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N° 3005 - 19 DE DICIEMBRE DE 2001

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

SEGUNDO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR REPRESENTANTE GUSTAVO PENADÉS Presidente

ACTUAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTOR HORACIO D. CATALURDA Y DOCTORA
MARGARITA REYES GALVÁN Y LOS PROSECRETARIOS DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO
Y SEÑOR ENRIQUE SENCIÓN CORBO

 

Texto de la citación

 

Montevideo, 18 de diciembre de 2001.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión extraordinaria, mañana miércoles 19, a la hora 16, a efectos de adoptar resolución respecto a la interrupción del receso (inciso tercero del artículo 104 de la Constitución y literal C) del artículo 90 del Reglamento) con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar, previa declaración de grave y urgente, el siguiente

 

- ORDEN DEL DÍA -

 

1º.- Impuesto Específico Interno al gasoil. (Se otorga una partida en carácter de adelanto extraordinario a los Gobiernos Departamentales del interior). (Carp. 1849/001). Rep. 851

2º.- Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974. (Aprobación). (Carp. 1047/001). (Informado). Rep. 518 y Anexo I

3º.- Convenio para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con la República de Panamá. (Aprobación). (Carp. 721/000). (Informado). Rep. 393 y Anexo I

4º.- Daniel Fernández Crespo. (Designación a la Escuela Nº 83 de la ciudad capital del departamento de San José). (Carp. 774/000). (Informado). Rep. 427 y Anexo I

5º.- Código de la Niñez y la Adolescencia. (Aprobación). (Carp. 59/000). (Informado). Rep. 22 y Anexos I a XVIII

 

HORACIO D. CATALURDA     MARGARITA REYES GALVÁN

S e c r e t a r i o s

 

NOTA: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento, se requerirá la presencia de más de la mitad del total de componentes de la Cámara para que pueda declararse abierta la sesión.

Por aplicación de lo establecido en el literal C) del artículo 90 del Reglamento será necesaria mayoría absoluta para adoptar resolución respecto de la interrupción del receso y para calificar la urgencia de los asuntos que figuran en la convocatoria.

 

S U M A R I O

 

1.- Asistencias y ausencias

2.- Asuntos entrados

3.- Proyectos presentados

5.- Exposiciones escritas

6.- Inasistencias anteriores

CUESTIONES DE ORDEN

8, 10, 12, 14 y 17.- Declaración de gravedad y urgencia

7, 16 y 21.- Integración de la Cámara

19.- Intermedio

7, 16 y 21.- Licencias

23.- Sesión extraordinaria

VARIAS

4.- Interrupción del receso

ORDEN DEL DÍA

9.- Impuesto Específico Interno al gasoil. (Se otorga una partida en carácter de adelanto extraordinario a los Gobiernos Departamentales del interior).

Antecedentes: Repartido Nº 851, de diciembre de 2001. Carpeta Nº 1849 de 2001. Comisión de Hacienda.

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

11.- Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974. (Aprobación).

Antecedentes: Repartido Nº 518, de abril de 2001, y Anexo I, de noviembre de 2001. Carpeta Nº 1047 de 2001. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

13.- Convenio para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con la República de Panamá. (Aprobación).

Antecedentes: Repartido Nº 393, de octubre de 2000, y Anexo I, de agosto de 2001. Carpeta Nº 721 de 2000. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

15.- Daniel Fernández Crespo. (Designación a la Escuela Nº 83 de la ciudad capital del departamento de San José).

Antecedentes: Repartido Nº 427, de noviembre de 2000, y Anexo I, de octubre de 2001. Carpeta Nº 774 de 2000. Comisión de Educación y Cultura.

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

18, 20 y 22.- Código de la Niñez y la Adolescencia. (Aprobación).

Antecedentes: Repartido Nº 22, de marzo de 2000; Anexos I y II, de junio de 2000; Anexo III, de julio de 2000; Anexos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII, de setiembre de 2000, y Anexo XVIII, de diciembre de 2001. Carpeta Nº 59 de 2000. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

— Aprobación. Se comunicará al Senado

— Texto del proyecto aprobado

1.- Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Washington Abdala, Margot Acosta, Guzmán Acosta y Lara, Guillermo Álvarez, Juan Justo Amaro, Gustavo Amen Vaghetti, José Amorín Batlle, Beatriz Argimón, Roberto Arrarte Fernández, Roque E. Arregui, Ángeles Balparda, Jorge Barrera, Artigas A. Barrios, José Bayardi, Edgar Bellomo, Juan José Bentancor, Nahum Bergstein, Ricardo Berois Quinteros, Daniel Bianchi, José L. Blasina, Eduardo Bonomi, Gustavo Borsari Brenna, Nelson Bosch, José Caballero, Brum Canet, Julio Cardozo Ferreira, Ruben Carminatti, Ricardo Castromán Rodríguez, Roberto Conde, Jorge Chápper, Silvana Charlone, Eduardo Chiesa Bordahandy, Guillermo Chifflet, Sebastián Da Silva, Juan Domínguez, Óscar Echevarría, Alejandro Falco, Ricardo Falero, Alejo Fernández Chaves, Ramón Fonticiella, Luis José Gallo Imperiale, Daniel García Pintos, Orlando Gil Solares, Carlos González Álvarez, Arturo Heber Füllgraff, Doreen Javier Ibarra, Luis Alberto Lacalle Pou, Félix Laviña, Ramón Legnani, Henry López, Guido Machado, Olegario Machado, Óscar Magurno, José Carlos Mahía, José Homero Mello, Felipe Michelini, José M. Mieres, Pablo Mieres, Ricardo Molinelli, Basilio Morales, Ruben Obispo, Jorge Orrico, Francisco Ortiz, Gabriel Pais, Ronald Pais, Daniela Payssé, Gustavo Penadés, Margarita Percovich, Alberto Perdomo, Álvaro Pérez, Darío Pérez, Enrique Pérez Morad, Enrique Pintado, Martín Ponce de León, Elena Ponte, Iván Posada, Yeanneth Puñales Brun, Domingo Ramos, Carlos Riverós, Ambrosio Rodríguez, Glenda Rondán, Hugo Rosete, Víctor Rossi, Adolfo Pedro Sande, Diana Saravia Olmos, Alberto Scavarelli, Leonel Heber Sellanes, Raúl Sendic, Pedro Señorale, Lucía Topolansky, Daisy Tourné, Wilmer Trivel, José L. Veiga y Walter Vener Carboni.

Con licencia: Ernesto Agazzi, Raúl Argenzio, Carlos Baráibar, Raquel Barreiro, Nora Castro, Ruben H. Díaz, Daniel Díaz Maynard, Gustavo Guarino, Tabaré Hackenbruch Legnani, Juan Máspoli Bianchi, Artigas Melgarejo, Martha Montaner, Carlos Pita, Julio Luis Sanguinetti, Gustavo Silveira y Julio C. Silveira.

Faltan con aviso: Miguel Dicancro, Heber Duque, Julio Lara, Ney Marín y María Alejandra Rivero Saralegui.

2.- Asuntos entrados.

"Pliego Nº 119

DE LA COMISIÓN PERMANENTE

La Comisión Permanente comunica que ha elegido como Presidente para el Segundo Período de la XLVa. Legislatura al señor Alberto Cid. C/715/000

- Téngase presente

DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores remite el proyecto de ley, aprobado por dicho Cuerpo, por el que se transforma la Unidad Reguladora de Energía Eléctrica, en la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, y se establecen sus cometidos. C/1859/001

- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración se expide, con informes en minoría, sobre el proyecto de ley por el que se aprueba el Código de la Niñez y Adolescencia. C/59/000

- Se repartió con fecha 18 de diciembre

COMUNICACIONES GENERALES

La Junta Departamental de Durazno remite copia de la resolución aprobada por dicho Cuerpo, sobre el uso y manejo del agua. C/235/000

- A la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Juan Justo Amaro Cedrés solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, sobre la nómina de beneficiarios de becas otorgadas por el Fondo de Solidaridad a estudiantes del departamento de Florida. C/1856/001

- Se cursó con fecha 18 de diciembre

PROYECTOS PRESENTADOS

Los señores Representantes José Homero Mello, Ruben Obispo y Juan José Bentancor presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se crea la Unidad Reguladora del sector Hidrocarburos, y se establecen sus cometidos. C/1857/001

- A la Comisión de Industria, Energía y Minería

El señor Representante Pedro Señorale presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa "Joaquín Sant´Anna" la Escuela Nº 5 del departamento de Salto. C/1858/001

- A la Comisión de Educación y Cultura".

3.- Proyectos presentados.

A) "UNIDAD REGULADORA DEL SECTOR HIDROCARBUROS. (Creación).

PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I

DE LA CREACIÓN DEL ORGANISMO DE REGULACIÓN DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Artículo 1º.- Créase la Unidad Reguladora del Sector Hidrocarburos como servicio descentralizado del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

La Unidad Reguladora del Sector Hidrocarburos actuará con autonomía técnica y estará dirigida por una Comisión integrada por tres miembros designados por el Poder Ejecutivo, de acuerdo al procedimiento establecido en el inciso primero del artículo 187 de la Constitución de la República, entre personas que, por sus antecedentes personales, profesionales y conocimiento en la materia aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño.

Los miembros de la Comisión durarán cinco años en sus cargos, pudiendo ser reelectos. El Presidente de la Comisión tendrá a su cargo la representación del organismo.

Artículo 2º.-

A) Los integrantes de la Comisión de la Unidad Reguladora del Sector Hidrocarburos no podrán desempeñar actividades profesionales o de representación en el ámbito público o privado vinculados a la competencia del órgano, con excepción de la actividad docente.

B) Los integrantes de la Comisión de la Unidad Reguladora del Sector Hidrocarburos no podrán ser candidatos a ningún cargo electivo, hasta transcurrido un período de gobierno.

Artículo 3º.-

A) La Comisión elevará al señor Ministro de Industria, Energía y Minería, para su aprobación, un Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Reguladora del Sector Hidrocarburos, en un plazo no mayor a los sesenta días de ser designados todos sus miembros.

B) El Reglamento referido en el inciso anterior deberá contener como mínimo, el régimen de convocatoria ordinaria y extraordinaria, mecanismos de deliberación, adopción de resoluciones y convocatoria periódica a la Junta Nacional de Combustibles.

Artículo 4º.- Créase la Junta Nacional de Hidrocarburos como órgano asesor y consultivo de la Unidad Reguladora del Sector Hidrocarburos. Su Presidencia será ejercida por el Presidente de la Unidad Reguladora del Sector Hidrocarburos y estará integrada además por sus representantes de los sectores empresariales y sociales vinculados a la temática, electos según la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO II

DE LAS COMPETENCIAS Y COMETIDOS DE LA UNIDAD REGULADORA DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Artículo 5º.- Compete a la Unidad Reguladora del Sector Hidrocarburos la autorización, regulación y control de todas las actividades relacionadas con los Hidrocarburos, entendidas éstas como:

Prospección, producción, refinación, importación, exportación, distribución, comercialización a grandes clientes, puestos de venta minoristas, bunkers marítimos y aéreos o cualquier otra forma de comercialización de productos derivados del petróleo en estado líquido o gaseoso.

Quedan comprendidas en las competencias de la Unidad Reguladora del Sector Hidrocarburos las autorizaciones, regulación y control de toda operación que se efectúe en el territorio nacional relacionada con gas natural y gas natural comprimido.

Artículo 6º.- Son cometidos de la Unidad Reguladora del Sector Hidrocarburos regular y controlar toda actividad a la que refiere la presente ley y reglamentaciones de la misma, así como cumplir con las funciones que hasta el momento de promulgada la misma eran realizadas por la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP):

A) La fijación de los precios máximos al minorista y al público, cualquiera sea el sello expendedor o el lugar donde se encuentre el puesto de venta en el territorio nacional, así como la fijación del precio de los fletes.

B) Definir y controlar la calidad y especificaciones de los productos comprendidos en la presente ley.

C) Fijar precios preferenciales para los grandes clientes, o para aquellos sectores de actividad que el Poder Ejecutivo le solicite.

D) Definir y controlar los requisitos de seguridad y protección del medio ambiente que deberán observar todos los operadores comprendidos en la presente ley.

E) Establecer el control cuantitativo del crudo importado o exportado, crudo refinado y de los derivados que se comercialicen en el país, se importen o exporten.

F) Otorgar las autorizaciones para actuar como prospector, productor, importador, exportador, refinador, distribuidor, gran cliente o minorista de cualquiera de los productos comprendidos en la presente ley.

G) Otorgar las autorizaciones para la instalación de refinerías, parques de almacenaje, oleoductos, poliductos, gasoductos e instalaciones conexas a la operativa de los hidrocarburos.

H) Controlar las condiciones de mantenimiento, desmantelamiento o cese operativo de cualquier instalación comprendida en la presente ley.

I) Recibir, instruir y resolver todas las denuncias de usuarios y operadores respecto a toda actividad o servicio relacionados con la presente ley y reglamentaciones conexas.

J) Asesorar al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial toda vez que se le solicite.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 7º.-

A) En un plazo no mayor a los sesenta días, la Comisión de la Unidad Reguladora del Sector Hidrocarburos enviará al Ministerio de Industria, Energía y Minería, para su aprobación, un proyecto de estructura funcional orgánica para cumplir con sus cometidos, así como los niveles salariales que no podrán ser inferiores a los de quienes en el momento de la promulgación de la presente ley cumplen dichas funciones.

B) Tendrán prioridad para cumplir funciones en la Unidad Reguladora del Sector Hidrocarburos aquellos funcionarios que al momento de promulgarse la presente ley se encuentren cumpliendo las funciones asignadas al organismo y presten su conformidad, y el personal disponible de otras reparticiones estatales con similar condición.

C) El resto del personal profesional, técnico, administrativo o de servicio será ingresado por concurso de oposición y méritos.

Artículo 8º.-

A) Los bienes inmuebles donde se instalará la Unidad Reguladora del Sector Hidrocarburos serán proporcionados por el Ministerio de Industria, Energía y Minería.

B) Los bienes de activo fijo que hasta el momento de la promulgación de la presente ley eran utilizados por la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland para la función de regulación y control pasarán al servicio de la Unidad Reguladora del Sector Hidrocarburos.

C) El Ministerio de Industria, Energía y Minería y ANCAP acordarán en un plazo no mayor a los treinta días de promulgada la presente ley, la forma en que la segunda cederá al primero los bienes de activo fijo necesarios para el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Reguladora del Sector Hidrocarburos.

Artículo 9º.- La asignación presupuestal será dispuesta por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, sin perjuicio de que también podrá disponer para su funcionamiento, previa autorización del Poder Ejecutivo, de tasas fijadas por ley o el producido de multas que aplique.

Montevideo, 18 de diciembre de 2001.

JUAN JOSÉ BENTANCOR, Representante por Montevideo, RUBEN OBISPO, Representante por Paysandú, JOSÉ HOMERO MELLO, Representante por Paysandú.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La sociedad uruguaya asiste a un proceso de eliminación del monopolio de hidrocarburos hasta ahora a cargo del Estado y administrado por Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP), y el inicio de un proceso que llevará a la libre competencia en el mercado de referencia.

En tal sentido, el marco regulador del sector abarca bastante más que la existencia o no de los monopolios. Estos son un elemento capital, pero la fijación de los precios finales, la relación entre los distintos actores del negocio, las normas que refieren a la distribución, los subsidios a ciertos productos y otros temas importantes, deben regularse tomando como base el interés general y protegiendo los eslabones más débiles de la cadena.

Por otra parte, la especialización en la materia, así como la importancia cuantitativa del valor del mercado de hidrocarburos en el país, hace imprescindible la creación de un organismo regulador para el sector.

En tal sentido el presente proyecto de ley en su Capítulo I, crea la Unidad Reguladora del sector Hidrocarburos como servicio descentralizado en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

En el Capítulo II se establecen las competencias y cometidos de la unidad que se crea y en el Capítulo III se establecen disposiciones transitorias referidas a la estructura funcional, la incorporación de funcionarios imprescindibles para el cumplimiento de los cometidos asignados, la asignación de bienes inmuebles para su funcionamiento y la asignación presupuestal correspondiente.

Montevideo, 18 de diciembre de 2001.

JUAN JOSÉ BENTANCOR, Representante por Montevideo, RUBEN OBISPO, Representante por Paysandú, JOSÉ HOMERO MELLO, Representante por Paysandú".

B) "JOAQUÍN SANT'ANNA. (Designación a la Escuela Nº 5 de la ciudad capital del departamento de Salto).

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Desígnase "Joaquín Sant'Anna" la Escuela Nº 5, del barrio Baltasar Brum de la ciudad de Salto, departamento de Salto, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Montevideo, 18 de diciembre de 2001.

PEDRO SEÑORALE, Representante por Salto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Escuela urbana Nº 5, del departamento de Salto, dependiente del Consejo de Educación Primaria, está ubicada en el barrio Baltasar Brum, zona noroeste de la ciudad capital.

Sus orígenes se remontan al año 1880, por lo que su larga trayectoria se vincula muy íntimamente con el crecimiento y desarrollo social, cultural y educativo de la comunidad barrial a la que está integrada.

En la actualidad, constituye uno de los centros de educación primaria más importantes del departamento, con ciclo completo desde preescolares a sexto año, con más de setecientos cincuenta alumnos, distribuidos en doce aulas en régimen matutino y vespertino.

Durante décadas funcionó en su viejo local, ubicado frente a plaza Flores, hasta que, en la década del sesenta, el matrimonio Sant'Anna-Amorim, de fuerte y larga vinculación a la comunidad escolar, siendo uno de sus hijos alumno de la misma, deciden construir un nuevo edificio para albergar al centro educativo. Para concretar su voluntad, el señor Joaquín Sant'Anna, importante productor agropecuario y empresario del departamento, encargó al arquitecto José María Ambrosoni el diseño y la construcción del nuevo local, solicitándole que el mismo contara con las más óptimas y modernas condiciones para el mejor funcionamiento escolar.

Tales eran las exigencias del señor Sant'Anna, en cuanto a la calidad del diseño, que el profesional visitó diversas escuelas del país y del exterior, hasta llegar a un modelo de escuela cómoda y funcional, compuesta de doce salones, con baño y patio interior para cada uno de ellos, sala para dirección, maestros y local para una clínica odontológica.

Tanto entusiasmo tenía el señor Sant'Anna con el proyecto que, cuentan los vecinos, concurría todos los días para supervisar la marcha de los trabajos y que todo saliera como estaba planificado.

Su vocación de servicio no se agota con la construcción y donación del flamante local, sino que siguió vinculado a la escuela, tomando a su cargo y costo todas las tareas de mantenimiento y reparaciones que fueran necesarias. El apego, cariño y afecto del matrimonio Sant'Anna-Amorim a la escuela los hacía participar activamente en todos los acontecimientos que se desarrollaban en la misma, a pesar de que sus hijos ya hacía mucho tiempo habían cursado por sus aulas. Fiestas patrias, aniversarios y la tradicional fiesta de fin de cursos contaban con su afectuosa presencia.

Fallecido el señor Joaquín Sant'Anna, su esposa doña Esther Amorim, continúa colaborando y participando en la actividad escolar.

Como reconocimiento al invalorable aporte realizado por el señor Joaquín Sant'Anna y su familia, la comunidad escolar, en criterio que compartimos plenamente, ha manifestado su voluntad de que la Escuela Nº 5 de Salto, lleve el nombre de su benefactor.

En ese mismo sentido presentamos el proyecto de ley para designar con el nombre Joaquín Sant'Anna a la Escuela Nº 5 del departamento de Salto.

Montevideo, 18 de diciembre de 2001.

PEDRO SEÑORALE, Representante por Salto".

4.- Interrupción del receso.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 16)

——La Cámara de Representantes ha sido convocada a efectos de adoptar resolución respecto a la interrupción del receso, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 104 de la Constitución de la República y el literal C) del artículo 90 del Reglamento, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar, previa declaración de grave y urgente, el orden del día.

En primer término, se va a votar si se levanta el receso.

(Se vota)

——Cincuenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda levantado el receso.

5.- Exposiciones escritas.

Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Daniel García Pintos solicita se curse una exposición escrita a la Intendencia Municipal de Montevideo, sobre las modalidades de recaudación de la tarifa de saneamiento en el referido departamento. C/27/000

El señor Representante Luis Lacalle Pou solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

——Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante Daniel García Pintos a la Intendencia Municipal de Montevideo, sobre las modalidades de recaudación de la tarifa de saneamiento en el referido departamento.

"Montevideo, 18 de diciembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita a la Intendencia Municipal de Montevideo. Por Decreto Nº 29.434 de la Junta Departamental de Montevideo, promulgado por la Intendencia Municipal de Montevideo el 10 de mayo de 2001, se creó la llamada Tarifa de Saneamiento. La misma fue apelada ante esta Cámara por el número de vecinos constitucionalmente requerido, quienes fueron acompañados, entre otros integrantes del Partido Colorado, por el suscrito. El recurso, finalmente, no tuvo andamiento, y fue mantenida firme esta tarifa que nosotros consideramos que se trata de un impuesto. En el primer recibo de cobro, correspondiente al del mes de junio, la Intendencia Municipal comunica a los usuarios que el cobro es bimestral, con excepción de esa primera cuota, que corresponde solo al indicado mes de junio. Esta comunicación ratificó lo que públicamente habían hecho conocer distintos jerarcas municipales con relación a la modalidad de cobro. Sorpresivamente, la Intendencia quebró esa modalidad bimensual y ha hecho llegar a los usuarios las facturas correspondientes al mes de noviembre, para hacerlas efectivas dentro del presente mes de diciembre. Con fecha 15 de diciembre, se han hecho públicos los reclamos de los vecinos de varios complejos habitacionales que se sienten perjudicados por la forma como la Intendencia Municipal factura y cobra la tarifa, lo que ha motivado su movilización ante las autoridades para evitar las injusticias que entienden se vienen cometiendo. En este caso, los recibos de la Tarifa de Saneamiento enviados a los referidos complejos habitacionales lo hicieron indicando los montos totales, sin discriminar lo correspondiente a cada unidad. Además de convertirse los vecinos en agentes de cobro, muchos de ellos deberán hacerse cargo de lo adeudado por los morosos. Realizadas estas puntualizaciones -que, evidentemente, marcan notorias irregularidades e incumplimiento de lo comunicado oficialmente por la Comuna-, es interesante conocer las causas que motivaron estos sorpresivos cambios en los procedimientos que, sin duda alguna, están afectando a los vecinos montevideanos. También es pertinente conocer el monto total recaudado a la fecha desde la vigencia del tributo. Saludo al señor Presidente muy atentamente. DANIEL GARCÍA PINTOS, Representante por Montevideo".

2) Exposición del señor Representante Luis Lacalle Pou al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, y al Consejo de Educación Técnico Profesional, relacionada con la necesidad de contar con un local para el citado centro de estudios de la ciudad de Toledo, del departamento de Canelones.

"Montevideo, 19 de diciembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), y al Consejo de Educación Técnico-Profesional. Queremos compartir la problemática que atraviesa la escuela técnica de la ciudad de Toledo, en el departamento de Canelones. Hoy en día son aproximadamente 430 alumnos los que han optado por seguir los cursos que se realizan en dicha dependencia de UTU. Lamentablemente, esta escuela técnica no cuenta con un local apropiado ya que los cursos se realizan en un local perteneciente al Director de dicha institución. Los vecinos de la zona, encabezados por el mencionado docente nos han manifestado que existe una posibilidad de contar con un local amplio y adecuado para el normal desarrollo de estos cursos, cuyo costo de alquiler no sería mayor a $ 3.500 por mes. Por esta razón, solicitamos a la ANEP y al Consejo de Educación Técnico Profesional, tomen en cuenta esta posibilidad y agilicen los trámites, para poder comenzar el próximo año lectivo en un local con condiciones adecuadas. En segundo lugar, requerimos que, como se estuvo por hacer hace un tiempo, se posibilite la utilización, por parte de alumnos y profesores de la escuela, de un sector del vivero de Toledo, donde se podrán realizar cursos de jardinería, forestación y otros. Creemos necesario que se firme un convenio con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para poder cumplir con este propósito. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones".

3) Exposición del señor Representante Luis Lacalle Pou a la Presidencia de la República, y a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca, acerca de un anteproyecto de ley relacionado con la importación de vinos.

"Montevideo, 19 de diciembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República y a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca. Días pasados las autoridades del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) elevaron un anteproyecto de ley al Poder Ejecutivo para tratar de solucionar una difícil situación por la que atraviesa el sector vitivinícola, con respecto a la demanda de vinos importados que de continuar así, puede agravar la problemática. Esta propuesta, que conocemos y apoyamos fervorosamente, requiere de la iniciativa del Poder Ejecutivo, para que luego se pueda convertir en ley en el Parlamento. Dada la situación que atraviesa ese sector y ante la necesidad de establecer mecanismos de control, solicitamos rápida respuesta en relación a este proyecto, enviándolo al Poder Legislativo a la brevedad. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones".

4) Exposición del señor Representante Luis Lacalle Pou a la Presidencia de la República, y a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, referente a la prestación de funciones en escuelas públicas de auxiliares de servicio.

"Montevideo, 19 de diciembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República y a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). En el artículo 541, de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, de Presupuesto Nacional, se establece la regularización de las auxiliares de servicio, contratadas por comisiones de fomento, que prestan funciones en las escuelas públicas. Dicha norma fue vetada, en su oportunidad, por el Poder Ejecutivo y luego se levantó el veto en la Asamblea General, quedando firme. En el mes de agosto de 2001 el artículo 541 fue reglamentado, en el Decreto Nº 317/001, a nuestro entender, sin la totalidad de los reclamos justos por parte de la sociedad, haciéndose cargo el Estado, únicamente, de los aportes destinados a la Seguridad Social. Sin perjuicio de esto, hoy vemos con preocupación, durante nuestras recorridas por el departamento de Canelones, que no se ha comunicado esa resolución a las distintas escuelas, ni a las comisiones de fomento ni a las propias auxiliares de servicio. Nos alarma que estamos terminando el año y que no avizoramos que se cumpla con el texto legal el año entrante. Solicitamos a las autoridades destinatarias de esta exposición, una pronta respuesta a este justo reclamo, para poder comenzar el próximo año lectivo con esa situación solucionada de acuerdo a la ley. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones".

6.- Inasistencias anteriores.

¾ ¾ Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión extraordinaria realizada el 18 de diciembre de 2001.

Con aviso: Gabriel Barandiaran, Ney Marín, Darío Pérez, María Alejandra Rivero Saralegui y Ambrosio Rodríguez.

Inasistencias a las Comisiones.

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Martes 18 de diciembre

ASUNTOS INTERNOS

Con aviso: Óscar Magurno.

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

Con aviso: Gustavo Borsari Brenna.

INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.

Con aviso: Ricardo Molinelli".

7.- Licencias.

Integración de la Cámara.

——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguiente solicitudes de licencia:

Del señor Representante Artigas Melgarejo, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 19 y 20 de diciembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Carlos Riverós.

Del señor Representante Carlos Pita, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 19 de diciembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Álvaro Pérez".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

En consecuencia, quedan convocados los suplentes correspondientes y se les invita a pasar a Sala.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 18 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted para solicitar licencia por los días 19 y 20 de diciembre, por motivos personales.

Sin más saluda atentamente.

ARTIGAS MELGAREJO
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 18 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

El que suscribe Álvaro Espinosa, cédula de identidad Nº 1.018.226-2 en mi calidad de primer suplente del señor Representante Nacional Artigas Melgarejo, quien ha solicitado licencia los días 19 y 20 de diciembre, comunico a usted que me encuentro imposibilitado por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

Álvaro Espinosa".

"Montevideo, 18 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

La que suscribe Blanca Elgart, cédula de identidad Nº 3.127.308-0 en mi calidad de primera suplente del señor Representante Nacional Artigas Melgarejo, quien ha solicitado licencia los días 19 y 20 de diciembre, comunico a usted que me encuentro imposibilitada por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocada por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Blanca Elgart".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Artigas Melgarejo.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 19 y 20 de diciembre de 2001.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que fueron objeto los suplentes correspondientes siguientes, señor Álvaro Espinosa y señora Blanca Elgart.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 19 y 20 de diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Artigas Melgarejo.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, presentan los suplentes siguientes señor Álvaro Espinosa y señora Blanca Elgart.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Carlos Riverós.

Sala de la Comisión, 19 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, ÓSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 19 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito se me conceda licencia por el día de la fecha, asimismo solicito se proceda a la convocatoria del suplente respectivo.

Sin otro particular saludo al señor Presidente muy atentamente.

CARLOS PITA
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 19 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

En virtud de la solicitud de licencia cursada por el señor Representante Nacional, doctor Carlos Pita, manifiesto a usted que por esta única vez no acepto la convocatoria de que he sido objeto.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente.

Gonzalo Reboledo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Pita.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 19 de diciembre de 2001.

II) Que por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Gonzalo Reboledo.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.648, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 19 de diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Pita.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta el suplente siguiente señor Gonzalo Reboledo.

3) Convóquese para integrar la referida representación por el día 19 de diciembre de 2001, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Álvaro Pérez.

Sala de la Comisión, 19 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, ÓSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

8.- Declaración de gravedad y urgencia.

——De acuerdo con lo dispuesto por el literal C) del artículo 90 del Reglamento, se va a votar si se declara grave y urgente el asunto que figura en primer término del orden del día.

(Se vota)

——Sesenta y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

9.- Impuesto Específico Interno al gasoil. (Se otorga una partida en carácter de adelanto extraordinario a los Gobiernos Departamentales del interior).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto que figura en primer término del orden del día: "Impuesto Específico Interno al gasoil. (Se otorga una partida en carácter de adelanto extraordinario a los Gobiernos Departamentales del interior)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 851

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Montevideo, 8 de noviembre de 2001

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto proyecto de ley por el cual se otorga a los Gobiernos Departamentales del interior una partida de $ 14.136.976 en carácter de adelanto extraordinario.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Gobiernos Departamentales del interior cuentan entre otras fuentes de recursos, con la recaudación por concepto del Impuesto a las Transacciones de Semovientes, instituido por la Ley Nº 12.700, de 4 de febrero de 1960.

Entre los meses de abril y agosto del corriente año, con motivo del brote de la fiebre aftosa que afectó al país, los ingresos por dicho tributo se vieron disminuidos en forma considerable, afectando las finanzas municipales.

En consecuencia, y ante planteos realizados por el Congreso de Intendentes, el Poder Ejecutivo ha considerado oportuno y conveniente, compensar dicha disminución a través del pago de un adelanto extraordinario a los Gobiernos Departamentales -a ser reintegrado al Tesoro Nacional-, a fin de atemperar los efectos negativos de la disminución de su recaudación.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, ALBERTO BENSIÓN, MARTÍN AGUIRREZABALA.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Otórgase a los Gobiernos Departamentales del interior, una partida de $ 14.136.976,00 (pesos uruguayos catorce millones ciento treinta y seis mil novecientos setenta y seis), en carácter de adelanto extraordinario a efectos de atender la diferencia producida en la recaudación del Impuesto a las Transacciones de Semovientes, entre el período comprendido entre el 24 de abril y el 31 de agosto de 2001, e igual período del año 2000, de acuerdo al siguiente detalle:

INTENDENCIA MUNICIPAL

MONTO EN $

Artigas

1.289.893,00

Canelones

145.882,00

Cerro Largo

1.189.173,00

Colonia

685.405,00

Durazno

206.469,00

Flores

441.782,00

Florida

985.613,00

Lavalleja

768.628,00

Maldonado

152.711,00

Paysandú

188.343,00

Río Negro

643.005,00

Rivera

1.242.658,00

Rocha

754.486,00

Salto

908.838,00

San José

597.922,00

Soriano

977.075,00

Tacuarembó

1.862.888,00

Treinta y Tres

1.096.205,00

TOTAL

14.136.976,00

Artículo 2º.- La partida que se indica en el artículo precedente será abonada en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a partir del mes siguiente a la fecha de vigencia de la presente ley y deberá ser reintegrada al Tesoro Nacional.

Facúltase a la Tesorería General de la Nación a retener, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2002, del pago correspondiente a los Gobiernos Departamentales por concepto del Impuesto Específico Interno al gasoil, el equivalente a las cuotas referidas en el inciso anterior.

Montevideo, 8 de noviembre de 2001.

ALBERTO BENSIÓN, MARTÍN AGUIRREZABALA.

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Otórgase a los Gobiernos Departamentales del interior, una partida de $ 14.136.976,00 (pesos uruguayos catorce millones ciento treinta y seis mil novecientos setenta y seis), en carácter de adelanto extraordinario de las transferencias que les correspondan por concepto del Impuesto Específico Interno al gasoil, de acuerdo al siguiente detalle:

INTENDENCIA MUNICIPAL

MONTO EN $

Artigas

1.289.893,00

Canelones

145.882,00

Cerro Largo

1.189.173,00

Colonia

685.405,00

Durazno

206.469,00

Flores

441.782,00

Florida

985.613,00

Lavalleja

768.628,00

Maldonado

152.711,00

Paysandú

188.343,00

Río Negro

643.005,00

Rivera

1.242.658,00

Rocha

754.486,00

Salto

908.838,00

San José

597.922,00

Soriano

977.075,00

Tacuarembó

1.862.888,00

Treinta y Tres

1.096.205,00

TOTAL

14.136.976,00

Artículo 2º.- La partida que se indica en el artículo precedente será abonada en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a partir del mes siguiente a la fecha de vigencia de la presente ley y deberá ser reintegrada al Tesoro Nacional.

Facúltase a la Tesorería General de la Nación a imputar, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2002, del pago correspondiente a los Gobiernos Departamentales por concepto del Impuesto Específico Interno al gasoil, las cuotas referidas en el inciso anterior. Dicha transferencia se efectuará a efectos de atender la disminución producida en la recaudación del Impuesto a las Transacciones de Semovientes, entre el período comprendido entre el 24 de abril y el 31 de agosto de 2001, e igual período del año 2000.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 13 de diciembre de 2001.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

 

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Señor Presidente: quiero hacer algunas consideraciones.

Sé que lo importante es votar, y lo vamos a hacer porque entendemos que así debe ser. Pero antes de votar queremos hacer algunas consideraciones breves, tratando de ser gráficos.

Se trata de un impuesto cuyos antecedentes proceden de la Ley Nº 12.700, de 14 de febrero de 1960, en la que el Impuesto a las Transacciones de Semovientes era del 3%, pero en el año 1995, con la Ley Nº 16.694, se reduce al 1%, aunque se destina a los Gobiernos Departamentales parte del IMESI. O sea que se les reduce lo recaudado por el Impuesto a las Transacciones de Semovientes, pero se les da parte del IMESI; lo que pierden por un lado, lo ganan por otro.

Es bueno aclarar que este impuesto se ha venido reduciendo, pero de acuerdo con los valores de los semovientes, el desfase producido...

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Señoras y señores Diputados: rogaría que se hiciera silencio para poder escuchar al señor Diputado Berois Quinteros.

Puede continuar el señor Diputado.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Gracias, señor Presidente.

Los desfases que se han producido no son muchos, de acuerdo con los valores de los semovientes. De cualquier forma, a esta altura del año y teniendo en cuenta la situación por la que atraviesan muchos departamentos del interior del país, siempre son buenos estos adelantos.

Yo he votado más de una vez diferentes leyes -como la de Presupuesto- y resoluciones de la Cámara a fin de ayudar a los Gobiernos Departamentales.

En el año 1999 el Gobierno Nacional transfirió a las Intendencias del interior alrededor de US$ 100:000.000. Esta suma equivale al 20% del total de los recursos disponibles de esos Gobiernos Departamentales, es decir, US$ 500:000.000.

A través de diferentes reclamos, se les han hecho varias transferencias. Hay que ver que en el Presupuesto Nacional se consiguió para las Intendencias un aumento de aproximadamente US$ 40:000.000, y en el año 2004, según el acuerdo, el Gobierno Nacional aumentará su participación financiera en el Presupuesto de las Comunas del interior entre el 26% y el 30% en total. Por lo tanto, los recursos propios caerán a un porcentaje que se ubicará entre un 70% y un 74%.

Tenemos que admitir también que nueve departamentos del interior, entre los que se encuentran los cinco que tienen menor aporte al PBI nacional, aumentaron sus plantillas de funcionarios entre marzo de 1985 y diciembre de 2000 en más del 50%. Se da una serie de datos con respecto al aumento de las plantillas de funcionarios.

También hay que aclarar otra relación: entre 1985 y 2000, en términos reales, los salarios de la Administración Central cayeron en un 8,2%; los de las empresas públicas aumentaron un 21,2% y los de los Gobiernos Departamentales un 82,3%. Esto es así.

Me parece que hoy, cuando estamos votando recursos para las Intendencias Municipales, tenemos que hacer este tipo de planteamiento para refrescar la memoria de las ayudas que reciben y la necesidad que existe de que actúen en consonancia, o sea, que los Gobiernos Departamentales cumplan con algo que se ha venido haciendo en la Administración Central, como reducir la plantilla de funcionarios, con un sacrificio grande, lo que no pasa en las Intendencias Municipales. En estos momentos de crisis, todos nos tenemos que ajustar el cinturón y reorganizar nuestra administración. Pero esto no ha sucedido en los Gobiernos Departamentales del interior, y no hablo de ninguna Intendencia en particular, sino en general.

Cuando se dice que queremos defender al interior del país, no necesariamente lo hacemos defendiendo el Tesoro de los Municipios; una cosa son las Administraciones Municipales, el Tesoro de los Municipios, y otra son los pueblos del interior. El esfuerzo se debe realizar para que llegue a los bolsillos de la gente del interior y no al Tesoro de los Municipios.

Entonces, hoy estamos votando un adelanto a los Gobiernos Departamentales de $ 14:136.976 por concepto de IMESI por una situación real, debido a la crisis de la aftosa. Esta crisis la vivieron todos, porque la sufrieron el sector agropecuario, el comerciante, el industrial y todos los pueblos del interior, ya que ese flagelo tiene una relación directa con la economía, con el bolsillo de la gente del interior, por lo que es lógico y elemental que el Tesoro de los Gobiernos Municipales también sufra. La diferencia es que la gente se tiene que ajustar el cinturón y los Gobiernos Departamentales piden al Gobierno Central que los asista.

Voto con mucho gusto este proyecto, porque me parece que es algo que se debe hacer, pero si levanto mi mano también tengo que hacer este tipo de aseveraciones con respecto al esfuerzo que hacemos todos los uruguayos, mientras de parte de otros sectores del Estado no existe la misma respuesta.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Abdala.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: estoy en total sintonía con lo que plantea el señor Diputado Berois Quinteros y me parece que este tipo de proyectos son los que uno tiene que apoyar calurosamente, aunque hubiera sido mejor que esta iniciativa fuera más específica.

Me pregunto cómo se construyeron los universos de aporte para cada uno de los departamentos, por qué le toca a uno tanto y a otro una cifra distinta. Uno puede entender o ponderar alguna idea, como por ejemplo, la situación de Artigas, que, como sabemos, es dramática y distinta a la de otros departamentos, pero me gustaría saber cuáles fueron los criterios utilizados para la determinación de los montos.

A mí me gustaría saber, como bien planteaba el señor Diputado Berois Quinteros, adónde van los dineros públicos que vamos a aportar con la aprobación de este proyecto; seguramente, parte será destinada a enjugar déficit, aunque quizás vaya a la Administración Municipal, que se manejará con un marco de discrecionalidad que no me parece oportuno en este momento.

Creo que al proyecto le faltan los criterios por los cuales se establecieron estas cantidades de dinero y hubiera sido mucho más inteligente establecer exactamente adónde se destinaba este tipo de recursos porque, de lo contrario, la situación que plantea el señor Diputado Berois Quinteros finalmente se producirá.

La Administración Central está haciendo un esfuerzo fenomenal y no se ve la contrapartida de algunas Intendencias. No es cierto que todas las Intendencias estén haciendo un esfuerzo sostenido para el achicamiento del gasto público; no es cierto. Insisto en que el esfuerzo que hace la Administración Central es bastante asimétrico en comparación con lo que hacen algunas Intendencias.

Entonces, uno se pregunta: ¿estamos para las maduras, pero no para las verdes? Todos estamos de acuerdo con los planteamientos de autonomía departamental y de descentralización, pero cuando hay que pedir recursos termina siendo toda la sociedad la que debe dirimir este tema. Francamente, esto no me parece bien.

Insisto: también votaré feliz este proyecto, porque el problema de la fiebre aftosa fue dramático. Lo que viví en algunos departamentos del interior es totalmente asustante y uno queda entristecido, pero este no puede ser el procedimiento. El hecho es que siempre se arma el gran lío y terminamos acudiendo a los recursos de la sociedad toda para subsanar este tipo de problemas. Después, algunos Intendentes se preguntan por qué existe tanto descrédito en algunas Intendencias y por qué se ven movilizaciones y se llega a situaciones traumáticas.

Esto no es un palo para nadie, como bien decía el señor Diputado Berois Quinteros: no es un palo a un colorado, a un blanco ni a un frenteamplista, sino simplemente una reflexión de fondo. Son los temas en los que se requiere más nivel de seriedad.

Voto contento por lo puntual del caso, pero preocupado porque este tipo de situaciones seguramente se reiterará en esta Casa, lo que no me hace feliz. Insisto: no me hace feliz.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Cardozo Ferreira.

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- Señor Presidente: si bien comparto básicamente lo expresado por el señor Diputado Berois Quinteros, debo decir que no todos los departamentos pasan por la misma situación. Si bien es evidente que no estamos acá para aclarar cuáles son los departamentos que realmente apuestan al desarrollo y a la producción y cuáles se dedican a engrosar las filas de sus empleados públicos, es justo decir en este momento que si el Gobierno Central tuviera programas de desarrollo realmente descentralizados y si tuviéramos el apoyo de una política especial orientada a las poblaciones y sectores más carenciados del país, los Intendentes no tendrían que estar con las puertas abiertas, metiendo gente para adentro de las Intendencias. A veces, hay que vivir esas tristes realidades del interior, sobre todo al norte del río Negro y en algunas zonas del este del país.

También debo decir que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en el sentido de que no está claro, ni se especifica en el proyecto, por qué se establecieron esos montos para las Intendencias. Sin embargo, si estamos un poco atentos y observamos la fecha en que ingresó el mensaje del señor Presidente y de los señores Ministros al Parlamento -8 de noviembre-, volvemos a recordar lo que pasó con la ley de indemnización de los lecheros, que entró en setiembre y se terminó votando hace unos pocos días. Este proyecto ingresó el 8 de noviembre y hubo que pedir por favor al Senado el viernes pasado que lo votara en forma urgente. Por esa razón, en el Senado el proyecto no fue discutido ni tratado en la forma adecuada, es decir, explicando las razones a los señores Senadores, de modo que llegara con esas explicaciones a esta Cámara.

Por ese motivo, hoy estamos considerando este proyecto a las apuradas, votando a pedido de los Intendentes una partida que desde noviembre tendría que estar sancionada. Quiere decir que, evidentemente, las culpas han de repartirse entre todos.

Vamos a aportar nuestro voto favorable a este proyecto con mucho gusto, porque si bien es un adelanto, también es un derecho de los Intendentes, porque el interior del país, más que nadie, ha sufrido las secuelas de la fiebre aftosa y de una cantidad de medidas que no han colaborado a su desarrollo efectivo.

SEÑOR ARRARTE FERNÁNDEZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ARRARTE FERNÁNDEZ.- Señor Presidente: hemos escuchado expresiones sobre una visión de desarrollo de este país; no alcanzo a entender por qué se mira al interior de esa manera.

En primer lugar, quisiera decir que el interior aporta US$ 800:000.000 por año en tributos de carácter nacional. Se lo reitero al señor Diputado que hizo uso de la palabra anteriormente: el interior aporta US$ 800:000.000 por año en tributos de carácter nacional.

Además, no es una cuestión inherente a un solo departamento sino que es general de todo el interior. En este país, que tiene una economía agropecuaria, solamente el 5,7% de la población vive en el campo. No es posible achacar esta problemática a una mala gestión de todos los departamentos del interior. Por otra parte, quiero decir que la economía de este país sobrevive -que Montevideo y Canelones sobreviven- porque el 80% de las exportaciones están fundamentadas en las materias primas que genera el interior del país.

Si esa es la visión que tenemos del Uruguay, sigamos promoviendo el trasiego poblacional desde el interior hacia Montevideo y, entonces, vamos a terminar viviendo 3:300.000 personas en la capital y sus alrededores. Creo que el país tiene un grave problema de trasiego poblacional, que lo está pagando Montevideo. Los servicios de saneamiento, energía eléctrica y agua potable están recargados y se ha generado un alto nivel de desempleo, en gran medida como consecuencia de que en los últimos treinta años más de 200.000 pobladores se han trasladado desde el medio rural hacia la ciudad.

De manera que no comparto esa visión que se tiene del interior del país; el problema se resuelve promoviendo el desarrollo en esa zona.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el señor Diputado Cardozo Ferreira.

SEÑOR ABDALA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: el amigo Vaz Ferreira hablaba de una cosa que se llama errores de falsa oposición. Acá nadie está diciendo nada contra el interior.

Voy a ser muy claro: lo que estoy diciendo es que hay malos Intendentes. La República tiene Intendentes muy buenos y algunos que son muy malos, como hay muy buenos parlamentarios y muy malos parlamentarios. Lo que se critica es el mal Intendente, porque estos recursos que estamos pagando todos, interior y Montevideo, muchas veces no tienen un destino de sensatez o no van a enjugar un déficit; terminan pagando lo que decía el señor Diputado Berois Quinteros con sabiduría y con mesura. Eso es lo que me parece que está mal.

Insisto: no caigamos en la polarización interior-Montevideo. No; este es un país único, debemos pensar en el Uruguay como una unidad. Eso sí: cuando solicitamos a la sociedad en su conjunto una erogación de esta naturaleza, lo mínimo que uno debería saber es para dónde va este dinero. A mí me hace feliz ayudar a la gente, pero quiero saber el destino de estos fondos, y nadie me lo aclara en este proyecto. Si estamos pidiendo un esfuerzo a todos los uruguayos, que se diga qué destino tendrá el dinero en cada una de las Intendencias: para qué actividad, para qué obras. De otra manera, terminamos pagando sueldos de gente que no es muy seria. Eso es lo malo.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el señor Diputado Cardozo Ferreira.

SEÑOR ARRARTE FERNÁNDEZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ARRARTE FERNÁNDEZ.- Señor Presidente: creo que el juez de las autoridades nacionales es la población, y la población laudó. Es algo que debemos admitir. No podemos ser jueces de las autoridades que la población eligió soberanamente.

También quiero resaltar que esto no es una dádiva. Se va a devolver; lo establece el artículo 2º. Entonces, es un adelanto a cuenta de futuros recursos para los Gobiernos Departamentales.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el señor Diputado Cardozo Ferreira.

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- He terminado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Castromán Rodríguez.

SEÑOR CASTROMÁN RODRÍGUEZ.- Señor Presidente: es cierto que el país, la República Oriental del Uruguay, es una unidad, pero en este proyecto de ley no figura Montevideo, donde vive la mitad de la población, y eso todos lo sabemos. Figura el resto de los departamentos del país, de esa unidad que es el Uruguay.

Creo que con sensatez, teniendo en cuenta la situación económica de los Gobiernos Departamentales del mal llamado interior del país, se plantea al Parlamento que adopte una posición positiva que nosotros vamos a acompañar y que es sensata, teniendo en cuenta los déficit acumulados durante la gestión de los Gobiernos del Partido Colorado y del Partido Nacional a partir de la salida de la dictadura y que han mostrado índices económicos nunca vistos desde el punto de vista del arrastre de pasivos. Esto es fácil de comprobar; podemos recurrir a las versiones taquigráficas de la Cámara cuando el año pasado planteábamos atender la problemática de seis o siete departamentos que estaban en situaciones económicas límite y siguen estándolo.

Creo que esto es una señal positiva de un Poder Ejecutivo que está dando un préstamo y que, además, se ajusta a lo que establece la Constitución de la República en cuanto a verter recursos desde el Gobierno Nacional a los Gobiernos Departamentales.

A nuestro juicio y el de la fuerza política que representamos, esto hace más dependientes a los Gobiernos Departamentales del centralismo del Poder Ejecutivo, al tener que estar siempre expuestos a recurrir a las arcas del Estado, a la bolsa de Rentas Generales, para ir paliando situaciones mediante un proyecto de ley que, en definitiva -y está escrito aquí-, significa un préstamo que habrá que devolver.

Esto nos hace reflexionar, decir lo que pensamos y lo que observamos como Representantes por un departamento como el de Río Negro, por ejemplo, que tiene un pasivo que se ha venido acumulando desde 1985 y que ronda en los US$ 7:500.000. Es un departamento con muchos problemas, con un 50% de morosidad en los distintos tributos que la gente debería pagar, pero no ha podido hacerlo. Es un departamento que tiene casi 80.000 hectáreas forestadas que no pagan un peso al Tesoro Departamental ni al Tesoro Nacional, y con 20.000 hectáreas inundadas por los lagos de las represas de Baygorria y de Palmar, que en realidad también prestan un servicio a quienes habitan el resto del país, pero que van en detrimento del Gobierno Departamental, lo que hace que el problema se agudice.

Tal vez la partida que vamos a votar ayude al pago del medio aguinaldo de muchos funcionarios municipales y al pago de los sueldos de los que han ingresado a la plantilla de los Gobiernos Departamentales, como es el caso de Río Negro, que también ha agrandado sustancialmente su plantilla de funcionarios, que -tal vez sea un poco grosero, pero, bueno, digo lo que pienso- la ha sobredimensionado quizás por favores políticos, por clientelismo, por prácticas con las que nosotros no concordamos, que no reconocemos ni avalamos, porque en definitiva después se recurre a la bolsa grande del Estado. Y el Estado somos los tres millones y medio de uruguayos, el millón y medio que habita el departamento de Montevideo y el resto que habita los departamentos del interior.

Creo que, responsablemente, hoy debemos optar por levantar nuestra mano y tirar un cabo, hacerles una pierna -hablando en criollo- a los Gobiernos Departamentales del interior del país que necesitan imperiosamente de esta ayuda económica.

No compartimos en general las prácticas políticas que se implementan en cada Gobierno Departamental, pero somos respetuosos de la autonomía y de lo que cada uno decide, porque en definitiva después es la gente la que se encarga de pasar raya y señalar quién está bien y quién está mal. Pero eso es futurología y no me gusta hacerla.

SEÑOR DA SILVA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CASTROMÁN RODRÍGUEZ.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DA SILVA.- Señor Presidente: alejado está de mi espíritu participar en este tipo de discusión. Creo que todas las opiniones son valiosas; todo el mundo dice lo que piensa. Hay varias visiones; yo tengo la mía, pero me la voy a reservar para el momento oportuno.

Este proyecto que estamos considerando establece la asignación de un adelanto de $ 14:000.000, es decir, de US$ 1:000.000. Según mi amigo, el señor Diputado Castromán Rodríguez, ello se debe a la espantosa situación de clientelismo político generado por años y años de gobiernos blancos y colorados. Reitero las cifras: $ 14:000.000, que equivalen a US$ 1:000.000.

¿El Diputado Castromán Rodríguez sabe cuánto fue lo que pidió la Intendencia Municipal de Montevideo a la Junta Departamental para pagar el aguinaldo? Cuando lo sepa -si es que no lo sabe-, podremos empezar a conversar de buenas o malas administraciones. Estamos hablando de $ 14:000.000 contra una cifra que tengo en mi poder. Averigüe la cifra que yo tengo aquí y después quizás pueda darme la razón o no. Porque para hablar de buena administración todos tenemos que hacer los deberes, y las crisis las sufrimos todos.

No quiero atacar a la Intendencia Municipal de Montevideo, pero ante la ofensa del señor Diputado Castromán Rodríguez, no tengo otra alternativa que decir que la Intendencia de Montevideo pidió $ 50:000.000 para pagar el aguinaldo, y lo hizo porque no tenía plata debido al déficit que tiene y que todos conocemos, aunque este no es el momento de discutir el punto. Estamos hablando de $ 50:000.000 contra $ 14:000.000 para los restantes Gobiernos Departamentales.

Entonces, señor Diputado, yo no quería hablar, pero usted me está obligando a aclarar las cosas. Según la información del Edil que me la acaba de suministrar, se trata de $ 50:000.000 para la Intendencia Municipal de Montevideo contra $ 14:000.000 para todo el país.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Antes de que el señor Diputado Castromán Rodríguez continúe su exposición, en primer lugar quiero informar a los señores legisladores que, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Cámara, cuando las señoras Diputadas y los señores Diputados hacen uso de la palabra, deben dirigirse a la Mesa.

En segundo término, todos sabemos que tenemos un orden del día complicado, y se han anotado diez señores Diputados para hacer uso de la palabra sobre este tema. Entonces, sin perjuicio de que nadie debe eludir el debate, exhorto a todos los legisladores a tomar conciencia con respecto a los tiempos que estamos viviendo.

Puede continuar el señor Diputado Castromán Rodríguez.

SEÑOR ORRICO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CASTROMÁN RODRÍGUEZ.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: simplemente quiero decir que un préstamo bancario es una de las tantas formas que tienen los Municipios, las empresas, para pagar el aguinaldo. En todas las empresas en que trabajé, cuando llegó el momento de pagar el aguinaldo siempre pedimos dinero al banco, y esa es una forma de financiación, algo distinto a salir a "manguear" por otro lado. Una cosa es un pedido formal a un banco y otra cosa es la "manga"; son dos cosas distintas.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el señor Diputado Castromán Rodríguez.

SEÑOR CASTROMÁN RODRÍGUEZ.- Señor Presidente: no quise molestar a ninguno de los integrantes de la Cámara. Simplemente, en mi reflexión en voz alta hice mención al Gobierno Departamental de Montevideo, que acá no figura, un Municipio que, mal o bien, con problemas como todos -eso no lo podemos tapar con la mano-, a la corta o a la larga trata de pagar los compromisos que asume. No puedo dar fe de lo que ocurre en el resto de los Gobiernos Departamentales. Si no fuera así, podemos remitirnos a la documentación que tenemos y que seguramente obra en poder de todos los miembros de la Cámara.

Quiero terminar mi intervención diciendo que vamos a votar el proyecto, pero señalando con contundencia, con fuerza, con mucha firmeza, que estas cosas no suceden por obra de la providencia, sino por obra de seres humanos, que tienen la responsabilidad que la ciudadanía les otorgó para conducir los Gobiernos Departamentales, los dineros departamentales, y que muchas veces lo hacen con desprolijidades; y utilizamos ese término para no perder el estilo y la forma de conducirse en la Cámara, en virtud de un relacionamiento que tenemos todos los parlamentarios y que hace a la labor cotidiana de la Cámara de Representantes.

SEÑOR LÓPEZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CASTROMÁN RODRÍGUEZ.- Con mucho gusto, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR LÓPEZ.- Señor Presidente: simplemente, a modo de aclaración, quiero decir que en este proyecto de ley de alguna manera se trata de beneficiar a los departamentos que, como todos sabemos, sufrieron las consecuencias de la fiebre aftosa. Que yo sepa, en Montevideo ese mal no tuvo consecuencias directas ya que a todos nos consta que este departamento no tiene haciendas. Por lo tanto, la disposición se refiere a los departamentos del interior, que vieron reducidos sus ingresos derivados de la aplicación del impuesto que grava las transacciones de semovientes. Lógicamente, ese no es el caso de Montevideo, y a ello se debe la no inclusión de este departamento en esta iniciativa.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el señor Diputado Castromán Rodríguez.

SEÑOR CASTROMÁN RODRÍGUEZ.- Señor Presidente: lo expresado era lo que deseaba manifestar de acuerdo con mi leal saber y entender, a mi pensamiento, y a la filosofía y la forma de práctica política que tenemos.

SEÑOR CANET.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CASTROMÁN RODRÍGUEZ.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CANET.- Señor Presidente: simplemente, con relación a la afirmación realizada por el señor Diputado Da Silva sobre los $ 50.000.000, quiero decir que su información es correcta. Y la vamos a complementar diciendo que hay una línea de crédito del Banco de la República para el pago de aguinaldos destinada a instituciones públicas, que no puede ser utilizada para otra cosa: la institución pública correspondiente comunica cuánto debe pagar por concepto de aguinaldos, el Banco se lo adelanta y se paga en cinco cuotas. Por lo tanto, nada tiene que ver con otros aspectos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el señor Diputado Castromán Rodríguez.

SEÑOR DA SILVA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CASTROMÁN RODRÍGUEZ.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DA SILVA.- Señor Presidente: sin duda, la apreciación que hace el señor Diputado Canet es correcta. Pero aquí hay dos cosas.

Quiero aclarar que nadie está "mangueando" nada. Estamos hablando de cifras; se trata de $ 14:000.000 contra $ 50:000.000, y la apreciación que hice fue para comparar y para que la Cámara se ilustre acerca de lo que se está hablando. Todo el país, salvo Montevideo -el departamento que represento, que me gusta; y aclaro que apoyo el Gobierno Municipal: acá yo me la jugué cuando hubo que votar la tarifa de saneamiento, porque hay que jugársela-, pide $ 14:000.000, es decir, US$ 1:000.000, para diferentes cosas.

Al escuchar el discurso del señor Diputado Castromán Rodríguez tuve que traer esa cifra a colación. La Intendencia pidió el aval de la Junta para solicitar $ 50:000.000 en préstamo. ¿Por qué piden el préstamo? Porque no tienen la plata. Entonces, ni una cosa ni la otra.

Desde mi punto de vista, la Intendencia Municipal de Montevideo tiene un manejo financiero espantoso; de más está mencionar los números en rojo que ha tenido. No creo que este sea el ámbito para hablar del déficit municipal. Ya va a llegar el momento de observar los números y de discutirlos, pero ello no será en el Parlamento.

Este Partido, que apoya constructivamente todo lo bueno que propongan los Gobiernos de cualquier pelo, también critica, y a mí nadie me va a convencer de que el de la Intendencia Municipal de Montevideo es un ejemplo de manejo financiero.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Antes de continuar, la Mesa establece que el debate sobre el manejo de los fondos de la Intendencia Municipal de Montevideo está absolutamente fuera del asunto del orden del día que está en consideración.

Advierto que el señor Diputado Castromán Rodríguez concederá una interrupción al señor Diputado Pintado y también al señor Diputado Chifflet; de esa manera, iremos poniendo fin al debate sobre la Intendencia Municipal de Montevideo y retomaremos la conducción de la discusión sobre el Impuesto Específico Interno al gasoil.

Puede continuar en el uso de la palabra el señor Diputado Castromán Rodríguez.

SEÑOR CASTROMÁN RODRÍGUEZ.- Señor Presidente: no estoy haciendo ningún tipo de discurso; estoy diciendo lo que pienso, como es mi estilo. Mencioné a la Intendencia Municipal de Montevideo al pasar, haciendo referencia a lo que figura en esta iniciativa, que es de lo que estamos hablando y por lo que fuimos convocados.

Digo al señor Diputado Da Silva, que está asignado al departamento de Soriano y que trata de complementarse con los señores Diputados Vener Carboni y Arregui, que, en todo caso, lea el Presupuesto de la Intendencia Municipal de Montevideo para que cuente con cifras que avalen su posición y lo que ha estado diciendo.

Concedo ahora, por su orden, las interrupciones que me han solicitado los señores Diputados Chifflet y Pintado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado Chifflet.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: en primer lugar, quisiera hacer una observación lateral. Cuando se comparan cantidades, tienen que ser para destinos similares. Este proyecto tiene el objetivo de subsanar determinados perjuicios que han tenido los departamentos a raíz de la aftosa. Los $ 50:000.000 de que se habla, enfrentados a estos $ 14:000.000, son para pagar aguinaldos, y estrictamente para eso. Si queremos comparar aserrín con pan rallado, haremos política menor. Hay quien se espanta por algunas cosas y dice: ¡administración espantosa!, lo que no se refleja, por cierto, en las encuestas; pero este es otro tema. Yo no puedo decir que alguien no tiene derecho a pensar en esa forma ni a expresar en esta Cámara sus espantos, aunque sea desmentido, reiteradamente, por las encuestas de opinión, que valoran otra cosa.

Quiero ir al tema concreto. Este es un proyecto extraordinario para circunstancias extraordinarias, porque hubo fenómenos imprevistos. Simplemente, se otorga un adelanto que los Gobiernos Departamentales tendrán que devolver.

En segundo término, se ha dicho que hay Gobiernos Departamentales -no todos- que se han dedicado a engrosar las filas de empleados, y se les critica por eso. Paralelamente, se dice que se debe disminuir la cantidad de funcionarios y que esta es la forma de hacer una buena administración. Yo no estoy de acuerdo con el hecho de que las Intendencias Municipales, en una circunstancia como la que vive el país, entren a recortar y a despedir personal para equilibrar sus gastos, porque de ese modo no pensamos en la gente, sino nada más que en los números. Eso sí, cuando son excesivos los cargos, tienen que suprimirse vacantes, no tienen que ingresar funcionarios por la ventana. Yo no critico a los que ingresan, sino a los que abren la ventana. Me parece que es fundamental dejar constancia de ello.

Ahora bien, comparto lo que dice el señor Diputado Abdala: cuando leía hoy el proyecto, no concluía en función de qué coordenadas se hizo la distribución. Estas son informaciones que no llegaron al Parlamento, pero supongo que tienen alguna lógica y que debe ser en función de algo que quizá sepan los propios representantes del Gobierno.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado Pintado.

SEÑOR PINTADO.- Señor Presidente: no voy a entrar en el debate, siguiendo la línea orientadora que el señor Presidente nos ha sugerido. Lo que digo es que si queremos ser Ediles inconstitucionales, es decir, remunerados, no tengo ningún inconveniente en discutir acerca de todos los Gobiernos Departamentales con la mayor objetividad posible.

Quiero hacer alguna aclaración. Montevideo tiene ganado y hace transacciones de ganado. Una parte mayoritaria de sus predios son rurales, pero no hubo aftosa. No digo que eso sea una conquista del Gobierno Departamental de Montevideo; por favor, no voy a cometer ese pecado.

(Interrupción del señor Representante Chápper.- Respuesta del orador.- Campana de orden)

——De todos modos, creo que es bueno votar esto, más allá de que en las dieciocho Intendencias del resto del país hay distintos niveles, hay buenos administradores blancos y colorados y los hay malos.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——No tendría inconveniente en analizar esa situación; creo que no nos corresponde, pero como decía, si queremos ser Ediles inconstitucionales y hay quien tiene vocación de ser Edil y no pudo acceder a la Junta Departamental correspondiente, estoy dispuesto a darle el gusto, y quienes quieran ser Ediles, que lo sean por un día.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Ha finalizado el tiempo de que disponía el señor Diputado Castromán Rodríguez.

Tiene la palabra el señor Diputado Carminatti.

SEÑOR CARMINATTI.- Señor Presidente: la verdad es que después de tanto andar a la deriva, ya no sé ni qué iba a decir, porque se me fue el tema principal. Empezamos a hablar de una cosa y terminamos hablando de la Intendencia Municipal de Montevideo. Es algo que se repite frecuentemente; yo diría que deberíamos dejarlo ahí.

Con referencia a los Gobiernos Departamentales, a mí me corresponden las generales de la ley, porque como es sabido tengo un hermano Intendente, que por tercera vez, y no por gracia de Dios solamente, sino porque el pueblo lo votó, accedió al poder en la Intendencia. Fue Intendente dos períodos seguidos, luego tuvo uno de "impasse" y ahora es el actual Jefe Comunal.

La cosa viene mal. Eso es de conocimiento de todos; no decimos ninguna novedad. Aquí lo único que nos faltó fue la fiebre amarilla y alguna cosa de esas, porque lo demás lo tuvimos todo: sequía, inundaciones, aftosa, terrorismo. Todo.

Me parece que yo puedo hablar de la Intendencia. Tal vez alguien puede decirme: "¿Qué autoridad tiene? ¿Por ser el hermano del Intendente va a hablar de la Intendencia?". Lo que pasa es que yo he vivido muy cerca de mi hermano y sé cómo se sufre y cómo se vive la Intendencia. Mi hermano tiene un dicho muy particular: "Para ser Intendente hay que tener dos corazones: uno para sufrir y otro para empujar". Tal vez tenga razón. Además, no se puede dar marcha atrás en la Intendencia.

Por otra parte, creo que sí puede haber, como dice el señor Diputado Abdala, Intendentes con distintos órdenes de capacidad de manejo y de administración. Lo que no creo correcto es lo que dijo en cuanto a que puede haber Intendentes malos o buenos, porque si eso trascendiera a la prensa estaríamos dando una mala imagen. También dijo que podía haber Diputados malos y buenos. ¿Yo cómo me considero? ¿Un Diputado del montón?, ¿uno de los buenos?, ¿uno de los malos? No podemos hablar en esos términos. Me parece que eso no es correcto y que el uso de los términos no es el adecuado, a pesar de que estimo al señor Diputado Abdala y sé que es muy capaz.

En cuanto a algunas apreciaciones que hizo mi colega, el señor Diputado Castromán Rodríguez -a quien también estimo mucho, a pesar de que está en el otro cuadro; capaz que se cambia el año que viene-...

(Hilaridad)

——...yo diría que el señor Diputado Castromán Rodríguez sabe bien que las cosas en Fray Bentos se heredaron del proceso. Desde 1985 en adelante se arrancó con un déficit no solo de maquinaria, sino también económico y hasta anímico, y con una desilusión permanente de toda la población, porque nadie creía en nada. El movimiento se encauzó en diez años y se llegó a crear una estructura que diría que es valiosa por lo que es Las Cañas, a pesar de que nos embromaron los de SAUDICO, en aquel tiempo famoso en que aparecieron los árabes por Fray Bentos y toda esa parte que es hasta cómica y muy larga de contar. Pero salimos del pozo y tenemos por delante la construcción de un puente, con una posibilidad de futuro en cuanto a un puerto y otras cosas en las que nuestros vecinos no nos ayudan, porque se están destruyendo. Argentina está en una complicación permanente, pero nosotros hemos ido creciendo.

Cuando se habla de que el Municipio adopta decisiones de tomar gente, creo que estamos en lo que era antes el Estado, que era un empleador, y ser empleado público era un beneficio al que todos querían acceder.

SEÑOR SCAVARELLI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CARMINATTI.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR SCAVARELLI.- A ver si podemos ayudar al señor Presidente a reencauzar este tema. Queda claro que lo que se trata de cubrir es un problema de caja. Las Intendencias tienen un problema de caja, como el Estado Central, para cumplir un Presupuesto que está asignado. La administración es un capítulo muy importante, pero distinto.

El Poder Ejecutivo, que no es el único que tiene iniciativa privativa en la materia, después de hacer los estudios correspondientes llega a la conclusión de que la caja de las Intendencias que aparecen en este listado ha sufrido un perjuicio por merma de ingresos, sobre todo en función del elemento recaudador del Impuesto a las Transacciones de Semovientes. Como se establece en el proyecto, a través de un adelanto extraordinario a los Gobiernos Departamentales, se intenta compensar la disminución de los ingresos sufrida durante el período de la crisis de la aftosa, que todos conocemos.

Tanto es un problema de caja que la devolución de ese importe no se hace a cuenta de lo que se recaude por concepto del mismo impuesto del período siguiente, sino que se descuenta del Impuesto Específico Interno al gasoil, que es una compensación, un rubro distinto y un aporte diferente a la Intendencia.

Tenemos que considerar que estas cantidades han sido liquidadas por el Poder Ejecutivo para compensar un ingreso que estaba establecido a efectos de cubrir un recurso presupuestal y un objetivo presupuestal votados por las Juntas Departamentales de cada departamento. No se trata de una donación, sino de un adelanto, y es tan de caja que se restituye a través de un mecanismo de ingreso que no tiene nada que ver con la forma de liquidar la cantidad sustitutiva del impuesto. Desde ya que el debate sobre la calidad de la administración de los Gobiernos Municipales no corresponde a esta Cámara; además, como bien dijo el señor Presidente, me parece que es un tema que está fuera de discusión.

Desde ya que le hubiera servido al Parlamento tener más información complementaria para votar no solo con entusiasmo y convicción, sino con mayor conocimiento; la información siempre es trascendente para poder decidir. Pero tengo claro que el Poder Ejecutivo es absolutamente meticuloso en estos temas y tiene que ayudar a que se cumplan los Presupuestos Municipales con recursos genuinos. Existe un recurso genuino, que es el Impuesto a las Transacciones de Semovientes -cuya recaudación se vio afectada por circunstancias ajenas al país, porque hubo una plaga en el Uruguay que condujo a una situación muy crítica-, que se adelanta para ser devuelto o compensado luego con el producido del Impuesto Específico Interno al gasoil.

Creo que podríamos llegar a la conclusión de que este es el tema y no ir más allá de este punto, salvo que quisiéramos establecer un debate en torno a otro punto, lo que nos llevaría a otro tema.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el señor Diputado Carminatti, a quien le restan dos minutos de su tiempo.

SEÑOR CARMINATTI.- Señor Presidente: evidentemente, el que sabe, sabe y el maestro me acaba de decir algo en el sentido de que debería terminar con esta temática. El lo dice muy bien, pero yo quisiera aclarar algunas cosas. No sé si la Intendencia Municipal de Río Negro tiene superávit, pero es una empleadora y, como dijo muy bien el señor Diputado Chifflet, nosotros tenemos que dar alguna posibilidad en lugares donde no hay trabajo de otra índole.

El señor Diputado Castromán Rodríguez también debe saber que para casi todos los cargos que se han llenado en Fray Bentos se ha hecho sorteo; no se han llenado a dedo, salvo aquellos que son de absoluta confianza. A nosotros nos aflige lo que recién decía el señor Diputado Scavarelli respecto al Impuesto a las Transacciones de Semovientes y sobre todo lo que expresó muy bien el señor Diputado Castromán Rodríguez en cuanto a la cantidad de hectáreas forestadas que no se pagan y a las lagunas que producen las represas.

De cualquier forma, voy a apoyar este proyecto, aunque tengo dudas en cuanto a las cifras que figuran en él. Hay departamentos como Rivera, al que se le asignan alrededor $ 1:242.000, y como Río Negro, al que apenas se destinan $ 643.000. Coincido con el amigo Diputado Da Silva en que estamos hablando de menudencias y pequeñeces. Reitero que apoyo este proyecto sin estar convencido de que estas sean las cifras correctas para mi departamento.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Barrios.

SEÑOR BARRIOS.- Señor Presidente: si nos vamos a atener a los aspectos cuantitativos de este proyecto de ley, realmente estamos hablando de chauchas y palitos. El total es US$ 1:000.000 para repartir entre dieciocho Intendencias en tres meses; no tiene nada que ver el pago del aguinaldo. Se trata de un reintegro de lo que se supone que perdieron las Intendencias por no haber recaudado el impuesto del 1% a la venta de semovientes. A grandes rasgos, esto representaría el 50% más, tomando los valores de hoy y no los del período previo. Si tomamos los valores que había para la carne y para el ganado durante el período previo a la aparición de la aftosa, tal vez en lugar de US$ 1:000.000 habría que hablar de US$ 2:000.000; y si tomamos en cuenta los valores actuales, la cifra es de US$ 1:500.000. Entonces, la importancia del tema no está en el volumen, sino en lo que se trajo a Sala, que son manifestaciones de representantes de los Partidos que hoy están dirigiendo el Gobierno, que me parecen altamente positivas y que quiero remarcar.

Por un lado, el señor Diputado Berois Quinteros manifiesta que las Intendencias son las únicas que han aumentado la cantidad de su personal sin ningún control y orden. Por otro lado, el señor Diputado Abdala habla de las malas administraciones municipales. Los integrantes del Partido Colorado y del Partido Nacional son y han sido en los últimos años los titulares de todas esas Intendencias y los responsables del clientelismo que ha habido en ellas. En el caso de la Intendencia de mi departamento, Rocha, debo decir que su situación actual responde a diecisiete años de clientelismo permanente, llevado adelante por el Partido Colorado y el Partido Nacional.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BARRIOS.- No, señor Diputado; luego se la concederé.

En un período, estuvo al frente de la Intendencia el señor Adauto Puñales y, en otro, el señor Irineu Riet Correa, como al día de hoy. ¿Por qué digo que es bueno que el señor Diputado Abdala se preocupe de esto? Porque el señor Intendente Adauto Puñales, después de haber dejado deudas por US$ 17:000.000 con UTE, deudas de cinco meses de sueldo con el personal, deudas de millones de dólares con el Banco de Previsión Social, no resulta electo. Naturalmente, era el último en cuanto a posibilidades, resultó el último en la votación, y sin embargo se lo designa para un cargo importante en una empresa clave del Estado. Me parece altamente significativo y positivo que se reconozca en esta Cámara que las Intendencias se manejan mal y actúan con criterio clientelístico. Pero lo que no me parece bien es que eso no sea reprobado por los partidos a los que pertenecen estos Intendentes y terminemos en la situación actual, es decir, que quien generó el problema no tenga problemas y quienes no tenían nada que ver sí tengan problemas.

Aquí hablamos de US$ 1:000.000; para pagar el aguinaldo en el departamento de Rocha solamente se necesitan US$ 450.000. Un millón de dólares para todas las Intendencias, ¿qué es? Insisto: el tema no es de volumen, no es cuantitativo, sino cualitativo, y me felicito de que se esté reconociendo lo que sucede con las Intendencias del interior, que se han convertido en una máquina de recolectar votos, aunque al final no les da resultado.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Señor Presidente: no teníamos intención de participar en el debate, pero después de una flagrante violación, de lo que ha dicho el señor Diputado Barrios, quien evidentemente quiere justificar la mala administración de un Intendente como Irineu Riet Correa -debe ser de las peores administraciones que existen-, nos vemos obligados a hacer uso de la palabra. Y como quiere justificarla, de alguna manera ha tratado de hacer un revisionismo acerca de la historia del departamento de Rocha y de lo que allí ha ocurrido. Lamento que no esté presente la señora Diputada Puñales Brun para informarle acerca de la gestión del señor Irineu Riet Correa en las administraciones anteriores de la Intendencia de Rocha.

Creo que no son buenas esas alusiones a los Partidos tradicionales que ha hecho el señor Diputado Barrios, imputándoles ser malos administradores. Parece que no se miran para adentro, como si la administración del Frente Amplio en Montevideo fuera excelentísima; la justifican solamente por un tema electoral, ignorando el déficit importante que ha dejado esa administración, además del perjuicio que ha generado a todos los que provenimos del interior, pues prácticamente hasta nos han querido impedir la circulación en Montevideo.

Si queremos discutir sobre estos temas, que el señor Diputado Barrios parece desconocer, podemos hacerlo, pero si no quiere ensuciar la cancha, le aconsejaría que se callara y se dedicara a votar un proyecto de ley que es importante. Cuando le toque administrar, que hable bien de las cosas que tiene que hacer.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: aquí se ha hablado mucho del Intendente de Rocha, pero ponemos al Intendente Arana, al Intendente de Rocha y al de Canelones, y le corro al que quiera; creo que el tema no pasa solo por ahí.

Yo quería, simplemente, decir dos cosas. En cuanto al dinero que se destina al departamento de Canelones -no sé si fue defendido o no en el Congreso de Intendentes o en dónde-, creo que es escasísimo. Si bien la producción mayoritaria no es la ganadera, cuenta con un gran número de frigoríficos. Quizá sea el departamento con más frigoríficos y con más gente que vive de esta actividad. ¡Vaya si quedó gente sin trabajar y pasando mal durante estos meses!

Por otro lado, señor Presidente, hemos visto derramar lágrimas y críticas en esta sesión sobre este tema del que sería bueno sacar algo positivo. Invitamos al resto de los colegas a que, de una vez por todas, estas cosas no se tengan que dirimir en un mero debate, para luego quedar simplemente en intenciones, porque así es un bollo: yo hablo mal de tal Intendencia, pero después en la Junta la votación es de dieciséis en treinta y uno y se terminaron los problemas.

Así como existió una conversación entre dos líderes a principios de año, creo que sería el momento, de una vez por todas -ya que advierto que hay voluntad-, de que los fallos del Tribunal de Cuentas sean vinculantes, porque hoy se aceptan las observaciones de ese órgano, pero se hace lo mismo, cambiando una palabra. De este modo se termina con aquello de "Arana, sí" o "Arana no", "el de Rocha sí" o "el de Rocha no", o "el de Canelones sí" o "el de Canelones no". Ahí va a ser el Tribunal de Cuentas el que diga que se excedió en los gastos, no invirtió, contrató empleados, no tiene plantilla. Y el dictamen será vinculante, le guste o no le guste, sea del pelo que sea.

Por último, conversábamos insistentemente con mi amigo, el señor Diputado Da Silva, sobre algo que quiero decir al señor Diputado Chifflet, por quien tenemos mucho respeto. Como dijo en su momento, hace pocos días, el Presidente del Encuentro Progresista-Frente Amplio, doctor Tabaré Vázquez, con respecto a las encuestas: "A no marearnos con los numeritos".

SEÑOR BARRIOS.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- La Mesa informa que están anotados los señores Diputados Falero, Señorale y Guido Machado. Luego de que haga uso de la palabra el señor Diputado Guido Machado, la Mesa va a proponer que el asunto se considere suficientemente discutido y se pase a votar según lo establecido en el Reglamento, ya que a su entender está absolutamente agotado.

Para contestar una alusión tiene la palabra el señor Diputado Barrios.

SEÑOR BARRIOS.- Señor Presidente: antes que nada, quiero agradecer el consejo que me dio el señor Diputado Acosta y Lara: que me callara la boca. Se lo voy a devolver con otro consejo: que escuche mejor. Tal vez yo deba callarme la boca, pero él tiene que escuchar mejor. En ningún momento hice una defensa del Intendente Municipal Irineu Riet Correa.

Dije que en el departamento de Rocha hay una situación caótica en el área financiera de la Intendencia, por diecisiete años de administraciones del Partido Nacional y del Partido Colorado. Además, yo estaba centralizando mis comentarios en el departamento de Rocha, pero fueron los señores Diputados Berois Quinteros y Abdala quienes hicieron mención a los errores que llevan adelante, en su administración, las Intendencias del interior. Yo agregué un adjetivo que ellos no pusieron: clientelismo. Y agregué otra cosa: me parece bueno que el Partido Nacional y el Partido Colorado se preocupen por que sus Intendentes dejen de hacer las cosas que han hecho hasta ahora, aunque sinceramente, me temo que es difícil que cuando llegue el período electoral les vayan a poner coto, porque todo ese mecanismo de emplear, emplear y emplear gente ha servido muy bien para recolectar votos.

En lo que tiene que ver con el Intendente Riet Correa, debo informar que somos tan opuestos a su gestión que, a los seis meses de haber iniciado su administración, nuestra fuerza política hizo una interpelación a nivel departamental, y pido disculpas por estar tratando aquí un tema de carácter departamental. Pero debo aclarar al señor Diputado Acosta y Lara y a los demás señores Diputados cuál es nuestra posición. En ese momento -no lo sabíamos todavía- nos enteramos de que en seis meses había designado a 516 funcionarios. A esta altura, debe llevar 800.

Bueno, entonces, ¡viva el Partido Nacional! ¡Viva la coalición de Gobierno! En definitiva, que ponga no solo al departamento de Rocha sino a todos los departamentos en orden para que esas cosas no sigan sucediendo.

Por eso digo que US$ 1:000.000, para las Intendencias, es chauchas y palitos. No importa.

Gracias, señor Presidente, y desde luego que vamos a votar con satisfacción este proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Diputado Falero.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: si un lector que no existe, pero supongamos que existiera, de la versión taquigráfica de las sesiones de la Cámara leyera dentro de unos días todo esto diría: "¡Qué espantosas son las Intendencias blancas!", "¡Qué espantosas son las Intendencias coloradas!", "¡Qué espantosa es la Intendencia del Frente Amplio en Montevideo!". Y llegaría a la conclusión de que la única Intendencia buena sería una eventual Intendencia del Nuevo Espacio Independiente. Por lo tanto, prometo que será la mejor Intendencia de todas, porque las demás son espantosas.

Entrando al fondo del asunto, quiero decir que las Intendencias del interior percibían, por concepto de Impuesto a las Transacciones de Semovientes, en función de las liquidaciones de los locales feria, el 3% del monto total de la venta de ganado en todo el país. Hubo una modificación, a fines de 1994 -no recuerdo exactamente la fecha-, que pretendió sustituir ese impuesto por un IMESI -Impuesto Específico Interno- al gasoil, con la protesta de muchas Intendencias. Recuerdo especialmente a la Intendencia Municipal de Flores, que era una de las que más se perjudicaba en aquel momento.

De alguna manera, esto también apunta a la famosa guerra de patentes, que por allí se está dando, porque existe este Impuesto Específico Interno, sustitutivo de aquel que se aplicaba a las transacciones de semovientes.

Por lo tanto, el artículo 1º , que hace referencia específicamente a lo sucedido en el país entre el 24 de abril y el 31 de agosto de 2001 -no es necesario que digamos qué sucedió, porque todo el mundo lo sabe-, y el artículo 2º -que establece cómo habrá de producirse el reintegro de este adelanto y en función de qué impuesto- están vinculados entre sí; están vinculados a la historia de cómo fue modificado el Impuesto a las Transacciones de Semovientes, sustituyéndolo por el IMESI al gasoil.

Por lo tanto, si analizamos la lista que tenemos acá, no tengan ninguna duda de que los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Rivera, Lavalleja, Florida, Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres son los que han tenido en el período comprendido entre el 24 de abril de 2001 y el 31 de agosto de 2001 la mayor cantidad de venta de ganado. Entonces, percibieron el 1%, en lugar del 3%, como consecuencia de la aplicación del Impuesto a las Transacciones de Semovientes y, en mérito a la epidemia de aftosa, vieron reducidos sus ingresos en la cantidad que aquí se establece, en el año 2001.

Así que, esta lista, de ninguna manera es discrecional; estos montos no son discrecionales. Surgen de la mera comparación entre el 1% que se percibió en estos departamentos por concepto de Impuesto a las Transacciones de Semovientes -vigente actualmente- en el período comprendido entre el 24 de abril y el 31 de agosto de 2000, y lo que se recaudó por concepto del mismo impuesto, en los mismos departamentos, durante el mismo período, pero del año 2001.

Entonces, esto es algo absolutamente racional, que no habría ameritado toda esta discusión si el tema hubiese sido tratado en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca -como correspondía-, y no en la Comisión de Hacienda. El señor Diputado González Álvarez me mira con atención. A veces se quieren sacar temas a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, cuando en realidad es esta la que trata ese tipo de cosas en forma más correcta.

(Interrupción del señor Representante González Álvarez)

——Se me aclara que no fue tratado en ninguna Comisión. Por esa razón es que tenemos todo este intríngulis. Si hubiese sido tratado en una Comisión, habría sido resuelto mucho más rápidamente.

Por lo tanto, esto es absolutamente racional y esta es la explicación histórica, por lo que vamos a votar el proyecto en los términos en que viene. Aquí no hay otra cosa más que eso: un adelanto de un impuesto que las Intendencias tendrían que haber percibido y que no percibieron por razones ajenas a la voluntad de los señores Intendentes, buenos, malos, blancos, amarillos, rojos, del Frente o colorados. En definitiva, se trata de reintegrarles lo que legítimamente habrían recibido si el país hubiera estado en una situación sanitaria correcta.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MACHADO (don Guido).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR FALERO.- Concedo, por su orden, las interrupciones que me solicitan los señores Diputados Berois Quinteros, González Álvarez y Guido Machado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado Berois Quinteros.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Señor Presidente: quise hacer una aclaración cuando el señor Diputado Scavarelli hizo referencia al porqué del adelanto de este impuesto. Como bien decía el señor Diputado Falero, esto fue a raíz de lo establecido en la Ley Nº 16.694. Lo que se hizo fue bajar la alícuota del impuesto creado por la Ley Nº 12.700 -es decir, se bajó del 3% al 1%- y, en compensación por esa rebaja, a través del artículo 2º se dio a las Intendencias Municipales lo correspondiente al impuesto al gasoil. La redacción nace de ahí y surge ahora en respuesta a la situación provocada por la fiebre aftosa, que perjudicó a todos los Gobiernos Departamentales.

Digo esto porque la recaudación del impuesto a los semovientes para las Intendencias del interior es diferente; señalo a mi amigo, el señor Diputado Pintado, que la recaudación que tiene la Intendencia Municipal de Montevideo por el Impuesto a las Transacciones de Semovientes es menor debido a que, por su estructura, las ferias y el movimiento de semovientes en Montevideo no son las actividades principales. En el interior sí lo son; allí radica la diferencia. En virtud de ello, se utiliza el mismo criterio y se da un adelanto que luego se descontará a los Gobiernos Departamentales de lo que les corresponda por el Impuesto Específico Interno. Esa es la relación.

SEÑOR SCAVARELLI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Señor Diputado: no puedo concedérsela porque estoy haciendo uso de una interrupción.

Cuando realicé algunas apreciaciones no me referí a ninguna Intendencia, sino que hablé en general. Cuando me referí a los aumentos salariales, mencioné la situación en la Administración Central, en los entes autónomos y también en todas las Intendencias, porque el 82% de aumento salarial las abarca a todas, inclusive la de Montevideo. En virtud de que no queremos entrar a la particularidad de cada una de las Intendencias, hicimos la apreciación en general. Quería dejar constancia de ello porque luego puede surgir de los debates que defiendo a uno o a otro. Cuando las cosas son así, si una Intendencia es de mi Partido, no me duelen prendas al decir que algo está mal y que se debe corregir alguna situación.

Si por el tema de la aftosa los pobres paisanos se han tenido que ajustar, no han podido recibir en su bolsillo lo necesario para alimentar a su familia ni recurrir a ningún banco porque ninguno les presta plata, me parece que esto es actuar en consonancia con esa situación. Esa era la referencia que quería hacer. Por lo tanto, esto responde específicamente a una situación que nos perjudicó a todos los uruguayos, pero más a aquel que vive de esto, que se tuvo que ajustar el cinturón y no tuvo a quién pedirle. También perjudicó al Tesoro de los Gobiernos Departamentales, pero estos sí tienen, por suerte, a quién ir a pedirle y quién les dé. Sé que es ínfimo, pero esa es la relación que quería plantear, que luego derivó en muchas apreciaciones desde el punto de vista de una Intendencia u otra, aunque yo no quería que eso sucediera.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- La Mesa aclara al señor Diputado Falero que le restan siete minutos.

Puede interrumpir el señor Diputado González Álvarez.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Señor Presidente: afortunadamente, el tema se está encauzando en la realidad que tenemos, que es analizar este proyecto como ha venido, con carácter de grave y urgente. No ha podido pasar por ninguna de las Comisiones respectivas de la Cámara; si lo hubiera hecho, habría llegado con otra información. Indudablemente, debemos decidirnos y votar en forma rápida.

Me alegro de la decisión del señor Presidente de la Cámara en cuanto a dar por terminadas las alocuciones luego de que se agote la lista de oradores y pasar a votar el proyecto. Todos queremos votar. La discusión sobre si hay Intendencias bien o mal administradas se puede dar en otro momento si la Cámara lo cree pertinente, aunque pienso que esa discusión debería darse en el seno de cada departamento; para ello existen órganos similares a este: las Juntas Departamentales. Estas tienen que analizar, controlar y encauzar a su Ejecutivo departamental.

Utilizando las palabras del señor Diputado Barrios, creo que esto son chauchas y palitos. A las Intendencias les tocan unas migajas. Simplemente, se trata de que tienen problemas de recaudación, de caja -como decía el señor Diputado Scavarelli- y, por ello, a cuenta de otro impuesto que está establecido que se distribuya entre las Intendencias del interior, se les da un adelanto por seis o siete meses -ya que en octubre se les empieza a descontar-, para que pasen este mal momento debido a la mala recaudación.

Deseo que no entremos a discutir en torno a Intendencias bien o mal administradas, porque no es del caso hacerlo aquí -cada uno tendrá su concepto y yo, por supuesto, tengo el mío-, y nos dediquemos a votar esto en la tarde de hoy para que pueda ser inmediatamente aplicado. No nos olvidemos de que este proyecto estuvo en el Senado desde el 8 de noviembre y recién fue votado hace dos días. Estoy viendo que en el Parlamento existe consenso para votar esto. Entonces, votémoslo. La discusión que se quiera dar, sin duda la podremos dejar para una sesión extraordinaria que fijemos para el primer martes de febrero. En esa oportunidad podremos hablar de las Administraciones Municipales, si es lo que se quiere. Creo que ello no es pertinente y que esa discusión debería instalarse primero en el seno de las respectivas Juntas Departamentales, que son las que están más cerca de los temas locales.

Por lo tanto, suscribo al procedimiento que ha indicado el señor Presidente en cuanto a pasar a votar lo antes posible. Si algún compañero se borra de la lista, mejor.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado Guido Machado.

SEÑOR MACHADO (don Guido).- Señor Presidente: me voy a borrar de la lista de oradores.

Ahora quiero decir que, obviamente, voy a votar este proyecto de ley. A solicitud del Congreso de Intendentes, el Poder Ejecutivo ha sido sensible en cuanto a adelantar esta cuota parte.

Además, quiero expresar a algunos señores Diputados que han manifestado dudas con respecto a los cálculos, que estos fueron absolutamente objetivos, que fueron realizados de una forma impecable y que no debe llevarnos a ninguna duda el hecho de que a un departamento se destine más que a otro, porque eso deriva de la diferencia exacta entre un período y otro, como muy bien explicó el señor Diputado Falero.

Hay varios departamentos que perciben mayores porcentajes porque dependen y viven de la explotación agropecuaria. Asombra lo que se destina, por ejemplo, al departamento de Canelones, pero este no tiene el nivel de pecuaria de otros departamentos como, por ejemplo, Tacuarembó. Hay que sumar otros factores y, en ese sentido, quiero llamar la atención del Cuerpo sobre lo siguiente. Aquí las cifras mayores corresponden a los departamentos de frontera unidos a Tacuarembó. Es decir que debemos tomar conciencia de lo duro que ha sido, de cómo ha afectado la crisis de la aftosa a departamentos que, además, están sumidos en una profunda crisis comercial, industrial y social por todos los problemas de vivir en la frontera con Brasil. En el caso particular del departamento de Rivera se debe sumar a esta problemática que hay más de 100.000 hectáreas dedicadas a la forestación que no aportan Contribución Inmobiliaria. Lamentablemente, esto repercute en las arcas de la Intendencia Municipal, que, como todos sabemos, debe cumplir una cantidad de funciones, como las de ayudar a la salud pública o a la educación, que no están comprendidas dentro del Presupuesto. En el interior, la puerta que se golpea es la de la Intendencia.

