Retorno a página principal

Nº 150 - TOMO 409 - 26 DE DICIEMBRE DE 2001

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

68ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente,

el SEÑOR SENADOR WALTER RIESGO Primer Vicepresidente

y el SEÑOR SENADOR CONTADOR DANILO ASTORI Segundo Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI Y LA PROSECRETARIA SEÑORA EMMA ABDALA

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Levantamiento del receso

- El Senado resuelve levantar el receso y considerar el orden del día para el que ha sido convocado.

5) Solicitud de licencia

- La formula el señor Senador Pereyra.
- Concedida.

6) Integración del Cuerpo

- Nota de desistimiento. La presenta el señor Heber Da Rosa Vázquez comunicando que, por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.

7) Servicios prestados por trabajadores de la actividad privada

- Proyecto de ley por el que se reconocen como efectivamente trabajados los servicios prestados por los trabajadores de la actividad privada que fueron detenidos o compelidos a abandonar el país y por los dirigentes sindicales que hubieran permanecido en la clandestinidad entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985.
- Manifestaciones del señor Senador Fernández Huidobro aclarando su posición como beneficiario de las disposiciones de la presente ley.
- El Senado resuelve autorizar al referido señor Senador a intervenir en el debate.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

8) Seguros Sociales de Enfermedad en la industria manufacturera

- Proyecto de ley por el que se procede a la rebaja de aportes patronales.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

9, 11 y 13) Fondo de Solidaridad

- Proyecto de ley por el que se modifica la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994, que creó un Fondo para financiar un sistema de becas para estudiantes de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico Profesional.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

10) Asunto entrado fuera de hora

- La Cámara de Representantes remite un proyecto de ley por el que se aprueba el Código de la Niñez y la Adolescencia.
- A la Comisión de Constitución y Legislación.

12) Reconocimiento de servicios prestados por trabajadores de la actividad privada

- Mensaje y proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo por el que se financia la mayor erogación generada por el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes, relativo al reconocimiento de los servicios prestados por los trabajadores de la actividad privada detenidos o compelidos a dejar el país entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985.
- Repártase.

14) Año de la Educación Vial

- Proyecto de ley por el que se declara al año 2002 como "Año de la Educación Vial".
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

15) Personas con capacidades diferentes

- Proyecto de ley por el que se establece que en las obras edilicias efectuadas mediante convenios con el Estado se deberá facilitar su acceso, desplazamiento y utilización.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.
- Por moción del señor Senador Michelini, el Senado resuelve acompañar el proyecto de ley aprobado con las versiones taquigráficas respectivas a los efectos correspondientes.

16) Préstamos en efectivo y financiación de bienes y servicios

- Proyecto de ley por el que se establecen normas para el cálculo de intereses y reajustes.
- En consideración.

17) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

«Montevideo, 21 de diciembre de 2001.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, en régimen de cuarto intermedio, el próximo miércoles 26, a la hora 16, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) por el que se reconocen como efectivamente trabajados los servicios prestados por los trabajadores de la actividad privada que fueron detenidos o compelidos a abandonar el país, y por los dirigentes sindicales que hubieren permanecido en la clandestinidad, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985.

(Carp. Nº 688/01 - Rep. Nº 369/01)

2º) por el que se rebajan los aportes patronales a los seguros sociales de enfermedad en la industria manufacturera.

(Carp. Nº 577/01 - Rep. Nº 329/01 Anexo I)

3º) por el que se modifica la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994, que crea como persona jurídica de derecho público no estatal un Fondo de Solidaridad para financiar un sistema de becas para estudiantes de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico Profesional.

(Carp. Nº 671/01 - Rep. Nº 368/01)

4º) por el que se declara el año 2002 "Año de la Educación Vial".

(Carp. Nº 493/01 - Rep. Nº 371/01)

5º) por el que se establece que en las obras efectuadas mediante convenio con el Estado se deberá facilitar el acceso de las personas con capacidades diferentes.

(Carp. Nº 614/01 - Rep. Nº 367/01)

6º) por el que se establecen normas para el cálculo de intereses y reajustes en las operaciones de préstamos en efectivo y financiación de bienes y servicios.

(Carp. Nº 686/01 - Rep. Nº 370/01)

7º) por el que se designa con el nombre "Profesor Luis Hierro Gambardella" el Liceo Nº 55 de la ciudad de Montevideo.

(Carp. Nº 526/01 - Rep. Nº 338/01)

8º) por el que se designa con el nombre "Luis Barrios Tassano" el Liceo Nº 2 de San Carlos, departamento de Maldonado.

(Carp. Nº 676/01 - Rep. Nº 372/01)

Hugo Rodríguez Filippini Secretario - Mario Farachio Secretario.»

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Arismendi, Atchugarry, Brause, Cid, Correa Freitas, Couriel, de Boismenu, Fau, Fernández Huidobro, Gallinal, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Korzeniak, Larrañaga, Mangado, Michelini, Millor, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Pou, Rubio, Sanabria, Scarpa, Singer y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Pereyra y Virgili.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE. - Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 15 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

«Montevideo, 26 de diciembre de 2001.

La Presidencia de la Asamblea General remite varios Mensajes del Poder Ejecutivo comunicando la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

por el que se amplía la participación de efectivos del Ejército Nacional en la Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo.

por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Científica Tecnológica y Logística en Materia Antártica entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República del Perú, suscrito en la ciudad de Lima, el 5 de mayo de 1998;

por el que se establece un régimen gradual de pago del impuesto creado por el artículo 642 de la Ley N° 16.170, y de los aportes patronales al Banco de Previsión Social para aquellos contribuyentes catalogados como microempresas;

por el que se regula el régimen jubilatorio y pensionario de la Caja Notarial de Seguridad Social

-TENGANSE PRESENTES Y ARCHIVENSE.

La Presidencia de la Asamblea General remite varias notas del Tribunal de Cuentas de la República comunicando las resoluciones adoptadas en los siguientes expedientes:

del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas y de Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea, ratificando las observaciones formuladas por los Contadores Delegados;

del Ministerio de Turismo, del Ministerio del Interior, de la Administración Nacional de Educación Pública, de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, de la Dirección del Centro Departamental de Salud Pública de Treinta y Tres y de Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea, en relación al mantenimiento de las observaciones de gastos formuladas a dichos órganos y organismos;

de la Intendencia Municipal y de la Junta Departamental de Río Negro, de la Intendencia Municipal de Canelones, de los Gobiernos Departamentales de Montevideo, Artigas, Treinta y Tres y Salto, y de las Juntas Departamentales de Rivera, Canelones, Montevideo, y Paysandú, por los que resuelve emitir su Dictamen Constitucional relativo a la Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2000.

-TENGANSE PRESENTES.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

por el que se aprueba el Acuerdo sobre Cooperación Cultural entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Albania.

por el que se aprueban Enmiendas a los Estatutos de la Organización Mundial de Turismo y a sus Reglas de Financiación anexas.

-A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

por el que se tipifica el delito de intermediación lucrativa a quien ejecutare actos que, con la finalidad de captar socios para las instituciones de asistencia médica privada, ofrezca a cambio la entrega o la promesa de entrega de dinero a socios o afiliados;

-A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

por el que se establecen normas para el bienestar de los animales;

por el que se incrementan las sanciones pecuniarias que se aplican a quienes incumplan las normas en materia de lucha, control y erradicación de la fiebre aftosa.

-A LA COMISION DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.

por el que se designa con el nombre de Daniel Fernández Crespo, la Escuela N° 83 de la ciudad de San José de Mayo del departamento de San José.

-A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

por el que se designa Wilson Ferreira Aldunate la Ruta Nacional N° 108.

-A LA COMISION DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.

por el que se aprueba el Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), 1974.

-A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

La Cámara de Representantes comunica que ha sancionado los siguientes proyectos de ley:

por el que se aprueba el Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones, entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Malasia, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 9 de agosto de 1995;

por el que se designa Mario Arregui el tramo de la Ruta Nacional N° 23 comprendido entre la ciudad de Trinidad y villa Ismael Cortinas en el departamento de Flores;

por el que se aprueba el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y la República de Venezuela en la ciudad de Caracas, el 20 de mayo de 1997;

por el que se aprueba el Acuerdo de Seguridad Social entre la República Oriental del Uruguay y la República de Colombia, suscrito en la ciudad de Santafé de Bogotá el 17 de febrero de 1998;

por el que se otorga a los Gobiernos Departamentales del Interior una partida en carácter de adelanto extraordinario de las transferencias que les correspondan por concepto del Impuesto Específico Interno al gas-oil;

por el que se aprueba el Convenio para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, suscrito en la ciudad de Panamá, el 18 de febrero de 1998, entre la República Oriental del Uruguay y la República de Panamá.

-TENGANSE PRESENTES Y AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite la información solicitada por el señor Senador Luis A. Heber referida a los bienes del Estado.

-OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR LUIS A. HEBER.

La Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas comunica que su Directorio ha dispuesto auspiciar la "Exposición sobre innovación, la ciencia y la tecnología".

-TENGASE PRESENTE.

La Administración Nacional de Educación Pública comunica que ha resuelto aprobar una trasposición de créditos presupuestales del Inciso 25, Programa 02 "Consejo de Educación Primaria".

-TENGASE PRESENTE.

El Consejo de Educación Técnico Profesional dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública comunica que ha autorizado una trasposición de gastos a los efectos del mejor funcionamiento de sus servicios del Grupo 2 "Bienes de Consumo".

-TENGASE PRESENTE.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas comunica que ha resuelto realizar trasposiciones de créditos presupuestales entre Proyectos de Inversión del Programa 003 Dirección Nacional de Vialidad, y distribuir una partida para complementar las retribuciones de los funcionarios.

-TENGASE PRESENTE.

La Junta Departamental de Colonia remite:

nota comunicando que se encuentra estudiando la creación de la Defensoría del Vecino y solicita antecedentes sobre antecedentes que existan a estudio del Senado;

-A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

y oficio dando cuenta de su apoyo al planteamiento sobre un salario digno para los Auxiliares de Servicio de Primaria.

La Junta Departamental de Durazno informa que ha resuelto apoyar la sanción de una ley sobre Violencia Doméstica y la iniciativa sobre la protección del agua y su reconocimiento como Patrimonio Nacional.

La Junta Departamental de Río Negro comunica que ha resuelto apoyar la iniciativa de su similar de Colonia a efectos de que el agua sea considerada Patrimonio Nacional y se implementen políticas de Estado sobre su uso.

La Junta Departamental de Paysandú remite:

nota adjuntando copia de la carta presentada por la señora Edila Yolanda Villalba referida a los bajos salarios que perciben los jubilados de las Cajas de Industria y Comercio y Rural,

y nota en la que expresa su inquietud sobre la aprobación de la ley sobre Violencia Doméstica.

La Junta Departamental de Lavalleja comunica su apoyo a la aprobación de la ley sobre Violencia Doméstica y a la iniciativa para que el 50% de lo destinado al deporte juvenil se vuelque a los Gobiernos Departamentales para que ellos lo promuevan a través de sus oficinas competentes.

La Junta Departamental de Soriano comunica haber aprobado los siguientes decretos:

por el que solicita la rebaja de las Unidades Reajustables que los promitentes compradores abonan por los Núcleos del SIAV,

y por el que resuelve solicitar al Directorio de ANTEL el mejoramiento de los servicios de telefonía celular móvil y conexión con Internet en Pueblo Palmar.

La Junta Departamental de Treinta y Tres remite notas comunicando:

su apoyo a la aprobación de la ley sobre Violencia Doméstica,

que ha resuelto solicitar que se estudie la implementación de un plazo a la exoneración de tributos a la forestación en el país, que se regula según la Ley Nº 15.939;

la inquietud de los vecinos de la capital sobre la ubicación del proyectado Liceo Nº 3.

La Junta Departamental de Canelones remite los siguientes oficios:

comunicando que apoya la sanción del proyecto de ley sobre Violencia Doméstica;

remitiendo las expresiones vertidas por el Edil Jorge Alvear referidas a la "Reglamentación de los bonos colaboración";

-TENGANSE PRESENTES.

y con destino a la Comisión de Medio Ambiente, la inquietud sobre el tratamiento y destino de los residuos hospitalarios y otros peligrosos provenientes del Puerto de Montevideo.

-A LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE.

La Junta Departamental de Maldonado remite con destino a la Comisión de Constitución y Legislación las palabras del señor Edil Luis Muñiz, relacionadas con la necesidad de implementar un Sistema de Seguridad Vial.

-A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

La Junta Departamental de Artigas solicita información a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre sus conclusiones luego de haber visitado el departamento después de la aparición de la fiebre aftosa.

-A LA COMISION DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.

La Junta Departamental de San José remite con destino a la Comisión de Salud Pública, las palabras de la señora Edila Rita Quevedo, relacionadas con la carencia de un programa de educación sexual en la Educación Pública.

-A LA COMISION DE SALUD PUBLICA.»

4) LEVANTAMIENTO DEL RECESO

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde que el Senado declare que está dispuesto a levantar el receso.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Habiendo número, está abierta la sesión

5) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Pereyra solicita licencia los días 26 y 27 del corriente mes".

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 26 de diciembre de 2001.

Señor
Presidente del Senado
Don Luis Hierro López
Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito licencia los días 26 y 27 del corriente por motivos personales.

Sin más, lo saludo atentamente

Carlos Julio Pereyra. Senador.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-20 en 22. Afirmativa.

6) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una nota de desistimiento.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Eber Da Rosa Vázquez comunica que, en esta oportunidad, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto."

SEÑOR PRESIDENTE.- Queda convocado el señor Senador Juan Ignacio Mangado, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, de encontrarse en la Antesala, se le invita a ingresar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Mangado)

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Sanabria.

SEÑOR SANABRIA.- En nombre del Partido Colorado solicitamos un cuarto intermedio de veinte minutos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por veinte minutos

(Así se hace a la hora 16 y 25 minutos.)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 17 y 16 minutos)

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: con el propósito de lograr un acuerdo a nivel de los distintos sectores parlamentarios, vamos a solicitar un nuevo cuarto intermedio por cinco minutos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 18. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio.

(Así se hace a la hora 17 y 17 minutos)

(Vueltos a Sala)

7) SERVICIOS PRESTADOS POR TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD PRIVADA

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 17 y 22 minutos)

-Se pasa a considerar el asunto que figura en primer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se reconocen como efectivamente trabajados los servicios prestados por los trabajadores de la actividad privada que fueron detenidos o compelidos a abandonar el país y por los dirigentes sindicales que hubieren permanecido en la clandestinidad, entre el 9 de febrero de l973 y el 28 de febrero de l985 (Carp. Nº 688/01- Rep. Nº 369/01)."

(Antecedentes:)

«Carp. N° 688/01
Rep. N° 369/01

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I
Principio general
Contenido

Artículo 1º. - Quedan comprendidos en la presente ley, todos los trabajadores de la actividad privada que, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, se hubieran visto obligados a abandonar el territorio nacional por razones políticas, ideológicas o gremiales; asimismo, los que hubieran estado detenidos durante dicho lapso por delitos políticos o militares conexos, y los dirigentes sindicales que debieron permanecer en la clandestinidad en dicho período, siempre y cuando cumplan con los requisitos del artículo 3º de la presente ley y les sea reconocido el derecho por la Comisión Especial que por esta ley se crea.

CAPITULO II
Ambito subjetivo

Artículo 2º. - A los trabajadores y demás beneficiarios mencionados en el artículo anterior se les computará -dentro del período comprendido entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985- como efectivamente trabajado, el tiempo que medió entre la salida del país y el regreso al territorio nacional, entre la detención y la recuperación de la libertad o el período de clandestinidad, en su caso. Este reconocimiento será válido sólo a los efectos jubilatorios y pensionarios y se computará a partir de los dieciocho años de edad.

Art. 3º. - Para ser beneficiario de los derechos que se instituyen en la presente norma, el trabajador
deberá reunir los siguientes requisitos:

A) Haber estado detenido por disposición de la Justicia Militar, cualquiera fuera la autoridad que dispuso inicialmente la privación de la libertad, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, por delitos políticos o militares conexos con los mismos, o durante dicho período haber pasado a la clandestinidad siendo dirigente sindical o haberse visto compelido a abandonar el país, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, por razones políticas, ideológicas o gremiales, siempre que hubiere retornado al mismo y se haya radicado, definitivamente, en el país antes del 1º de marzo de 1990.

B) Que le sea reconocido el derecho por la Comisión Especial que se crea en esta ley y no estar comprendido en las situaciones previstas en el artículo 18 de la presente ley.

CAPITULO III
Ambito objetivo

Artículo 4º. (Ingresos fictos). - A los trabajadores que oportunamente sean declarados comprendidos dentro de los extremos de esta ley, se les reconocerá durante el período de cómputo ficto de servicios, un ingreso mensual equivalente a cinco salarios mínimos nacionales, a valores de la fecha de vigencia de la presente ley.

Art. 5º. - (Naturaleza de los servicios). - Los servicios reconocidos en los términos de la presente ley, no podrán fraccionarse y se considerará que son comunes u ordinarios, de acuerdo al régimen que regule la prestación a servir.

En el caso de los beneficiarios que a la fecha de vigencia de la presente ley, tengan configurada causal jubilatoria o pensionaria, los servicios fictos se considerarán que tienen afiliación al instituto que deba servir la prestación en la cual aquellos se computan.

Tratándose de beneficiarios sin causal a dicha fecha, la afiliación de los períodos estará determinada por los últimos servicios prestados por el beneficiario o el causante, según corresponda.

Art. 6º. - (Reenvío). - Cuando, de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo anterior, no pudiese determinarse la afiliación, se considerará que los servicios fueron prestados al amparo de la Ley Nº 12.138, de 13 de octubre de 1954.

CAPITULO IV
Financiación
Recursos

Artículo 7º. (Reintegros). - Los aportes jubilatorios personales correspondientes al reconocimiento ficto se cancelarán mediante un régimen de reintegros, que será reglamentado por el Poder Ejecutivo.

El mismo será equivalente al 20% (veinte por ciento) de los importes emergentes de dicho reconocimiento ficto, por un período igual al de los servicios reconocidos.

El descuento cesará al cumplir el afiliado los setenta años de edad.

La prestación resultante, en ningún caso podrá ser inferior a la asignación mínima establecida por el régimen de pasividades por el cual se otorgue.

Art. 8º. (Recursos). - Los gastos que genere la aplicación de la presente ley, serán atendidos por Rentas Generales.

CAPITULO V
Del procedimiento

Sección I
De la Comisión

Artículo 9º. - Créase una Comisión Especial, que actuará en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuya integración, cometidos y funciones, serán los que se expresan en los artículos siguientes.

Esta Comisión deberá constituirse dentro de los treinta días a partir de la vigencia de esta ley, siendo obligación del Poder Ejecutivo publicitar la fecha de su constitución.

Art. 10. (Integración). - La Comisión Especial creada por el artículo anterior estará integrada por un delegado designado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien la presidirá; un delegado designado por la Comisión Nacional del Servicio Civil; un delegado designado por el Ministerio de Economía y Finanzas y uno designado por el Banco de Previsión Social (BPS). Las decisiones se tomarán por mayoría. En caso de empate en la votación, el Presidente tendrá doble voto.

Art. 11. (Cometidos). - La Comisión Especial entenderá en todo lo relativo a la instrucción, sustanciación y resolución definitiva de las situaciones previstas en el Capítulo II de esta ley.

El acto por el cual la Comisión Especial resuelva la solicitud, se considerará acto definitivo cumplido por la Administración y será notificado personalmente.

Podrá ser recurrido mediante los recursos de revocación y jerárquico.

Art. 12. (Facultades). - La Comisión Especial podrá disponer todas las medidas que estime convenientes a los efectos de la instrucción y eventual sustanciación de las solicitudes. Se comunicará con las autoridades de los organismos públicos o privados, directamente y de acuerdo a las prescripciones legales y reglamentarias que fueren del caso.

Art. 13. (Prueba). - Las condiciones constitutivas de las circunstancias de amparo a la presente ley, deberán acreditarse, en todos los casos, por prueba documental.

Sección II
Del procedimiento

Artículo 14. (Condiciones de la presentación). - Quienes por estar comprendidos en el literal A) del artículo 3º de esta ley, aspiren a ser declarados como incluidos en sus beneficios, dispondrán de un plazo de noventa días corridos, a partir de la constitución de la Comisión Especial y de la publicación de esta ley en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional, para presentarse por sí o por apoderado por escrito ante dicha Comisión.

Art. 15. (Caducidad). - Vencido el plazo previsto en esta ley para solicitar el amparo, caducarán todos los derechos consagrados por la misma.

Art. 16. - Vencido el plazo de ciento ochenta días a partir de que la Comisión Especial se recibió de la petición, sin que se expida, se considerará configurada la denegatoria ficta de dicha petición, quedando abierta al peticionante la vía de los recursos administrativos.

Art. 17. - El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social proporcionará los recursos humanos y materiales necesarios para la instalación, funcionamiento y asistencia de cualquier naturaleza de la Comisión.

La Comisión Especial podrá dictar, si lo estimare pertinente, su reglamento interno de funcionamiento.

CAPITULO VI
Disposiciones finales

Artículo 18. (Exclusiones). - Quedan excluidas de los beneficios de la presente ley, las personas comprendidas en las Leyes Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, Nº 16.163, de 21 de diciembre de 1990, Nº 16.451, de 16 de diciembre de 1993, y Nº 16.561, de 19 de agosto de 1994.

Asimismo, quedan excluidas las personas que hubieran trabajado en países con los cuales la República tiene acuerdos de reconocimiento recíproco de beneficios jubilatorios o quienes perciban desde el exterior ingresos por pasividad superiores a los cinco salarios mínimos nacionales.

Art. 19. - La presente ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro del plazo de ciento veinte días a partir de su entrada en vigencia.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 12 de diciembre de 2001.

Gustavo Penadés Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario

EXPOSICION DE MOTIVOS

Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 5 de julio de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General
Don Luis Hierro López

De nuestra mayor consideración

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a consideración de ese Alto Cuerpo, el adjunto proyecto de ley por el cual se reconoce como efectivamente trabajados, a los solos efectos jubilatorios y pensionarios, los servicios que se hubiesen prestado por trabajadores de la actividad privada que, dentro del período comprendido entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, hubiesen sido detenidos por disposición de la Justicia Militar, por delitos políticos o militares conexos con los mismos, se hubieren visto compelidos a abandonar el país por razones políticas, ideológicas y gremiales y para los Dirigentes Sindicales que hubieren pasado a la clandestinidad.

Innecesario resulta destacar que este es el punto final de un dilatado proceso, que por imperio de esta ley llegará a su término.

En el Capítulo II se establece el ámbito subjetivo del beneficio, precisando quienes tienen vocación para obtenerlo.

El Capítulo III por su parte, se ocupa del ámbito objetivo instaurando por la vía de los ingresos fictos, un ingreso mensual cuyo monto es de cinco salarios mínimos nacionales.

Asimismo se encarga de prever sobre la naturaleza de los servicios distinguiendo entre los beneficiarios con causal y sin causal, y dando una norma de reenvío si subsistiere la duda.

Los recursos necesarios para financiar la erogación que resulte de la aplicación de esta ley, se proyecta sean atendidos con cargo a Rentas Generales.

Es notorio que de acuerdo a lo previsto por la Constitución en su artículo 86, inciso 2º, los proyectos de ley de la índole del presente requieren la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, la cual se está formalizando en este acto.

En el Capítulo V se regulan las cuestiones relativas al procedimiento.

Se crea una Comisión Especial con el cometido de estudiar y resolver las peticiones de amparo, integrada por cuatro miembros designados por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Economía y Finanzas, Servicio Civil y Banco de Previsión Social.

Por último, en el Capítulo VI de las disposiciones finales se prevé una serie de circunstancias de exclusión de los beneficios.

En atención a todo lo expuesto es que el Poder Ejecutivo formula, para el caso, la iniciativa privativa del proyecto de ley adjunto, encontrando propicia la ocasión para reiterar al señor Presidente y a los miembros de ese Alto Cuerpo las seguridades de su más alta consideración.

Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Alvaro Alonso Tellechea, Alberto Bensión.

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I
Principio general. Contenido

Artículo 1º. - Quedan comprendidos en la presente ley, todos los trabajadores de la actividad privada que, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, se hubieran visto obligados a abandonar el territorio nacional por razones políticas, ideológicas o gremiales; asimismo, los que hubieran estado detenidos por delitos políticos o militares conexos durante dicho lapso y los dirigentes sindicales que debieron permanecer en la clandestinidad en dicho período, siempre y cuando cumplan con los requisitos del artículo 3º de la presente ley y les sea reconocido el derecho por la Comisión Especial que por esta ley se crea.

CAPITULO II
Ambito subjetivo

Artículo 2º. - A los trabajadores y demás beneficiarios mencionados en el artículo anterior se les computará -dentro del período comprendido entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985- como efectivamente trabajado, el tiempo que medió entre la salida del país y el regreso al territorio nacional, entre la detención y la recuperación de la libertad y el período de clandestinidad, en su caso. Este reconocimiento será válido sólo a los efectos jubilatorios y pensionarios y se computará a partir de los 18 años de edad.

Art. 3º. - Para ser beneficiario de los derechos que se instituyen en la presente norma, el trabajador deberá reunir los siguientes requisitos:

A) Haber estado detenido por disposición de la Justicia Militar, cualquiera fuera la autoridad que dispuso inicialmente la privación de la libertad, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, por delitos políticos o militares conexos con los mismos, o durante dicho período, haber pasado a la clandestinidad siendo dirigente sindical o haberse visto compelida a abandonar el país, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, por razones políticas, ideológicas o gremiales, siempre que hubiere retornado al mismo y se haya radicado, definitivamente, en el país antes del 1º de marzo de 1987.

B) Que le sea reconocido el derecho por la Comisión Especial que se crea en esta ley y no estar comprendidos en las situaciones previstas en el artículo 18 de la presente ley.

CAPITULO III
Ambito objetivo

Artículo 4º. (Ingresos fictos). - A los trabajadores que oportunamente sean declarados comprendidos dentro de los extremos de esta ley, se les reconocerá durante el período de cómputo ficto de servicios, un ingreso mensual equivalente a cinco (5), Salarios Mínimos Nacionales, a valores de la fecha de vigencia de la presente ley.

