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N° 3032 - 5 DE JUNIO DE 2002

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

TERCER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

22ª SESIÓN

PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES GUILLERMO ÁLVAREZ Presidente
Y DOCTOR DANIEL BIANCHI 1er. Vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTOR HORACIO D. CATALURDA
Y MARGARITA REYES GALVÁN Y LOS PROSECRETARIOS DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO
Y SEÑOR ENRIQUE SENCIÓN CORBO

 

 

Texto de la citación

 

Montevideo, 4 de junio de 2002.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, mañana miércoles 5, a la hora 16, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

1º.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Tercer Período de la XLV Legislatura). (Artículo 127de la Constitución).

2º.- Bienes muebles de uso personal del deudor y su familia. (Se establece la inembargabilidad en caso de alquileres impagos de la casa que habitan). (Carp. 2062/002). (Informado). Rep. 920 y Anexo I

3º.- Profesor Víctor Cayota. (Designación al Liceo Nº 60 de la ciudad de Montevideo). (Carp. 1660/001). (Informado). Rep. 764 y Anexo I

4º.- Código del Proceso Penal. (Suspensión de su entrada en vigencia). (Carp. 2074/002). (Informado). Rep. 927 y Anexo I

5º.- Recursos pesqueros. (Se solicita al Poder Ejecutivo que inicie los estudios para evaluar los existentes en la zona de pesca exclusiva y en la zona de pesca común con la República Argentina). (Carp. 2017/002). (Informado). Rep. 902 y Anexo I

6º.- Incapacidad y curatela. (Modificación de los artículos 432 y 1279 del Código Civil). (Carp. 2061/002). (Informado). Rep. 919 y Anexo I

7º.- Síndrome de inmuno deficiencia adquirida. (Instrumentación de una campaña de preven-ción). (Carp. 696/000). (Informado). Rep. 383 y Anexo I

8º.- Seguros sociales de enfermedad de la industria manufacturera. (Se rebajan los aportes patronales a los mismos). (Carp. 1865/001). (Informado). Rep. 857 y Anexo I

9º.- Convenio sobre Cooperación en el Campo Sanitario - Veterinario con el Gobierno de Rumania. (Aprobación). (Carp. 972/001). (Informado). Rep. 493 y Anexo I

10.- Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero. (Aprobación). (Carp. 507/000). (Informado). Rep. 285 y Anexos I y II

 

HORACIO D. CATALURDA           MARGARITA REYES GALVÁN

S e c r e t a r i o s

S U M A R I O

1.- Asistencias y ausencias

2 y 21.- Asuntos entrados

3 y 22.- Proyectos presentados

4 y 6.- Exposiciones escritas

5.- Inasistencias anteriores

MEDIA HORA PREVIA

7.- Inauguración de las trasmisiones por Internet de la emisora CW 118, radio La Voz de Artigas.

Plan para atender a las necesidades de los sectores más desposeídos.

— Exposición del señor Representante Julio Silveira

8.- Situación del fútbol uruguayo.

— Exposición del señor Representante Araújo

9.- Maratón de Lectura organizada por la Biblioteca Nacional.

— Exposición del señor Representante Bellomo

10.- Fallecimiento del escribano Mario Orlando Firpo Marty.

— Exposición del señor Representante Ibarra

11.- Informe sobre desarrollo humano en el Uruguay en 2001.

— Exposición del señor Representante Bentancor

12.- Problemas laborales que afectan a la localidad de Gregorio Aznárez, departamento de Maldonado.

— Exposición del señor Representante Schusman

CUESTIONES DE ORDEN

26.- Aplazamiento

13.- Integración de la Cámara

13.- Licencias

18 y 20.- Rectificación de trámite

23.- Urgencias

VARIAS

14.- Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. (Autorización para reunirse simultáneamente con la Cámara)

15.- Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. (Resolución de 2 de junio de 1993).

— La Mesa da cuenta de que la sesión especial se realizará el jueves 13 de junio, a la hora 16

ORDEN DEL DÍA

16.- Aplazamiento del asunto que figura en primer término del orden del día

17.- Bienes muebles de uso personal del deudor y su familia. (Se establece la inembargabilidad en caso de alquileres impagos de la casa que habitan)

Antecedentes: Rep. Nº 920, de abril de 2002, y Anexo I, de mayo de 2002. Carp. Nº 2062 de 2002. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

19.- Profesor Víctor Cayota. (Designación al Liceo Nº 60 de la ciudad de Montevideo).

Antecedentes: Rep. Nº 764, de octubre de 2001, y Anexo I, de diciembre de 2001. Carp. Nº 1660 de 2001. Comisión de Educación y Cultura.

— Aprobación. Se comunicará al Senado

— Texto del proyecto aprobado

24.- Reajuste de pasividades. (Se solicita al Poder Ejecutivo el envío de la correspondiente iniciativa).

Antecedentes: Rep. Nº 985, de junio de 2002. Carp. Nº 2214 de 2002. Comisión de Seguridad Social.

— Se aprueba un proyecto de minuta de comunicación

— Texto del proyecto aprobado

25.- Código del Proceso Penal. (Suspensión de su entrada en vigencia).

Antecedentes: Rep. Nº 927, de abril de 2002, y Anexo I, de mayo de 2002. Carp. Nº 2074 de 2002. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

27.- Seguros sociales de enfermedad de la industria manufacturera. (Se rebajan los aportes patronales a los mismos).

Antecedentes: Rep. Nº 857, de diciembre de 2001, y Anexo I, de junio de 2002. Carp. Nº 1865 de 2001. Comisión de Hacienda.

— Aprobación. Se devolverá al Senado

— Texto del proyecto aprobado

28.- Convenio sobre Cooperación en el Campo Sanitario-Veterinario con el Gobierno de Rumania. (Aprobación).

Antecedentes: Rep. Nº 493, de marzo de 2001, y Anexo I, de abril de 2002. Carp. Nº 972 de 2001. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Se pasa a la discusión particular.

— Se cierra la discusión del artículo único, postergándose su votación por no haber en Sala el quórum necesario  

1.-      Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Washington Abdala, Guzmán Acosta y Lara, Ernesto Agazzi, Guillermo Álvarez, Juan Justo Amaro, Gustavo Amen Vaghetti, José Amorín Batlle, Fernando Araújo, Raúl Argenzio, Beatriz Argimón, Roberto Arrarte Fernández, Roque E. Arregui, Roberto Bagalciague, Carlos Baráibar, Raquel Barreiro, Jorge Barrera, Artigas A. Barrios, José Bayardi, Edgar Bellomo, Juan José Bentancor, Nahum Bergstein, Ricardo Berois Quinteros, Daniel Bianchi, José L. Blasina, Eduardo Bonomi, Gustavo Borsari Brenna, Nelson Bosch, Brum Canet, Julio Cardozo Ferreira, Ruben Carminatti, Carlos Castaldi, Nora Castro (1), Ricardo Castromán Rodríguez, Roberto Conde, Jorge Chápper, Silvana Charlone, Eduardo Chiesa Bordahandy, Guillermo Chifflet, Mario de Pazos, Ruben H. Díaz, Daniel Díaz Maynard, Miguel Dicancro, Juan Domínguez, Heber Duque, Alejandro Falco, Ricardo Falero, José Fernández, Ramón Fonticiella, Schubert Gambetta, Luis Gallo Cantera, Gabriela Garrido, Orlando Gil Solares, Carlos González Álvarez, Gustavo Guarino, Tabaré Hackenbruch Legnani, Arturo Heber Füllgraff, Doreen Javier Ibarra, Luis Alberto Lacalle Pou, Félix Laviña, Ramón Legnani, Álvaro Lorenzo, Guido Machado, Óscar Magurno, Juan Máspoli Bianchi, Artigas Melgarejo, José Homero Mello, Felipe Michelini, José M. Mieres, Pablo Mieres, Ricardo Molinelli, Martha Montaner, Basilio Morales, Ruben Obispo, Jorge Orrico, Francisco Ortiz, Gustavo Penadés, Margarita Percovich, Alberto Perdomo, Álvaro Pérez, Darío Pérez, Enrique Pintado, Martín Ponce de León, Yeanneth Puñales Brun, María Alejandra Rivero Saralegui, Ambrosio Rodríguez, Glenda Rondán, Víctor Rossi, Adolfo Pedro Sande, Diana Saravia Olmos, Alberto Scavarelli, Jorge Schusman, Leonel Heber Sellanes, Raúl Sendic, Pedro Señorale, Julio C. Silveira, Lucía Topolansky, Daisy Tourné y Wilmer Trivel.

Con licencia: Sebastián Da Silva, Alejo Fernández Chaves, Luis José Gallo Imperiale, Daniel García Pintos, Julio Lara, José Carlos Mahía, Ronald Pais, Enrique Pérez Morad, Carlos Pita, Iván Posada, Julio Luis Sanguinetti, Gustavo Silveira y Walter Vener Carboni.

Faltan con aviso: Gabriel Pais y Hugo Rosete.

Observaciones:

(1) A la hora 17:06 comenzó licencia, ingresando en su lugar el Sr. Eduardo Bonomi.

2.-     Asuntos entrados.

"Pliego Nº 145

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Asuntos Internacionales se expide, con informes en mayoría y en minoría, sobre el proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo para Evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio con el Gobierno de Polonia, suscrito en Montevideo el 2 de agosto de 1991. C/409/000

La Comisión de Hacienda se expide sobre el proyecto de ley por el que se rebajan los aportes patronales a los seguros sociales de enfermedad de la industria manufacturera. C/1865/001

-     Se repartieron con fecha 4 de junio

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio del Interior contesta los siguientes asuntos:

  • presentada por el señor Representante Orlando Gil Solares, relacionada con la situación de la seguridad pública en el departamento de Colonia. C/27/000

  • presentada por el señor ex Representante Ernesto López Ortiz, acerca de la necesidad de instrumentar un registro nacional de vehículos automotores hurtados. C/27/000

  • presentada por el señor Representante Gustavo Guarino, referente a la creación de una oficina de la Mujer y del Menor en la ciudad de Río Branco. C/27/000

  • presentada por el señor Representante Sebastián Da Silva, sobre una denuncia realizada en la Comisaría de la 12ª Seccional Policial del departamento de Montevideo. C/27/000

  • presentada por el señor Representante Edgar Bellomo, relacionada con el combate al consumo de drogas y sustancias sicotrópicas. C/27/000

-     A sus antecedentes

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Heber Sellanes solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, sobre el estado de una vivienda adquirida a través del SIAV, en el departamento de San José. C/2215/002

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

-     Se cursaron con fecha 4 de junio

  • al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, acerca del presupuesto asignado a las obras en el Edificio MERCOSUR. C/2218/002

-     Se cursa con fecha de hoy

PROYECTOS PRESENTADOS

Los señores Representantes Daniel García Pintos, Wilmer Trivel y Alejandro Falco presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 34 del Código Penal, rebajando el límite de edad para considerar imputables penalmente a los autores de determinados delitos con características violentas. C/2217/002

-     A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

La Mesa da cuenta que, en virtud de haber vencido el plazo de que disponía la Cámara para expedirse sobre los siguientes recursos de apelación, corresponde el archivo de dichas actuaciones:

3.-     Proyectos presentados.

"IMPUTABILIDAD PENAL. (Modificación del artículo 34 del Código Penal).

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Agréguese el siguiente inciso al artículo 34 del Código Penal:

"Para los delitos previstos en los artículos 272, 310, 310 bis, 318, 344, 344 bis, 345 y 346 de este Código, el límite de edad fijado en el inciso anterior será de dieciséis años; idéntico límite regirá para los delitos previstos en los artículos 316 a 322 de este Código, cuando fueren cometidos con la participación de más de dos personas".

Montevideo, 4 de junio de 2002.

DANIEL GARCÍA PINTOS, Representante por Montevideo, WILMER TRIVEL, Representante por Artigas, ALEJANDRO FALCO, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el año 1991 presentamos un proyecto de ley proponiendo rebajar a dieciséis años de edad el nivel de inimputabilidad para aquellos menores que cometieran delitos con características violentas.

Tal iniciativa no prosperó a pesar de que la sociedad uruguaya asistía entre estupefacta y aterrada al auge de un especial y peligrosísimo tipo de delincuencia, protagonizado en gran parte por delincuentes menores de edad, en la mayoría de las veces reincidentes.

Con el correr del tiempo, paralelo a un avance de la tecnología y modalidades delictivas, vemos que la participación de menores de dieciocho años en tales hechos ha ido acentuándose y, por lo tanto, estimamos que ha llegado el momento de encarar el problema con la urgencia que el mismo requiere.

Las características del fenómeno que hoy la sociedad tiene que vivir lo hacen sumamente peligroso, como es tan notorio, no solo para los bienes de los ciudadanos sino también, y, fundamentalmente, para su integridad física y su misma vida. Por otra parte, de acuerdo a informaciones hechas públicas se ha detectado la tenencia de armas en un número importante por parte de esos menores, que amparados en la legislación vigente no solo las poseen sino que no dudan en hacer uso de ellas en la comisión de sus delitos.

Lamentablemente, los superiores y denodados esfuerzos que realizan los integrantes del instituto policial resultan prácticamente infructuosos por las características propias de esa especial calidad de delincuente, combinada con los principios clásicos de nuestro derecho penal y las carencias materiales de los institutos encargados de vigilar y reeducar a los menores delincuentes.

Tratándose en la enorme mayoría de los casos de menores inimputables por no llegar al límite de los dieciocho años de edad en que comienza la imputabilidad penal de acuerdo al Código Penal vigente, su detención se transforma inexorablemente, al recobrar su libertad en breve tiempo, en un retorno a la comisión de delitos violentos.

La situación narrada contiene dos resultados que nadie los desea y que, para peor, se alimentan recíprocamente hasta niveles alarmantes.

Por un lado, los grandes y riesgosos esfuerzos policiales a pesar de ser exitosos y lograr el sometimiento a la Justicia de los infractores, muchas veces no son correspondidos al aplicarse los mecanismos legales por parte de la propia Justicia, resultando esa elogiable acción policial prácticamente improducente. Por otro lado, ensoberbece a estos menores delincuentes, quienes, al tomar conciencia de su virtual impunidad, siguen actuando y pierden todo punto de referencia en lo que respecta a esa conducta.

Existe hoy una reacción social que, no tenemos dudas, en su mayoría reclama una rebaja sensible del nivel de inimputabilidad, llevándolo a dos o tres años por debajo del actual.

Nosotros compartimos ese sentir de la comunidad, pero no somos partidarios de una rebaja general e indiscriminada de esa edad, ya que podría conducir a consecuencias no deseadas que aparejarían, por ejemplo, encarcelar a menores de escasa o nula peligrosidad por la comisión de delitos de poca entidad.

Debemos conciliar, entonces, esos extremos. Optamos en nuestra iniciativa por rebajar la edad actual a dieciséis años cuando se cometen, como hemos expresado, delitos violentos que presentan un alto grado de peligrosidad social que justifiquen normas especiales a su respecto.

En la proyectada modificación del Código Penal, en los artículos en él referidos, incluimos aquellas disposiciones que comprenden estas situaciones y que tenemos la seguridad responden a un fuerte reclamo de la gran mayoría de la población honesta, más aun cuando recientes hechos de pública notoriedad ameritan adoptar posiciones claras y firmes.

Adecuemos entonces la norma penal al momento actual y a las exigencias del mismo, penando los delitos de rapiña, violación, secuestro, copamiento, homicidio, extorsión y lesiones personales graves, cuando son cometidos por mayores de dieciséis años de edad, en la forma que hoy nuevamente ponemos a consideración parlamentaria.

Montevideo, 4 de junio de 2002.

DANIEL GARCÍA PINTOS, Representante por Montevideo, WILMER TRIVEL, Representante por Artigas, ALEJANDRO FALCO, Representante por Montevideo".

4.-     Exposiciones escritas.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 22)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"La señora Representante Daisy Tourné solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud Pública, sobre la posibilidad de descentralizar el otorgamiento de carnés de asistencia en el departamento de Montevideo. C/27/000

El señor Representante Heber Sellanes solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionada con el deterioro de una vivienda de SIAV de la ciudad de San José. C/27/000

El señor Representante Ramón Fonticiella solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, acerca de la realización de obras en el local del Liceo Nº 2 del departamento de Salto. C/27/000

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

Los señores Representantes Víctor Rossi y Gustavo Guarino solicitan se curse una exposición escrita al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio al Banco de la República Oriental del Uruguay y al Banco Central del Uruguay, relacionada con el ingreso a tasadores externos al Banco nombrado en primer término. C/27/000

El señor Representante Ramón Legnani solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud Pública y por su intermedio a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, acerca de la dificultad para la obtención de medicamentos recetados por médicos del Hospital de la Ciudad de la Costa, departamento de Canelones. C/27/000

La señora Representante Silvana Charlone solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social; al Tribunal de Cuentas, a la Secretaría de la Cámara de Representantes; a la Confederación de Funcionarios del Estado y a la Asociación de Funcionarios de la Cámara de Representantes, referente a la posibilidad de reliquidar sumas presuntamente retenidas en exceso de los haberes de los funcionarios, por concepto de Impuesto a las Retribuciones Personales. C/27/000

El señor Representante Ruben Obispo solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas, al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública:

El señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Intendencia Municipal de Canelones, acerca de la seguridad vial de los alumnos de una escuela del citado departamento. C/27/000

El señor Representante Felipe Michelini solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Relaciones Exteriores; a la Universidad de la República, y por su intermedio a la Facultad de Derecho y al Instituto de Derechos Humanos; al Servicio de Paz y Justicia; al Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay; a Amnistía Internacional; al Servicio Ecuméncio de Dignidad Humana, acerca de la independencia de Timor Oriental. C/27/000"

——Se votarán oportunamente.

5.-     Inasistencias anteriores.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión ordinaria realizada el 4 de junio de 2002:

Con aviso: Guzmán Acosta y Lara, Gabriel Pais, Alberto Perdomo y Yeanneth Puñales Brun.

Inasistencias a las Comisiones.

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Martes 4 de junio

DERECHOS HUMANOS

Con aviso: Alberto Scavarelli.

HACIENDA

Con aviso: Miguel Dicancro.

TURISMO

Sin aviso: José Enrique Fernández Santos".

6.-      Exposiciones escritas.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

¾ ¾ Veintiocho en veintinueve: AFIRMATIVA.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición de la señora Representante Daisy Tourné al Ministerio de Salud Pública, sobre la posibilidad de descentralizar el otorgamiento de carnés de asistencia en el departamento de Montevideo.

"Montevideo, 4 de junio de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Al amparo de las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Salud Pública. Una de las constantes que emerge de las reuniones que, en reiteradas visitas, en mi calidad de Representante Nacional por el departamento de Montevideo, he realizado a barrios en los que sus habitantes padecen graves problemas económicos, son las dificultades que las familias tienen para gestionar los carnés de asistencia que otorga esa Secretaría de Estado. La causa prioritaria de dichas dificultades es económica, ya que para gestionar el carné los interesados deben trasladarse al centro de Montevideo, por lo menos en tres oportunidades. Dadas las carencias económicas que padecen, se hace para muchos de ellos imposible. La gran mayoría de esas familias tienen mujeres como jefas de hogar y, por lo general, desocupadas. En conocimiento de que ese Ministerio en alguna oportunidad descentralizó el trámite referido, solicito por este medio se atienda la posibilidad de llegar a una más efectiva descentralización. De esa forma se facilitaría el acceso a la atención de la salud a la cada vez más numerosa población infantil que vive en las zonas más alejadas del centro de la ciudad. Cabe destacar que gestionando una breve coordinación con las propias instalaciones municipales -centros comunales zonales o policlínicas- o con establecimientos educativos dependientes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el trámite podría realizarse sin implicar costo alguno para esas familias. Sin más, agradezco las gestiones que se puedan realizar para solucionar este tema. Saludo al señor Presidente muy atentamente. DAISY TOURNÉ, Representante por Montevideo".

2) Exposición del señor Representante Heber Sellanes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionada con el deterioro de una vivienda de SIAV de la ciudad de San José

"Montevideo, 4 de junio de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Hace aproximadamente cuatro años, fue adquirida mediante la modalidad de bono de Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda (SIAV), una propiedad en la calle Laguna 412 de la ciudad capital del departamento de San José. La vivienda no reúne las condiciones mínimas para ser habitada, ya que se encuentra en un terreno inundable, con paredes y techos muy deteriorados y no contaba con baño, en el momento de la compra. La propietaria manifiesta que ha realizado diversas gestiones durante mucho tiempo en procura de soluciones, dado que debe pagar parte del dinero que le dieron y porque, además, padece problemas de salud que se han agravado por la situación en que está viviendo. Por lo expuesto solicitamos a esa Secretaría de Estado que adopte medidas a fin de solucionar el problema expuesto. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. LEONEL HEBER SELLANES, Representante por San José".

3) Exposición del señor Representante Ramón Fonticiella a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, acerca de la realización de obras en el local del Liceo Nº 2 del departamento de Salto

"Montevideo, 4 de junio de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). En los dos últimos años la Asociación de Padres de Alumnos del Liceo Nº 2 del departamento de Salto, solicitó al Consejo de Educación Secundaria que se repare el establecimiento liceal. Los padres realizaron un trabajo serio presentando un inventario de los importantes deterioros del local, estudios técnicos fundamentados, propuestas de solución, compromiso de trabajo e incluso de aportes. En nuestra calidad de Representante Nacional por Salto acompañamos a los padres a una reunión con el Consejo de Educación Secundaria, en la que el Consejo comprometió el aporte de US$ 50.000 para las reparaciones. Luego se realizó el publicitado remate de las acciones de la playa de contenedores, con los resultados financieros conocidos, y las manifestaciones de algunos jerarcas gubernamentales de que estaban solucionados todos los problemas locativos de la enseñanza en el país. Como consecuencia de esta nueva realidad, las autoridades del Consejo Directivo Central de la ANEP, anunciaron en Salto que para las refacciones del Liceo Nº 2 se destinarían US$ 10.000. La cifra está muy lejos de la requerida según los cálculos técnicos pero, tampoco ha sido transformada en obra. La promesa inicial del Consejo de Educación Secundaria en el sentido de que los arreglos se harían aprovechando el receso de verano no se concretó. Los salteños somos por tradición y convencimiento firmes defensores de la educación popular, en el discurso y en los hechos, por eso nos preocupa profundamente esta situación. Comprendemos que la realidad del país es grave, pero en este caso no puede aducirse falta de recursos. Los US$ 10.000 destinados al Liceo Nº 2 están disponibles; los fondos de la subasta ya mencionada tienen destino específico. Nos preocupa la continuidad de una actitud prescindente de las angustias de la comunidad. Los padres de los alumnos del Liceo Grompone hace años que reclaman y trabajan por el arreglo de los deteriorados techos. No comprendemos por qué se incumplieron promesas anteriores y por qué no se lleva a cabo lo que ya tiene financiación. Ante la real necesidad real de las obras, en salvaguarda de la credibilidad en el Poder Ejecutivo y, en homenaje a la esforzada tarea de los padres, solicitamos a los organismos involucrados que adopten urgentes decisiones para que se concreten las mismas. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RAMÓN FONTICIELLA, Representante por Salto".

4) Exposición del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado; a la Intendencia Municipal de Río Negro y a todas las Juntas Departamentales del país, referente al suministro de agua potable en forma gratuita a familias carenciadas.

"Montevideo, 5 de junio de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE); y a la Intendencia Municipal de Río Negro y a las Juntas Departamentales de todo el país. Observamos con preocupación, y lo hacemos notar en esta exposición, la altísima cantidad de deudores con esa Administración, encargada del suministro de agua potable a la población del país. Suman 20.000 en el último año, que con el arrastre que se viene generando desde hace mucho tiempo, ha determinado, al día de hoy, según información de que disponemos, como asimismo por publicaciones de medios de prensa que indican que serían, aproximadamente, 65.000 clientes del ente que deben varias facturas por consumo de agua. También, se debe tener en cuenta la alta morosidad de los organismos públicos y de los Gobiernos Municipales lo que, a nuestro entender, es altamente preocupante pues rondaría los US$ 60.000.000. Nuestra inquietud, aparte de la importante suma que afecta al ente como resultado de la morosidad, es que esas 65.000 familias representan, según algunas estimaciones que tenemos, alrededor de 250.000 personas. Uno de nuestros mayores desvelos es la situación de las familias afectadas por los cortes en el suministro de agua potable, donde, y nos consta, hay una enorme mayoría que ha caído en mora por razones económicas, falta de empleo, núcleo familiar numeroso y la muy difícil situación por la que atraviesa el país y su gente. Por lo tanto, en conocimiento que las autoridades de OSE proceden con lo que marcan las disposiciones legales de funcionamiento y administración de la empresa, nos parecería sensato y responsable que, en virtud de esta situación no deseada, el Directorio, por razones humanitarias, a través de los Jefes Departamentales, realizara un relevamiento y un estudio a efectos de evaluar la posibilidad y condiciones de suministrar agua potable, por medio de los llamados grifos o canillas, en distintas zonas de los centros poblados de los departamentos que cada jerarquía entienda necesario. Tal medida sería un paliativo circunstancial pero, además, preservaría la salud y la vida de la población que hoy se encuentra en esa situación. De considerarlo oportuno, solicitamos a las Juntas Departamentales del país, el apoyo a lo planteado. Sin otro particular, saludamos al señor Presidente muy atentamente. (RICARDO CASTROMÁN RODRÍGUEZ, Representante por Río Negro".

5) Exposición del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social; a la Intendencia Municipal de Río Negro; a todas las Juntas Departamentales del país; a la Asociación de Jubilados de Industria y Comercio de Río Negro; a la Asociación de Jubilados Civiles de Fray Bentos y a la Asociación de Jubilados de Young, sobre la tercerización del pago de las jubilaciones y pensiones en todo el país.

"Montevideo, 5 de junio de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social (BPS); a la Intendencia Municipal de Río Negro; a las Juntas Departamentales de todo el país; a la Asociación de Jubilados de Industria y Comercio de Río Negro; a la Asociación de Jubilados Civiles de la ciudad de Fray Bentos, del departamento de Río Negro, y a la Asociación de Jubilados de Young. El 5 de setiembre de 2000, cursamos exposiciones escritas por Oficios Nos. 2196 a 2200 de la Cámara de Representantes, haciendo referencia a la problemática que se planteaba al suprimir las autoridades del BPS el pago de jubilaciones y pensiones en sus locales de todo el país, tercerizando el servicio en un elevado porcentaje, con un costo sumamente importante para las esmirriadas arcas de ese organismo. Nunca tuvimos contestación a lo que planteamos, que no era solo el sentir de este legislador, sino el de miles de pasivos de toda la República quienes, a nuestro juicio y, con toda razón, estaban y están defendiendo el patrimonio económico del BPS. Al respecto, nos parecería oportuno y de buena administración que el Directorio del Banco revisara la resolución que tomó en su momento, procurando de esa manera contribuir al esfuerzo que se nos ha pedido, una vez más, a todos los uruguayos, -a partir de la crítica situación que vive nuestro país-, con la aplicación de una gravosa carga impositiva. Según información que se nos ha hecho llegar, así como también por las declaraciones del Presidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), las que compartimos, con solo abonar la mitad de las pasividades y pensiones en sus locales, el BPS estaría ahorrando una cifra aproximada a los US$ 2.000.000 al año, al prescindir de los servicios de los Bancos, de Abitab y de la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA), entre otros. Cabe acotar, que tenemos conocimiento de que el actual Directorio, con excepción de los Directores sociales, habría tomado la resolución de que, a partir del mes de setiembre del corriente año, los pagos se efectuarían, en su totalidad, por fuera de la estructura del BPS, contribuyendo a agrandar la tercerización de los pagos, con lo que se beneficiaría a quienes ya se han visto beneficiados por ese tipo de determinaciones. Por último, creemos en la imperiosa necesidad de que -por lo relacionado a un significativo ahorro en tiempos muy difíciles- fuera revisado, lo que en su momento se resolviera, de entenderlo pertinente por parte de quienes dispusieron adoptar dicha resolución. Asimismo, solicitamos el apoyo a todas las Juntas Departamentales del país. Sin otro particular, saludamos al señor Presidente muy atentamente. RICARDO CASTROMÁN RODRÍGUEZ, Representante por Río Negro".

6) Exposición de los señores Representantes Víctor Rossi y Gustavo Guarino al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio al Banco de la República Oriental del Uruguay y al Banco Central del Uruguay, relacionada con el ingreso a tasadores externos al Banco nombrado en primer término.

