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N° 3038 - 2 DE JULIO DE 2002

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

TERCER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

28ª SESIÓN

PRESIDE EL SEÑOR REPRESENTANTE GUILLERMO ÁLVAREZ Presidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA EL TITULAR DOCTOR HORACIO D. CATALURDA Y
LOS PROSECRETARIOS DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO Y SEÑOR ENRIQUE SENCIÓN CORBO

 

Texto de la citación

 

 Montevideo, 27 de junio de 2002.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, el próximo martes 2 de julio, a la hora 16, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

1º.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Tercer Período de la XLV Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución).

2º.- 150º aniversario de la fundación de Constitución, departamento de Salto. (Se declara feriado el 11 de julio de 2002). (Carp. 2044/002). (Informado). Rep. 912 y Anexo I

3º.- Recurso de apelación establecido en el artículo 303 de la Constitución de la República. (Reglamentación). (Carp. 1235/001). (Informado). Rep. 604 y Anexo I

4º.- Recursos pesqueros. (Se solicita al Poder Ejecutivo que inicie los estudios para evaluar los existentes en la zona de pesca exclusiva y en la zona de pesca común con la República Argentina). (Carp. 2017/002). (Informado). Rep. 902 y Anexo I

5º.- Incapacidad y curatela. (Modificación de los artículos 432 y 1279 del Código Civil). (Carp. 2061/002). (Informado). Rep. 919 y Anexo I

6º.- Pases en comisión solicitados por el Banco Hipotecario del Uruguay y por el Ministerio del Interior. (Autorización). (Carp. 2154/002). (Informado). Rep. 960

7º.- Síndrome de inmuno deficiencia adquirida. (Instrumentación de una campaña de preven-ción). (Carp. 696/000). (Informado). Rep. 383 y Anexo I

8º.- Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con la República del Ecuador. (Aprobación). (Carp. 610/000). (Informado). Rep. 335 y Anexo I

9º.- Uso indebido de señales destinadas a ser recibidas en régimen de suscripción. (Penalización). (Carp. 2131/002). (Informado). Rep. 953 y Anexo

10.- Derecho a la información y acción de "habeas data". (Se reconoce su ejercicio a todos los habitantes de la República). (Carp. 173/000). (Informado). Rep. 114 y Anexo I

HORACIO D. CATALURDA     MARGARITA REYES GALVÁN
S e c r e t a r i o s

S U M A R I O

 

1.- Asistencias y ausencias

2 y 19.- Asuntos entrados

3.- Proyectos presentados

4 y 6.- Exposiciones escritas

5.- Inasistencias anteriores

MEDIA HORA PREVIA

7.- Solicitud de que se atiendan las principales necesidades de los uruguayos.

— Exposición del señor Representante Bellomo

8.- Importancia de la gestión de los políticos y de los empleados públicos.

— Exposición del señor Representante Amaro Cedrés

9.- Preocupaciones expuestas por la población del departamento de Florida en ocasión de una gira política.

— Exposición del señor Representante Ibarra

10.- Necesidad de que el Ministerio de Economía y Finanzas traspase los recursos presupuestales asignados al INAME.

— Exposición del señor Representante Lacalle Pou

11.- Consecuencias de la crecida de la laguna Merín, en el departamento de Cerro Largo.

— Exposición del señor Representante Guarino

12.- Conmemoración del 60º aniversario de la fundación de la Escuela Agraria de Fray Bentos.

— Exposición del señor Representante Castromán Rodríguez

CUESTIONES DE ORDEN

16.- Alteración del orden del día

18.- Integración de Comisiones

13.- Integración de la Cámara

13.- Licencias

20.- Solicitud de sesión extraordinaria

MEDIA HORA FINAL

21.- Fallecimiento del señor Julio César Médica.

— Manifestaciones del señor Representante Díaz

22.- Fallecimiento del señor Eusebio Caetano.

— Manifestaciones del señor Representante Ponce de León

ORDEN DEL DÍA

14.- Aplazamiento del asunto que figura en primer término del orden del día

15.- 150º aniversario de la fundación de Constitución, departamento de Salto. (Se declara feriado el 11 de julio de 2002).

Antecedentes: Rep. Nº 912, de abril de 2002, y Anexo I, de junio de 2002. Carp. Nº 2044 de 2002. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

17.- Uso indebido de señales destinadas a ser recibidas en régimen de suscripción. (Penalización).

Antecedentes: Rep. Nº 953 y Anexo I, de mayo de 2002. Carp. Nº 2131 de 2002. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

— En discusión general

1.-      Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Washington Abdala, Guzmán Acosta y Lara, Ernesto Agazzi, Guillermo Álvarez, Juan Justo Amaro, Gustavo Amen Vaghetti, José Amorín Batlle, Fernando Araújo, Raúl Argenzio, Beatriz Argimón, Roberto Arrarte Fernández, Roque E. Arregui, Carlos Baráibar, Raquel Barreiro, Jorge Barrera, Artigas A. Barrios, José Bayardi, Edgar Bellomo, Juan José Bentancor, Nahum Bergstein, Ricardo Berois Quinteros, Daniel Bianchi, José L. Blasina, Eduardo Bonomi, Gustavo Borsari Brenna, Nelson Bosch, Julio Cardozo Ferreira, Ruben Carminatti, Ricardo Castromán Rodríguez, Roberto Conde, Jorge Chápper, Eduardo Chiesa Bordahandy, Guillermo Chifflet, Sebastián Da Silva, Mario de Pazos, Mariella Demarco, Ruben H. Díaz, Daniel Díaz Maynard, Juan Domínguez, Alejandro Falco, Ricardo Falero, Alejo Fernández Chaves, Silvia Ferreira, Luis José Gallo Imperiale, Daniel García Pintos, Orlando Gil Solares, Carlos González Álvarez, Gustavo Guarino, Tabaré Hackenbruch Legnani, Arturo Heber Füllgraff, Doreen Javier Ibarra, Luis Alberto Lacalle Pou, Julio Lara, Félix Laviña, Ramón Legnani, Guido Machado, Óscar Magurno, José Carlos Mahía, Juan Máspoli Bianchi, Artigas Melgarejo, José Homero Mello, Felipe Michelini, José M. Mieres, Ricardo Molinelli, Martha Montaner, Basilio Morales, Eduardo Muguruza, Ruben Obispo, Jorge Orrico, Francisco Ortiz, Gabriel Pais, Ronald Pais, Jorge Patrone, Margarita Percovich, Alberto Perdomo, Darío Pérez, Enrique Pérez Morad, Enrique Pintado, Carlos Pita, Martín Ponce de León, Iván Posada, Yeanneth Puñales Brun, María Alejandra Rivero Saralegui, Ambrosio Rodríguez, Glenda Rondán, Hugo Rosete, Víctor Rossi, Adolfo Pedro Sande, Julio Luis Sanguinetti, Diana Saravia Olmos, Alberto Scavarelli, Leonel Heber Sellanes, Raúl Sendic, Julio C. Silveira, Ramón Simonet, Lucía Topolansky, Daisy Tourné y Wilmer Trivel.

Con licencia: Brum Canet, Nora Castro, Ramón Fonticiella, Pablo Mieres, Pedro Señorale, Gustavo Silveira y Walter Vener Carboni.

Falta con aviso: Silvana Charlone.

Actúa en el Senado: Gustavo Penadés.

2.-     Asuntos entrados.

"Pliego Nº 151

PROMULGACIÓN DE LEYES

El Poder Ejecutivo comunica que, con fecha 20 de junio de 2002, ha promulgado las siguientes leyes:

-    Archívense

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes los siguientes proyectos de ley, remitidos con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo:

-     A la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda

por el que se modifica la legislación vigente en materia de derecho de autor y derechos conexos. C/2254/002

-    A la Comisión de Educación y Cultura

La citada Presidencia remite los siguientes asuntos:

-     A la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente se expide sobre el proyecto de ley por el que se eleva a la categoría de villa el centro poblado Juanicó, ubicado en la 1ª Sección Judicial del departamento de Canelones. C/1810/001

- Se repartirá

COMUNICACIONES GENERALES

La Junta Departamental de Rivera remite copia del texto de las siguientes exposiciones:

-    A la Comisión de Presupuestos

-    A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social

Las Juntas Departamentales de Rocha y Canelones remiten copia del texto de las exposiciones realizadas por dos señoras Edilas, acerca de la posible privatización de los recursos acuíferos del país. C/235/000

A la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente

La Junta Departamental de Canelones remite los siguientes asuntos:

-    A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

-     A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social

La Junta Departamental de Florida remite copia del texto de la exposición realizada por un señor Edil, referente a la posibilidad de reinstalar el servicio de transporte ferroviario hasta la localidad de 25 de Agosto, en el citado departamento. C/9/000

-    A la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas

La Junta Departamental de Montevideo remite copia del texto de la exposición realizada por un señor Edil, referente a los controles necesarios para autorizar la venta de encendedores a gas. C/248/000

-    A la Comisión de Industria, Energía y Minería

La Junta Departamental de Cerro Largo remite copia del texto de la exposición realizada por un señor Edil, sobre los gastos de secretaría de los señores Legisladores. C/105/000

-     A la Comisión de Presupuestos

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio del Interior contesta los siguientes asuntos:

El Ministerio de Relaciones Exteriores acusa recibo de los siguientes asuntos:

exposiciones escritas:

-     A sus antecedentes

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Julio Cardozo Ferreira solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sobre la reglamentación a que están sujetos los camiones que realizan transporte de madera por rutas nacionales. C/2255/002

La señora Representante Elizabeth Villalba solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino a la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, relacionado con los juegos de azar conocidos como "raspadita" instrumentados por la referida Dirección. C/2256/002

-     Se cursaron con fecha 27 de junio

La señora Representante Margarita Percovich solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, acerca de las pautas o informes a presentar por nuestro país en la reunión a realizarse en Johannesburgo, República de Sudáfrica, desde el día 26 de agosto hasta el 4 de setiembre de 2002, con motivo del décimo aniversario de la Cumbre de la Tierra de 1992. C/2257/002

-    Se cursó con fecha 28 de junio

El señor Representante Daniel Díaz Maynard solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, referente a la integración de la Comisión Asesora de la Comisión Nacional de Vivienda, de acuerdo al artículo 76 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968. C/2258/002

-     Se cursó con fecha 1º de julio

PROYECTOS PRESENTADOS

Los señores Representantes Ramón Fonticiella, Pedro Señorale Legnazzi y Hugo Rosete presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 2º de la Ley Nº 17.256, de 14 de setiembre de 2000, y se dispone que la inhumación definitiva de los restos de los últimos charrúas se realice en la zona de Arerunguá, departamento de Salto. C/2259/002

La señora Representante Elizabeth Villalba presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifican las disposiciones sobre honras fúnebres para personas que desempeñaron los cargos comprendidos en los artículos 1º y 2º del Decreto-Ley Nº 14.458, de 11 de noviembre de 1975, durante el gobierno de facto. C/2260/002

El señor Representante Washington Abdala presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se destina un inmueble de propiedad del Ministerio de Defensa Nacional como sede del "Museo de la Reconciliación Nacional". C/2261/002

-    A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

La Mesa da cuenta que, con fecha 1º de julio de 2002, el señor Presidente de la Cámara de Representantes en acuerdo con la Comisión de Asuntos Internos, dictó una resolución por la que se reconoce la constitución del sector parlamentario denominado "Correntada Wilsonista - Despegue Nacional", integrado por la señora Representante Beatriz Argimón y por el señor Representante Raúl Argenzio. C/2033/002"

3.-     Proyectos presentados.

A) "RESTOS MORTALES DE LOS ÚLTIMOS CHARRÚAS. (Se dispone que su inhumación definitiva se realice en la zona de Arerunguá, departamento de Salto).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 2º de la Ley Nº 17.256, de 14 de setiembre de 2000, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Dispónese que, independientemente de que la repatriación se realice en conjunto o individualmente, una vez llegados al país, los restos serán inhumados en la zona de Arerunguá, departamento de Salto, en lugar que se determinará en acuerdo con el Gobierno Departamental".

Artículo 2º.- Modifícase el artículo 3º de la Ley Nº 17.256, de 14 de setiembre de 2000, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Cométese al Ministerio de Relaciones Exteriores la realización de las gestiones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1º de la presente ley, y al Ministerio de Educación y Cultura las que se requiera para el cumplimiento de su artículo 2º".

Montevideo, 26 de junio de 2002.

RAMÓN FONTICIELLA, Representante por Salto, PEDRO SEÑORALE, Representante por Salto, HUGO ROSETE, Representante por Salto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La inminente repatriación de los restos del cacique charrúa Vaimaca Pirú, desde Francia donde han estado durante los años pasados desde su tragedia conjunta con otros integrantes de la etnia, es un acto nacional de reivindicación del papel jugado por la raza en la conformación de nuestra nacionalidad, en la historia de la autonomía y la independencia.

Sin embargo, lo decidido por el artículo 2º de la Ley Nº 17.256, que determina que los restos de los charrúas sean depositados en el Panteón Nacional, aun con la mejor intención con que fuera votado en el Parlamento, ha despertado reacciones contrarias en historiadores, indigenistas, antropólogos, agrupaciones criollas y habitantes en general que, fundamentadamente, no están conformes con ese destino final.

Expresiones claras de ese sentir han sido las declaraciones y petitorios, elevados desde la sociedad civil a los Poderes del Estado y a la opinión pública. Resaltan la necesidad de modificar la ley y determinar que los restos de Vaimaca Pirú descansen en Arerunguá, departamento de Salto.

Ese pago norteño, antes perteneciente a Paysandú, del cual está a escasa distancia y muy cerca de Tacuarembó, debe ser considerado como lugar natural de la etnia . De allí era originario el cacique; allí modeló su perfil y su vida. En Arerunguá eligió Artigas las tierras que le otorgó el Cabildo de Montevideo. Dice la historia que el Jefe oriental no trabajó las tierras de su estancia, que las dejó para que vivieran libres y protegidos sus amigos los indios.

La zona de Arerunguá tiene gran significado en la vida de los charrúas, pues fue centro de actividades rituales y culturales, y constituyó su último refugio. Es, además, un símbolo artiguista de indudable valor histórico, como que allí el Prócer enarboló su primera bandera. Desde esa zona los indios partieron junto a él en las gestas heroicas, y dice la historia que Vaimaca Pirú cabalgaba a su lado.

Retornar al cacique a las tierras que lo vieron nacer libre, a las que Artigas destinó como refugio de su raza, será un acto de justicia, por lo que proponemos que se modifique la Ley Nº 17.256, preceptuando su inhumación en Arerunguá, departamento de Salto, de ser posible en la zona del Paso Potrero donde un mojón marca el histórico lugar donde se levantó la primer bandera artiguista.

El artículo 1º del proyecto, modifica el artículo 2º de la Ley Nº 17.256 y dispone que cuando los restos de los charrúas sean repatriados, individualmente o en conjunto, reciban ubicación final en Arerunguá. Se dispone, asimismo, que se acuerde con el Gobierno Departamental el lugar preciso donde reposarán. Se procura aquí clarificar que el traslado se producirá cada vez que regresen al país los despojos mortales y que no será necesario que estén todos reunidos para proceder a su ubicación final. Igualmente promueve el respeto de la autonomía municipal, preceptuando la coordinación con el Gobierno Departamental.

El artículo 2º extiende cometidos ministeriales. Ante la necesaria acción del Poder Ejecutivo frente a un Gobierno Departamental, comete esa responsabilidad al Ministerio de Educación y Cultura, por lo que se modifica el artículo 3º de la ley vigente.

Montevideo, 26 de junio de 2002.

RAMÓN FONTICIELLA, Representante por Salto, PEDRO SEÑORALE, Representante por Salto, HUGO ROSETE, Representante por Salto".

B) "HONRAS FÚNEBRES PARA PERSONAS QUE DESEMPEÑARON CARGOS DE GOBIERNO. (Modificación de los artículos 1º y 2º del Decreto-Ley Nº 14.458).

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Agrégase al Decreto-Ley Nº 14.458, de 11 de noviembre de 1975:

"Lo dispuesto en los artículos 1º y 2º no será de aplicación para aquellas personas que hayan ocupado los cargos a los que se refieren los mencionados artículos, durante el período del gobierno de facto comprendido entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985".

Montevideo, 27 de junio de 2002.

ELIZABETH VILLALBA, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario del quiebre institucional del 27 de junio de 1973, todavía les quedan prerrogativas a quienes llevaron adelante tal acontecimiento. Es así que Presidentes y Ministros del gobierno de facto, aún hoy por el Decreto-Ley Nº 14.458 mantienen privilegios de honras fúnebres, que no sería lógico que la República les brindara.

Es por ello, que el presente proyecto de ley, procura que en el caso de aquellos que ocuparon cargos públicos durante el gobierno de facto no les sean aplicables los artículos 1º y 2º de dicha norma.

El reconocimiento de los honores presidenciales, para tomar un ejemplo, debe guardarse para los que llegaron a la primera magistratura legítimamente y ocuparon dicho cargo a partir del respeto a las bases fundamentales de la República, definidas en la Constitución.

Montevideo, 27 de junio de 2002.

ELIZABETH VILLALBA, Representante por Montevideo".

C) "MUSEO DE LA RECONCILIACIÓN NACIONAL. (Creación).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- El bien inmueble sito en la calle Juan Paullier Nº 1190 de la ciudad de Montevideo, del cual es titular el Ministerio de Defensa Nacional, será destinado como sede del "Museo de la Reconciliación Nacional".

Artículo 2º.- El referido Museo de la Reconciliación Nacional será montado y administrado con la colaboración de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. El Museo deberá erigirse respetando en líneas generales el estado original de la denominada "Cárcel del Pueblo", utilizada por la guerrilla del "Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros".

Montevideo, 28 de junio de 2002.

WASHINGTON ABDALA, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En su discurso inaugural ante la Asamblea General, el 1º de marzo de 2000, el Presidente de la República, doctor Jorge Batlle Ibáñez, manifestó rotundamente su anhelo de que se alcancen entendimientos y acuerdos que "sellen para siempre la paz entre los uruguayos". Ese anhelo de alcanzar la reconciliación definitiva entre los uruguayos, comenzó a materializarse a través de la creación de la Comisión para la Paz, equipo de trabajo que, alejado de la tentación mediática, ha desarrollado una labor socialmente valiosa cuanto fructífera en materia de resultados concretos.

La reconciliación, sin embargo, no se logra solamente a partir de resultados puntuales que alcancen a quienes directamente hayan sido víctimas de las terribles consecuencias de los enfrentamientos del pasado. También se torna necesario y oportuno consagrar espacios concretos y permanentes para la reflexión colectiva de los uruguayos. Porque en definitiva se trata de que todos -sin excepción alguna- asumamos la imperiosa necesidad de reconocer que, en materia de responsabilidades por el pasado, ninguno de los actores -individuales y colectivos- coetáneos a aquel proceso puede declararse ajeno. Citando nuevamente al Presidente de la República, "este no es el resultado de un mundo maniqueo, de malos contra buenos, sino que todos estamos dentro de la misma historia" y "es a todos nosotros que nos corresponde, como responsabilidad primera, sellar para siempre la paz entre los uruguayos". Pero aun más importante que ese reconocimiento de responsabilidad colectiva, la reflexión ciudadana debe estar dirigida a asumir que nuestro régimen de libertades y garantías constituye un activo social cuya vigencia reposa en el compromiso cotidiano de cada ciudadano con el mismo.

En tal sentido, la recuperación para toda la ciudadanía de ámbitos físicos que en el pasado operaron como piezas claves en la espiral de violencia que desembocó en la destrucción de nuestro régimen de libertades, forma parte del proceso de reconciliación nacional. Se trata de trocar en símbolo de paz aquello que en su momento constituyó un icono bélico. ¿Qué mejor disparador -se nos ocurre- para un proceso de reflexión en torno a la importancia de abonar cotidianamente la convivencia democrática?

Es por ello que, concretamente, a través del presente proyecto de ley, proponemos abrir a la ciudadanía todo el inmueble que en su momento constituyó la denominada "Cárcel del Pueblo" -donde varios ciudadanos fueron recluidos por el Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros- y que hoy es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, a partir de la creación allí de un "Museo de la Reconciliación Nacional". Ese inmueble no puede -no debe- perdurar como un virtual "botín de guerra", cuyo acceso le esté vedado al uruguayo corriente. Supondría continuar reproduciendo una lógica bélica que el país por fortuna ha superado.

Aspiramos, entonces, a que el presente proyecto de ley se interprete por parte de la ciudadanía, en general, y de los antiguos beligerantes, en particular, como un mojón más en la búsqueda de la paz entre los uruguayos. No se trata, pues, de abrir las heridas del pasado violento. Tampoco -por cierto y desde ya- se trata de eludir la referencia a las dolorosas circunstancias que tuvieron lugar allí. Se trata de montar un ámbito de reflexión serena con la mirada puesta en el presente y el futuro de nuestra democracia. De alguna forma procuramos efectuar un aporte para consolidar la pacificación nacional y -así- seguir en la línea de "sellar para siempre la paz entre los uruguayos".

Montevideo, 28 de junio de 2002.

WASHINGTON ABDALA, Representante por Montevideo".

4.-     Exposiciones escritas.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 30)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Gustavo Guarino solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio al Banco de Previsión Social, sobre un planteo formulado por el Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo para modificar la estructura del denominado "monotributo". C/27/000

El señor Representante Raúl Argenzio Santos solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio a la Administración Nacional de Correos, relacionada con la posibilidad de emitir un sello conmemorativo del centenario de la inauguración de la primer estatua ecuestre del Brigadier General Juan Antonio Lavalleja, emplazada en la ciudad de Minas. C/27/000

El señor Representante Daniel García Pintos solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la República; a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería; a la Cámara de la Industria Frigorífica; a la Asociación de la Industria Frigorífica; al Centro de Almaceneros, Minoristas, Baristas y Afines del Uruguay; al Centro de Industriales Panaderos y a la Liga Uruguaya de Defensa del Consumidor, acerca de la necesidad de controlar los precios excesivos para los artículos que integran la canasta familiar básica. C/27/000

El señor Representante Darío Pérez solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, referente a los créditos laborales de los ex trabajadores de un establecimiento frigorífico ubicado en la Ruta Nacional Nº 39, departamento de Maldonado. C/27/000"

——Se votarán oportunamente.

5.-     Inasistencias anteriores.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión extraordinaria realizada el 26 de junio de 2002:

Con aviso: Margarita Percovich y María Alejandra Rivero Saralegui.

Inasistencias a las Comisiones.

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Miércoles 26 de junio

ASUNTOS INTERNOS

Sin aviso: Jorge Chápper y Tabaré Hackenbruch Legnani.

EDUCACIÓN Y CULTURA

Con aviso: Glenda Rondán y María Alejandra Rivero Saralegui.

HACIENDA

Con aviso: Silvana Charlone.

VIVIENDA, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Con aviso: Darío Pérez.

Jueves 27 de junio

ESPECIAL DE GÉNERO Y EQUIDAD

Con aviso: Daisy Tourné y Jorge Silva Rotta.

Lunes 1 de julio

INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA integrada con la ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES LEGISLATIVAS REFERENTES A LA LIBERTAD DE COMERCIO EN EL URUGUAY

Con aviso: Ricardo Molinelli.

Sin aviso: Adolfo Pedro Sande.

ESPECIAL CON EL COMETIDO DE ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA DEL DEPORTE Y DE LA JUVENTUD

Con aviso: Juan Justo Amaro Cedrés y Óscar Magurno.

ESPECIAL CON FINES LEGISLATIVOS SOBRE LAS SITUACIONES DE POBREZA

Con aviso: Alberto Scavarelli".

6.-      Exposiciones escritas.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Veintiséis en veintisiete: AFIRMATIVA.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante Gustavo Guarino a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio al Banco de Previsión Social, sobre un planteo formulado por el Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo para modificar la estructura del denominado "monotributo".

"Montevideo, 26 de junio de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social y, por su intermedio, al Banco de Previsión Social (BPS). El 20 de junio próximo pasado, participamos junto a Ediles departamentales de una reunión convocada por el Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo. En la misma, los comerciantes nos hicieron un planteo para modificar el artículo 590 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, relacionado con el monotributo. En esencia, el planteo se refiere a la posibilidad de que se incluya en el derecho a ampararse en dicho monotributo a muchos pequeños comerciantes instalados que, por el nivel de sus ventas y actividades, se les hace imposible pagar como pequeños contribuyentes y sí podrían pagar lo estipulado en el citado monotributo. Como se sabe, hay muchos almacenes y tiendas que están instaladas en pequeños locales o en casas de familia, que si bien tienen niveles de ventas similares o aun menores que los vendedores ambulantes, no cumplen con el requisito de estar instalados en la vía pública o espacios públicos como determina la ley. El Centro Comercial de Cerro Largo considera que de modificarse la ley y el decreto reglamentario se permitiría la formalización de centenares de pequeños comercios existentes en el departamento y, por supuesto, en todo el país. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo".

2) Exposición del señor Representante Raúl Argenzio Santos al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio a la Administración Nacional de Correos, relacionada con la posibilidad de emitir un sello conmemorativo del centenario de la inauguración de la primer estatua ecuestre del Brigadier General Juan Antonio Lavalleja, emplazada en la ciudad de Minas.

"Montevideo, 26 de junio de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Correos (ANC). El próximo 12 de octubre se cumplirán 100 años de la inauguración de la primera estatua ecuestre en la República, la del Brigadier General Juan Antonio Lavalleja, emplazada en la ciudad de Minas, del departamento de Lavalleja, obra del escultor Juan Manuel Ferrari. La referida fecha no fue tomada arbitrariamente para su inauguración, sino que en 1902 se cumplieron los 77 años de la Batalla de Sarandí, una de las más importantes en la gesta libertadora que encabezara el Brigadier General Juan Antonio Lavalleja. Sería ocioso entrar en los detalles del significado de dicho prócer en el tránsito hacia la emancipación oriental. La cruzada libertadora de 1825 encarna la hora cenital del mismo, que culminará con la carga incontenible de la Batalla de Sarandí, como así lo han expresado los historiadores. La Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Lavalleja; la Sociedad Nativista Juan Antonio Lavalleja; el Comité Patriótico; autoridades departamentales de la enseñanza y el Rotary Club de Minas, han unido sus esfuerzos para celebrar de la mejor manera posible este centenario tan importante para el referido departamento. Con esa finalidad y apelando al espíritu de colaboración con ese tipo de celebraciones, solicitamos que la Administración Nacional de Correos tenga a bien considerar la emisión de un sello postal conmemorativo del centenario del emplazamiento del monumento al Brigadier General Juan Antonio Lavalleja. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RAÚL ARGENZIO, Representante por Lavalleja".

