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Nº 170 - TOMO 410 - 8 DE MAYO DE 2002

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

17ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR ALEJANDRO ATCHUGARRY Presidente en ejercicio

Y EL SEÑOR SENADOR DOCTOR RUBEN CORREA FREITAS Segundo Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyecto presentado

- El señor Senador Fau presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa con el nombre de Felisberto Hernández al Liceo Nº 59 de la ciudad de Montevideo.

- A la Comisión de Educación y Cultura.

5) Doctor Néstor Luis Grillo Barreto. Homenaje a su memoria

- Manifestaciones del señor Senador Larrañaga.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a los familiares del ciudadano desaparecido, a la Intendencia Municipal y Junta Departamental de Paysandú, al señor Presidente del Partido Demócrata Cristiano, a la Corporación Médica de Paysandú y a las organizaciones gubernamentales del mismo departamento.

6) Indemnizaciones pagadas por el Banco de Seguros del Estado

- Los señores Senadores Heber y Gallinal solicitan autorización para hacer una exposición de treinta minutos sobre este tema en la próxima sesión ordinaria que realice el Cuerpo.

- Concedida.

7) Numerales primero y segundo del Orden del Día. Postergación

- Por moción del señor Senador Barrios Tassano el Senado resuelve postergar la consideración de estos temas.

8) Labor Parlamentaria del doctor Eduardo Rodríguez Larreta

- Exposición de la señora Senadora Pou. Intervención de varios señores Senadores.

- Por moción de la propia señora Senadora el Senado dispondrá la colocación de un cuadro y una placa de bronce conmemorativa de la actuación como Legislador del ciudadano homenajeado, y oportunamente, la edición de sus discursos parlamentarios y que una dependencia del Senado lleve su nombre.

9) Elección de Miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo

- El Senado elige para integrar la Comisión Permanente del Poder Legislativo, en calidad de titulares, a los señores Senadores Riesgo, Larrañaga y Mujica y a la Señora Senadora Arismendi, y en calidad de suplentes, a los señores Senadores de Boismenu, Heber, Korzeniak y Fernández Huidobro.

10) Señora María Carmen Devitta. Pension graciable

- Proyecto de ley por el que se le concede una pensión graciable.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

11) Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento. Se declara el día 20 de setiembre

- Proyecto de ley por el que se declara Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento.

- En consideración. Por moción del señor Senador Sanabria, el Senado resuelve postergar la consideración de este tema e incluirlo como primer punto del Orden del Día de la primera sesión ordinaria del mes de junio.

12) Lanzamientos

- Proyecto de ley por el que se procede a la suspensión de los mismos durante el período de 1º de junio a 30 de setiembre de 2001 en las condiciones que se determinan.

- Por moción de la señora Senadora Arismendi el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

13) Azúcar con destino al consumo. Gravamen

- Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 1º de la ley Nº 17.379 de 26 de julio de 2001.

- Por moción del señor Senador Barrios Tassano el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

14) Pequeñas y medianas empresas

- Proyecto de ley por el que se crean programas para su fomento en el Ministerio de Industria, Energía y Minería.

- Por moción del señor Senador Barrios Tassano el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

15) Proyectos de ley para designar varios centros de enseñanza con diferentes nombres

- Por moción de la señora Senadora Arismendi el Senado resuelve considerar en bloque los numerales 19) a 33) del Orden del Día.

- En consideración. Se aprueban y sancionan los diferentes proyectos, que se comunicarán a la Cámara de Representantes y al Poder Ejecutivo, según corresponda.

16) Protocolo Facultativo de la Convención sobre Derechos del Niño, Relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- Por moción del señor Senador Barrios Tassano el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

17) Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- Por moción del señor Senador Barrios Tassano el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

18) Intendente doctor Valentín Cossio

- Proyecto de ley por el que se designa con su nombre la Escuela Rural Nº 67 de Paraje Cerro de Amaro, departamente de Treinta y Tres.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

19) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de su cargo a un funcionario público

- Por moción del señor Senador Nin Novoa el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.

- El Senado, en sesión secreta, concedió venia al Poder Ejecutivo para exonerar de su cargo a un funcionario público.

20) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 7 de mayo de 2002.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, mañana miércoles 8, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo (artículo 127 de la Constitución).

2º) Elección de miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

3º) Exposición de 20 minutos de la señora Senadora María Julia Pou sobre la labor parlamentaria del doctor Eduardo Rodríguez Larreta.

Carp. Nº 538/01

4º) Votación del artículo segundo del proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable a la señora María Carmen Devitta.

Carp. Nº 718/02 - Rep. Nº 445/02

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

5º) por el que se declara el 20 de setiembre de cada año Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento en todo el territorio nacional.

Carp. Nº 445/01 - Rep. Nº 408/02

6º) por el que se declara día de conmemoración cívica el 30 de noviembre de cada año, en celebración del plebiscito de 1980.

Carp. Nº 637/01 - Rep. Nº 407/02

7º) por el que se modifica el artículo 1º de la Ley Nº 17.379, de 26 de julio de 2001, relacionado con el impuesto que grava el azúcar con destino a consumo.

Carp. Nº 662/01 - Rep. Nº 440/02

8º) por el que se crean diferentes programas en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería destinados al fomento de la pequeña y mediana empresa.

Carp. Nº 625/01 - Rep. Nº 432/02

9º) por el que se incrementan las sanciones pecuniarias que se aplican a quienes incumplan las normas en materia de lucha, control y erradicación de la fiebre aftosa.

Carp. Nº 693/01 - Rep. Nº 376/02 - Anexo I

10) Discusión particular del proyecto de ley aprobado con modificaciones por la Cámara de Representantes, por el que se suspenden los lanzamientos en el período comprendido entre el 1º de junio y el 30 de setiembre de 2001, de casa habitación, locales o predios que hubieran sido destinados a tales efectos por sus ocupantes, siempre que estén viviendo en los mismos, menores de 14 años de edad, mujeres embarazadas o personas mayores de setenta años de edad.

Carp. Nº 452/01 - Rep. 254/01 - Anexo I

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

11) por el que se amplía la participación de efectivos del Ejército Nacional en la Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República del Congo, desplegada a partir del 8 de marzo de 2001 y autorizada por la Ley Nº 17.299 de 16 de marzo de 2001.

Carp. Nº 756/02 - Rep. Nº 433/02

12) por el que se modifica el artículo 124 del Decreto-Ley Nº 15.688, de 30 de noviembre de 1984, referido al ascenso del Personal Superior del Ejército Nacional.

Carp. Nº 711/02 - Rep. Nº 386/02 - Anexo I

13) por el que se aprueba el Memorándum de Entendimiento suscrito entre la Fuerza Aérea Argentina y la Fuerza Aérea Uruguaya en el marco del sistema de Cooperación de Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA).

Carp. Nº 743/02 - Rep. Nº 424/02

14) por el que se aprueba el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en la ciudad de Río de Janeiro el 10 de diciembre de 1998.

Carp. Nº 672/01 - Rep. Nº 437/02

15) por el que se aprueba el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del Mercosur, suscrito en la ciudad de Río de Janeiro el 10 de diciembre de 1998.

Carp. Nº 673/01 - Rep. Nº 438/02

16) por el que se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados aprobado el 25 de mayo de 2000 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.

Carp. Nº 720/02 - Rep. Nº 439/02

17) por el que se aprueba el Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional aprobado en la ciudad de La Haya.

Carp. Nº 617/01 - Rep. Nº 434/02

18) por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones.

Carp. Nº 685/01 - Rep. Nº 425/02

19) por el que se designa con el nombre de "Luis M. Pirieveis", la Represa sobre el arroyo Chingolo, departamento de Paysandú.

Carp. Nº 669/01 - Rep. Nº 410/02

20) por el que se designa "Homero Grillo", la Escuela Nº 16 de Villa Rosario, del departamento de Lavalleja, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Carp. Nº 700/02 - Rep. Nº 406/02

21) por el que se designa "Antoine de Saint-Exupéry", la Escuela Rural Nº 94 de Santa Lucía, del departamento de Lavalleja, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Carp. Nº 723/02 - Rep. Nº 405/02

22) por el que se designa "Micaela Guyunusa", el Jardín de Infantes Nº 306 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Carp. Nº 722/02 - Rep. Nº 404/02

23) por el que se designa "Libertad", el Liceo de la ciudad de Libertad, departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Carp. Nº 715/02 - Rep. Nº 403/02

24) por el que se designa "Juan Balbín González Vallejo", a la Escuela Nº 176 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Carp. Nº 712/02 - Rep. Nº 402/02

25) por el que se designa "Bernardo Prudencio Berro", al Liceo Nº 48 de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Carp. Nº 699/02 - Rep. Nº 401/02

26) por el que se designa "Juan José Morosoli" el Jardín de Infantes Nº 202 de la ciudad de Las Piedras, del departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Carp. Nº 668/01 - Rep. Nº 400/02

27) por el que se designa "Perico" el Jardín de Infantes Nº 119 de la ciudad de Minas del departamento de Lavalleja, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Carp. Nº 667/01 - Rep. Nº 399/02

28) por el que se designa "Haydée Blanca Rodríguez de De Olarte" la Escuela Nº 40 para Discapacitados Intelectuales del departamento de Flores, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Carp. Nº 642/01 - Rep. Nº 415/02

29) por el que se designa con el nombre "Alfredo Vidal y Fuentes" la Escuela Nº 72 de Tiempo Completo de la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Carp. Nº 746/02 - Rep. Nº 416/02

30) por el que se designa con el nombre "Suiza" la Escuela Nº 45 del departamento de Lavalleja, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Carp. Nº 747/02 - Rep. Nº 417/02

31) por el que se designa con el nombre "Federico Froebel" el Jardín de Infantes Nº 112 de la ciudad de José Pedro Varela, departamento de Lavalleja, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Carp. Nº 749/02 - Rep. Nº 418/02

32) por el que se designa con el nombre de "Doctor Gonzalo González Simois" el Jardín de Infantes Nº 113 de Villa Solís, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Carp. Nº 750/02 - Rep. Nº 419/02

33) por el que se designa con el nombre "Blanca Rosa Guarnerio" la Escuela Nº 62 de Paraje Etchevarría, del departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Carp. Nº 607/01 - Rep. Nº 420/02

34) por el que se designa a la Escuela Rural Nº 67 de Paraje Cerros de Amaro, del departamento de Treinta y Tres con el nombre "Intendente Dr. Valentín Cossio" (Administración Nacional de Educación Pública).

Carp. Nº 523/01 - Rep. Nº 427/02

35) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a:

- un funcionario del Ministerio de Salud Pública. (Plazo Constitucional vence el 22 de julio de 2002).

Carp. Nº 592/01 - Rep. Nº 447/02

Hugo Rodríguez Filippini Secretario - Mario Farachio Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores, Arismendi, Astori, Barrios Tassano, Brause, Cid, Correa Freitas, Couriel, de Boismenu, Fau, Fernández Huidobro, Gallinal, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Korzeniak, Larrañaga, Michelini, Millor, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Pou, Riesgo, Rubio, Sanabria, Singer, Virgili y Xavier.

FALTA: con licencia, el señor Luis Hierro López, Presidente del Senado.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 17 minutos)

- Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"El Ministerio de Salud Pública remite la información solicitada por el señor Senador Walter Riesgo referida al funcionamiento de la Comisión Nacional Honoraria de Lucha contra la Hidatidosis en el Departamento de Lavalleja.

- OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR WALTER RIESGO.

La Junta Departamental de Rivera remite notas relacionadas con :

- la problemática del Hospital de Rivera ante la imposibilidad de coordinar las operaciones.

- A LA COMISION DE SALUD PUBLICA.

- la situación de varios becarios que desempeñan tareas en Casinos del Estado.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

La Junta Departamental de Maldonado comunica que ha enviado un pedido de informes al Directorio de Obras Sanitarias del Estado, OSE, relacionado con el mantenimiento de la planta depuradora de aguas servidas de San Carlos.

La Junta Departamental de Tacuarembó comunica que ha dictado una Resolución en la que declara su adhesión a la preocupación manifestada en la proclama realizada en el Obelisco el día 16 de abril pasado.

- TENGASE PRESENTE.

La Junta Departamental de Artigas remite nota expresando su apoyo al proyecto de ley por el que se eleva el impuesto a las transferencias de jugadores de fútbol para ser volcado a los Gobiernos Departamentales.

- A LA COMISION DE HACIENDA.

4) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

El señor Senador Yamandú Fau presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa con el nombre "Felisberto Hernández" al Liceo Nº 59 de la ciudad de Montevideo, dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública, Consejo de Educación Secundaria.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

(Texto del proyecto presentado:)

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Desígnase con el nombre "Felisberto Hernández" al Liceo Nº 59 de la ciudad de Montevideo, dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública, Consejo de Educación Secundaria.

Yamandú Fau, Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El próximo 20 de octubre de este año 2002 se cumplirá el primer centenario del nacimiento del destacado escritor uruguayo Felisberto Hernández, quien falleciera en la ciudad de Montevideo, el 13 de enero de 1964. Sus obras han sido reconocidas no sólo en nuestro país, sino en el mundo entero, donde se lo considera, por parte de personalidades literarias de nota, como uno de los más importantes narradores del siglo XX.

Felisberto Hernández inició su carrera artística como pianista. Fue un intérprete brillante de los compositores españoles y uno de los primeros defensores, en nuestro medio, de la música de Igor Stravinski, de cuya "Petruchka" brindó, en 1939, en el Teatro del Pueblo de Buenos Aires, una interpretación magistral. Fue, también, un compositor musical de envergadura, y es de deplorar que la mayoría de sus composiciones se hayan perdido. Por las que se han podido recuperar -en particular "Negros"- podemos apreciar su originalidad y la alta calidad de su trabajo.

En su obra literaria, Felisberto introduce frecuentemente episodios o momentos importantes de su formación musical y de su actividad de concertista. Tal es el caso de "Por los tiempos de Clemente Colling", su primer relato largo, que recibió en 1942, año de su publicación, el premio del Ministerio de Instrucción Pública. Otro tanto ocurre con "El caballo perdido", publicado en el siguiente año, en el que Felisberto recuerda a su primera maestra de piano, la francesa Celina Mounié, amiga de su familia. Este trabajo de evocación poética se completa con el relato "Tierras de la memoria", que Felisberto dejara inconcluso y que permaneciera inédito hasta después de su muerte.

Entre sus libros de cuentos, se destaca "Nadie encendía las lámparas", editado en 1947 por Editorial Sudamericana de Buenos Aires, en su prestigiosa colección "Horizonte", que dio a conocer obras de André Malraux, John Steinbeck, Virginia Woolf y Thomas Mann. Y "La casa inundada" -publicada junto con otro de sus mejores cuentos, "El cocodrillo", en 1960- fue considerado un año más tarde, en Italia, como uno de los cuentos más hermosos del mundo, y su traducción al italiano figura en la antología Le più belle novelle de tutti paesi, publicada en Milán.

La obra de Felisberto Hernández mereció la admiración de lectores ilustres, entre los que se cuentan Carlos Vaz Ferreira, Jules Supervielle, Ramón Gómez de la Serna, Julio Cortázar, Juan José Saer. Cabe destacar que Italo Calvino, quien consideraba a Felisberto como el escritor fantástico más importante del siglo XX, fue el impulsor de la traducción de sus obras al italiano. En el prólogo que redactó para la edición de las mismas en esa lengua, destacó la gran originalidad literaria de Felisberto. El filósofo español Fernando Savater ha escrito que Felisberto Hernández es un "secreto y maravilloso escritor". Gabriel García Márquez también ha dicho la admiración que sintió cuando leyó por primera vez los cuentos de Felisberto. Y en su libro "Casa con dos puertas", Carlos Fuentes lo saluda como uno de los fundadores de la moderna literatura hispanoamericana. En nuestro país, los profesores Roberto Ibáñez, Angel Rama y José Pedro Díaz contribuyeron sensiblemente a la difusión de las obras de Hernández.

Distintos homenajes se preparan actualmente en Europa para festejar el centenario del nacimiento de Felisberto Hernández. Particular significación tiene, para nosotros, el que cuenta brindarle la Universidad de Alcalá de Henares, donde todos los años se otorga el premio "Cervantes", puesto que en 1980, otro gran uruguayo, Juan Carlos Onetti, recibió allí mismo, de manos del Rey de España, don Juan Carlos I, ese galardón considerado como el premio Nobel de la literatura en lengua castellana. Dos nombres culminantes de la literatura uruguaya quedarán, pues, asociados a esa ilustre Universidad.

Por todos estos motivos, hemos considerado que Uruguay debe ofrecer a Felisberto Hernández, al cumplirse el primer centenario de su nacimiento, los homenajes que su alta figura dentro de las letras nacionales merece. Entre ellos es oportuno, y por demás justo, designar con su nombre un liceo de la Capital.

Yamandú Fau, Senador."

5) DOCTOR NESTOR LUIS GRILLO BARRETO. HOMENAJE A SU MEMORIA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: quiero ocupar este momento del Senado para hablar del doctor Néstor Luis Grillo Barreto, gran médico del departamento de Paysandú, recientemente fallecido. Nacido el 26 de febrero de 1937 en Feliciano, a unos 30 kilómetros de la capital del departamento de Durazno, era el mayor de ocho hermanos. Su padre tenía un pequeño almacén y una parcela de tierra. Al terminar su tercer año escolar, le pidió que lo ayudara en las tareas inherentes a aquel ámbito rural del departamento de Durazno. No obstante ello, en aquellos tiempos mozos, el deseo del doctor Grillo era cursar estudios y buscar mejores horizontes en el marco de lo que significaba, precisamente, irse para la capital del departamento. Como muchos muchachos, no contaba con el dinero suficiente para financiar sus estudios universitarios, por lo que suspendió su carrera de médico y preparó un concurso de ciencias naturales para obtener la titularidad como docente de Secundaria, cargo que ocupó durante muchísimos años. Posteriormente, cursó los estudios de médico en Montevideo, recibiéndose en 1970.

En 1967 se casó con Esmeralda Cáceres, con quien tuvo dos hijos: Federico y María José. En 1973 culminó el postgrado de pediatría y ese mismo año se trasladó con su familia a residir en Paysandú, donde ejerció su profesión en el Hospital Escuela del Litoral de nuestro departamento atendiendo, fundamentalmente, las policlínicas de los barrios más marginados de la ciudad. Asimismo, trabajó en COMEPA como pediatra, en el Consejo del Niño a través del INAME y en una emergencia pediátrica móvil.

En toda su actuación sumó su vocación social a la médica, siempre preocupado por los niños en situación de pobreza y trabajando en los ámbitos más carenciados de la ciudad capital y del departamento.

Era un hombre que no pertenecía a nuestro partido político, sino al Partido Demócrata Cristiano, al Encuentro Progresista. En el día de ayer hablábamos con el señor Senador Héctor Lescano sobre la vida de Néstor Grillo, su condición de gente, su enorme vocación hacia la comunidad y su incansable vocación política. Si bien militábamos en distintos partidos, siempre tuvo una actitud de colaboración en planes de atención primaria de la salud y en la coordinación del trabajo que, natural y competentemente, hace el Ministerio de Salud Pública conjuntamente con los esfuerzos que en esta área realiza la Intendencia Municipal.

Era un hombre de una gran riqueza interior, que siempre estuvo al servicio de la comunidad, un señor en todo el sentido de la palabra, un médico de nuestros hijos y de nuestra propia familia pero, fundamentalmente, también de muchos niños carenciados de todo el departamento de Paysandú.

Falleció el 26 de marzo pasado y queríamos rendirle nuestro homenaje con la seguridad de que también le tributará el suyo su propia colectividad política, de acuerdo con lo que también conversamos con el señor Senador Lescano. Toda la sociedad sanducera lamenta enormemente la pérdida de este gran ciudadano, este gran profesional y este gran señor que realmente siempre recreó su profunda vocación humanista y de servicio.

Solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea remitida a sus familiares, a su señora esposa, a sus hijos, a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Paysandú, al señor Presidente del Partido Demócrata Cristiano que integra, precisamente, también la Alianza Progresista en el Encuentro Progresista, a la Corporación Médica de Paysandú y a las organizaciones gubernamentales de nuestro departamento que siempre tuvieron un profundo reconocimiento hacia el doctor Néstor Grillo, reitero, por su extraordinaria condición de gente.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Brevemente, quiero expresar mi total solidaridad con lo manifestado por el señor Senador Larrañaga. Conocí al doctor Grillo, trabajé con él y sé de sus cualidades personales y vocación de servicio hacia la comunidad. Realmente, me siento muy conmovido por la noticia de su desaparición física y en tal sentido deseo expresar a su familia la solidaridad de mi partido y del Encuentro Progresista-Frente Amplio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Larrañaga.

(Se vota:)

- 18 en 19. Afirmativa.

6) INDEMNIZACIONES PAGADAS POR EL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una moción llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:).

"Por la presente, y amparados en el artículo 171 del Reglamento del Senado, los abajo firmantes solicitamos al Cuerpo se nos autorice a realizar una exposición de 30 minutos el próximo martes 14 del corriente, sobre el tema: INDEMNIZACIONES PAGADAS POR EL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO A PRODUCTORES QUE ASEGURARON EN LA ZAFRA 2001/2002 CULTIVOS DE TRIGO POR EMPRESA CENTRAL COOPERATIVA DE GRANOS. (Firman: los señores Senadores Larrañaga y Heber.)"

SEÑOR PRESIDENTE.- Advierto que de resultar positiva la votación, la Mesa deberá coordinar esta solicitud con otra exposición que ya había sido resuelta por el Cuerpo.

SEÑOR FAU.- ¿Se trata de una o dos exposiciones? Hago esta consulta porque la moción está firmada por dos Senadores.

SEÑOR PRESIDENTE.- A mi juicio, se trata de una exposición conjunta que harán dos Senadores durante treinta minutos.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) NUMERALES PRIMERO Y SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA. POSTERGACION

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde pasar a considerar el asunto que figura en primer término del Orden del Día.

SEÑOR BARRIOS TASSANO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARRIOS TASSANO.- Formulo moción en el sentido de que se posterguen los asuntos que figuran en primer y segundo término del Orden del Día.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 18 en 20. Afirmativa.

8) LABOR PARLAMENTARIA DEL DOCTOR EDUARDO RODRIGUEZ LARRETA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del Orden del Día: "Exposición de 20 minutos de la señora Senadora María Julia Pou sobre la labor parlamentaria del doctor Eduardo Rodríguez Larreta. (Carp. Nº 538/01)".

Tiene la palabra la señora Senadora Pou.

SEÑORA POU.- Señor Presidente: con retraso de algunos meses -ya que había sido elegida la fecha del 11 de setiembre para aludir a la obra de don Eduardo Rodríguez Larreta- nos vamos a referir a un ciudadano ejemplar, que fuera definido por una figura también singular de su época, el Dr. Washington Beltrán, quien nos lo presenta en el año 1917, al ingresar el Dr. Eduardo Rodríguez Larreta a la Cámara de Diputados, diciendo que "Desde el primer momento advirtió que estaba en presencia de uno de los ejemplares más completos de su generación. Se impuso con su talento claro y firme, con su espíritu viril y con la hidalguía generosa de su corazón. Todas las causas altas encontraron en él simpática resonancia. En la vida de las aulas, en largos años de comunidad, viéndose horas y horas, aun sin espíritu de observación, se acaba por conocer a los compañeros con la misma exactitud con que se conoce la palma de la mano. Jamás vi en Eduardo Rodríguez Larreta una pequeñez, jamás una rivalidad mezquina, ni un celo subalterno turbó la limpia nobleza de su alma; jamás reveló una timidez ni un desaliento cobarde frente a la lucha; jamás cerró sus ojos a la luz del ideal, cuando tantas almas jóvenes, bajo el imperio de doctrinas utilitarias, se entregaban a la conquista del éxito, por caminos de atajo y al duro precio de dolorosas capitulaciones morales"

Señor Presidente, señores Senadores: este es nuestro personaje de esta tarde, un protagonista de más de 56 años de la vida política de nuestro país.

Acerquemos nuestra mirada como con un microscopio, y observemos el origen, el campo familiar donde florece esta personalidad que hoy nos convoca.

Eduardo Rodríguez Larreta nació el 11 de diciembre de 1888 en Montevideo, en la calle Cerrito. Vino al mundo en el hogar austero de Don Aureliano Rodríguez Larreta y Doña Matilde Arocena Artagaveytia, de ilustre familia con arraigada tradición blanca.

Encuadremos, pues, a esta familia en los tiempos históricos en que le tocó vivir, recordando que el telón de fondo era, en nuestra Patria, la lucha por las libertades públicas, y que este patriarca que fue Don Aureliano fue un actor principal con su participación en la votación de la Matriz, cuando cayó asesinado Lavandeira; con su condición de deportado en la Barca Puig; con su herida en Perseverano durante la Tricolor; con su intervención en la revolución del Quebracho; con sus exilios; con su integración en el Ministerio de la Conciliación junto con José Pedro Ramírez y Juan Carlos Blanco; parecen, todos, títulos de un libro de historia. Para 1888 -cuando nacía Eduardo-, ya don Aureliano llevaba sobre sus hombros una parte muy importante de la historia nacional en la que seguiría dejando su impronta por tres décadas más.

Pero, la primera intervención pública que se conoce de don Aureliano Rodríguez Larreta no resisto dejar de comentarla aquí esta tarde, porque es algo que siempre me emocionó y mirando viejos papeles volví a pensar que era bueno recordarlo. Cuando el 27 de febrero del ‘65 entraron a Montevideo las tropas brasileñas, a su paso fueron apostrofadas por una joven voz que se levantaba por primera vez: era la de Aureliano Rodríguez Larreta. Esto nos demuestra que a Eduardo Rodríguez Larreta el coraje le venía de lejos, que estaba palpitando en la corriente de la sangre todo aquello que alimentará sus impulsos.

Volvamos a la infancia de don Eduardo. Se educa con un maestro en su casa -cosa habitual en esa época- hasta que en 1899, con diez años, ingresa en el colegio Seminario donde cursa quinto y sexto año de primaria, secundaria, preparatorio e ingresa en la Facultad de Derecho en 1907.

Su inteligencia ya es descollante en esta etapa: se recibe de abogado con 23 años, habiendo obtenido un récord de notas sobresalientes. El Consejo Universitario en marzo de 1912, de acuerdo con lo solicitado por el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, luego de conocidas las calificaciones que obtuviera en sus exámenes, le concede como premio la exoneración del pago del título de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, junto a los señores Horacio Maldonado, Arístides Dellepiane y Washington Beltrán. Vemos cómo se siguen anudando estos nombres en la historia de nuestro país. A este último, Washington Beltrán, le otorga además, una beca destinada por la Ley de Presupuesto a los graduados más sobresalientes, consistente en un pasaje de ida y vuelta a Europa, cosa que en aquella época no era frecuente realizar. ¡Qué generación!

El 15 de agosto de 1913, el joven Eduardo contrae matrimonio con doña María Helena Requena, con quien tuvo dos hijos, Marta y Daniel, ese inolvidable economista que durante tanto tiempo nos ilustrara desde el "Mirador Económico" del diario "El País", del cual fuera fundador don Eduardo y donde Daniel, justamente, actuara como codirector pero sobre todo ejerciendo una tarea casi de docente y de divulgación de los temas económicos.

Tras la muerte de su esposa, se casa con Julia Shaw Villegas, hogar en que nació su hija Julia, que siguiendo los pasos de su padre en el periodismo ocupa hoy un lugar en la Subdirección del diario "El País", mientras que su nieta María Helena se desempeña también en el Directorio de esta empresa.

Nuestro personaje, señor Presidente, no pudo intervenir en ninguna gesta revolucionaria, pues en 1904 solamente contaba con 16 años, pero bien conocía Eduardo el final de la Revolución del 97, el Pacto de la Cruz, planteando como metas la representación proporcional, el voto secreto y la coparticipación política, y adelantando así, sin ninguna duda, el libreto de la primera mitad del siglo XX: las libertades políticas y el ejercicio del sufragio.

Quiero decir, señor Presidente, que muchos compatriotas, al igual que yo, se han sentido atraídos por la personalidad de Eduardo Rodríguez Larreta, y quiero mencionar especialmente a don Carlos Sarthou, que escribió un libro magnífico, "Eduardo Rodríguez Larreta, estadista de inmutable vigencia". Y allí, citando también a otro excepcional oriental, Héctor Paysée Reyes, nos dice que "Las generaciones anteriores habían hecho la Revolución Emancipadora, la primera, y la formación de la nacionalidad la segunda, ésta en cruentos y fratricidas choques. Pero la generación que integró Eduardo Rodríguez Larreta encontró a la Patria libre, soberana y en carriles civilistas. La faena a cumplir se integraba con varios capítulos: formar una conciencia nacional, un estilo de vida colectiva, orientar la explotación de sus riquezas, afianzar las instituciones, asegurar la convivencia pacífica sobre bases de justicia social, situar a la República -como tal- en el ámbito internacional".

En todos y cada uno de estos capítulos veremos a nuestro protagonista de hoy activo y bien activo. En todas estas tareas participará don Eduardo Rodríguez Larreta, brillando con luz propia, sin necesitar reflejos ajenos, y citando nuevamente a Héctor Paysée Reyes "... el que sirve bien a su país, no tiene necesidad de abuelos, como exclama uno de los personajes de Eryphile. Todos no pueden ocupar el mismo espacio en la vida. Es preciso que cada uno se lo deba a sí propio, y sea capaz de ocuparlo por sí mismo".

Y vaya si lo ocupó don Eduardo, y lo hizo de tal manera que realmente nos ha resultado una tarea casi imposible el concentrar, en el tiempo del que disponemos, al menos un inventario de las múltiples facetas de su actividad pública.

Integrante desde siempre, desde su sangre, del Partido Nacional, vivió la fractura del mismo y fue con los años protagonista de su unificación, "... cuando el Movimiento Popular Nacionalista echó a los vientos del olvido las querellas divisionarias del Partido Nacional y tendió la mano fraterna a todos los hermanos blancos para integrar juntos la gran columna histórica, Eduardo Rodríguez Larreta fue uno de los primeros en responder jubiloso al llamado y en la Plaza de los Treinta y Tres Orientales de Salto, conjuntamente con otro eximio orador, el Dr. Héctor Paysée Reyes, dieron comienzo a su acción pujante de unidad partidaria".

Si se me permite una reflexión de índole personal, yo, que he nacido en un hogar blanco independiente y que he tenido la alegría de formar un hogar donde el Partido Nacional es una entidad única y unida, cada vez que leo las páginas donde don Eduardo, conjuntamente con otros compatriotas, pudieron dar este paso, creo que realmente cumplieron con una labor histórica que es bueno reconocer cada vez que podamos.

Pero este hombre matizó su vida intelectual ejerciendo como profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y como profesor de Literatura en la Universidad, y si bien actuó en todos los campos de la vida nacional dejando en todas sus intervenciones su sello personal, fue ante todo un gran creador de opinión, a la que orientó sin halagarle pero mostrándose siempre intuitivo, agudo, sagaz, de raciocionios claros y una elocuencia contundente y persuasiva.

Para esta tarea, señor Presidente, hizo periodismo desde muy joven. Primero fue periodista en "La Democracia", esa publicación que surgió a la vida en nuestro país en el año 1872, época en que hicieron en ella cátedra y dejaron rasgos luminosos don Alfredo Vázquez Acevedo, don Juan José de Herrera, don Agustín de Vedia, don Francisco Lavandeira, don Domingo Aramburú y don José María Sienra.

Más tarde, el 8 de noviembre de 1904, reapareció "La Democracia", esta vez por iniciativa de ilustres y batalladores nacionalistas: el doctor Luis Alberto de Herrera y don Carlos Roxlo, siguiendo a su fundación una época de valiente y moralizadora campaña periodística, que enorgulleció tanto a sus iniciadores como al brillante núcleo de jóvenes que rodearon a aquellos jefes civiles de la juventud, entre los cuales recordamos a Washington Beltrán, Aureliano Berro, Lorenzo Carnelli, Agustín Villagrán, así como a su administrador el señor Federico Brito del Pino. Siguieron a aquella época directores, redactores y periodistas como don Leonel Aguirre, don Guillermo García, don Ismael Cortinas y Eduardo Rodríguez Larreta.

Posteriormente -la terquedad de su periodismo no cejaba-, escribe en "La Razón" fundada por Prudencio Vázquez y Vega, Daniel Muñoz, Manuel Otero, y Anacleto Dufort y Alvarez, y que lo tuvo como un protagonista, escribiendo bajo el seudónimo "Fradique Méndez", ese personaje creado por Eça de Queiros. Creo decir verdad si digo que es muy recomendable la lectura de la mayoría de las páginas escritas bajo ese seudónimo.

Luego fue Director de "El Siglo", aparecido ya en 1863, y finalmente, junto con los doctores Washington Beltrán y Leonel Aguirre, fundó el diario "El País" en setiembre de 1918, en una tarea permanente de defensa de las causas nobles, de inconmovible fe en la democracia e inalterable devoción por la libertad.

Era ésta una época en que las tribunas periodísticas eran campos de batalla intelectual y provocaban el envío o el recibo de padrinos para saldar el honor que se entendía mancillado por un artículo, por un suelto o por una línea.

Y vaya si don Eduardo Rodríguez Larreta intervino en episodios que tuvieron como fin la defensa del honor, ya sea como duelista o como padrino, cuantas veces lo creyó necesario y justo. Era proverbial su coraje. Fue padrino del lance entre don José Batlle y Ordóñez y el doctor Washington Beltrán en abril de 1920, donde ve caer herido de muerte a su amigo de toda la vida. Cruzó armas con el doctor Pedro Díaz, con el doctor Francisco Ghigliani; intercambia en varias oportunidades padrinos con el doctor Baltasar Brum, inclusive cuando éste era Presidente de la República.

Y los anales del Parlamento, la mejor historia del Parlamento uruguayo, nos lo muestra en los debates en que intervenía, en las interpelaciones que muchas veces se prolongaban también hasta el campo del honor. Nada lo detenía frente a esa pasión por la libertad y ese continuar la lucha que sus antepasados libraron con las armas, pero que para él fue a través del periodismo, de la dialéctica, de la actividad parlamentaria.

En 1915 se aprueba la ley que establece el voto secreto, y el 30 de julio de 1916 por primera vez, en ejercicio del voto secreto, triunfa la oposición, en una expresión popular que marcará un hito en la historia de la democracia en nuestro país. Este tramo de la historia, que comienza con las luchas armadas del 97 y 1904, se cierra con la Ley General de Elecciones del 25.

¿Cómo vive, cómo lucha nuestro personaje en este escenario? ¿Cuál es su protagonismo, su trinchera?

Eduardo Rodríguez Larreta comienza su actuación legislativa como integrante de la Convención Nacional Constituyente, cargo para el que fue electo en las elecciones del 30 de julio de 1916, comenzando sus funciones el 27 de octubre y finalizando en octubre del año siguiente.

Acerca de este episodio, nos dice Juan José Fernández Parés, en su magnífico trabajo sobre Eduardo Rodríguez Larreta: "El escrutinio arroja un resultado favorable a los nacionalistas que obtienen 105 constituyentes mientras que los oficialistas llevan 82, los anticolegialistas 25, dos los socialistas y dos los católicos. Este plebiscito señaló un hito fundamental en la vida del Uruguay. El país probó por primera vez el sabor de la lucha cívica generalizada, logró su vivificación en la participación política abierta a todos los hombres y a todos los sectores de la opinión".

En su trabajo en la Constituyente, el Dr. Eduardo Rodríguez Larreta junto con sus compañeros, logra una redacción del proyecto de Constitución que contenía conquistas fundamentales que queremos enumerar: el voto secreto, definitivo y permanente; la representación proporcional -por estas cosas su Partido había luchado largo tiempo-; un nuevo y amplio régimen electoral. También contenía otras conquistas menores, pero que no dejaban de ser importantes, como la reducción de la edad exigida para votar -de 20 años a 18 años-; la excepción de bienes materiales que se exigía a los gobernantes; la posibilidad de permitir el voto a la mujer, aunque esto último se concretaría recién 20 años después; la libertad de cultos; el reconocimiento del derecho de interpelación con la voluntad de un tercio de los Legisladores y, de un Colegiado integral que se había propuesto, se transó en un Colegiado híbrido, se mantuvo al Presidente de la República y se creó el Consejo Nacional de Administración, ambos con funciones ejecutivas, quedando así consagrado el Ejecutivo bicéfalo.

Estas soluciones, que miradas fuera del marco de una época pueden no comprenderse y hasta parecer absurdas, miradas a la luz de las realidades políticas de ese entonces, tenían, no solamente su explicación, sino que seguramente solucionaban muchos temas.

