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N° 3001 - 12 DE DICIEMBRE DE 2001

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

79ª SESIÓN

PRESIDE EL SEÑOR REPRESENTANTE GUSTAVO PENADÉS Presidente

ACTUAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTOR HORACIO D. CATALURDA Y DOCTORA
MARGARITA REYES GALVÁN Y LOS PROSECRETARIOS DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO
Y SEÑOR ENRIQUE SENCIÓN CORBO

 

Texto de la citación

 

Montevideo, 11 de diciembre de 2001.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, mañana miércoles 12, a la hora 16, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

 

 

1º.- Régimen jubilatorio y pensionario de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones. (Regulación). (Carp. 1620/001). (Informado). (EN DISCUSIÓN). Rep. 753 y Anexo I

2º.- Servicios prestados por trabajadores de la actividad privada. (Se les reconoce como efectivamente trabajados para aquellos que fueron detenidos o compelidos a abandonar el país y para dirigentes sindicales que hubieren permanecido en la clandestinidad, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985). (Carp. 1342/001). (Informado). Rep. 651 y Anexo I

3º.- Pequeños préstamos al consumo. (Se establecen topes para casos de mora). (Carp. 1713/001). (Informado). Rep. 787 y Anexo I

4º.- Guías de posesión de armas expedidas por el Servicio de Material y Armamento. (Se exonera del pago de su renovación al Personal Superior de los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior). (Carp. 1198/001). (Informado). Rep. 575 y Anexo I

5º.- Fiebre aftosa. (Se incrementan las sanciones pecuniarias que se aplican a quienes incumplan las normas en materia de lucha, control y erradicación). (Carp. 1778/001). (Informado). Rep. 822 y Anexo I

6º.- Bernardo Prudencio Berro. (Designación al Liceo Nº 48 del departamento de Montevideo). (Carp. 1645/001). (Informado). Rep. 768 y Anexo I

7º.- Convenio para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con la República de Panamá. (Aprobación). (Carp. 721/000). (Informado). Rep. 393 y Anexo I

8º.- Acuerdo de Seguridad Social con la República de Colombia. (Aprobación). (Carp. 722/000). (Informado). Rep. 394 y Anexo I

9º.- Wilson Ferreira Aldunate. (Designación a la Ruta Nacional Nº 108). (Carp. 1153/001). (Informado). Rep. 560 y Anexo I

10.- Mario Arregui. (Designación al tramo de la Ruta Nacional Nº 23 comprendido entre la ciudad de Trinidad y la localidad de Ismael Cortinas). (Carp. 1538/001). (Informado). Rep. 721 y Anexo I

 

HORACIO D. CATALURDA    MARGARITA REYES GALVÁN

S e c r e t a r i o s

S U M A R I O

 

1.- Asistencias y ausencias

2 y 25.- Asuntos entrados

3 y 26.- Proyectos presentados

4 y 6.- Exposiciones escritas

5.- Inasistencias anteriores

MEDIA HORA PREVIA

7.- Proyecto sobre difusión de técnicas de producción a nivel de pequeños productores de queso artesanal en el departamento de San José.

— Exposición del señor Representante Sellanes

8.- Realización del X Encuentro del Foro de São Paulo.

— Exposición del señor Representante Baráibar

9.- Cobro de peaje al norte del río Queguay, en el departamento de Paysandú.

— Exposición del señor Representante Mello

10.- Respeto de los derechos humanos de los niños y adolescentes.

— Exposición de la señora Representante Percovich

11.- Dudas sobre la posesión de título universitario por parte de una asesora de la Intendencia Municipal de Canelones.

— Exposición del señor Representante Legnani

12.- Comercialización en el departamento de Salto de harina industrializada clandestinamente.

— Exposición del señor Representante Fonticiella

CUESTIONES DE ORDEN

13 y 24.- Integración de la Cámara

31.- Levantamiento de la sesión

13 y 24.- Licencias

27 y 29.- Solicitud de urgencia

15, 17 y 19.- Urgencias

VARIAS

14 y 22.- Comunicaciones de la Presidencia del Cuerpo

ORDEN DEL DÍA

16.- Acuerdo de Cooperación Científica, Tecnológica y Logística en Materia Antártica con el Gobierno de la República del Perú. (Aprobación).

(Ver 71a. sesión)

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo.

— Texto del proyecto sancionado.

18.- Acuerdo para la Promoción y Protección Recíprocas de las Inversiones suscrito con los Estados Unidos Mexicanos. (Aprobación).

(Ver 73a. sesión)

— Aprobación. Se comunica al Senado.

— Texto del proyecto aprobado.

20.- Enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización Marítima Internacional. (Aprobación).

(Ver 73a. sesión)

— Aprobación. Se comunica al Senado.

— Texto del proyecto aprobado.

21.- Régimen jubilatorio y pensionario de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones. (Regulación).

(Ver 78a. sesión)

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo.

— Texto del proyecto sancionado.

23.- Servicios prestados por trabajadores de la actividad privada. (Se les reconoce como efectivamente trabajados para aquellos que fueron detenidos o compelidos a abandonar el país y para dirigentes sindicales que hubieren permanecido en la clandestinidad, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985).

Antecedentes: Repartido Nº 651, de julio de 2001, y Anexo I, de noviembre de 2001. Carpeta Nº 1342 de 2001. Comisión de Seguridad Social.

— Aprobación. Se comunica al Senado.

— Texto del proyecto aprobado.

28.- Pequeños préstamos al consumo. (Se establecen topes para casos de mora).

Antecedentes: Repartido Nº 787, de noviembre de 2001, y Anexo I, de diciembre de 2001. Carpeta Nº 1713 de 2001. Comisión de Hacienda.

— Aprobación. Se comunica al Senado.

— Texto del proyecto aprobado.

30.- Guías de posesión de armas expedidas por el Servicio de Material y Armamento. (Se exonera del pago de su renovación al Personal Superior de los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior).

Antecedentes: Repartido Nº 575, de mayo de 2001, y Anexo I, de diciembre de 2001. Carpeta Nº 1198 de 2001. Comisión de Hacienda.

— Aprobación. Se comunicará al Senado.

— Texto del proyecto aprobado.

1.- Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Washington Abdala, Margot Acosta, Guzmán Acosta y Lara, Guillermo Álvarez, Gustavo Amen Vaghetti, Mario Amestoy, José Amorín Batlle, Raúl Argenzio, Beatriz Argimón, Roberto Arrarte Fernández, Roque E. Arregui, Ángeles Balparda, Carlos Baráibar, Gabriel Barandiaran, Raquel Barreiro, Jorge Barrera, Artigas A. Barrios, Juan José Bentancor, Nahum Bergstein, Ricardo Berois Quinteros, Daniel Bianchi, José L. Blasina, Gustavo Borsari Brenna, Nelson Bosch, Brum Canet, Julio Cardozo Ferreira, Nora Castro, Ricardo Castromán Rodríguez, Roberto Conde, Jorge Chápper, Guillermo Chifflet, Sebastián Da Silva, Juan De León, Mariella Demarco, Ruben Díaz, Heber Duque, Ricardo Falero, Alejo Fernández Chaves, Ramón Fonticiella, Luis José Gallo Imperiale, Daniel García Pintos, Orlando Gil Solares, Carlos González Álvarez, Gustavo Guarino, Raymundo Guynot de Boismenú, Arturo Heber Füllgraff, Doreen Javier Ibarra, Luis Alberto Lacalle Pou, Susana Lago, Néstor Landarte, Julio Lara, Félix Laviña, Ramón Legnani, Henry López, Guido Machado, Oscar Magurno, José Carlos Mahía, Juan Máspoli Bianchi, Artigas Melgarejo, José Homero Mello, Felipe Michelini, José M. Mieres, Ruben Obispo, Jorge Orrico, Francisco Ortiz, Edgardo Ortuño, Gabriel Pais, Ronald Pais, Jorge Pandolfo, Gustavo Penadés, Margarita Percovich, Alberto Perdomo, Darío Pérez, Enrique Pérez Morad, Pedro Pérez Stewart, Enrique Pintado, Carlos Pita, Martín Ponce de León, Yeanneth Puñales Brun, Domingo Ramos, Glenda Rondán, Hugo Rosete, Víctor Rossi, Adolfo Pedro Sande, Diana Saravia Olmos, Alberto Scavarelli, Leonel Heber Sellanes, Raúl Sendic, Pedro Señorale, Juan C. Siázaro, Gustavo Silveira, Julio C. Silveira, Lucía Topolansky, Daisy Tourné, Wilmer Trivel, Julio Varona, José L. Veiga y Walter Vener Carboni.

Con licencia: Ernesto Agazzi, Juan Justo Amaro Cedrés, José Bayardi, Edgar Bellomo, Ruben Carminatti, Silvana Charlone, Eduardo Chiesa Bordahandy, Daniel Díaz Maynard, Juan Domínguez, Alejandro Falco, Tabaré Hackenbruch Legnani, Pablo Mieres, Ricardo Molinelli, Martha Montaner, Iván Posada, Ambrosio Rodríguez y Julio Luis Sanguinetti.

Falta con aviso: María Alejandra Rivero Saralegui.

2.- Asuntos entrados.

"Pliego Nº 115

PROMULGACION DE LEYES

El Poder Ejecutivo comunica que, con fecha 7 de diciembre de 2001, promulgó la Ley Nº 17.427, por la que se aprueba la incorporación de la República Oriental del Uruguay a la Corporación Andina de Fomento (CAF), de conformidad con el Convenio Constitutivo de la referida Institución. C/1688/001

- Archívese

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Hacienda se expide sobre el proyecto de ley, por el que se establecen normas para el cálculo de intereses y reajustes de préstamos en efectivo. C/1713/001

- Se repartió con fecha 11 de diciembre

COMUNICACIONES GENERALES

La Junta Departamental de San José remite copia del texto de la exposición realizada por una señora Edila, relacionada con la falta de programas sobre educación sexual en la educación pública. C/74/000

- A la Comisión de Educación y Cultura

La Junta Departamental de Treinta y Tres remite nota acerca de la determinación de un plazo para la exoneración de tributos a la forestación dispuesta por la Ley Nº 15.939, de 28 de diciembre de 1987. C/20/000

- A la Comisión de Hacienda

El Banco de la República Oriental del Uruguay remite nota referente a la situación de un funcionario de dicha Institución. C/73/000

- A la Comisión de Asuntos Internos

La Suprema Corte de Justicia contesta los siguientes pedidos de informes:

La citada Corporación remite nota por la que comunica que los antecedentes generados en la Comisión Preinvestigadora sobre Presuntas Irregularidades en el Diario Oficial, fueron remitidos al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 13º Turno. C/1530/001

La Intendencia Municipal de Canelones acusa recibo y expresa su posición con relación al recurso de apelación interpuesto por varios señores ciudadanos contra el artículo 11 del Decreto Nº 17/001 de la Junta Departamental del citado departamento, en la redacción dada por el artículo 3º del Decreto Nº 20/001 de la mencionada Junta, y contra los artículos 15 a 17 del Decreto Nº 17/001, aprobados en forma definitiva por el Decreto Nº 20/001, referido, relacionados con normas presupuestales. C/1213/001

- A sus antecedentes

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio de Deporte y Juventud contesta la exposición escrita presentada por el señor Representante Sebastián Da Silva, sobre la necesidad de construir una plaza recreativa en el Barrio Obrero Nº 8 del oeste del Cerro de Montevideo. C/27/000

El Ministerio de Economía y Finanzas contesta los siguientes pedidos de informes:

El Ministerio de Relaciones Exteriores contesta el pedido de informes del señor Representante Guillermo Chifflet, referente a la situación de dos ciudadanos españoles en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. C/1754/001

- A sus antecedentes

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Roque Arregui solicita se cursen los siguientes pedidos de informes al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública:

El señor Representante Gustavo Guarino solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionado con la construcción de viviendas para los damnificados por las inundaciones y otras personas carenciadas de la ciudad de Río Branco. C/1836/001

La señora Representante Nora Castro solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, referente a las dificultades financieras del referido organismo. C/1837/001

El señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, sobre la construcción de un liceo en la localidad de Parque del Plata, departamento de Canelones. C/1838/001

- Se cursaron con fecha 11 de diciembre

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se curse un pedido de informes a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Defensa Nacional, relacionado con la navegación de una barcaza con bandera de la República de Bolivia, desde el puerto de Salto hasta el puerto de Nueva Palmira. C/1839/001

- Se cursa con fecha de hoy

PROYECTOS PRESENTADOS

El señor Representante Gustavo Penadés presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de resolución por el que se modifican diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Representantes. C/1840/001

- A la Comisión de Asuntos Internos

El señor Representante Ramón Fonticiella presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara de Interés Turístico Nacional, la zona comprendida por los límites del departamento de Salto. C/1841/001

- A la Comisión de Turismo

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de minuta de comunicación, por la que se solicita al Poder Ejecutivo la modificación del artículo 19 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, acerca de la cuota mutual de las personas jubiladas por incapacidad. C/1842/001

- A la Comisión de Seguridad Social

Los señores Representantes Eduardo Chiesa, Guido Machado y Walter Vener Carboni presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la adopción de medidas destinadas a resarcir económicamente a los productores agrícolas cuyos cultivos de invierno fueron atacados por el hongo denominado "Fusarium". C/1843/001

- A la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca

La Mesa da cuenta que, con fecha 11 de diciembre de 2001, dictó una resolución por la que se considera la constitución del sector parlamentario denominado "Nuevoespacista Independiente", integrado por los señores Representantes Ricardo Falero, Pablo Mieres e Iván Posada, y se deja sin efecto la constitución del sector parlamentario denominado "Tercera Vía", integrado por el señor Representante Iván Posada. C/1663/001"

3.- Proyectos presentados.

A) "REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES. (Modificaciones).

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

1º.- Modifícase el artículo 12 y el encabezamiento de su acápite, así como los artículos 15, 21, 37, 52, 55, 58, 63, 65, 66, 67, 68, 71, 87, 88, 90, 114, 115, 126, 128, 133, 134, 137, 138, 142 y 143 del Reglamento de la Cámara de Representantes, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

"I - ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES E INCORPORACIÓN DE REPRESENTANTES ELECTOS

Artículo 12.- En la sesión inicial de cada período ordinario, a invitación del Secretario, se procederá a elegir Presidente, por votación nominal y mayoría relativa de sufragios, el que durará en sus funciones hasta el siguiente período ordinario. (Artículo 106 de la Constitución de la República). En tal ocasión un solo Representante por cada lema podrá fundamentar el voto (artículo 83).

El Presidente saliente proclamará el resultado de la votación y tomará el siguiente juramento a quien le sucediere:

'- ¿Jura usted desempeñar debidamente el cargo de Presidente de la Cámara de Representantes, obrando en todo conforme a la Constitución de la República, cumpliendo y haciendo cumplir el Reglamento de esta Cámara?

- Sí, juro'.

Asimismo, los Representantes electos se incorporarán a la Cámara debiendo prestar previamente, el correspondiente juramento:

'- ¿Jura usted desempeñar debidamente el cargo de Representante Nacional, obrar en todo conforme a la Constitución de la República y guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General?

- Sí, juro'.

El Representante suplente que se incorpore a la Cámara deberá prestar similar juramento por única vez en la Legislatura.

En la sesión inicial del primer período ordinario, o al instalarse la Cámara, en virtud de lo dispuesto por el artículo 148 de la Constitución de la República, el juramento será tomado -antes de procederse a la elección de Presidente- por el Secretario Relator. En los demás casos, será tomado por el Presidente.

Artículo 15.- En la sesión de apertura de cada Legislatura, se nombrará una Comisión Especial integrada por un delegado de cada sector parlamentario (artículo 18) a efectos de determinar:

1º El número de integrantes de cada Comisión Permanente de las establecidas en el artículo 115, que no podrá ser superior a quince ni inferior a tres.

  El total de miembros de dichas Comisiones será como mínimo el mismo que el de componentes de la Cámara, menos uno. (Artículo 107).

  Con excepción del Presidente, cada Representante deberá integrar por lo menos una Comisión Permanente, no pudiendo ser miembro de más de tres de ellas.

2º El número de cargos que corresponderá a cada sector en el total de la Comisiones Permanentes.

3º La distribución de puestos a hacerse en cada una de las Comisiones.

  Para la integración de la Comisión Especial, cada sector comunicará al Presidente su respectiva elección de delegado y, a falta de esa comunicación, lo designará la Mesa.

  Cada integrante de la Comisión Especial tendrá en ella tantos votos como Representantes de su sector haya en la Cámara.

  La Comisión deberá expedirse antes de la sesión ordinaria siguiente, aplicándose luego el artículo 17.

  En el primer período de cada Legislatura, si después de la formación de las Comisiones se modificare la composición de la Cámara, se procederá, a pedido de cualquiera de los sectores, a designar una nueva Comisión Especial para contemplar la situación creada.

Artículo 21.- También podrán celebrarse sesiones extraordinarias después de las ordinarias o en los días en que éstas no se efectúen, o en horas distintas a las establecidas en el artículo anterior:

A) Por resolución de la Cámara, mediante mayoría de votos en quórum máximo.

B) A solicitud firmada por más de la mitad del total de componentes de la Cámara, con indicación de los asuntos a tratarse, siempre que al abrirse la sesión estén presentes dos tercios de los firmantes o exista quórum máximo.

C) Por resolución de la Cámara, mediante mayoría de votos en quórum máximo al solo efecto de tributar honores póstumos, no pudiéndose celebrar para tal fin más de una sesión en el mismo mes. No obstante, la Cámara, por el voto conforme de los dos tercios del total de sus componentes, podrá disponer la celebración de sesión extraordinaria cuando lo crea conveniente, en atención a la importancia, jerarquía o trascendencia pública de la persona a cuya memoria deba rendirse homenaje.

Artículo 37.- Antes de abrir el acto la Secretaría distribuirá en Sala a los Representantes un extracto de los asuntos entrados, que se incluirá en el Diario de Sesiones, constituido por todos los escritos recibidos por ella hasta dos horas antes de iniciarse el llamado a Sala y destinados a la Cámara, con la indicación del trámite que para cada uno de ellos dispuso el Presidente. (Artículo 138).

Abierto el acto, se dará cuenta de las exposiciones escritas formuladas por los Representantes (artículo 155) y luego el Presidente hará leer por Secretaría la nómina de los inasistentes a la sesión anterior y a las reuniones de las Comisiones.

Cuando las inasistencias se hubieran repetido consecutivamente hasta por tercera vez, sin causa justificada, el Presidente exhortará por nota a los omisos al cumplimiento de sus deberes. (Artículo 127).

Realizada la exhortación referida en el inciso anterior y si el Representante continuase en omisión, se aplicará -de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución de la República- el siguiente régimen de descuentos en su asignación mensual:

A) Determinación de la base de cálculo: en el último período de cada Legislatura, inmediatamente luego de que la Asamblea General determine las asignaciones mensuales de los legisladores (inciso tercero del artículo 117 de la Constitución de la República), la Cámara de Representantes determinará la asignación equivalente a una sesión de la siguiente forma:

1º Se procederá a sumar el número de sesiones en plenario, más las sesiones de Asamblea General, más el total de reuniones de las Comisiones (Especiales, Permanentes e Investigadoras), correspondientes a las últimas tres Legislaturas, incluyendo la que finaliza.

2º Luego se hallará el promedio mensual de sesiones, sobre la base del año civil.

3º Pasará a dividirse el monto de las asignaciones mensuales, aprobado por la Asamblea General, entre el promedio mensual de sesiones, obteniendo así la cifra equivalente a la asignación por sesión.

B) Práctica de los descuentos: determinado el referido coeficiente, que se aplicará durante la siguiente Legislatura, y se reajustará conjuntamente con las asignaciones, procederá cuando corresponda la efectivización de los descuentos por inasistencias injustificadas en cualquier caso, ya sea en ocasión de sesiones del Plenario, de la Asamblea General, de las Comisiones (Permanentes, Especiales o Investigadoras) o bien las celebradas durante el propio receso parlamentario (sesiones preparatorias, extraordinarias y de Comisión Permanente, artículo 127 de la Constitución de la República).

Sin perjuicio de lo dispuesto, la Mesa deberá controlar la permanencia de los Representantes en las sesiones del plenario de la Cámara, verificándose las asistencias cada sesenta minutos contados a partir de su inicio, a cuyos efectos instrumentará el sistema electrónico u otro que se considere más conveniente. En los casos en que la sesión se extienda por más de dos horas, siempre que se constatase la ausencia de un Representante en más de una ocasión, se le considerará como ausente a la totalidad de la misma. No obstante, cuando la sesión de la Cámara supere las ocho horas de duración, se considerará ausente al legislador que no estuviere presente por lo menos en cuatro controles horarios.

A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se consideran inasistencias justificadas las siguientes:

A) Las que se produzcan estando el legislador en uso de licencia, conforme a la respectiva ley o en lugar que impida su concurrencia por una gestión encomendada por la Cámara, por alguna de sus Comisiones o por la Asamblea General.

B) Las que se produzcan previo aviso escrito de imposibilidad de asistir, con indicación específica de la causa que motiva dicha imposibilidad (indisposición física, acontecimiento personal o familiar, compromisos simultáneos razonablemente atendibles). Tales inasistencias se considerarán injustificadas cuando superaren el equivalente a treinta días al año, tomando en cuenta el promedio mensual de sesiones, determinado según lo dispuesto en este artículo.

Artículo 52.- Los asuntos serán discutidos en general y en particular.

En la discusión general se deliberará sobre la importancia, conveniencia o inconveniencia del asunto, a objeto de resolver si la Cámara debe o no ocuparse de él.

Salvo en los casos que corresponda la rectificación o aclaración de lo ya expresado, un solo Representante por cada partido político podrá hacer uso de la palabra por única vez y durante un máximo de quince minutos, a excepción de aquellos que pertenecieren a partidos sin representación en la Comisión informante, quienes podrán extender su tiempo a treinta minutos, siempre que así lo solicitasen al Presidente.

No obstante, cuando hubiere Representantes de un mismo partido político con posiciones opuestas respecto al objeto de discusión referido en el inciso segundo, podrá hablar uno de ellos a favor y otro en contra.

El miembro informante y uno por quienes hubieren fundado por escrito su discordia acompañada del respectivo proyecto, o uno de los firmantes del proyecto en consideración –si no hay informe- dispondrán de cuarenta y cinco minutos y, en caso de no poder desarrollar toda su argumentación, por insuficiencia del término, la Cámara, por dos tercios de presentes, podrá concederles un tiempo complementario de quince minutos. Podrán, además, usar de la palabra hasta por cinco minutos cada vez que se les requiera alguna aclaración o explicación.

Se computará al orador el tiempo de las interrupciones que conceda.

Artículo 55.- La discusión particular versará sobre cada artículo en que se divida el proyecto. En tal oportunidad tendrán derecho a realizar exposiciones verbales únicamente aquellos Representantes que oportunamente hubieren propuesto enmiendas o artículos sustitutivos o aditivos, no pudiendo hacer uso de la palabra por más de una vez ni por más de diez minutos acerca de cada uno de ellos, siempre y cuando la discusión no sea declarada libre de acuerdo al artículo 53. No obstante, cuando las enmiendas o los artículos aditivos o sustitutivos hubieren sido aceptados en su totalidad por la Comisión, o en otro caso, expresamente contemplados en la forma prevista por el artículo 134, los Representantes pertenecientes al mismo sector del miembro informante o del firmante en discordia no tendrán derecho al uso de la palabra.

En los casos en que no hubiere informe de la Comisión, o bien cuando se pusieren a consideración de la Cámara los proyectos de Códigos o de presupuestos de sueldos, gastos y recursos, podrá hablar solamente un Representante por sector parlamentario, no más de una vez ni por más de diez minutos acerca de los artículos considerables en particular, salvo cuando el Cuerpo resolviese declarar libre la discusión. No obstante, los Representantes pertenecientes al mismo sector del firmante del proyecto a quien alude el siguiente inciso, no tendrán derecho al uso de la palabra.

El miembro informante y el que informare de un proyecto en minoría, si lo hubiere, o uno de los firmantes del proyecto, cuando no hubiere informe, en su caso, dispondrán de un término de quince minutos para ocuparse de cada artículo.

Lo dispuesto es sin perjuicio de lo establecido en referencia a la contestación de alusiones.

De igual forma que en la discusión general, se computará al orador el tiempo de las interrupciones que conceda.

Artículo 58.- Solo tendrán una discusión los proyectos que vuelvan del Senado con variaciones en su texto, los proyectos de ley que otorgan pensiones graciables, denominan escuelas y rutas nacionales y los proyectos de resolución sobre integración de la Cámara y demás cuestiones de carácter interno, pudiendo hablar un Representante por cada sector parlamentario, no más de una vez ni por más de quince minutos.

Artículo 63.- Puesto en discusión un proyecto, uno de los firmantes del mismo, cuando no hubiere informe, el miembro informante y el miembro informante en discordia, si lo hubiere, tendrán derecho a hacer uso de la palabra y, luego, los Representantes que de acuerdo a lo establecido en este Reglamento tuvieren tal derecho y se inscriban ante la mesa, procediendo en el orden en que lo hayan hecho. La Mesa atenderá a tal orden siempre que la alocución de un legislador inhiba a otro de poder hacer uso de la palabra (artículo 52).

Artículo 65.- En la discusión particular pueden proponerse artículos en sustitución o como adicionales a los del proyecto, únicamente cuando este no hubiere sido informado. Del mismo modo y solamente en tal caso, pueden proponerse enmiendas a esos artículos, ya sean aditivas, supresivas o sustitutivas. ELIMINA

Artículo 66.- Los artículos o enmiendas propuestos, cuando el proyecto no hubiere sido informado, entrarán en discusión conjuntamente con el artículo del proyecto si son supresivos o sustitutivos de este y, después de haberse votado, si fueren aditivos.

Cuando el proyecto viniere informado de una Comisión, los artículos aditivos o sustitutivos o bien las enmiendas oportunamente propuestas entrarán en discusión, en el orden que correspondiere (artículos 134 y 142), luego de ser puesto a consideración el artículo del proyecto que se hubiere tomado como base en la discusión. (Artículo 64).

Artículo 67.- Cuando el proyecto no hubiere sido informado, y al menos uno de los firmantes del proyecto aceptare las enmiendas propuestas a un artículo, se votará en esa forma. Si se rechazan se votará en la forma propuesta por el o los firmantes y, sucesivamente, las demás fórmulas presentadas, por su orden, teniéndose por desechadas todas las sustitutivas o supresivas de la que se apruebe.

En los casos en que el proyecto hubiere sido informado, se votará en primer término el artículo en la forma propuesta en el proyecto que se hubiere tomado como base en la discusión (artículo 64). Si se rechazare, se someterán a votación los artículos aditivos, sustitutivos y enmiendas presentados al proyecto en consideración, en el orden en que la Comisión los hubiere dispuesto, desechándose todos los sustitutivos o supresivos de los que se aprobaren. (Artículos 134 y 142).

Artículo 68.- En cualquier momento del debate, siempre que hayan hablado dos oradores, uno en pro y otro en contra del asunto, y lo solicite cualquier Representante, el Presidente someterá a votación si se da el punto por suficientemente discutido.

En la discusión general no podrá declararse el punto por suficientemente discutido mientras haya un partido político que, no habiendo hablado sobre el asunto en discusión, pida la palabra para hacerlo.

Si se declara terminado el debate se llamará a Sala, siempre que se solicite, durante dos minutos, y luego se procederá a votar el punto discutido.

Tratándose de votaciones para las que se exija mayoría especial y faltando el quórum necesario para la votación, esta deberá aplazarse hasta el momento en que se halle en Sala el número suficiente de Diputados. Mientras tanto se proseguirá la discusión del proyecto en debate en los artículos cuya sanción no dependa directamente de la aprobación de los aplazados.

Artículo 71.- Después que un orador haya terminado su discurso, aquel o aquellos a quienes hubiese aludido podrán, antes que el orador siguiente inicie el suyo, hacer rectificaciones o aclaraciones, o contestar alusiones, las que no podrán durar más de cinco minutos. (Inciso segundo del artículo 83 e inciso tercero del artículo 153).

Se entenderá que corresponde la aclaración o rectificación, cuando se hicieren referencias equivocadas a las opiniones vertidas por el o los aludidos, y la contestación a una alusión únicamente cuando esta tenga relación directa con la persona del aludido o con sus actitudes políticas o su partido político. (Literal F del artículo 105).

El ejercicio por parte de un legislador de la facultad que otorga este artículo no genera derecho a nuevas rectificaciones, aclaraciones o a contestar alusiones.

Artículo 87.- Se requieren dos tercios de votos del total de miembros de la Cámara:

A) Para determinar si hay lugar o no a la formación de causa en caso de acusación a uno de sus miembros. (Artículo 114 de la Constitución de la República).

B) Para corregir, suspender o remover a sus miembros. (Artículo 115 de la Constitución de la República).

C) Para aprobar o sancionar los proyectos de ley que constitucionalmente exijan esta mayoría.

D) Para declarar urgente un asunto cuya distribución no se hubiera realizado. (Inciso tercero del artículo 47).

E) Para declarar libre la discusión. (Artículo 53).

F) Para celebrar más de una sesión extraordinaria en el mes al solo efecto de tributar honores póstumos (Literal C del artículo 21).

Artículo 88.- Se requieren dos tercios de votos de presentes:

A) Para continuar una sesión fuera de la hora fijada para su terminación. (Inciso primero del artículo 23).

B) Para prorrogar el tiempo de que dispone el miembro informante, o uno de los que hubieren fundado por escrito su discordia, o uno de los firmantes del proyecto en consideración, si no hubiera informe. (Inciso segundo del artículo 52).

C) Para autorizar la exposición de un Ministro después de iniciada la consideración del orden del día, sobre asuntos no comprendidos en este. (Artículo 156, inciso primero).

D) Para pasar a sesión secreta. (Artículo 26).

E) Para decretar intermedios de más de dos horas dentro del mismo día. (Inciso tercero del artículo 23).

Artículo 90.- Se requiere más de la mitad de los votos del total de componentes de la Cámara:

A) Para interrumpir el orden del día declarando que otro asunto, distribuido, no admite aplazamiento. (Inciso segundo del artículo 47).

B) Para modificar el Reglamento. (Artículo 4º).

C) Para declarar que son graves y urgentes, a los efectos establecidos en el artículo 104 de la Constitución de la República, las razones invocadas para hacer cesar el receso. Esta declaración deberá hacerse sobre cada uno de los asuntos incluidos en la convocatoria y sobre cada asunto cuya incorporación se proponga en Sala, después de interrumpido el receso. (Artículo 45).

D) Para declarar permanente una sesión. (Inciso segundo del artículo 25).

E) Para dejar sin efecto una sesión ordinaria antes de su realización. (Artículo 24).

F) Para resolver constituirse en Comisión General con la presencia de Directores de Servicios Centrales, Autónomos o Descentralizados. (Artículo 33).

G) Para autorizar a una Comisión a reunirse durante el receso anual. (Artículo 130).

H) Para resolver la comunicación inmediata a quien corresponda, de un proyecto sancionado. (Artículo 146).

I) Para alterar la correlación de los asuntos del orden del día. (Artículo 46).

J) Para autorizar la realización de exposiciones fuera de la media hora previa. (Artículo 154).

K) Para crear Comisiones especiales. (Artículo 116).

L) Para autorizar a los Diputados a aceptar designaciones del Poder Ejecutivo con el fin de ejercer funciones de representación en el extranjero. (Literal Ñ del artículo 104).

M) Para considerar asuntos que no hayan ingresado a la Cámara por lo menos treinta días antes de la finalización de los períodos ordinarios. (Artículo 139).

N) Para tributar honores póstumos en sesión extraordinaria mensual. (Literal C del artículo 21).

Artículo 114.- Las Comisiones de asesoramiento de la Cámara son de dos categorías: permanentes y especiales.

Comisiones Permanentes son aquellas cuyos cometidos generales se determinan en el artículo siguiente.

Comisiones Especiales son aquellas cuyos cometidos generales son las que se designan para un cometido fijo y en una oportunidad determinada, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 116.

A los efectos de su mejor desempeño las Comisiones podrán constituirse en subcomisiones o grupos de trabajo.

Artículo 115.- Habrá diecinueve Comisiones Permanentes, cuya denominación y cometidos se determinan a continuación:

De Asuntos Internacionales.- Convenios y tratados; organización diplomática y consular y régimen del servicio exterior; asuntos generales de orden internacional.

De Asuntos Internos.- Reglamento; integración de la Cámara; estatuto del funcionario de la Cámara; reglamentaciones presupuestales; cuestiones de orden interno en general; honores públicos a los grandes servicios, (viene de Constitución); realizar en su seno homenajes póstumos cuando la Cámara así lo disponga.

De Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.- Interpretación, reforma y reglamentación de disposiciones constitucionales; leyes relativas al sufragio; legislación codificada y general no codificada; administración de justicia; organización administrativa de oficinas y servicios; estatutos de entes autónomos; estatutos de los funcionarios con excepción de los militares y del servicio exterior; asuntos relacionados con el gobierno y administración de los departamentos; apelaciones contra resoluciones municipales referidas en el artículo 303 de la Constitución de la República.

De Defensa Nacional.- Asuntos relativos a la defensa nacional; fijación de efectivos militares; autorización para el ingreso al país de efectivos militares extranjeros y salida del país de efectivos militares nacionales; convocatoria a milicias; Ley Orgánica Militar; Ley Orgánica del Ejército; Ley Orgánica de la Armada; Ley Orgánica de la Fuerza Aérea.

De Derechos Humanos.- Derechos humanos, civiles e individuales; prevención del abuso y la violencia contra la mujer y el niño; problemas de discriminación racial, religiosa o cultural; sistema y régimen carcelario.

De Educación y Cultura.- Educación; asuntos históricos; asuntos de orden cultural en general; fomento de la ilustración; problemas de la niñez y de la adolescencia; denominación de rutas nacionales y escuelas.

De Ciencia y Tecnología.- Innovaciones, avances y descubrimientos de carácter científico y tecnológico, estímulo y desarrollo de la investigación científica y sus aplicaciones.

De Ganadería, Agricultura y Pesca.- Fomento de la producción agropecuaria; lucha contra las plagas que afectan la ganadería y la agricultura; colonización; arrendamientos rurales; asuntos relacionados con la pesca.

De Hacienda y Presupuesto.- Impuestos; deuda pública; monedas; legislación bancaria; contabilidad financiera y administración de proventos; establecimiento de aduanas y derechos de importación y exportación; comercio interior y exterior de la República; apelaciones contra resoluciones municipales a que refiere el artículo 300 de la Constitución; presupuestos de gastos, sueldos y recursos; modificaciones presupuestales; presupuestos de sueldos y gastos de Secretaría de la Cámara.

De Industria, Energía y Minería.- Fomento industrial; desarrollo energético; concesión de monopolios; legislación sobre minería, marcas y patentes.

De Legislación del Trabajo.- Informes sobre legislación del trabajo; protección del trabajo; organización de sindicatos gremiales; seguros de paro.

De Salud Pública y Asistencia Social.- Salud e higiene públicas; asistencia médica; profilaxis de enfermedades sociales; problemas de salubridad; vicios sociales; asistencia social; protección de la sociedad; prevención de delitos.

De Seguridad Social.- Jubilaciones; retiros; pensiones; asignaciones y beneficios familiares; cómputos; seguros generales.

De Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas.- Transporte; comunicaciones; realización de obras públicas.

De Turismo.- Organización, fomento y desarrollo turístico dentro y fuera del país.

De Vivienda, Territorio y Medio Ambiente.- Planes de vivienda; fomento de la construcción; estímulo de la inversión de capitales privados en la construcción de viviendas higiénicas y económicas; desarrollo y planificación urbanos; ordenamiento territorial; declaratoria de pueblos, villas y ciudades; legislación ecológica y de protección del ambiente y de los recursos naturales.

De Deporte y Juventud.- Promoción y regulación de la cultura física y toda actividad deportiva; estímulo al deportista amateur; contralor de la creación y desempeño de federaciones; asociaciones y demás entidades deportivas nacionales; organización de actividades orientadas a los jóvenes; desarrollo y fomento de organizaciones juveniles.

De Seguridad Pública.- Seguridad pública interna; prevención del delito y la delincuencia; regulación y contralor de servicios de seguridad y vigilancia privados; Ley Orgánica Policial; adquisición y tenencia de armamento por parte de ciudadanos.

De Comercio y Comercio Exterior.- Actividad comercial; establecimientos comerciales; títulos valores; moratorias, quiebras y concordatos; sociedades comerciales; defensa del consumidor; organizaciones de consumidores; contratos de seguros de naturaleza comercial; inserción económica y comercial del país en los mercados internacionales; políticas de integración; participación del país en foros multilaterales de comercio; convenios y tratados de índole comercial.

Artículo 126.- Sin perjuicio del derecho de los firmantes de proyectos (artículo 131), de los sectores no representados en una Comisión (artículo 132), del denunciante en una investigación (artículo 120) y de los invitados a que refiere el artículo 133, el derecho a hacer uso de la palabra en las Comisiones, estará limitado a sus integrantes.

Las Comisiones podrán autorizar a los demás Representantes presentes a usar de la palabra. Cuando el Representante refiera su exposición a las enmiendas o artículos sustitutivos o aditivos que hubiere o se hubieren propuesto de conformidad con el artículo 142, así lo indicará haciendo referencia expresa al número de artículo o artículos en cuestión, todo lo cual figurará con claridad en el libro de actas.

Las actuaciones de las Comisiones Permanentes serán públicas, rigiendo al respecto lo establecido en los artículos 157 y 158 en lo que fuere aplicable. Se exceptúa de tal régimen a la Comisión de Asuntos Internos, que funcionará siempre en forma reservada o secreta, según correspondiere.

En cualquier momento o circunstancia, las Comisiones permanentes podrán, por decisión de la mayoría del total de sus componentes, declarar reservadas las actuaciones, quedando inmediatamente prohibido por tanto el acceso de público y prensa.

Si las actuaciones se declaran secretas por la Cámara, el derecho de asistencia quedará restringido a los miembros de la Comisión, al denunciante en caso de investigación y a los especialmente invitados por ella.

Artículo 128.- Las Comisiones Permanentes deben expedirse dentro del término de treinta, sesenta o noventa días, de acuerdo al plazo dispuesto por el Presidente (artículo 137), los que comenzarán a transcurrir desde el día en que se dio cuenta en Cámara del destino del asunto. Si así no lo hicieren, el Presidente, a solicitud firmada por veinticinco Representantes, deberá nombrar de inmediato una Comisión Especial, de la que no podrá formar parte ninguno de los miembros de la anterior. Si habiendo transcurrido igual plazo que el otorgado inicialmente, tampoco se expidiere la nueva Comisión, se procederá en idéntica forma.

  No obstante, en el caso de verificarse el incumplimiento de los plazos dispuestos y no habiéndose presentado la solicitud referida en el inciso segundo, el Presidente podrá disponer un plazo de prórroga por única vez, el que no podrá ser mayor a la tercera parte del fijado inicialmente.

Artículo 133.- Las Comisiones se asesorarán en la forma que lo estimen más conveniente, pudiendo invitar a los funcionarios públicos y a particulares para que concurran a sus reuniones, cuando fuere pertinente, a fin de oírlos, o recurrir a los servicios de la Asesoría Técnica de la Cámara. Por su parte, los miembros podrán ser acompañados a las reuniones por un asesor de su confianza.

Artículo 134.- El informe será acompañado de un proyecto de ley o de resolución, en su caso, redactado en la forma que deba ser sancionado y firmado por la mayoría. Esta exigencia no se aplicará cuando la Comisión acepte sin modificaciones el texto del proyecto que informa. Todo miembro tendrá derecho a firmar con salvedades el informe cuando desee dejar constancia de su discrepancia respecto a su contenido, redacción o espíritu, o bien manifestar su total o parcial discordancia con el propio proyecto, debiendo presentar en este último caso un informe acompañado del proyecto sustitutivo, el que se consignará a continuación del de la mayoría. No obstante, cuando un miembro entendiere que sus discrepancias respecto al proyecto resultan pasibles de ser manifestadas en la forma de artículos sustitutivos, aditivos o enmiendas, podrá así presentarlos y fundarlos tal como cualquier otro Representante que no fuere miembro de la Comisión, sin perjuicio de reservarse el derecho de firmar el informe con las correspondientes salvedades.

Conjuntamente con el informe, o agregado al que correspondiere cuando hubiere más de uno, la Comisión presentará a los efectos de su discusión y votación (artículos 66 y 67) cada uno de los artículos aditivos o sustitutivos o enmiendas presentados oportunamente (artículo 142) en el siguiente orden:

1º Artículos sustitutivos.

2º Enmiendas supresivas.

3º Enmiendas sustitutivas.

4º Enmiendas aditivas.

5º Artículos aditivos.

A su vez, en cada caso y si correspondiere, se ordenará en primer término la modificación o ajuste de redacción que la Comisión hubiere efectuado a los artículos o enmiendas presentados, y en segundo lugar se agregará la redacción original del Representante que los hubiere propuesto (artículo 142).

Al solo efecto de la ordenación del expediente, cuando los informes discrepantes tengan igualdad de firmas el Presidente de la Comisión o el Vicepresidente, en su caso, indicarán el que será colocado en primer término.

La Cámara resolverá, en el momento oportuno, cuál de ellos tomará como base para la discusión particular.

Artículo 137.- Todo asunto sobre el que deba resolver la Cámara será dirigido por escrito al Presidente, el cual le dará, de acuerdo a su propio juicio, el destino pertinente, indicando, cuando así correspondiere, los plazos para que la Comisión presente su informe (artículo 128).

Una vez presentado un asunto no podrá ser retirado sin anuencia de la Cámara.

Artículo 138.- En la primera sesión que celebre la Cámara, la Secretaría dará a conocer, mediante repartido, un extracto del asunto entrado. Se transcribirán íntegramente en el Diario de Sesiones los proyectos y exposiciones escritas presentados por los Representantes.

Si se observa tanto el destino como el plazo para el informe de la Comisión establecido para el asunto entrado, se votará sin discusión los destinos y plazos que se propongan, por su orden, estándose a lo que resuelva la mayoría de presentes (artículo 37).

Artículo 142.- Si el asunto es sometido a dictamen de una Comisión se hará de él un extracto que se repartirá entre sus miembros. Cuando se trate de proyectos se comunicará su texto íntegro tan luego sean recibidos por la Cámara. A los efectos, se remitirá una copia del repartido impreso a cada miembro de la Comisión y se pondrá el texto del mismo a disposición de todos los Representantes, a través de la red informática de la Cámara. No obstante, el Representante que cursare expresa solicitud al respecto, recibirá una copia del repartido impreso. Los Representantes podrán presentar artículos aditivos, sustitutivos o enmiendas al proyecto dentro del primer tercio del plazo dispuesto para el informe, que comenzará a transcurrir a partir del día siguiente al de la distribución telemática del repartido, en la cual figurará fecha y hora exacta de publicación.

Se ordenará la publicación mediante documento electrónico -a través del servidor de la Cámara- de los artículos aditivos, sustitutivos y enmiendas presentados y de sus fundamentos (signadas por su autor), que la Comisión tomará en cuenta para aceptarlas en todo o en parte, o para rechazarlas.

Cuando la Comisión rechace o acepte en todo o en parte un artículo aditivo, sustitutivo o una enmienda, deberá consignarlo en su informe. Todo informe de la Comisión se publicará a través del servidor de Intranet de la Cámara.

A partir del día siguiente al de la publicación electrónica del informe o los informes, salvo en los casos en que la Comisión haya aceptado sin modificaciones el texto del proyecto, se abrirá un nuevo plazo de cinco días hábiles a los efectos de presentar nuevos artículos aditivos, sustitutivos o enmiendas acompañados de sus fundamentos, los que deberán presentarse indicando claramente el informe al que refieren y los artículos que se pretenden modificar o suprimir, o el lugar que deban ocupar los artículos o incisos aditivos, requisito sin el cual se tendrán por no presentados. Los nuevos artículos o enmiendas, con sus fundamentos e indicaciones, serán publicados en forma electrónica tan luego hubieren sido recibidos.

En todo caso, la Comisión podrá disponer la distinta ubicación así como la modificación de la redacción de los artículos aditivos, sustitutivos o enmiendas que no se hubieren incorporado, a los efectos de subsanar lo que pudiere considerar como errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales, o bien con el fin de ajustar la redacción contemplando su eventual aprobación en el plenario, todo lo cual constará en actas y será publicado electrónicamente y agregado al informe. (artículo 134). A tales efectos la Comisión dispondrá de un plazo equivalente a la tercera parte del conferido para informar (artículo 128), el que transcurrirá en días corridos a partir del siguiente al vencimiento del plazo establecido en el inciso anterior.

Ningún Representante podrá presentar enmienda alguna, como así tampoco artículos aditivos, supresivos o sustitutivos, fuera de las oportunidades previstas en la presente disposición, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 149 a 151 de este Reglamento.

Artículo 143.- Una vez que la Secretaría haya recibido un informe de Comisión, lo numerará correlativamente y cuidará que con sus antecedentes sea repartido en forma telemática entre los Representantes, dentro de los cinco días hábiles que sigan a su recepción, excepción hecha de los de la Comisión de Asuntos Internos referidos a la integración del Cuerpo o autorizaciones a Representantes para aceptar designaciones del Poder Ejecutivo, para ejercer funciones de representación en el extranjero, los que podrán ser considerados sobre tablas".

2º.- Agrégase al artículo 149, el siguiente inciso:

"El Presidente, según las facultades que le confiere el artículo 137, podrá disponer que el proyecto sea dividido por Incisos (Artículos 214 y 215 de la Constitución) a efectos de que las Comisiones respectivas, integradas con la Comisión de Hacienda y Presupuesto, realicen el dictamen correspondiente a objetivos por Programas. La Comisión de Hacienda y Presupuesto, por su parte, realizará el dictamen sobre gastos, inversiones, sueldos y recursos, así como la coordinación y compilación final de todo lo informado".

3º.- Agrégase el literal N) "Honores póstumos", al numeral V del Capítulo XIX, cuyo único artículo llevará el número 137, ordenándose el articulado subsiguiente en forma correlativa.

"N - Honores póstumos.

Artículo 137.- La Comisión de Asuntos Internos, cuando la Cámara así lo disponga, podrá rendir honores póstumos en los casos que correspondiere".

Montevideo, 11 de diciembre de 2001.

GUSTAVO PENADÉS, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En diciembre de 1991, al final del segundo período de la XLIII Legislatura, la Cámara de Representantes aprobó el Reglamento hoy vigente (sustituyendo por tanto al viejo Reglamento cuyos orígenes se remontaban al año 1955). En aquella oportunidad, el elemento más polémico fue la cuestión referida a la reducción del tiempo que los legisladores dispondrían para hacer uso de la palabra en las sesiones de la Cámara, aun cuando las innovaciones propuestas no se agotaban en ese único aspecto.

Transcurrida casi una década desde la aprobación del Reglamento vigente, se contemplan en este proyecto de reforma diversos criterios, institutos e instrumentos que apuntan únicamente a optimizar la gestión de la Cámara, adecuándola a los requerimientos de una nueva realidad, tanto más compleja y dinámica en cuanto van transcurriendo así los años como los días. Resulta a todas luces indubitable que la potestad legislativa es el sustento primero en base al cual, quienes han sido electos para tal fin, recogen, interpretan, y finalmente traducen en derecho positivo los distintos aspectos que conforman la vida de nuestra sociedad. La creación de la norma jurídica, indisolublemente vinculada a la realidad que le antecede, enfrenta, en cuanto tal, una serie de procedimientos establecidos no solo en la Constitución de la República, sino, y por su propio mandato, en el Reglamento de esta Cámara.

Así resulta que en tanto la materia objeto de legislación, cualquiera fuere ella, se halla en constante cambio y se torna cada vez más compleja, requiere de tal forma ser contemplada desde un sistema legislativo (ulteriormente parlamentario) que la acompase, interprete y asimile sin quedar rezagado o desinformado. En fidelidad a tales parámetros es que se pretende fundamentalmente concentrar en las Comisiones informantes y ante las mismas el proceso de conformación primigenia de todo proyecto presentado, conservando como es obvio la Cámara, en sesión plenaria, la potestad de aprobar finalmente la norma. Debe por tanto hacerse muy especial énfasis en la distinción entre estas dos etapas; la del estudio, análisis y postrera redacción de uno o más proyectos (cuando no se mantuviere el presentado), y la de su presentación a la Cámara para la discusión final y eventual sanción. Tal aspecto no es nuevo, está recogido en el Reglamento vigente, y surge de la propia existencia de Comisiones cuyo cometido es informar; informar de lo que hubieren conocido, de lo ilustrado, de lo expresado por instituciones, autoridades, técnicos, especialistas y por quienes tuvieren algún interés personal o corporativo más o menos directo en la cuestión. No obstante, el Reglamento vigente diluye, en el plenario de la Cámara, aquella etapa donde se hubo concentrado el acabado análisis de la materia.