Por último, con respecto a la actual administración de la Intendencia Municipal de Rivera -de la cual me siento corresponsable-, no me duelen prendas al decir que allí no se hizo clientelismo político en ningún sentido: ha entrado un minúsculo grupo de técnicos para acompañar la tarea del Intendente; no se echó a nadie ni entró a la Intendencia ningún grupo en masa, en malón, y se están haciendo las cosas muy bien, como lo saben todos los que conocen el departamento de Rivera.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Así que, el palo de malas administraciones, de clientelismo político, etcétera, irá para otro lado y no para el departamento de Rivera.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Ha finalizado el tiempo de que disponía el señor Diputado Falero. La Mesa le concederá un minuto para que redondee su pensamiento.

Puede continuar el señor Diputado Falero.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: ha quedado claro el origen histórico de la relación entre el impuesto a los semovientes y el IMESI al gasoil, así como que la distribución que se hace de montos por departamento está en función de datos absolutamente objetivos, vinculados a la producción agropecuaria y a la venta en locales feria en los que, en realidad, se procede a la liquidación del impuesto. También ha quedado claro que esta medida es por concepto de adelanto, el cual va a ser reintegrado, casi compulsivamente, por descuentos que la Tesorería General de la Nación efectuará por sí y ante sí cuando se liquide el IMESI correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2002, en la parte que corresponde a los Gobiernos Departamentales. Por tanto, creo que esto no merece más análisis.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR SCAVARELLI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señor Presidente: quisiera decir algo que me parece que está claro en el fundamento de la exposición de motivos; no sé por qué le damos tantas vueltas.

En la exposición de motivos se dice que hay una partida que el Poder Ejecutivo promueve ante el Poder Legislativo como adelanto extraordinario. Luego dice que "Los Gobiernos Departamentales [...] entre otras fuentes de recursos" tienen los derivados del Impuesto a las Transacciones de Semovientes. Luego, siguiendo la lógica, se continúa diciendo que, en virtud de lo que todos sabemos sobre la aftosa que afectó al país, "los ingresos por dicho tributo se vieron disminuidos en forma considerable". Entonces, el Poder Ejecutivo plantea compensar esa pérdida -no entra en la naturaleza del impuesto, ni de dónde sale- a través del pago de un adelanto extraordinario a los Gobiernos Departamentales.

Por tanto, esto no da para más: es un tema de caja, de flujo; además, hay una devolución con un impuesto que no tiene nada que ver con el monto que se da.

Simplemente quería aclarar esta situación y adelantar mi voto a favor de esta iniciativa.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Señorale.

SEÑOR SEÑORALE.- Señor Presidente: originalmente me había anotado para referirme a lo que se acaba de aclarar: este es un problema de caja; aquí se está resolviendo el problema de recaudación de las Intendencias Municipales con un recurso que financia su Presupuesto. Por lo tanto, no sería correcto, ni correspondería, que estas partidas que se distribuyen en cada una de las Intendencias estuvieran condicionadas a un destino. En definitiva, lo que se está haciendo es financiar el Presupuesto municipal.

Quisiera hacer algunas generalizaciones porque he escuchado juicios que creo que son injustos para con los Gobiernos Departamentales. No entro a calificar si se trata de Intendencias Municipales buenas, malas o regulares; creo que corresponderá a la ciudadanía, en el momento de las elecciones, definir cómo han sido las Comunas en su gestión. Y si hoy existe un ámbito de contralor de las Intendencias, me parece que no es el Parlamento, sino las respectivas Juntas Departamentales.

Por otra parte, quiero hacer algunas puntualizaciones con respecto a los cometidos que hoy cumplen las Intendencias Municipales, que van mucho más allá de lo que la propia Constitución de la República determina. Hoy ya no son Administraciones Municipales, sino verdaderos Gobiernos de los departamentos. Diariamente vemos Intendentes preocupados no solo por prestar buenos servicios de caminería, de iluminación, etcétera, sino por el desarrollo del departamento. Como muy bien se ha expresado, las Intendencias Municipales son las primeras puertas que golpean los ciudadanos, muchas veces por problemas ajenos a los asuntos estrictamente municipales. En ese sentido, más allá de los juicios que tengamos cada uno de los Diputados del interior de la República sobre las respectivas Intendencias -ya sea que pertenezcamos al partido del Intendente o a uno de la oposición-, debemos coincidir en que las Comunas se involucran en una cantidad de aspectos que no son estrictamente municipales. Podemos citar innumerables ejemplos de Intendencias que están trabajando en temáticas como la salud, la enseñanza y el saneamiento, cuando hay organismos específicos a los que corresponden tales actividades.

Por eso me parece que es injusto que se generalice en el sentido de que las Intendencias Municipales solamente se dedican a dar empleo o a tomar gente, haciendo clientelismo político. Debemos hacer un análisis de lo que hoy son las Intendencias Municipales, que responden a una tendencia general y mundial en lo que tiene que ver con las competencias de Gobiernos locales. Cada vez se tiende más a la municipalización de la gestión, porque los Gobiernos Municipales son los que están más cerca de la gente, comprenden mucho mejor sus problemas y dan una respuesta más inmediata y acorde a las necesidades que se plantean.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Rodríguez.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Señor Presidente: sobre este tema se ha hablado mucho. Podemos coincidir o no; nosotros lo vamos a votar. Pero tengo una serie de dudas y creo que muchos también las tienen.

Según el mensaje del Poder Ejecutivo, como consecuencia de la baja recaudación del Impuesto a las Transacciones de Semovientes se hace un adelanto del Impuesto Específico Interno al gasoil -no es un adelanto sobre el impuesto a las transacciones-, y se hace una distribución. Esto es lo que entiendo y es lo poco que he podido averiguar. Reitero: se hace un adelanto del Impuesto Específico Interno al gasoil, y no sobre lo que se dejó de recaudar por las transacciones de semovientes. Y esa es la única gran discrepancia que tengo, y que debo decir como Representante por mi departamento.

¿Cómo se hace la distribución? Se hace en base a una tabla, de acuerdo con el índice de población. Lamentablemente, el Poder Ejecutivo ha adoptado para toda la distribución el censo del año 1966; entonces, nuestro departamento se ha visto perjudicado. ¿Por qué? Porque en 1966 Maldonado tenía la tercera parte de la población que tiene al día de hoy. Actualmente tenemos 150.000 habitantes en el departamento, y en 1966, menos de 60.000. Hemos recibido gente de todos los departamentos, con lo cual tendría que bajar el índice de distribución en todos los departamentos, favoreciéndose el de Maldonado. Sin embargo, hoy por hoy, en toda la distribución Maldonado ha sido totalmente perjudicado. A pesar de eso, la gente, los Diputados que hoy ocupan una banca en este Parlamento -muchos de los cuales permanentemente visitan nuestra zona balnearia-, saben del esfuerzo que se está realizando en Maldonado.

No viene el "mangueo", como dijo algún señor Diputado. Lo que viene es el pedido del Ministerio del Interior para que el Gobierno Departamental otorgue US$ 600.000 para mantener la seguridad no solo del departamento, sino también del país; viene el auxilio del Gobierno Departamental para mantener las guarderías, porque Primaria no lo puede hacer; viene el mantenimiento de la salud y una cantidad de cosas.

Entonces, creo que hay que corregir con justicia el sistema de distribución. Acá no sucede lo que dijo algún señor Diputado, en el sentido de que se tomó en cuenta lo que se recaudó en tal año o en tal período y lo que se va a recaudar ahora. No es cierto; lo que se hace es un adelanto del Impuesto Específico Interno al gasoil y se distribuye por la tabla que se ha establecido, por el índice de población. Y de esa forma se hará el descuento en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2002; esa es la realidad.

Por lo tanto, no podemos estar discutiendo si se recaudó mucho o poco. Es un adelanto de ese impuesto. En lo que sí discrepamos -y queremos dejar la constancia en este Parlamento- es en el sistema de distribución. Queremos que, de una vez por todas, el Poder Ejecutivo tome en cuenta el nuevo censo de población y no el del año 1966, que no se ajusta a la realidad.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Ha finalizado la lista de oradores.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Mociono para que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR ORTIZ.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al aprobado por el Senado)

10.- Declaración de gravedad y urgencia.

——De acuerdo con lo dispuesto por el literal C) del artículo 90 del Reglamento, se va a votar si se declara grave y urgente el asunto que figura en segundo término del orden del día.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

11.- Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974. (Aprobación).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 518

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 13 de marzo de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General

don Luis Hierro López:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a su consideración el adjunto proyecto de ley acorde a lo dispuesto por el numeral 7º del artículo 168 de la Constitución de la República, el cual refiere a la aprobación del Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 (SOLAS).

La Organización Marítima Internacional (OMI), organismo dependiente de la Organización de Naciones Unidad (ONU) en materia de asuntos marítimos, promueve e impulsa la adopción de convenios y protocolos, como así también códigos y recomendaciones referentes a la seguridad marítima, la prevención de la contaminación del mar y cuestiones anexas.

El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), es uno de los más antiguos en su género y el más importante; sus antecedentes datan del año 1914 en que fuera elaborado como consecuencia del hundimiento del Titanic en 1912. A la fecha han habido cuatro versiones del mismo, la última data de 1974 y entró en vigor en el ámbito internacional en 1980. Dicho Convenio Internacional incluye una gran variedad de medidas destinadas a acrecentar la seguridad en la navegación.

Nuestro país, por el Decreto-Ley Nº 14.879, de 23 de abril de 1979, aprobó el Convenio Internacional para la Vida Humana en el Mar, 1974 (SOLAS 74) y su Protocolo de 1978 (SOLAS 74/78). Con el devenir de los años, se han efectuado al mismo numerosas enmiendas acordes a nuevas problemáticas surgidas y a efectos de la adecuación a los avances tecnológicos en la materia.

A la fecha es necesario incorporar al mencionado Convenio disposiciones relativas a reconocimientos y certificaciones, para poder contribuir a alcanzar los objetivos del SOLAS 74/78 y armonizarlo con otros instrumentos internacionales también vigentes e incorporados a la normativa nacional, como son el "Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques 1973, y sus Enmiendas por Protocolo 1978" (MARPOL 73/78, Ley Nacional Nº 14.885, de 25 de abril de 1979) y el "Convenio Internacional sobre Líneas de Carga, 1966" (LL66, Ley Nacional Nº 14.556, de 16 de agosto de 1976).

Por los motivos expuestos, se encarece a dicho Cuerpo la aprobación del proyecto de ley que se acompaña.

Saluda a usted con la mayor consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, LUIS BREZZO, DIDIER OPERTTI.

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Apruébase el Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 (SOLAS).

Montevideo, 13 de marzo de 2001.

LUIS BREZZO, DIDIER OPERTTI".

Anexo I al

Rep. Nº 518

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Asuntos Internacionales

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha estudiado el Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 (SOLAS).

La Organización Marítima Internacional (OMI), organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de asuntos marítimos, promueve e impulsa la adopción de convenios y protocolos, como así también códigos y recomendaciones referentes a la seguridad marítima, la prevención de la contaminación del mar y cuestiones anexas.

El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), es uno de los más antiguos en su género y el más importante. Sus antecedentes datan del año 1914 en que fuera elaborado como consecuencia del hundimiento del Titanic en 1912. A la fecha han habido cuatro versiones del mismo, la última data de 1974 y entró en vigor en el ámbito internacional en 1980. Dicho Convenio incluye una gran variedad de medidas destinadas a acrecentar la seguridad en la navegación.

Nuestro país, por el Decreto-Ley Nº 14.879, de 23 de abril de 1979, aprobó el Convenio Internacional para la Vida Humana en el Mar, 1974 (SOLAS 74) y su Protocolo de 1978 (SOLAS 74/78). Con el devenir de los años, se han efectuado al mismo numerosas enmiendas acordes a nuevas problemáticas surgidas y a efectos de la adecuación a los avances tecnológicos en la materia.

A la fecha es necesario incorporar al mencionado Convenio disposiciones relativas a reconocimientos y certificaciones, para poder contribuir a alcanzar los objetivos del SOLAS 74/78 y armonizarlo con otros instrumentos internacionales también vigentes e incorporados a la normativa nacional, como son el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques 1973, y sus Enmiendas por Protocolo 1978 (MARPOL 73/78, Decreto-Ley Nº 14.885, de 25 de abril de 1979), y el Convenio Internacional sobre Líneas de Carga, 1966 (Decreto-Ley Nº 14.556, de 16 de agosto de 1976).

Por las razones anteriormente expuestas, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la sanción del adjunto proyecto de ley por medio del cual se aprueba el Protocolo de 1988, relativo al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar.

Sala de la Comisión, 17 de octubre de 2001.

JULIO C. SILVEIRA, Miembro informante, RUBEN H. DÍAZ, ARTURO HEBER FÜLLGRAFF, FÉLIX LAVIÑA, MARÍA ELOÍSA MOREIRA, EDUARDO MUGURUZA, CARLOS PITA".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR ORTIZ.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado, que corresponde al remitido por el Poder Ejecutivo)

12.- Declaración de gravedad y urgencia.

——De acuerdo con lo dispuesto por el literal C) del artículo 90 del Reglamento, se va a votar si se declara grave y urgente el asunto que figura en tercer término del orden del día.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

13.- Convenio para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con la República de Panamá. (Aprobación).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Convenio para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con la República de Panamá. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 393

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 30 de mayo de 2000.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje de fecha 2 de setiembre de 1998 que se adjunta, por el cual se solicita la aprobación parlamentaria del Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República de Panamá para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, suscrito en Panamá el 18 de febrero de 1998.

Al continuar en vigencia para los intereses y el prestigio internacional de la República los fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación del mismo.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, DIDIER OPERTTI, ALBERTO BENSIÓN.

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Apruébase el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República de Panamá para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, suscrito en Panamá el 18 de febrero de 1998.

Montevideo, 30 de mayo de 2000.

DIDIER OPERTTI, ALBERTO BENSIÓN.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 2 de setiembre de 1998.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 numeral 20 y el artículo 85 numeral 7, de la Constitución Nacional, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República de Panamá para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, suscrito en la ciudad de Panamá, el 18 de febrero de 1998.

El Convenio propende, mediante un adecuado marco jurídico, a la creación de condiciones favorables para la radicación de inversiones de capital extranjero, ofreciendo garantías no solo para los inversionistas panameños en la República, sino también para las empresas públicas y/o privadas de la República que pudieran radicar inversiones en territorio panameño.

Luego de definir en su artículo 1 los términos "inversionista" e " inversión"; y de delimitar su ámbito de aplicación en el artículo 2; entre los aspectos más destacables del Convenio, puede señalarse que se establecen los principios generales de promoción, admisión y protección de las inversiones en ambas Partes (artículo 3), garantizándose un tratamiento justo y equitativo, gozando las mismas de protección y seguridad en sus respectivos territorios (artículo 4).

La protección de las inversiones de una Parte Contratante en el territorio de la otra, se refuerza también mediante una normativa que regula el régimen de la expropiación y compensación, estableciéndose en su artículo 6 que "Las inversiones realizadas por inversionistas de una Parte Contratante no serán nacionalizadas, expropiadas o sujetas a medidas de efecto equivalente a nacionalización o expropiación en el territorio de la otra Parte Contratante, salvo en caso de utilidad pública o interés social". En este caso, la medida de expropiación se llevará a cabo bajo el debido proceso legal, en forma no discriminatoria e irá acompañada por disposiciones para el pago de una inmediata, adecuada y efectiva compensación.

Por su parte el artículo 7 establece el régimen de la compensación por pérdidas, indicando que si los inversionistas de una Parte Contratante sufrieren pérdidas debido a una guerra o cualquier conflicto armado, a un estado de emergencia o urgencia nacional, disturbios civiles u otros acontecimientos similares en el territorio de la otra Parte Contratante; deberán recibir de esta última, en lo que respecta a reparación, indemnización, compensación u otro arreglo, un tratamiento no menos favorable que el que concede esta Parte Contratante a los inversionistas nacionales o de cualquier tercer Estado.

Las Partes asimismo, se garantizan recíprocamente la libre transferencia de los fondos relacionados con las inversiones en moneda de libre convertibilidad, en particular, aunque no exclusivamente, de: intereses, dividendos, rentas, utilidades y otros rendimientos, amortizaciones de préstamos del exterior relacionadas con una inversión; etc. (artículo 5). Las mismas se realizarán conforme al tipo de cambio vigente en el mercado a la fecha de la transferencia.

El artículo 9 regula las controversias que eventualmente puedan surgir entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante. A tales efectos dispone que las mismas se resolverán, en lo posible, por negociaciones entre ellas. De no solucionarse en el término de seis meses de expedida la notificación de reclamo será sometida, a solicitud del inversionista, a la jurisdicción nacional de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión o bien a arbitraje, en los términos previstos en el párrafo 3 de este artículo. En caso de recurrir al arbitraje, éste se efectuará en el Centro Internacional para Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), de conformidad con las disposiciones del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, suscrito en Washington el 18 de marzo de 1965, cuando ambos Estados sean Parte del mismo. "Hasta tanto esta disposición no sea aplicable, la controversia podrá ser sometida a arbitraje bajo las normas del Mecanismo Complementario del CIADI para la Administración de Conciliación, Arbitraje y Procedimientos de Decisión; o un Tribunal de Arbitraje establecido para cada caso, de acuerdo con las Normas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)".

Finalmente, el artículo 10 regula el procedimiento a seguir a los efectos de solucionar las controversias que puedan surgir entre las Partes Contratantes respecto de la interpretación o el cumplimiento del Convenio. Asimismo las Partes se consultarán sobre cualquier materia relacionada con la aplicación o interpretación del presente Convenio de conformidad con lo establecido en el artículo 11.

Considerando la importancia otorgada por el Uruguay al fomento de las inversiones, el presente Convenio con la República de Panamá constituye una garantía, tanto para las inversiones provenientes de ese país, como para los inversionistas uruguayos -públicos o privados- que pudieran desarrollar emprendimientos en territorio panameño, lo que redundará en benéficas consecuencias para la economía nacional. Esto demuestra la conveniencia de su entrada en vigor, para lo cual se solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JULIO MARÍA SANGUINETTI, DIDIER OPERTTI, LUIS A. MOSCA.

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Apruébase el Convenio entre la República y la República de Panamá, para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, suscrito en la ciudad de Panamá, el 18 de febrero de 1998.

Montevideo, 2 de setiembre de 1998.

DIDIER OPERTTI, LUIS A. MOSCA.

TEXTO DEL CONVENIO

El Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, en adelante "las Partes Contratantes";

Deseando intensificar la cooperación económica en beneficio mutuo de ambos Estados;

Con la intención de crear y de mantener condiciones favorables a las inversiones de inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra, que impliquen transferencias de capitales;

Reconociendo la necesidad de promover y de proteger las inversiones extranjeras con miras a favorecer la prosperidad económica de ambos Estados,

Han convenido lo siguiente:

ARTÍCULO I

DEFINICIONES

Para los efectos del presente Convenio:

1. El término "inversionista" designa a los siguientes sujetos que hayan efectuado inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante conforme al presente Convenio:

a) Las personas naturales que, de acuerdo con la legislación de esa Parte Contratante, son consideradas nacionales de la misma:

Sin embargo, este Convenio no se aplicará a inversiones realizadas por personas naturales que sean nacionales de ambas Partes Contratantes.

b) Las personas jurídicas, incluyendo sociedades, corporaciones, asociaciones comerciales o cualquier otra entidad constituida o debidamente organizada de otra manera según la legislación de esa Parte Contratante.

2. El término "inversión" se refiere a toda clase de bienes o derechos relacionados con ella, siempre que se haya efectuado de conformidad con las leyes y reglamentos de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó y comprenderá, en particular, aunque no exclusivamente:

a) derechos de propiedad sobre bienes muebles e inmuebles, así como todos los demás derechos reales, tales como servidumbres, hipotecas, usufructos, prendas;

b) acciones, cuotas sociales y cualquier otro tipo de participación económica en sociedades.

c) derechos de crédito o cualquier otra prestación que tenga valor económico;

d) derechos de propiedad intelectual, incluidos derechos de autor y derechos de propiedad industrial, tales como patentes, procesos técnicos, marcas de fábrica o marcas comerciales, nombres comerciales, diseños industriales, "know-how", razón social y derecho de llave;

e) concesiones otorgadas por la ley, por un acto administrativo o en virtud de un contrato, incluidas concesiones para explorar, cultivar, extraer o explotar recursos naturales.

Cualquier modificación en la forma en la que los bienes sean invertidos o reinvertidos no afectará su carácter de inversión de acuerdo con este Convenio.

3. El término "territorio" comprende, además del espacio terrestre, marítimo y aéreo bajo la soberanía de cada Parte Contratante, las zonas marinas y submarinas, en las cuales éstas ejercen derechos soberanos y jurisdicción, conforme a sus respectivas legislaciones y al derecho internacional.

Artículo 2

ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. El presente Convenio se aplicará a las inversiones efectuadas, antes o después de su entrada en vigor, por inversionistas de una Parte Contratante, conforme a las disposiciones legales de la otra Parte Contratante, en el territorio de esta última. Sin embargo, no se aplicará a divergencias o controversias que hubieran surgido con anterioridad a su vigencia o estén directamente relacionadas con acontecimientos producidos antes de su entrada en vigor.

Artículo 3

PROMOCIÓN, ADMISIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES

1. Cada Parte Contratante, con sujeción a su política general en el campo de las inversiones extranjeras, incentivará en su territorio las inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante y las admitirá en conformidad con su legislación y reglamentación.

2. Cada Parte Contratante protegerá dentro de su territorio las inversiones efectuadas de conformidad con sus leyes y reglamentaciones por los inversionistas de la otra Parte Contratante y no obstaculizarán la administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, venta y liquidación de dichas inversiones mediante medidas injustificadas o discriminatorias.

Artículo 4

TRATAMIENTO DE LAS INVERSIONES

1. Cada Parte Contratante garantizará un tratamiento justo y equitativo dentro de su territorio a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante y asegurará que el ejercicio de los derechos aquí reconocidos no será obstaculizado en la práctica.

2. Cada Parte Contratante otorgará a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante, efectuadas en su territorio, un trato no menos favorable que aquel otorgado a las inversiones de sus propios inversionistas, o a inversionistas de un tercer país, si este último tratamiento fuere más favorable.

3. En caso de que una Parte Contratante otorgare ventajas especiales a los inversionistas de cualquier tercer Estado en virtud de un convenio relativo a la creación de un área de libre comercio, una unión aduanera, un mercado común, una unión económica o cualquier otra forma de organización económica regional o en virtud de un acuerdo relacionado en su totalidad o principalmente con materias tributarias, dicha Parte no estará obligada a conceder las referidas ventajas a los inversionistas de la otra Parte Contratante.

Artículo 5

LIBRE TRANSFERENCIA

1. Cada Parte Contratante autorizará, sin demora, a los inversionistas de la otra Parte Contratante para que realicen las transferencias de los fondos relacionados con las inversiones en moneda de libre convertibilidad, en particular, aunque no exclusivamente:

a) intereses, dividendos, rentas, utilidades y otros rendimientos;

b) amortizaciones de préstamos del exterior relacionadas con una inversión;

c) el capital o el producto de la venta o liquidación total o parcial de una inversión;

d) los fondos producto del arreglo de una controversia y las compensaciones de conformidad con el artículo 6.

2. Las transferencias se realizarán conforme al tipo de cambio vigente en el mercado a la fecha de la transferencia.

Artículo 6

EXPROPIACIÓN Y COMPENSACIÓN

1. Las inversiones realizadas por inversionistas de una Parte Contratante no serán nacionalizadas, expropiadas o sujetas a medidas de efecto equivalente a nacionalización o expropiación (en adelante referidas como "expropiación") en el territorio de la otra Parte Contratante, salvo en caso de utilidad pública o interés social. La medida de expropiación, se llevará a cabo bajo el debido proceso legal, en forma no discriminatoria e irá acompañada por disposiciones para el pago de una inmediata, adecuada y efectiva compensación. Dicha compensación comprenderá el valor de la inversión expropiada inmediatamente antes que la medida adoptada se haya hecho de conocimiento público; incluirá intereses desde la fecha de la expropiación hasta la fecha de pago; se hará sin demora; será efectivamente realizable y libremente transferible en moneda libremente convertible.

2. De la legalidad de la nacionalización, expropiación o de cualquiera otra medida que tenga un efecto equivalente y del monto de la compensación se podrá reclamar en procedimiento judicial ordinario.

Artículo 7

COMPENSACIÓN POR PÉRDIDAS

Los inversionistas de cada Parte Contratante cuyas inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante sufrieren pérdidas debido a una guerra o cualquier otro conflicto armado; a un estado de emergencia o urgencia nacional; disturbios civiles u otros acontecimientos similares en el territorio de la otra Parte Contratante, deberán recibir de esta última, en lo que respecta a reparación, indemnización, compensación u otro arreglo, un tratamiento no menos favorable que el que concede esta Parte Contratante a los inversionistas nacionales o de cualquier tercer Estado.

Artículo 8

SUBROGACIÓN

1. Cuando una Parte Contratante o un organismo autorizado por ésta hubiere otorgado un contrato de seguro o alguna otra garantía financiera contra riesgos no comerciales, con respecto a alguna inversión de uno de sus inversionistas en el territorio de la otra Parte Contratante, esta última deberá reconocer los derechos de la primera Parte Contratante de subrogarse en los derechos del inversionista, cuando hubiere efectuado un pago en virtud de dicho contrato o garantía.

2. Cuando una Parte Contratante haya pagado a su inversionista y en tal virtud haya asumido sus derechos y prestaciones, dicho inversionista no podrá reclamar tales derechos y prestaciones a la otra Parte Contratante, salvo autorización expresa de la primera Parte Contratante.

Artículo 9

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE Y UN INVERSIONISTA DE LA OTRA PARTE CONTRATANTE

1. Las controversias que surjan entre una Parte Contratante y un inversionista de la otra Parte Contratante se resolverán, en lo posible, por negociaciones entre las partes en la controversia.

2. Si la controversia no pudiere ser resuelta en el término de seis meses de expedida la notificación de reclamo, será sometida, a solicitud del inversionista, a:

- la jurisdicción nacional de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, o

- al arbitraje en los términos previstos en el párrafo 3 de este Artículo.

Una vez que el inversionista ha sometido la controversia a la antes mencionada jurisdicción nacional o al arbitraje internacional, la elección de uno u otro de estos procedimientos será final, salvo que las partes en la controversia lo acuerden de otro modo.

3. En caso de arbitraje internacional, la controversia será sometida, a elección del inversionista, a:

- el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) creado por el Convenio sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, cuando ambos Estados sean Parte del mismo. Hasta tanto esta disposición no sea aplicable, la controversia podrá ser sometida a arbitraje bajo las normas del Mecanismo Complementario del CIADI para la Administración de Conciliación, Arbitraje y Procedimientos de Decisión, o

- un Tribunal de Arbitraje establecido para cada caso, de acuerdo con las Normas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

4. Cada Parte Contratante consiente por el presente Convenio el sometimiento de cualquier controversia sobre inversiones, para su solución, al arbitraje obligatorio con la opción establecida según el párrafo 3 de este Artículo.

5. El Tribunal de Arbitraje decidirá de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, la legislación de la Parte Contratante involucrada en la controversia, incluyendo sus normas referentes a conflictos de leyes, los términos de cualquier acuerdo específico concluido en relación a dicha inversión y los principios del derecho internacional.

6. Las decisiones arbitrales serán finales y obligatorias para las partes en la controversia. Cada Parte Contratante las ejecutará de acuerdo con su legislación.

7. Las Partes Contratantes se abstendrán de tratar, por medio de canales diplomáticos, asuntos relacionados con controversias sometidas a proceso judicial o arbitraje internacional, de conformidad a lo dispuesto en este artículo, hasta que los procesos correspondientes estén concluidos, salvo en el caso que la otra parte en la controversia no haya dado cumplimiento a la sentencia judicial o a la decisión del Tribunal de Arbitraje en los términos establecidos en la respectiva sentencia de decisión.

Artículo 10

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES

1. Las diferencias que surgieren entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación y aplicación del presente Convenio, deberán ser resueltas, en la medida de lo posible, por medio de negociaciones amistosas.

2. Si no se llegare a un entendimiento en el plazo de seis meses a contar de la fecha de la notificación de la controversia, cualquiera de las Partes Contratantes podrá someterla a un Tribunal Arbitral ad-hoc, en conformidad con las disposiciones de este Artículo.

3. El Tribunal Arbitral estará compuesto de tres miembros y será constituido de la siguiente forma: dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de notificación de la solicitud de arbitraje, cada Parte Contratante designará un árbitro. Esos dos árbitros, dentro del plazo de treinta días contados desde la designación del último de ellos, elegirán a un tercer miembro que deberá ser nacional de un tercer Estado, quien presidirá el Tribunal. La designación del Presidente deberá ser aprobada por las Partes Contratantes en el plazo de treinta días, contados desde la fecha de su nominación.

4. Si, dentro de los plazos establecidos en el párrafo 2 de este Artículo, no se ha efectuado la designación, o no se ha otorgado la aprobación requerida, cualquiera de las Partes Contratantes podrá solicitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que haga la designación. Si el Presidente de la Corte Internacional de Justicia estuviere impedido de desempeñar dicha función o si fuere nacional de alguna de las Partes Contratantes, el Vicepresidente deberá realizar la designación y si este último se encontrare impedido de hacerlo o fuere nacional de alguna de las Partes Contratantes, el Juez de la Corte que lo siguiere en antigüedad y que no fuere nacional de ninguna de las Partes Contratantes, deberá realizar la designación.

5. El Presidente del Tribunal deberá ser nacional de un tercer Estado con el cual ambas Partes Contratantes mantengan relaciones diplomáticas.

6. El Tribunal Arbitral decidirá sobre la base de las disposiciones de este Convenio, de los principios del Derecho Internacional en la materia y de los principios generales de Derecho reconocidos por las Partes Contratantes. El Tribunal decidirá por mayoría de votos y determinará sus propias reglas procesales.

7. Cada una de las Partes Contratantes sufragará los gastos del árbitro respectivo, así como los relativos a su representación en el proceso arbitral. Los gastos del Presidente y las demás costas del proceso serán solventados en partes iguales por las Partes Contratantes, salvo que éstas acuerden otra modalidad.

8. Las decisiones del Tribunal serán definitivas y obligatorias para ambas Partes Contratantes.

Artículo 11

CONSULTAS

Las Partes Contratantes se consultarán sobre cualquier materia relacionada con la aplicación o interpretación de este Convenio.

Artículo 12

DISPOSICIONES FINALES

1. Las Partes Contratantes se notificarán entre sí cuando las exigencias constitucionales para la entrada en vigencia del presente Convenio se hayan cumplido. El Convenio entrará en vigencia treinta días después de la fecha de la última notificación.

2. Este Convenio permanecerá en vigor por un período de quince años y se prolongará después por un tiempo indefinido.

Transcurridos diez años, el Convenio podrá ser denunciado en cualquier momento por cada Parte Contratante, con un preaviso de doce meses, comunicado por la vía diplomática.

3. Con respecto a las inversiones efectuadas con anterioridad a la fecha en que se hiciere efectivo el aviso de terminación de este Convenio, sus disposiciones permanecerán en vigor por un período adicional de diez años, contados a partir de la fecha de denuncia.

Hecho en la ciudad de Panamá, a los dieciocho días del mes de febrero de 1998, en duplicado, en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Apruébase el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República de Panamá para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, suscrito en Panamá el 18 de febrero de 1998.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 17 de octubre de 2000.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI
Secretario".

Anexo I al
Rep. Nº 393

 

"CÁMARA DE REPRESENTANTES
Comisión de Asuntos Internacionales

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha estudiado el proyecto de ley por medio del cual se aprueba el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República de Panamá para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones.

Se trata de un acuerdo que proporciona un marco jurídico a la creación de condiciones favorables para la radicación de inversiones de capital extranjero, ofreciendo garantías tanto a los inversionistas panameños en la República, cuanto a las empresas públicas y privadas de la República que puedan radicar inversiones en territorio panameño.

El Artículo I del Convenio contiene definiciones de términos tales como el de inversionista (se excluye a las inversiones realizadas por personas naturales nacionales de ambos Estados). Define el término inversión, refiriéndolo a toda clase de bienes o derechos relacionados con ella, siempre que haya sido efectuada conforme a las leyes y reglamentos de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó, comprendiendo entre otros, derechos de propiedad sobre bienes muebles e inmuebles, derechos reales, acciones, cuotas sociales, derechos de crédito, etc.

También define el término territorio, comprendiendo además del espacio terrestre, marítimo y aéreo bajo la soberanía de cada Parte Contratante, zonas marinas y submarinas, en las que éstas ejercen derechos soberanos y jurisdicción.

El Artículo 2 delimita el ámbito de aplicación del Convenio en el tiempo, aplicándose a las inversiones efectuadas antes o después de su entrada en vigor, exceptuándose a las divergencias o controversias surgidas con anterioridad a la vigencia.

Por el Artículo 3 cada Parte se compromete a incentivar en su territorio las inversiones de inversionistas de la otra, protegiendo a las mismas de medidas discriminatorias. En idéntico sentido se garantizará un tratamiento justo y equitativo, y se asegurará que el ejercicio de los derechos reconocidos en el acuerdo no serán obstaculizados en la práctica. Se establece un régimen de compensación por pérdidas, para el caso de guerra o conflicto armado, estado de emergencia o similares en el territorio de la otra Parte Contratante, en cuyo caso recibirá de la misma, con relación a la reparación, indemnización, compensación u otro arreglo, el mismo trato que los inversionistas nacionales o de cualquier tercer Estado.

La protección de las inversiones de una Parte Contratante, en el territorio de la otra, se refuerza también mediante una normativa que regula el régimen de la expropiación y compensación. Según el Artículo 6, las inversiones realizadas por inversionistas de una Parte no serán nacionalizadas, expropiadas, salvo en el caso de utilidad pública o interés social, en cuyo caso la expropiación se llevará a cabo bajo el debido proceso legal.

En cuanto a la transferencia de los fondos relacionados con las inversiones, se garantiza que se realizará en forma libre y en moneda de libre convertibilidad, en particular, aunque no exclusivamente de intereses dividendos rentas, utilidades y otros rendimientos, la transferencia se hará conforme al tipo de cambio vigente en el mercado, a la fecha de la transferencia.

En el caso de existir controversias entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte, el Artículo 9 dispone que las mismas se resolverán por negociaciones entre ellas, y para el caso de que no se solucionen, en el término de seis meses de expedida la notificación de reclamo, será sometida, a instancia de Parte, a la jurisdicción nacional de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, o bien se puede recurrir a un arbitraje, el cual deberá efectuarse en el Centro Internacional de diferencias Relativas a las Inversiones.

Respecto de las controversias que puedan surgir entre las Partes Contratantes, respecto de la interpretación o el cumplimiento del Convenio, el Artículo 10 regula el procedimiento a seguir, señalando que en la medida de lo posible las mismas deberán resolverse por medio de negociaciones amistosas, y si en un plazo de seis meses no se llegase a un entendimiento, cualquiera de las Partes podrá someterla a un Tribunal Arbitral ad hoc. Respecto de su funcionamiento e integración, se dan las pautas en los numerales siguientes del mencionado artículo.

Por su Parte el Artículo 12 establece que la vigencia del Convenio tendrá inicio una vez transcurridos treinta días de la última notificación de ratificación del Convenio, el mismo estará vigente durante quince años, en principio, y luego se prolongará por tiempo indefinido. Transcurridos diez años, el mismo podrá ser denunciado en cualquier momento con un preaviso de doce meses, permaneciendo en vigor sus disposiciones respecto de las inversiones efectuadas con anterioridad a la fecha en que se cursara el aviso de terminación del Convenio.

El Poder Ejecutivo señala la importancia otorgada por Uruguay al fomento de las inversiones, señalando que este Convenio constituye una garantía, tanto para las inversiones provenientes de Panamá, como para las que pudieran desarrollar inversionistas uruguayos en emprendimientos en el territorio panameño, lo cual redundará en beneficios para la economía nacional. Coincidimos en señalar la conveniencia de aprobar el presente Convenio por entender que dichas razones son compartibles.

Por lo tanto, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 1º de agosto de 2001.

ARTURO HEBER FÜLLGRAFF, Miembro informante, RAMÓN FONTICIELLA, ENRIQUE PINTADO, CARLOS PITA, JULIO LUIS SANGUINETTI, JULIO C. SILVEIRA".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y nueve en sesenta: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR FONTICIELLA.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta en sesenta y dos: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

14.- Declaración de gravedad y urgencia.

——De acuerdo con lo dispuesto por el literal C) del artículo 90 del Reglamento, se va a votar si se declara grave y urgente el asunto que figura en cuarto término del orden del día.

(Se vota)

——Sesenta en sesenta y uno: AFIRMATIVA.

15.- Daniel Fernández Crespo. (Designación a la Escuela Nº 83 de la ciudad capital del departamento de San José).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Daniel Fernández Crespo. (Designación a la Escuela Nº 83 de la ciudad capital del departamento de San José)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 427

"PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Desígnase "Daniel Fernández Crespo" a la Escuela Nº 83 de la ciudad de San José de Mayo, departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Montevideo, 8 de noviembre de 2000.

JORGE CHÁPPER, Representante por San José.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Daniel Fernández Crespo nació en la ciudad de San José, el 28 de abril de 1901. Se graduó como maestro en el año 1920. Realizó además estudios universitarios y de perfeccionamiento en la Universidad de la República, sin optar a ningún título.

Ejerció el magisterio (1921-1932) siendo maestro y Director de una escuela de 2º Grado de la capital. Ejerció el profesorado en un instituto de su propiedad, impartiendo docencia en distintas materias de los programas universitarios y magisteriales y en la enseñanza comercial y de Bancos.

Fue el primer delegado estudiantil a la Federación Magisterial Uruguaya, entidad que agrupaba al magisterio del país y que propiciara importantes conquistas para la escuela y el maestro. Fue delegado de los estudiantes magisteriales ante el Comité Central Estudiantil, constituido en 1917 a favor de las reivindicaciones de los estudiantes.

En distintas oportunidades integró tribunales de concurso para la obtención de puestos de maestro. En 1938 fue miembro del Consejo Honorario de la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones.

Desde muy joven tuvo activa militancia política dentro de las filas del Partido Nacional, siendo integrante del mismo fue electo Diputado departamental ante la Asamblea Representativa de Montevideo (1928); Diputado por el departamento de Montevideo, en una lista por él encabezada en 1931. En el año 1933 fue Constituyente. El resultado de las Elecciones Nacionales realizadas en los años 1934, 1938, 1942 y 1946 determinaron su reelección como Diputado, y en las elecciones del año 1950 resultó reelecto por sexta vez, siempre encabezando la lista que obtuvo mayor número de Diputados. En la mencionada elección fue electo al mismo tiempo Senador Nacional, cargo que ocupó en dicha oportunidad. En las Elecciones de 1954 encabezó la lista del "Movimiento Popular Nacionalista" al Consejo Nacional de Gobierno, ingresando en representación de la minoría. En 1958, integrando la "Unión Blanca Democrática", fue elegido Presidente del Consejo Departamental de Montevideo, cargo al que renunció en agosto de 1962, para dedicarse a la campaña electoral que lo llevaría al Consejo Nacional de Gobierno, como primer titular de la lista más votada. En ese carácter ejerció la Presidencia del mencionado Consejo, desde marzo de 1963 a marzo de 1964.

En 1949, el Gobierno de la época, le ofreció un puesto en la Delegación del Uruguay a las Naciones Unidas, al que renunció por razones de orden político.

En lo que refiere a su actuación parlamentaria es digno señalar su destacada intervención en cuanto a la sanción de las siguientes leyes: Accidentes de Trabajo, Enfermedades Profesionales, Seguro de Paro, Bolsa de Trabajo en la Industria de la Lana, Jornadas Especiales de Trabajo en las Industrias Insalubres, Jubilación de la Mujer con veinticinco años de servicio, creación de la Caja de Profesionales Universitarios y Beneficios especiales de Retiro para los Afiliados a la Caja de Industria y Comercio.

Asimismo, propició el mejoramiento de las jubilaciones bancarias y fue promotor de la jubilaciones rurales, asignaciones familiares para el trabajador rural, y otros.

Como Consejero Nacional tuvo especial preocupación por los problemas jubilatorios, laborales, de abaratamiento de la vida, los vinculados a la producción rural, a las obras públicas. Asimismo, demostró su interés por lograr un presupuesto racional y armónico; y por procurar la desgravación progresiva de los impuestos al consumo y a las producciones básicas.

Dictó conferencias, además de las de carácter político, sobre temas de legislación social y laboral, en el Ateneo, auspiciadas por distintos gremios de trabajadores intelectuales y manuales.

Fue Secretario Honorario y Vicepresidente de la Junta Dirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y presidió en distintas oportunidades, delegaciones de este deporte en el exterior del país.

Falleció el 28 de julio de 1964.

Por lo anteriormente expuesto y entendiendo que la personalidad de Daniel Fernández Crespo merece ser homenajeada en su departamento natal, es que solicito al Cuerpo que apruebe el presente proyecto de ley.

Montevideo, 8 de noviembre de 2000.

JORGE CHÁPPER, Representante por San José".

Anexo I al

Rep. Nº 427

"Comisión de Educación y Cultura

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura aconseja a este Cuerpo designar "Daniel Fernández Crespo" la Escuela Nº 83 de la ciudad de San José de Mayo, departamento de San José.

Al nominar la Escuela Nº 83 de la ciudad de San José de Mayo, departamento de San José, "Daniel Fernández Crespo" se pretende reconocer y homenajear a tan ilustre y destacada persona que a lo largo de su vasta trayectoria política ha dejado allanado el camino en distintos temas en los que le ha tocado intervenir en cuanto a su sanción legislativa, como lo son entre otros, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, seguros de paro, bolsa de trabajo en la industria de la lana, jornadas especiales de trabajo en las industrias insalubres, jubilación de la mujer con veinticinco años de servicio, creación de la Caja de Profesionales Universitarios y beneficios especiales de retiro para los afiliados a la Caja de Industria y Comercio.

Pero quizás se debe remarcar en el ámbito educacional su aporte constante al logro de tal alto valor personal que hoy día se hace tan imprescindible en nuestras vidas, pues cabe reseñar que se graduó como maestro en el año 1920, cursó estudios universitarios y de perfeccionamiento en la Universidad de la República, ejerció el Magisterio (1921-1932) siendo maestro y Director de una escuela de 2º Grado de la capital.

Ejerció el profesorado en un instituto de su propiedad, impartiendo docencia en distintas materias de los programas universitarios y magisteriales y en la enseñanza comercial y de Bancos.

Fue el primer delegado estudiantil a la Federación Magisterial Uruguaya, entidad que agrupaba al Magisterio del país y que propiciara importantes conquistas para la escuela y el maestro. Fue delegado de los estudiantes magisteriales ante el Comité Central Estudiantil, constituido en 1917 a favor de las reivindicaciones de los estudiantes. En distintas oportunidades integró tribunales de concurso para la obtención de puestos de maestro. En 1938 fue miembro del Consejo Honorario de la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones.

Como corolario de lo antedicho, máxime la designación en su ciudad natal San José de Mayo, nos conduce a invocar su nombre con la opinión favorable de la Administración Nacional de Educación Pública.

Por las razones expuestas esa asesora aconseja la aprobación de designar "Daniel Fernández Crespo" a la Escuela Nº 83 de la ciudad de San José de Mayo, departamento de San José.

Sala de la Comisión, 11 de julio de 2001.

HENRY LÓPEZ, Miembro informante, NAHUM BERGSTEIN, HUGO CUADRADO, MARIELA DEMARCO, GABRIELA GARRIDO, GLENDA RONDÁN.

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Desígnase "Daniel Fernández Crespo" la Escuela Nº 83 de la ciudad de San José de Mayo, departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de la Comisión, 11 de julio de 2001.

HENRY LÓPEZ, Miembro informante, NAHUM BERGSTEIN, HUGO CUADRADO, MARIELA DEMARCO, GABRIELA GARRIDO, GLENDA RONDÁN".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑOR CHÁPPER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CHÁPPER.- Señor Presidente: en el día de hoy queremos rendir un homenaje a quien, a través de su trabajo en la vida política y social del país, hizo tanto por nuestro departamento; como no podía ser de otra manera, pues era un buen hijo de él.

Me refiero al señor Daniel Fernández Crespo, que nació en la ciudad de San José el 28 de abril de 1901. Se graduó de maestro en el año 1920 y realizó, además, estudios universitarios y de perfeccionamiento en la Universidad de la República, sin optar a ningún título.

Ejerció el magisterio entre 1921 y 1932, siendo maestro y Director de una escuela de 2º Grado de la capital. Ejerció el profesorado en un instituto de su propiedad, impartiendo docencia en distintas materias de los programas universitarios y magisteriales y en la enseñanza comercial y de bancos.

Fue el primer delegado estudiantil a la Federación Magisterial Uruguaya, entidad que agrupaba al magisterio del país y que propiciara importantes conquistas para la escuela y para el maestro. Fue delegado de los estudiantes magisteriales ante el Comité Central Estudiantil, constituido en 1917 a favor de las reivindicaciones de los estudiantes.

En distintas oportunidades integró tribunales de concurso para la obtención de puestos de maestro. En 1938 fue miembro del Consejo Honorario de la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones.

Desde muy joven tuvo activa militancia política dentro de las filas del Partido Nacional. Siendo integrante de ese Partido, fue electo Diputado departamental ante la Asamblea Representativa de Montevideo en 1928; Diputado por el departamento de Montevideo en 1931, siendo por seis veces reelecto. En la última reelección también fue ungido como Senador, cargo que ocupó en dicha oportunidad.

En las elecciones de 1954 encabezó la lista del Movimiento Popular Nacionalista al Consejo Nacional de Gobierno, ingresando en representación de la minoría. En 1958, integrando la Unión Blanca Democrática, fue elegido Presidente del Concejo Departamental de Montevideo, cargo al que renunció en agosto de 1962 para dedicarse a la campaña electoral que lo llevaría al Consejo Nacional de Gobierno, como primer titular de la lista más votada. En ese carácter ejerció la Presidencia del mencionado Consejo desde marzo de 1963 hasta marzo de 1964.

En 1949, el Gobierno de la época le ofreció un puesto en la Delegación del Uruguay a las Naciones Unidas, al que renunció por razones de orden político.

Fue actor y promotor de múltiples leyes, que están enumeradas en el proyecto presentado. Para abreviar, culmino esta reseña biográfica señalando que Daniel Fernández Crespo falleció el 28 de julio de 1964.

Nosotros, como Diputados por el departamento, creíamos muy importante que se homenajeara a un hijo tan dilecto, a un maestro que ejerció la profesión y la honró, y que la ciudad de San José tuviera el honor de que la Escuela Nº 83, que corresponde al INVE II y Dotta, una barriada muy blanca pero sobre todo muy popular, llevara su nombre. Creímos que Daniel Fernández Crespo estaría orgulloso, por su profesión de maestro, de que una escuela tuviera su nombre, en un barrio cuya calle principal se llama Wilson Ferreira Aldunate.

Por ese motivo hemos creído conveniente rendir este homenaje y poner a una escuela de la ciudad de San José el nombre de Daniel Fernández Crespo.

SEÑOR MIERES (don José María).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MIERES (don José María).- Señor Presidente: quiero felicitar la iniciativa del señor Diputado Chápper porque, como Diputado por Montevideo, creo que es justo el homenaje que se le está tributando. No podíamos dejar pasar inadvertida esta oportunidad, por lo que fue la personalidad de don Daniel Fernández Crespo en Montevideo.

Fue Diputado prácticamente vitalicio por Montevideo hasta que ocupó una banca en el Senado. Integró el Consejo Nacional de Gobierno, lo presidió y falleció integrando ese Cuerpo. Fue un ejemplo de austeridad y murió casi en la pobreza. Ejerció el gremialismo en el magisterio. Fue Presidente del Club Liverpool de Montevideo y Vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Fue tan importante para el Partido Nacional en Montevideo que fue Presidente del Concejo Departamental la única vez que el Partido tuvo la dirección de lo que actualmente es la Intendencia Municipal de Montevideo. Integró, junto a Otamendi, Martins y Fígoli, un brillante Concejo Departamental que creemos que transformó a Montevideo a través de las grandes obras que hizo, como la refacción de la avenida 8 de Octubre y la instalación de los "trolleys".

No quiero cansar a la Cámara con mis expresiones, pero felicito nuevamente al señor Diputado Chápper, ya que creo que este es un muy justo homenaje a alguien que hizo tanto por el país y por el departamento de Montevideo.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR FALERO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: me siento satisfecho por esta iniciativa, porque quienes teníamos pocos años pero vivíamos la vida política con intensidad en la época de 1962, no dudamos en afirmar que si el régimen de Gobierno hubiera sido distinto del que era -si no hubiera sido un régimen colegiado, sino presidencial-, el señor Daniel Fernández Crespo habría sido Presidente de la República. Fue el primer titular de la lista más votada de la Unión Blanca Democrática dentro del Partido Nacional en el año 1962 y, por lo tanto, en una similitud de situaciones, habría sido Presidente de la República. En aquel momento, esta fue una circunstancia muy especial por tratarse, después de muchísimos años, del segundo período consecutivo de Gobierno del Partido Nacional; el primero fue en 1958. Esto fue importante en la vida del país, no por tratarse de un partido en particular, sino porque la vida democrática del país empezó a admitir, a partir de 1958, la rotación de distintos partidos en el ejercicio del Poder Ejecutivo. Esa rotación pacífica y absolutamente regular permitió al país entender que era posible cambiar de partido político en el ejercicio del Poder Ejecutivo sin traumas ni dificultades importantes. Creo que ese fue uno de los roles trascendentes de la elección de 1958 y, particularmente, de la de 1962, que, sin duda, tuvo a Daniel Fernández Crespo como uno de los elementos sustanciales para el triunfo del Partido Nacional en esa oportunidad.

Por supuesto que no quiero dejar de establecer como buen liverpoolense -aunque ya lo manifestó el señor Diputado José María Mieres- que, mientras quiso, fue Presidente del Liverpool Fútbol Club de Montevideo.

Muchas gracias, señor Presidente

SEÑOR CARMINATTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CARMINATTI.- Señor Presidente: quiero manifestar mi satisfacción por el homenaje que se le rinde a Fernández Crespo, y en mí va la palabra de todo el Partido Colorado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR CHÁPPER.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado)

16.- Licencias.

Integración de la Cámara.

——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la solicitud de licencia de la señora Representante Martha Montaner, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 20 de diciembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Domingo Ramos".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

En consecuencia, queda convocado el suplente correspondiente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha indicada.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 17 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo establecido por la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales por el día 20 de diciembre.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

MARTHA MONTANER

Representante por Tacuarembó".

"Montevideo, 17 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Susana Montaner".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Tacuarembó, Martha Montaner.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 20 de diciembre de 2001.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto la suplente correspondiente siguiente, señora Susana Montaner.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994, y en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 20 de diciembre de 2001, a la señora Representante por el departamento de Tacuarembó, Martha Montaner.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado la suplente correspondiente siguiente, señora Susana Montaner.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 20 de diciembre de 2001, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2215 del Lema Partido Colorado, señor Domingo Ramos.

Sala de la Comisión, 19 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, ÓSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

17.- Declaración de gravedad y urgencia.

——De acuerdo con lo dispuesto por el literal C) del artículo 90 del Reglamento, se va a votar si de declara grave y urgente el asunto que figura en quinto término del orden del día.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

18.- Código de la Niñez y la Adolescencia. (Aprobación).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: "Código de la Niñez y la Adolescencia. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 22

"PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1º. (Ámbito de aplicación).- El Código de la Niñez y la Adolescencia es de aplicación a todos los seres humanos menores de dieciocho años de edad. Igualmente, es aplicable por encima de ese límite, en aquellos casos especialmente previstos por la ley.

A los efectos de la aplicación del presente Código, se entiende por niño a todo ser humano hasta los catorce años de edad y por adolescente a los mayores de catorce y menores de dieciocho años de edad.

Siempre que el presente Código se refiere a niños y adolescentes comprende ambos géneros.

Artículo 2º. (Sujetos de derechos, deberes y garantías).- Todos los niños y adolescentes son titulares de derechos, deberes y garantías inherentes a su calidad de personas humanas.

Artículo 3º. (Principio de protección de los derechos).- Todo niño y adolescente tiene derecho a las medidas especiales de protección que su condición de sujeto en desarrollo exige por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Artículo 4º. (Interpretación).- Para la interpretación del presente Código, se tendrán en cuenta las disposiciones y principios generales que informan la Constitución de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño, leyes nacionales y demás instrumentos internacionales que obligan al país.

En los casos de oscuridad se deberá recurrir a los criterios generales de interpretación y, especialmente, a las normas propias de cada materia.

Artículo 5º. (Integración).- En caso de vacío legal o insuficiencia se deberá recurrir a los criterios generales de integración y, especialmente, a las normas propias de cada materia.

Artículo 6º. (Criterio específico de interpretación e integración: el interés superior del niño y adolescente).- Para la interpretación e integración del presente Código se deberá tener en cuenta el interés superior del niño y adolescente, que consiste en el reconocimiento y respeto de los derechos inherentes a su calidad de persona humana. En consecuencia, este principio no se podrá invocar para menoscabo de tales derechos.

Artículo 7º. (Concurrencia para la efectividad y la protección de los derechos de los niños y adolescentes).-

1) La efectividad y protección de los derechos de los niños y adolescentes es corresponsabilidad de los padres, la familia, la comunidad y el Estado.

2) El Estado deberá actuar en las tareas de orientación y fijación de las políticas generales aplicables a las distintas áreas vinculadas a la niñez y adolescencia y a la familia, coordinando las actividades públicas y privadas que se cumplen en tales áreas.

3) En casos de insuficiencia, defecto o imposibilidad de los padres y demás obligados, el Estado deberá actuar preceptivamente, desarrollando todas las actividades integrativas, complementarias o supletivas que sean necesarias para garantizar adecuadamente el goce y ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes.

CAPÍTULO II

DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo 8º. (Principio general).- Todo niño y adolescente goza de los derechos inherentes a la persona humana. Tales derechos serán ejercidos de acuerdo a la evolución de sus facultades, y en la forma establecida por la Constitución de la República, los instrumentos internacionales, el presente Código y las leyes especiales. En todo caso tiene derecho a ser oído y obtener respuestas cuando se tomen decisiones que afecten su vida.

Podrá acudir a los Tribunales y ejercer los actos procesales en defensa de sus derechos, siendo preceptiva la asistencia letrada. El Juez ante quien acuda tiene el deber de designarle curador, cuando fuere pertinente, para que lo represente y asista en sus pretensiones.

Los Jueces, bajo su más seria responsabilidad, deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de lo establecido en los incisos anteriores, debiendo declararse nulas las actuaciones cumplidas en forma contraria a lo aquí dispuesto.

Artículo 9º. (Derechos esenciales).- Todo niño y adolescente tiene derecho intrínseco a la vida, dignidad, libertad, identidad, integridad, salud, educación, recreación, descanso, cultura, participación, asociación y a los beneficios de la seguridad social.

Artículo 10. (Derecho del niño y adolescente con capacidad diferente).- Todo niño y adolescente, con capacidad diferente psíquica, física o sensorial, tiene derecho a vivir en condiciones que aseguren su participación social a través del acceso efectivo especialmente a la educación, cultura y trabajo.

Este derecho se protegerá cualquiera sea la edad de la persona.

Artículo 11. (Derecho a la privacidad de la vida).- Todo niño y adolescente tiene derecho a que se respete la privacidad de su vida. Tiene derecho a que no se utilice su imagen en forma lesiva, ni se publique ninguna información que lo perjudique y pueda dar lugar a la individualización de su persona.

Artículo 12. (Derecho al disfrute de sus padres y familia).- La vida familiar es el ámbito adecuado para el mejor logro de la protección integral.

Todo niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer junto a su familia y a no ser separado de ella por razones económicas.

Solo puede ser separado de su familia cuando, en su interés superior y en el curso de un debido proceso, las autoridades determinen otra relación personal sustitutiva.

En los casos en que sobrevengan circunstancias especiales que determinen la separación del núcleo familiar, se respetará su derecho a mantener vínculos afectivos y contacto directo con uno o ambos padres, salvo si es contrario a su interés superior.

Si el niño o adolescente carece de familia, tiene derecho a crecer en el seno de otra familia o grupo de crianza, la que será seleccionada atendiendo a su bienestar.

Solo en defecto de esta alternativa, se considerará el ingreso a un establecimiento público o privado. Se procurará que su estancia en el mismo sea transitoria.

Artículo 13. (Conflictos armados).- Los niños y adolescentes no pueden formar parte de las hostilidades en conflictos armados ni recibir preparación para ello.

CAPÍTULO III

DE LOS DEBERES DEL ESTADO

Artículo 14. (Principio general).- El Estado protegerá los derechos de todos los niños y adolescentes sujetos a su jurisdicción, independientemente del origen étnico, nacional o social, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, la posición económica, los impedimentos psíquicos o físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño o de sus representantes legales.

Asegurará la aplicación de toda norma que dé efectividad a esos derechos.

Artículo 15. (Protección especial).- El Estado tiene la obligación de proteger especialmente a los niños o adolescentes respecto a toda forma de:

A) Abandono, abuso sexual o explotación de la prostitución.

B) Hostigamiento, segregación o exclusión en los lugares de estudio, esparcimiento o trabajo.

C) Explotación económica o cualquier tipo de trabajo nocivo para su salud, educación o para su desarrollo físico, espiritual o moral.

D) Tratos crueles, inhumanos o degradantes.

E) Estímulo al consumo de tabaco, alcohol, inhalantes y drogas.

F) Situaciones que pongan en riesgo su vida o inciten a la violencia, como el uso y el comercio de armas.

G) Situaciones que pongan en peligro su seguridad, como detenciones y traslados ilegítimos.

H) Situaciones que pongan en peligro su identidad, como adopciones ilegítimas y ventas.

CAPÍTULO IV

DE LOS DEBERES DE LOS PADRES O RESPONSABLES

Artículo 16. (De los deberes de los padres o responsables).- Son deberes de los padres o responsables respecto de los niños y adolescentes:

A) Respetar y tener en cuenta el carácter de sujeto de derecho del niño y del adolescente.

B) Respetar el derecho a ser oído y considerar su opinión.

C) Colaborar para que sus derechos sean efectivamente gozados.

D) Prestar orientación y dirección para el ejercicio de sus derechos.

E) Corregir adecuadamente a sus hijos o tutelados.

F) Solicitar o permitir la intervención de servicios sociales especiales cuando se produzca un conflicto que no pueda ser resuelto en el interior de la familia y que pone en grave riesgo la vigencia de los derechos del niño y del adolescente.

G) Velar por la asistencia regular a los centros de estudio y participar en el proceso educativo.

H) Todo otro deber inherente a su calidad de tal.

CAPÍTULO V

DE LOS DEBERES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo 17. (De los deberes de los niños y adolescentes).- Todo niño y adolescente tiene el deber de mantener una actitud de respeto en la vida de relación familiar, educativa y social, así como de emplear sus energías físicas e intelectuales en la adquisición de conocimientos y desarrollo de sus habilidades y aptitudes.

Especialmente deberán:

A) Respetar y obedecer a sus padres o responsables, siempre que sus órdenes no lesionen sus derechos o contravengan las leyes.

B) Cuidar, en la medida de sus posibilidades, a sus ascendientes en su enfermedad y ancianidad.

C) Respetar los derechos, ideas y creencias de los demás.

D) Respetar las leyes.

E) Conservar el medio ambiente.

F) Prestar, en la medida de sus posibilidades, el servicio social o ayuda comunitaria, cuando las circunstancias así lo exijan.

G) Cuidar y respetar su vida y su salud.

CAPÍTULO VI

POLÍTICAS SOCIALES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Artículo 18. (Objetivos).- Son objetivos fundamentales:

A) Promoción social. Deberá asegurarse la promoción tendiente a favorecer el desarrollo integral de todas las potencialidades del niño y del adolescente como persona en condición de ser en desarrollo, a efectos de procurar su integración social en forma activa y responsable como ciudadano.

B) Protección y atención integral. Deberá asegurarse una protección integral de los derechos y deberes de los niños y adolescentes, así como asegurar una atención especial por parte del Estado y de la sociedad ante la necesidad de ofrecer atención personalizada en determinadas situaciones.

Artículo 19. (Vida familiar y en sociedad).- Son principios básicos:

A) El fortalecimiento de la integración y permanencia de los niños y adolescentes en los ámbitos primarios de socialización: la familia y las instituciones educativas.

B) La descentralización territorial que asegure el acceso de los niños, adolescentes y familias en toda la gama de servicios básicos.

C) La participación de la sociedad civil y la promoción de la solidaridad social hacia los niños y adolescentes.

Artículo 20. (Afirmación de políticas sociales).- Las normas que regulan la vigencia efectiva de los derechos de los niños y adolescentes en las áreas de supervivencia y desarrollo, requerirán de la implementación de un sistema de políticas sociales básicas, complementarias, de protección especial, de carácter integral, que respondan a la diversidad de realidades y comprendan la coordinación entre el Estado y la sociedad civil.

Artículo 21. (Criterio rector).- Es criterio rector velar por el desarrollo armónico de los niños y adolescentes, correspondiendo fundamentalmente a la familia y a los sistemas de salud y educación su seguimiento hasta la mayoría de edad.

Artículo 22. (Líneas de acción).- Son líneas de acción de las políticas de atención a la niñez y adolescencia:

A) Políticas sociales básicas, que hagan efectivos los derechos consagrados en la Constitución de la República, para todos los niños y adolescentes.

B) Programas de atención integral, para aquellos que lo necesiten, por carencia temporal o permanente: niños y adolescentes con capacidad diferente, situación de desamparo o marginalidad.

C) Programas y servicios especiales de prevención y atención médica y psicosocial a las víctimas de negligencia, maltrato, violencia o explotación laboral o sexual.

D) Programas de garantías para la protección jurídico-social de los niños y adolescentes en conflicto con la ley, y de educación para la integración social.

E) Programas de promoción de la niñez y adolescencia en las áreas deportivas, culturales y recreativas, entre otras.

F) Crear sistemas de indicadores de desarrollo del niño y del adolescente, respetando el derecho a la privacidad y el secreto profesional.

CAPÍTULO VII

DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

I - Órganos de competencia y principios procesales

Artículo 23. (Competencia).- La competencia de los órganos jurisdiccionales en materia de niños y adolescentes es la que fija la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, con excepción de las siguientes modificaciones:

"ARTÍCULO 67.- Los Jueces Letrados de Menores entenderán en primera instancia en todos los procedimientos que den lugar las infracciones de adolescentes a la ley penal.

En segunda instancia entenderán los Tribunales de Familia.

Los actuales Juzgados Letrados de Menores pasarán a denominarse Juzgados Letrados de Adolescentes".

Artículo 24. (Competencia de urgencia).- La Suprema Corte de Justicia asignará, por lo menos, a cuatro Juzgados Letrados de Familia en Montevideo y a los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior de la República, que entiendan en materia de familia, competencia de urgencia, para atender en forma permanente todos los asuntos que requieran intervención inmediata. Entendiéndose por tales, aquellos en que exista riesgo de lesión o frustración de un derecho del niño o adolescente, con excepción de las infracciones de adolescentes a la ley penal.

Tomadas las primeras medidas en salvaguarda de los derechos, los derivarán al Juzgado que corresponda.

La Suprema Corte de Justicia propenderá a que los Juzgados cuenten con la asistencia permanente de asistente social, psicólogo y psiquiatra del Poder Judicial u otros profesionales de dicho Poder, cuyo asesoramiento podrá serles requerido por el Juez.

La Defensoría de Oficio de Familia establecerá un régimen de turnos de Defensores de Oficio, para que actúen en dichos Juzgados, a efectos de asistir a las personas que se presenten ante el mismo.

Asimismo, se establecerá un régimen de turnos para asegurar la presencia del Ministerio Público y Fiscal.

Artículo 25. (Obligatoriedad).- Reclamada la intervención en forma legal y en materia de su competencia, los Tribunales no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por razones de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 5º de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985.

El criterio básico consiste en la promoción de la familia, en especial de las más carenciadas.

Artículo 26. (Competencia del Instituto Nacional del Menor).- El Instituto Nacional del Menor es el órgano administrativo rector en materia de políticas de niñez y adolescencia, y competente en materia de promoción, protección y atención de los niños y adolescentes del país. Deberá determinar, por intermedio de sus servicios especializados, la forma de llevar a cabo la implementación de las políticas a través de distintos programas, proyectos y modalidades de intervención social, públicos o privados.

Deberá velar, asimismo, previo diagnóstico y estudios técnicos, por una adecuada admisión, ingreso, atención, derivación y desvinculación de los niños y adolescentes bajo su cuidado. La incorporación a los distintos hogares, programas, proyectos y modalidades de atención, se realizarán habiendo escuchado al niño o adolescente y buscando favorecer el goce y la protección integral de sus derechos.

Procurará que todos los niños y adolescentes tengan igualdad de oportunidades para acceder a los recursos sociales, a efectos de poder desarrollar sus potencialidades y de conformar personalidades autónomas capaces de integrarse socialmente en forma activa y responsable. Las acciones del Instituto Nacional del Menor deberán priorizar a los más desprotegidos y vulnerables.

Los adolescentes que, estando a disposición del Instituto Nacional del Menor, alcanzaren la mayoría de edad serán orientados y apoyados a efectos que puedan hacerse cargo de sus vidas en forma independiente. Las personas con capacidad diferente que alcanzaren dicha mayoría, estando a cuidado del Instituto Nacional del Menor, podrán permanecer bajo su protección siempre y cuando no puedan ser derivados para su atención en servicios o programas de adultos.

El Instituto Nacional del Menor fiscalizará, por lo menos una vez al año, a las instituciones privadas a las que concurran niños y adolescentes.

Dicha fiscalización será efectuada por asistentes sociales u otros profesionales a efectos de evaluar la situación en que se encuentran los niños y adolescentes, así como el trato y formación que se les da a los mismos, de acuerdo a los derechos que éstos tienen y a las obligaciones de dichas instituciones.

El Instituto Nacional del Menor podrá formular observaciones, sin perjuicio de efectuar las denuncias que correspondan ante las autoridades competentes, por la constatación de violación de los derechos del niño y adolescente, de irregularidades o delitos.

II - De los adolescentes y las infracciones a la ley penal

Artículo 27. (Infracciones a la ley penal).- A los efectos del presente Código solo son infracciones a la ley penal:

1) Las acciones u omisiones dolosas consumadas, cometidas en calidad de autor o coautor, a las que el Código Penal o las leyes penales especiales señalan una pena cuyo límite mínimo es superior a un año de prisión o cuyo límite máximo es superior a tres años de penitenciaría.

2) La tentativa de infracciones gravísimas a la ley penal.

3) La participación en calidad de cómplice en infracciones gravísimas a la ley penal.

Artículo 28. (Adolescente infractor).- Se denomina adolescente infractor a quien se declare responsable por sentencia ejecutoriada, dictada por Juez competente, como autor, coautor o cómplice de acciones u omisiones descritas como infracciones a la ley penal.

Artículo 29. (Relación causal).- Solo puede ser sometido a proceso especial regulado por el presente Código el adolescente a quien se le pueda atribuir material y psicológicamente un hecho constitutivo de infracción a la ley penal.

La existencia de la infracción debe ser la consecuencia de su acción u omisión.

Artículo 30. (Clases de infracciones).- Las infracciones a la ley penal se clasifican en infracciones graves e infracciones gravísimas a la ley penal.

Son infracciones gravísimas a la ley penal:

1) Homicidio (artículo 310 del Código Penal).

2) Lesiones gravísimas (artículo 318 del Código Penal).

3) Violación (artículo 272 del Código Penal).

4) Rapiña (artículo 344 del Código Penal).

5) Privación de libertad agravada (artículo 282 del Código Penal).

6) Secuestro (artículo 346 del Código Penal).

7) Extorsión (artículo 345 del Código Penal).

8) Tráfico de estupefacientes (artículos 31 y 32 de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998).

9) Cualquier otra acción u omisión que el Código Penal o las leyes especiales castigan con una pena cuyo límite mínimo sea igual o superior a seis años de penitenciaría y cuyo límite máximo sea igual o superior a doce años de penitenciaría.

10) La tentativa de las infracciones señaladas en los numerales 1), 5) y 6) y la complicidad en las mismas infracciones.

En los casos de violación no se tomará en cuenta la presunción del ejercicio de violencia (inciso primero del artículo 272 del Código Penal).

Las restantes son infracciones graves a la ley penal.

Artículo 31. (Adecuación a la normativa del Código Penal y Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 1995).- El Juez deberá examinar cada uno de los elementos constitutivos de la responsabilidad, de las circunstancias que eximen de la aplicación de medidas o que aminoren el grado de las infracciones y el concurso de infracciones e infractores, tomando en cuenta los preceptos de la parte general del Código Penal, de la Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 1995, la condición de adolescentes y los presupuestos de perseguibilidad de la acción.

CAPÍTULO VIII

I - Derechos y garantías del procedimiento

Artículo 32. (Principios que rigen).- En todos los casos en que al adolescente se le impute el haber incurrido en actos que se presumen comportan infracción a la ley penal, deberá asegurarse el cumplimiento estricto de las garantías del debido proceso, especialmente las siguientes:

A) Principios de judicialidad y legalidad.- El adolescente imputado de haber cometido una infracción a la ley penal, será juzgado por los Jueces competentes en conformidad a los procedimientos especiales establecidos por el presente Código.

  Se asegurará, además, la vigencia de las normas constitucionales, legales e instrumentos internacionales, especialmente la Convención de los Derechos del Niño.

B) Principio de responsabilidad.- Solo puede ser sometido a proceso especial, regulado por el presente Código, el adolescente mayor de catorce y menor de dieciocho años de edad, imputado de infracción a la ley penal.

  La responsabilidad del adolescente tendrá lugar a partir de la sentencia definitiva que le atribuya la comisión del hecho constitutivo de infracción a la ley penal.

C) Principio que condiciona la detención.- Solo puede ser detenido en casos de infracciones flagrantes o existiendo elementos de convicción suficientes sobre la comisión de una infracción. En este último caso, mediante orden escrita de Juez competente comunicada por medios fehacientes. La detención será una medida excepcional.

D) Principio de humanidad.- El adolescente privado de libertad será tratado con la humanidad y respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana.

  Ningún adolescente será sometido a torturas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a experimentos médicos o científicos.

  Tendrá derecho a mantener contacto permanente con su familia o responsables, salvo en circunstancias especiales.

E) Principio de inocencia.- Tiene derecho a que se presuma su inocencia. No será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.

F) Principio de inviolabilidad de la defensa.- Tiene derecho a contar en forma permanente con asistencia jurídica gratuita, especializada, pública o privada, a partir de la detención, durante el proceso y hasta la ejecución completa de las medidas.

G) Principio de libertad de comunicación.- Tiene derecho durante la privación de libertad, de comunicarse libremente y en privado con su defensa, con sus padres, responsables, familiares y asistentes espirituales.

H) Principio de prohibición del juicio en rebeldía.- Tiene derecho de no ser juzgado en su ausencia, so pena de nulidad de todo lo actuado (artículo 21 de la Constitución de la República).

I) Principio de impugnación.- Todo adolescente tendrá derecho a impugnar todas las decisiones judiciales que lo perjudiquen.

J) Principio de duración razonable.- En ningún caso la situación derivada de la formalización del proceso excederá en sus consecuencias al término de duración de la medida que hubiere correspondido.

K) Principio de asistencia de intérpretes.- Todo adolescente tendrá derecho a contar con la libre asistencia gratuita de un intérprete, si no comprende o no habla el idioma oficial.

L) Principio de oportunidad reglada.- El adolescente tiene derecho a que se prescinda del procedimiento cuando, por la característica del hecho o por la naturaleza del bien jurídico agredido, no se justifica la prosecución de la acción.

II - Régimen procesal

Artículo 33. (Principio general).- En todos los casos en que se investigue la responsabilidad del adolescente, el procedimiento se ajustará a los trámites establecidos por el presente Código y subsidiariamente por el Código General del Proceso.

Artículo 34. (Procedimiento).-

1) Actuaciones previas al proceso.

A) Cometidos de la autoridad policial.

  Cuando proceda la detención del adolescente conforme a lo establecido en el literal C) del artículo 32, la autoridad aprehensora, bajo su más severa responsabilidad, deberá:

a) Realizar la actuación de modo que menos perjudique a la persona y reputación del adolescente.

b) Poner el hecho de inmediato en conocimiento del Juez, o en un plazo máximo de dos horas después de practicada la detención.

c) Hacer conocer al adolescente los motivos de la detención y los derechos que le asisten, especialmente el derecho que tiene de designar Defensor.

d) Si fuere necesario, antes de conducirlo a la presencia del Juez, hará constar lo indispensable para la información de los hechos.

e) Si no fuere posible llevarlo de inmediato a presencia del Juez, previa autorización de éste, deberá conducírselo a la dependencia especializada del Instituto Nacional del Menor que corresponda o del Instituto Policial, no pudiendo permanecer en este último lugar por más de doce horas.

f) Los traslados interinstitucionales y a la Sede Judicial deben estar precedidos del correspondiente examen médico.

B) Cuando el Juez tome conocimiento que el adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo 117 del presente Código, lo pondrá en conocimiento del Juez competente, sin perjuicio de la actuación procesal referida a la infracción.

2) Audiencia preliminar.

  En los casos de infracciones de adolescentes que lo justifiquen, el Juez dispondrá, en un plazo que no exceda las veinticuatro horas, la realización de una audiencia preliminar donde deberán estar presentes, bajo pena de nulidad, el adolescente, su Defensor y el Ministerio Público.

  Se procurará la presencia de los padres o responsables. También podrán comparecer, si lo aceptaran y no existiera peligro para su seguridad, la víctima y testigos.

  El Juez, al interrogarlo, le hará conocer en términos accesibles los motivos de la detención y los derechos que le asisten.

  Se dispondrá la inmediata agregación de la partida de nacimiento o la acreditación de la edad mediante medios sustitutivos.

  Mediando acuerdo de partes, podrá prescindirse de la agregación inmediata.

3) Medidas probatorias.

  Durante esta audiencia, el Ministerio Público y la Defensa podrán solicitar las medidas que estimen convenientes.

  La información deberá recabarse en un plazo que no exceda de los veinte días continuos y perentorios, contados a partir de la decisión judicial.

  La prueba se diligenciará en audiencia con las garantías que aseguren el debido proceso, incluidos los informes del equipo técnico, en un plazo que no exceda de los veinte días, continuos y perentorios, contados a partir de la decisión judicial.

  En todo lo que le fuere requerido, la Policía prestará colaboración.

4) Resolución de la audiencia preliminar y medidas cautelares.

  Al culminar la audiencia preliminar el Juez:

A) Dispondrá las medidas probatorias a que refiere el numeral anterior.

B) Fijará la audiencia final en un plazo de sesenta días, salvo si decreta como medida cautelar el arresto domiciliario o la internación provisoria, caso en que dicha audiencia se fijará en un plazo máximo de treinta días.

C) Decidirá la aplicación de alguna medida cautelar, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral siguiente.

5) Medidas cautelares.

  El Juez, a pedido del Ministerio Público, y oída la Defensa, dispondrá las medidas cautelares necesarias que menos perjudiquen al adolescente.

  Son medidas cautelares:

1) La prohibición de salir del país.

2) La prohibición de acercarse a la víctima o a otras personas, de concurrir a determinados lugares o de tomar contacto con personas determinadas.

3) La obligación de concurrir periódicamente al Tribunal o ante la autoridad que el Juez determine.

4) El arresto domiciliario.

5) La internación provisoria.

  El arresto domiciliario y la internación provisoria no podrán durar más de sesenta días. Transcurrido ese plazo sin que se hubiera dictado sentencia de primera instancia, se deberá dejar en libertad al adolescente. Ambas medidas cautelares solo podrán aplicarse si la infracción que se imputa al adolescente puede ser objeto en definitiva de una medida privativa de libertad, de acuerdo con el artículo 44, y siempre que ello sea indispensable para:

A) Asegurar la comparecencia del adolescente a los actos procesales esenciales.

B) La seguridad de la víctima, el denunciante o los testigos.

  La internación provisoria se cumplirá en un establecimiento especial del Instituto Nacional del Menor.

6) Informe del equipo técnico.

  Si el Juez resuelve la internación, dispondrá que el equipo técnico del establecimiento de internación, en un término que no exceda los veinte días dispuesto para la prueba, produzca un informe con una evaluación médica y psicosocial, el cual se expedirá especialmente sobre las posibilidades de convivencia en régimen de libertad.

7) Informe del Centro de Internación.

  Los técnicos producirán los informes verbales o escritos que el Juez disponga y supervisarán la aplicación de las medidas. Los informes verbales se producirán en audiencia.

8) Formulación de demanda o sobreseimiento.

  Diligenciada la prueba, los autos pasarán en vista al Ministerio Público por seis días. En caso de deducir acusación, relacionará las pruebas ya diligenciadas y analizará los informes técnicos y formulará los presupuestos fácticos, jurídicos y técnicos de la imputación.

  Si el Ministerio Público solicitara el sobreseimiento, el Juez lo dictará sin más trámite. Si se dedujere demanda fiscal, se conferirá traslado a la Defensa por seis días, la que podrá ofrecer prueba y contradecir o allanarse.

9) Allanamiento.

  De mediar allanamiento de la Defensa, el Juez deberá dictar sentencia en cinco días.

10) Audiencia final.

  Deberán participar, bajo pena de nulidad, el adolescente, su Defensor y el Ministerio Público. Será convocada dentro de los quince días de la contestación de la demanda fiscal, por la Defensa.

  Se pondrán a disposición los informes técnicos recabados.

  Se dará participación a sus padres o responsables, si lo solicitaren.

11) Plazo para dictar sentencia.

  El Juez deberá dictar sentencia definitiva de primera instancia al cabo de la audiencia final, y en esa misma oportunidad expedir el fallo con sus fundamentos. Se dará lectura de todo ello, a los efectos de su comunicación (artículo 76 del Código General del Proceso), siendo de aplicación, en lo pertinente, el artículo 245 del Código del Proceso Penal.

  La sentencia será escrita y deberá ser redactada de un modo breve y claro para que pueda ser comprendida en todas sus partes por el adolescente imputado.

  Cuando la complejidad del asunto lo justifique, se podrá prorrogar la audiencia por quince días perentorios, procediéndose para su comunicación a la formalización de una audiencia complementaria.

12) Contenido de la sentencia.

  Si se dispusieran medidas socio-educativas, las sentencias serán dictadas con la finalidad de preservar el interés del adolescente.

  La privación de libertad se utilizará solo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda.

  Deberá fundamentar por qué no es posible aplicar otra medida distinta a la de privación de libertad.

  El Juez no podrá imponer medidas educativas sin previo pedido del Ministerio Público, ni hacerlo de manera más gravosa de la solicitada por éste.

13) Coparticipación de mayores.

  En el caso de hechos con apariencia delictiva en que se hallen involucrados adolescentes junto a personas mayores, la autoridad policial lo hará saber simultáneamente al Juez Letrado de Adolescentes y al Juez Penal de Turno, quienes actuarán en forma paralela, comunicándose recíprocamente las alternativas de la causa.

  Deberá recabarse autorización del Juez Letrado de Adolescentes para el traslado del adolescente al Juzgado Penal, siempre que sea necesaria su declaración.

14) Régimen impugnativo.

  Se aplicará el régimen impugnativo que la ley establece (artículos 253 y 254 del Código General del Proceso).

  La apelación será automática cuando la medida impuesta tenga una duración superior a un año de privación de libertad.

15) Zonas de difícil acceso.

  Cuando, en virtud de la distancia o por otras circunstancias, no sea posible llevar de inmediato al adolescente a presencia del Juez Letrado competente, el Juez de Paz respectivo podrá adoptar las primeras y más urgentes medidas (artículo 45 del Código del Proceso Penal).

III - Medidas socioeducativas

Artículo 35. (Principios generales).- Las medidas contempladas en el presente Código solo podrán aplicarse a los adolescentes respecto a los cuales haya recaído declaración de responsabilidad, por sentencia ejecutoriada.

Artículo 36. (Ejecución de las medidas).- Una vez que el Juez disponga las medidas, deberá comunicarlo por escrito al Instituto Nacional del Menor o institución privada seleccionada para el cumplimiento de la misma, con remisión del texto de las resoluciones o sentencias, sin cuyos requisitos el órgano destinatario no dará curso a la ejecución de la misma.

Artículo 37. (Medidas complementarias).- Todas las medidas que se adopten conforme a lo establecido en el numeral 12) del artículo 34, se podrán complementar con el apoyo de técnicos, tendrán carácter educativo, procurarán la asunción de responsabilidad del adolescente y buscarán fortalecer el respeto del mismo por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros como asimismo, el robustecimiento de los vínculos familiares y sociales.

La medida será seleccionada por el Juez, siguiendo los criterios de proporcionalidad e idoneidad para lograr tales objetivos.

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Artículo 38. (Medidas sustitutivas).- Podrán aplicarse, entre otras, las siguientes medidas no privativas de libertad:

A) Advertencia, formulada por el Juez en presencia del Defensor y de los padres o responsables, sobre los perjuicios causados y las consecuencias de no enmendar su conducta.

B) Amonestación, formulada por el Juez en presencia del Defensor, de los padres o responsables, intimándolo a no reiterar la infracción.

C) Orientación y apoyo mediante la incorporación a un programa socio-educativo a cargo del Instituto Nacional del Menor o de instituciones públicas o privadas, por un período máximo de un año.

D) Observancia de reglas de conducta, como prohibición de asistir a determinados lugares o espectáculos, por un período que no exceda de seis meses.

E) Prestación de servicios a la comunidad, hasta por un máximo de dos meses.

F) Obligación de reparar el daño o satisfacción de la víctima.

G) Prohibición de conducir vehículos motorizados, hasta por dos años.

H) Libertad asistida.

I) Libertad vigilada.

Artículo 39. (Programas de orientación).- Los programas de orientación y apoyo tienen por finalidad incorporar paulatinamente al adolescente al medio familiar o grupo de crianza u otros grupos, así como a los centros de enseñanza y cuando corresponda, a los centros de trabajo.

Estos programas podrán ser ejecutados por el Instituto Nacional del Menor o por otras instituciones públicas o privadas.

Artículo 40. (Trabajos en beneficio de la comunidad).- Los trabajos en beneficio de la comunidad se regularán de acuerdo a las directivas que al efecto programe el Instituto Nacional del Menor.

Preferentemente podrán realizarse en hospitales y en otros servicios comunitarios públicos. No podrán exceder de seis horas diarias. La autoridad administrativa vigilará su cumplimiento, concertando con los responsables de su ejecución, de forma que no perjudique la asistencia a los centros de enseñanza, de esparcimiento y las relaciones familiares, en todo lo cual se observará el cuidado de no revelar la situación procesal del adolescente.

Artículo 41. (Obligación de reparar el daño o satisfacción de la víctima).- En cualquier etapa del proceso, previa conformidad del adolescente y de la víctima o a petición de parte, el Juez podrá derivar el caso a mediación, suspendiéndose las actuaciones por un plazo prudencial. Alcanzando un acuerdo, previo informe técnico y oídos la Defensa y el Ministerio Público, el Juez deberá valorar razonablemente desde la perspectiva exclusiva del interés superior del adolescente, el sentido pedagógico y educativo de la reparación propuesta, disponiendo, en caso afirmativo, la clausura de las actuaciones. Tal decisión será preceptiva en caso de opinión favorable del Ministerio Público. El mismo efecto tendrán los acuerdos conciliatorios celebrados en audiencia.

Artículo 42. (Régimen de libertad asistida y vigilada).-

A) El régimen de libertad asistida consiste en acordarle al adolescente el goce de libertad en su medio familiar y social.

  Será, necesariamente, apoyado por especialistas y funcionarios capacitados para el cumplimiento de programas educativos.

  El Juez determinará la duración de la medida.

  En cualquier momento de su ejecución la medida podrá ser interrumpida, revocada o sustituida, de oficio o a instancia de los actores habilitados y previa intervención del Ministerio Público y del Defensor.

B) El régimen de libertad vigilada consiste en la permanencia del adolescente en la comunidad con el acompañamiento permanente de un educador, durante el tiempo que el Juez determine.

Artículo 43. ("Non bis in idem").- El Juez sólo podrá aplicar una de las medidas previstas en este Título o en el siguiente.

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Artículo 44. (Aplicación).- Las medidas privativas de libertad solo se aplicarán a los adolescentes declarados por sentencia ejecutoriada, responsables de infracción gravísima, que a juicio del Juez justifique la misma.

También podrán aplicarse a los adolescentes que, habiendo sido declarados por sentencia ejecutoriada responsables de una infracción en forma reiterada, incumplen las medidas adoptadas por el Juez. En este caso el plazo de duración de la medida privativa de libertad no podrá exceder de sesenta días.

Artículo 45. (Aplicabilidad).- Las medidas privativas de libertad no son obligatorias para el Juez. Se aplicarán cuando configurándose los requisitos legales, no existan otras medidas adecuadas dentro de las no privativas de libertad. El Juez fundamentará los motivos de la no aplicación de otras medidas. Se tendrá en consideración el derecho del adolescente a vivir con su familia, y en caso que proceda la separación, a mantener contacto permanente con la familia, pareja, amigos, referentes afectivos y otros, si ellos no fueren perjudiciales para el mismo.

Artículo 46. (Medidas privativas de libertad).- Las medidas privativas de libertad son:

A) Internación en establecimientos, separados completamente de los establecimientos carcelarios destinados a adultos.

B) Internación en iguales establecimientos con posibilidades de gozar de semilibertad.

RÉGIMEN DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD

Artículo 47. (Privación de libertad).- El régimen de privación de libertad consiste en recluir al adolescente en un establecimiento que asegure su permanencia en el recinto, sin menoscabo de los derechos consagrados en el presente Código, las normas constitucionales, legales e instrumentos internacionales.

Artículo 48. (Régimen de semilibertad).- El régimen de semilibertad consiste en disponer que el adolescente, cuya privación de libertad ha sido dispuesta en establecimientos, goce de permiso para visitar a su familia o para la realización de actividades externas, de ocho horas de duración, en su beneficio personal, controladas por la autoridad donde se encuentra internado.

Este régimen se extiende, a voluntad del adolescente, mientras se aplica la medida de privación de libertad, salvo la suspensión temporaria o definitiva por inobservancia de las reglas de comportamiento.

Artículo 49. (Duración de las medidas de privación de libertad).- La medida de privación de libertad tendrá una duración máxima de cinco años.

En ningún caso el adolescente que al llegar a los dieciocho años permanece sujeto a medidas, cumplirá lo que le resta en establecimientos destinados a los adultos.

Artículo 50. (Cumplimiento).- El cumplimiento de las medidas de privación de libertad son de responsabilidad exclusiva, irrenunciable e indelegable del Estado.

Se cumplirán en centros especiales hasta la finalización de las medidas y de acuerdo a criterios, entre otros, de edad, complexión física, gravedad de la infracción y adaptación a la convivencia.

En ningún caso podrán cumplirse en establecimientos destinados a los adultos.

Se tendrá especial cuidado por las situaciones en que el adolescente requiera tratamiento médico, en cuyo caso deberá ser internado en un centro adecuado a sus condiciones.

Artículo 51. (Infractores con dependencia).- En los casos de adolescentes infractores, que padecen dependencias alcohólicas o toxicómanas, se efectivizará la asistencia a programas de orientación y tratamiento adecuados.

Artículo 52. (Procedimiento por modificación o cese de las medidas).- Se deberá decretar, en cualquier momento, el cese de la medida cuando resulte acreditado en autos que la misma ha cumplido su finalidad socio-educativa.

La tramitación de todas las solicitudes de sustitución, modificación o cese de las medidas, se hará en audiencia, debiendo dictarse resolución fundada, previo los informes técnicos que se estimen pertinentes, con presencia del adolescente, de sus representantes legales, de la Defensa y del Ministerio Público.

La audiencia deberá celebrarse en un plazo que no exceda los diez días a partir de la respectiva solicitud.

Artículo 53. (Traslado de infractores).- La internación de los adolescentes fuera de la jurisdicción de su domicilio se limitará al mínimo posible, atendidas las circunstancias del caso.

Cuando los Juzgados dispongan la internación de adolescentes infractores fuera de su jurisdicción, declinarán competencia para ante el Juez del lugar de internación.

Deberán enviar junto con el adolescente, fotocopia certificada del expediente en sobre cerrado, que será entregado por el funcionario que lo traslade, bajo su más grave responsabilidad funcional, al Juez de turno del lugar de la internación.

Artículo 54. (Reserva).- Queda prohibida la identificación de la persona del adolescente por cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de la información sobre los hechos.

Los funcionarios públicos que faciliten noticias a la prensa, en contravención a lo dispuesto en el inciso anterior, serán pasibles de una suspensión de diez días con pérdida de haberes la primera vez, y un mes por la siguiente. La tercera infracción dará lugar a la destitución. La infracción será comunicada preceptivamente a la institución a que pertenece, con transcripción de las normas.

Los medios de comunicación que infringieren lo dispuesto en el inciso primero incurrirán en una multa, a juicio del Juez, equivalente entre 20 UR (veinte unidades reajustables) y 200 UR (doscientas unidades reajustables), según los casos.

Artículo 55. (Competencia).- En las infracciones previstas en el inciso tercero del artículo anterior, entenderán los Jueces Letrados de Adolescentes, siguiendo el procedimiento legal para reprimir las faltas en el Derecho Penal de adultos.

Artículo 56. (Recurribilidad).- La sentencia podrá ser apelada ante el Tribunal de Familia respectivo, cuya decisión hará cosa juzgada.

IV- Principios de la ejecución

Artículo 57. (Supuestos de la ejecución).- La actividad procesal de ejecución de las medidas educativas, comprende los actos destinados a promover el cumplimiento de las medidas y el trámite y la decisión de las cuestiones sobrevinientes.

Artículo 58. (Control que ejercen los Jueces competentes).- Son cometidos de los Jueces Letrados de Adolescentes:

1) Vigilar los casos en los que han recaído medidas educativas dispuestas por sentencia ejecutoriada, hasta el término de su cumplimiento.

2) Entender por audiencia y con intervención del Defensor y Ministerio Público, las reclamaciones de los adolescentes durante el período de ejecución de las medidas, tanto en los establecimientos, como fuera de ellos.