Eduardo Rodríguez Larreta es elegido Representante para la XXVI Legislatura -15 febrero de 1917 a 14 de febrero de 1920- por el departamento de Montevideo; continúa en la XXVII Legislatura -15 de febrero de 1920 al 14 de febrero de 1923- por el departamento de Soriano; de 1923 a 1926 y de 1926 a 1929, por el departamento de Montevideo.

Tuvo el enorme privilegio de compartir una Banca de Diputado en la misma Legislatura en que don Aureliano, su padre, ocupaba la suya por el departamento de San José. Como Senador, como integrante de esta, nuestra Cámara, fue elegido por primera vez el 23 de marzo de 1931 en la XXX Legislatura, y luego en un período continuado desde el 15 de febrero de 1947 hasta el 14 de febrero de 1967.

En su actividad partidaria, en su lucha por alcanzar estos cargos de representación hay muchos hitos dignos de destacar, pero queremos detenernos en su experiencia viajando por todo el país en el famoso "Tren Relámpago", junto a Luis Alberto de Herrera y a compañeros de su Partido. Nuestro personaje nos relata su impresión de ese periplo de una manera realmente deliciosa. Dice así: "Conservamos en la retina la impresión deslumbrante del viaje y en alma el eco de sus emociones. El entusiasmo en Montevideo es grande, pero para conocer al Partido Nacional hay que salir a campaña. La pasión partidaria no tiene allí límites, se agitan los corazones de los niños que sonríen inefables al paso de la caravana; perdura intacto en los pechos de los ancianos curtidos por el cierzo de setenta inviernos, los que no nacieron ‘bajo el yugo’, como dijera en una expresión feliz Luis Alberto de Herrera, arde en las pupilas de las mujeres y estalla clamoroso, incontenible, avasallador en la juventud".

Señor Presidente: testimonio fiel de esta circunstancia es una de las fotos que se atesoran en el Directorio de nuestro Partido y que nos muestran a nuestro protagonista saludando eufórico, junto a sus compañeros, desde el famoso "Tren Relámpago".

A través de 11 Legislaturas, 36 años como Diputado y Senador, nuestro personaje ocupó numerosos cargos: la Presidencia y la Vicepresidencia del Senado, así como la Presidencia ad-hoc de dicha Cámara, en muchas oportunidades.

Parece importante destacar que no sólo integró las Comisiones Permanentes de este Cuerpo Legislativo, sino también las especiales, las que se iban creando al ritmo de las necesidades del país. Los temas comprendieron tópicos tan diversos como la Comisión Interamericana de Seguridad, la Comisión Especial para el Estudio del Alto Costo de la Vida, la Comisión Especial para el Estudio de la Comercialización de la Lana, la Comisión Especial para la Declaración Frente a Movimientos Antisemitas y la Comisión Especial para el Asesoramiento sobre Medios de Defensa de la Democracia.

Innumerables fueron sus intervenciones, las interpelaciones y la presentación de proyectos y mociones. Si bien todo esto constituye uno de los objetivos que en el día de hoy perseguimos al proponerle al Senado la edición de la Labor Parlamentaria de Eduardo Rodríguez Larreta, no podemos eludir el referirnos a alguna de estas intervenciones que nos lo muestran en su verdadera dimensión.

Nada le era ajeno. Visionario en los temas grandes, preocupado por los asuntos más pequeños, en la sesión ordinaria del 14 de junio de 1917, estando en discusión el proyecto sobre abaratamiento de la vida, expuso su criterio a favor de los más pobres y presentó una iniciativa que rebajaba el precio de la carne. Sin embargo, en esa misma discusión enfatizaba sobre los actos del Poder Legislativo diciendo que "si algo podía caracterizar la evolución actual de la democracia es que ha desaparecido el concepto idolátrico del Estado, para transformarlo en un concepto respetuoso de todos los derechos y para someterlo a las normas de derecho a que están sometidos los particulares".

Seguimos escuchándolo y nos dice: "De manera que si el Estado, por sus actos, perjudica ilícitamente a los ciudadanos, si el Estado para atender el interés público, tiene necesidad de afectar determinados derechos particulares, su deber es tratar de compensar esos perjuicios y no hacer cargar a la colectividad con los males que sus propios intereses han provocado contra determinados individuos. Las doctrinas democráticas modernas son las que reconocen que no hay poder absoluto del Estado, que tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, como el Judicial en las sentencias que dicte, deben tomar en consideración un principio superior, que la ley no crea derecho, sino que ésta debe someterse al derecho, y si se aprueba una ley que sea contraria a derecho debe haber Tribunales que sepan encarar estos errores y dar al perjudicado, lo que en derecho y justicia le corresponde".

Me permito agregar, señor Presidente: ¡qué visión más moderna! ¡Qué visión más actual!

Con respecto al derecho de huelga, decía Eduardo Rodríguez Larreta: "Este es el abecé de las reivindicaciones de los derechos de los trabajadores. Es la protesta pacífica, silenciosa, no revolucionaria. La verdad es" -y recordaba que André Gide lo hacía notar- "que las grandes conquistas obreras se deben fundamentalmente al ejercicio de ese derecho".

Acerca del ejercicio del derecho propiamente dicho y de la forma de proceder de la autoridad nos decía: "Sí, yo sostengo que el Estado debe ser una entidad sometida al Derecho, y no por encima del Derecho y por fuera del Derecho. Reclamo para los que tienen conflictos con el Estado el derecho a tener un Juez superior y el derecho, sobre todo, alguna vez, a triunfar cuando la razón está de su parte".

Señor Presidente: este mismo parlamentario que se ocupaba de estas cosas tan profundas, de verdadera doctrina política, se ocupó también de la escasez de los combustibles, sugiriendo para remediarlo, ideas creativas, tales como horarios especiales en las jornadas de trabajo. Se preocupó por los Consejos de Salarios, discrepando con la multiplicación de Consejos dentro de gremios semejantes, para que no se vieran perjudicados los obreros y sus familias, a causa de la pulverización que podría traer malas consecuencias, dándole así la razón al Diputado socialista Cardoso.

A Eduardo Rodríguez Larreta la preocupación por la política internacional le viene de lejos, de tan atrás como que el 26 de noviembre de 1929, preconizando entonces con su clara visión lo que más tarde se convirtió en la realidad que conocemos, el Mercado Común Europeo, la Unión Europea, y se preocupaba entonces por el desarrollo de nuestro continente. Al respecto, manifestaba en una conferencia en la Universidad de la República: "Esta idea de los Estados Unidos de Europa" -recordemos que estamos en el año 1929- "que parece una quimera ya no lo es, la necesidad la ha transformado. Para no transportarnos demasiado lejos en el tiempo digamos que los poetas, que tienen algo de anunciadores y de augures, la habían presentido. En 1849, Víctor Hugo presidía un Congreso de la Paz, destinado a preparar un gran senado europeo que dirigiría los destinos del viejo continente; el 14 de julio de 1870 -un mes antes del estallido de la guerra Franco-Prusiana- aquel poeta, desde la soledad huraña de la Isla del Destierro, anunciaba que había plantado la encina de los Estados Unidos de Europa, en el jardín de ‘Hauteville House’, y en versos rutilantes, en un poema titulado ‘Los Cuatro Vientos del Espíritu’, cantaba sus magnificencias. Y es así que poco a poco, por medio de las treguas aduaneras, las tarifas preferenciales, va cristalizando el plan que en un momento dado hará sentir su golpe a la América del Sur. ¿Cómo? Por ejemplo, hay en Europa una diversificación categórica y clara de países de industrias rurales y de países de industrias manufactureras. Los rurales son los del Este: Rumania, Hungría, Yugoslavia; los manufactureros son: Francia, Alemania, Italia, Inglaterra. Y bien, ¿Cómo podía ocurrir entonces" -se pregunta-, "lo que no ha ocurrido hasta ahora?

Hasta ahora no se ha producido el intercambio directo porque la cláusula de la nación más favorecida no permite la entrada de los cereales". Bien, y entretanto, ¿qué hace nuestra América? Nuestra América permanece inerte, hay una fraternidad, pero es una fraternidad estática; no es una fraternidad dinámica, que yo me permitiría exigir, parodiando una frase de Hoover, que pide la paz dinámica. Sin querer pasar de augur a pesimista, nos dice que es evidente que las grandes concentraciones de fuerzas son las que van dominando el mundo, porque la gran industria y el gran comercio sólo tienen éxito en gran escala en el momento actual. Ante esto digo, señor Presidente, ¡qué actualidad la de las palabras de este hombre que en 1929 miraba cerca, pero veía lejos! Esta preocupación de Eduardo Rodríguez Larreta en materia internacional la vamos a ver también con otro perfil pero con la misma visión en su actuación como Canciller de la República.

Cuando el 14 de agosto de 1957 se trata el tema de la reforma constitucional en el Senado, nuestro personaje sentencia que: "las constituciones no tienen valor por la letra... sino por el espíritu que las vivifica". "Es un problema de hombres y no de letras y comas, es un tema de grandeza de alma y de patriotismo. Sólo lograremos una recuperación si nos sobreponemos a nuestras discordias y sabemos orientar al país por un camino firme". "Este arranque patriótico constituirá un deber ineludible. Deber de los grandes partidos, y yo, desde la pequeñez numérica de una representación política, los exhorto hoy, proponiendo un plano minucioso de medidas drásticas, bajo el signo de la austeridad y del renunciamiento al sensualismo del poder". Vuelvo a decir, aquí, señor Presidente, ¡qué sensibilidad y qué actualidad! ¡Qué mensaje por encima del tiempo, para todos nosotros! Consecuente con este pensamiento, cuando se plantea el 12 de diciembre del ‘58 el aumento del capital de PLUNA para adquisición de aviones y aumento de número de personal, ante esta propuesta, don Eduardo Rodríguez Larreta nos dice que, por supuesto, simpatiza con la empresa PLUNA pero que el dinero hace falta para cosas más elementales y nos habla hasta de la falta de medicamentos en algunos lugares de nuestro país, para terminar diciendo que el país tiene que volver al tono de sobriedad y moderación que esté de acuerdo con lo que es y con la circunstancia que se está viviendo. Señor Presidente: nos estremece la actualidad del pensamiento de don Eduardo Rodríguez Larreta y la simetría de las circunstancias. Parecería, por encima del tiempo, un llamado a todos nosotros...

También en esa época -al igual que el Senado actualmente- tuvo que expresar el repudio a los brotes de antisemitismo y nazismo, y se manifestó acongojado por la reaparición de manifestaciones de ese tipo en un mundo que creyó haber superado definitivamente tales horrores y vergüenzas.

Era un hombre consciente de lo que era el Poder Judicial, consciente de que la Justicia, si demora, no es Justicia. Presentó un Proyecto de Ley sobre Abreviación de Juicios Civiles. Fue este uno de sus últimos proyectos en el Senado.-

Para mostrar rápidamente que sus intereses y preocupaciones llegaban a todos y a todo, de las centenares de iniciativas y proyectos de ley, mociones, intervenciones, a vuelo de pájaro destacamos hoy la propuesta de subsidio a la Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia, la exoneración de impuestos de contribución inmobiliaria a la construcción del puente de La Barra del Santa Lucía, la jubilación especial para periodistas y gráficos; la Comisión Investigadora sobre la situación de los integrantes del gobierno que formaban parte de empresas y sociedades anónimas, para revisar los libros comerciales y documentos que se consideraran convenientes; la autorización para emplazar el monumento al Gral. Aparicio Saravia en Montevideo. Sobre esto último, tenemos testimonios gráficos, ya que hoy se encuentra con nosotros su fotógrafo, Héctor Devia, quien pudo reunir documentos que aún hoy nos acompañan. También se interesaba por la ciencia y un proyecto designando con el nombre de "Alberto Boergher" al Instituto Fitotécnico y Semillero Nacional "La Estanzuela" tuvo su firma; asimismo, vinculó a trabajadores a la Caja de Compensaciones por Desocupación en la Industria Frigorífica, etc, y podríamos seguir, pero creemos que con esto hemos demostrado que, al igual que San Pablo, nada de lo humano le era indiferente.

La función legislativa de este hombre extraordinario fue complementada con su actividad de periodista. No se lo concibe a Eduardo Rodríguez Larreta con una mirada única. Legislador y periodista, periodista y Legislador, "creándose entre ambos quehaceres una verdadera afinidad molecular, sobre la base de un espontáneo sistema de vasos comunicantes entre los temas discutidos por el Parlamento y los comentarios del pueblo acerca de aquellos".

Para terminar, queremos referirnos a la actuación de Eduardo Rodríguez Larreta como Canciller de la República. Lo fue desde el 4 de octubre del ‘45 al 27 de febrero del ‘47 accediendo a ese cargo cuando ya tenía experiencia como hombre público, y especialista en temas internacionales. Lo acompañó con hidalguía y con eficacia en su gestión, Martín Aguirre, hijo de Leonel Aguirre.

Podríamos extendernos en lo que fue su tarea como Canciller de la República, pero creo que con una mirada afinada, podemos observar que el acto más trascendental durante su Ministerio fue el enunciado de lo que luego se conoció como la doctrina Larreta: el paralelismo entre la democracia y la paz. Esta doctrina quedó expuesta en la nota de fecha 21 de noviembre del 45 y en la posterior del 2 de febrero del 46, ambas cursadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores a las Cancillerías de América. En este Senado, el 10 de diciembre del 45, pronunció un discurso donde la definió como "un paso grande y noble hacia la consolidación de la paz por medio de la democracia, como una forma de conjugar el interés de la comunidad y el interés particular de los Estados." Para ello sugiere la necesidad de una Comisión Especial o una reunión especial de Ministros de Relaciones Exteriores o bien como un tema de la futura Conferencia de Río, como un estatuto posible para reglamentar la tutela internacional de la persona humana en sus derechos fundamentales. Todo esto se fundaba en el principio general de que la paz y la democracia formaban un binomio inseparable para la convivencia internacional. Es importante destacar que en forma expresa se reconocía en las notas que todo el planteo se hacía "acordando todo su significado e importancia al principio de no intervención". Esta doctrina levantó algunas críticas y discrepancias en su momento, pero como reza en el Eclesiastés "Todo tiene su tiempo y todo cuanto se hace bajo la luz del sol tiene su hora". Mirémoslo con la lente de nuestra realidad contemporánea y veremos cómo la defensa de la libertad, la democracia, la paz y los derechos del hombre se han transformado en un indiscutible punto de partida de numerosos instrumentos internacionales. Veremos cómo se ha plasmado todo esto en documentos tan actuales como el Compromiso de Santiago de 1991, la Declaración Presidencial de Las Leñas, y la reunión del Potrero de Funes en Argentina -año 1992-, para el ámbito del MERCOSUR, la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río celebrada en Asunción en 1997, el Protocolo de Ushuaia de 1998, la Cumbre de Mandatarios en Québec en abril de 2001 y finalmente -creo que esto es lo más importante-, en la 31ª Asamblea General de la OEA de San José de Costa Rica en 2001, donde figura en la agenda el estudio de una Carta Democrática Interamericana, preparada por el Consejo Permanente de la Organización. El tiempo y la realidad internacional hicieron su obra; estas ideas se consolidaron paulatinamente en su proyección en el ámbito de la seguridad colectiva. Y a nivel interno la participación de nuestras Fuerzas Armadas colaborando en custodiar la paz en las Misiones de Paz de las Naciones Unidas son una expresión viva de estas ideas.

Luego de 56 años de vida pública, deja este mundo el 15 de agosto de 1973. Siempre hay alguien que dice mejor que uno lo que uno piensa y, a veces, también lo que uno siente. Por eso, por encima del tiempo, quiero adherirme a la despedida que Washington Beltrán le hiciera junto a su tumba: "Cada vez que recemos el verbo civilista, cada vez que sintamos que nuestro espíritu se debilita, cada vez que nuestra combatividad decaiga, volveremos los ojos hacia esa tumba para recoger la fe que a él nunca lo abandonó, para sentir los ideales que nunca arrió, para seguir transitando por la vida con la dignidad que él jamás empañó".

Quiero agregar, señor Presidente, que si bien Eduardo Rodríguez Larreta se fue de este mundo, su presencia sigue transitando por la Redacción del diario "El País"; su voz sigue resonando en este ámbito parlamentario y sus ideas de paz y democracia siguen vigentes en nuestra América.

Los países tienen la dimensión de la talla de su gente y nuestro Partido, que cuenta con Eduardo Rodríguez Larreta como una de sus figuras estelares de mayor dimensión intelectual y cívica, lo ofrece al país todo como uno de sus hijos excepcionales.

(Aplausos en la Sala y en la Barra)

- Queremos mocionar para que este Senado fije, con tiempo, una fecha para poder llamar con su nombre a una de las salas donde tanto tiempo actuó y sirvió a su país. Generosamente, la familia ha donado un retrato de don Eduardo Rodríguez Larreta y, junto con una placa, quisiéramos honrar la memoria de uno de los integrantes más brillantes de este Cuerpo. También quisiéramos mocionar -como ya lo habíamos conversado con el señor Presidente- para que se publique una edición de su tarea parlamentaria.

SEÑOR GARCÍA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCÍA COSTA.- Señor Presidente: luego de esta exposición llena de conocimiento y de afecto -afecto partidario y afecto a las mejores tradiciones de nuestra colectividad y del país mismo- obviamente no tenemos mucho para agregar. Sin embargo, sentimos una suerte de obligación -que cumplimos con profunda satisfacción- de recordar en este Cuerpo a Eduardo Rodríguez Larreta.

Quien habla, junto con el señor Senador Carlos Julio Pereyra, somos los únicos que tuvimos una relación, si bien política, cercana a él, por lo que pudimos aquilatarlo. Mi actividad política se inició en filas del Partido Nacional Independiente, siguiendo una trayectoria siempre muy vinculada al discurrir político de Eduardo Rodríguez Larreta. En los hechos, siempre estuvimos en las mismas filas, que obviamente él comandaba y en las que nosotros éramos soldados. Ahí tuvimos oportunidad de apreciarlo como persona y de apreciar su talento; talento con el que se nace, pero hay que saber usarlo y ponerlo a disposición de las causas justas, como lo hacía él.

Debo destacar su profunda vocación política -"política" en el sentido superior de la expresión, es decir, la búsqueda del bien común a través de los caminos que la democracia nos otorga y que para los hombres son, esencialmente, la pertenencia a un partido- sin olvidar su rol de profesor -del que estuvimos ausentes- y de erudito. Era un hombre al que respetábamos por sus conocimientos, aunque ese no era el motivo por el cual estábamos junto a él. En todas esas actividades derrochó de sobra lo que Dios le dio: capacidad, talento y coraje.

La señora Senadora Pou decía que Eduardo Rodríguez Larreta estuvo en muchos lances de honor, en muchos duelos, para expresarlo corrientemente. Alguien, alguna vez, quiso contabilizarlos -no sé si con exactitud- y se dijo que de los hombres de aquella generación, en que los duelos se sostenían con aceptación y requerimiento social, fue el que sostuvo más, ya que fueron once los lances en los que jugó su vida. Lo hizo sin un rictus en su expresión, sin un amago de cobardía, simplemente cumpliendo con una obligación. La generación que integró sucedía a hombres de la época de enfrentamientos armados y quizás tenía envidia por sus mayores; aquellos aconteceres, y las anécdotas de las revoluciones, los llevaban a tener un coraje que les sobraba y no tenían oportunidad de mostrar más que en el duelo, ¡y hay que exponer once veces la vida sin perder -ante el próximo evento o el nuevo enfrentamiento- la disposición a seguir adelante con lo que se considera un deber para con su propio sino, para con su propio sentimiento!

Recuerdo, señor Presidente, un momento crucial en la vida del Partido Nacional, como fue la separación, en el año 1933 -aunque los episodios comenzaron a discurrir antes, en 1930 y 1931, y hacen eclosión en 1933- de un grupo muy grande de hombres de la utilización del lema, aunque no del cariño y del afecto nacionalista. Diversas circunstancias impidieron que el Partido se unificara; recién en 1952 la nueva Constitución, por su artículo 79, posibilitó la unificación del Partido Nacional, hoy en disposición ya derogada porque se hizo inútil en el tiempo. Sin que nadie tuviera que deber nada a nadie, el Partido pudo votar en conjunto y con una condicionante vital para muchos en dos sentidos: nadie es dueño del Partido, a nadie debo por ser blanco, pero somos todos blancos y, por ello, queremos usar el lema partidario y compartir la vida política. En ese momento no todo el Nacionalismo Independiente compartió esa posibilidad, y ante esas diferencias si no hubiese estado Eduardo Rodríguez Larreta, no se habría logrado la unificación partidaria.

En efecto, en 1954, Eduardo Rodríguez Larreta, con una pléyade de gente muy valiosa que le rodeó -vale la pena recordar a Wilson Ferreira Aldunate y a Washington Beltrán entre otros tantos que lo acompañan- de la que él es el abanderado, crea el sector de "Reconstrucción Blanca". Pocos años después, en 1958 el Partido Nacional vuelve a votar todo unido, como antes de 1933, y al hacerlo gana las elecciones, tranformándose en el Gobierno del país. Naturalmente, el mencionado no fue el único factor, pero fue singularmente decisivo, porque si no hubiera estado Eduardo Rodríguez Larreta -y de eso soy testigo- no habría existido esa unidad y muy otra hubiera sido la historia posterior del país.

Sé de su decidida y firme actuación, así como de su prestigio y el del diario "El País". Prácticamente, la figura de Eduardo Rodríguez Larreta y el diario "El País" forman una simbiosis en la que no se sabe dónde empieza uno y termina el otro, porque su vida fue el diario, y "El País" es Eduardo Rodríguez Larreta. Él puso al servicio de esa casa periodística su influjo personal, sus años de actuación, el respeto que inspiraba; y el diario se constituyó en la principal o una de las principales tribunas políticas del país. Creo que al lograr el objetivo político iniciado en 1954, Eduardo Rodríguez Larreta consagra las dos facetas esenciales de su personalidad, la de un gran político que vio lo que el país precisaba y se lo procuró en la medida de sus posibilidades, y como era hombre de partido, a través de su Partido.

Puso el diario, que es su creación, su impulso, y junto al de Leonel Aguirre, lleva adelante una tarea demoledora al servicio de sus ideas. Logra infundir a una de las grandes colectividades históricas del país el impulso que se le estaba requiriendo.

No quiero abundar en lo anecdótico, pero cuando supimos que se iba a realizar un homenaje tan justo, tan lógico y tan natural como el que se le está brindando a Eduardo Rodríguez Larreta, hicimos memoria -esto siempre cuesta mucho porque tenemos que ver el pasado, cuando preferimos mirar el presente e imaginar el futuro-, y algunas cosas no las olvidamos. Una en especial para aplicar a Eduardo Rodríguez Larreta: no recuerdo de qué tema estábamos hablando, pero dijo una expresión francesa -como los hombres de su generación, hablaba muy bien francés, porque en aquella época era, con lógica, el idioma de la cultura y el hombre culto lo dominaba- en relación con una persona que su actividad estaba nimbada por la circunstancia que se ubicaba por "droit de naissance et jour droit de conquête". Creo, señor Presidente, que después de lo que se nos ha rememorado al traer acá la memoria de su padre Aureliano Rodríguez Larreta, que bien está decir que su vida estuvo signada por un "droit de naissance", derecho de nacimiento, una obligación diría yo, porque éste es un derecho de obligación, y después, "un droit de conquête", de conquista, porque él, no cierra u oculta la personalidad de su padre, sino que la dignifica por su propia calidad. Recuerdo esta anécdota, porque con toda sinceridad les digo que después de que terminó esa reunión, como no había entendido lo que había querido decir, se lo pregunté y Rodríguez Larreta me explicó el alcance. Eso es perfectamente aplicable hoy al doctor Rodríguez Larreta.

Por último, quiero traer un recuerdo nostálgico. Eduardo Rodríguez Larreta llegó a ocupar su Banca hasta 1967, porque cuando empieza la nueva Legislatura ya estaba afectado por una enfermedad que iba a anular sus condiciones; así Dios lo dispuso. Pero no olvidaré el día que en una Asamblea General, ya cerca de 1967, tuvimos un problema muy importante -no vale la pena indicar cuál- y precisábamos todos los votos del Partido Nacional. Eran las 4 de la mañana y Eduardo Rodríguez Larreta estaba en su casa, porque por su edad y por la circunstancia de salud que, lamentablemente, ya amanecía para él el crepúsculo, se encontraba descansando. Sin embargo, se hizo imperioso llamarlo. Naturalmente, quienes nos cruzamos accidentalmente en esta Casa con él cuando llegó pensamos que había sido insólito haber molestado a este hombre sin tener en cuenta los momentos de salud que vivía, la hora de la madrugada y su edad. Sin embargo persiste en mi memoria la sonrisa de Eduardo Rodríguez Larreta cuando alguien le preguntó "¿Qué hace usted, señor Senador, a estas horas?" y su contestación: "Como siempre, el Partido me llamó, aquí estamos". Esa era la definición de lo que un hombre había vivido toda su vida y, en el declive, lo estaba sintiendo como el primer día.

Por eso, señor Presidente, con todo el afecto que significa, no solo la unción del respeto, sino el haber aprendido al lado de un hombre grande, vale mucho la pena haberlo recordado y espero que este Senado le rinda el homenaje que la Senadora preopinante ha señalado por merecido, justo y necesario.

(Aplausos en la Barra)

SEÑOR FAU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FAU.- Señor Presidente: sin duda, el Senado tuvo hoy la parte central en la exposición que formuló la señora Senadora Pou y, en ese sentido, lo que corresponde es adherir a las expresiones, a las reflexiones, a los recuerdos, a los análisis y también a los mensajes y a los compromisos que de sus palabras surgían cuando analizaba una personalidad tan vasta y tan rica como la del doctor Eduardo Rodríguez Larreta. Lo nuestro, entonces, será, junto con esa adhesión, coincidir en la justicia en cuanto a que el Senado recuerde a una figura de esos valores, como lo está haciendo en el día de hoy.

Si el señor Presidente me permite, referiría dos aspectos de la enorme cantidad de facetas que adornaron esta personalidad. Una de ellas, la de periodista, que lo tuvo como un protagonista muy activo, que participó en medios como colaborador y luego cofundador de una empresa periodística que en el país tiene más de ochenta años y que él contribuyó a su fortalecimiento y a su desarrollo, fundamentalmente como una tribuna de ideas. Lo he dicho alguna vez y lo reitero: la historia de la prensa uruguaya es la historia de las ideas uruguayas. Para defender ideas es que se fundaron, prácticamente, todos los diarios de este país y, sobre todo, para defender ideas de naturaleza política. Ese fue el contenido básico. Eran políticas, por supuesto, que comprendían a un Partido, pero políticas también porque defendían valores que en su profundización y desarrollo fueron afianzando un patrimonio que luego de ser en principio de los Partidos pasó a ser de la Nación.

En ese sentido, Eduardo Rodríguez Larreta lleva con orgullo el haber sido uno de los compatriotas que gestó una tribuna para defender ideas, las de un Partido, pero también para defender valores que eran de su Nación. Cuando advertimos que la expresión de poder decir lo que se piensa con absoluta libertad estuvo pautada durante mucho tiempo en que ello se lograba a través de la prensa, percibimos la importancia que los diarios han tenido en la formación democrática, liberal y tolerante que caracteriza a la sociedad uruguaya. Hoy el concepto de la libertad de expresar lo que se piensa es mucho más amplio, más ambicioso y ha sido más innovador, pero durante mucho tiempo esa libertad de expresión del pensamiento se calibraba en la medida en que se tuviera la libertad de prensa. Por eso es que los diarios jugaron en este país un papel tan importante, porque surgieron precisamente para ello; para esa trinchera de soldados que se comprometían con determinados valores que fueron los que dieron motivo a la fundación del diario "El País" y a ese conjunto de prestigiosísimos uruguayos que, mancomunados en valores políticos y partidarios, pusieron en marcha una empresa tan difícil, pero con tanta solidez en sus convicciones que, más de ocho décadas después, sigue teniendo la tribuna para defender los mismos valores, las mismas ideas y, seguramente, los mismos sueños.

Por eso me parece que ese aspecto de la personalidad del doctor Eduardo Rodríguez Larreta es orgullo para el Partido Nacional pero es regocijo para la Nación, porque ella lo siente así como un contribuyente a ese patrimonio común de tantos valores y de tantos quilates.

El otro aspecto que me permitiría señalar es el que tiene que ver con lo que ha sido su aporte al estudio y conocimiento de los temas internacionales. Hoy en día la política internacional, el relacionamiento internacional confunde muchas veces los espacios del Derecho con los de la Economía. En el plano del relacionamiento entre los Estados aparecen los temas comerciales y arancelarios y los problemas aduaneros que van tiñendo un nuevo lenguaje. Durante muchas décadas ese relacionamiento estaba fundamentalmente centrado en el Derecho, porque el debate que la comunidad internacional tenía en el mundo se basaba en lo jurídico. Había que tener capacidad, inteligencia y talento para poder influir, para que una opinión fuera escuchada y para que una prédica fuera comprendida. Y en ese sentido, ¡si tendría talento el doctor Eduardo Rodríguez Larreta, que en una sociedad internacional de esos valores donde se exigía tanta capacidad, él tuvo el privilegio de lograr que quienes estudian ciertas áreas del Derecho, décadas después sigan hablando de la Doctrina Larreta! Esto no lo logra cualquiera, no se consigue con un mero posicionamiento en los temas internacionales. ¡Si habrá que tener inteligencia, talento y capacidad para lograr con respeto y estimación que un pensamiento y una interpretación jurídica llegue a través del tiempo a considerarse una doctrina! Eduardo Rodríguez Larreta reunía todos esos atributos.

Por ese motivo los blancos se sienten felices y orgullosos de haber tenido en sus filas a un hombre como éste. Pero, si se nos permite, también el país siente el mismo orgullo, la misma alegría y la misma satisfacción por haber sido capaz de posibilitar el surgimiento, dentro de una colectividad política, de una figura que brindó su aporte en los momentos en que le tocó ser protagonista y con el tiempo es rememorada, como lo estamos haciendo hoy. De pronto, una manera de contribuir a su homenaje es practicando uno de sus ejemplos. He leído que el doctor Eduardo Rodríguez Larreta no se caracterizaba por hacer discursos muy largos, sino que tenía por costumbre la brevedad; los que son breves, dicen algo y además se hacen entender, son los que seguramente tienen los mejores atributos y los que engalanaron su personalidad.

El Senado hoy se siente feliz y orgulloso de que las oportunidades que tengamos sean inagotables para recordar a un gran compatriota, a un gran uruguayo, como sin duda lo fue en el consentimiento de todos el doctor Eduardo Rodríguez Larreta.

(Aplausos en la Barra)

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Singer.

SEÑOR SINGER.- Señor Presidente: he sentido la necesidad personal y partidaria de hacer uso de la palabra, porque de alguna manera con los conceptos que acaba de expresar el señor Senador Fau y los que yo pueda verter, el Partido Colorado estará manifestando su sincera y emocionada -agrego- adhesión al homenaje que le estamos rindiendo al doctor Eduardo Rodríguez Larreta. Digo esto porque junto a los señores Senadores Pereyra y García Costa fuimos sus compañeros en la que fue su última Legislatura y para nosotros la primera en la Cámara de Diputados y, por lo tanto, en la Asamblea General. Por esta razón sentí que no podía permanecer sin decir algunas palabras en este justo homenaje que le estamos rindiendo.

A la exposición tan completa y abarcadora que hizo la señora Senadora Pou y a lo que agregaron los señores Senadores García Costa y Fau, que destacaron las facetas brillantes de la personalidad de Rodríguez Larreta como ciudadano, periodista, orador, parlamentario y académico, quisiera sumar mi enfoque profundizando un poco más un aspecto de su labor de estadista, de hombre de Estado, a lo que se refirió en la última parte de su exposición el señor Senador Fau.

El tema de la Doctrina Larreta va más allá y es más profundo de lo que suele entenderse en materia de política internacional y de Derecho Internacional. Para mí el doctor Rodríguez Larreta tuvo una gran visión de futuro cuando el mundo empezó a evolucionar desde una concepción de la política internacional como un mero mecanismo de relacionamiento entre los Estados hacia otra más amplia y profunda en la que no solamente se trata de regular ese aspecto, sino también el de los intereses comunes, formando parte de una comunidad internacional que al mismo tiempo -esto es lo más importante- busca amparar y proteger el derecho de los ciudadanos y de los habitantes. Asimismo, esos Estados progresivamente se van independizando de la sujeción a la omnipotencia de la soberanía de cada uno. La evolución que ha ido teniendo tanto la política internacional como el Derecho Internacional en los últimos años está dando la razón a la impronta que significó la elaboración de la Doctrina Larreta por parte de su autor, el doctor Eduardo Rodríguez Larreta. Hoy la soberanía ha dejado de concebirse como una cuestión absoluta, como un derecho absoluto, y se está modificando esa antigua concepción para pasar a una nueva, moderna, más justa y más solidaria, de soberanía limitada y compartida por todos.

En ese sentido, la Doctrina Larreta sentó un precedente de enorme importancia al establecer lo que se ha denominado el paralelismo entre la paz y la democracia. Me parece bien resaltar en esta sesión este aspecto medular de lo que fue la gestión del doctor Rodríguez Larreta como hombre de Estado, como Ministro de Relaciones Exteriores, con un conocimiento acabado del Derecho por su muy sólida formación jurídica y de la política internacional -asunto en el que estuvo interesado en el transcurso de toda su vida-, y su capacidad para captar las nuevas necesidades de evolución de las relaciones entre las naciones de todo el mundo.

Señor Presidente: creo que con estas palabras estoy contribuyendo a reafirmar lo que aquí se ha dicho. Este es un homenaje que estamos haciendo al doctor Eduardo Rodríguez Larreta, no como una gran figura del Partido Nacional, sino como una gran figura de la República toda.

Muchas gracias.

(Aplausos en la Barra)

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: se ha señalado, por parte de los señores Senadores García Costa y Singer, que tuvimos el privilegio de compartir una Legislatura en este Parlamento con el doctor Eduardo Rodríguez Larreta: nosotros como integrantes de la Cámara de Representantes y él como Senador. Pero además de ello, por nuestra militancia en aquella fracción del Partido Nacional, el Nacionalismo Independiente -que por razones que todos conocemos, se convirtió en un verdadero Partido Político durante veinticinco años-, muchas veces estuvimos cerca del doctor Rodríguez Larreta.

Lo admiramos como una de las figuras más representativas y brillantes de aquella generación de gigantes del pensamiento político uruguayo, de titanes en la lucha por la afirmación de la libertad política en este país; en su gestión en los inicios del Siglo XX, cuando llega al Parlamento en 1913 -como aquí se ha señalado-; en aquella movilización maravillosa que culminó el 30 de julio de 1916, así como en la Constituyente de 1918, donde a través de la lectura de sus expresiones, pudimos apreciar la brillantez y la inteligencia de este excepcional ciudadano.

Nosotros nos formamos políticamente en la década de 1930 y apreciamos en el doctor Rodríguez Larreta un firme defensor de lo que parecía querer eclipsarse en aquella época: la libertad del hombre frente a la arrebatadora acción de los totalitarismos que nacieron en esa década.

El doctor Rodríguez Larreta, desde su Diario "El País" y desde todas las tribunas que ocupara, condenó el nacimiento del fascismo y del nazismo que llevaron a la tremenda hecatombe que fue la Segunda Guerra Mundial.

Pero de toda su actuación, muy bien descrita por la señora Senadora Pou en la sesión de hoy, me queda un recuerdo imborrable, que fue el discurso magistral que el doctor Eduardo Rodríguez Larreta pronunció aquí la noche del 31 de marzo de 1933. Tanto me impresionó, que muchos años después, en la madrugada del 27 de junio de 1973, azorados todavía por la gravedad de los sucesos que se estaban desencadenando en el país y queriendo despertar de lo que parecía un sueño -puesto que no creíamos que se pudiera retroceder en la historia del Uruguay hacia épocas de totalitarismo y de intolerancia como la que se inauguró ese día-, en esa sesión del Senado que Wilson inicia con un tremendo desafío a la dictadura que iba a instalarse, cuando nos tocó hacer uso de la palabra, no encontramos otra forma de definir mejor nuestra fe en la democracia y nuestra firme convicción de la vuelta del país a la normalidad institucional, que repetir la frase de Rodríguez Larreta: "Un día volverán a resonar en estas Salas la voz de los hombres libres".

Así fue, señor Presidente, y salvando las distancias enormes entre nuestra modestísima personalidad y aquel gigante de la acción libertaria y del pensamiento, queríamos dejar en estas breves palabras el testimonio de nuestra admiración y veneración por este ejemplar ciudadano.

Muchas gracias.

(Aplausos en la Barra)

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése lectura a la moción presentada por la señora Senadora Pou.

(Se lee:)

"Mocionamos para que el Senado disponga la colocación de un cuadro y de una placa de bronce conmemorativa de la actuación como Senador del doctor Eduardo Rodríguez Larreta y, oportunamente, la edición de sus discursos parlamentarios.

