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N° 3000 - 11 DE DICIEMBRE DE 2001

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

78ª SESIÓN

PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES GUSTAVO PENADÉS Presidente
RUBEN OBISPO
1er. Vicepresidente
Y DOCTOR JULIO CARDOZO FERREIRA
2do. Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTOR HORACIO D. CATALURDA Y DOCTORA
MARGARITA REYES GALVÁN Y LOS PROSECRETARIOS DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO
Y SEÑOR ENRIQUE SENCIÓN CORBO

 

Texto de la citación

 

Montevideo, 6 de diciembre de 2001.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, el próximo martes 11, a la hora 16, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

1º.- Régimen jubilatorio y pensionario de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones. (Regulación). (Carp. 1620/001). (Informado). Rep. 753 y Anexo I

2º.- Guías de posesión de armas expedidas por el Servicio de Material y Armamento. (Se exonera del pago de su renovación al Personal Superior de los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior). (Carp. 1198/001). (Informado). Rep. 575 y Anexo I

3º.- Fiebre aftosa. (Se incrementan las sanciones pecuniarias que se aplican a quienes incumplan las normas en materia de lucha, control y erradicación). (Carp. 1778/001). (Informado). Rep. 822 y Anexo I

4º.- Bernardo Prudencio Berro. (Designación al Liceo Nº 48 del departamento de Montevideo). (Carp. 1645/001). (Informado). Rep. 768 y Anexo I

5º.- Convenio para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con la República de Panamá. (Aprobación). (Carp. 721/000). (Informado). Rep. 393 y Anexo I

6º.- Acuerdo de Seguridad Social con la República de Colombia. (Aprobación). (Carp. 722/000). (Informado). Rep. 394 y Anexo I

7º.- Acuerdo con la República de Venezuela para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. (Aprobación). (Carp. 724/000). (Informado). Rep. 396 y Anexo I

8º.- Servicios prestados por trabajadores de la actividad privada. (Se les reconoce como efectivamente trabajados para aquellos que fueron detenidos o compelidos a abandonar el país y para dirigentes sindicales que hubieren permanecido en la clandestinidad, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985). (Carp. 1342/001). (Informado). Rep. 651 y Anexo I

9º.- Wilson Ferreira Aldunate. (Designación a la Ruta Nacional Nº 108). (Carp. 1153/001). (Informado). Rep. 560 y Anexo I

10.- Mario Arregui. (Designación al tramo de la Ruta Nacional Nº 23 comprendido entre la ciudad de Trinidad y la localidad de Ismael Cortinas). (Carp. 1538/001). (Informado). Rep. 721 y Anexo I

 

HORACIO D. CATALURDA     MARGARITA REYES GALVÁN

S e c r e t a r i o s

S U M A R I O

1.- Asistencias y ausencias

2.- Asuntos entrados

3.- Proyectos presentados

4 y 6.- Exposiciones escritas

5.- Inasistencias anteriores

MEDIA HORA PREVIA

7.- Pérdidas en los cultivos de invierno en los departamentos de Soriano y Río Negro.

— Exposición del señor Representante Arregui

8.- Contaminación del río Yaguarón a la altura de la ciudad de Río Branco, departamento de Cerro Largo.

— Exposición del señor Representante Guarino

9.- Desarrollo cultural en el departamento de Canelones.

Necesidad de contar con un lugar público para actividades culturales en la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones.

— Exposición del señor Representante Varona

10.- Presencia del Abate Pierre en el Uruguay.

— Exposición del señor Representante Chifflet

11.- Iniciativas tendientes al mejoramiento de la situación en el departamento de Rocha.

— Exposición del señor Representante Barrios

12.- Vicios de construcción que presentan los núcleos básicos evolutivos.

— Exposición del señor Representante Melgarejo

CUESTIONES DE ORDEN

13 y 18.- Integración de la Cámara

13 y 18.- Licencias

19.- Solicitud de sesión permanente

VARIAS

15.- Cuestión política planteada por el señor Representante Abdala.

— Se vota afirmativamente.

— Debate

16.- Comisiones Permanentes y Especiales. (Autorización para reunirse durante el receso)

ORDEN DEL DÍA

14 y 17.- Régimen jubilatorio y pensionario de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones. (Regulación).

Antecedentes: Repartido Nº 753, de octubre de 2001, y Anexo I, de diciembre de 2001. Carpeta Nº 1620 de 2001. Comisión de Seguridad Social.

— Se pasa a la discusión particular

1.- Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Washington Abdala, Margot Acosta, Guzmán Acosta y Lara, Guillermo Álvarez, Gustavo Amen Vaghetti, Mario Amestoy, José Amorín Batlle, Raúl Argenzio, Beatriz Argimón, Roberto Arrarte Fernández, Roque E. Arregui, Carlos Baráibar, Gabriel Barandiaran, Jorge Barrera, Artigas A. Barrios, Juan José Bentancor, Nahum Bergstein, Ricardo Berois Quinteros, Daniel Bianchi, José L. Blasina, Gustavo Borsari Brenna, Nelson Bosch, Brum Canet, Julio Cardozo Ferreira, Nora Castro, Ricardo Castromán Rodríguez, Roberto Conde, Jorge Chápper, Eduardo Chiesa Bordahandy, Guillermo Chifflet, Sebastián Da Silva, Juan De León, Mariella Demarco, Ruben Díaz, Juan Domínguez (1), Heber Duque, Alejandro Falco, Ricardo Falero, Alejo Fernández Chaves, Ramón Fonticiella, Luis José Gallo Imperiale, Daniel García Pintos, Orlando Gil Solares, Carlos González Álvarez, Gustavo Guarino, Raymundo Guynot de Boismenú, Arturo Heber Füllgraff, Doreen Javier Ibarra, María Iriarte, Luis Alberto Lacalle Pou, Susana Lago, Julio Lara, Félix Laviña, Ramón Legnani, Henry López, Guido Machado, Oscar Magurno, José Carlos Mahía, Juan Máspoli Bianchi, Artigas Melgarejo, José Homero Mello, Felipe Michelini, José M. Mieres, Martha Montaner, Eloísa Moreira, Ruben Obispo, Jorge Orrico, Francisco Ortiz, Edgardo Ortuño, Gabriel Pais, Ronald Pais, Jorge Pandolfo, Gustavo Penadés, Margarita Percovich, Alberto Perdomo, Enrique Pérez Morad, Carlos Pita, Martín Ponce de León, Elena Ponte, Yeanneth Puñales Brun, Glenda Rondán, Hugo Rosete, Víctor Rossi, Adolfo Pedro Sande, Diana Saravia Olmos, Alberto Scavarelli, Leonel Heber Sellanes, Raúl Sendic, Pedro Señorale, Juan C. Siázaro, Gustavo Silveira, Julio C. Silveira, Lucía Topolansky, Wilmer Trivel, Julio Varona, José L. Veiga y Walter Vener Carboni.

Con licencia: Ernesto Agazzi, Juan Justo Amaro Cedrés, Raquel Barreiro, José Bayardi, Edgar Bellomo, Ruben Carminatti, Silvana Charlone, Daniel Díaz Maynard, Tabaré Hackenbruch Legnani, Pablo Mieres, Ricardo Molinelli, Enrique Pintado, Iván Posada, Ambrosio Rodríguez, Julio Luis Sanguinetti y Daisy Tourné.

Faltan con aviso: Darío Pérez y María Alejandra Rivero Saralegui.

Observaciones:

(1) A la hora 16:55 comenzó licencia, ingresando en su lugar la Sra. Susana Lago.

2.- Asuntos entrados

"Pliego Nº 114

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Educación y Cultura se expide sobre el proyecto de ley por el que se designa "Homero Grillo" la Escuela Nº 16 de villa Rosario, departamento de Lavalleja. C/1723/001

- Se repartirá

La Comisión de Seguridad Social aconseja el archivo del proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa para que se conceda una pensión graciable al señor Juan Antonio Tagliabúe. C/1731/001

- Si no se observa, así se procederá

COMUNICACIONES GENERALES

El señor Representante Daniel Díaz Maynard remite nota por la que solicita ser considerado Sector Independiente en virtud de haber dejado de pertenecer al Sector Parlamentario "Alianza Progresista". C/1830/001

- A la Comisión de Asuntos Internos

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contesta los siguientes asuntos:

  • del señor Representante Jorge Orrico, relacionado con el expediente jubilatorio de un ciudadano. C/21/000

  • de los señores Representantes Edgar Bellomo y José Mahía, sobre la empresa adjudicataria de las obras en el Liceo Nº 3 de la ciudad de Las Piedras. C/985/001

  • del señor Representante José Mahía, relacionado con presuntos adeudos mantenidos por la Intendencia Municipal de Canelones con el Banco de Previsión Social. C/1105/001

  • del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez, acerca de la construcción y adjudicación de viviendas para pasivos. C/1241/001

  • del señor Representante Felipe Michelini, referente a los vehículos automotores destinados al personal jerárquico de la referida Secretaría de Estado. C/1385/001

  • del señor Representante Roque Arregui:

  • sobre las normas legales y reglamentarias aplicables para determinados beneficiarios de la asignación familiar. C/1389/001

  • acerca de la elaboración de la historia laboral de los afiliados al Banco de Previsión Social. C/1441/001

  • del señor Representante Guillermo Chifflet, relacionado con el número de estudiantes que desempeñan pasantías en dicha Secretaría de Estado. C/1679/001

El Ministerio de Salud Pública contesta la exposición escrita del señor Representante Ramón Legnani, referente a la necesidad de difundir las causas de la epilepsia, así como de proteger a quienes la padecen contra toda forma de discriminación. C/27/000

El Ministerio de Educación y Cultura contesta los siguientes asuntos:

  • presentada por el señor ex Representante Ruben Ferreira Chaves, sobre el destino de una finca del departamento de Treinta y Tres. C/27/000

  • presentada por el señor Representante Ramón Fonticiella, relacionada con la distribución del producido de la venta de las acciones de la Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo. C/27/000

  • del señor Representante Enrique Pérez Morad, acerca de la liquidación de los haberes de los docentes de varios liceos del departamento de Maldonado. C/1317/001

  • del señor Representante Gustavo Guarino, referente a la distribución del producido de la subasta pública de una terminal de contenedores del Puerto de Montevideo. C/1419/001

  • del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez, sobre la utilización de partidas de dinero resultantes de la subasta de la playa de contenedores del Puerto de Montevideo. C/1635/001

- A sus antecedentes

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Gustavo Guarino solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, sobre la construcción de viviendas para inundados y carenciados de la ciudad de Río Branco, departamento de Cerro Largo. C/1832/001

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, relacionado con el llamado "Programa de Ancianidad" y la Comisión Honoraria Nacional de Asesoramiento al mismo. C/1833/001

- Se cursan con fecha de hoy

PROYECTOS PRESENTADOS

El señor Representante Walter Vener Carboni presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen normas sobre descuentos de haberes y refinanciación de adeudos para funcionarios públicos. C/1831/001

- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración".

3.- Proyectos presentados

"ENDEUDAMIENTO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS. (Normas para su reducción).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- No se podrán efectuar descuentos superiores al 50% (cincuenta por ciento) del sueldo líquido de los funcionarios públicos por concepto de la totalidad de los préstamos, créditos y pago de servicios de diversa índole a que tuvieran derecho.

Artículo 2º.- Las entidades financieras, comerciales o prestadoras de servicios públicas o privadas, otorgadoras de créditos de diversa índole que tuvieran convenios de préstamos a descontar del sueldo, deberán verificar previamente con la institución oficial a la que pertenece el funcionario, su disponibilidad de crédito para no exceder el porcentaje a que refiere el artículo 1º.

Artículo 3º.- La Contaduría General de la Nación no efectuará descuentos por préstamos comerciales, financieros o prestación de servicios de cualquier índole superiores al 50% (cincuenta por ciento) del sueldo líquido de los funcionarios públicos, comprendiendo ese porcentaje la totalidad de los créditos asumidos por el funcionario público.

Artículo 4º.- Aquellos funcionarios públicos que a la fecha de promulgación de la presente ley tengan en la totalidad de los descuentos por préstamos o créditos una cifra superior al 30% (treinta por ciento) de su sueldo líquido, podrán solicitar por única vez una refinanciación global de los mismos, no pudiendo establecerse una cuota de cobro superior al 30% (treinta por ciento) del sueldo líquido.

Artículo 5º.- El funcionario tramitará su solicitud a través de la institución estatal a la que pertenece, la cual elevará la misma a la entidad financiera que el Ministerio de Economía y Finanzas establezca.

Artículo 6º.- El Ministerio de Economía y Finanzas establecerá la entidad financiera mediante llamado a licitación. Fondos provenientes de las AFAP podrán financiar las operaciones previstas en la presente ley.

Artículo 7º.- El 20% (veinte por ciento) resultante de una cuota de descuento no superior al 30% (treinta por ciento) y el 50% (cincuenta por ciento) establecido como techo de endeudamiento a descontar del sueldo líquido, podrá utilizarse por parte del funcionario público para asumir nuevos créditos, siempre que no tuviera retenciones judiciales.

Artículo 8º.- En el caso de existir retenciones judiciales, garantía de alquileres o cuotas del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) el tope establecido en el artículo 1º se elevará hasta el 60% (sesenta por ciento) del sueldo líquido. Estos ítems como así también los seguros de salud, de vida o de otro tipo, no serán pasibles de la refinanciación prevista en el artículo 4º.

Artículo 9º.- La incorporación de nuevas causales para descuentos del sueldo de los funcionarios públicos requerirá las autorizaciones legales vigentes y la redacción dada a la presente ley no significa la incorporación de ningún nuevo motivo.

Montevideo, 11 de diciembre de 2001.

WALTER VENER CARBONI, Representante por Soriano.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El endeudamiento exagerado a través de créditos y préstamos es una de las características observadas en la sociedad de consumo, donde a través de esos procedimientos, muchas veces vemos como el individuo tiene gastado sus ingresos futuros durante un período prolongado de tiempo.

También es un caso notorio de endeudamiento frágil las tarjetas de crédito, aunque esto no es hoy motivo de nuestra propuesta.

En el casos de los funcionarios públicos también encontramos una fuerte tendencia al endeudamiento exagerado, lo que obedece a múltiples razones. Esto genera situaciones irritantes, donde muchas veces se llega a fin de mes con la expectativa de cobrar muy poco o nada, o, en definitiva, recoger un recibo con saldo en rojo.

Ello tiene una afectación familiar, personal y funcional importante que es fácil de percibir.

Por ello establecemos un techo de descuento por concepto de créditos, préstamos y servicios no superior al 50% del sueldo líquido, elevándose al 60% cuando hay retenciones judiciales, garantía de alquileres o cuotas del Banco Hipotecario. Consideramos sueldo líquido los haberes percibidos mensualmente luego de descontar el aporte al BPS y los impuestos a las retribuciones personales.

También aparece como necesario tener presente la situación actual y proceder a generar espacios de crédito con fines de reactivación en la medida de lo posible, para aquellos funcionarios que tienen un endeudamiento superior al 30%.

Esto se logra a través de una refinanciación del total de adeudos de cada funcionario público, el que podrá solicitar se le refinancie con un descuento mensual en cuotas no superior al 30% del sueldo líquido.

Se le encomienda al Ministerio de Economía la designación a través de un proceso licitatorio de la entidad financiera encargada de este proceso de refinanciación, para lo cual será importante en la adjudicación de la misma, la tasa de interés.

Se propone que puedan utilizarse fondos de las AFAP ya que se trata de operaciones que contarán con el aval de la Contaduría General de la Nación, como ocurre habitualmente con los descuentos a través de los sueldos.

Por razones obvias se han excluido de la refinanciación los servicios de alquileres, seguros de salud, vida, etcétera, las cuotas del Banco Hipotecario del Uruguay, las retenciones judiciales y algunas causales (como seguros de enfermedad, de vida u otros) no se han tomado en cuenta para aumentar el techo de endeudamiento porque terminaríamos autorizando lo que deseamos evitar: que el funcionario público cobre poco o nada a principios de mes.

Entendemos que el proyecto es perfectible, reducible, ampliable. No se trata de una pieza legislativa acabada ni mucho menos y si bien puede considerarse una limitación a las libertades del individuo en el área económica, los excesos han sido tales y tantos que se amerita.

Montevideo, 11 de diciembre de 2001.

WALTER VENER CARBONI, Representante por Soriano".

4.- Exposiciones escritas.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 13)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Roque Arregui solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro, relacionada con grupos habitacionales construidos en las ciudades de Young y Fray Bentos, en dicho departamento. C/27/000

El señor Representante Gustavo Guarino solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

¾ ¾ Se votarán oportunamente.

5.- Inasistencias anteriores.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión extraordinaria realizada el 10 de diciembre de 2001.

Con aviso: Mariella Demarco y María Alejandra Rivero Saralegui".

6.- Exposiciones escritas.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Treinta en treinta y uno: AFIRMATIVA.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, acerca de la posibilidad de construir un puente sobre el río Negro, próximo a la localidad de Villa Soriano.

"Montevideo, 10 de diciembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Con motivo del cambio del transporte fluvial al carretero, la histórica población de Villa Soriano, del departamento de Soriano, se ha visto desfavorecida, ya que para llegar hasta ella se debe ir expresamente. Ubicada en el rincón noroeste del departamento, resulta fundamental buscar formas que permitan su reactivación económica. En tal sentido, he recibido de los lugareños el planteo de que se construya un puente sobre el río Negro que, al tiempo que rompería el aislamiento de la villa, acortaría distancias entre el norte del río Negro y la ciudad de Nueva Palmira, en el departamento de Colonia. Puesto que la inquietud es interesante, traslado dicha iniciativa a ese Ministerio, al tiempo que solicito que se haga un estudio de la propuesta y se nos envíen sus resultados y las opiniones que de él surjan. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

2) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Defensa Nacional, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, sobre el servicio telefónico en pueblo Jackson, departamento de Colonia.

"Montevideo, 11 de diciembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Defensa Nacional, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL). Los pobladores de la localidad de Jackson del departamento de Colonia, -ubicada a poca distancia de la ciudad Cardona, en el departamento de Soriano-, con la que tienen un vínculo natural pese a pertenecer al departamento de Colonia, han solicitado se les considere en ANTEL con la característica del departamento de Soriano, a los efectos de que sus llamadas telefónicas tengan carácter de llamada local. Oportunamente se realizó un planteo parlamentario con respuesta positiva de ese organismo. Existe al respecto un expediente generado en ANTEL con el Nº 200/02555. Se nos comunicó en el organismo, al interesarnos por el tema, que están todos los informes y que solo falta la decisión empresarial, o sea, que resuelvan las autoridades. Ante ello, solicito se apruebe considerar a las llamadas telefónicas de la localidad de Jackson como locales, con relación al departamento de Soriano. Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

3) Exposición del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro, relacionada con grupos habitacionales construidos en las ciudades de Young, y Fray Bentos, en dicho departamento.

"Montevideo, 11 de diciembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro. En el correr del año pasado, y también en el presente, realizamos una serie de pedidos de informes relacionados con la situación de los barrios Grateus y Las Acacias, de la ciudad de Young, y también sobre el barrio Cobena, de la ciudad de Fray Bentos, del departamento de Río Negro. En tales pedidos de informes hacíamos notar a las autoridades del Ministerio las notorias fallas de construcción, fácilmente apreciables, respecto de las cuales, sin duda, queremos pensar han de ser motivo de preocupación de esa Secretaría de Estado. Creemos que, como Representantes Nacionales y en nombre de la gente, deberíamos haber contado con la respuesta a todas las interrogantes que planteamos. Saben, el señor Ministro y sus colaboradores, de la muy humilde condición económica de quienes son habitantes y promitentes compradores de las viviendas de los barrios antes mencionados, que fueron construidas bajo la modalidad del Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda (SIAV). El Ministerio ha actuado ajustado a derecho cuando resolvió que sus abogados concurrieran a la ciudad de Young a advertir a los vecinos que deben pagar los montos estipulados, so pena de iniciar otro tipo de acciones, siempre dentro del marco legal que lo ampara. El anuncio ha puesto nervioso a más de un grupo familiar, que, reconociendo atrasos en lo que legítimamente reclama el Ministerio, esgrimen, entre otras causas, algo determinante en este Uruguay que es la falta de fuentes de trabajo, lo que complica aun más la situación. Sin embargo, con mucho respeto e igual firmeza, decimos que no sabemos que el Ministerio haya convocado a responsabilidad a la empresa Consultora de Ingeniería -que construyó las soluciones habitacionales en los dos barrios de Young- por todas las fallas de construcción constatadas, ni cuánto fue el importe que pagó el Ministerio a la citada empresa por las 76 viviendas que componen los dos grupos. De igual manera, ignoramos lo relativo a la empresa Cobena, que en Fray Bentos construyó 60 soluciones habitacionales que se encuentran en similares condiciones que las de Young. Por lo tanto, puesto que más vale tarde que nunca, confiamos en que las autoridades den respuesta a todas las integrantes que hace ya bastante tiempo planteamos y de la que carecemos hasta el día de hoy de contestación. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RICARDO CASTROMÁN RODRÍGUEZ, Representante por Río Negro".

4) Exposición del señor Representante Gustavo Guarino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, referente a la necesidad de dotar de un panel solar y baterías a la Escuela Nº 16 y la Comisaría de la localidad de Centurión, 4ª Sección Judicial del departamento de Cerro Largo.

"Montevideo, 11 de diciembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE). Recientemente, concurrimos a la localidad de Centurión, 4ª Sección del departamento de Cerro Largo. Dicho centro poblado se encuentra sobre la frontera con la República Federativa del Brasil, y en él habitan personas de bajos recursos económicos de nuestro medio rural. Puesto que la zona carece de electrificación, en el año 1992, UTE donó a la Comisaría de la 4ª Sección y a la Escuela Nº 16 -ambas ubicadas en el poblado-, paneles solares con sus correspondientes juegos de baterías. El hecho significó un importante apoyo para la zona y para los usuarios de los servicios, particularmente para escuela, donde los niños pudieron contar con televisión y video. Actualmente, las baterías de la escuela se han agotado y no almacenan carga, y solo se tiene luz los días de sol. Los recursos que recauda la Comisión de Fomento escolar apenas alcanzan para el pago de la Auxiliar de Servicio, por lo que no se pueden reponer las baterías. Por su parte, en la Comisaría, uno de los paneles se ha roto como consecuencia de una tormenta eléctrica y una fuerte granizada, y también las baterías se han agotado. Por lo expuesto, solicitamos que se estudie la posibilidad de donar a la Escuela Nº 16 un juego de baterías, y a la Comisaría de la 4ª Sección un nuevo panel solar y el juego de baterías. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo".

5) Exposición del señor Representante Gustavo Guarino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, sobre la contaminación ambiental en el barrio Cirilo Olivera, de la ciudad de Río Branco, departamento de Cerro Largo.

"Montevideo, 11 de diciembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. En un barrio de la ciudad de Río Branco, del departamento de Cerro Largo, se viene advirtiendo la contaminación del medio ambiente, inquietud que ya fue trasladada recientemente a la Junta Departamental de Cerro Largo. Alertados por vecinos del barrio Cirilo Olivera, camino a Puerto de Amaro, concurrimos al lugar y constatamos que árboles, pastos y plantas presentan decoloración en su follaje, producida, al parecer, por glifosato, un herbicida químico utilizado para el combate de malezas en los cultivos de arroz. La afectación se produce por la proximidad que hay entre las chacras y el centro poblado; asimismo, por que existen en el medio varias empresas aeroagrícolas cuyas unidades, muchas veces, pasan a baja altura sobre la zona y también porque los vientos favorecen que el producto alcance los hogares cercanos. No estamos en contra de la actividad agrícola ni de la de servicios, que son, entre otras, las que dan sustento económico a esta región, pero sí estamos preocupados por la situación relatada. Si bien el uso del glifosato está autorizado, su aplicación debe limitarse específicamente a los cultivos y debe evitarse que la sustancia llegue a la población. Por lo expuesto, solicitamos que el Ministerio tenga a bien disponer lo necesario a los efectos de que se proceda al estudio de la problemática descrita y de que la misma sea corregida. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo".

MEDIA HORA PREVIA

7.- Pérdidas en los cultivos de invierno en los departamentos de Soriano y Río Negro.

¾ ¾ Se entra a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Diputado Arregui.

SEÑOR ARREGUI.- Señor Presidente: como consecuencia de las excesivas lluvias y de la fusariosis, en el litoral uruguayo, y muy especialmente en los departamentos de Soriano y Río Negro, se han producido serias pérdidas en los cultivos de invierno. En ese sentido, para que lo conozca la Cámara, voy a dar lectura a un informe del técnico agropecuario Carlos Bautes, quien expresa en cuanto al tema de la cebada: "Realizada la primera estimación de daños por excesos hídricos, la media ponderada arroja un 60% de pérdida de rendimiento en este cultivo. Sin embargo, los daños siguieron progresando con posterioridad, determinando que la estimación actualizada a la fecha supere el 75% de daño.- Las estimaciones de pérdida de rendimiento no tienen en cuenta la pérdida de calidad. Los Técnicos del Banco de Seguros del Estado, principal asegurador del cultivo en la zona, excluyen la pérdida de peso de los granos y la pérdida de calidad en su estimación de daños. Esta restricción en una estimación real de pérdidas determina que un porcentaje alto del área finalmente no se coseche, o que el producto enviado a planta resulte 100% de rechazo.- De no registrarse nuevos eventos climáticos adversos, este Departamento Técnico estima que la cosecha total final bruta sería aproximadamente un 25% de lo esperado hasta el mes de octubre, con una participación de primera más segunda inferior al 45%. Los costos de acondicionamiento de este producto, y el destino incierto del rechazo por el riesgo de contaminación con micotoxinas, indican un resultado final de catástrofe productiva".

En lo que se refiere al trigo, el informe establece lo siguiente: "Debido a que el Banco de Seguros del Estado aún no ha realizado las tasaciones de las pérdidas de este cultivo por efecto del exceso de precipitaciones, los Técnicos han sistematizado la determinación de los componentes de dichas pérdidas.- La sistematización del análisis, para una muestra representativa de las chacras, muestra una media de pérdidas de 55% más un 16% de daño por fusariosis de espiga. El total dañado arroja un 71%, lo que indica una cosecha probable del 29% de lo esperado en el mes de octubre.- Estas estimaciones no tienen en cuenta la pérdida de calidad de lo efectivamente cosechado, utilizando el criterio del asegurador. Este también excluye el daño por fusariosis, introduciendo un nuevo elemento de opinable validez técnica.- El criterio de evaluación de fusariosis es discutible por sí mismo, ya que los técnicos del BSE estarían tomando porcentajes de incidencia como sinónimo de daño por fusariosis, cuando lo correcto es porcentaje de severidad. En las estimaciones de este Departamento Técnico, una media del 85% de incidencia se está correspondiendo con un 16% de granos dañados por fusariosis.- El producto recibido de las primeras chacras cosechadas muestra fuera de grado por peso hectolítrico y por dañados, con chacras con 100% de rechazo". Este es el informe técnico que nos proporcionó el Presidente de la Asociación Rural de Soriano.

Por otra parte, el Presidente de la Asociación Agropecuaria de Dolores expresó en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca lo siguiente: "Hoy tenemos una cosecha desastrosa y por lo que hablamos en los pasillos, creo que los legisladores están al tanto de lo que está pasando. La gente de campo más veterana nos decía que jamás había vivido algo similar en su vida: en octubre, con exceso de agua y días nublados, las espigas no tuvieron granos, siendo que las cosechas 'pintaban' como buenas. Esto genera una problemática que ya no solo involucra a nuestro sector sino también, por ejemplo, a las malterías, y aparentemente los distribuidores van a 'quedar colgados del pincel'; no van a pagar a los productores que tengan algún peso para cobrar, porque de acuerdo con el contrato que tienen con las malterías tienen que sacar de sus bolsillos para pagar [...]".

En el día de hoy se recibió en esta Comisión a representantes del Banco de Seguros del Estado. Se notan serias dificultades y diferencias en las evaluaciones de lo que debe pagarse a los productores, entre lo que estiman los productores y lo que estima el Banco de Seguros del Estado. Lo cierto es que a estos serios problemas que hoy tienen los agricultores con relación al endeudamiento y a la rentabilidad, se suma el problema de las pérdidas de cosechas -en cantidad y en calidad- y las dificultades con el Banco de Seguros del Estado. Es por eso que estamos solicitando al Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca, el estudio de esta situación, para que se la califique como catástrofe agrícola y se adopten los apoyos correspondientes.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Obispo)

——Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Banco de Seguros del Estado, a las Cooperativas Agropecuarias del Litoral Uruguayo, a las asociaciones de los productores agropecuarios del litoral, a la Federación Rural y a la Asociación Rural del Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y uno en treinta y dos: AFIRMATIVA.

8.- Contaminación del río Yaguarón a la altura de la ciudad de Río Branco, departamento de Cerro Largo.

Tiene la palabra el señor Diputado Guarino.

SEÑOR GUARINO.- Señor Presidente: vamos a hacer referencia a un tema que preocupa a la población de Río Branco, en el Uruguay, y a la de la ciudad de Yaguarón, en el vecino país.

Como se sabe, el río Yaguarón separa las dos ciudades: Río Branco de nuestro lado y Yaguarón del lado brasileño. Desde hace algunos años se vienen realizando mediciones de contaminación de las aguas del río, encontrándose valores muy altos de gérmenes patógenos, especialmente de coliformes, que representan un verdadero peligro para la salud de la población de ambas ciudades e impiden el uso recreativo -sobre todo ahora, en el verano- de ese hermoso río que cuenta con playas de limpias arenas. Esa contaminación se genera por el vertido sin tratamiento alguno de las aguas servidas de la ciudad de Yaguarón.

Este tema ameritó que el año pasado se reuniera en la ciudad de Río Branco la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Inclusive, se realizó una visita directa para inspeccionar del lado brasileño el saneamiento de la ciudad de Yaguarón, a donde me tocó concurrir acompañando a los colegas de la Comisión. En esa oportunidad, las autoridades de la ciudad brasileña se comprometieron a solucionar rápidamente el problema, ya que estaba planificada la obra de la nueva planta de tratamiento.

Debemos decir que de nuestro lado, en Río Branco, hace varios años que OSE realizó una importante obra de saneamiento en la planta de tratamiento de aguas residuales, en base a grandes piletas de oxidación que vierten al río el agua tratada en excelentes condiciones. Casi a la salida de esas piletas se ha constatado que el agua no presenta contaminación alguna. De modo que los altos niveles de contaminación del río Yaguarón -que, como se sabe, desemboca a pocos kilómetros de distancia en la laguna Merín, muy cerca del balneario- son responsabilidad exclusiva del gobierno de la ciudad brasileña.

Según la información que obtuvimos de las autoridades brasileñas, la Prefectura de Yaguarón dispone de un fondo de 1:840.000 reales proporcionado por CORSAN -que es una empresa similar a OSE para las obras de saneamiento de Río Grande del Sur- para la ejecución de la obra de la planta de tratamiento. Parecería que por problemas políticos internos esa Prefectura no envía el proyecto a la Cámara de Vereadores y se corre el riesgo de que esos fondos se pierdan si no se ejecutan en un período determinado.

Por entender que esto perjudica a toda una región que hace esfuerzos por mejorar la calidad de vida de la población de ambas ciudades, creemos que la situación amerita que nuestras autoridades de la Cancillería realicen las gestiones necesarias para que se cumplan los compromisos asumidos, de manera de salvar ese hermoso río Yaguarón que hoy hermana a dos ciudades.

Por ese motivo, solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y nueve en cuarenta: AFIRMATIVA.

9.- Desarrollo cultural en el departamento de Canelones.

Necesidad de contar con un lugar público para actividades culturales en la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones.

Tiene la palabra el señor Diputado Varona.

SEÑOR VARONA.- Señor Presidente: cuando ingresamos a este Cuerpo pensamos que el primer acto en el que íbamos a participar sería en el de homenaje al Padre Pérez Aguirre. Como ello se ha postergado -esperemos que este Cuerpo le rinda un homenaje, independientemente de que nosotros no estemos presentes-, haremos uso de la palabra en esta media hora previa para referirnos a algunos problemas del departamento de Canelones que nos preocupan.

Queremos plantear dos temas que tienen relación entre sí. En primer lugar, vamos a hablar del gran desarrollo cultural que está teniendo nuestro departamento de Canelones. Quizás no tengamos total conocimiento de dicho desarrollo, pero debemos señalar que trae consigo un gran potencial económico que, para muchos, puede ser un factor de subsistencia, a la vez que aporta al acervo cultural de la población.

De todas esas expresiones culturales queremos hacer referencia a una de ellas, como testimonio de lo que estamos diciendo. Nos referimos a "Canelones de Muestra", esa expresión, que empezara en la ciudad de La Paz y que hoy es un fenómeno cultural en todo el departamento. Un ejemplo reciente de ello es lo que ha significado el Premio Morosoli, como evento destacado de la cultura de Canelones, y también podríamos sumar más de un galardón obtenido por integrantes de esta expresión cultural, dentro y fuera del país. Precisamente, cuando se estaba entregando ese galardón, un grupo integrante de ella se encontraba de gira por el exterior. Nos referimos al grupo Horizonte, de la ciudad de La Paz.

Por todo lo dicho, nos parece que tanto el Ministerio de Educación y Cultura como la Intendencia Municipal de Canelones tendrían que estar apoyando más profundamente todo este potencial y, entre otras cosas, brindando espacios adecuados, con la tecnología que permita el mayor realce de esta tan importante actividad y donde también el público tenga la comodidad necesaria a fin de que sea más masiva su participación. Asimismo, la Intendencia Municipal de Canelones tendría que posibilitar que estas expresiones culturales sean verdaderas embajadoras departamentales, dentro y fuera de fronteras.

En segundo lugar, me voy a referir a lo que está sucediendo en nuestra ciudad de Las Piedras, en la medida en que crece y crece la actividad cultural, con multiplicidad de organizaciones y de eventos que se realizan. Siendo esta ciudad y su entorno los de mayor densidad demográfica del departamento, no cuenta con ninguna sala pública adecuada para esa actividad; solo surgen iniciativas en espacios privados, pero sin las condiciones necesarias, más allá de reconocer lo loable de este esfuerzo.

El Municipio cuenta con la mejor esquina de la plaza local y la de mayor valor, pero, increíblemente, aún hoy es prácticamente un depósito; diferentes iniciativas planteadas no han dado todavía solución a esta imagen tan horrible que se da en nuestra ciudad, cuando bien podría ser el lugar ideal para la práctica cultural.

Gracias a la voluntad de un vecino que otorgó en forma provisoria un espacio de su propiedad -una antiquísima esquina en el centro de la ciudad, que data del siglo XIX-, un grupo de artesanos llamado ARTECA puede desarrollar sus actividades. Los directivos de dicho grupo se han planteado transformarlo en un centro cultural, a pesar de lo reducido del espacio. Creemos que esto tiene mucho valor como iniciativa particular y nos parece que, una vez más, sería necesario que tanto la Intendencia Municipal de Canelones como el Ministerio de Educación y Cultura tomaran cartas en el asunto y agilizaran, más pronto que tarde, la adopción de la tan necesaria solución. Sabemos que, si se actúa con buena voluntad, existen varias soluciones posibles que casi todos en Las Piedras conocemos.

Solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada a la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Canelones, al Ministerio de Educación y Cultura, a "Canelones de Muestra" y a la asociación ARTECA, de la ciudad de Las Piedras.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y ocho en cuarenta: AFIRMATIVA.

10.- Presencia del Abate Pierre en el Uruguay.

Tiene la palabra el señor Diputado Chifflet.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: en estos días está en el Uruguay el Abate Pierre, una de las personalidades más famosas en su país; un sacerdote que, más allá de tendencias, es reconocido en el mundo como un defensor excepcional de los derechos humanos. Este hombre, que donó todos sus bienes y se convirtió en capuchino, ha jugado su vida en la defensa de los humildes y de la libertad.

Cuando el nazismo asoló al mundo, este sacerdote se incorporó a la Resistencia y ayudó a huir a judíos y a antifascistas. Cuando él mismo estuvo a punto de ser apresado, escapó hacia Argelia, donde De Gaulle reorganizaba la esperanza de Francia. Finalizada la guerra, fue elegido Diputado y pocos años después, en 1949, creó las primeras comunidades de Emaús.

En uno de sus libros, que titula "Testamento" -en el que recoge aspectos esenciales de su experiencia vital-, explica: "Emaús nació para responder a una necesidad y a una urgencia. No es ni una obra, ni un movimiento confesional, ni un movimiento político. Es una escuela de conciencia y acción cívica". Define así lo que cada uno de nosotros o cada militante social desearía que fuera su propio movimiento. Y agrega: "estaría bien que Emaús continuara siendo la cerilla que, aun minúscula, pueda prender fuego a los bosques. Porque, a veces, lo más importante es la chispa".

El Abate Pierre, que propone que los desposeídos tengan pan y techo, creó con Emaús una comunidad de hermanos que trabajan para ganar su sustento y, sobre todo, para compartir. "He conocido días de inmensa alegría" -escribe- "en medio de las comunidades de Francia, Chile, Japón, Uruguay [...] en todas partes, voluntarios y amigos de Emaús viven y trabajan con jóvenes de los barrios más desfavorecidos o con hombres golpeados por la vida. Jóvenes y hombres que ya no trabajan por un miserable salario ni para dar más ganancias todavía a los ricos".

Las primeras normas de conducta de los llamados "Traperos de Emaús" se basan en las posibilidades de cada persona y en la ayuda para que cada uno construya su propia dignidad. "Nunca aceptaremos que nuestra subsistencia dependa de otra cosa que no sea nuestro trabajo. Ganamos el pan que comemos", establece una de esas normas. En Emaús, además, cada uno trabaja para ganar el pan de todos.

Si dispusiéramos de tiempo, podríamos destacar múltiples aspectos de esta obra y del pensamiento transformador, auténticamente revolucionario, de este sacerdote, como por ejemplo su sueño con el día en que la Iglesia, fiel al mensaje de Cristo, confíe sus riquezas a la UNESCO, ya que - expresa- se trata de "tesoros de toda la humanidad"; la Iglesia debe comprender que tiene otras cosas que hacer.

De entre múltiples lecciones de sabiduría, por imperativos de tiempo, leeré solo una. El Abate Pierre debió vivir en nuestro Río de la Plata la tragedia del naufragio del "Ciudad de Asunción". "Después de haber sido salvado" -escribe- "se produjo para mí el momento más terrible, tendido sobre el puente del pequeño barco de salvamento: un hombre, con el que había hablado en la víspera, se puso de rodillas a mi lado, sollozando, con su cabeza apoyada en mi pecho. Me explicó que acababan de sacar del agua a su hijo de nueve años, muerto. Yo no sabía hablar español y, sin embargo, abrazados el uno al otro, nos decíamos" -de hecho- "cantidad de cosas. Así permaneció durante largo rato, llorando como un niño. Durante las horas siguientes esta escena se repitió no sé cuántas veces: mujeres y hombres se derrumbaban a mi lado; eran los que acababan de enterarse de que alguno de los miembros de su familia estaba en el fondo del barco; una cantidad de muertos con los cuales me habían colocado a mí también, por error, durante algún tiempo. Más tarde, ante las preguntas de los periodistas, declaré: 'Grítenlo a los cuatro vientos [...] catástrofes así suceden no solo una vez al año sino todos los días y todas las noches del año. ¿Cuántas decenas de miles de padres y madres están viviendo un drama parecido al nuestro? Y por ellos nadie se conmueve ni se moviliza". E incansablemente repetía: "Den las gracias a los que nos han socorrido, pero díganles también que abran los ojos sobre las catástrofes diarias que aplastan a tantas familias, por las que la sociedad no se moviliza, sino que intenta taparlas, hipócritamente".

Señor Presidente: Emaús-Uruguay también realiza obras solidarias aquí, entre nosotros; pero ha debido enfrentar algunas trabas. Hace algunos años planteamos, también en esta Cámara, un problema ante el entonces Ministro señor Mosca: algunos donativos de ropa llegados a nuestro país eran detenidos en el puerto. El problema se superó, pero ahora se habría replanteado y los donativos no llegarían a destino.

Considero que este punto debe ser motivo de nuevo análisis por parte del señor Ministro de Economía y Finanzas actual y del señor Presidente de la República. Este sería un homenaje real al Abate Pierre, porque implicaría un reconocimiento de su obra, que, por cierto, todos apoyamos. Por distintos caminos, todos deseamos un mundo nuevo y, como reflexiona el propio Abate Pierre en un hermoso libro, estamos condenados a hacerlo juntos.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al señor Ministro de Economía y Finanzas y a la Presidencia de la República.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

11.- Iniciativas tendientes al mejoramiento de la situación en el departamento de Rocha.

Tiene la palabra el señor Diputado Barrios.

SEÑOR BARRIOS.- Señor Presidente: en los últimos tiempos, el departamento de Rocha ha trascendido sobre todo por cuestiones más negativas que positivas.

Algún día oímos hablar en la Cámara de la situación de atraso, de larga data, del pago de los salarios de los trabajadores por parte de la Intendencia Municipal de Rocha. Se discutió si era posible que el Intendente y los funcionarios más allegados cobrasen, mientras los trabajadores no. A los pocos días oímos hablar, también en la Cámara, de las Rendiciones de Cuentas de años anteriores que no han sido aprobadas por el Tribunal de Cuentas. Transcurrieron algunos días más y en Montevideo tuvimos noticias del departamento de Rocha, porque llegó la marcha de los trabajadores municipales, en un esfuerzo por sensibilizar a las autoridades nacionales con respecto al problema que ellos están pasando por el atraso en el pago de sus salarios.

Pero creo que es muy importante hacer notar que no debemos confundir al departamento de Rocha con su Intendencia; no debemos confundir el funcionamiento del departamento con las administraciones de sus distintos Gobiernos comunales. En entrevistas que nos han hecho y en gestiones que hemos efectuado conjuntamente con los otros legisladores del departamento, he notado que a veces eso se confunde.

Más allá de las administraciones que haya tenido o tenga la Intendencia, el departamento de Rocha tiene gente que trabaja, se organiza y lleva adelante iniciativas positivas que, sin ninguna duda, contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida o al progreso social. Y quiero dar algunos ejemplos, porque creo que esa tiene que ser la imagen que debe haber de nuestro departamento; esa es la verdadera imagen y no la que, de pronto, trasciende a través de la prensa por uno solo de los aspectos de la vida del departamento -y quizás no el más importante-, que es el relativo a la gestión de la Intendencia.

Puedo poner ejemplos de cada una de las localidades, porque en todas algo sucede. Estoy seguro de que me faltarán muchísimos ejemplos y quizás mañana los amigos que se enteren de lo que he dicho aquí me reprochen no haber mencionado algunos casos, puesto que son muchos. Voy a decir los que ahora me vienen a la mente.