"Montevideo, 5 de junio de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Economía y Finanzas y, por su intermedio, al Banco Central del Uruguay (BCU) y al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU). Como es de conocimiento, el BROU cuenta con la cobertura en todo el territorio nacional de un equipo técnico, integrado por ingenieros agrónomos, médicos veterinarios y ayudantes de ingenieros agrónomos, que cumple, entre otras tareas, con la valorización de bienes inmuebles -campos y sus mejoras- bienes muebles (maquinaria y ganado) y productos como granos, lana y otros, que el Banco toma en garantía hipotecaria o prendaria como contrapartida de créditos al sector. La larga trayectoria de ese equipo técnico y el nivel de conocimiento de la realidad de cada rincón del país y de las diversas actividades de la producción agropecuaria ha permitido que el trabajo que realizan, especialmente el de tasaciones y peritajes, sea reconocido por su alto grado de profesionalidad y solvencia moral. Esos funcionarios cumplen dichas tareas dentro de un escalafón técnico independiente del administrativo, lo que brinda garantías y seguridad al buen funcionamiento del sistema del BROU. Actualmente, se ha planteado por las Circulares Nos. 99/101 y 2001/112 del BCU, la necesidad de que el BROU dé ingreso a tasadores externos que harían el mismo trabajo que el equipo técnico actual, pero cobrando aranceles que oscilan entre el 1% y el 3% del valor del bien, según sea campo o bienes muebles. Ese nuevo sistema estaría significando un nuevo costo para el BROU y, por lo tanto, para el productor, que estaría encareciendo aún más los créditos. Por entender que el sistema actual del BROU, a nivel de su equipo de técnicos especializados en el área agropecuaria, ha demostrado eficacia, independencia técnica y protección de los intereses del Banco y por entender, además, que no significa introducción de nuevos costos a la operativa agropecuaria, es que planteamos que se revea lo dispuesto. En momentos de dificultades a nivel del sistema financiero y de la producción agropecuaria sería buena cosa que algo que ha demostrado funcionar bien y con todas las garantías, no sea modificado. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo y VÍCTOR ROSSI, Representante por Montevideo".

7) Exposición del señor Representante Ramón Legnani al Ministerio de Salud Pública y por su intermedio a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, acerca de la dificultad para la obtención de medicamentos recetados por médicos del Hospital de la Ciudad de la Costa, departamento de Canelones.

"Montevideo, 5 de junio de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Salud Pública y, por su intermedio, a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), referida a la situación que padece numerosa población de la Ciudad de la Costa, del departamento de Canelones, con relación a la obtención de medicamentos. Las recetas que proporcionan los médicos del Hospital de la Costa a los pacientes tienen validez de una semana. Cuando la farmacia del Hospital no está en condiciones de proporcionárselos, pueden recurrir al Hospital de Pando en donde, con frecuencia, tampoco disponen del medicamento indicado. Esa situación significa una tremenda injusticia, ya que no pueden estar retornando a la ciudad de Pando, a diario, para informarse de si ya se cuenta con la medicación. La situación se ha agravado porque la línea de COPSA Nº 760 de Pando por Ruta Nacional Nº 101 Capitán Juan Antonio Artigas, camino Eduardo Pérez y Hormigón Pérez Butler, modificó el recorrido por el mal estado del camino Eduardo Pérez. El costo de los pasajes y la disminución del transporte, son factores concurrentes para agravar esta situación deficitaria, ya que luego de todos esos intentos para obtener la medicación, vencido el plazo de una semana de emitida la receta es necesario ubicar, nuevamente, al médico para que la repita. Se trata de una situación que merece la atención de las autoridades de Salud Pública, por el grave sentimiento de postergación y de negación de asistencia que experimentan los vecinos. Saludo al señor Presidente muy atentamente. RAMÓN LEGNANI, Representante por Canelones".

8) Exposición de la señora Representante Silvana Charlone a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social; al Tribunal de Cuentas, a la Secretaría de la Cámara de Representantes; a la Confederación de Funcionarios del Estado y a la Asociación de Funcionarios de la Cámara de Representantes, referente a la posibilidad de reliquidar sumas presuntamente retenidas en exceso de los haberes de los funcionarios, por concepto de Impuesto a las Retribuciones Personales.

"Montevideo, 5 de junio de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Economía y Finanzas; al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social (BPS); al Tribunal de Cuentas; a la Secretaría de la Cámara de Representantes; a la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE); y a la Asociación de Funcionarios de la Cámara de Representantes (AFUCAR). Hemos recibido, en los últimos días, diversas consultas de funcionarios públicos acerca de la interpretación que en algunos organismos, entre ellos el BPS y la propia contaduría de la Cámara de Representantes, estarían dando a la Ley Nº 17.502, de 29 de mayo de 2002, relacionada con los plazos para la aplicación de las escalas modificadas del Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP). Según se nos ha trasmitido, las escalas nuevas se estarían aplicando en la liquidación de retribuciones (horas extras, viáticos y otros componentes salariales), generadas con anterioridad al mes de mayo de 2002 y pagadas en el mes de junio. Si bien, de acuerdo a la Ley Nº 17.502, las nuevas escalas rigen a partir del 1º de mayo de 2002, y el texto legal no distingue entre retribución pagada o generada, parece evidente que el hecho generador no se configura por el pago de la retribución, sino en el momento en que la misma es generada a través de la prestación de la actividad, aplicándose, salvo explicitación en contrario, el criterio general de lo devengado. Si no fuera así, además, se daría el absurdo de aplicar descuentos con alícuotas distintas, para retribuciones generadas antes del 1º de mayo, según se adeuden o no retribuciones y de acuerdo a las formas particulares de liquidación (en algunos lugares se liquidan viáticos u horas extras en forma bimestral, por ejemplo), perjudicando a aquellos, en donde existen retribuciones generadas no pagadas. Hemos consultado telefónicamente a la Contaduría General de la Nación y el señor Contador General de la Nación, Luis Zunini Andreoli, amablemente respondió a nuestra inquietud, confirmando nuestra interpretación. No obstante, los descuentos se realizaron en algunos organismos por el criterio de caja, y en algún caso se nos dijo que el fundamento estaría en el artículo 6º del Decreto Nº 96/2002, lo cual es erróneo, ya que el mismo es de aplicación específica para el caso del sueldo anual complementario. Entendemos que el tema puede exceder los casos concretos que están en nuestro conocimiento y que debería reliquidarse el IRP descontado en exceso. Compartimos que el Instructivo Nº 6/2002 de la Contaduría General de la Nación, integrado con las leyes y decretos en la materia y los principios generales, no debería ofrecer dudas, pero en función de lo expuesto solicitamos al Ministerio de Economía y Finanzas una mayor explicitación del criterio, a efectos de unificar las interpretaciones de las contadurías de los distintos organismos públicos. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. SILVANA CHARLONE, Representante por Montevideo".

9) Exposición del señor Representante Ruben Obispo al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, para su remisión al Consejo de Educación Secundaria, sobre la adopción de las iniciativas necesarias para designar a distintos liceos del departamento de Paysandú.

"Montevideo, 5 de junio de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), para su remisión al Consejo de Educación Secundaria. Recientemente, en conversaciones que hemos mantenido con docentes y padres de alumnos de enseñanza secundaria, analizábamos con asombro que en el departamento de Paysandú existen ocho liceos en total y sólo el Liceo Nº 4 ha sido designado Brigadier General Manuel Oribe. Los restantes centros educativos, Nos. 1, 2, 3 y 5 de la ciudad capital, y los de las localidades de Guichón, Quebracho y Piedras Coloradas, del departamento de Paysandú, aún no tienen nominación. Para nosotros, la denominación de un centro educativo debe ser un acto de reconocimiento y de justicia para personas vinculadas tanto a la enseñanza como a la localidad, o debe rescatar actos o hechos que conforman nuestro patrimonio histórico y cultural. El nombre, además, debe surgir de la comunidad y plasmar la voluntad de la Dirección, de los docentes y de las comisiones de padres, con la mayor representatividad posible, para que éste exprese un sentimiento colectivo y de amplio consenso. En la nominación no debe establecerse ningún perfil partidario, porque lo importante es recoger el sentimiento de la comunidad en su totalidad. Por lo tanto, veríamos con agrado que el Consejo de Educación Secundaria establezca los mecanismos necesarios, para que recogiendo la opinión de la Dirección de los liceos, profesores y padres de los alumnos, se escuchen propuestas acordadas con el mayor consenso y así, en forma conjunta, todos los legisladores del departamento, eleven los proyectos de ley correspondientes para que la nomenclatura de dichos centros de estudios reflejen los sentimientos de nuestra comunidad. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RUBEN OBISPO, Representante por Paysandú".

10) Exposición del señor Representante Ruben Obispo al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, para su remisión al Consejo de Educación Primaria, relacionada con la posibilidad de recabar, entre miembros de Comisiones de Fomento, directores, docentes y vecinos, iniciativas para la denominación de varias escuelas en el departamento de Paysandú.

"Montevideo, 5 de junio de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), para su remisión al Consejo de Educación Primaria. Hemos tenido la oportunidad de acceder a la nomenclatura de las escuelas del departamento de Paysandú y nos ha llamado la atención que un gran número de ellas, tanto en la ciudad como en las distintas localidades del interior, no tienen denominación. La denominación de una escuela o de un centro educativo debe ser un acto de reconocimiento y de justicia, tanto para personas vinculadas a la enseñanza, a la escuela en particular, o que destaque actos y hechos que conforman nuestro patrimonio histórico y cultural. Deber ser, además, una expresión que surja de la comunidad, que conforme la voluntad de la dirección, de los docentes y de las comisiones de fomento para sentir el orgullo de que su escuela lleve el nombre que exprese un sentimiento de pertenencia. En estas denominaciones debe prescindirse de establecer cualquier perfil partidario porque, reiteramos, deben recoger el sentimiento de la comunidad en su totalidad. Por lo tanto, veríamos con agrado que a través de las comisiones de fomento de aquellas escuelas del departamento de Paysandú que aún no tienen nombre y de la Inspección Departamental, se recojan propuestas acordadas con el mayor consenso para que, en forma conjunta, todos los legisladores del departamento eleven los proyectos de ley correspondientes. De esa forma estaremos colaborando en hacer justicia, reconociendo y resaltando a personas, hechos, países, y dándole, además, oportunidad a las comisiones de fomento que hagan un aporte importante a la enseñanza pública y así estimular a nuestra gente en su compromiso siempre creciente con la misma. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RUBEN OBISPO, Representante por Paysandú".

11) Exposición del señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Intendencia Municipal de Canelones, acerca de la seguridad vial de los alumnos de una escuela del citado departamento.

"Montevideo, 5 de junio de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Intendencia Municipal de Canelones. Queremos manifestar nuestra preocupación por la seguridad de los escolares en varios puntos del departamento de Canelones. Hoy nos vamos a ocupar de los niños que concurren a la Escuela Nº 166, en el turno matutino y a la Escuela Nº 244, en el turno vespertino. La escuela referida esta situada en la calle Veracierto entre las calles Japón y Grecia. Los niños deben cruzar la calle Elías Regules, que es muy transitada por vehículos pesados y por ómnibus. Por lo expuesto, pedimos a las autoridades correspondientes, la posibilidad de colocar 'lomos de burro' en la arteria antes mencionada y, de esa manera, al reducir la velocidad de los vehículos se facilitaría el cruce de los niños. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones".

12) Exposición del señor Representante Felipe Michelini al Ministerio de Relaciones Exteriores; a la Universidad de la República, y por su intermedio a la Facultad de Derecho y al Instituto de Derechos Humanos; al Servicio de Paz y Justicia; al Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay; a Amnistía Internacional; al Servicio Ecuménico de Dignidad Humana, acerca de la independencia de Timor Oriental.

"Montevideo, 5 de junio de 2002. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Guillermo Álvarez. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Relaciones Exteriores; al Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ); al Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR); a Amnistía Internacional Uruguay; al Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (SEHDU); a la Universidad de la República y, por su intermedio, a la Facultad de Derecho y al Instituto de Derechos Humanos. Timor Oriental que ocupa la mitad de la isla de Timor, finalmente obtuvo su anhelada independencia, luego de cuatro siglos de colonialismo portugués (hasta 1974); de 24 años de ocupación indonesia (desde 1975) y de dos años y medio de administración a cargo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La historia que debió padecer el pueblo de Timor, luego de la retirada portuguesa, cuando llegó al poder el dictador Suharto, estuvo plagada de sangre y horror. Las potencias occidentales (Estados Unidos de América, Inglaterra, Holanda, Alemania y Australia), que hoy celebran la independencia, apoyaban incondicionalmente la política de Suharto, que llevó a que la capital de Timor fuera bombardeada, se dieran fusilamientos masivos, violaciones, incendios y saqueos. Los países occidentales hicieron sus negocios de armas, petróleo, y gas natural, entre otros. A posteriori de la designación, en el año 1996, como Premio Nobel de la Paz, de los señores Carlos Felipe Ximenes Belo y José Ramos Horta, de Timor Oriental, finalmente en el año 2001, se realizaron elecciones habiendo ganado el jefe de la guerrilla opositora al régimen, José Alejandro Gusmao, preso durante siete años por el Gobierno de Suharto. Actualmente, ese país es considerado la nación más pobre de Asia, con una tasa de desempleo del 70%, un producto bruto interno de US$ 478 anuales por cabeza, siendo su economía dependiente en un 80% del trabajo rural. Hoy, el actual Presidente electo, intenta combatir la pobreza y reconstruir un país carente de casi toda estructura civil, aunque ya dispone de un préstamo internacional de US$ 360 millones. Así comienza a reconstruirse su historia. El domingo 19 de mayo, arribaron dignatarios y representantes de 92 naciones a Timor Oriental, para celebrar la independencia de ese flamante país. Uruguay siempre fue solidario con la causa de Timor Oriental. Su actual independencia debe ser motivo para reforzar ese compromiso y, de alguna forma, compensar la solidaridad del mundo con la tragedia oriental ante la dictadura militar imperante desde el año 1973 al año 1985. Saludo al señor Presidente muy atentamente. FELIPE MICHELINI, Representante por Montevideo".

MEDIA HORA PREVIA

7.-     Inauguración de las trasmisiones por Internet de la emisora CW 118, radio La Voz de Artigas.

Plan para atender a las necesidades de los sectores más desposeídos.

Se entra a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Diputado Julio Silveira.

SEÑOR SILVEIRA (don Julio).- Señor Presidente: antes de referirme al tema que quiero plantear hoy, quiero hacer una mención especial a un hecho feliz, que si bien es de entrecasa, porque tiene que ver con nosotros, los artiguenses, creo que tiene trascendencia en cuanto a nuestra inserción en la sociedad nacional.

La emisora CW 118, radio La Voz de Artigas, acaba de inaugurar sus trasmisiones durante las veinticuatro horas del día a través de ese extraordinario medio de comunicación que es Internet, con el que hoy, por suerte, contamos. Creemos que para un departamento como el nuestro, tan alejado de la capital y a veces tan separado del resto del país, por diferentes circunstancias, este es un hecho feliz que quiero trasladar a este ámbito donde estamos todos representados. A la vez, me siento orgulloso de que uno de nuestros medios de difusión esté en Internet y que en cualquier lugar del mundo se pueda sintonizar y escuchar.

En consecuencia, queremos trasmitir nuestra satisfacción y felicitación a la familia Murillo, que es la propietaria de este medio, y a todos los funcionarios que allí se desempeñan, porque realmente han marcado un hito en la historia de las comunicaciones.

Pero hay otro tema que queremos traer a la Cámara, porque, en medio de una situación que los uruguayos no provocamos ni deseamos, se hace necesario enfrentarla y tratar de sortearla, a veces a través de soluciones que no nos resultan simpáticas, aunque todos sabemos que son necesarias. Hay problemas que aparecen como consecuencia inevitable de aquella situación, y, para nosotros, su solución resulta una responsabilidad tan grande como la de aquello que los provoca.

La profundización de la crisis trae consigo un deterioro inevitable de la situación social del país, que acarrea, en los casos más graves, la caída de los niveles de empleo y, en la mayoría de los casos, la caída de salarios; en fin, hay un deterioro general en el nivel de vida de la gente. En estos últimos días hemos estado hablando de esto en la Cámara. Y esta situación ha generado inquietud en muchos sectores de nuestra sociedad. Algunos han planteado sus soluciones; otros, los más, nos hacen llegar su diagnóstico.

Nos remitimos a períodos en que nuestro Partido fue Gobierno. El Partido Nacional siempre ha estado consustanciado con estos temas y lo ha demostrado, en los hechos, en esas etapas de su vida histórica.

De la simple observación de las estadísticas de esos períodos se desprende que el nivel de empleo, la disminución de la pobreza, los niveles de acceso a la enseñanza y la calidad de esta, están en consonancia con los exitosos números con que Uruguay culminó el período de Gobierno del Partido Nacional. Hoy, cuando hablamos de un déficit que ronda el 5% del producto, baste citar que la Administración de nuestro Partido entregó un déficit del 1,6%, luego de haber llevado adelante con éxito la reforma jubilatoria que no todos se habían atrevido a encarar.

En ese marco de vocación por estos temas, hoy nos encontramos desarrollando, por iniciativa de esta bancada, un plan que presentaremos al Honorable Directorio de nuestro Partido y que está orientado a un profundo y decidido respaldo a todos aquellos elementos que tengan que ver con la protección de los más desposeídos y para que estas difíciles circunstancias nos afecten lo menos posible. En él proponemos refuerzos de rubros en el INDA, dinamización de la Junta Nacional de Empleo y atención preferencial al INAME, a las mujeres jefas de hogar y a los ancianos.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

¾ ¾ No es nuestra intención -porque, además, el tiempo disponible no lo permitiría- desarrollar en detalle este programa. No obstante, hacemos referencia a él como el complemento de las medidas de rescate nacional que hemos acompañado hace algunos días: la reactivación que ahora trasmite nuestro Partido al Partido de Gobierno y que debe volver a nuestra sociedad a la senda de crecimiento que transitó hasta hace no mucho.

Aquí se ha hablado de un plan realista y creíble, y nosotros compartimos esa premisa. Tanto es así que inscribimos una acción en función de una realidad coyuntural, porque aquellos planes y medidas a que referíamos, que nuestro Partido llevó adelante, estaban insertos en una política general de desarrollo, e incluimos en esa mejora a los más desposeídos. Es lo que creemos; nuestro objetivo no es otro que el de eliminar la pobreza. La pobreza no nos sirve; no la usamos con fines electorales ni para justificar, a través de logros en esta área, otras terribles carencias en materia, por ejemplo, de libertades o derechos inalienables, como es moneda corriente en otros lados y en otros regímenes.

En este momento...

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- La Mesa solicita al señor Diputado que redondee su pensamiento, porque ha finalizado su tiempo.

SEÑOR SILVEIRA (don Julio).- Estoy finalizando, señor Presidente.

En este momento, cuando el discurso social que parte de una realidad dolorosa y de una preocupación genuina alcanza a todo el espectro de nuestra sociedad, queremos reivindicar esa, nuestra vocación, y renovar ese compromiso.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe a la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Artigas, a la Junta Local Autónoma y Electiva de Bella Unión y a las Juntas Locales de Tomás Gomensoro y Baltasar Brum.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y cuatro en treinta y cinco: AFIRMATIVA.

8.-     Situación del fútbol uruguayo.

Tiene la palabra el señor Diputado Araújo.

SEÑOR ARAÚJO.- Señor Presidente: estamos en un período con características muy especiales, en pleno Campeonato del Mundo, y no escapa a la preocupación que debemos tener todos los uruguayos un tema tan importante como el del deporte y, en especial, el fútbol. Hoy vamos a decir algunas cosas, porque creemos que es honesto manifestarlas ahora y no mañana, con el resultado a la vista o con el diario del lunes en la mano, sabiendo lo que ocurrió.

En Uruguay ha venido ocurriendo una situación realmente preocupante. El fútbol uruguayo -y sus instituciones-, que forma parte de la vida y de la historia tan ricas de nuestro país y que se ha transformado en el gran embajador de Uruguay en el mundo, lamentablemente ha ido cayendo en una situación que a todos nos ha frustrado. Especialmente apreciamos esa frustración en los niños cuando ven que esa imagen tan linda y tan romántica del fútbol uruguayo del pasado ya no lo es.

Hay instituciones pobres pero intermediarios ricos: contratistas que han hecho enormes fortunas en beneficio propio y en perjuicio de las instituciones que, dicho sea de paso, se han manejado muy mal. Por incapacidad, por mal manejo o por carencias en la forma de administrar una empresa deportiva, como un club de fútbol, se ha dejado que terceros -con el legítimo derecho al lucro- se transformaran en los dueños del fútbol uruguayo y hoy, lamentablemente, en un monopolio, por el que desaparece la bandera uruguaya, la bandera nacional, para dejar lugar al logo de una sociedad comercial perteneciente a una persona. Eso es realmente preocupante, pues los resultados no son buenos. Porque si los resultados hubieran sido buenos, todavía podríamos justificar lo injustificable, que es que se sustituya la bandera uruguaya por el logo de una empresa comercial. Y da pena ver a nuestros deportistas, a los representantes de Uruguay, no con la bandera uruguaya ni con el escudo nacional -como hicieron los campeones olímpicos de 1920 y 1924 y los campeones del mundo de 1930 y 1950-, sino con el logo de una empresa privada.

Pero lo más grave de todo es que ese monopolio, que comenzó en el manejo de las instituciones, de sus dirigentes y después de la propia Asociación Uruguaya de Fútbol -con una organización paralela que maneja el fútbol uruguayo, que digita quiénes son sus dirigentes, quién será el Presidente, el Secretario o los representantes de Uruguay en organismos internacionales, representación que solo debe dar el Estado uruguayo-, se ha institucionalizado, se ha fortalecido con los episodios de los últimos tiempos y, lamentablemente, se ha querido prolongar hacia un aspecto sobre el que el Estado uruguayo no debe dejar de esta alerta: la niñez.

Hace poco, esta Cámara aprobó un Código de la Niñez y la Adolescencia, que creo está a estudio del Senado. Debió haber sido estudiado el mal manejo, el negocio vergonzoso y el comercio brutal que se hace con los niños, haciendo soñar al padre que su hijo vale US$ 1:000.000, sin darse cuenta de que los que valen esa cifra son diez o doce cada cinco o seis años y que los que quedan luego deben ser recogidos por el Estado uruguayo, muchas veces con resentimiento, transformándose en personas que no se adecuan a vivir normalmente como ciudadanos comunes, porque se prepararon para ser estrellas y para ser parte de la mercancía que han creado estos sectores, tratando de promocionarlos en beneficio propio. El Estado uruguayo tiene que estar alerta.

El Ministerio de Deporte y Juventud ha creado la Organización Nacional de Fútbol Infantil, que está dirigida por un gran deportista, el Coronel Héctor Lazcano, acompañado por el Coronel Iglesias y la profesora Saroba, que sienten el deporte y el deber que tiene el Estado uruguayo de proteger a la niñez, que tiene el Estado uruguayo de proteger a la adolescencia. ¡Cuidado con dejar en manos de intereses personales, privados y económicos la tutela y custodia de nuestros niños! Creo que el Parlamento, en instancias tan importantes como estos eventos deportivos, debe estar alerta con lo que está pasando.

No podemos perder la oportunidad de recordar que, hace pocos días, una revista brasileña hizo un informe sobre seis mil jóvenes de entre dieciséis y veinte años que quedaron abandonados en ciudades europeas porque fueron llevados al exterior con la promesa de transformarse en Ronaldos, Romarios u otras figuras internacionales. Hoy, simplemente están cuidando coches en ciudades europeas, traficando drogas o presos en cárceles extranjeras.

Esta era la reflexión que quería hacer en un día tan especial como el de hoy, previo a un partido tan trascendente para el fútbol uruguayo, y dejo sentada el alerta para que el Parlamento tenga en cuenta esta situación.

No quiero que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a ningún sitio, pero supongo que los representantes de los medios de comunicación que hoy están presentes tomarán estas palabras y manifestarán que el Parlamento uruguayo también se preocupa por estos temas, que son por demás trascendentes.

9.-     Maratón de Lectura organizada por la Biblioteca Nacional.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Bellomo.

SEÑOR BELLOMO.- Señor Presidente: entre el 22 y el 24 de mayo tuvo lugar una nueva edición de la Maratón de Lectura que viene organizando año tras año, con singular éxito, la Biblioteca Nacional.

Hemos participado con mucho entusiasmo en estas jornadas, altamente positivas -tanto en la presente como en la anterior oportunidad-, junto a un sinnúmero de personas, instituciones y organizaciones. En 2001 nos tocó en suerte leer un cuento del inolvidable Julio Da Rosa, y este año dos poemas de la entrañable Idea Vilariño; no está de más que leamos, entre otros, a autores nacionales.

Asimismo, el año pasado, en Barros Blancos, departamento de Canelones, tuvo lugar una jornada de la que también fuimos partícipes, en la que se procuró y logró batir el récord mundial de horas continuadas de lectura.

En todos los casos -aun en aquellos que tuvieron lugar en ciudades del interior donde no pudimos estar- comprobamos que la lectura es un valor altamente positivo. Cuando vemos que niños y jóvenes adhieren a ella, eso nos llena de satisfacción, a la vez que nos devuelve la esperanza de que el futuro de nuestro Uruguay pueda estar en buenas manos, ojalá que aun mejores que las de nuestra generación.

Muchas veces -fundamentalmente a través de algunos medios de comunicación con fuerte penetración hogareña-, ante sucesos lamentables, los jóvenes son visualizados como delincuentes o delincuentes en potencia, cuando no como transgresores o faltos de solidaridad o de interés por la causa común. Creo que algunos dolorosos hechos aislados que muestran a jóvenes irresponsables y peligrosos no deben hacer que perdamos de vista la realidad, así como todo lo de positivo que aportan miles de adolescentes y adultos recién estrenados en nuestro país.

¿Acaso nuestros jóvenes nos han defraudado cuando han tenido alguna oportunidad de demostrar su talento, su esfuerzo, su colaboración o simplemente su respuesta cuando la hemos pedido? Las escasas veces en que los mayores les brindamos la posibilidad de hacer por sí solos o de ayudar a otros, han respondido generalmente en forma por demás favorable. Estoy convencido de que el resultado depende, en gran medida, de las oportunidades que seamos capaces de darles y también, por supuesto, de las que ellos mismos sean capaces de generar. No todos los jóvenes piensan o actúan de la misma forma y, seguramente, la mayoría son solidarios y demuestran, cuando pueden, una actitud positiva y constructiva.

Uno de los tantos problemas que se nos presenta ante la desintegración social que se está generando con la violencia instalada en las calles y en forma creciente en el seno de muchos hogares, a lo que se suma la falta de oportunidades laborales, es que los jóvenes se han constituido en el objeto primario hacia donde apunta la Policía a la hora de las represiones y detenciones. Es cierto que existe una rebeldía que podemos entender como natural a esa edad, que se manifiesta a veces en actitudes de confrontación. También es cierto que, como todos, pueden equivocarse. Lo que no parece justo es que pretendamos que nos respondan con la mesura que puede dar la experiencia que aún no tienen, cuando se sienten agredidos o cuando legalmente están inhabilitados a votar, por ejemplo.

Porque sigo creyendo y apostando a los jóvenes y a la lectura, que cultiva y ayuda a comunicarnos mejor, felicito estos emprendimientos de la Biblioteca Nacional, así como a todas aquellas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan con y por los jóvenes, que ayudan y apuestan a ellos, nuestros legítimos sucesores.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios del Interior y de Educación y Cultura y, a través de este último, a la Biblioteca Nacional y al Instituto Nacional de la Juventud.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Veintiocho en veintinueve: AFIRMATIVA.

10.-     Fallecimiento del escribano Mario Orlando Firpo Marty.

Tiene la palabra el señor Diputado Ibarra.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: en el día de hoy me quiero referir a la muerte de un gran amigo, un gran compañero, un gran profesional, a la pérdida física del profesor escribano Mario Orlando Firpo Marty, quien falleció hace muy pocos días, el 30 de mayo próximo pasado.

Mario tenía setenta años de edad y una carrera universitaria brillante como escribano público. Terminó su carrera en un lapso menor que el curricular, sin pérdida de asignaturas y con excelentes calificaciones.

En el ejercicio profesional y en su actuación docente tuvo una tarea realmente descollante. Ejerció su profesión durante casi treinta años e integró los equipos docentes de las asignaturas Técnica Notarial II, sobre derecho comercial, y Técnica Notarial I, en el área del derecho civil. En esta última trabajó durante muchos años junto con el eminente profesor escribano Eugenio Caffaro.