Art. 5º. (Naturaleza de los servicios). - Los servicios reconocidos en los términos de la presente ley, no podrán fraccionarse y se considerará que son comunes u ordinarios, de acuerdo al régimen que regule la prestación a servir.

En el caso de los beneficiarios que a la fecha de vigencia de la ley, tengan configurada causal jubilatoria o pensionaria, los servicios fictos se considerarán que tienen afiliación al Instituto que deba servir la prestación en la cual aquellos se computan.

Tratándose de beneficiarios sin causal a dicha fecha, la afiliación de los períodos estará determinada por los últimos servicios prestados por el beneficiario o el causante, según corresponda.

Art. 6º. (Reenvío). - Cuando de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo anterior, no pudiese determinarse la afiliación, se considerará que los servicios fueron prestados al amparo de la Ley Nº 12.138, de 13 de octubre de 1954.

CAPITULO IV
Financiación. Recursos

Artículo 7º. (Reintegros). - Los aportes jubilatorios personales correspondientes al reconocimiento ficto, se cancelarán mediante un régimen de reintegros.

El mismo será equivalente al 20% (veinte por ciento), de los importes emergentes de dicho reconocimiento ficto, por un período igual al de los servicios reconocidos.

El descuento cesará al cumplir el afiliado los setenta años de edad.

La prestación resultante, en ningún caso podrá ser inferior a la asignación mínima establecida por el régimen de pasividades por la cual se otorgue.

Art. 8º. (Recursos). - Los gastos que genere la aplicación de la presente ley, serán atendidos por Rentas Generales.

CAPITULO V
Del procedimiento

Sección I
De la Comisión

Artículo 9º. - Créase una Comisión Especial, que actuará en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuya integración, cometidos y funciones, serán los que se expresan en los artículos siguientes.

Esta Comisión deberá constituirse dentro de los treinta días a partir de la vigencia de esta ley, siendo obligación del Poder Ejecutivo publicitar la fecha de su constitución.

Art. 10. (Integración). - La Comisión Especial creada por el artículo anterior estará integrada por un delegado designado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien la presidirá, un delegado designado por la Comisión de Servicio Civil, un delegado designado por el Ministerio de Economía y Finanzas y uno designado por el Banco de Previsión Social. Las decisiones se tomarán por mayoría. En caso de empate en la votación, el Presidente tendrá doble voto.

Art. 11. (Cometidos). - La Comisión Especial, entenderá en todo lo relativo a la instrucción, sustanciación y resolución definitiva de las situaciones previstas en el Capítulo II de esta ley.

El acto por el cual la Comisión Especial resuelva la solicitud, se considerará acto definitivo cumplido por la administración y será notificado personalmente.

Podrá ser recurrido mediante los recursos de revocación y jerárquico.

Art. 12. (Facultades). - La Comisión Especial podrá disponer todas las medidas que estime convenientes a los efectos de la instrucción y eventual sustanciación de las solicitudes. Se comunicará con las autoridades de los organismos, públicos o privados, directamente y de acuerdo a las prescripciones legales y reglamentarias que fueren del caso.

Art. 13. (Prueba). - Las condiciones constitutivas de las circunstancias de amparo a la presente ley, deberán acreditarse, en todos los casos, por prueba documental.

Sección II
Del Procedimiento

Artículo 14. (Condiciones de la presentación). - Quienes por estar comprendidos en el literal A, del artículo 2º de esta ley, aspiren a ser declarados como incluidos en sus beneficios, dispondrán de un plazo de noventa días corridos, a partir de la constitución de la Comisión Especial, para presentarse por sí o por apoderado por escrito ante dicha Comisión.

Art. 15. (Caducidad). - Vencido el plazo previsto en esta ley para solicitar el amparo, caducarán todos los derechos consagrados por la misma.

Art. 16. - Vencido el plazo de ciento cincuenta días a partir de que la Comisión Especial se recibió de la petición, sin que se expida, se considerará configurada la denegatoria ficta de dicha petición, quedando abierta al peticionante la vía de los recursos administrativos.

Art. 17. - El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social proporcionará los recursos humanos y materiales necesarios para la instalación, funcionamiento y asistencia de cualquier naturaleza de la Comisión.

La Comisión Especial podrá dictar, si lo estimare pertinente, su Reglamento interno de funcionamiento.

CAPITULO VI
Disposiciones finales

Artículo 18. (Exclusiones). - Quedan excluidos de los beneficios de la presente ley, las personas comprendidas en las Leyes Nos. 15.783, de 20 de noviembre de 1985, 16.163, de 21 de diciembre de 1990, 16.451 de 16 de diciembre de 1993 y 16.561, de 19 de agosto de 1994.

Asimismo, quedan excluidas las personas que hubieran trabajado en países con los cuales la República tiene acuerdos de reconocimiento recíproco de beneficios jubilatorios, o quienes perciban desde el exterior, ingresos por pasividad superiores a los cinco salarios mínimos nacionales.

Art. 19. - Comuníquese, etc.

Alvaro Alonso Tellechea, Alberto Bensión.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

La Mesa aclara al Senado que en este punto no hay Miembro Informante.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Fernández Huidobro.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: he solicitado la palabra para referirme a una cuestión de orden relativa a la aplicación del Reglamento. De acuerdo con las consultas que he hecho, si este proyecto de ley fuera aprobado, me vería favorecido en lo personal por haber estado, como es público y notorio, alojado en diversas reparticiones militares en mi carácter de preso. El artículo 97 del Reglamento de la Cámara de Senadores dice que es prohibido a todo Senador intervenir en asunto que se refiera a su interés individual y establece que, no obstante, si el Senador denuncia previamente su vinculación con el tema, podrá autorizarlo la Cámara, si así lo estimare pertinente. Debo aclarar además, señor Presidente, que prácticamente toda mi línea de suplentes se encuentra en las mismas condiciones. He consultado también a algunos caracterizados juristas de mi Bancada, quienes me han dicho que esta disposición no es de aplicación cuando se trata de una ley genérica. Por lo demás, se me plantea la duda con respecto a qué va a ocurrir con el conjunto enorme de gente a la que yo podría perjudicar si el proyecto de ley no se aprueba.

Por todo lo expuesto, pongo en manos del Cuerpo -tal como lo establece el artículo 97 del Reglamento de la Cámara de Senadores- la decisión de que quien habla intervenga o no, reiterando que, si la iniciativa se aprobare, seré beneficiado por ella.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Senador: la Mesa agradece su referencia, que -cree- corresponde. De todas maneras, el Senado va a tomar una resolución oportunamente.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Efectivamente, como bien se indicaba, hay numerosos precedentes, y en este caso vamos a formular moción en el sentido de que se proceda de la misma forma que en esas ocasiones cuando el Cuerpo entendió que el miembro que informa de la situación, tenía la honorabilidad y la suficiente independencia de criterio como para no tener que excluirse y poder votar según su leal saber y entender.

En el caso del señor Senador, creo que los que estamos aquí presentes no tenemos ninguna duda de que va a votar de acuerdo con lo que le indique su conciencia, con independencia de su punto de vista individual.

En consecuencia, formulo moción para que el Cuerpo autorice al señor Senador, así como a los demás señores Senadores que se encuentren en la misma situación, a participar sin inconveniente en la discusión y votar el proyecto.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Personalmente, iba a formular moción en el mismo sentido que el señor Senador Atchugarry acaba de hacerlo.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MUJICA.- A efectos de ahorrar tiempo deseo decir, simplemente, que me encuentro en idéntica situación que la planteada por el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Personalmente, me encuentro en la misma situación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción del señor Senador Atchugarry, en el sentido de habilitar a los señores Senadores que pudieran estar involucrados en los márgenes que contiene el proyecto a estudio del Cuerpo.

(Se vota:)

-27 en 30. Afirmativa.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: los cuartos intermedios solicitados, tuvieron el propósito de buscar un acercamiento de las posiciones entre los distintos sectores políticos que integran esta Cámara. Debo decir que lo hemos logrado, en el sentido de votar el proyecto original del Poder Ejecutivo, por distintas consideraciones que no me corresponde, en esta instancia, destacar. Lo cierto es que existiría un acuerdo en cuanto a votar el proyecto original del Poder Ejecutivo, de manera de remitirlo a la Cámara de Representantes con esta modificación y como la misma sesionará los días jueves y viernes a efectos de votar el proyecto referido a la asociación de ANCAP, podría hacerse un espacio para considerar las modificaciones al proyecto que se van a introducir en nuestra Cámara.

En consecuencia, hago moción en ese sentido, para que podamos aprobar el proyecto al que me he referido.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: los hechos son tal como lo señala el señor Senador Gallinal, por lo menos en lo que a nosotros respecta. Además, quiero dejar constancia de que el Poder Ejecutivo considera que no ha enviado la financiación en forma completa. Sin embargo, eso no obsta que el Cuerpo pueda tomar la resolución que considere adecuada, porque cuenta con la iniciativa correspondiente, es decir el Mensaje del Poder Ejecutivo. En consecuencia, nuestra intervención es a los efectos de dejar constancia de que es probable de que el Poder Ejecutivo, cuando concrete una propuesta de financiación, la envíe. En lo que nos es personal, en ese momento pediremos que la misma se considere en forma preferencial.

No estoy en condiciones, desde que el Poder Ejecutivo no ha remitido hasta el día de hoy esa propuesta de financiación complementaria, de avanzar en la consideración del tema, aunque no es nuestro propósito discutirla en este momento. El Cuerpo, desde que cuenta con la iniciativa, puede aprobar el proyecto a estudio y dejar la constancia. A juicio del Poder Ejecutivo, se necesitaría algo más de dinero para poder costearlo. Entonces, cuando se envíe la propuesta correspondiente, la misma será considerada como un proyecto de ley correspondiente y ahí haremos las consultas del caso.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: con el fin de no poner ningún obstáculo para que este proyecto se apruebe cuanto antes, en el entendido de que la Cámara de Representantes estaría aprobando en términos generales el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, y más allá de que alguno de los artículos del proyecto venido de dicha Cámara cuenta con una mejor redacción -me parece que eso no hace a la cuestión de lo que puede ser el artículo 3º, respecto del cual podría haber una diferencia importante- voy a votar en general el proyecto del Poder Ejecutivo, con la aspiración de que se apruebe cuanto antes, con la menor discusión posible. De esta manera, también podremos abocarnos al estudio de proyectos tan importantes como éste.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- En el mismo sentido de la intervención del señor Senador Michelini, queremos dejar sentado que estamos dispuestos a votar el proyecto que vino de la Cámara de Representantes. En la Legislatura pasada también estábamos dispuestos a votar el proyecto venido del Poder Ejecutivo. Pensamos que lo importante es que se apruebe y que todas las Bancadas hagamos el compromiso -digo esto porque el esfuerzo es de todos- para que, en esta semana, los Representantes aprueben el proyecto con las modificaciones que este Cuerpo le haga.

Nosotros habíamos hecho moción para que este tema fuera tratado en la sesión de hoy y no queremos hacer uso de la palabra para no entorpecer su votación. En todo caso, después daremos algunas opiniones, como fundamento de voto.

Por lo tanto, formulamos moción para que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA .- Hago mi intervención con el ánimo de dejar también una constancia refiriéndome a las expresiones del señor Senador Atchugarry, dado que él no las realizó a título personal, ya que dijo que era en nombre del Poder Ejecutivo, expresión un tanto anómala, puesto que dicho Poder no expresa sus opiniones a través de los integrantes de este Cuerpo. Sin embargo, y puesto que así se hizo, quiero dejar bien claro que nos parece que la actitud del Poder Ejecutivo trasmitida por el señor Senador, en tal caso, asumiría un grave error. El proyecto que el Poder Ejecutivo, con las firmas del caso -Presidente de la República y Secretarios de Estado correspondientes- enviara, con la iniciativa pertinente que ahora vamos a aprobar, contiene un Capítulo IV que, bajo el título "Financiación. Recursos", indica la financiación del proyecto. Admitir como válido que el Poder Ejecutivo pueda hacernos llegar noticias de un presunto error cometido -no puedo calificarlo de otra manera- al enviar el Mensaje conteniendo este proyecto, nos conduce a un atolladero en cuanto a las relaciones entre los dos Poderes que no creo sea aceptable por el Cuerpo. En mi opinión es absolutamente inaceptable. El Poder Ejecutivo ha enviado una iniciativa y descontamos que respecto de la misma se hayan hecho todas las consultas del caso, y en la misma, que bajo el título mencionado, se encuentran los artículos 7º y 8º, donde se indica que para dicho Poder los recursos arbitrados son suficientes, por lo que para este Cuerpo deben serlo aún más.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: debo manifestar que hubiera preferido que se aprobara el proyecto venido de la Cámara de Representantes, por una razón de seguridad -y no lo digo en el sentido jurídico- en el entendido de que esto se vote y no deba volver a la Cámara de Representantes y de que no va a ocurrir ningún episodio que postergue una solución tan justa como ésta que, por otro lado, tres Poderes Ejecutivos sucesivos de distintos partidos, por lo menos de diferentes lemas, han expresado que es una solución justa. Entiendo que, básicamente, el cambio introducido por la Cámara de Representantes en el artículo 3º, no se refiere a ninguna de las cuestiones sustantivas del proyecto.

El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo hace referencia a todas las personas perseguidas -dicho en términos muy laxos- que se hubieren radicado en el país antes del 1º de marzo de 1987, y las modificaciones realizadas por la Cámara de Representantes disponen que se aplicará a todas las personas radicadas en el país antes del 1º de marzo de 1990. Admito perfectamente que se pueda decir que, aunque sean unas pocas personas -que lo son- como es un tema vinculado a los cómputos de las causales jubilatorias y se agregó algo que no plantea el Poder Ejecutivo, necesita de su iniciativa. A raíz de esto es que se sostiene que hay inconstitucionalidad; no voy a decir que no la hay, aunque si el proyecto se aprobara me gustaría saber si alguien tiene un interés directo personal y legítimo en plantearla. Asimismo, quisiera saber si el Poder Ejecutivo o algunos miembros de este Senado la plantearían y -lo que, en última instancia, sería lo más importante- desearía saber si en ese conflicto entre el Derecho y la Justicia no habría que hacer predominar a la Justicia, que es lo que nos mandaba el maestro Couture a los abogados.

Con toda sinceridad, digo que no sólo estaríamos en condiciones de votar el proyecto tal como viene de la Cámara de Representantes, sino que me parecería una solución más pragmática, sobre esas bases de no inventar un soneto para decir que no hay inconstitucionalidad. Personalmente, no hago eso e interpreto la Constitución técnicamente, me convenga o no, pero cuando voto algo de tremenda justicia, aunque sea inconstitucional, lo hago porque pienso que el Derecho es un instrumento al servicio de la Justicia y cuando éste no está acorde con ella, opto por la Justicia. Así lo digo, con toda claridad. De todos modos, nuestra compañera Arismendi ha explicado, con toda prolijidad, que lo más probable es que un planteamiento de estos pueda ser interpretado como que queremos votar primero este proyecto para poner en evidencia que somos nosotros los que deseamos aprobarlo y no la coalición de Gobierno. Sin embargo, nuestra intención no es la de buscar esos réditos políticos, sino la de aprobar la solución de fondo de mayor justicia. Pero sí recojo una expresión que le escuché al señor Senador Atchugarry cuando dijo que falta la iniciativa del Poder Ejecutivo y que no ha llegado para esos tres años -si bien hay algún otro cambio mínimo, el más importante es este- y que en su momento estarán buscando que la misma llegue. En ese entendido, y no en otro, si no viene la iniciativa del Poder Ejecutivo pienso que no es justo que haya personas que fueron perseguidas por la dictadura y que se perdieron de trabajar, aunque hayan podido, por la persecución ideológica, política o gremial, y no estén comprendidas en este proyecto de ley porque su radicación se produjo tres años después de lo que dice el proyecto inicial. Para mí es absolutamente injusto esto y voy a votar la solución acordada, primero, para no entorpecer un trámite, segundo, para que nadie piense que queremos dejar en evidencia que los Partidos Nacional y Colorado, por lo menos, le dan unos días más al asunto y, tercero, porque me parece que se va a corregir para que esas personas -si se constata que por esa razón, y sólo por esa, hay quienes no se radicaron antes de 1987 sino en 1990- no pierdan este beneficio justo. Debe haber algunas personas que se encuentren en esta situación, aunque no sé quiénes ni cuántas; me parece que, en general y hablando en términos monetarios, serían "chirolas" y eso es lo que está modificando la posibilidad de que el proyecto se apruebe tal como viene. De todas maneras, repito, nuestra Bancada está contribuyendo a encontrar alguna solución lo más rápido posible, para que la Cámara de Representantes, si sesiona, apruebe el proyecto de ley -eso espero- y, por último, en lo personal no comprometo a nadie, lo voto en el entendido de que una vez que se constate -esto va a traer más problemas que si lo aprobáramos ahora- que se trata de personas que sufrieron el mismo sistema de injusticias pero volvieron a radicarse antes de 1990 y no antes de 1987, se busque una solución para ellas.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Evidentemente, el señor Senador Korzeniak no me entendió. Nuestra expresión en nada se refirió a la falta de iniciativa de la modificación de la Cámara de Representantes, asunto sobre el cual ni me expresé en función de que el señor Senador Gallinal y otros señores Senadores hicieron la gestión para no entrar a discutirlo y votar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Me referí al financiamiento, asunto sobre el cual el señor Senador García Costa también hizo una expresión del mismo punto. Cuando expresé que el Poder Ejecutivo no había llegado a tiempo, me referí a que no pudo enviar a tiempo lo que, a su juicio, necesita de financiamiento complementario para pagar las erogaciones. Digo más, el Mensaje del proyecto de ley que está en trámite en el Poder Ejecutivo comienza de esta manera: El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a este Cuerpo, el adjunto proyecto de ley referente al financiamiento de la solución planteada respecto a servicios prestados por trabajadores de la actividad privada que tiene por objeto financiar las erogaciones resultantes de la iniciativa a estudio de la Cámara de Representantes, identificada con el número de carpeta 1342/2001. Es a este proyecto que no ha llegado en tiempo. Coincido con el señor Senador García Costa en que, en consecuencia, el Parlamento está habilitado, habida cuenta que hubo iniciativa para el proyecto inicial donde, seguramente, el Poder Ejecutivo debió haber incluido este financiamiento y no lo ha hecho. Y yo estaba haciendo referencia a que cuando el Poder Ejecutivo lo envíe, pediremos -será en una ley aparte- comprensión y veremos si es posible tratar de complementar este financiamiento a través de un proyecto de ley independiente. Ese era el sentido único de mis expresiones y, por lo tanto, cualquier referencia a otros aspectos no ha surgido de nuestras palabras.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Me voy a referir al procedimiento de votación. En virtud de que no hay mayores modificaciones creo que lo más racional sería votar en general el proyecto de ley que viene de la Cámara de Representantes y, cuando estemos en la discusión particular y lleguemos al artículo 3º, votaríamos negativamente el de la Cámara de Representantes y propondríamos como sustitutivo el artículo 3º del Poder Ejecutivo. En lo demás, las modificaciones que se hicieron en la Cámara Baja son simplemente de redacción y no alteran en absoluto el cometido del proyecto de ley. Si los señores Senadores quieren volver al acuerdo original y votar el proyecto del Poder Ejecutivo, lo haremos, pero aclaro que las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Representantes son meramente de redacción y no alteran en lo más mínimo la filosofía, el espíritu ni el objetivo del proyecto. Si quieren volver a respetar en todos sus términos el acuerdo, pues lo haremos y a medida que se van votando los artículos propondremos esas modificaciones. A modo de aclaración, diré que en uno de los casos el proyecto del Poder Ejecutivo refiere a una ley del 20 de noviembre de 1985 y, en realidad, es del 28 de noviembre de 1985, esa es la modificación que se le hizo en Diputados y todas son de ese tenor, excepto la del artículo
tercero.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Creo que debemos mantenernos en el acuerdo original porque, entre otras cosas, sabemos que hay señores Senadores que están dispuestos a votar las modificaciones del artículo que incorporó la Cámara de Representantes y no podemos violentarlos a votar en contra del artículo con el que están de acuerdo y que nosotros no estaríamos votando. Por lo tanto, creo que debemos remitirnos estrictamente al proyecto del Poder Ejecutivo.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Creo que deberíamos empezar a votar el proyecto del Poder Ejecutivo. Pedimos cierta comprensión porque en algunos artículos hay hasta problemas de redacción que la Cámara de Representantes corrigió. Digo esto porque, por un lado, están las posturas y las decisiones políticas y, por otro, tendríamos los problemas de fechas o de redacción. Por ello, propongo que comencemos a votar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo y si las correcciones son de redacción, pasaríamos al aprobado por la Cámara de Representantes. Parecería ridículo votar la redacción de algunos artículos del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, ya que ningún maestro de escuela los aceptaría.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia estaba a punto de proponer un procedimiento de votación que hubiera evitado esta discusión. Agradezco a los señores Senadores las advertencias, pero lo que corresponde es votar en general el proyecto de ley porque, de lo contrario, se rechaza. Luego comenzaríamos a votar, conforme al acuerdo al que se ha llegado, el proyecto de ley que figura en la página 11 del Repartido Nº 369, que está en la mesa de todos los señores Senadores, y naturalmente que en cada artículo el Senado tiene la palabra para introducir las modificaciones de redacción o del tipo que correspondan.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Quisiera agregar que existe un articulado comparativo enviado por la Secretaría, que es el Distribuido Nº 1.324, donde figuran los proyectos de ley del Poder Ejecutivo y de la Cámara de Representantes, así como las diferencias entre ambos marcadas en negrita. Este Distribuido está muy bien hecho y muestra claramente si se trata de problemas de redacción o de otro tipo. Por estas razones, pienso que lo mejor sería guiarnos por este material.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sin duda, el señor Senador Michelini, para hacer sus referencias y plantear modificaciones puede manejarse con el comparativo, pero a los efectos de votación la Mesa tiene que utilizar el Repartido mencionado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-29 en 30. Afirmativa.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: excepto en el artículo 3º -respecto al cual pediríamos la votación del literal A) sin las modificaciones aprobadas en la Cámara de Representantes- por lo menos en lo que a nosotros respecta y atendiendo las sugerencias de los señores Senadores Gallinal y Michelini, no hemos encontrado dificultades en las otras modificaciones aprobadas en la Cámara de Representantes; naturalmente, tampoco votaremos el artículo 19, que es nuevo. Reitero que con excepción de lo que hemos mencionado, en la revisión que hemos hecho no encontramos otros inconvenientes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado a la Mesa una solicitud de reconsideración del artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se reconsidera el artículo 1º.

(Se vota:)

-30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º en la redacción dada por la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º, en la redacción dada por el Poder Ejecutivo.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- En el literal B) aparece la palabra "comprendidos" en el proyecto del Poder Ejecutivo, pero debería cambiarse por "comprendido".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3º con la modificación propuesta por el señor Senador Michelini.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º, en la redacción dada por la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 5º, en la redacción dada por la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 6º, que es similar en ambas redacciones.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 7º, en la redacción dada por la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 8º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 9º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 10, en la redacción dada por la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 11, cuyas redacciones son similares.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 12.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 13, cuya redacción tampoco tiene modificaciones.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 14, en la redacción dada por la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 15.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 16.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Simplemente, señalo a la Mesa que, con relación a dicho artículo, correspondía la redacción del Poder Ejecutivo porque no estamos ante una corrección de texto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 16 en la redacción dada por el Poder Ejecutivo.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 17, cuya redacción no presenta modificaciones.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 18, en la redacción dada por la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 30. Afirmativa.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: a nuestro juicio, correspondería dejar aquí sancionada la Ley, porque el artículo 19 es una disposición nueva a través de la cual simplemente se establece la necesidad de reglamentar. Por su parte, el artículo 19 del Poder Ejecutivo expresa: "Comuníquese, etcétera", lo que prácticamente está fuera de uso.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: efectivamente, es muy común que por una especie de simplicidad del Parlamento, suela ponerse un último artículo que exprese algo así como que el Poder Ejecutivo reglamentará la ley, etcétera. La facultad que dicho Poder tiene para reglamentar una ley es genérica, de principio, está en la Constitución, concretamente, en el numeral 4º) -si no me equivoco- del artículo 168. Por eso, quizás no sea necesario que en la ley se establezca eso. Sin embargo, no es siempre exacto que estos artículos sean inútiles, porque en algunos casos, como en el de este artículo 19 aprobado por la Cámara de Representantes, su cometido es establecer un plazo al Poder Ejecutivo. Estamos hablando de un período de 120 días y, si el Poder Ejecutivo no reglamentara dentro de ese plazo, estaría violando la ley. Algo parecido ocurre cuando la Constitución dice, en una escala más arriba del devenir normativo, algo así como que la ley reglamentará tal artículo de la Constitución; como no se establece ningún plazo, el Parlamento puede pasar, por ejemplo, 120 años sin reglamentar. Cito el ejemplo del artículo 119 de la Constitución, que habla del llamado a Sala; también desde 1918 se ha establecido que la ley fijará un plazo para contestar los pedidos de informes, y todavía hoy, en el año 2001, no se ha reglamentado al respecto. En otros casos, la Constitución, cuando lo ha considerado muy importante, ha puesto un plazo a la ley; incluso lo ha hecho con relación a los Entes Autónomos. En este sentido, para hacer un estatuto del funcionario, fijó un plazo de un año desde el momento en que resultó aprobada la Constitución de 1967; es cierto que también pasó más de un año sin que así se procediera.