En el Chuy, por ejemplo, funciona Alternativa Chuy, una organización que ya fue motivo de una exposición de mi parte hace algún tiempo. Atiende a jóvenes en situación de calle y funciona por simple iniciativa de la sociedad civil -que se organizó ante un hecho desgraciado-; hoy es una institución de alto prestigio.

Funciona allí también Eco Chuy, una unión de todas las organizaciones preocupadas por los temas ecológicos, que trabaja en conjunto con organizaciones similares que existen del lado brasileño.

En Lascano hay una iniciativa no muy difundida, pero de mucha importancia porque tiene que ver con lo que debería ser el futuro de la producción agropecuaria nacional; se llama Vaquería 2000. Es una asociación que ha formado un grupo de productores que tiene un compromiso de producción de carnes de primera calidad, certificada y unificada. Crían animales de las mismas características, con alimentación sujeta también a especificaciones comunes y luego venden en conjunto esa carne de calidad certificada, con un régimen muy estricto de selección.

Allí mismo hay otra iniciativa, también de vecinos, que es una asociación que se ha formado entre los vecinos de India Muerta para promover el desarrollo turístico del lago de la represa de India Muerta. Tiene un proyecto muy importante de turismo rural, de recuperación del predio de la represa, con instalación de reservas de fauna y flora naturales.

En la ciudad de Rocha, en un barrio obrero, hay una iniciativa también de simples vecinos que han obtenido un viejo local que la Intendencia había adquirido con otras finalidades y que estaba abandonado, convertido en un verdadero monte de malezas. Con su trabajo y su organización han limpiado aquello y están creando un centro de trabajo artesanal. Ya han encarado la realización de artesanías de cardo y están recibiendo asesoramiento, inclusive internacional, para realizar el trabajo de curtiembre artesanal.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Los integrantes de la Liga de Fomento de La Paloma estaban hoy en Montevideo suscribiendo un convenio con una tarjeta de crédito; se trata de analizar -lo harán en los próximos días- la posibilidad de instalar en esa localidad un centro de validación de tarjetas de crédito, en una reacción muy rápida ante los problemas argentinos. Este centro de validación permitiría a todos aquellos vecinos que alquilan una casa o tienen un pequeño comercio -que son muchísimos en esa zona- el acceso a esta nueva manera de venta.

Me resta por mencionar algunas otras localidades. En Castillos, por ejemplo, una organización civil de vecinos ha hecho un plan para realizar cien murales en la vía pública, de artistas locales, con el fin de mejorar el aspecto del pueblo, dado que es un centro turístico. Junto con ese plan que están ejecutando, han pintado ya entre 60 y 70 murales de excelente calidad; promueven la pintura del frente de las casas; han elaborado un proyecto de cartelería turística original, basado en la identidad local, etcétera.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Señor Diputado: ha finalizado su tiempo. La Mesa le solicita que redondee su exposición.

Puede continuar el señor Diputado Barrios.

SEÑOR BARRIOS.- Señor Presidente: ya termino.

Estos ejemplos positivos, que son muchos más que no puedo detallar por la tiranía del tiempo, son los que tenemos que resaltar. Lo hago porque, como decía, me temo y tengo la sensación de que se está confundiendo al departamento de Rocha, su funcionamiento y sus problemas, con la gestión de la Intendencia, cuando las administraciones son algo que pasa, que es meramente transitorio.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Junta Departamental de Rocha y a las Juntas Locales de todas las localidades del departamento.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y seis en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA.

12.- Vicios de construcción que presentan los núcleos básicos evolutivos.

Tiene la palabra el señor Diputado Melgarejo.

SEÑOR MELGAREJO.- Señor Presidente: el miércoles próximo pasado, la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente recibió al señor Director Nacional de Vivienda, quien vino con una cantidad importante de asesores. Entre las ideas que estuvimos intercambiando hubo una que, en lo personal, nos llenó de satisfacción: el Ministerio está analizando seriamente la posibilidad de terminar con la construcción de los núcleos básicos evolutivos.

Para nosotros ha sido una alegría que se empiece a trabajar en pos de que las viviendas que entregue el Ministerio a aquellos que más las necesitan sean de mayor calidad que los núcleos básicos evolutivos. Este fenómeno, que siempre hemos combatido, tiene su expresión en todos los departamentos de nuestro país y creemos no equivocarnos cuando afirmamos que esa solución habitacional genera, no solo al Gobierno sino al sistema político, un enemigo, un contrario, ya que de alguna manera todos nos vemos involucrados como los que habilitamos este tipo de soluciones que no son dignas -es así en una porción muy grande de las construidas- de que la gente viva en ellas.

También queremos señalar que, tratando de solucionar los problemas de este tipo de viviendas, días pasados concurrimos a la ciudad de Minas, en donde, ante la presencia de los vecinos del barrio Garolini, de la ONG que trabaja con ellos, de la Intendencia Municipal de Lavalleja, del señor Director Nacional de Vivienda y de la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de esta Cámara, pudimos llegar a un acuerdo y a la firma de un acta. El Ministerio se ha comprometido a proporcionar los fondos necesarios para la reparación definitiva de todas estas viviendas, a fin de solucionar los vicios que las empresas que llevaron adelante este tipo de construcciones dejaron por el camino.

Asimismo, la Intendencia Municipal de Lavalleja se ha comprometido a implementar la infraestructura necesaria para llevar adelante el saneamiento de veinticuatro viviendas que han quedado sin sanear, de las ciento siete que componen el barrio Garolini. Días pasados manifestaba al señor Director Nacional de Vivienda la importancia de este acuerdo y cómo servía como precedente para solucionar problemas en el futuro en otros lugares de nuestro país donde los núcleos básicos evolutivos están plagados de deficiencias, que a la larga conspiran contra el nivel de vida de los ciudadanos y, fundamentalmente, contra la salud de los niños y de los viejos. Señalábamos la conveniencia de que esta misma figura, es decir, el encuentro entre los distintos agentes comprometidos con el tema de la vivienda, sea un ejemplo a llevar adelante en el barrio Tres Cruces de Rivera, donde 287 viviendas están plagadas de deficiencias constructivas ocasionadas por una empresa argentina que, luego de entregarlas, desapareció del ámbito local, por lo que en la actualidad indudablemente la responsabilidad recae en el Ministerio.

Entendemos que este hecho llevado adelante en la ciudad de Minas se podría emular en la ciudad de Rivera, logrando una reunión amplia entre las partes, es decir, los vecinos del barrio Tres Cruces, la Intendencia Municipal de Rivera, la ONG que trabaja con la gente y la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente.

Creemos que aquí es donde se demuestra que hay voluntad política para solucionar los problemas y es en ese marco que queremos avanzar para que, entre todos -fundamentalmente el sistema político-, beneficiemos a aquellos que más lo necesitan.

Solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales de Lavalleja y de Rivera, así como al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y seis en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA.

Ha finalizado la media hora previa.

13.- Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones:

Del señor Representante Iván Posada, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 11 de diciembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Gabriel Barandiaran.

De la señora Representante Silvana Charlone, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido ente los días 11 y 15 de diciembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Jorge Pandolfo.

Del señor Representante Roque Arregui, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 13 de diciembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Luis Omar Elisburu.

Del señor Representante Ernesto Agazzi, sin goce de remuneración, inciso cuarto del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 11 y 31 de diciembre de 2001. Habiéndose agotado la nómina de suplentes solicítase a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

Del señor Representante Juan José Domínguez, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 11 de diciembre de 2001, convocándose a la suplenta correspondiente siguiente, señora Susana Lago.

Visto la licencia oportunamente concedida al señor Representante Tabaré Hackenbruch, por el período comprendido entre los días 14 y 20 de diciembre de 2001, y ante la solicitud de modificación de causal de la misma, se da cuenta de la rectificación y queda al amparo de lo establecido en el literal C) del artículo único de la Ley Nº 16.465.

Del señor Representante Ruben Díaz, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por los períodos comprendidos entre los días 17 y 28 de diciembre de 2001, y 7 al 28 de enero de 2002, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Miguel Dicancro".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en cincuenta y uno: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas y se oficiará a la Corte Electoral en el caso pertinente.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 7 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito al Cuerpo que usted preside, tenga a bien concederme al amparo de la Ley Nº 16.465, del 14 de enero de 1994, licencia por motivos personales, por el día 11 del corriente mes.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

IVÁN POSADA
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Iván Posada.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 11 de diciembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 11 de diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Iván Posada.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día 11 de diciembre de 2001, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 1999 del Lema Partido del Nuevo Espacio, señor Gabriel Barandiaran.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted a fin de solicitar al Cuerpo que usted preside, licencia por motivos particulares, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 3º de la Ley Nº 16.465, entre el 11 y el 15 de diciembre del año en curso.

Sin más saludo a usted muy atentamente.

SILVANA CHARLONE
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

El que suscribe señor Jorge Mazzarovich, cédula de identidad Nº 946.301-3, en mi calidad de primer suplente de la señora Representante Nacional Silvana Charlone, quien ha solicitado licencia el día 11 y 15 de diciembre del año 2001.

Comunico a usted que desisto por esta vez, de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese cuerpo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Jorge Mazzarovich".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Silvana Charlone.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 11 y 15 de diciembre de 2001.

II) Que, por esta vez, el suplente siguiente señor Jorge Mazzarovich, no acepta la convocatoria de que fue objeto.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 11 y 15 de diciembre de 2001, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Silvana Charlone.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente siguiente, señor Jorge Mazzarovich.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Jorge Pandolfo.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente solicito a usted licencia por el día 13 de los corrientes, por motivos personales.

En atención de que los suplentes señores Hugo Cuadrado y señora Alicia Ohaco no podrán asumir (de lo cual presento notas), solicito se convoque al señor Luis Omar Elisburu.

Sin otro particular saluda a usted muy atentamente.

ROQUE ARREGUI
Representante por Soriano".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Comunico a usted en mi carácter de suplente del diputado Roque Arregui, que ante la convocatoria que se me formula para asumir el cargo, por esta única vez no acepto asumir dicho cargo, motivo por el cual solicito se convoque a quien corresponda.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

Hugo Elbio Cuadrado Fernández".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Comunico a usted en mi carácter de suplenta del diputado Roque Arregui, que ante la convocatoria que se me formula para asumir el cargo, por esta única vez no acepto asumir dicho cargo, motivo por el cual solicito se convoque a quien corresponda.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

Alicia María Iris Ohaco García".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Soriano, Roque Arregui.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 13 de diciembre de 2001.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que fueron objeto los suplentes correspondientes siguientes señor Hugo Cuadrado y señora Alicia Ohaco.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994 y por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 13 de diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Soriano, Roque Arregui.

2) Acéptanse las negativas, que por esta vez han presentado los suplentes correspondientes siguientes señor Hugo Cuadrado y Alicia Ohaco.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 13 de diciembre de 2001, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Luis Omar Elisburu.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De nuestra mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted para solicitar licencia desde el día 11 al 31 de diciembre, inclusive, de 2001, sin goce de remuneración, de acuerdo a lo establecido por Ley Nº 16.465.

Asimismo, solicito se proceda a la convocatoria del suplente respectivo.

Sin más, saluda atentamente.

ERNESTO AGAZZI
Representante por Canelones".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De nuestra mayor consideración:

Por intermedio de la presente comunico a usted que por esta vez no me es posible aceptar la integración a la Cámara como suplente del Diputado Ernesto Agazzi.

Sin más, saluda atentamente.

Esteban Pérez".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia sin remuneración, del señor Representante por el departamento de Canelones, Ernesto Agazzi.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 11 y 31 de diciembre de 2001.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente correspondiente, señor Esteban Pérez.

III) Que habiéndose agotado la nómina es pertinente solicitar a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y en el inciso cuarto del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia sin remuneración al señor Representante por el departamento de Canelones, Ernesto Agazzi, por el período comprendido entre los días 11 y 31 de diciembre de 2001.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Esteban Pérez.

3) Ofíciese a la Corte Electoral.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 12 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito licencia durante el día de la fecha.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

JUAN DOMÍNGUEZ
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 12 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente, comunico mi renuncia al cargo, por esta sola instancia, durante el día de la fecha.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

Víctor Braccini".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Juan José Domínguez.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 11 de diciembre de 2001.

II) Que, por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Víctor Braccini.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994 y por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 11 de diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Juan José Domínguez.

2) Acéptase, por esta única vez, la renuncia presentada por el suplente correspondiente siguiente, señor Víctor Braccini.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 11 de diciembre de 2001, a la suplenta correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Susana Lago.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito que a la licencia que oportunamente se me votara por el Cuerpo, desde el 14 al 20 de diciembre, se rectifique la causal de la misma, al amparo de lo establecido por la Ley Nº 16.465, artículo único, literal C).

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI
Representante por Canelones".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de Canelones, Tabaré Hackenbruch por el período comprendido entre los días 14 al 20 de diciembre de 2001.

CONSIDERANDO: Que el señor Representante Tabaré Hackenbruch solicita modificación de la causal de la misma.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el literal C) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

Modifícase la causal de la licencia oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de Canelones, Tabaré Hackenbruch, por el período comprendido entre los días 14 y 20 de diciembre de 2001, declarándose que la misma es por obligaciones notorias inherentes a su representación política.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 2001

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 11 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales desde el día 17 al 28 de diciembre, inclusive.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

RUBEN H. DÍAZ
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 11 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 16.465 solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales desde el 7 al 28 de enero de 2002.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

RUBEN H. DÍAZ
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Ruben Díaz.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por los períodos comprendidos entre los días 17 y 28 de diciembre de 2001 y 7 y 28 de enero de 2002.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por los períodos comprendidos entre los días 17 y 28 de diciembre de 2001 y 7 al 28 de enero de 2002, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Ruben Díaz.

2) Convóquese por Secretaría, por los mencionados lapsos, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2000 del Lema Partido Colorado, señor Miguel Dicancro.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 2001

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

14.- Régimen jubilatorio y pensionario de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones. (Regulación).

——Se entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Régimen jubilatorio y pensionario de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones. (Regulación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 753

"PODER EJECUTIVO

Montevideo, 5 de setiembre de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a los efectos de remitirle el adjunto proyecto de ley por el que se sustituye el texto de los artículos 56, 81 y 87 del proyecto de ley remitido el día 14 de junio de 2001 por el que se regula el régimen de jubilaciones y pensiones de la persona pública no estatal de seguridad social denominada actualmente Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones.

El proyecto de ley originariamente remitido fue consecuencia del trabajo conjunto de técnicos designados por el Poder Ejecutivo y la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones. En el mismo sentido las modificaciones que a continuación se detallan y se proponen en el presente proyecto cuentan con la aprobación del referido Organismo.

Se agrega un inciso final al artículo 56 propuesto a los efectos de contemplar -considerando su edad- la situación de personas que de acuerdo con el régimen vigente optaron por tener una actividad cubierta por la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones con la expectativa de alcanzar en dicho Organismo solo una jubilación por edad avanzada.

A través de la modificación que se propone en el artículo 81 se subsana una omisión padecida en el texto remitido ya que el mismo debió referir al literal A) del artículo 64 y no al artículo 64 en su totalidad.

La modificación que se introduce en el artículo 87 proyectado da mayor flexibilidad en lo que refiere al pago que los Organismos deben efectuar a la institución que debe servir la prestación con la finalidad de no afectar su flujo financiero a corto plazo.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, GUILLERMO STIRLING, DIDIER OPERTTI, ALBERTO BENSIÓN, LUIS BREZZO, JOSÉ CARLOS CARDOSO, LUCIO CÁCERES, MARIO CURBELO, ÁLVARO ALONSO, LUIS FRASCHINI, GONZALO GONZÁLEZ, JUAN BORDABERRY, CARLOS CAT, JAIME MARIO TROBO.

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Sustitúyense los artículos 56, 81 y 87 del proyecto de ley que regula el régimen de jubilaciones y pensiones de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones enviado por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo con fecha 14 de junio de 2001, por los siguientes:

"Artículo 56.- La causal de jubilación por edad avanzada se configura al cumplir setenta años, siempre que no se cuente con causal de jubilación común y se acrediten quince años de servicios reconocidos, se encuentre o no en actividad a la fecha de configuración de tal causal.

La jubilación por edad avanzada es incompatible con cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo la prestación que provenga del régimen general de jubilación por ahorro individual.

No obstante en el caso de afiliados en actividad a la fecha de promulgación de la presente ley que, a la misma fecha, fueren beneficiarios de prestación de jubilación por la causal común servida por el Banco de Previsión Social y tuvieren en el caso de las mujeres cincuenta y nueve o más años de edad y en el caso de los hombres sesenta o más años de edad podrán, cuando acrediten quince años de servicios reconocidos, acceder a la prestación de jubilación por edad avanzada, la que será únicamente compatible con la referida jubilación del Banco de Previsión Social y con la prestación que provenga del régimen general de jubilación por ahorro individual.

El régimen de transición previsto por el literal b) del numeral II) del artículo 80 de la presente ley, no regirá para la excepción prevista en el inciso anterior.

Artículo 81.- Cuando por aplicación de lo dispuesto por el literal A) del artículo 64, la tasa de reemplazo aplicable resultare inferior al 60% (sesenta por ciento) la misma se elevará hasta dicho porcentaje a partir de la vigencia de esta ley, reduciéndose de acuerdo al siguiente detalle:

Al 58% (cincuenta y ocho por ciento) a partir del 1º de enero de 2002.

Al 56% (cincuenta y seis por ciento) a partir del 1º de enero de 2003.

Al 54% (cincuenta y cuatro por ciento) a partir del 1º de enero de 2005.

Al 52% (cincuenta y dos por ciento) a partir del 1º de enero de 2006.

A partir del 1º de enero de 2007, la tasa de reemplazo será la prevista en el artículo 64.

Artículo 87.- Se podrá efectuar acumulación de servicios para configurar causal de jubilación, retiro o pensión ante cualquier organismo de seguridad social, los que no podrán ser utilizados para otra pasividad.

Para que la acumulación proceda, se requiere:

a) que el titular haya cesado en todas las actividades que integren la acumulación;

b) que en ninguno de los organismos que amparan los servicios objeto de la acumulación, se haya configurado la causal de que se trate en forma independiente;

c) la aptitud para configurar la causal, considerando la edad del beneficiario y la totalidad del tiempo de los servicios que se pretende acumular, en cada organismo de amparo de actividad, a cuyos efectos los de carácter simultáneo se considerarán como un único período computable;

d) la inclusión de la totalidad de los servicios computados por las actividades que se desean acumular.

En el caso de los servicios bonificados, la bonificación solamente se considerará con relación al período de servicios, para la configuración de causal y determinación de la tasa de reemplazo. No obstante, respecto de la entidad que amparó dicha bonificación, esta se considerará a todos los efectos.

A los efectos de determinar la pasividad, cada organismo calculará la cuota parte de la pasividad que le corresponda y que abonará al que deba servirla.

Para efectuar dicho cálculo cada entidad determinará el monto de la asignación ficta de pasividad que le hubiere correspondido servir, como si todos los años de servicios acumulados se hubieran prestado bajo su amparo, aplicando su propio régimen de cálculo de sueldos básicos, tasas de reemplazo y máximos de asignaciones de pasividad.

La actualización de las asignaciones computables se realizará hasta el mes anterior al del inicio del servicio de pasividad.

No obstante, para el cálculo del sueldo básico no se considerarán las asignaciones computables correspondientes a servicios totales inferiores a un año, en cuyo caso no devengará derecho a prestación en el organismo de amparo de esta actividad.

Obtenido el monto de su respectiva asignación ficta, cada organismo calculará su cuota parte prorrateándola de acuerdo al tiempo de servicios que amparó.

La pasividad resultante se regirá y servirá por el organismo cuya cuota parte fuera mayor, equivaldrá a la suma de todas las cuotas de todos los organismos involucrados y no podrá superar la asignación ficta que le hubiere correspondido en el organismo que deba abonar la prestación. A estos efectos, la totalidad de las cuotas partes se reducirá proporcionalmente a su respectiva contribución, si correspondiere.

Los restantes organismos abonarán al organismo que debe servir la prestación, en la forma y oportunidades que determine la reglamentación, el valor total de las cuotas partes que les hubiere correspondido servir durante toda la vida del beneficiario y por los derechos pensionarios que este pudiera causar, estimado en base a cálculos actuariales que se realicen considerando las tablas de mortalidad y las tasas de interés actuarial fijadas por el Banco Central del Uruguay para las prestaciones del régimen de ahorro voluntario previsto por la Ley Nº 16.713.

El goce de la totalidad del beneficio está condicionado, para los períodos que establezca la reglamentación, a que todos los organismos hayan efectuado la correspondiente versión de su cuota parte.

A partir de la vigencia de la presente ley no se aceptarán traspasos de servicios de acuerdo al régimen que se sustituye por el establecido en este artículo.

El presente artículo será reglamentado por el Poder Ejecutivo dentro del plazo de ciento ochenta días a partir de la vigencia de la presente ley".

Montevideo, 5 de setiembre de 2001.

GUILLERMO STIRLING, DIDIER OPERTTI, ALBERTO BENSIÓN, LUIS BREZZO, JOSÉ CARLOS CARDOSO, LUCIO CÁCERES, MARIO CURBELO, ÁLVARO ALONSO, LUIS FRASCHINI, GONZALO GONZÁLEZ, JUAN BORDABERRY, CARLOS CAT, JAIME MARIO TROBO.

PODER EJECUTIVO

Montevideo, 14 de junio de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General,

Luis Hierro López.

De nuestra consideración:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General a los efectos de remitir el adjunto proyecto de ley, relativo a la regulación del régimen de jubilaciones y pensiones de la persona pública no estatal de seguridad social denominada actualmente Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones.

El artículo 1º de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, en su inciso primero, establece que el sistema previsional creado tiene vocación de universalidad y que, en forma inmediata, comprendió a todas las actividades amparadas por el Banco de Previsión Social.

Dicho artículo, en su inciso segundo, indica que el Poder Ejecutivo, debe proyectar y remitir al Poder Legislativo los proyectos de leyes que establezcan los regímenes aplicables, entre otras instituciones, a las personas públicas no estatales de seguridad social.

El texto legal señala ciertas orientaciones a las que debe ajustarse el Poder Ejecutivo en el diseño de los referidos regímenes.

Desde el punto de vista sustancial, fundándose en la aplicación del llamado principio de universalidad, la citada norma establece, a su vez, criterios a los cuales se ajusta el proyecto de ley que se remite:

1. Adecuación al régimen establecido por la Ley Nº 16.713.

2. Atender a las formas particulares de financiamiento y especificidades, teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades comprendidas.

En el inciso tercero del mismo artículo se estableció un procedimiento de consulta con las instituciones comprendidas, a los efectos de la elaboración del o de los respectivos proyectos.

El proyecto de ley adjunto es consecuencia del trabajo conjunto de técnicos designados por el Poder Ejecutivo y por la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, y constituye un texto que recoge las aspiraciones de la referida Caja, y por su intermedio, del colectivo involucrado.

I

La Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, regida por un estatuto elaborado en el año 1941 (Ley Nº 10.062, de 15 de octubre de 1941), que recoge un universo poblacional de trabajadores de ejercicio liberal (escribanos) y de asalariados (empleados de escribanía, de asociaciones gremiales y de la propia Caja), se ha ido resintiendo en su esquema estructural por diversas razones como ser:

- Cambios en la población profesional afiliada, por aumentos en la esperanza de vida y en la participación creciente y mayoritaria de la mujer;

- Un número creciente de afiliados sin un correlativo aumento de la actividad notarial, habiéndose por ejemplo triplicado en veinticinco años el número de escribanos activos y aumentado solo un cuarenta por ciento las escrituras autorizadas;

- Previsible aumento de egresos sobre ingresos en el mediano y largo plazo, en el esquema actual;

- Inadecuada inserción de la Caja en el régimen aprobado por el llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979, concebido primordialmente en base al trabajo subordinado o en relación de dependencia patronal y prescindente de un funcionamiento acorde con su autonomía patrimonial.

Como consecuencia, se consideró conveniente tener en cuenta en un texto legal orgánico, disposiciones de la ley original de 1941, las modificaciones legales posteriores, y las adecuaciones que las circunstancias actuales imponen, de forma de configurar un texto armónico que se ajuste a las especificidades de las actividades comprendidas por la Caja Notarial.

A su vez, el legislador ya había previsto la necesidad de adecuación de la ley de la Caja al sancionar el 17 de enero de 1986, la Ley Nº 15.800 (reinstitucionalización del Banco de Previsión Social) y consagró y reafirmó en su artículo 5º la autonomía de las Cajas Paraestatales, disponiendo que cada instituto elevara al Poder Ejecutivo sus respectivos proyectos de ley orgánica.

II

Para proyectar la adecuación a la Ley Nº 16.713, se consideró en primer término, la conveniencia de unificar las condiciones de acceso a la pasividad a las de la mayoría de la población cubierta por el Banco de Previsión Social. De esta forma se evita todo tipo de situación privilegiada.

Por el contrario, algunas de las soluciones previstas por la mencionada ley tendientes a solucionar problemas detectados en la seguridad social estatal, no se ajustan a la realidad de la Caja Notarial y en consecuencia no se considera conveniente incluirlas en esta adaptación. Por ejemplo:

a) La historia laboral existe en la Caja Notarial desde la iniciación de sus actividades (marzo de 1942) e incluso registra toda la información anterior a 1942, por reconocimiento de servicios practicados a partir de la creación del Instituto.

Esta historia es absolutamente comprensiva de toda la información del titular y su familia; no solo abarca tiempo acreditado, honorarios o salarios registrados, número de escrituras y protocolizaciones por año y por mes de cada escribano, aportaciones devengadas y efectuadas, sino también constitución familiar con datos de edad, sexo, grado de parentesco, etc., todo lo cual se actualiza diariamente en lo que tiene que ver con la información laboral del titular y quinquenalmente mediante un completo censo general poblacional, en lo que se refiere a la composición familiar.

Esta completísima información hace que quede erradicada la posibilidad de concesión de pasividades sin los necesarios antecedentes de trabajo y aportación.

b) El sistema financiero de capitalización colectiva de la Caja no ha tenido desfinanciamiento desde 1941 a la fecha.

c) Se financia exclusivamente con la contribución de sus afiliados como único recurso, no habiendo requerido jamás la asistencia del Estado para el cumplimiento de sus obligaciones previsionales, circunstancia que además le está vedada por imperio del artículo 6º de su ley orgánica, disposición que es recogida en este anteproyecto en el mismo artículo.

d) Además de la pormenorizada información de la historia laboral, consuetudinariamente la Caja Notarial ha sido sumamente exigente tanto en el control de las aportaciones, como también prudente el soporte legal de la base de cálculo de sus pasividades. Así, para el sueldo básico jubilatorio de los escribanos se considera prácticamente la totalidad de los años computados y no los últimos tres como estableció el llamado Acto Institucional Nº 9 o los diez últimos como consagró la Ley Nº 16.713. Sí rigen aún los últimos tres años para los afiliados empleados por imperio del llamado Acto Institucional Nº 9, situación que se corrige en este proyecto.

En conclusión, este proyecto recoge las soluciones de la Ley Nº 16.713, adaptando ese estatuto con la consideración de las especificidades y naturaleza propias de las actividades amparadas por la Caja Notarial, a la vez que ordena y adecua diversas disposiciones legales que desde 1941 se han ido incorporando a su normativa, sin que hasta la fecha un texto único las incluyera de forma sistemática, consistente y coordinada.

El principio rector de este proyecto es adecuar el régimen de la Caja Notarial a la Ley Nº 16.713, respetando la autonomía de la misma, pero sin dejar de lado los necesarios controles estatales y de sus afiliados, y sobre la base de su autofinanciamiento sin requerir asistencia del Estado, directa ni indirectamente, y con prestaciones, aportaciones y condiciones de acceso a sus prestaciones que aseguren el financiamiento del sistema en el largo plazo, y acordes en lo pertinente con el régimen general de seguridad social.

III

El proyecto se desarrolla con ocho títulos:

Título I: De la Caja Notarial de Seguridad Social. Capítulo único.

Título II: Del Gobierno y Administración.

Capítulo I. Del Directorio.

Capítulo II. De la impugnación de las resoluciones del Directorio.

Título III: Del Patrimonio y los Recursos. Capítulo único.

Título IV: De los Afiliados. Capítulo único.

Título V: Del Sistema Previsional.

Capítulo I. De las prestaciones.

Capítulo II. De las jubilaciones.

Capítulo III. Del subsidio por enfermedad.

Capítulo IV. De las pensiones.

Capítulo V. Determinación del monto y demás condiciones de las prestaciones.

Capítulo VI. Del subsidio para expensas funerarias.

Título VI: Régimen de Transición. Capítulo único.

Título VII: De la materia gravada y de las asignaciones computables. Capítulo único.

Título VIII: Disposiciones generales. Capítulo único.

Dentro de tal estructura se han desarrollado los presupuestos y principios referidos en el apartado anterior, los cuales se explicitan a continuación.

IV

El Título I (artículos 1º a 6º) tiene su fuente principal en los mismos artículos de la Ley Nº 10.062 y refieren a la denominación, naturaleza, representación, inembargabilidad, exenciones tributarias y ausencia de responsabilidad estatal a su respecto.

Cabe reparar en el cambio de denominación del instituto (Caja Notarial de Seguridad Social), por cuanto ello representa toda la filosofía inspiradora del proyecto. A la concepción previsional de la época de su creación como Caja de Jubilaciones y Pensiones y atendiendo a la progresiva evolución del amparo social, se la reconoce como un instituto de seguridad social, ya desde su denominación, avalada por su extensa trayectoria.

V

El Título II está dividido en dos capítulos referidos al Gobierno y Administración.

El Capítulo I (artículos 7º al 16) trata del Directorio en cuanto a su integración, duración, competencia y funcionamiento, siguiendo fundamentalmente la Ley Nº 10.062 y modificativas.

La integración del Directorio (artículo 7) se ha mantenido con el sistema vigente (artículo 262 de la Ley Nº 16.462) por recibir la representatividad de todos los órdenes involucrados con la Caja, tanto en lo formal como en cuanto a los grupos directamente relacionados. Además del integrante designado por el Poder Ejecutivo que se considera de esencia en institutos de esta naturaleza, se mantiene el miembro designado por el Poder Judicial ya que este, por intermedio de la Suprema Corte de Justicia, ejerce la superintendencia del notariado nacional al cual pertenece la gran mayoría de los afiliados; sin perjuicio de tener presente que constituye un factor de equilibrio ajeno a los intereses particulares de los demás órdenes representados, así como también lo es el delegado del Poder Ejecutivo, tal como lo ha demostrado la experiencia.

También se mantiene la representación preceptiva de jubilados y empleados consagrada por los artículos 1º de la llamada Ley Especial Nº 11, de 8 de noviembre de 1984, 155 de la Ley Nº 13.420, de 2 de diciembre de 1965 y 262 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994.

Los artículos 8º a 16 solo se han apartado de las previsiones contenidas en la Ley Nº 10.062 en aspectos adjetivos. No obstante, resulta preciso aclarar algunas competencias reservadas al Directorio por el artículo 12.

La que se establece por el literal H) resulta consagrada por el artículo 1º de la Ley Nº 12.202, de 6 de julio de 1955, aún vigente.

La facultad emergente del literal I) pretende permitir, con el requisito de la conformidad del representante del Poder Ejecutivo, la ampliación del espectro de coberturas de seguridad social, siempre que se trate de prestaciones reconocidas por el régimen general.

Los literales H) y J) tienen su fuente en el régimen estructurado por el llamado Acto Institucional Nº 9, adecuado a una gestión autónoma en lo social y en lo patrimonial, en consonancia con la naturaleza paraestatal del servicio. Para los literales G), H), I), J), L) y LL) se establecen mayorías especiales, las que respecto de determinadas resoluciones de singular trascendencia requieren seis votos conformes, de modo tal que la decisión de estos asuntos cuente al menos con el voto de uno de los representantes de los Poderes Públicos que integran el Directorio.

El Capítulo II del Título II tiene su antecedente en el artículo 29 del llamado Acto Institucional Nº 9, al cual se le agregan condicionantes que definen controversias doctrinarias, procurándose una reglamentación del procedimiento con el fin de brindar las máximas garantías a quienes se sientan agraviados por las decisiones del Directorio.

VI

El Título III trata del patrimonio y los recursos económicos en coherencia con lo que se preceptúa por el artículo 6º, sobre la base de recursos propios y sin contribución por parte del Estado. Por ello, es preciso contar con un estatuto legal de forma que la Institución pueda cumplir sus fines con las mayores posibilidades de mantenimiento y con la suficiente amplitud de adecuación a los hechos supervinientes.

En este título se recogen las disposiciones vigentes de la Ley Nº 10.062 y sus modificativas, así como su adecuación al régimen general en materia de reservas. Adviértase que el artículo 28 proyectado, recoge los criterios de inversión consagrados por el artículo 123 de la Ley Nº 16.713, al tiempo que compatibiliza los mismos con las modalidades estructuradas por los artículos 110 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960, 354 de la Ley Nº 13.032, de 7 de diciembre de 1961 y 257 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994.

A su vez y en concordancia con la Ley Nº 16.713 (artículo 181), se establece la tasa personal de aportación jubilatoria de los empleados activos, igual al resto de los trabajadores asalariados del país 15% (quince por ciento) (artículo 31). De igual manera, el artículo 32 recoge la mecánica prevista por el artículo 182 de la Ley Nº 16.713 de modo que el aumento de la tasa de aportación no incida sobre el ingreso líquido de los trabajadores.

Desde 1960 la Caja Notarial contempla la atención de la salud de sus afiliados activos y pasivos (artículo 111 Ley Nº 12.802). Las tasas vigentes (artículo 203 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986) se unifican para todos los afiliados en el 3% (artículo 35) sin embargo, continúan siendo inferiores a las que financian la generalidad de los sistemas de salud nacionales, al tiempo que se establecen mínimos que pueden llegar hasta los establecidos en el régimen general por el artículo 337 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992 (artículos 35 y 36). El "Fondo Sistema Notarial de Salud", a diferencia del sistema de pasividades cuyo financiamiento de largo plazo permite la capitalización colectiva de las aportaciones de los activos, es esencialmente un sistema de reparto, consagrándose legalmente (artículo 35) el necesario equilibrio y autosuficiencia del mismo.

Estas medidas se justifican en el hecho de que las prestaciones en actividad, como lo son las de la salud, por tratarse de un sistema de corto plazo deben ajustar sus ingresos al creciente número de afiliaciones, manteniendo en consecuencia cierta proporcionalidad con dicho número, a diferencia de los sistemas de prestaciones de largo plazo que pueden cofinanciarse con la rentabilidad de la capitalización de sus reservas.

VII

El Título IV recoge las disposiciones de la Ley Nº 10.062 en lo referente al colectivo afiliado, incluyendo expresamente la calidad del "cónyuge colaborador" (artículo 43, literal C) los que por inexistencia de previsión legal expresa, hoy se registran como empleados de escribanía.

En lo que hace a la prueba de servicios (artículo 49), así como al reconocimiento de los mismos (artículo 50) el proyecto se adecua a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley Nº 16.713.

VIII

El Título V comprende el sistema previsional y proyecta la adecuación del sistema jubilatorio a la Ley Nº 16.713, igualando las edades requeridas para tener derecho a jubilación, así como las tasas de reemplazo, y recogiendo del proyecto de adecuación a la Ley Nº 16.713 elevado por el Poder Ejecutivo el 31 de diciembre de 1996, la posibilidad de generar jubilación con treinta años de servicios, cuando los mismos correspondan a afiliación exclusiva a Caja Notarial. Esta solución se explica en el hecho de que la incorporación al sistema previsional de los profesionales resulta más tardía que la del resto de los trabajadores, como consecuencia de los años de estudios universitarios previos.

En el Capítulo II, para la determinación de incapacidades, se establecen como aplicables los baremos del régimen general, para determinar objetivamente el grado de severidad de la incapacitación.

El Capítulo III recoge la vigencia del subsidio por enfermedad creado por la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960 (artículo 111).

Por el Capítulo IV se establece el sistema pensionario recogiendo las innovaciones de la Ley Nº 16.713.

En lo que dice relación con el Capítulo V, el proyecto plasma las soluciones consagradas por el régimen general vigente ( Nº 16.713) con el respeto por las peculiaridades propias del universo amparado, con la exigencia adicional de considerar prácticamente la totalidad de los servicios acreditados por los afiliados para el cálculo del sueldo básico jubilatorio de los escribanos.

En torno a lo establecido en el Capítulo VI, procede simplemente comentar que se recibe la solución prevista por el régimen común, con la posibilidad de la prestación directa de los servicios funerarios, procurando en el futuro no reducir esta prestación a un mero reembolso pecuniario sino la ejecución digna de las honras fúnebres para sus afiliados y deudos.

IX

No merece mayores comentarios todo lo concerniente al régimen de transición consagrado en el Título VI, salvo en cuanto a que en virtud del período transcurrido desde la sanción de la Ley Nº 16.713 hasta el presente, obviamente se han modificado las fechas de ingreso al nuevo estatuto jubilatorio. La adecuación se efectúa acelerando y comprimiendo en el tiempo la exigencia de los requisitos de edad y servicios necesarios para la configuración de causal, los cuales son absolutamente idénticos a los preceptuados por la Ley Nº 16.713. Asimismo, respecto de la transición se establecen las tasas de reemplazo que se aplicarán durante la misma, a efectos de permitir un pasaje progresivo y sin sobresaltos hacia el nuevo régimen.

X

Con referencia al Título VII que trata acerca de la materia gravada y las asignaciones computables, huelga expresar que la solución proyectada en nada difiere de la consagrada por la Ley Nº 16.713, sin perjuicio de incluir aquellas asignaciones específicas de parte del universo que ampara, como lo son por ejemplo los honorarios profesionales.

XI

El Título VIII de "Disposiciones Generales" contiene esencialmente normas relativas a incompatibilidad, inicio del servicio de pasividad, inembargabilidad de las asignaciones de jubilación, pensión o subsidio, etc. Asimismo se consagran preceptos de orden como lo son por ejemplo, cláusulas de vigencia, actualización de referencias monetarias, así como también la transición para los afiliados empleados del Instituto y el mandato del actual Directorio.

Párrafo aparte merece la solución prevista por el artículo 87 respecto de la acumulación ficta de servicios a los efectos de la configuración de la causal jubilatoria. Cabe resaltar la justicia de la solución que se proyecta, por cuanto se deja de lado el injusto sistema de traspaso de servicios y se racionaliza el servicio de la pasividad, poniéndolo de cargo de los diversos organismos que ampararon las distintas actividades que haya desarrollado el trabajador que debe realizar esta acumulación ficta de servicios, para ejercer su legítimo derecho de acogerse a un adecuado retiro.

Por último, el artículo 89 del proyecto prevé la facultad de actuar como agente recaudador de ahorros voluntarios de sus afiliados con destino a fondos de ahorro previsionales, lo cual demuestra claramente el compromiso de la Caja Notarial con la seguridad social toda.

XII

A modo de colofón, debe dejarse consignado que, en mérito al sistema de cálculo jubilatorio directamente relacionado con los ingresos percibidos en toda la actividad de sus afiliados, se plasma similar finalidad que la perseguida por el régimen mixto previsto por el sistema general.

Con referencia a los aspectos financieros de este proyecto, debe establecerse que el mismo procura asegurar la viabilidad futura del Instituto al aumentar edades de retiro y años de servicios necesarios para configurar las causales, a la vez que se refuerza la aportación al sistema de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia en el caso de afiliados empleados y al Sistema de Salud en el caso de la totalidad de los afiliados.

Las modificaciones introducidas por este proyecto mejorarán indubitablemente los resultados financieros en el mediano y largo plazo, confirmando así la prudente trayectoria de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, que le permita continuar sirviendo todas aquellas prestaciones en cantidad y calidad, que hacen vigente, válida y necesaria la existencia de dicha Caja.

Por todos estos fundamentos, el Poder Ejecutivo entiende necesario y conveniente la rápida tramitación y sanción del presente proyecto de ley que recoge el acuerdo alcanzado con la Institución involucrada.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, GUILLERMO STIRLING, DIDIER OPERTTI, ALBERTO BENSIÓN, LUIS BREZZO, ANTONIO MERCADER, LUCIO CÁCERES, SERGIO ABREU, ÁLVARO ALONSO, LUIS FRASCHINI, GONZALO GONZÁLEZ, ALFONSO VARELA, CARLOS CAT, JAIME MARIO TROBO.

PROYECTO DE LEY

TÍTULO I

DE LA CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1º.- Denomínase Caja Notarial de Seguridad Social a la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones creada por la Ley Nº 10.062, de 15 de octubre de 1941, la que se regirá por las disposiciones de la presente ley y demás normas aplicables.

Artículo 2º.- La Caja Notarial de Seguridad Social es persona jurídica de derecho público no estatal y tiene su domicilio legal en la ciudad de Montevideo.

Artículo 3º.- La representación de la misma, tanto en juicio como fuera de él, corresponderá al Presidente y Secretario del Directorio actuando conjuntamente, quienes, en cumplimiento de lo previsto por el literal D) del artículo 12 de la presente ley, podrán otorgar mandatos para la representación del Instituto.

Artículo 4º.- Los bienes de la Caja serán inembargables, excepto para responder por las obligaciones que establece esta ley.

Artículo 5º.- La Caja está exonerada de toda clase de impuestos nacionales y tributos departamentales por las actuaciones y operaciones que realice, así como por sus bienes.

Artículo 6º.- El Estado no asume responsabilidad pecuniaria alguna vinculada a la subsistencia de la Caja o a la financiación de sus obligaciones, incluyéndose en estas el pago de las prestaciones que deba servir, y solo se limitará al cumplimiento de esta ley, en lo que le sea pertinente.

TÍTULO II

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION

CAPÍTULO I

DEL DIRECTORIO

Artículo 7º.- La Caja estará dirigida por un Directorio honorario compuesto de siete miembros, que se integrará de la siguiente manera:

- Un miembro afiliado escribano designado por el Poder Ejecutivo.

- Un miembro escribano integrante del Poder Judicial, designado por la Suprema Corte de Justicia.

- Un miembro afiliado jubilado, electo por los jubilados.

- Un miembro afiliado empleado en actividad, electo por los afiliados a que aluden los literales B, C, D y E del artículo 43.

- Tres miembros afiliados escribanos en actividad, electos por los escribanos activos.

Artículo 8º.- La fecha de la elección de miembros del Directorio será fijada por el Poder Ejecutivo.