3) Visitar, por lo menos cada tres meses los centros de internación, dejando constancia en el expediente respectivo del resultado.

  Sin perjuicio de lo que antecede, podrá realizar inspecciones cada vez que lo considere oportuno.

  En ambos casos, tomar las medidas que más convengan al interés superior del adolescente.

4) Dar cuenta a la Suprema Corte de Justicia en los casos que se constaten irregularidades graves.

Artículo 59. (Control de la autoridad administrativa).- El Instituto Nacional del Menor o las autoridades de los establecimientos de internación, informarán cada tres meses al Juez sobre la forma como se cumple la medida y la evolución del adolescente.

El Instituto Nacional del Menor reglamentará el funcionamiento de los establecimientos donde se cumplen las medidas privativas de libertad.

V- Derechos y deberes durante la ejecución de las medidas socioeducativas

Artículo 60. (Principio especial de la privación de libertad).- Sin perjuicio de los derechos y garantías enumerados en el artículo 32, se tendrán en cuenta los derechos y deberes de los adolescentes, con miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de la institucionalización y a fomentar su integración a la sociedad:

A) Derechos:

1) A ser informado del régimen de funcionamiento institucional y de sus derechos y deberes y conocer a los funcionarios que lo tendrán bajo su responsabilidad durante la internación o en régimen ambulatorio.

2) A conocer el régimen interno a fin de comunicarse personalmente con el Juez, Fiscal, Defensor, educadores, familiares y a ejercer efectivamente ese derecho.

3) A estar informado sobre las medidas que se proyectan para lograr su inserción al ámbito familiar y social.

4) A recibir los servicios de salud, sociales, educativos, religiosos y de esparcimiento, y ser tratado conforme a su desarrollo y necesidades.

  En todo caso se garantizará su seguridad, en tanto protección contra influencias nocivas y situaciones de riesgo.

5) A estar informado sobre el régimen de convivencia.

6) A no ser trasladado del centro donde cumple la medida educativa sin que se dé cuenta de inmediato al Juez competente. Todo traslado podrá ser recurrido conforme a derecho, sin efecto suspensivo.

7) No podrán imponerse sanciones colectivas.

B) Deberes:

  Durante la ejecución de las medidas, los adolescentes, deberán respetar a sus educadores y responsables y observar los reglamentos internos en cuanto a convivencia, estudio y tareas de capacitación, esparcimiento, aseo personal y de las dependencias que ocupan, y respeto a sus educadores, responsables y demás personas con quienes se vinculan cotidianamente.

C) Ámbito de aplicación:

  Todos los derechos y deberes establecidos en orden a la ejecución de las medidas socioeducativas, se aplicarán, en lo pertinente, a todo tipo de privación de libertad.

VI- Cesación del proceso

Artículo 61. (Principio general).- En cualquier estado del proceso el Juez, oyendo al Ministerio Público, al adolescente y a su Defensa, dispondrá la clausura del proceso, en los siguientes casos:

1) Cuando se comprobare que el adolescente no es responsable.

2) Cuando se comprobare que no es el autor, coautor o cómplice del hecho constitutivo de la infracción.

3) Cuando se comprobare que obró amparado por alguna de las circunstancias que eximen de pena.

4) Cuando ha prescripto la acción por el hecho imputado. El plazo de prescripción será de dos años para los delitos gravísimos y un año para los delitos graves.

Artículo 62. (Prescindencia de la acción penal).- En cualquier estado del proceso el Juez podrá, oyendo al Ministerio Público, al adolescente y a su Defensa, prescindir total o parcialmente de la persecución penal; o limitada a una o varias infracciones o de alguna o de todas las personas que hayan participado en el hecho, cuando:

A) Se trate de un hecho que, por su escasa gravedad o lo exiguo de la contribución del partícipe, haga innecesaria una medida en definitiva.

B) El adolescente haya sufrido, a consecuencia del hecho, un daño físico o moral grave.

Artículo 63. (Egreso y clausura de antecedentes).- Decretado el cese, si el adolescente estuviese privado de libertad, se dispondrá su inmediato egreso y clausura de antecedentes.

VII - De las medidas curativas

Artículo 64. (Procedencia).- A los adolescentes incapaces que hubieren cometido infracciones a la ley penal, se les aplicarán, con las garantías del debido proceso fijado para los infractores, las medidas de carácter curativo, que se cumplirán en establecimientos adecuados y separados de los adultos mayores de dieciocho años. Corresponde a los Directores de dichos establecimientos y a los técnicos que designe el Juez, determinar su tratamiento.

Artículo 65. (Control).- Durante la internación, se aplicarán, en lo pertinente, las medidas de contralor a cargo de los Jueces Letrados de Adolescentes, establecidas en el artículo 58.

VIII - De las audiencias

Artículo 66. (Presencia del Juez).- El Juez Letrado de Adolescentes presidirá por sí mismo las audiencias, bajo pena de nulidad, que compromete su responsabilidad funcional.

Igual deber compete al Ministerio Público, al Defensor y a los técnicos asesores a quienes el Juez requiera opinión. Los Defensores privados que no asistan serán sustituidos por Defensores de Oficio.

Sin la presencia del adolescente no podrá llevarse a cabo ninguna audiencia.

Artículo 67. (Contenido de las audiencias).-

1) Las audiencias preliminar y final, referidas en los numerales 2) y 10) del artículo 34 se documentarán con la mayor precisión en acta que se labrará durante su desarrollo o al cabo de la misma. En forma resumida se consignará fecha y lugar en que se labra, describirán los hechos, la tipificación legal con expresa mención de la norma jurídica presuntamente violada y las alegaciones de las partes, quienes podrán solicitar lo que estimen pertinente para asegurar la fidelidad del resumen. La decisión del Juez deberá comprender el examen de los puntos tratados por las partes.

2) Si lo solicitaren, se entregarán a las partes copia íntegra de las sentencias definitivas, autenticadas por la Oficina Actuaria.

Artículo 68. (Acceso al expediente).- Las partes y los técnicos designados durante el trámite tendrán, en todo momento, libre acceso al expediente, salvo casos excepcionales, a juicio del Juez y en atención al interés superior del adolescente.

IX - De las comunicaciones procesales

Artículo 69. (Notificaciones preceptivas).-

1) Cuando se produzca la detención del adolescente, el Juez dispondrá que el hecho sea inmediatamente notificado por la Policía a su Defensor, al Ministerio Público y a los padres o representantes legales; el mismo procedimiento se seguirá con los asesores técnicos para cuyo asesoramiento el Juez estime necesario convocar.

2) Las actuaciones dispuestas en audiencia se tendrán por notificadas a quienes estén presentes o hayan debido concurrir al acto.

3) Salvo en los casos que indique el Juez, las notificaciones se practicarán en la oficina.

  A tal efecto, todos los interesados que actúen en el procedimiento respectivo, excepción hecha del Ministerio Público, concurrirán a la oficina para enterarse de las actuaciones.

Artículo 70. (Notificación ficta).- Si la notificación se retardare tres días hábiles por falta de comparecencia del interesado, se tendrá por efectuada, sin necesidad de constancia alguna en los autos.

Si el día que concurriere el interesado, la actuación no se hallare disponible, la Oficina Actuaria expedirá constancia en formulario al efecto, si aquél lo solicitare (artículo 86 del Código General del Proceso).

Artículo 71. (Autorización para notificarse).- Por simple escrito se podrá autorizar a una tercera persona para que con ella se entiendan las notificaciones.

Artículo 72. (Régimen complementario).- En todos los casos no contemplados en el presente Código se aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones del Código General del Proceso (artículos 76 a 90 de la Sección III).

X - Plazos procesales

Artículo 73. (Carácter de los plazos).-

1) Todos los plazos señalados en el presente Código son perentorios e improrrogables. En casos excepcionales, el Juez podrá suspender su curso fundando la medida y su duración.

2) Para regular su aplicación se atenderá a lo dispuesto por los artículos 92 a 99 del Código General del Proceso.

Artículo 74. (Infracciones reiteradas).- En los casos de infracciones reiteradas, los procesos se tramitarán por el Juez competente de cada una hasta la sentencia ejecutoriada, sin perjuicio de la unificación de las medidas impuestas, la que se realizará en vía incidental por el Juez Letrado de Adolescentes que hubiere entendido en la última infracción.

La Suprema Corte de Justicia reglamentará el régimen de antecedentes judiciales.

CAPÍTULO IX

I - De la filiación

Artículo 75. (Derecho a la filiación).- Todo niño y adolescente tiene derecho a saber quiénes son sus padres.

Artículo 76. (Derecho a la protección).- Todo niño y adolescente tiene derecho, hasta la mayoría de edad, a recibir de sus padres y responsables la protección y cuidados necesarios para su adecuado desarrollo integral y es deber de éstos el proporcionárselos.

Igual derecho corresponde a los adultos con capacidad diferente.

Artículo 77. (Derecho a la identidad).- El recién nacido deberá ser identificado en todas las maternidades públicas y privadas mediante un registro de impresión plantar y digital, acompañado de la impresión digital de la madre.

Artículo 78. (Derecho al nombre y apellidos familiares).- Todo niño tiene derecho, desde su nacimiento, a ser inscripto con nombre y apellido, llevando como primer apellido el de su padre, y como segundo, el de su madre.

Artículo 79. (Inscripción de los hijos).-

1) El niño inscripto por el padre, llevará como primer apellido el de éste, seguido del de aquella que surja acreditada como su madre.

2) A falta de inscripción por el padre, llevará como apellido el de su madre biológica.

3) Si se desconoce la identidad de los padres de un niño, el mismo será inscripto con dos apellidos de uso común, por el Oficial de la Dirección General del Registro de Estado Civil.

4) Los apellidos de uso común, serán sustituidos por el del padre o la madre que reconozca su hijo, o sean declarados tales por sentencia judicial.

5) Si la inscripción la efectuaren familiares del niño, la determinación del o de los apellidos de uso común la harán éstos.

6) En caso de adopción plena los apellidos del niño o adolescente adoptado, serán sustituidos por los de los adoptantes.

  En caso de adopción simple, el o los apellidos del niño o adolescente serán sustituidos por los de los adoptantes, o si se tratara de un adoptante por el paterno de éste, dejando el segundo a elección del adoptado o, en caso de no ser ésta posible, asignándosele uno de uso común.

  No obstante, adoptante y adoptado podrán acordar que el adoptado conserve su apellido paterno o materno de origen como primer apellido, agregándose el primer apellido del adoptante o de alguno de los adoptantes.

  En la sentencia, deberá dejarse constancia de la decisión respecto de los apellidos del adoptado.

Artículo 80. (Derecho y deber a reconocer los hijos propios).- Todo progenitor tiene el derecho y el deber, cualquiera fuere su estado civil, a reconocer sus hijos.

Se entiende como relativa la presunción que surge del artículo 214 del Código Civil, encontrándose también legitimados para ejercer la acción de desconocimiento de paternidad legítima, la madre, el padre biológico y el hijo de cuya filiación se trata.

Para dichos legitimados, tal acción es imprescriptible.

Artículo 81. (Capacidad de los padres para reconocer sus hijos).- La madre puede, cualquiera fuere su edad, reconocer a su hijo. El padre debe tener catorce años de edad para hacerlo.

En los casos de padres niños o adolescentes no habilitados, el Juez decidirá a quién se le atribuyen los derechos y deberes inherentes a la patria potestad, otorgando preferencia a los abuelos que convivan con el padre que reconoce y el reconocido.

Previo a todas las decisiones a que refiere el inciso anterior que requieran autorización judicial, se deberá oír al padre o a la madre que haya reconocido al hijo y que aún no tenga dieciocho años cumplidos de edad.

La patria potestad será ejercida en forma plena por ambos padres, a partir de que éstos cumplan dieciocho años.

Artículo 82. (Formalidades del reconocimiento).- No se requieren términos sacramentales para el reconocimiento expreso, bastando que el progenitor manifieste su condición de tal ante el Oficial de la Dirección General del Registro de Estado Civil, en la escritura pública o en el testamento a los que refiere el artículo 233 del Código Civil.

En el acto del reconocimiento, el Oficial de la Dirección General del Registro de Estado Civil interviniente, bajo su más seria responsabilidad administrativa, deberá instruir de las consecuencias del mismo al o los comparecientes, de lo que se deberá dejar constancia en actas.

Artículo 83. (Voluntad del hijo).- Cuando el hijo fuere reconocido luego de haber cumplido doce años de edad, tiene derecho a expresar en forma, ante el Oficial de la Dirección General del Registro de Estado Civil, su voluntad de seguir usando los apellidos con los que hasta entonces era identificado. Dicha expresión de voluntad será anotada al margen de su partida de nacimiento.

Se seguirá el régimen previsto en el Código hasta la mayoría de edad del adolescente, rigiéndose su ejercicio posteriormente por las disposiciones generales.

Artículo 84. (Inscripción tardía).- En caso de inscripción tardía, el niño o adolescente mayor de doce años que no hubiere sido previamente reconocido por sus progenitores, podrá proceder de acuerdo a lo indicado en el artículo anterior.

Tratándose de inscripción tardía de hijos de matrimonio, basta con la presencia de uno o de ambos padres, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes.

II - De la tenencia del niño y adolescente

Artículo 85. (Tenencia por los padres).-

1) Cuando los padres estén separados, se determinará por su común acuerdo cómo se ejercerá la tenencia (artículo 177 del Código Civil).

2) De no existir acuerdo de los padres, la tenencia la resolverá el Juez de Familia, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento.

Artículo 86. (Facultades del Juez de Familia).- En caso de no existir acuerdo de los padres, el Juez resolverá, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

A) El hijo deberá permanecer con el padre o la madre con quien convivió el mayor tiempo, siempre que lo favorezca.

B) Preferir a la madre cuando el niño sea menor de dos años, siempre que no sea perjudicial para él.

C) Bajo su más seria responsabilidad funcional, el Juez siempre deberá oír y tener en cuenta la opinión del niño o adolescente.

Artículo 87. (Tenencia por terceros).-

1) La tenencia de un niño o adolescente puede solicitarla cualquier interesado, siempre que ello contemple su interés superior.

2) La persona que ejerce la tenencia de un niño o adolescente está obligada a brindarle la protección y cuidados necesarios para su desarrollo integral.

3) La persona que no se sienta capacitada para proseguir con la tenencia, deberá ponerlo en conocimiento del Juez de Familia, quien resolverá la situación de éste.

Artículo 88. (Procedimiento).- Todas las pretensiones relativas a la tenencia, recuperación de tenencia o guarda de los niños o adolescentes, se regularán por el procedimiento extraordinario consagrado en los artículos 346, 347, 349 y 350 del Código General del Proceso. La ratificación de tenencia se tramitará por el procedimiento voluntario (artículos 402 y siguientes del Código General del Proceso).- Es Juez competente para conocer en dichas pretensiones, el del domicilio del niño o adolescente.

III - Visitas

Artículo 89. (Principio general).- Todo niño y adolescente tiene derecho a mantener el vínculo con sus padres, abuelos y demás familiares y consecuentemente, a un régimen de visitas con los mismos.

Artículo 90. (Determinación de las visitas).-

1) La determinación de las visitas se fijará de común acuerdo entre las partes.

2) A falta de acuerdo, o que se impida o limite el ejercicio del derecho mencionado, el Juez de Familia fijará el mismo. Se garantizará el derecho del niño o adolescente a ser oído, teniendo en cuenta su opinión, la cual se recabará en un ámbito adecuado.

Artículo 91. (Incumplimiento en permitir las visitas).- La parte que está obligada a permitir las visitas o entregar al niño o adolescente de acuerdo al régimen establecido, y se negara en forma inmotivada, habilitará a que la otra parte acuda personalmente ante el Juez de Familia de Urgencia o quien haga sus veces en donde éste no exista, el cual dispondrá de inmediato la comparecencia de la parte incumplidora, siendo notificada por la Policía. En caso de incomparecencia, podrá ser conducida por la fuerza pública, si así lo dispusiere el Juez.

El Juez de Familia de Urgencia o quien haga sus veces, escuchará a ambas partes y de ser inmotivada la reticencia de la parte obligada a permitir las visitas, dispondrá -apreciando las circunstancias del caso, así como la edad del niño o adolescente- la entrega del mismo a la parte que lo reclama, la cual deberá reintegrarlo según lo acordado, salvo que el Juez de Familia entienda que deberá conservarlo el solicitante, hasta tanto resuelva el Juez de la causa.

Artículo 92. (Régimen de visitas definitivo).- El día hábil inmediato siguiente, el Juez de Familia de Urgencia o quien haga sus veces en donde éste no exista dará cuenta al Juez de Familia que intervino en la fijación del régimen de visitas, remitiéndole los antecedentes -con los que se formará un expediente-, el cual resolverá en definitiva sobre el mantenimiento o no del régimen fijado, así como sobre la tenencia de los hijos.

A tales efectos, deberá convocar a las partes a una audiencia, la cual deberá celebrarse en un plazo no mayor a las setenta y dos horas de recibidos los antecedentes. En dicha audiencia será preceptiva la presencia del Ministerio Público y Fiscal, así como la asistencia letrada.

Artículo 93. (Incumplimiento en realizar las visitas).- Si la parte a cuyo favor se le establece un régimen de visitas, no cumpliere con el mismo, podrá la otra parte acudir al Juez de Familia competente, explicando la situación y la repercusión que la falta de cumplimiento por parte del obligado tiene sobre sus hijos.

El Juez citará a las partes, dentro de los diez días de recibido el escrito, a una audiencia a efectos de escuchar a ambas, y para que el obligado que no cumple con las visitas explique los motivos que han llevado a dicha situación.

El Juez deberá instar al incumplidor a que efectúe las visitas, siendo éstas de vital importancia para la evolución y desarrollo del niño o adolescente.

Artículo 94. (Advertencia por incumplimiento).- Lo dispuesto en los artículos precedentes será sin perjuicio de la advertencia que el Juez deberá hacer a la parte incumplidora que el desatender las necesidades afectivas de los hijos puede dar lugar a la pérdida de la patria potestad y al delito previsto en el artículo 279 B del Código Penal.

Artículo 95. (Sanción por incumplimiento).- El incumplimiento del régimen de visitas homologado o fijado judicialmente podrá originar la variación de la tenencia si ello no perjudicara el interés del niño o adolescente, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que fije el Juez a instancia de parte o de oficio, cuyo producido será en beneficio de aquél.

Artículo 96. (Procedimiento).- Todas las pretensiones que conciernen al régimen de visitas, se regularán por el procedimiento extraordinario consagrado en los artículos 346, 347, 349 y 350 del Código General del Proceso.

Es Juez competente para conocer en dichas pretensiones, el del domicilio del niño o adolescente.

CAPÍTULO X

DE LOS ALIMENTOS

Artículo 97. (Concepto de deber de asistencia familiar).- El deber de asistencia familiar está constituido por los deberes y obligaciones a cargo de los integrantes de la familia u otros legalmente asimilados a ellos, cuya finalidad es la protección material y moral de los miembros de la misma.

Bajo la denominación de alimentos, se alude en el presente Código a la asistencia material.

Artículo 98. (Concepto de alimentos).- Los alimentos están constituidos por las prestaciones monetarias o en especie que sean bastantes para satisfacer, según las circunstancias particulares de cada caso, las necesidades relativas al sustento, habitación, vestimenta, atención médica y los gastos necesarios para adquirir una profesión y oficio, educación, cultura y recreación.

También se consideran alimentos los gastos de atención de la madre durante el embarazo, desde la concepción hasta la etapa del posparto.

Las prestaciones deberán ser proporcionadas a las posibilidades económicas de los obligados y a las necesidades de los beneficiarios.

Artículo 99. (Forma de prestación de los alimentos).- Las prestaciones alimentarias serán servidas en dinero o en especie, en atención a las circunstancias de cada caso.

Todas las prestaciones se servirán en forma periódica y anticipada.

Artículo 100. (De la vigencia de la prestación alimentaria).- La prestación alimentaria se debe desde la interposición de la demanda. Igual criterio se seguirá en el supuesto de aumento de la prestación.

Tratándose de reducción de alimentos, la sentencia surtirá efecto desde que quede ejecutoriada.

La convenida extrajudicialmente, se debe desde la fecha pactada.

Artículo 101. (Alimentos provisionales).- El Juez al proveer sobre la demanda, y atendidas las circunstancias invocadas, fijará alimentos provisionales.

Artículo 102. (Beneficiarios de la obligación alimentaria).- Son acreedores de la obligación alimentaria los niños y adolescentes así como los mayores de dieciocho años y menores de veintiuno que no dispongan -en el último caso- de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

Quedan asimilados a lo dispuesto en este Título las personas con capacidad diferente cualquiera fuere su edad.

Artículo 103. (Personas obligadas a prestar alimentos y orden de preferencia).- Los alimentos se prestarán por los padres o, en su caso, por el o los adoptantes. Para el caso de imposibilidad o insuficiencia del servicio pensionario, se prestarán subsidiariamente de acuerdo al siguiente orden:

1) Los ascendientes más próximos, con preferencia los del progenitor obligado.

2) Los hermanos legítimos o naturales, con preferencia los de doble vínculo sobre los de vínculo simple.

3) Los tíos.

En los casos previstos en los numerales 1), 2) y 3), si concurrieren varias personas en el mismo orden, la obligación será divisible y proporcional a la posibilidad de cada obligado.

Artículo 104. (Caracteres de la obligación alimentaria).-

Intrasmisibilidad e irrenunciabilidad.

El derecho de pedir alimentos no puede trasmitirse por causa de muerte, ni renunciarse, ni venderse o cederse de modo alguno.

2) Inembargabilidad e incompensabilidad.

  Las pensiones alimenticias no son embargables.

  El deudor de alimentos no puede oponer al demandante, en compensación, lo que el demandante le deba.

3) Imprescriptibilidad.

  El derecho a pedir alimentos es imprescriptible.

Artículo 105. (Pensiones alimenticias atrasadas).- No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, las pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse, y el derecho a demandarlas, podrá trasmitirse por causa de muerte.

Artículo 106. (Transacción sobre alimentos futuros).- La transacción sobre alimentos futuros no surtirá efectos sino después de ser aprobada judicialmente.

Artículo 107. (Modificación de la obligación alimentaria).- Los alimentos podrán ser objeto de aumento o de reducción, si se modifica la situación económica del deudor o las necesidades del acreedor. Se tramitarán por el procedimiento establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Artículo 108. (Extinción de la obligación alimentaria).- La obligación de alimentos se extingue y su cese debe ser judicialmente decretado en los siguientes casos:

1) Cuando el beneficiario cumpla los veintiún años, salvo que se tratare de personas con capacidad diferente, o los casos previstos en el artículo 102.

2) Cuando el beneficiario deja de necesitarlos.

3) Cuando el deudor se halla en imposibilidad de servirlos.

4) Cuando fallece el alimentante, sin perjuicio de la asignación forzosa que grava la masa de la herencia.

5) Cuando fallece el alimentario, en cuyo caso la obligación se extiende a los gastos funerarios, siempre que no puedan cubrirse de otra manera.

Se tramitarán por el procedimiento establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Artículo 109. (Omisión injustificada de los alimentos).- Cuando el obligado judicialmente a servir alimentos de acuerdo a las disposiciones del presente Código que, habiendo sido intimado judicialmente, omitiera prestarlos sin causa justificada, el Juez de Familia dará cuenta de inmediato al Juez Letrado en lo Penal que corresponda a los efectos previstos por el artículo 279 A del Código Penal.

Artículo 110. (Concepto de ingresos).- A los efectos del presente Código, se entiende por sueldo o haberes, todo ingreso de cualquier naturaleza, periódico o no, que se origine en la relación laboral, arrendamiento de obras o de servicios o derive de la seguridad social. No se computarán por ingresos, a los efectos de la pensión alimenticia, lo que perciba el alimentante por concepto de viáticos.

Quedan asimilados a lo dispuesto en el inciso anterior, los ingresos provenientes de retiros periódicos por concepto de utilidades, beneficios o ganancias, pago de intereses o dividendos. En general, todo lo que perciba el deudor de alimentos por su trabajo o su capital.

Artículo 111. (Límite de la retención por alimentos).- En el caso de ser el obligado empleado público o privado, podrá retenerse mensualmente hasta un 50% (cincuenta por ciento) de los ingresos cuando así lo justifique el número de hijos y las necesidades de los mismos. La resolución del Juez deberá ser fundada y será apelable sin efecto suspensivo.

Artículo 112. (Medidas asegurativas de la prestación alimentaria).- En el caso de prestar el alimentante servicios retribuidos por particulares o empresas, si se negaren a cumplir la obligación de alimentos, se ordenará a aquellos que efectúen la retención correspondiente a los sueldos o haberes respectivos.

Para hacer efectiva la contribución señalada por el Juez, bastará la orden librada por oficio al habilitado en la oficina en que preste servicios el alimentante, y la empresa o el patrón responderán personal, solidaria e ilimitadamente del pago, si injustificadamente no cumplieran la orden recibida.

Artículo 113. (Obstáculos al cumplimiento de la obligación alimentaria).- El empleador o empresario que intencionalmente ocultare, total o parcialmente los ingresos, sueldos o haberes del obligado, será considerado incurso en el delito de estafa.

En el mismo delito incurrirá todo aquel que obstaculizare o impidiere el correcto servicio de la obligación alimentaria dispuesta judicialmente, o simulare créditos contra el obligado, o de cualquier manera colaborare intencional y fraudulentamente, en la reducción del patrimonio efectivo del alimentante.

El Juez de Familia dará cuenta de inmediato al Juez Letrado en lo Penal que corresponda.

Artículo 114. (Prohibición al alimentante de ausentarse del país sin dejar garantías suficientes).- Iniciado el juicio de alimentos, el demandado no podrá ausentarse del país sin dejar garantías suficientes, siempre que así lo solicitare el actor.

Artículo 115. (Procedimiento).- El proceso de alimentos se rige por las normas previstas para el proceso extraordinario en el Código General del Proceso (artículos 346, 347, numeral 2) del artículo 349 y artículo 350 del Código General del Proceso).

Artículo 116. (Competencia).- El Juez competente para conocer en el juicio por alimentos, es el del domicilio del niño o adolescente o el del demandado, a elección del actor.

CAPÍTULO XI

I - Protección de los derechos amenazados o vulnerados de los niños y adolescentes

Artículo 117. (Principio general).- Siempre que los derechos reconocidos a los niños y adolescentes en el presente Código sean amenazados o vulnerados, se aplicarán las medidas que dispone este Título.

Artículo 118. (Primeras diligencias).- El Juez Letrado de Familia que tiene conocimiento, por cualquier medio, que un niño o adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo anterior, tomará las más urgentes e imprescindibles medidas, debiéndose proceder a continuación conforme lo estatuye el artículo 321 del Código General del Proceso.

Salvo imposibilidad, tomará declaración al niño o adolescente, en presencia del Defensor que se le proveerá en el acto y de sus padres o responsables, si los tuviere, y recabará los informes técnicos correspondientes.

El Ministerio Público deberá ser oído preceptivamente, quien intervendrá en favor del efectivo respeto a los derechos y garantías, reconocidos a los niños y adolescentes, debiéndose pronunciar en el plazo de tres días.

Artículo 119. (Medidas).- Medidas para los padres o responsables.

El Juez podrá imponer, en protección de los derechos de los niños o adolescentes, para los padres o responsables, las siguientes medidas:

A) Llamada de atención para corregir o evitar la amenaza o violación de los derechos de sus hijos a su cuidado, y exigir el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en la protección de los derechos afectados.

B) Orientación, apoyo y seguimiento temporario socio-familiar prestado por programas públicos o privados reconocidos.

C) Obligación de inscribir al niño o adolescente en un centro de enseñanza o programas educativos o de capacitación y observar su asistencia o aprendizaje.

D) Derivación a un programa público o privado de protección a la familia.

Artículo 120. (Medidas ambulatorias para niños y adolescentes).- El Juez dispondrá las siguientes medidas:

A) Que el Instituto Nacional del Menor otorgue protección a sus derechos a través del sistema de atención integral diurno. Al mismo servicio podrá recurrirse respecto a los institutos privados especializados, que así lo acepten.

  El Instituto Nacional del Menor podrá aplicar directamente estas medidas, cuando su intervención ha sido requerida por el niño, padres o responsables, o terceros interesados.

B) Solicitud de tratamiento ambulatorio médico, psicológico o psiquiátrico a instituciones públicas o privadas.

Artículo 121. (Medidas en régimen de internación compulsiva).- El Juez sólo podrá aplicar las siguientes medidas de internación compulsiva, debiendo constatar que se den los requisitos que en cada caso correspondan:

A) Internación del niño o adolescente con patología psiquiátrica en establecimiento especializado, con un plazo máximo de setenta y dos horas si se encontrare en una crisis que ponga en grave e inminente riesgo su vida o la integridad física de otras personas.

B) Internación del niño o adolescente necesitado de urgente tratamiento médico, destinado a protegerlo de grave riesgo para su vida o su salud.

Artículo 122. (Adicciones a drogas y alcohol).- El Juez podrá ordenar la aceptación de niños y adolescentes en centros residenciales especializados de atención a adicciones de drogas y alcohol.

Tratándose de adolescentes se requerirá su conformidad; en caso de niños será necesario el consentimiento de sus padres o responsables y se oirá previamente al niño.

En todos los casos se deberá proporcionar Defensor al niño o adolescente, tomar declaración salvo imposibilidad, oír preceptivamente al Ministerio Público, tomar declaración a los padres o responsables, y recabar los informes técnicos correspondientes.

Artículo 123. (Derivación a centros de atención permanente).- El Juez podrá disponer la derivación de un niño o adolescente a un centro de atención permanente como medida de último recurso, cuando se encuentre gravemente amenazado su derecho a la vida o integridad física.

Esta medida no podrá implicar en caso alguno privación de libertad y durará el menor tiempo posible, promoviéndose la superación de la amenaza de sus derechos para favorecer su egreso.

En estos establecimientos se procurará mantener los vínculos familiares, según lo dispone el artículo 12 del presente Código y la incorporación del niño o adolescente al sistema educativo que corresponda, según sea su edad.

Artículo 124. (Programas de atención integral).- Todos los niños y adolescentes tendrán derecho a acceder voluntariamente a programas de atención integral, cuidados y alojamiento. El Estado deberá garantizarlo. Si la solicitud fuera formulada por los padres, se oirá preceptivamente al niño, quien será asistido por su Defensor.

Si a la solicitud formulada por el niño o adolescente se oponen sus padres o responsables, sin perjuicio de la inmediata protección del niño o adolescente, la situación se pondrá en el más breve plazo posible en conocimiento del Juzgado de Familia de Urgencia.

El Juez resolverá atendiendo a la opinión del niño o adolescente. Deberá tenerse en cuenta ésta y el interés superior.

Artículo 125. (Programas de alternativa familiar).- El Juez podrá entregar al niño o adolescente gravemente amenazado en su derecho a la vida o integridad física o privada de su medio familiar, al cuidado de una persona o matrimonio seleccionado por el Instituto Nacional del Menor, que se comprometan a brindarle protección integral.

Estos niños o adolescentes deberán recibir orientación y apoyo de la persona o matrimonio supervisado por medio de equipos especializados.

Artículo 126. (Comportamiento policial).- Cuando la autoridad policial tome conocimiento que un niño o adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo 117 del presente Código, deberá llevarlo de inmediato a presencia del Juez competente, el que notificará con la mayor urgencia al Instituto Nacional del Menor.

Si no fuera posible llevarlo de inmediato a presencia del Juez, previa autorización, deberá llevarlo al Instituto Nacional del Menor, quien deberá prestarle la debida atención.

Artículo 127. (Responsabilidad penal).- Si se configuraren elementos de convicción suficientes como para atribuir responsabilidad penal a los padres, responsables o terceros, se pasarán los antecedentes al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal o al Juzgado Letrado de Primera Instancia del Interior, que corresponda.

Artículo 128. (Reserva de autos).- Cumplidas las diligencias por la Justicia, se reservarán los autos, sin perjuicio del seguimiento y control que el Juez interviniente considere adecuado efectuar.

Artículo 129.- (Competencia).- Los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior de la República tendrán igual competencia que la asignada a los Jueces de Familia (artículo 71 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985).

II - De los hogares de cuidado

Artículo 130. (Entrega de niños y adolescentes).- El que entregue a un niño o adolescente a persona ajena a la familia biológica y quien o quienes lo reciban, deberán comunicarlo al Juez de Familia dentro de las cuarenta y ocho horas. El Juez dispondrá en forma urgente, informe psicológico y social a efectos de evaluar la posibilidad de mantener el vínculo del niño o adolescente con su familia de origen y dispondrá asimismo informe sobre la familia a la cual fue entregado, evaluando las posibilidades de permanencia junto a la misma. Si de dichas evaluaciones surgiere la imposibilidad de mantenerlo en forma permanente o transitoria, se dispondrá la intervención del Instituto Nacional del Menor.

Artículo 131. (Separación definitiva. Procedimiento).- La separación de un niño o adolescente de su familia de origen, deberá ser decretada por resolución fundada del Juez competente, sobre la base de información fehaciente y previo el asesoramiento de equipo técnico especializado. El procedimiento para decretarla se regulará por las disposiciones del proceso extraordinario regulado por el Código General del Proceso, debiendo designarse Defensor al niño o adolescente, aplicándose el literal C) del artículo 86 del presente Código, quienes deberán ser oídos si fuese posible, y citarse y emplazarse a los padres o responsables.

Artículo 132. (Invalidez).- No tendrá validez el consentimiento que se otorgue para la separación del hijo que está por nacer o dentro de los treinta días de su nacimiento.

III - De la Adopción

Adopción simple

Artículo 133. (Adoptantes).-

1) La adopción se permite a toda persona mayor de veinticinco años, cualquiera sea su estado civil, y siempre que tenga por lo menos quince años más que el adoptado.

2) El tutor no puede adoptar al niño o adolescente hasta que hayan sido aprobadas judicialmente las cuentas del cargo.

3) Nadie puede ser adoptado por más de una persona, a no ser por dos cónyuges que tengan por lo menos un año de matrimonio y que hubieran tenido al niño o adolescente a su cargo por el mismo tiempo.

  Si no se computara el año de matrimonio, pero hubiera existido durante dicho lapso un concubinato estable que culminó en matrimonio, se incluirá a los efectos de la tenencia, el período de la unión libre.

  Por motivo fundado y expreso, el Tribunal podrá otorgar la adopción aun cuando alguno de los cónyuges o ambos no alcanzaren la diferencia de edad con el adoptado, reduciéndola hasta un límite que admita razonablemente que éste puede ser hijo de los adoptantes, a juicio del Instituto Nacional del Menor.

  Ninguno de los cónyuges puede adoptar sin el consentimiento expreso del otro, salvo que estuviere impedido de manifestar su voluntad o que exista sentencia de separación de cuerpos.

4) Se permitirá la adopción por parte del padrastro o madrastra del hijo legítimo o natural reconocido del otro cónyuge.

5) Realizada la adopción, la separación o divorcio ulterior de los cónyuges no los exime de sus obligaciones para con el adoptado menor de edad.

Artículo 134. (Adoptados).-

1) Puede ser adoptado todo niño o adolescente, cuyo consentimiento será recabado conforme a las normas establecidas en el presente Código.

2) Cuando el adoptado sea demente o sordomudo que no pueda darse a entender por escrito, prestarán el consentimiento sus representantes legales.

3) Si se trata de un niño o adolescente sometido a patria potestad, será necesario el consentimiento de quien o quienes se encuentren en su ejercicio.

  El consentimiento para la adopción será prestado ante el Juez Letrado de Familia del domicilio de los adoptantes, compareciendo personalmente ante aquél.

  Los padres que consienten en la adopción perderán la patria potestad sobre el niño o adolescente, la que pasará al adoptante.

  El procedimiento se regirá por lo establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Artículo 135. (Efectos).-

1) El adoptado continúa perteneciendo a su familia natural donde conserva todos sus derechos.

2) En caso de interdicción, de ausencia comprobada judicialmente, de muerte o de revocación del adoptante durante la minoría de edad del adoptado, se dará conocimiento al Juez del domicilio real del menor, que dispondrá lo que más convenga al interés del niño o adolescente: el reintegro a su familia de origen o la entrega a otra familia sustituta.

3) La adopción solo establece relaciones jurídicas entre el adoptado y el adoptante y no entre cualquiera de ellos y la familia del otro.

4) La adopción produce los siguientes efectos:

A) Obligación recíproca de respeto entre el adoptante y adoptado.

B) Obligación de prestarse alimentos como obligados principales.

Artículo 136. (Revocación).-

1) La adopción podrá revocarse por motivos graves. La misma podrá solicitarse tanto por el adoptante como por el adoptado o quien lo represente, ante el Juez de Familia correspondiente.

2) La revocación hará cesar para el futuro los efectos de la adopción, lo que se comunicará a la Dirección General del Registro de Estado Civil a los efectos pertinentes.

3) Se procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Artículo 137. (Procedimiento).-

1) Las pretensiones de adopción, así como todas las reclamaciones relacionadas con las mismas, se tramitarán ante el Juzgado Letrado de Familia del domicilio del adoptante mediante el proceso voluntario (artículos 402 y siguientes del Código General del Proceso) con intervención preceptiva del Ministerio Público.

2) Los interesados a que refiere el artículo 403.2 del mismo Código son los padres y abuelos del niño o adolescente, los que serán citados personalmente o por edictos si no se conociera su domicilio.

  En caso de oposición por parte de uno de los mencionados, el proceso será contencioso aplicándose las normas del Código General del Proceso correspondientes al proceso extraordinario (artículos 346 y siguientes).

Previo al pronunciamiento, admitiendo o denegando la adopción el Juzgado interviniente deberá solicitar al Instituto Nacional del Menor, una evaluación sobre las condiciones personales del o de los adoptantes, su estabilidad familiar y las demás circunstancias que permitan fundamentar su criterio, para aconsejar la conveniencia o no de la adopción en el caso.

La sentencia que admite la adopción será comunicada a la Dirección General del Registro de Estado Civil a efectos de la anotación pertinente en la partida del niño o adolescente.

En todos los casos, se deberá tener en cuenta la opinión del niño o adolescente adoptado.

Artículo 138. (Derechos del adoptado).- El adoptado tiene derecho a conocer su condición de tal. El acceso al expediente judicial podrá ser autorizado por el Juez siempre que ello no perjudique al niño o adolescente atendiendo a su edad y características.

Si el adoptado tiene doce años o más no podrá negársele el acceso al expediente respectivo.

Artículo 139. (Salida del país).- Para que el niño o adolescente que ha sido adoptado pueda salir del país, se requerirá autorización de quienes ejerzan la patria potestad.

ADOPCIÓN PLENA

Artículo 140. (Adoptados).-

1) Se permite la adopción plena en favor de niños o adolescentes abandonados o huérfanos de padre y madre, o pupilos del Estado, o hijos de padres desconocidos o del hijo o hijos reconocidos por uno de los adoptantes.

  La condición de abandono se acreditará por sentencia ejecutoriada que declare la pérdida de la patria potestad.

2) Se autoriza la adopción plena en favor de niños o adolescentes abandonados por uno de sus progenitores legítimos, cuando fuere solicitada por el padre o madre que haya mantenido la patria potestad, conjuntamente con el cónyuge con el que contrajo nuevo matrimonio.

  La adopción plena prevista en el presente numeral solo podrá llevarse a cabo una sola vez, respecto al niño o adolescente.

3) Cuando se pretendiere adoptar en forma plena dos o más niños o adolescentes simultáneamente, no será obstáculo la circunstancia de que mediasen menos de ciento ochenta días entre sus respectivos nacimientos.

4) En caso de existir hermanos en situación de abandono, se propenderá a su integración conjunta en una familia adoptiva.

Artículo 141. (Adoptantes).-

1) Podrán solicitarla los cónyuges, mayores de veinticinco años, con quince años más que el niño o adolescente y que lo hubieran tenido bajo su guarda o tenencia por un término no inferior a un año, que computen por lo menos cuatro años de matrimonio, pudiéndose considerar en su caso el tiempo de concubinato previo al mismo, siempre que aquél hubiera sido estable, singular y público, compartiendo la vida en común.

  Por motivo fundado y expreso, el Tribunal podrá otorgarla aun cuando alguno de los cónyuges o ambos no alcanzaren tal diferencia de edad con el adoptado reduciéndola hasta un límite que admita razonablemente que éste puede ser hijo de los adoptantes o, en casos excepcionales, y si no mediare oposición del Ministerio Público, a pesar de que uno o los dos cónyuges no fueren mayores de veinticinco años de edad o no completaren los cuatro años de matrimonio a que refiere el inciso anterior.

2) También podrán efectuarla el viudo o viuda y los esposos divorciados siempre que medie la conformidad de ambos y cuando la guarda o tenencia del niño o adolescente hubiera comenzado durante el matrimonio y se completara después de la disolución de éste.

3) No es obstáculo para la adopción plena la existencia de una previa adopción simple realizada por los mismos peticionantes.

Artículo 142. (Procedimiento).-

1) La adopción plena deberá ser promovida ante el Juzgado Letrado de Familia del domicilio del adoptante.

  Se seguirá el procedimiento voluntario previsto en los artículos 402 y siguientes del Código General del Proceso. Se deberá designar curador "ad-litem" a todos los efectos.

2) En caso de oposición a la adopción plena el proceso será contencioso. Se aplicarán las normas del Código General del Proceso referidas al proceso extraordinario (artículos 346 y siguientes).

  El Juez diligenciará las pruebas ofrecidas y las que juzgue convenientes interrogando a los peticionantes y al niño o adolescente en su caso.

3) La tramitación será reservada en cuanto a terceros, no así respecto al niño o adolescente interesado quien tendrá derecho a acceder al expediente y a sus antecedentes cuando tuviere doce años de edad o más.

4) Previamente al dictado de la sentencia, el Juez deberá solicitar al Instituto Nacional del Menor su opinión sobre las condiciones personales de los adoptantes, su estabilidad familiar y toda otra circunstancia que permita fundar su criterio para aconsejar la conveniencia de la adopción plena en el caso.

  Será oído asimismo preceptivamente el Ministerio Público.

Artículo 143. (Procedencia).- La adopción plena solo se otorgará por justos motivos y existiendo conveniencia para el niño o adolescente.

Cuando el niño o adolescente tuviere derechos cuyo dominio se acredite por documento público o privado, el Juez dispondrá que el Actuario inserte en el mismo constancia breve que exprese el cambio de nombre del titular, de los que tomará nota el Registro respectivo cuando correspondiere.

Artículo 144. (Sentencia).- Con el testimonio de la sentencia ejecutoriada que autorice la adopción plena, la parte solicitante efectuará la inscripción del niño o adolescente en la Dirección General del Registro de Estado Civil como hijo legítimo inscripto fuera de término.

En la partida correspondiente no se hará mención alguna del juicio y su texto será el corriente en dicho instrumento.

Se realizará también la anotación pertinente en la libreta de organización de la familia de modo idéntico a la de los hijos legítimos.

El testimonio de la sentencia se archivará en forma dejándose constancia de haberse efectuado la inscripción mencionada.

Toda la tramitación y la expedición de partidas será gratuita.

Artículo 145. (Efectos).-

1) Realizada la adopción plena, caducarán los vínculos de filiación anterior del niño o adolescente a todos sus efectos, con excepción de los impedimentos previstos en el artículo 91 del Código Civil.

  Deberá hacerse constar dicha caducidad en el acta de inscripción original del niño o adolescente.

2) La adopción plena es irrevocable, aunque posteriormente nazcan hijos propios de uno o de ambos de los adoptantes plenos.

La adopción plena tendrá efectos constitutivos sobre el estado civil del niño o adolescente objeto de la misma, quien se reputará en adelante, con los mismos derechos y deberes que si hubiera nacido del matrimonio adoptante pleno.

ADOPCIÓN INTERNACIONAL

Artículo 146. (Principio general).- En defecto de convenios internacionales ratificados por la República, las adopciones internacionales se regularán por las disposiciones del presente Capítulo.

Se considera adopción internacional a la que se lleva a cabo por matrimonios con domicilio o residencia habitual en el extranjero, con relación a niños o adolescentes con domicilio o residencia habitual en la República.

Artículo 147. (Preferencia).- El Instituto Nacional del Menor y las demás autoridades con competencia en materia de adopción, deberán dar preferencia a la ubicación de los niños o adolescentes adoptables en hogares de cuidado o familias que los requieran y vivan dentro del territorio nacional.

Artículo 148. (Requisitos).- Las adopciones internacionales se constituirán con la intervención preceptiva del Instituto Nacional del Menor, a través de sus servicios especializados, debiendo observarse los demás requisitos y procedimientos previstos en el artículo 150 del presente Capítulo.

Artículo 149. (Residencia).- La adopción internacional será plena, pudiendo acceder a ella cónyuges cuya unión matrimonial no sea inferior a cuatro años.

Solo se realizará con aquellos países cuyas normas en materia de adopción y protección de niños y adolescentes tengan una razonable equivalencia con las de nuestro país.

Los adoptantes deberán residir y convivir con el niño o adolescente en el territorio nacional, aun en forma alternada, por un plazo de seis meses.

Artículo 150. (Documentos necesarios).- Con la solicitud de la adopción se deberá presentar la documentación justificativa de las condiciones físicas, morales, económicas y familiares de los solicitantes. Los informes y documentos al respecto deberán tramitarse por medio de las autoridades centrales del país de los adoptantes y de la República.

Artículo 151. (Competencia).- Serán competentes para el otorgamiento de la adopción internacional los Jueces de Familia del domicilio del adoptado, quienes procederán de acuerdo a los trámites del juicio extraordinario del Código General del Proceso (artículo 346). La apelación se regirá por la misma normativa (artículo 347).

Los solicitantes deberán comparecer a la audiencia preliminar en forma personal. También deberán hacerlo cuando el Tribunal, en forma fundada, lo considere conveniente.

La salida del niño o adolescente del país, será autorizada judicialmente, luego de quedar ejecutoriada la sentencia que decreta su adopción.

La salida solo tendrá lugar en compañía de uno o ambos padres adoptantes, debiendo ser oído preceptivamente el Ministerio Público.

Artículo 152. (Juicios de anulación).- Corresponde a los Jueces de Familia que autorizaron la adopción, la tramitación de los juicios de anulación, los que serán resueltos teniendo en cuenta el interés superior del niño o adolescente. El trámite se regirá por el procedimiento extraordinario del Código General del Proceso (artículos 346 y 347).

Artículo 153. (Nacionalidad).- Los niños y adolescentes de nacionalidad uruguaya adoptados por extranjeros domiciliados en el exterior mantienen su nacionalidad, sin perjuicio de adquirir, además, la de los adoptantes.

CONTROL ESTATAL DE LAS ADOPCIONES

Artículo 154. (Control).- El Instituto Nacional del Menor, a través de sus servicios especializados, es el organismo encargado de proponer, ejecutar y fiscalizar la política a seguir en materia de adopciones.

Para el desarrollo de programas de adopción, el Instituto Nacional del Menor podrá autorizar el funcionamiento de instituciones privadas con personalidad jurídica y especialización en la materia.

Artículo 155. (Cometidos del equipo técnico).- Todos los servicios e instituciones que desarrollen programas de adopción deberán contar con equipo técnico interdisciplinario que tendrá como cometidos:

A) Asesorar a los interesados en adoptar niños o adolescentes y analizar los motivos de su solicitud.

B) Evaluar las condiciones de salud, psíquicas, sociales y jurídicas de los solicitantes y las posibilidades de convivencia.

C) Llevar un Registro de Interesados en Adoptar, ordenado cronológicamente según fecha de solicitud, en el que conste el informe técnico a que refiere el literal anterior.

D) Seleccionar de dicho Registro respetando estrictamente el orden de inscripción, los posibles padres adoptivos, ante la solicitud formulada por el Juzgado competente, en el caso de un niño o adolescente en condiciones de ser adoptado.

  El orden solo podrá ser alterado por las necesidades del niño o adolescente, debidamente fundadas. En todos los casos el niño o adolescente deberá ser oído preceptivamente.

E) Orientar y acompañar el proceso de integración familiar.

F) Asesorar al Juez toda vez que le sea requerido su informe.

DEL REGISTRO DE ADOPCIONES

Artículo 156. (Funciones del Instituto Nacional del Menor).- El Instituto Nacional del Menor llevará un Registro reservado donde constarán los datos identificatorios de:

1) Los adoptantes: nombre, nacionalidad, domicilio y estado civil e institución nacional o extranjera que lo patrocinó.

2) El niño o adolescente.

3) Juzgado en que se tramitó el proceso respectivo.

CAPÍTULO XII

TRABAJO

Artículo 157. (Principio general).- El estatuto de los adolescentes que trabajan se regulará conforme a las normas del presente Código, leyes especiales, tratados, convenciones y resoluciones internacionales ratificadas por el país.

Artículo 158. (Edad de admisión).- Fíjase en quince años la edad mínima que se admitirá en los adolescentes que trabajen en empleos públicos o privados, en todos los sectores de la actividad económica, salvo las excepciones especialmente establecidas en los artículos siguientes.

Artículo 159. (Obligación de protección).- Para el caso de que estos adolescentes trabajen, el Estado está obligado a protegerlos contra toda forma de explotación económica y contra el desempeño de cualquier tipo de trabajo peligroso, nocivo para su salud o para su desarrollo físico, espiritual, moral o social.

Prohíbese todo trabajo que no le permita gozar de bienestar en compañía de su familia o responsables o entorpezca su formación educativa.

Artículo 160. (Trabajos nocivos).- El Instituto Nacional del Menor, con el asesoramiento de los Ministerios de Salud Pública y de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguros del Estado, establecerá con carácter de urgente el listado de tareas a incluir dentro de la categoría de trabajo peligroso o nocivo para la salud o para su desarrollo físico, espiritual o moral, los que estarán terminantemente prohibidos, cualquiera fuere la edad del que pretenda trabajar o ya se encuentre en relación de trabajo.

El Instituto Nacional del Menor regulará las formas de control necesarias para el cese de estas situaciones.

Artículo 161. (Situaciones especiales).- El Instituto Nacional del Menor revisará las autorizaciones que ha prestado respecto al empleo de niños y adolescentes entre los trece y los quince años. Solo serán permitidos trabajos ligeros, que por su naturaleza o por las condiciones en que se prestan no perjudican el desarrollo físico, mental o social de los mismos, ni obstan a su escolaridad.

El Estado promoverá programas de apoyo integral para desalentar y eliminar paulatinamente el trabajo de estos niños y adolescentes.

La sociedad civil deberá prestar su concurso en las campañas preventivas, educativas e informativas que se desarrollen a fin de asegurar el bienestar del niño y adolescente.

Se consideran programas de educación en el trabajo, aquellos que, realizados por el Instituto Nacional del Menor o por instituciones sin fines de lucro, tienen exigencias pedagógicas relativas al desarrollo personal y social del alumno, que prevalecen sobre los aspectos productivos. En consecuencia, la remuneración que recibe el alumno por el trabajo realizado o por la participación en la venta de productos de su trabajo, no desvirtúa la naturaleza educativa de la relación.

Artículo 162. (Trabajo de los niños y adolescentes).- Prohíbese el trabajo de los niños y de los adolescentes menores de quince años. No obstante, el Instituto Nacional del Menor podrá, teniendo en cuenta el interés superior del niño o adolescente, conceder autorizaciones especiales.

Artículo 163. (Carné de habilitación).- Para trabajar, los adolescentes deberán contar con carné de habilitación, tramitado ante el departamento especial del Instituto Nacional del Menor. En dicho carné constará el examen médico que lo declare apto para el trabajo, así como la constancia de haber completado el ciclo de enseñanza obligatoria o el nivel alcanzado.

Artículo 164. (Jornada de trabajo).- Los mayores de quince años no podrán trabajar más de seis horas diarias, equivalentes a treinta y seis horas semanales y disfrutar de un día de descanso semanal, preferentemente en domingo. El Instituto Nacional del Menor podrá autorizar a los adolescentes entre dieciséis y dieciocho años a trabajar hasta ocho horas diarias, correspondiéndoles dos días continuos de descanso por cada cinco de trabajo.

Podrá otorgar permiso, con carácter de excepción, a adolescentes mayores de quince años para desempeñarse en horarios especiales, durante períodos zafrales o estacionales, siempre que la actividad no interfiera con el ciclo educativo y que el tipo de actividad no esté incluido en la categoría de peligroso. El período de excepción podrá ser hasta por un máximo de tres meses.

Artículo 165. (Trabajo nocturno).- Los adolescentes no podrán ser empleados ni trabajar en horario nocturno, entendiéndose por tal, a los efectos del presente Código, el comprendido entre las veintiuna horas y las seis de la mañana del día siguiente.

No obstante, el Instituto Nacional del Menor podrá autorizarlo, teniendo en cuenta su interés superior.

Artículo 166. (Fiscalización y sanciones).- Sin perjuicio del contralor general del cumplimiento de las normas de previsión social por los Inspectores del Trabajo y de la Seguridad Social, los Inspectores del Instituto Nacional del Menor estarán habilitados con las mismas facultades y responsabilidades, para controlar el cumplimiento de las disposiciones específicas respecto al trabajo de los adolescentes.

Las empresas o los particulares que no cumplan con las obligaciones impuestas serán sancionados con una multa, a juicio del Juez, de entre 50 UR (cincuenta unidades reajustables) y 300 UR (trescientas unidades reajustables), según los casos.

Artículo 167. (Competencia).- Serán competentes para entender en las infracciones previstas en el artículo anterior, los Jueces de Familia, quienes actuarán siguiendo el procedimiento extraordinario previsto en el Código General del Proceso.

Será oído preceptivamente el Ministerio Público.

Artículo 168. (Recurribilidad).- La sentencia podrá ser apelada ante el Tribunal de Familia respectivo, cuya decisión hará cosa juzgada.

Artículo 169. (Responsabilidad de los padres o responsables).- Los padres o responsables de los niños y adolescentes que permitan o favorezcan que estos trabajen violando las normas prohibitivas consagradas en el presente Código, incurrirán en el delito previsto por el artículo 279 B del Código Penal.

Constatada la infracción, el Instituto Nacional del Menor o cualquier persona responsable, formulará la denuncia al Juez Letrado en lo Penal que corresponda.

Artículo 170. (Asesoramiento).- Todo adolescente podrá requerir asesoramiento en la Oficina Especializada de Trabajo y Seguridad Social y realizar las gestiones que correspondan.

Artículo 171. (Peculio profesional o industrial).- Todo adolescente que trabaje tendrá derecho de acuerdo a lo prescripto por los artículos 266 y siguientes del Código Civil, a la administración exclusiva del salario o remuneración que perciba, la que deberá serle abonada directamente, siendo válido el recibo que el empleador otorgue por tal concepto. Cualquier constancia en el recibo o fuera de él que pudiera implicar renuncia del adolescente a sus derechos, carecerá de validez.

Artículo 172. (Remuneración).- La remuneración del adolescente trabajador se regirá por lo dispuesto en las leyes, decretos, laudos o convenios colectivos de la actividad correspondiente.

Artículo 173. (Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).- En caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales de un adolescente trabajador, se investigarán las causas y si se comprueban irregularidades como realización de tareas prohibidas, o encontrarse el menor de edad en sitio en el que esté prohibida su presencia, se considerará por este hecho el accidente o la enfermedad como resultante de la culpa grave del empleador, con las consecuencias previstas por el artículo 7º de la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989.

El empleador podrá eximirse de esta responsabilidad si prueba fehacientemente que el joven se encontraba circunstancialmente en el lugar y sin conocimiento de la persona habilitada para permitirle el acceso.

CAPÍTULO XIII

DE LA PREVENCIÓN ESPECIAL

I - Medios de comunicación, publicidad y espectáculos

Artículo 174. (Vulneración de derechos a su incitación).- La exhibición o emisión pública de imágenes, mensajes u objetos no podrá vulnerar los derechos de los niños y adolescentes, los principios reconocidos en la Constitución de la República y las leyes, o incitar a actitudes o conductas violentas, delictivas, discriminatorias o pornográficas.

Artículo 175. (Programas radiales o televisivos).- Los programas de radio y televisión en las franjas horarias más susceptibles de audiencia de niños y adolescentes, deben favorecer los objetivos educativos que dichos medios de comunicación permiten desarrollar y deben potenciar los valores humanos y los principios del Estado democrático de derecho. Debe evitarse, en las franjas horarias antedichas, la exhibición de películas que promuevan actitudes o conductas violentas, delictivas, discriminatorias o pornográficas, o fomenten los vicios sociales.

Artículo 176. (Principios rectores).- A fin de proteger los derechos de los niños y adolescentes, en lo que refiere a la publicidad elaborada y divulgada en todo el territorio nacional, deberán atenderse los siguientes principios:

A) Los anuncios publicitarios no deben incitar a la violencia, a la comisión de actos delictivos o a cualquier forma de discriminación.

B) Las prestaciones del producto deben mostrarse en forma comprensible y que coincida con la realidad.

II - Publicidad protagonizada por niños y adolescentes

Artículo 177. (Participación de niños y adolescentes).- Prohíbese la participación de niños y adolescentes en anuncios publicitarios que promocionen bebidas alcohólicas, cigarrillos o cualquier producto perjudicial para su salud física o mental.

Artículo 178. (Mensajes publicitarios).- Prohíbese la participación de niños y adolescentes en mensajes publicitarios que atenten contra su dignidad o integridad física, psicológica o social.

III - Espectáculos y centros de diversión

Artículo 179. (Preservación de la corrupción).- Prohíbese la concurrencia de personas menores de dieciocho años a casinos, prostíbulos y similares.

El Instituto Nacional del Menor reglamentará a los efectos pertinentes la concurrencia de adolescentes a locales de baile, espectáculos públicos de cualquier naturaleza, hoteles de alta rotatividad y afines.

Corresponde asimismo al Instituto Nacional del Menor regular la asistencia de niños y adolescentes a espectáculos públicos de cualquier naturaleza.

Artículo 180. (Prohibición de proveer).- Prohíbese la venta a niños y adolescentes de:

1) Armas, municiones y explosivos.

2) Bebidas alcohólicas.

3) Tabaco, fármacos, pegamentos y similares, cuyos componentes puedan significar un peligro o crear dependencia física o psíquica.

4) Revistas y publicaciones que violen las normas establecidas en los artículos 174 a 176 del presente Código.

Artículo 181. (Fiscalización).-

1) La fiscalización de lo establecido en los artículos 174 a 180 del presente Código, será facultad del Instituto Nacional del Menor.

2) Las empresas o los particulares que no cumplan con las obligaciones impuestas en los artículos 174 a 180 del presente Código, serán sancionados con una multa, a juicio del Juez, entre 50 UR (cincuenta unidades reajustables) y 200 UR (doscientas unidades reajustables), según los casos. En los casos de reincidencia, podrán duplicarse los referidos montos.

El Instituto Nacional del Menor podrá solicitar al Juez competente la clausura, por veinticuatro horas a diez días, del establecimiento en infracción.

Artículo 182. (Competencia).- Serán competentes, para entender en la aplicación de las infracciones, los Jueces de Familia, quienes actuarán siguiendo el procedimiento extraordinario previsto por el Código General del Proceso.

Será oído preceptivamente el Ministerio Público.

Artículo 183. (Recurribilidad).- La sentencia podrá ser apelada ante el Tribunal de Apelaciones de Familia respectivo, cuya decisión hará cosa juzgada.

IV - Autorización para viajar

Artículo 184. (Compañía de los padres o responsables).- Los niños y adolescentes no necesitan autorización para viajar cuando salen del país acompañados de quienes ejerzan la patria potestad.

Artículo 185. (Uso del pasaporte-habilitado).- Tampoco necesitan autorización cuando viajen en posesión de pasaporte válido autorizado por quienes ejerzan la patria potestad o habilitado de edad.

Artículo 186. (Autorizaciones).- Los niños y adolescentes que viajen solos o en compañía de terceros, fuera del país, necesitan el consentimiento de ambos padres, o del representante legal y a falta de éste, del Juez de Familia.

En caso de separación o divorcio, se requerirá la autorización de ambos padres. Si se planteara conflicto para el consentimiento, lo resolverá el Juez Letrado de Familia, quien fijará la duración de la estadía.

Se seguirán los trámites del proceso incidental según lo dispone el Código General del Proceso, oyéndose preceptivamente al Ministerio Público.

Artículo 187. (Adoptados).- Los niños y adolescentes adoptados por matrimonios extranjeros necesitan la autorización del Juez Letrado de Familia, aun cuando viajen con sus padres, la que se tramitará según las normas del proceso voluntario (artículos 402 y siguientes del Código General del Proceso).

CAPÍTULO XIV

ACCIONES ESPECIALES

Artículo 188. (Acción de amparo).- La acción de amparo para la protección de los derechos de los niños y adolescentes se regirá por la Ley Nº 16.011, de 19 de diciembre de 1988, y por las siguientes disposiciones.

Podrá ser deducida también por el Ministerio Público, cualquier interesado y las instituciones o asociaciones de interés social que según la ley, o a juicio del Tribunal, garanticen una adecuada defensa de los derechos comprometidos.

Procederá en todos los casos, excepto que exista proceso jurisdiccional pendiente, presumiéndose, salvo prueba en contrario, que los otros medios jurídicos de protección resultan ineficaces.

Deberá ser promovida dentro de los treinta días a partir de la fecha en que se produjo el acto, hecho u omisión contra el que se recurre.

Serán competentes en razón de la materia los Jueces Letrados de Familia.

Artículo 189. (Intereses difusos).- Amplíase a la defensa de los derechos de los niños y adolescentes las previsiones del artículo 42 del Código General del Proceso.

CAPÍTULO XV

DE LA INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD O MATERNIDAD

Artículo 190. (Principio general).- Las acciones de investigación de la paternidad o maternidad se regularán exclusivamente por las disposiciones contenidas en el presente Capítulo.

La paternidad o maternidad declaradas asegurarán al niño y adolescente todos los derechos correspondientes a la filiación natural, en especial, los derechos hereditarios inherentes a la misma, así como los alimentos necesarios para su desarrollo y bienestar y el derecho a llevar los apellidos de quienes resulten declarados como sus padres.

Artículo 191. (Accionantes).- Podrán iniciar la acción:

1) El hijo, hasta los veinticinco años de edad. Durante la menor edad solamente podrá ser deducida la acción por la madre, el padre, o su representante legal, según correspondiere.

2) La madre o el padre, desde que se constata la gravidez, hasta que el hijo cumpla dieciocho años.

  Si el padre o la madre fuere menor de edad, se le nombrará curador "ad litem".

  Si el padre o la madre menor de edad estuviere internado en el Instituto Nacional del Menor, éste deberá solicitar al Juez Letrado de Familia, el nombramiento de curador "ad litem".

3) El Instituto Nacional del Menor, de oficio, cuando tenga conocimiento que el niño ha sido inscripto como hijo de padres desconocidos, o que ingrese al establecimiento un niño o adolescente sin filiación paterna o materna, o cuando un niño o adolescente lo solicite.

  A efectos de esta acción, los Oficiales de la Dirección General del Registro de Estado Civil, darán cuenta, en el primer caso, de dicha inscripción.

  El Instituto Nacional del Menor requerirá de las oficinas respectivas un informe semestral de estas situaciones.

Artículo 192. (Emplazamiento).- En los casos previstos por el numeral 3) del artículo 191, el Instituto Nacional del Menor iniciará los procedimientos judiciales ante el Juez de Familia competente, para que emplace al padre o a la madre del niño o adolescente con domicilio conocido.

Si no se conociera el domicilio, se le emplazará por edictos.

Artículo 193. (Acción del padre o la madre).- Si el padre o la madre comparece dentro del término y expresa su voluntad de iniciar por sí mismo la investigación, lo hará ajustándose al procedimiento fijado por el presente Capítulo.

Artículo 194. (No comparecencia).- Si citado por segunda vez y bajo apercibimiento, el padre o la madre no comparece en autos, el Juez competente pondrá esta circunstancia en conocimiento del Ministerio Público quien podrá proponer dos o más personas idóneas para que entre ellos se elija el curador "ad litem" del menor, quien instaurará y proseguirá la acción.

Artículo 195. (Administrador legal).- El Instituto Nacional del Menor será el administrador legal de la pensión alimentaria que se obtenga como consecuencia de la acción, a la vez que será responsable del bienestar, salud y educación del niño o adolescente internado en sus dependencias.

Artículo 196. (Procedimientos).- Las pretensiones que conciernen a las cuestiones de investigación de la paternidad o maternidad a que refiere el presente Capítulo, se tramitarán por el proceso extraordinario previsto en el Código General del Proceso (artículos 346, 347, 349 y 350).

Artículo 197. (Admisión de pruebas).- En esta clase de juicios serán admisibles todas las clases de prueba. La no colaboración para su diligenciamiento sin causa justificada, será tenida como una presunción simple en su contra.

El demandado no podrá excepcionarse invocando la mala conducta de la madre.

Deberá oírse preceptivamente al Ministerio Público.

Artículo 198. (Maniobras artificiosas).- Cuando de la denuncia sobre paternidad o maternidad, resultase el empleo de maniobras artificiosas, se pasarán los antecedentes al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Turno en la fecha que se invocó el engaño.

CAPÍTULO XVI

DE LA PÉRDIDA, LIMITACIÓN, SUSPENSIÓN O REHABILITACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD

Artículo 199. (Competencia).- Es Juez competente para conocer en los juicios de pérdida, limitación, suspensión o rehabilitación de la patria potestad, en los casos previstos en los artículos 285, 286, 295 y 296 del Código Civil, aunque la patria potestad sea ejercida de acuerdo con el artículo 177 del mismo Código, el Juez Letrado de Familia en Montevideo y los Jueces Letrados Departamentales del domicilio de los padres, y cuando el domicilio no sea conocido, el de la residencia del niño o adolescente.

Artículo 200. (Responsabilidad del Ministerio Público).- La demanda deberá ser deducida por el Ministerio Público siempre que tenga conocimiento de alguno de los hechos que puedan dar lugar a la pérdida, limitación o suspensión de la patria potestad.

Cuando el Juez de Familia reciba información fehaciente que aconseje la separación de un niño o adolescente de su familia de origen, previo asesoramiento técnico, deberá dar cuenta al Ministerio Público a fin de que éste determine si ejerce la facultad conferida en el inciso anterior.

En todos los casos, deberá aplicarse lo dispuesto en el literal C) del artículo 86 del presente Código.

Lo dispuesto en este artículo no modifica la posibilidad de deducir la demanda por quienes asimismo poseen legitimación activa (artículo 289 del Código Civil).

Artículo 201. (Procedimiento).- Las pretensiones que conciernen a las cuestiones de limitación, pérdida, suspensión o rehabilitación de la patria potestad, se tramitarán por el proceso extraordinario previsto en el Código General del Proceso (numeral 3) del artículo 349, y artículos 346, 347 y 350).

Artículo 202. (Administración de los bienes).- El Juez Letrado de Familia o los Jueces Letrados Departamentales, cuando lo consideren conveniente, podrán entregar la administración de los bienes del niño o adolescente a instituciones bancarias de notoria responsabilidad.

Artículo 203. (Reserva).- No serán de conocimiento público las situaciones previstas en los artículos 285, 286, 295 y 296 del Código Civil.

No obstante, el Tribunal podrá decidir la publicidad del proceso siempre que las partes consintieran en ello (artículo 8º de la Ley Nº 16.699, de 25 de abril de 1995).

CAPÍTULO XVII

CONSEJO NACIONAL HONORARIO DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

Artículo 204. (Creación).- Créase el Consejo Nacional Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente que se integrará con un representante del Ministerio de Educación y Cultura, uno del Ministerio de Salud Pública, uno del Instituto Nacional del Menor, uno del Poder Judicial, uno de la Administración Nacional de Educación Pública, uno del Congreso de Intendentes, uno del Colegio de Abogados, tres de las organizaciones no gubernamentales y uno de las organizaciones privadas, en ambos casos, de promoción y atención a la niñez y adolescencia.

Artículo 205. (Integración).- Los representantes de los organismos públicos deberán ser funcionarios de las más altas jerarquías.

Los representantes de las organizaciones no gubernamentales y de las organizaciones privadas serán designados en la forma que establezca la reglamentación.

Artículo 206. (Convocatorias especiales).- El Consejo podrá convocar a sesiones extraordinarias a representantes del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio del Interior y Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás organismos públicos que tengan injerencia en el tema.

Artículo 207. (Competencia).- El Consejo que se crea tendrá competencia a nivel nacional. Serán sus fines:

1) Coordinar e integrar las políticas sectoriales de atención a la niñez y adolescencia y supervisar el diseño de las mismas, por parte de las diferentes entidades públicas vinculadas al tema.

2) Elaborar un documento anual que contemple lo establecido en el numeral anterior.

3) Solicitar la información necesaria para cumplir los cometidos relacionados en los numerales precedentes, recabando la misma directamente a los organismos competentes, la que deberá ser brindada en el plazo más breve.

4) Ser oído preceptivamente en la elaboración del informe que el Estado debe elevar al Comité sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (artículo 44 de la Convención sobre Derechos del Niño).

5) Ser oído preceptivamente en la elaboración de las leyes de presupuesto, rendición de cuentas y demás normas que tengan relación con la niñez y adolescencia.

Artículo 208. (Jerarquía).- El Consejo actuará en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, cuyo representante lo presidirá, el cual establecerá la sede de sus reuniones y asignará los recursos necesarios para su funcionamiento.

Artículo 209. (Atribuciones).- El Consejo deberá crear Comisiones Departamentales, reglamentando su integración y funcionamiento.

Asimismo coordinará e integrará sus políticas con las de las Comisiones Honorarias de Promoción de la Infancia en Situación de Riesgo creadas por el artículo 37 de la Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 1995, y con las de la Comisión Asesora Honoraria de Ayuda al Niño Carenciado, creada por el artículo 615 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, en sus diversos ámbitos de competencia.

Artículo 210. (Funcionamiento).- El Consejo dictará su reglamento interno de funcionamiento dentro del plazo de sesenta días a partir de su instalación.

CAPÍTULO XVIII

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo 211. (Sistema de datos).- El Instituto Nacional del Menor deberá desarrollar el Sistema Nacional de Información sobre Niñez y Adolescencia, que deberá incluir datos sobre el niño o adolescente y las instituciones que lo atienden.

Artículo 212. (Seguimiento).- El Sistema Nacional de Información sobre Niñez y Adolescencia deberá generar datos que permitan un adecuado seguimiento de la atención del niño o adolescente y de la evolución de la misma, así como generar la información necesaria para la formulación de las políticas de niñez y adolescencia.

Artículo 213. (Colaboración).-

1) Los distintos Poderes y reparticiones del Estado, instituciones privadas y organismos no gubernamentales, deberán aportar los datos e información pertinentes al Sistema Nacional de Información sobre Niñez y Adolescencia, sin perjuicio de la autonomía y competencia específica de cada institución pública o privada.

2) La Suprema Corte de Justicia, a través de sus órganos competentes, desarrollará un sistema de información sobre niños y adolescentes atendido tanto por la judicatura de adolescentes como de familia.

  Los datos manejados por este Sistema Judicial de Información tendrán igual régimen y tratamiento que el establecido por los artículos 214 y 215 del presente Código.

Artículo 214. (Reserva).- El Instituto Nacional del Menor será el custodio de la información contenida en el Sistema Nacional de Información sobre Niñez y Adolescencia, por lo que se deberá garantizar el uso reservado y confidencial de los datos correspondientes a cada niño o adolescente, en concordancia con su interés superior y en cumplimiento del derecho a la privacidad de su historia personal, como único propietario de la misma.

Artículo 215. (Limitaciones).- La información relativa a niños y adolescentes no podrá ser utilizada como base de datos para el rastreo de los mismos, una vez alcanzada la mayoría.

Los antecedentes judiciales y administrativos de los niños o adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley, se deberán destruir en forma inmediata al cumplir los dieciocho años o al cese de la medida.

CAPÍTULO XIX

Artículo 216. (Nueva denominación).- A partir de la promulgación del presente Código, el Instituto Nacional del Menor (INAME) pasará a denominarse "Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay" (INAU), manteniendo su carácter de servicio descentralizado a todos sus efectos y competencias.

CAPÍTULO XX

DEROGACIONES Y OBSERVANCIA DEL PRESENTE CÓDIGO

Artículo 217.- Derógase la Ley Nº 9.342, de 6 de abril de 1934 (Código del Niño), sus modificaciones y todas las disposiciones legales que se opongan al presente Código.

Artículo 218.- La derogación dispuesta no alcanza a la Ley Nº 15.977, de 14 de setiembre de 1988, la que mantiene su vigor, en tanto no se oponga a las disposiciones del presente Código.

Artículo 219.- Decláranse vigentes las normas que otorgan competencia a la Suprema Corte de Justicia para organizar las oficinas de tribunales, disponer su fusión o división, así como fijar el régimen de turnos, el de las notificaciones y el de las comunicaciones entre los diversos tribunales y servicios judiciales.

Artículo 220.- Derógase el artículo 25 de la Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 1995, sustitutivo del artículo 114 de la Ley Nº 9.342, de 6 de abril de 1934.

Mantienen su vigencia los artículos 35, 37 y 38 de la misma ley.

Artículo 221.- Deróganse las disposiciones del Código Civil que han sido objeto de modificación expresa por el presente Código.

Artículo 222.- Derógase el Decreto-Ley Nº 15.210, de 9 de noviembre de 1981, y la Ley Nº 10.674, de 20 de noviembre de 1945, y sus modificativas, Ley Nº 12.689, de 29 de diciembre de 1959 y el Decreto-Ley Nº 14.759, de 5 de enero de 1978.

Artículo 223.- Mantiene su vigor la Ley Nº 16.719, de 11 de octubre de 1995.

Artículo 224.- Deróganse los artículos 174 y 241, y el inciso primero del artículo 242 del Código Civil, y todas las demás disposiciones que se opongan al presente Código.

Artículo 225. (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay).- Desde la publicación oficial del presente Código, se incluirá en el texto la denominación del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Montevideo, 8 de marzo de 2000.

DANIEL DÍAZ MAYNARD, Representante por Montevideo, BEATRIZ ARGIMÓN, Representante por Montevideo, IVÁN POSADA, Representante por Montevideo, DIANA SARAVIA OLMOS, Representante por Treinta y Tres, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, FELIPE MICHELINI, Representante por Montevideo, ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES, Representante por Maldonado.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Considerando las Resoluciones del Poder Ejecutivo de 12 de junio de 1995 y 17 de setiembre de 1996, el profundo estudio de la anterior Legislatura, en especial la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, actores públicos y privados, se presenta a consideración el proyecto denominado Código de la Niñez y la Adolescencia.

En cuanto a la fundamentación jurídica del referido proyecto, se tomó como base el Código Civil, los Códigos del Niño y Penal de 1934, el anteproyecto del Código del Menor, del mismo año, la Ley de Legitimación Adoptiva Nº 10.764, de 20 de noviembre de 1945, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, la Convención de los Derechos del Niño (Ley Nº 16.137, de 28 de setiembre de 1990), entre otros textos legales.

Desde un punto de vista general, dentro del proyecto, destacamos la protección de la niñez y adolescencia como interés supremo. El mismo diferencia los conceptos de niño y adolescente en razón de la edad, pero ratifica con énfasis que son titulares de derechos, deberes y garantías inherentes a su calidad de persona humana. Se destaca, también, principios tan importantes como el derecho a la educación, cultura, esparcimiento y a desarrollarse en compañía de su familia como base de la sociedad.

Se pone hincapié en la necesidad imperiosa de implantar una estructura de carácter integral, que coordine las relaciones entre instituciones estatales y no estatales para velar por el niño y adolescente. Para dicho cometido, es que se propone la creación del Consejo Nacional Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente.

En cuanto a los menores infractores, prima el principio del debido proceso como garantía esencial en un estado de derecho, además de la vigencia de las normas constitucionales, legales e instrumentos internacionales, especialmente, la Convención de los Derechos del Niño. Resaltamos las medidas socio-educativas como opciones de contenido resocializador, se regula adecuadamente toda la temática de las infracciones penales.

Se establece delimitación de competencia en vía jurisdiccional y administrativa.

El concepto de filiación se enmarca dentro de la concepción moderna, que todo niño y adolescente tiene derecho a saber quiénes son sus padres.

En otro capítulo se ratifican los caracteres de la obligación alimentaria, en base a su contenido de irrenunciable, intransmisible, inembargable e imprescriptible. También se regula pormenorizadamente el concepto de alimentos, abarcando las necesidades relativas al sustento, habitación, vestimenta, atención médica y los gastos necesarios para adquirir una profesión, oficio, educación, cultura y recreación. Se consideran alimentos los gastos de atención de la madre durante el embarazo, desde la concepción hasta la etapa del postparto.

Dentro del Capítulo "Adopción", en sus nuevas modalidades, se destaca el sentido de necesidad social del tema.

Desde el punto de vista del niño en su formación se tiende a evitar toda causa de minusvalencia que pueda provocar en la psiquis del niño.

En este preciso tema inciden factores económicos, sociales y morales que pueden llegar a perjudicar al menor, objeto del mismo.

Aquí surge un claro ejemplo de que la ley debe amparar y estar al servicio del desprotegido.

Se prevén tres clases de adopción: simple y plena, dentro del ámbito interno y la internacional.

En cuanto a la adopción plena, se siguen los lineamientos generales de las magníficas Leyes Nº 10.674, de 20 de noviembre de 1945, y Nº 14.759, de 5 de enero de 1978, insertando opiniones de destacadísimos técnicos.

Se aconseja la creación del Consejo Nacional de los Derechos del Niño y Adolescente, integrado por representantes de las más altas jerarquías de los órganos públicos y por representantes de las Organizaciones No Gubernamentales y privadas de promoción y atención a la niñez y a la adolescencia. Sus cometidos esenciales se centran en la coordinación e integración de las políticas sectoriales sobre la adolescencia y la niñez diseñadas por distintos técnicos.

El concepto de trabajo se encuentra jurídicamente amparado por las normas de este presente proyecto, leyes especiales, convenciones y tratados internacionales ratificados por el país.

Se estipula la obligación de protección por parte del Estado contra toda forma de explotación económica y contra el desempeño de cualquier tipo de trabajo peligroso, nocivo para su salud o para su desarrollo físico, espiritual, moral o social.

Se regula la jornada, el trabajo nocturno, estableciendo sanciones en caso de violación de las previsiones legales por parte del empleador.

Existe prevención especial, en cuanto a los medios de comunicación, publicidad y espectáculos.

Por otra parte, el actual Instituto Nacional del Menor pasará a denominarse Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, manteniendo su carácter de servicio descentralizado a todos sus efectos y competencias.

En conclusión, el presente proyecto tiene como finalidad esencial la protección integral del niño y adolescente como base indiscutible de toda sociedad donde impera el derecho, como expresión máxima de garantía de todos los ciudadanos.

Los abajo firmantes se reservan el derecho de efectuar todas las modificaciones que consideren pertinentes, dentro de los plazos estrictamente reglamentarios.

Montevideo, 8 de marzo de 2000.

DANIEL DÍAZ MAYNARD, Representante por Montevideo, BEATRIZ ARGIMÓN, Representante por Montevideo, IVÁN POSADA, Representante por Montevideo, DIANA SARAVIA OLMOS, Representante por Treinta y Tres, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, FELIPE MICHELINI, Representante por Montevideo, ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES, Representante por Maldonado".

Anexo I al
Rep. Nº 22

"TEXTOS DE LAS ENMIENDAS

Artículo 133. (Adoptantes).-

"3) Nadie puede ser adoptado por más de una persona, a no ser por dos cónyuges que tengan por lo menos un año de matrimonio y hubieran tenido al niño o adolescente a su cargo por un término no inferior a un año".

"Artículo 138. (Derechos del adoptado).- El adoptado tiene derecho a conocer su condición de tal. El acceso al expediente judicial podrá ser autorizado por el Juez siempre que ello no perjudique al niño o adolescente atendiendo a su edad y características.

Si el adoptado tiene dieciocho años o más, no podrá negársele el acceso al expediente respectivo".

Montevideo, 29 de mayo de 2000.

ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES, Representante por Maldonado, JORGE BARRERA, Representante por Montevideo".

Anexo II al
Rep. Nº 22

"TEXTO DE LAS ENMIENDAS

CAPÍTULO II

DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Se sugiere agregar el derecho de imagen dentro de los derechos esenciales regulados en el presente proyecto, en su artículo 9º, por lo que quedaría redactado de la siguiente forma:

"ARTÍCULO 9º. (Derechos esenciales).- Todo niño y adolescente tiene derecho intrínseco a la vida, dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura, participación, asociación y a los beneficios de la seguridad social".

Fundamento: el derecho de imagen es una protección jurídica fundamental para el niño y adolescente en el mundo actual donde las comunicaciones son tan trascendentes, por eso es necesario su consagración como derecho esencial.

CAPÍTULO VIII

1 - DERECHOS Y GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO

Se sugiere agregar en el literal C) del artículo 32 lo siguiente: y fundada siempre que lo justifique la debida administración de justicia, siendo su nueva redacción de acuerdo a lo descripto a continuación:

"C) Principio que condiciona la detención.- Solo puede ser detenido en casos de infracciones flagrantes o existiendo elementos de convicción suficientes sobre la comisión de una infracción. En este último caso, mediante orden escrita del Juez competente comunicada por medios fehacientes. La detención será una medida excepcional y fundada siempre que lo justifique la debida administración de justicia".

Se sugiere agregar en el literal D) del artículo 32 lo siguiente: no pudiendo compartir su detención con adultos, siendo su nueva redacción de acuerdo a lo descripto a continuación:

"D) Principio de humanidad.- El adolescente privado de libertad será tratado con la humanidad y respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, no pudiendo compartir su detención con adultos".

Fundamento: se trata de preservar al menor infractor, aislándolo de la posibilidad de integrar su lugar de reclusión con sujetos adultos. Esta previsión la establece la Convención sobre los Derechos del Niño.

Artículo 34. (Procedimiento).-

Se sugiere agregar un nuevo literal que sería el D)

Cometidos de la autoridad policial

"D) Informar a sus padres o responsables, como forma de asegurar sus garantías y derechos".

Fundamento: el referido agregado se sugiere como protección jurídica al adolescente y se fundamenta en la Convención sobre los Derechos del Niño, más precisamente en su artículo 40 literal B).

Audiencia preliminar

Se sugiere modificar por la siguiente redacción:

"En los casos de infracciones de adolescentes que lo justifiquen, será obligatoria la presencia del Juez quien dispondrá, en un plazo que no exceda las veinticuatro horas, la realización de una audiencia preliminar donde deberán estar presentes, bajo pena de nulidad, el adolescente, su Defensor y el Ministerio Público".

Fundamento: se requiere la presencia obligatoria del Juez, porque en la práctica puede suceder la actuación de un funcionario receptor y tratándose, precisamente, de adolescentes infractores es esencial la presencia del Juez.

RÉGIMEN DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD

Se sugiere sustituir por la siguiente redacción:

"ARTÍCULO 49. (Duración de las medidas de privación de libertad).-

La medida de privación de libertad tendrá una duración máxima de tres años".

El fundamento de la siguiente modificación radica, en la severidad extrema propuesta en la redacción original, dado que la privación de libertad por cinco años, determinaría prácticamente la mitad de la vida del adolescente; por lo expresado, es que solicitamos la reducción de la pena.

Se sugiere sustituir el numeral 2) del artículo 79, por la siguiente redacción:

"ARTÍCULO 79. (Inscripción de los hijos).-

A falta de inscripción por su padre, llevará como primer apellido uno de uso común, que resulte del sorteo de la nómina de apellidos que elabora la Dirección General del Registro de Estado Civil, de acuerdo con el Decreto-Ley Nº 15.462, de 16 de setiembre de 1983, y, como segundo apellido, el de su madre biológica".

Fundamento: evitar que el niño tenga un solo apellido, lo que fácilmente lo identifica socialmente como hijo natural, pudiendo provocar un gran perjuicio psicológico irreversible.

Se sugiere agregar al numeral 5) lo siguiente:

"Si la inscripción la efectuaren familiares del niño, la determinación del o de los apellidos de uso común la harán de acuerdo a lo establecido en el numeral 2".

Se sugiere sustituir parte del artículo 81 por la siguiente redacción:

"Todo progenitor tiene el derecho y el deber, cualquiera fuere su estado civil y edad, a reconocer a su hijo".

El fundamento radica en establecer la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre al reconocimiento de su hijo.

Se sugiere modificar parte del artículo 83, quedando la nueva redacción de la siguiente forma:

"Cuando el hijo fuere reconocido luego de haber cumplido quince años de edad, tiene derecho a expresar en forma, ante el Oficial de la Dirección General del Registro de Estado Civil, su voluntad de seguir usando los apellidos con los que hasta entonces era identificado. Dicha expresión de voluntad será anotada al margen de su partida de nacimiento".

La modificación se basa en la poca edad estipulada en el proyecto para expresar tan trascendental decisión.

Se sugiere modificar el literal B) del artículo 86, que quedaría redactado de la siguiente forma:

"B) Preferir a la madre cuando el niño sea menor de cuatro años, siempre que no sea perjudicial para él".

Se sugiere agregar al numeral 2) del artículo 90, el siguiente complemento: "y de acuerdo con el debido proceso legal", siendo su nueva redacción, la siguiente:

"A falta de acuerdo, o que se impida o limite el ejercicio del derecho mencionado, el Juez de Familia fijará el mismo.

Se garantizará el derecho del niño o adolescente a ser oído, teniendo en cuenta su opinión, la cual se recabará en un ámbito adecuado, y de acuerdo con el debido proceso legal".

Se sugiere sustituir el artículo 137 por la siguiente redacción:

"La adopción ha de ser necesariamente hecha por escritura pública consentida o asistida por los representantes legales del adoptado y por el adoptado en su caso, debiendo ser inscripta dentro de los treinta días contados desde el de su otorgamiento en el libro especial que llevará al efecto la Dirección General del Registro de Estado Civil, la que deberá expedir los testimonios y certificados que se solicitaren y deberá constar, además, al margen del acta de nacimiento.

La omisión de la inscripción será penada con multa al escribano autorizante de la escritura, de 12 a 50 unidades reajustables, además de no surtir efecto la adopción hasta después de ser inscripta.

Una vez inscripta surtirá efecto desde la fecha de su otorgamiento.

Cuando se trate de la adopción de un niño o adolescente, ningún escribano podrá autorizar la escritura respectiva sin previa autorización del Instituto Nacional del Menor en que se acredita: a) la idoneidad moral y la capacidad del o de los adoptantes probada por todos los medios de investigación que el Instituto Nacional del Menor juzgue necesarios, y b) que el adoptante o adoptantes han tenido durante un año bajo su protección y cuidado al adoptado".

Fundamento: la adopción simple en nuestro actual ordenamiento, es, fuera de toda discusión, un negocio jurídico, y, dentro de este género, pertenece a la especie negocio jurídico familiar. El negocio jurídico familiar es la denominación que alude al negocio que crea, regula, modifica y extingue, dentro del marco normativo, situaciones familiares.

El negocio jurídico familiar es un negocio jurídico que participa, por lo tanto, de los mismos presupuestos (capacidad jurídica y poder normativo negocial) y elementos estructurales, del negocio jurídico en general, a saber: a) consentimiento; b) capacidad; c) objeto y d) causa. Y también, en su caso, la solemnidad.

La aplicación práctica de la adopción en escritura pública no ha suscitado ninguna dificultad, por lo que se entiende conveniente su mantenimiento, modificándose en tal sentido la solución que propone el proyecto del Código de la Niñez y Adolescencia, que dispone el pasaje a la vía judicial del trámite de la adopción.

Se sostiene, además, la conveniencia de que se llegue a la adopción simple a través de un negocio jurídico privado, puesto que es relevante la voluntad de los sujetos que le dan vida.

Por lo tanto, la regulación de la adopción como negocio jurídico privado de Derecho de Familia, formal, otorgado en escritura pública, sometido a un control estatal y determinante de un estado civil, ofrece garantías al adoptado.

El escribano actúa, dada su formación profesional y técnica, en el campo de los negocios jurídicos familiares, sin limitación alguna, sin perjuicio de lo que establezcan normas especiales.

El escribano es, sin lugar a dudas, el profesional más calificado para instrumentar los negocios jurídicos privados de Derecho de Familia.

En consecuencia: para actuar en la adopción, a lo que se agrega, dada la especial índole de este negocio, el debido contralor del Poder Público, a través de la autorización del Instituto Nacional del Menor.

Muy diferente es la regulación de la legitimación adoptiva, que difiere de la adopción por su naturaleza y efectos, y donde es necesario el contralor de complejas situaciones, que determinan la intervención jurisdiccional.

Se sugiere sustituir parte del artículo 138:

"Si el adoptado tiene quince años o más, no podrá negársele el acceso al expediente respectivo".

Fundamento: se aumenta la edad de doce a quince años, por considerar los doce años muy poca edad para afrontar esa situación.

Se sugiere modificar el numeral 3) del artículo 142 por la siguiente redacción:

"3) La tramitación será reservada en cuanto a terceros, no así respecto al niño o adolescente interesado quien tendrá derecho a acceder al expediente y a sus antecedentes cuando tuviere quince años de edad o más".

Se sugiere sustituir la redacción del artículo 148 del proyecto por la siguiente:

"Las adopciones internacionales se constituirán con la intervención preceptiva del Instituto Nacional del Menor, quién, una vez obtenidos todos los antecedentes del caso, presentará en el plazo de cuarenta y cinco días un informe pormenorizado, teniendo, asimismo, los demás requisitos previstos en el artículo 150 del presente Capítulo.

El no pronunciamiento en plazo se tendrá por aceptación".

Fundamento: teniendo en consideración la adopción internacional, se establece un plazo al Instituto Nacional del Menor para su intervención.

Montevideo, 27 de junio de 2000.

BEATRIZ ARGIMÓN, Representante por Montevideo, GUSTAVO BORSARI BRENNA, Representante por Montevideo, FRANCISCO GALLINAL, Representante por Lavalleja".

Anexo III al
Rep. Nº 22

"TEXTO DE LAS ENMIENDAS

Artículo 34. (Procedimiento).-

10) Audiencia final.

Se sugiere agregar al numeral 10), del artículo 34, el siguiente complemento: "y a la víctima", siendo su nueva redacción la siguiente:

10) Se dará participación a sus padres o responsables "y a la víctima" si lo solicitaren.

Se sugiere agregar al artículo 42, el siguiente complemento:

"Ambas medidas se regularán de acuerdo a directivas que al efecto programe el Instituto Nacional del Menor (INAME). El régimen de libertad asistida podrá ser ejecutado por el INAME o por otras instituciones públicas o privadas supervisadas por éste. El régimen de libertad vigilada será de responsabilidad exclusiva, irrenunciable e indelegable del Estado".