Así resulta que, como se analizará en la motivación particular del articulado, el presente proyecto no pretende limitar la discusión en el seno de la Cámara, sino reconducirla, en algunos aspectos, al período en que el asunto es objeto de estudio en la Comisión correspondiente. Podrá previsiblemente observarse no obstante, al igual que en diciembre de 1991, que la modificación en la estructura del debate generará las mismas inquietudes expresadas en ese entonces. En aquella ocasión se escucharon diversos argumentos de quienes se oponían a la reforma. Bien vale la pena evocarlos, pudiendo resumirlos en el presente orden:

1.- FUNDAMENTO AMPARADO EN DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL

Se argumentaba que en la Constitución de la República (donde se garantiza la libertad de expresión del legislador en el artículo 112) está establecida ninguna prescripción respecto a las restricciones en el debate, cuyo único límite es la razonabilidad. Al estar el legislador en función de un mandato público, el juicio de razonabilidad por el cual se limita es determinante. Consiguientemente, de acuerdo a tal criterio no resultaba razonable la reducción pretendida, ya que la limitación se apreciaba como un acto administrativo de carácter inconstitucional (sujeto incluso a la vía recursiva).

2.- EXPRESIÓN DE VOLUNTAD GENERAL

Partían de la base quienes se oponían al Reglamento hoy vigente, que al reducir los tiempos de discusión el Parlamento dejaba de recoger la voluntad general y las distintas expresiones de voluntad de los partidos, limitando de algún modo el proceso democrático. Así es que el Parlamento cumpliría el papel de crear opinión general dentro de la sociedad democrática, puesto que el voto del ciudadano que elige sus representantes no la conforma. Resulta necesario el análisis, la deliberación y la discusión parlamentaria para formar la opinión y la voluntad general.

3.- RENUNCIA A LA REPRESENTATIVIDAD

Al tratarse de un mandato de derecho público, irrenunciable, el legislador no puede perder la representatividad directa de su electorado, perteneciéndole en definitiva a este último el derecho de expresarse en la Cámara.

Por tanto, cualquier limitación en el tiempo se traduciría en el cercenamiento del derecho que el ciudadano tiene de expresarse a través de los legisladores a quienes ha elegido a los efectos.

4.- PUBLICIDAD O "VISIBILIDAD" DE LA GESTIÓN PARLAMENTARIA

Partíase del presupuesto que el Parlamento es una "vidriera" de la actividad política, forjando de esta manera la opinión pública sobre la misma. Entonces, la limitación de la oratoria se traduciría en limitar la actividad pública del Parlamento.

5.- DEMORA EN LAS NEGOCIACIONES Y FALTA DE ACUERDOS

Atribuían a la falta de agilidad en la negociación política la responsabilidad por la lentitud en la aprobación de los proyectos, y no a la dinámica reglamentaria de la discusión de los mismos, resultando ociosa cualquier modificación al respecto.

Cualquiera de aquellas razones, si bien manifestaciones fundadas de legítimas preocupaciones, pudieron y pueden hoy rebatirse brevemente con los siguientes argumentos, sumariamente referidos en forma correlativa:

1.- SUSTENTO CONSTITUCIONAL

El artículo 105 de la Constitución otorga a las Cámaras el derecho de elaborar su propio reglamento, no haciendo referencia en cuanto a la administración interna de los debates. Por su parte, el criterio de razonabilidad es tan variable como las realidades a las que atiende, cuyo intérprete es, por mandato Constitucional, el propio legislador.

Es del caso transcribir una cita del miembro de la Cámara de los Comunes, Marqués de Hartington, evocada por el señor Diputado Singer en la sesión de la Cámara del día 5 de diciembre de 1991, y que en 1882 el primero expresaba: "El privilegio del discurso es una prerrogativa que la Cámara permite ejercer para su propia instrucción, para su información, en orden a formarse opinión, y no es un privilegio personal que debe utilizarse sin tener en cuenta la conveniencia y eficacia de la Cámara".

2.- VOLUNTAD GENERAL

La tarea del Parlamento no se reduce a la discusión de los proyectos en el plenario, resultando fundamental la tarea de las Comisiones, integradas por los propios Representantes, y cuya dinámica es recipiente de la misma voluntad general que se ve plasmada en las sesiones de la Cámara.

3.- LOS SECTORES PARLAMENTARIOS COMO EXPRESIÓN DEMOCRÁTICA

En el propio Reglamento (artículo 18) se define claramente el concepto de sector parlamentario, el que rigurosamente concuerda con la normativa electoral de jerarquía legal y constitucional. No se trata por consiguiente de una ficción jurídica ni de una abstracción reglamentaria.

La propuesta de una nueva administración de los tiempos de discusión en la Cámara, tal como en su medida lo hace el Reglamento vigente, presume que el Diputado que integra un sector parlamentario, reflejo de la expresión electoral, no sacrifica representatividad al confiar en un Representante de su mismo sector la expresión argumentativa en el seno del plenario.

Evidentemente se trata de un mandato de derecho público y por tanto irrenunciable, pero la representatividad directa del electorado no es un vínculo de naturaleza personal sino esencialmente partidaria (artículo 77 de la Carta Magna).

4.- PUBLICIDAD

La agilización de la labor parlamentaria a través de un sistema de debate fluido y eficaz, puede sin duda contribuir a despertar el interés y el mejor concepto público respecto de la actividad legislativa.

Por otra parte, una reforma del Reglamento que permita el acceso de público a las Comisiones, asociada a la posibilidad de acceso, a través de Internet, a las actas de las mismas, complementaría el concepto.

5.- ACOTAMIENTO DEL DEBATE COMO ELEMENTO DINAMIZADOR DEL ACUERDO Y NEGOCIACIÓN

El espíritu de las modificaciones apunta precisamente a que cuando el proyecto se discuta en el plenario, necesariamente se habrán madurado las posiciones de cada sector en cuanto al tema en cuestión mediante el agotamiento de otras instancias previstas en el propio Reglamento.

De todas estas citas, argumentaciones y reflexiones, a través de la objetividad que otorga el paso de los años, y a la luz de una década de vigencia de aquel cuestionado Reglamento, se aprecia una única conclusión: ningún cambio en normas procedimentales es tan crítico como para vulnerar, en aspecto alguno, cualquiera de los valores básicos que conforman el sistema representativo en la democracia moderna. Sí resultan críticos, sin embargo, en cuanto pudiere proveer los instrumentos indispensables para que el Cuerpo asuma con seguridad la gestión dinámica que la sociedad hoy le requiere. Confiamos en que la discusión de este proyecto no apunte nuevamente a los aspectos relativos al tiempo para hacer uso de la palabra, reviviendo de esa forma antiguas confrontaciones argumentativas, puesto que como ya se adelantó, únicamente se trata de implementar una moderna administración del debate (derivando su parte más técnica o específica al ámbito correspondiente), y no de limitar o socavar en forma alguna pilares institucionales. Tal posibilidad está totalmente fuera de consideración. El proyecto refiere a otras cuestiones; su finalidad es asegurar que todo Representante pueda complementar, colaborar y participar en la tarea de las Comisiones, donde por naturaleza se concentran los aspectos más eruditos y particulares del acto legislativo, logrando de este modo que la discusión en el plenario no reitere tópicos ya transitados, sino que como instancia soberana reserve para sí la potestad de aprobar o no lo que le hubiere sido sometido.

Por su parte, también se incluyen en el proyecto algunas modificaciones tendientes a asegurar la asistencia de los señores Representantes tanto a las sesiones de la Cámara como a las reuniones de las Comisiones, así como medidas conducentes a promover la agilidad del debate en lo que al sistema de alusiones refiere. Se proponen además modificaciones en cuanto al régimen de rendición de honores póstumos y otras referidas a otorgar al Cuerpo la jerarquía institucional que se merece, incorporando el juramento de los Representantes y del Presidente de la Cámara, en forma similar a lo establecido al respecto en el Reglamento de la Cámara de Senadores.

En referencia a este último aspecto, y comenzando con la motivación particular, el artículo 12 instituye el juramento de honor, que será prestado tanto por los legisladores como por el Presidente entrante. Esta modificación, con ciertas diferencias, también fue propuesta durante la discusión del proyecto de Reglamento en 1991, no encontrando acogida por considerarla "pasada de moda", "sin sentido" o excesivamente ceremoniosa y "fuera de lugar". Nótese que algunos de los Representantes que se manifestaron en tal sentido, prestaron luego el mismo juramento en Legislaturas posteriores al ser electos Senadores, y nadie sin embargo podría pretender o sugerir siquiera que en tal ocasión el compromiso no fuera asumido con la mayor dignidad y orgullo institucional. Bien puede entenderse que muchos elementos ceremoniales se consideren perimidos o fuera de contexto; empero, tantos otros encuentran tras de sí sólidos sustratos. Existen estructuras vacuas que se agotan en la forma; claramente no es tal el caso cuando quienes se incorporan a esta Cámara, asumen pleno compromiso con la Patria. La Cámara de Representantes, integrante del Poder Legislativo, no puede seguir incurriendo un día más en tan grave omisión.

El artículo 21 se modifica en cuanto a la celebración de sesiones extraordinarias con el fin de rendir honores u homenajes póstumos. Se acota la oportunidad a una sesión en el mes, aunque reserva al Cuerpo la posibilidad de sesionar especialmente con tales fines cuando se apruebe por el voto conforme de las dos terceras partes del total de componentes. Concomitantemente, de acuerdo al incorporado literal N), numeral V del Capítulo XIX, se habilita expresamente a la Cámara a los efectos de encomendar a la Comisión de Asuntos Internos la realización de homenajes. Tales disposiciones se orientan a darle una mayor celeridad al transcurso de las sesiones y descongestionar la agenda parlamentaria, sin perjuicio de que la Cámara por sí o a través de sus Comisiones rinda los homenajes correspondientes cuando las circunstancias así lo requirieren.

Las innovaciones establecidas en el artículo 37 no hacen más que cumplir con el artículo 117 de la Constitución en cuanto al régimen de descuentos en la asignación mensual de los Representantes. A tales efectos se establece un sistema de deducciones más que proporcional (de acuerdo al requisito establecido en la Carta), puesto que contempla para su base de cálculo el término de tres Legislaturas, y toma como asignación de referencia a la que acabe de aprobarse en la Asamblea General.

Por su parte y en estrecha relación, se establece un mecanismo de control de asistencias y control de permanencia en Sala, indispensable para efectivizar con justicia el régimen de descuentos.

Finalmente, se determinan los criterios para considerar justificada una inasistencia, los que estrictamente han sido ajustados a la Ley Nº 16.465, puesto que únicamente son tales las derivadas del goce de licencias (aunque en sentido estricto no se trate de inasistencias), y las originadas por determinados motivos de carácter personal, debidamente anticipadas, y limitadas a treinta días, tomando en cuenta el promedio de sesiones mensuales. (Por tanto se completan los treinta días cuando se sobrepase el número de sesiones que promedialmente se celebran en un mes). La redacción del artículo no hace más que incorporar al Reglamento la solución legislativa imperante, por lo cual no ha sido agregada como causal justificante de ausencias, la derivada de decisiones político parlamentarias.

La nueva redacción del artículo 52 replantea la estructura de la discusión en general distribuyendo el derecho a hacer uso de la palabra entre los partidos políticos, los miembros de la Comisión y/o los firmantes del proyecto. De tal forma se logra que el tiempo de exposición sea mayor para quienes han participado activamente en la conformación del proyecto, sin perjuicio de reservar el uso de la palabra a todos los partido políticos (cuya existencia presupone unidad política, ideológica y de criterios interpretativos). De acuerdo al mecanismo previsto, se dinamizará el debate concentrándolo necesariamente en las cuestiones propias de su objeto; esto es, la deliberación sobre la importancia, conveniencia o inconveniencia del asunto, con el único fin de que la Cámara resuelva si se ocupa o no del mismo. Ciertamente, más allá de la variedad de razones o criterios que pudieren motivar la decisión final del legislador, esta siempre se reducirá a elegir entre las dos opciones mencionadas. A esos efectos, las argumentaciones pueden expresarse en los tiempos previstos.

Debe señalarse que se han incluido y mantenido en su caso algunos mecanismos de "descompresión", por los cuales puede extenderse el tiempo de exposición en ciertas hipótesis expresamente contempladas.

En cuanto al artículo 55, del mismo modo que en el caso del artículo 52, la solución se deriva y concuerda directamente con la modificación propuesta en el sistema de enmiendas. Por ello es que necesariamente debe partirse de la base que cuando un proyecto informado por la Comisión correspondiente es puesto a consideración del Cuerpo para ser sometido a discusión particular, ha pasado ya por una ardua y especializada etapa de estudio, reflexión e inclusive de negociación política, tanto entre las distintas bancadas como dentro de las mismas. En tales oportunidades se les asegura a todos y cada uno de los Representantes su instancia de participación y manifestación, ya sea mediante la presentación específica de enmiendas o artículos (sustitutivos o aditivos), o bien con la mera asistencia a las Comisiones, donde puede solicitarse el uso de la palabra, quedando preceptivamente asentado en actas lo expresado. Corresponde entonces a la sesión plenaria recibir las expresiones de los informantes y de aquellos Representantes que en su oportunidad hubieren presentado enmiendas.

En los casos en que no hubiere informe o cuando se tratasen presupuestos o proyectos de Códigos, el régimen refiere a los sectores parlamentarios.

El artículo 58 se innova en concordancia con el resto de las modificaciones.

Las modificaciones propuestas a los artículos 67, 68 y 88 únicamente se han incorporado a los efectos de concordar su redacción con la del resto del proyecto.

Por su parte, de acuerdo a la intención directriz que promueve la presentación del presente proyecto, se ha juzgado oportuno agregar al mecanismo de contestación de alusiones previsto en el artículo 71, una limitante a lo que en la práctica eventualmente puede llegar a convertirse en una serie indefinida de aclaraciones, réplicas o rectificaciones, promoviendo así el transcurso ágil y sin digresiones de las sesiones plenarias.

En el artículo 114 se agrega un inciso a efectos de que se otorgue a las Comisiones, en atención de la complejidad de sus funciones, la potestad para constituirse en subcomisiones.

Se crean en el artículo 115 las Comisiones permanentes de Ciencia y Tecnología, Deporte y Juventud, Seguridad Pública y de Comercio y Comercio Exterior, respondiendo a la clara necesidad de que las respectivas temáticas sean especialmente contempladas. Asimismo se agregan cometidos a la Comisión de Industria, Energía y Minería, Educación y Cultura y Asuntos Internos. La Comisión de Hacienda y la de Presupuesto, por su estrecha vinculación y necesidad práctica de integración pasan a conformar una misma Comisión.

En referencia al desarrollo de las reuniones de las Comisiones informantes se han previsto en el artículo 126 dos modificaciones. La primera de ellas se encuentra directamente relacionada con el artículo 142, en tanto proporciona al Representante la posibilidad de fundamentar y deponer argumentos en promoción de la enmienda que hubiere remitido en las oportunidades correspondientes, estableciendo expresamente que tales manifestaciones se anotarán en el libro de actas. La segunda de las modificaciones establece (con excepciones) el régimen de publicidad de las reuniones, permitiendo el libre acceso de los ciudadanos, tal como en el caso de las sesiones de la Cámara.

De acuerdo a lo establecido se anticipa cualquier reparo que pudiere ofrecer la concentración del sistema de enmiendas en torno a la actividad de las Comisiones, en lo que pudiere implicar o ser interpretado como un acotamiento de la representatividad democrática o bien de la transparencia o publicidad de las actuaciones parlamentarias. De este modo, todo Representante podrá comparecer ante la Comisión, reunida en sesión pública, a los efectos de realizar una exposición conducente a sostener las razones que le hubieren motivado a presentar enmiendas, o bien a los solos efectos de cuestionar o apoyar las que hubiesen sido elaboradas por otro legislador.

El artículo 128 otorga a la Mesa tres opciones para determinar el plazo del que las Comisiones dispondrán para presentar su informe, así como un régimen de prórrogas.

La posibilidad de adaptar los márgenes temporales de un proyecto para su estudio en Comisión se compadece con la frecuente necesidad de darle mayor celeridad al proceso legislativo o resolutivo.

En el artículo 133, en atención a la creciente complejidad de las cuestiones sobre las que opera la actividad legislativa, y concretamente, debido al nivel de especialización requerido durante el desempeño de los cometidos de las Comisiones, se ha juzgado oportuno establecer que se permitirá en sus reuniones la presencia (obviamente sin voz) de un asesor por cada uno de sus miembros. De esta forma se apunta a lograr la inmediatez entre el técnico de confianza del Representante y los pormenores del asunto en cuestión, agilizando sin duda alguna el desarrollo de las tareas para las cuales el legislador eventualmente requiera el informe de un especialista.

En el artículo 134 establece la forma en que se ordenarán los informes y el orden en que les serán adjuntadas las enmiendas y artículos sustitutivos o aditivos, todo lo cual concuerda con el orden de discusión y votación propuesta en el proyecto.

Como resultado del análisis por lo general correlativo del articulado, es que casi sobre el final de esta exposición de motivos se aborda, con la referencia al contenido del artículo 142, el eje central del sistema de enmiendas que se propone instaurar.

En esta disposición, por una parte, se implementa un nuevo sistema de repartidos, los que se vehiculizarán principalmente a través del sistema de redes de ordenadores de la Cámara. Los canales telemáticos que la tecnología actualmente provee a disposición de este Cuerpo pueden a tal respecto ser mejor aprovechados sin otra inversión que la buena disposición de sus usuarios, promoviendo la comunicación casi en tiempo real entre los Representantes y las Comisiones, y abaratando notablemente los gastos de edición, impresión y distribución física de los repartidos.

En otro orden, y como se anticipaba en las consideraciones generales de las primeras líneas, la nueva redacción propuesta para el artículo 142 dispone un ordenado mecanismo de proposición de enmiendas y artículos sustitutivos o aditivos, permitiendo -al fraccionarse eventualmente tal proceso en dos instancias o etapas- que la Comisión cumpla su cometido de informar al mismo tiempo que se comunica e interactúa con el resto de los Representantes. De esta forma, el informe de la Comisión se someterá, si correspondiere, a una última "vista" a los Representantes, donde podrán presentarse nuevas enmiendas. Mediante tal sistema se logra una mejor y más meditada confrontación entre el informe mayoritario o en discordia (con sus proyectos alternativos) y las modificaciones que por parte del Representante se pretendieren operar. Estará por tanto reservado a la Cámara en sesión plenaria (artículo 55) la discusión sobre aquellas enmiendas que como tales no hubieren sido producto de acuerdo o de contemplación expresa, y la revisión de las que fueren recogidas por el informe en mayoría o por el de los miembros discordes. En definitiva, durante la discusión particular el debate se centrará en cuestiones concretas y fundamentadas, respaldadas por un proceso previo de continuo y ágil intercambio de pareceres.

En referencia al artículo 149 se agrega un inciso confiriendo al Presidente de la Cámara la potestad de disponer el desglose de los proyectos de presupuestos para asegurar su estudio por parte de las diferentes Comisiones, sin sacrificar la celeridad que la naturaleza del asunto necesariamente requiere.

En breve conclusión, y tal como surge de lo expresado, puede afirmarse que el espíritu rector del proyecto no pretende lesionar o acotar en modo alguno las distintas potestades, derechos o libertades de los señores Representantes. Muy lejos de ello, es nuestra intención poner a disposición del Cuerpo una herramienta útil, práctica y eficaz, mediante la cual puedan aprovecharse al máximo los conocimientos y la performatividad de quienes llevan sobre sus hombros la responsabilidad de consagrar la voluntad general en la confección de la norma jurídica.

Montevideo, 11 de diciembre de 2001.

GUSTAVO PENADÉS, Representante por Montevideo".

B) "DEPARTAMENTO DE SALTO. (Se declara de interés turístico nacional la zona comprendida por sus límites).

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Declárase de interés nacional para el turismo, la zona comprendida por el territorio del departamento de Salto.

Montevideo, 11 de diciembre de 2001.

RAMÓN FONTICIELLA, Representante por Salto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La comunidad salteña a través de la Junta Departamental, su órgano de representación política, ha transmitido al Parlamento Nacional, su aspiración de que el departamento sea declarado por ley "zona turística de interés nacional".

En el presente proyecto se recoge esa aspiración del pueblo de Salto, que aparece como lógica y justificada. La potencialidad turística departamental excede ampliamente a las zonas que ya fueron objeto de declaración por ley (Termas de Arapey -Leyes Nº 13.079 y Nº 14.106, artículo 332-; Arenitas Blancas -Ley Nº 13.571- y "Costas del río Daymán en las inmediaciones de las termas del mismo nombre" -Ley Nº 13.081-).

Salto en un claro ejemplo de la imagen de "país natural" que Uruguay se esfuerza en transmitir al mundo del turismo. Sus atractivos superan el límite de las fuentes termales y sus alrededores.

Ejemplo de ello son el lago artificial de la represa de Salto Grande y el entorno de las dos poblaciones salteñas bañadas por sus aguas: villa Constitución y pueblo Belén.

No queda ahí la posibilidad turística del departamento norteño. Existen verdaderos "documentos históricos" en lugares de su campaña, que el país debe potenciar como atractivo turístico: las "trincheras" de Belén, las casonas y alrededores de San Antonio, la zona artiguista de Paso del Parque del Daymán; verdadero "Santuario de la Redota" que es el Ayuí.

En lo paisajístico merecen destacarse -aun riesgo de seguras omisiones- los cerros de Vera, y las bucolicas zonas de los mataojos, de Masoller, de Colonia de Lavalleja y toda la región de los ríos Arapey Grande y Chico.

Para el final se ha dejado lo que seguramente es la "joya de la corona" de los salteños: la ciudad de Salto. Con casi doscientos cincuenta años de historia, la aldea fundada en 1756 por José Joaquín de Viana es un orgullo para el país. Ciudad de personalidad propia, de rica arquitectura, generadora y custodio de bienes culturales exquisitos, guardados en multiplicidad de museos; poseedora de parques, plazas y jardines emblemáticos, Salto es en si misma una atractivo poderoso y tradicionalmente reconocido.

Por lo expuesto, y por la indiscutida jerarquía turística de la zona mencionada se considera fundamentado el proyecto.

Montevideo, 11 de diciembre de 2001.

RAMÓN FONTICIELLA, Representante por Salto".

C) "CUOTA MUTUAL DE LAS PERSONAS JUBILADAS POR INCAPACIDAD. (Modificación del artículo 19 de la Ley Nº 16.713).

MINUTA DE COMUNICACIÓN

Se solicita al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social y por su intermedio al Poder Ejecutivo que, en virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 86 de la Constitución de la República, promueva ante el Poder Legislativo la consideración de un proyecto de ley referente a la cuota mutual de personas jubiladas por incapacidad.

Montevideo, 11 de diciembre de 2001.

MARGARITA PERCOVICH, Representante por Montevideo, RAÚL SENDIC, Representante por Montevideo, ELENA PONTE, Representante por Montevideo, VÍCTOR ROSSI, Representante por Montevideo, LUCÍA TOPOLANSKY, Representante por Montevideo, GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo, MARTÍN PONCE DE LEÓN, Representante por Montevideo, JULIO VARONA, Representante por Canelones, DOREEN JAVIER IBARRA, Representante por Montevideo, ROBERTO CONDE, Representante por Canelones, CARLOS PITA, Representante por Montevideo, NORA CASTRO, Representante por Montevideo, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, BRUM CANET, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La jubilación común, por incapacidad total y por edad avanzada están previstas en el artículo 16 de la Ley Nº 16.713. La jubilación por incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo se encuentra prevista en el artículo 19 de la citada ley. En la misma se remite a la forma de cálculo de la jubilación común debiendo cumplir determinados requisitos establecidos en la propia ley y su reglamentación.

Quienes sufren algún tipo de enfermedad que les impide continuar desempeñando sus tareas, deben ser amparados por DISSE, la que durante el período de amparo le sirve un subsidio que alcanza el 70% de su salario o jornal habitual sin tomar en cuenta una serie de partidas como locomoción, viáticos, habilitación, quebrantos de caja, horas extras y retribuciones especiales. Esta forma de cálculo significa en algunos casos una sensible merma en los ingresos del trabajador enfermo.

El período máximo en el cual el trabajador puede estar amparado al Seguro de Enfermedad puede ser de un año extensible hasta dos. De ampararse reiteradas veces dentro de un lapso de cuatro años por la misma dolencia se computará a los efectos del plazo.

Al cumplirse estos plazos cesa el derecho al amparo y el trabajador en caso de quedar inhabilitado tiene derecho a acceder a la jubilación por incapacidad parcial o total, finalizando también la cobertura médica prestada por DISSE.

Sin duda, la persona que padece una enfermedad tal que le impide continuar con su profesión habitual o cualquier otra tarea es una persona que necesita asistencia médica en forma especial.

Por esta razón es que entendemos que no es lógico que cuando se determina que una persona tiene un grado de discapacidad que no le permite continuar trabajando no se le siga brindando la asistencia médica necesaria y que además venía recibiendo al amparo tanto del seguro de enfermedad como del Banco de Seguros según el caso.

Además, el estar percibiendo una jubilación puede llegar a impedirle el acceso a la asistencia de Salud Pública por lo que la situación se torna aún más gravosa.

Por entender que se paliaría la difícil situación de compatriotas que se encuentran desamparados, con una erogación mínima para el erario público, se propone:

A) Agregar al artículo 19 de la Ley Nº 16.713, un inciso final por el cual las personas que se deban jubilar por incapacidad mantengan el derecho a la asistencia médica.

B) Los beneficiarios podrán aportar a su financiación un 3% de su pasividad nominal, siendo de cargo del Banco de Previsión Social el monto restante hasta cubrir la totalidad de la cuota mutual.

Montevideo, 11 de diciembre de 2001.

MARGARITA PERCOVICH, Representante por Montevideo, RAÚL SENDIC, Representante por Montevideo, ELENA PONTE, Representante por Montevideo, VÍCTOR ROSSI, Representante por Montevideo, LUCÍA TOPOLANSKY, Representante por Montevideo, GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo, MARTÍN PONCE DE LEÓN, Representante por Montevideo, JULIO VARONA, Representante por Canelones, DOREEN JAVIER IBARRA, Representante por Montevideo, ROBERTO CONDE, Representante por Canelones, CARLOS PITA, Representante por Montevideo, NORA CASTRO, Representante por Montevideo, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, BRUM CANET, Representante por Montevideo".

D) "PRODUCTORES AGRÍCOLAS AFECTADOS EN SUS CULTIVOS DE INVIERNO POR EL HONGO DENOMINADO "FUSARIUM". (Indemnización).

MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E:

Solicitar al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el establecimiento de medidas y mecanismos que tiendan a resarcir económicamente a aquellos productores agrícolas cuyos cultivos de invierno (principalmente trigo y cebada) fueron mermados en forma importante por un no común devastador ataque del hongo "Fusarium".

Montevideo, 11 de diciembre de 2001.

EDUARDO CHIESA BORDAHANDY, Representante por Canelones, GUIDO MACHADO, Representante por Rivera, WALTER VENER CARBONI, Representante por Soriano.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los productores agrícolas del litoral y otros puntos del país, pero fundamentalmente del litoral se han visto seriamente perjudicados en sus cultivos de trigo y cebada por un fuerte incremento en la presencia del hongo "Fusarium", lo que ha significado una merma muy importante en sus cosechas, que en algunos casos se han visto reducidas al 20% de lo esperado.

Esto indudablemente genera perjuicios económicos serios para un sector que ya venía atravesando dificultades conocidas y que ahora ve agravada su situación.

El exceso de agua, las altas temperaturas, la menor luminosidad, contribuyeron a generar este fenómeno frente al cual los fungicidas no resultaron efectivos, las previsiones culturales no lo atenuaron y las consecuencias son las por todos conocidas.

Paralelamente el Banco de Seguros del Estado ha expresado que no pagará pólizas que fueron contratadas entre otras razones por exceso de lluvia, pues las mismas no cubren enfermedades causadas por hongos (afirmación discutible), lo que ha dejado al sector agrícola, y a aquellos que tuvieron previsiones y a los que no también, sin posibilidad alguna de obtener determinado resarcimiento por la calamidad productiva que se vive. Esta circunstancia, el hecho de que un ataque tan grave no es común, la situación del sector agrícola, la necesidad para el país de que los productores sigan sembrando y que el desánimo no les gane (en siembras de verano), nos llevan a plantear esta minuta de comunicación a través de la cual se exhorta al Poder Ejecutivo a que establezca alguna vía de compensación a nuestros productores agrícolas cuyos cultivos se vieron duramente castigados por el "Fusarium".

Montevideo, 11 de diciembre de 2001.

EDUARDO CHIESA BORDAHANDY, Representante por Canelones, GUIDO MACHADO, Representante por Rivera, WALTER VENER CARBONI, Representante por Soriano".

4.- Exposiciones escritas.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 15)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Walter Vener Carboni solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la República, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a la Junta Departamental de Soriano y a las entidades rurales del departamento de Soriano, sobre la situación de los productores agrícolas ante la aparición de plagas que afectan a los cultivos. C/27/000"

——Se votará oportunamente.

5.- Inasistencias anteriores.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión ordinaria realizada el 11 de diciembre de 2001.

Con aviso: Darío Pérez y María Alejandra Rivero Saralegui.

Inasistencias a las Comisiones:

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas.

Martes 11 de diciembre

DERECHOS HUMANOS

Con aviso: Alberto Scavarelli.

GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Con aviso: Ernesto Agazzi y Ricardo Berois Quinteros.

HACIENDA

Con aviso: Daniel García Pintos.

ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES LEGISLATIVAS REFERENTES A LA EMIGRACIÓN EN EL URUGUAY

Con aviso: Héctor Gustavo Silveira Rodríguez".

6.- Exposiciones escritas.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de la exposición escrita de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Veintisiete en veintinueve: AFIRMATIVA.

(Texto de la exposición escrita:)

Exposición del señor Representante Walter Vener Carboni a la Presidencia de la República, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a la Junta Departamental de Soriano y a las entidades rurales del departamento de Soriano, sobre la situación de los productores agrícolas ante la aparición de plagas que afectan a los cultivos.

"Montevideo, 11 de diciembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la Junta Departamental de Soriano y a las sociedades rurales del mismo departamento. Los productores agrícolas del litoral y de otros puntos del país, pero fundamentalmente los del litoral, se han visto seriamente perjudicados en sus cultivos de trigo y cebada por un fuerte incremento de la presencia del hongo Fusarium. La plaga ha significado una merma muy importante en sus cosechas, que en algunos casos se redujeron al 20% de lo esperado. Indudablemente, el hecho genera perjuicios económicos serios para un sector que ya venía atravesando dificultades conocidas, y que ahora ve agravada su situación por lo narrado. La saturación de humedad, los calores, los días nublados, todo contribuyó para generar un fenómeno respecto al cual los fungicidas no resultaron efectivos, tampoco las previsiones culturales pudieron atenuar, y las consecuencias son las por todos conocidas. Paralelamente, el Banco de Seguros del Estado (BSE) ha sido muy claro al afirmar que no pagará pólizas que fueron contratadas, entre otras razones, por exceso de lluvia, pues las mismas no cubren la fusariosis, lo que constituye una afirmación discutible. La determinación del BSE ha dejado a los productores del sector agrícola, tanto a aquellos que tuvieron previsiones como a los que no, sin posibilidad alguna de obtener determinado resarcimiento por la calamidad que atraviesa su producción. Por esta circunstancia, que se suma a la coyuntura general del sector y al hecho de que un ataque tan grave no es común, y dada la necesidad que el país tiene de que los productores sigan trabajando en las siembras de verano y de que el desánimo no les gane, exhortamos por este medio al Poder Ejecutivo a que establezca alguna manera de compensar a nuestros productores agrícolas cuyos cultivos se vieron duramente castigados por el hongo Fusarium. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. WALTER VENER CARBONI, Representante por Soriano".

MEDIA HORA PREVIA

7.- Proyecto sobre difusión de técnicas de producción a nivel de pequeños productores de queso artesanal en el departamento de San José.

——Se entra a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Diputado Sellanes.

SEÑOR SELLANES.- Señor Presidente: en la noche de ayer participé de la clausura del proyecto "Difusión de técnicas de producción a nivel de pequeños productores de queso artesanal en el departamento de San José".

En esta actividad, que se realizó durante todo el año 2001 en el marco del Programa de Servicios Agropecuarios, Subprograma de Transferencia de Tecnología, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, mediante convenio firmado entre el Instituto de Estudios Sociales, la Asociación de Queseros Artesanales de San José y el Instituto Plan Agropecuario, participaron aproximadamente cuatrocientos cincuenta productores. Trescientos cincuenta de ellos tomaron parte en más del 50% de las reuniones técnicas realizadas y en el día de ayer recibieron su diploma correspondiente, mientras que el resto participó de reuniones sobre temas puntuales. Estos trescientos cincuenta productores, pertenecientes a cinco zonas distintas del departamento, tuvieron diez reuniones técnicas en cada zona, además de realizar en conjunto tres giras por establecimientos donde pudieron apreciar queserías de punta, siembra directa y manejo de efluentes.

El curso en sí estuvo dividido en tres módulos. En el primero se trataron los temas de pasturas, siembra directa y alimentación de ganado lechero; en el segundo, producción de leche de calidad, elaboración de diferentes tipos de quesos -aparte de los tradicionales- y elaboración de subproductos como dulce de leche, yogur, etcétera; y el tercero tuvo temas varios pero bien importantes como, por ejemplo, comercialización, medio ambiente, agroquímicos y organización grupal, sin duda fundamental pensando en la producción quesera del futuro.

El curso contó con el apoyo de calificados técnicos del Plan Agropecuario, del Instituto de Estudios Sociales y de la Escuela de Lechería de Nueva Helvecia y de algunos técnicos de la zona contratados para esta actividad.

Participé de los talleres finales, en los que se reflejó la importancia de este tipo de actividades -dicho esto por los propios productores- y se planteó una serie de inquietudes que seguramente se irán resolviendo y apuntan al fortalecimiento de un sector muy importante de nuestra producción en tanto genera mucha mano de obra familiar. Históricamente ha recibido muy poco apoyo oficial, pero tiene una gran potencialidad y hoy vemos que, de la mano de gremiales de productores con ganas de trabajar, avanza por el buen camino.

Tienen una meta concreta: poder exportar el producto queso artesanal, lo que seguramente redundará en beneficio de la producción y de toda la sociedad.

Quiero, entonces, felicitar a las instituciones y a los productores participantes y expresar mi alegría por haber visto la Escuela Agraria de Raigón colmada de gente -estaban todas las familias- que intenta superarse en un medio tan adverso debido a la situación que está viviendo el sector agropecuario.

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras se envíe al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de San José, al Instituto Plan Agropecuario, al Instituto de Estudios Sociales, a la Asociación de Queseros Artesanales de San José y a la Unión de Queseros Artesanales.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

¾ Veintisiete en veintiocho: AFIRMATIVA.

8.- Realización del X Encuentro del Foro de São Paulo.

Tiene la palabra el señor Diputado Baráibar.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: del 4 al 7 de diciembre de 2001 se realizó en La Habana, Cuba, el X Encuentro del Foro de São Paulo con la participación de 518 delegados provenientes de 81 países de América Latina y el Caribe, América del Norte, Europa, Asia, África, Medio Oriente y Australia, representantes de 74 partidos y movimientos políticos miembros, y de 127 partidos y organizaciones invitados.

Como se sabe, el Foro de São Paulo fue creado en 1990 y se realizaron diez reuniones en distintas capitales y ciudades de nuestra América Latina. Básicamente, ha sido convocado para examinar la situación de la izquierda luego de la crisis del socialismo real a comienzos de la década de 1990, y también para el examen de la situación de América Latina con el avance del neoliberalismo, y la construcción de proyectos alternativos.

Al mismo tiempo, en estos años ha ido definiendo un camino de relacionamiento político internacional y adquiriendo, a través del tiempo, un creciente protagonismo en el marco de fuerzas políticas que, cuando el Foro de São Paulo se fundó, estaban en la lucha armada clandestina y hoy son legales; es decir que el Foro contribuyó a la búsqueda de una salida política. Me refiero concretamente al FMLN de El Salvador y a la URNG de Guatemala, países donde estas fuerzas políticas, hoy incorporadas plenamente a la lucha política, son gravitantes. El FMLN de El Salvador llega al 40% de representación parlamentaria y gobierna la ciudad de San Salvador en el marco de un creciente respaldo.

El Foro de São Paulo ha ido profundizando su visión de la situación internacional. Lamentablemente, los cinco minutos de que dispongo apenas alcanzan para comunicar a los colegas mi plena disponibilidad para informar a quienes lo deseen sobre el Foro de São Paulo, a efectos de desvirtuar versiones o ideas equivocadas sobre el mismo y dar a conocer su funcionamiento. Cabe destacar que se encontraban presentes representantes de los cuerpos diplomáticos de distintos países de América Latina, lo que permite tener una cabal concepción de esta organización como fuerza de coordinación -y no como una internacional- en el contexto de América Latina y en relación con otras zonas del mundo, particularmente con Europa, de donde concurrió una muy numerosa representación del Parlamento Europeo.

Quiero señalar solamente algunos párrafos de la declaración. No es muy extensa, pero el tiempo me impide leerla completa. Entre otras cosas, dice: "La vertiginosa velocidad del proceso de globalización en curso, -apoyado en el avance del progreso científico técnico y la expansión de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones-, coincide con un orden económico internacional y una organización de la sociedad que resultan inaceptables y que distorsionan el propio desarrollo material de la humanidad. Por ello luchamos por otra globalización: la de la solidaridad, la justicia, la equidad, la vigencia plena de la democracia, el respeto a la diversidad, a la autonomía, a la identidad pluricultural y los derechos de los pueblos; aunque también entendemos que lo fundamental está en la liberación de cada país".

También se pronunció sobre los hechos de pública notoriedad ocurridos el 11 de setiembre en Estados Unidos. Se señala: "Los atentados del 11 de setiembre en Nueva York, Washington y Pensylvania han agravado la situación internacional, generando una nueva coyuntura y abriendo un proceso de imprevisibles consecuencias.- El Foro de Sao Paulo se solidarizó de inmediato con las víctimas de esos actos criminales y reclamó el camino de la paz y la justicia, como el único válido para derrotar al terrorismo, reiterando su solidaridad con todos aquellos que sufren sus consecuencias. Nosotros, partidos y movimientos pertenecientes a pueblos que han sufrido y sufren los terribles efectos del terrorismo de Estado, estamos contra todas las manifestaciones de terrorismo, por razones éticas, morales, humanitarias y políticas".

Con relación al modelo alternativo se planteó la necesidad de nuevas alianzas con nuevos sectores, así como las ideas básicas del proyecto alternativo. Finalmente, se estableció nuestra posición frente al ALCA y se finalizó la declaración haciendo referencia al agradecimiento de todos los participantes al pueblo cubano por la fraternal acogida que nos dispensaron, y al Partido Comunista de Cuba por su capacidad organizativa y contribución en todos los aspectos al éxito de una reunión que se ha caracterizado por el clima fraternal, la disposición constructiva de todas las delegaciones y el valioso contenido de los aportes realizados.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Embajada de Cuba en el Uruguay y a las Comisiones de Asuntos Internacionales del Senado y de la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

¾ ¾ Treinta y siete en treinta y ocho: AFIRMATIVA.

9.- Cobro de peaje al norte del río Queguay, en el departamento de Paysandú.

Tiene la palabra el señor Diputado Mello.

SEÑOR MELLO.- Señor Presidente: a través de una reciente resolución del Gobierno de la República Oriental del Uruguay, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y su Dirección Nacional de Vialidad han celebrado un contrato de concesión de obra pública con la Corporación Nacional para el Desarrollo con el cometido de realizar el mantenimiento de infraestructura vial durante quince años en ocho rutas nacionales. Como contraprestación de las obras y servicios prestados, la empresa concesionaria cobrará, mediante una tarifa de peaje a los vehículos, el derecho a circular por ellas.

Esta situación planteada afectará, entre otros, a los vecinos de Lorenzo Geyres y a productores de la zona del departamento de Paysandú que están al norte del río Queguay. A todos ellos les es vital viajar frecuentemente a la ciudad de Paysandú por no contar en la zona con servicios como, por ejemplo, centro de salud, lugar de cobro de la jubilación, etcétera. A ello se agrega la falta de comercios como farmacias y ferreterías, por citar algunos de los servicios más necesarios.

A partir de la instalación del peaje al norte del río Queguay, todos los viajes que se realicen a la ciudad de Paysandú tendrán un recargo que afectará las economías ya menguadas de los vecinos de la zona.

En principio, creemos que al establecerse este tipo de concesiones se está incorporando un tributo, el peaje, en zonas que hasta ahora no estaban afectadas; pero, además, el cuidado, la conservación de las carreteras debería hacerlo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Como ciudadanos de este país ya aportamos dinero que está destinado a solucionar los problemas de las carreteras y puentes, que son resueltos por el Ministerio correspondiente. Los vecinos nos señalan que el peaje partirá en dos al departamento de Paysandú y que los sanduceros tendrán que pagar ese peaje sin haberlo pedido.

Por otra parte, el sistema productivo se vería afectado, puesto que un camión lechero pasa por allí 365 veces por año y el que asumiría los costos del peaje sería el productor remitente.

Entre las soluciones que se manejan por parte de diversos sectores políticos preocupados por el tema, desarrollaremos las siguientes. Una de ellas es el pago de un peaje diferencial que fuera menor al que en alguna medida ha sido planteado -de $ 22 para automóviles-, aplicándose a aquellos vecinos que vivan en un radio de 10 kilómetros. Una segunda alternativa que se maneja es que los automóviles matriculados en Paysandú no paguen peaje, y la tercera sería cobrar una sobretasa a los vehículos matriculados en el exterior como una manera de compensar lo que no pagan los vecinos de la zona.

Creemos necesario encontrar una solución al problema planteado porque así lo requiere la zona afectada.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Dirección Nacional de Vialidad, al señor Intendente y la Junta Departamental de Paysandú, y a los vecinos de Lorenzo Geyres.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

¾ ¾ Treinta y cinco en treinta y siete: AFIRMATIVA.

10.- Respeto de los derechos humanos de los niños y adolescentes.

Tiene la palabra la señora Diputada Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: quisiera aprovechar la última media hora previa de este Período para rescatar la forma de pensar de un grupo de abogados y abogadas que se dedican a la promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Nos han traído al Parlamento varias denuncias que muchas veces no hemos sabido bien ante quién gestionar, porque para la defensa hay como un vacío de definiciones judiciales o de los propios actores que se encargan de la niñez y de la adolescencia, en cuanto a la forma de aplicar la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Estos abogados y abogadas, que pertenecen a la organización no gubernamental IACI, nos trasmitían en un comunicado a algunos de los legisladores, que la construcción de la ciudadanía de los niños, niñas y adolescentes empieza por el respeto de sus derechos y de su condición de sujetos de derecho. En el caso de los adolescentes denunciados por la presunta comisión de un hecho ilícito, esto implica que se respeten las garantías de forma y de fondo que supone en nuestro derecho el debido proceso legal, es decir, que se apliquen determinados principios constitucionales, como el de que toda persona será considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario por sentencia legal. La simple convicción, introducida en nuestro sistema penal por el Decreto-Ley Nº15.032, de 1980, para iniciar un proceso penal de adultos, ha sido cuestionada por su inconstitucionalidad, pero aún está vigente, a pesar del mandato constitucional, del Pacto de San José de Costa Rica y de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Si consideramos el fallo del Tribunal de Apelaciones de 2º Turno con relación a la denuncia efectuada por Secundaria contra alumnos del Liceo Nº 12 ante el lamentable episodio ocurrido el 24 de agosto, advertiremos que el fundamento de dicho Tribunal fue considerar que hay elementos de convicción suficientes para iniciar proceso a once de los trece adolescentes denunciados.

Como bien dice la sentencia, no se está en un ámbito penal. Sin embargo, se están aplicando principios que rigen el derecho penal. Asimismo, si bien el Tribunal asimila la expresión "elementos de convicción suficiente" a la semiplena prueba requerida por la Constitución de la República, del análisis del expediente se deduce que no existe semiplena prueba.

Es de destacar que en la prueba agregada en autos -videos y fotografías aportados por Policía Técnica- no se ve a los denunciados, salvo a uno, que precisamente el Tribunal entendió que no debía ser responsabilizado por el delito de falta de respeto a la Bandera, pues su actitud no encuadraba en el ilícito mencionado.

Finalmente, quiero rescatar algo que me parece que nos importa especialmente a quienes tenemos responsabilidades con relación a la educación y al manejo de los operadores de la Justicia y de la educación, con respecto a la trasmisión de valores a los niños, niñas y adolescentes.

La construcción de la ciudadanía pasa por la educación. Pocas voces se escucharon reclamando que se determinen responsabilidades de las autoridades del liceo en cuanto dejaron que la violencia se instalara en dicho centro de estudios. El episodio del día 24 de agosto no fue el único; tampoco fue el último. Es una lástima que se haya dejado pasar esta oportunidad para poner en práctica la Convención de los Derechos del Niño en cuanto a la aplicación del principio de la responsabilidad social, en la utilización de todos los recursos comunitarios especializados en los temas de violencia juvenil, medida que hubiera permitido un abordaje colectivo de este fenómeno, donde todos los involucrados, no solo los alumnos denunciados, se volcaran a encontrar una solución para este tema, solución que pasa por la educación.

El sistema educativo uruguayo está demostrando que no es capaz de trasmitir los valores fundamentales que hacen a la convivencia democrática; el ejercicio de la ciudadanía se aprende en los ámbitos democráticos, y en un sistema donde rigen reglamentos que no prevén la participación de los adolescentes, por el contrario, se abre el camino para su alejamiento de los ámbitos liceales. Tampoco allí se les estimula en el ejercicio de sus derechos y de sus obligaciones en un ámbito de tolerancia y de respeto por la diversidad. Difícilmente ese adolescente pueda sentirse comprometido con su centro de estudio ni con los recursos que el país invierte en él. Tampoco va a adquirir este sentimiento por imposición judicial. Como decía José Pedro Varela: "Para crear a la República, primero es preciso crear a los republicanos".

Con la preocupación de que cuando votemos el Código de la Niñez y Adolescencia, los operadores de la Justicia y del sistema educativo incorporen dichos derechos, voy a pedir que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al CODICEN, a la Suprema Corte de Justicia y a la Dirección del Liceo Nº 12.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

11.- Dudas sobre la posesión de título universitario por parte de una asesora de la Intendencia Municipal de Canelones.

Tiene la palabra el señor Diputado Legnani.

SEÑOR LEGNANI.- Señor Presidente: con fecha 6 de noviembre de 2001 realicé una exposición escrita en el marco del artículo 155 del Reglamento, refiriéndome a una persona que aparece con el título de ingeniera y como asesora de la Dirección de Atención a la Salud y Contralor del Medio Ambiente en el Gobierno Municipal de Canelones. En dicho escrito, expuse mis dudas sobre la tenencia o no de título habilitante de la Universidad de la República, así como su ausencia de los padrones electorales de profesionales universitarios.

Allí expresé: "Ignoro los méritos que expuso ante las autoridades Municipales de Canelones, así como las condiciones en que se integró para acceder al cargo de 'Asesora Dirección de Atención a la Salud y Contralor del Medio Ambiente', tal como figura en documentación oficial".

Más adelante, agregué: "cumplo con el deber de informar a quienes corresponde, que la Sra. Ingeniera a quien se refiere mi escrito, según la información de que dispongo, no cuenta con título de Ingeniera, expedido por la U.R. habilitante para ejercer en el territorio de la República Oriental del Uruguay".

Solicité que dicha exposición pasase a la Dirección General de Gestión Ambiental y a la Junta Departamental de Canelones.

Pese al tiempo transcurrido, no he recibido ninguna respuesta oficial al planteo realizado el 6 de noviembre y únicamente he visto referencias en la prensa local -concretamente, en el diario "Hoy Canelones", del 26 de noviembre pasado- por parte del doctor Nelson Vila, Director de Contralor Sanitario y Medio Ambiente, apoyando a la persona que hemos cuestionado. Descarto que el doctor Vila sea cómplice de la situación. Al leer sus expresiones en la prensa -sin remitirme los comprobantes-, no pienso que sea cómplice, sino más bien ignorante de los hechos. Por mi parte, los documentos que han llegado a mi poder los he puesto en manos de las autoridades universitarias, que espero que procedan según la realidad de los hechos.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Intendencia Municipal de Canelones, al Rectorado de la Universidad de la República y al Decanato de la Facultad de Ingeniería.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y cinco en cuarenta y seis: AFIRMATIVA.

12.- Comercialización en el departamento de Salto de harina industrializada clandestinamente.

Tiene la palabra el señor Diputado Fonticiella.

SEÑOR FONTICIELLA.- Señor Presidente: el Centro de Panaderos de Salto, apoyado por el Centro Comercial e Industrial, ha denunciado a las autoridades que tres de cada cuatro bolsas de harina que se venden en el departamento son industrializadas en forma clandestina. Informaron que de 12.000 sacos que se comercializan al mes, nada más que 3.000 son trabajados por las industrias establecidas. Para los salteños este fenómeno no es nuevo, aunque sí su actual volumen. Es bueno que lo divulguemos y es necesario que reclamemos una acción inteligente, sincera y decidida por parte del Gobierno Nacional para llegar a una buena solución.

