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Nº 172 - TOMO 411 - 15 DE MAYO DE 2002

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

19ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR ALEJANDRO ATCHUGARRY Presidente en ejercicio

Y EL SEÑOR SENADOR DOCTOR RUBEN CORREA FREITAS Segundo Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Importancia de la mecánica cambiaria en la exportación

- Manifestaciones del señor Senador Mujica.

5) Fraude Electoral en las Elecciones Nacionales de 1971

- Manifestaciones del señor Senador Gallinal.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Ministerio de Relaciones Exteriores.

6) Elección de Miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo

- Por moción del señor Senador Sanabria, el Senado resuelve postergar la consideración de este tema.

7) Trigésimo Aniversario del asesinato de ocho obreros comunistas en la Seccional Veinte

- Exposición de la señora Senadora Arismendi.

8) Alteración del Orden del Día

- Por moción de varios señores Senadores, el Senado resuelve declarar la urgencia y consideración inmediata de los temas que figuran en los numerales 12), 8), 6), 7), 9) y 13.

9) Autorización para salir del País a una representación de la Fuerza Aérea Uruguaya, en atención a la invitación de la Fuerza Aérea de Bolivia

- Proyecto de ley por el que se autoriza dicha salida.

- Por moción del señor Senador Fau, el Senaddeclara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

10) Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos para la Promoción y Protección Recíprocas de las Inversiones

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- Por moción del señor Senador Singer, el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

11) Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del MERCOSUR y la República de Bolivia y la República de Chile

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- Por moción del señor Senador Millor, el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

12) Acuerdo de Extradición entre los Estados Partes del MERCOSUR, suscrito en la Ciudad de Río de Janeiro el 10 de diciembre de 1998

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- Por moción del señor Senador Millor, el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

13) Convenio Internacional de Trabajo Nº 181 sobre las Agencias de Empleo

- Proyecto de ley por el que se procede a su ratificación.

- Por moción del señor Senador Gargano, el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

14) Solicitud de Venia del Poder Ejecutivo para exonerar de su cargo a un funcionario público

- Por moción del señor Senador Nin Novoa, el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata, para lo que el Cuerpo pasa a sesión secreta.

- El Senado, en sesión secreta, concedió venia al Poder Ejecutivo para exonerar de su cargo a un funcionario público.

15) Fiebre aftosa

- Proyecto de ley por el que se incrementan las sanciones pecuniarias que se aplican a quienes incumplan las normas en materia de lucha, control y erradicación.

- En consideración.

- Por moción del señor Senador de Boismenu, el Senado resuelve remitir este proyecto nuevamente a estudio de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.

16) Violencia doméstica

- Por moción del señor Senador Gallinal, el Senado resuelve incluir este tema como primer punto del Orden del Día de la primera sesión ordinaria que celebre el Cuerpo.

17) Artículo 124 del Decreto-Ley Nº 15.688 (Orgánico del Ejército) de fecha 30 de noviembre de 1984

- Proyecto de ley por el que se establecen modificaciones.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

18) Memorándum de entendimiento suscrito el 4 de mayo de 2001 entre la Fuerza Aérea Argentina y la Fuerza Aérea Uruguaya en el marco del Sistema de Cooperación de Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA)

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

19) Técnicas de Reproducción Humana Asistida

- Proyecto de ley por el que se procede a su regulación.

- Por moción del señor Senador Korzeniak, el Senado fijará una sesión extraordinaria para continuar con la consideración de este tema.

20) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 14 de mayo de 2002.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, mañana miércoles 15, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

2º) Exposición de 40 minutos de la señora Senadora Marina Arismendi sobre 30 años del asesinato de ocho obreros comunistas en el Seccional Veinte.

Carp. Nº 763/02

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

3º)por el que se incrementan las sanciones pecuniarias que se aplican a quienes incumplan las normas en materia de lucha, control y erradicación de la fiebre aftosa.

Carp. Nº 693/01 - Rep. Nº 376/02 - Anexo I

4º) por el que se modifica el artículo 124 del Decreto-Ley Nº 15.688, de 30 de noviembre de 1984, referido al ascenso del Personal Superior del Ejército Nacional.

Carp. Nº 711/02 - Rep. Nº 386/02 - Anexo I

5º) por el que se aprueba el Memorándum de Entendimiento suscrito entre la Fuerza Aérea Argentina y la Fuerza Aérea Uruguaya en el marco del Sistema de Cooperación de Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA).

Carp. Nº 743/02 - Rep. Nº 424/02

6º) por el que se aprueba el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del MERCOSUR y la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en la ciudad de Río de Janeiro el 10 de diciembre de 1998.

Carp. Nº 672/01 - Rep. Nº 437/02

7º) por el que se aprueba el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del MERCOSUR, suscrito en la ciudad de Río de Janeiro el 10 de diciembre de 1998.

Carp. Nº 673/01 - Rep. Nº 438/02

8º) por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos para la promoción y protección recíprocas de inversiones.

Carp. Nº 685/01 - Rep. Nº 425/02

9º) por el que se ratifica el Convenio Internacional de Trabajo Nº 181 sobre las agencias de empleo, 1997 adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 85ª reunión celebrada en Ginebra en junio de 1999.

Carp. Nº 572/01 - Rep. Nº 451/02

10) por el que se dictan normas relativas a la prevención, detección temprana y asistencia de las víctimas de violencia doméstica.

Carp. Nº 615/01 - Rep. Nº 453/02

11) Proyecto de ley sobre Reproducción Humana Asistida elevado para su consideración por la Comisión de Salud Pública (sin informes).

Carp. Nº 410/96 - Rep. Nº 331/01

12) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país entre los días 30 de mayo y 1º de junio de 2002, a una representación de la Fuerza Aérea Uruguaya para participar en los actos conmemorativos del 50º Aniversario del Colegio Militar de Aviación "Teniente General Germán Busch", en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, República de Bolivia.

Carp. Nº 788/02 - Rep. Nº 452/02

13) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para destituir de su cargo:

- un funcionario del Ministerio de Salud Pública (Plazo Constitucional vence el 19 de mayo de 2002).

Carp. Nº 726/02 - Rep. Nº 428/02

Hugo Rodríguez Filippini Secretario - Mario Farachio Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores, Arismendi, Barrios Tassano, Brause, Cid, Couriel, de Boismenu, Fau, Fernández Huidobro, Gallinal, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Korzeniak, Larrañaga, Michelini, Millor, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Pou, Riesgo, Rubio, Sanabria, Segovia, Singer, Virgili y Xavier.

FALTAN: el señor Luis Hierro López, Presidente del Senado por encontrarse en ejercicio de la Presidencia de la República y, con licencia, el señor Senador Astori.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 12 minutos)

Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina varios Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

- por el que se modifican el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio y a las Rentas Agropecuarias, el Impuesto a las Comisiones y el Impuesto a las Retribuciones y Prestaciones Personales.

- A LA COMISION DE HACIENDA.

- por el que se derogan los artículos 612 y 613 de la Ley Nº 17.296, referidos a la telefonía celular terrestre, y se mantiene el monopolio de la telefonía fija.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

El Poder Ejecutivo remite Mensaje comunicando que ha promulgado el proyecto de ley por el que se amplía el régimen de asignaciones familiares en situaciones de embarazo gemelar múltiple.

- AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVESE.

La Comisión de Constitución y Legislación remite aprobado un proyecto de ley por el que se dictan normas relativas a la prevención, detección temprana y asistencia de las víctimas de violencia doméstica.

- SE ENCUENTRA EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA DEL DIA DE HOY."

4) IMPORTANCIA DE LA MECANICA CAMBIARIA EN LA EXPORTACION

SEÑOR PRESIDENTE.- Comenzando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Mujica.

SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: la literatura política de los últimos años, en términos generales, ha sido muy abundante en señalarnos como país y como sociedad que las dimensiones del Uruguay determinan que toda salida económica de mediano y largo plazo, toda política de desarrollo y de crecimiento, tiene que estar pautada por una política fuerte de exportaciones. Esto, en mayor o menor medida, se ha transformado en una especie de lugar común casi no discutible porque, en términos generales, todos estamos de acuerdo en que las dimensiones del Uruguay, por problemas de escala y de mercado interno, nos han hecho pensar que sólo existen posibilidades en nuestra inserción económica hacia fuera.

Creemos que este hecho, que de momento no queremos discutir, ha tenido una brutal contradicción con el desconocimiento de la importancia de la mecánica cambiaria, en un país que, históricamente, quiere jugar a ser un gran exportador. Si semejante literatura es correcta, si semejante pensamiento es correcto, por antonomasia, cómo es posible explicarnos que el Uruguay se haya permitido el lujo de un brutal alejamiento durante larguísimos períodos de la tasa de cambio real que, a la postre, le determinó una fractura en todas sus posibilidades de competir y de vender en el mundo exterior.

Llama la atención que este hecho no haya sido aislado, sino que viniera de la mano con una tendencia cada vez más fuerte de todos los Gobiernos, a partir del advenimiento del período democrático y quizás cada vez con mayor intensidad, a un enorme crecimiento del endeudamiento interno en dólares. Aquellos créditos en dólares suscritos para los circuitos internos de nuestra economía de hace algunos años, para cosas muy específicas de gran valor, de hecho se fueron transformando en una costumbre de nuestro intercambio, a tal punto que lo más ridículo, lo más banal y de menor valor, hoy se calcula en dólares, no ya en el marco de las transacciones sino, desgraciadamente, en nuestras propias cabezas.

A esta altura, no sólo están dolarizados los circuitos internos de la economía, sino nuestra capacidad de medir y de razonar. Este hecho, a la postre, le ha quitado flexibilidad a nuestra economía. ¿Cómo entender que un país pequeño, que pretende ser agro-exportador, y por definición, sujeto a los vaivenes del mercado mundial, no tenga la más mínima flexibilidad ante los sucesos que pueden ocurrir fuera de fronteras, incluso en sus principales mercados?

Durante algunos años el Uruguay vio un espejismo de desarrollo bastante importante, porque los modelos monetarios de la región, de nuestros principales clientes en el MERCOSUR y, particularmente, en Brasil y en la Argentina, nos permitieron disimular que nos estábamos alejando, en nuestra capacidad de competir, del resto del mundo, refugiándonos cómodamente en las posibilidades de la región. Sin embargo, esta falta de flexibilidad, cuando llegó la hora de la verdad, atenazados por el enorme endeudamiento interno en dólares, le quitó a los Gobiernos de turno la posibilidad de amortiguar, siquiera en parte, el impacto y hemos pagado las consecuencias.

Llevamos tres años de recesión, de pérdida de competitividad con todas las consecuencias del caso. Esto se ha agravado en el último circuito por los sucesos ya conocidos de la Argentina. Esta amarga experiencia nos ha costado tanto que tendríamos que pensar en no alejarnos nunca más de la tasa de cambio real que, prácticamente, es un naufragio para nuestro porvenir. Debemos tener en cuenta experiencias que han tenido lugar en la región. No se puede comparar un escenario con el otro, mucho menos con semejantes dimensiones. Todos tenemos que reconocer, objetivamente, que cuando Brasil devaluó, con un mínimo de endeudamiento interno en dólares, algunos pudieron pensar que dicha devaluación iba a devorar y, por lo tanto, era cuestión de tiempo para lograr otra vez cierto equilibrio competitivo. Francamente, nos equivocamos; Brasil nos demostró a todos que era posible devaluar y no entrar en la vorágine de la inflación. Además, a todos los que no somos economistas nos demostró que no existen tablas ni recetas universales, sino realidades económicas.

Pero el hecho es que mientras Brasil siguió trabajando, lidiando con sus dificultades, vendiendo y creciendo, para nosotros comenzó este período de amarguras. Tenemos que reconocer que la capacidad de maniobra de los Gobiernos, más allá de lo que hicieron, estaba francamente acotada porque habíamos cometido el error histórico de propiciar el endeudamiento interno en dólares, que fue la verdadera barrera para poder tener una economía relativamente flexible ante los retos que nos imponía el exterior. Yo creo que nos vamos acercando a tiempos de balance, sobre todo cuando los efectos de un atraso cambiario parecen diluirse en el tiempo, pero no sus consecuencias, porque ha habido una destrucción masiva de capital. Es más; está habiendo en este momento una evaporación de capital productivo. Cuando la hora de la recuperación llegue, inevitablemente habremos de arrancar de escalones más bajos; deberemos entender que tendremos que arrancar más pobres, con mayores dificultades y que, mientras tanto, el mundo continúa su marcha, tal vez, acentuando las diferencias.

Más allá de los actores, de las circunstancias y de los debates políticos que a veces inevitablemente empañan nuestra propia perspectiva, esta crisis -que según algunos críticos es similar en su hondura a la de 1930 y a la de 1982 y va a superarlas por sus costos- nos tiene que dejar por lo menos una lección muy dura -teniendo en cuenta que sólo el hombre es el animal que tropieza varias veces con la misma piedra-, una lección histórica de cuál es el precio que paga una pequeña nación agroexportadora cuando no tiene flexibilidad para mover el todo de su economía.

Muchas gracias, señor Presidente.

5) FRAUDE ELECTORAL EN LAS ELECCIONES DEL AÑO 1971

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: en los últimos días ha tomado estado público una información originada en los Estados Unidos de América, particularmente en los archivos de la actuación de los sucesivos Gobiernos de esa nación, que involucra a nuestro país. Básicamente está referida a las elecciones nacionales que se celebraron en el Uruguay en el año 1971, y, a juzgar por lo que surge de sus propias palabras y de los documentos que después de treinta años se sacaron del archivo, el Presidente de la época, señor Nixon, y su Canciller, señor Kissinger, habrían tenido alguna actuación vinculada a diversos hechos políticos acontecidos en esta región del mundo y no sólo en nuestro país. Esto surge no sólo de la información que se ha puesto de manifiesto en connivencia con la Embajada de los Estados Unidos del Brasil, sino también de los datos de lo que sucedió en la República de Chile. De alguna manera, esta noticia está emparentada con denuncias que se hicieron en la época de las elecciones, en 1971, particularmente por el Partido Nacional. Nosotros pensamos que no podíamos permanecer ajenos ante el conocimiento de esta noticia y así lo creyó nuestra propia colectividad política que, en su sesión del lunes pasado, hizo una declaración referida a este tema, que va a tomar estado público en el día de hoy.

El tema del fraude electoral no es nuevo en la vida del país. En el día de ayer esta Cámara aprobó un proyecto de ley referido al Plebiscito de 1980, y la Asamblea General, el 30 de noviembre de 2000, al conmemorarse los veinte años de la celebración del mismo, realizó una sesión solemne. A quien habla le tocó hacer uso de la palabra en representación del Partido Nacional, y señalaba que el fraude no necesariamente está referido a las urnas o al momento de contar los votos. Quizás el mejor ejemplo fue el que se llevó a la práctica el 30 de noviembre de 1980, porque fraude fue el hecho de realizar un plebiscito en dictadura, más allá de que el resultado fue adverso a ella, lo que habla en favor de la educación cívica y del pensamiento de nuestra gente.

Como venía diciendo, tomaron estado público estos hechos y frente a ellos el Partido Nacional hace un "racconto" de los acontecimientos verificados en aquella época, cuando en diciembre de 1971 se supo que en numerosos circuitos electorales de los departamentos de Montevideo y Canelones se habían registrado más votos que votantes. El hecho tenía su explicación objetiva en que a las hojas de votación emitidas para sufragar por el régimen constitucional vigente al momento de celebrarse la elección, se habían sumado hojas de votación correspondientes a la reforma constitucional que se plebiscitaba. Se trataba de un procedimiento que en aquella circunstancia había sido utilizado por un solo sector de un partido político. Vale decir que se votaba por el régimen vigente con una determinada candidatura y por la reforma constitucional. Además, ante la eventualidad de que esa reforma constitucional consiguiera las mayorías establecidas por la propia Constitución, se votaba por una segunda candidatura. Seguramente ese fue el origen de la aparición de mayor cantidad de votos que de votantes. El Directorio del Partido Nacional impugnó la elección respecto a aquellos circuitos en la vía judicial y ante la Corte Electoral, pidiendo la anulación de los mismos y la realización de una nueva votación. La Corte Electoral, por diferencia de un voto, no hizo lugar a ese petitorio y validó lo actuado en dichas mesas de votación. Tras cartón, el Partido Nacional y Wilson Ferreira Aldunate, que había sido el candidato más votado dentro de nuestra colectividad política, que a su vez lideraba, en defensa de las instituciones y de la estabilidad política respetaron el fallo del órgano competente, a pesar de considerar que el mismo constituía un error importante.

Hoy, señor Presidente, llegan estas informaciones que se podría decir que no agregan nada nuevo a lo que tanto se discutió en aquellos años. De todos modos, no deja de ser una documentación importante e interesante a la que sería bueno que el Estado uruguayo -y en su momento el Directorio del Partido Nacional- pudiera acceder. Es por ese motivo que pretendemos que el señor Canciller se ponga en contacto con el Embajador uruguayo ante los Estados Unidos de Norteamérica, de manera que procuré la obtención de los documentos mencionados ya que los consideramos de interés para nuestra Nación. Obviamente, su veracidad es discutible pero, repito, es una información muy importante.

En consecuencia, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al señor Ministro de Relaciones Exteriores, con el objetivo que he referido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) ELECCION DE MIEMBROS DE LA COMISION ADMINISTRATIVA DEL PODER LEGISLATIVO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al Orden del Día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Elección de miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo".

Ha llegado una moción de orden a la Mesa firmada por el señor Senador Sanabria en el sentido de postergar la consideración de este asunto.

Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) TRIGESIMO ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE OCHO OBREROS COMUNISTAS EN LA SECCIONAL VEINTE

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Exposición de cuarenta minutos de la señora Senadora Marina Arismendi sobre 30 años del asesinato de ocho obreros comunistas en la Seccional Veinte. (Carp Nº763/02)."

Tiene la palabra la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: habíamos planteado hacer uso de la palabra en este Senado el pasado 17 de abril, fecha en la que se cumplían 30 años del asesinato de 9 personas, 8 obreros comunistas en la Seccional Veinte del Partido Comunista y un integrante de las Fuerzas Armadas. El 16 de abril, en oportunidad de realizarse una movilización por parte de la Central de Trabajadores y las agremiaciones reunidos en lo que se ha dado en llamar la Concertación para el Crecimiento, se nos consultó si de todos modos íbamos a realizar nuestra exposición, y nos pareció que era una manera de recordar en medio de la realidad del país, y no sólo la conmemoración de un recuerdo que se cumpliera como una formalidad. En la sesión de ayer se hizo una serie de afirmaciones que compartimos. Pensábamos que si muchos uruguayos hubieran estado escuchando -en la hipótesis de que eso existiera- se habrían preguntado cuál era la razón para que el Senado de la República o la Cámara de Representantes ocuparan su tiempo en recordar el pasado, cuando la situación por la que atraviesan miles y miles de uruguayos parecería que exigiera que concentráramos nuestra atención en aquellas medidas de fondo a corto, mediano y largo plazo, que permitieran dar respuesta al hoy. Sin embargo, deseamos reivindicar en este Senado el papel que tiene la memoria, entendiéndola como una construcción permanente y colectiva, sin la cual difícilmente o con grandes defectos construiremos el presente y podremos desarrollar el futuro. Cuando hablamos de los ocho obreros comunistas asesinados en el Seccional Veinte, tendremos presente que cuando nuestro Partido y nuestra fuerza política, el Encuentro Progresista-Frente Amplio, se encuentra en esa esquina de Agraciada y Valentín Gómez, ese acto ha dejado de pertenecer a los comunistas. Para nosotros, es la tribuna en la cual expresamos lo que pensamos, opinamos, qué cosas impulsamos y cuáles son nuestras convicciones. Esto lo hacemos con el conjunto de nuestros hermanos del Frente Amplio, con los vecinos de la zona y de cara al pueblo uruguayo, diciendo dónde están, de dónde vienen, qué piensan y qué se proponen para el presente y para el futuro los comunistas, dentro de su herramienta de unidad que es el Frente Amplio-Encuentro Progresista. Como todos dicen, recordamos "a los Ocho de la Veinte", pero en ellos recordamos a todos, a los que murieron, a los que están desaparecidos y a los que están vivos pero que pasaron esa terrible parte de nuestra historia que de alguna forma ayer estuvo presente en este Senado, cuando se aprobaba el proyecto de ley que conmemora la jornada histórica del plebiscito de l980, esto es, el No a la dictadura y el Sí a la democracia. Por lo tanto, esto trasciende al Partido Comunista del Uruguay y al Frente Amplio-Encuentro Progresista, tal como sucedió en aquel momento. Estamos hablando del 17 de abril de l972, cuando muy pocas horas antes había sido declarado el Estado de Guerra Interna, lo que motivó largos y apasionados debates en la Asamblea General. A nuestro juicio, ese hecho fue el prólogo, la antesala, de lo que sucedió después. Tengamos presente que en abril de l972 todavía no había habido golpe de Estado. Repito, en ese entonces, se declara el Estado de Guerra Interno y al respecto se produjeron largos debates que no tengo el tiempo ni la intención de traer a la consideración del Senado. De todas formas, ello sirvió para entender qué traía consigo la declaratoria de guerra interna, quién se hacía responsable por lo que estaba pasando en el país, y quién no. En esas horas se asaltaron casas de distinguidas personalidades, como la de los doctores Crottogini, Quijano y Carlos Martínez Moreno, quienes han sido homenajeados en este Senado de manera unánime, más allá de la opinión política que cada uno pueda tener. En realidad, son reconocidas figuras de nuestro pueblo, de nuestra intelectualidad y de la democracia uruguaya. Decía que en esas horas se sucedieron muchos hechos y es allí cuando son fusilados estos ocho obreros. Cabe aclarar que eso consta en el estudio de las autopsias que la Suprema Corte de Justicia nos enviara en respuesta a un pedido de informes que formuláramos, y tal como quedó demostrado en aquel momento. Ni aún en aquella época nadie osó sostener una tesis distinta a la que luego quedó absolutamente demostrada.

Nosotros, cuando hablamos de esos recuerdos, de la memoria, como ayer se decía -y lo cito de manera libre, porque no tomé apuntes- era para volver a esos recuerdos, pero no para quedarse. Personalmente creo, de alguna forma, que lo que intentamos decir hoy es que ese volver absolutamente imprescindible, ese rescate de la memoria, es parte de la también imprescindible necesidad de la sociedad uruguaya de fortalecer, de curar, de ser capaz de tensar el tejido social lastimado, herido, es decir, el tejido social que fue atravesado por el corte más traumático, más duro y conmovedor. Independientemente del lugar donde estuviéramos parados desde el punto de vista político-partidario, los que estábamos en aquel momento, y más allá de la edad de cada uno -a lo mejor, incluso, más allá del hecho de que no se hubiera nacido- ese golpe brutal a dicho tejido social atravesó la sociedad uruguaya en su conjunto.

El rescate de la memoria significa ser capaces de volver a fortalecer, a tensar ese tejido y, a la vez, no dejar caer esos valores de los cuales se hablaba en el día de ayer. Efectivamente, algún señor Senador decía que vienen del fondo de la Patria Vieja, del fondo de nuestra historia, de lo que somos y de ese amalgamar de la conciencia nacional, desde distintas historias y tradiciones; sin embargo, hay determinadas características peculiares del pueblo y de la sociedad uruguayos que debemos desarrollar y para ello debemos, obviamente, preservarlos.

Como decía, ayer, en medio de los comentarios surgidos, se dijo y se comentó, incluso fuera de Sala, que no se trataba de la historia que escriben los vencedores. Creemos que en este caso podría serlo, porque los vencedores fueron el pueblo uruguayo, la democracia uruguaya y todos aquellos orientales bien nacidos y honestos que pelearon y fueron capaces de tejer un movimiento de lucha en defensa de las libertades, de la democracia y de los mejores valores de la historia nacional. Algunos de ellos fueron esos ocho obreros comunistas muertos. Lamentablemente, ellos constituyen un símbolo de nuestro Partido. ¿Por qué digo "lamentablemente"? Porque nosotros, señor Presidente, no necesitamos mártires. Si fuera por nuestra voluntad y nuestro accionar, no tendríamos ninguno. Decimos esto en el sentido de que no los necesitamos, porque no necesitábamos antes ni necesitamos ahora la sangre derramada para demostrar nuestro compromiso con el pueblo uruguayo, con sus mejores ideales, con la democracia de nuestro país y con el proyecto de defensa, avance y profundización de la misma hacia lo que nosotros concebimos como "Democracia Avanzada", en el sentido más amplio del término y en el sentido abarcador del combate reivindicativo, a nivel social, económico, político y de las instituciones.

Tal como recién afirmamos, esos obreros son un símbolo porque se trataba de ocho hombres distintos. Unos eran jovencísimos; otros tenían varios años de actividad en el Partido, de militancia y de abnegación. Eran esos ocho que estaban ahí. Como manifestamos en el acto de celebración que tuvo lugar el 20 de abril, eran esos ocho y podrían haber sido otros, como lamentablemente fueron estos, que estaban en ese momento. Ellos eran los que se encontraban en ese local, desarmados. Sin embargo, podrían haber sido los que se habían ido antes o aquellos que debían haber ido a relevarlos. De una manera u otra, por los testimonios que se recogieron de los vecinos, así como también de los propios parlamentarios de esa época, de diferentes partidos -no sólo de la izquierda- hubo una gran balacera de fuego cruzado entre las estrenadas Fuerzas Conjuntas, aunque en aquel momento lo "conjunto" fue el cruce de balas, el desconcierto y los heridos, que también podrían haber sido aquellos que iban en el ómnibus, el vendedor de la esquina al que obligaron a moverse, o cualquier otro vecino. De hecho, podrían haber sido los que sobrevivieron, aunque también cualquiera de nuestros compañeros o compañeras que llevaban a cabo determinadas tareas.

Por lo tanto, estos obreros se han convertido en un símbolo para nosotros. Ruben López había nacido en el Cerrito, trabajaba en Carmeta, había sido mozo de bar y jugaba al fútbol en la primera división de Liverpool. Por lo tanto, era un uruguayo común, de la misma manera que Cervelli, quien era metalúrgico y resultó el último en morir, siendo a su vez el único del que no se tiene autopsia. También estaba Gancio, de 37 años, que era obrero del vidrio, en empresas tales como CODARVI, Nervión y otras que hoy no existen, pero que también son parte de la memoria. Debemos mencionar, además, a Elman Fernández, de 37 años, que era violoncellista, y a Mendiola, que tenía 46 años. Precisamente, para los que en aquel momento éramos jovencitos o niños de familias de comunistas, Mendiola es el más recordado, porque era quien nos enseñaba, entre otras cosas, acerca de los valores humanos, no sólo con respecto a determinadas concepciones políticas, sino entendiendo primero la importancia del gesto solidario con el amigo, con el compañero de escuela o de liceo más adelante. Esto era lo que lo caracterizaba. Ricardo González, por su parte, tenía 21 años y trabajaba como panadero. Sena, con 27 años, era oriundo de Rocha y se desempeñaba como gráfico. Por último, estaba Abreu, quien tenía 32 años. Lamentablemente, la mayoría de estos obreros no murieron de manera instantánea, sino que se desangraron porque no fueron levantados por las emergencias que estaban allí y que sí querían hacerlo.

¿Por qué hablo de estas cosas, señor Presidente? Otras veces se ha hecho referencia aquí, en el Senado de la República, a los ocho de la Veinte o de nuestros mártires, por denominarlos de esa manera. Realmente, nos cuesta hablar de cómo murieron. Nos cuesta decir cómo fue. Nos da mucho trabajo -y este es el tema de fondo- expresar cómo fueron las cosas. Tenemos un sentimiento que nos impide, individual y colectivamente, contar qué nos pasó en aquella época, contar qué le pasó al amigo, al hermano, al padre, y hacer referencia a la situación en la que estábamos. Algunos analistas sostienen que ello tiene que ver con el pudor, con el recato, que constituyen características de los uruguayos. Pero, en definitiva, quienes saben más han hecho una investigación a fondo y han empezado a trabajar sobre el tema de la memoria, de esa memoria que está cortada, señor Presidente, y está cortada por decisión política, por un pronunciamiento popular en el caso de la ley de impunidad, a la que, como hemos dicho muchas veces, respetamos, pero al mismo tiempo creemos que significó la desmemoria, así como también un manto de silencio en el cual colaboran por lo menos dos elementos. Uno de ellos es la voluntad política, y el otro tiene que ver con el dolor, con las heridas sangrantes a distintos niveles. A propósito de esto, digo que no es casualidad -y por eso muchas veces todos somos cuidadosos- que cuando aparece un libro, una investigación, un documental o una serie de testimonios de cualquier especie, las heridas se reabren y empiezan a desestabilizarse aquellos que habían logrado en su vida una cierta estabilidad emocional y familiar; tal como nos decía una compañera que trabaja en un centro que atiende tanto a aquellas personas que estuvieron presas, como a familiares de presos y a niños hijos de presos -que hoy son jóvenes- que quienes han sido dados de alta vuelven a atenderse y quienes estaban estables se desestabilizan. Por consiguiente, también todos, o casi todos nosotros, somos muy cuidadosos, muy responsables para que efectivamente aquellas cosas que tienen que ver con la memoria y que a la vez están íntimamente vinculadas con la vida política, se traten con la mayor precaución y produzcan el menor daño posible a los que ya están muy heridos.

Lo vimos en los esfuerzos por los testimonios y las dificultades que surgen para recordar los hechos a medida que los años pasan y en esos traspiés que la memoria hace a veces para salvaguardar la propia integridad. Lo vimos en compañeras nuestras que estuvieron trabajando en este tiempo, tanto para hacer un pequeño documental como para hacer un trabajo de un libro. Una de las documentalistas me decía: "¿Sabés lo que pasa? Los documentales, para los pueblos, son como los álbumes de fotos para las familias", a lo que le contesté que muchos de nosotros ni siquiera álbum de fotos tenemos porque en la época de la dictadura tuvimos que cortar las fotos, quemarlas, hacerlas desaparecer. Aun eso que parece tan cotidiano y familiar, que es el álbum de fotos, también desapareció de nuestras casas. Quiere decir que el corte de la memoria es mucho más profundo que aquello que decimos cuando pintamos en un muro "Memoria ya" o "Preservar la memoria" o "Verdad y Justicia", porque atraviesa el conjunto de la sociedad, de los que estaban y de los que no estaban, de los que son hijos de aquellos que hoy no hablan porque hablar significa remover toda una serie de cosas en su hogar, o de los hijos de aquellos que nacieron después pero que de una manera directa o indirecta están recibiendo el impacto de todas esas cosas que tenemos que volver a entrelazar.

Como queda demostrado en el caso de los ocho compañeros de la 20, hay temas que no prescribieron; y eso no lo decimos nosotros, lo han dicho los familiares en el planteo que formularon a la Justicia. Pero también lo dice el Fiscal Moller, cuando manda a archivar el procedimiento, al expresar que efectivamente al impedido no le corren plazos, o sea que la prescripción no corre para los ocho asesinados en la 20. Este concepto, pues, fue ratificado tanto por el Fiscal Moller como por el Juez Vomero. Del mismo modo, la ley de impunidad -su verdadero nombre es mucho mas largo- no alcanza a este caso, porque ocurrió en 1972. De todas maneras el Fiscal dice que la responsabilidad, en virtud de la obediencia debida, probablemente recae en el Ministro Magnani de la época, pero como ha fallecido, no hay contra quién ir. En ese sentido, los familiares, a través de la presentación de firmas de muchos de nosotros que los respaldamos con total convicción, plantearon ante la Justicia uruguaya que habría que ver si es como dice el Fiscal Moller; y si es como dice el Juez Vomero, había un Presidente y un Consejo de Ministros. Por lo tanto, la responsabilidad de quien dio la orden -si es que se dio desde el Poder Ejecutivo o de otra parte- debería ser investigada.

Sin embargo, lo que más me importa es la actitud y saber dónde nos paramos nosotros. El 20 de abril en Agraciada y Valentín Gómez -en un acto que celebramos todos los años porque reafirmamos nuestro compromiso, y lo queremos decir aquí en el Senado de la República- decimos que desde la esquina de la sangre y de la muerte nosotros hablamos de paz; de la esquina de los asesinados y los fusilados con las manos levantadas y con disparos en la nuca, nosotros hablamos de paz, de trabajo, de pan, de democracia. Hablamos de construir con la misma responsabilidad con la que en aquel momento, cuando los enterramos, fuimos capaces de entender y de trasmitir que no se trataba de dejar salir la ira ni el dolor, sino de ser sumamente responsables con la realidad de aquel momento. El dolor era inmenso y la ira también. Y con la misma responsabilidad apelamos a nuestra gente -a nuestro Partido, por supuesto, pero también al pueblo uruguayo- todos los abriles desde Agraciada y Valentín Gómez.

En definitiva, en ese estudio que se ha realizado y profundizado y que nosotros respetamos mucho, hay algo que queremos señalar. La doctora Maren Viñar, en un trabajo sobre la memoria social, dice: "En nuestro pequeño país el terror en la vida cotidiana caló hondo, no sólo en los militantes comprometidos políticamente sino en el ciudadano promedio. El padecimiento de la exclusión y la amenaza, la exigencia adaptativa y la tentación de sumisión y consentimiento al estado de amenaza permanente, tiene efectos ulteriores cuando retorna a la normalidad y se busca la reconciliación, produciendo ese atroz cribaje social entre los que no quieren recordar y los que no pueden olvidar. El terror interiorizado en la vida cotidiana tiene efectos intensos y de largo alcance, muchas veces no reconocidos por los propios protagonistas que necesitan de este adormecimiento para sobrellevarlo". Del mismo modo, más adelante dice: "El derrumbe de las estructuras democráticas implica una catástrofe social en tanto fenómeno subjetivo que desarticula la representación mental de las formaciones intermediarias transubjetivas, formaciones que operan como ligazón entre el sujeto y su grupo social, como lugar pasaje de la realidad psíquica del sujeto singular a la realidad psíquica de conjunto. Este derrumbe alcanza de una manera u otra a toda la población. Nadie sale indemne de la destrucción de los vínculos de la sociedad democrática". Precisamente, de esos vínculos, de ese retejer y de esa necesidad de la memoria, que no sea una piedra, un mármol o un bronce, que no sea un homenaje parlamentario que quede para que lo lea no sé quién -si es que alguien, además de los investigadores, lee alguna vez lo que queda registrado en las versiones taquigráficas- surge una alegría cuando la Junta Departamental de Montevideo vota que una placita, un rincón, un espacio verde donde los chiquilines juegan y los vecinos toman mate, reciba los nombres de los ocho compañeros. Un matrimonio que allí estaba nos contó cómo el papá del señor había plantado ese árbol hermoso que da sombra, debajo del cual está la piedra con los nombres de los compañeros. Entonces, a través de ese espacio verde sobre el cual alguien quizá un día pregunte, se está recordando a los ocho mártires de la 20 con la vida, con esparcimiento, con reencuentro, con la posibilidad de estar juntos, con ese lazo social, con paz. Nos parecía adecuado que fuera así.

Ese es el compromiso, señor Presidente; compromiso y homenaje con el pueblo uruguayo, porque era el de ellos con el pueblo uruguayo. Ayer se hablaba de los anónimos. Yo planteo un matiz: creo que anónimo no es ninguno porque de todos esos miles, los que murieron en un acto, los que hoy todavía estamos buscando, los que a través del trabajo y la investigación que hizo la Comisión de la Paz sabemos cómo, dónde y cuándo murieron y cuáles fueron sus últimas palabras, muchos compañeros nuestros -demasiados, diría yo- tienen nombre y apellido.

Ellos tienen nombre y apellido con los que se denominan a comités de base del Frente Amplio, agrupaciones de partido, círculos de la Juventud Comunista; están vivos trabajando con nosotros y exigiéndonos cada uno, en cada lugar del interior, la misma entrega, pasión, responsabilidad con la que actuaron. Nosotros seguimos convencidos de la necesidad de una sociedad nueva y de la posibilidad de lograrlo, y seguimos convencidos de los valores éticos y universales. Me refiero a valores universales en el aspecto de universalidad, no porque sean patrimonio -lamentablemente- del conjunto de la humanidad, sino porque tenemos que pelear para ello. Serán trasladados a través de los vínculos de la memoria y estamos convencidos de que ese vínculo está estrechamente ligado a lo que significa la participación permanente de la gente; participación que se retrae, que recae, que retrocede o que se paraliza cuando hay desánimo, cuando hay escepticismo, cuando no se cree en los proyectos colectivos, cuando se cree que el pasado no tiene o no tuvo sentido, cuando cuesta mirar para atrás, no porque tengamos los ojos en la nuca -los tenemos donde se deben tener- pero la cabeza del ser humano fue puesta para que sea capaz de mirar y contemplar todo su entorno y capaz, como ser social, de desarrollar esos vínculos con el mundo que lo rodea. Por lo tanto, estamos absolutamente convencidos que ese retejer no es para quedarnos mirando hacia atrás, sino porque necesitamos que se teja, se reteja y se pueda resistir ese tejido social de valores, ese tejido social que impulsa el proyecto colectivo y esa solidaridad que vemos en todo el país. Cada vez que vamos a un pueblito y vemos que en medio del barro y de las dificultades más profundas hay un conjunto de uruguayos que están levantando un merendero o una biblioteca y preocupándose por los demás a pesar de que ellos mismos viven en la peor situación, nos sentimos siempre orgullosos de ser parte de este pueblo. Orgullosos del pueblo uruguayo y de sus características. A pesar de que hoy existe un discurso, desde nuestro punto de vista, que llama a bajar los brazos, que llama al no se puede, a la falta de perspectiva dentro de un gran entorno llamado globalización -que es otra cosa- seguimos manteniendo esos valores de solidaridad, de tender el brazo, de ser capaces de pelear por pensar conjuntamente en un proyecto colectivo de transformación de la sociedad. Es necesario que seamos capaces de valorar y de pasar ese abismo que nos quedó en el corte de la memoria por muchísimas razones, algunas las señalamos y otras ya habrá oportunidad de hacerlo, porque este no es el momento. Es por eso que los 20 de abril nos encontramos, aunque a veces no se corra la noticia, como en la primera vez que no disponíamos de los medios de comunicación adecuados, ni se tenga la posibilidad de hacer grandes convocatorias desde el punto de vista propagandística y mediático. A veces nos vemos con compañeros de generación y sólo nos encontramos en esa oportunidad, después no nos vemos más en todo el año. Pero ahí nos encontramos, nos saludamos, nos sentimos uno, nos sentimos juntos. Creo que esto también es parte de las características de nuestro pueblo. Por lo tanto, el compromiso que nosotros señalamos atraviesa la memoria en lo que hace a los muertos, a los desaparecidos, a la dictadura, atraviesa la memoria hacia elementos que son mucho más profundos, que tienen que ver, incluso, con toda la exclusión social. Cuando hablamos de marginación, de exclusión social, de los chiquilines que están en la calle, que no tienen hogar y se hace el esfuerzo para institucionalizarlos dentro de organizaciones que toman el problema de los niños sin hogar, o de los menores infractores, de los jóvenes, del delito o de lo que significa hoy toda esta situación brutal que tenemos en las cárceles, también estamos hablando de un corte de memoria, un corte de vínculo social, un corte de esa protección y de eso que entrelaza lo que es el vínculo con su pasado. Ese niño excluido, ese joven excluido, ese adolescente excluido y marginado, está también marginado del pasado de su madre, de su padre, de su familia, de su vínculo y de su entorno familiar y social. Va a seguir marginado y excluido de esa memoria social que se desarrolla a través de la historia personal de cada uno pero que la atraviesa. Por lo tanto, cuando hoy decíamos "recordamos pero para el hoy, para resolver el hoy, para pelear por el futuro" es precisamente porque no queremos a los 8 compañeros de la 20 en bronce; no los queremos para hacer un acto ritual todos los abriles. Ni a ellos ni a otros, ni a los que están con su carga a cuestas en todo este tiempo. Lo que queremos es fortalecer ese amor por la vida, ese apasionamiento por transformar la realidad, la sensibilidad profunda que haga que cuando suceda algo injusto en cualquier esquina y en cualquier lugar del país, estemos ahí. Estamos ahí compartiendo en el cincuenta y en el cien la salida posible, o la salida a largo plazo, pero estamos ahí, no podemos estar en otro lado. Por lo tanto, nosotros pensamos que esto está íntimamente vinculado con un trabajo mucho más a fondo que tiene que ver con la identidad como individuos, como pueblo y como país, la identidad de los valores y de su historia. Historia que seguiremos escribiendo y que, seguramente, como me decía alguien ayer -no de esta sala- pasarán décadas y, entonces, alguien mirará esta parte de la historia de nuestro pueblo y, probablemente, será fruto de estudio, de análisis, incluso de sorpresa como pasa hoy en el mundo, y ayer se mencionaba aquí. Precisamente, porque el problema no es quedarse parado en el pasado, el pasado exige de nosotros un compromiso presente y un compromiso en perspectiva.