Se sugiere sustituir parte del artículo 50 por la siguiente redacción:

Artículo 50. (Cumplimiento).-

"Se cumplirán en centros especiales hasta la finalización de las medidas y de acuerdo a criterios de género, edad, complexión física, características psicosociales y culturales, adaptación a la convivencia y evolución o involución en la progresión educativa".

Se sugiere agregar al artículo 54 el siguiente complemento:

"Los medios de comunicación que infringieren lo dispuesto en el inciso primero incurrirán en una multa, a juicio del Juez equivalente entre 20 UR (veinte unidades reajustables) y 200 UR (doscientas unidades reajustables), según los casos, siendo el destino de la misma, el Instituto Nacional del Menor y dentro del mismo, el Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil".

Artículo 60.

Se sugiere agregar, dentro de la órbita de los derechos, un nuevo numeral que sería el 7º), siendo su redacción la siguiente:

"7º) A conocer la fundamentación de la decisión en caso de  ser trasladado del Centro donde cumpla las medidas  educativas".

Montevideo, 12 de julio de 2000

BEATRIZ ARGIMÓN, Representante por Montevideo".

Anexo IV al
Rep. Nº 22

"TEXTO DE LAS ENMIENDAS

Precisiones previas

1) Se presenta un texto incompleto, en el sentido de que el proyecto merece un análisis más acabado, pero el suscrito se ausenta del país y retornará ya vencido el plazo fijado por la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, para presentar las enmiendas.

2) Se ha eludido la temática de las medidas a aplicarse a menores imputados de infracción a la ley penal por cuanto el tema será analizado por el suscrito en etapas posteriores.

Artículo 1º. inciso segundo: A efectos de la aplicación del presente Código, se entiende por niño a todo ser humano hasta los catorce años de edad y por adolescente a quienes hayan cumplido catorce o más años y sean menores de dieciocho años de edad.

Modificativo: "... quienes hayan cumplido catorce o más años y sean ...".

Artículo 6º. (Criterio específico de interpretación e integración: el interés superior del niño y del adolescente).- Para la interpretación e integración del presente Código se deberá tener en cuenta el interés superior del niño y del adolescente, que consiste en el reconocimiento y respeto de los derechos inherentes a su calidad de persona humana

Modificativo: se elimina "En consecuencia, este principio no se podrá invocar para menoscabo de tales derechos".

Artículo 8º. inciso segundo. (Principio general): Podrá acudir a los Tribunales y ejercer los actos procesales en defensa de sus derechos, siendo preceptiva la asistencia letrada. El Juez ante quien acuda en el ámbito civil tiene el deber de designarle curador, y para cuando fuera pertinente, que lo represente y asista en sus pretensiones.

Modificativo: "... en el ámbito civil ..." "... y para ...". Se suprime: "para".

Artículo 11. inciso primero. (Derecho a la privacidad de la vida).- Todo niño tiene derecho a que se respete la privacidad de su vida, sin perjuicio de lo dispuesto en el literal E) del artículo 16 de la presente ley.

Aditivo: "... sin perjuicio de lo dispuesto en el literal E) del artículo 16 de la presente ley".

Artículo 13. (Conflictos armados).- Los niños y los adolescentes no pueden formar parte de las hostilidades en conflictos armados ni recibir preparación para ello.

Observación: es pleonástico porque reitera hasta el cansancio determinadas afirmaciones sin que exista necesidad de ello. Por ejemplo, se remite constantemente a la Constitución, la Convención de los Derechos del Niño, leyes y demás instrumentos nacionales.

Son también reiteradas las remisiones al Código General del Proceso.

Artículo 30. numeral 9º): Cualquier otra acción u omisión que el Código Penal o las leyes especiales castigan con una pena cuyo límite mínimo sea igual o superior a seis años de penitenciaría o cuyo límite máximo sea igual o superior a doce años de penitenciaría.

Modificativo: "... o ...".

Artículo 32. literal B): (Principio de responsabilidad).- Solo puede ser sometido a proceso especial, regulado por el presente Código, el adolescente que tenga catorce años o sea mayor de catorce y menor de dieciocho años de edad, imputado a la ley penal.

Modificativo: "... que tenga catorce años o sea ...".

Artículo 33. (Principio general).- En todos los casos en que se investigue la responsabilidad del adolescente, el procedimiento se ajustará a los trámites establecidos por el presente Código y subsidiariamente por el Código de Proceso Penal.

Modificativo: "... Código de Proceso Penal".

Artículo 41. (Obligación de reparar el daño o satisfacción de la víctima).- En cualquier etapa del proceso, previa conformidad del adolescente, de la víctima o a petición de parte, el Juez podrá derivar el caso a mediación,...

Observación: ¿cuál es el órgano de mediación?

Artículo 42. (Régimen de libertad asistida y vigilada)

Literal A), inciso segundo: Será necesariamente...

Modificativo: se eliminan comas entre "será" y "necesariamente" y entre "necesariamente" y el resto de la frase.

Literal B): El régimen de libertad vigilada consiste en la permanencia del adolescente en la comunidad, durante el tiempo que el Juez determine.

Modificativo: se elimina: "... con el acompañamiento permanente de un educador ...". Es irreal.

Artículo 48. (Régimen de semilibertad), inciso segundo: Este régimen se extiende, mientras se aplica la medida de privación de libertad, salvo la suspensión temporaria o definitiva por inobservancia de las reglas de comportamiento.

Modificativo: se elimina "a voluntad del adolescente" porque cuando se elimina el régimen de semilibertad ¿qué sentido tiene la voluntad del adolescente?

Artículo 69. (Notificaciones preventivas), numeral 1º: Cuando se produzca la detención del adolescente, el Juez dispondrá que el hecho sea inmediatamente notificado por la policía a su Defensor, ...

Observación: ¿cuándo se nombra el Defensor?

Numeral 3º: Salvo en los casos que indique el Juez, las notificaciones se practicarán en el domicilio de las partes ...

Modificativo: "... el domicilio de las partes".

Se elimina: "A tal efecto, los interesados que actúen en el procedimiento respectivo, excepción hecha del Ministerio Público, concurrirán a la oficina para enterarse de las actuaciones".

Notificaciones: artículos 70 a 74: las normas sobre notificaciones merecen objeciones, ¿cómo se va a decretar notificación ficta por omisión del deber de concurrir?, y la propia regulación de todas las notificaciones fictas.

Artículo 70. (Notificación ficta).- En los casos que se notifica a la oficina, si la notificación se retardare tres días hábiles por falta de comparecencia del interesado, se tendrá por efectuada, sin necesidad de constancia alguna en los autos.

Aditivo: inciso primero: "En los casos que se notifica a la oficina ...".

Modificativo: inciso segundo: Se elimina.

Artículo 72. (Régimen complementario).- En todos los casos no contemplados en el presente Código se aplicarán en lo pertinente las disposiciones del Código de Proceso Penal.

Modificativo: "... Código de Proceso Penal".

Artículo 75. (Derecho a la filiación).- Todo niño y adolescente tiene derecho a saber quiénes son sus padres con excepción, en cuanto al padre se refiere, si es el fruto de técnicas de reproducción humana asistida.

Aditivo: "... con excepción, en cuanto al padre se refiere, si el niño es el fruto de técnicas de reproducción humana asistida".

Artículo 79. (Inscripción de los hijos).

Numeral 3º): Si se desconoce la identidad de los padres de un niño, el mismo será inscripto con dos apellidos...

Observación: ¿por quién será inscripto?

Artículo 88: observación: No se aclaran los conceptos de tenencia y guarda.

Artículo 103: Desmedida extensión de los obligados a prestar alimentos.

Artículos (ej.) artículos 136, 137: Hay una general indeterminación de las partes en varios artículos que establecen el proceso extraordinario.

Artículo 158. (Edad de admisión).- Fíjase en quince años la edad mínima que se admitirá en los adolescentes que trabajen en empleos públicos o privados, en todos los sectores de la actividad económica, salvo las excepciones y autorizaciones especialmente establecidas en los artículos siguientes.

Aditivo: "... y autorizaciones ...".

Artículo 166 inciso segundo: El producido de las multas ¿a dónde va? Actualmente son para el INAME.

Artículo 169. (Responsabilidad de los padres o responsables).- Observación: se trata de una responsabilidad objetiva y el peligro para la salud moral del niño o adolescente será abstracto.

Consejo Nacional Honorario de los Derechos del Niño y del Adolescente:

Artículos 204 a 210: no se percibe claramente cuáles son sus funciones en la medida que son parcialmente las mismas que la ley le atribuye al INAME.

Observación: ¿cuáles son sus funciones?

Artículo 225. (Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay).- Desde la publicación oficial del presente Código, se incluirá en el texto la denominación del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU).

Observación: en el texto se menciona al INAME como tal, pero en este artículo se le cambia el nombre.

Infracciones:

En la enumeración de las infracciones gravísimas (numeral 9º) del artículo 30), sería conveniente determinar el mínimo y el máximo de pena alternativamente, como en el artículo 27 y no copulativamente ya que no hay delitos que reúnan ambas condiciones.

Al medir la responsabilidad deben tenerse en cuenta principios de proporcionalidad y la condición del agente de ser en desarrollo.

No está en claro la competencia en materia de delitos no comprendidos por la definición de "infracción penal a los efectos de esta ley" cometidos por adolescentes.

Generales:

Artículos 1º, 10, 76 y 102: Sigue el criterio de regular los institutos exclusivamente en los aspectos relativos a la minoridad y se llama "de la niñez y de la adolescencia" pero incorpora normas referentes a "adultos con capacidad diferente".

Montevideo, 17 de agosto de 2000.

NAHUM BERGSTEIN, Representante por Montevideo".

Anexo V al
Rep. Nº 22

"TEXTO DE LAS ENMIENDAS

Artículo 141. (Adoptantes).-

1. Podrán solicitarla los cónyuges, mayores de veinticinco años, con quince años más que el niño o el adolescente y que lo hubieran tenido bajo su guarda o tenencia por un término no inferior a un año, que computen por lo menos cuatro años de matrimonio, pudiéndose considerar en su caso el tiempo de concubinato previo al mismo, siempre que aquél hubiera sido estable, singular y público, compartiendo la vida en común.

Por motivo fundado y expreso, el Tribunal podrá otorgarla aun cuando alguno de los cónyuges o ambos no alcanzaren tal diferencia de edad con el adoptado reduciéndola hasta un límite que admita razonablemente que éste puede ser hijo de los adoptantes o, en casos excepcionales, y si no mediare oposición del Ministerio Público, a pesar de que uno o los dos cónyuges no fueren mayores de veinticinco años de edad o no completaren los cuatro años de matrimonio a que refiere el inciso anterior.

2. También podrán efectuarla el viudo o la viuda y los esposos divorciados siempre que medie la conformidad de ambos y cuando la guarda o tenencia del niño o el adolescente hubiera comenzado durante el matrimonio y se completara después de la disolución de éste.

3. También podrán solicitarla toda persona cualquiera sea su estado civil, mayor de veinticinco años, siempre que tenga por lo menos quince años más que el adoptado.

4. No es obstáculo para la adopción plena la existencia de una previa adopción simple realizada por los mismos peticionantes.

Artículo 142. (Procedimiento).-

La adopción plena deberá ser promovida ante el Juzgado Letrado de Familia del domicilio del adoptante.

Se seguirá el procedimiento voluntario previsto en los artículos 402 y siguientes del Código General del Proceso. Se deberá designar curador "ad-litem" a todos los efectos.

2. En caso de oposición a la adopción plena el proceso será contencioso. Se aplicarán las normas del Código General del Proceso referidas al proceso extraordinario (artículos 346 y siguientes).

El Juez diligenciará las pruebas ofrecidas y las que juzgue convenientes interrogando a los peticionantes y al niño o al adolescente en su caso.

3. La tramitación será reservada en cuanto a terceros, no así respecto al niño o el adolescente interesado quien tendrá derecho a acceder al expediente y a sus antecedentes cuando tuviere doce años de edad o más.

4. Previamente al dictado de la sentencia, el Juez deberá solicitar al Instituto Nacional del Menor su opinión sobre las condiciones personales del o de los adoptantes, su estabilidad familiar y toda otra circunstancia que permita fundar su criterio para aconsejar la conveniencia de la adopción plena en el caso.

Será oído asimismo preceptivamente el Ministerio Público.

Artículo 144. (Sentencia).-

Con el testimonio de la sentencia ejecutoriada que autorice la adopción plena, la parte solicitante efectuará la inscripción del niño o el adolescente en la Dirección General del Registro de Estado Civil como hijo natural inscripto fuera de término. En la partida correspondiente no se hará mención alguna del juicio y su texto será el corriente en dicho instrumento. Se realizará también la anotación pertinente en la libreta de organización de la familia de modo idéntico a la de los hijos legítimos. El testimonio de la sentencia se archivará en forma, dejándose constancia de haberse efectuado la inscripción mencionada. Toda la tramitación y la expedición de partidas será gratuita.

Artículo 145. (Efectos).-

1. Realizada la adopción plena, caducarán los vínculos de filiación anterior del niño o el adolescente a todos sus efectos, con excepción de los impedimentos previstos en el artículo 91 del Código Civil.

Deberá hacerse constar dicha caducidad en el acta de inscripción original del niño o el adolescente.

2. La adopción plena es irrevocable, aunque posteriormente nazcan hijos propios de uno o de ambos de los adoptantes plenos.

La adopción plena tendrá efectos constitutivos sobre el estado civil del niño o el adolescente objeto de la misma, quien se reputará en adelante, con los mismos derechos y deberes que si hubiera nacido del matrimonio adoptante pleno o de la persona adoptante plena.

Montevideo, 16 de agosto de 2000.

RICARDO MOLINELLI, Representante por Paysandú".

Anexo VI al
Rep. Nº 22

"TEXTO DE LAS ENMIENDAS

Artículo 27. (Hechos calificados por la ley como delitos).- A los efectos de este Código se considerarán solo las infracciones previstas por la ley como delitos, cuya pena mínima sea mayor a un año de prisión y cuyo máximo sea superior a los tres años de penitenciaría.

Justificación: En materia de menores infractores, lo mejor es no innovar respecto al Derecho Penal, pues se ha optado por mantener intocado el límite de los dieciocho años como edad a partir de la cual comienza la imputabilidad penal.

Como los menores de dieciocho años están fuera del Derecho Penal, en vez de delitos el término que se usa en general internacionalmente es el de "hechos tipificados por la ley como delitos".

El artículo 27 del proyecto es engorroso y genera dificultades para su interpretación.

La modificación propuesta no distingue entre los hechos consumados y los tentados, así como se aparta de la exclusión de los delitos culposos y del establecimiento de diferencias en la coparticipación, todo lo que complica la definición de los alcances de la disposición.

Por otra parte, la nueva redacción incluiría el copamiento, que quedó inadvertidamente afuera y todos los demás delitos graves.

Se propone también la eliminación del artículo 29 porque no agrega nada y porque está abiertamente superada la clásica relación causal por el moderno concepto de imputación objetiva.

Asimismo, la responsabilidad en base al elemento subjetivo está consagrada como principio inamovible del Derecho Penal Liberal.

Artículo 30. (Clases de infracciones).- Son infracciones gravísimas las conductas homicidas y todos los hechos calificados por la ley como delitos que tengan una pena mínima de penitenciaría.

También serán consideradas infracciones gravísimas las contenidas en la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998 (Estupefacientes) y la privación de libertad en todas sus formas, incluido el rapto.

Justificación: El artículo 30 del proyecto expresa figuras taxativas pero luego, en el numeral 9º) relativiza el criterio adoptado hasta allí.

Montevideo, 29 de agosto de 2000.

RONALD PAIS, Representante por Montevideo, RUBEN H. DÍAZ, Representante por Montevideo".

Anexo VII al
Rep. Nº 22

"TEXTO DE LAS ENMIENDAS

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 34 del Código Penal, por el siguiente:

"ARTÍCULO 34. (Minoría de edad).- No es imputable el que ejecuta el hecho antes de haber cumplido la edad de dieciocho años, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos ... y siguientes del Código de la Niñez y la Adolescencia".

Artículo 2º.- Si se tratare de imputados menores de dieciocho años y mayores de dieciséis años, y la conducta atribuida fuere de las que el presente Código califica como infracciones gravísimas a la Ley Penal (artículo 30), el Juez Letrado de Menores competente, debidamente asesorado e ilustrado por los informes periciales psicológicos, psiquiátricos y criminológicos que solicitará al Instituto Técnico Forense, al Instituto Nacional de Criminología, o cualquier otro que estimare de conocimiento conveniente, previo dictamen del Ministerio Público, deberá pronunciarse respecto de si el menor, al momento de cometer el hecho que se le imputa, actuó con discernimiento.

En la misma resolución en la que dispone los informes periciales, el Juez deberá pronunciarse acerca de la situación y régimen provisional del menor.

Artículo 3º.- Si el pronunciamiento respecto de la imputabilidad del menor fuere afirmativo, la Sede de Menores remitirá de oficio la totalidad de las actuaciones cumplidas al Juzgado Letrado en lo Penal que por turno corresponda, el que asumirá competencia. En caso contrario, el menor permanecerá a disposición del Juez Letrado de Menores, sujeto a la normativa prevista en el presente Código.

La resolución será apelable, con efecto suspensivo, dentro del plazo de cinco días hábiles, sustanciándose el recurso con un traslado por igual término a la otra parte.

Artículo 4º.- Los delitos cometidos por menores de dieciocho años y mayores de dieciséis años sometidos a la Justicia Penal en virtud de lo dispuesto en los artículos 1º, 2º y 3º de la presente ley, serán castigados con la tercera parte a la mitad de la pena correspondiente al tipo delictual incriminado, según las circunstancias alteratorias concurrentes.

Artículo 5º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a adoptar, con carácter urgente, las medidas que estime pertinentes a fin de que la reclusión de los menores de dieciocho años y mayores de dieciséis años, procesados o condenados por la Justicia Penal, se cumpla separadamente y evitando el contacto con los reclusos mayores de edad.

Montevideo, 28 de agosto de 2000.

RUBEN H. DÍAZ, Representante por Montevideo, JUAN JUSTO AMARO CEDRÉS, Representante por Florida, JUAN MÁSPOLI BIANCHI, Representante por Flores".

Anexo VIII al
Rep. Nº 22

"TEXTO DE LAS ENMIENDAS

Artículo 1º. (Ámbito de aplicación).- El Código de la Niñez y la Adolescencia es de aplicación a todos los seres humanos menores de dieciocho años de edad. Igualmente, es aplicable por encima de ese límite, en aquellos casos especialmente previstos en la ley.

A efectos de la aplicación del presente Código, se entiende por niño a todo ser humano hasta los doce años de edad y por adolescente a los mayores de doce y menores de dieciocho años de edad.

Siempre que el presente Código se refiere a niños y adolescentes se refiere a ambos géneros.

Artículo 81. (Capacidad de los padres para reconocer a sus hijos).- La madre puede, cualquiera fuera su edad, reconocer a su hijo. El padre debe tener catorce años de edad para poder hacerlo.

En los casos de padres niños o adolescentes no casados, el Juez decidirá a quién se le atribuyen los derechos y deberes inherentes a la tutela, otorgando preferencia a los abuelos que convivan con el padre que reconoce y el reconocido.

Previo a todas las decisiones a que refiere el inciso segundo del presente artículo que requieran autorización judicial, se deberá oír al padre o a la madre que haya reconocido al hijo y que aún no tenga dieciocho años cumplidos de edad.

La patria potestad será ejercida en forma plena por ambos padres, a partir de que éstos cumplan dieciocho años.

Artículo 83. (Voluntad del hijo).- Cuando el hijo fuera reconocido luego de haber cumplido doce años de edad, tiene derecho a expresar en forma, ante el Oficial de la Dirección General del Registro de Estado Civil, su voluntad de seguir usando los apellidos con los que hasta entonces era identificado. Dicha expresión de voluntad será anotada al margen de su partida de nacimiento.

En cuanto al nombre se seguirá el régimen previsto en el Código Civil rigiéndose su ejercicio por las disposiciones generales.

Artículo 135. (Efectos).- El adoptado continúa perteneciendo a su familia natural donde conserva todos sus derechos.

1) En caso de interdicción, de ausencia comprobada judicialmente, de muerte del adoptante, o de revocación de la adopción, durante la minoría de edad del adoptado, se dará conocimiento al Juez del domicilio real del menor, que dispondrá lo que más le convenga al niño o adolescente: el reintegro a su familia de origen o la entrega a otra familia sustituta.

2) La adopción solo establece relaciones jurídicas entre el adoptado y el adoptante y no entre cualquiera de ellos y la familia del otro.

3) La adopción produce los siguientes efectos:

A) Obligación recíproca de respeto entre el adoptante y el adoptado.

B) Obligación de prestarse alimentos como primeros obligados.

Artículo 224.- Derógase el artículo 174 del Código Civil y todas las demás disposiciones que se opongan al presente Código.

Montevideo, 21 de agosto de 2000.

JORGE BARRERA, Representante por Montevideo, GABRIEL PAIS, Representante por Montevideo, ALEXIS GUYNOT DE BOISMENU, Representante por Montevideo, ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES, Representante por Maldonado".

Anexo IX al
Rep. Nº 22

"TEXTO DE LAS ENMIENDAS

Artículo 1º. (Ámbito de aplicación).- El Código de la Niñez y la Adolescencia es de aplicación a todos los seres humanos menores de dieciocho años de edad.

Artículo 7º. (Concurrencia para la efectividad y la protección de los derechos de los niños y los adolescentes).-

1) La efectividad y protección de los derechos de los niños y los adolescentes es corresponsabilidad, en primer lugar, de los padres o tutores, así como también de la familia, la comunidad y el Estado.

2) El Estado deberá actuar en las tareas de orientación y fijación de las políticas generales aplicables a las distintas áreas vinculadas a la niñez y la adolescencia y a la familia, coordinando las actividades públicas y privadas que se cumplen en tales áreas.

3) En casos de insuficiencia, defecto o imposibilidad de los padres y demás obligados, el Estado deberá actuar preceptivamente, desarrollando todas las actividades integrativas, complementarias o supletivas que sean necesarias para garantizar adecuadamente el goce y ejercicio de los derechos de los niños y los adolescentes.

Artículo 17. (De los deberes de los niños y adolescentes).- Todo niño y adolescente tiene el deber de mantener una actitud de respeto en la vida de relación familiar, educativa y social, así como de emplear sus energías físicas e intelectuales en la adquisición de conocimientos y desarrollo de sus habilidades y aptitudes. Especialmente deberán:

A) Respetar y obedecer a sus padres o responsables, siempre que sus órdenes no lesionen sus derechos o contravengan las leyes.

B) Cuidar, en la medida de sus posibilidades, a sus ascendientes en su enfermedad y ancianidad.

C) Respetar los derechos, ideas y creencias de los demás.

D) Respetar el orden jurídico.

E) Conservar el medio ambiente.

F) Prestar, en la medida de sus posibilidades, el servicio social o ayuda comunitaria, cuando las circunstancias así lo exijan.

G) Cuidar y respetar su vida y su salud.

Artículo 24. (Competencia de urgencia).- La Suprema Corte de Justicia asignará, por lo menos, a cuatro Juzgados Letrados de Familia en Montevideo y a los Juzgados Letrados de Primera Instancia del interior de la República, competencia de urgencia, para atender en forma permanente todos los asuntos que requieran intervención inmediata, sin perjuicio cuando fuere necesario, del uso de las facultades que otorga a los Jueces de Paz del interior el artículo 379 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre.

Se entenderá por asuntos que requieran intervención inmediata, todos aquellos en que exista riesgo de lesión o frustración de un derecho del niño o del adolescente, con excepción de las infracciones de adolescentes a la ley penal.

Tomadas las primeras medidas en salvaguarda de los derechos, los derivarán al Juzgado que corresponda. La Suprema Corte de Justicia propenderá a que los Juzgados cuenten con la asistencia permanente de asistente social, psicólogo y psiquiatra del Poder Judicial u otros profesionales de dicho Poder, cuyo asesoramiento podrá serles requerido por el Juez.

La Defensoría de Oficio de Familia establecerá un régimen de turnos de Defensores de Oficio, para que actúen en dichos Juzgados, a efectos de asistir a las personas que se presenten ante el mismo.

Asimismo, se establecerá un régimen de turnos para asegurar la presencia del Ministerio Público y Fiscal.

Artículo 49. (Duración de las medidas de privación de libertad).- La medida de privación de libertad tendrá una duración máxima de cinco años.

En ningún caso el adolescente que al llegar a los dieciocho años permanece sujeto a medidas, cumplirá lo que le resta en establecimientos destinados a los adultos.

En situaciones de peligrosidad manifiesta, se adoptarán las medidas que fueren compatibles con la seguridad de la población y los intentos para recuperar al infractor.

Artículo 86. (Facultades del Juez de Familia).- En caso de no existir acuerdo de los padres, el Juez resolverá, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

A) El hijo deberá permanecer con el padre o la madre con quien convivió voluntariamente el mayor tiempo, siempre que lo favorezca.

B) Preferir a la madre cuando el niño sea menor de dos años, siempre que no sea perjudicial para él.

C) Bajo su más seria responsabilidad funcional, el Juez siempre deberá oír y tener en cuenta la opinión del niño o del adolescente.

Artículo 100. (De la vigencia de la prestación alimentaria).- La prestación alimentaria se debe desde la interposición de la demanda. Igual criterio se seguirá en el supuesto de aumento de la prestación.

Tratándose de reducción de alimentos, la sentencia surtirá efecto desde que quede ejecutoriada, salvo que el Juez apreciando circunstancias del caso disponga que se aplique desde la interposición de la demanda.

La convenida extrajudicialmente, se debe desde la fecha pactada.

Artículo 108. (Extinción de la obligación alimentaria).- La obligación de alimentos se extingue y su cese debe ser judicialmente decretado en los siguientes casos:

1) En las situaciones previstas en el artículo 102 del presente Código.

2) Cuando el beneficiario deja de necesitarlos.

3) Cuando el deudor se halla en imposibilidad de servirlos.

4) Cuando fallece el alimentante, sin perjuicio de la asignación forzosa que grava la masa de la herencia.

5) Cuando fallece el alimentario, en cuyo caso la obligación se extiende a los gastos funerarios, siempre que no puedan cubrirse de otra manera.

Se tramitarán por el procedimiento establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Artículo 118. (Primeras diligencias).- El Juez que tiene conocimiento, por cualquier medio, que un niño o un adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo anterior, tomará las más urgentes e imprescindibles medidas, debiéndose proceder a continuación conforme lo estatuye el artículo 321 del Código General del Proceso.

Salvo imposibilidad, tomará declaración al niño o al adolescente, en presencia del Defensor que se le proveerá en el acto y de sus padres o responsables, si los tuviere, y recabará los informes técnicos correspondientes.

El Ministerio Público deberá ser oído preceptivamente, quien intervendrá en favor del efectivo respeto a los derechos y garantías, reconocidos a los niños y los adolescentes, debiéndose pronunciar en el plazo de tres días.

Artículo 133. (Adoptantes).-

1) La adopción se permite a toda persona mayor de veinticinco años, cualquiera sea su estado civil, y siempre que tenga por lo menos quince años más que el adoptado y hubiera tenido al niño o al adolescente a su cargo por el mínimo de un año.

2) El tutor no puede adoptar al niño o al adolescente hasta que hayan sido aprobadas judicialmente las cuentas del cargo.

3) Nadie puede ser adoptado por más de una persona, a no ser por dos cónyuges que tengan por lo menos un año de matrimonio y que hubieran tenido al niño o al adolescente a su cargo por el mismo tiempo.

  Si no se computara el año de matrimonio, pero hubiera existido durante dicho lapso un concubinato estable que culminó en matrimonio, se incluirá a los efectos de la tenencia, el período de la unión libre.

  Por motivo fundado y expreso, el Tribunal podrá otorgar la adopción aun cuando alguno de los cónyuges o ambos no alcanzaren la diferencia de edad con el adoptado, reduciéndola hasta un límite que admita razonablemente que éste puede ser hijo de los adoptantes, a juicio del Instituto Nacional del Menor.

  Ninguno de los cónyuges puede adoptar sin el consentimiento expreso del otro, salvo que estuviere impedido de manifestar su voluntad o que exista sentencia de separación de cuerpos.

4) Se permitirá la adopción por parte del padrastro o madrastra del hijo legítimo o natural reconocido del otro cónyuge.

5) Realizada la adopción, la separación o divorcio ulterior de los cónyuges no los exime de sus obligaciones para con el adoptado menor de edad.

Artículo 134. (Adoptados).-

1) Puede ser adoptado todo niño o adolescente, cuyo consentimiento será recabado conforme a las normas establecidas en el presente Código.

2) Cuando el adoptado sea demente o sordomudo que no pueda darse a entender por escrito, prestarán el consentimiento sus representantes legales.

3) Si se trata de un niño o un adolescente sometido a patria potestad, será necesario el consentimiento de quien o quienes se encuentren en su ejercicio. También se podrá realizar con intervención de escribano público.

  El consentimiento para la adopción será prestado ante el Juez Letrado de Familia del domicilio de los adoptantes, compareciendo personalmente ante aquél.

  Los padres que consienten en la adopción perderán la patria potestad sobre el niño o el adolescente, la que pasará al adoptante.

  El procedimiento se regirá por lo establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Artículo 136. (Revocación).-

1) La adopción podrá revocarse por motivos graves. La misma podrá solicitarse tanto por el adoptante como por el adoptado o quien lo represente, o el Ministerio Público ante el Juez de Familia correspondiente.

2) La revocación hará cesar para el futuro los efectos de la adopción, lo que se comunicará a la Dirección General del Registro de Estado Civil a los efectos pertinentes.

3) Se procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Artículo 137. (Procedimiento).-

1) Las pretensiones de adopción, así como todas las reclamaciones relacionadas con las mismas, se tramitarán ante el Juzgado Letrado de Familia del domicilio del adoptante mediante el proceso voluntario (artículos 402 y siguientes del Código General del Proceso) con intervención preceptiva del Ministerio Público.

2) Los interesados a que refiere el artículo 403.2 del Código General del Proceso son los padres y abuelos del niño o adolescente, los que serán citados personalmente o por edictos si no se conociera su domicilio.

  En caso de oposición por parte de uno de los mencionados, el proceso será contencioso aplicándose las normas del Código General del Proceso correspondientes al proceso extraordinario (artículos 346 y siguientes).

Previo al pronunciamiento, admitiendo o denegando la adopción el Juzgado interviniente deberá solicitar al Instituto Nacional del Menor, una evaluación sobre las condiciones personales del o de los adoptantes, su estabilidad familiar y las demás circunstancias que permitan fundamentar su criterio, para aconsejar la conveniencia o no de la adopción en el caso.

La sentencia que admite la adopción será comunicada a la Dirección General del Registro de Estado Civil, Intendencia Municipal correspondiente y Dirección Nacional de Identificación Civil, a efectos de la anotación pertinente en la partida del niño o del adolescente.

En todos los casos, se deberá tener en cuenta la opinión del niño o del adolescente adoptado.

Artículo 142. (Procedimiento).-

1) La adopción plena deberá ser promovida ante el Juzgado Letrado de Familia del domicilio del adoptante.

  Se seguirá el procedimiento voluntario previsto en los artículos 402 y siguientes del Código General del Proceso.

2) En caso de oposición a la adopción plena el proceso será contencioso. Se aplicarán las normas del Código General del Proceso referidas al proceso extraordinario (artículos 346 y siguientes).

  El Juez diligenciará las pruebas ofrecidas y las que juzgue convenientes interrogando a los peticionantes y al niño o al adolescente en su caso.

3) La tramitación será reservada en cuanto a terceros, no así respecto al niño o al adolescente interesado quien tendrá derecho a acceder al expediente y a sus antecedentes cuando tuviere doce años de edad o más.

4) Previamente al dictado de la sentencia, si a juicio del Juez de la causa, la prueba diligenciada durante el proceso no fuere suficiente podrá solicitar al Instituto Nacional del Menor su opinión sobre las condiciones personales de los adoptantes, su estabilidad familiar y toda otra circunstancia que permita fundar su criterio para aconsejar la conveniencia de la adopción plena en el caso.

  Será oído asimismo preceptivamente el Ministerio Público.

Artículo 167. (Competencia).- Serán competentes para entender en las infracciones previstas en el artículo anterior, los Jueces Letrados de Familia de la capital y en el interior del país, los que la Suprema Corte de Justicia determine según su superintendencia constitucional, quienes actuarán siguiendo el procedimiento extraordinario previsto en el Código General del Proceso. Será oído preceptivamente el Ministerio Público.

Artículo 182. (Competencia).- Serán competentes, para entender en la aplicación de las infracciones, los Jueces Letrados de Familia en Montevideo, y los Jueces con competencia penal en el interior del país, quienes actuarán siguiendo el procedimiento extraordinario previsto por el Código General del Proceso.

Será oído preceptivamente el Ministerio Público.

Artículo 183. (Recurribilidad).- La sentencia podrá ser apelada ante el Tribunal de Apelaciones respectivo, cuya decisión hará cosa juzgada.

Artículo 186. (Autorizaciones).- Los niños y los adolescentes que viajen solos o en compañía de terceros, fuera del país, necesitan el consentimiento de ambos padres, o del representante legal y a falta de éste, del Juez de Familia.

En caso de separación o divorcio, se requerirá la autorización de ambos padres. Si se planteara conflicto para el consentimiento, lo resolverá el Juez Letrado de Familia, quien fijará la duración de la estadía.

Se seguirán los trámites del proceso incidental según lo dispone el Código General del Proceso, oyéndose preceptivamente al Ministerio Público.

No tendrá efecto suspensivo la apelación contra la sentencia de primera instancia que decretó la autorización para viajar.

Artículo 187. (Adoptados).- Los niños y los adolescentes adoptados por matrimonios extranjeros en régimen de adopción simple, necesitan la autorización del Juez Letrado de Familia, aun cuando viajen con sus padres, la que se tramitará según las normas del proceso voluntario (artículos 402 y siguientes del Código General del Proceso).

Montevideo, 29 de agosto de 2000.

JUAN MÁSPOLI BIANCHI, Representante por Flores, JORGE BARRERA, Representante por Montevideo, ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES, Representante por Maldonado".

Anexo X al
Rep. Nº 22

"TEXTO DE LAS ENMIENDAS

Artículo 79. (Inscripción de los hijos).-

1) El niño inscripto por el padre, llevará como primer apellido el de éste, seguido del que surja de aquella acreditada como su madre.

2) A falta de inscripción por el padre, llevará los apellidos de su madre biológica. Si la madre no tuviere segundo apellido, el niño llevará como primer apellido el de su madre biológica seguido de un apellido de uso común.

3) Si se desconoce la identidad de los padres de un niño, el mismo será inscripto con dos apellidos de uso común, por el Oficial de la Dirección General del Registro de Estado Civil.

4) Los apellidos de uso común, serán sustituidos por el del padre o la madre que reconozca su hijo, o sean declarados tales por sentencia judicial, siempre que dicha sustitución a juicio del interesado o su representante legal no afecte su identidad.

5) Si la inscripción la efectuaren familiares del niño, la determinación del o de los apellidos de uso común la harán éstos.

6) En caso de adopción plena los apellidos del niño o del adolescente adoptado, serán sustituidos por los de los adoptantes.

  En caso de adopción simple, el o los apellidos del niño o del adolescente serán sustituidos por los de los adoptantes, o si se tratara de un adoptante por el paterno de éste, dejando el segundo a elección del adoptado o, en caso de no ser ésta posible, asignándosele uno de uso común.

  No obstante, adoptante y adoptado podrán acordar que el adoptado conserve su apellido paterno o materno de origen como primer apellido, agregándose el primer apellido del adoptante o de alguno de los adoptantes.

  En la sentencia, deberá dejarse constancia de la decisión respecto de los apellidos del adoptado.

Artículo 80.-

Se entiende como relativa la presunción que surge del artículo 214 del Código Civil, encontrándose también legitimados para ejercer la acción de desconocimiento de paternidad legítima, la madre, el padre biológico y el hijo de cuya filiación se trata.

Artículo 87. (Tenencia por terceros).-

1) La tenencia de un niño o un adolescente puede solicitarla cualquier interesado, siempre que ello tenga como finalidad el desarrollo integral del niño o del adolescente. El Juez de Familia competente bajo la más seria responsabilidad funcional, deberá evaluar el entorno familiar ofrecido por el interesado.

2) La persona que ejerce la tenencia de un niño o un adolescente está obligada a brindarle la protección y los cuidados necesarios para su desarrollo integral.

3) La persona que no se sienta capacitada para proseguir con la tenencia, deberá ponerlo en conocimiento del Juez de Familia, quien resolverá la situación de éste.

Artículo 91. (Incumplimiento en permitir las visitas).-

La parte que está obligada a permitir las visitas o entregar al niño o al adolescente de acuerdo al régimen establecido, y se negara en forma inmotivada, habilitará a que la otra parte acuda personalmente ante el Juez de Familia de Urgencia o quien haga sus veces en donde éste no exista, el cual podrá disponer de inmediato la comparecencia de la parte incumplidora, siendo notificada por la Policía. En caso de incomparecencia, podrá ser conducida por la fuerza pública, si así lo dispusiere el Juez.

El Juez de Familia de Urgencia o quien haga sus veces, escuchará a ambas partes y de ser inmotivada la reticencia de la parte obligada a permitir las visitas, dispondrá -apreciando las circunstancias del caso, la edad y especialmente los intereses del menor o adolescente- la entrega del mismo a la parte que lo reclama, la cual deberá reintegrarlo según lo acordado, salvo que el Juez de Familia entienda que deberá conservarlo el solicitante, hasta tanto resuelva el Juez de la causa.

Artículo 110. (Concepto de ingresos).-

A los efectos del presente Código, se entiende por sueldo o haberes, todo ingreso de cualquier naturaleza, periódico o no, que se origine en la relación laboral, arrendamiento de obras o de servicios o derive de la seguridad social. No se computarán por ingresos, a los efectos de la pensión alimenticia, lo que perciba el alimentante por concepto de viáticos sujetos a rendición de cuentas. El viático "fortfaire" se computará a efectos de la pensión alimenticia en un 25%.

Quedan asimilados a lo dispuesto en el inciso anterior, los ingresos provenientes de retiros periódicos por concepto de utilidades, beneficios o ganancias, pago de intereses o dividendos. En general, todo lo que perciba el deudor de alimentos por su trabajo o su capital.

Montevideo, 29 de agosto de 2000.

JORGE BARRERA, Representante por Montevideo, JOSÉ AMORÍN BATLLE, Representante por Montevideo, JUAN MÁSPOLI BIANCHI, Representante por Flores, EDUARDO CHIESA BORDAHANDY, Representante por Canelones, RUBEN CARMINATTI, Representante por Río Negro, DANIEL BIANCHI, Representante por Colonia, ALEXIS GUYNOT de BOISMENU, Representante por Montevideo".

Anexo XI al
Rep. Nº 22

"TEXTOS DE LAS ENMIENDAS

CAPÍTULO II

Artículo 9º.- Todo niño y adolescente tiene derecho intrínseco a la vida, dignidad, libertad, identidad, integridad, salud, educación, recreación, descanso, cultura, participación, asociación, a los beneficios de la seguridad social y a ser tratado en igualdad de condiciones cualquiera sea su sexo.

Artículo 10.- Todo niño y adolescente con capacidad diferente psíquica, física o sensorial, tiene derecho a vivir en condiciones que aseguren su participación social a través del acceso efectivo especialmente a la educación, salud, cultura y trabajo. Este derecho se protegerá cualquiera sea la edad de la persona.

CAPÍTULO III

Artículo 14.- Primer inciso Ídem.

Agregar después los artículos 18.1 y 18.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño:

"El Estado pondrá el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres o sus representantes legales, cuya preocupación fundamental será el interés superior del niño, tienen obligaciones comunes en lo que respecta a su crianza y desarrollo.

El Estado adoptará todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajen tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas.

El Estado asegurará la aplicación de toda norma que dé efectividad a esos derechos".

Artículo l5.- Agregado al literal D):

"D) Tratos crueles, inhumanos, degradantes o discriminatorios".

Crear un nuevo literal I).

"I) No cumplimiento de sus progenitores o responsables de alimentarlos, cuidar su salud y velar por su educación".

Fundamentación

Los cambios o aditivos propuestos buscan subsanar dos carencias: a) el hecho de que el documento no haya adoptado el lenguaje no sexista que las Naciones Unidas propone para todos los documentos oficiales de sus Estados Partes (niños y niñas, los y las adolescentes) como una forma de evitar resabios culturales discriminatorios y b) algunas de las responsabilidades del Estado que no aparecen claramente explicitadas en los siguientes Capítulos.

CAPÍTULO VI

Artículo 18.- Aditivo al literal A):

"A) Promoción social. Deberá asegurarse la promoción tendiente a favorecer el desarrollo integral de todas las potencialidades del niño y del adolescente como persona en condición de ser en desarrollo, a efectos de procurar su integración social en forma activa y responsable como ciudadano. Cuidará especialmente la promoción en equidad de género evitando que se generen desigualdades por conceptos discriminatorios".

B) Ídem.

Artículo 20.- Agregar a continuación del texto:

"Dicha implementación incluirá la provisión de personal idóneo".

Artículo 21.- Modificar el artículo por el siguiente texto:

"ARTÍCULO 21. (Criterio rector).- Es criterio rector velar por el desarrollo armónico de los niños y adolescentes, según el principio de concurrencia que emerge del artículo 7º de este Código".

Artículo 22.- Agregar al literal C):

"C) Programas integrales y servicios especiales de prevención ...".

Fundamentación

Creemos que los aditivos o modificaciones refuerzan los deberes del Estado y de la comunidad ya que las referencias de la redacción original parecen algo vagas.

PROPUESTA DE UN ORDENAMIENTO DIFERENTE

Entendemos que el ordenamiento que se ha dado al capitulado del proyecto no es correcto de acuerdo al espíritu que propone esta modificación del Código del Menor. Si la acentuación que se busca es situar al niño y al adolescente como sujeto de derecho, deberían ordenarse por la importancia correspondiente para el niño, esto es:

Principio generales.

Derechos de los niños y adolescentes.

Deberes del Estado.

Deberes de los padres y responsables.

Deberes de los niños y los adolescentes.

Políticas sociales de promoción y protección a la niñez y la adolescencia

Filiación.

Alimentos.

Recién aquí incluiríamos las competencias y procedimientos judiciales y luego el resto de los capítulos referentes a los derechos amenazados de los niños, trabajo, etcétera.

Nos parece que el ordenamiento dado paga tributo al resabio de una cultura que piensa que se está legislando para el "menor infractor" y no para todos los niños.

CAPÍTULO VII

Artículo 24.- Se acompañan las propuestas de la Comisión redactora.

Artículo 25.- Se propone sustituir el último inciso:

"El criterio básico consiste en la promoción del desarrollo del niño en el ámbito familiar de acuerdo a los principios que emergen del artículo 12 de este Código".

Fundamentación

Parece una redacción más apropiada con el espíritu del Código.

Artículo 26.- Aditivo al primer inciso de competencias en familia:

"El INAME es el órgano administrativo rector en materia de políticas de niñez, adolescencia y familia, y competente...".

Sustitución del quinto inciso:

"El INAME fiscalizará a toda institución privada, comunitaria o no gubernamental con la que ejecute programas bajo la modalidad de convenios. Dicha fiscalización se realizará por personal idóneo y con una periodicidad no menor de tres meses".

Sustitución del sexto inciso:

"Deberá asimismo incorporar en todos los programas que gestione, en forma directa o en la modalidad de convenio, un abordaje que incorpore a los diversos arreglos familiares de los niños y los adolescentes".

El inciso séptimo queda igual.

Artículo 29.- Agregar un tercer inciso que diga:

"Cuando un niño cometiere un acto de los catalogados por este Código como infracciones a la ley penal, serán de aplicación en lo pertinente las normas y garantías previstas en los Capítulos VII y VIII del mismo, teniéndose presente que en ningún caso podrán adoptarse a su respecto medidas socioeducativas privativas de libertad".

Artículo 31 bis.- Agregar el siguiente artículo:

"(Juicio de culpabilidad).- Se entiende por culpabilidad la posibilidad del declarado responsable de comprender el carácter dañoso de la infracción cometida y determinarse según su verdadera apreciación. Se tendrá especialmente en cuenta los principios emanados del artículo 12 del presente Código y el grado de participación anterior del infractor en el bien jurídico agredido".

Artículo 32.- Agregar un literal C):

"C) Principio de culpabilidad: La responsabilidad se graduará -o se descartará en su caso-, atendiendo al juicio de culpabilidad".

Los demás literales se corren correlativamente y se agrega un literal N):

"N) Principio de respuesta específica. La respuesta a la infracción cometida deberá tener en cuenta las diferentes edades en función de los principios de autonomía progresiva".

Agregar un literal O) en sustitución del artículo 43 del proyecto:

"O) Prohibición del "Bis in Ídem": Ningún adolescente debe ser investigado más de una vez por un mismo hecho por el cual haya sido sometido a proceso en el país o fuera de él, aunque se modifique la calificación jurídica o se afirmen nuevas circunstancias.

  El Juez, al dictar sentencia, solo podrá imponer la aplicación de una de las medidas socioeducativas previstas en el Capítulo VII del presente Código".

II. RÉGIMEN PROCESAL

Artículo 34.-

Sustitutivos para el numeral 2) Audiencia preliminar:

"2) En los casos de infracciones a la ley penal presuntamente cometidas por adolescentes -y en aquellos casos en que esto se justifique- el Juez dispondrá, en un plazo que no exceda las veinticuatro horas contadas desde el momento de la detención, la realización de una audiencia preliminar donde deberán estar presentes, bajo la pena de nulidad, el Juez, el adolescente, su Defensor y el Ministerio Público.

Se procurará la presencia de los padres o responsables. En defecto de ello, caso de no concurrencia de ninguno de los nombrados anteriormente, se deberá dejar expresa constancia en autos de las actuaciones practicadas a los efectos de lograr su efectiva concurrencia.

También deberán comparecer la víctima y los testigos.

Los mismos serán interrogados en esta audiencia por el Juez, el Ministerio Público y la Defensa acerca de los hechos que se investigan como sus circunstancias y la identidad de los eventuales responsables.

La Sede deberá tomar todos los recaudos adecuados para proteger la integridad y seguridad física y moral de los anteriormente nombrados sin menoscabo de los fines del proceso.

Se interrogará a la víctima acerca de su disposición a someterse a un proceso de mediación. En caso afirmativo, al culminar la audiencia preliminar, y tratándose de las infracciones previstas en el inciso final del artículo 30 el Juez deberá, previa conformidad del adolescente imputado, derivar el caso a mediación en los términos y con el alcance previsto en el artículo 41 del presente Código.

Tratándose de infracciones gravísimas a la ley penal el Juez podrá derivar el caso mediación en los mismos términos previstos en el inciso anterior.

El Juez, previo a interrogar al adolescente imputado le hará conocer en términos accesibles los motivos de la detención y los derechos que le asisten, particularmente su derecho a no declarar y a designar Defensor de su expresa confianza.

Deberá asimismo interrogarlo acerca del trato habido durante la detención previa a la audiencia.

Numeral 4): Se propone una nueva redacción:

"4) Al culminar la audiencia preliminar, el Juez:

A) Decidirá, a petición del Ministerio Público, oyendo a la Defensa, luego del debate, si existen elementos de convicción suficiente para imputar al/los adolescentes sometidos a juicio la comisión de una infracción a la ley penal en los términos consagrados por éste Código".

El resto de los literales que se indican se corren relativamente continuando igual.

Numeral 8): Se agrega un inciso al inicio del mismo.

"En cualquier momento del proceso el representante del Ministerio Público podrá solicitar el sobreseimiento en los términos y con los efectos previstos en el Código del Proceso Penal. Este podrá producirse a solicitud de la Defensa".

Se modifica el siguiente inciso:

 "Diligenciada la prueba, los autos pasarán en vista al Ministerio Público por un lapso de seis días. En caso de deducir acusación, relacionará las pruebas ya diligenciadas, analizará los informe técnicos presentados y formulará los presupuestos fácticos, jurídicos y técnicos de la imputación debiendo expresarse especialmente, en atención al principio de presunción de inocencia, acerca de la inexistencia de las circunstancias que eximen de la aplicación de medidas socioeducativas".

Artículo 41.- Discutible la inclusión de la mediación en el medio del proceso.

Artículo 42.- Se acompaña la propuesta del INAME.

Artículo 59.- Primer inciso, se acompaña la propuesta del INAME.

Segundo inciso: Se propone el siguiente aditivo al final:

"El INAME reglamentará el funcionamiento de los establecimientos donde se cumplen las medidas privativas de libertad de acuerdo a las orientaciones y principios que surgen de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad (Riad)".

Artículo 60.- Literal A), numeral 6) se propone una modificación al final:

"6) A no ser trasladado del centro donde cumple la medida educativa sin que se dé cuenta de inmediato al Juez competente. Todo traslado deberá ser fundamentado y podrá ser recurrido".

Artículo 61.- Se acompaña la propuesta del INAME.

Artículo 69.- Se cuestiona la procedencia del numeral 3). La notificación a domicilio es especialmente importante en el caso de los responsables del adolescente. Tampoco acompañamos el privilegio para el Ministerio Público. Entendemos que debería eliminarse.

Artículo 75.- Acompañamos propuesta de la Cátedra de Derecho de Familia.

CAPÍTULO IX

Artículo 76.- Se propone eliminar el segundo inciso por entender que no corresponde a este Código.

Artículo 78.- Se propone la discusión sobre la oportunidad de cambiar nuestra legislación sobre la preeminencia del apellido paterno. Las complicaciones que esto genera al no utilizarse como primer apellido el de la madre, y que quedan explicitadas en los artículos subsiguientes se reducirían considerablemente si el Uruguay adoptase la modalidad del Brasil o de los Estados Unidos.

Artículo 80.- Se acompañan las modificaciones propuestas en este artículo por la Cátedra de Derecho de Familia y el agregado de otro artículo suplementario con las modificaciones de los artículos del Código Civil.

Asimismo se acompaña la propuesta para este artículo de la Asociación de Escribanos.

Artículo 81.- Se acompaña las propuestas de la Asociación de Escribanos.

Artículo 82.- Se acompaña la propuesta de la Cátedra de Derecho de Familia.

Artículo 83.- Se propone uniformizar la edad de catorce años para todo.

Artículo 84.- Se acompaña la propuesta de la Cátedra de Derecho de Familia.

Artículo 89.- Se propone como aditivo al artículo:

"Asimismo se consideran aquellas personas con las que haya mantenido vínculos afectivos estables, tales como padrastros, padrinos, etc.".

Artículos 9l y 92.- Se comparten las apreciaciones de la doctora Castelo. Se sugiere estudiar la posibilidad de quitar del primer inciso del artículo 92 la frase: "Así como sobre la tenencia de los hijos".

Artículo 95.- Se propone agregar:

"El incumplimiento contumaz del régimen de visitas ...".

Artículo 98.- Se propone el cambio siguiente en el primer inciso:

"Los alimentos están constituidos por las prestaciones monetarias o en especie que sean bastantes para satisfacer, según las circunstancias particulares de cada caso, las necesidades relativas al sustento, habitación, vestimenta, salud y los gastos necesarios para adquirir una profesión y oficio, educación, cultura y recreación."

Sigue igual.

Artículo 103.- Se mantiene el primer inciso y se propone una modificación y sustitución de los numerales.

1) El o la concubina cuando cumpliere con los requisitos establecidos en el artículo 141 y a una pareja estable, singular y pública según los establece el Código Civil.

2) Los ascendientes más próximos con preferencia los del progenitor obligado.

3) Los hermanos legítimos o naturales, con preferencia los del doble vínculo simple.

4) Los tíos.

Fundamentación

Se acompaña el razonamiento de la doctora Castelo en cuanto a que los concubinos deben estar primeros ya que son una familia asimilada donde se generan derechos pero también obligaciones.

Artículo 111.- Se propone eliminar la última frase del primer inciso por entender que los viáticos deben ser computados.

Segundo inciso: queda igual.

Agregar un tercer inciso con el texto propuesto por la Cátedra de Derecho de Familia que modifica las Leyes Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, y Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Artículo 112.- Se acompaña el agregado propuesto por la Cátedra de Derecho de Familia.

CAPÍTULO XI

Se propone el siguiente título:

"I.- Protección de los derechos amenazados o vulnerados de los niños y adolescentes y situaciones especiales.

Fundamentación

Nos parece correcta la propuesta de la Comisión redactora pero no acordaríamos con quitarle el título original por su importancia. Solo situaciones especiales desmerece el espíritu del Capítulo.

Artículo 117.- Acompañamos la propuesta de la Comisión Redactora.

Artículo 120.- Acompañamos lo propuesto por el INAME.

Artículo 121.- Acompañamos la propuesta de cambio del "nomen juris":

"(Medidas en régimen de internación sin conformidad del niño o del adolescente)".

Artículo 130.- Se propone una sustitución del final de este artículo:

"(Entrega de niños y adolescentes).- El que entregue a un niño o adolescente a persona ajena a la familia biológica y quien o quienes lo reciban, deberán comunicarlo al Juez de Familia dentro de las cuarenta y ocho horas. El Juez adoptará en forma urgente las medidas de protección necesarias y solicitará informe psicológico y social respecto a las posibilidades de mantener al niño en su familia de origen. En caso afirmativo, dispondrá las medidas de apoyo familiar que se requieran para asegurar la permanencia de este vínculo filial. De lo contrario, deberá proceder conforme se dispone en el artículo siguiente".

Fundamentación

Se entiende que no se enfatiza lo necesario para que se adopten medidas para promover que el niño se mantenga en su familia de origen. Por otra parte, los padres biológicos, por el hecho de serlo, tampoco están legitimados para disponer por sí solos el destino familiar de sus hijos. Por ello también se modifica el artículo siguiente.

Artículo 131.- Se propone el siguiente aditivo al final del artículo:

"Se citará y emplazará a los padres, responsables y a quienes, hasta la entrega a la que hace referencia el artículo anterior, se hubieren ocupado del niño.

Una vez resuelta la separación definitiva, deberá asegurarse su inserción en un medio adecuado, prefiriéndose aquellos hogares que permitan al niño salvaguardar sus vínculos afectivos.

A tales efectos podrá disponerse, entre otros, la tenencia por terceros (artículo 87), la integración a un hogar institucional que ofrezca garantías para su adecuado desarrollo, o la adopción.

Cuando se entendiere por la Sede que corresponde la colocación de un niño en una familia con fines de adopción, deberá intervenir una institución especializada autorizada para ello (artículo 154).

Cuando los padres de origen, o los integrantes de esa familia de origen presten su consentimiento a los efectos previstos en este artículo, el mismo solo será válido si ha sido dado con el previo asesoramiento necesario y el conocimiento de las consecuencias".

Artículo 133.- Se propone una sustitución en el numeral 3):

"3) Nadie puede ser adoptado por más de una persona, a no ser por dos cónyuges que tengan por lo menos un año de matrimonio o una pareja de concubinos estables, siempre que la citada unión tenga una duración acreditada no menor a la exigida para el matrimonio. En ambos casos deben haber tenido al niño o adolescente a su cargo por un término no inferior a un años".

Inciso segundo: Ídem.

Inciso tercero: Se acompaña la propuesta de la doctora Castelo.

Se propone agregar un cuarto inciso:

"Las disposiciones del inciso anterior serán aplicables a los concubinos de acuerdo a la definición del primer inciso del presente numeral".

El último inciso se mantiene igual.

Se propone la eliminación del numeral 4). No se entiende cuál es su objetivo.

Artículo 134.- No creemos que la propuesta de la Asociación de Escribanos sea excluyente de lo propuesto en el proyecto.

Se propone la siguiente sustitución en el numeral 3):

"3) Si se tratara de un niño o un adolescente sometido a su familia de origen, será necesario el consentimiento de quien o quienes corresponda".

Se acompañan las propuestas de la Cátedra de Derecho de Familia.

Artículo 135.- Se acompaña la modificación del numeral 1) propuesta por la Cátedra de Derecho de Familia.

Numeral 2): se propone la siguiente modificación:

"En caso de interdicción, de ausencia ... lo que más convenga al interés del niño o el adolescente de acuerdo a las previsiones del artículo 130".

Se suprime el resto por entender que carece de sentido.

Se propone la eliminación del numeral 3) por entender que resulta irónico que se le preserven los derechos en la familia de origen, que seguramente ni conoce, y se le nieguen en la que está integrado.

Artículo 135.- Se propone sustituir la redacción del numeral 4):

"4) La adopción simple produce, entre el adoptante y el adoptado, los mismos efectos que la legitimación adoptiva en materia de alimentos y sucesión".

Fundamentación

No tiene sentido que tengan que hacer testamento ni establecer la diferencia.

Artículo 137.- Se acompaña la propuesta de la Asociación de Escribanos con la sola modificación de cambiar en la primera frase de la sustitución propuesta para el numeral 1):

"La adopción podrá asimismo ser hecha por escritura pública ...".

Fundamentación

Se entiende que deben poder convivir las dos formas.

Artículo 137 bis.- Se propone el aditivo del siguiente artículo:

"Tratándose de niños o adolescentes con capacidad diferente, huérfanos o separados definitivamente de su familia de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 131 de este Código, el INAME hará un llamado público a personas que deseen adoptarlos en cualquiera de las formas previstas en este Código. El Estado, a través de sus diversos servicios asegurará la atención integral de estos niños y adolescentes en forma gratuita derecho que se mantendrá cualquiera sea la edad de la persona.

El Poder Ejecutivo reglamentará la forma de dar vigencia efectiva a este artículo en un plazo de ciento ochenta días con posterioridad a la entrada en vigencia de este Código".

Fundamentación

Estos procedimientos aumentarían sensiblemente la cantidad de personas dispuestas a adoptar.

Artículo 138.- Primer inciso: Ídem.

Agregar un segundo inciso:

"El Registro previsto por el artículo 211 de este Código deberá contener todos los datos que permitan al niño o al adolescente hacer efectivo el derecho consagrado por el inciso anterior, en aquellos casos de adopciones realizadas al amparo de los artículos 140 y siguientes de este cuerpo normativo.

La solicitud que al respecto formule cualquier niño o adolescente que encuadre en las previsiones del presente artículo, será elevada al Juez competente a efectos que éste decida de acuerdo a las previsiones del inciso primero.

Si el niño o el adolescente tiene catorce o más años, se le deberá indicar la Sede en la que se tramitó su adopción para que haga efectivo su derecho".

Artículo 140.- Se propone sustituir el numeral 1) por:

"1) Para la adopción plena deberán seguirse los procedimientos establecidos en el artículo 131 de este Código".

Los otros numerales quedan igual.

Artículo 141.- Se proponen las siguientes modificaciones al numeral 1):

Podrán solicitarla los cónyuges o los concubinos, mayores de veinticinco años, con quince años más que el niño o adolescente y que lo hubieran tenido bajo su guarda o tenencia por un término no inferior a un año, que computen por lo menos cuatro años de matrimonio o de concubinato siempre que este sea estable, singular y público, compartiendo la vida en común".

Por motivo fundado y expreso, el Tribunal podrá otorgarla aun cuando alguno de los cónyuges o concubinos o ambos no alcanzaren tal diferencia de edad con el adoptado reduciéndola hasta un límite que admita razonablemente que éste puede ser hijo de los adoptantes o, en casos excepcionales, y si no mediare oposición del Ministerio Publico, a pesar de que uno o los dos cónyuges o concubinos no fueren mayores de veinticinco años de edad o no completaren los cuatro años de matrimonio o concubinato a que se refiere el inciso anterior".

Fundamentación

Se han agregado a quienes ya tienen derechos reconocidos en nuestra legislación y teniendo en cuenta que el concubinato tiende a aumentar como forma de uniones estables.

Artículo 142.- Numeral 3) se propone la edad de catorce años para unificar el criterio.

Artículo 144.- Agregar en el primer inciso:

"Con el testimonio de la (...) como hijo legítimo natural inscripto fuera de término".

Artículo 145.- Se propone agregar al texto del último inciso:

"...matrimonio adoptante pleno o de la pareja de concubinos adoptantes plenos".

Fundamentación

Todas las modificaciones presentadas en este sentido buscan permitir la adopción a los concubinos y dejar en claro que no hay ninguna diferencia entre hijos legítimos y naturales con excepción de la administración del peculio.

Artículo 148.- Se comparte la modificación propuesta por el Partido Nacional pero se debe referir a otros artículos.

"...con la intervención del INAME, quien, una vez obtenidos todos los antecedentes presentará en el plazo de cuarenta y cinco días un informe pormenorizado, teniendo, asimismo, los demás requisitos previstos en los artículos 131, 141 y 150 de este Código".

Artículo 151.- Se comparte el agregado del segundo inciso propuesto por la Cátedra de Derecho de Familia.

"Los solicitantes deberán comparecer a la audiencia preliminar en forma personal preceptivamente".

Se comparten en principio las supresiones propuestas por la Cátedra y el inciso nuevo propuesto pero con el agregado de: "si fundadamente se probare la integración del niño".

Artículo 154.- Se propone la supresión del segundo inciso compartiendo las dudas del INAME.

Artículo 156.- Se proponen las siguientes sustituciones para este artículo:

"(Registro General de Adopciones).- El INAME llevará un Registro reservado donde constarán los datos identificatorios de:

1) El niño o adolescente.

2) La familia de origen incluyendo a los padres biológicos, hermanos, abuelos, tíos, con su nacionalidad y domicilio.

3) Los adoptantes: nombre, nacionalidad, domicilio y estado civil e institución nacional o extranjera que lo patrocinó cuando corresponda.

4) Juzgado en que se tramitó el proceso respectivo.

Fundamentación

Con el Registro llevado de esta forma se facilita el tema de la identificación del origen del niño o el adolescente que desee conocerlo, sin que sea imprescindible ir al expediente.

ADITIVOS AL CAPÍTULO XI

II - De la actuación en los casos de maltrato y abuso del niño o del adolescente.

Artículo . (Definición).- A los efectos del presente Capítulo entiéndese por maltrato y abuso del niño o adolescente (cero-dieciocho años), las siguientes situaciones: maltrato físico, maltrato psíquico-emocional, prostitución infantil, pornografía, abuso sexual y abuso psíquico o físico mediante el desarrollo de cualquier actividad laboral.

Artículo . (La denuncia).- Ante denuncia escrita o verbal por la realización de cualquiera de las conductas mencionadas en el artículo anterior, el Ministerio Público o cualquier autoridad con funciones de policía, deberá comunicar el hecho de forma fehaciente y de inmediato al Juez Letrado de Familia con competencia de urgencia (artículo 24 del presente Código).

Artículo . (Limitación a la intervención policial).- El personal policial, salvo la recepción de la denuncia o de cualquier otro elemento informativo indispensable para actuaciones tendientes a hacer cesar una situación de maltrato o abuso, no tomará declaración al niño o al adolescente víctima de esas conductas.

Artículo . (Medidas cautelares).- Verificadas liminarmente las hipótesis del artículo 1º, el Juez competente dispondrá todas aquellas medidas cautelares tendientes a la protección física y emocional del niño o del adolescente. A esos efectos podrá disponer, entre otras, las siguientes medidas:

1º) Retiro del presunto agresor o abusador de la residencia común.

2º) Prohibición al presunto agresor o abusador de comunicarse, relacionarse, entrevistarse u otra conducta similar con la presunta víctima o denunciantes del hecho.

3º) Designación, según el caso, de un tutor, curador o guardador provisorio.

4º) Decretar provisoriamente alimentos respecto de quienes estén obligados a ello.

5º) Traslado del niño o del adolescente con familiares cercanos.

6º) Asignación provisoria de una familia sustituta.

7º) Internación provisoria en un organismo oficial u Organización No Gubernamental autorizada de tutela de niño o de adolescente.

Artículo . (Características de las medidas cautelares).- La enumeración precedente no es taxativa, pudiendo adoptarse cualquier otra medida análoga que sirva a los fines expuestos. El orden de las mismas no implica jerarquía alguna entre ellas. No obstante, la medida prevista en el numeral 7º) del artículo anterior, deberá ser adoptada como último recurso y ante la imposibilidad de lograr con cualquiera de las otras medidas los fines de protección necesarios.

Esta medida (numeral 7º) deberá poseer carácter transitorio y no implicará privación de libertad.

La adopción de las medidas cautelares de protección al niño o al adolescente por el Juez de Familia en el ámbito de su competencia, lo son sin perjuicio de las que pueda dictar el Juez competente en materia penal sobre la persona y bienes del imputado, conforme a lo previsto en el Código del Proceso Penal.

Artículo . (Indagatoria psicológica de la víctima).- Durante la producción de la prueba en la etapa prevista en el Código del Proceso Penal o en el presente Código, deberá realizarse una única indagatoria psicológica del niño o del adolescente, sin perjuicio del examen médico forense.

Artículo . (Naturaleza de la indagatoria).- La referida indagatoria tendrá naturaleza pericial y se regulará por lo dispuesto en el Código del Proceso Penal, con las modificaciones establecidas en los artículos siguientes.

La determinación de los puntos que serán objeto de la diligencia pericial, se hará conforme a lo dispuesto por el artículo 180 del Código General del Proceso en lo que fuere pertinente.

Artículo . (Cualidades del perito).- La entrevista indagatoria deberá estar a cargo de personas especialmente preparadas en técnicas de detección e investigación de situaciones de maltrato y abuso sexual de niños y de adolescentes.

A falta de los peritos oficiales requeridos por el Código del Proceso Penal, el Tribunal podrá derivar la realización de la indagatoria a aquellas Organizaciones No Gubernamentales autorizadas que cuenten con personas capacitadas para ello.

Artículo .(Oportunidad y práctica pericial).- La entrevista indagatoria deberá realizarse siempre de modo previo al interrogatorio judicial. La misma deberá ser realizada por los técnicos a solas con la víctima, debiendo ser presenciada por el Juez o los Jueces intervinientes y las partes a través de un vidrio de visión unilateral (Cámara Gessel).

Su registración se hará mediante videograbación.

Artículo . (Declaración judicial de la víctima).- La declaración del niño o del adolescente ante el Tribunal, se realizará solo en aquellos casos en que resulte necesario para la instrucción, a requerimiento del Ministerio Público, de la Defensa o Tribunal de Oficio. Durante la misma, las partes y el Tribunal deberán contar con el asesoramiento de los técnicos intervinientes en la indagatoria pericial.

En los demás casos, la entrevista indagatoria referida en los artículos anteriores y la presencia del técnico, sustituirán a la víctima en el resto del proceso.

Artículo . (Diagnóstico de interacción familiar).- El Tribunal, de oficio o a petición de partes, podrá requerir un diagnóstico de interacción familiar con la finalidad de determinar la situación de riesgo y el medio social y ambiental de la familia o grupo de referencia de la víctima.

Según sus resultados, el Tribunal podrá instar a los mismos a asistir a programas educativos o terapéuticos.

Artículo . (Careo).- Prohíbese el careo de la víctima o testigos en aquellos casos en que los involucrados tengan menos de doce años de edad.

El careo en que intervengan niños mayores de esa edad, se realizará previa preparación psicológica de los mismos.

En la circunstancia del inciso anterior, el niño podrá ser asistido por el técnico que realizó la preparación psicológica o por un adulto de su confianza que él indique.

Artículo . (Coordinación interinstitucional).- De las denuncias que se presenten referidas a las conductas previstas en el artículo... (1º), se dará conocimiento al Consejo Nacional Honorario de los Derechos del Niño y del Adolescente, a fin de atender la coordinación de los servicios públicos y privados que evite y, en su caso, superen las causas de maltrato, abusos y todo tipo de violencia dentro de la familia.

Con la misma finalidad, podrán ser convocados por el Tribunal los organismos públicos y las entidades no gubernamentales autorizadas dedicadas a la prevención de la violencia y asistencia de las víctimas.

CAPÍTULO XII

Artículo 157.- Se acompaña la propuesta conjunta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y del Instituto Nacional del Menor (INAME).

Artículo 160.- Se acompaña la propuesta conjunta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y Instituto Nacional del Menor (INAME).

Artículo 161.- Se acompaña la propuesta conjunta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y Instituto Nacional del Menor (INAME).

Artículo 162.- Se acompaña la propuesta conjunta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y Instituto Nacional del Menor (INAME) y se comparte la eliminación del original.

Artículo 163.- Se acompaña la redacción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) e Instituto Nacional del Menor (INAME).

Artículo 164.- Se acompaña la redacción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) e Instituto Nacional del Menor (INAME).

Artículo 165.- Se acompaña la redacción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) e Instituto Nacional del Menor (INAME).

Artículos l66, 167, 168, 169.- Se acompañan los sustitutivos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) e Instituto Nacional del Menor (INAME). Se comparte también la eliminación del 167º y del 168º originales.

Artículo 170.- Se comparte el texto alternativo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) e Instituto Nacional del Menor (INAME). Sorprende el monto de la multa en el último inciso y debería fundamentarse.

Artículo 170 bis.- Se comparte el artículo que propone el Instituto Nacional del Menor (INAME) (De los Registros), ya que da cumplimiento a lo establecido en el Código de 1934 sobre la Planilla de Trabajo de los Menores.

Artículo 171.- Se acompaña que tenga la misma redacción del original 169.

Artículo 172.- Se acompaña la redacción propuesta por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) e Instituto Nacional del Menor (INAME).

Artículo 173.- Se acompaña que tenga la redacción original del 171.

Artículo 174 (nuevo).- Se acompaña que tenga la redacción original del 172.

Artículo 175 (nuevo).- Se acompaña que tenga la redacción propuesta por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e Instituto Nacional del Menor (INAME).

CAPÍTULO XIII

Artículos 181 y 182.- Se entiende que las multas deben seguir siendo fijadas por los Jueces. No se comparten las propuestas de cambio del INAME en este sentido.

Artículo 183.- Se comparte la propuesta del Instituto Nacional del Menor (INAME).

Artículo 191.- Se comparte la propuesta de la Cátedra de Derecho de Familia.

Artículo 197.- Se propone eliminar el último inciso. Resulta de un resabio de las normas que se derogan.

Artículo 204.- Se acompaña la propuesta de la doctora Castelo de incorporar a la Defensoría de Oficio de Familia y Menores.

Artículo 207.- Se proponen estos cambios en el numeral 1º):

"1º) Coordinar e integrar las políticas sectoriales de atención a la niñez, adolescencia y familia, por parte de las diferentes entidades públicas vinculadas al tema".

Fundamentación:

Se agrega el componente familiar y se suprimen la competencia en supervisión.

Artículo 208.- Se propone la siguiente sustitución del presente artículo:

"El Consejo actuará en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, será presidido por el Instituto Nacional del Menor (INAME) y recibirá recursos asignados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto".

Fundamentación:

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), es la encargada de la coordinación de las políticas sectoriales y debería proporcionar la infraestructura y recursos para este organismo coordinador.

Artículo 224.- Se acompaña la propuesta de la doctora Castelo de derogar solo los artículos 174 y 241 del Código Civil y dejar vigente el 242.

Montevideo, 30 de agosto de 2000.

MARGARITA PERCOVICH, Representante por Montevideo, LUCÍA TOPOLANSKY, Representante por Montevideo".

Anexo XII al
Rep. Nº 22

"TEXTO DE LAS ENMIENDAS

A) Se sugieren modificaciones al "Capítulo VIII - II Régimen Procesal", por cuanto del texto a consideración y de diversas observaciones que se le efectuaron al mismo entendemos necesario realizar ajustes de texto a efectos de lograr un proceso coherente, con plazos claros en su extensión y con todas las garantías del debido proceso.

A efectos de lograr el objetivo propuesto se hace necesaria la inclusión de etapas no previstas originalmente (prueba ofrecida por la Defensa luego de la demanda fiscal) y acortamiento de otro plazo que resultaría excesivo (convocar la Audiencia Final dentro de siete días en lugar de quince días).

I) Se propone la Supresión del literal B) del numeral 4º) resolución de la audiencia preliminar y medidas cautelares del artículo 34.

Fundamentación:

En consulta con integrantes de la Comisión Redactora se convino que la redacción actual de este literal llevaría a que no se respetaran todas las garantías del debido proceso. En efecto, cumpliendo todas las etapas previstas en el proceso como están establecidas actualmente, estas suman cincuenta y cinco días corridos, sin contar -lo cual no estaba previsto expresamente y será objeto de la otra enmienda- el plazo para diligenciar la prueba que la defensa podrá solicitar luego de la demanda fiscal (inciso final del numeral 8º) del artículo 34).

Por otra parte, que el Juez fije al finalizar la Audiencia Preliminar, para dentro de sesenta días, la Audiencia Final, supondría que en dicho plazo se concluyeran todas las etapas procesales que garanticen el debido proceso. Pero dado que en la redacción del proyecto no se advirtió que era necesario establecer un plazo para el supuesto que la Defensa ofrezca prueba y que la misma necesariamente debe recibirse en Audiencia, esto hace variar la duración del proceso y por tanto el momento para realizar la Audiencia Final.

Según nos explicaron los redactores del Código es la intención que el proceso tenga una duración limitada en el tiempo, y por tal motivo se había incluido esta previsión en dicho literal. Asimismo, en la consulta efectuada, se coincidió en que realizar la Audiencia Final a los treinta días si el Juez decretó medidas cautelares, también atenta contra las garantías del debido proceso, por cuanto no van a estar finalizadas todas las etapas preceptivas. En este sentido, se concluyó que debe eliminarse todo el literal B), estableciéndose el plazo máximo de duración del proceso en el numeral 10) del artículo 34, y que será objeto de otra enmienda.

II) Se sugiere la modificación del numeral 5º) del artículo 34, Medidas Cautelares, dentro de este del numeral 5) La internación provisoria, inciso primero:

"El arresto domiciliario y la internación provisoria no podrán durar más de sesenta días, salvo que la Defensa haya solicitado prueba luego de la demanda fiscal (inciso final del numeral 8º) del artículo 34), en cuyo caso podrá prorrogarse por un plazo máximo de treinta días".

El resto del texto conserva su redacción actual.

Fundamentación:

En concordancia con lo establecido en la enmienda anterior debe ajustarse la redacción a los plazos que efectivamente puede insumir el proceso.

III) Se propone la modificación del inciso final del numeral 8º) del artículo 34, Formulación de demanda o sobreseimiento".

"Si el Ministerio Público solicitara el sobreseimiento, el Juez lo dictará sin más trámite. Si se dedujere demanda fiscal, se conferirá traslado a la Defensa por seis días, la que podrá ofrecer prueba y contradecir o allanarse. En caso de ofrecer prueba, la misma deberá recabarse en un plazo que no exceda los veinte días continuos y perentorios y se diligenciará en audiencia que deberá realizarse dentro de dicho plazo".

Fundamentación:

Como se ha expresado, en consulta con los redactores, no se había incluido un plazo para recabar la prueba que pudiera ofrecer la Defensa, ni tampoco que la misma debe necesariamente recibirse en Audiencia, de acuerdo al principio general que informa este proceso. Por tanto, es necesario introducir esta modificación a efectos de contemplar esta etapa eventual.

IV) Se propone la sustitución del numeral 10) artículo 34 Audiencia Final, por el siguiente:

"10) Audiencia final. En el plazo máximo de noventa días deberá celebrarse la Audiencia Final. Deberán participar, bajo pena de nulidad, el Juez, el adolescente, su Defensor y el Ministerio Público. Será convocada dentro de los siete días de la contestación de la demanda fiscal, por la Defensa, salvo que esta última hubiera ofrecido prueba, en cuyo caso el plazo de siete días empezará a computarse luego de realizada la audiencia de prueba correspondiente.

  Se pondrán a disposición los informes técnicos recabados.

  Se dará participación a los padres o responsables del adolescente y a la víctima, si lo solicitaren".

Fundamentación:

Con el primer agregado suplimos la eliminación del literal B) del numeral 4º) del artículo 34, fijándose el plazo máximo de duración del proceso, que como se señaló es la intención primordial de los redactores del Código. Por otra parte, la indeterminación de los plazos hace a la irregularidad en los procesos que se siguen contra adolescentes infractores, estableciendo expresamente la Convención de los Derechos del Niño, Ley Nº 16.137, la necesidad de que las medidas de privación de libertad aplicadas a los niños lo sean como último recurso, por el período más breve posible y que la causa sea dirimida sin demora y culmine con una pronta decisión (literales B) y D) del artículo 37, literal B), iii); del artículo 40; extremos estos que además están previstos en el propio Código en el artículo 32.

Se agrega expresamente la presencia del Juez, si bien de acuerdo al principio establecido en el artículo 66, el mismo debe necesariamente presidir todas las audiencias bajo pena de nulidad que compromete su responsabilidad funcional.

Se establece que el plazo a partir de cuando se convocará a esta audiencia variará si la Defensa ofrece prueba, puesto que será necesario establecer un plazo para diligenciarla y ser recibida en audiencia. Entendemos que el plazo de quince días es excesivo, puesto que ya se han cumplido las etapas de demanda fiscal y diligenciamiento de prueba, por lo que el mismo se establece en siete días -que se computan como hábiles de acuerdo al principio general correspondiente- tiempo suficiente para realizar las notificaciones necesarias.

En el inciso final, se agrega la posibilidad de que la víctima participe de la misma, si así lo solicitare, puesto que solo estaba prevista esta posibilidad para la audiencia preliminar.

B) Se proponen modificaciones al Capítulo IX - De las Comunicaciones Procesales.

V) Se propone modificar el numeral 3) del artículo 69:

"3º) Salvo los casos que indique el Juez, las notificaciones se practicarán en el domicilio de las partes".

Eliminar el inciso segundo.

Fundamentación:

El texto de este numeral está basado en el artículo 84 del Código General del Proceso, que reza: "Salvo disposición expresa de la ley, las notificaciones se practicarán en la oficina", reproduciendo sí íntegramente el inciso segundo.

Por lo que aquí se cambia a "la ley" por "el Juez". Se nos plantea la duda de qué sucede con las notificaciones de las audiencias, puesto que si el Juez no dispone su notificación a domicilio, aplicando este artículo, la Defensa -no el Ministerio Público que está exceptuado por el inciso segundo- se notificaría fictamente en la Oficina. Ya la Defensoría de Oficio de Familia y Menores cuando concurriera a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara, había advertido esta desigualdad en el trato de los Defensores con respecto al Ministerio Público. Creemos que por tanto debe modificarse este inciso proponiendo esta redacción alternativa, sin perjuicio que podría establecerse expresamente qué providencias deben ser necesariamente notificadas a domicilio, como se preceptúa en el artículo 87 del Código General del Proceso. No dejamos de tener presente que de acuerdo a lo establecido en el artículo 72 de este Código de la Niñez y la Adolescencia, como régimen complementario es aplicable los artículos 76 a 90 del Código General del Proceso, por lo que haciendo la interpretación del texto a la luz de este principio, sí sería aplicable el artículo 87 del Código General del Proceso. Igualmente advertimos a la Comisión sobre este punto, debiendo en definitiva adoptarse un texto que no deje lugar a dudas de las notificaciones que preceptivamente deben realizarse a domicilio.

VI) Se propone el siguiente agregado al título del artículo 70 - (Notificación Ficta):

"70. (Notificación ficta en la oficina)".

Fundamentación:

Nuevamente este artículo está basado en el artículo 86 del Código General del Proceso, el cual se reproduce íntegro, salvo en el título donde se omitió "en la oficina". Esto que a primera vista pudiera suponer que no afecta el contenido del artículo, no es así, sino que debe necesariamente ponerse el aditivo propuesto a los efectos de mantener coherencia con la intención del contenido del artículo. Reiteramos las observaciones planteadas en la enmienda anterior en cuanto debe quedar claramente legislado que se debe notificar a domicilio y que puede ser notificado en la oficina.

C) Se proponen modificaciones al artículo 24 y Capítulo XI artículo 117.

VII) Se propone modificar el artículo 24. (Competencia de urgencia):

"ARTÍCULO 24. (Competencia de urgencia).- La Suprema Corte de Justicia asignará, por lo menos, a cuatro Juzgados Letrados de Familia en Montevideo y a los Juzgados Letrados de Primera Instancia del interior de la República, que entiendan en materia de familia, competencia de urgencia, para atender en forma permanente todos los asuntos que requieran intervención inmediata. Entendiéndose por tales, aquellos en que exista riesgo de lesión o frustración de un derecho del niño o del adolescente, o en los casos previstos en el inciso segundo del artículo 117 del presente Código, con excepción de las infracciones de adolescentes a la ley penal".

Inciso segundo - igual texto.

Inciso tercero - igual texto.

Inciso cuarto - igual texto.

Inciso quinto - igual texto.

Fundamentación:

A efectos de que no queden dudas sobre quién es competente en los casos de acciones de niños menores de catorce años que no están alcanzados por el Capítulo de infracciones a la ley penal se propone esta modificación.

VIII) Se propone agregar un inciso segundo al artículo 117:

"ARTÍCULO 117. (Principio general).-

Inciso primero - igual texto.

De igual forma se aplicarán a los niños que vulneren derechos de terceros".

Fundamentación:

Se reitera lo expresado en la fundamentación de la enmienda anterior.

IX) Se propone la sustitución del artículo 91 por el siguiente:

"ARTÍCULO 91.- Las prestaciones alimentarias serán servidas en dinero o en especie, o de ambas formas, en atención a las circunstancias de cada caso.

Todas las prestaciones se servirán en forma periódica y anticipada.

El obligado a prestar alimentos podrá exigir de la persona que administre la pensión alimenticia, rendición de cuentas sobre los gastos efectuados para los beneficiarios. A dichos efectos bastará que se presente por escrito ante el Juez Letrado de Familia que intervino en el proceso de alimentos, debiendo éste ordenar que el administrador, en un plazo de diez días, presente la rendición de cuentas documentada en lo pertinente, con indicación de lo percibido y de lo gastado en beneficio de los hijos acreedores.

En caso que las pensiones a servir sean de escaso monto, el Juez apreciará si corresponde dar trámite a la solicitud de rendición de cuentas".

Fundamentación:

Se establece la facultad del obligado de exigir rendición de cuentas al administrador de la pensión servida, debiendo éste presentarla dentro de los diez días de notificado del auto del Juez de Familia que lo dispuso, y en forma documentada en lo pertinente, ya que hay gastos que no siempre se podrán documentar. Se hace la salvedad de que si, la pensión es de escaso monto, será el Juez quien determine si procede o no dicha petición.

X) Se propone la sustitución del artículo 108 por el siguiente:

"ARTÍCULO 108. (Extinción de la obligación alimentaria).- La obligación de alimentos se extingue y su cese debe ser judicialmente decretado en los siguientes casos:

1º) Cuando el beneficiario cumpla los veintiún años, salvo que se tratare de personas con capacidad diferente, o los casos previstos en el artículo 102.

2º)  Cuando el beneficiario deja de necesitarlos.

3º) Cuando el deudor se halla en imposibilidad de servirlos.

4º) Cuando fallece el alimentante, sin perjuicio de la asignación forzosa que grava la masa de la herencia.

5º) Cuando fallece el alimentario, en cuyo caso la obligación se extiende a los gastos funerarios, siempre que no puedan cubrirse de otra manera.

En el caso previsto en el numeral 1º), cuando se trate de un beneficiario que cumpla veintiún años de edad, bastará que el alimentante se presente ante el Juez Letrado de Familia que intervino en la fijación de alimentos, solicitando el cese de la pensión, agregando la partida de nacimiento del beneficiario, y sustanciándose con traslado a la contraparte por el plazo de seis días (artículo 99 del Código General del Proceso). Si se dedujere oposición se tramitará por el procedimiento establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Los restantes casos del numeral 1º) y de los numerales 2º) a 5º) tramitarán por el procedimiento establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso".

Fundamentación:

El numeral 1º) prevé tres casos: A) que el beneficiario cumplió los veintiún años de edad, B) que a pesar de cumplir esa edad es discapacitado, y C) que teniendo más de dieciocho años pero menos de veintiún años de edad disponga de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación -a contrario "sensu" del principio establecido en el artículo 102-. Por tanto en el primer y último caso corresponde decretar el cese de la pensión, y en el segundo mantenerla.

Consideramos necesario establecer un procedimiento abreviado cuando la causal de extinción de la obligación alimenticia está basada en que el beneficiario cumple los veintiún años de edad. En la práctica forense asistimos a casos en donde ha llegado a demorar más de un año el decreto del Juez cesando la pensión, por lo que el obligado debe seguirla pagando aun cuando ya se venció en exceso la obligación legal. Entendemos que no se justifica la realización de un procedimiento, aunque sea extraordinario, ya que lo único que el Juez debe constatar es que el beneficiario cumplió los veintiún años de edad, bastando que se sustancie con un traslado a la contraparte. Igualmente se prevé que en el caso de ser contradictorio sí se proceda al proceso extraordinario.

En caso que el beneficiario goce de medios suficientes para su sustentación, sí es necesario acudir a un proceso extraordinario puesto que dicha situación amerita la realización de audiencia y diligenciamiento de prueba, siendo también extensible para el caso que el beneficiario sea discapacitado, donde también se acudirá al proceso extraordinario previsto en el Código General del Proceso.

XI) Se propone agregar un inciso final al artículo 109:

"ARTÍCULO 109 (Inciso final).- El Juez de Familia deberá requerir al Juez Penal las resultancias de las actuaciones llevadas a cabo por éste".

Fundamentación:

La práctica forense nos demuestra que no siempre se lleva a cabo el procesamiento por el delito previsto en el artículo 279 A del Código Penal. Creemos que de acuerdo a los principios inspiradores del presente Código, en especial el interés superior del niño, el Juez de Familia debe necesariamente interiorizarse de las resultancias llevadas a cabo por el Juez Penal y de si efectivamente se dio trámite a la comunicación elevada.

Montevideo, 30 de agosto de 2000.

IVÁN POSADA, Representante por Montevideo, PABLO MIERES, Representante por Montevideo, RICARDO FALERO, Representante por Canelones".

Anexo XIII al
Rep. Nº 22

"TEXTO DE LAS ENMIENDAS

CAPÍTULO VII

DE LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES

I - Órganos de competencia y principios procesales

Artículo 24. (Competencia de urgencia).-

Se propone un primer inciso con la siguiente redacción:

"La Suprema Corte de Justicia asignará, por lo menos, a cuatro Juzgados Letrados de Familia en Montevideo y a los Juzgados Letrados de Primera Instancia del interior de la República, que entiendan en materia de familia, competencia de urgencia, para atender en forma permanente todos los asuntos que requieran intervención inmediata. Entendiéndose por tales, aquellos en que exista riesgo de lesión o frustración de un derecho del niño o del adolescente, o en los casos previstos en el inciso segundo del artículo 117 del presente Código, con excepción de las infracciones de adolescentes a la ley penal.

Incisos siguientes: Ídem.

Artículo 26. (Competencia del Instituto Nacional del Menor).-

Se sugiere la siguiente redacción para los incisos que se indican:

"Inciso primero: El Instituto Nacional del Menor es el órgano administrativo rector de las políticas que se desarrollen en el país relativas a la niñez, adolescencia y familia, a las que deberá proteger, promover y atender con todos los medios a su alcance. Deberá determinar, por intermedio de sus servicios especializados, la forma de llevar a cabo la implementación de las políticas a través de distintos programas, proyectos y modalidades de intervención social, públicos o privados, orientados al fortalecimiento de las familias integradas por niños y adolescentes y al fiel cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 12 y 19 del presente Código".

Incisos dos, tres, cuatro, cinco y siete: Ídem.

"Inciso sexto: Dicha fiscalización será efectuada por equipos multidisciplinarios de profesionales a efectos de evaluar la situación en que se encuentren los niños y los adolescentes, así como el trato y formación que se les da a los mismos, de acuerdo a los derechos que éstos tienen y a las obligaciones de dichas instituciones".

II- De los adolescentes y las infracciones a la ley penal

Artículo 27. (Infracciones a la ley penal).- A efectos del presente Código solo son infracciones a la ley penal:

Se propone la siguiente redacción para los numerales que se indican:

1º) Ídem.

2º) Las acciones u omisiones ultraintencionales o culposas a que refieren los numerales 1º) y 2º) del artículo 30.

3º) Pasa a ser el segundo actual.

4º) Pasa a ser el tercero actual.

CAPÍTULO VIII

I - Derechos y garantías del procedimiento

Artículo 32. (Principios que rigen).-

Acápite: Ídem.

A) Ídem.

B) Principio de responsabilidad. Sugiero suprimir el inciso primero de este numeral por ser repetitivo con el inciso primero del artículo 29.

Inciso segundo: Ídem.

C) a L) Ídem.

II - Régimen procesal

Artículo 34. (Procedimiento).-

Se sugiere esta redacción para el numeral 1º-A) literal E):

"Si no fuera posible llevarlo de inmediato a presencia del Juez, previa autorización de éste, deberá conducírselo a la dependencia especializada del Instituto Nacional del Menor que corresponda y, solo en caso de indisponibilidad de aquélla, a una del Instituto Policial, no pudiendo permanecer en este último lugar por más de doce horas".

3) Medidas probatorias.

Se sugiere la siguiente redacción:

"Durante esta audiencia, el Ministerio Público y la Defensa podrán interrogar al adolescente, y a los demás comparecientes, bajo la dirección del Juez, así como solicitar la realización de las medidas probatorias que estimen convenientes.

La información requerida, incluida la evaluación del equipo técnico, deberá recabarse en un plazo que no exceda de los quince días, continuos y perentorios, contados a partir de la decisión judicial.

La prueba se diligenciará en audiencia con las garantías que aseguren el debido proceso.

En todo lo que le fuere requerido, la Policía prestará colaboración".

4) Resolución de la audiencia preliminar y medidas cautelares.

Se propone la siguiente redacción:

"Al culminar la audiencia preliminar el Juez si entiende que hay mérito para continuar con los procedimientos":

A) Ídem.

B) Fijará la audiencia final en un plazo máximo de treinta días.

C) "Decidirá, si fuere necesario, la aplicación de alguna medida cautelar, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral siguiente".

5) Medidas cautelares.

Acápite: Ídem.

Son medidas cautelares:

1º) a 5º): Ídem.

Luego se propone la siguiente redacción:

"El arresto domiciliario y la internación provisoria no podrán durar más de cuarenta y cinco días. Transcurrido ese plazo sin que se hubiera dictado sentencia de primera instancia, se deberá dejar en libertad al adolescente. Ambas medidas cautelares solo podrán aplicarse si la infracción que se imputa al adolescente puede ser objeto en definitiva de una medida privativa de libertad, de acuerdo con el artículo 44, y siempre que ello sea indispensable para":

A) y B): Ídem.

