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Nº 181 - TOMO 411 - 25 DE JUNIO DE 2002

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

28ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyecto presentado

- Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se interpreta que las concesiones a que refiere el artículo 51 de la Constitución de la República, requieren aprobación legislativa.

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

5) Pedidos de informes

- El señor Senador Rubio solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino al Banco de Seguros del Estado, relacionado con el seguro de ANCAP;

- otro al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a ANCAP, relacionado con la renovación de sus contratos de seguros;

- y otro al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino al Banco de Seguros del Estado, relacionado con la renovación de sus contratos de seguros con ANCAP.

- Oportunamente fueron tramitados.

6 y 8) Solicitudes de licencia

- Las formulan el señor Presidente del Cuerpo, la señora Senadora Pou y el señor Senador García Costa.

- Concedidas.

7) Integración del Cuerpo

- Nota de desistimiento. La presenta el señor Sergio Chiesa, comunicando que por esta vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.

9) Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma, República de Italia, el 17 de julio de 1998 y suscrito el 19 de diciembre de 2000

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- Por moción del señor Senador Millor, el Senado resuelve declarar la urgencia de este tema y su consideración inmediata.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

10) Técnicas de Reproducción Humana Asistida

- Proyecto de ley por el que se procede a su regulación.

- Por moción del señor Senador Sanabria, el Senado resuelve incluir este tema como primer punto del Orden del Día de la próxima sesión ordinaria y levantar la sesión.

11) Se levanta la sesión

- Por moción del señor Senador Sanabria, el Senado resuelve levantar la sesión.

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 21 de junio de 2002.

LA CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, en régimen de cuarto intermedio, el próximo martes 25, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Continúa la discusión particular del proyecto de ley sobre Reproducción Humana Asistida.

Carp. Nº 410/96 - Reps. Nos. 331/01 y 460/02

2º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. (Se incluye en el Orden del Día en cumplimiento del artículo 62 del Reglamento del Senado). El plazo constitucional vence el 17 de julio de 2002.

Carp. Nº 580/01 - Rep. Nº 469/02

3º) Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando venia para destituir de su cargo a:

- dos funcionarios del Ministerio de Salud Pública. (Se incluye en el Orden del Día en cumplimiento del artículo 62 del Reglamento del Senado). El plazo constitucional vence el 22 de julio de 2002.

Carp. Nº 784/02 - Rep. Nº 473/02

- y una funcionaria del Ministerio de Salud Pública. (Se incluye en el Orden del Día en cumplimiento del artículo 62 del Reglamento del Senado). El plazo constitucional vence el 23 de julio de 2002.

Carp. Nº 786/02 - Rep. Nº 474/02

Hugo Rodríguez Secretario - Filippini Mario Farachio Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Arismendi, Atchugarry, Brause, Cid, Correa Freitas, Couriel, de Boismenu, Fau, Fernández Huidobro, Gallinal, Garat, García Costa, Gargano, Gorosito, Heber, Korzeniak, Larrañaga, Michelini, Millor, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Riesgo, Rubio, Sanabria, Segovia, Virgili y Xavier.

FALTAN: con licencia, la señora Senadora Pou y el señor Senador Astori; y con aviso, el señor Senador Singer.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 16 minutos)

- Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina el mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña el siguiente proyecto de ley:

- por el que se aprueba el Vigesimoprimer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 entre los Gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR y el Gobierno de Chile (ACE Nº 35) y su Anexo ("Régimen de Solución de Controversias"), suscrito en la ciudad de Montevideo, el día 19 de octubre de 1999.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

El Poder Ejecutivo remite varios Mensajes comunicando la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

- por el que se suspende la entrada en vigencia del Código del Proceso Penal y se crea una comisión encargada de estudiar las modificaciones al referido Código.

- por el que se establece la inembargabilidad de los bienes muebles de uso personal del deudor y de su familia, en caso de alquileres impagos de la casa que habitan.

- por el que se aprueban las enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización Marítima Internacional (OMI), adoptadas por la Asamblea de la mencionada Organización.

- por el que se aprueba el Protocolo de 1988, relativo al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

- y la resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas referente a trasposición de créditos pre-supuestales, en el presente ejercicio, entre proyectos de Inversión del Programa 007, Dirección Nacional de Transporte.

- TENGASE PRESENTE.

La Cámara de Representantes remite aprobado el proyecto de ley:

- por el que se prorrogan los plazos establecidos por los artículos 14 y 16 de la Ley Nº 17.449 de 4 de enero de 2002 referente al reconocimiento de servicios prestados por trabajadores de la actividad privada que fueron detenidos o compelidos a abandonar el país y para dirigentes sindicales que hubieren permanecido en la clandestinidad, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

- y comunicando que ha aceptado las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley por el que se dictan normas relativas a la prevención, detección temprana y asistencia de las víctimas de la violencia doméstica.

- TENGASE PRESENTE Y AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la Corporación Andina de Fomento (CAF), suscrito en Montevideo el 14 de setiembre de 2001.

- y por el que se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma, República de Italia, el 17 de julio de 1998 y suscrito el 19 de diciembre de 2000.

- REPARTANSE E INCLUYANSE EN LA PROXIMA SESION ORDINARIA QUE REALICE EL CUERPO.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62 del Reglamento del Senado, la Comisión de Asuntos Administrativos remite las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a tres funcionarios del Ministerio de Salud Pública.

- REPARTANSE E INCLUYANSE EN EL ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION QUE REALICE EL CUERPO.

La Junta Departamental de Montevideo remite nota con destino a la Comisión de Educación y Cultura, relacionada con el conflicto planteado en la Escuela Superior de la Construcción.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA."

4) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"La señora Senadora Mónica Xavier y los señores Senadores Danilo Astori, Victorio Casartelli, Alberto Cid, Alberto Couriel, Eleuterio Fernández Huidobro, Reinaldo Gargano, José Korzeniak, José Mujica, Rodolfo Nin Novoa, Manuel Núñez y Enrique Rubio presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se interpreta que las concesiones a que refiere el artículo 51 de la Constitución de la República, requiere aprobación legislativa."

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"EXPOSICION DE MOTIVOS

Se ha discutido si las concesiones nacionales requieren de aprobación legislativa. La referencia a las concesiones del artículo 51 de la Constitución se refiere tanto a las concesiones nacionales como a las departamentales, pero sólo dispone que: a) las tarifas que fijen los concesionarios necesitan ser homologadas (por el Estado Nacional o por el respectivo Gobierno Departamental); y b) no pueden otorgarse concesiones a perpetuidad.

En materia departamental, está previsto expresamente que la concesión implica necesariamente la intervención decisoria de la Junta Departamental. Dice el artículo 273 nal. 8º que son atribuciones de la Junta Departamental: "otorgar concesiones para servicios públicos, locales o departamentales, a propuesta del Intendente, y por mayoría absoluta de votos del total de sus componentes".

Si se utiliza un razonamiento analógico, puede concluirse que es necesaria la intervención legislativa. En efecto, ella está exigida en concesiones departamentales y no se advierten razones lógico-sistemáticas para no tener la misma exigencia en concesiones nacionales.

A igual conclusión se llegaría por un razonamiento "a fortiori" (por mayoría de razón). En efecto, si para concesionar un servicio departamental, el Constituyente ha entendido necesario que intervenga el legislativo departamental, con mayor razón debe entenderse existente la necesidad de que actúe el Legislativo nada menos que para concesionar un servicio público nacional que, en principio, se supone de mayor trascendencia.

Este proyecto de ley interpretativa, está fundado además, en los siguientes razonamientos: un "servicio público" sólo puede, en principio, ser prestado por el Estado; para ello, fue necesario una ley que lo excluyera de la libertad de comercio, industria, etc. (Art. 36); la doctrina admite que la "concesión" permite al particular prestar ese servicio.

Como dicha concesión implica transferir de algún modo (bajo ciertos controles) el ejercicio que tenía el Estado de una actividad al particular concesionario, se estima que la concesión de servicio público implica establecer un monopolio (antes establecido para el Estado) a favor de un particular. Y siendo así, la Constitución exige ley en el artículo 85 nal. 17º, que dice que corresponde al Poder Legislativo: "conceder monopolios requiriéndose para ello dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara…".

Por el principio de la correspondencia de las formas y con el objeto de disipar discusiones, se propone el siguiente proyecto de ley.

Manuel Núñez, José Korzeniak, José Mujica, Victorio Casartelli, Reinaldo Gargano, Eleuterio Fernández Huidobro, Enrique Rubio, Alberto Cid, Rodolfo Nin Novoa, Alberto Couriel, Danilo Astori, Mónica Xavier, Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Interprétase que las concesiones a que se refiere el artículo 51 de la Constitución, requieren aprobación legislativa.

Manuel Núñez, José Korzeniak, José Mujica, Victorio Casartelli, Reinaldo Gargano, Eleuterio Fernández Huidobro, Enrique Rubio, Alberto Cid, Rodolfo Nin Novoa, Alberto Couriel, Danilo Astori, Mónica Xavier, Senadores."

5) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Rubio solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas con destino al Banco de Seguros del Estado relacionado con la renovación de contratos de ANCAP.

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 25 de junio de 2002.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores,

Prof. Luis Hierro López.

De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a Ud. se curse el siguiente pedido de informes al Sr. Ministro de Economía y Finanzas.

Según hemos sido informados recientemente, el BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO fue sustituido como asegurador por ANCAP, organismo que optó por la renovación de sus contratos de seguros con una firma aseguradora extranjera. Esta decisión tiene como consecuencia que la importante suma que paga nuestro ente petrolero por concepto de primas de sus seguros deje de ser percibida por el BSE y tenga como destino una empresa extranjera. Por las repercusiones que tal hecho tiene, solicitamos al Sr. Ministro nos informe:

1. Si tiene cabal conocimiento del procedimiento seguido por ANCAP para la renovación de sus contratos de seguros y de cuáles fueron sus resultados.

2. Si el Sr. Ministro tiene conocimiento de una nota de queja que el Banco de Seguros le elevó a consecuencia de tal hecho, (nota que adjunto al presente pedido de informes) y si el Ministerio tomó alguna decisión al respecto.

3. Si el Banco Central del Uruguay, a través de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, tomó conocimiento de las modificaciones realizadas por ANCAP en el procedimiento seguido para la renovación de sus contratos de seguros.

4. Si dicha Superintendencia hizo algún seguimiento del proceso de contratación y controló la legalidad del mismo.

5. Si el Sr. Ministro considera adecuado que en momentos

de gran contracción del gasto del Estado por todo concepto se hagan opciones comerciales que determinen que importantes desembolsos como el que ANCAP hace en la contratación de seguros favorezcan a empresas privadas y extranjeras en detrimento del Ente nacional que actúa en la materia.

Se adjunta nota que acompaña.

Sin otro particular, lo saluda a Ud. muy atentamente.

Prof. Enrique Rubio, Senador.

BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO

Montevideo, 27 de mayo de 2002.

Señor Ministro de

Economía y Finanzas

Cr. Alberto Bensión

Presente.

De mi mayor consideración:

Me complace dirigirme a usted a fin de expresarle la inquietud que nos transmitieron los servicios de la Institución y que el Directorio de mi Presidencia hace propio, por la forma como se ha procesado la contratación de los seguros que cubren los riesgos del Ente Autónomo ANCAP, tratándose éste uno de los principales clientes del Banco de Seguros del Estado.

Dicha Empresa Estatal ha procedido a la renovación de sus contratos de seguros, los que por su magnitud deben ser reasegurados en el exterior a través de la participación de un brocker que gestione la colocación de los mismos en dicho mercado.

Para el cumplimiento de tales objetivos se deben seguir determinados procedimientos de contratación, preceptivos de acuerdo a lo que dispone la Ley (TOCAF), sin cuyo cumplimiento deviene la nulidad del contrato y las respectivas responsabilidades por los perjuicios que tal conducta pueda provocar.

No desconocemos el derecho de ANCAP de recurrir al mercado interno para la colocación de sus productos al mejor precio, principio elemental en toda economía que se rige por el libre juego de la oferta y la demanda, pero sí observamos que los procedimientos seguidos por el Organismo referido, no son los que establece la ley para las compras del Estado, obviando cumplir determinados requisitos que soslayan la participación del Banco de Seguros en una eventual contratación de las referidas pólizas.

En efecto, el Art. 614 de la Ley Nº 17.296 dispuso que no existe obligación de las empresas públicas de contratar sus seguros con la empresa Estatal. No obstante, dicha reforma legislativa no modifica el régimen de contratación general del Estado, especialmente en lo que refiere al procedimiento de selección de su co-contratante.

Mucho menos se ha visto alterado el derecho positivo vigente en el País en materia de actividad aseguradora en general y en particular, todo lo atinente a los requisitos y formalidades que deben cumplir las empresas aseguradoras y reaseguradoras, para operar en relación a riesgos que sólo pueden acaecer en el territorio nacional.

Licitación Pública.- Respecto a este punto, es muy claro que salvo que se contrate con el Banco de Seguros del Estado, en cuyo caso lo pueden hacer directamente dada la excepción prevista en el Art. 33 apartado A del TOCAF, las Empresas Públicas deberán recurrir al procedimiento de la Licitación Pública, toda vez que del contrato de seguros a celebrar, se deriven erogaciones que superen los límites de excepción previstos legalmente. En el caso de ANCAP, atento a la significación económica del monto del premio de los seguros a contratar, el procedimiento al cual debe recurrir para seleccionar la empresa aseguradora con la que habrá de contratar no puede ser otro que la Licitación Pública. Este procedimiento no se ha cumplido tal como lo prescribe la ley.

Ahora bien, si ANCAP no puede eludir el procedimiento licitatorio público para seleccionar la compañía aseguradora con la cual habrá de contratar, mucho menos puede seleccionar directamente una compañía Reaseguradora.

Decimos esto porque de acuerdo a lo informado, el Ente Estatal habría seleccionado previamente mediante tratativas directas la reaseguradora que va a dar cobertura a los riesgos que se trata de amparar, operando en una segunda etapa un llamado interno para que las Empresas de Seguros que operan en plaza actúen sólo en carácter de fronting, es decir como simples emisores de la póliza a cambio de una reducida comisión por el servicio.

En cuanto a la selección del Reasegurador, además de ser improcedente el procedimiento seguido por ANCAP que soslaya la licitación pública, también militan en su contra otros textos legales igualmente imperativos, referidos a la regulación de la actividad aseguradora en nuestro País, los que determinan la ilegalidad de todo procedimiento, estrategia o argumentación que pretenda conceder a una Empresa del Estado uruguayo, el dudoso beneficio de contratar directamente, sin licitación, a una compañía Reaseguradora del Exterior.

En este sentido la Ley de desmonopolización Nº 16.426, en su Art. 2º establece: "… el contrato de seguros que contemple riesgos que puedan acaecer en su territorio… sólo puede ser otorgado por empresas autorizadas…" conforme a la reglamentación dispuesta por la Superintendencia de Seguros y Reaseguos. A su vez el Art. 22 del Decreto Nº 354/94, dispone que: "Contratación de Reaseguros. Las entidades aseguradoras instaladas en el País debidamente autorizadas, podrán contratar reaseguros con empresas instaladas o no en el país". Completando la normativa, el Decreto Nº 330/2001 declara comprendido en el régimen sancionatorio previsto en la Ley Nº 16.426 "…a las personas físicas o jurídicas que actúen como intermediarios en materia de seguros y reaseguros de empresas aseguradoras o reaseguradoras no autorizadas a operar en territorio nacional…".

Aplicando al caso la normativa parcialmente transcripta resulta que estando situados en territorio nacional los riesgos a asegurar por ANCAP, el contrato de seguros sólo puede celebrarse con empresas aseguradoras autorizadas a operar en el País. En segundo lugar sólo las empresas aseguradoras instaladas en el País podrán contratar reaseguros. Ello significa, lisa y llanamante, que ANCAP está impedido de contratar con una empresa reaseguradora, ya sea en forma directa o indirecta.

Desde otro ángulo resulta incomprensible, de confirmarse las violaciones al marco jurídico regulatorio de la contratación administrativa y de la actividad aseguradora nacional, que ella pretenda ser desconocida por una empresa del propio Estado.

Es más, con fecha 24 de abril de 2002 el Banco de Seguros del Estado recibió nota de la firma N. GODDARD (FILANOR S.A.) seleccionada por ANCAP como Brocker local para la gestión de sus seguros expresando que el día 25 de abril de 2002 se recibirá la oferta por la emisión de pólizas.

Esta invitación extemporánea dejó fuera prácticamente al Banco de Seguros del Estado ante la imposibilidad de instrumentar su oferta en tan exiguo tiempo.

Sin perjuicio de ello, el Directorio que integro decidió no participar a dicho llamado de precios a fin de no legitimar un procedimiento en principio carente de las más elementales normas de garantía y violatorio del marco jurídico que debe regir este tipo de contrataciones.

Ante esta situación, el Directorio estima conveniente dar conocimiento de los hechos referidos, a fin de que se tomen las medidas pertinentes en salvaguardia de los intereses del Banco de Seguros del Estado.

Hago propicia la oportunidad para saludar a usted con las consideraciones de mi mayor estima.

Alberto Iglesias Presidente

Dr. Wilder Vetrale Pro-Secretario Letrado."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Rubio solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería con destino a ANCAP relacionado con la renovación de contratos de seguros por parte de este organismo."

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 25 de junio de 2002.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores,

Prof. Luis Hierro López.

De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo previsto en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a Ud. se curse el siguiente pedido de informes al Sr. Ministro de Industria, Energía y Minería y por su intermedio a ANCAP.

El pedido de informes se refiere al procedimiento seguido por el Ente para la renovación de sus contratos de seguro; según la información que poseo, a esos efectos ANCAP modificó los procedimientos habituales, lo que en definitiva significó que se hiciera opción por contratar una firma aseguradora privada y extranjera en sustitución del Banco de Seguros del Estado, asegurador lógico de nuestra empresa estatal. La consecuencia directa de la opción realizada es que una importante suma por concepto de primas tendrá como destino una empresa extranjera en detrimento del Banco de Seguros del Estado, lo que parece poco razonable en momentos de grave crisis que obliga a la reducción de los gastos del Estado. Por las razones expuestas, solicito que se me informe:

1. Por los procedimientos seguidos por ANCAP para la renovación de sus contratos de seguros.

2. Si el procedimiento seguido significó una modificación del utilizado hasta el presente.

3. Si en alguna de las etapas se recurrió a la licitación pública. En caso negativo, por las razones que motivaron que no se utilizara este mecanismo.

4. Por la fecha precisa en que se le comunicó al BSE la fecha límite de recepción de ofertas por la emisión de pólizas.

5. Si ANCAP procedió a la selección directa de la firma reaseguradora internacional.

6. Quién es el representante en nuestro país de la firma seleccionada.

7. Si el procedimiento seguido y la resolución respectiva motivaron observaciones del Tribunal de Cuentas de la República.

Se adjunta nota que acompaña.

Sin más que agregar, saluda a Ud. muy atentamente.

Prof. Enrique Rubio, Senador.

BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO

Montevideo, 27 de mayo de 2002.

Señor Ministro de

Economía y Finanzas

Cr. Alberto Bensión

Presente.

De mi mayor consideración:

Me complace dirigirme a usted a fin de expresarle la inquietud que nos transmitieron los servicios de la Institución y que el Directorio de mi Presidencia hace propio, por la forma como se ha procesado la contratación de seguros que cubren los riesgos del Ente Autónomo ANCAP, tratándose éste uno de los principales clientes del Banco de Seguros del Estado.

Dicha Empresa Estatal ha procedido a la renovación de sus contratos de seguros, los que por su magnitud deben ser reasegurados en el exterior a través de la participación de un brocker que gestione la colocación de los mismos en dicho mercado.

Para el cumplimiento de tales objetivos se deben seguir determinados procedimientos de contratación, preceptivos de acuerdo a lo que dispone la Ley (TOCAF), sin cuyo cumplimiento deviene la nulidad del contrato y las respectivas responsabilidades por los perjuicios que tal conducta pueda provocar.

No desconocemos el derecho de ANCAP de recurrir al mercado interno para la colocación de sus productos al mejor precio, principio elemental en toda economía que se rige por el libre juego de la oferta y la demanda, pero sí observamos que los procedimientos seguidos por el Organismo referido, no son los que establece la ley para las compras del Estado, obviando cumplir determinados requisitos que soslayan la participación del Banco de Seguros en una eventual contratación de las referidas pólizas.

En efecto, el Art. 614 de la Ley Nº 17.296 dispuso que no existe obligación de las empresas públicas de contratar sus seguros con la empresa Estatal. No obstante, dicha reforma legislativa no modifica el régimen de contratación general del Estado, especialmente en lo que refiere al procedimiento de selección de su co-contratante.

Mucho menos se ha visto alterado el derecho positivo vigente en el País en materia de actividad aseguradora en general, y en particular, todo lo atinente a los requisitos y formalidades que deben cumplir las empresas aseguradoras y reaseguradoras, para operar en relación a riesgos que sólo pueden acaecer en el territorio nacional.

Licitación pública.- Respecto a este punto, es muy claro que salvo que se contrate con el Banco de Seguros del Estado, en cuyo caso lo pueden hacer directamente dada la excepción prevista en el Art. 33 apartado A del TOCAF, las Empresas Públicas deberán recurrir al procedimiento de la Licitación Pública, toda vez que del contrato de seguros a celebrar, se deriven erogaciones que superen los límites de excepción previstos legalmente. En el caso de ANCAP, atento a la significación económica del monto del premio de los seguros a contratar, el procedimiento al cual debe recurrir para seleccionar la empresa aseguradora con la que habrá de contratar no puede ser otro que la Licitación Pública. Este procedimiento no se ha cumplido tal como lo prescribe la ley.

Ahora bien, si ANCAP no puede eludir el procedimiento licitatorio público para seleccionar la compañía aseguradora con la cual habrá de contratar, mucho menos puede seleccionar directamente una compañía Reaseguradora.

Decimos esto porque de acuerdo a lo informado, el Ente Estatal habría seleccionado previamente mediante tratativas directas la reaseguradora que va a dar cobertura a los riesgos que se trata de amparar, operando en una segunda etapa un llamado interno para que las Empresas de Seguros que operan en plaza actúen sólo en carácter de fronting, es decir como simples emisores de la póliza a cambio de una reducida comisión por el servicio.

En cuanto a la selección del Reasegurador, además de ser improcedente el procedimiento seguido por ANCAP que soslaya la licitación pública, también militan en su contra otros textos legales igualmente imperativos, referidos a la regulación de la actividad aseguradora en nuestro País, los que determinan la ilegalidad de todo procedimiento, estrategia o argumentación que pretenda conceder a una Empresa del Estado uruguayo, el dudoso beneficio de contratar directamente, sin licitación, a una compañía Reaseguradora del Exterior.

En este sentido la Ley de desmonopolización Nº 16.426, en su Art. 2º establece: "… el contrato de seguros que contemple riesgos que puedan acaecer en su territorio.. sólo puede ser otorgado por empresas autorizadas…" conforme a la reglamentación dispuesta por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. A su vez el Art. 22 del Decreto Nº 354/94, dispone que: "Contratación de Reaseguros. Las entidades aseguradoras instaladas en el País debidamente autorizadas, podrán contratar reaseguros con empresas instaladas o no en el país". Completando la normativa, el Decreto Nº 330/2001 declara comprendido en el régimen sancionatorio previsto en la Ley Nº 16.426 "… a las personas físicas o jurídicas que actúen como intermediarios en materia de seguros y reaseguros de empresas aseguradoras o reaseguradoras no autorizadas a operar en territorio nacional…".

Aplicando al caso la normativa parcialmente transcripta resulta que estando situados en territorio nacional los riesgos a asegurar por ANCAP, el contrato de seguros solo puede celebrarse con empresas aseguradoras autorizadas a operar en el País. En segundo lugar sólo las empresas aseguradoras instaladas en el País podrán contratar reaseguros. Ello significa, lisa y llanamente, que ANCAP está impedido de contratar con una empresa reaseguradora, ya sea en forma directa o indirecta.

Desde otro ángulo resulta incomprensible, de confirmarse las violaciones al marco jurídico regulatorio de la contratación administrativa y de la actividad aseguradora nacional, que ella pretenda ser desconocida por una empresa del propio Estado.

Es más, con fecha 24 de abril de 2002 el Banco de Seguros del Estado recibió nota de la firma N. GODDARD (FILANOR S.A.) seleccionada por ANCAP como Brocker local para la gestión de sus seguros, expresando que el día 25 de abril de 2002 se recibirá la oferta por la emisión de pólizas.

Esta invitación extemporánea dejó fuera prácticamente al Banco de Seguros del Estado ante la imposibilidad de instrumentar su oferta en tan exiguo tiempo.

Sin perjuicio de ello, el Directorio que integro decidió no participar a dicho llamado de precios a fin de no legitimar un procedimiento en principio carente de las más elementales normas de garantía y violatorio del marco jurídico que debe regir este tipo de contrataciones.

Ante esta situación, el Directorio estima conveniente dar conocimiento de los hechos referidos, a fin de que se tomen las medidas pertinentes en salvaguardia de los intereses del Banco de Seguros del Estado.

Hago propicia la oportunidad para saludar a usted con las consideraciones de mi mayor estima.

Alberto Iglesias Presidente

Dr. Wilmer Vetrale Pro-Secretario Letrado."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Rubio solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas con destino al Banco de Seguros del Estado relacionado con la sustitución de dicho organismo como asegurador de ANCAP."

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 25 de junio de 2002.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Prof. Luis Hierro López.

De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a Ud. se curse el siguiente pedido de informes al Sr. Ministro de Economía y Finanzas y por su intermedio al Banco de Seguros del Estado.

Según se ha conocido recientemente, el BANCO DE SEGUROS habría sido sustituido como asegurador por ANCAP, organismo que optó por la renovación de sus contratos de seguros con una firma aseguradora extranjera. Esta decisión tiene como consecuencia que la importante suma que paga nuestro ente petrolero por concepto de primas de sus seguros deje de ser percibida por el BSE y tenga como destino una empresa extranjera.

Para conocer con precisión los motivos de la decisión referida, solicitamos se nos informe:

1. Sobre la causa de la no presentación del Banco de Seguros del Estado al llamado de ANCAP para la renovación de sus contratos de seguros.

2. Sobre la importancia de ANCAP en la cartera de clientes del Banco de Seguros del Estado, en particular sobre las primas abonadas anualmente por este organismo al BSE.

3. Si a juicio del BSE el procedimiento seguido por ANCAP para la renovación de sus contratos de seguros fue ajustado a derecho o se observó algún tipo de apartamiento de las normas vigentes.

Adjunto nota que acompaña.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

Prof. Enrique Rubio, Senador.

BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO

Montevideo, 27 de mayo de 2002.

Señor Ministro de

Economía y Finanzas

Cr. Alberto Bensión

Presente.

De mi mayor consideración:

Me complace dirigirme a usted a fin de expresarle la inquietud que nos trasmitieran los servicios de la Institución y que el Directorio de mi Presidencia hace propio, por la forma como se ha procesado la contratación de los seguros que cubren los riesgos del Ente Autónomo ANCAP, tratándose éste uno de los principales clientes del Banco de Seguros del Estado.

Dicha Empresa Estatal ha procedido a la renovación de sus contratos de seguros, los que por su magnitud deben ser reasegurados en el exterior a través de la participación de un brocker que gestione la colocación de los mismos en dicho mercado.

Para el cumplimiento de tales objetivos se deben seguir determinados procedimientos de contratación, preceptivos de acuerdo a lo que dispone la Ley (TOCAF), sin cuyo cumplimiento deviene la nulidad del contrato y las respectivas responsabilidades por los perjuicios que tal conducta pueda provocar.

No desconocemos el derecho de ANCAP de recurrir al mercado interno para la colocación de sus productos al mejor precio, principio elemental en toda economía que se rige por el libre juego de la oferta y la demanda, pero sí observamos que los procedimientos seguidos por el Organismo referido, no son los que establece la ley para las compras del Estado, obviando cumplir determinados requisitos que soslayan la participación del Banco de Seguros en una eventual contratación de las referidas pólizas.

En efecto, el Art. 614 de la Ley Nº 17.296 dispuso que no existe obligación de las empresas públicas de contratar sus seguros con la empresa Estatal. No obstante, dicha reforma legislativa no modifica el régimen de contratación general del Estado, especialmente en lo que refiere al procedimiento de selección de su co-contratante.

Mucho menos se ha visto alterado el derecho positivo vigente en el País en materia de actividad aseguradora en general, y en particular, todo lo atinente a los requisitos y formalidades que deben cumplir las empresas aseguradoras y reaseguradoras, para operar en relación a riesgos que sólo pueden acaecer en el territorio nacional.

Licitación Pública.- Respecto a éste punto, es muy claro que salvo que se contrate con el Banco de Seguros del Estado, en cuyo caso lo pueden hacer directamente dada la excepción prevista en el Art. 33 apartado A del TOCAF, las Empresas Públicas deberán recurrir al procedimiento de la Licitación Pública, toda vez que del contrato de seguros a celebrar, se deriven erogaciones que superen los límites de excepción previstos legalmente. En el caso de ANCAP, atento a la significación económica del monto del premio de los seguros a contratar, el procedimiento al cual debe recurrir para seleccionar la empresa aseguradora con la que habrá de contratar no puede ser otro que la Licitación Pública. Este procedimiento no se ha cumplido tal como lo prescribe la ley.

Ahora bien, si ANCAP no puede eludir el procedimiento licitatorio público para seleccionar la compañía aseguradora con la cual habrá de contratar, mucho menos puede seleccionar directamente una compañía Reaseguradora.

Decimos esto porque de acuerdo a lo informado, el Ente Estatal habría seleccionado previamente mediante tratativas directas la reaseguradora que va a dar cobertura a los riesgos que se trata de amparar, operando en una segunda etapa un llamado interno para que las Empresas de Seguros que operan en plaza actúen sólo en carácter de fronting, es decir como simples emisores de la póliza a cambio de una reducida comisión por el servicio.

En cuanto a la selección del Reasegurador, además de ser improcedente el procedimiento seguido por ANCAP que soslaya la licitación pública, también militan en su contra otros textos legales igualmente imperativos, referidos a la regulación de la actividad aseguradora en nuestro País, los que determinan la ilegalidad de todo procedimiento, estrategia o argumentación que pretenda conceder a una Empresa del Estado uruguayo, el dudoso beneficio de contratar directamente, sin licitación, a una compañía Reaseguradora del Exterior.

En este sentido la Ley de desmonopolización Nº 16.426, en su Art. 2º establece: "… el contrato de seguros que contemple riesgos que puedan acaecer en su territorio … sólo puede ser otorgado por empresas autorizadas…" conforme a la reglamentación dispuesta por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros. A su vez el Art. 22 del Decreto Nº 354/94, dispone que: "Contratación de Reaseguros. Las entidades aseguradoras instaladas en el País debidamente autorizadas, podrán contratar reaseguros con empresas instaladas o no en el país". Completando la normativa, el Decreto Nº 330/2001 declara comprendido en el régimen sancionatorio previsto en la Ley Nº 16.426 "…a las personas físicas o jurídicas que actúen como intermediarios en materia de seguros y reaseguros de empresas aseguradoras o reaseguradoras no autorizadas a operar en territorio nacional…".

Aplicando al caso la normativa parcialmente transcripta resulta que estando situados en territorio nacional los riesgos a asegurar por ANCAP, el contrato de seguros solo puede celebrarse con empresas aseguradoras autorizadas a operar en el País. En segundo lugar sólo las empresas aseguradoras instaladas en el País podrán contratar reaseguros. Ello significa, lisa y llanamente, que ANCAP está impedido de contratar con una empresa reaseguradora, ya sea en forma directa o indirecta.

Desde otro ángulo resulta incomprensible, de confirmarse las violaciones al marco jurídico regulatorio de la contratación administrativa y de la actividad aseguradora nacional, que ella pretenda ser desconocida por una empresa del propio Estado.

Es más, con fecha 24 de abril de 2002 el Banco de Seguros del Estado recibió nota de la firma N. GODDARD (FILANOR S.A.) seleccionada por ANCAP como Brocker local para la gestión de sus seguros, expresando que el día 25 de abril de 2002 se recibirá la oferta por la emisión de pólizas.

Esta invitación extemporánea dejó fuera prácticamente al Banco de Seguros del Estado ante la imposibilidad de instrumentar su oferta en tan exiguo tiempo.

Sin perjuicio de ello, el Directorio que integro decidió no participar a dicho llamado de precios a fin de no legitimar un procedimiento en principio carente de las más elementales normas de garantía y violatorio del marco jurídico que debe regir este tipo de contrataciones.

Ante esta situación, el Directorio estima conveniente dar conocimiento de los hechos referidos, a fin de que se tomen las medidas pertinentes en salvaguardia de los intereses del Banco de Seguros del Estado.

Hago propicia la oportunidad para saludar a usted con las consideraciones de mi mayor estima.

Alberto Iglesias Presidente

Dr. Wilder Vetrale Pro-Secretario Letrado."

6) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Presidente solicita licencia desde el día 27 de junio al 5 de julio del corriente."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 25 de junio de 2002.

Señor Vicepresidente

del Senado

Solicito al Cuerpo se me conceda licencia a partir del día 27 de junio y hasta el 5 de julio de 2002, con motivo de viajar en misión oficial a la Federación de Rusia.

Lo saluda atentamente

LUIS HIERRO LOPEZ, Presidente."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 20 en 21. Afirmativa.

Se procederá de acuerdo a la disposición constitucional.

Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Pou solicita licencia por el día de la fecha."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 25 de junio de 2002.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Luis Hierro López

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a Ud. Licencia por motivos personales a la Sesión Extraordinaria del Senado del día de la fecha.

Sin otro particular saluda atentamente,

Ma. Julia Pou, Senadora"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una nota de desistimiento.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Sergio Chiesa comunica que por esta vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto."

- Corresponde convocar al señor Ricardo Gorosito quien ya ha prestado el juramento de estilo, por lo que si se encontrara en Antesala se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Gorosito)

8) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador García Costa solicita licencia por el término de diez días a partir del 27 de los corrientes."

- Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, junio 25 de 2002

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Luis Hierro López

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente en mérito a haber sido designado para formar parte de una delegación Oficial, solicito licencia del cargo de Senador, por el término de 10 días a partir del 27 de los corrientes.

Sin más salúdale atentamente

Guillermo García Costa, Senador"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

Oportunamente se hará la convocatoria respectiva.

9) ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, ADOPTADO EN ROMA, REPÚBLICA DE ITALIA, EL 17 DE JULIO DE 1998 Y SUSCRITO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2000

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde pasar a considerar el Orden del Día.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: en acuerdo con los integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales solicitamos que se altere el Orden del Día y se pase a considerar de inmediato el proyecto por el cual se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma el 17 de julio de 1998 y suscrito por nuestro país el 19 de diciembre de 2000. El jueves pasado, con la presencia del señor Ministro de Relaciones Exteriores en Sala, fue sometido a consideración un nuevo proyecto, que está siendo repartido en estos momentos. Cabe aclarar que ese nuevo proyecto contó con la conformidad unánime de los integrantes de la Comisión, en momentos en que estaban presentes todos sus miembros, razón por la cual entiendo que estamos en condiciones de tratarlo y aprobarlo rápidamente.

De aceptarse este criterio y de comunicarse en el día a la Cámara de Representantes, tal vez tengamos la suerte de que esta semana sea votado por esa Cámara, pueda ser promulgado por el Poder Ejecutivo y, de ese modo, se pueda realizar el acto de depósito de la ratificación antes del 1º de julio, lo cual sería muy beneficioso para nuestro país, ya que nos permitiría participar de instancias de esta Corte Penal Internacional de las cuales, de otra forma, quedaríamos excluidos.

La premura en el tratamiento de este proyecto tiene que ver con el prestigio del Uruguay, no sólo por haber suscrito en tiempo y forma el Estatuto de Roma, sino también por participar de las primeras instancias. Reitero que los plazos son perentorios y vencen el 1º de julio. Cabe señalar que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la Cancillería, así como por los señores Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales y, después de más de una reunión, hemos logrado un texto en el que hay coincidencia de todos los sectores políticos allí representados.

Por estas razones, reitero, estamos en condiciones de abocarnos al estudio de este tema y votarlo rápidamente, a los efectos de comunicarlo en el día a la Cámara de Representantes.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la propuesta del señor Senador Millor en el sentido de pasar a considerar el proyecto de ley por el cual se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional adoptado en Roma el 17 de julio de 1998 y suscrito por nuestro país el 19 de diciembre de 2000.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma, República de Italia, el 17 de julio de 1998 y suscrito el 19 de diciembre de 2000."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 794/02

Rep. Nº 468/02

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo Unico.- Apruébase el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma, República de Italia, el 17 de julio de 1998 y suscrito el 19 de diciembre de 2000.