3) Exposición del señor Representante Daniel García Pintos a la Presidencia de la República; a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería; a la Cámara de la Industria Frigorífica; a la Asociación de la Industria Frigorífica; al Centro de Almaceneros, Minoristas, Baristas y Afines del Uruguay; al Centro de Industriales Panaderos y a la Liga Uruguaya de Defensa del Consumidor, acerca de la necesidad de controlar los precios excesivos para los artículos que integran la canasta familiar básica.

"Montevideo, 27 de junio de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Economía y Finanzas; de Industria, Energía y Minería; a la Cámara de la Industria Frigorífica; a la Asociación de la Industria Frigorífica; al Centro de Almaceneros, Minoristas, Baristas y Afines del Uruguay (CAMBADU); al Centro de Industriales Panaderos, y a la Liga Uruguaya de Defensa del Consumidor. A raíz de las recientes medidas estatales por las que se dispuso la libre flotación del dólar, en forma inmediata y por demás sorpresiva, cuando aún no existían indicios ciertos del comportamiento al que se ajustaría la plaza cambiaria, se produjo un importante aumento de los precios al consumo de artículos que componen la canasta básica familiar. Podemos citar como lamentables ejemplos los aumentos producidos en las carnes, en la harina y derivados como ser fideos, y en los huevos, en la yerba, en el azúcar, en el aceite y, en general, en todos los productos imprescindibles para mantener un nivel de vida adecuado de nuestra población. Lo curioso es que muchos de esos productos no tienen ninguna relación en su precio con el valor dólar, cuya modificación se aduce como factor para tomar esas determinaciones en el alza de los precios. La población ha asistido con estupor a esa actitud que la ha afectado en su poder adquisitivo y con toda lógica reclama medidas por parte del Estado que la protejan en tal sentido. No entiende, además, como luego de que transcurrido un breve tiempo y producida una apreciable baja en el valor del dólar, teniendo en cuenta el que alcanzara el día de aplicación de la libre flotación, se siguen manteniendo los mismos porcentajes de aumento de los precios que fueron fijados en esa sorpresiva e inexplicable primera instancia. Entendemos, que no ha existido sensibilidad para encarar la nueva modalidad económica y que esa acción a que hacemos referencia la podemos catalogar como un fuerte deseo especulativo. En la década de los años 60-70 el Gobierno del Presidente Jorge Pacheco Areco, ante casos de cierta similitud al que estamos viviendo hoy, tuvo la necesidad de tomar medidas para lograr un debido contralor y estabilización de precios, pudiendo detener así un proceso inflacionario que se aceleraba progresivamente, deteriorando las bases mismas de la sociedad uruguaya. Si bien sabemos de la preocupación del Poder Ejecutivo por seguir atentamente la evolución que se produzca en este tema estando dispuesto, de ser necesario, según lo ha hecho público, a aplicar las medidas legales vigentes para detener esos abusos queremos, también, alzar nuestra voz de protesta y nuestra aspiración de que normalizada la situación cambiaria, quienes fijaron precios excesivos y distorsionantes del mercado, adopten actitudes acordes que logren superar este desajuste en los precios de sus productos que, reiteramos, tanto han inquietado a la población. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. DANIEL GARCÍA PINTOS, Representante por Montevideo".

4) Exposición del señor Representante Darío Pérez al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, referente a los créditos laborales de los ex trabajadores de un establecimiento frigorífico ubicado en la Ruta Nacional Nº 39, departamento de Maldonado.

"Montevideo, 2 de julio de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Desde hace un mes, aproximadamente, trabajadores del Frigorífico Fernández situado en la Ruta Nacional Nº 39, entre la ciudad de San Carlos y la ciudad capital del departamento de Maldonado, esperan acampados en la puerta del mismo que se les pague lo adeudado por la empresa, que reinició la actividad del frigorífico. Como es ya una vieja costumbre, por lo menos en el frigorífico citado, y desde hace muchos años, las empresas luego de dejar deudas entre empresarios rurales, transportistas y, por supuesto, entre los empleados de esa industria, desaparecen dejando una honda marca en la sociedad. Hasta el presente, los empleados de ese frigorífico no han tenido reales noticias sobre cuál será el destino del mismo y de las deudas que con ellos mantiene. Se denunció la lenta extracción de cajas de carne congelada en diferentes vehículos, autos, camionetas y demás, de los que se conoce su matrícula, con destino desconocido. Por lo expuesto, solicito un particular estado de alerta para que algunos empresarios no repitan en otros pueblos del interior de nuestro país, el proceder del ex Frigorífico Fernández y espero una pronta solución para los asalariados. Saludo al señor Presidente muy atentamente. DARÍO PÉREZ, Representante por Maldonado".

MEDIA HORA PREVIA

7.-     Solicitud de que se atiendan las principales necesidades de los uruguayos.

——Se entra a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Diputado Bellomo.

SEÑOR BELLOMO.- Señor Presidente: a partir de los anuncios formulados el 20 de junio por el Ministro de Economía y Finanzas, la angustia y la incertidumbre que venían sufriendo los uruguayos se han acrecentado sensiblemente.

Son muchas las inquietudes que la ciudadanía nos trasmite, y entendemos que es nuestra obligación plantearlas en este difícil momento.

La gente no entiende -confieso que nosotros tampoco- el aumento desmesurado que se ha producido en el precio de casi todos los artículos, específicamente de aquellos que conforman la canasta básica de los cada vez más empobrecidos uruguayos, que son elaborados mayoritariamente por compatriotas.

No se comprende por qué, si el valor del dólar ascendió en el entorno del 20%, los precios de muchos de estos artículos han trepado un 30% y más; y si fueran importados en su totalidad, tampoco corresponderían estos porcentajes de aumento.

Nos preguntamos por qué razón el Gobierno no actúa controlando o regulando estos aumentos. La vuelta del pan tarifado podría ser un ejemplo de instrumento a utilizar, para poner freno a esta exageración y a este atropello cometido contra los consumidores, que en el caso de los más pobres se convierte en más hambre. Si no pudiera intervenir, nos preguntamos: ¿por qué, al menos, el Poder Ejecutivo no sale públicamente a pedir a los responsables y beneficiarios directos de estos aumentos la patriótica colaboración que sí ha solicitado más de una vez a los menos pudientes?

Creo, señor Presidente, que el dolor de los más pobres y el sentir seguramente mayoritario de la población exigen de nosotros un estado del alma que nos mueva a la solidaridad, traducida en hechos, en medidas concretas.

Tampoco podemos entender, cuando se habla de créditos y blindajes por valores que rondan los US$ 3.000:000.000, que no pueda destinarse una parte de ellos a la inversión, por ejemplo, en obras públicas -que, además de necesarias, son capaces de aumentar el empleo y de reactivar parcialmente la actividad general-, así como a la asistencia directa e inmediata a los más carenciados.

Ante el Plan de Emergencia que proponíamos para el año 2000 se nos decía que US$ 300:000.000 era mucho dinero, imposible de obtener; y resulta que hoy, casi con naturalidad, se habla de montos diez veces más grandes y que aparecerán rápidamente, solo para atender las necesidades fiscales y del sector financiero. ¿O es que el trabajo y la asistencia social no son prioridades para esta Administración? Me resisto a creer que sea imposible lo que pedimos.

Por otra parte, quiero poner un ejemplo que demuestra la posibilidad de actuar y de lograr resultados positivos. Hace tiempo que se habla de delitos graves producidos dentro del sistema carcelario, e inclusive han sido denunciadas algunas irregularidades. En los últimos días, la Justicia ha realizado algunos procesamientos. No nos corresponde a nosotros expedirnos sobre su actuación, pero queremos decir enfáticamente dos cosas. La primera es que esto demuestra que sí es posible hacer algo, en lugar de resignarnos al "no se puede" o "no hay cómo demostrarlo". La segunda es que estos dictámenes evidencian que integrantes del Instituto Policial tienen responsabilidad en esta situación y que, por tanto, no estábamos tan equivocados en nuestras advertencias. El agravante que constituye el hecho de que los procesados sean jerarcas debería llamarnos a la reflexión a la hora de las futuras designaciones.

Nosotros estamos esperanzados en que continúen las investigaciones, porque presumimos que el problema no está resuelto, y aguardamos más noticias. Aunque no se alcance la justicia plena, es importante la voluntad de transitar el camino que nos conduce a ella.

Solicitamos al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República y al Consejo de Ministros que hagan el máximo esfuerzo por atender las principales necesidades de los uruguayos. Para nosotros, alimentación, salud, vivienda, educación y trabajo, como mínimo, deberían estar fuera de toda discusión. Siempre que hubo voluntad se ha podido. Hoy estamos frente a necesidades verdaderamente patrióticas y corresponderá actuar en consecuencia.

Solicitamos que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al Poder Ejecutivo y a las Asociaciones de Defensa del Consumidor.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

8.-     Importancia de la gestión de los políticos y de los empleados públicos.

Tiene la palabra el señor Diputado Amaro Cedrés.

SEÑOR AMARO CEDRÉS.- Señor Presidente: el Uruguay está asistiendo a un ataque sistemático a los políticos y a los funcionarios públicos, tratando de hacerlos aparecer como los responsables de la situación económica y social que vive el país.

Muchas de nuestras empresas públicas nacieron durante la última Presidencia de don José Batlle y Ordóñez, quien, al igual que Luis Alberto de Herrera, Emilio Frugoni o tantos otros, hicieron contribuciones sobre las cuales el Uruguay edificó el Estado y su grandeza. Y no olvidamos a Luis Batlle y su concepción del Estado y la sociedad.

Uruguay cuenta con el menor índice de analfabetismo de América Latina: solamente el 3%. Ha bajado la mortalidad infantil al 14‰; los indicadores señalan que más del 65% de los uruguayos tiene vivienda propia. La gran cobertura de agua potable hizo que Uruguay fuera el único país de América Latina libre de cólera; la energía eléctrica y la telefonía básica cubren el territorio de la República. Y todos estos logros se hicieron a través de la actuación de los políticos y de los funcionarios públicos que administraron recursos con visión de futuro y con un claro compromiso con el país.

Sabemos que el Estado necesita reformas, muchas de las cuales hemos apoyado y otras que seguramente vamos a apoyar. A modo de ejemplo, se propone que algunos Directorios pasen de cinco a tres miembros y que se reformule la estructura y las relaciones de algunos Ministerios. Pero no podemos quedarnos callados ante opiniones de tecnócratas -como la del contador Conrado Hughes- que, con sus grandes ingresos como consultores, buscan réditos personales desprestigiando a políticos y funcionarios públicos a través de enfoques que priorizan la defensa de las empresas privadas, inclusive despreocupándose de la salud de la gente. Días pasados, este ciudadano opinó sobre un supuesto daño que el Directorio de OSE habría infligido al país en plena temporada turística. Lo que él desconoce -o pretende desconocer- es la existencia de normas de potabilidad, en este caso, y la responsabilidad de una empresa del Estado de preservar el agua potable para consumo humano. La Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de esta Cámara apoyó en dos ocasiones el accionar del Directorio cuestionado.

Este ciudadano es un ejemplo de los tantos que buscan deteriorar la imagen del político administrador y, con él, la de la institución que administra. Al opinar de esta manera cumple con un claro precepto: cuanto más deteriorada está la imagen de un organismo, más barato será el valor de su venta, con lo cual conforma los intereses que representa.

Recordamos el año 1985, fin de la dictadura militar; había una profunda crisis económica. Desde entonces, y hasta 1998, el Uruguay comenzó un tiempo de recuperación y las empresas públicas tuvieron una dinámica que distinguieron a nuestro país en América Latina. En 1998, distintos acontecimientos comenzaron a impactar al Uruguay, y lo hacen hasta nuestros días: la crisis mexicana, la devaluación de Brasil, la sequía, la aftosa y últimamente la profunda crisis argentina han incidido con dureza en nuestra economía.

Entendemos que los efectos climáticos y las repercusiones de las economías regionales son fundamentales en la crisis que vivimos en estos días, y mala cosa sería que los políticos responsabilicemos a los técnicos y los técnicos a los políticos, porque buenos y malos hay en todos lados.

Por suerte, Uruguay cuenta en su organización con una amplia mayoría de políticos y técnicos con solvencia moral y actitud respetuosa, siendo los insolentes, oportunistas y corruptos las excepciones que confirman la regla.

Hoy, el Parlamento tiene como tema fundamental el tratamiento de la Rendición de Cuentas. En su contenido vienen varios artículos que marcan la clara intención de disminuir la integración de algunos entes autónomos, de fusionar y eliminar otros, así como otras iniciativas que, por su importancia -el texto nos llegó en el día de ayer-, van a exigirnos un tiempo de estudio que, adelantamos, tomará especialmente en cuenta que las medidas sirvan al país y que no tengan el objetivo de eliminar la presencia de los políticos para suplirlos con técnicos que apliquen fórmulas académicas, sin tener en cuenta la realidad socioeconómica de los uruguayos.

Hace pocos años, en Uruguay los ciudadanos reclamaban que los Directores de las empresas públicas recorrieran el país, que salieran de sus escritorios y que se embarraran sus zapatos. Ese tiempo fue de alta presencia de técnicos, que seguramente serían buenos asesores, también buenos gerentes, pero que, en general, conocen muy poco los problemas de la sociedad. El reclamo del pueblo se dirige a los políticos, no a los técnicos. El técnico difícilmente atiende al pueblo, pues esa no es su vocación. No tiene por qué combinar pasión, sentido de responsabilidad y mesura, las características del político, de acuerdo con Max Weber.

Si uno busca ejemplos de buenas gestiones en las empresas públicas, seguramente recordará, entre otros, a José Luis Batlle, al doctor Alberto Volonté, al contador Ricardo Lombardo o a Wilson Elso Goñi -con quien compartí las gestiones en el directorio de OSE-, quienes fueron dignos representantes de los políticos de este país y que hicieron que Uruguay tuviera la mejor cobertura de energía eléctrica, suministro de agua y comunicaciones de América Latina.

Estas palabras tienen como objetivo fundamental la reivindicación del político en la gestión pública y del funcionario público, hoy tan denostado.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Poder Ejecutivo, a los Intendentes Municipales, a las Juntas Departamentales y, a través de los Ministerios respectivos, a los Directorios de las empresas públicas y de los servicios descentralizados.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y dos en cuarenta y cuatro: AFIRMATIVA.

9.-     Preocupaciones expuestas por la población del departamento de Florida en ocasión de una gira política.

Tiene la palabra el señor Diputado Ibarra.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: el día viernes próximo pasado tuvimos oportunidad de asistir a una gira que el Encuentro Progresista-Frente Amplio hizo por el departamento de Florida. En la mañana y en la tardecita visitamos las ciudades de Florida y de Sarandí Grande. Allí recibimos una serie de planteamientos de los vecinos; se efectuaron dos importantes reuniones en ambas ciudades y en ellas quedó de manifiesto la problemática que vive, no únicamente el departamento de Florida, sino todo el país. En ese momento existía una preocupación que, sin duda, se ha profundizado. Me refiero a los anuncios sobre el contenido de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del año 2001, que fuera presentado por el Poder Ejecutivo el domingo a última hora.

En este sentido, las inquietudes de la gente de Sarandí Grande están relacionadas, por ejemplo, con el funcionamiento y con los recursos que en este momento tiene el INAME; con los CAIF; con el Club de Niños de la ciudad, donde, según nos dicen los vecinos y los funcionarios, las carencias son sumamente importantes y se cubren a través de la solidaridad de los vecinos. Por supuesto que allí también participa la Iglesia, aspecto que quiero destacar. No obstante, todo esto indica la necesidad de reforzar rápidamente los recursos de esos organismos que atienden a los niños y a los jóvenes desvalidos.

También se planteó el temor -que ahora se concreta en este proyecto de ley de Rendición de Cuentas- con respecto al comienzo de la desaparición del Instituto Nacional de Colonización, que los vecinos consideran importante y nosotros entendemos que es vital, ya que la ley de 1948 que lo creó, en la medida en que se ejecute puntualmente, puede convertirse en un instrumento de distribución de la tierra entre aquellos ciudadanos que quieren trabajarla.

Asimismo, se planteó la problemática de los jubilados, que en este momento, a raíz del encarecimiento de la canasta de alimentación producido en los últimos días, y sobre todo de los productos de primerísima necesidad, están siendo duramente golpeados, por lo que se reclamaba la acción del Poder Ejecutivo a través del Área Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas.

Por otra parte, en cuanto a Salud Pública, se habló de las dificultades que existen en la entrega de medicamentos, en este caso no en Sarandí Grande, sino sobre todo en Sarandí del Yi.

También se hizo referencia a la situación de Primaria, en lo que tiene que ver con los auxiliares de servicio, pues en virtud de una disposición presupuestal y de una reglamentación, no se satisfacen las necesidades de las escuelas.

Asimismo, se hizo mención a los contratos de obra de la ANEP, a la falta de resolución en cuanto al pago de la cuota mutual a los docentes de Primaria, etcétera.

Por otro lado, se planteó la problemática de la desocupación de los vecinos de Sarandí Grande y de Florida, que diría que es la problemática más acuciante y preocupante, por lo que la dejé para el final. Los ciudadanos quieren trabajar para alimentar y atender como corresponde a su gente, pero enfrentan tremendas dificultades.

Lamentablemente, en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que se acaba de presentar al Parlamento advertimos que la inversión pública para 2002, 2003 y 2004 se disminuye en un 28% en forma indiscriminada, cuando se debería proceder en forma selectiva, no abarcando, por ejemplo, la inversión pública en la construcción de viviendas y en la obra pública.

Por ultimo, personas adultas de entre cincuenta y sesenta años nos narraban las dificultades que tienen para conseguir trabajo.

En consecuencia, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea cursada a los organismos que mencioné, es decir, al INAME, al Instituto Nacional de Colonización, al Área Defensa del Consumidor, al Ministerio de Salud Pública, a la ANEP, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Intendencia Municipal de Florida.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y seis en treinta y siete: AFIRMATIVA.

10.-     Necesidad de que el Ministerio de Economía y Finanzas traspase los recursos presupuestales      asignados al INAME.

Tiene la palabra el señor Diputado Lacalle Pou.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: voy a llamar la atención del Cuerpo brevemente, pero no por eso con menos contundencia y preocupación.

En estos días, cuando se acerca el tratamiento de la Rendición de Cuentas por parte del Parlamento, ha estado sobre el tapete, a raíz de la situación por la que atraviesan ciudadanos de nuestro país, la necesidad de un apoyo a instituciones como el INDA, el INAME, etcétera. Hemos mantenido reuniones con funcionarios del INAME y estudiado el presupuesto asignado por la norma presupuestal a dicha institución y advertimos que, sorpresivamente, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un atraso en el traspaso de los rubros correspondientes, ya adjudicados por el mencionado Presupuesto.

Se ha pedido que en esta Rendición de Cuentas se incrementen los rubros de estos institutos, que, en última instancia, son los que apoyan a los más débiles de nuestra sociedad. No discrepamos con esta petición; por el contrario, la apoyamos. Pero creemos que primero se debe cumplir con lo ya establecido.

Hoy en día, el INAME tiene deudas muy importantes; por ejemplo, con el Ministerio del Interior, con quienes suministran los productos lácteos, con los laboratorios, con las clínicas psiquiátricas, con las asociaciones civiles con las que ha hecho convenios y que atienden a muchos chicos en los CAIF o en los clubes de niños -a los que se les adjudica una partida para comprar los insumos y las materias primas para darles de comer-, y con los profesionales que vigilan y atienden a estos chiquilines. Entonces, hoy prácticamente está entrando en cesación de pagos.

Hemos hecho consultas y pudimos advertir que, a la fecha, sin considerar las cuentas a noventa días, el Ministerio de Economía y Finanzas debe aproximadamente $ 73:000.000 al INAME. Esta situación es permeable y baja a todas las dependencias del INAME y a todos los convenios, y en seguida se nota en las de los barrios más carenciados, que es adonde más acuden los gurises a recibir la atención que, lamentablemente, no se les puede prestar en sus hogares.

Por lo expuesto, trasmitimos al Ministerio de Economía y Finanzas que veríamos con buenos ojos que, antes de planificar o conjuntamente con la nueva planificación o extensión de rubros, a través de la Rendición de Cuentas se "aggiornara" el traspaso de fondos que tiene adjudicado el INAME por vía presupuestal.

Solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada al Instituto Nacional del Menor, al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y a la Junta Departamental de Canelones.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y dos en cuarenta y tres: AFIRMATIVA.

11.-     Consecuencias de la crecida de la laguna Merín, en el departamento de Cerro Largo.

Tiene la palabra el señor Diputado Guarino.

SEÑOR GUARINO.- Señor Presidente: el viernes pasado recorrimos el balneario Lago Merín, afectado severamente por una crecida de la laguna Merín.

Como se sabe, en Cerro Largo contamos con un hermoso balneario situado en la costa de la laguna. En este balneario hay una playa de agua dulce con amplias zonas de arena muy limpia. Hace más de sesenta años se comenzaron a construir allí casas de veraneo y hoy cuenta con un trazado urbano con más de mil cien viviendas. Posee la mayoría de los servicios públicos; en el balneario funciona una comisaría y un puesto de la Prefectura Nacional Naval. La Dirección Nacional de Casinos tiene una sala de juego que funciona todo el año en el parador municipal. Existe, además, infraestructura hotelera adecuada a los actuales niveles de demanda.

Durante el año viven en el balneario, en forma permanente, alrededor de trescientas cincuenta personas, y en la temporada veraniega hay picos de afluencia turística de hasta seis mil visitantes, especialmente los fines de semana. La mayor parte de los propietarios de viviendas son pobladores de Melo, de Río Branco y brasileños de la ciudad cercana de Yaguarón. Hay que destacar que mayoritariamente es visitado por turismo interno, especialmente por trabajadores, jubilados y personas pertenecientes a sectores de las capas medias del interior del país.

Actualmente se vive una situación crítica debido al elevado nivel de las aguas. El nivel normal de la laguna Merín es, a la altura del balneario, inferior a los 3 metros. Sin embargo, hoy está a un nivel de 6,20 metros, lo que ocasiona que la franja costera haya sido invadida por las aguas y muchas construcciones de la zona hayan sufrido severos daños. Inclusive, algunas han sido socavadas en sus cimientos por las olas y se han derrumbado; otras corren inminente peligro de derrumbe, y más de trescientas casas, ubicadas más lejos de la franja costera pero en zonas bajas, han sido invadidas por las aguas que, de modo manso, se extienden cubriendo varias manzanas del balneario.

Como se comprenderá, es muy grande la angustia de los vecinos que ahí viven, de los propietarios de viviendas que aunque no residen en el balneario las utilizan en el verano, y de los prestadores de servicios, ya que no se conoce cómo va a evolucionar la situación.

En función de lo anterior, desde esta tribuna queremos dar estado parlamentario al tema para que tome trascendencia a nivel nacional.

Nos sumamos al planteo hecho por la Diputada por el departamento, señora Rivero Saralegui, en cuanto a que los entes públicos prestadores de servicios -UTE, OSE, ANTEL- consideren en forma especial a los vecinos cuyas viviendas están afectadas por la crecida, y la Intendencia Municipal de Cerro Largo también contribuya liberándolos del pago de la Contribución Inmobiliaria.

También queremos hacer una solicitud especial al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a su Dirección Nacional de Hidrografía y, por su intermedio, a la Comisión Mixta para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín, a efectos de que se elabore un informe técnico sobre la situación de la laguna, su cuenca y las perspectivas de evolución en el corto y mediano plazo, que permita que los vecinos y las autoridades, tanto nacionales como municipales, tengan un panorama más o menos claro sobre la evolución probable del comportamiento de los niveles del agua. Esto lo solicitamos especialmente, porque hay muchas versiones y no se conoce una palabra autorizada que permita tener claridad sobre cómo puede evolucionar el nivel de las crecidas. Esto permitiría definir qué tipo de medidas se pueden tomar en el marco de los recursos disponibles. Creo que ese diagnóstico será también de utilidad para muchos productores agropecuarios que tienen campos sobre la costa de la laguna Merín y se encuentran con más de 180.000 hectáreas bajo agua.

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Comisión Mixta para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín, a la Intendencia y la Junta Departamental de Cerro Largo, a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco y, asimismo, a UTE, OSE y ANTEL.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y dos en cuarenta y tres: AFIRMATIVA.

12.-     Conmemoración del 60º aniversario de la fundación de la Escuela Agraria de Fray Bentos.

Tiene la palabra el señor Diputado Castromán Rodríguez.

SEÑOR CASTROMÁN RODRÍGUEZ.- Señor Presidente: la Escuela Agraria de Fray Bentos fue fundada en el año 1942, por lo que en el corriente año 2002 estará cumpliendo sus jóvenes sesenta años. Nos parece importante resaltar esto porque mucho es lo que se ha hecho en este tiempo, formando a más de mil doscientas personas en distintos cursos, que apuntaron y apuntan a atender nuestra fuente primaria de riqueza, como lo es la agropecuaria.

Cursos de técnico agrario, técnico agropecuario, ciclo básico agrario y, últimamente, el de formación profesional en producción lechera, han sido las orientaciones impartidas por un calificado grupo de docentes, que hoy vuelcan sus conocimientos a 40 alumnos -8 mujeres y 32 varones- en primero y segundo año del último curso indicado.

Además de todo lo que señalamos, queremos destacar que la inmensa mayoría de los alumnos proviene de los departamentos de Paysandú y de Soriano, así como también alguno de la República Argentina.

Queremos resaltar que, hoy, la demanda creciente de producción lechera por parte de los sectores industriales y exportadores determina la recontextualización de la Escuela Agraria de Fray Bentos dentro de la comunidad educativa nacional.

En pocos años no solo se ha podido detener la penosa situación que se había planteado, sino que esta se ha revertido, logrando llegar a niveles alentadores, tanto en el aspecto educativo como en el productivo; esto nos consta por ser asiduos visitantes de ese lugar.