La Presidencia dispondrá la dependencia del Senado que llevará el nombre de tan ilustre ciudadano y ordenará lo necesario para cumplir con la presente resolución."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Así se procederá.

SEÑOR BARRIOS TASSANO.- Mociono para que el Senado pase a cuarto intermedio por cinco minutos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde ahora votar la moción formulada por el señor Senador Barrios Tassano, en el sentido de que el Senado pase a cuarto intermedio por cinco minutos.

(Se vota:)

- 20 en 21. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio.

(Así se hace. Es la hora 17 y 42 minutos)

9) ELECCION DE MIEMBROS DE LA COMISION PERMANENTE DEL PODER LEGISLATIVO

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Finalizado el cuarto intermedio, se reanuda la sesión.

(Es la hora 17 y 55 minutos)

- Dése cuenta del resultado de la votación de los miembros de la Comisión Permanente.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- Han sufragado 28 señoras y señores Senadores, que lo han hecho por una lista única, integrada por la señora Senadora Arismendi y los señores Senadores Mujica, Riesgo y Larrañaga como titulares, y como sus respectivos suplentes, los señores Senadores Korzeniak, Fernández Huidobro, de Boismenu y Heber.

10) SEÑORA MARIA CARMEN DEVITTA. PENSION GRACIABLE

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del cuarto punto del Orden del Día: "Votación del artículo segundo del proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable a la señora María Carmen Devitta". (Carp. Nº 718/02 - Rep. 445/02).

(Antecedentes: ver 16ª S.O.)

- Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"ARTICULO 2º.- La erogación resultante, será atendida por Rentas Generales."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

11) DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION DEL PENSAMIENTO. SE DECLARA EL DIA 20 DE SETIEMBRE

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se declara el 20 de setiembre Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento en todo el territorio nacional. (Carp. Nº 445/01 - Rep. Nº 408/02)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 445/01

Rep. Nº 408/02

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Constitución y Legislación analizó el proyecto de ley presentado por los Senadores Ruben Correa Freitas y Yamandú Fau, por el que se declara feriado laborable el 20 de setiembre de cada año, con el nombre de "Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento".

En tal sentido, y luego de un intercambio de ideas entre los señores miembros, se resolvió por unanimidad de la Comisión aprobar un proyecto sustitutivo, por el cual se declara el 20 de setiembre de cada año, como "Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento".

El origen del 20 de setiembre se remonta al año 1870, cuando las fuerzas de Roma entraban al reino de Italia y con este acontecimiento terminaba el poder temporal del Papado.

Otro hito que marcó el camino, fue la inauguración del Monumento a Giordano Bruno en la Plaza "Campo dei Fiori" el 9 de junio de 1878. Esta ceremonia a la cual concurrieron numerosas delegaciones de toda Italia, en la que espontáneamente surgió de la multitud ¡Viva Bruno! ¡Viva la libertad de pensamiento!, sirvió como desagravio a este monje, filósofo y pensador que en el año 1600 en el mismo lugar donde se alzaba el monumento, fue quemado vivo por tener ideas diferentes.

En Italia la celebración del 20 de setiembre fue discutida muchos años por las delicadas relaciones entre Roma y el Vaticano, hasta que la Iglesia Católica, bajo el Pontificado del Papa Juan XXIII, aceptó la situación y reconoció la unidad nacional y de Roma capital.

También en Inglaterra el libre pensamiento tuvo sus cultores en 1778, donde en Londres se publicaba un periódico: "The Freethinking", pero fue después de la Revolución Francesa y después del positivismo del ochocientos, que se plasmó el concepto de libre pensamiento, en un sentido antidogmático, sea en el campo religioso como en el político.

En 1880 se fundó en Bruselas, la Federación Internacional del Libre Pensamiento, y es a iniciativa de su Secretario General, Furlemont, que decide llevar a cabo en Roma el Primer Congreso Internacional de Libre Pensamiento un 20 de setiembre.

En el año 1906, el Congreso de Libre Pensamiento se lleva a cabo en Buenos Aires, al que asiste una numerosa delegación uruguaya, tanto de Montevideo como del interior del país, en la que se destaca la figura de Emilio Frugoni.

En el Uruguay, por Ley Nº 5.333 de fecha 18 de setiembre de 1915, bajo la Presidencia del señor Feliciano Viera, se declaró feriado el día 20 de setiembre de 1915. Posteriormente, por Ley Nº 5.603 de fecha 19 de setiembre de 1917, se declaró fiesta nacional el 20 de setiembre. Entre los fundamentos expuestos por el Poder Ejecutivo en 1917, cuando formuló la iniciativa de declarar feriado nacional el 20 de setiembre, expresó:

"El Comité Nacional Pro Feriado del 20 de setiembre, en solicitud que lleva más de treinta mil firmas, y el "Club Italia" por su parte, se han dirigido al Poder Ejecutivo con el objeto de que prestigie ante el Cuerpo Legislativo la sanción de una Ley que dé cima al propósito que promovió la formación de dicho Comité, por la que se declare fiesta nacional el aniversario de la caída del poder temporal de los Papas, por la alta significación que esa efeméride tiene en la historia del librepensamiento, y por el respeto que debe merecer de un pueblo que, como el Uruguay, tiene el culto de las glorias insignes y de las altas idealidades."

Con sobrada razón se afirma en la referida solicitud, al apreciar el trascendental significado histórico de aquel acontecimiento: "Si el 20 de setiembre es un día de júbilo para una admirable nación amiga, cuyos hijos han colaborado tesoneramente en la obra fecunda de nuestro progreso colectivo, es también una fecha de trascendencia universal, porque señala el momento en que la conciencia humana, emancipándose de viejas preocupaciones y de arcaicos y depresivos dogmatismos, conquistó para siempre la plenitud de su libertad. Lo que triunfó en aquellas horas decisivas no fue tal o cual país, tal o cual sistema político: fue el espíritu moderno, ávido de independencia, refractario al prejuicio y enemigo de toda opresión".

En marzo de 1933, con el objeto de suprimir los feriados, el Presidente Gabriel Terra suprimió el 20 de setiembre. Luego paulatinamente se van restableciendo los mismos y el 20 de setiembre quedó como un feriado hábil para celebrar el "Día de Italia".

La libertad de expresión, citada ya en el artículo 11 de la Declaración de Derechos francesa de 1789 como "la libre comunicación de los pensamientos y las opiniones", adquiere hoy una amplitud notoriamente mayor. Nos atreveríamos a definirla como el derecho a recibir información objetiva y veraz, a expresar libremente las propias ideas y opiniones y a tener acceso para ello, individualmente o como grupo, a los medios que posibilitan la efectiva difusión de tales ideas y opiniones.

La libertad de expresión adquiere, en el Estado de Derecho, la mayor relevancia. El citado artículo de la Declaración de 1789 la consideraba ya como uno de los derechos más preciados del hombre; y, en nuestros días se afirma que, los no autoritarios consideran la libertad de expresión como la más valiosa de las garantías constitucionales. Saben que los hombres no son felices si no pueden comunicar y compartir libremente sus temores y esperanzas. La libertad de expresión forma parte de la búsqueda de la felicidad, su ausencia atrofia la creatividad artística y la investigación científica. Y lo que es más importante: los ciudadanos no pueden tener una auténtica participación política, no pueden informar, criticar, controlar ni deponer a los gobernantes a no ser que sean libres para exponer puntos de vista diferentes. En este sentido la libertad de expresión es una condición previa de todos los derechos de participación política, especialmente el derecho de voto y el derecho a construir partidos políticos y grupos de intereses.

Con estos antecedentes históricos y las reflexiones realizadas precedentemente, vuestra Comisión de Constitución y Legislación aconseja al Senado la aprobación del adjunto proyecto de ley, afirmando que este día no es sólo un homenaje a un gran país como Italia, sino la celebración de este concepto que se encuentra tan arraigado en los derechos del ser humano, como es la libertad de expresión de pensamiento, derecho reconocido expresamente en el Art. 29 de la Constitución de la República.

Sala de la Comisión, el 2 de abril de 2002.

Ruben Correa Freitas, Miembro Informante, Alejandro Atchugarry, Yamandú Fau, José Korzeniak, Manuel Núñez, Enrique Rubio, Senadores.

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo Unico.- Declárase el 20 de setiembre de cada año "Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento".

Sala de la Comisión, el 2 de abril de 2002.

Ruben Correa Freitas, Miembro Informante, Alejandro Atchugarry, Yamandú Fau, José Korzeniak, Manuel Núñez, Enrique Rubio, Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Declárase el 20 de setiembre feriado nacional laborable con el nombre de "Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento".

Prof. Yamandú Fau, Dr. Ruben Correa Freitas, Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Montevideo, 15 de mayo de 2001.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Luis Hierro López

De nuestra mayor consideración:

La libertad de expresión del pensamiento es un derecho de la persona que se afirma y va tomando formas definitivas en la filosofía y el pensamiento político de la Europa del siglo XVIII.

En este siglo, Descartes y Locke sentaron las bases de un sano racionalismo que sustentó la filosofía moderna.

También en el siglo XVIII, en Francia, la Enciclopedia dio otro empuje a las nuevas ideas que exaltaban la libertad irrestricta del pensamiento.

Entre los enciclopedistas se destacaron Rosseau, Montesquieu, Voltaire, entre otros grandes.

En Italia sostuvieron este movimiento personalidades insignes como Beccaria, Romagnosi, Giannone, Filangieri y otros.

En el siglo XIX, en la Italia que comienza a tomar conciencia política en sí misma y cuyo pensamiento se va orientando por intermedio de los movimientos "carbonarios", al principio y luego culmina en la estructura ideológica expuesta por Mazzini, que da lugar a la organización de "La Giovine Italia" y de "La Giovine Europa", estaba presente el anhelo de construir una nación políticamente unida en un régimen de libertad, republicano y democrático.

El 20 de setiembre de 1870 entraban a Roma las fuerzas del Reino de Italia y con ese hecho terminaba el poder temporal del Papado.

En 1898 se inauguraba en la capital italiana, como tardío pero justo desagravio, el monumento a Giordano Bruno, un monje y un filósofo que después de haber sido considerado hereje y condenado por las autoridades eclesiásticas, fue quemado vivo, en febrero del 1600, por no coincidir con las ideas oficiales de la Iglesia Católica, en el mismo Campo dei Fiori donde ahora se alzaba el monumento.

Durante la inauguración surgió espontáneo en la garganta de muchos de los asistentes el grito de ¡Viva Bruno! ¡Viva el libre pensamiento!

Esto era un símbolo, pero era un símbolo que había podido tener lugar porque antes había habido un 20 de setiembre.

En la propia Italia la celebración del 20 de setiembre como fiesta nacional fue muy discutida dadas las delicadas relaciones que por largos años mantuvieron el gobierno de Roma y el Vaticano.

Pero la Iglesia Católica finalmente aceptó en forma oficial la situación cuando el Papa Juan XXIII, en una histórica alocución durante una audiencia concedida al entonces Presidente del Consejo de Ministros Amintore Fanfani, reconoció el carácter providencial de la unidad nacional y de Roma capital.

Así como en el Campo dei Fiori, Bruno fue proclamado mártir de la libertad de pensamiento, también el 20 de setiembre fue ligado a este concepto y así permaneció.

La idea no era nueva. Los librepensadores, como expresa el Prof. Colella, descendían de los llamados "libertinos" franceses de los siglos XVI y XVII.

También en Inglaterra hubo desde un tiempo atrás libre pensadores. En 1778 se publicaba en Londres un periódico que sustentaba estas ideas: "The Freethinking".

Pero fue después de la Revolución Francesa y del positivismo del ochocientos que se plasmó el concepto de libre pensamiento con sentido antidogmático, tanto fuera en el campo religioso como político.

En 1880 fue fundada en Bruselas, donde tenía su sede, la Federation International de la Libre Pensée y fue precisamente por iniciativa de esta Federación que, a propuesta de su Secretario General Furlemont, se decidió realizar el primer Congreso Internacional del Libre Pensamiento, en Roma, un 20 de setiembre. Fue en 1904.

Dos años después, en 1906, dicho congreso tuvo lugar en Buenos Aires y de nuestro país partió una nutrida delegación en la que resaltaba la figura de Emilio Frugoni.

Por estos años la asociación ideal entre el 20 de setiembre y la libertad de pensamiento era una realidad también en el Río de la Plata.

El 18 de setiembre de 1915 un decreto del Presidente Viera establecía el 20 de setiembre como día feriado.

El 19 de setiembre de 1917 la Cámara de Senadores establecía: "Declárase fiesta nacional el 20 de Setiembre".

Dos años después la Asamblea General aprobaba el nuevo calendario de los feriados y adoptaba la terminología laica para las fiesta religiosas; en esa lista aparecía el 20 de Setiembre como Día de Italia y la ley fue promulgada el 23 de octubre de 1919.

El gobierno de Terra suprimió la mayoría de los feriados establecidos en la Ley de 1919.

Con posterioridad al gobierno de Terra se fueron restituyendo casi todos los feriados patrióticos antes suprimidos y el 20 de setiembre quedó como feriado hábil para celebrar el Día de Italia".

La celebración del 20 de setiembre también como día de la libertad de pensamiento o mejor dicho de la libertad de expresión del pensamiento estaba incluida en el mensaje del Poder Ejecutivo a la Asamblea General de 1917, que firmaban Viera y Pablo Varzi (h).

Retomando estos antecedentes, pero estableciendo expresamente en la propia Ley que esa celebración no es ya sólo un homenaje a un país tan entrañable a los uruguayos como es Italia, sino que celebra un concepto que está implícito en los derechos fundamentales del ser humano, estableciendo explícitamente en la Carta de las Naciones Unidas y que en nuestro país se hizo carne en nuestro pueblo desde su formación artiguista cuando, interpretando el profundo sentir de los orientales, el prócer declaró que con libertad, no ofendía ni temía y, en las Instrucciones del año XIII, que la libertad civil y religiosa será promovida en toda su extensión imaginable, es que proponemos a este alto Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley.

Prof. Yamandú Fau, Dr. Ruben Correa Freitas, Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: la Comisión de Constitución y Legislación ha aprobado un proyecto de ley sustitutivo del que presentáramos en mayo de 2001 el señor Senador Fau y quien habla, por el que se declara el 20 de setiembre de cada año "Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento".

Se trata de un proyecto que se nos presentó por parte de la Asociación Cultural Garibaldina de Montevideo. Esa iniciativa ya había sido traída al Senado en la Legislatura pasada, concretamente con la firma de la señora Senadora Marina Arismendi y de los señores Senadores Luis Brezzo, Brum Canet, Alberto Cid, Susana Dalmás, Reinaldo Gargano, José Korzeniak, Martín Ponce de León, Wilson Sanabria y Albérico Segovia.

El proyecto de ley que la Asociación Cultural Garibaldina de Montevideo presentara en el año 1997 al entonces Presidente del Senado, doctor Hugo Batalla, no fue considerado en la Legislatura pasada, por lo que dicha Asociación oportunamente nos visitó, al señor Senador Fau y a quien habla, y decidimos presentarlo con la característica de que declara el 20 de setiembre feriado nacional laborable con el nombre de "Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento".

Quiere decir que no estamos ante un feriado laborable o no laborable. Simplemente, en el proyecto que aprobara la Comisión de Constitución y Legislación del Senado se declara el 20 de setiembre de cada año "Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento".

Quiero ser muy claro y enfático en este tema, para que no se crea que estamos aprobando un nuevo feriado nacional. Se trata, simplemente, de un día en el cual creemos que es de fundamental importancia recordar la libertad de expresión del pensamiento, a fin de exaltar y resaltar lo que significa dicha libertad.

Naturalmente, que la fecha elegida, 20 de setiembre, tiene una significación histórica. Está vinculada a Italia, concretamente, al 20 de setiembre de 1870, que fue el momento en que las fuerzas de Garibaldi entraron a Roma y se consagró la República italiana.

Más allá de los distintos aspectos históricos que se relatan con detalle, tanto en la exposición de motivos como en el informe que ha elevado al Senado la Comisión de Constitución y Legislación, corresponde aclarar que en nuestro país el día 20 de setiembre ya fue declarado feriado. Concretamente, la Ley Nº 5.333, de 18 de setiembre de 1915, declaró feriado el 20 de setiembre de ese año. Posteriormente, la Ley Nº 5.603 de 19 de setiembre de 1917, declaró esa misma fecha como fiesta nacional.

Entre los fundamentos expuestos por el Poder Ejecutivo en el año 1917, cuando formuló la iniciativa de declarar feriado nacional el 20 de setiembre, se expresó que el Comité Nacional Pro Feriado del 20 de setiembre -mediante una solicitud que lleva más de 30.000 firmas- y el Club Italia, se han dirigido al Poder Ejecutivo con el objeto de que prestigie ante el Cuerpo Legislativo la sanción de una ley que dé cima al propósito que promovió la formación de dicho Comité, por la que se declare fiesta nacional al aniversario de la caída del poder temporal de los Papas, por la alta significación que esa efemérides tiene en la historia del libre pensamiento y por el respeto que debe merecer de un pueblo que, como el Uruguay, tiene el culto de las glorias insignes y de las altas idealidades.

Con sobrada razón se afirma en la referida solicitud, al apreciar el trascendental significado histórico de aquel acontecimiento que, si el 20 de setiembre es un día de júbilo para una admirable nación amiga cuyos hijos han colaborado tesoneramente en la obra fecunda de nuestro progreso colectivo, es también una fecha de trascendencia universal porque señala el momento en que la conciencia humana, emancipándose de viejas preocupaciones y de arcaicos y depresivos dogmatismos, conquistó para siempre la plenitud de su libertad.

Lo que triunfó en aquellas horas decisivas no fue tal o cual país, no fue tal o cual sistema político, sino el espíritu moderno, ávido de independencia, refractario al prejuicio y enemigo de toda opresión.

Posteriormente, en marzo de 1933, con el objeto de suprimir los feriados, el entonces Presidente doctor Gabriel Terra, quitó el feriado del 20 de setiembre. Luego, paulatinamente en la historia de nuestro país se fueron restableciendo los feriados, pero el 20 de setiembre quedó como una fecha hábil para celebrar el día de Italia.

Sin ninguna duda, la libertad de expresión adquiere en el Estado de derecho, la mayor relevancia. En este sentido, debemos citar el artículo 11 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Constituyente francesa en 1789, donde se habla de la libre comunicación de los pensamientos y las opiniones. Esta libertad de expresión del pensamiento adquiere hoy una amplitud notable.

Actualmente, los no autoritarios consideran a la libertad de expresión como la más valiosa de las garantías constitucionales. Saben que los hombres no son felices si no pueden comunicar y compartir libremente sus temores y esperanzas. La libertad de expresión forma parte de la búsqueda de la felicidad y su ausencia atrofia la creatividad artística y la investigación científica; lo que es más importante aún: los ciudadanos no pueden tener una auténtica participación política, no pueden informar, criticar, controlar ni deponer a los gobernantes, si no son libres para exponer puntos de vista diferentes. En este sentido, la libertad de expresión es una condición previa de todos los derechos de participación política, especialmente, el derecho de voto y el de construir partidos políticos y grupos de intereses.

Creemos que por razones históricas, jurídicas, filosóficas y porque la libertad de expresión de pensamiento está unida estrechamente al pensamiento artiguista, a las Instrucciones del Año XIII y a todo el edicto perpetuo de la Constitución uruguaya, que desde siempre ha consagrado la libertad de pensamiento, debemos aprobar este proyecto de ley que consagra el 20 de setiembre como "Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento".

Insisto en que no estamos proponiendo al Senado la aprobación de un nuevo feriado en nuestro país, sino la dedicación de un día para celebrar y recordar la significación política, jurídica y filosófica que tiene la libertad de expresión del pensamiento, como libertad fundamental para la dignidad del ser humano sobre la Tierra.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: vamos a explicar breve y rápidamente por qué no vamos a votar este proyecto de ley que entendemos es, sin faltar a la consideración de los proponentes, absolutamente desgraciado.

Quisiera restablecer la historia que el proyecto que tenemos a consideración plantea y que no está clara en la exposición del Miembro Informante, ni en la Exposición de Motivos del mismo.

Se invoca como antecedentes varias leyes. Conviene explicitar algunos extremos de las mismas. La Ley Nº 5.333 de setiembre de 1915 declaró feriado sólo el 20 de ese mes, y no invoca la libertad de prensa, de pensamiento, ni se refiere a ella. Simplemente, declara feriado el día 20 de setiembre, fecha nacional italiana.

Vale la pena destacar que hubo en el trámite de esa Ley ciertas incongruencias y errores, algunos de ellos repetidos hoy. Se habla de la celebración de la entrada de las tropas de Garibaldi en Roma en 1870. Quisiera recordar que Garibaldi no entró en Roma y estaba a cientos de kilómetros de allí; quienes ingresaron fueron las tropas del Rey Vittorio Emanuele II del Piamonte y Cerdeña, que estaba en esos momentos muy alejado del pensamiento político de Garibaldi. También se motiva la Ley proyectada en que esta fecha era el triunfo de las ideas liberales, al reducir el dominio pontificio a su verdadera esfera. ¡Era la unidad de Italia y no una fecha anticatólica! Si ese es el objetivo, en tal caso el Senado no puede designar un día para festejar presuntos pronunciamientos anticatólicos. Se trata del día de la unidad de Italia. El día patrio italiano. Aún con bases parecidas al actual proyecto, quienes mandaron el Mensaje para la aprobación de ley de setiembre de 1915, no mencionaron la libertad de expresión de pensamiento, porque aún en esa fecha no se procuraba tal ataque. En el debate de 1915, sumamente ilustrativo -que valdría la pena revisar- intervienen muchos de los más connotados políticos de la época. Coadyuvando a una tesis como la que estamos exponiendo, destaco, por el Partido Nacional, a los doctores Luis Alberto de Herrera y Juan Andrés Ramírez, ninguno de ellos católico. Sin embargo, defendían algo elemental: el derecho a que el Parlamento no se involucre en atacar a una religión, sobre todo, con la presencia que tiene en nuestro país.

Posteriormente, por ley de setiembre de 1917 se declara el 20 de setiembre fiesta nacional. Tampoco se invoca la libertad de expresión del pensamiento.

Finalmente, en el artículo 1º de la ley de octubre de 1919, dentro del nuevo régimen constitucional -la Constitución de 1918-, se dice que comprendidos los días domingo, "quedan subsistentes las siguientes festividades: 20 de setiembre, ‘Día de Italia’". Reiteró que se establece "Día de Italia", no día de ninguna libertad en particular y menos de la de expresión del pensamiento. En la ley del 19 no se hace ninguna consideración ni mención al tema en cuestión, como tampoco había sucedido en las anteriores. La propuesta de 1919 se limita solamente a lo señalado y por ello no mereció casi debate. ¡Cómo en el Uruguay no se iba a designar un día como el "Día de Italia"!

Nadie podía, ni debía, votar en contra y nadie lo hizo.

Posteriormente, el Decreto-Ley de abril de 1933 -que es muy extenso y crea nada menos que el régimen de licencias en el Uruguay- declaró conmemoraciones cívicas y suprimió como feriados una cantidad de días, entre otros, el 20 de setiembre, pero reservó la fecha para señalarla como "Día de Italia". Este Decreto-Ley, por la Disposición Transitoria Letra B) de la Constitución de 1934, quedó ratificado y en pleno vigor.

(Ocupa la Presidencia el doctor Ruben Correa Freitas)

- Quiere decir que hoy, lo que se trata es de sustituir la conmemoración del 20 de setiembre "Día de Italia", por el 20 de setiembre "Día de la Libre Expresión del Pensamiento", con una base expuesta en el informe que dice que esto es para demostrarle al mundo que Uruguay, considera -como nos explicaba el señor Senador Correa Freitas y la exposición de motivos-, que había caído un mundo; que el mundo anterior, el mundo arcaico de depresivos dogmatismos, caía totalmente . Se abría la "Porta Pía" en Roma y, a juzgar por lo que he leído y se ha dicho, a los gritos de "¡Viva la libertad de expresión del pensamiento!".

Señor Presidente, nunca, jamás, en Italia se festejó la fecha del 20 de setiembre con este alcance.

Si queremos dignificar la libertad de la expresión del pensamiento -lo que comparto- debemos elegir otra fecha. ¿Por qué vamos a elegir, con este fundamento totalmente erróneo, esa fecha? En Italia, hoy y siempre, el 20 de setiembre, fiesta nacional, se tiene como la conmemoración de la culminación del "Risorgimento" italiano, movimiento político que hizo renacer la vieja Italia.

¿De dónde sacaron los impulsores de este proyecto que el movimiento del "Risorgimento" italiano era una lucha contra los dogmatismos de la Iglesia Católica, cuando Italia era -y todavía lo es- férreamente católica en toda su extensión? Inclusive, antes de que las tropas del rey de Italia entraran a Roma, recordemos las de Vittorio Emanuele II, consolidador del genio político de Cavour, que creó la unidad italiana, éste Rey envía una carta al Papa diciendo: "Con afecto de hijo," -esto lo decía el rey, el que parece, tomaría Roma por las armas para luchar contra la negativa Papal a la libertad de expresión de pensamiento- "lealtad de rey y sentimiento de italiano le pido que integre el poder temporal que tiene sobre una parte del territorio italiano a la unidad italiana". Pero eso, señor Presidente, qué distante y qué distinto a golpear en la Puerta Pía diciendo: "¡Abran, que llegó la libertad de pensamiento!" No faltemos el respeto a la historia, a Italia y a la Iglesia Católica, porque todo tiene un lugar y su momento.

Se puede entrar a discutir cualquier cosa, pero hagámoslo sobre bases concretas, y no cometamos la falta de respeto que implica quitar un feriado de homenaje a Italia para ponerle "Libertad de expresión de pensamiento". Lea el Senado el fundamento del homenaje. Para decirlo de otra manera, este es un homenaje que atenta directamente contra lo que no puede atentar el Senado, que es agraviar a una religión, al Papa, al Papado para implicarlos en temas que están totalmente ajenos a la verdad histórica.

¿Cuáles son las razones que llevan al proyecto? El mismo -que ha sido elaborado por los señores Senadores Fau y Correa Freitas-, concordando sus motivos con el informe de la Comisión, se remonta a 1917. Estamos desempolvando las diferencias que existían en nuestro país en 1915, en 1917 y en 1919. ¿Acaso estos cien años han pasado en balde? ¿Qué se quiere? ¿Traer de nuevo todo esto a la discusión?

Se nos informa que este proyecto reconoce un antecedente: el anteproyecto de ley de la Asociación Cultural y Garibaldina. Para quienes tenemos mínimamente un criterio sobre lo que ha pasado en Italia en los últimos 150 años por lo que hemos aprendido en alguna casa -me permito señalar que mi Costa no es español, sino italiano; soy nieto de un genovés y de una milanesa, que no eran garibaldinos, porque no era necesario serlo para querer a Italia-, Garibaldi significaba un extremismo en Italia, más allá de su esfuerzo muy noble para la unidad italiana, que nadie discute. Hizo mucho e hizo bien a favor de esa unidad, pero no encarnaba su persona a Italia, no era el "Risorgimento". La vuelta de Italia a la comunidad de países no se hace por ni a través de ese concepto. Sin embargo, en el proyecto de ley su fundamento nos pone como base aceptada lo que dice la Asociación Cultural Garibaldina. ¿Qué otra cosa quieren que diga esa Asociación si estaba y está constituida filosóficamente por gente que piensa así? Tráiganme, entonces, como fundamento para que el Senado y quien habla lo aprueben algún proyecto o petitorio que provenga de "la comunidad italiana", "el gobierno de Italia", "la historia italiana lo reclama". No, elegimos fundamentos discutibles y de paso cañazo: un palo para aquí y saquen el nombre de Italia del nomenclator.

Se utiliza, pues, la fecha nacional de Italia para conmemorar, no la libertad de expresión de pensamiento, como se dice, sino para valorar, para darle realce y fuerza a una referencia directa, inexacta y afrentosa para con las creencias religiosas católicas de todo el mundo, pero particularmente de Italia, agraviando así a la fiesta nacional italiana al utilizarlo con esos propósitos.

No es exacto que en Italia se festeje el 20 de setiembre como el día de la libertad de pensamiento. En ese juego dialéctico extraño que practica el informe de la Comisión, empieza a hablar de eso y después se retrotrae 400 años atrás, después 200 para adelante, nuevamente 100 para atrás, se va a Francia y posteriormente a Inglaterra. El 20 de setiembre es la fiesta nacional italiana, cuando se consolida la unidad de Italia en la libertad y en un solo Estado. Pero nadie seriamente ha dicho en la historia que la lucha final por la unidad, lucha que fue puramente simbólica en la Puerta Pía de Roma, era para imponer la libertad de pensamiento. Quien lee sin fijarse lo que se nos propone como fundamentos, puede pensar, que los soldados del rey Vittorio Emanuele gritaban: "¡Viva la libertad de expresión de pensamiento!"; y desde adentro de Roma les replicaban: "¡Muera la libertad de expresión de pensamiento!" No, señor Presidente, tengamos respeto con las cosas con las que se está jugando, y creo que se está jugando.

Este proyecto es en el fondo, además, un atentado al real concepto de la libertad de expresión de pensamiento. No es a favor de la libertad. Esto es reducir semejante concepto a esta caricatura de un 20 de setiembre de 1870, en el que se suponía que toda Italia golpeaba en la Puerta Pía reclamando por esa libertad y el Papa aparecía negándola. El proceso histórico, filosófico y político de cristalización de los derechos humanos en el concepto universal que hoy tiene, está basado esencialmente -aunque no lo haya mencionado el informe ni el Miembro Informante- en el concepto cristiano de amor al prójimo. Lleva cientos de años y mucho sacrificio a los cuales contribuyó la Iglesia Católica y todas las confesiones cristianas. Entonces, reducirlo históricamente a un hecho ajeno a nuestra historia y por descontado a la de Italia misma, es retorcer su significado y disminuirlo. El proceso de la unidad italiana fue un proceso político; nunca fue un proceso de antagonismo filosófico, menos aún una guerra religiosa, tal como parece desprenderse de los informes que hemos oído y leído. La lucha fue política; fue una lucha armada, esencialmente con el Imperio de Austria, dominador del norte de Italia y vastas regiones italianas, que contó con la ayuda de Napoleón III y de Francia, y en menor escala -si lo había- contra otros reinos menores, y al propio poder temporal de los Estados Pontificios. Los principales actores de todo ese glorioso acontecer: la Casa de Saboya, Vittorio Emanuele I, Vittorio Emanuele II, del Reino de Piamonte y Cerdeña, fueron integralmente católicos en su profesión de fe, sin ninguna argucia ni engaño. Los Habsburgo de Austria son católicos también, el reino de Nápoles es católico y la población entera de Italia era católica practicante. Entonces ¡cómo se nos va a decir aquí, en este país, que usemos el 20 de setiembre, fecha nacional italiana, para proclamar una aseveración directamente en contra de la religión católica!

Recordamos que pocos meses después, el 5 de diciembre del 70, en Florencia, inaugurando la Legislatura el Rey Vittorio Emanuele, primer Rey de la Italia unificada, decía: "Vamos a Roma en nombre del derecho Nacional; en nombre del vínculo que liga a todos los italianos en una misma nacionalidad. Y en Roma permaneceremos manteniendo la promesa que solemnemente hicimos: libertad a la iglesia, completa independencia de la Santa Sede en el ejercicio de su ministerio espiritual y en sus relaciones con el mundo católico". Ahora se nos afirma que no es así, que las tropas que prácticamente en una demostración incruenta entraron a Roma, lo que estaban procurando es afirmar el derecho de libertad de expresión de pensamiento, enfrentados obviamente con quienes defendían la negativa a dicha libertad.

Ya mencionamos el grave error de involucrar a Garibaldi en estos temas. Garibaldi no tiene nada que ver; una vez intentó entrar violentamente a Roma y se tuvo que retirar, entre otras cosas, porque las propias tropas del reino de Cerdeña y el Piamonte colaboraron para evitar su actitud. Traer, pues, a colación a Garibaldi, que a tantos en este ámbito les debe despertar entusiasmo, del mismo modo que a otros nos despierta otros aspectos negativos de nuestra propia historia, nos parece totalmente imprudente.

En consecuencia, de lo expuesto voy a resumir por qué votamos en contra. No es aceptable un pronunciamiento deliberado contra la Iglesia Católica, y menos aún cuando el mismo se asienta en una falsedad histórica y filosófica. Asimismo el derecho a la libertad de expresión de pensamiento no puede caricaturizarse, rebajando su significado histórico y de progreso. Del mismo modo, los lazos históricos, culturales, políticos y de sangre que nos unen con la República italiana, nos imponen respetar el homenaje hoy vigente que significa el estar legalmente fijado desde hace más de 80 años el 20 de setiembre como Día de Italia. La próxima vez, señor Presidente, podemos manejar conceptos parecidos sobre la libertad de prensa; fijamos como fecha de conmemoración el 2 de mayo -hoy día de España- y le pasamos a "Libertad de Prensa". ¿Y España? Bien, gracias. Vamos a respetar a aquellos países de los que tan cerca estamos, aunque más no sea por lazos de sangre.

Pienso que si lo que se quiere hacer es realmente un homenaje, una conmemoración del derecho a la libertad de expresión de pensamiento, debe haber innumerables fechas. El propio Miembro Informante, Senador Correa Freitas, hablaba de la fecha de las Instrucciones del año XIII. Usémosla. El día del Congreso de Abril ha de ser suficiente. Dispongámoslo así, estoy de acuerdo. Incluso, hay una expresión muy clara en las Instrucciones del Año XIII en donde se señala la libertad de expresión de pensamiento. Esa sería una fecha apropiada. Si se quiere otra que tenga un valor más universal, aunque pueda ser resistida acá, podemos pensar en el día de la "Caída del Muro de Berlín", ocurrido hace 10 años. Ese es el día en que caen principios que filosóficamente atentan contra la libertad de expresión de pensamiento. Pero, dejemos tranquilo al nombre de Italia y no lo involucremos en ese proyecto, porque nada tiene que ver el proceso político italiano de unidad, hecho con mucho heroísmo. El "risorgimento" italiano no fue gratuito; Italia lloró, para lograrlo, la pérdida de muchos de sus hijos, el sufrimiento de su gente y trabajosamente fue logrando dicho proceso y en cada episodio tuvo que pelear. Sin embargo, no se peleaba contra el Papado como Institución Religiosa, ni contra la Iglesia Católica; pensar así sería tan absurdo como preguntarle hoy a los italianos si el "risorgimento" fue un movimiento contra el Papado y la religión predominante en toda Italia. Se trata de la fiesta nacional de Italia, la Italia que después de siglos se reencuentra con su viejo y unido destino. No rebajemos la dignidad de ese gasto y por ello pido encarecidamente al Senado que no vote esta iniciativa.

Voy a terminar mis palabras con expresiones de una de las personalidades de mi partido, que han defendido tesis igual a la que expreso. En l917, Carlos Roxlo señaló en este ámbito: "Los hombres no son los Estados. Y al tratar la nación oriental, que es un Estado, que el 20 de setiembre sea fiesta nacional por el hecho de haberse destruido el poder pontificio, la nación oriental toma sobre sí ideas filosóficas y religiosas que no creo que deban corresponderle al Estado". Se trata de expresiones dichas hace casi 100 años, pero conservan absoluta verdad, al tiempo que se acompasan lo suficiente como para rechazar este proyecto de ley inoportuno y erróneo.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Atchugarry)

SEÑOR GALLINAL.- Apoyado.

SEÑOR FAU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FAU.- Señor Presidente: voy a tratar de ser un poco más sereno...

SEÑOR GARCIA COSTA.- Porque no está vinculado al tema; yo sí. El "risorgimento" no es para jugar en política. Es otra cosa.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa solicita a los señores Senadores que tengan a bien colaborar con la misma.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Disculpe, señor Senador Fau.

(Dialogados)

SEÑOR FAU.- Bájese un poco del pedestal, señor Senador Gallinal, que le va a resultar mejor.

Señor Presidente: voy a tratar de ser un poco más sereno y reflexivo. Al mismo tiempo, trataré de desdramatizar un poco una situación que no tiene ninguna razón de ser llevada a perfiles de discusión tan marcados.

Pienso que nuestro país no está comprendido en las definiciones que el diccionario de la lengua española nos da sobre el adjetivo que utilizó el señor Senador García Costa para calificar el proyecto de ley. Dicho diccionario establece que en algunos países de América eso es un agravio, un insulto. Como ni el insulto, ni el agravio, caracterizan al señor Senador García Costa, doy por cierto que el Uruguay no está comprendido en los países a que hace referencia el diccionario.

Creo que a este proyecto de ley se le ha dado una interpretación que es totalmente ajena a la voluntad de los autores y de la Comisión de Constitución y Legislación del Cuerpo. Al mismo tiempo considero que se tiene todo el derecho de señalar e interpretar lo que se quiera, pero los que saben con qué ánimo y voluntad lo hicieron, son los que presentaron el proyecto de ley, los que lo estudiaron y acompañaron en la Comisión de Constitución y Legislación.