Sala de la Comisión, a 10 de junio de 2002.

Reinaldo Gargano, Miembro Informante; Alberto Couriel, Carlos Garat, Carlos Julio Pereyra.

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Deporte y Juventud

Montevideo, 30 de abril de 2002.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 168, numeral 20 y en el Artículo 85 numeral 7, de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobado en la ciudad de Roma (República de Italia) el 17 de junio de 1998 y suscrito el 19 de diciembre de 2000, se formulan declaraciones interpretativas respecto de ciertas disposiciones y se prevén normas básicas de cooperación.

I

APROBACION DEL ESTATUTO

I.I. ANTECEDENTES

El Tratado por el cual se creó la Corte Penal Internacional fue adoptado el 17 de julio de 1998 al término de la Conferencia que se reunió en Roma bajo la égida de las Naciones Unidas. Sobre 160 países participantes, 120 aprobaron el proyecto de Estatuto de creación de la Corte, incluido Uruguay, 7 Estados votaron en contra, 21 Estados se abstuvieron y 12 no participaron en la votación.

La creación de la Corte Penal Internacional significa un aporte fundamental al proceso de desarrollo progresivo del Derecho Internacional y constituye un acontecimiento cuya importancia, tanto en lo político como en lo jurídico, difícilmente pueda pasar desapercibido. Ella representa un avance invalorable en la permanente lucha del hombre contra la barbarie y un jalón significativo en la búsqueda incesante de la vigencia del derecho y la justicia.

Desde la óptica de nuestro país, cabe recordar que en el escenario de la justicia internacional Uruguay fue el primer país del mundo que aceptó sin reservas la jurisdicción obligatoria, primero de la Corte Permanente de Justicia Internacional y luego de la actual Corte Internacional de Justicia, y en lo que se refiere a Derechos Humanos específicamente, ratificó el Pacto Universal de Derechos Civiles y Políticos y en el ámbito americano la Convención Americana de Derechos Humanos, aceptando la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adoptar, pues, el Estatuto de creación de la Corte Penal Internacional, no sería otra cosa que continuar con la tradición del país en materia de protección internacional de los Derechos Humanos.

Conforme a esta tradición, la República Oriental del Uruguay participó con interés de las negociaciones que culminaron con la aprobación del Estatuto de la Corte Penal Internacional en Roma, así como de la posterior tarea reglamentaria de algunos aspectos del Estatuto (elementos del crimen y reglas de procedimiento y prueba) que han tenido lugar en la sede de las Naciones Unidas. En la Conferencia diplomática de Roma, la delegación de Uruguay hizo propuestas concretas tendientes a facilitar el consenso, tanto en plenario como en grupos de trabajo, en relación a temas particularmente controvertidos, tales como la definición de los crímenes, las facultades del Fiscal y el principio de la complementariedad.

Dadas las características de los trabajos preparatorios, el proyecto de Estatuto que constituyó la base de las negociaciones, lejos de constituir un texto depurado, mantenía elevado número de corchetes, opciones y variantes y las deliberaciones reflejaron posiciones fuertemente discrepantes. En este contexto, fue de fundamental importancia para la participación de la delegación el marco político general trazado en su discurso inaugural por el señor Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Didier Opertti Badán. Entre otras, las apreciaciones más trascendentes realizadas por el Canciller de la República se vincularon a la introducción en el Estatuto de una valoración del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas dentro del mecanismo de aplicación del principio de comple-mentariedad. Destacó la gran importancia atribuida por el Gobierno de la República a la creción de la Corte Penal Internacional, así como la necesidad de que este enfoque renovador estuviera asociado "a un extendido proceso de convicción internacional capaz de dotarlo de la fuerza necesaria para una aplicación efectiva, bien recibida y aceptada por todos los Estados, particularmente por aquellos que han hecho de la norma de Derecho Internacional un paradigma de su conducta".

El Canciller enfatizó particularmente que las soluciones adoptadas deberían "asegurar garantías para los unos y los otros, de tal manera que los Estados y las personas reconozcan a este Tribunal Penal Internacioal como una referencia ineludible, independiente, imparcial y efectiva." Asimismo, advirtió que las cuestiones a discutir tendrían que ver "con los temas de la necesaria armonía entre las jurisdicciones nacionales y la nueva jurisdicción internacional a crearse; entre el valor de las soluciones legislativas adoptadas libremente por los Estados de Derecho para resolver las tensiones y conflictos de sus propias sociedades y el juzgamiento a distancia por un Tribunal Internacional". Esta sintonía entre los sistemas penales de los Estados y la Justicia Penal Internacional hace necesaria su consideración "en una relación de complementariedad libre de ambigüedades."

Al final de la Conferencia Diplomática, Uruguay dio su voto afirmativo a la aprobación del texto, firmando asimismo el Acta Final, lo que, además de significar un mensaje político positivo hacia la futura adopción del Estatuto, habilitó a la República conforme a lo dispuesto en el Anexo IF de esa Acta Final, a participar de los trabajos de la Comisión Preparatoria encargada de reglamentar importantes aspectos del Estatuto. El Estatuto fue firmado por el Gobierno de la República el 19 de diciembre de 2000.

El texto de Roma debe complementarse con los resultados de los trabajos de la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional, que se instituyó en la Conferencia Diplomática conforme a la Resolución F del Anexo I del Acta Final. Esta Comisión tuvo por cometido elaborar reglas primordialmente reglamentarias en materia de Elementos de los crímenes y de Procedimiento y Prueba con la finalidad de hacer operativo el Estatuto. Estas reglas terminaron de redactarse, de acuerdo al plazo previsto, en el quinto Período de reuniones de la Comisión celebrada en Nueva York del 12 al 30 de junio pasado y serán sometidas a la aprobación de la primera reunión de la Asamblea de los Estados Partes (artículo 112 del Estatuto).

A propósito de las reglas elaboradas, la tarea a cargo de la Comisión constituyó desde cierto ángulo una importante labor interpretativa del Estatuto que contribuirá a una mayor precisión, tanto en relación a los elementos de los crímenes como a las reglas de procedimiento y prueba.

I.2. LAS PRINCIPALES SOLUCIONES DEL ESTATUTO

I.2.a. Crímenes de competencia de la Corte

La Corte ha sido instaurada con competencia para juzgar a los individuos responsables de los crímenes más graves que repugnan a la conciencia de la humanidad. Se trata de los siguientes crímenes definidos y tipificados en el Estatuto: crimen de genocidio (artículo 6), crímenes contra la humanidad (artículo 7), crímenes de guerra (artículo 8) y crimen de agresión (artículo 5.2).

En relación al crimen de agresión, que está siendo analizado en la Comisión Preparatoria, cabe advertir que la competencia de la Corte quedó postergada hasta que se acuerde su definición en la Conferencia de Revisión, que se celebrará dentro de siete años a partir de la entrada en vigor del Estatuto (artículo 5.2 y 123), o sea que se trata por ahora, respecto de este delito, de un reconocimiento nominal de competencia.

El ámbito de aplicación del Estatuto comprende los crímenes revestidos de mayor gravedad, que son aquellos que ofenden a la humanidad como tal, por su carácter atroz e inhumano. Cuando el delito no reviste gravedad suficiente, la Corte resolverá que no es competente y así lo dispone el propio Estatuto (artículo 17.1.d). Vale decir, aquellos hechos delictivos que aun constituyendo graves violaciones a los Derechos Humanos fundamentales, no reúnen todos los elementos tipificados en las definiciones contenidas en el Estatuto para ser subsumidos en la categoría de genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, no entran dentro de la competencia de la Corte y seguirán siendo reprimidos, como hasta ahora, a través de los mecanismos vigentes hoy en día tanto en el ámbito nacional como internacional. En este último, lo será con el alcance que las convenciones vigentes en la materia confieren tanto a la Corte Europea de Derechos Humanos como a la Corte Americana de Derechos Humanos las que, como se sabe, no juzgan a particulares sino la conducta de los Estados Partes, exigiéndoles, cuando corresponde, la investigación del delito, el juzgamiento y el castigo de los autores materiales, lo que constituye una diferencia importante en relación a la Corte que se crea por el Estatuto aprobado en Roma, que juzga directa y exclusivamente a individuos.

Se trata de crímenes excepcionalmente graves y por tanto de trascendencia internacional, ya sea por su carácter sistemático, ya por su comisión en gran escala. Es importante advertir el carácter sistemático, generalizado y de comisión a gran escala de estos delitos, como presupuesto esencial para la apertura de la jurisdicción complementaria de la Corte.

Estos crímenes difieren de los delitos comunes, no en cuanto a su materialidad que generalmente es la misma, respecto de figuras tales como el asesinato, la tortura, etc., sino por la extrema gravedad que revisten estos actos delictivos en determinadas circunstancias que se identifican en el Estatuto y que lesionan valores humanos con contenido universal. Así, respecto del genocidio se oberva que la definición del Estatuto (artículo 6), si bien alude a actos constitutivos de delitos comunes contra la persona humana, exige que los mismos sean perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Con similar configuración, los crímenes contra la humanidad (artículo 7), abarcando también delitos del fuero común, requieren en su tipicidad que los actos se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque como referencia subjetiva. Del mismo modo, los delitos comprendidos dentro de la materialidad de los crímenes de guerra (artículo 8), deben necesariamente inscribirse en el cuadro de un plan o de una política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.

En suma, únicamente aquellos delitos constitutivos de violaciones de Derechos Humanos que forman parte de la especial estructura de cada uno de estos crímenes caen dentro de la competencia de la Corte, no siendo posible interpretaciones extensivas que permitan al Tribunal Internacional juzgar actos delictivos más allá de los tipificados expresamente en el Estatuto. Las demás violaciones de Derechos Humanos en la esfera penal, continuarán siendo reprimidas conforme al actual sistema de repartición de competencias entre las jurisdicciones nacionales y las jurisdicciones internacionales existentes en las distintas regiones del mundo.

Los crímenes de guerra, además, si bien fueron definidos y tipificados por el Estatuto, quedaron sometidos a una cláusula "opting out" en el artículo 24 (disposición de transición), que faculta a cualquier Estado Parte a declarar que no acepta la competencia de la Corte para estos crímenes. Esta disposición será reexaminada sin que se haya precisado cómo, en ocasión de la referida Conferencia de Revisión a celebrarse siete años después de la entrada en vigencia del Estatuto.

I.2.b. Aceptación de la competencia de la Corte

El Estatuto consagra la competencia automática de la Corte (artículo 12.1), vale decir, por el solo hecho de ser parte del Estatuto, mediante la correspondiente ratificación, el Estado acepta por dicho acto la competencia de la Corte respecto de los referidos crímenes. Quedó relegado por ende el sistema de aceptación voluntaria en cada caso que fue impulsado por los países más reticentes a una justicia penal internacional.

I.2.c. Condiciones previas para el ejercicio de la competencia de la Corte

La Corte sólo puede ejercer su competencia sobre la base de las condiciones previas establecidas en el Estatuto (artículo 12.2), las que disponen que la ejercerá cuando sea parte del Tratado el Estado en cuyo territorio se ha producido el crimen, o el Estado del que sea nacional la persona objeto de investigación o enjuiciamiento. Es decir, la Corte sólo asume jurisdicción cuando se trata de crímenes perpetrados en algún Estado Parte (no interesando la nacionalidad del acusado), o de crímenes cometidos por un nacional perteneciente a un Estado Parte.

Como se observa, en esta materia referente al ámbito de actuación de la Corte, se ha tomado como base de la jurisdicción criterios aceptados por la comunidad internacional: el principio territorial y el de la nacionalidad activa.

I.2.d. Activación de la competencia de la Corte

La Corte actuará cuando exista un impulso procesal, sea de uno o más Estados Partes, sea del Consejo de Seguridad, sea del Fiscal (artículo 13).

El Tratado consagra la iniciativa de oficio del Fiscal (artículo 13.c y artículos 15 y 18), además de la activación por los Estados Partes o por el Consejo de Seguridad.

En lo que hace al Consejo de Seguridad, luego de arduos debates durante la Conferencia Diplomática, el Estatuto incorporó también la facultad de dicho órgano de promover la suspensión de las investigaciones o procedimientos de la Corte, cuando actúe de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas (artículo 16).

I.2.e. Función del Fiscal

La iniciativa de oficio del Fiscal fue adoptada con importantes salvaguardias establecidas en garantía de los Estados Partes. Ellas se contemplan no solamente en el artículo 15 sino también en el 18. De ambas disposiciones se infiere que la iniciativa está acotada no solamente por la necesaria autorización que debe requerir a la Sala de Cuestiones Preliminares para abrir una investigación, sino también por la obligación del Fiscal de notificar in limine a todos los Estados Partes e incluso a los no partes que puedan tener jurisdicción sobre el asunto, a fin de que cualquiera de éstos pueda, dentro del plazo establecido, informar a la Corte que está llevando o ha llevado a cabo una investigación en relación a personas bajo su jurisdicción, debiendo el Fiscal en este caso y cuando medie petición del Estado interesado, inhibirse de actuar, salvo que obtenga un dictamen de la Sala de Cuestiones Preliminares para seguir investigando. Se establece, asimismo, la garantía a favor de los Estados de poder apelar ante la Sala de Apelaciones el dictamen que pronuncie la Sala de Cuestiones Preliminares.

Merece un comentario particular la previsión del artículo 99.4, que faculta al Fiscal a ejecutar directamente una solicitud de asistencia en el territorio de un Estado Parte, sin la participación de las autoridades competentes de ese Estado (p. ej. recepción de pruebas, reconocimiento de un lugar, entrevista a una persona, etc.), ampliándose así las hipótesis de cooperación, particularmente por tratarse de medidas que no requieren coerción.

I.2.f. Principio de complementariedad

El artículo 17 consagra la regla de la complementariedad, según la cual la Corte resuelve por sí y ante sí sobre la admisibilidad de un asunto teniendo en cuenta especialmente si el Estado con jurisdicción sobre dicha cuestión no está o no estuvo dispuesto a llevar a cabo la investigación o enjuiciamiento, o no puede o no pudo hacerlo. Vale decir, el carácter complementario del ejercicio de la competencia de la Corte significa que ésta sólo podrá actuar cuando los Estados Partes no quieran o no puedan ejercer su jurisdicción sobre un caso de competencia de la Corte.

Este principio, destacado como uno de los principales pilares sobre el cual se asienta la Corte Penal Internacional, expresa la primacía de las jurisdicciones nacionales frente a la jurisdicción internacional de la Corte, por lo que ésta sólo es competente para juzgar al autor de los crímenes sujetos a su jurisdicción cuando comprueba que el Estado interesado no está en condiciones o no tiene la voluntad de juzgarlo. Surge del artículo 17 del Estatuto que es la propia Corte la que decide sobre su propia competencia en base a la apreciación que ese mismo órgano hace del principio de complementariedad consagrado en esa disposición, el que se expresa por la vía negativa mediante la enumeración de hipótesis de inadmisibilidad de un asunto ante la Corte.

Cabe, pues, preguntarse cómo se opera la transferencia de esa porción de la función jurisdiccional desde los Estados Partes a la Corte sin lesión del poder soberano y sabiendo que por mandato constitucional esa función es atribuida y ejercida exclusivamente por los poderes y órganos nacionales previsto en la Constitución. Punto este que por estar vinculado a la cuestión de constitucionalidad que podría plantear el Estatuto, examinaremos más adelante por separado.

El problema de la complementariedad adquiere importancia cuándo se observa que es la propia Corte la que decide cuándo asume, en función de ese concepto, competencia para intervenir en determinado asunto.

Si se atiende a la letra del artículo 17, un asunto es inadmisible -y así lo decidirá la Corte- cuando en el Estado con jurisdición sobre el mismo asunto éste está siendo objeto o no de una instrucción o de un proceso penal, o habiendo sido objeto de una instrucción se ha decidido no promover acción penal. Ello es así, según la norma -y aquí se pone en movimiento el mecanismo de la comple-mentariedad- salvo que el Estado no esté dispuesto a llevar a cabo la instrucción o el proceso, o no pueda realmente hacerlo, según los criterios que la propia disposición establece.

A estos últimos efectos, el numeral 2 del mismo artículo describe circunstancias que la Corte deberá ponderar a efectos de evaluar si hubo o no disposición para actuar en un asunto determinado. Para ello examinará, entre otros aspectos, si la decisión nacional ha sido adoptada con el fin de sustraer a la persona de su responsabilidad por crímenes de competencia de la Corte; si hubo una demora injustificada en el juicio, incompatible con la intención de juzgar a la persona en cuestión; si el proceso no se ha sustanciado de modo independiente o imparcial o si, dadas las circunstancias, dicho proceso puede calificarse como incompatible con la intención de juzgar a la persona.

Va de suyo que ninguna de estas circunstancias se produce cuando el Estado de Derecho cumple a satisfacción sus responsabilidades y competencias propias, entre las que se incluye la de juzgar o absolver, y las que dimanan de su poder de clemencia soberana -indultar, amnistiar, etc.- en este último caso con el superior objetivo de restablecer la paz social en democracia.

I.2.g. La irretroactividad

Ha quedado establecido en el texto aprobado que la Corte tendrá únicamente competencia respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto. El artículo 11 expresa que: "La Corte sólo será competente respecto de un acto constitutivo de un crimen atribuido a su competencia cuando dicho acto haya sido cometido después de la entrada en vigor del presente Estatuto". Esta fórmula se ratifica con lo dispuesto en el artículo 22, cuando establece que "Nadie es penalmente responsable, en virtud del presente Estatuto, por una conducta anterior a su entrada en vigor".

No obstante, por tratarse de un principio fundamental y del mismo modo que a propósito del principio de complementariedad aludido en el literal precedente, el Poder Ejecutivo estima conveniente precisar el alcance de estas normas por medio de una declaración interpretativa, que somete a la aprobación por vía de ley.

I.2.h. Los principios generales de Derecho Penal

La Parte III del Estatuto contempla principios generales de Derecho Penal, entre los que se destacan el principio de legalidad (nullum crimen, nulla poena sine lege), con sus corolarios de proscripción de la analogía y de la ley penal más benigna, así como el principio de culpabilidad (nullum crime sine culpa). Ellos consagran para la actividad de la Corte las garantías propias de la materia penal desde la óptica de los derechos del inculpado.

Merece un comentario especial lo dispuesto en el artículo 22. En efecto, su primer numeral establece con toda claridad el principio nullum crimen sine lege el que, unido al principio de la irretroactividad de la ley penal, significa que no están alcanzados por la jurisdicción de la Corte aquellos delitos tipificados en el Estatuto que hayan sido cometidos con anterioridad a su entrada en vigencia. Por otro lado, el numeral 2 de esta disposición consagra a texto expreso la interpretación estricta de las definiciones de los crímenes previstos en el Estatuto.

I.2.i. La composición de la Corte y el procedimiento

La Corte contará con tres Salas: la Sala de Cuestiones Preliminares encargada del control jurisdiccional durante la etapa instructiva, la Sala de Primera Instancia que tendrá a su cargo la sustanciación del juicio, y la Sala de Apelaciones que entenderá en los distintos recursos previstos en el Estatuto (artículo 39).

Las Partes V, VI y VII están dedicadas al procedimiento en las etapas de investigación, juicio, apelación y revisión. Se trata de un modelo acusatorio, en el cual se ha alcanzado un equilibrio entre los distintos sistemas jurídicos.

Las reglas de procedimiento y prueba han sido desarrolladas con posterioridad a la Conferencia de Roma durante la actividad de la Comisión Preparatoria a la que se aludiera supra.

Las penas que podrá imponer la Corte serán de prisión -que no puede exceder los treinta años- o de reclusión perpetua en casos excepcionales. También están previstas sanciones de multa y decomiso, descartándose la pena de muerte (artículo 77). Diversos países, entre ellos Uruguay, se opusieron a la pena de muerte y a la de prisión a perpetuidad, dado que su aplicación colide con los principios y disposiciones internas.

I.2.j. Cooperación y asistencia judicial

La Parte IX constituye un sector del Estatuto de singular trascendencia para el funcionamiento de la Corte, en tanto se consagra la obligación de los Estados Partes de cooperar con la Corte, la cual sólo podrá negarse en casos excepcionales, por ejemplo, cuando pueda entrañar un riesgo grave para la seguridad del Estado Parte requerido.

Esta cooperación comprende múltiples niveles, desde el grado menos comprometido como una mera notificación, hasta la propia entrega del inculpado, en un procedimiento similar a la extradición que se distingue, no obstante, de ésta, habida cuenta de que no se trata de relaciones interestatales sino de un vínculo entre un Estado y una instancia jurisdiccional internacional.

La obligación de cooperar se establece fundamentalmente en los Capítulos IX y X del Estatuto. Convendrá reglamentar las distintas facetas de la cooperación, que pueden abarcar desde los aspectos orgánico institucionales -qué autoridad nacional será la interlocutora ante la Corte- hasta las reglas relativas a los interrogatorios, los elementos que deben constar en la demanda, los actos de instrucción en territorio uruguayo, la transferencia temporaria de personas detenidas, la remisión de elementos probatorios, la solicitud de información complementaria, la denegación de cooperación y la ejecución de sanciones penales adoptadas por la Corte.

En virtud de la complejidad de este plano de relaciones entre el Estado y la Corte y dada la natural imprevisión normativa de esta cooperaciíon en los derechos internos, se incluyen en el proyecto de ley, en relación a ciertos aspectos específicos, normas básicas en esta materia.

I.2.k. Las penas

Importa en este punto tener presente que la previsión relativa a la pena de reclusión perpetua del artículo 77 del Estatuto, es compatible con nuestra Constitución, que sólo consagra la prohibición de la pena de muerte. Y si bien es contraria a toda la tradición jurídico penal uruguaya, no constituye causa obstativa para la ratificación del Estatuto ya que, además, el artículo 80 establece que "Nada de lo dispuesto en la presente parte se entenderá en perjuicio de la aplicación de los Estados de las penas prescriptas por su legislación nacional...".

I.2.1. Asamblea de los Estados Partes

La Parte XI prevé que los Estados Partes serán miembros de esta Asamblea, órgano encargado de efectuar el seguimiento de la actividad de la Corte y de examinar las propuestas de enmiendas que podrán presentarse transcurridos siete años de la entrada en vigor del Estatuto. A su vez, examinará y en su caso aprobará los trabajos encomendados a la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional, cuyo funcionamiento está contemplado en la Resolución F anexa al Acta Final de la Conferencia Diplomática que adoptó el Estatuto.

Se destaca asimismo que la Asamblea de los Estados Partes cumple un rol de gran importancia en la solución de posibles y eventuales divergencias entre la Corte y los Estados Partes a que pueda dar lugar el cumplimiento de una solicitud de cooperación (artículo 87.7).

I.2.m. Prohibición de realizar reservas

El artículo 114 prevé que no se admiten reservas de clase alguna. Esta disposición, establecida con la finalidad de no resquebrajar la unidad normativa del Estatuto en relación a sus Estados Partes, no impide empero que éstos formulen declaraciones interpretativas, punto al cual se hará referencia más adelante.

I.3. CONVENCIENCIA DE LA PRONTA RATIFICACION DEL ESTATUTO

Conforme a lo establecido en el artículo 126, el Estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir del depósito de la ratificación número sesenta, o sea, en el presente caso, el 1º de julio de 2002. Al día de la remisión de este Mensaje y proyecto de ley, 139 Estados han firmado el Estatuto y 66 Estados lo han ratificado.

En virtud de la tradición humanitaria de nuestro país, se estima importante que Uruguay ratifique el Estatuto antes de la fecha en que éste entre en vigor. Es en efecto ésta una nueva ocasión para que nuestra democracia pueda demostrar su compromiso y apego a favor de los derechos del hombre. A esta motivación de principio cabe agregar otra de carácter práctico: la entrada en vigor del Estatuto será seguida de la Constitución de la Asamblea de los Estados Partes. Esta Asamblea será llamada a tomar importantes decisiones referentes a la designación de los Jueces y del Fiscal, aprobación del proyecto de los elementos sobre los crímenes y de las reglas de procedimiento y prueba, fijación del presupuesto y del régimen financiero, regulación de las relaciones entre la Corte y las Naciones Unidas, etc. Es de-seable que nuestro país tenga la oportunidad de ser parte de estas decisiones, algunas de ellas sin duda trascendentes.

Por ello y a los efectos de que el Estatuto pueda ser objeto de una rápida ratificación, el Poder Ejecutivo somete al Poder Legislativo simultáneamente con el proyecto de aprobación del Estatuto, algunas normas mínimas sobre la cooperación de la República con la Corte referidas a la implementación de ciertos aspectos orgánicos y procedimientos básicos que permitan, a partir de la misma entrada en vigencia del Estatuto, asegurar la cooperación a la que se compromete la República Oriental del Uruguay ante la Corte Penal Internacional. Vale decir, sólo se incorporan en el proyecto de ley aprobatorio aquellas medidas de implementación indispensables, en lo inmediato, para hacer operativo el Estatuto, a partir del momento de la ratificación del instrumento.

Se incluyen asimismo disposiciones sobre la interpretación que se atribuye a algunas normas fundamentales del Estatuto las que, naturalmente, al estar prohibidas las reservas, no tendrán este carácter.

En suma, dada la complejidad y las características especiales del Estatuto, el Poder Ejecutivo estima necesario, por un lado, incorporar al proyecto de ley aprobatorio del Estatuto una declaración interpretativa sobre ciertas disposiciones fundamentales del Estatuto y, por otro lado, ciertas normas básicas de implementación, a fin de que la cooperación de la República con la Corte pueda ser realizable y operativa a partir de la ratificación.

I.4. IMPORTANCIA DE UNA FUTURA LEY INTEGRAL DE IMPLEMENTACION DEL ESTATUTO

El Estatuto no apunta solamente a la actividad de la futura Corte Penal Internacional. Surge también de este instrumento el impulso dado a la actividad de los Estados Partes con el fin de responsabilizar de sus actos a las personas culpables de los crímenes graves del Derecho Internacional.

El texto aborda de diversas formas los deberes y las funciones a cargo de los Estados Partes para el cumplimiento de los fines previstos. En primer lugar, impone obligaciones jurídicas directas a los Estados Partes, especialmente en todo lo que tiene que ver con la cooperación con la Corte. Existen también otros importantes ámbitos en los cuales los Estados Partes están obligados a prever medidas de ejecución a nivel nacional; por ejemplo, en relación a los delitos contra la administración de justicia, cuando el artículo 70.4 dispone que los Estados Partes harán extensivas sus leyes penales que castiguen los delitos contra la integridad de su propio procedimiento de investigación o enjuiciamiento a los supuestos previstos en esta norma.

La situación es, sin embargo, bastante más compleja en el ámbito de derecho penal material. El Estatuto define los crímenes respecto de los cuales la Corte ejerce su competencia, pero no impone a los Estados Partes la obligación de prever de manera idéntica o similar los mismos crímenes en el orden jurídico nacional.

Los Estados no deberían desatender esta materia, teniendo en cuenta el funcionamiento del principio de complementariedad del artículo 17 del Estatuto. En efecto, si los Estados no desean correr el riesgo de ver alterada su competencia primaria en un caso particular frente a la competencia complementaria de la Corte, deberían procurar que los crímenes de competencia de la Corte sean tipificados y penados en los propios ordenamientos jurídicos nacionales.

Sería conveniente asimismo encarar en un futuro la elaboración de normas de adaptación procesal que permitan contemplar y asegurar una adecuada y completa cooperación con la Corte. En virtud del artículo 88 del Estatuto, los Estados Partes tienen el deber de prever en su legislación interna los procedimientos que le permitan cooperar con la Corte. Y si bien los Estados Partes disponen de libertad en la adopción de los procedimientos, el artículo 86 del Estatuto, al prever que todo Estado Parte ha de cooperar plenamente con la Corte en las investigaciones y enjuiciamientos que conduzcan al castigo de los crímenes de su competencia, fija el principio superior que debe guiar a cada Estado Parte en esta formulación de reglas, cual es que éstas no deben en ningún caso obstaculizar la cooperación requerida.

La adopción de una ley especial de cooperación es necesaria además, por tratarse de una cooperación sui generis, diferente a la cooperación jurídica clásica entre Estados. La futura ley deberá fundarse en las obligaciones que se desprenden para los Estados Partes de los Capítulos IX y X del Estatuto, así como en las disposiciones de procedimiento que figuran en los Capítulos y que revisten igual importancia para la cooperación, fundamentalmente las previstas en el Capítulo V.

Este ámbito normativo nacional podría comprender tanto las normas procesales como las sustantivas relativas a la tipificación y penalización de los delitos de competencia de la Corte.

I.5. TRANSFERENCIA A LA CORTE DE COMPETENCIAS RESERVADAS POR LA CONSTITUCION A ORGANOS NACIONALES

Una primera cuestión que se plantea desde el punto de vista constitucional se vincula con la ya examinada complementariedad de la jurisdicción penal internacional de la Corte respecto de las jurisdicciones penales nacionales (artículos 1, 17 a 20 del Estatuto). La función que cumplen dichas disposiciones es permitir la transferencia a la Corte Penal Internacional de potestades jurisdiccionales que la Constitución reserva en forma exclusiva a los Tribunales del Poder Judicial (artículos 18 y sig., 82 y 233 y sig.).

El hecho de que nuestra Constitución carezca de normas que regulen esa transferencia, lo que no sucede con la Constitución española y otras Cartas Fundamentales que autorizan en ciertos casos la cesión a instituciones internacionales del ejercicio de competencias asignadas por la Constitución a órganos nacionales, hace que esta cuestión adquiera una relevante consideración.

No es la primera vez que Uruguay reconocería como obligatoria por vía convencional la competencia de un tribunal internacional en asuntos que la Constitución reserva a poderes y órganos nacionales, tal como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Gros Espiell recuerda que este tema ha sido muy poco discutido en nuestro país y que a su juicio tales tratados no violan la Constitución uruguaya, por cuanto nuestro sistema constitucional en materia de Derechos Humanos se estructura sobre la base de afirmar la existencia de ciertos derechos inherentes a la naturaleza del hombre, anteriores al Estado y superiores a él. De tal modo que la organización estatal tiene justamente como uno de sus fines, defender y proteger esos derechos. Si el sistema estatal está dirigido a defender y proteger esos derechos, no puede haber -dice Gros Espiell- ninguna inconstitucionalidad cuando el Estado uruguayo por acuerdos internacionales libremente consentidos establece un sistema de garantías, justamente para proteger esos mismos derechos. Si bien la Constitución no previó un sistema internacional de defensa de los Derechos Humanos, ello no significa que un sistema tal sea inconstitucional, ya que se trata de organizar junto al orden jurídico interno, una protección y defensa internacional. La coexistencia de dos órdenes, de dos sistemas de protección de los Derechos Humanos: el interno y el internacional, no puede lesionar ni violar la Constitución uruguaya (Los Derechos Humanos en la Constitución Uruguaya y su Protección Internacional. Estudios en memoria del Prof. Eduardo Jiménez de Aréchaga, Universidad Católica).

EL Poder Ejecutivo entiende que estas consideraciones son plenamente aplicables al instrumento internacional por el que se crea la Corte Penal Internacional el que, por otra parte, habrá de formar parte del sistema de protección internacional de los Derechos Humanos, ya que perseguir el castigo de aquellos delitos excepcionalmente graves que ofenden la conciencia del mundo entero, conlleva implícitamente la protección de tales derechos. Por consiguiente, cabe afirmar que estamos ante una transferencia o reconocimiento de poderes compatible con nuestra Constitución.

Naturalmente, esta transferencia o reconocimiento de competencias no es nunca absoluta, quedando siempre reservado al Estado una importante porción de su soberanía, tal como puede observarse en la Convención Interamericana de Derechos Humanos cuando consagra el derecho a solicitar ante la jurisdicción estatal la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, si bien restringe este derecho a las personas condenadas a muerte (artículo 4.6). Tal transferencia o reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana encuentra también limitaciones en su ejercicio cuando colide con leyes nacionales que restringen los derechos y libertades reconocidos en la Convención por razones de interés general (artículo 30), o cuando los derechos de la persona aparecen limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática (artículo 32). Estas reservas también merecen ser consideradas cuando se trata de trazar las fronteras en el ejercicio de la competencia de la Corte Penal Internacional.

II

DECLARACION INTERPRETATIVA

II.1. PREOCUPACION DE INDOLE CONSTITUCIONAL

La decisión del Poder Ejecutivo de efectuar la ya referida declaración interpretativa, se vincula fundamentalmente a ciertas cuestiones de constitucionalidad que presentan algunas disposiciones del Estatuto. No obstante, se formularán también otras declaraciones interpretativas no vinculadas a la problemática constitucional.

Algunas disposiciones del Estatuto, en especial los artículos 17.2 y 27.2, plantean problemas de compatibilidad con ciertas normas de la Constitución. El artículo 17.2 tiene que ver con la competencia de la Corte en aquellos casos en que un Estado Parte no quiere o no puede promover la investigación o el enjuiciamiento por la comisión de delitos previstos en el Estatuto, lo que puede significar una injerencia que podría entrar en colisión con el artículo 85 de la Constitución Nacional que faculta al Poder Legislativo a acordar amnistías en casos extraordinarios. Igualmente el artículo 27.2 del Estatuto, al establecer que las inmunidades de que gozan ciertas altas autoridaades no obsta a que la Corte ejerza su competencia, aparece en principio como incompatible con el artículo 93 y concordantes de la Constitución que prevén este tipo de inmunidades y reglamentan su levantamiento dentro de un Estado de Derecho. Este, per se, es incompatible con la comisión de este tipo de delitos abarcados por el Estatuto.

Esta preocupación de índole constitucional, que no es sólo uruguaya, ha sido resuelta en otros países por la vía de la reforma de la Constitución, tal como sucedió en Francia, o por la vía de derivar lisa y llanamente la solución de la problemática -sin postergar el proceso de ratificación- a una futura reforma de la Constitución, como fue la solución adoptada en Bélgica.

La eventual incompatibilidad de las referidas disposiciones del Estatuto con nuestra Constitución ha sido sostenida por algunos distinguidos especialistas uruguayos, pero también ha sido controvertida por otros que afirman que las citadas disposiciones son compatibles con nuestra Constitución.

No obstante, y por las razones que en varias partes de este Mensaje se exponen, el Poder Ejecutivo estima conveniente, por las razones indicadas, la ratificación del Estatuto, dejando de lado un pronunciamiento sobre la problemática de su constitucionalidad, tema reservado a la Suprema Corte de Justicia, si se planteare. Empero, si se estimare conveniente, en el futuro podría considerarse una adaptación de la Constitución a lo previsto en los artículos 17.2 y 27.2, de manera de poner fin definitivamente a la discusión sobre su constitucionalidad, tal como lo han hecho Francia y otros países.

II.2. ALCANCE DE LA DECLARACION INTERPRETATIVA

El Poder Ejecutivo considera útil y conveniente la formulación de la referida declaración interpretativa como expresión de la posición del Gobierno respecto del sentido y alcance de ciertas disposiciones del Estatuto, la que, por provenir de un Estado democrático, tendrán un valor ético-jurídico basado en la propia legitimidad que caracteriza su formulación por sus órganos competentes y representativos.

El Poder Ejecutivo, por ello, ha estimado conveniente incorporar al proyecto de ley aprobatoria del Estatuto, a los efectos de su aprobación por el Poder Legislativo, el texto articulado de la declaración interpretativa que se propone formular en ocasión de la ratificación del Estatuto. Ello conduciría a una doble expresión de voluntad compartida del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo respecto de la interpretación de ciertas disposiciones fundamentales del Estatuto. A pesar de que por la propia naturaleza de la declaración interpretativa su formulación competería, en principio, al Poder Ejecutivo, no se advierten impedimentos formales para adoptar la solución que se propone, la que contaría con el respaldo del Poder Legislativo, aumentando aún más el grado de legitimidad democrática de la declaración.

En cuanto al alcance y efectos de la interpretación nacional, podrá ser invocada ante los demás Estados Partes del Estatuto y si diera lugar a diferencias, procedería la puesta en marcha del mecanismo de solución de controversias previsto en el artículo 119.2 del Estatuto, a resolverse por la propia Corte.