No seríamos justos si no dijéramos también que, hasta la fecha, los alumnos que pasaron por las aulas de la Escuela Agraria de Fray Bentos han provenido de todos los departamentos de la República, como así también de algún país limítrofe, lo que habla de su importancia en la región y en el país.

La Dirección, el cuerpo docente y el alumnado del citado centro de estudios están abocados a llevar a cabo la segunda Expo Agraria 2002 en el predio de la institución. Esta exposición tiene objetivos generales que son: conmemorar los sesenta años de la Escuela Agraria de Fray Bentos, que ha trascendido, desde el punto de vista cultural, social y artístico, tanto a la región como a toda la zona de influencia; rendir tributo a los forjadores de la "Idea UTU", en su principio, como ejemplo de iniciativa y adaptación a las circunstancias del país; dar a conocer las propuestas que tiene la Escuela Agraria de Fray Bentos en lo particular y en lo que tiene que ver con la educación técnica en general dentro del sistema educativo actual; promover el pujante accionar de la región, brindando un espacio físico óptimo para todos los sectores involucrados, como forma de extender puentes de relacionamiento productivo entre la escuela y su comunidad; y adherir a la conmemoración del centenario del kiosco de la plaza Constitución de Fray Bentos, que es una construcción emblemática, que simboliza la unión entre los pueblos y la proyección social y cultural de nuestra ciudad hacia el mundo, como lo fue en épocas de bonanza.

Asimismo, tiene objetivos particulares referidos a la ambientación artística y estética, consistente en pintar el centro de estudios, pintar murales alusivos a la enseñanza que se imparte y a la particular idiosincrasia y cultura agropecuaria de nuestra sociedad, contando para ello con la colaboración de entidades públicas y privadas en los insumos necesarios y con la participación fundamental de integrantes de la Escuela de Artes y Artesanías Pedro Figari de Montevideo para su concreción. En la ambientación social se tiene en cuenta el encuentro de ex alumnos y ex funcionarios, el cual se realizaría el domingo 13 de octubre del corriente año, a partir de la hora 10.

Se propone, además, obtener beneficios económicos que contribuyan al mejoramiento de la gestión escolar, actividad que se desarrollará entre los días 9 y 13 de octubre de 2002. La inauguración oficial de las actividades conmemorativas de los sesenta años de la Escuela Agraria de Fray Bentos comenzará el viernes 11 de octubre, a la hora 21.

Los organizadores de este evento han entendido pertinente hacer mención a temas como, por ejemplo, el de la didáctica. A este respecto, se piensa mostrar la propuesta de la Escuela Agraria y la Escuela Técnica locales y otras escuelas de la zona, en adhesión al 60º aniversario de lo que antes era UTU y hoy es el Centro de Educación Técnica Nacional, invitándose a integrantes de otras escuelas y cursos de todo el país.

También se piensa promover el accionar del sector productivo, exponiendo sus productos y realizando charlas de interés para el sector. Además, van a ser incluidos en esta muestra los sectores comercial e industrial, aportando espacio físico para que ellos, colaboradores en muchas instancias de la Escuela, puedan promover y vender sus productos en "stands", participación que será invalorable.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Poder Ejecutivo, a las Presidencias de la Cámara de Diputados y de la de Senadores, al Congreso de Intendentes, a todas las Juntas Departamentales del país y a las Embajadas de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

¾ ¾ Cuarenta en cuarenta y cuatro: AFIRMATIVA.

Ha finalizado la media hora previa.

13.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Ramón Fonticiella, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 2 y 5 de julio de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Eduardo Muguruza.

Del señor Representante Ricardo Berois Quinteros, en misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para participar de la XIX Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, por el período comprendido entre los días 4 y 5 de julio de 2002 y por motivos personales inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 11 y 12 de julio de 2002, convocándose, por los mencionados períodos, al suplente correspondiente siguiente, señor Edgardo Prado.

Visto la licencia en misión oficial, oportunamente concedida al señor Representante Walter Vener y ante la imposibilidad de hacer uso de la misma, de acuerdo a su petitorio se declara que la misma es por motivos personales.

De la señora Representante Nora Castro, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 2 de julio de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Eduardo Bonomi.

Del señor Representante Raúl Sendic, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 3 y 8 de julio de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Fernando Vázquez.

Del señor Representante Brum Canet, por enfermedad, literal A) el artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 2 y 5 de julio de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Jorge Patrone".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y ocho en cuarenta y uno: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 2 de julio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez
Presente.

    Por medio de la presente solicito, conforme al inciso tercero, del artículo único de la Ley Nº 16.465 del 14 de enero de 1994, se me otorgue licencia por motivos personales, por los días 2 al 5 del corriente.
    Sin otro particular, le saluda.

RAMÓNFONTICIELLA
Representante porSalto".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Salto, Ramón Fonticiella.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 2 y 5 de julio de 2002.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 2 y 5 de julio de 2002, al señor Representante por el departamento de Salto, Ramón Fonticiella.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 303 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Eduardo Muguruza.

Sala de la Comisión, 2 de julio de 2002.

DAISY TOURNÉ, TABARÉ HACKENBRUCH, JORGE CHÁPPER".

"Montevideo, 2 de julio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente.
De mi mayor consideración:

    Solicito al Cuerpo que usted preside, se autorice licencia desde el 4 hasta el 5 de julio del corriente, por haber sido convocado a la XIX Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en calidad de miembro de dicha Comisión.
    Asimismo solicito licencia por motivos personales por los días 11 y 12 de julio, convocando a mi suplente respectivo.
    Saluda atentamente.

RICARDO BEROIS QUINTEROS
Representante por Flores".

"Montevideo, 2 de julio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente.

    Tengo el agrado de expresarle que por esta vez no acepto la convocatoria que se me ha formulado para integrar el Cuerpo que usted preside.
    Saluda al Señor Presidente con la correspondiente atención.

Ricardo Recuero".

"Montevideo, 2 de julio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente.

    Tengo el agrado de expresarle que por esta vez no acepto la convocatoria que se me ha formulado para integrar el Cuerpo que usted preside.
    Saluda al Señor Presidente con la correspondiente atención.

Felipe A. De Armas".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: Las solicitudes de licencia del señor Representante por el departamento de Flores, Ricardo Berois Quinteros, para asistir en misión oficial a la XIX Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina y por motivos personales.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 4 y 5 de julio de 2002, para asistir al referido acontecimiento y por motivos personales por el período comprendido entre los días 11 y 12 de julio de 2002.

II) Que por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes correspondientes, señores Ricardo Recuero y Felipe A. De Armas.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, al literal B) y al inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994 y por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia al señor Representante por el departamento de Flores, Ricardo Berois Quinteros, por el período comprendido entre los días 4 y 5 de julio de 2002, para asistir en misión oficial a la XIX Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, que se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, y por el lapso comprendido entre los días 11 y 12 de julio de 2002, por motivos personales.

2) Acéptanse las negativas, que por esta vez han presentado los suplentes correspondientes, señores Ricardo Recuero y Felipe A. De Armas.

3) Convóquese para integrar la referida representación, por los mencionados lapsos, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 904, del Lema Partido Nacional, señor Edgardo Prado.

Sala de la Comisión, 2 de julio de 2002.

DAISY TOURNÉ, TABARÉ HACKENBRUCH, JORGE CHÁPPER".

"Montevideo, 30 de junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente.
De mi mayor consideración:


    Por razones de fuerza mayor me es imposible concurrir a Nicaragua a la reunión anual de la Comisión de Asuntos Indígenas y Etnias del PARLATINO.
    Esas mismas razones me obligan a mantenerme al margen de la actividad parlamentaria, por lo cual solicito que la licencia que se me otorgara del 1º al 8 de julio por motivos de viaje, se me conceda igualmente por razones personales.
    Sin otro particular, lo saludo atentamente,

WALTER VENER CARBONI
Representante por Soriano".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, concedida oportunamente, del 1º al 8 de julio de 2002, al señor Representante por el departamento de Soriano, Walter Vener, para asistir a la reunión de la Comisión de Asuntos de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la República de Nicaragua.

RESULTANDO: Que con fecha 30 de junio de 2002 el señor Representante Walter Vener comunica que no podrá cumplir con la misión autorizada por la Cámara, por razones de fuerza mayor.

CONSIDERANDO: Que el señor Representante Walter Vener solicitó se dé cuenta a la Cámara de la modificación de la causal de la licencia concedida, siendo ésta por motivos personales.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

Modifícase la causal de la licencia oportunamente concedida del 1º al 8 de julio de 2002, al señor Representante Walter Vener, por misión oficial a efectos de asistir a la reunión de la Comisión de Asuntos de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la República de Nicaragua, declarándose que la misma es por motivos personales.

Sala de la Comisión, 2 de julio de 2002.

DAISY TOURNÉ, TABARÉ HACKENBRUCH, JORGE CHÁPPER".

"Montevideo, 2 de julio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente.

Solicito, por motivos personales, licencia por el día 2 de julio del año en curso.
Sin otro particular, le saludo a usted muy atentamente.

NORACASTRO
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Nora Castro.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 2 de julio de 2002.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 2 de julio de 2002, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Nora Castro.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 2 de julio de 2002, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Eduardo Bonomi.

Sala de la Comisión, 2 de julio de 2002.

DAISY TOURNÉ, TABARÉ HACKENBRUCH, JORGE CHÁPPER".

"Montevideo, 2 de julio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente.

De mi mayor consideración:
    De acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 16.465, solicito se me autorice el goce de licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 3 y 8 de julio de 2002.
    Sin más, lo saluda atentamente.

RAÚLSENDIC
Representante porMontevideo".

"Montevideo, 2 de julio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente.

De mi mayor consideración:
    De acuerdo a la convocatoria de dicha Cámara para sustituir al Diputado Raúl Sendic, comunico a usted que por esta vez no acepto y solicito que se cite al suplente siguiente, señor Fernando Vázquez.

Sin más lo saluda atentamente.

Eduardo Rubio".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Raúl Sendic.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 3 y 8 de julio de 2002.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Eduardo Rubio.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo 3º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 3 y 8 de julio de 2002, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Raúl Sendic.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta el suplente siguiente señor Eduardo Rubio.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Fernando Vázquez.

Sala de la Comisión, 2 de julio de 2002.

DAISY TOURNÉ, TABARÉ HACKENBRUCH, JORGE CHÁPPER".

"Montevideo, 2 de julio de 2002.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted para solicitar licencia los días 2, 3, 4 y 5 de julio, por motivos de enfermedad (Ley Nº 16.465, literal A).

Sin más saluda atentamente,

BRUM CANET
Representante porMontevideo".

"Montevideo, 2 de julio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.
Presente.

De mi mayor consideración:
    Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional Brum Canet, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.
    Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente muy atentamente,

Daniel Mesa".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad del señor Representante por el departamento de Montevideo, Brum Canet.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 2 y 5 de julio de 2002, y adjunta constancia médica.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente siguiente señor Daniel Mesa.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo 3º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el literal A) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por enfermedad, por el período comprendido entre los días 2 y 5 de julio de 2002, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Brum Canet.

2) Acéptase la negativa que por esta vez ha presentado el suplente siguiente señor Daniel Mesa.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Jorge Patrone.

Sala de la Comisión, 2 de julio de 2002.

DAISY TOURNÉ, TABARÉ HACKENBRUCH, JORGE CHÁPPER".

14.-     Aplazamiento del asunto que figura en primer término del orden del día.

¾ ¾ Se entra al orden del día.

En mérito a que no han llegado a la Mesa listas de candidatos, si no hay objeciones corresponde aplazar la consideración del asunto que figura en primer término del orden del día: "Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Tercer Período de la XLV Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución)".

15.-     150º aniversario de la fundación de Constitución, departamento de Salto. (Se declara feriado el 11 de julio de 2002).

Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "150º aniversario de la fundación de Constitución, departamento de Salto. (Se declara feriado el 11 de julio de 2002)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 912

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase feriado para villa Constitución, departamento de Salto, el día 11 de julio de 2002, fecha en que se conmemoran los 150 años de su fundación.

Artículo 2º.- Otórgase goce de licencia paga, durante el día referido en el artículo 1º, a los trabajadores de las actividades pública o privada nacidos o radicados en villa Constitución.

Montevideo, 8 de abril de 2002.

PEDRO SEÑORALE, Representante por Salto, HUGO ROSETE, Representante por Salto, RAMÓN FONTICIELLA, Representante por Salto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Villa Constitución, localidad ubicada en el interior del departamento de Salto, fue fundada por la Ley Nº 297, promulgada el 11 de julio de 1852.

Como lo dice el mismo texto legal antes referido, en su artículo 1º: "En el punto comercial más a propósito del puerto de Ramírez, en la confluencia del río de este nombre con el Uruguay, se creará un pueblo que se denominará Constitución, sobre un área superficial de una legua cuadrada". Luego, el artículo 4º de la misma ley dice: "Se construirán las oficinas necesarias para el servicio de dicha subreceptoría (creada por el artículo 3º) y suficientes y cómodos almacenes de depósitos para las mercancías que bajen del alto Uruguay o se importen de allí para la República, y para las que suban de tránsito por dicho río".

El decir, del mismo texto de la ley surge que la fundación del centro poblado Constitución, tuvo como objeto el de crear, sobre el río Uruguay, un puerto fluvial de tránsito para canalizar el comercio entre el norte del país y las provincias de la República Argentina.

El desarrollo histórico de la localidad demuestra que el objetivo que se tuvo para su fundación no se concretó en la dimensión pensada, y los pobladores se dedicaron a actividades agrícolas, particularmente la horticultura y la viña, las que llegaron a representar, durante muchas décadas, una de las principales actividades de la localidad. Los registros históricos recogen, particularmente, la importancia de las plantaciones de vid y la industria vitivinícola asociada a la misma, favorecida por las condiciones naturales de suelo y clima apropiado para la misma.

La implantación del ingenio "El Espinillar", con lo que representó por la ocupación de mano de obra, tanto en la actividad agrícola de la plantación de caña de azúcar como en la actividad de la planta industrial, marcó toda una época en el desarrollo económico y social de la localidad.

La construcción, aguas abajo en el río Uruguay, de la Represa de Salto Grande, marcó otro jalón importante en la historia de villa Constitución. Obligada a realojar parte de su planta urbana por afectación del embalse, su fisonomía y su funcionamiento como centro poblado experimentó importantes transformaciones.

Hoy, villa Constitución, tiene una población de aproximadamente 2.700 habitantes. Su órgano de Gobierno lo constituye la Junta Local nombrada por el Intendente Municipal con la aprobación de la Junta Departamental. Cuenta con dos escuelas de enseñanza primaria, centro de enseñanza secundaria completo, así como los servicios de salud pública, Ministerio del Interior y la sede del Juzgado de Paz de la Sección Judicial. Se proyecta que, en los próximos meses, comience a funcionar, en las instalaciones centrales de lo que fue el ingenio "El Espinillar", una escuela agraria, dependiente de la Universidad del Trabajo del Uruguay, con en el objeto de capacitar a los jóvenes de la región, en la especialidad hortifruticultura que, como recordamos, constituyó en el pasado una actividad muy importante de la zona.

Con motivo de organizar los festejos del próximo 11 de julio, se ha creado por resolución de la Intendencia Municipal de Salto una "Comisión de Festejos de los 150 años de villa Constitución", integrada por vecinos de la localidad y representantes de la misma Comuna.

Para todos los vecinos de la localidad, así como para aquellos que nacieron en la misma, este 150 aniversario es un acontecimiento muy especial, que se vive en una forma muy particular, con una carga muy fuerte de recuerdos, anécdotas y afectos. En resumen, se trata de un día diferente, propicio para el reencuentro, la confraternidad y la felicidad de sus vecinos, factores estos que, -estamos seguros-, servirán de estímulo para redoblar el esfuerzo en el trabajo mancomunado para el crecimiento, desarrollo y superación económico y social de la comunidad.

Por lo expuesto, consideramos oportuno aprobar el proyecto de ley que acompañamos, decretando feriado para villa Constitución el próximo 11 de julio de 2002, así como conceder licencia paga a los trabajadores públicos y privados, residentes y oriundos, para que todos, sin excepción, puedan participar de tan importante celebración.

Montevideo, 8 de abril de 2002.

PEDRO SEÑORALE, Representante por Salto, HUGO ROSETE, Representante por Salto, RAMÓN FONTICIELLA, Representante por Salto".

Anexo I al
Rep. Nº 912

"Comisión de Constitución, Códigos,

Legislación General y Administración

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha considerado el proyecto de ley por el que se declara feriado para Constitución, departamento de Salto, el día 11 de julio de 2002, con motivo de conmemorarse el 150º aniversario de su fundación.

La villa Constitución es una localidad en el interior del departamento de Salto, fundada por Ley Nº 297, el 11 de julio de 1852.

Su fundación tuvo por objeto crear sobre el río Uruguay un puerto fluvial de tránsito para canalizar el comercio entre el norte del país y las provincias argentinas.

El desarrollo histórico no se concretó en la dimensión pensada y los pobladores se dedicaron a actividades agrícolas como la horticultura y la viña.

El ingenio de "El Espinillar" ocupó mano de obra en la plantación de caña de azúcar y en la planta industrializadora y marcó una época importante en el desarrollo económico y social.

La construcción de la represa de Salto Grande, marcó otro movimiento importante ya que se debió realojar, por la afectación del embalse y sufrió cambios en su fisonomía y funcionamiento.

Hoy la villa Constitución cuenta con dos mil setecientos habitantes.

Su gobierno lo constituye la Junta Local. En la parte educativa cuenta con dos escuelas primarias, una secundaria completa y está en proyecto crear en el ex "Espinillar" una escuela agraria dependiente del Consejo de Educación Técnico-Profesional. También cuenta con un Juzgado de Paz, dependencias del Ministerio del Interior y servicios de Salud Pública.

El próximo 11 de julio, Constitución cumple ciento cincuenta años. Con ese motivo se ha creado una comisión de trabajo integrada por vecinos y por la Intendencia Municipal de Salto.

Se piensa en un día diferente, lleno de recuerdos, anécdotas, afectos, propicio para el reencuentro y la confraternidad entre todos sus vecinos y aquellos que nacieron en la misma, que sin duda servirá de estímulo para redoblar el esfuerzo en el trabajo, propiciando el crecimiento, el desarrollo económico y social de la comunidad.

Por estos motivos, sugerimos a este Cuerpo aprobar el adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 15 de mayo de 2002.

GUSTAVO BORSARI BRENNA, Miembro Informante, DANIEL DÍAZ MAYNARD, ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES, MABEL GONZÁLEZ, JORGE ORRICO, MARGARITA PERCOVICH, DIANA SARAVIA OLMOS.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase feriado para la villa Constitución, departamento de Salto, el día 11 de julio de 2002, fecha en que se conmemoran los 150 años de su fundación.

Artículo 2º.- Otórgase goce de licencia paga, durante el día referido en el artículo 1º, a los trabajadores de las actividades pública y privada nacidos o radicados en Constitución.

Sala de la Comisión, 15 de mayo de 2002.

GUSTAVO BORSARI BRENNA, Miembro Informante, DANIEL DÍAZ MAYNARD, ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES, MABEL GONZÁLEZ, JORGE ORRICO, MARGARITA PERCOVICH, DIANA SARAVIA OLMOS".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑOR IBARRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: este proyecto de ley declara feriado, para la villa Constitución del departamento de Salto, el día 11 de julio de 2002, fecha en que se conmemoran los ciento cincuenta años de su fundación.

Hemos leído detenidamente la exposición de motivos de los miembros proponentes y también el informe de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

Nos parece bien que la villa Constitución, fundada en el año 1852, sea objeto de este reconocimiento por parte del Parlamento y, sobre todo, que lo reciban los ciudadanos que han nacido allí o que están íntimamente ligados a ella.

Sabemos que esta villa está pasando por importantes dificultades en el orden económico, que también se reflejan en el orden social. Tuvimos oportunidad de visitarla varias veces y advertimos que era sumamente próspera, sobre todo cuando funcionaba el ingenio "El Espinillar", que ocupaba una cantidad importante de mano de obra de la población, tanto en la plantación de caña de azúcar y en la planta industrial como en actividades agrícolas varias.

Lamentablemente, ese desarrollo que vimos hace diez o quince años ha disminuido en forma sensible a partir del cierre de "El Espinillar" y de la eliminación de la plantación de caña de azúcar. Esto está indicando las dificultades que sufre en este momento esa villa, de aproximadamente 2.700 habitantes. Hace muy pocos meses estuvimos visitándola y los vecinos nos decían que la gente joven se va porque no tiene posibilidades de conseguir trabajo. Si bien este no es un tema particular de villa Constitución, sino de toda la República, igualmente preocupa, sobre todo después de haber visto el auge que tuvo esa localidad.

Votamos con mucho gusto esta declaración de feriado que hace el Poder Legislativo, pero, más allá de la alegría que van a tener los vecinos, las personas que nacieron allí y la gente amiga de villa Constitución; más allá de la confraternidad que va a existir el próximo 11 de julio y del reencuentro de distintos ciudadanos y vecinos de la localidad, entendemos que hay que buscar soluciones desde el punto de vista del trabajo para eliminar rápidamente esa tremenda desocupación que existe en esta población y la sangría permanente que se origina a través del desplazamiento de la gente joven a otras localidades, ciudades o países, intentando encontrar fuentes de trabajo para atender en forma adecuada a su núcleo familiar.

Esta es una buena experiencia para tener en cuenta. A veces, lo que se puede ganar para el Estado con el cierre de una agroindustria tan importante como el ingenio "El Espinillar" no compensa de ninguna manera el sacrificio que representa y el retraso que significa para parte de la sociedad uruguaya, en este caso la de villa Constitución. Efectivamente, esta medida introdujo una situación de angustia y de zozobra desde el punto de vista económico y social para los vecinos de esta importante villa Constitución, del departamento de Salto.

Reiteramos que votaremos este proyecto de ley que presenta la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

SEÑOR ROSETE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ROSETE.- Señor Presidente: por supuesto, como dice el señor Diputado Ibarra, además de este proyecto de ley que presentamos los Diputados por el departamento, hubiera sido muy conveniente haber propuesto otra iniciativa sobre fuentes de trabajo. Pero no fue ese nuestro objetivo, sino simplemente recordar y dar a Constitución, en su 150º aniversario, una instancia para que puedan festejarlo y concurrir a esa celebración todos los nativos de esa villa y quienes en el momento residan en ella.

En cuanto al ingenio "El Espinillar", no creo que prácticamente a diez años de su cierre haya que reabrir el caso, porque hacerlo es absolutamente imposible puesto que no solo está cerrado, sino desmantelado, y las tierras están divididas en cuatro proyectos de distinta índole, adjudicados y en plena marcha. No es en el momento actual que se podrá absorber la totalidad de la mano de obra que villa Constitución necesita. Hay otras actuaciones y actividades que poco a poco la irán absorbiendo, lógicamente con las rispideces que trae el tiempo a un grupo que no tiene abiertas todas las posibilidades de vida.

Además, villa Constitución, antes de tener el ingenio, mientras lo tuvo y también ahora, tiene una rica experiencia en huerta, en horticultura y en fruticultura, y se está trabajando en ese sentido en forma individual, al igual que en tantos sitios del Uruguay, como en Salto, en Artigas, en Canelones -por supuesto, si lo sabremos-, etcétera.

Reitero: cuando los tres Diputados por el departamento elaboramos el proyecto de ley, que fue aprobado en primera instancia, lo único que nos motivó fue recordar la fecha y dar la oportunidad a todos los oriundos de Constitución o radicados allí de estar juntos en ese lugar el 11 de julio para festejar ese aniversario.

SEÑOR MUGURUZA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MUGURUZA.- Señor Presidente: voy a votar por la afirmativa esta iniciativa propuesta por los legisladores del departamento porque considero que es bueno que los vecinos de cualquier pago uruguayo preserven la memoria de una historia que los involucra directamente con sus antepasados, con quienes apostaron a la esperanza del progreso y el desarrollo de las generaciones venideras, plantando la modesta semilla de un núcleo de civilización para compartir de forma mancomunada.

Visito frecuentemente villa Constitución y sé de los esfuerzos que los vecinos están haciendo, conjuntamente con las autoridades del pueblo, para homenajear a los primeros vascos que se instalaron en la zona, reservando un espacio abierto para, paradojalmente, guardar su memoria y festejar este aniversario número ciento cincuenta.

Pero no todo es alegría. Todos conocemos la historia reciente de la zona de villa Constitución. En los últimos cincuenta años tuvo su auge y su decadencia; su auge con las plantaciones de caña de azúcar y su industrialización en "El Espinillar", permitiendo un crecimiento poblacional significativo, abonado a la vez por la esperanza que proporcionaba la represa de Salto Grande con sus proyectos de desarrollo e inversión; y hoy sufre su decadencia por la falta de trabajo y la emigración masiva de su gente. Esta situación ha prohijado un sentimiento de desamparo y frustración en sus habitantes que se manifiesta en una proclama que está siendo firmada por cientos de vecinos y por emigrantes radicados en distintos lugares del país, quienes no abdican de su sentimiento por el pueblo que los vio nacer.