Defensor acérrimo de sus principios universitarios, fue expulsado por la dictadura militar en el año 1974, retornando a la docencia al instaurarse el sistema democrático en 1985.

También tuvo una actuación gremial destacada, que desarrolló en toda su vida profesional. Durante dos períodos integró la Comisión Directiva de la Asociación de Escribanos del Uruguay y en otros dos el Directorio de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones.

Durante su actividad académica integró la Asociación de Docentes de la Universidad de la República.

En 1991, junto con el escribano Ángel Delli Santi escribió un libro que fue publicado y premiado, titulado "El Novísimo Derecho". Este libro obtuvo el primer premio en el Concurso Abierto de Obras Jurídicas de Seguridad Social, convocado por el Directorio de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones en el marco de la celebración del quincuagésimo aniversario de su creación.

Como vemos, Mario Orlando Firpo Marty tuvo una destacadísima labor en el ámbito profesional.

Por supuesto, cabe señalar que Mario siempre brindó a su familia ese humanismo natural que tenía; fue fraterno y solidario en su hogar y con todos los amigos y compañeros que trabajaron con él en distintos ámbitos.

Por eso, queremos saludar fraternalmente y dar las condolencias a sus dos hijas, Claudia y Rosana, a su hijo Mario, a su compañera Mabel Basines del Campo, a su hermano gemelo, Orlando Mario Firpo Marty, y a su familia y amigos.

Mario Orlando Firpo Marty tuvo una destacadísima actuación a nivel de nuestro Frente Izquierda de Liberación. Integró el Comité Ejecutivo en años muy difíciles, a partir de 1982 y 1983. Fue integrante del Plenario Nacional del Frente Amplio, órgano máximo de esta fuerza política, y participó en su fundación, en el año 1971.

Mario Firpo fue para nosotros un verdadero hermano, un verdadero consejero en sus posiciones políticas y un verdadero amigo. Junto con el doctor Adolfo Aguirre González, el doctor General Arturo Baliñas, Carlitos Elichirigoity y muchos otros compañeros participamos en la actividad clandestina, intentando con el conjunto del pueblo derrotar a la dictadura cívico-militar. En ese sentido, recuerdo un hecho muy característico de aquellas épocas: detrás de la fachada de una vinería, en las calles Jackson y Chaná, funcionaba el Comité Ejecutivo del Frente Izquierda de Liberación, y a ese lugar concurrían los jóvenes para oponerse a la dictadura. Allí estuvo siempre el compañero y amigo fraterno Mario Orlando Firpo Marty.

Culmino marcando un hecho importante, que muestra en su totalidad la personalidad y la idiosincrasia de Mario, y esa amistad fraterna con sus familiares, especialmente con su hermano gemelo. Tanto Mario como Orlando son absolutamente idénticos en su voz, en su físico, en su andar y en su manera de actuar. Voy a contar un hecho, sucedido cuando ambos estaban detenidos en el Penal de Libertad, que me narró Orlando hace muy pocas horas. Cuando a fines de 1978 se quiso, a través de la Justicia, dar la libertad a nuestro compañero Mario Orlando, por error -una vez más-, los Oficiales del Penal convocaron a su hermano gemelo, Orlando Mario. Una vez que leen la sentencia, Orlando Mario le dice al Oficial: "Usted está equivocado. Hay que convocar a mi hermano gemelo, Mario Orlando". Allí hay un improperio, una exclamación del Oficial, que dice: "Con estos dos tenemos siempre un lío" -emplea otra palabra- "bárbaro, porque nunca sabemos cuál es uno y cuál es otro".

En 1978 logra la libertad, dándose ambos un gran abrazo fraterno. Ese episodio familiar íntimo está indicando, de alguna manera, la forma en que se concretaba el amor entre estos dos hermanos gemelos.

Con estas palabras rendimos nuestro homenaje, sincero y fraterno, al profesor escribano Mario Orlando Firpo Marty.

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada a sus familiares, a la Asociación de Escribanos del Uruguay, a la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones y al Comité Ejecutivo del Frente Izquierda de Liberación.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y siete en treinta y ocho: AFIRMATIVA.

11.-     Informe sobre desarrollo humano en el Uruguay en 2001.

Tiene la palabra el señor Diputado Bentancor.

SEÑOR BENTANCOR.- Señor Presidente: en el mes de abril pasado se dio a conocer el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre desarrollo humano en el Uruguay en 2001, bajo el título "Inserción internacional, empleo y desarrollo humano".

Entendemos que corresponde recordar cómo se compone este índice de desarrollo humano.

Se trata de medir el nivel alcanzado por los países a partir de la combinación de indicadores de áreas de salud y educación y del nivel de ingreso de las personas. Incluye el cálculo de cuatro indicadores: alfabetización de adultos y tasa de escolarización -educación-, esperanza de vida -salud- e ingreso promedio.

El informe pone en evidencia la importancia de atender con políticas sociales a quienes se encuentran en una situación de riesgo en cuanto a que se profundice su pobreza y su exclusión. El PNUD dice que esta tarea es una meta de corto plazo.

Atento a la situación del empleo y de los ingresos en el Uruguay, el informe dice que "como meta de corto plazo resulta ineludible plantearse cómo amortiguar el impacto del progreso técnico, de las transformaciones productivas y del repliegue de las protecciones y seguridades del Estado sobre la vida de los trabajadores de menor calificación y la de sus familias".

Esto es así porque se encuentra en riesgo el bienestar de las personas, fundado tradicionalmente en el vínculo trabajo-familia, hoy jaqueado por la desocupación y la precarización de las relaciones laborales.

El informe expresa que si bien "el trabajo ha sido un ámbito privilegiado para la formación de identidades, para la construcción de autoestima, para la adquisición de derechos sociales y, por ende, para la integración a la sociedad", resulta obvio que "el debilitamiento de los vínculos con el mercado laboral tenga tan fuertes repercusiones sobre las personas y sobre la organización de las familias, máxime cuando [...] la creciente fragilidad de los lazos con el mundo del trabajo se combina, particularmente, entre los pobres urbanos con un creciente aislamiento de otros segmentos de la sociedad".

En consecuencia, la meta a corto plazo, dice el PNUD, es "la reinserción productiva de los trabajadores de menor calificación y el mantenimiento de seguridades que les garanticen su estatus de ciudadanos".

Más adelante, manifiesta que "en el nuevo escenario económico las personas con escasa calificación se encuentran en una situación de vulnerabilidad, no solo a la pobreza sino también a la exclusión social. En rigor, ese es el problema social fundamental que la sociedad uruguaya enfrenta en la actualidad".

Uno de los factores de mayor incidencia en el aumento de la vulnerabilidad de los trabajadores es la flexibilización de las relaciones laborales, agrega el informe del PNUD.

En concreto, dice que "la flexibilización de las relaciones laborales, así como la descentralización de las negociaciones colectivas, suelen plantearse como condiciones necesarias para un crecimiento que deberá ser suficientemente vigoroso para motorizar la creación de empleo".

Pero el informe advierte que "en la gran mayoría de los países de la región esa promesa no se ha cumplido hasta el momento". Por el contrario, agrega que "se constata un aumento de la incertidumbre respecto a la estabilidad laboral, asociada a tasas elevadas de desempleo abierto, a la prolongación de los períodos de desempleo y a la ampliación que acotan el tiempo de empleo y excluyen beneficios sociales".

Esa incertidumbre está operando como una forma de ajustar hacia abajo las expectativas de salario de la población activa, que queda desempleada o que tiene temor a entrar en esa situación, afectando particularmente a los trabajadores de baja calificación.

Por otra parte, el sistema educativo ha dejado de ser la vía de acceso al bienestar; antes bien, reproduce la marginación.

En concreto, si bien se reconoce en el informe que el acceso al bachillerato es abierto y se ha democratizado, la aprobación de exámenes, el pasaje de año y la retención dentro del sistema continúan siendo elitistas.

En concreto, el informe dice: "Con mayor probabilidad pasan o progresan los estudiantes con mayor capital educativo familiar, mejor nivel socioeconómico o pertenecientes a establecimientos de superior calidad educativa".

En suma, el informe sobre desarrollo humano en el Uruguay deja la certeza de que, una vez superada la crisis financiera, debemos volver al verdadero rostro de la crisis uruguaya: la falta de empleo y el riesgo de la exclusión social.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas, al PIT-CNT y a la Junta Nacional de Empleo.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

12.-     Problemas laborales que afectan a la localidad de Gregorio Aznárez, departamento de Maldonado.

Finalizando la media hora previa, tiene la palabra el señor Diputado Schusman.

SEÑOR SCHUSMAN.- Señor Presidente: en la 5ª Sección del departamento de Maldonado, en el kilómetro 88 de la Ruta Nacional Nº 9, se encuentra Gregorio Aznárez, una población de dos mil quinientos habitantes que naciera y creciera al influjo del potencial laboral que ofrecía la industria azucarera RAUSA, instalada allí desde 1902. En toda la cadena de industrialización de la sacarosa, desde las plantaciones de remolacha hasta la elaboración del producto final, se generaba una importante absorción de mano de obra de los habitantes del lugar y de sus zonas de influencia. Una vez que el azúcar extraída de la remolacha dejó de ser competitiva con la de la caña de azúcar proveniente del litoral norte uruguayo, luego de un importante proceso de reconversión surge, en 1984, Agroindustria La Sierra. Este emprendimiento forma parte de una red empresarial con conexiones internacionales, siendo la Coca-Cola, a la vez de accionista, el principal comprador del producto elaborado.

Cerca de cuatrocientos trabajadores cumplían funciones en la producción de noventa toneladas diarias de fructosa, destinadas a la mencionada firma de refrescos, así como en la de quinientas toneladas por mes de gluten apto para ración, de ciento veinte toneladas de germen de aceite y cuatrocientas toneladas mensuales de almidón. La población vivía su apogeo social y económico, hasta que, en 1996, las reglas del mercado internacional hacen que el proceso de elaboración de la fructosa deje de ser rentable. La empresa cierra sus puertas y comienza una desesperada búsqueda de la población por recuperar sus puestos de trabajo.

Entre los intentos por la reactivación laboral se destacan las gestiones realizadas por el titular de esta banca, el señor Diputado Fernández Chaves, ante el entonces Ministro de Industria, Energía y Minería, doctor Julio Herrera.

Por su parte, la Corporación Nacional para el Desarrollo interviene en el tema aconsejando la venta de la planta física a un precio muy por debajo del real y sin ninguna posibilidad cierta de reactivación. La fábrica comienza a ser desmantelada para su comercialización, ante la desazón total de los vecinos.

Una luz de esperanza aparece nuevamente a instancias del anterior Ministro de Turismo, señor Benito Stern, quien trabajó conjuntamente con operadores, empresarios turísticos y el propietario del lugar en la instrumentación de un parque temático, similar al Beto Carrero de Brasil. Cuando finalmente es aprobado el proyecto por el Poder Ejecutivo, en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, comienza a intensificarse la crisis económica actual en los países de la región y en el resto del mundo, lo que dificulta seriamente la obtención de los recursos económicos internacionales para la financiación de tal proyecto.

En este momento, una población entera se ha quedado sin su principal fuente de ingresos, por lo que tiende paulatinamente a desaparecer el resto de la actividad laboral. Por tal motivo, y de la misma forma que se recurre a la intervención oficial en la búsqueda de nuevos mercados para el sector exportador, reclamamos la intervención de la ayuda estatal, no con el fin de establecer subsidios ni de hacerse cargo de actividades que deben ser reservadas exclusivamente a la órbita privada, sino con la finalidad de captar, con el peso de la gestión gubernamental, inversores que logren una reactivación inmediata en la zona, ya sea a través del parque temático o de otra iniciativa que sirva para dar una respuesta laboral a la angustiante situación actual que se vive en Gregorio Aznárez.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Bianchi)

——Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Industria, Energía y Minería, de Relaciones Exteriores y de Turismo, a la Corporación Nacional para el Desarrollo, a la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Maldonado y a la Junta Local de Solís Grande.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y siete en treinta y ocho: AFIRMATIVA.

Ha finalizado la media hora previa.

13.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

De la señora Representante Nora Castro, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 5 y 6 de junio de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Eduardo Bonomi.

Del señor Representante Jorge Barrera, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, literal C) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para participar en el Congreso de Management Político, organizado por el Instituto Torcuato Di Tella y que no insume gasto alguno para el Cuerpo, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, por el período comprendido entre los días 11 y 12 de junio de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Diego Martínez".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y seis en cuarenta y uno: AFIRMATIVA.

En consecuencia, quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas mencionadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 5 de Junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

Solicito por motivos personales, licencia del 5 al 6 de junio del año en curso.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

NORA CASTRO
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Nora Castro.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 5 y 6 de junio de 2002.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 5 y 6 de junio de 2002, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Nora Castro.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Eduardo Bonomi.

Sala de la Comisión, 5 de junio de 2002.

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, TABARÉ HACKENBRUCH".

"Montevideo, 5 de junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia al amparo de lo establecido en el artículo 1º, literal C) de la Ley Nº 16.465, los días 11 y 12 del corriente año.

La presente solicitud se fundamenta en la invitación recibida para participar en el Congreso de Management Político a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, los días 11 y 12 de junio.

Dejo constancia que, de acuerdo a lo informado en la nota cuya fotocopia se adjunta, el presente viaje no devengará costo alguno al Poder Legislativo.

Saluda a usted muy atentamente.

JORGE BARRERA
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 5 de junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de comunicarle que por esta única vez no acepto la convocatoria para integrar ese Cuerpo.

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para saludar a usted con las expresiones de mi más alta consideración.

Leonardo Costa Franco".

"Montevideo, 5 de junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi consideración:

Comunico a usted que no acepto por esta única vez la convocatoria formulada por este Cuerpo por la licencia solicitada por el Diputado Jorge Barrera.

Saluda a usted muy atentamente,

Guillermo Silva Grucci".

"Montevideo, 5 de junio de 2002.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Guillermo Álvarez.

Presente.

De mi consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente del Diputado Jorge Barrera, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria durante los días 11 y 12 de junio.

Saluda a usted muy atentamente.

Álvaro Berruti".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior del señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Barrera, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para participar en el Congreso de Management Político, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 11 y 12 de junio de 2002.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que fueron objeto los suplentes siguientes, señores Leonardo Costa, Guillermo Silva Grucci y Álvaro Berrutti.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y en el literal C) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia al señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Barrera, por el período comprendido entre los días 11 y 12 de junio de 2002, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para participar en el Congreso de Management Político, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes siguientes señores Leonardo Costa, Guillermo Silva Grucci y Álvaro Berrutti.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Diego Martínez.

Sala de la Comisión, 5 de junio de 2002.

DAISY TOURNÉ, JORGE CHÁPPER, TABARÉ HACKENBRUCH".

14.-     Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. (Autorización para reunirse simultáneamente con la Cámara).

Dese cuenta de una moción presentada por los señores Diputados Agazzi, Sellanes, Guarino, Machado, Ortiz, Cardozo Ferreira y Chiesa Bordahandy.

(Se lee:)

"Mocionamos para que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento, se autorice a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca a reunirse a partir de la hora 17 y 30".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta en cuarenta y dos: AFIRMATIVA.

15.-     Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. (Resolución de 2 de junio de 1993).

La Mesa da cuenta de que la sesión especial a los efectos de conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, de acuerdo con la resolución de 2 de junio de 1993, se realizará el próximo jueves 13 de junio, a la hora 16. En la oportunidad hará uso de la palabra, como orador inicial, el señor Diputado Máspoli Bianchi.

16.-     Aplazamiento del asunto que figura en primer término del orden del día.

Se entra al orden del día.

En mérito a que no han llegado a la Mesa listas de candidatos, si no hay objeciones correspondería aplazar la consideración del asunto que figura en primer término del orden del día: "Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Tercer Período de la XLV Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución)".

17.-     Bienes muebles de uso personal del deudor y su familia. (Se establece la inembargabilidad en caso de alquileres impagos de la casa que habitan).

Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Bienes muebles de uso personal del deudor y su familia. (Se establece la inembargabilidad en caso de alquileres impagos de la casa que habitan)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 920

"CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Modifícase el numeral 2) del artículo 381 de la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"No se trabará embargo sobre:

2) Las prendas de uso personal del deudor y de su familia y los muebles y útiles contenidos en su casa habitación, salvo que la deuda provenga de la adquisición de los mismos muebles; se exceptúan de la inembargabilidad, los bienes suntuarios de alto valor".

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 3 de abril de 2002.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

Anexo I al

Rep. Nº 920

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Constitución, Códigos,

Legislación General y Administración

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración aconseja al plenario de la Cámara de Representantes la aprobación del proyecto de ley que se pone a su consideración y que ya fuera aprobado -por unanimidad- en el Senado de la República.

Este proyecto modifica el numeral 2 del artículo 381 de la Ley Nº 15.982 (Código General del Proceso), haciendo no embargables los bienes muebles existentes en una casa habitación cuando la deuda provenga de alquileres de la casa.

No se hace más que solucionar una situación que se da en los hechos, atentatoria de toda consideración del tipo humanitaria, cuando en procedimientos de este tipo se llegan a embargar cosas tan elementales para la subsistencia como una garrafa, una pequeña estufa, una cama u otros elementos similares.

El dejar a un deudor en una vivienda sin elementos tan imprescindibles conduce por otra parte a una situación no querida por el legislador, cual es la de provocar el abandono de la finca por métodos indirectos, al quedarse el deudor sin elementos imprescindibles para su subsistencia.

Sala de la Comisión, 30 de abril de 2002.

JORGE ORRICO, Miembro informante, GUSTAVO BORSARI BRENNA, DANIEL DÍAZ MAYNARD, ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES, LUIS ALBERTO LACALLE POU, MARGARITA PERCOVICH".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: este proyecto viene aprobado por el Senado y establece una modificación al artículo 381 de la Ley Nº 15.982, Código General del Proceso. En este artículo se establece cuáles son los bienes inembargables y en su numeral 2) se mencionan dos clases de bienes inembargables: las prendas de uso personal del deudor y de su familia y los muebles y útiles contenidos en su casa habitación, salvo -dice la disposición- que la deuda provenga de la adquisición de los mismos muebles o de alquileres de la casa.

Esta norma que, en realidad, permite embargar bienes muebles o prendas de uso personal del deudor en los casos de deudas por alquileres, nunca se había aplicado. De ahí que, inclusive, cuando se elabora esta norma del Código General del Proceso, nadie haya tenido en cuenta poner que, aun en el caso de las deudas por alquileres, había que declararlos inembargables.

Ultimamente, cuando se traban embargos por deudas de alquileres, es habitual que se embargue a la gente cosas tan elementales como una garrafa, una cocinilla, una pequeña heladera, ropas, etcétera, es decir, todos esos bienes que hacen a la vida básica del sujeto pasivo de esta conducta. Indudablemente, deberían existir consideraciones de carácter humanitario que determinaran que ni los abogados, ni tal vez los auxiliares de Justicia, hicieran estas cosas. Pero lo cierto es que hoy se hacen; muchos abogados exigen que se cumpla la ley y, por lo tanto, el Alguacil no tiene más remedio que embargar algunos de los elementos que he mencionado.

En consecuencia, en este proyecto que se somete a la consideración de esta Cámara -que, reitero, fuera aprobado por el Senado- se elimina del artículo 381 del Código General del Proceso la salvedad relativa a la deuda por alquileres de la casa, por una razón humanitaria y, además, para evitar una forma de presión indebida, porque al individuo se le puede embargar, por ejemplo, la cama, creándole condiciones de vida de tal naturaleza que de modo indirecto se lo está presionando para que abandone la casa o la vivienda que habita. Así llegamos a una solución mucho más justa y racional y, naturalmente, mucho más adecuada a lo que debe ser una norma de contenido netamente humanitario.

SEÑOR BARRIOS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BARRIOS.- Señor Presidente: muchas veces en la Cámara consideramos proyectos que parecen importantísimos por su extensión, su profundidad y su complejidad técnica; otras veces tratamos iniciativas como esta, que parecen absolutamente simples, pero que quizás tengan mayor importancia para muchísima gente que otras que parecerían de mayor trascendencia.

Este proyecto fue presentado en la Cámara Alta por el señor Senador Korzeniak, en virtud de haber conocido en nuestro departamento de Rocha lo que estaba sucediendo con respecto a las situaciones derivadas de alquileres atrasados. Si alguien se atrasa en el alquiler y hay que iniciarle un juicio de desalojo, quizás el trámite lleve un año. Pero en virtud de esta norma, que seguramente se filtró en forma inadvertida en el Código General del Proceso y que va contra lo que es tradición en nuestro derecho, los bienes personales -los instrumentos elementales e imprescindibles para la vida diaria-, que no son embargables, pasan a serlo cuando la deuda es por alquileres. Entonces, en nuestro departamento sucedía lo siguiente: a gente tremendamente humilde, con muy pocos recursos, en lugar de iniciarle un juicio de desalojo se le intimaba el pago y se le trababa un embargo. Y tuve conocimiento de un caso muy concreto, de una madre jefa de familia con dos hijos, a la cual fueron a embargarle los bienes en su humildísima vivienda por una deuda de alquiler. ¿Y qué se llevaron? Una cama que en lugar de patas tenía bloques, un armario que cuando lo movieron se desarmó, una cocinilla y una garrafa a supergás, más los abrigos, las frazadas, etcétera. Sin ninguna duda, un ordenamiento jurídico no puede permitir estas situaciones.

SEÑOR CHIFFLET.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BARRIOS.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET.- En realidad, esta interrupción es para evitar una intervención posterior, porque comparto plenamente los lineamientos de los señores Diputados Orrico y Barrios.

El señor Diputado Barrios ha señalado un caso concreto que, realmente, resulta conmovedor. Me hizo acordar a las descripciones que se hacían del comienzo de la Revolución Industrial en libros como "La clase obrera en Inglaterra", etcétera. Esto está pasando en el país y es bueno que la Cámara ponga los ojos en estas realidades, porque -agrego a lo expresado por el señor Diputado Barrios- en las pensiones en las que suelen vivir familias que destinan al pago del alquiler la mayor parte de sus ingresos salariales, cuando las personas quedan sin trabajo, con frecuencia se les expropia lo elemental, desde el televisor hasta la cama, y en esas condiciones deben ir a la calle.

Por cierto, hemos tratado estos temas con sacerdotes y con gente integrante de organizaciones sociales en oportunidad de lanzamientos, que a veces llegan hasta mil por año. Realmente es conmovedor que la gente no pueda irse siquiera con lo elemental para la vida.

Hace pocos días, en este Parlamento, a propósito de un lanzamiento que hubo en la calle Arturo Lezama, muy cerca del Palacio Legislativo, pudimos escuchar a algunas personas que decían que durante el tiempo en que tenían trabajo habitaban en una pensión de la Ciudad Vieja; luego fueron despedidas y las propias muchachas que explicaban estos hechos nos relataban sus sentimientos al regresar a sus hogares. En esa oportunidad, recordaba algún poema de Frugoni que al hablar de la desocupación se refería a hombres que a sus hogares vuelven a paso lento con el puñal del despido clavado en el pecho. Ahora la situación es más grave que en las épocas de desocupación a las que se refería el compañero Frugoni; porque la desocupación prácticamente significa la exclusión.

Esta realidad verdaderamente indignante, que hace que a veces le pongan candado a las piezas de las pensiones y desalojen a la gente sin lo elemental, tiende a ser superada con este proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Puede continuar el señor Diputado Barrios.

SEÑOR BARRIOS.- Señor Presidente: quiero ser muy breve porque tengo una tremenda urgencia en que esta iniciativa sea aprobada.

Cuando consideramos proyectos como el que tratamos la semana pasada, el del ajuste fiscal, u otros que aparentemente son de tremenda importancia para el país, están todos los legisladores presentes en la Cámara. Pero cuando abordamos este tipo de proyectos, que parecen tan menores, no estamos todos porque nos parece que son menos importantes. Pero yo estoy seguro de que para muchísima gente, para los más débiles, para los que menos tienen en este país y los que más sufren, quizás esta pequeña iniciativa -así como la minuta de comunicación que aprobamos ayer y que deseamos que el Poder Ejecutivo atienda- puede ser más significativa que todas las decisiones que tomemos en un año, porque les arregla el problema de vivir, que es mucho más grave que el que todos nosotros o el que toda la economía del país pueda tener. Sin ninguna duda, para ellos es más importante que los problemas que pueda tener todo el sistema financiero o los demás sistemas económicos que se manejan en el país, el vivir todos los días, el tener abrigo y dónde dormir, el tener qué comer y un lugar donde cocinar; para muchísimos compatriotas esto es mucho más relevante que todas estas cosas que nosotros tratamos.

Por lo tanto, me congratulo de que esta Cámara hoy vaya a aprobar, sin ninguna duda, este proyecto, pequeño para nosotros pero importantísimo para los más débiles de este país.

SEÑOR BORSARI BRENNA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BORSARI BRENNA.- Señor Presidente: estoy de acuerdo con los señores legisladores que me han precedido en el uso de la palabra, en cuanto a que muchas veces el Poder Legislativo pone el acento en los proyectos de ley que tienen más repercusión popular. Pero, como decía Wimpi, cosas pequeñas para el mundo pero grandes para mí. Este proyecto de ley tan pequeño, de un solo artículo, establece la adecuación a la realidad de algo que no debería estar pasando en ningún lugar del país.

Como bien manifestó el señor Diputado Orrico en su fundamentación -la cual suscribimos como si fuera nuestra-, nos parece que el trabar embargo sobre los bienes personalísimos, sobre los enseres personales -como se ha descrito hoy aquí-, es una exorbitancia por parte de quienes lo hacen, lo que amerita que ahora haya un proyecto de ley y dentro de unas pocas horas una ley aprobada por el Parlamento que impida este tipo de situación.

El Código General del Proceso, que vamos a modificar en el numeral 2º de su artículo 381, establece la inembargabilidad de los bienes y enumera en forma taxativa cuáles son: las remuneraciones, las pensiones, las jubilaciones y los retiros. Habla también acerca de los libros relativos a la actividad laboral, de las máquinas e instrumentos de que se sirva el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte o para el ejercicio de su oficio, de los alimentos y combustibles que existan en poder del deudor, de los derechos funerarios, etcétera. Es decir que el codificador ha estado en la línea de salvaguardar aquellos bienes imprescindibles para la vida de cualquier ciudadano o familia.

Entonces, creo que este proyecto de ley, que establece la inembargabilidad de los bienes muebles existentes en una casa habitación, cuando la deuda provenga de alquileres de la casa, es de estricta justicia y va a dar gran tranquilidad a muchas familias e individuos que verán salvaguardados sus derechos de propiedad sobre los bienes imprescindibles para la vida cotidiana.

SEÑOR FALCO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FALCO.- Señor Presidente: como es sabido, en los últimos veinticinco o treinta años -excluyendo los últimos diez años- ha habido unas sesenta y nueve modificaciones a las leyes de arrendamientos. En primera instancia, nuestra doctrina y nuestra jurisprudencia tendían a que el arrendamiento fuera un convenio, una convención, un contrato en el cual las partes se rigieran por la libre disponibilidad. En definitiva, el consentimiento de las partes, la consensualidad de las partes, era lo que regía el contrato de arrendamiento.

A partir de la década del setenta, los legisladores -o quienes ocuparon cargos en esas épocas- comenzaron con una serie de modificaciones que se iniciaron con el decreto-ley de 1974, que regía sobre los arrendamientos, de los cuales se excluía expresamente a aquellos que se consideraban de bienes acomodados o de partes de mejores ingresos, por definirlo en Cámara de una manera no jurídica.

Haciendo un pequeño repaso de todas esas modificaciones, puedo decir que fueron tendiendo a limitar cada vez más lo que había sido en un principio la libre concurrencia de las partes, esto es, la idea de libre contratación en materia de arrendamientos. Lo curioso y lo paradójico es que el objetivo que se decía cumplir en cada uno de los argumentos o fundamentos que dieron pie a tales modificaciones era lo contrario. Cuando se estudia la materia Contratos en la Facultad de Derecho y se da la parte de arrendamientos urbanos o rurales, se advierte claramente que lo que animaba a todos los legisladores de la época -o a quienes hacían de tales- era aplicar totalmente la libertad de las partes contratantes. Pero, curiosamente, el resultado en todo fue el contrario. Se fue limitando constante y paulatinamente la libertad de las partes para contratar, salvo que estuvieran fuera del Decreto-Ley Nº 14.219, que regulaba los arrendamientos, y que se tratara de alquileres denominados pudientes, o sea, fuera de la norma que regía la mayoría de los alquileres de Uruguay.