No acabo de entender cómo se vincula, en este proyecto de ley, a la Iglesia Católica; no lo entiendo. Creo que se introduce un elemento absolutamente ajeno a la voluntad de esta iniciativa. Del mismo modo, declaro con énfasis que ni por asomo existe la voluntad de crear una situación de polémica con respecto a una expresión social tan importante en la vida del país, como son aquellos que se sienten identificados con la religión católica.

En consecuencia, rechazo y no acepto que se quiera vincular el proyecto de ley con la Iglesia Católica. No voy a entrar al debate histórico mencionado por el señor Senador García Costa. Tampoco conozco antecedentes históricos que despierten unanimidades y, por lo tanto, va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo en la interpretación de hechos, en su evaluación y en un análisis de sus consecuencias. Entonces, podrá tenerse esa visión, pero la nuestra es otra.

Nosotros estamos formados, entre otras cosas, en el pensamiento garibaldino; nos honramos de ello y lo tenemos como una de nuestras figuras más preclaras, pero yo no puedo pedirle a los que no creen en Garibaldi que razonen con su pensamiento. Por lo tanto, no me preocupa que tengamos visiones distintas sobre esto; las hemos tenido durante muchas décadas, y cada vez que el debate se abra, vamos a tener los mismos desencuentros. Lo que digo sí -y esto lo reivindico con mucha fuerza- es que todas estas fechas que el país ha reivindicado siempre han sido producto de un gran espíritu tolerante. En la medida que es muy difícil que 130 Legisladores se pongan de acuerdo en la oportunidad y justicia de determinar un día del calendario para cierta recordación u homenaje, el país tiene una tradición muy rica de tolerancia y ha sabido comprender, en la pluralidad de sus visiones, la posibilidad de que unos y otros se sientan expresados en aquellas fechas que el país recuerda con ánimo especial. Podría traer a colación aquí el gran debate que este país tuvo hace ya cerca de ocho décadas cuando se modificaron sustancialmente los feriados que había en el país. Buena parte de nuestra sociedad aceptó que determinados feriados se establecieran sobre la base de acontecimientos sobre los que no se coincidía, pero precisamente ese espíritu tolerante que caracterizó al país hizo que se buscaran los puntos de acuerdo y se posibilitaran las nuevas soluciones. Cuando en este país se propuso que hubiera un día que se le llamara Día de la Familia, había sectores de opinión que querían que se mantuviera como el día de la Navidad. Eso generó un gran debate pero, en definitiva, los que reivindicaban el Día de la Familia tuvieron la capacidad tolerante necesaria y aceptaron que la fecha que recordaba un acontecimiento religioso tan fuerte fuera el Día de la Familia. Y no hubo agravios ni exacerbación de espíritu; no se pensó que había un ánimo de persecución. Es más, hubo algunos que no votaron esto porque decían que era una concesión a la iglesia católica, porque el Día de la Familia se iba a festejar un día que era muy fuerte para ella. Los otros, en cambio, en una actitud tolerante, no tuvieron inconveniente en aceptar que el Día de la Familia fuera el mismo día que para una parte de la sociedad uruguaya tenía tanta fuerza, como la tenía el 25 de diciembre, el día de la Navidad. ¿Qué ocurrió luego con la Semana de Turismo? Si realmente lo que se buscaba era que la gente en este país tuviera una semana para disfrutar de su descanso, ¿esa época del año era la más indicada? Yo que me releí los debates parlamentarios de aquel caso, puedo decir que hubo un Diputado que daba los datos de los índices que la enfermedad de la gripe registraba, por ejemplo, en los meses de abril. Entonces, decía que no le parecía bien que cuando la gripe tenía mayor desarrollo se le diera a la gente una semana de asueto para descansar. Y se señalaba, con estudios que se habían hecho, que no era aconsejable elegir a abril para poder descansar. Y ¿por qué se eligió esa semana? Se eligió esa semana porque hasta entonces esa era la Semana Santa para una muy importante parte de este país, una semana dedicada a distintas consagraciones, cultos y reverencias absolutamente respetables. Lo cierto es que la Semana de Turismo no se puso en los dos meses clásicos del turismo uruguayo; se puso precisamente en lo que se conoció hasta entonces como la Semana Santa. Y ¿eso fue un acto de tolerancia o no lo fue? Fue un acto de encuentro, de coincidencia. Nadie se agravió ni dijo "Señores, como ustedes lo que quieren es reivindicar una fecha religiosa, entonces, yo le pido al Senado que no lo haga". No reaccionaron así los tolerantes. Los tolerantes señalaron sus puntos de vista, marcaron los desencuentros. Este país no tiene una única visión; la mía no es la única visión de este país, como tampoco lo es la del señor Senador García Costa. Las visiones de este país son la de él, la mía, más las de los más de tres millones de habitantes que hay. De lo que se trata es de elaborar estos espacios de tolerancia mutua y recíproca. Por supuesto que aquí puede haber feriados que me rechinan y que me agravian, pero tengo que asumir que el país no lo puedo hacer yo ni las instituciones tienen que ser como yo quiera. Tengo que buscar los puntos de acuerdo. Entonces, ¿yo qué pido? ¿Que se coincida sobre Garibaldi? No. ¿Que se coincida sobre la historia italiana? No. Lo que pido es que tengamos la misma tolerancia que nuestros antepasados tuvieron para recordar fechas que para unos tiene más fuerza y para otros menos y que seamos capaces de armonizar las visiones de todos. Que pretendamos ponernos de acuerdo para buscar una fecha en la que unánimemente coincidamos, a los liberales políticos como nosotros, nos rechina un poco; tenemos cierto escozor a que todos pensemos lo mismo. Nosotros en ese sentido no nos fanatizamos por las unanimidades. Las cosas deben ser producto del debate y dentro de él las mayorías deciden. Nos gusta más eso como respeto a esa libertad de pensamiento con la cual estamos comprometidos. Por lo tanto, yo acepto que hayamos incluido en los calendarios como fechas nacionales algunas que yo creo que no están fundamentadas históricamente. Pero esa práctica tolerante a que yo hago referencia es a la que acudo cuando quiero que el Senado se pronuncie favorablemente sobre esto. Traer el tema de la iglesia católica cuando no hay la más mínima voluntad de polemizar con ella ni con ninguna otra, no tiene sentido. No existe esa voluntad, no hay ninguna referencia. Hay sí una fecha que para una corriente de opinión en el Uruguay, en el mundo y en Italia, existe. El 20 de setiembre está vinculado a las corrientes del pensamiento liberal con mucha fuerza, y por eso hemos elegido esa fecha. Esa es la razón por la que un grupo de gente piensa que un valor tan importante, sustantivo, como es la posibilidad de expresar lo que se piensa sin más limitaciones que las que el propio ejercicio del derecho reclame, necesitaba una fecha para ser configurada. Por lo tanto, ratifico que me parece que esa es la fecha, y no le pido al Senado que coincida con esta interpretación, porque no tengo derecho a hacerlo, como seguramente no lo tuvieron los que impulsaron otras soluciones. Sí creo que tengo, modestamente, el derecho a pedir a la sociedad política uruguaya que practique la tolerancia que practicó durante toda su vida, y que si hemos sido tolerantes para determinadas fechas, tengamos ahora la tolerancia de aceptar que otras corrientes de pensamiento en el país con las que discreparemos totalmente, pero que son tan válidas y tan uruguayas como las otras, puedan tener también una fecha en nuestro calendario en la que el país no se va a detener ni paralizar, sino que va a seguir actuando, y en la que se va a expresar un sentimiento que nos es común a todos. A todos nos parece bien que el país tenga un Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento, y eso es lo importante; la fecha, que como todas en este país, debe ser producto de la tolerancia. De manera que, estando de acuerdo en lo sustancial, que es la oportunidad de que el país fije una fecha para esta celebración, apelo a que tengamos la suficiente voluntad de acuerdo para que sea un día que para nosotros está identificado, en la vida nacional y mundial, con una expresión de libertad identificada, reitero, con ese pensamiento liberal desde el punto de vista político que tanta gente practica "urbi et orbis", para decirlo con un mensaje final más conciliador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- En primer lugar, el señor Senador Fau acota que no sabe de dónde sale el ataque a la Iglesia Católica. Creo que el informe que él nos firma, junto con otros señores Senadores, no lo leyó atentamente, pues contiene un esquema conceptual que tiende a crear, en cualquiera que lo lea, la impresión de que el 20 de setiembre es el día en que luchando por la libertad de expresión de pensamiento, los italianos se encontraron con los enemigos de la libertad de expresión de pensamiento. Pero llega a decirlo a texto expreso "con sobrada razón" -se afirma en la solicitud que se integra como parte del informe, solicitud de los garibaldinos- "lo que triunfó en aquellas horas decisivas, 20 de setiembre de 1870, no fue tal o cual país, tal o cual sistema político". No se trataba, pues, en tal juicio, de un problema político. Para esos criterios textualmente citados, la toma de los Estados Pontificios para lograr la unidad italiana, no era un tema político; en su lugar se afirma que fue el espíritu moderno, ávido de independencia, refractario al prejuicio y enemigo de la opresión el que irrumpió en Roma el 20 de setiembre.

¿Qué tengo, pues, que entender, señor Presidente? Que es la conmemoración del ataque que se hace, según lo que esto firman, los enemigos de la libertad de pensamiento.

En segundo término, el señor Senador Fau elude -no digo sistemáticamente, porque es hombre incapaz de eludir una discusión- el tema. El asunto no radica en si designar ese día con el nombre de libertad de expresión de pensamiento es o no una verdad histórica, porque no lo es. Radica en el hecho de si podemos cambiarle el nombre al Día de Italia. Lo que está en discusión, y que los señores Senadores Fau y Correa Freitas explican, es por qué se elige el Día de Italia. Quisiera saber por qué se le hace el agravio a Italia de tomar la fecha histórica que festejan los italianos en el mundo entero, para decir: "Atención: debe ser el Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento. Borremos la recordación de Día de Italia".

Además -y ahora sí declaro mi incapacidad de entendimiento-, ¿qué tiene que ver cambiar el nombre del Día de Navidad por "Día de la Familia", o el de la Semana Santa, por Semana de Turismo, con el de cambiar el "Día de Italia", por el "Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento"? ¿El nombre de "Día de Italia" es religioso? Si lo es, suprimamos el debate. Me pregunto qué tiene que ver el "Día de Italia" con las comparaciones, inteligentes pero totalmente marginadas de la realidad, que nos hace el señor Senador Fau. Yo no pido que designen el 20 de setiembre como Día del Papa, Día del Papado o de los Estados Pontificios. Sí expreso, en primer término, que dejen tranquila a Italia; no mezclen lo que significa dicho país para nosotros, para utilizarlo en una discusión entre uruguayos, que será válida o no, pero Italia merece ser respetada. ¿El señor Senador Fau no acepta un Día de Italia porque es tolerante? ¿Qué significa esto? El nos dice: "Como fueron tolerantes los anteriores, yo también soy tolerante". ¿Qué tiene que ver esto con el hecho de denominar el 20 de setiembre como "Día de Italia"? ¿Para que el país continúe celebrando el Día de Italia -porque ahora lo es-, el 20 de setiembre, hay que ser tolerante? No entiendo qué se quiere decir con esto. Y los que no queremos que se le cambie el nombre al Día de Italia ¿somos intolerantes? ¿Con quién? ¿Ahora nos enfrentaríamos con Italia, después de defenderla? No lo entiendo, señor Presidente.

Dejemos como está la conmemoración de una fecha muy trascendente para la historia moderna de Italia, tal como lo es: 20 de setiembre, "Día de Italia" en el Uruguay. Todos los que, de una u otra manera estamos vinculados a ese país, lo vemos claramente y lo deseamos.

Además debemos preguntarnos ¿con esto dejamos al margen la posibilidad de rememorar, y celebrar el Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento? No. Personalmente, voy a hacer dos propuestas, pero seguramente el Senado podría hacer muchas más. Solicito, simplemente, que se busque otra fecha para esta modificación legal. No es necesario hacer de esta fecha un agravio a la fiesta nacional italiana, usándola tanto para un barrido como para un fregado. Dejémosla como está, que lo vale, y busquemos otra, que votaré con mucho gusto para dignificar la Libertad de Expresión del Pensamiento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

- 13 en 22. Afirmativa.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Solicito la reconsideración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la reconsideración solicitada.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

En discusión.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- En atención a los fundamentos esgrimidos por el señor Senador García Costa solicito que se vote el pase a Comisión del proyecto en discusión. Lo hago como moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra para referirme a la moción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- No voy a abundar en argumentos. Hay señores Senadores que están en una tesitura que en alguna otra oportunidad se presentó: votamos y los argumentos poco importan. Yo, que también tengo muchos años en esta Casa, reconozco que es válida, pero peligrosa, porque todos tenemos opiniones y votos.

Asimismo quiero decir, señor Presidente, que el 20 de setiembre de este año muchos de los aquí presentes van a ir a la Embajada de Italia. ¿Qué le van a decir al señor Embajador? ¿Que en el Uruguay festejábamos el Día de Italia, pero resolvimos no hacerlo más? Resolvimos que Italia no tiene tanta trascendencia para los uruguayos y, a pesar de que hace 90 años el 20 de setiembre se llama Día de Italia, lo hemos derogado, porque estaba de más. Ahora lo usamos para otro destino. Supongo que para festejar esa nueva conmemoración en tal fecha invitarán al señor Embajador a hacerse presente. La respuesta -que los Embajadores nunca dan porque son muy cuidadosos-, va a ser que si ese es el afecto que tienen por Italia, hay muchos que están de más en la calle Ellauri. El 20 de setiembre es solo la mera conmemoración de una fecha -porque no es feriado, no se para la actividad-, simplemente se recuerda a ese país: Italia. Los únicos dos países que recordamos de esa manera son Italia y España, por razones que no necesito explicitar en este Senado.

Preparémonos, porque próximamente, y con espíritu tolerante, como se dice, le sacaremos el 2 de mayo a España, para designar alguna libertad que ande por ahí y que tengamos ganas de destacar infiriendo, si fuere del caso, algún agravio, a alguna creencia o religión.

Personalmente, creo que este proyecto debe volver a Comisión, tal como lo solicitó el señor Senador Gallinal. De allí podría surgir otro proyecto, proponiéndose cualquier fecha, incluso el 21 de setiembre, como ha dicho el señor Senador Larrañaga. Lo importante sería dejar el 20 de setiembre como Día de Italia, sobre todo después de todos estos insólitos fundamentos, a través de los cuales, de alguna manera, se afirma que para nosotros es más importante quitar dicha conmemoración homenajeando a Italia de esa fecha, poniéndolo al servicio de una manera muy discutible de ver las cosas. Fijemos otro día, para la Libertad de Expresión del Pensamiento, preservemos esa tolerancia que se nos está enseñando cada tanto. Preservemos de verdad la tolerancia. Por mi parte, puedo ser tolerante; sin embargo, creo que otros no pueden serlo. Entonces, basta señor Presidente con votos a través de los cuales se impone intolerancia, pero eso es cosa diferente que convencer en una discusión.

SEÑOR FAU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FAU.- Señor Presidente: no voy a discutir con el señor Senador García Costa. Prefiero esperar un día en el que él esté más tranquilo y sereno. Verdaderamente, lo respeto demasiado como para polemizar sobre algunos aspectos duros a los que hizo referencia, aunque reconozco que tiene todo el derecho de hacer ese tipo de planteos.

Sin embargo, ahora se ha introducido aquí el tema relativo a Italia. Realmente, no entiendo. ¿Qué va a pasar con Italia el 20 de setiembre? Creo que el señor Senador García Costa debería esperar que Italia respondiera eso. El señor Senador es uruguayo, y está aquí para defender al Uruguay. Que Italia se defienda a ella misma. Para mí, esta es la verdadera cuestión. Entonces, no me parece que sea de recibo plantear aquí el tema italiano o la cuestión de lo que podrá pasar con la casa de la calle Ellauri. Vayamos, pues, al fondo del asunto, pero no hagamos una alegoría, primero con la iglesia católica y después con Italia. No, señor Presidente.

Por otro lado, informo al Cuerpo que este proyecto no viene con urgencia de la Comisión de Constitución y Legislación. Sobre el mismo se ha estado conversando desde hace mucho tiempo. El Partido Nacional pidió que su consideración fuera postergada, lo que ocurrió en más de una oportunidad. De hecho, entonces, postergamos su tratamiento y luego tuvimos que volver a analizarlo. Por lo tanto, el mismo no es producto de una situación apresurada o antojadiza de la Comisión de Constitución y Legislación. No, señor Presidente, realmente, hicimos todos los paréntesis que el Partido Nacional solicitó. Fuimos absolutamente receptivos y dimos los tiempos solicitados para que el proyecto fuera analizado. Así pues, la iniciativa pasó por todo ese proceso y llegó al Senado en esas condiciones. Es así que, a mi juicio, corresponde que el Senado se pronuncie; además, no creo que sea delito que las mayorías decidan. No veo por qué nos enojamos y vinculamos el triunfo democrático con algo que roza la tolerancia. Esto es algo que no entiendo. Noto que existe un grado de pasión muy fuerte en esto -que respeto-, pero considero que muchas veces la pasión es precisamente la que nos impide tener la mínima ecuanimidad para poder discernir qué grado de razón tenemos en determinada materia.

En definitiva, señalo que, a mi entender, el Senado está hoy en condiciones de poder pronunciarse con respecto a este proyecto.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: ante todo, prometo que seré muy breve y que no voy a deducir ninguna tercería con relación a este tema.

En primer lugar, quiero decir que estamos ante un proyecto que data de la Legislatura pasada. Por mi parte, voy a dar una información que tiene que ver con la Comisión que integro.

En segundo término, es importante señalar que este proyecto fue debatido en el seno de la Comisión de Constitución y Legislación también en esta Legislatura, habiendo sido votado por los integrantes de la misma. Con posterioridad a ello, cuando ya se había elevado al Plenario, algunos miembros de la Comisión pidieron que fuera reconsiderado por la propia Comisión. Así pues, se accedió a reconsiderar el proyecto. Si no recuerdo mal, dicha reconsideración estaba vinculada con el hecho de que previamente se considerara la sustitución de una fecha, el 2 de noviembre, que había sido cambiada por ley, es decir, corrida para los lunes. Entonces, se solicitaba que no se hiciera eso. Recuerdo que ese tema también fue resuelto. Después, la Comisión volvió a considerar este punto y decidió finalmente aprobarlo.

Entonces, quiero simplemente dar mi testimonio de que este tema fue considerado reiteradas veces en Comisión. A mí siempre me cuesta entender el porqué de volver a enviar a Comisión un proyecto que ha sido ya discutido en varias oportunidades. En el caso que nos ocupa, hubo una votación e incluso una reconsideración, después de la cual volvió a votarse. En fin, si el Senado por mayoría decide enviarlo nuevamente a Comisión, no voy a sentir ninguna violencia, por decirlo de algún modo, pero me parece que estamos en condiciones de votar de una vez por todas. Verdaderamente, se trata de un proyecto al cual encuentro una significación que está muy poco vinculada a profundidades filosóficas y nacionalistas. Simplemente, se trata de una fecha que es declarada como el "Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento".

SEÑOR GARAT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT.- En este momento estamos discutiendo la propuesta del señor Senador Gallinal que tiene que ver con enviar nuevamente este proyecto de ley a la Comisión respectiva, a fin de analizarlo. Como aquí se ha dicho, se trata de un tema largamente discutido. Este es un proyecto que ha sido defendido con gran pasión por parte de su proponente, el señor Senador Fau y al que se ha opuesto, con muy buenas razones, el señor Senador García Costa.

Para mí, aquí hay algo nuevo que con tolerancia deberíamos analizar. No se trata solamente de decir que como el proyecto ha sido largamente analizado, debemos resolver ya acerca de él, porque al parecer existen las mayorías necesarias para ello. Aquí ha habido una propuesta nueva. No he estado como Legislador en la negociación y en el análisis que se realizó en Comisión con respecto a este tema y, entonces, veo que ha surgido un hecho nuevo que ha sido planteado por el señor Senador García Costa. También él, con tolerancia, ha dicho que cree que esa fecha es inconveniente, pero que podría haber otra que podríamos considerar.

Lo que ha planteado el señor Senador Gallinal -y lo que planteamos nosotros- no es discutir sobre el fondo filosófico del tema, con respecto al cual, por supuesto, tengo fijada ya una posición, que es muy coincidente con la del señor Senador García Costa. Lo que estamos discutiendo en este momento es si ante la nueva propuesta que se ha formulado y, por ende, el nuevo enfoque que se ha dado a la discusión -para mí es nuevo, porque no había tenido antes opinión-, que es distinto de lo que aparece en el informe y de lo que resultó aprobado en Comisión, en aras de la tan conveniente tolerancia que ha manifestado el señor Senador Fau -¡y ojalá fuera doctrina en este Parlamento lo que él planteó con respecto a la tolerancia para resolver algunos temas!-, se puede acompañar la propuesta que ha hecho el señor Senador Gallinal. Por mi parte, me hago partícipe del planteo formulado en el sentido de que el proyecto vuelva a Comisión.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: parece que ahora el debate ha girado en torno al tema de la tolerancia. La tolerancia significa, en este caso, admitir la fecha que han propuesto el señor Senador Fau y la mayoría de los integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación, que es el 20 de setiembre, porque esto significa que se trata de esa fecha y no de otra. A modo de ejemplo relacionado con esto, menciono que en su momento en nuestro país se discutió si se colocaba o no la cruz. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es como si en aquel momento, en lugar de colocar la cruz, en aras de la tolerancia, hubiéramos puesto una bandera o una placa recordatoria de la visita del Papa.

No; con toda razón, los católicos querían que la cruz estuviera en el lugar donde el Papa celebró por primera vez la misa en el Uruguay. No es cuestión de tolerancia decir que se admite la decisión pero no se va a poner una cruz sino una placa o la bandera. De la misma forma, se nos dice: "Sí, somos tolerantes pero no admitimos el 20 de setiembre". Creo que lo que debemos hacer de una vez por todas es votar. Si este proyecto de ley ha pasado más de un año en la Comisión de Constitución y Legislación porque fue presentado en el período anterior y las posturas, desde el punto de vista histórico, político y filosófico ya están, creo que lo que hay que hacer es que cada uno asuma su posición. De ninguna manera, puede considerarse que las mayorías en el Parlamento son signo de intolerancia o de falta de respeto. Aquí nosotros respetamos todas las ideas pero tienen que comprender que hay quienes pensamos diferente y entendemos que el 20 de setiembre es el día de la libertad de pensamiento. Insisto en que eso es la tolerancia. Hay quienes no están de acuerdo y lo respetamos profundamente porque están en todo su derecho, pero reitero que el Uruguay ha dado muchas pruebas de tolerancia y el ejemplo más significativo es el de la cruz, que el Parlamento votó, consagrando a través de una ley, erigir un monumento en homenaje a la primera visita del Papa Juan Pablo II al Uruguay.

SEÑOR GARAT.- Pido la palabra para una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT.- No sé si la alusión es hacia mí o hacia el señor Senador Fau, pero la tomo para mí porque el señor Senador Correa Freitas mencionó a los que sosteníamos la tolerancia. En lo que me es personal, dije que este tema podría volver a Comisión para analizar una nueva propuesta. Quien introdujo el tema de la tolerancia parlamentaria fue el señor Senador Fau cuya propuesta me entusiasma y por eso dije que ojalá se hiciera doctrina en este Parlamento, ya que no siempre ocurre así. Si el señor Senador Correa Freitas leyera las actas parlamentarias, vería la larga discusión que hubo con motivo del tema de la cruz.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Las he leído, señor Senador.

SEÑOR GARAT.- Entonces sabrá que se dio lugar a toda una expresión filosófica que no es la que estamos analizando en el día de hoy. Por su parte, el señor Senador García Costa aludía a las referencias filosóficas que hacían a la explicación de este proyecto de ley, del que es firmante el señor Senador Correa Freitas. Pero aquí no estamos en una discusión filosófica -por lo menos así lo interpreto yo- y lo que estaba proponiendo al hablar de tolerancia era que si se está hablando de una fecha para conmemorar la libertad de expresión, de prensa y todas las que son intrínsecas a los derechos humanos, sería bueno que este tema volviera a Comisión para ver si en un nuevo análisis, más sereno, de esta discusión filosófica que ocurrió en el día de hoy, se encuentra que hay otra fecha más apropiada. Por supuesto que si esto vuelve a Comisión y todos están de acuerdo en que la única fecha realmente aceptable en el mundo, en el universo o en el tiempo es la del 20 de setiembre, van a volver con la mayorías necesarias para que su proyecto sea aprobado. Esa es la propuesta que ha hecho el señor Senador Gallinal y que yo estoy defendiendo para que, en aras de la tolerancia que planteaba el señor Senador Fau, el tema vuelva a Comisión y se analice nuevamente. De una manera más serena, todos podemos pensar que nos hemos equivocado y que puede haber otra fecha mejor con la que cumplimos la voluntad que queríamos y tomamos un camino mucho más sensato en la discusión de estos temas.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Me voy a referir a la moción presentada por el señor Senador Gallinal y a fundar los motivos por los que no voté. Estoy totalmente de acuerdo con que se declare un día para la libertad de pensamiento pero, con toda sinceridad, debo decir que me convencieron los argumentos del señor Senador García Costa y entiendo que es un tema que no pone en tela de juicio problemas de disciplina partidaria. Como debería suceder en el Senado, unos nos convencemos a otros mediante la frotación de los cerebros y por ello me parece natural la posición que adopté. A su vez, debo decir que leí con atención los fundamentos del proyecto de ley y creo que el señor Senador García Costa tiene razón -se puede pensar que no tengo nada que ver ya que no participé en la Comisión-, también presencié los debates de los señores Senadores y por ello me adhiero a la moción presentada por el señor Senador Gallinal porque sería la que, en lo personal y ante la situación en que me encuentro, entiendo que es la mejor. Me refiero a que la Comisión vuelva a estudiar este tema y vea si puede evitar los problemas que aquí se han planteado.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- A fin de encontrar soluciones y de analizar con mayor profundidad este tema, mocionamos para que siga figurando como primer punto del Orden del Día para buscar acercamientos políticos y tal vez analizarlo en la próxima semana. Sé que hay una moción distinta pero tal vez podríamos laudar este tema, por lo menos por el día de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa se permite sugerir la posibilidad de conciliar las mociones y ganar ese tiempo que todos estamos considerando darnos mutuamente.

Se va a votar si el asunto en discusión pasa a figurar como primer punto del Orden del Día de la primera sesión del mes de junio.

(Se vota:)

- 21 en 23. Afirmativa.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Voté negativamente. En realidad y con el mayor respeto hacia todos, la sesión de esta tarde me ha parecido surrealista; Buñuel ha quedado sumamente pequeño al lado de lo que se ha planteado en el marco de lo que estamos viviendo. Cabe agregar que fui proponente de este proyecto de ley y lo hice en función de lo que representó la figura del homenajeado, que fue quemado vivo por la intolerancia -como tantos-, pero nada más que eso. También hubo un catalán que fue quemado vivo y dijo que la libertad la llevaba con él.

En el fondo, aquí se ha votado por lo anti garibaldino o pro garibaldino, pero no entro en esa disputa, no me refiero a la Guerra Grande ni al papel que cumplieron estas personas en aquel episodio; tengo mi opinión. Sin embargo, me parece excesivo que el Senado trabaje este tema como lo ha hecho en el día de hoy y todavía lo traslade para tratarlo en otra sesión. Reitero que me parece realmente excesivo y no encuadra con lo que sucede en el país.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Voy a ser muy franco. En primer lugar, he votado porque advertí que había una cortesía parlamentaria mayoritaria. En segundo término, lo he hecho porque me voy a ahorrar escuchar por tercera vez la misma discusión en la Comisión de Constitución y Legislación si este asunto vuelve a su estudio. Para mí, eso sería demasiado, no lo soportaría más y, por lo tanto, he votado afirmativamente esta moción.

12) LANZAMIENTOS

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Partiendo de la base, a lo mejor equivocada, de que no se va a generar un debate en cuanto al punto que figura en décimo lugar, que tiene que ver con la supresión de lanzamientos de casa habitación, locales o predios, que hubieran sido destinados a tales efectos por sus ocupantes, siempre que estén viviendo en los mismos menores de 14 años de edad, mujeres embarazadas o personas mayores de 70 años, formulo moción para que se altere el Orden del Día y se pase a tratar ahora.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción de la señora Senadora Arismendi.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el punto que figura en décimo lugar del Orden del Día cuya urgencia fue votada: "Discusión particular del proyecto de ley aprobado con modificaciones por la Cámara de Representantes por el que se suspenden los lanzamientos en el período comprendido entre el 1º de junio y el 30 de setiembre de 2001, de casa habitación, locales o predios que hubieran sido destinados a tales efectos por sus ocupantes, siempre que estén viviendo en los mismos menores de 14 años de edad, mujeres embarazadas o personas mayores de setenta años de edad. (Carp. Nº 452/01 - Rep. Nº 254/01 - Anexo I)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 452/01

Rep. Nº 254/01

Anexo I

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase por vía interpretativa que el artículo 8º del Decreto-Ley Nº 15.301, de 14 de julio de 1982, es de alcance general.

Artículo 2º.- Agrégase a la disposición referida en el artículo anterior el siguiente inciso:

"Para dicho efecto el Juez tomará especialmente en cuenta que en los inmuebles estén morando menores de hasta catorce años, mujeres embarazadas o personas mayores de setenta años y que la ejecución del lanzamiento recaiga en los meses de invierno".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 18 de octubre de 2001.

Gustavo Penadés Presidente - Horacio D. Catalurda Secretario.

Carp. Nº 452/01

Rep. Nº 254/01

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo Unico.- Agrégase al artículo 62 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, un inciso a continuación del primero, con el siguiente texto:

"En los casos en que en los inmuebles estén morando menores de hasta 14 años, mujeres embarazadas o personas mayores de 70 años, y el decreto de lanzamiento recaiga en los meses de mayo o junio, el Juez podrá extender el aplazamiento por hasta noventa (90) días".

Sala de la Comisión, el 5 de junio de 2001.

Ruben Correa Freitas, Miembro Informante, Alejandro Atchugarry, Gustavo Borsari, Yamandú Fau, Francisco Gallinal, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Manuel Núñez, Enrique Rubio, Senadores.

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Constitución y Legislación aconseja al Senado la aprobación del adjunto proyecto de ley, por el que se faculta a los Jueces a prorrogar, por hasta noventa días, los lanzamientos que se decreten durante los meses de mayo o junio de cada año, respecto de los inmuebles en los que estén residiendo menores de hasta 14 años, mujeres embarazadas o personas mayores de 70 años.

Esta es una medida que se considera de fundamental importancia desde el punto de vista social, dado que los lanzamientos durante la temporada invernal generan mayor tensión y preocupación entre las personas afectadas por esta medida, extremo que se agrava cuando en la finca hay menores de edad, mujeres embarazadas o personas mayores de 70 años.

Este proyecto de ley, que agrega un inciso al inciso primero del artículo 62 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, no pretende resolver los problemas habitacionales que existen en nuestro país, sino resolver una situación de emergencia y desamparo para familias cuya composición social es de riesgo más alto.

La legislación vigente prevé que los Jueces tienen la facultad de prorrogar los lanzamientos, en casos de enfermedad o fuerza mayor justificada, por un plazo máximo de sesenta días.

El proyecto de ley que sometemos a consideración del Senado se mantiene dentro de la misma filosofía, concediéndole al Juez la facultad de extender el decreto de lanzamiento hasta por 90 días, siempre que el mismo recaiga en los meses de mayo o junio de cada año, es decir durante la temporada invernal.

Se trata pues, de dos situaciones fácticas diferentes, que los Jueces con sus luces y prudencia habrán de valorar, evitando con ello el lanzamiento durante el invierno, de las familias con mayores problemas de carácter social, tal como son los extremos que plantea el proyecto de ley.

Por las razones expuestas, la Comisión por unanimidad de sus miembros aconseja al Pleno la aprobación del proyecto de ley sustitutivo que se acompaña, sobre prórrogas de lanzamiento durante los meses de mayo o junio de cada año.

Sala de la Comisión, el 5 de junio de 2001.

Ruben Correa Freitas, Miembro Informante, Alejandro Atchugarry, Gustavo Borsari, Yamandú Fau, Francisco Gallinal, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Manuel Núñez, Enrique Rubio, Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- En el período comprendido entre el 1º de junio y el 30 de setiembre del año 2001 no podrá ejecutarse lanzamientos de casas habitación ni locales o predios que hubieren sido destinados a tales efectos por sus ocupantes, siempre que existan morando en los mismos, menores de 14 años de edad, mujeres embarazadas o personas mayores de setenta años de edad.

Artículo 2º.- La suspensión del lanzamiento operará para aquellas situaciones en que los ocupantes o arrendatarios ya se encontraren instalados con anterioridad al 1º de junio de 2001.

Artículo 3º.- No estarán comprendidos por las disposiciones precedentes los arrendamientos de casas habitación cuyo monto a la fecha de esta Ley sea superior a $ 4.000.oo (cuatro mil pesos uruguayos) mensuales. Tampoco se considerarán amparados quienes hayan ingresado a las fincas o predios o cualquier otro lugar o recinto con clandestinidad, violencia o engaño.

Artículo 4º.- La prueba de los beneficios que por esta Ley se otorgan surgirá de los propios autos si existiere o de la presentación de los testimonios acreditantes de la edad o certificación médica extendida por médico ginecólogo.

Artículo 5º.- Presentada la solicitud el Juez resolverá sin más trámite, admitiendo únicamente esta decisión el recurso de reposición, resuelto el cual será inapelable.

Acogido el beneficio, regirá en su totalidad, no pudiendo fraccionarse ni revertirse salvo abandono o desocupación total del lugar por los beneficiarios; tampoco podrá revocarse para el caso que el menor cumpla 15 años de edad o ante el fallecimiento de algún beneficiario o por pérdida del embarazo.

Artículo 6º.- Verificada la suspensión del lanzamiento por el período establecido en esta Ley, deberá señalarse nueva fecha en el propio auto.

Artículo 7º.- Los arrendatarios malos pagadores no tendrán derecho al amparo previsto en el Art. 62 del Decreto-Ley Nº 14.219 y sus modificativas en caso de haber optado por el régimen de la presente ley.

Artículo 8º.- Comuníquese, etc.

Juan Adolfo Singer, Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La difícil situación que vive el país por la acumulación, desde hace más de tres años, de factores económicos adversos, en su inmensa mayoría de origen externo, ha disminuido el nivel de empleo y consecuentemente los problemas que afectan a sectores de bajos ingresos.

Uno de esos problemas, que podría adquirir características especialmente graves en la próxima etapa invernal, es el desahucio de sus hogares de familias pobres con niños, con ancianos y/o con mujeres embarazadas ante una acción judicial de lanzamiento de las casas habitación o fincas que alquilan u ocupan.

El proyecto no pretende, obviamente, resolver ninguno de los problemas habitacionales existentes sino atender una situación de emergencia y desamparo para familias cuya composición es de riesgo más alto.

Se dispone, entonces, que durante los próximos cuatro meses de máximo rigor invernal -junio a setiembre- no se pueden realizar lanzamientos de casas habitación o lugares donde con ese objeto se encuentren niños, ancianos o mujeres embarazadas. Se procura la protección de esos grupos, sin alterar en lo más mínimo la actividad procesal de quienes intentan por medio de la justicia recuperar un bien inmueble al cual tienen derecho. Queda claro en el texto del articulado del proyecto que no se paraliza la iniciación ni el desarrollo de ningún desalojo o rescisión de contrato; tampoco la solicitud ni el auto de lanzamiento. Se trata, sí, que en esos cuatro meses no se señalen fechas ni se efectúen lanzamientos.

Podría arguirse que los jueces poseen la facultad prevista en el artículo 62 del Decreto-Ley Nº 14.219, de fecha 4 de julio de 1974 y sus modificativas, por la cual en casos de enfermedad o fuerza mayor justificada pueden aplazar el lanzamiento hasta por ciento veinte días. No obstante ello, puede ocurrir que los ciento veinte días o parte de ellos ya fueron agotados o que no se considere fuerza mayor la existencia de un anciano o un niño sano, extremo que además depararía el control y análisis de la situación por el Juez con la consiguiente expectativa de quienes padecen la situación. En los hechos las prórrogas se solicitan dos o tres días antes o el mismo día con las consecuencias de ansiedad e inseguridad que genera la espera de una decisión. Aquí proponemos cortar por lo sano, evitando no solamente la situación de calle sino su expectativa, con trámites previos de resultado incierto por solicitudes de prórroga que suelen forzar el concepto de fuerza mayor o crean una jurisprudencia que, sensibilizada por el drama social, admite conceptos más extensos que los protegidos por la actual normativa e incluso inerme ante situaciones donde agotados los plazos legales se imponen soluciones humanitarias. Se ahorrarían, entonces, trámites e incertidumbres, extremo que generaría una economía procesal saludable.