Como al señor Presidente no se le escapa, sigo pensando, estoy convencida, de que es necesario cambiar el mundo, como no se le escapa a nadie, no por un problema de polvorientos pasados y concepciones pasadas, sino por absoluto compromiso con el mundo que nos rodea, con el pueblo del cual somos parte y con la necesidad de un futuro humanitario, solidario y justo para nuestro país y para todos los pueblos del mundo, este recuerdo implica acción presente y acción futura. No voy a entrar en los detalles de esa acción presente y futura, porque no es el motivo de este planteo, pero sí el compromiso, sí la convicción de que se trata de modificar aquellos valores que quienes trabajan y quienes investigan hacen mejor que yo que lo hago desde un ámbito político y no de un ámbito científico. Mi concepción del mundo marxista leninista me enseñó que debemos apropiarnos críticamente de todo lo que la humanidad y el desarrollo del pensamiento ha sido capaz de volcar, de investigar, de poner sobre la mesa, en beneficio de la humanidad y de los pueblos, no sólo para interpretar el mundo, sino para transformarlo. Entonces, los que saben mucho más que yo sobre estas cosas dicen, precisamente, que "negar la memoria o negar un acontecimiento no logra el olvido; construye un vacío, un agujero donde se inscribe y se trasmite, como marca a fuego, la inanidad del crimen y el fracaso de la marca civilizadora".

"Este" -ese agujero, ese vacío- "será el legado intergene-racional que transmitimos si no asumimos colectivamente la elaboración del crimen. Allí donde claudica el trabajo de memoria aparece el síntoma deformado en la reminiscencia de la alucinación. Y esta responsabilidad en la convivencia es asunto de todos".

Es asunto de todos, señor Presidente, y estoy convencida de que, así como en aquel momento en la lucha contra la dictadura fascista -la caracterizamos, no por su forma y no por sus métodos, que por cierto lo eran, sino por los intereses a los que respondían- nos encontramos muchos uruguayos y uruguayas que veníamos de lugares diferentes y algunos que aún seguimos en partidos distintos, nos seguiremos encontrando como ocurrió en el Obelisco con aquel río de libertad, en todos aquellos ríos que conduzcan a la transformación de la sociedad, a la justicia social, a la profundización democrática y a obtener algo que, en definitiva, debemos abordar: la confianza. En ese sentido, la filósofa francesa Laurence Cornu decía: "La confianza como un don de la libertad, como un acto de un sujeto haciendo confianza a otro, libera al primero de una tarea para confiarle la responsabilidad a otro. Ella multiplica los espacios de acción y sustituye el control por la cooperación". Nosotros podemos hablar de cooperación, de solidaridad y de participación. A continuación, decía: "Por eso mismo, la confianza es un acto de reconocimiento diferente, que decide no considerar al otro como una amenaza y desactiva de esta forma el engranaje de la rivalidad, y establece desde un principio otro modo de relaciones, en la aceptación de su aventura y de su libertad así liberada. Luego, el conocimiento recíproco ligado a una historia común, sustituirá la necesidad de influir en el otro.

Hay para con los ‘recién llegados’," -para los jóvenes, los niños y los que van a venir- "un deber de verdad, de institución y de hospitalidad: de memoria, porque son niños en la situación de no tener otra elección que depositar su confianza en los adultos. Afirmar y mantener esa confianza dando confianza, es darle a los ‘recién llegados’ la posibilidad de realizar en sus tiempos la fortuna de su novedad."

Paco Espínola, que también venía de otras tiendas y que según él llegó muy tarde al Partido -algo que nosotros no compartimos-, decía que había que hacer por los hombres algo más que amarlos. Ese compromiso con la vida, ese compromiso de amor a los hombres y a las mujeres de nuestro pueblo, ese compromiso de hacer algo más que amarlos, señor Presidente, es el que ratificamos los comunistas uruguayos. Por algo, nuestro símbolo tiene las tres banderas; y somos más que nunca uruguayos, frenteamplistas y comunistas.

(Aplausos en la Sala y en la Barra)

8) ALTERACION DEL ORDEN DEL DIA

SEÑOR SINGER.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SINGER.- En el día de ayer intentamos formular una moción de orden para que hoy se considerara en primer término, a continuación de la exposición que acabamos de escuchar, el asunto que figura en octavo término del Orden del Día que es un Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos para la promoción y protección recíprocas de inversiones.

SEÑOR FAU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FAU.- En el numeral 12) del Orden del Día figura un proyecto de ley informado por unanimidad por la Comisión de Defensa Nacional, que autoriza a salir del país a una representación de la Fuerza Aérea Uruguaya para participar en los actos conmemorativos de los 50 años del Colegio Militar de Aviación "Teniente General Germán Busch" de Santa Cruz de la Sierra, República de Bolivia. Como supongo que no habría mayor debate sobre este punto y por estar apremiados por la fecha en que estos efectivos deben salir, solicito a la Mesa que intente armonizar esta propuesta con la del señor Senador Singer, a los efectos de votar en primer lugar este proyecto y luego lo propuesto por él.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia observa que el señor Senador Singer no tiene inconveniente, por lo que sometería a votación del Cuerpo una moción de alteración del Orden del Día, por la que pasaríamos a tratar, en primer lugar, el numeral 12) y, a continuación, el 8), para luego seguir con lo que figura en la mesa de los señores Senadores.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: nosotros tenemos dos tipos de tratados o de acuerdos a nivel internacional: los que reúnen la unanimidad y los que son votados en forma dividida. Entonces, ya que se propone tratar a continuación del numeral 12) el 8), que es un acuerdo sobre promoción y protección recíproca de inversiones, sugiero que, de ser posible, también se consideraran los numerales 6) y 7), que son tratados de extradición, uno, entre los países del MERCOSUR y otro, entre éstos y las Repúblicas de Bolivia y Chile.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia entiende que el señor Singer estaría de acuerdo.

Entonces, si no se hace uso de la palabra, se va a votar la alteración del Orden del Día, por lo que pasaríamos a considerar, en primer lugar, el numeral 12) y a continuación el 8), el 6) y el 7).

(Se vota:)

- 23 en 26. Afirmativa.

SEÑOR NIN NOVOA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NIN NOVOA.- Señor Presidente: ya que se ha alterado el Orden del Día, quisiera decir que hay una venia de destitución de un funcionario público que fue estudiada por la Comisión de Asuntos Administrativos cuyo plazo de vencimiento es el 19 de mayo. Como integrantes de dicha Comisión, no nos gustaría que se vencieran los plazos de esa venia y se produjera la destitución, como es del caso, sin que el Senado, que ya estudió la solicitud de venia, se expidiera, porque quedaríamos desairados en cierto modo.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Esto hay que hacerlo, a posteriori, en sesión secreta.

Quisiera señalar que en torno a los tratados de extradición y de protección de inversiones no hay unanimidad en la Comisión ni en el Senado, aunque si están los votos, accederíamos a su votación. Pero solicitaría que se incorporara el numeral 9), que no tiene votos en contra, que es la ratificación de un Convenio Internacional de la Organización Internacional del Trabajo sobre las agencias de empleo.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consecuencia, si no se hace uso de la palabra, se va a votar si luego de votar el numeral 7) en este nuevo orden que hemos establecido, pasamos a considerar los numerales 9) y 13), este último en sesión secreta.

(Se vota:)

- 26 en 28. Afirmativa.

9) AUTORIZACION PARA SALIR DEL PAIS A UNA REPRESENTACION DE LA FUERZA AEREA URUGUAYA EN ATENCION A LA INVITACION DE LA FUERZA AEREA DE BOLIVIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el 12 punto del Orden del Día: "Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país entre los días 30 de mayo y 1º de junio de 2002, a una representación de la Fuerza Aérea Uruguaya para participar en los actos conmemorativos del 50º Aniversario del Colegio Militar de Aviación ‘Teniente General Germán Busch’, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, República de Bolivia. (Carp. Nº 788/02 - Rep. Nº 452/02)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 788/02

Rep. Nº 452/02

Mensaje 16/002

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 18 de abril de 2002.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Luis Hierro López

El Poder Ejecutivo cumple en remitir el adjunto proyecto de ley, acorde a lo dispuesto por el numeral 7º del artículo 168 de la Constitución de la República, a efectos que ese Cuerpo conceda la autorización a que refiere el numeral 12 del artículo 85 de la mencionada Constitución.

En efecto, dicha autorización se promueve a fin que un Oficial General en representación del Comando General de la Fuerza Aérea y las Banderas y Escoltas de la Escuela Militar de Aeronáutica integradas por un Personal Superior y siete Cadetes, participen en los Actos Conmemorativos del Cincuenta Aniversario del Colegio Militar de Aviación "Tte. Gral. Germán Busch" de la República de Bolivia, que se realizarán el día 31 de mayo de 2002, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La salida del país y regreso de los efectivos de referencia, se producirán los días 30 de mayo y 1º de junio de 2002, respectivamente.

Asimismo se hace saber que la participación de dicha representación no ocasionará gastos al Estado en atención a la invitación de la Fuerza Aérea de Bolivia y al hecho de que la utilización de una aeronave está incluída en los Planes de Instrucción y Entrenamiento Anual de la Fuerza Aérea Uruguaya.

Por último se señala que el vuelo respectivo será compartido con la delegación de la Escuela Militar de Aviación de la Fuerza Aérea Argentina, constituyendo tal circunstancia un hecho significativo de confraternidad entre países hermanos, que se encuentra en consonancia con los principios que han guiado la política exterior del Estado Uruguayo.

Por los fundamentos expuestos, se solicita la atención de ese Cuerpo al adjunto proyecto de ley, cuya aprobación se encarece.

Saluda al señor Presidente de la Asamblea General con la mayor consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República, Luis Brezzo, Guillermo Stirling, Didier Opertti.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Autorízase la salida del país entre los días 30 de mayo y 1º de junio de 2002, de un Oficial General en representación del Comando General de la Fuerza Aérea y Banderas y Escoltas de la Escuela Miltiar de Aeronáutica, integradas por un Personal Superior y siete Cadetes, a los efectos de participar en los Actos Conmemorativos del Cincuenta Aniversario del Colegio Militar de Aviación "Tte. Gral. Germán Busch" de la República de Bolivia, que se realizará el día 31 de mayo de 2002 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Luis Brezzo, Luis Brezzo, Guillermo Stirling, Didier Opertti."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 25 en 28. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Autorízase la salida del país entre los días 30 de mayo y 1º de junio de 2002, de un Oficial General en representación del Comando General de la Fuerza Aérea y Banderas y Escoltas de la Escuela Militar de Aeronáutica, integradas por un Personal Superior y 7 Cadetes, a los efectos de participar en los Actos Conmemorativos del Cincuenta Aniversario del Colegio Militar de Aviación `Teniente General Germán Busch´ de la República de Bolivia, que se realizará el día 31 de mayo de 2002 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 26 en 28. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

10) ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECÍPROCAS DE LAS INVERSIONES

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el punto que figura en octavo término del Orden del Día: "Proyecto de Ley por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones. (Carp. Nº 685/01 - Rep. 425/02)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 685/01

Rep. Nº 425/02

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos para la Promoción y Protección Recíprocas de las Inversiones, suscrito en Montevideo, el 30 de junio de 1999.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 12 de diciembre de 2001.

Gustavo Penadés Presidente - Horacio D. Catalurda Secretario.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El Poder Ejecutivo reiteró el 24 de octubre de 2000 el Mensaje de fecha 28 de julio de 1999 por el que se solicitara la ratificación parlamentaria del Acuerdo entre nuestro país y los Estados Unidos Mexicanos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, suscrito en Montevideo el 30 de junio de 1999.

Derivado a la Cámara de Representantes ésta lo aprobó por unanimidad en su sesión del 12 de diciembre de 2001.

El objetivo principal del Acuerdo, en la misma línea de tantos otros similares suscritos con diversos países, es el fortalecimiento de la cooperación económica entre ambas Partes y la creación de condiciones favorables para la inversión de riesgo en cada una de ellas. Es bien claro el papel de la inversión extranjera, particularmente en economías con insuficiente desarrollo, para incentivar tanto el crecimiento como el nivel de empleo. En este caso, además, se trata de reforzar y ampliar el Acuerdo Comercial Bilateral que ambas Partes Contratantes suscribieron hace ya más de una década, que ha generado una corriente comercial con resultados significativamente beneficiosos para nuestro país.

En el articulado del Acuerdo se definen ajustadamente los términos de inversión, rentas, inversor, persona física, persona jurídica, territorio (Art. 1º). La flexibilidad para el ingreso de personal capacitado requerido por un inversor es una incorporación a la promoción general y el tratamiento de las inversiones sobre los que versan los artículos 2º y 3º.

Lo relacionado con las indemnizaciones y expropiaciones está regulado por los artículos 4º y 5º.

La libre transferencia de las inversiones y las rentas así como la moneda de libre convertibilidad y el tipo de cambio aplicable vienen estipulados en el artículo 6º mientras el 7º trata sobre el tema de las subrogaciones.

El régimen de solución de controversias entre una Parte y un inversor de la otra Parte se establece en el artículo 8º mientras que lo relacionado con las controversias entre las Partes Contratantes se estatuye en el artículo 9º.

Con fines exclusivamente estadísticos se requiere información de los inversores, asegurándose la confidencialidad de la misma conforme lo dispuesto en el artículo 10.

Por su parte los artículos 11, 12 y 13 estipulan que la aplicación del Acuerdo abarca a todas las inversiones realizadas antes o después de la fecha de su entrada en vigor, salvo en lo que se refiere a las controversias; el ámbito de aplicación de otros Acuerdos Internacionales y la entrada en vigor, duración y terminación del presente Acuerdo.

Por lo expuesto vuestra Comisión aconseja sancionar el proyecto de ley adjunto.

Juan A. Singer, Miembro Informante.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 24 de octubre de 2000.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el Artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje de fecha 28 de julio de 1999 que se adjunta, por el cual se solicita la aprobación Parlamentaria del Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos para la Promoción y Protección Recíprocas de las Inversiones, suscrito en Montevideo el 30 de junio de 1999.

Al continuar en vigencia para los intereses y el prestigio internacional de la República los fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación del mismo.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República, Alberto Bensión, Didier Opertti.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos para la Promoción y Protección Recíprocas de las Inversiones, suscrito en Montevideo, el 30 de junio de 1999.

Alberto Bensión, Didier Opertti.

Montevideo, 28 de julio de 1999.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 85, numeral 7 y el Artículo 186, numeral 20 de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos para la Promoción y la Protección Recíprocas de las Inversiones, suscrito en Montevideo, el 30 de junio de 1999.

El Acuerdo que se adjunta tiene como objetivo principal, el fortalecimiento e intensificación de la cooperación económica en beneficio de ambos países, y la creación de condiciones favorables para la inversión en el territorio de cada una de las Partes.

En el Artículo 1 se definen los términos "inversión", "rentas", "inversor", "persona física", "persona jurídica", y "territorio".

Los artículos 2 y 3 hablan de la Promoción y Admisión de las Inversiones y su Trtamiento, estableciendo que las Partes promoverán condiciones favorables para invertir en su territorio, y brindarán un tratamiento justo y equitativo a las inversiones realizadas por una Parte en el territorio de la otra Parte; así como plena protección y seguridad respecto a la administración, mantenimiento, uso, disfrute o disposición de las inversiones en su territorio. También se aclara que no se extenderán a la otra Parte los beneficios resultantes de una unión aduanera, zona de libre comercio o acuerdo internacional similar, acuerdos en materia impositiva o de doble tributación, cuando una de las Partes forme parte o tenga este tipo de acuerdos con terceros Estados.

En los artículos 4 y 5 se refiere a la indemnización por causa de guerra, conflicto armado o estado de emergencia y a la expropiación e indemnización; estipulando que no se le brindará a la otra Parte, una solución menos favorable a la acordada con sus propios inversores o a inversores de un tercer Estado; ni se podrá expropiar o nacionalizar las inversiones de la otra Parte, salvo que se cumplan las condicionantes especificadas en estos artículos, estableciendo la forma de pago de la indemnización correspondiente.

El artículo 6 estipula la libre transferencia de las inversiones y las rentas, y se define que las mismas se harán en una moneda libremente convertible, definiendo lo que incluirán dichas transferencias, el plazo y el tipo de cambio aplicable a las mismas; mientras que el artículo 7 trata sobre la subrogación.

En el artículo 8 del Acuerdo se define la solución de controversias entre una Parte y un inversor de la otra Parte, determinando que la misma deberá resolverse a través de la negociación o consulta; y en caso de no ser posible, el inversor podrá elegir someter la controversia a resolución de los tribunales de la Parte Contratante que es parte del conflicto; a cualquier procedimiento de solución de controversias acordado previamente; o al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, establecido de Acuerdo al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados.

El artículo 9 se refiere a la solución de controversias entre las Partes Contratantes, estableciendo los pasos a seguir, los plazos y ante quien se deberá someter la controversia para alcanzar una solución.

El artículo 10 establece que las Partes podrán exigir de la otra Parte que le proporcione información rutinaria referente a esa inversión, con fines exclusivamente estadísticos.

Los artículos 11 y 12 determinan la aplicación del presente Acuerdo para todas las inversiones realizadas antes y después de la entrada en vigor, pero sus disposiciones no se aplicarán a controversia; y la aplicación de otros Acuerdos Internacionales en vigor también para los dos Estados Partes, donde las Partes podrán beneficiarse de cualquier norma que les sea más favorable.

Finalmente, el artículo 13 estipula la entrada en vigor, duración y terminación del Acuerdo, estableciendo que las disposiciones seguirán vigentes durante 10 años después de la terminación del mismo, para las inversiones realizadas con anterioridad a dicha fecha de terminación.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República, Roberto Rodríguez Pioli, Luis A. Mosca.

ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA LA PROMOCION Y LA PROTECCION RE-CIPROCAS DE LAS INVERSIONES

La República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos, en adelante denominados "Las Partes Contratantes";

Procurando intensificar la cooperación económica en beneficio de ambos países y, en particular, crear condiciones favorables para las inversiones por parte de inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante.

Reconociendo que la promoción y protección recíprocas de dichas inversiones favorecen la expansión de las relaciones económicas entre ambos países y estimulan las iniciativas de inversión;

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1

Definiciones

Para los fines del presente Acuerdo:

1. El término "inversión" designa todo tipo de activo invertido en actividades económicas por un inversor de una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante, de acuerdo con las Leyes y Reglamentos de esta última, e incluye, en particular, aunque no exclusivamente.

a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales tales como hipotecas, gravámenes, prendas y otros derechos similares;

b) acciones, cuotas sociales o cualquier otra forma de participación en sociedades;

c) títulos de crédito sobre dinero, obligaciones de sociedades o cualquier prestación que tenga valor económico asociada con una inversión;

d) derechos de propiedad intelectual e industrial, incluyendo derechos de autor, patentes, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, secretos comerciales, conocimientos tecnológicos, "know how", valor llave (prestigio y clientela), que se encuentren asociados con una invesión;

e) derechos derivados de concesiones económicas conferidas conforme a la ley o bajo contrato.

Un cambio en la forma en la cual se inviertan los activos no afectarán su carácter de inversión, en tanto que dicho cambio esté comprendido en la definición anterior.

Las transacciones comerciales diseñadas exclusivamente para la venta de bienes o servicios y créditos para financiar las transacciones comerciales con una duración menor a tres años, así como los créditos concedidos al Estado o a una empresa del Estado, no son considerados una inversión.

2. El término "rentas" significa los montos producidos por una inversión y, en particular, pero no exclusivamente, incluye utilidades, intereses, ganancias de capital, dividendos, regalías u honorarios.

3. El término "inversor" designa cualquier persona física o jurídica que invierta en el territorio de la otra Parte Contratante, entendiendo por:

a) "persona física", cualquier persona natural que tenga la nacionalidad de una de las Partes Contratantes de conformidad con sus leyes;

b) "persona jurídica", cualquier entidad constituida de conformidad y reconocida como tal por las leyes y reglamentos de una Parte Contratante y que tenga su sede en el territorio de dicha Parte Contratante.

Sin embargo, este Acuerdo no se aplicará a inversiones realizadas por personas físicas que sean nacionales de ambas Partes Contratantes.

4. El término "territorio" designa:

El territorio de cada Parte Contratante, incluyendo el mar territorial así como la zona económica exclusiva, la plataforma continental y el subsuelo, respecto de los cuales cada Parte Contratante ejerce derechos de soberanía o jurisdicción, de conformidad con el derecho internacional.

Artículo 2

Promoción y Admisión de las Inversiones

1. Cada una de las Partes Contratantes promoverá condiciones favorables para los inversores de la otra Parte Contratante a fin de invertir en su territorio y admitirá las inversiones de aquellos de acuerdo con su legislación.

2. Las Partes Contratantes de acuerdo con sus disposiciones legales, tramitarán con benevolencia las solicitudes de inmigración, residencia y permisos de trabajo del personal clave de una Parte Contratante que, en relación con una inversión, quiera entrar en el territorio de la otra Parte Contratante.

Artículo 3

Tratamiento de las Inversiones

1. Cada una de las Partes Contratantes otorgará a las inversiones realizadas y rentas recibidas por inversores de la otra Parte Contratante en su territorio, un tratamiento justo y equitativo y no menos favorable que el otorgado a las inversiones realizadas y rentas recibidas por sus propios inversores o a las inversiones realizadas y rentas recibidas por inversores de un tercer Estado, así como plena protección y seguridad.

2. Cada una de las Partes Contratantes otorgará un tratamiento justo y equitativo, así como plena protección y seguridad a los inversores de la otra Parte Contratante en relación a la administración, mantenimiento, uso, disfrute o disposición de las inversiones en su territorio, y no menos favorable que el que otorga a sus propios inversores o a inversores de un tercer Estado.

3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este Artículo no se interpretarán como la obligación de una de las Partes Contratantes a extender a los inversores de la otra Parte Contratante el beneficio de un tratamiento, preferencia o privilegio resultante de:

a) cualquier unión aduanera o zona de libre comercio o unión monetaria o acuerdo internacional similar tendiente a ese tipo de unión o institución u otras formas de cooperación regional, de las cuales las Partes Contratantes formen o pudieren formar parte;

b) cualquier acuerdo internacional en materia impositiva o para evitar la doble tributación.

Artículo 4

Indemnización

Cuando las inversiones realizadas por inversores de una Parte Contratante sufran pérdidas por causa de guerra, conflicto armado, estado de emergencia nacional, revolución, insurrección, revuelta u otro evento similar en el territorio de la otra Parte Contratante, recibirán de esta última Parte Contratante un tratamiento, relativo a restitución, indemnización, compensación u otro arreglo, no menos favorable que el que esta última Parte Contratante acuerde a sus propios inversores o a inversores de un tercer Estado.

Artículo 5

Expropiación e Indemnización

1. Ninguna de las Partes Contratantes podrá, directa o indirectamente, nacionalizar o expropiar una inversión de un inversor de la otra Parte Contratante en su territorio, o adoptar cualquier otra medida equivalente a nacionalización o expropiación, a menos que se cumplan las siguientes condiciones:

a) que se adopte por causa de utilidad pública;

b) que no sea discriminatoria;

c) que sea de acuerdo con el debido proceso legal;

d) que sea mediante indemnización, conforme a los párrafos 2 a 4 de este Artículo.

2. La indemnización será equivalente al valor de mercado que tenga la inversión expropiada inmediatamente antes de que la medida expropiatoria se haya llevado a cabo ("fecha de expropiación") o antes de que la medida expropiatoria se hiciera pública. Los criterios de valuación incluirán el valor corriente, el valor fiscal declarado de bienes tangibles, así como otros criterios que resulten apropiados para determinar el valor de mercado.

3. El pago de la indemnización se hará sin demora, será efectivamente liquidable o realizable y libremente transferible.

4. La cantidad pagada no será inferior a la cantidad equivalente que por indemnización se hubiese pagado en la fecha de expropiación en una divisa de libre conversión en el mercado financiero internacional y dicha divisa se hubiese convertido a la cotización de mercado vigente en la fecha de valuación, más los intereses correspondientes a una tasa comercial razonable para dicha divisa hasta la fecha de pago.

Artículo 6

Transferencias

1. Las Partes Contratantes permitirán la libre transferencia de las inversiones y las rentas. Las transferencias se harán en una moneda libremente convertible, sin restricción ni demora. Dichas transferencias incluirán, en particular, aunque no exclusivamente:

a) el capital y las sumas adicionales necesarias para el mantenimiento y desarrollo de las inversiones;

b) las rentas;

c) los fondos para el reembolso de los préstamos;

d) el producto de la venta o liquidación de la inversión;

e) los sueldos, salarios y demás remuneraciones recibidas por las personas físicas de una Parte Contratante por su trabajo o servicios realizados en la otra Parte Contratante en relación con una inversión.

2. A los efectos de este Acuerdo, el tipo de cambio será la tasa aplicable a las transacciones corrientes en la fecha de la transferencia.

3. Se considerará que las transferencias se han efectuado "sin demora", en el sentido del párrafo 1 de este Artículo, cuando se han hecho dentro del plazo normalmente necesario para el cumplimiento de las formalidades de la transferencia. Dicho plazo no excederá en ningún caso de dos meses, contado a partir del momento de la presentación de la solicitud correspondiente, si ésta fuere necesaria.

4. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 de este Artículo, una Parte Contratante podrá demorar o impedir una transferencia mediante la aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de sus leyes y reglamentos:

a) para proteger los derechos de los acreedores, en cumplimiento de una resolución judicial;

b) relativas a, o para asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos:

(i) para la emisión, transmisión y negociación de valores, futuros, opciones y derivados,

(ii) concernientes a reportes o registros de transferencias, o

c) relacionadas con infracciones penales y resoluciones en procedimientos administrativos o de adjudicación; siempre que tales medidas y su aplicación no sean usadas como un medio para evadir el cumplimiento de los compromisos u obligaciones de las Partes Contratantes contenidas en el Acuerdo.

Artículo 7

Subrogación

En caso de que una Parte Contratante o la entidad por ella designada haya otorgado cualquier garantía financiera sobre riesgos no comerciales en relación con una inversión efectuada por sus inversores en el territorio de la otra Parte Contratante y desde el momento en que la primera Parte Contratante o su entidad designada haya realizado pago alguno con cargo a la garantía concedida, la primera Parte Contratante o la entidad designada será beneficiaria directa de todo tipo de pagos a los que pudiese ser acreedor el inversor. En caso de controversia, únicamente el inversor podrá iniciar o participar en los procedimientos ante los tribunales nacionales o someterla a los tribunales de arbitraje internacional de conformidad con las disposiciones del Artículo 8 del presente Acuerdo.

Artículo 8

Solución de Controversias entre una Parte Contratante y un Inversor de la otra Parte Contratante

1. Ambito de Aplicación y Derecho de Acción.

A. Este Artículo se aplica a controversias entre una Parte Contratante y un inversor de la otra Parte Contratante, que surjan a partir de la fecha en la que el Acuerdo entre en vigor, respecto a un supuesto incumplimiento de una obligación de la primera, conforme a este Acuerdo, que ocasione una pérdida o daño al inversor o a su inversión. Una persona jurídica que es una inversión en el territorio de una Parte Contratante, hecha por un inversor de la otra Parte Contratante, no podrá someter reclamación alguna a arbitraje de acuerdo con este Artículo.

B. Si un inversor de una Parte Contratante o su inversión que es una persona jurídica en el territorio de la otra Parte Contratante, inician procedimientos ante un tribunal nacional respecto a una medida que constituya un supuesto incumplimiento de este Acuerdo, la controversia no podrá someterse a arbitraje, de acuerdo con este Apéndice. Asimismo, en caso de que un inversor haya sometido la controversia a arbitraje internacional, la elección de ese procedimiento será definitiva. Las excepciones anteriores no aplican a procedimientos administrativos ante autoridades administrativas que ejecuten la medida presuntamente violatoria.

C. En caso de que un inversor de una Parte Contratante someta una reclamación a arbitraje, ni el inversor ni la persona jurídica, que es una inversión en el territorio de la otra Parte Contratante, podrán iniciar o continuar procedimientos ante un tribunal nacional.

2. Medios de Solución, Períodos de Tiempo.

A. La controversia, de ser posible, deberá resolverse a través de la negociación o consulta. De no ser resuelta, el inversor podrá elegir someter la controversia a resolución:

a) de los tribunales competentes de la Parte Contratante que es parte en la controversia;

b) de acuerdo con cualquier procedimiento de solución de controversias aplicable previamente acordado, o

c) de acuerdo con el Artículo a:

i) el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ("el Centro"), establecido de acuerdo al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados ("el Convenio del CIADI") cuando ambas Partes Contratantes se hayan adherido al mismo;

ii) el Centro, conforme a las Reglas del Mecanismo Complementario para la Administración de Procedimientos por el Secretariado del Centro, si una de las Partes Contratantes, pero no ambas, es parte del Convenio del CIADI;

iii) un tribunal de arbitraje ad hoc, establecido de acuerdo con las Reglas de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional ("CNUDMI");

iv) la Cámara Internacional de Comercio, a un tribunal ad hoc, de acuerdo con sus reglas de arbitraje.

B. Las reglas de arbitraje aplicables regirán al mismo, salvo en la medida de lo modificado por esta Sección.

C. Una controversia puede ser sometida a resolución, de acuerdo con el párrafo 1.C, una vez que hayan transcurrido seis meses desde que los actos que motivan la reclamación tuvieron lugar, siempre que el inversor haya entregado a la Parte Contratante que es parte en la controversia, notificación por escrito de su intención de someter la reclamación a arbitraje por lo menos con 60 días de anticipación, y siempre y cuando no haya transcurrido un plazo de 3 años a partir de la fecha en que el inversor por primera vez tuvo o debió haber tenido conocimiento de los actos que dieron lugar a la controversia.

3. Consentimiento de la Parte Contratante.

Cada Parte Contratante otorga su consentimiento incondicional al sometimiento de una controversia a arbitraje internacional de acuerdo con este Apéndice.

4. Integración del Tribunal Arbitral.

A. A menos que las partes contendientes acuerden otra cosa, el tribunal arbitral se integrará por tres miembros. Cada Parte en la controversia designará un miembro y estos dos miembros, acordarán nombrar un tercer miembro como su presidente.

B. Los miembros de los Tribunales Arbitrales deberán tener experiencia en derecho internacional y en materia de inversión.

C. Si un Tribunal Arbitral no ha sido constituido dentro de un término de 90 días contado a partir de la fecha en que la reclamación fue sometida a arbitraje, ya sea porque una de las partes contendientes no designó miembro o los miembros electos no llegaron a un acuerdo sobre el presidente, el Secretario General de la OEA, a petición de cualquiera de las partes contendientes, será invitado para nombrar, a su discreción, al miembro o miembros aún no designados. No obstante, el Secretario General de la OEA, al momento de designar un presidente, deberá asegurarse de que el mismo no sea nacional de alguna de las Partes Contratantes.

5. Acumulación.

A. Un Tribunal de acumulación establecido conforme a este Artículo se instalará de acuerdo a las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI y procederá de conformidad con lo establecido en dichas Reglas, salvo lo modificado por esta Sección.

B. Los procedimientos se acumularán en los siguientes

casos:

a) cuando un inversor someta una reclamación en

representación de una persona jurídica de la cual sea propietario o que esté bajo su control y, simultáneamente, otro inversor u otros inversores que participen en la misma persona jurídica, pero sin tener el control de ésta, sometan reclamaciones por cuenta propia como consecuencia de las mismas violaciones de este Acuerdo, o

b) cuando dos o más reclamaciones son sometidas a arbitraje, derivadas de cuestiones comunes de hecho y de derecho.

C. El Tribunal de acumulación decidirá la jurisdicción de las reclamaciones y revisará conjuntamente dichas reclamaciones, salvo que determine que los intereses de cualquier parte contendiente son perjudicados.

6. Lugar del Arbitraje.

Cualquier arbitraje conforme a este Artículo se realizará en un Estado que sea Parte de la Convención de Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York). Las reclamaciones sometidas a arbitraje conforme a este Apéndice, se considerarán derivadas de una relación u operación comercial para los efectos del artículo 1 de la Convención de Nueva York.

7. Derecho Aplicable.

Un Tribunal establecido conforme a este Artículo decidirá la controversia de conformidad con este Acuerdo, con las reglas aplicables y con los principios del derecho internacional.

8. Laudos y Ejecución.

A. Los laudos arbitrales pueden tomar las siguientes formas de resolución:

a) una declaración de que la Parte Contratante ha incumplido con sus obligaciones de conformidad con este Acuerdo;

b) indemnización compensatoria, que debe incluir interés desde el momento en que se causen las pérdidas o daños hasta la fecha de pago;

c) restitución en especie, en casos apropiados, salvo que la Parte Contratante pague en su lugar indemnización compensatoria, cuando la restitución no sea factible, y

d) con el acuerdo de las partes contendientes, cualquier otra forma de resolución.

B. Los laudos arbitrales serán definitivos y obligatorios solamente respecto de las partes contendientes y solamente con respecto al caso particular.

C. El laudo arbitral solamente será publicado si existe un convenio por escrito de ambas partes contendientes.

D. Un Tribunal Arbitral no podrá ordenar a una Parte Contratante el pago de daños punitivos.

E. Cada Parte Contratante deberá tomar, en su territorio, las medidas necesarias para la efectiva ejecución del laudo de acuerdo con lo establecido en este Artículo, y acatar sin demora cualquier laudo emitido en un procedimiento del cual sea parte.

F. Un inversor podrá recurrir a la ejecución de un laudo arbitral conforme al Convenio del CIADI o a la Convención de Nueva York.

9. Exclusiones.

El mecanismo de solución de controversias de este Artículo no será aplicable a las resoluciones adoptadas por una Parte Contratante, la cual, de acuerdo con su legislación y por razones de seguridad nacional, prohiban o restrinjan la adquisición por inversores de la otra Parte Contratante de una inversión en el territorio de la primera Parte Contratante que sea propiedad o esté controlada por sus nacionales.

Artículo 9

Solución de Controversias entre las Partes Contratantes

1. Cualquier controversia entre las Partes Contratantes relativa a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo se solucionará, en lo posible, por consultas y negociaciones.

2. Si una controversia entre las Partes Contratantes no pudiera ser solucionada dentro de los seis meses siguientes a la fecha de solicitud de consultas, será sometida a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, a un tribunal arbitral en los términos previstos en este Artículo.

3. El Tribunal Arbitral se establecerá para cada caso de la siguiente manera: dentro de los dos meses de recibida la solicitud de arbitraje, cada Parte Contratante designará un miembro del Tribunal. Estos dos miembros elegirán a un nacional de un tercer Estado quien, de acuerdo con ambas Partes Contratantes, será designado presidente del Tribunal. El presidente será designado dentro de los cuatro meses contados a partir de la fecha de recibida la solicitud de arbitraje.

4. Si en los plazos referidos en el párrafo 3 de este Artículo las designaciones necesarias no se hubieran cumplido, cualquiera de las Partes Contratantes, en ausencia de cualquier otro acuerdo, invitará al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a realizar las designaciones. Si el Presidente fuera un nacional de cualquiera de las Partes Contratantes o si estuviera impedido de realizar dicha función, el Vicepresidente será invitado a efectuar las designaciones. Si el Vicepresidente fuera nacional de cualquiera de las Partes Contratantes o si él también estuviera impedido de realizar dicha función, el integrante de mayor jerarquía de la Corte Internacional de Justicia que no sea nacional de ninguna de las Partes Contratantes será invitado a realizar las designaciones.

5. El tribunal arbitral tomará su decisión por mayoría de votos y determinará sus propios procedimientos, salvo que las Partes Contratantes acuerden en sentido diverso, y decidirá la controversia de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y las reglas aplicables del Derecho Internacional. Dicha decisión será obligatoria para ambas Partes Contratantes. Cada Parte Contratante se hará cargo de los honorarios de su miembro en el Tribunal y de los gastos de representación en las actuaciones arbitrales; los honorarios del Presidente, así como los demás gastos, se dividirán en partes iguales entre ambas Partes Contratantes. El Tribunal podrá, sin embargo, determinar que una mayor proporción de los gastos corra por cuenta de una de las Partes Contratantes, y esta decisión será obligatoria para ambas Partes Contratantes. El Tribunal determinará su propio procedimiento.