En caso de vacancia de algún cargo electivo de miembro del Directorio por agotamiento de la lista de suplentes, o cuando alguno de los órdenes electores no haya presentado listas, el Directorio solicitará al Poder Ejecutivo la convocatoria a una elección complementaria.

La Corte Electoral reglamentará las elecciones y tendrá a su cargo la recepción de votos, escrutinio, juzgamiento de la elección y proclamación de los candidatos electos.

Artículo 9º.- Las listas de candidatos por cada orden de electores deberán contener triple número de suplentes en orden respectivo, e igual número contendrán las designaciones que realicen los Poderes Públicos.

Artículo 10.- La Presidencia y Vicepresidencia del Directorio serán ejercidas siempre por escribanos. La Presidencia corresponderá al primer titular de la lista de escribanos activos más votada.

Asimismo, por mayoría absoluta de votos y cada dos años, el Directorio designará de su seno al Vicepresidente, Secretario, Prosecretario y Tesorero.

En caso de licencia o vacancia temporal, el Vicepresidente y el Prosecretario ejercerán la Presidencia y la Secretaría respectivamente.

Artículo 11.- Los miembros del Directorio durarán cuatro años en sus funciones pudiendo ser reelegidos; en forma consecutiva podrán serlo por una sola vez. Los electos mediante elección complementaria cesarán conjuntamente con los restantes integrantes del Cuerpo.

En todo caso, si durante el mandato se modificara la calidad requerida para integrar el Directorio respecto de cualesquiera de sus miembros de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7º, estos cesarán automáticamente en su cargo, convocándose al suplente respectivo.

Artículo 12.- Compete al Directorio:

A) Sancionar su reglamento general y demás reglamentaciones que considere necesarias.

B) Proponer las reformas a la presente ley que la experiencia aconseje como necesarias o convenientes.

C) Conceder o negar todo beneficio o prestación que pueda acordar el Instituto.

D) Realizar los actos, gestiones y diligencias, de administración o de dominio, necesarios para el funcionamiento regular del Instituto y conferir apoderamientos especiales.

E) Designar, sancionar y destituir al personal del Instituto, pudiendo delegar la potestad sancionatoria en la máxima jerarquía administrativa salvo en los casos de destitución.

F) Determinar la época y forma de exhibición de los registros notariales y de las cotizaciones que los afiliados deban realizar, así como los deberes formales que estos deban cumplir.

G) Sancionar a los afiliados que incumplan la presente ley o las reglamentaciones correspondientes.

H) Fijar los sueldos fictos mínimos de los empleados de escribanía y cónyuges colaboradores, aportes complementarios mínimos, y los montos mínimos y máximos de las prestaciones no fijados legalmente.

I) Extender, con el voto conforme del representante del Poder Ejecutivo, la concesión de prestaciones de seguridad social para la cobertura de otras contingencias no previstas en esta ley y cubiertas por el régimen general, previo estudio técnico de que no se afectará el cumplimiento de las consagradas legalmente así como de las posibilidades financieras que garanticen su viabilidad.

J) Fijar los ajustes previstos por el artículo 67 de la Constitución de la República, pudiendo establecer un índice diferente así como índices diferenciales, al igual que adelantos a cuenta de dichos ajustes y asignaciones previsionales extraordinarias con carácter general, en forma racionalmente proporcionada a las posibilidades económicas del Instituto, procurando satisfacer las necesidades reales del beneficiario.

  El establecimiento de un índice diferente o índices diferenciales, de adelantos a cuenta de los ajustes y de asignaciones extraordinarias, solo se podrán determinar y otorgar, cada vez, previo estudio técnico de que no se afectará el cumplimiento de las prestaciones consagradas legalmente así como de las posibilidades financieras que garanticen su viabilidad.

  El porcentaje resultante de la aplicación de índices diferentes o diferenciales no podrá superar, en cada caso, en un 30% (treinta por ciento) al mínimo que corresponda por el procedimiento establecido en la disposición constitucional referida.

  Asimismo, el importe anual en que se aumenten las prestaciones por aplicación de estos índices, no podrá exceder el 10% (diez por ciento) del incremento del fondo de invalidez, vejez y sobrevivencia producido en el ejercicio civil anterior, expresado en moneda de valor constante.

K) Celebrar convenios en materia de seguridad social con otros organismos nacionales o extranjeros;

L) Establecer regímenes de cancelación de adeudos generados por aportes, que aseguren convenientemente los servicios de amortización e interés y la actualización del monto adeudado.

LL) Delegar las atribuciones que entendiere pertinentes.

Las resoluciones relativas a los casos previstos por los literales G) y J) requerirán cinco votos conformes y las referentes a los literales H), I), L) y LL), seis votos conformes. Las atribuciones referidas a los literales indicados en este inciso son indelegables.

Artículo 13.- El Directorio solo podrá sesionar válidamente con la asistencia mínima de cinco miembros y sus resoluciones se adoptarán por simple mayoría, salvo disposición en contrario.

Artículo 14.- Las resoluciones del Directorio serán nofificadas personalmente al interesado en las oficinas de la Caja o en el domicilio constituido o conocido.

También podrá practicarse la notificación citándose al interesado por telegrama colacionado para que concurra a la oficina dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de darlo por notificado. En el telegrama deberá individualizarse el expediente y citarse la presente disposición; su costo deberá ser reintegrado por el interesado dentro del mismo plazo o en el acto de nofificarse.

Si el interesado no tuviere domicilio conocido en el país se le citará mediante tres publicaciones en el Diario Oficial para que concurra a notificarse en la oficina dentro del plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de la última publicación, bajo apercibimiento de darlo por notificado.

En las publicaciones deberá individualizarse el expediente y citarse la presente disposición; su costo deberá ser reintegrado por el interesado dentro del mismo plazo o en el acto de notificarse.

Artículo 15.- La falta de asistencia a cinco sesiones consecutivas o diez alternadas durante el año civil, sin licencia concedida o causa justificada a juicio del Directorio por cinco votos conformes, producirá el cese del miembro electo omiso y se convocará al suplente respectivo.

Si se tratare de los miembros designados por los Poderes Públicos, se convocará al suplente respectivo dando cuenta a aquellos de la omisión de sus respectivos representantes, estándose a lo que estos Poderes resuelvan en definifiva, a cuyos efectos dispondrán de un plazo de noventa días para expedirse. De no hacerlo en dicho plazo, automáticamente se producirá el cese del miembro omiso. Si el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial deciden remover a su representante, continuará en el desempeño del cargo el suplente respectivo, salvo que designen un nuevo miembro sustituto.

Artículo 16.- Toda resolución violatoria de la Constitución, leyes o reglamentos, importará la responsabilidad personal y solidaria de los miembros del Directorio.

Quedan exentos de esta responsabilidad:

A) Quienes hubieran hecho constar en el acta el voto negativo y su fundamento.

B) Los ausentes de la sesión en que se adoptó la resolución ilegítima, siempre que, en la primera sesión ordinaria posterior, a la que asistan, formulen la constancia prevista en el literal anterior.

En el caso de voto negativo por razones de legitimidad, quedará en suspenso la resolución y dentro de los dos días hábiles siguientes a la sesión en que se aprobó el acta, el Secretario del Directorio, sin necesidad de previa resolución, elevará al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, testimonio del acta respectiva y los antecedentes que existieren. Si dicho Poder no se expidiera dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción del acta, la resolución del Directorio quedará firme y se cumplirá sin más trámite.

CAPÍTULO II

DE LA IMPUGNACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

Artículo 17.- Las resoluciones del Directorio podrán ser impugnadas por razones de mérito o legitimidad mediante recurso de revocación ante el mismo órgano, dentro del plazo de veinte días corridos a contar desde el siguiente al de la notificación.

El recurso solo podrá ser interpuesto por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítmo, violado o lesionado por la resolución impugnada.

Artículo 18.- Interpuesto el recurso, el Directorio dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver, configurándose denegatoria ficta por el solo vencimiento del plazo.

Artículo 19.- Denegado el recurso, el ocurrente podrá deducir solamente por razones de legitimidad, demanda de anulación contra la resolución impugnada ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil que correspondiere, dentro del término de veinte días corridos siguientes al de la notificación de la denegatoria expresa o al momento en que se verificó la denegatoria ficta.

Artículo 20.- El Tribunal dará traslado de la demanda a la Caja Notarial de Seguridad Social, la que deberá evacuarlo con la remisión de los antecedentes administrativos relativos al caso, siguiéndose el procedimiento estatuido por los artículos 338 a 343 del Código General del Proceso.

El Tribunal, que fallará en única instancia, resolverá anulando total o parcialmente, o confirmando la resolución impugnada.

Artículo 21.- A petición de parte y previa vista por el término de seis días a la Caja Notarial de Seguridad Social, el Tribunal podrá disponer la suspensión transitoria, total o parcial, de la ejecución de la resolución impugnada, siempre que esta fuera susceptible de causar un perjuicio grave, de difícil reparación o irreparable, en caso de dictarse ulteriormente un fallo anulatorio.

Artículo 22.- Mientras transcurren los términos del recurso y la acción anulatoria, el reclamante tendrá derecho a la prestación que se le hubiere otorgado, sin perjuicio de la reliquidación que corresponda según el fallo emitido.

Artículo 23.- Será competente la Justicia del trabajo en todas las reclamaciones que se originen por conflictos individuales emergentes de la relación laboral entre la Caja Notarial de Seguridad Social y sus empleados.

TÍTULO III

DEL PATRIMONIO Y LOS RECURSOS

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 24.- El patrimonio de la Caja se integra con:

A) Los bienes, créditos, derechos y acciones que posee actualmente o adquiera en el futuro.

B) Las contribuciones por Montepío Notarial de afiliados y patronos.

C) Las contribuciones al "Fondo Sistema Notarial de Salud".

D) Las rentas, intereses y beneficios de sus actividades, inversiones y reservas.

E) El producido de sanciones, multas, recargos e intereses que correspondan.

F) Los bienes, recursos y contribuciones que por cualquier título reciba.

Artículo 25.- Los gastos de administración del sistema de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, no podrán insumir más de un 7% (siete por ciento) de las entradas brutas anuales.

Artículo 26.- El Directorio remitirá al Poder Ejecutivo dentro de los noventa días siguientes al cierre de cada ejercicio, una memoria completa e ilustrativa de la situación del Instituto, acompañada de los estados, balances, tasas de rentabilidad de sus inversiones y datos complementarios pertinentes. El Poder Ejecutivo recabará la auditoría externa del Tribunal de Cuentas y remitirá a la Caja el informe que produzca, así como la recomendación de las medidas que crea convenientes, debiendo esta dar cuenta de las resoluciones adoptadas.

Artículo 27.- El Directorio hará practicar cada cinco años o antes de ese plazo si lo cree necesario o a solicitud del Poder Ejecutivo, el estudio de la situación actuarial y financiera de la Caja y lo cursará a este último.

Dicho Poder comunicará a la Caja las consideraciones que le merezca, acompañando los estudios e informes que hubiere recabado y la recomendación de las medidas que crea convenientes, debiendo esta dar cuenta de las resoluciones adoptadas.

Artículo 28.- La Caja, con los saldos de fondos del Sistema de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (contribuciones previstas en el literal B) del artículo 24 menos prestaciones y gastos de administración), generados a partir de la vigencia de esta ley, solo podrá realizar las inversiones previstas en el artículo 123 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995 y sus modificativas, con los mismos criterios, calificaciones, límites y condiciones establecidos por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las mismas. Idéntico destino tendrá el producido de las precedentes inversiones. No serán de aplicación los períodos de reducción e incremento del porcentaje de inversiones previstos en los penúltimo y antepenúltimo incisos del referido artículo, correspondiendo aplicar desde el inicio los porcentajes definitivos fijados para la finalización de los mismos.

Asimismo, luego de realizar sus servicios, las inversiones previstas en el inciso anterior y las reservas que la prudencia aconseje, podrá colocar los saldos de fondos en:

A) Adquisición de títulos o valores de cualquier índole emitidos por el Estado o cualesquiera de los organismos que lo integran, incluidos los previstos por el artículo 144 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, y colocaciones bancarias en moneda nacional o extranjera.

B) Adquisición de inmuebles y construcción de edificios o mejoras en los mismos.

C) Préstamos a afiliados y escribanos, para vivienda o con otra finalidad social, siempre que en el primer destino se constituya garantía hipotecaria y en ambos se aseguren convenientemente los servicios de amortización e interés y la actualización del capital mutuado. La Caja Notarial podrá obtener apoyo técnico y financiero de organismos nacionales o extranjeros para la realización de estos planes.

D) Realización de otras inversiones, ya sea en forma autónoma o mediante todo tipo de figuras asociativas, siempre y cuando ofrezcan convenientes niveles de rentabilidad y seguridad y no superen en cada caso el cinco por ciento del total de las inversiones. Para realizar estas inversiones se requerirán seis votos conformes.

El Poder Ejecutivo controlará el cumplimiento de las normas relativas a inversiones, pudiendo delegar dicha fiscalización en el Banco Central del Uruguay.

La Caja deberá enviar anualmente al domicilio de cada uno de sus afiliados la información referida a las inversiones realizadas y a su rendimiento, de acuerdo a las normas que establezca el Poder Ejecutivo o el Banco Central del Uruguay, en su caso.

Artículo 29.- El monto imponible para las contribuciones de los sujetos pasivos está constituido por los honorarios íntegros devengados a la fecha de la actuación notarial, de conformidad con el arancel oficial de la Asociación de Escribanos del Uruguay vigente a la fecha de promulgación de la presente ley o sus modificaciones que impliquen exclusivamente la inclusión de actuaciones no previstas en el mismo; ello, con total prescindencia de la renuncia o reducción de los mismos que esté autorizado a hacer el escribano; los fictos complementarios; los sueldos o salarios reales o fictos; los subsidios servidos por esta Caja y las asignaciones de pasividad.

A los efectos de las contribuciones de los escribanos en actividad, no se tomarán en cuenta los aumentos del monto imponible de la materia gravada o de las alícuotas aplicables del arancel y sus modificaciones referidos en el inciso anterior, sin perjuicio de las actualizaciones monetarias que correspondieran.

Artículo 30.- La tasa de aportación personal jubilatoria (montepío) de los afiliados escribanos activos sobre todas las asignaciones computables en actividades amparadas por la Caja Notarial de Seguridad Social, será del 15,5% (quince y medio por ciento).

El Directorio de la Caja podrá disminuir la tasa cuando la situación de la Institución y las proyecciones actuariales y financieras lo permitan.

Artículo 31.- La tasa de aportación personal jubilatoria (montepío) de los afiliados empleados activos sobre todas las asignaciones computables en actividades amparadas por la Caja Notarial de Seguridad Social, será del 15% (quince por ciento) y regirá desde el primer día del mes siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley.

Artículo 32.- A efectos de la cobertura del aumento de las aportaciones personales de los afiliados empleados dispuesto en el artículo anterior, se incrementarán sus remuneraciones sujetas a montepío en el porcentaje necesario a fin de que sean equivalentes a las líquidas vigentes con anterioridad a dicha fecha, calculadas sobre las retribuciones reales o fictas. Dicho incremento será obligatorio desde el primer día del mes siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley.

Se entiende por remuneraciones líquidas, las nominales o fictas menos los aportes personales jubilatorios, las contribuciones al "Fondo Sistema Notarial de Salud" y los impuestos que graven a aquellas.

Artículo 33.- El aporte patronal que devengue la actividad de los afiliados empleados será el 10% (diez por ciento) calculado sobre las remuneraciones fijadas administrativamente o por convenio colectivo, o sobre las reales percibidas si fueren superiores.

El patrono será agente de retención del aporte del empleado. En caso de que la parte empleadora esté constituida por más de un escribano, los mismos responderán solidariamente por las obligaciones para con la Caja.

Artículo 34.- Cuando los afiliados comprendidos en el literal A) del artículo 43, no alcancen a satisfacer en el año civil una suma equivalente a la que resulte de la aplicación de la tasa fijada por el artículo 30, sobre el monto anual de la jubilación mínima que fije el Directorio por la causal común, deberán completar la aportación hasta la suma concurrente, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 35 de la presente ley.

No obstante lo dispuesto por el inciso anterior, el Directorio podrá reducir aquella suma, así como establecer proporciones diferentes de aportación mínima o fraccionar su pago, atendiendo a la antigüedad en la afiliación, la situación económico-financiera del Instituto y el nivel de la actividad profesional.

Artículo 35.- Denomínase "Fondo Sistema Notarial de Salud" al "Fondo de Subsidio por Enfermedad" creado por el artículo 111 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960.

Los afiliados a la Caja Notarial de Seguridad Social deberán aportar con afectación específica al "Fondo Sistema Notarial de Salud", el 3% (tres por ciento) de los honorarios nominales que correspondan a los efectos de la aportación conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de la presente ley, o fictos complementarios, o de los montos nominales de sueldos o pasividades, o subsidios, según corresponda de acuerdo a las diferentes categorías.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, en el caso de afiliados jubilados y afiliados escribanos activos, el referido aporte tendrá un monto mínimo mensual o su acumulado anual, respectivamente, que establecerá el Directorio en función de las necesidades de financiamiento del "Fondo Sistema Notarial de Salud", y que no podrá exceder el monto de la cuota mutual mensual y sus adicionales o su acumulación anual, calculados de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 337 de la Ley Nº 16.320, de lº de noviembre de 1992 y decretos reglamentarios.

Los recursos provenientes del Fondo referido serán exclusivamente destinados para cumplir con lo dispuesto por los incisos final del artículo 111 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960 y primero del artículo 88 de la presente.

La tasa prevista por el inciso segundo regirá, para los afiliados jubilados y empleados, a partir del primer día del mes siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley.

Artículo 36.- Conjuntamente con el pago del aporte patronal, el empleador deberá cubrir con destino al "Fondo Sistema Notarial de Salud", la diferencia que pudiera existir entre las contribuciones a dicho Fondo a cargo de sus empleados y el monto mínimo mensual establecido de conformidad con el inciso tercero del artículo anterior, multiplicado por el número de dependientes beneficiarios.

Artículo 37.- Los escribanos, en todos los actos relativos al ejercicio profesional, deberán utilizar Papel Notarial de actuación de las características establecidas por la Suprema Corte de Justicia en razón de la superintendencia que ejerce sobre el notariado nacional, y la Caja Notarial tendrá su administración, impresión y distribución.

Artículo 38.- La autoridad competente no rubricará protocolos de escribanos, sin que se acredite el pago del Montepío Notarial y contribuciones al "Fondo Sistema Notarial de Salud", correspondientes a todas las actuaciones registrales anteriores.

Artículo 39.- Las oficinas públicas y los escribanos no admitirán documentos notariales extrarregistrales, ni testimonios o certificados finales de actuaciones de jurisdicción voluntaria con intervención notarial, de los cuales no surja la constancia de pago del aporte a la Caja Notarial y su monto.

Artículo 40.- El Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y demás personas públicas, no abonarán a los escribanos retribución alguna sin la exhibición de un certificado expedido por la Caja que acredite hallarse en situación regular de pagos. Este certificado tendrá vigencia anual.

Facúltase al Directorio de la Caja a reglamentar la implementación de la presente disposición.

Artículo 41.- Los testimonios de las resoluciones firmes del Directorio de la Caja Notarial de Seguridad Social, asentadas en actas y relativas a deudas por contribuciones de seguridad social de sus afiliados, constituyen títulos ejecutivos siempre que cumplan con los requisitos previstos por el artículo 92 del Código Tributario.

Artículo 42.- En los juicios ejecutivos por cobro de las deudas a que refiere el artículo anterior, no se requerirá previamente intimación de pago ni citación a conciliación y solo serán admisibles las excepciones de inhabilidad del título, falta de legitimación pasiva, nulidad de la resolución declarada conforme a lo previsto por esta ley, extinción de la deuda, espera concedida con anterioridad al embargo y las previstas por el artículo 133 del Código General del Proceso.

TÍTULO IV

DE LOS AFILIADOS

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 43.- Están obligatoriamente afiliados a la Caja Notarial de Seguridad Social:

A) Los escribanos públicos que ejerzan la profesión, desempeñando efectivamente actividad notarial particular.

  No son amparables los servicios consistentes en desempeñar actividades notariales como funcionarios en cualquier oficina pública estatal.

B) Los empleados de los escribanos comprendidos en el literal anterior siempre y cuando no revistan la calidad de cónyuges del patrono.

C) Los cónyuges de escribano, que en forma personal y habitual colaboren con este, secundándolo en las tareas propias de su profesión (cónyuge colaborador).

D) El personal de las asociaciones gremiales de afiliados al Instituto que tengan personalidad jurídica.

E) Los empleados de la Caja que desempeñen tareas vinculadas directa o principalmente con el funcionamiento de sus servicios administrativos.

F) Los jubilados de la propia Caja.

Artículo 44.- Por empleados de escribanía se entiende exclusivamente aquellos que colaboran con el escribano en las tareas propias de su profesión.

El patrono está obligado a denunciar a la Caja la afiliación de sus empleados dentro de los treinta días siguientes al comienzo de la relación laboral.

Artículo 45.- No serán afiliables al Instituto las personas que este ocupe en la explotación de sus inversiones o para la prestación efectiva de servicios de salud, cuya afiliación se regirá por las leyes que amparen las actividades respectivas.

Artículo 46.- Los servicios amparados por esta ley se computan por el tiempo calendario que medie entre la iniciación y la desvinculación o cese, incluyéndose los lapsos de goce de subsidio, así como los de inactividad en los que no pueda determinarse la configuración de cese y posterior reingreso.

El Directorio apreciará con arreglo a la naturaleza de la actividad de que se trate, el total de los servicios computables.

Solo se computarán aquellos servicios por los cuales exista aportación con paga efectiva, no siendo de aplicación a estos efectos los restantes modos de extinción de las obligaciones.

Artículo 47.- Son computables los servicios prestados por los afiliados a partir de los dieciocho años de edad. Los prestados antes de los dieciocho y desde los quince años de edad solo serán computados cuando la actividad esté habilitada legalmente para ejercerse a tal edad, siempre que se hubieren registrado contemporáneamente ante el organismo correspondiente.

En el caso de los dependientes, el amparo no será afectado por eventuales infracciones del empleador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50.

Artículo 48.- El período de tiempo en que el afiliado activo estuviere suspendido en el ejercicio de sus funciones, será computable toda vez que fuere absuelto de culpa y pena por la Justicia o se acordare sobreseimiento de la causa.

Artículo 49.- La prueba de los servicios se efectuará mediante registros y documentos notariales, documentación laboral fehaciente y demás medios probatorios admitidos por el ordenamiento jurídico.

El Directorio reglamentará el procedimiento probatorio pudiendo recabar de oficio las probanzas que estime pertinentes.

En caso de proceder la declaración de testigos fuera del departamento de Montevideo, la Caja podrá solicitar por exhorto a los Juzgados competentes que practiquen su diligenciamiento.

Artículo 50.- Los servicios de los afiliados a la Caja Notarial de Seguridad Social prestados con anterioridad a la implementación de la historia laboral (lº de marzo de 1942), se reconocerán cuando sean acreditados mediante prueba documental tanto en los años de actividad como en el monto computable y en el caso de los trabajadores no dependientes, las aportaciones correspondientes.

Los servicios prestados con anterioridad a la vigencia de la presente ley podrán denunciarse dentro del plazo de dos años contados a partir de su entrada en vigor.

No obstante, en el caso de servicios de empleados, estos podrán denunciarse dentro del plazo de dos años contados a partir del cese de la relación laboral de que se trate.

Vencidos tales plazos, no se admitirá denuncia alguna.

Las aportaciones a que se refiere el presente artículo se efectuarán con las actualizaciones que correspondan.

TÍTULO V

DEL SISTEMA PREVISIONAL

CAPÍTULO I

DE LAS PRESTACIONES

Artículo 51.- Las prestaciones por vejez, invalidez y sobrevivencia, a cargo de la Caja Notarial de Seguridad Social, son las jubilaciones, los subsidios por enfermedad y por expensas funerarias, y las pensiones.

CAPÍTULO II

DE LAS JUBILACIONES

Artículo 52.- Según la causal que la determine, la jubilación puede ser:

A) Jubilación común.

B) Jubilación por incapacidad total.

C) Jubilación por edad avanzada.

Artículo 53.- Para configurar causal de jubilación común, se exigirán los siguientes requisitos:

1) Sesenta años de edad y un mínimo de treinta y cinco años de servicios, o

2) sesenta años de edad y un mínimo de treinta años de servicios, computándose a estos efectos exclusivamente los prestados en actividades amparadas por la Caja Notarial de Seguridad Social. En caso de que no se reúna el mínimo referido de tales servicios, se exigirá el previsto en el numeral anterior.

Las causales se configurarán aun cuando los mínimos de edad requeridos se alcancen con posterioridad a la fecha del cese en la actividad.

Artículo 54.- Tienen derecho a jubilación por incapacidad los afiliados que se incapaciten en forma absoluta y permanente, para todo trabajo o para el empleo o profesión habitual, siempre que la incapacidad sobrevenga en actividad o en períodos de inactividad compensada.

Cuando aquella sobrevenga después del cese en las situaciones previstas precedentemente, se tendrá derecho siempre que se hayan computado diez años de servicios amparados por la Caja como mínimo y no se fuere beneficiario de otra jubilación o retiro.

El grado de severidad de la incapacitación que dé mérito a la concesión de esta jubilación se establecerá atendiendo a la naturaleza de la actividad de que se trate, a los baremos aprobados para los afiliados al Banco de Previsión Social y al porcentaje de invalidez fijado por el Poder Ejecutivo para la incapacidad absoluta para todo trabajo.

Artículo 55.- Cuando se determine la existencia de una incapacidad absoluta y permanente se establecerá si el afiliado debe someterse a exámenes médicos periódicos practicados por los servicios que el Directorio indique.

El beneficiario deberá necesariamente presentarse a dichos exámenes y la ausencia injustificada a los mismos, aparejará la inmediata suspensión de la prestación.

Esta dejará también de servirse, si al practicarse los exámenes periódicos dispuestos se constatare el cese de la incapacidad, salvo que el beneficiario contara con la edad mínima para configurar causal común.

Artículo 56.- La causal de jubilación por edad avanzada se configura al cumplir setenta años, siempre que no se cuente con causal de jubilación común y se acrediten quince años de servicios reconocidos, se encuentre o no en actividad a la fecha de configuración de tal causal.

La jubilación por edad avanzada es incompatible con cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo la prestación que provenga del régimen general de jubilación por ahorro individual.

CAPÍTULO III

DEL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD

Artículo 57.- Los afiliados en actividad que se enfermaren o incapacitaren temporariamente y en forma severa para el trabajo, mientras persistan dichas causales, percibirán mensualmente un subsidio equivalente al 70% (setenta por ciento) del promedio mensual actualizado de las asignaciones computables del último trienio. Dicha actualización se hará hasta el mes inmediato anterior al comienzo de la incapacitación, de acuerdo al Indice General de los Precios del Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

El subsidio mensual no podrá ser superior al 70% (setenta por ciento) del sueldo básico jubilatorio máximo previsto por esta ley, es incompatible con el ejercicio profesional, con el goce de subsidio por maternidad y toda remuneración a cargo del empleador, y se servirá por un plazo que no excederá de tres años.

No se tendrá derecho a este beneficio cuando se trate de enfermedades crónicas cuyo origen sea anterior a la afiliación a la Caja o que incapacitaren por un período inferior a treinta días.

El derecho a este beneficio se configurará una vez transcurridos tres años contados a partir de la registración de la afiliación.

Facúltase al Directorio de la Caja Notarial de Seguridad Social, atendiendo a la naturaleza de la actividad de que se trate y a los baremos aprobados para los afiliados al Banco de Previsión Social y pautas médicas generalmente aceptadas, para que establezca el grado de severidad de la incapacitación que dé mérito a la concesión de este subsidio.

Si el subsidio por enfermedad se solicita dentro del plazo de sesenta días del acaecimiento de la incapacidad, se devengará desde la iniciación de la misma. Si se presentare fuera del mencionado plazo, se devengará desde la fecha de la solicitud.

CAPÍTULO IV

DE LAS PENSIONES

Artículo 58.- Los afiliados activos, cualquiera sea el tiempo de servicios acreditados y los afiliados que se encuentren en goce de pasividad o hubieren perdido tal derecho según el artículo 75 de esta ley, causan pensión ante el acaecimiento de los siguientes hechos:

A) La muerte o declaración judicial de ausencia, sin perjuicio de que los presuntos causahabientes puedan solicitar la liquidación provisoria de la pensión desde que esté configurada la presunción judicial de ausencia;

B) La desaparición en un siniestro o hecho conocido de manera pública y notoria que haga presumir la muerte, previa información sumaria.

La pensión caducará, pudiéndose ordenar la devolución de lo pagado a juicio del órgano competente, desde el momento en que el causante apareciere con vida o no se obtuviera la declaración de ausencia dentro de los dos años siguientes a la fecha en que esta pudo solicitarse.

Artículo 59.- También causará pensión el afiliado desocupado que:

A) Fallezca durante el período de amparo al régimen de prestaciones por desempleo, en caso de que estas existan, o dentro de los doce meses inmediatos siguientes al cese de dicha prestación o al de la actividad, cuando no tuviere derecho a aquel.

B) Fallezca después del cese en la actividad y no se encuentre comprendido en las situaciones previstas en el literal anterior, siempre que compute como mínimo diez años de servicios amparados por la Caja y sus causahabientes no fueren beneficiarios de pensión generada por el mismo causante.

Artículo 60.- Siempre que al momento de configuración de la causal no se hallaren en situación de desheredación o indignidad para suceder, tienen derecho a pensión las siguientes personas:

A) Las personas viudas.

B) Los hijos solteros mayores de dieciocho años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo y los hijos solteros menores de veintiún años de edad excepto cuando se trate de mayores de dieciocho años de edad que dispongan de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

C) Los padres absolutamente incapacitados para todo trabajo.

D) Las personas divorciadas.

El derecho a pensión de los hijos se configurará en el caso de que su padre o madre no tengan derecho a pensión, o cuando estos, en el goce del beneficio, fallezcan o pierdan el derecho por cualquiera de los impedimentos establecidos legalmente.

Artículo 61.- El derecho de los beneficiarios quedará sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones:

A) Las personas divorciadas, siempre que no fueran declaradas culpables y acrediten además que, a la fecha de configurada la causal, eran beneficiarias de pensión alimenticia decretada u homologada judicialmente y servida por el causante.

B) Los hijos solteros mayores de veintiún años y los padres, absolutamente incapacitados para todo trabajo, siempre que acrediten además, que carecen de medios de vida que les permitan subvenir a su sustento, el que debió estar a cargo del causante en forma total o principal.

C) Los hijos adoptivos o los padres adoptantes, en todo caso, siempre que prueben, además de lo que se establece en el literal anterior, que han integrado de hecho un hogar común con el causante y convivido en su morada constituyendo con el mismo una unidad moral y económica similar a la de la familia, y que esta situación fuese notoria y preexistente, por lo menos en cinco años a la fecha de configurarse la causal, aun cuando el cumplimiento de las formalidades legales de adopción fuese más reciente. Cuando la causal pensionaria se opere antes de que el adoptado haya cumplido los diez años de edad, se exigirá como mínimo que haya convivido con el causante la mitad de su edad a dicha fecha.

  Esta pensión es incompatible con la causada por vínculo de consanguinidad, pudiendo optar el interesado por una u otra.

Artículo 62.- Tratándose de personas viudas que tengan cuarenta o más años de edad a la fecha de fallecimiento del causante, o que cumplan esa edad gozando del beneficio de la pensión, la misma se servirá durante toda su vida.

Las personas divorciadas que cumplan con los requisitos establecidos en este artículo, gozarán igualmente de la pensión durante toda su vida, salvo que se configuren respecto de las mismas las causales de pérdida de la prestación que se establecen en el artículo 69.

En el caso de que las personas viudas o divorciadas tengan entre treinta y treinta y nueve años de edad a la fecha del fallecimiento del causante, la pensión se servirá por el término de cinco años y por el término de dos años, cuando los mencionados beneficiarios sean menores de treinta años de edad a dicha fecha.

Los límites de prestación de la pensión a que hace referencia el inciso anterior no regirán en los casos que:

A) El beneficiario estuviese total y absolutamente incapacitado para todo trabajo.

B) Integren el núcleo familiar del beneficiario hijos solteros menores de veintiún años de edad, en cuyo caso la pensión se servirá hasta que estos alcancen dicha edad una vez cumplidos los términos del inciso tercero, excepto cuando se trate de mayores de dieciocho años de edad que dispongan de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación

C) Integren el núcleo familiar del beneficiario hijos solteros mayores de dieciocho años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo.

CAPÍTULO V

DETERMINACIÓN DEL MONTO Y DEMÁS CONDICIONES DE LAS PRESTACIONES

Artículo 63.- El sueldo básico jubilatorio se calculará obteniendo el promedio mensual resultante de la actualización de las asignaciones computables, mensuales o anuales, considerándose:

a) en el caso de afiliados escribanos, los treinta años de mejores asignaciones computables actualizadas, por servicios registrados en su historia laboral, en la forma que reglamente el Directorio;

b) en el caso de afiliados empleados, los diez últimos años de servicios registrados en la historia laboral, limitado al promedio mensual de los veinte años de mejores asignaciones computables actualizadas, por servicios registrados en la historia laboral, incrementado en un 5% (cinco por ciento). Si fuera más favorable para el afiliado, el sueldo básico jubilatorio será el promedio de los veinte años de mejores asignaciones computables actualizadas, por servicios registrados en la historia laboral;

c) en el caso de aquellos con doble afiliación (como escribano y como empleado), que configuren causales jubilatorias por sendas actividades independientemente, el sueldo básico jubilatorio será el resultado de sumar los sueldos básicos previstos por los literales a) y b).

Tratándose de jubilación por incapacidad o de jubilación por edad avanzada, si el tiempo de servicios computado no alcanza al período o períodos de cálculo indicados en los incisos anteriores de este artículo, se tomará el promedio actualizado correspondiente al período o períodos efectivamente registrados.

La actualización se hará hasta el mes inmediato anterior al inicio del servicio de la pasividad, de acuerdo al Indice General de los Precios del Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

Artículo 64.- La asignación de jubilación será:

A) Para la jubilación común, el resultado de aplicar sobre el sueldo básico jubilatorio respectivo, los porcentajes que se establecen a continuación:

1) El 50% (cincuenta por ciento) cuando se reúnan los requisitos mínimos para la configuración de la causal.

2) Se adicionará 0,5% (un medio por ciento) del sueldo básico jubilatorio por cada año que exceda de treinta o de treinta y cinco años de servicios, según el caso (artículo 53), al momento de configurarse la causal, con un tope del 2,5% (dos y medio por ciento).

3) A partir de los sesenta años de edad, por cada año de edad que se difiera el retiro, después de haberse configurado la causal y hasta los setenta años de edad, se adicionará un 3% (tres por ciento) del sueldo básico jubilatorio por año con un máximo de 30% (treinta por ciento). Si no se hubiera configurado causal, por cada año de edad que supere los sesenta se adicionará un 2% (dos por ciento) hasta llegar a los setenta años de edad, o hasta la configuración de la causal si esta fuera anterior.

  Los porcentajes adicionales establecidos en este numeral en ningún caso se acumularán para un mismo período.

B) Para la jubilación por incapacidad, el 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo básico jubilatorio.

C) Para la jubilación por edad avanzada, el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo básico jubilatorio al configurarse la causal, más el 1% (uno por ciento) del mismo, por cada año que exceda los quince años de servicios, con un máximo del 14% (catorce por ciento).

Artículo 65.- El sueldo básico de pensión será equivalente a la jubilación que le hubiere correspondido al causante a la fecha de configuración de la causal pensionaria, con un mínimo equivalente a la asignación de la jubilación por incapacidad.

Si el causante estuviere ya jubilado el sueldo básico de pensión será la última asignación de pasividad, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 67.

Artículo 66.- La asignación de pensión será:

A) Si se trata de personas viudas o divorciadas, el 75% (setenta y cinco por ciento) del sueldo básico de pensión cuando exista núcleo familiar, o concurrencia con hijos no integrantes del mismo o padres del causante. En ningún caso la asignación a las personas divorciadas podrá exceder el monto de la pensión alimenticia servida por el causante.

B) Si se trata exclusivamente de la viuda o viudo o hijos del causante, el 66% (sesenta y seis por ciento) del sueldo básico de pensión.

C) Si se trata de hijos en concurrencia con los padres del causante, el 66% (sesenta y seis por ciento) del sueldo básico de pensión.

D) Si se trata exclusivamente de las divorciadas o los divorciados, o padres del causante, el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo básico de pensión.

E) Si se trata de la viuda o viudo en concurrencia con la divorciada o divorciado, sin núcleo familiar, el 66% (sesenta y seis por ciento) del sueldo básico de pensión. Si solo una de las categorías tuviere núcleo familiar, el 9% (nueve por ciento) de diferencia se asignará a esa parte.

Artículo 67.- Ningún sueldo básico podrá superar la suma de $ 25.000 (pesos uruguayos veinticinco mil), no rigiendo para todas las asignaciones resultantes otro tope que no sea el derivado de la aplicación del presente, excepto el sueldo básico previsto por el literal c) del artículo 63, que podrá exceder este tope hasta en un 30% (treinta por ciento).

Artículo 68.- En caso de concurrencia de beneficiarios, la distribución de la asignación de pensión se efectuará conforme a las siguientes normas:

A) A la viuda o viudo, divorciada o divorciado, con núcleo familiar, en concurrencia con otros beneficiarios, les corresponderá el 70% (setenta por ciento) de la asignación de pensión.

  Cuando concurran con núcleo familiar la viuda o viudo y divorciada o divorciado, la distribución de dicho porcentaje se hará por partes iguales a cada categoría. En el caso de que una sola de las categorías integre núcleo familiar, su cuota parte será superior en un 14% (catorce por ciento) a la del resto de los beneficiarios.

  El remanente de la asignación de pensión se distribuirá en partes iguales entre los restantes copartícipes de pensión.

B) A la viuda o viudo, divorciada o divorciado, sin núcleo familiar, en concurrencia con otros beneficiarios, le corresponderá el 60% (sesenta por ciento) de la asignación de pensión.

  Cuando concurran la viuda o viudo y divorciada o divorciado, la distribución de dicho porcentaje se hará por partes iguales a cada categoría.

  El remanente se distribuirá en partes iguales entre los restantes copartícipes de pensión.

C) En los demás casos, la asignación de pensión se distribuirá en partes iguales.

En caso de las divorciadas o divorciados en concurrencia con otros beneficiarios, el remanente que pudiera surgir de la aplicación del literal A) del artículo 66 de la presente ley, se distribuirá en la proporción que corresponda a los restantes beneficiarios.

Artículo 69.- El derecho a pensión se pierde:

A) Por contraer matrimonio las personas divorciadas.

B) Por alcanzar los hijos los veintiún años de edad, salvo que acrediten hallarse absolutamente incapacitados para todo trabajo y carecer de medios para subvenir a su sustento el que debió estar a cargo del causante en forma total o principal.

C) Por recuperar la capacidad antes de los cuarenta y cinco años de edad, cuando la incapacidad fuere requisito del beneficio pensionario.

Artículo 70.- Cuando un beneficiario falleciere o perdiere su derecho a percibir la pensión, se procederá a reliquidar la asignación de pensión si correspondiera, así como a su distribución, de acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores.

Artículo 71.- A los efectos de lo dispuesto en los artículos anteriores, se considera núcleo familiar la sola existencia de hijos solteros del causante, menores de veintiún años de edad o mayores de veintiún años absolutamente incapacitados para todo trabajo.

Artículo 72.- A los efectos de esta ley las referencias a padres e hijos comprenden a ambos sexos y a las calidades legales de legítimos, naturales, adoptantes y adoptivos.

Artículo 73.- Los haberes de jubilación se devengarán a partir del cese de actividad o configuración de la causal si fuere posterior a aquel, y los de pensión desde la configuración de la causal.

No obstante, si la solicitud no se hubiere formulado dentro de los ciento ochenta días de producido el hecho determinante, los haberes se devengarán a partir de la fecha de presentación de aquella.

Artículo 74.- Para recibir la asignación de jubilación o pensión se requiere que haya existido cotización efectiva o ponerse al día únicamente a través de los medios previstos por los artículos 29 a 37 del Código Tributario o por el mecanismo aludido en el literal L) del artículo 12 de esta ley, con las contribuciones establecidas a favor de la Caja, por los servicios que la generaron, así como el cumplimiento regular de las obligaciones para con el Instituto.

Artículo 75.- El otorgamiento de la jubilación notarial significa el cese del escribano en el ejercicio de sus funciones notariales, sin que le sea permitido continuar en las mismas.

Si infringiere esta prohibición, se le sancionará con la pérdida de hasta el 75% (setenta y cinco por ciento) de la pasividad, durante el período que el Directorio estime conveniente, con un máximo de un año.

La reiteración de la infracción será penada con la pérdida de la pasividad por hasta un máximo de diez años.

El Directorio reglamentará la adjudicación de cierta parte de la retención efectuada, al cónyuge y/o parientes del jubilado que estuvieren a su cargo y carecieren de ingresos.

Si el sancionado optare por el reingreso a la actividad, la sanción aplicada se suspenderá, retomando fuerza y vigor cuando el escribano se acogiera nuevamente a los beneficios jubilatorios.

Artículo 76.- El jubilado podrá renunciar al goce de su pasividad, volviendo al ejercicio de sus funciones.

Si hiciere uso de este derecho, no podrá acogerse de nuevo a la pasividad hasta transcurridos dos años desde la fecha de la renuncia.

CAPÍTULO VI

DEL SUBSIDIO PARA EXPENSAS FUNERARIAS

Artículo 77.- Quien acredite haberse hecho cargo de los gastos del sepelio de un afiliado, tendrá derecho a un subsidio por el importe de los gastos efectivamente realizados, hasta un máximo de $ 4.600 (cuatro mil seiscientos pesos uruguayos). La Caja podrá sustituir dicho subsidio por la prestación directa o por contrato de los servicios funerarios.

Este beneficio es incompatible con la percepción de cualquier otro subsidio para expensas funerarias de otro organismo de seguridad social y deberá ser solicitado dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la fecha de fallecimiento de quien lo causa, vencido el cual caducará.

TÍTULO VI

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 78.- Podrán optar entre quedar comprendidos en el régimen previsional que se deroga o en las disposiciones de la presente ley, los afiliados que, sin ser jubilados, hubiesen configurado causal de jubilación por el régimen legal que se sustituye antes de la vigencia de esta ley, o la configuraren antes del 1º de enero del 2002.

Artículo 79.- Para configurar la causal de jubilación común se requiere, además de los años de servicios, el cumplimiento de una edad mínima, de acuerdo al siguiente detalle:

I) Para el hombre, el cumplimiento de sesenta años de edad.