Esta declaración tiene como toda declaración interpretativa de normas de un tratado, el objeto de precisar o aclarar el sentido o el alcance que el Gobierno de Uruguay le atribuye a ciertas disposiciones del Estatuto, conforme a la definición que sobre estas declaraciones brinda la directriz 1.2 de la Guía Práctica sobre Reserva de los Tratados aprobada por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Por cierto, se trata de una declaración que no constituye reserva -prohibida por el Estatuto- desde que no tiene por objeto excluir o modificar el efecto jurídico de determinadas disposiciones del Estatuto en lo que se refiere al relacionamiento externo del país frente a la Corte, sino que su único objetivo es precisar el sentido de esas disposiciones en el ámbito interno uruguayo, sin alterar los derechos y las obligaciones que el Estado uruguayo tiene frente a la Corte.

Las declaraciones interpretativas que fijan el sentido o el alcance nacional de ciertas disposiciones básicas del Estatuto, han de prestar, por su parte, suma utilidad en el futuro, en particular en el momento de acordar con la Corte las modalidades de la cooperación que se solicita, sin perjuicio de que será la propia Corte la que determinará, conforme al Estatuto, cómo deberá cumplirse su pedido de cooperación, con la salvedad de que en última instancia queda reservada una posibilidad de intervención del órgano supremo del Estatuto para dirimir eventuales divergencias.

II.3. CONTENIDO DE LAS DECLARACIONES INTERPRETATIVAS

Si se atiende a la letra el artículo 17.2 del Estatuto, se observa que uno de los criterios fundamentales para que la Corte asuma la competencia complementaria que se le confiere, radica en la existencia de una decisión nacional adoptada por un Estado Parte con el propósito de sustraer al autor de su responsabilidad penal por los crímenes de competencia de la Corte.

El Gobierno de la República estima, con independencia de la problemática de constitucionalidad que plantea la disposición, que este criterio no va en desmedro de aquellas decisiones que adoptan excepcionalmente los Estados de Derecho en determinado momento de su historia con fines de pacificación nacional.

La legitimidad y eficacia de este tipo de decisiones adoptadas por los poderes competentes de un Estado de Derecho como el uruguayo, y refrendada en algún caso por la propia ciudadanía patria en el ejercicio de institutos de democracia directa (referéndum), queda fuera de los alcances del Estatuto.

El poder de clemencia soberana -connatural al Estado de Derecho-, no verá comprometido en ningún caso su valor y efectos, conclusión ésta claramente reforzada por el texto del artículo 17.2 del Estatuto, el que, al no contemplar de modo expreso este tipo de situaciones, reserva a los Estados Partes el ejercicio de esa facultad superior sujeta -cabe reiterarlo- a la Constitución y a la ley.

El Poder Ejecutivo considera asimismo conveniente incorporar una declaración interpretativa referida al artículo 53, en cuanto hace referencia a investigaciones o enjuiciamientos que, aún teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, "no redundaría en interés de la justicia", a fin de dejar establecido que esta expresión, que no excluye ninguna circunstancia que pueda no redundar en ese interés, puede también incluir las referidas decisiones nacionales adoptadas en base al interés general y superior del mantenimiento del orden democrático.

Resulta elocuente en este aspecto lo que afirman dos destacados autores, William Bourdon y Emanuelle Duverger, el primero Secretario General de la Federación Internacional de los Derechos del Hombre y la segunda responsable, en esa Federación del sector Justicia internacional. En el excelente ensayo que realizan sobre "La Corte Penal Internacional" (Edition du Seuil, mayo 2000), afirman estos autores importantes conceptos que concuerdan con los fundamentos que conducen a nuestro país a formular la declaración interpretativa respecto de los artículos 17.2 y 53.1.c. Interesa transcribir por su importancia ciertas expresiones que comentan el artículo 53 del Estatuto referente a los poderes conferidos al Fiscal en materia de investigación, en especial cuando se afirma que este órgano "debe respetar ciertas condiciones cuya interpretación, en ciertos casos, le significará una verdadera responsabilidad política. En efecto, determinar si una investigación sirve o no a los intereses de la justicia, teniendo en cuenta los intereses de la víctima y/o la gravedad de los crímenes, podrá conducirlo a tener que elegir entre la necesidad de abrir una investigación o la de no comprometer negociaciones a punto de concluir con la firma de un acuerdo de paz. En otros términos, deberá arbitrar entre el imperativo de justicia y el imperativo de paz. Tendrá por ejemplo que preguntarse sobre el alcance en Derecho Internacional de una ley de amnistía adoptada en condiciones perfectamente democráticas y sobre todo después de un referéndum". Y continúa más adelante: "la conciliación de las exigencias de la paz, causa y consecuencia del retorno a la democracia, con el castigo de los autores de las barbaries, se encuentra en el corazón de un debate extremadamente actual y permanente… la Decisión de clausurar definitivamente todo debate sobre los excesos del pasado no se impone a las víctimas en Derecho Internacional salvo si ella fue adoptada por un Estado dentro de un contexto y en condiciones absolutamente democráticas" (págs. 166 a 168). Dicen los autores en otra parte de su obra: "Se puede considerar, en virtud de normas internacionales comúnmente admitidas, que este acuerdo de paz (se refiere al acuerdo de paz firmado en Lomé el 7 de julio de 1999 entre la guerrilla de Sierra Leona y el gobierno que significó un impasse sobre las exigencias de justicia de las víctimas) no es ni será oponible a estas víctimas en la medida en que no haya sido adoptado ni validado por una consulta transparente a la población" (pág. 311).

En suma, según los autores precitados, los motivos que llevan al Poder Ejecutivo a formular la declaración interpretativa relativa a los artículos 17.2 y 53.1.c del Estatuto, son de recibo en el Derecho Internacional.

El Poder Ejecutivo considera también conveniente contemplar en otra declaración interpretativa el alcance que le atribuye el Gobierno de la República a los artículos 11, párrafo 1 y artículo 24 párrafo 1, referentes respectivamente a la competencia ratione temporis y ratione personae de la Corte, a los efectos de precisar la dimensión temporal de la competencia de la Corte respecto de aquellos delitos cuyos efectos perduran en el tiempo.

En el caso de las inmunidades, el Poder Ejecutivo estima asimismo conveniente formular una declaración que precise que la competencia de la Corte sobre las personas que gocen de inmunidad con arreglo al Derecho Interno o al Derecho Internacional, no impide el ejercicio previo de las competencias previstas en la Constitución de la República, siempre que se trate de personas que puedan estar comprendidas en la decisión nacional que otorga la amnistía.

Finalmente, se estima pertinente formular una declaración interpretativa en relación al artículo 112, numeral 2 del Estatuto, en el sentido de que las decisiones de la Asamblea de los Estados Partes sobre las cuestiones de falta de coo-peración de un Estado Parte con la Corte, debe entenderse que son decisiones de fondo que requieren el quórum especial al que se refiere el numeral 7 de la misma disposición.

III

NORMAS BASICAS DE COOPERACION

III.1. GENERALIDADES

La cooperación de los Estados Partes con la Corte está contemplada fundamentalmente en los Capítulos IX y X del Estatuto. Cabe recordar que la Corte no dispone de servicios de policía judicial y que, por regla general, no está habilitada para proceder a efectuar investigaciones en el territorio de los Estados Partes. La Corte es, por tanto, tributaria en importante medida, de la cooperación de los Estados Partes. En este sentido, las disposiciones consagradas a la cooperación tienen una trascendencia primordial para el funcionamiento de la Corte.

La cooperación con la Corte no encuadra dentro de la asistencia judicial en el sentido clásico del término. La cooperación no es acordada a otro Estado sino a un Tribunal internacional. Sin embargo, aún cuando no se está ante una asistencia internacional en sentido clásico, se observa que las disposiciones de estos instrumentos han servido en amplia medida de base a la elaboración del Capítulo IX del Estatuto.

La cooperación se refiere también y fundamentalmente a las etapas de procedimiento que tienen que ver con la investigación y el enjuiciamiento penal. Por ello, las obligaciones del Capítulo IX deben examinarse conjuntamente con otras disposiciones del Estatuto.

El artículo 86 impone a los Estados Partes la obligación de cooperar "plenamente" con la Corte, de conformidad con las disposiciones del Estatuto. "Plenamente" significa que el Estatuto no admite en principio expresiones de motivos para rechazar una orden de detención y entrega y sólo acepta, tratándose de otras formas de cooperación, como causal de rechazo, que la cooperación atente contra la seguridad nacional de los Estados.

Esta consagración general de la obligación de cooperar es muy importante, dado que la eficacia de la Corte está enteramente condicionada por esta cooperación. Por su lado, el artículo 88 dispone que los Estados Partes se asegurarán de que en el Derecho Interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas en el Capítulo IX. En efecto, la Corte no dispone ni de territorio propio ni de fuerza pública y depende en consecuencia enteramente de la cooperación de los Estados Partes. Va de suyo, entonces, que el Derecho Interno deberá prever normas de adaptación que permitan el cumplimiento de las obligaciones que emergen del Capítulo IX del Estatuto.

La Corte es una institución complementaria y sólo interviene a título subsidiario cuando los Estados no persigan seriamente una infracción penal de competencia de aquélla, o cuando no estén en condiciones de hacerlo. Y cuando la Corte interviene asumiendo competencia, el Estatuto le otorga medios eficaces para obtener la cooperación efectiva del Estado.

Como se señalara, una buena parte de estas normas de adaptación no condicionan la pronta ratificación del Estatuto y, por ende, podrán ser adoptadas, de considerarse necesario, en una etapa ulterior. No obstante, se entiende que deben preverse en lo inmediato ciertas normas básicas sobre cooperación, fundamentalmente en materia de detención y entrega de las personas perseguidas por la Corte, así como normas relativas a aspectos orgánicos indispensables, en razón de la importancia que revisten para su operatividad inmediata.

III.2. DIVERGENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA COOPERACION

Esta obligación de cooperar se encuentra en cierto modo relativizada por el hecho de que varias disposiciones del Estatuto (artículo 97 y otros) prevén consultas entre el Estado Requerido y la Corte ante posibles divergencias, normas cuya finalidad es aumentar la eficacia de la cooperación, aunque evitan asimismo una confrontación entre el Estado y la Corte.

Importa tener presente que la Corte Penal Internacional carece de competencia sancionatoria respecto de los Estados Partes cuando éstos no dan cumplimiento a las obligaciones de cooperación contraídas al adoptar el Estatuto. En efecto, de acuerdo al artículo 87.4, las divergencias entre un Estado Parte y la Corte respecto de la obligación de cooperar, que no resuelvan a través del mecanismo de la consulta, serán elevadas por la Corte a la Asamblea de los Estados Partes, a sus efectos.

Las eventuales divergencias que pudieren surgir en el relacionamiento de cooperación del Uruguay con la Corte con motivo del sentido y alcance que le atribuye a las ya mencionadas disposiciones del Estatuto, habilitan la apertura de un pedido de consultas entre el Gobierno y la Corte con el propósito de alcanzar un acuerdo en la forma de cumplirse la cooperación solicitada (artículo 93.3). En el caso de no lograrse este acuerdo y de no darse curso a la solicitud de cooperación de la Corte, se configuraría la situación prevista también en el Estatuto, en la que la Corte termina remitiendo los antecedentes a la Asamblea de los Estados Partes a fin de que ésta adopte una decisión (artículo 87.7). Se abre así una instancia de naturaleza política para resolver aquellas divergencias de criterio en el terreno que aquí se examina.

III.3. ASPECTO ORGANICO: LA AUTORIDAD CENTRAL

La cooperación del Estado uruguayo con la Corte deberá cumplirse en instancias a desarrollarse en dos niveles: una instancia a nivel del Poder Ejecutivo, como poder responsable de las relaciones internacionales del país, y otra instancia a nivel del Poder Judicial, encargado de dictar ciertos actos jurisdiccionales necesarios para cumplir las demandas de cooperar que ponen en juego la libertad de las personas y la libre disponibilidad de los bienes.

Para asegurar una cooperación ágil y eficaz con la Corte, corresponde crear una Autoridad Central, de carácter especial, que funcionará dentro de la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Autoridad Central Especial tendrá a su cargo el cometido específico de atender las demandas de cooperación de la Corte y de actuar no sólo como interlocutor sino como el órgano responsable a la cooperación.

Cabe tenerse presente que este servicio, con su estructura centralizada en el Poder Ejecutivo, tendrá competencia para adoptar las decisiones que luego serán cumplidas, a su solicitud, por las autoridades competentes en cada caso. La cooperación con la Corte, dada su naturaleza específica, supone muchas veces un reparto de tareas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, distribución indispensable debido a la complejidad y gravedad de los casos que dan mérito a la cooperación y a la necesidad de dar intervención a los jueces nacionales cuando estén en juego derechos individuales que implican medidas coercitivas respecto de personas y bienes.

La Autoridad Central Especial tendrá atribuciones amplias. No sólo es el servicio encargado del control formal de las solicitudes de cooperación, sino que también será la autoridad competente responsable de la cooperación. Esta tiene que ver, fundamentalmente, como se sabe, con la detención y entrega de personas requeridas a la Corte y con las demás medidas de carácter procesal que también puede solicitar.

A diferencia de la cooperación clásica en materia procesal-civil, que trata en general de una cooperación entre Tribunales de Justicia entre dos países en materia de asistencia penal internacional, que advierte una importante evolución en el ámbito internacional al desplazar el centro de gravedad de la misma hacia el Poder Ejecutivo. Por tanto, la cooperación con la Corte Penal Internacional por su naturaleza particular, compleja y sensible, requiere una cooperación fuertemente centralizada a cargo, como lo está en los demás Estados, del Poder Ejecutivo.

Esta cooperación debe ser ágil y eficaz cumpliéndose, según el caso, en vía administrativa o judicial. La intervención judicial es indispensable cuando se trata de adoptar las medidas que afectan los derechos de las personas y requieren el ejercicio del poder coercitivo del Estado.

III.4. COMENTARIOS SOBRE LOS ARTICULOS EN MATERIA DE COOPERACION

Las normas contenidas en este Capítulo tienen su fuente de inspiración en la reciente y excelente ley suiza sobre cooperación de la Confederación Helvética con la Corte Penal Internacional. Los artículos 3 y 4 del proyecto disponen que la cooperación estará a cargo de una Autoridad Central que funcionará dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, así como las atribuciones de esta Autoridad Central. Corresponde remitirse a los comentarios realizados en el sub-capítulo anterior b) y c).

El artículo 5 reserva ciertas decisiones importantes para su adopción por el Poder Ejecutivo. Se trata de las cuestiones sobre la inmunidad a que se refiere el artículo 98 del Estatuto, la remisión de situaciones a la Corte según el artículo 14, el rechazo de una solicitud de cooperación cuando la misma atenta contra la seguridad nacional del Estado y las decisiones a cargo del Estado en la ejecución de una pena.

El artículo 6 se refiere a la forma como las autoridades encargadas de la ejecución de la cooperación deben cumplir las medidas.

Merece comentario especial el artículo. El hecho de que en nuestro país y en base al principio de complementariedad se pueda, ya sea en la fase de la decisión preliminar sobre la admisibilidad en el sentido del artículo 18 del Estatuto, ya sea en el marco de un procedimiento de contestación de la competencia de la Corte en el sentido del artículo 19.2.b del Estatuto, invocar la primacía de un procedimiento nacional a iniciarse o en curso, relativiza en cierta forma el principio según el cual los Estados Partes no tienen el derecho de rechazar la cooperación que se les demanda. Este artículo representa una disposición clave del proyecto de ley, en cuanto permite reivindicar la competencia de la jurisdicción uruguaya respecto de los procesos iniciados o a iniciarse en el país contra personas requeridas por la propia Corte, a fin de que puedan ser éstas juzgadas en el Uruguay. Esta competencia atribuida a la Autoridad Central Especial, deberá ser objeto de una decisión a adoptarse en consulta con la autoridad competente.

Se considera que es ésta una forma adecuada de defender la jurisdicción nacional, permitiendo a la autoridad judicial encargada de la instrucción y a la Autoridad Central poner en común sus respectivas competencias a fin de adoptar la decisión más apropiada y conforme al Estatuto.

Los artículos 9 y 10, son también de suma importancia y se refieren a la detención y entrega de la persona requerida por la Corte. La entrega, según el artículo 102 del Estatuto, es el acto por el cual un Estado Parte entrega a una persona a la Corte. El Estatuto regula el procedimiento a seguir en el Estado Requerido para esa entrega.

Debe tenerse presente que las disposiciones referentes al procedimiento de entrega figuran no solamente en el Capítulo IX sino también en el Capítulo V del Estatuto. Los artículos 9 y 10 del proyecto regulan esta medida de cooperación de conformidad y dentro de los márgenes que autoriza el Estatuto.

El artículo 11 se refiere a la solicitud de autorización del Fiscal de la Corte para realizar en el territorio uruguayo actos de instrucción. Se observa que estos actos, a cumplirse de acuerdo a lo previsto en el artículo 99, párrafo 4, se refieren a una cooperación que se presta sin necesidad de emplear medidas coercitivas que puede realizarse con o sin presencia de autoridades del Estado uruguayo.

Debe tenerse en cuenta que el Fiscal está habilitado por el Estatuto para investigar directamente en el territorio de un Estado Parte en distintas hipótesis. Puede efectuar directamente una investigación que no exija medidas coercitivas cuando el Estado Requerido es aquel donde se cometió el crimen, luego de celebrar todas las consultas posibles con dicho Estado. En los demás casos y tratándose siempre de medidas no coercitivas, deberá celebrar consultas y sujetarse a las condiciones que imponga el Estado Requerido. Por otra parte, la Sala de Cuestiones Preliminares, habiendo comprobado que un Estado no está en condiciones de brindar cooperación porque ninguna autoridad está disponible a tal efecto, puede autorizar al Fiscal a cumplir actos de instrucción sin necesidad de autorización de este Estado.

III.5. OTRAS FORMAS DE COOPERACION

El proyecto deja de lado la reglamentación de las otras formas de cooperación, las que a juicio del Poder Ejecutivo deberán ser reglamentadas en oportunidad de redactarse el proyecto integral de implementación. En este aspecto, se recuerda que el Estatuto contiene una lista exhaustiva de diversas formas de asistencia posibles. Esta lista es completada por una disposición general (artículo 99.1.) que dispone que otras formas de asistencia son posibles a condición de que estén autorizadas por la legislación del Estado Requerido, lo que permite a estos Estados excluir ciertas formas de cooperación de discutida aceptación tales como las escuchas telefónicas, testigo arrepentido, etc.

IV

CONSIDERACIONES FINALES

Para finalizar este Mensaje, el Poder Ejecutivo entiende pertinente reiterar una vez más que la política exterior del Uruguay se ha caracterizado siempre por ser una política principista, de firme adhesión, defensa y respeto de los principios del Derecho Internacional, y es en base a esta vieja tradición que nuestro país tiene una importante presencia, inserción y proyección en el concierto internacional, no medible en términos de extensión territorial y población. Esta tradición implica la voluntad de ratificar el importante instrumento que crea la Corte Penal Internacional, la última gran institución internacional del pasado siglo que consagra y ratifica los principios y los intereses que siempre ha defendido el país.

La cuestión de los Derechos Humanos, y naturalmente la materia del Estatuto pertenece genéricamente a esta temática, ocupa desde hace varios años una atención prioritaria en nuestra política exterior, habiendo pasado a formar parte de nuestra tradición en materia internacional, ámbito que constituye un patrimonio que orgullosamente se debería ampliar permanentemente. Incorporándose al Estatuto, Uruguay reforzará su compromiso con la protección internacional de los Derechos Humanos, coadyuvando a la instauración de un mecanismo tendiente a reprimir, en la persona de sus autores, los crímenes más graves que lesionan valores humanos esenciales de contenido universal; a la vez que la propia Corte, por su sola existencia, habrá de cumplir una singular función disuasiva en relación a aquéllos que pretenden cometer los crímenes antes aludidos.

El proyecto de ley que se remite al Poder Legislativo para su consideración y aprobación, constituye necesariamente, a juicio del Poder Ejecutivo, un instrumento único e indivisible que expresa su voluntad de ratificar el Estatuto incorporando en el propio proyecto una declaración interpretativa sobre determinadas disposiciones, así como normas básicas de cooperación del Estado con la Corte que permitan la operatividad del Estatuto desde el instante mismo de su entrada en vigencia.

Por todo lo expuesto, se solicita a ese Cuerpo la pronta aprobación parlamentaria de este instrumento jurídico.

El Poder Ejecutivo hace propicia la ocasión para reiterar a ese Cuerpo las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República, Luis Brezzo, Alberto Bensión, Alfonso Varela, Juan Bordaberry, Alvaro Alonso, Sergio Abreu, Lucio Cáceres, Gonzalo González, Carlos Cat, Didier Opertti, Guillermo Valles.

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Deporte y Juventud

Montevideo, 30 de abril de 2002.

PROYECTO DE LEY

APROBACION DEL ESTATUTO DE ROMA DE LA

CORTE PENAL INTERNACIONAL

I

Aprobación del Estatuto

Artículo 1º.- Apruébase el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional adoptado en Roma, República de Italia, el 17 de julio de 1998 y suscrito el 19 de diciembre de 2000, sujeto a la siguiente declaración interpretativa.

II

Declaración interpretativa

Artículo 2º.- El Gobierno de la República Oriental del Uruguay, en ejercicio de su facultad de formular declaraciones interpretativas, entiende que:

1. Con relación al artículo 17, párrafo 2, del Estatuto, en cuanto dispone que "a fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto determinado, la Corte examinará si se da una o varias de las siguientes circunstancias, según el caso: a) que la decisión haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trata de su responsabilidad penal por crímenes de competencia de la Corte, según lo dispuesto en el artículo 5…". A este respecto resulta de toda evidencia que la adopción por el Estado de Derecho de decisiones que importan el ejercicio de su irrenunciable potestad de clemencia soberana a través de los órganos competentes, no implica voluntad o propósito de sustraer a la persona, etc., sino el ejercicio regular de las competencias atribuidas por la Constitución, artículo 85, numeral 14 y artículo 82.

2. El artículo 53, párrafo 1, literal c) y párrafo 2 enuncian circunstancias en las cuales habría "razones sustanciales" e "interés de la justicia" que inhibirían al Fiscal de promover una investigación. Entre estas circunstancias caben, a juicio del Poder Ejecutivo, aquellas decisiones nacionales adoptadas por el Estado de Derecho para consagrar iguales valores.

3. El artículo 27, párrafo 2, al disponer que "las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve el cargo oficial de una persona, con arreglo al Derecho Interno o al Derecho Internacional, no obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella", no impide el ejercicio previo de las competencias y la aplicación de las reglas especiales establecidas en la Constitución de la República en sus artículos 93, 102, 103, 114, 115, 171, 172 y 178, referente al juzgamiento de las autoridades mencionadas en estas disposiciones. Las figuras delictivas previstas en el Estatuto, por su carácter internacional y particular gravedad, no constituyen el objeto de la inmunidad constitucional de referencia.

4. El artículo 11, párrafo 1, al disponer sobre la competencia ratione temporis de la Corte, que ésta "tendrá únicamente competencia respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigencia del presente Estatuto", excluye aquellos crímenes que han tenido comienzo de ejecución antes de la entrada en vigencia del Estatuto.

5. El artículo 24, párrafo 1, sobre la competencia ratione personae de la Corte, al disponer que "Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor" incluye, lógicamente, aquellas conductas que hayan tenido comienzo de ejecución con anterioridad a la entrada en vigencia del Estatuto.

6. El artículo 112, numeral 2, literal f), al disponer que la Asamblea de los Estados Partes "examinará cuestiones relativas a la falta de cooperación de conformidad con los párrafos 5 y 7 del artículo 87", se refiere a cuestiones sujetas a decisiones de fondo de la Asamblea de los Estados Partes de acuerdo a lo previsto en el numeral 7, literal a) de la misma disposición.

III

Normas básicas sobre cooperación

Artículo 3º.- La cooperación con la Corte Penal Internacional estará a cargo de una Autoridad Central Especial que funcionará dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, el que reglamentará esta disposición.

Artículo 4º.- La Autoridad Central Especial, tendrá las siguientes atribuciones:

a) Recibir directamente las solicitudes de cooperación provenientes de la Corte;

b) Resolver sobre la admisibilidad de la cooperación y, en su caso, impugnar la competencia de la Corte;

c) Ordenar las medidas de cooperación, fijar su alcance, determinar las modalidades de ejecución de la solicitud, y remitirla, cuando corresponda, a la autoridad judicial competente para su cumplimiento;

d) Designar en caso necesario a un defensor de oficio;

e) Asegurar la entrega de las personas perseguidas por la Corte y trasmitir los resultados del cumplimiento de la solicitud de cooperación;

f) Someter a la autoridad judicial competente, a los efectos del enjuiciamiento, la solicitud de la Corte a que se refiere el artículo 70, numeral 4, literal b) del Estatuto;

g) Celebrar consultas con la Corte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97, cuando la solicitud de cooperación plantee problemas que puedan obstaculizar o impedir su cumplimiento;

h) Celebrar a iniciativa del Fiscal, consultas a fin de autorizar la ejecución de solicitudes de asistencia de conformidad con el artículo 99.4 del Estatuto.

Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo resolverá:

a) Las cuestiones de inmunidad en el sentido del artículo 98 del Estatuto en relación con el artículo 27 del Estatuto, que surjan en ocasión del cumplimiento de una solicitud;

b) Si una situación debe ser remitida a la Corte de acuerdo al artículo 14 del Estatuto;

c) Sobre el rechazo de una solicitud de cooperación, cuando su cumplimiento atenta contra la seguridad nacional del Estado (artículo 93 numeral 4 del Estatuto);

d) Si toma a cargo del Estado la ejecución de penas privativas de libertad (artículo 103 del Estatuto).

Artículo 6º.- Las autoridades encargadas de la ejecución de las solicitudes de cooperación cumplirán con diligencia las medidas ordenadas por la Autoridad Central Especial, sin pronunciarse sobre el fondo de la solicitud. Los actos cumplidos por estas autoridades no están sujetos a recurso.

Artículo 7º.- Cuando la Corte reivindique su competencia para conocer en un procedimiento, la Autoridad Central Especial, en consulta con la autoridad judicial competente para conocer del procedimiento en el Uruguay, podrá hacer valer la primacía de la competencia de la jurisdicción uruguaya en el sentido referido en el artículo 18 del Estatuto o contestar la competencia de la Corte según su artículo 19. La decisión de contestar la competencia de la Corte no está sujeta a recurso.

Artículo 8º.- Las autoridades judiciales uruguayas competentes en el enjuiciamiento de una persona por los crímenes previstos en el artículo 7º del Estatuto, podrán solicitar coperación a la Corte a través de la Autoridad Central Especial.

Artículo 9º.- 1. Una persona será entregada a la Corte si surge de la solicitud que la infracción es de su competencia y si esta competencia no es contestada de conformidad con el artículo 17.1 del Estatuto.

2. Cuando la Corte examine una contestación de su competencia conforme a los artículos 17 a 19 del Estatuto, la Autoridad Central Especial postergará la ejecución de la demanda de remisión hasta que haya recaído la decisión definitiva.

Artículo 10.- 1. Una vez resuelto que la demanda de búsqueda y de arresto reúne los requisitos formales exigidos por el Estatuto (artículo 87 del Estatuto), la Autoridad Central Especial remitirá la solicitud a la autoridad judicial competente para su ejecución.

2. Si la persona detenida o la Autoridad Central Especial contesta la competencia de la Corte antes de la entrega, ésta quedará en suspenso hasta que la Corte haya pronunciado su decisión.

3. Cuando la Corte examine una contestación de su competencia según los artículos 17 a 19 del Estatuto, la Autoridad Central Especial podrá postergar la ejecución de la demanda hasta que aquélla haya pronunciado su decisión, sin perjuicio de la adopción de medidas provisorias.

Artículo 11.- La Autoridad Central Especial, previa celebración de consultas con el Fiscal podrá autorizarlo a realizar en el territorio uruguayo actos de instrucción de acuerdo a lo previsto en el Art. 99, párrafo 4 del Estatuto.

Artículo 12.- 1. A solicitud de la Corte, el Estado puede tomar a su cargo la ejecución de una pena definitiva y ejecutoria de la Corte, si la persona condenada es un ciudadano natural o legal uruguayo.

2. Esta decisión se hará efectiva únicamente cuando el Poder Ejecutivo haya ejercido la facultad a que se refiere el artículo 103.1 del Estatuto.

Luis Brezzo, Alberto Bensión, Alfonso Varela, Juan Bordaberry, Alvaro Alonso, Sergio Abreu, Lucio Cáceres, Gonzalo González, Carlos Cat, Didier Opertti, Guillermo Valles.

ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL

INTERNACIONAL

PREAMBULO

Los Estados Partes en el presente Estatuto,

Conscientes de que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y sus culturas configuran un patrimonio común y observando con preocupación que este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento,

Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad,

Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad,

Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia,

Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes,

Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales,

Reafirmando los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, que los Estados se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas,

Destacando, en este contexto, que nada de lo dispuesto en el presente Estatuto deberá entenderse en el sentido de que autorice a un Estado Parte a intervenir en una situación de conflicto armado o en los asuntos internos de otro Estado,

Decididos, a los efectos de la consecución de esos fines y en interés de las generaciones presentes y futuras, a establecer una Corte Penal Internacional de carácter permanente, independiente y vinculada con el sistema de las Naciones Unidas que tenga competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto,

Destacando que la Corte Penal Internacional establecida en virtud del presente Estatuto será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales,

Decididos a garantizar que la justicia internacional sea respetada y puesta en práctica en forma duradera,

Han convenido en lo siguiente:

PARTE I. DEL ESTABLECIMIENTO DE LA CORTE

Artículo 1º

La Corte

Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional ("la Corte"). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.

Artículo 2º

Relación de la Corte con las Naciones Unidas

La Corte estará vinculada con las Naciones Unidas por un acuerdo que deberá aprobar la Asamblea de los Estados Partes en el presente Estatuto y concluir luego el Presidente de la Corte en nombre de ésta.

Artículo 3º

Sede de la Corte

1. La sede de la Corte estará en La Haya, Países Bajos ("el Estado anfitrión").

2. La Corte concertará con el Estado anfitrión un acuerdo relativo a la sede que deberá aprobar la Asamblea de los Estados Partes y concluir luego el Presidente de la Corte en nombre de ésta.

3. La Corte podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando lo considere conveniente, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto.

Artículo 4º

Condición jurídica y atribuciones de la Corte

1. La corte tendrá personalidad jurídica internacional. Tendrá también la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos.

2. La Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto en el territorio de cualquier Estado Parte y, por acuerdo especial, en el territorio de cualquier otro Estado.

PARTE II. DE LA COMPETENCIA, LA ADMISIBILIDAD Y EL DERECHO APLICABLE

Artículo 5º

Crímenes de la competencia de la Corte

1.La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes:

a) El crimen de genocidio;

b) Los crímenes de lesa humanidad;

c) Los crímenes de guerra;

d) El crimen de agresión.

2. La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Esa disposición será compatible con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 6º

Genocidio

A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "genocidio" cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

a) Matanza de miembros del grupo;

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;

e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

Artículo 7º

Crímenes de lesa humanidad

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa por parte de ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato;

b) Exterminio;

c) Esclavitud;

d) Deportación o traslado forzoso de población;

e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;

f) Tortura;

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;

i) Desaparición forzada de personas;

j) El crimen de apartheid;

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

2. A los efectos del párrafo 1:

a) Por "ataque contra una población civil" se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política;

b) El "exterminio" comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas encaminadas a causar la destrucción de parte de una población;

c) Por "esclavitud" se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños;

d) Por "deportación o traslado forzoso de población" se entenderá el desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional;

e) Por "tortura" se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas;

f) Por "embarazo forzado" se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo;

g) Por "persecución" se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad;

h) Por "el crimen de apartheid" se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen;

i) Por "desaparición forzada de personas" se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.

3. A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término "género" se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término "género" no tendrá más acepción que la que antecede.

Artículo 8º

Crímenes de guerra

1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.

2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por "crímenes de guerra":

a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente:

i) El homicidio intencional;

ii) La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los

experimentos biológicos;

iii) El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud;

iv) La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares, y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente;

v) El hecho de forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una Potencia enemiga;

vi) El hecho de privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente;

vii) La deportación o el traslado ilegal, la detención ilegal;

viii) La toma de rehenes;

b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:

i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra personas civiles que no participen directamente en las hostilidades;

ii) Dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares;

iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados;

iv) Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea;

v) Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares;

vi) Causar la muerte o lesiones a un combatiente que haya depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a discreción;

vii) Utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o las insignias militares o el uniforme del enemigo o de las Naciones Unidas, así como los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra, y causar así la muerte o lesiones graves;

viii) El traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa o la deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio;

ix) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares;

x) Someter a personas que estén en poder de una parte adversa a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento médico, dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés y que causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud;

xi) Matar o herir a traición a personas pertenecientes a la nación o al ejército enemigo;

xii) Declarar que no se dará cuartel;

xiii) Destruir o apoderarse de bienes del enemigo, a menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo;

xiv) Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un Tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga;

xv) Obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar en operaciones bélicas dirigidas contra su propio país, aunque hubieran estado al servicio del beligerante antes del inicio de la guerra;

xvi) Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por asalto;

xvii) Emplear veneno o armas envenenadas;

xviii) Emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o dispositivo análogos;

xix) Emplear balas que se ensanchan o aplasten fácilmente en el cuerpo humano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga incisiones;

xx) Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por su propia naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del derecho internacional de los conflictos armados, a condición de que esas armas o esos proyectiles, materiales o métodos de guerra, sean objeto de una prohibición completa y estén incluidos en un anexo del presente Estatuto en virtud de una enmienda aprobada de conformidad con las disposiciones que, sobre el particular, figuran en los artículos 121 y 123;

xxi) Cometer atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

xxii) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que también constituya una infracción grave de los Convenios de Ginebra;

xxiii) Utilizar la presencia de una persona civil u otra persona protegida para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a cubierto de operaciones militares;

xxiv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios, y contra personal que utilice los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional;

xxv) Hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencional-mente los suministros de socorro de conformidad con los Convenios de Ginebra;

xxvi) Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades;

c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa:

i) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura;

ii) Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

iii) La toma de rehenes;

iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un Tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables.

d) El párrafo 2 c) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no son de índole internacional, y por consiguiente, no se aplica a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos análogos.

e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:

i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades;

ii) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios y contra el personal que utilicen los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional;

iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados;

iv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares;

v) Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto;

vi) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual que constituya también una violación grave del artículo 1 común a los cuatro Convenios de Ginebra;

vii) Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o grupos o utilizarlos para participar activamente en hostilidades;

viii) Ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad de los civiles de que se trate o por razones militares imperativas;

ix) Matar o herir a tradición a un combatiente adversario;

x) Declarar que no se dará cuartel;

xi) Someter a las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón del tratamiento médico, dental u hospitalario de la persona de que se trate ni se lleven a cabo en su interés, y que provoquen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud;

xii) Destruir o apoderarse de bienes de un adversario, a menos que las necesidades del conflicto lo hagan imperativo;

f) El párrafo 2 e) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no son de índole internacional, y, por consiguiente, no se aplica a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos análogos. Se aplica a los conflictos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos.

3. Nada de lo dispuesto en los párrafos 2 c) y e) afectará a la responsabilidad que incumbe a todo gobierno de mantener o restablecer el orden público en el Estado o de defender la unidad e integridad territorial del Estado por cualquier medio legítimo.

Artículo 9

Elementos de los crímenes

1. Los elementos de los crímenes, que ayudarán a la Corte a interpretar y aplicar los artículos 6, 7 y 8 del presente Estatuto, serán aprobados por una mayoría de dos tercios de los Miembros de la Asamblea de los Estados Partes.

2. Podrán proponer enmiendas a los Elementos de los crímenes:

a) Cualquier Estado Parte;

b) Los Magistrados, por mayoría absoluta;

c) El Fiscal;

Las enmiendas serán aprobadas por una mayoría de dos tercios de los Miembros de la Asamblea de los Estados Partes.

3. Los Elementos de los crímenes y sus enmiendas serán compatibles con lo dispuesto en el presente Estatuto.

Artículo 10

Nada de lo dispuesto en la presente parte se interpretará en el sentido que limite o menoscabe de alguna manera las normas existentes o en desarrollo del derecho internacional para fines distintos del presente Estatuto.

Artículo 11

Competencia temporal

1. La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto.

2. Si un Estado se hace Parte en el presente Estatuto después de su entrada en vigor, la Corte podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto respecto de ese Estado, a menos que éste haya hecho una declaración de conformidad con el párrafo 3 del artículo 12.