Es bien claro que no se prohijan actos de ocupación clandestina o violenta (extremos sancionados por el Código Penal) tendientes a lograr acomodarse a las situaciones que se intenta amparar. Se atiende a las situaciones de asentamiento o comodato, públicas o conocidas, incluidas las precarias ya existentes, de modo que los grupos de riesgo que ya se encontraban ocupando una casa o predio destinado a vivienda no vayan a la calle en los meses del próximo invierno.

El contenido y alcance del articulado es claro y las razones humanitarias que lo fundamentan requieren, a nuestro juicio, que el Senado lo considere como un asunto grave y urgente.

Juan Adolfo Singer, Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

SEÑOR BARRIOS TASSANO.- Formulo moción para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado.)

13) AZUCAR CON DESTINO AL CONSUMO. GRAVAMEN

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado a la Mesa una moción del señor Senador Barrios Tassano en el sentido de alterar el Orden del Día y pasar a considerar los puntos que figuran en séptimo y octavo lugar.

Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

Se pasa a considerar el punto que figura en séptimo lugar del Orden del Día cuya urgencia ha sido votada: "Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 1º de la Ley Nº 17.379, de 26 de julio de 2001, relacionado con el impuesto que grava el azúcar con destino a consumo. (Carp. Nº 662/01 - Rep. 440/02)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 662/01

Rep. Nº 440/02

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Montevideo, 15 de noviembre de 2001.

Sr. Presidente de la

Asamblea General.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto Proyecto de Ley por el que se modifica el artículo primero de la Ley Nº 17.379 de 26 de julio de 2001, precisando en orden al tiempo, desde cuando acaece el hecho generador del tributo, y por otra parte, sujetando el mismo al mismo a cualquier volumen de envase y cualquier tipo de azúcar con destino a consumo.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Artículo 1º de la Ley Nº 17.379 del 26 de julio de 2001 introduce, de la forma que está redactado, algunas limitaciones para alcanzar los objetivos que ella se propone.

En efecto, la recaudación del impuesto está prevista se realice a partir del año 2001 y así sucesivamente, mientras que la Ley fue promulgada el 26 de julio de 2001 y publicada en el Diario Oficial el 1º de agosto de 2001.

Ello determina que se pierda de recaudar efectivamente más de medio año en la primera etapa de vigencia del impuesto, justamente cuando la tasa (que es decreciente en el correr de los años) es la más alta.

De acuerdo a las estimaciones realizadas, la recaudación en el primer año de vigencia del impuesto sería de alrededor de 2 millones y medio de dólares. Por lo tanto, se perderían de recaudar cerca de un millón y medio de dólares, afectando en forma importante la posibilidad de financiar proyectos de reconversión, objetivo principal de la presente Ley.

En segundo lugar, la Ley se refiere exclusivamente a azúcar refinado, lo que dejaría fuera del gravamen al azúcar cristal blanco.

Al respecto del punto anterior y a los efectos de la iniciativa, es importante tener en cuenta que el propósito de la Ley es gravar exclusivamente todo tipo de azúcar destinado al consumo directo, exceptuando al azúcar destinado a procesos de industrialización, el cual por anterior decreto del Poder Ejecutivo se puede importar libre de aranceles a través de certificados de necesidad expedidos y controlados por el LATU.

Asimismo, la Ley hace referencia a envases de hasta 10 kg. Habiéndose constatado que el azúcar producido en el país se comercializa en muchas ocasiones en volúmenes superiores, y que también se han registrado importaciones de azúcar para consumo en envases de 500 kg. o más, por esta limitación que impone la Ley no estaría gravada una parte significativa del azúcar comercializado en el país.

Las modificaciones propuestas permitirán cumplir cabalmente con los objetivos que dieron origen a la iniciativa, así como disponer de todos los recursos que la misma propone a efectos de apoyar los procesos de reconversión de las zonas vinculadas a la producción azucarera.

Saludan a ese Alto Cuerpo, con nuestra mayor consideración.

LUIS HIERRO LOPEZ, Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia, Martín Aguirrezabala, Alvaro Alonso, Guillermo Valles, Servio Abreu.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 17.379 de 26 de julio de 2001, que agregó el numeral 16 al artículo 1º del Título 11 del Texto Ordenado de 1996, por el siguiente:

"16) Azúcar con destino a consumo, exceptuando su utilización con destino industrial, en cualquier tipo de envase, hasta 10% (diez por ciento) en el primer año, hasta 8% (ocho por ciento) en el segundo año, hasta 6% (seis por ciento) en el tercer año y hasta 4% (cuatro por ciento) en el cuarto año. Los años se computarán por períodos de doce meses a partir de la vigencia de la presente Ley".

Martín Aguirrezabala, Alvaro Alonso, Guillermo Valles, Servio Abreu."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI.- Por razones ajenas al Senado en general y a la Comisión de Hacienda en particular, este proyecto de ley permaneció en la agenda de la Comisión durante un tiempo excesivo, porque ya lo deberíamos haber votado hace mucho.

Este proyecto de ley viene a corregir tres aspectos fundamentales de la Ley Nº 17.379, de julio de 2001, por la cual se estableció un gravamen al azúcar destinado al consumo, cuyo producido estaría destinado a la reconversión de zonas productoras de azúcar y, particularmente, de Bella Unión.

La corrección que establece el proyecto de ley, y que es absolutamente imprescindible y a esta altura impostergable, se verifica desde tres puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista de la cobertura temporal del proyecto. En segundo término, desde el punto de vista de la naturaleza del producto gravado y, por último, desde el punto de vista de los envases en los cuales circula la producción nacional de azúcar y la importada con destino al consumo.

(Campana de orden.)

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay murmullos en Sala que dificultan la toma de la versión taquigráfica.

Puede continuar el señor Miembro Informante.

SEÑOR ASTORI.- Desde el primer punto de vista, es decir, de la cobertura temporal del proyecto, hay que recordar que la ley que hoy estamos modificando fue sancionada en el mes de julio de 2001 y publicada el 1º de agosto de ese año. Pero resulta que el gravamen más alto, que es decreciente, se preveía para el primer año de vigencia de la ley. El tema es que la ley identificó el primer año como el 2001, y habiendo sido sancionada ya avanzado el segundo semestre de ese año, el gravamen de 10%, que era el mayor a decrecer después, sólo se aplicó durante una parte minoritaria del primer año. Por lo tanto, ahora se propone sustituir "2001" por "primer año de vigencia del proyecto de ley a partir de su sanción", de modo que aumente la posibilidad de recaudación, tal como estaba previsto originalmente, para apoyar la reconversión de las zonas azucareras.

Como segundo aspecto a destacar, diré que la ley original, que hoy estamos modificando, habla de "azúcar refinado" y eso no cubre todo el azúcar destinado al consumo porque, por ejemplo, excluye el llamado "cristal blanco". Por lo tanto, la modificación que hoy se propone es utilizar la expresión: "azúcar con destino al consumo". Como se sabe, el único azúcar que está exceptuado del gravamen que estamos considerando es el que va directamente a la industrialización, porque está especialmente exonerado por un decreto precedente a esta ley que hoy estamos modificando.

Finalmente, se modifica también el tema de los envases, porque en la ley original que estamos modificando se habla de "paquetes de hasta 10 kilogramos" y se ha comprobado que tanto el azúcar nacional como el importado con destino al consumo, están circulando en el país con envases de más de 10 kilos, en algunos casos por cantidades muy superiores a este límite. Por lo tanto, se sustituye la propuesta de "paquetes hasta 10 kilogramos" por una expresión que cubre absolutamente todas las posibilidades: "azúcar con destino al consumo, exceptuando su utilización con destino industrial en cualquier tipo de envase".

En resumidas cuentas, tanto por la cobertura temporal del proyecto como por la naturaleza del producto gravado y por los envases en que circula dicho producto, este proyecto viene a ampliar las posibilidades de recaudación con destino al Fondo de Reconversión de las zonas azucareras en el mismo sentido que se previó originalmente, sentido que fue acotado por el tipo de redacción que se le dio a la ley oportunamente sancionada.

Estos son los fundamentos, señor Presidente, y a esta altura no sólo es imprescindible, sino impostergable, la votación de este proyecto, porque a medida que pasa el tiempo, disminuyen las posibilidades de hacer efectivo el producido de este tributo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 17.379, de 26 de julio de 2001, que agregó el numeral 16 al artículo 1º del Título 11 del Texto Ordenado de 1996, por el siguiente: ’16) Azúcar con destino a consumo, exceptuando su utilización con destino industrial, en cualquier tipo de envase, hasta 10% (diez por ciento) en el primer año, hasta 8% (ocho por ciento) en el segundo año, hasta 6% (seis por ciento) en el tercer año y hasta 4% (cuatro por ciento) en el cuarto año. Los años se computarán por períodos de doce meses a partir de la vigencia de la presente ley."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado.)

14) PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el punto que figura en octavo lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se crean diferentes programas en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería destinados al fomento de la pequeña y mediana empresa. (Carp. Nº 625/01 - Rep. Nº432/02)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 625/01

Rep. Nº 432/02

Presidencia de la

República Oriental del Uruguay

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Montevideo, 31 de octubre de 2001.

Señor Presidente de la

Asamblea General.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto proyecto de ley por el que se crean distintos Programas en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería, destinados al fomento de la Pequeña y Mediana Empresa.

Mediante el presente proyecto de ley, el Poder Ejecutivo pretende dar un incentivo importante a la creación o funcionamiento eficiente de las pequeñas y medianas empresas, porque creemos que éstas son las que pueden de una forma u otra, en todo el país, disminuir el desempleo, flagelo que hoy pesa sobre nuestra sociedad.

Saluda al señor Presidente con su mayor consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República, Alberto Bensión, Sergio Abreu.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Créanse, en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería, los siguientes Programas:

1. Programa de Incubadora de Empresas, con la finalidad de facilitar el surgimiento y consolidación de nuevas empresas innovadoras. A tales efectos se destinará la suma de U$S 50.000 anuales.

2. Programa de Capacitación para Pequeñas y Medianas Empresas en todo el país, con la finalidad de apuntar al desarrollo y consolidación de emprendimientos con carácter innovador y que tengan perfil exportador e impacto en la creación de empleo. A tales efectos se destinará la suma de U$S 57.000 anuales.

3. Programa de Fomento de las Artesanías, con la finalidad de favorecer la participación de las empresas en ferias nacionales e internacionales, apoyándolas con folletería, arrendamiento de stands, envío de muestras, etc. A tales efectos se destinará la suma de U$S 57.000 anuales.

4. Programa de apoyo a las Sociedades de Garantía Recíproca, con la finalidad de apoyar emprendimientos de carácter innovador y apunten a la exportación y a la creación de empleo. A tales efectos se destinará la suma de U$S 57.000 anuales.

Artículo 2º.- La Contaduría General de la Nación, habilitará los créditos respectivos.

Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo no mayor de sesenta días a partir de su promulgación.

Alberto Bensión, Sergio Abreu."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR GARCÍA COSTA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCÍA COSTA.- Señor Presidente: he votado favorablemente y no voy por tanto a hacer hincapié en lo que digo pero, a mi juicio, este proyecto venido del propio Poder Ejecutivo -de modo que no es nuestra la responsabilidad- crea gastos cuya fuente de financiación resulta ser la Contaduría General de la Nación, la que se dice "habilitará los créditos respectivos".

El tema no da por razón numérica, pero sí por razón de fondo. Si este tipo de proyecto estamos en condiciones de aprobar, creamos a la Contaduría General de la Nación como fuente de recursos lo que, entiendo, no es adecuado, señor Presidente.

No insisto en el tema. Lo voto por el aspecto intrascendente que reviste, pero dejo muy en claro esa constancia porque hoy es el Poder Ejecutivo y mañana cualquiera de los Legisladores de esta Casa que empiezan a gastar, y como financiación la Contaduría dispondrá los fondos.

El señor Presidente me mira y debe tomar nota de lo que digo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Creo que el señor Senador tiene razón, sin perjuicio de lo cual me consta que esto constituyó parte de un entendimiento que llevó a que este Parlamento ya votara los recursos en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Lamentablemente, debió haber ido -y tiene razón el señor Senador- en esa Ley. De todas maneras, si bien desde el punto de vista formal al señor Senador le asiste la razón -y me parece bueno que lo haga constar-, en este caso en particular me consta, porque estuve en la negociación -y, entonces, dejo constancia como Senador, no como Presidente del Cuerpo-, que esos recursos fueron considerados y ya votados por el Cuerpo. Seguramente, debimos haber incorporado esto para evitar lo que decía el señor Senador.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 19. Afirmativa.

En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: más allá de las acertadas puntualizaciones que realizara el señor Senador García Costa, voto este proyecto con gran alegría porque francamente creo que va en la dirección que transita el mundo moderno para abatir el tema del desempleo. Me refiero a la instalación de los microempresarios, personas que se hagan cargo de su propio destino. Simplemente, llamo la atención sobre lo siguiente. El año pasado tuvimos la suerte de que en este Parlamento se votase un proyecto -de nuestra iniciativa y que afortunadamente el Poder Ejecutivo tomó como suyo- de tributación gradual, que cooperaba justamente con esta finalidad del uruguayo empresario, al cual apuntan estos cuatro programas que acabamos de votar.

Este proyecto despertó muchas expectativas. En el interior de la República se han presentado muchas personas en las dependencias estatales para ver cómo funciona este sistema de la tributación gradual. Lamentablemente, la contestación es siempre la misma: aún no está reglamentado.

Quiero dejar esta constancia y hacer una sugerencia amistosa al Poder Ejecutivo en el sentido de que reglamente aquel proyecto, porque esta es una cuenta que se pasa al Parlamento, aunque éste cumplió con sus deberes. La iniciativa se presentó, el Poder Ejecutivo con gran sensibilidad la hizo suya, la envió, en el Parlamento fue aprobada en tiempo récord, pero lamentablemente aún no ha sido reglamentada, no obstante lo cual ha sido sanamente publicitada.

Con la sugerencia de que aquel proyecto se reglamente -reitero-, voto con gran alegría éste que el Poder Ejecutivo hoy nos envía, porque transita por la senda que los países más poderosos del plantea han encontrado para combatir el mismo problema que tenemos en Uruguay: el desempleo.

Gracias, señor Presidente.

15) PROYECTOS DE LEY PARA DESIGNAR VARIOS CENTROS DE ENSEÑANZA CON DIFERENTES NOMBRES

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: en el día de ayer la señora Senadora Pou hizo una consulta a todos los miembros de la Comisión de Educación y Cultura. En ese sentido, tal como acordamos, formulo moción para que votemos ahora en forma conjunta los puntos del Orden del Día que van del 19 al 34.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa deja constancia de que hay una moción firmada por todos los coordinadores en el sentido expresado por la señora Senadora.

Léase.

(Se lee:)

"Mocionamos para que los proyectos de ley que comprenden los numerales 19 al 34 del Orden del Día sean considerados en una única discusión y votados en conjunto en general en una sola votación particular. Firman los señores Senadores Sanabria, Gallinal, Michelini, Pereyra, Couriel y Larrañaga."

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: pido perdón al Senado porque quisiera hacer una excepción a pesar de que la moción tiene mi firma.

El punto que figura en el lugar número 34 del Orden del Día es un homenaje a un ciudadano muy destacado al que quisiera referirme en forma especial, ya sea en este momento o luego, si dicho asunto fuera desglosado. Estoy hablando del doctor Valentín Cossio, dos veces Intendente de Treinta y Tres, Diputado Nacional y figura de gran trayectoria ciudadana.

SEÑOR PRESIDENTE.- Desde ya que basta con que un señor Senador así lo solicite para que un punto sea desglosado, por lo que se procederá a su tratamiento tal como lo pide el señor Senador Pereyra.

SEÑORA POU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA POU.- Señor Presidente: cuando en el día de ayer formulamos las consultas para unificar la designación de las escuelas y los liceos, lo hicimos en el entendido de que quien tuviera asignado realizar el informe oral en el Senado podía elevarlo por escrito para luego ser enviado a cada una de las instituciones, sin perjuicio del planteo del señor Senador Pereyra. De esta manera estoy indicando que cuando las versiones taquigráficas lleguen a las instituciones asignadas a los distintos Senadores, irán acompañadas con el informe de cada uno de nosotros.

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se procederá.

En consecuencia, se va a votar la moción formulada, con excepción del numeral 34.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasan a considerar los asuntos que figuran en los puntos 19 a 33 del Orden del Día: "Proyectos de ley para designar con el nombre ‘Luis M. Pirieveis’, la represa sobre el arroyo Chingolo, ubicada en la 12ª Sección Judicial del departamento de Paysandú (Carp. Nº 669/01 - Rep. 410/02); con el nombre ‘Homero Grillo’ la escuela Nº 16 de Villa Rosario del departamento de Lavalleja (Carp. Nº 700/02 - Rep. 406/02); con el nombre ‘Antoine de Saint-Exupery’, la Escuela Rural Nº 94 de Santa Lucía del departamento de Lavalleja (Carp. Nº 723/02 - Rep. 405/02); con el nombre ‘Micaela Guyunusa’, el Jardín de Infantes Nº 306 del departamento de Montevideo (Carp. Nº 722/02 - Rep. 404/02); con el nombre ‘Libertad’, al Liceo de la Ciudad de Libertad del departamento de San José (Carp. Nº 715/02 - Rep. 403/02); con el nombre ‘Juan Balbín González Vallejo’, la Escuela Nº 176 del departamento de Montevideo (Carp. Nº 712/02 - Rep. 402/02); con el nombre ‘Bernardo Prudencio Berro’, al Liceo Nº 48 de Montevideo (Carp. Nº 699/02 - Rep. 401/02); con el nombre ‘Juan José Morosoli’, al Jardín de Infantes Nº 202 de la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones (Carp. Nº 668/01 - Rep. 400/02); con el nombre ‘Perico’, al Jardín de Infantes Nº 119 de la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja (Carp. Nº 667/01 - Rep. 399/02); con el nombre ‘Haydée Blanca Rodríguez de De Olarte’, la Escuela Nº 40 para discapacitados intelectuales del departamento de Flores (Carp. Nº 642/01 - Rep. 415/02); con el nombre ‘Alfredo Vidal y Fuentes’, la Escuela Nº 72 de Tiempo Completo de la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja (Carp. Nº 746/02 - Rep. 416/02); con el nombre ‘Suiza’ la Escuela Nº 45 del departamento de Lavalleja (Carp. Nº 747/02 - Rep. 417/02); con el nombre ‘Federico Froebel’ el Jardín de Infantes Nº 112 de la ciudad de José Pedro Varela, departamento de Lavalleja (Carp. Nº 749/02 - Rep. 418/02); con el nombre ‘Dr. Gonzalo González Simois’ el Jardín de Infantes Nº 113 de Villa Solís (Carp. Nº 750/02 - Rep. 419/02); y con el nombre ‘Blanca Rosa Guarnerio’ la Escuela Nº 62 de Paraje Etchevarría del departamento de Canelones (Carp. Nº 607/01 - Rep. 420/02)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 669/01

Rep. Nº 410/02

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase con el nombre "Luis M. Pirieveis" la represa existente sobre el arroyo Chingolo, afluente del río Queguay, situada en la 12ª Sección Judicial del departamento de Paysandú.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 20 de noviembre de 2001.

Gustavo Penadés Presidente - Horacio D. Catalurda Secretario.

"Carp. Nº 700/02

Rep. Nº 406/02

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Homero Grillo" la Escuela Nº 16 de Villa Rosario, departamento de Lavalleja, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 27 de diciembre de 2001.

Gustavo Penadés Presidente - Horacio D. Catalurda Secretario.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

Montevideo, 1º de noviembre de 2001.

Sr. Presidente de la

Asamblea General

Don Luis Hierro López.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo con el fin de someter a su consideración el Proyecto de Ley que se acompaña por el cual se designa con el nombre de "Homero Grillo" a la Escuela Nº 16 de Villa Rosario, del departamento de Lavalleja.

La propuesta efectuada por la Dirección y Comisión Fomento del centro escolar, cuenta con la opinión favorable de la Administración Nacional de Educación Pública.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente y por su intermedio a los demás miembros de ese Alto Cuerpo.

JORGE BATLLE IBAÑEZ Presidente de la República - Dr. Antonio Mercader Ministro de Educación y Cultura.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Desígnase con el nombre de "Homero Grillo", a la Escuela Nº 16 de Villa Rosario, del departamento de Lavalleja.

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, archívese.

Dr. Antonio Mercader Ministro de Educación y Cultura."

"Carp. Nº 723/02

Rep. Nº 405/02

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Antoine de Saint-Exupéry" la Escuela Rural Nº 94 de Santa Lucía, del departamento de Lavalleja, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 25 de febrero de 2002.

Gustavo Penadés Presidente - Horacio D. Catalurda Secretario.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

Montevideo, 19 de julio de 2001.

Sr. Presidente de la

Asamblea General

Don Luis Hierro López

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo con el fin de someter a su consideración el Proyecto de Ley que se acompaña, por el cual se designa con el nombre de "Antoine de Saint-Exupéry", a la Escuela Nº 94, Rural, de Santa Lucía, del departamento de Lavalleja.

La propuesta efectuada por la Dirección y Comisión de Fomento del centro escolar, cuenta con la opinión favorable de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública.

El Poder Ejecutivo saluda al Señor Presidente y por su intermedio a los demás miembros de ese Alto Cuerpo.

JORGE BATLLE IBAÑEZ Presidente de la República Dr. Antonio Mercader Ministro de Educación y Cultura.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Desígnase con el nombre de "Antoine de Saint-Exupéry", a la Escuela Nº 94, Rural, de Santa Lucía, del departamento de Lavalleja.

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, archívese.

Dr. Antonio Mercader Ministro de Educación y Cultura."

"Carp. Nº 722/02

Rep. Nº 404/02

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Micaela Guyunusa" el Jardín de Infantes Nº 306, del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 25 de febrero de 2002.

Gustavo Penadés Presidente - Horacio D. Catalurda Secretario.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

Montevideo, 23 de agosto de 2001.

Sr. Presidente de la

Asamblea General

Don Luis Hierro López

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, con el fin de someter a su consideración el Proyecto de Ley que se acompaña, por el cual se designa con el nombre de "Micaela Guyunusa" al Jardín de Infantes Nº 306, del departamento de Montevideo.

La propuesta efectuada por la Dirección, Comisión de Fomento, personal docente y padres del centro escolar, cuenta con la opinión favorable de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública.

El Poder Ejecutivo, saluda al Sr. Presidente y por su intermedio a los demás miembros de ese Alto Cuerpo.

JORGE BATLLE IBAÑEZ Presidente de la República - Dr. Antonio Mercader Ministro de Educación y Cultura.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Desígnase con el nombre de "Micaela Guyunusa", al Jardín de Infantes Nº 306, del departamento de Montevideo.

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, archívese.

Dr. Antonio Mercader Ministro de Educación y Cultura."

"Carp. Nº 715/02

Rep. Nº 403/02

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Libertad" al Liceo de la ciudad de Libertad, departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 19 de febrero de 2002.

Gustavo Penadés Presidente - Horacio D. Catalurda Secretario.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

Montevideo, 12 de julio de 2001.

Sr. Presidente de la

Asamblea General

Don Luis Hierro López

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, con el fin de someter a su consideración el Proyecto de Ley que se acompaña, por el cual se designa al Liceo de Libertad, de la ciudad de Libertad, del departamento de San José, con el nombre de "Libertad".

La propuesta efectuada por la Comisión de festejos del Cincuentenario de dicho centro, cuenta con la opinión favorable de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública.

El Poder Ejecutivo, saluda al Señor Presidente y por su intermedio a los demás miembros de ese Alto Cuerpo.

JORGE BATLLE IBAÑEZ Presidente de la República - Dr. Antonio Mercader Ministro de Educación y Cultura.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Desígnase con el nombre de "Libertad" al Liceo de Libertad, de la ciudad de Libertad del departamento de San José.

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, archívese.

Dr. Antonio Mercader Ministro de Educación y Cultura."

"Carp. Nº 712/02

Rep. Nº 402/02

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

Montevideo, 14 de febrero de 2002.

Sr. Presidente de la

Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, con el fin de someter a su consideración el Proyecto de Ley que se acompaña por el cual se designa con el nombre de "Juan Balbín González Vallejo", a la Escuela Nº 176, del departamento de Montevideo.

La propuesta efectuada por la Comisión Fomento del centro escolar, cuenta con la opinión favorable de la Dirección de la Escuela y de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública.

El Poder Ejecutivo, saluda al señor Presidente y por su intermedio a los demás miembros de ese Alto Cuerpo.

Luis Hierro López Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia

Dr. Antonio Mercader Ministro de Educación y Cultura

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Desígnase con el nombre de "Juan Balbín González Vallejo", a la Escuela Nº 176 del departamento de Montevideo.

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, archívese.

Dr. Antonio Mercader Ministro de Educación y Cultura."

"Carp. Nº 699/02

Rep. Nº 401/02

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Bernardo Prudencio Berro" al Liceo Nº 48 de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 27 de diciembre de 2001.

Gustavo Penadés Presidente - Horacio D. Catalurda Secretario.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

Montevideo, 27 de setiembre de 2001.

Sr. Presidente de la

Asamblea General

Don Luis Hierro López

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo con el fin de someter a su consideración el Proyecto de Ley que se acompaña, por el cual, se designa con el nombre de "Bernardo Prudencio Berro", al Liceo Nº 48 de Montevideo.

La propuesta efectuada por la Dirección, Docentes e integrantes de la Asociación de Padres de Alumnos Liceales (APAL) del centro docente, cuenta con la opinión favorable de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente y por su intermedio a los demás miembros de ese Alto Cuerpo.

JORGE BATLLE IBAÑEZ Presidente de la República

Dr. Antonio Mercader Ministro de Educación y Cultura.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Desígnase con el nombre de "Bernardo Prudencio Berro", al Liceo Nº 48 de Montevideo.

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, archívese.

Dr. Antonio Mercader Ministro de Educación y Cultura."

"Carp. Nº 668/01

Rep. Nº 400/02

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Juan José Morosoli" al Jardín de Infantes Nº 202, de la ciudad de Las Piedras, del departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 20 de noviembre de 2001.

Gustavo Penadés Presidente - Horacio D. Catalurda Secretario.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

Montevideo, 12 de julio de 2001.

Sr. Presidente de la

Asamblea General

Don Luis Hierro López

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, con el fin de someter a su consideración el Proyecto de Ley que se acompaña, por el cual se designa con el nombre de "Juan José Morosoli" al Jardín de Infantes Nº 202 de la ciudad de Las Piedras, del departamento de Canelones.

La propuesta efectuada por la Dirección y Comisión de Fomento del centro docente, cuenta con la opinión favorable de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública.

El Poder Ejecutivo, saluda al Señor Presidente y por su intermedio a los demás miembros de ese Alto Cuerpo.

JORGE BATLLE IBAÑEZ Presidente de la República

Dr. Antonio Mercader Ministro de Educación y Cultura.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Desígnase con el nombre de "Juan José Morosoli" al Jardín de Infantes Nº 202, de la ciudad de Las Piedras, del departamento de Canelones.

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, archívese.

Dr. Antonio Mercader Ministro de Educación y Cultura."

"Carp. Nº 667/01

Rep. Nº 399/02

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Perico" al Jardín de Infantes Nº 119, de la ciudad de Minas, del departamento de Lavalleja, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 20 de noviembre de 2001.

Gustavo Penadés Presidente - Horacio D. Catalurda Secretario.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

Montevideo, 27 de setiembre de 2001.

Sr. Presidente de la

Asamblea General

Don Luis Hierro López

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, con el fin de someter a su consideración el Proyecto de Ley que se acompaña, por el cual se designa con el nombre de "Perico", al Jardín de Infantes Nº 119, de Minas, departamento de Lavalleja.

La propuesta efectuada por la Inspección Departamental de Lavalleja, cuenta con la opinión favorable de la Directora del centro escolar y de la Administración Nacional de Educación Pública.

El nombre sugerido, "Perico" pertenece a unas de las obras literarias del escritor minuano, Juan José Morosoli.

El Poder Ejecutivo, saluda al Sr. Presidente y por su intermedio a los demás miembros de ese Alto Cuerpo.

JORGE BATLLE IBAÑEZ Presidente de la República

Dr. Antonio Mercader Ministro de Educación y Cultura.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Desígnase al Jardín de Infantes Nº 119 de Minas, departamento de Lavalleja, con el nombre de "Perico".

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, archívese.

Dr. Antonio Mercader Ministro de Educación y Cultura."

"Carp. Nº 642/01

Rep. Nº 415/02

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Haydée Blanca Rodríguez de De Olarte" la Escuela Nº 40 para discapacitados intelectuales, del departamento de Flores, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 7 de noviembre de 2001.

Gustavo Penadés Presidente - Horacio D. Catalurda Secretario."

"Carp. Nº 746/02

Rep. Nº 416/02

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Alfredo Vidal y Fuentes" la Escuela Nº 72 de Tiempo Completo de la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 12 de marzo de 2002.

Guillermo Alvarez Presidente - Horacio D. Catalurda Secretario.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de

Educación y Cultura

Montevideo, 19 de julio de 2001.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Luis Hierro López

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, con el fin de someter a su consideración el proyecto de ley que se acompaña, por el cual se designa con el nombre de "Alfredo Vidal y Fuentes", a la Escuela Nº 72, de Tiempo Completo, de la ciudad de Minas, del departamento de Lavalleja.

La propuesta efectuada por la Dirección, personal docente y Comisión de Fomento del centro escolar, cuenta con la opinión favorable de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública.

La nominación que se propone es reconocimiento del doctor Alfredo Vidal y Fuentes, quien fundara el hospital de la mencionada ciudad, edificio que se encuentra en las inmediaciones de la escuela de referencia.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente y por su intermedio a los demás miembros de ese Alto Cuerpo.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República, Antonio Mercader.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase con el nombre de "Alfredo Vidal y Fuentes", a la Escuela Nº 72, de Tiempo Completo, de la ciudad de Minas, del departamento de Lavalleja.

Montevideo, 19 de julio de 2001.

Antonio Mercader."

"Carp. Nº 747/02

Rep. Nº 417/02

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Suiza" la Escuela Nº 45 del departamento de Lavalleja, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 12 de marzo de 2002.

Guillermo Alvarez Presidente - Horacio D. Catalurda Secretario.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de

Educación y Cultura

Montevideo, 19 de julio de 2001.

Señor Presidente de la

Asamblea General

don Luis Hierro López.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, con el fin de someter a su consideración el proyecto de ley que se acompaña, por el cual se designa a la Escuela Nº 45 Rural de Puntas de Campanero del departamento de Lavalleja, con el nombre de "Suiza".

La propuesta efectuada por la Dirección, Comisión de Fomento, padres y vecinos del centro escolar, cuenta con la opinión favorable de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública.

El Poder Ejecutivo, saluda al señor Presidente y por su intermedio a los demás miembros de ese Alto Cuerpo.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República, Antonio Mercader.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase a la Escuela Nº 45 Rural de Puntas de Campanero del departamento de Lavalleja, con el nombre de "Suiza".

Montevideo, 19 de julio de 2001.

Antonio Mercader."

"Carp. Nº 749/02

Rep. Nº 418/02

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Federico Froebel" el Jardín de Infantes Nº 112 de la ciudad de José Pedro Varela, departamento de Lavalleja, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 12 de marzo de 2002.

Guillermo Alvarez Presidente - Horacio D. Catalurda Secretario.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de

Educación y Cultura

Montevideo, 27 de setiembre de 2001.

Señor Presidente de la

Asamblea General

don Luis Hierro López.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, con el fin de someter a su consideración el proyecto de ley que se acompaña, por el cual se designa con el nombre de "Federico Froebel", al Jardín de Infantes Nº 112, de la localidad de José Pedro Varela, departamento de Lavalleja.

La propuesta efectuada por la Inspección Departamental de Lavalleja, cuenta con la opinión favorable de la Directora del centro escolar y de la Administración Nacional de Educación Pública.

El señor Froebel nació en Alemania en 1782, fue precursor de la educación inicial y en sus comienzos desarrolló la actividad forestal, experiencias que enriqueció sus espectativas conjuntamente con su afán de superación interiorizando sus conocimientos con ideas de Schelling y Novalís. Se relacionó además con el pedagogo Grüner y con Pestalozzi.

El Poder Ejecutivo, saluda al señor Presidente y por su intermedio a los demás miembros de ese Alto Cuerpo.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República, Antonio Mercader.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase al Jardín de Infantes Nº 112 de la localidad de José Pedro Varela, departamento de Lavalleja, con el nombre de "Federico Froebel".

Montevideo, 27 de setiembre de 2001.

Antonio Mercader."

"Carp. Nº 750/02

Rep. Nº 419/02

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Doctor Gonzalo González Simois" el Jardín de Infantes Nº 113 de Villa Solís, departamento de Lavalleja, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 12 de marzo de 2002.

Guillermo Alvarez Presidente - Horacio D. Catalurda Secretario.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de

Educación y Cultura

Montevideo, 19 de julio de 2001.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Luis Hierro López.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, con el fin de someter a su consideración el proyecto de ley que se acompaña, por el cual se designa con el nombre de "Doctor Gonzalo González Simois", al Jardín de Infantes Nº 113, de Villa Solís, departamento de Lavalleja.

La propuesta efectuada por la Dirección, Comisión de Fomento, padres y vecinos del centro escolar, cuenta con la opinión favorable de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente y por su intermedio a los demás miembros de ese Alto Cuerpo.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República. Antonio Mercader.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase con el nombre de "Dr. Gonzalo González Simois", al Jardín de Infantes Nº 113, de Villa Solís, del departamento de Lavalleja.

Montevideo, 19 de julio de 2001.

Antonio Mercader."

"Carp. Nº 607/02

Rep. Nº 420/02

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Blanca Rosa Guarnerio" la Escuela Nº 62 de paraje Etchevarría, del departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 16 de octubre de 2001.

Gustavo Penadés Presidente - Horacio D. Catalurda Secretario."

- Léanse los diferentes proyectos.

(Se leen)

En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en general los referidos proyectos de ley.

(Se votan:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR SANABRIA.- Mociono para que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota:)

- 2l en 2l. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración.

Según dispone la moción de orden, vamos a someter a votación los artículos correspondientes a todos los puntos que van del 19 al 33.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Quedan aprobados los referidos proyectos de ley, que se comunicarán a la Cámara de Representantes y al Poder Ejecutivo, según corresponda.

(No se publica el texto de los proyectos de ley aprobados por ser igual al considerado)

16) PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE DERECHOS DEL NIÑO, RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS EN CONFLICTOS ARMADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado a la Mesa una moción presentada por el señor Senador Barrios Tassano en el sentido de que se traten los numerales 16 y 17 que están incluidos en el Orden del Día.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consecuencia, se pasa a considerar el punto que figura en decimosexto lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados aprobado el 25 de mayo de 2000 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. (Carp. Nº 720/02 - Rep. Nº 439/02)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 720/00

Rep. Nº 439/02

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el "Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados" aprobado el 25 de mayo de 2000 en la ciudad de Nueva York, en oportunidad de celebrarse el 54º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 19 de febrero de 2002.

Gustavo Penadés Presidente - Horacio D. Catalurda Secretario.