Señor Presidente: por el contenido de dicha proclama, es importante que la comparta con los integrantes de este Cuerpo. Dice así: "Vecinos de Villa Constitución: ¡150 años, mucho para lamentar y poco para festejar! Cuando los 125 años de la Villa, en 1977 nuestros padres estaban convencidos que teníamos un futuro de trabajo, desarrollo y esperanza. Se concretaba la construcción de la Represa de Salto Grande, se nos prometía que a consecuencia de ella tendríamos industrias y energía más barata. Que con el Ingenio del Espinillar trabajando a pleno, con cantidad de plantaciones particulares (por ejemplo: Gasparry, Sopragsa, otras pequeñas y medianas explotaciones) tendrían trabajo 550 efectivos y 1000 zafrales. Aumentaría la cantidad de puestos asalariados, echaríamos raíces, tendríamos una vida digna.- Hoy, después de 25 años, en estos 150 de existencia de este pueblo nuestro, los vecinos de Constitución nos preguntamos: ¿Qué se festeja desde el 11 hasta el 14 de julio de 2002? 'El golpe de gracia para el cierre del Espinillar'; chau trabajo, desarrollo y esperanza, por más que esta sea la última que se pierda, mientras haya gente que luche por uno de los derechos más nobles que tiene el ser humano: El derecho al trabajo.- ¿Es eso lo que se festeja? ¿El desempleo?: tenemos casi 4.000 habitantes menos en el pueblo, y de los 2.500 que van quedando no hay 200 personas trabajando.- ¿Cómo se hace para comer y al mismo tiempo pagar el agua y la luz? Se suponía que estábamos siendo beneficiados por las turbinas de Salto Grande, pero cuando hay excedentes de energía se favorecen los hermanos argentinos porque allí se cobran las regalías, mientras los vecinos de Constitución y de Belén son los menos privilegiados.- Los que organizan este festejo no le preguntaron al pueblo si tienen o tenían otras necesidades en las que gastar lo que piensan gastar, por más que se nos diga que estaba previsto en el Plan de Obras de la IMS. Era y es plata de los contribuyentes y en época de crisis es cuando hay que administrar mejor.- Nos hubiese gustado gastar en una ambulancia nueva, en medicamentos permanentes para la Policlínica, en terminar obras de la Liga de Baby Fútbol, de la Plaza de Deportes y ni qué hablar de la iluminación de los barrios Sur y Libertad con 25 años de existencia..., una larga espera.- ¿Para qué tanta fiesta? ¿Para que vengan las autoridades de Salto y las nacionales a hacer un prometedor discurso como hicieron en el vecino Pueblo Belén en sus 200 años, cuando prometieron mucho pero hasta ahora no cumplieron con nada de lo prometido? No queremos que se acuerden de nosotros solo cuando las elecciones o cuando los 150 años. El pueblo de Constitución tiene muchas necesidades urgentes.- Como dijo el General Artigas: 'que los más infelices sean los más privilegiados'.- Los vecinos de Constitución les decimos a los gobernantes de turno: 'el trabajo es el que dignifica a las personas y a las familias'.- Villa Constitución-Salto, junio del 2002".

Tal, señor Presidente, el contenido de la proclama de los vecinos de la villa de la cual hoy votamos el feriado para el 11 de este mes.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Léase el artículo 2º.

(Se lee)

¾ ¾ En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR FALERO.- ¿Me permite, señor Presidente?

En virtud de que esto sucederá dentro de nueve días, solicito que se comunique de inmediato.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se está llamando a Sala, porque en este momento no hay cincuenta señores legisladores presentes.

(Entran a Sala varios señores Representantes)

——Se va a votar si el proyecto se comunica de inmediato.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado)

16.- Alteración del orden del día.

——Dese cuenta de una moción de orden presentada por la señora Diputada Tourné y los señores Diputados García Pintos, Posada, José María Mieres, Ronald Pais y Da Silva.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se altere el orden del día, considerando en tercer lugar el asunto que figuraba en noveno término: 'Uso indebido de señales destinadas a ser recibidas en régimen de suscripción. (Penalización)'".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA.

17.-     Uso indebido de señales destinadas a ser recibidas en régimen de suscripción. (Penalización).

Se pasa a considerar el asunto que figuraba en noveno término del orden del día y que pasó a ser tercero: "Uso indebido de señales destinadas a ser recibidas en régimen de suscripción. (Penalización)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 953

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Defensa Nacional

Montevideo, 15 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General

De nuestra mayor consideración:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de remitir a su consideración el presente proyecto de ley por el que se pretende reprimir una práctica que viene generalizándose en forma preocupante dentro de nuestra sociedad, y que consiste en lo que, comúnmente, se conoce como el "enganche" o "colgado" no autorizado en las conexiones de televisión por cable, mediante la cual se obtiene, en forma subrepticia o clandestina, el uso o aprovechamiento de una señal de televisión emitida, exclusivamente, para ser recibida en régimen de suscripción, eludiendo, de tal modo, el pago al prestador autorizado del servicio de la contraprestación económica respectiva. Del mismo modo, se procura sancionar prácticas similares respecto de otros servicios portadores de señales diversas a la de televisión, o trasmitidos por vías distintas al cable, siempre que ellos se presten en régimen de suscripción.

Cabe agregar que dicha práctica, que admite múltiples variantes, lesiona, no sólo el legítimo derecho de las empresas prestadoras de dichos servicios a percibir el natural beneficio económico por su gestión, sino también el derecho de sus suscriptores a recibir normalmente la señal que han contratado, la que, comúnmente, se ve interrumpida o alterada, como directa consecuencia de los procedimientos espúreos empleados por los autores de las conductas que se trata de reprimir.

Sabido es que nuestra legislación penal no brinda una respuesta específica a este tipo de situaciones. En efecto, hasta el momento, los tribunales han tenido una distinta actitud ante las denuncias que han presentado los titulares de los servicios afectados. En varios casos, ellas fueron desestimadas, por entenderse que las conductas denunciadas no se adecuaban típicamente a ninguno de los delitos existentes, en otros casos, cuando se llegó a una tipificación penal, ella lo fue sobre la base de una interpretación extensiva de la figura prevista en el artículo 343, relativa al hurto de energía eléctrica y agua potable, o bien considerando que se había cometido una "Estafa", soluciones, ambas, técnicamente discutibles.

En efecto, por más que puede llegar a afirmarse que la señal obtenida en forma subrepticia de una conexión de televisión por cable, se trata, en definitiva, de una forma de energía eléctrica de radio frecuencia, ello no resulta tan claro cuando la vía de transmisión de esa señal es otra. Por lo demás, la señal no es meramente energía, como ocurre con la corriente eléctrica, sino que implica un contenido mucho mayor, de modo tal que el infractor se apodera de todo un sistema tecnológico y cultural, que compone en última instancia, el acervo que la empresa prestadora del servicio ofrece a sus usuarios. En cuanto a la posibilidad de aplicar a estos casos la figura de la estafa, si bien es cierto que el agente de la conducta se vale de una suerte de ardid o estratagema, no se genera, en cambio, ningún error mediante engaño a la parte damnificada -elemento esencial de este delito- puesto que la maniobra se consuma sin su conocimiento y sin que se requiera ningún acto de disposición suyo.

Lo indicado precedentemente abona por la pertinencia de evitar tales dificultades de orden práctico mediante la creación de una normativa específica que contenga una descripción típica precisa de las conductas antes señaladas, muniéndola de su correspondiente sanción penal, propósito que se concreta en el presente proyecto de ley, cuyos rasgos principales se mencionan a continuación.

El artículo 1º contempla la conducta básica de quienes realizan, por sí o mediante encargo a otra persona, lo que -en la terminología común- se conoce como enganche o "colgado" ilegítimo de una señal emitida para ser recibida en régimen de suscripción.

El sujeto activo (o sea, el agente de la conducta delictiva) es cualquiera, lo que se expresa con la fórmula "El que...".

El giro "por cualquier medio..." -también de uso frecuente en el Código Penal- permite abarcar, de un modo práctico y sencillo, todos los medios idóneos para realizar las conductas que se penalizan, sin necesidad de mencionarlos en forma expresa, evitando, de tal modo, el riesgo de dejar fuera de la enunciación a algún medio, actual o futuro, apto para consumar el delito.

Lo antes expuesto implica dejar de lado fórmulas más complicadas, como lo sería, por ejemplo, el tener que mencionar los distintos modos en que se puede efectuar la maniobra, sea a través de conexiones a las redes, cables o dispositivos, en forma física o por inducción, etc. Se ha entendido más conveniente poner el énfasis en definir las conductas ilícitas y el resultado de las mismas, más que en enumerar los diversos medios a través de los cuales aquellas pueden consumarse.

En cuanto a la conducta o conductas que se sancionan, ellas están reflejadas en los siguientes verbos típicos: "interceptare", "interfiriese", "capturare" y "derivare", en la convicción de que ellos agotan la gama de posibles acciones en esta materia.

La primera de estas acciones es "...interceptare..." expresión del verbo interceptar que, entre sus varias excepciones, significa "interrumpir, obstruir una vía de comunicación, o apoderarse de una cosa antes que llegue al lugar o la persona a que se destine". La segunda "...interfiriese..." denota una acción de causar interferencia, esto es, acción recíproca de las ondas ya sea en el agua, ya en la propagación del sonido, del calor, de la luz, etc., que resulta, en ciertas condiciones aumento, disminución o neutralización del movimiento ondulatorio.

Se ha sido particularmente cuidadoso en la elección de estos verbos nucleares, prefiriéndoseles frente a otros de similar sentido. Así, las fórmulas extranjeras que se han tenido a la vista, referidas a la problemática que nos ocupa, suelen utilizar vocablos como "apoderarse" o "apropiarse", los que se han descartado en razón de que ambos tienen un significado que ha sido muy trabajado en la doctrina y jurisprudencia nacionales, y no enteramente coincidente con su acepción vulgar, ni con la conducta que se pretende reprimir.

En efecto, la expresión "apoderarse" -típica, entre otras, de la figura del "Hurto"- ha sido entendida como el acto de colocarse, en relación a una cosa, en condiciones de realizar sobre ella actos dispositivos como si fuera su dueño, lo que implica, de suyo, el "desapoderamiento" de la misma respecto de su tenedor. En la situación que nos ocupa, quien, por ejemplo, se "engancha" de un cable, si bien se sirve de la señal que aquél trasmite, no se adueña por entero de ella, por cuanto la señal no queda exclusivamente en su poder.

Por su parte, "apropiarse" -que es, por ejemplo, el verbo utilizado en el delito de "Apropiación Indebida"- tiene, entre nosotros, un sentido muy preciso, cual es el de hacerse dueño de una cosa de la que ya se está en posesión; lo que, obviamente, no ocurre en las hipótesis a las que el presente proyecto de ley pretende abarcar.

También se han descartado las expresiones "aprehendiere" y "sustrajere" en tanto no cabrían cómodamente referidas a un bien inmaterial, el tercer verbo nuclear es "captare", cuyo significado más común es de "recibir imágenes, ondas, etc.". Esa captación puede darse a través de una conducta activa o manipulación, o incluso en forma pasiva, como es el caso en que un permisario obtenga una señal ajena, apagando su propio sistema o no utilizando los medios idóneos para impedir que, a través de su sistema, ella llegue a sus abonados.

El restante verbo típico de la figura proyectada es "derivare", que es, sin duda, el que mejor se aproxima a la acción que se procura sancionar, en efecto, deriva quien "encamina o conduce una cosa de una parte a otra".

Finalmente, resta por aludir al llamado objeto material sobre el que debe recaer las conductas típicas que acaban de mencionarse. El criterio elegido fue el de mayor amplitud, o sea, el de hacer referencia genérica a la "emisión de una o varias señales sean de imágenes, voz o datos". En efecto, si bien, hoy por hoy, la principal problemática está vinculada con lo que se conoce como "televisión por cable", la señal que es emitida por las empresas autorizadas puede tener un contenido más amplio, por lo que una fórmula acotada en ese sentido puede generar problemas de futuro, ante el constante avance tecnológico en la materia.

Contribuye, también, a delimitar el objeto sobre el que pueden recaer las conductas delictivas previstas en el presente proyecto, la definición precisa del modo o vía en que esa señal es trasmitida. Esta mención es de carácter amplio, puesto que se alude -en forma no taxativa- al "alámbrico" o "inalámbrico" con lo que se contempla tanto a los sistemas que utilizan "fibra óptica" o "cable coaxial", como a los que se trasmiten por aire, como el MMDS ("Multichannel microwave distribution system") o UHF ("Ultra light frequency"), o por vía satelital, aludiéndose, además, de manera residual, "por cualquier medio...", a fin de dejar abierta la posibilidad de incluir todo avance tecnológico futuro, relativo a la forma de trasmitirse la señal que se procura proteger.

Por último, se aclara en esta descripción típica que la señal objeto de protección, además de revestir las características ya expresadas, debe estar "destinadas a ser recibidas, en régimen de suscripción", giro que abarca al sistema de "abonados", así como a aquel distinto en que se paga por el servicio sólo cuando se lo utiliza efectivamente. Implícitamente, esta última acotación permite dejar afuera del ámbito de esta disposición al sistema conocido como de "televisión abierta", cuya recepción, como es notorio, está habilitada a cualquier persona, sin limitación o condicionamiento alguno.

El artículo 2º eleva a la categoría de conducta delictiva autónoma lo que, en rigor, no sería sino una modalidad de coautoría de la conducta descrita en el artículo anterior, cual es la de aquellos que, con o sin ánimo de lucro, realizaren las actividades prohibidas a favor de un tercero. La razón de esta disposición estriba en regular específicamente la situación de los denominados "instaladores clandestinos", a los que se deben castigar con mayor severidad. En este caso, la pena de prisión prevista guarda simetría con la de la figura del "Hurto" (artículo 340 del Código Penal) y, obviamente, con la del delito del artículo 343, que se remite a aquélla, aunque se estimó prudente abatir el máximo previsto, llevándolo de seis a tres años de penitenciaría.

El artículo 3º, por su parte, contempla diversas hipótesis de agravamiento de la responsabilidad de las conductas previstas en las disposiciones anteriores. El numeral 1) se refiere a los casos en que se produce un daño, con lo que se excluye la concurrencia con el delito del artículo 358 del Código Penal. El numeral 2) alude a los perjuicios que de aquellas conductas pudieran derivarse a los demás suscriptores del servicio (o sea a personas ajenas a la maniobra) y, finalmente, el numeral 3) regula la situación en que la conducta no sea realizada por un particular cualquiera, sino por un sujeto calificado, en virtud de la comprobación práctica de que muchos de los instaladores se prevalecen de sus vínculos actuales o pasados con empresas permisionarias del servicio para realizar su actividad irregular.

El artículo 4º crea otro delito autónomo, aunque castigado con una pena de menor entidad, cual es el relacionado con la fabricación y comercialización de elementos aptos para vulnerar los controles técnicos que los prestadores autorizados del servicio hayan instalado para la protección de éste. Es el caso, por ejemplo, de los "decodificadores" y artefactos similares. Lo que se castiga es una conducta que, en sí misma, tiene una nota esencial de ilegitimidad toda vez que esa parafernalia tecnológica sólo tiene por inequívoco objetivo la facilitación o favorecimiento de las conductas delictivas descritas en los artículos anteriores.

Por último, el artículo 5º autoriza, a texto expreso, el decomiso por parte del Juez actuante de los objetos o efectos que se hayan utilizado para la comisión de cualesquiera de los delitos que se crean en el entendido de que, ello podrá obrar como un fuerte disuasivo de la práctica irregular que se busca reprimir. Asimismo, se le da un destino legal al producido de esa medida (por ejemplo, televisores), que puede tener un apreciable impacto social.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente con su mayor consideración.

LUIS HIERRO LÓPEZ, ANTONIO MERCADER, LUIS BREZZO.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- El que por cualquier medio, interceptare, interfiriese, captare o derivare la emisión de una o varias señales, sean de imágenes, voz o datos transmitidas por cualquier medio, alámbrico o inalámbrico, destinados a ser recibidas en régimen de suscripción, será castigado con 80 UR (ochenta unidades reajustables) a 800 UR (ochocientas unidades reajustables) de multa o prisión equivalente.

Artículo 2º.- El que, con o sin ánimo de lucro, efectuare a favor de un tercero, las instalaciones, manipulaciones, o cualquier otra actividad necesaria para la obtención de los hechos que determinan la conducta típica descrita en el artículo anterior, será castigado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Artículo 3º.- Las penas de los delitos anteriores serán aumentadas de un tercio a la mitad:

1) Si las conductas se realizaren mediante la producción de un daño a la red, instalaciones conexas, equipos o cualquier otro elemento técnico pertenecientes a la empresa autorizada prestadora del servicio, cualquiera sea el lugar en que ellos estuvieran colocados.

2) Si las conductas ocasionaren una interrupción o perturbación del servicio o un menoscabo efectivo de su calidad, en perjuicio de otros suscriptores.

3) Cuando el agente revista la calidad de funcionario, ex funcionario o vinculado directa o indirectamente con la prestadora del servicio o instaladores contratados por ésta.

Artículo 4º.- El que fabrique, importe, venda u ofrezca en venta, arriende o ponga en circulación decodificadores o cualquier otro artefacto, equipo o sistema diseñado para eliminar, impedir, desactivar o eludir los dispositivos técnicos que los titulares autorizados de la señal hayan instalado, para su protección, será castigado con pena de tres a veinticuatro meses de prisión.

Artículo 5º.- Sin perjuicio de las sanciones establecidas en los artículos anteriores, el Juez actuante dispondrá el decomiso de los objetos empleados para la comisión del delito, incluido el receptor en que se recoja la señal obtenida ilegítimamente, los que serán entregados al Ministerio de Educación y Cultura, para que éste les dé el destino que estime conveniente. Si, por la índole o el valor de los efectos objeto de decomiso, se estimare que la donación no resultaría de utilidad, se ordenará la inmediata destrucción de los mismos, en la forma de estilo.

Montevideo, 15 de noviembre de 2001.

ANTONIO MERCADER, LUIS BREZZO.

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- El que, para provecho propio o de un tercero, captare señales trasmitidas por cualquier medio, destinadas exclusivamente a ser recibidas en régimen de abonados, sin serlo, será castigado con 80 UR (ochenta unidades reajustables) a 800 UR (ochocientas unidades reajustables), de multa o prisión equivalente.

Artículo 2º.- El que, con o sin ánimo de lucro, efectuare a favor de un tercero, las instalaciones, manipulaciones, o cualquier otra actividad necesaria para la obtención de los hechos que determinan la conducta típica descrita en el artículo anterior, será castigado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Artículo 3º.- Las penas de los delitos anteriores serán aumentadas de un tercio a la mitad:

1) Si las conductas se realizaren mediante la producción de un daño a la red, instalaciones conexas, equipos o cualquier otro elemento técnico pertenecientes a la empresa autorizada prestadora del servicio, cualquiera sea el lugar que ellos estuvieran colocados;

2) Si las conductas ocasionaren una interrupción o perturbación del servicio o un menoscabo efectivo de su calidad, en perjuicio de otros suscriptores;

3) Cuando el agente revista la calidad de empleado, ex-empleado o arrendador de servicios de la empresa permisaria o del instalador autorizado.

Artículo 4º.- El que fabrique, importe, venda u ofrezca en venta, arriende o ponga en circulación decodificadores o cualquier otro artefacto, equipo o sistema diseñado exclusivamente para eliminar, impedir, desactivar o eludir los dispositivos técnicos que los titulares autorizados de la señal hayan instalado, para su protección, será castigado con pena de tres a veinticuatro meses de prisión.

Artículo 5º.- Sin perjuicio de las sanciones establecidas en los artículos anteriores, el Juez actuante dispondrá el decomiso de los objetos empleados para la comisión del delito, incluido el receptor en que se recoja la señal obtenida ilegítimamente, los que serán entregados al Ministerio de Educación y Cultura, para que éste les dé el destino que estime conveniente. Si, por la índole o el valor de los efectos objeto de decomiso, se estimare que la donación no resultaría de utilidad se ordenará la inmediata destrucción de los mismos, en la forma de estilo.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 7 de mayo de 2002.

ALEJANDRO ATCHUGARRY
     Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

Anexo I al
Rep. Nº 953

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Constitución, Códigos,

Legislación General y Administración

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha estudiado el proyecto de ley por el que se penaliza la intercepción o uso indebido de señales trasmitidas por cualquier medio, destinadas a ser recibidas exclusivamente en régimen de suscripción.

El proyecto a considerar fue enviado el 15 de noviembre de 2001 por el Poder Ejecutivo y cuenta con la aprobación del Senado de la República.

Con las normas jurídicas proyectadas se pretende reprimir una práctica que lamentablemente se viene generalizando dentro de nuestro país y que es conocida como "enganche" o "colgado" no autorizado en las conexiones de televisión por cable, mediante la cual se obtiene en forma clandestina el uso o aprovechamiento de una señal de televisión emitida, exclusivamente, para ser recibida en régimen de suscripción, eludiendo el pago al prestador autorizado del servicio de la contraprestación económica respectiva. Asimismo, se procura sancionar prácticas similares respecto de otros servicios portadores de señales diversas a la de la televisión, o transmitidos por vías distintas al cable, siempre que ellos se presten en régimen de suscripción.

El "colgado" o "enganche" lesiona no solo el legítimo derecho de las empresas prestadoras de dichos servicios a percibir el natural beneficio económico por su gestión, sino también el derecho de los abonados a recibir normalmente la señal que han contratado, la que comúnmente, se ve interrumpida o alterada como consecuencia directa de los procedimientos que tratamos de reprimir.

Hasta el día de la fecha los tribunales judiciales no han tenido una respuesta unánime frente a este tema. En varios casos, las denuncias fueron desestimadas por entenderse que las conductas aludidas no se adecuaban típicamente a ninguno de los delitos existentes, en otros casos, cuando se llegó a una tipificación penal, ella lo fue sobre la base de una interpretación extensiva a la figura prevista en el artículo 343, relativa al hurto de energía eléctrica y agua potable, o bien considerando que se había cometido una estafa, soluciones ambas técnicamente discutibles. En este sentido aun cuando la señal obtenida en forma clandestina se trate de una forma de energía eléctrica de radiofrecuencia, ello no resulta tan claro cuando la vía de transmisión de esa señal es otra. Asimismo, la señal no es meramente energía como ocurre con la corriente eléctrica, sino que implica un contenido mucho mayor de modo tal que el infractor se apodera de todo un sistema tecnológico y cultural, que compone en última instancia, el acervo que la empresa prestadora del servicio ofrece a sus usuarios. En cuanto a la posibilidad de aplicar a estos casos la figura de la estafa, si bien es cierto que el agente de la conducta se vale de una suerte de estratagema, no se genera en cambio, ningún error mediante engaño a la parte damnificada -elemento esencial de este delito– puesto que la maniobra se consuma sin su conocimiento y sin que se requiera ningún acto de disposición suya.

Lo indicado precedentemente nos lleva a la creación de una normativa específica que contenga una descripción típica de las conductas ya reseñadas, muniéndola de su correspondiente sanción penal, propósito que se concreta en el presente proyecto de ley.

El artículo 1º contempla la conducta básica de quienes realizan por sí o mediante encargo a otra persona el interceptar, interferir, captar o derivar la emisión de una o varias señales sean de imágenes, voz o datos transmitidas por cualquier medio, alámbrico o inalámbrico, destinados a ser recibidos en régimen de suscripción, será castigado con 80 UR (ochenta unidades reajustables) a 800 UR (ochocientas unidades reajustables) de multa o prisión equivalente.

El artículo 2º castiga con una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría a quien con o sin ánimo de lucro efectuare a favor de un tercero, las instalaciones, manipulaciones, o cualquier otra actividad necesaria para la obtención de los hechos que determinan la conducta típica descrita en el artículo anterior.

En el artículo 3º se establece que las penas de los delitos anteriores serán aumentadas de un tercio a la mitad si las conductas se realizaran mediante la producción de un daño a la red, instalaciones conexas, equipos o cualquier otro elemento técnico pertenecientes a la empresa autorizada prestadora del servicio, cualquiera sea el lugar en que ellas estuvieran colocadas. Asimismo, constituye una agravante que las conductas ocasionaren una interrupción o perturbación del servicio o un menoscabo efectivo de su calidad, en perjuicio de otros suscriptores.

El artículo 4º penaliza a quien fabrique, importe, venda y ofrezca en venta, arriende o ponga en circulación decodificadores o cualquier otro artefacto, equipo o sistema diseñado para eliminar, impedir, desactivar o eludir los dispositivos técnicos que los titulares autorizados de la señal hayan instalado para su protección.

Por lo expuesto, se aconseja al plenario la aprobación del proyecto de ley que se informa.

Sala de la Comisión, 23 de mayo de 2002.

JORGE BARRERA, Miembro informante, GUSTAVO BORSARI BRENNA, ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES, LUIS ALBERTO LACALLE POU, DIANA SARAVIA OLMOS".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Barrera.

SEÑOR BARRERA.- Señor Presidente: la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha aprobado un proyecto de ley que fuera elevado a la consideración del Poder Legislativo y que ya fue aprobado en el Senado, mediante el cual se pretende reprimir una práctica que se viene generalizando en forma preocupante en nuestra sociedad y que consiste en lo que comúnmente se conoce como el "enganche" o el "colgado" no autorizado en las conexiones de televisión por cable, obteniéndose en forma clandestina el uso o aprovechamiento de una señal de televisión emitida exclusivamente para ser recibida en régimen de suscripción; de tal modo, se elude el pago de la contraprestación económica respectiva al prestador autorizado del servicio.

Asimismo, a través de este proyecto se procura sancionar prácticas similares respecto de otros servicios portadores de señales diversas a la de la televisión o trasmitidos por vías distintas al cable, siempre que ellos se presten en régimen de suscripción.

Cabe agregar que dicha práctica -que a lo largo del tiempo va adquiriendo múltiples variantes- lesiona no solo el legítimo derecho de las empresas prestadoras de los servicios a percibir el natural beneficio económico por su gestión, sino también, y principalmente, el derecho de sus suscriptores a recibir de modo normal la señal que han contratado, la que comúnmente se ve interrumpida o alterada como consecuencia directa de los procedimientos espurios empleados por los autores de las conductas que se trata de reprimir.

(Murmullos.- Campana de orden)

——Y ese es el centro del proyecto de ley y de la fundamentación que queremos realizar hoy aquí: la defensa del consumidor, la defensa de aquella persona que en régimen de suscripción y al amparo de la ley está haciendo uso de un consumo y de un servicio que fuera contratado en régimen de suscripción. Aquí estamos defendiendo principalmente al consumidor. Esta es una forma de proteger los derechos integrales y esenciales que se derivan de una relación contractual; y esa ha sido la motivación principal, tanto del Poder Ejecutivo como de un grupo importante de legisladores que también habían presentado un proyecto en la misma dirección y con las mismas características: los señores Diputados Díaz, Ronald Pais y Abdala. Se tiende a proteger las relaciones de consumo y los derechos del consumidor.