Se sugiere esta redacción para el inciso final de este numeral:

"La internación provisoria se cumplirá en un establecimiento especial del Instituto Nacional del Menor.

El arresto domiciliario será regulado, supervisado y controlado por el Instituto Nacional del Menor".

Se sugiere pasar el contenido del numeral 6º) al 7º) y el de éste al 6º) por evidente error de transcripción:

6) Informe del equipo técnico.

Se propone suprimir: "y supervisarán la aplicación de las medidas".

Los técnicos producirán los informes verbales o escritos que el Juez disponga. Los informes verbales se producirán en audiencia.

7) Informe del Centro de Internación.

Si el Juez resuelve la internación provisoria del adolescente, dispondrá que el equipo técnico del establecimiento de internación, en un término que no exceda de los quince días dispuestos para recabar la prueba, produzca un informe con una evaluación médica y psicosocial del mismo, expidiéndose especialmente sobre las posibilidades de convivencia del joven en régimen de libertad.

8) Formulación de demanda acusatoria o solicitud de sobreseimiento.

Diligenciada la prueba, los autos pasarán en vista al Ministerio Público por tres días. En caso de deducir acusación, relacionará las pruebas ya diligenciadas, analizará los informes técnicos presentados y formulará los presupuestos fácticos, jurídicos y técnicos de la imputación.

Si el Ministerio Público solicitara el sobreseimiento, el Juez lo dictará sin más trámite, dejando sin efecto la audiencia final fijada, y disponiendo el cese de las medidas cautelares adoptadas y el archivo del expediente. (Suprimo oración final que paso al numeral siguiente).

Sugiero sustituir título y contenido del numeral 9)

9) Contestación.

Si se dedujere demanda fiscal, se conferirá traslado de la misma por tres días a la Defensa, la que podrá contradecir o allanarse.

10) Audiencia final.

En la audiencia final deberán estar presentes, bajo pena de nulidad, el adolescente, su Defensor y el Ministerio Público. Se procurará que asistan los padres o responsables del joven.

(Suprimo referencia al plazo para su convocatoria, dado que ya se estableció en numeral 4) literal B).

El Juez informará al adolescente acerca de las pruebas aportadas al Proceso y su valoración, de las recomendaciones que emergen de los informes técnicos realizados, así como del contenido de la demanda acusatoria y de la contestación.

Escuchará las alegaciones que él mismo quiera formular al igual que las que hicieren sus padres o responsables, si estuvieren presentes.

11) Plazo para dictar sentencia.

El Juez deberá dictar sentencia definitiva de primera instancia al cabo de la audiencia final, expidiendo el fallo con sus fundamentos. Se dará lectura de todo ello a los efectos de su comunicación (artículo 76 del Código General del Proceso), siendo de aplicación, en cuanto a su contenido y en lo pertinente, el artículo 245 del Código del Proceso Penal.

La sentencia será escrita y deberá estar redactada de un modo breve y claro para que pueda ser comprendida en todas sus partes por el adolescente imputado.

Cuando la complejidad del asunto lo justifique, se podrá prorrogar el plazo para dictar la sentencia con sus fundamentos por hasta quince días continuos y perentorios, procediéndose para su comunicación a la formalización de una audiencia complementaria.

12) Contenido de la sentencia.

Propongo redacción sustitutiva:

"El Juez podrá absolver al adolescente imputado o declararlo responsable (artículo 28) e imponerle alguna medida socioeducativa de las enunciadas en la Sección III del presente Capítulo, con la finalidad de preservar el interés del adolescente. Esto último no podrá hacerse si no mediara el previo requerimiento del Ministerio Público, ni de manera más gravosa que la solicitada por éste.

Deberá optar, en principio, por aplicar alguna de las medidas socioeducativas no privativas de libertad.

La privación de libertad solo podrá disponerse como medida de último recurso y durante el tiempo más breve que sea posible. En ese caso, en su sentencia, el Juez deberá fundamentar por qué no es posible aplicar una medida distinta".

Propongo un numeral adicional para casos que se indican que ameritan un proceso abreviado:

13) Audiencia única.

En los casos en que, culminada la audiencia preliminar, no fuere necesario disponer medidas probatorias adicionales y se hubieren realizado los informes técnicos requeridos (numeral 6) se conferirá la palabra al Ministerio Público y a la Defensa a los efectos previstos en los numerales 8 y 9, luego de lo cual el Juez dictará sentencia de inmediato de acuerdo a lo establecido en los numerales 11 y 12.

(Sugiero: Los actuales numerales 13), 14) y 15) pasarán a tener los números 14), 15) y 16), respectivamente).

III - Medidas socioeducativas

Medidas socioeducativas no privativas de libertad

Artículo 42. (Régimen de libertad asistida y vigilada).-

A) y B) : Ídem.

Propongo agregar como inciso final:

"Ambas medidas se regularán de acuerdo a directivas que al efecto programe el Instituto Nacional del Menor. El régimen de libertad asistida podrá ser ejecutado por el INAME o por otras instituciones públicas o privadas supervisadas por éste. El régimen de libertad vigilada será de responsabilidad exclusiva, irrenunciable e indelegable del Estado".

Propongo sustituir título y texto del artículo siguiente:

Artículo 43. (Complementariedad).-

El Juez podrá aplicar una o más de las medidas previstas en este Título o en el siguiente.

Medidas socioeducativas privativas de libertad.

Artículo 44. (Aplicación).-

Inciso primero: Ídem.

Inciso segundo:

También podrán aplicarse a los adolescentes que, habiendo sido declarados por sentencias ejecutoriadas responsables de infracciones en forma reiterada, hayan incumplido las medidas socioeducativas que el Juez les impusiera anteriormente. En este caso, el plazo de duración de la medida privativa de libertad no podrá ser mayor a los sesenta días, a contar del dictado de la sentencia.

Régimen de privación de libertad.

Artículo 49. (Duración de las medidas de privación de libertad).-

La medida de privación de libertad tendrá una duración máxima de tres años.

Inciso segundo: Ídem.

V - Derechos y deberes durante la ejecución de las medidas socioeducativas.

Artículo 60. (Principio especial de la privación de libertad).

Acápite y A) Derechos: numerales 1º) a 5º) y 7º): Ídem.

"6): A conocer la fundamentación de la decisión en caso de ser trasladado del centro donde cumpla las medidas educativas. Los traslados de establecimiento deberán ser comunicados al Juez competente de inmediato y podrán ser recurridos ante éste por el menor, sin que ello tenga efecto suspensivo".

VI - Cesación del proceso.

Artículo 61. (Principio general).-

Acápite y numerales 1º) a 4º)-. Ídem.

Sugiero agregar un numeral:

"5) Cuando se procesare penalmente al infractor por la comisión de un delito de igual o superior gravedad al hecho que motivó la aplicación de la medida socioeducativa. En caso que el delito fuera de menor gravedad que la infracción que motivó la medida referida, se clausurará el proceso, de haberse cumplido las dos terceras partes de la medida socioeducativa".

IX - De las comunicaciones procesales.

Artículo 69. (Notificaciones preceptivas).-

1) y 2): Ídem.

Propongo redacción sustitutiva para el siguiente numeral:

"3) Las notificaciones se practicarán en los domicilios constituidos en autos o, en su defecto, en los respectivos domicilios reales de los interesados, cuando la ley no disponga especialmente otro modo de hacerlo. A los efectos de esta disposición, en el caso del Ministerio Público y de los Defensores de Oficio, sus respectivos despachos se tendrán como los correspondientes domicilios reales".

Artículo 70. (Notificación ficta).- Lo suprimo como consecuencia de la modificación anterior.

CAPÍTULO IX

I - De la filiación

Las siguientes enmiendas recogen básicamente la propuesta de la Cátedra de Derecho de Familia.

Artículo 75. (Derecho a la filiación).-

Todo niño y adolescente tiene derecho a saber quiénes son sus progenitores.

Artículo 79.- Del nombre según la filiación.

Se propone la siguiente redacción:

"1º) El hijo legítimo llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre.

2º) El hijo natural inscripto por ambos padres, llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre.

3º) El hijo natural inscripto por su padre, llevará como primer apellido el de éste y como segundo el de la mujer que surja acreditada como su madre.

4º) El hijo natural inscripto por su madre, llevará como segundo apellido el de ésta y como primero uno de uso común.

5º) El hijo natural que no es inscripto por su padre ni por su madre, llevará igualmente y en segundo lugar el apellido de su madre, en caso de ser ésta conocida y en primer lugar uno de uso común.

6º) El hijo natural cuyas padres se desconocen, inscripto de oficio, llevará dos apellidos de uso común, seleccionados por el Oficial del Registro de Estado Civil interviniente.

7º) Los apellidos de uso común serán sustituidos por el del padre o la madre que reconozca a su hijo o sean declarados tales por sentencia, debiendo recabarse a tales efectos la voluntad del reconocido por haber cumplido los doce años de edad (artículo 83).

(El siguiente numeral podría fusionarse con el 5).

8º) El hijo natural inscripto por un familiar del niño, llevará dos apellidos, como primer apellido uno de uso común, seleccionado por el familiar interviniente y en segundo lugar el de la madre conocida.

(En este numeral se suprime la referencia a la Ley Nº 10.674, de 20 de noviembre de 1945, que este proyecto deroga en su artículo 222 y el vocablo legitimantes que pertenece a la terminología de esa ley y no de este proyecto).

9º) En los casos de adopción plena, el hijo llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre adoptantes. La sentencia que autorice la adopción plena dispondrá el o los nombres de pila con que será inscripto el menor.

10) En los casos de adopción simple realizada por un matrimonio, el o los apellidos del adoptado serán sustituidos por el de padre y madre adoptante. Si la adopción simple fuera realizada por un hombre, el adoptado sustituirá su primer apellido por el del adoptante. Si la adopción simple fuere realizada por una mujer, el adoptado sustituirá su segundo apellido por el de la adoptante. No obstante, si se tratare de la adopción de un menor mayor de doce años. podrá convenir con el o los adoptantes si mantendrá sus apellidos de origen o sustituirá alguno de ellos por el del o de los adoptantes.

En la sentencia deberá dejarse constancia de la decisión respecto de los apellidos del adoptado, la que será anotada al margen de la partida de nacimiento.

Artículo 80. (Derecho y deber a reconocer los hijos propios).-

Todo progenitor tiene el derecho y el deber, cualquiera fuere su estado civil, de reconocer a sus hijos.

(Incisos segundo y tercero se suprimen).

Las restantes modificaciones propuestas por la Cátedra se incluyen en el Capítulo final del proyecto relativo a Derogaciones, por entenderse que es de mejor técnica legislativa.

Artículo 81. (Capacidad de los padres para reconocer a sus hijos).-

Incisos primero, tercero y cuarto: Ídem.

Inciso segundo: En los casos de padres, niños o adolescentes no emancipados, el Juez decidirá a quién se le atribuyen los derechos y deberes inherentes a la representación legal, otorgando preferencia a los abuelos que vivan con el padre que reconoce y el reconocido.

Artículo 82. (Formalidades del reconocimiento).-

No se requieren términos sacramentales para el reconocimiento de un hijo natural. Para ello es suficiente con que el progenitor inscriba su nacimiento como hijo ante el Oficial del Registro de Estado Civil o que, como refiere el artículo 233 del Código Civil, se atribuya la paternidad por escritura pública o por testamento o ante el Oficial del Registro de Estado Civil, después de verificada su inscripción.

Artículo 83. (Voluntad del hijo).-

Cuando el hijo fuera emplazado en la filiación natural, luego de haber cumplido doce años de edad, tiene derecho a expresar en forma, ante el Oficial del Registro de Estado Civil, su voluntad de seguir usando los apellidos con los que hasta entonces era identificado. Dicha expresión de voluntad será anotada al margen de su partida de nacimiento.

Artículo 84. (Inscripción tardía).-

El derecho consagrado en el artículo anterior, también rige para los supuestos de inscripciones tardías de hijos mayores de doce años.

Inciso segundo Ídem.

CAPÍTULO X

DE LOS ALIMENTOS

Artículo 98. (Concepto de alimentos).-

Los alimentos están constituidos por las prestaciones monetarias o en especie que sean bastante para satisfacer, según las circunstancias particulares de cada caso, las necesidades relativas al sustento, habitación, vestimenta, salud y los gastos necesarios para adquirir una profesión y oficio, educación, cultura y recreación.

Incisos segundo y tercero Ídem.

Artículo 108. (Extinción de la obligación alimentaria).-

Acápite y numerales 1º) a 3º): Ídem.

4) Cuando fallece el alimentante, sin perjuicio de las asignaciones alimenticias forzosas, si correspondieren.

Numeral 5 ) e inciso final: Ídem.

Artículo 110. (Concepto de ingresos).-

A los efectos del presente Código, se entiende por sueldo o haberes, todo ingreso de cualquier naturaleza, periódico o no, que se origine en la relación laboral, arrendamiento de obras o de servicios o derive de la seguridad social. No se computarán por ingresos, a los efectos de la pensión alimenticia, lo que perciba el alimentante por concepto de viáticos con rendición de cuentas.

Inciso segundo: Ídem.

(Con respecto al inciso tercero que propone la Cátedra lo insertamos en el Capítulo de Derogaciones por razones de técnica legislativa).

Artículo 111. (Límite de la retención por alimentos).-

En el caso de ser el obligado empleado público o privado, podrá retenerse mensualmente hasta un 50% (cincuenta por ciento) de los ingresos cuando así lo justifique el número de hijos y las necesidades de los mismos.

(Se suprime la oración final del texto del proyecto).

Artículo 112. (Medidas asegurativas de la prestación alimentaria).-

En el caso de prestar el alimentante servicios retribuidos por particulares o empresas, éstas tendrán la obligación de informar a la Sede que así lo solicite, todo lo relativo a los ingresos de aquel dentro del plazo de quince días de recibido el oficio por el que se le reclama. En caso de incumplimiento de la referida obligación, serán pasibles de la aplicación de conminaciones económicas. Se comprende en la situación anterior la obligación de informar cuando, no obstante el alimentante no revestir en los cuadros funcionales o planilla de trabajo, igualmente tuviese algún vínculo con la empresa o particular del que se derivara cualquier tipo de relación patrimonial o beneficio económico.

En el caso de que el alimentante prestare servicios retribuidos por particulares o empresas y si se negare a cumplir la obligación de alimentos, se ordenará a aquellos que efectúen la retención correspondiente a los sueldos o haberes respectivos.

CAPÍTULO XI

Propongo modificar el Título de la Sección I del Capítulo XI, que pasaría a ser el de:

I - SITUACIONES ESPECIALES

Artículo 117. (Principio general).-

Inciso primero: Ídem.

Sugiero agregar un inciso segundo que diga:

"De igual forma se aplicarán a los niños que vulneren derechos de terceros. En estos casos serán de aplicación, en lo pertinente, las normas, principios y garantías previstas en los Capítulos VII y VIII del presente Código, teniéndose presente que en ningún caso podrán adoptarse a su respecto medidas socio educativas privativas de libertad".

Propongo incorporar dentro del Capítulo XI, una segunda Sección titulada:

"II-. De la actuación en los casos de maltrato y abuso del niño o adolescente"

Nota: se han dejado sin numerar los artículos aditivos. Los posteriores a este Capítulo, mantienen su numeración actual.-

Artículo. (Definición).-

A los efectos del presente Título, entiéndese por maltrato y abuso del niño o adolescente (cero a dieciocho años), las siguientes situaciones: maltrato físico, maltrato psíquico-emocional, prostitución infantil, pornografía, abuso sexual y abuso psíquico o físico mediante el desarrollo de cualquier actividad laboral.

Artículo (La denuncia).-

Ante denuncia escrita o verbal por la realización de cualquiera de las conductas mencionadas, en el artículo anterior, el Ministerio Público o cualquier autoridad con funciones de policía, deberá comunicar el hecho de forma fehaciente y de inmediato al Juez Letrado de Familia con competencia de urgencia (artículo 24) del presente Código.

Artículo (Limitación a la intervención policial).-

El personal policial, salvo la recepción de la denuncia o de cualquier otro elemento informativo indispensable para actuaciones tendientes a hacer cesar una situación de maltrato o abuso, no tomará declaración al niño o adolescente víctima de esas conductas.

Artículo . (Medidas cautelares).-

Verificadas preliminarmente las hipótesis del artículo (10) el Juez competente dispondrá todas aquellas medidas cautelares tendientes a la protección física y emocional del niño o adolescente.

A esos efectos podrá disponer, entre otras, las siguientes medidas:

I) Retiro del presunto agresor o abusador de la residencia común.

II) Prohibición al presunto agresor o abusador de comunicarse, relacionarse, entrevistarse u otra conducta similar, con la presunta víctima o denunciantes del hecho.

III) Designación, según el caso, de un tutor, curador o guardador provisorio.

IV) Decretar provisoriamente alimentos respecto de quienes estén obligados para ello.

V) Traslado del niño o adolescente, con familiares cercanos.

VI) Asignación provisoria de una familia sustituta.

VII) Internación provisoria en un Organismo Oficial u Organización No Gubernamental autorizada de tutela de niño o adolescente.

Artículo . (Características de las medidas cautelares).-

La enumeración precedente no es taxativa, pudiendo adoptarse cualquier otra medida análoga, que sirva a los fines expuestos.

El orden de las mismas no implica jerarquía alguna entre ellas, no obstante, la medida prevista en el numeral VI) deberá ser adoptada como último recurso, y ante la imposibilidad de lograr con cualquiera de las otras medidas los fines de protección necesarios.

La misma deberá poseer el carácter de transitoria y no implicará privación de libertad.

La adopción de las medidas cautelares de protección del niño o adolescente, por el Juez de Familia en el ámbito de su competencia, lo son sin perjuicio de las que pueda dictar el Juez competente en materia penal sobre la persona y bienes del imputado conforme a lo previsto en el Código del Proceso Penal.

Artículo (Indagatoria psicológica de la víctima).-

Durante la producción de la prueba en la etapa prevista en el Código del Proceso Penal o en el presente Código, deberá realizarse una única indagatoria psicológica del menor o adolescente, sin perjuicio del examen médico forense.

Artículo (Naturaleza de la indagatoria).-

La referida indagatoria tendrá naturaleza pericial y se regulará por lo dispuesto en el Código del Proceso Penal, con las modificaciones establecidas en los artículos siguientes.

La determinación de los puntos que serán objeto de la diligencia pericial, se hará conforme a lo dispuesto por el artículo 180 del Código General del Proceso, en lo que fuere pertinente.

Artículo (Cualidades del perito).-

La entrevista indagatoria deberá estar a cargo de personas especialmente preparadas en técnicas de detección e investigación de situaciones de maltrato y abuso sexual de niños y adolescentes.

A falta de los peritos oficiales requeridos por el Código del Proceso Penal, el Tribunal podrá derivar la realización de la indagatoria a aquellas organizaciones no gubernamentales autorizadas, que cuenten con personas capacitadas para ello.

Artículo. (Oportunidad y práctica pericial).-

La entrevista indagatoria deberá realizarse siempre de modo previo al interrogatorio judicial.

La misma deberá ser realizada por los técnicos a solas con la víctima, debiendo ser presenciada por el Juez o los Jueces intervinientes y las partes a través de un vidrio de visión unilateral (Cámara Gessel).

Su registración se hará mediante videograbación.

Artículo (Declaración judicial de la víctima).-

La declaración del menor o adolescente ante el Tribunal, se realizará solo en aquellos casos en que resulte necesario para la instrucción: a requerimiento del Ministerio Público, de la Defensa o el Tribunal de Oficio.

Durante la misma, las partes y el Tribunal deberán contar con el asesoramiento de los técnicos intervinientes en la indagatoria pericial.

En los demás casos, la entrevista indagatoria referida en los artículos anteriores y la presencia del técnico, sustituirán a la víctima durante el resto del proceso.

Artículo (Diagnóstico de interacción familiar).-

El Tribunal, de Oficio, o a petición de las partes, podrá requerir un diagnóstico de interacción familiar con la finalidad de determinar la situación de riesgo y el medio social y ambiental de la familia o grupo de referencia de la víctima.

Según sus resultancias, el Tribunal podrá instar a los mismos a asistir a programas educativos o terapéuticos.

Sin perjuicio de lo previsto en los numerales anteriores, la Defensa podrá solicitar otros informes técnicos.

Artículo . (Careo).-

Prohíbese el careo de la víctima o testigos, en aquellos casos en que los involucrados sean menores de doce años de edad.

El careo, en que intervengan niños mayores de esa edad, se realizará previa preparación psicológica de los mismos.

En la circunstancia del inciso anterior, el niño podrá ser asistido por el técnico que realizó la preparación psicológica o por un adulto de su confianza, que él indique.

Artículo (Coordinación interinstitucional).-

De las denuncias que se presenten, referidas a las conductas previstas en el artículo (1º) se dará conocimiento al Consejo Nacional Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente, a fin de atender la coordinación de los servicios públicos y privados que eviten y, en su caso, superen las causas de maltrato, abuso y todo tipo de violencia dentro de la familia.

Con la misma finalidad, podrán ser convocados por el Tribunal los organismos públicos y entidades no gubernamentales autorizadas dedicadas a la prevención de la violencia y asistencia de las víctimas.

III - De los hogares de cuidado.

Artículo 130. (Entrega de niños y adolescentes).-

El que entregue a un niño o adolescente a persona ajena a la familia biológica y quién o quiénes lo reciban, deberán comunicarlo al Juez de Familia dentro de las cuarenta y ocho horas. El Juez adoptará en forma urgente las medidas de protección necesarias y solicitará informe psicológico y social respecto a las posibilidades de mantener el niño o adolescente en su familia de origen. En caso afirmativo, dispondrá las medidas de apoyo familiar que se requieran para asegurar la permanencia de este vínculo filial. De lo contrario, deberá proceder conforme se dispone en el artículo siguiente.-

Artículo 131. (Separación definitiva. Procedimiento).-

La separación de un niño o adolescente de su familia de origen, deberá ser decretada por resolución fundada del Juez competente, sobre la base de información fehaciente y previo el asesoramiento de equipo técnico especializado. El procedimiento para decretarla se regulará por las disposiciones del proceso extraordinario regulado por el Código General del Proceso, debiendo designarse Defensor al niño o adolescente, aplicándose el literal C) del artículo 86 del presente Código, quienes deberán ser oídos si fuese posible. Se citará y emplazará a los padres, responsables y a quiénes, hasta la entrega a que hace referencia el artículo anterior, se hubieren ocupado del niño.

Una vez resuelta la separación definitiva, deberá asegurarse su inserción en un medio adecuado, prefiriéndose aquellos hogares que permitan al niño salvaguardar sus vínculos afectivos. A tales efectos podrá disponerse, entre otros, la tenencia por terceros (artículo 87), la integración a un hogar institucional que ofrezca garantías para su adecuado desarrollo, o la adopción. Cuando se entendiere por la Sede que corresponde la colocación de un niño en una familia con fines de adopción, deberá intervenir el Instituto Nacional del Menor o una institución especializada autorizada para ello (artículo 154). Cuando los padres de origen, o los integrantes de esa familia de origen presten su consentimiento a los efectos previstos en este artículo, el mismo solo será válido si ha sido dado en presencia del Juez, con el asesoramiento necesario y en conocimiento de las consecuencias que ello implicará.-

Artículo 132. (Invalidez).-

No tendrá validez el consentimiento que se otorgue para la separación del hijo que está por nacer o dentro de los treinta días de su nacimiento.

En caso de que una vez nacido el niño, la madre no desee tenerlo, deberá comunicarse al Juez competente, que procederá como lo dispone el artículo 130. En todo caso, provisoriamente, el Juez tomará las medidas del caso para la protección del niño, pero no podrá dar comienzo al procedimiento fijado en el artículo anterior hasta que se cumpla el lapso fijado en el inciso primero de este artículo y previa citación de los progenitores del niño.-

IV - De la Adopción

Adopción simple.

Artículo 133. (Adoptantes).-

Se propone modificar el inciso tercero del numeral 3), por el siguiente:

"Por motivo fundado y expreso, el Tribunal podrá otorgar la adopción aun cuando alguno de los cónyuges o ambas no alcanzaren la diferencia de edad con el adoptado, reduciéndola hasta un límite que admita razonablemente que éste pueda ser hijo de los adoptantes".

Se propone sustituir el numeral 4) por el siguiente:

"Se permitirá la adopción por parte del nuevo cónyuge o concubino del padre o madre del hijo legítimo o natural reconocido del otro cónyuge o concubino".

Se sugiere agregar un numeral 6):

"Se permitirá la adopción por parte de una pareja de concubinos estables de distinto sexo, siempre que se acredite que la citada unión haya sido singular y pública, con una duración de un año como mínimo, y que hubieran tenido al niño o adolescente a su cargo durante el mismo tiempo.

Será de aplicación en este caso lo dispuesto por los incisos tercero y cuarto del numeral 3) del presente artículo, en lo pertinente".

Artículo 134.- (Adoptados).-

Se sugiere modificar el numeral 2) por el siguiente:

"Cuando el adoptado sea demente o sordomudo que no pueda darse a entender por ninguna forma, prestarán el consentimiento sus representantes legales".

Se propone sustituir el inciso primero del numeral 3) por el siguiente:

"Si se trata de un niño o adolescente sometido a patria potestad, será necesario el consentimiento de quien o quienes se encuentren en su ejercicio. En caso contrario, será necesario el consentimiento de quienes lo han tenido a su cargo".

Se propone sustituir el inciso tercero del numeral 3) por el siguiente:

"En todos los casos de adopción de niños o adolescentes la patria potestad pasará a los adoptantes. En el caso del numeral 4) del artículo anterior quien ejerciere la patria potestad sobre el niño o adolescente adoptado por su pareja, continuará en su ejercicio".

Artículo 135. (Efectos).-

Se propone modificar el numeral 1) por el siguiente:

"El adoptado continúa perteneciendo a su familia de origen donde conserva todos sus derechos".

Artículo 138. (Derechos del adoptado).-

Se sugiere la siguiente redacción:

El adoptado tiene derecho a conocer su condición de tal. Será deber de los padres adoptivos informarle al respecto, a más tardar, cuando el mismo cumpla los doce años de edad. Si el adoptado lo requiriese, el Juez estará obligado a informarle acerca de la identidad, situación y paradero de su familia de origen, en cuanto estos datos sugieren del expediente judicial o de los antecedentes administrativos, a efectos de permitirle tomar contacto con ella si aquél lo deseara.

El INAME establecerá un programa para apoyar a los padres adoptantes y el adoptado en este proceso de conocimiento y de eventual acercamiento a su familia de origen.

Cuando el adoptado cumpla, la mayoría de edad, tendrá acceso directo e irrestricto al expediente judicial y a los antecedentes administrativos que existieran respecto a su persona y a su proceso de adopción.

Adopción plena.

Artículo 140. (Adoptados).-

1) Inciso primero: Ídem.

Se propone el siguiente inciso segundo numeral 1º):

En el caso de niños o adolescentes sometidos a patria potestad, la condición de abandonado se acreditará por sentencia ejecutoriada que, declare la pérdida de la patria potestad.

Para que pueda entenderse configurado el abandono respecto de los niños y adolescentes que hubiesen sido internados voluntariamente y por razones de amparo en el Instituto Nacional del Menor por parte de sus padres, tenedores o guardadores, éstos deberán haber sido intimados judicialmente a hacerse cargo de los mismos dentro de los noventa días siguientes a la intimación. Dicha intimación no podrá realizarse hasta que hayan transcurrido, al menos, seis meses de efectuada la internación.

Artículo 141. (Adoptantes).-

Se propone colocar el numeral 3º) como 4º) e incluir el siguiente numeral 3):

"También podrán efectuarla las personas indicadas en el inciso primero del numeral 6º) del artículo 133. Serán de aplicación en este caso los requisitos establecidos en el numeral 1) del presente artículo, en lo pertinente".

Artículo 142. (Procedimiento).-

Se propone otra redacción para el siguiente numeral:

"3) La tramitación será reservada en cuanto a terceros. En cuanto al niño o adolescente interesado, será de aplicación lo establecido en el artículo 138 de este Código".

Adopción Internacional.

Artículo 147. (Preferencia).-

Se sugiere la siguiente modificación:

El Instituto Nacional del Menor y las demás autoridades con competencia en materia de adopción, deberán dar preferencia a la ubicación de los niños o adolescentes adoptables en familias que los requieran y vivan dentro del territorio nacional.-

Artículo 149. (Residencia).-

Se propone la siguiente enmienda para el inciso tercero:

Los adoptantes deberán residir y convivir con el niño o el adolescente en el territorio nacional, aún en forma alternada, por el plazo de tres meses.

Artículo 151. (Competencia).-

Se sugiere sustituir el texto por el siguiente:

Inciso primero: Ídem

Inciso segundo: Los solicitantes deberán comparecer a la audiencia preliminar en forma personal, preceptivamente. También deberán hacerlo cuando el Tribunal, en forma fundada, lo considere conveniente.

Propongo sustituir el inciso tercero por el siguiente y suprimir el inciso cuarto por estar fusionados en la nueva redacción:

Hasta tanto no haya recaído sentencia firme, para que el menor pueda salir del país deberá hacerlo en compañía de uno de los gestionantes, contando con autorización judicial, la que no podrá concederse sin intervención preceptiva del Ministerio Público.

Del Registro de Adopciones.

Artículo 156. (Funciones del Instituto Nacional del Menor).-

Acápite y numerales 1º) a 3º): Ídem.

Se propone agregar como numeral 4) el siguiente:

4) La familia de origen del adoptado.

CAPÍTULO XII

TRABAJO

Las siguientes enmiendas recogen la propuesta conjunta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) e Instituto Nacional del Menor (INAME) sobre este Capítulo, con el agregado del segundo inciso del artículo 170, que es sugerido únicamente por el INAME. La propuesta supone un corrimiento de la numeración del articulado, ya que finaliza con el artículo 175 y el último del proyecto sobre este Capítulo es el 173.

Artículo 157. (Principio general).- Se propone la siguiente modificación:

"El Estatuto de los Adolescentes que trabajan se regulará conforme a las normas del presente Código, leyes especiales, tratados, convenciones y convenios internacionales ratificados por el país.

Artículo 160. (Trabajos nocivos).- Sugiero la siguiente redacción:

El Instituto Nacional del Menor ante la presunción de que existan condiciones de trabajo peligrosas o nocivas para la salud o para el desarrollo físico, espiritual o moral de los adolescentes, podrá solicitar la intervención de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que habrá de pronunciarse sobre el carácter peligroso o nocivo de dicha actividad".

Artículo 161. (Situaciones especiales).- Propongo la siguiente redacción:

"El Instituto Nacional del Menor revisará las autorizaciones que ha prestado respecto al empleo de los niños y los adolescentes entre los trece y los quince años.

Solo serán permitidos a los menores entre trece y quince años de edad trabajos ligeros donde participen miembros de la familia y que por su naturaleza o por las condiciones en que se prestan no perjudiquen el desarrollo físico, mental o social de los mismos, no obsten a su escolaridad".

(Incisos segundo, tercero y cuarto pasan al artículo siguiente).

Se sugiere la eliminación del actual texto del artículo 162 y la sustitución por el que se propone:

Artículo 162. (Prevención, educación e información).-

El Estado promoverá programas de apoyo integral para desalentar y eliminar paulatinamente el trabajo de los niños y los adolescentes.

La sociedad civil deberá prestar su concurso en las campañas preventivas, educativas e informativas que se desarrollen a fin de asegurar el bienestar del niño y el adolescente.

Se consideran programas de educación en el trabajo, aquellos que realizados por el Instituto Nacional del Menor o por instituciones sin fines de lucro, tienen exigencias pedagógicas relativas al desarrollo personal y social del alumno, que prevalecen sobre los aspectos productivos. En consecuencia, la remuneración que recibe el alumno por el trabajo realizado o por la participación en la venta del producto de su trabajo, no desvirtuará la naturaleza educativa de la relación.

Se sugiere un nuevo texto para el artículo 163 y el pasaje del tema carné de rehabilitación para el artículo 164.

Artículo 163. (Deportes de riesgo, actividades artísticas, modelaje).-

Estará prohibida la participación de menores de edad en actividades deportivas de carácter profesional que impliquen riesgo para la vida, la salud o su moralidad.

Los menores de edad no podrán ser empleados o contratados como modelos o en representaciones artísticas de ningún género, así como en los medios de difusión masiva, sin contar previamente con la autorización del Instituto Nacional del Menor.

El Instituto Nacional del Menor reglamentará lo dispuesto en el inciso segundo del presente artículo, debiendo proteger especialmente en dicha reglamentación el derecho a la educación y la salud y considerar que dicha actividad no ponga en riesgo la vida o moralidad del niño o el adolescente.

Toda excepción deberá ser gestionada por los padres o quien acredite la tutoría legal y establecer como mínimo el nombre del representante legal del menor, la naturaleza de la actividad, la jornada diaria y deberá otorgarse por un plazo máximo de ciento ochenta días, renovable o por el que establezca el contrato si fuere inferior.

Se sugiere pasar la jornada de trabajo al artículo 166.

Artículo 164. (Carné de habilitación).- Ningún adolescente menor de dieciocho años podrá ser admitido al trabajo sin contar con el carné habilitante gratuito tramitado ante la División Técnica del Instituto Nacional del Menor.

En dicho carné constará el examen médico realizado por un médico que el Instituto designe y que tenga carácter oficial que lo declare apto para el trabajo, así como la constancia de haber realizado el ciclo de enseñanza obligatoria o el nivel alcanzado, exigiendo lo prescripto en el artículo 70 de la Constitución de la República.

Si el examen fuera impugnado por la persona legalmente responsable del adolescente podrá a su requerimiento realizarse un nuevo examen.

Artículo 165. (Renovación).- Anualmente, todos los menores de dieciocho años que trabajen serán sometidos obligatoriamente a examen médico, a fin de comprobar si la tarea que realizan es superior a su capacidad física. En caso afirmativo, deberán abandonar el trabajo por otro más adecuado.

La División Técnica del Instituto Nacional del Menor, podrá otorgar autorizaciones por períodos más breves, a los efectos de exigir la repetición del examen médico en todos aquellos casos que a su juicio sean necesarios para garantizar una vigilancia eficaz en relación con los riesgos que presenta el trabajo o el estado de salud del menor.

El responsable del menor podrá impugnar el examen y requerir otro.

Artículo 166. (Jornada de trabajo).- Los adolescentes mayores de quince años no podrán trabajar más de seis horas diarias, equivalentes a treinta y seis horas semanales y disfrutar de un día de descanso semanal, preferentemente en domingo.

El Instituto Nacional del Menor podrá excepcionalmente autorizar a los adolescentes entre dieciséis y dieciocho años a trabajar ocho horas diarias, correspondiéndoles dos días continuos de descanso, preferentemente uno en domingo por cada cinco días de trabajo, previa evaluación técnica individual, estudio del lugar y puesto de trabajo, teniendo en cuenta el interés superior del niño.

Artículo 167. (Descansos).- El descanso intermedio en la jornada de trabajo de los menores tendrá una duración de media hora, que deberá ser gozada en la mitad de la jornada y tendrá carácter remunerado. No se admitirá la jornada discontinua de trabajo ni horarios rotativos durante el ciclo lectivo. En todos los casos deberán mediar como mínimo doce horas entre el fin de la jornada y el comienzo de la siguiente.

Artículo 168. (Horarios especiales).- El Instituto Nacional del Menor podrá otorgar permisos con carácter excepcional a adolescentes mayores de quince años para desempeñarse en horarios especiales, durante Períodos zafrales o estacionales, siempre que la actividad no interfiera con el ciclo educativo y que las condiciones de trabajo no sean nocivas o peligrosas. El descanso deberá ser concedido en la mitad de la jornada de trabajo.

El período de excepción podrá ser de hasta un máximo de tres meses.

El siguiente artículo recoge básicamente lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 165 del proyecto.

Artículo 169. (Trabajo nocturno).- Los adolescentes no podrán ser empleados ni trabajar en horario nocturno, entendiéndose por tal a los efectos del presente Código, el período comprendido entre las veintidós horas y las seis del día siguiente.

Artículo 170. (Fiscalización y sanciones).- El Instituto Nacional del Menor, tendrá autoridad y responsabilidad en la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones específicas en materia de sus competencias respecto al trabajo de los menores de edad y sancionar la infracción a las mismas, sin perjuicio del contralor general del cumplimiento de las normas por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Las empresas o los particulares que no cumplan las obligaciones impuestas, serán sancionadas por el Instituto Nacional del Menor con una multa de hasta 2.000 UR (dos mil unidades reajustables).

El siguiente inciso (De los Registros) es propuesta del INAME:

El Instituto Nacional del Menor prescribirá los registros u otros documentos que el empleador deberá llevar y tener a disposición de la autoridad competente.

Estos registros deberán indicar el nombre y apellido, fecha de nacimiento debidamente certificada, fecha de ingreso, tarea, categoría, horario, descansos intermedios y semanal y fecha de egreso, de todas las personas menores de dieciocho años, empleadas por él o que trabajan para él.

Se sugiere suprimir los Artículos 167 y 168 del proyecto (Competencia y Recurribilidad).

Artículo 171. (Responsabilidad de los padres o responsables).-

Mantiene igual redacción al artículo 169 del proyecto.

Los padres o responsables de los niños o los adolescentes que permitan o favorezcan que estos trabajen violando las normas prohibitivas consagradas en el presente Código, incurrirán en el delito previsto en el artículo 279 B) del Código Penal.

Constatada la infracción, el Instituto Nacional del Menor o cualquier persona responsable, formulará la denuncia al Juez Letrado en lo Penal que corresponda.

Artículo 172. (Asesoramiento).- Todo adolescente podrá requerir asesoramiento en las oficinas competentes y realizar las gestiones que correspondan.

Artículo 173. (Peculio profesional o industrial).- Mantiene igual redacción que el artículo 171 del proyecto.

Todo adolescente tendrá derecho de acuerdo a lo prescripto por los artículos 266 y siguientes del Código Civil, a la administración exclusiva del salario o remuneración que perciba, la que deberá serle abonada directamente, siendo válido el recibo que el empleador otorgue por tal concepto. Cualquier constancia en el recibo o fuera de él que pudiera implicar renuncia del adolescente a sus derechos, carecerá de validez.

Artículo 174. (Remuneración).- Mantiene igual redacción que el artículo 172 del proyecto.

Articulo 175. (Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).- Mantiene el texto del inciso primero del artículo 173 del proyecto. Se sugiere la supresión del inciso segundo.

En caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales de un adolescente trabajador, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Nacional del Menor investigarán las causas del mismo de acuerdo a las competencias específicas de cada organismo. Asimismo, se verificará la realización de tareas prohibidas o el hecho de encontrarse el menor de edad en sitio en que esté prohibida su presencia, en cuyo caso se considerará culpa grave del empleador, con las consecuencias previstas por el artículo 7º de la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989.

CAPÍTULO XIII

DE LA PREVENCIÓN ESPECIAL

III - Espectáculos y centros de diversión.

Se proponen las siguientes redacciones:

Artículo 179. (Preservación de la corrupción).- Prohíbese la concurrencia de personas menores de dieciocho años a casinos, o similares, pubs, boites, night clubs, whiskerías, prostíbulos, hoteles de alta rotatividad o similares.

El Instituto Nacional del Menor reglamentará la asistencia, participación y/o intervención de personas de menos de dieciocho años a espectáculos públicos de cualquier naturaleza, locales con ventas de bebidas alcohólicas o donde se encuentren instalados juegos electrónicos, pools, bowlings, futbolitos o similares, discotecas, casas de bailes o similares.

Artículo 180. (Prohibición de proveer).- Prohíbese la venta, provisión, arrendamiento o distribución a personas menores de dieciocho años de:

Numerales 1º) y 2º): Ídem.

3º) Tabacos, fármacos u otras sustancias, en cualquier forma de elaboración, cuyos componentes puedan significar un peligro o crear dependencia física o psíquica.

4º) Revistas, publicaciones, video casetes, discos compactos o similares, que violen las normas establecidas en los artículos 174 a 176 del presente Código.

CAPÍTULO XV

DE LA INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD 0 MATERNIDAD

Artículo 191. (Accionantes).- Acápite y numerales 1º) 2º) y 3º): Ídem.

4º) Cuando el presunto hijo o su representante legal ejercite conjuntamente con la acción que este artículo le acuerda, la de petición de herencia, el Actuario, bajo la pena de 100 UR(cien unidades reajustables) de multa, lo comunicará dentro de quince días al Registro correspondiente para la inscripción, que producirá a los efectos enunciados en el artículo 685 del Código Civil. Si entre los demandados hubiese herederos testamentarios o de los llamados a la herencia por el artículo 1025 del Código Civil, o cónyuge con derecho a gananciales o a porción conyugal, cualquiera de ellos podrá obtener que se limite la interdicción a un bien o lote de bienes hereditarios cuyo valor cubra ampliamente la legítima del actor, quien solo sobre ese bien o lote podrá perseguir el pago de su haber hereditario en caso de que le sea reconocida la filiación invocada y sin perjuicio de la acción personal que le corresponda por restitución de frutos.

Artículo 197.- Incisos primero y tercero igual.

Inciso segundo. La excepción de mala conducta de la madre no tiene eficacia perentoria.

CAPÍTULO XVII

Se propone la modificación del título del Capítulo:

CONSEJO NACIONAL HONORARIO DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, EL ADOLESCENTE Y LA FAMILIA

Artículo 204. (Creación).- Créase el Consejo Nacional Honorario de los Derechos del Niño, el Adolescente y la Familia, que se integrará con un representante del Ministerio de Educación y Cultura, uno del Ministerio de Salud Pública, uno del Instituto Pediátrico "Luis Morquio, uno del Instituto Nacional del Menor, uno del Poder Judicial, uno de la Administración Nacional de Educación Pública, uno del Congreso de Intendentes, uno del Colegio de Abogados, tres de las organizaciones no gubernamentales y uno de las organizaciones privadas, en ambos casos, de promoción y atención a la niñez, a la adolescencia y a la familia.

Artículo 205. (Integración).- Inciso primero: Ídem.

Inciso segundo.- Los representantes de las organizaciones no gubernamentales y de las organizaciones privadas serán designados.

Artículo 207. (Competencia).- El Consejo que se crea tendrá competencia a nivel nacional. Serán sus fines :

1º) Coordinar, e integrar las políticas sectoriales de atención a la niñez, la adolescencia y la familia, por parte de las diferentes entidades públicas vinculadas al tema.

Numerales 2º) a 4º): Ídem.

5º) Ser oído preceptivamente en la elaboración de las leyes de presupuesto, rendición de cuentas y demás normas que tengan relación con la niñez, la adolescencia y la familia.

Artículo 210. (Funcionamiento).- Inciso primero: Ídem.

Inciso segundo: El Consejo tendrá un Secretario Ejecutivo rentado que velará especialmente por su constitución y el cumplimiento de los fines que por este Código se le asignan.

A tales efectos, se transforma un cargo de "Alta Gerencia" existente en el Instituto Nacional del Menor, que se denominará "Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de los Derechos del Niño, el Adolescente y la Familia", para actuar bajo la dependencia del Consejo.

CAPÍTULO XIX

Artículo 216. (Nueva denominación).- A partir de la vigencia del presente Código, el Instituto Nacional del Menor (INAME) pasará a denominarse "Instituto del Niño, el Adolescente y la Familia del Uruguay" (INAFU), manteniendo su carácter de servicio descentralizado a todos sus efectos y competencias.

CAPÍTULO XX

DEROGACIONES Y OBSERVANCIA DEL PRESENTE CÓDIGO

Artículo 224.- Deróganse los artículos 174 y 241 del Código Civil y todas las demás disposiciones que se opongan al presente Código.

El artículo 242, inciso primero del Código Civil quedará redactado de la siguiente manera: "Se admite la investigación de la maternidad, cuando no se trate de atribuir el hijo a una mujer casada, al tiempo de la concepción o el nacimiento del hijo.

Artículo 225. (Instituto del Niño, el Adolescente y la Familia del Uruguay).- Desde la publicación oficial del presente Código, se incluirá en el texto la denominación del Instituto del Niño, el Adolescente y la Familia del Uruguay (INAFU).

Se incluyen a continuación los artículos que la Cátedra de Derecho de Familia propone como 80 y 80.1 del proyecto.

Artículo .- Derógase el inciso tercero del artículo 227 del Código Civil.

Modifícase la redacción del inciso cuarto del artículo 227 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma: "No se admitirá el reconocimiento de hijo natural, aun después de disuelto el matrimonio, cuando ese reconocimiento se pretenda hacer a favor de una persona que tenga la posesión notoria de hijo legítimo, sin perjuicio de las acciones que, legalmente, se admiten para contestar esa filiación.

Artículo .- Sustitúyense los artículos 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 y 221 del Código Civil, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

ARTÍCULO 214.- Viviendo los cónyuges de consumo, la ley considera al marido, padre de la criatura concebida por su mujer durante el matrimonio. Esta presunción es relativa. Las personas legitimadas por la ley, podrán destruir la misma acreditando que el vínculo biológico de paternidad no existe.

ARTÍCULO 215.- Se considera concebida dentro del matrimonio, a la criatura nacida fuera de los ciento ochenta días después de contraído éste y dentro de los trescientos días siguientes a su disolución. Esta presunción es relativa.

ARTÍCULO 216.- Se considera, asimismo, el marido padre de la criatura nacida de su mujer dentro de los ciento ochenta días siguientes al matrimonio siempre que aquél haya conocido el embarazo antes de contraer matrimonio o haya admitido su paternidad expresa o tácitamente por cualquier medio inequívoco. Fuera de estos casos, bastará al marido con negar judicialmente la paternidad de la criatura habida por su mujer, de lo que se le dará conocimiento a ésta. Si la madre se opusiera surgirá el contradictorio.

ARTÍCULO 217.- La presunción de paternidad del marido que se configura conforme a lo dispuesto por los artículos 214, 215 y 216 del Código Civil, podrá ser libremente impugnada por el marido, el hijo o los herederos de uno u otro, dentro de los plazos y en las condiciones que se dispone en los artículos siguientes.

ARTÍCULO 218.- El marido podrá ejercer la acción de desconocimiento de paternidad a efectos de impugnar la presunción de legitimidad que hubiera surgido, dentro del plazo de un año contado desde que tomó conocimiento del nacimiento de la criatura cuya paternidad la ley le atribuye.

Sus herederos podrán continuar la acción intentada por éste, o iniciar la misma, si el marido hubiera muerto dentro del plazo hábil para deducirla. Los herederos dispondrán del plazo de un año a contar desde el fallecimiento del marido.

ARTÍCULO 219.- Hallándose el hijo en posesión del estado filiatorio legítimo, tenga o no su título, podrá impugnar la presunción de paternidad del marido, actuando debidamente representado por un curador ad hoc, dentro del plazo de un año a contar desde el nacimiento. Si la acción no hubiera sido intentada durante la menor edad del hijo, podrá ejercerla éste durante el plazo de un año a partir de la mayoría. En caso de fallecer el hijo dentro del plazo hábil para interponer la demanda de impugnación de la paternidad o durante su minoría de edad sin haberla interpuesto, la acción podrá ser ejercida por los herederos de éste dentro del plazo que aquél contaba.

ARTÍCULO 220.- De faltar la posesión de estado de filiación legítima aun cuando exista su título, la acción de desconocimiento de paternidad podrá ser intentada indistintamente por la madre, por un curador ad hoc que actúe en representación del hijo, por el padre biológico que manifieste su ánimo de reconocerlo o por el hijo al llegar a la mayoría de edad. La madre y el padre biológico no podrán accionar una vez que su hijo haya llegado a la mayoría de edad. En ausencia de posesión de estado de filiación legítima, la acción será imprescriptible para el hijo.

En los casos en que este artículo, el precedente y el inciso cuarto del artículo 227 se refieren a posesión de estado, no se requiere el transcurso del tiempo reclamado por el artículo 47 del Código Civil.

El acogimiento de la acción deducida por la madre o por el padre biológico, dejará al hijo emplazado en el estado civil de hijo natural del demandante.

ARTÍCULO 221.- El proceso no será válidamente entablado si no intervienen en el mismo, en calidad de sujetos activos o pasivos, en su caso, el marido, la madre y el hijo de ésta.

Artículo .- Modifícanse los artículos 174 de la Ley Nº 16.226, 29 de octubre de 1991, y artículo 78 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, sustituyéndose por la siguiente redacción: "A los efectos de las pensiones alimenticias previstas por el Código de la Niñez y la Adolescencia, además de los sueldos presupuestales se computará el 50% (cincuenta por ciento) de todos los ingresos generados por la actividad del obligado en el exterior.

Montevideo, 31 de agosto de 2000.

DANIEL DÍAZ MAYNARD, Representante por Montevideo".

Anexo XIV al
Rep. Nº 22

"TEXTO DE LAS ENMIENDAS

CAPÍTULO II

DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y DE LOS ADOLESCENTES

Artículo 8º. (Principio general).- Todo niño y adolescente goza de los derechos inherentes a la persona humana. Tales derechos serán ejercidos de acuerdo a la evolución de sus facultades, y en la forma establecida por la Constitución de la República, los instrumentos internacionales, el presente Código y las leyes especiales. En todo caso tiene derecho a ser oído y obtener respuestas cuando se tomen decisiones que afecten su vida.

Podrá acudir a los Tribunales y ejercer los actos procesales en defensa de sus derechos, siendo preceptiva la asistencia letrada. El Juez ante quien acuda tiene el deber de designarle curador, cuando fuere pertinente, para que lo represente y asista en sus pretensiones.

Los Jueces, deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de lo establecido en los incisos anteriores, debiendo declararse nulas las actuaciones cumplidas en forma contraria a lo aquí dispuesto.

Artículo 22. (Políticas de acción).- La atención hacia la niñez y la adolescencia se orientará primordialmente a:

A) La aplicación de políticas sociales básicas, que hagan efectivos los derechos consagrados en la Constitución de la República, para todos los niños y los adolescentes.

B) Creación de programas de atención integral, para aquellos que los necesiten, por carencia temporal o permanente: niños y adolescentes con capacidad diferente, situación de desamparo o marginalidad.

C) Programas y servicios especiales de prevención y atención médica y psicosocial a las víctimas de negligencia, maltrato, violencia o explotación laboral o sexual.

D) Programas de garantías para la protección jurídico-social de los niños y los adolescentes en conflicto con la ley, y educación para la integración social.

E) Programas de promoción de la niñez y de la adolescencia en las áreas deportivas, culturales y recreativas, entre otras.

F) Sistemas de indicadores de desarrollo del niño y del adolescente, respetando el derecho a la privacidad y el secreto profesional.

Artículo 26. (Competencia del Instituto Nacional del Menor).- El Instituto Nacional del Menor es el órgano administrativo rector en materia de políticas de la niñez y de la adolescencia, y competente en materia de promoción, protección y atención de los niños y de los adolescentes del país. Deberá determinar, por intermedio de sus servicios especializados, la forma de llevar a cabo la implementación de las políticas a través de distintos programas, proyectos y modalidades de intervención social, públicos y privados.

Previos diagnósticos y estudios técnicos, deberá velar por una adecuada admisión, ingreso, atención, derivación y desvinculación de los niños y de los adolescentes bajo su cuidado. La incorporación a los distintos hogares, programas, proyectos y modalidades de atención se realizará habiéndose oído al niño o al adolescente y buscando favorecer el pleno goce y la protección integral de sus derechos.

Procurará que todos los niños y los adolescentes tengan igualdad de oportunidades para acceder a los recursos sociales, a efectos de poder desarrollar sus potencialidades y de conformar personalidades autónomas capaces de integrarse socialmente en forma activa y responsable. Las acciones del Instituto Nacional del Menor deberán priorizar a los más desprotegidos y vulnerables.

Los adolescentes que, estando a disposición del Instituto Nacional del Menor, alcanzaren la mayoría de edad serán orientados y apoyados a efectos que puedan hacerse cargo de sus vidas en forma independiente. Las personas con capacidad diferente que alcanzaren dicha mayoría, estando a cuidado del Instituto Nacional del Menor, podrán permanecer bajo su protección siempre y cuando no puedan ser derivados para su atención en servicios o programas de adultos.

El Instituto Nacional del Menor fiscalizará, por lo menos una vez al año, a las instituciones privadas a las que concurran niños y adolescentes.

Dicha fiscalización será efectuada por asistentes sociales u otros profesionales a efectos de evaluar la situación en que se encuentran los niños y los adolescentes, así como el trato y formación que se les da a los mismos, de acuerdo a los derechos que éstos tienen y a las obligaciones de dichas instituciones.

El Instituto Nacional del Menor podrá formular observaciones, sin perjuicio de efectuar las denuncias que correspondan ante las autoridades competentes, por la constatación de violación de los derechos del niño y del adolescente, de irregularidades o delitos.

Artículo 27. (Infracciones a la ley penal).- A los efectos del presente Código son infracciones a la ley penal:

1) Las acciones u omisiones dolosas consumadas, cometidas en calidad de autor, coautor, tipificadas por el Código Penal y las leyes penales especiales.

2) Las acciones u omisiones culposas consumadas, cometidas en calidad de autor, coautor, tipificadas por el Código Penal y las leyes penales especiales, cuando el Juez reúna los elementos de convicción suficientes, fundados exclusivamente en el desarrollo de la personalidad psicosocial del infractor; avalado por un equipo técnico, que permita concluir que el menor disponía la capacidad cognitiva de las posibles consecuencias de su obrar.

3) La tentativa de infracciones a la ley penal.

4) La participación en calidad de cómplice en infracciones a la ley penal.

Artículo 44. (Aplicación).- Las medidas privativas de libertad solo se aplicarán a los menores declarados por sentencia ejecutoriada, responsables de infracción, que a juicio del Juez justifique la misma.

También podrán aplicarse a los menores que, habiendo sido declarados por sentencia ejecutoriada responsables de una infracción, incumplen las medidas adoptadas por el Juez.

CAPÍTULO IX

I.- De la filiación

Artículo 75. (Derecho a la afiliación).- Todo niño y adolescente tiene derecho a conocer quiénes son sus padres.

Artículo 77. (Derecho a la identidad).- El recién nacido deberá ser registrado en todas las maternidades públicas o privadas mediante la impresión plantar y digital, acompañado de impresión digital de la madre.

Artículo 82.- A los efectos del reconocimiento, el Oficial de la Dirección General del Registro de Estado Civil interviniente, bajo su más seria responsabilidad administrativa, deberá instruir de las consecuencias del mismo al o los comparecientes, de lo que se deberá dejar constancia en actas.

II.- De la tenencia del niño y del adolescente

Artículo 85. (Tenencia de los padres).-

1) Cuando los padres estén separados, éstos determinarán de común acuerdo quién detentará la tenencia (artículo 177 del Código Civil).

2) De no existir acuerdo de los padres, la tenencia la resolverá el Juez de Familia, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento.

Artículo 92. (Régimen de visitas definitiva).- El día hábil inmediato siguiente, el Juez de Urgencia, dará cuenta al Juez de Familia que intervino en la fijación del régimen de visitas, remitiéndole los antecedentes -con los que se formará un expediente- el cual resolverá en definitiva sobre el mantenimiento o no del régimen fijado, así como sobre la tenencia de los hijos.

A tales efectos, deberá convocar a las partes a una audiencia, la cual deberá celebrarse en un plazo no mayor de setenta y dos horas de recibidos los antecedentes. En dicha audiencia será preceptiva la presencia del Ministerio Público y Fiscal, así como la asistencia letrada.

Artículo 93. (Incumplimiento en realizar las visitas).- Si la parte a cuyo favor se le establece régimen de visitas, no cumpliere con el mismo, podrá la otra parte acudir al Juez de Familia competente, explicándole la situación y la repercusión de qué falta de cumplimiento por parte del obligado tiene sobre sus hijos.

El Juez citará a las partes, dentro de los diez días de recibido el escrito, a una audiencia a efectos de oír a ambas partes, y para que el obligado que no cumple con las visitas explique los motivos que han llevado a dicha situación.

El Juez deberá instar al incumplidor a que efectúe las visitas, explicando la importancia para la evolución y desarrollo del niño y el adolescente.

CAPÍTULO X

DE LOS ALIMENTOS

Artículo 98. (Concepto de alimentos).- Los alimentos están constituidos por las prestaciones monetarias o en especie que sean bastantes para satisfacer, según las circunstancias particulares de cada caso, las necesidades relativas al sustento, habitación, vestimenta, atención médica y los gastos necesarios para adquirir una profesión y oficio, educación, cultura y recreación.

También se consideran los gastos de atención de la madre durante el embarazo, desde la concepción hasta la etapa de post-parto.

Las prestaciones deberán ser en proporción a las posibilidades económicas de los obligados, y a las necesidades de los beneficiarios.

Artículo 102. (Beneficiarios de la obligación alimentaria).- Son acreedores de la obligación alimentaria los niños y adolescentes así como los mayores de dieciocho años y menores de veintiuno que no dispongan de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

Quedan asimilados a lo dispuesto en este título las personas con capacidad diferente cualquiera fuere su edad.

III.- De la Adopción

Adopción Simple

Artículo 134. (Adoptados).-

3) Si se trata de un niño o un adolescente sometido a patria potestad, será necesario el consentimiento de quién o quiénes se encuentren en su ejercicio.

El consentimiento para la adopción será presentado ante el Juez Letrado de Familia del domicilio de los adoptantes, compareciendo personalmente ante aquél.

Los padres que consienten en la adopción quedarán suspendidos en el ejercicio de la patria potestad sobre el niño o el adolescente, la que pasará al adoptante.

El procedimiento se regirá por lo establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Artículo 140.- Se permite la adopción plena a favor de:

A) Los niños o los adolescentes abandonados o huérfanos de padre y madre, o pupilos del Estado, o hijos de padres desconocidos o del hijo o hijos reconocidos por uno de los adoptantes.

  La condición de abandono se acreditará por sentencia ejecutoriada que declare la pérdida de la patria potestad.

B) Los niños o adolescentes abandonados por uno de sus progenitores legítimos, cuando fuere solicitada por el padre o madre que haya mantenido la patria potestad, conjuntamente con el cónyuge con el que contrajo nuevo matrimonio.

  La adopción plena prevista en el presente numeral solo podrá llevarse a cabo una sola vez, respecto al niño o al adolescente.

Cuando se pretendiere adoptar en forma plena dos o más niños o adolescentes simultáneamente, no será obstáculo la circunstancia de que mediasen menos de ciento ochenta días entre sus respectivos nacimientos.

En caso de existir hermanos en situación de abandono, se propenderá a su integración conjunta en una familia adoptiva.

Artículo 141.- Están habilitados para solicitar la adopción plena:

1) Los cónyuges, mayores de veinticinco años, con quince años más que el niño o el adolescente y que lo hubieran tenido bajo su guarda o tenencia por un término no inferior a un año, que computen por lo menos cuatro años de matrimonio, pudiéndose considerar en su caso el tiempo de concubinato previo al mismo, siempre que aquél hubiera sido estable, singular y público, compartiendo la vida en común.

  Por motivo fundado y expreso, el Tribunal podrá otorgarla aun cuando alguno de los cónyuges o ambos no alcanzaren tal diferencia de edad con el adoptado reduciéndola hasta un límite que admita razonablemente que este puede ser hijo de los adoptantes o en casos excepcionales, y si no mediare oposición del Ministerio Público, a pesar de que uno de los dos cónyuges no fueren mayores de veinticinco años de edad o no completaren los cuatro años de matrimonio a que refiere el inciso anterior.

2) El viudo o viuda y los esposos divorciados siempre que medie la conformidad de ambos y cuando la guarda o tenencia del niño o del adolescente hubiera comenzado durante el matrimonio y se completara después de la disolución de este.

  No es obstáculo para la adopción plena la existencia de una previa adopción simple realizada por los mismos peticionantes.

CAPÍTULO XV

DE LA INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD O MATERNIDAD

Artículo 192. (Emplazamiento).- En los casos previstos por el numeral 3) del artículo 191, el Instituto Nacional del Menor iniciará los procedimientos judiciales ante el Juez de Familia competente, para que emplace al padre o a la madre del niño o el adolescente con domicilio conocido.

Si no se conociera el domicilio se le emplazará por edictos según lo establecido por el Código General del Proceso.

Artículo 194. (No comparecencia).- Si citado por segunda vez y bajo apercibimiento, el padre o la madre no comparece en autos, el Juez competente pondrá esta circunstancia en conocimiento del Ministerio Público quien podrá proponer dos o más personas idóneas para que entre ellos se elija el curador "ad litem" del menor, quién instaurará y proseguirá la acción.

Las citaciones previstas en el inciso anterior serán con plazo de seis días.

Montevideo, 31 de agosto de 2000.

JORGE BARRERA, Representante por Montevideo, ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES, Representante por Maldonado, GUSTAVO SILVEIRA, Representante por Cerro Largo, JOSÉ AMORÍN BATLLE, Representante por Montevideo, ALEXIS GUYNOT DE BOISMENU, Representante por Montevideo, ALEJANDRO FALCO, Representante por Montevideo".

Anexo XV al
Rep. Nº 22

"TEXTO DE LAS ENMIENDAS

Artículo 24. (Competencia de urgencia).- La Suprema Corte de Justicia asignará, por lo menos, a cuatro Juzgados Letrados de Familia en Montevideo y a los Juzgados Letrados de Primera Instancia del interior de la República, que entiendan en materia de familia, competencia de urgencia, para atender en forma permanente todos los asuntos que requieran intervención inmediata. Entendiéndose por tales, aquéllos en que exista riesgo de lesión o frustración de un derecho del niño o del adolescente, o en los casos previstos en el inciso segundo del artículo 117 de este Código, con excepción de las infracciones de adolescentes a la ley penal.

Inciso segundo. Igual texto.

Inciso tercero. Igual texto.

Inciso cuarto. Igual texto.

Inciso quinto. Igual texto.

Artículo 26. (Competencia del Instituto Nacional del Menor).-

Inciso primero. Igual texto.

Inciso segundo. Igual texto.

Inciso tercero. Igual texto.

Inciso cuarto. Igual texto.

Inciso quinto. Igual texto.

Inciso sexto. Igual texto.

El Instituto Nacional del Menor podrá formular observaciones, sin perjuicio de efectuar las denuncias que correspondan ante las autoridades competentes, por la constatación de violación de los derechos del niño y del adolescente. (Se suprime "De irregularidades o delitos").

Artículo 34. (Procedimiento).-

1. Actuaciones previas al proceso.

A) Cometidos de la autoridad policial.

  Cuando proceda la detención del adolescente ... Igual texto.

a) Igual texto.

b) Igual texto.

c) Igual texto.

d) Igual texto.

e) Si no fuera posible llevarlo de inmediato a presencia del Juez, previa autorización de éste, deberá conducírselo a la dependencia especializada del Instituto Nacional del Menor que corresponda y solo en caso de indisponibilidad de aquélla a una del Instituto Policial, no pudiendo permanecer en este último lugar por más de doce horas.

f) Igual texto.

B) Igual texto.

5) Medidas cautelares.

Inciso primero. Igual texto.

Inciso segundo. Igual texto.

Inciso tercero. Igual texto.

La internación provisoria se cumplirá en un establecimiento especial del Instituto Nacional del Menor. El arresto domiciliario será regulado, supervisado y controlado por el Instituto Nacional del Menor.

7) Informe del Centro de Internación.

Los técnicos producirán los informes verbales o escritos que el Juez disponga. Los informes verbales se producirán en audiencia.

10) Audiencia final.

Inciso primero. Igual texto.

Inciso segundo. Igual texto.

Se dará participación a sus padres o responsables y a la víctima, si lo solicitaren.

Artículo 36. (Ejecución de las medidas).- Una vez que el Juez disponga las medidas, deberá comunicarlo por escrito al Instituto Nacional del Menor, a excepción de las previstas por los literales A) y B) del artículo 38, con remisión del texto de las resoluciones o sentencias, sin cuyos requisitos el órgano destinatario no dará curso a la ejecución de las mismas.

Artículo 38. (Medidas sustitutivas).- Podrán aplicarse, entre otras, las siguientes medidas no privativas de libertad:

A) Se suprime.

B) Se suprime.

C) Igual texto.

D) Igual texto.

E) Igual texto.

F) Igual texto.

G) Igual texto.

H) Igual texto.

I) Igual texto.

Artículo 42. (Régimen de libertad asistida y vigilada).-

A) Ídem.

B) Ídem.

Ambas medidas se regularán de acuerdo a directivas que al efecto programe el Instituto Nacional del Menor. El régimen de libertad asistida podrá ser ejecutado por el INAME o por otras instituciones públicas o privadas supervisadas por éste. El régimen de libertad vigilada será de responsabilidad exclusiva, irrenunciable e indelegable del Estado.

Artículo 46. (Medidas privativas de libertad).- Las medidas privativas de libertad son:

A) Ídem.

B) Ídem

C) Internación en un programa intensivo centrado en el desarrollo de habilidades y destrezas sociales y la recuperación y fortalecimiento de la autoestima.

D) Internación de fin de semana.

Artículo 46.1(Programa de internación intensivo de fortalecimiento personal).- El régimen de internación intensivo se aplicará preferencialmente a los jóvenes primarios y tendrá una duración máxima de noventa días. El programa integrará en su base un entrenamiento y desarrollo físico, una programación laboral y una incorporación de límites conductuales en un marco de contacto directo con la naturaleza. Excepcionalmente supondrá la interrupción en el contacto con la familia y la comunidad de origen por la duración de la medida, salvo disposición judicial en contrario.

Artículo 46.2(Régimen de internación de fin de semana).- El régimen de internación de fin de semana consiste en el ingreso en un centro que asegure su permanencia, por regla general los sábados y domingos. La reclusión se hará en un establecimiento o sector separado de toda otra población adolescente internada. La extensión mínima de esta medida es de un fin de semana y la máxima de ocho fines de semana. La duración de cada una de las internaciones es de treinta y seis horas.

Artículo 50. (Cumplimiento).- Se cumplirán en centros especiales hasta la finalización de las medidas y de acuerdo a criterios, entre otros, de género, edad, complexión física, características psicosociales y culturales, adaptación a la convivencia y evolución o involución en la progresión educativa.

Artículo 58. (Control que ejercen los Jueces competentes).- Son cometidos de los Jueces Letrados de Adolescentes:

1) Igual texto.

2) Igual texto.

3) Igual texto.

4) Se suprime.

Artículo 59. (Control de la autoridad administrativa).- El Instituto Nacional del Menor informará cada tres meses al Juez sobre la forma que se cumple la medida y la evolución del adolescente.

Inciso segundo. Igual texto.

Artículo 60. (Principio especial de la privación de libertad).- Sin perjuicio de los derechos ... Igual texto.

A) Derechos:

1) Igual texto.

2) Igual texto.

3) Igual texto.

4) Igual texto.

5) Igual texto.

6) A conocer la fundamentación de la decisión en caso de ser trasladado del centro donde cumpla las medidas educativas.

7) Igual texto.

B) Deberes: Igual texto.

C) Ámbito de aplicación: Igual texto.

Artículo 61. (Principio general).- En cualquier estado... Igual texto.

1) Igual texto.

2) Igual texto.

3) Igual texto.

4) Igual texto.

5) Cuando se procesare penalmente al infractor por la comisión de un delito de igual o superior gravedad al hecho que motivó la aplicación de la medida socioeducativa. En caso que el delito fuera de menor gravedad que la infracción que motivó la medida referida, se clausurará el proceso, de haberse cumplido las dos terceras partes de la medida socioeducativa.

Artículo 75. (Derecho a la filiación).- Todo niño y adolescente tiene derecho a saber quiénes son sus progenitores.

Artículo 79. (Del nombre según la filiación).-

1) El hijo legítimo llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre.

2) El hijo natural inscripto por ambos padres, llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre.

3) El hijo natural inscripto por su padre llevará como primer apellido el de éste y como segundo el de la mujer que surja acreditada como su madre.

4) El hijo natural inscripto por su madre llevará como segundo apellido el de ésta y como primero uno de uso común.

5) El hijo natural que no es inscripto por su padre ni por su madre, llevará igualmente en segundo lugar el apellido de su madre, en caso de ser ésta conocida y en primer lugar uno de uso común.

6) El hijo natural cuyos padres se desconocen, inscripto de oficio, llevará dos apellidos de uso común seleccionados por el Oficial del Registro de Estado Civil interviniente.

7) Los apellidos de uso común serán sustituidos por el del padre o la madre que reconozca a su hijo o sean declarados tales por sentencia, debiendo recabarse a tales efectos la voluntad del reconocido que haya cumplido los doce años de edad (artículo 83).

8) El hijo natural inscripto por un familiar del niño, llevará dos apellidos, como primer apellido uno de uso común, seleccionado por el familiar interviniente y en segundo lugar el de la madre conocida.

9) En los casos de adopción plena, el hijo llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre legitimantes, conforme a lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº 10.674, de 20 de noviembre de 1945. La sentencia que autorice la adopción plena dispondrá el o los nombres de pila con que será inscripto el menor.

10) En los casos de adopción simple realizada por un matrimonio, el o los apellidos del adoptado serán sustituidos por el del padre y madre adoptantes. Si la adopción simple fuere realizada por un hombre, el adoptado sustituirá su primer apellido por el del adoptante. Si la adopción simple fuere realizada por una mujer, el adoptado sustituirá su segundo apellido por el de la adoptante. No obstante, si se tratare de la adopción de un menor mayor de doce años, podrá convenir con el o los adoptantes si mantendrá sus apellidos de origen o sustituirá alguno de ellos por el del o de los adoptantes.

  En la sentencia deberá dejarse constancia de la decisión respecto de los apellidos del adoptado, la que será anotada al margen de la partida de nacimiento.

Artículo 79. (Inscripción de los hijos).-

1) Igual texto.

2) Si quien lo inscribe es su madre biológica, y no puede acreditar el apellido paterno, se sorteará éste, que llevará el menor como primer apellido, siendo el segundo apellido, el de su madre biológica.

3) Igual texto.

4) Igual texto.

5) Si la inscripción la efectuaren terceras personas, la determinación del o de los apellidos del menor, se regirá por el criterio aplicado en caso de imposibilidad de acreditación de uno o de ambos apellidos, se sorteará el o los faltantes, respetando siempre el principio general dispuesto por el artículo 78.

6) Igual texto.

Artículo 80. (Derecho y deber a reconocer los hijos propios).- Todo progenitor tiene el derecho y el deber, cualquiera fuere su estado civil, de reconocer a sus hijos.

Derógase el inciso tercero del artículo 227 del Código Civil.

Modifícase la redacción del inciso cuarto del artículo 227 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"No se admitirá el reconocimiento de hijo natural, aun después de disuelto el matrimonio, cuando ese reconocimiento se pretenda hacer a favor de una persona que tenga la posesión notoria de hijo legítimo, sin perjuicio de las acciones que, legalmente, se admiten para contestar esa filiación".

Artículo 80.1.- Sustitúyense los artículos 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 y 221 del Código Civil, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 214.- Viviendo los cónyuges de consuno, la ley considera al marido, padre de la criatura concebida por su mujer durante el matrimonio. Esta presunción es relativa. Las personas legitimadas por la ley, podrán destruir la misma acreditando que el vínculo biológico de paternidad no existe.

ARTÍCULO 215.- Se considera concebida dentro del matrimonio, a la criatura nacida fuera de los ciento ochenta días después de contraído éste y dentro de los trescientos días siguientes a su disolución. Esta presunción es relativa.

ARTÍCULO 216.- Se considera asimismo, al marido, padre de la criatura nacida de su mujer dentro de los ciento ochenta días siguientes al matrimonio, siempre que aquél haya conocido el embarazo antes de contraer matrimonio o haya admitido su paternidad expresa o tácitamente por cualquier medio inequívoco. Fuera de estos casos, bastará al marido con negar judicialmente la paternidad de la criatura habida por su mujer, de lo que se le dará conocimiento a ésta. Si la madre se opusiera surgirá el contradictorio.

ARTÍCULO 217.- La presunción de paternidad del marido que se configura conforme a lo dispuesto por los artículos 214, 215 y 216 del Código Civil, podrá ser libremente impugnada por el marido, el hijo o los herederos de uno u otro, dentro de los plazos y en las condiciones que se dispone en los artículos siguientes.

ARTÍCULO 218.- El marido podrá ejercer la acción de desconocimiento de paternidad a efectos de impugnar la presunción de legitimidad que hubiera surgido, dentro del plazo de un año contado desde que tomó conocimiento del nacimiento de la criatura cuya paternidad la ley le atribuye.

Sus herederos podrán continuar la acción intentada por éste, o iniciar la misma, si el marido hubiera muerto dentro del plazo hábil para deducirla. Los herederos dispondrán del plazo de un año a contar desde el fallecimiento del marido.

ARTÍCULO 219.- Hallándose el hijo en posesión del estado filiatorio legítimo, tenga o no su título, podrá impugnar la presunción de paternidad del marido, actuando debidamente representado por un curador ad hoc, dentro del plazo de un año a contar desde el nacimiento. Si la acción no hubiera sido intentada durante la menor edad del hijo, podrá ejercerla éste dentro del plazo de un año a partir de su mayoría. En caso de fallecer el hijo dentro del plazo hábil para interponer la demanda de impugnación de la paternidad o durante su minoría de edad sin haberla interpuesto, la acción podrá ser ejercida por los herederos de éste dentro del plazo que aquél contaba.

ARTÍCULO 220.- De faltar la posesión de estado de filiación legítima aun cuando exista su título, la acción de desconocimiento de paternidad podrá ser intentada indistintamente por la madre, por un curador ad hoc que actúe en representación del hijo, por el padre biológico que manifieste su ánimo de reconocerlo o por el hijo al llegar a la mayoría de edad. La madre y el padre biológico no podrán accionar una vez que su hijo haya llegado a la mayoría de edad. En ausencia de posesión de estado de filiación legítima, la acción será imprescriptible para el hijo.

En los casos en que este artículo, el precedente y el inciso cuarto del artículo 227 se refieren a posesión de estado, no se requiere el transcurso del tiempo reclamado por el artículo 47 del Código Civil.

El acogimiento de la acción deducida por la madre o por el padre biológico, dejará al hijo emplazado en el estado civil de hijo natural del demandante.

ARTÍCULO 221.- El proceso no será válidamente entablado si no intervienen en el mismo, en calidad de sujetos activos o pasivos, en su caso, el marido, la madre y el hijo de ésta".

Artículo 80. (Derecho y deber a reconocer los hijos propios).-

Inciso primero. Igual texto.

Inciso segundo. Igual texto.

Esta acción es imprescriptible.

Artículo 81. (Dra. Rivero).- "A título informativo entendemos interesante resaltar la solución adoptada por el artículo 121 del Código Civil Español que, para los supuestos de reconocimiento efectuados por menores de edad no emancipados, exige 'para su validez aprobación judicial, con audiencia del Ministerio Fiscal', modificación que podría ser considerada para agregarse al proyecto en cuanto al reconocimiento formulado por el varón menor de edad".

Artículo 81. (Capacidad de los padres para reconocer sus hijos).-

Inciso primero. Igual texto.

En los casos de padres, niños o adolescentes no emancipados, el Juez decidirá a quién se le atribuyen los derechos y deberes inherentes a la representación legal, otorgando preferencia a los abuelos que vivan con el padre que reconoce y el reconocido.

Inciso tercero. Igual texto.

Inciso cuarto. Igual texto.

Artículo 82. (Formalidades del reconocimiento).- La simple declaración formulada ante el Oficial del Registro de Estado Civil por el padre o la madre biológicos, en oportunidad de la inscripción del nacimiento del hijo como su hijo natural, supone reconocimiento expreso de éste.

Inciso segundo. Igual texto.

Artículo 82.- (Formalidades del reconocimiento).- No se requieren términos sacramentales para el reconocimiento de un hijo natural. Para ello es suficiente con que el progenitor inscriba su nacimiento como hijo ante el Oficial del Registro de Estado Civil o que, como refiere el artículo 233 del Código Civil, se atribuya la paternidad por escritura pública o por testamento o ante el Oficial del Registro de Estado Civil, después de verificada su inscripción.

Inciso segundo. Se suprime.

Artículo 83. (Voluntad del hijo).- Cuando el hijo fuere emplazado en la filiación natural, luego de haber cumplido doce años de edad, tiene derecho a expresar en forma, ante el Oficial del Registro de Estado Civil, su voluntad de seguir usando los apellidos con los que hasta entonces era identificado. Dicha expresión de voluntad será anotada al margen de su partida de nacimiento.

Inciso segundo. Se suprime.

Artículo 83. (Voluntad del hijo).-

Inciso primero. Igual texto.

Inciso segundo. Se suprime.

Artículo 84. (Inscripción tardía).- El derecho consagrado en el artículo anterior, también rige para los supuestos de inscripciones tardías de hijos mayores de doce años.

Inciso segundo. Igual texto.

Artículo 86. (Facultades del Juez de Familia).-

Inciso primero. Igual texto.

A) Igual texto.

B) Preferir a la madre cuando el niño sea menor de cinco años, siempre que no sea perjudicial para él.

C) Igual texto.

Artículo 91. (Incumplimiento en permitir las visitas).-

Inciso primero. Igual texto.

El Juez de Familia de Urgencia o quien haga sus veces, escuchará a ambas partes, y de ser inmotivada la reticencia de la parte obligada a permitir las visitas, dispondrá -apreciando las circunstancias del caso así como la edad del niño o del adolescente- la entrega del mismo a la parte que lo reclama, la cual deberá reintegrarlo según lo acordado. Inmediatamente, dispondrá la remisión de las actuaciones de urgencia al Juez de la causa.

Artículo 92. (Régimen de visitas definitivo).-

Inciso primero. Igual texto.

Si el Juez de la causa entendiere que la situación planteada amerita la revisión de la tenencia homologada o judicialmente decretada, podrá resolver sobre la misma, escuchando previamente a las partes, que tendrán la posibilidad de probar sus dichos.

Inciso tercero. Igual texto del inciso segundo.

Artículo 94. (Advertencia y sanción por incumplimiento).- Igual Texto

Artículo 95. (Sanción especialmente agravada por incumplimiento).- El incumplimiento del régimen de visitas homologado o fijado judicialmente podrá originar, excepcionalmente y atento a la gravedad de la situación creada, como consecuencia directa del incumplimiento, la variación de la tenencia, si ello no perjudicara el interés del niño o del adolescente, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que fije el Juez a instancia de parte o de oficio, cuyo producido será en beneficio de aquél.

Artículo 98. (Concepto de alimentos).- Los alimentos están constituidos por las prestaciones monetarias o en especie que sean bastante para satisfacer, según las circunstancias particulares de cada caso, las necesidades relativas al sustento, habitación, vestimenta, salud y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio, educación, cultura y recreación.

Inciso segundo. Igual texto.

Inciso tercero. Igual texto.

Artículo 103. (Personas obligadas a prestar alimentos y orden de preferencia).- Inciso primero - Igual texto.

1) Igual texto.

2) El concubino o la concubina, en relación al o los hijos del otro integrante de la pareja, que no son fruto de esa relación, si conviven todos juntos conformando una familia de hecho.

3) Igual texto numeral 2).

4) Igual texto numeral 3).

En los casos previstos en los numerales 1, 3 y 4, si concurrieren varias personas en el mismo orden, la obligación será divisible y proporcional a la posibilidad de cada obligado.

Artículo 108. (Extinción de la obligación alimentaria) .- La obligación de alimentos se extingue y su cese debe ser judicialmente decretado en los siguientes casos:

1) Igual texto.

2) Igual texto.

3) Igual texto.

4) Cuando fallece el alimentante, sin perjuicio de las asignaciones alimenticias forzosas, si correspondieren.

5) Igual texto.

Se tramitarán por el procedimiento igual texto.

Artículo 110. (Concepto de ingresos).- A los efectos del presente Código, se entiende por sueldo o haberes, todo ingreso de cualquier naturaleza, periódico o no, que se origine en la relación laboral, arrendamiento de obras o de servicios o derive de la seguridad social. No se computarán por ingresos, a los efectos de la pensión alimenticia, lo que perciba el alimentante por concepto de viáticos con rendición de cuentas.

Inciso segundo. Igual texto.

Modifícanse los artículos 174 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, y artículo 78 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, sustituyéndose por la siguiente redacción: "A los efectos de las pensiones alimenticias previstas por el Código de la Niñez y la Adolescencia, además de los sueldos presupuestales se computará el 50% (cincuenta por ciento) de todos los ingresos generados por la actividad del obligado en el exterior".

Artículo 111. (Límite de la retención por alimentos).- En el caso de ser el obligado empleado público o privado, podrá retenerse mensualmente hasta un 50% (cincuenta por ciento) de los ingresos cuando así lo justifique el número de hijos y las necesidades de los mismos. (SE SUPRIME "La resolución del Juez deberá ser fundada y será apelable sin efecto suspensivo").

Artículo 112. (Medidas asegurativas de la prestación alimentaria).- En el caso de prestar el alimentante servicios retribuidos por particulares o empresas, éstas tendrán la obligación de informar a la Sede que así lo solicite todo lo relativo a los ingresos de aquél dentro del plazo de quince días de recibido el oficio por el que se le reclama. En caso de incumplimiento de la referida obligación, serán pasibles de la aplicación de conminaciones económicas. Se comprende en la situación anterior la obligación de informar cuando, no obstante el alimentante no revestir en los cuadros funcionales o planilla de trabajo, igualmente tuviese algún vínculo con la empresa o particular del que se derivara cualquier tipo de relación patrimonial o beneficio económico.

En el caso de que el alimentante prestare servicios retribuidos por particulares o empresas y si se negare a cumplir la obligación de alimentos, se ordenará a aquellos que efectúen la retención correspondiente a los sueldos o haberes respectivos.

Inciso tercero. Igual texto del inciso segundo.

Artículo 116. (Competencia).- EL Juez competente para conocer en el juicio por alimentos, es el del domicilio del niño o adolescente.

CAPÍTULO XI

I - SITUACIONES ESPECIALES

Artículo 117. (Principio general).-

Inciso primero. Igual texto.

De igual forma se aplicarán a los niños que vulneren derechos de terceros.

Artículo 120. (Medidas ambulatorias para niños y adolescentes).- El Juez dispondrá las siguientes medidas:

A) Inciso primero. Igual texto.

Inciso segundo. Se suprime.

B) Igual texto.

El Instituto Nacional del Menor podrá solicitar y/o aplicar directamente estas medidas, cuando su intervención ha sido requerida por el niño, padres o responsables, o terceros interesados.

Artículo 121. (Medida de régimen de internación sin conformidad el niño o adolescente).- El Juez sólo podrá aplicar las siguientes medidas de internación sin conformidad del niño o adolescente, debiendo constatar que se den los requisitos que en cada caso correspondan:

A) Internación del niño o adolescente con patología psiquiátrica en establecimiento especializado, de acuerdo a las normas vigentes con autorización de dos médicos, con un plazo de internación no mayor de treinta días pudiéndose reutilizar por prescripción médica nuevos plazos de treinta días hasta el alta.

B) Internación del niño o adolescente que curse episodios agudos vinculados al consumo abusivo de sustancia (intoxicación o abstinencia) de acuerdo a las normas vigentes, con autorización de dos médicos con un plazo de internación no mayor de treinta días, pudiéndose reutilizar por prescripción médica nuevos plazos de treinta días hasta el alta.

El Instituto Nacional del Menor podrá aplicar directamente esta medida, previa indicación de dos médicos, cuando su intervención es requerida ante la situación de un niño o adolescente que pone en riesgo inminente su vida o la integridad física de otras personas, debiendo poner la situación de inmediato en conocimiento del Juzgado de Familia de urgencia.

Artículo 122. (Adicciones a drogas y alcohol).- El Juez podrá disponer que el Instituto Nacional del Menor otorgue protección y atención a aquellos niños y adolescentes que considere se encuentren en riesgo para su vida o su salud debido al consumo adictivo de sustancias, para su tratamiento integral en centros residenciales de atención integral especializada de tiempo completo o en régimen ambulatorio.

Inciso segundo. Igual texto.

Inciso tercero. Igual texto.

Artículo 123. (Derivación a centros de atención permanente para niños y adolescentes).- El Juez podrá disponer que el Instituto Nacional del Menor otorgue protección de sus derechos a través de un centro de atención permanente como medida de último recurso, cuando se encuentre gravemente amenazado su derecho a la vida o integridad física.

Inciso segundo. Igual texto.

En estos establecimientos se procurará mantener los vínculos familiares, según lo dispone el artículo 12 del presente Código y la incorporación del niño o adolescente al sistema educativo que corresponda, según sea su edad, y se le deberá proporcionar Defensor.

Artículo 124. (Programas de atención integral).- Todos los niños y adolescentes tendrán derecho a acceder voluntariamente a programas de atención integral, cuidados y alojamiento con los que cuente el Instituto Nacional del Menor, quien deberá garantizarlo. Si la solicitud fuera formulada por los padres, se oirá preceptivamente al niño, quien será asistido por su Defensor.

Inciso segundo. Igual texto.

El Juez resolverá atendiendo a la opinión del niño o adolescente. Deberá tenerse en cuenta ésta, su interés superior y se le deberá proporcionar Defensor.

Artículo 133. (Adoptantes).-

1) Igual texto.

2) Igual texto.

3) Igual texto.

4) Se permitirá la adopción por parte del nuevo cónyuge del padre o madre del hijo legítimo o natural reconocido del otro cónyuge.

5) Igual texto.

Artículo 133. (Adoptantes).-

1) Igual texto.

2) Igual texto.

3) Igual texto.

4) Igual texto.

5) Igual texto.

6) El adoptante deberá tener al niño o adolescente bajo su tenencia por un término no inferior a un año.

Artículo 133. (Adoptantes).-

1) Igual texto.

2) Igual texto.

3) Inciso primero. Igual texto.

Inciso segundo. Igual texto.

Por motivo fundado y expreso, el Tribunal podrá otorgar la adopción aun cuando alguno de los cónyuges o ambos no alcanzaren la diferencia de edad con el adoptado, reduciéndola hasta un límite que admita razonablemente que éste pueda ser hijo de los adoptantes, a juicio del Tribunal.

Inciso cuarto. Igual texto.

4) Igual texto.

5) Igual texto.

Artículo 134. (Adoptados).-

1) Igual texto.

2) Cuando el adoptado sea demente o sordomudo que no pueda darse a entender por ninguna forma, prestarán el consentimiento sus representantes legales.

3) Inciso primero. Igual texto.

Inciso segundo. Igual texto.

En todos lo casos de adopción de menores de edad o adolescentes, la patria potestad pasará a los adoptantes.

Inciso cuarto. Igual texto.

Artículo 135. (Efectos).-

1) El adoptado continúa perteneciendo a su familia biológica (o de origen), donde conserva todos sus derechos.

2) Igual texto.

3) Igual texto.

4) Igual texto.

Artículo 137. (Procedimiento).-

1) La adopción ha de ser necesariamente hecha por escritura pública, aceptada por los representantes legales del adoptado y por el adoptado, en su caso, debiéndose inscribir dentro de los treinta días contados desde su otorgamiento, en un libro especial, que llevará al efecto la Dirección General del Registro de Estado Civil, y deberá constar, además, al margen del acta de nacimiento.

  La omisión de la inscripción será sancionada con multa al escribano autorizante de la escritura, de 12 a 50 UR (doce a cincuenta unidades reajustables), a más de no surtir efecto la adopción hasta después de ser inscripta. Una vez inscripta, surtirá efecto desde la fecha de su otorgamiento.

  Cuando se trate de la adopción de un niño o de un adolescente, ningún escribano podrá autorizar la escritura respectiva sin previa autorización del Instituto Nacional del Menor en que se acredite la idoneidad moral y la capacidad del o de los adoptantes, probada por todos los medios de investigación que el Instituto Nacional del Menor considere necesarios.

2) Igual texto.

Inciso primero. Igual texto.

Inciso segundo. Igual texto.

Inciso tercero. Igual texto.

Artículo 138. (Derechos del adoptado).- El adoptado tiene derecho a conocer su condición de tal, siempre que ello no perjudique al menor, atendiendo su edad y características.

Inciso segundo. Igual texto.

Artículo 140. (Adoptados).-

1) Inciso primero. Igual texto.

Inciso segundo. Se suprime.

2) Igual texto.

3) Igual texto.

4) Igual texto.

Artículo 142. (Procedimiento).-

1) Igual texto.

2) Igual texto.

3) La tramitación será reservada en cuanto a terceros, la violación del deber consiguiente, por cualquier funcionario obligado, será castigada en la forma prevista por el artículo 163 del Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad civil. No así respecto al niño o adolescente interesado cuando tuviere doce años de edad o más.

Artículo 147. (Preferencia).- El Instituto Nacional del Menor y las demás autoridades con competencia en materia de adopción, deberán dar preferencia a la ubicación de los niños o adolescentes adoptables en hogares o familias que los requieran y vivan dentro del territorio nacional. (SE SUPRIME "de cuidado").

Artículo 151. (Competencia).-

Inciso primero. Igual texto.

Los solicitantes deberán comparecer a la audiencia preliminar en forma personal, preceptivamente.

Inciso tercero. Se suprime.

Inciso cuarto. Se suprime.

Hasta tanto no haya recaído sentencia firme, para que el menor pueda salir del país deberá hacerlo en compañía de uno de los gestionantes, contando con autorización judicial, la que no podrá concederse sin intervención preceptiva del Ministerio Público.

Artículo 157. (Principio general).- El estatuto de los adolescentes que trabajan se regulará conforme a las normas del presente Código, leyes especiales, tratados, convenciones y convenios internacionales ratificados por el país. (Se suprime "resoluciones")

Artículo 160. (Trabajos nocivos).- El Instituto Nacional del Menor ante la presunción de que existan condiciones de trabajo peligrosas o nocivas para la salud o para el desarrollo físico, espiritual o moral de los adolescentes, podrá solicitar la intervención de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien habrá de pronunciarse sobre el carácter peligroso o nocivo de dicha actividad.

Inciso segundo. Se suprime.

Artículo 161. (Situaciones especiales).- El Instituto Nacional del Menor revisará las autorizaciones que ha prestado respecto al empleo de niños y adolescentes entre los trece y los quince años. Solo serán permitidos a los menores entre trece y quince años de edad trabajos ligeros donde participen miembros de la familia y que por su naturaleza o por las condiciones en que se prestan no perjudiquen el desarrollo físico, mental o social de los mismos, ni obsten a su escolaridad.

Inciso segundo. Se suprime.

Inciso tercero. Se suprime.