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA PARTICIPACION DE NIÑOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

Los Estados Partes en el presente Protocolo,

Alentados por el apoyo abrumador que ha merecido la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que demuestra que existe una voluntad general de luchar por la promoción y la protección de los derechos del niño,

Reafirmando que los derechos del niño requieren una protección especial y que, para ello, es necesario seguir mejorando la situación de los niños sin distinción y procurar que éstos se desarrollen y sean educados en condiciones de paz y seguridad,

Preocupados por los efectos perniciosos y generales que tienen para los niños los conflictos armados, y por sus consecuencias a largo plazo para la paz, la seguridad y el desarrollo duraderos,

Condenando el hecho de que en las situaciones de conflicto armado los niños se conviertan en un blanco, así como los ataques directos contra bienes protegidos por el derecho internacional, incluidos los lugares donde suelen haber una considerable presencia infantil, como escuelas y hospitales,

Tomando nota de la adopción del Estatuto de la Corte Penal Internacional, en particular la inclusión entre los crímenes de guerra en conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales, del reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años o su utilización para participar activamente en las hostilidades,

Considerando que para seguir promoviendo la realización de los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño es necesario aumentar la protección de los niños con miras a evitar que participen en conflictos armados,

Observando que el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño precisa que, para los efectos de esa Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad,

Convencidos de que un protocolo facultativo de la Convención por el que se eleve la edad mínina para el reclutamiento de personas en las fuerzas armadas y su participación directa en las hostilidades contribuirá eficazmente a la aplicación del principio de que el interés superior del niño debe ser una consideración primordial en todas las decisiones que le conciernan,

Tomando nota de que en diciembre de 1995 la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja recomendó a las partes en conflicto que tomaran todas las medidas viables para que los niños menores de 18 años no participaran en hostilidades,

Tomando nota con satisfacción de la aprobación unánime, en junio de 1999, del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo Nº 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, en el que se prohíbe, entre otros, el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados,

Condenando con suma preocupación el reclutamiento, adiestramiento y utilización dentro y fuera de las fronteras nacionales de niños en hostilidades por parte de grupos armados distintos de las fuerzas de un Estado, y reconociendo la responsabilidad de quienes reclutan, adiestran y utilizan niños de este modo,

Recordando que todas las partes en un conflicto armado tienen la obligación de observar las disposiciones del derecho internacional humanitario,

Subrayando que el presente Protocolo se entenderá sin perjuicio de los objetivos y principios que contiene la Carta de las Naciones Unidas, incluido su Artículo 51 y las normas pertinentes del derecho humanitario,

Teniendo presente que, para lograr la plena protección de los niños, en particular durante los conflictos armados y la ocupación extranjera, es indispensable que se den condiciones de paz y seguridad basadas en el pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y se observen los instrumentos vigentes en materia de derechos humanos,

Reconociendo las necesidades especiales de los niños que están especialmente expuestos al reclutamiento o utilización de hostilidades, contra lo dispuesto en el presente Protocolo, en razón de su situación económica o social o de su sexo.

Conscientes de la necesidad de tener en cuenta las causas económicas, sociales y políticas que motivan la participación de niños en conflictos armados,

Convencidos de la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en la aplicación del presente Protocolo, así como de la rehabilitación física y psicosocial y la reintegración social de los niños que son víctimas de conflictos armados,

Alentando la participación de las comunidades y, en particular, de los niños y de las víctimas infantiles en la difusión de programas de información y de educación sobre la aplicación del Protocolo,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que ningún miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades.

Artículo 2

Los Estados Partes velarán por que no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas a ningún menor de 18 años.

Artículo 3

1. Los Estados Partes elevarán la edad mínima para el reclutamiento voluntario de personas en sus fuerzas armadas nacionales por encima de la fijada en el párrafo 3 del artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño, teniendo en cuenta los principios formulados en dicho artículo, y reconociendo que en virtud de esa Convención los menores de 18 años tienen derecho a una protección especial.

2. Cada Estado Parte depositará, al ratificar el presente Protocolo o adherirse a él, una declaración vinculante en la que se establezca la edad mínima en que permitirá el reclutamiento voluntario en sus fuerzas armadas nacionales y se ofrezca una descripción de las salvaguardias que haya adoptado para asegurarse de que no se realiza ese reclutamiento por la fuerza o por coacción.

3. Los Estados Partes que permitan el reclutamiento voluntario en sus fuerzas armadas nacionales de menores de 18 años establecerán medidas de salvaguardia que garanticen, como mínimo que:

a) Ese reclutamiento es auténticamente voluntario;

b) Ese reclutamiento se realiza con el consentimiento informado de los padres o de las personas que tengan su custodia legal;

c) Esos menores están plenamente informados de los deberes que supone ese servicio militar;

d) Presentan pruebas fiables de su edad antes de ser aceptados en el servicio militar nacional.

4. Cada Estado Parte podrá ampliar su declaración en cualquier momento mediante notificación a tal efecto dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, el cual informará a todos los Estados Partes. La notificación surtirá efecto desde la fecha en que sea recibida por el Secretario General.

5. La obligación de elevar la edad según se establece en el párrafo 1 del presente artículo, no es aplicable a las escuelas gestionadas o situadas bajo el control de las fuerzas armadas de los Estados Partes, de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Artículo 4

1. Los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no deben en ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años.

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para impedir ese reclutamiento y utilización, con inclusión de la adopción de las medidas legales necesarias para prohibir y castigar esas prácticas.

3. La aplicación del presente artículo no afectará la situación jurídica de ninguna de las partes en un conflicto armado.

Artículo 5

Ninguna disposición del presente Protocolo se interpretará de manera que impida la aplicación de los preceptos de ordenamiento de un Estado Parte o de instrumentos internacionales o del derecho humanitario internacional cuando esos preceptos sean más propicios a la realización de los derechos del niño.

Artículo 6

1. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas legales, administrativas y de otra índole necesarias para garantizar la aplicación efectiva y la vigilancia del cumplimiento efectivo de las disposiciones del presente Protocolo dentro de su jurisdicción.

2. Los Estados Partes se comprometen a difundir y promover por los medios adecuados, entre adultos y niños por igual, los principios y disposiciones del presente Protocolo.

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que las personas que estén bajo su jurisdicción y hayan sido reclutadas o utilizadas en hostilidades en contradicción con el presente Protocolo sean desmovilizadas o separadas del servicio de otro modo. De ser necesario, los Estados Partes prestarán a esas personas toda la asistencia conveniente para su recuperación física y psicológica y su reintegración social.

Artículo 7

1. Los Estados Partes cooperarán en la aplicación del presente Protocolo, en particular en la prevención de cualquier actividad contraria al mismo y la rehabilitación y reintegración social de las personas que sean víctimas de actos contrarios al presente Protocolo, entre otras cosas mediante la cooperación técnica y la asistencia financiera. Esa asistencia y esa cooperación se llevarán a cabo en consulta con los Estados Partes afectados y las organizaciones internacionales pertinentes.

2. Los Estados Partes que estén en condiciones de hacerlo prestarán esa asistencia mediante los programas multilaterales, bilaterales o de otro tipo existentes o, entre otras cosas, mediante un fondo voluntario establecido de conformidad con las normas de la Asamblea General.

Artículo 8

1. A más tardar dos años después de la entrada en vigor del Protocolo respecto de un Estado Parte, éste presentará al Comité de los Derechos del Niño un informe que contenga una exposición general de las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a las disposiciones del Protocolo, incluidas las medidas adoptadas con objeto de aplicar las disposiciones relativas a la participación y el reclutamiento.

2. Después de la presentación del informe general, cada Estado Parte incluirá en los informes que presente al Comité de los Derechos del Niño de conformidad con el artículo 44 de la Convención la información adicional de que disponga sobre la aplicación del Protocolo. Otros Estados Partes en el Protocolo presentarán un informe cada cinco años.

3. El Comité de los Derechos del Niño podrá pedir a los Estados Partes más información sobre la aplicación del presente Protocolo.

Artículo 9

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todo Estado que sea Parte en la Convención o lo haya firmado.

2. El presente Protocolo está sujeto a la ratificación y abierto a la adhesión de todos los Estados. Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

3. El Secretario General, en calidad de depositario de la Convención y del Protocolo, informará a todos los Estados Partes en la Convención y a todos los Estados que hayan firmado la Convención del depósito de cada uno de los instrumentos de declaración en virtud del artículo 13.

Artículo 10

1. El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha en que haya sido depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión.

2. Respecto de los Estados que hayan ratificado el presente Protocolo o se hayan adherido a él después de su entrada en vigor, el Protocolo entrará en vigor un mes después de la fecha en que se haya depositado el correspondiente instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 11

1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento notificándolo por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará de ello a los demás Estados Partes en la Convención y a todos los Estados que hayan firmado la Convención. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Secretario General de las Naciones Unidas. No obstante, si a la expiración de ese plazo el Estado Parte denunciante interviene en un conflicto armado, la denuncia no surtirá efecto hasta la terminación del conflicto armado.

2. Esa denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones que le incumban en virtud del presente Protocolo respecto de todo acto que se haya producido antes de la fecha en que aquélla surta efecto. La denuncia tampoco obstará en modo alguno para que el Comité prosiga el examen de cualquier asunto iniciado antes de esa fecha.

Artículo 12

1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará la enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos, de los Estados Partes se declaran en favor de tal conferencia, el Secretario General la convocará con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a la Asamblea General para su aprobación.

2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes.

3. Las enmiendas, cuando entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado; los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones de la presente Convención y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado.

Artículo 13

1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas trasmitirá copias certificadas del presente Protocolo a todos los Estados Partes en la Convención y a todos los Estados que hayan firmado la Convención.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA PARTICIPACION DE NIÑOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

Se eleva a consideración del Plenario el "Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados" aprobado el 25 de mayo de 2000 en la ciudad de Nueva York, en oportunidad de celebrarse el 54º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El mismo cuenta con media sanción, al haber sido aprobado por unanimidad, por la Cámara de Representantes el 19 de febrero de 2002.

Este Protocolo atiende la terrible realidad de la utilización, alarmantemente cada vez mayor, de niños en conflictos bélicos, fenómeno que se verifica en todas las regiones del mundo.

Los datos suministrados por las Naciones Unidas, a la fecha de la aprobación del Protocolo, son estremecedoras: dos millones de niños murieron en conflictos armados en la última década del siglo pasado; más de un millón quedaron huérfanos; más de seis millones heridos o discapacitados en forma permanente, más de diez millones padecen traumas psicológicos. Debe agregarse la constatación de más de trescientos mil niños y niñas utilizados como soldados en unas treinta zonas de conflicto después de ser secuestrados de escuelas, campos de refugiados y/o de sus propios hogares.

Las causas que motivan esta altísima participación de niños en las guerras son de la más variada índole: dificultades de reclutar adultos, la situación económica de las familias de los niños, razones ideológicas de origen político, religioso o étnico, la proliferación de armas modernas livianas que no exigen para su manipulación ni fortaleza física ni una gran preparación militar, la utilización de drogas y lo fácilmente manipulables que suelen ser los niños debido a su falta de discernimiento para evaluar la gravedad de los hechos más atroces y sus consecuencias.

La noble causa de mantener a los niños fuera de los fenómenos bélicos, ha sido una inquietud permanente de importantes organizaciones internacionales, entre los que cabe mencionar al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que ya en 1924 contribuyó a la aprobación de la declaración de Ginebra sobre los derechos del niño.

A los esfuerzos del CIRC se sumaron la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, promocionando normas jurídicas nacionales e internacionales que prohibieron el reclutamiento militar y la utilización en hostilidades de menores de dieciocho años y el reconocimiento y aplicación de esas normas por todos los grupos armados, gubernamentales o no gubernamentales.

Entre los antecedentes de este Protocolo cabe mencionar.

1ero. La Convención sobre los Derechos del Niño, del 20-11-1989, que a la fecha es el instrumento que cuenta con más adhesiones en la historia de los tratados, puesto que ya se han adherido 191 Estados.

2do. La Cumbre Mundial de la Infancia, celebrada en Nueva York el 29 y 30 de setiembre de 1990, en la cual se aprobó la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, Protección y Desarrollo del Niño.

3ero. Las Resoluciones 48/157 o 51/77 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 20-12-93.

4ta. La resolución 1994/10 del Consejo Económico y Social del 22-07-94.

5to. La resolución 1261 del Consejo de Seguridad del 25-08-1999.

6to. La resolución 54/149, de la Asamblea General del 17-12-99.

7mo. La resolución 2000/85 de la Comisión de Derechos Humanos.

En estos antecedentes se insiste en la premisa de respetar los derechos del niño y del no-reclutamiento de los mismos para ser utilizados en conflictos armados.

En el presente Protocolo se eleva la edad para el reclutamiento, que había sido establecida en quince años, en la Convención sobre los Derechos del Niño, llevándose a los dieciocho años.

El texto del Protocolo hace referencia a la "participación en hostilidades" concepto más amplio que el de "conflicto armado" que más que constituir un concepto jurídico alude a una situación de hecho.

El reclutamiento al que se refiere es tanto el obligatorio como el voluntario.

Se establece que los Estados Partes deberán velar para que el reclutamiento no recaiga en menores de dieciocho años.

En el caso de que se permita el reclutamiento voluntario se establecen medidas que tienden a asegurar que el alistamiento responda efectivamente a la voluntad del menor y que no se encuentre condicionado por elementos exteriores como podrían ser motivos económicos, búsqueda de protección de posibles peligros a los que lo enfrente la sociedad o razones culturales.

Se prevé como obligación de los Estados, al momento de ratificar o adherir a este Protocolo, la presentación de una declaración -de carácter vinculante- en la que se establezca la edad mínima para el reclutamiento voluntario en las fuerzas armadas nacionales y una descripción de las salvaguardias adoptadas para asegurarse que dicho reclutamiento no se realiza por la fuerza o coactivamente. Esta declaración podrá ampliarse en cualquier momento, mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará a todos los Estados Partes o que hayan suscrito la Convención sobre los Derechos del Niño.

El Art. 4, extiende la prohibición de reclutar menores, a los grupos armados distintos a las fuerzas armadas nacionales.

Esta disposición es sumamente importante si se tiene en cuenta, que la mayoría de los conflictos armados actuales tienen carácter no internacional.

Se establece en el Art. 6, el compromiso de los Estados Partes de difundir y promover entre los adultos y niños, los principios y disposiciones del Protocolo.

El Art. 7, como forma de favorecer la eficaz aplicación del Protocolo, prevé el establecimiento de un ámbito de cooperación y asistencia financiera entre los Estados Partes, en especial en lo relativo a la rehabilitación y reintegración social de las víctimas de actividades contrarias a dicho instrumento, así como a la prevención de esas actividades. La cooperación y asistencia deberán llevarse a cabo en consulta con los Estados Partes afectados y con las organizaciones internacionales correspondientes.

La asistencia financiera se prestará por los Estados que se encuentren en condiciones de hacerlo, a través de programas multilaterales, bilaterales o de otro tipo o bien a través de un fondo voluntario establecido de conformidad según las normas de la Asamblea General.

El Protocolo, a través del Art. 8, establece la obligación de los Estados Partes de mantener informado al Comité de los Derechos del Niño, sobre las medidas adoptadas para su efectivo cumplimiento.

Se recomienda la aprobación de este Protocolo por entender que es una herramienta importante para mantener a los niños fuera de los conflictos armados, permitiendo una efectiva protección de sus derechos.

Pablo Millor, Miembro Informante, Carlos Garat, Reinaldo Gargano, Carlos Julio Pereyra, Wilson Sanabria, Juan A. Singer, Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: hay un informe escrito que fue votado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Internacionales.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo único.- Apruébase el ‘Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados’ aprobado el 25 de mayo de 2000 en la ciudad de Nueva York, en oportunidad de celebrarse el 54º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado.)

17) CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCION DEL NIÑO Y A LA COOPERACION EN MATERIA DE ADOPCION INTERNACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en decimoséptimo lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional aprobado en la ciudad de La Haya. (Carp. Nº 617/01 - Rep. Nº 434/02)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 617/01

Rep. Nº 434/02

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

Montevideo, 2 de agosto de 2001.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el "Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional" aprobado el 29 de mayo de 1993 en la ciudad de La Haya, en oportunidad de celebrarse la Decimoséptima Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

La solicitud de aprobación se fundamenta en la siguiente exposición:

I. CONSIDERACIONES GENERALES

I.1. Antecedentes regionales en el continente americano.

I.1.a. El Código Bustamante (1928)

El primer antecedente regional en materia de adopción internacional se encuentra en el Código de Derecho Internacional Privado, redactado por el jurista Antonio Sánchez de Bustamante, aprobado en la Sexta Conferencia Internacional Americana que tuvo lugar en La Habana en 1928. Este instrumento, también conocido como "Código Bustamante" en homenaje a su autor, rige actualmente entre Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Haití, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. En sus artículos 73 a 77, el Código Bustamante reguló el instituto, consagrando la aplicación de la ley personal del adoptante y adoptado a sus distintos aspectos.

I.1.b. Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940.

A diferencia de su antecesor de 1889 -que no incluyó disposiciones relativas a la adopción internacional-, el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 incorporó en su Título VII dos artículos en los que se regula dicho instituto. Estas disposiciones -que vinculan a Uruguay con Argentina y Paraguay- constituyen la única solución de derecho positivo vigente en la República en la materia.

Según el artículo 23 de este Tratado una adopción es internacional cuando el adoptante y el adoptado tienen su domicilio en distintos Estados Partes. La capacidad de am-bos, así como las condiciones, limitaciones y efectos de la adopción, se rigen por las leyes de sus domicilios en cuanto sean concordantes. La consecuencia positiva de esta disposición -que tiene como dificultad la necesidad de conciliar legislaciones diferentes- radica en que la adopción que se ajusta a los requisitos sustanciales previstos por ambos ordenamientos jurídicos y que consta en instrumento público, debe ser reconocida por el resto de los Estados Partes. En cuanto al resto de las relaciones jurídicas relativas a las Partes, el artículo 24 prevé que se rigen por las Leyes a que cada una de dichas relaciones se halle sometida.

Cabe destacar que la regulación del Tratado de Montevideo de 1940 no establece limitaciones con respecto a los efectos o a los sujetos de la adopción, comprendiendo tanto la adopción simple como la plena y la adopción de menores como de mayores de edad.

I.1.c. La CIDIP III.

En ocasión de celebrarse la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado en La Paz (Bolivia) en 1984, se aprobó la "Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de Adopción de Menores". Actualmente, este instrumento rige entre Belice, Brasil, Colombia, México y Panamá. Como su propio nombre lo indica, tiene por finalidad la determinación de la ley aplicable a la adopción internacional. Sin perjuicio de ello, también contiene algunas disposiciones relativas a la jurisdicción competente.

Desde el punto de vista subjetivo, el ámbito de aplicación de este instrumento se limita a la adopción de menores. La calidad de menor debe determinarse de conformidad con la ley de la residencia habitual del adoptado. Además, la Convención se aplica a las formas de adopción plena, legitimación adoptiva e instituciones afines que equiparan al adoptado a la condición de hijo cuya filiación se encuentra legalmente establecida (artículo 1). Ello no impide que cualquier Estado, al momento de la firma, ratificación o adhesión, declare que su aplicación se extiende a cualquier otra forma de adopción internacional de menores (artículo 2).

Finalmente, corresponde destacar el rol fundamental de la ley de la residencia habitual como ley aplicable y como jurisdicción competente para entender en los distintos aspectos de la adopción. De esta forma, se recoge la tendencia del Derecho Internacional Privado contemporáneo -ya adoptada en los Convenios bilaterales sobre restitución internacional de menores suscritos por Uruguay con Argentina, Chile y Perú- que se inclina por una conexión real, identificada con el verdadero centro de vida del menor, en lugar de establecer un domicilio legal identificado con el domicilio de sus representantes legales.

I.2. Antecedentes de carácter universal: la Convención sobre los Derechos del Niño (1989)

El 20 de noviembre de 1989, coincidiendo con la conmemoración del trigésimo aniversario de la Declaración sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Asamblea General de dicho organismo aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta entró en vigor el 2 de setiembre de 1990, al haberse alcanzado las veinte ratificaciones exigidas por su artículo 49.1. Dicha Convención constituye una adecuación de las soluciones ya reconocidas en materia de derechos humanos a la problemática específica de la minoridad.

El concepto de niño recogido por la Convención de 1989 incluye a todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.

La Convención regula el instituto de la adopción en sus artículos 20 y 21. El primero parte de los postulados consagrados en los artículos 4 y 23 de la "Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección de la infancia y al bienestar de los niños con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda en los planos nacional e internacional" aprobada por Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 41/85 de 3 de diciembre de 1986. Es así que se considera a la adopción entre los cuidados que los Estados Partes deben garantizar a los niños que se encuentren temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo interés superior exija que no permanezcan en el mismo.

Según el artículo 21 de la Convención, la consideración primordial que debe tener en cuenta el Estado que reconoce o permite el sistema de adopción, es el interés superior del menor, concepto ya previsto en el artículo 5 de la Declaración de 1986. El mismo artículo 21 consagra la obligación de los Estados de velar por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes en base a las leyes y procedimientos aplicables, sobre la base de información pertinente y fidedigna y teniendo en cuenta la situación jurídica del niño en relación a sus padres, parientes y representantes legales. Asimismo, se prevé la obligación de recabar el consentimiento de las personas interesadas, quienes deberán prestarlo con conocimiento de causa y contando con el asesoramiento necesario.

Recogiendo un principio sustentado en el artículo 17 de la Declaración de 1986, el artículo 21.b reconoce a la adopción internacional como un medio alternativo de cuidar al niño, cuando en su país de origen no puede ser atendido en forma adecuada ni puede ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva. En este caso, los Estados se comprometen a velar por que el niño goce de salvaguardas y normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en su país de origen. Esta disposición debe analizarse junto al artículo 20.3, por el cual los Estados asumen el compromiso de prestar "particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico" al considerar las posibles soluciones a la situación del menor abandonado. A través de estas normas se pretende preservar la identidad del niño, facilitar su inserción en el Estado de destino y evitarle mayores inconvenientes.

La Convención de 1989 también intenta evitar situaciones de tráfico de menores en las que pueden existir beneficios económicos indebidos, distintos de los necesarios para cubrir los gastos que pueden derivar del procedimiento de adopción (artículo 21.d).

Finalmente, el artículo 21.e de la Convención prevé como norma programática el compromiso de los Estados en el sentido de concertar convenios bilaterales o multilaterales y hacer esfuerzos para garantizar que la colocación del niño en otro Estado se lleve a cabo por medio de las autoridades y organismos competentes.

I.3. Antecedentes en el ámbito de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado ha abordado la problemática de la minoridad en varias oportunidades. A vía de ejemplo, pueden mencionarse los Convenios sobre ley aplicable a las obligaciones alimenticias respecto a menores (1956), sobre competencia de autoridades y ley aplicable en materia de protección de menores (1961), sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (1980) y sobre competencia de autoridades, ley aplicable, reconocimiento, ejecución y cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de menores (1996).

I.3.a. Convenio sobre competencia de autoridades, ley aplicable y reconocimiento de decisiones en materia de adopción (1965)

En materia de adopción, el antecedente inmediato en el ámbito de la Conferencia de La Haya está constituido por el "Convenio sobre competencia de autoridades, ley aplicable y reconocimiento de decisiones en materia de adopción" aprobado el 15 de noviembre de 1965. En la actualidad, este Convenio sólo rige entre Austria, Reino Unido y Suiza.

Este instrumento se aplica a las adopciones de menores de dieciocho años por personas físicas o cónyuges, todos ellos nacionales de Estados Partes con residencia habitual en Estados Partes (artículo 1). En este Convenio el punto de conexión nacionalidad tiene carácter relevante y se aplica conjuntamente con la conexión residencia habitual, en una compleja combinación que ha sido precisamente una de las causas de la escasa adhesión que el instrumento ha suscitado.

Como su nombre lo indica, uno de los aspectos regulados por el Convenio es el de las autoridades competentes. Tanto para constituir como para revocar o anular a adopción, se privilegia la conexión personal (residencia habitual o nacionalidad) del adoptante (artículo 3) y del adoptado (sobre todo para el caso de la revocación o anulación).

En lo que refiere a la ley aplicable a la constitución y la revocación del vínculo adoptivo, el Convenio se inclina -en general- por el criterio de la ley del foro (artículos 4, 5 y 7 inciso tercero). En cuanto a la anulación, se prevén las siguientes soluciones: la ley del Estado que ha concedido la adopción; la ley de la nacionalidad del adoptante (o de los cónyuges adoptantes) al tiempo de constituirse la adopción, y finalmente, la ley de la nacionalidad del adoptado al tiempo de la constitución de la adopción (artículo 7).

Otro aspecto contemplado por el Convenio es el del reconocimiento de las decisiones en materia de adopción. Al respecto, el artículo 8 prevé el reconocimiento de pleno derecho en los demás Estados Partes de las adopciones constituidas de conformidad con el artículo 3 así como las decisiones de anulación o revocación pronunciadas por las autoridades establecidas en el artículo 7.

I.3.b. Origen del Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional (1993).

El Convenio que hoy se remite a la Asamblea General para su aprobación tiene su origen en la preocupación suscitada por los problemas que plantea actualmente la adopción internacional, que son distintos a los que se presentaban al momento de aprobarse el Convenio de 1965: por un lado, el gran aumento en el número de las adopciones internacionales, lo que se traduce -entre otras cosas- en un creciente número de niños que son trasladados a Estados y a realidades socioculturales muy diferentes a las de su Estado de origen; y por otra parte, la insuficiencia de los instrumentos jurídicos internos e internacionales existentes para abordar esta nueva realidad.

Esto llevó a que la Conferencia de La Haya advirtiera la necesidad de establecer normas jurídicas que permitieran crear un sistema de supervisión tendiente a impedir adopciones internacionales que no respondan al interés del niño o que tengan como finalidad la obtención de beneficios económicos indebidos. Al mismo tiempo se constató la urgencia de establecer vías de comunicación y mecanismos de cooperación entre las autoridades de los Estados de origen y de destino de los niños.

De esta forma, el 28 de mayo de 1993 se aprobó el Convenio que hoy se somete a aprobación parlamentaria, que se encuentra actualmente en vigor entre más de cuarenta Estados de los cinco continentes (entre ellos Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela).

II. EL CONVENIO

II.1. Título.

El Título pone de manifiesto los dos aspectos fundamentales que regula el Convenio: la protección del niño y la cooperación entre los Estados Partes. Por lo tanto, a dife-rencia del Convenio de La Haya de 1965 y de la Convención de La Paz de 1984, el Convenio de 1993 no tiene por finalidad determinar las autoridades competentes ni la ley aplicable a la adopción. Su propósito es establecer una serie de normas materiales que consagren los principios que deben regir la protección del menor en materia de adopción y un mecanismo de cooperación entre los Estados involucrados.

Mencionada en primer término, la protección del niño aparece como el objeto principal del Convenio, desarrollado en el artículo 1. La cooperación, que es cuidadosamente regulada en el texto, se presenta como un objeto de tipo instrumental, tendiente a lograr la efectiva protección del niño en casos de adopción internacional.

Surge también del título que las adopciones internas quedan excluidas del ámbito de aplicación de este instrumento.

II.2. Preámbulo.

El preámbulo recoge los principios establecidos en la ya citada Declaración de 1986 y en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 de Naciones Unidas. A dichos efectos, los Estados incluyen en el Convenio una serie de disposiciones que reconocen a la familia como el centro del desarrollo armónico de la personalidad del niño y asumen como prioridad la obligación de tomar medidas que permitan que el menor permanezca en su familia de origen. La adopción internacional se reconoce como una solución alternativa para los menores que no encuentran una familia adecuada en su Estado de origen. Planteada la necesidad de acudir a esta solución subsidiaria, se pone de manifiesto la necesidad de que la adopción internacional se realice atendiendo al interés superior del menor y a sus derechos fundamentales, previniendo la sustracción, venta o tráfico de niños. Sin embargo, el Convenio no regula directamente los aspectos penales que pueden aparecer vinculados al instituto, sino que intenta prevenir las conductas ilícitas que pueden presentarse como objeto o medio para el mismo.

El último párrafo del preámbulo expresa que se han tomado en consideración "los principios reconocidos por instrumentos internacionales". De los trabajos preparatorios surge que -además de la Convención sobre los Derechos de Niño de Naciones Unidas y de la Declaración de 1986 mencionadas en forma expresa- se tuvieron especialmente en cuenta el Convenio de La Haya de 1965, el Convenio europeo sobre la adopción de niños (Estrasburgo, 1967) y la Convención interamericana sobre conflicto de leyes en materia de adopción de menores (La Paz, 1984).

II.3. Objeto.

Una vez planteada la necesidad de acudir al mecanismo subsidiario de la adopción internacional, se considera necesario:

a) establecer un marco de garantías que aseguren que ésta se realice atendiendo al interés superior del menor y al respeto por sus derechos fundamentales reconocidos por el Derecho Internacional. Este es el primer objetivo que persigue el Convenio de 1993 (artículo 1, literal a) y de esta forma se intenta establecer una adecuada protección del niño. El Convenio no establece en forma expresa qué debe entenderse por "interés superior del menor" por cuanto se trata de un concepto cuyo contenido corresponde determinar en cada caso concreto. Si bien este no es el único interés a considerar, el mismo debe prevalecer en caso de conflicto con el de otras personas involucradas en el procedimiento de la adopción (familia de origen, futuro adoptante o adoptantes, etc.);

b) instaurar un sistema de cooperación entre los Estados Contratantes que permita establecer un régimen adecuado de garantías que contribuya a prevenir actos delictivos que suelen aparecer vinculados con la adopción y que se traducen en la venta, el tráfico y la sustracción de niños (artículo 1, literal b); y

c) reconocer las adopciones realizadas en los Estados Contratantes de conformidad con el Convenio. Indirectamente, se trata de proteger al menor al asegurar su estabilidad en la nueva familia y en el Estado de destino a efectos de completar el desarrollo armónico de su personalidad.

II.4. Ambito de aplicación.

II.4.a. Ambito espacial.

El Convenio se aplica exclusivamente a las adopciones internacionales. Estas tienen lugar cuando el niño a adoptar y el futuro adoptante tienen residencia habitual en Estados Partes diferentes, con independencia del lugar donde se formalice el vínculo adoptivo (artículo 2, párrafo 1). Este concepto se reafirma en el artículo 38, por cuanto excluye expresamente del ámbito del Convenio a las adopciones internas, en las que adoptado y adoptante se domicilian en distintas unidades territoriales de un mismo Estado Parte.

El párrafo 1 del artículo 2 pone de manifiesto una importante diferencia entre el Convenio de 1993 y su antecedente de 1965: en el nuevo texto desaparece la nacionalidad de las partes como elemento determinante para establecer el ámbito de aplicación y se adopta la residencia habitual como punto de conexión exclusivo. Esta última, por su caráter fáctico, no requiere interpretación jurídica. No obstante, es oportuno recordar que en los Convenios bilaterales sobre restitución internacional de menores suscritos por Uruguay con Argentina, Chile y Perú, dicha conexión se ha definido como el lugar donde los menores tienen su "centro de vida".

Otro aspecto que debe destacarse es que tanto la residencia habitual del menor como la del adoptante o adoptantes debe encontrarse en un Estado Parte. El hecho de que alguna de dichas conexiones se encuentre en un Estado no Parte hace que automáticamente el Convenio se torne inaplicable. Esta solución es adecuada, teniendo en cuenta que -tal como se señalara- uno de los objetivos previstos en el instrumento es el establecimiento de un sistema de cooperación sobre el que reposa todo el procedimiento de adopción internacional.

II.4.b. Ambito temporal.

El Convenio restringe su aplicación a las adopciones constituidas después de su entrada en vigor entre los Estados involucrados en la adopción. En efecto, según el artículo 41, se aplicará a las solicitudes de adopción recibidas por la Autoridad Central del Estado de residencia habitual de los futuros padres adoptivos (Estado de recepción) con posterioridad a la entrada en vigor del Convenio entre dicho Estado y el Estado en el que el menor tiene su residencia habitual (Estado de origen).

II.4.c. Ambito subjetivo.

En este sentido, el ámbito de aplicación del Convenio puede analizarse atendiendo a cada una de las partes involucradas en la adopción: el adoptado y el o los adoptantes.

II.4.c.i. El adoptado.

Como se adelanta desde el título, el artículo 2 prevé que el Convenio -al igual que sus antecedentes de 1984 a nivel interamericano y de 1965 en el ámbito de La Haya- sólo se aplica a la adopción de menores.

El artículo 3 recoge el mismo criterio de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, ya que considera menor a quien no ha alcanzado la edad de dieciocho años. El hecho de que el menor cumpla esta edad sin que se hayan obtenido las aceptaciones relativas al procedimiento de adopción por parte de las Autoridades Centrales del Estado de origen y de recepción (artículo 17 literal c), determina que el Convenio se deje de aplicar automáticamente. Por lo tanto, para que este instrumento resulte plenamente aplicable, es necesario que la solicitud de adopción se introduzca y además que se llegue a la etapa de acuerdo de las Autoridades Centrales intervinientes, antes de los dieciocho años del adoptado. En consecuencia, puede darse el caso de que al momento de culminar el trámite de la adopción realizada de acuerdo con las disposiciones del Convenio, el adoptado ya haya alcanzado la mayoría de edad.

II.4.c.ii. El adoptante.

El apartado 1 del artículo 2 dispone que la adopción podrá realizarse por cónyuges o por una persona física. El hecho de que se mencione en primer lugar a los "cónyuges" sólo se atribuye a que las adopciones por parte de matrimonios son más frecuentes que aquellas en las que el adoptante es una persona sola y en modo alguno implica una preferencia por el primer tipo de adopción.

II.4.d. Ambito material.

El apartado 2 de artículo 2 afirma que el Convenio "sólo se refiere a las adopciones que establecen un vínculo de filiación". A falta de consenso en torno a una definición de adopción, se siguió un criterio amplio que simplemente exige el establecimiento de un vínculo filiatorio. El texto aprobado permite admitir tanto las adopciones en las que se produce la ruptura del vínculo existente entre el adoptado y sus padres biológicos como aquellas que no tienen ese efecto.

II.5. Condiciones para las adopciones internacionales.

Para que pueda tener lugar una adopción internacional de conformidad con lo estipulado en este Convenio, es necesario que las autoridades competentes de los Estados de origen y de recepción controlen el cumplimiento de ciertas condiciones relativas a los futuros padres adoptivos, al menor y a su familia biológica. Tales condiciones constituyen garantías mínimas que deben observarse con independencia de lo que establezca la ley aplicable a la adopción. A dichos efectos se prevé una distribución de obligaciones entre ambos Estados:

II.5.a. Controles del Estado de origen.

El artículo 4 dispone que las autoridades del Estado de origen (en el que el menor tiene su residencia habitual) deben controlar el cumplimiento de condiciones vinculadas con su persona, con las personas o instituciones que deben prestar su consentimiento y, de ser necesario, con respecto a su madre biológica. Las condiciones establecidas en esta norma recogen expresamente las directivas del precitado artículo 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño. La determinación de la autoridad (judicial o administrativa) que deberá realizar estos contralores, depende de la organización interna de cada Estado.

i. Con respecto al menor, se debe controlar:

a) su adoptabilidad (artículo 4 literal a). Esta constatación se refiere a las condiciones legales para ser adoptado, las que deberán analizarse de conformidad con lo establecido por la ley aplicable a la adopción;

b) el respeto del principio de subsidiariedad de la adopción internacional (artículo 4 literal b). Se deberá constatar que la adopción internacional responde al interés del menor, previo análisis de las posibilidades de ubicarlo en su Estado de origen. Es necesario estudiar la posibilidad de colocar al niño en este Estado y evaluar si la adopción internacional satisface efectivamente su interés superior. Podría darse el caso de un menor para el que existieran posibilidades de adopción interna pero que, al mismo tiempo, requiriera un tratamiento o cuidado especial. En ese caso, probablemente, su interés estaría mejor contemplado en una adopción internacional;

c) información y asesoramiento al menor acerca de las consecuencias de la adopción (artículo 4 literal d). La información debe referirse al mantenimiento o ruptura del vinculo filiatorio del niño con sus padres biológicos y su familia de origen, así como sobre el vínculo con los futuros padres adoptantes. En caso de que la ley aplicable a la adopción lo requiera, deberá recabarse el consentimiento del menor, asegurándose que el mismo ha sido prestado libremente, sin mediar ningún tipo de retribución, en forma legal y que ha sido consignado por escrito. Asimismo, deberán tomarse en consideración los deseos y opiniones del niño, teniendo en cuenta en todo caso su edad y madurez. Como puede observarse el menor debe tener la oportunidad de expresar sus deseos y opiniones y además, estas deben ser tenidas en cuenta.

ii. El Convenio no establece cuáles son las personas e instituciones que deben prestar su consentimiento. Ello constituye materia de regulación de la ley aplicable a la adopción. El mismo artículo 4 prevé que las Autoridades competentes deben asegurarse de que dichas personas, instituciones o autoridades:

a) han sido informadas y asesoradas sobre las consecuencias de su consentimiento, en especial con respecto al vínculo jurídico entre el menor y su familia de origen (artículo 4, literal c), numeral 1). La información no sólo debe referirse al mantenimiento o ruptura de los vínculos entre el niño y su familia de origen sino también a los demás efectos de la adopción y la posibilidad de conversión, anulación y revocación de la misma. Para que este requisito pueda cumplirse en forma efectiva, el artículo 9 literal c) prevé como función de las Autoridades Centrales, la adopción de medidas tendientes a promover el desarrollo de servicios de asesoramientos sobre el tema;

b) han prestado el debido consentimiento (artículo 4, literal c), numerales 2 y 3). Esta es una condición imprescindible para permitir los contactos entre los futuros adoptantes y los padres biológicos del menor. El consentimiento se considerará válido si se presta libremente, sin mediar compensaciones pecuniarias y si se consigna por escrito, en la forma prescrita por la ley del Estado de origen del menor. Este criterio, según el cual cualquier consentimiento en el que haya intervenido un beneficio económico queda automáticamente viciado, tiene su antecedente en la Convención sobre los Derechos del Niño y está consagrado con carácter general en el artículo 32 del Convenio. Esta última norma prevé que nadie puede percibir "beneficios materiales indebidos" por intervenir en una adopción internacional, correspondiendo exclusivamente el pago de los costos que la misma devengue incluyendo los honorarios razonables de los profesionales intervinientes.