En definitiva, creo que este artículo es útil porque no sólo establece que se debe reglamentar, sino también que ello tendrá que hacerse dentro de los 120 días siguientes. Lamentablemente, no hay consenso en lo que refiere a este aspecto. ¿Qué puede pasar? No hay porqué pensarlo pero, en los hechos, podría ocurrir que dentro de tres o cuatro años el Poder Ejecutivo aún no haya reglamentado la ley, por lo que quizás varios de sus artículos, tal vez algunos fundamentales, no se puedan aplicar en la práctica, aunque sí en la teoría. Esto último tiene que ver con que un derecho establecido en una ley puede hacerse valer aunque no esté reglamentado, pero reitero que en la práctica esto no podría ser así. Obviamente, estamos participando del acuerdo realizado entre las Bancadas y lamentamos el hecho de que no se haya incluido en el mismo este artículo 19. En definitiva, estamos hablando de 120 días de plazo para el Poder Ejecutivo, a los efectos de que proceda a reglamentar la ley, cuando todos sabemos que muchas veces dicho Poder se queja de que el Parlamento es lento en su trabajo. Personalmente, pienso que se trata de un plazo más que suficiente. Sin embargo, si estas palabras no ayudan, naturalmente no resultará aprobado
el artículo.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: en lo personal, creo que la reglamentación de esta ley no es necesaria porque ella misma establece la creación de una Comisión Especial, en un procedimiento similar al establecido en la Ley Nº 15.783 relacionada con la restitución de funcionarios públicos destituidos durante el gobierno de facto. Precisamente, esa competencia fue otorgada a la Comisión Especial del Servicio Civil.

Reitero que en este caso, en el artículo 9º, se crea una Comisión Especial en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estableciéndose que la misma debe constituirse dentro de los 30 días a partir de la vigencia de esta ley. Quiere decir que, por un lado se prevé una reglamentación en un plazo de 120 días y, por otro, ya a partir de los 30 días de entrada en vigencia de la Ley deberá constituirse la Comisión Especial que analizará este tema, la que estará integrada por un delegado designado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, otro de la Oficina Nacional del Servicio Civil, otro del Ministerio de Economía y Finanzas y otro del Banco de Previsión Social. A mi juicio, claramente, a partir de la instancia en que se instale la Comisión, será ella misma la que establecerá en qué momento podrán presentarse quienes estén comprendidos dentro de lo que fija la Ley. En consecuencia, me parece que de la propia Ley surge el plazo dentro del cual se deben presentar quienes estén interesados en ser amparados por ella.

El artículo 14 de la Ley que estamos aprobando en el Senado establece que quienes, por estar comprendidos en el literal A) del artículo 3º de esta Ley, aspiren a ser declarados como incluidos en sus beneficios, dispondrán de un plazo de 90 días corridos a partir de la constitución de la Comisión Especial. Entonces, quiere decir que de alguna manera ya esta ley ha reglamentado los aspectos fundamentales, por lo que honestamente no creo que sea necesario reglamentar aún más esta ley. Si eventualmente se hiciera necesario algún tipo de reglamentación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social acordará con el Presidente de la República la normativa correspondiente de aquellos aspectos que estén implicados.

En definitiva, creo sinceramente que no es necesario reglamentar, porque no están en juego los derechos legítimos que por esta ley se atribuye a quienes se encuentran amparados por ella. Estas personas no se verán perjudicadas ni desprotegidas, y considero que al establecer la propia ley plazos muy precisos tanto para la constitución de la Comisión Especial como para el reconocimiento de los derechos por parte de quienes estén interesados en ser amparados por la normativa, se está brindando la suficiente certeza y seguridad en el sentido de que esta Ley se va a cumplir.

Es todo cuanto quería manifestar, señor Presidente.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Simplemente, quiero decir que comparto la idea de que los derechos establecidos en esta ley se pueden ejercer sin que exista ninguna reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo. Considero necesario dejar esta constancia, por si de mis palabras se hubiera interpretado lo contrario. Lo diga o no una ley, cuando se establecen derechos para los individuos, ellos pueden ser ejercidos sin reglamentación. Creo, sí, que el Poder Ejecutivo va a dictar un reglamento; al menos he oído que lo hará. Por eso, me parece que sería útil que tuviera un plazo máximo para ello.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: para tranquilidad de los señores Senadores preopinantes, quiero decir que este proyecto de ley fue impulsado por el Ministro nacionalista Alvaro Alonso, quien se encargará de que se cumpla en todos sus términos. De la misma manera que el Partido Nacional impulsó la Ley de Amnistía para los Presos Políticos, la Ley de Restitución de Funcionarios Públicos Destituidos durante la Dictadura y de la Ley de Caducidad, también apoyamos la que hoy nos ocupa, que reconoce derechos legítimos de compatriotas que fueron perjudicados durante el Gobierno de Facto. Reitero, pues, que el señor Ministro Alonso se va preocupar por su instrumentación en los términos más perentorios posibles.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: en nombre de nuestra Bancada, quiero dejar constancia en el sentido de que la aprobación del presente proyecto de ley, en nuestra opinión, no queda supeditado a que el Poder Ejecutivo remita un complemento de financiación para el mismo.

Simplemente, esto es lo que quería manifestar.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- A pesar de todo, se tendría que poner a votación el artículo 19 que figura en los dos proyectos de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa no entendió la propuesta del señor Senador Korzeniak y consideró que había acuerdo en no votarlo.

SEÑORA ARISMENDI.- Si se deja sentado que ese artículo no existe.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Hay una moción para que se vote el artículo 19?

SEÑORA ARISMENDI.- No, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- En esas condiciones, ha quedado aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

«CAPITULO I
PRINCIPIO GENERAL
CONTENIDO

ARTICULO 1°.- Quedan comprendidos en la presente ley, todos los trabajadores de la actividad privada que, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, se hubieran visto obligados a abandonar el territorio nacional por razones políticas, ideológicas o gremiales; asimismo, los que hubieran estado detenidos durante dicho lapso por delitos políticos o militares conexos, y los dirigentes sindicales que debieron permanecer en la clandestinidad en dicho período, siempre y cuando cumplan con los requisitos del artículo 3° de la presente ley y les sea reconocido el derecho por la Comisión Especial que por esta ley se crea.

CAPITULO II
AMBITO SUBJETIVO

ARTICULO  2°.- A los trabajadores y demás beneficiarios mencionados en el artículo anterior se les computará -dentro del período comprendido entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985- como efectivamente trabajado, el tiempo que medió entre la salida del país y el regreso al territorio nacional, entre la detención y la recuperación de la libertad o el período de clandestinidad, en su caso. Este reconocimiento será válido sólo a los efectos jubilatorios y pensionarios y se computará a partir de los dieciocho años de edad.

ARTICULO  3°.- Para ser beneficiario de los derechos que se instituyen en la presente norma, el trabajador deberá reunir los siguientes requisitos:

A) Haber estado detenido por disposición de la Justicia Militar, cualquiera fuera la autoridad que dispuso inicialmente la privación de la libertad, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, por delitos políticos o militares conexos con los mismos, o durante dicho período haber pasado a la clandestinidad siendo dirigente sindical o haberse visto compelido a abandonar el país, entre el 9 de febrero de 1973 y 28 de febrero de 1985, por razones políticas, ideológicas o gremiales, siempre que hubiere retornado al mismo y se haya radicado, definitivamente, en el país antes del 1° de marzo de 1987.

B) Que le sea reconocido el derecho por la Comisión Especial que se crea en esta ley y no estar comprendido en las situaciones previstas en el artículo 18 de la presente ley.

CAPITULO III
AMBITO OBJETIVO

ARTICULO  4°. (Ingresos fictos).- A los trabajadores que oportunamente sean declarados comprendidos dentro de los extremos de esta ley, se les reconocerá durante el período de cómputo ficto de servicios, un ingreso mensual equivalente a cinco salarios mínimos nacionales, a valores de la fecha de vigencia de la presente ley.

ARTICULO 5°. (Naturaleza de los servicios).- Los servicios reconocidos en los términos de la presente ley, no podrán fraccionarse y se considerará que son comunes u ordinarios, de acuerdo al régimen que regule la prestación a servir.

En el caso de los beneficiarios que a la fecha de vigencia de la presente ley, tengan configurada causal jubilatoria o pensionaria, los servicios fictos se considerarán que tienen afiliación al instituto que deba servir la prestación en la cual aquellos se computan.

Tratándose de beneficiarios sin causal a dicha fecha, la afiliación de los períodos estará determinada por los últimos servicios prestados por el beneficiario o el causante, según corresponda.

ARTICULO 6°. (Reenvío).- Cuando, de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo anterior, no pudiese determinarse la afiliación, se considerará que los servicios fueron prestados al amparo de la Ley N° 12.138, de 13 de octubre de 1954.

CAPITULO IV
FINANCIACION
RECURSOS

ARTICULO 7°. (Reintegros).- Los aportes jubilatorios personales correspondientes al reconocimiento ficto se cancelarán mediante un régimen de reintegros, que será reglamentado por el Poder Ejecutivo.

El mismo será equivalente al 20% (veinte por ciento) de los importes emergentes de dicho reconocimiento ficto, por un período igual al de los servicios reconocidos.

El descuento cesará al cumplir el afiliado los setenta años de edad.

La prestación resultante, en ningún caso podrá ser inferior a la asignación mínima establecida por el régimen de pasividades por el cual se otorgue.

ARTICULO 8°. (Recursos).- Los gastos que genere la aplicación de la presente ley, serán atendidos por Rentas Generales.

CAPITULO V
DEL PROCEDIMIENTO

Sección I
De la Comisión

ARTICULO 9°.- Créase una Comisión Especial, que actuará en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuya integración, cometidos y funciones, serán los que se expresan en los artículos siguientes.

Esta Comisión deberá constituirse dentro de los treinta días a partir de la vigencia de esta ley, siendo obligación del Poder Ejecutivo publicitar la fecha de su constitución.

ARTICULO 10. (Integración).- La Comisión Especial creada por el artículo anterior estará integrada por un delegado designado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien la presidirá; un delegado designado por la Comisión Nacional del Servicio Civil; un delegado designado por el Ministerio de Economía y Finanzas y uno designado por el Banco de Previsión Social (BPS). Las decisiones se tomarán por mayoría. En caso de empate en la votación, el Presidente tendrá doble voto.

ARTICULO 11. (Cometidos).- La Comisión Especial entenderá en todo lo relativo a la instrucción, sustanciación y resolución definitiva de las situaciones previstas en el Capítulo II de esta ley.

El acto por el cual la Comisión Especial resuelva la solicitud, se considerará acto definitivo cumplido por la Administración y será notificado personalmente.

Podrá ser recurrido mediante los recursos de revocación y jerárquico.

ARTICULO 12. (Facultades).- La Comisión Especial podrá disponer todas las medidas que estime convenientes a los efectos de la instrucción y eventual sustanciación de las solicitudes. Se comunicará con las autoridades de los organismos públicos o privados, directamente y de acuerdo a las prescripciones legales y reglamentarias que fueren del caso.

ARTICULO 13. (Prueba).- Las condiciones constitutivas de las circunstancias de amparo a la presente ley, deberán acreditarse, en todos los casos, por prueba documental.

Sección II
Del procedimiento

ARTICULO 14. (Condiciones de la presentación).- Quienes por estar comprendidos en el literal A) del artículo 3° de esta ley, aspiren a ser declarados como incluidos en sus beneficios, dispondrán de un plazo de noventa días corridos, a partir de la constitución de la Comisión Especial y de la publicación de esta ley en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional, para presentarse por sí o por apoderado por escrito ante dicha Comisión.

ARTICULO 15. (Caducidad).- Vencido el plazo previsto en esta ley para solicitar el amparo, caducarán todos los derechos consagrados por la misma.

ARTICULO 16.- Vencido el plazo de ciento cincuenta días a partir de que la Comisión Especial se recibió de la petición, sin que se expida, se considerará configurada la denegatoria ficta de dicha petición, quedando abierta al peticionante la vía de los recursos administrativos.

ARTICULO 17.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social proporcionará los recursos humanos y materiales necesarios para la instalación, funcionamiento y asistencia de cualquier naturaleza de la Comisión.

La Comisión Especial podrá dictar, si lo estimare pertinente, su reglamento interno de funcionamiento.

CAPITULO VI
DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 18. (Exclusiones).- Quedan excluidas de los beneficios de la presente ley, las personas comprendidas en las Leyes Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, Nº 16.163, de 21 de diciembre de 1990, Nº 16.451, de 16 de diciembre de 1993, y Nº 16.561, de 19 de agosto de 1994.

Asimismo, quedan excluidas las personas que hubieran trabajado en países con los cuales la República tiene acuerdos de reconocimiento recíproco de beneficios jubilatorios o quienes perciban desde el exterior ingresos por pasividad superiores a los cinco salarios mínimos nacionales.»

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Simplemente, queríamos dejar sentado que este no es el proyecto a que nosotros hubiéramos aspirado, aunque reconocemos que es superior al que se presentó en la Legislatura anterior. También reconocemos el papel que han jugado todos aquellos que han participado y apoyado el proyecto de ley, por lo que nos aseguraremos muy bien de que el señor Ministro del Partido Nacional que lo impulsó cumpla con él, así como nos aseguraremos de que los Representantes de todos los lemas aprueben, entre mañana y pasado, la modificación que le hizo la Cámara de Senadores.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Solicito que el proyecto de ley se comunique en el día de hoy a la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Esto es lo que habitualmente se hace, aunque agradezco la recomendación del señor Senador.

8) SEGUROS SOCIALES DE ENFERMEDAD EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el segundo punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se rebajan los aportes patronales a los seguros sociales de enfermedad en la industria manufacturera. (Carp. Nº 577/01 - Rep. Nº 329/01. Anexo I)."

(Antecedentes:)

«Carp. N° 577/01
Rep. N° 329/01

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Hacienda

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo Unico.- Sustitúyese el artículo 18 de la Ley Nº 17.345, de 31 de mayo de 2001 por el siguiente:

`ARTICULO 18. Aporte patronal en la Industria Manufacturera.- Redúcese a cero el aporte jubilatorio patronal al Banco de Previsión Social de la Industria Manufacturera Privada, comprendida en la Gran División 3 de la Clasificación Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 2 (Industria Manufacturera).

Facúltase al Poder Ejecutivo a extender esta reducción a las empresas estatales por las mismas actividades, en cuanto estuvieren en libre competencia.

Disminúyese en 2,5 (dos y medio) puntos porcentuales el aporte patronal al Banco de Previsión Social de los contribuyentes referidos en el primer inciso correspondiente a los Seguros Sociales por Enfermedad. A efectos del cálculo del complemento establecido en el artículo 338 de la Ley N° 16.320, de 1º de noviembre de 1992, se considerará como efectivamente aportada la reducción dispuesta en este inciso.

Los montos vertidos por las empresas a las cajas convencionales de seguros de enfermedad, podrán ser deducidos del monto a pagar del impuesto creado por esa ley en un 100% (cien por ciento) durante un período de seis meses a partir del mes siguiente al de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, y en un 50% (cincuenta por ciento) durante los doce meses subsiguientes.

En el caso en que coexistan otras actividades con las mencionadas en los incisos precedentes, el Poder Ejecutivo establecerá la forma en que se determinará el beneficio'.

Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2001.

Alejandro Atchugarry (Miembro Informante), Danilo Astori, Ruben Correa Freitas, Alberto Couriel, Yamandú Fau, Luis A. Heber, Jorge Larrañaga (con salvedades), Rafael Michelini, Manuel Núñez.

Ministerio de
Economía y Finanzas
Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social

Montevideo, 19 de setiembre 2001.

Señor Presidente de la
Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto proyecto de ley referente a la rebaja de aportes patronales a los Seguros Sociales de Enfermedad.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Por el adjunto proyecto de ley, se subsana una omisión en la redacción del artículo 18 de la Ley Nº 17.345, de 31 de mayo de 2001, que determinaba que las empresas con seguros convencionales realizados al amparo del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975, no podían beneficiarse de la rebaja de aportes patronales a los Seguros Sociales de Enfermedad, dispuestos por la Ley de referencia.

Para no generar en el corto plazo un trato discriminatorio a aquellas empresas con cajas convencionales de seguros de enfermedad, se establece un plazo prudencial en el que se autoriza a que los montos vertidos en exceso por las empresas a dichas cajas, puedan ser compensados.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.-

Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Alberto Bensión, Alvaro Alonso.

PROYECTO DE LEY

ARTICULO UNICO.- Sustitúyese el artículo 18 de la Ley Nº 17.345, de 31 de mayo de 2001 por el siguiente:

`Artículo 18.- Aporte patronal en la Industria Manufacturera. Redúcese a cero el aporte jubilatorio patronal al Banco de Previsión Social de la Industria Manufacturera Privada, comprendida en la Gran División 3 de la Clasificación Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 2 (Industria Manufacturera).

Facúltase al Poder Ejecutivo a extender esta reducción a las empresas estatales por las mismas actividades, en cuanto estuvieren en libre competencia.

Disminúyese en 2.5 (dos y medio) puntos porcentuales el aporte patronal al Banco de Previsión Social de los contribuyentes referidos en el primer inciso correspondiente a los Seguros Sociales por Enfermedad. A efectos del cálculo del complemento establecido en el artículo 338 de la Ley N° 16.320, de 1º de noviembre de 1992, se considerará como efectivamente aportada la reducción dispuesta en este inciso.

Los montos vertidos por las empresas a las cajas convencionales de seguros de enfermedad, podrán ser deducidos del monto a pagar del impuesto creado por esta Ley en un 100% (cien por ciento) durante un período de seis meses a partir del mes siguiente al de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, y en un 50% (cincuenta por ciento) durante los seis meses subsiguientes.

En el caso en que coexistan otras actividades con las mencionadas en los incisos precedentes, el Poder Ejecutivo establecerá la forma en que se determinará el beneficio'.

Alberto Bensión, Alvaro Alonso.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Hacienda

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo Unico.- Sustitúyese el artículo 18 de la Ley Nº 17.345, de 31 de mayo de 2001 por el siguiente:

`ARTICULO 18. Aporte patronal en la Industria Manufacturera.- Redúcese a cero el aporte jubilatorio patronal al Banco de Previsión Social de la Industria Manufacturera Privada, comprendida en la Gran División 3 de la Clasificación Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 2 (Industria Manufacturera).

Facúltase al Poder Ejecutivo a extender esta reducción a las empresas estatales por las mismas actividades, en cuanto estuvieren en libre competencia.

Disminúyese en 2,5 (dos y medio) puntos porcentuales el aporte patronal al Banco de Previsión Social de los contribuyentes referidos en el primer inciso correspondiente a los Seguros Sociales por Enfermedad. A efectos del cálculo del complemento establecido en el artículo 338 de la Ley N° 16.320, de 1º de noviembre de 1992, se considerará como efectivamente aportada la reducción dispuesta en este inciso.

Durante un período de seis meses a partir del mes siguiente al de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, el 100% (cien por ciento) de los montos vertidos por las empresas a las cajas convencionales de seguros de enfermedad, constituirán un crédito fiscal a favor de dichas empresas. Durante los doce meses subsiguientes, la proporción referida antes se reducirá al 50% (cincuenta por ciento), facultándose al Poder Ejecutivo a extender este último plazo.

En el caso en que coexistan otras actividades con las mencionadas en los incisos precedentes, el Poder Ejecutivo establecerá la forma en que se determinará el beneficio'.

Sala de la Comisión, 22 de noviembre de 2001.

Alejandro Atchugarry (Miembro Informante), Danilo Astori, Ruben Correa Freitas, Alberto Couriel, Yamandú Fau, Luis A. Heber, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Manuel Núñez.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- El proyecto de ley oportunamente enviado por el Poder Ejecutivo e informado por la Comisión de Hacienda, refiere a buscar una transferencia, una compensación o un subsidio -para ser más claros- para atender la situación de las Cajas convencionales de seguros de enfermedad.

La Ley Nº 17.345, de 31 de mayo de 2001, como forma de colaborar en la rebaja del costo de las empresas, estableció que las mismas pagarían la mitad del aporte correspondiente a DISSE; no por olvido -porque recuerdo haber conversado con algún señor Senador en Sala sobre este punto- sino por no tener iniciativa del Poder Ejecutivo, el Senado -y el Parlamento, después- no pudo considerar esa situación, ya que la ley disponía "exonérase a las empresas de contribuir a DISSE". En este caso, las empresas contribuyen a una Caja convencional y, naturalmente, si usan la exoneración desfinancian la Caja convencional, y si no la utilizan, no tienen la rebaja que han tenido aquellas que están bajo el sistema de DISSE.

En consecuencia, se obtuvo lo que se requería, aunque no en toda la dimensión a que aspirábamos. El Gobierno envía un proyecto de ley por el cual autoriza, durante los primeros seis meses, a deducir el cien por ciento del aporte a la Caja convencional. En realidad, esto es el doble de lo que representa la rebaja, pero se dijo que, de esta forma, se estaría compensando exactamente la situación planteada; tal vez, en el momento en que se envió la iniciativa se pretendía compensar exactamente, pero hoy ha transcurrido más tiempo. Además, en el Mensaje original se planteaba la mitad del aporte a la Caja convencional, es decir un 2,5% -o sea, una cifra igual a la del resto de las empresas- para los siguientes seis meses. Ante gestiones realizadas por la Comisión, el Ministerio de Economía y Finanzas aceptó llevar el plazo de seis a doce meses. Una vez traído este tema a consideración del Plenario, se hicieron algunas otras consultas, pero como este no es un momento en el que el Erario goce de demasiada salud, no prosperó la adopción de una resolución positiva.

Aclaro que fue un poco el espíritu de la Comisión el incorporar al texto que ella misma trajo el 11 de octubre -que figura en el Repartido- un quinto inciso intercalado entre el cuarto y el quinto actual, donde se dijera: "Autorízase al Poder Ejecutivo a ampliar los plazos referidos en el inciso anterior". Es decir que si en algún momento tienen buen eco las gestiones de los industriales interesados y el Erario estuviera mejor, el tema no debería volver al Parlamento, quedando autorizado el Poder Ejecutivo para ampliar el plazo por el cual la mitad o la totalidad de lo que se aporta a la Caja convencional se pueda deducir del COFIS.

SEÑOR GALLINAL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: sin perjuicio de respaldar en todos sus términos lo que viene expresando el señor Senador Atchugarry, lo justo hubiera sido que esa posibilidad de deducir del Impuesto creado por la ley el cien por ciento del monto a pagar durante seis meses, se extendiera desde el momento en que se aprobó la ley de creación del COFIS hasta el momento en que entre en vigencia la presente ley. Esto lo salvamos, por un lado, mediante la frase que comienza diciendo: "Facúltase al Poder Ejecutivo"..., que es más que razonable y, por otro, porque se logró extender el plazo del 50% que se va a deducir, que en un primer momento era solamente por seis meses y ahora se llevó a doce, lo que representa un avance significativo.

Quiero señalar que deberíamos hacer un esfuerzo para que la Cámara de Representantes apruebe este proyecto de ley en el correr de estos días. Digo esto porque si el plazo se sigue prolongando, la ley entraría en vigencia en marzo o abril del año que viene, por lo que las pérdidas del caso se irían agravando.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa desea aclarar que todo lo que apruebe el Senado en esta jornada y tenga por destino la Cámara de Representantes, ingresará a la sesión de dicho Cuerpo del día de mañana. Luego, naturalmente, todo depende de la voluntad de los señores Representantes.

Puede continuar el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Coincido con lo manifestado por el señor Senador Gallinal y, por mi parte, dejaría por acá el informe, ya que el asunto es conocido por el Cuerpo. Este inciso agregado -que pasaría a ser el quinto o el penúltimo- deja abierto un camino que ojalá se pueda recorrer.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- En primer lugar, quiero recordar que hay un repartido adicional, anexo al que tenemos sobre la Mesa y que también poseen los señores Senadores, en donde ya figura ese agregado en el mismo inciso cuarto, por lo que no es necesario agregar un nuevo inciso. Al final del inciso cuarto se dice: "facultándose al Poder Ejecutivo a extender este último plazo." Esa fue una redacción dada en Comisión. Hago este comentario a los solos efectos de aclarar sobre qué texto estamos trabajando.

En segundo término, deseo precisar que los temas de los seguros convencionales de salud empezaron a surgir cuando se planteó la rebaja de aportes en la primera ley de urgencia. En ese momento se generaron algunas desigualdades para las industrias o los sectores que tenían seguros convencionales o complementarios, con respecto a aquellas que no los tenían.

El artículo 18 de la Ley Nº 17.345 -Ley de Presupuesto, que es la que estamos modificando- en su cuarto inciso decía que la dispuesta disminución del 2,5% no sería de aplicación en los casos de seguros convencionales. Ahí se introdujo -obviamente por error, porque no fue esa la voluntad del Legislador- una discriminación entre las industrias que tienen seguro complementario y las que no lo tienen, es decir, las que simplemente trabajan a través del sistema de DISSE. Esta norma -que la única modificación que tiene respecto a la que votamos en la Ley de Presupuesto es el inciso cuarto- corrige el error cometido y, de alguna forma, restablece la igualdad entre las empresas que tienen seguros convencionales y las que no, quedando así en iguales condiciones.

La desigualdad se mantiene por todo el período porque, en definitiva, la reducción del 2,5% no tiene plazo. Este inciso cuarto que estamos modificando dice que "Durante un período de seis meses a partir del mes siguiente al de la fecha de entrada en vigencia de la ley, el 100% (cien por ciento) de los montos vertidos por las empresas a las cajas convencionales de seguros de enfermedad, constituirán un crédito fiscal a favor de dichas empresas". La expresión "crédito fiscal" también es una modificación del inciso en torno al cual trabajó la Comisión anteriormente. Luego se extiende el 50% de esos aportes por un período de 12 meses.

Lo novedoso aquí es la posibilidad de que el Poder Ejecutivo ya tenga una norma habilitante a los efectos de extender este último plazo, ya que luego de culminados los siguientes doce meses, volvería a existir la discriminación y la diferencia en el tratamiento entre aquellas empresas que tienen seguros convencionales y las que carecen de él, poniéndose en peligro la existencia de esos seguros convencionales.

Vamos a votar esta modificación al artículo 18 de la Ley de Presupuesto, porque creemos que corrige, insisto, el error cometido en su momento y, además, habilita al Poder Ejecutivo a extender el plazo de doce meses a los efectos de que, vencido el mismo, no se vuelva a generar la situación original de discriminación. Estos son los argumentos por los cuales vamos a votar este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

En consideración el artículo único, que tiene una modificación hecha por la Comisión y otra, curiosamente más generosa, sugerida por el señor Senador Atchugarry, que hace referencia a los dos plazos que establece el inciso, mientras que la de la Comisión autorizaba para un solo plazo. Ha ocurrido una cosa muy curiosa...

SEÑOR ATCHUGARRY.- Será por la Navidad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Seguramente es el espíritu festivo que domina estos días.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Cuál es el repartido que estamos considerando? ¿El Anexo I?