Si se hace una síntesis de todos esos proyectos que se llevaron a cabo -que, como decía al principio, fueron más de sesenta durante todos esos años-, diría que el resultado fue desastroso. No tengo ninguna duda de que las intenciones estuvieron imbuidas de la mejor voluntad; no tengo dudas de que cuando se pretendió, de todas maneras, ir modificando el Decreto-Ley Nº 14.219 -e, inclusive, en ese decreto-ley con relación a la libre contratación anterior, pese a que la consagra-, lo que se hizo fue ir limitando la voluntad de las partes.

¿Cuál fue el resultado? Que los precios de los arrendamientos, por razones obvias, subieron. ¿Por qué subieron? No estoy pensando en el propietario pudiente, porque los arrendamientos pudientes no están regulados por el decreto-ley a que hacía referencia y sus modificaciones. En los arrendamientos modestos hubo dos efectos nocivos y devastadores para el mercado de alquileres. Uno fue el aumento de lo que se pagaba por una vivienda. ¿Cuál es la razón? El propietario que ve que se atenta contra su derecho sobre la propiedad, de cajón -permítaseme la expresión-, lo primero que hace es aumentar la cobertura de los riesgos incrementando el precio que cobra por esa propiedad, particularmente -estoy hablando de estadísticas- en los inmuebles modestos, porque sabe que todas las modificaciones que fueron suspendiendo los desalojos o los lanzamientos provocaron el efecto contrario al deseado. Ese, señor Presidente, es un hecho, no una opinión. El otro, tan grave como este, provocó que mermara la capacidad para construir porque a ningún inversor, sea grande o chico, le interesó seguir construyendo propiedades para arrendar, en mérito a que era un mal negocio.

En definitiva, estas modificaciones a las normas que regulan los arrendamientos, que estuvieron imbuidas -reitero- de la mejor intención, trajeron, en mi opinión al menos, un resultado totalmente indeseable: el aumento del precio de los arrendamientos para personas de escasos recursos y, lo que es peor, una menor construcción, lo que provoca, de hecho, otro encarecimiento de los arrendamientos porque, por razones obvias, al haber menos viviendas volcadas al mercado de arrendamientos, aumenta el precio de las que hay.

Hago este interludio, señor Presidente, en mérito a que en la norma que me llega hoy -reconozco y asumo mi responsabilidad por no haber opinado antes- veo algo similar y voy a decir por qué. Destaco una vez más que este proyecto está hecho con la mejor intención; eso no está en juego. Tomo como reales las apreciaciones que los colegas hicieron anteriormente, inclusive sobre hechos puntuales que no han sido lo común, lo que no quiere decir que no hayan pasado. No estoy poniendo en duda que hayan sucedido los ejemplos que se daban, pero no ha sido lo común. Es más, si lo que se quería, por razones humanitarias, era limitar la posibilidad del embargo sobre bienes muebles o de uso personal debido a la situación penosa o dramática de muchas familias desalojadas -tal como fue mencionado anteriormente- que tenían que irse sin siquiera lo puesto -teniendo en cuenta el supuesto error existente en el Código General del Proceso hasta ahora-, como una manera indirecta de provocar el desalojo, creo que el remedio es peor que la enfermedad. Tal vez se quería crear una especie de caparazón para aquel inquilino de escasos recursos que no podía hacer frente al alquiler y al que le quitaban la cama -como se expresaba en la exposición de motivos- o el armario. No dudo de algún caso puntual que pudo haber sido dramático, pero no es lo común en la aplicación de nuestra legislación; tanto es así que podríamos acercar datos. Ni siquiera se tienen en cuenta utensilios considerados suntuarios, por lo menos en Montevideo, aunque no digo que no haya pasado en algún departamento en particular.

Reitero que las calidades humanistas o las buenas intenciones a veces provocan un efecto no deseado. Voy a explicar por qué. Si querían crear un blindaje, una caparazón a ese deudor o inquilino, tendrían que haber derogado el artículo 5º. No olviden que en los casos de extrema pobreza -me van a decir que aquí no existen- o en los arrendamientos comunes, hay toda una gama de garantías. De haber querido crear una norma que amparara a los más desprotegidos, a los que están en situación de indigencia -como demostraban los colegas preopinantes-, lo hubiésemos establecido para aquellas personas cuyos ingresos fueran menores a equis unidades reajustables.

En definitiva, esta norma, por su carácter de generalidad, obviamente, se va a aplicar en todos los casos. Pienso que el legislador no se equivocó cuando agregó las deudas por alquileres. Nunca me constó, por los textos de Facultad, que el legislador se hubiera equivocado. Por el contrario, es absolutamente razonable, y no pienso en razones de inhumanidad, si se me permite la expresión. La norma es genérica; por lo tanto, no va a amparar solo a los casos que mencionaban los señores Diputados preopinantes, de indigencia terrible. Reitero que la norma es genérica y va a abarcar, de acuerdo con el Decreto-Ley Nº 14.219 al que hacía referencia, a todos aquellos alquileres de personas pudientes.

SEÑOR ORRICO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR FALCO.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Puede interrumpir el señor miembro informante.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: he seguido con mucha atención lo que viene diciendo el señor Diputado, y no es así. El ejemplo no está bien puesto. No veo cómo puede afectar a la economía del país -si la afecta, que la afecte- que a un individuo le puedan embargar un buzo, una camisa y una bufanda. Eso es simplemente una extorsión que está mucho más allá de la voluntad del legislador y de la sociedad. Además, si el individuo que debe el alquiler tiene dinero, ¿para qué diablos le voy a embargar la cama? Si tiene dinero le voy a embargar otra cosa. ¿No le parece que le voy a abrir el alhajero o voy a hacer algo, ya que están expresamente excluidos los bienes suntuarios? Así que si tiene dinero, abriré el ropero, agarraré el tapado de visón y saldré con él puesto. Pero el problema no está en quienes tienen mucho dinero y pueden pagar, sino en el pobre tipo que no tiene para pagar porque hace tres meses que no trabaja, y en lugar de hacerle el juicio de desalojo que la ley establece, se lo echa por una vía indirecta, haciéndolo dormir en el suelo. ¿La sociedad uruguaya está dispuesta a que haya uruguayos que por una deuda de alquiler duerman en el suelo así como así? Yo no estoy de acuerdo ni creo que tenga relación en absoluto con la construcción de viviendas o con el precio de los alquileres. Eso de ninguna manera es así. No está bien hablar de la gente con mucho dinero, porque a ella se le va a embargar otra cosa y no los buzos o los gorros de lana.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Puede continuar el señor Diputado Falco.

SEÑOR FALCO.- Señor Presidente: el señor Diputado Orrico dice que me escucha, pero me parece que no; o, de lo contrario, no me expreso bien y voy a repetir. No dije nunca que la economía del país se alterara porque le embarguen el pulóver a alguien. Deducir eso solo es atribuible al magín del señor Diputado Orrico.

(Interrupción del señor Representante Orrico.- Respuesta del orador)

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Debe dirigirse a la Mesa, señor Diputado Falco.

Puede continuar el señor Diputado.

SEÑOR FALCO.- Reitero que atribuirme eso significa no haberme escuchado. Cuando hice la parte inicial de mi explicación y dije lo que había pasado directamente con las normas que pretendían proteger al inquilino, resalté -no mencioné para nada el embargo del pulóver- que estas habían ido en sentido contrario. No es verdad lo que dice el señor Diputado Orrico. Le sugiero que se acerque a la Facultad -a la que me parece que hace mucho tiempo que no va- y que se fije en las estadísticas de los desalojos. Es más: ya que estamos entrando en calor, voy a agregar que está tan equivocado el señor Diputado Orrico que por esta norma -si tanto le afecta- a nadie le quitan la cama y tiene que dormir en el piso. Por esta norma se embarga, y punto. La norma no establece un embargo y un secuestro. Si vamos al detalle -a veces tengo que escuchar lecciones por cosas que no digo-, por esta norma no se logra nada de lo que dice el señor Diputado Orrico.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR FALCO.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Señor Presidente: evidentemente, debe hacer años que el señor Diputado Orrico no ejerce la profesión en lo que refiere a alquileres. Lo que ha dicho el señor Diputado Falco es real, porque cuando el Alguacil hace un embargo de ese tipo no le saca la cama a nadie ni se la secuestra en el momento.

Aquí estamos hablando de cosas distintas. Creo que debemos ser muy precisos en cuanto al alcance de este tema y a la regulación que se debe hacer si se quiere proteger a los más desposeídos, tal como tiene que ser y nadie tiene dudas al respecto. Me parece que hay que dar garantías en cuanto a que no se va a secuestrar la cama a personas que no sean pudientes y esto no se ha previsto. De todos modos, hay pasos previos. Para quienes no son abogados, digo que cuando se hace un embargo genérico se establece en un acta la individualización de los elementos que hay en una finca, un inmueble o una empresa, determinándose especialmente que no pueden ser trasladados y designándose a la propia persona como depositaria de ellos. Eso lo sabe cualquier persona que haya intervenido en una acción judicial en ese sentido.

Más allá de eso, evidentemente, a una persona pudiente no le vamos a embargar la cama, la heladera u otro elemento. Pero sí puede ocurrir -conozco muchísimos casos en que estos hechos suceden por el mal uso de la legislación- que haya gente muy pudiente y que el acreedor no tenga elementos o garantías de donde agarrarse. Entonces, este tipo de gente se termina beneficiando con estas cosas. Esas situaciones son las que a veces generamos dejando vacíos legales, porque la ley no pasa solamente por el Palacio Legislativo y por quienes la hacemos, sino por cómo se aplica, es decir, el debido uso que se hace de ella. Por eso no solamente se aprende en la Facultad, sino también en la calle.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Puede continuar el señor Diputado Falco.

SEÑOR FALCO.- Señor Presidente...

SEÑOR BARRIOS.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR FALCO.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BARRIOS.- Señor Presidente: efectivamente, el señor Diputado Acosta y Lara tiene razón. No se aprende solo en la Facultad, sino en la calle y en la vida. Este proyecto de ley nace, justamente, de lo que se aprende en la calle y en la vida: a gente absolutamente pobre le embargan y le secuestran garrafas, camas, platos, ollas y armarios. Lo conozco directamente. Lo conozco de funcionarios del Poder Judicial que vienen y nos dicen: "no resisto más; ¡hagan algo, por favor!". Entonces, es posible que a los ricos, a quienes pueden embargarles cuadros, muebles de lujo o depósitos, no les embarguen nada, porque se les puede cobrar fácilmente. Pero a los pobres les embargan las pequeñas cosas, porque así es la vida.

No soy abogado ni estoy cerca de serlo. Conozco la vida, simplemente. Y en esta vida eso sucede. Puedo asegurar que sucede. Entonces, si vamos a pensar en que por no proteger a un rico vamos a desproteger a mil pobres, sinceramente no comparto la posición. La verdad, señor Diputado, es así. Esto sucede. No sucederá en todo el país, pero realmente sucede.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Señor Diputado: diríjase a la Mesa.

SEÑOR BARRIOS.- Discúlpeme, señor Presidente.

La verdad es que esto sucede. Se embargan camas que en lugar de patas tienen bloques de hormigón, armarios que se desarman, garrafas, cocinas y ollas. Eso no podemos permitirlo. Y si al amparo de esta norma de pronto algún rico se beneficia, mala suerte. Tratemos de salvar a los mil pobres que están afectados hoy.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Para contestar una alusión, tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Señor Presidente: no quería interrumpir al señor Diputado porque sabía que estaba en uso de una interrupción.

Aquí todos queremos, no solo salvar a los pobres, sino hacer las cosas justas, en correcta aplicación del derecho, como tiene que ser. Cuando se hace un embargo mal, lo que ocurre no solamente a gente pobre, mediana o sin importar la clase social -porque los embargos no van en relación con la clase social, sino con un acto que ocurre, donde hay un acreedor y un deudor y donde nosotros tenemos que dar garantías procesales y jurídicas, como es nuestro deber como legisladores en un sistema republicano y democrático-, hay procedimientos a seguir. No se necesita un abogado costoso para eso. Cualquier abogado de la Defensoría de Oficio puede impugnar cualquier resolución de un mal embargo. Lo que quiero que quede claro en la versión taquigráfica y para ilustrar a los legisladores que de repente no han tenido contacto con esos hechos, es que aquí no se le lleva la cama a nadie. Cuando uno está en contra de un embargo específico sobre un bien determinado y considera que está dentro de la inembargabilidad, o sobre un hecho que no corresponde a la ley, se puede impugnar concretamente, y eso ocurre con un simple escrito de cuatro renglones que lleva a que un Juez dicte una sentencia interlocutoria en ese momento. No es un acto definitivo, sino un acto procesal e intermedio sobre una resolución y una orden de un Juzgado. Eso es así.

No estamos discutiendo quién defiende a quién, ni estamos dividiendo a la sociedad entre quienes defienden a los ricos y quienes defienden a los pobres, porque yo no defiendo ni a los ricos ni a los pobres. Estaba dando mi punto de vista sobre la interpretación de una norma que puede traer confusiones y generar mayores inseguridades en lugar de las soluciones que pretendemos.

Eso es lo que entendemos.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Puede continuar el señor Diputado Falco.

SEÑOR FALCO.- Señor Presidente: voy a tratar de reencauzar argumentos, que en mi opinión son jurídicos, sobre este tema.

Reitero que esta modificación que se hace a la norma consiste simplemente en excluir la deuda proveniente de alquileres de una casa adeudados. En definitiva, el primer camino, cuando hay alquileres de una casa que se adeudan, tampoco consiste en el embargo de los bienes. Las normas, salvo que se establezca una limitación por razones de cuantía -y pongo una idea en el tapete-, no se pueden hacer de carácter particular. De otro modo, no serían leyes, que por definición son de carácter general.

Entonces, cuando votamos debemos hacerlo no solo con el corazón -no voy a entrar en ese juego de estereotipar los buenos de un lado y los malos del otro-, sino, además, con la razón. Jurídicamente, en mi opinión, esto es un desastre. Yo traté de dar las causas. Las derivaron y empezaron a hablar de otras que no mencioné. Reitero que si la intención final es proteger situaciones que en ningún momento digo que no existan -al contrario-, pongamos un límite en la cuantía de los ingresos. Es una idea que se me ocurre ahora; no estoy planteándola como solución definitiva. Lo que estoy diciendo es que con esta norma no estamos solucionando el problema que, de alguna manera, quienes la propusieron quieren solucionar. Por ese camino no lo estamos haciendo y sí estamos dejando la puerta abierta, no al ejemplo de uno contra mil, sino a una posibilidad infinita de situaciones que se van a ir por la ventana en forma no deseada.

Reitero que si el límite es el de aquellas clases que hoy -con la excusa de lo coyuntural, con todas las modificaciones a las leyes de arrendamientos- por estar tan desprotegidas pueden sufrir ese tipo de barbaridades a que se hacía mención, tenemos que eliminar el numeral 5) del artículo 381, y hagámoslo eterno. Por lo menos, tenemos que ser coherentes al decir: "yo protejo a un sector". No me estoy oponiendo a eso. Lo que quiero es llamar la atención de la Cámara, sin que tergiversen lo que digo, diciendo que por el camino que se propuso el resultado, en mi opinión, no es el adecuado para resolver lo que se pretendía. En segundo lugar, salvo casos puntuales que confío en que puedan existir -y lo dije desde el primer momento-, la gran realidad, el gran promedio es otro; se trata, precisamente, de sectores, no sé si pudientes, pero no en las condiciones a que hacían mención mis colegas anteriormente, prácticamente de indigencia, sino con bastante mejores ingresos. La definición sobre lo que se consideraba prendas de uso personal no era clara. No es, como dijo alguien tomándome el pelo, un buzo. No, señor Presidente. Esa no ha sido la práctica. Y no me limito a gritar que no es así. Yo me baso en estadísticas que son públicas.

Me parece bien que se busque una solución para determinados casos que, de alguna manera, tenemos que ver cómo los implementamos en una norma genérica. Este camino no me pareció el más adecuado. En definitiva, no solo no estamos protegiendo a esas personas, porque el embargo que le hacen no es de la cama -reitero-, ya que si están en esa situación de indigencia el embargo va a venir por otro tipo de deuda y no por el alquiler. Entonces, nada hace suponer que ese embargo traiga aparejado un secuestro. Lo que sí digo es que, inmediatamente, no existe esa posibilidad. En el caso de desalojo, sí; en el caso de lanzamiento, sí. Pero estamos mezclando. Me parece que de alguna manera estamos mezclando el embargo por deudas de alquiler y el lanzamiento, que es la última etapa, la etapa ejecutiva del desalojo. Simplemente trato de advertir a la Cámara que este camino ha sido transitado ya infinidad de veces y los resultados han sido desproteger a quienes de alguna manera se intentó proteger.

SEÑOR ORRICO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: en realidad, diría que he sido aludido en reiteración real; así que voy a contestar algunas de las alusiones que se me han hecho, aunque a lo mejor me olvido de alguna.

En primer lugar, agradezco enormemente las clases de derecho procesal que se me han dado, porque uno siempre está a punto de aprender, sobre todo con gente tan experimentada como la que hay en esta Cámara. Agradezco de todo corazón, y prometo repasar mis apuntes de derecho procesal con toda humildad para poder discutir con gente de tanta jerarquía.

En segundo término, alguna vez un señor legislador me dedicó una muy amable nota en "Búsqueda", donde me acusaba de muchas cosas y decía: "El Diputado Orrico, que como abogado no lo conoce nadie y que nunca tuvo un cliente importante". ¿Saben una cosa? Algo de verdad había; nunca tuve lo que se llama "un cliente importante". Pero esa fue una opción de vida; yo opté por determinadas cosas y sigo haciéndolo. Voy a decir una frase que expresó una vez don Amílcar Vasconcellos, que me quedó grabada para toda la vida, y me la voy a repetir a mí mismo hasta el cansancio: "Mi esperanza en la vida es llegar al final, mirar hacia atrás y reconocerme". Y en eso estamos.

SEÑOR MELGAREJO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MELGAREJO.- Señor Presidente: creo que la Cámara, cada vuelta y media, incursiona en algunos temas que parecen muy fáciles de resolver, inclusive por lo breve de los textos, pero nos empantanamos en largas discusiones. En el fondo, ese empantanamiento en un proyecto que ya cuenta con la aprobación del Senado, más que un problema de análisis profundo de lo que dice el propio artículo, esconde detrás de todo esto visiones y concepciones diferentes en torno a lo que es la vida.

No soy abogado -de repente, esto se repite muy a menudo-, fui obrero metalúrgico y he aprendido de la vida. Creo que la vida nos enseña mucho sobre estas cosas; nos enseña tanto como para que hayamos podido ser Ediles por Montevideo durante muchos años.

Conozco Montevideo y conozco el problema de su gente. De cuatro o cinco visitas que tengo a diario en mi despacho, por lo menos dos o tres de ellas son de gente pobre que tiene problemas con la vivienda.

El texto de este artículo único que plantea modificar el numeral 2) del artículo 381 de la Ley Nº 15.982, dice concretamente: "[...] No se trabará embargo en los siguientes bienes: [...] 2) Las prendas de uso personal del deudor y de su familia y los muebles y útiles contenidos en su casa habitación, salvo que la deuda provenga de la adquisición de los mismos muebles o de alquileres de la casa; se exceptúan de la inembargabilidad, los bienes suntuarios de alto valor". Concretamente, interpreto que si alguien pudiente que alquila se atrasa, se le lleva adelante un juicio, le van a llevar un Picasso que tenga colgado en la pared o muebles firmados. Pero aquí se está hablando de un tema diferente. No se está hablando de la gente que puede pagar, que tiene de donde sacar y por viveza no lo hace, sino que se está hablando concretamente de la gente que no puede. En alguna exposición se dudó si no sería por otra cosa que no fuera atraso de alquileres. Yo le creo al señor Diputado Barrios, porque la realidad de Montevideo no difiere mucho de la de los pobres de otros departamentos. Pobres hay en todos lados; desgraciadamente, algunos son más pobres que otros y tienen que vivir situaciones límite.

En este marco es donde tenemos que analizar este proyecto de ley, que apunta directamente a un sector muy particular. Se podrá decir que es muy general, pero, leyéndolo profundamente, la generalidad se pierde cuando se señala qué es lo que se puede embargar en caso de no pagarse los alquileres.

SEÑOR BARRIOS.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MELGAREJO.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Bianchi).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BARRIOS.- Señor Presidente: creo que debemos poner las cosas en su verdadero término y lugar.

Aquí no estamos afectando para nada lo que son las normas que regulan los alquileres en el país. Es cierto que los alquileres se han liberalizado, que hay normas que regulan todo eso y no discutiremos si son mejores o peores. Pero esto no tiene absolutamente nada que ver con las normas que regulan los alquileres, ni con las que regulan los préstamos bancarios, ni con las normas que regulan cualquier contrato entre los uruguayos. De acuerdo con este artículo del Código General del Proceso, por ejemplo, a alguien que tenga una deuda bancaria no podrán embargarle sus bienes de uso personal, es decir, lo que tiene dentro de la casa para el uso elemental de él y de su familia. A alguien que haya contraído una deuda con un particular tampoco podrán embargarle. Solo podrán embargarle esos bienes de uso personal si las deudas provienen de su compra. Es razonable que si compré un televisor, una cama y un ropero, y no los pago, vuelvan a su legítimo dueño.

Aquí dice que podrán ser embargables cuando provengan de los alquileres. Entonces, afecta precisamente a los que menos tienen. Porque los créditos bancarios, los créditos privados, los negocios, no los hacen los que menos tienen. Precisamente por los créditos bancarios, los créditos privados, los negocios, estos bienes no son embargables; solo son embargables por alquileres.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Álvarez)

——Entonces, no estamos cambiando ninguna de las reglas de juego normales dentro del sistema capitalista, del sistema de respeto a la propiedad. No estamos cambiando ninguna de las normas que regulan el sistema de alquileres en el país. Simplemente, estamos evitando que por una vía lateral, precisamente, se desvirtúen esas normas. Las leyes que reglamentan el sistema de alquileres en el país establecen de qué modo el propietario puede actuar y recuperar su propiedad y desalojar al inquilino. Esta es una vía lateral para que el propietario, en casos extremos, cuando el inquilino es más débil, pueda actuar. No tenemos dudas de que si quien alquila es alguien pudiente, no van a ir a embargarle los bienes personales, los artículos de uso personal, sino bienes de mucho más valor.

No cabe duda de que la norma que estamos cambiando, con seguridad fue establecida por error, y creo que quienes se oponen a ella solo lo hacen por un fundamentalismo ideológico que no les permite aceptar absolutamente nada que pueda tener el menor atisbo, el menor grado de apoyo a los más débiles.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Melgarejo.

SEÑOR BORSARI BRENNA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MELGAREJO.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BORSARI BRENNA.- Señor Presidente: voy a ser telegráfico, en virtud de la generosidad del señor Diputado Melgarejo al otorgarme la interrupción.

Yo ya he dicho mi posición respecto al tema, pero no entiendo bien por qué se ha generado esta discusión. Coincido con lo que ha dicho recién el señor Diputado Barrios. Es clarísimo el argumento en cuanto a que esto no va a afectar para nada. Coincido con lo que ha dicho el señor Diputado Melgarejo respecto a que esto no va a afectar para nada los contratos. Es para tratar una asimetría e, inclusive, una injusticia que a veces se comete, en virtud de mandatos judiciales que son malinterpretados o mal ejecutados porque la ley, el Código General del Proceso, establece claramente cuáles son los bienes inembargables. Entonces, cuando se procede de esta manera por parte de los agentes de la Justicia, se produce un desborde. En consecuencia, para poner un marco -como aquí se ha dicho- a estas actuaciones y para que no se produzca una violación a lo que el Código establece, evitando una injusticia que a todas luces se produciría cuando se embargan prendas de uso personal del deudor y de su familia, así como los muebles y útiles contenidos en su casa habitación, es que se quiere aprobar esta modificación.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Melgarejo.

SEÑOR MELGAREJO.- Termino, señor Presidente, porque a mí también me cuesta trabajo entender por dónde iba la discusión.

Escuché atentamente la intervención del señor Diputado Falco, con toda su explicación sobre el tema del mercado de alquileres y la forma en que, a lo largo del tiempo, distintas modificaciones se fueron instrumentando sin que ninguna de ellas en definitiva sirviera para nada. Yo creo que se trata de cosas diferentes: no es lo mismo y no podemos llamarlo de la misma forma. De alguna manera, es obligación nuestra discutir profundamente y aprobar todas las medidas -mucho más en la situación actual- que beneficien a los más necesitados. Y creo que esta iniciativa apunta precisamente a eso.

SEÑOR FALCO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FALCO.- Señor Presidente: quiero aclarar dos cosas. Cuando mencioné esa pequeña y quizá pesada historia, lo hice teniendo en cuenta lo que mencionaron muchos de los integrantes de la Cámara, en cuanto a que no ejercían la profesión de abogados. Por lo tanto, era razonable que no conocieran la historia uruguaya en materia de reforma de leyes de arrendamientos.

Lo que no podemos dejar pasar por alto, señor Presidente, es lo que se ha dicho en cuanto al fundamentalismo. Lo dije de antemano: hay quienes estereotipan entre lo bueno y lo malo, lo cual en el Uruguay de esta época resulta hasta cansador. Eso están haciendo cuando plantean que unos somos fundamentalistas y, por tanto, queremos perjudicar a los débiles.

Si de alguna manera hay instancias de discusión, hay algo que me parecería razonable: si lo que se pretende hacer -pese a que como fundamentalistas estaríamos en contra de los débiles, en opinión de algunos- es proteger a los débiles, pues bien, hagámoslo. Hagamos una modificación que diga, por ejemplo, que esta norma o este inciso rige para aquellos núcleos familiares que no superen equis unidades reajustables de ingresos, dos o tres salarios mínimos nacionales o los que quieran. De esa manera, no se podrá argumentar que no estamos protegiendo exclusivamente a los débiles. Lo que estaríamos diciendo es que aquellos sectores que tienen un ingreso salarial determinado que exceda de dos o tres salarios mínimos nacionales u otro límite, no deberían utilizar este atajo para falsear la ley.

Tiene razón el señor Diputado Borsari Brenna: la norma ya existe. El hecho de que la apliquen mal es un problema procesal, pero la norma que protege los bienes específicos y personalísimos del deudor ya existe, señor Presidente.

SEÑOR LAVIÑA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LAVIÑA.- Señor Presidente: como se ve, este proyecto viene con aprobación del Senado y pasa a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, que también acepta el temperamento sustentado por esa Cámara. Quiere decir que este proyecto ha sido analizado y viene precedido de estudios, lo que me hace pensar que la solución propuesta para los temas de ejecución de deudas de alquileres ha alcanzado consenso y responde, además, a una cosa fundamental, como es la situación económica de las familias pobres que están viviendo en este país. Creo que este último detalle forma parte del fondo del proyecto de ley que trata de modificar el numeral 2) del artículo 381 del Código General del Proceso.

Hace un momento hablaba con algunos legisladores y decía que, en general, compartía los lineamientos de este proyecto. Creo que es razonable, justo y, como toda ley, es el resultado de la situación social de la época. Eso es lo más rescatable, para mí, de este proyecto: es sensible a la situación de las familias pobres de este país, que llegan al punto de no poder pagar sus alquileres. Desde ese punto de vista me parece que es inobjetable, ¿verdad?

Tratando de buscar la mayoría o la unanimidad de las voluntades de los señores legisladores, pensaba que podría ser conveniente establecer que esto funcionará en el caso de que los alquileres no excedieran determinado valor, supongamos $ 5.000. En ese caso nadie se podría quejar. Es un límite arbitrario como cualquier otro, pero no hay otra forma de legislar.

Evidentemente, las clases populares, débiles o pobres se verían beneficiadas, pero no aquellos que pagaran un alquiler mayor. Me gustaría escuchar la opinión de los miembros de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración acerca de esta propuesta.

SEÑOR FALERO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR LAVIÑA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: el proyecto es de una claridad tan meridiana que, sinceramente, no existen razones -a mi juicio- para condicionarlo o discutirlo, en la medida en que se está hablando de cosas tan personales y tan menores que en general no se aplican, por la sensibilidad de los Jueces y Alguaciles. Y en las oportunidades en que se aplican -que son escasas-, se hace para incordiar exclusivamente al inquilino. Nada más que para eso; no hay otra razón. Es el mismo procedimiento por el que a veces le cortan la luz, el agua o cosas por el estilo. En general, las cuestiones de uso personal, los útiles de trabajo, la televisión o la heladera, los señores Jueces jamás los embargan, por ninguna razón. Lo único que hace la norma es proteger un derecho que asiste a todo individuo y a su familia a tener los elementos mínimos para vivir decentemente, y sería ridículo que fueran embargables.