II) Para la mujer, el cumplimiento de una edad mínima de:

- Cincuenta y seis años a partir del 1º de enero de 2002.

- Cincuenta y siete años a partir del 1º de enero de 2003.

- Cincuenta y ocho años a partir del 1º de enero de 2005.

- Cincuenta y nueve años a partir del 1º de enero de 2006.

- A partir del 1º de enero de 2007 la edad mínima de jubilación de la mujer por la causal común, será de sesenta años.

Artículo 80.- Para configurar causal de jubilación por edad avanzada se requiere:

I) Un mínimo de:

- Once años de servicios, a partir del 1º de enero de 2002.

- Doce años de servicios, a partir del 1º de enero de 2003.

- Trece años de servicios, a partir del 1º de enero de 2005.

- Catorce años de servicios, a partir del 1º de enero de 2006.

- A partir del 1º de enero de 2007 se requerirá un mínimo de quince años de servicios.

II) El cumplimiento de una edad mínima de:

a) Para el hombre, setenta años de edad;

b) para la mujer:

- Sesenta y seis años a partir del 1º de enero de 2002

- Sesenta y siete años a partir del 1º de enero de 2003.

- Sesenta y ocho años a partir del 1º de enero de 2005.

- Sesenta y nueve años a partir del 1º de enero de 2006.

- A partir del 1º de enero de 2007 se requerirá para la mujer, un mínimo de setenta años de edad para configurar la causal por edad avanzada.

Artículo 81.- Cuando por aplicación de lo dispuesto por el artículo 64, la tasa de reemplazo aplicable resultare inferior al 60% (sesenta por ciento), la misma se elevará hasta dicho porcentaje a partir de la vigencia de esta ley, reduciéndose de acuerdo al siguiente detalle:

- Al 58% (cincuenta y ocho por ciento) a partir del 1º de enero de 2002.

- Al 56% (cincuenta y seis por ciento) a partir del 1º de enero de 2003.

- Al 54% (cincuenta y cuatro por ciento) a partir del 1º de enero de 2005.

- Al 52% (cincuenta y dos por ciento) a partir del 1º de enero de 2006.

- A partir del 1º de enero de 2007, la tasa de reemplazo será la prevista en el artículo 64.

TÍTULO VII

DE LA MATERIA GRAVADA Y DE LAS ASIGNACIONES COMPUTABLES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 82.- Todas las asignaciones computables a los efectos de las prestaciones, constituyen materia gravada por las contribuciones establecidas en favor de la Caja.

En caso de que una determinada asignación o partida resulte, según el período gravada o no y modifique tal naturaleza, la misma será computable solo por los períodos y montos en los que haya constituido materia gravada.

Artículo 83.- Son asignaciones computables los honorarios nominales que correspondan a los efectos de la aportación conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de esta ley, los honorarios fictos correspondientes a complementos por aportes mínimos, los subsidios y los sueldos o salarios, reales o fictos.

TÍTULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 84.- Las asignaciones de jubilación, pensión o subsidio son inalienables e inembargables, y toda venta o cesión que se hiciere de ellas, cualquiera fuere su causa, será nula, salvo los casos de excepción establecidos legalmente.

No obstante, a los efectos previstos en el artículo 74, podrán destinarse asignaciones jubilatorias o pensionarias, devengadas o futuras, a la cancelación de las contribuciones establecidas en favor de la Caja.

Artículo 85.- Cuando los beneficiarios no cumplieran con las obligaciones a su cargo o con los deberes formales que les sean impuestos, podrán ser suspendidos en el goce de las prestaciones hasta tanto regularicen su situación.

Artículo 86.- Es incompatible el goce de jubilación acordada por el Instituto, con el ejercicio de actividades amparadas por el mismo.

Todo jubilado en cuya pasividad se hayan computado servicios amparados por otros organismos de seguridad social, no podrá trabajar en actividades de la misma inclusión que las acumuladas, salvo que refieran al ejercicio de cargos docentes,

Artículo 87.- Se podrá efectuar acumulación de servicios para configurar causal de jubilación, retiro o pensión ante cualquier organismo de seguridad social, los que no podrán ser utilizados para otra pasividad.

Para que la acumulación proceda, se requiere:

a) Que el titular haya cesado en todas las actividades que integren la acumulación.

b) Que en ninguno de los organismos que amparan los servicios objeto de la acumulación, se haya configurado la causal de que se trate en forma independiente.

c) La aptitud para configurar la causal, considerando la edad del beneficiario y la totalidad del tiempo de los servicios que se pretenden acumular, en cada organismo de amparo de actividad, a cuyos efectos los de carácter simultáneo se considerarán como un único período computable.

d) La inclusión de la totalidad de los servicios computados por las actividades que se desean acumular.

En el caso de los servicios bonificados, la bonificación solamente se considerará con relación al período de servicios, para la configuración de causal y determinación de la tasa de reemplazo. No obstante, respecto de la entidad que amparó dicha bonificación, esta se considerará a todos los efectos.

A los efectos de determinar la pasividad, cada organismo calculará la cuota parte de la pasividad que le corresponda y que abonará al que deba servirla.

Para efectuar dicho cálculo cada entidad determinará el monto de la asignación ficta de pasividad que le hubiere correspondido servir, como si todos los años de servicios acumulados se hubieran prestado bajo su amparo, aplicando su propio régimen de cálculo de sueldos básicos, tasas de reemplazo y máximos de asignaciones de pasividad.

La actualización de las asignaciones computables se realizará hasta el mes anterior al del inicio del servicio de pasividad.

No obstante, para el cálculo del sueldo básico no se considerarán las asignaciones computables correspondientes a servicios totales inferiores a un año, en cuyo caso no devengará derecho a prestación en el organismo de amparo de esta actividad.

Obtenido el monto de su respectiva asignación ficta, cada organismo calculará su cuota parte prorrateándola de acuerdo al tiempo de servicios que amparó.

La pasividad resultante se regirá y servirá por el organismo cuya cuota parte fuera mayor, equivaldrá a la suma de todas las cuotas de todos los organismos involucrados y no podrá superar la asignación ficta que le hubiere correspondido en el organismo que deba abonar la prestación. A estos efectos, la totalidad de las cuotas partes se reducirá proporcionalmente a su respectiva contribución, si correspondiere.

Los restantes organismos abonarán al contado, al organismo que deba servir la prestación, el valor actual total de las cuotas partes que les hubiera correspondido servir durante toda la vida del beneficiario y por los derechos pensionarios que este pudiera causar, estimado en base a cálculos actuariales que se realicen considerando las tablas de mortalidad y las tasas de interés actuarial fijadas por el Banco Central del Uruguay para las prestaciones del régimen de ahorro voluntario previsto por la Ley Nº 16.713.

El goce del beneficio está condicionado a que la totalidad de los organismos hayan efectuado la correspondiente versión de su cuota parte.

A partir de la vigencia de la presente ley no se aceptarán traspasos de servicios, régimen que se sustituye por el establecido en este artículo.

El presente artículo será reglamentado por el Poder Ejecutivo dentro del plazo de ciento ochenta días a partir de la vigencia de la presente ley.

Artículo 88.- La Caja podrá contratar o prestar directamente los servicios tendientes a la cobertura de contingencias relativas a la salud de sus afiliados.

De acuerdo a las posibilidades económicas del "Fondo Sistema Notarial de Salud", el Directorio podrá disponer la participación de los beneficiarios en los costos de los servicios referidos, así como reglamentar la extensión de dichos beneficios a familiares de sus afiliados y a los escribanos no afiliados, mediante el pago de cuotas que no podrán superar el costo respectivo, siendo facultativa la adscripción de estos beneficiarios.

Artículo 89.- La Caja Notarial de Seguridad Social podrá actuar como agente recaudador de ahorros voluntarios de sus afiliados destinados a fondos de ahorros previsionales radicados en el país. En estos casos la Caja podrá percibir una comisión por recaudación y convenir con empleadores de sus afiliados la forma de retención de esos ahorros voluntarios en forma similar a la establecida en la Ley Nº 15.890, de 27 de agosto de 1987, modificativas y concordantes.

La comisión estará exonerada del impuesto al valor agregado del Título 10 del Texto Ordenado de 1996 y del impuesto a las comisiones regulado en el Título 17 del Texto Ordenado de 1996.

Artículo 90.- La Caja podrá retener hasta el 35% (treinta y cinco por ciento) de los sueldos y pasividades que abona a los afiliados indicados en los literales E) y F) del artículo 43 de esta ley, con destino al pago de cuotas de préstamos que aquellos hubieren celebrado con el Instituto.

Artículo 91.- Las referencias monetarias mencionadas en la presente ley, están expresadas en valores correspondientes al mes de mayo de 1995 y se ajustarán por la variación en el Indice General de los Precios del Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, en las oportunidades establecidas en el artículo 67 de la Constitución de la República.

Artículo 92.- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, quienes estén afiliados a la Caja como empleados de escribanía de sus cónyuges, pasarán a integrar la categoría "cónyuge colaborador" definida por el literal C) del artículo 43.

Salvo previsión a texto expreso, las disposiciones referentes a afiliados empleados serán aplicables, en lo pertinente, a la categoría de afiliados "cónyuge colaborador".

Artículo 93.- El sistema pensionario previsto por la presente ley regirá para las pensiones cuya causal se configure con posterioridad a su vigencia.

Artículo 94.- El personal de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones actualmente afiliado, conservará su afiliación en la Caja Notarial de Seguridad Social mientras subsista la relación laboral con la misma.

Artículo 95.- El actual Directorio de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones ejercerá el gobierno y administración del Instituto hasta tanto expire el período de su mandato, no rigiendo al respecto las causales de cesantía creadas por esta ley.

Artículo 96.- El Directorio de la Caja Notarial de Seguridad Social propenderá a la reducción de la tasa de aportación establecida en el artículo 30 de la presente ley cuando se den las circunstancias previstas en dicha disposición.

Artículo 97.- Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Montevideo, 5 de setiembre de 2001.

GUILLERMO STIRLING, DIDIER OPERTTI, ALBERTO BENSIÓN, LUIS BREZZO, JOSÉ CARLOS CARDOSO, LUCIO CÁCERES, MARIO CURBELO, ÁLVARO ALONSO, LUIS FRASCHINI, GONZALO GONZÁLEZ, JUAN BORDABERRY, CARLOS CAT, JAIME MARIO TROBO.

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

TÍTULO I

DE LA CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1º.- Denomínase Caja Notarial de Seguridad Social a la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones creada por la Ley Nº 10.062, de 15 de octubre de 1941, la que se regirá por las disposiciones de la presente ley y demás normas aplicables.

Artículo 2º.- La Caja Notarial de Seguridad Social es persona jurídica de derecho público no estatal y tiene su domicilio legal en la ciudad de Montevideo.

Artículo 3º.- La representación de la misma, tanto en juicio como fuera de él, corresponderá al Presidente y Secretario del Directorio actuando conjuntamente, quienes, en cumplimiento de lo previsto por el literal D) del artículo 12 de la presente ley, podrán otorgar mandatos para la representación del Instituto.

Artículo 4º.- Los bienes de la Caja serán inembargables, excepto para responder por las obligaciones que establece esta ley.

Artículo 5º.- La Caja está exonerada de toda clase de impuestos nacionales y tributos departamentales por las actuaciones y operaciones que realice, así como por sus bienes.

Artículo 6º.- El Estado no asume responsabilidad pecuniaria alguna vinculada a la subsistencia de la Caja o a la financiación de sus obligaciones, incluyéndose en estas el pago de las prestaciones que deba servir, y solo se limitará al cumplimiento de esta ley, en lo que le sea pertinente.

TÍTULO II

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION

CAPÍTULO I

DEL DIRECTORIO

Artículo 7º.- La Caja estará dirigida por un Directorio honorario compuesto de siete miembros, que se integrará de la siguiente manera:

- Un miembro afiliado escribano designado por el Poder Ejecutivo.

- Un miembro escribano integrante del Poder Judicial, designado por la Suprema Corte de Justicia.

- Un miembro afiliado jubilado, electo por los jubilados.

- Un miembro afiliado empleado en actividad, electo por los afiliados a que aluden los literales B), C), D) y E) del artículo 43 de la presente ley.

- Tres miembros afiliados escribanos en actividad, electos por los escribanos activos.

Artículo 8º.- La fecha de la elección de miembros del Directorio será fijada por el Poder Ejecutivo.

En caso de vacancia de algún cargo electivo de miembro del Directorio por agotamiento de la lista de suplentes, o cuando alguno de los órdenes electores no haya presentado listas, el Directorio solicitará al Poder Ejecutivo la convocatoria a una elección complementaria.

La Corte Electoral reglamentará las elecciones y tendrá a su cargo la recepción de votos, escrutinio, juzgamiento de la elección y proclamación de los candidatos electos.

Artículo 9º.- Las listas de candidatos por cada orden de electores deberán contener triple número de suplentes en orden respectivo, e igual número contendrán las designaciones que realicen los Poderes Públicos.

Artículo 10.- La Presidencia y Vicepresidencia del Directorio serán ejercidas siempre por escribanos. La Presidencia corresponderá al primer titular de la lista de escribanos activos más votada.

Asimismo, por mayoría absoluta de votos y cada dos años, el Directorio designará de su seno al Vicepresidente, Secretario, Prosecretario y Tesorero.

En caso de licencia o vacancia temporal, el Vicepresidente y el Prosecretario ejercerán la Presidencia y la Secretaría respectivamente.

Artículo 11.- Los miembros del Directorio durarán cuatro años en sus funciones pudiendo ser reelegidos; en forma consecutiva podrán serlo por una sola vez. Los electos mediante elección complementaria cesarán conjuntamente con los restantes integrantes del Cuerpo.

En todo caso, si durante el mandato se modificara la calidad requerida para integrar el Directorio respecto de cualesquiera de sus miembros de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7º de la presente ley, estos cesarán automáticamente en su cargo, convocándose al suplente respectivo.

Artículo 12.- Compete al Directorio:

A) Sancionar su reglamento general y demás reglamentaciones que considere necesarias.

B) Proponer las reformas a la presente ley que la experiencia aconseje como necesarias o convenientes.

C) Conceder o negar todo beneficio o prestación que pueda acordar el Instituto.

D) Realizar los actos, gestiones y diligencias, de administración o de dominio, necesarios para el funcionamiento regular del Instituto y conferir apoderamientos especiales.

E) Designar, sancionar y destituir al personal del Instituto, pudiendo delegar la potestad sancionatoria en la máxima jerarquía administrativa salvo en los casos de destitución.

F) Determinar la época y forma de exhibición de los registros notariales y de las cotizaciones que los afiliados deban realizar, así como los deberes formales que estos deban cumplir.

G) Sancionar a los afiliados que incumplan la presente ley o las reglamentaciones correspondientes.

H) Fijar los sueldos fictos mínimos de los empleados de escribanía y cónyuges colaboradores, aportes complementarios mínimos, y los montos mínimos y máximos de las prestaciones no fijados legalmente.

I) Extender, con el voto conforme del representante del Poder Ejecutivo, la concesión de prestaciones de seguridad social para la cobertura de otras contingencias no previstas en esta ley y cubiertas por el régimen general, previo estudio técnico de que no se afectará el cumplimiento de las consagradas legalmente así como de las posibilidades financieras que garanticen su viabilidad.

J) Fijar los ajustes previstos por el artículo 67 de la Constitución de la República, pudiendo establecer un índice diferente así como índices diferenciales, al igual que adelantos a cuenta de dichos ajustes y asignaciones previsionales extraordinarias con carácter general, en forma racionalmente proporcionada a las posibilidades económicas del Instituto, procurando satisfacer las necesidades reales del beneficiario.

El establecimiento de un índice diferente o índices diferenciales, de adelantos a cuenta de los ajustes y de asignaciones extraordinarias, solo se podrán determinar y otorgar, cada vez, previo estudio técnico de que no se afectará el cumplimiento de las prestaciones consagradas legalmente así como de las posibilidades financieras que garanticen su viabilidad.

El porcentaje resultante de la aplicación de índices diferentes o diferenciales no podrá superar, en cada caso, en un 30% (treinta por ciento) al mínimo que corresponda por el procedimiento establecido en la disposición constitucional referida.

Asimismo, el importe anual en que se aumenten las prestaciones por aplicación de estos índices, no podrá exceder el 10% (diez por ciento) del incremento del fondo de invalidez, vejez y sobrevivencia producido en el ejercicio civil anterior, expresado en moneda de valor constante.

K) Celebrar convenios en materia de seguridad social con otros organismos nacionales o extranjeros.

L) Establecer regímenes de cancelación de adeudos generados por aportes, que aseguren convenientemente los servicios de amortización e interés y la actualización del monto adeudado.

LL) Delegar las atribuciones que entendiere pertinentes.

Las resoluciones relativas a los casos previstos por los literales G) y J) requerirán cinco votos conformes y las referentes a los literales H), I), L) y LL), seis votos conformes. Las atribuciones referidas a los literales indicados en este inciso son indelegables.

Artículo 13.- El Directorio solo podrá sesionar válidamente con la asistencia mínima de cinco miembros y sus resoluciones se adoptarán por simple mayoría, salvo disposición en contrario.

Artículo 14.- Las resoluciones del Directorio serán notificadas personalmente al interesado en las oficinas de la Caja o en el domicilio constituido o conocido.

También podrá practicarse la notificación citándose al interesado por telegrama colacionado para que concurra a la oficina dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de darlo por notificado. En el telegrama deberá individualizarse el expediente y citarse la presente disposición; su costo deberá ser reintegrado por el interesado dentro del mismo plazo o en el acto de notificarse.

Si el interesado no tuviere domicilio conocido en el país se le citará mediante tres publicaciones en el Diario Oficial para que concurra a notificarse en la oficina dentro del plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de la última publicación, bajo apercibimiento de darlo por notificado.

En las publicaciones deberá individualizarse el expediente y citarse la presente disposición; su costo deberá ser reintegrado por el interesado dentro del mismo plazo o en el acto de notificarse.

Artículo 15.- La falta de asistencia a cinco sesiones consecutivas o diez alternadas durante el año civil, sin licencia concedida o causa justificada a juicio del Directorio por cinco votos conformes, producirá el cese del miembro electo omiso y se convocará al suplente respectivo.

Si se tratare de los miembros designados por los Poderes Públicos, se convocará al suplente respectivo dando cuenta a aquellos de la omisión de sus respectivos representantes, estándose a lo que estos Poderes resuelvan en definitiva, a cuyos efectos dispondrán de un plazo de noventa días para expedirse. De no hacerlo en dicho plazo, automáticamente se producirá el cese del miembro omiso. Si el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial deciden remover a su representante, continuará en el desempeño del cargo el suplente respectivo, salvo que designen un nuevo miembro sustituto.

Artículo 16.- Toda resolución violatoria de la Constitución, leyes o reglamentos, importará la responsabilidad personal y solidaria de los miembros del Directorio.

Quedan exentos de esta responsabilidad:

A) Quienes hubieran hecho constar en el acta el voto negativo y su fundamento.

B) Los ausentes de la sesión en que se adoptó la resolución ilegítima, siempre que, en la primera sesión ordinaria posterior, a la que asistan, formulen la constancia prevista en el literal anterior.

En el caso de voto negativo por razones de legitimidad, quedará en suspenso la resolución y dentro de los dos días hábiles siguientes a la sesión en que se aprobó el acta, el Secretario del Directorio, sin necesidad de previa resolución, elevará al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, testimonio del acta respectiva y los antecedentes que existieren. Si dicho Poder no se expidiera dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción del acta, la resolución del Directorio quedará firme y se cumplirá sin más trámite.

CAPÍTULO II

DE LA IMPUGNACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

Artículo 17.- Las resoluciones del Directorio podrán ser impugnadas por razones de mérito o legitimidad mediante recurso de revocación ante el mismo órgano, dentro del plazo de veinte días corridos a contar desde el siguiente al de la notificación.

El recurso solo podrá ser interpuesto por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por la resolución impugnada.

Artículo 18.- Interpuesto el recurso, el Directorio dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver, configurándose denegatoria ficta por el solo vencimiento del plazo.

Artículo 19.- Denegado el recurso, el ocurrente podrá deducir solamente por razones de legitimidad, demanda de anulación contra la resolución impugnada ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil que correspondiere, dentro del término de veinte días corridos siguientes al de la notificación de la denegatoria expresa o al momento en que se verificó la denegatoria ficta.

Artículo 20.- El Tribunal dará traslado de la demanda a la Caja Notarial de Seguridad Social, la que deberá evacuarlo con la remisión de los antecedentes administrativos relativos al caso, siguiéndose el procedimiento estatuido por los artículos 338 a 343 del Código General del Proceso.

El Tribunal, que fallará en única instancia, resolverá anulando total o parcialmente, o confirmando la resolución impugnada.

Artículo 21.- A petición de parte y previa vista por el término de seis días a la Caja Notarial de Seguridad Social, el Tribunal podrá disponer la suspensión transitoria, total o parcial, de la ejecución de la resolución impugnada, siempre que esta fuera susceptible de causar un perjuicio grave, de difícil reparación o irreparable, en caso de dictarse ulteriormente un fallo anulatorio.

Artículo 22.- Mientras transcurren los términos del recurso y la acción anulatoria, el reclamante tendrá derecho a la prestación que se le hubiere otorgado, sin perjuicio de la reliquidación que corresponda según el fallo emitido.

Artículo 23.- Será competente la Justicia del trabajo en todas las reclamaciones que se originen por conflictos individuales emergentes de la relación laboral entre la Caja Notarial de Seguridad Social y sus empleados.

TÍTULO III

DEL PATRIMONIO Y LOS RECURSOS

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 24.- El patrimonio de la Caja se integra con:

A) Los bienes, créditos, derechos y acciones que posee actualmente o adquiera en el futuro.

B) Las contribuciones por Montepío Notarial de afiliados y patronos.

C) Las contribuciones al "Fondo Sistema Notarial de Salud".

D) Las rentas, intereses y beneficios de sus actividades, inversiones y reservas.

E) El producido de sanciones, multas, recargos e intereses que correspondan.

F) Los bienes, recursos y contribuciones que por cualquier título reciba.

Artículo 25.- Los gastos de administración del sistema de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, no podrán insumir más de un 7% (siete por ciento) de las entradas brutas anuales.

Artículo 26.- El Directorio remitirá al Poder Ejecutivo dentro de los noventa días siguientes al cierre de cada ejercicio, una memoria completa e ilustrativa de la situación del Instituto, acompañada de los estados, balances, tasas de rentabilidad de sus inversiones y datos complementarios pertinentes. El Poder Ejecutivo recabará la auditoría externa del Tribunal de Cuentas y remitirá a la Caja el informe que produzca, así como la recomendación de las medidas que crea convenientes, debiendo esta dar cuenta de las resoluciones adoptadas.

Artículo 27.- El Directorio hará practicar cada cinco años o antes de ese plazo si lo cree necesario o a solicitud del Poder Ejecutivo, el estudio de la situación actuarial y financiera de la Caja y lo cursará a este último.

Dicho Poder comunicará a la Caja las consideraciones que le merezca, acompañando los estudios e informes que hubiere recabado y la recomendación de las medidas que crea convenientes, debiendo esta dar cuenta de las resoluciones adoptadas.

Artículo 28.- La Caja, con los saldos de fondos del sistema de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (contribuciones previstas en el literal B) del artículo 24 de la presente ley menos prestaciones y gastos de administración), generados a partir de la vigencia de esta ley, solo podrá realizar las inversiones previstas en el artículo 123 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995 y sus modificativas, con los mismos criterios, calificaciones, límites y condiciones establecidos por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las mismas. Idéntico destino tendrá el producido de las precedentes inversiones. No serán de aplicación los períodos de reducción e incremento del porcentaje de inversiones previstos en los penúltimo y antepenúltimo incisos del referido artículo, correspondiendo aplicar desde el inicio los porcentajes definitivos fijados para la finalización de los mismos.

Asimismo, luego de realizar sus servicios, las inversiones previstas en el inciso anterior y las reservas que la prudencia aconseje, podrá colocar los saldos de fondos en:

A) Adquisición de títulos o valores de cualquier índole emitidos por el Estado o cualesquiera de los organismos que lo integran, incluidos los previstos por el artículo 144 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, y colocaciones bancarias en moneda nacional o extranjera.

B) Adquisición de inmuebles y construcción de edificios o mejoras en los mismos.

C) Préstamos a afiliados y escribanos, para vivienda o con otra finalidad social, siempre que en el primer destino se constituya garantía hipotecaria y en ambos se aseguren convenientemente los servicios de amortización e interés y la actualización del capital mutuado. La Caja Notarial podrá obtener apoyo técnico y financiero de organismos nacionales o extranjeros para la realización de estos planes.

D) Realización de otras inversiones, ya sea en forma autónoma o mediante todo tipo de figuras asociativas, siempre y cuando ofrezcan convenientes niveles de rentabilidad y seguridad y no superen en cada caso el 5% (cinco por ciento) del total de las inversiones. Para realizar estas inversiones se requerirán seis votos conformes.

  El Poder Ejecutivo controlará el cumplimiento de las normas relativas a inversiones, pudiendo delegar dicha fiscalización en el Banco Central del Uruguay.

  La Caja deberá enviar anualmente al domicilio de cada uno de sus afiliados la información referida a las inversiones realizadas y a su rendimiento, de acuerdo a las normas que establezca el Poder Ejecutivo o el Banco Central del Uruguay, en su caso.

Artículo 29.- El monto imponible para las contribuciones de los sujetos pasivos está constituido por los honorarios íntegros devengados a la fecha de la actuación notarial, de conformidad con el Arancel Oficial de la Asociación de Escribanos del Uruguay vigente a la fecha de promulgación de la presente ley o sus modificaciones que impliquen exclusivamente la inclusión de actuaciones no previstas en el mismo; ello, con total prescindencia de la renuncia o reducción de los mismos que esté autorizado a hacer el escribano; los fictos complementarios; los sueldos o salarios reales o fictos; los subsidios servidos por esta Caja y las asignaciones de pasividad.

A los efectos de las contribuciones de los escribanos en actividad, no se tomarán en cuenta los aumentos del monto imponible de la materia gravada o de las alícuotas aplicables del Arancel y sus modificaciones referidos en el inciso anterior, sin perjuicio de las actualizaciones monetarias que correspondieran.

Artículo 30.- La tasa de aportación personal jubilatoria (montepío) de los afiliados escribanos activos sobre todas las asignaciones computables en actividades amparadas por la Caja Notarial de Seguridad Social, será del 15,5% (quince y medio por ciento).

El Directorio de la Caja podrá disminuir la tasa cuando la situación de la Institución y las proyecciones actuariales y financieras lo permitan.

Artículo 31.- La tasa de aportación personal jubilatoria (montepío) de los afiliados empleados activos sobre todas las asignaciones computables en actividades amparadas por la Caja Notarial de Seguridad Social, será del 15% (quince por ciento) y regirá desde el primer día del mes siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley.

Artículo 32.- A efectos de la cobertura del aumento de las aportaciones personales de los afiliados empleados dispuesto en el artículo anterior, se incrementarán sus remuneraciones sujetas a montepío en el porcentaje necesario a fin de que sean equivalentes a las líquidas vigentes con anterioridad a dicha fecha, calculadas sobre las retribuciones reales o fictas. Dicho incremento será obligatorio desde el primer día del mes siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley.

Se entiende por remuneraciones líquidas, las nominales o fictas menos los aportes personales jubilatorios, las contribuciones al "Fondo Sistema Notarial de Salud" y los impuestos que graven a aquellas.

Artículo 33.- El aporte patronal que devengue la actividad de los afiliados empleados será el 10% (diez por ciento) calculado sobre las remuneraciones fijadas administrativamente o por convenio colectivo, o sobre las reales percibidas si fueren superiores.

El patrono será agente de retención del aporte del empleado. En caso de que la parte empleadora esté constituida por más de un escribano, los mismos responderán solidariamente por las obligaciones para con la Caja.

Artículo 34.- Cuando los afiliados comprendidos en el literal A) del artículo 43 de la presente ley, no alcancen a satisfacer en el año civil una suma equivalente a la que resulte de la aplicación de la tasa fijada por el artículo 30 de la presente ley, sobre el monto anual de la jubilación mínima que fije el Directorio por la causal común, deberán completar la aportación hasta la suma concurrente, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 35 de la presente ley.

No obstante lo dispuesto por el inciso anterior, el Directorio podrá reducir aquella suma, así como establecer proporciones diferentes de aportación mínima o fraccionar su pago, atendiendo a la antigüedad en la afiliación, la situación económico-financiera del Instituto y el nivel de la actividad profesional.

Artículo 35.- Denomínase "Fondo Sistema Notarial de Salud" al "Fondo de Subsidio por Enfermedad" creado por el artículo 111 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960.

Los afiliados a la Caja Notarial de Seguridad Social deberán aportar con afectación específica al "Fondo Sistema Notarial de Salud", el 3% (tres por ciento) de los honorarios nominales que correspondan a los efectos de la aportación conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de la presente ley, o fictos complementarios, o de los montos nominales de sueldos o pasividades, o subsidios, según corresponda de acuerdo a las diferentes categorías.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, en el caso de afiliados jubilados y afiliados escribanos activos, el referido aporte tendrá un monto mínimo mensual o su acumulado anual, respectivamente, que establecerá el Directorio en función de las necesidades de financiamiento del "Fondo Sistema Notarial de Salud", y que no podrá exceder el monto de la cuota mutual mensual y sus adicionales o su acumulación anual, calculados de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 337 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992 y decretos reglamentarios.

Los recursos provenientes del Fondo referido serán exclusivamente destinados para cumplir con lo dispuesto por los incisos final del artículo 111 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960 y primero del artículo 88 de la presente ley.

La tasa prevista por el inciso segundo regirá, para los afiliados jubilados y empleados, a partir del primer día del mes siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley.

Artículo 36.- Conjuntamente con el pago del aporte patronal, el empleador deberá cubrir con destino al "Fondo Sistema Notarial de Salud", la diferencia que pudiera existir entre las contribuciones a dicho Fondo a cargo de sus empleados y el monto mínimo mensual establecido de conformidad con el inciso tercero del artículo anterior, multiplicado por el número de dependientes beneficiarios.

Artículo 37.- Los escribanos, en todos los actos relativos al ejercicio profesional, deberán utilizar Papel Notarial de actuación de las características establecidas por la Suprema Corte de Justicia en razón de la superintendencia que ejerce sobre el notariado nacional, y la Caja Notarial tendrá su administración, impresión y distribución.

Artículo 38.- La autoridad competente no rubricará protocolos de escribanos, sin que se acredite el pago del Montepío Notarial y contribuciones al "Fondo Sistema Notarial de Salud", correspondientes a todas las actuaciones registrales anteriores.

Artículo 39.- Las oficinas públicas y los escribanos no admitirán documentos notariales extrarregistrales, ni testimonios o certificados finales de actuaciones de jurisdicción voluntaria con intervención notarial, de los cuales no surja la constancia de pago del aporte a la Caja Notarial y su monto.

Artículo 40.- El Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y demás personas públicas, no abonarán a los escribanos retribución alguna sin la exhibición de un certificado expedido por la Caja que acredite hallarse en situación regular de pagos. Este certificado tendrá vigencia anual.

Facúltase al Directorio de la Caja a reglamentar la implementación de la presente disposición.

Artículo 41.- Los testimonios de las resoluciones firmes del Directorio de la Caja Notarial de Seguridad Social, asentadas en actas y relativas a deudas por contribuciones de seguridad social de sus afiliados, constituyen títulos ejecutivos siempre que cumplan con los requisitos previstos por el artículo 92 del Código Tributario.

Artículo 42.- En los juicios ejecutivos por cobro de las deudas a que refiere el artículo anterior, no se requerirá previamente intimación de pago ni citación a conciliación y solo serán admisibles las excepciones de inhabilidad del título, falta de legitimación pasiva, nulidad de la resolución declarada conforme a lo previsto por esta ley, extinción de la deuda, espera concedida con anterioridad al embargo y las previstas por el artículo 133 del Código General del Proceso.

TÍTULO IV

DE LOS AFILIADOS

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 43.- Están obligatoriamente afiliados a la Caja Notarial de Seguridad Social:

A) Los escribanos públicos que ejerzan la profesión, desempeñando efectivamente actividad notarial particular.

  No son amparables los servicios consistentes en desempeñar actividades notariales como funcionarios en cualquier oficina pública estatal.

B) Los empleados de los escribanos comprendidos en el literal anterior siempre y cuando no revistan la calidad de cónyuges del patrono.

C) Los cónyuges de escribano, que en forma personal y habitual colaboren con este, secundándolo en las tareas propias de su profesión (cónyuge colaborador).

D) El personal de las asociaciones gremiales de afiliados al Instituto que tengan personalidad jurídica.

E) Los empleados de la Caja que desempeñen tareas vinculadas directa o principalmente con el funcionamiento de sus servicios administrativos.

F) Los jubilados de la propia Caja.

Artículo 44.- Por empleados de escribanía se entiende exclusivamente aquellos que colaboran con el escribano en las tareas propias de su profesión.

El patrono está obligado a denunciar a la Caja la afiliación de sus empleados dentro de los treinta días siguientes al comienzo de la relación laboral.

Artículo 45.- No serán afiliables al Instituto las personas que este ocupe en la explotación de sus inversiones o para la prestación efectiva de servicios de salud, cuya afiliación se regirá por las leyes que amparen las actividades respectivas.

Artículo 46.- Los servicios amparados por esta ley se computan por el tiempo calendario que medie entre la iniciación y la desvinculación o cese, incluyéndose los lapsos de goce de subsidio, así como los de inactividad en los que no pueda determinarse la configuración de cese y posterior reingreso.

El Directorio apreciará con arreglo a la naturaleza de la actividad de que se trate, el total de los servicios computables.

Solo se computarán aquellos servicios por los cuales exista aportación con paga efectiva, no siendo de aplicación a estos efectos los restantes modos de extinción de las obligaciones.

Artículo 47.- Son computables los servicios prestados por los afiliados a partir de los dieciocho años de edad. Los prestados antes de los dieciocho y desde los quince años de edad solo serán computados cuando la actividad esté habilitada legalmente para ejercerse a tal edad, siempre que se hubieren registrado contemporáneamente ante el organismo correspondiente.

En el caso de los dependientes, el amparo no será afectado por eventuales infracciones del empleador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50 de la presente ley.

Artículo 48.- El período de tiempo en que el afiliado activo estuviere suspendido en el ejercicio de sus funciones, será computable toda vez que fuere absuelto de culpa y pena por la Justicia o se acordare sobreseimiento de la causa.

Artículo 49.- La prueba de los servicios se efectuará mediante registros y documentos notariales, documentación laboral fehaciente y demás medios probatorios admitidos por el ordenamiento jurídico.

El Directorio reglamentará el procedimiento probatorio pudiendo recabar de oficio las probanzas que estime pertinentes.

En caso de proceder la declaración de testigos fuera del departamento de Montevideo, la Caja podrá solicitar por exhorto a los Juzgados competentes que practiquen su diligenciamiento.

Artículo 50.- Los servicios de los afiliados a la Caja Notarial de Seguridad Social prestados con anterioridad a la implementación de la historia laboral (1º de marzo de 1942), se reconocerán cuando sean acreditados mediante prueba documental tanto en los años de actividad como en el monto computable y en el caso de los trabajadores no dependientes, las aportaciones correspondientes.

Los servicios prestados con anterioridad a la vigencia de la presente ley podrán denunciarse dentro del plazo de dos años contados a partir de su entrada en vigor.

No obstante, en el caso de servicios de empleados, estos podrán denunciarse dentro del plazo de dos años contados a partir del cese de la relación laboral de que se trate.

Vencidos tales plazos, no se admitirá denuncia alguna.

Las aportaciones a que se refiere el presente artículo se efectuarán con las actualizaciones que correspondan.

TÍTULO V

DEL SISTEMA PREVISIONAL

CAPÍTULO I

DE LAS PRESTACIONES

Artículo 51.- Las prestaciones por vejez, invalidez y sobrevivencia, a cargo de la Caja Notarial de Seguridad Social, son las jubilaciones, los subsidios por enfermedad y por expensas funerarias, y las pensiones.

CAPÍTULO II

DE LAS JUBILACIONES

Artículo 52.- Según la causal que la determine, la jubilación puede ser:

A) Jubilación común.

B) Jubilación por incapacidad total.

C) Jubilación por edad avanzada.

Artículo 53.- Para configurar causal de jubilación común, se exigirán los siguientes requisitos:

1) Sesenta años de edad y un mínimo de treinta y cinco años de servicios, o

2) Sesenta años de edad y un mínimo de treinta años de servicios, computándose a estos efectos exclusivamente los prestados en actividades amparadas por la Caja Notarial de Seguridad Social. En caso de que no se reúna el mínimo referido de tales servicios, se exigirá el previsto en el numeral anterior.

  Las causales se configurarán aun cuando los mínimos de edad requeridos se alcancen con posterioridad a la fecha del cese en la actividad.

Artículo 54.- Tienen derecho a jubilación por incapacidad los afiliados que se incapaciten en forma absoluta y permanente, para todo trabajo o para el empleo o profesión habitual, siempre que la incapacidad sobrevenga en actividad o en períodos de inactividad compensada.

Cuando aquella sobrevenga después del cese en las situaciones previstas precedentemente, se tendrá derecho siempre que se haya computado diez años de servicios amparados por la Caja como mínimo y no se fuere beneficiario de otra jubilación o retiro.

El grado de severidad de la incapacitación que dé mérito a la concesión de esta jubilación se establecerá atendiendo a la naturaleza de la actividad de que se trate, a los baremos aprobados para los afiliados al Banco de Previsión Social y al porcentaje de invalidez fijado por el Poder Ejecutivo para la incapacidad absoluta para todo trabajo.

Artículo 55.- Cuando se determine la existencia de una incapacidad absoluta y permanente se establecerá si el afiliado debe someterse a exámenes médicos periódicos practicados por los servicios que el Directorio indique.

El beneficiario deberá necesariamente presentarse a dichos exámenes y la ausencia injustificada a los mismos, aparejará la inmediata suspensión de la prestación.

Esta dejará también de servirse, si al practicarse los exámenes periódicos dispuestos se constatare el cese de la incapacidad, salvo que el beneficiario contara con la edad mínima para configurar causal común.

Artículo 56.- La causal de jubilación por edad avanzada se configura al cumplir setenta años, siempre que no se cuente con causal de jubilación común y se acrediten quince años de servicios reconocidos, se encuentre o no en actividad a la fecha de configuración de tal causal.

La jubilación por edad avanzada es incompatible con cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo la prestación que provenga del régimen general de jubilación por ahorro individual.

No obstante en el caso de afiliados en actividad a la fecha de promulgación de la presente ley que, a la misma fecha, fueren beneficiarios de prestación de jubilación por la causal común servida por el Banco de Previsión Social y tuvieren en el caso de las mujeres cincuenta y nueve o más años de edad y en el caso de los hombres sesenta o más años de edad podrán, cuando acrediten quince años de servicios reconocidos, acceder a la prestación de jubilación por edad avanzada, la que será únicamente compatible con la referida jubilación del Banco de Previsión Social y con la prestación que provenga del régimen general de jubilación por ahorro individual.

CAPÍTULO III

DEL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD

Artículo 57.- Los afiliados en actividad que se enfermaren o incapacitaren temporariamente y en forma severa para el trabajo, mientras persistan dichas causales, percibirán mensualmente un subsidio equivalente al 70% (setenta por ciento) del promedio mensual actualizado de las asignaciones computables del último trienio. Dicha actualización se hará hasta el mes inmediato anterior al comienzo de la incapacitación, de acuerdo al Indice General de los Precios del Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

El subsidio mensual no podrá ser superior al 70% (setenta por ciento) del sueldo básico jubilatorio máximo previsto por esta ley, es incompatible con el ejercicio profesional, con el goce de subsidio por maternidad y toda remuneración a cargo del empleador, y se servirá por un plazo que no excederá de tres años.

No se tendrá derecho a este beneficio cuando se trate de enfermedades crónicas cuyo origen sea anterior a la afiliación a la Caja o que incapacitaren por un período inferior a treinta días.

El derecho a este beneficio se configurará una vez transcurridos tres años contados a partir de la registración de la afiliación.

Facúltase al Directorio de la Caja Notarial de Seguridad Social, atendiendo a la naturaleza de la actividad de que se trate y a los baremos aprobados para los afiliados al Banco de Previsión Social y pautas médicas generalmente aceptadas, para que establezca el grado de severidad de la incapacitación que dé mérito a la concesión de este subsidio.

Si el subsidio por enfermedad se solicita dentro del plazo de sesenta días del acaecimiento de la incapacidad, se devengará desde la iniciación de la misma. Si se presentare fuera del mencionado plazo, se devengará desde la fecha de la solicitud.

CAPÍTULO IV

DE LAS PENSIONES

Artículo 58.- Los afiliados activos, cualquiera sea el tiempo de servicios acreditados y los afiliados que se encuentren en goce de pasividad o hubieren perdido tal derecho según el artículo 75 de la presente ley, causan pensión ante el acaecimiento de los siguientes hechos:

A) La muerte o declaración judicial de ausencia, sin perjuicio de que los presuntos causahabientes puedan solicitar la liquidación provisoria de la pensión desde que esté configurada la presunción judicial de ausencia.

B) La desaparición en un siniestro o hecho conocido de manera pública y notoria que haga presumir la muerte, previa información sumaria.

  La pensión caducará, pudiéndose ordenar la devolución de lo pagado a juicio del órgano competente, desde el momento en que el causante apareciere con vida o no se obtuviera la declaración de ausencia dentro de los dos años siguientes a la fecha en que esta pudo solicitarse.

Artículo 59.- También causará pensión el afiliado desocupado que:

A) Fallezca durante el período de amparo al régimen de prestaciones por desempleo, en caso de que estas existan, o dentro de los doce meses inmediatos siguientes al cese de dicha prestación o al de la actividad, cuando no tuviere derecho a aquel.

B) Fallezca después del cese en la actividad y no se encuentre comprendido en las situaciones previstas en el literal anterior, siempre que compute como mínimo diez años de servicios amparados por la Caja y sus causahabientes no fueren beneficiarios de pensión generada por el mismo causante.

Artículo 60.- Siempre que al momento de configuración de la causal no se hallaren en situación de desheredación o indignidad para suceder, tienen derecho a pensión las siguientes personas:

A) Las personas viudas.

B) Los hijos solteros mayores de dieciocho años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo y los hijos solteros menores de veintiún años de edad excepto cuando se trate de mayores de dieciocho años de edad que dispongan de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

C) Los padres absolutamente incapacitados para todo trabajo.

D) Las personas divorciadas.