SEÑOR PRESIDENTE.- Se trata del Anexo I, con la redacción a que se va a dar lectura por Secretaría.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- Al texto que aparece en el Anexo I, al final del cuarto inciso habría que suprimirle la expresión: "facultándose al Poder Ejecutivo a extender este último plazo", y en lugar de eso se incorporaría un quinto inciso, que diría: "Autorízase al Poder Ejecutivo a ampliar los plazos establecidos en el inciso anterior".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único con las modificaciones que se acaban de leer por Secretaría.

(Se vota: )

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"ARTICULO UNICO.- Sustitúyese el artículo 18 de la Ley Nº 17.345, de 31 de mayo de 2001 por el siguiente:

«ARTICULO 18. Aporte patronal en la Industria Manufacturera.- Redúcese a cero el aporte jubilatorio patronal al Banco de Previsión Social de la Industria Manufacturera Privada, comprendida en la Gran División 3 de la Clasificación Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 2 (Industria Manufacturera).

Facúltase al Poder Ejecutivo a extender esta reducción a las empresas estatales por las mismas actividades, en cuanto estuvieren en libre competencia.

Disminúyese en 2,5 (dos y medio) puntos porcentuales el aporte patronal al Banco de Previsión Social de los contribuyentes referidos en el primer inciso correspondiente a los Seguros Sociales por Enfermedad. A efectos del cálculo del complemento establecido en el artículo 338 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, se considerará como efectivamente aportada la reducción dispuesta en este inciso.

Durante un período de seis meses a partir del mes siguiente al de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, el 100% (cien por ciento) de los montos vertidos por las empresas a las cajas convencionales de seguros de enfermedad, constituirán un crédito fiscal a favor de dichas empresas. Durante los doce meses subsiguientes, la proporción referida antes se reducirá al 50% (cincuenta por ciento).

Autorízase al Poder Ejecutivo a ampliar los plazos establecidos en el inciso anterior.

En el caso en que coexistan otras actividades con las mencionadas en los incisos precedentes, el Poder Ejecutivo establecerá la forma en que se determinará el beneficio»."

9) FONDO DE SOLIDARIDAD

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se modifica la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994, que crea como persona jurídica de Derecho Público no estatal un Fondo de Solidaridad para financiar un sistema de becas para estudiantes de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico - Profesional. (Carp. Nº 671/01 - Rep. Nº 368/01)."

(Antecedentes:)

«Carp. N° 671/01
Rep. N° 368/01

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Sustitúyense los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994, por los siguientes:

`ARTICULO 1º.- Créase un Fondo de Solidaridad como persona jurídica de derecho público no estatal, que tendrá como cometido financiar un sistema de becas para estudiantes de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional (Administración Nacional de Educación Pública).

ARTICULO 2º.- El Fondo será organizado y administrado por una Comisión Honoraria integrada por siete miembros: uno por el Ministerio de Educación y Cultura que la presidirá y cuyo voto decidirá en caso de empate; uno por la Universidad de la República; uno por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública a propuesta del Consejo de Educación Técnico-Profesional; uno por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios; uno por la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones; uno por el Banco de la República Oriental del Uruguay y uno por la Agrupación Universitaria del Uruguay.

Dicha Comisión establecerá:

A) Las directivas generales para asignar las referidas becas, conforme a lo dispuesto por los artículos 6º y 7º de la presente ley, y los requisitos que deben cumplir los postulantes para ser beneficiarios de las mencionadas becas.

B) Los mecanismos de contralor de los correspondientes aportes.

C) La forma de acreditar la calidad de sujetos pasivos de la obligación de aportar y la de beneficiarios de las becas.

ARTICULO 3º.- El Fondo se integrará mediante una contribución especial (artículo 13 del Código Tributario) efectuada por los egresados de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional, cuyos ingresos mensuales sean superiores a 4 (cuatro) salarios mínimos nacionales. Dicha contribución especial deberá ser pagada a partir de cumplido el quinto año del egreso, hasta completar veinticinco años de aportes al Fondo de Solidaridad o hasta que se efectivice el cese en la actividad laboral por jubilación, y se ajustará a las siguientes características:

1) Los egresados cuyas carreras, a la fecha de promulgación de la presente ley, tengan una duración igual o superior a cinco años, aportarán anualmente una contribución equivalente a 5/3 (cinco tercios) de un salario mínimo nacional.

2) Los egresados cuyas carreras tengan una duración de cuatro años y menor de cinco años, aportarán anualmente una contribución equivalente a un salario mínimo nacional.

3) Los egresados cuyas carreras tengan una duración menor a cuatro años, aportarán anualmente una contribución equivalente a medio salario mínimo nacional.

La reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo establecerá los ingresos computables y los requisitos necesarios que deberán cumplir quienes perciban ingresos inferiores a los establecidos en el inciso primero de este artículo, para justificar los mismos, así como la información que deberán suministrar los organismos públicos para el efectivo cumplimiento de lo dispuesto.

Los profesionales universitarios deberán efectuar su aporte ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios o ante la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones en su caso.

Los egresados no afiliados a las Cajas mencionadas en el inciso anterior, pagarán su contribución en cualquier dependencia del Banco de la República Oriental del Uruguay, quien habilitará una cuenta especial a tales efectos.

La contribución podrá ser pagada anualmente o en cuotas, en las condiciones que establezca la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo.

El Fondo de Solidaridad deberá entregar anualmente a los egresados comprendidos en el inciso primero del presente artículo, una constancia que acredite estar al día con la contribución especial o exceptuado de la misma de acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero. La vigencia de la constancia se extenderá desde el 1º de abril de cada año al 31 de marzo del año siguiente.

Las entidades públicas o privadas deberán exigir anualmente a los sujetos pasivos de esta contribución especial, la presentación de la constancia referida en el inciso anterior. De no mediar tal presentación, las entidades mencionadas quedan inhabilitadas para pagar facturas por servicios prestados, sueldos, salarios o remuneraciones de especie alguna, a los sujetos pasivos titulares del derecho. La inobservancia de lo preceptuado será considerara falta grave en el caso del funcionario público que ordene y/o efectúe el pago. Asimismo, la entidad que incumpla con lo previsto será solidariamente responsable por lo adeudado.

El Banco de Previsión Social y las demás entidades previsionales no podrán dar curso a ninguna solicitud de jubilación o retiro sin exigir la presentación de la constancia de estar al día con la contribución.'

Artículo 2º. (Contralor).- El contralor del Fondo de Solidaridad será ejercido por el Tribunal de Cuentas con las más amplias facultades de fiscalización de la gestión financiera.

El Fondo de Solidaridad publicará anualmente la memoria, los estados contables y sus anexos, debiendo requerir previamente la visación del Tribunal de Cuentas.

Artículo 3º. (Recursos).- Contra las resoluciones de la Comisión Honoraria del Fondo de Solidaridad procederá el recurso de reposición, que deberá interponerse dentro de los diez días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación del acto al interesado.

Una vez interpuesto el recurso, la Comisión dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver el asunto, configurándose la denegatoria ficta por la sola circunstancia de no dictarse resolución dentro de dicho plazo.

Denegado el recurso de reposición, el recurrente podrá interponer, únicamente por razones de juridicidad, demanda de anulación del acto impugnado ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de turno a la fecha en que dicho acto fue dictado.

La interposición de esta demanda deberá hacerse dentro del término de los veinte días siguientes al de la notificación de la denegatoria expresa o, en su defecto, del día siguiente al que se configura la denegatoria ficta.

La demanda de anulación sólo podrá ser interpuesta por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto impugnado.

La sentencia del Tribunal no admitirá recurso alguno.

Artículo 4º. (Exoneraciones).- Las becas servidas por el Fondo de Solidaridad están exoneradas de todo tipo de tributos nacionales.

Artículo 5º. (Régimen de funcionamiento).- El régimen de funcionamiento, en lo no previsto especialmente por la ley, será el de la actividad privada, especialmente en cuanto a sus estados contables, estatuto de su personal y contratos que celebre.

Artículo 6º. (Inembargabilidad).- Los bienes del Fondo de Solidaridad son inembargables y sus créditos, cualquiera fuera su origen, gozan del privilegio establecido en el numeral 6º del artículo 1732 del Código de Comercio.

Artículo 7º. (Contribución adicional).- Sustitúyese el artículo 542 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, por el siguiente:

"ARTICULO 542.- Créase una contribución adicional al Fondo de Solidaridad creado por la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994, que gravará a los egresados de la Universidad de la República cuyas carreras tengan una duración igual o superior a cinco años, cuyos ingresos mensuales sean superiores a 6 (seis) salarios mínimos nacionales. Dicho adicional deberá ser pagado a partir de cumplido el quinto año del egreso, hasta completar veinticinco años de aportes al Fondo de Solidaridad o hasta que se efectivice el cese en la actividad laboral por jubilación.

Los referidos egresados aportarán anualmente una contribución equivalente a 5/3 (cinco tercios) de un salario mínimo nacional, que podrá ser pagada anualmente o en cuotas, de acuerdo a las condiciones establecidas reglamentariamente por el Poder Ejecutivo.

La reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo establecerá los ingresos computables y los requisitos necesarios que deberán cumplir quienes perciban ingresos inferiores a los establecidos en el inciso primero de este artículo, para justificar los mismos, así como la información que deberán suministrar los organismos públicos para el efectivo cumplimiento de lo dispuesto.

El producto de la contribución adicional se asignará a la Universidad de la República conforme a las normas que rigen los fondos de libre disponibilidad, con los siguientes destinos:

A) 35% (treinta y cinco por ciento) para los proyectos institucionales en el interior del país.

B) 25% (veinticinco por ciento) para mejoras en la infraestructura no edilicia destinada a la enseñanza, bibliotecas, formación de docentes y publicaciones.

C) 40% (cuarenta por ciento) para la infraestructura edilicia destinada a la enseñanza."

Artículo 8º. (Régimen de facilidades).- Establécese por única vez, un régimen de facilidades de pago de hasta 36 meses y la remisión de las multas y recargos generados, al que podrán acogerse quienes adeuden, al 31 de diciembre de 2001, aportes al Fondo de Solidaridad, ya sea por concepto del tributo creado por la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994, o por el adicional creado por el artículo 542 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Los importes originales adeudados deberán convertirse a unidades reajustables al momento de la solicitud, debiendo ser pagados en el plazo acordado en el nuevo convenio. El atraso en el pago de tres o más cuotas determinará la caída del convenio y hará exigible el total de la deuda.

Los convenios por los adeudos referidos que tengan cuotas pendientes de pago, deberán ser recalculados sobre la base de lo dispuesto en los incisos anteriores, imputándose lo abonado a la cancelación de la deuda existente. Si por efecto de aplicación del régimen de facilidades previsto en este artículo, la deuda así determinada resultara menor que el importe abonado por el deudor, se reputará cancelada, sin generar derecho a crédito alguno a su favor.

La solicitud deberá ser presentada ante el Fondo de Solidaridad dentro de los sesenta días corridos siguientes a la vigencia de la presente ley.

Artículo 9º. (Derogación).- Derógase el artículo 4º de la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994.

Artículo 10. (Vigencia).- La presente ley entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 2002.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 5 de diciembre de 2001.

Gustavo Penadés Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: se trata de un proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Representantes y que tiene por finalidad corregir algunos problemas que se han dado en la práctica con el Fondo de Solidaridad. Lo que ha ocurrido es que muchos egresados universitarios han visto retenidos los sueldos que perciben en la Administración Pública, como consecuencia de que no han podido pagar al Fondo dadas sus exiguas retribuciones.

Más allá de los aspectos de justicia social y de solidaridad que supone el Fondo de Solidaridad, debemos decir, sin embargo, que en la práctica, lamentablemente, el objetivo perseguido por el Legislador se ha visto entorpecido por el extremo de que existen, repito, profesionales o egresados universitarios que tienen remuneraciones que apenas alcanzan a $ 3.000 o $ 4.000 mensuales, por lo que si pagaran a ese Fondo prácticamente no cobrarían nada durante varios meses.

A todo esto debemos agregar que muchos sectores de la Administración Pública han empezado a controlar recién en el último año el cumplimiento del pago al Fondo de Solidaridad, situación que lleva a la retención de los sueldos por pagos atrasados, todo lo cual se ha hecho en función de lo que establece la ley vigente en la materia. En este sentido, la Cámara de Representantes ha buscado una solución pragmática, aprobando un proyecto de ley que tiende a modificar, en primer lugar, los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994, por la que se creó el Fondo de Solidaridad como una persona jurídica de Derecho Público no estatal y, además, sustituyendo el artículo 542 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001 -es decir, la Ley de Presupuesto Nacional- por la que se estableció una contribución adicional al Fondo de Solidaridad, que grava a los egresados de la Universidad de la República.

Debemos destacar algunos aspectos de este proyecto de ley. En forma muy sucinta, rápida, debemos decir que aquí se define claramente la naturaleza jurídica del Fondo de Solidaridad, estableciendo que es una persona jurídica de Derecho Público no estatal. Asimismo, se establece con carácter preceptivo que la Comisión Honoraria Administradora del Fondo sea presidida por el Subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura. Concretamente, el Fondo está conformado por una Comisión Honoraria integrada por siete miembros: uno por el Ministerio de Educación y Cultura, que la presidirá y cuyo voto decidirá en caso de empate; uno por la Universidad de la República; uno por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública a propuesta del Consejo de Educación Técnico - Profesional; uno por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios; uno por la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones; uno por el Banco de la República Oriental del Uruguay; y, finalmente, uno por la Agrupación Universitaria del Uruguay.

Una de las novedades, pues, es que se agrega un representante de la Agrupación Universitaria del Uruguay, en tanto que es la entidad más representativa de los profesionales universitarios.

Luego se establecen los cometidos que tendrá el Fondo, y especialmente la Comisión Honoraria. En lo que nos interesa que es, en definitiva, la forma como se obtienen los recursos, debemos decir que en este punto es donde se introducen algunas modificaciones de importancia, concretamente en el artículo 3º, que se sustituye, de la Ley Nº 16.524. El referido artículo sustitutivo establece que el Fondo se integrará mediante una contribución especial efectuada por los egresados de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional cuyos ingresos mensuales sean superiores a cuatro salarios mínimos nacionales. Dicha contribución especial deberá ser pagada a partir de cumplido el quinto año del egreso hasta completar veinticinco años de aportes al Fondo de Solidaridad o hasta que se efectivice el cese en la actividad laboral por jubilación.

A continuación, y en tres numerales, se establecen los diferentes requisitos para ese aporte, es decir, en qué medida los egresados universitarios van a aportar.

En el numeral 1) se indica que los egresados cuyas carreras, a la fecha de promulgación de la presente ley, tengan una duración igual o superior a cinco años, aportarán anualmente una contribución equivalente a cinco tercios de un salario mínimo nacional.

En el numeral 2) se establece que los egresados cuyas carreras tengan una duración de cuatro años y menor de cinco años, aportarán anualmente una contribución equivalente a un salario mínimo nacional.

Finalmente, el numeral 3) señala que los egresados cuyas carreras tengan una duración menor a cuatro años, aportarán anualmente una contribución equivalente a medio salario mínimo nacional.

Debemos destacar que por el artículo 7º del proyecto de ley que estamos considerando se modifica el artículo 542 de la Ley de Presupuesto del año 2000, y concretamente la contribución adicional al Fondo de Solidaridad grava a los egresados de la Universidad de la República cuyas carreras tengan una duración igual o superior a cinco años y sus ingresos mensuales sean superiores a seis salarios mínimos nacionales.

Creo que con esto se solucionan los aspectos que destacábamos hace un momento en cuanto al hecho de que hay muchos egresados universitarios, tanto en el Ministerio de Salud Pública como en el Instituto Nacional del Menor -por citar algunos ejemplos- que tienen ingresos de entre $ 3.000 y $ 4.000 mensuales.

Asimismo, en el artículo 8º de este proyecto de ley, se establece, por única vez, un régimen de facilidades de pago de hasta treinta y seis meses. También se hace una remisión de las multas y recargos generados, a que podrán acogerse quienes adeuden, al 31 de diciembre de 2001, aportes al Fondo de Solidaridad, ya sea por concepto del tributo creado por la Ley Nº 16.524 o por el adicional creado por el artículo 542 de la Ley Nº 17.296.

En síntesis, diré que este es un proyecto de ley que trata de corregir algunos problemas prácticos de equidad que se plantearon con la administración y el aporte al Fondo de Solidaridad. Creemos que el Senado debe darle aprobación tal como viene de la Cámara de Representantes.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Señor Presidente: hemos estado en contacto permanente con personas a las que la creación del adicional al Fondo de Solidaridad por la Ley de Presupuesto Nacional puesta en vigencia en febrero de este año, les generó un conjunto de problemas, incluso el no pago de sus haberes mensuales en algunas dependencias de la Administración Central. Obviamente, este es un hecho realmente negativo que ha ocurrido y está ocurriendo, y de no aprobarse una norma con estos contenidos -por lo menos con algunos de los que incluye este proyecto de ley- de pronto las personas afectadas no cobran el aguinaldo ni el mes de diciembre. Por lo tanto, ese es un problema que debemos afrontar y solucionar.

En tal sentido, creemos que debe votarse este proyecto de ley por tres razones. En primer lugar, porque soluciona esos problemas acuciantes de empleados públicos y privados que tienen retenidos sus haberes, no se les ha pagado o pueden ver afectado el cobro de sus haberes por la deuda que mantienen con el Fondo de Solidaridad; en segundo término, porque somos muy respetuosos del trabajo de los señores Representantes, especialmente de los compañeros del Encuentro Progresista, que lograron que este proyecto de ley de alguna forma contemplara y mejorara la situación de algunos de los casos más acuciantes; y en tercer lugar, porque en los hechos el monto que cada uno de los deudores del Fondo de Solidaridad va a pagar de aquí en más por concepto de este tributo y del adicional, va a ser menor en cada una de las escalas de lo que deberían estar abonando hoy en función de la normativa vigente.

Por todas estas razones, queremos votar cuanto antes, en el día de hoy, este proyecto de ley. Pero no sería honesto desde el punto de vista intelectual, si no dijera que este proyecto de ley contiene un mal tributo y un conjunto de medidas que empeoran en muchos casos el tributo existente al día de hoy. Comenzaré por lo siguiente.

Desde el punto de vista filosófico -una categoría bastante abstracta- podríamos decir que estamos de acuerdo con que los egresados de la Universidad de la República aporten, aunque sea a posteriori, por la enseñanza que les brindó esa institución pública y por la que en su momento no pagaron ningún precio.

Pero desde el punto de vista tributario -este es un tributo, tanto el original como el adicional- nos parece bastante negativo, no distributivo y, por ende, injusto. Digo esto, porque tiene un conjunto de características de precio que se aumentan en este proyecto de ley -por ejemplo, hay que pagar matrícula, aunque sea a posteriori- pero no de índole tributaria. No es lo mismo cobrar una matrícula por dictar un curso que crear un tributo mediante el cual se cobra a determinados contribuyentes.

¿Por qué digo que se aumentan las características de precio en un tributo? Según la actual legislación, aportan los egresados de la Universidad de la República con carreras de 4 años y más, que estén ejerciendo sus respectivas profesiones y cobrando por ellas. De esa forma, algunos profesionales tienen la posibilidad de argumentar que no están ejerciendo y que, por lo tanto, no pagan. Además, están exonerados los docentes universitarios.

Sin embargo, en este proyecto de ley -que voy a votar porque soluciona algunos casos acuciantes que hemos estado discutiendo durante mucho tiempo- lo único que faltaría incorporar al tributo serían aquellos estudiantes universitarios que no hubieran llegado a recibirse. En esta iniciativa se propone que paguen todos aquellos que hayan egresado de la Universidad, es decir, quienes tengan carreras menores a 4 años, de 4 años y mayores de 5 años. Todos estarían comprendidos en esta nueva redacción. Además, no van a poder exonerarse quienes no ejerzan la profesión y no tengan ingresos por ese concepto. Tampoco estarían exonerados los docentes universitarios, que son, aproximadamente, 3.000 ó 4.000 en un total de 100.000 personas que aportarían este tributo.

De manera que se incorporan a los contribuyentes todos los egresados universitarios, independientemente de la cantidad de años que dure su carrera, ejerzan o no su profesión, sean o no docentes y los que tengan entre 5 y 10 años de egresados. En este último caso, la legislación actual los obliga a pagar recién a partir del décimo año de egresados.

Creo que lo más positivo que se incorpora a este proyecto de ley en comparación con la normativa vigente, es el concepto de mínimo no imponible, típicamente tributario y no de precio. Obviamente, para el impuesto llamado Fondo de Solidaridad no pagarían quienes tuvieran un ingreso menor a cuatro salarios mínimos no imponibles, y para el adicional, aquellos que tuvieran un ingreso menor a seis salarios mínimos no imponibles. Este es un elemento positivo, que lo hace un poco más justo. Me refiero al contexto relacionado con quiénes aportan y quiénes no, quiénes se incorporan y cómo se solucionan los problemas que estaban planteados con este tributo que, de por sí, ya era injusto porque no tenía relación con los ingresos de los profesionales a partir de su egreso, ya que sólo tenía en cuenta la cantidad de años de egresados y el tiempo de duración de la carrera.

Otro elemento negativo de este proyecto de ley es que, al igual que la normativa vigente, sigue manteniendo una discriminación con respecto a la Universidad pública y a las privadas. Debemos tener claro que este tributo sigue sin cobrársele a los egresados de las Universidades privadas, que pueden tener sus ingresos y trabajar en distintas dependencias públicas o privadas como profesionales. Este tributo está concebido como un fondo de solidaridad hacia la Universidad de la República. De esta manera, un egresado de la Universidad de la República, después de cinco años de recibido, tiene que hacer un aporte anual, a diferencia de los egresados de las Universidades privadas. Esto hace que se fomente la incorporación de estudiantes a estas últimas. Quienes siguen sus carreras en la Universidad de la República no tienen matrícula para los años de estudio, pero sí un tributo que se paga durante mucho tiempo: desde los 5 hasta los 25 años de egresados. Reitero que, a mi juicio, se mantiene ese rasgo negativo que tiene el tributo vigente.

Por otra parte, pienso que los tributos deben ser tributos y los precios deben ser precios. Esto es diferente al pago de una matrícula a posteriori; debe tener características de tributo y, por lo tanto, una relación entre lo que se paga y los ingresos que el contribuyente recibe. Esto sigue sin existir, salvo en el caso de los mínimos no imponibles, que incide en muy poco. ¿Por qué digo que incide en muy poco? Porque se trata de cuatro salarios mínimos nacionales para el impuesto. Creo que los profesionales que aportan a la Caja Profesional, en ningún caso tienen un ficto menor a eso. De manera que estarían incluidos todos los profesionales, salvo casos muy excepcionales, que son los que dieron origen a esta legislación y que atendimos en particular. Me refiero a quienes no tienen actividad profesional independiente, sino un trabajo dependiente y que puedan estar en un Ministerio cobrando menos de cuatro salarios mínimos nacionales. Pienso que el mínimo no imponible debería haber sido mayor. Habíamos estado trabajando en una propuesta a fin de que este mínimo se fijara en ocho salarios mínimos nacionales, pero no tuvo andamiento. Incluso, lo conversamos con nuestros Diputados en oportunidad de discutirse este proyecto de ley en la Cámara de Representantes. No fue posible obtener acuerdos políticos entre las Bancadas para ello.

Creo que lo destacable de esta iniciativa son las facilidades de pago que figuran en el artículo 8º y que, de alguna forma, solucionan los casos más acuciantes.

A pesar de que se incorpora un conjunto de profesionales que antes no tenían que pagar el tributo -aquellos que tienen entre 5 y 10 años de recibidos, los de carreras de menos de 4 años, los docentes universitarios y quienes no tienen actividad profesional independiente- creemos que este proyecto atiende a esos casos que aludíamos al principio de nuestra intervención. Además, el conjunto va a pagar, individualmente, menos que antes. Por ejemplo, para los profesionales de más de 5 años de carrera, hay una rebaja de 2/3 de salario mínimo anual, porque se le disminuye 1/3 de salario mínimo para el impuesto y otro tercio de salario mínimo para el adicional. Quiere decir, entonces, que va a pagar 10/3 de salario mínimo cuando abonaba 4 salarios mínimos en conjunto. Repito, individualmente, ninguno de los afectados -salvo los que se incorporan a partir de esta ley y que antes no estaban comprendidos- pagará más que en la actualidad.

Como dije, señor Presidente, en virtud de que esta solución está siendo esperada por un conjunto de funcionarios que ya tienen retenidos sus haberes y que pueden correr igual suerte con su aguinaldo, vamos a votar este proyecto de ley, que no nos convence en absoluto y que nos parece regresivo desde el punto de vista tributario.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: el señor Senador Núñez hizo una serie de observaciones muy interesantes en cuanto al proyecto de ley, pero hay una de ellas que entiendo debemos analizar en un contexto más general, y es aquélla que tiene que ver con la justicia o injusticia de la exclusión de los egresados de las Universidades privadas. En tal sentido, debo decir que se trata de un Fondo de Solidaridad que tiene una finalidad específica y es la de financiar un sistema de becas para estudiantes de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico Profesional -lo que todos conocemos como UTU- de la ANEP. Más allá de la concepción política o ideológica que se pueda tener acerca de la conveniencia o inconveniencia de la existencia de Universidades privadas -personalmente, no entiendo por qué no debería haberlas en un sistema de libertad de enseñanza como el que tenemos en el Uruguay- cabe recordar que quienes asisten a ellas pagan matrícula y una mensualidad. En cambio, quienes asisten a la Universidad de la República -como fue mi caso, dado que hice toda mi carrera allí- no pagan nada. ¿Qué es lo que se ha procurado? Concretamente, establecer un sistema de becas para que aquellos estudiantes que no tienen recursos puedan asistir a cursos en la Universidad de la República y puedan realizar la carrera universitaria. De acuerdo con los informes elaborados por la Comisión Honoraria que administra el Fondo, este sistema de becas está funcionando en forma excelente dado que se está ayudando a muchos estudiantes -sobre todo del interior del país- para que puedan asistir a los cursos que, repito, dicta la Universidad de la República y ahora también el Consejo de Educación Técnico Profesional.