Por lo tanto, estamos acompañando esta disposición. Además, que quede claro que se supone -aunque no se dice- que las prendas de uso personal son propiedad del inquilino, no solamente de su uso.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Laviña.

SEÑOR FALCO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR LAVIÑA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR FALCO.- Señor Presidente: lamentablemente, veo que la discusión se está derivando. Digo esto porque todo lo que expresaba el señor Diputado Falero está establecido en la ley, que prohibe la embargabilidad. Como decía un gran profesor de Facultad, a veces intercambiamos ignorancia.

Si leemos todo el articulado de la norma que se pretende modificar, advertiremos que en ella figuran taxativamente enunciados todos los ejemplos que se han mencionado. Creo que si continuamos discutiendo sobre las cosas que no conocemos, no vamos por buen camino.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Laviña.

SEÑOR LAVIÑA.- Señor Presidente: en general, comparto lo que establece este proyecto de ley y lo voy a votar. Simplemente, hacía la sugerencia de que los beneficiados por el objetivo de esta iniciativa podrían ser determinados a través de un alquiler mínimo de $ 5.000 o un monto inferior. Es decir que no se beneficiarían los que pagaran un alquiler mayor.

SEÑOR MÁSPOLI BIANCHI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR LAVIÑA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR MÁSPOLI BIANCHI.- Señor Presidente: me asaltan algunas dudas.

En primer lugar, si como dice el señor Diputado Falero no se embarga y los Jueces proceden de esa manera, ¿para qué cambiar? Hay una suerte de modus operandi que, en definitiva, está protegiendo esos bienes de uso personal y, sin embargo, vamos a tocar un punto de un artículo que integra una compleja legislación, como el Código General del Proceso, en el cual -estoy pidiendo los antecedentes—el tema de los alquileres no se incluye al azar, sino que hubo una fundamentada razón para hacerlo. En su elaboración intervinieron catedráticos de la talla de Gelsi Bidart, de Véscovi y de Toledo, a quienes, sin duda, por lo menos en lo que a mí respecta, se les debe dar la derecha en el sentido de que existe una experiencia muy importante en el derecho comparado que hace a la inclusión de esta frase referida a los alquileres.

Los aportes del señor Diputado Laviña para contemplar la eventualidad de que exista algún Juez que no se ajuste al modus operandi común de no embargar gorros, camas y zapatos, podrían ser razonables, buscando algún límite a los efectos de salvaguardar aquellos casos de extrema dificultad, aparentemente muy pocos, porque en la Comisión y hoy en el plenario no han podido ser exhibidos más que algunos casos y, después de haber repasado las versiones taquigráficas, tampoco he visto que sean numerosísimos. De esta manera, estaríamos introduciendo un cambio en una ley tan equilibrada que defiende los derechos de unos y de otros, porque quien alquila una casa modesta por $ 2.000 o $ 3.000, que tal vez sea lo único que tiene el propietario para sobrevivir, le da su bien a otro para que lo use, y si el inquilino hace un mal uso y no hay ningún elemento como para poder defender su posición, en definitiva estamos perjudicando a quien tal vez aparece como el poderoso y en realidad es el más débil. Ha pasado -y pasa- que algunos individuos tienen la costumbre de meterse adentro de la propiedad, pensando: "Que me saquen".

Creo que esta frase acerca de los alquileres está puesta para, en alguna medida, ejercer presión sobre eso, pero no me cabe la menor duda de que los Jueces siempre han actuado con criterio.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Laviña.

SEÑOR BARRIOS.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR LAVIÑA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BARRIOS.- Señor Presidente: creo que estamos reiterando argumentos de ambas partes. No hay duda de que el hecho de que los bienes personales sean o no embargables por deudas originadas en alquileres no cambia y no afecta los derechos que tiene el propietario sobre su bien y los derechos que tiene de recuperarlo cuando no le pagan.

Sin ninguna duda, los que creen en el mercado deben suponer que el propietario, cuando alquila, tomará las garantías adecuadas, sabiendo que la ley prevé para él determinados derechos y mecanismos para que pueda recuperar su bien si no le pagan. Esta norma que pretendemos modificar aparece como un camino lateral, una cortada para que el propietario tenga una ventaja sobre el inquilino para la recuperación de su bien, que no tienen otros agentes económicos. El que presta dinero no puede cobrar de esta manera, ya sea un banco, un particular o lo que sea. ¿Por qué el propietario del bien va a tener que cobrar de esta forma?

Pero si decimos que puede ampararse en esto quien tiene recursos, quienes creen en el mercado también deben saber que a quien tiene recursos seguramente no es necesario embargarle los bienes personales para cobrar. Como decía, estamos reiterando argumentos; los hemos dado de un lado y de otro. Esto no cambia en absoluto la relación que la ley y el mercado establecen entre el propietario y el inquilino. Simplemente, pone las cosas en su lugar. Todo acreedor tiene el mismo derecho frente al deudor, así esté la deuda esté originada en un préstamo o en un alquiler. Nada más que eso. En esa medida, defendemos al deudor de menor capacidad económica porque, seguramente, la única posibilidad de deber que tiene ese deudor es el alquiler o alguna cosa menor, porque a las tarjetas de crédito, a las compras a crédito, a los bancos, no accede.

Por lo tanto, me parece que estamos llevando la discusión hacia algo lateral, cuando el centro del asunto es poner en situación de equidad a cualquier acreedor y a cualquier deudor.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Laviña.

SEÑOR LAVIÑA.- He finalizado, señor Presidente.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Señor Presidente: agradezco a la Cámara que obligue a mantener las neuronas en actividad. Yo jamás pensé hacer uso de la palabra sobre este proyecto que fue votado por unanimidad en el Senado y también en la Comisión. Me parecía absolutamente lógico que fuera innecesaria toda polémica.

Acá ha habido largas exposiciones sobre los inconvenientes de la intervención legislativa en el mercado de alquileres. Yo puedo discutir ese tema cuando corresponda y sé que no me voy a poner de acuerdo con quien sostuvo determinada tesis, pero no tiene absolutamente nada que ver con esto. Acá no se toca en absoluto el tema de la autonomía de la voluntad y el de la libre contratación; acá se está hablando exclusivamente de que no son embargables muebles y útiles del arrendatario y, para evitar la duda que el señor Diputado Laviña planteaba con cierta racionalidad, el proyecto dice que se exceptúan los bienes suntuarios de alto valor. Es decir que cuando hay un alquiler de US$ 500, sin ninguna duda va a haber bienes suntuarios que son objeto de embargo.

Además, señalo al señor Diputado Laviña, que sé que actúa con la más absoluta buena fe en este tema, que el numeral 1) del artículo 381 del Código General del Proceso establece que "Las remuneraciones por cualquier concepto, de los empleados públicos y privados y las pensiones, jubilaciones y retiros" son inembargables, aun cuando alguien gane $110.000. Son inembargables, y no estamos estableciendo topes, diciendo que por encima de dos o tres canastas básicas son inembargables. No. Es un concepto filosófico; las remuneraciones y las pensiones son inembargables, como también lo son los libros que sirven para el trabajo y los muebles y útiles imprescindibles para una vida decorosa. Reitero que ese es un problema filosófico y de ninguna manera estoy dispuesto a transar en ese tema, porque están expresamente excluidos los bienes suntuarios. A quien tenga una pinacoteca, se la van a embargar porque no es un mueble ni un útil.

Por supuesto que no tengo experiencia alguna en materia forense porque en la medida en que he considerado que es incompatible el ejercicio liberal de la profesión con el cargo para el que la ciudadanía me ha designado, cerré mi estudio cuando fui electo Diputado, a finales del año 1989. Sin embargo, entiendo que no necesito ninguna experiencia para decir lo que estoy diciendo, que surge de la naturaleza de las cosas y que permite que Diputados sin ninguna formación jurídica opinen sobre este tema con absoluta precisión y corrección, como lo han hecho.

Pido disculpas por tener que hablar acerca de un tema sobre el que creí que íbamos a pasar simplemente, votándolo sin ningún inconveniente.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho en sesenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta en sesenta y seis: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y uno en sesenta y seis: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

18.-     Rectificación de trámite.  Dese cuenta de una moción de orden presentada por las señoras Diputadas Saravia Olmos, Puñales Brun y Rondán y el señor Diputado Máspoli Bianchi.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se rectifique el trámite del proyecto de ley que figura en el Repartido Nº 887, Carpeta Nº 1960/2002, de marzo de 2002, y se pase de la Comisión de Hacienda a la Comisión Especial con fines legislativos sobre las situaciones de pobreza".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y siete en sesenta y nueve: AFIRMATIVA.

19.-      Profesor Víctor Cayota. (Designación al Liceo Nº 60 de la ciudad de Montevideo).

Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Profesor Víctor Cayota. (Designación al Liceo Nº 60 de la ciudad de Montevideo)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 764

"PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Desígnase "Profesor Víctor Cayota", al Liceo Nº 60 de la ciudad de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Montevideo, 4 de octubre de 2001.

MARGARITA PERCOVICH, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley busca designar con el nombre del profesor Víctor Cayota al Liceo Nº 60, ubicado en la calle Camino Santos 4237, del departamento de Montevideo.

El profesor Víctor Cayota fue un destacado docente durante cuarenta años, y también un ciudadano con intensa actividad gremial y social.

Nació el 31 de diciembre de 1926 y falleció el 21 de mayo de 1998. Fue hijo de Eduardo Cayota, un luchador social de la primera mitad de este siglo, fundador de los primeros sindicatos cristianos y de la Caja de Jubilaciones Bancarias, y de Aída Zappettini, maestra de la Escuela "Artigas" siendo el segundo de cinco hermanos.

Cursó primaria con los salesianos y completó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Sagrado Corazón, cursó primer año de la Facultad de Derecho, realizó el profesorado en letras en el Instituto de Estudios Superiores -aún no existía el IPA- e ingresó a la Facultad de Humanidades y Ciencias donde obtuvo el título de licenciado en letras. Luego hizo uso de una beca de perfeccionamiento en la Universidad de Salamanca en 1953.

Inició su tarea docente en enseñanza secundaria en el interior del país a través de un concurso de méritos y oposición donde obtuvo el primer lugar, lo que le permitió iniciarse como profesor de Idioma Español en el liceo de la ciudad de San José. Luego concursó en la especialidad Literatura, desempeñándose como profesor titular en los liceos de San José, Santa Lucía y Canelones. Luego de doce años en el interior, obtuvo el traslado a Montevideo, trabajando en distintos períodos en los Liceos Nos. 14, 28 y 6 (Bauzá).

Como autor nos ha dejado:

- "La década uruguaya del 20 en su poesía" (Montevideo, 1992).

- "Los desafíos de la educación. El sistema educativo" (Trilce, Montevideo, 1994).

- Y una joyita, llamada "Abuelo ¿Vos estuviste preso?", que se editó con posterioridad a su fallecimiento, en mayo del corriente año.

Dejó también innumerables artículos periodísticos y publicaciones gremiales sobre temas educativos.

Víctor Cayota desplegó una intensa y prolongada actividad gremial. Siendo estudiante en la Facultad de Humanidades fue delegado por el orden estudiantil al Consejo de la Facultad durante varios períodos. En los '60 participó activamente en la fundación de la Gremial de Profesores de Montevideo y en la fundación de la Federación Nacional de Profesores, así como también en los procesos de reconstitución de las fuerzas sociales y de la vida democrática, a la salida de la dictadura cívico-militar. Fue el primer Presidente de FENAPES (Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria). Lo fue en tres ocasiones.

Tuvo la capacidad, junto a otros destacados dirigentes de organizar un gremio a escala del país. Fue el Presidente de la Comisión Organizadora de la Primera Asamblea Técnico-Docente.

Después fue Presidente en cuatro ocasiones de las Asambleas Técnico-Docentes (las del artículo 40 y luego artículo 19). Allí aportó el caudal de sus ideas y paciente capacidad articuladora de consensos y de pronunciamientos. Una labor fecunda, que hizo escuela, y hoy es recordada y estimada por muchos.

También integró el Consejo de Enseñanza Secundaria. Pero no lo puso allí el poder político; fue electo, por voto secreto, en representación del orden docente para el período 1968-1972. No lo pudo completar por la autoritaria intervención de 1970.

En 1970 fue sumariado por la Interventora y posteriormente reintegrado por el Consejo Interino que la sustituyó. Estuvo preso en cuatro oportunidades durante la dictadura. Luego representó a la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza en la CONAPRO, durante 1984 y 1985.

Ello no fue casual. Cayota además de un principista fue un formidable articulador de consensos y de salidas.

Restituido, ejerció en liceos de la capital y culminó su trabajo como coordinador en el Liceo Nº 28 hasta su jubilación en 1992, luego de cuarenta años en ejercicio de la docencia.

Pero el país debió darle otras responsabilidades en el sistema educativo. Méritos sobrados tenía, casi como nadie. Tal vez, fue el precio de la independencia de criterio y del no compromiso con el poder.

A través del presente proyecto, el Parlamento puede reparar tardía y parcialmente esa postergación, reconociendo a la vez la trayectoria brillante e inmaculada de un docente y un ser humano extraordinario.

Montevideo, 4 de octubre de 2001.

MARGARITA PERCOVICH, Representante por Montevideo".

Anexo I al

Rep. Nº 764

"Comisión de Educación y Cultura

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura aconseja al plenario la aprobación del proyecto de ley por el que se designa "Víctor Cayota" al Liceo Nº 60 de Montevideo.

Esta Cámara hace un muy merecido reconocimiento a quien fue una figura muy destacada del quehacer docente de nuestro país. Sin ninguna duda los alumnos del Liceo Nº 60 de Montevideo tendrán en su formación un referente sólido de bonhomía, valentía, coherencia, firmeza en sus convicciones y profundo conocimiento de los temas de su especialidad.

El profesor Víctor Cayota nació el 31 de diciembre de 1926 y murió un 21 de mayo de 1998, hace poco más de tres años. Fue hijo de Eduardo Cayota, una figura muy destacada del socialcristianismo uruguayo que fundó junto a Juan Zorrilla de San Martín la Unión Democrática Cristiana que fuera un antecedente del pensamiento socialcristiano de avanzada.

Eduardo Cayota trasmitió a todos sus hijos una profunda vocación por los asuntos sociales y, en particular, por la justicia social. Prueba de ello es la trayectoria de cada uno de sus cinco hijos. Eduardo, ya fallecido, con militancia sindical reconocida en las épocas duras; Ana María, también fallecida, y que mantuvo una militancia partidaria en el PDC sin interrupciones durante toda su vida; José Luis que ha ejercido, también con preocupación social, el derecho, y Mario, que posee una larga trayectoria como investigador social y dirigente político en la democracia cristiana, ocupando una banca en la Junta Departamental de Montevideo en la actualidad en representación de ese Partido.

Víctor no fue la excepción. Por el contrario, su vida toda estuvo dedicada a la defensa de sus principios y de sus convicciones, con entusiasmo y con una gran energía.

Siempre nos impactó su fuerza interior, su capacidad de trasmitir que es un atributo esencial para el ejercicio de la docencia.

Víctor Cayota cursó estudios de primaria en los salesianos y secundaria en el Colegio Sagrado Corazón. Estudió primer año de Facultad de Derecho y luego optó por el profesorado en letras en el Instituto de Estudios Superiores, aún no existía el IPA, y también obtuvo el título de licenciado en Letras en la Facultad de Humanidades. En 1953 usufructuó de una beca de perfeccionamiento en la Universidad de Salamanca.

Se casó en 1956 con Nelly Mendizábal, su compañera de toda la vida, con quien tuvo cuatro hijos: Santiago, Alicia, Pablo y Patricia y fue abuelo de doce nietos.

Su carrera docente comenzó en el interior del país, luego de obtener su primer cargo por concurso de oposición y méritos, en el que ocupó el primer lugar. Comenzó como profesor de Idioma Español en el liceo de San José y posteriormente concursó también como profesor de Literatura accediendo por esa vía también a la titularidad docente en esta asignatura. Dio clases de estas asignaturas en los liceos de San José, Santa Lucía y Canelones durante doce años.

Luego en Montevideo su desempeño docente se hizo efectivo en los Liceos Bauzá, Nº 14 y Nº 28, establecimientos en los que demostró sus aptitudes en forma continua.

Paralelamente desarrolló una intensa actividad gremial. Fue delegado del orden estudiantil ante el Consejo de la Facultad de Humanidades. En los años sesenta fue fundador de la Gremial de Profesores de Montevideo y de la Federación Nacional de Profesores. Fue el primer Presidente de FENAPES, cargo en el que fuera reelecto dos veces. En ese esfuerzo debe reconocerse como uno de los arquitectos de un gremio docente de alcance nacional.

Como dirigente de FENAPES fue representante de la CNT en muy diversas instancias. Desde el punto de vista de sus postulados defendió la autonomía política y técnica de la educación y la participación más amplia de los diferentes actores del proceso educativo en la gestión de nuestra educación. Al mismo tiempo reivindicó la tolerancia y la defensa de la pluralidad ideológica.

En 1968 fue electo por el voto secreto de sus colegas en representación del orden docente, como miembro del Consejo de Enseñanza Secundaria para el período 1968-1972. Sin embargo, en 1970 cuando se produce la intervención de secundaria, Víctor Cayota fue sumariado, ya en un marco de creciente polarización política y social.

En la etapa previa al golpe de Estado, Víctor Cayota vio con claridad el riesgo del desenlace autoritario y trabajó con total energía para evitarlo. En los años 71 y 72 fundó junto al Rector Maggiolo, a la profesora Reina Reyes y otros compañeros de ese entonces, el Movimiento de Defensa de los Derechos Humanos. Justamente, la evolución de los acontecimientos demostraría la importancia de este esfuerzo ante el avasallamiento de los derechos que ocurriera en nuestro país con el comienzo de la dictadura.

En junio de 1973 participó en la ocupación del Liceo Nº 14 formando parte de la huelga general de rechazo al golpe de Estado. Fue destituido ese mismo año, siendo restituido recién doce años después en 1985.

Durante la dictadura estuvo detenido cuatro veces. Dos veces en 1973 en el Cilindro Municipal, luego durante catorce meses en Cárcel Central entre 1975 y 1976 y finalmente en el Batallón de Artillería Nº 13, en este último caso su "delito" fue dirigir un fondo de solidaridad para los docentes destituidos.

A partir de su detención de 1976 le fue prohibido salir del departamento de Montevideo y sus posibilidades de obtención de empleo se redujeron al mínimo, estando totalmente proscrito para la función docente.

Nunca aceptó la posibilidad de irse del país, a pesar de las dificultades en las que se encontraba en nuestra tierra. Ofertas tuvo y muchas; pero prefirió quedarse, demostrando su profundo afecto por nuestra patria.

A la salida de la dictadura participó activamente de la CONAPRO en representación de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza.

Ya nuevamente en democracia, presidió la Comisión Organizadora de la Primera Asamblea Técnico-Docente y fue Presidente de esta en cuatro ocasiones.

Finalmente, como docente restituido volvió a ejercer la actividad hasta su jubilación en 1992, habiendo completado cuarenta años de ejercicio.

Realizó varias publicaciones relacionadas con su especialidad, la literatura, y luego de su muerte se publicó un libro vivencial titulado "Abuelo, ¿vos estuviste preso?" que permite conocer la peripecia personal de Víctor Cayota con una mirada tierna y profunda de los años negros transcurridos, lo que agiganta su figura en la capacidad de tomar lo positivo de experiencias duras y tristes. Algunos episodios de esta obra fueron referidos por el Diputado Enrique Rubio en ocasión del homenaje que esta Cámara le rindiera a Víctor Cayota en oportunidad de su fallecimiento.

Sin duda, toda una vida dedicada a la docencia y, sobre todo, a la defensa de las ideas sociales que lo inspiraron. Su carácter fuerte y decidido le permitió permanecer firme en sus ideas aun en los momentos de mayor persecución y peligro. Nunca evadió las dificultades y las encaró con el apoyo permanente y decidido de su familia que lo acompañó en las más difíciles.

Si algo demuestra el valor de un docente es el recuerdo y el aporte que deja en la memoria de quienes fueron sus alumnos; justamente en oportunidad del homenaje referido en esta Cámara, el Diputado Ricardo Falero, que tuvo la suerte de ser su alumno en los años sesenta, recordaba: "Si se pudiera registrar lo que va formando la personalidad a lo largo del tiempo, es seguro que casi todos los muchachos de aquella época tendríamos que agradecer al Profesor Cayota parte de lo que hoy somos, de la forma en que pensamos y, en general, del modo en que nos conducimos por la vida".

Lo conocimos también dicharachero y alegre, disfrutando de su tiempo libre en la etapa final de su vida; con una capacidad contagiosa de vitalidad y entusiasmo. Tuvimos la oportunidad de compartir con él más de una vez la fiesta de fin de año en la vieja casona de los Mendizábal que coincidía con su festejo de cumpleaños y en tales oportunidades su profundo sentido de disfrute de la vida se expresaba en toda su dimensión.

Era, por otra parte, una referencia permanente por su sabia experiencia y su reposada vivencia que reflejaba aportes permanentes para las nuevas generaciones.

Demostró con su vida que la construcción de un país democrático, libre y plural se realiza desde los más diversos ámbitos de la vida en sociedad. La apuesta al movimiento social como espacio libérrimo de participación ciudadana y a la educación como el gran instrumento de la forja social fue una constante permanente de su andar por la vida.

Seguramente Víctor Cayota mereció haber tenido en vida responsabilidades mayores en la conducción de la educación de nuestro país circunstancias ajenas a su enorme capacidad y formación lo impidieron. Sin embargo, el país le devuelve en parte esa deuda al proponer designar con su nombre uno de nuestros establecimientos educativos.

Los estudiantes del Liceo Nº 60 de Montevideo tendrán una gran ventaja en su proceso formativo, contarán como modelo de referencia permanente en su crecimiento como personas, a un gran uruguayo que fue ejemplo permanente de coherencia, fidelidad a sus propias ideas y valores y, sobre todo, un amante de la democracia, el pluralismo y la libertad.

Sala de la Comisión, 10 de octubre de 2001.

PABLO MIERES, Miembro informante, ROQUE ARREGUI, NAHUM BERGSTEIN, GABRIELA GARRIDO, HENRY LÓPEZ, GLENDA RONDÁN".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

¾ En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Pablo Mieres.

SEÑOR MIERES (don Pablo).- Señor Presidente: el proyecto de ley que tenemos en consideración implica designar al Liceo Nº 60 de Montevideo con el nombre del profesor Víctor Cayota. Se trata de una iniciativa que presentó la señora Diputada Percovich y que contó con la aprobación unánime de la Comisión de Educación y Cultura.

Debo decir que para mí es un verdadero honor ser el miembro informante de este proyecto de ley. Conocimos mucho a Víctor Cayota, compartimos con él innumerables jornadas y momentos y nos preciamos de ser amigos de varios de sus hijos, en particular de Santiago.

Creo que esta Cámara otorga al profesor Víctor Cayota un merecido reconocimiento. Él ha sido referencia para los alumnos que tuvieron la suerte de tenerlo como profesor; fue un ejemplo de bonhomía, de valentía, de coherencia, de gran firmeza en sus convicciones y, por supuesto, de un profundo conocimiento en los temas de su especialidad.

Nació el 31 de diciembre de 1926 y murió el 21 de mayo de 1998. Era hijo de Eduardo Cayota, un viejo militante social de principios del siglo pasado, fundador -junto con Juan Zorrilla de San Martín- de la Unión Democrática Cristiana, un antecedente directo de lo que después fue la Unión Cívica y luego el Partido Demócrata Cristiano.

Era una familia social cristiana con pensamientos de avanzada y de transformación. Sin duda, Eduardo Cayota transmitió a sus hijos, entre ellos a Víctor, un ideal muy fuerte de justicia social. De hecho, cada uno de sus hijos se ha destacado por esa característica: Eduardo, en su militancia sindical, igual que Víctor; Ana María, en su militancia partidaria en la Democracia Cristiana; José Luis, como abogado, siempre preocupado por asuntos sociales y en particular vinculado al cooperativismo, y Mario, con larga trayectoria de investigador y dirigente partidario, actualmente Edil de Montevideo.

Víctor no fue la excepción en esa familia; al contrario, fue un defensor acérrimo de sus principios, con una fuerza interior impactante y una capacidad de trasmitir que realmente es poco frecuente encontrar.

Se recibió de docente en letras, luego de licenciado en letras en la Facultad de Humanidades y finalmente tuvo una beca de perfeccionamiento en la Universidad de Salamanca.

En el año 1956 se casó con Nelly Mendizábal, quien fue su compañera de toda la vida y un permanente apoyo, sobre todo en los momentos duros que, por ser fiel a sus principios y a sus convicciones, Víctor Cayota debió sufrir. Tuvo cuatro hijos: Santiago, Alicia, Pablo y Patricia, y fue abuelo de doce nietos.

Desarrolló su carrera docente, primero, en los liceos de San José, de Santa Lucía y de Canelones; y en Montevideo, en el Liceo Bauzá y en los Liceos Nos. 14 y 28.

Tuvo una intensa actividad gremial. Fue delegado del orden estudiantil en el Consejo de la Facultad de Humanidades, fundador de la Gremial de Profesores de Montevideo y primer Presidente de FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, habiendo sido dos veces reelecto. Sin temor a equivocarnos diríamos que fue un constructor principal del gremio docente a nivel nacional. Sus postulados principales, los que defendió permanentemente, fueron la autonomía política y técnica de la educación, la búsqueda de la participación más amplia de los diversos actores en el sistema educativo y la reivindicación de la tolerancia y la defensa del pluralismo ideológico.

En 1968 fue electo por voto secreto, en representación del orden docente, como integrante del Consejo de Enseñanza Secundaria. Posteriormente, cuando se produce la intervención de Secundaria en 1970, fue sumariado. En el año 1971, ya en tiempos duros, funda el Movimiento de Defensa de los Derechos Humanos, junto al Rector Maggiolo y a la profesora Reina Reyes, entre otros.

En junio de 1973, cuando ocurre el golpe de Estado, participa en la ocupación del Liceo Nº 14 y en la huelga general, siendo destituido ese mismo año.

Durante la dictadura fue detenido cuatro veces; dos veces, en 1973, en el Cilindro Municipal, y -por catorce meses, entre los años 1975 y 1976- en la Cárcel Central y en el Batallón de Artillería Nº 13. Liberado en 1976, le prohibieron salir de Montevideo. Por supuesto, no tenía empleo y tuvo muchas ofertas para irse del país. Quiero destacar su decisión de quedarse en el Uruguay, pasando privaciones y situaciones muy difíciles, porque entendió que debía permanecer en el país y aportar desde su lugar a la búsqueda del restablecimiento democrático.

Al salir de la dictadura, Víctor Cayota participó en la CONAPRO como representante de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. Formó parte de la Comisión Organizadora de la primera Asamblea Técnico-Docente y la presidió en varias ocasiones. Volvió al ejercicio de la docencia hasta que en 1992, habiendo completado cuarenta años de actividad, se retiró.

Publicó varias obras en su especialidad, que era el análisis literario, y un libro vivencial publicado después de su muerte, que se denomina "Abuelo, ¿vos estuviste preso?", que demuestra su enorme capacidad para extraer enseñanzas y aspectos positivos incluso de las situaciones más duras.

En oportunidad de su fallecimiento, cuando esta Cámara le hiciera un homenaje durante la Legislatura anterior, el entonces Diputado y actual Senador Enrique Rubio hizo referencia con particular sentimiento y detalle a ese aporte vivencial del libro escrito por Víctor.

Fue una vida entera dedicada a la docencia y a la defensa de las ideas sociales. Quienes lo conocimos sabemos que fue una personalidad muy fuerte, muy decidida a mantener firmes sus ideas más allá de toda consecuencia. Siempre contó con el apoyo firme de toda su familia, una familia muy linda, muy unida y que le dio un respaldo sustancial en las opciones que Víctor fue asumiendo a lo largo de su vida.

En la oportunidad que referí hace un rato, cuando falleció, el señor Diputado Falero -quien tuvo a Víctor Cayota como profesor- decía en su intervención: "Si se pudiera registrar lo que va formando la personalidad a lo largo del tiempo, es seguro que casi todos los muchachos de aquella época tendríamos que agradecer al profesor Cayota parte de lo que hoy somos, de la forma en que pensamos y, en general, del modo en que nos conducimos por la vida". Diría que si hay un recuerdo que cualquier docente pretende, prefiere o le gustaría recibir de sus ex alumnos, ciertamente, este es el más lindo que se pueda obtener.