Sabido es que nuestra legislación penal no brinda una respuesta específica a este tipo de situaciones. En efecto, hasta el momento los Tribunales han tenido una distinta actitud ante las denuncias que han presentado los titulares de los servicios afectados. En varios casos ellas fueron desestimadas por entenderse que las conductas denunciadas no se adecuaban típicamente a ninguno de los delitos existentes y, en otros, cuando se llegó a una tipificación penal, ella lo fue sobre la base de una interpretación extensiva de la figura prevista en el artículo 343 de nuestro Código Penal, relativa al hurto de energía eléctrica y agua potable, o bien considerando que se había cometido una estafa; ambas soluciones son técnicamente discutibles. En la medida en que con este proyecto de ley estamos creando un delito autónomo, una figura con un tipo penal autónomo, a partir de la sanción del proyecto ya no habrá gran discusión respecto a si esta conducta encuadra en la estafa o hay que asimilarla a otras figuras jurídicas; al consagrarlo como delito autónomo, no habrá ninguna discusión ni en la jurisprudencia ni en la doctrina acerca de cuál es la figura aplicable a este tipo de conductas.

En efecto, por más que se puede llegar a afirmar que la señal obtenida de una conexión de televisión por cable en forma clandestina es, en definitiva, una forma de energía eléctrica de radiofrecuencia, ello no resulta tan claro cuando la vía de trasmisión de esa señal es otra. Por lo demás, la señal no es meramente energía, como ocurre con la corriente eléctrica, sino que implica un contenido mucho mayor, de modo tal que el infractor se apodera de todo un sistema tecnológico y cultural que compone, en última instancia, el acervo que la empresa prestadora del servicio ofrece a todos sus usuarios.

En cuanto a la posibilidad de aplicar a estos casos la figura de la estafa, si bien es cierto que el agente de la conducta se vale de una suerte de estratagema, no se genera, en cambio, ningún error mediante engaño a la parte damnificada, elemento esencial en la configuración de este delito, puesto que la maniobra se consuma sin su conocimiento y sin que se requiera ningún acto de disposición suyo.

Lo indicado anteriormente es más que suficiente para establecer la pertinencia de evitar tales dificultades de orden práctico mediante la creación de una normativa específica, que contenga una descripción típica, precisa, de todas las conductas antes señaladas, dotándola de su correspondiente sanción penal, propósito que se concreta en el presente proyecto de ley, cuyos rasgos principales vamos a mencionar a continuación.

El artículo 1º contempla la conducta básica de quienes realizan, por sí o mediante encargo a otra persona, lo que en la terminología común se conoce como "enganche" o "colgado" ilegítimo de una señal emitida para ser recibida en régimen de suscripción.

El sujeto activo -o sea, el agente de la conducta delictiva- es cualquiera, lo que se expresa con la fórmula "El que [...]". El giro "por cualquier medio" -también de uso frecuente en el Código Penal y en toda la normativa comparativa en esta rama del derecho- permite abarcar, de un modo práctico y sencillo, todos los medios idóneos para realizar las conductas que se penalizan, sin necesidad de mencionarlos en forma expresa; de esta forma se evita el riesgo de dejar fuera de la enunciación a algún medio, actual o futuro, que pueda ser apto para consumar el delito.

Lo antes expuesto implica dejar de lado fórmulas más complicadas, como sería, por ejemplo, el hecho de tener que mencionar los distintos modos en que se puede efectuar la maniobra, sea a través de conexiones a las redes, cables o dispositivos, en forma física o por inducción. Se ha entendido más conveniente poner el énfasis en definir las conductas ilícitas y el resultado de las mismas, más que en enumerar los diversos medios a través de los cuales aquellas pueden consumarse.

En cuanto a la conducta o conductas que se sancionan, ellas están reflejadas en las siguientes voces verbales típicas: "interceptare", "interfiriese", "captare" y "derivare", en la convicción de que ellas agotan la gama de posibles acciones en esta materia. La primera de estas acciones es "interceptare", del verbo "interceptar", que, entre sus varias acepciones, significa "interrumpir, obstruir una vía de comunicación, o apoderarse de una cosa antes de que llegue al lugar o a la persona a que se destine". La segunda, "interfiriese", denota una acción de causar interferencia, esto es, acción recíproca de las ondas, ya sea en el agua, ya sea en la propagación del sonido, del calor o de la luz, que resulta, en ciertas condiciones, en aumento, disminución o neutralización del movimiento ondulatorio.

Se ha sido particularmente cuidadoso en la elección de estos verbos nucleares, prefiriéndoseles a otros de similar sentido. Si analizamos el derecho extranjero, el derecho comparado, advertimos que las fórmulas que se utilizan referidas a la problemática que nos ocupa suelen utilizar vocablos como "apoderarse" o "apropiarse", los que se han descartado en razón de que ambos tienen un significado que ha sido muy trabajado en la doctrina y jurisprudencia nacionales, que no es enteramente coincidente con su acepción vulgar ni con la conducta que a través de este proyecto de ley se pretende reprimir. Por su parte "apropiarse", que es, por ejemplo, el verbo utilizado en el delito de apropiación indebida, tiene entre nosotros un sentido muy preciso, cual es el de hacerse dueño de una cosa de la que se está en posesión, lo que, obviamente, no ocurre en las hipótesis que el presente proyecto de ley pretende abarcar.

El restante verbo típico de la figura proyectada es "derivare", que es, sin duda, el que mejor se aproxima a la acción que se procura sancionar; en efecto, deriva quien "encamina o conduce una cosa de una parte a otra".

Finalmente, resta aludir al llamado objeto material sobre el que deben recaer las conductas típicas que acaban de mencionarse. El criterio elegido fue el de mayor amplitud, o sea, el de hacer referencia genérica a la emisión de una o varias señales, sean de imágenes, voz o datos. En efecto, si bien hoy la principal problemática está vinculada a lo que se conoce como televisión por cable, la señal que es emitida...

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BARRERA.- Sí, señor Diputado, pero le solicito que sea breve a los efectos de que pueda dar continuidad al desarrollo de mi exposición.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Simplemente, se trata de dos aclaraciones sobre los conceptos que acaba de manejar el señor miembro informante. Dejo para otro momento mi opinión.

Si no entiendo mal, el señor miembro informante acaba de fundamentar las voces verbales "interceptare", "interfiriese", "captare" y "derivare". El tema es que yo encuentro esos verbos en el artículo 1º del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, pero no en el que aprobó el Senado, que se supone es el que estamos considerando. Tal vez la aclaración vendrá después.

La segunda duda tiene que ver con lo que decía el señor Diputado Barrera en cuanto a que estos eran los términos usualmente empleados en la legislación comparada. Quiero solicitar al señor Diputado que, con su natural versación en el tema y en derecho, mencione algunos ejemplos específicos que comprendan estas situaciones.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el miembro informante, señor Diputado Barrera.

SEÑOR BARRERA.- Señor Presidente: quizás no se escuchó debido al ruido que había en Sala, pero cuando empecé mi exposición dije que iba a mencionar los antecedentes de la solución a la que llegamos y por eso analicé la actitud del Poder Ejecutivo al enviar este proyecto. En los escasos minutos que me quedaban quería hacer un análisis de cuáles fueron las modificaciones que se hicieron a este proyecto que promovió el Poder Ejecutivo para el tratamiento de este tema, para luego pasar a la normativa aprobada.

Efectivamente, el artículo 1º del proyecto que estamos considerando dice: "El que, para provecho propio o de un tercero, captare señales trasmitidas por cualquier medio [...]". Sin embargo, me parecía importante, a los efectos de ilustrar a la Cámara, poder comunicar a todo el Cuerpo cuáles fueron las motivaciones del Poder Ejecutivo; también mencioné el proyecto de ley de otros legisladores, para confluir en el que estamos tratando hoy. Espero que esto haya aclarado la duda del señor Diputado Ponce de León sobre el primer artículo.

Se están contemplando, según la hipótesis original mediante la cual el Poder Ejecutivo había establecido este proyecto, diversas hipótesis de agravamiento de la responsabilidad de las conductas previstas en las disposiciones anteriores. Así es que el numeral 1) del artículo 3º refería a los casos en que se produce un daño, con lo que se excluye la concurrencia con el delito del artículo 358 del Código Penal. El numeral 2) refería a los perjuicios que de aquellas conductas pudieran derivarse a los demás suscriptores del servicio. Finalmente, se regulaba la situación en que la conducta no fuera realizada por un particular cualquiera, sino por un sujeto calificado, en virtud de la comprobación práctica de que muchos de los instaladores se prevalecen de sus vínculos actuales o pasados con empresas permisarias del servicio para realizar su actividad irregular.

Se creaba, entonces, este delito autónomo, aunque castigado con una pena determinada. Por último, según el original, se autorizaba a texto expreso el decomiso por parte del Juez actuante de los objetos o efectos que se hayan utilizado para la comisión de cualesquiera de los delitos que se crean, en el entendido de que ello podrá obrar como un fuerte disuasivo de la práctica irregular que se busca reprimir. Asimismo, se le da un destino legal al producido de esa medida, que puede tener un apreciable impacto.

Este proyecto de ley, que ahora vamos a desmenuzar y que hoy nos convoca para su ratificación, fue enviado por el Senado; se discutió en la Comisión de Constitución y Legislación y fue debatido intensamente por esa Cámara, obteniendo votos de legisladores de todos los Partidos políticos.

Los dos primeros artículos del proyecto establecen: "Artículo 1º.- El que, para provecho propio o de un tercero, captare señales trasmitidas por cualquier medio, destinadas exclusivamente a ser recibidas en régimen de abonados, sin serlo, será castigado con 80 UR (ochenta unidades reajustables) a 800 UR (ochocientas unidades reajustables), de multa o prisión equivalente.- Artículo 2º.- El que, con o sin ánimo de lucro, efectuare a favor de un tercero, las instalaciones, manipulaciones, o cualquier otra actividad necesaria para la obtención de los hechos que determinan la conducta típica descrita en el artículo anterior, será castigado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría".

A partir de aquí, se recoge en el proyecto votado por el Senado el texto que fuera originalmente enviado por el Poder Ejecutivo, en el cual se establece en cuánto y en qué hipótesis serán aumentadas las penas, de un tercio a la mitad. Así, tenemos el caso de: "Si las conductas se realizaren mediante la producción de un daño a la red, instalaciones conexas, equipos o cualquier otro elemento técnico pertenecientes a la empresa autorizada prestadora del servicio, cualquiera sea el lugar que ellos estuvieran colocados".

Como agravantes también se establecen los siguientes: "2) Si las conductas ocasionaren una interrupción o perturbación del servicio o un menoscabo efectivo de su calidad, en perjuicio de otros suscriptores; 3) Cuando el agente revista la calidad de empleado, ex empleado o arrendador de servicios de la empresa permisaria o del instalador autorizado".

El artículo 4º que finalmente fuera aprobado por el Senado dispone: "El que fabrique, importe, venda u ofrezca en venta, arriende o ponga en circulación decodificadores o cualquier otro artefacto, equipo o sistema diseñado exclusivamente para eliminar, impedir, desactivar o eludir los dispositivos técnicos que los titulares autorizados de la señal hayan instalado, para su protección, será castigado con pena de tres a veinticuatro meses de prisión".

En su artículo 5º el proyecto establece: "Sin perjuicio de las sanciones establecidas en los artículos anteriores, el Juez actuante dispondrá el decomiso de los objetos empleados para la comisión del delito, incluido el receptor en que se recoja la señal obtenida ilegítimamente, los que serán entregados al Ministerio de Educación y Cultura, para que este les dé el destino que estime conveniente. Si, por la índole o el valor de los efectos objeto de decomiso, se estimare que la donación no resultaría de utilidad se ordenará la inmediata destrucción de los mismos, en la forma de estilo".

Señor Presidente: las acotaciones que recién me hacía el señor Diputado Fernández Chaves en voz baja también son de recibo, en el sentido de que lo que sigue iluminando como hilo conductor de estos dos proyectos -a los cuales quise referirme, haciendo historia desde el momento en que fueron enviados por el Poder Ejecutivo hasta ahora- es la defensa del consumidor.

SEÑOR CHIFFLET.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BARRERA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: quiero sugerir al señor miembro informante -quien es un distinguido abogado– y a los integrantes de la Comisión que expliquen algo que, realmente, cuando leí anoche este proyecto me llamó mucho la atención: las penas que se establecen son, en algún caso, tan graves como las de un homicidio. Me parece que esto es particularmente grave, por dos circunstancias. En primer lugar, porque en sí mismo no hay una armonía con otros delitos establecidos en el Código y, en segundo término, porque he llegado a la convicción de que la cárcel es fundamentalmente para los pobres, ya que quienes realizan el "colgamento" o este tipo de delitos o irregularidad son -sin ninguna duda– personas sin recursos.

No es que pretenda defender una cosa que puede ser irregular, pero aquí sancionaríamos con buenos años de cárcel a quienes no han cometido un homicidio. En algunos casos veo que ahí hay una inarmonía esencial. Yo sugiero -no pontifico al respecto– que esto se modifique en algún sentido.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el miembro informante, señor Diputado Barrera.

SEÑOR BARRERA.- Como veníamos diciendo, aquí lo que se trata de establecer es la defensa clara y firme de aquellas personas que viven bajo el amparo de la ley y bajo un régimen de suscripción, cumpliendo con todas sus obligaciones. Por cierto que toda actividad delictiva o toda actividad que, de aprobarse este proyecto de ley, pase a configurar la tipificación de este delito, va a tener su pena. Coincidiremos o no con el señor Diputado Chifflet en cuanto al monto, a la cuantía de la pena. Lo que aquí se trató de hacer fue una graduación escalonada, partiendo de multas que, al ir desde 80 hasta 800 unidades reajustables, permiten al Juez determinar, según la entidad, la situación y las circunstancias que rodean la comisión de esa conducta, el monto de esa pena.

Y lo que estamos estableciendo es que estas conductas deben ser reprimidas y castigadas. El hurto de energía y de agua están específicamente penados. Siguiendo el razonamiento del señor Diputado Chifflet -aclaro que no quiero agraviarlo– tendríamos que derogar las penas o la tipificación del delito de hurto de energía o de agua, que son delitos creados en nuestro Código Penal. Existe una sanción penal para ellos y están admitidos pacíficamente por la doctrina y por la jurisprudencia como figuras autónomas. También existen procesamientos por la comisión de estas figuras delictivas.

A mí me da la impresión de que con este proyecto de ley lo que queremos distinguir con claridad es que no es lo mismo vivir al amparo de la ley que vivir fuera de la ley. En este país, quien tiene una conducta acorde con las normas jurídicas y quien cumple con su obligación, no es igual a aquel que no vive al amparo de la ley y no cumple con su obligación. Esa ha sido la motivación esencial que nos llevó a defender este proyecto de ley.

SEÑOR HEBER FÜLLGRAFF.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BARRERA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR HEBER FÜLLGRAFF.- Señor Presidente: comparto plenamente lo que está expresando el señor Diputado y los ejemplos que ha puesto en cuanto al hurto de energía o de agua.

Frente a la intervención del señor Diputado Chifflet, digo que, aunque de todos modos sea un ilícito o un delito, no es lo mismo el hurto de la energía, o que una familia carenciada se cuelgue de un cable para tener energía en su casa a que se cuelgue para ver TV por cable. Son situaciones absolutamente diferentes desde el punto de vista social.

Yo, personalmente, no estoy convencido de que quien esté prendido en el cable necesariamente tenga que ser una persona carenciada. Podrá serlo, pero no necesariamente. Estos son ejemplos que, a mi criterio, marcan una diferencia muy grande. Por eso queremos puntualizar, en este caso, nuestro apoyo a la esencia y al concepto de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el miembro informante, señor Diputado Barrera.

SEÑOR BARRERA.- Señor Presidente:...

SEÑOR HACKENBRUCH LEGNANI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BARRERA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR HACKENBRUCH LEGNANI.- Señor Presidente: en igual línea de pensamiento que el señor Diputado Heber Füllgraff, señalo que lo mismo sucede con los decodificadores. Quien compra un decodificador en situación anormal o irregular está haciendo una erogación importante. Por lo tanto, es de pensar que el hurto de señales, tanto de cable como aéreas, no necesariamente es realizado por personas de escasos recursos.

También creo que es peligroso pensar que, según el ingreso o la situación socioeconómica, se pueda justificar el no cumplimiento de la ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el miembro informante, señor Diputado Barrera.

SEÑOR BARRERA.- Señor Presidente:...

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BARRERA.- Sí, señor Diputado, y después quisiera redondear mi pensamiento.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- Señor Presidente: como he advertido en alguna intervención que poco menos que este proyecto protegería a las grandes empresas, quiero aclarar que es todo lo contrario. A quien va a proteger este proyecto es a las muy pequeñas empresas, específicamente a las repetidoras en pequeñas ciudades del interior, que en la actualidad están languideciendo, se están fundiendo prácticamente todas por los enganches clandestinos. Esa es la situación que se está dando actualmente en nuestro país. No tenemos que pensar en las grandes empresas, sino en la multiplicidad de pequeñas empresas que hoy, en el interior del país, están padeciendo esta situación absolutamente irregular.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el miembro informante, señor Diputado Barrera.

SEÑOR BARRERA.- Señor Presidente: para finalizar, recomendamos al Cuerpo que vote este proyecto de ley tal cual viene del Senado, para que desde este mismo día se convierta en ley. Vamos a seguir insistiendo en que en este país las reglas de juego son claras, son trasparentes, son abiertas, se defiende a quien vive al amparo de la ley, se da prioridad a aquella persona que cumple, a aquella persona que, en definitiva, firma un contrato para recibir una buena calidad de servicio; pero sucede que la conducta clandestina que menoscaba los derechos que se desprenden de los contratos termina perjudicando más a los consumidores. A quien más termina perjudicando es a aquella persona que de pronto hace esfuerzos mensuales para poder suscribirse a esa señal, para tener derecho a la información que muchas veces a través de esos sistemas de televisión por cable llegan, y para defender principalmente que en este país no es lo mismo vivir violando la ley que vivir a su amparo.

Es por eso que el Poder Ejecutivo ha enviado este proyecto. Es por eso que los tres señores Diputados que he mencionado -Díaz, Ronald Pais y Abdala- han presentado un proyecto que se conjuga perfectamente con valorar los mismos verbos nucleares y los mismos objetivos que sigue este proyecto; son las mismas apreciaciones a que el señor Diputado Fernández Chaves hacía mención y por las cuales nuestro sector político está recomendando votar esta iniciativa.

SEÑOR CHIFFLET.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Para contestar una alusión, tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: muy brevemente; en realidad voy a hacer una aclaración, aunque efectivamente he sido aludido por más de un legislador.

Yo no hablé de las empresas, aunque este sería, por cierto, un tema a analizar. He dicho que me parecía exagerado que se penase con tres años el delito que aquí se tipifica, y lo relacioné con algunos delitos de homicidio, por ejemplo. Sé que en el Código Penal -lo observan inclusive los penalistas- en general se defiende más la propiedad que la vida. Pero este es un tema de los penalistas.

No he dicho tampoco que, por más que supongo que en la mayoría de los casos sea gente sin recursos la que realiza este tipo de irregularidades, o delitos, como se tipifican hoy, deban ser amparados. No he dicho que debe ser tratado de la misma manera el que viola la ley que el que la cumple. No simplifiquemos. He dicho simplemente que me parecía exagerado tres años, y lo planteé para reflexión de los señores integrantes de la Comisión.

Por cierto que los pobres en este país son sumamente honrados; no se gastarían US$ 90:000.000 en seguridad privada, sino muchísimo más, si la mayor parte de los pobres no cumpliera con la ley ni se ajustara a las normas.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: para hablar del tema de la televisión por cable, creo que deberíamos empezar desde el principio. Ya que se reclama tanto a la gente cuando se cuelga de un cable, también habría que examinar con mucho detenimiento cómo se adjudicó la televisión por cable en este país, cuáles son las limitaciones que se pusieron y por qué se impidió o se acotó la competencia, tema que naturalmente no está en el debate de hoy. Pero sí hay otros temas que debemos encarar.

Llama la atención que se ponga tanto énfasis en castigar a quien utiliza un cable indebidamente y no se ponga el énfasis que corresponde, como se debió haber puesto desde un principio, en cómo se regula toda la actividad que hay que hacer para que una televisión por cable llegue realmente a funcionar. El Código Civil uruguayo, en sus artículos 550 y siguientes, establece qué quiere decir servidumbre. En términos muy breves y para que lo entendamos todos, la servidumbre es una afectación del derecho de propiedad. No me estoy refiriendo al servicio doméstico, sino a la servidumbre establecida en el Código Civil, que en su artículo 555 expresa: "Las servidumbres provienen de la ley o de la voluntad de los propietarios". Si esto es así, estas son las dos únicas fuentes de servidumbre que existen en este país. No hay otra. No hay servidumbres necesarias en el Uruguay. No existen. Entonces, habría que preguntarse: ¿en qué se fundamentaron los señores de la televisión por cable para cablear todas las ciudades y pueblos del Uruguay sin pagar ni un peso a todos los propietarios que vieron afectada su propiedad? ¿Cómo se atendió la situación de la gente? ¿Cómo se resolvió esto?

Me he preocupado de determinar cuáles son las normas que rigen la televisión por cable. Está el Decreto-Ley Nº 15.671 -es decreto-ley porque es dictado por la dictadura, por el Consejo de Estado-, donde se habla de servicios radioeléctricos de televisión por cable, pero nada se dice de la servidumbre.

El Decreto Nº 399 de 1990 reglamenta el servicio de televisión por cable. No podía hacer más que eso. No podía meterse a derogar una ley. En el "año de la orientalidad", en 1975 -sugiero, por favor, que esto de "año de la orientalidad" me lo pongan entre comillas porque, en realidad, quiere ser irónico-, la dictadura dictó una ley relativa a la televisión en general, pero no a la televisión por cable por la sencilla razón de que no existía.

Entonces, aquí tendríamos que empezar por reglamentar qué hacemos con los miles y miles y miles de propietarios a los cuales se les ha afectado su propiedad para hacer un servicio que genera muchísimas ganancias y no se les ha pagado ni un "mango", con perdón de la expresión.

SEÑOR BARRERA.- ¿Me permite una interrupción, señor Diputado?

SEÑOR ORRICO.- Déjeme terminar. Se la voy a permitir más adelante.

En el año 1995, la Cámara de Representantes tuvo que resolver un recurso establecido de conformidad con el artículo 303 de la Constitución, por cuanto la Intendencia Municipal de Montevideo había reglamentado cómo era que los bienes municipales podían ser objeto de ese cableado del que hablábamos.

Los recurrentes se presentaron diciendo que la Intendencia no protegía adecuadamente su derecho de propiedad, por cuanto se permitía la televisión por cable en Montevideo. La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración elaboró un informe que fue aprobado por la unanimidad de sus integrantes, que en aquella época eran los señores Diputados Abdala, Araújo, Borsari Brenna, Díaz Maynard, Fernández Chaves, Michelini, Saralegui y quien habla, que era el miembro informante. Lo que se estableció ante aquel recurso fue: "los recurrentes afirman que de hecho se habría establecido una especie de servidumbre gratuita en materia de televisión por cable, lo que no es cierto. Simplemente el decreto reglamenta con mucha minuciosidad lo relativo al tendido de cables cuando afecta a bienes municipales, pero no hace ninguna referencia a dicho tendido cuando afecta a bienes de los particulares. Asimismo, el Código Civil establece dos tipos de servidumbres; legales o contractuales. Entonces, es muy claro que la materia relativa al derecho de las servidumbres no es competencia municipal sino de la legislación nacional".

Frente a este planteamiento de la Comisión, el entonces Diputado Atchugarry dijo: "Comparto plenamente el dictamen de la Comisión especializada [...] bastaría con que uno solo de los propietarios de cualquiera de las fincas a cuya fachada se va a adosar algún elemento no estuviese de acuerdo, para que este tipo de emprendimiento tuviera dificultades bastante insalvables". El entonces Diputado Atchugarry se extendió también sobre cómo se debió haber permitido la competencia en esto, lo que no se hizo.

El señor Diputado Alem García señaló: "Desde el punto de vista de las razones jurídicas, dicho informe no merece objeciones [...]", y agregó que quedaba claro que este proyecto de resolución "[...] en modo alguno invalida [...] las leyes vigentes que tienen que ver con la propiedad de bienes que no se pueden afectar. Es decir, si el propietario de una finca no quiere que le afecten el frente de su construcción, en su legítimo derecho puede decir a los señores propietarios de las empresas de TV cable que no desea que pongan ni siquiera un clavo en la pared de su edificación".

En el mismo sentido se expresó el señor Diputado Saralegui, del Partido Nacional, cuando dijo: "[...] si el copropietario de un edificio se niega a que se establezca un servicio, puede hacerlo [...]". Y podríamos seguir citando expresiones por el estilo.

De manera que aquí vamos a reglamentar algo que no es correcto que la gente haga, que es el hurto de energía eléctrica o de lo que sea, pero no tenemos reglamentado qué hacemos con la propiedad de la gente, que es utilizada para hacer un emprendimiento que deja mucha, poca o regular cantidad de dinero -ese es otro problema-; lo concreto es que se trata de un emprendimiento de lucro.

Yendo al proyecto en sí, aquí se ha hablado del hurto de energía eléctrica, respecto de lo cual estoy de acuerdo con la mayoría de la jurisprudencia, que ha entendido que no es lo mismo que colgarse de la televisión por cable -reitero: estoy de acuerdo con eso-; hay una diferencia sustantiva entre hurtar energía eléctrica y colgarse indebidamente de la televisión por cable. ¿Cuál es? Gracias a que hay un ingeniero en la bancada -el señor Diputado Ponce de León-, pude preguntarle esto y resulta que cuando un individuo hurta energía eléctrica, efectivamente hurta, porque el generador está generando; entonces, hurta algo que se crea. En cambio, cuando alguien se cuelga del cable -como se dice habitualmente-, en realidad el hurto es un tanto relativo; en todo caso, se podría hablar de uso indebido, pero no se generan más gastos en algún lado. Digamos que mientras en el hurto de energía eléctrica realmente hay una disminución en el patrimonio del generador -por decirlo de algún modo-, cuando alguien se cuelga de la televisión por cable no se disminuye nada, salvo la ganancia. Es una diferencia muy importante. Esto quiere decir que desde el punto de vista de la televisión por cable lo que se está sancionando es que no se pudo ganar, no que se perdió. Esto no significa que yo esté diciendo que haya que salir a robar televisión por cable -no estoy diciendo nada de eso-; lo que estoy diciendo es: señores, a los efectos de valorar las penalidades, estas cosas se deben tener en cuenta.