El derecho a pensión de los hijos se configurará en el caso de que su padre o madre no tengan derecho a pensión, o cuando estos, en el goce del beneficio, fallezcan o pierdan el derecho por cualquiera de los impedimentos establecidos legalmente.

Artículo 61.- El derecho de los beneficiarios quedará sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones:

A) Las personas divorciadas, siempre que no fueran declaradas culpables y acrediten además que, a la fecha de configurada la causal, eran beneficiarias de pensión alimenticia decretada u homologada judicialmente y servida por el causante.

B) Los hijos solteros mayores de veintiún años y los padres, absolutamente incapacitados para todo trabajo, siempre que acrediten además, que carecen de medios de vida que les permitan subvenir a su sustento, el que debió estar a cargo del causante en forma total o principal.

C) Los hijos adoptivos o los padres adoptantes, en todo caso, siempre que prueben, además de lo que se establece en el literal anterior, que han integrado de hecho un hogar común con el causante y convivido en su morada constituyendo con el mismo una unidad moral y económica similar a la de la familia, y que esta situación fuese notoria y preexistente, por lo menos en cinco años a la fecha de configurarse la causal, aun cuando el cumplimiento de las formalidades legales de adopción fuese más reciente. Cuando la causal pensionaria se opere antes de que el adoptado haya cumplido los diez años de edad, se exigirá como mínimo que haya convivido con el causante la mitad de su edad a dicha fecha.

  Esta pensión es incompatible con la causada por vínculo de consanguinidad, pudiendo optar el interesado por una u otra.

Artículo 62.- Tratándose de personas viudas que tengan cuarenta o más años de edad a la fecha de fallecimiento del causante, o que cumplan esa edad gozando del beneficio de la pensión, la misma se servirá durante toda su vida.

Las personas divorciadas que cumplan con los requisitos establecidos en este artículo, gozarán igualmente de la pensión durante toda su vida, salvo que se configuren respecto de las mismas las causales de pérdida de la prestación que se establecen en el artículo 69 de la presente ley.

En el caso de que las personas viudas o divorciadas tengan entre treinta y treinta y nueve años de edad a la fecha del fallecimiento del causante, la pensión se servirá por el término de cinco años y por el término de dos años, cuando los mencionados beneficiarios sean menores de treinta años de edad a dicha fecha.

Los límites de prestación de la pensión a que hace referencia el inciso anterior no regirán en los casos que:

A) El beneficiario estuviese total y absolutamente incapacitado para todo trabajo.

B) Integren el núcleo familiar del beneficiario hijos solteros menores de veintiún años de edad, en cuyo caso la pensión se servirá hasta que estos alcancen dicha edad una vez cumplidos los términos del inciso tercero, excepto cuando se trate de mayores de dieciocho años de edad que dispongan de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

C) Integren el núcleo familiar del beneficiario hijos solteros mayores de dieciocho años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo.

CAPÍTULO V

DETERMINACIÓN DEL MONTO Y DEMÁS CONDICIONES DE LAS PRESTACIONES

Artículo 63.- El sueldo básico jubilatorio se calculará obteniendo el promedio mensual resultante de la actualización de las asignaciones computables, mensuales o anuales, considerándose:

a) en el caso de afiliados escribanos, los treinta años de mejores asignaciones computables actualizadas, por servicios registrados en su historia laboral, en la forma que reglamente el Directorio;

b) en el caso de afiliados empleados, los diez últimos años de servicios registrados en la historia laboral, limitado al promedio mensual de los veinte años de mejores asignaciones computables actualizadas, por servicios registrados en la historia laboral, incrementado en un 5% (cinco por ciento). Si fuera más favorable para el afiliado, el sueldo básico jubilatorio será el promedio de los veinte años de mejores asignaciones computables actualizadas, por servicios registrados en la historia laboral;

c) en el caso de aquellos con doble afiliación (como escribano y como empleado), que configuren causales jubilatorias por sendas actividades independientemente, el sueldo básico jubilatorio será el resultado de sumar los sueldos básicos previstos por los literales a) y b).

Tratándose de jubilación por incapacidad o de jubilación por edad avanzada, si el tiempo de servicios computado no alcanza al período o períodos de cálculo indicados en los incisos anteriores de este artículo, se tomará el promedio actualizado correspondiente al período o períodos efectivamente registrados.

La actualización se hará hasta el mes inmediato anterior al inicio del servicio de la pasividad, de acuerdo al Indice General de los Precios del Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

Artículo 64.- La asignación de jubilación será:

A) Para la jubilación común, el resultado de aplicar sobre el sueldo básico jubilatorio respectivo, los porcentajes que se establecen a continuación:

1) El 50% (cincuenta por ciento) cuando se reúnan los requisitos mínimos para la configuración de la causal.

2) Se adicionará un 0,5% (medio por ciento) del sueldo básico jubilatorio por cada año que exceda de treinta o de treinta y cinco años de servicios, según el caso (artículo 53 de la presente ley), al momento de configurarse la causal, con un tope del 2,5% (dos y medio por ciento).

3) A partir de los sesenta años de edad, por cada año de edad que se difiera el retiro, después de haberse configurado la causal y hasta los setenta años de edad, se adicionará un 3% (tres por ciento) del sueldo básico jubilatorio por año con un máximo de 30% (treinta por ciento). Si no se hubiera configurado causal, por cada año de edad que supere los sesenta se adicionará un 2% (dos por ciento) hasta llegar a los setenta años de edad, o hasta la configuración de la causal si esta fuera anterior.

  Los porcentajes adicionales establecidos en este numeral en ningún caso se acumularán para un mismo período.

B) Para la jubilación por incapacidad, el 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo básico jubilatorio.

C) Para la jubilación por edad avanzada, el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo básico jubilatorio al configurarse la causal, más el 1% (uno por ciento) del mismo, por cada año que exceda los quince años de servicios, con un máximo del 14% (catorce por ciento).

Artículo 65.- El sueldo básico de pensión será equivalente a la jubilación que le hubiere correspondido al causante a la fecha de configuración de la causal pensionaria, con un mínimo equivalente a la asignación de la jubilación por incapacidad.

Si el causante estuviere ya jubilado el sueldo básico de pensión será la última asignación de pasividad, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 67 de la presente ley.

Artículo 66.- La asignación de pensión será:

A) Si se trata de personas viudas o divorciadas, el 75% (setenta y cinco por ciento) del sueldo básico de pensión cuando exista núcleo familiar, o concurrencia con hijos no integrantes del mismo o padres del causante. En ningún caso la asignación a las personas divorciadas podrá exceder el monto de la pensión alimenticia servida por el causante.

B) Si se trata exclusivamente de la viuda o viudo o hijos del causante, el 66% (sesenta y seis por ciento) del sueldo básico de pensión.

C) Si se trata de hijos en concurrencia con los padres del causante, el 66% (sesenta y seis por ciento) del sueldo básico de pensión.

D) Si se trata exclusivamente de las divorciadas o los divorciados, o padres del causante, el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo básico de pensión.

E) Si se trata de la viuda o viudo en concurrencia con la divorciada o divorciado, sin núcleo familiar, el 66% (sesenta y seis por ciento) del sueldo básico de pensión. Si solo una de las categorías tuviere núcleo familiar, el 9% (nueve por ciento) de diferencia se asignará a esa parte.

Artículo 67.- Ningún sueldo básico podrá superar la suma de $ 25.000 (pesos uruguayos veinticinco mil), no rigiendo para todas las asignaciones resultantes otro tope que no sea el derivado de la aplicación del presente, excepto el sueldo básico previsto por el literal c) del artículo 63 de la presente ley, que podrá exceder este tope hasta en un 30% (treinta por ciento).

Artículo 68.- En caso de concurrencia de beneficiarios, la distribución de la asignación de pensión se efectuará conforme a las siguientes normas:

A) A la viuda o viudo, divorciada o divorciado, con núcleo familiar, en concurrencia con otros beneficiarios, les corresponderá el 70% (setenta por ciento) de la asignación de pensión.

  Cuando concurran con núcleo familiar la viuda o viudo y divorciada o divorciado, la distribución de dicho porcentaje se hará por partes iguales a cada categoría. En el caso de que una sola de las categorías integre núcleo familiar, su cuota parte será superior en un 14% (catorce por ciento) a la del resto de los beneficiarios.

  El remanente de la asignación de pensión se distribuirá en partes iguales entre los restantes copartícipes de pensión.

B) A la viuda o viudo, divorciada o divorciado, sin núcleo familiar, en concurrencia con otros beneficiarios, le corresponderá el 60% (sesenta por ciento) de la asignación de pensión.

  Cuando concurran la viuda o viudo y divorciada o divorciado, la distribución de dicho porcentaje se hará por partes iguales a cada categoría.

  El remanente se distribuirá en partes iguales entre los restantes copartícipes de pensión.

C) En los demás casos, la asignación de pensión se distribuirá en partes iguales.

  En caso de las divorciadas o divorciados en concurrencia con otros beneficiarios, el remanente que pudiera surgir de la aplicación del literal A) del artículo 66 de la presente ley, se distribuirá en la proporción que corresponda a los restantes beneficiarios.

Artículo 69.- El derecho a pensión se pierde:

A) Por contraer matrimonio las personas divorciadas.

B) Por alcanzar los hijos los veintiún años de edad, salvo que acrediten hallarse absolutamente incapacitados para todo trabajo y carecer de medios para subvenir a su sustento, el que debió estar a cargo del causante en forma total o principal.

C) Por recuperar la capacidad antes de los cuarenta y cinco años de edad, cuando la incapacidad fuere requisito del beneficio pensionario.

Artículo 70.- Cuando un beneficiario falleciere o perdiere su derecho a percibir la pensión, se procederá a reliquidar la asignación de pensión si correspondiera, así como a su distribución, de acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores.

Artículo 71.- A los efectos de lo dispuesto en los artículos anteriores, se considera núcleo familiar la sola existencia de hijos solteros del causante, menores de veintiún años de edad o mayores de veintiún años absolutamente incapacitados para todo trabajo.

Artículo 72.- A los efectos de esta ley las referencias a padres e hijos comprenden a ambos sexos y a las calidades legales de legítimos, naturales, adoptantes y adoptivos.

Artículo 73.- Los haberes de jubilación se devengarán a partir del cese de actividad o configuración de la causal si fuere posterior a aquel, y los de pensión desde la configuración de la causal.

No obstante, si la solicitud no se hubiere formulado dentro de los ciento ochenta días de producido el hecho determinante, los haberes se devengarán a partir de la fecha de presentación de aquella.

Artículo 74.- Para recibir la asignación de jubilación o pensión se requiere que haya existido cotización efectiva o ponerse al día únicamente a través de los medios previstos por los artículos 29 a 37 del Código Tributario o por el mecanismo aludido en el literal L) del artículo 12 de la presente ley, con las contribuciones establecidas a favor de la Caja, por los servicios que la generaron, así como el cumplimiento regular de las obligaciones para con el Instituto.

Artículo 75.- El otorgamiento de la jubilación notarial significa el cese del escribano en el ejercicio de sus funciones notariales, sin que le sea permitido continuar en las mismas.

Si infringiere esta prohibición, se le sancionará con la pérdida de hasta el 75% (setenta y cinco por ciento) de la pasividad, durante el período que el Directorio estime conveniente, con un máximo de un año.

La reiteración de la infracción será penada con la pérdida de la pasividad por hasta un máximo de diez años.

El Directorio reglamentará la adjudicación de cierta parte de la retención efectuada, al cónyuge y/o parientes del jubilado que estuvieren a su cargo y carecieren de ingresos.

Si el sancionado optare por el reingreso a la actividad, la sanción aplicada se suspenderá, retomando fuerza y vigor cuando el escribano se acogiera nuevamente a los beneficios jubilatorios.

Artículo 76.- El jubilado podrá renunciar al goce de su pasividad, volviendo al ejercicio de sus funciones.

Si hiciere uso de este derecho, no podrá acogerse de nuevo a la pasividad hasta transcurridos dos años desde la fecha de la renuncia.

CAPÍTULO VI

DEL SUBSIDIO PARA EXPENSAS FUNERARIAS

Artículo 77.- Quien acredite haberse hecho cargo de los gastos del sepelio de un afiliado, tendrá derecho a un subsidio por el importe de los gastos efectivamente realizados, hasta un máximo de $ 4.600 (pesos uruguayos cuatro mil seiscientos). La Caja podrá sustituir dicho subsidio por la prestación directa o por contrato de los servicios funerarios.

Este beneficio es incompatible con la percepción de cualquier otro subsidio para expensas funerarias de otro organismo de seguridad social y deberá ser solicitado dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la fecha de fallecimiento de quien lo causa, vencido el cual caducará.

TÍTULO VI

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 78.- Podrán optar entre quedar comprendidos en el régimen previsional que se deroga o en las disposiciones de la presente ley, los afiliados que, sin ser jubilados, hubiesen configurado causal de jubilación por el régimen legal que se sustituye antes de la vigencia de esta ley, o la configuraren antes del 1º de enero del 2002.

Artículo 79.- Para configurar la causal de jubilación común se requiere, además de los años de servicios, el cumplimiento de una edad mínima, de acuerdo al siguiente detalle:

I) Para el hombre, el cumplimiento de sesenta años de edad.

II) Para la mujer, el cumplimiento de una edad mínima de:

- Cincuenta y seis años a partir del 1º de enero del 2002.

- Cincuenta y siete años a partir del 1º de enero del 2003.

- Cincuenta y ocho años a partir del 1º de enero del 2005.

- Cincuenta y nueve años a partir del 1º de enero del 2006.

  A partir del 1º de enero del 2007 la edad mínima de jubilación de la mujer por la causal común, será de sesenta años.

Artículo 80.- Para configurar causal de jubilación por edad avanzada se requiere:

I) Un mínimo de:

- Once años de servicios, a partir del 1º de enero del 2002.

- Doce años de servicios, a partir del 1º de enero del 2003.

- Trece años de servicios, a partir del 1º de enero del 2005.

- Catorce años de servicios, a partir del 1º de enero del 2006.

  A partir del 1º de enero del 2007 se requerirá un mínimo de quince años de servicios.

II) El cumplimiento de una edad mínima de:

a) Para el hombre, setenta años de edad,

b) Para la mujer:

- Sesenta y seis años a partir del 1º de enero del 2002.

- Sesenta y siete años a partir del 1º de enero del 2003.

- Sesenta y ocho años a partir del 1º de enero del 2005.

- Sesenta y nueve años a partir del 1º de enero del 2006

  A partir del 1º de enero del 2007 se requerirá para la mujer, un mínimo de setenta años de edad para configurar la causal por edad avanzada.

Artículo 81.- Cuando por aplicación de lo dispuesto por el literal A) del artículo 64 de la presente ley, la tasa de reemplazo aplicable resultare inferior al 60% (sesenta por ciento), la misma se elevará hasta dicho porcentaje a partir de la vigencia de esta ley, reduciéndose de acuerdo al siguiente detalle:

- Al 58% (cincuenta y ocho por ciento) a partir del 1º de enero de 2002.

- Al 56% (cincuenta y seis por ciento) a partir del 1º de enero de 2003.

- Al 54% (cincuenta y cuatro por ciento) a partir del 1º de enero de 2005.

- Al 52% (cincuenta y dos por ciento) a partir del 1º de enero de 2006.

  A partir del 1º de enero de 2007, la tasa de reemplazo será la prevista en el artículo 64 de la presente ley.

TÍTULO VII

DE LA MATERIA GRAVADA Y DE LAS ASIGNACIONES COMPUTABLES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 82.- Todas las asignaciones computables a los efectos de las prestaciones, constituyen materia gravada por las contribuciones establecidas en favor de la Caja.

En caso de que una determinada asignación o partida resulte, según el período gravada o no y modifique tal naturaleza, la misma será computable solo por los períodos y montos en los que haya constituido materia gravada.

Artículo 83.- Son asignaciones computables los honorarios nominales que correspondan a los efectos de la aportación conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de la presente ley, los honorarios fictos correspondientes a complementos por aportes mínimos, los subsidios y los sueldos o salarios, reales o fictos.

TÍTULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 84.- Las asignaciones de jubilación, pensión o subsidio son inalienables e inembargables, y toda venta o cesión que se hiciere de ellas, cualquiera fuere su causa, será nula, salvo los casos de excepción establecidos legalmente.

No obstante, a los efectos previstos en el artículo 74 de la presente ley, podrán destinarse asignaciones jubilatorias o pensionarias, devengadas o futuras, a la cancelación de las contribuciones establecidas en favor de la Caja.

Artículo 85.- Cuando los beneficiarios no cumplieran con las obligaciones a su cargo o con los deberes formales que les sean impuestos, podrán ser suspendidos en el goce de las prestaciones hasta tanto regularicen su situación.

Artículo 86.- Es incompatible el goce de jubilación acordada por el Instituto, con el ejercicio de actividades amparadas por el mismo.

Todo jubilado en cuya pasividad se hayan computado servicios amparados por otros organismos de seguridad social, no podrá trabajar en actividades de la misma inclusión que las acumuladas, salvo que refieran al ejercicio de cargos docentes.

Artículo 87.- Se podrá efectuar acumulación de servicios para configurar causal de jubilación, retiro o pensión ante cualquier organismo de seguridad social, los que no podrán ser utilizados para otra pasividad.

Para que la acumulación proceda, se requiere:

a) que el titular haya cesado en todas las actividades que integren la acumulación;

b) que en ninguno de los organismos que amparan los servicios objeto de la acumulación, se haya configurado la causal de que se trate en forma independiente;

c) la aptitud para configurar la causal, considerando la edad del beneficiario y la totalidad del tiempo de los servicios que se pretende acumular, en cada organismo de amparo de actividad, a cuyos efectos los de carácter simultáneo se considerarán como un único período computable;

d) la inclusión de la totalidad de los servicios computados por las actividades que se desean acumular;

En el caso de los servicios bonificados, la bonificación solamente se considerará con relación al período de servicios, para la configuración de causal y determinación de la tasa de reemplazo. No obstante, respecto de la entidad que amparó dicha bonificación, esta se considerará a todos los efectos.

A los efectos de determinar la pasividad, cada organismo calculará la cuota parte de la pasividad que le corresponda y que abonará al que deba servirla.

Para efectuar dicho cálculo cada entidad determinará el monto de la asignación ficta de pasividad que le hubiere correspondido servir, como si todos los años de servicios acumulados se hubieran prestado bajo su amparo, aplicando su propio régimen de cálculo de sueldos básicos, tasas de reemplazo y máximos de asignaciones de pasividad.

La actualización de las asignaciones computables se realizará hasta el mes anterior al del inicio del servicio de pasividad.

No obstante, para el cálculo del sueldo básico no se considerarán las asignaciones computables correspondientes a servicios totales inferiores a un año, en cuyo caso no devengará derecho a prestación en el organismo de amparo de esta actividad.

Obtenido el monto de su respectiva asignación ficta, cada organismo calculará su cuota parte prorrateándola de acuerdo al tiempo de servicios que amparó.

La pasividad resultante se regirá y servirá por el organismo cuya cuota parte fuera mayor, equivaldrá a la suma de todas las cuotas de todos los organismos involucrados y no podrá superar la asignación ficta que le hubiere correspondido en el organismo que deba abonar la prestación. A estos efectos, la totalidad de las cuotas partes se reducirá proporcionalmente a su respectiva contribución, si correspondiere.

Los restantes organismos abonarán al organismo que debe servir la prestación, en la forma y oportunidades que determine la reglamentación, el valor total de las cuotas partes que les hubiere correspondido servir durante toda la vida del beneficiario y por los derechos pensionarios que este pudiera causar, estimado en base a cálculos actuariales que se realicen considerando las tablas de mortalidad y las tasas de interés actuarial fijadas por el Banco Central del Uruguay para las prestaciones del régimen de ahorro voluntario previsto por la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995.

El goce de la totalidad del beneficio está condicionado, para los períodos que establezca la reglamentación, a que todos los organismos hayan efectuado la correspondiente versión de su cuota parte, en consonancia con el inciso anterior.

A partir de la vigencia de la presente ley no se aceptarán traspasos de servicios de acuerdo al régimen que se sustituye por el establecido en este artículo.

El presente artículo será reglamentado por el Poder Ejecutivo dentro del plazo de ciento ochenta días a partir de la vigencia de la presente ley.

Artículo 88.- La Caja podrá contratar o prestar directamente los servicios tendientes a la cobertura de contingencias relativas a la salud de sus afiliados.

De acuerdo a las posibilidades económicas del "Fondo Sistema Notarial de Salud", el Directorio podrá disponer la participación de los beneficiarios en los costos de los servicios referidos, así como reglamentar la extensión de dichos beneficios a familiares de sus afiliados y a los escribanos no afiliados, mediante el pago de cuotas que no podrán superar el costo respectivo, siendo facultativa la adscripción de estos beneficiarios.

Artículo 89.- La Caja Notarial de Seguridad Social podrá actuar como agente recaudador de ahorros voluntarios de sus afiliados destinados a fondos de ahorros previsionales radicados en el país. En estos casos la Caja podrá percibir una comisión por recaudación y convenir con empleadores de sus afiliados la forma de retención de esos ahorros voluntarios en forma similar a la establecida en la Ley Nº 15.890, de 27 de agosto de 1987, modificativas y concordantes.

La comisión estará exonerada del impuesto al valor agregado del Título 10 del Texto Ordenado de 1996 y del impuesto a las comisiones regulado en el Título 17 del Texto Ordenado de 1996.

Artículo 90.- La Caja podrá retener hasta el 35% (treinta y cinco por ciento) de los sueldos y pasividades que abona a los afiliados indicados en los literales E) y F) del artículo 43 de la presente ley, con destino al pago de cuotas de préstamos que aquellos hubieren celebrado con el Instituto.

Artículo 91.- Las referencias monetarias mencionadas en la presente ley, están expresadas en valores correspondientes al mes de mayo de 1995 y se ajustarán por la variación en el Indice General de los Precios del Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, en las oportunidades establecidas en el artículo 67 de la Constitución de la República.

Artículo 92.- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, quienes estén afiliados a la Caja como empleados de escribanía de sus cónyuges, pasarán a integrar la categoría "cónyuge colaborador" definida por el literal C) del artículo 43 de la presente ley.

Salvo previsión a texto expreso, las disposiciones referentes a afiliados empleados serán aplicables, en lo pertinente, a la categoría de afiliados "cónyuge colaborador".

Artículo 93.- El sistema pensionario previsto por la presente ley regirá para las pensiones cuya causal se configure con posterioridad a su vigencia.

Artículo 94.- El personal de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones actualmente afiliado, conservará su afiliación en la Caja Notarial de Seguridad Social mientras subsista la relación laboral con la misma.

Artículo 95.- El actual Directorio de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones ejercerá el gobierno y administración del Instituto hasta tanto expire el período de su mandato, no rigiendo al respecto las causales de cesantía creadas por esta ley.

Artículo 96.- El Directorio de la Caja Notarial de Seguridad Social propenderá a la reducción de la tasa de aportación establecida en el artículo 30 de la presente ley cuando se den las circunstancias previstas en dicha disposición.

Artículo 97.- Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 18 de setiembre de 2001.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI
Secretario".

Anexo I al

Rep. Nº 753

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Seguridad Social

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Seguridad Social ha considerado el proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo en el que se modifica el régimen jubilatorio y pensionario de la "Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones".

Es del caso recordar que la Ley Nº 16.713 del 3 de setiembre de 1995, introdujo una serie de cambios en las bases del sistema previsional, con aplicación inmediata y obligatoria al Banco de Previsión Social. En lo que respecta a las actividades que desarrollan las denominadas "Cajas Paraestatales" o "Personas públicas no estatales de seguridad social", el artículo 1º de la ley citada, establece que el Poder Ejecutivo debe proyectar y remitir al Poder Legislativo las reformas de las instituciones referidas, tomando en cuenta sus "formas de financiamiento, especificidades y naturaleza de sus actividades comprendidas en las mismas" de tal manera que "se adecuen al régimen establecido por la presente ley".

Es así que el Poder Ejecutivo, con iniciativa privativa en la materia, envía el proyecto de ley en consideración, a la Cámara de Senadores.

El trámite en la Cámara antedicha, mediando las modificaciones introducidas al texto original del Poder Ejecutivo, culmina con la aprobación por unanimidad del proyecto que se nos remite.

En la consideración del mismo y en función de las dudas que suscitaba el contenido del artículo 87 del proyecto de ley, vuestra Comisión de Seguridad Social creyó saludable y conveniente escuchar la opinión de las instituciones involucradas por el mencionado artículo, que se refiere precisamente a los casos de acumulación de servicios amparados por distintos organismos de seguridad social (Banco de Previsión Social, Cajas Paraestatales y Servicios de Retiros Policiales y Militares) y al cálculo de la cuota parte de pasividad que cada organismo ampare, con traslado posterior a la institución que sirva la pasividad.

Es así que, en conocimiento de los antecedentes emanados del intercambio y conclusiones tanto de la Comisión integrada de Asuntos Laborales y Seguridad Social con la de Hacienda del Senado, así como en el tratamiento del mismo en la Cámara por dicho Cuerpo, vuestra Comisión de Seguridad Social recibe, en las fechas que se indican, a las siguientes instituciones:

17/10/01: Consejo Honorario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

8/11/01: Directorio de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones y Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

13/11/01: Directorio del Banco de Previsión Social.

De los aportes realizados sobre el tema inherente a los contenidos del citado artículo 87, extractamos de actas los que nos han parecido más sustantivos.

En primer lugar, el Consejo Honorario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, por unanimidad de sus integrantes, expresa:

"La inclusión de un solo organismo en la ley que establece ese régimen general, inevitablemente origina una labor de armonización de esas normas con las de otros institutos que en alguna medida son distintas y generan problemas de interpretación y de armonía con la legislación vigente. Es decir, ello genera determinados conflictos entre entidades que nos parece razonable evitar.

Entendemos que no ha sido conveniente que el análisis de esa normativa se hiciera sin la participación de todos los organismos involucrados. Como decía, los demás operadores de seguridad social en el Uruguay no han tenido oportunidad de pronunciarse respecto a las soluciones que están contenidas en el proyecto y, naturalmente tampoco han podido evaluar a la interna en qué medida los afecta la normativa propuesta.

Tampoco se ha cuantificado de ninguna manera que conozcamos cómo podrían ser afectados los aspectos económicos de cada uno de los organismos. No hay un estudio que determine las obligaciones que van a asumir los organismos a partir del nuevo régimen, lo cual resulta particularmente preocupante.

En un momento en que está en trámite la reforma de las Cartas Orgánicas de todos los organismos, es particularmente importante tener claro los aspectos económicos y actuariales y saber en qué medida estos influyen en las soluciones que se están estudiando.

Concretamente, creemos necesario el desglose del artículo 87, que sea objeto de un estudio particular, autónomo, con la participación de los involucrados –que todos puedan dar sus puntos de vista- y, además, que los organismos analicen en qué medida les afecta económicamente estas soluciones.

En primer lugar, hacemos este planteamiento con la tranquilidad de no estar interfiriendo en el proyecto de ley de reforma de la Caja Notarial; tenemos excelentes relaciones con esta Caja –la consideramos una Caja hermana- con la que hemos tratado profundamente y durante mucho tiempo este problema en particular. Asimismo, con dicha Caja hemos propuesto algunas soluciones, que tal vez, en una etapa posterior, se puedan considerar. Por el relacionamiento fluido que mantenemos con la Caja Notarial, nos consta que esta ha sido la que planteó el problema que presenta el artículo 87 en el seno de la Comisión del Senado y que abarca a todos los demás organismos.

En segundo término, tampoco interferimos en aspectos de otros organismos, sino que nos afecta directamente a nosotros; es decir, estamos obligados a tener una opinión acerca de algo que tiene incidencia directa sobre nuestro organismo".

Por su parte, el Directorio de la Caja Notarial por unanimidad de sus miembros manifiesta:

"No podemos soslayar un problema que se ha planteado con este proyecto, que es la existencia de un artículo 87, que intenta legislar con carácter general el tema de la acumulación de servicios. Que quede muy claro que es un sistema totalmente inicuo para la Caja Notarial. Hemos tenido casos en que hemos aprobado treinta y siete años de traspaso de servicios a nuestra Caja con el aporte de $ 1, valor histórico y la Caja debe pagar esa jubilación. De ahí el gran interés del organismo en que este sistema fuera modificado.

Tanto es así que cuando la Caja Notarial elevó ese proyecto en febrero de 2000, establecía un sistema de traspasos. En el ínterin la Comisión Intercajas Paraestatales del Uruguay elaboró un proyecto que modificaba el anterior, siempre en el mismo sentido, porque hace quince años que la Comisión estuvo buscando un proyecto que se adecuara a las necesidades de todas ellas. Estoy hablando de 1987 hasta hoy. Finalmente, se llega a ese proyecto, posteriormente a que la Caja enviara el suyo.

Cuando se inician las conversaciones con los técnicos del Poder Ejecutivo, la Caja lleva en sustitución este proyecto elaborado por la Comisión Intercajas Paraestatales del Uruguay. El Poder Ejecutivo no aceptó esta iniciativa y tampoco la que elaboró la Caja Notarial y finalmente mandan el actual artículo 87.

Asimismo, quiero significar que el artículo 87 enviado por el Poder Ejecutivo, más allá de que se haya apartado de lo que establecían las otras Cajas, también le sirve a la Caja Notarial, en la medida en que termina con un sistema que, como ya dije, es totalmente inicuo y está haciendo pagar un costo muy importante de la seguridad social a nuestra institución".

Ese mismo día, vuestra Comisión recibe al Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, quien, por unanimidad de sus integrantes dicen:

"Algunos de los argumentos de la Caja entiendo que involucran a todas las Cajas, tanto las Paraestatales como al propio BPS. Por tanto, se entiende que debería existir una norma de carácter general, aparte de una norma ínsita en una Carta Orgánica, que regule esta temática de traspasos de servicios.

Como ya hay un proyecto en vías de aprobación parlamentaria que es el de la Caja Notarial, no deseamos que se trabe porque existe la expectativa de dicho instituto de ser aprobada esa modificación legal. Si bien ese es nuestro deseo y motivo de preocupación del Directorio de la Caja, no podemos soslayar el hecho de que se trata de un tema que puede tener repercusiones muy importantes en la ecuación económico-financiera del instituto que representamos. Por tanto, somos partidarios de que este tema se desglose de ese proyecto legal que está a consideración y que sea consensuado entre todas las partes intervinientes y se reestructure un nuevo proyecto de ley que trate de normalizar esta temática. Este es el planteamiento que queremos hacer a la Comisión.

Es fundamental que todos los actores involucrados de alguna manera se pongan de acuerdo en un anteproyecto, sobre todo, el actor principal que es el BPS que en esta norma no está comprendido y que se verá obligado a cumplir con determinados preceptos de la ley.

Las tres Cajas Paraestatales se pusieron de acuerdo –como expresó el contador Martínez- en elaborar un anteproyecto que fue remitido al Presidente del Banco de Previsión Social en el mes de setiembre de 2000. En ese momento no se obtuvo una respuesta, pero estimamos que todavía hay tiempo para que todas las cajas contribuyan con los señores legisladores o con el Poder Ejecutivo en un proyecto que regule los traspasos de servicios. Esto puede tener consecuencias económicas imprevisibles para las Cajas. Hoy por hoy no hay estimación de los daños o de las dificultades que pueden aparecer de aplicarse un proyecto de esta índole, sobre todo en una Carta Orgánica de un instituto que compromete a los otros cuatro organismos de previsión social.

Este tema es tan complejo y de tal importancia que debe ser considerado en un proyecto de ley especial y merecería ser desglosado del proyecto de la Caja Notarial. Como dijo el contador Martínez, de ninguna manera queremos interferir en el proyecto de la Caja Notarial, pues el Directorio y sus afiliados entienden que debe aprobarse a la brevedad.

Si podemos lograr la voluntad de la Comisión y de los sectores del Poder Legislativo en que este tema tiene la suficiente importancia como para merecer una consideración especial, de todas maneras el proyecto de la Caja Notarial podría ser aprobado en los términos que la Caja lo considere necesario".

Por fin, el 13 de noviembre la Comisión recibe al Directorio del Banco de Previsión Social, quien por unanimidad de sus miembros y a través de la intervención de su Presidente, técnico agropecuario Carlos E. Gasparri, expresa:

"Con respecto al de la Caja Notarial, debemos decir que estuvimos tratándolo bastante. Tal es así, que en el día de ayer, en una reunión extraordinaria del Directorio, redondeamos un poco la idea para poder trasmitirla aquí. Mandamos realizar análisis jurídicos para analizar este artículo 87 del proyecto de ley de la Caja Notarial.

En principio, quiero decir que no hicimos una apreciación global del proyecto de ley sino que estudiamos, específicamente el artículo 87 porque consideramos que afecta a todas las Cajas. Pensamos que lo relativo a los traspasos entre las Cajas y las posibles jubilaciones acumulables nos afecta a todos. Históricamente han existido mecanismos de traspasos que han sido beneficiosos para unos y no muy justos para otros.

Con referencia al artículo 87, el Directorio considera oportuno que se retire del proyecto de ley para analizarlo en forma conjunta y proyectar una ley independiente que abarque no solo los conceptos básicos sino también lo relativo a la reglamentación, a fin de tener un claro marco legal de cómo se debería operar. Decimos esto porque tenemos una idea distinta de la plasmada en el proyecto.

Además, proponemos sacar el artículo 87 y elaborar una ley independiente porque tenemos que dar respaldo a la Caja Notarial que quiere que su ley esté vigente antes del 1º de enero, dado que ya tiene su programación administrativa planificada.

También consideramos que hay algunos otros aspectos que deberían ser distintos, pero no quiero profundizar mucho en esto porque no lo hizo el Directorio en su reunión del día de ayer. Observando la problemática casuística y analizando otros puntos, llegamos a la conclusión de que si nos ponemos a profundizar este artículo y lo modificamos buscando un consenso entre todas las Cajas, este proyecto no se va a aprobar antes de diciembre. Entonces, si para lo que puede aportar el Banco de Previsión Social en este tema es necesario modificar lo que ya está hecho, proponemos no perder tiempo y ganarlo retirando el artículo.

Nos gustaría que el artículo 87 se orientase hacia un sistema similar al que tiene el Banco con respecto a los acuerdos internacionales. Uruguay tiene acuerdo en seguridad social con aproximadamente 18 países, por los cuales se compensa o se complementa los años de trabajo de los uruguayos en otros países para lograr una pasividad; en estos casos, cada país paga a las personas el derecho adquirido en ese lugar.

El proyecto propone que se hagan traspasos de fondos de una Caja a otra y establece que luego esto se podrá reglamentar. Consideramos que para que esto sea trasparente y sirva como una sana determinación al trabajador, cada uno debe ser responsable de su cuota parte.

Si analizamos lo que está pasando en el mercado laboral y futurizamos el mundo dinámico, de cambio permanente en el que nos toca vivir, tenemos que darnos cuenta de que tal vez no vamos a vivir todo un período de actividad de 35 años en la Caja Bancaria, en la Profesional o en la Civil. Ya estamos viendo que en la actividad laboral se circula por distintas Cajas.

Entonces, lo mejor para esa gente que va a tener que aportar a distintas Cajas, sería ofrecerle un programa claro y trasparente que le asegure que, llegado el caso, va a percibir de cada una de ellas la cuota parte que le corresponda. Desde el punto de vista práctico, vemos que esto sería positivo; en ese mundo en el que el trabajador va a tener que rotar por distintas Cajas, sería bueno que el trabajador no tuviera la intención de no aportar porque una de esas Cajas mañana no lo va a beneficiar ya que no le va a traspasar los fondos a la que tiene más años de trabajo, tal como lo establece el proyecto. Aquí se generan un mundo de posibles dudas. Pero lo otro es claro; cada uno es responsable de su cuota parte y paga por ella, tal como lo hacemos con los países con los que tenemos convenios. Si actuamos así para afuera, lógico sería que podamos hacerlo entre nosotros. Entonces, debemos buscar la mecánica para que este mecanismo sea fluido, sano, trasparente y positivo para el trabajador.

Esa es nuestra intención y en esos términos hemos hablado con los Presidentes y Directivos de otras Cajas; puedo decir que todos estamos bastante alineados en ese sentido. Por eso decimos que si sacamos el artículo 87 del proyecto de ley, no tardaríamos mucho tiempo en elaborar una nueva iniciativa".

Más adelante señala: "Habría que formar una comisión integrada por todas las Cajas, el Poder Ejecutivo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y otras autoridades que ya han trabajado en esto, para elaborar un proyecto que profundice más que lo que lo hace este artículo 87".

En el intercambio posterior efectuado por vuestra Comisión de Seguridad Social y considerando tanto la posición de los legisladores y a través de ellos las de sus respectivas bancadas, han llegado a las siguientes conclusiones, que aspira se vean reflejadas en el plenario de la Cámara de Representantes:

1.- La Comisión expresa su acuerdo en general y en particular con el proyecto enviado por la Cámara de Senadores, reconociendo el esfuerzo realizado, pero estima necesario y conveniente el desglose del artículo 87 del mencionado proyecto.

2.- Manifestamos la máxima voluntad en cuanto a que el proyecto de reforma de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones –con la excepción mencionada en el punto anterior- sea aprobada por el Poder Legislativo en lo que resta del corriente año.

3.- Al mismo tiempo, estimamos que resulta imprescindible la constitución, al más breve plazo posible, de la Comisión sugerida por el Directorio del Banco de Previsión Social.

4.- Por lo tanto, sugerimos a la Cámara de Representantes, la aprobación de los criterios y recomendaciones de vuestra Comisión de Seguridad Social.

Sala de la Comisión, 20 de noviembre de 2001.

JOSÉ L. BLASINA, Miembro informante, DANIEL PEÑA.

PROYECTO DE LEY

TÍTULO I

DE LA CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1º.- Denomínase Caja Notarial de Seguridad Social a la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones creada por la Ley Nº 10.062, de 15 de octubre de 1941, la que se regirá por las disposiciones de la presente ley y demás normas aplicables.

Artículo 2º.- La Caja Notarial de Seguridad Social es persona jurídica de derecho público no estatal y tiene su domicilio legal en la ciudad de Montevideo.

Artículo 3º.- La representación de la misma, tanto en juicio como fuera de él, corresponderá al Presidente y Secretario del Directorio actuando conjuntamente, quienes, en cumplimiento de lo previsto por el literal D) del artículo 12 de la presente ley, podrán otorgar mandatos para la representación del instituto.

Artículo 4º.- Los bienes de la Caja serán inembargables, excepto para responder por las obligaciones que establece esta ley.

Artículo 5º.- La Caja está exonerada de toda clase de impuestos nacionales y tributos departamentales por las actuaciones y operaciones que realice, así como por sus bienes.

Artículo 6º.- El Estado no asume responsabilidad pecuniaria alguna vinculada a la subsistencia de la Caja o a la financiación de sus obligaciones, incluyéndose en estas el pago de las prestaciones que deba servir, y solo se limitará al cumplimiento de esta ley, en lo que le sea pertinente.

TÍTULO II

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO I

DEL DIRECTORIO

Artículo 7º.- La Caja estará dirigida por un Directorio Honorario compuesto de siete miembros, que se integrará de la siguiente manera:

- Un miembro afiliado escribano designado por el Poder Ejecutivo.

- Un miembro escribano integrante del Poder Judicial, designado por la Suprema Corte de Justicia.

- Un miembro afiliado jubilado, electo por los jubilados.

- Un miembro afiliado empleado en actividad, electo por los afiliados a que aluden los literales B), C), D) y E) del artículo 43 de la presente ley.

- Tres miembros afiliados escribanos en actividad, electos por los escribanos activos.

Artículo 8º.- La fecha de la elección de miembros del Directorio será fijada por el Poder Ejecutivo.

En caso de vacancia de algún cargo electivo de miembro del Directorio por agotamiento de la lista de suplentes, o cuando alguno de los órdenes electores no haya presentado listas, el Directorio solicitará al Poder Ejecutivo la convocatoria a una elección complementaria.

La Corte Electoral reglamentará las elecciones y tendrá a su cargo la recepción de votos, escrutinio, juzgamiento de la elección y proclamación de los candidatos electos.

Artículo 9º.- Las listas de candidatos por cada orden de electores deberán contener triple número de suplentes en orden respectivo, e igual número contendrán las designaciones que realicen los Poderes Públicos.

Artículo 10.- La Presidencia y Vicepresidencia del Directorio serán ejercidas siempre por escribanos. La Presidencia corresponderá al primer titular de la lista de escribanos activos más votada.

Asimismo, por mayoría absoluta de votos y cada dos años, el Directorio designará de su seno al Vicepresidente, Secretario, Prosecretario y Tesorero.

En caso de licencia o vacancia temporal, el Vicepresidente y el Prosecretario ejercerán la Presidencia y la Secretaría respectivamente.

Artículo 11.- Los miembros del Directorio durarán cuatro años en sus funciones pudiendo ser reelegidos; en forma consecutiva podrán serlo por una sola vez. Los electos mediante elección complementaria cesarán conjuntamente con los restantes integrantes del Cuerpo.

En todo caso, si durante el mandato se modificara la calidad requerida para integrar el Directorio respecto de cualesquiera de sus miembros de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7º de la presente ley, estos cesarán automáticamente en su cargo, convocándose al suplente respectivo.

Artículo 12.- Compete al Directorio:

A) Sancionar su reglamento general y demás reglamentaciones que considere necesarias.

B) Proponer las reformas a la presente ley que la experiencia aconseje como necesarias o convenientes.

C) Conceder o negar todo beneficio o prestación que pueda acordar el instituto.

D) Realizar los actos, gestiones y diligencias, de administración o de dominio, necesarios para el funcionamiento regular del instituto y conferir apoderamientos especiales.

E) Designar, sancionar y destituir al personal del instituto, pudiendo delegar la potestad sancionatoria en la máxima jerarquía administrativa salvo en los casos de destitución.

F) Determinar la época y forma de exhibición de los registros notariales y de las cotizaciones que los afiliados deban realizar, así como los deberes formales que estos deban cumplir.

G) Sancionar a los afiliados que incumplan la presente ley o las reglamentaciones correspondientes.

H) Fijar los sueldos fictos mínimos de los empleados de escribanía y cónyuges colaboradores, aportes complementarios mínimos, y los montos mínimos y máximos de las prestaciones no fijados legalmente.

I) Extender, con el voto conforme del representante del Poder Ejecutivo, la concesión de prestaciones de seguridad social para la cobertura de otras contingencias no previstas en esta ley y cubiertas por el régimen general, previo estudio técnico de que no se afectará el cumplimiento de las consagradas legalmente así como de las posibilidades financieras que garanticen su viabilidad.