Por lo tanto, desde ese punto de vista, me parece que este proyecto de ley es justo en cuanto no grava o no le exige un aporte a quienes egresan de las Universidades privadas porque, en definitiva, están pagando o han pagado en su momento los cursos correspondientes.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: en general, comparto las consideraciones que hiciera el señor Senador Núñez, pero como centro de mi preocupación tengo dos asuntos. Uno de ellos fue compartido por la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social y tiene que ver con la retención de sueldos y todo tipo de haberes, de la que han sido objeto muchas de estas personas. Recuerdo que en algún momento creí que se trataba de una disposición contenida en un decreto, pero luego constatamos que se trataba de un artículo de una ley de 1994 que estipula la retención de todo tipo de haberes. Quiero decir que no comparto esa disposición. A nivel de la Comisión habíamos presentado colectivamente un proyecto muy simple, que dejaba tal como está el artículo 3º de la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994, y eliminaba la parte que dice "en caso de no hacerlo, no podrá realizar trámites oficiales ni percibir sueldos o remuneraciones de especie alguna". Insisto en que habíamos llegado a un acuerdo en cuanto a dejar esa parte de la disposición sin efecto. Algunos señores Senadores estaban preocupados por la necesidad de establecer una norma que obligara al pago. De todos modos, en el proyecto que estamos considerando continúa vigente todo el artículo, cuya filosofía no compartimos. En el mismo se expresa que las entidades públicas o privadas deben exigir, a los sujetos pasivos de la contribución, la presentación de la constancia y, de no mediar dicha presentación, las entidades mencionadas quedan inhabilitadas para pagar facturas por servicios prestados, sueldos, salarios o remuneraciones de especie alguna a los sujetos pasivos titulares del derecho. Asimismo, hace solidariamente responsable por la deuda a la entidad que incumpla con lo previsto. En estos meses, hemos tomado contacto con varios trabajadores de Salud Pública, quienes tienen problemas pues no se les ha pagado el salario por no haber podido cumplir con el adicional. Incluso, la Comisión envió una minuta de comunicación al Ministerio solicitando que se tuviera en cuenta los deseos de este Cuerpo, en el sentido de que se pagaran los sueldos. De todos modos, no se cumplió con eso en la medida en que estaba estipulado en la ley. Nosotros compartimos que se busque alguna disposición que no habilite a que quien no paga no reciba consecuencia alguna, pero no estamos de acuerdo en que los sueldos, salarios o remuneraciones de especie alguna sean retenidos porque, incluso, al hablar de "remuneraciones de especie alguna" -y en esto podrá ayudarme mi compañero, el señor Senador Korzeniak- también está incluido el pago de la asignación familiar.

Sin embargo, entiendo que la filosofía de la asignación familiar es que el pago no se realiza al trabajador, sino a sus hijos. Incluso, existen casos de sumarios en los que se suspende el pago de cualquier tipo de remuneraciones, excepto el de asignaciones familiares. Por lo tanto, si en el texto decimos "remuneraciones de especie alguna", estamos estableciendo que no se puede pagar absolutamente nada.

Por todo lo expuesto, señalamos que no compartimos esto, pues parece una especie de solidaridad compulsiva que no puede quedar estipulada de esa forma en la ley. Sabemos que quienes han planteado su reclamo durante este tiempo, lo han hecho expresando que comparten la filosofía del Fondo de Solidaridad, pero no lo pueden pagar porque perciben salarios que no se lo permiten, tal como lo indicamos en el caso de médicos y enfermeras de hospitales públicos, en donde lo que vamos a lograr es que vaya a trabajar allí el que no tenga vocación -y no puede acceder a otro tipo de trabajo- y, por el contrario, a esa gente que hace su tarea con dedicación total, con una enorme vocación y sacrificio a nivel público, con un sueldo que todos conocemos, la mantendríamos fuera de la posibilidad de percibir su salario.

Por otra parte, efectivamente el proyecto que tenemos delante elimina el artículo 4º de la Ley Nº 16.524, en el cual se exceptuaba a aquellos que no percibían ningún tipo de ingresos derivados de su condición de profesionales universitarios o de egresados de los cursos del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico Profesional, que es lo que señalaba el señor Senador Núnez. No se trata de que la ley no lo establezca o de que el proyecto de ley que tenemos a consideración no lo estipule claramente, sino que expresamente se deroga el artículo 4º. Dicha norma establecía quiénes quedaban exceptuados; por lo tanto, al sacarse el artículo 4º se está diciendo que queda eliminada esa excepción. Esa es mi interpretación. De lo contrario, el proyecto de ley no diría de manera expresa que deroga el artículo 4º. Entonces, creo que esto tiene una serie de dificultades.

Precisamente, fui una de las que promovió que este proyecto de ley se trasladara directamente a Sala, que se incluyera en el orden del día y que lo votáramos; sin embargo, pienso que tiene una serie de facilidades que me preocupan. Digo más; las facilidades que habíamos votado en el Senado en el marco de otro proyecto de ley, eran mejores que éstas, más amplias. Me refiero a aquellas disposiciones que otorgaban facilidades a los patrones que adeudaban al Banco de Previsión Social; particularmente, en lo que dice relación con el artículo 5º, en el que, respecto del Fondo de Solidaridad, se permitía, digamos, que se moviera con mayor flexibilidad. Por tanto, me parece que eran mayores las facilidades que tenía ese proyecto de ley.

Como decía el señor Senador Núnez, nuestros compañeros de la Cámara de Representantes votaron el proyecto de ley, no porque creyeran que era bueno, sino porque era la iniciativa que podía salir. Quería dejar sentadas todas estas preocupaciones.

Voy a insistir, señor Presidente, con el tema de los salarios y de las remuneraciones porque, incluso, si bien informalmente conversamos con el señor Senador Correa Freitas -quien me decía que la disposición relativa a la inembargabilidad de los sueldos no es constitucional, sino fruto de una ley- he escuchado encendidas alocuciones -no por parte del señor Senador mencionado- con respecto a que los sueldos eran embargables. Por eso pienso que acá se vuelve a insistir con una medida truculenta porque, por cierto, podríamos establecer otro tipo de sanciones o de disposiciones que obliguen a ponerse al día con el Fondo de Solidaridad, pero no la retención de los sueldos y haberes. En verdad, no comparto esto. La realidad ha demostrado que cuando esto se empezó a aplicar hubo problemas; antes no los hubo porque no teníamos este tipo de disposición. Hemos estado en contacto con personas, en su mayoría mujeres, jefas de hogar, que no están en condiciones de cumplir con el aporte que estaba planteado y que tenían retenido el sueldo de uno o dos meses. Por ese motivo, me parece que es algo que no podemos volver a ratificar en un proyecto cuando, además, había intencionalidad y voluntad de los señores Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social -conjuntamente firmamos un proyecto de ley que enviamos a dicha Comisión- de eliminar lo relativo a la retención de los sueldos y haberes. Insisto en que no estamos de acuerdo con la retención de los sueldos, aunque es independiente de lo que dijimos en cuanto a buscar una norma que obligue para que se cumpla el pago correspondiente.

En definitiva, tengo grandes dudas con respecto a este proyecto de ley. También entiendo que estamos considerando esta iniciativa en una sesión extraordinaria, con el límite de participación, de quórum, en el Senado, y que no se avizoran proyectos de ley que obliguen a todo el mundo a estar presente. De todas maneras, quiero dejar sentado que nosotros vamos a insistir con la modificación de este punto en particular, es decir, la retención de los sueldos.

10) ASUNTO ENTRADO FUERA DE HORA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente:)

"La Cámara de Representantes remite un proyecto de ley por el que se aprueba el Código de la Niñez y la Adolescencia."

-A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

11) FONDO DE SOLIDARIDAD

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la discusión sobre el proyecto de ley relativo al Fondo de Solidaridad.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: voy a ser muy breve porque vamos a votar este proyecto de ley en el entendido de que el fin que persigue en cuanto al Fondo de Solidaridad es noble y está bien inspirado, aunque en este momento tenemos muchas dudas acerca de cómo está armada su financiación, es decir, su fuente de recursos. Lo vamos a votar porque hay una serie de injusticias muy acuciantes y que provocan mucha angustia, que pueden ser resueltas en parte por esta iniciativa, más allá de que genera toda una suerte de otras injusticias que veremos en los próximos meses. Aspiro a que algunos señores Senadores de este recinto nos pongamos a trabajar para ver si podemos encontrar mecanismos que permitan solucionar y evitar esas injusticias. Algunas de ellas fueron nombradas por los señores Senadores Núñez y Arismendi, pero quiero insistir en cuanto a que la embargabilidad de los sueldos podría generar ciertas situaciones. Incluso, aunque se mejoraran los sueldos de Salud Pública y los profesionales de enfermería pudieran pagar los impuestos correspondientes, se podría dar la situación de que el Ministerio de Salud Pública embargue los haberes -tal como ocurre actualmente- y que no se presten los servicios por parte de dichos profesionales. En ese caso, puede darse la situación de que dicha Cartera tenga que optar entre pagar los sueldos y hacerse solidario de esa deuda, o embargar dichos salarios y obligar a quienes ejercen esta profesión a que cumplan con su trabajo, ante lo cual los profesionales podrían renunciar. Entonces, estaríamos ante un problema que tiene que ver con la prestación de la actividad.

Debemos tener en cuenta que estamos hablando de un lugar en el que cuentan la vida y la atención de los ciudadanos, lo que parece un elemento superior. Puede suceder que los médicos y el personal de enfermería digan que por lo que les pagan les están exigiendo algo, pero prefieren renunciar. De ser así, podríamos estar generando una situación en la que el Ministerio de Salud Pública sostenga que está cayendo en omisión de asistencia porque si hace cumplir esta ley no cuenta con personal que ejecute la obligación que esa Cartera tiene como cometido esencial. Al mismo tiempo, si el Ministerio no hace cumplir dicha ley se está haciendo solidario de una deuda que no generó.

En consecuencia, señor Presidente, sinceramente pienso que esto hay que elaborarlo desde otro punto de vista en lo que tiene que ver con su financiación y recursos, permitiendo que sea más racional. En definitiva, esta iniciativa termina siendo algo muy parecido al Impuesto a la Renta, pero encubierto, mal armado, donde no se ve la capacidad contributiva, en este caso de los profesionales, y por eso se genera todo este tipo de injusticias. A pesar de eso me parece que si este proyecto de ley no se aprueba en el día de hoy, estamos generando una situación que puede ser aún más explosiva. En todo caso, esto nos permite generar hoy un parche -lamentablemente- algo que atiende esta realidad, pero que no soluciona problemas que la propia iniciativa genera hacia el futuro. En todo caso, tenemos el compromiso -lo van a ver de mi parte- de trabajar en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, en la Comisión de Hacienda o en alguna otra, para solucionar todos los problemas de injusticia que genera esto, que ahora pasa de diez años a cinco la recaudación de este tributo.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Señor Presidente: por las consideraciones expuestas por el señor Senador Correa Freitas, vamos a votar afirmativamente este proyecto de ley. No pensaba hacer uso de la palabra, pero habiendo escuchado las manifestaciones del señor Senador Núñez, me veo en la obligación de hacer una constancia respecto de alguna puntualización.

Al analizar el artículo 3º que establece que el fondo se integrará mediante una contribución especial, el señor Senador Núñez señalaba que estábamos más cerca de un precio que de un tributo. Frente a esto, quiero dejar constancia de que desde el punto de vista tributario este proyecto de ley mejora claramente su antecedente, estableciendo ya no que el Fondo se integrará como un aporte -como lo establecía la ley vigente- sino que en forma técnicamente correcta, señala que el Fondo se habrá de nutrir mediante una contribución especial que es una especie dentro del género tributo. Asimismo, el propio artículo 3º del proyecto de ley hace referencia al artículo 13 del Código Tributario que define de manera precisa y desde el punto de vista técnico correcta, el concepto de contribución especial.

Por este motivo quiero dejar sentado en la versión taquigráfica que aquí estamos ante una contribución especial, y como tal una especie dentro del género tributo, y no de un precio que, como se sabe, no surge de la imposición del Estado para atender sus necesidades -lo que es propio de la calidad o concepto de tributo- sino que el precio es el fruto del acuerdo de voluntad entre dos partes. Aquí no estamos ante la configuración de un precio, sino claramente ante la configuración de un tributo.

Esa era la aclaración que deseaba hacer.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Señor Presidente: tengo claro que esto, formalmente, tiene características de tributo. Conozco lo que es un impuesto, una contribución especial, etcétera.

En realidad, lo que dije no es exactamente que esto era un precio, sino que es un tributo que acentúa las características de precio a posteriori, lo que no quiere decir que sea un precio. Este último se cobra cuando se tiene como contrapartida el bien o servicio. Esta sería una primera aclaración.

La segunda acotación que deseaba hacer es que esto me hace acordar a una broma que hacíamos los estudiantes de Ciencias Económicas, respecto a una teoría económica que implicaba tener diez agujeros y nueve tapones; por más que cambiáramos los tapones de lugar, siempre había algún agujero destapado. En este caso, estamos tapando un agujero de este Fondo de Solidaridad que corresponde al conjunto de casos de personas que hoy tienen la amenaza de no cobrar su sueldo o su salario por no contar con el dinero necesario para pagar el tributo, con lo cual, en definitiva, estamos abriendo otro conjunto de agujeros que se van a hacer más numerosos en el futuro. En lo personal, entiendo que esto es absolutamente inconveniente.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- En primer lugar, voy a hacer una referencia que no tiene demasiado espíritu de Cuerpo, refiriéndome al Cuerpo en ese sentido metafórico, con el que se le llama al Senado en un lenguaje organicista. Como se hizo una alusión que también por mi parte la he hecho muchas veces, con poca simpatía, referida a las ausencias en las sesiones, quiero recordar que de conformidad con el artículo 117 de la Constitución, reglamentado felizmente por el Senado en el artículo 14, los Senadores deben concurrir a las sesiones plenarias, a las Comisiones y a la Asamblea General y, cuando no tienen causales jubilatorias, lo que establece la norma es que se debe descontar proporcionalmente esas ausencias si no hay causales justificatorias. Una de las causales justificatorias, aparte de las comunes de cualquier funcionario público como puede ser enfermedad, tarea específica, misión encargada, licencia, etcétera, es una que es propia de los Parlamentos y que consiste en que por una decisión política de la Bancada o del propio Legislador, se resuelva no concurrir. Esto es algo que se acepta en todo el Derecho parlamentario, pero en ese caso hay que decirlo por escrito, señalando que por decisión política no se asiste a determinadas sesiones. Lo que ocurre es que en la práctica no se hacen los descuentos y, a mi entender, por lo menos es bueno recordar esa norma que alguna vez se leyó en este Senado.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa aclara que estamos en la discusión general de un proyecto de ley. En todo caso, si el señor Senador Korzeniak desea plantear una cuestión de orden, con mucho gusto lo escucharemos pero, reitero, en realidad estamos tratando un proyecto de ley.

Puede continuar el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- El señor Presidente me está llamando a la cuestión, es decir que me refiera al tema. Sin embargo, como se habló de ese punto referido a las ausencias quise hacer una reflexión que no es simpática pero que es bueno, de vez en cuando, reiterar. Además, es algo que está en el Reglamento del Senado y las disposiciones reglamentarias que refieren al funcionamiento del Senado, forman parte de cualquier sesión de este Cuerpo, cualquiera sea el tema que se trate.

SEÑOR PRESIDENTE.- Las que refieren a la cuestión también, señor Senador.

Puede continuar el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Prosigo con un segundo punto. Respecto a este tema sobre el que estamos conversando quiero decir que nuestra Bancada -como se ha advertido- va a votar en el entendido de que se está tratando de corregir normas anteriores que de alguna manera no estaban bien planteadas y, por ese motivo, estas disposiciones tampoco pueden tener una gran perfección. De todos modos, introducen algunos aspectos positivos y vamos a votar para evitar situaciones más complejas.

En tercer término quiero decir que ya sea que se defina como una contribución especial o como un impuesto el aporte para el Fondo de Solidaridad, lo cierto es que es muy discutible si está bien elegido el sujeto pasivo del impuesto. Reitero que esto es muy discutido.

Para mí el tema se inserta en una situación difícil en materia de salarios públicos y privados de nuestro país. Ese es el fondo del asunto. Si esas personas a las que se les exige la constancia de estar al día con el Fondo de Solidaridad para pagarles el sueldo tuvieran un ingreso decoroso, seguramente la tendrían y podrían cobrar su sueldo. Obviamente habrá quien puede pagar y no lo hace, pero normalmente la gente no puede pagar. Como se señaló acá, es cierto que hay una norma que obliga a no pagar los sueldos públicos, pero ese es un tema muy complejo. Se trata de una disposición racional cuando la gente vive bien, cuando los egresados de la Universidad tienen ingresos normales, pero es una norma impúdica cuando no tienen para vivir o tienen un pequeño sueldo que no se les paga porque no tienen la constancia de haber realizado el aporte. Los casos que se han planteado aquí son reales, de personas que vienen a explicarnos lo que les sucede. Es más, esta norma o una parecida se origina en otras disposiciones similares, ya que no se puede cobrar el sueldo en un empleo público si no se está al día, por ejemplo, con la Caja Profesional. El porcentaje de profesionales que están poco menos que hipotecando el derecho a jubilarse o perdiéndolo, porque no pueden hacer los aportes, es enorme. Creo que convendría pedir las cifras por muchos lugares, porque es espeluznante la cantidad de profesionales que no aportan a la Caja porque no ganan ni la décima parte de lo que deberían abonar. Entonces, de repente tienen un empleo público de $ 2.000, $ 3.000 o $ 5.000 por mes y, si las autoridades cumplen con las leyes, tampoco pueden cobrar si no están al día con la Caja Profesional. No sólo no están al día, sino que nunca más van a poder estarlo porque aunque les hicieran un convenio, no a 36 sino a 120 cuotas, tampoco lo podrían pagar.

Es válida la preocupación de buscar alguna medida sustitutiva a que no se pague el sueldo aunque, desde luego, hay que elegir a quienes realmente no pueden pagar los aportes y diferenciarlos de aquellos que no lo hacen porque no quieren. Eso es elemental. La Ley Nº 16.524 dice que en el caso de no tener el aporte no podrán realizar trámites oficiales ni percibir sueldos ni remuneraciones de especie alguna. Entonces, puede suceder que un trabajador vaya a cobrar su sueldo y se le diga que no se lo pueden pagar porque no ha hecho el aporte al Fondo de Solidaridad, pero él dice que no le corresponde porque recién egresó, por lo que le responden que se presente por escrito. Sin embargo, no puede hacerlo porque no está habilitado a hacer trámites oficiales. Personalmente, conozco dos casos, pero debe haber miles en esa situación, porque no pueden discutir la situación ante la misma oficina donde no le quieren pagar, ya que no puede hacer trámites oficiales. Entonces, creo que esto debe ser corregido, aunque reconozco que deberá ser en otra oportunidad, con más tranquilidad. Esto es al margen del tema complejo de la inembargabilidad de los sueldos, ya que los descuentos a los sueldos vienen por muchas vías, incluso, por ejemplo, por un acuerdo entre una autoridad pública y un sindicato. También cabe recordar que hace poco tratamos el tema de las retenciones por crédito. Creo que en todos los casos hay que ver la situación de la gente. Pienso que el tema de las jubilaciones también va a tener que aparecer, por un lado, para financiar la Caja de Jubilaciones Profesionales -en ese sentido es imprescindible poner normas que aseguren el cobro- y, por otro, porque hay gente que no puede pagar y no va a poder hacerlo si la economía del país sigue como está. Esto es muy distinto al caso en que el trabajador se pone de acuerdo con el patrón para no aportar al Banco de Previsión Social, lo que sucede en un altísimo porcentaje porque tanto el patrón como el empleado están tan apretados que no podrían subsistir si pagaran los aportes. En ese caso, por lo menos hay un acuerdo entre partes; la persona dice que no la inscriban en el Banco de Previsión Social, porque quiere vivir el presente y no le alcanza para comer.

Quiero dejar esa constancia y decir que, efectivamente, la Bancada está dispuesta a votar esta norma, ya que nos parece que tiene la buena intención de paliar una situación muy grave. De todos modos, el tema en general debe ser estudiado con más profundidad.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: creo que sería de utilidad, para votar este proyecto -pensamos hacerlo- tener en cuenta una opinión que aquí no ha sido considerada. Presumo que esto ha sido por una omisión natural ya que cada uno utiliza el ángulo argumental del caso. Me refiero a la opinión de la Universidad de la República que, el 13 de setiembre de este año, fue invitada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, a efectos de considerar el tema objeto de este proyecto.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Astori)

-En esa oportunidad concurrió una delegación muy calificada integrada por el Rector, el Vicerrector, el Prorrector de Gestión Administrativa, un Consejero, un asistente académico, el Director General de Administración Financiera y el representante del Fondo de Solidaridad.

En esa ocasión el ingeniero Guarga, Rector de la Universidad, hizo una serie de consideraciones que creo que vale la pena tener en cuenta. Voy a dar lectura a parte de lo que él dijo -no todo, porque es bastante largo- que estimo, a los efectos del análisis de esta ley, es esencial. El Rector de la Universidad en respuesta a la pregunta que se le formuló respecto a la consideración -que en este momento se estaría reiterando en el Senado- sobre el artículo 542 de la Ley Presupuestal, que introdujo algunos aspectos adicionales en el tema general del Fondo de Solidaridad. Expresaba el Rector: "Con relación a esto, quisiéramos hacer una consideración de orden general sobre lo que podríamos denominar la justificación social que tiene el recurrir de los egresados de la Universidad de la República para sostener parcialmente el presupuesto de la educación universitaria pública. En este caso estamos hablando de un impuesto" -no olvidemos que el Rector es ingeniero, por lo que no hay que entrar en sutilezas jurídicas- " que grava a aquellos que han cursado la enseñanza pública universitaria gratuita y algunas de las titulaciones de la UTU."

Después de algunas consideraciones más, sigue el señor Rector: "Reitero: existe un beneficio social y un beneficio personal indudable. En consecuencia" -aquí el ingeniero Guarga habla en forma muy clara- "la institución" -la Universidad de la República- "cree que es socialmente justo que una parte de este beneficio personal obtenido por la financiación por el ejercicio profesional, colabore en el sustento de la propia enseñanza universitaria."

Más adelante, el ingeniero Guarga vuelve a decir: "Resumiendo, creemos que existe una clara justificación social en que haya un aporte de los profesionales egresados de la enseñanza pública, que han recibido su título pagado por el conjunto de la sociedad y que ello vaya destinado a esta misma enseñanza pública, en este caso a la Universidad de la República."

Luego continúan otras interesantes consideraciones del ingeniero Guarga sobre el tema. Seguramente, aquellos señores Senadores que no las conocen -supongo que muchos sí lo han hecho- tendrán la oportunidad de leerlas con tranquilidad.

Ante algunas preguntas concretas de los Diputados presentes sobre reflexiones del ingeniero Guarga, este dice: "Pensaba traer las cifras exactas de la encuesta realizada por la propia Universidad de la República sobre ingresos de los profesionales, pero lamentablemente no las traje." Su palabra, a estos efectos, es suficiente.

En tal oportunidad, dialogando con los Diputados de la Comisión de Hacienda, decía también el Rector: "De todas maneras les enviaremos un estudio que publicamos en el cual se hace un análisis de cuál es la ubicación social de la masa de egresados. Entonces voy a citar cifras que no son exactas pero son correctas. Más del 90% de los egresados está entre el cuarto y quinto quintil", a lo que yo agregaría que se refiere a ingresos, porque de eso está hablando. Agregamos, señor Presidente, que las referencias sobre los ingresos personales de los egresados universitarios que hace el Rector no tratan de las carreras cortas -como popularmente se dice- sino de las carreras universitarias clásicas. Continúo la cita: "Los que están entre el cuarto y quinto quintil son el 90%, es decir, la casi totalidad de los egresados universitarios; entre tanto, el 70% de los egresados universitarios está en el quinto quintil." No recuerdo con exactitud -y menos aún porque es variable- en qué nivel está ese quinto quintil, pero creo que supera los $14.000 mensuales, es decir que se trata aproximadamente de U$S 1.000 por mes. Reitero, de acuerdo a lo informado por el Rector de la Universidad, el 70% de los egresados universitarios supera o está percibiendo U$S 1.000 en adelante. Por eso, el ingeniero Guarga, con razón, dice que le parece de justicia -y hace toda una serie de reflexiones al respecto- que paguen un aporte, por las razones que él mismo dijo y que acabo de leer.

En cuanto al desempleo profesional expresa: "La tasa de desempleo de esta masa profesional es a lo largo del tiempo promedialmente del orden del tercio de la tasa de desempleo global de la mano de obra de la población económicamente activa de la sociedad uruguaya." Hay desempleo, pero entre los egresados es un tercio del desempleo que afecta a la generalidad de la población.

Comprendo, señor Presidente, las referencias que se hacen a la situación de muchos egresados jóvenes, pueden ser válidas y las acepto. Dejo de lado -repito- lo relativo a las llamadas carreras cortas que están ampliamente representadas en las solicitudes justas que determinaron este proyecto. No son esas a las que refiere el ingeniero Guarga. Nadie se lo preguntó, pero si alguien lo hubiera hecho, supongo que habría dicho que se trataba de otro caso y debía mantenérselo al margen. El está informando sobre la generalidad. Naturalmente, el recién egresado abogado -por usar un ejemplo relativo a mi profesión- no está en las partes superiores del quintil, pero nadie espera que alguien se reciba de abogado y pase a ganar U$S 1.000 por mes. Alguna vez, algún señor Senador de este Cuerpo dijo: "Y vamos a no hablar de los médicos que ganan más de U$S 20.000 por mes y que son muchos más de los que ustedes se creen." Luego aludió a algún aspecto que no viene al caso acerca de la filiación política de los tales médicos, pero eso dejémoslo de lado porque de lo que estamos hablando es de esto y no de ese otro tema, que no me toca en lo más mínimo, sino al revés, señor Presidente.