Artículo 12

Condiciones previas para el ejercicio de la competencia

1. El Estado que pase a ser Parte en el presente Estatuto acepta por ello la competencia de la Corte respecto de los crímenes a que se refiere el artículo 5.

2. En el caso de los apartados a) o c) del artículo 13, la Corte podrá ejercer su competencia si uno o varios de los Estados siguientes son Partes en el presente Estatuto o han aceptado la competencia de la Corte de conformidad con el párrafo 3:

a) El Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la conducta de que se trate, o si el crimen se hubiere cometido a bordo de un buque o de una aeronave, el Estado de matrícula del buque o la aeronave;

b) El Estado del que sea nacional el acusado del crimen.

3. Si la aceptación de un Estado que no sea Parte en el presente Estatuto fuere necesaria de conformidad con el párrafo 2, dicho Estado podrá, mediante declaración depositada en poder del Secretario, consentir en que la Corte ejerza su competencia respecto del crimen de que se trate. El Estado aceptante cooperará con la Corte sin demora ni excepción de conformidad con la Parte IX.

Artículo 13

Ejercicio de la comptencia

La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:

a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14, una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes;

b) El Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; o

c) El Fiscal ha iniciado una investigación respecto de un crimen de ese tipo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.

Artículo 14

Remisión de una situación por un Estado Parte

1. Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas.

2. En la medida de lo posible, en la remisión se especificarán las circunstancias pertinentes y se adjuntará la documentación justificativa de que disponga el Estado denunciante.

Artículo 15

El Fiscal

1. El Fiscal podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de información acerca de un crimen de la competencia de la Corte.

2. El Fiscal analizará la veracidad de la información recibida. Con tal fin, podrá recabar más información de los Estados, los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas y podrá recibir testimonios escritos u orales en la sede de la Corte.

3. El Fiscal, si llegare a la conclusión de que existe fundamento suficiente para abrir una investigación, presentará a la Sala de Cuestiones Preliminares una petición de autorización para ello, junto con la documentación justificativa que haya reunido. Las víctimas podrán presentar observaciones a la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

4. Si, tras haber examinado la petición y la documentación que la justifique, la Sala de Cuestiones Preliminares considerare que hay fundamento suficiente para abrir una investigación y que el asunto parece corresponder a la competencia de la Corte, autorizará el inicio de la investigación, sin perjuicio de las resoluciones que pueda adoptar posteriormente la Corte con respecto a su competencia y la admisibilidad de la causa.

5. La negativa de la Sala de Cuestiones Preliminares a autorizar la investigación no impedirá que el Fiscal presente ulteriormente otra petición basada en nuevos hechos o pruebas relacionados con la misma situación.

6. Si, después del examen preliminar a que se refieren los párrafos 1 y 2, el Fiscal llega a la conclusión de que la información presentada no constituye fundamento suficiente para una investigación, informará de ello a quienes la hubieren presentado. Ello no impedirá que el Fiscal examine a la luz de hechos o pruebas nuevos, otra información que reciba en relación con la misma situación.

Artículo 16

Suspensión de la investigación o el enjuiciamiento

En caso de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con una resolución aprobada con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, pida a la Corte que suspenda por un plazo de doce meses la investigación o el enjuiciamiento que haya iniciado, la Corte procederá a esa suspensión; la petición podrá ser renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas condiciones.

Artículo 17

Cuestiones de admisibilidad

1. La Corte teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo y el artículo 1, resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando:

a) El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicción sobre él salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;

b) El asunto haya sido objeto de investigación por un Estado que tenga jurisdicción sobre él y éste haya decidido no incoar acción penal contra la persona de que se trate, salvo que la decisión haya obedecido a que no esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;

c) La persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por la conducta a que se refiere la denuncia, y la Corte no pueda adelantar el juicio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 20;

d) El asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la Corte.

2. A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto determinado, la Corte examinará, teniendo en cuenta los principios de un proceso con las debidas garantías reconocidos por el derecho internacional, si se da una o varias de las siguientes circunstancias, según el caso:

a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte, según lo dispuesto en el artículo 5;

b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia;

c) Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.

3. A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado, la Corte examinará si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su administración nacional de justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio.

Artículo 18

Decisiones preliminares relativas a la admisibilidad

1. Cuando se haya remitido a la Corte una situación en virtud del artículo 13 a) y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 c) y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerían normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas, impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.

2. Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la Corte que está llevando o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados. A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal autorizar la investigación.

3. El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la remisión o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.

4. El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.

5. Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.

6. El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.

7. El Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del presente artículo podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.

Artículo 19

Impugnación de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la causa

1. La Corte se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. La Corte podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el artículo 17.

2. Podrán impugar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte:

a) El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;

b) Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque está investigándola o enjuiciándola o lo ha hecho antes; o

c) Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12.

3. El Fiscal podrá pedir a la Corte que se pronuncie sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 y las víctimas.

4. La admisibilidad de una causa o la competencia de la Corte sólo podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a su inicio. En circunstancias excepcionales, la Corte podrá autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17.

5. El Estado a que se hace referencia en los apartados b) y c) del párrafo 2 del presente artículo hará la impugnación lo antes posible.

6. Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la Corte será asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 82.

7. Si la impugnación es hecha por el Estado a que se hace referencia en los apartados b) o c) del párrafo 2, el Fiscal suspenderá la investigación hasta que la Corte resuelva de conformidad con el artículo 17.

8. Hasta antes de que la Corte se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización para:

a) Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionada en el párrafo 6 del artículo 18;

b) Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolección y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y

c) Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58.

d) La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la Corte, antes de ella.

10. Si la Corte hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el artículo 17, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad con dicho artículo.

11. El Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposición información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.

Artículo 20

Coza juzgada

1. Salvo que en el presente Estatuto se disponga otra cosa, nadie será procesado por la Corte en razón de conductas constitutivas de crímenes por los cuales ya hubiere sido condenado o absuelto por la Corte.

2. Nadie será procesado por otro Tribunal en razón de uno de los crímenes mencionados en el artículo 5 por el cual la Corte ya le hubiere condenado o absuelto.

3. La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro Tribunal en razón de hechos también prohibidos en virtud de los artículos 6, 7 u 8 a menos que el proceso en el otro Tribunal:

a) Obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte; o

b) No hubiere sido instruido en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional o lo hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias del caso, fuere incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia.

Artículo 21

Derecho aplicable

1. La Corte aplicará:

a) En primer lugar, el presente Estatuto, los Elementos de los crímenes, sus Reglas de Procedimiento y Prueba;

b) En segundo lugar, cuando proceda, los tratados aplicables, los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios establecidos del derecho internacional de los conflictos armados;

c) En su defecto, los principios generales del derecho que derive la Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo, incluido, cuando proceda, el derecho interno de los Estados que normalmente ejercerían jurisdicción sobre el crimen, siempre que esos principios no sean incompatibles con el presente Estatuto ni con el derecho internacional ni las normas y estándares internacionalmente reconocidos.

2. La Corte podrá aplicar principios y normas de derecho respecto de cuales hubiere hecho una interpretación en decisiones anteriores.

3. La aplicación e interpretación del derecho de conformidad con el presente artículo deberá ser compatible con los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos, sin distinción alguna basada en motivos como género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, la edad, la raza, el color, la religión o el credo, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, el nacimiento u otra condición.

PARTE III. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO PENAL

Artículo 22

Nullum crimen sine lege

1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto a menos que la conducta de que se trate constituya, en el momento en que tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte.

2. La definición de crimen será interpretada estrictamente y no se hará extensiva por analogía. En caso de ambigüedad, será interpretada en favor de la persona objeto de investigación, enjuiciamiento o condena.

3. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a la tipificación de una conducta como crimen de derecho internacional independientemente del presente Estatuto.

Artículo 23

Nulla poena sine lege

Quien sea declarado culpable por la Corte únicamente podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto.

Artículo 24

Irretroactividad ratione personae

1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor.

2. De modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte la sentencia definitiva, se aplicarán las disposiciones más favorables a la persona objeto de la investigación, el enjuiciamiento o la condena.

Artículo 25

Responsabilidad penal individual

1. De conformidad con el presente Estatuto, la Corte tendrá competencia respecto de las personas naturales.

2. Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será responsable individualmente y podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto.

3. De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente responsable y podrá ser penado por la comisión de un crimen de la competencia de la Corte quien:

a) Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea éste o no penalmente responsable;

b) Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa;

c) Con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suinistrando los medios para su comisión.

d) Contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común. La contribución deberá ser intencional y se hará:

i) con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, cuando una u otro entrañe la comisión de un crimen de la competencia de la Corte; o

ii)A sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer el crimen.

e) Respecto del crimen de genocidio, haga una instigación directa y pública a que se cometa;

f) Intente cometer ese crimen mediante actos que supongan un paso importante para su ejecución, aunque el crimen no se consume debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, quien desista de la comisión del crimen o impida de otra forma que se consume no podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo.

4. Nada de lo dispuesto en el presente Estatuto respecto de la responsabilidad penal de las personas naturales afectará a la responsabilidad del Estado conforme al derecho internacional.

Artículo 26

Exclusión de los menores de 18 años de la competencia de la Corte

La Corte no será competente respecto de los que fueren menores de 18 años en el momento de la presunta comisión del crimen.

Artículo 27

Improcedencia del cargo oficial

1. El presente Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o Parlamento representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.

2. Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella.

Artículo 28

Responsabilidad de los jefes y otros superiores

Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte:

a) El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando:

i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y

ii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.

b) En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado distintas de las señaladas en el apartado a), el superior será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados, cuando:

i) Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos;

ii) Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo; y

iii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.

Artículo 29

Imprescriptibilidad

Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán.

Artículo 30

Elemento de intencionalidad

1. Salvo disposición en contrario, una persona será penalmente responsable y podrá ser penada por un crimen de la competencia de la Corte únicamente si elementos materiales del crimen se realizan con intención y conocimiento.

2. A los efectos del presente artículo, se entiende que actúa intencionalmente quien:

a) En relación con una conducta, se propone incurrir en ella;

b) En relación con una consecuencia, se propone causarla o es consciente que se producirá en el curso normal de los acontecimientos.

3. A los efectos del presente artículo, por "conocimiento" se entiende la conciencia de que existe una circunstancia o se va a producir una consecuencia en el curso normal de los acontecimientos. Las palabras "a sabiendas" y "con conocimiento" se entenderán en el mismo sentido.

Artículo 31

Circunstancias eximentes de responsabilidad penal

1. Sin perjuicio de las demás circunstancias eximentes de responsabilidad penal establecidas en el presente Estatuto, no será penalmente responsable quien, en el momento de incurrir en una conducta:

a) Padeciere de una enfermedad o deficiencia mental que le prive de su capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta, o de su capacidad para controlar esa conducta a fin de no transgredir la ley;

b) Estuviere en un estado de intoxicación que le prive de su capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta, o de su capacidad para controlar esa conducta a fin de no transgredir la ley, salvo que se haya intoxicado voluntariamente a sabiendas de que, como resultado de la intoxicación, probablemente incurriría en una conducta tipificada como crimen la competencia de la Corte, o haya hecho caso omiso del riesgo de que ello ocurriere;

c) Actuare razonablemente en defensa propia o de un tercero o, en el caso de los crímenes de guerra, de un bien que fuese esencial para su supervivencia o la de un tercero o de un bien que fuese esencial para realizar una misión militar, contra un uso inminente e ilícito de la fuerza, en forma proporcional al grado de peligro para él, un tercero o los bienes protegidos. El hecho de participar en una fuerza que realizare una operación de defensa no bastará para constuitir una circunstancia eximente de la responsabilidad penal de conformidad con el presente apartado;

d) Hubiere incurrido en una conducta que presuntamente constituya un crimen de la competencia de la Corte como consecuencia de coacción dimanante de una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves para él u otra persona, y en que se vea compelido a actuar necesaria y razonablemente para evitar esa amenaza, siempre que no tuviera la intención de causar un daño mayor que el que se proponía evitar. Esa amenaza podrá:

i) Haber sido hecha por otras personas; o

ii) Estar constituida por otras circunstancias ajenas a su control.

2. La Corte determinará si las circunstancias eximentes de responsabilidad penal admitidas por el presente Estatuto son aplicables en la causa de que esté conociendo.

3. En el juicio, la Corte podrá tener en cuenta una circunstancia eximente de responsabilidad penal distinta de las indicadas en el párrafo 1 siempre que dicha circunstancia se desprenda del derecho aplicable de conformidad con el artículo 21. El procedimiento para el examen de una eximente de este tipo se establecerá en las Reglas de Procedimiento y Prueba.

Artículo 32

Error de hecho o error de derecho

1. El error de hecho eximirá de responsabilidad penal únicamente si hace desaparecer el elemento de intencio-nalidad requerido por el crimen.

2. El error de derecho acerca de si un determinado tipo de conducta constituye un crimen de la competencia de la Corte no se considerará eximente. Con todo, el error de derecho podrá considerarse eximente si hace desaparecer el elemento de intencionalidad requerido por ese crimen o si queda comprendido en lo dispuesto en el artículo 33 del presente Estatuto.

Artículo 33

Ordenes superiores y disposiciones legales

1. Quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal a menos que:

a) Estuviere obligado por ley a obedecer órdenes emitidas por el gobierno o el superior de que se trate;

b) No supiera que la orden era ilícita; y

c) La orden no fuera manifiestamente ilícita.

2. A los efectos del presente artículo, se entenderá que las órdenes de cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad son manifiestamente ilícitas.

PARTE IV. DE LA COMPOSICION Y ADMINISTRACION DE LA CORTE

Artículo 34

Organos de la Corte

La Corte estará compuesta de los órganos siguientes:

a) La Presidencia;

b) Una Sección de Apelaciones, una Sección de Primera Instancia y una Sección de Cuestiones Preliminares;

c) La Fiscalía;

d) La Secretaría.

Artículo 35

Desempeño del cargo de magistrado

1. Todos los magistrados serán elegidos Miembros de la Corte en régimen de dedicación exclusiva y estarán disponibles para desempeñar su cargo en ese régimen desde que comience su mandato.

2. Los magistrados que constituyan la Presidencia desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva tan pronto como sean elegidos.

3. La Presidencia podrá, en función del volumen de trabajo de la Corte, y en consulta con los Miembros de ésta, decidir por cuánto tiempo será necesario que los demás Magistrados desempeñen sus cargos en régimen de dedicación exclusiva. Las decisiones que se adopten en ese sentido se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40.

4. Las disposiciones financieras relativas a los magistrados que no deban desempeñar sus cargos en régimen de dedicación exclusiva serán adoptadas de conformidad con el artículo 49.

Artículo 36

Condiciones que han de reunir los Magistrados, candidaturas y elección de los Magistrados

1. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2, la Corte estará compuesta de 18 Magistrados.

2. a) La Presidencia, actuando en nombre de la Corte, podrá proponer que aumente el número de Magistrados indicado en el párrafo 1 y señalará las razones por las cuales considera necesario y apropiado ese aumento. El Secretario distribuirá prontamente la propuesta a todos los Estados Partes;

b) La propuesta será examinada en una sesión de la Asamblea de los Estados Partes que habrá de convocarse de conformidad con el artículo 112. La propuesta, que deberá ser aprobada en la sesión por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes, entrará en vigor en la fecha en que decida la Asamblea:

c) i) Una vez que se haya aprobado una propuesta para aumentar el número de Magistrados con arreglo al apartado b), la elección de los nuevos Magistrados se llevará a cabo en el siguiente período de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes, de conformidad con los párrafos 3 a 8 del presente artículo y con el párrafo 2 del artículo 37;

ii) Una vez que se haya aprobado y haya entrado en vigor una propuesta para aumentar el número de Magistrados con arreglo a los apartados b) y c) i), la Presidencia podrá en cualquier momento, si el volumen de trabajo de la Corte lo justifica, proponer que se reduzca el número de Magistrados, siempre que ese número no sea inferior al indicado en el párrafo 1. La propuesta será examinada de conformidad con el procedimiento establecido en los apartados a) y b). De ser aprobada, el número de Magistrados se reducirá progresivamente a medida que expiren los mandatos y hasta que se llegue al número debido.

3. a) Los Magistrados serán elegidos entre personas de alta consideración moral, imparcialidad e integridad que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países;

b) Los candidatos a Magistrados deberán tener:

i) Reconocida competencia en derecho y procedimiento penales y la necesaria experiencia en causas penales en calidad de Magistrado, Fiscal, abogado u otra función similar; o

ii) Reconocida competencia en materias pertinentes de derecho internacional, tales como el derecho internacional humanitario y las normas de Derechos Humanos, así como gran experiencia en funciones jurídicas profesionales que tengan relación con la labor judicial de la Corte;

c) Los candidatos a Magistrado deberán tener un excelente conocimiento y dominio de por lo menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.

4. a) Cualquier Estado Parte en el presente Estatuto podrá proponer candidatos en las elecciones para Magistrado de la Corte mediante:

i) El procedimiento previsto para proponer candidatos a los más altos cargos judiciales del país; o

ii) El procedimiento previsto en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia para proponer candidatos a esa Corte.

Las propuestas deberán ir acompañadas de una exposición detallada acerca del grado en que el candidato cumple los requisitos enunciados en el párrafo 3;

b) Un Estado Parte podrá proponer un candidato que no tenga necesariamente su nacionalidad, pero que en todo caso sea nacional de un Estado Parte;

c) La Asamblea de los Estados Partes podrá decidir que se establezca un comité asesor para las candidaturas. En ese caso, la Asamblea de los Estados Partes determinará la composición y el mandato del comité.

5. A los efectos de la elección se harán dos listas de candidatos:

La lista A, con los nombres de los candidatos que reúnan los requisitos enunciados en el apartado b) i) del párrafo 3; y

La lista B, con los nombres de los candidatos que reúnan los requisitos enunciados en el apartado b) ii) de párrafo 3.

El candidato que reúna los requisitos requeridos para ambas listas podrá elegir en cuál desea figurar. En la primera elección de Miembros de la Corte, por lo menos nueve Magistrados serán elegidos entre los candidatos de la lista A y por los menos cinco serán elegidos entre los de la lista B. Las elecciones subsiguientes se organizarán de manera que se mantenga en la Corte una proporción equivalente de Magistrados de ambas listas.

6. a) Los Magistrados serán elegidos por votación secreta en una sesión de la Asamblea de los Estados Partes convocada con ese fin con arreglo al artículo 112. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 7, serán elegidos los 18 candidatos que obtengan el mayor número de votos y una mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes;

b) En el caso de que en la primera votación no resulte elegido un número suficiente de Magistrados, se procederá a nuevas votaciones de conformidad con los procedimientos establecidos en el apartado a) hasta cubrir los puestos restantes.

7. No podrá haber dos Magistrados que sean nacionales del mismo Estado. Toda persona que, para ser elegida Magistrado, pudiera ser considerada nacional de más de un Estado, será considerada nacional del Estado donde ejerza habitualmente sus derechos civiles y políticos.

8. a) Al seleccionar a los Magistrados, los Estados Partes tendrán en cuenta la necesidad de que en la composición de la Corte haya:

i) Representación de los principales sistemas jurídicos del mundo;

ii) Distribución geográfica equitativa; y

iii) Representación equilibrada de Magistrados mujeres y hombres;

b) Los Estados Partes tendrán también en cuenta la necesidad de que haya en la Corte Magistrados que sean juristas especializados en temas concretos que incluyan, entre otros, la violencia contra las mujeres o los niños.

9. a) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado b), los Magistrados serán elegidos por un mandato de nueve años y, con sujeción al apartado c) y al párrafo 2 del artículo 37, no podrán ser reelegidos;

b) En la primera elección, un tercio de los Magistrados elegidos será seleccionado por sorteo para desempeñar un mandato de tres años, un tercio de los Magistrados será seleccionado por sorteo para desempeñar un mandato de 6 años y el resto desempeñará un mandato de nueve años;

c) Un Magistrado seleccionado para desempeñar un mandato de tres años de conformidad con el apartado b) podrá ser reelegido por un mandato completo.

10. No obstante lo dispuesto en el párrafo 9, un Magistrado asignado a Sala de Primera Instancia o una Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 39, seguirá en funciones a fin de llevar a término el juicio o la apelación de los que haya comenzado a conocer en esa Sala.

Artículo 37

Vacantes

1. En caso de producirse una vacante se celebrará una elección de conformidad con el artículo 36 para cubrirla.

2. El Magistrado elegido para cubrir una vacante desempeñará el cargo por el resto del mandato de su predecesor y, si éste fuera de tres años o menos, podrá ser reelegido por un mandato completo con arreglo al artículo 36.

Artículo 38

Presidencia

1. El Presidente, el Vicepresidente primero y el Vicepresidente segundo serán elegidos por mayoría absoluta de los Magistrados. Cada uno desempeñará el cargo por un período de tres años o hasta el término de su mandato como Magistrado, si éste se produjere antes. Podrán ser reelegidos una vez.

2. El Vicepresidente primero sustituirá al Presidente cuando éste se halle en la imposibilidad de ejercer sus funciones o haya sido recusado.

El Vicepresidente segundo sustituirá al Presidente cuando éste y el Vicepresidente primero se hallen en la imposibilidad de ejercer sus funciones o hayan sido recusados.

3. El Presidente, el Vicepresidente primero y el Vicepresidente segundo constituirán la Presidencia, que estará encargada de:

a) La correcta administración de la Corte, con excepción de la Fiscalía;

b) Las demás funciones que se le confieren de conformidad con el presente Estatuto.

4. En el desempeño de sus funciones enunciadas en el párrafo 3 a), la Presidencia actuará en coordinación con el Fiscal y recabará su aprobación en todos los asuntos de interés mutuo.

Artículo 39

Las Salas

1. Tan pronto como sea posible después de la elección de los Magistrados, la Corte se organizará en las secciones indicadas en el artículo 34 b). La Sección de Apelaciones se compondrá del Presidente y otros cuatro Magistrados, la Sección de Primera Instancia de no menos de seis Magistrados y la Sección de Cuestiones Preliminares de no menos de seis Magistrados. Los Magistrados serán asignados a las secciones según la naturaleza de las funciones que corresponderán a cada una y sus respectivas calificaciones y experiencia, de manera que en cada sección haya una combinación apropiada de especialistas en derecho y procedimiento penales y en derecho internacional. La Sección de Primera Instancia y la Sección de Cuestiones Preliminares estarán integradas predominantemente por Magistrados que tengan experiencia en procedimiento penal.

2. a) Las funciones judiciales de la Corte serán realizadas en cada sección por las Salas;

b) i) La Sala de Apelaciones se compondrá de todos los Magistrados de la Sección de Apelaciones;

ii) Las funciones de la Sala de Primera Instancia serán realizadas por tres Magistrados de la Sección de Primera Instancia;

iii) Las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares serán realizadas por tres Magistrados de la Sección de Cuestiones Preliminares o por un solo Magistrado de dicha Sección, de conformidad con el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba;

c) Nada de lo dispuesto en el presente párrafo obstará a que se constituyan simultáneamente más de una Sala de Primera Instancia o Sala de Cuestiones Preliminares cuando la gestión eficiente del trabajo de la Corte así lo requiera.

3. a) Los Magistrados asignados a las Secciones de Primera Instancia y de Cuestiones Preliminares desempeñarán el cargo en esas Secciones por un período de tres años, y posteriormente hasta llevar a término cualquier causa de la que hayan empezado a conocer en la sección de que se trate;

b) Los Magistrados asignados a la Sección de Apelaciones desempeñarán el cargo en esa Sección durante todo su mandato.

4. Los Magistrados asignados a la Sección de Apelaciones desempeñarán el cargo únicamente en esa Sección. Nada de lo dispuesto en el presente artículo obstará, sin embargo, a que se asignen temporalmente Magistrados de la Sección de Primera Instancia a la Sección de Cuestiones Preliminares, o a la inversa, si la Presidencia considera que la gestión eficiente del trabajo de la Corte así lo requiere, pero en ningún caso podrá formar parte de la Sala de Primera Instancia que conozca de una causa un Magistrado que haya participado en la etapa preliminar.

Artículo 40

Independencia de los Magistrados

1. Los Magistrados serán independientes en el desempeño de sus funciones.

2. Los Magistrados no realizarán actividad alguna que pueda ser incompatible con el ejercicio de sus funciones judiciales o menoscabar la confianza en su independencia.

3. Los Magistrados que tengan que desempeñar sus cargos en régimen de dedicación exclusiva en la sede de la Corte no podrán desempeñar ninguna otra ocupación de carácter profesional.

4. Las cuestiones relativas a la aplicación de los párrafos 2 y 3 serán dirimidas por mayoría absoluta de los Magistrados. El Magistrado al que se refiera una de estas cuestiones no participará en la adopción de la decisión.

Artículo 41

Dispensa y recusación de los Magistrados

1. La Presidencia podrá, a petición de un Magistrado, dispensarlo del ejercicio de alguna de las funciones que le confiere el presente Estatuto, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

2. a) Un Magistrado no participará en ninguna causa en que, por cualquier motivo, pueda razonablemente ponerse en duda su imparcialidad. Un Magistrado será recusado de conformidad con lo dispuesto en el presente párrafo, entre otras razones, si hubiese intervenido anteriormente, en cualquier calidad, en una causa de la que la Corte estuviere conociendo o en una causa penal conexa sustanciada a nivel nacional y que guardare relación con la persona objeto de investigación o enjuiciamiento. Un Magistrado será también recusado por los demás motivos que se establezcan en las Reglas de Procedimiento y Prueba;

b) El Fiscal o la persona objeto de investigación o enjuiciamiento podrá pedir la recusación de un Magistrado con arreglo a lo dispuesto en el presente párrafo.

c) Las cuestiones relativas a la recusación de un Magistrado serán dirimidas por mayoría absoluta de los Magistrados. El Magistrado cuya recusación se pida tendrá derecho a hacer observaciones sobre la cuestión, pero no tomará parte en la decisión.

Artículo 42

La Fiscalía

1. La Fiscalía actuará en forma independiente como órgano separado de la Corte. Estará encargada de recibir remisiones e información corroborada sobre crímenes de la competencia de la Corte para examinarlas y realizar investigaciones o ejercitar la acción penal ante la Corte. Los Miembros de la Fiscalía no solicitarán ni cumplirán instrucciones de fuentes ajenas a la Corte.

2. La Fiscalía estará dirigida por el Fiscal. El Fiscal tendrá plena autoridad para dirigir y administrar la Fiscalía, con inclusión del personal, las instalaciones y otros recursos. El Fiscal contará con la ayuda de uno o más fiscales adjuntos, que podrán desempeñar cualquiera de las funciones que le correspondan de conformidad con el presente Estatuto. El Fiscal y los Fiscales adjuntos tendrán que ser de diferentes nacionalidades y desempeñarán su cargo en régimen de dedicación exclusiva.

3. El Fiscal y los Fiscales adjuntos serán personas que gocen de alta consideración moral, que posean un alto nivel de competencia y tengan extensa experiencia práctica en el ejercicio de la acción penal o la sustanciación de causas penales. Deberán tener un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.

4. El Fiscal será elegido en votación secreta y por mayoría absoluta de los Miembros de la Asamblea de los Estados Partes. Los Fiscales adjuntos serán elegidos en la misma forma de una lista de candidatos presentada por el Fiscal. El Fiscal propondrá tres candidatos para cada puesto de Fiscal adjunto que deba cubrirse. Salvo que en el momento de la elección se fije un período más breve, el Fiscal y los Fiscales adjuntos desempeñarán su cargo por un período de nueve años y no podrán ser reelegidos.

5. El Fiscal y los Fiscales adjuntos no realizarán actividad alguna que pueda interferir en el ejercicio de sus funciones o menoscabar la confianza en su independencia. No podrán desempeñar ninguna otra ocupación de carácter profesional.

6. La Presidencia podrá, a petición del Fiscal o de un Fiscal adjunto, dispensarlos de intervenir en una causa determinada.

7. El Fiscal y los Fiscales adjuntos no participarán en ningún asunto en que, por cualquier motivo, pueda razonablemente ponerse en duda su imparcialidad. Serán recusados de conformidad con lo dispuesto en el presente párrafo, entre otras razones, si hubiesen intervenido anteriormente, en cualquier calidad, en una causa de que la Corte estuviere conociendo o en una causa penal conexa sustanciada a nivel nacional y que guardare relación con la persona objeto de investigación o enjuiciamiento.

8. Las cuestiones relativas a la recusación del Fiscal o de un Fiscal adjunto serán dirimidas por la Sala de Apelaciones:

a) La persona objeto de investigación o enjuiciamiento podrá en cualquier momento pedir la recusación del Fiscal o de un Fiscal adjunto por los motivos establecidos en el presente artículo;

b) El Fiscal o el Fiscal adjunto, según proceda, tendrán derecho a hacer observaciones sobre la cuestión.

9. El Fiscal nombrará asesores jurídicos especialistas en determinados temas como, por ejemplo, violencia sexual, violencia por razones de género y violencia contra los niños.

Artículo 43

La Secretaría

1. La Secretaría, sin perjuicio de las funciones y atribuciones del Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, estará encargada de los aspectos no judiciales de la administración de la Corte y de prestarle servicios.

2. La Secretaría será dirigida por el Secretario, que será el principal funcionario administrativo de la Corte. El Secretario ejercerá sus funciones bajo la autoridad del Presidente de la Corte.

3. El Secretario y el Secretario Adjunto deberán ser personas que gocen de consideración moral y tener un alto nivel de competencia y un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.

4. Los Magistrados elegirán al Secretario en votación secreta por mayoría absoluta y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Asamblea de los Estados Partes. De ser necesario elegirán, por recomendación del Secretario y con arreglo al mismo procedimiento, un Secretario Adjunto.

5. El Secretario será elegido por un período de cinco años en régimen de dedicación exclusiva y podrá ser reelegido una sola vez. El Secretario Adjunto será elegido por un período de cinco años, o por uno más breve, si así lo deciden los Magistrados por mayoría absoluta, en el entendimiento de que prestará sus servicios según sea necesario.

6. El Secretario establecerá una Dependencia de Víctimas y Testigos dentro de la Secretaría. Esta Dependencia, en consulta con la Fiscalía, adoptará medidas de protección y dispositivos de seguridad y prestará asesoramiento y otro tipo de asistencia a testigos y víctimas que comparezcan ante la Corte, y a otras personas que estén en peligro en razón del testimonio prestado. La Dependencia contará con personal especializado para atender a las víctimas de traumas, incluidos los relacionados con delitos de violencia sexual.

Artículo 44

El personal

1. El Fiscal y el Secretario nombrarán los funcionarios calificados que sean necesarios en sus respectivas oficinas. En el caso del Fiscal, ello incluirá el nombramiento de investigadores.

2. En el nombramiento de los funcionarios, el Fiscal y el Secretario velarán por el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad y tendrán en cuenta, mutatis mutandis, los criterios establecidos en el párrafo 8 del artículo 16.

3. El Secretario, con la anuencia de la Presidencia y del Fiscal, propondrá un reglamento del personal que establecerá las condiciones en que el personal de la Corte será designado, remunerado o separado del servicio. El Reglamento del Personal estará sujeto a la aprobación de la Asamblea de los Estados Partes.

4. La Corte podrá, en circunstancias excepcionales, recurrir a la pericia de personal proporcionado gratuitamente por Estados Partes, organizaciones intergubernamentales u organizaciones no gubernamentales para que colabore en la labor de cualquiera de los órganos de la Corte. El Fiscal podrá aceptar ofertas de esa índole en nombre de la Fiscalía. El personal proporcionado gratuitamente será empleado de conformidad con directrices que ha de establecer la Asamblea de los Estados Partes.

Artículo 45

Promesa solemne

Antes de asumir las obligaciones del cargo de conformidad con el presente Estatuto, los Magistrados, el Fiscal, los Fiscales adjuntos, el Secretario y el Secretario adjunto declararán solemnemente y en sesión pública que ejercerán sus atribuciones con toda imparcialidad y conciencia.

Artículo 46

Separación del cargo

1. Un Magistrado, el Fiscal, un Fiscal adjunto, el Secretario o el Secretario adjunto será separado del cargo si se adopta una decisión a tal efecto de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 cuando se determine que:

a) Ha incurrido en falta grave o en incumplimiento grave de las funciones que le confiere el presente Estatuto y según lo establecido en las Reglas de procedimiento y prueba; o

b) Está imposibilitado de desempeñar las funciones descritas en el presente Estatuto.

2. La decisión de separar del cargo a un Magistrado, el Fiscal o un Fiscal adjunto de conformidad con el párrafo 1 será adoptada por la Asamblea de los Estados Partes en votación secreta:

a) En el caso de un Magistrado, por mayoría de dos tercios de los Estados Partes y previa recomendación aprobada por mayoría de dos tercios de los demás Magistrados;

b) En el caso del Fiscal, por mayoría absoluta de los Estados Partes;

c) En el caso de un Fiscal adjunto, por mayoría absoluta de los Estados Partes y previa recomendación del Fiscal.

3. La decisión de separar del cargo al Secretario o a un Secretario adjunto será adoptada por mayoría absoluta de los Magistrados.

4. El Magistrado, Fiscal, Fiscal adjunto, Secretario o Secretario adjunto cuya conducta o cuya idoneidad para el ejercicio de las funciones del cargo de conformidad con el presente Estatuto haya sido impugnada en virtud del presente artículo podrá presentar y obtener pruebas y presentar escritos de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba; sin embargo, no podrá participar por ningún otro concepto en el examen de la cuestión.

Artículo 47

Medidas disciplinarias

El Magistrado, Fiscal, Fiscal adjunto, Secretario o Secretario adjunto que haya incurrido en una falta menos grave que la establecida en el párrafo 1 del artículo 46 será objeto de medidas disciplinarias de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

Artículo 48

Privilegios e inmunidades

1. La Corte gozará en el territorio de cada Estado Parte de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

2. Los Magistrados, el Fiscal, los Fiscales adjuntos y el Secretario gozarán, cuando actúen en el desempeño de sus funciones o en relación con ellas, de los mismos privilegios e inmunidades reconocidos a los jefes de las misiones diplomáticas y, una vez expirado su mandato, seguirán gozando de absoluta inmunidad judicial por las declaraciones hechas oralmente o por escrito y los actos realizados en el desempeño de sus funciones oficiales.

3. El Secretario Adjunto, el personal de la Fiscalía y el personal de la Secretaría gozarán de los privilegios e inmunidades y de las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte.

4. Los abogados, peritos, testigos u otras personas cuya presencia se requiera en la sede de la Corte serán objeto del tratamiento que sea necesario para el funcionamiento adecuado de la Corte, de conformidad con el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte.

5. Se podrá renunciar a los privilegios e inmunidades:

a) En el caso de un Magistrado o el Fiscal, por decisión de la mayoría absoluta de los Magistrados;

b) En el caso del Secretario, por la Presidencia;

c) En el caso de los Fiscales Adjuntos y el personal de la Fiscalía, por Fiscal;

d) En el caso del Secretario Adjunto y el personal de la Secretaría, por Secretario.

Artículo 49

Sueldos, estipendios y dietas

Los Magistrados, el Fiscal, los Fiscales adjuntos, el Secretario y el Secretario Adjunto percibirán los sueldos, estipendios y dietas que decida la Asamblea de los Estados Partes. Esos sueldos y estipendios no serán reducidos en el curso de su mandato.

Artículo 50

Idiomas oficiales y de trabajo

1. Los idiomas oficiales de la Corte serán el árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso. Las sentencias de la Corte, así como las otras decisiones que resuelvan cuestiones fundamentales de que conozca la Corte, serán publicadas en los idiomas oficiales. La Presidencia, de conformidad con los criterios establecidos en las Reglas de Procedimiento y Prueba, determinará cuáles son las decisiones que resuelven cuestiones fundamentales a los efectos del presente párrafo.

2. Los idiomas de trabajo de la Corte serán el francés y el inglés. En las Reglas de Procedimiento y Prueba se determinará en qué casos podrá utilizarse como idioma de trabajo otros idiomas oficiales.

3. La Corte autorizará a cualquiera de las Partes o cualquiera de los Estados a que se haya permitido intervenir en un procedimiento, previa solicitud de ellos, a utilizar un idioma distinto del francés o el inglés, siempre que considere que esta autorización está adecuadamente justificada.

Artículo 51

Reglas de Procedimiento y Prueba

1. Las Reglas de Procedimiento y Prueba entrarán en vigor tras su aprobación por mayoría de dos tercios de los Miembros de la Asamblea de los Estados Partes.