J) Fijar los ajustes previstos por el artículo 67 de la Constitución de la República, pudiendo establecer un índice diferente así como índices diferenciales, al igual que adelantos a cuenta de dichos ajustes y asignaciones previsionales extraordinarias con carácter general, en forma racionalmente proporcionada a las posibilidades económicas del instituto, procurando satisfacer las necesidades reales del beneficiario.

  El establecimiento de un índice diferente o índices diferenciales, de adelantos a cuenta de los ajustes y de asignaciones extraordinarias, solo se podrán determinar y otorgar, cada vez, previo estudio técnico de que no se afectará el cumplimiento de las prestaciones consagradas legalmente así como de las posibilidades financieras que garanticen su viabilidad.

  El porcentaje resultante de la aplicación de índices diferentes o diferenciales no podrá superar, en cada caso, en un 30% (treinta por ciento) al mínimo que corresponda por el procedimiento establecido en la disposición constitucional referida.

  Asimismo, el importe anual en que se aumenten las prestaciones por aplicación de estos índices, no podrá exceder el 10% (diez por ciento) del incremento del fondo de invalidez, vejez y sobrevivencia producido en el ejercicio civil anterior, expresado en moneda de valor constante.

K) Celebrar convenios en materia de seguridad social con otros organismos nacionales o extranjeros.

L) Establecer regímenes de cancelación de adeudos generados por aportes, que aseguren convenientemente los servicios de amortización e interés y la actualización del monto adeudado.

LL) Delegar las atribuciones que entendiere pertinentes.

Las resoluciones relativas a los casos previstos por los literales G) y J) requerirán cinco votos conformes y las referentes a los literales H), I), L) y LL), seis votos conformes. Las atribuciones referidas a los literales indicados en este inciso son indelegables.

Artículo 13.- El Directorio solo podrá sesionar válidamente con la asistencia mínima de cinco miembros y sus resoluciones se adoptarán por simple mayoría, salvo disposición en contrario.

Artículo 14.- Las resoluciones del Directorio serán notificadas personalmente al interesado en las oficinas de la Caja o en el domicilio constituido o conocido.

También podrá practicarse la notificación citándose al interesado por telegrama colacionado para que concurra a la oficina dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de darlo por notificado. En el telegrama deberá individualizarse el expediente y citarse la presente disposición; su costo deberá ser reintegrado por el interesado dentro del mismo plazo o en el acto de notificarse.

Si el interesado no tuviere domicilio conocido en el país se le citará mediante tres publicaciones en el Diario Oficial para que concurra a notificarse en la oficina dentro del plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de la última publicación, bajo apercibimiento de darlo por notificado.

En las publicaciones deberá individualizarse el expediente y citarse la presente disposición; su costo deberá ser reintegrado por el interesado dentro del mismo plazo o en el acto de notificarse.

Artículo 15.- La falta de asistencia a cinco sesiones consecutivas o diez alternadas durante el año civil, sin licencia concedida o causa justificada a juicio del Directorio por cinco votos conformes, producirá el cese del miembro electo omiso y se convocará al suplente respectivo.

Si se tratare de los miembros designados por los Poderes Públicos, se convocará al suplente respectivo dando cuenta a aquellos de la omisión de sus respectivos representantes, estándose a lo que estos Poderes resuelvan en definitiva, a cuyos efectos dispondrán de un plazo de noventa días para expedirse. De no hacerlo en dicho plazo, automáticamente se producirá el cese del miembro omiso. Si el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial deciden remover a su representante, continuará en el desempeño del cargo el suplente respectivo, salvo que designen un nuevo miembro sustituto.

Artículo 16.- Toda resolución violatoria de la Constitución, leyes o reglamentos, importará la responsabilidad personal y solidaria de los miembros del Directorio.

Quedan exentos de esta responsabilidad:

A) Quienes hubieran hecho constar en el acta el voto negativo y su fundamento.

B) Los ausentes de la sesión en que se adoptó la resolución ilegítima, siempre que, en la primera sesión ordinaria posterior, a la que asistan, formulen la constancia prevista en el literal anterior.

  En el caso de voto negativo por razones de legitimidad, quedará en suspenso la resolución y dentro de los dos días hábiles siguientes a la sesión en que se aprobó el acta, el Secretario del Directorio, sin necesidad de previa resolución, elevará al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, testimonio del acta respectiva y los antecedentes que existieren.

  Si dicho Poder no se expidiera dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción del acta, la resolución del Directorio quedará firme y se cumplirá sin más trámite.

CAPÍTULO II

DE LA IMPUGNACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

Artículo 17.- Las resoluciones del Directorio podrán ser impugnadas por razones de mérito o legitimidad mediante recurso de revocación ante el mismo órgano, dentro del plazo de veinte días corridos a contar desde el siguiente al de la notificación.

El recurso solo podrá ser interpuesto por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por la resolución impugnada.

Artículo 18.- Interpuesto el recurso, el Directorio dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver, configurándose denegatoria ficta por el solo vencimiento del plazo.

Artículo 19.- Denegado el recurso, el ocurrente podrá deducir solamente por razones de legitimidad, demanda de anulación contra la resolución impugnada ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil que correspondiere, dentro del término de veinte días corridos siguientes al de la notificación de la denegatoria expresa o al momento en que se verificó la denegatoria ficta.

Artículo 20.- El Tribunal dará traslado de la demanda a la Caja Notarial de Seguridad Social, la que deberá evacuarlo con la remisión de los antecedentes administrativos relativos al caso, siguiéndose el procedimiento estatuido por los artículos 338 a 343 del Código General del Proceso.

El Tribunal, que fallará en única instancia, resolverá anulando total o parcialmente, o confirmando la resolución impugnada.

Artículo 21.- A petición de parte y previa vista por el término de seis días a la Caja Notarial de Seguridad Social, el Tribunal podrá disponer la suspensión transitoria, total o parcial, de la ejecución de la resolución impugnada, siempre que esta fuera susceptible de causar un perjuicio grave, de difícil reparación o irreparable, en caso de dictarse ulteriormente un fallo anulatorio.

Artículo 22.- Mientras transcurren los términos del recurso y la acción anulatoria, el reclamante tendrá derecho a la prestación que se le hubiere otorgado, sin perjuicio de la reliquidación que corresponda según el fallo emitido.

Artículo 23.- Será competente la justicia del trabajo en todas las reclamaciones que se originen por conflictos individuales emergentes de la relación laboral entre la Caja Notarial de Seguridad Social y sus empleados.

TÍTULO III

DEL PATRIMONIO Y LOS RECURSOS

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 24.- El patrimonio de la Caja se integra con:

A) Los bienes, créditos, derechos y acciones que posee actualmente o adquiera en el futuro.

B) Las contribuciones por montepío notarial de afiliados y patronos.

C) Las contribuciones al "Fondo Sistema Notarial de Salud".

D) Las rentas, intereses y beneficios de sus actividades, inversiones y reservas.

E) El producido de sanciones, multas, recargos e intereses que correspondan.

F) Los bienes, recursos y contribuciones que por cualquier título reciba.

Artículo 25.- Los gastos de administración del sistema de invalidez, vejez y sobrevivencia, no podrán insumir más de un 7% (siete por ciento) de las entradas brutas anuales.

Artículo 26.- El Directorio remitirá al Poder Ejecutivo dentro de los noventa días siguientes al cierre de cada ejercicio, una memoria completa e ilustrativa de la situación del Instituto, acompañada de los estados, balances, tasas de rentabilidad de sus inversiones y datos complementarios pertinentes. El Poder Ejecutivo recabará la auditoría externa del Tribunal de Cuentas y remitirá a la Caja el informe que produzca, así como la recomendación de las medidas que crea convenientes, debiendo esta dar cuenta de las resoluciones adoptadas.

Artículo 27.- El Directorio hará practicar cada cinco años o antes de ese plazo si lo cree necesario o a solicitud del Poder Ejecutivo, el estudio de la situación actuarial y financiera de la Caja y lo cursará a este último.

Dicho Poder comunicará a la Caja las consideraciones que le merezca, acompañando los estudios e informes que hubiere recabado y la recomendación de las medidas que crea convenientes, debiendo esta dar cuenta de las resoluciones adoptadas.

Artículo 28.- La Caja, con los saldos de fondos del sistema de invalidez, vejez y sobrevivencia (contribuciones previstas en el literal B) del artículo 24 de la presente ley menos prestaciones y gastos de administración), generados a partir de la vigencia de esta ley, solo podrá realizar las inversiones previstas en el artículo 123 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995 y sus modificativas, con los mismos criterios, calificaciones, límites y condiciones establecidos por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las mismas. Idéntico destino tendrá el producido de las precedentes inversiones. No serán de aplicación los períodos de reducción e incremento del porcentaje de inversiones previstos en los penúltimo y antepenúltimo incisos del referido artículo, correspondiendo aplicar desde el inicio los porcentajes definitivos fijados para la finalización de los mismos.

Asimismo, luego de realizar sus servicios, las inversiones previstas en el inciso anterior y las reservas que la prudencia aconseje, podrá colocar los saldos de fondos en:

A) Adquisición de títulos o valores de cualquier índole emitidos por el Estado o cualesquiera de los organismos que lo integran, incluidos los previstos por el artículo 144 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, y colocaciones bancarias en moneda nacional o extranjera.

B) Adquisición de inmuebles y construcción de edificios o mejoras en los mismos.

C) Préstamos a afiliados y escribanos, para vivienda o con otra finalidad social, siempre que en el primer destino se constituya garantía hipotecaria y en ambos se aseguren convenientemente los servicios de amortización e interés y la actualización del capital mutuado. La Caja Notarial podrá obtener apoyo técnico y financiero de organismos nacionales o extranjeros para la realización de estos planes.

D) Realización de otras inversiones, ya sea en forma autónoma o mediante todo tipo de figuras asociativas, siempre y cuando ofrezcan convenientes niveles de rentabilidad y seguridad y no superen en cada caso el 5% (cinco por ciento) del total de las inversiones. Para realizar estas inversiones se requerirán seis votos conformes.

  El Poder Ejecutivo controlará el cumplimiento de las normas relativas a inversiones, pudiendo delegar dicha fiscalización en el Banco Central del Uruguay.

  La Caja deberá enviar anualmente al domicilio de cada uno de sus afiliados la información referida a las inversiones realizadas y a su rendimiento, de acuerdo a las normas que establezca el Poder Ejecutivo o el Banco Central del Uruguay, en su caso.

Artículo 29.- El monto imponible para las contribuciones de los sujetos pasivos está constituido por los honorarios íntegros devengados a la fecha de la actuación notarial, de conformidad con el Arancel Oficial de la Asociación de Escribanos del Uruguay vigente a la fecha de promulgación de la presente ley o sus modificaciones que impliquen exclusivamente la inclusión de actuaciones no previstas en el mismo; ello, con total prescindencia de la renuncia o reducción de los mismos que esté autorizado a hacer el escribano; los fictos complementarios; los sueldos o salarios reales o fictos; los subsidios servidos por esta Caja y las asignaciones de pasividad.

A los efectos de las contribuciones de los escribanos en actividad, no se tomarán en cuenta los aumentos del monto imponible de la materia gravada o de las alícuotas aplicables del arancel y sus modificaciones referidos en el inciso anterior, sin perjuicio de las actualizaciones monetarias que correspondieran.

Artículo 30.- La tasa de aportación personal jubilatoria (montepío) de los afiliados escribanos activos sobre todas las asignaciones computables en actividades amparadas por la Caja Notarial de Seguridad Social, será del 15,5% (quince y medio por ciento).

El Directorio de la Caja podrá disminuir la tasa cuando la situación de la institución y las proyecciones actuariales y financieras lo permitan.

Artículo 31.- La tasa de aportación personal jubilatoria (montepío) de los afiliados empleados activos sobre todas las asignaciones computables en actividades amparadas por la Caja Notarial de Seguridad Social, será del 15% (quince por ciento) y regirá desde el primer día del mes siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley.

Artículo 32.- A efectos de la cobertura del aumento de las aportaciones personales de los afiliados empleados dispuesto en el artículo anterior, se incrementarán sus remuneraciones sujetas a montepío en el porcentaje necesario a fin de que sean equivalentes a las líquidas vigentes con anterioridad a dicha fecha, calculadas sobre las retribuciones reales o fictas. Dicho incremento será obligatorio desde el primer día del mes siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley.

Se entiende por remuneraciones líquidas, las nominales o fictas menos los aportes personales jubilatorios, las contribuciones al "Fondo Sistema Notarial de Salud" y los impuestos que graven a aquellas.

Artículo 33.- El aporte patronal que devengue la actividad de los afiliados empleados será el 10% (diez por ciento) calculado sobre las remuneraciones fijadas administrativamente o por convenio colectivo, o sobre las reales percibidas si fueren superiores.

El patrono será agente de retención del aporte del empleado. En caso de que la parte empleadora esté constituida por más de un escribano, los mismos responderán solidariamente por las obligaciones para con la Caja.

Artículo 34.- Cuando los afiliados comprendidos en el literal A) del artículo 43 de la presente ley, no alcancen a satisfacer en el año civil una suma equivalente a la que resulte de la aplicación de la tasa fijada por el artículo 30 de la presente ley, sobre el monto anual de la jubilación mínima que fije el Directorio por la causal común, deberán completar la aportación hasta la suma concurrente, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 35 de la presente ley.

No obstante lo dispuesto por el inciso anterior, el Directorio podrá reducir aquella suma, así como establecer proporciones diferentes de aportación mínima o fraccionar su pago, atendiendo a la antigüedad en la afiliación, la situación económico-financiera del Instituto y el nivel de la actividad profesional.

Artículo 35.- Denomínase "Fondo Sistema Notarial de Salud" al "Fondo de Subsidio por Enfermedad" creado por el artículo 111 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960.

Los afiliados a la Caja Notarial de Seguridad Social deberán aportar con afectación específica al "Fondo Sistema Notarial de Salud", el 3% (tres por ciento) de los honorarios nominales que correspondan a los efectos de la aportación conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de la presente ley, o fictos complementarios, o de los montos nominales de sueldos o pasividades, o subsidios, según corresponda de acuerdo a las diferentes categorías.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, en el caso de afiliados jubilados y afiliados escribanos activos, el referido aporte tendrá un monto mínimo mensual o su acumulado anual, respectivamente, que establecerá el Directorio en función de las necesidades de financiamiento del "Fondo Sistema Notarial de Salud", y que no podrá exceder el monto de la cuota mutual mensual y sus adicionales o su acumulación anual, calculados de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 337 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992 y decretos reglamentarios.

Los recursos provenientes del Fondo referido serán exclusivamente destinados para cumplir con lo dispuesto por los incisos final del artículo 111 de la Ley Nº 12.802, de 30 de noviembre de 1960 y primero del artículo 88 de la presente ley.

La tasa prevista por el inciso segundo regirá, para los afiliados jubilados y empleados, a partir del primer día del mes siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley.

Artículo 36.- Conjuntamente con el pago del aporte patronal, el empleador deberá cubrir con destino al "Fondo Sistema Notarial de Salud", la diferencia que pudiera existir entre las contribuciones a dicho Fondo a cargo de sus empleados y el monto mínimo mensual establecido de conformidad con el inciso tercero del artículo anterior, multiplicado por el número de dependientes beneficiarios.

Artículo 37.- Los escribanos, en todos los actos relativos al ejercicio profesional, deberán utilizar papel notarial de actuación de las características establecidas por la Suprema Corte de Justicia en razón de la superintendencia que ejerce sobre el notariado nacional, y la Caja Notarial tendrá su administración, impresión y distribución.

Artículo 38.- La autoridad competente no rubricará protocolos de escribanos, sin que se acredite el pago del Montepío Notarial y contribuciones al "Fondo Sistema Notarial de Salud", correspondientes a todas las actuaciones registrales anteriores.

Artículo 39.- Las oficinas públicas y los escribanos no admitirán documentos notariales extrarregistrales, ni testimonios o certificados finales de actuaciones de jurisdicción voluntaria con intervención notarial, de los cuales no surja la constancia de pago del aporte a la Caja Notarial y su monto.

Artículo 40.- El Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y demás personas públicas, no abonarán a los escribanos retribución alguna sin la exhibición de un certificado expedido por la Caja que acredite hallarse en situación regular de pagos. Este certificado tendrá vigencia anual.

Facúltase al Directorio de la Caja a reglamentar la implementación de la presente disposición.

Artículo 41.- Los testimonios de las resoluciones firmes del Directorio de la Caja Notarial de Seguridad Social, asentadas en actas y relativas a deudas por contribuciones de seguridad social de sus afiliados, constituyen títulos ejecutivos siempre que cumplan con los requisitos previstos por el artículo 92 del Código Tributario.

Artículo 42.- En los juicios ejecutivos por cobro de las deudas a que refiere el artículo anterior, no se requerirá previamente intimación de pago ni citación a conciliación y solo serán admisibles las excepciones de inhabilidad del título, falta de legitimación pasiva, nulidad de la resolución declarada conforme a lo previsto por esta ley, extinción de la deuda, espera concedida con anterioridad al embargo y las previstas por el artículo 133 del Código General del Proceso.

TÍTULO IV

DE LOS AFILIADOS

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 43.- Están obligatoriamente afiliados a la Caja Notarial de Seguridad Social:

A) Los escribanos públicos que ejerzan la profesión, desempeñando efectivamente actividad notarial particular.

  No son amparables los servicios consistentes en desempeñar actividades notariales como funcionarios en cualquier oficina pública estatal.

B) Los empleados de los escribanos comprendidos en el literal anterior siempre y cuando no revistan la calidad de cónyuges del patrono.

C) Los cónyuges de escribano, que en forma personal y habitual colaboren con este, secundándolo en las tareas propias de su profesión (cónyuge colaborador).

D) El personal de las asociaciones gremiales de afiliados al Instituto que tengan personalidad jurídica.

E) Los empleados de la Caja que desempeñen tareas vinculadas directa o principalmente con el funcionamiento de sus servicios administrativos.

F) Los jubilados de la propia Caja.

Artículo 44.- Por empleados de escribanía se entiende exclusivamente aquellos que colaboran con el escribano en las tareas propias de su profesión.

El patrono está obligado a denunciar a la Caja la afiliación de sus empleados dentro de los treinta días siguientes al comienzo de la relación laboral.

Artículo 45.- No serán afiliables al instituto las personas que este ocupe en la explotación de sus inversiones o para la prestación efectiva de servicios de salud, cuya afiliación se regirá por las leyes que amparen las actividades respectivas.

Artículo 46.- Los servicios amparados por esta ley se computan por el tiempo calendario que medie entre la iniciación y la desvinculación o cese, incluyéndose los lapsos de goce de subsidio, así como los de inactividad en los que no pueda determinarse la configuración de cese y posterior reingreso.

El Directorio apreciará con arreglo a la naturaleza de la actividad de que se trate, el total de los servicios computables.

Solo se computarán aquellos servicios por los cuales exista aportación con paga efectiva, no siendo de aplicación a estos efectos los restantes modos de extinción de las obligaciones.

Artículo 47.- Son computables los servicios prestados por los afiliados a partir de los dieciocho años de edad. Los prestados antes de los dieciocho y desde los quince años de edad solo serán computados cuando la actividad esté habilitada legalmente para ejercerse a tal edad, siempre que se hubieren registrado contemporáneamente ante el organismo correspondiente.

En el caso de los dependientes, el amparo no será afectado por eventuales infracciones del empleador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50 de la presente ley.

Artículo 48.- El período de tiempo en que el afiliado activo estuviere suspendido en el ejercicio de sus funciones, será computable toda vez que fuere absuelto de culpa y pena por la Justicia o se acordare sobreseimiento de la causa.

Artículo 49.- La prueba de los servicios se efectuará mediante registros y documentos notariales, documentación laboral fehaciente y demás medios probatorios admitidos por el ordenamiento jurídico.

El Directorio reglamentará el procedimiento probatorio pudiendo recabar de oficio las probanzas que estime pertinentes.

En caso de proceder la declaración de testigos fuera del departamento de Montevideo, la Caja podrá solicitar por exhorto a los Juzgados competentes que practiquen su diligenciamiento.

Artículo 50.- Los servicios de los afiliados a la Caja Notarial de Seguridad Social prestados con anterioridad a la implementación de la historia laboral (1º de marzo de 1942), se reconocerán cuando sean acreditados mediante prueba documental tanto en los años de actividad como en el monto computable y en el caso de los trabajadores no dependientes, las aportaciones correspondientes.

Los servicios prestados con anterioridad a la vigencia de la presente ley podrán denunciarse dentro del plazo de dos años contados a partir de su entrada en vigor.

No obstante, en el caso de servicios de empleados, estos podrán denunciarse dentro del plazo de dos años contados a partir del cese de la relación laboral de que se trate.

Vencidos tales plazos, no se admitirá denuncia alguna.

Las aportaciones a que se refiere el presente artículo se efectuarán con las actualizaciones que correspondan.

TÍTULO V

DEL SISTEMA PREVISIONAL

CAPÍTULO I

DE LAS PRESTACIONES

Artículo 51.- Las prestaciones por vejez, invalidez y sobrevivencia, a cargo de la Caja Notarial de Seguridad Social, son las jubilaciones, los subsidios por enfermedad y por expensas funerarias, y las pensiones.

CAPÍTULO II

DE LAS JUBILACIONES

Artículo 52.- Según la causal que la determine, la jubilación puede ser:

A) Jubilación común.

B) Jubilación por incapacidad total.

C) Jubilación por edad avanzada.

Artículo 53.- Para configurar causal de jubilación común, se exigirán los siguientes requisitos:

1) Sesenta años de edad y un mínimo de treinta y cinco años de servicios.

2) Sesenta años de edad y un mínimo de treinta años de servicios, computándose a estos efectos exclusivamente los prestados en actividades amparadas por la Caja Notarial de Seguridad Social. En caso de que no se reúna el mínimo referido de tales servicios, se exigirá el previsto en el numeral anterior.

  Las causales se configurarán aun cuando los mínimos de edad requeridos se alcancen con posterioridad a la fecha del cese en la actividad.

Artículo 54.- Tienen derecho a jubilación por incapacidad los afiliados que se incapaciten en forma absoluta y permanente, para todo trabajo o para el empleo o profesión habitual, siempre que la incapacidad sobrevenga en actividad o en períodos de inactividad compensada.

Cuando aquella sobrevenga después del cese en las situaciones previstas precedentemente, se tendrá derecho siempre que se haya computado diez años de servicios amparados por la Caja como mínimo y no se fuere beneficiario de otra jubilación o retiro.

El grado de severidad de la incapacitación que dé mérito a la concesión de esta jubilación se establecerá atendiendo a la naturaleza de la actividad de que se trate, a los baremos aprobados para los afiliados al Banco de Previsión Social y al porcentaje de invalidez fijado por el Poder Ejecutivo para la incapacidad absoluta para todo trabajo.

Artículo 55.- Cuando se determine la existencia de una incapacidad absoluta y permanente se establecerá si el afiliado debe someterse a exámenes médicos periódicos practicados por los servicios que el Directorio indique.

El beneficiario deberá necesariamente presentarse a dichos exámenes y la ausencia injustificada a los mismos, aparejará la inmediata suspensión de la prestación.

Esta dejará también de servirse, si al practicarse los exámenes periódicos dispuestos se constatare el cese de la incapacidad, salvo que el beneficiario contara con la edad mínima para configurar causal común.

Artículo 56.- La causal de jubilación por edad avanzada se configura al cumplir setenta años, siempre que no se cuente con causal de jubilación común y se acrediten quince años de servicios reconocidos, se encuentre o no en actividad a la fecha de configuración de tal causal.

La jubilación por edad avanzada es incompatible con cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo la prestación que provenga del régimen general de jubilación por ahorro individual.

No obstante en el caso de afiliados en actividad a la fecha de promulgación de la presente ley que, a la misma fecha, fueren beneficiarios de prestación de jubilación por la causal común servida por el Banco de Previsión Social y tuvieren en el caso de las mujeres cincuenta y nueve o más años de edad y en el caso de los hombres sesenta o más años de edad podrán, cuando acrediten quince años de servicios reconocidos, acceder a la prestación de jubilación por edad avanzada, la que será únicamente compatible con la referida jubilación del Banco de Previsión Social y con la prestación que provenga del régimen general de jubilación por ahorro individual.

CAPÍTULO III

DEL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD

Artículo 57.- Los afiliados en actividad que se enfermaren o incapacitaren temporariamente y en forma severa para el trabajo, mientras persistan dichas causales, percibirán mensualmente un subsidio equivalente al 70% (setenta por ciento) del promedio mensual actualizado de las asignaciones computables del último trienio. Dicha actualización se hará hasta el mes inmediato anterior al comienzo de la incapacitación, de acuerdo al Indice General de los Precios del Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

El subsidio mensual no podrá ser superior al 70% (setenta por ciento) del sueldo básico jubilatorio máximo previsto por esta ley, es incompatible con el ejercicio profesional, con el goce de subsidio por maternidad y toda remuneración a cargo del empleador, y se servirá por un plazo que no excederá de tres años.

No se tendrá derecho a este beneficio cuando se trate de enfermedades crónicas cuyo origen sea anterior a la afiliación a la Caja o que incapacitaren por un período inferior a treinta días.

El derecho a este beneficio se configurará una vez transcurridos tres años contados a partir de la registración de la afiliación.

Facúltase al Directorio de la Caja Notarial de Seguridad Social, atendiendo a la naturaleza de la actividad de que se trate y a los baremos aprobados para los afiliados al Banco de Previsión Social y pautas médicas generalmente aceptadas, para que establezca el grado de severidad de la incapacitación que dé mérito a la concesión de este subsidio.

Si el subsidio por enfermedad se solicita dentro del plazo de sesenta días del acaecimiento de la incapacidad, se devengará desde la iniciación de la misma. Si se presentare fuera del mencionado plazo, se devengará desde la fecha de la solicitud.

CAPÍTULO IV

DE LAS PENSIONES

Artículo 58.- Los afiliados activos, cualquiera sea el tiempo de servicios acreditados y los afiliados que se encuentren en goce de pasividad o hubieren perdido tal derecho según el artículo 75 de la presente ley, causan pensión ante el acaecimiento de los siguientes hechos:

A) La muerte o declaración judicial de ausencia, sin perjuicio de que los presuntos causahabientes puedan solicitar la liquidación provisoria de la pensión desde que esté configurada la presunción judicial de ausencia.

B) La desaparición en un siniestro o hecho conocido de manera pública y notoria que haga presumir la muerte, previa información sumaria.

  La pensión caducará, pudiéndose ordenar la devolución de lo pagado a juicio del órgano competente, desde el momento en que el causante apareciere con vida o no se obtuviera la declaración de ausencia dentro de los dos años siguientes a la fecha en que esta pudo solicitarse.

Artículo 59.- También causará pensión el afiliado desocupado que:

A) Fallezca durante el período de amparo al régimen de prestaciones por desempleo, en caso de que estas existan, o dentro de los doce meses inmediatos siguientes al cese de dicha prestación o al de la actividad, cuando no tuviere derecho a aquel.

B) Fallezca después del cese en la actividad y no se encuentre comprendido en las situaciones previstas en el literal anterior, siempre que compute como mínimo diez años de servicios amparados por la Caja y sus causahabientes no fueren beneficiarios de pensión generada por el mismo causante.

Artículo 60.- Siempre que al momento de configuración de la causal no se hallaren en situación de desheredación o indignidad para suceder, tienen derecho a pensión las siguientes personas:

A) Las personas viudas.

B) Los hijos solteros mayores de dieciocho años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo y los hijos solteros menores de veintiún años de edad excepto cuando se trate de mayores de dieciocho años de edad que dispongan de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

C) Los padres absolutamente incapacitados para todo trabajo.

D) Las personas divorciadas.

El derecho a pensión de los hijos se configurará en el caso de que su padre o madre no tengan derecho a pensión, o cuando estos, en el goce del beneficio, fallezcan o pierdan el derecho por cualquiera de los impedimentos establecidos legalmente.

Artículo 61.- El derecho de los beneficiarios quedará sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones:

A) Las personas divorciadas, siempre que no fueran declaradas culpables y acrediten además que, a la fecha de configurada la causal, eran beneficiarias de pensión alimenticia decretada u homologada judicialmente y servida por el causante.

B) Los hijos solteros mayores de veintiún años y los padres, absolutamente incapacitados para todo trabajo, siempre que acrediten además, que carecen de medios de vida que les permitan subvenir a su sustento, el que debió estar a cargo del causante en forma total o principal.

C) Los hijos adoptivos o los padres adoptantes, en todo caso, siempre que prueben, además de lo que se establece en el literal anterior, que han integrado de hecho un hogar común con el causante y convivido en su morada constituyendo con el mismo una unidad moral y económica similar a la de la familia, y que esta situación fuese notoria y preexistente, por lo menos en cinco años a la fecha de configurarse la causal, aun cuando el cumplimiento de las formalidades legales de adopción fuese más reciente. Cuando la causal pensionaria se opere antes de que el adoptado haya cumplido los diez años de edad, se exigirá como mínimo que haya convivido con el causante la mitad de su edad a dicha fecha.

  Esta pensión es incompatible con la causada por vínculo de consanguinidad, pudiendo optar el interesado por una u otra.

Artículo 62.- Tratándose de personas viudas que tengan cuarenta o más años de edad a la fecha de fallecimiento del causante, o que cumplan esa edad gozando del beneficio de la pensión, la misma se servirá durante toda su vida.

Las personas divorciadas que cumplan con los requisitos establecidos en este artículo, gozarán igualmente de la pensión durante toda su vida, salvo que se configuren respecto de las mismas las causales de pérdida de la prestación que se establecen en el artículo 69 de la presente ley.

En el caso de que las personas viudas o divorciadas tengan entre treinta y treinta y nueve años de edad a la fecha del fallecimiento del causante, la pensión se servirá por el término de cinco años y por el término de dos años, cuando los mencionados beneficiarios sean menores de treinta años de edad a dicha fecha.

Los límites de prestación de la pensión a que hace referencia el inciso anterior no regirán en los casos que:

A) El beneficiario estuviese total y absolutamente incapacitado para todo trabajo.

B) Integren el núcleo familiar del beneficiario hijos solteros menores de veintiún años de edad, en cuyo caso la pensión se servirá hasta que estos alcancen dicha edad una vez cumplidos los términos del inciso tercero, excepto cuando se trate de mayores de dieciocho años de edad que dispongan de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

C) Integren el núcleo familiar del beneficiario hijos solteros mayores de dieciocho años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo.

CAPÍTULO V

DETERMINACIÓN DEL MONTO Y DEMÁS CONDICIONES DE LAS PRESTACIONES

Artículo 63.- El sueldo básico jubilatorio se calculará obteniendo el promedio mensual resultante de la actualización de las asignaciones computables, mensuales o anuales, considerándose:

A) En el caso de afiliados escribanos, los treinta años de mejores asignaciones computables actualizadas, por servicios registrados en su historia laboral, en la forma que reglamente el Directorio.

B) En el caso de afiliados empleados, los diez últimos años de servicios registrados en la historia laboral, limitado al promedio mensual de los veinte años de mejores asignaciones computables actualizadas, por servicios registrados en la historia laboral, incrementado en un 5% (cinco por ciento). Si fuera más favorable para el afiliado, el sueldo básico jubilatorio será el promedio de los veinte años de mejores asignaciones computables actualizadas, por servicios registrados en la historia laboral.

C) En el caso de aquellos con doble afiliación (como escribano y como empleado), que configuren causales jubilatorias por sendas actividades independientemente, el sueldo básico jubilatorio será el resultado de sumar los sueldos básicos previstos por los literales A) y B).

Tratándose de jubilación por incapacidad o de jubilación por edad avanzada, si el tiempo de servicios computado no alcanza al período o períodos de cálculo indicados en los incisos anteriores de este artículo, se tomará el promedio actualizado correspondiente al período o períodos efectivamente registrados.

La actualización se hará hasta el mes inmediato anterior al inicio del servicio de la pasividad, de acuerdo al Índice General de los Precios al Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

Artículo 64.- La asignación de jubilación será:

A) Para la jubilación común, el resultado de aplicar sobre el sueldo básico jubilatorio respectivo, los porcentajes que se establecen a continuación:

1) El 50% (cincuenta por ciento) cuando se reúnan los requisitos mínimos para la configuración de la causal.

2) Se adicionará un 0,5% (medio por ciento) del sueldo básico jubilatorio por cada año que exceda de treinta o de treinta y cinco años de servicios, según el caso (artículo 53 de la presente ley), al momento de configurarse la causal, con un tope del 2,5% (dos y medio por ciento).

3) A partir de los sesenta años de edad, por cada año de edad que se difiera el retiro, después de haberse configurado la causal y hasta los setenta años de edad, se adicionará un 3% (tres por ciento) del sueldo básico jubilatorio por año con un máximo de 30% (treinta por ciento). Si no se hubiera configurado causal, por cada año de edad que supere los sesenta se adicionará un 2% (dos por ciento) hasta llegar a los setenta años de edad, o hasta la configuración de la causal si esta fuera anterior.

  Los porcentajes adicionales establecidos en este numeral en ningún caso se acumularán para un mismo período.

B) Para la jubilación por incapacidad, el 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo básico jubilatorio.

C) Para la jubilación por edad avanzada, el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo básico jubilatorio al configurarse la causal, más el 1% (uno por ciento) del mismo, por cada año que exceda los quince años de servicios, con un máximo del 14% (catorce por ciento).

Artículo 65.- El sueldo básico de pensión será equivalente a la jubilación que le hubiere correspondido al causante a la fecha de configuración de la causal pensionaria, con un mínimo equivalente a la asignación de la jubilación por incapacidad.

Si el causante estuviere ya jubilado el sueldo básico de pensión será la última asignación de pasividad, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 67 de la presente ley.

Artículo 66.- La asignación de pensión será:

A) Si se trata de personas viudas o divorciadas, el 75% (setenta y cinco por ciento) del sueldo básico de pensión cuando exista núcleo familiar, o concurrencia con hijos no integrantes del mismo o padres del causante. En ningún caso la asignación a las personas divorciadas podrá exceder el monto de la pensión alimenticia servida por el causante.

B) Si se trata exclusivamente de la viuda o viudo o hijos del causante, el 66% (sesenta y seis por ciento) del sueldo básico de pensión.

C) Si se trata de hijos en concurrencia con los padres del causante, el 66% (sesenta y seis por ciento) del sueldo básico de pensión.

D) Si se trata exclusivamente de las divorciadas o los divorciados, o padres del causante, el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo básico de pensión.

E) Si se trata de la viuda o viudo en concurrencia con la divorciada o divorciado, sin núcleo familiar, el 66% (sesenta y seis por ciento) del sueldo básico de pensión. Si solo una de las categorías tuviere núcleo familiar, el 9% (nueve por ciento) de diferencia se asignará a esa parte.

Artículo 67.- Ningún sueldo básico podrá superar la suma de $ 25.000 (pesos uruguayos veinticinco mil), no rigiendo para todas las asignaciones resultantes otro tope que no sea el derivado de la aplicación del presente, excepto el sueldo básico previsto por el literal c) del artículo 63 de la presente ley, que podrá exceder este tope hasta en un 30% (treinta por ciento).

Artículo 68.- En caso de concurrencia de beneficiarios, la distribución de la asignación de pensión se efectuará conforme a las siguientes normas:

A) A la viuda o viudo, divorciada o divorciado, con núcleo familiar, en concurrencia con otros beneficiarios, les corresponderá el 70% (setenta por ciento) de la asignación de pensión.

  Cuando concurran con núcleo familiar la viuda o viudo y divorciada o divorciado, la distribución de dicho porcentaje se hará por partes iguales a cada categoría. En el caso de que una sola de las categorías integre núcleo familiar, su cuota parte será superior en un 14% (catorce por ciento) a la del resto de los beneficiarios.

  El remanente de la asignación de pensión se distribuirá en partes iguales entre los restantes copartícipes de pensión.

B) A la viuda o viudo, divorciada o divorciado, sin núcleo familiar, en concurrencia con otros beneficiarios, le corresponderá el 60% (sesenta por ciento) de la asignación de pensión.

  Cuando concurran la viuda o viudo y divorciada o divorciado, la distribución de dicho porcentaje se hará por partes iguales a cada categoría.

  El remanente se distribuirá en partes iguales entre los restantes copartícipes de pensión.

C) En los demás casos, la asignación de pensión se distribuirá en partes iguales.

  En caso de las divorciadas o divorciados en concurrencia con otros beneficiarios, el remanente que pudiera surgir de la aplicación del literal A) del artículo 66 de la presente ley, se distribuirá en la proporción que corresponda a los restantes beneficiarios.

Artículo 69.- El derecho a pensión se pierde:

A) Por contraer matrimonio las personas divorciadas.

B) Por alcanzar los hijos los veintiún años de edad, salvo que acrediten hallarse absolutamente incapacitados para todo trabajo y carecer de medios para subvenir a su sustento, el que debió estar a cargo del causante en forma total o principal.

C) Por recuperar la capacidad antes de los cuarenta y cinco años de edad, cuando la incapacidad fuere requisito del beneficio pensionario.

Artículo 70.- Cuando un beneficiario falleciere o perdiere su derecho a percibir la pensión, se procederá a reliquidar la asignación de pensión si correspondiera, así como a su distribución, de acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores.

Artículo 71.- A los efectos de lo dispuesto en los artículos anteriores, se considera núcleo familiar la sola existencia de hijos solteros del causante, menores de veintiún años de edad o mayores de veintiún años absolutamente incapacitados para todo trabajo.

Artículo 72.- A los efectos de esta ley las referencias a padres e hijos comprenden a ambos sexos y a las calidades legales de legítimos, naturales, adoptantes y adoptivos.

Artículo 73.- Los haberes de jubilación se devengarán a partir del cese de actividad o configuración de la causal si fuere posterior a aquel, y los de pensión desde la configuración de la causal.

No obstante, si la solicitud no se hubiere formulado dentro de los ciento ochenta días de producido el hecho determinante, los haberes se devengarán a partir de la fecha de presentación de aquella.

Artículo 74.- Para recibir la asignación de jubilación o pensión se requiere que haya existido cotización efectiva o ponerse al día únicamente a través de los medios previstos por los artículos 29 a 37 del Código Tributario o por el mecanismo aludido en el literal L) del artículo 12 de la presente ley, con las contribuciones establecidas a favor de la Caja, por los servicios que la generaron, así como el cumplimiento regular de las obligaciones para con el instituto.

Artículo 75.- El otorgamiento de la jubilación notarial significa el cese del escribano en el ejercicio de sus funciones notariales, sin que le sea permitido continuar en las mismas.

Si infringiere esta prohibición, se le sancionará con la pérdida de hasta el 75% (setenta y cinco por ciento) de la pasividad, durante el período que el Directorio estime conveniente, con un máximo de un año.

La reiteración de la infracción será penada con la pérdida de la pasividad por hasta un máximo de diez años.

El Directorio reglamentará la adjudicación de cierta parte de la retención efectuada, al cónyuge y/o parientes del jubilado que estuvieren a su cargo y carecieren de ingresos.

Si el sancionado optare por el reingreso a la actividad, la sanción aplicada se suspenderá, retomando fuerza y vigor cuando el escribano se acogiera nuevamente a los beneficios jubilatorios.

Artículo 76.- El jubilado podrá renunciar al goce de su pasividad, volviendo al ejercicio de sus funciones.

Si hiciere uso de este derecho, no podrá acogerse de nuevo a la pasividad hasta transcurridos dos años desde la fecha de la renuncia.

CAPÍTULO VI

DEL SUBSIDIO PARA EXPENSAS FUNERARIAS

Artículo 77.- Quien acredite haberse hecho cargo de los gastos del sepelio de un afiliado, tendrá derecho a un subsidio por el importe de los gastos efectivamente realizados, hasta un máximo de $ 4.600 (pesos uruguayos cuatro mil seiscientos). La Caja podrá sustituir dicho subsidio por la prestación directa o por contrato de los servicios funerarios.

Este beneficio es incompatible con la percepción de cualquier otro subsidio para expensas funerarias de otro organismo de seguridad social y deberá ser solicitado dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la fecha de fallecimiento de quien lo causa, vencido el cual caducará.

TÍTULO VI

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 78.- Podrán optar entre quedar comprendidos en el régimen previsional que se deroga o en las disposiciones de la presente ley, los afiliados que, sin ser jubilados, hubiesen configurado causal de jubilación por el régimen legal que se sustituye antes de la vigencia de esta ley, o la configuraren antes del 1º de enero del 2002.

Artículo 79.- Para configurar la causal de jubilación común se requiere, además de los años de servicios, el cumplimiento de una edad mínima, de acuerdo al siguiente detalle:

I) Para el hombre, el cumplimiento de sesenta años de edad.

II) Para la mujer, el cumplimiento de una edad mínima de:

- Cincuenta y seis años a partir del 1º de enero del 2002.

- Cincuenta y siete años a partir del 1º de enero del 2003.

- Cincuenta y ocho años a partir del 1º de enero del 2005.

- Cincuenta y nueve años a partir del 1º de enero del 2006.

  A partir del 1º de enero del 2007 la edad mínima de jubilación de la mujer por la causal común, será de sesenta años.

Artículo 80.- Para configurar causal de jubilación por edad avanzada se requiere:

I) Un mínimo de:

- Once años de servicios, a partir del 1º de enero del 2002.

- Doce años de servicios, a partir del 1º de enero del 2003.

- Trece años de servicios, a partir del 1º de enero del 2005.

- Catorce años de servicios, a partir del 1º de enero del 2006.

  A partir del 1º de enero del 2007 se requerirá un mínimo de quince años de servicios.

II) El cumplimiento de una edad mínima de:

A) Para el hombre, setenta años de edad.

B) Para la mujer:

- Sesenta y seis años a partir del 1º de enero del 2002.

- Sesenta y siete años a partir del 1º de enero del 2003.

- Sesenta y ocho años a partir del 1º de enero del 2005.

- Sesenta y nueve años a partir del 1º de enero del 2006

  A partir del 1º de enero del 2007 se requerirá para la mujer, un mínimo de setenta años de edad para configurar la causal por edad avanzada.

Artículo 81.- Cuando por aplicación de lo dispuesto por el literal A) del artículo 64 de la presente ley, la tasa de reemplazo aplicable resultare inferior al 60% (sesenta por ciento), la misma se elevará hasta dicho porcentaje a partir de la vigencia de esta ley, reduciéndose de acuerdo al siguiente detalle:

- Al 58% (cincuenta y ocho por ciento) a partir del 1º de enero de 2002.

- Al 56% (cincuenta y seis por ciento) a partir del 1º de enero de 2003.

- Al 54% (cincuenta y cuatro por ciento) a partir del 1º de enero de 2005.

- Al 52% (cincuenta y dos por ciento) a partir del 1º de enero de 2006.