6. Una Parte Contratante no podrá iniciar procedimientos de acuerdo con este Artículo por una controversia relativa a la violación de los derechos de un inversor, la cual haya sido sometida por dicho inversionista a los procedimientos conforme al Artículo 8 de este Acuerdo, a menos que la otra Parte Contratante incumpla o no acate el laudo dictado en dicha controversia. En este caso, el Tribunal Arbitral establecido de conformidad con este Artículo, ante la presentación de una solicitud de la Parte Contratante cuyo inversionista fue parte en la controversia, podrá ordenar:

a) una declaración de que el incumplimiento o desacato del laudo definitivo está en contravención a las obligaciones de la otra Parte Contratante de conformidad con este Acuerdo, y

b) una recomendación de que la otra Parte Contratante cumpla y acate el laudo definitivo.

Artículo 10

Requisitos de Información

No obstante lo dispuesto en este Acuerdo, las Partes Contratantes podrán exigir de un inversor de la otra Parte Contratante o de la persona jurídica en la que ha invertido en su territorio, que proporcione información rutinaria referente a esa inversión, exclusivamente con fines de información estadística. La Parte Contratante protegerá la información que sea confidencial de cualquier divulgación que pudiera afectar negativamente la situación competitiva de la inversión o del inversor.

Artículo 11

Aplicación del Acuerdo

El presente Acuerdo se aplicará a todas las inversiones realizadas antes o después de la fecha de su entrada en vigor, pero sus disposiciones no se aplicarán a controversia, reclamo o diferendo alguno que haya surgido con anterioridad a su entrada en vigor.

Artículo 12

Aplicación de otros Acuerdos Internacionales

Si un asunto estuviera regido simultáneamente por este Acuerdo y por otro acuerdo internacional al que ambas Partes Contratantes se hubieran adherido, nada en este Acuerdo impedirá que cualquiera de las Partes Contratantes o uno de sus inversores que sean propietarios de inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante, se beneficien de cualquier norma que les sea más favorable.

Artículo 13

Entrada en Vigor, Duración y Terminación

1. Este Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días después de la última fecha en que las Partes Contratantes se hayan notificado mutuamente por escrito que han cumplido los requisitos constitucionales para la entrada en vigor de este Acuerdo. La última fecha hace referencia a la fecha de remisión de la última carta de notificación.

2. El presente Acuerdo permanencerá en vigor por un período de diez (10) años y su vigencia se extenderá automáticamente por otro período equivalente, salvo que una de las Partes Contratantes notifique a la otra Parte Contratante su intención de terminarlo un año antes de finalizar el período de diez años que corresponda.

3. Con relación a las inversiones realizadas o adquiridas con anterioridad a la fecha de terminación de este Acuerdo, las disposiciones de todos los demás Artículos del mismo continuarán en vigor por un período de diez (10) años a partir de dicha fecha de terminación.

En fe de lo cual los suscritos, debidamente autorizados, suscriben el presente Acuerdo.

Hecho en la ciudad de Montevideo, Uruguay, a los treinta días del mes de junio de 1999, en dos ejemplares en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República Oriental del Uruguay

Por los Estados Unidos Mexicanos

Dr. Jorge Cassinelli

Encargado de la Subdirección de Tratados

PROTOCOLO

En el acto de la firma del Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos para la Promoción y la Protección Recíprocas de las Inversiones, los suscritos plenipotenciarios han acordado adicional-mente las siguientes disposiciones, que se considerarán como parte integral de dicho Acuerdo:

Ad Artículo 1; párrafo 1.c)

Con respecto a las disposiciones de este Artículo, y en relación a los Estados Unidos Mexicanos, los préstamos estarán incluidos en la definición de inversión solamente cuando sean otorgados por el inversor a la explotación que constituye su inversión o bien resulten de una operación financiera contratada por un período superior a tres años.

Ad Artículo 6

En caso de un desequilibrio fundamental de la balanza de pagos o de una amenaza del mismo, los Estados Unidos Mexicanos podrán temporalmente restringir las transferencias, siempre y cuando se instrumenten medidas o un programa de acuerdo con los estándares del Fondo Monetario Internacional. Estas restricciones se impondrán sobre bases equitativas, no discriminatorias y de buena fe.

Dr. Jorge Cassinelli

Encargado de la Subdirección de Tratados."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Singer.

SEÑOR SINGER.- Señor Presidente: este Acuerdo sigue, prácticamente, la misma línea de todos los Tratados de promoción recíproca de inversiones que el país ha ido suscribiendo con diversos Estados desde 1985 a la fecha.

Ya ha sido repartido el informe escrito que hemos realizado en nombre de la Comisión de Asuntos Internacionales. Por lo tanto, creo que no tenemos que abundar en mayores consideraciones. Simplemente, queremos decir que para el Uruguay, si bien todos los Acuerdos de esta índole han sido muy importantes, éste con los Estados Unidos Mexicanos reviste particular trascendencia en las actuales circunstancias. Corresponde aclarar que ha sido aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes. La Comisión de Asuntos Internacionales lo aprobó por mayoría, con la constancia de los señores Senadores Gargano y Couriel acerca de sus objeciones sobre el régimen de solución de controversias que contiene este tipo de Tratados. Reitero que, en este caso, se siguió la línea de todos los anteriores acuerdos aprobados por el Parlamento Nacional.

En consecuencia, consideramos que el Senado haría bien en ratificar parlamentariamente este Tratado.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: creo que es suficiente lo que ha manifestado el Miembro Informante, señor Senador Singer. No obstante, quiero indicar que nuestra oposición a este tipo de Convenios se debe a que en ellos se establece de manera explícita la prórroga de jurisdicción por la voluntad exclusiva del inversor. Este tema ha sido muy debatido y reiteradamente planteado en ambas Cámaras parlamentarias. De manera que doy por fundado el voto del Encuentro Progresista - Frente Amplio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

- 16 en 29. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos para la Promoción y Protección Recíprocas de las Inversiones, suscrito en Montevideo el 30 de junio de 1999."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 29. Afirmativa.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

11) ACUERDO DE EXTRADICION ENTRE LOS ESTADOS PARTE DEL MERCOSUR Y LA REPUBLICA DE BOLIVIA Y LA REPUBLICA DE CHILE

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en sexto lugar del Orden del Día: "Proyecto de Ley por el que se aprueba el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del MERCOSUR y la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en la ciudad de Río de Janeiro el 10 de diciembre de 1998. (Carp. Nº 672/01 - Rep. 437/02)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 672/01

Rep. Nº 437/02

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del MERCOSUR y la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en Río de Janeiro, el 10 de diciembre de 1998.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 4 de diciembre de 2001.

Gustavo Penadés Presidente - Horacio D. Catalurda Secretario.

TEXTO DEL ACUERDO

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República de Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Parte del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la República de Bolivia y la República de Chile, denominados en adelante Estados Parte del presente Acuerdo;

Considerando lo dispuesto por el Tratado de Asunción, firmado el 26 de marzo de 1991 entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República de Paraguay y la República Oriental del Uruguay y el Protocolo de Ouro Preto, firmado el 17 de diciembre de 1994 por esos mismos Estados Parte;

Considerando el Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 suscrito entre el MERCOSUR y la República de Bolivia; el Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 suscrito entre el MERCOSUR y la República de Chile y las Decisiones del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR Nº 14/96 "Participación de Terceros Países Asociados en Reuniones del MERCOSUR" y Nº 12/97 "Participación de Chile en Reuniones del MERCOSUR";

Recordando que los instrumentos fundacionales del MERCOSUR establecen el compromiso para los Estados Parte de armonizar sus legislaciones;

Reafirmando el deseo de los Estados Parte del MERCOSUR de acordar soluciones jurídicas comunes con el objeto de fortalecer el proceso de integración;

Destacando la importancia de contemplar dichas soluciones en instrumentos jurídicos de cooperación en áreas de interés común como la cooperación jurídica y la extradición;

Convencidos de la necesidad de simplificar y agilizar la cooperación internacional para posibilitar la armonización y la compatibilización de las normas que regulan el ejercicio de la función jurisdiccional de los Estados Parte;

Teniendo presente la evolución de los Estados democráticos tendiente a la eliminación gradual de los delitos de naturaleza política como excepción a la extradición;

Resuelven celebrar un Acuerdo de Extradición en los términos que siguen:

CAPITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1

Obligación de Conceder la Extradición

Los Estados Parte se obligan a entregarse recíprocamente, según las reglas y las condiciones establecidas en el presente Acuerdo, a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios y sean requeridas por las autoridades competentes de otro Estado Parte, para ser procesadas por la presunta comisión de algún delito, para que respondan a un proceso en curso o para la ejecución de una pena privativa de libertad.

Artículo 2

Delitos que dan lugar a la Extradición

1. Darán lugar a la extradición los hechos tipificados como delito por las leyes del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido, cualquiera sea la denominación de los delitos, que sean punibles en ambos Estados con una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años.

2. Si la extradición fuera requerida para la ejecución de una sentencia se exigirá, además, que la parte de la pena que aún quede por cumplir no sea inferior a seis meses.

3. Si la extradición requerida por uno de los Estados Parte estuviere referida a delitos diversos y conexos, respetando el principio de la doble incriminación para cada uno de ellos, bastará con que uno de los mismos satisfaga las exigencias previstas en este artículo para que pueda concederse la extradición, inclusive con respecto de los otros delitos.

4. Procederá igualmente la extradición respecto de los delitos previstos en acuerdos multilaterales en vigor entre el Estado Parte requirente y el Estado Parte requerido.

5. Cualquier delito que no esté expresamente exceptuado en el Capítulo III del presente Acuerdo dará lugar a la extradición, siempre que cumpla con los requisitos previstos en el Artículo 3.

CAPITULO II

PROCEDENCIA DE LA EXTRADICION

Artículo 3

Jurisdicción, Doble Incriminación y Pena

Para que la extradición sea considerada procedente es necesario:

a) que el Estado Parte requirente tenga jurisdicción para conocer en los hechos que fundan la solicitud, salvo cuando el Estado Parte requerido tenga jurisdicción para entender en la causa;

b) que en el momento en que se solicita la extradición los hechos que fundan el pedido satisfagan las exigencias del artículo 2 del presente Acuerdo.

CAPITULO III

IMPROCEDENCIA DE LA EXTRADICION

Artículo 4

Modificación de la Calificación del Delito

Si la calificación del hecho constitutivo del delito que motivó la extradición fuere modificada posteriormente durante el proceso en el Estado Parte requirente, la acción no podrá proseguir, a no ser que la nueva calificación permita la extradición.

Artículo 5

Delitos Políticos

1. No se concederá la extradición por delitos que el Estado Parte requerido considere políticos o conexos con delitos de esta naturaleza. La mera invocación de un fin o motivo político, no implicará que éste deba necesariamente calificarse como tal.

2. A los fines del presente Acuerdo, no serán considerados delitos políticos bajo ninguna circunstancia:

a) el atentando contra la vida o la acción de dar muerte a un Jefe de Estado o de Gobierno o a otras autoridades nacionales o locales o a sus familiares;

b) el genocidio, los crímenes de guerra o los delitos contra la humanidad en violación de las normas del Derecho Internacional;

c) los actos de naturaleza terrorista que, a título ilustrativo, impliquen alguna de las siguientes conductas:

i) el atentado contra la vida, la integridad física o la libertad de personas que tengan derecho a protección internacional, incluidos los agentes diplomáticos;

ii) la toma de rehenes o el secuestro de personas;

iii) el atentado contra personas o bienes mediante el uso de bombas, granadas, proyectiles, minas, armas de fuego, cartas o paquetes que contengan explosivos u otros dispositivos capaces de causar peligro común o conmoción pública;

iv) los actos de captura ilícita de embarcaciones o aeronaves;

v) en general, cualquier acto no comprendido en los supuestos anteriores cometido con el propósito de atemorizar a la población, a clases o sectores de la misma, atentar contra la economía de un país, su patrimonio cultural o ecológico, o cometer represalias de carácter político, racial o religioso;

vi) la tentativa de cualquiera de los delitos previstos en este artículo.

Artículo 6

Delitos Militares

No se concederá la extradición por delitos de naturaleza exclusivamente militar.

Artículo 7

Cosa Juzgada, Indulto, Amnistía y Gracia

No se concederá la extradición de la persona reclamada en caso de que haya sido juzgada, indultada, beneficiada por la amnistía o que haya obtenido una gracia por el Estado Parte requerido respecto del hecho o de los hechos en que se fundamenta la solicitud de extradición.

Artículo 8

Tribunales de Excepción o "Ad Hoc"

No se concederá la extradición de la persona reclamada cuando hubiere sido condenada o deba ser juzgada en el Estado Parte requirente por un Tribunal de excepción o "ad hoc".

Artículo 9

Prescripción

No se concederá la extradición cuando la acción o la pena estuvieren prescriptas conforme a la legislación del Estado Parte requirente o del Estado Parte requerido.

Artículo 10

Menores

1. No se concederá la extradición cuando la persona reclamada hubiere sido menor de 18 años al tiempo de la comisión del hecho o de los hechos por los cuales se le solicita.

2. En tal caso, el Estado Parte requerido le aplicará las medidas correctivas que de acuerdo a su ordenamiento jurídico se aplicarían si el hecho o los hechos hubieren sido cometidos en su territorio por un menor inimputable.

CAPITULO IV

DENEGACION FACULTATIVA DE EXTRADICION

Artículo 11

Nacionalidad

1. La nacionalidad de la persona reclamada no podrá ser invocada para denegar la extradición, salvo que una disposición constitucional establezca lo contrario.

2. Los Estados Parte que no contemplen una disposición de igual naturaleza que la prevista en el párrafo anterior podrán denegarle la extradición de sus nacionales.

3. En las hipótesis de los párrafos anteriores el Estado Parte que deniegue la extradición deberá juzgar a la persona reclamada y mantener informado al otro Estado Parte acerca del juicio, así como remitirle copia de la sentencia una vez que aquél finalice.

4. A los efectos de este artículo, la condición de nacional se determinará por la legislación del Estado Parte requerido vigente en el momento en que se solicite la extradición, siempre que la nacionalidad no hubiere sido adquirida con el propósito fraudulento de impedir la extradición.

Artículo 12

Actuaciones en curso por los mismos hechos

Podrá denegarse la extradición si la persona reclamada está siendo juzgada en el territorio del Estado Parte requerido a causa del hecho o los hechos en los que se funda la solicitud.

CAPITULO V

LIMITES A LA EXTRADICION

Artículo 13

Pena de Muerte o Pena Privativa de Libertad a Perpetuidad

1. El Estado Parte requirente no aplicará al extraditado, en ningún caso, la pena de muerte o la pena privativa de libertad a perpetuidad.

2. Cuando los hechos que originen una solicitud de extradición estuviesen sancionados en el Estado Parte requirente con la pena de muerte o con una pena privativa de libertad a perpetuidad, la extradición sólo será admisible si el Estado Parte requirente aplicare la pena máxima admitida en la ley penal del Estado Parte requerido.

Artículo 14

Principio de la Especialidad

1. La persona entregada no será detenida, juzgada ni condenada en el territorio del Estado Parte requirente por otros delitos cometidos con anterioridad a la fecha de la solicitud de extradición y no contenidos en ésta, salvo en los siguientes casos:

a) cuando la persona extraditada, habiendo tenido la posibilidad de abandonar el territorio del Estado Parte al que fue entregada, haya permanecido voluntariamente en él por más de 45 días corridos después de su liberación definitiva o regresare a él después de haberlo abandonado;

b) cuando las autoridades competentes del Estado Parte requerido consintieren en la extensión de la extradición a efectos de la detención, enjuiciamiento o condena de la persona reclamada por un delito distinto del que motivó la solicitud.

2. A este efecto, el Estado Parte requirente deberá remitir al Estado Parte requerido una solicitud formal de extensión de la extradición, la que será resuelta por este último. La solicitud deberá estar acompañada de los documentos previstos en el párrafo 4 del artículo 18 de este Acuerdo y del testimonio de la declaración judicial sobre los hechos que motivaron la solicitud de ampliación, prestada por el extraditado con la debida asistencia jurídica.

Artículo 15

Reextradición a un Tercer Estado

La persona entregada sólo podrá ser reextraditada a un tercer Estado con el consentimiento del Estado Parte que haya concedido la extradición, salvo el caso previsto en el literal a) del artículo 14 de este Acuerdo. El consentimiento deberá ser reclamado por medio de los procedimientos establecidos en la parte final del mencionado artículo.

CAPITULO VI

DERECHO DE DEFENSA Y COMPUTO DE LA PENA

Artículo 16

Derecho de Defensa

La persona reclamada gozará en el Estado Parte requerido de todos los derechos y garantías que otorgue la legislación de dicho Estado. Deberá ser asistida por un defensor y, si fuera necesario, recibirá la asistencia de un intérprete.

Artículo 17

Cómputo de la Pena

El período de detención cumplido por la persona extraditada en el Estado Parte requerido en virtud del proceso de extradición, será computado en la pena a ser cumplida en el Estado Parte requirente.

CAPITULO VII

PROCEDIMIENTO

Artículo 18

Solicitud

1. La solicitud de extradición será trasmitida por vía diplomática. Su diligenciamiento será regulado por la legislación del Estado Parte requerido.

2. Cuando se tratare de una persona no condenada, la solicitud de extradición deberá ser acompañada por el original o copia de la orden de prisión o resolución equivalente, conforme a la legislación del Estado Parte requerido, emanado de la autoridad competente.

3. Cuando se trate de una persona condenada, la solicitud de extradición deberá ser acompañada por el original o la copia de la sentencia condenatoria o un certificado de que la misma no fue totalmente cumplida y del tiempo que faltó para su cumplimiento.

4. En las hipótesis señaladas en los párrafos 2 y 3, también deberán acompañarse a la solicitud:

i) una descripción de los hechos por los cuales se solicita la extradición, debiéndose indicar el lugar y fecha en que ocurrieron, su calificación legal y la referencia, a las disposiciones legales aplicables;

ii) todos los datos conocidos sobre la identidad, nacionalidad, domicilio o residencia de la persona reclamada y, si fuere posible, su fotografía, huellas digitales y otros medios que permitan su identificación.

iii) copia o transcripción auténtica de los textos legales que tipifican y sancionan el delito, identificando la pena aplicable, los textos que establezcan la jurisdicción de la Parte requirente para conocer de ellos, así como una declaración de que la acción y la pena no se encuentran prescriptas, conforme a su legislación.

5. En el caso previsto en el artículo 13, se incluirá una declaración mediante la cual el Estado Parte requirente asume el compromiso de no aplicar la pena de muerte o la pena privativa de libertad a perpetuidad obligándose a aplicar, como pena máxima, la pena mayor admitida por la legislación penal del Estado Parte requerido.

Artículo 19

Exención de Legalización

La solicitud de extradición, así como los documentos que la acompañan, de conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo, estarán exentos de legalización o formalidad análoga. En caso de presentarse copias de documentos, éstas deberán estar autenticadas por la autoridad competente.

Artículo 20

Idioma

La solicitud de extradición y los documentos que se adjuntan, deberán estar acompañados por la traducción al idioma del Estado Parte requerido.

Artículo 21

Información Complementaria

1. Si los datos o documentos enviados con la solicitud de extradición fueren insuficientes o defectuosos, el Estado Parte requerido comunicará el hecho sin demora al Estado Parte requirente, por vía diplomática, el cual deberá subsanar las omisiones o deficiencias que se hubieren observado, en un plazo de 45 días corridos, contados desde la fecha en que el Estado Parte requirente haya sido informado acerca de la necesidad de subsanar los referidos defectos u omisiones.

2. Si por circunstancias especiales debidamente fundadas, el Estado Parte requirente no pudiere cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior dentro del plazo señalado, podrá solicitar al Estado Parte requerido, la prórroga del referido plazo por 20 días corridos adicionales.

3. Si no se diere cumplimiento a lo señalado en los párrafos precedentes, se tendrá al Estado Parte requirente por desistido de la solicitud.

Artículo 22

Decisión y Entrega

1. El Estado Parte requerido comunicará sin demora al Estado Parte requirente, por vía diplomática, su decisión con respecto a la extradición.

2. Cualquier decisión denegatoria, total o parcial, respecto al pedido de extradición, será fundada.

3. Cuando se haya otorgado la extradición, el Estado Parte requirente será informado del lugar y la fecha de entrega, así como de la duración de la detención cumplida por la persona reclamada con fines de extradición.

4. Si en el plazo de 30 días corridos, contados a partir de la fecha de la notificación, el Estado Parte requirente no retirare a la persona reclamada, ésta será puesta en libertad, pudiendo el Estado Parte requerido denegar posteriormente la extradición por los mismos hechos.

5. En caso de fuerza mayor o de enfermedad grave debidamente comprobada que impidan u obstaculicen la entrega o la recepción de la persona reclamada, tal circunstancia será informada al otro Estado Parte, antes del vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior, pudiéndose acordar una nueva fecha para la entrega y recepción.

6. En el momento de la entrega de la persona reclamada, o tan pronto como sea posible, se entregarán al Estado Parte requirente la documentación, bienes y otros objetos que, igualmente, deban ser puestos a su disposición, conforme a lo previsto en el presente Acuerdo.

7. El Estado Parte requirente podrá enviar al Estado Parte requerido, con la anuencia de éste, agentes debidamente autorizados para colaborar en la verificación de la identidad del extraditado y en la conducción de éste al territorio del Estado Parte requirente. Estos agentes estarán subordinados, en su actividad, a las autoridades del Estado Parte requerido.

Artículo 23

Aplazamiento de la Entrega

1. Cuando la persona cuya extradición se solicita esté sujeta a proceso o cumpliendo una condena en el Estado Parte requerido por un delito diferente del que motiva la extradición, éste deberá igualmente resolver sobre la solicitud de extradición y notificar su decisión al Estado Parte requirente.

2. Si la decisión fuere favorable, el Estado Parte requerido podrá aplazar la entrega hasta la conclusión del proceso penal o hasta que se haya cumplido la pena. No obstante, si el Estado Parte requerido sancionare el delito que funda el aplazamiento con una pena cuya duración sea inferior a la establecida en el párrafo 1 del artículo 2 de este Acuerdo, procederá a la entrega sin demora.

3. Las responsabilidades civiles derivadas del delito o cualquier proceso civil al que se encuentre sujeta la persona reclamada no podrán impedir o demorar la entrega.

4. El aplazamiento de la entrega suspenderá el cómputo del plazo de la prescripción en las actuaciones judiciales que tuvieren lugar en el Estado Parte requirente por los hechos que motivan la solicitud de extradición.

Artículo 24

Entrega de los Bienes

1. En el caso en que se conceda la extradición, los bienes que se encuentren en el Estado Parte requerido y que sean producto del delito o que puedan servir de prueba serán entregados al Estado Parte requirente, si éste así lo solicitare. La entrega de los referidos bienes estará supeditada a la ley del Estado Parte requerido y a los derechos de los terceros eventualmente afectados.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, dichos bienes serán entregados al Estado Parte requirente, si éste así lo solicitare, inclusive en el caso de no poder llevar a cabo la extradición como consecuencia de muerte o fuga de la persona reclamada.

3. Cuando dichos bienes fueran susceptibles de embargo o decomiso en el territorio del Estado Parte requerido, éste podrá, a efectos de un proceso penal en curso, conservarlos temporalmente o entregarlos con la condición de su futura restitución.

4. Cuando la ley del Estado Parte requerido o el derecho de los terceros afectados así lo exijan, los bienes serán devueltos, sin cargo alguno, al Estado Parte requerido.

Artículo 25

Solicitudes Concurrentes

1. En el caso de recibirse solicitudes de extradición concurrentes, referentes a una misma persona, el Estado Parte requerido determinará a cuál de los referidos Estados se concederá la extradición, y notificará su decisión a los Estados Parte requirentes.

2. Cuando las solicitudes se refieran a un mismo delito, el Estado Parte requerido deberá dar preferencia en el siguiente orden:

a) al Estado en cuyo territorio se haya cometido el delito.

b) al Estado en cuyo territorio tenga su residencia

habitual la persona reclamada;

c) al Estado que primero haya presentado la solicitud.

3. Cuando las solicitudes se refieran a delitos diferentes, el Estado Parte requerido, según su legislación, dará preferencia al Estado que tenga jurisdicción respecto al delito más grave. A igual gravedad, se dará preferencia al Estado que haya presentado la solicitud en primer lugar.

Artículo 26

Extradición en Tránsito

1. Los Estados Parte cooperarán entre sí con el objeto de facilitar el tránsito por su territorio de las personas extraditadas. A tales efectos, la extradición en tránsito por el territorio de los Estados Parte se otorgará, siempre que no se opongan motivos de orden público, previa presentación de una solicitud por vía diplomática acompañada por las copias de la solicitud original de extradición y de la comunicación que lo autoriza.

2. A las autoridades del Estado Parte de tránsito les corresponderá la custodia del reclamado. El Estado Parte requirente reembolsará al Estado Parte de tránsito los gastos en que incurriere en cumplimiento de tal responsabilidad.

3. No será necesario solicitar la extradición en tránsito cuando se utilicen medios de transporte aéreo que no tengan previsto el aterrizaje en el territorio del Estado Parte de tránsito.

Artículo 27

Extradición Simplificada o Voluntaria

El Estado Parte requerido podrá conceder la extradición si la persona reclamada, con la debida asistencia jurídica y ante la autoridad judicial del Estado Parte requerido, prestare su expresa conformidad para ser entregada al Estado Parte requirente, después de haber sido informada de su derecho a un procedimiento formal de extradición y de la protección que éste le brinda.

Artículo 28

Gastos

1. El Estado Parte requerido se hará cargo de los gastos ocasionados en su territorio como consecuencia de la detención de la persona cuya extradición se requiere. Los gastos ocasionados por el traslado y el tránsito de la persona reclamada desde el territorio del Estado Parte requerido estarán a cargo del Estado Parte requirente.

2. El Estado Parte requirente se hará cargo de los gastos de traslado al Estado Parte requerido de la persona extraditada que hubiere sido absuelta o sobreseída.

CAPITULO VIII

DETENCION PREVENTIVA CON FINES DE

EXTRADICION

Artículo 29

Detención Preventiva

1. Las autoridades competentes del Estado Parte requirente podrán solicitar la detención preventiva para asegurar el procedimiento de extradición de la persona reclamada, la cual será cumplida con la máxima urgencia por el Estado Parte requerido y de acuerdo con su legislación.

2. El período de detención preventiva deberá indicar que tal persona responde a un juicio o es objeto de una sentencia condenatoria u orden de detención judicial y deberá consignar la fecha y los hechos que funden la solicitud, así como el momento y el lugar en que ocurrieron los mismos, además de los datos personales u otros que permitan la identificación de la persona cuya detención se requiere. También, deberá constar en la solicitud la intención de cursar una solicitud formal de extradición.

3. El pedido de detención preventiva podrá ser presentado por las autoridades competentes del Estado Parte requirente por vía diplomática o a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), debiendo ser transmitido por correo, fax o cualquier otro medio que permita la comunicación por escrito.

4. La persona detenida en virtud del referido pedido de detención preventiva será puesta inmediatamente en libertad si, al cabo de 40 días corridos, contados desde la fecha de notificación de su detención al Estado Parte requirente, éste no hubiere formalizado la solicitud de extradición ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Parte requerido.

5. Si la persona reclamada fuere puesta en libertad en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Estado Parte requirente sólo podrá solicitar una nueva detención de la persona reclamada mediante una solicitud formal de extradición.

CAPITULO IX

SEGURIDAD, ORDEN PUBLICO Y OTROS INTERESES ESENCIALES

Artículo 30

Seguridad, Orden Público y Otros Intereses Esenciales

Excepcionalmente y con la debida fundamentación, el Estado Parte requerido podrá denegar la solicitud de extradición, cuando su cumplimiento sea contrario a la seguridad, al orden público u otros intereses esenciales para el Estado Parte requerido.

CAPITULO X

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 31

1. El presente Acuerdo, entrará en vigor cuando al menos hayan sido depositados los instrumentos de ratificación por dos Estados Parte del MERCOSUR y por la República de Bolivia o la República de Chile.

2. Para los demás ratificantes entrará en vigor el trigésimo día posterior al depósito de su respectivo instrumento de ratificación.

3. La República de Paraguay será depositaria del presente Acuerdo y de los instrumentos de ratificación y enviará copias debidamente autenticadas a los demás Estados Parte.

Firmado en Río de Janeiro, en 10 de diciembre de 1998, en dos ejemplares originales, en los idiomas portugués y español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

ACUERDO SOBRE EXTRADICION ENTRE LOS ESTADOS PARTE DEL MERCOSUR Y LA REPUBLICA DE BOLIVIA Y LA REPUBLICA DE CHILE

Se eleva a la consideración del Plenario el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del MERCOSUR y la República de Bolivia y la República de Chile, suscrita en la ciudad de Río de Janeiro, el 10 de diciembre de 1998.

En dicha ocasión se suscribieron dos tratados de extradición de idéntico tenor, uno vinculante de los países del MERCOSUR, y el otro, el presente entre los cuatro Estados Miembros del MERCOSUR, Bolivia y Chile.

Ambos Acuerdos, en especial el primero, constituyen la culminación de una exhaustiva regulación en el dominio de la cooperación y asistencia judicial entre los Estados Miembros, en virtud de que, fueron celebrados tres tratados en esta materia, dos en el sector civil, el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial y Laboral y Administratriva (Las Leñas, 1992) y el Protocolo de Medidas Cautelares (Ouro Preto, 1994); y uno en el área penal, el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales (Buenos Aires, 1996).

Se intenta favorecer la agilidad en la prestación de justicia, en virtud de que la puesta en vigor de, un texto único para los países del MERCOSUR y sus asociados facilitara la práctica, habida cuenta de que tanto los jueces como los asesores aplicarán un mismo tratado para las relaciones bilaterales entre cualesquiera de los Estados del escenario integrado, posibilitando la creación, con el transcurso del tiempo, de una práctica y una jurisprudencia razonablemente homogéneas.

Desde el punto de vista de la armonía legislativa interna, el Acuerdo guarda coherencia con los bilaterales suscritos a partir del tratado con España el 28-02-96, aprobado por la Ley Nº 16.799, en vigor desde 19-04-97, así como las previsiones fundamentales del régimen nacional.

Los resultados satisfactorios de este Acuerdo, tanto en las soluciones de fondo como en su estructura, parten de la homogeneidad de antecedentes legislativos y una cultura jurídica común.

La similitud de sistemas jurídicos y el ámbito relativamente reducido de negociación facilitaron la concreción de políticas legislativas comunes a la región, teniendo presente la evolución mundial, que introduce innovaciones destacables en materia de delito político y terrorismo.

Se recogen los modernos desarrollos bilaterales y regionales, habiéndose seguido de cerca los recientes del dominio europeo, impregnados de soluciones que favorecen la agilidad de la cooperación. No obstante, y pese al marco de referencia universal que debió necesariamente tenerse en cuenta, las soluciones incorporadas en todos los sectores se adaptan a las particularidades de los Estados de la región.

Históricamente el tema de la extradición entre los Estados se comenzó a contemplar en Tratados bilaterales, algunos de finales del Siglo XIX y otros de comienzos del Siglo XX.

En estos Tratados, algunos de los cuales tenían como Partes, a los signatarios del presente, la extradición quedaba limitada a una serie de delitos taxativamente enumerados en una lista fruto del acuerdo entre las Partes.

Esta técnica ha sido superada en los modernos acuerdos, tendencia que en lo que concierne a nuestro país, comienza a plasmarse en el ya referido Tratado con España.

Las nóminas limitadas son inexorablemente superadas por la evolución, habida cuenta que se tipifican nuevas figuras delictivas y que algunas conductas penalizadas caen en correlativo desuso.

Los nuevos convenios se apartan acertadamente de este mecanismo y adoptan el criterio de la gravedad de la pena. En consecuencia, conductas o modalidades imprevisibles en el momento de la negociación quedarán incorporadas ipso jure, siempre que se cumpla con los demás requisitos exigidos.

La finalidad perseguida, atendiendo las características de cada negociación bilateral, es obtener textos adaptados a las nuevas modalidades de la criminilidad nacional e internacional, procurando, a la vez, dotar a estos nuevos Tratados de una adecuada sistematización tendiente a facilitar la interpretación y aplicación de las disposiciones por parte de las autoridades competentes.

Más allá del proceso de actualización que Uruguay lleva a cabo en sus diversos tratados de extradición, el presente Acuerdo pase a convertirse en el único Tratado sub-regional moderno del continente, al estilo de la regulación que en este terreno se adoptó en los países europeos.

El Art. 1 establece la obligación de conceder la extradición, condicionada a que se cumplan uno de tres supuestos: para iniciar un proceso, para responder a un proceso en curso o para la ejecución de una condena.

El Art. 2 enumera los delitos que dan lugar a la extradición.

Se requiere la doble incriminación, sin perjuicio de la diversa denominación de los delitos en el Estado requirente y en el requerido, así como una pena privativa de la libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años.

Se contempla la extradición accesoria en el caso de delitos diversos y conexos. Se exige el respecto a la doble incriminación para cada uno de ellos, pero en lo concerniente a la pena bastará con que uno de los mismos, satisfaga las exigencias antes señaladas para que pueda concederse la extradición, inclusive con respecto de los otros delitos.

Por último se establece que cualquier delito que no esté expresamente exceptuado en el Capítulo correspondiente, dará lugar a la extradición siempre que cumpla con los requisitos del Art. 3.

Este artículo trata sobre la procedencia de la extradición la cual se asienta en la jurisdicción, la doble incriminación y la pena.

En este sentido el literal a) del Art. 3 recalca el requisito de la jurisdicción en tanto que el literal b) implica un reenvío al Art. 2 a los efectos de que se satisfagan sus exigencias: doble incriminación y pena, o sea, los delitos en virtud de los cuales se solicita la extradición deben estar debidamente tipificados por las legislaciones nacionales, tanto en lo que tiene que ver con la tipificación delictiva de la conducta o el hecho en cuestión y la calificación de la gravedad de la pena.

Los Arts. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 tratan de la improcedencia de la extradición.

Modificación de la calificación del hecho constitutivo del delito, a no ser que la nueva calificación permita la extradición. (Art. 4).

Los delitos políticos o conexos (Art. 5).

Se aclara que la mera invocación de un fin o motivo político no implicará que los delitos necesariamente deban calificarse como políticos.

A renglón seguido se circunscribe y delimita al terreno del delito político en tanto fundamento de excepción a la entrega.

Se incluye una enumeración de conductas que reduce la posibilidad de invocar la excepción del delito o los motivos políticos.

Se recoge la filosofía del Preámbulo de la Convención Europea para la supresión del terrorismo de Estrasburgo en 1977 en el sentido de que la extradición es una medida efectiva para asegurar que quienes perpetren actos de terrorismo no escapen a la persecución y castigo.

De tal suerte, pese a los eventuales fines políticos, o su conexión con ellos, de quiénes cometan actos de terrorismo, los mismos no serán calificados de naturaleza política a los efectos de la extradición, la que no podrá denegarse en base a tal calificación.

En la enumeración se señalan las conductas que "bajo ninguna circunstancia" podrán calificarse como delitos políticos.

Son ellos la tradicional cláusula belga, ampliada a texto expreso en el sentido de la interpretación ya dada por la doctrina, que incluye a "otras autoridades nacionales o locales o sus familiares", el genocidio, los crímenes de guerra o los delitos contra la humanidad, así como los actos de naturaleza terrorista, aún en grado de tentativa. Con relación a éstos se describen posibles conductas "a título ilustrativo" y se enuncia una cláusula residual, conforme a la cual se considerará de naturaleza terrorista "en general", cualquier acto no comprendido en los supuestos anteriores cometido con el propósito de atemorizar a la población, a clases o sectores, atentar contra la economía de un país, su patrimonio cultural o ecológico, o cometer represalias de carácter político, racial o religioso.

Los delitos militares (Art. 6), La Cosa Juzgada, el Indulto, la Amnistía y la Gracia (Art. 7). Los tribunales de excepción (Art. 8). Y la prescripción (Art. 9).

Los menores (Art. 10), éste artículo fija la minoridad en los 18 años al tiempo de la comisión del hecho por los cuales se le solicita. Es la primera vez, en un tratado celebrado por nuestro país, que se incluye la no extradición de menores, evitando las situaciones litigiosas que suelen darse cuando el sujeto requerido es mayor para el Estado requirente, y menor para la legislación del Estado requerido.

En el caso de tratarse de un menor se impone al Estado requerido la obligación de aplicar, conforme a sus leyes, las mismas medidas correctivas que si las conductas hubieran sido cometidas en su territorio, procurando evitar la impunidad.

Los Arts. 11 y 12, tratan la denegación facultativa de la extradición: la nacionalidad (Art. 11), y las actuaciones en curso por el mismo hecho en el territorio del Estado requerido (Art. 12).

En lo concerniente a la nacionalidad hubo de tenerse en cuenta, la prohibición constitucional brasileña de entregar a sus nacionales.

Se optó por una fórmula, que impusiera la extradición como principio, sin desmedro del respeto por la jerarquía constitucional de la norma brasileña.

El numeral 1 del Art. 11 señala: la nacionalidad de la persona reclamada no podrá ser invocada para denegar la extradición, salvo que una disposición constitucional establezca lo contrario.

Como contrapartida el numeral 2, faculta a los Estados Parte a denegar la extradición de sus nacionales a Brasil, circunstancia que deberá evaluarse en cada caso.

En la hipótesis de que el Estado requerido, deniegue la extradición, tendrá la obligación de juzgar a la persona reclamada, y mantener informado al Estado requirente acerca del juicio, así como remitirle copia de la sentencia.

Los Arts. 13, 14 y 15 establecen los límites a la extradición: pena de muerte o prisión perpetua; el principio de especialidad; la reextradición.

El principio general es que no se aplicara la pena de muerte o la privación perpetua de la libertad Art. 13 numeral 1.

Este principio se complementa en el numeral 2 del Art. 13, al establecerse que cuando en el Estado requirente el delito se sancionase con una de estas dos penas, la extradición sólo será admisible si el Estado requirente, se limitare a aplicar la pena máxima admitida en la ley penal del Estado requerido.

Esta obligación constituye una innovación que por primera vez se adoptó, a iniciativa de la delegación uruguaya en el tratado bilateral con España y cuya propuesta fue aquí reiterada, con el objeto de conculcar cualquier ambivalencia o duplicidad en torno a la comprensión real y al compromiso efectivo del Estado requirente en cada caso concreto.

En el Art. 14, se consagra el principio de la especialidad del modo tradicional en el sentido de que el Estado requirente, sólo podrá detener, juzgar y condenar a la persona entregada por los delitos detallados en la solicitud de extradición y no por otros, salvo las excepciones de la permanencia voluntaria de la persona en el territorio del Estado requirente por cierto período, habiendo tenido la posibilidad de abandonar su territorio. Se prevé también el consentimiento del Estado requerido para la extensión de la solicitud, la que deberá efectuarse con las mismas formalidades que si se tratara de un nuevo pedido.