Con lógica podrá decirse que el tema es, fundamentalmente, de resorte municipal. Es cierto; este tipo de control no le compete a esta Cámara, sino a los Gobiernos Departamentales, pero como este asunto es de trascendencia no se puede ocultar a nivel nacional. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Banco de Previsión Social, la Dirección General Impositiva, OSE, UTE y ANTEL son todos organismos y entes involucrados al respecto, en diferente grado y manera. Si el 75% de la harina que se industrializa se hace en forma clandestina, es lógico pensar que no se trata solo de trabajo familiar, sino que hay industrias detrás.

Debe pensarse cómo y cuándo el Estado podrá hacer sincerar la situación de esos comerciantes e industriales. Producen sin controles, no tienen forma de pagar impuestos ni de tributar a la seguridad social, tampoco de asegurar pasividades y beneficios sociales a sus empleados y, en muchos casos, de pagar las tarifas comerciales que abonan quienes están legalmente establecidos. Es imprescindible generar un ámbito para hacer sincerar situaciones, crear mecanismos eficientes para registrar a esas empresas, hacer posible su inserción en el circuito legal, controlar su aportación y, en definitiva, abrirles un nuevo camino de cumplimiento con el Estado y la sociedad. Mientras eso no se haga, se estará perjudicando grandemente a la comunidad toda, en especial a los obreros que, con tal de trabajar, lo hacen sin la protección de la ley, y a los comerciantes que trabajan dentro del derecho y quedan en inferioridad de condiciones.

Los panaderos salteños describieron casos gravísimos de deterioro empresarial, cese de empleados, baja de aportes al fisco y, lo que es más grave, decaimiento de la visión del Estado organizado. Explicaron el caso de una panadería que hace pocos meses tenía 52 empleados y hoy solo tiene 18. Narraron el caso de otra que tuvo 15, de los cuales solo conserva dos. Los propietarios están en mal momento, los empleados han quedado sin trabajo y el Estado sin recaudaciones. Repito que el tema no es nuevo, y se ha informado que los organismos antes mencionados están en conocimiento de la situación desde hace tiempo, pero sus acciones no han sido eficaces.

Desde este Parlamento hago un llamado a las autoridades involucradas para lograr una mejora sustantiva de la situación. Si continúa el deterioro, seguirán cayendo comercios y continuará aumentando el desempleo formal. Crecerá la informalidad y, por ende, el deterioro moral ante la evasión y la clandestinidad. Debe hallarse un camino en que nadie caiga y todos trabajen en igualdad de condiciones. Es preciso que las normas alcancen a todos por igual, con la necesaria benevolencia de este momento, pero con la sensación clara de que todos son tratados de igual forma por la ley.

Solicito que la versión taquigráfica de mi exposición sea enviada al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Banco de Previsión Social, al Banco de Seguros del Estado, a UTE, a ANTEL y a OSE, así como al Centro de Panaderos y al Centro Comercial e Industrial de Salto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cincuenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Ha finalizado la media hora previa.

13.- Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante José Carlos Mahía, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 13 y 14 de diciembre de 2001 y por el día 17 de diciembre de 2001, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora Gabriela Garrido.

Del señor Representante Eduardo Chiesa, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 12 de diciembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Néstor Landarte.

Visto la licencia oportunamente concedida al señor Representante Ernesto Agazzi, y ante la denegatoria de los suplentes correspondientes de aceptar la convocatoria realizada, la Corte Electoral, ante solicitud de la Cámara, proclama nuevos suplentes y se convoca por el período comprendido entre los días 12 y 31 de diciembre de 2001, a la suplente siguiente señora Ángeles Balparda.

Del señor Representante Heber Sellanes, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 13 y 14 de diciembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Augusto García.

Del señor Representante Iván Posada, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 12 de diciembre de 2001, convocándose al suplente siguiente, Gabriel Barandiaran.

Del señor Representante Juan José Domínguez, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 12 de diciembre de 2001, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora Susana Lago.

De la señora Representante Martha Montaner, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 12 y 13 de diciembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Domingo Ramos.

Del señor Representante Guido Machado, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 13 de diciembre de 2001, convocándose a la suplente corrrespondiente siguiente, señora María Terrón de Esteves".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 11 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

Por la presente, solicito a usted licencia por motivos personales los días 13, 14 y 17 del corriente.

Sin otro particular, saluda atentamente.

JOSÉ CARLOS MAHÍA
Representante por Canelones".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 13 y 14 de diciembre de 2001 y por el día 17 del corriente.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 13 y 14 de diciembre de 2001 y por el día 17 del corriente, al señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía.

2) Convóquese por Secretaría, por los mencionados días, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Gabriela Garrido.

Sala de la Comisión, 12 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 12 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, por el día de la fecha, convocando a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

EDUARDO CHIESA BORDAHANDY

Representante por Canelones".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Eduardo Chiesa.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 12 de diciembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 12 de diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Canelones, Eduardo Chiesa.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 12 de diciembre de 2001, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Néstor Landarte.

Sala de la Comisión, 12 de diciembre de 2001

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Corte Electoral

Nº 3066/2001

272/40

Montevideo, 12 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Diputado Gustavo Penadés.

Señor Presidente:

Pongo en su conocimiento que la Corte Electoral en acuerdo celebrado en el día de hoy, visto que el Representante Nacional por el departamento de Canelones, señor Ernesto Agazzi, elector por la hoja de votación Nº 609 del lema Encuentro Progesista - Frente Amplio solicitó licencia por el período comprendido entre el 11 y el 31 de diciembre de 2001 y al haber declinado por esta vez la convocatoria los suplentes correspondientes, resolvió proclamar Representante Nacional a la tercera candidata señora Ángeles Balparda y suplentes a los señores Nelson Fontes, Yamandú Orsi y Juan Souza.

Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal, y por el término comprendido entre los días 12 y 31 del corriente, de la licencia concedida al Representante Nacional señor Ernesto Agazzi y en el concepto de que se han cumplido las condiciones establecidas por el inciso segundo del artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo 3º de la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945 y por el inciso cuarto del artículo 1º de la Ley Nº  10.618, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

Saludo al señor Presidente con mi más distinguida consideración.

Carlos A. Urruty
Presidente

Alfonso Mario Cataldi
Secretario Letrado".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia sin remuneración oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de Canelones, Ernesto Agazzi, por el período comprendido entre los días 11 y 31 de diciembre de 2001.

RESULTANDO: Que el suplente correspondiente siguiente, señor Esteban Pérez, no aceptó por esta vez la convocatoria de que fue objeto.

CONSIDERANDO: Que habiéndose agotado la nómina de suplentes la Corte Electoral a solicitud de la Cámara, proclamó a la señora Angeles Balparda, y señores Nelson Fontes, Yamandú Orsi y Juan Souza, como nuevos suplentes, lo que comunicó por Oficio Nº 3066/2001 de 12 de diciembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

Convóquese por Secretaría para integrar la representación por el departamento de Canelones, por el período comprendido entre los días 12 y 31 de diciembre de 2001, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Angeles Balparda.

Sala de la Comisión, 12 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 12 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia en el período comprendido entre los días 13 y 14 de diciembre de 2001, por motivos personales.

Sin más saluda atentamente.

LEONEL HEBER SELLANES
Representante por San José".

"San José, 12 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

El que suscribe, Baltasar Aguilar Fleitas, cédula de identidad 3.368.089-3, con domicilio en Artigas 714 de la ciudad de San José, en calidad de primer suplente de Heber Sellanes, quien ha solicitado licencia desde el día 13 al 14 de diciembre de 2001, comunica a usted que me encuentro imposibilitado por esta vez de asumir el cargo de Representante para el que fui convocado por ese Cuerpo.

Al ser la presente decisión una excepción, me reservo el derecho de reasumir personería si en el futuro se plantean situaciones similares.

Saludo a usted atentamente.

Baltasar Aguilar".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de San José, Leonel Heber Sellanes.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 13 y 14 de diciembre de 2001.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Baltasar Aguilar.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 13 y 14 de diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de San José, Leonel Heber Sellanes.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente correspondiente siguiente, señor Baltasar Aguilar.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio señor Augusto García.

Sala de la Comisión, 12 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 7 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito al Cuerpo que usted preside, tenga a bien concederme al amparo de la Ley Nº 16.465, del 14 de enero de 1994, licencia por motivos personales, por el día 12 del corriente mes.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

IVÁN POSADA
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Iván Posada.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 12 de diciembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 12 de diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Iván Posada.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día 12 de diciembre de 2001, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 1999 del Lema Partido del Nuevo Espacio, señor Gabriel Barandiaran.

Sala de la Comisión, 12 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 12 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito licencia durante el día de la fecha.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

JUAN DOMÍNGUEZ
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 12 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente, comunico mi renuncia al cargo, por esta sola instancia, durante el día de la fecha.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

Víctor Braccini".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Juan José Domínguez.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 12 de diciembre de 2001.

II) Que, por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Víctor Braccini.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994 y por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 12 de diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Juan José Domínguez.

2) Acéptase, por esta única vez, la renuncia presentada por el suplente correspondiente siguiente, señor Víctor Braccini.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 12 de diciembre de 2001, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Susana Lago.

Sala de la Comisión, 12 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 11 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 16.465 solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales por los días 12 y 13 de diciembre del presente año.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

MARTHA MONTANER
Representante por Tacuarembó".

"Montevideo, diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Susana Montaner".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Tacuarembó, Martha Montaner.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 12 y 13 de diciembre de 2001.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto la suplente correspondiente siguiente, señora Susana Montaner.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994, y en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 12 y 13 de diciembre de 2001, a la señora Representante por el departamento de Tacuarembó, Martha Montaner.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado la suplente correspondiente siguiente, señora Susana Montaner.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2215 del Lema Partido Colorado, señor Domingo Ramos.

Sala de la Comisión, 12 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 12 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De nuestra consideración:

Al amparo de lo establecido por la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales por el día 13 de diciembre del año en curso.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

GUIDO MACHADO
Representante por Rivera".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Rivera, Guido Machado.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 13 de diciembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E:

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 13 de diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Rivera, Guido Machado.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el día 13 de diciembre de 2001, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 292000, del Lema Partido Colorado, señora María Terrón de Esteves.

Sala de la Comisión, 12 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

14.- Comunicaciones de la Presidencia del Cuerpo.

¾ ¾ Antes de ingresar al orden del día, la Mesa solicita un minuto de atención para organizar la sesión del día de hoy.

En primer lugar, corresponde informar al Cuerpo que, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República, el próximo 15 de diciembre finaliza el Segundo Período Ordinario de la XLV Legislatura, por lo cual se convocará a la Asamblea General para la hora 11. Luego se realizará el tradicional desfile de clausura del Batallón de Infantería Nº 1 "Florida".

En segundo término, se invita a las señoras Diputadas y a los señores Diputados a participar de un seminario que se realizará a partir de la hora 8 y 15 del día viernes 14, en el Edificio Anexo del Poder Legislativo, denominado "Jornada sobre información e impulso de la actividad marítima, pesquera y acuática del país", que, entre otros, está siendo organizado por el señor Diputado García Pintos.

En tercer lugar, tenemos un orden del día bastante intenso, por lo que la Mesa apela a la generosidad de los señores Diputados para poder terminar con los diez asuntos correspondientes a la sesión de hoy y de esta forma poder estructurar las sesiones extraordinarias que seguramente habrá la semana próxima; todo depende de que en la sesión de hoy se agote el orden del día y de la agenda parlamentaria de temas informados.

En cuarto término, ya que se encuentran presentes cincuenta y seis señores legisladores, antes de entrar al orden del día, se pasará a considerar tres tratados cuyas discusiones fueron cerradas en las sesiones del 14 y del 20 de noviembre; son proyectos acompañados por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales y para cuyo tratamiento también se cuenta con la firma de los coordinadores.

SEÑOR BARÁIBAR.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: quiero señalar que el día viernes también se realizará otro seminario.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Es bueno que lo haya recordado, señor Diputado.

Efectivamente, el próximo viernes, a la hora 10, tendrá lugar, en el Edificio Anexo, la presentación por parte del Instituto de Ciencias Políticas de un trabajo encomendado por la Cámara de Representantes en el año 1999, sobre productividad legislativa y parlamentaria, que estará a cargo de los profesores Caetano y Lanzaro.

Asimismo, mañana, a la hora 12 y 30, con la presencia del señor Presidente de la República y del señor Presidente del Senado, en el salón de reuniones del Edificio Libertad se procederá a la firma de un convenio que tuvo iniciativa de esta Cámara, a los efectos de que próximamente la comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se realice en forma electrónica.

De modo que exhorto a mis compañeros y compañeras a proceder con la mayor diligencia posible en esta jornada, a fin de asegurar los procesos de aprobación de los temas a discutir.

15.- Urgencias.

Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por los señores Diputados Amorín Batlle, Cardozo Ferreira, Berois Quinteros, Orrico, Falero, Conde y Amen Vaghetti.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Científica, Tecnológica y Logística en Materia Antártica con el Gobierno de la República del Perú, cuya discusión general fue cerrada en la sesión del 14 de noviembre próximo pasado".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y uno en sesenta y tres: AFIRMATIVA.

16.- Acuerdo de Cooperación Científica, Tecnológica y Logística en Materia Antártica con el Gobierno de la República del Perú. (Aprobación).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el proyecto relativo a: "Acuerdo de Cooperación Científica, Tecnológica y Logística en Materia Antártica con el Gobierno de la República del Perú. (Aprobación)".

Está cerrada la discusión general.

Se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y uno en sesenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y uno en sesenta y cinco: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR PITA.- Mociono para que se comunique de inmediato.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta en sesenta y cinco: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto sancionado:)

"Artículo único.- Apruébase el Acuerdo de Cooperación Científica, Tecnológica y Logística en Materia Antártica entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República del Perú, suscrito en Lima el 5 de mayo de 1998".

17.- Urgencias.

¾ ¾ Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por los señores Diputados Amorín Batlle, Berois Quinteros, Cardozo Ferreira, Conde, Orrico, Falero y Amen Vaghetti.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíprocas de las Inversiones suscrito con los Estados Unidos Mexicanos, cuya discusión particular fue cerrada en la sesión del 20 de noviembre próximo pasado".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cinco en sesenta y seis: AFIRMATIVA.

18.- Acuerdo para la Promoción y Protección Recíprocas de las Inversiones suscrito con los Estados Unidos Mexicanos. (Aprobación).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se para a considerar el asunto relativo a: "Acuerdo para la Promoción y Protección Recíprocas de las Inversiones suscrito con los Estados Unidos Mexicanos. (Aprobación)".

Está cerrada la discusión del artículo único, cuya votación había sido postergada por no haber en Sala el quórum necesario.

Se va a votar el artículo único.

(Se vota)

——Sesenta y cinco en sesenta y seis: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR PITA.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cinco en sesenta y seis: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto aprobado:)

"Artículo único.- Apruébase el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos para la Promoción y Protección Recíprocas de las Inversiones, suscrito en Montevideo, el 30 de junio de 1999".

19.- Urgencias.

——Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por los señores Diputados Amorín Batlle, Cardozo Ferreira, Berois Quinteros, Conde, Falero, Orrico y Amen Vaghetti.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley por el que se aprueban las Enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización Marítima Internacional, cuya discusión particular fue cerrada en la sesión del 20 de noviembre próximo pasado".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cuatro en sesenta y cinco: AFIRMATIVA.

20.- Enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización Marítima Internacional. (Aprobación).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización Marítima Internacional. (Aprobación)".

Está cerrada la discusión del artículo único, cuya votación fue postergada por no haber en Sala el quórum necesario.

Se va a votar el artículo único.

(Se vota)

——Sesenta y cinco en sesenta y seis: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR PITA.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cinco en sesenta y seis: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto aprobado:)

"Artículo único.- Apruébanse las Enmiendas al Convenio Constitutivo de la Organización Marítima Internacional (OMI), adoptadas por la Asamblea de la mencionada Organización, por Resolución A. 735 (18), de 4 de noviembre de 1993".

21.- Régimen jubilatorio y pensionario de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones. (Regulación).

——Se entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Régimen jubilatorio y pensionario de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones. (Regulación)".

En la sesión de ayer se aprobó el pase a la discusión particular.

En discusión particular.

SEÑOR FALERO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: a los efectos de seguir con el consejo de la Presidencia de la Cámara, mociono para que se suprima la lectura de todos los artículos y se vote el proyecto por títulos.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Según lo establecido en el artículo 64 del Reglamento y ante una moción a la que la Mesa dará lectura en breve, la Cámara tiene que resolver si considerará el proyecto que remitió la Comisión o el que fue enviado por el Senado, que incluye el artículo 87, que ha sido cuestionado. Reitero que corresponde votar si la Cámara adoptará como proyecto para trabajar en la discusión particular el de la Comisión o el que remitió el Senado.

Dese cuenta de una moción llegada a la Mesa, presentada por los señores Diputados Chiesa Bordahandy, Julio Silveira, Chápper, Falero y Gustavo Silveira.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se vote como sustitutivo del proyecto en discusión, el proyecto aprobado por el Senado".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y dos en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: hemos votado en contra de esta moción, que se ampara en la excepcionalísima disposición establecida en el artículo 64 del Reglamento, porque nos parece que la otra mecánica no obstruiría la expresión de la mayoría del Cuerpo y violentaría menos a aquellos que consideramos que es muy oportuno que la Cámara no incorpore el famoso artículo 87 a este proyecto de ley, remitiéndolo luego al Senado para que lo apruebe sin ese artículo. Nos parece que de la forma en que se vota generalmente e incorporando un aditivo al artículo 87 se habría saldado el problema sin ninguna dificultad. En realidad, este mecanismo nos coloca en una posición tal que al momento de votar el título correspondiente tendremos que hacerlo negativamente.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar la moción del señor Diputado Falero de que se suprima la lectura y se vote por títulos.

(Se vota)

——Ochenta y uno en ochenta y dos: AFIRMATIVA.

En discusión el Título I, "De la Caja Notarial de Seguridad Social", que comprende los artículos 1º a 6º , inclusive.

(Texto del título:)

"TÍTULO I

DE LA CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1º.- Denomínase Caja Notarial de Seguridad Social a la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones creada por la Ley Nº 10.062, de 15 de octubre de 1941, la que se regirá por las disposiciones de la presente ley y demás normas aplicables.

Artículo 2º.- La Caja Notarial de Seguridad Social es persona jurídica de derecho público no estatal y tiene su domicilio legal en la ciudad de Montevideo.

Artículo 3º.- La representación de la misma, tanto en juicio como fuera de él, corresponderá al Presidente y Secretario del Directorio actuando conjuntamente, quienes, en cumplimiento de lo previsto por el literal D) del artículo 12 de la presente ley, podrán otorgar mandatos para la representación del Instituto.

Artículo 4º.- Los bienes de la Caja serán inembargables, excepto para responder por las obligaciones que establece esta ley.

Artículo 5º.- La Caja está exonerada de toda clase de impuestos nacionales y tributos departamentales por las actuaciones y operaciones que realice, así como por sus bienes.

Artículo 6º.- El Estado no asume responsabilidad pecuniaria alguna vinculada a la subsistencia de la Caja o a la financiación de sus obligaciones, incluyéndose en éstas el pago de las prestaciones que deba servir, y solo se limitará al cumplimiento de esta ley, en lo que le sea pertinente".

¾ ¾ Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Título I.

(Se vota)

——Ochenta en ochenta y dos: AFIRMATIVA.

En discusión el Título II, "Del gobierno y administración", que comprende los artículos 7º a 23, inclusive.

(Texto del título:)

"TÍTULO II

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION

CAPÍTULO I

DEL DIRECTORIO

Artículo 7º.- La Caja estará dirigida por un Directorio honorario compuesto de siete miembros, que se integrará de la siguiente manera:

- Un miembro afiliado escribano designado por el Poder Ejecutivo.

- Un miembro escribano integrante del Poder Judicial, designado por la Suprema Corte de Justicia.

- Un miembro afiliado jubilado, electo por los jubilados.

- Un miembro afiliado empleado en actividad, electo por los afiliados a que aluden los literales B), C), D) y E) del artículo 43 de la presente ley.

- Tres miembros afiliados escribanos en actividad, electos por los escribanos activos.

Artículo 8º.- La fecha de la elección de miembros del Directorio será fijada por el Poder Ejecutivo.

En caso de vacancia de algún cargo electivo de miembro del Directorio por agotamiento de la lista de suplentes, o cuando alguno de los órdenes electores no haya presentado listas, el Directorio solicitará al Poder Ejecutivo la convocatoria a una elección complementaria.

La Corte Electoral reglamentará las elecciones y tendrá a su cargo la recepción de votos, escrutinio, juzgamiento de la elección y proclamación de los candidatos electos.

Artículo 9º.- Las listas de candidatos por cada orden de electores deberán contener triple número de suplentes en orden respectivo, e igual número contendrán las designaciones que realicen los Poderes Públicos.

Artículo 10.- La Presidencia y Vicepresidencia del Directorio serán ejercidas siempre por escribanos. La Presidencia corresponderá al primer titular de la lista de escribanos activos más votada.

Asimismo, por mayoría absoluta de votos y cada dos años, el Directorio designará de su seno al Vicepresidente, Secretario, Prosecretario y Tesorero.

En caso de licencia o vacancia temporal, el Vicepresidente y el Prosecretario ejercerán la Presidencia y la Secretaría respectivamente.

Artículo 11.- Los miembros del Directorio durarán cuatro años en sus funciones pudiendo ser reelegidos; en forma consecutiva podrán serlo por una sola vez. Los electos mediante elección complementaria cesarán conjuntamente con los restantes integrantes del Cuerpo.

En todo caso, si durante el mandato se modificara la calidad requerida para integrar el Directorio respecto de cualesquiera de sus miembros de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7º de la presente ley, estos cesarán automáticamente en su cargo, convocándose al suplente respectivo.

Artículo 12.- Compete al Directorio:

A) Sancionar su reglamento general y demás reglamentaciones que considere necesarias.

B) Proponer las reformas a la presente ley que la experiencia aconseje como necesarias o convenientes.

C) Conceder o negar todo beneficio o prestación que pueda acordar el Instituto.

D) Realizar los actos, gestiones y diligencias, de administración o de dominio, necesarios para el funcionamiento regular del Instituto y conferir apoderamientos especiales.

E) Designar, sancionar y destituir al personal del Instituto, pudiendo delegar la potestad sancionatoria en la máxima jerarquía administrativa salvo en los casos de destitución.

F) Determinar la época y forma de exhibición de los registros notariales y de las cotizaciones que los afiliados deban realizar, así como los deberes formales que estos deban cumplir.

G) Sancionar a los afiliados que incumplan la presente ley o las reglamentaciones correspondientes.

H) Fijar los sueldos fictos mínimos de los empleados de escribanía y cónyuges colaboradores, aportes complementarios mínimos, y los montos mínimos y máximos de las prestaciones no fijados legalmente.

I) Extender, con el voto conforme del representante del Poder Ejecutivo, la concesión de prestaciones de seguridad social para la cobertura de otras contingencias no previstas en esta ley y cubiertas por el régimen general, previo estudio técnico de que no se afectará el cumplimiento de las consagradas legalmente así como de las posibilidades financieras que garanticen su viabilidad.

J) Fijar los ajustes previstos por el artículo 67 de la Constitución de la República, pudiendo establecer un índice diferente así como índices diferenciales, al igual que adelantos a cuenta de dichos ajustes y asignaciones previsionales extraordinarias con carácter general, en forma racionalmente proporcionada a las posibilidades económicas del Instituto, procurando satisfacer las necesidades reales del beneficiario.

El establecimiento de un índice diferente o índices diferenciales, de adelantos a cuenta de los ajustes y de asignaciones extraordinarias, solo se podrán determinar y otorgar, cada vez, previo estudio técnico de que no se afectará el cumplimiento de las prestaciones consagradas legalmente así como de las posibilidades financieras que garanticen su viabilidad.

El porcentaje resultante de la aplicación de índices diferentes o diferenciales no podrá superar, en cada caso, en un 30% (treinta por ciento) al mínimo que corresponda por el procedimiento establecido en la disposición constitucional referida.

Asimismo, el importe anual en que se aumenten las prestaciones por aplicación de estos índices, no podrá exceder el 10% (diez por ciento) del incremento del fondo de invalidez, vejez y sobrevivencia producido en el ejercicio civil anterior, expresado en moneda de valor constante.

K) Celebrar convenios en materia de seguridad social con otros organismos nacionales o extranjeros.

L) Establecer regímenes de cancelación de adeudos generados por aportes, que aseguren convenientemente los servicios de amortización e interés y la actualización del monto adeudado.

LL) Delegar las atribuciones que entendiere pertinentes.

Las resoluciones relativas a los casos previstos por los literales G) y J) requerirán cinco votos conformes y las referentes a los literales H), I), L) y LL), seis votos conformes. Las atribuciones referidas a los literales indicados en este inciso son indelegables.

Artículo 13.- El Directorio solo podrá sesionar válidamente con la asistencia mínima de cinco miembros y sus resoluciones se adoptarán por simple mayoría, salvo disposición en contrario.

Artículo 14.- Las resoluciones del Directorio serán notificadas personalmente al interesado en las oficinas de la Caja o en el domicilio constituido o conocido.

También podrá practicarse la notificación citándose al interesado por telegrama colacionado para que concurra a la oficina dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de darlo por notificado. En el telegrama deberá individualizarse el expediente y citarse la presente disposición; su costo deberá ser reintegrado por el interesado dentro del mismo plazo o en el acto de notificarse.

Si el interesado no tuviere domicilio conocido en el país se le citará mediante tres publicaciones en el Diario Oficial para que concurra a notificarse en la oficina dentro del plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de la última publicación, bajo apercibimiento de darlo por notificado.

En las publicaciones deberá individualizarse el expediente y citarse la presente disposición; su costo deberá ser reintegrado por el interesado dentro del mismo plazo o en el acto de notificarse.

Artículo 15.- La falta de asistencia a cinco sesiones consecutivas o diez alternadas durante el año civil, sin licencia concedida o causa justificada a juicio del Directorio por cinco votos conformes, producirá el cese del miembro electo omiso y se convocará al suplente respectivo.

Si se tratare de los miembros designados por los Poderes Públicos, se convocará al suplente respectivo dando cuenta a aquellos de la omisión de sus respectivos representantes, estándose a lo que estos Poderes resuelvan en definitiva, a cuyos efectos dispondrán de un plazo de noventa días para expedirse. De no hacerlo en dicho plazo, automáticamente se producirá el cese del miembro omiso. Si el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial deciden remover a su representante, continuará en el desempeño del cargo el suplente respectivo, salvo que designen un nuevo miembro sustituto.

Artículo 16.- Toda resolución violatoria de la Constitución, leyes o reglamentos, importará la responsabilidad personal y solidaria de los miembros del Directorio.

Quedan exentos de esta responsabilidad:

A) Quienes hubieran hecho constar en el acta el voto negativo y su fundamento.

B) Los ausentes de la sesión en que se adoptó la resolución ilegítima, siempre que, en la primera sesión ordinaria posterior, a la que asistan, formulen la constancia prevista en el literal anterior.

En el caso de voto negativo por razones de legitimidad, quedará en suspenso la resolución y dentro de los dos días hábiles siguientes a la sesión en que se aprobó el acta, el Secretario del Directorio, sin necesidad de previa resolución, elevará al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, testimonio del acta respectiva y los antecedentes que existieren. Si dicho Poder no se expidiera dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción del acta, la resolución del Directorio quedará firme y se cumplirá sin más trámite.

CAPÍTULO II

DE LA IMPUGNACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

Artículo 17.- Las resoluciones del Directorio podrán ser impugnadas por razones de mérito o legitimidad mediante recurso de revocación ante el mismo órgano, dentro del plazo de veinte días corridos a contar desde el siguiente al de la notificación.

El recurso solo podrá ser interpuesto por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por la resolución impugnada.

Artículo 18.- Interpuesto el recurso, el Directorio dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver, configurándose denegatoria ficta por el solo vencimiento del plazo.

Artículo 19.- Denegado el recurso, el ocurrente podrá deducir solamente por razones de legitimidad, demanda de anulación contra la resolución impugnada ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil que correspondiere, dentro del término de veinte días corridos siguientes al de la notificación de la denegatoria expresa o al momento en que se verificó la denegatoria ficta.

Artículo 20.- El Tribunal dará traslado de la demanda a la Caja Notarial de Seguridad Social, la que deberá evacuarlo con la remisión de los antecedentes administrativos relativos al caso, siguiéndose el procedimiento estatuido por los artículos 338 a 343 del Código General del Proceso.

El Tribunal, que fallará en única instancia, resolverá anulando total o parcialmente, o confirmando la resolución impugnada.

Artículo 21.- A petición de parte y previa vista por el término de seis días a la Caja Notarial de Seguridad Social, el Tribunal podrá disponer la suspensión transitoria, total o parcial, de la ejecución de la resolución impugnada, siempre que esta fuera susceptible de causar un perjuicio grave, de difícil reparación o irreparable, en caso de dictarse ulteriormente un fallo anulatorio.

Artículo 22.- Mientras transcurren los términos del recurso y la acción anulatoria, el reclamante tendrá derecho a la prestación que se le hubiere otorgado, sin perjuicio de la reliquidación que corresponda según el fallo emitido.

Artículo 23.- Será competente la Justicia del trabajo en todas las reclamaciones que se originen por conflictos individuales emergentes de la relación laboral entre la Caja Notarial de Seguridad Social y sus empleados".

¾ ¾ Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Título II.

(Se vota)

——Ochenta y uno en ochenta y dos: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el Título III, "Del patrimonio y los recursos", que comprende los artículos 24 a 42, inclusive.

(Texto del título:)

"TÍTULO III

DEL PATRIMONIO Y LOS RECURSOS

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 24.- El patrimonio de la Caja se integra con:

A) Los bienes, créditos, derechos y acciones que posee actualmente o adquiera en el futuro.

B) Las contribuciones por Montepío Notarial de afiliados y patronos.

C) Las contribuciones al "Fondo Sistema Notarial de Salud".

D) Las rentas, intereses y beneficios de sus actividades, inversiones y reservas.

E) El producido de sanciones, multas, recargos e intereses que correspondan.

F) Los bienes, recursos y contribuciones que por cualquier título reciba.

Artículo 25.- Los gastos de administración del sistema de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, no podrán insumir más de un 7% (siete por ciento) de las entradas brutas anuales.

Artículo 26.- El Directorio remitirá al Poder Ejecutivo dentro de los noventa días siguientes al cierre de cada ejercicio, una memoria completa e ilustrativa de la situación del Instituto, acompañada de los estados, balances, tasas de rentabilidad de sus inversiones y datos complementarios pertinentes. El Poder Ejecutivo recabará la auditoría externa del Tribunal de Cuentas y remitirá a la Caja el informe que produzca, así como la recomendación de las medidas que crea convenientes, debiendo esta dar cuenta de las resoluciones adoptadas.

Artículo 27.- El Directorio hará practicar cada cinco años o antes de ese plazo si lo cree necesario o a solicitud del Poder Ejecutivo, el estudio de la situación actuarial y financiera de la Caja y lo cursará a este último.

Dicho Poder comunicará a la Caja las consideraciones que le merezca, acompañando los estudios e informes que hubiere recabado y la recomendación de las medidas que crea convenientes, debiendo esta dar cuenta de las resoluciones adoptadas.

Artículo 28.- La Caja, con los saldos de fondos del sistema de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (contribuciones previstas en el literal B) del artículo 24 de la presente ley menos prestaciones y gastos de administración), generados a partir de la vigencia de esta ley, solo podrá realizar las inversiones previstas en el artículo 123 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995 y sus modificativas, con los mismos criterios, calificaciones, límites y condiciones establecidos por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las mismas. Idéntico destino tendrá el producido de las precedentes inversiones. No serán de aplicación los períodos de reducción e incremento del porcentaje de inversiones previstos en los penúltimo y antepenúltimo incisos del referido artículo, correspondiendo aplicar desde el inicio los porcentajes definitivos fijados para la finalización de los mismos.

Asimismo, luego de realizar sus servicios, las inversiones previstas en el inciso anterior y las reservas que la prudencia aconseje, podrá colocar los saldos de fondos en:

A) Adquisición de títulos o valores de cualquier índole emitidos por el Estado o cualesquiera de los organismos que lo integran, incluidos los previstos por el artículo 144 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, y colocaciones bancarias en moneda nacional o extranjera.

B) Adquisición de inmuebles y construcción de edificios o mejoras en los mismos.

C) Préstamos a afiliados y escribanos, para vivienda o con otra finalidad social, siempre que en el primer destino se constituya garantía hipotecaria y en ambos se aseguren convenientemente los servicios de amortización e interés y la actualización del capital mutuado. La Caja Notarial podrá obtener apoyo técnico y financiero de organismos nacionales o extranjeros para la realización de estos planes.

D) Realización de otras inversiones, ya sea en forma autónoma o mediante todo tipo de figuras asociativas, siempre y cuando ofrezcan convenientes niveles de rentabilidad y seguridad y no superen en cada caso el 5% (cinco por ciento) del total de las inversiones. Para realizar estas inversiones se requerirán seis votos conformes.

  El Poder Ejecutivo controlará el cumplimiento de las normas relativas a inversiones, pudiendo delegar dicha fiscalización en el Banco Central del Uruguay.

  La Caja deberá enviar anualmente al domicilio de cada uno de sus afiliados la información referida a las inversiones realizadas y a su rendimiento, de acuerdo a las normas que establezca el Poder Ejecutivo o el Banco Central del Uruguay, en su caso.

Artículo 29.- El monto imponible para las contribuciones de los sujetos pasivos está constituido por los honorarios íntegros devengados a la fecha de la actuación notarial, de conformidad con el Arancel Oficial de la Asociación de Escribanos del Uruguay vigente a la fecha de promulgación de la presente ley o sus modificaciones que impliquen exclusivamente la inclusión de actuaciones no previstas en el mismo; ello, con total prescindencia de la renuncia o reducción de los mismos que esté autorizado a hacer el escribano; los fictos complementarios; los sueldos o salarios reales o fictos; los subsidios servidos por esta Caja y las asignaciones de pasividad.

A los efectos de las contribuciones de los escribanos en actividad, no se tomarán en cuenta los aumentos del monto imponible de la materia gravada o de las alícuotas aplicables del Arancel y sus modificaciones referidos en el inciso anterior, sin perjuicio de las actualizaciones monetarias que correspondieran.

Artículo 30.- La tasa de aportación personal jubilatoria (montepío) de los afiliados escribanos activos sobre todas las asignaciones computables en actividades amparadas por la Caja Notarial de Seguridad Social, será del 15,5% (quince y medio por ciento).

El Directorio de la Caja podrá disminuir la tasa cuando la situación de la Institución y las proyecciones actuariales y financieras lo permitan.

Artículo 31.- La tasa de aportación personal jubilatoria (montepío) de los afiliados empleados activos sobre todas las asignaciones computables en actividades amparadas por la Caja Notarial de Seguridad Social, será del 15% (quince por ciento) y regirá desde el primer día del mes siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley.

Artículo 32.- A efectos de la cobertura del aumento de las aportaciones personales de los afiliados empleados dispuesto en el artículo anterior, se incrementarán sus remuneraciones sujetas a montepío en el porcentaje necesario a fin de que sean equivalentes a las líquidas vigentes con anterioridad a dicha fecha, calculadas sobre las retribuciones reales o fictas. Dicho incremento será obligatorio desde el primer día del mes siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley.

Se entiende por remuneraciones líquidas, las nominales o fictas menos los aportes personales jubilatorios, las contribuciones al "Fondo Sistema Notarial de Salud" y los impuestos que graven a aquellas.

Artículo 33.- El aporte patronal que devengue la actividad de los afiliados empleados será el 10% (diez por ciento) calculado sobre las remuneraciones fijadas administrativamente o por convenio colectivo, o sobre las reales percibidas si fueren superiores.

El patrono será agente de retención del aporte del empleado. En caso de que la parte empleadora esté constituida por más de un escribano, los mismos responderán solidariamente por las obligaciones para con la Caja.

Artículo 34.- Cuando los afiliados comprendidos en el literal A) del artículo 43 de la presente ley, no alcancen a satisfacer en el año civil una suma equivalente a la que resulte de la aplicación de la tasa fijada por el artículo 30 de la presente ley, sobre el monto anual de la jubilación mínima que fije el Directorio por la causal común, deberán completar la aportación hasta la suma concurrente, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 35 de la presente ley.

No obstante lo dispuesto por el inciso anterior, el Directorio podrá reducir aquella suma, así como establecer proporciones diferentes de aportación mínima o fraccionar su pago, atendiendo a la antigüedad en la afiliación, la situación económico-financiera del Instituto y el nivel de la actividad profesional.

Artículo 35.- Denomínase "Fondo Sistema Notarial de Salud" al "Fondo de Subsidio por Enfermedad" creado por el artículo 111 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960.

Los afiliados a la Caja Notarial de Seguridad Social deberán aportar con afectación específica al "Fondo Sistema Notarial de Salud", el 3% (tres por ciento) de los honorarios nominales que correspondan a los efectos de la aportación conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de la presente ley, o fictos complementarios, o de los montos nominales de sueldos o pasividades, o subsidios, según corresponda de acuerdo a las diferentes categorías.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, en el caso de afiliados jubilados y afiliados escribanos activos, el referido aporte tendrá un monto mínimo mensual o su acumulado anual, respectivamente, que establecerá el Directorio en función de las necesidades de financiamiento del "Fondo Sistema Notarial de Salud", y que no podrá exceder el monto de la cuota mutual mensual y sus adicionales o su acumulación anual, calculados de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 337 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992 y decretos reglamentarios.

Los recursos provenientes del Fondo referido serán exclusivamente destinados para cumplir con lo dispuesto por los incisos final del artículo 111 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960 y primero del artículo 88 de la presente ley.

La tasa prevista por el inciso segundo regirá, para los afiliados jubilados y empleados, a partir del primer día del mes siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley.

Artículo 36.- Conjuntamente con el pago del aporte patronal, el empleador deberá cubrir con destino al "Fondo Sistema Notarial de Salud", la diferencia que pudiera existir entre las contribuciones a dicho Fondo a cargo de sus empleados y el monto mínimo mensual establecido de conformidad con el inciso tercero del artículo anterior, multiplicado por el número de dependientes beneficiarios.

Artículo 37.- Los escribanos, en todos los actos relativos al ejercicio profesional, deberán utilizar Papel Notarial de actuación de las características establecidas por la Suprema Corte de Justicia en razón de la superintendencia que ejerce sobre el notariado nacional, y la Caja Notarial tendrá su administración, impresión y distribución.

Artículo 38.- La autoridad competente no rubricará protocolos de escribanos, sin que se acredite el pago del Montepío Notarial y contribuciones al "Fondo Sistema Notarial de Salud", correspondientes a todas las actuaciones registrales anteriores.

Artículo 39.- Las oficinas públicas y los escribanos no admitirán documentos notariales extrarregistrales, ni testimonios o certificados finales de actuaciones de jurisdicción voluntaria con intervención notarial, de los cuales no surja la constancia de pago del aporte a la Caja Notarial y su monto.

Artículo 40.- El Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y demás personas públicas, no abonarán a los escribanos retribución alguna sin la exhibición de un certificado expedido por la Caja que acredite hallarse en situación regular de pagos. Este certificado tendrá vigencia anual.

Facúltase al Directorio de la Caja a reglamentar la implementación de la presente disposición.

Artículo 41.- Los testimonios de las resoluciones firmes del Directorio de la Caja Notarial de Seguridad Social, asentadas en actas y relativas a deudas por contribuciones de seguridad social de sus afiliados, constituyen títulos ejecutivos siempre que cumplan con los requisitos previstos por el artículo 92 del Código Tributario.

Artículo 42.- En los juicios ejecutivos por cobro de las deudas a que refiere el artículo anterior, no se requerirá previamente intimación de pago ni citación a conciliación y solo serán admisibles las excepciones de inhabilidad del título, falta de legitimación pasiva, nulidad de la resolución declarada conforme a lo previsto por esta ley, extinción de la deuda, espera concedida con anterioridad al embargo y las previstas por el artículo 133 del Código General del Proceso".

¾ ¾ Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Título III.

(Se vota)

——Ochenta y uno en ochenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el Título IV, "De los afiliados", que comprende los artículos 43 a 50, inclusive.

(Texto del título:)

"TÍTULO IV

DE LOS AFILIADOS

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 43.- Están obligatoriamente afiliados a la Caja Notarial de Seguridad Social:

A) Los escribanos públicos que ejerzan la profesión, desempeñando efectivamente actividad notarial particular.

  No son amparables los servicios consistentes en desempeñar actividades notariales como funcionarios en cualquier oficina pública estatal.

B) Los empleados de los escribanos comprendidos en el literal anterior siempre y cuando no revistan la calidad de cónyuges del patrono.

C) Los cónyuges de escribano, que en forma personal y habitual colaboren con este, secundándolo en las tareas propias de su profesión (cónyuge colaborador).

D) El personal de las asociaciones gremiales de afiliados al Instituto que tengan personalidad jurídica.

E) Los empleados de la Caja que desempeñen tareas vinculadas directa o principalmente con el funcionamiento de sus servicios administrativos.

F) Los jubilados de la propia Caja.

Artículo 44.- Por empleados de escribanía se entiende exclusivamente aquellos que colaboran con el escribano en las tareas propias de su profesión.

El patrono está obligado a denunciar a la Caja la afiliación de sus empleados dentro de los treinta días siguientes al comienzo de la relación laboral.

Artículo 45.- No serán afiliables al Instituto las personas que este ocupe en la explotación de sus inversiones o para la prestación efectiva de servicios de salud, cuya afiliación se regirá por las leyes que amparen las actividades respectivas.

Artículo 46.- Los servicios amparados por esta ley se computan por el tiempo calendario que medie entre la iniciación y la desvinculación o cese, incluyéndose los lapsos de goce de subsidio, así como los de inactividad en los que no pueda determinarse la configuración de cese y posterior reingreso.

El Directorio apreciará con arreglo a la naturaleza de la actividad de que se trate, el total de los servicios computables.

Solo se computarán aquellos servicios por los cuales exista aportación con paga efectiva, no siendo de aplicación a estos efectos los restantes modos de extinción de las obligaciones.

Artículo 47.- Son computables los servicios prestados por los afiliados a partir de los dieciocho años de edad. Los prestados antes de los dieciocho y desde los quince años de edad solo serán computados cuando la actividad esté habilitada legalmente para ejercerse a tal edad, siempre que se hubieren registrado contemporáneamente ante el organismo correspondiente.

En el caso de los dependientes, el amparo no será afectado por eventuales infracciones del empleador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50 de la presente ley.

Artículo 48.- El período de tiempo en que el afiliado activo estuviere suspendido en el ejercicio de sus funciones, será computable toda vez que fuere absuelto de culpa y pena por la Justicia o se acordare sobreseimiento de la causa.

Artículo 49.- La prueba de los servicios se efectuará mediante registros y documentos notariales, documentación laboral fehaciente y demás medios probatorios admitidos por el ordenamiento jurídico.

El Directorio reglamentará el procedimiento probatorio pudiendo recabar de oficio las probanzas que estime pertinentes.

En caso de proceder la declaración de testigos fuera del departamento de Montevideo, la Caja podrá solicitar por exhorto a los Juzgados competentes que practiquen su diligenciamiento.

Artículo 50.- Los servicios de los afiliados a la Caja Notarial de Seguridad Social prestados con anterioridad a la implementación de la historia laboral (1º de marzo de 1942), se reconocerán cuando sean acreditados mediante prueba documental tanto en los años de actividad como en el monto computable y en el caso de los trabajadores no dependientes, las aportaciones correspondientes.

Los servicios prestados con anterioridad a la vigencia de la presente ley podrán denunciarse dentro del plazo de dos años contados a partir de su entrada en vigor.

No obstante, en el caso de servicios de empleados, estos podrán denunciarse dentro del plazo de dos años contados a partir del cese de la relación laboral de que se trate.

Vencidos tales plazos, no se admitirá denuncia alguna.

Las aportaciones a que se refiere el presente artículo se efectuarán con las actualizaciones que correspondan".

¾ ¾ Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Título IV.

(Se vota)

——Ochenta y dos en ochenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el Título V, "Del sistema previsional", que comprende los artículos 51 a 77.

(Texto del título:)

"TÍTULO V

DEL SISTEMA PREVISIONAL

CAPÍTULO I

DE LAS PRESTACIONES

Artículo 51.- Las prestaciones por vejez, invalidez y sobrevivencia, a cargo de la Caja Notarial de Seguridad Social, son las jubilaciones, los subsidios por enfermedad y por expensas funerarias, y las pensiones.

CAPÍTULO II

DE LAS JUBILACIONES

Artículo 52.- Según la causal que la determine, la jubilación puede ser:

A) Jubilación común.

B) Jubilación por incapacidad total.

C) Jubilación por edad avanzada.

Artículo 53.- Para configurar causal de jubilación común, se exigirán los siguientes requisitos:

1) Sesenta años de edad y un mínimo de treinta y cinco años de servicios, o

2) Sesenta años de edad y un mínimo de treinta años de servicios, computándose a estos efectos exclusivamente los prestados en actividades amparadas por la Caja Notarial de Seguridad Social. En caso de que no se reúna el mínimo referido de tales servicios, se exigirá el previsto en el numeral anterior.

  Las causales se configurarán aun cuando los mínimos de edad requeridos se alcancen con posterioridad a la fecha del cese en la actividad.

Artículo 54.- Tienen derecho a jubilación por incapacidad los afiliados que se incapaciten en forma absoluta y permanente, para todo trabajo o para el empleo o profesión habitual, siempre que la incapacidad sobrevenga en actividad o en períodos de inactividad compensada.

Cuando aquella sobrevenga después del cese en las situaciones previstas precedentemente, se tendrá derecho siempre que se haya computado diez años de servicios amparados por la Caja como mínimo y no se fuere beneficiario de otra jubilación o retiro.

El grado de severidad de la incapacitación que dé mérito a la concesión de esta jubilación se establecerá atendiendo a la naturaleza de la actividad de que se trate, a los baremos aprobados para los afiliados al Banco de Previsión Social y al porcentaje de invalidez fijado por el Poder Ejecutivo para la incapacidad absoluta para todo trabajo.

Artículo 55.- Cuando se determine la existencia de una incapacidad absoluta y permanente se establecerá si el afiliado debe someterse a exámenes médicos periódicos practicados por los servicios que el Directorio indique.

El beneficiario deberá necesariamente presentarse a dichos exámenes y la ausencia injustificada a los mismos, aparejará la inmediata suspensión de la prestación.

Esta dejará también de servirse, si al practicarse los exámenes periódicos dispuestos se constatare el cese de la incapacidad, salvo que el beneficiario contara con la edad mínima para configurar causal común.

Artículo 56.- La causal de jubilación por edad avanzada se configura al cumplir setenta años, siempre que no se cuente con causal de jubilación común y se acrediten quince años de servicios reconocidos, se encuentre o no en actividad a la fecha de configuración de tal causal.

La jubilación por edad avanzada es incompatible con cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo la prestación que provenga del régimen general de jubilación por ahorro individual.

No obstante en el caso de afiliados en actividad a la fecha de promulgación de la presente ley que, a la misma fecha, fueren beneficiarios de prestación de jubilación por la causal común servida por el Banco de Previsión Social y tuvieren en el caso de las mujeres cincuenta y nueve o más años de edad y en el caso de los hombres sesenta o más años de edad podrán, cuando acrediten quince años de servicios reconocidos, acceder a la prestación de jubilación por edad avanzada, la que será únicamente compatible con la referida jubilación del Banco de Previsión Social y con la prestación que provenga del régimen general de jubilación por ahorro individual.

CAPÍTULO III

DEL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD

Artículo 57.- Los afiliados en actividad que se enfermaren o incapacitaren temporariamente y en forma severa para el trabajo, mientras persistan dichas causales, percibirán mensualmente un subsidio equivalente al 70% (setenta por ciento) del promedio mensual actualizado de las asignaciones computables del último trienio. Dicha actualización se hará hasta el mes inmediato anterior al comienzo de la incapacitación, de acuerdo al Indice General de los Precios del Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

El subsidio mensual no podrá ser superior al 70% (setenta por ciento) del sueldo básico jubilatorio máximo previsto por esta ley, es incompatible con el ejercicio profesional, con el goce de subsidio por maternidad y toda remuneración a cargo del empleador, y se servirá por un plazo que no excederá de tres años.

No se tendrá derecho a este beneficio cuando se trate de enfermedades crónicas cuyo origen sea anterior a la afiliación a la Caja o que incapacitaren por un período inferior a treinta días.

El derecho a este beneficio se configurará una vez transcurridos tres años contados a partir de la registración de la afiliación.