2. Podrán proponer enmiendas a las Reglas de Procedimiento y Prueba:

a) Cualquier Estado Parte;

b) Los Magistrados, por mayoría absoluta; o

c) El Fiscal.

Las enmiendas entrarán en vigor tras su aprobación en la Asamblea de los Estados Partes por mayoría de dos tercios.

3. Una vez aprobadas las Reglas de Procedimiento y Prueba, en casos urgentes y cuando éstas no resuelvan una situación concreta suscitada en la Corte, los Magistrados podrán, por una mayoría de dos tercios, establecer reglas provisionales que se aplicarán hasta que la Asamblea de los Estados Partes las apruebe, enmiende o rechace en su siguiente período ordinario o extraordinario de sesiones.

4. Las Reglas de Procedimiento y Prueba, las enmiendas a ellas y las reglas provisionales deberán estar en consonancia con el presente Estatuto. Las enmiendas a las Reglas de Procedimiento y Prueba, así como las reglas provisionales, no se aplicarán retroactivamente en detrimento de la persona que sea objeto de la investigación o el enjuiciamiento o que haya sido condenada.

5. En caso de conflicto entre las disposiciones del Estatuto y las de las Reglas de Procedimiento y Prueba, prevalecerá el Estatuto.

Artículo 52

Reglamento de la Corte

1. Los Magistrados, de conformidad con el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba, aprobarán por mayoría absoluta el Reglamento de la Corte que sea necesario para su funcionamiento ordinario.

2. Se consultará al Fiscal y al Secretario en la preparación del Reglamento y de cualquier enmienda a él.

3. El Reglamento y sus enmiendas entrarán en vigor al momento de su aprobación, a menos que los Magistrados decidan otra cosa. Inmediatamente después de su aprobación, serán distribuidos a los Estados Partes para recabar sus observaciones. Se mantendrán en vigor si en un plazo de seis meses no se han recibido objeciones de una mayoría de los Estados Partes.

PARTE V. DE LA INVESTIGACION Y EL ENJUICIAMIENTO

Artículo 53

Inicio de una investigación

1. El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo al presente Estatuto. Al decidir si ha de iniciar una investigación, el Fiscal tendrá en cuenta si:

a) La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte;

b) La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17.

c) Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.

El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basare únicamente en el apartado c), lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.

2. Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento, ya que:

a) No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58;

b) La causa es inadmisible de conformidad con el ar-tículo 17; o

c) El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circuntancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen; notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el párrafo b) del artículo 13.

3. a) A petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 o del Consejo de Seguridad de conformidad con el párrafo b) del artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con el párrafo 1 o el párrafo 2 y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión;

b) Además, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basare únicamente en el párrafo 1 c) o el párrafo 2 c). En ese caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.

4. El Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.

Artículo 54

Funciones y atribuciones del Fiscal con respecto a las investigaciones

1. El Fiscal:

a) A fin de establecer la veracidad de los hechos, ampliará la investigación a todos los hechos y las pruebas que sean pertinentes para determinar si hay responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto y, a esos efectos, investigará tanto las circunstancias incriminantes como las eximentes;

b) Adoptará medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la investigación, y el enjuiciamiento de los crímenes de la competencia de la Corte. A esos efectos, respetará los intereses y las circunstancias personales de víctimas y testigos, entre otros la edad, el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7, y la salud, y tendrá en cuenta la naturaleza de los crímenes, en particular los de violencia sexual, violencia por razones de género y violencia contra los niños; y

c) Respetará plenamente los derechos que confiere a las personas el presente Estatuto.

2. El Fiscal podrá realizar investigaciones en el territorio de un Estado:

a) De conformidad con las disposiciones de la Parte IX; o

b) Según lo autorice la Sala de Cuestiones Preliminares de conformidad con el párrafo 3 d) del artículo 57.

3. El fiscal podrá:

a) Reunir y examinar pruebas;

b) Hacer comparecer e interrogar a las personas objeto de investigación, las víctimas y los testigos;

c) Solicitar la cooperación de un Estado u organización o acuerdo intergubernamental de conformidad con su respectiva competencia o mandato;

d) Concertar las disposiciones o los acuerdos compatibles con el presente Estatuto que sean necesarios para facilitar la cooperación de un Estado, una organización intergubernamental o una persona;

e) Convenir en que no divulgará en ninguna etapa del procedimiento los documentos o la información que obtenga a condición de preservar su carácter confidencial y únicamente a los efectos de obtener nuevas pruebas, salvo con el acuerdo de quien haya facilitado la información; y

f) Adoptar o pedir que se adopten las medidas necesarias para asegurar el carácter confidencial de la información, la protección de una persona o la preservación de las pruebas.

Artículo 55

Derechos de las personas durante la investigación

1. En las investigaciones realizadas de conformidad con el presente Estatuto.

a) Nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable;

b) Nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación o amenaza, a torturas ni a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes;

c) Quien haya de ser interrogado en un idioma que no sea el que comprende y habla perfectamente contará, sin cargo alguno, con los servicios de un intérprete competente y las traducciones que sean necesarias a los efectos de cumplir el requisito de equidad; y

d) Nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios ni será privado de su libertad salvo por los motivos previstos en el presente Estatuto y de conformidad con los procedimientos establecidos en él.

2. Cuando haya motivos para creer que una persona ha cometido un crimen de la competencia de la Corte y esa persona haya de ser interrogada por el Fiscal o por las autoridades nacionales, en cumplimiento de una solicitud hecha de conformidad con lo dispuesto en la Parte IX, tendrá además los derechos siguientes, de los que será informada antes del interrogatorio:

a) A ser informada de que existen motivos para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte;

b) A guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia;

c) A ser asistida por un abogado defensor de su elección o, si no lo tuviere, a que se le asigne un defensor de oficio, siempre que fuere necesario en interés de la justicia y, en cualquier caso, sin cargo si careciere de medios suficientes; y

d) A ser interrogada en presencia de su abogado, a menos que haya renunciado voluntariamente a su derecho a asistencia letrada.

Artículo 56

Disposiciones que podrá adoptar la Sala de Cuestiones Preliminares cuando se presente una oportunidad única de proceder a una investigación

1. a) El Fiscal, cuando considere que se presenta una oportunidad única de proceder a una investigación, que tal vez no se repita a los fines de un juicio, de recibir el testimonio o la declaración de un testigo o de examinar, reunir o verificar pruebas, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares;

b) La Sala, a petición del Fiscal, podrá adoptar las medidas que sean necesarias para velar por la eficiencia e integridad de las actuaciones y, en particular, para proteger los derechos de la defensa;

c) A menos que la Sala de Cuestiones Preliminares ordene otra cosa, el Fiscal proporcionará la información correspondiente a la persona que ha sido detenida o que ha comparecido en virtud de una citación en relación con la investigación a que se refiere el apartado a), a fin de que pueda ser oída.

2. Las medidas a que se hace referencia en el apartado b) del párrafo 1 podrán consistir en:

a) Formular recomendaciones o dictar ordenanzas respecto del procedimiento que habrá de seguirse;

b) Ordenar que quede constancia de las actuaciones;

c) Nombrar a un experto para que preste asistencia;

d) Autorizar al abogado defensor del detenido o de quien haya comparecido ante la Corte en virtud de una citación a que participe o, en caso de que aún se hayan producido esa detención o comparecencia o no se haya designado abogado a nombrar otro para que comparezca y represente los intereses de la defensa;

e) Encomendar a uno de sus Miembros o, de ser necesario, a otro Magistrado de la Sección de Cuestiones Preliminares o la Sección de Primera Instancia que formule recomendaciones o dicte ordenanzas respecto de la reunión y preservación de las pruebas o del interrogatorio de personas;

f) Adoptar todas las medidas que sean necesarias para reunir o preservar pruebas.

3. a) La Sala de Cuestiones Preliminares, cuando considere que el Fiscal no ha solicitado medidas previstas en el presente artículo que, a su juicio, sean esenciales para la defensa en juicio, le consultará si se justificaba no haberlas solicitado. La Sala podrá adoptar de oficio esas medidas si, tras consulta, llegare a la conclusión de que no había justificación para no solicitarlas.

b) El Fiscal podrá apelar de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de actuar de oficio con arreglo al presente párrafo. La apelación se sustanciará en un procedimiento sumario.

4. La admisibilidad o la forma en que quedará constancia de las pruebas reunidas o preservadas para el juicio de conformidad con el presente artículo regirá en el juicio por lo dispuesto en el artículo 69 y la Sala de Primera Instancia decidirá cómo ha de ponderar esas pruebas.

Artículo 57

Funciones y atribuciones de la Sala de Cuestiones Preliminares

1. A menos que el presente Estatuto disponga otra cosa, la Sala de Cuestiones Preliminares ejercerá sus funciones de conformidad con las disposiciones del presente artículo.

2. a) Las providencias u órdenes que la Sala de Cuestiones Preliminares dicte en virtud de lo artículos 15, 18 ó 19, el párrafo 2 del artículo 54, párrafo 7 del artículo 61 o el artículo 72 deberán ser aprobadas por la mayoría de los Magistrados que la componen;

b) En todos los demás casos, un Magistrado de la Sala de Cuestiones Preliminares podrá ejercer las funciones establecidas en el presente Estatuto, a menos que las Reglas de Procedimiento y Prueba dispongan otra cosa o así lo acuerde, por mayoría, la Sala de Cuestiones Preliminares.

1. Además de otras funciones que le confiere el presente Estatuto, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá;

a) A petición del Fiscal, dictar las providencias y órdenes que sean necesarias a los fines de una investigación;

b) A petición de quien haya sido detenido o haya comparecido en virtud de una orden de comparecencia expedida con arreglo al artículo 58, dictar esas órdenes, incluidas medidas tales como las indicadas en el artículo 56, o solicitar un arreglo a la Parte IX la cooperación que sea necesaria para ayudarle a preparar su defensa;

c) Cuando sea necesario, asegurar la protección y el respeto de la intimidad de víctimas y testigos, la preservación de pruebas, la protección de personas detenidas o que hayan comparecido en virtud de una orden de comparecencia, así como la protección de información que afecte a la seguridad nacional;

d) Autorizar al Fiscal a adoptar determinadas medidas de investigación en el territorio de un Estado Parte sin haber obtenido la cooperación de éste con arreglo a la Parte IX en el caso de que la Sala haya determinado, de ser posible teniendo en cuenta las opiniones del Estado de que se trate, que dicho Estado manifiestamente no está en condiciones de cumplir una solicitud de cooperación debido a que no existe autoridad u órgano alguno de su sistema judicial competente para cumplir una solicitud de cooperación con arreglo a la Parte IX.

e) Cuando se haya dictado una orden de detención o de comparecencia con arreglo al artículo 58, y habida cuenta del valor de las pruebas y de los derechos de las Partes de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba, recabar la cooperación de los Estados con arreglo al párrafo 1 k) del artículo 93 para adoptar medidas cautelares a los efectos de un decomiso que, en particular, beneficie en última instancia a las víctimas.

Artículo 58

Orden de detención u orden de comparecencia dictada por la Sala de Cuestiones Preliminares

1. En cualquier momento después de iniciada la investigación, la Sala de Cuestiones Preliminares dictará, a solicitud del Fiscal, una orden de detención contra una persona si, tras examinar la solicitud y las pruebas y otra información presentadas por el Fiscal, estuviere convencida de que:

a) Hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte; y

b) La detención parece necesaria para:

i) Asegurar que la persona comparezca en juicio;

ii) Asegurar que la persona no obstruya ni ponga en peligro la investigación ni las actuaciones de la Corte; o

iii) En su caso, impedir que la persona siga cometiendo ese crimen o un crimen conexo que sea de la competencia de la Corte y tenga su origen en las mismas circunstancias.

2. La solicitud del Fiscal consignará:

a) El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para su identificación;

b) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte que presuntamente haya cometido;

c) Una descripción concisa de los hechos que presuntamente constituyan crímenes;

d) Un resumen de las pruebas y cualquier otra información que constituyan motivo razonable para creer que la persona cometió esos crímenes; y

e) La razón por la cual el Fiscal crea necesaria la detención.

3. La orden de detención consignará:

a) El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para su identificación;

b) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte por el que se pide su detención; y

c) Una descripción concisa de los hechos que presuntamente constituyan esos crímenes.

4. La orden de detención seguirá en vigor mientras la Corte no disponga lo contrario.

5. La Corte, sobre la base de la orden de detención, podrá solicitar la detención provisional o la detención y entrega de la persona de conformidad con la Parte IX del presente Estatuto.

6. El Fiscal podrá pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que enmiende la orden de detención para modificar la referencia al crimen indicado en ésta o agregar otros. La Sala de Cuestiones Preliminares enmendará la orden si estuviere convencida de que hay motivo razonable para creer que la persona cometió los crímenes en la forma que se indica en esa modificación o adición.

7. El Fiscal podrá pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares que, en lugar de una orden de detención, dicte una orden de comparecencia. La Sala, de estar convencida de que hay motivo razonable para creer que la persona ha cometido el crimen que se le imputa y que bastará con una orden de comparecencia para asegurar que comparezca efectivamente, dictará, con o sin las condiciones limitativas de la libertad (distintas de la detención) que prevea el derecho interno, una orden para que la persona comparezca. La orden de comparecencia consignará:

a) El nombre de la persona y cualquier otro dato que sirva para su identificación;

b) La fecha de la comparecencia;

c) Una referencia expresa al crimen de la competencia de la Corte que presuntamente haya cometido; y

d) Una descripción concisa de los hechos que presuntamente constituyan esos crímenes.

La notificación de la orden será personal.

Artículo 59

Procedimiento de detención en el Estado de detención

1. El Estado Parte que haya recibido una solicitud de detención provisional o de detención y entrega tomará inmediatamente las medidas necesarias para la detención de conformidad con su derecho interno y con lo dispuesto en la Parte IX del presente Estatuto.

2. El detenido será llevado sin demora ante la autoridad judicial competente del Estado de detención, que determinará si, de conformidad con el derecho de ese Estado:

a) La orden le es aplicable;

b) La detención se llevó a cabo conforme a derecho; y

c) Se han respetado los derechos del detenido.

3. El detenido tendrá derecho a solicitar de la autoridad competente del Estado de detención la libertad provisional antes de su entrega.

4. Al decidir la solicitud, la autoridad competente del Estado de detención examinará si, dada la gravedad de los presuntos crímenes, hay circunstancias urgentes y excepcionales que justifiquen la libertad provisional y si existen las salvaguardias necesarias para que el Estado de detención pueda cumplir su obligación de entregar la persona a la Corte. Esa autoridad no podrá examinar si la orden de detención fue dictada conforme a derecho con arreglo a los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 58.

5. La solicitud de libertad provisional será notificada a la Sala de Cuestiones Preliminares, que hará recomendaciones a la autoridad competente del Estado de detención. Antes de adoptar su decisión, la autoridad competente del Estado de detención tendrá plenamente en cuenta esas recomendaciones, incluidas las relativas a medidas para impedir la evasión de la persona.

6. De concederse la libertad provisional, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá solicitar informes periódicos al respecto.

7. Una vez que el Estado de detención haya ordenado la entrega, el detenido será puesto a disposición de la Corte tan pronto como sea posible.

Artículo 60

Primeras diligencias en la Corte

1. Una vez que el imputado haya sido entregado a la Corte o haya comparecido voluntariamente o en cumplimiento de una orden de comparecencia, la Sala de Cuestiones Preliminares se asegurará de que ha sido informado de los crímenes que le son imputados y de los derechos que le reconoce el presente Estatuto, incluido el de pedir la libertad provisional.

2. Quien sea objeto de una orden de detención podrá pedir la libertad provisional. Si la Sala de Cuestiones Preliminares está convencida de que se dan las condiciones enunciadas en el párrafo 1 del artículo 58, se mantendrá la detención. En caso contrario, la Sala de Cuestiones Preliminares pondrá en libertad al detenido, con o sin condiciones.

3. La Sala de Cuestiones Preliminares revisará periódicamente su decisión en cuanto a la puesta en libertad o la detención, y podrá hacerlo en cualquier momento en que lo solicite el Fiscal o el detenido. Sobre la base de la revisión, la Sala podrá modificar su decisión en cuanto a la detención, la puesta en libertad o las condiciones de ésta, si está convencida de que es necesario en razón de un cambio en las circunstancias.

4. La Sala de Cuestiones Preliminares se asegurará de que la detención en espera de juicio no se prolongue excesivamente a causa de una demora inexcusable del Fiscal. Si es produjere dicha demora, la Corte considerará la posibilidad de poner en libertad al detenido, con o sin condiciones.

5. De ser necesario, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá dictar una orden de detención para hacer comparecer a una persona que haya sido puesta en libertad.

Artículo 61

Confirmación de los cargos antes del juicio

1. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 y dentro de un plazo razonable tras la entrega de la persona a la Corte o su comparecencia voluntaria ante ésta, la Sala de Cuestiones Preliminares celebrará una audiencia para confirmar los cargos sobre la base de los cuales el Fiscal tiene la intención de pedir el procesamiento. La audiencia se celebrará en presencia del Fiscal y del imputado, así como de su defensor.

2. La Sala de Cuestiones Preliminares, a solicitud del Fiscal o de oficio, podrá celebrar una audiencia en ausencia del acusado para confirmar los cargos en los cuales el Fiscal se basa para pedir el enjuiciamiento cuando el imputado:

a) Haya renunciado a su derecho a estar presente; o

b) Haya huido o no sea posible encontrarlo y se hayan tomado todas las medidas razonables para asegurar su comparecencia ante la Corte e informarle de los cargos y de que se celebrará una audiencia para confirmarlos.

En este caso, el imputado estará representado por un defensor cuando la Sala de Cuestiones Preliminares resuelva que ello redunda en interés de la justicia.

3. Dentro de un plazo razonable antes de la audiencia:

a) Se proporcionará al imputado un ejemplar del documento en que se formulen los cargos por los cuales el Fiscal se proponga enjuiciarlo; y

b) Se le informará de las pruebas que el Fiscal se proponga presentar en la audiencia.

La Sala de Cuestiones Preliminares podrá dictar providencias respecto de la revelación de información a los efectos de la audiencia.

4. Antes de la audiencia, el Fiscal podrá proseguir la investigación y modificar o retirar los cargos. Se dará al imputado aviso con antelación razonable a la audiencia de cualquier modificación de los cargos o de su retiro. En caso de retirarse cargos, el Fiscal comunicará las razones a la Sala de Cuestiones Preliminares.

5. En la audiencia, el Fiscal presentará respecto de cada cargo pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado cometió el crimen que se le imputa. El Fiscal podrá presentar pruebas documentales o un resumen de las pruebas y no será necesario que llame a los testigos que han de declarar en el juicio.

6. En la audiencia, el imputado podrá:

a) Impugnar los cargos;

b) Impugnar las pruebas presentadas por el Fiscal; y

c) Presentar pruebas.

7. La Sala de Cuestiones Preliminares determinará, sobre la base de la audiencia, si existen pruebas suficientes de que hay motivos fundados para creer que el imputado cometió cada crimen que se le imputa. Según cual sea esa determinación, la Sala de Cuestiones Preliminares:

a) Confirmará los cargos respecto de los cuales haya determinado que existen pruebas suficientes y asignará al acusado a una Sala de Primera Instancia para su enjuiciamiento por los cargos confirmados;

b) No confirmará los cargos respecto de los cuales haya determinado que las pruebas son insuficientes;

c) Levantará la audiencia y pedirá al Fiscal que considere la posibilidad de:

i) Presentar nuevas pruebas o llevar a cabo nuevas investigaciones en relación con un determinado cargo; o

ii) Modificar un cargo en razón de que las pruebas presentadas parecen indicar la comisión de un crimen distinto que sea de la competencia de la Corte.

8. La no confirmación de un cargo por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares no obstará para que el Fiscal la pida nuevamente a condición de que presente pruebas adicionales.

9. Una vez confirmados los cargos y antes de comenzar el juicio, el Fiscal, con autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares y previa notificación al acusado, podrá modificar los cargos. El Fiscal, si se propusiera presentar nuevos cargos o sustituirlos por otros más graves, deberá pedir una audiencia de conformidad con el presente artículo para confirmarlos. Una vez comenzado el juicio, el Fiscal, con autorización de la Sala de Primera Instancia, podrá retirar los cargos.

10. Toda orden ya dictada dejará de tener efecto con respecto a los cargos que no hayan sido confirmados por la Sala de Cuestiones Preliminares o hayan sido retirados por el Fiscal.

11. Una vez confirmados los cargos de conformidad con el presente artículo, la Presidencia constituirá una Sala de Primera Instancia que, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 9 del presente artículo y en el párrafo 4 del artículo 64, se encargará de la siguiente fase del procedimiento y podrá ejercer las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares que sean pertinentes y apropiadas en ese procedimiento.

PARTE VI. DEL JUICIO

Artículo 62

Lugar del juicio

A menos que se decida otra cosa, el juicio se celebrará en la sede de la Corte.

Artículo 63

Presencia del acusado en el juicio

1. El acusado estará presente durante el juicio.

2. Si el acusado, estando presente en la Corte, perturbare continuamente el juicio, la Sala de Primera Instancia podrá disponer que salga de ella y observe el proceso y dé instrucciones a su defensor desde afuera, utilizando, en caso necesario, tecnologías de comunicación. Esas medidas se adoptarán únicamente en circunstancias excepcionales, después de que se haya demostrado que no hay otras posibilidades razonables y adecuadas, y únicamente durante el tiempo que sea estrictamente necesario.

Artículo 64

Funciones y atribuciones de la Sala de Primera Instancia

1. Las funciones y atribuciones de la Sala de Primera Instancia enunciadas en el presente artículo deberán ejercerse de conformidad con el presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba.

2. La Sala de Primera Instancia velará por que el juicio sea justo y expedito y se sustancie con pleno respeto de los derechos del acusado y teniendo debidamente en cuenta la protección de las víctimas y de los testigos.

3. La Sala de Primera Instancia a la que se asigne una causa de conformidad con el presente Estatuto:

a) Celebrará consultas con las partes y adoptará los procedimientos que sean necesarios para que el juicio se sustancie de manera justa y expedita:

b) Determinará el idioma o los idiomas que habrán de utilizarse en el juicio; y

c) Con sujeción a cualesquiera otras disposiciones pertinentes del presente Estatuto, dispondrá la divulgación de los documentos o de la información que no se hayan divulgado anteriormente, con suficiente antelación al comienzo del juicio como para permitir su preparación adecuada.

4. La Sala de Primera Instancia podrá, en caso de ser necesario para su funcionamiento eficaz e imparcial, remitir cuestiones preliminares a la Sala de Cuestiones Preliminares o, de ser necesario, a otro Magistrado de la Sección de Cuestiones Preliminares que esté disponible.

5. Al notificar a las partes, la Sala de Primera Instancia podrá, según proceda, indicar que se deberán acumular o separar los cargos cuando haya más de un acusado.

6. Al desempeñar sus funciones antes del juicio o en el curso de éste, la Sala de Primera Instancia podrá, de ser necesario:

a) Ejercer cualquiera de las funciones de la Sala de Cuestiones Preliminares indicadas en el párrafo 11 del artículo 61;

b) Ordenar la comparecencia y la declaración de testigos y la presentación de documentos y otras pruebas recabando, de ser necesario, la asistencia de los Estados con arreglo a lo dispuesto en el presente Estatuto;

c) Adoptar medidas para la protección de la información confidencial;

d) Ordenar la presentación de pruebas adicionales a las ya reunidas con antelación al juicio o a las presentadas durante el juicio por las partes;

e) Adoptar medidas para la protección del acusado, de los testigos y de las víctimas; y

f) Dirimir cualesquiera otras cuestiones pertinentes.

7. El juicio será público. Sin embargo, la Sala de Primera Instancia podrá decidir que determinadas diligencias se efectúen a puerta cerrada, de conformidad con el artículo 68, debido a circunstancias especiales o para proteger la información de carácter confidencial o restringida que haya de proporcionarse en la práctica de la prueba.

8. a) Al comenzar el juicio, la Sala de Primera Instancia dará lectura ante el acusado de los cargos confirmados anteriormente por la Sala de Cuestiones Preliminares. La Sala de Primera Instancia se cerciorará de que el acusado comprende la naturaleza de los cargos. Dará al acusado la oportunidad de declararse culpable de conformidad con el artículo 65 o de declararse inocente;

b) Durante el juicio, el Magistrado presidente podrá impartir directivas para la sustanciación del juicio, en particular para que éste sea justo e imparcial. Con sujeción a las directivas que imparta el Magistrado presidente, las partes podrán presentar pruebas de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto.

9. La Sala de Primera Instancia podrá, a petición de una de las Partes o de oficio, entre otras cosas:

a) Decidir sobre la admisibilidad o pertinencia de las pruebas;

b) Tomar todas las medidas necesarias para mantener el orden en las audiencias.

10. La Sala de Primera Instancia hará que el Secretario lleve y conserve un expediente completo del juicio, en el que se consignen fielmente las diligencias practicadas.

Artículo 65

Procedimiento en caso de declaración de culpabilidad

1. Si el acusado se declara culpable en las condiciones indicadas en el párrafo 8 a) del artículo 64, la Sala de Primera Instancia determinará:

a) Si el acusado comprende la naturaleza y las consecuencias de la declaración de culpabilidad;

b) Si esa declaración ha sido formulada voluntariamente tras suficiente consulta con el abogado defensor; y

c) Si la declaración de culpabilidad está corroborada por los hechos de la causa conforme a:

i) Los cargos presentados por el Fiscal y aceptados por el acusado;

ii) Las piezas complementarias de los cargos presentados por el Fiscal y aceptados por el acusado; y

iii) Otras pruebas, como declaraciones de testigos, presentadas por el Fiscal o el acusado.

2. La Sala de Primera Instancia, de constatar que se cumplen las condiciones a que se hace referencia en el párrafo 1, considerará que la declaración de culpabilidad, junto con las pruebas adicionales presentadas, constituye un reconocimiento de todos los hechos esenciales que configuran el crimen del cual se ha declarado culpable el acusado y podrá condenarlo por ese crimen.

3. La Sala de Primera Instancia, de constatar que no se cumplen las condiciones a que se hace referencia en el párrafo 1, tendrá la declaración de culpabilidad por no formulada y, en ese caso, ordenará que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento ordinario estipulado en el presente Estatuto y podrá remitir la causa a otra Sala de Primera Instancia.

4. La Sala de Primera Instancia, cuando considere necesaria en interés de la justicia y en particular en interés de las víctimas, una presentación más completa de los hechos de la causa, podrá:

a) Pedir al Fiscal que presente pruebas adicionales, inclusive declaraciones de testigos; o

b) Ordenar que prosiga el juicio con arreglo al procedimiento ordinario estipulado en el presente Estatuto, en cuyo caso tendrá la declaración de culpabilidad por no formulada y podrá remitir la causa a otra Sala de Primera Instancia.

5. Las consultas que celebren el Fiscal y la defensa respecto de la modificación de los cargos, la declaración de culpabilidad o la pena que habrá de imponerse no serán obligatorias para la Corte.

Artículo 66

Presunción de inocencia

1. Se presumirá que toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad ante la Corte de conformidad con el derecho aplicable.

2. Incumbirá al Fiscal probar la culpabilidad del acusado.

3. Para dictar sentencia condenatoria, la Corte deberá estar convencida de la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable.

Artículo 67

Derechos del acusado

1. En la determinación de cualquier cargo, el acusado tendrá derecho a ser oído públicamente, habida cuenta de las disposiciones del presente Estatuto, y a una audiencia justa e imparcial, así como a las siguientes garantías mínimas en pie de plena igualdad:

a) A ser informado sin demora y en forma detallada, en un idioma que comprenda y hable perfectamente, de la naturaleza, la causa y el contenido de los cargos que se le imputan;

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse libre y confidencialmente con un defensor de su elección;

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;

d) Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63, el acusado tendrá derecho a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente y ser asistido por un defensor de su elección; a ser informado, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente si careciere de medios suficientes para pagarlo;

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. El acusado tendrá derecho también a oponer excepciones y a presentar cualquier otra prueba admisible de conformidad con el presente Estatuto;

f) A ser asistido gratuitamente por un intérprete competente y a obtener traducciones necesarias para satisfacer los requisitos de equidad, si en las actuaciones ante la Corte o en los documentos presentados a la Corte se emplee un idioma que no comprende y no habla;

g) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, guardar silencio, sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia;

h) A declarar de palabra o por escrito en su defensa sin prestar juramento; y

i) A que no se invierta la carga de la prueba ni le sea impuesta la carga presentar contrapruebas.

2. Además de cualquier otra divulgación de información estipulada en el presente Estatuto, el Fiscal divulgará a la defensa, tan pronto como sea posible, las pruebas que obren en su poder o estén bajo su control y que, a juicio, indiquen o tiendan a indicar la inocencia del acusado, o a atenuar su culpabilidad, o que puedan afectar a la credibilidad de las pruebas de cargo. En caso de duda acerca de la aplicación de este párrafo, la Corte decidirá.

Artículo 68

Protección de las víctimas y los testigos y su participación en las actuaciones

1. La Corte adoptará las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos. Con este fin, la Corte tendrá en cuenta todos los factores pertinentes, o incluidos la edad, el género, definido en el párrafo 3 del artículo 7º, y la salud, así como la índole del crimen, en particular cuando éste entrañe violencia sexual o por razones de género, o violencia contra niños. En especial, el Fiscal adoptará estas medidas en el curso de la investigación y el enjuiciamiento de tales crímenes. Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni serán incompatibles con éstos.

2. Como excepción al principio del carácter público de las audiencias establecido en el artículo 67, las Salas de la Corte podrán, a fin de proteger a las víctimas y los testigos o a un acusado, decretar que una parte del juicio se celebre a puerta cerrada o permitir la presentación de pruebas por medios electrónicos u otros medios especiales. En particular, se aplicarán estas medidas en el caso de una víctima de agresión sexual o de un menor de edad que sea víctima o testigo, salvo decisión en contrario adoptada por la Corte atendiendo a todas las circunstancias, especialmente la opinión de la víctima o el testigo.

3. La Corte permitirá, en las fases del juicio que considere conveniente, que se presenten y tengan en cuenta las opiniones y observaciones de las víctimas si se vieren afectados sus intereses personales y de una manera que no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni sea incompatible con éstos. Los representantes legales de las víctimas podrán presentar dichas opiniones y observaciones cuando la Corte lo considere conveniente y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

4. La Dependencia de Víctimas y Testigos podrá asesorar al Fiscal y a la Corte acerca de las medidas adecuadas de protección, los dispositivos de seguridad, el asesoramiento y la asistencia a que se hace referencia en el párrafo 6 del artículo 43.

5. Cuando la divulgación de pruebas o información de conformidad con el presente Estatuto entrañare un peligro grave para la seguridad de un testigo o de su familia, el Fiscal podrá, a los efectos de cualquier diligencia anterior al juicio, no presentan dichas pruebas o información y presentar en cambio un resumen de éstas. Las medidas de esta índole no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni serán incompatibles con éstos.

6. Todo Estado podrá solicitar que se adopten las medidas necesarias respecto de la protección de sus funcionarios o agentes, así como de la protección de información de carácter confidencial o restringido.

Artículo 69

Práctica de las pruebas

1. Antes de declarar, cada testigo se comprometerá, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, a decir verdad en su testimonio.

2. La prueba testimonial deberá rendirse en persona en el juicio, salvo cuando se apliquen las medidas establecidas en el artículo 68 o en las Reglas de Procedimiento y Prueba. Asimismo, la Corte podrá permitir al testigo que preste testimonio oralmente o por medio de una grabación de video o audio, así como que se presenten documentos o transcripciones escritas, con sujeción al presente Estatuto y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba. Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado ni serán incompatibles con éstos.

3. Las partes podrán presentar pruebas pertinentes a la causa, de conformidad con el artículo 64. La Corte estará facultada para pedir todas las pruebas que considere necesarias para determinar la veracidad de los hechos.

4. La Corte podrá decidir sobre la pertinencia o admisibilidad de cualquier prueba, teniendo en cuenta, entre otras cosas, su valor probatorio y cualquier perjuicio que pueda suponer para un juicio justo o para la justa evaluación del testimonio de un testigo, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

5. La Corte respetará los privilegios de confidencialidad establecidos en las Reglas de Procedimiento y Prueba.

6. La Corte no exigirá prueba de los hechos de dominio público, pero podrá incorporarlos en autos.

7. No serán admisibles las pruebas obtenidas como resultado de una violación del presente Estatuto o de las normas de Derechos Humanos internacionalmente reconocidas cuando:

a) Esa violación suscite serias dudas sobre la fiabilidad de las pruebas; o

b) Su admisión atente contra la integridad del juicio o redunde en grave desmedro de él.

8. La Corte, al decidir sobre la pertinencia o la admisibilidad de las pruebas presentadas por un Estado, no podrá pronunciarse sobre la aplicación del derecho interno de ese Estado.

Artículo 70

Delitos contra la administración de justicia

1. La Corte tendrá competencia para conocer de los siguientes delitos contra la administración de justicia, siempre y cuando se cometan intencionalmente:

a) Dar falso testimonio cuando se esté obligado a decir verdad de conformidad con el párrafo 1 del artículo 69;

b) Presentar pruebas a sabiendas de que son falsas o han sido falsificadas;

c) Corromper a un testigo, obstruir su comparecencia o testimonio o interferir en ellos, tomar represalias contra un testigo por su declaración, destruir o alterar pruebas o interferir en las diligencias de prueba;

d) Poner trabas, intimidar o corromper a un funcionario de la Corte para obligarlo o inducirlo a que no cumpla sus funciones o a que lo haga de manera indebida;

e) Tomar represalias contra un funcionario de la Corte en razón de funciones que haya desempeñado él u otro funcionario; y

f) Solicitar o aceptar un soborno en calidad de funcionario de la Corte y en relación con sus funciones oficiales.

2. Las Reglas de Procedimiento y Prueba establecerán los principios y procedimientos que regulen el ejercicio por la Corte de su competencia sobre los delitos a que se hace referencia en el presente artículo. Las condiciones de la cooperación internacional con la Corte respecto de las actuaciones que realice de conformidad con el presente artículo se regirán por el derecho interno del Estado Requerido.

3. En caso de decisión condenatoria, la Corte podrá imponer una pena de reclusión no superior a cinco años o una multa, o ambas penas, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

4. a) Todo Estado Parte hará extensivas sus leyes penales que castiguen los delitos contra la integridad de su propio procedimiento de investigación o enjuiciamiento a los delitos contra la administración de justicia a que se hace referencia en el presente artículo y sean cometidos en su territorio o por uno de sus nacionales;

b) A solicitud de la Corte, el Estado Parte, siempre que lo considere apropiado, someterá el asunto a sus autoridades competentes a los efectos del enjuiciamiento. Esas autoridades conocerán de tales asuntos con diligencia y asignarán medios suficientes para que las causas se sustancien en forma eficaz.

Artículo 71

Sanciones por faltas de conducta en la Corte

1. En caso de faltas de conducta de personas presentes en la Corte, tales como perturbar las audiencias o negarse deliberadamente a cumplir sus órdenes la Corte podrá imponer sanciones administrativas, que no entrañen privación de la libertad, como expulsión temporal o permanente de la sala, multa u otras medidas similares establecidas en las Reglas de Procedimiento y Prueba.

2. El procedimiento para imponer las medidas a que se refiere el párrafo se regirá por las Reglas de Procedimiento y Prueba.

Artículo 72

Protección de información que afecte a la seguridad nacional

1. El presente artículo será aplicable en todos los casos en que la divulgación de información o documentos de un Estado pueda, a juicio de éste, afectar a los intereses de su seguridad nacional. Esos casos son los comprendidos en el ámbito de los párrafos 2 y 3 del artículo 56, el párrafo 3 del artículo 61, el párrafo 3 del artículo 64, el párrafo 2 del artículo 67, párrafo 6 del artículo 68, el párrafo 6 del artículo 87 y el artículo 93, así como los que se presenten en cualquier otra fase del procedimiento en el contexto de esa divulgación.

2. El presente artículo se aplicará también cuando una persona a quien se haya solicitado información o pruebas se niegue a presentarlas o haya pedido un pronunciamiento del Estado porque su divulgación afectaría a los intereses de la seguridad nacional del Estado, y el Estado de que se trate confirme que, a su juicio, esa divulgación afectaría a los intereses de su seguridad nacional.

3. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a los privilegios de confidencialidad a que se refieren los apartados e) y f) del párrafo 3 del artículo 54 ni la aplicación del artículo 73.