Hasta aquí el Convenio se refiere a las personas que deben prestar su consentimiento en nombre del niño. Pero el artículo 4, en el literal c) de su numeral 4), se refiere al consentimiento de la madre. En caso de que la ley aplicable a la adopción lo exija, la madre deberá prestar dicho consentimiento necesariamente después del nacimiento del niño. De esta manera se trata de proteger a la madre, permitiéndole adoptar una decisión más serena y libre.

II.5.b. Controles del Estado de recepción.

El artículo 5 prevé que las autoridades competentes del Estado de recepción -donde los futuros padres adoptivos tienen su residencia habitual- deben constatar el cumplimiento de ciertas condiciones relativas a éstos y al menor. Al igual que los controles que debe efectuar el Estado de origen, en este caso se trata de garantías mínimas independientes de las condiciones adicionales que pueda establecer la legislación del Estado de recepción. Se trata de requisitos imprescindibles para que el Estado de origen confíe el menor a los futuros padres adoptivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.

La determinación de la competencia para realizar este control queda en manos de cada Estado, pudiendo tratarse de autoridades judiciales, administrativas o incluso de la misma Autoridad Central.

i. En lo que tiene que ver con el menor, las autoridades competentes deben controlar que éste ha sido autorizado a ingresar y residir permanentemente en el Estado de recepción.

ii. En cuanto a los futuros padres adoptivos, debe constatarse que éstos son aptos (desde el punto de vista social y psicológico) y adecuados (que reúnen las condiciones exigidas por la ley) para adoptar, asegurándose además, que han sido convenientemente asesorados. Para facilitar el cumplimiento de esta disposición, el artículo 9 literal c) del Convenio prevé que las Autoridades Centrales adoptarán -directa o indirectamente- las medidas necesarias para promover el desarrollo de servicios de asesoramiento y seguimiento de las adopciones.

II.6. Autoridades Centrales.

Como ya se ha señalado, uno de los objetivos primordiales del Convenio es el establecimiento de un mecanismo de cooperación en materia de adopción internacional. Para ello se prevé la designación de una Autoridad Central en cada Estado Parte (artículo 6). Entre sus cometidos, algunos deben realizarse necesariamente en forma directa, otros pueden realizarse con la cooperación de autoridades públicas, y otros pueden cumplirse incluso con la cooperación de organismos debidamente acreditados.

En general, las Autoridades Centrales deben cooperar entre sí y promover la colaboración entre las autoridades competentes de sus respectivos Estados con la finalidad de asegurar la protección de los niños y alcanzar los demás objetivos del Convenio.

Entre las medidas que las Autoridades Centrales deben llevar a cabo en forma directa se encuentran las tendientes a proporcionar información sobre la legislación de sus Estados en materia de adopción, así como estadísticas, formularios y otras informaciones de carácter general. Esta información puede ser decisiva para la prosecución del trámite de la adopción (artículo 17.c.). Asimismo, las Autoridades Centrales deberán adoptar medidas para informarse mutuamente sobre el funcionamiento del Convenio, suprimiendo en la medida de lo posible, los obstáculos que dificulten su aplicación (artículo 7.2). Esta disposición debe analizarse conjuntamente con el artículo 33, según el cual, si se constata que no se ha respetado o que existe un riesgo grave de que no se respeten las disposiciones del Convenio, la Autoridad Central -de oficio- tendrá la responsabilidad de que se tomen las medidas tendientes a su debida aplicación.

Existen otras medidas, tales como la prevención de beneficios económicos indebidos con respecto a un procedimiento de adopción o cualquier práctica contraria a los objetivos del Convenio, que pueden ser tomadas tanto directamente por las Autoridades Centrales como con la cooperación de otras autoridades públicas (artículo 8). Esta norma está íntimamente vinculada con el artículo 32.1 según el cual nadie puede obtener beneficios materiales indebidos como consecuencia de su intervención en una adopción internacional. Ambas normas responden al mandato del artículo 21.d de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y tienden a evitar situaciones en las que puede estar involucrado el tráfico de niños.

Finalmente, existen medidas que las Autoridades Centrales pueden tomar directamente o con la cooperación de autoridades públicas o de otros organismos acreditados. Dichas medidas están vinculadas con la obtención de información relativa a la situación del menor y de los futuros padres adoptivos, el seguimiento del procedimiento de adopción, la promoción de los servicios de asesoramiento y seguimiento del procedimiento y la información a Autoridades Centrales o autoridades públicas de otros Estados con respecto a casos concretos (artículo 9). Además de lo previsto en los artículos 7 y 8, el artículo 9 introduce la figura de los organismos acreditados -que analizaremos en el párrafo II.7- que pueden cooperar con las Autoridades Centrales en las áreas establecidas en forma no taxativa en dicha disposición. Se habilita así una especie de descentralización, que podrá tener lugar en la medida que lo permita la legislación de cada Estado.

Los Estados contratantes deben comunicar la designación de su Autoridad Central a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya (artículo 13). Aunque no se establece expresamente, también se considera conveniente comunicar los datos relativos a las autoridades públicas referidas en el artículo 8.

Las funciones que el Convenio atribuye a las Autoridades Centrales en lo relativo a las condiciones de procedimiento de las adopciones internacionales (párrafo II.9) pueden ser ejercidas en forma directa, por autoridades públicas o por los organismos acreditados según el Capítulo III, dentro de los límites establecidos por la ley de cada Estado.

II.7. Organismos acreditados.

Los organismos que pueden cooperar con las Autoridades Centrales en la adopción de las medidas establecidas en el artículo 9 y en el control del cumplimiento de las condiciones del procedimiento de adopción (artículos 14 a 22), deben obtener su acreditación en cada Estado, una vez cumplidos los requisitos exigidos por el mismo y demostrada su aptitud para cumplir correctamente las funciones que pudieren confiárseles (artículo 10). Cada Estado determinará las funciones que podrán desempeñar estos organismos. Los únicos límites previstos por el Convenio son los establecidos en los artículos 8 y 9, por tratarse de actividades que sólo pueden realizar la Autoridad Central en forma directa o a través de organismos públicos.

Sin perjuicio de los requisitos que pueda prever la legislación de cada Estado, el Convenio establece algunas exigencias mínimas: debe tratarse de organismos (con lo cual quedan excluidas las personas físicas) sin fines de lucro, sometidos a controles estatales en cuanto a composición, funcionamiento y situación financiera, y deben estar dirigidos y administrados por personas con calificación moral y formación en materia de adopción internacional. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.3 los directores, administradores y empleados de estos organismos no podrán recibir remuneraciones desproporcionadas con respecto a los servicios prestados.

La actuación extraterritorial de un organismo acreditado en un Estado Parte, sólo podrá tener lugar previa autorización de las autoridades competentes de los dos Estados involucrados en el procedimiento de adopción (artículo 12).

De conformidad con el artículo 13, cada Estado Parte debe comunicar a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya el nombre y dirección de los organismos acreditados.

II.8. Organismos no acreditados.

Atendiendo a la especial problemática que plantean las adopciones privadas o independientes, el artículo 22.2 del Convenio habilita a los Estados Contratantes a declarar -en cualquier momento- que las funciones que los artículos 15 a 21 encomiendan a las Autoridades Centrales podrán ser ejercidas -bajo el control de las autoridades competentes y dentro de los límites establecidos por la ley del Estado- por personas u organismos no acreditados, es decir que no han pasado por los controles establecidos en los artículos 10 a 13.

Su carácter de "no acreditados" no implica que estos organismos no deban reunir ciertos mínimos que los habiliten a intervenir en los procedimientos de adopción. En primer lugar, deben cumplir las condiciones de integridad, competencia profesional, experiencia y responsabilidad que exija cada Estado. En segundo término, si bien no se exige especialización, sí se requiere calificación ética, formación y experiencia para trabajar en el área de la adopción internacional. A diferencia de lo que ocurre en el caso de los organismos acreditados, tanto personas jurídicas como personas físicas pueden actuar como entidades no acreditadas. Los nombres de las mismas deben comunicarse en forma regular a la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional (artículo 22.3).

Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, cualquier Estado Parte podrá declarar que las adopciones de niños que residan habitualmente en él, sólo podrán tener lugar si las funciones atribuidas a las Autoridades Centrales para llevar a cabo el procedimiento de adopción, se desempeñan directamente por ellas o a través de autoridades públicas u organismos acreditados (artículo 22.4). La falta de declaración debe entenderse como aceptación de la participación de organismos y personas no acreditadas.

II.9. Condiciones de procedimiento respecto a la adopción internacional.

En el Capítulo IV, relativo a las condiciones del procedimiento de adopción, se intentó conciliar la necesidad de proteger los intereses fundamentales de todas las partes interesadas en la adopción (menor, padres biológicos y padres adoptivos) a través del establecimiento de un adecuado marco de garantías y de la simplificación de los procedimientos. Las normas contempladas en este Capítulo -en especial el artículo 17- no son facultativas, sino que deben aplicarse preceptivamente en todos los casos.

II.9.1. Condiciones para la constitución de la adopción.

El procedimiento se inicia con la presentación de una solicitud de las personas que tienen residencia habitual en un Estado Parte y desean adoptar un niño de otro Estado Parte. Los interesados deben dirigirse a la Autoridad Central de su residencia habitual (artículo 14). El Convenio no establece el contenido de la solicitud, por lo que el mismo se determinará por la ley de la residencia habitual de los solicitantes. Esta no es una tarea que -según el artículo 7- debe cumplirse directamente por la Autoridad Central. Por ese motivo, en caso de que la ley del Estado de residencia habitual de los solicitantes lo permita, la función de recibir las solicitudes podrá ser delegada en un organismo público o incluso en un organismo acreditado (artículo 22.1).

Una vez recibida la solicitud y habiendo constatado que los interesados son adecuados y aptos para adoptar (artículo 5 literal a), la Autoridad Central de su residencia habitual debe preparar un informe acerca de su situación personal, familiar y médica, así como sobre su identidad, aptitud y capacidad jurídica para adoptar, los motivos de la adopción y los niños que podrían tomar a su cargo (artículo 15). Esta última exigencia se incluye como una garantía más para asegurar el éxito de la adopción y no implica la elección de un niño determinado, sino que se refiere a características generales del tipo de menor que estarían en condiciones de adoptar. También en este caso, la tarea puede cumplirse directamente por la Autoridad Central o puede delegarse en un organismo público o en un organismo acreditado. Pero el artículo 22 agrega como novedad que estas funciones pueden ejercerse también -si la ley del Estado así lo permite- por las personas u organismos no acreditados a los que se hiciera referencia en el párrafo II.8. Sea quien sea el encargado de preparar el informe. La Autoridad Central asume la responsabilidad por el mismo, debiendo transmitirlo a su similar del Estado de origen del menor.

Según el artículo 16.1 la Autoridad Central del Estado de origen del menor debe analizar la "adoptabilidad" del menor. Este estudio consiste en determinar si, de acuerdo con la ley aplicable, el menor se encuentra comprendido en una situación jurídica que habilita su adopción (podría exigirse, por ejemplo, que se tratara de un menor abandonado o huérfano de padre y madre). Una vez determinada esta circunstancia:

a. debe preparar un informe sobre el menor. La elaboración del mismo no está directamente vinculada a la existencia de una solicitud de adopción, sino a la existencia de un niño para quien la mejor solución es la adopción internacional. El informe tiende a establecer las características psico-sociales del menor a efectos de tomar una decisión sobre su adopción que atienda los intereses de todas las partes y principalmente el suyo. Este informe puede ser preparado por otra autoridad pública u organismo acreditado, bajo la responsabilidad de la Autoridad Central. En caso de que sea preparado por un organismo no acreditado, el mismo deberá realizarse bajo la responsabilidad de las Autoridades Centrales, otras autoridades públicas u organismos acreditados, en la medida que lo permita la ley del Estado (artículo 22.5);

b. debe asegurarse que se han tenido en cuenta las condiciones de educación, étnicas, religiosas y culturales del menor. Siguiendo los lineamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, se reconoce la necesidad de que el niño adoptado conozca sus orígenes. Por otra parte, teniendo en cuenta estas condiciones del menor, se intenta prevenir ciertos problemas que pueden incidir en forma negativa en su desarrollo psicológico;

c. debe confirmar que se han recabado los consentimientos necesarios para la adopción de conformidad con el artículo 4; y

d. debe constatar que la adopción responde al interés superior del menor, teniendo en cuenta los informes sobre éstos y sobre los futuros padres adoptivos (este último remitido por el Estado de recepción).

El informe sobre el niño, acompañado de la prueba de los consentimientos y los fundamentos de la decisión se envían al Estado de recepción, teniendo en cuenta que deberá respetarse -en la medida de lo posible- el secreto acerca de la identidad de los padres biológicos del menor, si así lo exige la ley del Estado de origen.

II.9.2 Condiciones para confiar al niño a los futuros padres adoptivos.

El artículo 17 prevé los requisitos esenciales para que un menor pueda ser confiado a los futuros padres adoptivos. Este aspecto se regula a través de una norma flexible que permite tener en cuenta los intereses del niño y los de los Estados afectados por la adopción. Como surge del acápite del artículo, la decisión sobre este punto corresponde a las autoridades del Estado de origen del menor. Las condiciones que deben tenerse en cuenta son:

a. que la Autoridad Central (o, en su caso, las autoridades públicas, organismos públicos acreditados o no acreditados) de dicho Estado, se haya asegurado de que los futuros padres adoptivos han manifestado su acuerdo;

b. que la autoridad competente del Estado de recepción haya aprobado la decisión, si así lo exige la ley de ese Estado o la Autoridad Central del Estado de origen;

c. que las Autoridades Centrales de los Estados de origen y de recepción estén de acuerdo en continuar el procedimiento de adopción. Si bien este acuerdo no asegura la constitución del vínculo adoptivo, porque ello depende de que se reúnan los requisitos establecidos por la ley aplicable a la adopción, sí permite que se detenga el procedimiento en caso de que existan impedimentos sustanciales. Para ello basta el desacuerdo de uno de los Estados;

d. que las autoridades del Estado de recepción determinen que los padres adoptivos son aptos y adecuados y que el menor cuenta con autorización para entrar y permanecer en el mismo, de conformidad con lo estipulado en el artículo 5. Esta constatación no deberá realizarse necesariamente por las Autoridades Centrales, pudiendo hacerlo las autoridades competentes.

Finalmente, el artículo 18 prevé que las Autoridades Centrales -directamente o a través de autoridades públicas u otros organismos acreditados o no acreditados- deberán adoptar las medidas necesarias para que el niño reciba, además de las autorizaciones de entrada y residencia en el Estado de recepción mencionadas en el artículo 5, la autorización para salir del Estado de origen.

II.9.3. Condiciones para el traslado del menor.

El menor podrá ser trasladado al Estado de recepción, sólo una vez que se hayan cumplido los requisitos previstos en los artículos 17 y 18 (artículo 19.1).

Las Autoridades Centrales, directamente o a través de autoridades públicas, organismos acreditados u otros organismos no acreditados, deberán asegurarse de que el desplazamiento del menor tenga lugar en condiciones adecuadas y de ser posible, en compañía de los padres adoptivos o futuros padres adoptivos (artículo 19.2). Esta disposición responde al compromiso asumido por los Estados en la Convención sobre los Derechos del Niño, en cuanto a tratar de garantizar que el desplazamiento se efectúe en condiciones seguras, por medio de las autoridades u órganos competentes.

En caso de que no tenga lugar el traslado del menor, los informes elaborados por la Autoridad Central del Estado de recepción y del Estado de origen (artículos 15 y 16) deben devolverse a las autoridades que los expidieron. Con esta norma se busca proteger la información relativa a las personas involucradas en el procedimiento (artículo 19.3).

Las Autoridades Centrales deben mantenerse informadas sobre el procedimiento de adopción, las medidas adoptadas para finalizarlo, y el desarrollo del período probatorio, si es necesario. Esta última referencia alude al período posterior a la colocación del niño y contempla el caso en que el menor es trasladado al Estado de recepción con miras a la adopción. Durante ese tiempo, debe controlarse la adaptación del menor al nuevo hogar y las relaciones con los futuros padres adoptivos.

II.9.4. Casos en que la adopción por la familia solicitante ya no responde al interés superior del menor.

El artículo 21 prevé el caso de que -aun habiéndose tomado las precauciones establecidas en el Convenio antes de confiar al niño a los solicitantes y de trasladarlo al Estado de recepción por un período de prueba- se comprueba que el mantenimiento del niño en la familia que solicitó la adopción ya no responde al interés superior de aquél. Esta disposición es aplicable sólo en la hipótesis de que aún no se haya constituido la adopción. Para ese caso, se estipulan medidas de protección de ese menor.

En especial, se deberán arbitrar los mecanismos necesarios para retirar al niño de las personas que deseaban adoptarlo y "ocuparse de su cuidado provisional". Estas medidas, previstas en el artículo 21, tienen carácter inmediato y no son taxativas sino que constituyen un mínimo tendiente a alcanzar el bienestar del menor. Ellas pueden adoptarse directamente por la Autoridad Central o por medio de autoridades públicas u otros organismos -acreditados o no-. En todo caso, la determinación de las medidas a aplicar queda en manos de cada Estado (artículo 21.1.a).

La Autoridad Central del Estado de recepción también debe consultar a su similar del Estado de origen del niño a efectos de asegurar la futura situación del menor. Esta puede consistir en una nueva colocación con miras a su adopción o bien una colocación alternativa que tenga carácter duradero. En el primer caso, la adopción sólo podrá concretarse previa información sobre los nuevos padres adoptivos a la Autoridad Central del Estado de origen del menor. La segunda solución se refiere a los casos en que ni una nueva adopción ni el retorno del menor a su Estado de origen serían soluciones adecuadas (por ejemplo, por tratarse de un niño que requiere un tratamiento especial). Todas estas medidas deben tener lugar en el Estado de recepción en el que se encuentra el menor. En efecto, el artículo 21.1 literal c) prevé el retorno del niño a su Estado de origen "como último recurso", si así lo exige su interés. No puede perderse de vista que el menor, seguramente, ya se habrá adaptado al nuevo entorno y el regreso a su Estado de origen agregaría a las experiencias traumáticas previas, la de un nuevo desarraigo.

Finalmente, el artículo 21.2 del Convenio sigue el mandato del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en tanto prevé la obligación de consultar al menor y en su caso, de obtener su consentimiento en torno a las medidas a adoptar, teniendo en cuenta su edad y grado de madurez, lo que deberá analizarse en cada caso concreto.

II.10. Reconocimiento de la adopción.

Los artículos 23 a 25 desarrollan otro de los objetivos del Convenio: el reconocimiento de las adopciones constituidas en un Estado Parte. Estas disposiciones tienden a facilitar el reconocimiento de pleno derecho, sin necesidad de procedimiento o revisión alguna sobre el contenido de la decisión sobre la adopción, en todos los Estados Contratantes. A dichos efectos, sólo se requiere una certificación de la autoridad competente del Estado en el que se ha constituido la adopción (Estado de origen o de recepción), que acredite que la adopción es conforme al Convenio. De la certificación mencionada deberá surgir si las Autoridades Centrales de los Estados en cuestión han prestado su acuerdo para el procedimiento de adopción según el artículo 17 literal c).

El Convenio sólo prevé dos causales para denegar el reconocimiento de la adopción en un Estado Parte:

a. Cuando la misma sea manifiestamente contraria al orden público del Estado Parte en el que se pretende hacer valer "teniendo en cuenta el interés superior del niño" (artículo 24). El concepto de orden público, -tal como lo manifestara la delegación de Uruguay en la Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado y se recogiera luego en los artículos 525.5 del Código General del Proceso y 2404 de Código Civil- se refiere al orden público internacional y constituye una autorización excepcional para que un Estado, en forma no discrecional y fundada, declare no aplicables los preceptos de una ley extranjera que ofenda en forma concreta, grave y manifiesta, normas y principios esenciales de orden público internacional en los que cada Estado sienta su individualidad jurídica. Esta concepción restrictiva del orden público internacional adoptada por la República, se ve aún más acotada por el Convenio de La Haya en tanto establece que la reserva deberá aplicarse "teniendo en cuenta el interés superior del niño". Este criterio tiende a impedir el debilitamiento del principio de reconocimiento de pleno derecho de las adopciones constituidas conforme al Convenio.

b. La otra posibilidad de desconocer una adopción es que esta última se haya constituido siguiendo los lineamientos de un acuerdo celebrado entre dos o más Estados Contratantes, de conformidad con la autorización del artículo 39.2 del Convenio de La Haya. Esta autorización tiene por objeto favorecer la aplicación del Convenio en las relaciones recíprocas entre Estados y sólo permite modificar los artículos 14 a 16 y 18 a 21, relativos a procedimiento de la adopción. No obstante, los demás Estados Contratantes tienen derecho a declarar ante el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos -depositario del Convenio- que no reconocerán las adopciones hechas al amparo de dichos acuerdos. En ausencia de esta declaración, los Estados están obligados a reconocer este tipo de adopciones. En caso de formular la declaración, ésta faculta al Estado a desconocer una adopción hecha al amparo de uno de los acuerdos autorizados por el artículo 39.2 pero no lo obliga a hacerlo.

El artículo 25 no fija plazos para formular la referida declaración. Sin embargo, pueden distinguirse dos situaciones: por un lado, la del Estado que adquiere la calidad de contratante frente a Estados que han concluido acuerdos según lo previsto en el artículo 39.2 con anterioridad. En ese caso, el nuevo Estado Parte debería efectuar la declaración al momento de ratificar o adherir ya que si lo hace después, la declaración sólo surte efectos hacia el futuro, debiendo reconocer las adopciones que tengan lugar con posterioridad a su adhesión y antes de la declaración. Otra situación posible es la de los acuerdos que se concluyen con posterioridad a la ratificación o adhesión de un Estado. En este caso, este último deberá efectuar la declaración lo antes posible, ya que, de lo contrario estará obligado a reconocer las adopciones realizadas al amparo del acuerdo con anterioridad a su declaración.

II.11. Efectos de la adopción.

El artículo 26 refleja el consenso alcanzado durante los trabajos de la Conferencia en torno a los efectos de todas las adopciones contempladas en el Convenio (adopciones simples y plenas).

Lo efectos establecidos en el primer párrafo constituyen un mínimo común a todo tipo de adopción, independientemente de la ley aplicable a la misma, según la norma de conflicto del Estado en el que tiene lugar el reconocimiento. Dentro de dichos efectos, pueden distinguirse los que se refieren a las relaciones del niño con sus padres adoptivos y los relativos a las relaciones de aquél con su familia de origen.

II.11.a. Entre el niño y sus padres adoptivos.

Desde el momento que un Estado Parte reconoce una adopción constituida en otro, el menor debe ser considerado hijo de sus padres adoptivos independientemente de si se mantiene o no el vínculo con sus padres biológicos. Esto quiere decir, que este efecto tiene lugar cualquiera sea el tipo de adopción (artículo 26.1.a). Vinculado a este aspecto, el artículo 26.1.b establece como efecto inmediato del reconocimiento, la responsabilidad de los padres adoptivos con respecto al hijo (artículo 26.1.b).

II.11.b. Entre el niño y su familia de origen.

Si la ley del Estado Parte en que se constituyó la adopción prevé la ruptura del vínculo filiatorio entre el menor y sus padres biológicos, esa consecuencia tendrá efectos extraterritoriales en los demás Estados Contratantes que reconozcan la adopción (artículo 26.1.c).

El segundo párrafo regula los efectos de la adopción en el Estado Parte que reconoce la adopción, en los casos en que -según la ley aplicable a su constitución- ésta supone la ruptura del vínculo filiatorio entre el menor y sus padres. En este caso, el niño gozará en el Estado de recepción (que puede coincidir con el de constitución del vínculo adoptivo) y en todos los Estados Contratantes que reconozcan la adopción de derechos equivalentes a los que derivarían de una adopción que tuviera tal efecto en cada uno de los Estados Contratantes. De esta forma se busca dar cumplimiento al artículo 21.c de la Convención sobre los Derechos del Niño, garantizando al menor adoptado a través de una adopción internacional un estatuto jurídico equivalente al de cualquier otro niño adoptado. Este párrafo no es aplicable cuando el Estado en el que se constituye la adopción no acepta la ruptura del vínculo filiatorio entre el niño y sus padres biológicos. En este caso, deberá aplicarse el párrafo primero del artículo, en particular los literales a) y b).

Finalmente, el párrafo tercero habilita la aplicación de cualquier disposición de la ley del Estado de reconocimiento de la adopción, que resulte más favorable al niño. Esta disposición es aplicable con independencia de los efectos de la adopción en el Estado de constitución del vínculo adoptivo, vale decir, prescindiendo del hecho de que exista ruptura del vinculo filiatorio entre el menor y sus padres biológicos, según la ley del Estado en el que tiene lugar la adopción.

II.12. Conversión de la adopción.

El Convenio sólo regula el supuesto de que la adopción constituida en el Estado de origen sea objeto de conversión en el Estado de recepción (artículo 27). Los demás casos de conversión deberían resolverse a la luz de lo establecido por las normas de conflicto del Estado en el que se pretende llevar a cabo la misma.

Las condiciones que deben darse para que pueda tener lugar la conversión en los términos del artículo 27 son:

a) que la adopción haya tenido lugar en el Estado de origen:

b) que esa adopción no tenga por efecto la ruptura del vínculo de filiación preexistente en dicho Estado (de ser así, sería aplicable el artículo 26.1.c y sus efectos deberían reconocerse en los demás Estados Contratantes);

c) que la ley del Estado de recepción acepte la conversión (artículo 27.1.a); y

d) que se hayan otorgado los consentimientos establecidos por los apartados c) y d) del artículo 4 para una adopción que tenga por efecto de la ruptura del vínculo con los padres biológicos (Art. 27.1.b). Se pretende evitar así, que -por medio de la conversión- la adopción produzca un efecto para el cual no se otorgó el consentimiento correspondiente.

La conversión realizada conforme a esta norma debe reconocerse de pleno derecho ante los demás Estados Contratantes (incluso el Estado de origen del menor), cuando conste la certificación de la autoridad competente del Estado donde tuvo lugar, prevista en el artículo 23 (artícu-lo 27.2).

II.13. Disposiciones generales.

Dentro del Capítulo VI se incluyen una serie de disposiciones tradicionales en los Convenios de La Haya, como es el caso de las normas relativas a los Estados Contratantes con dos o más sistemas jurídicos aplicables en distintas unidades territoriales (artículo 36) o a diferentes categorías de personas (artículo 37), así como la exclusión del ámbito de aplicación del Convenio de los conflictos entre normas internas aplicables dentro de un mismo Estado (artículo 38). Pero dicho Capítulo también comprende algunas disposiciones que se refieren específicamente al funcionamiento de este Convenio atendiendo a las peculiaridades del instituto de la adopción internacional.

II.13.1. Prohibiciones de la ley del Estado de origen.

Según el artículo 28, el Convenio no afecta las prohibiciones o limitaciones establecidas en la legislación interna del Estado de origen en cuanto a la constitución del vínculo adoptivo, la colocación del niño en un tercer Estado o su desplazamiento previo a la adopción. El fundamento de esta disposición se encuentra en que el Convenio no tiene como objetivo la unificación de las normas internas de los Estados Contratantes en materia de adopción sino el establecimiento de un sistema de cooperación que asegure el cumplimiento de algunas garantías mínimas para la adopción internacional.

II.13.2. Prohibición de contactos entre las partes.

El artículo 29 prohíbe los contactos entre los futuros padres adoptivos y los padres o quienes detenten la guarda del menor. Sin embargo, esta prohibición no tiene carácter absoluto, ya que:

a) no se prohíben los contactos previos a la manifestación del consentimiento, deseos y opiniones del menor;

b) están permitidos los contactos en el caso de adopciones entre familiares; y

c) no se impiden los contactos cuando se trata de adopciones que se realizan en las condiciones establecidas por la autoridad competente del Estado de origen del menor.

Sin perjuicio de lo expresado, los mencionados contactos están sujetos a ciertas limitaciones. En efecto, éstos sólo pueden tener lugar una vez que:

a) las autoridades competentes del Estado de origen han establecido que el niño es adoptable, que la adopción responde a su interés superior y que se han obtenido los consentimientos de las personas, instituciones y autoridades pertinentes (artículo 4 literales a, b y c);

b) las autoridades competentes del Estado de recepción han constatado que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos para adoptar (artículo 5 literal a).

La finalidad de esta norma es la prevención de prácticas contrarias a los objetivos del Convenio y en especial evitar situaciones en las que hay más posibilidades de que se produzcan pagos o compensaciones indebidas en relación a los consentimientos.

II.13.3. Conservación y utilización de la información.

El artículo 30 regula dos hipótesis:

a) la recolección y conservación de información sobre el origen del niño (párrafo 1). Los Estados Contratantes asumen la obligación de conservar la información que obre en su poder sobre los orígenes del niño y en especial la relativa a su historia médica y la de su familia y la identidad de sus padres. Esta norma -que no limita la obligación al Estado de origen y al de recepción, sino que se aplica a todos los Estados Contratantes- debe vincularse con el literal a) del artículo 9, que prevé la obligación de las Autoridades Centrales de reunir, conservar e intercambiar información sobre el niño y sus futuros padres adoptivos. La forma de conservar la información, el tiempo durante el cual se debe conservar y el tipo de información a conservar debe ser determinado por cada Estado;

b) el derecho del niño a acceder a la información (párrafo 2). El Convenio consagra el derecho del menor a obtener la información relativa a sus orígenes por sí o a través de un representante, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, este reconocimiento no tiene un carácter absoluto. El primer límite está dado por lo que permita la ley de cada Estado. El segundo límite radica en que, de permitirse el acceso a la información, y cuando sea el propio adoptado quien la solicite, la misma deberá brindarse "con el debido asesoramiento" a fin de evitar cualquier tipo de perjuicio al menor.

Finalmente, sin perjuicio de lo establecido en esta disposición, el artículo 31 prevé la necesidad de proteger la información sobre las personas, estableciendo como garantía mínima que la información sobre el niño, su familia de origen y sus futuros padres adoptivos sólo podrán utilizarse para los fines para los que se obtuvo o trasmitió. De esta forma se pretende evitar excesos en el manejo de la información y también evitar que los interesados proporcionen datos que no se ajusten a la realidad por temor a una divulgación indiscriminada de los mismos.

II.13.4. Gastos derivados del procedimiento de adopción.

En varias oportunidades se ha hecho referencia a la prohibición de obtener beneficios materiales indebidos vinculados con la adopción, consagrado expresamente en el artículo 32.1. El Convenio impide también que los directores, administradores y empleados de organismos que intervengan en la adopción reciban remuneraciones desproporcionadas en relación a sus servicios (artículo 32.3).

El párrafo segundo del artículo 32 consagra la posibilidad de reclamar y pagar costos y gastos -incluyendo honorarios profesionales razonables- de las personas que hayan intervenido en la adopción. La razonabilidad de los honorarios deberá analizarse tomando en consideración la realidad de cada Estado.

Los gastos originados por las traducciones auténticas de documentos que sean requeridas por las autoridades competentes del Estado de recepción correrán por cuenta de los futuros padres adoptivos, salvo disposición en contrario (artículo 34).

II.13.5. Celeridad en los procedimientos.

El artículo 35 consagra la necesidad de que los Estados actúen con celeridad en los procedimientos de adopción. Esta norma debe considerarse teniendo en cuenta el artículo 9 literal b), que obliga a las Autoridades Centrales a "facilitar, seguir y activar el procedimiento de adopción" ya sea en forma directa o con la cooperación de autoridades públicas u otros organismos acreditados en cada Estado.

II.13.6. Estados con más de un sistema jurídico.

Los artículos 36 y 37 constituyen disposiciones clásicas en la estructura de los recientes Convenios de La Haya.

El artículo 36 contempla el caso de los Estados compuestos por dos o más unidades territoriales con sistemas jurídicos distintos en materia de adopción internacional. Esta norma, que se conoce como "cláusula federal", puede aplicarse también a Estados de estructura unitaria cuyas unidades territoriales tienen sus propios sistemas jurídicos.

El artículo 37 está destinado a resolver los problemas que se plantean en Estados con más de un sistema jurídico aplicable a distintas categorías de personas. Esta situación puede observarse por ejemplo en Estados en los que rigen regímenes jurídicos vinculados a distintas comunidades religiosas.

II.13.7. Relaciones con otros Convenios.

El artículo 39.1 regula la situación de Estados ya vinculados por tratados en materia de adopción. En este caso, el Convenio de 1993 no sustituye a dichos instrumentos, salvo declaración en contrario de los Estados vinculados por ambos textos. No obstante, es necesario dejar constancia de que los demás Estados Contratantes del Convenio de 1993 no quedan obligados a reconocer las adopciones constituidas al amparo de otros tratados.

El párrafo 2 del artículo 39, al que hiciéramos referencia en oportunidad de abordar las cuestiones relativas al reconocimiento de las adopciones -se refiere a la posibilidad de que los Estados concluyan tratados que tengan por finalidad favorecer sus relaciones recíprocas-, sin afectar las disposiciones fundamentales del Convenio. En efecto, este tipo de tratados sólo puede modificar los artículos 14 a 16 y 18 a 21 (relativos al procedimiento). Tal como se analizara en su oportunidad, los demás Estados Contratantes no están obligados a reconocer las adopciones constituidas al amparo de estos tratados. Sin embargo, para hacer efectiva esta facultad, es necesario efectuar una declaración en ese sentido ante el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos.

El Convenio de 1993 no contiene ninguna referencia a las relaciones con otro tipo de tratados que los Estados puedan suscribir en el futuro sobre materias reguladas por él. Cabe interpretar que, este tipo de situaciones se resolverá atendiendo a lo establecido por la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados.

II.13.8. Reservas.

La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 define a la reserva como "una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado" (artículo 2, apartado d). Como puede observarse, el efecto principal de este acto es introducir una alteración en los términos del tratado.

Teniendo en cuenta el triple objeto perseguido por el Convenio de 1993 (artículo 1), sustentado en la necesidad de adoptar medidas que contemplen el interés superior del menor y el respeto de sus derechos fundamentales, el artículo 40 prevé la inadmisibilidad de reservas. De esta forma se pretende alcanzar la aplicación integral de las disposiciones del Convenio por todos los Estados Parte, a efectos de asegurar el efectivo cumplimiento de sus fines.

II.13.9. Convocatoria de una Comisión especial.

El artículo 42 prevé la convocatoria periódica de una Comisión especial para examinar el funcionamiento práctico del Convenio. Esta norma recoge la experiencia de otros Convenios de La Haya, en particular, el relativo a aspectos civiles de la sustracción internacional de menores de 1980, considerando que el Convenio no constituye un fin en sí mismo sino que debe ser objeto de análisis periódicos que contribuyan a su mejor aplicación.

El Poder Ejecutivo considera de fundamental importancia la aprobación del "Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperaciòn en Materia de Adopción Internacional" por cuanto establece un sistema de cooperación que constituye un marco adecuado para garantizar una mayor protección de los menores en los casos en que su interés superior y la protección de sus derechos requiere acudir al instituto de la adopción internacional.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República, Guillermo Valles, Antonio Mercader."

Montevideo, 2 de agosto de 2001.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el "Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional" aprobado en La Haya, el 29 de mayo de 1993.

Guillermo Valles, Antonio Mercader.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El presente Convenio fue firmado en La Haya el 29 de mayo de 1993 y tiene por finalidad la protección del niño y establece compromisos de cooperación internacional al respecto.

El Artículo 1º. Refiere, concretamente, a las garantías a los efectos que las adopciones internacionales tengan por fundamento prioritario el interés del niño y el respeto por los derechos que les reconoce el Derecho Internacional. Para ese objetivo se creará un sistema de cooperación entre los Estados, debiéndose prevenir la venta o tráfico de niños.

Artículo 2º. Se acuerda que la aplicación del convenio corresponde cuando existe desplazamiento de la persona del "Estado de origen" a un "Estado de recepción". Establece, finalmente que el convenio se refiere a las adopciones que establece un vínculo de filiación.

Artículo 3º. El Acuerdo deja de aplicarse, antes que la persona alcance los 18 años, si los padres adoptivos mantienen su acuerdo; si la autoridad correspondiente del Estado de recepción también mantiene la decisión y si los padres adoptivos mantienen su condición.