El Art. 15 aborda la reextradición a un tercer estado, exigiendo el consentimiento del Estado originariamente requerido, exceptuándose el supuesto de que la persona extraditada, habiendo tenido la posibilidad de abandonar el territorio del Estado al que se entregó, no lo hubiere hecho por su voluntad, en el plazo que establece el Art. 16 consagra el Derecho de defensa y el Art. 17 establece el cómputo en la pena a ser cumplida en el Estado requirente, el período de detención cumplido por la persona extraditada en el Estado requerido.

A partir del Art. 18 y hasta el 28, inclusive, se establecen las normas de procedimiento.

Se contemplan los requisitos usuales para la solicitud, los documentos adjuntos y las vías de transmisión (Art. 18). El pedido deberá transmitirse por vía diplomática y su diligenciamiento será regulado por la legislación del Estado requerido.

La solicitud y los documentos estarán exentos de legalización o formalidad análoga (Art. 19), previsión coherente con la calidad de países integrados de los signatarios, así como con la vía diplomática de transmisión, tradicionalmente exenta del señalado requisito. Deberán acompañarse, no obstante, de una traducción al idioma del Estado requerido (Art. 20).

Se detallan los documentos que deben adjuntarse, los que varían en función de la calidad del reclamado, según se trate de un condenado, de quien se encuentre en una etapa procesal previa o si el juicio no se hubiere iniciado. En todos los casos se acompañarán los textos legales que tipifican y sancionan el delito, identificando la pena a aplicar así o como las disposiciones que establecen la jurisdicción de Estado Requirente y una declaración de que la acción ni la pena se encuentran prescritos.

El artículo 21 contempla la remisión de información complementaria, cuando los datos o documentos remitidos fueren insuficientes o defectuosos, la que podrá ser suministrada en un plazo de 45 días corridos a partir de la fecha en que el país requirente fue informado de dicha necesidad, plazo que podrá ser extendido mediando circunstancias especiales que justifiquen el incumplimiento. Si dicha información no fuere proporcionada, se tendrá al recurrente por desistido de la solicitud.

Como se señalara, cuando el Estado requirente contemple la pena de muerte o de prisión perpetua, deberá adjuntarse a la solicitud una declaración mediante la cual dicho Estado se compromete a no aplicar aquellas penas sino la mayor admitida en el Estado requerido.

La decisión, en sentido afirmativo o negativo, deberá ser comunicada sin demora por vía diplomática (Art. 22). Si fuere denegatoria, total o parcialmente, deberá ser fundada. La concesión de la extradición deberá notificarse al Estado Requirente, así como el lugar y fecha de la entrega. Se prevé que la persona será puesta en libertad si no fuere retirada en 30 días, salvo las excepciones que se establecen.

Se prevén circunstancias especiales que justifican la no entrega en el plazo acordado, disponiéndose que en caso de fuerza mayor o de enfermedad grave debidamente comprobada que la impida u obstaculice, ello será informado a la otra parte, pudiéndose acordar una nueva fecha.

El artículo 23, que regula el aplazamiento de la entrega, contiene una previsión a favor de la cooperación, la que se vería retaceada si un proceso en curso en el Estado requerido, de modo indiscriminado, aun en el supuesto de un delito sensiblemente menos grave que aquel que justifica el pedido, determinara de modo absoluto la imposibilidad de entregar.

El párrafo 1, impone al Estado requerido la obligación de dictaminar acerca de la extradición en todos los casos, aún si el reclamado estuviere sujeto a proceso o cumpliendo una condena. Si la decisión fuere favorable, el Estado requerido podrá -facultativo- aplazar la entrega hasta la conclusión del proceso o hasta que se haya cumplido la pena. No obstante, estará obligado a entregar sin demora si el delito que funda el aplazamiento estuviere sancionado por el Estado requerido por una pena de duración inferior a la establecida para fundar la extradición conforme al artículo 2. Como es de recibo, las responsabilidades civiles derivadas del delito o cualquier proceso civil no impedirán la entrega.

De acuerdo a la tendencia de los modernos tratados se contempla en el artículo 27 la extradición simplificada o voluntaria, conforme a la cual la extradición se otorga, precisamente, en función de la voluntad de la persona reclamada. En tal supuesto, ésta deberá tener asistencia legal y su consentimiento se efectuará ante la autoridad judicial del Estado requerido, después de haber sido informada de su derecho a un procedimiento formal. Es éste un precepto conveniente, en tanto es susceptible de beneficiar tanto al Estado requirente como al requerido y al propio reclamado. En efecto, este último por diversas razones, familiares, de radicación, sistema carcelario o preferencia personal puede estar interesado en su traslado.

El Art. 29 trata de la detención preventiva la que puede solicitarse por vía diplomática o a través de INTERPOL.

El Art. 30 establece una disposición de amplio alcance, similar a lo de otros tratados de extradición y de cooperación penal, según la cual el Estado requerido, en forma excepcional y fundada, podrá denegar la extradición cuando su cumplimiento sea contrario a la seguridad, el orden público u otros intereses esenciales de dicho Estado.

Finalmente y de acuerdo al Art. 31 entrará en vigor cuando hayan sido depositados los instrumentos de ratificación por dos Estados Parte del MERCOSUR y por la República de Chile o de Bolivia, siendo depositaria del Acuerdo y de los instrumentos de ratificación la República del Paraguay.

El presente Acuerdo cuenta con media sanción al haber sido aprobado por mayoría en la Cámara de Representantes el 4 de diciembre de 2001.

En vista de lo precedente, de los objetivos acordados y considerando que se han contemplado adecuadamente los intereses nacionales, se recomienda la aprobación del presente Acuerdo.

Pablo Millor, Miembro Informante, Carlos Garat, Reinaldo Gargano, Carlos Julio Pereyra, Wilson Sanabria, Juan A. Singer, Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: en realidad, quisiéramos informar los dos Acuerdos, es decir, los que figuran en sexto y séptimo lugar del Orden del Día, porque son de idéntico tenor. La única variación radica en que, mientras en el séptimo se vincula a los Estados Partes del MERCOSUR, en el sexto se relaciona a los Estados Partes del MERCOSUR con las Repúblicas de Bolivia y Chile. Ambos son idénticos, fueron suscritos el 10 de diciembre de 1998 y constituyen un eslabón más dentro de una estrategia que tiende a la armonización, cooperación y asistencia judicial de una manera más efectiva, dotando a los Estados Partes del MERCOSUR y a sus asociados de textos únicos en diferentes materias de Derecho, a fin de posibilitar una práctica y jurisprudencia más homogénea.

Corresponde aclarar que no es la primera vez que se procede de esta forma; en realidad, ya se suscribieron tres Tratados de este tipo, dos en materia civil -el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa, suscrito en Las Leñas en 1992, y el Protocolo de Medidas Cautelares, suscrito en Ouro Preto en 1994- y uno en materia penal, el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, suscrito en Buenos Aires en 1996.

Desde el punto de vista de la armonía de nuestra legislación interna, este Acuerdo guarda coherencia con los Convenios bilaterales suscritos a partir del Tratado con España, el 28 de febrero de 1996, aprobado por la Ley Nº 16.799 y vigente desde el 19 de abril de 1997, así como con las previsiones fundamentales del régimen nacional.

La base para lograr estos Acuerdos -reitero, uno entre cuatro países y otro entre seis- se encuentra en la homogeneidad de antecedentes legislativos y en una cultura jurídica común. Además, se respeta la singularidad de cada país. Por ejemplo, por una norma constitucional, Brasil tiene prohibida la extradición de sus nacionales. En el Tratado esta disposición constitucional brasileña está contemplada, con la contrapartida de que cuando sea Brasil quien solicita la extradición de un nacional, ya sea de Uruguay, Argentina o Paraguay, estos países pueden establecer la reserva de concederla o no. Las singularidades de cada país son respetadas.

Este Tratado tiene varias originalidades. En primer lugar, pasa a convertirse en el único Acuerdo subregional moderno del continente en esta materia, al estilo de la regulación que en este terreno se adoptó en varios países europeos, con la diferencia de que el proceso se extendió durante cuarenta años y aquí bastante menos, tal vez por esa comunidad de culturas y antecedentes legislativos, así como también por la raíz napoleónica de nuestros Códigos. En segundo término, esto se inscribe en una tendencia a sustituir los Tratados bilaterales. Toda la materia de extradición en Uruguay, y en el resto del mundo, se regía por Tratados bilaterales, algunos de fines del siglo XIX y otros de principios del XX. La tendencia moderna son los Tratados regionales, que abarcan la concertación de más de dos países. En tercer lugar -tal vez esta sea la originalidad más importante-, se dejan de lado en materia de extradición las listas taxativas. Hasta ahora, o hasta el Tratado con España, los Acuerdos de Extradición se caracterizaban por tener una nómina cerrada de conductas delictivas. Se establecía taxativamente cuáles eran las conductas que daban origen a la extradición. Con el tiempo se comprobó que esta técnica adolecía de defectos, porque con el tiempo se van tipificando nuevos delitos que quedaban excluidos de la extradición. Además, algunas conductas que antes eran penalizadas, caen en desuso o dejan de ser penalizadas, lo cual suponía un inconveniente muy serio. Este Tratado incursiona en una nueva tendencia: ya no se trata de listas cerradas, de nóminas taxativas, sino que se adopta el criterio de la gravedad de la pena. Así, se establecen límites; por ejemplo, en este Tratado la pena no puede ser menor de dos años de privación de libertad. De esta manera, se prevé para el futuro que conductas que puedan llegar a ser tipificadas como delitos estén contempladas en las disposiciones del Tratado.

En cuanto a los requisitos para conceder la extradición y más allá de lo que se desarrolla "in extenso" en el informe escrito, son los de estilo. En primer lugar, la doble incriminación, esto es, que la conducta por la cual se solicita la extradición sea considerada delito tanto en el país requirente como en el requerido, aun cuando sea con distinto nombre. En una palabra, que la conducta esté tipificada como delito en las respectivas legislaciones. En segundo término, el requisito de la jurisdicción y, en tercer lugar, el que ya habíamos mencionado en el sentido de que la pena no puede ser menor a dos años de privación de libertad.

Entendemos que este es un Tratado muy importante y, reitero, histórico, porque pasa a ser el primer acuerdo regional de estas características en América Latina. Además, va en el sendero de lo que son las modernas tendencias y tiene coherencia con lo que Uruguay está haciendo, por lo menos a partir del Tratado suscrito con España y ya mencionado, correspondiente al año 1996, razón por la cual, por mayoría, la Comisión de Asuntos Internacionales recomienda la aprobación, tanto de este Tratado, como del que figura en el numeral siguiente.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Simplemente, quiero fundar nuestro voto discorde, pero antes voy a dejar una constancia. En estos tratados se respeta -como no se ha hecho en otros que el país ha suscrito últimamente- el principio de la doble identidad o doble incriminación, es decir, que sólo son extraditables aquellas personas que hayan cometido delitos tipificados como tales tanto en la parte requerida como en la requirente. Aquí, en el artículo 2º, esa consideración de la doble incriminación está expresamente establecida, de modo que es diferente a algunos otros que se votaron -fundamentalmente con relación a algunos países europeos-, donde la misma no aparecía.

Entre los especialistas que han asesorado a nuestra Bancada -esto está largamente fundamentado, además, en los antecedentes que el Miembro Informante tuvo a bien mostrarnos de la Cámara de Representantes-, hay también discrepancias en lo que dice relación con el monto de la pena que da lugar a la extradición. Tradicionalmente, en los tratados de extradición se establece que son extraditables aquellas personas que hayan cometido delitos cuya pena sea superior a dos años, y no como dice este Tratado "cuya duración máxima no sea inferior a dos años". Me explicaba el señor Senador Korzeniak que aquí están involucrados los delitos penados con dos años. No es inferior a dos años, pero tampoco superior. No sé si me explico; si bien parece sutil, no lo es cuando en la práctica se plantean los problemas.

Estas son, en general, las consideraciones que nos llevaron a identificar luego nuestro desacuerdo con la aprobación de estos Tratados de Extradición.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

- 18 en 28. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del MERCOSUR y la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en Río de Janeiro, el 10 de diciembre de 1998."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 28. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

12) ACUERDO DE EXTRADICION ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO EL 10 DE DICIEMBRE DE 1998

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del MERCOSUR, suscrito en la ciudad de Río de Janeiro el 10 de diciembre de 1998. (Carp. Nº 673/01 - Rep. 438/02)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 673/01

Rep. Nº 438/02

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del MERCOSUR, suscrito en Río de Janeiro, el 10 de diciembre de 1998.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 4 de diciembre de 2001.

Gustavo Penadés Presidente - Horacio D. Catalurda Secretario.

TEXTO DEL ACUERDO

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República de Paraguay y la República Oriental del Uruguay, denominados en lo sucesivo Estados Partes;

Considerando lo dispuesto por el Tratado de Asunción, firmado el 26 de marzo de 1991 entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República de Paraguay y la República Oriental del Uruguay y el Protocolo de Ouro Preto, firmado el 17 de diciembre de 1994 por esos mismos Estados Partes;

Recordando que los instrumentos fundacionales del MERCOSUR establecen el compromiso para los Estados Partes de armonizar sus legislaciones;

Reafirmando el deseo de los Estados Partes del MERCOSUR de acordar soluciones jurídicas comunes con el objeto de fortalecer el proceso de integración;

Destacando la importancia de contemplar dichas soluciones en instrumentos jurídicos de cooperación en áreas de interés común como la cooperación jurídica y la extradición;

Convencidos de la necesidad de simplificar y agilizar la cooperación internacional para posibilitar la armonización y la compatibilización de las normas que regulan el ejercicio de la función jurisdiccional de los Estados Partes;

Teniendo presente la evolución de los Estados democráticos tendiente a la eliminación gradual de los delitos de naturaleza política como excepción a la extradición;

Resuelven celebrar un Acuerdo de Extradición en los términos que siguen:

CAPITULO I

Principios Generales

Artículo 1

Obligación de conceder la extradición

Los Estados Partes se obligan a entregarse recíprocamente, según las reglas y las condiciones establecidas en el presente Acuerdo, a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios y sean requeridas por las autoridades competentes de otro Estado Parte, para ser procesadas por la presunta comisión de algún delito, para que respondan a un proceso en curso o para la ejecución de una pena privativa de libertad.

Artículo 2

Delitos que dan lugar a la extradición

1. Darán lugar a la extradición los hechos tipificados como delito por las leyes del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido, cualquiera sea la denominación de los delitos, que sean punibles en ambos Estados con una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años.

2. Si la extradición fuera requerida para la ejecución de una sentencia se exigirá, además, que la parte de la pena que aún quede por cumplir no sea inferior a seis meses.

3. Si la extradición requerida por uno de los Estados Partes estuviere referida a delitos diversos y conexos, respetando el principio de la doble incriminación para cada uno de ellos, bastará con que uno de los mismos satisfaga las exigencias previstas en este artículo para que pueda concederse la extradición, inclusive con respecto de los otros delitos.

4. Procederá igualmente la extradición respecto de los delitos previstos en acuerdos multilaterales en vigor entre el Estado Parte requirente, y el Estado Parte requerido.

5. Cualquier delito que no esté expresamente exceptuado en el Capítulo III del presente Acuerdo dará lugar a la extradición, siempre que cumpla con los requisitos previstos en el Artículo 3.

CAPITULO II

Procedencia de la Extradición

Artículo 3

Jurisdicción, Doble Incriminación y Pena

Para que la extradición sea considerada procedente es necesario:

a) que el Estado Parte requirente tenga jurisdicción para conocer en los hechos que fundan la solicitud, salvo cuando el Estado Parte requerido tenga jurisdicción para entender en la causa;

b) que en el momento en que se solicita la extradición los hechos que fundan el pedido satisfagan las exigencias del artículo 2 del presente Acuerdo.

CAPITULO III

Procedencia de la Extradición

Artículo 4

Modificación de la Calificación del Delito

Si la calificación del hecho constitutivo del delito que motivó la extradición fuere modificada posteriormente durante el proceso en el Estado Parte requirente, la acción no podrá proseguir, a no ser que la nueva calificación permita la extradición.

Artículo 5

Delitos Políticos

1. No se concederá la extradición por delitos que el Estado Parte requerido considere políticos o conexos con delitos de esta naturaleza. La mera invocación de un fin o motivo político, no implicará que éste deba necesariamente calificarse como tal.

2. A los fines del presente Acuerdo, no serán considerados delitos políticos bajo ninguna circunstancia:

a) El atentando contra la vida o la acción de dar muerte a un Jefe de Estado o de Gobierno o a otras autoridades nacionales o locales o a sus familiares.

b) El genocidio, los crímenes de guerra o los delitos contra la humanidad en violación de las normas del Derecho Internacional.

c) Los actos de naturaleza terrorista que, a título ilustrativo, impliquen alguna de las siguientes conductas:

i) el atentado contra la vida, la integridad física o la libertad de personas que tengan derecho a protección internacional, incluidos los agentes diplomáticos;

ii) la toma de rehenes o el secuestro de personas;

iii) el atentado contra personas o bienes mediante el uso de bombas, granadas, proyectiles, minas, armas de fuego, cartas o paquetes que contengan explosivos u otros dispositivos capaces de causar peligro común o conmoción pública;

iv) los actos de captura ilícita de embarcaciones o aeronaves;

v) en general, cualquier acto no comprendido en los supuestos anteriores cometido con el propósito de atemorizar a la población, a clases o sectores de la misma, atentar contra la economía de un país, su patrimonio cultural o ecológico, o cometer represalias de carácter político, racial o religioso;

vi) la tentativa de cualquiera de los delitos previstos en este artículo.

Artículo 6

Delitos militares

No se concederá la extradición por delitos de naturaleza exclusivamente militar.

Artículo 7

Cosa Juzgada, Indulto, Amnistía y Gracia

No se concederá la extradición de la persona reclamada en caso de que haya sido juzgada, indultada, beneficiada por la amnistía o que haya obtenido una gracia por el Estado Parte requerido respecto del hecho o de los hechos en que se fundamenta la solicitud de extradición.

Artículo 8

Tribunales de Excepción o "ad hoc"

No se concederá la extradición de la persona reclamada cuando hubiere sido condenada o deba ser juzgada en el Estado Parte requirente por un Tribunal de excepción o "ad hoc".

Artículo 9

Prescripción

No se concederá la extradición cuando la acción o la pena estuvieren prescriptas conforme a la legislación del Estado Parte requirente o del Estado Parte requerido.

Artículo 10

Menores

1. No se concederá la extradición cuando la persona reclamada hubiere sido menor de dieciocho años al tiempo de la comisión del hecho o de los hechos por los cuales se le solicita.

2. En tal caso, el Estado Parte requerido le aplicará las medidas correctivas que de acuerdo a su ordenamiento jurídico se aplicarían si el hecho o los hechos hubieren sido cometidos en su territorio por un menor inimputable.

CAPITULO IV

Denegación Facultativa de Extradición

Artículo 11

Nacionalidad

1. La nacionalidad de la persona reclamada no podrá ser invocada para denegar la extradición, salvo que una disposición constitucional establezca lo contrario.

2. Los Estados Partes que no contemplen una disposición de igual naturaleza que la prevista en el párrafo anterior podrán denegarle la extradición de sus nacionales.

3. En las hipótesis de los párrafos anteriores el Estado Parte que deniegue la extradición deberá juzgar a la persona reclamada y mantener informado al otro Estado Parte acerca del juicio, así como remitirle copia de la sentencia una vez que aquél finalice.

4. A los efectos de este artículo, la condición de nacional se determinará por la legislación del Estado Parte requerido vigente en el momento en que se solicite la extradición, siempre que la nacionalidad no hubiere sido adquirida con el propósito fraudulento de impedir la extradición.

Artículo 12

Actuaciones en curso por los mismos hechos

Podrá denegarse la extradición si la persona reclamada está siendo juzgada en el territorio del Estado Parte requerido a causa del hecho o los hechos en los que se funda la solicitud.

CAPITULO V

Límites a la Extradición

Artículo 13

Pena de Muerte o Pena Privativa de Libertad a Perpetuidad

1. El Estado Parte requirente no aplicará al extraditado, en ningún caso, la pena de muerte o la pena privativa de libertad a perpetuidad.

2. Cuando los hechos que originen una solicitud de extradición estuviesen sancionados en el Estado Parte requirente con la pena de muerte o con una pena privativa de libertad a perpetuidad, la extradición sólo será admisible si el Estado Parte requirente aplicare la pena máxima admitida en la ley penal del Estado Parte requerido.

Artículo 14

Principio de la Especialidad

1. La persona entregada no será detenida, juzgada ni condenada en el territorio del Estado Parte requirente por otros delitos cometidos con anterioridad a la fecha de la solicitud de extradición y no contenidos en ésta, salvo en los siguientes casos:

a) cuando la persona extraditada, habiendo tenido la posibilidad de abandonar el territorio del Estado Parte al que fue entregada, haya permanecido voluntariamente en él por más de cuarenta y cinco días corridos después de su liberación definitiva o regresare a él después de haberlo abandonado.

b) cuando las autoridades competentes del Estado Parte requerido consintiera en la extensión de la extradición a efectos de la detención, enjuiciamiento o condena de la persona reclamada por un delito distinto del que motivó la solicitud.

2. A este efecto, el Estado Parte requirente deberá remitir al Estado Parte requerido una solicitud formal de extensión de la extradición, la que será resuelta por este último. La solicitud deberá estar acompañada de los documentos previstos en el párrafo 4 del artículo 18 de este Acuerdo y del testimonio de la declaración judicial sobre los hechos que motivaron la solicitud de ampliación, prestada por el extraditado con la debida asistencia jurídica.

Artículo 15

Reextradición a un Tercer Estado

La persona entregada sólo podrá ser reextraditada a un tercer Estado con el consentimiento del Estado Parte que haya concedido la extradición, salvo el caso previsto en el literal a) del artículo 14 de este Acuerdo. El consentimiento deberá ser reclamado por medio de los procedimientos establecidos en la parte final del mencionado artículo.

CAPITULO VI

Derecho de Defensa y Cómputo de la Pena

Artículo 16

Derecho de Defensa

La persona reclamada gozará en el Estado Parte requerido de todos los derechos y garantías que otorgue la legislación de dicho Estado. Deberá ser asistida por un defensor y, si fuera necesario, recibirá la asistencia de un intérprete.

Artículo 17

Cómputo de la Pena

El período de detención cumplido por la persona extraditada en el Estado Parte requerido en virtud del proceso de extradición, será computado en la pena a ser cumplida en el Estado Parte requirente.

CAPITULO VII

Procedimiento

Artículo 18

Solicitud

1. La solicitud de extradición será trasmitida por vía diplomática. Su diligenciamiento será regulado por la legislación del Estado Parte requerido.

2. Cuando se tratare de una persona no condenada, la solicitud de extradición deberá ser acompañada por el original o copia de la orden de prisión o resolución equivalente, conforme a la legislación del Estado Parte requerido, emanado de la autoridad competente.

3. Cuando se trate de una persona condenada, la solicitud de extradición deberá ser acompañada por el original o la copia de la sentencia condenatoria o un certificado de que la misma no fue totalmente cumplida y del tiempo que faltó para su cumplimiento.

4. En las hipótesis señaladas en los párrafos 2 y 3, también deberán acompañarse a la solicitud:

i) una descripción de los hechos por los cuales se solicita la extradición, debiéndose indicar el lugar y fecha en que ocurrieron, su calificación legal y la referencia, a las disposiciones legales aplicables;

ii) todos los datos conocidos sobre la identidad, nacionalidad, domicilio o residencia de la persona reclamada y, si fuere posible, su fotografía, huellas digitales y otros medios que permitan su identificación.

iii) copia o transcripción auténtica de los textos legales que tipifican y sancionan el delito, identificando la pena aplicable, los textos que establezcan la jurisdicción del Estado Parte requirente para conocer de ellos, así como una declaración de que la acción y la pena no se encuentran prescriptas, conforme a su legislación.

5. En el caso previsto en el artículo 13, se incluirá una declaración mediante la cual el Estado Parte requirente asume el compromiso de no aplicar la pena de muerte o la pena privativa de libertad a perpetuidad obligándose a aplicar, como pena máxima, la pena mayor admitida por la legislación penal del Estado Parte requerido.

Artículo 19

Exención de Legalización

La solicitud de extradición, así como los documentos que la acompañan, de conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo, estarán exentos de legalización o formalidad análoga. En caso de presentarse copias de documentos, éstas deberán estar autenticadas por la autoridad competente.

Artículo 20

Idioma

La solicitud de extradición y los documentos que se adjuntan, deberán estar acompañados por la traducción al idioma del Estado Parte requerido.

Artículo 21

Información Complementaria

1. Si los datos o documentos enviados con la solicitud de extradición fueren insuficientes o defectuosos, el Estado Parte requerido comunicará el hecho sin demora al Estado Parte requirente, por vía diplomática, el cual deberá subsanar las omisiones o deficiencias que se hubieren observado, en un plazo de cuarenta y cinco días corridos, contados desde la fecha en que el Estado Parte requirente haya sido informado acerca de la necesidad de subsanar los referidos defectos u omisiones.

2. Si por circunstancias especiales debidamente fundadas, el Estado Parte requirente no pudiere cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior dentro del plazo señalado, podrá solicitar al Estado Parte requerido, la prórroga del referido plazo por veinte días corridos adicionales.

3. Si no se diere cumplimiento a lo señalado en los párrafos precedentes, se tendrá al Estado Parte requirente por desistido de la solicitud.

Artículo 22

Decisión y Entrega

1. El Estado Parte requerido comunicará sin demora al Estado Parte requirente, por vía diplomática, su decisión con respecto a la extradición.

2. Cualquier decisión denegatoria, total o parcial, respecto al pedido de extradición será fundada.

3. Cuando se haya otorgado la extradición, el Estado Parte requirente será informado del lugar y la fecha de entrega, así como de la duración de la detención cumplida por la persona reclamada con fines de extradición.

4. Si en el plazo de treinta días corridos, contados a partir de la fecha de la notificación, el Estado Parte requirente no retirare a la persona reclamada, ésta será puesta en libertad, pudiendo el Estado Parte requerido denegar posteriormente la extradición por los mismos hechos.

5. En caso de fuerza mayor o de enfermedad grave debidamente comprobada que impidan u obstaculicen la entrega o la recepción de la persona reclamada, tal circunstancia será informada al otro Estado Parte, antes del vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior, pudiéndose acordar una nueva fecha para la entrega y recepción.

6. En el momento de la entrega de la persona reclamada, o tan pronto como sea posible, se entregarán al Estado Parte requirente la documentación, bienes y otros objetos que, igualmente, deban ser puestos a su disposición, conforme a lo previsto en el presente Acuerdo.

7. El Estado Parte requirente podrá enviar al Estado Parte requerido, con la anuencia de éste, agentes debidamente autorizados para colaborar en la verificación de la identidad del extraditado y en la conducción de éste al territorio del Estado Parte requirente. Estos agentes estarán subordinados, en su actividad, a las autoridades del Estado Parte requerido.

Artículo 23

Aplazamiento de la Entrega

1. Cuando la persona cuya extradición se solicita esté sujeta a proceso o cumpliendo una condena en el Estado Parte requerido por un delito diferente del que motiva la extradición, éste deberá igualmente resolver sobre la solicitud de extradición y notificar su decisión al Estado Parte requirente.

2. Si la decisión fuere favorable, el Estado Parte requerido podrá aplazar la entrega hasta la conclusión del proceso penal o hasta que se haya cumplido la pena. No obstante, si el Estado Parte requerido sancionare el delito que funda el aplazamiento con una pena cuya duración sea inferior a la establecida en el párrafo 1 del artículo 2 de este Acuerdo, procederá a la entrega sin demora.

3. Las responsabilidades civiles derivadas del delito o cualquier proceso civil al que se encuentre sujeta la persona reclamada no podrá impedir o demorar la entrega.

4. El aplazamiento de la entrega suspenderá el cómputo del plazo de la prescripción en las actuaciones judiciales que tuvieren lugar en el Estado Parte requirente por los hechos que motivan la solicitud de extradición.

Artículo 24

Entrega de los Bienes

1. En el caso en que se conceda la extradición, los bienes que se encuentren en el Estado Parte requerido y que sean producto del delito o que puedan servir de prueba serán entregados al Estado Parte requirente, si éste así lo solicitare. La entrega de los referidos bienes estará supeditada a la ley del Estado Parte requerido y a los derechos de los terceros eventualmente afectados.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, dichos bienes serán entregados al Estado Parte requirente, si éste así lo solicitare, inclusive en el caso de no poder llevar a cabo la extradición como consecuencia de muerte o fuga de la persona reclamada.

3. Cuando dichos bienes fueran susceptibles de embargo o decomiso en el territorio del Estado Parte requerido, éste podrá, a efectos de un proceso penal en curso, conservarlos temporalmente o entregarlos con la condición de su futura restitución.

4. Cuando la ley del Estado Parte requerido o el derecho de los terceros afectados así lo exijan, los bienes serán devueltos, sin cargo alguno, al Estado Parte requerido.

Artículo 25

Solicitudes Concurrentes

1. En el caso de recibirse solicitudes de extradición concurrentes, referentes a una misma persona, el Estado Parte requerido determinará a cuál de los referidos Estados se concederá la extradición, y notificará su decisión a los Estados Partes requirentes.

2. Cuando las solicitudes se refieran a un mismo delito, el Estado Parte requerido deberá dar preferencia en el siguiente orden:

a) al Estado en cuyo territorio se haya cometido el delito;

b) al Estado en cuyo territorio tenga su residencia habitual la persona reclamada;

c) al Estado que primero haya presentado la solicitud.

3. Cuando las solicitudes se refieran a delitos diferentes, el Estado Parte requerido, según su legislación, dará preferencia al Estado que tenga jurisdicción respecto al delito más grave. A igual gravedad, se dará preferencia al Estado que haya presentado la solicitud en primer lugar.

Artículo 26

Extradición en Tránsito

1. Los Estados Partes cooperarán entre sí con el objeto de facilitar el tránsito por su territorio de las personas extraditadas. A tales efectos, la extradición en tránsito por el territorio de los Estados Partes se otorgará, siempre que no se opongan motivos de orden público, previa presentación de una solicitud por vía diplomática acompañada por las copias de la solicitud original de extradición y de la comunicación que lo autoriza.

2. A las autoridades del Estado Parte de tránsito les corresponderá la custodia del reclamado. El Estado Parte requirente reembolsará al Estado Parte de tránsito los gastos en que incurriere en cumplimiento de tal responsabilidad.

3. No será necesario solicitar la extradición en tránsito cuando se utilicen medios de transporte aéreo que no tengan previsto el aterrizaje en el territorio del Estado Parte de tránsito.

Artículo 27

Extradición Simplificada o Voluntaria

El Estado Parte requerido podrá conceder la extradición si la persona reclamada, con la debida asistencia jurídica y ante la autoridad judicial del Estado Parte requerido, prestare su expresa conformidad para ser entregada al Estado Parte requirente, después de haber sido informada de su derecho a un procedimiento formal de extradición y de la protección que éste le brinda.

Artículo 28

Gastos

1. El Estado Parte requerido se hará cargo de los gastos ocasionados en su territorio como consecuencia de la detención de la persona cuya extradición se requiere. Los gastos ocasionados por el traslado y el tránsito de la persona reclamada desde el territorio del Estado Parte requerido estarán a cargo del Estado Parte requirente.

2. El Estado Parte requirente se hará cargo de los gastos de traslado al Estado Parte requerido de la persona extraditada que hubiere sido absuelta o sobreseída.

CAPITULO VIII

Detención Preventiva con Fines de Extradición

Artículo 29

Detención Preventiva

1. Las autoridades competentes del Estado Parte requirente podrán solicitar la detención preventiva para asegurar el procedimiento de extradición de la persona reclamada, la cual será cumplida con la máxima urgencia por el Estado Parte requerido y de acuerdo con su legislación.

2. El pedido de detención preventiva deberá indicar que tal persona responde a un juicio o es objeto de una sentencia condenatoria u orden de detención judicial y deberá consignar la fecha y los hechos que funden la solicitud, así como el momento y el lugar en que ocurrieron los mismos, además de los datos personales u otros que permitan la identificación de la persona cuya detención se requiere. También, deberá constar en la solicitud la intención de cursar una solicitud formal de extradición.

3. El pedido de detención preventiva podrá ser presentado por las autoridades competentes del Estado Parte requirente por vía diplomática o a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), debiendo ser transmitido por correo, fax o cualquier otro medio que permita la comunicación por escrito.

4. La persona detenida en virtud del referido pedido de detención preventiva será puesta inmediatamente en libertad si, al cabo de cuarenta días corridos, contados desde la fecha de notificación de su detención al Estado Parte requirente, éste no hubiere formalizado la solicitud de extradición ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Parte requerido.

5. Si la persona reclamada fuere puesta en libertad en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Estado Parte requirente sólo podrá solicitar una nueva detención de la persona reclamada mediante una solicitud formal de extradición.

CAPITULO IX

Seguridad, Orden Público y Otros Intereses Esenciales

Artículo 30

Seguridad, orden público y otros intereses esenciales

Excepcionalmente y con la debida fundamentación, el Estado Parte requerido podrá denegar la solicitud de extradición, cuando su cumplimiento sea contrario a la seguridad, al orden público u otros intereses esenciales para el Estado Parte requerido.

CAPITULO X

Disposiciones Finales

Artículo 31

1. El presente Acuerdo, entrará en vigor, con relación a los dos primeros Estados Partes que lo ratifiquen, en un plazo de treinta días a contar de la fecha en que el segundo país deposite su instrumento de ratificación. Para los demás Estados Partes que lo ratifiquen, entrará en vigor el trigésimo día a partir del depósito de sus respectivos instrumentos de ratificación.

2. La República de Paraguay será depositaria del presente Acuerdo y los demás instrumentos de ratificación y enviará copias debidamente autenticadas a los demás Estados Partes.

3. La República de Paraguay notificará a los demás Estados Partes sobre la fecha de entrada en vigencia del presente Acuerdo y la fecha de depósito de los instrumentos de ratificación.

Firmado en Río de Janeiro, a los diez días del mes de diciembre de 1998, en dos ejemplares originales, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

ACUERDO SOBRE EXTRADICION ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR, SUSCRITO EN LA

CIUDAD DE RIO DE JANEIRO EL 10 DE DICIEMBRE DE 1998

Se eleva a la consideración del Plenario el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del MERCOSUR suscrito en la ciudad de Río de Janeiro el 10 de diciembre de 1998.

En dicha ocasión se suscribieron dos tratados de extradición de idéntico tenor, uno vinculante de los países del MERCOSUR, y el otro, el presente entre los cuatro Estados Miembros del MERCOSUR, Bolivia y Chile.

Ambos Acuerdos, en especial el primero, constituye la culminación de una exhaustiva regulación en el dominio de la cooperación y asistencia judicial entre los Estados Miembros, en virtud de que, fueron celebrados tres tratados en esta materia, dos en el sector civil, el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial y Laboral y Administratriva (Las Leñas, 1992) y el Protocolo de Medidas Cautelares (Ouro Preto, 1994); y uno en el área penal, el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales (Buenos Aires, 1996).

Se intenta favorecer la agilidad en la prestación de justicia, en virtud de que la puesta en vigor de un texto único para los países del MERCOSUR y sus asociados facilitará la práctica, habida cuenta de que tanto los jueces como los asesores aplicarán un mismo tratado para las relaciones bilaterales entre cualesquiera de los Estados del escenario integrado, posibilitando la creación, con el transcurso del tiempo, de una práctica y una jurisprudencia razonablemente homogéneas.

Desde el punto de vista de la armonía legislativa interna, el Acuerdo guarda coherencia con los bilaterales suscritos a partir del tratado con España el 28-02-96, aprobado por la Ley Nº 16.799, en vigor desde 19-04-97, así como las previsiones fundamentales del régimen nacional.

Los resultados satisfactorios de este Acuerdo, tanto en las soluciones de fondo como en su estructura, parten de la homogeneidad de antecedentes legislativos y una cultura jurídica común.

La similitud de sistemas jurídicos y el ámbito relativamente reducido de negociación facilitaron la concreción de políticas legislativas comunes a la región, teniendo presente la evolución mundial, que introduce innovaciones destacables en materia de delito político y terrorismo.

Se recogen los modernos desarrollos bilaterales y regionales, habiéndose seguido de cerca los recientes del dominio europeo, impregnados de soluciones que favorecen la agilidad de la cooperación. No obstante, y pese al marco de referencia universal que debió necesariamente tenerse en cuenta, las soluciones incorporadas en todos los sectores se adaptan a las particularidades de los Estados de la región.

Históricamente el tema de la extradición entre los Estados se comenzó a contemplar en Tratados bilaterales, algunos de finales del Siglo XIX y otros de comienzos del Siglo XX.

En estos Tratados, algunos de los cuales tenían como Parte, a los signatarios del presente, la extradición quedaba limitada a una serie de delitos taxativamente enumerados en una lista fruto del acuerdo entre las Partes.

Esta técnica ha sido superada en los modernos acuerdos, tendencia que en lo que concierne a nuestro país, comienza a plasmarse en el ya referido Tratado con España.

Las nóminas limitadas son inexorablemente superadas por la evolución, habida cuenta de que se tipifican nuevas figuras delictivas y que algunas conductas penalizadas caen en correlativo desuso.

Los nuevos convenios se apartan acertadamente de este mecanismo y adoptan el criterio de la gravedad de la pena. En consecuencia, conductas o modalidades imprevisibles en el momento de la negociación quedarán incorporadas ipso jure, siempre que se cumpla con los demás requisitos exigidos.

La finalidad perseguida, atendiendo las características de cada negociación bilateral, es obtener textos adaptados a las nuevas modalidades de la criminalidad nacional e internacional, procurando, a la vez, dotar a estos nuevos Tratados de una adecuada sistematización tendiente a facilitar la interpretación y aplicación de las disposiciones por parte de las autoridades competentes.

Más allá del proceso de actualización que Uruguay lleva a cabo en sus diversos tratados de extradición, el presente Acuerdo pasa a convertirse en el único Tratado sub-regional moderno del continente, al estilo de la regulación que en este terreno se adoptó en los países europeos.

El Art. 1 establece la obligación de conceder la extradición, condicionada a que se cumplan uno de tres supuestos: para iniciar un proceso, para responder a un proceso en curso o para la ejecución de una condena.

El Art. 2 enumera los delitos que dan lugar a la extradición.

Se requiere la doble incriminación, sin perjuicio de la diversa denominación de los delitos en el Estado requirente y en el requerido, así como una pena privativa de la libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años.