Facúltase al Directorio de la Caja Notarial de Seguridad Social, atendiendo a la naturaleza de la actividad de que se trate y a los baremos aprobados para los afiliados al Banco de Previsión Social y pautas médicas generalmente aceptadas, para que establezca el grado de severidad de la incapacitación que dé mérito a la concesión de este subsidio.

Si el subsidio por enfermedad se solicita dentro del plazo de sesenta días del acaecimiento de la incapacidad, se devengará desde la iniciación de la misma. Si se presentare fuera del mencionado plazo, se devengará desde la fecha de la solicitud.

CAPÍTULO IV

DE LAS PENSIONES

Artículo 58.- Los afiliados activos, cualquiera sea el tiempo de servicios acreditados y los afiliados que se encuentren en goce de pasividad o hubieren perdido tal derecho según el artículo 75 de la presente ley, causan pensión ante el acaecimiento de los siguientes hechos:

A) La muerte o declaración judicial de ausencia, sin perjuicio de que los presuntos causahabientes puedan solicitar la liquidación provisoria de la pensión desde que esté configurada la presunción judicial de ausencia.

B) La desaparición en un siniestro o hecho conocido de manera pública y notoria que haga presumir la muerte, previa información sumaria.

  La pensión caducará, pudiéndose ordenar la devolución de lo pagado a juicio del órgano competente, desde el momento en que el causante apareciere con vida o no se obtuviera la declaración de ausencia dentro de los dos años siguientes a la fecha en que esta pudo solicitarse.

Artículo 59.- También causará pensión el afiliado desocupado que:

A) Fallezca durante el período de amparo al régimen de prestaciones por desempleo, en caso de que éstas existan, o dentro de los doce meses inmediatos siguientes al cese de dicha prestación o al de la actividad, cuando no tuviere derecho a aquel.

B) Fallezca después del cese en la actividad y no se encuentre comprendido en las situaciones previstas en el literal anterior, siempre que compute como mínimo diez años de servicios amparados por la Caja y sus causahabientes no fueren beneficiarios de pensión generada por el mismo causante.

Artículo 60.- Siempre que al momento de configuración de la causal no se hallaren en situación de desheredación o indignidad para suceder, tienen derecho a pensión las siguientes personas:

A) Las personas viudas.

B) Los hijos solteros mayores de dieciocho años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo y los hijos solteros menores de veintiún años de edad excepto cuando se trate de mayores de dieciocho años de edad que dispongan de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

C) Los padres absolutamente incapacitados para todo trabajo.

D) Las personas divorciadas.

El derecho a pensión de los hijos se configurará en el caso de que su padre o madre no tengan derecho a pensión, o cuando estos, en el goce del beneficio, fallezcan o pierdan el derecho por cualquiera de los impedimentos establecidos legalmente.

Artículo 61.- El derecho de los beneficiarios quedará sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones:

A) Las personas divorciadas, siempre que no fueran declaradas culpables y acrediten además que, a la fecha de configurada la causal, eran beneficiarias de pensión alimenticia decretada u homologada judicialmente y servida por el causante.

B) Los hijos solteros mayores de veintiún años y los padres, absolutamente incapacitados para todo trabajo, siempre que acrediten además, que carecen de medios de vida que les permitan subvenir a su sustento, el que debió estar a cargo del causante en forma total o principal.

C) Los hijos adoptivos o los padres adoptantes, en todo caso, siempre que prueben, además de lo que se establece en el literal anterior, que han integrado de hecho un hogar común con el causante y convivido en su morada constituyendo con el mismo una unidad moral y económica similar a la de la familia, y que esta situación fuese notoria y preexistente, por lo menos en cinco años a la fecha de configurarse la causal, aun cuando el cumplimiento de las formalidades legales de adopción fuese más reciente. Cuando la causal pensionaria se opere antes de que el adoptado haya cumplido los diez años de edad, se exigirá como mínimo que haya convivido con el causante la mitad de su edad a dicha fecha.

  Esta pensión es incompatible con la causada por vínculo de consanguinidad, pudiendo optar el interesado por una u otra.

Artículo 62.- Tratándose de personas viudas que tengan cuarenta o más años de edad a la fecha de fallecimiento del causante, o que cumplan esa edad gozando del beneficio de la pensión, la misma se servirá durante toda su vida.

Las personas divorciadas que cumplan con los requisitos establecidos en este artículo, gozarán igualmente de la pensión durante toda su vida, salvo que se configuren respecto de las mismas las causales de pérdida de la prestación que se establecen en el artículo 69 de la presente ley.

En el caso de que las personas viudas o divorciadas tengan entre treinta y treinta y nueve años de edad a la fecha del fallecimiento del causante, la pensión se servirá por el término de cinco años y por el término de dos años, cuando los mencionados beneficiarios sean menores de treinta años de edad a dicha fecha.

Los límites de prestación de la pensión a que hace referencia el inciso anterior no regirán en los casos que:

A) El beneficiario estuviese total y absolutamente incapacitado para todo trabajo.

B) Integren el núcleo familiar del beneficiario hijos solteros menores de veintiún años de edad, en cuyo caso la pensión se servirá hasta que estos alcancen dicha edad una vez cumplidos los términos del inciso tercero, excepto cuando se trate de mayores de dieciocho años de edad que dispongan de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

C) Integren el núcleo familiar del beneficiario hijos solteros mayores de dieciocho años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo.

CAPÍTULO V

DETERMINACIÓN DEL MONTO Y DEMÁS CONDICIONES DE LAS PRESTACIONES

Artículo 63.- El sueldo básico jubilatorio se calculará obteniendo el promedio mensual resultante de la actualización de las asignaciones computables, mensuales o anuales, considerándose:

a) en el caso de afiliados escribanos, los treinta años de mejores asignaciones computables actualizadas, por servicios registrados en su historia laboral, en la forma que reglamente el Directorio;

b) en el caso de afiliados empleados, los diez últimos años de servicios registrados en la historia laboral, limitado al promedio mensual de los veinte años de mejores asignaciones computables actualizadas, por servicios registrados en la historia laboral, incrementado en un 5% (cinco por ciento). Si fuera más favorable para el afiliado, el sueldo básico jubilatorio será el promedio de los veinte años de mejores asignaciones computables actualizadas, por servicios registrados en la historia laboral;

c) en el caso de aquellos con doble afiliación (como escribano y como empleado), que configuren causales jubilatorias por sendas actividades independientemente, el sueldo básico jubilatorio será el resultado de sumar los sueldos básicos previstos por los literales a) y b).

Tratándose de jubilación por incapacidad o de jubilación por edad avanzada, si el tiempo de servicios computado no alcanza al período o períodos de cálculo indicados en los incisos anteriores de este artículo, se tomará el promedio actualizado correspondiente al período o períodos efectivamente registrados.

La actualización se hará hasta el mes inmediato anterior al inicio del servicio de la pasividad, de acuerdo al Indice General de los Precios del Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

Artículo 64.- La asignación de jubilación será:

A) Para la jubilación común, el resultado de aplicar sobre el sueldo básico jubilatorio respectivo, los porcentajes que se establecen a continuación:

1) El 50% (cincuenta por ciento) cuando se reúnan los requisitos mínimos para la configuración de la causal.

2) Se adicionará un 0,5% (medio por ciento) del sueldo básico jubilatorio por cada año que exceda de treinta o de treinta y cinco años de servicios, según el caso (artículo 53 de la presente ley), al momento de configurarse la causal, con un tope del 2,5% (dos y medio por ciento).

3) A partir de los sesenta años de edad, por cada año de edad que se difiera el retiro, después de haberse configurado la causal y hasta los setenta años de edad, se adicionará un 3% (tres por ciento) del sueldo básico jubilatorio por año con un máximo de 30% (treinta por ciento). Si no se hubiera configurado causal, por cada año de edad que supere los sesenta se adicionará un 2% (dos por ciento) hasta llegar a los setenta años de edad, o hasta la configuración de la causal si esta fuera anterior.

  Los porcentajes adicionales establecidos en este numeral en ningún caso se acumularán para un mismo período.

B) Para la jubilación por incapacidad, el 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo básico jubilatorio.

C) Para la jubilación por edad avanzada, el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo básico jubilatorio al configurarse la causal, más el 1% (uno por ciento) del mismo, por cada año que exceda los quince años de servicios, con un máximo del 14% (catorce por ciento).

Artículo 65.- El sueldo básico de pensión será equivalente a la jubilación que le hubiere correspondido al causante a la fecha de configuración de la causal pensionaria, con un mínimo equivalente a la asignación de la jubilación por incapacidad.

Si el causante estuviere ya jubilado el sueldo básico de pensión será la última asignación de pasividad, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 67 de la presente ley.

Artículo 66.- La asignación de pensión será:

A) Si se trata de personas viudas o divorciadas, el 75% (setenta y cinco por ciento) del sueldo básico de pensión cuando exista núcleo familiar, o concurrencia con hijos no integrantes del mismo o padres del causante. En ningún caso la asignación a las personas divorciadas podrá exceder el monto de la pensión alimenticia servida por el causante.

B) Si se trata exclusivamente de la viuda o viudo o hijos del causante, el 66% (sesenta y seis por ciento) del sueldo básico de pensión.

C) Si se trata de hijos en concurrencia con los padres del causante, el 66% (sesenta y seis por ciento) del sueldo básico de pensión.

D) Si se trata exclusivamente de las divorciadas o los divorciados, o padres del causante, el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo básico de pensión.

E) Si se trata de la viuda o viudo en concurrencia con la divorciada o divorciado, sin núcleo familiar, el 66% (sesenta y seis por ciento) del sueldo básico de pensión. Si solo una de las categorías tuviere núcleo familiar, el 9% (nueve por ciento) de diferencia se asignará a esa parte.

Artículo 67.- Ningún sueldo básico podrá superar la suma de $ 25.000 (pesos uruguayos veinticinco mil), no rigiendo para todas las asignaciones resultantes otro tope que no sea el derivado de la aplicación del presente, excepto el sueldo básico previsto por el literal c) del artículo 63 de la presente ley, que podrá exceder este tope hasta en un 30% (treinta por ciento).

Artículo 68.- En caso de concurrencia de beneficiarios, la distribución de la asignación de pensión se efectuará conforme a las siguientes normas:

A) A la viuda o viudo, divorciada o divorciado, con núcleo familiar, en concurrencia con otros beneficiarios, les corresponderá el 70% (setenta por ciento) de la asignación de pensión.

  Cuando concurran con núcleo familiar la viuda o viudo y divorciada o divorciado, la distribución de dicho porcentaje se hará por partes iguales a cada categoría. En el caso de que una sola de las categorías integre núcleo familiar, su cuota parte será superior en un 14% (catorce por ciento) a la del resto de los beneficiarios.

  El remanente de la asignación de pensión se distribuirá en partes iguales entre los restantes copartícipes de pensión.

B) A la viuda o viudo, divorciada o divorciado, sin núcleo familiar, en concurrencia con otros beneficiarios, le corresponderá el 60% (sesenta por ciento) de la asignación de pensión.

  Cuando concurran la viuda o viudo y divorciada o divorciado, la distribución de dicho porcentaje se hará por partes iguales a cada categoría.

  El remanente se distribuirá en partes iguales entre los restantes copartícipes de pensión.

C) En los demás casos, la asignación de pensión se distribuirá en partes iguales.

  En caso de las divorciadas o divorciados en concurrencia con otros beneficiarios, el remanente que pudiera surgir de la aplicación del literal A) del artículo 66 de la presente ley, se distribuirá en la proporción que corresponda a los restantes beneficiarios.

Artículo 69.- El derecho a pensión se pierde:

A) Por contraer matrimonio las personas divorciadas.

B) Por alcanzar los hijos los veintiún años de edad, salvo que acrediten hallarse absolutamente incapacitados para todo trabajo y carecer de medios para subvenir a su sustento, el que debió estar a cargo del causante en forma total o principal.

C) Por recuperar la capacidad antes de los cuarenta y cinco años de edad, cuando la incapacidad fuere requisito del beneficio pensionario.

Artículo 70.- Cuando un beneficiario falleciere o perdiere su derecho a percibir la pensión, se procederá a reliquidar la asignación de pensión si correspondiera, así como a su distribución, de acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores.

Artículo 71.- A los efectos de lo dispuesto en los artículos anteriores, se considera núcleo familiar la sola existencia de hijos solteros del causante, menores de veintiún años de edad o mayores de veintiún años absolutamente incapacitados para todo trabajo.

Artículo 72.- A los efectos de esta ley las referencias a padres e hijos comprenden a ambos sexos y a las calidades legales de legítimos, naturales, adoptantes y adoptivos.

Artículo 73.- Los haberes de jubilación se devengarán a partir del cese de actividad o configuración de la causal si fuere posterior a aquel, y los de pensión desde la configuración de la causal.

No obstante, si la solicitud no se hubiere formulado dentro de los ciento ochenta días de producido el hecho determinante, los haberes se devengarán a partir de la fecha de presentación de aquella.

Artículo 74.- Para recibir la asignación de jubilación o pensión se requiere que haya existido cotización efectiva o ponerse al día únicamente a través de los medios previstos por los artículos 29 a 37 del Código Tributario o por el mecanismo aludido en el literal L) del artículo 12 de la presente ley, con las contribuciones establecidas a favor de la Caja, por los servicios que la generaron, así como el cumplimiento regular de las obligaciones para con el Instituto.

Artículo 75.- El otorgamiento de la jubilación notarial significa el cese del escribano en el ejercicio de sus funciones notariales, sin que le sea permitido continuar en las mismas.

Si infringiere esta prohibición, se le sancionará con la pérdida de hasta el 75% (setenta y cinco por ciento) de la pasividad, durante el período que el Directorio estime conveniente, con un máximo de un año.

La reiteración de la infracción será penada con la pérdida de la pasividad por hasta un máximo de diez años.

El Directorio reglamentará la adjudicación de cierta parte de la retención efectuada, al cónyuge y/o parientes del jubilado que estuvieren a su cargo y carecieren de ingresos.

Si el sancionado optare por el reingreso a la actividad, la sanción aplicada se suspenderá, retomando fuerza y vigor cuando el escribano se acogiera nuevamente a los beneficios jubilatorios.

Artículo 76.- El jubilado podrá renunciar al goce de su pasividad, volviendo al ejercicio de sus funciones.

Si hiciere uso de este derecho, no podrá acogerse de nuevo a la pasividad hasta transcurridos dos años desde la fecha de la renuncia.

CAPÍTULO VI

DEL SUBSIDIO PARA EXPENSAS FUNERARIAS

Artículo 77.- Quien acredite haberse hecho cargo de los gastos del sepelio de un afiliado, tendrá derecho a un subsidio por el importe de los gastos efectivamente realizados, hasta un máximo de $ 4.600 (pesos uruguayos cuatro mil seiscientos). La Caja podrá sustituir dicho subsidio por la prestación directa o por contrato de los servicios funerarios.

Este beneficio es incompatible con la percepción de cualquier otro subsidio para expensas funerarias de otro organismo de seguridad social y deberá ser solicitado dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la fecha de fallecimiento de quien lo causa, vencido el cual caducará".

¾ ¾ Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Título V.

(Se vota)

——Ochenta y uno en ochenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el Título VI, "Régimen de transición", que comprende los artículos 78 a 81, inclusive.

(Texto del título:)

"TÍTULO VI

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 78.- Podrán optar entre quedar comprendidos en el régimen previsional que se deroga o en las disposiciones de la presente ley, los afiliados que, sin ser jubilados, hubiesen configurado causal de jubilación por el régimen legal que se sustituye antes de la vigencia de esta ley, o la configuraren antes del 1º de enero del 2002.

Artículo 79.- Para configurar la causal de jubilación común se requiere, además de los años de servicios, el cumplimiento de una edad mínima, de acuerdo al siguiente detalle:

I) Para el hombre, el cumplimiento de sesenta años de edad.

II) Para la mujer, el cumplimiento de una edad mínima de:

- Cincuenta y seis años a partir del 1º de enero del 2002.

- Cincuenta y siete años a partir del 1º de enero del 2003.

- Cincuenta y ocho años a partir del 1º de enero del 2005.

- Cincuenta y nueve años a partir del 1º de enero del 2006.

  A partir del 1º de enero del 2007 la edad mínima de jubilación de la mujer por la causal común, será de sesenta años.

Artículo 80.- Para configurar causal de jubilación por edad avanzada se requiere:

I) Un mínimo de:

- Once años de servicios, a partir del 1º de enero del 2002.

- Doce años de servicios, a partir del 1º de enero del 2003.

- Trece años de servicios, a partir del 1º de enero del 2005.

- Catorce años de servicios, a partir del 1º de enero del 2006.

  A partir del 1º de enero del 2007 se requerirá un mínimo de quince años de servicios.

II) El cumplimiento de una edad mínima de:

a) Para el hombre, setenta años de edad,

b) Para la mujer:

- Sesenta y seis años a partir del 1º de enero del 2002.

- Sesenta y siete años a partir del 1º de enero del 2003.

- Sesenta y ocho años a partir del 1º de enero del 2005.

- Sesenta y nueve años a partir del 1º de enero del 2006

  A partir del 1º de enero del 2007 se requerirá para la mujer, un mínimo de setenta años de edad para configurar la causal por edad avanzada.

Artículo 81.- Cuando por aplicación de lo dispuesto por el literal A) del artículo 64 de la presente ley, la tasa de reemplazo aplicable resultare inferior al 60% (sesenta por ciento), la misma se elevará hasta dicho porcentaje a partir de la vigencia de esta ley, reduciéndose de acuerdo al siguiente detalle:

- Al 58% (cincuenta y ocho por ciento) a partir del 1º de enero de 2002.

- Al 56% (cincuenta y seis por ciento) a partir del 1º de enero de 2003.

- Al 54% (cincuenta y cuatro por ciento) a partir del 1º de enero de 2005.

- Al 52% (cincuenta y dos por ciento) a partir del 1º de enero de 2006.

  A partir del 1º de enero de 2007, la tasa de reemplazo será la prevista en el artículo 64 de la presente ley".

SEÑOR FALERO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: voy a ser muy breve.

En el Título VI está el artículo 78, respecto del cual, en el día de ayer, el señor Diputado Díaz -en forma absolutamente legítima- planteó una duda que me parece bueno que sea evacuada antes de votar.

Este artículo 78 es prácticamente de rigor en todas las disposiciones en materia jubilatoria cuando se cambia de un régimen a otro y, eventualmente, la persona que tiene causal puede optar por el régimen vigente o por el sustitutivo. En el caso específico de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, el actual régimen permite a los señores escribanos jubilarse con treinta años de trabajo y, en el caso de las señoritas y señoras escribanas, con cincuenta y cinco años de edad. El régimen sustitutivo, que se acomoda al régimen general establecido por la Ley Nº 16.713, introduce una modificación y aumenta en cinco la cantidad de años de trabajo en general y en cinco años la edad de las mujeres profesionales. Por lo tanto, puede suceder que alguien que tenga causal ya constituida, o que la constituya antes del 1º de enero de 2002, esté en situación de optar.

Esto es acomodar el sistema de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones al régimen general. Además, en el caso particular de esta Caja, el feminismo se ha impuesto antes que en el resto del sistema nacional, ya que la enorme mayoría de estos profesionales son mujeres; en ese sentido, la modificación de la cantidad de años de trabajo y de la edad para configurar causal jubilatoria representa un alivio importante para las arcas de la Caja.

No sé si esta explicación ha satisfecho al señor Diputado Díaz.

Es lo que tenía que decir, señor Presidente.

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- La Mesa ruega a los señores Diputados que tomen asiento y hagan silencio.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Título VI.

(Se vota)

——Ochenta en ochenta y uno: AFIRMATIVA.

En discusión el Título VII, "De la materia gravada y de las asignaciones computables", que comprende los artículos 82 y 83.

(Texto del título:)

"TÍTULO VII

DE LA MATERIA GRAVADA Y DE LAS ASIGNACIONES COMPUTABLES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 82.- Todas las asignaciones computables a los efectos de las prestaciones, constituyen materia gravada por las contribuciones establecidas en favor de la Caja.

En caso de que una determinada asignación o partida resulte, según el período gravada o no y modifique tal naturaleza, la misma será computable solo por los períodos y montos en los que haya constituido materia gravada.

Artículo 83.- Son asignaciones computables los honorarios nominales que correspondan a los efectos de la aportación conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de la presente ley, los honorarios fictos correspondientes a complementos por aportes mínimos, los subsidios y los sueldos o salarios, reales o fictos".

——Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Título VII.

(Se vota)

——Ochenta y uno en ochenta y dos: AFIRMATIVA.

En discusión el Título VIII, "Disposiciones generales", que comprende los artículos 84 a 97, inclusive.

(Texto del título:)

"TÍTULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 84.- Las asignaciones de jubilación, pensión o subsidio son inalienables e inembargables, y toda venta o cesión que se hiciere de ellas, cualquiera fuere su causa, será nula, salvo los casos de excepción establecidos legalmente.

No obstante, a los efectos previstos en el artículo 74 de la presente ley, podrán destinarse asignaciones jubilatorias o pensionarias, devengadas o futuras, a la cancelación de las contribuciones establecidas en favor de la Caja.

Artículo 85.- Cuando los beneficiarios no cumplieran con las obligaciones a su cargo o con los deberes formales que les sean impuestos, podrán ser suspendidos en el goce de las prestaciones hasta tanto regularicen su situación.

Artículo 86.- Es incompatible el goce de jubilación acordada por el Instituto, con el ejercicio de actividades amparadas por el mismo.

Todo jubilado en cuya pasividad se hayan computado servicios amparados por otros organismos de seguridad social, no podrá trabajar en actividades de la misma inclusión que las acumuladas, salvo que refieran al ejercicio de cargos docentes.

Artículo 87.- Se podrá efectuar acumulación de servicios para configurar causal de jubilación, retiro o pensión ante cualquier organismo de seguridad social, los que no podrán ser utilizados para otra pasividad.

Para que la acumulación proceda, se requiere:

a) que el titular haya cesado en todas las actividades que integren la acumulación;

b) que en ninguno de los organismos que amparan los servicios objeto de la acumulación, se haya configurado la causal de que se trate en forma independiente;

c) la aptitud para configurar la causal, considerando la edad del beneficiario y la totalidad del tiempo de los servicios que se pretende acumular, en cada organismo de amparo de actividad, a cuyos efectos los de carácter simultáneo se considerarán como un único período computable;

d) la inclusión de la totalidad de los servicios computados por las actividades que se desean acumular;

En el caso de los servicios bonificados, la bonificación solamente se considerará con relación al período de servicios, para la configuración de causal y determinación de la tasa de reemplazo. No obstante, respecto de la entidad que amparó dicha bonificación, esta se considerará a todos los efectos.

A los efectos de determinar la pasividad, cada organismo calculará la cuota parte de la pasividad que le corresponda y que abonará al que deba servirla.

Para efectuar dicho cálculo cada entidad determinará el monto de la asignación ficta de pasividad que le hubiere correspondido servir, como si todos los años de servicios acumulados se hubieran prestado bajo su amparo, aplicando su propio régimen de cálculo de sueldos básicos, tasas de reemplazo y máximos de asignaciones de pasividad.

La actualización de las asignaciones computables se realizará hasta el mes anterior al del inicio del servicio de pasividad.

No obstante, para el cálculo del sueldo básico no se considerarán las asignaciones computables correspondientes a servicios totales inferiores a un año, en cuyo caso no devengará derecho a prestación en el organismo de amparo de esta actividad.

Obtenido el monto de su respectiva asignación ficta, cada organismo calculará su cuota parte prorrateándola de acuerdo al tiempo de servicios que amparó.

La pasividad resultante se regirá y servirá por el organismo cuya cuota parte fuera mayor, equivaldrá a la suma de todas las cuotas de todos los organismos involucrados y no podrá superar la asignación ficta que le hubiere correspondido en el organismo que deba abonar la prestación. A estos efectos, la totalidad de las cuotas partes se reducirá proporcionalmente a su respectiva contribución, si correspondiere.

Los restantes organismos abonarán al organismo que debe servir la prestación, en la forma y oportunidades que determine la reglamentación, el valor total de las cuotas partes que les hubiere correspondido servir durante toda la vida del beneficiario y por los derechos pensionarios que este pudiera causar, estimado en base a cálculos actuariales que se realicen considerando las tablas de mortalidad y las tasas de interés actuarial fijadas por el Banco Central del Uruguay para las prestaciones del régimen de ahorro voluntario previsto por la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995.

El goce de la totalidad del beneficio está condicionado, para los períodos que establezca la reglamentación, a que todos los organismos hayan efectuado la correspondiente versión de su cuota parte, en consonancia con el inciso anterior.

A partir de la vigencia de la presente ley no se aceptarán traspasos de servicios de acuerdo al régimen que se sustituye por el establecido en este artículo.

El presente artículo será reglamentado por el Poder Ejecutivo dentro del plazo de ciento ochenta días a partir de la vigencia de la presente ley.

Artículo 88.- La Caja podrá contratar o prestar directamente los servicios tendientes a la cobertura de contingencias relativas a la salud de sus afiliados.

De acuerdo a las posibilidades económicas del "Fondo Sistema Notarial de Salud", el Directorio podrá disponer la participación de los beneficiarios en los costos de los servicios referidos, así como reglamentar la extensión de dichos beneficios a familiares de sus afiliados y a los escribanos no afiliados, mediante el pago de cuotas que no podrán superar el costo respectivo, siendo facultativa la adscripción de estos beneficiarios.

Artículo 89.- La Caja Notarial de Seguridad Social podrá actuar como agente recaudador de ahorros voluntarios de sus afiliados destinados a fondos de ahorros previsionales radicados en el país. En estos casos la Caja podrá percibir una comisión por recaudación y convenir con empleadores de sus afiliados la forma de retención de esos ahorros voluntarios en forma similar a la establecida en la Ley Nº 15.890, de 27 de agosto de 1987, modificativas y concordantes.

La comisión estará exonerada del impuesto al valor agregado del Título 10 del Texto Ordenado de 1996 y del impuesto a las comisiones regulado en el Título 17 del Texto Ordenado de 1996.

Artículo 90.- La Caja podrá retener hasta el 35% (treinta y cinco por ciento) de los sueldos y pasividades que abona a los afiliados indicados en los literales E) y F) del artículo 43 de la presente ley, con destino al pago de cuotas de préstamos que aquellos hubieren celebrado con el Instituto.

Artículo 91.- Las referencias monetarias mencionadas en la presente ley, están expresadas en valores correspondientes al mes de mayo de 1995 y se ajustarán por la variación en el Indice General de los Precios del Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, en las oportunidades establecidas en el artículo 67 de la Constitución de la República.

Artículo 92.- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, quienes estén afiliados a la Caja como empleados de escribanía de sus cónyuges, pasarán a integrar la categoría "cónyuge colaborador" definida por el literal C) del artículo 43 de la presente ley.

Salvo previsión a texto expreso, las disposiciones referentes a afiliados empleados serán aplicables, en lo pertinente, a la categoría de afiliados "cónyuge colaborador".

Artículo 93.- El sistema pensionario previsto por la presente ley regirá para las pensiones cuya causal se configure con posterioridad a su vigencia.

Artículo 94.- El personal de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones actualmente afiliado, conservará su afiliación en la Caja Notarial de Seguridad Social mientras subsista la relación laboral con la misma.

Artículo 95.- El actual Directorio de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones ejercerá el gobierno y administración del Instituto hasta tanto expire el período de su mandato, no rigiendo al respecto las causales de cesantía creadas por esta ley.

Artículo 96.- El Directorio de la Caja Notarial de Seguridad Social propenderá a la reducción de la tasa de aportación establecida en el artículo 30 de la presente ley cuando se den las circunstancias previstas en dicha disposición.

Artículo 97.- Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley".

SEÑOR BLASINA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR BLASINA.- Señor Presidente: vamos a tratar de resumir los argumentos que expresamos ayer en nombre de la Comisión de Seguridad Social de esta Cámara, solicitando el desglose del artículo 87.

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- La Mesa solicita a los señores Diputados que hagan silencio y tomen asiento porque es imposible escuchar al orador, se toma incorrectamente la versión taquigráfica y la Cámara empieza a enlentecer el proceso, lo que no gusta a nadie.

Puede continuar el señor miembro informante.

SEÑOR BLASINA.- En primer lugar, el desglose del artículo 87 del proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones no afecta en absoluto el contenido de dicha Carta Orgánica.

La razón es bastante sencilla. No se trata de una cuestión específica de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones la que está contenida en el artículo 87, sino de una cuestión referida a la acumulación en los traspasos de servicios de carácter general, que involucra a todas las instituciones de seguridad social.

En segundo término, el contenido del artículo 87 cambia radicalmente el criterio utilizado por el país al suscribir convenios internacionales de seguridad social con otros países, los que -como se sabe- son de reciprocidad.

En tercer lugar, y en función de lo manifestado ayer en Sala, ninguna reglamentación de este artículo 87 que uno imagine puede cambiar su esencia. No podría establecer, por ejemplo -como se dijo ayer-, los aportes mensuales de los respectivos organismos, porque estaría contraviniendo flagrantemente lo que determina el artículo.

En cuarto término, se abre el gran interrogante: si se votara este artículo, ¿con qué criterio se van a manejar las otras instituciones? Porque el Presidente del Directorio del Banco de Previsión Social, técnico agropecuario Gasparri, haciendo alusión, precisamente, a un contenido similar respecto al régimen de acumulación y traspasos incluido en el proyecto de ley sobre la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, manifestó lo siguiente: "También hay otro elemento que consideramos es importante para tomar una decisión global. El señor Presidente hizo mención a los artículos 113 y 114 del proyecto de ley de la Caja Profesional, cuyo contenido es similar al del artículo 87 de este proyecto, pero no igual. Entonces, es necesario analizar que por cada Caja no tengamos un sistema distinto de traspaso; [...]".

Por último, también quiero hacer referencia a lo manifestado en Comisión por el señor Presidente del Directorio del Banco de Previsión Social, técnico agropecuario Carlos Gasparri: "Si el camino fuese no eliminar del proyecto este artículo, deberíamos sentarnos a trabajar en una comisión para tratar de llegar a unir las ideas de las distintas Cajas. De ser así, la Caja Notarial tendrá que esperar un plazo para poder mejorar o alinear esta idea".

Me parece que este argumento del Presidente del Banco de Previsión Social, esgrimido en nombre de todo el Directorio, es extremadamente contundente como para afirmar la idea de desglosar el artículo 87 de este proyecto.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: vamos a apoyar el desglose del artículo 87 porque, si bien nos consta que fue aprobado por unanimidad en el Senado, somos conscientes de que en un tema tan delicado como la relación de los servicios entre los distintos organismos de la seguridad social, tiene que haber una aceptación y una consulta. Sabemos -como dijo el señor miembro informante en mayoría- que este artículo ha generado una enorme preocupación en las Cajas paraestatales.

Este artículo está incluido en este proyecto de reforma de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones y debo decir que sus autoridades no lo han defendido con demasiado entusiasmo -según consta en la versión taquigráfica-, tal como expresa en su informe el señor miembro informante.

El Nuevo Espacio ha insistido muchísimo en la necesidad de la reforma de la seguridad social y, en particular, de las Cajas paraestatales. No nos parece que el argumento de la necesidad de que este proyecto se apruebe rapidísimo conduzca a que, si la Cámara de Representantes no vota este artículo 87, se generen dificultades. No va a ser así si hay voluntad política de una pronta aprobación en el Senado. Desde el punto de vista del trámite parlamentario, no vemos la necesidad de argumentar que, si no se aprueba tal como vino del Senado, no se va a aprobar. Me parece que el artículo 87 no lo justifica; en cambio, justifica plenamente la necesidad -como lo dice el señor Presidente del Banco de Previsión Social- de buscar los máximos consensos políticos, a efectos de alcanzar un artículo que contemple y modifique la actual realidad.

Es por ello y atendiendo no tanto a la justicia de la solución propuesta por el artículo 87, sino al argumento político de buscar consensos en leyes que son de especial sensibilidad para la ciudadanía, que vamos a apoyar el desglose y luego a votar negativamente este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Señorale.

SEÑOR SEÑORALE.- Señor Presidente: al contrario de lo que dice el señor Diputado Michelini, estamos en contra del desglose del artículo 87.

Se han manejado distintos tipos de argumentos para eliminar o desglosar el artículo 87. Uno de ellos es de carácter formal y cuestiona que en una ley referida a una institución de previsión social, como la Caja Notarial, se incluya un artículo que comprende a otras instituciones. Puedo decir que existen cientos, si no miles, de normas particulares que han incluido disposiciones generales; basta remitirse a los Presupuestos. Y está bien que se incluya en esta primera ley que refiere a las Cajas paraestatales un artículo que regule el régimen de transferencia o traspaso de beneficios, porque es la primera que se sancionará desde que en el país coexisten en el régimen previsional dos tipos de sistemas, como consecuencia de la Ley Nº 16.713. A partir de la sanción de esta ley, coexisten en el país sistemas mixtos, en los que hay solidaridad intergeneracional junto con ahorros individuales, y además se mantienen Cajas paraestatales con régimen único.

Por lo tanto, en esta realidad de coexistencia de sistemas mixtos -el establecido por la Ley Nº 16.713 y el régimen de las Cajas paraestatales-, se hace necesario regular el sistema de traspaso, porque a raíz de esta situación se crean graves dificultades en este sentido. Adviértase que para mantener un sistema de traspaso como el vigente, en caso de traspasarse servicios de un régimen mixto a uno de primer pilar como, por ejemplo, el de las Cajas Bancaria y Notarial, no solo deberían transferirse los aportes realizados al Banco de Previsión Social, sino también los ahorros individuales en las AFAP. Si el traspaso fuera en sentido contrario, por ejemplo de la Caja Notarial, que tiene un único sistema, a un régimen mixto, como el del Banco de Previsión Social y las AFAP, habría que distribuir esas aportaciones en base a la nueva realidad de un sistema mixto de solidaridad intergeneracional y ahorro individual.

Asimismo, surgirían otros problemas. Por ejemplo, si hay Cajas o sistemas que tienen aportaciones indirectas sustitutivas del aporte patronal y traspasan sus servicios a otra, en esencia deberían transferir también la proporción correspondiente de esos aportes indirectos, lo que resultaría totalmente dificultoso y de muy difícil determinación.

En consecuencia, cuando coexisten regímenes de financiación diferentes, como sucede en Uruguay, de supervivencia de sistemas mixtos y únicos, se hace imprescindible organizar un sistema general en el que cada organismo que amparó servicios se haga cargo de la cuota parte de jubilación que ellos generan.

La única crítica que se podrá hacer a este artículo es que no sea de buena técnica legislativa incorporar una norma general en una particular, pero desde el punto de vista formal no hay inconveniente en que se incluya en esta primera ley. Reitero que esto se fundamenta en que es la primera ley que va a consagrar la coexistencia de dos tipos de sistemas previsionales en el país: uno mixto, creado por la Ley Nº 16.713, y otro como el de las Cajas, que sigue siendo único e individual.

También hay una razón de fondo, y es poner fin a un sistema totalmente injusto, como es el de traspaso que rige hoy, creado por el artículo 68 del Acto Institucional Nº 9 en la época del gobierno de facto. Allí se prevé el traspaso de los años trabajados de una institución a otra y se impone la obligación de que haga frente a esa jubilación el organismo al que últimamente se estuvo afiliado.

Ayer, el señor Diputado Falero hizo referencia a las situaciones injustas que ha vivido, por ejemplo, la Caja Notarial que, indudablemente, ha sido la institución más perjudicada por la vigencia de este sistema que hoy se pretende mantener al tratar de eliminar el artículo 87, porque fue aquella a la cual le transfirieron en mayor medida los servicios de otras instituciones. Se han mencionado casos de gente que, habiendo aportado a otra institución durante más de treinta años de trabajo, luego se afilió durante dos meses a la Caja Notarial y esta tuvo que hacer frente al total de la pasividad sin haber recibido a cambio las aportaciones que ese beneficiario hizo en otra institución. ¿Esto no es injusto? ¿No es injusto mantener esa situación?

Hay ejemplos mucho más graves. He sido informado de la existencia de gente que, teniendo cuatro o cinco años de jubilación, por ejemplo, en el Banco de Previsión Social, renunció a ese beneficio, se afilió a la Caja Notarial y con dos meses de trabajo y afiliación a esa institución obtuvo su nueva jubilación.

Hay motivos para que se recurra a este tipo de artilugios o mecanismos. En primer lugar, la Caja Notarial tiene un régimen que ofrece muchas facilidades y basta con dos meses de trabajo en esa institución para que se pueda generar el derecho jubilatorio.

En segundo término, con ello se eluden topes jubilatorios que existen en otras instituciones; sabemos que el Banco de Previsión Social tiene topeados sus beneficios, lo que ocurre en menor medida en otras Cajas, particularmente en la Notarial.

En tercer lugar, hasta hace poco tiempo también se hacía esto para eludir la edad mínima jubilatoria en el caso de las mujeres, lográndose la jubilación con cincuenta y cinco años.

Es decir que hay una cantidad de factores que llevaron a que la Caja Notarial, en los últimos años, haya tenido que hacer frente a pasividades de personas que han estado aportando prácticamente durante toda su vida activa a otras instituciones, sin recibir a cambio esas aportaciones hechas en otro organismo debidamente actualizadas. Esto es doblemente injusto, porque la Caja Notarial tiene que distraer recursos que obtiene del aporte de sus afiliados -es bueno recalcar que esta Caja se financia solamente con los aportes de sus afiliados, escribanos y empleados, que durante generaciones fueron fortaleciéndola-; no recibe ninguna ayuda del Estado, directa o indirecta, ni tributo, directo o indirecto, para atender sus servicios. Por el contrario, sus afiliados están contribuyendo a financiar la seguridad social estatal, a través del IVA y del Impuesto a las Retribuciones Personales, que tienen ese otro destino.

Por eso, es totalmente injusto eliminar el artículo 87, que promueve una solución respecto a la cual nadie puede estar en contra, porque ¿cuál es su filosofía? Que cada organismo asuma sus obligaciones con el beneficiario en proporción a los aportes que recibió y al trabajo que esa persona realizó bajo el régimen de esa institución. ¿Hay alguna duda sobre la justicia de esto? Quiero que alguien me diga si es injusto que cada institución se haga cargo de su cuota parte, de acuerdo con los beneficios y con los aportes que estuvo recibiendo de parte de ese trabajador. Esto no admite el más mínimo análisis, pues este es el sistema más justo y el que las propias Cajas paraestatales -aparentemente algunas hoy lo están cuestionando- establecieron en el proyecto que remitieron al Banco de Previsión Social en setiembre de 2000.

Esa es la misma filosofía; aquí tengo el proyecto de las Cajas paraestatales. Me llama la atención que las otras Cajas paraestatales -la de Profesionales Universitarios y la Bancaria- cuestionen este principio, cuando lo incluyeron en el proyecto que en forma común las tres elaboraron y elevaron al Banco de Previsión Social en setiembre de 2000.

Como dije ayer, me llama poderosamente la atención que el Banco de Previsión Social ahora se preocupe del tema. Hace más de un año que tiene un proyecto enviado por las tres Cajas paraestatales, pero no se dignó dar respuesta alguna. Sin embargo, ahora viene a plantear que sería conveniente la creación de una Comisión para estudiar rápidamente el tema.

¿Qué hizo el Banco de Previsión Social durante este año, que ni siquiera se dignó estudiar el proyecto? De acuerdo con la versión taquigráfica, comenzó a estudiar este asunto un día antes de concurrir a la Comisión.

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Discúlpeme señor Diputado.

Solicito a los señores Diputados y a la barra que hagan silencio.

Puede continuar el señor Diputado Señorale, a quien le restan cinco minutos de su tiempo.

SEÑOR BLASINA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SEÑORALE.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor miembro informante.

SEÑOR BLASINA.- Lo dijimos ayer y lo repetimos hoy: la flagrante injusticia del régimen vigente no justifica, de ninguna manera, el procedimiento utilizado para modificar el régimen de acumulación de servicios y traspasos.

En segundo lugar, quiero manifestar, con el mayor respeto por el señor Diputado que me precedió en el uso de la palabra, mi sorpresa ante las críticas -personalmente las escucho por primera vez- al Directorio del Banco de Previsión Social. Todos tenemos entendido que ese Directorio está integrado por cuatro miembros, que hacen mayoría -cuatro en siete-, designados directamente por el Poder Ejecutivo.

Por lo tanto, quiero manifestar mi extrañeza, mi sorpresa, ante las recientes expresiones del señor Diputado que me precedió en el uso de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el señor Diputado Señorale.

SEÑOR SEÑORALE.- Señor Presidente: contesto al señor Diputado Blasina que a mí no me condicionan las cuestiones políticas cuando me asisten los argumentos y fundamentos para sostener lo que sostengo

(Apoyados)

——No estoy condicionado por nada.

¿Cuál es el sistema que se propone para sustituir ese sistema tan injusto? No creo que haya alguien que pueda decir que no es injusto.

Se propone un sistema mediante el cual se acumula en forma ficta -a efectos de configurar la causal jubilatoria- la totalidad de los servicios del interesado, cualquiera fuera el organismo que los hubiera registrado. De esta forma, cada Caja calcula su cuota parte en la jubilación, en función de los años registrados y de las aportaciones que haya realizado el funcionario. Luego, prorratea esa jubilación ficta de acuerdo con esos elementos.

Cada organismo -reitero que esta es la filosofía del proyecto y no creo que aquí se eleve alguna voz para decir que esto es injusto- solo se hará cargo de la parte proporcional al período por el cual recibió los aportes.

¿Esto es injusto? ¿Hay injusticia en que cada Caja asuma la responsabilidad frente al trabajador, de acuerdo con las aportaciones realizadas durante el período en que trabajó bajo ese régimen? Pienso que no y que no puede haber dos opiniones al respecto.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SEÑORALE.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: lo que he expresado no refiere a la justicia o injusticia, sino a la sabiduría o no de aprobar en el día de hoy este proyecto, cuando el Presidente del Banco de Previsión Social dice que requiere de tiempo para estudiar una solución global, cuando la Caja Notarial no está demasiado convencida y cuando las otras Cajas manifiestan que quieren tiempo para buscar una solución.

No será injusto, pero no es sabio aprobarlo.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Ha finalizado el tiempo de que disponía el señor Diputado Señorale.

SEÑOR VENER CARBONI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado para contestar una alusión, que la Mesa no escuchó; pero con mucho gusto escuchará para ver si se justifica o no.

SEÑOR VENER CARBONI.- Señor Presidente: al señor Diputado preopinante, en su calidad de Representante del Foro Batllista, se le ha reclamado una coherencia de opinión con el Banco de Previsión Social en este tema. Se ha reclamado una coherencia de opinión casi solidaria.

(Hilaridad)

——Desde un partido político que vota una cosa en el Senado y otra en la Cámara de Representantes, hacer ese reclamo se complica. A un partido político que presenta un proyecto sobre ANCAP, pero que después no lo aprueba, también se le complica en el momento de pedir esa solidaridad de opinión.

SEÑOR CHIFFLET.- Pido la palabra para contestar una alusión.

(Hilaridad)

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Señor Diputado Chifflet, ¿lo está diciendo en serio?

SEÑOR CHIFFLET.- Así es.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- La Mesa aclara que se terminó. Un ratito de circo viene bien, pero ya se terminó.

Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: no voy a hacer ninguna alusión.

Es normal que en los partidos existan esas discrepancias que hemos observado en el Partido Colorado. Me parece que lo que planteaba el señor Diputado Blasina es sensato en el sentido de que hay que dar traslado a los señores Directores de las duras críticas que se han hecho en la Cámara. Ese es un tema interno, que sin duda alguna resultará de mucha utilidad porque incidirá en un problema en el que hay discrepancias en el Cuerpo. Simplemente el señor Diputado Blasina señalaba que la referida contradicción significa que ese debate debe producirse.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Gabriel Pais.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente: quiero aclarar una cuestión fundamental.

Quien fija las políticas en materia de seguridad social en el país no es el Banco de Previsión Social, sino el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por lo tanto, este proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, en la medida en que es apoyado por la coalición de Gobierno, está siguiendo la línea del organismo que constitucionalmente es responsable de las políticas de seguridad social.

Lo que opine el Banco de Previsión Social, que es parte e interesado en las resultancias de este artículo, lo tomamos como un buen informe y un dato interesante. La política la fija el Poder Ejecutivo y, por lo tanto, lo que diga el Directorio del Banco de Previsión Social es un dato de la realidad.

Estamos siguiendo una línea de absoluta coherencia.

SEÑOR SILVEIRA (don Gustavo).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR SILVEIRA (don Gustavo).- Señor Presidente: seré breve y voy a reafirmar lo que decía el señor Diputado Gabriel Pais.

Pasaron más de diez años para que las Cajas paraestatales se pusieran de acuerdo en un artículo que tratara de resolver los traspasos de servicios y de aportes. Más de diez años pasaron, hasta que el Poder Ejecutivo apuró con este proyecto y les pidió una definición. ¡Más de diez años pasaron!

Que yo tenga conocimiento, desde hace mucho más de un año el Banco de Previsión Social ha manejado la idea que se plasma en este artículo 87, referida al traspaso.

En este, como en muchos otros temas del Uruguay, a veces corremos el riesgo de analizar cada asunto desde el punto de vista de la chacra de cada uno de los sectores involucrados. En una estancia puede haber muchos potreros y en cada uno de ellos puede haber un puestero. Pero el que toma las decisiones finales no lo hace desde el punto de vista del puestero, sino que es el patrón, que en este caso es el Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo ha remitido este proyecto de ley con la firma de todos sus Ministros, analizando y resolviendo con la voluntad y la iniciativa privativa que le otorga la Constitución de la República en la materia. Los otros deben ser tenidos en cuenta para hacerse una composición de lugar, pero no se puede esgrimir la postura, la visión de organismos que son netamente pasadores de servicios y que no quieren hacer los aportes; traspasan los años para otra Caja, pero no quieren largar la plata que cobraron, porque son parte interesada. La única postura objetiva en la materia que constitucionalmente corresponde analizar en el marco de este tema tan largamente estudiado es, sin lugar a dudas, la del Poder Ejecutivo, que está por encima de todos los puesteros que operan en este bendito país.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el señor Diputado Gabriel Pais.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente...

SEÑOR SEÑORALE.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR SEÑORALE.- Señor Presidente: quisiera redondear el concepto que estaba desarrollando, porque me faltó tiempo.

En el principio que consagra el artículo 87 están de acuerdo el Banco de Previsión Social, el país en general y las propias Cajas. Se trata del mismo principio que se recoge en los convenios que el país ha suscrito con otros países para hacer frente a pasividades de ciudadanos que han tenido años de trabajo en ambos. Pero además es el mismo principio que sustentan todas las Cajas paraestatales. Obra en mi poder el proyecto elaborado en común por las Cajas. Allí hay un artículo que dice que la cuota parte de la pasividad así determinada será considerada a todos sus efectos como asignación de jubilación, retiro y pensión, y el pago que pudiera corresponder estará a cargo de la entidad que la estableció.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el señor Diputado Gabriel Pais.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente: no veo ningún inconveniente en que un artículo que refiere al conjunto de la seguridad social, que soluciona el viejo problema de la acumulación de servicios y de los traspasos de una Caja a otra, se incluya en una ley especial.

Por otra parte, este artículo va a regir ciento ochenta días después de la entrada en vigencia de la presente ley, razón por la cual va a haber un tiempo suficiente como para evaluar las consecuencias que tendría para las distintas Cajas la aplicación del régimen cuya sanción estamos promoviendo.

Por último, quiero decir que una norma como esta brinda absoluta tranquilidad a un grupo muy grande de trabajadores: los bancarios. Algunos me han visitado expresando la profunda incertidumbre que genera a todo aquel bancario de más de cuarenta años, con quince o veinte años de aportes a la Caja Bancaria, la posibilidad de perder su jubilación en dicha Caja por el hecho de dejar de trabajar en el sistema bancario o de ser despedido. ¿Qué ocurre? Con el régimen actual, si un bancario con treinta o cuarenta años de aportes y cincuenta y nueve años más once meses de edad deja de trabajar para el sistema bancario, pierde su jubilación bancaria. En cambio, con el sistema propuesto se jubilará por Caja Bancaria y, simplemente, habrá una acumulación de uno, dos o pocos meses más del Banco de Previsión Social a esa Caja. Entonces, no perderá su jubilación por la Caja Bancaria; será la propia Caja la que prestará el servicio de su jubilación por treinta o cuarenta años de aportes. Esto es ampliamente beneficioso para los trabajadores de Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Falero.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: no vamos a abundar en los argumentos que dimos en el día de ayer en cuanto a nuestra disposición favorable a votar el artículo 87 tal como viene redactado del Senado de la República. Según creo, corresponde, sí, hacer un par de aclaraciones, una de ellas de carácter político: que me disculpe el señor Diputado Gustavo Silveira, pero aclaro que yo no tengo ningún patrón en el Poder Ejecutivo ni en ningún lado. Soy Diputado y como tal mis únicos patrones son las personas que con su voto hicieron posible que ocupara esta banca. Así que reitero: no tengo ningún patrón, y si alguien quiere decir lo contrario, está muy equivocado. Y creo que ningún legislador tiene patrón. Aquí existe una separación de Poderes y la armonía de los tres Poderes hace funcionar la institucionalidad. Por tanto, rechazo profundamente lo que se ha dicho con relación a que existan patrones en el sistema político.