4. Si un Estado tiene conocimiento de que información o documentos suyos están siendo divulgados o pueden serlo en cualquier fase del procedimiento y estima que esa divulgación afectaría a sus intereses de seguridad nacional, tendrá derecho a pedir que la cuestión se resuelva de conformidad con el presente artículo.

5. El Estado a cuyo juicio la divulgación de información afectaría a sus intereses de seguridad nacional adoptará, actuando en conjunto con el Fiscal, la defensa, la Sala de Cuestiones Preliminares o la Sala de Primera Instancia según sea el caso, todas las medidas razonables para resolver la cuestión por medio de la cooperación. Esas medidas podrán ser, entre otras, las siguientes:

a) La modificación o aclaración de la solicitud;

b) Una decisión de la Corte respecto de la pertinencia de la información o de las pruebas solicitadas, o una decisión sobre si las pruebas, aunque pertinentes, pudieran obtenerse o se hubieran obtenido de una fuente distinta del Estado;

c) La obtención de la información o las pruebas de una fuente distinta o en una forma diferente; o

d) Un acuerdo sobre las condiciones en que se preste la asistencia, que incluya, entre otras cosas, la presentación de resúmenes o exposiciones, restricciones a la divulgación, la utilización de procedimientos a puerta cerrada o ex parte, u otras medidas de protección permitidas con arreglo al Estatuto o las Reglas de Procedimiento y Prueba.

6. Una vez que se hayan adoptado todas las medidas razonables para resolver la cuestión por medio de la cooperación, el Estado, si considera que la información o los documentos no pueden proporcionarse ni divulgarse por medio alguno ni bajo ninguna condición sin perjuicio de sus intereses de seguridad nacional, notificará al Fiscal o a la Corte las razones concretas de su decisión, a menos que la indicación concreta de esas razones perjudique necesariamente los intereses de seguridad nacional del Estado.

7. Posteriormente, si la Corte decide que la prueba es pertinente y necesaria para determinar la culpabilidad o la inocencia del acusado, podrá adoptar las disposiciones siguientes:

a) Cuando se solicite la divulgación de la información o del documento de conformidad con una solicitud de cooperación con arreglo a la Parte IX del presente Estatuto o en las circunstancias a que se refiere el párrafo 2 del presente artículo, y el Estado hiciere valer para denegarla el motivo indicado en el párrafo 4 del artículo 93:

i) La Corte podrá, antes de adoptar una de las conclusiones a que se refiere el inciso ii) del apartado a) del párrafo 7, solicitar nuevas consultas con el fin de oír las razones del Estado. La Corte, si el Estado lo solicita, celebrará las consultas a puerta cerrada y ex parte;

ii) Si la Corte llega a la conclusión de que, al hacer valer el motivo de denegación indicado en el párrafo 4 del artículo 93, dadas las circunstancias del caso, el Estado Requerido no está actuando de conformidad con las obligaciones que le impone el presente Estatuto podrá remitir la cuestión de conformidad con el párrafo 7 del artículo 87, especificando las razones de su conclusión; y

iii) La Corte, en el juicio del acusado, podrá extraer las inferencias respecto de la existencia o inexistencia de un hecho que sean apropiadas en razón de las circunstancias; o

b) En todas las demás circunstancias:

i) Ordenar la divulgación; o

ii) Si no ordena la divulgación, extraer las inferencias relativas a la culpabilidad o a la inocencia del acusado que sean apropiadas en razón de las circunstancias.

Artículo 73

Información o documentos de terceros

La Corte, si pide a un Estado Parte que le proporcione información o un documento que esté bajo su custodia, posesión o control y que le haya sido divulgado por un Estado, una organización intergubernamental o una organización internacional a título confidencial, recabará el consentimiento de su autor para divulgar la información o el documento. Si el autor es un Estado Parte, podrá consentir en divulgar dicha información o documento o comprometerse a resolver la cuestión con la Corte, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 72. Si el autor no es un Estado Parte y no consiente en divulgar la información o el documento, el Estado Requerido comunicará a la Corte que no puede proporcionar la información o el documento de que se trate en razón de la obligación contraída con su autor de preservar su carácter confidencial.

Artículo 74

Requisitos para el fallo

1. Todos los Magistrados de la Sala de Primera Instancia estarán presentes en cada fase del juicio y en todas sus deliberaciones. La Presidencia podrá designar para cada causa y según estén disponibles uno o varios Magistrados suplentes para que asistan a todas las fases del juicio y sustituyan a cualquier Miembro de la Sala de Primera Instancia que se vea imposibilitado para seguir participando en el juicio.

2. La Sala de Primera Instancia fundamentará su fallo en su evaluación de las pruebas y de la totalidad del juicio. El fallo se referirá únicamente a los hechos y las circunstancias descritos en los cargos o las modificaciones a los cargos, en su caso. La Corte podrá fundamentar su fallo únicamente en las pruebas presentadas y examinadas ante ella en el juicio.

3. Los Magistrados procurarán adoptar su fallo por unanimidad, pero, de no ser posible, éste será adoptado por mayoría.

4. Las deliberaciones de la Sala de Primera Instancia serán secretas.

5. El fallo constará por escrito e incluirá una exposición fundada y completa de la evaluación de las pruebas y las conclusiones. La Sala de Primera Instancia dictará un fallo. Cuando no haya unanimidad, el fallo de la Sala de Primera Instancia incluirá las opiniones de la mayoría y de la minoría. La lectura del fallo o de un resumen de éste se hará en sesión pública.

Artículo 75

Reparación a las víctimas

1. La Corte establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes. Sobre esta base, la Corte, previa solicitud o de oficio en circunstancias excepcionales, podrá determinar en su decisión el alcance y la magnitud de los daños, pérdidas o perjuicios causados a las víctimas o a sus causahabientes, indicando los principios en que se funda.

2. La Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en la que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación. Cuando proceda, la Corte podrá ordenar que la indemnización otorgada a título de reparación se pague por conducto del Fondo Fiduciario previsto en el artículo 79.

3. La Corte, antes de tomar una decisión con arreglo a este artículo, tendrá en cuenta las observaciones formuladas por el condenado, las víctimas, otras personas o Estados que tengan un interés, o las que se formulen en su nombre.

4. Al ejercer sus atribuciones de conformidad con el presente artículo, la Corte, una vez que una persona sea declarada culpable de un crimen de su competencia, podrá determinar si, a fin de dar efecto a una decisión que dicte de conformidad con este artículo, es necesario solicitar medidas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 93.

5. Los Estados Partes darán efecto a la decisión dictada con arreglo a este artículo como si las disposiciones del artículo 109 se aplicaran al presente artículo.

6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo podrá interpretarse en perjuicio de los derechos de las víctimas con arreglo al derecho interno o el derecho internacional.

Artículo 76

Fallo condenatorio

1. En caso de que se dicte un fallo condenatorio, la Sala de Primera Instancia fijará la pena que proceda imponer, para lo cual tendrá en cuenta las pruebas practicadas y las conclusiones relativas a la pena que se hayan hecho en el proceso.

2. Salvo en el caso en que sea aplicable el artículo 65, la Sala de Primera Instancia podrá convocar de oficio una nueva audiencia, y tendrá que hacerlo si lo solicitan el Fiscal o el acusado antes de que concluya la instancia, a fin de practicar diligencias de prueba o escuchar conclusiones adicionales relativas a la pena, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

3. En el caso en que sea aplicable el párrafo 2, en la audiencia a que se hace referencia en ese párrafo o, de ser necesario, en una audiencia adicional se escucharán las observaciones que se hagan en virtud del artículo 75.

4. La pena será impuesta en audiencia pública y, de ser posible, en presencia del acusado.

PARTE VII. DE LAS PENAS

Artículo 77

Penas aplicables

1. La Corte podrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 110, imponer a la persona declarada culpable de uno de los crímenes a que se hace referencia en el artículo 5º del presente Estatuto una de las penas siguientes:

a) La reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30 años; o

b) La reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado;

2. Además de la reclusión, la Corte podrá imponer:

a) Una multa con arreglo a los criterios enunciados en las Reglas de Procedimiento y Prueba;

b) El decomiso del producto, los bienes y los haberes precedentes directa o indirectamente de dicho crimen, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Artículo 78

Imposición de la pena

1. Al imponer una pena, la Corte tendrá en cuenta, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, factores tales como la gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado.

2. La Corte, al imponer una pena de reclusión, abonará el tiempo que, por orden suya, haya estado detenido el condenado. La Corte podrá abonar cualquier otro período de detención cumplido en relación con la conducta constitutiva del delito.

3. Cuando una persona haya sido declarada culpable de más de un crimen, la Corte impondrá una pena para cada uno de ellos y una pena común en la que se especifique la duración total de la reclusión. La pena no será inferior a la más alta de cada una de las penas impuestas y no excederá de 30 años de reclusión o de una pena de reclusión a perpetuidad de conformidad con el párrafo 1 b) del artículo 77.

Artículo 79

Fondo fiduciario

1. Por decisión de la Asamblea de los Estados Partes se establecerá un fiduciario en beneficio de las víctimas de crímenes de la competencia de la Corte y de sus familias.

2. La Corte podrá ordenar que las sumas y los bienes que reciba a título multa o decomiso sean transferidos al Fondo Fiduciario.

3. El Fondo Fiduciario será administrado según los criterios que fije la Asamblea de los Estados Partes.

Artículo 80

El Estatuto, la aplicación de penas por los países y la legislación nacional

Nada de lo dispuesto en la presente parte se entenderá en perjuicio de aplicación por los Estados de las penas prescritas por su legislación nacional ni de la legislación de los Estados en que no existan las penas prescritas en la presente parte.

PARTE VIII. DE LA APELACION Y LA REVISION

Artículo 81

Apelación del fallo condenatorio o absolutorio o de la pena

1. Los fallos dictados de conformidad con el artículo 74 serán apelables de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, según se dispone a continuación:

a) El Fiscal podrá apelar por alguno de los motivos siguientes:

i) Vicio de procedimiento;

ii) Error de hecho; o

iii) Error de derecho;

b) El condenado, o el Fiscal en su nombre, podrá apelar por alguno de los motivos siguientes:

i) Vicio de procedimiento;

ii) Error de hecho;

iii) Error de derecho;

iv) Cualquier otro motivo que afecte a la justicia o a la regularidad del proceso o del fallo.

2. a) El Fiscal o el condenado podrán apelar de una pena impuesta, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, en razón de una desproporción entre el crimen y la pena;

b) La Corte, si al conocer de la apelación de una pena impuesta, considerase que hay fundamentos para revocar la condena en todo o parte, podrá invitar al Fiscal y al condenado a que presenten sus argumentos de conformidad con los apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 81 y podrá dictar una decisión respecto de la condena de conformidad con el artículo 83;

c) Este procedimiento también será aplicable cuando la Corte, al conocer de una apelación contra el fallo condenatorio únicamente, considere que hay fundamentos para reducir la pena en virtud del párrafo 2 a).

3. a) Salvo que la Sala de Primera Instancia ordene otra cosa, el condenado permanecerá privado de libertad mientras se falla la apelación;

b) Cuando la duración de la detención fuese mayor que la de la pena de prisión impuesta, el condenado será puesto en libertad; sin embargo, si el Fiscal también apelase, esa libertad podrá quedar sujeta a las condiciones enunciadas en el apartado siguiente;

c) Si la sentencia fuere absolutoria, el acusado será puesto en libertad de inmediato, con sujeción a las normas siguientes:

i) En circunstancias excepcionales y teniendo en cuenta entre otras cosas, el riesgo concreto de fuga, la gravedad del delito y las probabilidades de que se dé lugar a la apelación, la Sala de Primera Instancia, a solicitud del Fiscal, podrá decretar que siga privado de la libertad mientras dure la apelación;

ii) Las decisiones dictadas por la Sala de Primera Instancia en virtud del inciso precedente serán apelables de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

4. Con sujeción a lo dispuesto en los apartados a) y b) del párrafo 3, ejecución de la decisión o sentencia será suspendida durante el plazo fijado para la apelación y mientras dure el procedimiento de apelación.

Artículo 82

Apelación de otras decisiones

1. Cualquiera de las partes podrá apelar, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, de las siguientes decisiones:

a) Una decisión relativa a la competencia o la admisibilidad;

b) Una decisión por la que se autorice o deniegue la libertad de la persona objeto de investigación o enjuiciamiento;

c) Una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de actuar de oficio de conformidad con el párrafo 3 del artículo 56;

d) Una decisión relativa a una cuestión que afecte de forma significativa a la justicia y a la prontitud con que se sustancia el proceso o a su resultado y respecto de la cual, en opinión de la Sala de Cuestiones Preliminares o la Sala de Primera Instancia, un dictamen inmediato de la Sala de Apelaciones podría acelerar materialmente el proceso.

2. El Estado de que se trate o el Fiscal, con la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares, podrá apelar de una decisión adoptada por esta Sala de conformidad con el párrafo 3 d) del artículo 57. La apelación será sustanciada en procedimiento sumario.

3. La apelación no suspenderá por sí misma el procedimiento a menos que la Sala de Apelaciones así lo resuelva, previa solicitud y de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

4. El representante legal de las víctimas, el condenado o el propietario de buena fe de bienes afectados por una providencia dictada en virtud del artículo 75 podrán apelar, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba, de la decisión por la cual se conceda reparación.

Artículo 83

Procedimiento de apelación

1. A los efectos del procedimiento establecido en el artículo 81 y en el presente artículo, la Sala de Apelaciones tendrá todas las atribuciones de la Sala de Primera Instancia.

2. La Sala de Apelaciones, si decide que las actuaciones apeladas fueron injustas y que ello afecta a la regularidad del fallo o la pena o que el fallo o la pena apelados odolecen efectivamente de errores de hecho o de derecho o de vicios de procedimiento, podrá:

a) Revocar o enmendar el fallo o la pena; o

b) Decretar la celebración de un nuevo juicio en otra Sala de Primera Instancia.

A estos efectos, la Sala de Apelaciones podrá devolver una cuestión de hecho a la Sala de Primera Instancia original para que la examine y le informe según corresponda, o podrá ella misma pedir pruebas para dirimirla. El fallo o la pena apelados únicamente por el condenado, o por el Fiscal en nombre de éste, no podrán ser modificados en perjuicio suyo.

3. La Sala de Apelaciones, si al conocer de una apelación contra la pena, considera que hay una desproporción entre el crimen y la pena, podrá modificar ésta de conformidad con lo dispuesto en la Parte VII.

4. La sentencia de la Sala de Apelaciones será aprobada por mayoría de los Magistrados que la componen y anunciada en audiencia pública. La sentencia enunciará las razones en que se funda. De no haber unanimidad, consignará las opiniones de la mayoría y de la minoría, si bien un Magistrado podrá emitir una opinión separada o disidente sobre una cuestión de derecho.

5. La Sala de Apelaciones podrá dictar sentencia en ausencia de la persona absuelta o condenada.

Artículo 84

Revisión del fallo condenatorio o de la pena

1. El condenado o, después de su fallecimiento, el cónyuge, los hijos, los padres o quien estuviera vivo al momento de la muerte del acusado y tuviera instrucciones escritas del acusado de hacerlo, o el Fiscal en su nombre, podrá pedir a la Sala de Apelaciones que revise el fallo definitivo condenatorio o la pena por las siguientes causas:

a) Se hubieren descubierto nuevas pruebas que:

i) No se hallaban disponibles a la época del juicio por motivos que no cabría imputar total o parcialmente a la parte que formula la solicitud; y

ii) Son suficientemente importantes como para que, de haberse valorado en el juicio, probablemente hubieran dado lugar a otro veredicto;

b) Se acabare de descubrir que un elemento de prueba decisivo, apreciado en el juicio y del cual depende la condena, era falso o habría sido objeto de adulteración o falsificación;

c) Uno o más de los Magistrados que intervinieron en el fallo condenatorio o en la confirmación de los cargos han incurrido, en esa causa, en una falta grave o un incumplimiento grave de magnitud suficiente para justificar su separación del cargo de conformidad con el artículo 46.

2. La Sala de Apelaciones rechazará la solicitud si la considera infundada. Si determina que la solicitud es atendible, podrá, según corresponda:

a) Convocar nuevamente a la Sala de Primera Instancia original;

b) Constituir una nueva Sala de Primera Instancia; o

c) Mantener su competencia respecto del asunto.

para, tras oír a las partes en la manera establecida en las Reglas de Procedimiento y Prueba, determinar si ha de revisarse la sentencia.

Artículo 85

Indemnización del detenido o condenado

1. El que haya sido ilegalmente detenido o recluido tendrá el derecho efectivo a ser indemnizado.

2. El que por decisión final hubiera sido condenado por un crimen y hubiere cumplido pena por tal motivo será indemnizado conforme a la ley de ser anulada posteriormente su condena en razón de hechos nuevos que demuestren concluyentemente que hubo un error judicial, salvo que la falta de conocimiento oportuno de esos hechos le fuera total o parcialmente imputable.

3. En circunstancias excepcionales, la Corte, si determina la existencia de hechos concluyentes que muestran que hubo un error judicial grave y manifiesto tendrá la facultad discrecional de otorgar una indemnización, de conformidad con los criterios establecidos en las Reglas de Procedimiento y Prueba, a quien hubiere sido puesto en libertad en virtud de una sentencia definitiva absolutoria o de un sobreseimiento de la causa por esa razón.

PARTE IX. DE LA COOPERACION INTERNACIONAL Y LA ASISTENCIA JUDICIAL

Artículo 86

Obligación general de cooperar

Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto, cooperarán plenamente con la Corte en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia.

Artículo 87

Solicitudes de cooperación: disposiciones generales

1. a) La Corte estará facultada para formular solicitudes de cooperación a los Estados Partes. Estas se transmitirán por vía diplomática o por cualquier otro conducto adecuado que haya designado cada Estado Parte a la fecha de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

Cada Estado Parte podrá cambiar posteriormente esa designación de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

b) Cuando proceda, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a), las solicitudes podrán transmitirse también por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal o de cualquier organización regional competente.

2. Las solicitudes de cooperación y los documentos que las justifiquen estarán redactados en un idioma oficial del Estado Requerido, o acompañados de una traducción a ese idioma, o a uno de los idiomas de trabajo de la Corte, según la elección que haya hecho el Estado a la fecha de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

El Estado Parte podrá cambiar posteriormente esa elección de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

3. El Estado Requerido preservará el carácter confidencial de toda solicitud de cooperación y de los documentos que las justifiquen, salvo en la medida en que su divulgación sea necesaria para tramitarla.

4. Con respecto a las solicitudes de asistencia presentadas de conformidad con la presente Parte, la Corte podrá adoptar todas las medidas, incluidas las relativas a la protección de la información, que sean necesarias para proteger la seguridad y el bienestar físico o psicológico de las víctimas, los posibles testigos y sus familiares. La Corte podrá solicitar que toda información comunicada en virtud de la presente Parte sea transmitida y procesada de manera que se proteja la seguridad y el bienestar físico o psicológico de las víctimas, los posibles testigos y sus familiares.

5. a) La Corte podrá invitar a cualquier Estado que no sea parte en el presente Estatuto a prestar la asistencia prevista en la presente Parte sobre la base de un arreglo especial, un acuerdo con ese Estado o de cualquier otra manera adecuada.

b) Cuando un Estado que no sea parte en el presente Estatuto y que haya celebrado un arreglo especial o un acuerdo con la Corte se niegue a cooperar en la ejecución de las solicitudes a que se refieren tal arreglo o acuerdo, la Corte podrá informar de ello a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad, si éste le hubiese remitido el asunto.

6. La Corte podrá solicitar de cualquier organización intergubernamental que le proporcione información o documentos. Asimismo, la Corte podrá solicitar otras formas de cooperación y asistencia que se hayan acordado con cualquiera de esas organizaciones, de conformidad con su competencia o mandato.

7. Cuando, en contravención de lo dispuesto en el presente Estatuto, un Estado Parte se niegue a dar curso a una solicitud de cooperación formulada por la Corte, impidiéndole ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con el presente Estatuto, ésta podrá hacer una constatación en ese sentido y remitir la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad, si éste le hubiese remitido el asunto.

Artículo 88

Procedimientos aplicables en el derecho interno

Los Estados Partes se asegurarán de que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificados en la presente parte.

Artículo 89

Entrega de personas a la Corte

1. La Corte podrá transmitir, junto con los antecedentes que la justifiquen de conformidad con el artículo 91, una solicitud de detención y entrega de una persona a todo Estado en cuyo territorio pueda hallarse y solicitará la cooperación de ese Estado. Los Estados Partes cumplirán las solicitudes de detención y entrega de conformidad con las disposiciones de la presente parte y el procedimiento establecido en su derecho interno.

2. Cuando la persona cuya entrega se pida la impugne ante un Tribunal nacional oponiendo la excepción de cosa juzgada de conformidad con el artículo 20, el Estado Requerido celebrará de inmediato consultas con la Corte para determinar si ha habido una decisión sobre la admisibilidad de la causa. Si la causa es admisible, el Estado Requerido cumplirá la solicitud. Si está pendiente la decisión sobre la admisibilidad, el Estado Requerido podrá aplazar la ejecución de la solicitud de entrega hasta que la Corte adopte esa decisión.

3. a) El Estado Parte autorizará de conformidad con su derecho procesal el tránsito por su territorio de una persona que otro Estado entregue a la Corte, salvo cuando el tránsito por ese Estado obstaculice o demore la entrega;

b) La solicitud de la Corte de que se autorice ese tránsito será transmitida de conformidad con el artículo 87 y contendrá:

i) Una descripción de la persona que será transportada;

ii) Una breve exposición de los hechos de la causa y su tipificación; y

iii) La orden de detención y entrega;

c) La persona transportada permanecerá detenida durante el tránsito;

d) No se requerirá autorización alguna cuando la persona sea transportada por vía aérea y no se prevea aterrizar en el territorio del Estado de tránsito;

e) En caso de aterrizaje imprevisto en el territorio del Estado de tránsito, éste podrá pedir a la Corte que presente una solicitud de tránsito con arreglo a lo dispuesto en el apartado b). El Estado de tránsito detendrá a la persona transportada mientras se recibe la solicitud de la Corte y se efectúa el tránsito; sin embargo, la detención no podrá prolongarse más de 96 horas contadas desde el aterrizaje imprevisto si la solicitud no es recibida dentro de ese plazo.

4. Si la persona buscada está siendo enjuiciada o cumple condena en el Estado Requerido por un crimen distinto de aquel por el cual se pide su entrega a la Corte, el Estado Requerido, después de haber decidido conceder la entrega, celebrará consultas con la Corte.

Artículo 90

Solicitudes concurrentes

1. El Estado Parte que haya recibido una solicitud de la Corte relativa a la entrega de una persona de conformidad con el artículo 89, y reciba además una solicitud de cualquier otro Estado relativa a la extradición de la misma persona por la misma conducta que constituya la base del crimen en razón del cual la Corte ha pedido la entrega, notificará a la Corte y al Estado Requirente ese hecho.

2. Si el Estado Requirente es un Estado Parte, el Estado Requerido dará prioridad a la solicitud de la Corte cuando ésta:

a) Haya determinado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 ó 19, que la causa respecto de la cual se solicita la entrega es admisible y su decisión haya tenido en cuenta la investigación o el enjuiciamiento que lleva a cabo el Estado Requirente con respecto a la solicitud de extradición que éste ha presentado; o

b) Adopte la decisión a que se refiere el apartado a) como consecuencia de la notificación efectuada por el Estado Requerido de conformidad con el párrafo 1.

3. Cuando no se haya adoptado la decisión a que se hace referencia en el párrafo 2 a), el Estado Requerido tendrá la facultad discrecional, hasta que se dicte la decisión de la Corte prevista en el párrafo 2 b), de dar curso a la solicitud de extradición presentada por el Estado Requirente, pero no la hará efectiva hasta que la Corte haya resuelto que la causa es inadmisible. La Corte adoptará su decisión en procedimiento sumario.

4. Si el Estado Requirente no es parte en el presente Estatuto, el Estado Requerido, en caso de que no esté obligado por alguna norma internacional a conceder la extradición al Estado Requirente, dará prioridad a la solicitud de entrega que le haya hecho la Corte si ésta ha determinado que la causa era admisible.

5. Cuando la Corte no haya determinado la admisibilidad de una causa de conformidad con el párrafo 4, el Estado Requerido tendrá la facultad discrecional de dar curso a la solicitud de extradición que le haya hecho el Estado Requirente.

6. En los casos en que sea aplicable el párrafo 4, y salvo que el Estado Requerido esté obligado por alguna norma internacional a extraditar la persona al Estado Requirente que no sea parte en el presente Estatuto, el Estado Requerido decidirá si hace la entrega a la Corte o concede la extradición al Estado Requirente. Para tomar esta decisión, el Estado Requerido tendrá en cuenta todos los factores pertinentes, entre otros:

a) Las fechas respectivas de las solicitudes;

b) Los intereses del Estado Requirente y, cuando proceda, si el crimen se cometió en su territorio y cuál es la nacionalidad de las víctimas y de la persona cuya entrega o extradición se ha solicitado; y

c) La posibilidad de que la Corte y el Estado Requirente lleguen posteriormente a un acuerdo respecto de la entrega.

7. Cuando el Estado Parte que reciba una solicitud de la Corte de entrega de una persona reciba también una solicitud de otro Estado relativa a la extradición de la misma persona por una conducta distinta de la que constituye el crimen en razón del cual la Corte solicita la entrega:

a) El Estado Requerido, si no está obligado por ninguna norma internacional a conceder la extradición al Estado Requirente, dará preferencia a la solicitud de la Corte;

b) El Estado Requerido, si está obligado por una norma internacional a conceder la extradición al Estado Requirente, decidirá si entrega la persona a la Corte o la extradita al Estado Requirente. En esta decisión, el Estado Requerido tendrá en cuenta todos los factores pertinentes y, entre otros, los enumerados en el párrafo 6, pero tendrá especialmente en cuenta la naturaleza y la gravedad relativas de la conducta de que se trate.

8. Cuando, como consecuencia de una notificación efectuada con arreglo al presente artículo, la Corte haya determinado la inadmisibilidad de una causa y posteriormente se deniegue la extradición al Estado Requirente, el Estado Requerido notificará su decisión a la Corte.

Artículo 91

Contenido de la solicitud de detención y entrega

1. La solicitud de detención y entrega deberá formularse por escrito. En caso de urgencia, se podrá hacer por cualquier otro medio que permita dejar constancia escrita, a condición de que la solicitud sea confirmada en la forma indicada en el párrafo 1 a) del artículo 87.

2. La solicitud de detención y entrega de una persona respecto de la cual la Sala de Cuestiones Preliminares haya dictado una orden de detención de conformidad con el artículo 58 deberá contener los elementos siguientes o ir acompañada de:

a) Información suficiente para la identificación de la persona buscada y datos sobre su probable paradero;

b) Una copia de la orden de detención; y

c) Los documentos, las declaraciones o la información que sean necesarios para cumplir los requisitos de procedimiento del Estado Requerido relativos a la entrega; sin embargo, esos requisitos no podrán ser más onerosos que los aplicables a las solicitudes de extradición conforme a Tratados o Acuerdos celebrados por el Estado Requerido y otros Estados y, de ser posible, serán menos onerosos, habida cuenta del carácter específico de la Corte.

3. La solicitud de detención y entrega del condenado deberá contener los siguientes elementos o ir acompañada de:

a) Copia de la orden de detención dictada en su contra;

b) Copia de la sentencia condenatoria;

c) Datos que demuestran que la persona buscada es aquella a la que se refiere la sentencia condenatoria; y

d) Si la persona que se busca ha sido condenado a una pena, copia de la sentencia y, en el caso de una pena de reclusión, una indicación de la parte de la pena que se ha cumplido y de la que queda por cumplir.

4. A solicitud de la Corte, un Estado Parte consultará con ésta, en general o con respecto a un asunto concreto, sobre las disposiciones de su derecho interno que puedan ser aplicables de conformidad con el apartado c) del párrafo 2 del presente artículo. En esas consultas, el Estado Parte comunicará a la Corte los requisitos específicos de su derecho interno.

Artículo 92

Detención provisional

1. En caso de urgencia, la Corte podrá solicitar la detención provisional de la persona buscada hasta que se presente la solicitud de entrega y los documentos que la justifiquen de conformidad con el artículo 91.

2. La solicitud de detención provisional deberá hacerse por cualquier medio que permita dejar constancia escrita y contendrá:

a) Información suficiente para identificar a la persona buscada y datos sobre su probable paradero;

b) Una exposición concisa de los crímenes por los que se pida la detención y de los hechos que presuntamente serían constitutivos de esos crímenes, inclusive, de ser posible, la indicación de la fecha y el lugar en que se cometieron;

c) Una declaración de que existe una orden de detención o una decisión final condenatoria respecto de la persona buscada; y

d) Una declaración de que se presentará una solicitud de entrega de la persona buscada.

3. La persona sometida a detención provisional podrá ser puesta en libertad si el Estado Requerido no hubiere recibido la solicitud de entrega y los documentos que la justifiquen, de conformidad con el artículo 91, dentro del plazo fijado en las Reglas de Procedimiento y Prueba. Sin embargo, el detenido podrá consentir en la entrega antes de que se cumpla dicho plazo siempre que lo permita el derecho interno del Estado Requerido. En ese caso, el Estado Requerido procederá a entregar al detenido a la Corte tan pronto como sea posible.

4. El hecho de que la persona buscada haya sido puesta en libertad de conformidad con el párrafo 3 no obstará para que sea nuevamente detenida y entregada una vez que el Estado Requerido reciba la solicitud de entrega y los documentos que la justifiquen.

Artículo 93

Otras formas de cooperación

1. Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en la presente Parte y con los procedimientos de su derecho interno, deberán cumplir las solicitudes de asistencia formuladas por la Corte en relación con investigaciones o enjuiciamientos penales a fin de:

a) Identificar y buscar personas u objetos;

b) Practicar pruebas, incluidos los testimonios bajo juramento, y producir pruebas, incluidos los dictámenes e informes periciales que requiera la Corte;

c) Interrogar a una persona objeto de investigación o enjuiciamiento;

d) Notificar documentos, inclusive los documentos judiciales;

e) Facilitar la comparecencia voluntaria ante la Corte de testigos o expertos;

f) Proceder al traslado provisional de personas, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7;

g) Realizar inspecciones oculares, inclusive la exhumación y el examen de cadáveres y fosas comunes;

h) Practicar allanamientos y decomisos;

i) Transmitir registros y documentos, inclusive registros y documentos oficiales;

j) Proteger a víctimas y testigos y preservar pruebas;

k) Identificar, determinar el paradero o inmovilizar el producto y los bienes y haberes obtenidos del crimen y de los instrumentos del crimen, o incautarse de ellos, con miras a su decomiso ulterior y sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe; y

l) Cualquier otro tipo de asistencia no prohibida por la legislación del Estado Requerido y destinada a facilitar la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de la competencia de la Corte.

2. La Corte podrá dar seguridades a los testigos o expertos que comparezcan ante ella de que no serán enjuiciados o detenidos ni se restringirá su libertad personal por un acto u omisión anterior a su salida del Estado Requerido.

3. Cuando la ejecución de una determinada medida de asistencia detallada en una solicitud presentada de conformidad con el párrafo 1 estuviera prohibida en el Estado Requerido por un principio fundamental de derecho ya existente y de aplicación general, el Estado Requerido celebrará sin demora consultas con la Corte para tratar de resolver la cuestión. En las consultas se debería considerar si se puede prestar la asistencia de otra manera o con sujeción a condiciones. Si, después de celebrar consultas, no se pudiera resolver la cuestión, la Corte modificará la solicitud según sea necesario.

4. El Estado Parte podrá no dar lugar a una solicitud de asistencia, en su totalidad o en parte, de conformidad con el artículo 72 y únicamente si la solicitud se refiere a la presentación de documentos o la divulgación de pruebas que afecten a su seguridad nacional.

5. Antes de denegar una solicitud de asistencia de conformidad con el párrafo 1 1), el Estado Requerido considerará si se puede prestar la asistencia con sujeción a ciertas condiciones, o si es posible hacerlo en una fecha posterior o de otra manera. La Corte o el Fiscal, si aceptan la asistencia sujeta a condiciones, tendrán que cumplirlas.

6. Si no se da lugar a una solicitud de asistencia, el Estado Parte requerido deberá comunicar sin demora los motivos a la Corte o al Fiscal.

7. a) La Corte podrá solicitar el traslado provisional de un detenido a los fines de su identificación o de que preste testimonio o asistencia de otra índole. El traslado podrá realizarse siempre que:

i) El detenido dé, libremente y con conocimiento de causa, su consentimiento; y

ii) El Estado Requerido lo acepte, con sujeción a las condiciones que hubiere acordado con la Corte.

b) La persona trasladada permanecerá detenida. Una vez cumplidos los fines del traslado, la Corte la devolverá sin dilación al Estado Requerido.

8. a) La Corte velará por la protección del carácter confidencial de los documentos y de la información, salvo en la medida en que éstos sean necesarios para la investigación y las diligencias pedidas en la solicitud.

b) El Estado Requerido podrá, cuando sea necesario, transmitir al Fiscal documentos o información con carácter confidencial. El Fiscal únicamente podrá utilizarlos para reunir nuevas pruebas.

c) El Estado Requerido podrá, de oficio o a solicitud del Fiscal, autorizar la divulgación ulterior de estos documentos o información, los cuales podrán utilizarse como medios de prueba de conformidad con lo dispuesto en las Partes V y VI de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.

9. a) i) El Estado Parte que reciba solicitudes concurrentes de la Corte y de otro Estado de conformidad con una obligación internacional y que no se refieran a la entrega o la extradición, procurará, en consulta con la Corte y el otro Estado, atender ambas solicitudes, de ser necesario postergando o condicionando una de ellas.

ii) Si esto no fuera posible, la cuestión de las solicitudes concurrentes se resolverá de conformidad con los principios enunciados en el artículo 90.

b) Sin embargo, cuando la solicitud de la Corte se refiera a información, bienes o personas que estén sometidos al control de un tercer Estado o de una organización internacional en virtud de un acuerdo internacional, el Estado Requerido lo comunicará a la Corte y la Corte dirigirá su solicitud al tercer Estado o a la organización internacional.

10. a) A solicitud de un Estado Parte que lleve a cabo una investigación o sustancie un juicio por una conducta que constituya un crimen de la competencia de la Corte o que constituya un crimen grave con arreglo al derecho interno del Estado Requirente, la Corte podrá cooperar con él y prestarle asistencia;

b) i) La asistencia prestada de conformidad con el apartado a) podrá comprender, entre otras cosas:

a. La transmisión de declaraciones, documentos u otros elementos de prueba obtenidos en el curso de una investigación o de un proceso sustanciado por la Corte; y

b. El interrogatorio de una persona detenida por orden del Corte;

ii) En el caso de la asistencia prevista en el apartado b) i) a.:

a. Si los documentos u otros elementos de prueba se hubieren obtenido con la asistencia de un Estado, su transmisión estará subordinada al consentimiento de dicho Estado;

b. Si las declaraciones, los documentos u otros elementos de prueba hubieren sido proporcionados por un testigo o un perito, su transmisión estará subordinada a lo dispuesto en el artículo 68.

c) La Corte podrá, de conformidad con el presente párrafo y en las condiciones enunciadas en él, acceder a una solicitud de asistencia presentada por un Estado que no sea parte en el presente Estatuto.

Artículo 94

Aplazamiento de la ejecución de una solicitud de

asistencia con respecto a una investigación o un

enjuiciamiento en curso

1. Si la ejecución inmediata de una solicitud de asistencia interfiriere una investigación o enjuiciamiento en curso de un asunto distinto de aquel al que se refiere la solicitud, el Estado Requerido podrá aplazar la ejecución por el tiempo que acuerde con la Corte. No obstante, el aplazamiento no excederá de lo necesario para concluir la investigación o el enjuiciamiento de que se trate en el Estado Requerido. Antes de tomar la decisión de aplazar la ejecución de la solicitud, el Estado Requerido debería considerar si se podrá prestar inmediatamente la asistencia con sujeción a ciertas condiciones.

2. Si, de conformidad con el párrafo 1, se decidiere aplazar la ejecución de una solicitud de asistencia, el Fiscal podrá en todo caso pedir que se adopten las medidas necesarias para preservar pruebas de conformidad con el párrafo 1 j) del artículo 93.