Se contempla la extradición accesoria en el caso de delitos diversos y conexos. Se exige el respeto a la doble incriminación para cada uno de ellos, pero en lo concerniente a la pena bastará con que uno de los mismos, satisfaga las exigencias antes señaladas para que pueda concederse la extradición, inclusive con respecto de los otros delitos.

Por último se establece que cualquier delito que no esté expresamente exceptuado en el Capítulo correspondiente, dará lugar a la extradición siempre que cumpla con los requisitos del Art. 3.

Este artículo trata sobre la procedencia de la extradición la cual se asienta en la jurisdicción, la doble incriminación y la pena.

En este sentido el literal a) del Art. 3 recalca el requisito de la jurisdicción en tanto que el literal b) implica un reenvío al Art. 2 a los efectos de que se satisfagan sus exigencias: doble incriminación y pena, o sea, los delitos en virtud de los cuales se solicita la extradición deben estar debidamente tipificados por las legislaciones nacionales, tanto en lo que tiene que ver con la tipificación delictiva de la conducta o el hecho en cuestión y la calificación de la gravedad de la pena.

Los Arts. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 tratan de la improcedencia de la extradición.

Modificación de la calificación del hecho consultivo del delito, a no ser que la nueva calificación permita la extradición. (Art. 4).

Los delitos políticos o conexos (Art. 5).

Se aclara que la mera invocación de un fin o motivo político no implicará que los delitos necesariamente deban calificarse como políticos.

A renglón seguido se circunscribe y delimita al terreno del delito político en tanto fundamento de excepción a la entrega.

Se incluye una enumeración de conductas que reduce la posibilidad de invocar la excepción del delito o los motivos políticos.

Se recoge la filosofía del Preámbulo de la Convención Europea para la supresión del terrorismo de Estrasburgo en 1977 en el sentido de que la extradición es una medida efectiva para asegurar que quienes perpetren actos de terrorismo no escapen a la persecución y castigo.

De tal suerte, pese a los eventuales fines políticos, o su conexión con ellos, de quienes cometan actos de terrorismo, los mismos no serán calificados de naturaleza política a los efectos de la extradición, la que no podrá denegarse en base a tal calificación.

En la enumeración se señalan las conductas que "bajo ninguna circunstancia" podrán calificarse como delitos políticos.

Son ellos la tradicional cláusula belga, ampliada a texto expreso en el sentido de la interpretación ya dada por la doctrina, que incluye a "otras autoridades nacionales o locales o sus familiares", el genocidio, los crímenes de guerra o los delitos contra la humanidad, así como los actos de naturaleza terrorista, aun en grado de tentativa. Con relación a éstos se describen posibles conductas "a título ilustrativo" y se enuncia una cláusula residual, conforme a la cual se considerará de naturaleza terrorista "en general", cualquier acto no comprendido en los supuestos anteriores cometido con el propósito de atemorizar a la población, a clases o sectores, atentar contra la economía de un país, su patrimonio cultural o ecológico, o cometer represalias de carácter político, racial o religioso.

Los delitos militares (Art. 6), La Cosa Juzgada, el Indulto, la Amnistía y la Gracia (Art. 7). Los tribunales de excepción (Art. 8). Y la prescripción (Art. 9).

Los menores (Art. 10), este artículo fija la minoridad en los 18 años al tiempo de la comisión del hecho por los cuales se le solicita. Es la primera vez, en un tratado celebrado por nuestro país, que se incluye la no-extradición de menores, evitando las situaciones litigiosas que suelen darse cuando el sujeto requerido es mayor para el Estado Requirente, y menor para la legislación del Estado Requerido.

En el caso de tratarse de un menor se impone al Estado Requerido la obligación de aplicar, conforme a sus leyes, las mismas medidas correctivas que si las conductas hubieran sido cometidas en su territorio, procurando evitar la impunidad.

Los Arts. 11 y 12, tratan la denegación facultativa de la extradición: la nacionalidad (Art. 11), y las actuaciones en curso por el mismo hecho en el territorio del Estado Requerido (Art. 12).

En lo concerniente a la nacionalidad hubo de tenerse en cuenta, la prohibición constitucional brasileña de entregar a sus nacionales.

Se optó por una fórmula, que impusiera la extradición como principio, sin desmedro del respeto por la jerarquía constitucional de la norma brasileña.

El numeral 1 del Art. 11 señala que la nacionalidad de la persona reclamada no podrá ser invocada para denegar la extradición, salvo que una disposición constitucional establezca lo contrario.

Como contrapartida, el numeral 2 faculta a los Estados Partes a denegar la extradición de sus nacionales a Brasil, circunstancia que deberá evaluarse en cada caso.

En la hipótesis de que el Estado Requerido, deniegue la extradición, tendrá la obligación de juzgar a la persona reclamada, y mantener informado al Estado Requirente acerca del juicio, así como remitirle copia de la sentencia.

Los Arts. 13, 14 y 15 establecen los límites a la extradición: pena de muerte o prisión perpetua; el principio de especialidad; la reextradición.

El principio general es que no se aplicará la pena de muerte o la privación perpetua de la libertad Art. 13 nume-ral 1.

Este principio se complementa en el numeral 2 del Art. 13, al establecerse que cuando en el Estado Requirente el delito se sancionase con una de estas dos penas, la extradición sólo será admisible si el Estado Requirente, se limitare a aplicar la pena máxima admitida en la ley penal del Estado Requerido.

Esta obligación constituye una innovación que por primera vez se adoptó, a iniciativa de la delegación uruguaya en el tratado bilateral con España y cuya propuesta fue aquí reiterada, con el objeto de conculcar cualquier ambivalencia o duplicidad en torno a la comprensión real y al compromiso efectivo del Estado Requirente en cada caso concreto.

En el Art. 14, se consagra el principio de la especialidad del modo tradicional en el sentido de que el Estado Requirente, sólo podrá detener, juzgar y condenar a la persona entregada por los delitos detallados en la solicitud de extradición y no por otros, salvo las excepciones de la permanencia voluntaria de la persona en el territorio del Estado Requirente por cierto período, habiendo tenido la posibilidad de abandonar su territorio. Se prevé también el consentimiento del Estado Requerido para la extensión de la solicitud, la que deberá efectuarse con las mismas formalidades que si se tratara de un nuevo pedido.

El Art. 15 aborda la reextradición a un tercer Estado, exigiendo el consentimiento del Estado originariamente requerido, exceptuándose el supuesto de que la persona extraditada, habiendo tenido la posibilidad de abandonar el territorio del Estado al que se entregó, no lo hubiere hecho por su voluntad, en el plazo que establece el Art. 16 consagra el Derecho de defensa y el Art. 17 establece el cómputo en la pena a ser cumplida en el Estado Requirente, el período de detención cumplido por la persona extraditada en el Estado Requerido.

A partir del Art. 18 y hasta el 28, inclusive, se establecen las normas de procedimiento.

Se contemplan los requisitos usuales para la solicitud, los documentos adjuntos y las vías de transmisión (Art. 18). El pedido deberá transmitirse por vía diplomática y su diligenciamiento será regulado por la legislación del Estado Requerido.

La solicitud y los documentos estarán exentos de legalización o formalidad análoga (Art. 19), previsión coherente con la calidad de países integrados de los signatarios, así como con la vía diplomática de transmisión, tradicionalmente exenta del señalado requisito. Deberán acompañarse, no obstante, de una traducción al idioma del Estado Requerido (Art. 20).

Se detallan los documentos que deben adjuntarse, los que varían en función de la calidad del reclamado, según se trate de un condenado, de quien se encuentre en una etapa procesal previa o si el juicio no se hubiere iniciado. En todos los casos se acompañarán los textos legales que tipifican y sancionan el delito, identificando la pena a aplicar así o como las disposiciones que establecen la jurisdicción de Estado Requirente y una declaración de que la acción ni la pena se encuentran prescritos.

El artículo 21 contempla la remisión de información complementaria, cuando los datos o documentos remitidos fueren insuficientes o defectuosos, la que podrá ser suministrada en un plazo de 45 días corridos a partir de la fecha en que el país requirente fue informado de dicha necesidad, plazo que podrá ser extendido mediando circunstancias especiales que justifiquen el incumplimiento. Si dicha información no fuere proporcionada, se tendrá al recurrente por desistido de la solicitud.

Como se señalara, cuando el Estado Requirente contemple la pena de muerte o de prisión perpetua, deberá adjuntarse a la solicitud una declaración mediante la cual dicho Estado se compromete a no aplicar aquellas penas sino la mayor admitida en el Estado Requerido.

La decisión, en sentido afirmativo o negativo, deberá ser comunicada sin demora por vía diplomática (Art. 22). Su fuere denegatoria, total o parcialmente, deberá ser fundada. La concesión de la extradición deberá notificarse al Estado Requirente, así como el lugar y fecha de la entrega. Se prevé que la persona será puesta en libertad si no fuere retirada en 30 días, salvo las excepciones que se establecen.

Se prevén circunstancias especiales que justifican la no entrega en el plazo acordado, disponiéndose que en caso de fuerza mayor o de enfermedad grave debidamente comprobada que la impida u obstaculice, ello será informado a la otra parte, pudiéndose acordar una nueva fecha.

El artículo 23, que regula el aplazamiento de la entrega, contiene una previsión a favor de la cooperación, la que se vería retaceada si un proceso en curso en el Estado Requerido, de modo indiscriminado, aun en el supuesto de un delito sensiblemente menos grave que aquel que justifica el pedido, determinara de modo absoluto la imposibilidad de entregar.

El párrafo 1, impone al Estado Requerido la obligación de dictaminar acerca de la extradición en todos los casos, aun si el reclamado estuviere sujeto a proceso o cumpliendo una condena. Si la decisión fuere favorable, el Estado Requerido podrá -facultativo- aplazar la entrega hasta la conclusión del proceso o hasta que se haya cumplido la pena. No obstante, estará obligado a entregar sin demora si el delito que funda el aplazamiento estuviere sancionado por el Estado Requerido por una pena de duración inferior a la establecida para fundar la extradición conforme al artículo 2. Como es de recibo, las responsabilidades civiles derivadas del delito o cualquier proceso civil no impedirán la entrega.

De acuerdo a la tendencia de los modernos tratados se contempla en el artículo 27 la extradición simplificada o voluntaria, conforme a la cual la extradición se otorga, precisamente, en función de la voluntad de la persona reclamada. En tal supuesto, ésta deberá tener asistencia legal y su consentimiento se efectuará ante la autoridad judicial del Estado Requerido, después de haber sido informada de su derecho a un procedimiento formal. Es éste un precepto conveniente, en tanto es susceptible de beneficiar tanto al Estado Requirente como al Requerido y al propio reclamado. En efecto, este último por diversas razones, familiares, de radicación, sistema carcelario o preferencia personal puede estar interesado en su traslado.

El Art. 29 trata de la detención preventiva la que puede solicitarse por vía diplomática o a través de INTERPOL.

El Art. 30 establece una disposición de amplio alcance, similar a lo de otros tratados de extradición y de cooperación penal, según la cual el Estado Requerido, en forma excepcional y fundada, podrá denegar la extradición cuando su cumplimiento sea contrario a la seguridad, el orden público u otros intereses esenciales de dicho Estado.

Finalmente y de acuerdo al Art. 31 entrará en vigor con relación a los dos primeros Estados Partes que lo ratifiquen, en un plazo de treinta días a contar de la fecha en que el segundo país, deposite su instrumento de ratificación.

Para los demás Estados Partes que lo ratifiquen, entrará en vigor el trigésimo día a partir del depósito de sus respectivos instrumentos de ratificación, siendo depositaria del Acuerdo y de los instrumentos de ratificación la República de Paraguay.

El presente Acuerdo cuenta con media sanción al haber sido aprobado por mayoría en la Cámara de Representantes el 4 de diciembre de 2001.

En vista de lo precedente, de los objetivos acordados y considerando que se han contemplado adecuadamente los intereses nacionales, se recomienda la aprobación del presente Acuerdo.

Pablo Millor, Miembro Informante, Carlos Garat, Reinaldo Gargano, Carlos Julio Pereyra, Wilson Sanabria, Juan A. Singer, Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

A este proyecto de ley ya se ha referido el señor Senador Millor en el informe brindado anteriormente.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

- 18 en 28. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del MERCOSUR, suscrito en Río de Janeiro, el 10 de diciembre de 1998."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 28. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

13) CONVENIO INTERNACIONAL DE TRABAJO Nº 181 SOBRE LAS AGENCIAS DE EMPLEO

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con el nuevo orden que hemos acordado, corresponde considerar el asunto que figura en el noveno lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se ratifica el Convenio Internacional de Trabajo Nº 181 sobre las agencias de empleo, 1997 adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 85ª reunión celebrada en Ginebra en junio de 1999. (Carp. Nº 572/01 - Rep. 451/02)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 572/01

Rep. Nº 451/02

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo Unico.- Ratifícase el Convenio Internacional del Trabajo Nº 181 sobre las agencias de colocación, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en la 85ª reunión celebrada en Ginebra en junio de 1999.

Sala de la Comisión, a 9 de mayo de 2002.

Alberto Couriel, Carlos Garat, Reinaldo Gargano, Pablo Millor, Carlos Julio Pereyra, Wilson Sanabria, Juan A. Singer, Senadores.

INFORME

CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRABAJO Nº 181 SOBRE LAS AGENCIAS DE EMPLEO

Al Senado

Con fecha del 12 de setiembre de 2001, el Poder Ejecutivo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19, numerales 5 y 6 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por el artículo 168 inciso 20 de la Constitución de la República, pone en conocimiento del Señor Presidente de la Asamblea General el texto del Convenio Nº 181 sobre agencias de empleo privadas y de la Recomendación Nº 188 adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo en su octógesima quinta reunión celebrada en Ginebra el 3 de junio de 1997. Asimismo somete a su consideración el PROYECTO DE LEY por el que propicia la RATIFICACIÓN Del CIT Nº 181 sobre las AGENCIAS DE EMPLEO PRIVADAS.

El CIT Nº 181 es revisor del CIT Nº 96 sobre Agencias retribuidas de colocación del año 1949, ratificado por Uruguay mediante Decreto-Ley Nº 14.463 de 17 de noviembre de 1975. En consecuencia, el carácter revisor del CIT Nº 181 hace que su eventual ratificación implique la denuncia automática del CIT Nº 96.

El CIT Nº 181 sobre las AGENCIAS DE EMPLEO PRIVADAS en su Introducción señala que, recordando:

* La importancia de la flexibilidad para el funcionamiento de los mercados de trabajo.

* Que la Conferencia Internacional del Trabajo en su 81ª reunión, 1994, consideró que la OIT debía proceder a revisar el CIT Nº 96.

* Que el contexto actual es muy distinto del existente cuando se adoptó el mencionado Convenio Nº 96.

* El papel que las agencias de empleo privadas pueden desempeñar en el buen funcionamiento del mercado de trabajo.

* La necesidad de proteger a los trabajadores contra los abusos.

* La necesidad de garantizar la libertad sindical y de promover la negociación colectiva y el diálogo social para el buen funcionamiento del sistema de relaciones laborales.

* Las disposiciones del CONVENIO sobre trabajo forzoso, 1930, el CONVENIO sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, el CONVENIO sobre el derecho de sindicación y de negociación Colectiva, 1949, el CONVENIO sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958, el CONVENIO sobre la política del empleo, 1964, el CONVENIO sobre la edad mínima, 1973, el CONVENIO sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, 1988, así como las disposiciones sobre reclutamiento y colocación que figuran en el CONVENIO sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949, y en el CONVENIO sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975.

La Conferencia General de la OIT, reunida en Ginebra el 3 de junio de 1997, decide adoptar diversas proposiciones relativas a la revisión del CONVENIO Nº 96 sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949, que podrá ser citado como el CONVENIO sobre las AGENCIAS DE EMPLEO PRIVADAS, 1997:

Luego de la Introducción reseñada, en veinticuatro (24) artículos desarrolla las Disposiciones del Convenio.

En el Art. 1 se establecen en tres párrafos los alcances de las definiciones que utilizará el Convenio:

1. La expresión "agencia de empleo privada" designa a toda persona física o jurídica, independiente de las autoridades públicas, que presta uno o más de los servicios siguientes en relación con el mercado de trabajo:

a) servicios destinados a vincular ofertas y demandas de empleo, sin que la agencia de empleo privada pase a ser parte en las relaciones laborales que pudieran derivarse;

b) servicios consistentes en emplear trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de una tercera persona, física o jurídica (empresa usuaria), que determine sus tareas y supervise su ejecución;

c) otros servicios relacionados con la búsqueda de empleo, determinados por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, como brindar información sin estar por ello destinados a vincular una oferta y una demanda específica.

2. El término "trabajadores" comprende a los solicitantes de empleo.

3. La expresión "tratamiento de los datos personales de los trabajadores" designa la recopilación, almacenamiento, combinación y comunicación de los datos personales, o todo otro uso que pudiera hacerse de cualquier información relativa a un trabajador identificado o identificable.

El Art. 2 refiere al ámbito de aplicación, a las finalidades y a las excepciones a que tienen derecho los Miembros ratificantes del CONVENIO.

1. Se aplica a todas las agencias de empleo privadas.

2. Se aplica a todas las categorías de trabajadores y las ramas de actividad económica. No se aplica al reclutamiento y colocación de la gente de mar.

3. Una de las finalidades es permitir el funcionamiento de las agencias de empleo privadas, así como la protección de los trabajadores que utilicen sus servicios, en el marco de sus disposiciones.

4. Previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, todo Miembro podrá:

a) prohibir, en determinadas circunstancias el funcionamiento de las agencias de empleo privadas con respecto a ciertas categorías de trabajadores o en ciertas ramas de actividad económica en lo que atañe a la presentación de uno o más de los servicios a que se refiere el párrafo 1 del Art. 1;

b) excluir, en determinadas circunstancias, a los trabajadores de ciertas ramas de actividad económica, o de partes de éstas, del campo de aplicación del presente Convenio, o de algunas de sus disposiciones, siempre que se garantice por otros medios a los trabajadores en cuestión una protección adecuada.

5. Todo Miembro que ratifique el Convenio deberá indicar, en virtud del Art. 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, las prohibiciones o exclusiones a las que en su caso se acoja en virtud del párrafo 4 del presente Art., motivándolas debidamente.

Por el Art. 3 se establece que:

- la determinación del régimen jurídico de las agencias se efectuará de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores.

- todo Miembro, deberá determinar, mediante un sistema de licencias o autorizaciones, las condiciones por las que se rige el funcionamiento de las agencias de empleo privadas, salvo cuando dichas condiciones estén determinadas de otra forma por la legislación y la práctica nacionales.

El Art. 4 establece la necesidad de adoptar todas las garantías para que los trabajadores contratados por estas empresas no sean privados de sus derechos de libertad sindical y a la negociación colectiva.

El Art. 5 señala que todo Miembro velará por que las agencias de empleo privadas traten a los trabajadores sin discriminación alguna por razones de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional, origen social o cualquier otra forma de discriminación cubierta en la legislación y la práctica nacional, tales como la edad o la incapacidad. Lo anterior no será obstáculo para que se faciliten servicios especiales de ayuda a los trabajadores más desfavorecidos en sus actividades de búsqueda de empleo.

El Art. 6 estipula normas para el tratamiento de los datos personales de los trabajadores por las agencias: los mismos deben protegerse y limitarse a las cuestiones relativas a las calificaciones, experiencia profesional u otra información pertinente.

El Art. 7 establece que las agencias de empleo privadas no deberán cobrar a los trabajadores ni directa ni indirectamente ni en todo ni en parte, ningún tipo de honorario o tarifa. Sólo se admitirán excepciones en acuerdo con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores. Dichas excepciones deberán ser registradas en las memorias que envíe de conformidad con el Art. 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.

El Art. 8 establece garantías para que los trabajadores migrantes reclutados o colocados en el territorio de un Miembro y los trabajadores reclutados en un país para trabajar en otro, por agencias de empleo privadas, gocen de una protección adecuada y para impedir que sean objeto de abusos. Establece en forma textual: "Esas medidas comprenderán leyes o reglamentos que establezcan sanciones, incluyendo la prohibición de aquellas agencias de empleo privadas que incurran en prácticas fraudulentas o abusos" y que "Cuando se recluten trabajadores en un país para trabajar en otro, los Miembros interesados considerarán la posibilidad de concluir acuerdos laborales bilaterales para evitar abusos y prácticas fraudulentas en materia de reclutamiento, colocación y empleo".

El Art. 9 establece que las agencias privadas no podrán recurrir al trabajo infantil ni ofrecerlo.

El Art. 10 señala que las autoridades competentes de los Miembros deberán garantizar mecanismos y procedimientos apropiados, en los que colaboren las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, para examinar las quejas, los presuntos abusos y las prácticas fraudulentas relacionadas con las actividades de las agencias de empleo privadas.

El Art. 11 establece que todo Miembro adoptará las medidas necesarias para asegurar que los trabajadores empleados por agencias de empleo privadas previstas en el apartado b) del párrafo 1 del Art. 1 gocen de una protección adecuada en materia de:

"a) libertad sindical

b) negociación colectiva

c) salarios mínimos

d) tiempo de trabajo y demás condiciones de trabajo

e) prestaciones de seguridad social obligatorias

f) acceso a la formación

g) seguridad y salud en el trabajo

h) indemnización en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional

i) indemnización en caso de insolvencia y protección de los créditos laborales

j) protección y prestaciones de maternidad y protección y prestaciones parentales".

El Art. 12 determina que todo Miembro deberá determinar y atribuir las responsabilidades de las agencias de empleo privadas que prestan los servicios que se mencionan en el apartado b) del párrafo 1 del Art. 1, y de las empresas usuarias en relación con:

"a) la negociación colectiva

b) el salario mínimo

c) el tiempo de trabajo y las demás condiciones de trabajo

d) las prestaciones de seguridad social obligatorias

e) el acceso a la formación

f) la protección en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo

g) la indeminización en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional

h) la indemnización en caso de insolvencia y la protección de los créditos laborales

i) la protección y las prestaciones de maternidad y la protección y prestaciones parentales".

Por el Art. 13 se establece:

"1. De conformidad con la legislación y la práctica nacionales y previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, todo Miembro elaborará, establecerá y revisará periódicamente las condiciones para promover la cooperación entre el servicio público del empleo y las agencias de empleo privadas".

En los párrafos siguientes, asimismo se reconoce que las autoridades públicas retienen competencia para, en última instancia, formular políticas de mercado de trabajo y para utilizar y controlar la utilización de fondos públicos, destinados a la aplicación de esa política y que las agencias privadas de empleo deberán facilitar la información necesaria, teniendo debidamente en cuenta su carácter confidencial, con el objetivo de permitir conocer la estructura y las actividades de las agencias de empleo privadas y con fines estadísticos. La autoridad competente deberá compilar y publicar esa información periódicamente.

En el Art. 14 se establece que las disposiciones del CONVENIO se aplicarán por medio de la legislación o por otros medios conformes a la práctica nacional, que la aplicación de las mismas correrá a cargo de los servicios de inspección del trabajo u otras autoridades competentes y que se deberían prever y aplicar medidas de corrección adecuadas, con inclusión de sanciones en caso de infracción.

El Art. 15 establece que el presente CONVENIO no afecta a las disposiciones más favorables aplicables en virtud de otros convenios internacionales de trabajo a los trabajadores reclutados, colocados o empleados por agencias de empleo privadas.

El Art. 16 señala que el CONVENIO revisa el CONVENIO Nº 96 (1949) y el convenio sobre Agencias Retribuidas de Colocación de 1933.

El Art. 17 establece que las ratificaciones serán comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

El Art. 18 establece que obligará únicamente a los Miembros que hayan registrado su ratificación según el Art. 17, que entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas y que para cada Miembro ratificante, entrará en vigencia doce meses después de la fecha en que se haya registrado su ratificación.

Por el Art. 19 se reglamenta el mecanismo de Denuncia, la que podrá realizarse luego de un período de diez años, a partir de la fecha en que haya entrado inicialmente en vigor, mediante acta comunicada al Director General. La denuncia surtirá efecto después de un año de registrada. Asimismo, si transcurridos los diez años, no se hace uso en el año siguiente del derecho a la Denuncia, el Miembro quedará obligado durante un nuevo período de diez años.

Los Arts. 20 a 23 establecen los mecanismos que deberá observar el Director General para la comunicación de ratificaciones, fecha de entrada en vigencia, denuncias, declaraciones y notificaciones a los Miembros y al Secretario General de las Naciones Unidas, sobre el presente Convenio. También se señalan los procedimientos para el caso de que se revise total o parcialmente el presente Convenio.

Finalmente el Art. 24 establece que las versiones en inglés y francés del texto del Convenio son igualmente auténticas.

En nuestra opinión, un detallado y exhaustivo análisis del texto del presente CONVENIO nos permite concluir que:

* Al tiempo que revisa y actualiza el CIT Nº 96 en función de los sustanciales cambios operados en el mercado de trabajo.

* Establece un marco adecuado de regulación de las actividades de las agencias de empleo privadas.

* Reafirma las principales garantías para la vigencia de los derechos fundamentales de los trabajadores (consagradas en múltiples Convenios Internacionales del Trabajo).

* Consultado el Grupo de Trabajo de composición tripartita creado con la finalidad de asesoramiento en relación con los organismos e instancias internacionales y regionales se pronunció, el 23 de agosto de 2000 en forma unánime, por la ratificación del CONVENIO.

Por lo tanto solicitamos a los miembros de la Comisión, aprobar el Artículo 1º del PROYECTO DE LEY remitido, por el cual se ratifica el CIT Nº 181 SOBRE LAS AGENCIAS DE EMPLEO PRIVADAS.

Reinaldo Gargano, Miembro Informante, Alberto Couriel, Carlos Garat, Pablo Millor, Carlos Julio Pereyra, Wilson Sanabria, Juan A. Singer, Senadores.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 12 de setiembre de 2001.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Luis Hierro López

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 numerales 5 y 6 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 168 inciso 20 de la Constitución de la República, a fin de poner en conocimiento del Poder Legislativo el texto de los siguientes instrumentos internacionales del trabajo adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo, en su octogésima quinta reunión, celebrada en Ginebra en junio de 1997: Convenio Nº 181 y Recomendación Nº 188. Asimismo somete a su consideración el proyecto de ley que se acompaña, por el que propicia la ratificación del Convenio Internacional del Trabajo Nº 181 sobre las agencias de empleo, 1997.

La referida norma es revisora del Convenio Internacional del Trabajo Nº 96 sobre Agencias retribuidas de colocación, 1949, ratificado por Uruguay mediante Decreto-Ley Nº 14.463 de 17 de noviembre de 1975. El carácter revisor del Convenio Nº 181 hace que su eventual ratificación implique la denuncia automática del Convenio Nº 96.

Las agencias Privadas de Colocación juegan un rol importante en la intermediación entre la oferta y la demanda de trabajo. Tal es así que el número de trabajadores contratados bajo este sistema ha crecido en el último año y las nuevas agencias de colocación que han concurrido a inscribirse en el Registro Nacional de Agencias del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, realizan con mayor frecuencia suministro de mano de obra temporal.

El mencionado Convenio Internacional del Trabajo Nº 181 tiene por finalidad regular en forma flexible el funcionamiento de las agencias de empleo privadas y proteger a los trabajadores que recurren a los servicios de esas agencias. En efecto, el mismo establece que las agencias de empleo privadas deben conformarse al interés público, cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, reconociendo a la autoridad nacional la facultad de regular las agencias privadas en función de sus intereses y realidades; enfatizando en la necesidad de cooperación entre el sector público del empleo y las mencionadas agencias.

Se establece como definición de las agencias de empleo privadas: "toda persona física o jurídica, independiente de las autoridades públicas que presta uno o más de los servicios siguientes en relación con el mercado de trabajo.

a) servicios destinados a vincular ofertas y demandas de empleo, sin que la agencia de empleo privada pase a ser parte en las relaciones laborales que pudieran derivarse;

b) servicios consistentes en emplear trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de una tercera persona, física o jurídica, que determine sus tareas y supervise su ejecución;

c) otros servicios relacionados con la búsqueda de empleo, determinados por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, como brindar información, sin estar por ello destinado a vincular una oferta o demanda específica".

Esta nueva definición de agencias privadas se adecua mejor a la realidad, ya que abarca tanto a las agencias de trabajo efectivo como a las agencias de trabajo temporal y otras actividades como las bolsas de empleo electrónica, las páginas web para la publicación de demandas y ofertas para su selección.

Asimismo el Convenio prevé la posibilidad que los Estados Miembros se acojan a determinadas prohibiciones o exclusiones en su aplicación (artículo 2º, numerales 4 y 5), lo que será evaluado al momento de dictarse la reglamentación correspondiente, atendiendo a los criterios explicitados en el propio instrumento internacional.

En síntesis, el Convenio Internacional del Trabajo Nº 181 reconoce que el contexto en que funcionaban las agencias de empleo privadas es, en el presente, muy distinto de las condiciones existentes cuando se procedió a la adopción del Convenio Nº 96 y procura una adecuada protección de los trabajadores sin mengua de la flexibilidad de los mercados de trabajo.

Consultado el Grupo de Trabajo de composición tripartita creado con la finalidad de asesoramiento en relación con los organismos e instancias internacionales y regionales vinculados a esta Secretaría de Estado (Resolución de 23/3/99), se pronunció, en sesión de fecha 23 de agosto de 2000, en forma unánime, por la ratificación del Convenio.

Por los motivos expuestos precedentemente es que el Poder Ejecutivo cumple con someter a ese Cuerpo las normas Internacionales referidas, solicitando la ratificación del Convenio Internacional Nº 181 sobre agencias de empleo privadas, 1997.

Reiteramos al Señor Presidente las seguridades de nuestra más atenta consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República, Didier Opertti, Sergio Abreu.

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO 1º.- RATIFICASE el Convenio Internacional del Trabajo Nº 181 sobre las agencias de colocación, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en la 85ª reunión celebrada en Ginebra en junio de 1999, cuyo texto se transcribe a continuación:

CONVENIO SOBRE LAS AGENCIAS DE EMPLEO PRIVADAS

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 3 de junio de 1997, en su octogésima quinta reunión;

Tomando nota de las disposiciones del Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949;

Consciente de la importancia que representa la flexibilidad para el funcionamiento de los mercados de trabajo;

Recordando que la Conferencia Internacional del Trabajo en su 81ª reunión, 1994, consideró que la OIT debía proceder a revisar el Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949:

Considerando que el contexto en que funcionan las agencias de empleo privadas es muy distinto de las condiciones existentes cuando se procedió a la adopción del mencionado Convenio;

Reconociendo el papel que las agencias de empleo privadas pueden desempeñar en el buen funcionamiento del mercado de trabajo;

Recordando la necesidad de proteger a los trabajadores contra los abusos;

Reconociendo la necesidad de garantizar la libertad sindical y de promover la negociación colectiva y el diálogo social como elementos necesarios para el funcionamiento de un buen sistema de relaciones laborales;

Tomando nota de lo dispuesto en el Convenio sobre el servicio de empleo, 1948;

Recordando las disposiciones del Convenio sobre trabajo forzoso, 1930, el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958, el Convenio sobre la política del empleo, 1964, el Convenio sobre la edad mínima, 1973, el Convenio sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, 1988, así como las disposiciones sobre reclutamiento y colocación que figuran en el Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949, y en el Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la revisión del Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949, tema que constituye el cuarto punto del Orden del Día de la reunión, y

Después de haber decidido que estas proposiciones adopten la forma de un Convenio Internacional,

Adopta, con fecha diecinueve de junio de mil novecientos noventa y siete, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997:

Artículo 1

1. A efectos del presente Convenio, la expresión "agencia de empleo privada" designa a toda persona física o jurídica, independiente de las autoridades públicas, que presta uno o más de los servicios siguientes en relación con el mercado de trabajo:

a) servicios destinados a vincular ofertas y demandas de empleo, sin que la agencia de empleo privada pase a ser parte en las relaciones laborales que pudieran derivarse;

b) servicios consistentes en emplear trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de una tercera persona, física o jurídica (en adelante "empresa usuaria"), que determine sus tareas y supervise su ejecución.

c) otros servicios relacionados con la búsqueda de empleo, determinados por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, como brindar información, sin estar por ello destinados a vincular una oferta y una demanda específica.

2. A efectos del presente Convenio, el término "trabajadores" comprende a los solicitantes de empleo.

3. A efectos del presente Convenio, la expresión "tratamiento de los datos personales de los trabajadores" designa la recopilación, almacenamiento, combinación y comunicación de los datos personales, o todo otro uso que pudiera hacerse de cualquier información relativa a un trabajador identificado o identificable.

Artículo 2

1. El presente Convenio se aplica a todas las agencias de empleo privadas.

2. El presente Convenio se aplica a todas las categorías de trabajadores y a todas las ramas de actividad económica. No se aplica al reclutamiento y colocación de la gente de mar.

3. El presente Convenio tiene como una de sus finalidades permitir el funcionamiento de las agencias de empleo privadas, así como la protección de los trabajadores que utilicen sus servicios, en el marco de sus disposiciones.

4. Previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, todo Miembro podrá:

a) prohibir, en determinadas circunstancias, el funcionamiento de las agencias de empleo privadas con respecto a ciertas categorías de trabajadores o en ciertas ramas de actividad económica en lo que atañe a la prestación de uno o más de los servicios a que se refiere el párrafo 1 del artículo 1;

b) excluir, en determinadas circunstancias, a los trabajadores de ciertas ramas de actividad económica, o de partes de éstas, del campo de aplicación del presente Convenio, o de algunas de sus disposiciones, siempre que se garantice por otros medios a los trabajadores en cuestión una protección adecuada.

5. Todo Miembro que ratifique el Convenio deberá indicar, en las memorias que envíe en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, las prohibiciones o exclusiones a las que en su caso se acoja en virtud del párrafo 4 del presente artículo, motivándolas debidamente.

Artículo 3

1. La determinación del régimen jurídico de las agencias de empleo privadas se efectuará de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores.

2. Todo Miembro deberá determinar, mediante un sistema de licencias o autorizaciones, las condiciones por las que se rige el funcionamiento de las agencias de empleo privadas salvo cuando dichas condiciones estén determinadas de otra forma por la legislación y la práctica nacionales.

Artículo 4

Se adoptarán medidas para asegurar que los trabajadores contratados por las agencias de empleo privadas que prestan los servicios a los que se hace referencia en el artículo 1 no se vean privados del derecho de libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva.

Artículo 5

1. Con el fin de promover la igualdad de oportunidades y de trato en materia de acceso al empleo y a las diferentes profesiones, todo Miembro velará por que las agencias de empleo privadas traten a los trabajadores sin discriminación alguna por razones de raza, color, sexo, religión, opinión pública, ascendencia nacional, origen social o cualquier otra forma de discriminación cubierta en la legislación y la práctica nacionales, tales como la edad o la discapacidad.

2. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo no serán obstáculo a que las agencias de empleo privadas faciliten servicios especiales o apliquen programas destinados a ayudar a los trabajadores más desfavorecidos en sus actividades de búsqueda de empleo.

Artículo 6

El tratamiento de los datos personales de los trabajadores por las agencias de empleo privadas deberá:

a) efectuarse en condiciones que protejan dichos datos y que respeten la vida privada de los trabajadores, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales;

b) limitarse a las cuestiones relativas a las calificaciones y experiencia profesional de los trabajadores en cuestión y a cualquier otra información directamente pertinente.

Artículo 7

1. Las agencias de empleo privadas no deberán cobrar a los trabajadores, ni directa ni indirectamente, ni en todo ni en parte, ningún tipo de honorario o tarifa.

2. En interés de los trabajadores afectados, la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, podrá autorizar excepciones a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo respecto de determinadas categorías de trabajadores, así como de determinados servicios prestados por las agencias de empleo privadas.

3. Todo Miembro que autorice excepciones en virtud del párrafo 2 del presente artículo deberá, en las memorias que envíe de conformidad con el artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, suministrar información acerca de esas excepciones y motivarlas debidamente.

Artículo 8

1. Todo Miembro deberá, previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, adoptar todas las medidas necesarias y convenientes, dentro de los límites de su jurisdicción y, en su caso, en colaboración con otros Miembros, para que los trabajadores migrantes reclutados o colocados en su territorio por agencias de empleo privadas gocen de una protección adecuada y para impedir que sean objeto de abusos. Esas medidas comprenderán leyes o reglamentos que establezcan sanciones, incluyendo la prohibición de aquellas agencias de empleo privadas que incurran en prácticas fraudulentas o abusos.

2. Cuando se recluten trabajadores en un país para trabajar en otro, los Miembros interesados considerarán la posibilidad de concluir acuerdos laborales bilaterales para evitar abusos y prácticas fraudulentas en materia de reclutamiento, colocación y empleo.

Artículo 9

Todo Miembro tomará medidas para asegurar que las agencias de empleo privadas no recurran al trabajo infantil ni lo ofrezcan.

Artículo 10

La autoridad competente deberá garantizar que existen mecanismos y procedimientos apropiados en los que colaboren si es conveniente las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, para examinar las quejas, los presuntos abusos y las prácticas fraudulentas relacionadas con las actividades de las agencias de empleo privadas.

Artículo 11

Todo Miembro adoptará, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, las medidas necesarias para asegurar que los trabajadores empleados por agencias de empleo privadas previstas en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 1 gocen de una protección adecuada en materia de:

a) libertad sindical;

b) negociación colectiva;

c) salarios mínimos;

d) tiempo de trabajo y demás condiciones de trabajo;

e) prestaciones de seguridad social obligatorias;

f) acceso a la formación;

g) seguridad y salud en el trabajo;

h) indemnización en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional;

i) indemnización en caso de insolvencia y protección de los créditos laborales;

j) protección y prestaciones de maternidad y protección y prestaciones parentales.

Artículo 12

Todo Miembro deberá determinar y atribuir, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, las responsabilidades respectivas de las agencias de empleo privadas que prestan los servicios que se mencionan en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 1, y de las empresas usuarias, en relación con:

a) la negociación colectiva;

b) el salario mínimo;

c) el tiempo de trabajo y las demás condiciones de trabajo;

d) las prestaciones de seguridad social obligatorias;

e) el acceso a la formación;

f) la protección en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo;

g) la indemnización en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional;

h) la indemnización en caso de insolvencia y la protección de los créditos laborales;

i) la protección y las prestaciones de maternidad y la protección y prestaciones parentales.

Artículo 13

1. De conformidad con la legislación y la práctica nacionales y previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, todo Miembro elaborará, establecerá y revisará periódicamente las condiciones para promover la cooperación entre el servicio público del empleo y las agencias de empleo privadas.