(Apoyados)

——Quisiera aclarar una duda planteada en el día de ayer con respecto a qué organismo deberá servir la pasividad. En ese sentido, se establece textualmente lo siguiente: "La pasividad resultante se regirá y servirá por el organismo cuya cuota parte fuera mayor, equivaldrá a la suma de todas las cuotas de todos los organismos involucrados [...]". Quiere decir que la duda acerca de que eventualmente la debería servir el último organismo en el que el trabajador hubiera prestado servicios, está absolutamente aclarada con este inciso. Reitero que la norma establece: "La pasividad resultante se regirá y servirá por el organismo cuya cuota parte fuera mayor [...]". No habla de la última, ni de la del medio, ni de la primera, sino de la que tenga la cuota parte mayor una vez que se aplique el sistema de liquidaciones que correspondiere.

Por otra parte, el Nuevo Espacio Independiente, de acuerdo con las definiciones que oportunamente se tomaran con respecto al régimen de la Ley Nº 16.713, de reforma de la seguridad social, entiende que este artículo 87 está en absoluta consonancia con el espíritu de la mencionada ley, que fuera votada en la Legislatura anterior por el Parlamento.

En función de todo esto, vamos a apoyar el artículo 87, solicitando su desglose. Voy a pedir a la Mesa que aclare que alcanza con que un legislador solicite el desglose para que se proceda en tal sentido, porque puede haber alguna confusión respecto del procedimiento.

SEÑOR BLASINA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR FALERO.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor miembro informante.

SEÑOR BLASINA.- Señor Presidente: el señor Diputado Falero ha vuelto a referirse a algunas cuestiones que fueron objeto de intercambio de opiniones en el día de ayer en la Cámara. Él dice ahora que en el artículo 87 se determina que se tendrá en cuenta la cuota parte; el problema es que dicha norma no especifica la cuota parte de qué, si es la cuota parte del dinero que se traspasa o de los años trabajados.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el Título VIII con exclusión del artículo 87, cuyo desglose ha sido solicitado.

(Se vota)

——Noventa y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 87.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en noventa y uno: AFIRMATIVA.

SEÑOR DÍAZ.- ¡Que se rectifique la votación!

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a rectificar la votación.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en noventa y dos: AFIRMATIVA.

SEÑOR DÍAZ.- ¡Que se rectifique nuevamente!

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a rectificar la votación por segunda vez.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en noventa y dos: AFIRMATIVA.

SEÑOR IBARRA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: lamento que la mayoría de la Cámara de Diputados no haya habilitado el pedido de distintos actores, inclusive de Directores de las Cajas paraestatales y del propio Presidente del Banco de Previsión Social, así como de distintos gremios, para encontrar una solución definitiva a este artículo 87. Había propuestas concretas de conformar una Comisión que, rápidamente, una vez levantado el receso, se abocara el próximo año a darle una redacción que contemplara todas las situaciones. Pero se ha optado por votar el artículo 87, que, en mi opinión, tiene diversos aspectos negativos, como se ha expresado acá, porque regula un tema sin que los propios involucrados hayan tenido oportunidad de incidir en el particular. Además, podría tener gravísimas consecuencias económicas para algunos institutos, fundamentalmente para el Banco de Previsión Social, ya que dicho artículo 87 contiene graves y preocupantes condicionamientos al cobro de prestaciones de jubilaciones y pensiones; su efectiva percepción se hace depender de un sistema de pagos interorganismos, que puede suponer sumas cuantiosas que algunos institutos -diría que la totalidad de ellos- no están en condiciones de enfrentar, como las Cajas paraestatales, incluida naturalmente la Caja Notarial.

Todos los actores han alertado sobre las graves consecuencias que sobrevendrían de aprobarse esta norma, tal como lo ha hecho la mayoría de la Cámara.

Más allá de respetar esta resolución porque las mayorías mandan, creo que es equivocada y que hubiera sido bueno que se habilitara la conformación de esa Comisión, iniciativa del propio Presidente del Banco de Previsión Social, técnico agropecuario Carlos Gasparri, en el sentido de desglosar el artículo 87 para que, en un ámbito de tranquilidad y de diálogo fructífero, se encontrase una solución a este tema.

SEÑOR ROSSI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ROSSI.- Señor Presidente: no queda duda de que nuestra bancada tenía la disposición de votar este proyecto de ley de modificación de la Carta Orgánica de la Caja Notarial. Así lo hicimos votando todos los artículos, menos el artículo 87, lo que aseguró la sanción de este proyecto de ley antes de la finalización de este año, como era la voluntad expresa y tal como entendíamos que era necesario que se hiciera.

Pero, efectivamente, consideramos que se comete un error que se justifica con un conjunto de argumentos, algunos muy respetables y otros pequeños, que forman parte del anecdotario del sistema de seguridad social y que de ninguna manera pueden servir de fundamento en el momento en que estamos definiendo una Carta Orgánica para un sector tan importante, que servirá como punto de referencia al momento de aprobar otras Cartas Orgánicas de otras Cajas paraestatales.

A nuestro entender, es absolutamente inconveniente que el sistema de regulación de traspasos de los servicios de seguridad social se incorpore a una ley específica, dirigida a un sector en particular -como acá se ha dicho-, cuando va a regular al conjunto de la seguridad social del país. Aparte de este inconveniente, encontramos que genera inseguridad a quienes serán los beneficiarios de las jubilaciones, en función de los condicionamientos y de las indefiniciones que el artículo 87 tiene.

Aquí hubo quienes de alguna manera esgrimieron -para hacerlo más gráfico- el término de que existía un patrón. Precisamente, el patrón no ha logrado en la historia de la seguridad social que se hicieran los traspasos por parte del BPS a las Cajas paraestatales en tiempo y forma. Y ahora, no solo va a poner en riesgo la propia seguridad de las Cajas paraestatales, sino que pondrá en riesgo el beneficio que debe recibir el ciudadano. Entonces, colocamos al ciudadano en una situación que ningún sistema de seguridad social tiene derecho a plantear.

En ese sentido, considerábamos mucho más ajustado que hubiera un proyecto de ley -que estábamos dispuestos a considerar y a votar de inmediato- que pudiera regular el conjunto del sistema de una forma posible, de una forma aplicable, de una forma que asegurara a todas las partes la tan necesaria reestructura. Pero lo que conocemos hasta el momento indica que el sistema de traspaso que se establece en el proyecto de ley que acabamos de sancionar es diferente al que se propone en el proyecto de Carta Orgánica para los profesionales universitarios. Así vamos a seguir generando zonas de incertidumbre que esperamos no tengamos que lamentar en el futuro.

SEÑOR SEÑORALE.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SEÑORALE.- Señor Presidente: sancionamos este proyecto de ley con el pleno convencimiento de que, adaptando el régimen de la Ley Nº  16.713 a la realidad de la actividad notarial, se crea un sistema de seguridad social que recoge principios básicos que han sido sustento de un sistema previsional exitoso.

En primer lugar, está el principio de autonomía. Desde 1875 la historia del notariado recoge ese concepto, esa voluntad de ir generando un sistema de seguridad social. A lo largo de toda su vida, ha demostrado tenacidad y solidaridad para llegar a un sistema que hasta ahora se había plasmado en la Ley Nº 10.062.

Haciendo una retrospectiva de la historia del notariado, se justifica plenamente que tenga un sistema de seguridad social autónomo; ello, más que un privilegio -como se ha dicho por ahí-, es el fruto del trabajo y del sacrificio de generaciones de escribanos y también de empleados de escribanías. Aquí no solamente estamos hablando de los profesionales, sino de los funcionarios y empleados de las escribanías.

El segundo principio que recoge este proyecto de ley es el de autogestión. Los propios interesados, los afiliados -escribanos y funcionarios en actividad- y los pasivos, integran el Directorio honorario que conduce esta institución.

También se consagra el principio del sistema financiero de capitalización colectiva, sistema que ha sido exitoso en estos sesenta años en que la Caja ha desarrollado su actividad, haciendo inversiones inmobiliarias, construyendo edificios -como ese magnífico Edificio del Notariado en la avenida 18 de Julio-, invirtiendo en el sector rural, en campos y en forestación. En este último sentido, desde la década del sesenta ha sido pionera en una actividad que décadas después el país emprendió con mayor esfuerzo.

También la actividad ganadera ha estado entre las inversiones de la Caja. Quiere decir que lo hizo pensando no solamente en los conceptos básicos de una inversión en seguridad social, en la rentabilidad y en la liquidez de los recursos, sino en el desarrollo y el crecimiento del país, porque a través de esas actividades productivas se han creado muchas fuentes de trabajo y se han generado divisas para el país a través de la exportación de madera, carnes y lana.

Por último, tenemos el principio de autofinanciamiento. Como ya dijimos, esta institución se financia pura y exclusivamente con los aportes de sus afiliados. Entendemos que en el artículo 87 se consagra la justicia en cuanto a los regímenes de acumulación de servicios.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PINTADO.- Señor Presidente: en realidad, con muchas dudas he votado negativamente el artículo 87. ¿Por qué dudé? Porque en esta oportunidad me faltó un guía ideológico que me iluminara sobre cuál era el camino correcto a seguir desde el punto de vista parlamentario.

No soy escribano y he dicho a los compañeros de la Caja de Profesionales Universitarios y de la Caja Notarial que, en mi opinión, era preferible un sistema público y no uno de Cajas privadas conviviendo con una Caja pública grande. Tuve la suerte de aportar toda la vida a una Caja pública y no ser parte de ninguna Caja privada nacional ni privada asociada al capital financiero internacional. Me hace dudar tremendamente esta posición del Banco de Previsión Social a favor del desglose, porque temo que esta coincidencia puede traer confusión a la gente que represento. Además, se trata de una coincidencia con el BPS que eligió la coalición. Sin embargo, por suerte tengo confianza en que los compañeros frenteamplistas que participan en la Comisión se ajustan a nuestros dictados programáticos y me consta que han concurrido a las sesiones con la ropa en el lugar que tiene que estar. Por eso he votado negativamente el artículo 87.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cuatro en noventa y uno: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto sancionado:)

"TÍTULO I

DE LA CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1º.- Denomínase Caja Notarial de Seguridad Social a la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones creada por la Ley Nº 10.062, de 15 de octubre de 1941, la que se regirá por las disposiciones de la presente ley y demás normas aplicables.

Artículo 2º.- La Caja Notarial de Seguridad Social es persona jurídica de derecho público no estatal y tiene su domicilio legal en la ciudad de Montevideo.

Artículo 3º.- La representación de la misma, tanto en juicio como fuera de él, corresponderá al Presidente y Secretario del Directorio actuando conjuntamente, quienes, en cumplimiento de lo previsto por el literal D) del artículo 12 de la presente ley, podrán otorgar mandatos para la representación del instituto.

Artículo 4º.- Los bienes de la Caja serán inembargables, excepto para responder por las obligaciones que establece esta ley.

Artículo 5º.- La Caja está exonerada de toda clase de impuestos nacionales y tributos departamentales por las actuaciones y operaciones que realice, así como por sus bienes.

Artículo 6º.- El Estado no asume responsabilidad pecuniaria alguna vinculada a la subsistencia de la Caja o a la financiación de sus obligaciones, incluyéndose en éstas el pago de las prestaciones que deba servir, y solo se limitará al cumplimiento de esta ley, en lo que le sea pertinente.

TÍTULO II

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO I

DEL DIRECTORIO

Artículo 7º.- La Caja estará dirigida por un Directorio Honorario compuesto de siete miembros, que se integrará de la siguiente manera:

- Un miembro afiliado escribano designado por el Poder Ejecutivo.

- Un miembro escribano integrante del Poder Judicial, designado por la Suprema Corte de Justicia.

- Un miembro afiliado jubilado, electo por los jubilados.

- Un miembro afiliado empleado en actividad, electo por los afiliados a que aluden los literales B), C), D) y E) del artículo 43 de la presente ley.

- Tres miembros afiliados escribanos en actividad, electos por los escribanos activos.

Artículo 8º.- La fecha de la elección de miembros del Directorio será fijada por el Poder Ejecutivo.

En caso de vacancia de algún cargo electivo de miembro del Directorio por agotamiento de la lista de suplentes, o cuando alguno de los órdenes electores no haya presentado listas, el Directorio solicitará al Poder Ejecutivo la convocatoria a una elección complementaria.

La Corte Electoral reglamentará las elecciones y tendrá a su cargo la recepción de votos, escrutinio, juzgamiento de la elección y proclamación de los candidatos electos.

Artículo 9º.- Las listas de candidatos por cada orden de electores deberán contener triple número de suplentes en orden respectivo, e igual número contendrán las designaciones que realicen los Poderes Públicos.

Artículo 10.- La Presidencia y Vicepresidencia del Directorio serán ejercidas siempre por escribanos. La Presidencia corresponderá al primer titular de la lista de escribanos activos más votada.

Asimismo, por mayoría absoluta de votos y cada dos años, el Directorio designará de su seno al Vicepresidente, Secretario, Prosecretario y Tesorero.

En caso de licencia o vacancia temporal, el Vicepresidente y el Prosecretario ejercerán la Presidencia y la Secretaría respectivamente.

Artículo 11.- Los miembros del Directorio durarán cuatro años en sus funciones pudiendo ser reelegidos; en forma consecutiva podrán serlo por una sola vez. Los electos mediante elección complementaria cesarán conjuntamente con los restantes integrantes del Cuerpo.

En todo caso, si durante el mandato se modificara la calidad requerida para integrar el Directorio respecto de cualesquiera de sus miembros de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7º de la presente ley, estos cesarán automáticamente en su cargo, convocándose al suplente respectivo.

Artículo 12.- Compete al Directorio:

A) Sancionar su reglamento general y demás reglamentaciones que considere necesarias.

B) Proponer las reformas a la presente ley que la experiencia aconseje como necesarias o convenientes.

C) Conceder o negar todo beneficio o prestación que pueda acordar el instituto.

D) Realizar los actos, gestiones y diligencias, de administración o de dominio, necesarios para el funcionamiento regular del instituto y conferir apoderamientos especiales.

E) Designar, sancionar y destituir al personal del instituto, pudiendo delegar la potestad sancionatoria en la máxima jerarquía administrativa salvo en los casos de destitución.

F) Determinar la época y forma de exhibición de los registros notariales y de las cotizaciones que los afiliados deban realizar, así como los deberes formales que estos deban cumplir.

G) Sancionar a los afiliados que incumplan la presente ley o las reglamentaciones correspondientes.

H) Fijar los sueldos fictos mínimos de los empleados de escribanía y cónyuges colaboradores, aportes complementarios mínimos, y los montos mínimos y máximos de las prestaciones no fijados legalmente.

I) Extender, con el voto conforme del representante del Poder Ejecutivo, la concesión de prestaciones de seguridad social para la cobertura de otras contingencias no previstas en esta ley y cubiertas por el régimen general, previo estudio técnico de que no se afectará el cumplimiento de las consagradas legalmente así como de las posibilidades financieras que garanticen su viabilidad.

J) Fijar los ajustes previstos por el artículo 67 de la Constitución de la República, pudiendo establecer un índice diferente así como índices diferenciales, al igual que adelantos a cuenta de dichos ajustes y asignaciones previsionales extraordinarias con carácter general, en forma racionalmente proporcionada a las posibilidades económicas del instituto, procurando satisfacer las necesidades reales del beneficiario.

El establecimiento de un índice diferente o índices diferenciales, de adelantos a cuenta de los ajustes y de asignaciones extraordinarias, solo se podrán determinar y otorgar, cada vez, previo estudio técnico de que no se afectará el cumplimiento de las prestaciones consagradas legalmente así como de las posibilidades financieras que garanticen su viabilidad.

El porcentaje resultante de la aplicación de índices diferentes o diferenciales no podrá superar, en cada caso, en un 30% (treinta por ciento) al mínimo que corresponda por el procedimiento establecido en la disposición constitucional referida.

Asimismo, el importe anual en que se aumenten las prestaciones por aplicación de estos índices, no podrá exceder el 10% (diez por ciento) del incremento del fondo de invalidez, vejez y sobrevivencia producido en el ejercicio civil anterior, expresado en moneda de valor constante.

K) Celebrar convenios en materia de seguridad social con otros organismos nacionales o extranjeros.

L) Establecer regímenes de cancelación de adeudos generados por aportes, que aseguren convenientemente los servicios de amortización e interés y la actualización del monto adeudado.

M) Delegar las atribuciones que entendiere pertinentes.

Las resoluciones relativas a los casos previstos por los literales G) y J) requerirán cinco votos conformes y las referentes a los literales H), I), L) y M), seis votos conformes. Las atribuciones referidas a los literales indicados en este inciso son indelegables.

Artículo 13.- El Directorio solo podrá sesionar válidamente con la asistencia mínima de cinco miembros y sus resoluciones se adoptarán por simple mayoría, salvo disposición en contrario.

Artículo 14.- Las resoluciones del Directorio serán notificadas personalmente al interesado en las oficinas de la Caja o en el domicilio constituido o conocido.

También podrá practicarse la notificación citándose al interesado por telegrama colacionado para que concurra a la oficina dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de darlo por notificado. En el telegrama deberá individualizarse el expediente y citarse la presente disposición; su costo deberá ser reintegrado por el interesado dentro del mismo plazo o en el acto de notificarse.

Si el interesado no tuviere domicilio conocido en el país se le citará mediante tres publicaciones en el Diario Oficial para que concurra a notificarse en la oficina dentro del plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de la última publicación, bajo apercibimiento de darlo por notificado.

En las publicaciones deberá individualizarse el expediente y citarse la presente disposición; su costo deberá ser reintegrado por el interesado dentro del mismo plazo o en el acto de notificarse.

Artículo 15.- La falta de asistencia a cinco sesiones consecutivas o diez alternadas durante el año civil, sin licencia concedida o causa justificada a juicio del Directorio por cinco votos conformes, producirá el cese del miembro electo omiso y se convocará al suplente respectivo.

Si se tratare de los miembros designados por los Poderes Públicos, se convocará al suplente respectivo dando cuenta a aquellos de la omisión de sus respectivos representantes, estándose a lo que estos Poderes resuelvan en definitiva, a cuyos efectos dispondrán de un plazo de noventa días para expedirse. De no hacerlo en dicho plazo, automáticamente se producirá el cese del miembro omiso. Si el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial deciden remover a su representante, continuará en el desempeño del cargo el suplente respectivo, salvo que designen un nuevo miembro sustituto.

Artículo 16.- Toda resolución violatoria de la Constitución, leyes o reglamentos, importará la responsabilidad personal y solidaria de los miembros del Directorio.

Quedan exentos de esta responsabilidad:

A) Quienes hubieran hecho constar en el acta el voto negativo y su fundamento.

B) Los ausentes de la sesión en que se adoptó la resolución ilegítima, siempre que, en la primera sesión ordinaria posterior, a la que asistan, formulen la constancia prevista en el literal anterior.

En el caso de voto negativo por razones de legitimidad, quedará en suspenso la resolución y dentro de los dos días hábiles siguientes a la sesión en que se aprobó el acta, el Secretario del Directorio, sin necesidad de previa resolución, elevará al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, testimonio del acta respectiva y los antecedentes que existieren.

Si dicho Poder no se expidiera dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción del acta, la resolución del Directorio quedará firme y se cumplirá sin más trámite.

CAPÍTULO II

DE LA IMPUGNACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

Artículo 17.- Las resoluciones del Directorio podrán ser impugnadas por razones de mérito o legitimidad mediante recurso de revocación ante el mismo órgano, dentro del plazo de veinte días corridos a contar desde el siguiente al de la notificación.

El recurso solo podrá ser interpuesto por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por la resolución impugnada.

Artículo 18.- Interpuesto el recurso, el Directorio dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver, configurándose denegatoria ficta por el solo vencimiento del plazo.

Artículo 19.- Denegado el recurso, el ocurrente podrá deducir solamente por razones de legitimidad, demanda de anulación contra la resolución impugnada ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil que correspondiere, dentro del término de veinte días corridos siguientes al de la notificación de la denegatoria expresa o al momento en que se verificó la denegatoria ficta.

Artículo 20.- El Tribunal dará traslado de la demanda a la Caja Notarial de Seguridad Social, la que deberá evacuarlo con la remisión de los antecedentes administrativos relativos al caso, siguiéndose el procedimiento estatuido por los artículos 338 a 343 del Código General del Proceso.

El Tribunal, que fallará en única instancia, resolverá anulando total o parcialmente, o confirmando la resolución impugnada.

Artículo 21.- A petición de parte y previa vista por el término de seis días a la Caja Notarial de Seguridad Social, el Tribunal podrá disponer la suspensión transitoria, total o parcial, de la ejecución de la resolución impugnada, siempre que esta fuera susceptible de causar un perjuicio grave, de difícil reparación o irreparable, en caso de dictarse ulteriormente un fallo anulatorio.

Artículo 22.- Mientras transcurren los términos del recurso y la acción anulatoria, el reclamante tendrá derecho a la prestación que se le hubiere otorgado, sin perjuicio de la reliquidación que corresponda según el fallo emitido.

Artículo 23.- Será competente la justicia del trabajo en todas las reclamaciones que se originen por conflictos individuales emergentes de la relación laboral entre la Caja Notarial de Seguridad Social y sus empleados.

TÍTULO III

DEL PATRIMONIO Y LOS RECURSOS

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 24.- El patrimonio de la Caja se integra con:

A) Los bienes, créditos, derechos y acciones que posee actualmente o adquiera en el futuro.

B) Las contribuciones por montepío notarial de afiliados y patronos.

C) Las contribuciones al "Fondo Sistema Notarial de Salud".

D) Las rentas, intereses y beneficios de sus actividades, inversiones y reservas.

E) El producido de sanciones, multas, recargos e intereses que correspondan.

F) Los bienes, recursos y contribuciones que por cualquier título reciba.

Artículo 25.- Los gastos de administración del sistema de invalidez, vejez y sobrevivencia, no podrán insumir más de un 7% (siete por ciento) de las entradas brutas anuales.

Artículo 26.- El Directorio remitirá al Poder Ejecutivo dentro de los noventa días siguientes al cierre de cada ejercicio, una memoria completa e ilustrativa de la situación del instituto, acompañada de los estados, balances, tasas de rentabilidad de sus inversiones y datos complementarios pertinentes. El Poder Ejecutivo recabará la auditoría externa del Tribunal de Cuentas y remitirá a la Caja el informe que produzca, así como la recomendación de las medidas que crea convenientes, debiendo esta dar cuenta de las resoluciones adoptadas.

Artículo 27.- El Directorio hará practicar cada cinco años o antes de ese plazo si lo cree necesario o a solicitud del Poder Ejecutivo, el estudio de la situación actuarial y financiera de la Caja y lo cursará a este último.

Dicho Poder comunicará a la Caja las consideraciones que le merezca, acompañando los estudios e informes que hubiere recabado y la recomendación de las medidas que crea convenientes, debiendo esta dar cuenta de las resoluciones adoptadas.

Artículo 28.- La Caja, con los saldos de fondos del sistema de invalidez, vejez y sobrevivencia (contribuciones previstas en el literal B) del artículo 24 de la presente ley menos prestaciones y gastos de administración), generados a partir de la vigencia de esta ley, solo podrá realizar las inversiones previstas en el artículo 123 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, y sus modificativas, con los mismos criterios, calificaciones, límites y condiciones establecidos por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las mismas. Idéntico destino tendrá el producido de las precedentes inversiones. No serán de aplicación los períodos de reducción e incremento del porcentaje de inversiones previstos en los penúltimo y antepenúltimo incisos del referido artículo, correspondiendo aplicar desde el inicio los porcentajes definitivos fijados para la finalización de los mismos.

Asimismo, luego de realizar sus servicios, las inversiones previstas en el inciso anterior y las reservas que la prudencia aconseje, podrá colocar los saldos de fondos en:

A) Adquisición de títulos o valores de cualquier índole emitidos por el Estado o cualesquiera de los organismos que lo integran, incluidos los previstos por el artículo 144 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, y colocaciones bancarias en moneda nacional o extranjera.

B) Adquisición de inmuebles y construcción de edificios o mejoras en los mismos.

C) Préstamos a afiliados y escribanos, para vivienda o con otra finalidad social, siempre que en el primer destino se constituya garantía hipotecaria y en ambos se aseguren convenientemente los servicios de amortización e interés y la actualización del capital mutuado. La Caja Notarial podrá obtener apoyo técnico y financiero de organismos nacionales o extranjeros para la realización de estos planes.

D) Realización de otras inversiones, ya sea en forma autónoma o mediante todo tipo de figuras asociativas, siempre y cuando ofrezcan convenientes niveles de rentabilidad y seguridad y no superen en cada caso el 5% (cinco por ciento) del total de las inversiones. Para realizar estas inversiones se requerirán seis votos conformes.

El Poder Ejecutivo controlará el cumplimiento de las normas relativas a inversiones, pudiendo delegar dicha fiscalización en el Banco Central del Uruguay.

La Caja deberá enviar anualmente al domicilio de cada uno de sus afiliados la información referida a las inversiones realizadas y a su rendimiento, de acuerdo a las normas que establezca el Poder Ejecutivo o el Banco Central del Uruguay, en su caso.

Artículo 29.- El monto imponible para las contribuciones de los sujetos pasivos está constituido por los honorarios íntegros devengados a la fecha de la actuación notarial, de conformidad con el Arancel Oficial de la Asociación de Escribanos del Uruguay vigente a la fecha de promulgación de la presente ley o sus modificaciones que impliquen exclusivamente la inclusión de actuaciones no previstas en el mismo; ello, con total prescindencia de la renuncia o reducción de los mismos que esté autorizado a hacer el escribano; los fictos complementarios; los sueldos o salarios reales o fictos; los subsidios servidos por esta Caja y las asignaciones de pasividad.

A los efectos de las contribuciones de los escribanos en actividad, no se tomarán en cuenta los aumentos del monto imponible de la materia gravada o de las alícuotas aplicables del arancel y sus modificaciones referidos en el inciso anterior, sin perjuicio de las actualizaciones monetarias que correspondieran.

Artículo 30.- La tasa de aportación personal jubilatoria (montepío) de los afiliados escribanos activos sobre todas las asignaciones computables en actividades amparadas por la Caja Notarial de Seguridad Social, será del 15,5% (quince y medio por ciento).

El Directorio de la Caja podrá disminuir la tasa cuando la situación de la institución y las proyecciones actuariales y financieras lo permitan.

Artículo 31.- La tasa de aportación personal jubilatoria (montepío) de los afiliados empleados activos sobre todas las asignaciones computables en actividades amparadas por la Caja Notarial de Seguridad Social, será del 15% (quince por ciento) y regirá desde el primer día del mes siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley.

Artículo 32.- A efectos de la cobertura del aumento de las aportaciones personales de los afiliados empleados dispuesto en el artículo anterior, se incrementarán sus remuneraciones sujetas a montepío en el porcentaje necesario a fin de que sean equivalentes a las líquidas vigentes con anterioridad a dicha fecha, calculadas sobre las retribuciones reales o fictas. Dicho incremento será obligatorio desde el primer día del mes siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley.

Se entiende por remuneraciones líquidas, las nominales o fictas menos los aportes personales jubilatorios, las contribuciones al "Fondo Sistema Notarial de Salud" y los impuestos que graven a aquellas.

Artículo 33.- El aporte patronal que devengue la actividad de los afiliados empleados será el 10% (diez por ciento) calculado sobre las remuneraciones fijadas administrativamente o por convenio colectivo, o sobre las reales percibidas si fueren superiores.

El patrono será agente de retención del aporte del empleado. En caso de que la parte empleadora esté constituida por más de un escribano, los mismos responderán solidariamente por las obligaciones para con la Caja.

Artículo 34.- Cuando los afiliados comprendidos en el literal A) del artículo 43 de la presente ley, no alcancen a satisfacer en el año civil una suma equivalente a la que resulte de la aplicación de la tasa fijada por el artículo 30 de la presente ley, sobre el monto anual de la jubilación mínima que fije el Directorio por la causal común, deberán completar la aportación hasta la suma concurrente, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 35 de la presente ley.

No obstante lo dispuesto por el inciso anterior, el Directorio podrá reducir aquella suma, así como establecer proporciones diferentes de aportación mínima o fraccionar su pago, atendiendo a la antigüedad en la afiliación, la situación económico-financiera del instituto y el nivel de la actividad profesional.

Artículo 35.- Denomínase "Fondo Sistema Notarial de Salud" al "Fondo de Subsidio por Enfermedad" creado por el artículo 111 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960.

Los afiliados a la Caja Notarial de Seguridad Social deberán aportar con afectación específica al "Fondo Sistema Notarial de Salud", el 3% (tres por ciento) de los honorarios nominales que correspondan a los efectos de la aportación conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de la presente ley, o fictos complementarios, o de los montos nominales de sueldos o pasividades, o subsidios, según corresponda de acuerdo a las diferentes categorías.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, en el caso de afiliados jubilados y afiliados escribanos activos, el referido aporte tendrá un monto mínimo mensual o su acumulado anual, respectivamente, que establecerá el Directorio en función de las necesidades de financiamiento del "Fondo Sistema Notarial de Salud", y que no podrá exceder el monto de la cuota mutual mensual y sus adicionales o su acumulación anual, calculados de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 337 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992 y decretos reglamentarios.

Los recursos provenientes del Fondo referido serán exclusivamente destinados para cumplir con lo dispuesto por los incisos final del artículo 111 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960, y primero del artículo 88 de la presente ley.

La tasa prevista por el inciso segundo regirá, para los afiliados jubilados y empleados, a partir del primer día del mes siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley.

Artículo 36.- Conjuntamente con el pago del aporte patronal, el empleador deberá cubrir con destino al "Fondo Sistema Notarial de Salud", la diferencia que pudiera existir entre las contribuciones a dicho Fondo a cargo de sus empleados y el monto mínimo mensual establecido de conformidad con el inciso tercero del artículo anterior, multiplicado por el número de dependientes beneficiarios.

Artículo 37.- Los escribanos, en todos los actos relativos al ejercicio profesional, deberán utilizar papel notarial de actuación de las características establecidas por la Suprema Corte de Justicia en razón de la superintendencia que ejerce sobre el notariado nacional, y la Caja Notarial tendrá su administración, impresión y distribución.

Artículo 38.- La autoridad competente no rubricará protocolos de escribanos, sin que se acredite el pago del Montepío Notarial y contribuciones al "Fondo Sistema Notarial de Salud", correspondientes a todas las actuaciones registrales anteriores.

Artículo 39.- Las oficinas públicas y los escribanos no admitirán documentos notariales extrarregistrales, ni testimonios o certificados finales de actuaciones de jurisdicción voluntaria con intervención notarial, de los cuales no surja la constancia de pago del aporte a la Caja Notarial y su monto.

Artículo 40.- El Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y demás personas públicas, no abonarán a los escribanos retribución alguna sin la exhibición de un certificado expedido por la Caja que acredite hallarse en situación regular de pagos. Este certificado tendrá vigencia anual.

Facúltase al Directorio de la Caja a reglamentar la implementación de la presente disposición.

Artículo 41.- Los testimonios de las resoluciones firmes del Directorio de la Caja Notarial de Seguridad Social, asentadas en actas y relativas a deudas por contribuciones de seguridad social de sus afiliados, constituyen títulos ejecutivos siempre que cumplan con los requisitos previstos por el artículo 92 del Código Tributario.

Artículo 42.- En los juicios ejecutivos por cobro de las deudas a que refiere el artículo anterior, no se requerirá previamente intimación de pago ni citación a conciliación y solo serán admisibles las excepciones de inhabilidad del título, falta de legitimación pasiva, nulidad de la resolución declarada conforme a lo previsto por esta ley, extinción de la deuda, espera concedida con anterioridad al embargo y las previstas por el artículo 133 del Código General del Proceso.

TÍTULO IV

DE LOS AFILIADOS

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 43.- Están obligatoriamente afiliados a la Caja Notarial de Seguridad Social:

A) Los escribanos públicos que ejerzan la profesión, desempeñando efectivamente actividad notarial particular.

No son amparables los servicios consistentes en desempeñar actividades notariales como funcionarios en cualquier oficina pública estatal.

B) Los empleados de los escribanos comprendidos en el literal anterior siempre y cuando no revistan la calidad de cónyuges del patrono.

C) Los cónyuges de escribano, que en forma personal y habitual colaboren con este, secundándolo en las tareas propias de su profesión (cónyuge colaborador).

D) El personal de las asociaciones gremiales de afiliados al instituto que tengan personalidad jurídica.

E) Los empleados de la Caja que desempeñen tareas vinculadas directa o principalmente con el funcionamiento de sus servicios administrativos.

F) Los jubilados de la propia Caja.

Artículo 44.- Por empleados de escribanía se entiende exclusivamente aquellos que colaboran con el escribano en las tareas propias de su profesión.

El patrono está obligado a denunciar a la Caja la afiliación de sus empleados dentro de los treinta días siguientes al comienzo de la relación laboral.

Artículo 45.- No serán afiliables al instituto las personas que este ocupe en la explotación de sus inversiones o para la prestación efectiva de servicios de salud, cuya afiliación se regirá por las leyes que amparen las actividades respectivas.

Artículo 46.- Los servicios amparados por esta ley se computan por el tiempo calendario que medie entre la iniciación y la desvinculación o cese, incluyéndose los lapsos de goce de subsidio, así como los de inactividad en los que no pueda determinarse la configuración de cese y posterior reingreso.

El Directorio apreciará con arreglo a la naturaleza de la actividad de que se trate, el total de los servicios computables.

Solo se computarán aquellos servicios por los cuales exista aportación con paga efectiva, no siendo de aplicación a estos efectos los restantes modos de extinción de las obligaciones.

Artículo 47.- Son computables los servicios prestados por los afiliados a partir de los dieciocho años de edad. Los prestados antes de los dieciocho y desde los quince años de edad solo serán computados cuando la actividad esté habilitada legalmente para ejercerse a tal edad, siempre que se hubieren registrado contemporáneamente ante el organismo correspondiente.

En el caso de los dependientes, el amparo no será afectado por eventuales infracciones del empleador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50 de la presente ley.

Artículo 48.- El período de tiempo en que el afiliado activo estuviere suspendido en el ejercicio de sus funciones, será computable toda vez que fuere absuelto de culpa y pena por la Justicia o se acordare sobreseimiento de la causa.

Artículo 49.- La prueba de los servicios se efectuará mediante registros y documentos notariales, documentación laboral fehaciente y demás medios probatorios admitidos por el ordenamiento jurídico.

El Directorio reglamentará el procedimiento probatorio pudiendo recabar de oficio las probanzas que estime pertinentes.

En caso de proceder la declaración de testigos fuera del departamento de Montevideo, la Caja podrá solicitar por exhorto a los Juzgados competentes que practiquen su diligenciamiento.

Artículo 50.- Los servicios de los afiliados a la Caja Notarial de Seguridad Social prestados con anterioridad a la implementación de la historia laboral (1º de marzo de 1942), se reconocerán cuando sean acreditados mediante prueba documental tanto en los años de actividad como en el monto computable y en el caso de los trabajadores no dependientes, las aportaciones correspondientes.

Los servicios prestados con anterioridad a la vigencia de la presente ley podrán denunciarse dentro del plazo de dos años contados a partir de su entrada en vigor.

No obstante, en el caso de servicios de empleados, estos podrán denunciarse dentro del plazo de dos años contados a partir del cese de la relación laboral de que se trate.

Vencidos tales plazos, no se admitirá denuncia alguna.

Las aportaciones a que se refiere el presente artículo se efectuarán con las actualizaciones que correspondan.

TÍTULO V

DEL SISTEMA PREVISIONAL

CAPÍTULO I

DE LAS PRESTACIONES

Artículo 51.- Las prestaciones por vejez, invalidez y sobrevivencia, a cargo de la Caja Notarial de Seguridad Social, son las jubilaciones, los subsidios por enfermedad y por expensas funerarias, y las pensiones.

CAPÍTULO II

DE LAS JUBILACIONES

Artículo 52.- Según la causal que la determine, la jubilación puede ser:

A) Jubilación común.

B) Jubilación por incapacidad total.

C) Jubilación por edad avanzada.

Artículo 53.- Para configurar causal de jubilación común, se exigirán los siguientes requisitos:

1) Sesenta años de edad y un mínimo de treinta y cinco años de servicios, o

2) Sesenta años de edad y un mínimo de treinta años de servicios, computándose a estos efectos exclusivamente los prestados en actividades amparadas por la Caja Notarial de Seguridad Social. En caso de que no se reúna el mínimo referido de tales servicios, se exigirá el previsto en el numeral anterior.

Las causales se configurarán aun cuando los mínimos de edad requeridos se alcancen con posterioridad a la fecha del cese en la actividad.

Artículo 54.- Tienen derecho a jubilación por incapacidad los afiliados que se incapaciten en forma absoluta y permanente, para todo trabajo o para el empleo o profesión habitual, siempre que la incapacidad sobrevenga en actividad o en períodos de inactividad compensada.

Cuando aquella sobrevenga después del cese en las situaciones previstas precedentemente, se tendrá derecho siempre que se hayan computado diez años de servicios amparados por la Caja como mínimo y no se fuere beneficiario de otra jubilación o retiro.

El grado de severidad de la incapacitación que dé mérito a la concesión de esta jubilación se establecerá atendiendo a la naturaleza de la actividad de que se trate, a los baremos aprobados para los afiliados al Banco de Previsión Social y al porcentaje de invalidez fijado por el Poder Ejecutivo para la incapacidad absoluta para todo trabajo.

Artículo 55.- Cuando se determine la existencia de una incapacidad absoluta y permanente se establecerá si el afiliado debe someterse a exámenes médicos periódicos practicados por los servicios que el Directorio indique.

El beneficiario deberá necesariamente presentarse a dichos exámenes y la ausencia injustificada a los mismos, aparejará la inmediata suspensión de la prestación.

Esta dejará también de servirse, si al practicarse los exámenes periódicos dispuestos se constatare el cese de la incapacidad, salvo que el beneficiario contara con la edad mínima para configurar causal común.

Artículo 56.- La causal de jubilación por edad avanzada se configura al cumplir setenta años, siempre que no se cuente con causal de jubilación común y se acrediten quince años de servicios reconocidos, se encuentre o no en actividad a la fecha de configuración de tal causal.

La jubilación por edad avanzada es incompatible con cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo la prestación que provenga del régimen general de jubilación por ahorro individual.

No obstante en el caso de afiliados en actividad a la fecha de promulgación de la presente ley que, a la misma fecha, fueren beneficiarios de prestación de jubilación por la causal común servida por el Banco de Previsión Social y tuvieren en el caso de las mujeres cincuenta y nueve o más años de edad y en el caso de los hombres sesenta o más años de edad podrán, cuando acrediten quince años de servicios reconocidos, acceder a la prestación de jubilación por edad avanzada, la que será únicamente compatible con la referida jubilación del Banco de Previsión Social y con la prestación que provenga del régimen general de jubilación por ahorro individual.

CAPÍTULO III

DEL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD

Artículo 57.- Los afiliados en actividad que se enfermaren o incapacitaren temporariamente y en forma severa para el trabajo, mientras persistan dichas causales, percibirán mensualmente un subsidio equivalente al 70% (setenta por ciento) del promedio mensual actualizado de las asignaciones computables del último trienio. Dicha actualización se hará hasta el mes inmediato anterior al comienzo de la incapacitación, de acuerdo al índice de los precios al consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

El subsidio mensual no podrá ser superior al 70% (setenta por ciento) del sueldo básico jubilatorio máximo previsto por esta ley, es incompatible con el ejercicio profesional, con el goce de subsidio por maternidad y toda remuneración a cargo del empleador, y se servirá por un plazo que no excederá de tres años.

No se tendrá derecho a este beneficio cuando se trate de enfermedades crónicas cuyo origen sea anterior a la afiliación a la Caja o que incapacitaren por un período inferior a treinta días.

El derecho a este beneficio se configurará una vez transcurridos tres años contados a partir de la registración de la afiliación.

Facúltase al Directorio de la Caja Notarial de Seguridad Social, atendiendo a la naturaleza de la actividad de que se trate y a los baremos aprobados para los afiliados al Banco de Previsión Social y pautas médicas generalmente aceptadas, para que establezca el grado de severidad de la incapacitación que dé mérito a la concesión de este subsidio.

Si el subsidio por enfermedad se solicita dentro del plazo de sesenta días del acaecimiento de la incapacidad, se devengará desde la iniciación de la misma. Si se presentare fuera del mencionado plazo, se devengará desde la fecha de la solicitud.

CAPÍTULO IV

DE LAS PENSIONES

Artículo 58.- Los afiliados activos, cualquiera sea el tiempo de servicios acreditados, y los afiliados que se encuentren en goce de pasividad o hubieren perdido tal derecho según el artículo 75 de la presente ley, causan pensión ante el acaecimiento de los siguientes hechos:

A) La muerte o declaración judicial de ausencia, sin perjuicio de que los presuntos causahabientes puedan solicitar la liquidación provisoria de la pensión desde que esté configurada la presunción judicial de ausencia.

B) La desaparición en un siniestro o hecho conocido de manera pública y notoria que haga presumir la muerte, previa información sumaria.

La pensión caducará, pudiéndose ordenar la devolución de lo pagado a juicio del órgano competente, desde el momento en que el causante apareciere con vida o no se obtuviera la declaración de ausencia dentro de los dos años siguientes a la fecha en que esta pudo solicitarse.

Artículo 59.- También causará pensión el afiliado desocupado que:

A) Fallezca durante el período de amparo al régimen de prestaciones por desempleo, en caso de que estas existan, o dentro de los doce meses inmediatos siguientes al cese de dicha prestación o al de la actividad, cuando no tuviere derecho a aquel.

B) Fallezca después del cese en la actividad y no se encuentre comprendido en las situaciones previstas en el literal anterior, siempre que compute como mínimo diez años de servicios amparados por la Caja y sus causahabientes no fueren beneficiarios de pensión generada por el mismo causante.

Artículo 60.- Siempre que al momento de configuración de la causal no se hallaren en situación de desheredación o indignidad para suceder, tienen derecho a pensión las siguientes personas:

A) Las personas viudas.

B) Los hijos solteros mayores de dieciocho años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo y los hijos solteros menores de veintiún años de edad excepto cuando se trate de mayores de dieciocho años de edad que dispongan de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

C) Los padres absolutamente incapacitados para todo trabajo.

D) Las personas divorciadas.

El derecho a pensión de los hijos se configurará en el caso de que su padre o madre no tengan derecho a pensión, o cuando estos, en el goce del beneficio, fallezcan o pierdan el derecho por cualquiera de los impedimentos establecidos legalmente.

Artículo 61.- El derecho de los beneficiarios quedará sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones:

A) Las personas divorciadas, siempre que no fueran declaradas culpables y acrediten además que, a la fecha de configurada la causal, eran beneficiarias de pensión alimenticia decretada u homologada judicialmente y servida por el causante.

B) Los hijos solteros mayores de veintiún años y los padres, absolutamente incapacitados para todo trabajo, siempre que acrediten además, que carecen de medios de vida que les permitan subvenir a su sustento, el que debió estar a cargo del causante en forma total o principal.

C) Los hijos adoptivos o los padres adoptantes, en todo caso, siempre que prueben, además de lo que se establece en el literal anterior, que han integrado de hecho un hogar común con el causante y convivido en su morada constituyendo con el mismo una unidad moral y económica similar a la de la familia, y que esta situación fuese notoria y preexistente, por lo menos en cinco años a la fecha de configurarse la causal, aun cuando el cumplimiento de las formalidades legales de adopción fuese más reciente. Cuando la causal pensionaria se opere antes de que el adoptado haya cumplido los diez años de edad, se exigirá como mínimo que haya convivido con el causante la mitad de su edad a dicha fecha.

Esta pensión es incompatible con la causada por vínculo de consanguinidad, pudiendo optar el interesado por una u otra.

Artículo 62.- Tratándose de personas viudas que tengan cuarenta o más años de edad a la fecha de fallecimiento del causante, o que cumplan esa edad gozando del beneficio de la pensión, la misma se servirá durante toda su vida.

Las personas divorciadas que cumplan con los requisitos establecidos en este artículo, gozarán igualmente de la pensión durante toda su vida, salvo que se configuren respecto de las mismas las causales de pérdida de la prestación que se establecen en el artículo 69 de la presente ley.

En el caso de que las personas viudas o divorciadas tengan entre treinta y treinta y nueve años de edad a la fecha del fallecimiento del causante, la pensión se servirá por el término de cinco años y por el término de dos años, cuando los mencionados beneficiarios sean menores de treinta años de edad a dicha fecha.

Los límites de prestación de la pensión a que hace referencia el inciso anterior no regirán en los casos que:

A) El beneficiario estuviese total y absolutamente incapacitado para todo trabajo.

B) Integren el núcleo familiar del beneficiario hijos solteros menores de veintiún años de edad, en cuyo caso la pensión se servirá hasta que estos alcancen dicha edad una vez cumplidos los términos del inciso tercero, excepto cuando se trate de mayores de dieciocho años de edad que dispongan de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

C) Integren el núcleo familiar del beneficiario hijos solteros mayores de dieciocho años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo.

CAPÍTULO V

DETERMINACIÓN DEL MONTO Y DEMÁS CONDICIONES DE LAS PRESTACIONES

Artículo 63.- El sueldo básico jubilatorio se calculará obteniendo el promedio mensual resultante de la actualización de las asignaciones computables, mensuales o anuales, considerándose:

A) En el caso de afiliados escribanos, los treinta años de mejores asignaciones computables actualizadas, por servicios registrados en su historia laboral, en la forma que reglamente el Directorio.

B) En el caso de afiliados empleados, los diez últimos años de servicios registrados en la historia laboral, limitado al promedio mensual de los veinte años de mejores asignaciones computables actualizadas, por servicios registrados en la historia laboral, incrementado en un 5% (cinco por ciento). Si fuera más favorable para el afiliado, el sueldo básico jubilatorio será el promedio de los veinte años de mejores asignaciones computables actualizadas, por servicios registrados en la historia laboral.

C) En el caso de aquellos con doble afiliación (como escribano y como empleado), que configuren causales jubilatorias por sendas actividades independientemente, el sueldo básico jubilatorio será el resultado de sumar los sueldos básicos previstos por los literales A) y B).

Tratándose de jubilación por incapacidad o de jubilación por edad avanzada, si el tiempo de servicios computado no alcanza al período o períodos de cálculo indicados en los incisos anteriores de este artículo, se tomará el promedio actualizado correspondiente al período o períodos efectivamente registrados.

La actualización se hará hasta el mes inmediato anterior al inicio del servicio de la pasividad, de acuerdo al índice de los precios al consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

Artículo 64.- La asignación de jubilación será:

A) Para la jubilación común, el resultado de aplicar sobre el sueldo básico jubilatorio respectivo, los porcentajes que se establecen a continuación:

1) El 50% (cincuenta por ciento) cuando se reúnan los requisitos mínimos para la configuración de la causal.

2) Se adicionará un 0,5% (medio por ciento) del sueldo básico jubilatorio por cada año que exceda de treinta o de treinta y cinco años de servicios, según el caso (artículo 53 de la presente ley), al momento de configurarse la causal, con un tope del 2,5% (dos y medio por ciento).

3) A partir de los sesenta años de edad, por cada año de edad que se difiera el retiro, después de haberse configurado la causal y hasta los setenta años de edad, se adicionará un 3% (tres por ciento) del sueldo básico jubilatorio por año con un máximo de 30% (treinta por ciento). Si no se hubiera configurado causal, por cada año de edad que supere los sesenta se adicionará un 2% (dos por ciento) hasta llegar a los setenta años de edad, o hasta la configuración de la causal si esta fuera anterior.

Los porcentajes adicionales establecidos en este numeral en ningún caso se acumularán para un mismo período.

B) Para la jubilación por incapacidad, el 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo básico jubilatorio.

C) Para la jubilación por edad avanzada, el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo básico jubilatorio al configurarse la causal, más el 1% (uno por ciento) del mismo, por cada año que exceda los quince años de servicios, con un máximo del 14% (catorce por ciento).

Artículo 65.- El sueldo básico de pensión será equivalente a la jubilación que le hubiere correspondido al causante a la fecha de configuración de la causal pensionaria, con un mínimo equivalente a la asignación de la jubilación por incapacidad.

Si el causante estuviere ya jubilado el sueldo básico de pensión será la última asignación de pasividad, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 67 de la presente ley.

Artículo 66.- La asignación de pensión será:

A) Si se trata de personas viudas o divorciadas, el 75% (setenta y cinco por ciento) del sueldo básico de pensión cuando exista núcleo familiar, o concurrencia con hijos no integrantes del mismo o padres del causante. En ningún caso la asignación a las personas divorciadas podrá exceder el monto de la pensión alimenticia servida por el causante.