Artículo 95

Aplazamiento de la ejecución de una solicitud por

haberse impugnado la admisibilidad de la causa

Cuando la Corte proceda a examinar una impugnación de la admisibilidad de una causa de conformidad con los artículos 18 ó 19, el Estado Requerido podrá aplazar la ejecución de una solicitud hecha de conformidad con esta Parte hasta que la Corte se pronuncie sobre la impugnación, a menos que ésta haya resuelto expresamente que el Fiscal podrá continuar recogiendo pruebas conforme a lo previsto en los artículos 18 ó 19.

Artículo 96

Contenido de la solicitud relativa a otras formas de

asistencia de conformidad con el artículo 93

1. La solicitud relativa a otras formas de asistencia a que se hace referencia en el artículo 93 deberá hacerse por escrito. En caso de urgencia, se podrá hacer por cualquier otro medio que permita dejar constancia escrita, a condición de que la solicitud sea confirmada en la forma indicada en el párrafo 1 a) del artículo 87.

2. La solicitud deberá contener los siguientes elementos o estar acompañada de, según proceda:

a) Una exposición concisa de su propósito y de la asistencia solicitada, incluidos los fundamentos jurídicos y los motivos de la solicitud;

b) La información más detallada posible acerca del paradero o la identificación de la persona o el lugar objeto de la búsqueda o la identificación, de forma que se pueda prestar la asistencia solicitada;

c) Una exposición concisa de los hechos esenciales que fundamentan la solicitud;

d) Las razones y la indicación detallada de cualquier procedimiento que deba seguirse o requisito que deba cumplirse;

e) Cualquier información que pueda ser necesaria conforme al derecho interno del Estado Requerido para cumplir la solicitud; y

f) Cualquier otra información pertinente para que pueda prestarse la asistencia solicitada.

3. A solicitud de la Corte, todo Estado Parte consultará con la Corte, en general o respecto de un asunto concreto, sobre las disposiciones de su derecho interno que puedan ser aplicables de conformidad con el párrafo 2 e). En esas consultas, los Estados Partes comunicarán a la Corte las disposiciones específicas de su derecho interno.

4. Las disposiciones del presente artículo serán también aplicables, según proceda, con respecto a las solicitudes de asistencia hechas a la Corte.

Artículo 97

Consultas con la Corte

El Estado Parte que reciba una solicitud de conformidad con la presente parte celebrará sin dilación consultas con la Corte si considera que la solicitud le plantea problemas que puedan obstaculizar o impedir su cumplimiento. Esos problemas podrían ser, entre otros:

a) Que la información fuese insuficiente para cumplir la solicitud;

b) Que, en el caso de una solicitud de entrega, la persona no pudiera ser localizada, pese a los intentos realizados, o que en la investigación realizada se hubiere determinado claramente que la persona en el Estado Requerido no es la indicada en la solicitud; o

c) Que el cumplimiento de la solicitud en su forma actual obligare al Estado Requerido a no cumplir una obligación preexistente en virtud de un Tratado con otro Estado.

Artículo 98

Cooperación con respecto a la renuncia a la inmunidad y consentimiento a la entrega

1. La Corte no dará curso a una solicitud de entrega o de asistencia en virtud de la cual el Estado Requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga el derecho internacional con respecto a la inmunidad de un Estado o la inmunidad diplomática de una persona o un bien de un tercer Estado, salvo que la Corte obtenga anteriormente la cooperación de ese tercer Estado para la renuncia a la inmunidad.

2. La Corte no dará curso a una solicitud de entrega en virtud de la cual el Estado Requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga un acuerdo internacional conforme al cual se requiera el consentimiento del Estado que envíe para entregar a la Corte a una persona sujeta a la jurisdicción de ese Estado, a menos que ésta obtenga primero la cooperación del Estado que envíe para que dé su consentimiento a la entrega.

Artículo 99

Cumplimiento de las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 93 y 96

1. Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado Requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.

2. En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán trasmitidos con urgencia.

3. Las respuestas del Estado Requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.

4. Sin perjuicio de los demás artículos de la presente parte, cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en él, el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado según se indica a continuación:

a) Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una decisión de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 ó 19, el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido;

b) En los demás casos, el Fiscal podrá ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte. Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con el presente apartado, celebrará consultas sin demora con la Corte para resolver la cuestión.

5. Las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer la restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.

Artículo 100

Gastos

1. Los gastos ordinarios que se deriven del cumplimiento de las solicitudes en el territorio del Estado Requerido correrán a cargo de éste, con excepción de los siguientes, que correrán a cargo de la Corte:

a) Gastos relacionados con el viaje y la seguridad de los testigos y peritos, o el traslado, con arreglo al artículo 93, de personas detenidas;

b) Gastos de traducción, interpretación y transcripción;

c) Gastos de viaje y dietas de los Magistrados, el Fiscal, los Fiscales adjuntos, el Secretario, el Secretario adjunto y los funcionarios de cualquier órgano de la Corte;

d) Costo de los informes o dictámenes periciales solicitados por la Corte;

e) Gastos relacionados con el transporte de la persona que entregue a la Corte un Estado de detención; y

f) Previa consulta, todos los gastos extraordinarios que puedan ser resultado del cumplimiento de una solicitud.

2. Las disposiciones del párrafo 1 serán aplicables, según proceda, a las solicitudes hechas por los Estados Partes a la Corte. En ese caso, los gastos ordinarios que se deriven de su cumplimiento correrán a cargo de la Corte.

Artículo 101

Principio de la especialidad

1. Quien haya sido entregado a la Corte en virtud del presente Estatuto no será procesado, castigado o detenido por una conducta anterior a su entrega, a menos que ésta constituya la base del delito por el cual haya sido entregado.

2. La Corte podrá pedir al Estado que hizo la entrega que la dispense del cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo 1 y, si fuere necesario, proporcionará información adicional de conformidad con el artículo 91. Los Estados Partes estarán facultados para dar esa dispensa a la Corte y procurarán hacerlo.

Artículo 102

Términos empleados

A los efectos del presente Estatuto:

a) Por "entrega" se entenderá la entrega de una persona por un Estado a la Corte de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto;

b) Por "extradición" se entenderá la entrega de una persona por un Estado a otro Estado de conformidad con lo dispuesto en un Tratado o Convención o en el derecho interno.

PARTE X. DE LA EJECUCION DE LA PENA

Artículo 103

Función de los Estados en la ejecución de las penas

privativas de libertad

1. a) La pena privativa de libertad se cumplirá en un Estado designado por la Corte sobre la base de una lista de Estados que hayan manifestado a la Corte que están dispuestos a recibir condenados;

b) En el momento de declarar que está dispuesto a recibir condenados, el Estado podrá poner condiciones a reserva de que sean aceptadas por la Corte y estén en conformidad con la presente Parte;

c) El Estado designado en un caso determinado indicará sin demora a la Corte si acepta la designación.

2. a) El Estado de ejecución de la pena notificará a la Corte cualesquiera circunstancias, incluido el cumplimiento de las condiciones aceptadas con arreglo al párrafo 1, que pudieren afectar materialmente a las condiciones o la duración de la privación de libertad. Las circunstancias conocidas o previsibles deberán ponerse en conocimiento de la Corte con una antelación mínima de 45 días. Durante este período, el Estado de ejecución no adoptará medida alguna que redunde en perjuicio de lo dispuesto en el artículo 110;

b) La Corte, si no puede aceptar las circunstancias a que se hace referencia en el apartado a), lo notificará al Estado de ejecución y procederá de conformidad con el párrafo 1 del artículo 104.

3. La Corte, al ejercer su facultad discrecional de efectuar la designación prevista en el párrafo 1, tendrá en cuenta:

a) El principio de que los Estados Partes deben compartir la responsabilidad por la ejecución de las penas privativas de libertad de conformidad con los principios de distribución equitativa que establezcan las Reglas de Procedimiento y Prueba;

b) La aplicación de normas de tratados internacionales generalmente aceptadas sobre el tratamiento de los reclusos;

c) La opinión del condenado;

d) La nacionalidad del condenado; y

e) Otros factores relativos a las circunstancias del crimen o del condenado, o a la ejecución eficaz de la pena, según procedan en la designación del Estado de ejecución.

4. De no designarse un Estado de conformidad con el párrafo 1, la pena privativa de libertad se cumplirá en el establecimiento penitenciario que designe el Estado anfitrión, de conformidad con las condiciones estipuladas en el acuerdo relativo a la sede a que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 3. En ese caso, los gastos que entrañe la ejecución de la pena privativa de libertad serán sufragados por la Corte.

Artículo 104

Cambio en la designación del Estado de ejecución

1. La Corte podrá en todo momento decidir el traslado del condenado a una prisión de un Estado distinto del Estado de ejecución.

2. El condenado podrá en todo momento solicitar de la Corte su traslado del Estado de ejecución.

Artículo 105

Ejecución de la pena

1. Con sujeción a las condiciones que haya establecido un Estado de conformidad con el párrafo 1 b) del artículo 103, la pena privativa de libertad tendrá carácter obligatorio para los Estados Partes, los cuales no podrán modificarla en caso alguno.

2. La decisión relativa a cualquier solicitud de apelación o revisión incumbirá exclusivamente a la Corte. El Estado de ejecución no pondrá obstáculos para que el condenado presente una solicitud de esa índole.

Artículo 106

Supervisión de la ejecución de la pena y condiciones de reclusión

1. La ejecución de una pena privativa de libertad estará sujeta a la supervisión de la Corte y se ajustará a las normas generalmente aceptadas de las convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos.

2. Las condiciones de reclusión se regirán por la legislación del Estado de ejecución y se ajustarán a las normas generalmente aceptadas de las convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos; en todo caso, no serán ni más ni menos favorables que las aplicadas a los reclusos condenados por delitos similares en el Estado de ejecución.

3. La comunicación entre el condenado y la Corte será irrestricta y confidencial.

Artículo 107

Traslado una vez cumplida la pena

1. Una vez cumplida la pena, quien no sea nacional del Estado de ejecución podrá, de conformidad con la legislación de dicho Estado, ser trasladado al Estado que esté obligado a aceptarlo o a otro Estado que esté dispuesto a hacerlo, teniendo en cuenta si quiere ser trasladado a éste, a menos que el Estado de ejecución lo autorice a permanecer en su territorio.

2. Los gastos derivados del traslado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1, de no ser sufragados por un Estado, correrán por cuenta de la Corte.

3. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 108, el Estado de ejecución también podrá, de conformidad con su derecho interno, extraditar o entregar por cualquier otra vía a la persona a un Estado que haya pedido la extradición o entrega para someterla a juicio o para que cumpla una pena.

Artículo 108

Limitaciones al enjuiciamiento o la sanción por otros delitos

1. El condenado que se halle bajo la custodia del Estado de ejecución no será sometido a enjuiciamiento, sanción o extradición a un tercer Estado por una conducta anterior a su entrega al Estado de ejecución, a menos que, a petición de éste, la Corte haya aprobado el enjuiciamiento, la sanción o la extradición.

2. La Corte dirimirá la cuestión tras haber oído al condenado.

3. El párrafo 1 del presente artículo no será aplicable si el condenado permanece de manera voluntaria durante más de 30 días en el territorio del Estado de ejecución después de haber cumplido la totalidad de la pena impuesta por la Corte o si regresa al territorio de ese Estado después de haber salido de él.

Artículo 109

Ejecución de multas y órdenes de decomiso

1. Los Estados Partes harán efectivas las multas u órdenes de decomiso decretadas por la Corte en virtud de la Parte VII, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe y de conformidad con el procedimiento establecido en su derecho interno.

2. El Estado Parte que no pueda hacer efectiva la orden de decomiso adoptará medidas para cobrar el valor del producto, los bienes o los haberes cuyo decomiso hubiere decretado la Corte, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

3. Los bienes, o el producto de la venta de bienes inmuebles o, según proceda, la venta de otros bienes que el Estado Parte obtenga al ejecutar una decisión de la Corte serán transferidos a la Corte.

Artículo 110

Examen de una reducción de la pena

1. El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte.

2. Sólo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.

3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte examinará la pena para determinar si ésta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.

4. Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3, la Corte podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:

a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjuiciamientos;

b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando a ésta en la localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o

c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.

5. La Corte, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba.

Artículo 111

Evasión

Si un condenado se evade y huye del Estado de ejecución, éste podrá, tras consultar a la Corte, pedir al Estado en que se encuentre que lo entregue de conformidad con los acuerdos bilaterales y multilaterales vigentes, o podrá pedir a la Corte que solicite la entrega de conformidad con la Parte IX. La Corte, si solicita la entrega, podrá resolver que el condenado sea enviado al Estado en que cumplía su pena o a otro Estado que indique.

PARTE XI. DE LA ASAMBLEA DE LOS ESTADOS PARTES

Artículo 112

Asamblea de los Estados Partes

1. Se instituye una Asamblea de los Estados Partes en el presente Estatuto. Cada Estado Parte tendrá un representante en la Asamblea que podrá hacerse acompañar de suplentes y asesores. Otros Estados signatarios del presente Estatuto o del Acta Final podrán participar en la Asamblea a título de observadores.

2. La Asamblea:

a) Examinará y aprobará, según proceda, las recomendaciones de la Comisión Preparatoria;

b) Ejercerá su supervisión respecto de la Presidencia, el Fiscal y la Secretaría en las cuestiones relativas a la administración de la Corte;

c) Examinará los informes y las actividades de la Mesa establecida en el párrafo 3 y adoptará las medidas que procedan a ese respecto;

d) Examinará y decidirá el presupuesto de la Corte;

e) Decidirá si corresponde, de conformidad con el ar-tículo 86, modificar el número de magistrados.

f) Examinará cuestiones relativas a la falta de cooperación de conformidad con los párrafos 5 y 7 del artículo 87;

g) Desempeñará las demás funciones que procedan en virtud del presente Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba.

3. a) La Asamblea tendrá una Mesa, que estará compuesta de un Presidente, dos Vicepresidentes y 18 Miembros elegidos por la Asamblea por períodos de tres años;

b) La Mesa tendrá carácter representativo, teniendo en cuenta, en particular, el principio de la distribución geográfica equitativa y la representación adecuada de los principales sistemas jurídicos del mundo;

c) La Mesa se reunirá con la periodicidad que sea necesaria, pero por lo menos una vez al año, y prestará asistencia a la Asamblea en el desempeño de sus funciones.

4. La Asamblea podrá establecer los órganos subsidiarios que considere necesarios, incluido un mecanismo de supervisión independiente que se encargará de la inspección, la evaluación y la investigación de la Corte a fin de mejorar su eficiencia y economía.

5. El Presidente de la Corte, el Fiscal y el Secretario o sus representantes podrán, cuando proceda, participar en las sesiones de la Asamblea y de la Mesa.

6. La Asamblea se reunirá en la sede de la Corte o en la Sede de las Naciones Unidas una vez al año y, cuando las circunstancias lo exijan, celebrará períodos extraordinarios de sesiones. Salvo que se indique otra cosa en el presente Estatuto, los períodos extraordinarios de sesiones serán convocados por la Mesa de oficio o a petición de un tercio de los Estados Partes.

7. Cada Estado Parte tendrá un voto. La Asamblea y la Mesa harán todo lo posible por adoptar sus decisiones por consenso. Si no se pudiere llegar a un consenso y salvo que en el presente Estatuto se disponga otra cosa:

a) Las decisiones sobre cuestiones de fondo serán aprobadas por mayoría de dos tercios de los presentes y votantes, a condición de que una mayoría absoluta de los Estados Partes constituirá el quórum para la votación;

b) Las decisiones sobre cuestiones de procedimiento se tomarán por mayoría simple de los Estados Partes presentes y votantes.

8. El Estado Parte que esté en mora en el pago de sus contribuciones financieras a los gastos de la Corte no tendrá voto en la Asamblea ni en la Mesa cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las contribuciones adeudadas por los dos años anteriores completos. La Asamblea podrá, sin embargo, permitir que dicho Estado vote en ella y en la Mesa si llegare a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad del Estado Parte.

9. La Asamblea aprobará su propio reglamento.

10. Los idiomas oficiales y de trabajo de la Asamblea serán los de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

PARTE XII. DE LA FINANCIACION

Artículo 113

Reglamento Financiero

Salvo que se prevea expresamente otra cosa, todas las cuestiones financieras relacionadas con la Corte y con las reuniones de la Asamblea de los Estados Partes, inclusive su Mesa y sus órganos subsidiarios, se regirán por el presente Estatuto y por el Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada que apruebe la Asamblea de los Estados Partes.

Artículo 114

Pago de los gastos

Los gastos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes, incluidos los de su Mesa y órganos subsidiarios, se sufragarán con fondos de la Corte.

Artículo 115

Fondos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes

Los gastos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes, inclusive su Mesa y sus órganos subsidiarios, previstos en el presupuesto aprobado por la Asamblea de los Estados Partes, se sufragarán con cargo a:

a) Cuotas de los Estados Partes;

b) Fondos procedentes de las Naciones Unidas, con sujeción a la aprobación de la Asamblea General, en particular respecto de los gastos efectuados en relación con cuestiones remitidas por el Consejo de Seguridad.

Artículo 116

Contribuciones voluntarias

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 115, la Corte podrá recibir y utilizar, en calidad de fondos adicionales, contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, particulares, sociedades y otras entidades, de conformidad con los criterios en la materia que adopte la Asamblea de los Estados Partes.

Artículo 117

Prorrateo de las cuotas

Las cuotas de los Estados Partes se prorratearán de conformidad con una escala de cuotas convenida basada en la escala adoptada por las Naciones Unidas para su presupuesto ordinario y ajustada de conformidad con los principios en que se basa dicha escala.

Artículo 118

Comprobación anual de cuentas

Los registros, los libros y las cuentas de la Corte, incluidos sus estados financieros anuales, serán verificados anualmente por un auditor independiente.

PARTE XIII. CLAUSULAS FINALES

Artículo 119

Solución de controversias

1. Las controversias relativas a las funciones judiciales de la Corte serán dirimidas por ella.

2. Cualquier otra controversia que surja entre dos o más Estados Partes respecto de la interpretación o aplicación del presente Estatuto que no se resuelva mediante negociaciones en un plazo de tres meses contado desde el comienzo de la controversia será sometida a la Asamblea de los Estados Partes. La Asamblea podrá tratar de resolver por sí misma la controversia o recomendar otros medios de solución, incluida su remisión a la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el Estatuto de ésta.

Artículo 120

Reservas

No se admitirán reservas al presente Estatuto.

Artículo 121

Enmiendas

1. Transcurridos siete años desde la entrada en vigor del presente Estatuto, cualquier Estado Parte podrá proponer enmiendas a él. El texto de toda enmienda propuesta será presentado al Secretario General de las Naciones Unidas, que lo distribuirá sin dilación a los Estados Partes.

2. Transcurridos no menos de tres meses desde la fecha de la notificación, la Asamblea de los Estados Partes decidirá en su próxima reunión, por mayoría de los presentes y votantes, si ha de examinar la propuesta, lo cual podrá hacer directamente o previa convocación de una Conferencia de Revisión si la cuestión lo justifica.

3. La aprobación de una enmienda en una reunión de la Asamblea de los Estados Partes o en una Conferencia de Revisión en la que no sea posible llegar a un consenso requerirá una mayoría de dos tercios de los Estados Partes.

4. Salvo lo dispuesto en el párrafo 5, toda enmienda entrará en vigor respecto de los Estados Partes un año después de que los siete octavos de éstos hayan depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas sus instrumentos de ratificación o de adhesión.

5. Las enmiendas a los artículos 5, 6, 7 y 8 del presente Estatuto entrarán en vigor únicamente respecto de los Estados Partes que las hayan aceptado un año después del depósito de sus instrumentos de ratificación o aceptación. La Corte no ejercerá su competencia respecto de un crimen comprendido en la enmienda cuando haya sido cometido por nacionales o en el territorio de un Estado Parte que no haya aceptado la enmienda.

6. Si una enmienda ha sido aceptada por los siete octavos de los Estados Partes de conformidad con el párrafo 4, el Estado Parte que no la haya aceptado podrá denunciar el presente Estatuto con efecto inmediato, no obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 127 pero con sujeción al párrafo 2 de dicho artículo, mediante notificación hecha a más tardar un año después de la entrada en vigor de la enmienda.

7. El Secretario General de las Naciones Unidas distribuirá a los Estados Partes las enmiendas aprobadas en una reunión de la Asamblea de los Estados Partes o en una Conferencia de Revisión.

Artículo 122

Enmiendas a disposiciones de carácter institucional

1. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 121, cualquier Estado Parte podrá proponer en cualquier momento enmiendas a las disposiciones del presente Estatuto de carácter exclusivamente institucional, a saber, el artículo 35, los párrafos 8 y 9 del artículo 36, el artículo 37, el artículo 38, los párrafos 1 (dos primeras oraciones), 2 y 4 del artículo 39, los párrafos 4 a 9 del artículo 42, los párrafos 2 y 3 del artículo 43 y los artículos 44, 46, 47 y 49. El texto de toda enmienda propuesta será presentado al Secretario General de las Naciones Unidas o a la persona designada por la Asamblea de los Estados Partes, que lo distribuirá sin demora a los Estados Partes y a otros participantes en la Asamblea.

2. Las enmiendas presentadas con arreglo al presente artículo respecto de las cuales no sea posible llegar a un consenso serán aprobadas por la Asamblea de los Estados Partes o por una Conferencia de Revisión por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes. Esas enmiendas entrarán en vigor respecto de los Estados Partes seis meses después de su aprobación por la Asamblea o, en su caso, por la Conferencia.

Artículo 123

Revisión del Estatuto

1. Siete años después de que entre en vigor el presente Estatuto, el Secretario General de las Naciones Unidas convocará una Conferencia de Revisión de los Estados Partes para examinar las enmiendas al Estatuto. El examen podrá comprender la lista de los crímenes indicados en el artículo 5 pero no se limitará a ellos. La Conferencia estará abierta a los participantes en la Asamblea de los Estados Partes y en las mismas condiciones que ésta.

2. Posteriormente, en cualquier momento, a petición de un Estado Parte y a los efectos indicados en el párrafo 1, el Secretario General de las Naciones Unidas, previa la aprobación de una mayoría de los Estados Partes, convocará una Conferencia de Revisión de los Estados Partes.

3. Las disposiciones de los párrafos 3 a 7 del artículo 121 serán aplicables a la aprobación y entrada en vigor de toda enmienda del Estatuto examinada en una Conferencia de Revisión.

Artículo 124

Disposición de transición

No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del artículo 12, un Estado, al hacerse parte en el presente Estatuto, podrá declarar que, durante un período de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto, no aceptará la competencia de la Corte sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio. La declaración formulada de conformidad con el presente artículo podrá ser retirada en cualquier momento. Lo dispuesto en el presente artículo será reconsiderado en la Conferencia de Revisión que se convoque de conformidad con el párrafo 1 del artículo 123.

Artículo 125

Firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión

1. El presente Estatuto estará abierto a la firma de todos los Estados el 17 de julio de 1998 en Roma, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Posteriormente, y hasta el 17 de octubre de 1998, seguirá abierto a la firma en Roma, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. Después de esa fecha, el Estatuto estará abierto a la firma en Nueva York, en la Sede de las Naciones Unidas, hasta el 31 de diciembre del año 2000.

2. El presente Estatuto estará sujeto a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

3. El presente Estatuto estará abierto a la adhesión de cualquier Estado. Los instrumentos de adhesión serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 126

Entrada en vigor

1. El presente Estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

2. Respecto de cada Estado que ratifique, acepte o apruebe el presente Estatuto o se adhiera a él después de que sea depositado el sexagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el Estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

Artículo 127

Denuncia

1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Estatuto mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que se reciba la notificación, a menos que en ella se indique una fecha ulterior.

2. La denuncia no exonerará al Estado de las obligaciones que le incumbieran de conformidad con el presente Estatuto mientras era parte en él, en particular las obligaciones financieras que hubiere contraído. La denuncia no obstará a la cooperación con la Corte en el contexto de las investigaciones y los enjuiciamientos penales en relación con los cuales el Estado denunciante esté obligado a cooperar y que se hayan iniciado antes de la fecha en que la denuncia surta efecto; la denuncia tampoco obstará en modo alguno a que se sigan examinando las cuestiones que la Corte tuviera ante sí antes de la fecha en que la denuncia surta efecto.

Artículo 128

Textos auténticos

El original del presente Estatuto, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, que enviará copia certificada a todos los Estados.

EL TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Estatuto.

HECHO EN ROMA, el día diecisiete de julio de mil novecientos noventa y ocho.

Domingo Schipani - Embajador - Director de Tratados".

"Carp. Nº 794/02

Rep. Nº 468/02

Anexo I

Comisión de

Asuntos Internacionales

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º.- Apruébase el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma, República de Italia, el 17 de julio de 1998 y suscrito el 19 de diciembre de 2000.

Artículo 2º.- En su condición de Estado Parte del Estatuto de Roma la República Oriental del Uruguay asegurará su aplicación en el marco de pleno funcionamiento de los poderes del Estado en el ámbito de sus respectivas competencias y con estricta observancia del ordenamiento constitucional de la República.

Artículo 3º.- De conformidad con lo previsto en la Sección IX del Estatuto titulada "De la Cooperación Internacional y la Asistencia Judicial", el Poder Ejecutivo remitirá al Poder Legislativo en el plazo de seis meses un proyecto de ley con el objeto de establecer los procedimientos para asegurar la aplicación del Estatuto.

Sala de la Comisión, a 20 de junio de 2002.

Alberto Couriel, Carlos Garat, Reinaldo Gargano (con salvedades), Pablo Millor, Carlos Julio Pereyra, Wilson Sanabria, Juan Adolfo Singer."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: los señores Senadores tienen distribuido desde hace varios días el texto del Estatuto de Roma y los informes en mayoría y en minoría que fueron remitidos por la Comisión en la anterior oportunidad. El informe en mayoría estaba suscrito por los señores Senadores Garat, Pereyra, Couriel y quien habla y su redacción se limitaba a la de estilo cuando se aprueba un Tratado por parte del Poder Legislativo. Simplemente, decía: "Apruébase el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma, República de Italia, el 17 de julio de 1998 y suscrito el 19 de diciembre de 2000." El informe en minoría, en cambio, incorporaba lo que se dio en llamar "Declaración interpretativa" remitida por el Poder Ejecutivo, que se agregaba al texto, confeccionado con siete artículos, aproximadamente. Entonces, no sólo se realizaba una Declaración Interpretativa a juicio del Poder Ejecutivo, sino que también se estatuía o legislaba sobre las normas de cooperación para la aplicación del Estatuto en nuestro país, que regirían la conducta del Poder Ejecutivo y su relación con la Corte Penal Internacional.

No me voy a extender en las razones por las cuales la Comisión en mayoría no aprobó esa Declaración interpretativa. Simplemente, para ser muy breve, voy a decir que a nuestro juicio esa Declaración interpretativa, en realidad, incorporaba reservas a la aplicación del Tratado, lo cual está prohibido por su propio texto. Estas reservas consistían en que el Uruguay se atribuía, de acuerdo con ese proyecto de ley, la facultad de determinar cuándo y cómo se aplicaba el Estatuto, de conformidad con criterios muy especiales, por ejemplo, sobre el mecanismo de interpretación de los llamados delitos de ejecución continuada. Normalmente, estos delitos están caracterizados como los que tienen un comienzo pero no se conoce su fin, como sucede en los casos de secuestro o desaparición forzada, en los cuales hasta que no se consuma la aparición del secuestrado o desaparecido, no terminan.

Como se recordará, cuando los textos vinieron a Sala, el Partido Colorado, a través de un planteo del señor Senador Singer, reclamó que el Estatuto y los proyectos de aprobación volvieran a la Comisión, dado que el Poder Ejecutivo tenía una iniciativa diferente a aquella que había enviado a la Comisión en la primera oportunidad. Al respecto, quiero decir que los tres artículos que se presentaron para modificar el texto remitido por el Poder Ejecutivo y también el que había aprobado por mayoría la Comisión, se han repartido y se encuentran a disposición de los señores Senadores.

El artículo 1º es idéntico al que se presentó en el informe en mayoría. El artículo 2º, establece lo siguiente: "En su condición de Estado Parte del Estatuto de Roma la República Oriental del Uruguay asegurará su aplicación en el marco del pleno funcionamiento de los Poderes del Estado en el ámbito de sus respectivas competencias y con estricta observancia del ordenamiento constitucional de la República." Aclaro que debe decir "del pleno" y no "de pleno", porque de otra forma, no se entendería. Por su parte, el artículo 3º, expresa: "De conformidad con lo previsto en la sección IX del Estatuto titulada `De la Cooperación Internacional y la Asistencia Judicial, el Poder Ejecutivo remitirá al Poder Legislativo en el plazo de seis meses un proyecto de ley con el objeto de establecer los procedimientos para asegurar la aplicación del Estatuto."

Quiero decir que en la Comisión hubo unanimidad en la aprobación de los artículos 1º y 3º, y hubo una mayoría en la aprobación del artículo 2º, porque quien habla no acompañó ese texto. Voy a explicar las razones por las cuales nosotros consideramos que es menester que dejemos a salvo nuestro voto. Se puede afirmar que el artículo 2º, en la redacción que viene a Sala, es reiterativo de una obligación constitucional. Digo esto porque parecería obvio expresar que en su condición de Estado Parte del Estatuto de Roma, la República Oriental del Uruguay asegurará su aplicación en el marco del pleno funcionamiento de los Poderes del Estado en el ámbito de sus respectivas competencias y con estricta observancia del ordenamiento constitucional de la República. Sin embargo, a mi juicio, puede dar lugar a que quien intente aplicar en determinado momento las normas del Estatuto a hechos en los cuales tenga que intervenir el Poder Ejecutivo, pueda sostener, de pronto, que determinadas medidas para no aplicar el Estatuto son competencia del Poder Ejecutivo y no del Poder Legislativo.

No me quiero extender en esta explicación, pero resulta bastante claro que desde el punto de vista del ejercicio, por ejemplo, de lo que se llamó en determinado momento los poderes soberanos y demás -referencia bastante incorrecta, de acuerdo con lo que nos decían los compañeros constitucionalistas, porque el poder soberano reside en la Nación y no en los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judi-cial-, el Poder Ejecutivo estaría en condiciones de actuar por la vía de la gracia, de algún otro mecanismo o por una interpretación que haría de las disposiciones legales en vigencia en el país, no haciendo lugar, por citar un caso, al pedido del Fiscal de la Corte Penal Internacional.

Para liberarme de la responsabilidad futura de que esta interpretación pueda hacer camino, aunque considero que esto no obstaculiza la aprobación del Estatuto y su aplicación en el país, no voy a dar mi voto a ese artículo 2º.

En cuanto al artículo 3º, establece que el Poder Ejecutivo va a remitir en el plazo de seis meses un proyecto de ley con el objeto de establecer los procedimientos para asegurar la aplicación del Estatuto. En mi opinión, esto también es innecesario, pero no creo que obstaculice o genere problemas para la aprobación del proyecto de ley sustitutivo, porque el Poder Ejecutivo puede hacerlo en tres, cinco, seis meses o cuando quiera. Aclaro que estas son las normas que establecen los procedimientos a través de las cuales se va a cooperar con la Corte Penal Internacional. De todas maneras, el Poder Ejecutivo a través del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, entendió que de acuerdo con el artículo 87 del Estatuto, era mejor que este artículo existiera porque se daba la posibilidad de que se cumplimentara una parte de las disposiciones del Estatuto, que son casi de aplicación inmediata.

Algunos otros Estados no sólo han aprobado el Estatuto, sino también simultáneamente las normas de cooperación, lo que otorga al país la posibilidad de intervenir en mejores condiciones, tanto sea en la Asamblea Constitutiva que se celebrará en los primeros días de julio como luego, en el mes de octubre -en fecha a determinarse-, cuando se elijan los Jueces y el Fiscal y se aprueben las normas de aplicación de los crímenes que se persiguen.

Esta es la información que puedo aportar al Senado. Por su parte, los miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales pueden agregar lo que entiendan conveniente según su interpretación.

Sobre el fondo del tema, es decir, sobre por qué debemos actuar hoy rápidamente y aprobar el Estatuto, quiero reiterar que el 1º de julio es la fecha que se fijó como límite de tiempo para participar en la Asamblea Constitutiva y que es muy importante que nuestro país participe de ella e intervenga, desde el principio, en los procedimientos y en el establecimiento de la Corte, ya que constituye un hecho fundamental desde el punto de vista de la defensa de los Derechos Humanos en el mundo y, sobre todo, en la persecución de los crímenes de lesa humanidad.

El fondo del trabajo que ha llevado la comunidad internacional durante décadas para llegar a la redacción del Estatuto, es de tremenda importancia porque ahora, seguramente, quienes pretendan, mediante el uso abusivo de la autoridad, de la fuerza o de la violencia, violar los derechos de los seres humanos o cometer crímenes de lesa humanidad, deberán atenerse a la posibilidad de ser sometidos a juicio en el plano internacional. Esto implica una cesión de soberanía, utilizando un término muy laxo, porque mediante la aprobación de este Estatuto el Estado uruguayo está diciendo que va a colaborar, incluso, para que sus nacionales que cometan este tipo de crímenes puedan ser juzgados por una Corte Internacional y condenados a cumplir una sentencia en función de los crímenes de los que se les haga responsables.

El avance en esta materia reviste gran importancia. Doy, pues, mi voto favorable al Estatuto y recojo como mías las opiniones que han vertido juristas del nivel del profesor Gros Espiell, cuyas ideas están recogidas en los informes, o del doctor Alejandro Artucio, que es miembro de la Comisión Asesora Jurídica de Naciones Unidas, que durante mucho tiempo fue integrante del Comité Internacional de Juristas de Ginebra, y se ocupó de atender la defensa de los Derechos Humanos en el Uruguay cuando se producía la violación sistemática de los mismos. Además, los juicios y criterios del doctor Artucio han sido recogidos en el informe que elaboramos para ser elevado al Cuerpo.

Quiero señalar, por otra parte, que el comienzo de la puesta en funcionamiento de este Estatuto, que cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de los Estados a escala internacional tiene, sin embargo, algunos flancos débiles de los que vamos a hablar a continuación, ya que sería absurdo ignorarlos.

La primera potencia del mundo, los Estados Unidos, que al finalizar el gobierno del señor Clinton había firmado este Tratado, bajo la administración del señor Bush han retirado su firma. Pero, además, han adoptado algunas iniciativas de carácter legislativo destinadas a desconocer la autoridad del Tribunal Penal Internacional.

Voy a dar lectura a un artículo que, curiosamente, salió publicado ayer en el diario El País, de Madrid, insospechado de cualquier veta que no sea la consecuencia total con los principios democráticos y con la defensa de los Derechos Humanos en el mundo. La nota se titula "Estados Unidos, contra la Corte", y aclaro que voy a leerla con la intención de que estas cosas cambien, es decir, que se pueda modificar la actitud del gobierno de los Estados Unidos. Dice así: "Estados Unidos está en guerra contra la Corte Penal Internacional (CPI), cuyo Estatuto, firmado por 139 Estados y ratificado por 69 de ellos, incluidos todos los de la Unión Europea, entra en vigor el 1º de julio y juzgará crímenes individuales de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión. Bush pretende no sólo amordazar la Corte, sino que, con la excusa de que sus soldados se pueden ver sometidos a un ‘acoso político’, exige al Consejo de Seguridad que declare la inmunidad de todos los participantes en operaciones de paz legitimadas por la ONU. De lo contrario, Washington no participará en ellas, Bosnia incluida. Es de esperar que el Consejo, pese a sus divisiones, frene en seco la pretensión estadounidense.- La Administración de Bush ya retiró su firma del Estatuto del primer Tribunal Permanente de este género que Clinton suscribiera in extremis. Pese a la promesa de que no haría nada en contra de la Corte Penal, Estados Unidos está a punto de dotarse de una ley que, con el equívoco título de ‘Protección de los miembros americanos" -se refiere, por supuesto, a los estadounidenses, porque americanos somos también nosotros, o sudamericanos; en todo caso, debería decir "norteamericanos"- "del Servicio’, otorgará al Presidente unos poderes discrecionales sin parangón desde la infame resolución del Golfo de Tonkin -en 1964, guerra de Vietnam- para utilizar ‘todos los medios necesarios y adecuados para lograr la liberación de cualquier persona detenida [...] incluso contra los territorios de Estados miembros de la Unión Europea’, lo que en teoría podría llevarle hasta invadir La Haya, sede de la futura Corte. La Unión Europea ha puesto el grito en el cielo.- Washington quiere, además, dar rápidamente carpetazo a los tribunales penales ad hoc para juzgar los crímenes en Ruanda y en la antigua Yugoslavia, y se resiste a autorizar a Richard Holbrooke, la figura central de Estados Unidos durante las guerras y negociaciones de los Balcanes para que testifique en sesión pública en La Haya, donde se enjuicia, entre otros, a Slobodan Milosevic. Si el Congreso da finalmente su visto bueno a la Ley de Protección, Estados Unidos dará un paso claro hacia un imperialismo libre de ataduras jurídicas internacionales. Eso sí, insistiendo, mientras tanto en que perseguirá sin cuartel a villanos como Sadam Hussein u Osama Bin Laden."