Artículo 4º. Se establece que las adopciones sólo podrán realizarse cuando las autoridades competentes del Estado de origen, tengan en cuenta las siguientes condiciones:

a) Que el niño es adoptable.

b) Cuando se hayan agotado las posibilidades de adopción en el Estado de origen.

c) Cuando las personas que van a hacer la adopción acrediten las condiciones necesarias; cuando el consentimiento ha sido dado libremente; que el acto no determine pagos de clase alguna; que se hayan obtenido teniendo en cuenta la edad y madurez del niño y que éste ha sido debidamente asesorado.

Artículo 5º. Establece parecidas condiciones para quienes acceden a la adopción: aptitud de los futuros padres adoptivos y teniendo la legítima autorización del Estado en que residen.

Artículo 6º. Prevé que cada Estado Contratante creará una Comisión Especial para el correcto funcionamiento del Tratado.

Artículo 8º. Compromiso de los Estados de prevenir todo beneficio personal en el asunto.

Artículo 9º. Establece compromisos de los Estados participantes de reunir e intercambiar información, facilitar los trámites de adopción, prever sistemas de asesoramiento, etc.

Artículo 13. Obliga a intercambiar información sobre los organismos y autoridades que deben actuar en cada Esta-do.

Artículos 14 y 15. Prevé, en todos los casos la actuación y supervisación, resolución final de toda tramitación.

Artículos 16 al 25. Determina y regula los trámites y contralor que deberá cumplirse en cada Estado que deba intervenir.

Artículo 26. Establece un necesario reconocimiento de los nuevos vínculos de filiación; la responsabilidad de los padres adoptivos; situación en caso de ruptura del vínculo preexistente del vínculo de filiación y obligaciones de los Estados en estos casos.

Artículos 27 y 28. El Convenio no afecta las leyes que un Estado tenga para regular internamente la adopción.

Artículo 29. No existirá contacto entre los futuros padres adoptivos y los padres del niño o quienes tengan su guarda hasta que se establezca que el niño es adoptable, que una adopción internacional responde al interés superior del niño y todas las demás condiciones del Art. 4º inciso C) y artículo 5º del presente.

Artículo 30. Las autoridades competentes de un Estado Contratante asegurarán la conservación de toda la documentación referida al menor, identidad de la familia, etc.

Artículo 31. No se puede utilizar los datos personales que se obtengan o transmitan de acuerdo a este Convenio para otros fines distintos para los que se solicitaron.

Artículo 32. No se podrán obtener beneficios materiales indebidos por una adopción internacional, sólo se podrá percibir los costos, gastos y honorarios profesionales razonables. Los directores y empleados de los organismos que intervengan en la adopción no podrán recibir remuneraciones desproporcionadas.

Artículo 33. Toda autoridad que constate que no se ha respetado o existe riesgo de que no se cumpla alguna de las disposiciones del Convenio informarán a la Autoridad Central de su Estado, quien asegurará el cumplimiento de las normas respectivas.

Artículo 34. Si el Estado de destino lo requiere el o los documentos tendrán una traducción auténtica a cuenta de los futuros padres adoptivos.

Artículo 35. Las autoridades competentes de los Estados actuarán con celeridad en los procedimientos de adopción.

Artículo 36. En los Estados que tengan en materia de adopción sistemas jurídicos distintos, se aplicarán las normas de la unidad territorial de la residencia habitual.

Artículo 37. El Estado que tenga dos o más sistemas jurídicos para diferentes categorías de personas, toda referencia se entenderá referida al sistema jurídico de la ley de dicho Estado.

Artículo 38. Si existen distintas unidades territoriales con normas propias de adopción no estará obligado a aplicar las normas del Convenio cuando un Estado con sistema jurídico unitario no está obligado a hacerlo.

Artículo 39. Este Convenio no derogará los instrumentos internacionales en los que los Estados Contratantes sean parte y sobre las materias que regula este Convenio salvo declaración en contrario de los Estados vinculados. Los Estados podrán realizar acuerdos con uno o más Estados Contratantes para favorecer la aplicación del presente Convenio, sólo podrán derogar disposiciones de los artículos 14 a 16 y 18 a 21. Se remitirá copia de los Convenios al depositario del presente.

Artículo 40. No se admitirá reserva al Convenio.

Artículo 41. El Convenio se aplicará siempre que una solicitud sea efectuada después que entre en vigencia el Convenio en el Estado de origen y en el de recepción.

Artículo 42. El Secretario General de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado convocará periódicamente una Comisión Especial para examinar el funcionamiento del Convenio.

Artículo 43. 1. El Convenio estará abierto a la firma de los Estados que fueren miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado al celebrarse la 17ª Sesión.

2. Será ratificado, aceptado o aprobado y los instrumentos de ratificación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, depositario del Convenio.

Artículo 44. Cualquier Estado podrá adherirse al Convenio después de su entrada en vigor según el inciso 1º del Art. 46 y la adhesión se depositará en poder del depositario.

La adhesión sólo surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adherente y los Contratantes que no hubieran formulado objeciones, en los seis meses siguientes de su notificación según apartado del Art. 48.

Artículo 45. El Estado que comprenda varias unidades territoriales con diferentes sistemas jurídicos en cuestiones de la materia del presente Convenio, podrá declarar al momento de la firma a qué unidad territorial se aplicará lo que podrá ser modificado posteriormente. Dicha declaración será notificada al depositario del Convenio.

En el caso de no haber declaración se aplicará a la totalidad del territorio del Estado.

Artículo 46. El Convenio entrará en vigor el 1º del mes siguiente al final de los tres meses después del depósito del 3er. Instrumento de ratificación.

En lo sucesivo entrará en vigor para los Estados que lo ratifiquen el 1er. día del mes siguiente al final de los tres meses del depósito de su instrumento de ratificación.

Para las unidades territoriales a quienes se hayan extendido (artículo 45) el día 1º del mes siguiente al final de los tres meses después de la notificación del artículo 45.

Artículo 47. Todo Estado Parte en este Convenio podrá denunciarlo, notificando por escrito al depositario. Dicha denuncia surtirá efecto el 1º del mes siguiente al final de 12 meses desde la notificación, salvo que se hubiera fijado un período más largo.

Artículo 48. El depositario del Convenio notificará a los Estados Miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, a los Estados participantes en la 17ª Sesión y a los Estados que hayan adherido artículo 44 de las firmas, ratificaciones, etc. Artículo 43; las adhesiones y las objeciones artículo 44, la fecha en que el Convenio entrará en vigor artículo 46; las declaraciones y designaciones artículos 22, 23, 25 y 45; los acuerdos artículo 39; y las denuncias artículo 47.

En relación con lo anteriormente informado, vuestra Comisión aconseja la aprobación del presente Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia Internacional.

Carlos Julio Pereyra, Miembro Informante, Reinaldo Gargano, Pablo Millor, Ambrosio Rodríguez, Senadores.

XXXIIL CONVENIO1 RELATIVO A LA PROTECCION DEL NIÑO Y A LA COOPERACION EN MATERIA DE ADOPCION INTERNACIONAL2

(hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993)

Los Estados signatarios del presente Convenio,

Reconociendo que para el desarrollo armónico de su personalidad el niño debe crecer en un medio familiar, en un clima de felicidad amor y comprensión,

Recordando que cada Estado debería tomar, con carácter prioritario, medidas adecuadas que permitan mantener al niño en su familia de origen,

Reconociendo que la adopción internacional puede presentar la ventaja de dar una familia permanente a un niño que no puede encontrar una familia adecuada en su Estado de origen,

 

 

1 Se utiliza el término "Convenio" como sinónimo de "Convención".

2 Traducción de Alegría Borrás, catedrática de Derecho internacional privado de la Universidad de Barcelona y representante de España en la XVII Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y de Cristina González Beilfuss, Profesora Titular interina de Derecho internacional privado en la Universidad de Barcelona y Secretaria adjunta en la XVII Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

Constituye la versión oficiosa en lengua española de los textos auténticos en francés e inglés contenidos en el Acta final de la XVII Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (10-29 de mayo de 1993). Se han incorporado las observaciones realizadas por los representantes de países de lengua española presentes en la preparación del Convenio. Puede por tanto informalmente recomendarse la utilización de esta traducción para la firma, ratificación y adhesión al Convenio por los países de lengua española, con el fin de evitar la existencia de diversas versiones de un mismo texto. Esta versión corresponde a la edición definitiva del Acta final, preparada por la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. En la práctica, ha sido ya el texto utilizado por España al ratificar el Convenio (publicado en el Boletín Oficial del Estado de 1º de agosto de 1995).

 

 

 

Convencidos de la necesidad de adoptar medidas que garanticen que las adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto a sus derechos fundamentales, así como para prevenir la sustracción, la venta o el tráfico de niños,

Deseando establecer a tal efecto disposiciones comunes que tomen en consideración los principios reconocidos por instrumentos internacionales, especialmente por el Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989, y por la Declaración de Naciones Unidas sobre los principios sociales y jurídicos aplicables a la protección y al bienestar de los niños, considerados sobre todo desde el ángulo de las prácticas en materia de adopción y de colocación familiar en los planos nacional e internacional (Resolución de la Asamblea General 41/85, de 3 de diciembre de 1986),

Han acordado las disposiciones siguientes:

CAPITULO I. AMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO

Artículo 1

El presente Convenio tiene por objeto:

a) establecer garantías para que las adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto a los derechos fundamentales que le reconoce el Derecho Internacional;

b) instaurar un sistema de cooperación entre los Estados Contratantes que asegure el respeto a dichas garantías y, en consecuencia, prevenga la sustracción, la venta o el tráfico de niños;

c) asegurar el reconocimiento en los Estados Contratantes de las adopciones realizadas de acuerdo con el Convenio.

Artículo 2

1. El Convenio se aplica cuando un niño con residencia habitual en un Estado Contratante ("el Estado de origen") ha sido, es o va a ser desplazado a otro Estado Contratante ("el Estado de recepción"), bien después de su adopción en el Estado de origen por cónyuges o por una persona con residencia habitual en el Estado de recepción, bien con la finalidad de realizar tal adopción en el Estado de recepción o en el Estado de origen.

2. El Convenio sólo se refiere a las adopciones que establecen un vínculo de filiación.

Artículo 3

El Convenio deja de aplicarse si no se han otorgado las aceptaciones a las que se refiere el Art. 17, apartado c), antes de que el niño alcance la edad de dieciocho años.

CAPITULO II. CONDICIONES DE LAS ADOPCIONES INTERNACIONALES

Artículo 4

Las adopciones consideradas por el Convenio sólo pueden tener lugar cuando las Autoridades competentes del Estado de origen:

a) han establecido que el niño es adoptable;

b) han constatado, después de haber examinado adecuadamente las posibilidades de colocación del niño en su Estado de origen, que una adopción internacional responde al interés superior del niño;

c) se han asegurado de que:

1) las personas, instituciones y autoridades cuyo consentimiento se requiera para la adopción han sido convenientemente asesoradas y debidamente informadas de las consecuencias de su consentimiento, en particular en relación al mantenimiento o ruptura, en virtud de la adopción, de los vínculos jurídicos entre el niño y su familia de origen.

2) tales personas, instituciones y autoridades han dado su consentimiento libremente, en la forma legalmente prevista y que este consentimiento ha sido dado o constatado por escrito,

3) los consentimientos no se han obtenido mediante pago o compensación de clase alguna y que tales consentimientos no han sido revocados, y

4) el consentimiento de la madre, cuando sea exigido, se ha dado únicamente después del nacimiento del niño; y

d) se han asegurado, teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez del niño, de que:

1) ha sido convenientemente asesorado y debidamente informado sobre las consecuencias de la adopción y de su consentimiento a la adopción, cuando éste sea necesario.

2) se han tomado en consideración los deseos y opiniones del niño,

3) el consentimiento del niño a la adopción, cuando sea necesario, ha sido dado libremente, en la forma legalmente prevista y que este consentimiento ha sido dado o constatado por escrito, y

4) el consentimiento no ha sido obtenido mediante pago o compensación de clase alguna.

Artículo 5

Las adopciones consideradas por el Convenio sólo pueden tener lugar cuando las Autoridades competentes del Estado de recepción:

a) han constatado que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos para adoptar;

b) se han asegurado de que los futuros padres adoptivos han sido convenientemente asesorados; y

c) han constatado que el niño ha sido o será autorizado a entrar y residir permanentemente en dicho Estado.

CAPITULO III. AUTORIDADES CENTRALES Y ORGANISMOS ACREDITADOS

Artículo 6

1. Todo Estado Contratante designará una Autoridad Central encargada de dar cumplimiento a las obligaciones que el Convenio le impone.

2. Un Estado federal, un Estado en el que están en vigor diversos sistemas jurídicos o un Estado con unidades territoriales autónomas puede designar más de una Autoridad central y especificar la extensión territorial o personal de sus funciones. El Estado que haga uso de esta facultad, designará la Autoridad central a la que puede dirigirse toda comunicación para su trasmisión a la Autoridad central competente dentro de ese Estado.

Artículo 7

1. Las Autoridades centrales deberán cooperar entre ellas y promover una colaboración entre las Autoridades competentes de sus respectivos Estados para asegurar la protección de los niños y alcanzar los demás objetivos del Convenio.

2. Tomarán directamente todas las medidas adecuadas para:

a) proporcionar información sobre la legislación de sus Estados en materia de adopción y otras informaciones generales, tales como estadísticas y formularios;

b) informarse mutuamente sobre el funcionamiento del Convenio y, en la medida de lo posible, suprimir los obstáculos para su aplicación.

Artículo 8

Las Autoridades centrales tomarán, directamente o con la cooperación de autoridades públicas, todas las medidas apropiadas para prevenir beneficios materiales indebidos en relación a una adopción y para impedir toda práctica contraria a los objetivos del Convenio.

Artículo 9

Las Autoridades centrales tomarán, ya sea directamente o con la cooperación de Autoridades públicas o de otros organismos debidamente acreditados en su Estado, todas las medidas apropiadas, en especial para:

a) reunir, conservar e intercambiar información relativa a la situación del niño y de los futuros padres adoptivos en la medida necesaria para realizar la adopción;

b) facilitar, seguir y activar el procedimiento de adopción;

c) promover, en sus respectivos Estados, el desarrollo de servicios de asesoramiento en materia de adopción y para el seguimiento de las adopciones;

d) intercambiar informes generales de evaluación sobre las experiencias en materia de adopción internacional;

e) responder, en la medida en que lo permita la ley de su Estado, a las solicitudes de información motivadas respecto a una situación particular de adopción formuladas por otras Autoridades centrales o por autoridades públicas.

Artículo 10

Sólo pueden obtener y conservar la acreditación los organismos que demuestren su aptitud para cumplir correctamente las funciones que pudieran confiárseles.

Artículo 11

Un organismo acreditado debe:

a) perseguir únicamente fines no lucrativos en las condiciones y dentro de los límites fijados por las autoridades competentes del Estado que lo haya acreditado;

b) ser dirigido y administrado por personas cualificadas por su integridad moral y por su formación o experiencia para actuar en el ámbito de la adopción internacional; y

c) estar sometido al control de las autoridades competentes de dicho Estado en cuanto a su composición, funcionamiento y situación financiera.

Artículo 12

Un organismo acreditado en un Estado Contratante sólo podrá actuar en otro Estado Contratante si ha sido autorizado por las autoridades competentes de ambos Estados.

Artículo 13

La designación de las Autoridades centrales y, en su caso, el ámbito de sus funciones, así como el nombre y dirección de los organismos acreditados, serán comunicados por cada Estado Contratante a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

CAPITULO IV. CONDICIONES DE PROCEDIMIENTO RESPECTO A LAS ADOPCIONES INTERNACIONALES

Artículo 14

Las personas con residencia habitual en un Estado Contratante que deseen adoptar un niño cuya residencia habitual está en otro Estado Contratante, deberán dirigirse a la Autoridad central de Estado de su residencia habitual.

Artículo 15

1. Si la Autoridad central del Estado de recepción considera que los solicitantes son adecuados y aptos para adoptar, preparará un informe que contenga información sobre su identidad, capacidad jurídica y aptitud para adoptar, su situación personal, familiar y médica, su medio social, los motivos que les animan, su aptitud para asumir una adopción internacional así como sobre los niños que estarían en condiciones de tomar a su cargo.

2. Esta Autoridad central trasmitirá el informe a la Autoridad central del Estado de origen.

Artículo 16

1. Si la Autoridad central del Estado de origen considera que el niño es adoptable.

a) preparará un informe, que contenga información sobre la identidad del niño, su adoptabilidad, su medio social, su evolución personal y familiar, su historia médica y la de su familia, así como sobre sus necesidades particulares;

b) se asegurará de que se han tenido debidamente en cuenta las condiciones de educación del niño así como su origen étnico, religioso y cultural;

c) se asegurará de que se han obtenido los consentimientos previstos en el Art. 4; y

d) constatará si, basándose especialmente en los informes relativos al niño y a los futuros padres adoptivos, la colocación prevista obedece al interés superior del niño.

2. Esta Autoridad central trasmitirá a la Autoridad central del Estado de recepción su informe sobre el niño, la prueba de que se han obtenido los consentimientos requeridos y la motivación de la decisión relativa a la colocación, procurando no revelar la identidad de la madre y el padre, si en el Estado de origen no puede divulgarse su identidad.

Artículo 17

En el Estado de origen sólo se podrá confiar al niño a los futuros padres adoptivos si:

a) la Autoridad central del Estado de origen se ha asegurado de que los futuros padres adoptivos han manifestado su acuerdo;

b) la Autoridad central del Estado de recepción ha aprobado tal decisión, si así lo requiere la ley de dicho Estado o la Autoridad central del Estado de origen;

c) las Autoridades centrales de ambos Estados están de acuerdo en que se siga el procedimiento de adopción; y

d) se ha constatado, de acuerdo con el Art. 5, que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos para adoptar y que el niño ha sido o será autorizado a entrar y residir permanentemente en el Estado de recepción.

Artículo 18

Las Autoridades centrales de ambos Estados tomarán todas las medidas necesarias para que el niño reciba la autorización de salida del Estado de origen, así como de entrada y residencia permanente en el Estado de recepción.

Artículo 19

1. Sólo se podrá desplazar al niño al Estado de recepción si se han observado las exigencias del Art. 17.

2. Las Autoridades centrales de ambos Estados se asegurarán de que el desplazamiento se realice con toda seguridad, en condiciones adecuadas y, cuando sea posible, en compañía de los padres adoptivos o de los futuros padres adoptivos.

3. Si no se produce el desplazamiento del niño, los informes a los que se refieren los Arts. 15 y 16 serán devueltos a las autoridades que los hayan expedido.

Artículo 20

Las Autoridades centrales se mantendrán informadas sobre el procedimiento de adopción y las medidas adoptadas para finalizarlo, así como sobre el desarrollo del período probatorio, si fuera requerido.

Artículo 21

1. Si la adopción debe tener lugar en el Estado de recepción tras el desplazamiento del niño y la Autoridad central de dicho Estado considera que el mantenimiento del niño en la familia de recepción ya no responde a su interés superior, esta Autoridad central tomará las medidas necesarias para la protección del niño, especialmente para:

a) retirar al niño de las personas que deseaban adoptarlo y ocuparse de su cuidado provisional;

b) en consulta con la Autoridad central del Estado de origen, asegurar sin dilación una nueva colocación del niño en vistas a su adopción o, en su defecto, una colocación alternativa de carácter duradero; la adopción del niño sólo podrá tener lugar si la Autoridad central del Estado de origen ha sido debidamente informada sobre los nuevos padres adoptivos;

c) como útlimo recurso, asegurar el retorno del niño al Estado de origen, si así lo exige su interés.

2) Teniendo en cuenta especialmente la edad y grado de madurez del niño, se le consultará y, en su caso, se obtendrá su consentimiento en relación a las medidas a tomar conforme al presente artículo.

Artículo 22

1. Las funciones atribuidas a la Autoridad central por el presente Capítulo pueden ser ejercidas por autoridades públicas o por organismos acreditados conforme al Capítulo III, en la medida prevista por la ley de este Estado.

2. Todo Estado Contratante podrá declarar ante el depositario del Convenio que las funciones conferidas a la Autoridad central por los Ars. 15 a 21 podrán también ser ejercidas en ese Estado, dentro de los límites permitidos por la ley y bajo el control de las Autoridades competentes de dicho Estado, por personas u organismos que:

a) cumplan las condiciones de integridad, competencia profesional, experiencia y responsabilidad exigidas por dicho Estado; y

b) estén capacitadas por su calificación ética y por su formación o experiencia para trabajar en el ámbito de la adopción internacional.

3. El Estado Contratate que efectúe la declaración prevista en el párrafo 2 informará con regularidad a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado de los nombres y direcciones de estos organismos y personas.

4. Todo Estado Contratante podrá declarar ante el depositario del Convenio que las adopciones de niños cuya residencia habitual esté situada en su territorio sólo podrán tener lugar si las funciones conferidas a las Autoridades centrales se ejercen de acuerdo con el párrafo 1.

5. A pesar de que se haya realizado la declaración prevista en el párrafo 2, los informes previstos en los Arts. 15 y 16 se prepararán, en todo caso, bajo la responsabilidad de la Autoridad central o de otras autoridades u organismos de acuerdo con el párrafo 1.

CAPITULO V. RECONOCIMIENTO Y EFECTOS DE LA ADOPCION

Artículo 23

1. Una adopción certificada como conforme al Convenio por la autoridad competente del Estado donde ha tenido lugar, será reconocido de pleno derecho en los demás Estados Contratantes. La certificación especificará cuándo y por quién han sido otorgadas las aceptaciones a las que se refiere el Art. 17, apartado c).

2. Todo Estado Contratante, en el momento de la firma, la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, notificará al depositario del Convenio la identidad y las funciones de la autoridad o autoridades que, en dicho Estado, son competentes para expedir la certificación. Notificará asimismo cualquier modificación en la designación de estas autoridades.

Artículo 24

Sólo podrá denegarse el reconocimiento de una adopción en un Estado Contratante si dicha adopción es manifiestamente contraria a su orden público, teniendo en cuenta el interés superior del niño.

Artículo 25

Todo Estado Contratante puede declarar ante el depositario del Convenio que no reconocerá en virtud de las disposiciones del mismo las adopciones hechas conforme a un acuerdo concluido en aplicación del Art. 39, párrafo 2.

Artículo 26

1. El reconocimiento de la adopción comporta el reconocimiento:

a) del vínculo de filiación entre el niño y sus padres adoptivos;

b) de la responsabilidad de los padres adoptivos respecto al hijo;

c) de la ruptura del vínculo de filiación preexistente entre el niño y su madre y su padre, si la adopción produce este efecto en el Estado Contratante en que ha tenido lugar.

2. Si la adopción tiene como efecto la ruptura del vínculo preexistente de filiación, el niño gozará, en el Estado de recepción y en todo otro Estado Contratante en que se reconozca la adopción, de derechos equivalentes a los que resultan de una adopción que produzca tal efecto en cada uno de esos Estados.

3. Los párrafos precedentes no impedirán la aplicación de disposiciones más favorables al niño que estén en vigor en el Estado Contratante que reconozca la adopción.

Artículo 27

1. Si una adopción realizada en el Estado de origen no tiene por efecto la ruptura del vínculo de filiación preexistente, en el Estado de recepción que reconozca la adopción conforme al Convenio dicha adopción podrá ser convertida en una adopción que produzca tal efecto, si:

a) la ley del Estado de recepción lo permite; y

b) los consentimientos exigidos en el Art. 4, apartados c) y d), han sido o son otorgados para tal adopción.

2. El Art. 23 se aplicará a la decisión sobre la conversión de la adopción.

CAPITULO VI. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 28

El Convenio no afecta a ley alguna de un Estado de origen que exija que la adopción de un niño con residencia habitual en ese Estado tenga lugar en ese Estado o que prohíba la colocación del niño en el Estado de recepción o su desplazamiento al Estado de recepción antes de la adopción.

Artículo 29

No habrá contacto alguno entre los futuros padres adoptivos y los padres del niño u otras personas que tengan la guarda de éste hasta que se hayan cumplido las condiciones de los Arts. 4, apartados a) a c) y 5, apartado a), salvo cuando la adopción del niño tenga lugar entre familiares o salvo que se cumplan las condiciones que establezca la autoridad competente del Estado de origen.

Artículo 30

1. Las Autoridades competentes de un Estado Contratante asegurarán la conservación de la información de la que dispongan relativa a los orígenes del niño, en particular la información respecto a la identidad de sus padres, así como la historia médica del niño y de su familia.

2. Dichas autoridades asegurarán el acceso, con el debido asesoramiento, del niño o de su representante a esta información en la medida en que lo permita la ley de dicho Estado.

Artículo 31

Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 30, los datos personales que se obtengan o trasmitan conforme al Convenio, en particular aquellos a los que se refieren los Arts. 15 y 16, no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos para los que se obtuvieron o transmitieron.

Artículo 32

1. Nadie puede obtener beneficios materiales indebidos como consecuencia de una intervención relativa a una adopción internacional.

2. Sólo se podrán reclamar y pagar costes y gastos, incluyendo los honorarios profesionales razonables de las personas que han intervenido en la adopción.

3. Los directores, administradores y empleados de organismos que intervengan en la adopción no podrán recibir remuneraciones desproporcionadas en relación a los servicios prestados.

Artículo 33

Toda autoridad competente que constate que no se ha respetado o que existe un riesgo manifiesto de que no sea respetada alguna de las disposiciones del Convenio, informará inmediatamente a la Autoridad central de su Estado. Dicha Autoridad central tendrá la responsabilidad de asegurar que se toman las medidas adecuadas.

Artículo 34

Si la autoridad competente del Estado de destino de un documento así lo requiere, deberá proporcionarse una traducción auténtica. Salvo que se disponga lo contrario, los costes de tal traducción correrán a cargo de los futuros padres adoptivos.

Artículo 35

Las autoridades competentes de los Estados Contratantes actuarán con celeridad en los procedimientos de adopción.

Artículo 36

En relación a un Estado que tenga, en materia de adopción, dos o más sistemas jurídicos aplicables en distintas unidades territoriales:

a) toda referencia a la residencia habitual en dicho Estado se entenderá referida a la residencia habitual en una unidad territorial de dicho Estado;

b) toda referencia a la ley de dicho Estado se entenderá referida a la ley vigente en la correspondiente unidad territorial;

c) toda referencia a las autoridades competentes o a las autoridades públicas de dicho Estado se entenderá referida a las autoridades autorizadas para actuar en la correspondiente unidad territorial;

d) toda referencia a los organismos acreditados de dicho Estado se entenderá referida a los organismos acreditados en la correspondiente unidad territorial.

Artículo 37

En relación a un Estado que tenga, en materia de adopción, dos o más sistemas jurídicos aplicables a diferentes categorías de personas, toda referencia a la ley de ese Estado se entenderá referida al sistema jurídico determinado por la ley de dicho Estado.

Artículo 38

Un Estado Contratante en el que distintas unidades territoriales tengan sus propias normas en materia de adopción no estará obligado a aplicar las normas del Convenio cuando un Estado con un sistema jurídico unitario no estaría obligado a hacerlo.

Artículo 39

1. El Convenio no derogará a los instrumentos internacionales en que los Estados Contratantes sean partes y que contengan disposiciones sobre materias reguladas por el presente Convenio, salvo declaración en contrario de los Estados vinculados por dichos instrumentos.

2. Todo Estado Contratante podrá concluir con uno o más Estados Contratantes acuerdos para favorecer la aplicación del Convenio en sus relaciones recíprocas. Estos acuerdos sólo podrán derogar las disposiciones contenidas en los Arts. 14 a 16 y 18 a 21. Los Estados que concluyan tales acuerdos transmitirán una copia de los mismos al depositario del presente Convenio.

Artículo 40

No se admitirá reserva alguna al Convenio.

Artículo 41

El Convenio se aplicará siempre que una solicitud formulada conforme al Art. 14 sea recibida después de la entrada en vigor del Convenio en el Estado de origen y en el Estado de recepción.

Artículo 42

El Secretario General de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado convocará periódicamente una Comisión especial para examinar el funcionamiento práctico del Convenio.

CAPITULO VII. CLAUSULAS FINALES

Artículo 43

1. El Convenio estará abierto a la firma de los Estados que fueren miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado cuando se celebró su Decimoséptima Sesión y de los demás Estados participantes en dicha Sesión.

2. Será ratificado, aceptado o aprobado, y los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, depositario del Convenio.

Artículo 44

1. Cualquier otro Estado podrá adherirse al Convenio después de su entrada en vigor en virtud del párrafo 1 del Art. 46.

2. El instrumento de adhesión se depositará en poder del depositario.

3. La adhesión sólo surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adherente y los Estados Contratantes que no hubiesen formulado objeción a la adhesión en los seis meses siguientes a la recepción de la notificación a que se refiere el apartado b) del Art. 48. Podrá asimismo formular una objeción al respecto cualquier Estado en el momento de la ratificación, aceptación o aprobación del Convenio posterior a la adhesión. Dichas objeciones serán notificadas al depositario del Convenio.

Artículo 45

1. Cuando un Estado comprenda dos o más unidades territoriales en las que se apliquen sistemas jurídicos diferentes en lo que se refiere a cuestiones reguladas por el presente Convenio, podrá declarar, en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que el Convenio se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o varias de ellas y podrá en cualquier momento modificar esta declaración haciendo otra nueva.

2. Toda declaración de esta naturaleza será notificada al depositario del Convenio y en ella se indicarán expresamente las unidades territoriales a las que el Convenio será aplicable.

3. En el caso de que un Estado no formule declaración alguna al amparo del presente artículo, el Convenio se aplicará a la totalidad del territorio de dicho Estado.

Artículo 46

1. El Convenio entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después del depósito del tercer instrumento de ratificación, de aceptación o de aprobación previsto en el Art. 43.

2. En lo sucesivo, el Convenio entrará en vigor:

a) para cada Estado que lo ratifique, acepte o apruebe posteriormente, o se adhiera al mismo, el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión;

b) para las unidades territoriales a las que se haya hecho extensiva la aplicación del Convenio de conformidad con el Art. 45, el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después de la notificación prevista en dicho artículo.

Artículo 47

1. Todo Estado parte en el presente Convenio podrá denunciarlo mediante notificación por escrito dirigida al depositario.

2. La denuncia surtirá efecto el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de doce meses después de la fecha de recepción de la notificación por el depositario del Convenio. En caso de que en la notificación se fije un período más largo para que la denuncia surta efecto, ésta tendrá efecto cuando transcurra dicho período, que se contará a partir de la fecha de recepción de la notificación.

Artículo 48

El depositario del Convenio notificará a los Estados Miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, así como a los demás Estados participantes en la Decimoséptima Sesión y a los Estados que se hayan adherido de conformidad con lo dispuesto en el Art. 44:

a) las firmas, ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones a que se refiere el Art. 43;

b) las adhesiones y las objeciones a las mismas a que se refiere el Art. 44;

c) la fecha en la que el Convenio entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en el Art. 46;

d) las declaraciones y designaciones a que se refieren los Arts. 22, 23, 25 y 45;

e) los acuerdos a que se refiere el Art. 39;

f) las denuncias a que se refiere el Art. 47.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente Convenio.

Hecho en La Haya, el 29 de mayo de 1993, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos del Gobierno del Reino de los Países Bajos y del cual se remitirá por vía diplomática una copia auténtica a cada uno de los Estados Miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en el momento de celebrarse su Decimoséptima Sesión, así como a cada uno de los demás Estados que han participado en dicha Sesión.

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VAN LOON, J. H. A., "Intercountry adoption of children: A. Challengue for international co-operation to protect children’s rights, Hague Yeurboo, of International Law, 1992, pp. 137 ss.

- "International co-operation and protection of children with regard to intercountry adoption", Recueil des Cours de l’ Académie de Droit international de La Haye, t. 244 (1993).

- "Unification and cooperation in the field international family law: a perspectiva from the Hague", E. Pluribus unum. Liber amicorum Georges A. L. Droz, La Haya, 1996, pp. 173 ss.

VERWILGHEN, M., "Le renouveau de l’adoption inter-nationale", Relations familiales internationales, Bruselas, 1993, pp. 135 ss.

 

Dra. Diana Espino de Papantonakis

EMBAJADORA

DIRECTORA DE TRATADOS."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo único.- Apruébase el ‘Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional’ aprobado en La Haya, el 29 de mayo de 1993."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado.)

18) INTENDENTE DOCTOR VALENTIN COSSIO

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: quiero aclarar que el desglose del conjunto de artículos que solicité, no significaba aplazar el numeral 34) del Orden del Día, por lo que pediría que se tratara.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa pide disculpas porque no lo había interpretado de esa forma, pero así lo haremos.

Se pasa a considerar el asunto que figura en trigesimocuarto lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se designa a la Escuela Rural Nº 67 de Paraje Cerros de Amaro, del departamento de Treinta y Tres con el nombre ‘Intendente Dr. Valentín Cossio’. (Administración Nacional de Educación Pública) (Carp. Nº 523/01 - Rep. Nº 427/02)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 523/01

Rep. Nº 427/02

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Intendente doctor Valentín Cossio" la Escuela Rural Nº 67 del paraje Cerros de Amaro, departamento de Treinta y Tres, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 17 de julio de 2001.

Gustavo Penadés Presidente - Horacio D. Catalurda Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: se ha elegido una escuela de la zona de Cerros de Amaro para ponerle el nombre de "Intendente Doctor Valentín Cossio" en recuerdo a un gran servidor del país y, naturalmente, de su departamento.

El doctor Cossio nació en la zona de Cerros de Amaro, 4ª Sección del departamento de Treinta y Tres el 14 de febrero de 1900 y falleció a los 86 años de edad. Era hijo de una familia del medio rural, en el que realizó sus estudios escolares. Luego, en Treinta y Tres, cursó secundaria, radicándose en Montevideo para realizar estudios en la Facultad de Medicina, donde obtuvo el título de médico. Después volvió a su departamento a ejercer esta profesión.

La política lo llevó a la militancia más activa y fue electo en dos oportunidades Intendente Municipal del departamento. Durante su gestión, Treinta y Tres se transformó notoriamente, y diversas obras aún en perfectas condiciones, de ser apreciada su importancia, lucen en la ciudad de Treinta y Tres, embelleciéndola y jerarquizándola como capital departamental.

En ese departamento se tiene el más grato recuerdo de este hombre que se dedicó a la función municipal, pero sin dejar de atender su vocación por la medicina, prestando servicios en Salud Pública durante toda su permanencia en el departamento de Treinta y Tres, convirtiéndose además en un típico médico de familia en la zona, cosechando un enorme prestigio.

Finalmente, fue elegido Diputado por el departamento de Treinta y Tres, precisamente en esa Legislatura que va desde 1962 a 1966 y que hoy citamos al tratar otro punto del Orden del Día.

El doctor Cossio cumplió una gestión dignísima como profesional médico y también como gobernante municipal y nacional. Justamente, en momentos en que Treinta y Tres está por celebrar su aniversario, consideramos importante que se apruebe este proyecto de ley que honra la memoria de este ciudadano que prestó tan grandes servicios a la comunidad.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo único.- Desígnase ‘Intendente doctor Valentín Cossio’ la Escuela Rural Nº 67 del paraje Cerros de Amaro, departamento de Treinta y Tres, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública)."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado.)

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: a vía de fundamento de voto sobre el proyecto de ley por el que se de-signa Luis M. Pirieveis la Represa sobre el Arroyo Chingolo, departamento de Paysandú, quiero señalar que se trata de una iniciativa del señor Representante colorado del departamento, que nosotros apoyamos, porque además se refiere a una persona que tuvo una gran actuación en el desarrollo de Paysandú. Esto va a permitir todo un emprendimiento de indudable trascendencia en aquel departamento.

Por tales razones, creo que este es un homenaje muy merecido que el Parlamento hace a un ciudadano que mucho contribuyó con Paysandú.

Queríamos fundar nuestro voto por esta vía y agradecemos al Senado que nos lo permitiera.

19) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA EXONERAR DE SU CARGO A UN FUNCIONARIO PUBLICO

SEÑOR NIN NOVOA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NIN NOVOA.- Señor Presidente: mociono para que se pase a considerar el asunto que figura en último término del Orden del Día para lo que es necesario pasar a sesión secreta, y que luego se levante la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota:)

14 en 16. Afirmativa.

El Senado pasa a sesión secreta.

(Así se hace. Es la hora 19 y 43 minutos.)

(Vueltos a sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 19 y 46 minutos)

- Dése cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- El Senado, en sesión secreta, resolvió conceder venia al Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Salud Pública.

20) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- En función de lo acordado, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 19 y 46 minutos, presidiendo el doctor Alejandro Atchugarry y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Barrios Tassano, Cid, Correa Freitas Couriel, Fau, Fernández Huidobro, Gallinal, Gargano, Korzeniak, Larrañaga, Millor, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Rubio y Sanabria.)

DOCTOR ALEJANDRO ATCHUGARRY Presidente en ejercicio

Sr. Mario Farachio - Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretarios

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.