SEÑORA ARISMENDI.- ¿Me concede una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARCIA COSTA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Me gustaría preguntar al señor Senador García Costa -cuya intervención estoy escuchando, como siempre, con mucha atención- si ha considerado cuál fue el origen de todo este debate con respecto al proyecto de ley -se trata de aquellos sueldos retenidos fundamentalmente en la órbita del Ministerio de Salud Pública- y si ha visto los recibos de sueldo de los médicos y de las enfermeras del Hospital Pereira Rossell y del Hospital Maciel. No se trata solamente de doctores de medicina general, ya que también hay profesionales que poseen grados interesantísimos de especialización y dedican su vida a trabajar en la órbita de salud pública. Creo que es importante conocer el salario que perciben y el aporte que hacen al Fondo de Solidaridad que, en definitiva, fue el origen entre otras cosas de la preocupación del Parlamento por encontrar salidas a la situación que tenían creada aquellas personas -en su mayoría mujeres y jefas de hogar- empleadas en ámbitos de escasísimos recursos, pero que se compensan con la dedicación profesional y humana que brindan.

Agradezco al señor Senador García Costa y al señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Puede continuar el señor Senador García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Comprendo que ese ha sido el origen, sin lugar a dudas -lo dije hace unos minutos- de este proyecto de ley, pero no ha sido el origen de los discursos que oímos, en los que se ha hecho referencia en términos generales a una masa de egresados de la Universidad, totalmente sumergidos, que buscan su sustento en forma mendicante. Cuando empecé a analizar el proyecto de ley, me pareció que había ciertos alcances que a priori parecían muy duros. Por lo cual me preocupé de conseguir los antecedentes. Naturalmente que todas mis iniciales intenciones tendientes a bajar el aporte general para la masa de egresados profesionales de la Universidad, se vieron sumergidas ante las palabras del Rector, quien nos dice que es totalmente justo y que además se podía pagar. Señor Presidente, si el Rector de la Universidad nos dice que es justo y que se puede pagar el aporte al Fondo de Solidaridad, saquémoslo sólo a aquellos sectores que evidentemente no pueden hacerlo y tratemos de aliviar la tensión financiera con determinados sectores. La próxima vez, o bien el ingeniero Guarga no es llamado y la Universidad no comparece, o ha cambiado la encuesta universitaria y no es verdad que la gran masa de egresados universitarios tiene una situación socioeconómica que afortunadamente es muy superior al resto de la población.

Bienvenida la circunstancia informada por el Rector de la Universidad, porque es una buena forma de retribuir el esfuerzo, el impulso y la necesidad que una sociedad tiene en cuanto al alto nivel de sus profesionales. Sin embargo, en ese caso, tienen que ganar más, y lo hacen.

Señor Presidente, vamos a votar este proyecto, por lo que hay de justo para aquellas carreras cortas y que me parece muy lógico que deba aliviarse su esfuerzo. Como muchos señores Senadores hablé con las interesadas quienes me expresaron lo mismo, me mostraron los mismos recibos y me entregaron las mismas notas que a los colegas. Lo que sucede es que, además de ello, traté de llegar más lejos, pero me detuvo la Universidad de la República. Reitero que hubiera querido llegar más lejos en cuanto a aliviar la carga de los tributos al Fondo de Solidaridad, pero no pude hacerlo porque el Rector informó de otra manera. En información vertida no accidentalmente, sino específicamente de este tema, oportunidad, además, en la que varios señores Representantes, en un diálogo muy frecuente en esta Casa, le preguntan, le insisten, le requieren y el ingeniero Guarga -que es un hombre inteligente, brillante y que seguramente sabe de lo que habla- insiste en su posición, respaldado -no todos intervienen- por los técnicos de altísimo nivel de la Universidad, que lo acompañan.

Entonces, señor Presidente, pongamos las cosas en su lugar; no trabajemos sobre la base de estereotipos y de mitos que terminan por oscurecer el panorama y nadie sabe de qué se está hablando, porque se procura hablar de lo que no existe, cuando tenemos que procurar en lo que existe, modificar lo equivocado. Vamos a hacerlo con este proyecto, pero poniendo las cosas en su lugar en cuanto a las circunstancias determinantes del mismo.

12) RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS POR TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD PRIVADA

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Se va a dar cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente:)

"El Poder Ejecutivo remite Mensaje y proyecto de ley por el que se financia la mayor erogación generada por el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes, relativo al reconocimiento de los servicios prestados por trabajadores de la actividad privada, detenidos o compelidos a dejar el país entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985".

-REPARTASE.

13) FONDO DE SOLIDARIDAD

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Continúa la discusión del proyecto de ley sobre el Fondo de Solidaridad.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Solicito que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

(Se vota:)

-20 en 22. Afirmativa.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Quiero expresar, a modo de fundamento de voto, que vamos a seguir la norma indicada por nuestra Bancada, tratando de salvar algunas situaciones de inequidad. Sin embargo, en nuestra opinión, este proyecto tiene tal grado de complejidad que es absolutamente insatisfactorio, por lo que nos comprometemos a trabajar a fin de lograr algo que tenga una estructura racional.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 6º.

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 7º.

Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 8º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 9º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 10.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Deseo hacer una moción, en el sentido de que la versión taquigráfica de las palabras vertidas por los señores Senadores, donde se plantean varias observaciones, pase a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, para su estudio.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Eso no requiere votación; es de trámite interno. Sin embargo, a solicitud del señor Senador, la versión taquigráfica pasará a consideración de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

SEÑOR MICHELINI.- Mi pedido es para que la Comisión estudie las observaciones, a fin de que, a la brevedad, se pueda dar solución a las mismas.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Se remitirá la versión taquigráfica para su estudio y no simplemente como una atención a la Comisión.

14) AÑO DE LA EDUCACION VIAL

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto lugar del orden del día: "Proyecto de ley por el que se declara el año 2002 `Año de la Educación Vial'. (Carp. Nº 493/01 - Rep. Nº 371/01)".

(Antecedentes:)

«Carp. N° 493/01
Rep. N° 371/01

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase al año 2002 como `Año de la Educación Vial'.

Artículo 2º.- Decláranse de interés nacional las actividades de difusión y actos académicos sobre la problemática referida, con el objetivo de:

A) Reducir el número de accidentes de tránsito mediante actividades de educación e información.

B) Que la seguridad vial sea un ámbito de respeto y solidaridad entre los miembros de la comunidad, a través de la potenciación de la sensibilidad y la reflexión de los ciudadanos.

Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, coordinará las políticas a aplicar, así como los eventos a realizar en forma conjunta con el Ministerio de Educación y Cultura, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), y la Comisión Nacional de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 3 de julio de 2001.

Gustavo Penadés Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario.»

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

No hay Miembro Informante.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Dado que fui uno de los señores Senadores que pidió que este proyecto, que cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes, se pusiera en el orden del día, expreso que con el mismo se quiere intentar que la sociedad tome conciencia de los problemas viales y, en consecuencia, declarar el año 2002 como el Año de la Educación Vial. Todos conocemos los esfuerzos realizados por la Policía Caminera y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas al respecto. Por lo tanto, en la necesidad de que toda la población tome conciencia de que se pueden evitar muchos accidentes y salvar muchas vidas, pensamos que debe haber una educación vial.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley en consideración.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Hay una moción a efectos de que se suprima la lectura de los artículos.

Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

-En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

15) PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- El Senado ingresa en la consideración del quinto punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se establece que en las obras efectuadas mediante convenio con el Estado se deberá facilitar el acceso de las personas con capacidades diferentes. Carp. Nº 614/01 - Rep. Nº 367/01".

(Antecedentes:)

«Carp. N° 614/01
Rep. N° 367/01

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Transporte y Obras Públicas

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º.- En las obras por convenio entre instituciones sociales, culturales, deportivas y el Estado, el proyecto arquitectónico deberá constatar de las previsiones para facilitar el acceso, desplazamiento y utilización por parte de personas con capacidades diferentes.

Artículo 2º.- Cuando las actividades de la institución social contratante sean fundamentalmente deportivas, se priorizará aquellas que en el proyecto total presentado prevean la instalación de equipos y aparatos destinados a facilitar la recuperación y superación física personal de quienes tienen capacidades diferentes en las obras a realizar.

Artículo 3º.- A los fines del cumplimiento de lo establecido por los artículos 1º y 2º de la presente ley, el organismo estatal contratante aportará recursos económicos e instrumentará los mecanismos que faciliten las instalaciones referidas. Los mencionados recursos no deberán exceder del 25% (veinticinco por ciento) del total del proyecto, salvo situaciones debidamente fundadas y documentadas. En el caso de aporte económico del Estado por este tipo de obras, se verificará, como previa condición, que la institución social contratante tenga libre acceso al padrón social.

Artículo 4º.- La institución social contratante requerirá de una organización de personas con capacidades diferentes a nivel nacional, de reconocida trayectoria e idoneidad sobre el tema, una evaluación de las previsiones arquitectónicas del proyecto en esta materia. La organización de nivel nacional podrá consultar con una organización local o departamental, de personas con capacidades diferentes, para dicha evaluación.

Artículo 5º.- La no aplicación de los artículos precedentes impedirá la prosecución de las obras, hasta tanto no se proyecten las previsiones expresadas en el artículo primero de la presente ley.

Artículo 6º.- Los convenios ya establecidos y en funcionamiento, no estarán comprendidos en las disposiciones citadas en la presente ley.

Sala de la Comisión, 12 de diciembre de 2001.

María Julia Pou (Miembro Informante Verbal), Marina Arismendi, Eleuterio Fernández Huidobro, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Walter Riesgo, Roberto Scarpa. Senadores.

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- En las obras por convenio entre instituciones sociales, culturales, deportivas y el Estado, el proyecto constará de previsiones para facilitar el acceso, desplazamiento y utilización por parte de personas con capacidades diferentes.

Artículo 2º.- Cuando las actividades de la institución social contratante sean fundamentalmente deportivas, se proveerá con equipos y aparatos destinados a facilitar la recuperación y superación física personal de quienes tienen capacidades diferentes.

Artículo 3º.- A los fines del cumplimiento de lo establecido por los artículos 1º y 2º de la presente ley, la institución estatal contratante aportará recursos económicos e instrumentará los mecanismos que faciliten las instalaciones referidas y en caso de necesidad económica, el acceso al padrón social. Los mencionados recursos no deberán exceder del 25% (veinticinco por ciento) del total del proyecto, salvo situaciones debidamente documentadas.

Artículo 4º.- La organización de personas con capacidades diferentes a nivel local, departamental o nacional de reconocida trayectoria e idoneidad sobre el tema, evaluará las previsiones del proyecto en cuestión.

Artículo 5º.- La no aplicación de los artículos precedentes dará lugar a la anulación del convenio e impedirá la prosecución de las obras.

Artículo 6º.- Los convenios ya establecidos y en funcionamiento, no estarán comprendidos en las disposiciones citadas en la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 18 de octubre de 2001.

Gustavo Penadés Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario.»

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Pou.

SEÑORA POU.- La Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado recibió este proyecto de ley a iniciativa de la Cámara de Representantes. Hemos encontrado que el mismo es más que pertinente y, por esa razón, sobre el final del año quisimos incluirlo en el orden del día.

En 1989, Año Internacional del Discapacitado, se declaró el día 9 de diciembre como el Día del Discapacitado. A partir de allí comenzaron en todo el mundo diferentes iniciativas para tratar de lograr alguna equidad entre los distintos integrantes de la sociedad y, en especial, para los que tienen capacidades diferentes tanto físicas como intelectuales. Como muy bien dijeron algunos señores Diputados, este proyecto de ley es integrador. Según Naciones Unidas toda sociedad tiene en su seno, entre sus componentes, un 10% de personas con discapacidad. Por supuesto, nuestra sociedad no es una excepción y, en tal sentido, la inquietud de estas señoras y señores representantes le hace mucha justicia.

La Ley del Discapacitado aprobada en 1989 es, fundamentalmente, declarativa, aunque no deja de ser importante. El solo hecho de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca las inequidades de sus integrantes, es una tarea importante. Pero creo que este proyecto de ley que llega a nuestras manos, de alguna manera indica una madurez en el Poder Legislativo porque nos vamos dando cuenta que no solamente resolvemos problemas con declaraciones o leyes declarativas, sino que tenemos que ir afinando nuestros lápices para establecer sanciones para cuando esta voluntad no vea reflejada la realidad que se ha querido impulsar.

Este proyecto de ley cuenta con nada más que cinco artículos, pero que son suficientes para transmitir lo que nuestros colegas de la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Representantes quisieron expresar. Por nuestra parte, debemos decir que, más allá de algunos cambios de redacción que hemos hecho con los señores Senadores Michelini y Arismendi, suscribimos totalmente el proyecto de ley sobre el que vamos a hablar a continuación.

El artículo 1º dice que: "En las obras por convenio entre instituciones sociales, culturales, deportivas y el Estado, el proyecto arquitectónico deberá constatar de las previsiones para facilitar el acceso, desplazamiento y utilización por parte de personas con capacidades diferentes". Hasta ahora, esto "regía" simplemente para las instituciones del Estado y este proyecto de ley -con alguna acuñación de verbo con la que no sé si estoy muy de acuerdo- está fijando un porcentaje, que no puede exceder el 25%, con algunas sociedades que convenían con el Estado. Es así que, hasta el 25% de los recursos del total del proyecto puede estar dedicado a que las barreras arquitectónicas dejen de ser tales y a facilitar el acceso a las personas con capacidades diferentes.

En el artículo 2º se habla de que si estas instituciones tienen un carácter deportivo se va a priorizar aquellas que en el proyecto total de las obras a realizar presentado se prevea la instalación de equipos y aparatos destinados a facilitar la recuperación y superación física personal de quienes tienen capacidades diferentes. Creo que es importante decir que ya hay muchas instituciones que con sus propios medios ya lo han hecho. Sabemos que muchas veces las discapacidades psíquicas van acompañadas de discapacidades físicas.

Repito que con este proyecto de ley creo que el legislador muestra madurez ya que muchas veces no falta voluntad sino recursos y entonces se corta por el atajo. En tal sentido, creo que al indicar que el organismo estatal contratante va a aportar estos recursos económicos y va a instrumentar los mecanismos para facilitar estas instalaciones, prácticamente deja sin razones a aquellos proyectos que hasta ahora no lo tenían.

Me parece importante también tener en cuenta quién va a ser de "módem" entre el Estado y la institución social contratante. En tal sentido, se le da relevancia a la Comisión Nacional del Discapacitado y a las distintas comisiones departamentales relacionadas con el tema, en el entendido que son las que saben y conocen cómo se atienden, quiénes acuden a estas instituciones y de qué manera se desempeñan. Por eso pensamos que es importante que tanto a nivel local como departamental sean esas organizaciones las que evalúen el tema a nivel nacional.

Por último, la no aplicación de los artículos de esta ley va a impedir la prosecución de las obras hasta tanto no se proyecten las previsiones que van a llevar a lograr el objetivo de esta ley que tiene mucho sentido de la responsabilidad y a través de la cual se demuestra una gran sensibilidad.

(Ocupa la Presidencia el señor Luis Hierro López)

-Por lo expuesto, la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado aconseja la aprobación de este proyecto de ley. A título personal, me permito agregar que a doce años de aprobada la Ley del Discapacitado le estamos pidiendo a todos los organismos del Estado, tanto bancos como entes autónomos y distintos Ministerios, que nos informen acerca de qué realidades tenemos, cuáles son los avances que ha habido y qué cosas tenemos que anotar en el debe respecto de este problema. Seguramente, a través de esta ley que es simple pero directa en sus objetivos, se va a contribuir a que ese balance sea más justo.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Me parece bueno que estudiemos un proyecto de ley que incluye determinados sectores sobre los cuales no siempre ha pensado la sociedad y sobre los que no sabemos exactamente a cuántas personas comprende. La señora Senadora Pou decía que se trata del 10% de la población lo que significa algo más de 300.000 personas en nuestro país. Sin embargo, no está claramente definido si todas esas personas padecen discapacidades motrices o agregan, además, discapacidades intelectuales. Lo que sí es cierto es que cada vez se trata de legislar más sobre estos temas y es muy importante que los estudiemos para saber dónde estamos parados.

En lo que tiene que ver con un encuentro sobre integración educativa y social de niños y adolescentes con capacidades diferentes realizado por el Instituto Interamericano del Niño y la Organización de Estados Americanos, voy a señalar algunas recomendaciones relacionadas con este proyecto de ley. Allí se dice que hay que incorporar la accesibilidad en el diseño y ejecución de las obras. La accesibilidad no ha de tratarse como un añadido sino como un elemento más a la hora de diseñar.

Por esto, la accesibilidad como cualidad integrada debe ser compatible con todos los usuarios, con la seguridad, con la economía, con el diseño, con el paisaje, con la historia y con una ergonomía accesible, que es la disciplina que estudia cómo aprender a acercar a las limitaciones del ser humano las alternativas de una vida cotidiana. La integración de las personas con discapacidad en la sociedad se dará cuando todos los ambientes, abiertos o cerrados, sean accesibles, logrando así una verdadera mejora en la calidad de vida de todas las personas. Esto está pensado para facilitar, en los aspectos educativos, el hecho de que no existan dificultades en niñas y niños con discapacidades motrices y de otra índole para poder estar en un ambiente que los contenga. Me parece que tiene que ver también con el proyecto de ley que hemos votado con anterioridad: nuestro país posee el triste privilegio de tener dos fallecimientos diarios por accidentes de tránsito y cientos de personas que a lo largo del año quedan con grandes discapacidades adquiridas. Estas personas encuentran enormes dificultades en cada una de las actividades que deben emprender, ya no sólo para integrarse en aspectos educativos, culturales y laborales, sino en los propios trámites que deben hacer en el Estado. Justamente, tengo una experiencia reciente a este respecto: hace pocos días vino a hablar conmigo una delegación de discapacitados, y tuve que ir a un despacho del edificio Anexo para recibirlos por las dificultades de acceso que tiene esta Casa. Creo que sería bueno -descuento que así debería ser- que los proyectos de adecuación de nuestro entorno estén contemplando, como recomienda el artículo 1º, la facilitación de accesos, el desplazamiento y la utilización de los mismos por parte de personas que tengan capacidades diferentes.

En definitiva, me parece que estamos ante un buen proyecto y un buen avance en un camino que tenemos que retomar porque, como decía la señora Senadora Pou, hemos legislado en esta materia, pero hay muchos ajustes para hacer, y esta gente se está organizando y está demandando ser una parte íntegra dentro del conjunto de nuestra sociedad. Creo que con esto fortalecemos todos los ámbitos y la participación comunitaria.

Antes de finalizar, quiero formular una pregunta. En el artículo 1º sustitutivo se dice: "El proyecto arquitectónico deberá constatar de las previsiones", pero en el proyecto original se decía "constará". Cualquiera de los dos términos podría caber, pero no sé si no hay un error y si no corresponde el término original.

SEÑOR PRESIDENTE.- Podemos hacer la corrección en la discusión particular.

SEÑORA POU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA POU.- He leído algunas de las intervenciones de las señoras y señores Representantes y quiero hacer algún comentario al respecto, porque creo que a veces no nos damos cuenta de hasta qué punto la sociedad desiguala y con frecuencia pensamos que las diferencias se dan simplemente en el sistema de salud o en la enseñanza pública y privada. Justamente, la señora Representante Castro menciona un aspecto que me parece importante, porque refiere a una responsabilidad que tenemos todos nosotros en un régimen democrático representativo en el que siempre estamos estimulando a la participación. En concreto, en el momento de la discusión de este proyecto de ley en la Cámara de Representantes, ella aludió al tema de los locales de votación, y como sé de unos cuantos señores Senadores que se han ocupado del asunto, creo que es importante saber que los compañeros Diputados están en sintonía.

También me parece importante hacer referencia a la gente del CECAP, que es el Centro de Capacitación adonde concurren adolescentes que han tenido dificultades en el aprendizaje. Muchos señores Senadores lo conocen, porque también colaboran con actividades en el Parlamento y, como decía la señora Senadora Xavier, si la discapacidad física, convertida ahora en capacidad diferente, es muy seria, seguramente estos jóvenes no son de los que pueden venir a esta Casa a realizar sus tareas. De manera que tendríamos que pensar qué reforma se hará en esta propia Casa, porque a muchos de nosotros nos ha pasado lo mismo que a la señora Senadora Xavier: cuando vino gente en silla de ruedas, con algunas discapacidades, nos ha sido difícil recibirla.

Finalmente, me viene a la memoria una reflexión que no resisto la tentación de compartir con el Senado. Hubo un vocero del Parlamento americano, en la época del Presidente Kennedy, a quien en su momento no tuve oportunidad de leer porque no me interesaban esos temas, pero con el tiempo fui descubriendo, que tenía siempre una sensibilidad especial para las definiciones. Y en algún momento dijo que a una sociedad se la juzga por cómo es con la gente que está en la aurora de la vida, es decir, con los niños; por cómo es con aquellos que están en el atardecer de la vida, es decir, con los que ahora se llaman "adultos mayores"; pero, sobre todo, por cómo es con aquellos que están en las sombras de la vida, es decir, aquellos que tienen un sol distinto, como la gente con capacidades diferentes. Seguramente, con la aprobación de este proyecto de ley, pese a que sabemos que todavía nos queda mucho por hacer, en la aplicación de este parámetro a nuestra sociedad, el juicio será un poco menos severo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Quiero manifestar que comparto plenamente el espíritu de este proyecto de ley y los fundamentos dados en Sala por las señoras Senadoras. Me parece que es una iniciativa realmente importante, que contempla una carencia muy notoria en materia legislativa, pero dadas las características de esta sesión no nos vamos a extender.

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción en el sentido que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

Con respecto a la consulta que hacía la señora Senadora Xavier, en la Mesa entendemos que quizás debería decir "constar".

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Creo que el término "constar" tampoco corresponde en este caso; tal vez sería mejor decir "contener", "dar cuenta" o "incorporar".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si los señores Senadores están de acuerdo, modificaríamos la redacción sustituyendo "constatar" por "contener".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º con esta redacción.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

SEÑOR NIN NOVOA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NIN NOVOA.- Sé que la Comisión ha trabajado con mucho interés y ahínco, y que este proyecto viene aprobado por unanimidad, pero a fuer de ser sinceros me gustaba más la redacción del artículo 4º que vino de la Cámara de Representantes, que ponía en una misma situación de preeminencia o de importancia a cualquier organización de discapacitados, ya fuera local, departamental o nacional.

Sin embargo, en el articulado propuesto en el proyecto de ley sustitutivo se da una preeminencia que me parece puede tener un efecto un poco discriminatorio hacia algunas organizaciones de discapacitados del interior. Hago esta consulta, porque creo que no sería de buen recibo que una organización, básicamente de la capital, fuera a un departamento donde los discapacitados van a usufructuar las instalaciones, a explicar cómo éstas deben hacerse. La facultad que se da a esta organización es optativa, porque el artículo 4º expresa que podrá consultar con una organización local o departamental, mientras que el artículo del proyecto de la Cámara de Representantes ponía en un mismo nivel de importancia a las organizaciones locales y nacionales.

SEÑORA POU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA POU.- Señor Presidente: conversamos acerca de este artículo con el señor Senador Michelini y creo que también con la señora Senadora Arismendi. No escapará al señor Senador Nin Novoa que los conflictos que puede haber, sobre todo a nivel departamental, en el interior del país entre las distintas organizaciones -todas ellas organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro y meritorias, que trabajan generalmente con un verdadero fin social, porque hay cosas que se hacen con amor o no se hacen, y una de ellas es trabajar por la gente con capacidades diferentes de una sociedad- pueden ser el punto de trabazón de esta ley, porque quizás no se pongan de acuerdo, sobre todo a nivel departamental, acerca de cuál es la organización del interior del país que tiene derecho a opinar o a ser consultada.

Como existe una Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, integrada por representantes del Banco de Previsión Social, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de otras entidades -se trata de una integración bastante numerosa- nos parecía que al tener carácter, precisamente, nacional -porque seguramente también formarán parte de ella miembros de algún organismo del interior- obraría como un primer filtro para que luego encargara a uno o a muchos organismos la correspondiente evaluación. Sin embargo, si indicamos determinada organización del interior, quizás estuviéramos, sin quererlo, poniendo esta trabazón y trabajando, justamente, en sentido contrario. La idea es que la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado asuma el rol que realmente tiene. Seguramente, cuando se realicen proyectos -por ejemplo, en el departamento de Cerro Largo- va a consultar a algunas de las organizaciones que el señor Senador y quien habla conocemos y va a saber guardar los equilibrios necesarios para impedir que se trabe el cometido simplemente por no elegir la opción correcta.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- La Comisión trabajó con un proyecto sustitutivo haciendo las consultas correspondientes y también conversamos con diferentes miembros de la Cámara de Representantes para que este proyecto de ley fuera sancionado cuanto antes.

Creo que el tema que estamos considerando es crucial, y además de lo manifestado por la señora Senadora Pou, hay que tener en cuenta otro elemento. Puede ocurrir que si se hace la consulta a una entidad local, ésta no tenga los últimos adelantos al respecto. Puede ocurrir que una obra se realice para que perdure durante los veinte o treinta años próximos, por lo que se deben hacer todas las observaciones pertinentes. Por esa razón, con mucha humildad -quizás estemos equivocados- nos pareció que era mejor que se centraran todas las exigencias a nivel nacional -naturalmente que con las consultas correspondientes a nivel local y departamental- y no que el proyecto estuviera avalado y evaluado por una comisión local sin mucha experiencia y sin conocimiento de causa, en cuyo caso la obra no tendría todos los adelantos arquitectónicos y las novedades que debería contener, y se estaría perdiendo una preciosa oportunidad, ya que quizás esos adelantos luego no se podrían plasmar.

Pensando mal, incluso podría haber un obstáculo en el sentido de que, quizás, la actitud del referente local fuera la de que se realizara la obra cuanto antes -aunque no hubiera tantos discapacitados en ese lugar- mientras que pensamos que, en ese aspecto, la Comisión Nacional Honoraria va a ser más exigente. Nos podemos estar equivocando, pero nos parece que, independientemente de las consultas locales y departamentales que se realicen, una referencia nacional en este caso es más exigente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Correspondería pasar a votar el artículo 4º del proyecto elevado por la Comisión.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Quisiera proponer algunas modificaciones de redacción que mejoran el artículo sin alterar su contenido. La disposición diría lo siguiente: "La institución social contratante solicitará una evaluación de las previsiones arquitectónicas del proyecto en esta materia a una organización nacional de personas con capacidades diferentes de reconocida trayectoria e idoneidad sobre el tema. A los efectos de dicha evaluación, la referida organización nacional podrá consultar a una organización local o departamental con capacidades diferentes".