A partir del 1º de enero de 2007, la tasa de reemplazo será la prevista en el artículo 64 de la presente ley.

TÍTULO VII

DE LA MATERIA GRAVADA Y DE LAS ASIGNACIONES COMPUTABLES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 82.- Todas las asignaciones computables a los efectos de las prestaciones, constituyen materia gravada por las contribuciones establecidas en favor de la Caja.

En caso de que una determinada asignación o partida resulte, según el período gravada o no y modifique tal naturaleza, la misma será computable solo por los períodos y montos en los que haya constituido materia gravada.

Artículo 83.- Son asignaciones computables los honorarios nominales que correspondan a los efectos de la aportación conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de la presente ley, los honorarios fictos correspondientes a complementos por aportes mínimos, los subsidios y los sueldos o salarios, reales o fictos.

TÍTULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 84.- Las asignaciones de jubilación, pensión o subsidio son inalienables e inembargables, y toda venta o cesión que se hiciere de ellas, cualquiera fuere su causa, será nula, salvo los casos de excepción establecidos legalmente.

No obstante, a los efectos previstos en el artículo 74 de la presente ley, podrán destinarse asignaciones jubilatorias o pensionarias, devengadas o futuras, a la cancelación de las contribuciones establecidas en favor de la Caja.

Artículo 85.- Cuando los beneficiarios no cumplieran con las obligaciones a su cargo o con los deberes formales que les sean impuestos, podrán ser suspendidos en el goce de las prestaciones hasta tanto regularicen su situación.

Artículo 86.- Es incompatible el goce de jubilación acordada por el Instituto, con el ejercicio de actividades amparadas por el mismo.

Todo jubilado en cuya pasividad se hayan computado servicios amparados por otros organismos de seguridad social, no podrá trabajar en actividades de la misma inclusión que las acumuladas, salvo que refieran al ejercicio de cargos docentes.

Artículo 87.- La Caja podrá contratar o prestar directamente los servicios tendientes a la cobertura de contingencias relativas a la salud de sus afiliados.

De acuerdo a las posibilidades económicas del "Fondo Sistema Notarial de Salud", el Directorio podrá disponer la participación de los beneficiarios en los costos de los servicios referidos, así como reglamentar la extensión de dichos beneficios a familiares de sus afiliados y a los escribanos no afiliados, mediante el pago de cuotas que no podrán superar el costo respectivo, siendo facultativa la adscripción de estos beneficiarios.

Artículo 88.- La Caja Notarial de Seguridad Social podrá actuar como agente recaudador de ahorros voluntarios de sus afiliados destinados a fondos de ahorros previsionales radicados en el país. En estos casos la Caja podrá percibir una comisión por recaudación y convenir con empleadores de sus afiliados la forma de retención de esos ahorros voluntarios en forma similar a la establecida en la Ley Nº 15.890, de 27 de agosto de 1987, modificativas y concordantes.

La comisión estará exonerada del impuesto al valor agregado del Título 10 del Texto Ordenado de 1996 y del impuesto a las comisiones regulado en el Título 17 del Texto Ordenado de 1996.

Artículo 89.- La Caja podrá retener hasta el 35% (treinta y cinco por ciento) de los sueldos y pasividades que abona a los afiliados indicados en los literales E) y F) del artículo 43 de la presente ley, con destino al pago de cuotas de préstamos que aquellos hubieren celebrado con el instituto.

Artículo 90.- Las referencias monetarias mencionadas en la presente ley, están expresadas en valores correspondientes al mes de mayo de 1995 y se ajustarán por la variación en el Indice General de los Precios del Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, en las oportunidades establecidas en el artículo 67 de la Constitución de la República.

Artículo 91.- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, quienes estén afiliados a la Caja como empleados de escribanía de sus cónyuges, pasarán a integrar la categoría "cónyuge colaborador" definida por el literal C) del artículo 43 de la presente ley.

Salvo previsión a texto expreso, las disposiciones referentes a afiliados empleados serán aplicables, en lo pertinente, a la categoría de afiliados "cónyuge colaborador".

Artículo 92.- El sistema pensionario previsto por la presente ley regirá para las pensiones cuya causal se configure con posterioridad a su vigencia.

Artículo 93.- El personal de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones actualmente afiliado, conservará su afiliación en la Caja Notarial de Seguridad Social mientras subsista la relación laboral con la misma.

Artículo 94.- El actual Directorio de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones ejercerá el gobierno y administración del Instituto hasta tanto expire el período de su mandato, no rigiendo al respecto las causales de cesantía creadas por esta ley.

Artículo 95.- El Directorio de la Caja Notarial de Seguridad Social propenderá a la reducción de la tasa de aportación establecida en el artículo 30 de la presente ley cuando se den las circunstancias previstas en dicha disposición.

Artículo 96.- Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Sala de la Comisión, 20 de noviembre de 2001.

JOSÉ L. BLASINA, Miembro Informante, DANIEL PEÑA".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Señor Presidente: el literal M) del artículo 104 del Reglamento de la Cámara establece que todo Representante está obligado "A declarar ante la Cámara o la Comisión que integre, toda vinculación personal o de intereses que lo ligue a cualquier gestión, asunto o proyecto de carácter general que se considere".

Soy de profesión escribano y aporto a la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones. Por lo tanto, me retiraré de Sala o, si la Cámara me autoriza, permaneceré en ella y votaré. Quiero dejar constancia de que no voy a hacer uso de la palabra, a pesar de que puedo llegar a tener mi punto de vista sobre el proyecto en consideración, porque creo que al tener un interés personal en él puedo influir sobre algún otro compañero. Desde el punto de vista ético, me parece que quienes tenemos un interés directo y personal en un tema no tendríamos que hacer uso de la palabra. Se trata de una decisión exclusivamente personal y quería dejar constancia de ello antes de que se comenzara a discutir el tema.

SEÑOR LÓPEZ.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LÓPEZ.- Señor Presidente: en los mismos términos que el señor Diputado Berois Quinteros, quiero declarar ante la Cámara que tengo un interés general acerca del tema que se va a tratar, por lo que estaría pidiendo autorización al Cuerpo no solo para votar, sino para participar en la discusión del proyecto de ley.

SEÑOR ORRICO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: deseo expresar que me parece que es muy ético lo que han hecho los señores Diputados preopinantes y que han tenido mucha delicadeza al plantearlo, pero igualmente creo que pueden votar. No se trata de un asunto en el que tengan un interés directo relacionado, por ejemplo, con una empresa de su propiedad, hipótesis en la que sí habría impedimento; se trata de un interés abstracto, relativo a un número indefinido de personas que tienen como característica común ser notarios. En el caso que nos ocupa, ni siquiera están jubilados ni esto les provoca un beneficio especial desde el punto de vista estrictamente personal; es decir, lo que legalmente debe ser entendido como estrictamente personal.

Quiero tratar de aclarar mis ideas, porque me parece que es importante una interpretación de este tipo, que no es nueva, ya que la Cámara la ha hecho permanentemente y a lo largo de décadas, de la misma manera que lo hizo toda la doctrina al ocuparse de este tema. Imaginemos qué pasaría si un día -y está por llegar esa oportunidad- se proyectara una modificación relativa a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Todos los que seamos profesionales universitarios nos tendríamos que levantar e irnos y, probablemente, la Cámara quedaría sin quórum, ya que está integrada por muchos de ellos. Como lo mismo sucede con los suplentes, es probable que se generara una serie de dificultades terribles.

En consecuencia, de conformidad con lo que ha sido la interpretación, no ya de la Cámara de Representantes, sino de todo el Parlamento y de la doctrina en relación con estos temas, entiendo que los escribanos presentes en Sala pueden votar el proyecto. Valoro el gesto, pero creo que la Cámara debe autorizarlos y se debe votar en ese sentido.

SEÑOR BORSARI BRENNA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BORSARI BRENNA.- Señor Presidente: en el mismo sentido que los colegas Diputados y escribanos que han hecho uso de la palabra, y según el literal M) del artículo 104, consideramos del caso consultar a la Cámara y a la Mesa si se nos autoriza a votar este proyecto relativo al régimen jubilatorio y pensionario de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones. Naturalmente, estaremos a lo que se resuelva.

SEÑOR SEÑORALE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SEÑORALE.- Señor Presidente: en el mismo sentido que los Diputados colegas, manifiesto mi calidad de escribano público, afiliado a la Caja Notarial, y solicito a este órgano participar en el debate y en la votación del proyecto que se trae a consideración de la Cámara.

SEÑOR BERGSTEIN.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: usted se preguntará qué pito toco en este entierro, pero sucede que estoy casado en únicas nupcias con una persona que es escribana y, precisamente, está dudando entre jubilarse por el sistema vigente o esperar la sanción de la nueva ley, circunstancia que siento que me inhibe de participar en el debate y la votación de este proyecto.

Quería dejar expresada mi circunstancia, siendo una situación un poco especial y distinta de las planteadas por los distinguidos Diputados que hicieron uso de la palabra.

SEÑORA ARGIMÓN.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA ARGIMÓN.- Señor Presidente: en el mismo sentido que los Diputados y colegas escribanos, queremos declarar que estamos comprendidos en los alcances del literal M) del artículo 104 del Reglamento, por lo que solicitamos a la Cámara su autorización formal para intervenir en el debate del proyecto.

SEÑORA ACOSTA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA ACOSTA.- Señor Presidente: en los mismos términos que los Diputados colegas, declaro ante la Cámara que tengo vinculación personal que me liga a las gestiones referentes al proyecto de ley que se pondrá a consideración de la Cámara, por lo que solicito la habilitación correspondiente.

SEÑORA SARAVIA OLMOS.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA SARAVIA OLMOS.- Señor Presidente: en el mismo sentido que los colegas que ya hicieron uso de la palabra, solicito a la Cámara la autorización que establece el Reglamento para intervenir y votar el proyecto, debido a mi calidad de escribana pública, que aporta a la Caja Notarial.

SEÑORA PUÑALES BRUN.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA PUÑALES BRUN.- Señor Presidente: como escribana pública y de acuerdo con la obligación establecida en el literal M) del artículo 104 del Reglamento, solicito autorización para estar presente e intervenir en el debate de este proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Conforme a lo solicitado por los señores Diputados que hicieron uso de la palabra, con relación a la obligación establecida en el literal M) del artículo 104 del Reglamento, se va a votar la autorización para que participen en la discusión y votación del proyecto en consideración.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en sesenta: AFIRMATIVA.

Léase el artículo 41 del Reglamento.

(Se lee:)

"Se requiere quórum máximo: A) Para tratar y sancionar proyectos sobre cómputos de servicios.- B) Para considerar los asuntos para cuya sanción exija la Constitución de la República dos tercios de votos".

——La Mesa recuerda a los señores Diputados que durante el tratamiento del proyecto debe haber en Sala un quórum de cincuenta Representantes, por lo que solicita se tomen las providencias necesarias.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Blasina.

SEÑOR BLASINA.- Señor Presidente: quiero hacer dos puntualizaciones introductorias al informe, la primera de carácter conceptual.

Es sabido que este proyecto viene aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores, pero personalmente pienso que nuestra obligación como Representantes, integrantes de la Cámara de Diputados, es, no obstante esta circunstancia, estudiar y, si es del caso, discutir y modificar estas normas. Creo que esto hace bien al Parlamento y además es uno de los aspectos básicos que justifican la existencia del régimen bicameral. Si no fuera así, si nos eximiéramos de la responsabilidad de estudiar y de pronunciarnos acerca de proyectos que vienen del Senado -si fuera a la inversa, pensaría exactamente lo mismo-, no estaríamos cumpliendo cabalmente con nuestra obligación como Representantes Nacionales.

En segundo término, en nombre de la Comisión que suscribe el informe, quiero expresar nuestra más clara voluntad en el sentido de que el proyecto de reforma de la Carta Orgánica de la Caja Notarial se apruebe este año y, en consecuencia, pueda entrar en vigencia, como lo han manifestado las autoridades de la Caja Notarial y la organización que nuclea a los escribanos, el 1º de enero del año próximo.

Señor Presidente: recibimos el proyecto de ley aprobado en el Senado y comenzaron a surgir las dudas. En lo personal, las planteamos en la Comisión con respecto a los contenidos y a los alcances del artículo 87, que regula el sistema de acumulación de servicios y de traspasos para el conjunto del sistema de la seguridad social, es decir, para todas las instituciones de seguridad social en el país, y no solamente para la Caja Notarial. Estas dudas se vieron, de alguna manera, acrecentadas cuando estudiamos minuciosamente -a través de la lectura de las versiones taquigráficas- las exposiciones realizadas en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, integrada con la de Hacienda, del Senado, que consideró el proyecto en primera instancia, y también en el plenario de la Cámara de Senadores.

De manera que las dudas iniciales, que luego se transformaron en recomendaciones respecto al desglose del artículo 87 de este proyecto, dan motivo al único aspecto de la Carta Orgánica que la Comisión entiende pertinente revisar. Además, cree que existen tiempos legislativos idóneos a los efectos de cumplir con el objetivo de que la Carta Orgánica de la Caja Notarial quede aprobada en el curso de este año.

¿Cuáles son los antecedentes de las reformas de las Cartas Orgánicas de las llamadas Cajas paraestatales? Es del caso recordar que la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, introdujo una serie de cambios en las bases del sistema previsional, con aplicación inmediata y obligatoria al Banco de Previsión Social.

En lo que respecta a las actividades que desarrollan las denominadas Cajas paraestatales o personas públicas no estatales de seguridad social, el artículo 1º de la mencionada ley establece que el Poder Ejecutivo "deberá proyectar y remitir al Poder Legislativo" las reformas de las instituciones referidas, tomando en cuenta "sus formas de funcionamiento, especificidades y naturaleza de sus actividades comprendidas en los mismos", de tal manera que "se adecuen al régimen establecido por la presente ley".

Esas dudas que comentaba y que fueron tomando cuerpo, se vieron acrecentadas -e hicieron que la Comisión llegara a determinadas conclusiones que vamos a comentar al final- cuando comparecieron ante la Comisión de Seguridad Social de esta Cámara las instituciones directamente involucradas.

Efectivamente, con fecha 17 de octubre es recibido el Consejo Honorario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. El día 8 de noviembre se recibe, en primer lugar, al Directorio de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones y, a continuación, al Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Por fin, el 13 de noviembre próximo pasado es recibido por la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados el Directorio del Banco de Previsión Social.

Me parece muy importante dar cuenta de los testimonios de los representantes de las instituciones que acabo de mencionar. Considero que es un aspecto extraordinariamente sustantivo, a los efectos de la dilucidación de este problema centrado en los contenidos y los alcances del artículo 87 del proyecto de Carta Orgánica de la Caja Notarial.

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Solicitamos silencio para poder escuchar al señor Diputado con atención.

Puede continuar el señor miembro informante.

SEÑOR BLASINA.- Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, y en el orden que mencionaba recién, en la comparecencia efectuada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, por unanimidad de sus integrantes, se expresa lo siguiente.

(Murmullos)

——Señor Presidente: cerca de donde estoy ubicado se están produciendo conversaciones en voz alta que alteran lo que usted intentó preservar hace unos momentos. Por lo tanto, ahora me veo obligado a hacerlo yo.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Solicitamos silencio a la Cámara.

Puede continuar el señor miembro informante.

SEÑOR BLASINA.- Voy a leer textualmente lo que, por unanimidad de sus miembros, dijo el Consejo Honorario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias: "La inclusión de un solo organismo en la ley que establece ese régimen general, inevitablemente origina una labor de armonización de esas normas con las de otros institutos que en alguna medida son distintas y generan problemas de interpretación y de armonía con la legislación vigente. Es decir, ello genera determinados conflictos entre entidades que nos parece razonable evitar. Entendemos que no ha sido conveniente que el análisis de esa normativa se hiciera sin la participación de todos los organismos involucrados. Como decía, los demás operadores de seguridad social en el Uruguay no han tenido oportunidad de pronunciarse respecto a las soluciones que están contenidas en el proyecto y, naturalmente, tampoco han podido evaluar a la interna en qué medida los afecta la normativa propuesta. Tampoco se ha cuantificado de ninguna manera que conozcamos cómo podrían ser afectados los aspectos económicos de cada uno de los organismos. No hay un estudio que determine las obligaciones que van a asumir los organismos a partir del nuevo régimen, lo cual resulta particularmente preocupante".

Más adelante dice: "Concretamente, creemos necesario el desglose del artículo 87, que sea objeto de un estudio particular, autónomo, con la participación de los involucrados -que todos puedan dar sus puntos de vista- y, además, que los organismos analicen en qué medida les afectan económicamente estas soluciones".

Por su parte, el Directorio de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, también por unanimidad de sus miembros, manifiesta en la Comisión: "No podemos soslayar un problema que se ha planteado con este proyecto, que es la existencia de un artículo 87 que intenta legislar con carácter general el tema de la acumulación de servicios. Que quede muy claro que es un sistema totalmente inicuo para la Caja Notarial. Hemos tenido casos en que hemos aprobado 37 años de traspaso de servicios a nuestra Caja con el aporte de $ 1, valor histórico, y la Caja debe pagar esa jubilación. De ahí el gran interés del organismo en que este sistema fuera modificado".

Algo más adelante agrega: "Cuando se inician las conversaciones con los técnicos del Poder Ejecutivo, la Caja lleva en sustitución este proyecto elaborado por la Comisión Intercajas Paraestatales del Uruguay. El Poder Ejecutivo no aceptó esta iniciativa y tampoco la que elaboró la Caja Notarial y finalmente mandan el actual artículo 87. Asimismo, quiero significar que el artículo 87 enviado por el Poder Ejecutivo, más allá de que se haya apartado de lo que establecían las otras Cajas, también le sirve a la Caja Notarial, en la medida en que termina con un sistema que, como ya dije, es totalmente inicuo y está haciendo pagar un costo muy importante de la seguridad social a nuestra institución".

Ese mismo día comparece ante la Comisión, por solicitud propia, el Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Entre otras cosas, también por unanimidad, manifiesta: "Como ya hay un proyecto en vías de aprobación parlamentaria, que es el de la Caja Notarial, no deseamos que se trabe porque existe la expectativa del instituto de ser aprobada esa modificación legal. Si bien ese es nuestro deseo y el motivo de preocupación del Directorio de la Caja, no podemos soslayar el hecho de que se trata de un tema que puede tener repercusiones muy importantes en la ecuación económico-financiera del instituto que representamos. Por tanto, somos partidarios de que este tema se desglose de ese proyecto legal que está a consideración, y de que sea consensuado entre todas las partes intervinientes -porque debería ser así- y se reestructure un nuevo proyecto de ley que trate de normatizar esta temática. Este es el planteamiento que queremos hacer a la Comisión".

Más adelante agrega: "Esto puede tener consecuencias económicas imprevisibles para las Cajas. Hoy por hoy no hay estimación de los daños o de las dificultades que pueden aparecer de aplicarse un proyecto de esta índole, sobre todo en una Carta Orgánica de un instituto que compromete a los otros cuatro organismos de previsión social.- Este tema es tan complejo y de tal importancia que debe ser considerado en un proyecto de ley especial y merecería ser desglosado del proyecto de la Caja Notarial. Como dijo el contador Martínez, de ninguna manera queremos interferir en el proyecto de la Caja Notarial, pues el Directorio y sus afiliados entienden que debe aprobarse a la brevedad.- Si podemos lograr la voluntad de la Comisión y de los sectores del Poder Legislativo en cuanto a que este tema tiene la suficiente importancia como para merecer una consideración especial, de todas maneras el proyecto de la Caja Notarial podría ser aprobado en los términos que la Caja lo considere necesario".

Al fin, el día 13 de noviembre compareció ante la Comisión el Directorio del Banco de Previsión Social -recalcamos la especial significación que esto tuvo para la Comisión y pienso que para esta Cámara-, que por unanimidad y por boca de su Presidente, el técnico agropecuario Gasparri, nos trasmitió lo siguiente: "Con respecto al" proyecto "de la Caja Notarial, debemos decir que estuvimos tratándolo bastante. Tanto es así, que en el día de ayer, en una reunión extraordinaria del Directorio, redondeamos un poco la idea para poder trasmitirla aquí. Mandamos realizar análisis jurídicos para analizar este artículo 87 del proyecto de ley de la Caja Notarial.- En principio, quiero decir que no hicimos una apreciación global del proyecto de ley sino que estudiamos, específicamente, el artículo 87 porque consideramos que afecta a todas las Cajas. Pensamos que lo relativo a los traspasos entre las Cajas y las posibles jubilaciones acumulables nos afecta a todos. Históricamente han existido mecanismos de traspaso que han sido beneficiosos para unos y no muy justos para otros.- Con referencia al artículo 87, el Directorio considera oportuno que se retire del proyecto de ley para analizarlo en forma conjunta y proyectar una ley independiente que abarque no solo los conceptos básicos sino también lo relativo a la reglamentación, a fin de tener un claro marco legal de cómo se debería operar. Decimos esto porque tenemos una idea distinta de la plasmada en el proyecto.- Además, proponemos sacar el artículo 87 y elaborar una ley independiente porque tenemos que dar respaldo a la Caja Notarial, que quiere que su ley esté vigente antes del 1º de enero, dado que ya tiene su programación administrativa planificada".

Más adelante, el técnico agropecuario Gasparri manifiesta: "Entonces, si para lo que puede aportar el Banco de Previsión Social en este tema es necesario modificar lo que ya está hecho, proponemos no perder tiempo y ganarlo retirando el artículo.- Nos gustaría que el artículo 87 se orientase hacia un sistema similar al que tiene el Banco con respecto a los acuerdos internacionales. Uruguay tiene acuerdos en seguridad social con aproximadamente 18 países, por los cuales se compensa o se complementa los años de trabajo de los uruguayos en otros países para lograr una pasividad; en estos casos, cada país paga a las personas el derecho adquirido en ese lugar.- El proyecto propone que se hagan traspasos de fondos de una Caja a otra y establece que luego esto se podrá reglamentar. Consideramos que para que esto sea trasparente y sirva como una sana determinación al trabajador, cada uno debe ser responsable de su cuota parte".

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- La Mesa solicita a los señores Diputados que hagan silencio.

Puede continuar el señor miembro informante.

SEÑOR SEÑORALE.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BLASINA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR SEÑORALE.- Señor Presidente: quisiera hacer una apreciación sobre lo que ha venido manifestando el señor miembro informante con respecto a lo que han expresado los distintos interesados -llámese Caja Bancaria, Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y Banco de Previsión Social- con relación a este tema. Da la sensación de que es un tema nuevo para todas estas instituciones. Y puedo decir que este no es un tema nuevo; diría que se remonta a más de quince años. Me llama la atención que las autoridades, tanto de la Caja Bancaria como de la de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, se sorprendan de este tema que han venido manejando. Tanto es así que las tres Cajas paraestatales elaboraron un proyecto en conjunto que elevaron a las autoridades.

Pero mucho más me sorprende lo que han manifestado los jerarcas del Banco de Previsión Social. Tengo en mi poder una correspondencia dirigida al señor Presidente del Banco de Previsión Social, técnico agropecuario Carlos Gasparri, de fecha 7 de setiembre de 2000, en la que las tres Cajas paraestatales le remiten el anteproyecto que elaboraron en cuanto a la transferencia o acumulación de servicios. Me llama la atención que el Banco de Previsión Social se sienta sorprendido en este momento por un tema que no conoce, cuando durante un año tuvo a estudio un proyecto y no se dignó contestar nada a las Cajas que lo habían presentado, y que ahora plantee que debemos abordar el tema con celeridad.

Realmente me sorprende lo que han manifestado estas instituciones en sus comparecencias a la Comisión correspondiente de nuestra Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede continuar el miembro informante, señor Diputado Blasina.

SEÑOR BLASINA.- Señor Presidente: cuando termine de exponer el informe, voy a responder la inquietud del señor Diputado con mucho gusto.

Continúo leyendo lo manifestado por el señor Presidente del Banco de Previsión Social, quien trasmite -insisto- la posición unánime del Directorio: "Esa es nuestra intención y en esos términos hemos hablado con los Presidentes y directivos de otras Cajas; puedo decir que todos estamos bastante alineados en ese sentido. Por eso decimos que si sacamos el artículo 87 del proyecto de ley, no tardaríamos mucho tiempo en elaborar una nueva iniciativa".

Y finaliza manifestando lo siguiente: "[...] habría que formar una comisión integrada por todas las Cajas, el Poder Ejecutivo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y otras autoridades que ya han trabajado en esto, para elaborar un proyecto que profundice más que lo que lo hace este artículo 87".

Antes de responder la inquietud del señor Diputado quiero hacer una manifestación muy clara.

Creemos que el actual sistema de acumulación de servicios y de traspasos es esencialmente injusto y debe ser modificado. La diferencia estriba en el procedimiento; la diferencia estriba en cómo se produce esta modificación: si es a partir de introducirlo en la reforma de la Carta Orgánica de la Caja Notarial -una de las instituciones- o si, no tratándose de un tema específico de ninguna de las instituciones involucradas, en general las abarca a todas. Aquí quiero incluir a dos instituciones que hoy no mencioné: los servicios de retiros militares y policiales. Entonces, la diferencia no es en cuanto a modificar el régimen actualmente injusto, sino al procedimiento adoptado. Además, de la forma en que se hizo arroja otras interrogantes, que en buena medida están expresadas en los testimonios que hemos leído, pero que podríamos redondear en dos aspectos que nos parecen sustanciales.

Antes de referirme a ellos, y en función de la inquietud manifestada por el señor Diputado, diría que de la reforma de la seguridad social se viene hablando en el país desde hace muchísimos años; de la necesidad de una reforma del sistema de la seguridad social -sin entrar ahora a hacer juicios de valor sobre la Ley Nº 16.713- hace decenas de años que en el Uruguay se viene hablando y no se ha concretado.

Ahora ha llegado el momento de atender un aspecto que regula la relación entre los institutos de seguridad social y que afecta igualmente a todos: el régimen que establece la acumulación de los servicios y sus traspasos.

Hay dos aspectos que me parecen sustantivos. En primer lugar, el artículo 87 aprobado en la Cámara de Senadores establece el pago de la cuota parte que pudiera corresponder a los organismos intervinientes, y que esta se abonará en cuotas.

En el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se establecía que se abonarían al contado. En la Cámara de Senadores se cambia esto indicando que quedará sujeto a la reglamentación posterior establecer en cuántas partidas se abonará todo el cálculo que se realice, llevado hasta las últimas instancias; es decir, hasta el cálculo surgido -según los parámetros del Banco Central- de la expectativa de vida e, inclusive, con relación al tiempo estimado de duración del beneficio de la pensión.

Todo esto, prorrateado en función del tiempo que se traspasa, se planteaba en el artículo 87; primero se indicaba que fuera al contado, como establecía el Poder Ejecutivo, pero en este proyecto uno debe presumir que el espíritu es que se vuelque en algunas cuotas o en algunas partidas, quedando sujeto a reglamentación. En todo caso, va a tener que hacerse en un plazo que ni siquiera tiene comparación con el de usufructo de la pasividad y de la pensión. ¡Nada que ver! ¡Absolutamente nada que ver!

Entonces, esto obligaría a un desembolso imposible de cuantificar, aunque sí se podría adelantar que perjudicaría notoriamente a algunos institutos.

Así es que las cuotas parte proyectadas para toda la vida del beneficiario, más los derechos pensionarios a que en ese momento hubiera lugar -como recién comentaba-, se calcularán al valor actual. Al efecto se considerarán las tablas de mortalidad y las tasas de interés actuarial fijadas por el Banco Central del Uruguay.

En consecuencia, se obliga a un innecesario desembolso de sumas que puede alcanzar cifras muy importantes, cuyas bases de cálculo generalmente están sobrestimadas como barrera de protección al negocio del seguro de vida.

Nos preguntamos por qué obligar a estas erogaciones sobredimensionadas, en un corto lapso, en circunstancias en que todo el sistema soporta una crisis económico-financiera. ¿No sería más sencillo y más justo que cada una se hiciera cargo de sus propias obligaciones, tanto en el monto como en el tiempo -insisto en esto: tanto en el monto como en el tiempo-, del servicio de la pasividad o de la pensión?

En sí el planteamiento determina que uno se beneficiaría y otros se perjudicarían. Ahora, si lo que se supone es que la ecuación en el tiempo será compensatoria, es una apuesta en la que no quisiéramos intervenir, debido a la diversidad de factores que componen los cálculos, cuya entidad hace prácticamente imposible determinar aun costos aproximados.

El segundo aspecto sustantivo -para no entrar en mayores detalles- se refiere a lo siguiente, que nos parece particularmente grave. El proyecto condiciona el pago del beneficio jubilatorio o pensionario a que la totalidad de los organismos hayan cumplido con las obligaciones inherentes, de acuerdo con lo que surja de los cálculos.

Poner en juego el derecho del individuo a gozar del beneficio, en directa relación a factores que le son totalmente ajenos -que además son absolutamente ajenos a los factores que generaron el derecho a la pasividad-, vulnera principios elementales de la seguridad social.

Además, el hecho de dejar supeditado el aporte entre organismos a la suerte que corra el pasivo cuando le corresponda percibir la pasividad, no tiene ningún sustento desde el punto de vista de la jurisprudencia en materia de percepción de haberes -en este caso, de las pasividades- porque, por ejemplo, ese concepto podría trasladarse a la percepción en materia de salarios o de sueldos.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Discúlpeme, señor Diputado.

Hay cincuenta y un señores Representantes en Sala. Estamos al borde de no contar con el quórum exigido. Por lo tanto, llamamos a los señores Diputados a que ingresen a Sala porque necesitamos mantener el quórum de cincuenta legisladores presentes para el tratamiento de este tema.

Reiteramos que debemos mantener ese quórum mientras dure el análisis de este punto.

Puede continuar el señor miembro informante.

SEÑOR BLASINA.- Señor Presidente: en consecuencia, con esta disposición, el pasivo quedaría prisionero de una situación en la cual no tiene nada que ver y, además, absolutamente sin ninguna posibilidad de interferir o de incidir. Quedará, entonces, sujeto a situaciones que se pueden dar -el proyecto en sí mismo las contempla, las admite-, por las cuales el pasivo, el día que le toque percibir su pasividad, se puede encontrar frente a la situación de que, por ejemplo, le digan: "Mire, a usted le vamos abonar solamente el 80% o el 70% de la pasividad que le corresponde". Y si el funcionario que lo atiende tiene la amabilidad de explicarle por qué se da esa situación, tal vez le dirá: "¿Sabe qué pasa? Algún organismo no aportó en tiempo y forma y por ello a usted le pagamos este porcentaje de su pasividad". Y si el pasivo preguntase: "Entonces, ¿qué es lo que debo hacer?", le responderían: "Usted debe dirigirse al organismo que está en falta". Imaginen qué suerte va a correr ese pasivo, absolutamente inerme e indefenso, presentándose ante el organismo que no virtió su cuota parte en el tiempo en que era necesario hacerlo.

¿Por qué razón, señor Presidente, el pasivo tiene que pagar, en última instancia, las culpas de que no se hayan regularizado los traspasos entre instituciones? Desde mi punto de vista -y lo digo con el mayor respeto-, es absolutamente incomprensible que se haya introducido este aspecto.

Se han hecho algunos cálculos a los que quiero hacer mención, porque me parece importante tenerlos en cuenta a tiempo. El Consejo Honorario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias nos trasmite, a través de su actual Presidente, el señor Yamandú D'Elía, un cálculo aproximado de los años que debería traspasar y de los años que recibiría. ¿Se entiende lo que digo? Me refiero a los años que la Caja debería traspasar a otros institutos y los que debería recibir en contrapartida. Se trata de un cálculo aproximado que, según el Consejo Honorario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, da 17.000 años en contra; es decir, que debería traspasar 17.000 años a otras instituciones.

No me interesa hacer referencia específica o particular a un solo instituto, pero el dato es pertinente si lo asociamos a otro interrogante. Si esto se da en un instituto de la dimensión de la Caja Bancaria, la pregunta cae por su peso: ¿cuál sería el cálculo en cuanto a la erogación que debería efectuar el Banco de Previsión Social?

Creo que esos aspectos no fueron estudiados. No estoy diciendo nada nuevo, surge de las versiones taquigráficas de las sesiones de la Comisión integrada del Senado y del plenario de esa Cámara cuando trataron el asunto. No hay ningún estudio, pero debe hacerse y, en función de él, entre otras cosas, establecer una norma que comprenda a todos y no genere nuevas injusticias, más allá de las que provoca el régimen existente.

SEÑOR SEÑORALE.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BLASINA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR SEÑORALE.- Señor Presidente: he seguido atentamente la explicación del señor Diputado, pero me surge el interrogante de si es válido mantener un régimen de acumulación entre distintos organismos. Si el señor Diputado plantea eso respecto a la Caja Bancaria y lo que puede ocurrir con el Banco de Previsión Social, así como lo que ocurre actualmente con la Caja Notarial -el 25% de las pasividades que sirve en estos últimos años está vinculado a un régimen de acumulación de servicios que vienen de otro organismo-, en cierta medida, lo que se está cuestionando es el mantenimiento del régimen de acumulación creado por el Acto Institucional Nº 9. Eso es lo que interpreto que se plantea en este momento: derogar el régimen de acumulación entre distintos organismos de previsión social.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede continuar el miembro informante, señor Diputado Blasina.

SEÑOR BLASINA.- Señor Presidente: lo que omite el señor Diputado -lo digo con la mayor consideración- es que el régimen establecido en el Acto Institucional Nº 9, que regula los traspasos de fondos en función de los convenios internacionales suscritos por el país, no se cumple. Ese es el problema: no se cumple. Porque lo que se traspasa son años y no pesos. Y cuando se traspasan pesos, se traspasan pesos históricos.

Concluyo expresando los cuatro puntos que la Comisión establece al final de su informe y que sintetizan lo que queremos poner a consideración de la Cámara de Diputados. En primer lugar, la Comisión expresa su acuerdo en general y en particular con el proyecto enviado por la Cámara de Senadores, reconociendo el esfuerzo realizado, pero estima necesario y conveniente el desglose del artículo 87 del mencionado proyecto. En segundo término, se manifiesta la máxima voluntad en cuanto a que el proyecto de reforma de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, con la excepción anteriormente mencionada, sea aprobado por el Poder Legislativo en lo que resta del corriente año. En tercer lugar, al mismo tiempo estimamos que resulta imprescindible la constitución al más breve plazo posible de la Comisión sugerida por el Directorio del Banco de Previsión Social. En cuarto término, se sugiere a la Cámara de Representantes la aprobación de los criterios y recomendaciones emanados de su Comisión de Seguridad Social.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado Lara.

SEÑOR LARA.- Señor Presidente: antes de entrar al tema, queríamos leer algunos pasajes del Acta Nº 53 de la Comisión de Seguridad Social. Allí dice: "En la ciudad de Montevideo, a los diez días del mes de octubre del año dos mil uno y siendo las trece horas y cincuenta y cuatro minutos, se reúne la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes.- Asistencia: Concurren sus miembros, señores Representantes José Luis Blasina Moreira y Héctor Gustavo Silveira Rodríguez.- Presidencia: Actúa en la misma su titular señor Representante Julio C. Lara, haciéndolo en Secretaría, el Secretario de Comisión Juan Perdomo Bejérez.- Asuntos entrados: Se procede a dar cuenta de los siguientes: Asuntos entrados: A) Proyectos de ley presentados. 1) Régimen jubilatorio y pensionario de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones".

Más adelante, cuando se empieza a tratar este tema, el señor Presidente dice que está de acuerdo con votar el proyecto ese mismo día, tal como viene redactado. A continuación el Acta dice: "El señor Representante Blasina por su parte expresa que solicitaría un tiempo para analizarlo ya que puede haber algún elemento nuevo y necesitaría ese lapso para desarrollar algunas consideraciones sobre el contenido del proyecto, interviniendo el señor Presidente" -que era quien habla- "para señalar que las salvedades se pueden dejar en Sala y expresa enfáticamente que no se moverá del texto que viene de la Cámara de Senadores y que en la posición que sustenta intenta ser práctico".

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Cardozo Ferreira)

¾ ¾ En otro párrafo se indica que "El señor Presidente en uso de la palabra señala que si un compañero de la Comisión solicita un plazo se lo vamos a dar"; eso era lo que había hecho el señor Diputado Blasina.

Este proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda del Senado -nueve miembros en nueve- y también fue apoyado por la unanimidad del plenario del Senado. Ingresó el 10 de octubre a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados y, ante ciertas dudas que teníamos y la solicitud de las tres Cajas involucradas de participar en la discusión del proyecto, el 17 de octubre decidimos reunirnos con el Consejo Honorario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias y el 8 de noviembre recibimos al Directorio de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones y a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. El común denominador fue la referencia al artículo 87, con manifestaciones a favor de parte de la Caja Notarial y la discrepancia de la Caja de Profesionales Universitarios y de la Caja Bancaria.

Por nuestra parte, solicitamos a los compañeros nacionalistas que nos representan en el Directorio del Banco de Previsión Social que nos hicieran conocer su posición y, aprovechando una reunión de bancada que se realizó el día 13 de noviembre, los dos Directores blancos nos señalaron que sería fundamental el desglose del artículo 87.

El mismo día recibimos al Directorio en pleno del Banco de Previsión Social, después de haber mantenido una conversación con el representante del Partido Colorado, técnico agropecuario Gasparri, Presidente del Banco. Voy a leer textualmente la versión taquigráfica que registra la posición del Directorio del Banco de Previsión Social con relación a este tema. El Presidente Gasparri, representante del Partido Colorado en el Directorio del Banco de Previsión Social, manifiesta: "En primer término, agradecemos la invitación de la Comisión para tratar estos dos importantes temas.- Con respecto al de la Caja Notarial, debemos decir que estuvimos tratándolo bastante. Tanto es así, que en el día de ayer, en una reunión extraordinaria del Directorio, redondeamos un poco la idea para poder trasmitirla aquí. Mandamos realizar análisis jurídicos para analizar este artículo 87 del proyecto de ley de la Caja Notarial.- En principio, quiero decir que no hicimos una apreciación global del proyecto de ley sino que estudiamos, específicamente, el artículo 87 porque consideramos que afecta a todas las Cajas. Pensamos que lo relativo a los traspasos entre las Cajas y las posibles jubilaciones acumulables nos afecta a todos. Históricamente han existido mecanismos de traspaso que han sido beneficiosos para unos y no muy justos para otros.- Con referencia al artículo 87, el Directorio considera oportuno que se retire del proyecto de ley para analizarlo en forma conjunta y proyectar una ley independiente que abarque no solo los conceptos básicos sino también lo relativo a la reglamentación, a fin de tener un claro marco legal de cómo se debería operar. Decimos esto porque tenemos una idea distinta de la plasmada en el proyecto.- Además, proponemos sacar el artículo 87 y elaborar una ley independiente porque tenemos que dar respaldo a la Caja Notarial, que quiere que su ley esté vigente antes del 1º de enero, dado que ya tiene su programación administrativa planificada".

En otra parte, agrega: "Esa es nuestra intención y en esos términos hemos hablado con los Presidentes y Directivos de otras Cajas; puedo decir que todos estamos bastante alineados en ese sentido. Por eso decimos que si sacamos el artículo 87 del proyecto de ley, no tardaríamos mucho tiempo en elaborar una nueva iniciativa".

Dice también: "Pienso que aunque se decida eliminar el artículo, también habría que formar una comisión integrada por todas las Cajas, el Poder Ejecutivo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y otras autoridades que ya han trabajado en esto, para elaborar un proyecto que profundice más que lo que lo hace este artículo 87". Y concluye: "Por todos estos motivos proponemos eliminar del proyecto el artículo 87". Reitero que esto lo decía el representante del Partido Colorado, Presidente del Directorio del Banco de Previsión Social.

A continuación voy a leer lo que manifestó el representante de los trabajadores, señor Ariel Ferrari: "Hago mías las palabras del señor Presidente en el sentido de que en la sesión especial del Directorio del día de ayer todos coincidimos en torno a que esto, más allá de que sea una reforma para una Caja, involucra al conjunto de institutos de seguridad social; es necesario desglosarlo y conformar de inmediato una comisión interinstitucional en la que se incluya a los servicios militares y policiales desde donde también a veces hay transferencias para las diferentes Cajas".

El representante del Partido Nacional, doctor Luis Alberto Herrera, decía: "En el caso de que la posición del Banco de Previsión Social -y que la Comisión parece compartir- no fuera tenida en cuenta," -es decir, en el caso de que no se desglosara el artículo 87- "sería fundamental hacer hincapié en que es necesario hacer un estudio profundo del artículo 87. Si no fuera eliminado y quedara tal como está redactado, deberíamos opinar al respecto. Hoy simplemente decimos que entendemos que hay que eliminarlo. Pero si el artículo 87 se incluyera en el proyecto, es fundamental estudiarlo en profundidad porque tiene una incidencia notable".

Estas fueron las posiciones de los distintos representantes políticos y sociales en el Directorio del Banco de Previsión Social. Después de haber escuchado estas opiniones, alineados como siempre dentro del Partido Nacional y de la coalición, decidimos cambiar nuestro voto y aceptar la posición del Directorio del Banco de Previsión Social en cuanto al desglose del artículo 87. Decimos esto con mucha claridad: tuvimos una posición, que fue la que venía del Senado y la que quedó registrada en actas, pero después de haber escuchado a las tres Cajas y al Banco de Previsión Social la cambiamos, sin ningún tipo de compromisos. Esperamos que salga lo más conveniente para todos.

Entonces, hoy vamos a acompañar el proyecto, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión, siendo coherentes con lo que votó el compañero que en ese momento nos estaba representando en ella. Esta es nuestra posición personal, porque no sé cuál es la del Partido.

15.- Cuestión política planteada por el señor Representante Abdala.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Abdala.

(Se lee:)

"Mociono para que se me autorice a plantear una cuestión política en base al artículo 50 del Reglamento".

—¾ Para fundar la moción tiene la palabra el señor Diputado Abdala.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: tengo la intención de realizar un planteo no demasiado extenso, lo más sucinto posible, en torno a un tema que tiene que ver directamente con el líder de mi sector político, respecto a algunas expresiones que se vertieron hace muy pocos días por parte del señor Diputado Rossi en torno al cupo o volumen de pases en comisión que tendría el doctor Sanguinetti. Entendemos que el tema tiene mérito para ser planteado en Sala y que es bueno que el Cuerpo tome noticia y entienda exactamente cuál es la verdad del asunto.

SEÑOR FALERO.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- La moción no tiene discusión, señor Diputado.

SEÑOR FALERO.- Es para una aclaración, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- La Mesa reitera que se trata de una moción de orden que no tiene discusión.

Se va a votar el carácter preferente de la cuestión política planteada por el señor Diputado Abdala.