De la lectura de este texto se desprende que no todos los que hayan cometido crímenes de lesa humanidad van a poder ser sometidos a la Corte, dado que hay algunas potencias que están tratando, desde el comienzo de su existencia, de limitar sus atribuciones e, incluso, de recurrir a la fuerza para impedir que sus nacionales sean sometidos a su juicio.

De todas formas, me parece relevante que el Senado apruebe en el día de hoy este proyecto de ley, que lo remita en el día a la Cámara de Representantes y que el Poder Ejecutivo esté en condiciones de depositar su ratificación antes del 1º de julio en el lugar indicado por el propio Estatuto para ello. Recojo el término exacto: lo que hará el Poder Ejecutivo es "depositar" la ratificación, puesto que la aprobación la dará el Poder Legislativo.

Es todo cuanto quería manifestar.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: la protección de los Derechos Humanos constituye uno de los más importantes desafíos del Siglo XXI. La búsqueda de mecanismos que aseguren su efectividad, es uno de los objetivos básicos de los Estados, así como también de la comunidad internacional en su conjunto.

En este marco, la protección interna y la protección internacional de los Derechos Humanos son compatibles entre sí y tienen como común denominador la observancia de los derechos de la persona humana. Hoy los Derechos Humanos han dejado de pertenecer a la categoría de asuntos que son esencialmente de jurisdicción interna de los Estados, ampliándose las fronteras del Derecho y los conceptos clásicos de la soberanía internacional.

En materia de promoción y protección de los Derechos Humanos, son los mismos Estados quienes han ido, voluntaria y progresivamente, cediendo sus competencias exclusivas a favor de la comunidad internacional. Así es como se han desarrollado cada vez más las competencias de las organizaciones internacionales en el campo de los Derechos Humanos, lo que ha significado la construcción de un régimen jurídico internacional de los Derechos Humanos que, por el solo hecho de su existencia, supone un recorte importante a las competencias clásicas exclusivas de los Estados en esta materia, en aras de la protección integral de los derechos de la persona humana.

Este denominado proceso de internacionalización de los Derechos Humanos comienza a verificarse en la segunda mitad del siglo XX, evidenciándose a través de la adopción de numerosos instrumentos internacionales. Se caracterizará por la consagración del ser humano como sujeto de derechos y deberes en materia internacional, y por la correspondiente adopción de Tratados de Derechos Humanos, los que generarán obligaciones a los Estados, ya no solamente en relación a las naciones miembros de la comunidad internacional, sino también al ser humano individualmente considerado.

Todo esto también determinará la correspondiente consolidación de diversos sistemas de protección de los Derechos Humanos a nivel universal con la creación de las Naciones Unidas y, a nivel regional, con organizaciones como el Consejo de Europa y la Organización de los Estados Americanos. La adopción de la Carta de las Naciones Unidas en 1945 y, tres años después, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, marcan el inicio de este proceso a nivel universal.

En la actualidad, la protección del sistema de Naciones Unidas se nutre de múltiples instrumentos de protección de naturaleza convencional, como ser, los referidos Pactos del año 1966 y otras Convenciones que abordan temas específicos, por ejemplo, la Convención Internacional sobre Discriminación Racial, de 1968, la Convención Internacional contra la Tortura, de 1985, la Convención de los Derechos del Niño, de 1989 y el Segundo Protocolo Facultativo Internacional de Derechos Civiles y Políticos Destinados a Abolir la Pena de Muerte, en 1989. Estos instrumentos han creado, a la vez, órganos de control que tienen por objeto la observancia de los Derechos Humanos. A su vez, en cada uno de ellos se han previsto diferentes procedimientos, como ser, informes que deben presentar los Estados Partes en las Convenciones y las denuncias que pueden formularse en algunos de ellos por parte de las personas lesionadas en sus derechos.

A estos mecanismos convencionales pueden agregarse los extra convencionales basados en las resoluciones de los órganos políticos de las Naciones Unidas, que encuentran su fundamento en el deber general de cooperación internacional de los Estados en materia de Derechos Humanos, recogido en la Carta de las Naciones Unidas de 1945.

En materia regional, también encontramos sistemas de protección, como ser el americano, el europeo y el africano. En cuanto al sistema americano, el punto de partida resulta ser el año 1948, con la adopción de la Carta de la OEA y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, ocho meses antes de la Declaración Universal. A esto le siguen instrumentos jurídicos de protección del sistema en materia genérica, como ser, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica y su Protocolo Adicional, relativo a los derechos económicos, sociales y culturales de 1988.

En materia específica, encontramos varias Convenciones de trascendencia, como la relativa a la sanción de la tortura de 1992, la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas de 1995 y la Convención para Prevenir y Sancionar la Violencia Contra la Mujer de 1994.

En cuanto a los órganos de control, el sistema americano, a diferencia del universal, se caracteriza por la concentración de órganos, distinguiéndose la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. La actividad de dichos órganos resulta de especial interés en materia de protección de los Derechos Humanos en el continente, entre otras razones, por el hecho de que los individuos pueden presentar peticiones con relación a derechos que les fueran violados por parte de los Estados, una vez agotados los recursos internos en sus respectivos países. Estas denuncias pueden presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Con relación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es de destacar que una vez que un asunto ha sido puesto en su conocimiento, ya sea por parte de la Comisión o del propio Estado interesado -los individuos aún no tienen legitimación activa para presentar las denuncias directamente ante la Corte-, su actividad resulta significativa, siendo el fallo definitivo e inapelable y de observancia obligatoria por parte de los Estados, a quienes se les atribuye responsabilidad mediante el órgano internacional, según lo establecen los artículos 67 y 68 de la Convención. A esto debemos agregar la relevancia de la competencia consultiva de la Corte Interamericana, cuyas opiniones han marcado el rumbo a seguir en materia de interpretación de los Derechos Humanos en el ámbito del sistema interamericano.

A modo de conclusión, luego de esta breve reseña, resulta claro que en materia de Derechos Humanos, las fronteras de los Estados se han desdibujado, abriéndose a la comunidad internacional en un proceso progresivo cuya consolidación resulta a comienzo del nuevo siglo, un verdadero desafío para asegurar la protección integral de los derechos de la persona humana. Sin perjuicio de ello, aún falta mucho camino por recorrer para asegurar un verdadero perfeccionamiento.

Más allá de los logros que podrían realizarse en materia de acceso directo a los órganos internacionales de protección, como sería el "locus standi" de los individuos ante la Corte Interamericana, tal como lo ha consagrado ya el sistema europeo ante la Corte de Estrasburgo con la puesta en marcha del Protocolo XI, es en materia de responsabilidad penal individual en donde deberá seguir avanzándose en forma decidida. Hasta el momento, señor Presidente, la responsabilidad por violaciones a los Derechos Humanos recae sobre los Estados. Son éstos quienes son condenados a pagar a las víctimas de las violaciones de Derechos Humanos o a sus familiares, sumas de dinero en compensación por los daños de diversa índole sufridos. Lo paradójico del sistema es que dichas sumas son pagadas muchas veces por los propios violadores de los Derechos Humanos, quienes siguen representando a los Estados que contravinieron las normas invocadas por las víctimas. Esta paradoja, éticamente injustificada, demuestra claramente la necesidad de establecer sistemas internacionales que consagren responsabilidades penales individuales por la violación de los Derechos Humanos de las personas, además de las responsabilidades pecuniarias de los Estados.

En tal sentido, la consagración de la responsabilidad penal individual es hoy el resultado de un fuerte y acalorado debate en torno a su viabilidad, en el cual las presiones de índole política, enlazadas con problemas relativos a la soberanía de los Estados, recobran especial significación.

Sin embargo, y a pesar de todos los intentos por detenerlo, este proceso de concientización sigue abriendo camino, lento y seguro, en aras de la consagración de la Justicia a nivel internacional como forma complementaria de la jurisdicción interna. Ejemplo de ello es la creación de la Corte Penal Internacional en virtud del Tratado de Roma, suscrito el 17 de julio de 1998 en Italia. El establecimiento de una Corte Penal Internacional como órgano que adjudique responsabilidad penal individual a quienes cometen gravísimas violaciones de los Derechos Humanos en el mundo de hoy, constituye uno de los desafíos más claros de la comunidad internacional. A cincuenta años de la adopción, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el año 1998 marcó un hito importante en la historia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos al aprobarse, por parte de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas, el Estatuto de la Corte Penal en la ciudad de Roma. Este Estatuto está ideado como un mecanismo permanente que pondrá jurisdicción sobre los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y genocidio, haciendo realidad el principio de que la Justicia no tiene fronteras.

El Estatuto de Roma, cuya redacción adolece de múltiples aspectos que podrán ser criticados o con los que se podrá discrepar, es hoy una manifestación de la voluntad firme y sólida de frenar la peligrosa tendencia a la impunidad en el mundo, emergiendo como la promesa de juicio y sanción a los autores y responsables de gravísimos crímenes. Es la manifestación de la Justicia la que aflora con su sanción.

En este sentido, señor Presidente, resulta ilustrativo reseñar lo establecido en el preámbulo, en donde se afirma que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la Justicia. Asimismo, se destaca que la jurisdicción internacional que se estableciera por esta Corte será complementaria de las jurisdicciones nacionales.

Su artículo 1º se refiere al establecimiento de la Corte, determinando que será una institución permanente, facultada para ejercer jurisdicción sobre personas respecto a los crímenes más graves de trascendencia internacional, de conformidad con el Estatuto, siendo su futura sede la ciudad de La Haya en los Países Bajos.

En cuanto a la competencia, el Estatuto establece que se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión, según lo prevé el artículo 5º, literal d) del Estatuto. Sin perjuicio de ello, y con respecto a este último, su tipificación se deja para más adelante.

Ahora bien, resulta importante destacar que el Tribunal Penal Internacional creado por el Estatuto de Roma sólo será competente respecto a estos tres crímenes internacionales, no pudiendo conocer sobre las violaciones genéricamente consideradas. Ello significa que el Tribunal Penal Internacional tendrá competencia limitada a las situaciones previstas en su Estatuto, pero sin que toda violación de los Derechos Humanos pueda determinar internacionalmente la tipificación de una figura a los efectos de la competencia ante el Tribunal.

Asimismo, y acorde con la tendencia internacional en la materia, la competencia del Tribunal se caracteriza por ser complementaria de la jurisdicción interna, según lo prevé el artículo 1º, lo que lo diferencia de sus antecedentes históricos, como ser los Tribunales de Nuremberg y Tokyo, establecidos luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial e instrumentados por los vencedores para juzgar a los vencidos, ni tampoco los Tribunales de Ruanda y Yugoslavia, creados por decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Esto amerita resaltar otra de las características importantes de este Estatuto: la creación de un Tribunal de carácter permanente y no circunstancial o coyuntural, como fue el caso de los de Tokyo y Nuremberg. Los crímenes gravísimos que juzgará serán los que se produzcan con posterioridad a su establecimiento, consagrando la no retroactividad de sus disposiciones en los artículos 11 y 22.

SEÑOR PEREYRA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR CORREA FREITAS.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Estaba buscando el artículo 5º a que hacía referencia el señor Senador Correa Freitas, que tiene que ver con aquellos hechos o crímenes en los que tiene intervención este Tribunal Penal que se crea por el Tratado de Roma.

Si no entendí mal, el señor Senador Correa Freitas señalaba que la enumeración que aquí se hace sobre genocidio, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y de agresión nos lleva a que violaciones de los Derechos Humanos en casos aislados no estarían comprendidos. Pero el artículo 7º enumera cuáles son los crímenes de lesa humanidad y dice: "A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por ‘crimen de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de Derecho Internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable." Es decir que después de la enumeración global de los delitos hay una definición de los mismos que permite llegar a casos particulares. Esa es, por lo menos, mi interpretación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Agradezco al señor Senador Pereyra la anotación importante que ha hecho a la descripción de los crímenes sobre los que tiene competencia la Corte Penal Internacional. Además, comparto plenamente la observación formulada, porque me parece absolutamente pertinente.

Entre los elementos positivos puede destacarse, entre otros, la eliminación de la obediencia debida como eximente ante la justicia penal internacional -artículo 33-, la regulación adecuada del debido proceso ante la Corte Penal Inter-nacional -artículos 53 y 76-, la adopción expresa de los gran-des principios penales de non bis in idem -artículo 20-, nullum crimen sine lege -artículo 22- y nulla poena sine lege, artículo 23. Es decir que no hay crimen o delito sin ley que lo establezca y tampoco puede haber pena sin ley que lo establezca. A su vez, el principio de non bis in idem significa que nadie puede ser juzgado más de una vez por una misma causa. Asimismo, se establece la no previsión de la pena de muerte como sanción penal internacional, el reconocimiento de la presunción de inocencia -artículo 66 del Estatuto- y la previsión expresa de los derechos del acusado -artículo 27-, entre otras cosas.

Como elementos negativos y a vía de ejemplo se pueden enumerar los siguientes: la posibilidad de condena a prisión perpetua -artículo 7º, apartado 1, literal b)-, la posibilidad de aceptación diferida a 7 años de la jurisdicción de la Corte respecto a crímenes de guerra -artículo 8º-, la situación preeminente del Consejo de Seguridad con el consiguiente ejercicio del derecho al veto -artículo 13, literal b)- y la exclusión de toda competencia de la Asamblea General.

Uruguay ha manifestado a nivel internacional desde tiempo atrás su posición a favor del establecimiento de una Corte con jurisdicción penal internacional.

Como antecedentes históricos merece recordarse que nuestro país fue parte del Tratado de Versalles, instrumento ratificado previa aprobación por ley de 23 de octubre de 1919. Su artículo 227 preveía la inculpación del Kaiser Guillermo II por ofensa suprema a la moral internacional y a la autoridad sagrada de los tratados. Este artículo preveía la formación de un tribunal especial compuesto por cinco jueces nombrados por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón. Uruguay aceptó la creación y funcionamiento de los Tribunales de Nuremberg y de Tokyo, sin perjuicio de las objeciones manifestadas a los mismos, así como también la condena que expresamente nuestro país formulara a la aplicación de la pena de muerte en dichos juicios.

En el año 1951, el ilustre jurista uruguayo, doctor Luis Enrique Piñeyro Chain, fue designado por el Gobierno uruguayo para participar en un comité de las Naciones Unidas para la elaboración de un futuro Estatuto de Corte Penal en el sistema universal. Dicho comité estuvo integrado por 15 países: Australia, China, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos, Francia, Irán, Israel, Pakistán, Países Bajos, Reino Unido, Siria, Brasil, Cuba y Uruguay. Al discutirse la viabilidad de la creación de la futura Corte, el delegado uruguayo expresó: "Es indiscutible que el Derecho Penal Internacional existe. Los crímenes a los que se refiere este Derecho deben ser sancionados por la comunidad internacional en ejercicio de sus poderes represivos. La creación de un tribunal criminal internacional es, entonces, ineludible y urgente."

Las sesiones de dicho comité se realizaron durante el mes de agosto de 1951 y en las discusiones que allí se llevaron a cabo, la delegación uruguaya debió enfrentar la firme oposición de Estados Unidos y el Reino Unido en relación al establecimiento y facultades de dicha Corte. Refiriéndose al punto, el delegado uruguayo manifestó en aquel entonces que: "La etapa de discusión abstracta acerca de la necesidad de creación de una Corte Penal Internacional parece ya una etapa concluida. La Comisión de Derecho Internacional ha estudiado el tema y la Asamblea General ha aprobado la Convención Acerca del Genocidio. La Asamblea General espera del Comité el proyecto concreto. No podemos retroceder a temas ya superados. Algunas de las dificultades señaladas por el gobierno del Reino Unido pueden ser resueltas en el propio proyecto. Se puede establecer que la propia Corte fijará su procedimiento, desde luego que dentro de las líneas generales previamente fijadas." Haciendo referencia al procedimiento, se dijo que puede consagrarse el principio de que a todo acusado se lo presume inocente hasta que su culpabilidad sea probada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado una moción para que se prorrogue la hora de que dispone el señor Senador Correa Freitas.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 15 en 16. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Gracias, señor Presidente.

En tal sentido debemos destacar que Uruguay abolió la pena de muerte, primero por ley en el año 1907, y luego en la Constitución de 1918.

La ratificación del Estatuto de Roma por parte de Uruguay y demás países del mundo es hoy uno de los temas en materia de protección de los Derechos Humanos de mayor relevancia mundial. Senegal fue el primer país en ratificar el Estatuto y al día de hoy 143 Estados lo han firmado y 65 lo han ratificado. Cuando Uruguay deposite esta ratificación, pasará a formar parte de este Tratado multilateral no retroactivo que consagra la responsabilidad penal internacional de los individuos apostando con ello, como es su tradición, a la consagración íntegra de la protección de los derechos fundamentales de la persona humana.

Con este paso, Uruguay dará a luz, al igual que la mayoría de los países de América del Sur, a la observancia de los principios de todos los Estados democráticos, también en el plano internacional, dando fuerza a la consolidación del Estado de Derecho como garantía internacional de los Derechos Humanos.

Lejos quedarán aquellos países que, bajo el manto teórico de la observancia de los derechos en sus propias jurisdicciones, retroceden negando día a día su consagración individual. La imperiosa necesidad del mundo por sobrevivir a los abusos del terror, nos obliga moralmente a acogernos a él.

Por estas razones, señor Presidente, vamos a apoyar fervorosamente la aprobación de este proyecto de ley.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Quiero aclarar que no integro la Comisión de Asuntos Internacionales y que simplemente concurrí a la última sesión con la intención de disipar un error que el señor Ministro de Relaciones Exteriores había cometido al atribuirme una opinión que no era la que había sostenido y criticado.

Como se recordará, hace ya muchos meses la Bancada del Encuentro Progresista- Frente Amplio había propuesto la aprobación de este Tratado, que presentó como un proyecto de ley sosteniendo que la aprobación de un Tratado no es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, sino que lo que es facultad exclusiva del mismo es la firma del Tratado y su posterior ratificación. El señor Ministro, con mucha hidalguía, reconoció que la crítica que había hecho se basaba en una información sobre mi opinión que no era la correcta; dicha opinión fue leída y consta en la exposición de motivos del proyecto de ley que presentamos aprobando este Tratado.

Por otro lado, quiero señalar que hay quienes sostienen que los Tratados pueden motivar sólo una ley de un artículo que establezca que los aprueba o los reprueba y nada más. No participo de esa opinión y entiendo que si bien la ley debe decir concretamente si aprueba o reprueba un Tratado, puede tener otras disposiciones que no se refieran a este tema, sino a otros puntos.

Además, el proyecto originario enviado por el Poder Ejecutivo era inaceptable. Contenía normas de interpretación del Tratado, y hay acuerdo doctrinario en cuanto a que dichas interpretaciones las hace la Corte -que en este caso es la que se crea- u otro organismo o, en lo interno, a mi juicio, la Suprema Corte de Justicia, tal como establece el artículo 239 en su numeral 1º. Se trata de un artículo un poco perdido que no ha tenido aplicación práctica.

Por lo tanto, reconozco en el trabajo del Poder Ejecutivo y concretamente en el del señor Canciller, el esfuerzo que realizó para sacar aquellos artículos que generaban discusiones y colocar, en cambio, estos otros dos que, en líneas generales, no ofrecen mayores problemas. De todos modos, quiero dejar algunas constancias sobre estas disposiciones.

Con respecto al último artículo, por un lado, puede considerarse una disposición inútil, porque dice que el Poder Ejecutivo va a remitir en un plazo un proyecto de ley, y esto lo puede hacer cuantas veces quiera. De cualquier modo, tiene un efecto jurídico y no es un artículo obvio, puesto que fija al Poder Ejecutivo un plazo para presentar un proyecto de ley, con lo cual, si vencidos los seis meses el Parlamento no recibe un proyecto, podría llamar al Ministro de Relaciones Exteriores y decirle que está incumpliendo con el artículo tercero de esta ley. De manera que algún efecto jurídico tiene.

Sin embargo, el segundo artículo me merece algunas objeciones. Por un lado puede ser considerado también un artículo obvio. Quiero aclarar que en el texto se habla de Poderes del Estado, cuando la mejor técnica y doctrina -que, a mi juicio, en este caso es la de Justino Jiménez de Aréchaga- dicen que se debe utilizar la expresión "Poderes del Gobierno", ya que los Poderes del Estado son uno solo, único e indivisible, y una decisión de cualquiera de los Poderes, lo es también del Estado. De todos modos, popularmente y en el lenguaje parlamentario se habla de los Poderes del Estado -parece más ampuloso- pero reitero que está mal dicho porque es el Gobierno el que se divide en tres. El Estado uruguayo, por lo menos, se divide en diecinueve departamentos y algunos dicen que a lo mejor un día se va a dividir en cuatro, pero ese es otro tema. Con relación al contenido del artículo, debo decir que la suposición que se hace en el mismo, es obvia o está equivocada. Ese es el tema que me planteé. Es obvio que el Uruguay aplicará los tratados con estricta observancia del ordenamiento constitucional, tal como lo expresa el final del texto. ¡Bueno sería que el Uruguay no supusiera que va a aplicar su Constitución! Me parece que si esa aclaración se hace aquí, también se la debería incluir en todos los tratados, leyes y decretos. Lo que sí se agrega es que es de estricta observancia del ordenamiento constitucional. A esto debo decir que la observancia es estricta en sí misma; si no es estricta no es observancia, y si es observancia, es estricta.

De cualquier manera, la referencia a que Uruguay asegura que va a cumplir el Tratado en el marco del pleno funcionamiento de los Poderes del Estado -reitero que se debería hablar de Poderes del Gobierno-, parece dar la idea de que algún día nuestro país no funcione en el marco de los plenos Poderes del Estado. Esto se daría en una peripecia constitucional como, por ejemplo, cuando se da un golpe de Estado. Entonces, se estaría diciendo que si un día no están en pleno funcionamiento los Poderes del Estado, no cumpliríamos el Tratado. Considero que esto, mirado tanto desde el punto de vista de la lógica del Derecho Interno, como de la del Derecho Internacional, está mal.

En una primera instancia me sentí tentado a votar el texto por su obviedad, pero luego, en la medida en que pueda entenderse de ese modo, me siento más inclinado a no aprobarlo.

Aun cuando no vote este artículo 2º -no afecta para nada al Tratado ni al pronunciamiento del Senado que yo haga una cosa u otra-, quiero decir que reconozco el esfuerzo político de la Cancillería y en general del Poder Ejecutivo al retirar ciertos artículos que en realidad estaban mal y, en cambio, incluir otros semipotables. Me parece que esta es la intención. En lugar de retirar ciertas disposiciones que se pensó que no iban a marchar o que no estaban bien y que no iban a ser votadas, el Poder Ejecutivo dejó algo para que el retiro no fuera demasiado ostensible.

Interpreto que ésta es la razón por la que se incluyeron estos dos artículos. De cualquier manera, el artículo 2º, con otra redacción, a lo mejor se podría haber votado, pero adelanto que no lo voy a aprobar.

Con referencia al artículo 1º, voy a hacer una consideración puramente de coquetería gramatical. Aclaro que siempre uso esta expresión que no es mía; no inventé lo de "coquetería gramatical", pero no voy a revelar quién lo hizo, aunque algún día lo haré. El artículo establece: "Apruébase el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma, República de Italia." Me parece que si se dijera: "Apruébase el Estatuto de la Corte Penal Internacional aprobado en Roma", quedaría un poco menos repetitivo y no se afectaría la intención del texto.

No sé si el Senado recogerá esta inquietud, pero me parece que la repetición de la palabra "Roma", aunque todos los caminos lleven a Roma, gramaticalmente no es correcta. Sé que el Tratado es conocido como el Tratado de Roma, pero no es el nombre oficial. Igualmente voy a votar el artículo aunque repita la palabra "Roma".

Gracias.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: nosotros íbamos a hacer una exposición un poco más extensa, pero hay urgencia en aprobar esta tarde el presente proyecto de ley para ver si es posible -como se ha señalado al inicio de la sesión- que también sea aprobado hoy en la Cámara de Representantes y se llegue en tiempo al depósito de los documentos de ratificación antes del 1º de julio a los efectos de que nuestro país pueda participar en la Asamblea Constitutiva del Estatuto. Además existen algunas razones que me obligan a ser muy breve, aunque sea como fundamento de voto. Una de ellas es de carácter personal y tiene que ver con la oposición que hice en Comisión donde apoyé con mi firma el informe del señor Senador Gargano sobre la inconveniencia de aprobar las normas de carácter interpretativo que acompañaban al artículo 1º, que era simplemente la ratificación del Tratado. Varias disposiciones que seguían al artículo 1º tenían el carácter de interpretativas. Como lo ha señalado el señor Senador Gargano en su intervención de hoy, era quizá una forma de sustituir las reservas que el Tratado prohibe. El intento que el Uruguay habría hecho en las discusiones de Roma no tuvo andamiento y por esta vía nos trajo unas complejas disposiciones interpretativas; algunas, más que complejas, de grave inconstitucionalidad, como la de crear una autoridad central para dictaminar en los casos del pedido del Fiscal que crea el Estatuto, a los efectos de intervenir en asuntos violatorios de los crímenes que establece el artículo 5º, que hubieran sucedido en el país.

Nosotros no íbamos a votar ninguna otra disposición interpretativa. Luego vinieron estas, a las que acaba de hacer referencia el señor Senador Korzeniak, que después de algunas vacilaciones y de alguna modificación que se introdujo en Sala o antes del comienzo de la última sesión del jueves pasado de la Comisión de Asuntos Internacionales, nosotros hemos resuelto acompañar integralmente.

El artículo 2º dice -como se ha establecido- que en su condición de Estado Parte del Estatuto de Roma, la República Oriental del Uruguay asegurará su aplicación en el marco del pleno funcionamiento de los Poderes del Estado en el ámbito de sus respectivas competencias y con estricta observancia del ordenamiento constitucional de la República. Para mí habría alcanzado con que dijera: "en el marco de la estricta observancia del ordenamiento constitucional de la República", porque ello comprende, naturalmente, el funcionamiento normal de los Poderes. Pero si por algo me atrajo lo de los Poderes fue por lo que acabo de señalar en cuanto a esa disposición a mi juicio groseramente inconstitucional de crear una autoridad central, al margen del Poder Judicial, para dictaminar si correspondía o no responder al llamado del Fiscal del Estatuto de Roma en algún caso de violación de lo establecido en el Tratado, es decir, en algunos de los casos en que específicamente el Tratado señala su competencia. Entonces, me parece que al hablar de los Poderes, habla de todos ellos. El Poder Ejecutivo no podría por sí solo tomar una resolución en este sentido. Además, a mi juicio asegura de alguna manera la intervención del Poder Judicial, que es el encargado de dictaminar no sólo en cuanto a los Tratados sino también sobre los casos puntuales que se presenten en materia de extradición o de sometimiento a la Justicia no nacional de un ciudadano.

En cuanto al artículo 3º, también creo que es obvio que el Poder Ejecutivo en cualquier momento podría remitir un proyecto sin que el Parlamento se lo pida. El Ministro lo justifica diciendo que como se pide colaboración, el Poder Legislativo estaría colaborando al exigirle al Poder Ejecutivo dentro de un plazo, un pronunciamiento para explicitar la forma de colaboración del país en la aplicación del Tratado.

Entonces, nuestro cambio de posición obedece a que estamos de acuerdo con estos tres artículos que sustituyen a aquel conjunto de disposiciones que nosotros no íbamos a votar.

Por otra parte, los dos representantes del Partido Nacional en la Comisión de Asuntos Internacionales tuvimos desde el primer momento una posición unitaria en este sentido, que es la que acabo de exponer. No parecería lógico que en Sala no se dejara constancia también de la opinión de los integrantes del Partido Nacional.

Por último, quisiera referirme a algunos aspectos contenidos en la brillante exposición del señor Senador Correa Freitas, que es un especialista en la materia. Yo, que no soy jurista, pero creo que es bueno resaltar algunos de los aspectos a través de los cuales se ha criticado este Estatuto, como por ejemplo la armonía que podría no haber entre las disposiciones constitucionales y las que establece el Estatuto. En ese sentido es muy claro el preámbulo que dice: "La Corte Penal establecida en virtud del presente Estatuto será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales". Esto quiere decir que no puede sustituirlas sino que es complementaria y en todos los casos hay una instancia en la cual actúa la jurisdicción nacional antes de someterse a la internacional. De manera que creo que en ese sentido está muy claro. También en el artículo 80 aparece con claridad cuando dice: "Nada de lo dispuesto en la presente parte se entenderá en perjuicio de aplicación por los Estados de las penas prescritas por su legislación nacional ni de la legislación de los Estados en que no existan las penas prescritas en la presente parte."

Hubo también un aspecto muy importante que nos llevaba a no votar las disposiciones complementarias anteriores porque parecía que se temiera que se aplicara con retroactividad, en algún caso, comprendiendo hechos notorios, no muy lejanos, acaecidos en este país. Es muy claro el concepto de irretroactividad que tiene el Tratado y que lo señala en su artículo 11, cuando dice: "La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto."

Por si esto fuera poco, el artículo 24 dice que "nadie será finalmente responsable, de conformidad con el presente Estatuto, de una conducta anterior a su entrada en vigor". Entonces, es terminante en ese sentido y esas objeciones no cabrían.

Otro de los argumentos que se han manejado es que puede ser, de alguna manera, lesivo de la soberanía. Y lo es, porque el concepto de soberanía ha tenido una evolución importante. Ya lo trataron ampliamente los Legisladores uruguayos cuando se aprobó la Carta de las Naciones Unidas, que era el primer documento importante que el Uruguay iba a firmar en materia de disposiciones supranacionales. En ese sentido, se pidió la opinión de un conjunto de hombres notables de la época: el doctor Jacobo Varela Acevedo, el doctor José Irureta Goyena, el doctor José Cremonesi, el doctor Eduardo Acevedo, el doctor Joaquín Secco Illa, el General arquitecto Alfredo Baldomir, el señor Héctor A. Gerona, el doctor Pedro Manini Ríos, el doctor Juan Andrés Ramírez y el doctor Alberto Mañé. Muchos de ellos, al contestar a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, resaltan la necesidad de no interponer una posición intransigente en materia de soberanía. Así, el doctor Pedro Manini Ríos estudiaba cuatro problemas fundamentales, entre ellos, la igualdad jurídica de las naciones, estableciendo que las representaciones permanentes irrevocables debían significar una etapa provisoria del gobierno de la sociedad; la extensión de la jurisdicción judiciable de la Corte Internacional de Justicia a todos los problemas políticos y jurídicos; el estudio de la organización de una fuerza armada internacional, etcétera. Recogiendo este informe, el Ministro de Relaciones Exteriores, ingeniero José Serrato, fijó su posición en un Memorándum del 28 de setiembre de 1944, estableciendo: "1º) La igualdad jurídica de todos los Estados; 2º) la integración democrática de todos los órganos de la sociedad -se refiere a la sociedad que se crea-, aceptando, con carácter provisorio, la atribución de cuatro puestos permanentes y 3º) la extensión del poder jurisdiccional de la Corte a todo diferendo, sin excepción alguna."

El doctor Ramírez dice: "es necesario que se imponga, como condición de acceso, no determinada forma de gobierno, sino el respeto a las libertades fundamentales a que tiene derecho la persona humana."

Por su parte, el Senador César Mayo Gutiérrez dice: "El concepto de la soberanía absoluta debe experimentar limitaciones, como las sufre en la sociedad organizada la libertad individual, para prevenir sus extravíos cuando estos sean contrarios a la comunidad internacional."

Señor Presidente, simplemente deseaba fundamentar mi voto como integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales y señalar la enorme importancia que este Tratado tiene en el mundo de hoy; en un mundo en el que aún persisten situaciones que limitan la dignidad humana, limitan la vida en dignidad de los seres humanos. La esclavitud, que avergonzó a la humanidad por el volumen que adquirió, aún presenta vestigios de existencia en algunas partes del mundo, así como la ignorancia que degrada a los seres humanos, respecto a lo cual también es necesario el esfuerzo común de los países. La intolerancia en materia racial implica, también, la necesidad de intervenir cuando se producen conflictos como los que se dan frecuentemente por estas situaciones de intransigencia absolutamente irracional.

Por lo tanto, señor Presidente, creo que en el mundo de hoy, en medio de la revolución del conocimiento -deslumbrante creación del hombre de nuestros días- y de este inmenso progreso científico que se ha alcanzado, es imposible concebir que siga degradándose la situación humana y mucho menos que los elementos que la conquista de la ciencia ha creado, se empleen para limitar esa dignidad a que tienen derecho todos los seres humanos.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 23 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

10) TECNICAS DE REPRODUCCION HUMANA ASISTIDA

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Formulo moción para que el asunto que figura en primer término del Orden del Día se considere como primer punto del Orden del Día de la primera sesión ordinaria del mes de julio.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- No tenemos inconveniente en que se postergue el tratamiento de este tema, en función de que tenemos un compromiso político a la hora 18, pero quiero recordar al Cuerpo que se había resuelto con anterioridad que este proyecto se tratara en una sesión extraordinaria. Con esa salvedad, si estuviéramos de acuerdo, estaríamos aceptando la propuesta del señor Senador Sanabria.

SEÑOR PRESIDENTE.- Correspondería pasar a votar la moción del señor Senador Sanabria, en el entendido de que incluye el levantamiento de la sesión.

SEÑOR SANABRIA.- Así es, señor Presidente.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Comparto la moción formulada, pero se me ocurre que podríamos considerar el segundo y tercer punto del Orden del Día, que son de trámite.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Si el señor Senador Gargano no tiene inconveniente, y habida cuenta de que estamos en fecha reglamentaria -el plazo constitucional vence a fines de julio en todos los casos, por lo que el Senado tiene tiempo para pronunciarse-, mantendríamos la moción original.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Le habíamos propuesto al señor Senador Sanabria que se tuviera en cuenta que ya el Cuerpo había resuelto el tratamiento de este proyecto de ley en una sesión extraordinaria. En ese sentido, acompañamos la propuesta del señor Senador Sanabria para que se realice el próximo martes, pero con carácter de sesión extraordinaria.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa informa que el próximo martes el Cuerpo entra en régimen de sesión ordinaria.

SEÑOR SANABRIA.- Formulo moción para que se realice una sesión extraordinaria el día martes a las 15 horas.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- El tema a que hace referencia el señor Senador Cid ha dado lugar a discusiones importantes. Por lo tanto, no creo que podamos dilucidarlo en una hora. De manera que si fijamos una sesión extraordinaria a las 15 horas, teniendo en cuenta que la sesión ordinaria comienza a las 16, no podremos completar la discusión del tema y concretar el deseo del Senado en el sentido de aprobar el proyecto de ley.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Por lo que señala el señor Senador Pereyra y por una cuestión de deferencia para con quienes, como el señor Senador Cid, han trabajado arduamente en un tema muy complejo -al menos para nosotros- estoy dispuesto a acompañar el carácter extraordinario de la sesión que se solicita. Sin embargo, no veo el inconveniente de que el tema se ponga en el primer punto del Orden del Día de la sesión ordinaria del martes y no me doy cuenta dónde está la diferencia entre esto y que se trate en una sesión extraordinaria.

Me acotan que el problema sería la hora previa, pero pienso que podemos establecer un compromiso, entre damas y caballeros, de no hacer uso de la hora previa -el tema bien lo vale- y entrar de lleno a su tratamiento.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa está de acuerdo con la solución planteada por el señor Senador Millor.

Se va a votar la moción original del señor Senador Sanabria.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo con lo resuelto por el Senado, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 17 y 46 minutos, estando presentes los señores Senadores Arismendi, Atchugarry, Brause, Cid, Correa Freitas, Couriel, De Boismenu, Fau, Fernández Huidobro, García Costa, Gargano, Gorosito, Millor, Mujica, Pereyra, Riesgo, Rubio, Sanabria, Segovia, Virgili y Xavier.)

SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ PRESIDENTE

Sr. Mario Farachio - Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretarios

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

 

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.