SEÑOR ABDALA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MIERES (don Pablo).- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: se trata de un tema muy menor. Estamos escuchando con todo respeto al señor Diputado Pablo Mieres, haciendo un reconocimiento y un aprendizaje de todo lo que está narrando. Simplemente, cuando hace el "racconto", dice "falleció" y después habla del señor Diputado Falero. Pedimos que, por favor, el Cuerpo de Taquígrafos ponga la coma correspondiente para que no se vaya a interpretar que falleció el señor Diputado Falero. No es así. Pongamos la coma, porque muchos de nosotros sentimos eso y nos quedamos un poco atónitos. Por favor, la Cámara no tiene por qué recibir esa noticia.

Solo quería señalar esta cuestión muy menor, como una nota al pie.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Pablo Mieres.

SEÑOR MIERES (don Pablo).- Supongo que el Cuerpo de Taquígrafos agradecerá al señor Diputado Abdala tan sesuda intervención en este momento de homenaje a alguien que uno quiere mucho. Sin embargo, está bien, hay que mantener la exactitud en los términos. Lo tendremos en cuenta para otro momento. Fue muy amable.

Finalmente, me gustaría terminar este informe haciendo una referencia más personal, porque Víctor Cayota fue una persona de nuestro conocimiento. Era alguien muy alegre y, sin mengua de su energía y de su convicción, al mismo tiempo era dicharachero y divertido. Al final de su vida disfrutó del tiempo libre con su familia, junto a sus hijos y a sus nietos; lo vimos ser muy cariñoso y afectuoso con ellos. En parte, ese libro que da testimonio de su peripecia en la cárcel también es un indicador, un indicio de esa relación tan fuerte que tuvo con sus nietos. Tenía una capacidad contagiosa para encarar la vida con vitalidad y con entusiasmo. Diría que fue hasta el último momento referencia permanente de experiencia para las nuevas generaciones. Yo lo recuerdo en particular en sus cumpleaños, que eran a fin de año, en la vieja quinta de Mendizábal que ahora ocupa un "shopping"; realmente, participaba con alegría y con un disfrute profundo de las cosas más simples y más trascendentes de la vida.

Sin duda, Víctor Cayota fue una de esas personas que debió haber tenido en vida responsabilidades mayores en la conducción de la enseñanza. Los avatares de la política y la situación del país no permitieron que fuera así. Sin embargo, en este gesto de darle a uno de sus centros educativos el nombre de Víctor Cayota, de alguna manera el país está reconociendo su trayectoria y dándole a los alumnos de ese liceo un referente en la denominación que, sin duda, va a ayudar a construir una escala de valores y un aferrarse a ciertas convicciones que son muy importantes para la formación de los individuos hoy y por siempre.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: nos congratulamos de que este proyecto esté hoy en el orden del día, porque ha tenido una vida un poco azarosa en la Cámara de Representantes. Fue una iniciativa presentada en la Legislatura anterior por el entonces señor Diputado Enrique Rubio y en esta Legislatura iniciamos la búsqueda de un liceo apropiado. Hemos tenido algunos tropiezos en la selección de un liceo que tuviera alguna relación con el profesor Cayota y cuyos integrantes conocieran su trayectoria.

No tuve la oportunidad de conocer al profesor Cayota en su actividad docente y gremial; sí en su actividad política en los últimos años, pero de las palabras del señor Senador Rubio en la sesión de homenaje que con motivo de la muerte del profesor Víctor Cayota se realizara en la Cámara de Senadores, quiero destacar algunas para complementar lo señalado por el señor Diputado Pablo Mieres.

Este docente, que hizo un recorrido de perfeccionamiento -inclusive en el exterior, en la Universidad de Salamanca- en materia de letras, fue profesor de Idioma Español, se especializó en literatura y ejerció en el interior del país; aparentemente quedó muy marcado por su práctica en distintos departamentos del interior, lo que lo hizo muy sensible a las reivindicaciones de las necesidades que los docentes tienen allí y esas preocupaciones las llevó a su vida gremial.

Esa bonhomía, esa vocación como docente, esa relación cálida con el alumnado y con sus colegas -que también señalaba el señor Diputado Pablo Mieres- lo hizo establecer un grado de conexión muy especial con los alumnos que tuvo a lo largo de su vida.

De esa larga representación y actividad gremial, también quiero destacar que fue fundador de la primera Gremial de Profesores, así como de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria; fue el primer Presidente de la FENAPES, a la que presidió en tres oportunidades y representó en la Convención Nacional de Trabajadores.

En esa sesión de homenaje que se realizara con motivo de la muerte del profesor Cayota, el señor Senador Enrique Rubio señalaba algunas de las características que refirió el señor Diputado Pablo Mieres: esa defensa de la autonomía educativa en lo global, en lo político y en lo técnico, y la necesidad de participación de todos los actores en el proceso y, además, en la conducción del sistema. Pero también me parece importante señalar algo que se destacaba en esa oportunidad: la búsqueda de coordinación entre los diferentes niveles e instituciones -por lo que seguimos peleando en la educación- y, por supuesto, la profesionalización docente, el respeto de la diferencia entre el orden y el sindicato, la unidad del conjunto del movimiento sindical, el rechazo del corporativismo y la lucha por un programa de cambios para el país. Esos eran algunos elementos que se señalaban como perfil ideológico, político y vocacional del profesor Cayota y que me parece importante destacar.

Nos parece relevante mencionar que, una vez sumariado y destituido por la dictadura, esa opción que hizo el profesor Cayota de quedarse en el país, que lo llevó a buscar distintas formas de supervivencia al no poder ejercer como docente, también lo hizo enriquecerse en su vida posterior como tal, porque cumplió funciones diversas que iban desde escritor de guiones de radioteatro hasta sobrestante en obras de construcción. Nos parece que esto le dio una conexión con la sociedad que lo debe haber enriquecido profundamente para las experiencias que a la salida de la dictadura le tocó vivir, porque estuvo representando a los niveles educativos en la Concertación Nacional Programática, como señalaba el señor Diputado Pablo Mieres, y lo hizo en un momento difícil, en el que había que coordinar las aspiraciones largamente reprimidas de todos los niveles de la enseñanza, tratando de salir con una propuesta que sirviera al país. Creemos que toda esa tarea del profesor Cayota ayudó a construir una forma de pensamiento y esto lo hace una personalidad que se extraña aún hoy en los ámbitos educativos.

De la literatura que nos ha dejado el profesor Cayota, hay una obra que quiero destacar. Por supuesto, hay obras que son más literarias que otras, como la recolección de poesía uruguaya de la década del veinte -es una publicación de 1992-, pero quiero destacar fundamentalmente la publicación titulada "Los Desafíos de la Educación y del Sistema Educativo". A pesar de los cambios que ha sufrido la educación y de la discusión que aún hoy se mantiene sobre su reformulación, tratando de encontrar propuestas para este momento tan cambiante del mundo, para ese momento "bisagra" en el que tenemos que rever machismo qué es lo que enseñamos y cómo lo enseñamos, en esa publicación de 1994 realmente encontramos una cantidad de elementos base que son importantísimos.

Entonces, nos alegramos de que esta personalidad, esta figura, que fue de consenso dentro del movimiento educativo y cuya voz era escuchada en la práctica política que compartí con él a partir de 1985, porque buscaba siempre concertar voluntades y aportar una idea justa -a partir de la cual aprendíamos y luego todos apoyábamos-, dé su nombre a uno de los ámbitos donde se movió, que fueron, precisamente, los liceos.

SEÑOR ROSSI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ROSSI.- Señor Presidente: con la designación del Liceo Nº 60 de Montevideo con el nombre de "Profesor Víctor Cayota" se efectúa un merecido homenaje a un ciudadano ejemplar y a un docente entregado a su profesión en cuerpo y alma, que aún hoy es recordado con profundo afecto por alumnos y compañeros. Esto me consta, por haber recibido el testimonio de ese afecto y de ese valor referencial del profesor Cayota en el Liceo Tomás Berreta, donde me tocó concurrir para hacer parte de los estudios secundarios.

Como decíamos, Cayota optó por la docencia. Y acá el señor Diputado Pablo Mieres y la señora Diputada Percovich ya han hecho referencia a su trayectoria. Para no ser redundante, reafirmando lo expresado y las valoraciones que acompañaron esas referencias, solamente voy a hacer mención a un aspecto que ayuda a definir su personalidad. Durante su gestión como Consejero rechazó el sueldo que le correspondía, cobrando solamente el que recibía como profesor, como un verdadero ejemplo de austeridad republicana, que él no tomaba como tal, sino que practicaba como una actitud natural, absolutamente convencido de que era lo que correspondía.

Como gremialista tuvo un papel destacado en el período inmediatamente anterior a la dictadura en la lucha por la defensa de los derechos humanos -aquí ya se mencionó-, y luego en la resistencia a la dictadura. Posteriormente, cumplió un rol destacadísimo en la Concertación Nacional Programática. Y como hombre político comprometido tuvo permanentemente una actitud destacada y sin renunciamientos al servicio de lo que eran sus convicciones.

La señora Diputada Percovich hacía referencia a que encontrar un instituto para designarlo con el nombre de Cayota había sido azaroso y había insumido más de una Legislatura. Efectivamente, ya en la Legislatura anterior esta iniciativa estuvo a punto de concretarse con la designación de un liceo con este nombre, pero finalmente se frustró. Casualmente, este mismo liceo fue designado hace muy pocos días con el nombre de otra personalidad relevante: don Luis Hierro Gambardella.

Creemos que al fin hoy se concreta algo que hace justicia con la figura de Víctor Cayota y también se contempla a quienes lo conocieron y lo valoran, en especial a nuestro compañero, el Edil departamental Mario Cayota.

SEÑOR FONTICIELLA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FONTICIELLA.- Señor Presidente: queremos adelantar nuestro voto afirmativo a la designación con el nombre de "Profesor Víctor Cayota" de este liceo de Montevideo.

No tuvimos la fortuna de conocer personalmente a este luchador social, militante sindical, trabajador y defensor de la educación. Conocemos sí a parte de su familia y sabemos que sus integrantes conforman un núcleo muy especial de personas dedicadas a hacer de la vida lo que hacen del pensamiento.

Por eso es que, sin duda, esta personalidad merece este homenaje y muchos más. Está llegando el tiempo de que las personas que han dejado parte de su vida luchando por una sociedad mejor, obtengan los reconocimientos que probablemente esta no supo interpretar cuando lo estaban haciendo.

Reitero que es con mucha satisfacción que, como demócrata cristiano, voy a votar favorablemente este proyecto.

SEÑOR BLASINA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BLASINA.- Señor Presidente: me sumo a las palabras de quienes me precedieron.

Creo que se ha hablado con total justicia de la personalidad de Víctor Cayota. Tuvimos oportunidad de compartir con él varios diálogos directos en ocasión de vivir momentos desgraciados del país, durante la prisión en el Cilindro Municipal inmediatamente después del golpe de Estado de 1973. Allí pudimos aquilatar lo que ya conocíamos de Víctor: un militante sindical de primera línea, además de su condición humana y del respeto que generaba en los demás. Todo eso lo pudimos conocer al compartir esos momentos difíciles, no los de mayor angustia de la dictadura, pero complejos y complicados al fin.

Además, por sus propias características, se le otorgó la responsabilidad de ser uno de los compañeros que, de alguna manera, monitoreaban todas las tareas que se desarrollaban por parte de los detenidos en el Cilindro Municipal.

Me sumo a las palabras de quienes ya han hablado y quiero hacer extensivo el homenaje a Mario Cayota y a su otro hermano, bastante desconocido para algunos, un amigo entrañable, un compañero de trabajo inolvidable, hoy desaparecido, Eduardo Cayota, el "Lalo" Cayota. No tengo dudas de que si el "Lalo" estuviera con nosotros, se sumaría calurosamente al homenaje a su hermano, a quien quería entrañablemente.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Señor Presidente: me sumo a lo que se ha dicho.

En el caso de Víctor, el país perdió tal vez la ocasión de tener a alguien de su capacidad en los más altos niveles de responsabilidad en cuanto a la conducción de la enseñanza de este país. Pero su trayectoria es un ejemplo y perpetuarla en el nombre de un liceo es una forma de establecerlo con nitidez y de marcarlo como referencia, especialmente, para quienes concurran a estudiar a ese centro de estudios.

Vamos a tratar de no reiterar lo que ya se ha dicho, pero deseo agregar algunos conceptos. Cuando Víctor Cayota integraba el Comité Ejecutivo y ocupaba la Presidencia de esa Federación de Profesores que había contribuido tanto a crear, en los años 1970, 1971 y 1972, impulsó y presidió el Fondo de Solidaridad de la Federación. Este Fondo se estableció como una fundación autónoma de afiliación voluntaria y tuvo un amplio respaldo entre los docentes. Fue creado por la Federación, pero tuvo su autonomía y el objetivo era ayudar en aquellos años duros a los docentes sumariados y perseguidos por razones políticas y gremiales.

Cuando en el año 1975 se allana la sede de la Federación Nacional de Profesores y la dictadura decreta la disolución -uno de los pocos sindicatos que fue disuelto en forma específica-, arremete, en particular, contra el Fondo de Solidaridad. En una de las varias detenciones a las que aludía el señor Diputado Pablo Mieres en su intervención -esta de particular relevancia-, es procesado por la Justicia Militar y enviado a prisión como Presidente de este Fondo, junto a los profesores Guidotti y Genovese. Dos años después fue liberado. Es una prisión a la que llegó básicamente a partir de una gestión en un instrumento muy directo de solidaridad humana con la gente y los familiares de quienes atravesaban situaciones difíciles. Es casi un emblema de la época -de hasta dónde se llegó en aquellos momentos- y de Víctor; de las dos cosas. Además, Víctor, con su calidad humana, era capaz de seguir creando y presidiendo nuevas formas de respaldo y de solidaridad en ese momento para quienes atravesaban por las más difíciles situaciones.

Dos años después es liberado y retoma los vínculos. A partir de ahí, desempeñará un rol que ya se ha mencionado acá.

Quiero especialmente señalar el papel que jugó en las Comisiones de la CONAPRO y también destacar, en forma nítida y específica, que Víctor -ya más en el ámbito político-partidario al que aludió la señora Diputada Percovich- fue delegado de su Comité de Base y de la Coordinadora M, una de las coordinadoras de nuestro Frente. Quiero decir esto expresamente porque ¡vaya si ejercía ese papel como delegado de base! ¡Vaya si era respetado por los sectores políticos! ¡Vaya si incidió en ese período en muchas decisiones, haciendo pesar con toda fuerza el cargo para el que lo habían elegido sus compañeros!

Finalmente, deseo referir un episodio más.

Cuando en 1989 decide dedicarse con energía a crear las condiciones de base para construir, en el marco de la Ley Nº 15.739, de educación, las Asambleas Técnico-Docentes de cada liceo, Víctor Cayota resuelve no continuar en el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Profesores. Importa señalar esta actitud, porque Víctor concebía la constitución y la acción de las Asambleas Técnico-Docentes con total independencia y no admitía una militancia protagónica en estas y, al mismo tiempo, responsabilidades de primer orden en la Federación Nacional de Profesores. Admitía estar en los dos ámbitos, pero no hablar simultáneamente en nombre de ambas entidades. Estaba convencido de que la autonomía y la independencia recíproca del sindicato y de la Asamblea Técnico-Docente potenciaba los roles específicos de cada uno. Su preocupación era evitar la politización, crear entre todos el más amplio espacio de participación, en el convencimiento de que entre los profesores, por encima de filiaciones partidarias, filosóficas o religiosas, existía una base amplia de coincidencia sobre los temas fundamentales que permitieran transformar y fortalecer a la educación pública.

Quiero citar aquí palabras de Enrique Rubio, quien lo acompañara durante tanto tiempo y que en ese período fuera Presidente de la Gremial de Profesores de Montevideo, cuando Víctor era Presidente de la Federación Nacional, donde, a su vez, lo acompañó durante muchos años como Secretario General el profesor Ricardo Vilaró.

Víctor fue un referente en los más diversos ámbitos; algunos han dicho, como mencionó Rubio en su disertación que ya fuera mencionada, que fue un patriarca en su tiempo y entre su gente, un incansable articulador de consensos, un paradigma ético de espíritu amplio y de mente abierta: fue un uruguayo con el que siempre se pudo contar.

Señor Presidente: creo que este es el mejor resumen que pude hacer de ese Víctor al que tanto quisimos, apreciamos y respetamos, y sentimos que la Cámara se honra al denominar con el nombre de Víctor Cayota a un liceo de la capital.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Treinta y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Señor Presidente: fiel a mi tradición en cuanto a los homenajes, en honor a la brevedad no hice uso de la palabra.

Fui amigo personal de Víctor Cayota y de su esposa, y he mantenido amistad con sus hermanos a lo largo de muchas décadas.

Además, tuve el placer de que su hijo Pablo fuera compañero de escuela de mi hijo mayor, por lo que el vínculo fue particularmente estrecho.

Víctor Cayota, además de todo lo que se ha dicho, fue un referente ético, no solo de los profesores, sino de toda nuestra generación. Por lo tanto, ha sido una enorme satisfacción acompañar con mi voto este homenaje que se le tributó.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado, que corresponde al presentado)

20.-     Rectificación de trámite.

Dese cuenta de una moción de orden llegada a la Mesa, presentada por las señoras Diputadas Charlone, Argimón y Tourné y los señores Diputados Ponce de León, Díaz Maynard, Conde, Pablo Mieres y José María Mieres.

(Se lee:)

"Mocionamos para que el proyecto sobre 'Productos alimenticios decomisados por la Dirección Nacional de Aduanas' (Carpeta Nº 1518/01, Repartido Nº 713/01), radicado en la Comisión de Hacienda, pase a estudio de la Comisión Especial con fines legislativos sobre las situaciones de pobreza".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y tres: AFIRMATIVA.

21.-      Asuntos entrados fuera de hora.

Dese cuenta de otra moción de orden, presentada por la señora Diputada Saravia Olmos.

(Se lee:)

"Mociono para que se dé cuenta de los asuntos entrados fuera de hora".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y tres: AFIRMATIVA.

Dese cuenta de los asuntos entrados fuera de hora.

(Se lee:)

"PROYECTOS PRESENTADOS

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de minuta de comunicación relacionado con el funcionamiento de los comedores escolares durante los días sábados, domingos, feriados y períodos de vacaciones. C/2219/002

-     A la Comisión Especial con fines legislativos sobre las situaciones de pobreza".

22.-     Proyectos presentados.

"COMEDORES ESCOLARES. (Se solicita al Poder Ejecutivo se implemente el funcionamiento en sábados, domingos, feriados y períodos de vacaciones).

MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo y por su intermedio a las autoridades de la enseñanza pública, se sirvan considerar la necesidad de implementar el funcionamiento de los comedores escolares, durante los días sábados, domingos, feriados y en los períodos de vacaciones, con la finalidad de brindar una alimentación digna y permanente a los niños pertenecientes a las familias de menores recursos económicos.

Montevideo, 5 de junio de 2002.

GUZMÁN ACOSTA Y LARA, Representante por Durazno, PEDRO SEÑORALE, Representante por Salto, WASHINGTON ABDALA, Representante por Montevideo, GUIDO MACHADO, Representante por Rivera, ÓSCAR MAGURNO, Representante por Montevideo, RICARDO MOLINELLI, Representante por Paysandú, RUBEN H. DÍAZ, Representante por Montevideo, HEBER DUQUE, Representante por Canelones, GUSTAVO AMEN VAGHETTI, Representante por Lavalleja, JORGE SCHUSMAN, Representante por Maldonado, DIANA SARAVIA OLMOS, Representante por Treinta y Tres, MARIO DE PAZOS, Representante por Soriano, MIGUEL DICANCRO, Representante por Montevideo, TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI, Representante por Canelones, NAHUM BERGSTEIN, Representante por Montevideo, YEANNETH PUÑALES BRUN, Representante por Rocha, ALBERTO SCAVARELLI, Representante por Montevideo, MARTHA MONTANER, Representante por Tacuarembó.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Uruguay se ha caracterizado por ser uno de los países de América Latina que mejor distribuye la riqueza y por atender los problemas sociales con un profundo sentido de equidad y justicia. Así se ha reconocido, en reiteradas oportunidades, por diferentes organismos internacionales.

Tal vez la más importante de las políticas sociales emprendidas por el país es la educación. El concepto vareliano de enseñanza gratuita, desarrollado y profundizado a lo largo de nuestra historia, es el mejor ejemplo de un arraigado sentimiento de solidaridad y justicia social. Desde la enseñanza inicial, pasando por la primaria, secundaria, hasta la terciaria en sus diferentes manifestaciones, recibe a todos nuestros niños y jóvenes en forma igualitaria y gratuita.

Pero las instituciones de la enseñanza pública también han sido el vehículo para la implementación de otros aspectos de las políticas sociales. En ese sentido, enseñanza primaria, desde hace décadas, brinda, a través de sus comedores escolares, una alimentación básica de almuerzo y merienda a los niños de familias de menores recursos. En la actualidad, más de ciento setenta mil niños reciben el servicio en todo el país, desde la capital y ciudades del interior hasta la más alejada escuela del medio rural. Recientemente, con la reforma educativa implementada, las Escuelas de Tiempo Completo, ampliaron la atención integral a los niños de las familias más carenciadas del país.

Este servicio de alimentación funciona durante el período escolar de lunes a viernes. Creo que a todos, inmediatamente, nos surge la gran duda, la gran interrogante: ¿qué pasa con la alimentación de estos niños los días sábados, domingos y feriados y en períodos de vacaciones? Más difícil la situación, cuando el tema lo analizamos enmarcado en las circunstancias coyunturales que vive el Uruguay. Estamos seguros que en esos días muchos de estos niños pasan dificultades alimentarias. Así lo recogimos en conversaciones con muchos padres que, con dificultades de trabajo, nos manifestaron de sus carencias para atender la alimentación de sus hijos durante esos días. En muchos casos la solución pasa por el mismo niño, ya sea practicando la mendicidad, o por hurgar en los residuos domiciliarios o por realizar actividades diversas a cambio de algunas monedas. Todo inapropiado e inconveniente para un niño. En el mismo sentido, hemos recogido testimonios de Directores y maestros de diferentes escuelas, receptores a diario de los dramáticos relatos de las peripecias que viven sus educandos.

Fieles al tradicional y profundo sentimiento solidario de los uruguayos, entre todos debemos instrumentar algún mecanismo para que estos pequeños no sufran dificultades, y que puedan recibir durante todos los días una alimentación básica y adecuada. No debe ocurrir que los días de asueto y descanso de los niños, se conviertan en los de sus mayores penurias y angustias.

Con ese espíritu, con ese sentimiento, nos parece pertinente plantear al Poder Ejecutivo, y por su intermedio a las autoridades que rigen nuestra enseñanza, la implementación de un mecanismo que permita el funcionamiento de los comedores escolares durante todos los días, incluyendo sábados, domingos y feriados, y en los períodos de vacaciones. En principio, entendemos que la instrumentación debe comprender, como mínimo, los meses más difíciles del invierno, y en las escuelas ubicadas en los lugares que se consideren con mayores dificultades económicas y sociales.

Consientes y respetuosos de los legítimos derechos al descanso semanal, descontamos, dadas las circunstancias señaladas, que para ello se contará con el apoyo del personal docente y de servicios de las escuelas y con la participación de las respectivas Comisiones de Fomento y los propios padres de los niños que deberán aportar su trabajo en las tareas de cocina, servido de la comida y limpieza.

Conocemos también lo limitado de los recursos económicos de la enseñanza pública, pero, en definitiva, el tema será el de fijar las prioridades, y en ese sentido y sin lugar a dudas, en primer lugar deberá estar la alimentación de los educandos. Creemos que sólo será necesario, de parte de las autoridades, determinar un refuerzo de los recursos destinados al funcionamiento de los comedores escolares. Con esos recursos económicos y mucho sentimiento solidario, estaremos brindando a los niños de familias de menores recursos una alimentación digna y adecuada, siempre orientados en la búsqueda de la justicia social que todos los uruguayos anhelamos.

Montevideo, 5 de junio de 2002.

GUZMÁN ACOSTA Y LARA, Representante por Durazno, PEDRO SEÑORALE, Representante por Salto, WASHINGTON ABDALA, Representante por Montevideo, GUIDO MACHADO, Representante por Rivera, ÓSCAR MAGURNO, Representante por Montevideo, RICARDO MOLINELLI, Representante por Paysandú, RUBEN H. DÍAZ, Representante por Montevideo, HEBER DUQUE, Representante por Canelones, GUSTAVO AMEN VAGHETTI, Representante por Lavalleja, JORGE SCHUSMAN, Representante por Maldonado, DIANA SARAVIA OLMOS, Representante por Treinta y Tres, MARIO DE PAZOS, Representante por Soriano, MIGUEL DICANCRO, Representante por Montevideo, TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI, Representante por Canelones, NAHUM BERGSTEIN, Representante por Montevideo, YEANNETH PUÑALES BRUN, Representante por Rocha, ALBERTO SCAVARELLI, Representante por Montevideo, MARTHA MONTANER, Representante por Tacuarembó".

23.-     Urgencias.

——Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por la señora Diputada Tourné y los señores Diputados Fonticiella, Blasina y Pablo Mieres.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de minuta de comunicación al Poder Ejecutivo (Carpeta Nº 2214) sobre 'Reajuste de pasividades. (Se solicita al Poder Ejecutivo el envío de la correspondiente iniciativa)'".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en cincuenta y tres: NEGATIVA.

SEÑOR FONTICIELLA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FONTICIELLA.- Señor Presidente: con la misma filosofía y espíritu con que en el día de ayer acompañamos el tratamiento urgente de un proyecto que, en su génesis, no tenía la firma de los miembros de nuestra bancada pero sobre el que entendíamos que, más allá de las discrepancias de fondo acerca de cómo debe encararse la acción social, merecía ser tratado, hemos votado esta moción para que se pueda considerar en forma urgente algo que refiere a una situación que, sin duda, representa un motivo de angustia para una franja importante, trascendente de la población, como la de los jubilados.

Nosotros hemos mantenido coherencia en cuanto al tratamiento urgente de lo que reviste tal condición y de lo que angustia realmente a la población. Por eso, a la vez que esperamos que se pueda rectificar esta actitud, estamos asegurando que nuestro voto afirmativo es -reitero- una acción positiva para una franja importante de la población.

SEÑOR AMEN VAGHETTI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR AMEN VAGHETTI.- Señor Presidente: no tendría ningún inconveniente en acompañar con mi voto el tratamiento de este asunto si supiera de qué se trata. Es obvio que no figuraba la firma de ningún integrante de mi bancada. Por lo tanto, si alguno de quienes firman esta moción nos explica qué es lo que vamos a votar, con mucho gusto lo acompañaría, si estoy de acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Ayer, en la reunión de coordinadores, se dio cuenta de que el Encuentro Progresista iba a presentar esta moción en la sesión de hoy, y se le dio el texto de la minuta de comunicación a los coordinadores de cada una de las bancadas.

SEÑOR AMEN VAGHETTI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR AMEN VAGHETTI.- Señor Presidente: si fue así, asumo que el error fue de nuestro coordinador por no habernos informado de este acuerdo, y con mucho gusto cambiaría el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Para que quede claro, no hubo un acuerdo de coordinación en cuanto al tratamiento del tema. Sí hubo una información de que iba a ser presentado como urgente por la bancada del Encuentro Progresista.

SEÑOR AMEN VAGHETTI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR AMEN VAGHETTI.- Señor Presidente: en ese caso, solicito que se haga el repartido correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Así se procederá.

SEÑOR CASTROMÁN RODRÍGUEZ.- ¡Que se rectifique la votación!

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a rectificar la votación.

(Se vota)

——Cuarenta y seis en cincuenta y tres: NEGATIVA.

SEÑOR CHIFFLET.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: un señor legislador del Partido Colorado ha planteado, a mi juicio con buen criterio, que desea ser informado de qué se trata para saber si lo puede votar o no. Sugeriría a alguno de los integrantes de la Comisión que analizó este proyecto que lo explique brevemente y, en consecuencia, el señor legislador y los demás integrantes del Cuerpo podrán votar a conciencia. Si no, votarán con toda razón en forma negativa, pero porque no conocen de qué trata el proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Si algún legislador se pusiera a explicar de qué trata el proyecto estaríamos entrando en la etapa de la discusión. El señor legislador a quien el señor Diputado Chifflet alude ya tiene el proyecto en su banca y lo está leyendo en este momento. Él sabrá si lo vota o no lo vota.

SEÑOR ROSSI.- ¡Que se rectifique nuevamente la votación!