Creo que esta nueva redacción clarifica lo que se pretende expresar a través del artículo.

SEÑORA POU.- Estamos de acuerdo con esa redacción.

SEÑOR MICHELINI.- Así es, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, se va a votar el artículo 4º con la redacción dada por el señor Senador Astori.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 6º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Antes de dar por sancionado el proyecto de ley, y pidiendo disculpas al Cuerpo por haber ingresado tarde a la discusión, quisiera realizar una consulta que refiere al proyecto en general, pero que se concreta en el artículo 1º. Mi pregunta refiere a por qué no se consideró la posibilidad de extender esta obligación a los edificios construidos por el propio Estado. Dado que estamos en esta etapa de la legislación y el proyecto debe volver a la Cámara de Representantes -aclaro que acompaño el sentido y el alcance de la iniciativa- me pregunto por qué no incluir en esta obligación al Estado cuando construye por su cuenta. ¿El Estado ya tiene esa obligación?

SEÑORA POU.- No sé si la cumple, pero la tiene.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, la Mesa se queda conforme con esa respuesta.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Este proyecto de ley fue estudiado en profundidad, en acuerdo con la Cámara de Representantes. Personalmente, creo que el Estado ya está comprendido, pero no tengo los números de las leyes en esta materia. Lo que podríamos hacer -como lo efectuamos en un proyecto anterior- sería remitir a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social o a la de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Representantes la versión taquigráfica para verificar este tema.

Creo que sobre esta iniciativa hay un compromiso de todos -a eso me iba a referir en mi fundamento de voto, ya que no hice uso de la palabra durante la discusión general- para hacer la vida más fácil a quienes la tienen difícil por lo que es su propia situación de nacimiento o por accidente.

Entonces, podríamos utilizar ese mecanismo para volver a estudiar la inquietud del señor Presidente.

SEÑORA POU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA POU.- Creo que en la Ley Nº 16.095 aprobada en el año 1989 -y que el señor Presidente recordará mejor que yo- que refiere a los discapacitados, iba de suyo lo concerniente al Estado.

Creo que este proyecto simplemente está tratando de abarcar las obras por convenio. De esta forma vamos avanzando poco a poco y supongo que dentro de un tiempo se extenderá esta previsión a cualquier obra que se realice en el país, como sucede en otros lugares. A mi entender, en la Ley Nº 16.095 estaba explicitado el tema de las obras del Estado, pero podemos verificarlo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Creo recordar lo mismo que la señora Senadora Pou, pero en todo caso queda planteado el tema.

Hay una moción del señor Senador Michelini para que el proyecto de ley se acompañe de las versiones taquigráficas respectivas a los efectos correspondientes.

Se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"ARTICULO 1º.- En las obras por convenio entre instituciones sociales, culturales, deportivas y el Estado, el proyecto arquitectónico deberá contener las previsiones para facilitar el acceso, desplazamiento y utilización por parte de personas con capacidades diferentes.

ARTICULO 2º.- Cuando las actividades de la institución social contratante sean fundamentalmente deportivas, se priorizará aquellas que en el proyecto total presentado prevean la instalación de equipos y aparatos destinados a facilitar la recuperación y superación física personal de quienes tienen capacidades diferentes en las obras a realizar.

ARTICULO 3º.- A los fines del cumplimiento de lo establecido por los artículos 1º y 2º de la presente ley, el organismo estatal contratante aportará recursos económicos e instrumentará los mecanismos que faciliten las instalaciones referidas. Los mencionados recursos no deberán exceder del 25% (veinticinco por ciento) del total del proyecto, salvo situaciones debidamente fundadas y documentadas. En el caso de aporte económico del Estado por este tipo de obras, se verificará, como previa condición, que la institución social contratante tenga libre acceso al padrón social.

ARTICULO 4º.- La institución social contratante solicitará una evaluación de las previsiones arquitectónicas del proyecto en la materia, a una organización nacional de personas con capacidades diferentes, de reconocida trayectoria e idoneidad sobre el tema. A los efectos de dicha evaluación, la referida organización nacional podrá consultar a una organización local o departamental de personas con capacidades diferentes.

ARTICULO 5º.- La no aplicación de los artículos precedentes impedirá la prosecución de las obras, hasta tanto no se proyecten las previsiones expresadas en el artículo primero de la presente ley.

ARTICULO 6º.- Los convenios ya establecidos y en funcionamiento, no estarán comprendidos en las disposiciones citadas en la presente ley.»

16) PRESTAMOS EN EFECTIVO Y FINANCIACION DE BIENES Y SERVICIOS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se establecen normas para el cálculo de intereses y reajustes en las operaciones de préstamos en efectivo y financiación de bienes y servicios. (Carp. Nº 686/01 - Rep. Nº 370/01) ".

(Antecedentes:)

«Carp. N° 686/01
Rep. N° 370/01

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Las operaciones de préstamos en efectivo y de financiamiento de bienes y servicios, otorgados a personas físicas, ya sean realizados por empresas de intermediación financiera comprendidas en las disposiciones del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y sus modificativas, o por personas físicas o jurídicas administradoras de crédito que no integran dicho sistema de intermediación financiera, cuyos montos totales sean menores a U$S 1.000 (mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional u otras monedas o valores, en cuanto a los intereses, compensaciones y otros cargos se regirán de acuerdo a lo establecido por las disposiciones legales vigentes, con las adecuaciones del artículo 2º de esta ley.

Artículo 2º.- En caso de que se incurriese en mora, dichas operaciones sólo se regirán por lo dispuesto en el artículo 1º hasta que el monto total reclamado alcance cinco veces el capital prestado. A partir de dicho momento, el monto total adeudado se reajustará, para el caso de moneda nacional, de acuerdo con los artículos 1º, 2º y 4º del Decreto-Ley Nº 14.500, de 8 de marzo de 1976, y para el caso de moneda extranjera y otros valores, de acuerdo a los artículos 9º y 10 del mismo Decreto-Ley citado.

Artículo 3º.- Lo dispuesto en los artículos anteriores también será de aplicación a deudas pendientes por operaciones concertadas con anterioridad a la presente ley. La liquidación de honorarios, cuando se realice por vía judicial, se ajustará a los montos que la presente ley establece.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 12 de diciembre de 2001.

Gustavo Penadés Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

La Mesa advierte que no se ha designado Miembro Informante.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: este es un proyecto que ha sido aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes. Cuenta con tres artículos que pretenden corregir una situación que se da en nuestra plaza financiera, particularmente en lo que hace a los pequeños créditos. Se han dado abusos muy grandes porque las pequeñas cuentas se dejan correr casi inadvertidamente a lo largo de los años, y pasan luego a ser reclamos que representan un verdadero despojo.

A título de ejemplo, puedo mencionar la situación de la señora María Inés Isas, quien debía $ 14 y que luego de una transacción judicial se avino a pagar cincuenta cuotas de U$S 250 por mes, a los efectos de preservar su casa. Tengo en mi poder otros casos por el estilo, que representan verdaderos despojos, pero voy a ahorrar al Cuerpo el tiempo de su lectura.

En este proyecto de ley que, reitero, fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes, se pretende poner un tope para los pequeños créditos menores a U$S 1.000. Cuando las personas entran en situación de mora, se establece que se podrá cobrar cinco veces la deuda original y a partir de ese momento se aplicará lo que establece el Decreto-Ley Nº 14.500 para todo trámite.

Tuvimos apuro para que este proyecto de ley fuera presentado en esta sesión en particular porque estamos enterados -y el artículo 3º está redactado a tales efectos- de que hay varias personas de nuestra sociedad que por estas pequeñas deudas están a punto de perder sus humildes viviendas.

Con esta información, leyendo el articulado y teniendo en cuenta que la Cámara de Representantes, luego de estudiar el tema largamente, convino por unanimidad en aprobar este proyecto de ley, solicito al Senado que considere la iniciativa a fin de que pueda ser sancionada en el día de hoy.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Señor Presidente: quiero señalar que no hemos analizado en profundidad este proyecto de ley y, más allá de compartir el planteamiento generado en virtud de la preocupación expuesta, solicitamos que el tema pase a Comisión o que el mismo se mantenga en el orden del día de las próximas sesiones que seguramente se irán generando en el mes de enero. Formulo esta propuesta a los efectos de hacer un estudio más profundo del tema y de poder tomar posición sobre un asunto que no habíamos abordado antes de la sesión de hoy.

En ese sentido, formulamos moción para mantener el asunto en el orden del día y analizarlo en una próxima sesión extraordinaria que seguramente celebre este Cuerpo.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: la propuesta del señor Senador Sanabria nos parece oportuna por dos ángulos. Por un lado, ya he oído al señor Senador Mujica, pues es la segunda vez que nos relata sobre el tema, pero realmente pienso que lo que está describiendo es una estafa y no un problema de características civiles. ¿Por $ 14 se termina ejecutando una casa de U$S 20.000? Eso no es posible, a menos que la deuda tenga muchísimos años, en cuyo caso hubiera prescrito. Me resisto a pensar que ese ejemplo tenga validez. A continuación, se dice que lo que pasa es que la deuda era de $ 14 y después se hizo una transacción por U$S 250 mensuales, lo cual también es anómalo.

Señor Presidente: este tipo de proyectos debiera venir precedido de una información más cabal y completa. Naturalmente, de ser así, puede y habrá disposición a votar, pero analizando el tema como corresponde.

En segundo lugar -y creo que todavía más importante- el Senado reparará en que esto significa de ahora en adelante un obstáculo muy grande a los financiamientos de la gente modesta del país. La gente de buena posibilidad económica no se endeuda por U$S 1.000, sino que toma créditos mayores. Esto es para la gente de características económicas modestas, que no podrá acceder a un crédito porque hay una dificultad que se le está planteando. ¿Cuál dificultad? Muchas, señor Presidente, pero la principal va a ser que en lugar de limitar intereses en función de factores válidos en el tiempo, se dispone una limitación multiplicada por cinco. ¿Qué quiere decir esto? Si se tardó años, podemos suponer que si el país desvaloriza -¡válgame Dios, no lo va a hacer!- es probable que venga a posteriori una inflación. Entonces, cinco veces con inflación, cinco veces sin inflación, cinco veces con los intereses, cinco veces sin los intereses, cinco veces ¿en qué plazo? No lo sé, y ello no está respondido en el proyecto de ley.

Señor Presidente: me parece acertado pasar el tema a Comisión, donde podremos estudiarlo con tranquilidad.

Los que son abogados y algunos que lo fuimos, sabemos que por un cierto lapso, los presuntos ejecutados, y puesto que estamos en feria judicial, no corren angustias de ninguna clase. Por otra parte, nuestros Jueces tienen posibilidades, y las ejercen, de evitar estas barbaridades como las que informa el señor Senador Mujica.

Podremos trabajar sobre el tema en una Comisión donde se conozca, se sepa y se busque alguna alternativa más explicitada y cuidadosa. Me da la impresión de que esta es una solución un poco apresurada.

En síntesis, señor Presidente, confirmo desde mi punto de vista la petición del señor Senador Sanabria en el sentido de pasar el tema a Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- En realidad, el planteo del señor Senador Sanabria constituye una moción de orden, por lo que deberíamos votarla. No obstante, ha habido alusiones al señor Senador Mujica y vamos a admitirlas. También hay varios señores Senadores anotados para hacer uso de la palabra, pero supongo que con relación al tema de fondo, por lo que antes habría que someter a votación la moción presentada.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Mujica.

SEÑOR MUJICA.- Lo que sucede es que tengo en mi poder documentos alusivos al tema. No deseo hacer perder tiempo al Cuerpo por lo que voy a pedir que se realice una fotocopia del documento del Juzgado transaccional donde consta lo que acabo de decir con respecto a la señora. Si los señores Senadores desean, puedo leer el material, pero los haré perder media hora.

Este es un documento explícito que refrenda lo que estoy diciendo. Considero que los cincuenta Diputados, integrantes de la Cámara de Representantes, no son "una manga" de ineptos, que no votaron porque sí esto por unanimidad. Tengo la obligación de creer en mis pares y si se planteó para que se considerara con urgencia, no fue en un acto de irresponsabilidad, sino de perentoria necesidad de mucha gente que está afectada.

De todas maneras, me tengo que avenir a la decisión que adopte el Senado; no obstante ello, pido -y no acostumbro hacer afirmaciones en el aire- que se distribuya una fotocopia de esta transacción, a la que podría sumar algunas otras, documentación que haré llegar a la Comisión en caso de que se traslade allí el tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde pasar a votar la moción del señor Senador Sanabria, en el sentido de que el proyecto en consideración pase a la Comisión correspondiente.

SEÑOR SANABRIA.- Momentáneamente, queremos postergar la moción.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Como se recordará, nosotros aprobamos en el Senado un proyecto de ley que ahora está radicado en la Cámara de Representantes, sobre el tema de la usura en general, que -creo- para nada es contradictorio con esta iniciativa que proviene de aquélla.

También nosotros podríamos hacer llegar al Plenario decenas de ejemplos de denuncias documentadas que han sido elevadas a parlamentarios de ambas Cámaras, sobre situaciones que son realmente increíbles. Justamente, el problema radica ahí: en que son absolutamente increíbles. Puedo, por ejemplo, traer aquí el caso del deudor de un pantalón vaquero que, a los años, terminó con su casa embargada. De esos ejemplos hay muchos, algunos en los que las tasas de interés que se cobran anualmente superan el 500% y llegan al 800% o al 1000%. Claro, después esa máquina empieza a funcionar y da estos resultados.

La idea que aparece en este proyecto de ley creo que es sencilla e intenta establecer un tope para el caso de las pequeñas deudas, de este tipo de pasivo, para que no se vaya más allá de determinado límite. Después viene la actualización, de acuerdo con las normas vigentes, por el Indice de Precios al Consumo, más una pequeña tasa de interés que figura en el Decreto - Ley Nº 14.500.

Insisto en que este es un proyecto de ley muy sencillo, que fue largamente discutido en la Cámara de Representantes, en la que fue votado por unanimidad. Sin duda, todo esto se puede perfeccionar después en otros marcos, pero dejaríamos muchas situaciones desprotegidas si no se legisla con esta orientación.

SEÑOR COURIEL.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR RUBIO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Me alegro de la recuperación total del señor Senador García Costa con la habilidad para hacer los planteos a que nos tiene acostumbrados. Sólo le quiero decir, con respecto a su inquietud sobre qué ocurriría si hubiera inflación o desvalorización, que en el artículo 2º de este proyecto de ley se establece que el monto total adeudado se reajustará, para el caso de moneda nacional, de acuerdo con los artículos 1º, 2º y 4º del Decreto - Ley Nº 14.500. Como, aparentemente, el señor Senador García Costa no ha leído todo el proyecto de ley, no tengo más remedio que dar lectura a su artículo 2º, que dice: "La variación en el valor de la moneda será determinada por la evolución del índice general de los precios del consumo elaborado mensualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas. A estos efectos, se confrontará el índice correspondiente al mes de la fecha de nacimiento o exigibilidad de la obligación, en su caso, con el establecido para el mes anterior de la fecha de extinción de la misma".

Es decir que el tema está estudiado y nítidamente expresado en el proyecto de ley.

También se habla del artículo 4º de este Decreto-Ley de 1976, en donde se señala que, en los casos en que sean de aplicación los artículos 1º, 2º y 3º de la presente ley, se aplicará una tasa del 6% anual.

En fin, lo único que deseaba destacar es que las observaciones que se han hecho en Sala están contempladas claramente en el proyecto de ley y bastaba con leerlo para darse cuenta de lo que se buscaba. Esperamos, entonces, que se pueda resolver hoy porque, en realidad, es extremadamente sencillo para hacerlo sobre tablas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Era todo lo que quería expresar, señor Presidente.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Creo que, más allá de los problemas de inteligencia que pueda tener el artículo 1º de este proyecto de ley, es posible que la ley establezca, en algún momento, límites. Lo ha hecho en la casa de familia y lo dice el Código Civil a propósito de la regla del duplo de la hipoteca, y tantos otros especímenes que andan por ahí, que son objeto de preguntas de examen.

Me parece que es muy complicado, en especial en este momento, que el Parlamento de la República altere retroactivamente la seguridad de los contratos. Pienso, pues, que este asunto debe ser objeto de un análisis cuidadoso en la Comisión. Antes de que el proyecto viniera aquí, el ingeniero Ponce habló conmigo, y he escuchado algunos casos, pero insisto en que, claramente, el Parlamento incurriría en responsabilidad por acto legislativo y, sobre todo, generaría una sensación de incertidumbre absoluta: que cada vez que algo nos parezca justo, podemos alterar retroactivamente las reglas de juego. Eso es muy complicado, por más justa que sea la causa. Si es hacia adelante, podemos discutir si será mejor o peor. En última instancia, como señaló algún señor Senador, en la medida en que uno restringe las garantías, también restringe los créditos; pero, en todo caso, este es un asunto a sopesar.

Ahora bien, lo que está claro es que la tercera disposición de este proyecto de ley, ostensiblemente retroactiva, es una muy mala señal en este momento. Por lo tanto, me adhiero totalmente al planteo que por ahora ha postergado, pero en el que insistirá el señor Senador Sanabria.

Muchas gracias.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: no pensaba intervenir en esta discusión, porque el tema me parece muy claro. Creo que este debe ser el séptimo o el octavo año que se considera en el Senado, siempre sobre lo mismo, es decir, sobre la base de documentos aportados por pequeños deudores iniciales que han visto multiplicarse sus deudas por cincuenta, setenta o cien veces, que en definitiva -y empleando la palabra justa- han sido saqueados en una operación estafa. Me parece que ignorar esto en el Uruguay, a esta altura es no conocer lo que pasa en la sociedad. No se trata de un caso, ni de cincuenta, sino de miles.

Los casos que toman estado judicial o los que son acercados a los legisladores tienen que ver con aquellos que la gente se ha negado a aceptar como consecuencia real de la aplicación de un contrato, y que resultan desmesurados. Sin embargo, la inmensa mayoría de los que han sido estafados no vienen acá sino que, simple y sencillamente, pagan y hacen esfuerzos sobrehumanos para realizarlo. Realmente, me asombro; estoy curado de asombro con respecto a la capacidad dialéctica que a veces se tiene para defender el derecho de aquellos prestamistas de menos de U$S 1.000 que aplican este tipo de mecanismo. Quiero decir, con mucha claridad, que a aquellos que contratan préstamos por U$S 100.000 o U$S 200.000, y a los que los aceptan, no se les aplican cláusulas como las que aparecen en esos papeles; en general, esa gente sabe muy bien cómo contrata y no se deja estafar ni robar.

Creo que el proyecto de ley es esencialmente justo. Lo que sucede es que en este Senado la justicia está muy alejada de la vida cotidiana. Parece ser que hay sensibilidad con los prestamistas, pero no con los que deben o han sido -diría- lisa y llanamente, estafados en sus derechos. Es equilibrado. Sólo se aplica en aquellos casos en que las personas se han endeudado hasta U$S 1.000. Además, se pone un límite, porque se dice: "por derechos de mora hasta cinco veces el préstamo". Cabe agregar que se aplica una norma porque, de hecho, se reconoce que hay una situación cuasi ilícita en un contrato de este tipo, por lo que a aquellos que están en tren de perder su propiedad o sus escasos bienes en función de la aplicación de esos contratos leoninos, siempre menores a U$S 1.000, se les aplica esta disposición en forma retroactiva. Lo reconozco, y está dicho expresamente en el último artículo para evitar que esa gente sea ejecutada. A veces el legislador debe hacer cosas de este tipo para salvar de la injusticia a alguna gente.

SEÑOR DE BOISMENU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARGANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador de Boismenu.

SEÑOR DE BOISMENU.- Señor Presidente: es posible que haya interpretado mal las palabras del señor Senador Gargano, pero como integrante del Senado -porque el problema es con este Cuerpo- debo decir, con toda sinceridad, que no puedo recibir el ataque que se está haciendo en este momento en el sentido de que todos seríamos insensibles a esta situación. Creo que no debe haber sido esa la intención al hacerse esas afirmaciones, pero realmente me siento tocado porque soy sensible como cualquier otra persona. Digo más; he escuchado con atención las palabras pronunciadas por los señores Senadores Gargano y Mujica, y sé que estas situaciones existen. Sería el primero en votar esta iniciativa si con ella se me asegurara que el deudor de hasta U$S 1.000 no cae en el sistema informal, lo que seguramente no conoceríamos. De cualquier modo, desde mi punto de vista, me duelen profundamente estas situaciones y, en consecuencia, también que se me acuse de insensibilidad.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: deseo aclarar que, en mi concepto, hay diferentes grados de sensibilidad. En lo personal, soy sensible a esto; diría que tengo más sensibilidad con los deudores que con los acreedores, y eso me sucede normalmente.

Creo que hay demasiada rigidez en el tratamiento de este proyecto de ley, que es de muy modesto alcance. Como decía, la gente que acepta esa situación tiene muy poca información y llega a endeudarse de esa manera porque la atrapan en situaciones de necesidad límite. Entonces firma y acepta cláusulas leoninas, lo que no haría si se informara o llevara el contrato a un abogado. Pero es claro, ¡cómo lo va a llevar a un abogado si tiene que comprar por valor de U$S 700 o U$S 800 y lo hacen firmar un papel por el cual termina pagando U$S 7.000 o U$S 70.000, como ha ocurrido en muchos casos!

Estoy de acuerdo con el proyecto de ley. Me parece que limita la intervención del legislador a casos muy concretos y establece topes, diría que a veces excesivos porque permitir en una ley que los intereses por mora, recargos y demás lleguen hasta cinco veces la deuda, es bastante importante. Digo esto, máxime teniendo en cuenta que, cuando hay reaseguro, en caso de que haya episodios como los que se han mencionado acá, de carácter inflacionario, se producirán reajustes de acuerdo con el Indice de Precios al Consumo. Es decir, tiene garantías por todos lados. ¿Sería justo ponerle un tope de quince o treinta veces? ¿Cuál es el límite? Ahí está el grado de sensibilidad hacia gente de muy modesta condición que debe recurrir a este tipo de contrato para poder hacerse, de pronto, con bienes que son imprescindibles.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: fuimos consultados por el señor Senador Mujica en función de que este proyecto de ley había sido votado por unanimidad, como él lo indicó. Habíamos comprometido nuestro voto favorable al mismo, porque nos parecen correctos muchos de los juicios y de la información que nos proporcionó el señor Senador Mujica en cuanto a justificar o a respaldar con argumentos esta injusticia que existe sobre préstamos pequeños por debajo de U$S 1.000, que terminan siendo expropiatorios o rematadores de la propia vivienda de la gente. Nos parece que eso estaba directamente alineado con lo que hace poco tiempo había votado este Senado -no sé si por unanimidad o por una mayoría importante- respecto al tema de los créditos, al de los préstamos, pero sobre todo, al de la usura. Sin embargo, no habíamos advertido, no surgió en el comentario, seguramente en forma no intencional -lo descarto- del señor Senador Mujica, que esos préstamos tenían cierta retroactividad. Eso complica notoriamente nuestra posición y el análisis. El hecho de tener esos topes sobre la mora en función de cinco veces el capital prestado, nos pareció lógico. Pero luego del análisis en donde buscamos que la misma discusión del Senado nos pueda convencer, cuando hacemos una observación, pretendemos que se nos conteste con argumentos y no con "sensiblómetros". No concedo al señor Senador Gargano la propiedad de decir quién es sensible y quién no lo es. Entonces, a quienes estamos propensos a que nos convenzan de una observación válida, como la que ha hecho el señor Senador Atchugarry en la tarde de hoy sobre el tema retroactividad, resulta que nos contestan con etiquetas. No voto por etiquetas, sino que lo hago convencido. Hasta ahora, mal o bien, he levantado mi mano en esta Sala convencido de lo que estoy haciendo, considerando que lo realizo bien, por supuesto que en función de los más altos intereses de la gente, sobre todo de la más humilde. No en representación de mi Partido, sino en el plano personal manifesté al señor Senador Mujica que estaba de acuerdo con él en fijar un tope por la mora. Precisamente, he presentado proyectos de ley en la Comisión de Hacienda que buscan topear la mora del propio Estado, que también es uno de los grandes cobradores en ese sentido y que muchas veces resulta imposible reintegrar, tanto en la Dirección General Impositiva como en el Banco de Previsión Social, en el caso de personas que tienen voluntad de pago. Los niveles de mora en el propio Estado llegan muy por encima de lo que es la inflación anual. Por tanto, estoy de acuerdo con el señor Senador Mujica en poner un tope a ese tipo de préstamos.

Decir que se es más sensible si se vota o no, no es la forma de convencer a quienes analizamos y reflexionamos acerca de los problemas; no se trata de que se nos lleve con el poncho. Ni siquiera el señor Senador Mujica ha hablado en estos términos, que fue quien me pidió el voto y yo se lo comprometí.

Creo que sí existe un problema válido en el artículo 3º, y sería muy importante que se levantara esta observación para que se pudiera votar con tranquilidad, en lugar de decir que uno es más sensible que otro. Reitero que ese no es un argumento y nos va a llevar a rechazar este proyecto de ley. Ese tipo de argumentos descalifica a quien, en definitiva, está buscando las razones necesarias para votar. Adelanto que quiero votar este proyecto de ley, pero quiero hacerlo tranquilo. No quiero votar un proyecto cuando se procura llevarme por delante, porque esa no es una forma de convencer. Se me tiene que convencer de que no estoy generando un problema grave en lo que pueden significar los contratos hacia atrás. Hasta ahora, no se me ha convencido.

SEÑOR COURIEL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: en un proyecto de ley de esta naturaleza, donde se explicita que tiene retroactividad, es muy lógico que el señor Senador Atchugarry diga que se genera incertidumbre. Allí se dice que de aquí en más cada uno sabe lo que está haciendo, pero para atrás no se puede volver porque realmente puede generar problemas entre deudores y acreedores. Lo concreto es que no se está planteando una regla de carácter general, sino una muy específica para deudores que recibieron un crédito menor a U$S 1.000. Hay una distancia seguramente muy grande entre quien pide un crédito menor a esa cifra y el que lo otorga. Debe haber una diferencia muy grande entre acreedor y deudor en cuanto a nivel de ingresos y riquezas.