SEÑOR HEBER FÜLLGRAFF.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ORRICO.- Un momento, señor Diputado; ya me había solicitado una interrupción el señor Diputado Barrera y le dije que antes iba a terminar de exponer mi razonamiento.

Señor Presidente: esto significa que cuando se habla de hurto, en realidad, en este caso, lo estaríamos haciendo en un sentido muy figurado, porque no hay una apropiación -que es lo que requiere el hurto-, sino un dejar de ganar. Entonces, aquí se estaría castigando a una persona que, con su actitud, provoca un lucro cesante en otra, pero no se está disminuyendo el patrimonio de nadie.

Le concedo ahora al señor Diputado Barrera la interrupción que me solicitó.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor miembro informante.

SEÑOR BARRERA.- Señor Presidente: voy a hacer una breve reflexión y una pregunta.

La reflexión es que lo que nos convoca hoy a discutir este proyecto no es contradictorio con el tema que el señor Diputado Orrico plantea en cuanto a la servidumbre. Lo que hoy estamos tratando, lo que debe ser objeto de nuestra consideración, es si se da lugar o no a la creación de una figura y de un delito penal autónomo, lo que es diferente de la situación que se puede estar planteando en materia civil con la servidumbre.

A propósito de eso, me gustaría saber -porque lo desconozco-, teniendo en cuenta la doctrina que el señor Diputado Orrico está mencionando, qué actitud tomó la Intendencia Municipal de Montevideo. Independientemente de que este sea un tema penal y de que debemos tratarlo, me gustaría saber -porque reitero que lo desconozco- qué fue lo que se hizo en el departamento de Montevideo. ¿La Intendencia Municipal de Montevideo tomó su concepto, consideró su punto de vista?

En cuanto al último aspecto, me parece importante que, más allá de esa diferencia entre si hay robo, apropiación o desapoderamiento, lo que es claro es que las manifestaciones del señor Diputado Orrico nunca pueden conducir a decir que el uso indebido de una señal puede ser defendido. Es más: no solamente hay lucro cesante de las empresas, sino que se afecta la calidad de imagen de todos aquellos que están en un régimen de suscripción y, por ende, al amparo de la ley. Quiere decir que cuando nosotros votamos este proyecto de ley defendemos a aquellas personas que sufren desperfectos técnicos porque hay alguien que se cuelga de la televisión por cable.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Pido al señor Presidente que me diga cuánto resta de mi tiempo, para administrar las interrupciones.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Le quedan dieciocho minutos, señor Diputado.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: yo ya hablé de lo que pasó con la Intendencia Municipal de Montevideo. La Intendencia dictó el Decreto Nº 26.530, promulgado el 24 de octubre de 1994, por el cual lo único que se hizo fue reglamentar la servidumbre sobre los bienes municipales. Como figura en el informe que tengo a la vista -el Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes del 20 de julio de 1995-, entre los argumentos que esgrimía la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración para rechazar aquel recurso contra ese decreto se establece: "Entonces, es muy claro que la materia relativa al derecho de las servidumbres no es competencia municipal sino de la legislación nacional, tal como fuera expresado por el doctor Alberto Pérez Pérez al ser consultado por la respectiva Comisión de la Junta Departamental de Montevideo que analizó el tema". Esta fue la actitud que tomó la Intendencia Municipal de Montevideo, pues, como es bien sabido, no es atribución de las Intendencias custodiar la propiedad desde el punto de vista legal; desde ese punto de vista, la custodia la tiene que hacer el Parlamento.

En cuanto a lo que decía hace un momento mi amigo el señor Diputado Barrera, en el sentido de que, en todo caso, este es otro tema, precisamente lo que estoy tratando de establecer es que se trata del mismo tema, que lo que viene primero lo estamos poniendo atrás, y que primero están los intereses de muy pocos y detrás, la gente.

Entonces, quisiera que se hiciera de esto un gran paquete y que se reglamentara absolutamente todo. De lo contrario, en el concepto de este Diputado, la balanza de la justicia se inclinará peligrosamente para el lado que no debe.

Eso es lo que este Diputado entiende.

Concedo ahora al señor Diputado Heber Füllgraff la interrupción que me solicitó.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR HEBER FÜLLGRAFF.- Señor Presidente: escuché atentamente lo que decía el señor Diputado Orrico en cuanto a la apropiación, en el caso de hurto de energía. El caso es muy similar; quizá es una apreciación muy sui géneris.

¿Cómo llega la señal al televisor de una casa de familia? La compañía de cable la baja del satélite, llega a la planta emisora y de ahí se distribuye por el cable. Todo eso se hace en base a un consumo de energía. Esto quiere decir que el que está colgado de un cable, en cierta manera se está apropiando de la energía que está produciendo la planta emisora que baja la señal del satélite. Eso es evidente: todo funciona en base a energía eléctrica. Naturalmente, no hay un trasmisor como sucede con la radio. No produce; el cable se maneja en base a un poder energético que permite bajar la señal y luego distribuirla. Aquí el hurto sería doble: de energía y, además, de señal. Se podrá estar o no de acuerdo, pero la señal es de propiedad privada.

La discusión que se dio en torno a los derechos de trasmisión del Mundial era porque el titular quería negociar que le dejaran bajar la señal de los canales abiertos privados uruguayos en su empresa. Eso demuestra que la señal tiene propiedad. Entonces, a mi criterio, en este caso, el hurto sería doble: de señal y de energía.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: ya dije que aquí había un lucro cesante y me mantengo en eso. Además, después dejaré que mi compañero, el señor Diputado Ponce de León, explique con claridad a la Cámara cómo es esto; soy abogado y he logrado captar lo que él me trasmitió.

SEÑOR DÍAZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ORRICO.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: el señor Diputado Orrico dice que se afectan derechos de propiedad de personas. En primer lugar, quiero decir que si de alguna manera se afectaron derechos de las personas por la televisión por cable, no hemos visto acciones de los individuos, de los propietarios, de los titulares de los inmuebles, que hagan planteamientos ante la Justicia en grado importante.

En segundo lugar, la televisión por cable es un servicio público muy importante en el país. No nos olvidemos todo lo que ha significado la televisión por cable en el país desde el punto de vista cultural. En el norte de nuestro país, para escuchar informativos había que recurrir a los brasileños, y en el litoral, a los argentinos. Es decir que ha jugado un rol de unificación en cuanto a lo que es la información dentro del territorio nacional; es un servicio muy importante. No olvidemos el papel que ha jugado en el interior del país en cuanto a la información que llega a los ciudadanos sobre lo que acontece en el mundo. Todos los que hicimos política en 1994, que fue cuando irrumpió la televisión por cable en el interior del país, nos encontramos con un panorama absolutamente diferente. ¿En virtud de qué? De la televisión por cable. La televisión por cable permitió una conexión del ciudadano con el mundo a través de ese medio de información que antes no tenía.

Entonces, cuando estamos tratando de que la televisión por cable tenga la viabilidad económica que debe tener, ¿estamos afectando exclusivamente intereses de empresas o si le quitamos esa viabilidad estaremos afectando los intereses de las personas? ¡Vaya si estaremos afectando los intereses de las personas!

Entonces, no comparto el concepto de lucro cesante esgrimido por el señor Diputado Orrico. La televisión por cable debe tener una factibilidad económica; hizo una inversión sobre la base de que la prestación de su servicio cultural iba a tener una remuneración, una contraparte de pago de dinero. Esa es la realidad.

Además, hoy, que hablamos tanto de la defensa del trabajo y de la inversión, ¿reparamos en cuántos puestos de trabajo representa la televisión por cable en el país? ¿Cuántos periodistas trabajan en la televisión por cable? ¿Cuántas personas trabajan en la promoción económica de los servicios de televisión por cable? ¿Cuántas en la reparación? ¿Cuánto se invirtió en el cableado de todo el país? Desde el río Santa Lucía para afuera, ¿se ha hecho en los últimos cinco años una inversión tan importante y tan fuerte como la que realizó la televisión por cable? ¿Todo eso conforma simplemente los intereses de determinadas empresas o los de la sociedad que quiere que ese servicio se siga prestando? Entonces, creo que cuando estamos defendiendo la posibilidad de que la televisión por cable tenga la contrapartida económica que la prestación del servicio implica, estamos defendiendo intereses auténticos de los ciudadanos.

Pido disculpas al señor Diputado Orrico porque me he extendido demasiado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Orrico, a quien restan nueve minutos de su tiempo.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: yo que soy casi adicto al canal "Europa Europa", no voy a negar la importancia de la televisión por cable. Realmente no voy a negar nada de eso; nadie está hablando de eso; estamos hablando de otro tema. Estamos hablando de que la ley debe regular las relaciones entre los particulares, de manera de defender los derechos de todos, y yo siento que al establecerse esta ley solamente y no hablar en absoluto de las servidumbres obligatorias que de hecho se han impuesto, estamos inclinando la balanza para un lado solo.

Con respecto al proyecto de ley en sí, quiero decir lo siguiente. Creo que pocas veces he visto un proyecto como este al que calificaría de cruel, no porque diga que son crueles quienes lo hicieron, sino porque los resultados son crueles.

Estoy totalmente de acuerdo con el señor Diputado Barrera en cuanto a los verbos nucleares; desde el punto de vista técnico, no tengo ningún reparo en decir que estoy absolutamente de acuerdo con lo que él ha dicho. Pero con relación a las penalidades -80 unidades reajustables de mínima a 800 de máxima-, quiero decir lo siguiente. No sé cuánto es 80 unidades reajustables, pero cuando saqué el cálculo eran $17.000 y en los hechos esto significa que en un país como el nuestro, donde todo el mundo está endeudado y muchos en dólares -todos lo sabemos-, con esta ley, de hecho, la gente irá presa. Quiere decir que por hacer un acto indebido, pero que tampoco provoca una alarma pública -vamos a aclararlo-, se podría, por ejemplo, establecer una penalidad que guarde relación con lo que cuesta hacerse socio del cable o algo que tenga relación con lo que se está haciendo, pero de ninguna manera puede establecerse un mínimo de $17.000. ¡La gente no lo puede pagar!

Queda por delante todo el tema de saber quién hará el control de esto, pero eso lo dejamos aparte; quizá las emisoras de televisión por cable son tan prolijas que van al Juez para solicitar una inspección ocular y ahí se determina; capaz que es así.

Reitero que la gente no puede pagar $17.000 y ese monto es el mínimo establecido. Además, quien, con o sin ánimo de lucro, efectuare esto, ¡estará condenado con pena de tres meses a tres años de penitenciaría! El tipo que colocó una instalación de estas, ¡va a estar al lado del rapiñero que asaltó un banco! ¡Es brutal! ¿De qué estamos hablando? Esta es la desproporción de las desproporciones. No digo que haya que tolerar conductas que la sociedad considera inmorales -no digo eso-, pero hay que tener un mínimo de relación entre la conducta y la penalidad que se le adjudica. Acá, si a una persona le damos diez días de cárcel porque se conectó a la televisión por cable y no pudo pagar -además, quisiera saber cuánto plazo le dan para pagar, porque quizás le pregunten: "¿Usted tiene diez unidades reajustables para pagar?", responda "No" y termine en la cárcel- y por casualidad trabaja, lo que estamos creando es un desocupado.

Considero que debemos de tener un poco de cuidado con los efectos de las cosas que nosotros mismos creamos, porque después nos agarramos la cabeza y decimos: "¿Qué hacemos con esto?". Esto realmente me parece una locura.

A su vez, el artículo 3º es de antología, aunque lamentablemente no en el buen sentido. Cuando estudiaba Derecho Penal para dar examen -hace más años de lo que quisiera- nos enseñaban que existían las circunstancias atenuantes y las agravantes. Las circunstancias atenuantes llevaban el delito hacia el mínimo de la pena, mientras que las agravantes lo llevaban al máximo de la pena. Acá establecemos algunas cosas que, en todo caso, constituyen agravantes específicos del delito, aunque no se toman como agravantes sino como un delito distinto, y aumentamos la pena de un tercio a la mitad. Quiere decir que la pena pasa de 120 unidades reajustables de mínima a 1.600 unidades reajustables de máxima. Esto no lo puede pagar nadie. ¿Cuáles son estas circunstancias? El daño a la red. Existe un delito de daño en la legislación, pero no les alcanza. Acá hay que reventarlo bien. Entonces, hay que decir que la pena se aumentará de un tercio a la mitad. Otra circunstancia es la interrupción o perturbación del servicio o un menoscabo efectivo de su calidad: se colgó mal y entonces afectó otras cosas.

Y en cuanto a lo siguiente, me pregunto qué es: "Cuando el agente revista la calidad de empleado [...]" -o sea que castigamos al empleado infiel- "ex empleado" -así que una persona trabajó dos días en una empresa de cable y diez años después hace una instalación para colgarse del cable y le aumentamos la pena de un tercio a la mitad- "o arrendador de servicios de la empresa permisaria o del instalador autorizado". Realmente, uno no sabe por dónde agarrar esto.

Creo que el artículo 5º es la aplicación de algo que se lleva adelante -aunque los abogados que nos jactamos de tratar de ser buenos tipos no lo practicamos-, que es embargar, no lo que más vale, sino lo que más duele. Este artículo dice: "Sin perjuicio de las sanciones establecidas [...]" -quiere decir que hay un plus de sanciones; no alcanza con una multa de 1.200 unidades reajustables, que no me da la cabeza para saber cuántos pesos son o cuántos salarios de los que se pagan en Uruguay- "[...] se dispondrá el decomiso de los objetos empleados para la comisión del delito, incluido el receptor en que se recoja la señal obtenida ilegítimamente [...]".

Mi amigo -alguien a quien yo admiro mucho desde el punto de vista jurídico- el señor Diputado Díaz Maynard dijo: "¿Le van a sacar el televisor?". Alguien respondió: "No, el televisor no". Pero con lo que acabo de leer le van a sacar el televisor, porque no se discrimina. Entonces, lo que van a hacer es entrar -yo sé lo que significa embargar cuando más duele- y cuando están pasando la comedia, se van a llevar el televisor. Yo nunca hice estas cosas en mi vida, pero, créanme, en más de veinte años de abogado y ejerciendo en Juzgados y en cosas chicas, ¡si sabré cuales son las maniobras que se hacen! Acá estamos prohijando este tipo de maniobras.

En definitiva, nosotros estamos dispuestos -cuando digo nosotros hablo del Frente Amplio- a estudiar en forma sistemática, ordenada y salvaguardando los derechos de todos, incluidos los de las empresas permisarias, todo el tema de la televisión por cable. De lo que estamos seguros es que es absolutamente incorrecto tomar un solo lado de la balanza, legislar desde ese lado y dejar todo el otro aspecto afuera. Y de ninguna manera estamos dispuestos a seguir adelante con estas penas draconianas que lo único que hacen es agregar un plus de violencia a una violencia ya existente, y muy terrible, en la sociedad uruguaya.

(¡Muy bien!)

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra la señora Diputada Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: nos hemos visto sorprendidos por la aprobación de este texto, en el entendido de que esto es un servicio que prestan empresas privadas y que usarlo de manera clandestina evidentemente es un dolo. Pero tal como decía el señor Diputado Orrico, en absoluto estamos de acuerdo con el grado de penalidad que se establece para esta falta. Entendemos que es desproporcionado y que debería haberse legislado de otra forma o establecido reglamentaciones, como tienen otros países, acerca de formas de actuar de las empresas involucradas.

Por ejemplo, en el caso de la Argentina, el conglomerado de empresas de televisión por cable tiene un instructivo para todas sus asociadas de cómo combatir la clandestinidad, lo que me parece muy bien. Allí se da una serie de alternativas, mostrando cómo estas empresas pueden hacerlo. Entonces, se señala cómo hacer una campaña para evitar el colgado clandestino y cómo se hace la constatación: por ejemplo, qué tipo de colgado hay que determinar y si es denunciado por otra persona que se ve perjudicada, si se está haciendo el enganche en un lugar público o si está haciendo un daño en la red. Se trata de distintos tipos de operaciones que atentan contra el servicio que se está brindando.

Una vez identificado el caso, se da un instructivo para acumular las pruebas: cómo se levanta un acta, qué es lo que debe contener, etcétera. Fíjese, señor Presidente, que el instructivo dice que el acta debe contener el nombre, el apellido, la dirección y el cargo de la persona que efectúa la denuncia y, además, la identificación de los testigos; la constancia de haberse tomado fotografías; la identificación de los materiales utilizados para la conexión; la dirección y el sentido del cableado desde la conexión hasta el ingreso en el domicilio del clandestino; el testimonio de quien se haya sentido perjudicado en caso de que sea una denuncia; si se extrajeron los elementos de esa conexión clandestina. Además, se aconseja que todo esto sea certificado por escribano público.

Asimismo, en dicho instructivo se da una explicación de cómo se debe presentar esa denuncia. Sin embargo, se presentan alternativas a la denuncia penal; es decir que dentro del esquema de alternativas previstas se dan ejemplos de cartas por las cuales se avisa al que se ha conectado clandestinamente que ha sido identificado. Por ejemplo, un modelo de carta puede decir lo siguiente: "Nos dirigimos a usted a los efectos de hacerle saber que en la fecha hemos procedido a desconectar" -en el caso de que haya sido determinada- "la conexión clandestina que usted utilizaba para apropiarse ilegalmente de la señal de televisión por cable que emite nuestra compañía.- En esta única oportunidad hemos optado por no efectuar denuncia alguna en su contra por el delito de hurto, en el entendimiento que el presente aviso servirá como suficiente disuasivo.- De reiterarse de cualquier modo la conducta criminal, solicitaremos ante la Justicia en lo Penal que se le condene a dos años de prisión".

Hay otra alternativa por la que también se envía una carta al propietario, a través de la cual se le hace saber de la existencia de la instalación no autorizada y que se procede al corte del mencionado cable y se le anuncia al propietario u ocupante del inmueble que, de reiterarse la situación documentada, se radicará la denuncia policial correspondiente y las demás acciones por los daños y perjuicios ocasionados. En el caso de que exista un abonado que permita un enganche clandestino, también hay un instructivo para hacer saber que se ha constatado y registrado que en su domicilio se ha efectuado una conexión clandestina que permite a terceras personas que se apropien ilegítimamente de la señal de televisión por cable, etcétera. Es decir que hay una serie de posibilidades que se dan para avisar a quien ha hecho esta sustracción de un servicio que está brindando una empresa privada, antes de la denuncia y la penalización que se está dando en el texto de este proyecto.

Nosotros nos preguntábamos -al igual que el señor Diputado Orrico- quién va a implementar esta ley y quién se hará cargo de su control. Si una empresa está dando un importante servicio cultural -como se dijo aquí-, es de su interés controlar que esto no suceda. Nosotros entendemos que nuestro marco jurídico realmente cubriría las denuncias que las empresas puedan hacer en este sentido.

Nos parece que con esta redacción estamos sobredimensionando con delitos algo que ya está cubierto hoy por nuestro marco jurídico. Simplemente, se necesita un control por parte del interesado para constatar que no se le esté sustrayendo el servicio que se brinda a la población. Por supuesto, no tienen pérdida por esto porque, en todo caso, aquel que no quiere pagar el servicio -suponemos que lo hace por motivos económicos-, en la medida en que se le corte, no va a suscribirse. Por lo tanto, nos parece que el aviso y el corte en el momento apropiado es lo que corresponde y no seguir aumentando los delitos de nuestro marco jurídico.

Era todo cuanto tenía para decir.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Abdala.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: la verdad es que me sorprende el tono del debate, porque el hecho de que nos dividamos entre aquellos que sostienen que de un lado están poco menos que los buenos y los ricos y del otro lado los pobres o categorías similares, francamente me resulta pintoresquísimo.

El tema de fondo en un proyecto de esta naturaleza es si efectivamente creemos que las normas se crean para defender la legalidad. Punto. Me parece que ahí está la esencia de lo que se está planteando aquí. Además, creo que estamos cayendo en cierto reduccionismo cuando interpretamos que el tema es solamente la televisión por cable, cuando también el fenómeno de la televisión satelital en el Uruguay ha demostrado de manera fehaciente cómo se puede instalar un negocio de manera absolutamente ilegal. El principio de la televisión satelital en el Uruguay no tuvo amparo de ningún decreto ni norma e, inclusive, en distintos departamentos de la República hemos visto la expansión de este tipo de servicios. Nadie está pensando aquí en alguien que hay que defender, porque relativizamos "el derecho de hacer uso de un enganche" -entre comillas- y nadie está defendiendo a aquel que paga. Si soy abonado y estoy pagando un determinado tipo de servicio ¿por qué tengo que mirar al costado alegremente y aceptar que un ciudadano, en base a ninguna norma, se enganche y obtenga el mismo servicio que yo estoy pagando? Me parece que dos más dos son cuatro. Si algo es ilógico es, precisamente, la aceptación pacífica de eso. Inclusive, se hace el razonamiento para relativizar estas normas diciendo que no es una apropiación indebida en cuanto tal, que no es un hurto en cuanto tal, dado que aquella trasmisión de imágenes que se está produciendo no se ve afectada en los hechos porque se produzca el enganche.

Voy a hacer un razonamiento parecido a este. Supongamos que en la casa del señor Diputado Baráibar hay un manantial fenomenal. Y como el manantial va a continuar fluyendo constantemente, nos vamos los noventa y nueve Diputados a la casa del señor Diputado Baráibar para sacar agua del manantial. ¡Total, no se va a cortar nunca! ¡Qué problema hay, si no lo estamos afectando para nada! Error. Francamente, hay un error.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ABDALA.- Más tarde, señor Diputado.

El señor Diputado Fernández Chaves dijo algo que es muy sensato. Lo que se está defendiendo acá no es a la gran empresa ni a la pequeña empresa; es lo lógico y es, sobre todo, el trabajo de mucha gente. En el interior -los compañeros del interior conocen el tema mucho mejor que yo-, este tipo de episodios está a la orden del día. ¡Y cuidado, porque he visto cierta tendencia a demonizar a los "señores del cable", como han sido calificados hace muy pocos minutos por legisladores del Frente Amplio! Algunos señores del cable tienen que hacer inversiones muy importantes para llevar adelante este tipo de emprendimientos. No desembarcan de un día para otro y alegremente instalan una red, un cableado, plantas y centrales. No es así como así; hay algún tipo de emprendimiento. Sucede que en este Parlamento siempre hay algunos que tienen tendencia a mirar críticamente a aquellos que tienen afán de lucro. Mucha de esa gente invirtió en el interior del país y todavía no ha amortizado su inversión; algunos sí lo han hecho, otros no -me hace un gesto el señor Diputado Gil Solares-, pero los que no amortizaron, hicieron una inversión. Entonces, esa tendencia dentro del modelo liberal democrático de mirar críticamente a aquel que invierte, me parece francamente sesentista, muchachos. Estamos en el sesenta; seguimos con la mirada retrógrada creyendo que aquel que invierte...

Bien dijo el señor Diputado Díaz que hemos ganado calidad de vida. Todos los que están aquí criticando el tema de la televisión por cable, ven televisión por cable. Me animo a decir que en el 80% o el 90% de los usuarios de la televisión por cable, los legisladores están en el "top". Es más: de la globalización de la cual hoy hacemos uso y nos enorgullecemos, el epítome es la televisión por cable: el hecho de mirar la CNN y comparar lo que sucede en un país y en otro.

Lo que se está haciendo es un grupo de normas con sentido común, que tratan de ser justas con aquellos que van a actuar ilegalmente, que se van a apropiar de lo que no corresponde, que van a hacer afectaciones de lo que no corresponde y que van a llevar adelante instalaciones o manipulaciones que no corresponden. Bueno, puede ser discutible el tema de las penas; es verdad, siempre es discutible. Hemos discutido a fondo con el señor Diputado Díaz Maynard el copamiento y hemos dicho que siempre es difícil el tema de mantener las simetrías en el Código Penal. Pero peor es no hacer absolutamente nada y en forma pacífica ignorar este tema, dejando que se sigan enganchando y que siga habiendo pequeñas empresas truchas que llevan adelante este tipo de emprendimiento. Peor es exactamente eso.

Y ya que estamos en el tema de las ilegalidades, hablemos de todas las ilegalidades. Montevideo está plagado de radios ilegales, de radios comunitarias, y no oigo a nadie abrir la boca para nada. Inclusive, algunas de esas radios ilegales que hacen uso de frecuencias que son de todos, todavía se dan el lujo de hacer arengas político-ideológicas con tendencia claramente autoritaria. Y eso también lo tendremos que hablar algún día en este Parlamento. ¿O nos vamos a hacer los tontuelos y a decir que ese tema no forma parte de nuestra preocupación política? ¡Ah, sí!, ese tema también forma parte de nuestra preocupación política. En definitiva, se trata de ver si queremos ser defensores de la legalidad y de lo justo, o arbitrarios, liberales y desordenados y que la sociedad haga lo que se le cante. En esa opción bipolar, yo tengo claro dónde tengo que estar. Por eso, con los señores Diputados Díaz, Ronald Pais y Barrera hemos trabajado estos proyectos, no para defender a nadie, sino simplemente para defender lo que es justo y para dar especificidad a lo que es justo.

Concedo una interrupción al señor Diputado Díaz Maynard.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado Díaz Maynard.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Señor Presidente: agradezco al señor Diputado Abdala por haberme concedido una interrupción.

Realmente, hemos asistido a la formulación de una caricatura excelente por parte del señor Diputado Abdala, diciendo cosas que nadie dijo; nadie atacó a la televisión por cable y cuando el señor Diputado Orrico se refirió a que no hay hurto, estableció un criterio absolutamente legítimo. En el hurto hay alguien que se enriquece y alguien que se empobrece; cuando se hurta energía eléctrica la central generadora se empobrece. Cuando el señor Diputado Abdala quiere robar el manantial al señor Diputado Baráibar, este último se empobrece.

En este caso, lo que ha dicho el señor Diputado Orrico es que, si bien puede haber un beneficio ilícito, no hay empobrecimiento; en consecuencia, no hay hurto. Y creo que un abogado como el señor Diputado Abdala, a quien no le faltan condiciones intelectuales, sabe que en materia jurídica hay que hilar con cierta fineza, mucho más cuando estamos hablando del derecho penal.