B) Si se trata exclusivamente de la viuda o viudo o hijos del causante, el 66% (sesenta y seis por ciento) del sueldo básico de pensión.

C) Si se trata de hijos en concurrencia con los padres del causante, el 66% (sesenta y seis por ciento) del sueldo básico de pensión.

D) Si se trata exclusivamente de las divorciadas o los divorciados, o padres del causante, el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo básico de pensión.

E) Si se trata de la viuda o viudo en concurrencia con la divorciada o divorciado, sin núcleo familiar, el 66% (sesenta y seis por ciento) del sueldo básico de pensión. Si solo una de las categorías tuviere núcleo familiar, el 9% (nueve por ciento) de diferencia se asignará a esa parte.

Artículo 67.- Ningún sueldo básico podrá superar la suma de $ 25.000 (veinticinco mil pesos uruguayos), no rigiendo para todas las asignaciones resultantes otro tope que no sea el derivado de la aplicación del presente, excepto el sueldo básico previsto por el literal C) del artículo 63 de la presente ley, que podrá exceder este tope hasta en un 30% (treinta por ciento).

Artículo 68.- En caso de concurrencia de beneficiarios, la distribución de la asignación de pensión se efectuará conforme a las siguientes normas:

A) A la viuda o viudo, divorciada o divorciado, con núcleo familiar, en concurrencia con otros beneficiarios, les corresponderá el 70% (setenta por ciento) de la asignación de pensión.

Cuando concurran con núcleo familiar la viuda o viudo y divorciada o divorciado, la distribución de dicho porcentaje se hará por partes iguales a cada categoría. En el caso de que una sola de las categorías integre núcleo familiar, su cuota parte será superior en un 14% (catorce por ciento) a la del resto de los beneficiarios.

El remanente de la asignación de pensión se distribuirá en partes iguales entre los restantes copartícipes de pensión.

B) A la viuda o viudo, divorciada o divorciado, sin núcleo familiar, en concurrencia con otros beneficiarios, le corresponderá el 60% (sesenta por ciento) de la asignación de pensión.

Cuando concurran la viuda o viudo y divorciada o divorciado, la distribución de dicho porcentaje se hará por partes iguales a cada categoría.

El remanente se distribuirá en partes iguales entre los restantes copartícipes de pensión.

C) En los demás casos, la asignación de pensión se distribuirá en partes iguales.

En caso de las divorciadas o divorciados en concurrencia con otros beneficiarios, el remanente que pudiera surgir de la aplicación del literal A) del artículo 66 de la presente ley, se distribuirá en la proporción que corresponda a los restantes beneficiarios.

Artículo 69.- El derecho a pensión se pierde:

A) Por contraer matrimonio las personas divorciadas.

B) Por alcanzar los hijos los veintiún años de edad, salvo que acrediten hallarse absolutamente incapacitados para todo trabajo y carecer de medios para subvenir a su sustento, el que debió estar a cargo del causante en forma total o principal.

C) Por recuperar la capacidad antes de los cuarenta y cinco años de edad, cuando la incapacidad fuere requisito del beneficio pensionario.

Artículo 70.- Cuando un beneficiario falleciere o perdiere su derecho a percibir la pensión, se procederá a reliquidar la asignación de pensión si correspondiera, así como a su distribución, de acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores.

Artículo 71.- A los efectos de lo dispuesto en los artículos anteriores, se considera núcleo familiar la sola existencia de hijos solteros del causante, menores de veintiún años de edad o mayores de veintiún años absolutamente incapacitados para todo trabajo.

Artículo 72.- A los efectos de esta ley las referencias a padres e hijos comprenden a ambos sexos y a las calidades legales de legítimos, naturales, adoptantes y adoptivos.

Artículo 73.- Los haberes de jubilación se devengarán a partir del cese de actividad o configuración de la causal si fuere posterior a aquel, y los de pensión desde la configuración de la causal.

No obstante, si la solicitud no se hubiere formulado dentro de los ciento ochenta días de producido el hecho determinante, los haberes se devengarán a partir de la fecha de presentación de aquella.

Artículo 74.- Para recibir la asignación de jubilación o pensión se requiere que haya existido cotización efectiva o ponerse al día únicamente a través de los medios previstos por los artículos 29 a 37 del Código Tributario o por el mecanismo aludido en el literal L) del artículo 12 de la presente ley, con las contribuciones establecidas a favor de la Caja, por los servicios que la generaron, así como el cumplimiento regular de las obligaciones para con el instituto.

Artículo 75.- El otorgamiento de la jubilación notarial significa el cese del escribano en el ejercicio de sus funciones notariales, sin que le sea permitido continuar en las mismas.

Si infringiere esta prohibición, se le sancionará con la pérdida de hasta el 75% (setenta y cinco por ciento) de la pasividad, durante el período que el Directorio estime conveniente, con un máximo de un año.

La reiteración de la infracción será penada con la pérdida de la pasividad por hasta un máximo de diez años.

El Directorio reglamentará la adjudicación de cierta parte de la retención efectuada, al cónyuge y/o parientes del jubilado que estuvieren a su cargo y carecieren de ingresos.

Si el sancionado optare por el reingreso a la actividad, la sanción aplicada se suspenderá, retomando fuerza y vigor cuando el escribano se acogiera nuevamente a los beneficios jubilatorios.

Artículo 76.- El jubilado podrá renunciar al goce de su pasividad, volviendo al ejercicio de sus funciones.

Si hiciere uso de este derecho, no podrá acogerse de nuevo a la pasividad hasta transcurridos dos años desde la fecha de la renuncia.

CAPÍTULO VI

DEL SUBSIDIO PARA EXPENSAS FUNERARIAS

Artículo 77.- Quien acredite haberse hecho cargo de los gastos del sepelio de un afiliado, tendrá derecho a un subsidio por el importe de los gastos efectivamente realizados, hasta un máximo de $ 4.600 (pesos uruguayos cuatro mil seiscientos). La Caja podrá sustituir dicho subsidio por la prestación directa o por contrato de los servicios funerarios.

Este beneficio es incompatible con la percepción de cualquier otro subsidio para expensas funerarias de otro organismo de seguridad social y deberá ser solicitado dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la fecha de fallecimiento de quien lo causa, vencido el cual caducará.

TÍTULO VI

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 78.- Podrán optar entre quedar comprendidos en el régimen previsional que se deroga o en las disposiciones de la presente ley, los afiliados que, sin ser jubilados, hubiesen configurado causal de jubilación por el régimen legal que se sustituye antes de la vigencia de esta ley, o la configuraren antes del 1º de enero del 2002.

Artículo 79.- Para configurar la causal de jubilación común se requiere, además de los años de servicios, el cumplimiento de una edad mínima, de acuerdo al siguiente detalle:

I) Para el hombre, el cumplimiento de sesenta años de edad.

II) Para la mujer, el cumplimiento de una edad mínima de:

- Cincuenta y seis años a partir del 1º de enero de 2002.

- Cincuenta y siete años a partir del 1º de enero de 2003.

- Cincuenta y ocho años a partir del 1º de enero de 2005.

- Cincuenta y nueve años a partir del 1º de enero de 2006.

A partir del 1º de enero de 2007 la edad mínima de jubilación de la mujer por la causal común, será de sesenta años.

Artículo 80.- Para configurar causal de jubilación por edad avanzada se requiere:

I) Un mínimo de:

- Once años de servicios, a partir del 1º de enero de 2002.

- Doce años de servicios, a partir del 1º de enero de 2003.

- Trece años de servicios, a partir del 1º de enero de 2005.

- Catorce años de servicios, a partir del 1º de enero de 2006.

A partir del 1º de enero de 2007 se requerirá un mínimo de quince años de servicios.

II) El cumplimiento de una edad mínima de:

A) Para el hombre, setenta años de edad.

B) Para la mujer:

- Sesenta y seis años a partir del 1º de enero de 2002.

- Sesenta y siete años a partir del 1º de enero de 2003.

- Sesenta y ocho años a partir del 1º de enero de 2005.

- Sesenta y nueve años a partir del 1º de enero de 2006

A partir del 1º de enero de 2007 se requerirá para la mujer, un mínimo de setenta años de edad para configurar la causal por edad avanzada.

Artículo 81.- Cuando por aplicación de lo dispuesto por el literal A) del artículo 64 de la presente ley, la tasa de reemplazo aplicable resultare inferior al 60% (sesenta por ciento), la misma se elevará hasta dicho porcentaje a partir de la vigencia de esta ley, reduciéndose de acuerdo al siguiente detalle:

- Al 58% (cincuenta y ocho por ciento) a partir del 1º de enero de 2002.

- Al 56% (cincuenta y seis por ciento) a partir del 1º de enero de 2003.

- Al 54% (cincuenta y cuatro por ciento) a partir del 1º de enero de 2005.

- Al 52% (cincuenta y dos por ciento) a partir del 1º de enero de 2006.

A partir del 1º de enero de 2007, la tasa de reemplazo será la prevista en el artículo 64 de la presente ley.

TÍTULO VII

DE LA MATERIA GRAVADA Y DE LAS ASIGNACIONES COMPUTABLES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 82.- Todas las asignaciones computables a los efectos de las prestaciones, constituyen materia gravada por las contribuciones establecidas en favor de la Caja.

En caso de que una determinada asignación o partida resulte, según el período gravada o no y modifique tal naturaleza, la misma será computable solo por los períodos y montos en los que haya constituido materia gravada.

Artículo 83.- Son asignaciones computables los honorarios nominales que correspondan a los efectos de la aportación conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de la presente ley, los honorarios fictos correspondientes a complementos por aportes mínimos, los subsidios y los sueldos o salarios, reales o fictos.

TÍTULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 84.- Las asignaciones de jubilación, pensión o subsidio son inalienables e inembargables, y toda venta o cesión que se hiciere de ellas, cualquiera fuere su causa, será nula, salvo los casos de excepción establecidos legalmente.

No obstante, a los efectos previstos en el artículo 74 de la presente ley, podrán destinarse asignaciones jubilatorias o pensionarias, devengadas o futuras, a la cancelación de las contribuciones establecidas en favor de la Caja.

Artículo 85.- Cuando los beneficiarios no cumplieran con las obligaciones a su cargo o con los deberes formales que les sean impuestos, podrán ser suspendidos en el goce de las prestaciones hasta tanto regularicen su situación.

Artículo 86.- Es incompatible el goce de jubilación acordada por el instituto, con el ejercicio de actividades amparadas por el mismo.

Todo jubilado en cuya pasividad se hayan computado servicios amparados por otros organismos de seguridad social, no podrá trabajar en actividades de la misma inclusión que las acumuladas, salvo que refieran al ejercicio de cargos docentes.

Artículo 87.- Se podrá efectuar acumulación de servicios para configurar causal de jubilación, retiro o pensión ante cualquier organismo de seguridad social, los que no podrán ser utilizados para otra pasividad.

Para que la acumulación proceda, se requiere:

A) Que el titular haya cesado en todas las actividades que integren la acumulación.

B) Que en ninguno de los organismos que amparan los servicios objeto de la acumulación, se haya configurado la causal de que se trate en forma independiente.

C) La aptitud para configurar la causal, considerando la edad del beneficiario y la totalidad del tiempo de los servicios que se pretende acumular, en cada organismo de amparo de actividad, a cuyos efectos los de carácter simultáneo se considerarán como un único período computable.

D) La inclusión de la totalidad de los servicios computados por las actividades que se desean acumular.

En el caso de los servicios bonificados, la bonificación solamente se considerará con relación al período de servicios, para la configuración de causal y determinación de la tasa de reemplazo. No obstante, respecto de la entidad que amparó dicha bonificación, esta se considerará a todos los efectos.

A los efectos de determinar la pasividad, cada organismo calculará la cuota parte de la pasividad que le corresponda y que abonará al que deba servirla.

Para efectuar dicho cálculo cada entidad determinará el monto de la asignación ficta de pasividad que le hubiere correspondido servir, como si todos los años de servicio acumulados se hubieran prestado bajo su amparo, aplicando su propio régimen de cálculo de sueldos básicos, tasas de reemplazo y máximos de asignaciones de pasividad.

La actualización de las asignaciones computables se realizará hasta el mes anterior al del inicio del servicio de pasividad.

No obstante, para el cálculo del sueldo básico no se considerarán las asignaciones computables correspondientes a servicios totales inferiores a un año, en cuyo caso no devengará derecho a prestación en el organismo de amparo de esta actividad.

Obtenido el monto de su respectiva asignación ficta, cada organismo calculará su cuota parte prorrateándola de acuerdo al tiempo de servicios que amparó.

La pasividad resultante se regirá y servirá por el organismo cuya cuota parte fuera mayor, equivaldrá a la suma de todas las cuotas de todos los organismos involucrados y no podrá superar la asignación ficta que le hubiere correspondido en el organismo que deba abonar la prestación. A estos efectos, la totalidad de las cuotas partes se reducirá proporcionalmente a su respectiva contribución, si correspondiere.

Los restantes organismos abonarán al organismo que debe servir la prestación, en la forma y oportunidades que determine la reglamentación, el valor total de las cuotas partes que les hubiere correspondido servir durante toda la vida del beneficiario y por los derechos pensionarios que este pudiera causar, estimado en base a cálculos actuariales que se realicen considerando las tablas de mortalidad y las tasas de interés actuarial fijadas por el Banco Central del Uruguay para las prestaciones del régimen de ahorro voluntario previsto por la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995.

El goce de la totalidad del beneficio está condicionado, para los períodos que establezca la reglamentación, a que todos los organismos hayan efectuado la correspondiente versión de su cuota parte, en consonancia con el inciso anterior.

A partir de la vigencia de la presente ley no se aceptarán traspasos de servicios de acuerdo al régimen que se sustituye por el establecido en este artículo.

El presente artículo será reglamentado por el Poder Ejecutivo dentro del plazo de ciento ochenta días a partir de la vigencia de la presente ley.

Artículo 88.- La Caja podrá contratar o prestar directamente los servicios tendientes a la cobertura de contingencias relativas a la salud de sus afiliados.

De acuerdo a las posibilidades económicas del "Fondo Sistema Notarial de Salud", el Directorio podrá disponer la participación de los beneficiarios en los costos de los servicios referidos, así como reglamentar la extensión de dichos beneficios a familiares de sus afiliados y a los escribanos no afiliados, mediante el pago de cuotas que no podrán superar el costo respectivo, siendo facultativa la adscripción de estos beneficiarios.

Artículo 89.- La Caja Notarial de Seguridad Social podrá actuar como agente recaudador de ahorros voluntarios de sus afiliados destinados a fondos de ahorros previsionales radicados en el país. En estos casos la Caja podrá percibir una comisión por recaudación y convenir con empleadores de sus afiliados la forma de retención de esos ahorros voluntarios en forma similar a la establecida en la Ley Nº 15.890, de 27 de agosto de 1987, modificativas y concordantes.

La comisión estará exonerada del Impuesto al Valor Agregado del Título 10 del Texto Ordenado de 1996 y del Impuesto a las Comisiones regulado en el Título 17 del Texto Ordenado de 1996.

Artículo 90.- La Caja podrá retener hasta el 35% (treinta y cinco por ciento) de los sueldos y pasividades que abona a los afiliados indicados en los literales E) y F) del artículo 43 de la presente ley, con destino al pago de cuotas de préstamos que aquellos hubieren celebrado con el instituto.

Artículo 91.- Las referencias monetarias mencionadas en la presente ley, están expresadas en valores correspondientes al mes de mayo de 1995 y se ajustarán por la variación en el índice de los precios al consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, en las oportunidades establecidas en el artículo 67 de la Constitución de la República.

Artículo 92.- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, quienes estén afiliados a la Caja como empleados de escribanía de sus cónyuges, pasarán a integrar la categoría "cónyuge colaborador" definida por el literal C) del artículo 43 de la presente ley.

Salvo previsión a texto expreso, las disposiciones referentes a afiliados empleados serán aplicables, en lo pertinente, a la categoría de afiliados "cónyuge colaborador".

Artículo 93.- El sistema pensionario previsto por la presente ley regirá para las pensiones cuya causal se configure con posterioridad a su vigencia.

Artículo 94.- El personal de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones actualmente afiliado, conservará su afiliación en la Caja Notarial de Seguridad Social mientras subsista la relación laboral con la misma.

Artículo 95.- El actual Directorio de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones ejercerá el gobierno y administración del instituto hasta tanto expire el período de su mandato, no rigiendo al respecto las causales de cesantía creadas por esta ley.

Artículo 96.- El Directorio de la Caja Notarial de Seguridad Social propenderá a la reducción de la tasa de aportación establecida en el artículo 30 de la presente ley cuando se den las circunstancias previstas en dicha disposición.

Artículo 97.- Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley".

22.- Comunicaciones de la Presidencia del Cuerpo.

——La Mesa quiere hacer una rectificación. Se ha recibido una comunicación de la Presidencia de la Asamblea General en la que se establece que la clausura del Segundo Período Ordinario de la XLV Legislatura no será a la hora 11, sino a la hora 10 del sábado 15 de diciembre.

23.- Servicios prestados por trabajadores de la actividad privada. (Se les reconoce como efectivamente trabajados para aquellos que fueron detenidos o compelidos a abandonar el país y para dirigentes sindicales que hubieren permanecido en la clandestinidad, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985).

Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Servicios prestados por trabajadores de la actividad privada. (Se les reconoce como efectivamente trabajados para aquellos que fueron detenidos o compelidos a abandonar el país y para dirigentes sindicales que hubieren permanecido en la clandestinidad, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 651

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 5 de julio de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General

profesor Luis Hierro López.

De nuestra mayor consideración:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a consideración de ese alto Cuerpo, el adjunto proyecto de ley por el cual se reconoce como efectivamente trabajados, a los solos efectos jubilatorios y pensionarios, los servicios que se hubiesen prestado por trabajadores de la actividad privada que, dentro del período comprendido entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, hubiesen sido detenidos por disposición de la Justicia Militar, por delitos políticos o militares conexos con los mismos, se hubieren visto compelidos a abandonar el país por razones políticas, ideológicas y gremiales y para los dirigentes sindicales que hubieren pasado a la clandestinidad.

Innecesario resulta destacar que este es el punto final de un dilatado proceso, que por imperio de esta ley llegará a su término.

En el Capítulo II se establece el ámbito subjetivo del beneficio, precisando quiénes tienen vocación para obtenerlo.

El Capítulo III por su parte, se ocupa del ámbito objetivo instaurando por la vía de los ingresos fictos, un ingreso mensual cuyo monto es de cinco salarios mínimos nacionales.

Asimismo se encarga de prever sobre la naturaleza de los servicios distinguiendo entre los beneficiarios con causal y sin causal, y dando una norma de reenvío si subsistiere la duda.

Los recursos necesarios para financiar la erogación que resulte de la aplicación de esta ley, se proyecta sean atendidos con cargo a Rentas Generales.

Es notorio que de acuerdo a lo previsto por la Constitución en su artículo 86, inciso segundo, los proyectos de ley de la índole del presente requieren la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, la cual se está formalizando en este acto.

En el Capítulo V se regulan las cuestiones relativas al procedimiento.

Se crea una Comisión Especial con el cometido de estudiar y resolver las peticiones de amparo, integrada por cuatro miembros designados por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Economía y Finanzas, Servicio Civil y Banco de Previsión Social.

Por último, en el Capítulo VI de las disposiciones finales, se prevé una serie de circunstancias de exclusión de los beneficios.

En atención a todo lo expuesto es que el Poder Ejecutivo formula, para el caso, la iniciativa privativa del proyecto de ley adjunto, encontrando propicia la ocasión para reiterar al señor Presidente y a los miembros de ese alto Cuerpo las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, ÁLVARO ALONSO, ALBERTO BENSIÓN.

PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I

PRINCIPIO GENERAL. CONTENIDO

Artículo 1º.- Quedan comprendidos en la presente ley, todos los trabajadores de la actividad privada que, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, se hubieran visto obligados a abandonar el territorio nacional por razones políticas, ideológicas o gremiales; asimismo, los que hubieran estado detenidos por delitos políticos o militares conexos durante dicho lapso y los dirigentes sindicales que debieron permanecer en la clandestinidad en dicho período, siempre y cuando cumplan con los requisitos del artículo 3º de la presente ley y les sea reconocido el derecho por la Comisión Especial que por esta ley se crea.

CAPÍTULO II

ÁMBITO SUBJETIVO

Artículo 2º.- A los trabajadores y demás beneficiarios mencionados en el artículo anterior se les computará -dentro del período comprendido entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985- como efectivamente trabajado, el tiempo que medió entre la salida del país y el regreso al territorio nacional, entre la detención y la recuperación de la libertad y el período de clandestinidad, en su caso. Este reconocimiento será válido solo a los efectos jubilatorios y pensionarios y se computará a partir de los dieciocho años de edad.

Artículo 3º.- Para ser beneficiarios de los derechos que se instituyen en la presente norma, el trabajador deberá reunir los siguientes requisitos:

A) Haber estado detenido por disposición de la Justicia Militar, cualquiera fuera la autoridad que dispuso inicialmente la privación de la libertad, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, por delitos políticos o militares conexos con los mismos, o durante dicho período, haber pasado a la clandestinidad siendo dirigente sindical o haberse visto compelido a abandonar el país, entre el 9 de febrero de 1973 y 28 de febrero de 1985, por razones políticas, ideológicas o gremiales, siempre que hubiere retornado al mismo y se haya radicado, definitivamente, en el país antes del 1º de marzo de 1987.

B) Que le sea reconocido el derecho por la Comisión Especial que se crea en esta ley y no estar comprendidos en las situaciones previstas en el artículo 18 de la presente ley.

CAPÍTULO III

ÁMBITO OBJETIVO

Artículo 4º. (Ingresos fictos).- A los trabajadores que oportunamente sean declarados comprendidos dentro de los extremos de esta ley, se les reconocerá durante el período de cómputo ficto de servicios, un ingreso mensual equivalente a cinco salarios mínimos nacionales, a valores de la fecha de vigencia de la presente ley.

Artículo 5º. (Naturaleza de los servicios).- Los servicios reconocidos en los términos de la presente ley, no podrán fraccionarse y se considerará que son comunes u ordinarios, de acuerdo al régimen que regule la prestación a servir.

En el caso de los beneficiarios que a la fecha de vigencia de la ley, tengan configurada causal jubilatoria o pensionaria, los servicios fictos se considerarán que tienen afiliación al instituto que deba servir la prestación en la cual aquellos se computan.

Tratándose de beneficiarios sin causal a dicha fecha, la afiliación de los períodos estará determinada por los últimos servicios prestados por el beneficiario o el causante, según corresponda.

Artículo 6º. (Reenvío).- Cuando de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo anterior, no pudiese determinarse la afiliación, se considerará que los servicios fueron prestados al amparo de la Ley Nº 12.138, de 13 de octubre de 1954.

CAPÍTULO IV

FINANCIACIÓN. RECURSOS

Artículo 7º. (Reintegros).- Los aportes jubilatorios personales correspondientes al reconocimiento ficto, se cancelarán mediante un régimen de reintegros.

El mismo será equivalente al 20% (veinte por ciento), de los importes emergentes de dicho reconocimiento ficto, por un período igual al de los servicios reconocidos.

El descuento cesará al cumplir el afiliado los setenta años de edad.

La prestación resultante, en ningún caso podrá ser inferior a la asignación mínima establecida por el régimen de pasividades por la cual se otorgue.

Artículo 8º. (Recursos).- Los gastos que genere la aplicación de la presente ley, serán atendidos por Rentas Generales.

CAPÍTULO V

DEL PROCEDIMIENTO

Sección I

De la Comisión

Artículo 9º.- Créase una Comisión Especial, que actuará en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuya integración, cometidos y funciones, serán los que se expresan en los artículos siguientes.

Esta Comisión deberá constituirse dentro de los treinta días a partir de la vigencia de esta ley, siendo obligación del Poder Ejecutivo publicitar la fecha de su constitución.

Artículo 10. (Integración).- La Comisión Especial creada por el artículo anterior estará integrada por un delegado designado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien la presidirá, un delegado designado por la Comisión de Servicio Civil, un delegado designado por el Ministerio de Economía y Finanzas y uno designado por el Banco de Previsión Social. Las decisiones se tomarán por mayoría. En caso de empate en la votación, el Presidente tendrá doble voto.

Artículo 11. (Cometidos).- La Comisión Especial, entenderá en todo lo relativo a la instrucción, sustanciación y resolución definitiva de las situaciones previstas en el Capítulo II de esta ley.

El acto por el cual la Comisión Especial resuelva la solicitud, se considerará acto definitivo cumplido por la administración y será notificado personalmente.

Podrá ser recurrido mediante los recursos de revocación y jerárquico.

Artículo 12. (Facultades).- La Comisión Especial podrá disponer todas las medidas que estime convenientes a los efectos de la instrucción y eventual sustanciación de las solicitudes. Se comunicará con las autoridades de los organismos, públicos o privados, directamente y de acuerdo a las prescripciones legales y reglamentarias que fueren del caso.

Artículo 13. (Prueba). Las condiciones constitutivas de las circunstancias de amparo a la presente ley, deberán acreditarse, en todos los casos, por prueba documental.

Sección II

Del procedimiento

Artículo 14. (Condiciones de la presentación).- Quienes por estar comprendidos en el literal A), del artículo 2º de esta ley, aspiren a ser declarados como incluidos en sus beneficios, dispondrán de un plazo de noventa días corridos, a partir de la constitución de la Comisión Especial, para presentarse por sí o por apoderado por escrito ante dicha Comisión.

Artículo 15. (Caducidad).- Vencido el plazo previsto en esta ley para solicitar el amparo, caducarán todos los derechos consagrados por la misma.

Artículo 16.- Vencido el plazo de ciento cincuenta días a partir de que la Comisión Especial recibió la petición, sin que se expida, se considerará configurada la denegatoria ficta de dicha petición, quedando abierta al peticionante la vía de los recursos administrativos.

Artículo 17.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social proporcionará los recursos humanos y materiales necesarios para la instalación, funcionamiento y asistencia de cualquier naturaleza de la Comisión.

La Comisión Especial podrá dictar, si lo estimare pertinente, su Reglamento interno de funcionamiento.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 18. (Exclusiones).- Quedan excluidos de los beneficios de la presente ley, las personas comprendidas en las Leyes Nos. 15.783, de 20 de noviembre de 1985, 16.163, de 21 de diciembre de 1990, 16.451, de 16 de diciembre de 1993 y 16.561, de 19 de agosto de 1994.

Asimismo, quedan excluidas las personas que hubieran trabajado en países con los cuales la República tiene acuerdos de reconocimiento recíproco de beneficios jubilatorios, o quienes perciban desde el exterior, ingresos por pasividad superiores a los cinco salarios mínimos nacionales.

Montevideo, 5 de julio de 2001.

ÁLVARO ALONSO, ALBERTO BENSIÓN".

Anexo I al

Rep. Nº 651

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Seguridad Social

INFORME

Señores Representantes:

El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento y a estudio de esta Comisión de Seguridad Social, tiene como objetivo, como lo expresa su artículo 1º, lograr una reparación, solo para aquellos que, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, se hubieran visto obligados a abandonar el territorio nacional por razones políticas, ideológicas o gremiales, asimismo, para los que hubieren estado detenidos por delitos políticos o militares conexos durante dicho lapso y para los dirigentes sindicales que debieron permanecer en la clandestinidad en dicho período.

Debemos señalar que este grupo de uruguayos tendrá la oportunidad, luego de años de vivir en democracia, de reconocer como trabajados, los años que estuvieron en el exilio o detenidos, agregándose los dirigentes sindicales de la época que hubieren tenido que pasar a la clandestinidad.

Desde hace tiempo se viene manejando a nivel político, la posibilidad de contemplar a este grupo de trabajadores que no fueron amparados en la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, la que estableció el derecho de todas las personas que prestaron servicios en organismos estatales o en personas públicas no estatales en relación de dependencia funcional, como presupuestadas o contratadas y que, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985 inclusive, hubieran sido destituidas por motivos políticos, ideológicos o gremiales o por mera arbitrariedad, a ser reincorporadas al organismo correspondiente y a la recomposición de su carrera administrativa, así como la jubilación o reforma de esta.

Como puede apreciarse la distinción entre la Ley Nº 15.783 promulgada en el año 1985 a los pocos meses de la democratización del país y el presente proyecto de ley, es que aquella contemplaba a los trabajadores de la actividad pública y a las personas públicas no estatales, dejando fuera de la posibilidad reparatoria a los trabajadores de la actividad privada.

Lo proyectado pretende amparar a ese grupo de trabajadores que quedaron a la espera de un reconocimiento por parte del Estado.

Como antecedente inmediato, debemos indicar que a fines del año 1999, el Poder Ejecutivo de la época envió un proyecto de ley a la Asamblea General, que tenía varias coincidencias con este, pero limitaba el amparo de aquellos trabajadores de la actividad privada que se hubieren inscripto en un registro que llevaba la Comisión para el Reencuentro de los Uruguayos y que registraba un poco más de mil trabajadores que tenían vocación de ser amparados.

Dicho proyecto solo pudo ser tratado por la Comisión respectiva de la Cámara de Senadores.

El Poder Ejecutivo remite en esta oportunidad a consideración de la Asamblea General este proyecto de ley, expresando en el mensaje que lo acompaña, que este es el punto final de un dilatado proceso para contemplar a los trabajadores de la actividad privada que quedaron fuera de las reparaciones del Estado.

Conviene hacer un rápido análisis de sus principales características así como de algunas modificaciones y ajustes que se ha entendido conveniente introducir, sin alterar su contenido sustancial, adelantando opinión en cuanto a que el proyecto merece ser convertido en ley.

1) A los trabajadores beneficiados se les computará dentro del período comprendido entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985 como efectivamente trabajado el tiempo que medió entre la salida del país y el regreso al territorio nacional, entre la detención y la recuperación de la libertad o el período de clandestinidad en su caso. Este reconocimiento será válido solo a los efectos jubilatorios y pensionarios y se computará a partir de los dieciocho años de edad, siempre que hubieren estado detenidos por disposición de la Justicia Militar, cualquiera fuera la autoridad que dispuso inicialmente la privación de libertad, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, por delitos políticos o militares conexos con los mismos, o durante dicho período haber pasado a la clandestinidad siendo dirigente sindical o haberse visto compelido a abandonar el país, durante dicho lapso por razones políticas, ideológicas o gremiales, siempre que hubiere retornado al mismo y se haya radicado definitivamente en el país antes del 1º de marzo de 1990 y que le sea reconocido el derecho por la Comisión Especial que se crea por este proyecto de ley y no estar comprendidos en las situaciones previstas en su artículo 18.

Como se aprecia, se modifica la fecha de retorno y radicación definitiva en el país de los exiliados(inciso A) del artículo 3º de 1º de marzo de 1987 al 1º de marzo de 1990. Nos parece que este nuevo plazo contempla mejor las diversas situaciones inherentes al desexilio.

2) El proyecto establece que a los trabajadores comprendidos se les reconocerá durante el período de cómputo ficto de servicios, un ingreso mensual equivalente a cinco salarios mínimos nacionales, a valores de la fecha de vigencia de la presente ley, considerándose estos servicios como comunes.

3) El proyecto contiene un criterio para la financiación, que en parte devendrá de los propios beneficiarios cuando el proyecto fija que los aportes jubilatorios personales correspondientes al reconocimiento ficto, se cancelarán mediante un régimen de reintegros, que es equivalente al 20% (veinte por ciento) de los importes emergentes de dicho reconocimiento ficto, por un período igual al de los servicios reconocidos, sin perjuicio que los primeros gastos que genere la aplicación serán atendidos por Rentas Generales. Vuestra Comisión entendió conveniente, en virtud de las eventualidades que se presentaran al momento de aplicar el régimen de reintegros, incorporar el criterio de reglamentar expresamente este aspecto (final del primer párrafo del artículo 7º).

4) El proyecto crea una Comisión Especial que actuará en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que se integrará con delegados de diversos organismos públicos y entenderá en todo lo relativo a la instrucción, sustanciación y resolución definitiva de las situaciones previstas en el Capítulo II del proyecto de ley con facultades bastantes para la instrucción y sustanciación de las solicitudes.

5) Establece el proyecto que se tomará, solamente como base de prueba, la documental.

6) Establece el proyecto las formas procedimentales de presentación y de resolución y que la no presentación en fecha significa la caducidad del derecho.

7) El proyecto excluye del beneficio a todos aquellos trabajadores que se hubieren amparado con anterioridad a la ley de amnistía y a la Ley Nº 15.783 y se excluyen a los trabajadores que hubieran trabajado en países con los cuales la República tiene acuerdos de reconocimiento recíproco de beneficios jubilatorios, o quienes perciban desde el exterior, ingresos por pasividad superiores a los cinco salarios mínimos nacionales.

8) Se introduce una modificación en el artículo 14, agregando lo que sigue: "y de la comunicación de esta ley en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional". Vuestra Comisión entiende que este aspecto redundará en beneficio de un mayor conocimiento de la norma, para quienes entiendan estar amparados por ella.

9) Asimismo, se ha modificado el artículo 16, estableciendo ahora un plazo un poco más extenso, de ciento cincuenta a ciento ochenta días, para el estudio y dictamen de los casos que considere la Comisión Especial que se constituye, a efectos de prever una posible concentración de trabajo en la misma.

10) Se incorpora al proyecto de ley el artículo 19, que no obstante la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo, establece un plazo de ciento veinte días para su implementación.

Vuestra Comisión entiende la necesidad de establecer este plazo -por demás razonable– a los efectos de agilizar, tal es el espíritu de todos, la puesta en práctica de esta norma.

11) En consecuencia, este informe sobre la filosofía y contenido de la ley proyectada será ilustrativo de las bondades de la misma y el beneficio que tendrán personas, que sabemos, han sido postergadas durante muchos años.

Sala de la Comisión, 13 de noviembre de 2001.

JULIO LARA, Miembro informante, JOSÉ L. BLASINA.

PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I

PRINCIPIO GENERAL. CONTENIDO

Artículo 1º.- Quedan comprendidos en la presente ley, todos los trabajadores de la actividad privada que, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, se hubieran visto obligados a abandonar el territorio nacional por razones políticas, ideológicas o gremiales; asimismo, los que hubieran estado detenidos durante dicho lapso por delitos políticos o militares conexos y los dirigentes sindicales que debieron permanecer en la clandestinidad en dicho período, siempre y cuando cumplan con los requisitos del artículo 3º de la presente ley y les sea reconocido el derecho por la Comisión Especial que por esta ley se crea.

CAPÍTULO II

ÁMBITO SUBJETIVO

Artículo 2º.- A los trabajadores y demás beneficiarios mencionados en el artículo anterior se les computará –dentro del período comprendido entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985- como efectivamente trabajado, el tiempo que medió entre la salida del país y el regreso al territorio nacional, entre la detención y la recuperación de la libertad o el período de clandestinidad, en su caso. Este reconocimiento será válido solo a los efectos jubilatorios y pensionarios y se computará a partir de los dieciocho años de edad.

Artículo 3º.- Para ser beneficiarios de los derechos que se instituyen en la presente norma, el trabajador deberá reunir los siguientes requisitos:

A) Haber estado detenido por disposición de la Justicia Militar, cualquiera fuera la autoridad que dispuso inicialmente la privación de la libertad, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, por delitos políticos o militares conexos con los mismos, o durante dicho período haber pasado a la clandestinidad siendo dirigente sindical o haberse visto compelido a abandonar el país, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, por razones políticas, ideológicas o gremiales, siempre que hubiere retornado al mismo y se haya radicado, definitivamente, en el país antes del 1º de marzo de 1990.

B) Que le sea reconocido el derecho por la Comisión Especial que se crea en esta ley y no estar comprendidos en las situaciones previstas en el artículo 18 de la presente ley.

CAPÍTULO III

ÁMBITO OBJETIVO

Artículo 4º. (Ingresos fictos).- A los trabajadores que oportunamente sean declarados comprendidos dentro de los extremos de esta ley, se les reconocerá durante el período de cómputo ficto de servicios, un ingreso mensual equivalente a cinco salarios mínimos nacionales, a valores de la fecha de vigencia de la presente ley.

Artículo 5º. (Naturaleza de los servicios).- Los servicios reconocidos en los términos de la presente ley, no podrán fraccionarse y se considerará que son comunes u ordinarios, de acuerdo al régimen que regule la prestación a servir.

En el caso de los beneficiarios que a la fecha de vigencia de la ley, tengan configurada causal jubilatoria o pensionaria, los servicios fictos se considerarán que tienen afiliación al instituto que deba servir la prestación en la cual aquellos se computan.

Tratándose de beneficiarios sin causal a dicha fecha, la afiliación de los períodos estará determinada por los últimos servicios prestados por el beneficiario o el causante, según corresponda.

Artículo 6º. (Reenvío).- Cuando de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo anterior, no pudiese determinarse la afiliación, se considerará que los servicios fueron prestados al amparo de la Ley Nº 12.138, de 13 de octubre de 1954.

CAPÍTULO IV

FINANCIACIÓN. RECURSOS

Artículo 7º. (Reintegros).- Los aportes jubilatorios personales correspondientes al reconocimiento ficto, se cancelarán mediante un régimen de reintegros, que será reglamentado por el Poder Ejecutivo.

El mismo será equivalente al 20% (veinte por ciento) de los importes emergentes de dicho reconocimiento ficto, por un período igual al de los servicios reconocidos.

El descuento cesará al cumplir el afiliado los setenta años de edad.

La prestación resultante, en ningún caso podrá ser inferior a la asignación mínima establecida por el régimen de pasividades por la cual se otorgue.

Artículo 8º. (Recursos).- Los gastos que genere la aplicación de la presente, serán atendidos por Rentas Generales.

CAPÍTULO V

DEL PROCEDIMIENTO

Sección I

De la Comisión

Artículo 9º.- Créase una Comisión Especial, que actuará en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuya integración, cometidos y funciones, serán los que se expresan en los artículos siguientes.

Esta Comisión deberá constituirse dentro de los treinta días a partir de la vigencia de esta ley, siendo obligación del Poder Ejecutivo publicitar la fecha de su constitución.

Artículo 10. (Integración).- La Comisión Especial creada por el artículo anterior estará integrada por un delegado designado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien la presidirá, un delegado designado por la Comisión de Servicio Civil, un delegado designado por el Ministerio de Economía y Finanzas y uno designado por el Banco de Previsión Social (BPS). Las decisiones se tomarán por mayoría. En caso de empate en la votación, el Presidente tendrá doble voto.

Artículo 11. (Cometidos).- La Comisión Especial entenderá en todo lo relativo a la instrucción, sustanciación y resolución definitiva de las situaciones previstas en el Capítulo II de esta ley.

El acto por el cual la Comisión Especial resuelva la solicitud, se considerará acto definitivo cumplido por la Administración y será notificado personalmente.

Podrá ser recurrido mediante los recursos de revocación y jerárquico.

Artículo 12. (Facultades).- La Comisión Especial podrá disponer todas las medidas que estime convenientes a los efectos de la instrucción y eventual sustanciación de las solicitudes. Se comunicará con las autoridades de los organismos, públicos o privados, directamente y de acuerdo a las prescripciones legales y reglamentarias que fueren del caso.

Artículo 13. (Prueba).- Las condiciones constitutivas de las circunstancias de amparo a la presente ley, deberán acreditarse, en todos los casos, por prueba documental.

Sección II

Del procedimiento

Artículo 14. (Condiciones de la presentación).- Quienes por estar comprendidos en el literal A) del artículo 3º de esta ley, aspiren a ser declarados como incluidos en sus beneficios, dispondrán de un plazo de noventa días corridos, a partir de la constitución de la Comisión Especial y de la publicación de esta ley en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional, para presentarse por sí o por apoderado por escrito ante dicha Comisión.

Artículo 15. (Caducidad).- Vencido el plazo previsto en esta ley para solicitar el amparo, caducarán todos los derechos consagrados por la misma.

Artículo 16.- Vencido el plazo de ciento ochenta días a partir de que la Comisión Especial recibió la petición, sin que se expida, se considerará configurada la denegatoria ficta de dicha petición, quedando abierta al peticionante la vía de los recursos administrativos.

Artículo 17.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social proporcionará los recursos humanos y materiales necesarios para la instalación, funcionamiento y asistencia de cualquier naturaleza de la Comisión.

La Comisión Especial podrá dictar, si lo estimare pertinente, su reglamento interno de funcionamiento.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 18. (Exclusiones).- Quedan excluidos de los beneficios de la presente ley, las personas comprendidas en las Leyes Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, Nº 16.163, de 21 de diciembre de 1990, Nº 16.451, de 16 de diciembre de 1993 y Nº 16.561, de 19 de agosto de 1994.

Asimismo quedan excluidas las personas que hubieran trabajado en países con los cuales la República tiene acuerdos de reconocimiento recíproco de beneficios jubilatorios o quienes perciban desde el exterior ingresos por pasividad superiores a los cinco salarios mínimos nacionales.

Artículo 19.- La presente ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro del plazo de ciento veinte días a partir de su entrada en vigencia.

Sala de la Comisión, 13 de noviembre de 2001.

JULIO LARA, Miembro informante, JOSÉ L. BLASINA".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑOR CANET.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CANET.- Señor Presidente: de acuerdo con el artículo 77 y el literal M) del artículo 104 del Reglamento de la Cámara, me voy a retirar de Sala porque estoy impedido reglamentariamente de participar en la deliberación y en la votación de este asunto.

SEÑOR MELGAREJO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MELGAREJO.- Señor Presidente: estoy en la misma situación que el señor Diputado Canet. Por lo tanto, voy a tener que tomar la misma decisión. Pensé que esta discusión iba a estar enmarcada en la misma forma que la del proyecto anterior, es decir, que íbamos a pedir permiso para permanecer en Sala.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- El señor Diputado puede continuar en Sala si la Cámara lo autoriza, y no encuentro objeciones a su permanencia.

SEÑOR MELGAREJO.- Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- La Mesa informa que como este proyecto trata una modificación del régimen jubilatorio, para su aprobación se necesita la presencia de cincuenta legisladores en Sala.

SEÑOR VARONA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR VARONA.- Señor Presidente: nosotros estamos en la misma condición que los señores Diputados que nos precedieron en el uso de la palabra, pero vamos a solicitar la autorización del Cuerpo para participar en el debate.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Está autorizado, señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Perdón, señor Presidente, pero creo que deberíamos votar las autorizaciones.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Sé que hay que votarlas, pero los señores Diputados imaginarán que a esta altura del partido las descarto, pues no vi a ningún legislador levantar la mano para expresar lo contrario.

De todos modos, con mucho gusto se va a votar la autorización pertinente.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y uno: AFIRMATIVA.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Lara.

SEÑOR LARA.- Señor Presidente: el proyecto que vamos a informar en el día de hoy es una vieja aspiración de muchísimas comisiones y de gente que ha estado trabajando desde hace más de dieciséis años. Viene con iniciativa del Poder Ejecutivo y con la firma del señor Presidente de la República y de los señores Ministros de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social. Si bien entendemos que no es perfecto, pues en la Comisión se habían planteado nueve modificaciones de las que pudimos incorporar solo tres, la realidad es que fue votado por la mayoría de la Comisión.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Perdón, señor Diputado, pero no hay cincuenta legisladores en Sala. Si no ingresan más legisladores, es imposible continuar con el tratamiento del tema.

(Entran a Sala varios señores Representantes)

——Ahora hay cincuenta legisladores en Sala, por lo que el señor miembro informante puede continuar haciendo uso de la palabra.

SEÑOR LARA.- Señor Presidente: el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento y que fue pasado a estudio de la Comisión de Seguridad Social, tiene como objetivo, como lo expresa su artículo 1º, lograr una reparación solo para aquellos que, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, se hubieran visto obligados a abandonar el territorio nacional por razones políticas, ideológicas o gremiales y, asimismo, para los que hubieren estado detenidos durante dicho lapso por delitos políticos o militares conexos, y para los dirigentes sindicales que debieron permanecer en la clandestinidad durante dicho período.

Debemos señalar que este grupo de uruguayos tendrá la oportunidad, luego de años de vivir en democracia, de reconocer como trabajados los años que estuvieron en el exilio o detenidos, agregándose los dirigentes sindicales de la época que hubieren tenido que pasar a la clandestinidad.

Desde hace tiempo se viene manejando a nivel político la posibilidad de contemplar a este grupo de trabajadores que no fue amparado en la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, que estableció el derecho de todas las personas que prestaron servicios en organismos estatales o en personas públicas no estatales en relación de dependencia funcional, como presupuestadas o contratadas, y que entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, inclusive, hubieran sido destituidas por motivos políticos, ideológicos o gremiales o por mera arbitrariedad, a ser reincorporadas al organismo correspondiente y a la recomposición de su carrera administrativa, así como la jubilación o reforma de esta.

Como podrá advertirse, la distinción entre la Ley Nº 15.783, promulgada en el año 1985, a los pocos meses de la democratización del país, y el presente proyecto de ley, es que aquella contemplaba a los trabajadores de la actividad pública y a las personas públicas no estatales, dejando fuera de la posibilidad reparatoria a los trabajadores de la actividad privada.

Lo proyectado pretende amparar a ese grupo de trabajadores que quedaron a la espera de un reconocimiento por parte del Estado.

Como antecedente inmediato, debemos indicar que a fines del año 1999, el Poder Ejecutivo de la época envió un proyecto de ley a la Asamblea General que tenía varias coincidencias con este, pero limitaba el amparo a aquellos trabajadores de la actividad privada que se hubieren inscripto en un registro que llevaba la Comisión para el Reencuentro de los Uruguayos, el cual incluía un poco más de mil trabajadores que tenían vocación de ser amparados.

Dicho proyecto solo pudo ser tratado por la Comisión respectiva de la Cámara de Senadores.

El Poder Ejecutivo remite en esta oportunidad a consideración de la Asamblea General este proyecto de ley, expresando en el mensaje que lo acompaña que este es el punto final de un dilatado proceso para contemplar a los trabajadores de la actividad privada que quedaron fuera de las reparaciones del Estado.

Conviene hacer un rápido análisis de sus principales características, así como de algunas modificaciones y ajustes que se ha entendido conveniente introducir, sin alterar su contenido sustancial, adelantando opinión en cuanto a que el proyecto merece ser convertido en ley.

En primer lugar, a los trabajadores beneficiados se les computará dentro del período comprendido entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985 como efectivamente trabajado el tiempo que medió entre la salida del país y el regreso al territorio nacional, entre la detención y la recuperación de la libertad, o el período de clandestinidad, en su caso. Este reconocimiento será válido solo a los efectos jubilatorios y pensionarios, y se computará a partir de los dieciocho años de edad, siempre que hubieren estado detenidos por disposición de la Justicia Militar, cualquiera fuera la autoridad que dispuso inicialmente la privación de libertad, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, por delitos políticos o militares conexos con ellos, o durante dicho período hubieran pasado a la clandestinidad siendo dirigentes sindicales, o se hubieran visto compelidos a abandonar el país durante dicho lapso, por razones políticas, ideológicas o gremiales, siempre que hubieren retornado al mismo y se hubieren radicado definitivamente en el país antes del 1º de marzo de 1990, exigiéndose asimismo que le sea reconocido el derecho por la Comisión Especial que se crea por este proyecto de ley, y que no estén comprendidos en las situaciones previstas en su artículo 18.

Como se puede advertir, se modifica la fecha de retorno y radicación definitiva en el país de los exiliados -literal A) del artículo 3º-, del 1º de marzo de 1987 al 1º de marzo de 1990. Nos parece que este nuevo plazo contempla mejor las diversas situaciones inherentes al desexilio.

En segundo término, el proyecto establece que a los trabajadores comprendidos se les reconocerá durante el período de cómputo ficto de servicios un ingreso mensual equivalente a cinco salarios mínimos nacionales, a valores de la fecha de vigencia de la presente ley, considerándose estos servicios como comunes.

En tercer lugar, el proyecto contiene un criterio para la financiación, que en parte devendrá de los propios beneficiarios cuando el proyecto fija que los aportes jubilatorios personales correspondientes al reconocimiento ficto se cancelarán mediante un régimen de reintegros, que es equivalente al 20% de los importes emergentes de dicho reconocimiento ficto, por un período igual al de los servicios reconocidos, sin perjuicio de que los primeros gastos que genere la aplicación serán atendidos por Rentas Generales. Vuestra Comisión entendió conveniente, en virtud de las eventualidades que se presentaran al momento de aplicar el régimen de reintegros, incorporar el criterio de reglamentar expresamente este aspecto (final del primer párrafo del artículo 7º).

En cuarto término, el proyecto crea una Comisión Especial que actuará en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que se integrará con delegados de diversos organismos públicos y entenderá en todo lo relativo a la instrucción, sustanciación y resolución definitiva de las situaciones previstas en el Capítulo II del proyecto de ley, con facultades bastantes para la instrucción y sustanciación de las solicitudes.

En quinto lugar, establece el proyecto que se tomará solamente como base de prueba la documental.