Inciso cuarto. Se suprime.

Artículo 161 bis. (Prevención, educación e información).-

Igual texto. Incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 161.

Artículo 162. (Trabajo de los niños y adolescentes).-

Se suprime.

Artículo 162 bis (Nuevo). (Deportes de riesgo, actividades artísticas, modelaje).- Está prohibida la participación de menores de edad en actividades deportivas de carácter profesional que impliquen riesgo para la vida, la salud o su moralidad.

Los menores de edad no podrán ser empleados o contratados como modelos o en representaciones artísticas de ningún género, así como en los medios de difusión masiva, sin contar previamente con la autorización del Instituto Nacional del Menor.

El Instituto Nacional del Menor reglamentará lo dispuesto en el inciso segundo del presente artículo, debiendo proteger especialmente en dicha reglamentación el derecho a la educación y la salud y considerar que dicha actividad no ponga en riesgo la vida o moralidad del niño o adolescente.

Toda excepción deberá ser gestionada por los padres o quien acredite la tutoría legal y establecer como mínimo el nombre del representante legal del menor, la naturaleza de la actividad, la jornada diaria y deberá otorgarse por un plazo máximo de ciento ochenta días, renovable, o por el que establezca el contrato si fuere inferior.

Artículo 163. (Carné de habilitación).- Ningún adolescente menor de dieciocho años podrá ser admitido al trabajo sin contar con el carné habilitante gratuito tramitado ante la División Técnica del Instituto Nacional del Menor.

En dicho carné constará el examen médico realizado por un médico que el Instituto designe y que tenga carácter oficial, que lo declare apto para el trabajo, así como la constancia de haber realizado el ciclo de enseñanza obligatorio o el nivel alcanzado, exigiendo lo prescripto en el artículo 70 de la Constitución de la República.

Si el examen fuera impugnado por la persona legalmente responsable del adolescente podrá, a su requerimiento, realizarse un nuevo examen.

Artículo 163 bis (Nuevo). (Renovación).- Anualmente, todos los menores de dieciocho años que trabajen serán sometidos obligatoriamente a examen médico, a fin de comprobar si la tarea que realizan es superior a su capacidad física. En caso afirmativo deberán abandonar el trabajo por otro más adecuado.

La División Técnica del Instituto Nacional del Menor podrá otorgar autorizaciones por períodos más breves, a los efectos de exigir la repetición del examen médico en todos aquellos casos que a su juicio sean necesarios para garantizar una vigilancia eficaz, en relación con los riesgos que presenta el trabajo o el estado de salud del menor.

El responsable del menor podrá impugnar el examen y requerir otro.

Artículo 164. (Jornada de trabajo).- Los adolescentes mayores de quince años no podrán trabajar más de seis horas diarias, equivalentes a treinta y seis horas semanales y disfrutar de un día de descanso semanal, preferentemente en domingo. El Instituto Nacional del Menor podrá excepcionalmente autorizar a los adolescentes entre dieciséis y dieciocho años a trabajar ocho horas diarias, correspondiéndoles dos días continuos de descanso preferentemente uno en domingo, por cada cinco días de trabajo, previa evaluación técnica individual, estudio del lugar y puesto de trabajo teniendo en cuenta el interés superior del niño.

Artículo 164 bis (Nuevo) (Descansos).- El descanso intermedio en la jornada de trabajo de los menores tendrá una duración de media hora, que deberá ser gozada en la mitad de la jornada y tendrá carácter remunerado. No se admitirá la jornada discontinua de trabajo ni horarios rotativos durante el ciclo lectivo. En todos los casos deberán mediar como mínimo doce horas entre el fin de la jornada y el comienzo de la siguiente.

Artículo 164 ter (Nuevo) (Horarios especiales).- El Instituto Nacional del Menor podrá otorgar permisos con carácter excepcional a adolescentes mayores de quince años para desempeñarse en horarios especiales, durante períodos zafrales o estacionales, siempre que la actividad no interfiera con el ciclo educativo y que las condiciones de trabajo no sean nocivas o peligrosas. El descanso deberá ser concedido en la mitad de la jornada de trabajo.

El período de excepción podrá ser de hasta un máximo de tres meses.

Artículo 165. (Trabajo nocturno).- Los adolescentes no podrán ser empleados ni trabajar en horario nocturno, entendiéndose por tal a los efectos del presente Código, el período comprendido entre las veintidós horas y las seis del día siguiente.

Inciso segundo. Se suprime.

Artículo 166. (Fiscalización y sanciones).- El Instituto Nacional del Menor, tendrá autoridad y responsabilidad en la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones específicas en materia de sus competencias respecto al trabajo de los menores de edad y sancionar la infracción a las mismas, sin perjuicio del contralor general del cumplimiento de las normas por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Las empresas o los particulares que no cumplan las obligaciones impuestas, serán sancionados por el Instituto Nacional del Menor con una multa de hasta 2000 UR (dos mil unidades reajustables).

Artículo 167. (Competencia).- Se suprime.

Artículo 168. (Recurribilidad).- Se suprime.

Artículo 170. (Asesoramiento).- Todo adolescente podrá requerir asesoramiento en las oficinas competentes y realizar las gestiones que correspondan.

Artículo 173. (Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).- En caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales de un adolescente trabajador el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Nacional del Menor investigarán las causas del mismo de acuerdo a las competencias específicas de cada organismo. Asimismo se verificará la realización de tareas prohibidas o el hecho de encontrarse el menor de edad en sitio en el que esté prohibida su presencia, en cuyo caso se considerará culpa grave del empleador, con las consecuencias previstas por el artículo 7º de la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989.

Inciso segundo. Se suprime.

Artículo 179. (Preservación de la corrupción).- Prohíbese la concurrencia de personas menores de dieciocho años a casinos o similares, pubs, boites, night clubs, whiskerías, prostíbulos, hoteles de alta rotatividad o similares.

El Instituto Nacional del Menor reglamentará la asistencia, participación y/o intervención de personas de menos de dieciocho años a espectáculos públicos de cualquier naturaleza, locales con venta de bebidas alcohólicas o donde se encuentren instalados juegos electrónicos, pools, bowlings, futbolitos o similares, discotecas, casas de baile o similares.

Artículo 180. (Prohibición de proveer).- Prohíbese la venta, provisión, arrendamiento o distribución a personas menores de dieciocho años de:

1) Igual texto.

2) Igual texto.

3) Tabacos, fármacos u otras sustancias, en cualquier forma de elaboración, cuyos componentes puedan significar un peligro o crear dependencia física o psíquica.

4) Revistas, publicaciones, video casetes, discos compactos o similares, que violen las normas establecidas en los artículos 174 a 176 del presente Código.

Artículo 181. (Fiscalización).-

1) Igual texto.

2) Igual texto.

3) Las empresas o los particulares que no cumplan con las obligaciones impuestas en los artículos 179 y 180 de este Código serán sancionados con una multa de hasta 200 UR (doscientas unidades reajustables) a cargo del Instituto Nacional del Menor.

  El niño o adolescente encontrado en situación de riesgo será conducido y entregado a padre, tutor o encargado.

Ultimo inciso. Igual texto.

Artículo 182. (Competencia).-

1) Serán competentes para entender en la aplicación de las infracciones previstas en el numeral 2) del artículo 181, así como en materia de clausura de establecimientos, los Jueces de Familia, quienes actuarán siguiendo el procedimiento extraordinario previsto por el Código General del Proceso.

Inciso segundo. Igual texto.

2) Será competente para entender en la aplicación de las infracciones previstas en el numeral 3) del artículo 181, el Instituto Nacional del Menor.

Artículo 183. (Recurribilidad).- En caso de sanción por incumplimiento a lo establecido en los artículos 174 a 178 de este Código, la sentencia podrá ser apelada ante el Tribunal de Apelaciones de Familia respectivo, cuya decisión hará cosa juzgada.

Artículo 191. (Accionantes).- Podrán iniciar la acción:

1) Igual texto.

2) Igual texto.

3) Igual texto.

4) Cuando el presunto hijo o su representante legal ejercite conjuntamente con la acción que este artículo le acuerda, la de petición de herencia, el Actuario, bajo la pena de 100 UR (cien unidades reajustables) , de multa, lo comunicará dentro de quince días al Registro correspondiente para la inscripción, que producirá los efectos enunciados en el artículo 685 del Código Civil. Si entre los demandados hubiese herederos testamentarios o de los llamados a la herencia por el artículo 1025 o cónyuge con derecho a gananciales o a porción conyugal, cualquiera de ellos podrá obtener que se limite la interdicción a un bien o lote de bienes hereditarios cuyo valor cubra ampliamente la legítima del actor, quien solo sobre ese bien o lote podrá perseguir el pago de su haber hereditario en caso de que le sea reconocida la filiación invocada y sin ejercicio de la acción personal que le corresponda por restitución de frutos.

Artículo 196. (Procedimientos).- Las pretensiones que conciernen a las cuestiones de investigación de la paternidad o maternidad a que refiere el presente Capítulo, se tramitarán por el procedimiento ordinario previsto en el Código General del Proceso.

Cuando el presunto hijo o su representante legal ejercite conjuntamente con la acción que este Capítulo le acuerda, la petición de herencia, el Actuario -bajo la pena de 100 UR (cien unidades reajustables) de multa- lo comunicará dentro de quince días al Registro correspondiente para la inscripción que corresponda, que producirá los efectos enunciados en el artículo 685 del Código Civil. Si entre los demandados hubiere herederos testamentarios o de los llamados a la herencia por el artículo 1025 del Código Civil, o cónyuge con derecho a gananciales o a porción conyugal, cualquiera de ellos podrá obtener que se limite la interdicción a un bien o lote de bienes hereditarios cuyo valor cubra ampliamente la legítima del actor, quien solo sobre ese bien o lote podrá perseguir el pago de su haber hereditario en caso de que le sea reconocida la filiación invocada y sin perjuicio de la acción personal que le corresponda por restitución de frutos.

Artículo 197. (Admisión de pruebas).-

Inciso primero. Igual texto.

La excepción de mala conducta de la madre no tiene eficacia perentoria.

Inciso tercero. Igual texto.

Artículo 204. (Creación).- Créase el Consejo Nacional Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente que se integrará con un representante del Ministerio de Educación y Cultura, uno del Ministerio de Salud Pública, uno del Instituto Nacional del Menor, uno del Poder Judicial, uno de la Administración Nacional de Educación Pública, uno del Congreso de Intendentes, tres de las Organizaciones No Gubernamentales, de promoción y atención a la niñez y adolescencia. (Se suprime un representante del Colegio de Abogados).

Artículo 204. (Creación).- Créase el Consejo Nacional Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente que se integrará con un representante del Ministerio de Educación y Cultura, uno del Ministerio de Salud Pública, uno del Instituto Nacional del Menor, dos del Poder Judicial, uno de la Administración Nacional de Educación Pública, uno del Congreso de Intendentes, uno del Colegio de Abogados, tres de las Organizaciones No Gubernamentales y uno de las organizaciones privadas en ambos casos, de promoción y atención a la niñez y adolescencia.

Artículo 207. (Competencia).- El Consejo que se crea tendrá competencia a nivel nacional. Serán sus fines:

1) Coordinar e integrar las políticas sectoriales de atención a la niñez y adolescencia, por parte de las diferentes entidades públicas vinculadas al tema. (SE SUPRIME "supervisar el diseño de las mismas")

2) Igual texto.

3) Igual texto.

4) Igual texto.

5) Igual texto.

Artículo 208. (Jerarquía).- El Consejo actuará en órbita del Instituto Nacional del Menor, cuyo representante lo presidirá, el cual establecerá la sede de sus reuniones y asignará los recursos necesarios para su funcionamiento.

Artículo 224.- Deróganse los artículos 174 y 241 del Código Civil y todas las demás disposiciones que se opongan al presente Código. (SE SUPRIME "y el inciso primero del artículo 242 del Código Civil").

Artículo 242, inciso 1 del Código Civil.- Se admite la investigación de la maternidad cuando no se trate de atribuir el hijo a una mujer casada, al tiempo de la concepción o el nacimiento del hijo.

Artículo .- A los efectos de los numerales 7º y 8º del artículo 285 del Código Civil y numeral 1) del artículo 140 de este Código, debe entenderse que el término abandono comprende también aquellas situaciones de desapego afectivo y desinterés o prescindencia frente al destino del menor.

Artículo .- Transcurridos tres meses desde la internación de un menor en dependencias del Instituto Nacional del Menor o en Hogares que tienen convenio con el mismo, aquél podrá intimar a los padres para que se hagan cargo de él, dentro de los tres meses siguientes, bajo apercibimiento, en caso de no hacerlo, de solicitarse la pérdida de la patria potestad.

La intimación se hará personalmente en el domicilio de los padres, dejándose debida constancia de las actuaciones.

La aplicación de esta causal es sin perjuicio de lo previsto en el numeral 7) del artículo 285 del Código civil.

Montevideo, 31 de agosto de 2000.

JORGE BARRERA, Representante por Montevideo, GUSTAVO BORSARI BRENNA, Representante por Montevideo, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES, Representante por Maldonado, LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones, ÁLVARO ERRAMUSPE, Representante por Montevideo, DIANA SARAVIA OLMOS, Representante por Treinta y Tres".

Anexo XVI al
Rep. Nº 22

"TEXTOS DE LAS ENMIENDAS

Artículo 100. (De la vigencia de la prestación alimentaria).- La prestación alimentaria se debe desde la interposición de la demanda.

Tratándose de aumento de la prestación o reducción de la misma, la sentencia surtirá efecto desde que quede ejecutoriada.

La convenida extrajudicialmente se debe desde la fecha pactada.

Artículo 108. (Extinción de la obligación alimentaria).- La obligación de alimentos se extingue y su cese debe ser judicialmente decretado en los siguientes casos:

A) Cuando el beneficiario cumpla con los 21 años, salvo que se tratare de personas con capacidad diferente.

B) Cuando el beneficiario deja de necesitarlo.

C) Cuando fallece el alimentante, sin perjuicio de la asignación forzosa que grava la masa de la herencia.

D) Cuando fallece el alimentario, en cuyo caso la obligación se extiende a los gastos funerarios, siempre que no puedan cubrirse de otra manera.

El procedimiento será el establecido por los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Artículo 186. (Autorizaciones).- Los niños y los adolescentes que viajen solos o en compañía de terceros fuera del país necesitan consentimiento de ambos padres o del representante legal en su caso.

En caso de separación o divorcio de los padres, se requerirá también la autorización de ambos.

En los casos expuestos precedentemente si se planteara conflicto para consentimiento entre los otorgantes del mismo, resolverá el Juez Letrado de Familia, quien fijará los detalles de la estadía en el exterior.

Se seguirán los trámites del proceso incidental según lo dispone el Código General del Proceso oyéndose preceptivamente al Ministerio Público en la audiencia respectiva a la que bajo responsabilidad deberá concurrir este último.

La impugnación a la sentencia de primera instancia no tendrá efecto suspensivo, debiendo el Juzgado Letrado de Familia de Primera Instancia expedir testimonio de la sentencia sin más trámite inmediatamente de celebrada la audiencia correspondiente.

Artículo 111. (Límite de la retención por alimentos).- Podrá retenerse mensualmente hasta un 50% (cincuenta por ciento) de los ingresos cuando así lo justifique el número de hijos y las necesidades de los mismos. La resolución del Juez deberá ser fundada y será apelable sin efecto suspensivo.

Montevideo, 31 de agosto de 2000.

JORGE BARRERA, Representante por Montevideo, ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES, Representante por Maldonado".

Anexo XVII al
Rep. Nº 22

"TEXTO DE LAS ENMIENDAS

Modificación del artículo 24

La Suprema Corte de Justicia asignará, por lo menos, a cuatro Juzgados Letrados de Familia en Montevideo y a los Juzgados Letrados de Primera Instancia del interior de la República que entienden en materia de familia, competencia de urgencia para atender en forma permanente, todos los asuntos que requieran intervención inmediata, entendiéndose por tales las situaciones referidas en el artículo 117 y en general, todos los casos en que exista riesgo de lesión o frustración de un derecho del niño o adolescente.

(Resto igual)

Modificación inciso quinto del artículo 26

El Instituto Nacional del Menor fiscalizará las instituciones privadas a las que concurran niños y adolescentes.

Agregar inciso final al artículo 26

El Instituto Nacional del Menor actuará como orientador y coordinador de todas las políticas de atención a la niñez y adolescencia supervisando el diseño de las mismas por parte de las entidades públicas o privadas vinculadas al tema.

Modificación del artículo 27 (Infracciones a la ley penal)

A los efectos del presente Código solo son infracciones a la ley penal:

1º) Ídem.

2º) Las acciones u omisiones ultraintencionales o culposas a que refieren los numerales 1º) y 2º) del artículo 30.

2º) Pasa a ser 3º.

3º) Pasa a ser 4º.

Modificación al literal B) del artículo 32

Los menores de catorce años son irresponsables. No obstante, cuando se encuentren involucrados en alguno de los delitos mencionados en los artículos 27 y 30, y solamente a efectos de la investigación judicial, se aplicarán las normas procesales especiales contenidas en el presente Código, siendo competentes los Jueces Letrados de Adolescentes o de no existir, los Jueces Letrados de Familia.

En este caso, solamente podrán adoptarse las medidas socioeducativas a que refieren los artículos 38 a 42.

Modificación al numeral 1º del artículo 34

(Actuaciones previas al proceso) literal E)

Si no fuera posible llevarlo de inmediato a presencia del Juez, previa autorización de éste, deberá conducírselo a la dependencia especializada del Instituto Nacional del Menor que corresponda, y solo en caso de indisponibilidad de ésta, a una del Instituto Policial, no pudiendo permanecer en este último lugar por más de doce horas.

Se suprime el inciso primero del numeral 2º del artículo 34, quedando redactado así:

En casos de infracciones de adolescentes a la ley penal, que lo justifiquen, el Juez dispondrá, en un plazo que no exceda las veinticuatro horas contadas desde el momento de la detención la realización de una audiencia preliminar.

En la audiencia deberá estar presente -bajo su más seria responsabilidad funcional- y so pena de nulidad, el Juez, el adolescente, su abogado defensor y el Ministerio Público.

Se procurará la presencia de los padres o responsables, y de ser esto imposible la de algún referente de vida del adolescente. Si no concurriera ninguno de los nombrados se deberá dejar expresa constancia en autos de las actuaciones practicadas a efectos de lograr su efectiva concurrencia.

Si no existiera peligro para su seguridad, podrán asistir también a la audiencia la víctima y los testigos.

Agregar al inciso tercero del numeral 2º del artículo 34

Poner una coma luego de "asisten" y agregar: especialmente su derecho a designar Defensor de su confianza. Se le interrogará expresamente acerca del trato habido durante la detención previa a la audiencia.

Asimismo, se preguntará al adolescente y a la víctima acerca de su disposición de someterse a un proceso de mediación cuando esto correspondiere, en los términos y con el alcance previstos en el artículo 41.

Inciso final del numeral 5º del artículo 34 (Medidas cautelares)

La internación provisoria se cumplirá en un establecimiento especial del Instituto Nacional del Menor.

El arresto domiciliario será regulado, supervisado y controlado por el Instituto Nacional del Menor.

Modificación al inciso final del numeral 10 del Artículo 34 (Audiencia Final). Se dará participación a sus padres o responsables y a la víctima si así lo solicitara.

Agregar como inciso final al artículo 42

Los regímenes de libertad asistida y vigilada se regularán de acuerdo a las directivas formuladas por el Instituto Nacional del Menor.

El régimen de libertad asistida podrá ser ejecutado por el Instituto Nacional del Menor o por otras instituciones públicas o privadas, pero siempre supervisada por aquél.

El régimen de libertad vigilada será de responsabilidad exclusiva del Estado.

Modificación al inciso segundo del artículo 50

Se cumplirán en centros especiales hasta la finalización de las medidas y de acuerdo a criterios, entre otros, de edad, complexión física, género, características psicosociales y culturales, adaptación a la convivencia y evolución o involución en la progresión educativa.

Modificación del artículo 60

A) Derechos (...) 6º).- A no ser trasladado del centro donde cumple la medida educativa sin que se dé cuenta de inmediato al Juez competente.

A conocer la fundamentación de la decisión en caso de traslado.

Todo traslado podrá ser recurrido conforme a derecho, sin efecto suspensivo.

Agregar como numeral 5º al artículo 61

Cuando el infractor haya sido procesado por la comisión de un delito de igual o superior gravedad al hecho que motivó la aplicación de la medida socioeducativa.

Cuando el delito fuera de menor gravedad que la infracción que motivó la medida socioeducativa, se clausurará el proceso si se hubieran cumplido las dos terceras partes de ésta.

Modificación del artículo 79

Del nombre según la filiación.

1º) El hijo legítimo llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre.

2º) El hijo natural inscripto por ambos padres llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre.

3º) El hijo natural inscripto por su padre llevará como primer apellido el de éste y como segundo el de la mujer que surja acreditada como su madre.

4º) El hijo natural inscripto por su madre llevará los dos apellidos de ésta.

5º) El hijo natural no inscripto por su padre ni por su madre llevará los dos apellidos de ésta en caso de ser conocida.

6º) El hijo natural cuyos padres se desconocen, inscripto de oficio, llevará dos apellidos de uso común seleccionados por el Oficial del Registro de Estado Civil interviniente.

7º) Los apellidos de uso común serán sustituidos por el del padre o la madre que reconozca a su hijo o sean declarados tales por sentencia, debiendo recabarse la voluntad del reconocido que haya cumplido los doce años de edad (artículo 83).

8º) El hijo natural inscripto por un familiar del niño llevará los apellidos de la madre conocida.

9º) En los casos de adopción plena, el hijo llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre legitimante (artículo 3º Ley Nº 10.674, de 20 de noviembre de 1945).

  La sentencia que autorice la adopción plena dispondrá el o los nombres de pila con que será inscripto el menor.

10) En los casos de adopción simple realizada por un matrimonio el o los apellidos del adoptado serán sustituidos por el del padre y madre adoptantes.

Si la adopción simple fuere realizada por un hombre, el adoptado sustituirá su primer apellido por el del adoptante.

Si la adopción simple fuere realizada por una mujer, el adoptado sustituirá su segundo apellido por el de la adoptante.

No obstante, si se tratare de la adopción de un mayor de doce años, este podrá convenir con el o los adoptantes si mantiene sus apellidos de origen o sustituye alguno de ellos por el del o de los adoptantes.

En la sentencia se dejará constancia de la decisión respecto de los apellidos del adoptado, la que será anotada al margen de la partida de nacimiento.

Modificación del artículo 80

Artículo 80.1

Todo progenitor tiene el derecho y el deber, cualquiera fuere su estado civil, de reconocer a sus hijos.

Artículo 80.2

Derógase el inciso tercero del artículo 227 del Código Civil.

Artículo 80.3

Se modifica el inciso cuarto del artículo 227 del Código Civil, que quedará redactado de la siguiente forma:

"No se admitirá el reconocimiento de hijo natural, aun después de disuelto el matrimonio, cuando se pretenda hacer a favor de persona que tenga posesión notoria de hijo legítimo, sin perjuicio de las acciones que legalmente se admiten para contestar esa filiación".

Artículo 80.4

Sustitúyense los artículos 214 a 221 del Código Civil, por los siguientes:

"ARTÍCULO 214.- Viviendo los cónyuges de consuno, y sin perjuicio de la prueba en contrario, la ley considera al marido padre de la criatura concebida por su esposa durante el matrimonio.

Las personas legitimadas por la ley, podrán destruir esta presunción acreditando que el vínculo biológico de paternidad no existe.

ARTÍCULO 215.- Se considera concebida dentro del matrimonio, la criatura nacida fuera de los ciento ochenta días después de contraído éste y dentro de los trescientos días siguientes a su disolución. Esta presunción es relativa.

ARTÍCULO 216.- Se considera, asimismo, al marido padre de la criatura nacida de su esposa dentro de los ciento ochenta días siguientes al matrimonio siempre que aquél haya conocido el embarazo antes de contraer matrimonio o haya admitido su paternidad expresa o tácitamente por cualquier medio inequívoco.

Fuera de estos casos, bastará al marido con negar judicialmente la paternidad de la criatura habida por su esposa, de lo que se le dará conocimiento a ésta, surgiendo el contradictorio para el caso de su oposición.

ARTÍCULO 217.- La presunción de paternidad del marido configurada conforme a lo dispuesto por los artículos 214, 215 y 216 del Código Civil, podrá ser libremente impugnada por el marido, el hijo o los herederos de uno u otro, dentro de los plazos y las condiciones que se disponen en los artículos siguientes.

ARTÍCULO 218.- El marido podrá ejercer la acción de desconocimiento de la paternidad a efectos de impugnar la presunción de legitimidad que hubiera surgido, dentro del plazo de un año contado desde que tomó conocimiento del nacimiento de la criatura cuya paternidad la ley le atribuye.

Esta acción es transmisible pudiendo sus herederos continuar o iniciar la misma si el marido hubiese muerto dentro del plazo hábil para deducirla. Los herederos dispondrán del plazo de un año a contar del fallecimiento del marido.

ARTÍCULO 219.- Hallándose el hijo en posesión del estado filiatorio legítimo, tenga o no su título, podrá impugnar la presunción de paternidad del marido actuando debidamente representado por un curador "ad hoc" dentro del plazo de un año a contar desde el nacimiento.

Si la acción no hubiera sido intentada durante la menor edad del hijo podrá éste ejercerla dentro del plazo de un año a partir de su mayoría de edad.

En caso de fallecer el hijo dentro del plazo hábil para interponer la demanda de impugnación de la paternidad, o durante su minoría de edad sin haberla interpuesto, la acción podrá ser ejercida por los herederos dentro del plazo que aquel contaba.

ARTÍCULO 220.- De faltar la posesión de estado de filiación legítima aun cuando exista su título, la acción de desconocimiento de la paternidad podrá ser intentada indistintamente por la madre, por un curador "ad hoc" que actúe en representación del hijo, por el padre biológico que manifieste su ánimo de reconocerlo o por el hijo al llegar a la mayoría de edad.

La madre y el padre biológico no podrán accionar una vez que su hijo haya llegado a la mayoría de edad.

En ausencia de posesión de estado de filiación legítima, la acción será imprescriptible para el hijo.

Cuando este artículo, el 219 y el inciso cuarto del artículo 227 se refieren a posesión de estado, no se requiere el transcurso del tiempo reclamado por el artículo 47 del Código Civil.

El acogimiento de la acción deducida por la madre o el padre biológico, dejará al hijo emplazado en el estado civil de hijo natural del demandante.

ARTÍCULO 221.- El proceso no será válidamente entablado si no intervienen en el mismo en calidad de sujetos activos o pasivos en su caso, el marido, la madre y el hijo de ésta".

Modificación del artículo 81

Modificar la expresión "no habilitados" por "emancipados".

Modificación del inciso final del artículo 82

Cambiar la expresión "en actas" por "en el acta"

Modificación del inciso primero del artículo 83

Suprimir la expresión "de la Dirección General del" quedando solamente la expresión "ante el Oficial del Registro de Estado Civil".

Eliminar el inciso segundo del artículo 83

Modificación del artículo 98

Cambiar la expresión "atención médica" por "salud".

Modificación del artículo 100

(De la vigencia de la prestación alimentaria)

La prestación alimentaria se debe desde la interposición de la demanda. Igual criterio se seguirá en los supuestos de aumento o disminución de la prestación.

Eliminar el inciso segundo.

Agregar al inciso final del artículo 102

"siempre que no puedan mantenerse por sí mismos".

Modificación del numeral 4º) del artículo 108

Cuando fallece el alimentante, sin perjuicio de las asignaciones alimenticias forzosas si correspondieren.

Modificación del artículo 111

Suprimir la última frase: "La resolución del Juez..." etcétera.

Modificación del artículo 112

(Medidas asegurativas de la prestación alimentaria)

En caso de prestar el alimentante servicios retribuidos por particulares o empresas, éstas tendrán la obligación de informar a la Sede que así lo solicite todo lo relativo a los ingresos de aquél dentro del plazo de quince días de recibido el oficio por el que se le reclama.

El incumplimiento de esta obligación hará pasibles a los particulares o empresas a la condena en astreintes.

La obligación de informar existe aun cuando el alimentante no integre los cuadros funcionales o planilla de trabajo, pero tuviese con la empresa o particular cualquier relación patrimonial o beneficio económico.

Cuando el alimentante prestase servicios retribuidos por particulares o empresas y se negare a cumplir la obligación de alimentos, se ordenará a aquellos que efectúen la retención correspondiente a los sueldos o haberes respectivos.

Agregar como inciso segundo al artículo 116

No obstante, cuando alguno de los Juzgados existentes ya hubiere intervenido en asuntos relacionados con una familia, los nuevos asuntos que se planteen respecto de ésta, serán de conocimiento de la Sede que ya tuvo intervención.

Agregar como inciso segundo al artículo 117

Igualmente se aplicarán a los niños que vulneren derechos de terceros.

Modificación del artículo 120

El inciso segundo del literal A) pasa como inciso final del artículo.

Modificación del Artículo 121

(Medidas de internación sin conformidad del niño o del adolescente)

El Juez solamente podrá ordenar la internación compulsiva en los siguientes casos:

A) Niño o adolescente con patología psiquiátrica.

B) Niños o adolescentes que cursen episodios agudos vinculados al consumo de drogas.

C) Niño o adolescente necesitado de urgente tratamiento médico destinado a protegerlo de grave riesgo a su vida o su salud.

En todos los casos deberá existir prescripción médica. El plazo máximo de la internación será de treinta días prorrogables por períodos de igual duración mediando indicación médica hasta el alta de internación.

El Instituto Nacional del Menor podrá aplicar directamente estas medidas mediando indicación médica y cuando su intervención obedece a la situación de un niño o un adolescente que pone en riesgo inminente su vida o la integridad física de otras personas, de todo lo que se dará cuenta inmediata al Juez de Familia de urgencia.

Agregar al inciso primero del artículo 122

Sea en régimen de tiempo completo, ambulatorio o semiambulatorio.

Agregar como numeral 6º) al artículo 133

Quien o quienes adopten deberán tener la tenencia del niño o del adolescente por un plazo no menor a un año.

Modificación del numeral 2º) del artículo 134

Cuando el adoptado no pueda darse a entender por ninguna forma, prestarán su consentimiento sus representantes legales.

Eliminar el inciso tercero del numeral 3º) del artículo 134

Modificación del numeral 1º) del artículo 135

Cambiar la expresión "familia natural" por "biológica o de origen".

Agregar como literal C) al numeral 4º) del artículo 135

Pérdida de la patria potestad por los padres que consienten la adopción, la que pasará al adoptante sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 133.

Modificación del inciso segundo del artículo 140

Suprimir la expresión "que declare la pérdida de la patria potestad".

Agregar como inciso tercero al artículo 151

El impedimento fundado de los solicitantes a concurrir personalmente a la audiencia hará que el Juzgado fije otra, pero en ningún caso se permitirá la representación por apoderado.

Modificación del artículo 160 (Trabajos nocivos)

El Instituto Nacional del Menor ante la presunción de la existencia de condiciones de trabajo peligrosas o nocivas para la salud o el desarrollo físico, espiritual o moral de los adolescentes solicitará la intervención de la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la que se pronunciará, en un plazo no mayor a los veinte días corridos sobre el carácter peligroso o nocivo de la actividad.

Modificación del artículo 163 (Carné de habilitación)

Para trabajar, los adolescentes deberán contar con carné de habilitación tramitado ante el Instituto Nacional del Menor en el que deberá constar:

A) Nombre.

B) Fecha y lugar de nacimiento.

C) Domicilio.

D) Consentimiento para trabajar del adolescente y sus responsables.

E) Constancia del examen médico que lo declare apto para el trabajo.

F) Constancia de haber completado el ciclo de enseñanza obligatoria o el nivel alcanzado.

Agregar como artículo entre el artículo 163 y el artículo 164. Artículo...(Deporte de riesgo, actividades artísticas, modelaje)

Está prohibida la participación de menores de edad en actividades deportivas de carácter profesional riesgosas para su vida, salud o moralidad.

Los menores de edad no podrán ser empleados o contratados como modelos o en representaciones artísticas de ningún género sin previa autorización del Instituto Nacional del Menor.

El Instituto Nacional del Menor reglamentará lo dispuesto en el presente artículo.

Agregar como inciso segundo al artículo 167

Los empleadores deberán llevar planillas en que se indique nombre y fecha de nacimiento de los adolescentes empleados, así como de los que reciban orientación o formación profesional en sus empresas.

Modificación del artículo 171

Cambiar la expresión "carecerá de validez" por "será nula".

Agregar como inciso final al artículo 186

En todas las situaciones contempladas en el presente artículo, el recurso de apelación presentado no tendrá efecto suspensivo.

Incorporar como numeral 4º) al artículo 191

Cuando el presunto hijo o su representante legal ejercite conjuntamente con la acción de investigación de paternidad o maternidad la de petición de herencia, el Actuario, bajo su más seria responsabilidad funcional, lo comunicará dentro de quince días al Registro correspondiente para su inscripción que producirá los efectos enunciados en el artículo 685 del Código Civil.

Si entre los demandados hubiese herederos testamentarios, o de los llamados a la herencia por el artículo 1025 del Código Civil, o cónyuge con derecho a gananciales o porción conyugal, cualquiera de ellos podrá obtener que se limite la interdicción a un bien o lote de bienes hereditarios cuyo valor cubra ampliamente la legítima del actor, el que solo sobre ese bien o lote podrá perseguir el pago de su haber hereditario cuando le sea reconocida la filiación invocada y sin perjuicio de la acción personal que le corresponda por restitución de frutos.

Eliminar los artículos 204 a 210 inclusive

Montevideo, 31 de agosto de 2000.

JORGE ORRICO, Representante por Montevideo".

Anexo XVIII al
Rep. Nº 22

"Comisión de Constitución, Códigos,

Legislación General y Administración

INFORME DE LA COMISIÓN, EN MINORÍA

(Artículo 134, inciso segundo del Reglamento)

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha considerado el proyecto de ley por el que se aprueba el Código de la Niñez y la Adolescencia.

En sus primeros Capítulos se regulan los principios generales, los derechos de los niños y adolescentes, los deberes del Estado, de los padres o responsables, así como los deberes de los niños y adolescentes. Se establece que todos los niños y adolescentes son titulares de derechos, deberes y garantías inherentes a su calidad de persona humana y por lo tanto tienen derecho a las medidas especiales de protección que su condición de sujeto en desarrollo exige por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

En cuanto a la interpretación de este Código, se tendrán en cuenta las disposiciones y principios generales que informan la Constitución de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño, leyes nacionales y demás instrumentos internacionales que obligan al país. En caso de vacío legal o insuficiencia se deberá recurrir a los criterios generales de integración y especialmente a las normas propias de cada materia. Asimismo y como un gran elemento innovador se establece en su artículo 6º un criterio específico de interpretación e integración: el interés superior del niño y adolescente.

Como derechos esenciales de los niños y adolescentes se consagra el intrínseco a la vida, dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura, participación, asociación, a ser tratado en igualdad de condiciones cualquiera sea su sexo, su religión, etnia o condición social.

En el artículo 12 se establece que la vida familiar es el ámbito adecuado para el mejor logro de la protección integral. Todo niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer junto a su familia y a no ser separado de ella por razones económicas. En los casos en que sobrevengan circunstancias especiales que determinen la separación del núcleo familiar, se respetará su derecho a mantener vínculos afectivos y contacto directo con uno o ambos padres, salvo si es contrario a su interés superior. Si el niño o adolescente carece de familia tendrá derecho a crecer en el seno de otra familia. En este sentido compartimos la postura del doctor Santiago Altieri al afirmar que "...la familia es el depósito de los valores que más profunda y permanentemente quedan grabados en el espíritu de sus miembros mediante la educación (virtudes propias, modos de valorar, ideales, actitudes religiosas, etcétera)" y que "...ser padre y ser madre es el modo natural de prolongar el propio ser y eso conlleva la dignificación de quienes lo son: los hace ser más dignos por que supone haber sido origen de otros seres humanos. Es preciso reconocer la dignidad de aquellos que son nuestro origen honrándoles y tratando de colmar una deuda impagable: la propia existencia".

En el Capítulo III se consagra la protección especial que el Estado debe asegurar a los niños respecto a toda forma de: a) abandono, abuso sexual o explotación de la prostitución; b) trato discriminatorio, hostigamiento, segregación o exclusión en los lugares de estudio, esparcimiento o trabajo; c) explotación económica o cualquier otro tipo de trabajo nocivo para su salud, educación o para su desarrollo físico, espiritual o moral; d) tratos crueles, inhumanos o degradantes; e) estímulo al consumo de tabaco, alcohol, inhalantes y drogas; f) situaciones que pongan en riesgo su vida o inciten a la violencia, como el uso y el comercio de armas.

El Código sostiene que son deberes de los padres o responsables respecto de los niños y adolescentes: a) respetar y tener en cuenta el carácter de sujeto de derecho del niño y adolescente, b) alimentar, cuidar su salud, su vestimenta, y velar por su educación, c) respetar el derecho a ser oído y considerar su opinión, d) colaborar para que sus derechos sean efectivamente gozados, e) corregir adecuadamente a sus hijos o tutelados, f) solicitar o permitir la intervención de servicios sociales especiales cuando se produzca un conflicto que no pueda ser resuelto en el interior de la familia y que pone en grave riesgo la vigencia de los derechos del niños y adolescente, g) velar por la asistencia regular a los centros de estudio y participar en el proceso educativo.

En materia de deberes de niños y adolescentes se afirma que deberán respetar y obedecer a sus padres o responsables, siempre que sus órdenes no lesionen sus derechos o contravengan las leyes; así como el deber de mantener una actitud de respeto en la vida de relación familiar, educativa y social; y de emplear sus energías físicas e intelectuales en la adquisición de conocimientos y desarrollo de sus habilidades y aptitudes, respetando el orden jurídico y conservando el medio ambiente.

En cuanto a las políticas sociales de promoción y protección de la niñez y adolescencia se establecen como objetivos fundamentales la promoción social y la protección y atención integral, asegurando un cuidado especial por parte del Estado y la sociedad ante la necesidad de ofrecer atención personalizada en determinadas situaciones.

En materia de filiación se establece que todo niño o adolescente tiene derecho a conocer quiénes son sus padres y recibir de ellos y/o sus responsables la protección y cuidado necesario para su adecuado desarrollo integral.

A partir de 1934 se impuso a la ley la adopción de medidas consideradas "necesarias" para que la infancia y juventud sean protegidas contra el abandono corporal, intelectual o moral de sus padres o tutores, equiparando en cuanto a tales deberes tanto a los hijos nacidos dentro del matrimonio como a quienes no lo fueron.

En cuanto a los adolescentes y las infracciones a la ley penal, se establecen como tales: 1) Las acciones u omisiones dolosas consumadas, cometidas en calidad de autor o coautor, a las que el Código Penal o las leyes penales especiales señalan una pena cuyo límite mínimo es superior a un año de prisión o cuyo límite máximo es superior a los tres años de penitenciaría; 2) Las acciones u omisiones culposas consumadas cometidas en calidad de autor, coautor, tipificadas por el Código Penal y las leyes penales especiales, cuando el Juez reúna los elementos de convicción suficientes fundados exclusivamente en el desarrollo de la personalidad psicosocial del infractor, que permita concluir que el adolescente disponía de la capacidad cognitiva de las posibles consecuencias de su obrar; 3) La participación en calidad de cómplice en infracciones gravísimas a la ley penal.

Se establece la clasificación de infracción a la ley penal en graves y gravísimas, pudiendo ser sometido a un proceso especial regulado por este código al adolescente a quien se le puede atribuir material y psicológicamente un hecho constitutivo de infracción a la ley penal.

En todos los casos en que al adolescente se le impute el haber incurrido en actos que se presuman comportan infracción a la ley penal, deberá asegurarse el cumplimiento estricto de las garantías del debido proceso, especialmente las siguientes: 1) Principio de judicialidad y legalidad, mediante el cual el adolescente imputado de haber cometido una infracción a la ley penal, será juzgado por los jueces competentes, asegurando la vigencia de las normas constitucionales, legales e instrumentos internacionales, especialmente la Convención de los Derechos del Niño; 2) Principio de responsabilidad, por el cual solo puede ser sometido a proceso especial, regulado por este Código, el adolescente mayor de 13 y menor de 18 años de edad imputado de infracción a la ley penal; 3) Solo puede ser detenido en casos de infracciones flagrantes o existiendo elementos de convicción suficientes sobre la comisión de una infracción; 4) Principio de humanidad: el adolescente privado de libertad será tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana. Ningún adolescente será sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni experimentos médicos o científicos; 5) Inviolabilidad de la defensa: tiene derecho a contar en forma permanente con asistencia jurídica gratuita, especializada, pública o privada, a partir de la detención, durante el proceso y hasta la ejecución completa de las medidas.

Se establece un sistema de medidas cautelares en el que el Juez, a pedido del Ministerio Público y oída la defensa, dispondrá aquellas necesarias que menos perjudiquen al adolescente. Son medidas cautelares: 1) La prohibición de salir del país. 2) La prohibición de acercarse a la víctima o a otras personas, de concurrir a determinados lugares o de tomar contacto con personas determinadas. 3) La obligación de concurrir periódicamente al tribunal o ante la autoridad que el Juez determine. 4) El arresto domiciliario. 5) La internación provisoria.

Se regulan medidas socioeducativas no privativas de la libertad, y privativas de libertad, estableciendo un régimen de privación de libertad que da garantías al adolescente, a las víctimas y a la sociedad en su conjunto. Las medidas socioeducativas ofrecen opciones dinámicas de contenido altamente resocializador.

A partir del artículo 34 se regula la tenencia por los padres y por terceros estableciendo en todos los casos la primacía del interés superior del niño.

Se establece un sistema de visitas y se sanciona en aquellos casos que existe incumplimiento en permitir las visitas.

En cuanto al régimen alimentario el deber de asistencia está constituido por los deberes y obligaciones a cargo de los integrantes de la familia u otros legalmente asimilados a ellos, cuya finalidad es la protección material y moral de los miembros de la misma. Los alimentos están constituidos por las prestaciones monetarias o en especie que sean bastantes para satisfacer, según las necesidades particulares de cada caso, las necesidades relativas al sustento, habitación, vestimenta, salud y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio, educación, cultura y recreación.

En Capítulo XI se establece un principio general sobre la protección de los derechos amenazados o vulnerados de los niños y adolescentes y situaciones especiales, con medidas específicas para que sea efectiva dicha protección. Se especifica asimismo que se entiende por maltrato y abuso del niño o adolescente las siguientes situaciones no necesariamente taxativas: maltrato físico, maltrato psíquico–emocional, prostitución infantil, pornografía, abuso sexual y abuso psíquico o físico.

Este nuevo proyecto de Código, asimismo, regula tanto la adopción en el ámbito nacional como la adopción internacional, considerándose esta última a la que se lleva a cabo por matrimonios con domicilio o residencia habitual en el extranjero, con relación a niños o adolescentes con domicilio o residencia habitual en la República. Se establece que en el Registro General de Adopciones, que será llevado por el Instituto Nacional del Menor constarán los datos del niño o adolescente adoptado, los datos completos de los adoptantes, y el Juzgado en que se tramitó el proceso respectivo.

El Capítulo XII regula la situación de los niños y adolescentes con relación al trabajo en donde el estatuto de los adolescentes que trabajan se regulará conforme a las normas de este Código, leyes especiales, tratados, convenciones y convenios internacionales ratificados por el país. Para el trabajo de los menores tanto en la actividad pública como privada, en cualquier sector de la actividad económica, salvo excepciones establecidas en este Código o que establezca el Instituto Nacional del Menor, se establece una edad mínima de quince años.

A efectos de combatir la corrupción de los menores de dieciocho años, se les prohibe la concurrencia a casinos, prostíbulos o similares, whiskerías y night clubs, cualquiera sea su denominación. Además se prohibe la venta, provisión, arrendamiento o distribución a los menores de dieciocho años, de: 1) armas, municiones y explosivos; 2) bebidas alcohólicas; 3) tabacos, fármacos, pegamentos u otras sustancias que puedan significar un peligro o crear dependencia física o psíquica; y 4) revistas, publicaciones, video casetes, discos compactos u otras formas de comunicación que violen los principios de protección establecidos en este Código.

Por los argumentos expuestos, se aconseja al plenario la aprobación del siguiente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 13 de diciembre de 2001.

JORGE BARRERA, Miembro informante, GUSTAVO BORSARI BRENNA, ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES, LUIS ALBERTO LACALLE POU.

PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1º. (Ámbito de aplicación).- El Código de la Niñez y la Adolescencia es de aplicación a todos los seres humanos menores de dieciocho años de edad.

A los efectos de la aplicación de este Código, se entiende por niño a todo ser humano hasta los trece años de edad y por adolescente a los mayores de trece y menores de dieciocho años de edad.

Siempre que este Código se refiere a niños y adolescentes comprende ambos géneros.

Artículo 2º. (Sujetos de derechos, deberes y garantías).- Todos los niños y adolescentes son titulares de derechos, deberes y garantías inherentes a su calidad de personas humanas.

Artículo 3º. (Principio de protección de los derechos).- Todo niño y adolescente tiene derecho a las medidas especiales de protección que su condición de sujeto en desarrollo exige por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Artículo 4º. (Interpretación).- Para la interpretación de este Código, se tendrán en cuenta las disposiciones y principios generales que informan la Constitución de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño, leyes nacionales y demás instrumentos internacionales que obligan al país.

En los casos de duda se deberá recurrir a los criterios generales de interpretación y, especialmente, a las normas propias de cada materia.

Artículo 5º. (Integración).- En caso de vacío legal o insuficiencia se deberá recurrir a los criterios generales de integración y, especialmente, a las normas propias de cada materia.

Artículo 6º. (Criterio específico de interpretación e integración: el interés superior del niño y adolescente).- Para la interpretación e integración de este Código se deberá tener en cuenta el interés superior del niño y adolescente, que consiste en el reconocimiento y respeto de los derechos inherentes a su calidad de persona humana. En consecuencia, este principio no se podrá invocar para menoscabo de tales derechos.

Artículo 7º. (Concurrencia para la efectividad y la protección de los derechos de los niños y adolescentes).-

1) La efectividad y protección de los derechos de los niños y adolescentes es prioritariamente de los padres o tutores -en su caso-, sin perjuicio de la corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado.

2) El Estado deberá actuar en las tareas de orientación y fijación de las políticas generales aplicables a las distintas áreas vinculadas a la niñez y adolescencia y a la familia, coordinando las actividades públicas y privadas que se cumplen en tales áreas.

3) En casos de insuficiencia, defecto o imposibilidad de los padres y demás obligados, el Estado deberá actuar preceptivamente, desarrollando todas las actividades integrativas, complementarias o supletivas que sean necesarias para garantizar adecuadamente el goce y ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes.

CAPÍTULO II

DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo 8º. (Principio general).- Todo niño y adolescente goza de los derechos inherentes a la persona humana. Tales derechos serán ejercidos de acuerdo a la evolución de sus facultades, y en la forma establecida por la Constitución de la República, los instrumentos internacionales, este Código y las leyes especiales. En todo caso tiene derecho a ser oído y obtener respuestas cuando se tomen decisiones que afecten su vida.

Podrá acudir a los Tribunales y ejercer los actos procesales en defensa de sus derechos, siendo preceptiva la asistencia letrada. El Juez ante quien acuda tiene el deber de designarle curador, cuando fuere pertinente, para que lo represente y asista en sus pretensiones.

Los Jueces, bajo su más seria responsabilidad, deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de lo establecido en los incisos anteriores, debiendo declararse nulas las actuaciones cumplidas en forma contraria a lo aquí dispuesto.

Artículo 9º. (Derechos esenciales).- Todo niño y adolescente tiene derecho intrínseco a la vida, dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura, participación, asociación, a los beneficios de la seguridad social y a ser tratado en igualdad de condiciones cualquiera sea su sexo, su religión, etnia o condición social.

Artículo 10. (Derecho del niño y adolescente con capacidad diferente).- Todo niño y adolescente, con capacidad diferente psíquica, física o sensorial, tiene derecho a vivir en condiciones que aseguren su participación social a través del acceso efectivo especialmente a la educación, cultura y trabajo.

Este derecho se protegerá cualquiera sea la edad de la persona.

Artículo 11. (Derecho a la privacidad de la vida).- Todo niño y adolescente tiene derecho a que se respete la privacidad de su vida. Tiene derecho a que no se utilice su imagen en forma lesiva, ni se publique ninguna información que lo perjudique y pueda dar lugar a la individualización de su persona.

Artículo 12. (Derecho al disfrute de sus padres y familia).- La vida familiar es el ámbito adecuado para el mejor logro de la protección integral.

Todo niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer junto a su familia y a no ser separado de ella por razones económicas.

Solo puede ser separado de su familia cuando, en su interés superior y en el curso de un debido proceso, las autoridades determinen otra relación personal sustitutiva.

En los casos en que sobrevengan circunstancias especiales que determinen la separación del núcleo familiar, se respetará su derecho a mantener vínculos afectivos y contacto directo con uno o ambos padres, salvo si es contrario a su interés superior.

Si el niño o adolescente carece de familia, tiene derecho a crecer en el seno de otra familia o grupo de crianza, la que será seleccionada atendiendo a su bienestar.

Solo en defecto de esta alternativa, se considerará el ingreso a un establecimiento público o privado. Se procurará que su estancia en el mismo sea transitoria.

Artículo 13. (Conflictos armados).- Los niños y adolescentes no pueden formar parte de las hostilidades en conflictos armados ni recibir preparación para ello.

CAPÍTULO III

DE LOS DEBERES DEL ESTADO

Artículo 14. (Principio general).- El Estado protegerá los derechos de todos los niños y adolescentes sujetos a su jurisdicción, independientemente del origen étnico, nacional o social, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, la posición económica, los impedimentos psíquicos o físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño o de sus representantes legales.

El Estado pondrá el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres o sus representantes legales, cuya preocupación fundamental será el interés superior del niño, tienen obligaciones y derechos comunes en lo que respecta a su crianza y desarrollo.

El Estado asegurará la aplicación de toda norma que dé efectividad a esos derechos.

Artículo 15. (Protección especial).- El Estado tiene la obligación de proteger especialmente a los niños y adolescentes respecto a toda forma de:

A) Abandono, abuso sexual o explotación de la prostitución.

B) Trato discriminatorio, hostigamiento, segregación o exclusión en los lugares de estudio, esparcimiento o trabajo.

C) Explotación económica o cualquier tipo de trabajo nocivo para su salud, educación o para su desarrollo físico, espiritual o moral.

D) Tratos crueles, inhumanos o degradantes.

E) Estímulo al consumo de tabaco, alcohol, inhalantes y drogas.

F) Situaciones que pongan en riesgo su vida o inciten a la violencia, como el uso y el comercio de armas.

G) Situaciones que pongan en peligro su seguridad, como detenciones y traslados ilegítimos.

H) Situaciones que pongan en peligro su identidad, como adopciones ilegítimas y ventas.

I) Incumplimiento de los progenitores o responsables de alimentarlos, cuidar su salud y velar por su educación.

CAPÍTULO IV

DE LOS DEBERES DE LOS PADRES O RESPONSABLES

Artículo 16. (De los deberes de los padres o responsables).- Son deberes de los padres o responsables respecto de los niños y adolescentes:

A) Respetar y tener en cuenta el carácter de sujeto de derecho del niño y del adolescente.

B) Alimentar, cuidar su salud, su vestimenta y velar por su educación.

C) Respetar el derecho a ser oído y considerar su opinión.

D) Colaborar para que sus derechos sean efectivamente gozados.

E) Prestar orientación y dirección para el ejercicio de sus derechos.

F) Corregir adecuadamente a sus hijos o tutelados.

G) Solicitar o permitir la intervención de servicios sociales especiales cuando se produzca un conflicto que no pueda ser resuelto en el interior de la familia y que pone en grave riesgo la vigencia de los derechos del niño y del adolescente.

H) Velar por la asistencia regular a los centros de estudio y participar en el proceso educativo.

I) Todo otro deber inherente a su calidad de tal.

CAPÍTULO V

DE LOS DEBERES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo 17. (De los deberes de los niños y adolescentes).- Todo niño y adolescente tiene el deber de mantener una actitud de respeto en la vida de relación familiar, educativa y social, así como de emplear sus energías físicas e intelectuales en la adquisición de conocimientos y desarrollo de sus habilidades y aptitudes.

Especialmente deberán:

A) Respetar y obedecer a sus padres o responsables, siempre que sus órdenes no lesionen sus derechos o contravengan las leyes.

B) Cuidar, en la medida de sus posibilidades, a sus ascendientes en su enfermedad y ancianidad.

C) Respetar los derechos, ideas y creencias de los demás.

D) Respetar el orden jurídico.

E) Conservar el medio ambiente.

F) Prestar, en la medida de sus posibilidades, el servicio social o ayuda comunitaria, cuando las circunstancias así lo exijan.

G) Cuidar y respetar su vida y su salud.

CAPÍTULO VI

POLÍTICAS SOCIALES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Artículo 18. (Objetivos).- Son objetivos fundamentales:

A) Promoción social. Deberá asegurarse la promoción tendiente a favorecer el desarrollo integral de todas las potencialidades del niño y del adolescente como persona en condición de ser en desarrollo, a efectos de procurar su integración social en forma activa y responsable como ciudadano. Se cuidará especialmente la promoción en equidad, evitando que se generen desigualdades por conceptos discriminatorios por causa de sexo, etnia, religión o condición social.

B) Protección y atención integral. Deberá asegurarse una protección integral de los derechos y deberes de los niños y adolescentes, así como asegurar una atención especial por parte del Estado y de la sociedad ante la necesidad de ofrecer atención personalizada en determinadas situaciones.

Artículo 19. (Vida familiar y en sociedad).- Son principios básicos:

A) El fortalecimiento de la integración y permanencia de los niños y adolescentes en los ámbitos primarios de socialización: la familia y las instituciones educativas.

B) La descentralización territorial que asegure el acceso de los niños, adolescentes y familias en toda la gama de servicios básicos.

C) La participación de la sociedad civil y la promoción de la solidaridad social hacia los niños y adolescentes.

Artículo 20. (Afirmación de políticas sociales).- Las normas que regulan la vigencia efectiva de los derechos de los niños y adolescentes en las áreas de supervivencia y desarrollo, requerirán de la implementación de un sistema de políticas sociales básicas, complementarias, de protección especial, de carácter integral, que respondan a la diversidad de realidades y comprendan la coordinación entre el Estado y la sociedad civil.

Artículo 21. (Criterio rector).- Es criterio rector velar por el desarrollo armónico de los niños y adolescentes, correspondiendo fundamentalmente a la familia y a los sistemas de salud y educación su seguimiento hasta la mayoría de edad, según el principio de concurrencia que emerge del artículo 7º de este Código.

Artículo 22. (Líneas de acción).- La atención hacia la niñez y la adolescencia se orientará primordialmente a:

A) La aplicación de políticas sociales básicas, que hagan efectivos los derechos consagrados en la Constitución de la República, para todos los niños y los adolescentes.

B) La creación de programas de atención integral, para aquellos que lo necesiten, por carencia temporal o permanente: niños y adolescentes con capacidad diferente, situación de desamparo o marginalidad.

C) La implementación de medidas apropiadas para que los niños tengan derecho a beneficiarse de los servicios de instalaciones de guarda, especialmente en el caso de que los padres trabajen.

D) La adopción de programas integrales y servicios especiales de prevención y atención médica y psicosocial a las víctimas de negligencia, maltrato, violencia o explotación laboral o sexual.

E) La aplicación de programas de garantías para la protección jurídico-social de los niños y adolescentes en conflicto con la ley, y de educación para la integración social.

F) La adopción de programas de promoción de la niñez y adolescencia en las áreas deportivas, culturales y recreativas, entre otras.

G) La creación de sistemas de indicadores de desarrollo del niño y del adolescente, respetando el derecho a la privacidad y el secreto profesional.

CAPÍTULO VII

I - De la filiación

Artículo 23.- (Derecho a la filiación).- Todo niño y adolescente tiene derecho a conocer quiénes son sus padres.

Artículo 24. (Derecho a la protección).- Todo niño y adolescente tiene derecho, hasta la mayoría de edad, a recibir de sus padres y responsables la protección y cuidados necesarios para su adecuado desarrollo integral y es deber de éstos el proporcionárselos.

Artículo 25. (Derecho a la identidad).- Sin perjuicio de las normas del Registro de Estado Civil, el recién nacido deberá ser identificado mediante las impresiones plantar y digital acompañadas por la impresión digital de la madre.

Todas las maternidades públicas y privadas deberán llevar un registro para cumplir con lo dispuesto en el inciso anterior, al momento de realizarse el parto. Se le otorgará copia a la madre y se enviará otra al Registro de Estado Civil.

Los médicos o parteros que asistan nacimientos fuera de la maternidad, deberán realizar el registro de igual forma y, en caso de imposibilidad, anotarlo en la historia clínica.

En este último caso y fuera de las hipótesis señaladas anteriormente, las impresiones digital y plantar del recién nacido se tomarán al momento de hacerse la inscripción en el Registro de Estado Civil.

Artículo 26. (Derecho al nombre y apellidos familiares). Todo niño tiene derecho, desde su nacimiento, a ser inscripto con nombre y apellido.

Artículo 27. (Del nombre).-

1) El hijo habido dentro del matrimonio llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre.

2) El hijo habido fuera del matrimonio inscripto por ambos padres, llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre.

3) El hijo habido fuera del matrimonio inscripto por su padre llevará como primer apellido el de éste y como segundo el de la mujer que surja acreditada como su madre.

4) El hijo habido fuera del matrimonio inscripto por su madre llevará los dos apellidos de ésta. Si la madre no tuviere segundo apellido el niño llevará como primero el de su madre biológica seguido de uno de uso común.

5) El hijo habido fuera del matrimonio que no es inscripto por su padre ni por su madre, llevará igualmente en segundo lugar el apellido de su madre, en caso de ser ésta conocida y en primer lugar uno de uso común.

6) El hijo habido fuera del matrimonio cuyos padres se desconocen, inscripto de oficio, llevará dos apellidos de uso común seleccionados por el Oficial del Registro de Estado Civil interviniente.

7) Los apellidos de uso común serán sustituidos por el del padre o la madre que reconozca a su hijo o sean declarados tales por sentencia, debiendo recabarse a tales efectos la voluntad del reconocido que haya cumplido los trece años de edad (artículo 32).

8) El hijo habido fuera del matrimonio inscripto por un familiar del niño, llevará dos apellidos, como primer apellido uno de uso común, seleccionado por el familiar interviniente y en segundo lugar el de la madre conocida.

9) En los casos de legitimación adoptiva, el hijo llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre legitimantes. La sentencia que autorice la legitimación adoptiva dispondrá el o los nombres de pila con que será inscripto el legitimado.

10) En los casos de adopción simple realizada por un matrimonio, el o los apellidos del adoptado serán sustituidos por el del padre y madre adoptantes. Si la adopción simple fuere realizada por un hombre, el adoptado sustituirá su primer apellido por el del adoptante. Si la adopción simple fuere realizada por una mujer, el adoptado sustituirá su segundo apellido por el de la adoptante. No obstante, si se tratare de la adopción de un adolescente, podrá convenir con el o los adoptantes si mantendrá sus apellidos de origen o sustituirá alguno de ellos por el del o de los adoptantes.

En la sentencia deberá dejarse constancia de la decisión respecto de los apellidos del adoptado, la que será anotada al margen de la partida de nacimiento.

Artículo 28. (Derecho y deber a reconocer los hijos propios).- Todo progenitor tiene el derecho y el deber, cualquiera fuere su estado civil, de reconocer a sus hijos.

Derógase el inciso tercero del artículo 227 del Código Civil.

Modifícase la redacción del inciso cuarto del artículo 227 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma: "No se admitirá el reconocimiento de hijos naturales, aun después de disuelto el matrimonio, cuando ese reconocimiento se pretenda hacer a favor de una persona que tenga la posesión notoria de hijo legítimo, sin perjuicio de las acciones que, legalmente, se admiten para contestar esa filiación".

Entiéndese, en todo el ordenamiento jurídico, las expresiones "hijo legítimo" e "hijo natural" como "hijo habido dentro del matrimonio" e "hijo habido fuera del matrimonio", respectivamente.

Artículo 29.- Sustitúyense los artículos 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 y 221 del Código Civil, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 214.- Viviendo los cónyuges de consuno, y sin perjuicio de la prueba en contrario, la ley considera al marido padre de la criatura concebida por su esposa durante el matrimonio.

Las personas legitimadas por la ley, podrán destruir esta presunción acreditando que el vínculo biológico de paternidad no existe.

ARTÍCULO 215.- Se considera concebida dentro del matrimonio, a la criatura nacida fuera de los ciento ochenta días después de contraído éste y dentro de los trescientos días siguientes a su disolución. Esta presunción es relativa.

ARTÍCULO 216.- Se considera, asimismo, al marido padre de la criatura nacida de su mujer, dentro de los ciento ochenta días siguientes al matrimonio, siempre que aquél haya conocido el embarazo antes de contraer matrimonio o haya admitido su paternidad expresa o tácitamente por cualquier medio inequívoco. Fuera de estos casos, bastará al marido con negar judicialmente la paternidad de la criatura habida por su mujer, de lo que se le dará conocimiento a ésta. Si la madre se opusiera surgirá el contradictorio.

ARTÍCULO 217.- La presunción de paternidad del marido que se configura conforme a lo dispuesto por los artículos 214, 215 y 216 de este Código, podrá ser libremente impugnada por el marido, el hijo o los herederos de uno u otro, dentro de los plazos y en las condiciones que se dispone en los artículos siguientes.

ARTÍCULO 218.- El marido podrá ejercer la acción de desconocimiento de paternidad a efectos de impugnar la presunción de legitimidad que hubiera surgido, dentro del plazo de un año contado desde que tomó conocimiento del nacimiento de la criatura cuya paternidad la ley le atribuye.

Sus herederos podrán continuar la acción intentada por éste, o iniciar la misma, si el marido hubiera muerto dentro del plazo hábil para deducirla. Los herederos dispondrán del plazo de un año a contar desde el fallecimiento del marido.

ARTÍCULO 219.- Hallándose el hijo en posesión del estado filiatorio legítimo, tenga o no su título, podrá impugnar la presunción de paternidad, actuando debidamente representado por un curador ad litem, dentro del plazo de un año a contar desde el nacimiento. Si la acción no hubiera sido intentada durante la menor edad del hijo, podrá ejercerla éste dentro del plazo de un año a partir de su mayoría. En caso de fallecer el hijo dentro del plazo hábil para interponer la demanda de impugnación de la paternidad o durante su minoría de edad sin haberla interpuesto, la acción podrá ser ejercida por los herederos de éste dentro del plazo que aquél contaba.

ARTÍCULO 220.- De faltar la posesión de estado de filiación legítima aun cuando exista su título, la acción de desconocimiento de paternidad podrá ser intentada indistintamente por la madre, por un curador ad litem que actúe en representación del hijo, por el padre biológico que manifieste su ánimo de reconocerlo o por el hijo al llegar a la mayoría de edad. La madre y el padre biológico no podrán accionar una vez que su hijo haya llegado a la mayoría de edad. En ausencia de posesión de estado de filiación legítima, la acción será imprescriptible para el hijo.

En los casos en que este artículo, el precedente y el inciso cuarto del artículo 227 se refieren a posesión de estado, no se requiere el transcurso del tiempo reclamado por el artículo 47 de este Código.

El acogimiento de la acción deducida por la madre o por el padre biológico, dejará al hijo emplazado en el estado civil de hijo natural del demandante.

ARTÍCULO 221.- El proceso no será válidamente entablado si no intervienen en el mismo, en calidad de sujetos activos o pasivos, en su caso, el marido, la madre y el hijo de ésta".

Artículo 30. (Capacidad de los padres para reconocer a sus hijos).- Todo progenitor tiene el derecho y el deber, cualquiera fuere su estado civil y edad, a reconocer a su hijo.

No obstante, las mujeres menores de doce años y los varones menores de catorce no podrán realizar reconocimientos válidos sin aprobación judicial, previa vista del Ministerio Público.

En los casos de padres niños o adolescentes no casados, el Juez decidirá a quién se le atribuyen los derechos y deberes inherentes a la tutela, otorgando preferencia a los abuelos que convivan con el padre que reconoce y el reconocido.

Previo a todas las decisiones a que refiere el inciso anterior que requieran autorización judicial, se deberá oír al padre o a la madre que haya reconocido al hijo y que aún no tenga dieciocho años cumplidos de edad.

La patria potestad será ejercida en forma plena por ambos padres, a partir de que éstos cumplan dieciocho años.

Artículo 31. (Formalidades del reconocimiento). El reconocimiento puede tener lugar:

1) Por la simple declaración formulada ante el Oficial del Registro de Estado Civil por el padre o la madre biológicos en oportunidad de la inscripción del nacimiento del hijo, como hijo habido fuera del matrimonio, suponiendo la sola inscripción reconocimiento expreso.

2) Por testamento, en cuyo caso el reconocimiento podrá ser expreso o implícito.

3) Por escritura pública.

Artículo 32. (Voluntad del hijo).- Cuando el hijo fuere reconocido luego de haber cumplido trece años de edad, tiene derecho a expresar en forma ante el Oficial del Registro de Estado Civil su voluntad de seguir usando los apellidos con los que hasta entonces era identificado. Dicha expresión de voluntad será anotada al margen de su partida de nacimiento.

Artículo 33. (Inscripción tardía).- El derecho consagrado en el artículo anterior, también rige para los supuestos de inscripciones tardías de hijos mayores de trece años.

Tratándose de inscripción tardía de hijos habidos dentro del matrimonio, basta con la presencia de uno o de ambos padres, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes.

II - De la tenencia del niño y adolescente

Artículo 34. (Tenencia por los padres).-

1) Cuando los padres estén separados, se determinará de común acuerdo cómo se ejercerá la tenencia (artículo 177 del Código Civil).

2) De no existir acuerdo de los padres, la tenencia la resolverá el Juez de Familia, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento.

Artículo 35. (Facultades del Juez de Familia).- En caso de no existir acuerdo de los padres, el Juez resolverá, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

A) El hijo deberá permanecer con el padre o la madre con quien convivió el mayor tiempo, siempre que lo favorezca.

B) Preferir a la madre cuando el niño sea menor de dos años, siempre que no sea perjudicial para él.

C) Bajo su más seria responsabilidad funcional, el Juez siempre deberá oír y tener en cuenta la opinión del niño o adolescente.

Artículo 36. (Tenencia por terceros).-

1) Cualquier interesado puede solicitar la tenencia de un niño o adolescente siempre que ello tenga como finalidad el interés superior de éste. El Juez competente, bajo la más seria responsabilidad funcional, deberá evaluar el entorno familiar ofrecido por el interesado.

2) La persona que ejerce la tenencia de un niño o adolescente está obligada a brindarle la protección y cuidados necesarios para su desarrollo integral.

3) La persona que no se sienta capacitada para proseguir con la tenencia, deberá ponerlo en conocimiento del Juez de Familia, quien resolverá la situación del niño o adolescente.

Artículo 37. (Procedimiento).- Todas las pretensiones relativas a la tenencia, recuperación de tenencia o guarda de los niños o adolescentes, se regularán por el procedimiento extraordinario consagrado en los artículos 346, 347, 349 y 350 del Código General del Proceso. La ratificación de tenencia se tramitará por el procedimiento voluntario (artículos 402 y siguientes del Código General del Proceso). Es Juez competente para conocer en dichas pretensiones, el del domicilio del niño o adolescente.

III - Visitas

Artículo 38. (Principio general).- Todo niño y adolescente tiene derecho a mantener el vínculo, en orden preferencial, con sus padres, abuelos y demás familiares y consecuentemente, a un régimen de visitas con los mismos. Sin perjuicio que el Juez competente basado en el interés superior del niño o adolescente, incluya a otras personas con las que aquél haya mantenido vínculos afectivos estables.

Artículo 39. (Determinación de las visitas).-

1) La determinación de las visitas se fijará de común acuerdo entre las partes.

2) A falta de acuerdo, o que se impida o limite el ejercicio del derecho mencionado, el Juez de Familia fijará el mismo. Se garantizará el derecho del niño o adolescente a ser oído, teniendo en cuenta su opinión, la cual se recabará en un ámbito adecuado.

Artículo 40. (Incumplimiento en permitir las visitas).- La parte que está obligada a permitir las visitas o entregar al niño o adolescente de acuerdo al régimen establecido, y se negara en forma inmotivada, habilitará a que la otra parte acuda personalmente ante el Juez de Familia de Urgencia o quien haga sus veces en donde este no exista, el cual dispondrá de inmediato la comparecencia de la parte incumplidora, siendo notificada por la Policía. En caso de incomparecencia, podrá ser conducida por la fuerza pública, si así lo dispusiere el Juez.

El Juez de Familia de Urgencia o quien haga sus veces, escuchará a ambas partes y de ser inmotivada la reticencia de la parte obligada a permitir las visitas, dispondrá -apreciando las circunstancias del caso, la edad y especialmente los intereses del niño o adolescente- la entrega del mismo a la parte que lo reclama, la cual deberá reintegrarlo según lo acordado, salvo que el Juez de Familia entienda que deberá conservarlo el solicitante, hasta tanto resuelva el Juez de la causa.

Artículo 41. (Régimen de visitas definitivo).- El día hábil inmediato siguiente, el Juez de Familia de Urgencia o quien haga sus veces en donde este no exista dará cuenta al Juez de Familia que intervino en la fijación del régimen de visitas, remitiéndole los antecedentes, quien resolverá en definitiva sobre el mantenimiento o no del régimen fijado.

A tales efectos, deberá convocar a las partes a una audiencia, la cual deberá celebrarse en un plazo no mayor a los tres días hábiles de recibidos los antecedentes. En dicha audiencia será preceptiva la presencia del Ministerio Público y Fiscal, así como la asistencia letrada.

Artículo 42. (Incumplimiento en realizar las visitas).- Si la parte a cuyo favor se establece un régimen de visitas, no cumpliere con el mismo, podrá la otra parte acudir al Juez de Familia competente, explicando la situación y la repercusión que la falta de cumplimiento por parte del obligado tiene sobre sus hijos.

En tal caso se aplicará lo dispuesto en el inciso primero del artículo 40 y el artículo 41.

Artículo 43. (Sanción por incumplimiento).- El incumplimiento grave o reiterado del régimen de visitas homologado o fijado judicialmente podrá originar la variación de la tenencia si ello no perjudicara el interés del niño o adolescente, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que fije el Juez a instancia de parte o de oficio, cuyo producido será en beneficio de aquél.

El Juez deberá hacer saber a la parte incumplidora que el desatender las necesidades afectivas de los hijos puede dar lugar a la pérdida de la patria potestad y al delito previsto en el artículo 279 B del Código Penal.

Artículo 44. (Principio general de procedimiento).- Todas las pretensiones que conciernen al régimen de visitas, se regularán por el procedimiento extraordinario consagrado en los artículos 346, 347, 349 y 350 del Código General del Proceso.

Es Juez competente para conocer en dichas pretensiones, el del domicilio del niño o adolescente.

CAPÍTULO VIII

DE LOS ALIMENTOS

Artículo 45. (Concepto de deber de asistencia familiar).- El deber de asistencia familiar está constituido por los deberes y obligaciones a cargo de los integrantes de la familia u otros legalmente asimilados a ellos, cuya finalidad es la protección material y moral de los miembros de la misma.

Bajo la denominación de alimentos, se alude en este Código a la asistencia material.

Artículo 46. (Concepto de alimentos).- Los alimentos están constituidos por las prestaciones monetarias o en especie que sean bastantes para satisfacer, según las circunstancias particulares de cada caso, las necesidades relativas al sustento, habitación, vestimenta, salud y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio, educación, cultura y recreación.

También se consideran alimentos los gastos de atención de la madre durante el embarazo, desde la concepción hasta la etapa del posparto.

Las prestaciones deberán ser proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y a las necesidades de los beneficiarios.

Artículo 47. (Forma de prestación de los alimentos).- Las prestaciones alimentarias serán servidas en dinero o en especie, o de ambas formas, en atención a las circunstancias de cada caso.

Todas las prestaciones se servirán en forma periódica y anticipada.

El obligado a prestar alimentos podrá exigir de la persona que administre la pensión alimenticia, rendición de cuentas sobre los gastos efectuados para los beneficiarios.

El Juez apreciará si corresponde dar trámite a la solicitud de rendición de cuentas.

Artículo 48. (De la vigencia de la prestación alimentaria).- La prestación alimentaria se debe desde la interposición de la demanda.

Tratándose de aumento o reducción de la prestación, la misma surtirá efecto desde la interposición de la demanda, salvo que el Juez, apreciando las circunstancias del caso, disponga que se aplique desde que la sentencia quede ejecutoriada.

La convenida extrajudicialmente, se debe desde la fecha pactada.

Artículo 49. (Alimentos provisionales).- El Juez al proveer sobre la demanda, y atendidas las circunstancias invocadas, fijará alimentos provisionales.

Artículo 50. (Beneficiarios de la obligación alimentaria).- Son acreedores de la obligación alimentaria los niños y adolescentes así como los mayores de dieciocho años y menores de veintiuno que no dispongan -en el último caso- de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

Artículo 51. (Personas obligadas a prestar alimentos y orden de preferencia).- Los alimentos se prestarán por los padres o, en su caso, por el o los adoptantes. Para el caso de imposibilidad o insuficiencia del servicio pensionario, se prestarán subsidiariamente de acuerdo al siguiente orden:

1) Los ascendientes más próximos, con preferencia los del progenitor obligado.

2) El cónyuge respecto a los hijos del otro en cuanto conviva con el beneficiario.

3) El concubino o la concubina, en relación al o los hijos del otro integrante de la pareja, que no son fruto de esa relación, si conviven todos juntos conformando una familia de hecho.

4) Los hermanos legítimos o naturales, con preferencia los de doble vínculo sobre los de vínculo simple.

En los casos previstos en los numerales 1) y 4), si concurrieren varias personas en el mismo orden, la obligación será divisible y proporcional a la posibilidad de cada obligado.

Artículo 52. (Caracteres de la obligación alimentaria).-

Intrasmisibilidad e irrenunciabilidad.

El derecho de pedir alimentos no puede trasmitirse por causa de muerte, ni renunciarse, ni venderse o cederse de modo alguno.

Inembargabilidad e incompensabilidad.

Las pensiones alimenticias no son embargables.

El deudor de alimentos no puede oponer al demandante, en compensación, lo que el demandante le deba, excepto que lo adeudado refiera a la pensión alimenticia objeto del litigio.

3) Imprescriptibilidad.

El derecho a pedir alimentos es imprescriptible.

Artículo 53. (Pensiones alimenticias atrasadas).- No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, las pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse, y el derecho a demandarlas, podrá trasmitirse por causa de muerte.

Artículo 54. (Transacción sobre alimentos futuros).- La transacción sobre alimentos futuros no surtirá efectos sino después de ser aprobada judicialmente.

Artículo 55. (Modificación de la obligación alimentaria).- Los alimentos podrán ser objeto de aumento o de reducción, si se modifica la situación económica del deudor o las necesidades del acreedor. Se tramitarán por el procedimiento establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Artículo 56. (Extinción de la obligación alimentaria).- La obligación de alimentos se extingue y su cese debe ser judicialmente decretado en los siguientes casos:

1) Cuando se dejen de cumplir los supuestos establecidos en el artículo 50.

2) Cuando el deudor se halla en imposibilidad de servirlos.

3) Cuando fallece el alimentante, sin perjuicio de la asignación forzosa que grava la masa de la herencia.

4) Cuando fallece el alimentario, en cuyo caso la obligación se extiende a los gastos funerarios, siempre que no puedan cubrirse de otra manera.

En el caso previsto en el numeral 1) cuando se trate de un beneficiario que cumpla veintiún años de edad, bastará que el alimentante se presente ante el Juez Letrado de Familia que intervino en la fijación de alimentos solicitando el cese de la pensión, agregando la partida de nacimiento del beneficiario, y sustanciándose con traslado a la contraparte por el plazo perentorio de veinte días.

Transcurrido el plazo sin que se evacuare el traslado, se decretará el cese de la pensión alimenticia, notificando a la otra parte.

Si se dedujere oposición se tramitará por el procedimiento establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Los casos de los numerales 2) a 4) se tramitarán por el procedimiento establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Artículo 57. (Omisión injustificada de los alimentos).- Cuando el obligado judicialmente a servir alimentos de acuerdo a las disposiciones de este Código que, habiendo sido intimado judicialmente, omitiera prestarlos sin causa justificada, el Juez de Familia dará cuenta de inmediato al Juez Letrado en lo Penal que corresponda, a los efectos previstos por el artículo 279 A del Código Penal.

El Juez Letrado en lo Penal deberá comunicar al Juez de Familia las resultancias de las actuaciones llevadas a cabo por dicha Sede.

Artículo 58. (Concepto de ingresos).- A los efectos de este Código, se entiende por sueldo o haberes, todo ingreso de cualquier naturaleza, periódico o no, que se origine en la relación laboral, arrendamiento de obras o de servicios o derive de la seguridad social. No se computarán por ingresos, a los efectos de la pensión alimenticia, lo que perciba el obligado a la prestación por concepto de viáticos sujetos a rendición de cuentas. Cuando los viáticos no estén sujetos a rendición de cuentas se computarán a efectos de la pensión alimenticia en un 35% (treinta y cinco por ciento).

Quedan asimilados a lo dispuesto en el inciso anterior, los ingresos provenientes de retiros periódicos por concepto de utilidades, beneficios o ganancias, cobro de intereses o dividendos. En general, todo lo que perciba el deudor de alimentos por su trabajo o su capital.

Artículo 59. (Límite de la retención por alimentos).- Podrá retenerse mensualmente hasta un 50% (cincuenta por ciento) de los ingresos cuando así lo justifique el número de hijos y las necesidades de los mismos. La resolución del Juez deberá ser fundada y será apelable sin efecto suspensivo.

Artículo 60. (Medidas asegurativas de la prestación alimentaria).- En el caso de prestar el alimentante servicios retribuidos por particulares o empresas, éstas tendrán la obligación de informar a la Sede que así lo solicite todo lo relativo a los ingresos de aquél dentro del plazo de quince días de recibido el oficio por el que se le reclama. El incumplimiento de esta obligación hará pasibles a los particulares o empresas a la condena en astreintes. La obligación de informar existe aun cuando el alimentante no integre los cuadros funcionales o planilla de trabajo, pero tuviese con la empresa o particular cualquier relación patrimonial o beneficio económico. Cuando el alimentante prestase servicios retribuidos por particulares o empresas y se negare a cumplir la obligación de alimentos, se ordenará a aquéllos que efectúen la retención correspondiente a los sueldos o haberes respectivos.

Para hacer efectiva la contribución señalada por el Juez, bastará la orden librada por oficio al habilitado en la oficina en que preste servicios el alimentante, y la empresa o el patrón responderán personal, solidaria e ilimitadamente del pago, si injustificadamente no cumplieran la orden recibida.

Artículo 61. (Obstáculos al cumplimiento de la obligación alimentaria).- El empleador o empresario que intencionalmente ocultare, total o parcialmente los ingresos, sueldos o haberes del obligado, será considerado incurso en el delito de estafa.

En el mismo delito incurrirá todo aquel que obstaculizare o impidiere el correcto servicio de la obligación alimentaria dispuesta judicialmente, o simulare créditos contra el obligado, o de cualquier manera colaborare intencional y fraudulentamente, en la reducción del patrimonio efectivo del alimentante.

El Juez de Familia dará cuenta de inmediato al Juez Letrado en lo Penal que corresponda.

Artículo 62. (Prohibición al alimentante de ausentarse del país sin dejar garantías suficientes).- Iniciado el juicio de alimentos, el demandado no podrá ausentarse del país sin dejar garantías suficientes, siempre que así lo solicitare el actor.

Artículo 63. (Procedimiento).- El proceso de alimentos se rige por las normas previstas para el proceso extraordinario en el Código General del Proceso (artículos 346, 347, numeral 2) del artículo 349 y artículo 350 del Código General del Proceso).

Artículo 64. (Competencia).- El Juez competente para conocer en el juicio por alimentos, es el del domicilio del niño o adolescente o el del demandado, a elección del actor.

CAPÍTULO IX

DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

I - Órganos de competencia y principios procesales

Artículo 65. (Competencia).- La competencia de los órganos jurisdiccionales en materia de niños y adolescentes es la que fija la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, con excepción de las siguientes modificaciones:

"ARTICULO 67.- Los Jueces Letrados de Menores entenderán en primera instancia en todos los procedimientos que den lugar las infracciones de adolescentes a la ley penal.

En segunda instancia entenderán los Tribunales de Familia.

Los actuales Juzgados Letrados de Menores pasarán a denominarse Juzgados Letrados de Adolescentes".

Artículo 66. (Competencia de urgencia).- La Suprema Corte de Justicia asignará, por lo menos, a cuatro Juzgados Letrados de Familia en Montevideo y a los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior de la República, que entienden en materia de familia, competencia de urgencia, con excepción de las infracciones de adolescentes a la ley penal, para atender en forma permanente todos los asuntos que requieran intervención inmediata, o en los casos previstos en el inciso segundo del artículo 122 de este Código. Ello sin perjuicio cuando fuere necesario, del uso de las facultades que otorga a los Jueces de Paz del interior el artículo 379 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992. Se entenderá por asuntos que requieran intervención inmediata, todos aquellos en que exista riesgo de lesión o frustración de un derecho del niño o adolescente.

Tomadas las primeras medidas en salvaguarda de los derechos, los derivarán al Juzgado que corresponda.

La Suprema Corte de Justicia propenderá a que los Juzgados cuenten con la asistencia permanente de asistente social, psicólogo y psiquiatra del Poder Judicial u otros profesionales de dicho Poder, cuyo asesoramiento podrá serles requerido por el Juez.

La Defensoría de Oficio de Familia establecerá un régimen de turnos de Defensores de Oficio, para que actúen en dichos Juzgados, a efectos de asistir a las personas que se presenten ante el mismo.

Asimismo, se establecerá un régimen de turnos para asegurar la presencia del Ministerio Público y Fiscal.

Artículo 67. (Criterio básico).- Reclamada la intervención en forma legal y en materia de su competencia, los Tribunales aplicarán como criterio básico la promoción de las familias, en especial de las más vulnerables y el desarrollo del niño en el ámbito de la misma, de acuerdo a los principios que emergen del artículo 12 de este Código.

No podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por razones de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 5º de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985.

Artículo 68. (Competencia del Instituto Nacional del Menor).- El Instituto Nacional del Menor es el órgano administrativo rector en materia de políticas de niñez y adolescencia, y competente en materia de promoción, protección y atención de los niños y adolescentes del país y, su vínculo familiar al que deberá proteger, promover y atender con todos los medios a su alcance. Deberá determinar, por intermedio de sus servicios especializados, la forma de llevar a cabo la implementación de las políticas a través de distintos programas, proyectos y modalidades de intervención social, públicos o privados, orientados al fortalecimiento de las familias integradas por niños y adolescentes y al fiel cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 12 y 19 de este Código.

Previos diagnósticos y estudios técnicos, deberá velar por una adecuada admisión, ingreso, atención, derivación y desvinculación de los niños y de los adolescentes bajo su cuidado. La incorporación a los distintos hogares, programas, proyectos y modalidades de atención se realizará habiéndose oído al niño o al adolescente y buscando favorecer el pleno goce y la protección integral de sus derechos.

Procurará que todos los niños y adolescentes tengan igualdad de oportunidades para acceder a los recursos sociales, a efectos de poder desarrollar sus potencialidades y de conformar personalidades autónomas capaces de integrarse socialmente en forma activa y responsable. Las acciones del Instituto Nacional del Menor deberán priorizar a los más desprotegidos y vulnerables.

Los adolescentes que, estando a disposición del Instituto Nacional del Menor, alcanzaren la mayoría de edad serán orientados y apoyados a efectos que puedan hacerse cargo de sus vidas en forma independiente. Las personas con capacidad diferente que alcanzaren dicha mayoría, estando a cuidado del Instituto Nacional del Menor, podrán permanecer bajo su protección siempre y cuando no puedan ser derivados para su atención en servicios o programas de adultos.

El Instituto Nacional del Menor fiscalizará, en forma periódica, las instituciones privadas a las que concurran niños y adolescentes, sin perjuicio de la competencia de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Asimismo fiscalizará toda institución privada, comunitaria o no gubernamental con la que ejecute programas bajo la modalidad de convenios.

Deberá también incorporar en todos los programas que gestione, en forma directa o en la modalidad de convenio, un enfoque comprensivo de las diversas situaciones familiares de los niños y adolescentes.

Toda fiscalización deberá ser realizada por equipos multidisciplinarios de profesionales a efectos de evaluar la situación en que se encuentran los niños y adolescentes, así como el trato y formación que se les da a los mismos, de acuerdo a los derechos que éstos tienen y a las obligaciones de dichas instituciones.

El Instituto Nacional del Menor podrá formular observaciones y efectuar las denuncias que correspondan ante las autoridades competentes, por la constatación de violaciones de los derechos del niño y adolescente, sin perjuicio de lo preceptuado por el artículo 177 del Código Penal (omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos).

II - De los adolescentes y las infracciones a la ley penal

Artículo 69. (Infracciones a la ley penal).- A los efectos de este Código son infracciones a la ley penal:

1) Las acciones u omisiones dolosas consumadas, cometidas en calidad de autor o coautor, tipificadas por el Código Penal y las leyes penales especiales.

2) Las acciones u omisiones culposas consumadas, cometidas en calidad de autor, coautor, tipificadas por el Código Penal y las leyes penales especiales, cuando el Juez reúna los elementos de convicción suficientes, fundados exclusivamente en el desarrollo de la personalidad psicosocial del infractor; avalado por un equipo técnico, que permita concluir que el adolescente disponía la capacidad cognitiva de las posibles consecuencias de su obrar.

3) La tentativa de infracciones gravísimas a la ley penal.

4) La participación en calidad de cómplice en infracciones gravísimas a la ley penal.

Artículo 70. (Adolescente infractor).- Se denomina adolescente infractor a quien sea declarado responsable por sentencia ejecutoriada, dictada por Juez competente, como autor, coautor o cómplice de acciones u omisiones descritas como infracciones a la ley penal.

Artículo 71. (Relación causal).- Solo puede ser sometido a proceso especial regulado por este Código el adolescente a quien se le pueda atribuir material y psicológicamente un hecho constitutivo de infracción a la ley penal.

La existencia de la infracción debe ser la consecuencia de su acción u omisión.

Artículo 72. (Clases de infracción).- Las infracciones a la ley penal se clasifican en graves y gravísimas.

Son infracciones gravísimas a la ley penal:

1) Homicidio (artículo 310 del Código Penal).

2) Lesiones gravísimas (artículo 318 del Código Penal).

3) Violación (artículo 272 del Código Penal).

4) Rapiña (artículo 344 del Código Penal).

5) Privación de libertad agravada (artículo 282 del Código Penal).

6) Secuestro (artículo 346 del Código Penal).

7) Extorsión (artículo 345 del Código Penal).

8) Tráfico de estupefacientes (artículos 31 y 32 de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998).

9) Cualquier otra acción u omisión que el Código Penal o las leyes especiales castigan con una pena cuyo límite mínimo sea igual o superior a seis años de penitenciaría o cuyo límite máximo sea igual o superior a doce años de penitenciaría.

10) La tentativa de las infracciones señaladas en los numerales 1), 5) y 6) y la complicidad en las mismas infracciones.

En los casos de violación no se tomará en cuenta la presunción del ejercicio de violencia (artículo 272 del Código Penal).

Las restantes son infracciones graves a la ley penal.

Artículo 73. (Adecuación a la normativa del Código Penal y de la Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 1995).- El Juez deberá examinar cada uno de los elementos constitutivos de la responsabilidad, de las circunstancias que eximen de la aplicación de medidas o que aminoren el grado de las infracciones y el concurso de infracciones e infractores, tomando en cuenta los preceptos de la parte general del Código Penal, de la Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 1995, la condición de adolescentes y los presupuestos de perseguibilidad de la acción.

CAPÍTULO X

I - Derechos y garantías del procedimiento

Artículo 74. (Principios que rigen).- En todos los casos en que al adolescente se le impute el haber incurrido en actos que se presumen comportan infracción a la ley penal, deberá asegurarse el cumplimiento estricto de las garantías del debido proceso, especialmente las siguientes:

A) Principios de judicialidad y legalidad.- El adolescente imputado de haber cometido una infracción a la ley penal, será juzgado por los Jueces competentes en conformidad a los procedimientos especiales establecidos por este Código.

Se asegurará, además, la vigencia de las normas constitucionales, legales e instrumentos internacionales, especialmente la Convención de los Derechos del Niño.

B) Principio de responsabilidad.- Solo puede ser sometido a proceso especial, regulado por este Código, el adolescente mayor de trece y menor de dieciocho años de edad, imputado de infracción a la ley penal.

La responsabilidad del adolescente tendrá lugar a partir de la sentencia definitiva que le atribuya la comisión del hecho constitutivo de infracción a la ley penal.

C) Principio que condiciona la detención.- Solo puede ser detenido en casos de infracciones flagrantes o existiendo elementos de convicción suficientes sobre la comisión de una infracción. En este último caso, mediante orden escrita de Juez competente comunicada por medios fehacientes. La detención será una medida excepcional.

D) Principio de humanidad.- El adolescente privado de libertad será tratado con la humanidad y respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana.

Ningún adolescente será sometido a torturas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a experimentos médicos o científicos.

Tendrá derecho a mantener contacto permanente con su familia o responsables, salvo en circunstancias especiales.

E) Principio de inocencia.- Tiene derecho a que se presuma su inocencia. No será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.

F) Principio de inviolabilidad de la defensa.- Tiene derecho a contar en forma permanente con asistencia jurídica gratuita, especializada, pública o privada, a partir de la detención, durante el proceso y hasta la ejecución completa de las medidas.

G) Principio de libertad de comunicación.- Tiene derecho durante la privación de libertad, de comunicarse libremente y en privado con su defensa, con sus padres, responsables, familiares y asistentes espirituales.

H) Principio de prohibición del juicio en rebeldía.- Tiene derecho de no ser juzgado en su ausencia, so pena de nulidad de todo lo actuado (artículo 21 de la Constitución de la República).

I) Principio de impugnación.- Todo adolescente tendrá derecho a impugnar todas las decisiones judiciales que lo perjudiquen.