2. Las condiciones que se mencionan en el párrafo 1 del presente artículo deberán reconocer el principio de que las autoridades públicas retienen competencias para, en última instancia:

a) formular políticas de mercado de trabajo;

b) utilizar y controlar la utilización de fondos públicos destinados a la aplicación de esa política.

3. Las agencias de empleo privadas deberán, con la periodicidad que la autoridad competente disponga, facilitarle la información que precise, teniendo debidamente en cuenta su carácter confidencial;

a) con el fin de permitirle conocer la estructura y las actividades de las agencias de empleo privadas, de conformidad con las condiciones y las prácticas nacionales;

b) con fines estadísticos.

4. La autoridad competente deberá compilar y, a intervalos regulares, hacer pública esa información.

Artículo 14

1. Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán por medio de la legislación o por otros medios conforme a la práctica nacional, como decisiones judiciales, laudos arbitrales o convenios colectivos.

2. El control de la aplicación de las disposiciones destinadas a dar efecto al presente Convenio correrá a cargo de los servicios de inspección del trabajo o de otras autoridades públicas competentes.

3. Se deberían prever y aplicar efectivamente medidas de corrección adecuadas, con inclusión de sanciones si hubiese lugar, en los casos de infracción de las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 15

El presente Convenio no afecta a las disposiciones más favorables aplicables en virtud de otros convenios internacionales del trabajo a los trabajadores reclutados, colocados o empleados por agencias de empleo privadas.

Artículo 16

El presente Convenio revisa el Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949, y el Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación, 1933.

Artículo 17

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 18

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 19

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que haya entrado inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo, quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 20

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 21

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 22

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia General una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el Orden del Día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 23

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente Convenio, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 19, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor.

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 24

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

ARTÍCULO 2º.- FACULTASE al Poder Ejecutivo a reglamentar la presente norma.

ARTÍCULO 3º.- COMUNIQUESE, publíquese, etc.

Sergio Abreu, Didier Opertti.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

R 188 Recomendación sobre las agencias de empleo privadas, 1997

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 3 de junio de 1997, en su octogésima quinta reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la revisión del Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949, tema que constituye el cuarto punto del Orden del Día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una recomendación que complemente el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997,

Adopta, con fecha diecinueve de junio de mil novecientos noventa y siete, la presente Recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación sobre las agencias de empleo privadas;

I. Disposiciones generales

1. Las disposiciones de la presente Recomendación complementan las del Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (en adelante "el Convenio"), y deberían aplicarse conjuntamente con ellas.

2. 1) En la medida de lo posible, los organismos tripartitos o las organizaciones de empleadores y de trabajadores deberían ser asociados a la formulación y aplicación de las disposiciones adoptadas para dar efecto al Convenio.

2) Cuando sea conveniente, la legislación nacional aplicable a las agencias de empleo privadas debería completarse con normas técnicas, directrices, códigos de deontología, procedimientos de autocontrol o por otros medios que sean conformes a la práctica nacional.

3. Los Estados Miembros deberían, cuando sea conveniente y viable, intercambiar informaciones y compartir la experiencia adquirida sobre la contribución de las agencias de empleo privadas al funcionamiento del mercado de trabajo, comunicándolas a la Oficina Internacional del Trabajo.

II. Protección de los trabajadores

4. Los Miembros deberían adoptar las medidas necesarias y apropiadas para prevenir y eliminar las prácticas de las agencias de empleo privadas que no sean conformes a la deontología. Entre estas medidas pueden figurar leyes o reglamentos que establezcan sanciones, incluyendo la prohibición de las agencias de empleo privadas que lleven a cabo prácticas que no sean conformes a la deontología.

5. Los trabajadores empleados por las agencias de empleo privadas, a las que se refiere el apartado b) del párrafo 1 del artículo 1 Convenio, deberían tener, cuando sea conveniente, un contrato de trabajo escrito en donde se especifiquen sus condiciones de empleo. Como mínimo, estos trabajadores deberían ser informados de sus condiciones de empleo antes del inicio efectivo de su actividad.

6. Las agencias de empleo privadas no deberían poner trabajadores a disposición de una empresa usuaria con el fin de reemplazar a sus trabajadores en huelga.

7. La autoridad competente debería reprimir las prácticas desleales en materia de publicidad y anuncios engañosos, incluidos aquellos para empleos inexistentes.

8. Las agencias de empleo privadas:

a) no deberían reclutar, colocar o emplear trabajadores para trabajos que impliquen riesgos y peligros no aceptados o cuando puedan ser objeto de abusos o trato discriminatorio de cualquier tipo;

b) deberían informar a los trabajadores migrantes, en la medida de lo posible en su idioma o en el que les resulte familiar, acerca de la índole del empleo ofrecido y las condiciones de empleo aplicables.

9. Se debería prohibir, o impedir con otras medidas, a las agencias de empleo privadas que formulen o publiquen anuncios de puestos vacantes o de ofertas de empleo que tengan como resultado, directo o indirecto, la discriminación fundada en motivos de raza, color, sexo, edad, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, origen étnico, discapacidad, situación conyugal o familiar, orientación sexual o afiliación a una organización de trabajadores.

10. Debería alentarse a las agencias de empleo privadas a que promuevan la igualdad en el empleo a través de programas de acción positiva.

11. Se debería prohibir a las agencias de empleo privadas que consignen en ficheros o en registros datos personales que no sean necesarios para juzgar la aptitud de los candidatos respecto de los empleos para los que estén siendo o podrían ser tomados en consideración.

12. 1) Las agencias de empleo privadas deberían conservar los datos personales de un trabajador únicamente mientras esté justificado por los fines concretos para los cuales hayan sido recabados, o únicamente mientras el trabajador desee figurar en una lista de candidatos a un puesto de trabajo.

2) Se deberían adoptar medidas para asegurar el acceso de los trabajadores a todos sus datos personales, tal y como se conservan en los sistemas de tratamiento automático o electrónico o en ficheros manuales. Estas medidas deberían contemplar el derecho de los trabajadores a examinar y obtener copia de estos datos así como el derecho a solicitar que se supriman o rectifiquen los datos inexactos o incompletos.

3) Excepto cuando guarden relación directa con los requisitos de una profesión determinada, y cuenten con el permiso explícito del trabajador afectado, las agencias de empleo privadas no deberían pedir, conservar ni utilizar los datos sobre las condiciones de salud de un trabajador, ni tampoco utilizar esos datos para determinar la aptitud de un trabajador para el empleo.

13. Las agencias de empleo privadas y la autoridad competente deberían adoptar medidas para alentar la utilización de métodos apropiados, equitativos y eficaces de selección.

14. Las agencias de empleo privadas deberían contar con personal adecuadamente cualificado y formado.

15. Dentro del respeto debido a los derechos y obligaciones establecidos en la legislación nacional relativos a la terminación del contrato de trabajo, las agencias de empleo privadas que presten los servicios mencionados en el párrafo 1 b) del artículo 1 del Convenio no deberían:

a) impedir que la empresa usuaria contrate a ese asalariado, o

b) limitar la movilidad profesional de ese asalariado;

c) imponer sanciones al asalariado que acepte un empleo en otra empresa.

III. Relaciones entre el servicio público de empleo y las agencias de empleo privadas

16. Debería fomentarse la cooperación entre los servicios públicos de empleo y las agencias de empleo privadas para la puesta en práctica de una política nacional de organización del mercado de trabajo; a ese efecto, se podrán establecer organismos que comprendan a representantes de los servicios públicos de empleo y de las agencias privadas de empleo, así como las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores.

17. Las medidas dirigidas a fomentar la cooperación entre los servicios públicos de empleo y las agencias de empleo privadas podrían comprender:

a) la puesta en común de informaciones y la utilización de una terminología común para mejorar la transparencia del funcionamiento del mercado de trabajo;

b) intercambios de anuncios de puestos vacantes;

c) la promoción de proyectos conjuntos, por ejemplo en materia de formación;

d) la conclusión de convenios entre los servicios públicos de empleo y las agencias de empleo privadas sobre la ejecución de ciertas actividades, tales como proyectos para la inserción de los desempleados de larga duración;

e) la formación del personal;

f) consultas regulares dirigidas a mejorar las prácticas profesionales.

Didier Opertti."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- En la carpeta respectiva hay una información pormenorizada que no voy a reiterar en Sala. Simplemente quiero decir que el Convenio representa un aporte sustancial a la regulación de un trabajo muchas veces no regulado en los países. Además, cuenta con el apoyo de la organización o cámara de empresas que se dedican a este tipo de trabajo, es decir, agencias de empleo privadas que existen aquí en Uruguay, y por la naturaleza del mismo tiende a eliminar a aquellas otras que no trabajan respetando las reglas que establece el Convenio. Para decirlo rápidamente, este Convenio, en algunas de sus partes fundamentales, como por ejemplo en el artículo 11, establece que: "Todo Miembro adoptará, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, las medidas necesarias para asegurar que los trabajadores empleados por agencias de empleo privadas previstas en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 1 gocen de una protección adecuada en materia de: a) libertad sindical; b) negociación colectiva; c) salarios mínimos; d) tiempo de trabajo y demás condiciones de trabajo; e) prestaciones de seguridad social obligatorias; f) acceso a la formación; g) seguridad y salud en el trabajo; h) indemnización en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional; i) indemnización en caso de insolvencia y protección de los créditos laborales; j) protección y prestaciones de maternidad y protección y prestaciones parentales".

En el ámbito de las agencias de empleo, esto representa un aporte muy importante, al tiempo que la ratificación por el país dará una protección adicional a los trabajadores que dependen de ellas cuando actúan como agencias de tercerización o, como ocurre normalmente, cuando ofrecen el trabajo de personas que, por su intermedio, lo consiguen de agentes privados.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

- 27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Ratifícase el Convenio Internacional del Trabajo Nº 181 sobre las agencias de colocación, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en la 85ª reunión celebrada en Ginebra en junio de 1999."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado.)

14) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA EXONERAR DE SU CARGO A UN FUNCIONARIO PUBLICO

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo con lo resuelto oportunamente, corresponde pasar a sesión secreta para considerar el asunto que figura en decimotercer término del Orden del Día.

(Así se hace. Es la hora 17 y 39 minutos)

(Vueltos a sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 17 y 43 minutos)

- Dése cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- El Senado, en sesión secreta, concedió venia al Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Salud Pública.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se comunicará al Poder Ejecutivo.

15) FIEBRE AFTOSA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el numeral tercero del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se incrementan las sanciones pecuniarias que se aplican a quienes incumplan las normas en materia de lucha, control y erradicación de la fiebre aftosa. (Carp. Nº 693/01 - Rep. Nº 376/02 - Anexo I)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 693/01

Rep. Nº 376/02

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Sustitúyese el artículo 16 de la Ley Nº 12.938, de 9 de noviembre de 1961, en la redacción dada por el artículo 18 de la Ley Nº 16.082, de 18 de octubre de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 16.- El propietario tenedor de haciendas a cualquier título, que contraviniere por acción y/u omisión de normas en materia de lucha, control y erradicación de la fiebre aftosa, se hará pasible de una multa de 1 UR (una unidad reajustable) por animal la primera vez. En caso de reincidencia la multa será de 4 UR (cuatro unidades reajustables) por animal.

Cuando se comprobaren falsas declaraciones a los efectos establecidos en el artículo 9º de la Ley Nº 12.938, de 9 de noviembre de 1961, la multa será de 8 UR (ocho unidades reajustables) por animal; en caso de reincidencia la multa será de 12 UR (doce unidades reajustables) por animal".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 17 de diciembre de 2001.

Gustavo Penadés Presidente - Horacio D. Catalurda Secretario.

Carp. Nº 693/01

Rep. Nº 376/02

Anexo I

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Ganadería,

Agricultura y Pesca

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo Unico.- Sustitúyese el artículo 16 de la Ley Nº 12.938, de 9 de noviembre de 1961, en la redacción dada por el artículo 18 de la Ley Nº 16.082, de 18 de octubre de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 16.- El propietario o tenedor de haciendas a cualquier título, que contraviniere por acción u omisión las normas en materia de lucha, control y erradicación de la fiebre aftosa, se hará pasible de una multa de 1 UR (una unidad reajustable) por animal susceptible la primera vez. En caso de reincidencia la multa será de 4 UR (cuatro unidades reajustables) por animal.

Cuando se comprobaren falsas declaraciones a los efectos establecidos en el artículo 9º de la Ley Nº 12.938, de 9 de noviembre de 1961, la multa será de 8 UR (ocho unidades reajustables) por animal; en caso de reincidencia la multa será de 12 UR (doce unidades reajustables) por animal".

Sala de la Comisión, a 18 de abril de 2002.

Luis Alberto Heber, Miembro Informante, Danilo Astori, José Jorge de Boismenu, Luis O. Dini, Reinaldo Gargano, José Mujica, Rodolfo Nin Novoa, Carlos Julio Pereyra, Wilson Sanabria, Senadores."

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Dr. Correa Freitas)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: el Senado tiene a estudio un proyecto de ley que ha sido enviado por el Poder Ejecutivo y que busca actualizar las sanciones para quienes incumplan con aquellas disposiciones relativas a la erradicación de la fiebre aftosa.

El Miembro Informante es el señor Senador Heber, pero como se ha retirado de Sala, quisiera transmitir al Cuerpo una información muy sencilla. La única modificación que introdujo la Comisión fue incluir una letra "o" entre las palabras "propietario" y "tenedor de haciendas". Muchas veces, se da la situación de que el que tiene los animales afectados por la fiebre aftosa no es el propietario. Por ello, por unanimidad, se incorporó esa modificación, por lo que la iniciativa deberá volver a la Cámara de Representantes.

SEÑOR NIN NOVOA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NIN NOVOA.- Este proyecto de ley que viene de la Cámara de Representantes tiene algunos inconvenientes, pero no tuve la capacidad suficiente en la Comisión como para convencer a mis compañeros y votar algo diferente.

Tal como dijimos en alguna oportunidad, la iniciativa incrementa y multiplica por cuatro las sanciones pecuniarias a aquellos que, omitiendo las leyes y normas referidas a la lucha contra la fiebre aftosa, se hagan pasibles de las mismas. Esto tiene su origen en el año 1961, cuando se sancionó el primer proyecto de ley que combatía la fiebre aftosa, que establecía multas, como es natural, en pesos de la época. Posteriormente, en 1989, la multa se llevó a Unidades Reajustables y ahora se la intenta multiplicar por cuatro el monto establecido en ese año.

En un primer momento tuvimos dudas en cuanto a algunas definiciones, porque se discutía si el responsable del cumplimiento de las normas era el propietario tenedor de las haciendas o, en su caso, el propietario o el tenedor de las mismas. La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca resolvió modificar el artículo, por lo que la norma sería diferente a la de la Cámara de Representantes y diría: "El propietario o tenedor de haciendas a cualquier título, que contraviniere por acción u omisión las normas en materia de lucha, control y erradicación de la fiebre aftosa, se hará pasible de una multa de 1 UR (una unidad reajustable) por animal susceptible la primera vez". Quizás, para que el artículo fuera más claro, debería decir: "por animal de especie susceptible eventualmente", porque puede haber una interpretación en el sentido de que el animal susceptible es el que no es vacunado. Como en algún momento en nuestro país se tuvo una definición de "país libre de aftosa sin vacunación", la norma puede dar lugar a malas interpretaciones. Además, las ovejas y los cerdos, animales biungulados -esto es, de dos pesuñas o de pesuña hendi-da- que son las especies afectadas por la fiebre aftosa, no se vacunan en el Uruguay. Por lo tanto, esto puede dar lugar a una incorrecta interpretación.

Luego, el segundo párrafo de este artículo establece claramente que: "Cuando se comprobaren falsas declaraciones a los efectos establecidos en el artículo 9º de la Ley Nº 12.938, de 9 de noviembre de 1961," -es decir, hace más de cuarenta años- "la multa será de 8 UR (ocho unidades reajustables) por animal; en caso de reincidencia la multa será de 12 UR (doce unidades reajustables) por animal". Nosotros convocamos a la sesión de la Comisión a las autoridades de Sanidad Animal, quienes vieron algún inconveniente en la inclusión de este segundo párrafo, porque hacía referencia a una ley demasiado vieja cuyas normas han caído en desuso. Tengo en mi poder la mencionada disposición y quisiera compartirla con el Senado. El artículo 9º de la referida ley dice: "Para fiscalizar el cumplimiento de las vacunaciones a que obliga esta ley, las autoridades competentes exigirán como comprobante la presentación de uno de los siguientes documentos: certificado del inspector que hubiera controlado la vacunación;" -en el Uruguay hoy casi no se controla la vacunación porque existe una toma de conciencia muy fuerte por parte de los productores rurales y el control se vuelve innecesario- "certificado de vacunación extendido por médico veterinario o declaración jurada del propietario de las haciendas acompañada de la factura comercial del laboratorio preparador de las vacunas utilizadas". En este momento no hay facturas en nuestro país porque las vacunas son otorgadas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y ni siquiera existen laboratorios que hagan la vacuna. Luego, el artículo 9º continúa diciendo: "Todos los antecedentes que refieran a vacunaciones y demás medidas establecidas en esta ley, deberán ser escriturados en la Libreta de Sanidad Antiaftósica, que a ese efecto llevarán los propietarios o encargados de haciendas". Ningún establecimiento lleva ese control que figura en una Ley de hace cuarenta años.

Quizás lo que deberíamos hacer -no tuve la capacidad suficiente como para convencer a mis compañeros de Comisión- es apelar al artículo 2º de esta ley, porque esa es además la intención que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y las autoridades de Sanidad Animal le atribuían a esta norma. Es decir que no solamente sean sancionados los que no cumplen efectivamente con las normas de la lucha contra la fiebre aftosa, sino también aquellos que no denuncien hechos según los cuales, aparentemente, puedan existir animales afectados por la enfermedad.

En este sentido, quiero recordarle al Senado que el foco de aftosa aparecido en el Uruguay en abril del año pasado fue consecuencia de un omiso, por no llamarlo irresponsable, quien sabiendo que había un lote con presunción de fiebre aftosa en la localidad de Santa Catalina, autorizó una feria ganadera y allí se juntaron y mezclaron creo que más de 600 animales que se diseminaron por muchos puntos del país.

A partir de ese momento, por la omisión de no haber hecho la denuncia que establece directamente el artículo 2º, de la Ley Nº 12.938, tendríamos que poner el énfasis en eso. Es decir, las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, las gremiales y productores rurales, acompañan un proyecto de ley en este sentido, en primer lugar, porque va sólo contra los que violan las normas, los irresponsables, pero no contra todos los productores. No se trata, como supuse también en algún momento -lo reconozco- de considerar a todos los productores como irresponsables o hacer caer el peso del fracaso de la lucha contra la fiebre aftosa solamente en ellos. Me parece que habría que haber multado o poner énfasis en la denuncia, tal como lo establece, reitero, el artículo 2º, de la Ley Nº12.938, del año 1961, que dice: "Todo tenedor, a cualquier título, de animales bovinos, ovinos o suinos, está obligado a denunciar la sospecha o existencia de fiebre aftosa en las haciendas. Igual obligación le corresponde a los médicos veterinarios que, en el ejercicio de su profesión, comprobaran la enfermedad y a los funcionarios de la Dirección de Ganadería, encargados de la campaña contra la fiebre aftosa". Termina diciendo: "Los funcionarios de la campaña contra la fiebre aftosa" -de eso hace cuarenta años- "no podrán ocupar cargos particulares en las fábricas o laboratorios que elaboran o distribuyen productos zooterápicos".

SEÑOR SINGER.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR NIN NOVOA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SINGER.- Señor Presidente: entiendo muy razonables las observaciones que realiza el señor Senador Nin Novoa, pero me asalta una duda. Este asunto, ¿no lo consideramos ya en el Senado? Si no me equivoco, estuvimos varias horas considerándolo.

SEÑOR NIN NOVOA.- No, señor Senador.

SEÑOR SINGER.- Sí, señor Senador, y a pedido del señor Senador Heber volvió a Comisión. Ahora veo que vuelve. Recuerdo que en aquel entonces estuvimos una hora y media o dos discutiéndolo. Entonces, la duda que me asalta es si la Comisión reexaminó el tema y ahora vuelve al Senado, o si estamos hablando del mismo asunto y no lo volvió a considerar la Comisión. Digo esto, porque me parece que el tema es de suficiente entidad como para que nos pongamos acá a redactarlo, sino que el Senado debería aprobarlo con el o los informes de la Comisión.

Planteo esto porque podría ser, como lo expresa el señor Senador Nin Novoa: "No logré convencer a mis compañeros de Comisión". Si es así efectivamente, la Comisión volvió a considerarlo, el señor Senador Nin Novoa reiteró su planteo y la Comisión se ratificó en esto, entonces voy a votar como lo aprueba esta última. Si no fue efectivamente así, me parece que lo razonable sería que vuelva a Comisión, tal como lo había resuelto el Senado en su oportunidad.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede continuar el señor Senador Nin Novoa.

SEÑOR NIN NOVOA.- Señor Presidente: en realidad, estoy haciendo un informe en minoría "sui géneris", porque también acompañé el proyecto con estas salvedades. Como el Miembro Informante, señor Senador Heber, no se encuentra en Sala, quería simplemente compartir con el resto del Senado algunas preocupaciones que tengo en este sentido. Ese es el único objeto de mi intervención. Me parece que discutir, una, cuatro, cinco o diez horas un tema tan vital como es el de la aftosa, que es la culpable de todos los males, según el Ministro de Economía y Finanzas, no es mucho tiempo. Entonces, simplemente quiero poner a consideración algunos elementos como tantas veces exponen otros señores Senadores para llamar la atención del Cuerpo sobre un punto de vista particular en este sentido.

Es verdad que el proyecto viene aprobado, lo discutimos en su momento, pero no queríamos dejar de plantear estas inquietudes que tenemos respecto a este proyecto de ley.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: estoy de acuerdo con que si hay materia suficiente para seguir discutiendo el tema, así se haga.

He tomado conocimiento de que en una sesión se pidió que se tratara sin informe de la Comisión. Cabe recordar que el proyecto de ley ingresó a la Comisión el 26 de diciembre, y el 5 de febrero fue pedido su tratamiento en una sesión extraordinaria, lo que se hizo sobre tablas. Allí se pidió, porque no había habido un estudio adecuado, que volviera a la Comisión.

La Comisión examinó las objeciones que planteaba el señor Senador Nin Novoa y todos teníamos algún tipo de dudas. El señor Senador de Boismenu también las tiene acerca de la magnitud de la sanción. En ese sentido, él entiende -y lo explicará mejor que yo- que si el animal enfermo además es un ovino, al criador de ovinos no se le puede aplicar el mismo nivel de sanción que al que cría bovinos porque parece que fue pensado en ese esquema.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Dr. Atchugarry)

- Personalmente, el grupo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que concurrió a la Comisión, encabezado por el doctor Recaredo Ugarte, que es el que propone esta legislación, me convenció de que hay que ser severo en la aplicación de las sanciones, porque el esfuerzo y lo que ha pagado el país por la producción de ese tipo de hechos, ha sido muy grave. Pero si hay que estudiarlo otra semana más, no tengo inconveniente de que vuelva a Comisión.

SEÑOR DE BOISMENU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DE BOISMENU.- Señor Presidente: ante la importancia de este tema -lo acaba de expresar el señor Senador Gargano- solicito al Senado que el asunto vuelva a Comisión y que lo tratemos lo más rápidamente posible.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: pido excusas por introducir un deseo para la Comisión de carácter puramente gramatical.

Una vez que se corrija lo que los señores miembros de la Comisión entiendan que hay que modificar, pediría que la expresión "la primera vez", que figura en la cuarta línea de la transcripción del artículo 16, estuviera mucho más arriba. Me refiero a que expresara lo siguiente: "El propietario o tenedor de haciendas a cualquier título, que por primera vez contraviniere", y luego sigue la redacción tal como está. Digo esto, porque el texto original, expresa: "El propietario o tenedor de haciendas a cualquier título, que contraviniere por acción u omisión las normas en materia de lucha, control y erradicación de la fiebre aftosa, se hará pasible de una multa de 1 U.R. (una unidad reajustable) por animal susceptible por primera vez". Parecería que el animal la primera vez es susceptible, y que hay una segunda vez que no lo es. Entonces, pediría que se tomara en cuenta ese cambio de lugar de la expresión referida.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada, en el sentido de que este asunto vuelva a Comisión.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Así se procederá.

16) VIOLENCIA DOMESTICA

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado a la Mesa una moción de orden.

Léase.

(Se lee:)

"Mociono para que el punto que figura en décimo lugar del Orden del Día se considere en primer lugar en la próxima sesión ordinaria del Cuerpo. (Firma:) Señor Senador Gallinal."

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: habíamos votado oportunamente que el primer punto del Orden del Día de la primera sesión ordinaria del mes de junio fuera el proyecto de ley por el que se declara el 20 de setiembre Día de la Libertad de Pensamiento. Creo que, manteniendo el criterio adoptado en esa instancia por el Senado, podríamos incluir en esta moción propuesta por el señor Senador Gallinal que el proyecto de ley sobre violencia doméstica fuera el segundo punto del Orden del Día.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa solicita al señor Senador Correa Freitas que concrete el agregado de la moción porque el proponente, que es el señor Senador Gallinal, no está en Sala en este momento.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Formulo moción en el sentido de que el proyecto de ley sobre violencia doméstica sea incluido como segundo punto del Orden del Día de la primera sesión ordinaria del mes de junio, dado que el Senado oportunamente aprobó que se incorporara como primer asunto la iniciativa relativa al 20 de setiembre y, también, que el señor Senador Gallinal propuso en la moción que el proyecto de ley de violencia doméstica figurase en primer lugar del Orden del Día. Mi moción, reitero, es para que sea el segundo punto de esa sesión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Comprendo su planteo, señor Senador, pero lamentablemente, por no encontrarse en Sala el proponente, no tengo más remedio que votar en primer lugar la moción como ha llegado a la Mesa y en caso de que la votación sea negativa, someteríamos a votación su moción, que es similar, puesto que la única diferencia radica en que el asunto figure en segundo término del Orden del Día de la mencionada sesión.

Se va a votar si el punto que figura en décimo lugar del Orden del Día de la presente sesión se incluye como primer asunto de la primera sesión ordinaria del mes de junio.

(Se vota:)

- 13 en 20. Afirmativa.

17) ARTICULO 124 DEL DECRETO-LEY Nº 15.688 (ORGANICO DEL EJERCITO) DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 1984

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 124 del Decreto-Ley Nº 15.688, de 30 de noviembre de 1984, referido al ascenso del Personal Superior del Ejército Nacional. (Carp. Nº 711/02- Rep. 386/02 - Anexo I.)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 711/02

Rep. Nº 386/02

Anexo I

Ministerio de Defensa Nacional

Mensaje 07/002

Montevideo,

Señor Presidente de la

Asamblea General.

Don Luis Hierro López.

El Poder Ejecutivo tiene el agrado de dirigirse a ese Cuerpo, conforme a lo establecido en el numeral 7 del artículo 168 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el cual se introducen modificaciones en el artículo 124 del Decreto-Ley Nº 15.688 (Orgánico del Ejército) de fecha 30 de noviembre de 1984.

El artículo cuya reforma se propone, incluido en la Sección II del Capítulo VIII del Decreto-Ley mencionado, integra la regulación de las Condiciones Generales para el Ascenso del Personal Superior del Ejército Nacional.

La modificación de los Cursos cuya aprobación es exigida como condición para el ascenso, se enmarca dentro de la propuesta de modernización de la Fuerza, sobre la base del asesoramiento brindado por distintas comisiones de trabajo creadas al respecto, adoptándose una serie de medidas tendientes a la optimización de los recursos y medios materiales, como también a la mejor calificación de los cuadros.

Asimismo, se procura alcanzar nuevos objetivos educacionales, adecuando los Cursos a la nueva concepción del Plan de Estudios, estableciéndose el requisito de aprobación del Curso de Estado Mayor o Ingeniería Militar para el ascenso al grado de Coronel, jerarquizándolo y otorgándole la relevancia que merece a nivel profesional.

Por los fundamentos expuestos, se solicita la atención de ese Cuerpo al adjunto proyecto de ley, cuya aprobación se encarece.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Asamblea General, con la mayor consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República, Luis Brezzo.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Modifícase el artículo 124 del Decreto-Ley Nº 15.688 (Orgánico del Ejército) de fecha 30 de noviembre de 1984, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 124.- Los cursos cuya aprobación es exigida como condición para el ascenso, son los siguientes:

A) El Curso de Capacitación y Perfeccionamiento para Tenientes Primero, a ser realizado en el Instituto Militar de las Armas y Especialidades por todos aquellos que se encuentren en el último grado y sin cuya aprobación no quedarán en condiciones de ascenso al grado de Capitán. La Reglamentación podrá prever condiciones especiales de realización para los Oficiales de los Cuerpos de Servicios.

B) El Curso de Capacitación y Perfeccionamiento para Capitanes, a ser realizado en el Instituto Militar de Estudios Superiores por todos aquellos que se encuentren en el último año del grado y sin cuya aprobación no quedarán en condiciones de ascenso a los grados de Mayor y Teniente Coronel. Los Capitanes de los Cuerpos de Servicios deberán realizar un curso similar al precedentemente previsto, que atienda a las necesidades y circunstancias especiales de dichos escalafones.

C) El Curso de Estado Mayor o de Ingeniería Militar para Jefes del Cuerpo de Comando, a ser realizado en el Instituto Militar de Estudios Superiores y cuya aprobación lo habilita para el ascenso hasta el grado de General. La realización de este curso es de carácter voluntario, debiendo la Reglamentación establecer el número de vacantes de acuerdo a las necesidades de la Fuerza, así como determinar los requisitos y las condiciones de ingreso al mismo mediante concurso de oposición.

D) El Curso de Perfeccionamiento para Tenientes Coroneles del Cuerpo de Comando que no se hubieren diplomado de Estado Mayor o de Ingeniería Militar y se encontraran en el último año del grado, a ser realizado en el Instituto Militar de Estudios Superiores y sin cuya aprobación no quedarán en condiciones de ascenso al grado de Coronel.

E) El Curso de Perfeccionamiento para Coroneles a ser realizado en el Instituto Militar de Estudios Superiores por los Coroneles del Cuerpo de Comando que se hubieren diplomado de Estado Mayor o Ingeniero Militar y sin cuya aprobación no quedarán en condiciones de ascenso al grado de General. Serán citados a realizar el mismo aquellos Coroneles que tengan oportunidad de computar como mínimo cinco años en el grado.

F) En todos los cursos, excepto en los mencionados en los literales D) y E) anteriores, en los que sólo se otorgarán como notas de egreso las de "aprobado" o "no aprobado", se establecerá un orden de precedencia acorde a la escolaridad obtenida.

G) En todos los cursos establecidos en el presente artículo, salvo el mencionado en el literal D), el Personal Superior afectado, previa convocatoria, dispondrá de dos oportunidades para su aprobación. A tales efectos, la no concurrencia al llamado para realizar el curso o la no aprobación de la prueba de ingreso al mismo, equivalen a la reprobación del curso."

Luis Brezzo.

Carp. Nº 711/02

Rep. Nº 386/02

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Defensa Nacional

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo Unico.- Modifícase el artículo 124 del Decreto-Ley Nº 15.688 (Orgánico del Ejército) de fecha 30 de noviembre de 1984, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 124.- Los cursos cuya aprobación es exigida como condición para el ascenso, son los siguientes:

A) El Curso de Capacitación y Perfeccionamiento para Tenientes Primero, a ser realizado en el Instituto Militar de las Armas y Especialidades por todos aquellos que se encuentren en el último año del grado y sin cuya aprobación no quedarán en condiciones de ascenso al grado de Capitán. La Reglamentación podrá prever condiciones especiales de realización para los Oficiales de los Cuerpos de Servicios.

B) El Curso de Capacitación y Perfeccionamiento para Capitanes, a ser realizado en el Instituto Militar de Estudios Superiores por todos aquellos que se encuentren en el último año del grado y sin cuya aprobación no quedarán en condiciones de ascenso a los grados de Mayor y Teniente Coronel. Los Capitanes de los Cuerpos de Servicios deberán realizar un curso similar al precedentemente previsto, que atienda a las necesidades y circunstancias especiales de dichos escalafones.

C) El Curso de Estado Mayor para Mayores o de Ingeniería Militar para Jefes del Cuerpo de Comando, a ser realizado en el Instituto Militar de Estudios Superiores y cuya aprobación lo habilita para el ascenso hasta el grado de General. La realización de este curso es de carácter voluntario, debiendo la Reglamentación establecer el número de vacantes de acuerdo a las necesidades de la Fuerza, así como determinar los requisitos y las condiciones de ingreso al mismo mediante concurso de oposición.

D) El Curso de Perfeccionamiento para Tenientes Coroneles del Cuerpo de Comando que no se hubieren diplomado de Estado Mayor o de Ingeniería Militar y se encontraran en el último año del grado, a ser realizado en el Instituto Militar de Estudios Superiores y sin cuya aprobación no quedarán en condiciones de ascenso al grado de Coronel.

E) El Curso de Perfeccionamiento para Coroneles a ser realizado en el Instituto Militar de Estudios Superiores por los Coroneles del Cuerpo de Comando que se hubieren diplomado de Estado Mayor o Ingeniero Militar y sin cuya aprobación no quedarán en condiciones de ascenso al grado de General. Serán citados a realizar el mismo aquellos Coroneles que tengan oportunidad de computar como mínimo cinco años en el grado.

F) En todos los cursos, excepto en los mencionados en los literales D) y E) anteriores, en los que sólo se otorgarán como notas de egreso las de "aprobado" o "no aprobado", se establecerá un orden de precedencia acorde a la escolaridad obtenida.

G) En todos los cursos establecidos en el presente artículo, salvo el mencionado en el literal C), el Personal Superior afectado, previa convocatoria, dispondrá de dos oportunidades para su aprobación. A tales efectos, la no concurrencia, al llamado para realizar el curso o la no aprobación de la prueba de ingreso al mismo, equivalen a la reprobación del curso."

Juan A. Singer, Miembro Informante (verbal), Yamandú Fau, Eleuterio Fernández Huidobro, José Korzeniak, Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Singer.

SEÑOR SINGER.- Señor Presidente: la Comisión de Defensa Nacional aprobó por unanimidad esta propuesta del Poder Ejecutivo para modificar el régimen de ascensos del personal superior del Ejército. Se trata de una norma modernizadora que, por otra parte, ha venido con el aval de los servicios educativos de las Fuerzas Armadas para que, por medio de estos nuevos mecanismos, se optimicen los recursos y medios materiales, así como también la mejor calificación de los cuadros del Ejército. O sea que esta norma modificativa que estamos considerando apunta a eso y de su propia lectura -su único artículo es bastante extenso- surge con claridad el propósito que ha animado al Poder Ejecutivo a someter a consideración del Parlamento este proyecto de ley.

Es por lo expuesto, entonces, que la Comisión de Defensa Nacional del Senado aconseja su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR SINGER.- ¿Me permite, señor Presidente?

Puesto que ha sido repartido el texto de este proyecto de ley, solicito la supresión de la lectura del artículo único.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se suprime la lectura.

(Se vota:)

- 17 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo único.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 18. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

18) MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO SUSCRITO EL 4 DE MAYO DE 2001 ENTRE LA FUERZA AEREA ARGENTINA Y LA FUERZA AEREA URUGUAYA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE COOPERACION DE FUERZAS AEREAS AMERICANAS (SICOFAA)

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Memorándum de Entendimiento suscrito entre la Fuerza Aérea Argentina y la Fuerza Aérea Uruguaya en el marco del Sistema de Cooperación de Fuerzas Aéreas Americanas. (SICOFAA) (Carp. Nº 743/02 - Rep. Nº 424/02)."

(Antecedentes: )

"Carp. Nº 743/02

Rep. Nº 424/02

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 26 de febrero de 2002.

Señor Presidente de la

Asamblea General.

Don Luis Hierro López.

El Poder Ejecutivo cumple en remitir a consideración de ese Cuerpo, acorde a lo preceptuado por el numeral 7º del artículo 85 y numeral 20 del artículo 168 de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento suscrito el 4 de mayo de 2001 entre la Fuerza Aérea Argentina y la Fuerza Aérea Uruguaya en el marco del Sistema de Cooperación de Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA).

El mencionado Acuerdo fue homologado por la Resolución del Poder Ejecutivo 1516/001, de fecha 23 de octubre de 2001 y tiene por objeto regular y facilitar las condiciones de sobrevuelo y/o aterrizaje y/o acuatizaje de aeronaves militares pertenecientes a una fuerza en el territorio y aguas jurisdiccionales de la otra sobre la base del principio de cooperación y reciprocidad.

Saluda al señor Presidente de la Asamblea General con la mayor consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República, Luis Brezzo, Didier Opertti.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Memorándum de Entendimiento suscrito el 4 de mayo de 2001 entre la Fuerza Aérea Argentina y la Fuerza Aérea Uruguaya en el marco del Sistema de Cooperación de Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA).

Luis Brezzo, Didier Opertti.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El Poder Ejecutivo, por Mensaje de fecha 26 de febrero de 2002, solicita la ratificación parlamentaria del Memorándum de Entendimiento suscrito el 4 de mayo de 2001 entre la Fuerza Aérea Uruguaya y la Fuerza Aérea Argentina, en el marco del Sistema de Cooperación de Fuerzas Aéreas Americanas.

El referido Memorándum de Entendimiento fue homologado por el Poder Ejecutivo por Resolución 1516/001, del 23 de octubre de 2001 y como se establece en su apartado Primero tiene por objeto regular y, simultáneamente, facilitar las condiciones de vuelo, aterrizaje y acuatizaje de aeronaves militares en el territorio y aguas jurisdiccionales de ambos países sobre la base de los principios de cooperación y reciprocidad.

Se trata, en todos los casos, de vuelos de transporte con fines pacíficos como, por ejemplo, transporte de pasajeros, apoyo logístico, misiones sanitarias, estando expresamente exceptuadas del convenio las aeronaves de combate.

En el apartado Segundo se fijan las condiciones generales para la ejecución del acuerdo en lo que dice relación con las facilidades que se otorgan y los requisitos a cumplir para ampararse a las mismas, excluyéndose de esas facilidades las regulaciones nacionales e internacionales aplicables a la circulación aérea. Desde luego que tanto los tripulantes de las aeronaves como los pasajeros civiles que desembarquen en territorio nacional deberán ajustarse a las normas vigentes en el país de desembarco en materia migratoria, sanitaria y aduanera.

Resulta claro, entonces, que ambos países serán beneficiarios de las citadas disposiciones del Memorándum y, por las informaciones recogidas, existe un manifiesto interés en otros países del Cono Sur americano en adoptar acuerdos similares.