En sexto término, el proyecto establece las formas procedimentales de presentación y de resolución y que la no presentación en fecha significa la caducidad del derecho.

En séptimo lugar, el proyecto excluye del beneficio a todos aquellos trabajadores que se hubieren amparado con anterioridad a la ley de amnistía y a la Ley Nº 15.783 y, asimismo, excluye a los trabajadores que hubieran trabajado en países con los cuales la República tiene acuerdos de reconocimiento recíproco de beneficios jubilatorios o a quienes perciban desde el exterior ingresos por pasividad superiores a los cinco salarios mínimos nacionales.

En octavo lugar, se introduce una modificación en el artículo 14, agregando lo que sigue: "y de la comunicación de esta ley en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional". La Comisión entiende que este aspecto redundará en un mayor conocimiento de la norma para quienes entiendan estar amparados por ella.

En noveno término, se ha modificado el artículo 16, estableciendo ahora un plazo un poco más extenso, de ciento cincuenta a ciento ochenta días, para el estudio y dictamen de los casos que considere la Comisión Especial que se constituye, a efectos de prever una posible concentración de trabajo.

En décimo lugar, se incorpora al proyecto de ley el artículo 19, que, no obstante la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo, establece un plazo de ciento veinte días para su implementación.

La Comisión entiende necesario establecer este plazo, por demás razonable, a los efectos de agilizar -tal es el espíritu de todos- la puesta en práctica de esta norma.

Finalmente, consideramos que este informe sobre la filosofía y el contenido de la ley proyectada es ilustrativo de sus bondades y del beneficio que tendrán personas que sabemos que han sido postergadas durante muchos años.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Falero.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: sin duda, hoy más que nunca podríamos decir que la justicia tarda pero llega. Hace quince años que este Parlamento tiene esta deuda pendiente con quienes, simplemente por pensar diferente de los que mandaban en aquel momento, fueron perseguidos, exiliados y, en definitiva, se sintieron como ajenos, extraños o excluidos en su propio país.

Esto lo puedo decir con conocimiento de causa. Fui destituido del Poder Judicial y me alcanzó el amparo de la Ley Nº 15.783, de noviembre de 1985. Sinceramente, cuando a uno se le excluye del sistema nacional, de la actividad nacional, es tan profunda la lesión en el estado de ánimo y en el espíritu que esto no lo va a arreglar. Es decir que con la aprobación de este proyecto de ley no se va a arreglar lo que uno sintió en aquel momento, sin haber sido encarcelado ni tener que exiliarse, sino por el mero hecho de haber sido destituido, que por cierto no era tan "mero" en el caso particular de cada uno. El hecho de sentirse fuera de un país que nos es propio no se soluciona con este proyecto de ley que estamos votando, pero, por lo menos, a quienes no fueron amparados por la Ley Nº 15.783 les acerca un grado de justicia. En parte, el Estado está reconociendo la injusticia cometida y está intentando remediar lo sucedido, en lo que se pueda, a quince años de aquellos hechos.

¡Ojalá que este proyecto de ley contara con los votos de todos los parlamentarios! En definitiva, por omisión, por impedimento o por las razones que fuera, todos deberíamos reconocer que hace quince años terminó un período de este país que nunca debió haber pasado.

Por lo tanto, sentimos satisfacción por el hecho de recoger lo que significa la legitimidad del reclamo de justicia de esta gente que fue absolutamente maltratada por el Estado. Fundamentalmente, hay que recordar dos fechas emblemáticas que el señor miembro informante establecía: el 9 de febrero de 1973 -reitero, fecha emblemática que nunca deberemos olvidar, porque permite determinar un período en el que el país perdió la democracia, pero la resistencia, el coraje y el sacrificio de los uruguayos hizo posible que la recobráramos años más tarde- y el 28 de febrero de 1985, que tampoco deberemos olvidar nunca.

Por tanto, esto es mucho más importante de lo que significa materialmente, por lo que realmente supone desde el punto de vista de la imprescindible defensa del sistema democrático y de los compromisos que quienes hoy estamos acá implícita y explícitamente asumimos en cada una de nuestras actitudes, en cada uno de nuestros hechos, de nuestros dichos y de nuestros posicionamientos. En cada una de estas cosas siempre debe estar presente la fecha 9 de febrero de 1973, que nos recuerda un hecho que nunca deberá repetirse.

Estas son las razones más importantes por las que vamos a votar en forma afirmativa este proyecto de ley a consideración del Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Antes de ceder la palabra al siguiente orador anotado, queremos recordar a los señores legisladores que es la hora 18 y 18 y que todavía tenemos que considerar nueve puntos para finalizar el orden del día. Por lo tanto, les solicitamos que sean conscientes de esa situación.

Tiene la palabra el señor Diputado Blasina.

SEÑOR BLASINA.- Señor Presidente: en homenaje a lo que acaba de expresar, trataremos de ser lo más breves posible.

(Manifestaciones de la barra.- Campana de orden).

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Léase el artículo 158 del Reglamento.

(Se lee:)

"A los concurrentes a la barra les está prohibida toda demostración o señal de aprobación o reprobación y el Presidente hará salir de ella a quienes faltaren a esta disposición. Podrán ser desalojados por disposición del Presidente en caso de desorden, pudiendo suspenderse la sesión durante el desalojo".

——Puede continuar el señor Diputado Blasina.

SEÑOR BLASINA.- Señor Presidente: suscribimos totalmente el informe realizado por el señor Diputado Lara. En Comisión, hemos votado en general y en particular este proyecto.

De esta manera se pretende hacer lugar a una reivindicación de larga data de los trabajadores de la actividad privada, a partir de la discriminación que tuvo lugar cuando se aprobó la Ley Nº 15.783, que solo abarcó a los trabajadores de la actividad pública.

También se reconoce en este largo proceso el esfuerzo permanente de organizaciones sociales, del PIT-CNT, de la Comisión para el Reencuentro y de la organización CRISOL, en pos de concretar esa larga reivindicación.

Vale recordar que en la Legislatura anterior se llevó a cabo una interpelación en esta Cámara, a cargo del compañero Diputado Chifflet, a la entonces señora Ministra de Trabajo y Seguridad Social y al señor Ministro de Economía y Finanzas. Como producto de esa interpelación se envió al Parlamento un proyecto de ley con el fin de reparar este tipo de situaciones. Esa iniciativa ingresó al Senado y fue remitida a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, pero no pudo completar su ciclo parlamentario. En consecuencia, el tema se retoma en esta Legislatura.

En la primera entrevista que tuvimos con el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, contador Alvaro Alonso, en la Comisión de Seguridad Social, el primer y único tema que le planteamos fue justamente este. Más allá de algunos aspectos que no están contemplados en este proyecto y que planteamos en la Comisión -que luego señalaré rápidamente-, debo reconocer que logramos el eco y la sensibilidad del actual Poder Ejecutivo con relación a estas reivindicaciones.

No vamos a repetir el contenido del proyecto; es una iniciativa bastante clara en cuanto a cuáles son los objetivos que persigue y cuáles son los casos que quedarían comprendidos. Pero quiero hacer referencia a algunas observaciones que no son nuevas, que fueron efectuadas por las organizaciones sociales, que planteamos en la Comisión y que fueron remitidas al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, quien respondió en un tiempo breve. Dejamos estas constancias por la preocupación que generan como temas pendientes.

Voy a citar cuatro aspectos.

En primer lugar, entendíamos que se debía contemplar la situación de aquellos trabajadores de la actividad privada que fueron destituidos por realizar la huelga general de quince días para enfrentar la dictadura. Creíamos que eso podría haber sido un acto de justicia y que existían pruebas documentales suficientes para justificar ese tipo de situaciones: los famosos telegramas colacionados dirigidos a muchos de los trabajadores que realizaron esa huelga general, hecho que motivó su despido.

En segundo término, nos parecía que como un elemento de mayor garantía y de agilidad del proceso debería haberse incluido un representante de los trabajadores en la Comisión Especial planteada en el proyecto, que está encargada del estudio, caso por caso, de las situaciones que se le planteen.

En tercer lugar, nos parecía -y nos parece; es algo que también se proyecta para adelante- que lo importante era tener en cuenta las prerrogativas existentes en el Banco de Previsión Social, por las cuales no se considera solamente la prueba documental como elemento fehaciente, sino que hay una legislación vigente en la que se establecen otros mecanismos, además de ese tipo de prueba.

En último lugar, nos parecía que no debería haberse excluido a priori a aquellas ciudadanas y aquellos ciudadanos que debieron emigrar a otros países con los que Uruguay tiene convenios de reciprocidad en materia de seguridad social. Considerando la situación general en Argentina, se entiende el fundamento por el que deberían haber sido contemplados estos trabajadores, que de esta manera quedan excluidos. De cualquier forma, el proyecto significa un avance sustantivo con respecto a la situación anterior y por ese motivo lo hemos votado en la Comisión y hoy lo haremos en general y en particular.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado García Pintos.

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- Señor Presidente: advierto que no voy a ser muy extenso.

Siempre con el respeto debido por la sensibilidad de todas las personas afectadas, como corresponde, voy a expresar mi opinión.

Hace diez minutos se decía en Sala por parte de un señor legislador que ojalá todos los presentes estuvieran contestes en votar afirmativamente este proyecto de ley. Voy a decir claramente que yo no lo voy a votar.

Se decía también por parte del mismo señor legislador que no había que olvidar, sino que más bien había que recordar determinadas fechas. Se refería, concretamente, al 9 de febrero de 1973 y al 28 de febrero de 1985.

Señor Presidente: creo que también hay otras fechas que debemos recordar, porque no es bueno ni justo poner todas las responsabilidades de los hechos y de las circunstancias políticas que ha vivido el país -de los que se ha ido nutriendo la historia de la República Oriental del Uruguay- en una sola parte de los actores. Hablar de esas dos puntas entre las que hay tantos años de diferencia implica, por lo que se dijo, poner la carga de la responsabilidad de los sucesos a partir del 9 de febrero de 1973 solo en una parte de los actores de nuestra sociedad, y esto es injusto.

Si de recordar fechas se trata, digo que hay algunas otras que hay que recordar, como la del 11 de febrero de 1973. Tan solo cuarenta y ocho horas después -si no me equivoco; se me puede corregir-, en La Unión, en nombre de la izquierda uruguaya, el General Seregni dio el pleno respaldo al pronunciamiento de los mandos militares del 9 de febrero de 1973; dio el apoyo -apoyo crítico, como se dijo en su oportunidad- a los comunicados Nos. 4 y 7. Es que había quienes pensaban que, si había golpe, este podía ser de acuerdo con sus intereses y, de pronto, podrían haber participado; pero no fue de acuerdo con sus intereses y después pasaron las cosas que pasaron.

Por eso es claro y notorio que si de recordar fechas se trata, también hay que recordar esa del 11 de febrero de 1973. No se debe escurrir el bulto a las responsabilidades y no creo que aquí esté nadie en condiciones de arrojar la primera piedra y de decir que la culpa la tienen todos los demás menos yo. Eso no es así. Todos quienes participábamos en todo aquello, aun los que éramos más jóvenes, tenemos alguna cuota de responsabilidad en la materia. Entonces, no se pueden manejar fechas sin recordar, o excluyendo, otras que son muy importantes.

Hecha esta consideración primaria, continúo diciendo que vamos a estar reparando lo que aproximadamente contempla una Comisión creada desde hace muchos años y que ahora va a adquirir, lógicamente por ley, una importancia muy grande. Estamos "reparando" -entre comillas- a aproximadamente mil personas.

En 1998 y en 1999, cuando este tema estuvo en el Parlamento, se habló del punto. Nosotros conversamos con altos jerarcas del equipo económico del Gobierno anterior -algunos de ellos forman parte del Gobierno actual-, quienes nos dijeron que desde el punto de vista técnico era imposible predecir si se trataba de novecientas personas o si podían llegar a ser diez mil los que reclamarían, porque hecha la ley, a su amparo y al de algunas otras normas, a la hora de reclamar puede haber mucha gente que lo haga.

Me pregunto si en momentos en que hay dificultades, cuando no se logra la oportunidad para retribuir mejor a los jubilados y pensionistas, desde Rentas Generales -lo que nos parece inconstitucional e inconveniente-, vamos a aportar un dinero que no sale con otros destinos, que para mí son mucho más importantes que este, y daremos recursos y dinero para cumplir con este tipo de compromisos políticos. Me parece altamente inconveniente. Además, es sumamente injusto porque vamos a estar reparando a quienes no trabajaron en el país, a quienes no hicieron aportes al Banco de Previsión Social y, por lo tanto, les vamos a estar reconociendo como trabajados los años que no trabajaron y como aportados al Banco de Previsión Social los aportes que no realizaron. ¡Qué mala señal para la gente que realiza sus aportes! ¡Qué mala señal frente a las exigencias que el Estado, legítimamente, hace llegar a todos los ciudadanos que trabajan y que deben realizar esos aportes!

Pienso que el sistema político y la sociedad han sido más que generosos fundamentalmente con una de las partes que estuvieron en confrontación en la década del sesenta y en la del setenta. Y hay otra parte que ha tenido muertos y heridos, que no ha podido encontrar algún tipo de reparación similar a la que van a recibir quienes, en la misma situación, hoy esperan ser reparados en la actividad privada, como ocurrió en la actividad pública.

Por lo tanto, me parece inconveniente e injusto. No creo que sea de recibo y, además, el tema de la financiación a partir de Rentas Generales me parece que no corresponde. Es por ello, y con el debido respeto, que yo no voy a votar, de ninguna manera, este proyecto de ley.

SEÑOR BARÁIBAR.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: la exposición histórica que ha hecho el señor Diputado García Pintos merecería una respuesta. En este caso, nos vamos a excusar de hacerla, no por algún tipo de imposibilidad -conocemos muy bien ese período y estamos en condiciones de referirnos minuciosa y puntualmente a cada uno de los episodios que ocurrieron el 9 de febrero de 1973 y después-, sino en aras de la urgencia y del escaso quórum que tenemos para aprobar el proyecto de ley. Pero dejamos sentado que cuando haya una ocasión más propicia lo haremos con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el señor Diputado García Pintos.

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- Señor Presidente: entiendo que hoy sería la oportunidad de dar una respuesta, porque ¿existió o no ese apoyo a los comunicados Nos. 4 y 7 de los mandos militares cuarenta y ocho horas después del famoso 9 de febrero de 1973, o sea el 11 de febrero? Existió y es una realidad. Pensaron que la cosa venía por un lado y se equivocaron. Había quienes estaban dispuestos a jugarse a la ruptura institucional desde esos partidos políticos. Esa es la verdad, y la verdad no se puede ocultar. El sol no se puede tapar con la mano; podrá no verse por un instante, pero sigue estando. Esa es una realidad. Después las cosas fueron de otra manera, pero el apoyo al incipiente movimiento militar del 9 de febrero estuvo de parte de la izquierda cuarenta y ocho horas después, el 11 de febrero, y, si no me equivoco, fue en La Unión. Esa es la realidad; si hoy no se la quiere discutir, bueno, no se hará. La discuto con el señor Diputado Baráibar donde quiera; pero es la realidad. No tengo acá la información, los diarios de la época, los comunicados Nos. 4 y 7 que merecieron su apoyo; pero lo podemos discutir cuando quiera.

SEÑOR FALERO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: brevemente, quiero puntualizar que cada uno, en forma subjetiva, da importancia a las fechas que cree que son importantes. Para mí, la fecha importante fue cuando acá los que tenían la fuerza y las armas que el pueblo les había dado decidieron romper la institucionalidad. Eso fue mucho más importante que cualquier otra cosa.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Lacalle Pou.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: no pensaba intervenir, porque lo ha hecho en buena forma y representándonos el señor Diputado Lara.

Quien habla nació el 11 de agosto de 1973 y de primera fuente no vivió esos hechos y no recuerda muchos episodios; sí, alguna instancia de ver gente entrando en nuestra casa o alguna bomba, etcétera. Pero me deja asombrado que cada vez que se recurre a este período, sobre el cual el Partido Nacional ya ha marcado su posición -aquí no están los buenos y los malos, sino que ha habido equivocaciones de ambos lados-, se trate de sacar un rédito político y se haga un circo en una situación, para nosotros, parasitaria, en la que unos dependen de que los otros hablen a favor de un tema y otros a favor del otro. En un momento no estuvimos de acuerdo con ninguno de los que están acá, y no hacemos alarde de lo que fue el Pacto del Club Naval. Entonces, cuando hablamos de cuestiones positivas como esta, nos parece mentira que siempre se introduzca esto en el debate, teniendo en cuenta la Comisión para la Paz, que trata de hacer memoria, pero por la positiva, y de saldar ciertas hipótesis. Por supuesto que estamos en contra de los escraches, porque es un recuerdo por la negativa.

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR LACALLE POU.- Quien habla tiene veintiocho años y pertenece a una generación de muchachos que no vivió ni tiene idea de lo que fue eso y que tiene que "bancar" que nos sigamos peleando por lo que pasó en la década del setenta. Está bien; cada uno tiene sus motivos y sus razones para hacerlo. Pero vamos a tratar de aprender de estos temas y no a echarnos las culpas, más aún cuando acá muchas veces se busca mantener heridas abiertas con fines electorales.

Estamos dispuestos a tratar estos temas siempre y cuando sea por la positiva, para saldar injusticias de un lado o de otro, porque las hubo en ambos.

Así que, modestamente y sin conocer del tema, vamos a votar esta iniciativa, que es positiva. Tratemos de dejar de hacer cosas negativas como el escrache y tantas otras.

SEÑOR DA SILVA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR LACALLE POU.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DA SILVA.- Señor Presidente: hablando con el señor Diputado Lacalle Pou, fue algo instantáneo que los dos nos sintiéramos asombrados de que se reiteren discusiones, porque en el país hay una generación que las quiere terminar. Por suerte, en este Parlamento hay gente que representa a esa generación que no tiene ojos en la nuca y que quiere mirar para adelante y construir entre todos el Uruguay del mañana.

Un día sí y otro también reiteramos acá discusiones sobre lo que pasó, y el Uruguay necesita que entre todos construyamos las cosas que van a pasar. En este país al que permanentemente se lo pretende dividir entre buenos y malos, entre torturadores y torturados, entre neoliberales y defensores del patrimonio nacional, nosotros, representando a una generación que puede pensar diferente -lo que no implica que entre todos no podamos respetarnos y entendernos-, vamos a apelar, alzando nuestra voz junto con la del señor Diputado Lacalle Pou, a que de una vez por todas se siga el mismo espíritu de la Comisión para la Paz, que muchas cosas buenas ha hecho. Entonces, los de menos de treinta años vamos a alzar nuestra voz para decir: "¡Uruguayos, basta de mirar para atrás; miremos hacia adelante!".

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el señor Diputado Lacalle Pou.

SEÑOR LACALLE POU.- He finalizado, señor Presidente.

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- Señor Presidente: pedí una interrupción al señor Diputado Lacalle Pou, pero no me la dio. ¿Alguna vez le negué una interrupción? No. No sé; quizás alguna vez se la negué, pero creo que no.

La aclaración es para decir al señor Diputado que no se ofusque, que yo tengo derecho a decir lo que pienso, ¿sabe? La verdad es que tengo derecho, no solamente reglamentario, sino de fondo, a decir lo que pienso.

Usted no vivió lo que viví yo; usted no fue estudiante en aquella época; usted no sufrió las patotas de la Unión de Juventudes Comunistas y otras que si lo querían sacar del liceo, desgremializar y hacerle perder el año, lo hacían.

Entonces, no es válido hablar de que las nuevas generaciones no saben. Sí, es cierto, no saben, y a mucha gente joven se le impide ver lo que fue una realidad del país. Hubo mucha gente que sufrió, y no fue de un solo lado. Los que sufrimos de este lado también tenemos derecho a manifestarnos, y no es para hacer un circo ni para convertirnos en integrantes de un círculo vicioso que decimos lo que tenemos que decir, nuestra verdad. Porque del otro lado -y no lo consideramos un círculo vicioso, sino que opino que están en su derecho- dicen lo que dicen todos los días y, entonces, para unos es irreprochable y para otros es reprochable.

Lo que dije creo que no debe haber ofendido a nadie; lo dije con respeto y tranquilidad, como es nuestro estilo. Pero lo dije con la plena convicción de que tengo derecho a decirlo, porque si no lo digo acá, ¿dónde lo voy a hacer? ¿En la prensa? Lo puedo decir en la prensa; podemos discutir con el señor Diputado Baráibar el tema del apoyo a aquel peruanismo, a aquellos comunicados Nos. 4 y 7 peruanistas, que luego no lo fueron, en algún medio de prensa. Pero creo que el mejor lugar para hacerlo es acá, con altura y respeto, sin ofender a nadie y diciendo lo que han sido las experiencias de cada uno. Yo no soy responsable históricamente de que hoy haya legisladores jóvenes que no vivieron aquella época. Yo era muy joven y la viví. Además, estoy informado de otras cosas y trato de verterlas acá. Pero lo sustantivo es que nos oponemos, con todo nuestro derecho y respeto por la sensibilidad de los que están en la otra parte, a este proyecto de ley.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- La Mesa va a ceder la palabra al señor Diputado Lacalle Pou para hacer una aclaración y con esto daría por terminado este debate colateral que se ha dado en Sala.

Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: quiero decir al señor Diputado que si no le di la interrupción fue porque no advertí que me la estaba pidiendo.

Por supuesto que le asiste el derecho a tener su posición. Yo tengo mi visión sobre sus palabras, sobre algunas palabras vertidas por legisladores del Frente Amplio y sobre algunas actitudes.

Sencillamente, creo que esta no es la forma de construir un país mejor. Hay que mirar para atrás, pero para sacar ejemplos buenos para el futuro. No siempre hay que meter el dedo en las cosas malas que hubo en nuestro país, sobre las que nosotros, los blancos, tenemos mucho para opinar, pero siempre con la mente positiva y mirando hacia adelante.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Bergstein.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: no hay duda, a nuestro juicio, de que este proyecto de ley encierra un acto de justicia, porque las personas beneficiadas por el proyecto dejaron de trabajar contra su voluntad y porque la Ley Nº 15.783 reconoció sus derechos a los funcionarios públicos y a los de las personas públicas no estatales. Entonces, ¿por qué establecer ese tipo de distinciones? Lo que sucede es que la Ley Nº 15.783 dejó una experiencia muy importante. Como decía el señor Diputado Lacalle Pou, a veces hay que mirar para atrás para extraer algunas conclusiones. Esa experiencia es la condicionante de mis palabras.

Al amparo de la Ley Nº 15.783 se anotaron treinta y un mil personas para acogerse a sus beneficios, de las que fueron rechazadas trece mil y aceptadas dieciocho mil. Todo eso se hizo en el marco de varios actores sociales y políticos, de los cuales quiero destacar a la Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos porque, realmente, el contacto que tuvimos con sus integrantes en la Legislatura pasada nos causó una inmejorable impresión por su moderación, comprensión y afán de buscar soluciones.

Decía que se acogieron entonces dieciocho mil solicitudes y trece mil fueron rechazadas. Pensemos por un instante en el enorme trabajo que esto significó; porque cada caso requería estudio, evaluaciones, etcétera; pero debo decir que, además -y todos lo reconocieron-, en esas dieciocho mil solicitudes se contemplaron situaciones que no debían ampararse. Un fárrago impresionante de expedientes, de leyes, marcó el primer Gobierno del retorno democrático, signado por la consigna del cambio en paz; se pretendía llegar a la paz por la justicia. La justicia es un valor en sí mismo y también un camino hacia la paz. No quiero adentrarme en nada que parezca un debate político acerca de si esas leyes han llevado a la paz o no. El proyecto del Poder Ejecutivo establece que con esta ley se llega al punto final, pero ya hoy un Diputado se lamentaba de que había algunas categorías de personas que podían quedar afuera, y mucho nos tememos que estas leyes sean eslabones de una cadena de otros reclamos -en este sentido la imaginación no tiene límites- a la que, lamentablemente, es difícil ponerle punto final.

Pero hubo un punto de inflexión en los quince años que el tema estuvo sobre la mesa, y fue la interpelación que se hizo en esta Cámara, en la Legislatura pasada, al Ministro de Economía y Finanzas y, fundamentalmente, a la Ministra de Trabajo y Seguridad Social de la época, doctora Ana Lía Piñeyrúa, que en aquella oportunidad fue la vocera del Poder Ejecutivo. Ella reconocía la justicia de la propuesta; no entendía, al igual que nosotros, por qué había que distinguir entre trabajadores públicos y privados, pero al mismo tiempo hablaba de "la dificultad de saber las razones ciertas del exilio; la dificultad de establecer si se trabajó o no en el exterior y, en consecuencia, si el exilio afectó o no de manera seria el 'modus vivendi' de las personas; las dificultades para definir cuáles familiares incluir. Estas indefiniciones pueden dar lugar a ciertos abusos que correspondería evitar". Extraigo la cita del Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes del 29 de junio de 1999.

Luego de ocuparse de los aspectos de la financiación, la señora Ministra de Trabajo y Seguridad Social de la época dice: "[...]la discusión en el seno del Poder Ejecutivo nunca se centró en un tema de financiación". Más adelante agrega: "Y la falta de consenso siempre se centraba en el ámbito subjetivo de aplicación de la ley y, por lo tanto, en quiénes serían los beneficiarios: cómo controlar que fueran realmente aquellas personas que, habiendo trabajado en el ámbito de la actividad privada, habían sufrido perjuicios derivados del gobierno de facto, quienes tuvieran una reparación.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hizo muchos esfuerzos y, centrándose en la definición de ese ámbito subjetivo de aplicación, elaboró dos proyectos en los cuales varía el ámbito subjetivo de aplicación y también la forma de probar, fundamentalmente, la calidad de exiliados por razones políticas, gremiales o ideológicas".

Porque no hay que olvidarse que en aquellos años miles y miles de personas se fueron del país por razones absolutamente ajenas a las que trata este proyecto. Como decía la entonces Ministra Piñeyrúa, tampoco hay que olvidarse de que de cada cuatro empleados uno era público y tres privados. En el caso de los públicos se presentaron treinta mil, y en ese sentido debo rectificarme porque yo antes mencioné que eran treinta y un mil y son treinta mil, de los que fueron contemplados dieciocho mil casos.

¿Sabe, señor Presidente, cuánto costó, por lo menos en los primeros años, esta Ley Nº 15.783? La suma de US$ 100:000.000 anuales, aproximadamente, lo que no es poca cosa, y se pudo pagar -de paso cañazo-, por la aplicación de una política económica seria, que permitió cumplir con todas las obligaciones contraídas, que fueron percibidas puntualmente, tal como lo establecía la ley.

Entonces, hay que tener en cuenta que de cuatro empleados, uno era funcionario público y tres privados, y cuántas personas emigraron en la época de la dictadura. Hay quien dice que emigraron cerca de doscientas mil personas; el señor Diputado García Pintos hablaba de diez mil.

En ese sentido, la ex Ministra Piñeyrúa decía: "Consultado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se nos informa que en sus registros hay inscriptas 6.020 personas, y cabe la aclaración de que no es una cifra que nos pueda dar un espectro cierto de cuántos refugiados uruguayos existieron en el período del régimen militar.- A ello se agregan los datos proporcionados por el Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo con los cuales desde la aprobación de la ley sobre seguridad del Estado y del orden interno hasta la sanción de las leyes de amnistía hubo 4.950 personas encausadas por la Justicia Militar, excluidos policías y militares".

Quiere decir que estamos ante un universo mucho más amplio que el de las novecientas o las mil personas, y que el corazón de las preocupaciones del Poder Ejecutivo anterior era que no se cometieran abusos, que se pudiera categorizar bien a las personas y que fueran restablecidos sus derechos a quienes efectivamente les corresponden. En los registros que llevaba en aquel entonces la Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos se encontraban algunas limitaciones, pues no teníamos muy claro cuáles eran los criterios que se habían aplicado para elaborarlos. Y dice la ex Ministra: "Creo que en este caso el tiempo ha actuado a nuestro favor, dada la larga y loable militancia de esta Comisión" -afirmación que compartimos sin reservas- "que, además, goza de personería jurídica, de un domicilio establecido y que, a lo largo de todos estos años, ha actuado públicamente". Dicha Comisión había hecho una convocatoria pública para confeccionar sus registros; entonces, todos los interesados sabían adónde podían acercarse, a qué lugar ir para decir: "Yo estoy, a mí me corresponde que se me compute ese plazo".

En aquel entonces -y aquí llego al meollo de la cuestión- el Poder Ejecutivo, por boca de la entonces Ministra de Trabajo y Seguridad Social -eso lo debemos tener claro en el día de hoy-, dijo en esta Cámara: "[...] el Poder Ejecutivo está dispuesto a asumir un compromiso que, de acuerdo con nuestro criterio, limita las preocupaciones de todos los involucrados en este tema: los señores parlamentarios, el miembro interpelante y la Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos". Más adelante agrega: "Asumimos el compromiso de enviar al Parlamento un proyecto de ley que, en su ámbito subjetivo de aplicación," -agrego: ámbito subjetivo que es el corazón de la cuestión- "tome como base el registro que ha llevado la Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos, facultando al análisis de la situación de las 983 personas que se encuentran inscriptas en él, según información proporcionada por dicha Comisión al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a la prensa". Y el proyecto facultaría el análisis de la situación de las personas fallecidas, para determinar los derechos pensionarios que también correspondieran.

Resulta, entonces, que antes del envío del proyecto de ley el Poder Ejecutivo tenía que disponer del registro que llevaba la Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos, para evitar sorpresas de miles de paracaidistas; esto último no corresponde a la cita, sino que lo agregamos nosotros. Y se planteaba la creación de una Comisión para analizar, caso por caso, la situación de las 983 personas inscriptas en el registro.

Esto provocó casi una algarabía, una euforia en el ámbito de la Cámara de Diputados; al menos, eso es lo que surge del Diario de Sesiones. Emblematizo en la figura del señor Diputado Chifflet a quienes propiciaron y trabajaron muchos años en favor de este proyecto. En aquella oportunidad el señor Diputado hizo dos o tres afirmaciones: "[...] a veces, en el Parlamento, uno siente que se le caen los brazos cuando pasa mucho tiempo y no se encuentran soluciones; pero, en otras ocasiones renace la esperanza, la confianza y el optimismo institucional cuando, como en el día de hoy, hay un diálogo constructivo, con salidas y con comienzo de solución".

Más adelante dice: "[...] aquí hay una vía de solución que estamos dispuestos a acompañar, porque deseamos un camino de acuerdo, ni siquiera voy a replantear aquella propuesta". Quiero señalar que, de alguna manera, el señor Diputado Chifflet se apeó de algunas reclamaciones adicionales que podía haber porque veía una solución y entendía que cuando la señora Ministra o los integrantes del Poder Ejecutivo decían que próximamente enviarían el proyecto de ley, ello no significaba años, sino un plazo breve.

Posteriormente dijo: "[...] No se trata de una victoria parcial, individual o de sector, sino colectiva. [...] De lo expuesto en este ámbito por la señora Ministra, oficialmente surge un compromiso con la justicia".

Cuando leímos el Diario de Sesiones entendimos que había un compromiso, pero de todas las partes, un compromiso bilateral. ¿El Poder Ejecutivo cumplió? Sí, lo hizo, porque al otro día abrió un plazo para que se volvieran a hacer las inscripciones que ya tenía la Comisión para el Reencuentro. Ese nuevo registro se cerró con un acta de constatación notarial de la cual surgía que había 1.069 personas inscriptas. A esa acta se refiere el proyecto de ley presentado en cumplimiento del compromiso contraído.

Cuando el proyecto llegó a la Comisión de Seguridad Social del Senado, donde fuimos acompañados por el señor Diputado Chifflet, se planteó el hecho de que había personas que tenían derecho y no se habían presentado en plazo.

Nosotros estaríamos dispuestos a que se abriera un nuevo registro, pero a lo que no vamos a estar dispuestos es a que se abra un registro en el que luego haya que verificar la situación de los miles de personas que se van a presentar. Se ha dicho aquí que la prueba debe ser documental. Y se ha objetado la prueba documental como una restricción de los elementos probatorios. Quizá aquí corresponda una aclaración. Irureta Goyena -nada menos que uno de los más importantes juristas que tuvo el país en toda su historia- dice que "Documento es toda cosa que lleva en sí misma la prueba o la comprobación de un hecho determinado, es la medalla que cuelga del pecho de un soldado, en cuanto acredita el valor de ese soldado; documento es también el mojón lindero de una propiedad en cuanto indica el punto preciso en que termina esta y empieza la propiedad vecina", etcétera.

Por supuesto, la escritura tiene un sentido más restringido. Yo creo que quizá se padezca una confusión y cuando se habla de prueba documental se piense en prueba escrita. No, este proyecto del Poder Ejecutivo, así como el del anterior, hablan de prueba documental. Ello significa que se abre el campo a las más amplias posibilidades probatorias y eso obliga a ser doblemente cauteloso. La diferencia radical entre el proyecto del Poder Ejecutivo anterior y el actual, que en otros aspectos sigue los mismos parámetros, es que aquel decía que para ser beneficiario de los derechos que se instituyen en la presente norma la persona deberá cumplir con el requisito de estar incluida en el registro llevado por la Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos, que fuera depositado y debidamente protocolizado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 9 de julio de 1999.

Nosotros creemos que debe aprobarse un proyecto de ley que ampare a los trabajadores de la actividad privada comprendidos entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, pero que debe abrirse una instancia similar a lo que se hizo entonces. No vamos a acompañar el proyecto en esta forma, porque con el antecedente a la vista de lo que pasó con la Ley Nº 15.783, no queremos que estos hechos vuelvan a darse.

Entendemos que lo que debe generarse -y puede hacerse fácilmente- es un compromiso para que se abra un nuevo registro a efectos de que se anoten todos aquellos que en su oportunidad omitieron hacerlo; luego se presentaría un proyecto de ley por el cual la Comisión procedería a analizar quiénes se inscribieron antes de la ley. Entonces, vamos a saber de qué estamos hablando, de cuántas personas se trata y tendremos idea de los costos. Creo que hoy no nos podemos permitir el lujo de cerrar los ojos y lanzarnos al abismo.

Lamentablemente, y aun reconociendo la justicia subyacente, tal como está concebido este proyecto de ley, no lo podemos acompañar por la preocupación sobre las situaciones que pueden generarse a su amparo.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Amorín Batlle.

SEÑOR AMORíN BATLLE.- Señor Presidente: vamos a votar afirmativamente este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, pero queremos dejar una constancia.

Desde nuestro punto de vista, este proyecto tiene una inconstitucionalidad: no tiene financiamiento. Esto fue advertido en la Comisión de Seguridad Social; al Poder Ejecutivo se le comentó esta carencia seria y pidió un plazo para enviar la financiación, porque es de su interés hacerlo y así lo hará.

Nosotros vamos a votar afirmativamente, en la convicción de que la financiación va a llegar cuando este proyecto esté a estudio del Senado. Asimismo, advertimos que una vez votado en el Senado con el cambio del artículo 8º, deberá volver a esta Cámara para ser ratificado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Barrera.

SEÑOR BARRERA.- Señor Presidente: vamos a votar este proyecto dejando bien en claro que una vez más no vamos a pasar por alto un gasto que no está debidamente financiado.

Votaremos afirmativamente el proyecto porque coincidimos con su filosofía, con sus objetivos y con la actitud que ha tenido el Poder Ejecutivo al enviarlo. Asimismo, como precisamente el Poder Ejecutivo tuvo iniciativa y ha manifestado -así lo han expresado en la Comisión los integrantes de nuestro sector político- que esperáramos la financiación adecuada, debemos dejar constancia muy clara de que compartimos la filosofía del proyecto y todo lo que se plantea en la exposición de motivos, pero vamos a mantener el precepto constitucional y la actitud que hemos tenido en todos los demás temas.

En definitiva, vamos a votar este proyecto advirtiendo que, próximamente, llegará la financiación propuesta por el Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Gustavo Silveira.

SEÑOR SILVEIRA (don Gustavo).- Señor Presidente: en oportunidad de que la Comisión ingresara al estudio de este proyecto que cuenta con iniciativa del Poder Ejecutivo y que, de alguna manera, intenta sanar las heridas que pueden quedar en algunos uruguayos y reparar -pasado el tiempo necesario- algunas situaciones, como miembro de la Comisión y en representación del Partido Colorado tuve la difícil obligación de poner en conocimiento de este grupo de trabajo y del Poder Ejecutivo que este proyecto de ley no proveía una financiación acorde con lo que establece el segundo inciso del artículo 86 de la Constitución de la República, en el que se estipula: "Toda otra ley que signifique gastos para el Tesoro Nacional, deberá indicar los recursos con que serán cubiertos [...]". En el artículo 8º de este proyecto de ley se establece: "(Recursos).- Los gastos que genere la aplicación de la presente, serán atendidos por Rentas Generales".

En la Comisión de Seguridad Social tuvimos la suerte de que comenzó a trabajar un asesor jurídico. A él le pedimos que se expidiera específicamente sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 8º; queríamos saber si esa norma realmente significaba o determinaba la existencia de una financiación constitucionalmente aceptable. A nuestro juicio, era inconstitucional, y así lo comunicamos al Poder Ejecutivo y a la Comisión; lo mismo opinó el asesor jurídico. ¡Menudo problema ha generado esto que con tantas ganas, con tanto impulso y con tanta intensidad quería impulsar el Poder Ejecutivo!

En el transcurso del proceso de estudio de este proyecto en la Comisión, el señor Ministro de Economía y Finanzas me solicitó personalmente que pidiera en la Comisión el plazo necesario y prudencial para que él pudiera avanzar en esto. Lamentablemente, el día en que se hizo llegar la segunda solicitud de plazo estaba actuando mi suplente y la Comisión no la atendió y pasó a votar el proyecto.

Insisto: a mi criterio, este proyecto es inconstitucional porque carece de financiación; así lo manifiestan el asesor letrado y sentencias de la Suprema Corte de Justicia, que se ha expedido en este tema muy concreto. Si nosotros aprobamos el proyecto tal como está, nos vamos a enfrentar al hecho de que el organismo que tendrá que aplicar esta ley -que no va a ser el Poder Ejecutivo, sino, en muchos casos, el Banco de Previsión Social- podrá oponerse por inconstitucionalidad y de ese modo se retardará todavía más el derecho de esta gente de juntarse con esta reparación.

Quería hacer esta observación y agregar algo más.

No comparto que en el proyecto esté incluido el amparo a aquellas personas que en ese período estuvieron detenidas por delitos políticos, militares o conexos con ellos. Sí estoy de acuerdo con el hecho de que ese amparo alcance a aquellos trabajadores de la actividad privada que por algún tipo de persecución política tuvieron que irse del país y a los dirigentes sindicales que debieron pasar a la clandestinidad, no a aquellos ciudadanos que en ese período estuvieron presos por haber cometido delitos tan particularmente dolorosos como los de carácter político.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en sesenta y siete: AFIRMATIVA.

SEÑOR DÍAZ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: simplemente, quiero que quede constancia documentada de que hemos votado negativamente este proyecto de ley.

Creemos sinceramente que la etapa de la reparación económica de hechos de esta naturaleza ocurridos durante el régimen de facto, de alguna manera tiene que concluir en la vida del país. Puede haber situaciones injustas, pero, en última instancia, nunca se puede llegar al análisis pormenorizado de cada una de ellas y, sin duda alguna, esto se presta para que se genere una verdadera industria con personas que van a recibir beneficios que, en muchos casos, seguramente no merecen. Puede haber situaciones en el otro sentido, pero, en definitiva, de aprobarse esta legislación, ese va a ser uno de los resultados.

SEÑOR CHIFFLET.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: en los escasos minutos de que dispongo en la instancia del fundamento de voto sintetizaré lo que ha sido una larga prédica de mi parte repitiendo tres veces dos palabras: era hora, era hora, ¡era hora de que se aprobara este proyecto!

Voy a agregar, sintéticamente, cinco reflexiones, y desde luego que dejo de lado todo debate político; es más: lo he evitado expresamente -como se habrá podido advertir-, porque ingresar en él hubiese significado no aprobar este proyecto.

En primer lugar, en 1985 se votó la ley de reparación a los funcionarios públicos. Desde ese momento comenzó un largo rosario de promesas incumplidas porque en ese instante se dijo que se iba a reparar también a los trabajadores de la actividad privada.

En segundo término, cuando se trata de gente que ha luchado por las libertades y las conquistas obreras, cada avance cuesta mucho.

En tercer lugar, a mi juicio, la historia demuestra que el progreso se realiza, en la mayor parte de los casos, mediante sucesivos avances parciales. Pero también demuestra que las luchas, especialmente las desarrolladas con tenacidad y constancia, dan frutos; en este sentido, importa destacar la acción de la Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos. En esta lucha intervinieron fuerzas políticas, gremiales, el PIT-CNT, etcétera, pero leyendo las actas de la Comisión de Seguridad Social que integramos en años anteriores y viendo las conferencias de prensa, los artículos de diarios, las declaraciones y la prédica constante, destaco especialmente la tarea de la Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos.

En cuarto término, entre los distintos proyectos presentados recuerdo también los de los pioneros, particularmente el primero de ellos, el del señor Víctor Vaillant, que fue destacado por parte del señor Diputado Abdala en la interpelación que tuvimos oportunidad de realizar a dos señores Ministros.

En último lugar, todos los partidos y casi todos los sectores políticos anunciaron reiteradamente que este era un proyecto justo, pero hay, además, una larga prédica concreta, y esto, más que una conquista económica -naturalmente, para algunas personas eso representa-, es un reconocimiento a todos aquellos que con sacrificio lucharon por la libertad, que fueron perseguidos por razones y acciones gremiales, políticas, ideológicas o por mera arbitrariedad. Estos son los hombres que construyen la democracia y son los que merecen este acto de justicia que hoy vota el Parlamento.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: voy a ser muy breve.

Hemos acompañado el proyecto en general y también lo vamos a apoyar en la discusión particular. Hemos evitado todo debate con relación a nuestro pasado reciente -que está muy presente- y en particular a las soluciones que se han planteado para resolverlo.

Aquí hay un aspecto muy puntual que no salda ninguna de esas dos discusiones. Este proyecto, que consideramos justo porque recoge una solución largamente anhelada por un conjunto de ciudadanos que fueron perjudicados por la dictadura y luego por la democracia -que no reconoció esa situación-, era necesario en la medida en que la democracia tiene que identificar claramente a aquellos que dieron su tiempo, su libertad y su energía para lograr su reinstauración. Es muy adecuado que el Parlamento lo reconozca.

Por otra parte, creo que este es un proyecto prudente, en la medida en que establece causales muy específicas. Por ejemplo, aquellos que reciben del exterior una pensión por determinado monto no podrán acogerse a este beneficio; esto parece razonable. Inclusive, hay otras causales que tampoco habilitan a recibir este beneficio.

En definitiva, es un paso más en ese marco de un Uruguay que tenemos que construir, sin duda, entre todos, pero hay que leer la página muchas veces. Probablemente hay convicciones distintas, pero hay que leer la página entre todos para, de una vez por todas, poder darla vuelta.

SEÑOR LARA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LARA.- Señor Presidente: en nombre de la bancada del Partido Nacional -que ha votado por unanimidad de los presentes este proyecto que ya habíamos votado en Comisión-, en el momento de aprobarse este proyecto no queremos olvidarnos de la actuación en la Legislatura anterior de la señora Ministra de Trabajo y Seguridad Social, doctora Ana Lía Piñeyrúa, ni del trabajo que realizó el señor Ministro Alvaro Alonso.

Si bien esto no es bandera de nadie, nos sentimos muy contentos y orgullosos por lo que ha votado nuestro Partido.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- En discusión particular.

SEÑOR PINTADO.- Mociono para que se suprima la lectura de todos los artículos y para que el proyecto se vote por capítulos.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y uno en sesenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el Capítulo I, "Principio general. Contenido", que comprende el artículo 1º .

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y nueve en sesenta y seis: AFIRMATIVA.

SEÑOR SILVEIRA (don Gustavo).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SILVEIRA (don Gustavo).- Señor Presidente: quiero dejar constancia de que voté negativamente el artículo 1º por no tener conocimiento de si se podía excluir de su redacción, dentro del ámbito subjetivo que marca la ley, la referencia a "detenidos por delitos políticos o militares conexos durante dicho lapso".

Por lo tanto, como no quiero convalidar con mi voto un beneficio a quienes creo que no les corresponde, lo voté negativamente.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- En discusión el Capítulo II, "Ámbito subjetivo", que comprende los artículos 2º y 3º .

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y seis en sesenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el Capítulo III, "Ámbito objetivo", que comprende los artículos 4º a 6º , inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y seis en sesenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el Capítulo IV, "Financiación. Recursos", que comprende los artículos 7º y 8º .

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y seis en sesenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión el Capítulo V, "Del procedimiento", que comprende los artículos 9º a 17, inclusive.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en sesenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión el Capítulo VI, "Disposiciones finales", que comprende el artículo 18.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en sesenta y siete: AFIRMATIVA.

SEÑOR IBARRA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: hemos evitado intervenir durante la discusión en general de este proyecto de ley, así como durante el tratamiento del articulado. Entendíamos que era necesario ganar tiempo, aprobar este proyecto en el día de hoy y esperar que el Senado lo apruebe lo más rápidamente posible. Inclusive, la remisión por parte del Poder Ejecutivo de la propuesta de financiación, más allá de que está contemplada en este proyecto, también será analizada, sin duda, en el Senado.

Desde 1985, el Estado y la sociedad uruguaya estaban en deuda con aquellos ciudadanos que durante la dictadura cívico-militar se vieron obligados a abandonar el territorio nacional por razones políticas, ideológicas o gremiales, con aquellos que estuvieron detenidos por delitos políticos y con los dirigentes sindicales que debieron sobrevivir en la clandestinidad.

Todos los uruguayos sabemos de la persecución que se originó durante la dictadura, que se desató durante dicho régimen contra ciudadanos que cuestionaron severamente al gobierno surgido por un golpe de Estado y por la traición de determinados dirigentes políticos, incluyendo el accionar de otros Estados que propiciaron el quiebre de la institucionalidad a través del trabajo solapado de instrumentos represivos.

El Senado, sin duda, aprobará este proyecto de ley con carácter urgente, ya que es necesario eliminar definitivamente la angustia y la zozobra que viven cientos de compatriotas, a quienes habrá que reformular la jubilación o se los habilitará a completar los cómputos jubilatorios para que puedan acceder a una digna pasividad.

En definitiva, este proyecto de ley, aun imperfecto y con determinadas carencias, permitirá marcar un jalón importante en la búsqueda del reintegro de los derechos a ciudadanos que fueron ofendidos en su dignidad durante la dictadura cívico-militar. Se trata de un paso más que da el país, al igual que lo está dando muy eficientemente la Comisión para la Paz en los últimos días.

SEÑOR ROSSI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ROSSI.- Señor Presidente: a modo de reflexión, creo que no es malo repasar lo vivido y, a partir de ahí, sacar experiencia y conocimiento para proyectarnos hacia el porvenir.

En primer lugar, el problema no está en que se recuerden fechas, sino en que no basta con recordar algunos acontecimientos; hay que mirar el proceso en su desarrollo y también incorporar a las fechas y a los hechos las consecuencias de lo actuado.

En segundo término, valoro positivamente el proyecto de ley que hemos votado porque es un paso más, al igual que el que dimos hace pocos meses cuando votamos la reparación para los Oficiales a quienes se había aplicado el inciso G). Quedan otros pasos por dar: la reparación a los militares perjudicados en el proceso de la dictadura y a otros trabajadores de la actividad privada a los que no alcanza esta ley. Como bien decía el señor Diputado Chifflet, creo que hay que seguir paso a paso reconstruyendo una realidad de nuestra democracia que permita construir un país mejor.

En tercer lugar, el señor Diputado Amorín Batlle hizo una aclaración con respecto a que al Senado llegará una propuesta de financiamiento. Consideramos lógico y legítimo que así sea, pero queremos advertir que ese proceso tendrá que ser ágil y permitir que la consideración de este proyecto de ley culmine dentro de este lapso para no repetir la frustración que ya se vivió en la Legislatura anterior.

Por último, algunos señores Diputados fundamentaron su voto en contra del proyecto, en función de los excesos cometidos en la aplicación de la Ley Nº 15.783. La responsabilidad de estos excesos fue, seguramente, de quienes tuvieron en sus manos administrar la aplicación de esta ley. Por lo tanto, si quienes administran la aplicación de esta ley, porque ocupan los lugares de gobierno respectivos, lo hacen con celo, seguramente se podrá fortalecer la democracia, avanzar en justicia y evitar los abusos y excesos.

SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: es verdad que este proyecto de ley venía de la Administración anterior; habíamos trabajado intensamente al respecto y nos parecía que era buena cosa reconocer la secuencia de la Administración anterior.

Fue un proyecto que, en su momento, la ex señora Ministra Ana Lía Piñeyrúa impulsó con mucho calor y que el Parlamento recibió como correspondía. Por tanto, me parece que es muy bueno que se actúe tratando de reconstruir situaciones de una época de la vida del país que no fueron felices y, en alguna medida, este proyecto permite mejorar situaciones muy dramáticas. Nada se cambia hacia el pasado, pero tal vez se puedan mejorar cosas hacia el futuro.