J) Principio de duración razonable.- En ningún caso la situación derivada de la formalización del proceso excederá en sus consecuencias al término de duración de la medida que hubiere correspondido.

K) Principio de asistencia de intérpretes.- Todo adolescente tendrá derecho a contar con la libre asistencia gratuita de un intérprete, si no comprende o no habla el idioma oficial.

L) Principio de oportunidad reglada.- El adolescente tiene derecho a que se prescinda del procedimiento cuando, por la característica del hecho o por la naturaleza del bien jurídico agredido, no se justifica la prosecución de la acción.

II - Régimen procesal

Artículo 75. (Principio general).- En todos los casos en que se investigue la responsabilidad del adolescente, el procedimiento se ajustará a los trámites establecidos por este Código y subsidiariamente por el Código General del Proceso.

Artículo 76. (Procedimiento).-

1) Actuaciones previas al proceso.

A) Cometidos de la autoridad policial.

Cuando proceda la detención del adolescente conforme a lo establecido en el literal C) del artículo 74, la autoridad aprehensora, bajo su más severa responsabilidad, deberá:

a) Realizar la actuación de modo que menos perjudique a la persona y reputación del adolescente.

b) Poner el hecho de inmediato en conocimiento del Juez, o en un plazo máximo de dos horas después de practicada la detención.

c) Hacer conocer al adolescente los motivos de la detención y los derechos que le asisten, especialmente el derecho que tiene de designar Defensor.

d) Informar a sus padres o responsables, como forma de asegurar sus garantías y derechos.

e) Si fuere necesario, antes de conducirlo a la presencia del Juez, hará constar lo indispensable para la información de los hechos.

f) Si no fuere posible llevarlo de inmediato a presencia del Juez, previa autorización de éste, deberá conducírselo a la dependencia especializada del Instituto Nacional del Menor que corresponda o del Instituto Policial, no pudiendo permanecer en este último lugar por más de doce horas.

g) Los traslados interinstitucionales y a la Sede Judicial deben estar precedidos del correspondiente examen médico.

B) Cuando el Juez tome conocimiento que el adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo 117 de este Código, lo pondrá en conocimiento del Juez competente, sin perjuicio de la actuación procesal referida a la infracción.

2) Audiencia preliminar.

  En los casos de infracciones de adolescentes que lo justifiquen, el Juez dispondrá, en un plazo que no exceda las veinticuatro horas, la realización de una audiencia preliminar donde deberán estar presentes, bajo pena de nulidad, el adolescente, su Defensor y el Ministerio Público.

 Se procurará la presencia de los padres o responsables. También podrán comparecer, si lo aceptaran y no existiera peligro para su seguridad, la víctima y testigos.

El Juez, al interrogarlo, le hará conocer en términos accesibles los motivos de la detención y los derechos que le asisten.

 Se dispondrá la inmediata agregación de la partida de nacimiento o la acreditación de la edad mediante medios sustitutivos.

 Mediando acuerdo de partes, podrá prescindirse de la agregación inmediata.

3) Medidas probatorias.

Durante esta audiencia, el Ministerio Público y la Defensa podrán solicitar las medidas que estimen convenientes.

La información deberá recabarse en un plazo que no exceda de los veinte días continuos y perentorios, contados a partir de la decisión judicial.

La prueba se diligenciará en audiencia con las garantías que aseguren el debido proceso, incluidos los informes del equipo técnico, en un plazo que no exceda de los veinte días, continuos y perentorios, contados a partir de la decisión judicial.

En todo lo que le fuere requerido, la Policía prestará colaboración.

4) Resolución de la audiencia preliminar y medidas cautelares.

Al culminar la audiencia preliminar el Juez:

A) Dispondrá las medidas probatorias a que refiere el numeral anterior.

B) Fijará la audiencia final en un plazo de sesenta días, salvo si decreta como medida cautelar el arresto domiciliario o la internación provisoria, caso en que dicha audiencia se fijará en un plazo máximo de treinta días.

C) Decidirá la aplicación de alguna medida cautelar, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral siguiente.

5) Medidas cautelares.

 El Juez, a pedido del Ministerio Público, y oída la Defensa, dispondrá las medidas cautelares necesarias que menos perjudiquen al adolescente.

 Son medidas cautelares:

1) La prohibición de salir del país.

2) La prohibición de acercarse a la víctima o a otras personas, de concurrir a determinados lugares o de tomar contacto con personas determinadas.

3) La obligación de concurrir periódicamente al Tribunal o ante la autoridad que el Juez determine.

4) El arresto domiciliario.

5) La internación provisoria.

 El arresto domiciliario y la internación provisoria no podrán durar más de sesenta días. Transcurrido ese plazo sin que se hubiera dictado sentencia de primera instancia, se deberá dejar en libertad al adolescente. Ambas medidas cautelares solo podrán aplicarse si la infracción que se imputa al adolescente puede ser objeto en definitiva de una medida privativa de libertad, de acuerdo con el artículo 86, y siempre que ello sea indispensable para:

A) Asegurar la comparecencia del adolescente a los actos procesales esenciales.

B) La seguridad de la víctima, el denunciante o los testigos.

 La internación provisoria se cumplirá en un establecimiento especial del Instituto Nacional del Menor.

6) Informe del equipo técnico.

 Si el Juez resuelve la internación, dispondrá que el equipo técnico del establecimiento de internación, en un término que no exceda los veinte días dispuesto para la prueba, produzca un informe con una evaluación médica y psicosocial, el cual se expedirá especialmente sobre las posibilidades de convivencia en régimen de libertad.

7) Informe del Centro de Internación.

 Los técnicos producirán los informes verbales o escritos que el Juez disponga y supervisarán la aplicación de las medidas. Los informes verbales se producirán en audiencia.

8) Formulación de demanda o sobreseimiento.

 Diligenciada la prueba, los autos pasarán en vista al Ministerio Público por seis días. En caso de deducir acusación, relacionará las pruebas ya diligenciadas y analizará los informes técnicos y formulará los presupuestos fácticos, jurídicos y técnicos de la imputación.

 Si el Ministerio Público solicitara el sobreseimiento, el Juez lo dictará sin más trámite. Si se dedujere demanda fiscal, se conferirá traslado a la Defensa por seis días, la que podrá ofrecer prueba y contradecir o allanarse.

9) Allanamiento.

 De mediar allanamiento de la Defensa, el Juez deberá dictar sentencia en cinco días.

10) Audiencia final.

 Deberán participar, bajo pena de nulidad, el adolescente, su Defensor y el Ministerio Público. Será convocada dentro de los quince días de la contestación de la demanda fiscal, por la Defensa.

Se pondrán a disposición los informes técnicos recabados.

  Se dará participación a sus padres o responsables, y a la víctima, si lo solicitaren.

11) Plazo para dictar sentencia.

 El Juez deberá dictar sentencia definitiva de primera instancia al cabo de la audiencia final, y en esa misma oportunidad expedir el fallo con sus fundamentos. Se dará lectura de todo ello, a los efectos de su comunicación (artículo 76 del Código General del Proceso), siendo de aplicación, en lo pertinente, el artículo 245 del Código del Proceso Penal.

 La sentencia será escrita y deberá ser redactada de un modo breve y claro para que pueda ser comprendida en todas sus partes por el adolescente imputado.

 Cuando la complejidad del asunto lo justifique, se podrá prorrogar la audiencia por quince días perentorios, procediéndose para su comunicación a la formalización de una audiencia complementaria.

12) Contenido de la sentencia.

 Si se dispusieran medidas socioeducativas, las sentencias serán dictadas con la finalidad de preservar el interés del adolescente.

 La privación de libertad se utilizará solo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda.

 Deberá fundamentar por qué no es posible aplicar otra medida distinta a la de privación de libertad.

 El Juez no podrá imponer medidas educativas sin previo pedido del Ministerio Público, ni hacerlo de manera más gravosa de la solicitada por éste.

13) Coparticipación de mayores.

 En el caso de hechos con apariencia delictiva en que se hallen involucrados adolescentes junto a personas mayores, la autoridad policial lo hará saber simultáneamente al Juez Letrado de Adolescentes y al Juez Penal de Turno, quienes actuarán en forma paralela, comunicándose recíprocamente las alternativas de la causa.

 Deberá recabarse autorización del Juez Letrado de Adolescentes para el traslado del adolescente al Juzgado Penal, siempre que sea necesaria su declaración.

14) Régimen impugnativo.

 Se aplicará el régimen impugnativo que la ley establece (artículos 253 y 254 del Código General del Proceso).

 La apelación será automática cuando la medida impuesta tenga una duración superior a un año de privación de libertad.

15) Zonas de difícil acceso.

Cuando, en virtud de la distancia o por otras circunstancias, no sea posible llevar de inmediato al adolescente a presencia del Juez Letrado competente, el Juez de Paz respectivo podrá adoptar las primeras y más urgentes medidas (artículo 45 del Código del Proceso Penal).

III - Medidas socioeducativas

Artículo 77. (Principios generales).- Las medidas contempladas en este Código solo podrán aplicarse a los adolescentes respecto a los cuales haya recaído declaración de responsabilidad, por sentencia ejecutoriada.

Artículo 78. (Ejecución de las medidas).- Una vez que el Juez disponga las medidas, deberá comunicarlo por escrito al Instituto Nacional del Menor o institución privada seleccionada para el cumplimiento de la misma, con remisión del texto de las resoluciones o sentencias, sin cuyos requisitos el órgano destinatario no dará curso a la ejecución de la misma.

Artículo 79. (Medidas complementarias).- Todas las medidas que se adopten conforme a lo establecido en el numeral 12) del artículo 76, se podrán complementar con el apoyo de técnicos, tendrán carácter educativo, procurarán la asunción de responsabilidad del adolescente y buscarán fortalecer el respeto del mismo por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros como asimismo, el robustecimiento de los vínculos familiares y sociales.

La medida será seleccionada por el Juez, siguiendo los criterios de proporcionalidad e idoneidad para lograr tales objetivos.

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Artículo 80. (Medidas sustitutivas).- Podrán aplicarse, entre otras, las siguientes medidas no privativas de libertad:

A) Advertencia, formulada por el Juez en presencia del Defensor y de los padres o responsables, sobre los perjuicios causados y las consecuencias de no enmendar su conducta.

B) Amonestación, formulada por el Juez en presencia del Defensor, de los padres o responsables, intimándolo a no reiterar la infracción.

C) Orientación y apoyo mediante la incorporación a un programa socioeducativo a cargo del Instituto Nacional del Menor o de instituciones públicas o privadas, por un período máximo de un año.

D) Observancia de reglas de conducta, como prohibición de asistir a determinados lugares o espectáculos, por un período que no exceda de seis meses.

E) Prestación de servicios a la comunidad, hasta por un máximo de dos meses.

F) Obligación de reparar el daño o satisfacción de la víctima.

G) Prohibición de conducir vehículos motorizados, hasta por dos años.

H) Libertad asistida.

I) Libertad vigilada.

Artículo 81. (Programas de orientación).- Los programas de orientación y apoyo tienen por finalidad incorporar paulatinamente al adolescente al medio familiar o grupo de crianza u otros grupos, así como a los centros de enseñanza y cuando corresponda, a los centros de trabajo.

Estos programas podrán ser ejecutados por el Instituto Nacional del Menor o por otras instituciones públicas o privadas.

Artículo 82. (Trabajos en beneficio de la comunidad).- Los trabajos en beneficio de la comunidad se regularán de acuerdo a las directivas que al efecto programe el Instituto Nacional del Menor.

Preferentemente podrán realizarse en hospitales y en otros servicios comunitarios públicos. No podrán exceder de seis horas diarias. La autoridad administrativa vigilará su cumplimiento, concertando con los responsables de su ejecución, de forma que no perjudique la asistencia a los centros de enseñanza, de esparcimiento y las relaciones familiares, en todo lo cual se observará el cuidado de no revelar la situación procesal del adolescente.

Artículo 83. (Obligación de reparar el daño o satisfacción de la víctima).- En cualquier etapa del proceso, previa conformidad del adolescente y de la víctima o a petición de parte, el Juez podrá derivar el caso a mediación, suspendiéndose las actuaciones por un plazo prudencial. Alcanzando un acuerdo, previo informe técnico y oídos la Defensa y el Ministerio Público, el Juez deberá valorar razonablemente desde la perspectiva exclusiva del interés superior del adolescente, el sentido pedagógico y educativo de la reparación propuesta, disponiendo, en caso afirmativo, la clausura de las actuaciones. Tal decisión será preceptiva en caso de opinión favorable del Ministerio Público. El mismo efecto tendrán los acuerdos conciliatorios celebrados en audiencia.

Artículo 84. (Régimen de libertad asistida y vigilada).-

A) El régimen de libertad asistida consiste en acordarle al adolescente el goce de libertad en su medio familiar y social.

 Será, necesariamente, apoyado por especialistas y funcionarios capacitados para el cumplimiento de programas educativos.

 El Juez determinará la duración de la medida.

 En cualquier momento de su ejecución la medida podrá ser interrumpida, revocada o sustituida, de oficio o a instancia de los actores habilitados y previa intervención del Ministerio Público y del Defensor.

B) El régimen de libertad vigilada consiste en la permanencia del adolescente en la comunidad con el acompañamiento permanente de un educador, durante el tiempo que el Juez determine.

Artículo 85. ("Non bis in idem").- El Juez sólo podrá aplicar una de las medidas previstas en este Título o en el siguiente.

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Artículo 86. (Aplicación).- Las medidas privativas de libertad solo se aplicarán a los adolescentes declarados por sentencia ejecutoriada, responsables de infracción, que a juicio del Juez justifique las mismas.

También podrán aplicarse a los adolescentes que, habiendo sido declarados por sentencia ejecutoriada responsables de una infracción, incumplen las medidas adoptadas por el Juez.

Artículo 87. (Aplicabilidad).- Las medidas privativas de libertad no son obligatorias para el Juez. Se aplicarán cuando configurándose los requisitos legales, no existan otras medidas adecuadas dentro de las no privativas de libertad. El Juez fundamentará los motivos de la no aplicación de otras medidas. Se tendrá en consideración el derecho del adolescente a vivir con su familia, y en caso que proceda la separación, a mantener contacto permanente con la familia, pareja, amigos, referentes afectivos y otros, si ellos no fueren perjudiciales para el mismo.

Artículo 88. (Medidas privativas de libertad).- Las medidas privativas de libertad son:

A) Internación en establecimientos, separados completamente de los establecimientos carcelarios destinados a adultos.

B) Internación en iguales establecimientos con posibilidades de gozar de semilibertad.

RÉGIMEN DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD

Artículo 89. (Privación de libertad).- El régimen de privación de libertad consiste en recluir al adolescente en un establecimiento que asegure su permanencia en el recinto, sin menoscabo de los derechos consagrados en este Código, las normas constitucionales, legales e instrumentos internacionales.

Artículo 90. (Régimen de semilibertad).- El régimen de semilibertad consiste en disponer que el adolescente, cuya privación de libertad ha sido dispuesta en establecimientos, goce de permiso para visitar a su familia o para la realización de actividades externas, de ocho horas de duración, en su beneficio personal, controladas por la autoridad donde se encuentra internado.

Este régimen se extiende, a voluntad del adolescente, mientras se aplica la medida de privación de libertad, salvo la suspensión temporaria o definitiva por inobservancia de las reglas de comportamiento.

Artículo 91. (Duración de las medidas de privación de libertad).- La medida de privación de libertad tendrá una duración máxima de cinco años.

En ningún caso el adolescente que al llegar a los dieciocho años permanece sujeto a medidas, cumplirá lo que le resta en establecimientos destinados a los adultos.

En situaciones de peligrosidad manifiesta, se adoptarán las medidas que fueren compatibles con la seguridad de la población y los propósitos de recuperación del infractor.

Artículo 92. (Cumplimiento).- El cumplimiento de las medidas de privación de libertad son de responsabilidad exclusiva, irrenunciable e indelegable del Estado.

Se cumplirán en centros especiales hasta la finalización de las medidas y de acuerdo a criterios, entre otros, de edad, complexión física, gravedad de la infracción y adaptación a la convivencia.

En ningún caso podrán cumplirse en establecimientos destinados a los adultos.

Se tendrá especial cuidado por las situaciones en que el adolescente requiera tratamiento médico, en cuyo caso deberá ser internado en un centro adecuado a sus condiciones.

Artículo 93. (Infractores con dependencia).- En los casos de adolescentes infractores, que padecen dependencias alcohólicas o toxicómanas, se efectivizará la asistencia a programas de orientación y tratamiento adecuados.

Artículo 94. (Procedimiento por modificación o cese de las medidas).- Se deberá decretar, en cualquier momento, el cese de la medida cuando resulte acreditado en autos que la misma ha cumplido su finalidad socioeducativa.

La tramitación de todas las solicitudes de sustitución, modificación o cese de las medidas, se hará en audiencia, debiendo dictarse resolución fundada, previo los informes técnicos que se estimen pertinentes, con presencia del adolescente, de sus representantes legales, de la Defensa y del Ministerio Público.

La audiencia deberá celebrarse en un plazo que no exceda los diez días a partir de la respectiva solicitud.

Artículo 95. (Traslado de infractores).- La internación de los adolescentes fuera de la jurisdicción de su domicilio se limitará al mínimo posible, atendidas las circunstancias del caso.

Cuando los Juzgados dispongan la internación de adolescentes infractores fuera de su jurisdicción, declinarán competencia para ante el Juez del lugar de internación.

Deberán enviar junto con el adolescente, fotocopia certificada del expediente en sobre cerrado, que será entregado por el funcionario que lo traslade, bajo su más grave responsabilidad funcional, al Juez de turno del lugar de la internación.

Artículo 96. (Reserva).- Queda prohibida la identificación de la persona del adolescente por cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de la información sobre los hechos.

Los funcionarios públicos que faciliten noticias a la prensa, en contravención a lo dispuesto en el inciso anterior, serán pasibles de una suspensión de diez días con pérdida de haberes la primera vez, y un mes por la siguiente. La tercera infracción dará lugar a la destitución. La infracción será comunicada preceptivamente a la institución a que pertenece, con transcripción de las normas.

Los medios de comunicación que infringieren lo dispuesto en el inciso primero incurrirán en una multa, a juicio del Juez, equivalente entre 20 UR (veinte unidades reajustables) y 200 UR (doscientas unidades reajustables), según los casos.

Artículo 97. (Competencia).- En las infracciones previstas en el inciso tercero del artículo anterior, entenderán los Jueces Letrados de Adolescentes, siguiendo el procedimiento legal para reprimir las faltas en el Derecho Penal de adultos.

Artículo 98. (Recurribilidad).- La sentencia podrá ser apelada ante el Tribunal de Familia respectivo, cuya decisión hará cosa juzgada.

IV- Principios de la ejecución

Artículo 99. (Supuestos de la ejecución).- La actividad procesal de ejecución de las medidas educativas, comprende los actos destinados a promover el cumplimiento de las medidas y el trámite y la decisión de las cuestiones sobrevinientes.

Artículo 100. (Control que ejercen los Jueces competentes).- Son cometidos de los Jueces Letrados de Adolescentes:

1) Vigilar los casos en los que han recaído medidas educativas dispuestas por sentencia ejecutoriada, hasta el término de su cumplimiento.

2) Entender por audiencia y con intervención del Defensor y Ministerio Público, las reclamaciones de los adolescentes durante el período de ejecución de las medidas, tanto en los establecimientos, como fuera de ellos.

3) Visitar, por lo menos cada tres meses los centros de internación, dejando constancia en el expediente respectivo del resultado.

 Sin perjuicio de lo que antecede, podrá realizar inspecciones cada vez que lo considere oportuno.

 En ambos casos, tomar las medidas que más convengan al interés superior del adolescente.

4) Dar cuenta a la Suprema Corte de Justicia en los casos que se constaten irregularidades graves.

Artículo 101. (Control de la autoridad administrativa).- El Instituto Nacional del Menor o las autoridades de los establecimientos de internación, informarán cada tres meses al Juez sobre la forma como se cumple la medida y la evolución del adolescente.

El Instituto Nacional del Menor reglamentará el funcionamiento de los establecimientos donde se cumplen las medidas privativas de libertad.

V - Derechos y deberes durante la ejecución de las medidas socioeducativas

Artículo 102. (Principio especial de la privación de libertad).- Sin perjuicio de los derechos y garantías enumerados en el artículo 74, se tendrán en cuenta los derechos y deberes de los adolescentes, con miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de la institucionalización y a fomentar su integración a la sociedad:

A) Derechos:

1) A ser informado del régimen de funcionamiento institucional y de sus derechos y deberes y conocer a los funcionarios que lo tendrán bajo su responsabilidad durante la internación o en régimen ambulatorio.

2) A conocer el régimen interno a fin de comunicarse personalmente con el Juez, Fiscal, Defensor, educadores, familiares y a ejercer efectivamente ese derecho.

3) A estar informado sobre las medidas que se proyectan para lograr su inserción al ámbito familiar y social.

4) A recibir los servicios de salud, sociales, educativos, religiosos y de esparcimiento, y ser tratado conforme a su desarrollo y necesidades.

 En todo caso se garantizará su seguridad, en tanto protección contra influencias nocivas y situaciones de riesgo.

5) A estar informado sobre el régimen de convivencia.

6) A no ser trasladado del centro donde cumple la medida educativa sin que se dé cuenta de inmediato al Juez competente. Todo traslado podrá ser recurrido conforme a derecho, sin efecto suspensivo.

7) No podrán imponerse sanciones colectivas.

B) Deberes:

 Durante la ejecución de las medidas, los adolescentes, deberán respetar a sus educadores y responsables y observar los reglamentos internos en cuanto a convivencia, estudio y tareas de capacitación, esparcimiento, aseo personal y de las dependencias que ocupan, y respeto a sus educadores, responsables y demás personas con quienes se vinculan cotidianamente.

C) Ámbito de aplicación:

 Todos los derechos y deberes establecidos en orden a la ejecución de las medidas socioeducativas, se aplicarán, en lo pertinente, a todo tipo de privación de libertad.

VI - Cesación del proceso

Artículo 103. (Principio general).- En cualquier estado del proceso el Juez, oyendo al Ministerio Público, al adolescente y a su Defensa, dispondrá la clausura del proceso, en los siguientes casos:

1) Cuando se comprobare que el adolescente no es responsable.

2) Cuando se comprobare que no es el autor, coautor o cómplice del hecho constitutivo de la infracción.

3) Cuando se comprobare que obró amparado por alguna de las circunstancias que eximen de pena.

4) Cuando ha prescripto la acción por el hecho imputado. El plazo de prescripción será de dos años para los delitos gravísimos y un año para los delitos graves.

Artículo 104. (Prescindencia de la acción penal).- En cualquier estado del proceso el Juez podrá, oyendo al Ministerio Público, al adolescente y a su Defensa, prescindir total o parcialmente de la persecución penal; o limitada a una o varias infracciones o de alguna o de todas las personas que hayan participado en el hecho, cuando:

A) Se trate de un hecho que, por su escasa gravedad o lo exiguo de la contribución del partícipe, haga innecesaria una medida en definitiva.

B) El adolescente haya sufrido, a consecuencia del hecho, un daño físico o moral grave.

Artículo 105. (Egreso y clausura de antecedentes).- Decretado el cese, si el adolescente estuviese privado de libertad, se dispondrá su inmediato egreso y clausura de antecedentes.

VII - De las medidas curativas

Artículo 106. (Procedencia).- A los adolescentes incapaces que hubieren cometido infracciones a la ley penal, se les aplicarán, con las garantías del debido proceso fijado para los infractores, las medidas de carácter curativo, que se cumplirán en establecimientos adecuados y separados de los adultos mayores de dieciocho años. Corresponde a los Directores de dichos establecimientos y a los técnicos que designe el Juez, determinar su tratamiento.

Artículo 107. (Control).- Durante la internación, se aplicarán, en lo pertinente, las medidas de contralor a cargo de los Jueces Letrados de Adolescentes, establecidas en el artículo 100.

VIII - De las audiencias

Artículo 108. (Presencia del Juez).- El Juez Letrado de Adolescentes presidirá por sí mismo las audiencias, bajo pena de nulidad, que compromete su responsabilidad funcional.

Igual deber compete al Ministerio Público, al Defensor y a los técnicos asesores a quienes el Juez requiera opinión. Los Defensores privados que no asistan serán sustituidos por Defensores de Oficio.

Sin la presencia del adolescente no podrá llevarse a cabo ninguna audiencia.

Artículo 109. (Contenido de las audiencias).-

1) Las audiencias preliminar y final, referidas en los numerales 2) y 10) del artículo 76 se documentarán con la mayor precisión en acta que se labrará durante su desarrollo o al cabo de la misma. En forma resumida se consignará fecha y lugar en que se labra, describirán los hechos, la tipificación legal con expresa mención de la norma jurídica presuntamente violada y las alegaciones de las partes, quienes podrán solicitar lo que estimen pertinente para asegurar la fidelidad del resumen. La decisión del Juez deberá comprender el examen de los puntos tratados por las partes.

2) Si lo solicitaren, se entregarán a las partes copia íntegra de las sentencias definitivas, autenticadas por la Oficina Actuaria.

Artículo 110. (Acceso al expediente).- Las partes y los técnicos designados durante el trámite tendrán, en todo momento, libre acceso al expediente, salvo casos excepcionales, a juicio del Juez y en atención al interés superior del adolescente.

IX - De las comunicaciones procesales

Artículo 111. (Notificaciones preceptivas).-

1) Cuando se produzca la detención del adolescente, el Juez dispondrá que el hecho sea inmediatamente notificado por la Policía a su Defensor, al Ministerio Público y a los padres o representantes legales; el mismo procedimiento se seguirá con los asesores técnicos para cuyo asesoramiento el Juez estime necesario convocar.

2) Las actuaciones dispuestas en audiencia se tendrán por notificadas a quienes estén presentes o hayan debido concurrir al acto.

3) Salvo en los casos que indique el Juez, las notificaciones se practicarán en la oficina.

 A tal efecto, todos los interesados que actúen en el procedimiento respectivo, excepción hecha del Ministerio Público, concurrirán a la oficina para enterarse de las actuaciones.

Artículo 112. (Notificación ficta).- Si la notificación se retardare tres días hábiles por falta de comparecencia del interesado, se tendrá por efectuada, sin necesidad de constancia alguna en los autos.

Si el día que concurriere el interesado, la actuación no se hallare disponible, la Oficina Actuaria expedirá constancia en formulario al efecto, si aquél lo solicitare (artículo 86 del Código General del Proceso).

Artículo 113. (Autorización para notificarse).- Por simple escrito se podrá autorizar a una tercera persona para que con ella se entiendan las notificaciones.

Artículo 114. (Régimen complementario).- En todos los casos no contemplados en este Código se aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones del Código General del Proceso (artículos 76 a 90 de la Sección III).

X - Plazos procesales

Artículo 115. (Carácter de los plazos).-

1) Todos los plazos señalados en este Código son perentorios e improrrogables. En casos excepcionales, el Juez podrá suspender su curso fundando la medida y su duración.

2) Para regular su aplicación se atenderá a lo dispuesto por los artículos 92 a 99 del Código General del Proceso.

Artículo 116. (Infracciones reiteradas).- En los casos de infracciones reiteradas, los procesos se tramitarán por el Juez competente de cada una hasta la sentencia ejecutoriada, sin perjuicio de la unificación de las medidas impuestas, la que se realizará en vía incidental por el Juez Letrado de Adolescentes que hubiere entendido en la última infracción.

La Suprema Corte de Justicia reglamentará el régimen de antecedentes judiciales.

CAPÍTULO XI

I - Protección de los derechos amenazados o vulnerados de los niños y adolescentes y situaciones especiales

Artículo 117. (Principio general).- Siempre que los derechos reconocidos a los niños y adolescentes en este Código sean amenazados o vulnerados, se aplicarán las medidas que dispone este Título.

De igual forma se aplicarán a los niños que vulneren derechos de terceros.

Artículo 118. (Primeras diligencias).- El Juez que tiene conocimiento, por cualquier medio, que un niño o adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo anterior, tomará las más urgentes e imprescindibles medidas, debiéndose proceder a continuación conforme lo estatuye el artículo 321 del Código General del Proceso.

Salvo imposibilidad, tomará declaración al niño o adolescente, en presencia del Defensor que se le proveerá en el acto y de sus padres o responsables, si los tuviere, y recabará los informes técnicos correspondientes.

El Ministerio Público deberá ser oído preceptivamente, quien intervendrá en favor del efectivo respeto a los derechos y garantías, reconocidos a los niños y adolescentes, debiéndose pronunciar en el plazo de tres días.

Artículo 119. (Medidas).- Medidas para los padres o responsables.

El Juez podrá imponer, en protección de los derechos de los niños o adolescentes, para los padres o responsables, las siguientes medidas:

A) Llamada de atención para corregir o evitar la amenaza o violación de los derechos de los hijos a su cuidado, y exigir el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en la protección de los derechos afectados.

B) Orientación, apoyo y seguimiento temporario socio-familiar prestado por programas públicos o privados reconocidos.

C) Obligación de inscribir al niño o adolescente en un centro de enseñanza o programas educativos o de capacitación y observar su asistencia o aprendizaje.

D) Derivación a un programa público o privado de protección a la familia.

Artículo 120. (Medidas ambulatorias para niños y adolescentes).- El Juez dispondrá las siguientes medidas:

A) Que el Instituto Nacional del Menor otorgue protección a sus derechos a través del sistema de atención integral diurno. Al mismo servicio podrá recurrirse respecto a los institutos privados especializados, que así lo acepten.

B) Solicitud de tratamiento ambulatorio médico, psicológico o psiquiátrico a instituciones públicas o privadas.

El Instituto Nacional del Menor podrá solicitar o aplicar directamente estas medidas, cuando su intervención haya sido requerida por el niño, padres o responsables o terceros interesados.

Artículo 121. (Medidas en régimen de internación sin conformidad del niño o adolescente).- El Juez solamente podrá ordenar la internación compulsiva en los siguientes casos:

A) Niño o adolescente con patología psiquiátrica.

B) Niño o adolescente que curse episodios agudos vinculados al consumo de drogas.

C) Niño o adolescente necesitado de urgente tratamiento médico destinado a protegerlo de grave riesgo a su vida o su salud.

En todos los casos deberá existir prescripción médica. El plazo máximo de la internación será de treinta días prorrogables por períodos de igual duración mediando indicación médica hasta el alta de internación.

El Instituto Nacional del Menor podrá aplicar directamente estas medidas mediando indicación médica y cuando su intervención obedezca a la situación de un niño o adolescente que pone en riesgo inminente su vida o la integridad física de otras personas, de todo lo que se dará cuenta inmediata al Juez de Familia de Urgencia.

Artículo 122. (Adicciones a drogas y alcohol).- El Juez podrá ordenar la aceptación de niños y adolescentes en centros residenciales especializados de atención a adicciones de drogas y alcohol, sea en régimen de tiempo completo, ambulatorio o semiambulatorio.

Tratándose de adolescentes se requerirá su conformidad; en caso de niños será necesario el consentimiento de sus padres o responsables y se oirá previamente al niño.

En todos los casos se deberá proporcionar Defensor al niño o adolescente, tomar declaración salvo imposibilidad, oír preceptivamente al Ministerio Público, tomar declaración a los padres o responsables, y recabar los informes técnicos correspondientes.

Artículo 123. (Derivación a centros de atención permanente para niños y adolescentes).- El Juez podrá disponer la derivación de un niño o adolescente a un centro de atención permanente como medida de último recurso, cuando se encuentre gravemente amenazado su derecho a la vida o integridad física.

Esta medida no podrá implicar en caso alguno privación de libertad y durará el menor tiempo posible, promoviéndose la superación de la amenaza de sus derechos para favorecer su egreso.

En estos establecimientos se procurará mantener los vínculos familiares, según lo dispone el artículo 12 de este Código y la incorporación del niño o adolescente al sistema educativo que corresponda, según sea su edad.

Artículo 124. (Programas de atención integral).- El Estado deberá garantizar a todos los niños y adolescentes el derecho a acceder voluntariamente a programas de atención integral, cuidados y alojamiento. Si la solicitud fuera formulada por los padres, se oirá preceptivamente al niño, quien será asistido por su Defensor.

Si a la solicitud formulada por el niño o adolescente se oponen sus padres o responsables, sin perjuicio de la inmediata protección del niño o adolescente, la situación se pondrá en el más breve plazo posible en conocimiento del Juzgado de Familia de Urgencia.

El Juez resolverá atendiendo a la opinión del niño o adolescente. Deberá tenerse en cuenta ésta y el interés superior.

Artículo 125. (Programas de alternativa familiar).- El Juez podrá entregar al niño o adolescente gravemente amenazado en su derecho a la vida o integridad física o privado de su medio familiar, al cuidado de una persona o matrimonio seleccionado por el Instituto Nacional del Menor, que se comprometan a brindarle protección integral.

Estos niños o adolescentes deberán recibir orientación y apoyo de la persona o matrimonio, quienes serán supervisados por medio de equipos especializados.

Artículo 126. (Comportamiento policial).- Cuando la autoridad policial tome conocimiento que un niño o adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo 117 de este Código, deberá llevarlo de inmediato a presencia del Juez competente, el que notificará con la mayor urgencia al Instituto Nacional del Menor.

Si no fuera posible llevarlo de inmediato a presencia del Juez, previa autorización, deberá llevarlo al Instituto Nacional del Menor, quien deberá prestarle la debida atención.

Artículo 127. (Responsabilidad penal).- Si se configuraren elementos de convicción suficientes como para atribuir responsabilidad penal a los padres, responsables o terceros, se pasarán los antecedentes al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal o al Juzgado Letrado de Primera Instancia del Interior, que corresponda.

Artículo 128. (Reserva de autos).- Cumplidas las diligencias por la Justicia, se reservarán los autos, sin perjuicio del seguimiento y control que el Juez interviniente considere adecuado efectuar.

Artículo 129.- (Competencia).- Los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior de la República tendrán igual competencia que la asignada a los Jueces de Familia (artículo 71 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985).

II - Del maltrato y abuso del niño o adolescente

Artículo 130. (Definición).- A los efectos de este Título entiéndese por maltrato y abuso del niño o adolescente las siguientes situaciones, no necesariamente taxativas: maltrato físico, maltrato psíquico-emocional, prostitución infantil, pornografía, abuso sexual y abuso psíquico o físico.

Artículo 131. (La denuncia).- Ante denuncia escrita o verbal por la realización de cualquiera de las conductas mencionadas en el artículo anterior, la autoridad receptora deberá comunicar el hecho de forma fehaciente e inmediata al Juzgado competente. En todo caso el principio orientador será prevenir la victimización secundaria.

III - De los hogares de cuidado

Artículo 132. (Entrega de niños y adolescentes).- El que entregue a un niño o adolescente a persona ajena a la familia biológica y quien o quienes lo reciban, deberán comunicarlo al Juez de Familia dentro de las cuarenta y ocho horas. El Juez adoptará en forma urgente las medidas de protección necesarias y solicitará informe psicológico y social respecto a las posibilidades de mantener al niño o adolescente en su familia de origen. En caso afirmativo, dispondrá las medidas de apoyo familiar que se requieran para asegurar la permanencia de este vínculo filial. De lo contrario, deberá proceder conforme se dispone en el artículo siguiente.

Artículo 133. (Separación definitiva. Procedimiento).- La separación de un niño o adolescente de su familia de origen, deberá ser decretada por resolución fundada del Juez competente, sobre la base de información fehaciente y previo el asesoramiento de equipo técnico especializado. El procedimiento para decretarla se regulará por las disposiciones del proceso extraordinario regulado por el Código General del Proceso, debiendo designarse Defensor al niño o adolescente, aplicándose el literal C) del artículo 35 de este Código, quienes deberán ser oídos si fuese posible. Se citará y emplazará a los padres o responsables y a quienes, hasta la entrega a que hace referencia el artículo anterior, se hubieren ocupado del niño.

Una vez resuelta la separación definitiva, deberá asegurarse su inserción en un medio adecuado, prefiriéndose aquellos hogares que permitan al niño salvaguardar sus vínculos afectivos. A tales efectos podrá disponerse, entre otros, la tenencia por terceros (artículo 36), la integración a un hogar institucional que ofrezca garantías para su adecuado desarrollo, o la adopción. Cuando se entendiere por la Sede que corresponde la colocación de un niño en una familia con fines de adopción, deberá intervenir el Instituto Nacional del Menor o una institución especializada autorizada para ello (artículo 158). Cuando los padres de origen, o los integrantes de esa familia de origen presten su consentimiento a los efectos previstos en este artículo, el mismo solo será válido si ha sido dado en presencia del Juez, con el asesoramiento necesario y en conocimiento de las consecuencias que ello implicará.

Artículo 134. (Invalidez).- No tendrá validez el consentimiento que se otorgue para la separación del hijo que está por nacer o dentro de los treinta días de su nacimiento.

En caso de que una vez nacido el niño, la madre no desee tenerlo, deberá comunicarse al Juez competente, que procederá como lo dispone el artículo 132. Provisoriamente, el Juez tomará las medidas del caso para la protección del niño, pero no podrá dar comienzo al procedimiento establecido en el artículo anterior hasta que se cumpla el lapso fijado en el inciso primero de este artículo y previa citación de los progenitores del niño.

IV - De la adopción

Adopción simple

Artículo 135. (Adoptantes).-

1) La adopción simple se permite a toda persona mayor de veinticinco años, cualquiera sea su estado civil, y siempre que tenga por lo menos quince años más que el adoptado, y hubiera tenido al niño o adolescente a su cargo por el mínimo de un año.

2) El tutor no puede adoptar al niño o adolescente hasta que hayan sido aprobadas judicialmente las cuentas del cargo.

3) Nadie puede ser adoptado por más de una persona, a no ser por dos cónyuges que tengan por lo menos un año de matrimonio y hubieran tenido al niño o adolescente a su cargo por un término no inferior a un año.

Si no se computara el año de matrimonio, pero hubiera existido durante dicho lapso un concubinato estable que culminó en matrimonio, se incluirá a los efectos de la tenencia, el período de la unión libre.

Por motivo fundado y expreso, el Tribunal podrá otorgar la adopción aun cuando alguno de los cónyuges o ambos no alcanzaren la diferencia de edad con el adoptado o adoptada, reduciéndola hasta un límite que admita razonablemente que éste pueda ser hijo de los adoptantes.

Ninguno de los cónyuges puede adoptar sin el consentimiento expreso del otro, salvo que estuviere impedido de manifestar su voluntad o que exista sentencia de separación de cuerpos.

4) Se permitirá la adopción por parte del nuevo cónyuge o concubino del padre o madre del hijo habido dentro del matrimonio o habido fuera del matrimonio reconocido del otro cónyuge o concubino.

5) Realizada la adopción, la separación o divorcio ulterior de los cónyuges no los exime de sus obligaciones para con el adoptado menor de edad.

Artículo 136. (Adoptados).-

1) Puede ser adoptado todo niño o adolescente cuyo consentimiento será recabado conforme a las normas establecidas en este Código.

2) Cuando el adoptado no sea capaz de hacerse entender de ninguna forma, prestarán el consentimiento sus representantes legales.

3) Si se trata de un niño o adolescente sometido a patria potestad, será necesario el consentimiento de quien o quienes se encuentren en su ejercicio. En caso contrario, será necesario el consentimiento de quienes lo han tenido a su cargo.

El consentimiento para la adopción será prestado indistintamente ante el Juez Letrado de Familia del domicilio de los adoptantes, compareciendo personalmente ante aquél, o mediante escritura pública.

Los padres que consienten en la adopción quedarán suspendidos en el ejercicio de la patria potestad sobre el niño o adolescente, la que pasará al adoptante. En el caso del numeral 4) del artículo anterior, quien ejerciere la patria potestad sobre el niño o adolescente adoptado por su pareja, continuará en su ejercicio.

El procedimiento se regirá por lo establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Artículo 137. (Efectos).-

1) El adoptado continúa perteneciendo a su familia biológica o de origen, donde conserva todos sus derechos.

2) En caso de interdicción, de ausencia comprobada judicialmente, de muerte del adoptante o de revocación de la adopción, durante la minoría de edad del adoptado, se dará conocimiento al Juez del domicilio real de éste, que dispondrá lo que más convenga al interés del niño o adolescente: el reintegro a su familia de origen o la entrega a otra familia sustituta.

3) La adopción solo establece relaciones jurídicas entre el adoptado y el adoptante y no entre cualquiera de ellos y la familia del otro.

4) La adopción produce los siguientes efectos:

A) Obligación recíproca de respeto entre el adoptante y el adoptado.

B) Obligación de prestarse alimentos como primeros obligados.

Artículo 138. (Revocación).-

1) La adopción podrá revocarse por motivos graves. La misma podrá solicitarse tanto por el adoptante como por el adoptado o quien lo represente, o por el Ministerio Público, ante el Juez de Familia correspondiente.

2) La revocación hará cesar para el futuro los efectos de la adopción, lo que se comunicará a la Dirección General del Registro de Estado Civil a los efectos pertinentes.

3) Se procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Artículo 139. (Procedimiento judicial).-

1) Las pretensiones de adopción, así como todas las reclamaciones relacionadas con las mismas, se tramitarán ante el Juzgado Letrado de Familia del domicilio del adoptante mediante el proceso voluntario (artículos 402 y siguientes del Código General del Proceso) con intervención preceptiva del Ministerio Público.

2) Los interesados a que refiere el artículo 403.2 del mismo Código son los padres y abuelos del niño o adolescente, los que serán citados personalmente o por edictos si no se conociera su domicilio.

En caso de oposición por parte de uno de los mencionados, el proceso será contencioso aplicándose las normas del Código General del Proceso correspondientes al proceso extraordinario (artículos 346 y siguientes).

Previo al pronunciamiento, admitiendo o denegando la adopción el Juzgado interviniente deberá solicitar al Instituto Nacional del Menor, una evaluación sobre las condiciones personales del o de los adoptantes, su estabilidad familiar y las demás circunstancias que permitan fundamentar su criterio, para aconsejar la conveniencia o no de la adopción en el caso.

La sentencia que admite la adopción será comunicada a la Dirección General del Registro de Estado Civil, a la Intendencia Municipal correspondiente y a la Dirección Nacional de Identificación Civil, a efectos de la anotación pertinente en la partida del niño o adolescente.

En todos los casos, se deberá tener en cuenta la opinión del niño o adolescente adoptado.

Artículo 140. (Procedimiento ante escribano público).- La adopción podrá, asimismo, ser hecha por escritura pública, aceptada por los representantes legales del adoptado y por el adoptado, en su caso, debiéndose inscribir dentro de los treinta días contados desde su otorgamiento, en un libro especial, que llevará al efecto la Dirección General del Registro de Estado Civil, y deberá constar además, al margen del acta de nacimiento.

La omisión de la inscripción será sancionada con multa al escribano autorizante de la escritura, de 12 UR a 50 UR (doce a cincuenta unidades reajustables), a más de no surtir efecto la adopción hasta después de ser inscripta. Una vez inscripta surtirá efecto desde la fecha de su otorgamiento.

Cuando se trate de la adopción de un niño o de un adolescente, ningún escribano podrá autorizar la escritura respectiva sin previa autorización del Instituto Nacional del Menor en que se acredite la idoneidad moral y la capacidad del o de los adoptantes, probada por todos los medios de investigación que el Instituto Nacional del Menor considere necesarios.

Artículo 141. (Procedimiento especial).- Tratándose de niños o adolescentes con capacidad diferente que tengan la calidad de huérfanos o separados definitivamente de su familia, el Instituto Nacional del Menor hará un llamado público a personas que deseen adoptarlos en cualquiera de las formas previstas en este Código. El Estado, a través de sus diversos servicios asegurará la atención integral de estos niños y adolescentes en forma gratuita, derecho que se mantendrá cualquiera sea la edad de la persona.

El Poder Ejecutivo reglamentará la forma de dar vigencia efectiva a este artículo en un plazo de ciento ochenta días con posterioridad a la entrada en vigencia de este Código.

Artículo 142. (Derecho de acceso a los antecedentes).- El adoptado tiene derecho a conocer su condición de tal.

Será deber de los padres adoptivos informarle al respecto siempre que ello no lo perjudique, atendiendo a su edad y características.

Si el adoptado es mayor de quince años de edad podrá solicitar al Juez Letrado de Familia competente la exhibición del expediente judicial o antecedentes de su adopción, fundando su pretensión. El Juez recabando los asesoramientos que correspondan, previa vista al Ministerio Público y apreciando las características, motivos del solicitante y los antecedentes de la adopción, podrá acceder a su petición, informándole acerca de la identidad, situación y paradero de su familia de origen en cuanto estos datos surgieren de los antecedentes, a efectos de permitirle tomar contacto con ella si aquél lo deseara.

El Instituto Nacional del Menor establecerá un programa para apoyar a los padres adoptantes y al adoptado en este proceso de conocimiento y de eventual acercamiento a su familia de origen.

Si el adoptado tiene más de dieciocho años de edad no podrá negársele el acceso al expediente o antecedentes respectivos.

Se podrá habilitar el acceso a otras personas en los siguientes casos:

1) Cuando por razones de carácter médico sea necesario conocer los antecedentes de la familia biológica del adoptado.

2) Cuando se esté realizando una investigación judicial de cualquier naturaleza y sea necesario obtener la información como elemento de prueba.

En ambos casos, se requerirá decisión judicial fundada acerca de la necesidad de la medida.

Artículo 143. (Salida del país).- Para que el niño o adolescente que ha sido adoptado pueda salir del país, se requerirá autorización de quienes ejerzan la patria potestad.

LEGITIMACIÓN ADOPTIVA

Artículo 144. (Adoptados).-

1) Se permite la legitimación adoptiva a favor de:

A) Los niños o adolescentes abandonados o huérfanos de padre y madre, o pupilos del Estado, o hijos de padres desconocidos o del hijo o hijos reconocidos por uno de los adoptantes.

B) Los niños o adolescentes abandonados por uno de sus progenitores legítimos, cuando fuere solicitada por el padre o madre que haya mantenido la patria potestad, conjuntamente con el cónyuge con el que contrajo nuevo matrimonio.

 La legitimación adoptiva prevista en este literal solo podrá llevarse a cabo una sola vez, respecto al niño o adolescente.

2) Cuando la legitimación adoptiva se pretendiere para dos o más niños o adolescentes simultáneamente, no será obstáculo la circunstancia de que mediasen menos de ciento ochenta días entre sus respectivos nacimientos.

3) En caso de existir hermanos en situación de abandono, se propenderá a su integración conjunta en una familia adoptiva.

En todos los casos previstos en este Código, la condición de abandono se acreditará únicamente por sentencia ejecutoriada, debiendo seguirse los procedimientos establecidos en el artículo 133 y concordantes.

Artículo 145. (Adoptantes).- Pueden solicitar la legitimación adoptiva:

1) Los cónyuges, mayores de veinticinco años, con quince años más que el niño o adolescente y que lo hubieran tenido bajo su guarda o tenencia por un término no inferior a un año, que computen por lo menos cuatro años de matrimonio, pudiéndose considerar en su caso el tiempo de concubinato previo al mismo, siempre que éste hubiera sido estable, singular y público, compartiendo la vida en común.

Por motivo fundado y expreso, el Tribunal podrá otorgarla aun cuando alguno de los cónyuges o ambos no alcanzaren tal diferencia de edad con el adoptado reduciéndola hasta un límite que admita razonablemente que éste puede ser hijo de los adoptantes o, en casos excepcionales, y si no mediare oposición del Ministerio Público, a pesar de que uno o los dos cónyuges no fueren mayores de veinticinco años de edad o no completaren los cuatro años de matrimonio a que refiere el inciso anterior.

2) El viudo o viuda y los esposos divorciados siempre que medie la conformidad de ambos y cuando la guarda o tenencia del niño o adolescente hubiera comenzado durante el matrimonio y se completara después de la disolución de éste.

3) No es obstáculo para la legitimación adoptiva la existencia de una previa adopción simple realizada por los mismos peticionantes.

Artículo 146. (Procedimiento).-

1) La legitimación adoptiva deberá ser promovida ante el Juzgado Letrado de Familia del domicilio del adoptante.

Se seguirá el procedimiento voluntario previsto en los artículos 402 y siguientes del Código General del Proceso, notificándose al Instituto Nacional del Menor.

2) En caso de oposición a la legitimación adoptiva el proceso será contencioso. Se aplicarán las normas del Código General del Proceso referidas al proceso extraordinario (artículos 346 y siguientes).

El Juez diligenciará las pruebas ofrecidas y las que juzgue convenientes interrogando a los peticionantes y al niño o adolescente en su caso.

3) La tramitación será reservada en cuanto a terceros, no así respecto al niño o adolescente interesado quien tendrá derecho a acceder al expediente y a sus antecedentes cuando tuviere dieciocho años de edad.

4) Previamente al dictado de la sentencia, será oído preceptivamente el Ministerio Público.

Artículo 147. (Procedencia).- La legitimación adoptiva solo se otorgará por justos motivos y existiendo conveniencia para el niño o adolescente.

Cuando el niño o adolescente tuviere derechos cuyo dominio se acredite por documento público o privado, el Juez dispondrá que el Actuario inserte en el mismo constancia breve que exprese el cambio de nombre del titular, de lo que tomará nota el Registro respectivo cuando correspondiere.

Artículo 148. (Sentencia).- Con el testimonio de la sentencia ejecutoriada que autorice la legitimación adoptiva, la parte solicitante efectuará la inscripción del niño o adolescente en la Dirección General del Registro de Estado Civil como hijo legítimo inscripto fuera de término.

En la partida correspondiente no se hará mención alguna del juicio y su texto será el corriente en dicho instrumento.

Se realizará también la anotación pertinente en la libreta de organización de la familia de modo idéntico a la de los hijos habidos dentro del matrimonio.

El testimonio de la sentencia se archivará en forma, dejándose constancia de haberse efectuado la inscripción mencionada.

Toda la tramitación y la expedición de partidas será gratuita.

Artículo 149. (Efectos).-

1) Realizada la legitimación adoptiva, caducarán los vínculos de filiación anterior del niño o adolescente a todos sus efectos, con excepción de los impedimentos previstos en el artículo 91 del Código Civil.

Deberá hacerse constar dicha caducidad en el acta de inscripción original del niño o adolescente.

2) La legitimación adoptiva es irrevocable, aunque posteriormente nazcan hijos propios de uno o de ambos legitimantes.

La legitimación adoptiva tendrá efectos constitutivos sobre el estado civil del niño o adolescente objeto de la misma, quien se reputará en adelante, con los mismos derechos y deberes que si hubiera nacido del matrimonio legitimante.

ADOPCIÓN INTERNACIONAL

Artículo 150. (Principio general).- En defecto de convenios internacionales ratificados por la República, las adopciones internacionales se regularán por las disposiciones de este Capítulo.

Se considera adopción internacional a la que se lleva a cabo por matrimonios con domicilio o residencia habitual en el extranjero, con relación a niños o adolescentes con domicilio o residencia habitual en la República.

Artículo 151. (Preferencia).- El Instituto Nacional del Menor y las demás autoridades con competencia en materia de adopción, deberán dar preferencia a la ubicación de los niños o adolescentes adoptables en familias u hogares que los requieran y vivan dentro del territorio nacional.

Artículo 152. (Requisitos).- Las adopciones internacionales se constituirán con la intervención preceptiva del Instituto Nacional del Menor, quien una vez obtenidos todos los antecedentes presentará en el plazo de sesenta días un informe pormenorizado, teniendo asimismo los demás requisitos previstos en los artículos 133, 145 y 154 de este Código.

El no pronunciamiento en plazo se tendrá por aceptación.

Artículo 153. (Residencia).- La adopción internacional tendrá el mismo efecto que la legitimación adoptiva, pudiendo acceder a ella cónyuges cuya unión matrimonial no sea inferior a cuatro años.

Solo se realizará con aquellos países cuyas normas en materia de adopción y protección de niños y adolescentes tengan una razonable equivalencia con las de nuestro país.

Los adoptantes deberán residir y convivir con el niño o adolescente en el territorio nacional, aun en forma alternada, por un plazo de seis meses. Por razones fundadas y teniendo en cuenta el interés superior del niño, el plazo podrá ser reducido por el Juez competente.

Artículo 154. (Documentos necesarios).- Con la solicitud de la adopción se deberá presentar la documentación justificativa de las condiciones físicas, morales, económicas y familiares de los solicitantes. Los informes y documentos al respecto deberán tramitarse por medio de las autoridades centrales del país de los adoptantes y de la República.

Artículo 155. (Competencia).- Serán competentes para el otorgamiento de la adopción internacional los Jueces de Familia del domicilio del adoptado, quienes procederán de acuerdo a los trámites del juicio extraordinario del Código General del Proceso (artículo 346). La apelación se regirá por la misma normativa (artículo 347).

Los solicitantes deberán comparecer a la audiencia preliminar en forma personal, preceptivamente. También deberán hacerlo cuando el Tribunal, en forma fundada, lo considere conveniente.

El impedimento fundado de los solicitantes a concurrir personalmente a la audiencia hará que el Juzgado fije otra, pero en ningún caso se permitirá la representación por apoderado.

Hasta tanto no haya recaído sentencia firme, para que el niño o adolescente pueda salir del país deberá hacerlo en compañía de uno de los solicitantes, contando con autorización judicial, la que no podrá concederse sin intervención preceptiva del Ministerio Público, si fundadamente se probare la integración del niño.

Artículo 156. (Juicios de anulación).- Corresponde a los Jueces de Familia que autorizaron la adopción, la tramitación de los juicios de anulación, los que serán resueltos teniendo en cuenta el interés superior del niño o adolescente. El trámite se regirá por el procedimiento extraordinario del Código General del Proceso (artículos 346 y 347).

Artículo 157. (Nacionalidad).- Los niños y adolescentes de nacionalidad oriental adoptados por extranjeros domiciliados en el exterior mantienen su nacionalidad, sin perjuicio de adquirir, además, la de los adoptantes.

CONTROL ESTATAL DE LAS ADOPCIONES

Artículo 158. (Control).- El Instituto Nacional del Menor, a través de sus servicios especializados, es el organismo encargado de proponer, ejecutar y fiscalizar la política a seguir en materia de adopciones.

Para el desarrollo de programas de adopción, el Instituto Nacional del Menor podrá autorizar el funcionamiento de instituciones privadas con personalidad jurídica y especialización en la materia.

Artículo 159. (Cometidos del equipo técnico).- Todos los servicios e instituciones que desarrollen programas de adopción deberán contar con equipo técnico interdisciplinario que tendrá como cometidos:

A) Asesorar a los interesados en adoptar niños o adolescentes y analizar los motivos de su solicitud.

B) Evaluar las condiciones de salud, psíquicas, sociales y jurídicas de los solicitantes y las posibilidades de convivencia.

C) Llevar un Registro de Interesados en Adoptar, ordenado cronológicamente según fecha de solicitud, en el que conste el informe técnico a que refiere el literal anterior.

D) Seleccionar de dicho Registro respetando estrictamente el orden de inscripción, los posibles padres adoptivos, ante la solicitud formulada por el Juzgado competente, en el caso de un niño o adolescente en condiciones de ser adoptado

El orden solo podrá ser alterado por las necesidades del niño o adolescente, debidamente fundadas. En todos los casos el niño o adolescente deberá ser oído preceptivamente.

E) Orientar y acompañar el proceso de integración familiar.

F) Asesorar al Juez toda vez que le sea requerido su informe.

DEL REGISTRO DE ADOPCIONES

Artículo 160. (Registro General de Adopciones).- El Instituto Nacional del Menor llevará un Registro reservado donde constarán los datos identificatorios de:

1) El niño o adolescente.

2) Los adoptantes: nombre, nacionalidad, domicilio y estado civil e institución nacional o extranjera que lo patrocinó, cuando corresponda.

3) Juzgado en que se tramitó el proceso respectivo.

CAPÍTULO XII

TRABAJO

Artículo 161. (Principio general).- El estatuto de los adolescentes que trabajan se regulará conforme a las normas de este Código, leyes especiales, tratados, convenciones y convenios internacionales ratificados por el país.

Artículo 162. (Edad de admisión).- Fíjase en quince años la edad mínima que se admitirá en los adolescentes que trabajen en empleos públicos o privados, en todos los sectores de la actividad económica, salvo las excepciones especialmente establecidas en los artículos siguientes, y aquellas que, teniendo en cuenta el interés superior del niño o adolescente, conceda el Instituto Nacional del Menor.

Cuando el Instituto Nacional del Menor no las otorgue de oficio, las excepciones deberán ser gestionadas por los padres o quien acredite la tutoría legal y establecer como mínimo el nombre del representante legal del menor, la naturaleza de la actividad y la jornada diaria.

Artículo 163. (Obligación de protección).- Para el caso de que los niños o adolescentes trabajen, el Estado está obligado a protegerlos contra toda forma de explotación económica y contra el desempeño de cualquier tipo de trabajo peligroso, nocivo para su salud o para su desarrollo físico, espiritual, moral o social.

Prohíbese todo trabajo que no le permita gozar de bienestar en compañía de su familia o responsables o entorpezca su formación educativa.

Artículo 164. (Tareas y condiciones nocivas de trabajo).- El Instituto Nacional del Menor establecerá con carácter de urgente el listado de tareas a incluir dentro de la categoría de trabajo peligroso o nocivo para la salud o para su desarrollo físico, espiritual o moral, los que estarán terminantemente prohibidos, cualquiera fuere la edad del que pretenda trabajar o ya se encuentre en relación de trabajo.

Asimismo, el Instituto Nacional del Menor ante la presunción de la existencia de condiciones de trabajo peligrosas o nocivas para la salud o el desarrollo físico, espiritual o moral de los adolescentes solicitará la intervención de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la que se pronunciará, en un plazo no mayor a los veinte días corridos, sobre el carácter peligroso o nocivo de la actividad.

Artículo 165. (Situaciones especiales).- El Instituto Nacional del Menor revisará las autorizaciones que ha prestado respecto al empleo de niños y adolescentes entre los trece y los quince años. Solo serán permitidos trabajos ligeros, que por su naturaleza o por las condiciones en que se prestan no perjudican el desarrollo físico, mental o social de los mismos, ni obstan a su escolaridad

Artículo 166. (Prevención, educación e información).- El Estado promoverá programas de apoyo integral para desalentar y eliminar paulatinamente el trabajo de estos niños y adolescentes.

La sociedad civil deberá prestar su concurso en las campañas preventivas, educativas e informativas que se desarrollen a fin de asegurar el bienestar del niño y adolescente.

Se consideran programas de educación en el trabajo, aquellos que, realizados por el Instituto Nacional del Menor o por instituciones sin fines de lucro, tienen exigencias pedagógicas relativas al desarrollo personal y social del alumno, que prevalecen sobre los aspectos productivos. En consecuencia, la remuneración que recibe el alumno por el trabajo realizado o por la participación en la venta de productos de su trabajo, no desvirtúa la naturaleza educativa de la relación.

Artículo 167. (Carné de habilitación).- Para trabajar, los adolescentes deberán contar con carné de habilitación tramitado gratuitamente ante el Instituto Nacional del Menor, en el que deberá constar:

A) Nombre.

B) Fecha y lugar de nacimiento.

C) Domicilio.

D) Consentimiento para trabajar del adolescente y sus responsables.

E) Constancia del examen médico que lo declare apto para el trabajo.

F) Constancia de haber completado el ciclo de enseñanza obligatoria o el nivel alcanzado.

Si el examen médico fuera impugnado por la persona legalmente responsable del adolescente podrá, a su requerimiento, realizarse un nuevo examen.

Artículo 168. (Renovación).- Anualmente, todos los menores de dieciocho años que trabajen serán sometidos obligatoriamente a examen médico, a fin de comprobar si la tarea que realizan es superior a su capacidad física. En caso afirmativo deberán abandonar el trabajo por otro más adecuado.

La división técnica del Instituto Nacional del Menor podrá otorgar autorizaciones por períodos más breves, a los efectos de exigir la repetición del examen médico en todos aquellos casos que a su juicio sean necesarios para garantizar una vigilancia eficaz, en relación con los riesgos que presenta el trabajo o el estado de salud del niño o adolescente.

El responsable del niño o adolescente podrá impugnar el examen y requerir otro.

Artículo 169. (Jornada de trabajo).- Los adolescentes mayores de quince años no podrán trabajar más de seis horas diarias, equivalentes a treinta y seis horas semanales y disfrutar de un día de descanso semanal, preferentemente en domingo. El Instituto Nacional del Menor podrá excepcionalmente autorizar a los adolescentes entre dieciséis y dieciocho años a trabajar ocho horas diarias, correspondiéndoles dos días continuos de descanso preferentemente uno en domingo, por cada cinco días de trabajo, previa evaluación técnica individual, estudio del lugar y puesto de trabajo teniendo en cuenta el interés superior del niño.

Artículo 170. (Descansos).- El descanso intermedio en la jornada de trabajo de los niños y adolescentes tendrá una duración de media hora, que deberá ser gozada en la mitad de la jornada y tendrá carácter remunerado. No se admitirá la jornada discontinua de trabajo ni horarios rotativos durante el ciclo lectivo. En todos los casos deberán mediar como mínimo doce horas entre el fin de la jornada y el comienzo de la siguiente.

Artículo 171. (Horarios especiales).- El Instituto Nacional del Menor podrá otorgar permisos con carácter excepcional a adolescentes mayores de quince años para desempeñarse en horarios especiales, durante períodos zafrales o estacionales, siempre que la actividad no interfiera con el ciclo educativo y que las condiciones de trabajo no sean nocivas o peligrosas. El descanso deberá ser concedido en la mitad de la jornada de trabajo.

El período de excepción podrá ser de hasta un máximo de tres meses.

Artículo 172. (Trabajo nocturno).- Los adolescentes no podrán ser empleados ni trabajar en horario nocturno, entendiéndose por tal a los efectos de este Código, el período comprendido entre las veintidós y las seis horas del día siguiente.

No obstante, el Instituto Nacional del Menor podrá autorizarlo excepcionalmente, teniendo en cuenta su interés superior.

Artículo 173. (Fiscalización y sanciones).- El Instituto Nacional del Menor tendrá autoridad y responsabilidad en la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones específicas en materia de sus competencias respecto al trabajo de los menores de edad y sancionar la infracción a las mismas, sin perjuicio del contralor general del cumplimiento de las normas por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Las empresas o los particulares que no cumplan las obligaciones impuestas, serán sancionados por el Instituto Nacional del Menor con una multa de hasta 2.000 UR (dos mil unidades reajustables).

El producido de las multas será destinado al Instituto Nacional del Menor.

Artículo 174. (Competencia).- Serán competentes para entender en las infracciones previstas en el artículo anterior, los Jueces Letrados de Familia de la capital, y en el interior del país los que la Suprema Corte de Justicia determine según su superintendencia constitucional, quienes actuarán siguiendo el procedimiento extraordinario previsto en el Código General del Proceso.

Será oído preceptivamente el Ministerio Público.

Artículo 175. (Recurribilidad).- La sentencia podrá ser apelada ante el Tribunal de Familia respectivo, cuya decisión hará cosa juzgada.

Artículo 176. (Responsabilidad de los padres o responsables).- Los padres o responsables de los niños y adolescentes que permitan o favorezcan que estos trabajen violando las normas prohibitivas consagradas en este Código, incurrirán en el delito previsto por el artículo 279 B del Código Penal.

Constatada la infracción, el Instituto Nacional del Menor o cualquier persona responsable, formulará la denuncia al Juez Letrado en lo Penal que corresponda.

Artículo 177. (De la documentación).- El Instituto Nacional del Menor determinará los documentos que el empleador deberá llevar y tener a disposición de la autoridad competente.

Estos documentos deberán indicar el nombre y apellido, fecha de nacimiento debidamente certificada, fecha de ingreso, tarea, categoría, horario, descansos intermedios y semanal y fecha de egreso, de todas las personas menores de dieciocho años empleadas por él o que trabajen para él.

Artículo 178. (Peculio profesional o industrial).- Todo adolescente que trabaje tendrá derecho de acuerdo a lo prescripto por los artículos 266 y siguientes del Código Civil, a la administración exclusiva del salario o remuneración que perciba, la que deberá serle abonada directamente, siendo válido el recibo que el empleador otorgue por tal concepto. Cualquier constancia en el recibo o fuera de él que pudiera implicar renuncia del adolescente a sus derechos, será nula.

Artículo 179. (Remuneración).- La remuneración del adolescente trabajador se regirá por lo dispuesto en las leyes, decretos, laudos o convenios colectivos de la actividad correspondiente.

Artículo 180. (Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).- En caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales de un adolescente trabajador, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Nacional del Menor investigarán las causas del mismo de acuerdo con las competencias específicas de cada organismo. Asimismo se verificará la realización de tareas prohibidas o el hecho de encontrarse el menor de edad en sitio en el que esté prohibida su presencia, en cuyo caso se considerará culpa grave del empleador, con las consecuencias previstas por el artículo 7º de la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989.

El empleador podrá eximirse de esta responsabilidad si prueba fehacientemente que el joven se encontraba circunstancialmente en el lugar y sin conocimiento de la persona habilitada para permitirle el acceso.

CAPÍTULO XIII

DE LA PREVENCIÓN ESPECIAL

I - Medios de comunicación, publicidad y espectáculos

Artículo 181. (Vulneración de derechos a su incitación).- La exhibición o emisión pública de imágenes, mensajes u objetos no podrá vulnerar los derechos de los niños y adolescentes, los principios reconocidos en la Constitución de la República y las leyes, o incitar a actitudes o conductas violentas, delictivas, discriminatorias o pornográficas.

Artículo 182. (Programas radiales o televisivos).- Los programas de radio y televisión en las franjas horarias más susceptibles de audiencia de niños y adolescentes, deben favorecer los objetivos educativos que dichos medios de comunicación permiten desarrollar y deben potenciar los valores humanos y los principios del Estado democrático de derecho. Debe evitarse, en las franjas horarias antedichas, la exhibición de películas que promuevan actitudes o conductas violentas, delictivas, discriminatorias o pornográficas, o fomenten los vicios sociales.

Artículo 183. (Principios rectores).- A fin de proteger los derechos de los niños y adolescentes, en lo que refiere a la publicidad elaborada y divulgada en todo el territorio nacional, deberán atenderse los siguientes principios:

A) Los anuncios publicitarios no deben incitar a la violencia, a la comisión de actos delictivos o a cualquier forma de discriminación.

B) Las prestaciones del producto deben mostrarse en forma comprensible y que coincida con la realidad.

II - Publicidad protagonizada por niños y adolescentes

Artículo 184. (Participación de niños y adolescentes).- Prohíbese la participación de niños y adolescentes en anuncios publicitarios que promocionen bebidas alcohólicas, cigarrillos o cualquier producto perjudicial para su salud física o mental.

Artículo 185. (Mensajes publicitarios).- Prohíbese la participación de niños y adolescentes en mensajes publicitarios que atenten contra su dignidad o integridad física, psicológica o social.

III - Espectáculos y centros de diversión

Artículo 186. (Preservación de la corrupción).- Prohíbese la concurrencia de personas menores de dieciocho años a casinos, prostíbulos y similares, whiskerías y night clubs, independientemente de su denominación.

El Instituto Nacional del Menor reglamentará a los efectos pertinentes la concurrencia de adolescentes a locales de baile, espectáculos públicos de cualquier naturaleza, hoteles de alta rotatividad y afines.

Corresponde asimismo al Instituto Nacional del Menor regular la asistencia de niños y adolescentes a espectáculos públicos de cualquier naturaleza.

Artículo 187. (Prohibición de proveer).- Prohíbese la venta, provisión, arrendamiento o distribución a personas menores de dieciocho años de:

1) Armas, municiones y explosivos.

2) Bebidas alcohólicas.

3) Tabacos, fármacos, pegamentos u otras sustancias que puedan significar un peligro o crear dependencia física o psíquica.

4) Revistas, publicaciones, video casetes, discos compactos u otras formas de comunicación que violen las normas establecidas en los artículos 181 a 183 de este Código.

Artículo 188. (Fiscalización).-

1) La fiscalización de lo establecido en los artículos 181 a 187 de este Código, será facultad del Instituto Nacional del Menor.

2) Las empresas o los particulares que no cumplan con las obligaciones impuestas en los artículos 181 a 187 de este Código, serán sancionados con una multa, a juicio del Juez, entre 50 UR (cincuenta unidades reajustables) y 200 UR (doscientas unidades reajustables), según los casos. En los casos de reincidencia, podrán duplicarse los referidos montos. Las multas serán recaudadas por el Instituto Nacional del Menor.

El niño o adolescente encontrado en situación de riesgo será conducido y entregado por parte del Juez a los padres, tutor o encargado. El Juez advertirá a éstos personalmente y bajo su más seria responsabilidad de la situación. Si éstos han incumplido alguno de los deberes establecidos en el artículo 16 de este Código, el niño o adolescente será entregado al Instituto Nacional del Menor.

El Instituto Nacional del Menor podrá solicitar al Juez competente la clausura, por veinticuatro horas a diez días, del establecimiento en infracción.

Artículo 189. (Competencia).- Serán competentes los Jueces Letrados de Familia en Montevideo, y los Jueces con competencia penal en el interior del país, quienes actuarán siguiendo el procedimiento extraordinario previsto por el Código General del Proceso.

Será oído preceptivamente el Ministerio Público.

Artículo 190. (Recurribilidad).- La sentencia podrá ser apelada ante el Tribunal de Apelaciones de Familia respectivo, cuya decisión hará cosa juzgada.

IV - Autorización para viajar

Artículo 191. (Compañía de los padres o responsables).- Los niños y adolescentes no necesitan autorización para viajar cuando salen del país acompañados de quienes ejerzan la patria potestad.

Artículo 192. (Uso del pasaporte-habilitado).- Tampoco necesitan autorización cuando viajen en posesión de pasaporte válido autorizado por quienes ejerzan la patria potestad o habilitado de edad.

Artículo 193. (Autorizaciones).- Los niños y adolescentes que viajen solos o en compañía de terceros fuera del país necesitan consentimiento de ambos padres o del representante legal en su caso.

En caso de separación o divorcio de los padres, se requerirá la autorización de ambos.

En los casos expuestos precedentemente si se planteara conflicto para consentimiento entre los otorgantes del mismo, resolverá el Juez Letrado de Familia quien fijará los detalles de la estadía en el exterior.

Se seguirán los trámites del proceso incidental según lo dispone el Código General del Proceso, oyéndose preceptivamente al Ministerio Público en la audiencia respectiva a la que bajo responsabilidad deberá concurrir este último.

La impugnación a la sentencia de primera instancia no tendrá efecto suspensivo, debiendo el Juzgado Letrado de Familia de Primera Instancia expedir testimonio de la sentencia sin más trámite, inmediatamente de celebrada la audiencia correspondiente.

Artículo 194. (Adoptados).- Los niños y adolescentes adoptados por matrimonios extranjeros necesitan la autorización del Juez Letrado de Familia, aun cuando viajen con sus padres, la que se tramitará según las normas del proceso voluntario (artículos 402 y siguientes del Código General del Proceso).

CAPÍTULO XIV

ACCIONES ESPECIALES

Artículo 195. (Acción de amparo).- La acción de amparo para la protección de los derechos de los niños y adolescentes se regirá por la Ley Nº 16.011, de 19 de diciembre de 1988, y por las siguientes disposiciones.

Podrá ser deducida también por el Ministerio Público, cualquier interesado o las instituciones o asociaciones de interés social que según la ley, o a juicio del Tribunal, garanticen una adecuada defensa de los derechos comprometidos.

Procederá en todos los casos, excepto que exista proceso jurisdiccional pendiente, presumiéndose, salvo prueba en contrario, que los otros medios jurídicos de protección resultan ineficaces.

Deberá ser promovida dentro de los treinta días a partir de la fecha en que se produjo el acto, hecho u omisión contra el que se recurre.

Serán competentes en razón de la materia los Jueces Letrados de Familia.

Artículo 196. (Intereses difusos).- Amplíase a la defensa de los derechos de los niños y adolescentes las previsiones del artículo 42 del Código General del Proceso.

CAPÍTULO XV

DE LA INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD O MATERNIDAD

Artículo 197. (Principio general).- Las acciones de investigación de la paternidad o maternidad se regularán exclusivamente por las disposiciones contenidas en este Capítulo.

La paternidad o maternidad declaradas asegurarán al niño y adolescente todos los derechos correspondientes a la filiación natural, en especial, los derechos hereditarios inherentes a la misma, así como los alimentos necesarios para su desarrollo y bienestar y el derecho a llevar los apellidos de quienes resulten declarados como sus padres.

Artículo 198. (Accionantes).- Podrán iniciar la acción:

1) El hijo, hasta los veinticinco años de edad. Durante la menor edad solamente podrá ser deducida la acción por la madre, el padre, o su representante legal, según correspondiere.

2) La madre o el padre, desde que se constata la gravidez, hasta que el hijo cumpla dieciocho años.

Si el padre o la madre fuere menor de edad, se le nombrará curador "ad litem".

Si el padre o la madre menor de edad estuviere internado en el Instituto Nacional del Menor, éste deberá solicitar al Juez Letrado de Familia, el nombramiento de curador "ad litem".

3) El Instituto Nacional del Menor, de oficio, cuando tenga conocimiento que el niño ha sido inscripto como hijo de padres desconocidos, o que ingrese al establecimiento un niño o adolescente sin filiación paterna o materna, o cuando un niño o adolescente lo solicite.

A efectos de esta acción, los Oficiales de la Dirección General del Registro de Estado Civil, darán cuenta, en el primer caso, de dicha inscripción.

  El Instituto Nacional del Menor requerirá de las oficinas respectivas un informe semestral de estas situaciones.

4) Cuando el presunto hijo o su representante legal ejercite conjuntamente con la acción de investigación de paternidad o maternidad la de petición de herencia, el Actuario, bajo su más seria responsabilidad funcional, lo comunicará dentro de quince días al registro correspondiente para su inscripción que producirá los efectos enunciados en el artículo 685 de Código Civil. Si entre los demandados hubiese herederos testamentarios, o de los llamados a la herencia por el artículo 1025 del Código Civil, o cónyuge con derecho a gananciales o porción conyugal, cualquiera de ellos podrá obtener que se limite la interdicción a un bien o lote de bienes hereditarios cuyo valor cubra ampliamente la legítima del actor, el que solo sobre ese bien o lote podrá perseguir el pago de su haber hereditario cuando le sea reconocida la filiación invocada y sin perjuicio de la acción personal que le corresponda por restitución de frutos.

Artículo 199. (Emplazamiento).- En los casos previstos por el numeral 3) del artículo 198, el Instituto Nacional del Menor iniciará los procedimientos judiciales ante el Juez de Familia competente, para que emplace al presunto padre o a la presunta madre del niño o adolescente con domicilio conocido.

Si no se conociera el domicilio, se le emplazará por edictos, según lo establecido por el Código General del Proceso.

Artículo 200. (Acción del presunto padre o la presunta madre).- Si el presunto padre o la presunta madre comparece dentro del término y expresa su voluntad de iniciar por sí mismo la investigación, lo hará ajustándose al procedimiento fijado por este Capítulo.

Artículo 201. (No comparecencia).- Si citado por segunda vez y bajo apercibimiento, el presunto padre o la presunta madre no comparece en autos, el Juez competente pondrá esta circunstancia en conocimiento del Ministerio Público quien podrá proponer dos o más personas idóneas para que entre ellos se elija el curador "ad litem" del menor, quien instaurará y proseguirá la acción.

Las citaciones previstas en el inciso anterior serán con plazo de diez días.

Artículo 202. (Administrador legal).- El Instituto Nacional del Menor será el administrador legal de la pensión alimentaria que se obtenga como consecuencia de la acción, a la vez que será responsable del bienestar, salud y educación del niño o adolescente internado en sus dependencias.

Artículo 203. (Procedimientos).- Las pretensiones que conciernen a las cuestiones de investigación de la paternidad o maternidad a que refiere este Capítulo, se tramitarán por el procedimiento ordinario previsto en el Código General del Proceso.

Artículo 204. (Admisión de pruebas).- En esta clase de juicios serán admisibles todas las clases de prueba. La no colaboración para su diligenciamiento sin causa justificada, será tenida como una presunción simple en su contra.

La excepción de mala conducta no tiene eficacia perentoria.

Deberá oírse preceptivamente al Ministerio Público.

Artículo 205. (Maniobras artificiosas).- Cuando de la denuncia sobre paternidad o maternidad, resultase el empleo de maniobras artificiosas, se pasarán los antecedentes al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Turno en la fecha que se invocó el engaño.

CAPÍTULO XVI

DE LA PÉRDIDA, LIMITACIÓN, SUSPENSIÓN O REHABILITACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD

Artículo 206. (Competencia).- Es Juez competente para conocer en los juicios de pérdida, limitación, suspensión o rehabilitación de la patria potestad, en los casos previstos en los artículos 285, 286, 295 y 296 del Código Civil, aunque la patria potestad sea ejercida de acuerdo con el artículo 177 del mismo Código, el Juez Letrado de Familia en Montevideo y los Jueces Letrados Departamentales del domicilio de los padres, y cuando el domicilio no sea conocido, el de la residencia del niño o adolescente.

Artículo 207. (Responsabilidad del Ministerio Público).- La demanda deberá ser deducida por el Ministerio Público siempre que tenga conocimiento de alguno de los hechos que puedan dar lugar a la pérdida, limitación o suspensión de la patria potestad.

Cuando el Juez de Familia reciba información fehaciente que aconseje la separación de un niño o adolescente de su familia de origen, previo asesoramiento técnico, deberá dar cuenta al Ministerio Público a fin de que éste determine si ejerce la facultad conferida en el inciso anterior.

En todos los casos, deberá aplicarse lo dispuesto en el literal C) del artículo 35 de este Código.

Lo dispuesto en este artículo no modifica la posibilidad de deducir la demanda por quienes asimismo poseen legitimación activa (artículo 289 del Código Civil).

Artículo 208. (Procedimiento).- Las pretensiones que conciernen a las cuestiones de limitación, pérdida, suspensión o rehabilitación de la patria potestad, se tramitarán por el proceso extraordinario previsto en el Código General del Proceso (numeral 3) del artículo 349, y artículos 346, 347 y 350).

Artículo 209. (Administración de los bienes).- El Juez Letrado de Familia o los Jueces Letrados Departamentales, cuando lo consideren conveniente, podrán entregar la administración de los bienes del niño o adolescente a instituciones bancarias de notoria responsabilidad.

Artículo 210. (Reserva).- No serán de conocimiento público las situaciones previstas en los artículos 285, 286, 295 y 296 del Código Civil.

No obstante, el Tribunal podrá decidir la publicidad del proceso siempre que las partes consintieran en ello (artículo 8º de la Ley Nº 16.699, de 25 de abril de 1995).

CAPÍTULO XVII

CONSEJO NACIONAL CONSULTIVO HONORARIO DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

Artículo 211. (Creación).- Créase el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente que se integrará con dos representantes del Poder Ejecutivo -uno de los cuales lo presidirá- uno del Instituto Nacional del Menor, uno del Poder Judicial, uno de la Administración Nacional de Educación Pública, uno del Congreso de Intendentes, uno del Instituto Pediátrico "Luis Morquio", uno del Colegio de Abogados y dos de las organizaciones no gubernamentales de promoción y atención a la niñez y adolescencia.

En caso de empate, el Presidente tendrá doble voto.

La representación del Poder Ejecutivo coordinará directamente con los Ministerios de Deporte y Juventud, Trabajo y Seguridad Social, Educación y Cultura, Salud Pública, e Interior.

Artículo 212. (Integración).- Los representantes de los organismos públicos deberán ser funcionarios de las más altas jerarquías.

Los representantes de las organizaciones no gubernamentales serán designados por la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (ANONG).

Artículo 213. (Convocatorias especiales).- El Consejo podrá convocar a sesiones extraordinarias consultivas a representantes de los Ministerios y organismos públicos. Asimismo podrá convocar a representantes de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones privadas de promoción y atención a la niñez y adolescencia.

Artículo 214. (Competencia).- El Consejo que se crea, tendrá competencia a nivel nacional. Sus fines serán:

1) Promover la coordinación e integración de las políticas sectoriales de atención a la niñez y adolescencia, diseñadas por parte de las diferentes entidades públicas vinculadas al tema.

2) Elaborar un documento anual que contemple lo establecido en el numeral anterior.

3) Ser oído preceptivamente en la elaboración del informe que el Estado debe elevar al Comité sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (artículo 44 de la Convención sobre Derechos del Niño).

4) Opinar, a requerimiento expreso, sobre las leyes de presupuesto, rendición de cuentas y demás normas y programas que tengan relación con la niñez y adolescencia.

Artículo 215. (Recursos).- El Ministerio de Educación y Cultura asignará los recursos necesarios para su funcionamiento y proveerá la infraestructura para realizar las reuniones del Consejo.

Artículo 216. (Atribuciones).- El Consejo podrá crear Comisiones Departamentales o Regionales, reglamentando su integración y funcionamiento.

Dicha reglamentación podrá hacerse de manera tal, que se integren a las mismas los miembros y competencias de las Comisiones previstas por el artículo 37 de la Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 1995.

Artículo 217. (Funcionamiento).- El Consejo dictará su reglamento interno de funcionamiento dentro del plazo de sesenta días a partir de su instalación.

CAPÍTULO XVIII

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo 218. (Sistema de datos).- El Instituto Nacional del Menor deberá desarrollar el Sistema Nacional de Información sobre Niñez y Adolescencia, que deberá incluir datos sobre el niño o adolescente a su cargo y las instituciones que lo atienden.

Artículo 219. (Seguimiento).- El Sistema Nacional de Información sobre Niñez y Adolescencia deberá generar datos que permitan un adecuado seguimiento de la atención del niño o adolescente y de la evolución de la misma, así como generar la información necesaria para la formulación de las políticas de niñez y adolescencia.

Artículo 220. (Colaboración).-

1) Los distintos Poderes y reparticiones del Estado, instituciones privadas y organismos no gubernamentales, deberán aportar los datos e información pertinentes al Sistema Nacional de Información sobre Niñez y Adolescencia, sin perjuicio de la autonomía y competencia específica de cada institución pública o privada.

2) La Suprema Corte de Justicia, a través de sus órganos competentes, desarrollará un sistema de información sobre niños y adolescentes atendido tanto por la judicatura de adolescentes como de familia.

Los datos manejados por este Sistema Judicial de Información tendrán igual régimen y tratamiento que el establecido por los artículos 221 y 222 de este Código.

Artículo 221. (Reserva).- El Instituto Nacional del Menor será el custodio de la información contenida en el Sistema Nacional de Información sobre Niñez y Adolescencia, por lo que se deberá garantizar el uso reservado y confidencial de los datos correspondientes a cada niño o adolescente, en concordancia con su interés superior y en cumplimiento del derecho a la privacidad de su historia personal, como único propietario de la misma.

Artículo 222. (Limitaciones).- La información relativa a niños y adolescentes no podrá ser utilizada como base de datos para el rastreo de los mismos, una vez alcanzada la mayoría de edad.

Los antecedentes judiciales y administrativos de los niños o adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley se deberán destruir en forma inmediata al cumplir los dieciocho años o al cese de la medida.

CAPÍTULO XIX

Artículo 223. (Nueva denominación).- A partir de la promulgación de este Código, el Instituto Nacional del Menor (INAME) pasará a denominarse "Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay" (INAU), manteniendo su carácter de servicio descentralizado a todos sus efectos y competencias.

Desde la publicación oficial de este Código, se incluirá en el texto la denominación del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

CAPÍTULO XX

DEROGACIONES Y OBSERVANCIA DE ESTE CÓDIGO

Artículo 224.- Derógase la Ley Nº 9.342, de 6 de abril de 1934 (Código del Niño), sus modificaciones y todas las disposiciones legales que se opongan a este Código.

Sala de la Comisión, 13 de diciembre de 2001.

JORGE BARRERA, Miembro informante, GUSTAVO BORSARI BRENNA, ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES, LUIS ALBERTO LACALLE POU.

Comisión de Constitución, Códigos,

Legislación General y Administración

INFORME DE LA COMISIÓN, EN MINORÍA

(Artículo 134, inciso segundo del Reglamento)

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha considerado y aconseja al plenario de este Cuerpo la aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia. Dicha aprobación es la culminación de un largo proceso que se remonta a la anterior legislatura y que se cristaliza en la presente.

Este Código supone una puesta al día del derecho que regula los temas relacionados con la niñez y la adolescencia. Ya desde su denominación el mismo se adapta a las previsiones de la Convención Internacional de los Derechos de Niño aprobada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por nuestro país por Ley Nº 16.137, de 28 setiembre de 1990.

En la filosofía que inspira este Código encontramos la superación del concepto de "menor" sustituido por el de "niño y adolescente", y el reconocimiento de estos no ya como "objetos de derecho" sino como "sujetos de derecho". No se trata de un mero cambio de denominación sino de toda una concepción que se va produciendo como consecuencia de cambios sociales, económicos y culturales surgidos durante las últimas décadas. Se establece en el mismo el reconocimiento del "interés superior del niño" como el principio que debe regir e inspirar cualquier decisión que se tome sobre un niño o adolescente y que consiste en el reconocimiento y respeto de los derechos inherentes a su calidad de persona humana.

El Código consta de veinte Capítulos y doscientos veinticuatro artículos.

En el Capítulo I se establecen los Principio Generales, aplicándose a todos los seres humanos menores de dieciocho años de edad, considerándose niño hasta los trece años de edad, y a los mayores de trece y menores de dieciocho años se los considera adolescentes. Se establece que los mismos son titulares de derechos, deberes y garantías y se consagra el "principio de interés superior del niño" como criterio específico de interpretación e integración.

En el Capítulo II se consagran los derechos de los niños y adolescentes, preceptuándose que gozan de todos los derechos inherentes a la persona humana. Asimismo se establece que pueden acudir directamente y por sí ante los Tribunales, dándose cumplimiento a un principio cardinal estatuido en la Convención de los Derechos del Niño, preceptuándose que los Jueces deberán garantizar el efectivo cumplimiento de sus derechos bajo su más seria responsabilidad. Así se consagra algo novedoso en nuestro derecho y sistema judicial y es que el niño o adolescente podrá tener su propio abogado, sin necesidad de recurrir a sus padres o representantes legales. Por tanto el nombramiento de curador debe ser excepcional y solo cuando fuere pertinente; cabe resaltar que aun en los casos excepcionales en que se nombre curador, esto no significa que se sustituye la voluntad u opinión del niño o adolescente y el Juez siempre deberá entrevistarlo y oírlo.

Se establecen explícitamente los derechos de que gozan niños y adolescentes -en concordancia con la Convención-, y particularmente de aquellos que presentan discapacidades o capacidad diferente.

Corresponde destacar lo preceptuado en el artículo 12 donde se consagra el derecho al disfrute de sus padres y familia, de vivir y crecer junto a su familia y a no ser separado por razones económicas; por tanto la separación solo operará en circunstancias excepcionales y mediante la instrucción del debido proceso.

Se preceptúa expresamente la prohibición de que niños y adolescentes formen parte de conflictos armados.

En el Capítulo III se consagran los deberes del Estado en cuanto debe prestar una protección especial sobre los derechos de todos los niños y adolescentes.

En el Capítulo IV se consagran los deberes de los padres o responsables, destacándose que los mismos deberán respetar y tener en cuenta el carácter de sujeto de derecho del niño y del adolescente, así como respetar el derecho a ser oído y considerada su opinión.

En el Capítulo V se establecen los deberes de los niños y adolescentes.

En el Capítulo VI se consagran las políticas sociales de promoción y protección a la niñez y adolescencia, estableciéndose los objetivos fundamentales así como los principios básicos y las líneas de acción para llevar a cabo los mismos.

El Capítulo VII trata sobre la Filiación, destacándose el derecho de todo niño y adolescente a conocer quiénes son sus padres, así como el derecho a la identidad. También se innova al consagrarse el derecho y el deber de los progenitores a reconocer a sus hijos, cualquiera fuere su estado civil, haciéndose las modificaciones pertinentes al Código Civil. Se regula además en este Capítulo todo lo referido a la tenencia y visitas.

El Capítulo VIII trata sobre los Alimentos, estableciéndose normas que protejan a los niños y adolescentes en el derecho a percibir los alimentos por parte de sus progenitores y a falta de estos por otros obligados.

En el Capítulo IX se establecen los órganos de competencia y principios procesales. Se cambia la denominación de los actuales Juzgados Letrados de Menores por Juzgados Letrados de Adolescentes y se crean los Juzgados Letrados de Familia de Urgencia o con competencia de Urgencia, para atender en forma permanente todos los asuntos que requieran intervención inmediata. La Suprema Corte de Justicia deberá asignar dicha competencia a por lo menos cuatro Juzgados de Familia de Montevideo, y a los Juzgados Letrados del interior con competencia en materia de familia. Asimismo el máximo órgano judicial deberá instrumentar que dichos juzgados cuenten con asistencia permanente de asistentes sociales, sicólogos, siquiatras u otros profesionales del Poder Judicial para asesorar al Juez. Es la intención del legislador que todos los Juzgados de Familia cuenten con dichos profesionales en forma permanente y trabajando junto con el Juez, de forma de lograr una mayor interiorización y comunicación directa, y no solo a través de informes. Esto se complementa con el principio de que el niño o adolescente debe ser necesariamente oído, y bajo la más seria responsabilidad del Juez, en todos los procesos donde estén en juego los derechos de los mismos; por tal motivo el Juez de Familia debe necesariamente asesorarse con profesionales sobre la forma de entrevistar a los niños, así como realizarlas fuera de los recintos de los juzgados cuando ello fuere conveniente. Será preceptivo además, que los Juzgados cuenten con Defensores de Oficio y la presencia del Ministerio Público y Fiscal a los efectos de dar las mayores garantías a los niños y adolescentes, así como a sus padres y representantes.

En el artículo 67 se establece la obligatoriedad de los Tribunales de ejercer su autoridad reclamada que fuera legalmente su intervención, no pudiendo excusarse ni aun por razones de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes.

En el artículo 66 se establece la competencia del Instituto Nacional del Menor, que será el órgano administrativo rector en materia de políticas de niñez y adolescencia y con competencia en materia de promoción, protección y atención de los niños y adolescentes.

En la Sección II del Capítulo IX se legisla sobre los adolescentes y las infracciones a la ley penal. De acuerdo a los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño se establece un proceso especial y específico para los adolescentes que infrinjan la ley penal, consagrándose que no todos los delitos consagrados en la ley penal constituyen infracciones que puedan cometer los adolescentes. En el artículo 69 se establece qué supuestos constituyen infracciones a la ley penal, definiéndose por el artículo 70 al adolescente infractor.