Por lo expuesto vuestra Comisión aconseja brindar la ratificación parlamentaria solicitada.

Juan A. Singer, Miembro Informante.

MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO

En la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay a los cuatro días del mes de Mayo de dos mil uno, entre la Fuerza Aérea Argentina con domicilio en Avenida Pedro Zanni 250, Capital Federal (C.P. 1/105) representada en este acto por el Señor Brigadier General Don Walter Domingo Barbero en su calidad de Jefe del Estado Mayor General y la Fuerza Aérea Uruguaya con domicilio en Avenida Don Pedro de Mendoza 5553 representada en este acto por el Señor Teniente General (Av.) Don José Pedro Malaquín en su calidad de Comandante en Jefe, acuerdan y suscriben el presente Memorándum de Entendimiento dentro del marco del Sistema de Cooperación de Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA).

PRIMERO. OBJETO.

1.1. El objeto del presente Memorándum es regular y facilitar las condiciones de sobrevuelo y/o aterrizaje y/o acuatizaje de aeronaves militares pertenecientes a una Fuerza en el territorio y aguas jurisdiccionales de la otra sobre la base del principio de cooperación y reciprocidad.

SEGUNDO. CONDICIONES GENERALES.

2.1. El presente Memorándum es aplicable a las aeronaves militares que realizan vuelos de transporte con fines pacíficos tales como transporte de pasajeros, apoyo logístico, misiones sanitarias. No quedan comprendidas en este Memorándum las aeronaves de combate.

2.2. Las aeronaves comprendidas en el marco de este Acuerdo estarán exceptuadas de efectuar el procedimiento para la obtención previa de los permisos de sobrevuelo y/o aterrizaje y/o acuatizaje en el territorio de la otra parte debiendo no obstante sujetarse a las regulaciones nacionales e internacionales aplicables a la circulación aérea y siempre que cumplan con los siguientes requisitos: a.) que se trate de aeronaves sin armamento; b.) que no se transporten explosivos, armas, municiones de guerra ni cargas que impliquen posibilidad de riesgo de daño; c.) que las aeronaves no lleven equipos fotográficos o similares de captación y/o registro de imágenes que puedan afectar la seguridad nacional; d.) que no se transporten cosas que impliquen un peligro para la seguridad de vuelo, salvo las excepciones que establezcan las reglamentaciones pertinentes y las decisiones de emergencia adoptadas por la autoridad respectiva; e.) el transporte de enfermos contagiosos o de cadáveres quedará sujeto a las condiciones que fijen las reglamentaciones o las decisiones de las autoridades competentes.

2.3. Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, se deberá comunicar en todos los casos por Nota o Fax directamente ante la Sub Jefatura del Estado Mayor General Inteligencia (Oficina de Enlace) de la Fuerza Aérea Uruguaya y Jefatura II - Inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina, con por lo menos 48 horas de antelación a la realización de los vuelos previstos, detallando específicamente cuando se trate de transporte VIP, a efectos de tomar las medidas que correspondan y comunicando asimismo, cuando la aeronave vaya a ingresar al país a través de un aeródromo no internacional.

No obstante, en situaciones de emergencia y en todas aquellas que impliquen una operatividad inmediata, no se requerirá la comunicación previa aludida.

Los tripulantes y pasajeros civiles que desembarquen en territorio nacional, procedentes de aeronaves militares extranjeras, estarán obligados a cumplir con las disposiciones en vigencia, en especial aduaneras, sanitarias y migratorias.

2.4. Las aeronaves no comprendidas en este Acuerdo deberán cumplir los procedimientos legales y/o reglamentaciones vigentes en cada país signatario.

2.5. Los Comandantes en Jefe de cada Fuerza se comprometen a dictar instrucciones de servicio en un plazo máximo de 20 días a contar de la entrada en vigencia del presente, que garanticen el conocimiento general de los procedimientos establecidos en este Memorándum.

TERCERO. NOTIFICACIONES.

3.1. Las comunicaciones entre las partes signatarias serán realizadas por:

A) FUERZA AEREA URUGUAYA

Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya.

Dirección: Avda. Don Pedro de Mendoza Nº 5553.

Montevideo-Uruguay.

Teléfono: 222-3190

Fax: 222-3905

B) FUERZA AEREA ARGENTINA.

Jefe del Estado Mayo General de la Fuerza Aérea Argentina.

Dirección: Avda. Pedro Zanni 250 Capital Federal (C:P 1/105).

Buenos Aires - Argentina.

Teléfono: 54 11 4317-610.

Fax: 54 11 4317 - 603

CUARTO. ENTRADA EN VIGENCIA.

4.1. El presente Memorándum se suscribe ad referéndum de la aprobación del Poder Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay y del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, entrando en vigencia con posterioridad a dicha aprobación.

QUINTO. CIERRE.

5.1. En prueba de conformidad se otorgan y suscriben dos ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.

Por la Fuerza Aérea Uruguaya

El Comandante en Jefe

Teniente General (Av.)

José P. Malaquin

Por la Fuerza Aérea Argentina

El Jefe de Estado Mayor General

Brigadier General

Walter D. Barbero."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Singer.

SEÑOR SINGER.- Señor Presidente: este proyecto de ley viene informado por la Comisión de Asuntos Internacionales. El informe que ha sido repartido y que está suscrito por quien habla, también debería contener la firma de los restantes miembros de la Comisión, ya que se aprobó por unanimidad.

Se trata de un memorándum de entendimiento suscrito entre la Fuerza Aérea Uruguaya y la Fuerza Aérea Argentina en el marco del Sistema de Cooperación de Fuerzas Aéreas Americanas. El objeto, como está claramente establecido, es regular y, al mismo tiempo, facilitar las condiciones de vuelo, aterrizaje y acuatizaje de aeronaves militares en el territorio y aguas jurisdiccionales de ambos países sobre la base de los principios de cooperación y reciprocidad.

También está bien claro que en este caso estamos hablando de vuelos con fines pacíficos y que quedan excluidos de los beneficios de este entendimiento los de carácter militar. Bueno es agregar además, como lo consignamos en el informe, que los otros países del Cono Sur de América han manifestado su interés de poder participar en Acuerdos de la misma índole. Por lo tanto, es muy previsible que este tipo de entendimientos, como el que vamos a aprobar entre Argentina y Uruguay, se hará extensivo a otros países de la región.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador doctor Correa Freitas)

- Por lo expuesto, la Comisión de Asuntos Internacionales aconseja que el Senado apruebe este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

- 17 en 18. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo único.- Apruébase el Memorándum de Entendimiento suscrito el 4 de mayo de 2001 entre la Fuerza Aérea Argentina y la Fuerza Aérea Uruguaya en el marco del Sistema de Cooperación de Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA)."

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 18. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

19) TECNICAS DE REPRODUCCION HUMANA ASISTIDA

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Se pasa a considerar el asunto que figura en undécimo término del Orden del Día: "Proyecto de ley sobre Reproducción Humana Asistida elevado para su consideración por la Comisión de Salud Pública (sin informes) (Carp. Nº 410/96 - Rep. Nº 331/01)."

Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- Vamos a tratar un proyecto de ley que ha tenido un trámite particular, como lo expresa la propia convocatoria del Orden del Día, en donde se señala que ha venido sin informe. Esto es así, porque la Comisión de Salud Pública entendió que la posición individual de sus miembros no podía reflejar la de las Bancadas en su conjunto, dado los contenidos éticos y los cortes transversales que genera este tema sumamente polémico. Por lo tanto, como Miembro Informante y proponente de la iniciativa, haré el informe a título personal y no en representación de la Comisión de Salud Pública del Senado.

Este proyecto de ley tiene una larga historia, ya que fue presentado en mayo de 1996 en la Comisión de Salud Pública que, en aquel entonces, estaba integrada de una manera diferente a la actual.

Este proyecto ingresó al Plenario del Senado sobre el final de la Legislatura anterior, fue aprobado en general en forma unánime y luego, por razones de tiempo y para dar prioridad a otras iniciativas de contenido social como la ampliación del régimen de Asignaciones Familiares, propusimos retirarlo del Orden del Día en función de las pocas posibilidades que tenía de ser aprobado por la segunda Cámara.

Este proyecto de ley que hoy ponemos a consideración del Cuerpo está inspirado en la ley española de 1988. De alguna manera, el hecho de señalar la fecha de la ley española que regula las técnicas de reproducción humana asistida marca el retraso legislativo que el Uruguay tiene en esta materia y que genera algunas dificultades en la implementación de esas técnicas, como luego veremos. Cabe destacar que fue un tema tan extensamente analizado que motivó la publicación de los dos tomos con una extensión de 600 páginas que hoy tenemos aquí, editados en febrero del año 2000, donde constan las comparecencias de todos los asesores que fueron consultados por la Comisión de Salud Pública. Como se puede ver allí, tuvimos el asesoramiento fundamental de tres técnicos que son especialistas en el tema y han trabajado en distintos ámbitos, algunos en el Uruguay, como el doctor Gerardo Bossano, fundador de la Clínica Montevideo, la primera que se ocupó de este tema en el año 1987. Nuevamente hago hincapié en el año de creación de la Clínica Montevideo para significar que desde esa fecha hasta ahora se están realizando procedimientos de reproducción humana asistida sin ningún control por parte de la sociedad dada la carencia del estado legislativo que los regule. También fue asesor de la Comisión el doctor Muchois, ginecólogo obstetra que trabajó en Israel y, por lo tanto, aportaba la experiencia de un país y una visión social diferentes de lo que es el Uruguay, lo que también nos permitía dar amplitud al tema. Asimismo, participó el doctor Godoy, obstetra especialista en estas técnicas, que trabajó fundamentalmente en la Unión Europea e hizo un aporte de otras visiones sobre las mismas. Obviamente, desde esas tres visiones el asesoramiento de esos técnicos nos impregnó de la complejidad que el tema tiene y los puntos no resueltos. Hay que admitir de entrada que este tema, por su propia complejidad, no tiene un consenso a nivel universal y tampoco lo tendrá en el ámbito legislativo. También participaron los doctores Bozzolo y Rodríguez, técnicos que en aquel momento empezaban su experiencia en la Asociación Española y aspiraron -así se concretó- a dar su opinión en este tema.

Cabe agregar que desde la fecha en que este asunto se discutió en el seno de la Comisión de Salud Pública de la anterior Legislatura hasta el momento actual se abrieron tres clínicas más que están desarrollando estas técnicas, por lo que podemos hablar de cientos de procedimientos de reproducción humana asistida que se están realizando en el país sin que exista un marco normativo que los acote y regule.

Hablábamos de la complejidad y de la falta de unanimidad que este proyecto tiene en el mundo, que tuvo en la Comisión y que también tendrá en el Plenario porque uno de los asesoramientos importantes y trascendentes dado en la Comisión fue el del Colegio de Abogados. En esa comparecencia, incluso dentro del propio Colegio, recuerdo la discusión entre el doctor Carlos Vaz Ferreira y el resto de los integrantes demostrando dos visiones absolutamente diferentes en aspectos esenciales. Por recordar uno de ellos, puedo mencionar la posibilidad de acceso de la mujer soltera a las técnicas de reproducción humana asistida, punto que se va a reiterar como discusión en el pleno de este Cuerpo. Incluso se presentó un proyecto alternativo por parte del Colegio que reflejaba algunos matices de contenido filosófico diferente a la iniciativa que hoy presentamos. Por otro lado, participaron la Comisión de Bioética del Sindicato Médico del Uruguay y representantes de diferentes confesiones como, por ejemplo, la Iglesia Católica, la judía y la evangélica, todas con un altísimo contenido y sustancia muy trascendente en lo que tiene que ver con el análisis que se hizo del proyecto que tal vez luego podamos abarcar. También hubo representantes de la comunidad, grupos feministas, grupos con opciones sexuales diferentes -oportunidad en la cual se encontraba presente el señor Senador Correa Freitas- el Colegio Médico del Uruguay y, finalmente, el doctor Darío Corgatelli, quien ofreció un asesoramiento en el área penal para la parte de sanciones de este proyecto de ley. Es decir que han participado por lo menos siete grupos de distintos orígenes y relacionamiento con la sociedad, tratando de que esta iniciativa tuviera un alto contenido o que reflejara en mayor medida las visiones que la sociedad en su conjunto tiene sobre este tema.

Simultáneamente con la consideración de este proyecto, en el mundo se producía el impacto y la conmoción de que los científicos habían llegado a producir la descendencia de una oveja clonada es decir una oveja similar al capital genético paterno. En este caso se sintió la conmoción porque existía la posibilidad de que el ser humano también pudiera ser clonado y reproducido en base al aporte del capital genético de uno de sus progenitores, generando una experiencia de reproducción realmente conmovedora para la visión de la sociedad y de la comunidad científica, que en su mayoría no aprobó esta iniciativa. El Poder Ejecutivo de entonces -presidido por el doctor Sanguinetti- convocó a un cuerpo de notables para que estudiara el tema, integrado por científicos, abogados y juristas, que elevó un proyecto de ley sobre clonación humana que fue recibido en la Comisión de Salud Pública e integrado, en sus partes sustanciales, al que nos ocupa hoy. Esta iniciativa, basada en la ley española, ya tenía una consideración muy genérica sobre la prohibición de clonación humana, pero indudablemente el aporte que hizo el Poder Ejecutivo la enriqueció dándole contenidos que no estaban contemplados como, por ejemplo, establecer el delito de clonación. Con posterioridad, en la actual Legislatura, el señor Presidente presentó nuevamente ese proyecto de clonación humana y su consideración dependerá de que el de reproducción humana asistida sea aprobado, ya que así ha aceptado que sea el señor Senador Correa Freitas.

Como vemos, este proyecto resulta el paradigma de los desafíos éticos.

Es un proyecto que abarca nada menos que la manipulación del capital genético. Quiere decir que estamos regulando lo que puede ser la descendencia en el ser humano, con todas las posibilidades de manipulación adicionales que pueden ir desde la manipulación de genes hasta la clonación del ser humano. Debemos tener en cuenta que las técnicas de reproducción humana asistida son esenciales para poder llevar adelante cualquier proyecto de clonación. Entonces, no legislar en este aspecto abre la posibilidad de que la clonación pueda ser desarrollada en el país sin ningún control social. Sin embargo, no sólo nos exponemos a este problema, sino que existen otros aspectos vinculados a las técnicas de reproducción humana asistida que pueden generar desvíos importantes y contradictorios, incluso, con la legislación vigente. Por ejemplo, hablamos de lo que científicamente se llama reducción embrionaria -aspecto que aborda el proyecto en consideración-, que es, ni más ni menos, la eliminación de embriones concebidos en el útero femenino para facilitar el crecimiento de embriones restantes. De alguna manera es un aborto o una eliminación de capital de vida. Esto puede ser hecho hoy en alguna de las seis o siete clínicas que funcionan en el país, con total ignorancia de parte de la sociedad, o podría decirse con aceptación, al no legislar en ese sentido. Uno de los asesores -obstetra de vastísima experiencia- explicó que en la Unión Europea el tema de la reducción embrionaria es normal dentro de la aplicación de estas técnicas de reproducción humana asistida, porque está en la filosofía de los científicos de ese país -que no interesa saber cuál es- el privilegio de la salud materna y de los embriones que van a nacer. Por lo tanto, la reducción embrionaria contiene en sí misma un fin altruista. Naturalmente, es una visión, pero sabemos que puede estar aplicándose en el país sin que nosotros sepamos.

El proyecto también tiene un capítulo que es paradigmático, como es el de la conservación de embriones. Sabemos que es un tema polémico que incluso está siendo revisado en la legislación española, que fue inspiradora del proyecto de reproducción humana asistida. Como decía, esta legislación contiene un capítulo en el cual en el tema de la conservación de embriones se establece un plazo de cinco años. Para nosotros fue clave el indagar, desde el punto de vista científico, si este plazo estaba basado en evidencias científicas que hicieran que, una vez transcurrido, pudiese haber alguna complicación para ese embrión congelado en lo que hace a la sobrevida, a la producción de malformaciones o a una menor capacidad de vida. Todos los técnicos que nos asesoraron han enfatizado que esto no es así, que el plazo de cinco años fue establecido en forma arbitraria y que no era obligatorio fijarlo. Por este motivo, el proyecto de ley uruguayo no menciona un plazo o límite de congelación, elemento que creemos es muy importante a la luz de lo que ha sucedido en el mundo. Me refiero a las complejidades y discusiones que ha generado la propia España, porque una vez transcurrido el plazo fijado por la ley, se descongelaban los embriones y morían. También puedo citar la experiencia británica donde se descongelaron miles de embriones provocándoles la muerte. Creemos que este extremo no tiene por qué darse en Uruguay, porque el proyecto de ley no establece un límite y además se han tomado prevenciones en este sentido, a efectos de minimizar el número de embriones sobrantes. Cuando decimos "sobrantes" lo hacemos entre comillas porque nos parece irrespetuoso hablar de la vida humana de esa manera. En realidad, lo tomamos como término científico más que ético. Se denominan sobrantes aquellos que quedan remanentes, luego de haber sido colocados en el útero femenino los embriones que se consideran óptimos para lograr la descendencia. Al respecto, el proyecto de ley establece un límite a los embriones que van a ser transferidos al útero femenino, que no es numérico sino que se basa en un criterio científico regulado por la pauta que establece que se debe transferir el número suficiente de embriones para asegurar la gestación, pero tratando de evitar la multigestación. Repito que esto es prácticamente lo que figura en el proyecto de ley, a diferencia de lo que establece la ley alemana, que fija el número de tres embriones a transferir.

La anterior Comisión de Salud Pública que analizó el proyecto, consideró que establecer un límite rígido le quitaba posibilidades de avance científico y tecnológico, como los que hoy se están dando. Por este motivo, lo dejó librado al criterio médico científico. Sin embargo, ese número está controlado por un historia clínica que exige al profesional establecer la cantidad de embriones que transfirió al útero femenino. Además, violando esa norma puede hacerse pasible de sanción. Ningún asesor entendería que se transfirieran cinco, seis o siete embriones para asegurar la gestación porque eso estaría en contra de lo que es razonable desde el punto de vista científico.

Señor Presidente: estoy alzando cada vez más el tono de voz porque me cuesta escucharme, por lo que le pediría que me ampare en el uso de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Se ruega cesar los murmullos en Sala porque no se puede oír al orador.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: en ese sentido, el proyecto de ley establece una norma única desde el punto de vista legislativo, en caso de ser aprobada. Me refiero a la necesidad del consentimiento informado, es decir, que se va a establecer por primera vez que un procedimiento médico deberá contar con la aceptación no sólo de la mujer, sino de la pareja, a efectos de que se pueda llevar adelante este procedimiento. Esto sienta un precedente trascendente, que fue recogido en un proyecto que va a ser presentado con posterioridad -el que contempla los derechos de los pacientes- y que fuera aprobado por la Comisión de Salud Pública en forma unánime. También establece un marco genérico donde el consentimiento informado debe ser un criterio a establecer en cualquier tipo de asistencia y tratamiento médico.

Queremos decir que la ausencia de legislación puede amparar desvíos notorios de estas técnicas. Hoy hablábamos de la reducción embrionaria como una de las más contradictorias, incluso con nuestra legislación. También podemos recordar lo que ha sucedido, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde el caso más notorio fue el de Baby M. -que recibió esta denominación por las iniciales de su nombre-, donde una pareja alquiló el vientre de una mujer a cambio de una suma de dinero. Esa madre que concibió un embrión durante nueve meses, una vez nacido el hijo se resistió a entregarlo a la pareja contratante. Esto generó una serie de litigios y trámites judiciales que inicialmente favorecieron a la madre gestante y luego a la pareja contratante, lo que provocó un conflicto que hasta el día de hoy sigue en pie, dado que el último laudo judicial determinó que aquélla debió entregar el niño a los padres contratantes, teniendo la posibilidad de visita periódica.

Otro caso paradigmático, por ejemplo, es el que se dio en Italia, debido a la ausencia de legislación. Allí, las madres eran personas que habían quedado solas por la muerte de sus esposos o por el casamiento de sus hijos; se trataba de mujeres añosas que accedían a las técnicas para tener un hijo, por distintas razones, pero algunas de ellas querían lograr recuperar la compañía perdida. Esto hizo de posibles abuelas, madres y abuelas al mismo tiempo, y esto llegó a tal punto, que la legislación italiana, hace poco más de un año, se vio obligada a legislar sobre este aspecto, que así quedó limitado.

Podemos mencionar, también, otras situaciones como, por ejemplo, la de la madre que presta su útero a la hija, dado que ésta puede haber perdido la posibilidad de albergar la concepción, porque quizá ya no tenga útero, porque el mismo le haya sido extraído mediante un procedimiento quirúrgico o porque tal vez haya sido sometida a algún tratamiento de tipo radioterápico. En fin, por las múltiples condicionantes que puede tener la patología femenina, la madre puede aceptar concebir un hijo producto de la gestación de su yerno con su hija, realizándose la gestación en su vientre y siendo, a su vez, abuela y madre de ese hijo. Verdaderamente, esto puede generar un conflicto terrible y poco aceptado por la sociedad en su conjunto, más allá de los fines altruistas que hayan motivado a esa abuela-madre a prestar su útero para lograr la descendencia.

Queremos decir, señor Presidente, que este proyecto refiere, en distintos aspectos, a una denominación que es la de preembrión, lo que ha sido motivo de confusión e, incluso, de polémica. Se entendió que al decir preembrión se quería significar una etapa previa a la de embrión, aceptándose, por lo tanto, que el preembrión no debe ser considerado como un sujeto de vida. No es ese el alcance que tiene el proyecto de ley, y me apresuro a aclararlo para evitar polémicas. Cuando se habla de preembrión, se está haciendo referencia a la forma de vida humana, a ese embrión previo a la implantación en el útero femenino.

Decíamos que, en el proyecto, el tiempo de congelación de los embriones no se limitaba -como lo hacía el proyecto español madre- y que, a su vez, se tomaban algunos recaudos para reducir esos embriones sobrantes al número mínimo. Así pues, la necesidad de transferir menos embriones al útero femenino constituye uno de los aspectos importantes de este proyecto. A su vez, la posibilidad de establecer que ese número debe ser razonable, evitándose la multigestación, es otro elemento que figura en el mismo. Pero también se establece por vía de la ley la posibilidad de la adopción de embriones. Esto tiene que ver con aquellos embriones que, como desgraciadamente sucede en la práctica moderna, son abandonados en las clínicas y quedan en congelación, por distintas razones; muchas veces, esto ocurre porque los padres, al lograr la descendencia, pierden el interés en los embriones sobrantes. Lo cierto es que aquí se abre la posibilidad de adopción de dichos embriones por parte de una segunda pareja, que posiblemente no quiera recorrer todas las etapas necesarias en estos procedimientos. Además, hay que tener presente que esas etapas son frecuentemente penosas para la mujer, cismáticas para la pareja, y también muy costosas desde el punto de vista económico. Reitero, entonces, que aquí se establece la posibilidad de ofrecer esos embriones que han quedado abandonados en las clínicas, con un criterio de adopción de los mismos. Este aspecto, a nuestro entender, podría evitar uno de los elementos más complejos que estas técnicas tienen, que es la permanencia en congelamiento de cientos o miles de embriones, lo que puede darse sin que exista ninguna regulación ni limitación.

A su vez, otro aspecto que sabemos resultará polémico en el seno de este Cuerpo y a cuyo análisis debemos anticiparnos, es el que refiere al secreto de la donación. Sabido es que al llevar adelante estas técnicas, entre las que se encuentra la de inseminación artificial heteróloga -lo que significa que se insemina a la mujer con semen de una tercera persona ajena a la pareja- rige hoy en el mundo el secreto del donante, salvo en algunos países como Suecia, en donde se mantiene su identidad y se permite al niño que, una vez llegado a la mayoría de edad, pueda acceder, si así lo desea, al conocimiento de su padre biológico. En el resto del mundo, el secreto de la donación es una condición previa para llevar adelante estas técnicas. Este es un aspecto que está contenido en el proyecto uruguayo y que es objeto de polémica. Podríamos argumentar a este respecto de múltiples maneras, pero consideramos que, en definitiva, es un tema que no ha sido adecuadamente resuelto. Evidentemente, el secreto de la donación contraviene los derechos del niño de conocer a su padre biológico, bajo cualquier circunstancia. Admitimos que en el mundo no ha sido bien resuelto este tema, tanto por parte de aquellos que aceptan el secreto de la donación como por quienes son partidarios de que el niño conozca su origen biológico. Decimos que esto no está bien resuelto, porque podríamos dar una serie de argumentos a favor y en contra de una y otra propuesta. Por un lado, afirmamos que el secreto de la donación significa una violación a los derechos de la descendencia, debido al desconocimiento de la paternidad biológica; esto viola lo que establece el artículo 8º del documento referido a los derechos del niño, que data del año 1989.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Ha llegado a la Mesa una moción de la señora Senadora Arismendi y del señor Senador Nin Novoa para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 18. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- Creemos que las razones para el mantenimiento del secreto de la donación son mayores o, por lo menos, consideramos que este tema puede ser objeto de análisis en lo que refiere a los beneficios e inconvenientes que pueden derivarse. Pero sabemos que las razones para el mantenimiento del secreto de la donación tienen mucho peso. Ante todo, porque si el mismo no rigiera, se estaría limitando el derecho que tiene una pareja estéril de recurrir a estas técnicas. Indudablemente, no habría donantes de semen, en el entendido de que, una vez hecha la donación -que siempre tiene un fin altruista- el donante pasaría a ser el padre de ese hijo, una paternidad que, en definitiva, será compartida con el padre de crianza. Es decir, habrá un padre biológico conocido por el niño, y un padre de crianza, que también será conocido por el niño, generándose así un conflicto importante y creándose una paternidad que tal vez colida con el fin altruista de facilitar la reproducción de esa pareja. Por eso decimos que sería menor el número de parejas que accederían a estas técnicas y, por lo tanto, se estaría limitando la capacidad de descendencia de las futuras parejas estériles en el país. Pero, además, se estaría generando un ámbito de mucha incertidumbre entre el padre biológico y el padre de crianza, derivando en una situación de conflicto.

Pero también hay aspectos que determinan que estas técnicas, en definitiva, al disminuir los donantes con finalidad altruista, se puedan transformar en donaciones con otro objetivo, en las que no estarían exceptuados los fines económicos como, por ejemplo, el de ser donante reconocido como padre biológico de un niño para ejercer una presión de ese carácter sobre la pareja. Esto estaría poniendo en entredicho todo lo que la donación y la posibilidad de acceder a las técnicas significa.

A veces se señala que el hecho de que se conozca al donante tendría una finalidad de prevención con respecto a dos tipos de situaciones. Una de ellas es la de la descendencia con alteraciones genéticas, ya que al conocerse el donante se podría hacer un relevamiento de las posibilidades de transferencia de alguna enfermedad de esa índole. Esto, que puede ser real en otros medios, en nuestro país, de acuerdo a cómo se llevan adelante las técnicas, no sucede dentro de los límites razonables de la ciencia, dado que previamente a la donación se sigue un protocolo de validez internacional muy estricto para la selección de los donantes y, por lo tanto, esta eventualidad, dentro de los límites científicos establecidos, es bastante remota. La otra situación a que hacíamos referencia se vincula con la posibilidad de incesto, en el caso de un donante con finalidad altruista que pueda efectuar múltiples donaciones y que, por esa vía, incurra en incesto a raíz de la fertilización de una descendencia que había generado previamente. El proyecto de ley uruguayo establece que el Registro Único Nacional de Donantes evita, por una simple selección hecha por computadora, que esta eventualidad se produzca, al tiempo que los criterios de donación que se siguen hoy en día en el país hacen que las posibilidades de que esto ocurra sean realmente muy remotas. Por lo tanto, este tema también estaría salvado en la concepción del proyecto de ley uruguayo.

Quiero recordar además, señor Presidente, la cronología de toda esta experiencia revolucionaria que es la reproducción humana asistida. Estas técnicas en el mundo se vienen desarrollando desde 1978. Precisamente, cuando en Inglaterra nació Luisa Brown, hija de la primera mujer que llega a reproducirse utilizando estas técnicas. Por su parte, en 1987, se funda la clínica de esterilidad "Montevideo", que es de alcance particular, si bien no es la primera en nuestro país ya que ese lugar lo ocupa la del Hospital Pereira Rossell. Justamente, esta es la primera que llevó este procedimiento con efectividad a la práctica médica, de tal manera que en 1991 nace la primera niña en Uruguay mediante la utilización de las técnicas de reproducción humana asistida. Quiere decir que estamos a once años de la aplicación de estos procedimientos, sin que hasta ahora exista ningún tipo de regulación. Admitiendo que nuestra información al respecto es antigua, porque a esta altura nos resulta difícil hacer un relevamiento debido a la falta de un registro nacional de todas las clínicas que están funcionando, debemos decir que hasta 1996 habían nacido 26 niños mediante la utilización de estas técnicas. Ya en aquel año se señalaba que se llevaban adelante 80 procedimientos de fertilización "in vitro", por año.

Es importante destacar que la posibilidad de descendencia del ser humano es una de las más bajas en el reino animal. El último escalón en la potencialidad de descendencia lo tiene el hombre, el ser humano. En ese sentido podríamos señalar algunas comparaciones pero, como eso sería motivo de risas, prefiero no hacerlo, aunque sí destaco el hecho de que el hombre es el de más baja capacidad de fertilidad en el reino animal. Por consiguiente, es bueno saber que la esterilidad va de la mano con la vida humana y este es un elemento importante para aceptar la necesidad de un marco que regule el desarrollo de estas técnicas

Por otra parte, quisiera recordar muy brevemente -para finalizar este informe- las publicaciones que sobre este tema ha hecho, en la Revista Universitaria de Derecho de Familia, la doctora María Inés Varela de Motta, quien señalaba lo siguiente: "La prudencia con que los médicos actuantes han operado ha sido la clave para evitar hasta ahora esos conflictos" -se refiere a los conflictos derivados de la utilización de estas técnicas- "y que la misma prudencia aconseja prever situaciones a las que nuestra legislación actual no da ni siquiera un esbozo de solución." Repito que esto estaba escrito en dicha revista en el año 1995, es decir, poco tiempo antes de que se nos generase la inquietud por avanzar en el plano legislativo en este proyecto de ley.

Señor Presidente: creemos que este proyecto viene a llenar un espacio que ha quedado vacío y que Uruguay debe empezar a regular estas técnicas y no dejarlas libradas únicamente al criterio de los médicos. Entendemos que el manejo estrictamente científico de estos temas coloca a un lado a la sociedad, a la opinión pública, y que no es bueno que eso suceda porque, en definitiva, de acuerdo con los principios de la bioética, se está desconociendo a uno de los actores fundamentales de esa tríada de intereses constituida por el médico, el paciente y la visión social. Por lo tanto, no es bueno que la sociedad se aparte de ese rol que debe cumplir, que es el del control de las acciones del cuerpo científico. En definitiva, pensamos que se debe legislar, ya sea a través de este proyecto o de otro, pero siempre recogiendo la opinión de la sociedad.

Para finalizar, señor Presidente, quiero ser muy enfático en un aspecto que también va a ser polémico, tal como resulta de uno de los artículos del proyecto en el que se contempla la posibilidad de que la mujer sola acceda a las técnicas de reproducción humana asistida. Este tema fue polémico cuando se discutió en la anterior Legislatura y también lo será en esta ocasión. Sobre este punto hay dos posiciones: la de quienes están a favor y la de quienes se manifiestan en contra de esta propuesta. Por nuestra parte, queremos decir que este tema, que fue extensamente debatido en el seno de la Comisión, tuvo un acotamiento muy preciso y no se abrió la posibilidad de acceso a la mujer sola sin establecer algún tipo de limitación. Precisamente, se determinó que la mujer sola puede acceder a las técnicas de reproducción humana asistida siempre y cuando se demuestre, a través de su historia clínica, que es infértil y que, por lo tanto, estuvo en tratamiento médico por ese motivo. Asimismo, hay que tener en cuenta que muchas veces la propia infertilidad deshace la pareja y de ese modo se adquiere la condición de mujer sola. La anterior Comisión de Salud Pública entendió que limitar a ese núcleo muy reducido de mujeres que cumplen con esa condición sería sancionarlas doblemente: por un lado, por haber roto su pareja por razones de su infertilidad y, al mismo tiempo, por impedirles seguir con un avance en el tratamiento de su infertilidad, que ya había comenzado. Entonces, con ese acotamiento es que el proyecto de ley se refiere a la posibilidad de que la mujer sola acceda a las técnicas de reproducción humana asistida.

Como Miembro Informante, pongo a consideración del Cuerpo este proyecto de ley al cual le asumimos mucha importancia porque, tal vez, sea uno de los pocos proyectos que hemos tratado donde se incursiona en el ámbito de la regulación de las prácticas médicas que nos parece esencial que tengan un marco normativo y legislativo.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Como bien señalaba el señor Senador Cid este tema tiene profundidades, dificultades y cuestionamientos muy difíciles de resolver. Creo que han sido anunciados por dicho Senador, a través de una revisión de este proyecto de ley. Proyecto que tiene muchos años de trámite, demasiados para la necesidad del país de legislar en esta materia. Necesidad que persiste aunque no tenemos la certeza de que lo podamos hacer con perfección porque los temas son de tal modo abstrusos que nadie puede afirmar que determinada solución sea impecable. De cualquier modo, hay que abordarlo y se hace bien en ello. A lo largo de la discusión que se dará en el ámbito de este Senado y, eventualmente, cuando llegue el momento, en la Cámara de Representantes, iremos perfeccionando un proyecto de ley que, aun cuando no sea compartido -como no lo va a ser- integralmente -y no me refiero a este que tenemos sobre la mesa, sino al proyecto que merezca aprobación- de cualquier modo es trascendentalmente importante. Me afilio, pues, francamente y decididamente a la necesidad de legislar en esta materia que es absolutamente vital.

Por otra parte, creo que el proyecto que tenemos a estudio tiene poca ortodoxia en su manera de llegar acá sin informe de la Comisión, pero por esa necesidad de abordarlo, creo que la Comisión hizo bien en enviarlo así, por las razones que señalaba el señor Senador Cid. ¿Qué iba a esperar la Comisión? ¿Un acuerdo que no se lograba? Mejor pues, lo logramos acá si fuera posible, y adelantamos en un camino muy fragoroso y delicado. La Comisión que trabajó en este proyecto de ley, fundamentalmente la de la anterior Legislatura y también la de ésta, procuró allegar opiniones, estudios, en audiencias a personalidades de cuya importancia puede informarse cualquiera de los que tengamos interés en el tema. Ahora enfrentamos un necesario proyecto y, en materia de antecedentes, se tiene los que hay, que son muchos, algunos valiosos aunque no informados por la Comisión.

En la discusión general -después en el análisis particular de alguno de los artículos tendremos oportunidad de manifestar nuestros criterios- quiero formular algunas consideraciones de carácter general pero que, a nuestro juicio, son previas y necesarias. Son enfoques del tema, pero enfoques que hacen mucho a cómo después solucionemos las polémicas o los planteamientos o las dificultades que a todos nosotros nos está produciendo este proyecto de ley.

Quisiera poner de manifiesto algo que a nuestro juicio importa porque caracteriza uno de nuestros criterios generales. El proyecto de ley refiere y está titulado en el Repartido pertinente: "Técnicas". Es lógico e importante que así sea porque evidentemente el proyecto reglamenta técnicas médicas, prácticas médicas, pero lo esencial, lo discutible, lo conflictual, lo que seguramente debe merecer más que un diálogo, no son los actos médicos que se realizan para cumplir con la posibilidad que esta ley reglamenta. En el proyecto se contienen temas mucho más trascendentes que meramente reglamentar el acto médico, tal como lo señalaba el señor Senador Cid cuando dijo que en lo que hace a los actos médicos está reglamentado, que hay protocolos y diferentes técnicas a aplicar, pues la profesión médica tiene sobre esto un amplio campo de trabajo ya cumplido. Pero de técnica médica. Me refiero, obvio es decirlo, a la profesión en su conjunto. Cada uno de los médicos tendrá su manera de enfocar los temas cuestionables y de los sectores involucrados en estos temas debe ser el que más pueda aportar por razones que también excuso de referir por obvias, pero no legislamos sobre cómo se concretan actos médicos, sino sobre las implicaciones éticas de los mismos. Hace ya algunos años discutimos o dialogamos de estos temas y no es como algunos Legisladores me dijeron después de aquellos debates: "¿Para qué voy a estar? No sé cómo tú intervienes que no eres médico. Este es un tema para los médicos." Los temas de esta ley alcanzan a Senadores médicos y no médicos.

Lo cardinal de este proyecto, lo esencial, así como lo discutible, no es la técnica médica de reproducción humana asistida. Tanto es así que si uno analiza -como lo hicimos en su oportunidad y repasamos ahora- todo lo que se vertió sobre el tema en la Comisión, observará que sobre técnica médica no hay oposiciones; habrá naturalmente criterios científicos en un sentido u otro, pero ni siquiera discutidos en Comisión. ¡Bueno sería que los integrantes de la Comisión se hubieran enzarzado en discutir si una técnica de reproducción humana asistida está mejor realizada por el doctor Juan, Pedro o Diego! Sería absurdo y fuera de lugar. Si sólo se tratara de reglar la actividad médica -arriesgo un poco, para impactar en el argumento que hago- bastaría con las leyes hoy vigentes porque el Ministerio de Salud Pública regla los actos médicos, tiene amplitud para hacerlo y lo hará en la medida que lo considere pertinente, respecto de todas las técnicas médicas. Tienen mucho alcance las leyes que le dan a Salud Pública con razón y con justicia potestades en esas materias. Al respecto, recuerdo que aún estamos viviendo con el impacto social y médico de la existencia del VIH y del Sida y nadie propuso una ley sobre el tema porque ya está reglado en las leyes sobre salud pública y lo que haya que hacer y se pueda hacer -de pronto con error, por qué no- cae en manos del Ministerio.

Si se repara con cuidado, todas las normas, sin perjuicio de las meramente administrativas -las llamo así aunque no disminuyéndolas- contenidas en el proyecto y que sólo tienden a una mejor aplicación de las trascendentes, son reglando aspectos de la conducta humana de los involucrados. Repárese analizando el proyecto que tiende a eso y, como bien decía el señor Senador Cid, los temas que más conflicto de opinión pueden producir son precisamente aquellos que refieren a la conducta humana que se procura reglar en el proyecto y no a la actividad médica en sí misma. Por ello, señor Presidente, este es un tema de todo el Senado sin excepciones, con el respeto debido al aporte que pueden hacer los médicos que, seguramente, será mucho mayor que el de quien habla y aún el de muchos otros señores Senadores. Sin embargo, los médicos son una parte del tema y si bien nos aportan mucho, no nos van a solucionar por su autoridad técnica los problemas que son éticos, y lo que es ético y moral depende de cada uno, de cómo lo solucione y aún lo pueda transmitir y convencer en lo que tenga de razón, base misma de la dialéctica que estos temas conllevan.