Lo bueno es tratar de no tener solamente visiones unidireccionales, sino que estas sean lo más globales posible. Me hace mucho bien que el Encuentro Progresista-Frente Amplio impulse afanosamente este proyecto de ley, como lo hacemos algunos de nosotros. También es necesario tener una mirada similar hacia otros episodios del pasado que necesitan, indefectiblemente, una perspectiva lo más global posible.

Brillante estuvo el señor Presidente de la República hace pocas horas, cuando con relación a un tema de recordación nacional, vinculado al Memorial de los Desaparecidos, envió una misiva donde nos convoca a todos los uruguayos a tratar de tener la mirada lo más omnicomprensiva, integradora y global posible. Me parece que ese es el talante con el que se debe seguir actuando.

Esto está bien y es muy buena cosa que se lleve adelante, junto con otro tipo de episodios de la vida nacional que continúen afianzando y solidificando esta democracia que hoy tenemos en el país.

Por eso digo que hay que saludar y felicitar estas acciones. Otro tipo de acciones también deben continuar en la vida de la nación, para todos, para con todos, para con todos aquellos que sufrieron, de un lado y del otro; lo reitero: de un lado y del otro. El Uruguay es un país donde todos tenemos derecho a vivir en paz.

Bienvenido sea este proyecto.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PINTADO.- Señor Presidente: no hice uso de la palabra porque creí que la mejor manera de militar por esta causa era facilitar la aprobación del proyecto, sin decir lo que sentíamos obligatorio manifestar, porque a veces escucharnos a nosotros mismos termina perjudicando y entorpeciendo y porque estoy convencido de que valen mucho más los hechos que las palabras. Las acciones de la gente son más importantes que las palabras.

Todo quienes participaron en esto tienen claro el esfuerzo y la capacidad que entregaron a la causa en los momentos en que les tocó actuar. Solo lamento que algunos de los potenciales beneficiarios de este proyecto ya no estén entre nosotros, porque murieron; lucharon para que se les reconociera el derecho y no están más entre nosotros.

En algún momento perdí la esperanza. No somos los protagonistas, sino que lo son quienes están en la barra, quienes con su lucha incansable de quince años nos persuadieron a todos de que era necesario reconocer el error y salvar una injusticia. Hoy estamos cumpliendo con nuestro papel de representantes, por lo menos, de una parte del pueblo.

Los protagonistas son estos compañeros entrados en canas -algunos también entraron en "cana"-, que con su lucha defendieron la democracia, sin saber que tendrían recompensa alguna y sin medir los riesgos de su situación personal.

Hoy el Parlamento está dando una señal trascendente, no hacia atrás, sino hacia adelante, ya que está diciendo a los uruguayos: "Aquellos que se enfrenten a las posiciones que quieran romper la Constitución, la legalidad democrática y el derecho, no van a quedar olvidados. Su lucha no va a ser en vano".

Estoy dispuesto a discutir el pasado, a asumir algunas cuestiones en las que me pude haber equivocado. ¡Cómo no! Pero también quiero decir que aun dentro de las mismas filas, el pasado no se lee de la misma manera, porque alguna gente pagó con muchos años de cárcel por el único delito de haber levantado un volante y manifestado sus ideas. Yo era muy jovencito; tenía doce años y ya el bicho político me picaba, y nunca empuñé un arma. Las únicas armas que empuñé fueron la defensa de mis ideas por un país de libertad, por un país democrático, como todos los que están ahí lo hicieron y pagaron por defender la Constitución. Y conste que estoy hablando de gente de todos los partidos.

Bienvenido este proyecto, señor Presidente. Espero que los señores Senadores de la República tengan la misma sensibilidad que esta Cámara y la misma actitud de rapidez para que, de una buena vez, se solucionen problemas del pasado que nos quedaron sin resolver.

SEÑOR ARREGUI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ARREGUI.- Señor Presidente: lamentablemente, han tenido que pasar dieciséis años desde que se reinstauró la democracia en este país para reconocer este mínimo derecho que hoy está otorgando esta Cámara a quienes se jugaron enteros por la libertad, la democracia y la justicia social. Se la jugaron entero, pagando con la prisión y el exilio.

Siento que lo que hoy hemos hecho votando este proyecto de ley es lo mínimo que debíamos hacer. Siento que el país entero no debe conformarse solo con esto; también debe un agradecimiento eterno a quienes tanto dieron de sí y sufrieron para que Uruguay reconquistara la democracia, a quienes tanto dieron de sí y sufrieron para que en este país algún día pudiera haber justicia social.

Por estas razones hemos dado gustosamente nuestro voto a este proyecto de ley, sintiendo, al mismo tiempo, que es totalmente insuficiente en cuanto a lo que debemos a quienes han dado tanto de sí.

Muchas gracias.

SEÑOR MELGAREJO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MELGAREJO.- Señor Presidente: en primer lugar, agradezco a la Cámara por haberme permitido quedar en Sala y votar este proyecto, ya que soy uno de los directamente beneficiados.

Escuché muchísimas cosas y realmente me cuesta mucho trabajo creer que algunos orientales estén opinando de esa forma, nada más y nada menos que cuando se trata de hacer un acto de justicia.

Quiero traer la tranquilidad a todo el mundo en cuanto a que la aplicación de esta ley no será como la de reposición de destituidos, porque en aquel marco hubo una cantidad de cosas que más vale no recordar, relacionadas con la gente que entró. Tampoco será así porque por esta reivindicación se viene luchando desde hace quince años, y durante ese período han quedado por el camino grandes hombres y mujeres que también eran merecedores de este reconocimiento.

Sin temor a equivocarnos, podemos asegurar que los filtros que se han puesto para que esta futura ley se pueda cumplir abarcando solo a quienes deben ser amparados por ella, van a estar presentes en todo momento. Por eso creemos que las dudas y temores que hay en ese sentido no son del caso. Indudablemente, esto fortalece la democracia y comienza a hablar cada vez más y mejor del sistema político.

SEÑOR VARONA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR VARONA.- Señor Presidente: en el mismo tenor que el señor Diputado Pintado y en momentos en que se aprueba este proyecto de ley, nosotros también queremos recordar a quienes hoy no tienen la posibilidad de estar entre nosotros.

Asimismo, queremos mencionar que en estas horas en las que definimos la situación, hay un compatriota, un compañero que tuvo un exilio forzoso y que en estos momentos se encuentra en estado de coma.

Por lo que decía el señor Diputado Rossi, deseamos que, más temprano que tarde, esto que hoy votamos pueda tener andamiento, para que no exista ningún otro compatriota que tenga la desgracia de desaparecer antes de que este proyecto sea definitivamente sancionado.

Agradezco al Cuerpo la posibilidad de expresar nuestro sentir y votar esta iniciativa.

SEÑOR DÍAZ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: por vía del fundamento de voto reitero todos los conceptos expresados anteriormente. Para mí, deberían concluir los plazos y tiempos para este tipo de reparaciones.

Frente a determinadas expresiones vertidas en Sala, quiero decir que sin duda hubo mucha gente detenida injustamente durante el proceso cívico-militar -con anterioridad también pudo haber habido algún caso-, pero entre los beneficiarios de este proyecto de ley hubo gente que luchó para destruir la democracia, las libertades y las garantías democráticas en el país. Y hay ciudadanos de este país que murieron defendiendo esas cosas, pero ni siquiera se quiere votar su nombre para una escuela como símbolo de un martirologio, aunque, en definitiva, deberían ser ejemplo y debería rendírseles culto por parte de todos los uruguayos, si es que realmente queremos una convivencia de libertad entre nosotros.

Como se rinde tributo, no a un sector, sino a quienes protagonizaron los sucesos que ocasionaron la caída democrática en el país, yo hoy, modestamente, me permito rendir tributo a los gerentes de NIBOPLAST, a Pascasio Báez y a tantos civiles que murieron víctimas de la sedición y de la agresión que sufrieron las instituciones democráticas en el país.

Muchas gracias.

SEÑOR BARÁIBAR.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: hemos votado favorablemente este proyecto de ley -en general y en particular-, tal como lo ha hecho toda nuestra bancada y un número muy representativo de parlamentarios de todos los Partidos políticos que están representados en esta Cámara de Diputados.

Lo digo, no con ánimo de censurar o para marcar a quienes no lo votaron, sino para señalar que fue votado por parlamentarios de todos los Partidos políticos. Y creo que es un hecho bueno; aunque reitero que no lo digo para censurar ni para poner una "capitis diminutio" a quienes no lo hicieron.

Este proyecto de ley delimita un período de la historia que va del 9 de febrero de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985 y establece que se debe reconocer como efectivamente trabajado, a los efectos jubilatorios, para quienes hubieran estado detenidos por disposición de la Justicia Militar por delitos políticos o militares conexos con los mismos, se hubieran visto compelidos a abandonar el país por razones políticas, ideológicas o gremiales, o fueran dirigentes sindicales que hubieran pasado a la clandestinidad.

Es evidente que este lenguaje, muy ajustado a la caracterización de los hechos que ocurrieron en ese período de la historia, recoge una propuesta justa, y esperemos que cuando el proyecto sea aprobado también por el Senado mucha gente que vivió situaciones penosas y que sigue viviéndolas aun después del restablecimiento de la democracia, pueda tener -si bien no en todos los casos, porque algunos ya no están-, aunque tardíamente, una compensación.

Es importante que se haya aprobado este proyecto de ley. Es un gesto más de los muchos que se han ido dando desde hace muchos años. Para marcar uno, señalaría los acuerdos del Club Naval en 1984, que sin duda marcaron un estilo que el Uruguay eligió para salir de la dictadura, y se inició así un período en el que los ciudadanos -no digo que unánimemente, pero sí una cantidad suficientemente representativa de ellos- fueron configurando un camino de diálogo y de entendimiento que nos permitió oírnos, entre las diversas versiones que puede haber de la historia.

Mediante el intercambio de opiniones entre todos se pueden ir buscando soluciones; hoy culminamos una etapa, pero todavía pueden quedar pendientes algunos episodios para el futuro.

Entendemos que el espíritu que hoy está presente en la aprobación de este proyecto de ley es, sin duda, el que debe guiar nuestro camino.

No quiero dejar de señalar el gesto que tuvo el propio señor Presidente de la República, doctor Jorge Batlle, junto con sus Ministros, al enviar este proyecto de ley, que es consecuente con una línea de gobierno que él ha tenido. A la hora de aprobarse esta iniciativa, me parecía de justicia señalarlo.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR PINTADO.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en sesenta y siete: AFIRMATIVA.

La Mesa deja constancia de que se va a hacer una corrección en el artículo 10 en cuanto al nombre de una Comisión.

(Texto del proyecto aprobado:)

"CAPÍTULO I

PRINCIPIO GENERAL

CONTENIDO

Artículo 1º.- Quedan comprendidos en la presente ley, todos los trabajadores de la actividad privada que, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, se hubieran visto obligados a abandonar el territorio nacional por razones políticas, ideológicas o gremiales; asimismo, los que hubieran estado detenidos durante dicho lapso por delitos políticos o militares conexos, y los dirigentes sindicales que debieron permanecer en la clandestinidad en dicho período, siempre y cuando cumplan con los requisitos del artículo 3º de la presente ley y les sea reconocido el derecho por la Comisión Especial que por esta ley se crea.

CAPÍTULO II

ÁMBITO SUBJETIVO

Artículo 2º.- A los trabajadores y demás beneficiarios mencionados en el artículo anterior se les computará –dentro del período comprendido entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985- como efectivamente trabajado, el tiempo que medió entre la salida del país y el regreso al territorio nacional, entre la detención y la recuperación de la libertad o el período de clandestinidad, en su caso. Este reconocimiento será válido solo a los efectos jubilatorios y pensionarios y se computará a partir de los dieciocho años de edad.

Artículo 3º.- Para ser beneficiario de los derechos que se instituyen en la presente norma, el trabajador deberá reunir los siguientes requisitos:

A) Haber estado detenido por disposición de la Justicia Militar, cualquiera fuera la autoridad que dispuso inicialmente la privación de la libertad, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, por delitos políticos o militares conexos con los mismos, o durante dicho período haber pasado a la clandestinidad siendo dirigente sindical o haberse visto compelido a abandonar el país, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, por razones políticas, ideológicas o gremiales, siempre que hubiere retornado al mismo y se haya radicado, definitivamente, en el país antes del 1º de marzo de 1990.

B) Que le sea reconocido el derecho por la Comisión Especial que se crea en esta ley y no estar comprendido en las situaciones previstas en el artículo 18 de la presente ley.

CAPÍTULO III

ÁMBITO OBJETIVO

Artículo 4º. (Ingresos fictos).- A los trabajadores que oportunamente sean declarados comprendidos dentro de los extremos de esta ley, se les reconocerá durante el período de cómputo ficto de servicios, un ingreso mensual equivalente a cinco salarios mínimos nacionales, a valores de la fecha de vigencia de la presente ley.

Artículo . (Naturaleza de los servicios).- Los servicios reconocidos en los términos de la presente ley, no podrán fraccionarse y se considerará que son comunes u ordinarios, de acuerdo al régimen que regule la prestación a servir.

En el caso de los beneficiarios que a la fecha de vigencia de la presente ley, tengan configurada causal jubilatoria o pensionaria, los servicios fictos se considerarán que tienen afiliación al instituto que deba servir la prestación en la cual aquellos se computan.

Tratándose de beneficiarios sin causal a dicha fecha, la afiliación de los períodos estará determinada por los últimos servicios prestados por el beneficiario o el causante, según corresponda.

Artículo . (Reenvío).- Cuando, de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo anterior, no pudiese determinarse la afiliación, se considerará que los servicios fueron prestados al amparo de la Ley Nº 12.138, de 13 de octubre de 1954.

CAPÍTULO IV

FINANCIACIÓN

RECURSOS

Artículo 7º. (Reintegros).- Los aportes jubilatorios personales correspondientes al reconocimiento ficto se cancelarán mediante un régimen de reintegros, que será reglamentado por el Poder Ejecutivo.

El mismo será equivalente al 20% (veinte por ciento) de los importes emergentes de dicho reconocimiento ficto, por un período igual al de los servicios reconocidos.

El descuento cesará al cumplir el afiliado los setenta años de edad.

La prestación resultante, en ningún caso podrá ser inferior a la asignación mínima establecida por el régimen de pasividades por el cual se otorgue.

Artículo 8º. (Recursos).- Los gastos que genere la aplicación de la presente ley, serán atendidos por Rentas Generales.

CAPÍTULO V

DEL PROCEDIMIENTO

Sección I

De la Comisión

Artículo 9º.- Créase una Comisión Especial, que actuará en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuya integración, cometidos y funciones, serán los que se expresan en los artículos siguientes.

Esta Comisión deberá constituirse dentro de los treinta días a partir de la vigencia de esta ley, siendo obligación del Poder Ejecutivo publicitar la fecha de su constitución.

Artículo 10. (Integración).- La Comisión Especial creada por el artículo anterior estará integrada por un delegado designado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien la presidirá; un delegado designado por la Comisión Nacional del Servicio Civil; un delegado designado por el Ministerio de Economía y Finanzas y uno designado por el Banco de Previsión Social (BPS). Las decisiones se tomarán por mayoría. En caso de empate en la votación, el Presidente tendrá doble voto.

Artículo 11. (Cometidos).- La Comisión Especial entenderá en todo lo relativo a la instrucción, sustanciación y resolución definitiva de las situaciones previstas en el Capítulo II de esta ley.

El acto por el cual la Comisión Especial resuelva la solicitud, se considerará acto definitivo cumplido por la Administración y será notificado personalmente.

Podrá ser recurrido mediante los recursos de revocación y jerárquico.

Artículo 12. (Facultades).- La Comisión Especial podrá disponer todas las medidas que estime convenientes a los efectos de la instrucción y eventual sustanciación de las solicitudes. Se comunicará con las autoridades de los organismos públicos o privados, directamente y de acuerdo a las prescripciones legales y reglamentarias que fueren del caso.

Artículo 13. (Prueba).- Las condiciones constitutivas de las circunstancias de amparo a la presente ley, deberán acreditarse, en todos los casos, por prueba documental.

Sección II

Del procedimiento

Artículo 14. (Condiciones de la presentación).- Quienes por estar comprendidos en el literal A) del artículo 3º de esta ley, aspiren a ser declarados como incluidos en sus beneficios, dispondrán de un plazo de noventa días corridos, a partir de la constitución de la Comisión Especial y de la publicación de esta ley en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional, para presentarse por sí o por apoderado por escrito ante dicha Comisión.

Artículo 15. (Caducidad).- Vencido el plazo previsto en esta ley para solicitar el amparo, caducarán todos los derechos consagrados por la misma.

Artículo 16.- Vencido el plazo de ciento ochenta días a partir de que la Comisión Especial se recibió de la petición, sin que se expida, se considerará configurada la denegatoria ficta de dicha petición, quedando abierta al peticionante la vía de los recursos administrativos.

Artículo 17.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social proporcionará los recursos humanos y materiales necesarios para la instalación, funcionamiento y asistencia de cualquier naturaleza de la Comisión.

La Comisión Especial podrá dictar, si lo estimare pertinente, su reglamento interno de funcionamiento.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 18. (Exclusiones).- Quedan excluidas de los beneficios de la presente ley, las personas comprendidas en las Leyes Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, Nº 16.163, de 21 de diciembre de 1990, Nº 16.451, de 16 de diciembre de 1993, y Nº 16.561, de 19 de agosto de 1994.

Asimismo, quedan excluidas las personas que hubieran trabajado en países con los cuales la República tiene acuerdos de reconocimiento recíproco de beneficios jubilatorios o quienes perciban desde el exterior ingresos por pasividad superiores a los cinco salarios mínimos nacionales.

Artículo 19.- La presente ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro del plazo de ciento veinte días a partir de su entrada en vigencia".

24.- Licencias.

Integración de la Cámara.

——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencias:

Del señor Representante Juan Máspoli Bianchi, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 16 y 20 de diciembre de 2001 convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor José María Caballero.

Del señor Representante Juan Máspoli Bianchi, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 21 y 27 de diciembre de 2001 convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Luis Gustavo Aguilar.

De la señora Representante Raquel Barreiro, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 13 y 15 de diciembre de 2001, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora Elena Ponte".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y cuatro en cuarenta y seis: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 12 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales y al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, desde el 16 de diciembre hasta el 20 de diciembre de 2001, inclusive, convocando a mi suplente respectivo.

Saluda a usted muy atentamente.

JUAN MÁSPOLI BIANCHI
Representante por Flores".

"Trinidad, 12 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

De mi mayor consideración:

Por la presente quien suscribe, doctor Luis Gustavo Aguilar titular de la cédula de identidad número 3.049.547-9, manifiesto no aceptar la convocatoria para ocupar el cargo de Representante Nacional por el Departamento de Flores del día 16 de diciembre de 2001, al 20 de diciembre inclusive.

Ruego se sirva disponer lo que reglamentariamente corresponda.

Saluda con elevada consideración.

Luis Gustavo Aguilar".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Flores, Juan Máspoli Bianchi.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 16 y 20 de diciembre de 2001.

II) Que, por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Luis Gustavo Aguilar.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994 y por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 16 y 20 de diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Flores, Juan Máspoli Bianchi.

2) Acéptase la negativa que, por esta única vez ha presentado, el suplente correspondiente siguiente, señor Luis Gustavo Aguilar.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 22 del Lema Partido Colorado, señor José María Caballero.

Sala de la Comisión, 12 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 12 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, desde el 21 de diciembre hasta el 27 de diciembre de 2001 inclusive, convocando a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

JUAN MÁSPOLI BIANCHI
Representante por Flores".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Flores, Juan Máspoli Bianchi.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 21 y 27 de diciembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 21 y 27 de diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Flores, Juan Máspoli Bianchi.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 22 del Lema Partido Colorado, señor Luis Gustavo Aguilar.

Sala de la Comisión, 12 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 12 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

Por la presente solicito a usted se me conceda licencia por motivos personales del 13 al 15 del corriente mes de diciembre.

Saludo a usted atentamente.

RAQUEL BARREIRO
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Raquel Barreiro.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 13 y 15 de diciembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 13 y 15 de diciembre de 2001, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Raquel Barreiro.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Elena Ponte.

Sala de la Comisión, 12 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

25.- Asuntos entrados fuera de hora.

——Dese cuenta de una moción de orden presentada por las señoras Diputadas Argimón, Castro y Tourné y los señores Diputados Bentancor y Berois Quinteros.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se dé cuenta de los asuntos entrados fuera de hora".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y seis en cuarenta y siete: AFIRMATIVA.

Dese cuenta de los asuntos entrados fuera de hora.

(Se lee:)

"PROYECTOS PRESENTADOS

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la extensión del plazo de cobertura del seguro de desempleo a los ex trabajadores de la mutualista Centro Médico Cooperativo. C/1844/001

- A la Comisión de Legislación del Trabajo".

26.- Proyectos presentados.

"EX TRABAJADORES DE LA MUTUALISTA CENTRO MÉDICO COOPERATIVO. (Extensión de la cobertura del seguro de desempleo)

MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Representantes aspira a que el Poder Ejecutivo, amparado en las facultades que le otorga del Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, extienda el plazo de cobertura de seguro de desempleo a los ex trabajadores de la mutualista Centro Médico Cooperativo (CEMECO), en la medida en que se hayan ido agotando los plazos de amparo que están en curso.

Montevideo, 12 de diciembre de 2001.

BEATRIZ ARGIMÓN, Representante por Montevideo, JUAN JOSÉ BENTANCOR, Representante por Montevideo, NORA CASTRO, Representante por Montevideo, PEDRO C. PÉREZ STEWART, Representante por Montevideo, DAISY TOURNÉ, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La mutualista CEMECO se encuentra en proceso de liquidación, dejando a un grupo de 57 trabajadores que no han obtenido otro empleo y no han sido absorbidos por otras entidades de salud.

En su mayoría se trata de personal femenino, muchas de ellas jefas de hogar, con un promedio de edad de cincuenta años. Como se comprenderá, dado el contexto general de desempleo, se hace muy difícil la reinserción de este grupo de trabajadores en cualquier otra área de actividad, así como impensable su jubilación.

Entendemos necesaria la prórroga de estos seguros de desempleo y recordamos que existen numerosos antecedentes en la presente legislatura.

Montevideo, 12 de diciembre de 2001.

BEATRIZ ARGIMÓN, Representante por Montevideo, JUAN JOSÉ BENTANCOR, Representante por Montevideo, NORA CASTRO, Representante por Montevideo, PEDRO C. PÉREZ STEWART, Representante por Montevideo, DAISY TOURNÉ, Representante por Montevideo".

27.- Solicitud de urgencia.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Señor Presidente: se encuentra en la Mesa una moción para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley sobre bienestar animal.

Según lo acordado entre los señores coordinadores de bancada, esa moción se presentaría una vez agotado el tratamiento del proyecto de ley que se analizará a continuación, sobre pequeños préstamos al consumo. Lamentablemente, ya casi estamos finalizando la sesión y tengo dudas de que realmente podamos entrar en el estudio de aquella iniciativa. De todos modos, quiero anunciar que si llegáramos a votar la moción y la Cámara se dispusiera a considerar ese asunto, inmediatamente solicitaríamos la prórroga del término de la sesión hasta agotar el tratamiento de ese punto. De lo contrario, planteamos nuestra aspiración de que este importante proyecto, tan dilatado en el tiempo, sea incluido en el primero o segundo punto del orden del día de una próxima sesión.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- La Mesa informa al señor Diputado que en caso de no accederse hoy al tratamiento de ese proyecto, se considerará en la sesión extraordinaria que la Cámara votará en el día de mañana y que se realizará el próximo lunes 17.

Asimismo, recordamos que hay un señor Diputado anotado para hacer uso de la palabra durante la media hora final, a la hora 19 y 55; por tanto, quedan nueve minutos para el tratamiento del siguiente punto.

28.- Pequeños préstamos al consumo. (Se establecen topes para casos de mora).

Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Pequeños préstamos al consumo. (Se establecen topes para los casos de mora)."

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 787

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Las operaciones de préstamos en efectivo y en las operaciones de financiamiento de bienes y servicios, otorgados a las familias, ya sean realizados por empresas de intermediación financiera comprendidas en las disposiciones del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982 y sus modificativas, o por personas físicas o jurídicas administradoras de crédito que no integran dicho sistema de intermediación financiera, cuyos montos totales sean menores a US$ 1.000 (un mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional u otras monedas o valores, en cuanto a los intereses, compensaciones y otros cargos se regirán de acuerdo a lo establecido por las disposiciones legales vigentes, con las adecuaciones del artículo 2º de esta ley.

Artículo 2º.- En caso de que se incurriese en incumplimiento dichas operaciones solo se regirán por lo dispuesto en el artículo 1º hasta los ciento ochenta días de producido aquel. Dicho plazo se contará desde el día en que se produjo el vencimiento de la obligación original. Luego de los ciento ochenta días referidos el monto total de la deuda por todo concepto existente a ese momento solo podrá reajustarse por el Indice de Precios al Consumo (IPC), de acuerdo al Decreto-Ley Nº 14.500, de 8 de marzo de 1976. En ningún caso, el monto total reclamado, podrá superar cinco veces el capital prestado, ajustado por el IPC.

Artículo 3º.- Lo dispuesto en los artículos anteriores también será de aplicación a las operaciones concertadas con anterioridad a la presente ley.

Montevideo, 23 de octubre de 2001.

JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, ROBERTO CONDE, Representante por Canelones, MARGARITA PERCOVICH, Representante por Montevideo, MARTÍN PONCE DE LEÓN, Representante por Montevideo, JULIO VIEYTES, Representante por Montevideo, VÍCTOR ROSSI, Representante por Montevideo, CARLOS BARÁIBAR, Representante por Montevideo, LUCÍA TOPOLANSKY, Representante por Montevideo, CARLOS PITA, Representante por Montevideo, JUAN JOSÉ BENTANCOR, Representante por Montevideo, EDGAR BELLOMO, Representante por Canelones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es conocido el gran nivel de endeudamiento contraído por las familias uruguayas en los últimos años. Asimismo, a nadie escapa la recesión económica por la que atraviesa el país golpeando a todos los sectores, pero particularmente a aquellos de menores ingresos. El nivel de desempleo y subempleo acarrea, entre otras consecuencias, la dificultad para hacer frente a las obligaciones contraídas, mas aun cuando aquellas se elevan a cifras tremendamente altas (mediante la aplicación de tasas de mora, capitalización de intereses y otros cargos).

Dicha situación de alto endeudamiento de la población no ha pasado desapercibida por el Gobierno, antes bien, ha generado preocupación a diversos niveles. Por mencionar algún reflejo de ello cabe recordar las medidas adoptadas por el Banco Central del Uruguay en el año 1998, limitando los créditos de las familias a un 35% del total de los ingresos del núcleo familiar y procurando crear una central de riesgos. También pueden señalarse las diversas medidas sectoriales aprobadas, en especial con relación al sector agropecuario.

Con relación al que consideramos "préstamo familiar", existe un amplio sector de la población que toma o ha tomado préstamos de bajos montos o adquiere bienes o servicios de escaso valor en forma financiada, al que -en caso de atrasarse en una o más cuotas por un período significativo- le resulta extremadamente difícil ponerse al día en aquellos casos en que se le reclama altos montos, que se distancian enormemente de los capitales iniciales prestados o del valor de los bienes adquiridos.

Esta situación, habilitada por las normas vigentes, entendemos que perjudica a los deudores y a las propias empresas financieras en general. Es más, en particular desmerece el instrumento de la tarjeta de crédito, medio por el cual se canalizan la mayoría de las referidas operaciones.

Por un lado, en la casi totalidad de los casos, cuando se produce atraso en el pago de las cuotas las gestiones que realiza el acreedor se limitan a llamadas de atención (llamadas telefónicas, avisos, telegramas, etc.); y luego deviene la dificultad para acceder a nuevos créditos mientras la deuda está pendiente, ya sea en la propia empresa o en otras en virtud de la inscripción en el clearing. Y lo habitual en estos casos es que al retomar el deudor posibilidades de pago y concurrir a instrumentarlo, se establezcan condiciones admisibles y de mutuo acuerdo que permiten rehabilitar la operación y el crédito.

Por otro lado, en un porcentaje muy menor de casos, pero de enorme significación en sus consecuencias, las entidades financieras actuantes deciden seguir aplicando con todo rigor altas tasas de mora, generando con el paso del tiempo cifras acreedoras cuya magnitud no guarda relación lógica con los hechos causales. En estos casos se llega incluso a la tercerización de la gestión en estudios jurídicos que han desarrollado la habilidad de utilizar la normativa legal vigente para -partiendo de pequeños préstamos- lograr la ejecución de algunas casas (en general el único inmueble y hogar de la familia), o con la amenaza de dicha ejecución lograr "acuerdos" por montos absolutamente desmesurados. Esto constituye una verdadera desnaturalización del problema y un uso abusivo de la ley vigente.

Por todo eso corresponde adaptar la normativa legal y para ello se presenta un proyecto de ley que refiere a las personas que toman créditos menores de US$ 1.000 o su equivalente en moneda nacional. Se establece la aplicación del régimen general de todos los créditos, con la salvedad de que cuando se incurre en incumplimiento luego de transcurrido un plazo de ciento ochenta días se le aplicará a dichas operaciones, en lugar de la tasa de mora, un índice de reajuste directamente vinculado a la evolución de la economía familiar: el Indice de Precios al Consumo. Para ello se considera que lo más lógico es recurrir al mecanismo de actualización de las obligaciones previsto en el Decreto-Ley Nº 14.500.

Estamos convencidos de que las disposiciones contenidas en este proyecto permitirán, no solo una adecuada defensa de la familia, sino una mejor utilización del crédito en el sector de la población referido, redundando en definitiva en favor de todas las partes involucradas.

Montevideo, 23 de octubre de 2001.

JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, ROBERTO CONDE, Representante por Canelones, MARGARITA PERCOVICH, Representante por Montevideo, MARTÍN PONCE DE LEÓN, Representante por Montevideo, JULIO VIEYTES, Representante por Montevideo, VÍCTOR ROSSI, Representante por Montevideo, CARLOS BARÁIBAR, Representante por Montevideo, LUCÍA TOPOLANSKY, Representante por Montevideo, CARLOS PITA, Representante por Montevideo, JUAN JOSÉ BENTANCOR, Representante por Montevideo, EDGAR BELLOMO, Representante por Canelones".

Anexo I al

Rep. Nº 787

"Comisión de Hacienda

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Hacienda recomienda, por unanimidad, a la Cámara la aprobación del presente proyecto de ley.

El proyecto limita los montos de los reclamos por incumplimientos en créditos de monto inferior a US$ 1.000 (un mil dólares americanos) o su equivalente. El tope se fija en cinco veces el valor real del capital prestado.

El proyecto refiere a operaciones que se efectúan por personas físicas, en relaciones habituales de consumo. Muchas miles de estas operaciones se realizan cada día, constituyendo una de las formas más habituales de operación cotidiana en los más diversos ámbitos del comercio.

El proyecto de ley que ponemos a consideración de la Cámara, busca mejorar el ordenamiento jurídico vigente. En forma expresa impide algunas acciones, que se realizan actualmente, limitadas en su número, pero de significativa importancia, en un uso abusivo e injusto de la ley vigente. El usuario habitual de este tipo de créditos posee una menor información y capacidad de defensa con relación a quien otorga el crédito. En consecuencia es lógico que la ley establezca garantías que limiten su riesgo.

Las prácticas aquí limitadas no son de uso habitual sino excepcional. No se trata de una operación corriente ni necesaria en esta franja del negocio financiero.

Sintéticamente, la secuencia que permite las referidas situaciones puede resumirse así:

1. A partir de la compra de algún bien de consumo ("ropa" es el concepto más reiterado), se utiliza un crédito y se genera una deuda de escaso monto. Por diferentes razones queda un saldo impago de algunas decenas, cientos o algún millar de pesos.

2. Transcurre un período de varios años sin novedades significativas.

3. Cuando existe un bien propiedad del deudor (o de sus herederos), típicamente su propia vivienda, se inicia, desde un estudio jurídico, acción judicial de cobro, por cifras desmedidas, con embargo inicial y búsqueda de abusivas transacciones o eventual ejecución judicial de la vivienda.

4. Los montos en estos casos reclamados son 50, 100, 400 y hasta más de 1.000 veces la deuda inicial.

Un comprador que dejó una deuda de mil doscientos pesos, se encuentra, cinco años después, con su casa embargada y con un reclamo por quince mil dólares.

Herederos sin información, se encuentran con reclamos similares.

Todo esto, no solo genera una situación de conmoción social, sino que constituye una desnaturalización del sistema de uso del crédito. Se trata de un uso injusto de la ley vigente, que se constituye en claro abuso, donde se pierde toda relación lógica entre lo reclamado compulsivamente y la deuda originalmente contraída.

Si promediamos la decena de casos considerados en particular en la Comisión de Hacienda, tenemos que, frente a un monto inicial reclamado (con intereses ya incluidos) de $ 1.545 (promedio), con antigüedad promedio menor de cinco años, se presentan reclamaciones, también promedio, de $ 116.150. Quien quedó debiendo $ 1.545, no tiene posibilidad alguna de encarar un reclamo de este monto y de allí siguen las consecuencias ya referidas.

El silencio ampara generalmente estas iniquidades, ya que los propios involucrados sienten su condición de deudor como un demérito inicial para cualquier publicidad.

Un ejemplo reciente ayuda a mostrar los extremos a que nos referimos:

Una actual pensionista quedó debiendo, en 1986, la suma de $ 14,04 (catorce pesos con 04/100), según los propios reclamantes establecen. Al actualizar dicha cifra por los máximos legales, a lo largo de 14 años, le reclaman, junto al embargo de su única vivienda, la suma de $ 159.449 más honorarios y gastos. El riesgo de perder su casa, la lleva a aceptar, el 22 de agosto de 2001, un "acuerdo transaccional" por US$ 12.500 (doce mil quinientos dólares) en 50 cuotas de 250 dólares donde compromete la casi totalidad de sus ingresos por varios años. Es el uso realmente abusivo, de una ley que reclama ser corregida.

Esta situación, habilitada, repetimos, por las normas vigentes, perjudica a deudores y a las propias empresas financieras. En particular, desmerece el instrumento de la tarjeta de crédito, medio por el cual se canalizan buena parte de las referidas operaciones.

La forma en que se realizan estas acciones se manifiesta también en las dificultades que los deudores tienen para obtener información fidedigna sobre el origen de sus deudas, que, en ocasiones es reclamada por el acreedor a herederos del deudor. Casi todos los casos utilizan, en su presentación judicial, el documento de adeudo con monto y fecha en blanco que habilita la circular 1.203 del 20 de noviembre de 1984 del Banco Central del Uruguay.

En ningún caso hemos obtenido referencia alguna al documento complementario que, para esos casos, la norma citada obliga a entregar al deudor.

Las Cámaras representativas de las instituciones financieras que operan en esta área de actividad, han expresado en esta Comisión de Hacienda que no realizan y que rechazan, este tipo de operación. Estamos ante casos cuantitativa y cualitativamente marginales.

En la amplia mayoría de los casos, cuando se produce atraso en el pago de cuotas en esta franja del sistema financiero, las gestiones que realiza el acreedor se limitan a llamadas de atención (llamadas telefónicas, avisos ó telegramas); sobreviniendo luego la dificultad para acceder a nuevos créditos mientras la deuda esté pendiente, ya sea en la misma institución o en otras empresas, en virtud de la inscripción en el clearing. Y lo habitual en estos casos es que, al retomar el deudor posibilidades de pago y concurrir a instrumentarlo, se establezcan condiciones admisibles y de mutuo acuerdo que permitan rehabilitar la operación y el crédito.

En defensa, entonces, del consumidor y de la operación normal del sistema es que proponemos el presente proyecto.

El artículo 1º focaliza el objeto de la ley en créditos a personas físicas, por montos menores a 1.000 dólares o equivalente.

El artículo 2º pone límites al monto reclamable, fijando dicho valor en cinco veces el valor del capital prestado. Al llegar a dicho monto los valores de lo adeudado, se procede a su ajuste de acuerdo a los términos del Decreto-Ley Nº 14.500, de 8 de marzo de 1976, de acuerdo a lo que fijan sus artículos 1º, 2º y 3º para moneda nacional y 9º y 10 para moneda extranjera y otros valores. Se asegura por esta vía el valor real del tope establecido del 500% del capital adeudado y se impide que llegue a los valores de más del 6.000% como los antes indicados.

El artículo 3º establece la vigencia de la normativa propuesta para las obligaciones que a la fecha se encuentran total o parcialmente pendientes de pago. Es la forma de resolver las situaciones hoy planteadas y evitar las que ya se están gestando. Se busca así facilitar el fin de esta verdadera patología que se intenta eliminar.

En el mismo sentido se establece el ajuste de los honorarios, para adecuar su monto y que no se conviertan en un impedimento a la solución buscada.

Creemos que este proyecto, al convertirse en ley, terminará con estas prácticas abusivas, innecesarias e injustas. Al hacerlo dará seguridad y tranquilidad al consumidor y usuario de tarjetas de créditos y de créditos. En la misma medida, dará también tranquilidad y seguridad a todo el sistema.

En mérito a lo expuesto, vuestra asesora aconseja la aprobación de este proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 6 de diciembre de 2001.

MARTÍN PONCE DE LEÓN, Miembro informante, JOSÉ AMORÍN BATLLE, SILVANA CHARLONE, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, JOSÉ MARÍA MIERES VISILLAC, RONALD PAIS, DANIELA PAYSSÉ, IVÁN POSADA, con salvedades que expresará en Sala.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Las operaciones de préstamos en efectivo y de financiamiento de bienes y servicios, otorgados a personas físicas, ya sean realizados por empresas de intermediación financiera comprendidas en las disposiciones del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982 y sus modificativas, o por personas físicas o jurídicas administradoras de crédito que no integran dicho sistema de intermediación financiera, cuyos montos totales sean menores a US$ 1.000 (mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional u otras monedas o valores, en cuanto a los intereses, compensaciones y otros cargos se regirán de acuerdo a lo establecido por las disposiciones legales vigentes, con las adecuaciones del artículo 2º de esta ley.

Artículo 2º.- En caso de que se incurriese en mora, dichas operaciones solo se regirán por lo dispuesto en el artículo 1º hasta que el monto total reclamado alcance cinco veces el capital prestado. A partir de dicho momento, el monto total adeudado se reajustará, para el caso de moneda nacional, de acuerdo con los artículos 1º, 2º y 4º del Decreto-Ley Nº 14.500, de 8 de marzo de 1976, y para el caso de moneda extranjera y otros valores, de acuerdo a los artículos 9º y 10 del mismo decreto-ley citado.

Artículo 3º.- Lo dispuesto en los artículos anteriores también será de aplicación a deudas pendientes por operaciones concertadas con anterioridad a la presente ley. La liquidación de honorarios, cuando se realice por vía judicial, se ajustará a los montos que la presente ley establece.

Sala de la Comisión, 6 de diciembre de 2001.

MARTÍN PONCE DE LEÓN, Miembro informante, JOSÉ AMORÍN BATLLE, SILVANA CHARLONE, CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, JOSÉ MARÍA MIERES VISILLAC, RONALD PAIS, DANIELA PAYSSÉ, IVÁN POSADA, con salvedades que expresará en Sala".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Ponce de León.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Señor Presidente: finalmente, hemos llegado a considerar este asunto.

Vamos a ser muy breves en nuestra intervención por varias razones; en primer lugar, para tratar de que el proyecto relativo a este tema, que afecta directamente y en forma muy crítica a mucha gente -básicamente, a personas con unos cuantos años-, pueda ser votado en el día de hoy. En segundo término, porque este proyecto viene con un informe votado unánimemente en Comisión, por todos los Partidos.

Esta iniciativa refiere a los pequeños préstamos al consumo en los que, a partir de compras de $ 500 o $ 1.000, cuatro o cinco años después emergen demandas por US$ 15.000 o US$ 20.000, con la consecuencia del embargo de la casa respectiva -que casi siempre, o por lo menos en los casos que hemos conocido, es el único bien- y con riesgo de ejecución.

El usuario habitual de este tipo de créditos al consumo de pequeño monto tiene menos información y menos capacidad de defensa que quien otorga el crédito. No estamos ante los mecanismos normales de las leyes que regulan el funcionamiento del sistema financiero; no estamos ante prácticas que hayan venido a defender ninguno de los integrantes de cualquiera de las Cámaras o empresas con las que la Comisión se entrevistó. Estamos ante lo que hemos llamado un uso abusivo de la ley, y por esta vía buscamos -y recomendamos a la Cámara votar en ese sentido- establecer un tope en cinco veces el valor real del crédito de que se trate, de manera que cuando el crédito, con sus intereses, llegue a esos montos, pase a ajustarse según lo que establece la Ley Nº 14.500, que esencialmente mantiene el valor, pero evitando que se dispare la exponencial, lo que ha llevado a situaciones tan abusivas.

En aras de que este proyecto pueda ser votado, nos vamos a ahorrar plantear algunos ejemplos que figuran en el informe y otros que hemos conocido con posterioridad a su realización. Solo decimos que, en definitiva, el informe expresa una realidad social contundente y que al votar esta iniciativa no solo estaremos solucionando algunos problemas presentes y evitando problemas futuros, sino que daremos tranquilidad a una franja del sistema financiero que la necesita para su propio funcionamiento. Así lo han dicho y lo entienden muchos de los propios actores del sistema.

SEÑOR BARANDIARAN.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BARANDIARAN.- Señor Presidente: quiero dejar constancia de que me retiraré de Sala debido a que mi interés profesional está claramente vinculado con el tema que se va a tratar en este momento.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- ¡Que se suprima la lectura de todos los artículos!

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y uno: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y dos: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y tres: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado)

29.- Solicitud de urgencia.

¾ ¾ La Mesa aclara que el señor Diputado Díaz declinó hacer uso de la palabra durante la media hora final.

Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por los señores Diputados Amen Vaghetti, Orrico, Berois Quinteros, Falero y Amorín Batlle.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley sobre "Bienestar de los animales. (Normas)". (Repartido Nº 64 y Anexo I)".

——No hay quórum para votar la moción, porque se necesita cincuenta legisladores presentes en Sala y en ese momento hay solo cuarenta y seis.

La Mesa informa que este proyecto será incorporado como primer punto del orden del día de la sesión a realizarse el próximo lunes o martes, según lo vote la Cámara.

30.- Guías de posesión de armas expedidas por el Servicio de Material y Armamento. (Se exonera del pago de su renovación al Personal Superior de los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior).

Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Guías de posesión de armas expedidas por el Servicio de Material y Armamento. (Se exonera del pago de su renovación al Personal Superior de los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 575

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio del Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 8 de mayo de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General

Don Luis Hierro López.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a los efectos de someter a su consideración, atento a lo dispuesto por el numeral 7) del artículo 168 de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley.

La presente iniciativa refiere a la exoneración del pago que se efectúa por la renovación de las Guías de Posesión de Armas. Dicha solicitud de exoneración comprendería al Personal Superior en actividad del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio del Interior, respecto a aquellas armas que utilicen en cumplimiento de las obligaciones inherentes al servicio.

El Comando General del Ejército fundamenta tal gestión en el hecho de que el mencionado Personal Superior -en actividad- utiliza en general armas de fuego de su propiedad en el cumplimiento de las obligaciones que exige el servicio, por lo que sería conveniente instrumentar un sistema que posibilite exonerar el pago de la renovación de la Guía de Posesión de Armas.

ANÁLISIS JURÍDICO

1) El artículo 17 del Decreto-Ley Nº 10.415, de 13 de febrero de 1943 -en la modificación dada por el artículo 1º de la Ley Nº 15.075, de 7 de noviembre de 1980- establece que la Guía de Posesión de Armas tendrá un valor impreso de N$ 25,00 (nuevos pesos veinticinco) y será expedida por el organismo que haya determinado o determine el Poder Ejecutivo.

En tal sentido el artículo 205 del Decreto 2.605, de 7 de octubre de 1943 dispone que dicha guía, será expedida por el Servicio de Material y Armamento.

2) Por su parte, el artículo 19 del Decreto-Ley Nº 10.415, ya citado, establece que el producido por concepto de expedición de Guías de Posesión de Armas, se destinará a los proventos propios del Servicio de Material y Armamento del Ejército.

3) Posteriormente, por el artículo 81 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, se fijó en unidades reajustables los valores -entre otros- de la Guía de Posesión de Armas.

4) Asimismo, el Decreto 490/982, de 30 de diciembre de 1982, establece que la tramitación de la Guía de Posesión de Armas será gratuita, debiendo abonarse solamente las sumas correspondientes a los proventos por guías, esto es, lo que dispone el artículo 19 del Decreto-Ley Nº 10.415, ya citado.

5) Por último, por Decreto 406/997, de 30 de octubre de 1997, se dispuso que la validez de las Guías de Posesión de Armas será de diez años, lo que implica que al vencimiento de dicho plazo debe procederse a la renovación.

En definitiva, es en razón de este último decreto y de los fundamentos expuestos "ut supra", que se tramita la presente iniciativa y se solicita a dicho Cuerpo la aprobación del proyecto de ley que se acompaña.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Asamblea General con la mayor consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, LUIS BREZZO, GUILLERMO STIRLING, ALBERTO BENSIÓN.

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Exonérase al Personal Superior en actividad del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio del Interior, del pago que se efectúa por concepto de renovación de las Guías de Posesión de Armas que expide el Servicio de Material y Armamento, correspondiente a aquellas que sean de su propiedad y utilicen en el cumplimiento de las obligaciones del servicio.

Montevideo, 8 de mayo de 2001.

LUIS BREZZO, GUILLERMO STIRLING, ALBERTO BENSIÓN".

Anexo I al

Rep. Nº 575

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Hacienda

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Hacienda, recomienda por unanimidad de sus integrantes la aprobación del proyecto de ley remitido al Parlamento por el Poder Ejecutivo, por el cual se propone exonerar del pago que se efectúa por concepto de renovación de las Guías de Posesión de Armas que expide el Servicio de Material y Armamento al Personal Superior en actividad del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio del Interior.

Dicha exoneración se propone para las armas que son de propiedad del mencionado personal superior y que las utilicen en el cumplimiento de obligaciones del servicio.

Actualmente el costo está fijado en 0,60 UR para este trámite de renovación. Considerando lo dispuesto por el Decreto Nº 406/997 que dispuso que la validez de las Guías de Posesión de Armas es de diez años, implica un gasto adicional a realizar por el Personal Superior en actividad, de los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior.

En mérito a lo expuesto, vuestra asesora aconseja la aprobación de este proyecto de ley.

Sala de Comisión, 21 de noviembre de 2001.

CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Miembro informante, JOSÉ AMORÍN BATLLE, SILVANA CHARLONE, DANIEL GARCÍA PINTOS, JOSÉ MARÍA MIERES VISILLAC, RONALD PAIS, DANIELA PAYSSÉ, MARTÍN PONCE DE LEÓN, IVÁN POSADA".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y uno en cuarenta y dos: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta en cuarenta y uno: AFIRMATIVA.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: hemos votado este proyecto, pero quiero dejar constancia de que, si bien este es un punto muy específico relativo al porte de armas, en la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana -es bueno que se sepa- hemos estado tratando el tema. La señora Diputada Tourné ha presentado un informe con relación a la cantidad de armas sin registro que hay en el país y a la necesidad de dictar normas al respecto, para evitar las consecuencias que esta situación acarrea para la seguridad ciudadana.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: hemos votado negativamente el proyecto, no por su falta de mérito -en realidad, no lo pudimos estudiar-, sino en la misma línea de razonamiento de la señora Diputada preopinante. Nuestro país necesita volver a discutir todo el tema de las armas, que es uno de los principales elementos que inciden en las muertes en Uruguay.

A nivel de la Comisión Especial sobre seguridad ciudadana estamos trabajando, y este proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, aprobado rápidamente -sin duda, me imagino que la Comisión de Hacienda lo habrá analizado en profundidad-, nos hace perder la oportunidad de discutir el tema de las armas en el hogar y de las armas en su conjunto. Por ello, voté negativamente.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado, que corresponde al remitido por el Poder Ejecutivo)

31.- Levantamiento de la sesión.

——La Mesa recuerda que la Cámara se reunirá en el día de mañana, en sesión extraordinaria, a la hora 15 y 30, para tratar el informe de la Comisión Especial con fines de diagnóstico sobre las situaciones de pobreza, que oportunamente el Cuerpo votó.

Faltan cuatro minutos para terminar la sesión y la Mesa no cree oportuno comenzar a tratar el quinto punto del orden del día.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Mociono para que se levante la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se levanta la sesión.

(Es la hora 19 y 57)

 

 

GUSTAVO PENADÉS

PRESIDENTE

 

Dra. Margarita Reyes Galván

Secretaria Relatora
Dr. Horacio D. Catalurda

Secretario Redactor
 

Mario Tolosa

Director del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.