En consecuencia, el señor Diputado Orrico ha dicho algo que es absolutamente real: acá no hay hurto. Sin duda alguna, existe la posibilidad de un lucro cesante por parte de las empresas; comprendo que se defiendan y me parece absolutamente razonable que lo hagan, sobre todo las pequeñas empresas del interior.

En su oportunidad me referiré al proyecto, pero no me gusta que se caricaturice a un compañero o a una bancada íntegra haciéndole decir cosas que nadie ha dicho.

Con respecto a que somos consumidores de la televisión por cable, lo afirmo rotundamente: soy un gran consumidor de la televisión por cable y creo que la mayor parte del Cuerpo también; el señor Diputado Orrico dijo que era adicto a ella.

De manera que en este caso no existe ningún ataque a la televisión por cable. Estamos atacando un proyecto concreto, que nos parece realmente abusivo e inicuo. Cuando me toque hablar, desarrollaré mis puntos de vista.

Agradezco al señor Diputado Abdala por la interrupción que me concedió.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Abdala.

SEÑOR LACALLE POU.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ABDALA.- Se la concedería, señor Diputado, pero estoy al pie de una interrupción pintoresca y no tengo más remedio que darle un poco de color.

De caricatura, ¡minga! ¡Nada! Acá cada uno sostiene lo que entiende pertinente, con todo el respeto del mundo. Es más: yo ni siquiera levanté observaciones específicas sobre expresiones de algún Diputado; hice expresa referencia a lo que se estaba diciendo. Se está creando específicamente una serie de figuras autónomas, novedosas, para definir una situación en la que se entiende que hay una injusticia y consagrarla como una ilegalidad. ¿Eso está mal o está bien? El Diputado Abdala dice que está bien, y no creo que eso sea una caricatura; eso es simplemente defender lo que se entiende pertinente.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ABDALA.- El señor Diputado Díaz Maynard y el señor Diputado Orrico, con el que ahora tiene esta relación tan linda -¡lindo es ver que se produzcan este tipo de cosas en el Parlamento!; realmente, me llena de emoción ver este tipo de encuentros-, ambos legisladores, juristas los dos, coincidirán conmigo en que, en definitiva, uno se tiene que parar de algún lado. Bueno, yo me paro del lado de la defensa de lo que entiendo justo. Cuando el legislador crea una norma, lo que está haciendo es razonar y dice: "El comportamiento del cuerpo social se debe ajustar a este tipo de lineamientos; el que ultrapase este tipo de lineamientos, se estará equivocando". Entiendo que el legislador tiene razón cuando dice que hay conductas que se llevan adelante que afectan los derechos de inversores, de empresas, de usuarios, y me parece justo que se consagre algún tipo de norma específica.

SEÑOR SCAVARELLI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ABDALA.- Los legisladores del Encuentro Progresista, algunos de ellos, han criticado esta norma; tienen todo el derecho del mundo, pero acepten que nosotros pacíficamente defendamos lo contrario.

Le concedo una interrupción al señor Diputado Lacalle Pou.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado Lacalle Pou.

SEÑOR LACALLE POU.- Gracias Presidente; gracias Diputado Abdala.

Sin ánimo de opinar sobre temas técnicos -se hizo referencia al señor Diputado Ponce de León, en cuanto a que es ingeniero -, quiero decir que aquí hay también un daño en lo que refiere a la energía eléctrica, porque según nos informan los que saben, por ese cable no corre una imagen; por ahí se trasmite energía eléctrica, que tiene que ser abonada por las empresas. Es decir que ahí hay un daño y me gustaría que el señor Diputado Ponce de León me asistiera , ya que es el técnico. Según se nos acota, así es.

Por otra parte, estamos rotundamente de acuerdo con el señor Diputado Abdala en cuanto a las radios comunitarias. Lamentablemente, desde el Poder Ejecutivo, desde la propia persona del Presidente de la República, hay tolerancia; inclusive, existen manifestaciones, no a favor, pero que expresan que no se actuará en favor de la reglamentación de estas radios comunitarias.

Muchas gracias.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Abdala.

SEÑOR ABDALA.- Varios colegas me han solicitado una interrupción, a quienes se las quiero conceder con placer.

Es interesante enterarnos de que el señor Diputado Ponce de León es técnico en todo: es técnico en informática...

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ABDALA.- Con anterioridad me han solicitado interrupciones los señores Diputados Fernández Chaves y Scavarelli, y las concedo en ese orden; después, también se la concederé al señor Diputado Ponce de León. Yo soy un tipo generoso, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- La Mesa informa al señor Diputado Abdala que le restan dieciséis minutos de su tiempo.

Puede interrumpir el señor Diputado Fernández Chaves.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- Señor Presidente: quiero hacer una primer anotación técnica. No es cierto que siempre tenga que existir empobrecimiento del sujeto pasivo del hecho para que se configure hurto, como señaló el señor Diputado Orrico y corroboró el señor Diputado Díaz Maynard. Esto no lo exige el Código cuando el artículo 340 dice claramente que comete hurto "El que se apoderare de cosa ajena mueble, sustrayéndosela a su tenedor [...]". Quiere decir que lo que está tipificando es la actitud del activo, no del pasivo.

Por otra parte, como ejemplo claro de casos en los que no se produce el empobrecimiento del sujeto pasivo, está el hurto de uso, es decir, cuando se sustrae la cosa para servirse momentáneamente de ella y luego se devuelve. En este caso, no existe ningún empobrecimiento sustancial por parte del sujeto pasivo.

Pero dicho sea de paso, en el caso que nos ocupa hay un empobrecimiento del sujeto pasivo porque aquí existe un lucro cesante. Cuando a alguien no le pagan algo que deberían haberle pagado, se da un empobrecimiento, por lo que al haber un lucro cesante, hay un empobrecimiento. Esto en cuanto al empobrecimiento del sujeto pasivo.

Por otra parte, me quiero referir a las penas. He visto que acá todo el mundo se alarma por las penas que, diría con claridad, me parecen bastante benignas en la mayoría de los casos, porque el artículo 340, refiriéndose al hurto, establece como pena -el señor Diputado Bergstein sin duda no me hace caso porque conoce mucho de esto- que el sujeto activo "[...] será castigado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaría". En este proyecto el máximo se establece en tres años de penitenciaría y para las circunstancias agravantes, se aumenta de un tercio a la mitad -es decir, eventualmente puede ser hasta un año y medio o más- por lo que la penalidad podría llegar a cuatro años y medio. En el hurto se habla de que la pena será, cuando existan circunstancias agravantes, hasta ocho años de penitenciaría.

Quiero aclarar que todas estas normas son aplicables, de acuerdo con el artículo 343 del Código Penal, a la sustracción de energía eléctrica y de agua potable. Cuando se hurta energía eléctrica o agua potable se aplican los artículos 340 y 341 del Código Penal, por lo que esa persona puede ser condenada hasta ocho años de penitenciaría. Aquí se habla y se exagera diciendo que estas son penas brutales, pero en el peor de los casos en este proyecto la pena puede llegar a cuatro años y medio.

De manera que, cuando se habla de penas, buena cosa es remitirse al Código Penal, que es el que en esta materia siempre nos enseña, desde la tipificación del delito hasta las sanciones que tienen lugar cuando se cometen esas figuras delictivas.

Gracias, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado Scavarelli.

SEÑOR SCAVARELLI.- Gracias, señor Diputado; gracias, señor Presidente.

El señor Diputado Fernández Chaves se ha adelantado en alguno de los conceptos que pensaba plantear, lo que hace que mi exposición sea más breve.

Sin duda, el verbo nuclear establecido en el primer artículo es el de captar señales ¿en qué hipótesis? Aquellas que son suministradas en régimen de abonados y se reciben sin serlo. Por lo tanto, el elemento clave de este asunto es la captación de la señal. Todos sabemos que hay señal por cable, pero también existe la señal aérea, en cuyo caso el tema de la circulación por vía de energía es una situación totalmente diferente. En consecuencia, no es la materialidad o la inmaterialidad de la energía eléctrica que sirve como elemento de transporte, sino el hecho de captar la señal. Más claro que todo lo que se pueda decir en cuanto a que aquí no hay un elemento compensatorio -y en ese sentido me sorprende mucho que se construya la hipótesis de que este proyecto está relacionado con el perjuicio causado a la empresa; alguien lo comenta así- es el señalamiento de que el ilícito es captar la señal sin importar el costo y el perjuicio que pueda causar o no. Y no hay un fin compensatorio por la sencilla razón de que la multa no se destina a las empresas que se dedican a este tema.

Recuerdo que cuando hace muy pocos meses discutimos en esta Cámara la ley relacionada con el software, se manejó el tema de las multas y la situación de las empresas que producían el software y, sin embargo, cuando se trató de establecer alguna situación más benigna vinculada a usuarios que podían ser estudiantes, y gente muy pobre que estaba luchando por meterse en un tema que no conocía, no hubo posibilidades claras de establecer una excepción. Creo que no hay ninguna diferencia entre estos dos casos; se trata simplemente de la protección del trabajo, de la industria y de la producción de quien legítimamente desempeña una actividad y cobra por ella.

Sí quiero dejar dicho que debemos interpretar muy claramente, desde mi perspectiva, dos extremos. El primero es que se trata de la captación de la señal por parte de aquel que no es abonado. Aquí no está comprendido quien, siendo abonado, tiene más conexiones de las habilitadas, porque el texto del artículo 1º es muy claro.

El segundo es que me afilio a la tesis de que cuando el artículo 5º hace referencia al decomiso del receptor en que se recoge la señal, se trata del elemento decodificador o instrumentos similares y no del propio televisor, sobre lo que existe bastante jurisprudencia con respecto a su condición de inembargabilidad por lo que significa como soporte para la vida familiar; nos guste o no, esa es una realidad.

Dicho esto quiero expresar que no debemos olvidar que se trata de captar señales sin la autorización debida y que no tiene nada que ver el elemento compensatorio para la empresa que las emite. Tampoco es verdad que la emisión siempre se haga por parte de grandes empresas, porque hay algunas en el interior que son realmente pequeñas y trabajan en un régimen de enorme dificultad, aunque en el fondo tampoco importa, porque la dificultad del titular de un derecho no puede ser lo que lo haga defendible. El derecho existe y la protección debe darse, y no existe derecho a la utilización indebida de un elemento a fin de captar una señal cuya recepción tiene un precio.

Gracias, señor Presidente; gracias, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado Ponce de León.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Gracias, señor Presidente; gracias, señor Diputado.

Me había anotado para hablar sobre el fondo del tema, pero como me han hecho notorias alusiones, voy a hacer referencia a algún aspecto, tratando de ser estrictamente técnico.

Recién, pensando en dar algún ejemplo, se me ocurrió mirar mi celular. Todos sabemos que para que un celular funcione necesita energía. ¿Dónde está la energía que utilizamos para que funcione el celular? Aquí hay dos cosas que en términos conceptuales son a la vez iguales y muy distintas.

La energía como capacidad de realizar un trabajo, es decir, la energía en el sentido práctico, en un celular, está en la batería. Creo que esto lo sabemos todos. Pero también es cierto que si la señal que viene de ANCEL no tiene un mínimo de energía, la batería no tiene nada que amplificar. Entonces, hay una señal con una potencia local que yo amplifico hasta que se convierta en algo útil. Esa señal se esparce por el éter y cuando yo la capto no existe ninguna realimentación para el emisor. Lo mismo sucede con una radio portátil o con una eléctrica: tomo la energía de las pilas o del enchufe de la pared. No obstante, la señal que llega al trasmisor también es energía, pero bajo una forma radicalmente distinta. Ahí es donde aparece la diferencia con la energía eléctrica, porque esta es energía por excelencia. Nadie capta la energía eléctrica como una señal a ser amplificada. La conexión eléctrica se utiliza efectivamente para tomar energía, en el sentido más común del término, y por lo tanto, si diez mil personas más se conectan a un conjunto de cables de la UTE, esa energía significa o más petróleo en la Central Batlle o más agua que hay que hacer circular por las represas. Si diez mil personas más captaran una señal que emitiera, no me importa si Radio Sarandí o la televisión, sea común, por abonados, satelital, por cable o por la vía de antenas parabólicas, esto no sería percibido por el emisor. Y, naturalmente, solo serían percibidos si se hicieran cosas indebidas, pero no por el mero hecho de existir.

(Interrupción del señor Representante Lacalle Pou)

——Estoy tratando de explicarme; es un esfuerzo, señor Diputado Lacalle Pou.

Lo que quiero decir es que si un suscriptor, un abonado, pone una silla arriba del cable de la televisión y al pisarlo con la pata lo cortocircuita o simplemente le cambia la impedancia, que hace que consuma más de lo que debe, toda la zona se verá afectada; deteriora la calidad de imagen no solo en el edificio, sino eventualmente en el barrio -esto depende de cómo esté configurada la red-; y es un abonado. Desde ese ángulo, una cosa es la capacidad de estar afectando o no una señal, que en las cosas que vienen por el éter es casi inexistente -deberíamos acudir a procedimientos muy sofisticados para medirlo-, y otra cosa es lo que viene por cable, donde se puede afectar. Pero lo de afectar no tiene nada que ver con ser abonado, sino con captar de manera no adecuada la señal.

Lo que simplemente quiero hacer por la vía de la interrupción es tratar de aclarar que en mi opinión lo que el proyecto analiza no es un uso indebido de energía; lo que el proyecto analiza es cómo vamos a considerar una captación no autorizada de una señal y, en ese sentido, creo que el concepto que manejaba el señor Diputado Scavarelli es el correcto. Pero no utilicemos, en mi modesta opinión, la similitud con la energía eléctrica, porque es conceptualmente diferente. Desde otro ángulo más preciosista podemos decir que también es energía, como también lo es la luz. Yo puedo ver al señor Diputado Abdala porque, en parte, está emitiendo energía -al ser un cuerpo que está a 300 grados Kelvin- y, en parte, la está reflejando de la energía lumínica, pero eso no quiere decir que al mirarlo le esté hurtando algo. Hay energías que se reflejan de muchas formas elementales en la naturaleza. Propongo que llamemos energía a aquello que provenga de la energía mecánica o la eléctrica, que es la que ayuda, como la batería que nos permite escuchar por el celular. El resto, son señales y me parece que hay que asimilarlo a lo que conceptualmente significa el contenido. Se trata más de problemas de contenido que de energía.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Abdala, a quien le restan dos minutos de su tiempo.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: que mi luz pueda iluminar el final de esta sesión.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Lacalle Pou.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: vamos a leer la versión taquigráfica, pero el señor Diputado Ponce de León nos ha ilustrado e iluminado.

Suscribimos en todo el informe del señor Diputado Barrera y queremos hacer hincapié en lo que decía en uso de una interrupción el señor Diputado Heber Füllgraff. El delito que hoy estamos tipificando no es comparable con el hurto de la corriente eléctrica en cuanto a su necesidad. Esto no puede ser comparable con un hurto famélico. No estamos diciendo que la señal de cable sea un tema de primera necesidad. Como aquí se ha tratado de inducir eso -nadie lo ha manifestado así, pero estuvo rondando en este ámbito-, no creo que este sea un tema de pobres o de ricos; es un tema de toda la sociedad.

El señor Diputado Barrera hacía bien en decir que aquí se trata de estar dentro o fuera de la ley. A lo que para nosotros es ilegalidad pura y exclusiva, últimamente se le ha dado en llamar informalidad, suavizando la actitud de aquel que no cumple con sus deberes de ciudadano. Nosotros lo tratamos de una manera mucho menos jurídica: es un tema de los giles y de los vivos. El gil es el que paga sus impuestos, cumple al día con el fisco, no evade y no es moroso. En este caso, el gil es al que cada mes, conjuntamente con la programación, le llega la cuenta y la paga, y el vivo es el que se cuelga del vecino, ya sea en los barrios residenciales más importantes o en los más carenciados. En todos los ámbitos de la vida, en todas las actividades, nos da la sensación de que un uruguayo, el "gil" -entre comillas-, está cargando a un vivo y está soportando los gastos de la sociedad por aquellos que no contribuyen.

En consecuencia, a través de este proyecto se pretende decir -de un bien que no es de primera necesidad- que este es un servicio pago y el que no lo pague será sancionado.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Argenzio)

SEÑOR DA SILVA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR LACALLE POU.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DA SILVA.- Señor Presidente: cada vez que los integrantes de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración debaten un asunto en Cámara nos introducen en una temática que es ajena a quienes no somos abogados. Se mantienen discusiones relativas a los Códigos, a los delitos y a su profundidad, lo que a la mayoría de los legisladores nos instruye. Por supuesto que hay señores Diputados que nos instruyen en otros temas, con argumentos buenos.

Voy a tratar de ser lo más sincero posible. Cuando ocupé mi banca en esta Cámara estaba asustado porque tenía veintisiete años, y pregunté a uno de mis referentes políticos: "¿Qué es lo que tengo que estudiar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recomendame algún libro. ¿Debo leer la Constitución al pie de la letra?". Y me manifestó lo siguiente: "Sebastián, para ser Diputado, como todo en la vida, hay que tener sentido común, criterio". El sentido común y el criterio también se aplican a esta temática.

Pedí a mi secretaria que se fijara si en el "Gallito Luis" de esta semana se habían publicado avisos con respecto a este tema, porque este proyecto ya cuenta con media sanción en el Senado. En esta semana aparecieron algunos avisos, pero en las anteriores se publicaron hojas y hojas, y me gustaría que figuraran en la versión taquigráfica de esta sesión. Voy a leer algunos: "Ahora fútbol y 23 canales más. Buen precio. Buen respaldo, llevo a domicilio. Consulte". Otro dice: "Vea 47 canales por menos pesos con fútbol sin cuotas mensuales garantidos". Uno más expresa: "46 canales, con fútbol al mejor precio, sin cuotas mensuales, garantido.- Otro dice: "47 canales reales con fútbol $500. Sin abonos mensuales. Garantido". Y el último a que voy a dar lectura: "Decodificadores todo tipo de señal [...] canales porno [...] antenas".

El sentido común me indica que esto no se puede permitir más. El sentido común me indica que en un país que se precia de ser serio -por lo menos todos tratamos de hacerlo serio- no admite mayor discusión la penalidad ni si tenemos un delito más o un delito menos. Hay que combatir este tipo de hechos.

Voy a volver a un tema que fue largamente debatido. En la primera ley con declaratoria de urgente consideración se ironizó sobre la inclusión de la tipificación del delito relativo al juego de la mosqueta. ¡Vaya si nos dijeron cosas por la inclusión de ese delito! ¿Alguien fue preso por el juego de la mosqueta desde la sanción de la ley hasta ahora? Creo que nadie. Muchas veces -algún abogado me podrá contestar y con razón- este tipo de circunstancias se plantea lisa y llanamente para cortar con estos acontecimientos, para terminar con el país del revés, donde todo el mundo se cuelga de uno o de otro. Es común que un funcionario vestido con el mameluco de una empresa trate de incidir para que un consumidor no se conecte y le dé plata para que él sí lo conecte, pero después nunca más lo van a ver.

Tengo la percepción, utilizando el criterio común y la lógica más elementales, en un país que aspira a que las reglas de juego se respeten, a ser serio, a defender el derecho a la propiedad privada, a alentar la inversión para generar empleo, de que este tipo de proyecto no va a solucionar lo que estoy diciendo, pero está en consonancia con lo que se piensa. Por supuesto que luego de sancionado este proyecto de ley habrá gente que esté fuera del sistema. Pasarán diez o veinte Legislaturas, pero siempre vamos a tener el mismo problema por la gente que está fuera del sistema y habrá asuntos que corregir o solucionar. Sin embargo, este tema no admite mayor discusión.

Como dijo el señor Diputado Barrera, en un área nueva para el Uruguay no existe legislación que el Poder Judicial pueda aplicar. Por lo tanto, este tipo de cosas hay que cortarlas. Puedo entender que sea mayor o menor la pena, pero me va a costar creer -al igual que con el juego de la mosqueta- que por este proyecto de ley alguien vaya preso. A lo sumo, podrá haber gente sancionada, se fijarán multas y tendremos la alegría de no ver más en la tapa del Tomo I del "Gallito Luis" de los domingos anuncios de quienes se ríen en la cara de todos los uruguayos que, para bien o para mal, hacemos de nuestra convivencia pacífica un estilo de vida.

SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- Puede continuar el señor Diputado Lacalle Pou.

SEÑOR LACALLE POU.- He terminado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- Tiene la palabra el señor Diputado Melgarejo.

SEÑOR MELGAREJO.- Señor Presidente: quiero hacer una afirmación. Por desgracia, no soy abogado, ingeniero, procurador ni escribano. Es decir que llegué al lugar donde estoy siendo un trabajador -con esto no quiero decir que no lo sean aquellos profesionales que ejercen su profesión-, un obrero que pudo llegar a la banca que ocupa en el día de hoy. Pero por encima de todas las cosas, soy pobre. Soy pobre y tengo televisión por cable.

Quiero señalar que cuando contraté este servicio, pedí que me hicieran otra conexión para otro lugar de la casa, porque tengo dos televisores, posibilidad que me da el ser Diputado. Concretamente, me dijeron que cobraban $120 por única vez por hacer la otra conexión. Pregunté si eso encarecía la cuota mensual; me contestaron que no y que era lo único que tenía que pagar. Les dije muchas gracias y que no iba a realizar esa conexión, que la hice yo; o sea que estafé a la empresa en $120. Tal vez pueda ser juzgado por esa situación.

Solicito al señor Presidente que, si es necesario, me corrija y me detenga en el uso de la palabra, porque la pasión que uno puede poner lo lleva a decir cosas impropias que están lejos de mi ánimo.

La primera afirmación que voy a hacer -creo que tengo derecho y no falto el respeto a nadie- es que este proyecto de ley favorece pura y exclusivamente a las empresas de TV por cable y a las repetidoras: a nadie más. Si esto no fuera así, pido al miembro informante de este proyecto que me diga cuántas denuncias concretas hay.

Adelanto que mientras no termine mi intervención no voy a conceder interrupciones porque quiero continuar con el hilo de mi pensamiento; esto no significa que esté planteando a los señores Diputados que no me las soliciten, sino que las voy a otorgar en la medida en que me quede tiempo, a lo que también tengo derecho.

(Interrupción del señor Representante Díaz)

——Creo que este es un proyecto de ley que tiene nombre y apellido y favorece pura y exclusivamente a las empresas. No existen informes del miembro informante de la Comisión respecto a cuántas denuncias han hecho las empresas de personas que se ha enganchado ilegalmente al sistema. Que las hay, las hay y en cantidad, pero en ningún momento las empresas han denunciado que estén en determinado lugar. Si se aprueba este proyecto de ley, todos los días tendrán que pedir al Juez una orden de allanamiento para ver en qué casa están enganchados.

Lo que dice el señor Diputado Ponce de León es absolutamente cierto; de lo contrario, que alguna empresa me diga si en esas grandes mansiones, donde hay cinco, seis o siete televisores y tienen una sola conexión, se desfigura la imagen. ¿Se desfigura en algo? ¿Hay alguna persona con una conexión de TV por cable a quien le moleste que alguien se haya enganchado? Nadie -y esto hay que tenerlo claro- se ha enganchado a un sistema de cable si no es con autorización del suscriptor. El suscriptor es quien admite esta situación.

Por eso creo que lo que le falta a este proyecto de ley -pido disculpas si lo que voy a decir suena como una grosería; no es mi intención- es boliche. Esta iniciativa está pura y exclusivamente en el marco de lo que las empresas quisieron que se hiciera. ¿Por qué digo esto? Voy a poner algunos ejemplos de este país que son lastimosos.

Como el señor Presidente recordará, hasta que el último ajuste fiscal fue aprobado, en la televisión no aparecía propaganda de los bancos privados. Inmediatamente después de aprobado dicho ajuste, empezaron a aparecer unas sublimes imágenes en las que el agua del Atlántico bañaba las rocas y se señalaba que este es un país de tranquilidad, de prosperidad y mencionaban la seguridad que da la banca privada a los ahorristas. Antes de aprobar el ajuste fiscal, como había votos que estaban en duda, no existía ninguna propaganda. Cuando se aprobó, inmediatamente aparecieron.

Pero esto no fue lo único. Pocos días después empezaron a señalar que dos era más que uno, que se unían fuerzas. Entonces, empezaron a verse dos flores, dos macetas, dos manzanas, dos bancos que se unían y se fortalecían. Tanto se fortalecían que hubo que intervenirlos.

Esto también tiene historia. Todos quienes tienen televisión se acordarán de cuando decían: "Tengan cuidado porque el problema es grave. Cuando aparezca la imagen de esta forma, es porque hay gente que está conectada indebidamente. Hay que denunciarlos. Va a haber penas para todos ellos. La imagen es esta que usted tiene". Eso lo veíamos en los cables enganchados y también los que pagábamos. Se veía en todos lados. Soy pobre, recorro los barrios, tengo amigos en todos los barrios pobres, muchos enganchados, y en sus hogares veo la televisión perfectamente, igual que en mi casa. Pero esa amenaza, esa advertencia de las empresas, no bastó. Ahora hay que votar una ley que establece una pena de prisión de hasta tres años; de lo contrario, hay que pagar una suma que es imposible para quien se engancha.

En algo estoy de acuerdo con el señor Diputado Lacalle Pou: este es un país de vivos. Sin embargo, no creo que la mayoría de los que hacen esto sean avivados. Tampoco creo que quienes van a vivir en un asentamiento y están violando una ley -porque es ilegal- deban ser sacados por la policía, porque no tienen otro lugar a donde ir. El que vive en un asentamiento también se engancha de un cable y todo el mundo, inclusive las autoridades, hace la vista gorda, porque mientras la gente no solucione sus problemas elementales va a estar enganchada al cable.

Se sabe que no es la única forma de hurtar; eso también se hace con la luz. En ese sentido, en este país hay una historia de larga data: desde poner un imán al contador hasta aflojar un tornillito mientras no viniera el tomaconsumo. Entonces, paraban el contador, sin ningún tipo de problemas, y siempre gastaban muy poca luz. Esa también es una forma de hurtar y si me preguntan cuál es peor, creo que es esta, la que toca directamente el contador, y que indudablemente debe penarse.