Esta es pues, señor Presidente, la primera consideración de tipo general sobre el proyecto de ley que entiendo nos ha de ayudar a solucionar muchas -al menos así ha ocurrido en mi caso- de las controversias o dudas que nos asaltan al leer el texto proyectado.

En otra consideración básica del análisis a realizar, quiero señalar dos posturas básicas y contradictorias que surgen frente a este proyecto de ley, que resultan en buena parte de él, pero mucho más en la discusión pública, fuera de este ámbito, y mucho más en la consideración que hicieron quienes, entendiendo del tema, han concurrido a la Comisión. ¿Cuáles son esas posiciones? Antes que nada, debo decir que son antagónicas, y en adoptar una u otra va a estar la solución -al menos, para mí- de muchas de las incógnitas que habrá que resolver en la ley.

En cuanto a la primera de esa toma de posición, es analizar los temas controvertidos que dan mérito a la ley, partiendo de la óptica de los derechos de la mujer, de la mujer madre. Para encarar los temas a resolver, se mira -con lógica y con razón, pero no con total exactitud- a la mujer madre y aun, subsidiariamente, se habla de la mujer madre y la pareja, para otorgar mayor trascendencia a la figura de la mujer madre, porque se coloca al hombre acompañándola. A veces, se prescinde de la pareja -tal como insinuaba en sus palabras el señor Senador preopinante- lo cual habrá que resolver más adelante, y se plantea que no la haya, porque sólo queda la mujer madre. Esto es algo complejo, que implica un encare que tiende a solucionar a aquélla -la mujer madre- o a estos -la pareja- los problemas suscitados por la falta de descendencia querida y buscada, en una búsqueda que debemos respetar y ayudar, porque es un instinto natural, y es válido ayudar a la naturaleza en caso de que exista algún tropiezo que podamos solucionar.

La segunda forma de toma de posición -a la que me afilio- es partir del niño que va a nacer como eje de todos los análisis, sobre todo de los temas que implican una dificultad para poderse pronunciar. Según esta manera de pensar, habrá que encarar desde este punto de partida, los temas involucrados y todos los problemas éticos que suscitan.

El niño es la figura central. Y si no es la figura central, entonces, no debemos legislar, señor Presidente, porque traer un proyecto de ley en el cual sea preponderante la expresión volitiva de una mujer que desea ser madre y de su cónyuge que desea acompañarla en ello y tener un hijo con su pareja, sea lo fundamental, y dejar de lado al niño que va a nacer y al que nadie le da la voluntad propicia de expresarse. No quiero ser trascendente, para no pecar de tonto, pero somos nosotros, en las cienmillonésimas avas partes que nos toque dentro de la especie humana, quienes debemos decidir cómo defendemos a ese niño y no cómo defendemos los actos voluntarios de una mujer que desea ser madre y de su pareja que la quiere acompañar.

Es el niño el que importa, que no habla, que ayudamos sea concebido por la vía de la naturaleza humana y sobre el que luego tomamos disposiciones. Considero que las disposiciones que aprobemos deben tender a protegerlo y no a cuidar de la voluntad o la circunstancia de la mujer madre.

Comprendemos que la oposición entre una postura y otra no implica un enfrentamiento de guerra; es un enfrentamiento que muchas veces tiene terrenos grises en los que se confunden una y otra de las posiciones, y donde el deseo de la mujer madre implica, naturalmente, el derecho a nacer de ese hijo.

Hay hipótesis -tal como veremos en el análisis del proyecto de ley- en las que necesariamente habremos de adoptar un pronunciamiento: la mujer madre o el niño que nace; la mujer madre y su pareja o el niño que va a nacer; la mujer madre sin pareja o el niño que va a nacer. Cuando ciertas cosas están planteadas como antinómicas, habrá que hacer un pronunciamiento, una opción.

Hay una oposición trascendente -no siempre existe, pero cuando está es trascendente- entre el derecho a la vida del niño que va a nacer y que sólo está concebido, y el derecho a la procreación. Hay un derecho a procrear sobre el que no cabe la menor duda, porque si no ¿para qué tenemos el instinto de reproducción? Del mismo deriva la necesidad de procrear, de continuarnos en el tiempo, de dejar descendencia. Este instinto lo tienen tanto el hombre como la mujer y debe ser así porque, de lo contrario, habría problemas insolubles en nuestra ortodoxia humana.

Cuando se planteen estos temas, hay que tomar una decisión, y los señores Senadores verán que no sólo no es fácil, sino que se van a dar a veces como antinómicos el derecho a la vida -que es un derecho superior- y el derecho a la procreación o a la descendencia. Naturalmente, el instinto humano de reproducción ha determinado en el hombre en general la tendencia a buscar la procreación, cada uno según su sexo, a fin de tener descendencia, obtenida mediante la utilización del cuerpo humano. Sin embargo, ello no nos puede hacer olvidar al niño. El es el importante, porque el derecho a la vida, es más importante que el derecho de la procreación a la descendencia. A menudo, en la discusión de estos asuntos -no digo en el proyecto, porque en él se toman posiciones-, en la vida diaria, la gente olvida el niño. El no tiene voz -iba a decir "voto", que en este ámbito parece tan fácil- pero digámoslo en el sentido del castellano arcaico, es decir, no comparece, no está diciendo cuál es su derecho y su posición. Lo que he expuesto es otro concepto, que resulta básico para encarar los temas fragorosos que implica el proyecto.

Como ya hemos dicho, en estas antinomias nos afiliamos a una mirada que enfoca, positiva y fundamentalmente -cuando hay oposición entre uno y otro-, al derecho del niño más que a los otros derechos que tienen los adultos que desean procrear, dejar descendencia y que están dispuestos a obtenerla por los métodos que esta ley debe reglar como legítimos.

Ante la vastedad del tema que trata el proyecto de ley, nos sentimos como si estuviéramos frente a un abismo para resolver.

Repárese que estamos legislando para el futuro de muchas personas. Valga como ejemplo uno de los temas involucrados en este proyecto de ley es el derecho de las personas a conocer su origen biológico. No tengo la menor duda de que se van a oír posiciones disímiles. Tengo la certeza de que cada uno de nosotros tendrá conciencia de lo que va a afirmar en uno u otro sentido. El niño nacido como producto de la reproducción humana asistida, ¿tiene derecho o no a conocer a sus padres biológicos? ¿Pierde el derecho a la identidad? Simplemente, dejo planteado el tema; lo discutiremos luego, cuando se trate el artículo correspondiente.

Quizás, se piense que los miembros de esta Comisión, y los que hemos estudiado y reflexionado sobre este asunto, hayamos magnificado los temas. ¡Pero vaya que es un abismo para quien se asoma a mirar! ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuál mi opción? ¿Qué es lo que voy a permitir que otra gente haga en el futuro? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro con mucha gente sobre aspectos vitales de su vida? No nos estamos refiriendo a una persona, lo cual ya alcanzaría, sino a cientos y a miles. Se dijo -y lo repito- que venimos en una progresión, no digo geométrica, pero si altamente creciente en el uso de las técnicas de reproducción humana asistida, mucho mayor de lo que se piensa. ¡Es bueno que así sea! El talento, la ciencia y la capacidad humana están superando, como en tantas cosas, las dificultades que se suscitan en la naturaleza y la vida.

Con lógica humildad, no pensamos que estamos legislando como si fuéramos el centro del Universo, sino que estamos tratando de hacerlo con la mejor mirada posible, procurando llevar adelante soluciones que, partiendo de puntos concretos, permitan ir superando y contestando cuestionamientos que, en lo esencial, quizás sigan siempre como incógnita ética y moral. Pero es necesario legislar, porque no podemos permitir que esta situación continúe. La técnica se está utilizando demasiado como para que quedemos al margen de interrogantes premiosos. Hay que hacerlo, y cuanto antes mejor. Confiemos en no equivocarnos. En toda ley podemos decir lo mismo pero, en este caso, no olvidemos que estamos afectando derechos vitales de las personas. Me refiero a los derechos de quienes están vivos y tienen la capacidad de decidir utilizar la técnica de reproducción asistida, pero también, y es trascendente, a los de quienes aún no han nacido, que serán centenares o miles. ¿Cuál es el camino más correcto? Tengo la absoluta certeza de que cada uno decidirá teniendo en cuenta la importancia que el tema requiere y atenido a sus mejores conceptos de vida.

En su oportunidad -creo que ya fueron entregadas en la Mesa-, vamos a presentar modificaciones a algunos artículos, tratando de incidir en esas diferencias muy concretas que tenemos en determinados puntos del proyecto de ley. Pero insisto en la convicción de que es necesario legislar, bien o mal, pero hay que hacerlo. Ahora quizás de una forma, aunque mañana nos demos cuenta del error, pero el Senado no puede dejar escapar este tema. No lo debió hacer aquella vez; el señor Senador Cid -yo también estaba presente en esa Legislatura del Senado- ya explicó las razones, de toda lógica, que condujeron a no resolver. Se hizo bien, entonces, pero ahora lo estamos analizando nuevamente y tenemos que aferrarnos a cumplir la tarea. Tenemos que cumplir con este deber. No será el deber más espectacular. Estos temas podrán no ser objeto de grandes titulares de los diarios, ¡pero vaya si importarán a mucha gente y vaya si nos debe importar a nosotros!

En ese espíritu -y adelantado que vamos a acompañar este proyecto de ley, en lo esencial-, vamos a presentar algunas modificaciones. Ya hemos explicitado el espíritu general que nos ha conducido a ello. Luego, lo iremos aplicando en cada caso. Confiemos en que podamos convencer, a los demás señores Senadores acerca de las modificaciones que propongamos, así como plasmar positivamente soluciones que compartimos.

SEÑORA POU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA POU.- Señor Presidente: simplemente, deseo hacer unas breves puntualizaciones antes de ingresar a la discusión particular del proyecto de ley.

Como bien manifestaban los señores Senadores Cid y García Costa, este proyecto estuvo a consideración del Cuerpo en la Legislatura pasada y, por motivos que no vamos a analizar ahora, no culminó su tratamiento. Por ese motivo, vuelve a estar presente hoy, como creo que también lo está en la vida del país y de todo el mundo. Para ello, basta ver algunos programas de televisión. Por ejemplo, en el día de ayer, tuve ocasión de ver uno muy interesante de la Televisión Española acerca de este tema, y en el que opinaban biólogos, médicos y juristas. Pude comprobar -para entrar ya en materia, debo decir que no tenemos por qué sentirnos mal- que tampoco en Europa, donde hay una legislación ya vieja en este tema, se ponían de acuerdo. Sin embargo, allí ya existe una ley; lo que se discutía eran algunas modificaciones.

Si me permiten, quisiera dejar algunas constancias. Antes que nada, deseo resaltar la seriedad con que trabajó la Comisión, el tiempo que le dedicó y el nivel de la gente que generosamente dio su tiempo; me refiero a personas de distintas ramas de la ciencia e incluso provenientes de diferentes países. Algunos profesionales que pasaron por Montevideo concurrieron a la Comisión a manifestarse sobre el proyecto y responder las preguntas que los miembros de ese Cuerpo les hacíamos.

Adelantándome a lo que seguramente va a suceder aquí, quiero decir que a los cinco miembros de la Comisión de Salud nos condicionaba, como con la visión de un lente, lo que cada uno siente, piensa y cree de la vida, del ser humano y de nuestros orígenes. En definitiva, nuestras creencias estaban permanentemente inundando la consideración del proyecto. Pienso que esto es una virtud y no un defecto, porque la sociedad entera estaba representada, incluso, en estas discrepancias y distintas visiones. Estimo que fue de una gran sabiduría que la Comisión se diera cuenta que esto respondía a cosas tan profundas que no era un tema de convencimiento mutuo, sino de distintas visiones. De manera que lo que aparentemente puede parecer un fracaso, o sea, que no hayamos podido llegar a un informe relativamente consensuado, es una de las virtudes que ahora tiene a disposición el Senado. En este caso, me refiero a las distintas ópticas, nada más y nada menos, que sobre la vida o la no vida de la gente. Ignoro si hay muchos proyectos que hablen de la vida y de la muerte. Pero aquí vamos a estar opinando sobre la vida de mucha gente y, seguramente, sobre la no vida de otra gente. Pocas veces tenemos ocasión de referirnos a temas tan esenciales como éste. Es destacable la seriedad con que ha trabajado la Comisión. A quienes les interese profundizar sobre este tema, me permito recomendar la lectura de las versiones taquigráficas de las sesiones de la Comisión, en donde figuran las manifestaciones de las personas que por allí transitaron. Casi todas ellas hicieron algún aporte.

Por supuesto, también deseo manifestar que concuerdo con la mayoría de las expresiones del señor Senador García Costa, con quien hemos suscrito modificaciones a determinados artículos que ya se han hecho llegar a la Mesa, a lo cual hay que agregar otros cambios que serán presentados en su momento.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Como dijeron los señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra, creo que estamos analizando un tema muy importante, porque aunque en la población de un país, desde el punto de vista numérico, el significado sea relativamente escaso, para aquellas parejas, para aquellas mujeres que tienen un déficit -como puede ser cualquier otro- desde el punto de vista orgánico y se ven limitadas, más allá de su voluntad, a no poder procrear, en esos casos la trascendencia del tema es muy grande.

A su vez, la ciencia, que ha tenido desarrollos tan importantes en el último siglo, sobre todo en la segunda mitad, en este aspecto ha ido permitiendo que -cada vez con más posibilidades de no exceso- se pueda dar esta chance. Es cierto que estamos viendo aspectos trascendentes para la vida de la gente y, además, la posibilidad de conformar por estas técnicas, la posibilidad de un embarazo que, naturalmente o por técnicas previas, no llega a término.

La naturaleza no siempre acierta; tiene muchísimos errores, y en el caso de la procreación, gran parte de estos errores se producen porque muchas son las células, femeninas y masculinas, que aún juntas no logran anidarse en el organismo de la mujer. A su vez, en la vida de una mujer, son más las situaciones de ese tipo que las que terminan con la anidación del huevo fecundado. A veces nos preguntamos cómo sería esto de otra manera, e incluso el señor Senador Cid señalaba que somos una de las razas con menos índice de procreación. Seguramente uno no lleva el registro de que son más las células que podrían haber culminado en un feto y luego en un niño, y que la naturaleza elimina, que las que efectivamente lo hacen.

Pienso que el hecho de que la Comisión haya traído al Plenario el debate de este tema, es un intento que hemos tenido desde el primer año de esta Legislatura, la segunda en que se consideraba esta temática. Entendemos que es un tema difícil y que no necesariamente por ser médicos tenemos las cosas más claras o las sentimos de una manera diferente respecto a alguien que no posee esta formación técnica. Como decía el señor Senador García Costa, esto trasciende el propio hecho de una técnica. Es en ese sentido que nos parece que podría enriquecerse mucho más este debate, que implica experiencias de vida, posturas religiosas y éticas y hasta la propia comprensión del tema. Seguramente, en este Plenario, va a ser mucho más lo que todos podamos enriquecernos para lograr el mejor proyecto de ley que nos sea posible.

Por si fuera poco la complejidad del tema, en la segunda parte está el aspecto de la clonación o, mejor dicho, la prohibición de la clonación. Cuando uno pensaba que había cosas que podían ser completamente separadas, actualmente la experiencia muestra que las soluciones que se buscan a aspectos iniciales de la reproducción humana están relacionados con otros. Por ejemplo, no se encontraban soluciones a problemas difíciles como era el destino de los embriones que no eran implantados e incluso existen bancos de embriones en el mundo que tienen destinos completamente diferentes. Con varios Legisladores visitamos un centro de reproducción humana asistida en Boston, y pudimos saber que habían legislado hasta el tema de los embriones y no habían adelantado más porque no tenían el menor consenso a nivel científico, social y político. Sin embargo, esa legislación les había permitido tener una regulación de todo esto hasta ese punto. No estamos hablando de cualquier sociedad sino de una bastante conservadora y con una gran influencia religiosa. Ese Centro de la Mujer -así se llamaba-, desarrollaba estas técnicas desde hacía ya algunos años, y tuvimos oportunidad de visitarlo. En esa ocasión, los Legisladores que nos acompañaban se impactaron un poco más, porque nunca habían estado en contacto con el tema. Y debemos reconocer que todo esto impacta muchísimo porque son temas que trascienden la mera técnica profesional o médica.

Si pudiéramos hacer una síntesis de lo manifestado por los expertos que pasaron por la Comisión, sería muy enriquecedor, pero es difícil de realizar porque en la anterior Legislatura y en el período de ésta, lapso en que la Comisión de Salud Pública analizó el tema, vimos posiciones que a todos nos mueven fuertemente, y creo que estamos legislando cada vez menos a largo plazo. Considero que tenemos que ser muy cautos y que no estamos legislando por muchas décadas. Reitero que si somos cautos y vamos paso a paso, estaremos en mejores condiciones de no equivocarnos o, por lo menos, de no generar situaciones que si bien se puedan solucionar, tendrían costos muy altos para la sociedad. Me parece que podemos encontrar alternativas, siempre y cuando nos planteemos la posibilidad de dar calidad de atención y, precisamente, en materia reproductiva con estos instrumentos lo estamos haciendo. Digo esto, porque se estarían solucionando problemas de infertilidad que no tendrían solución por otros métodos.

Por otra parte, es claro que estas técnicas, además de ser muy costosas desde el punto de vista monetario, lo son también por el desgaste psicológico, ya que la conclusión final favorable muchas veces se logra después de un largo y traumático proceso, tanto para la mujer como para el hombre, así como para la relación de la pareja.

Cuando uno se plantea el tema de la calidad de atención -a pesar de que no hay definiciones unánimes sobre este punto a nivel mundial y sea uno de los grandes temas que se discute a nivel de la salud, aparte de otros-, obviamente lo relaciona con la mayor idoneidad profesional y el mejor desarrollo tecnológico, pero también hay un aspecto relacionado con el derecho y el acceso de la gente a cada una de esas técnicas, ya sea la más sofisticada o la más elemental. En consecuencia, junto con lo que puede ser el desarrollo científico, hay un elemento que es el derecho que tiene la gente a acceder a este tipo de técnicas. En ese sentido, por más que esto sea terriblemente polémico -sobre todo porque cuando hay que ponerse del lado de la madre o del niño es difícil contraponer derechos-, sabemos que en materia de legislación, se trata de complementar derechos y no de contraponerlos. Sin embargo, hay momentos en que la opción se inclina un poco más para un lado o para el otro. Una de esas circunstancias se puede dar cuando tenemos que pensar si ponemos determinados límites o condiciones a la mujer que pueda recibir una técnica de esta naturaleza.

Más allá del consenso o transacción con la cual se logra la redacción que tiene el proyecto de ley que hoy tenemos a consideración, el tema fue largamente debatido en sus dos variantes. Una es si habría que proceder como lo establece el artículo 1º en su inciso segundo, que refiere a una actuación médica ante la esterilidad humana para facilitar la procreación cuando otros tratamientos se hayan descartado por inadecuados o ineficaces. Esto está vinculado con el punto b) del artículo 2º, que refiere a qué tipo de mujeres estarían comprendidas.

Creo que parte de los conceptos que definen la calidad de la atención radican en el tema de la universalidad. Por tanto, no deberíamos restringir a la probada infertilidad, más allá de que entiendo que estamos estudiando un documento que regula una técnica que viene a subsanar la infertilidad. No obstante, me planteo si cabe discriminar o no en este punto. Obviamente, desde el punto de vista social la gente pensará que lo lógico es solucionar el tema para una pareja constituida que no ha podido llegar a la procreación, más allá del intento sistemático durante un año, plazo que podría ser razonable para comprobar la esterilidad humana. Me pregunto si tenemos derecho a legislar exclusivamente en los casos de infertilidad. Creo que sí, señor Presidente, pero me permito sugerir, ante la posibilidad de que no necesariamente se exijan las condiciones que se manejan en forma transaccional -más allá de que creo que esto refleja fielmente la posición original del autor del proyecto-, que tengamos un criterio más amplio con relación a quienes podrían recibir una técnica de esta naturaleza, despojándonos del prejuicio social que, naturalmente, daría una respuesta negativa en lo que hace a la concepción mayoritaria de la sociedad uruguaya actual, pero fijándonos en el aspecto de si podemos discriminar a la hora de brindar esta técnica a un grupo limitado de mujeres. Esta es mi primer gran duda y, por mi parte, me inclinaría en principio por ir más allá de la estricta regulación de la técnica para los casos probadamente infértiles, aunque entiendo -como decía hoy- que se trata de una transacción y muchos aspectos harían que nos inclináramos por esta forma, de alguna manera, acotada del destino de una técnica de esta naturaleza.

Otro punto que se planteaba como polémico y que también es muy difícil de resolver tiene que ver con el hecho de que el niño conozca su identidad. No creo que el tema sea insalvable, aunque sí entiendo que es de difícil solución, al igual que todo este asunto. En este sentido, puedo agregar que varios países han encontrado algún tipo de solución transaccional, convencional, y han determinado una edad -13, 14 ó 16 años, según la legislación- en la que el involucrado puede acceder al conocimiento de quien fue su padre biológico. Al igual que en la adopción y reconociendo los derechos del niño, creo que tenemos que dar a este tema una solución posible y, tal vez, ella pase por marcar una edad. Reconozco que en un país con población escasa como el nuestro esto va a limitar la actitud del donante -no digo su predisposición- al verse coartado por eventuales condicionamientos posteriores. Creo que eso podrá ser previsto por la ley, estableciendo una fórmula por la que el niño no dejaría de reconocer su origen en determinado momento, ni se vulnerarían los derechos que impedirían la posibilidad de que existan donantes para este tipo de técnicas.

Creo que con relación al destino de los embriones también se abren posibilidades. Como decía, podemos llegar hasta donde lo han hecho en otros lugares, es decir, legislar hasta en los temas de mayor consenso. Entiendo que este proyecto de ley es extremadamente cuidadoso y genera un cuadro que no es el que se ha visto en otros países, donde no se han realizado las prevenciones que figuran en esta iniciativa. Además, en nuestro país, tenemos por suerte profesionales de mucha idoneidad técnica pero, por sobre todas las cosas, de gran valor ético. Hoy podríamos tener niños en las Barras que vinieran solitos a escuchar la sesión del Senado o, tal como ocurre actualmente, chicos concurriendo con las escuelas. Aquí no se han dado situaciones que después se transforman en dramas, tal como hemos oído que ocurre en otros países.

También existen otros destinos y se plantea que, eventualmente, los embriones puedan servir para utilizar sus órganos en pacientes que necesitan transplantes, no practicándose su destrucción. Creo que lo primero es generar la menor cantidad de embriones para que no excedan las necesidades de la donación.

En principio, me parece que este es un tema importante y, por suerte, todos tenemos la voluntad de legislar y otorgar un derecho que por la vía de los hechos ya tienen muchas personas, pero a un costo -además del emocional- económico muy alto. Por ello, deberíamos universalizar esta técnica para quienes no tienen acceso a clínicas privadas. También deberíamos tener cierta amplitud frente a la posibilidad de acceder a esta técnica que nos permitiera no encontrarnos dentro de poco tiempo, por ejemplo, cuando legislemos sobre otros aspectos, con eventuales discriminaciones por haber limitado la accesibilidad a una técnica de esta naturaleza.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE(Dr. Correa Freitas).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: voy a ser muy breve y, si se quiere, voy a realizar un planteo introductorio a algunas exposiciones que seguramente el Senado tendrá en otras oportunidades.

Por la naturaleza de este tema, este proyecto de ley, que abarca múltiples aspectos -como se señalaba, aspectos de técnicas de reproducción asistida, pero también de ética, ya que abarca consideraciones filosóficas sobre la vida, la procreación y la creación, algunos consensuados y otros opuestos, no sólo de matices-, tiene muchísimo campo para el terreno jurídico.

Voy a hacer una introducción de 10 ó 15 minutos, simplemente, porque este proyecto de ley, más o menos con las características que presenta ahora, ya fue aprobado en la Legislatura pasada en una Comisión de Salud Pública de cinco miembros en la que trabajé. La tarea más pesada la tuvo que realizar el señor Senador Cid, ya que hubo que hacer durante algunos meses un estudio técnico hasta del vocabulario que aquí se maneja. Esta iniciativa estaba acompañada de un glosario que hacía las veces de diccionario para explicar cada una de las palabras. Si hacemos una encuesta dentro del Parlamento y preguntamos a los señores Legisladores qué diferencia hay entre gameto y embrión o entre embrión y preembrión, veremos qué sorpresa nos llevamos. Se trabajó mucho y yo aprendí bastante sobre todos esos aspectos.

Recuerdo que el proyecto recibió tres votos, y los tres Senadores que lo hicimos admitíamos que eso era fruto -como explicaba recién la señora Senadora Xavier- de transacciones, de esperanzas de que haya un proyecto, de que exista una ley. No era la convicción íntima de cada uno de los tres Senadores que lo votamos, porque hubo dos miembros que, sin decir que estaban en contra, hicieron reserva -no recuerdo exactamente los nombres, pero sí podría recordarlos- y expresaron: "Esto lo vamos a ver en el Plenario; yo me abstengo", señaló uno de ellos, y el otro indicó que estaba en desacuerdo con tales y cuales artículos. En resumen, eso fue lo que sucedió. Los votos finales los dieron el señor Senador Cid, el entonces Senador Fernández Faingold y quien habla. Así fue que vino el asunto. Sin que pudiera ser una sorpresa, porque sabía de la complejidad enorme que este tema tiene, desde el principio me pareció que no había ambiente para que saliera una legislación.

En la Comisión, entonces, nos planteamos -al menos lo hice yo, y lo hago hoy todavía- que, como se hacía antes en los clásicos procedimientos de reforma de la Constitución, lo primero es determinar si hay necesidad de una reforma, tal como lo indicaba la Constitución del ‘30. Es decir, una Legislatura se dedicaba nada más que a pensar y decidir si había necesidad de una reforma; después se vería cuál era. Por tanto, ¿hay necesidad de legislar en este tema? Creo que sí. ¿Por qué? Porque reproducción asistida existe hoy en el Uruguay, se practica, y hay consultorios especializados en el asunto; no es clandestino ni nada oculto. De modo que si eso implica tantos problemas éticos -que sí lo implican-, me parece que debe haber una decisión. Como toda ley y toda norma va a tener, en el buen sentido de la palabra, políticas. La palabra no debe desmerecerse al punto de que se le considere ajeno a lo que son los temas éticos. No hay norma que pueda pretender neutralidad. Esto no lo inventé yo, sino Virdeaux hace años. Es así. Fijar la mayoría de edad en 18 años, en lugar de 25 es una política en materia de capacidad de la persona, y se estará de acuerdo o no. Y en este tema, ¡ni qué hablar!

Reitero que, a mi juicio, hay necesidad de legislar en este tema. Si en el Derecho uruguayo el principio fuera -por suerte no lo es- que lo que no está expresamente permitido no se puede hacer, no habría problema. Sin embargo, el principio es el inverso, es decir que todo lo que no está limitado o prohibido, se puede hacer.

Sin duda, debe haber una legislación. El tema consiste en cuál es su contenido. El asunto es -y por eso digo que esto es meramente introductorio- que esto plantea una inmensidad tan grande de problemas, que incluso los que, por razones de presunta especialidad, nos dedicáramos sólo a los problemas jurídicos que surgen de una legislación sobre reproducción asistida, podríamos estar dos o tres años debatiendo. ¿Qué consecuencias sucesorias puede tener un nacimiento producto de una reproducción asistida? ¿Cómo la regulamos? ¿Qué hacemos con los Capítulos del Código Civil? ¿Qué hacemos con las leyes sucesorias? ¿Qué hacemos con la Ley de los Derechos Civiles de la Mujer, que también está en el tema, si uno quiere hurgar? ¿Qué hacemos con las cuestiones patrimoniales? En realidad, habría que hacer una enciclopedia de Derecho en torno a este tema.

Como todos los seres humanos y los Cuerpos parlamentarios reconocemos que si nuestras ambiciones intelectuales llegan hasta el fondo no terminamos nunca nada, digo que este proyecto tiene tal amplitud de temas -y es lo que quería decir por ahora-, que primero habría que buscar un mecanismo, un procedimiento. Pienso que este tema merece la realización de sesiones especiales -es una idea-, que se dediquen sólo a este asunto y no a otra cosa. Si estamos todos de acuerdo en que es necesario legislar, un día deberemos hacerlo. Insisto en que sería necesario buscar un mecanismo, que no fuera el que apareciera en una sesión común y en medio de tantos asuntos.

Además, pienso que todos deberíamos sentirnos liberados de aquellas transacciones que hicimos, en la creencia -al menos era la mía- de que iba a salir una ley en el Parlamento, o por lo menos un proyecto del Senado. Por eso hubo puntos en los cuales, sin estar totalmente de acuerdo para darle más posibilidades de salir, después de escuchar a técnicos y médicos que venían a explicar cómo practicaban ellos la reproducción asistida -porque no es nada oculto y hay gente que sabe muchísimo- y cuánto se cobra, así como también a los señores Ministros de diversas religiones y luego de escuchar una cantidad de información, la idea de que es necesario legislar nos llevó a todos a hacer acuerdos, a decir "esto debiera ser de esta manera, pero sin duda esto no sale y vamos a darle más posibilidades de que salga". Entonces, pienso que una de las cosas que podría hacerse es sentirse bien liberado de esas transacciones y fijar algún procedimiento. En ese sentido, alguien -por ejemplo, los señores Senadores integrantes de la Comisión de Salud Pública- podría traer ideas de cómo encarar un procedimiento que permitiera de verdad dedicar una o dos sesiones especiales del Senado, en algún momento, a fin de avanzar en este asunto. Alguien me puede hacer el excelente chiste que realizó una vez el doctor Echegoyen cuando se estaba analizando la reforma de 1966. Precisamente, llevaban dos días discutiendo un problema de procedimiento, que era si los Legisladores que habían adherido a un proyecto de reforma, por ejemplo, firmando uno de iniciativa popular, luego podían votar otro con uno diferente, es decir, como alternativo, que en definitiva, salió y que después se le llamó la Reforma Naranja. Alguien, que estaba un poco impaciente, un gran Legislador, enorme para todo el país, dijo: ¿"Cuándo vamos a entrar a estudiar el texto del proyecto"? El doctor Echegoyen -creo que desde la banca donde está sentado ahora el señor Senador Correa Freitas-, le contestó: "¿Y en estos días qué hemos estado haciendo? ¿Ensayando?"

Me parece que se podría pedir a la Comisión de Salud Pública que planteara algún procedimiento que resultara útil para que el Senado pueda realmente dedicar una, dos o tres tardes a este tema con mucha profundidad. Digo esto, porque ya termina la sesión y la próxima ya tiene sus puntos del Orden del Día. Entonces, este proyecto va a aparecer otra vez en medio de una lista de temas del Orden del Día. ¿Alguien cree de verdad que se va a hacer un avance como para ir llegando a una conclusión? Pienso que no. Considero que hay que tomarlo como un tema que toca muchos resortes, algunos de la capa consciente y otros -hablando de Freud- de la capa subconsciente, y entre los que estamos un poco locos, también de la capa inconsciente.

Por tanto, insisto, debemos fijar un procedimiento -sugiero que se proponga al Senado- que permitiera tratar el tema con profundidad y cada uno aportaría su visión sobre el mismo.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR KORZENIAK.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE(Dr. Correa Freitas).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: comparto con el señor Senador Korzeniak y con quienes hicieron uso de la palabra anteriormente, que este es un tema de extrema importancia. Decía, antes de su intervención, al señor Senador Korzeniak, que tan es así, que en la práctica todos sabemos que las técnicas de reproducción asistida se practican en el Uruguay hace ya muchos años y que hay profesionales que tienen un alto nivel, no sólo nacional, sino también internacional.

Personalmente, si no hay exposición por escrito de informes a favor o en contra o con las opiniones desarrolladas acerca de cada uno de los puntos, no me parece que el Senado pueda entrar a discutir el tema en Comisión General.

Creo que en la Comisión hay que decidir si debe haber o no proyecto; también allí se tiene que votar, y elevar un informe por escrito, porque si bien puedo leer el proyecto de ley, como no soy experto en reproducción humana asistida, no conozco las categorías que mencionaba el señor Senador Korzeniak y, por lo tanto, necesito que me las expliquen. No puedo interiorizarme del tema en un debate en que la información sea verbal. Entonces, si el tema tiene tanta importancia, que la Comisión trabaje y decida, y si tiene que traer un informe en contra, que lo haga; si tiene una posición favorable, que también lo haga, y si hay dos posiciones, que se expongan ambas.

Quiero decir -y termino- que en esta materia, como en otras tantas que se han discutido en el país durante un siglo o más, va a haber mayorías y minorías, según predomine una u otra corriente, que tengan filosofías distintas o concepciones del mundo y de la vida diferentes. Creo que es mejor tener un trabajo elaborado y no que se aborde esto en Comisión General, porque yo realmente estoy entrando en el tema ahora, porque ha venido sin informe y comienzo a enterarme de su contenido y demás con un Acta de la Comisión, puesto que no integro la Comisión de Salud Pública.

Entonces, reitero que mi opinión es que debe ser informado; debe abordarse y ser objeto de decisión en la Comisión.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede continuar el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Puede ser ese uno de los mecanismos. Lo que estaba sugiriendo es quedar a la espera de que la Comisión envíe al Senado una propuesta, ya sea sobre el fondo del asunto o una sugerencia de procedimiento, según lo que se decida. Ahora bien, la manera práctica de expresarse la Comisión es decidiendo con un informe o con otro.

SEÑOR GARCIA COSTA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR KORZENIAK.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: pienso que la dificultad que estamos enfrentando en cuanto arriban a conclusiones en el proyecto no es tanta, porque lo que se ha hablado hasta ahora sobre la esencia del mismo refleja una voluntad acorde de aprobar un proyecto.

Los cuatro señores Senadores que hemos hecho uso de la palabra dijimos que hay temas en torno a los cuales, seguramente se va a imponer la voluntad de la mayoría. Es lógico; no hay otra manera de salir de este tipo de asuntos. Pero es unánime la convicción de que precisamos uno. Por lo tanto, me sirve la propuesta del señor Senador Korzeniak.

Con respecto a la sugerencia del señor Senador Gargano, debo decir que no le voy a fijar a la Comisión de Salud Pública el derecho de hacer y organizar su propio trabajo, pero como lo señalaba en el comienzo de su intervención el señor Senador Cid, en la Legislatura pasada y en ésta se hizo el mejor esquema posible de trabajo, y reiniciar la tarea en ese ámbito comprendo es singularmente difícil. Es válido que un Senador nos señale que le es difícil pronunciarse sin informe de la Comisión. Pero, en este caso, siguiendo la propuesta del señor Senador Korzeniak, mejor es darnos un plazo para que cada Senador que tenga particular necesidad de informarse, lo haga; en la Comisión respectiva hay carpetas y carpetas para ello. Admito que no es un mecanismo usual, pero sí la única manera de superar la dificultad a la que nos vemos enfrentados. ¿Qué puede hacer en más de lo que ha hecho la Comisión? Como recordaba el señor Senador Korzeniak, por tres a dos su pronunciamiento en la Legislatura pasada facilitó un proyecto para que empiece a caminar.

Creí, señor Presidente -y con esto termino, para no quitarle más tiempo al señor Senador Korzeniak-, que terminada la discusión general votaríamos el proyecto y luego discutiríamos artículo por artículo. Pero me afilio a la sugerencia del señor Senador Korzeniak en cuanto a que lo hagamos en sesión especial, que nos dé amplitud de tiempo, y diría, también -hablo por mi propia Bancada-, amplitud de presencia, porque estamos muy escasos de número.

En resumen, acompaño esa propuesta.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- La Mesa advierte al Cuerpo que restan sólo cinco minutos de la hora reglamentaria.

Puede continuar el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR KORZENIAK.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Podemos llegar a tener alguna dificultad con el tiempo y, en realidad, el procedimiento planteado por el señor Senador Korzeniak parece muy adecuado, puesto que la vuelta del proyecto de ley a Comisión puede complicar su tratamiento. Entonces, sugeriría al señor Senador que dé forma de moción a su idea antes de que finalice esta sesión, puesto que de lo contrario volveríamos a punto cero.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Puede continuar el señor Senador Korzeniak.-

SEÑOR KORZENIAK.- Mi moción implica, en primer lugar, citar a una sesión especial para tratar este tema, para que no se incluya en medio de un Orden del Día; en segundo término, que la Comisión haga un relevamiento de lo que tiene, de esta Legislatura y de la anterior -en la anterior hubo informe escrito e inclusive un glosario-, y que antes de celebrarse esa sesión especial, el material sea distribuido entre todos los miembros del Senado.

SEÑOR CID.- Ya está publicado.

SEÑOR KORZENIAK.- Pues, en fin, que todo eso se distribuya antes de la sesión especial.

Si la Comisión llegara a una votación, sería ideal, como planteaba el señor Senador Gargano. De todas maneras, mi sugerencia es que se fije, con tiempo suficiente -podría ser en el mes de junio-, una sesión especial, extraordinaria, para tratar este tema; que previo a ello, la Comisión aporte lo que haya logrado -por ejemplo, conclusiones-, y que se distribuyan todos los elementos previos.

SEÑORA POU.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Aclaro a la señora Senadora que quedan tres minutos para finalizar la hora reglamentaria.

SEÑORA POU.- Son suficientes para expresar lo que quiero decir.

Creo que el temperamento manifestado por el señor Senador Korzeniak es correcto. Pienso que lo que puede hacer la Comisión es una selección de las cosas importantes, pedir que se reparta entre las señoras y señores Senadores para que cada uno pueda venir con conocimiento del tema -con la profundidad que crea necesaria-, pero dejaría la fijación de la fecha a los coordinadores, puesto que de lo contrario arriesgaríamos tener el escaso número con que contamos hoy, y este proyecto de ley, al decir del doctor Aguirre, amerita una mayor presencia.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor Senador Korzeniak.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

20) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Correa Freitas).- Habiéndose agotado el Orden del Día, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 19 y 58 minutos, presidiendo el doctor Ruben Correa Freitas y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Barrios Tassano, Cid, de Boismenu, Fau, Fernández Huidobro, García Costa, Gargano, Korzeniak, Larrañaga, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Pou, Rubio, Segovia y Xavier.)

DOCTOR ALEJANDRO ATCHUGARRY Presidente en ejercicio

Sr. Mario Farachio - Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretarios

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.