Lo concreto y verdadero es que se trata de beneficiar, básicamente, al deudor de menos de U$S 1.000. Si estuviéramos elaborando un proyecto de ley general, deberíamos realizar otro tipo de estudios para ver qué le pasa al deudor y al acreedor; pero se trata de algo muy concreto, de gente que ha sido muy expoliada en nuestro país. Muchas personas que compran en un comercio con una tarjeta de crédito se encuentran con que, de pronto, la tasa de interés termina siendo de 100%, 150% o 200%, a pesar de la inflación del 4%. Entonces, lo que procuramos es beneficiar a ese pequeño deudor que fue expoliado y recibió un crédito por menos de U$S 1.000.

El otro aspecto que deseo poner arriba de la mesa, y que no tiene nada que ver con este tema -que se planteó en oportunidad de tratarse la Ley de Usura- es el siguiente. Creo que es bueno que el Senado reflexione sobre la situación de los deudores y acreedores en el país. Considero que en estos días se están dando modificaciones sustantivas en el plano regional, que nos van a hacer pensar. La Argentina acaba de decirle a sus acreedores que suspende, que difiere el pago de intereses y de capitales. En otras circunstancias, seguramente, estaríamos recibiendo de las agencias noticiosas provenientes del mundo desarrollado pestes sobre la Argentina. Sin embargo, no ha ocurrido eso. Uno tiene la sensación de que el Gobierno norteamericano entregó a ese país y le hizo caer en cesación de pagos. La verdad es que hay dos asesores de Bush, Meltzen y Larrick, que hicieron un estudio de un modelo de simulación disminuyendo el capital de la deuda de la Argentina a la mitad; lo llevaron al 51%.

La cesación de pagos en ese país era reconocida y, sin duda, va a tener muchas dificultades. Confieso, con toda franqueza, que me asusta mucho lo que está ocurriendo allí en estos días. No soy optimista en absoluto; pero, a su vez, se empezaron a dar nuevas relaciones entre el sistema financiero y el resto. Al sistema financiero le dijeron que entregara los títulos del 11% o 15% y que le daban otros del 7%. A los fondos de pensiones les informaron que les iban a sacar sus depósitos porque tenían que pagar los servicios de la deuda y en cambio les daban Bonos de Tesorería. Es verdad, a los bancos les dieron la posibilidad de que todas las operaciones pasaran por allí y que pudieran cobrar por cada cheque y por cada cuenta nueva de ahorro.

El tema es extremadamente complejo y creo que va a llegar el momento en que en nuestro país vamos a tener que estudiar las relaciones entre deudores y acreedores, a fin de encontrar un equilibrio para ambos. Por cierto que esto no es fácil, pero merece un análisis más profundo. Lo concreto es atender a un segmento de la población: aquellos que recibieron un crédito menor a U$S 1.000 y que fueron expoliados. Me cuesta mucho volver retroactivo un proyecto de ley, porque siento que puede haber incertidumbre, pero en este caso no lo creo así, porque estoy defendiendo -lo digo directamente- a deudores menores a U$S 1.000, expoliados por acreedores.

Por estas razones, estoy dispuesto a votar este proyecto de ley en el día de hoy, pero si varios señores Senadores solicitan tiempo para estudiarlo con mayor profundidad, lógicamente, no me puedo negar. De todas maneras, estoy convencido de que hoy podríamos votar esta iniciativa.

Muchas gracias.

SEÑOR MUJICA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Mujica.

SEÑOR MUJICA.- Tengo una lista muy larga de casos que son muy grandes, que son dramáticos, con expedientes en Juzgados y demás. Aquí hay una cuestión de sentido común: hay un abuso de posición dominante sobre tanta gente débil económicamente y sin recursos intelectuales, la cual termina en un proceso de expropiación, mediante una trama jurídica bien explotada a favor de quien practica como oficio la usura. Por omisión o por lo que fuere, empezamos a ser copartícipes, porque esto se está dando ante nuestros propios ojos. Este no es un negocio financiero; aquí hay estudios jurídicos que se dedican a dejar correr el tiempo en cuentas que son irrisorias, utilizando la ley como el cuchillo que siempre corta, pero no al que lo tiene por el mango. Entonces, se producen estas situaciones.

Naturalmente, si se decide llevar este tema a Comisión, daría incluso para la Justicia Penal, porque si la ley permite este tipo de funcionamiento y no pasa nada a lo largo de los años, entonces, estamos instrumentando un país cola de paja. Una cuestión es la seguridad jurídica y de derecho que debe tener una sociedad y otra, el abuso torcido del derecho para expoliar a la gente.

Eso se vuelve un contrasentido en cualquier ordenamiento de carácter jurídico.

Además, esto se viene practicando masivamente durante mucho tiempo, y las propias debilidades en la consideración por la vía parlamentaria han ambientado que ello siga ocurriendo. Si queremos un funcionamiento cristalino debemos frenar las situaciones de este tipo. Estoy seguro de que un verdadero estudio debe ir más allá. En la vida tiene que haber premio y castigo, pero de frente; que se premie a quien hace un esfuerzo sano. Lamentablemente, acá no se está premiando eso porque se trata de una forma de delinquir, lisa y llanamente, sin correr el riesgo del delito común. Cuando uno ve que determinado abogado siempre está en la misma, se pregunta a qué se dedica.

Si se quiere enviar el proyecto a Comisión, hagámoslo, pero analicemos el tema a fondo y no por arribita del pantalón. Esto está pasando delante de nuestros ojos; ha habido reiteradas denuncias en este Parlamento y, sin embargo, no pasa nada. Si se piensa que este proyecto, modestamente retroactivo para frenar algunos abusos, quiebra el estado de Derecho, bueno, señores colegas, debo decir que desde el punto de vista legal para esta gente humilde hace rato que está quebrado el verdadero estado de Derecho delante de nuestros ojos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR ATCHUGARRY.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- De una manera bastante menos agresiva y altisonante, quisiera tratar de ubicar de qué estamos hablando. En primer lugar, se ha hecho mención a los prestamistas, y resulta que este proyecto no los afecta. A veces convendría leer los proyectos y después calificar al Senado. Esta iniciativa refiere a las instituciones de intermediación financiera y a las administradoras de crédito. El prestamista típico, que es una persona física y que generalmente hace un abuso de esto, no es precisamente un administrador de crédito.

En segundo término, el proyecto no apunta a si la tasa de interés es alta o baja. En un ejemplo que se maneja por ahí, todos recordamos en este país que la inflación promedio en la década del ochenta era del 80%. En consecuencia, un préstamo con inflaciones de ese rango, aun con tasas negativas, debido a la inacción del deudor -que es lo que procura atender este proyecto, no que cobren caro o barato, porque sobre eso nada se dice- puede llegar a cifras considerables. La tasa puede ser usuraria, pero si se ejecuta rápido igual puede cobrar. El problema radica en la inacción del acreedor, más allá de que la tasa sea baja.

Esto mismo sucede a nivel de las Intendencias. Por ejemplo, una deuda de $ 25.000 generada durante ocho años en la ciudad de Montevideo, con multas y recargos, se convierte en $ 129.000, que financiada para poderla pagar, llega a los $ 200.000, más $ 40.000 por concepto del abogado de la Intendencia. Advierto que también puedo hacer el repartido de los papeles, señor Presidente. Repito, el problema es que con su inacción el acreedor genera la acumulación.

Por otro lado, tratar de mezclar bajo un mismo límite prestaciones en dólares y en pesos es, por lo menos, curioso. Un crédito contratado en moneda nacional con inflaciones promedio de 40%, 50% o 60%, que ha sido la media histórica de los últimos treinta años en el país, alcanza rápidamente -acá hay economistas que lo pueden calcular mejor, pero todos sabemos que esto se va acumulando sobre sí mismo- el quíntuple de su valor, mientras que una deuda en dólares, naturalmente, no lo va a hacer. También podría hablarse de una unidad de cuenta reajustable.

No tengo ninguna duda de que hay que regular esto hacia el futuro, y más allá de que nos preocupa la intención de hacerlo retroactivo, también nos gustaría mirar el proyecto porque obedece a una situación que humanamente todos podemos compartir en algunos casos concretos, de los cuales acá sólo estamos resolviendo algunos, porque no atendemos a aquéllos que resultan de una persona física que no sea administradora de crédito. Esa descripción le cae perfectamente a los prestamistas que son tales, y no a las instituciones o administradoras de crédito. Repito, no estarían abarcados porque no se encuentran en la descripción del sujeto activo que contiene este proyecto de ley. Tampoco lo estaría cualquier otra situación que generara el mismo problema, si no se trata de una administradora de crédito o una institución financiera. Si se hace como cuando se estableció el bien de familia -que se puede declarar la propiedad como bien de familia y entonces no se puede embargar- se sabe que, obviamente, tampoco van a prestar sobre esa garantía.

Aclaro que sería partidario de establecer una regla, pero para todos y no sólo para algunos acreedores, pues a veces las conductas pueden ser hasta peores. Además, si el Estado quiere hacer esto, debería dar el ejemplo. Si la deuda es del Estado, podemos llegar a quedarnos con la casa, por la misma deuda que aquí se menciona, y no hay problemas por ese lado.

En tercer lugar -y estimo que es fundamental- hay que aceptar que el tema relativo a la actitud del Parlamento, en cuanto a afectar retroactivamente porque entiende que es algo justo es, por lo menos en las actuales circunstancias, un asunto para mirar más de una vez. Pensemos que el razonamiento del resto del público puede ser que mañana al Poder Legislativo se le puede ocurrir que otra cosa es justa y también afectarla retroactivamente, con lo que también se preguntaría si hay certeza jurídica en el Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- En realidad, nosotros hacíamos este cuestionamiento de modo tal de que se pudiera generar la discusión y escuchar opiniones sobre el artículo 3º, que es el que nos preocupa. Vuelvo a decir que estamos de acuerdo con establecer límites para la mora. Es más; hemos presentado proyectos para que el Estado no cobre los porcentajes actuales por tal concepto y adecuarlos a los tiempos de estabilidad e inflaciones bajas como los que vive el Uruguay. Repito, en tal sentido, hemos presentado varias iniciativas tanto en esta Legislatura como en la anterior; sin embargo, cabe aclarar que no hemos recibido una respuesta.

Con respecto al artículo 3º, debo decir que a mi juicio no tuvo una respuesta eficaz en cuanto a cómo no intervenir en contratos que se hubieren pactado anteriormente. También nos preocupa la certeza jurídica de la que se está hablando que, en definitiva, es la que da garantía a la Justicia. Insisto, hasta ahora no he obtenido una respuesta satisfactoria al punto que ha planteado el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ASTORI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Lamento que el señor Senador Atchugarry no esté presente, pero debo decir que no estoy de acuerdo con la afirmación de que este texto no incluye a los prestamistas. Es más; creo que la expresión "personas físicas o jurídicas administradoras de crédito" abarca a los prestamistas en la figura de las personas físicas. La frase "administradoras de crédito" tiene que ver con las personas jurídicas a las que alude el artículo 1º. Por lo tanto, me parece que no es de recibo el argumento de que los prestamistas no están incluidos en la consideración de este texto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Queríamos seguir un poco más esta discusión porque no hemos tenido una respuesta clara respecto al artículo 3º.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: quiero señalar que varios Senadores hemos tomado contacto con este proyecto de ley hace pocas horas. Además, más allá de la notoria sensibilidad de tratar de evitar que, en las condiciones económicas que estamos teniendo, se genere este tipo de contratos y de angustia en función de ellos, y más allá de si el artículo 3º es o no la solución perfecta -con sinceridad debo decir que hoy no tendría una propuesta mejor, aunque seguramente debe haber una- lo cierto es que el artículo puede tener algunas objeciones, tal como fueron planteadas por el señor Senador Atchugarry y, sin decirlo, también por el señor Senador Heber en tanto expresó "denme la respuesta". Sé que el proponente en la Cámara de Representantes es un Diputado serio y no tengo dudas de su buena fe. Obviamente la alteración de los contratos es un tema complicado y más lo es cuando estamos generando una incertidumbre hacia el futuro. Pero, incluso, eso pasa en la propia ley porque uno podría preguntarse si esto que se aprueba no se cambiará en el futuro. Además, cuando se genera incertidumbre jurídica, notoriamente, se está afectando la credibilidad de la propia economía y todo lo que tiene que ver con la claridad de las reglas.

No obstante, creo que ese aspecto se podría salvar -habría que hacer una modificación al artículo 3º y luego ver si se vota en la Cámara de Representantes- si se le agregara -aclaro que estoy pensando en voz alta- algo que dijera, por ejemplo, "cuando notoriamente ha habido una inacción por parte del acreedor en busca de un lucro o una actitud usurera" luego de la expresión "con anterioridad a la presente ley".

Por supuesto, tendríamos que pensarlo. Una cosa es que no cambiemos los contratos, que puede ser algo más serio y de mayor responsabilidad, que puedo compartir y, otra, es que notoriamente, como decía el señor Senador Mujica, exista una actitud o una predisposición a beneficiarse de la gente con menos información o de menores recursos intelectuales, por decirlo de alguna manera. Dicho de otro modo, una cosa es que se diga que no se modifican los contratos anteriores y otra es decir "no", por no decir, con otras palabras, lo que son actitudes que pueden rayar en lo delictivo.

En síntesis, me parece que los artículos 1º y 2º, aunque no sean la panacea, pueden ser votables, mientras que el artículo 3º tendría que ser modificado a los efectos de que se permita diferenciar entre los contratos en general, los préstamos que se hicieron con esas reglas de juego -en los que ahora el acreedor persigue a quien no pagó, que tuvo el beneficio de llevarse el dinero- y los otros, que representan una actitud de inacción, en la que se trató de aprovechar de esa misma situación cuando, vía inflaciones altas, se logró un beneficio a partir de determinadas reglas que recién ahora se están cambiando, entre ellas, las de usura sobre las que el Parlamento tomó conocimiento. Reitero, entonces, que me parece que una cosa es manifestar que no se vota nada, otra que hay que votar todo como viene y otra es hacer una modificación que podría separar los contratos o las reglas de juego generales de lo que es el beneficio, en este caso, impropio.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Continuando, señor Presidente, me parecen importantes algunos comentarios que se han hecho sobre el artículo 3º. Estoy de acuerdo en que venimos caminando en cuanto a decir que este artículo es el gran problema. Esto es, si votamos el artículo 3º puede haber responsabilidad del Estado, o sea, hoy o mañana se puede ir contra éste por ser responsable por daños, por intervención en contratos establecidos anteriormente. Nosotros también somos administradores y responsables ante la gente; somos administradores de los dineros públicos. Si hoy o mañana tenemos una demanda judicial donde el Estado es responsable por haber intervenido en contratos anteriormente pactados, tenemos que pagar a estas administradoras. Eso no se puede hacer así nomás; creo que lo tenemos que pensar mejor.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado a la Mesa una moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 22. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Mi impresión es que con este proyecto de ley se apunta en otra dirección. Acá no estamos hablando del problema de las tasas de interés, del sistema financiero normal, ni siquiera del crédito habitual. Estamos hablando un poco de la patología del sistema habilitada por vacíos legales. Digo esto porque lo que plantea el señor Senador Atchugarry no le da respuesta y me preocupa que el tema de la inacción del acreedor es efectivamente la operatoria que permite esto. En realidad, hay estudios que indican que hay gente que se dedica a esto simplemente con la inacción, es decir, no reclaman. Entonces, lo que empezó siendo una pequeña deuda entra en esa calesita y llega un momento en que se convierte en otra mayor; ahí es donde aparece la acción. Sabemos que hay expertos en esto.

Por todo lo expuesto, pienso que esa es una de las cuestiones básicas más allá de que hay excesos notorios en materia de tasas de interés, usura y demás, aspectos que hemos buscado atacar mediante otros proyectos de ley. Por medio de esta iniciativa, en mi opinión, se apunta en las dos direcciones, porque al colocar un tope para los pequeños créditos se está atacando indirectamente el problema de la tasa de interés, pero fundamentalmente esta manera de operar que, con la inacción del acreedor, va permitiendo que la deuda crezca en volumen hasta que en determinado momento se convierte en algo gigantesco e inabordable. Es así que se llega a esa suma de casos que se plantean en el Parlamento, pero lo cierto es que, además de ser inmoral, eso está habilitado por el propio sistema legal.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: creo que acá hay dos objetivos. El primero es tratar de arreglar el sistema actual y eso se logra con los dos primeros artículos, porque lo que se busca es que se termine este tipo de operativa en cuanto a que, como según cuentan -no conozco tanto el tema- existen estudios jurídicos preparados para generar la acumulación de intereses de mora sobre intereses de mora de modo tal que se llegue a este problema. Pero se soluciona mediante los dos primeros artículos, pues al establecer los topes en el segundo artículo, en el sentido de que pueden alcanzar hasta cinco veces el capital prestado, no se va a producir ese inconveniente. Entonces, el objetivo de corregir una operativa jurídica que existe para estafar gente, tal como aquí se ha dicho, se lograría.

No obstante, queda el problema de la responsabilidad que cada uno siente frente a la responsabilidad del Estado en cuanto a intervenir en contratos ya firmados. Ese es el problema y se ubica exclusivamente en el artículo 3º sobre el que ya adelanto que no voy a acompañar con mi voto. Voy a apoyar los artículos 1º y 2º, porque me parece que buscan una solución y, salvo que esté más seguro desde el punto de vista jurídico, no voy a establecer más responsabilidades, pues se trata de los dineros del pueblo que nosotros administramos. Por ello, no podemos generar responsabilidades sobre las que después el Erario tiene que responder ante denuncias contra el propio Parlamento.

SEÑOR GALLINAL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: suscribo en un todo lo que ha señalado el señor Senador Heber. Creo que ha sido muy claro y comparto su razonamiento en cuanto a que quizás los dos primeros artículos puedan generar, de ahora en adelante, una suerte de defensa para los deudores. No me convence demasiado el artículo 2º porque basta con separar la deuda en distintos documentos para que no rijan los topes. De todas formas, a mi juicio, lo que aquí ha quedado de manifiesto muy claramente es que todos estos temas merecen un análisis especial y para eso existen las Comisiones en el Parlamento. Muchas veces he acompañado proyectos de ley urgentes que justifican sobradamente la necesidad de legislar, sin estudiar profundamente el tema, pero también nos hemos equivocado legislando de esa manera. Digo esto porque, incluso, el propio documento que nos ha presentado el señor Senador Mujica, en lo personal, me genera algunas dudas. Por ejemplo, comienza haciendo referencia a una deuda que se pactó originalmente en cuatro conformes, y la redacción misma del documento es muy mala. Puntualmente dice: "por un monto de hoy $ 17.45". Entonces, este tipo de casos merecería un estudio porque quizás podamos descubrir, en muchos de estos temas, que si se hubiera denunciado en su momento la estafa, probablemente no hubieran podido seguir adelante con procedimientos de estas características.

En definitiva, respaldando lo señalado por el señor Senador Heber, creo que este tema merece un estudio más profundo, de manera tal que logremos el objetivo que nos han planteado varios señores Senadores, entre ellos el señor Senador Rubio, y que es el de lograr para los deudores una garantía que impida que sucedan casos como los de las características que nos ha traído hoy a nuestro conocimiento el señor Senador Mujica.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- He terminado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más oradores anotados para hacer uso de la palabra, corresponde votar en primer término la moción presentada por el señor Senador Sanabria, en el sentido de que el proyecto de ley vuelva a Comisión. En caso de que la votación resultara negativa, el Senado continuaría con la consideración de esta iniciativa.

(Se vota:)

-11 en 23. Negativa.

Continúa en consideración el proyecto de ley.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Me gustaría saber si es posible que se explique el artículo 1º que refiere a las operaciones de préstamo en efectivo y financiamiento de bienes y servicios otorgados. Los otorgantes serían las IFI y las personas físicas o jurídicas que sean administradoras de crédito. En consecuencia, el deudor para estar en esta consideración tiene que probar que es una IFI -lo cual es relativamente sencillo- o que se trata de una empresa administradora de crédito. Si no se trata de ninguna de estas dos circunstancias, no se puede aplicar la ley. Esta sería la primera pregunta que quiero plantear.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Walter Riesgo.)

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- En realidad ya había hecho una brevísima intervención en ausencia del señor Senador Atchugarry, que intentaré reiterar ahora.

A mi entender, la redacción que tiene el artículo 1º admite la inclusión de los prestamistas en el concepto de personas físicas o jurídicas administradoras de créditos. Esa es mi interpretación del texto del proyecto de ley.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Creo que la lectura clara es que se trata de una persona física o jurídica, calificada por ser administradora de crédito. De lo contrario llegaríamos al sin sentido de que si es una sociedad anónima, no administradora de crédito, sí puede violar esta regla. Sin embargo, si se trata de una persona física no administradora de crédito, no podría violarla. Creo que claramente aquí se está diciendo que una administradora de crédito, persona física o jurídica entra en la regla; si no es administradora de crédito -que además es muy claro- e intermedia en el financiamiento, puede tratarse de las empresas que emiten las tarjetas. Ese es el concepto de administradora de crédito. Si no es ese el caso, sí puede darse el de un prestamista típico, que a través de una sociedad anónima, o personalmente, hace un préstamo en dinero, pero no es un administrador de crédito. También puede darse la posibilidad de una deuda personal. Insisto en que aquí no está calificada la situación porque el interés sea usurario, puede serlo o no; está calificado, exclusivamente, si hay una acción y supera un límite, siempre y cuando el deudor pueda probar que el acreedor es una institución financiera o una administradora de crédito. Si no se da alguna de estas dos circunstancias, no se aplica la regla y, precisamente, esta fue una de las objeciones que planteé y que valía la pena analizar.

Otra objeción es que es muy distinta la circunstancia si se debe en moneda nacional o en dólares. Me explico: con la inflación promedio de este país, una deuda en pesos que tuviera una tasa de interés igual al IPC, o fuera simplemente ajustable por este concepto, con la inflación de los últimos treinta años, en tres años llega al quíntuple de la deuda original, pero el valor real sigue siendo el mismo. Mientras tanto, una deuda en dólares, al 25 % anual, a los tres años, estaría en el doble y no incurriría en la violación de la regla y, a los cuatro años superaría tres o cuatro veces su valor en dólares y tampoco estaría infringiendo la regla. Sin embargo, la deuda en moneda nacional, con una tasa de interés no activa, en una situación de equidad con respecto a la inflación, con procesos de cierta inflación, estaría llegando a la regla. Entonces, no entiendo por qué se discrimina entre una moneda y otra cuando en realidad el problema que se quiere solucionar es otro y está referido a la inacción; hay reglas. Y también existe la perención de la instancia que establece que si un juicio no se mueve en un año y se quiere volver a accionar por parte del deudor, éste puede interponer que el proceso ha quedado sin efecto por inacción del acreedor. Asimismo, hay plazo para la prescripción de estos documentos. Probablemente hay fallas, a veces en la legislación y en otras oportunidades a nivel de la defensa.

En consecuencia, creo que vale la pena estudiar el tema porque nadie quiere que sucedan estas cosas. De todos modos cabe preguntarse si este proyecto de ley representa una solución. Creo que no.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Me consta que estamos violando las normas reglamentarias de la discusión en particular, pero quería hacer esta acotación.

El señor Senador Atchugarry plantea claramente el caso de una sociedad anónima, por ejemplo, dedicada a préstamos. Eso es lo que me pareció entender. Creo que es muy difícil excluir de la consideración de este artículo, como institución de intermediación financiera de aquellas que están previstas en el Decreto-Ley Nº 15.322, a una sociedad anónima que se dedique a préstamos. Digo esto porque dicho Decreto y sus modificativas, entre las cuales se cuenta una pieza legal votada en el período pasado y absolutamente detallada al respecto, hacen muy difícil que una sociedad anónima que se dedica a prestar no entre dentro de las instituciones de intermediación financiera a las que alude el Decreto-Ley Nº 15.322 y sus modificativas.

Yo creo que tanto en el espíritu de este proyecto como en la propia letra, la figura del prestamista tiene que ser considerada si se tiene en cuenta la expresión "persona física" en particular. Ahora bien, si se trata de una persona jurídica que se dedica a los préstamos -que también puede ser llamada prestamista en el sentido estricto de la expresión- no se me ocurre cómo puede quedar fuera del concepto de institución de intermediación financiera, teniendo en cuenta cómo la definen los instrumentos jurídicos citados aquí. De todas maneras, para ser honesto, pienso que no es uno de los ejes centrales de la discusión de este proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Puede continuar el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: en primer lugar, el proyecto claramente refiere a personas físicas o jurídicas que sean administradoras de crédito. Si hacemos una lectura no copulativa sino disyuntiva de la "o" y decimos "las personas físicas y las jurídicas", quiere decir que una sociedad anónima que me venda una silla con crédito de la casa no es una administradora de crédito y no está contemplada, pero sí lo estaría si es una persona física. Esto está mal, señor Presidente; hay que hacerlo de nuevo. Obviamente, se puede votar y nos allanaremos a la mayoría.

SEÑORA ARISMENDI.- Hay cosas peores.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Es cierto, pero también hemos pagado las consecuencias.

En suma, en todo esto se maneja un esquema jurídico y me parece que por la forma en que está redactado, en la mayoría de los casos, va a ser letra muerta. Sólo refiere a ciertos acreedores y a ningún otro más y sólo es efectivo en préstamo de moneda nacional. No afecta a otros grandes acreedores como el Estado, los Municipios y otras organizaciones por el estilo.

Entonces, compartiendo que hay que resolver el asunto, teniendo claro que esta no es la forma, vamos a votar negativamente. No insistimos más para permitir al Cuerpo que se exprese como entienda necesario.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-13 en 18. Afirmativa.

Ha llegado una moción a la mesa para que se suspenda la lectura del articulado.

17) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- No habiendo número para votar, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 21 y 29 minutos, presidiendo el señor Walter Riesgo y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Astori, Cid, Couriel, Gallinal, Gargano, Heber, Michelini, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Rubio y Xavier.)

SR. LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Sr. Mario Farachio Secretario - Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.