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a rectificar nuevamente la votación.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

24.-      Reajuste de pasividades. (Se solicita al Poder Ejecutivo el envío de la correspondiente iniciativa).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Reajuste de pasividades. (Se solicita al Poder Ejecutivo el envío de la correspondiente iniciativa)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 985

"MINUTA DE COMUNICACIÓN

Se solicita al Presidente de la República, el envío al Parlamento de un proyecto de ley que disponga el reajuste de pasividades en los términos del artículo 8º del proyecto de ley denominado "Ley de Estabilidad Financiera", hoy Ley Nº 17.502. Dicho artículo fue excluido en oportunidad de su tratamiento por ambas Cámaras.

Teniendo en cuenta su voluntad original, el Poder Ejecutivo en uso de sus facultades, podrá establecer un sistema de reajuste de pasividades que haga menos gravoso el impacto de la referida ley. Lo expresado tiene importancia por tratarse de un sector especialmente sensible a los ajustes fiscales por su situación particularmente deprimida en lo que a ingresos se refiere, y por la circunstancia de la influencia de todo aquello que al derivar en un descenso de la masa salarial líquida de los trabajadores públicos y privados, influirá negativamente en el próximo ajuste de pasividades, es decir, en la evolución del índice medio de salarios que lo determinará.

Montevideo, 4 de junio de 2002.

RAMÓN FONTICIELLA, Representante por Salto, JOSÉ L. BLASINA, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las razones que motivan la presente minuta de comunicación, tienen que ver con la especial situación que vive una franja de la población especialmente afectada por la crisis que estamos viviendo.

A través del artículo 8º del proyecto de "Ley de Estabilización Financiera", se establecía un sistema de reajuste de pasividades que de alguna manera amortiguaba aunque más no sea en parte, el impacto que las nuevas disposiciones producen en los ingresos de jubilados y pensionistas. Dicho artículo fue excluido del texto del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

En efecto, el ajuste de las pasividades se determina por la evolución del índice medio de salarios, el que se calcula en base al sueldo líquido de los trabajadores activos. Al aumentarse el Impuesto a las Retribuciones Personales, producirá una rebaja en los sueldos líquidos y en consecuencia una baja en la evolución del índice medio de salarios, afectando por tanto incluso a los jubilados y pensionistas que cobran menos de $ 6.600. A su vez, los jubilados y pensionistas que perciben un monto mayor a $ 6.600, además de la rebaja recién expresada, se les aplicará el aumento de impuestos previsto por la ley.

A los efectos ilustrativos, se señala que en el primer trimestre de este año (enero-marzo), la evolución del índice medio de salarios fue de apenas 0,68%, pero el índice de marzo fue (menos) 0,03%, es decir que el índice medio de salarios cayó; coincidentemente en marzo se empezó a aplicar el anterior ajuste fiscal, aprobado en febrero (Ley Nº 17.453).

Evidentemente, era voluntad del Poder Ejecutivo suavizar los efectos que el nuevo paquete de medidas produce en un sector que como ya se expresó tiene sus ingresos muy deprimidos, al mismo tiempo que reduce también las consecuencias negativas que en el mercado interno operan con su aplicación.

Se desea por la presente y de acuerdo con todo lo expresado, provocar la iniciativa del Poder Ejecutivo a los efectos de que se remita al Parlamento un proyecto de ley que contenga el reajuste oportunamente manejado.

Montevideo, 4 de junio de 2002.

RAMÓN FONTICIELLA, Representante por Salto, JOSÉ L. BLASINA, Representante por Montevideo".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión.

SEÑOR BLASINA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BLASINA.- Señor Presidente: vamos a compartir con el señor Diputado Fonticiella la fundamentación de esta minuta de comunicación, que cuenta con el respaldo de nuestra bancada de Diputados.

En ocasión de que el Poder Ejecutivo enviara el proyecto de ley de estabilidad financiera, que fue destinado al Senado de la República, formaba parte de ese proyecto un artículo -el artículo 8º en ese momento- que desapareció en el tratamiento que aquella Cámara dio a esa iniciativa. No vamos a entrar a analizar cuáles fueron los motivos por los cuales eso ocurrió. Nos referiremos a los efectos que va a tener la desaparición de ese artículo.

Era un artículo bastante largo, pero resumiendo digamos que planteaba un adelanto del 2% del ajuste correspondiente al 1º de enero de 2003 de todas las jubilaciones y pensiones vigentes a la fecha de la sanción de la ley. Este porcentaje de incremento del 2%, según lo que rezaba ese artículo, se iría extinguiendo en la medida en que fuera disminuyendo el Impuesto a las Retribuciones Personales. En esencia, eso era lo que decía el artículo 8º. Al haberse eliminado, se produce la siguiente situación.

Con motivo del tratamiento del primer ajuste fiscal durante el mes de febrero de este año, advertíamos cómo se iba a proyectar de manera negativa sobre el índice medio de salarios el ajuste que se había producido al 1º de enero del año en curso para los trabajadores públicos, que -recuerdo- fue del 1,5% frente a una inflación correspondiente al año 2001 del 3,6%.

Advertíamos, además, la influencia que iba a tener en la baja del índice medio de salarios el propio Impuesto a las Retribuciones Personales aumentado en esa ocasión, es decir, en febrero de este año.

En tercer lugar, hace relativamente poco tiempo el Poder Ejecutivo emitió una serie de decretos, uno de los cuales habla taxativamente de la eliminación -prácticamente- de las horas extras en el ámbito público, aspecto que vuelve a repercutir en la masa salarial líquida.

Aquí introduzco un breve paréntesis para recordar a los colegas que el índice medio de salarios se calcula sobre la base del promedio de los salarios de la actividad pública y privada, pero de los salarios líquidos. De manera que este tercer factor, que tiene que ver con las horas extras, vuelve a repercutir negativamente en el cálculo del índice medio de salarios.

El cuarto y último elemento -hasta ahora- se produce cuando hace relativamente pocos días se aprueba el proyecto de ley de estabilidad financiera o de ajuste fiscal. Allí nuevamente -y esta vez abarcando al conjunto de los trabajadores de la actividad pública y privada- se produce un incremento del Impuesto a las Retribuciones Personales, que vuelve a afectar los salarios líquidos del conjunto de los trabajadores y vuelve a incidir en una nueva baja del índice medio de salarios.

Para que los señores legisladores tengan una idea de la correlación que se va proyectando hacia el siguiente ajuste al 1º de enero de 2003 entre el incremento del costo de vida, es decir el índice de precios al consumo y el incremento del índice medio de salarios -a través del cual se produce el ajuste de jubilaciones y pensiones-, voy a manejar algunas cifras de carácter oficial.

Según estas cifras, el índice de precios al consumo en los cuatro primeros meses del año ha evolucionado en un porcentaje que se sitúa en el 4,09%, mientras que el índice medio de salarios en los tres primeros meses del año fue apenas del 0,68%.

A esta depresión del índice medio de salarios, es decir, de la masa salarial del conjunto de los trabajadores de la actividad pública y privada, debe sumársele los efectos del ajuste fiscal recientemente votado. Es decir que el índice medio de salarios se va a seguir deprimiendo en función de que la masa salarial líquida de los trabajadores públicos y privados va a seguir decreciendo. En consecuencia, la brecha entre el índice de precios al consumo y el índice medio de salarios se va a seguir ensanchando. Ya al día de hoy, el aumento del índice de precios al consumo es superior en más de cuatro veces al incremento del índice medio de salarios.

Recuerdo que este procedimiento de ajuste de jubilaciones y pensiones fue aprobado en ocasión de la reforma constitucional que se plebiscitó simultáneamente con las elecciones de 1989. En el momento en que por amplia mayoría la ciudadanía votó afirmativamente la modificación del procedimiento de ajuste de pasividades, obviamente no se tenía la menor idea de lo que iba a ocurrir este año. De ninguna manera se podía prever esta circunstancia que está ocurriendo este año.

Eso es lo que estamos planteando como minuta de comunicación dirigida al Poder Ejecutivo, a los efectos de que este vuelva a enviarlo como proyecto de ley al Parlamento para que, insisto, por lo menos signifique un paliativo para una diferenciación de las pasividades que se va a situar en porcentajes muy superiores al 2%; el artículo originalmente enviado preveía un ajuste del 2% al 1º de enero de 2003.

Planteamos esta minuta de comunicación para que por lo menos tenga un efecto atenuador de esta baja, que ya se puede preanunciar, del siguiente ajuste de jubilaciones y pensiones.

Esa es la intención de la minuta de comunicación. Como decía al principio, seguramente algún otro legislador va a completar el razonamiento que acabo de efectuar.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de minuta de comunicación.

(Se vota)

¾ ¾ Cuarenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al presentado)

25.-     Código del Proceso Penal. (Suspensión de su entrada en vigencia).

¾ ¾ Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Código del Proceso Penal. (Suspensión de su entrada en vigencia)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 927

"CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Suspéndese la aplicación del Código del Proceso Penal aprobado por la Ley Nº 16.893, de 30 de diciembre de 1997, y las modificaciones introducidas por la Ley Nº 17.221, de 31 de diciembre de 1999.

Artículo 2º.- Créase una Comisión de siete miembros, encargada de estudiar las modificaciones al Código del Proceso Penal, cuya suspensión se dispone en esta ley. La Comisión será designada por el Poder Ejecutivo y deberá expedirse en el plazo de un año, contado desde la promulgación de la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 16 de abril de 2002.

LUIS HIERRO LÓPEZ

Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario"

Anexo I al

Rep. Nº 927

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Constitución, Códigos,

Legislación General y Administración

INFORME

Señores Representantes:

El proyecto de ley en su artículo 1º, prorroga la entrada en vigencia de la Ley Nº 16.893, de 30 de diciembre de 1997, que aprobó el nuevo Código del Proceso Penal, así como las modificaciones introducidas por la Ley Nº 17.221, de 31 de diciembre de 1999.

Asimismo en su artículo 2º establece la creación de una Comisión de siete miembros, designada por el Poder Ejecutivo, que estudiará las modificaciones pertinentes y necesarias que convengan a dicho Código.

Sin dudas la importancia de la entrada en vigencia de un Código del Proceso Penal que se ajuste a las necesidades actuales en esta materia es vital. Sin embargo, la realidad marca que no se han alcanzado las mayorías necesarias para su entrada en vigor.

A estos efectos es que se suspende su aplicación y se crea la mencionada Comisión.

Para que su trabajo sea responsable y meditado, y para que el nuevo Código cuente con el respaldo necesario es que no se establece plazo de ningún tipo. Este mecanismo además permite no estar atados a nuevas y sucesivas prórrogas.

Por las razones expuestas vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración recomienda la aprobación del presente proyecto de ley a efectos de encontrar el consenso necesario para un tema tan importante.

Sala de la Comisión, 24 de abril de 2002.

JORGE BARRERA, Miembro informante, DANIEL DÍAZ MAYNARD, LUIS ALBERTO LACALLE POU, FELIPE MICHELINI, MARGARITA PERCOVICH, JORGE ZÁS FERNÁNDEZ"

¾ ¾ Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Barrera.

SEÑOR BARRERA.- Señor Presidente: la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha votado por unanimidad este proyecto de ley, que ya tiene media sanción, puesto que fue aprobado por el Senado.

En su artículo 1º se prorroga la entrada en vigencia de la Ley Nº 16.893, de 30 de diciembre de 1997, que aprobó el nuevo Código del Proceso Penal, así como todas las modificaciones que fueron introducidas por la Ley Nº 17.221, de 31 de diciembre de 1999.

Este proyecto de ley establece en su artículo 2º la creación de una Comisión de siete miembros designada por el Poder Ejecutivo que estudiará las modificaciones pertinentes y necesarias que convengan a dicho Código. Para nosotros es trascendente la entrada en vigencia de un Código del Proceso Penal que se ajuste a las necesidades actuales en esta materia.

Apoyamos determinadas modificaciones que el Poder Ejecutivo ha enviado al Parlamento, que fueran tratadas por la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, y que se constituyera, además, un conjunto de técnicos que trabajaron intensamente a los efectos de elaborar un proyecto definitivo.

Lo que ha marcado la realidad es que no hemos alcanzado las mayorías necesarias para que entre en vigor, para que se realicen modificaciones. Todos los sectores políticos compartimos que desde el punto de vista del proceso penal hay que realizar modificaciones. Entendemos que hay algunas que son muy claras; hay algunas en las cuales estamos de acuerdo todos los sectores políticos de la vida del país, como la duración de los presumarios.

Sin lugar a dudas, este es un tema vital. Creemos que los presumarios deben tener una fecha de finalización. No se debe dejar librado, como dice el Código vigente, a que "sine díe" una persona pueda estar sujeta a un presumario y no tenga fecha de finalización.

También entendemos que otras etapas del proceso penal deben ser revisadas. Se podrá discutir si la presencia del defensor corresponde desde el momento mismo de la detención o desde que se inician las actuaciones en sede judicial, pero es una de las garantías básicas del debido proceso y del funcionamiento del proceso penal la presencia del defensor desde la primera instancia judicial.

Así como este, hay otros temas en los cuales todos los sectores políticos de la vida del país podemos llegar a consensos y a mayorías. En cambio, existen otros puntos ya más críticos, como el hecho de si es necesario, productivo y bueno que exista una separación entre, por ejemplo, el Juez de Instrucción, que entiende en la primera etapa para dictar un acto de procesamiento, y el Juez que debe establecer la condena.

En lo particular, entendemos que debe existir esa distinción. El Juez de ejecución, el Juez que entiende en la condena, tiene que ser distinto al Juez que interviene en el procesamiento porque, indudablemente, en estos temas nosotros no podemos prejuzgar.

Así, podría mencionar una cantidad innumerable de modificaciones.

Los integrantes del sector de la Lista 15, al que represento, no solo estamos comprometidos a que en este quinquenio puedan plasmarse en realidad estas modificaciones, sino que estamos empeñados en que haya determinadas garantías para la sociedad y para el individuo, que tienen que ser plasmadas en un texto legal.

La entrada en vigencia del Código, que hoy estamos suspendiendo sin fecha, ya ha sido fruto de muchos aplazamientos. En algún momento la aplazamos por seis meses, luego por un año, después por un año y medio, y hoy nos parece adecuada la solución que se ha encontrado de suspender su aplicación sin fecha y de formar una Comisión de siete miembros que en la órbita del Poder Ejecutivo pueda desarrollar un texto alternativo y recoger las mayorías necesarias para ser aprobado.

Todos hemos manifestado nuestra voluntad de ser reformistas en materia del proceso penal, reformistas en cuanto a las etapas, reformistas en cuanto a los plazos, pero reformistas principalmente en el enfoque que tenemos que dar al proceso penal en los próximos años, conjugando siempre estos dos derechos que a veces aparecen en la prensa como derechos que son controvertidos y, en definitiva, incompatibles; para nosotros no son incompatibles.

La sociedad tiene derecho a que exista un proceso penal que pueda incriminar y castigar a los culpables de los delitos y, por lo tanto, a contar con una garantía en cuanto a que sus derechos le son defendidos.

Por otro lado, la persona que se encuentra sometida a un proceso penal tiene derecho a saber que existe un Estado democrático en el cual las garantías del debido proceso hacen que lo principal sea buscar la verdad material de los hechos, y que no existe un régimen en el cual se castigue sin las debidas garantías a los individuos que están sometidos a proceso.

Entendemos que este tema es importante y ha tenido notoriedad en las últimas horas. Creemos que en los temas penales, en el proceso penal y en las garantías, no podemos estar cobrando al grito. Tenemos que conjugar esos dos derechos y, por lo tanto, nos parece sensata esta posición de que en definitiva sea una Comisión de técnicos, de operadores del derecho, la que lleve a cabo estos procedimientos. Aquí no hay que analizar ni juzgar el tema desde la óptica político-partidaria. Este no es un tema en el que debamos considerar la óptica político-partidaria.

Desde el punto de vista de los planteos y los razonamientos, suscribo la mayor parte de las iniciativas del doctor Gonzalo Fernández, con las cuales hemos trabajado intensamente el año pasado. Cuando se trata de garantías individuales, cuando se trata de garantías para el resto de la sociedad, entendemos que aquí debe regir y estar presente el derecho y la defensa de esas dos situaciones. En ese sentido vamos a seguir trabajando.

Compartimos el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo al seno del Parlamento. Entendemos que, al no haber logrado los acuerdos necesarios, es bueno este aplazamiento y que discutamos el tema en este ámbito.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BARRERA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Señor Presidente: coincido con casi todo lo que ha dicho el señor Diputado Barrera, pero se ha introducido en los temas de fondo del Código del Proceso Penal. Pienso que si entramos en una polémica sobre esos temas no vamos a poder votar algo que resulta realmente imprescindible, es decir, la suspensión de la entrada en vigencia del Código. Si no la votáramos, el caos que se podría producir en nuestro Poder Judicial sería terrible, ya que la Suprema Corte de Justicia no tiene la infraestructura necesaria para poner en funcionamiento el nuevo Código del Proceso Penal, cuya suspensión estamos intentando promover en el día de hoy.

No deseo ingresar en la discusión de los temas de fondo, sobre los cuales coincido casi textualmente con lo que ha manifestado el señor Diputado Barrera, a pesar de que voté en contra de este Código, pero por otra razón. Creo que es una buena solución la que ha aprobado el Senado y que la debemos votar sin discutirla, ya que una Comisión nos da garantías absolutas, debido a que después el Parlamento va a convalidar sus conclusiones. La suspensión es un tema de vida o muerte para el funcionamiento de algo tan importante como el proceso penal.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor miembro informante.

SEÑORA PERCOVICH.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BARRERA.- Señor Presidente: antes de conceder la interrupción a la señora Diputada Percovich quiero decir que el señor Diputado Díaz Maynard tiene razón. Él me va a entender; como hombre que también participa en la discusión de posiciones opuestas en el derecho penal -mejor dicho: no opuestas, sino en contradicción-, comprenderá que todos los que estamos trabajando en un lado o en otro nos apasionamos por hablar sobre los temas sustanciales que hacen a la vida del proceso penal. No tengo ningún inconveniente en admitir que asiste razón al señor Diputado Díaz Maynard en cuanto a que el contenido de los temas de fondo nos podría llevar a grandes debates.

Simplemente, quería hacer esa acotación por honestidad intelectual, ya que el año pasado participé de las discusiones y de los trabajos que realizó esta Comisión.

Ahora concedo la interrupción a la señora Diputada Percovich, y con eso finalizo mi intervención.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir la señora Diputada Percovich, quien además está anotada para hacer uso de la palabra.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: solamente voy a hacer uso de la interrupción.

Quiero dejar constancia de que votamos con gusto amargo esta prórroga, porque hubiéramos preferido que el tratamiento se definiera en el ámbito político del Senado. En realidad, los asesoramientos han sido técnicos en los dos casos: en el proyecto en consideración y en las alternativas planteadas posteriormente. También van a ser políticas las consideraciones que tengamos que hacer al finalizar el trabajo de esta Comisión, porque es aquí donde se va a tener que decidir el funcionamiento o no de ese Código.

Por lo tanto, por responsabilidad -como decía el señor Diputado Díaz Maynard- vamos a aprobar esta prórroga, pero esperamos -como decía el señor Diputado Barrera- que en el quinquenio podamos aprobar el nuevo Código del Proceso Penal.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado Abdala.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: voy a ser lo más concreto posible, porque me parece que el espíritu del Cuerpo es aprobar esta suspensión cuanto antes.

Me da un poco de temor que nos instalemos en una suspensión en donde no tengamos Código del Proceso Penal ni sepamos cuándo va a aparecer. Comprendo las razones que manifestaba con prudencia el señor Diputado Barrera y con las que coincidía el señor Diputado Díaz Maynard, pero permítanme expresar que tengo temor de que esto empiece a navegar en la letanía eterna uruguaya, y no sé cuándo tendremos oportunidad real, verdadera y eficaz de que se concrete un proyecto de reforma del proceso penal en el país.

No me voy a introducir en el tema de fondo, pero si con algo no coincido es con este proceso penal que vivimos en el país: oscuro, encerrado, no garantista, claustrofóbico, donde hay abogados que tienen una formación muy técnica, que todos admiramos, y otros que están en la categoría del "lobbysta", que se ocupan de hurgar entre bambalinas, y algunos son considerados grandes abogados penalistas. Quiero terminar con esto de una vez por todas. Todos queremos terminar con esto de una vez por todas. Me parece que hay que hincar el diente a un proceso penal superlativamente más transparente.

Estoy convencido -porque hace años que comparto esta Cámara con ellos- de que amigos como los señores Diputados Díaz Maynard y Barrera coinciden con este temperamento.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ABDALA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Señor Presidente: me parece muy razonable lo que dice el señor Diputado Abdala y su temor a una prolongación en el tiempo, pero la ley que vamos a aprobar establece un plazo a la Comisión, y después será responsabilidad nuestra y no de terceros. Creo que un año es un plazo razonable para que la Comisión se expida. Luego vendrá al seno de este Parlamento, donde haremos lo posible por modificar lo que tanto él como yo deseamos, porque estamos absolutamente de acuerdo en eliminar el presumario secreto, en dar oralidad, etcétera.

Sé que tenemos un conjunto de coincidencias en estos temas, pero lo evidente es que hasta ahora no se han logrado los consensos políticos y esperamos que la Comisión, integrada por técnicos, nos dé los elementos en un año. Después dependerá de nuestra voluntad política lograr un Código en esta Legislatura, lo que me parece absolutamente imprescindible.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Puede continuar el señor Diputado Abdala.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: tiene razón mi amigo el señor Diputado Díaz Maynard: hay un plazo que se fija. Pero tengo temor de que, como ha pasado en otras oportunidades, luego los plazos se prorroguen. Esto es lo que ha sucedido; venimos prorrogando y prorrogando.

Además, también tengo temor de que luego de que se monte el nuevo diseño, el formato del nuevo proceso penal, como inevitablemente va a requerir de una serie de recursos -no sé si el país va a disponer de ellos dentro de algún tiempo-, haya otra trancada.

El señor Diputado Díaz Maynard es un caballero de este Cuerpo, así que le creo y me comprometo a que dentro de un año mantengamos un debate y podamos sacar esto adelante. Francamente, si no logramos construir una mayoría operativa para modificar el proceso penal -las grandes líneas de oralidad, la transparencia, los defensores de oficio desde el principio, un sistema mucho más garantista-, si no podemos avanzar en eso, ¡cuidado!, no sé en qué cosas nos podemos poner de acuerdo. Además, entendamos lo siguiente: nadie lo quiere, pero, lamentablemente, el país avanza hacia tiempos electorales acelerados. Entonces, no quisiera que el asunto del proceso penal se instalara como un tema de liberales, menos garantistas, más o menos interventores... Me da la impresión de que se corre el riesgo de que este punto se politice.

No tenemos más remedio que suspenderlo; hagámoslo. No tenemos mayorías, pero, ¡por favor!, tratemos de que aterrice dentro de un año como un cañón acá adentro para que podamos avanzar.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR BARRERA.- ¡Que se suprima la lectura de todos los artículos!

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 1º .

La Mesa quiere aclarar que en el repartido que los señores Representantes tienen en su poder, figura una comunicación del Senado, según la cual en el artículo 1º, donde dice "aprobado por la Ley Nº 16.893, de 30 de diciembre de 1997", debería expresarse "de 16 de diciembre de 1997".

Por lo tanto, si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º  con la modificación de que se ha dado cuenta.

(Se vota)

——Cincuenta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR BARRERA.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto sancionado:)

"Artículo 1º.- Suspéndese la aplicación del Código del Proceso Penal aprobado por la Ley Nº 16.893, de 16 de diciembre de 1997, y las modificaciones introducidas por la Ley Nº 17.221, de 31 de diciembre de 1999.

Artículo 2º.- Créase una Comisión de siete miembros, encargada de estudiar las modificaciones al Código del Proceso Penal, cuya suspensión se dispone en esta ley. La Comisión será designada por el Poder Ejecutivo y deberá expedirse en el plazo de un año, contado desde la promulgación de la presente ley".

26.-     Aplazamiento.

Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Amen Vaghetti, Ponce de León, Barrera, Berois Quinteros y Pablo Mieres.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se aplacen hasta la próxima sesión ordinaria de la Cámara los asuntos que figuran en quinto, sexto y séptimo término del orden del día".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

27.-      Seguros sociales de enfermedad de la industria manufacturera. (Se rebajan los aportes patronales a los mismos).

Se pasa a considerar el asunto que figuraba en octavo término del orden del día: "Seguros sociales de enfermedad de la industria manufacturera. (Se rebajan los aportes patronales a los mismos)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 857

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Montevideo, 19 de setiembre de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto proyecto de ley referente a la rebaja de aportes patronales a los seguros sociales de enfermedad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por el adjunto proyecto de ley, se subsana una omisión en la redacción del artículo 18 de la Ley Nº 17.345, de 31 de mayo de 2001, que determinaba que las empresas con seguros convencionales realizados al amparo del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975, no podían beneficiarse de la rebaja de aportes patronales a los seguros sociales de enfermedad, dispuestos por la ley de referencia.

Para no generar en el corto plazo un trato discriminatorio a aquellas empresas con cajas convencionales de seguros de enfermedad, se establece un plazo prudencial en el que se autoriza a que los montos vertidos en exceso por las empresas a dichas cajas, puedan ser compensados.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, ALBERTO BENSIÓN, ÁLVARO ALONSO.

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Sustitúyese el artículo 18 de la Ley Nº 17.345, de 31 de mayo de 2001, por el siguiente:

"ARTÍCULO 18.- Aporte patronal en la Industria Manufacturera. Redúcese a cero el aporte jubilatorio patronal al Banco de Previsión Social de la Industria Manufacturera Privada, comprendida en la Gran División 3 de la Clasificación Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 2 (Industria Manufacturera).

  Facúltase al Poder Ejecutivo a extender esta reducción a las empresas estatales por las mismas actividades, en cuanto estuvieren en libre competencia.

  Disminúyese en 2.5 (dos y medio) puntos porcentuales el aporte patronal al Banco de Previsión Social de los contribuyentes referidos en el primer inciso correspondiente a los seguros sociales por enfermedad. A efectos del cálculo del complemento establecido en el artículo 338 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, se considerará como efectivamente aportada la reducción dispuesta en este inciso.

  Los montos vertidos por las empresas a las cajas convencionales de seguros de enfermedad, podrán ser deducidos del monto a pagar del impuesto creado por esta ley en un 100% (cien por ciento) durante un período de seis meses a partir del mes siguiente al de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, y en un 50% (cincuenta por ciento) durante los seis meses subsiguientes.

  En el caso en que coexistan otras actividades con las mencionadas en los incisos precedentes, el Poder Ejecutivo establecerá la forma en que se determinará el beneficio".

Montevideo, 19 de setiembre de 2001.

ALBERTO BENSIÓN, ÁLVARO ALONSO.

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Sustitúyese el artículo 18 de la Ley Nº 17.345, de 31 de mayo de 2001, por el siguiente:

"ARTÍCULO 18.- Aporte patronal en la Industria Manufacturera.- Redúcese a cero el aporte jubilatorio patronal al Banco de Previsión Social de la Industria Manufacturera Privada, comprendida en la Gran División 3 de la Clasificación Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 2 (Industria Manufacturera).

  Facúltase al Poder Ejecutivo a extender esta reducción a las empresas estatales por las mismas actividades, en cuanto estuvieren en libre competencia.

  Disminúyese en 2,5 (dos y medio) puntos porcentuales el aporte patronal al Banco de Previsión Social de los contribuyentes referidos en el primer inciso correspondiente a los Seguros Sociales por Enfermedad. A efectos del cálculo del complemento establecido en el artículo 338 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, se considerará como efectivamente aportada la reducción dispuesta en este inciso.

  Durante un período de seis meses a partir del mes siguiente al de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, el 100% (cien por ciento) de los montos vertidos por las empresas a las cajas convencionales de seguros de enfermedad, constituirán un crédito fiscal a favor de dichas empresas. Durante los doce meses subsiguientes, la proporción referida antes se reducirá al 50% (cincuenta por ciento).

  Autorízase al Poder Ejecutivo a ampliar los plazos establecidos en el inciso anterior.

  En el caso en que coexistan otras actividades con las mencionadas en los incisos precedentes, el Poder Ejecutivo establecerá la forma en que se determinará el beneficio".

