prédica necesaria para que el espíritu de los pueblos consiga la fuerza que derrotará en el futuro -estamos seguros- la voluntad hoy arbitraria y omnímoda del poder imperial.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Dese cuenta de una moción presentada por la señora Diputada Percovich y los señores Diputados Pablo Mieres, Pita, Michelini, Laviña, Baráibar, Berois Quinteros y Gabriel Pais.

(Se lee:)

"La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay tiene el honor de dirigirse a la Cámara de Diputados de la República de Chile, a la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos y al Congreso de la República de Guatemala para informarles que, luego de la aprobación de la Ley Nº 17.510, de 27 de junio de 2002, por la que Uruguay adoptó el Estatuto de la Corte Penal Internacional, la República ha procedido a su ratificación y al depósito del correspondiente instrumento.

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, plenamente consciente de la necesidad de respetar los procedimientos constitucionales de cada país, estima que el establecimiento de una Corte Penal Internacional constituye un paso esencial para el imperio del Derecho, para el progreso del Derecho Internacional, para el castigo de los crímenes internacionales y para la penalización de las violaciones de los Derechos Humanos como consecuencia de la comisión de esos crímenes. América Latina ha de contribuir, sin duda, con una posición unánime, a esta conquista del Derecho de la que tanto puede esperarse en el futuro.

Es con estos sentimientos que la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay se dirige a los ilustres Parlamentos de esos queridos países hermanos, en la línea de respeto y de confraternidad que siempre ha caracterizado nuestras relaciones".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Dese cuenta de otra moción, presentada por las señoras Diputadas Percovich y Castro y los señores Diputados Michelini, Posada, Fernández Chaves, Laviña, Domínguez, Abisab, Argenzio y Baráibar.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de Representantes estudie la posibilidad de editar una publicación referente a la aprobación del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional que, entre otros documentos, incluya: 1) Mensaje del Poder Ejecutivo a la Asamblea General, de 30 de abril de 2002. 2) Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 3) Informes solicitados por el Ministerio de Relaciones Exteriores referentes a la firma y a la ratificación del Estatuto. 4) Actas de la Cámara de Representantes de 4 de julio de 2001 y de 26 de junio 2002, página 159, referentes al tema. 5) Acta de la Cámara de Representantes del día de la fecha".

¾ ¾ En discusión.

SEÑOR BARÁIBAR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: propongo que en la nómina de documentos se incluya el que recién ha leído el señor Diputado Posada, que no conocíamos, pero que, sin duda, tiene un valor de antecedente muy importante. Yo lo tengo en mi poder. Se trata del "Llamamiento para la creación de un Tribunal Penal Internacional en 1998 y para que los criminales de guerra sean procesados". Está firmado, en ocasión de la 52ª Asamblea General de las Naciones Unidas, por parlamentarios de todo el mundo; entre ellos, por parlamentarios uruguayos de todos los Partidos políticos que integraban la delegación de nuestro país. Me parece un antecedente válido que propongo que se incluya en la nómina de documentos que se ha detallado.

SEÑOR PITA.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PITA.- Quisiera saber si en esa lista está incluida la versión taquigráfica de la sesión que culminó con una votación unánime de la Cámara exhortando al Poder Ejecutivo a enviar el proyecto de ley. Si no fuera así, propongo que se incluya.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Léase nuevamente la moción.

(Se vuelve a leer)

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: la versión taquigráfica a la que refiere el señor Diputado es la del 4 de julio de 2001.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- Señor Presidente: advierto que la moción de la que fui firmante solicita a la Comisión de Asuntos Internos que estudie la viabilidad de la publicación, o algo similar. Entiendo que es el plenario el que debe establecer y ordenar. Entonces, en este caso, me parece que la redacción ideal sería que se dispone la publicación de los documentos que allí se mencionan, sin perjuicio de que si existiera alguna demora por razones de índole económica que no permitiera hacerlo inmediatamente, se esperará; pero son cuestiones que no se pueden delegar a las Comisiones, sino que debe ordenarlas el plenario.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- La Mesa entiende que de la moción surge claramente la necesidad de la publicación. Simplemente, se encomienda a la Comisión de Asuntos Internos examinar los documentos que se van a incluir, así como la forma y la fecha de edición.

Si no hay inconvenientes, se votaría de esa manera, agregando el documento propuesto por el señor Diputado Baráibar.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: creo que cuando se utiliza la expresión "entre otros documentos", se establece que la Comisión de Asuntos Internos tendrá que analizar toda la actuación parlamentaria referida a este tema. Me consta que ha habido pedidos de informes, por lo que debería evaluarse todo el material. Creo que es amplia la tarea que se le comete a esa Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción.

(Se vota)

——Treinta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión.

(Es la hora 19 y 25)

 

GUILLERMO ÁLVAREZ

PRESIDENTE

 

Dra. Margarita Reyes Galván

Secretaria Relatora
Dr. Horacio D. Catalurda

Secretario Redactor
 

Mario Tolosa

Director del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.