¿A qué quiero llegar con todo esto? Quiero decir que este no es un problema de que las empresas pierdan. Si alguien quiere demostrar que las empresas pierden, que me explique por qué; porque a mí, que soy suscriptor de una empresa, me han dicho que si pago por medio de una tarjeta tengo un 10% de descuento en mi suscripción mensual. Y me han hecho otra oferta más: que si pago seis meses juntos, me cobran cinco. ¿Dónde está el tema? En un principio, todas las empresas hacían las conexiones por determinada cantidad de dinero. Actualmente, no cobran más, es decir que se hacen las conexiones gratis. Hacen propaganda para realizar las conexiones gratis. Entonces, ¿quién puede convencerme -digo esto con el mayor respeto hacia los abogados, escribanos, ingenieros, arquitectos- de lo que es la vida, de lo que es la gente y de lo que se está haciendo?

Y voy a decir más: cuando se aprobó el proyecto de cableado en Montevideo, yo era Presidente de la Junta Departamental de Montevideo. Tengo profuso conocimiento de la gente que maneja el tema del cable, que son los mismos propietarios de los Canales 4, 10 y 12, que formaron un consorcio para hacer el tirado de cables, llamado Equital S.A. Y el gran problema con la Junta Departamental de Montevideo se suscitó porque querían pasar los cables por donde a ellos se les antojaba, hasta que en definitiva llegamos a un acuerdo que establecía que los cables tenían que pasar reglamentariamente por donde no estropearan la ciudad. Y bueno, esta es la realidad.

No cabe ninguna duda de que puede haber algún perjuicio, pero perder dinero, no pierde nadie. Nadie se ha muerto de hambre por la gente que está enganchada; ningún canal por cable ha cerrado por la gente que está enganchada. Las promociones son para que la gente se siga enganchando. ¿Dónde está la pérdida? ¿Dónde está?

Muchas veces digo estas cosas por el problema de ser tan elemental en el razonamiento, intentando usar el sentido común. Por eso me pregunto, concretamente, cuál es el gran delito aquí, y digo que el gran delito está en un lugar muy claro. Para mí, el gran delito está en aquellas empresas que salen públicamente a ofrecerse para hacer algo ilegal. Eso es lo mal hecho; eso es lo que está horriblemente mal hecho. Sin embargo, se les permite que anuncien en los diarios, sabiendo que eso es ilegal.

Tengo una leve sensación de que aquí los responsables son los vecinos enganchados, la gente que se engancha, la mayoría de ella porque tiene la posibilidad de que un vecino se lo ofrezca.

Voy a decir más, señor Presidente: en este país hay conexiones hechas entre cinco y seis casas diferentes y pagan un mes cada uno por la cuota del enganche. Pero para saber esas cosas hay que caminar. Mire que esto no se arregla con los textos de los códigos o entre cuatro paredes; se arregla caminando y sabiendo por qué la gente hace determinadas cosas.

Tengo la sensación de que los trabajadores son los culpables de todo lo que pasa en esta situación. Volvemos a los viejos tiempos de los años sesenta, en los que los trabajadores siempre pagaron las consecuencias, igual que lo hicieron después y seguiremos por el mismo lado. Sinceramente, no creo que para hacer una conexión dentro de mi casa para cuatro o cinco televisores deba llamar a la empresa. Primero, la hago yo; no tengo ningún tipo de problema. Pero si no la supiera hacer, no creo que tuviera que llamar a la empresa para que me cobre lo que se le antoje por ello, cuando alguien me la puede hacer por muy poco dinero sin ningún tipo de problemas, como se hace en este país -a lo largo de toda la vida- absolutamente todo. Creo que estaríamos sentando un precedente para que, por ejemplo, las grandes empresas automotoras trataran de decir que cuando se rompe un auto hay que solucionar el problema con ellas, haciendo desaparecer, en definitiva, todos esos talleres que dan posibilidad de trabajo a dos, tres o cuatro personas, que realizan una labor excelente y garantida.

Aquí evidentemente hay una cantidad de cosas que no cierran. Y sin ofender a nadie -reitero-, con el mayor de los respetos por absolutamente todos los colegas, digo: ¡me parece una cuestión tan menor esta que estamos discutiendo! Tendríamos que estar legislando y analizando cómo combatimos el hambre y la desocupación, cómo solucionamos el problema de la salud y cómo beneficiamos a la gente, y no cómo la perjudicamos. Porque si se quiere hacer algo como se debe, no se puede presentar en cinco artículos una norma que realmente precisa mucho más. Creo que la señora Diputada Percovich ha demostrado que es posible llevar adelante esto con iniciativas estudiadas, pero estudiadas profundamente, y no con algo traído por las empresas y que quieran imponer que sea así.

SEÑOR DÍAZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MELGAREJO.- Aquí se debe trabajar muchísimo más con la gente que con lo que piden las empresas, porque no cabe ninguna duda de que en la medida en que permitamos que se apruebe una ley como esta, no va a ser para que se beneficie la mayoría de la gente; va a ser para que se beneficien las empresas. Porque, reitero: no hay ni un solo abonado que se queje por un enganche; no existe el abonado que se queje por un enganche. Sinceramente, debo decir que yo no tengo a nadie enganchado en mi abono, pero si el vecino del piso de abajo me preguntara -porque el cable le pasa por el costado- si tengo algún problema en que se conecte, le voy a decir que no tengo ningún tipo de inconvenientes, porque no estaría haciendo daño a nadie. ¿En este país, plantear que eso es un daño? En este país hay que fijarse por dónde se va la plata a raudales, no en aquellas cosas que la gente realmente disfruta o utiliza porque todos los días se las venden a través de la televisión, el diario o donde sea en una sociedad de consumo, y a las que tiene la posibilidad de acceder, aunque sea en esta forma ilegal -llamémosle así-, pero ilegal que no mata a nadie, no le mete la mano en el bolsillo a nadie, no insta a la violencia a nadie. ¿De eso es que estamos hablando?

Creo que realmente hay una gran diferencia en todo esto y que en las cosas en las que realmente tenemos que ponernos a trabajar, no hay iniciativa, no hay voluntad y no se trabaja sobre ellas. Se trabaja, nada más y nada menos, por el simple hecho de que alguien esté enganchado, colgado o autorizado por otro abonado que le dice: "Vamos a hacer esta conexión acá, así vos podés disfrutar de lo mismo que yo". Porque, por suerte, señor Presidente, vivimos en un pueblo solidario que llega a hacer esas cosas sin andar alcahueteándole a nadie que alguien se enganchó de tal o cual lado.

Concedo ahora con todo gusto la interrupción que me pidió el señor Diputado Díaz.

SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- Puede interrumpir el señor Diputado Díaz.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: realmente creo que la exposición del Diputado no podría haber sido más desafortunada. Simplemente vamos a hacer un par de precisiones en toda esta cruzada contra la televisión por cable que hemos presenciado esta tarde por parte de la bancada del Frente Amplio.

En primer lugar, si hay derechos legítimos de las empresas que es necesario garantizar a través de la norma legal, orgullosamente los voto, porque creo que si corresponde, hay que hacerlo, sean empresas o no sean empresas.

Pero aquí se ha dicho que las únicas perjudicadas son las empresas. No es cierto que las únicas perjudicadas sean las empresas. Y baste con un solo argumento: al abonarse a la televisión por cable, el abonado paga IVA, y el que está enganchado incurre en una evasión fiscal que hace que el Estado pierda millones de dólares. Se puede calcular de diferentes maneras quiénes están enganchados y quiénes no lo están, pero el sentido común indica que no estamos hablando de menos de US$ 8:000.000 o US$ 9:000.000, si tenemos en cuenta lo que razonablemente puede estar recaudando el conjunto de la televisión por cable en todo el país.

Entonces, ¿cómo se puede decir eso? Es como que se diga que cualquier otra actividad informal no perjudica a nadie. Por lo menos hay una evasión impositiva.

Se ha hablado de trabajo y yo quiero saber cuántas industrias en este país generan el trabajo que da la televisión por cable en todo el Uruguay. Claro, se habla del trabajo productivo como si el otro trabajo no fuera trabajo; no sé cómo es la historia. Debe ser que resulta improductivo trabajar en la televisión por cable. Pero los hogares que mantiene la televisión por cable, considerando los periodistas y todo el conjunto de trabajadores de esa verdadera industria informativa de servicios, implican trabajo y gente que vive legítimamente de eso. Francamente, ¡decir que la única que se perjudica es la empresa...!

Además, se ha dicho que el usuario no se perjudica por los enganchados. ¡Sí, señor! ¡Se perjudica por los enganchados! Se perjudica, porque si el conjunto de las personas que pueden usufructuar el servicio estuviera haciendo la contribución que este implica, el precio de la suscripción sería menor; naturalmente que sería menor. Y eso deberíamos tenerlo en cuenta pues el costo fijo de la televisión por cable es uno y si existen muchas personas colgadas a ella, quienes pagan deben abonar más. Y allí se produce esa terrible situación en la cual cada vez hay menos personas que pagan. ¿Por qué van a pagar si no hay sanción de ningún tipo, ni pecuniaria ni moral? ¿Para qué van a estar pagando? Además, están todos los otros conceptos: la garantía de quien hizo una inversión, que estableció un negocio legítimo y presta un servicio cultural importante, cosa que no ha sido negado por parte de nadie.

Realmente con asombro uno escucha decir que acá solo se está afectando los intereses de los propietarios de la televisión por cable, lo que además no tiene nada de malo. Si estuvieran siendo afectados en forma equivocada, los defenderíamos, pero no son solo ellos quienes se ven afectados: se ve afectado el fisco, se ve afectada la sociedad en su conjunto y se ven afectados los abonados que pagan regularmente, como todo tipo de actividad económica que se lleva a cabo en forma legal y que sufre la competencia de la informalidad y de la actividad ilegal. ¡Por supuesto que se ven afectados!

Entonces, realmente, no quiero contestar todas las expresiones del señor Diputado Melgarejo, pero me parece que, por lo menos, son equivocadas.

SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- Puede continuar el señor Diputado Melgarejo.

SEÑOR MELGAREJO.- Quiero saber cuánto tiempo me resta, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- Seis minutos, señor Diputado.

SEÑOR MELGAREJO.- Señor Presidente: me han pedido interrupciones los señores Diputados Berois Quinteros y Pérez Morad, a quienes se las concedo en este momento.

SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- Puede interrumpir el señor Diputado Berois Quinteros.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Señor Presidente: voy a tratar de ser muy breve porque no quiero robar el poco tiempo que le resta al señor Diputado Melgarejo.

Realmente, quedé asombrado por la exposición del señor Diputado Melgarejo, desde su primera hasta su última palabra. A través de su discurso -que es efusivo en cuanto a lo que piensa- está llevando a una incitación a hacer lo que no se debe hacer. Es eso, porque, en definitiva, estamos justificando que está bien que alguien robe o pueda usar ilegalmente una imagen o un servicio. Porque este es un servicio; el que lo quiera tener, lo paga, y el que no, no lo paga. En definitiva, es eso. Estamos de acuerdo o no, pero es eso. Es como si dijéramos que un poquito no importa. ¡No! ¡Importa igual! Porque estamos dentro de un ordenamiento que debemos respetar, y en la medida en que, poco o mucho, nos encaminemos hacia aquello que no está previsto en la norma, estamos incitando a hacer algo que no se debe.

Entonces, me parece que es mucho más grave el mensaje que estamos trasmitiendo a través de lo que dice el señor Diputado Melgarejo; es realmente peligroso. Si en todas las actividades hiciéramos lo mismo, sería como convalidar aquello de que como es pobre tiene derecho a mirar el cable, pero si vive en Carrasco o en Pocitos y hace lo mismo, no lo tiene. Por lo tanto, miramos lo que cobra cada uno, y establecemos que el que puede pagar sí está cometiendo un delito y el que no puede pagar, no. ¡Es una locura! Entramos en una locura que es de no acabar.

Reitero: no quería robarle el tiempo al señor Diputado, pero, por lo menos, quería expresar mi opinión en el sentido de que discrepo rotundamente con lo que él dijo por cuanto estaríamos justificando algo que es injustificable desde todo punto de vista.

SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- Puede interrumpir el señor Diputado Pérez Morad.

SEÑOR PÉREZ MORAD.- Señor Presidente: quiero traer a colación un tema -porque creo que tiene relación- y hacer un reconocimiento al aporte que han hecho y hacen los uruguayos a las empresas de videocable.

El 20 de diciembre de 2000 realicé un pedido de informes referido a la prestación de servicios de postación y conexos que hace la UTE a las empresas de televisión de videocable en Montevideo y en el interior; la cantidad de contratos realizados; el monto recaudado por UTE por esa prestación; si las empresas estaban al día; cuántos postes y columnas tenía UTE siendo utilizadas por las empresas de cable; cuál era el valor de la unidad de tasa básica -la unidad por la cual UTE cobraba a las empresas de videocable por el uso de los postes–; y, si existían empresas endeudadas con el organismo por esta razón, el resultado de las gestiones realizadas y qué sanciones se aplicaron a quienes no cumplieron con sus compromisos.

En la respuesta a ese pedido de informes, la UTE establece que se empezaron a celebrar los contratos en junio de 1993, pero he aquí que ocho meses después, por resolución de UTE, se dejó sin efecto el cobro por la utilización de la postación. El tema se retoma recién a partir de 1998, cuando se establece el pago por parte de las empresas de cable del uso de los postes de UTE a través de pautas publicitarias a favor del organismo.

Quería dejar esta constancia porque por lo menos durante cuatro años -–por lo que contesta UTE–– estas empresas, que tienen todo el derecho de trabajar y de generar trabajo, han recibido el beneficio de todos los uruguayos a través del no cobro por parte de UTE por el uso de la postación.

SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- Puede continuar el señor Diputado Melgarejo, a quien restan dos minutos de su tiempo.

SEÑOR MELGAREJO.- Señor Presidente: al comienzo de mi intervención señalé muy claramente que lo que yo iba a decir podía no gustar porque tal vez no tuviera el tono adecuado, pero yo no vengo acá a poner en los oídos de los señores Diputados las cosas que ellos quieren escuchar. Digo lo que entiendo honestamente que debo decir. Por lo tanto, no quito ni un punto ni una coma a mi intervención, pero aclaro que no dije ni incité a hacer lo que no se debe. Yo señalé muy concretamente que deberíamos tratar de trabajar en algo más real, más documentado, más fundamentado, y no en una cuestión hecha pura y exclusivamente para favorecer a las empresas, donde, aprobado esto, mañana se sale con patente de corso para tratar de desenganchar a miles y miles que están enganchados, lo que indudablemente no es legal.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Redondeo diciendo lo siguiente: no se preocupen por los enganchados de Pocitos ni de Carrasco; no hay enganchados allí. Puede ser que en Carrasco norte se encuentre alguno, pero propiamente en Carrasco no hay ninguno. Por lo tanto, no hay que preocuparse por esa gente, sino por la que habita toda la periferia de Montevideo, los barrios que antes se denominaban barrios obreros y que hoy hay que llamar barrios de desocupados. Allí sí van a encontrar muchísima más cantidad de enganchados de la que pueden imaginar.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Argenzio).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: después de la exposición del señor Diputado Melgarejo podríamos terminar con la frase: "Cable pa' todos o pa' naides". Según entiendo, todos tendríamos que dejar de pagar el cable porque todo el mundo se merecería tener cable sin pagar.

Traté de ir anotando los cientos de temas que tocó el señor Diputado en su variada exposición, y entre ellos dijo que nadie había hecho denuncias. Seguramente, yo no tengo tanto boliche como el señor Diputado Melgarejo, pero tengo entendido y conozco...

(Interrupción del señor Representante Melgarejo.- Hilaridad)

——...que se han hecho denuncias, pero al no existir una figura delictiva, el Juez no puede juzgar ni condenar.

Por otra parte, es sorprendente el índice que manejamos en cuanto a cuándo se es pobre y a cuándo no. ¡Ojalá los pobres de nuestro país ganaran $34.000 y tuvieran dos televisores en la casa!, porque en esa pobreza se incluye el señor Diputado Melgarejo.

Como estamos en el tren de que aquí vale todo, no me cabe la menor duda de que después de esta arenga y esta cruzada del señor Diputado Melgarejo de que no hay que pagar nada, de que "vamo' arriba" y pobre la gente que tiene que pagar -le pido disculpas al señor Diputado porque estoy aludiendo al contestar una alusión, pero alguna fórmula va a encontrar la Mesa para que pueda responder–, mañana mismo el sector del señor Diputado en la Junta Departamental va a plantear que no se cobre multa a las veredas sin arreglar en Pocitos, en Carrasco ni en los barrios obreros carenciados, porque verdaderamente es un abuso.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Álvarez)

SEÑOR MELGAREJO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MELGAREJO.- Señor Presidente: lo único que hice en mi intervención fue señalar algo de lo que había dicho el señor Diputado Lacalle Pou que me pareció acertado. No critiqué absolutamente para nada su intervención y, por lo tanto, no creí aludirlo. Pero si la Mesa entendió que lo hice, estuvo bien en señalarlo.

Es cierto que no todo el mundo puede tener dos televisores en la casa. Yo puedo hacerlo porque soy Diputado; no tengo ningún tipo de problema en decirlo en cualquier lugar. Tampoco estoy llamando a que nadie pague absolutamente nada. Muy lejos he estado toda mi vida de representar a un partido o una organización política que pregonara la anarquía; todo lo contrario.

En lo que insisto es en que creo que este proyecto de ley no tiene el sustento de un fundamento lógico ni ningún tipo de dato que venga a avalar a aquellos señores Diputados que lo defienden. Diría más -también sin ofender a nadie-: parecería que esto hubiera sido elaborado por las empresas y que lo hubieran traído para que se tratara aquí. Y estoy en todo mi derecho a decirlo, de la misma forma que otros señores Diputados están en el suyo al defender una situación diferente.

18.-     Integración de Comisiones.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Dese cuenta de la integración de Comisiones.

(Se lee:)

"El señor Representante Jorge Chápper actuará como delegado de sector en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

Los señores Representantes que componen el sector parlamentario Correntada Wilsonista – Despegue Nacional actuarán en las Comisiones que se indican, de acuerdo al siguiente detalle:

El señor Representante Raúl Argenzio actuará como delegado de sector en las Comisiones de Asuntos Internacionales, de Asuntos Internos, de Defensa Nacional, de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Industria, Energía y Minería, de Presupuestos y de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas.

La señora Representante Beatriz Argimón actuará como delegada de sector en las Comisiones de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, de Derechos Humanos, de Educación y Cultura, de Hacienda, de Legislación del Trabajo y de Turismo".

19.-     Asuntos entrados fuera de hora.

——Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Berois Quinteros.

(Se lee:)

"Mociono para que se dé cuenta de los asuntos entrados fuera de hora".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y dos: AFIRMATIVA.

Dese cuenta de los asuntos entrados fuera de hora.

(Se lee:)

"El Secretario Ejecutivo del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado remite nota por la que envía, en disco compacto, información relativa a la Rendición de Cuentas ejercicio 2001, que corresponde a Sistema de Distribución del Gasto, Sistema de Información Presupuestaria y Resultados de Gestión Pública. C/2253/002

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite información relativa a los proyectos en ejecución durante el año 2001 administrados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. C/2253/002

- A la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda".

20.-     Solicitud de sesión extraordinaria.

¾ ¾ Dese cuenta de una moción de orden presentada por la señora Diputada Tourné y los señores Diputados Posada, García Pintos, José María Mieres, Ronald País, Da Silva y Michelini.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la Cámara se reúna en sesión extraordinaria el día martes 9 de julio, a la hora 15, para homenajear la memoria del ex legislador Eduardo Paz Aguirre".

(Campana de orden)

MEDIA HORA FINAL

21.-     Fallecimiento del señor Julio César Médica.

——Habiendo llegado la hora reglamentaria, se entra a la media hora final.

Tiene la palabra el señor Diputado Díaz.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: preferiría que se pudiera votar ahora.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- No es posible, porque hay dos legisladores anotados para hacer uso de la palabra.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: me he anotado para hacer uso de la palabra en la media hora final para recordar y rendir homenaje a un dirigente del Partido Colorado del departamento de Montevideo recientemente fallecido. Me refiero a quien fue nuestro amigo, el señor Julio César Médica.

Se trata de una figura que traigo con entrañable cariño al seno de la Cámara de Diputados en este momento porque fue uno de esos militantes políticos de toda su vida, un trabajador incansable y un luchador sin pausas de la actividad de nuestra colectividad política en el departamento de Montevideo, particularmente en el Cerrito de la Victoria.

Fue un hombre que dedicó mucho tiempo a la actividad política con inmenso cariño y tesón, sin desmayos ni interrupciones. Durante todos los años del régimen de facto allí estuvo siempre el "Pocho" -como cariñosamente le decíamos- junto a sus amigos del Cerrito de la Victoria y de otros barrios. Vivió en esa zona hasta el último día de su vida, atendiendo y hablando con todos, reconfortando a todos y siendo ese amigo, ese compañero y esa persona que se interesaba por la suerte de sus conciudadanos, como es característica de tantos dirigentes políticos y hombres de la actividad partidaria de todas las colectividades políticas que tiene este país. A pesar de eso, tuvo tiempo y capacidad para ser un muy buen Director de Turismo de la Intendencia Municipal de Montevideo en el período 1985-1990, desarrollando en esa etapa importantes logros en la fiesta del Carnaval.

Fue un hombre vinculado y allegado al "turf", de siempre. Fue futbolista: jugó en la Primera División de Montevideo Wanderers, entre otros equipos. Y fue, por sobre todas las cosas, un hombre muy querido no solo en el Partido, sino también en todos los ambientes que ya he mencionado, que él supo con hidalguía y señorío frecuentar.

Asimismo, fue un muy buen jefe de familia, un muy buen esposo y un muy buen padre. A su señora, a sus hijos y a todos sus amigos les hacemos llegar en este momento -creo yo que es el sentir de todo el Partido Colorado- nuestro pesar, nuestra tristeza, que es la de ellos, y les hacemos saber que se nos ha ido sin duda alguna un hombre histórico en el departamento de Montevideo y el Cerrito de la Victoria para el Partido Colorado y para el Foro Batllista.

El "Pocho" ya empieza a trabajar en la actividad política junto a Pons, en el Cerrito de la Victoria, en la elección de 1962. En la de 1966 tiene su propio baluarte. Trabaja por un período como secretario del Presidente de UTU, profesor Luis Víctor Anastasía, junto a otros compañeros del Partido -entre ellos, el actual Vicepresidente de la República, el señor Luis Antonio Hierro-, y en todas las etapas de lucha posteriores del Partido él está vinculado: cuando el "No" de 1980, cuando alquila un garaje e inicia la actividad en el barrio en las elecciones internas de 1982 -a donde concurrimos y prácticamente éramos más oradores que público, pero significaba reiniciar la actividad y lanzarnos a ella-, en la elección de 1984, luego de la cual se le confía la Dirección de Turismo, y alternando en la Cámara de Representantes en dos períodos como Diputado suplente. En fin, el "Pocho", junto con otros, fue uno de nuestros dirigentes históricos, uno de esos amigos de toda la vida de Julio María Sanguinetti, uno de los hombres del Partido que hoy traemos aquí, con su modestia, pero también con su grandeza y su hombría de bien, y nos permitimos recordarlo con mucho orgullo y emoción.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida a sus familiares y al Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo del Partido Colorado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y cuatro en cuarenta y cinco: AFIRMATIVA.

22.-     Fallecimiento del señor Eusebio Caetano.

Tiene la palabra el señor Diputado Ponce de León.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Señor Presidente: en el día de ayer falleció Eusebio Caetano y hoy fueron enterrados sus restos.

Atrás de este nombre hubo un gran militante sindical, un dirigente textil que falleció a los ochenta y cinco años de edad y que fue de los constructores del sindicato en aquellas décadas en que se forjaba su propia existencia. Llegado el momento fue, inclusive, el primer delegado en el Consejo de Salarios del gremio textil. Fue, entonces, un símbolo de un grupo enormemente significativo.

Todos los que han estado vinculados al movimiento sindical saben que Caetano fue uno de los más excelsos representantes de ese núcleo del cual participaba gente que hoy ya no está -alguna caída en circunstancias dramáticas, como es el caso de Hugo Méndez- y otra que se mantiene afortunadamente circulando y actuando en la vida social del país, y que en cierta forma fue representado y encabezado durante muchos años por Héctor Rodríguez.

Hubo una época en el movimiento sindical en que para muchos "textil" era sinónimo de mucho más que un oficio. Era casi un compendio de lo que significaba no solo la lucha por organizarse en un gremio en que fue muy difícil hacerlo -lo cual llevó a conflictos muy duros-, sino también un símbolo de una indeclinable pelea por unir a un movimiento sindical que en esa época estaba desunido.

En las raíces de lo que en un momento quiso ser la Central Única de Trabajadores y después fue la CTU, de lo que después fue la Convención y finalmente fue la unificada Convención Nacional de Trabajadores, en ese núcleo, sin duda, la palabra "textiles" tenía el significado a que aludo y el compañero Caetano era una de las personas más significativas.

Podríamos contar muchas anécdotas. Fue un activo participante de los congresos sindicales y de las más diversas acciones de unificación. Permítanme simplemente incluir un recuerdo personal: la primera vez que la Federación de Estudiantes Universitarios me hizo el honor de nombrarme delegado para hablar en nombre de los estudiantes en un acto en el interior del país, allí estaba, y así conocí a Caetano; él iba en nombre de la Central de Trabajadores -todavía no existía la CNT- y yo en nombre de la FEUU. Fue el 1º de mayo de 1963 o de 1964 en la ciudad de Juan Lacaze, en un acto en el que -con lo peculiar de esa ciudad- también hablaban el cura párroco, el pastor y las fuerzas vivas.

A Caetano lo vi hace pocos meses por última vez y se mantenía siempre en actividad. Seguía ayudando, como lo hizo durante la dictadura y durante la etapa de la recuperada democracia, siempre un ejemplo para tantos.

Quiero que en este Parlamento conste la memoria de este hombre y pido que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a su familia, al Congreso Obrero Textil y al PIT-CNT.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Habiendo llegado la hora reglamentaria, se levanta la sesión.

(Es la hora 20)

 

 

GUILLERMO ÁLVAREZ

PRESIDENTE

 

Dra. Margarita Reyes Galván

Secretaria Relatora
Dr. Horacio D. Catalurda

Secretario Redactor
 

Mario Tolosa

Director del Cuerpo de Taquígrafos

 

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.