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 26 de diciembre de 2001.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario"

Anexo I al

Rep. Nº 857

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Hacienda

INFORME

Señores Representantes:

El Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975, regula lo atinente a los seguros sociales por enfermedad creando como servicio descentralizado dentro del Banco de Previsión Social la Administración de los Seguros Sociales por Enfermedad (ASSE). Asimismo, el decreto-ley, en los artículos 31 y siguientes, estableció la posibilidad de constitución de cajas de auxilio o seguros convencionales de enfermedad por convenio colectivo entre empresas o conjunto de empresas y por lo menos los dos tercios de sus trabajadores. Al amparo de la última disposición citada se han constituido y funcionan en nuestro país más de 50 Cajas de Auxilio en otras tantas empresas.

Las empresas donde se han constituido estas Cajas de Auxilio no quedan comprendidas en los seguros sociales por enfermedad (ex DISSE) administrados por el Banco de Previsión Social, antes bien, dichas Cajas sustituyen a aquel servicio. A la vez, dichas empresas en lugar de realizar los aportes correspondientes al BPS para el sostenimiento de aquellos seguros sociales, realizan sus aportes a las Cajas de Auxilio, conjuntamente con el aporte del personal, a efectos de brindar los servicios antes referidos.

Por otra parte, la Ley Nº 17.345, de 31 de mayo de 2001, creó el Impuesto de Contribución al Financiamiento de la Seguridad Social (COFIS), y en base al producto de dicho tributo, por el artículo 18, entre otras cosas, redujo en un 2,5% el aporte patronal al BPS correspondiente a los seguros sociales por enfermedad (del 5% al 2,5%).

Asimismo, en dicho artículo se dispuso que no sería de aplicación dicha disminución de aportes en los casos de los seguros convencionales (Cajas de Auxilio) realizados al amparo del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975. La razón expresada durante la discusión de aquella ley, para que estas empresas no fueran alcanzadas por la disminución, consistía en el hecho de que si las mismas dejaban de aportar a las Cajas de Auxilio (o seguros convencionales), directamente éstas perderían una de las principales fuentes de financiamiento (la otra es el aporte del personal).

De esta forma se ha creado un tratamiento diferencial entre aquellas industrias manufactureras que tengan o no Caja de Auxilio de Seguros de Enfermedad, lo que, sin duda, incide directamente en la competitividad de las mismas (pues pasan de este modo a tener mayores costos las industrias o empresas que tengan Cajas de Auxilio frente a las que no las tienen), en un porcentaje que depende del peso del factor laboral en el costo total. Indirectamente puede incidir en la existencia misma de dichas Cajas de Auxilio.

Desde el tratamiento mismo de la citada Ley Nº 17.345, de 31 de mayo de 2001, en la Cámara de Representantes se estableció con nitidez este tratamiento diferencial aludido y el compromiso de corregirlo.

Todo este tema fue motivo de varios análisis en vuestra Comisión de Hacienda, que culminaron en la reunión de 6 de setiembre de 2001, con el señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Alberto Bensión, ya que la índole del tema en cuestión requería iniciativa del Poder Ejecutivo.

El 19 de setiembre de 2001, el Poder Ejecutivo envía un proyecto sobre el tema, el cual ingresa para su consideración a la Cámara de Senadores y, con ajustes, se aprueba en dicha Cámara y hoy tenemos a consideración.

El presunto proyecto, de convertirse en ley, permite resolver temporalmente el tema, al financiar durante seis meses en forma amplia y en los siguientes doce meses en forma estricta, los 2,5 puntos porcentuales a las empresas afectadas.

Permite también una solución definitiva al facultar al Poder Ejecutivo a extender dicho plazo.

Vuestra Comisión de Hacienda al informar el proyecto aprobado por el Senado entiende conveniente realizarle dos ajustes que precisan su alcance.

- En primer lugar, al mantener -y no suprimir- el inciso cuarto del artículo 18, se mantiene la señal legislativa de no afectar a las Cajas de Auxilio o seguros convencionales a través de esta ley.

- En segundo lugar, al establecer la "vigencia" de la ley en artículo independiente, se evitan discusiones interpretativas.

Por lo expuesto vuestra Comisión recomienda aprobar el proyecto adjunto.

Sala de la Comisión, 4 de junio de 2002.

MARTÍN PONCE DE LEÓN, Miembro Informante, JOSÉ AMORÍN BATLLE, FERNANDO ARAÚJO, CARLOS BARÁIBAR, CARLOS CASTALDI, SILVANA CHARLONE, DANIEL GARCÍA PINTOS, GUSTAVO PENADÉS.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 18 de la Ley Nº 17.345, de 31 de mayo de 2001, por el siguiente:

"ARTÍCULO 18. Aporte patronal en la industria manufacturera. Redúcese a cero el aporte jubilatorio patronal al Banco de Previsión Social de la Industria Manufacturera Privada, comprendida en la Gran División 3 de la Clasificación Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 2 (Industria Manufacturera).

Facúltase al Poder Ejecutivo a extender esta reducción a las empresas estatales por las mismas actividades, en cuanto estuvieren en libre competencia.

Disminúyese en 2,5 (dos y medio) puntos porcentuales el aporte patronal al Banco de Previsión Social de los contribuyentes referidos en el primer inciso correspondiente a los Seguros Sociales por Enfermedad. A efectos del cálculo del complemento establecido en el artículo 338 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, se considerará como efectivamente aportada la reducción dispuesta en este inciso.

La disminución dispuesta por el inciso precedente no será de aplicación en los casos de seguros convencionales realizados al amparo del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975.

Durante un período de seis meses el 100% (cien por ciento) de los montos vertidos por las empresas a las cajas convencionales de seguros por enfermedad, constituirán un crédito fiscal a favor de dichas empresas. Durante los doce meses subsiguientes, la proporción referida antes se reducirá al 50% (cincuenta por ciento).

Autorízase al Poder Ejecutivo a ampliar los plazos establecidos en el inciso anterior.

En el caso de que coexistan otras actividades con las mencionadas en los incisos precedentes, el Poder Ejecutivo establecerá la forma en que se determinará el beneficio".

Artículo 2º. Vigencia.- Los períodos referidos en el inciso quinto del artículo 18, en la redacción dada por el artículo 1º, tendrán vigencia a partir del mes siguiente a la fecha de promulgación de la presente ley.

Sala de la Comisión, 4 de junio de 2002.

MARTÍN PONCE DE LEÓN, Miembro Informante, JOSÉ AMORÍN BATLLE, FERNANDO ARAÚJO, CARLOS BARÁIBAR, CARLOS CASTALDI, SILVANA CHARLONE, DANIEL GARCÍA PINTOS, GUSTAVO PENADÉS".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Ponce de León.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Señor Presidente: este proyecto de ley parte de una iniciativa del Poder Ejecutivo motivada, a su vez, por una inquietud de la Comisión de Hacienda de esta Cámara. Aquí se busca corregir un efecto: cuando se aprobó la ley que creó el COFIS, el propio miembro informante de la Comisión indicó que quedaba establecida una asimetría para algunas industrias, pues en la rebaja que se hacía de los aportes patronales por seguro de salud se excluía a aquellas empresas en las que funcionaban cajas de auxilio.

En el país hay medio centenar de cajas de auxilio, una veintena de ellas en la industria manufacturera. Esto significa que algunas industrias han quedado con una situación de competitividad diferencial, deteriorada, en aquellos casos en los que hay competencia directa.

Estamos hablando de una cifra no demasiado significativa, porque el 2,5% de la parte salarial en los costos de una empresa siempre termina siendo menor al 1%; de todas maneras es una diferencia, y en momentos críticos todo importa.

A su vez, el riesgo es para las propias cajas, porque las industrias podrían obviar esa diferencia eliminándolas -en definitiva, son convenios- y pasando al régimen general. Con esto se recargaría DISSE y se perderían las cajas de auxilio; en definitiva, nadie ganaría nada.

En su momento, la unanimidad de la Comisión propuso que esto se corrigiera en forma permanente; luego se entendió pertinente que hubiera una iniciativa del Poder Ejecutivo y, en realidad, ha venido un régimen transitorio. Aquí se resuelve claramente el problema durante un año y medio; después queda una facultad para el Poder Ejecutivo. En todo caso, la iniciativa permite solucionar hoy un problema en la industria, en el momento más crítico; inclusive, en los primeros seis meses se cobra por el doble del aporte, como forma de compensar -según se informó en el Senado, que es por donde ingresó esta norma- estos meses de retraso o de rezago en ese factor competitivo al que aludíamos, y luego se resuelve el asunto durante un año; o sea, por un total de dieciocho meses.

Pensamos, pues, que se trata de un proyecto de ley que contribuye a resolver un problema en la industria y a dar tranquilidad, por lo menos por un período, a las cajas de auxilio correspondientes.

Asimismo, hemos introducido dos pequeñas modificaciones al texto que votó el Senado. Una de ellas tiene que ver con la vigencia. En la medida en que se sustituye un artículo de una ley anterior, se dudaba si tenía vigencia a partir de la ley que se está modificando y si el pago del Poder Ejecutivo y los créditos fiscales tendrían retroactividad o si correrían de aquí en adelante. Entonces, la situación se ha aclarado en el segundo artículo.

La segunda modificación es que se mantiene el cuarto inciso del artículo 18, que estableció la necesidad de tener en cuenta las cajas en la ley del COFIS.

De manera que, transitoriamente, se resuelve el problema en forma clara: en caso de que el Poder Ejecutivo no haga uso de la facultad, simplemente volvemos a la situación anterior a esta norma -o sea, a la que hoy está vigente-, pero no dejamos a las cajas sin la señal legislativa que, por lo menos, les permita alguna capacidad de negociación en los convenios que de todas maneras están atrás de cada uno de estos casos.

En resumen, es un proyecto que tiene unanimidad, y las industrias correspondientes y sus respectivas cajas de auxilio están esperando su aprobación.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

¾ ¾ Cuarenta y siete en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- ¡Que se suprima la lectura de todos los artículos!

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Se va a votar.

(Se vota)

¾ ¾ Cuarenta y siete en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

¾ ¾ Cuarenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

¾ ¾ Cuarenta y seis en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se devolverá al Senado.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- No es posible poner a votación esa moción ya que no hay cincuenta legisladores en Sala.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado)

28.-     Convenio sobre Cooperación en el Campo Sanitario-Veterinario con el Gobierno de Rumania. (Aprobación).

—— Se pasa a considerar el asunto que figuraba en noveno término del orden del día: "Convenio sobre Cooperación en el Campo Sanitario-Veterinario con el Gobierno de Rumania. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 493

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Montevideo, 19 de mayo de 2000.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje de fecha 3 de noviembre de 1998 que se adjunta, por el cual se solicita la aprobación parlamentaria del Convenio entre el Gobierno de la República y el Gobierno de Rumania sobre Cooperación en el Campo Sanitario-Veterinario, suscrito en Bucarest el 3 de setiembre de 1998.

Al continuar en vigencia para los intereses y el prestigio internacional de la República los fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación del mismo.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, DIDIER OPERTTI, GONZALO GONZÁLEZ.

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Apruébase el Convenio entre el Gobierno de la República y el Gobierno de Rumania sobre Cooperación en el Campo Sanitario-Veterinario, suscrito en Bucarest el 3 de setiembre de 1998.

Montevideo, 19 de mayo de 2000.

DIDIER OPERTTI, GONZALO GONZÁLEZ.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Montevideo, 3 de noviembre de 1998.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 numeral 20 y el artículo 85 numeral 7 de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República y el Gobierno de Rumania sobre Cooperación en el Campo Sanitario-Veterinario, suscrito en Bucarest el 3 de setiembre de 1998.

El Convenio se inscribe en la política del Poder Ejecutivo de crear un marco jurídico adecuado que sirva de base formal a la diversificación de los mercados para nuestras exportaciones. En el caso de Rumania el proceso se inició con la renovación en 1996 del Acuerdo Comercial entre ambos países que databa de 1974.

El Instrumento jurídico que se adjunta tiene como objetivo fundamental ampliar la colaboración en la materia entre ambos países a fin de asegurar condiciones sanitarias satisfactorias de sus animales, de manera de reducir el riesgo de enfermedades infecciosas, contagiosas o parasitarias.

En el artículo 1º las Partes Contratantes se comprometen a cooperar en materia de protección de sus respectivos territorios contra la introducción y la transmisión de enfermedades en las operaciones de comercio exterior de animales, y en general de todos aquellos materiales y productos que puedan influir en la salud animal y la salud pública veterinaria.

De acuerdo a lo establecido por el Artículo 2, las autoridades sanitarias-veterinarias competentes de las Partes Contratantes serán la Dirección General de Servicios Ganaderos y la Dirección General del Instituto Nacional de Pesca del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de la República, y la Agencia Nacional Sanitaria-Veterinaria del Ministerio de Agricultura y Alimentación de Rumania.

El Convenio establece la colaboración entre las Partes Contratantes mediante el intercambio de informaciones sobre materias tales como las enfermedades animales que ocurran en sus territorios y las acciones de prevención tomadas en los casos de aparición de las mismas (Artículo 4).

El Artículo 5 amplía la cooperación a las disciplinas del área científica y tecnológica aplicables en el Campo Sanitario-Veterinario a través, entre otros, del intercambio de visitas de trabajo de especialistas y personal científico, informaciones sobre el manejo de material genético y biotecnológico animal, así como de los reglamentos sobre manufactura, prueba, registro y comercialización de los productos veterinarios.

El Artículo 7 se refiere, entre otros temas, al procedimiento a seguir en caso de surgir disputas concernientes a la interpretación y aplicación del presente Convenio, las cuales se solucionarán en primera instancia, por negociaciones directas entre las autoridades sanitarias-veterinarias de las Partes Contratantes. En caso de no llegarse a un acuerdo durante las negociaciones mencionadas, las controversias serán analizadas por una Comisión Conjunta integrada por dos veterinarios y un abogado de cada Parte Contratante.

Al considerar la fructífera lucha que nuestro país ha llevado adelante contra las enfermedades de origen animal y la importancia de mantener un alto nivel de salud animal, así como el potencial del mercado rumano, y de Europa oriental en general para las exportaciones de carnes nacionales, es que el Poder Ejecutivo manifiesta su interés en la pronta entrada en vigor del presente Convenio, para lo cual solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JULIO MARÍA SANGUINETTI, ROBERTO RODRÍGUEZ PIOLI, SERGIO CHIESA.

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Apruébase el Convenio sobre Cooperación en el Campo Sanitario-Veterinario entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Rumania, suscrito en Bucarest el 3 de setiembre de 1998.

Montevideo, 3 de noviembre de 1998.

ROBERTO RODRÍGUEZ PIOLI, SERGIO CHIESA.

TEXTO DEL CONVENIO

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Rumania, en adelante denominados las Partes Contratantes, al tomar la decisión de extender y desarrollar la cooperación recíproca en el campo veterinario, para asegurar la adecuada protección contra las enfermedades animales y contra las causadas por productos de origen animal, incluyendo los productos de la pesca, que puedan representar un riesgo para la salud animal y la salud pública veterinaria, y con el deseo de desarrollar aun más las relaciones entre los dos países, de facilitar el comercio recíproco de animales, material genético para reproducción, productos de origen animal, medicamentos, otros productos para el uso de la medicina veterinaria, nutrición animal y otros productos que pueden influir en la salud animal y salud pública veterinaria, han decidido lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Las Partes Contratantes cooperarán con respecto a la protección de los territorios de sus Estados contra la introducción y la transmisión de enfermedades animales durante la importación, la exportación y el tránsito de los animales, material genético para reproducción, productos de origen animal, medicamentos, otros productos para el uso de la medicina veterinaria, nutrición animal y otros productos que puedan influir en la salud animal y salud pública veterinaria.

ARTÍCULO 2

Las autoridades sanitarias veterinarias competentes de las Partes Contratantes en la aplicación del Convenio son:

1.- La Dirección General de Servicios Ganaderos y la Dirección General del Instituto Nacional de Pesca del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay,

2.- La Agencia Nacional Sanitaria Veterinaria del Ministerio de Agricultura y Alimentación de Rumania.

ARTÍCULO 3

Las autoridades sanitarias veterinarias competentes de las Partes Contratantes acordarán sus actividades recíprocas para simplificar la ejecución de los procedimientos de importación, exportación y tránsito de los animales, productos contemplados en este Convenio que se someten al control sanitario veterinario en las fronteras, tomando en cuenta los reglamentos de sus legislaciones nacionales, así como los de la Unión Europea y de la Organización Mundial del Comercio.

ARTÍCULO 4

1.- Las autoridades sanitarias veterinarias competentes de las Partes Contratantes suministrarán inmediatamente, una a la otra, las siguientes informaciones:

a) la ocurrencia en el territorio de sus Estados de las enfermedades estipuladas en la lista A de la Oficina Internacional de Epizootías (OIE), incluyendo especies, número de animales afectados por la enfermedad y el área de difusión de las enfermedades, la base del diagnóstico y el tipo de acciones tomadas para prevenir y controlar las enfermedades;

b) las enfermedades infecciosas de los animales, estipuladas en las listas A y B de la OIE, por el intercambio mensual de boletines;

c) las condiciones sanitarias veterinarias y el espécimen de los certificados sanitarios veterinarios para importación, exportación y tránsito de animales y productos contemplados en el presente Convenio que puedan influir en la salud animal y salud pública veterinaria.

2.- Las autoridades sanitarias veterinarias competentes de las Partes Contratantes se informarán recíprocamente, de inmediato, sobre las acciones de prevención tomadas en caso de que las enfermedades estipuladas en la lista A de la OIE se presenten en el territorio de los países vecinos.

ARTÍCULO 5

1.- Las Partes Contratantes apoyarán la cooperación entre las autoridades competentes sanitarias veterinarias y las instituciones uruguayas y rumanas que utilizan los logros científicos y tecnológicos en el campo sanitario veterinario por intermedio de:

a) intercambio de experiencia y conocimientos sobre temas relacionados con la medicina veterinaria;

b) cooperación entre las autoridades sanitarias veterinarias competentes e instituciones veterinarias;

c) intercambio de informaciones y visitas de trabajo efectuados por los especialistas y por el personal científico;

d) intercambio de revistas profesionales o de otras publicaciones sanitarias veterinarias;

e) intercambio de información sobre actividad sanitaria veterinaria, previsiones y reglamentos legales publicados al respecto;

f) intercambio de información, reglamentos y especialistas en el campo de la manufactura, prueba, registro y comercialización de los productos veterinarios;

g) intercambio de experiencia e información sobre manejo de material genético y biotecnología animal.

2.- Las Partes Contratantes permitirán a sus autoridades sanitarias veterinarias competentes realizar controles recíprocos en los establecimientos y unidades exportadoras de animales, productos contemplados en este Convenio que pueden influir en la salud animal y la salud pública veterinaria.

ARTÍCULO 6

Los gastos ocasionados por la aplicación de las previsiones del presente Convenio serán abonados por cada Parte Contratante, respetando su legislación interna.

ARTÍCULO 7

1.- Los representantes de las autoridades sanitarias veterinarias competentes de las Partes Contratantes se encontrarán cuando sea necesario en lugares y en períodos acordados recíprocamente.

2.- Cualquier disputa concerniente a la interpretación y aplicación del presente Convenio se solucionará por negociaciones directas entre autoridades sanitarias veterinarias competentes de las Partes Contratantes.

3.- En caso de no llegarse a un acuerdo durante las negociaciones mencionadas en el numeral 2, las discrepancias entre las Partes Contratantes con respecto a la implementación del presente Convenio serán analizadas por una Comisión Conjunta. La Comisión será integrada por dos veterinarios y un abogado de cada Parte Contratante.

La Comisión se reunirá a pedido de una de las Partes Contratantes en un lapso de 30 días desde la fecha de solicitud de tal reunión por una de las Partes Contratantes, en el territorio de su Estado. La reunión será presidida alternativamente por un miembro de cada delegación.

ARTÍCULO 8

El presente Convenio no afecta los derechos y las obligaciones de las Partes Contratantes que resultan de la firma de otros Acuerdos Internacionales por las Partes Contratantes en el campo sanitario veterinario.

ARTÍCULO 9

Este Convenio entrará en vigencia 60 días a partir de la fecha de la última notificación en que cada una de las Partes Contratantes notifique a la otra sobre la culminación de los procedimientos internos necesarios para su aprobación.

ARTÍCULO 10

El presente Convenio se firma por un período de 5 años y será automáticamente prorrogado por otros 5 años, salvo que una de las Partes Contratantes notifique a la otra Parte Contratante, con un lapso de por lo menos 6 meses de antelación del vencimiento de la validez del respectivo período, sobre su intención de denunciar este Convenio.

ARTÍCULO 11

A la entrada en vigor del presente CONVENIO, el "CONVENIO SANITARIO VETERINARIO entre la República Oriental del Uruguay y la República Socialista de Rumania" firmado en Montevideo el 5 de abril de 1974 queda anulado.

Firmado en Bucarest, el día 3 del mes de setiembre de 1998, en dos ejemplares originales en los idiomas español, rumano e inglés, siendo igualmente válidos todos los textos. En caso de diferencia de interpretación, el texto en idioma inglés prevalecerá.

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Apruébase el Convenio entre el Gobierno de la República y el Gobierno de Rumania sobre Cooperación en el Campo Sanitario-Veterinario, suscrito en Bucarest el 3 de setiembre de 1998.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 6 de marzo de 2001.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

Anexo I al

Rep. Nº 493

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Asuntos Internacionales

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha analizado el Convenio entre el Gobierno de la República y el Gobierno de Rumania sobre Cooperación en el Campo Sanitario-Veterinario, suscrito en Bucarest, el 3 de setiembre de 1998.

Tal cual se expresa en el Mensaje del Poder Ejecutivo, "el Convenio se inscribe en la política del Poder Ejecutivo de crear un marco jurídico adecuado que sirva de base formal a la diversificación de los mercados para nuestras exportaciones".

Uruguay mantiene con Rumania un Acuerdo Comercial desde 1974 y lo renovó en 1996.

El objetivo de este Convenio está referido en el acápite, en tanto se explicita que ambos Estados extienden y desarrollan la cooperación recíproca en el campo veterinario para asegurar la adecuada protección contra las enfermedades y contra las causadas por productos de origen animal, incluyendo los productos de la pesca, que pueden representar un riesgo para la salud animal y la salud pública veterinaria.

Es propósito, también, de ambos países facilitar el comercio recíproco de animales, material genético para reproducción, productos de origen animal, medicamentos y otros productos para la medicina veterinaria, nutrición animal y otros productos que puedan influir en la salud animal y salud pública veterinaria.

Tal determinación se reafirma en el artículo 1, reiterando que ambos Estados cooperarán con respecto a la protección de los territorios de sus Estados contra la introducción y la transmisión de enfermedades animales durante la importación, la exportación y el tránsito de los animales.

Se determina cuales son las autoridades sanitarias veterinarias competentes de las Partes en la aplicación del Convenio. Por Uruguay, será responsable el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos y la Dirección del Instituto Nacional de Pesca, y por Rumania, la Agencia Nacional Sanitaria Veterinaria del Ministerio de Agricultura y Alimentación.

Se adjudica a estas autoridades la tarea de simplificar la ejecución de los procedimientos de información, exportación y tránsito de los animales y productos contemplados por este Convenio.

Asimismo, asumen la obligación de intercambiarse información (artículo 4), en materia de ocurrencia de enfermedades, intercambio de experiencias y conocimientos, visitas de trabajo efectuadas por especialistas e intercambio de publicaciones científicas.

Este Convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de la última notificación en que cada una de las Partes Contratantes notifique a la otra sobre la culminación de los procedimientos internos para su aprobación. Rumania ya lo ratificó el día 19 de noviembre de 1998.

Por las razones anteriormente expuestas, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 13 de marzo de 2002.

FÉLIX LAVIÑA, Miembro Informante, RUBEN H. DÍAZ, RAMÓN FONTICIELLA, ARTURO HEBER FÜLLGRAFF, JOSÉ MARÍA MIERES VISILLAC, ELOÍSA MOREIRA, CARLOS PITA".

—— Léase el proyecto.

(Se lee)

.—— En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Laviña.

SEÑOR LAVIÑA.- Señor Presidente: este tratado viene con aprobación de todos los Partidos representados en la Comisión de Asuntos Internacionales. Se trata de un tema que va cobrando notoriedad e importancia en el mundo. Me refiero al campo sanitario y veterinario.

En la oportunidad, hacemos referencia al tratado suscrito con el Gobierno de Rumania. Tal cual se expresa en el mensaje del Poder Ejecutivo, "el Convenio se inscribe en la política del Poder Ejecutivo de crear un marco jurídico adecuado que sirva de base formal a la diversificación de los mercados para nuestras exportaciones".

Uruguay mantiene con Rumania, desde 1974, un acuerdo comercial que fue renovado en 1996. El objetivo de este Convenio está referido en el acápite, en tanto se explicita que ambos Estados extienden y desarrollan la cooperación recíproca en el campo veterinario para asegurar la adecuada protección contra las enfermedades animales y las causadas por productos de origen animal, incluyendo los productos de la pesca, que pueden representar un riesgo para la salud animal y la salud pública veterinaria.

Además, es propósito de ambos países "facilitar el comercio recíproco de animales, material genético para reproducción, productos de origen animal, medicamentos, otros productos para el uso de la medicina veterinaria, nutrición animal y otros productos que pueden influir en la salud animal y en la salud pública veterinaria".

Tal determinación se reafirma en el artículo 1, reiterando que ambos Estados cooperarán con respecto a la protección de los territorios de sus Estados contra la introducción y la trasmisión de enfermedades animales durante la importación, la exportación y el tránsito de los mismos.

Tenemos recientes experiencias acerca de la importancia de este tema en el campo de enfermedades trasmitidas a nuestro país, provenientes de la contaminación en países vecinos, muchas veces aun tomándose las medidas adecuadas para evitarlas. Entonces, tal determinación se reafirma en el articulo 1, reiterando que ambos Estados cooperarán con respecto a la protección de los territorios.

Se determina cuáles son las autoridades sanitarias veterinarias competentes de las Partes en la aplicación del Convenio. Por Uruguay, será responsable el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos y la Dirección del Instituto Nacional de Pesca, y por Rumania, la Agencia Nacional Sanitaria Veterinaria del Ministerio de Agricultura y Alimentación.

Se adjudica a estas autoridades la tarea de simplificar la ejecución de los procedimientos de información, exportación y tránsito de los animales y productos contemplados por este Convenio.

Asimismo, asumen la obligación de intercambiarse información en materia de ocurrencia de enfermedades, previéndose intercambio de experiencias y conocimientos, de publicaciones científicas y visitas de trabajo efectuadas por especialistas.

Este Convenio entra en vigencia a partir de la fecha de la última notificación en que cada una de las Partes Contratantes notifique a la otra sobre la culminación de los procedimientos internos para su aprobación. Rumania ya lo ratificó el 19 de noviembre de 1998. En consecuencia, falta que nuestro país cumpla con esta obligación.

Por todas las razones expresadas y en virtud de que todos los Partidos representados en la Comisión de Asuntos Internacionales lo han votado en forma afirmativa, estamos pidiendo al plenario su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

.——Treinta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: el texto del Convenio se firmó hace algunos años. En el articulo 2, donde habla de las autoridades sanitarias, en lugar de la Dirección General de Servicios Ganaderos y la Dirección General del Instituto Nacional de Pesca, debería decir DINARA -Dirección Nacional de Recursos Acuáticos-, porque cambió su nombre recientemente, con posterioridad a la firma del texto del Convenio.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- La Mesa aclara que el Convenio no se puede modificar; se aprueba o se rechaza. Una vez firmado el Convenio, las correcciones en cuanto al cambio de nombre del instituto se van haciendo por la vía de los hechos. Es decir, el instituto cambia de nombre y es lo que se toma como válido en ese momento.

SEÑOR LAVIÑA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR LAVIÑA.- Señor Presidente: la aclaración que hace el señor Diputado Agazzi es procedente a los efectos de que quede constancia en la versión taquigráfica, de manera de que quienes hoy o mañana lean o apliquen el Convenio tengan presente esta acotación. Pero como todo el mundo sabe, lo aprobamos o lo rechazamos y no podemos introducir modificaciones al tratado porque significaría rechazarlo.

SEÑOR PRESIDENTE (Álvarez).- El artículo único del proyecto requiere cincuenta votos conformes para su aprobación. Como no hay en Sala el quórum necesario, se va a votar si cierra la discusión del artículo, postergándose su votación.

(Se vota)

¾ ¾ Treinta y uno en treinta y dos: AFIRMATIVA.

Habiendo llegado la hora reglamentaria, se levanta la sesión.

(Es la hora 20)

 

GUILLERMO ÁLVAREZ

PRESIDENTE

 

Dra. Margarita Reyes Galván

Secretaria Relatora
Dr. Horacio D. Catalurda

Secretario Redactor
 

Gustavo Zamora

Supervisor General del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.