En el Capítulo X se establece a texto expreso los derechos y garantías del procedimiento, estableciéndose como principio de responsabilidad que los menores de 13 años de edad son irresponsables, y que si menores de dicha edad se encuentran involucrados en infracciones serán competentes los Jueces Letrados de Familia de acuerdo a lo preceptuado en el Capítulo XI, artículos 117 y siguientes.

Se consagran entre otros principios, el de inocencia, humanidad, inviolabilidad de la defensa, libertad de comunicación y de respuesta específica.

Para el caso de que se encuentre a un adolescente responsable en la comisión de una infracción a la ley penal, por sentencia ejecutoriada, será pasible de la aplicación de medidas socioeducativas, estableciéndose las privativas y no privativas de libertad. Las primeras se aplicarán cuando no existen otras medidas adecuadas dentro de las no privativas y el Juez deberá fundar los motivos de la no aplicación de otras medidas. Las medidas privativas de libertad podrán cumplirse bajo el régimen de semilibertad.

El Capítulo XI refiere a la Protección de los derechos amenazados o vulnerados de los niños y adolescentes y situaciones especiales. El artículo 117 sustituye el concepto de "menor abandonado", no estableciéndose taxativamente cuales son los supuestos de esta condición, sino que se atiene a cualquier circunstancia en que los derechos del niño o adolescente sean amenazados o vulnerados. Asimismo, también se prevé la situación en que los niños vulneren los derechos de terceros, debiéndose aplicar las normas consagradas en este Capítulo. Se establece el procedimiento y las medidas a adoptar para los padres o responsables y para los niños y adolescentes.

En la Sección II de este Capítulo se incorporan normas para la protección ante el maltrato y abuso del niño o adolescente.

En la Sección III se regula lo referente a los hogares de cuidado y a la separación definitiva del niño o adolescente de su familia de origen. Asimismo se consagra la invalidez del consentimiento que se otorgue para la separación del hijo que está por nacer o dentro de los treinta días de su nacimiento.

La Sección IV del Capítulo XI trata sobre la adopción. Se regula la Adopción Simple, la Legitimación Adoptiva y la Adopción Internacional. Se disminuye la edad requerida para poder ser adoptante y la diferencia de edad entre adoptante y adoptado, facultándose al Juez para que, apreciando las circunstancias del caso, admita la adopción aunque no se llegue a los requisitos establecidos. Por tanto los límites de edad no son absolutos, admitiéndose excepciones.

Se consagra además, el derecho del adoptado a tener conocimiento de su condición de tal, siendo el deber de los padres adoptivos de informarle al respecto, siempre que ello no lo perjudique atendiendo a su edad y características.

En cuanto a la Adopción Internacional se procura que la misma no sea utilizada para el tráficos de niños, extremándose los requisitos y controles para autorizar la misma.

El Capítulo XII refiere al "Trabajo", estableciéndose en 15 años la edad mínima de admisión, pero consagrándose excepciones. Será el INAME que, apreciando las circunstancias del caso, y teniendo en cuenta el interés superior del niño, concederá autorizaciones especiales para los menores de quince años de edad.

El Capítulo XIII refiere a la "Prevención Especial" y se legisla sobre los derechos del niño y adolescente con relación a los medios de comunicación, utilización en publicidad, espectáculos, concurrencia a centros de diversión, estableciéndose una protección especial con prohibiciones expresas y el establecimiento de sanciones para quienes las infrinjan. Asimismo también se regula lo referido a autorizaciones para viajar.

El Capítulo XVI refiere a "Acciones Especiales", regulándose la Acción de Amparo y la protección de Intereses Difusos, consagrándose en dichas normas que estas proceden para la protección de los niños y adolescentes, siendo competentes los Jueces Letrados de Familia.

El Capítulo XV regula la "Investigación de la Paternidad o Maternidad", unificándose el procedimiento para dichas acciones, terminándose con la dualidad de los mismos, como hasta el presente, derogándose de hecho el artículo 241 del Código Civil y el inciso primero del artículo 242 del Código Civil, y por tanto la investigación procederá ahora, aunque la madre sea de estado civil casada.

La sentencia confirmatoria de la declaración de paternidad o maternidad lo será a todos los efectos: filiación, derechos hereditarios, alimentos y apellidos.

El Capítulo XVI regula todo lo referente a la pérdida, limitación, suspensión o rehabilitación de la patria potestad.

Por el Capítulo XVII se crea el "Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente" que constituye un instrumento para lograr la intersectorialidad, estando entre sus cometidos promover la coordinación e integración de las políticas sectoriales de atención a la niñez y adolescencia diseñadas por parte de las diferentes entidades públicas vinculadas al tema.

Por el Capítulo XVIII se crea el Registro de Información de Niños y Adolescentes, que estará a cargo del INAME, siendo su objetivo reunir datos sobre el niño o adolescente y las instituciones que lo atienden, haciendo el seguimiento correspondiente, generando la información necesaria para la formulación de políticas de niñez y adolescencia. Dicha información será de uso reservado y confidencial.

El Capítulo XIX consagra la nueva denominación del Instituto Nacional del Menor el cual pasará a denominarse "Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay" (INAU), en concordancia con la nueva denominación del Código, y sustitución del término "menor" por el de "niño y adolescente".

Por el Capítulo XX se establecen las derogaciones y observancia del Código, derogando el Código del Niño vigente y todas las normas que se opongan al nuevo Código.

Señores Representantes, tenemos la oportunidad de aprobar un instrumento moderno, que trata al niño y adolescente como sujeto de derecho y dar cumplimiento a la obligación que ha asumido Uruguay al ratificar la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Por todo lo expuesto, esta Comisión aconseja al Cuerpo la aprobación del siguiente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 13 de diciembre de 2001.

FELIPE MICHELINI, Miembro informante, DANIEL DÍAZ MAYNARD, JORGE ORRICO, MARGARITA PERCOVICH.

PROYECTO DE LEY

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1º. (Ámbito de aplicación).- El Código de la Niñez y la Adolescencia es de aplicación a todos los seres humanos menores de dieciocho años de edad.

A los efectos de la aplicación de este Código, se entiende por niño a todo ser humano hasta los trece años de edad y por adolescente a los mayores de trece y menores de dieciocho años de edad.

Siempre que este Código se refiere a niños y adolescentes comprende ambos géneros.

Artículo 2º. (Sujetos de derechos, deberes y garantías).- Todos los niños y adolescentes son titulares de derechos, deberes y garantías inherentes a su calidad de personas humanas.

Artículo 3º. (Principio de protección de los derechos).- Todo niño y adolescente tiene derecho a las medidas especiales de protección que su condición de sujeto en desarrollo exige por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Artículo 4º. (Interpretación).- Para la interpretación de este Código, se tendrán en cuenta las disposiciones y principios generales que informan la Constitución de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño, leyes nacionales y demás instrumentos internacionales que obligan al país.

En los casos de duda se deberá recurrir a los criterios generales de interpretación y, especialmente, a las normas propias de cada materia.

Artículo 5º. (Integración).- En caso de vacío legal o insuficiencia se deberá recurrir a los criterios generales de integración y, especialmente, a las normas propias de cada materia.

Artículo 6º. (Criterio específico de interpretación e integración: el interés superior del niño y adolescente).- Para la interpretación e integración de este Código se deberá tener en cuenta el interés superior del niño y adolescente, que consiste en el reconocimiento y respeto de los derechos inherentes a su calidad de persona humana. En consecuencia, este principio no se podrá invocar para menoscabo de tales derechos.

Artículo 7º. (Concurrencia para la efectividad y la protección de los derechos de los niños y adolescentes).-

1) La efectividad y protección de los derechos de los niños y adolescentes es prioritariamente de los padres o tutores -en su caso-, sin perjuicio de la corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado.

2) El Estado deberá actuar en las tareas de orientación y fijación de las políticas generales aplicables a las distintas áreas vinculadas a la niñez y adolescencia y a la familia, coordinando las actividades públicas y privadas que se cumplen en tales áreas.

3) En casos de insuficiencia, defecto o imposibilidad de los padres y demás obligados, el Estado deberá actuar preceptivamente, desarrollando todas las actividades integrativas, complementarias o supletivas que sean necesarias para garantizar adecuadamente el goce y ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes.

CAPÍTULO II

DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo 8º. (Principio general).- Todo niño y adolescente goza de los derechos inherentes a la persona humana. Tales derechos serán ejercidos de acuerdo a la evolución de sus facultades, y en la forma establecida por la Constitución de la República, los instrumentos internacionales, este Código y las leyes especiales. En todo caso tiene derecho a ser oído y obtener respuestas cuando se tomen decisiones que afecten su vida.

Podrá acudir a los Tribunales y ejercer los actos procesales en defensa de sus derechos, siendo preceptiva la asistencia letrada. El Juez ante quien acuda tiene el deber de designarle curador, cuando fuere pertinente, para que lo represente y asista en sus pretensiones.

Los Jueces, bajo su más seria responsabilidad, deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de lo establecido en los incisos anteriores, debiendo declararse nulas las actuaciones cumplidas en forma contraria a lo aquí dispuesto.

Artículo 9º. (Derechos esenciales).- Todo niño y adolescente tiene derecho intrínseco a la vida, dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura, participación, asociación, a los beneficios de la seguridad social y a ser tratado en igualdad de condiciones cualquiera sea su sexo, su religión, etnia o condición social.

Artículo 10. (Derecho del niño y adolescente con capacidad diferente).- Todo niño y adolescente, con capacidad diferente psíquica, física o sensorial, tiene derecho a vivir en condiciones que aseguren su participación social a través del acceso efectivo especialmente a la educación, cultura y trabajo.

Este derecho se protegerá cualquiera sea la edad de la persona.

Artículo 11. (Derecho a la privacidad de la vida).- Todo niño y adolescente tiene derecho a que se respete la privacidad de su vida. Tiene derecho a que no se utilice su imagen en forma lesiva, ni se publique ninguna información que lo perjudique y pueda dar lugar a la individualización de su persona.

Artículo 12. (Derecho al disfrute de sus padres y familia).- La vida familiar es el ámbito adecuado para el mejor logro de la protección integral.

Todo niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer junto a su familia y a no ser separado de ella por razones económicas.

Solo puede ser separado de su familia cuando, en su interés superior y en el curso de un debido proceso, las autoridades determinen otra relación personal sustitutiva.

En los casos en que sobrevengan circunstancias especiales que determinen la separación del núcleo familiar, se respetará su derecho a mantener vínculos afectivos y contacto directo con uno o ambos padres, salvo si es contrario a su interés superior.

Si el niño o adolescente carece de familia, tiene derecho a crecer en el seno de otra familia o grupo de crianza, la que será seleccionada atendiendo a su bienestar.

Solo en defecto de esta alternativa, se considerará el ingreso a un establecimiento público o privado. Se procurará que su estancia en el mismo sea transitoria.

Artículo 13. (Conflictos armados).- Los niños y adolescentes no pueden formar parte de las hostilidades en conflictos armados ni recibir preparación para ello.

CAPÍTULO III

DE LOS DEBERES DEL ESTADO

Artículo 14. (Principio general).- El Estado protegerá los derechos de todos los niños y adolescentes sujetos a su jurisdicción, independientemente del origen étnico, nacional o social, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, la posición económica, los impedimentos psíquicos o físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño o de sus representantes legales.

El Estado pondrá el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres o sus representantes legales, cuya preocupación fundamental será el interés superior del niño, tienen obligaciones y derechos comunes en lo que respecta a su crianza y desarrollo.

El Estado asegurará la aplicación de toda norma que dé efectividad a esos derechos.

Artículo 15. (Protección especial).- El Estado tiene la obligación de proteger especialmente a los niños y adolescentes respecto a toda forma de:

A) Abandono, abuso sexual o explotación de la prostitución.

B) Trato discriminatorio, hostigamiento, segregación o exclusión en los lugares de estudio, esparcimiento o trabajo.

C) Explotación económica o cualquier tipo de trabajo nocivo para su salud, educación o para su desarrollo físico, espiritual o moral.

D) Tratos crueles, inhumanos o degradantes.

E) Estímulo al consumo de tabaco, alcohol, inhalantes y drogas.

F) Situaciones que pongan en riesgo su vida o inciten a la violencia, como el uso y el comercio de armas.

G) Situaciones que pongan en peligro su seguridad, como detenciones y traslados ilegítimos.

H) Situaciones que pongan en peligro su identidad, como adopciones ilegítimas y ventas.

I) Incumplimiento de los progenitores o responsables de alimentarlos, cuidar su salud y velar por su educación.

CAPÍTULO IV

DE LOS DEBERES DE LOS PADRES O RESPONSABLES

Artículo 16. (De los deberes de los padres o responsables).- Son deberes de los padres o responsables respecto de los niños y adolescentes:

A) Respetar y tener en cuenta el carácter de sujeto de derecho del niño y del adolescente.

B) Alimentar, cuidar su salud, su vestimenta y velar por su educación.

C) Respetar el derecho a ser oído y considerar su opinión.

D) Colaborar para que sus derechos sean efectivamente gozados.

E) Prestar orientación y dirección para el ejercicio de sus derechos.

F) Corregir adecuadamente a sus hijos o tutelados.

G) Solicitar o permitir la intervención de servicios sociales especiales cuando se produzca un conflicto que no pueda ser resuelto en el interior de la familia y que pone en grave riesgo la vigencia de los derechos del niño y del adolescente.

H) Velar por la asistencia regular a los centros de estudio y participar en el proceso educativo.

I) Todo otro deber inherente a su calidad de tal.

CAPÍTULO V

DE LOS DEBERES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo 17. (De los deberes de los niños y adolescentes).- Todo niño y adolescente tiene el deber de mantener una actitud de respeto en la vida de relación familiar, educativa y social, así como de emplear sus energías físicas e intelectuales en la adquisición de conocimientos y desarrollo de sus habilidades y aptitudes.

Especialmente deberán:

A) Respetar y obedecer a sus padres o responsables, siempre que sus órdenes no lesionen sus derechos o contravengan las leyes.

B) Cuidar, en la medida de sus posibilidades, a sus ascendientes en su enfermedad y ancianidad.

C) Respetar los derechos, ideas y creencias de los demás.

D) Respetar el orden jurídico.

E) Conservar el medio ambiente.

F) Prestar, en la medida de sus posibilidades, el servicio social o ayuda comunitaria, cuando las circunstancias así lo exijan.

G) Cuidar y respetar su vida y su salud.

CAPÍTULO VI

POLÍTICAS SOCIALES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Artículo 18. (Objetivos).- Son objetivos fundamentales:

A) Promoción social. Deberá asegurarse la promoción tendiente a favorecer el desarrollo integral de todas las potencialidades del niño y del adolescente como persona en condición de ser en desarrollo, a efectos de procurar su integración social en forma activa y responsable como ciudadano. Se cuidará especialmente la promoción en equidad, evitando que se generen desigualdades por conceptos discriminatorios por causa de sexo, etnia, religión o condición social.

B) Protección y atención integral. Deberá asegurarse una protección integral de los derechos y deberes de los niños y adolescentes, así como asegurar una atención especial por parte del Estado y de la sociedad ante la necesidad de ofrecer atención personalizada en determinadas situaciones.

Artículo 19. (Vida familiar y en sociedad).- Son principios básicos:

A) El fortalecimiento de la integración y permanencia de los niños y adolescentes en los ámbitos primarios de socialización: la familia y las instituciones educativas.

B) La descentralización territorial que asegure el acceso de los niños, adolescentes y familias en toda la gama de servicios básicos.

C) La participación de la sociedad civil y la promoción de la solidaridad social hacia los niños y adolescentes.

Artículo 20. (Afirmación de políticas sociales).- Las normas que regulan la vigencia efectiva de los derechos de los niños y adolescentes en las áreas de supervivencia y desarrollo, requerirán de la implementación de un sistema de políticas sociales básicas, complementarias, de protección especial, de carácter integral, que respondan a la diversidad de realidades y comprendan la coordinación entre el Estado y la sociedad civil.

Artículo 21. (Criterio rector).- Es criterio rector velar por el desarrollo armónico de los niños y adolescentes, correspondiendo fundamentalmente a la familia y a los sistemas de salud y educación su seguimiento hasta la mayoría de edad, según el principio de concurrencia que emerge del artículo 7º de este Código.

Artículo 22. (Líneas de acción).- La atención hacia la niñez y la adolescencia se orientará primordialmente a:

A) La aplicación de políticas sociales básicas, que hagan efectivos los derechos consagrados en la Constitución de la República, para todos los niños y los adolescentes.

B) La creación de programas de atención integral, para aquellos que lo necesiten, por carencia temporal o permanente: niños y adolescentes con capacidad diferente, situación de desamparo o marginalidad.

C) La implementación de medidas apropiadas para que los niños tengan derecho a beneficiarse de los servicios de instalaciones de guarda, especialmente en el caso de que los padres trabajen.

D) La adopción de programas integrales y servicios especiales de prevención y atención médica y psicosocial a las víctimas de negligencia, maltrato, violencia o explotación laboral o sexual.

E) La aplicación de programas de garantías para la protección jurídico-social de los niños y adolescentes en conflicto con la ley, y de educación para la integración social.

F) La adopción de programas de promoción de la niñez y adolescencia en las áreas deportivas, culturales y recreativas, entre otras.

G) La creación de sistemas de indicadores de desarrollo del niño y del adolescente, respetando el derecho a la privacidad y el secreto profesional.

CAPÍTULO VII

I - De la filiación

Artículo 23.- (Derecho a la filiación).- Todo niño y adolescente tiene derecho a conocer quiénes son sus padres.

Artículo 24. (Derecho a la protección).- Todo niño y adolescente tiene derecho, hasta la mayoría de edad, a recibir de sus padres y responsables la protección y cuidados necesarios para su adecuado desarrollo integral y es deber de éstos el proporcionárselos.

Artículo 25. (Derecho a la identidad).- Sin perjuicio de las normas del Registro de Estado Civil, el recién nacido deberá ser identificado mediante las impresiones plantar y digital acompañadas por la impresión digital de la madre.

Todas las maternidades públicas y privadas deberán llevar un registro para cumplir con lo dispuesto en el inciso anterior, al momento de realizarse el parto. Se le otorgará copia a la madre y se enviará otra al Registro de Estado Civil.

Los médicos o parteros que asistan nacimientos fuera de la maternidad, deberán realizar el registro de igual forma y, en caso de imposibilidad, anotarlo en la historia clínica.

En este último caso y fuera de las hipótesis señaladas anteriormente, las impresiones digital y plantar del recién nacido se tomarán al momento de hacerse la inscripción en el Registro de Estado Civil.

Artículo 26. (Derecho al nombre y apellidos familiares). Todo niño tiene derecho, desde su nacimiento, a ser inscripto con nombre y apellido.

Artículo 27. (Del nombre).-

1) El hijo habido dentro del matrimonio llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre.

2) El hijo habido fuera del matrimonio inscripto por ambos padres, llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre.

3) El hijo habido fuera del matrimonio inscripto por su padre llevará como primer apellido el de éste y como segundo el de la mujer que surja acreditada como su madre.

4) El hijo habido fuera del matrimonio inscripto por su madre llevará los dos apellidos de ésta. Si la madre no tuviere segundo apellido el niño llevará como primero el de su madre biológica seguido de uno de uso común.

5) El hijo habido fuera del matrimonio que no es inscripto por su padre ni por su madre, llevará igualmente en segundo lugar el apellido de su madre, en caso de ser ésta conocida y en primer lugar uno de uso común.

6) El hijo habido fuera del matrimonio cuyos padres se desconocen, inscripto de oficio, llevará dos apellidos de uso común seleccionados por el Oficial del Registro de Estado Civil interviniente.

7) Los apellidos de uso común serán sustituidos por el del padre o la madre que reconozca a su hijo o sean declarados tales por sentencia, debiendo recabarse a tales efectos la voluntad del reconocido que haya cumplido los trece años de edad (artículo 32).

8) El hijo habido fuera del matrimonio inscripto por un familiar del niño, llevará dos apellidos, como primer apellido uno de uso común, seleccionado por el familiar interviniente y en segundo lugar el de la madre conocida.

9) En los casos de legitimación adoptiva, el hijo llevará como primer apellido el de su padre y como segundo el de su madre legitimantes. La sentencia que autorice la legitimación adoptiva dispondrá el o los nombres de pila con que será inscripto el legitimado.

10) En los casos de adopción simple realizada por un matrimonio, el o los apellidos del adoptado serán sustituidos por el del padre y madre adoptantes. Si la adopción simple fuere realizada por un hombre, el adoptado sustituirá su primer apellido por el del adoptante. Si la adopción simple fuere realizada por una mujer, el adoptado sustituirá su segundo apellido por el de la adoptante. No obstante, si se tratare de la adopción de un adolescente, podrá convenir con el o los adoptantes si mantendrá sus apellidos de origen o sustituirá alguno de ellos por el del o de los adoptantes.

En la sentencia deberá dejarse constancia de la decisión respecto de los apellidos del adoptado, la que será anotada al margen de la partida de nacimiento.

Artículo 28. (Derecho y deber a reconocer los hijos propios).- Todo progenitor tiene el derecho y el deber, cualquiera fuere su estado civil, de reconocer a sus hijos.

Derógase el inciso tercero del artículo 227 del Código Civil.

Modifícase la redacción del inciso cuarto del artículo 227 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma: "No se admitirá el reconocimiento de hijos naturales, aun después de disuelto el matrimonio, cuando ese reconocimiento se pretenda hacer a favor de una persona que tenga la posesión notoria de hijo legítimo, sin perjuicio de las acciones que, legalmente, se admiten para contestar esa filiación".

Entiéndese, en todo el ordenamiento jurídico, las expresiones "hijo legítimo" e "hijo natural" como "hijo habido dentro del matrimonio" e "hijo habido fuera del matrimonio", respectivamente.

Artículo 29.- Sustitúyense los artículos 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 y 221 del Código Civil, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 214.- Viviendo los cónyuges de consuno, y sin perjuicio de la prueba en contrario, la ley considera al marido padre de la criatura concebida por su esposa durante el matrimonio.

Las personas legitimadas por la ley, podrán destruir esta presunción acreditando que el vínculo biológico de paternidad no existe.

ARTÍCULO 215.- Se considera concebida dentro del matrimonio, a la criatura nacida fuera de los ciento ochenta días después de contraído éste y dentro de los trescientos días siguientes a su disolución. Esta presunción es relativa.

ARTÍCULO 216.- Se considera, asimismo, al marido padre de la criatura nacida de su mujer dentro de los ciento ochenta días siguientes al matrimonio, siempre que aquél haya conocido el embarazo antes de contraer matrimonio o haya admitido su paternidad expresa o tácitamente por cualquier medio inequívoco. Fuera de estos casos, bastará al marido con negar judicialmente la paternidad de la criatura habida por su mujer, de lo que se le dará conocimiento a ésta. Si la madre se opusiera surgirá el contradictorio.

ARTÍCULO 217.- La presunción de paternidad del marido que se configura conforme a lo dispuesto por los artículos 214, 215 y 216 de este Código, podrá ser libremente impugnada por el marido, el hijo o los herederos de uno u otro, dentro de los plazos y en las condiciones que se dispone en los artículos siguientes.

ARTÍCULO 218.- El marido podrá ejercer la acción de desconocimiento de paternidad a efectos de impugnar la presunción de legitimidad que hubiera surgido, dentro del plazo de un año contado desde que tomó conocimiento del nacimiento de la criatura cuya paternidad la ley le atribuye.

Sus herederos podrán continuar la acción intentada por éste, o iniciar la misma, si el marido hubiera muerto dentro del plazo hábil para deducirla. Los herederos dispondrán del plazo de un año a contar desde el fallecimiento del marido.

ARTÍCULO 219.- Hallándose el hijo en posesión del estado filiatorio legítimo, tenga o no su título, podrá impugnar la presunción de paternidad, actuando debidamente representado por un curador ad litem, dentro del plazo de un año a contar desde el nacimiento. Si la acción no hubiera sido intentada durante la menor edad del hijo, podrá ejercerla éste dentro del plazo de un año a partir de su mayoría. En caso de fallecer el hijo dentro del plazo hábil para interponer la demanda de impugnación de la paternidad o durante su minoría de edad sin haberla interpuesto, la acción podrá ser ejercida por los herederos de éste dentro del plazo que aquél contaba.

ARTÍCULO 220.- De faltar la posesión de estado de filiación legítima aun cuando exista su título, la acción de desconocimiento de paternidad podrá ser intentada indistintamente por la madre, por un curador ad litem que actúe en representación del hijo, por el padre biológico que manifieste su ánimo de reconocerlo o por el hijo al llegar a la mayoría de edad. La madre y el padre biológico no podrán accionar una vez que su hijo haya llegado a la mayoría de edad. En ausencia de posesión de estado de filiación legítima, la acción será imprescriptible para el hijo.

En los casos en que este artículo, el precedente y el inciso cuarto del artículo 227 se refieren a posesión de estado, no se requiere el transcurso del tiempo reclamado por el artículo 47 de este Código.

El acogimiento de la acción deducida por la madre o por el padre biológico, dejará al hijo emplazado en el estado civil de hijo natural del demandante.

ARTÍCULO 221.- El proceso no será válidamente entablado si no intervienen en el mismo, en calidad de sujetos activos o pasivos, en su caso, el marido, la madre y el hijo de ésta".

Artículo 30. (Capacidad de los padres para reconocer a sus hijos).- Todo progenitor tiene el derecho y el deber, cualquiera fuere su estado civil y edad, a reconocer a su hijo.

No obstante, las mujeres menores de doce años y los varones menores de catorce no podrán realizar reconocimientos válidos sin aprobación judicial, previa vista del Ministerio Público.

En los casos de padres niños o adolescentes no casados, el Juez decidirá a quién se le atribuyen los derechos y deberes inherentes a la tutela, otorgando preferencia a los abuelos que convivan con el padre que reconoce y el reconocido.

Previo a todas las decisiones a que refiere el inciso anterior que requieran autorización judicial, se deberá oír al padre o a la madre que haya reconocido al hijo y que aún no tenga dieciocho años cumplidos de edad.

La patria potestad será ejercida en forma plena por ambos padres, a partir de que éstos cumplan dieciocho años.

Artículo 31. (Formalidades del reconocimiento). El reconocimiento puede tener lugar:

1) Por la simple declaración formulada ante el Oficial del Registro de Estado Civil por el padre o la madre biológicos en oportunidad de la inscripción del nacimiento del hijo , como hijo habido fuera del matrimonio, suponiendo la sola inscripción reconocimiento expreso.

2) Por testamento, en cuyo caso el reconocimiento podrá ser expreso o implícito.

3) Por escritura pública.

Artículo 32. (Voluntad del hijo).- Cuando el hijo fuere reconocido luego de haber cumplido trece años de edad, tiene derecho a expresar en forma ante el Oficial del Registro de Estado Civil su voluntad de seguir usando los apellidos con los que hasta entonces era identificado. Dicha expresión de voluntad será anotada al margen de su partida de nacimiento.

Artículo 33. (Inscripción tardía).- El derecho consagrado en el artículo anterior, también rige para los supuestos de inscripciones tardías de hijos mayores de trece años.

Tratándose de inscripción tardía de hijos habidos dentro del matrimonio, basta con la presencia de uno o de ambos padres, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes.

II - De la tenencia del niño y adolescente

Artículo 34. (Tenencia por los padres).-

1) Cuando los padres estén separados, se determinará de común acuerdo cómo se ejercerá la tenencia (artículo 177 del Código Civil).

2) De no existir acuerdo de los padres, la tenencia la resolverá el Juez de Familia, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento.

Artículo 35. (Facultades del Juez de Familia).- En caso de no existir acuerdo de los padres, el Juez resolverá, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

A) El hijo deberá permanecer con el padre o la madre con quien convivió el mayor tiempo, siempre que lo favorezca.

B) Preferir a la madre cuando el niño sea menor de dos años, siempre que no sea perjudicial para él.

C) Bajo su más seria responsabilidad funcional, el Juez siempre deberá oír y tener en cuenta la opinión del niño o adolescente.

Artículo 36. (Tenencia por terceros).-

1) Cualquier interesado puede solicitar la tenencia de un niño o adolescente siempre que ello tenga como finalidad el interés superior de éste. El Juez competente, bajo la más seria responsabilidad funcional, deberá evaluar el entorno familiar ofrecido por el interesado.

2) La persona que ejerce la tenencia de un niño o adolescente está obligada a brindarle la protección y cuidados necesarios para su desarrollo integral.

3) La persona que no se sienta capacitada para proseguir con la tenencia, deberá ponerlo en conocimiento del Juez de Familia, quien resolverá la situación del niño o adolescente.

Artículo 37. (Procedimiento).- Todas las pretensiones relativas a la tenencia, recuperación de tenencia o guarda de los niños o adolescentes, se regularán por el procedimiento extraordinario consagrado en los artículos 346, 347, 349 y 350 del Código General del Proceso. La ratificación de tenencia se tramitará por el procedimiento voluntario (artículos 402 y siguientes del Código General del Proceso). Es Juez competente para conocer en dichas pretensiones, el del domicilio del niño o adolescente.

III - Visitas

Artículo 38. (Principio general).- Todo niño y adolescente tiene derecho a mantener el vínculo, en orden preferencial, con sus padres, abuelos y demás familiares y consecuentemente, a un régimen de visitas con los mismos. Sin perjuicio que el Juez competente basado en el interés superior del niño o adolescente, incluya a otras personas con las que aquél haya mantenido vínculos afectivos estables.

Artículo 39. (Determinación de las visitas).-

1) La determinación de las visitas se fijará de común acuerdo entre las partes.

2) A falta de acuerdo, o que se impida o limite el ejercicio del derecho mencionado, el Juez de Familia fijará el mismo. Se garantizará el derecho del niño o adolescente a ser oído, teniendo en cuenta su opinión, la cual se recabará en un ámbito adecuado.

Artículo 40. (Incumplimiento en permitir las visitas).- La parte que está obligada a permitir las visitas o entregar al niño o adolescente de acuerdo al régimen establecido, y se negara en forma inmotivada, habilitará a que la otra parte acuda personalmente ante el Juez de Familia de Urgencia o quien haga sus veces en donde éste no exista, el cual dispondrá de inmediato la comparecencia de la parte incumplidora, siendo notificada por la Policía. En caso de incomparecencia, podrá ser conducida por la fuerza pública, si así lo dispusiere el Juez.

El Juez de Familia de Urgencia o quien haga sus veces, escuchará a ambas partes y de ser inmotivada la reticencia de la parte obligada a permitir las visitas, dispondrá -apreciando las circunstancias del caso, la edad y especialmente los intereses del niño o adolescente- la entrega del mismo a la parte que lo reclama, la cual deberá reintegrarlo según lo acordado, salvo que el Juez de Familia entienda que deberá conservarlo el solicitante, hasta tanto resuelva el Juez de la causa.

Artículo 41. (Régimen de visitas definitivo).- El día hábil inmediato siguiente, el Juez de Familia de Urgencia o quien haga sus veces en donde éste no exista dará cuenta al Juez de Familia que intervino en la fijación del régimen de visitas, remitiéndole los antecedentes, quien resolverá en definitiva sobre el mantenimiento o no del régimen fijado.

A tales efectos, deberá convocar a las partes a una audiencia, la cual deberá celebrarse en un plazo no mayor a los tres días hábiles de recibidos los antecedentes. En dicha audiencia será preceptiva la presencia del Ministerio Público y Fiscal, así como la asistencia letrada.

Artículo 42. (Incumplimiento en realizar las visitas).- Si la parte a cuyo favor se establece un régimen de visitas, no cumpliere con el mismo, podrá la otra parte acudir al Juez de Familia competente, explicando la situación y la repercusión que la falta de cumplimiento por parte del obligado tiene sobre sus hijos.

En tal caso se aplicará lo dispuesto en el inciso primero del artículo 40 y el artículo 41.

Artículo 43. (Sanción por incumplimiento).- El incumplimiento grave o reiterado del régimen de visitas homologado o fijado judicialmente podrá originar la variación de la tenencia si ello no perjudicara el interés del niño o adolescente, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que fije el Juez a instancia de parte o de oficio, cuyo producido será en beneficio de aquél.

El Juez deberá hacer saber a la parte incumplidora que el desatender las necesidades afectivas de los hijos puede dar lugar a la pérdida de la patria potestad y al delito previsto en el artículo 279 B del Código Penal.

Artículo 44. (Principio general de procedimiento).- Todas las pretensiones que conciernen al régimen de visitas, se regularán por el procedimiento extraordinario consagrado en los artículos 346, 347, 349 y 350 del Código General del Proceso.

Es Juez competente para conocer en dichas pretensiones, el del domicilio del niño o adolescente.

CAPÍTULO VIII

DE LOS ALIMENTOS

Artículo 45. (Concepto de deber de asistencia familiar).- El deber de asistencia familiar está constituido por los deberes y obligaciones a cargo de los integrantes de la familia u otros legalmente asimilados a ellos, cuya finalidad es la protección material y moral de los miembros de la misma.

Bajo la denominación de alimentos, se alude en este Código a la asistencia material.

Artículo 46. (Concepto de alimentos).- Los alimentos están constituidos por las prestaciones monetarias o en especie que sean bastantes para satisfacer, según las circunstancias particulares de cada caso, las necesidades relativas al sustento, habitación, vestimenta, salud y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio, educación, cultura y recreación.

También se consideran alimentos los gastos de atención de la madre durante el embarazo, desde la concepción hasta la etapa del posparto.

Las prestaciones deberán ser proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y a las necesidades de los beneficiarios.

Artículo 47. (Forma de prestación de los alimentos).- Las prestaciones alimentarias serán servidas en dinero o en especie, o de ambas formas, en atención a las circunstancias de cada caso.

Todas las prestaciones se servirán en forma periódica y anticipada.

El obligado a prestar alimentos podrá exigir de la persona que administre la pensión alimenticia, rendición de cuentas sobre los gastos efectuados para los beneficiarios.

El Juez apreciará si corresponde dar trámite a la solicitud de rendición de cuentas.

Artículo 48. (De la vigencia de la prestación alimentaria).- La prestación alimentaria se debe desde la interposición de la demanda.

Tratándose de aumento o reducción de la prestación, la misma surtirá efecto desde la interposición de la demanda, salvo que el Juez, apreciando las circunstancias del caso, disponga que se aplique desde que la sentencia quede ejecutoriada.

La convenida extrajudicialmente, se debe desde la fecha pactada.

Artículo 49. (Alimentos provisionales).- El Juez al proveer sobre la demanda, y atendidas las circunstancias invocadas, fijará alimentos provisionales.

Artículo 50. (Beneficiarios de la obligación alimentaria).- Son acreedores de la obligación alimentaria los niños y adolescentes así como los mayores de dieciocho años y menores de veintiuno que no dispongan -en el último caso- de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

Artículo 51. (Personas obligadas a prestar alimentos y orden de preferencia).- Los alimentos se prestarán por los padres o, en su caso, por el o los adoptantes. Para el caso de imposibilidad o insuficiencia del servicio pensionario, se prestarán subsidiariamente de acuerdo al siguiente orden:

1) Los ascendientes más próximos, con preferencia los del progenitor obligado.

2) El cónyuge respecto a los hijos del otro en cuanto conviva con el beneficiario.

3) El concubino o la concubina, en relación al o los hijos del otro integrante de la pareja, que no son fruto de esa relación, si conviven todos juntos conformando una familia de hecho.

4) Los hermanos legítimos o naturales, con preferencia los de doble vínculo sobre los de vínculo simple.

En los casos previstos en los numerales 1) y 4), si concurrieren varias personas en el mismo orden, la obligación será divisible y proporcional a la posibilidad de cada obligado.

Artículo 52. (Caracteres de la obligación alimentaria).-

Intrasmisibilidad e irrenunciabilidad.

El derecho de pedir alimentos no puede trasmitirse por causa de muerte, ni renunciarse, ni venderse o cederse de modo alguno.

2) Inembargabilidad e incompensabilidad.

  Las pensiones alimenticias no son embargables.

El deudor de alimentos no puede oponer al demandante, en compensación, lo que el demandante le deba, excepto que lo adeudado refiera a la pensión alimenticia objeto del litigio.

3) Imprescriptibilidad.

El derecho a pedir alimentos es imprescriptible.

Artículo 53. (Pensiones alimenticias atrasadas).- No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, las pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse, y el derecho a demandarlas, podrá trasmitirse por causa de muerte.

Artículo 54. (Transacción sobre alimentos futuros).- La transacción sobre alimentos futuros no surtirá efectos sino después de ser aprobada judicialmente.

Artículo 55. (Modificación de la obligación alimentaria).- Los alimentos podrán ser objeto de aumento o de reducción, si se modifica la situación económica del deudor o las necesidades del acreedor. Se tramitarán por el procedimiento establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Artículo 56. (Extinción de la obligación alimentaria).- La obligación de alimentos se extingue y su cese debe ser judicialmente decretado en los siguientes casos:

1) Cuando se dejen de cumplir los supuestos establecidos en el artículo 50.

2) Cuando el deudor se halla en imposibilidad de servirlos.

3) Cuando fallece el alimentante, sin perjuicio de la asignación forzosa que grava la masa de la herencia.

4) Cuando fallece el alimentario, en cuyo caso la obligación se extiende a los gastos funerarios, siempre que no puedan cubrirse de otra manera.

En el caso previsto en el numeral 1) cuando se trate de un beneficiario que cumpla veintiún años de edad, bastará que el alimentante se presente ante el Juez Letrado de Familia que intervino en la fijación de alimentos solicitando el cese de la pensión, agregando la partida de nacimiento del beneficiario, y sustanciándose con traslado a la contraparte por el plazo perentorio de veinte días.

Transcurrido el plazo sin que se evacuare el traslado, se decretará el cese de la pensión alimenticia, notificando a la otra parte.

Si se dedujere oposición se tramitará por el procedimiento establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Los casos de los numerales 2) a 4) se tramitarán por el procedimiento establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Artículo 57. (Omisión injustificada de los alimentos).- Cuando el obligado judicialmente a servir alimentos de acuerdo a las disposiciones de este Código que, habiendo sido intimado judicialmente, omitiera prestarlos sin causa justificada, el Juez de Familia dará cuenta de inmediato al Juez Letrado en lo Penal que corresponda, a los efectos previstos por el artículo 279 A del Código Penal.

El Juez Letrado en lo Penal deberá comunicar al Juez de Familia las resultancias de las actuaciones llevadas a cabo por dicha Sede.

Artículo 58. (Concepto de ingresos).- A los efectos de este Código, se entiende por sueldo o haberes, todo ingreso de cualquier naturaleza, periódico o no, que se origine en la relación laboral, arrendamiento de obras o de servicios o derive de la seguridad social. No se computarán por ingresos, a los efectos de la pensión alimenticia, lo que perciba el obligado a la prestación por concepto de viáticos sujetos a rendición de cuentas. Cuando los viáticos no estén sujetos a rendición de cuentas se computarán a efectos de la pensión alimenticia en un 35% (treinta y cinco por ciento).

Quedan asimilados a lo dispuesto en el inciso anterior, los ingresos provenientes de retiros periódicos por concepto de utilidades, beneficios o ganancias, cobro de intereses o dividendos. En general, todo lo que perciba el deudor de alimentos por su trabajo o su capital.

Artículo 59. (Límite de la retención por alimentos).- Podrá retenerse mensualmente hasta un 50% (cincuenta por ciento) de los ingresos cuando así lo justifique el número de hijos y las necesidades de los mismos. La resolución del Juez deberá ser fundada y será apelable sin efecto suspensivo.

Artículo 60. (Medidas asegurativas de la prestación alimentaria).- En el caso de prestar el alimentante servicios retribuidos por particulares o empresas, éstas tendrán la obligación de informar a la Sede que así lo solicite todo lo relativo a los ingresos de aquél dentro del plazo de quince días de recibido el oficio por el que se le reclama. El incumplimiento de esta obligación hará pasibles a los particulares o empresas a la condena en astreintes. La obligación de informar existe aun cuando el alimentante no integre los cuadros funcionales o planilla de trabajo, pero tuviese con la empresa o particular cualquier relación patrimonial o beneficio económico. Cuando el alimentante prestase servicios retribuidos por particulares o empresas y se negare a cumplir la obligación de alimentos, se ordenará a aquéllos que efectúen la retención correspondiente a los sueldos o haberes respectivos.

Para hacer efectiva la contribución señalada por el Juez, bastará la orden librada por oficio al habilitado en la oficina en que preste servicios el alimentante, y la empresa o el patrón responderán personal, solidaria e ilimitadamente del pago, si injustificadamente no cumplieran la orden recibida.

Artículo 61. (Obstáculos al cumplimiento de la obligación alimentaria).- El empleador o empresario que intencionalmente ocultare, total o parcialmente los ingresos, sueldos o haberes del obligado, será considerado incurso en el delito de estafa.

En el mismo delito incurrirá todo aquel que obstaculizare o impidiere el correcto servicio de la obligación alimentaria dispuesta judicialmente, o simulare créditos contra el obligado, o de cualquier manera colaborare intencional y fraudulentamente, en la reducción del patrimonio efectivo del alimentante.

El Juez de Familia dará cuenta de inmediato al Juez Letrado en lo Penal que corresponda.

Artículo 62. (Prohibición al alimentante de ausentarse del país sin dejar garantías suficientes).- Iniciado el juicio de alimentos, el demandado no podrá ausentarse del país sin dejar garantías suficientes, siempre que así lo solicitare el actor.

Artículo 63. (Procedimiento).- El proceso de alimentos se rige por las normas previstas para el proceso extraordinario en el Código General del Proceso (artículos 346, 347, numeral 2) del artículo 349 y artículo 350 del Código General del Proceso).

Artículo 64. (Competencia).- El Juez competente para conocer en el juicio por alimentos, es el del domicilio del niño o adolescente o el del demandado, a elección del actor.

CAPÍTULO IX

DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

I - Órganos de competencia y principios procesales

Artículo 65. (Competencia).- La competencia de los órganos jurisdiccionales en materia de niños y adolescentes es la que fija la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, con excepción de las siguientes modificaciones:

"ARTÍCULO 67.- Los Jueces Letrados de Menores entenderán en primera instancia en todos los procedimientos que den lugar las infracciones de adolescentes a la ley penal.

En segunda instancia entenderán los Tribunales de Familia.

Los actuales Juzgados Letrados de Menores pasarán a denominarse Juzgados Letrados de Adolescentes".

Artículo 66. (Competencia de urgencia).- La Suprema Corte de Justicia asignará, por lo menos, a cuatro Juzgados Letrados de Familia en Montevideo y a los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior de la República, que entienden en materia de familia, competencia de urgencia, con excepción de las infracciones de adolescentes a la ley penal, para atender en forma permanente todos los asuntos que requieran intervención inmediata, o en los casos previstos en el inciso segundo del artículo 122 de este Código. Ello sin perjuicio cuando fuere necesario, del uso de las facultades que otorga a los Jueces de Paz del Interior el artículo 379 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992. Se entenderá por asuntos que requieran intervención inmediata, todos aquellos en que exista riesgo de lesión o frustración de un derecho del niño o adolescente.

Tomadas las primeras medidas en salvaguarda de los derechos, los derivarán al Juzgado que corresponda.

La Suprema Corte de Justicia propenderá a que los Juzgados cuenten con la asistencia permanente de asistente social, psicólogo y psiquiatra del Poder Judicial u otros profesionales de dicho Poder, cuyo asesoramiento podrá serles requerido por el Juez.

La Defensoría de Oficio de Familia establecerá un régimen de turnos de Defensores de Oficio, para que actúen en dichos Juzgados, a efectos de asistir a las personas que se presenten ante el mismo.

Asimismo, se establecerá un régimen de turnos para asegurar la presencia del Ministerio Público y Fiscal.

Artículo 67. (Criterio básico).- Reclamada la intervención en forma legal y en materia de su competencia, los Tribunales aplicarán como criterio básico la promoción de las familias, en especial de las más vulnerables y el desarrollo del niño en el ámbito de la misma, de acuerdo a los principios que emergen del artículo 12 de este Código.

No podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por razones de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 5º de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985.

Artículo 68. (Competencia del Instituto Nacional del Menor).- El Instituto Nacional del Menor es el órgano administrativo rector en materia de políticas de niñez y adolescencia, y competente en materia de promoción, protección y atención de los niños y adolescentes del país y, su vínculo familiar al que deberá proteger, promover y atender con todos los medios a su alcance. Deberá determinar, por intermedio de sus servicios especializados, la forma de llevar a cabo la implementación de las políticas a través de distintos programas, proyectos y modalidades de intervención social, públicos o privados, orientados al fortalecimiento de las familias integradas por niños y adolescentes y al fiel cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 12 y 19 de este Código.

Previos diagnósticos y estudios técnicos, deberá velar por una adecuada admisión, ingreso, atención, derivación y desvinculación de los niños y de los adolescentes bajo su cuidado. La incorporación a los distintos hogares, programas, proyectos y modalidades de atención se realizará habiéndose oído al niño o al adolescente y buscando favorecer el pleno goce y la protección integral de sus derechos.

Procurará que todos los niños y adolescentes tengan igualdad de oportunidades para acceder a los recursos sociales, a efectos de poder desarrollar sus potencialidades y de conformar personalidades autónomas capaces de integrarse socialmente en forma activa y responsable. Las acciones del Instituto Nacional del Menor deberán priorizar a los más desprotegidos y vulnerables.

Los adolescentes que, estando a disposición del Instituto Nacional del Menor, alcanzaren la mayoría de edad serán orientados y apoyados a efectos que puedan hacerse cargo de sus vidas en forma independiente. Las personas con capacidad diferente que alcanzaren dicha mayoría, estando a cuidado del Instituto Nacional del Menor, podrán permanecer bajo su protección siempre y cuando no puedan ser derivados para su atención en servicios o programas de adultos.

El Instituto Nacional del Menor fiscalizará, en forma periódica, las instituciones privadas a las que concurran niños y adolescentes, sin perjuicio de la competencia de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Asimismo fiscalizará toda institución privada, comunitaria o no gubernamental con la que ejecute programas bajo la modalidad de convenios.

Deberá también incorporar en todos los programas que gestione, en forma directa o en la modalidad de convenio, un enfoque comprensivo de las diversas situaciones familiares de los niños y adolescentes.

Toda fiscalización deberá ser realizada por equipos multidisciplinarios de profesionales a efectos de evaluar la situación en que se encuentran los niños y adolescentes, así como el trato y formación que se les da a los mismos, de acuerdo a los derechos que éstos tienen y a las obligaciones de dichas instituciones.

El Instituto Nacional del Menor podrá formular observaciones y efectuar las denuncias que correspondan ante las autoridades competentes, por la constatación de violaciones de los derechos del niño y adolescente, sin perjuicio de lo preceptuado por el artículo 177 del Código Penal (omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos).

II - De los adolescentes y las infracciones a la ley penal

Artículo 69. (Infracciones a la ley penal).- A los efectos de este Código solo son infracciones a la ley penal:

1) Las acciones u omisiones dolosas consumadas, cometidas en calidad de autor o coautor, a las que el Código Penal o las leyes penales especiales señalan una pena cuyo límite mínimo es superior a un año de prisión o cuyo límite máximo es superior a tres años de penitenciaría.

2) Las acciones u omisiones ultraintencionales o culposas a que refieren los numerales 1) y 2) del artículo 72.

3) La participación en calidad de cómplice en infracciones gravísimas a la ley penal.

Artículo 70. (Adolescente infractor).- Se denomina adolescente infractor a quien sea declarado responsable por sentencia ejecutoriada, dictada por Juez competente, como autor, coautor o cómplice de acciones u omisiones descritas como infracciones a la ley penal.

Artículo 71. (Relación causal).- Solo puede ser sometido a proceso especial regulado por este Código el adolescente a quien se le pueda atribuir material y psicológicamente un hecho constitutivo de infracción a la ley penal.

La existencia de la infracción debe ser la consecuencia de su acción u omisión.

Artículo 72. (Clases de infracción).- Las infracciones a la ley penal se clasifican en graves y gravísimas.

Son infracciones gravísimas a la ley penal:

1) Homicidio (artículo 310 del Código Penal).

2) Lesiones gravísimas (artículo 318 del Código Penal).

3) Violación (artículo 272 del Código Penal).

4) Rapiña (artículo 344 del Código Penal).

5) Privación de libertad agravada (artículo 282 del Código Penal).

6) Secuestro (artículo 346 del Código Penal).

7) Extorsión (artículo 345 del Código Penal).

8) Tráfico de estupefacientes (artículos 31 y 32 de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998).

9) Cualquier otra acción u omisión que el Código Penal o las leyes especiales castigan con una pena cuyo límite mínimo sea igual o superior a seis años de penitenciaría o cuyo límite máximo sea igual o superior a doce años de penitenciaría.

10) La tentativa de las infracciones señaladas en los numerales 1), 5) y 6) y la complicidad en las mismas infracciones.

En los casos de violación no se tomará en cuenta la presunción del ejercicio de violencia (artículo 272 del Código Penal).

Las restantes son infracciones graves a la ley penal.

Artículo 73. (Adecuación a la normativa del Código Penal y Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 1995).- El Juez deberá examinar cada uno de los elementos constitutivos de la responsabilidad, de las circunstancias que eximen de la aplicación de medidas o que aminoren el grado de las infracciones y el concurso de infracciones e infractores, tomando en cuenta los preceptos de la parte general del Código Penal, de la Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 1995, la condición de adolescentes y los presupuestos de perseguibilidad de la acción.

CAPÍTULO X

I - Derechos y garantías del procedimiento

Artículo 74. (Principios que rigen).- En todos los casos en que al adolescente se le impute el haber incurrido en actos que se presumen comportan infracción a la ley penal, deberá asegurarse el cumplimiento estricto de las garantías del debido proceso, especialmente las siguientes:

A) Principios de judicialidad y legalidad.- El adolescente imputado de haber cometido una infracción a la ley penal, será juzgado por los Jueces competentes en conformidad a los procedimientos especiales establecidos por este Código.

Se asegurará, además, la vigencia de las normas constitucionales, legales e instrumentos internacionales, especialmente la Convención de los Derechos del Niño.

B) Principio de responsabilidad.- Los menores de trece años son irresponsables. Solo puede ser sometido a proceso especial, regulado por este Código, el adolescente mayor de trece años y menor de dieciocho, imputado de infracción a la ley penal.

La responsabilidad del adolescente tendrá lugar a partir de la sentencia definitiva que le atribuya la comisión del hecho constitutivo de infracción a la ley penal.

Si se encuentran involucrados niños menores de trece años de edad, se procederá de acuerdo a lo preceptuado en el Capítulo XI, artículos 117 y siguientes de este Código.

C) Principio que condiciona la detención.- Solo puede ser detenido en casos de infracciones flagrantes o existiendo elementos de convicción suficientes sobre la comisión de una infracción. En este último caso, mediante orden escrita de Juez competente comunicada por medios fehacientes. La detención será una medida excepcional.

D) Principio de humanidad.- El adolescente privado de libertad será tratado con la humanidad y respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, no pudiendo compartir su detención con adultos.

Ningún adolescente será sometido a torturas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a experimentos médicos o científicos.

Tendrá derecho a mantener contacto permanente con su familia o responsables, salvo en circunstancias especiales.

E) Principio de inocencia.- Tiene derecho a que se presuma su inocencia. No será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.

F) Principio de inviolabilidad de la defensa.- Tiene derecho a contar en forma permanente con asistencia jurídica gratuita, especializada, pública o privada, a partir de la detención, durante el proceso y hasta la ejecución completa de las medidas.

G) Principio de libertad de comunicación.- Tiene derecho durante la privación de libertad, de comunicarse libremente y en privado con su defensa, con sus padres, responsables, familiares y asistentes espirituales.

H) Principio de prohibición del juicio en rebeldía.- Tiene derecho de no ser juzgado en su ausencia, so pena de nulidad de todo lo actuado (artículo 21 de la Constitución de la República).

I) Principio de impugnación.- Todo adolescente tendrá derecho a impugnar todas las decisiones judiciales que lo perjudiquen.

J) Principio de duración razonable.- En ningún caso la situación derivada de la formalización del proceso excederá en sus consecuencias al término de duración de la medida que hubiere correspondido.

K) Principio de asistencia de intérpretes.- Todo adolescente tendrá derecho a contar con la libre asistencia gratuita de un intérprete, si no comprende o no habla el idioma oficial.

L) Principio de oportunidad reglada.- El adolescente tiene derecho a que se prescinda del procedimiento cuando, por la característica del hecho o por la naturaleza del bien jurídico agredido, no se justifica la prosecución de la acción.

LL) Principio de respuesta específica.- La respuesta a la infracción cometida deberá tener en cuenta las diferentes edades en función de los principios de autonomía progresiva.

II - Régimen procesal

Artículo 75. (Principio general).- En todos los casos en que se investigue la responsabilidad del adolescente, el procedimiento se ajustará a los trámites establecidos por este Código y subsidiariamente por el Código General del Proceso.

Artículo 76. (Procedimiento).-

1) Actuaciones previas al proceso.

A) Cometidos de la autoridad policial.

Cuando proceda la detención del adolescente conforme a lo establecido en el literal C) del artículo 74, la autoridad aprehensora, bajo su más severa responsabilidad, deberá:

a) Realizar la actuación de modo que menos perjudique a la persona y reputación del adolescente.

b) Poner el hecho de inmediato en conocimiento del Juez, o en un plazo máximo de dos horas después de practicada la detención.

c) Hacer conocer al adolescente los motivos de la detención y los derechos que le asisten, especialmente el derecho que tiene de designar Defensor.

d) Si fuere necesario, antes de conducirlo a la presencia del Juez, hará constar lo indispensable para la información de los hechos.

e) Si no fuere posible llevarlo de inmediato a presencia del Juez, previa autorización de éste, deberá conducírselo a la dependencia especializada del Instituto Nacional del Menor que corresponda, y solo en caso de indisponibilidad de ésta, a una del Instituto Policial, no pudiendo permanecer en este último lugar por más de doce horas.

f) Los traslados interinstitucionales y a la Sede Judicial deben estar precedidos del correspondiente examen médico.

B) Cuando el Juez tome conocimiento que el adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo 117 de este Código, lo pondrá en conocimiento del Juez competente, sin perjuicio de la actuación procesal referida a la infracción.

2) Audiencia preliminar.

En los casos de infracciones de adolescentes a la ley penal, el Juez dispondrá, en un plazo que no exceda las veinticuatro horas contadas desde el momento de la detención, la realización de una audiencia preliminar. En la audiencia deberán estar presentes -bajo su más seria responsabilidad funcional-, y so pena de nulidad, el Juez, el adolescente, su abogado defensor y el Ministerio Público.

Se procurará la presencia de los padres o responsables, y de ser esto imposible, la de algún referente de vida del adolescente. Si no concurriera ninguno de los nombrados se deberá dejar expresa constancia en autos de las actuaciones practicadas a los efectos e lograr su efectiva concurrencia. Podrán asistir también a la audiencia la víctima y los testigos si no existiera peligro para la seguridad.

El Juez, al interrogarlo, le hará conocer en términos accesibles los motivos de la detención y los derechos que le asisten, especialmente su derecho a designar Defensor de su confianza. Se le interrogará expresamente acerca del trato habido durante la detención previa a la audiencia. Asimismo, se preguntará al adolescente y a la víctima acerca de su disposición de someterse a un proceso de mediación cuando esto correspondiere, en los términos y con el alcance previstos en el artículo 83.

3) Medidas probatorias.

Durante esta audiencia, el Ministerio Público y la Defensa podrán solicitar las medidas que estimen convenientes.

La información deberá recabarse en un plazo que no exceda de los veinte días continuos y perentorios, contados a partir de la decisión judicial.

La prueba se diligenciará en audiencia con las garantías que aseguren el debido proceso, incluidos los informes del equipo técnico, en un plazo que no exceda de los veinte días, continuos y perentorios, contados a partir de la decisión judicial.

En todo lo que le fuere requerido, la Policía prestará colaboración.

4) Resolución de la audiencia preliminar y medidas cautelares.

Al culminar la audiencia preliminar el Juez:

A) Dispondrá las medidas probatorias a que refiere el numeral anterior.

B) Fijará la audiencia final en un plazo de sesenta días, salvo si decreta como medida cautelar el arresto domiciliario o la internación provisoria, caso en que dicha audiencia se fijará en un plazo máximo de treinta días.

C) Decidirá la aplicación de alguna medida cautelar, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral siguiente.

5) Medidas cautelares.

El Juez, a pedido del Ministerio Público, y oída la Defensa, dispondrá las medidas cautelares necesarias que menos perjudiquen al adolescente.

Son medidas cautelares:

1) La prohibición de salir del país.

2) La prohibición de acercarse a la víctima o a otras personas, de concurrir a determinados lugares o de tomar contacto con personas determinadas.

3) La obligación de concurrir periódicamente al Tribunal o ante la autoridad que el Juez determine.

4) El arresto domiciliario.

5) La internación provisoria.

El arresto domiciliario y la internación provisoria no podrán durar más de sesenta días. Transcurrido ese plazo sin que se hubiera dictado sentencia de primera instancia, se deberá dejar en libertad al adolescente. Ambas medidas cautelares solo podrán aplicarse si la infracción que se imputa al adolescente puede ser objeto en definitiva de una medida privativa de libertad, de acuerdo con el artículo 86, y siempre que ello sea indispensable para:

A) Asegurar la comparecencia del adolescente a los actos procesales esenciales.

B) La seguridad de la víctima, el denunciante o los testigos.

La internación provisoria se cumplirá en un establecimiento especial del Instituto Nacional del Menor.

6) Informe del equipo técnico.

Si el Juez resuelve la internación, dispondrá que el equipo técnico del establecimiento de internación, en un término que no exceda los veinte días dispuesto para la prueba, produzca un informe con una evaluación médica y psicosocial, el cual se expedirá especialmente sobre las posibilidades de convivencia en régimen de libertad.

7) Informe del Centro de Internación.

Los técnicos producirán los informes verbales o escritos que el Juez disponga y supervisarán la aplicación de las medidas. Los informes verbales se producirán en audiencia.

8) Formulación de demanda o sobreseimiento.

En cualquier momento del proceso el representante del Ministerio Público podrá solicitar el sobreseimiento. Este podrá producirse a solicitud de la Defensa.

Diligenciada la prueba, los autos pasarán en vista al Ministerio Público por un plazo de seis días. En caso de deducir acusación, relacionará las pruebas ya diligenciadas, analizará los informes técnicos presentados y formulará los presupuestos fácticos, jurídicos y técnicos de la imputación debiendo expresarse especialmente, en atención al principio de presunción de inocencia, acerca de la inexistencia de las circunstancias que eximen de la aplicación de medidas socioeducativas.

Si el Ministerio Público solicitara el sobreseimiento, el Juez lo dictará sin más trámite. Si se dedujere demanda fiscal, se conferirá traslado a la Defensa por seis días, la que podrá ofrecer prueba y contradecir o allanarse.

9) Contestación o allanamiento.

Si se dedujere demanda fiscal, se conferirá traslado de la misma por seis días a la Defensa, la que podrá contradecir o allanarse.

10) Audiencia final.

En la audiencia final deberán estar presentes, bajo pena de nulidad, el adolescente, su Defensor y el Ministerio Público. Se procurará que asistan los padres, responsables del joven o en su defecto algún referente de vida del adolescente.

El Juez informará al adolescente acerca de las pruebas aportadas al proceso y su valoración, de las recomendaciones que emergen de los informes técnicos realizados, así como del contenido de la demanda acusatoria y de la contestación.

Escuchará las alegaciones que él mismo quiera formular al igual que las que hicieren sus padres o responsables, si estuvieren presentes.

11) Plazo para dictar sentencia.

El Juez deberá dictar sentencia definitiva de primera instancia al cabo de la audiencia final, expidiendo el fallo con sus fundamentos. Se dará lectura de todo ello, a los efectos de su comunicación (artículo 76 del Código General del Proceso), siendo de aplicación, en cuanto a su contenido y en lo pertinente, el artículo 197 del Código General del Proceso.

La sentencia será escrita y deberá estar redactada de un modo breve y claro para que pueda ser comprendida en todas sus partes por el adolescente imputado.

Cuando la complejidad del asunto lo justifique, se podrá prorrogar el plazo para dictar la sentencia con sus fundamentos por hasta quince días perentorios, procediéndose para su comunicación a la formalización de una audiencia complementaria.

12) Contenido de la sentencia.

El Juez podrá absolver al adolescente imputado o declarado responsable (artículo 70) e imponerle alguna medida socioeducativa de las enunciadas en la Sección III de este Capítulo con la finalidad de preservar el interés del adolescente. Esto último no podrá hacerse si no mediara el previo requerimiento del Ministerio Público, ni de manera más gravosa que la solicitada por éste.

Deberá optar, en principio, por aplicar alguna de las medidas socioeducativas no privativas de libertad.

La privación de libertad solo podrá disponerse como medida de último recurso y durante el tiempo más breve que sea posible. En ese caso, en su sentencia, el Juez deberá fundamentar por qué no es posible aplicar una medida distinta.

13) Audiencia única.

En los casos en que, culminada la audiencia preliminar, no fuere necesario disponer medidas probatorias adicionales y se hubieren realizado los informes técnicos requeridos (numeral 6) se conferirá la palabra al Ministerio Público y a la Defensa a los efectos previstos en los numerales 8) y 9), luego de lo cual, el Juez dictará sentencia de inmediato de acuerdo a lo establecido en los numerales 11) y 12).

14) Coparticipación de mayores.

En el caso de hechos con apariencia delictiva en que se hallen involucrados adolescentes junto a personas mayores, la autoridad policial lo hará saber simultáneamente al Juez Letrado de Adolescentes y al Juez Penal de Turno, quienes actuarán en forma paralela, comunicándose recíprocamente las alternativas de la causa.

Deberá recabarse autorización del Juez Letrado de Adolescentes para el traslado del adolescente al Juzgado Penal, siempre que sea necesaria su declaración.

15) Régimen impugnativo.

Se aplicará el régimen impugnativo que la ley establece (artículos 253 y 254 del Código General del Proceso).

La apelación será automática cuando la medida impuesta tenga una duración superior a un año de privación de libertad.

16) Zonas de difícil acceso.

Cuando, en virtud de la distancia o por otras circunstancias, no sea posible llevar de inmediato al adolescente a presencia del Juez Letrado competente, el Juez de Paz respectivo podrá adoptar las primeras y más urgentes medidas (artículo 45 del Código del Proceso Penal).

III - Medidas socioeducativas

Artículo 77. (Principios generales).- Las medidas contempladas en este Código solo podrán aplicarse a los adolescentes respecto a los cuales haya recaído declaración de responsabilidad, por sentencia ejecutoriada.

Artículo 78. (Ejecución de las medidas).- Una vez que el Juez disponga las medidas, deberá comunicarlo por escrito al Instituto Nacional del Menor o institución privada seleccionada para el cumplimiento de la misma, con remisión del texto de las resoluciones o sentencias, sin cuyos requisitos el órgano destinatario no dará curso a la ejecución de la misma.

Artículo 79. (Medidas complementarias).- Todas las medidas que se adopten conforme a lo establecido en el numeral 12) del artículo 76, se podrán complementar con el apoyo de técnicos, tendrán carácter educativo, procurarán la asunción de responsabilidad del adolescente y buscarán fortalecer el respeto del mismo por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros como asimismo, el robustecimiento de los vínculos familiares y sociales.

La medida será seleccionada por el Juez, siguiendo los criterios de proporcionalidad e idoneidad para lograr tales objetivos.

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Artículo 80. (Medidas sustitutivas).- Podrán aplicarse, entre otras, las siguientes medidas no privativas de libertad:

A) Advertencia, formulada por el Juez en presencia del Defensor y de los padres o responsables, sobre los perjuicios causados y las consecuencias de no enmendar su conducta.

B) Amonestación, formulada por el Juez en presencia del Defensor, de los padres o responsables, intimándolo a no reiterar la infracción.

C) Orientación y apoyo mediante la incorporación a un programa socioeducativo a cargo del Instituto Nacional del Menor o de instituciones públicas o privadas, por un período máximo de un año.

D) Observancia de reglas de conducta, como prohibición de asistir a determinados lugares o espectáculos, por un período que no exceda de seis meses.

E) Prestación de servicios a la comunidad, hasta por un máximo de dos meses.

F) Obligación de reparar el daño o satisfacción de la víctima.

G) Prohibición de conducir vehículos motorizados, hasta por dos años.

H) Libertad asistida.

I) Libertad vigilada.

Artículo 81. (Programas de orientación).- Los programas de orientación y apoyo tienen por finalidad incorporar paulatinamente al adolescente al medio familiar o grupo de crianza u otros grupos, así como a los centros de enseñanza y cuando corresponda, a los centros de trabajo.

Estos programas podrán ser ejecutados por el Instituto Nacional del Menor o por otras instituciones públicas o privadas.

Artículo 82. (Trabajos en beneficio de la comunidad).- Los trabajos en beneficio de la comunidad se regularán de acuerdo a las directivas que al efecto programe el Instituto Nacional del Menor.

Preferentemente podrán realizarse en hospitales y en otros servicios comunitarios públicos. No podrán exceder de seis horas diarias. La autoridad administrativa vigilará su cumplimiento, concertando con los responsables de su ejecución, de forma que no perjudique la asistencia a los centros de enseñanza, de esparcimiento y las relaciones familiares, en todo lo cual se observará el cuidado de no revelar la situación procesal del adolescente.

Artículo 83. (Obligación de reparar el daño o satisfacción de la víctima).- En cualquier etapa del proceso, previa conformidad del adolescente y de la víctima o a petición de parte, el Juez podrá derivar el caso a mediación, suspendiéndose las actuaciones por un plazo prudencial. Alcanzando un acuerdo, previo informe técnico y oídos la Defensa y el Ministerio Público, el Juez deberá valorar razonablemente desde la perspectiva exclusiva del interés superior del adolescente, el sentido pedagógico y educativo de la reparación propuesta, disponiendo, en caso afirmativo, la clausura de las actuaciones. Tal decisión será preceptiva en caso de opinión favorable del Ministerio Público. El mismo efecto tendrán los acuerdos conciliatorios celebrados en audiencia.

Artículo 84. (Régimen de libertad asistida y vigilada).-

A) El régimen de libertad asistida consiste en acordarle al adolescente el goce de libertad en su medio familiar y social.

Será, necesariamente, apoyado por especialistas y funcionarios capacitados para el cumplimiento de programas educativos.

El Juez determinará la duración de la medida.

En cualquier momento de su ejecución la medida podrá ser interrumpida, revocada o sustituida, de oficio o a instancia de los actores habilitados y previa intervención del Ministerio Público y del Defensor.

B) El régimen de libertad vigilada consiste en la permanencia del adolescente en la comunidad con el acompañamiento permanente de un educador, durante el tiempo que el Juez determine.

Ambas medidas se regularán de acuerdo a directivas que al efecto programe el Instituto Nacional del Menor. El régimen de libertad asistida podrá ser ejecutado por el INAME o por otras instituciones públicas o privadas supervisadas por éste. El régimen de libertad vigilada será de responsabilidad exclusiva, irrenunciable e indelegable del Estado.

Artículo 85. ("Non bis in idem").- El Juez sólo podrá aplicar una de las medidas previstas en este Título o en el siguiente.

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Artículo 86. (Aplicación).- Las medidas privativas de libertad solo se aplicarán a los adolescentes declarados por sentencia ejecutoriada, responsables de infracción gravísima, que a juicio del Juez justifique las mismas.

También podrán aplicarse a los adolescentes que, habiendo sido declarados por sentencia ejecutoriada responsables de una infracción en forma reiterada, incumplen las medidas adoptadas por el Juez. En este caso el plazo de duración de la medida privativa de libertad no podrá exceder de sesenta días.

Artículo 87. (Aplicabilidad).- Las medidas privativas de libertad no son obligatorias para el Juez. Se aplicarán cuando configurándose los requisitos legales, no existan otras medidas adecuadas dentro de las no privativas de libertad. El Juez fundamentará los motivos de la no aplicación de otras medidas. Se tendrá en consideración el derecho del adolescente a vivir con su familia, y en caso que proceda la separación, a mantener contacto permanente con la familia, pareja, amigos, referentes afectivos y otros, si ellos no fueren perjudiciales para el mismo.

Artículo 88. (Medidas privativas de libertad).- Las medidas privativas de libertad son:

A) Internación en establecimientos, separados completamente de los establecimientos carcelarios destinados a adultos.

B) Internación en iguales establecimientos con posibilidades de gozar de semilibertad.

RÉGIMEN DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD

Artículo 89. (Privación de libertad).- El régimen de privación de libertad consiste en recluir al adolescente en un establecimiento que asegure su permanencia en el recinto, sin menoscabo de los derechos consagrados en este Código, las normas constitucionales, legales e instrumentos internacionales.

Artículo 90. (Régimen de semilibertad).- El régimen de semilibertad consiste en disponer que el adolescente, cuya privación de libertad ha sido dispuesta en establecimientos, goce de permiso para visitar a su familia o para la realización de actividades externas, de ocho horas de duración, en su beneficio personal, controladas por la autoridad donde se encuentra internado.

Este régimen se extiende, a voluntad del adolescente, mientras se aplica la medida de privación de libertad, salvo la suspensión temporaria o definitiva por inobservancia de las reglas de comportamiento.

Artículo 91. (Duración de las medidas de privación de libertad).- La medida de privación de libertad tendrá una duración máxima de cinco años.

En ningún caso el adolescente que al llegar a los dieciocho años permanece sujeto a medidas, cumplirá lo que le resta en establecimientos destinados a los adultos.

Artículo 92. (Cumplimiento).- El cumplimiento de las medidas de privación de libertad son de responsabilidad exclusiva, irrenunciable e indelegable del Estado.

Se cumplirán en centros especiales hasta la finalización de las medidas y de acuerdo a criterios, entre otros, de género, edad, complexión física, características psicosociales y culturales, adaptación a la convivencia y evolución o involución en la progresión educativa.

En ningún caso podrán cumplirse en establecimientos destinados a adultos.

Se tendrá especial cuidado por las situaciones en que el adolescente requiera tratamiento médico, en cuyo caso deberá ser internado en un centro adecuado a sus condiciones.

Artículo 93. (Infractores con dependencia).- En los casos de adolescentes infractores, que padecen dependencias alcohólicas o toxicómanas, se efectivizará la asistencia a programas de orientación y tratamiento adecuados.

Artículo 94. (Procedimiento por modificación o cese de las medidas).- Se deberá decretar, en cualquier momento, el cese de la medida cuando resulte acreditado en autos que la misma ha cumplido su finalidad socioeducativa.

La tramitación de todas las solicitudes de sustitución, modificación o cese de las medidas, se hará en audiencia, debiendo dictarse resolución fundada, previo los informes técnicos que se estimen pertinentes, con presencia del adolescente, de sus representantes legales, de la Defensa y del Ministerio Público.

La audiencia deberá celebrarse en un plazo que no exceda los diez días a partir de la respectiva solicitud.

Artículo 95. (Traslado de infractores).- La internación de los adolescentes fuera de la jurisdicción de su domicilio se limitará al mínimo posible, atendidas las circunstancias del caso.

Cuando los Juzgados dispongan la internación de adolescentes infractores fuera de su jurisdicción, declinarán competencia para ante el Juez del lugar de internación.

Deberán enviar junto con el adolescente, fotocopia certificada del expediente en sobre cerrado, que será entregado por el funcionario que lo traslade, bajo su más grave responsabilidad funcional, al Juez de turno del lugar de la internación.

Artículo 96. (Reserva).- Queda prohibida la identificación de la persona del adolescente por cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de la información sobre los hechos.

Los funcionarios públicos que faciliten noticias a la prensa, en contravención a lo dispuesto en el inciso anterior, serán pasibles de una suspensión de diez días con pérdida de haberes la primera vez, y un mes por la siguiente. La tercera infracción dará lugar a la destitución. La infracción será comunicada preceptivamente a la institución a que pertenece, con transcripción de las normas.

Los medios de comunicación que infringieren lo dispuesto en el inciso primero incurrirán en una multa, a juicio del Juez, equivalente entre 20 UR (veinte unidades reajustables) y 200 UR (doscientas unidades reajustables), según los casos, siendo el destino de la misma el Instituto Nacional del Menor.

Artículo 97. (Competencia).- En las infracciones previstas en el inciso tercero del artículo anterior, entenderán los Jueces Letrados de Adolescentes, siguiendo el procedimiento legal para reprimir las faltas en el Derecho Penal de adultos.

Artículo 98. (Recurribilidad).- La sentencia podrá ser apelada ante el Tribunal de Familia respectivo, cuya decisión hará cosa juzgada.

IV- Principios de la ejecución

Artículo 99. (Supuestos de la ejecución).- La actividad procesal de ejecución de las medidas educativas, comprende los actos destinados a promover el cumplimiento de las medidas y el trámite y la decisión de las cuestiones sobrevinientes.

Artículo 100. (Control que ejercen los Jueces competentes).- Son cometidos de los Jueces Letrados de Adolescentes:

1) Vigilar los casos en los que han recaído medidas educativas dispuestas por sentencia ejecutoriada, hasta el término de su cumplimiento.

2) Entender por audiencia y con intervención del Defensor y Ministerio Público, las reclamaciones de los adolescentes durante el período de ejecución de las medidas, tanto en los establecimientos, como fuera de ellos.

3) Visitar, por lo menos cada tres meses los centros de internación, dejando constancia en el expediente respectivo del resultado.

Sin perjuicio de lo que antecede, podrá realizar inspecciones cada vez que lo considere oportuno.

En ambos casos, tomar las medidas que más convengan al interés superior del adolescente.

4) Dar cuenta a la Suprema Corte de Justicia en los casos que se constaten irregularidades graves.

Artículo 101. (Control de la autoridad administrativa).- El Instituto Nacional del Menor informará cada tres meses al Juez sobre la forma como se cumple la medida y la evolución del adolescente.

El Instituto Nacional del Menor reglamentará el funcionamiento de los establecimientos donde se cumplen las medidas privativas de libertad de acuerdo a las orientaciones y principios que surgen de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad (RIAD).

V - Derechos y deberes durante la ejecución de las medidas socioeducativas

Artículo 102. (Principio especial de la privación de libertad).- Sin perjuicio de los derechos y garantías enumerados en el artículo 74, se tendrán en cuenta los derechos y deberes de los adolescentes, con miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de la institucionalización y a fomentar su integración a la sociedad:

A) Derechos:

1) A ser informado del régimen de funcionamiento institucional y de sus derechos y deberes y conocer a los funcionarios que lo tendrán bajo su responsabilidad durante la internación o en régimen ambulatorio.

2) A conocer el régimen interno a fin de comunicarse personalmente con el Juez, Fiscal, Defensor, educadores, familiares y a ejercer efectivamente ese derecho.

3) A estar informado sobre las medidas que se proyectan para lograr su inserción al ámbito familiar y social.

4) A recibir los servicios de salud, sociales, educativos, religiosos y de esparcimiento, y ser tratado conforme a su desarrollo y necesidades.

En todo caso se garantizará su seguridad, en tanto protección contra influencias nocivas y situaciones de riesgo.

5) A estar informado sobre el régimen de convivencia.

6) A no ser trasladado del centro donde cumple la medida educativa sin que se dé cuenta de inmediato al Juez competente. A conocer la fundamentación de la decisión en caso de traslado. Todo traslado podrá ser recurrido conforme a derecho, sin efecto suspensivo.

7) No podrán imponerse sanciones colectivas.

B) Deberes:

Durante la ejecución de las medidas, los adolescentes, deberán respetar a sus educadores y responsables y observar los reglamentos internos en cuanto a convivencia, estudio y tareas de capacitación, esparcimiento, aseo personal y de las dependencias que ocupan, y respeto a sus educadores, responsables y demás personas con quienes se vinculan cotidianamente.

C) Ámbito de aplicación:

Todos los derechos y deberes establecidos en orden a la ejecución de las medidas socioeducativas, se aplicarán, en lo pertinente, a todo tipo de privación de libertad.

VI- Cesación del proceso

Artículo 103. (Principio general).- En cualquier estado del proceso el Juez, oyendo al Ministerio Público, al adolescente y a su Defensa, dispondrá la clausura del proceso, en los siguientes casos:

1) Cuando se comprobare que el adolescente no es responsable.

2) Cuando se comprobare que no es el autor, coautor o cómplice del hecho constitutivo de la infracción.

3) Cuando se comprobare que obró amparado por alguna de las circunstancias que eximen de pena.

4) Cuando ha prescripto la acción por el hecho imputado. El plazo de prescripción será de dos años para los delitos gravísimos y un año para los delitos graves.

Artículo 104. (Prescindencia de la acción penal).- En cualquier estado del proceso el Juez podrá, oyendo al Ministerio Público, al adolescente y a su Defensa, prescindir total o parcialmente de la persecución penal; o limitada a una o varias infracciones o de alguna o de todas las personas que hayan participado en el hecho, cuando:

A) Se trate de un hecho que, por su escasa gravedad o lo exiguo de la contribución del partícipe, haga innecesaria una medida en definitiva.

B) El adolescente haya sufrido, a consecuencia del hecho, un daño físico o moral grave.

Artículo 105. (Egreso y clausura de antecedentes).- Decretado el cese, si el adolescente estuviese privado de libertad, se dispondrá su inmediato egreso y clausura de antecedentes.

VII - De las medidas curativas

Artículo 106. (Procedencia).- A los adolescentes incapaces que hubieren cometido infracciones a la ley penal, se les aplicarán, con las garantías del debido proceso fijado para los infractores, las medidas de carácter curativo, que se cumplirán en establecimientos adecuados y separados de los adultos mayores de dieciocho años. Corresponde a los Directores de dichos establecimientos y a los técnicos que designe el Juez, determinar su tratamiento.

Artículo 107. (Control).- Durante la internación, se aplicarán, en lo pertinente, las medidas de contralor a cargo de los Jueces Letrados de Adolescentes, establecidas en el artículo 100.

VIII - De las audiencias

Artículo 108. (Presencia del Juez).- El Juez Letrado de Adolescentes presidirá por sí mismo las audiencias, bajo pena de nulidad, que compromete su responsabilidad funcional.

Igual deber compete al Ministerio Público, al Defensor y a los técnicos asesores a quienes el Juez requiera opinión. Los Defensores privados que no asistan serán sustituidos por Defensores de Oficio.

Sin la presencia del adolescente no podrá llevarse a cabo ninguna audiencia.

Artículo 109. (Contenido de las audiencias).-

1) Las audiencias preliminar y final, referidas en los numerales 2) y 10) del artículo 76 se documentarán con la mayor precisión en acta que se labrará durante su desarrollo o al cabo de la misma. En forma resumida se consignará fecha y lugar en que se labra, describirán los hechos, la tipificación legal con expresa mención de la norma jurídica presuntamente violada y las alegaciones de las partes, quienes podrán solicitar lo que estimen pertinente para asegurar la fidelidad del resumen. La decisión del Juez deberá comprender el examen de los puntos tratados por las partes.

2) Si lo solicitaren, se entregarán a las partes copia íntegra de las sentencias definitivas, autenticadas por la Oficina Actuaria.

Artículo 110. (Acceso al expediente).- Las partes y los técnicos designados durante el trámite tendrán, en todo momento, libre acceso al expediente, salvo casos excepcionales, a juicio del Juez y en atención al interés superior del adolescente.

IX - De las comunicaciones procesales

Artículo 111. (Notificaciones preceptivas).-

1) Cuando se produzca la detención del adolescente, el Juez dispondrá que el hecho sea inmediatamente notificado por la Policía a su Defensor, al Ministerio Público y a los padres o representantes legales; el mismo procedimiento se seguirá con los asesores técnicos para cuyo asesoramiento el Juez estime necesario convocar.

2) Las actuaciones dispuestas en audiencia se tendrán por notificadas a quienes estén presentes o hayan debido concurrir al acto.

3) Salvo en los casos que indique el Juez, las notificaciones se practicarán en la oficina.

A tal efecto, todos los interesados que actúen en el procedimiento respectivo, excepción hecha del Ministerio Público, concurrirán a la oficina para enterarse de las actuaciones.

Artículo 112. (Notificación ficta).- Si la notificación se retardare tres días hábiles por falta de comparecencia del interesado, se tendrá por efectuada, sin necesidad de constancia alguna en los autos.

Si el día que concurriere el interesado, la actuación no se hallare disponible, la Oficina Actuaria expedirá constancia en formulario al efecto, si aquél lo solicitare (artículo 86 del Código General del Proceso).

Artículo 113. (Autorización para notificarse).- Por simple escrito se podrá autorizar a una tercera persona para que con ella se entiendan las notificaciones.

Artículo 114. (Régimen complementario).- En todos los casos no contemplados en este Código se aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones del Código General del Proceso (artículos 76 a 90 de la Sección III).

X - Plazos procesales

Artículo 115. (Carácter de los plazos).-

1) Todos los plazos señalados en este Código son perentorios e improrrogables. En casos excepcionales, el Juez podrá suspender su curso fundando la medida y su duración.

2) Para regular su aplicación se atenderá a lo dispuesto por los artículos 92 a 99 del Código General del Proceso.

Artículo 116. (Infracciones reiteradas).- En los casos de infracciones reiteradas, los procesos se tramitarán por el Juez competente de cada una hasta la sentencia ejecutoriada, sin perjuicio de la unificación de las medidas impuestas, la que se realizará en vía incidental por el Juez Letrado de Adolescentes que hubiere entendido en la última infracción.

La Suprema Corte de Justicia reglamentará el régimen de antecedentes judiciales.

CAPÍTULO XI

I - Protección de los derechos amenazados o vulnerados de los niños y adolescentes y situaciones especiales

Artículo 117. (Principio general).- Siempre que los derechos reconocidos a los niños y adolescentes en este Código sean amenazados o vulnerados, se aplicarán las medidas que dispone este Título.

De igual forma se aplicarán a los niños que vulneren derechos de terceros.

Artículo 118. (Primeras diligencias).- El Juez que tiene conocimiento, por cualquier medio, que un niño o adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo anterior, tomará las más urgentes e imprescindibles medidas, debiéndose proceder a continuación conforme lo estatuye el artículo 321 del Código General del Proceso.

Salvo imposibilidad, tomará declaración al niño o adolescente, en presencia del Defensor que se le proveerá en el acto y de sus padres o responsables, si los tuviere, y recabará los informes técnicos correspondientes.

El Ministerio Público deberá ser oído preceptivamente, quien intervendrá en favor del efectivo respeto a los derechos y garantías, reconocidos a los niños y adolescentes, debiéndose pronunciar en el plazo de tres días.

Artículo 119. (Medidas).- Medidas para los padres o responsables.

El Juez podrá imponer, en protección de los derechos de los niños o adolescentes, para los padres o responsables, las siguientes medidas:

A) Llamada de atención para corregir o evitar la amenaza o violación de los derechos de los hijos a su cuidado, y exigir el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en la protección de los derechos afectados.

B) Orientación, apoyo y seguimiento temporario sociofamiliar prestado por programas públicos o privados reconocidos.

C) Obligación de inscribir al niño o adolescente en un centro de enseñanza o programas educativos o de capacitación y observar su asistencia o aprendizaje.

D) Derivación a un programa público o privado de protección a la familia.

Artículo 120. (Medidas ambulatorias para niños y adolescentes).- El Juez dispondrá las siguientes medidas:

A) Que el Instituto Nacional del Menor otorgue protección a sus derechos a través del sistema de atención integral diurno. Al mismo servicio podrá recurrirse respecto a los institutos privados especializados, que así lo acepten.

B) Solicitud de tratamiento ambulatorio médico, psicológico o psiquiátrico a instituciones públicas o privadas.

El Instituto Nacional del Menor podrá solicitar o aplicar directamente estas medidas, cuando su intervención haya sido requerida por el niño, padres o responsables o terceros interesados.

Artículo 121. (Medidas en régimen de internación sin conformidad del niño o adolescente).- El Juez solamente podrá ordenar la internación compulsiva en los siguientes casos:

A) Niño o adolescente con patología psiquiátrica.

B) Niño o adolescente que curse episodios agudos vinculados al consumo de drogas.

C) Niño o adolescente necesitado de urgente tratamiento médico destinado a protegerlo de grave riesgo a su vida o su salud.

En todos los casos deberá existir prescripción médica. El plazo máximo de la internación será de treinta días prorrogables por períodos de igual duración mediando indicación médica hasta el alta de internación.

El Instituto Nacional del Menor podrá aplicar directamente estas medidas mediando indicación médica y cuando su intervención obedezca a la situación de un niño o adolescente que pone en riesgo inminente su vida o la integridad física de otras personas, de todo lo que se dará cuenta inmediata al Juez de Familia de Urgencia.

Artículo 122. (Adicciones a drogas y alcohol).- El Juez podrá ordenar la aceptación de niños y adolescentes en centros residenciales especializados de atención a adicciones de drogas y alcohol, sea en régimen de tiempo completo, ambulatorio o semiambulatorio.

Tratándose de adolescentes se requerirá su conformidad; en caso de niños será necesario el consentimiento de sus padres o responsables y se oirá previamente al niño.

En todos los casos se deberá proporcionar Defensor al niño o adolescente, tomar declaración salvo imposibilidad, oír preceptivamente al Ministerio Público, tomar declaración a los padres o responsables, y recabar los informes técnicos correspondientes.

Artículo 123. (Derivación a centros de atención permanente para niños y adolescentes).- El Juez podrá disponer la derivación de un niño o adolescente a un centro de atención permanente como medida de último recurso, cuando se encuentre gravemente amenazado su derecho a la vida o integridad física.

Esta medida no podrá implicar en caso alguno privación de libertad y durará el menor tiempo posible, promoviéndose la superación de la amenaza de sus derechos para favorecer su egreso.

En estos establecimientos se procurará mantener los vínculos familiares, según lo dispone el artículo 12 de este Código y la incorporación del niño o adolescente al sistema educativo que corresponda, según sea su edad.

Artículo 124. (Programas de atención integral).- El Estado deberá garantizar a todos los niños y adolescentes el derecho a acceder voluntariamente a programas de atención integral, cuidados y alojamiento. Si la solicitud fuera formulada por los padres, se oirá preceptivamente al niño, quien será asistido por su Defensor.

Si a la solicitud formulada por el niño o adolescente se oponen sus padres o responsables, sin perjuicio de la inmediata protección del niño o adolescente, la situación se pondrá en el más breve plazo posible en conocimiento del Juzgado de Familia de Urgencia.

El Juez resolverá atendiendo a la opinión del niño o adolescente. Deberá tenerse en cuenta ésta y el interés superior.

Artículo 125. (Programas de alternativa familiar).- El Juez podrá entregar al niño o adolescente gravemente amenazado en su derecho a la vida o integridad física o privado de su medio familiar, al cuidado de una persona o matrimonio seleccionado por el Instituto Nacional del Menor, que se comprometan a brindarle protección integral.

Estos niños o adolescentes deberán recibir orientación y apoyo de la persona o matrimonio, quienes serán supervisados por medio de equipos especializados.

Artículo 126. (Comportamiento policial).- Cuando la autoridad policial tome conocimiento que un niño o adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo 117 de este Código, deberá llevarlo de inmediato a presencia del Juez competente, el que notificará con la mayor urgencia al Instituto Nacional del Menor.

Si no fuera posible llevarlo de inmediato a presencia del Juez, previa autorización, deberá llevarlo al Instituto Nacional del Menor, quien deberá prestarle la debida atención.

Artículo 127. (Responsabilidad penal).- Si se configuraren elementos de convicción suficientes como para atribuir responsabilidad penal a los padres, responsables o terceros, se pasarán los antecedentes al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal o al Juzgado Letrado de Primera Instancia del Interior, que corresponda.

Artículo 128. (Reserva de autos).- Cumplidas las diligencias por la Justicia, se reservarán los autos, sin perjuicio del seguimiento y control que el Juez interviniente considere adecuado efectuar.

Artículo 129.- (Competencia).- Los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior de la República tendrán igual competencia que la asignada a los Jueces de Familia (artículo 71 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985).

II - Del maltrato y abuso del niño o adolescente

Artículo 130. (Definición).- A los efectos de este Título entiéndese por maltrato y abuso del niño o adolescente las siguientes situaciones, no necesariamente taxativas: maltrato físico, maltrato psíquico-emocional, prostitución infantil, pornografía, abuso sexual y abuso psíquico o físico.

Artículo 131. (La denuncia).- Ante denuncia escrita o verbal por la realización de cualquiera de las conductas mencionadas en el artículo anterior, la autoridad receptora deberá comunicar el hecho de forma fehaciente e inmediata al juzgado competente. En todo caso el principio orientador será prevenir la victimización secundaria.

III - De los hogares de cuidado

Artículo 132. (Entrega de niños y adolescentes).- El que entregue a un niño o adolescente a persona ajena a la familia biológica y quien o quienes lo reciban, deberán comunicarlo al Juez de Familia dentro de las cuarenta y ocho horas. El Juez adoptará en forma urgente las medidas de protección necesarias y solicitará informe psicológico y social respecto a las posibilidades de mantener al niño o adolescente en su familia de origen. En caso afirmativo, dispondrá las medidas de apoyo familiar que se requieran para asegurar la permanencia de este vínculo filial. De lo contrario, deberá proceder conforme se dispone en el artículo siguiente.

Artículo 133. (Separación definitiva. Procedimiento).- La separación de un niño o adolescente de su familia de origen, deberá ser decretada por resolución fundada del Juez competente, sobre la base de información fehaciente y previo el asesoramiento de equipo técnico especializado. El procedimiento para decretarla se regulará por las disposiciones del proceso extraordinario regulado por el Código General del Proceso, debiendo designarse Defensor al niño o adolescente, aplicándose el literal C) del artículo 35 de este Código, quienes deberán ser oídos si fuese posible. Se citará y emplazará a los padres o responsables y a quienes, hasta la entrega a que hace referencia el artículo anterior, se hubieren ocupado del niño.

Una vez resuelta la separación definitiva, deberá asegurarse su inserción en un medio adecuado, prefiriéndose aquellos hogares que permitan al niño salvaguardar sus vínculos afectivos. A tales efectos podrá disponerse, entre otros, la tenencia por terceros (artículo 36), la integración a un hogar institucional que ofrezca garantías para su adecuado desarrollo, o la adopción. Cuando se entendiere por la Sede que corresponde la colocación de un niño en una familia con fines de adopción, deberá intervenir el Instituto Nacional del Menor o una institución especializada autorizada para ello (artículo 158). Cuando los padres de origen, o los integrant