(Se vota)

——Cuarenta y ocho en sesenta y dos: AFIRMATIVA.

Tiene la palabra el señor Diputado Abdala.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente:...

(Interrupción del señor Representante Falero.- Respuesta del orador)

——Días atrás, en un diario de la capital, el señor Diputado Rossi hizo una serie de apreciaciones en las que específicamente se refirió al doctor Julio María Sanguinetti diciendo que "Sanguinetti abusa de una prerrogativa que tiene límites". Así fue como lo tituló el diario "La República". El artículo está publicado en Internet y aquí tengo una copia.

El acápite de la propia nota dice lo siguiente: "El ex presidente de la República y actual líder del Foro Batllista, Julio María Sanguinetti, 'está abusando de una prerrogativa que tiene limitaciones' al disponer en la actualidad de 34 pases en comisión cuando el decreto de 1993 autoriza a los ex presidentes a contar solamente con cinco funcionarios en comisión por un 'lapso prudencial', indicó ayer el diputado por Alianza Progresista, Víctor Rossi".

SEÑOR FALERO.- ¿Me permite una interrupción, señor Diputado?

SEÑOR ABDALA.- No, señor Diputado. Permítame terminar, porque lo que tengo para decir es sucinto.

Más adelante, en la edición del diario "La República" del 4 de diciembre se hace una referencia al estudio remitido por la Oficina Nacional del Servicio Civil y se dice que esta información surge, justamente, de esa Oficina. Hablé hace pocos minutos con el señor Diputado Rossi; creo que el Cuerpo, a esta altura, sabe que en general nos podemos equivocar, pero somos gente que actúa lo más frontalmente posible.

Estas cosas le hacen mal al sistema político, porque esto no es verdad. En el día de ayer salió una comunicación de la Oficina Nacional del Servicio Civil donde aclara, en un diario de la capital, que en realidad la información que le remitió al señor Diputado Rossi tendría un carácter antiguo, o sea que tendría que ver con el período anterior, y se aclara que "el artículo 40 de la Ley Nº 16.320 de 1º de noviembre de 1992 autoriza el traslado de funcionarios de organismos públicos para asistencia directa del presidente de la República". Luego explica la situación, y según lo que dice la gente de la Oficina Nacional del Servicio Civil, en ningún momento hace la interpretación que el señor Diputado Rossi hizo con la misma información.

Aquí estamos en un lío. O la Oficina Nacional del Servicio Civil se equivoca, y está mal que se equivoque, o el que se equivoca es el señor Diputado Rossi, y eso también está mal. En definitiva, lo que está sucediendo ahora es que la verdad no es la que remitió la Oficina Nacional del Servicio Civil, sino que el ex Presidente Sanguinetti respeta el cupo tal cual corresponde según la ley.

Nadie viene a buscar la cabeza del señor Diputado Rossi ni una confrontación con él. Lo único que estamos haciendo los foristas en este ámbito, cuando se hace una acusación de carácter político fuerte y, en definitiva, se actúa con el dedo acusador y se castiga al ex Presidente de la República sobre algo que no es verdad, es decir cuál es la verdad. A lo único que aspiramos es a que se coincida con la verdad. Si la verdad es que el doctor Julio María Sanguinetti solo hizo uso -y hace uso- de cinco pases en comisión -¡bendito tema este, y vaya si es de marketing triste para este Cuerpo!-, entonces digamos las cosas tal como son.

No estoy diciendo que el señor Diputado Rossi haya actuado de mala fe. Estoy diciendo que se equivocó; estoy diciendo que lo que dijo no es cierto; estoy diciendo que lo que dijo está mal; estoy diciendo que lo que dijo es un planteo político mal fundamentado. Si lo indujeron mal, pues tendrá que tomar las represalias o la conducta que entienda del caso con la Oficina Nacional del Servicio Civil. Yo, que estoy de este lado de la vereda, le digo al señor Diputado Rossi que lo que dijo no es cierto. Tenga el señor Diputado la tranquilidad de que nosotros, con el ex Presidente Sanguinetti a la cabeza, no hacemos abuso de ningún tipo de norma. Esto puede corroborarlo ahora, señor Diputado, en base a la fidedigna información oficial que aparentemente está transparentada y mejorada, y las cosas son como son.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene que dirigirse a la Mesa, señor Diputado.

SEÑOR ABDALA.- Me dirijo cariñosamente al señor Presidente.

El sentido, entonces, es aclarar las cosas y nada más. Nadie viene aquí a molestar al Cuerpo, pero son los temas que nosotros no queremos que pasen de largo. Está bien que si un señor Diputado entiende que tiene que hacer una investigación o un planteo haga lo que entienda pertinente, pero está mucho mejor, sustancialmente mejor, que el Cuerpo tenga la información veraz, verosímil, cierta, verdadera. Y es muy bueno que por más que discrepemos filosófica, ideológica e intelectualmente, cuando la verdad es una sola comulguemos todos detrás de la misma verdad.

A mí me gusta que el Cuerpo tenga claro que la gente del ex Presidente Sanguinetti no abusó absolutamente de nada. Es lo que queríamos decir y compartir con el Cuerpo.

SEÑOR ORRICO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: deseo expresar que en la reunión de coordinadores se había planteado que se iba a tratar el primer punto del orden del día, luego el que figura en octavo lugar -que pasaría a ser segundo- y recién después se iba a plantear la cuestión política.

En fin; son acuerdos de caballeros y se cumplen o no se cumplen, pero como coordinador de la bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio es mi obligación dejar sentado en la versión taquigráfica lo que ha pasado.

SEÑOR ROSSI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ROSSI.- Señor Presidente: la verdad es que, por un lado, lamento que se tenga que distraer tiempo en este asunto, en una sesión en la que estaba previsto promover la aprobación de la ley que tiene que ver con la Caja Notarial y también lo relativo a la reparación de los destituidos y exiliados de la actividad privada, que hace tanto tiempo que están esperando esta solución. Sin embargo, por otro lado, saludo el interés que expresa el señor Diputado Abdala y considero que es saludable que se aborde este capítulo que se origina a partir de un título vinculado a declaraciones sobre informaciones que tengo en mi poder y que, por cierto, voy a poner a disposición de toda la Cámara. En ese sentido, como no puedo leer los cincuenta y siete folios, voy a pedir que se incorpore al Diario de Sesiones correspondiente el informe que recibí de la Oficina Nacional del Servicio Civil, para que todos podamos compartir la información que hace unos días le hice llegar al propio señor Diputado Abdala.

Y digo que vale la pena porque este tema de los pases en comisión -como se verá- no termina de salir de escena; permanentemente está entrando y saliendo. Elevamos este pedido de informes el 24 de agosto y lo hicimos sobre la base de las consultas, sugerencias y preguntas que recibíamos respecto al tema. Por lo tanto, entendíamos que debía arrojarse claridad, y la única manera de lograrlo en estos temas es utilizar los mecanismos que tenemos en el Parlamento. Por ello, hicimos el pedido de informes el 24 de agosto y la respuesta llegó alrededor del 15 de noviembre; en ella, el propio informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil fecha datos al 30 de octubre de 2001. Se dice que es información vieja; no sé qué se entiende por viejo o por nuevo, pero según establece el documento firmado por el Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, la información es al 30 de octubre.

En consecuencia, hago pública la información que recibo y manifiesto que no reparé en la forma de distribución entre los distintos jerarcas y tampoco en los nombres que formaban parte de esas listas, porque el informe que acabo de remitir a la Presidencia no solo habla de Incisos -que era mi pregunta original-, sino que da nombres de jerarcas solicitantes y de qué funcionarios están en Comisión.

Había pedido a la Oficina Nacional del Servicio Civil la nómina completa de todos los funcionarios públicos en comisión, con la indicación de los organismos de origen y de destino, así como las fechas de vigencia. La Oficina Nacional del Servicio Civil me responde indicando el solicitante, Inciso del solicitante, nombre del solicitante, nombre de los funcionarios en comisión y, desde luego, lugar donde están y las fechas de vigencia de esas comunicaciones.

Una vez que se empezó a manejar la información recibida, en la prensa apareció un comentario respecto a que había dos funcionarios en comisión al servicio del ya desaparecido, lamentablemente, doctor Hugo Batalla. Desde luego que nos llamó la atención cómo puede haber funcionarios en comisión prestando servicio para el doctor Hugo Batalla hasta el 28 de febrero de 2005. Esto nos llevó a profundizar en el examen de la lista y aparecieron ciento y pico de funcionarios -en el informe está la lista de cuántos son por cada uno de los Incisos- en comisión con el Presidente de la República, doctor Jorge Batlle. Cuando formulamos la pregunta, nos pareció natural que el Presidente de la República dispusiera de funcionarios en comisión para reforzar la actividad que debe impulsar desde el Poder Ejecutivo. Aparecieron los dos funcionarios del doctor Batalla, otros funcionarios en comisión al servicio del doctor Lacalle -el informe menciona solo a dos-, y 34 funcionarios solicitados por la Presidencia de la República, pero aparecían solicitados por el doctor Julio María Sanguinetti y sus comisiones tenían vencimiento en febrero de 2005. Frente a esto, procuramos averiguar qué elementos regulaban los pases en comisión -en lo que tiene que ver con el Parlamento lo conocíamos- en el resto de la función pública y, particularmente, en la Presidencia de la República. Nos encontramos con el Decreto Nº 595/93, que establece con claridad que las personas que hayan ocupado el cargo de Presidente de la República por un término superior a un año podrán solicitar al Poder Ejecutivo que destine hasta cinco funcionarios públicos para desempeñar funciones de asistencia directa. Dado que esto es lo que establece el decreto y teniendo en cuenta que la Oficina Nacional del Servicio Civil, con la firma del Director, respondió a un pedido de informes por la vía oficial, indicando que el doctor Julio María Sanguinetti tiene 34 funcionarios en comisión, me pareció que esa interpretación desbordaba y hacía abuso de la disposición que estaba vigente. En función de ello hice mi comentario. Desde luego que no me parecía demasiado razonable, y me parece bien que ahora se esclarezca hasta el final cuál es la situación real.

Desde el 15 de noviembre, en que tengo este informe, hasta el 10 de diciembre, en que se publica un artículo en "Ultimas Noticias" -yo recién reparo en él, por gentileza del señor Diputado Abdala-, no había recibido ningún comentario sobre el tema y menos uno de carácter oficial, porque lo que hice como legislador de esta República fue un pedido de informes que procesé por la vía correspondiente y cuya respuesta recibí también por la vía correspondiente. Por lo tanto, no admito como respuesta lo que pueda publicarse en cualquier periódico. Será verdad o no será verdad. Es bueno establecerlo; hace bien al funcionamiento del sistema democrático y, más aún, al sistema político, que con el tema de los pases en comisión anda a los saltos desde hace demasiado tiempo. También hace bien a este Parlamento que el señor Diputado Abdala plantee este asunto.

Pero la cuestión no se termina ahí, porque la información que me envió la Oficina Nacional del Servicio Civil hacía algunas precisiones en cuanto a que no aseguraba que todos los datos estuvieran exactamente al día. Nos comunicaba que, en realidad, se maneja con la puesta al día de los registros que le van llegando de las distintas oficinas, por lo que podría haber algún desfase.

En el artículo de prensa de "Ultimas Noticias" del 10 de diciembre, presuntamente algún vocero vinculado a la Oficina Nacional del Servicio Civil quiere aclarar sobre este tema haciendo referencia al artículo 40 de la Ley Nº 16.320, que autoriza el traslado de funcionarios de organismos públicos para la asistencia directa del Presidente de la República. La referida norma dice: "Autorízase el traslado de funcionarios de organismos públicos estatales y no estatales para desempeñar, en comisión, tareas de asistencia directa al Presidente de la República, Ministros de Estado y legisladores nacionales, a expresa solicitud de estos". Más adelante, establece: "El plazo del traslado en comisión se extenderá por todo el período de ejercicio del cargo por parte de quien formule la solicitud, [...]". Ahora entiendo menos, porque yo puedo admitir que la Oficina Nacional del Servicio Civil no haya corregido esos pases en comisión y se los asignara al doctor Sanguinetti y no al Presidente de la República, doctor Jorge Batlle, debido a que no había recibido comunicación, pero si el plazo de vigencia es hasta el 28 de febrero del 2005, fecha en la que no va a estar ocupando la Presidencia de la República el doctor Sanguinetti sino el doctor Batlle, entonces algo no está bien. ¿La Oficina Nacional del Servicio Civil se olvidó de arreglar los nombres y, entonces, es desprolija en el registro, o puso automáticamente, por un mecanismo que no conozco, sin tener comunicación, la fecha de vencimiento de este período de Gobierno en el cual no es Presidente el doctor Julio María Sanguinetti?

Entonces, sabiendo que este tema requiere discutirse más -hay otras disposiciones que también se mencionaron en este artículo de prensa que me merecen comentarios y, si es necesario, los vamos a hacer-, pero para abreviar y tratar de sacar una primera conclusión, por cierto no tengo por qué dudar de la afirmación que recién hizo el señor Diputado Abdala en cuanto a que el doctor Sanguinetti tiene solamente cinco funcionarios en comisión. Sin embargo, lamento que la Oficina Nacional del Servicio Civil necesite que el señor Diputado Abdala tenga que hacer esta aclaración para oficializar públicamente algo que tuvo oportunidad de informar debidamente a este parlamentario y a este Cuerpo por las vías correspondientes y no por un diario o un mensajero.

Me parece que vale la pena discutir el tema. Si oficialmente me demuestran que esta información no es correcta, no tengo ningún inconveniente en reconocer que mi afirmación no corresponde. Pero también es cierto -el señor Presidente y el Cuerpo coincidirán conmigo- que no es serio que cuando uno recurre a la vía correspondiente para una información delicada, la reciba llena de borrones, contradictoria, sin que corresponda a la realidad e induciendo a cometer errores que pueden ser graves.

Podemos recorrer la historia con más detalle, pero termino diciendo que este tema es importante para el Cuerpo. Lamento que se prolongue la espera de sectores que están aguardando resoluciones también muy importantes, pero creo que el sistema político necesita, de una vez por todas, dejar de jugar a la mosqueta con un tema de enorme sensibilidad popular, como la forma en que administramos los recursos que el Estado tiene a su servicio.

SEÑOR ORRICO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: la situación planteada es más o menos así. Un señor Diputado tiene una inquietud con respecto a dónde cumplen sus funciones determinados funcionarios. En cumplimiento de los poderes que le da la Constitución, hace un pedido de informes a la oficina correspondiente y esta le contesta determinadas cosas. Esas determinadas cosas tienen un significado político, como toda situación que se refiere a funcionarios públicos. El señor Diputado que ha formulado ese pedido lo hace público sin agregar un punto ni una coma y sin sacarle nada. Simplemente dice: "Esto es lo que recibí". Y luego eso se difunde. Esto es una sinopsis -ya que tengo un folleto de una película- de lo que ha pasado aquí.

Ahora bien, ¿qué es una respuesta a un pedido de informes contestado por la Oficina Nacional del Servicio Civil? Desde el punto de vista jurídico, si estuviéramos en un examen de Obligaciones, ¿qué tengo que contestar? Que la respuesta a un pedido de informes elaborada por la Oficina Nacional del Servicio Civil es un instrumento público. A lo cual Peirano Facio, Gamarra y toda esa gente nos miraría y nos diría: "Bueno; y ahora, dígame qué es un instrumento público". Y nosotros tendríamos que decir algo más o menos así: "Instrumentos públicos son todos aquellos que, revestidos de un carácter oficial, han sido redactados o extendidos por funcionarios competentes, según las formas requeridas y dentro del límite de sus atribuciones" (artículo 1574 del Código Civil).

Pero el artículo 1574 del Código Civil dice un poquito más: "Todo instrumento público es un título auténtico y como tal hace plena fe, mientras no se demuestre lo contrario mediante tacha de falsedad". Ya que hoy tantos escribanos que estaban acá nos pidieron permiso para votar, no tengo que explicar qué quiere decir plena fe. Creo que todos lo sabemos.

No sé de nadie que se haya presentado ante un Tribunal a tachar esta información. Si lo hizo, hubiera sido bueno que lo comunicara para que nos evitáramos todo esto, pero no fue así.

Quiero hacer un comentario político, porque lo anterior es jurídico. Yo voy a defender a mi compañero de bancada, como debería hacerlo toda la Cámara, porque si un Diputado hace un pedido de informes, le contestan oficialmente a través de un instrumento público y tiene que andar pensando que en realidad eso no es demasiado cierto y cómo hace -aprovecho que no está presidiendo el señor Diputado Penadés para decirlo-, esto es un verdadero relajo. Entonces, realmente, acá no se puede creer en nadie, porque si pregunto algo a la oficina especializada, me contesta y tengo que andar pensando que a lo mejor no es cierto, bueno, señores, este Estado es de mentira; este Estado es de juguete.

Resulta que, desde que me conozco, en el Uruguay se habla de la reforma del Estado con suma intensidad; se han formado comisiones especiales, se ha hecho una bulla bárbara, se ha declarado excedentes a muchos funcionarios, se han sacado de un lado para el otro, etcétera. Hablamos de la reforma del Estado porque hay que modernizarlo y hacerlo creíble, y resulta que hago un pedido de informes y tengo que creerle a un colega, a quien mucho aprecio, que lo que informó la Oficina Nacional del Servicio Civil no es cierto.

Entonces, además de defender a muerte a mi compañero de bancada, como defendería a cualquiera de los noventa y nueve Diputados que estuviera en esta situación, debo decir que la reforma del Estado -que hace quince años se está diciendo que se da-, no existe, porque si hay algo importante en una reforma del Estado es una oficina especializada en funcionarios públicos, y esta no es capaz de decirnos siquiera dónde están.

Me parece que este es un acontecimiento muy desagradable; hubiera preferido no vivirlo, y también el señor Diputado Rossi. En realidad, todos hubiéramos preferido no vivirlo, pero el hecho está ahí. Nosotros no tenemos responsabilidad. Hemos hecho lo que corresponde; hemos transitado la vía adecuada, y la población -es lo que importa- ha sacado las conclusiones políticas de esta situación.

En conclusión, creo que quienes están metidos en un lío son quienes de alguna manera apuntalan todo esto. No sé si el informe es verdad o no. Capaz que viene la tacha, y la tacha es verdad. De todas maneras, hay una responsabilidad del Gobierno que es muy importante, porque si un señor Diputado no es capaz de llegar a la verdad a través de este tipo de informes, ¡caramba!, ¿quién será capaz de saber algo en este país?

SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: afortunadamente, hace pocos minutos algunos colegas de la bancada nos han hecho llegar una información, y es muy bueno que la Cámara también la reciba. Yo tampoco la conozco, pero estoy hablando con la frontalidad que creo que me caracteriza. Este es un documento oficial.

(Interrupción del señor Representante Rossi)

¾ ¾ Es otro más, posterior a aquellos a los que hacen referencia los señores Diputados.

(Interrupción del señor Representante Rossi)

——Inclusive, voy a solicitar que el Cuerpo tenga una copia, porque así deben ser las cosas.

Es tan documento público como aquel al que hace referencia el señor Diputado Orrico. Dice expresamente: "Los funcionarios que se atribuyen al Dr. Julio María Sanguinetti, como los que se atribuyen al fallecido Dr. Hugo Batalla, fueron solicitados al amparo de estas normas durante el ejercicio del cargo de Presidente de la República, el primero en calidad de titular y el segundo en circunstancias de ocupar el cargo en forma temporal.- Las personas que se desempeñan 'en comisión' en virtud de lo dispuesto por esta norma se encuentran cumpliendo funciones en las diferentes Unidades Ejecutoras del Inciso 02 (Presidencia de la República) y no cumpliendo tareas de asistencia directa". Sigue diciendo este informe oficial, institucional, formal, protocolar, de Estado, suscrito por el doctor Ariel Sánchez Fernández Chaves, Jefe de Area de la División Administración de Personal -el hombre que tiene competencia y jurisdicción para informar sobre estos temas-: "No es correcto decir que treinta y cuatro funcionarios están en comisión con el Dr. Julio M. Sanguinetti y dos con el Dr. Hugo Batalla. Estos treinta y seis funcionarios fueron solicitados 'en comisión' cuando los mismos ejercían la calidad de Presidente de la República y en consecuencia autorizaron la referida movilidad".

Agrega, finalmente: "En conclusión, solo se registran en comisión efectiva" -repito, por si alguien se encuentra distraído: "solo se registran en comisión efectiva"- "con los señores Ex Presidentes de la República 8 personas, 5 funcionarios con el Dr. Julio María Sanguinetti y 3 funcionarios con el Dr. Luis Alberto Lacalle, al amparo de lo dispuesto por el Decreto Nº  595/993 de 30 de diciembre de 1993".

¿El señor Diputado Orrico quiere defender a su compañero? Tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. Yo quiero defender la verdad, y la verdad es una sola, señor Presidente; lo que tenemos que tratar de hacer en este Cuerpo es entender que la verdad es una sola. Corporativismo amical, de todo tipo, me parece fenomenal. Mucho más importante es defender la verdad. Con la verdad, siempre con la verdad, diciendo la verdad y jamás haciendo política violentando la verdad.

SEÑOR ORRICO.- ¿Me permite, señor Presidente, para una aclaración?

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Recuerdo al Cuerpo que están anotados los señores Diputados Baráibar y Bergstein. También me pide para hacer una aclaración el señor Diputado Rossi, a quien se la concederé a posteriori.

Para una aclaración, tiene la palabra el señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Simplemente quiero hacer una aclaración, por cuanto ha sido leído otro documento oficial, que aparentemente llegó recién. La conclusión a la que tendríamos que llegar todos es que cuando recibimos un documento oficial deberíamos pedir la prueba dactiloscópica, un perito en firmas y, además, detectar si el papel que se usa es el correspondiente. Lo digo porque tenemos dos informes contradictorios, y justamente una de las dificultades que se plantea para hallar la verdad surge cuando dos cosas son contradictorias. Según aquello que nos enseñaban en lógica: si A es igual a B y B es igual a C, C es igual a A, pero si A es distinto de B y B es igual a C, C es distinto de A. Bueno; esas cosas que nos enseñaban en lógica aquí están en contradicción. Entonces, me están diciendo algo que no me pueden decir. Yo no estoy defendiendo a ningún amigo, aunque sí lo sea. Estoy defendiendo a un Diputado que, por las vías correspondientes, pidió los informes pertinentes. Entonces, no corresponde venir a decir poco menos que los autores de la mentira somos nosotros. Si viene un mensajero a decir que hemos perdido la batalla, no maten al mensajero; en todo caso, destituyan al general. No fuimos nosotros quienes dimos las órdenes para que la batalla se perdiera.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Para una aclaración, tiene la palabra el señor Diputado Rossi.

SEÑOR ROSSI.- Yo tengo sumo interés en que las cosas se aclaren, en que se avance hacia la verdad y en que esto no se convierta en una discusión abstracta. Creo que es una discusión concreta que hace bien si salimos con conclusiones y con elementos que nos ayuden a comprender la situación y a corregir lo que anda mal, y muy mal; porque después nos quejamos todos y nos duele a todos.

Yo digo que la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, es posterior a la Ley Nº 13.640, que recién se mencionaba. Y esa ley establece con precisión, en el artículo 40, que el Presidente de la República tiene como plazo para el traslado de funcionarios en comisión todo el período de su ejercicio y no más. Y hago notar que en la información que la Oficina Nacional del Servicio Civil me hizo llegar a mí se hablaba de pases en comisión hasta el 28 de febrero de 2005.

Además, hago notar otra pequeña cosa que demuestra cómo esto anda mal, cómo la información de la Oficina Nacional del Servicio Civil anda mal, muy mal. Fíjense que a mí me informan, en esta respuesta a un pedido de informes -que pido se distribuya entre todos los señores Diputados-, que el doctor Luis Alberto Lacalle tiene dos pases en comisión, solo dos. Y en la aclaración esa, en ese documento también oficial, dice que son tres. Y a menos que el doctor Lacalle lo haya pedido entre el 30 de octubre y el 13 de diciembre, no pudo pasar de dos a tres. Y tampoco lo podía pedir en esas fechas, porque ya no era Presidente y, por lo tanto, no tenía potestad para hacerlo. Entonces, con esa información podríamos seguir discutiendo toda la vida y no llegaríamos a conocer la verdad.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Penadés)

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Diputado Baráibar.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: creo que a esta altura debe haber un sentimiento unánime en el Cuerpo en cuanto a que sería bueno que en este tema -en este instituto, si se quiere, para hablar con términos un poco más formales- de los pases en comisión se juntaran todas las leyes y decretos existentes, con todas sus variantes, en una ley única, que ordenara de una manera definitiva y eficaz esta situación que, por distintas vías -empezó hace un tiempo en esta propia Cámara-, claramente demuestra que la realidad está desbordando, y por mucho, a la norma que teóricamente nos debe regir. Y uso bien el término "teóricamente", porque entre la realidad y la norma hay una aproximación, pero no una coincidencia total.

Yo quiero decir que lo que ha hecho el señor Diputado Rossi es absolutamente correcto. Hace tres Legislaturas que integro el Parlamento, y el instituto del pedido de informes, que conocemos todos quienes estamos aquí, está contemplado en la Constitución, en la ley y en el Reglamento del Cuerpo. Es un instituto de uso múltiple: todos recibimos, cada vez que hay sesión, un repartido donde constan los distintos pedidos de informes que formulan los colegas.

Cuando fui Presidente de la Cámara firmé innumerables pedidos de informes, que se tramitan -tanto su remisión como la respuesta- vía Presidencia del Cuerpo. O sea que es un trámite absolutamente corriente. Nunca, hasta el día de hoy, he escuchado a algún colega o funcionario de este Cuerpo -esta es la primera vez que lo oigo- poner en duda la veracidad de la respuesta que se recibe a estos pedidos de informes.

He escuchado, y mucho, en cambio, las quejas que muchos legisladores -entre los cuales me incluyo- hacemos a distintas reparticiones públicas por la falta de respuesta o por su insuficiencia.

Estamos, en este caso, ante una situación en que no puede decirse que haya habido falta de respuesta ni que la respuesta haya sido insuficiente. Estamos, aparentemente, ante una respuesta incorrecta.

Yo debo decir -porque me cabe el beneficio de la duda - que, a partir de hoy, el valor de documento público que atribuimos a las respuestas a los pedidos de informes entra en un estado de relatividad: aparentemente, hay dos respuestas a un pedido de informes, con contenidos notoriamente distintos. Creo que esto tiene mucha importancia y requiere una profundización.

Simplemente, quiero manifestar que si lo que ha hecho el señor Diputado Rossi es correcto y si la respuesta dada por el señor Diputado Abdala es correcta y el documento que esgrime también lo es, el tema no daría para más. Pero, de todas maneras, debo decir que para mí da para algo más, porque con lo que aquí se ha aclarado no me queda suficientemente dilucidado el episodio. Cuando episodios de esta importancia en apariencia quedan tan rápidamente claros es porque estamos sobrevolando la realidad, en lugar de profundizar en ella.

Voy a hacer una mención muy acotada. Dentro de lo que la ley no contempla, pero existe, está el endoso de los pases en comisión. Eso no lo contempla ninguna ley, no está previsto en ningún lado, pero opera. Y este es un factor que también tenemos que incluir a la hora de clarificar la situación.

Resumiendo mi intervención, para que todos nos quedemos tranquilos, quiero decir que hay un mecanismo muy sencillo. Pido al señor Diputado Rossi -me ofrezco a hacerlo personalmente, aunque tal vez sería aún mejor que lo hiciera colectivamente el Cuerpo- que solicite a la Oficina Nacional del Servicio Civil que nos informe acerca de los 34 funcionarios que incorrectamente -según el señor Diputado Abdala- asigna al doctor Julio María Sanguinetti y sobre los dos que le asigna al fallecido doctor Batalla.

Concretamente, pienso que lo que hay que hacer -voy a proponer al señor Diputado Rossi que lo haga y, si no quiere, lo haré yo- es solicitar a la Oficina Nacional del Servicio Civil que diga dónde están trabajando esos 34 funcionarios -de cuyos nombres ya disponemos- y desde qué fecha. Si la respuesta que recibo es que a partir de 1º de marzo de 2000 esos funcionarios volvieron a trabajar en tal o cual oficina de una repartición de la Administración Pública, me voy a quedar tranquilo porque esos datos eran falsos, aunque no por la veracidad de la información de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Esa es la información que debemos solicitar si queremos que este tema se esclarezca definitivamente: ¿en qué oficina están cumpliendo funciones esos 34 funcionarios y desde qué fecha? Con esta información me quedaría tranquilo porque el tema estaría suficientemente saneado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Antes de que hagan uso de la palabra los señores Diputados Bergstein y Vener Carboni, corresponde votar la solicitud del señor Diputado Rossi, para que se incorpore al Diario de Sesiones la respuesta al pedido de informes que oportunamente recibiera de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: solicito que también se incorpore el informe que se remitió y que está en la Mesa, que definitivamente aclara esta situación.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar la incorporación de los informes propuestos por los señores Diputados Rossi y Abdala al Diario de Sesiones.

(Se vota)

——Setenta y uno en setenta y dos: AFIRMATIVA.

(Textos cuya incorporación al Diario de Sesiones fue resuelta por la Cámara:)

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POR EL MOMENTO LAS IMÁGENES INCLUIDAS DESDE LA PÁGINA 92 A 155 SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LA EDICIÓN IMPRESA

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——Tiene la palabra el señor Diputado Bergstein.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: es con cierto desaliento que he solicitado el uso de la palabra.

Hace pocas semanas participé en un acto político en la sede del Foro Batllista, organizado por uno de los Senadores de nuestro sector. A poco de iniciado el acto -después de la hora 20- se nos vino a decir que estaba el guinche y que había que retirar dos autos, uno de los cuales era del Senador Fau, organizador del acto. El estaba presidiendo el acto y yo estaba sentado a su lado; entonces le dije: "Dame las llaves, que voy a correr el auto". Efectivamente salí y corrí el auto dos cuadras.

En los dos días siguientes nos encontramos con que este episodio -no en la parte en que participamos, que fue secundaria, sino con relación al otro auto- ocupó la primera plana de algunos diarios de la capital. Aparentemente, el otro auto que estaba estacionado era del doctor Julio María Sanguinetti, quien participaba de este acto. Recalco que ya era de noche, aunque aún no era la hora 21, a partir de la cual se puede estacionar libremente; pero no faltaba mucho para la hora 21.

Al otro día me quedé perplejo cuando vi que este hecho menor era primera plana porque el famoso guinche -del que todos hemos sido víctimas en algún momento-, en un acto de inusual tolerancia, no se había llevado el auto del doctor Sanguinetti, quien seguramente tenía su chofer, el cual -presumo- lo habrá corrido, como nosotros movimos el del Senador Fau.

Un hecho tan menor fue primera plana y objeto de cartas y comentarios en los días subsiguientes. Se me preguntará por qué traigo a colación este episodio. Es porque tengo la sensación de que hay una especie de campaña que se centra en el doctor Julio María Sanguinetti. Lo digo con todo respeto, con toda humildad, pero con toda convicción: la única persona que accedió a la Presidencia de la República en dos oportunidades por el voto directo de la ciudadanía es objeto de una campaña de desprestigio sistemática, como pocas veces se debe haber visto en la moderna historia política del país. Creo que no es bueno para el sistema y creo que no es bueno para la convivencia en nuestra sociedad.

Esa es la primera reflexión que queríamos compartir. Vayamos a la segunda. Cuando leí lo de los 34 funcionarios en comisión, casi diría que estaba curtido, porque he visto publicarse tantas cosas que no son ciertas con relación a nuestro sector y a su líder, el doctor Sanguinetti, que tengo un sentimiento de resignación ante afirmaciones que se siguen repitiendo hasta el infinito.

Como bien dijo el señor Diputado Abdala, la verdad es una. Podrá una oficina del Estado haber redactado un informe en forma más o menos clara, pero acá hay un hecho que se puede constatar con toda claridad y nada debe confundirnos. El tema no es cómo la Oficina Nacional del Servicio Civil pudo haber redactado su informe, en esa maraña de disposiciones complejas propias de nuestra burocracia, sino en todo caso que cualquiera de nosotros, cuando sale a difundir públicamente determinados hechos, los tiene que tener muy claros y estar absolutamente respaldado, porque todos tenemos que privilegiar la verdad. Un legislador, cuando se expresa públicamente, debe chequear la información.

Hace dos mil quinientos años, un señor que se llamaba Esquilo -que fue uno de los más grandes autores trágicos de todos los tiempos-, escribió que en la guerra la primera baja es la verdad. Pregunto: ¿estamos en guerra? Creo que no. Entonces, antes de abalanzarnos sobre una noticia que nos parece que puede servir para determinadas finalidades -que no me corresponde atribuir, ni el Reglamento me lo permite-. tenemos la obligación de tomar todos los recaudos necesarios si es que algo no está claro. Esto se llama seriedad, y en esto va en juego la credibilidad del sistema político.

Hace pocas semanas tuvo lugar un planteamiento de fueros del señor Diputado García Pintos y recuerdo cómo un grupo de Senadores del Frente Amplio formuló una denuncia porque alguien les dijo algo, sin tomar el menor recaudo. No es que haya que ponerse a investigar, pero cuando de alguna manera nos respaldamos en nuestra investidura legislativa para formular determinado tipo de apreciaciones, debemos tener cierta dosis de elementos que respalden nuestras afirmaciones, y el resto corre por cuenta de las autoridades competentes.

El memorándum de la Oficina Nacional del Servicio Civil Nº 16/2001, de fecha 5 de diciembre, que tengo a la vista, no solo dice lo que acaba de comentar el señor Diputado Abdala, sino que luego de establecer: "En las publicaciones del matutino 'La República' de los días 3 y 4 de diciembre del año en curso, se afirma que el ex Presidente de la República, doctor Julio María Sanguinetti 'cuenta con 34 funcionarios en comisión', cuando 'la normativa autoriza solo cinco' personas en este régimen", prosigue: "La información, que el matutino atribuye al Representante Víctor Rossi es incorrecta y no refleja lo informado por la Oficina Nacional del Servicio Civil en sus informes al Parlamento". Creo que esto fue lo primero que motivó el planteamiento del señor Diputado Abdala.

Más adelante, continúa: "En efecto, esta Oficina afirmó en forma clara que los registros se efectuaban atribuyéndosele a quien en ejercicio de un cargo tenía facultad para disponer el 'pase en comisión'. [...] Eso no implica que el funcionario 'en comisión' se mantenga con el funcionario solicitante y sí puede mantenerse 'en comisión' en el organismo del cual era jerarca el requirente.- El artículo 40 de la Ley Nº 16.320" -que aquí ya se mencionó- "[...] autoriza el traslado de funcionarios de organismos públicos para asistencia directa del Presidente de la República [...]". Luego de hacer una recopilación de toda la normativa, dice lo siguiente: "Las personas que se desempeñan en 'comisión' en virtud de lo dispuesto por esta norma" -se refiere al artículo 31 de la Ley Nº 13.640, con las modificaciones introducidas por sucesivas leyes; dicho sea de paso, ese informe estará en manos de todos los señores Diputados en algunos minutos- "se encuentran cumpliendo funciones en las diferentes Unidades Ejecutoras del Inciso 02 (Presidencia de la República) y no cumpliendo tareas de asistencia directa". O sea que las personas comprendidas en este Inciso pueden ser funcionarios dependientes de reparticiones de la Administración Central, de los Entes Autónomos, de los Servicios Descentralizados e, inclusive, de los Gobiernos Departamentales y pasan a prestar servicios por el tiempo que se estime necesario, en cada caso, en las respectivas oficinas.

Continúo leyendo: "No es correcto decir que treinta y cuatro funcionarios están en comisión con el doctor Julio María Sanguinetti y dos con el doctor Hugo Batalla. Estos treinta y seis funcionarios fueron solicitados 'en comisión' cuando los mismos ejercían la calidad de Presidente de la República y en consecuencia autorizaron la referida movilidad.- En conclusión, solo se registran en comisión efectiva con los señores ex Presidentes de la República 8 personas, 5 funcionarios con el doctor Julio María Sanguinetti y 3 funcionarios con el doctor Luis Alberto Lacalle, al amparo de lo dispuesto por el Decreto Nº 595/993 de 30 de diciembre de 1993".

Vale decir que aquí hay un hecho muy sencillo. ¿Cuántas personas en comisión tiene el doctor Julio María Sanguinetti al día de hoy? Cinco. ¿Cuántas tiene en comisión el doctor Lacalle? Tres. Puede ser que los informes hayan sido redactados de tal manera que un legislador pudo haberse confundido de buena fe, pero cuando los informes son complicados, insisto en que, en aras de la seriedad del sistema, tenemos que tomar todos los recaudos necesarios antes de salir a la opinión pública. No podemos correr el riesgo de convertirnos en una república bananera y no puede ser que los foristas estemos en libertad condicional.

Con todos los respetos hacia la persona del señor Diputado Rossi, creo que hubo un apresuramiento al difundir una información sobre la cual, a lo mejor, él no había interpretado todos sus aspectos. Efectivamente, cuando desde la Oficina Nacional del Servicio Civil se dice: "En efecto, esta Oficina afirmó en forma clara que los registros se efectuaban atribuyéndosele a quien en ejercicio de un cargo tenía facultad para disponer el 'pase en comisión'", está claro que dice "en ejercicio de un cargo". Luego se expresa: "Esto no implica que el funcionario 'en comisión' se mantenga con el funcionario solicitante". Más claro, echarle agua.

Quizás esto no dé para más desde el punto de vista del suscrito. El doctor Sanguinetti no ha violado ninguna norma administrativa. Reitero: el doctor Julio María Sanguinetti no violó ninguna norma administrativa; y como seguramente más de un señor Diputado habrá leído que tenía más de 36 funcionarios en comisión, esto solo justifica en exceso el planteo del señor Diputado Abdala, porque por lo menos nos ha permitido contar con el documento -lo deben tener todos los señores Diputados- que tenemos entre manos; eso es lo que importa.

Nos gustaría que mañana este hecho tenga la misma difusión que el anterior, cuando se hablaba de que había 36 ó 38 funcionarios en comisión, cuando en realidad son cinco. Hago una última reflexión. Volvamos a Esquilo; mientras no estemos en guerra, respetemos la verdad. La verdad siempre es una. A veces en la Administración Pública, no es tan sencillo llegar al meollo. Creemos que una de las grandes diferencias que hay entre el ámbito público y el privado es la dificultad que se puede tener para obtener toda la información en el ámbito de la Administración Pública. Así son las cosas. Entonces, corresponde doblemente que tengamos el mayor de los cuidados cuando salimos públicamente a difundir ese tipo de información. Creo que si actuáramos de esta manera, tratándose de correligionarios o de adversarios políticos, inclusive de los que queremos demonizar, le haríamos mucho bien al sistema.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Vener Carboni.

SEÑOR VENER CARBONI.- Señor Presidente: tras los comentarios de los señores Diputados Bergstein y Abdala el tema ha quedado muy claro: el doctor Sanguinetti no ha excedido ninguna norma legal sobre la cantidad de funcionarios que pueda tener en comisión.

De pronto, todo nació con una confusión o por un informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil no del todo exacto o mal interpretado. Pero tal vez por deformación profesional, ya que fui periodista durante veinte años, siento que la mejor de las verdades, la más clara de las pruebas, imprescindiblemente necesita ser chequeada. De lo contrario, los periodistas pueden pasar a engrosar esa enorme fila de desocupados que existe, precisamente, por no haber corroborado una información que de buenas a primeras les pareció muy clara y que enlazaron en un contexto equivocado.

Uno puede tener la tentación de encontrar en infracción, en una pillería, a un importante adversario político y proceder de inmediato. ¿A quién de nosotros, integrantes del Foro Batllista, no le encantaría encontrar al doctor Vázquez en infracción, en una pillería, y salir de inmediato a hacerla pública, de tal manera de lograr un efecto, no de promoción individual -porque es más complicado-, sino política? Sin embargo, esto no lo tenemos que hacer, porque de la misma forma en que nos gusta que nos traten a nosotros, debemos tratar a los demás.

Evidentemente, si encontramos una información según la cual un ex Presidente tiene nada más y nada menos que 34 funcionarios en comisión, uno podría tener la sospecha -si tuviera vocación periodística- de que hay algo equivocado, que no es correcto.

En su último libro, el Director del diario "El País", de Madrid, señala muy bien que puede haber muchos intereses detrás que estén aportando información primaria y haciéndola equivocada o fuera de contexto. Por lo tanto, cuando la información sorprende por su magnitud, si se tiene el espíritu de profundizar la verdad, necesariamente debe ser chequeada a los efectos de no generar -por más que el error sea de otro- el desprestigio sobre la honra de una persona, que puede causar la difusión de una información que finalmente resulta equivocada.

Si se hubiera tratado de otra situación, personalmente me habría sorprendido -creo que a todos nos tendría que haber sorprendido- que un ex Presidente tuviera 34 funcionarios en comisión. Es una información demasiado gruesa como para no darse cuenta de que el hombre está loco o hay un error fenomenal.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Pérez Morad.

SEÑOR PÉREZ MORAD.- Señor Presidente: por unos minutos tuvimos que retirarnos de Sala; por eso, cuando el tema ya se introdujo en el debate de la Cámara, pedimos la palabra para dejar la siguiente constancia.

Con fecha 24 de agosto de 2001 elevamos un pedido de informes a la Presidencia de la República con destino a la Oficina Nacional del Servicio Civil. En él incluimos cuatro vistos que dicen lo siguiente: "I) La normativa regulada por la legislación vigente, en cuanto al artículo 40 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, indica: 'Autorízase el traslado de funcionarios de organismos públicos estatales y no estatales para desempeñar, en comisión, tareas de asistencia directa al Presidente de la República, Ministros de Estado y Legisladores Nacionales, a expresa solicitud de estos.- Los Legisladores no podrán tener más de cinco funcionarios en comisión, simultáneamente. El plazo del traslado en comisión se extenderá por todo el período del ejercicio del cargo por parte de quien formule la solicitud, salvo que este resolviera dejar sin efecto dicho traslado.- Los indicados traslados en comisión no tendrán otro efecto que la prestación de la actividad al servicio y a la orden de quien formula la solicitud'".

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Obispo)

——Ese es el primer visto de nuestro pedido de informes.

En el segundo hacemos referencia al instructivo dictado por la Oficina Nacional del Servicio Civil, que tiene tres capítulos: "Principio General", "Excepciones" y "Otras Prohibiciones". Allí consta que los pases en comisión pueden ser habilitados para Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral, Poder Legislativo y Poder Judicial.

En el punto 1.2.1 de ese instructivo se aclara que "No existen restricciones para disponer el pase en comisión de funcionarios de cada una de estas dependencias públicas hacia las restantes".

En el tercer visto de nuestro pedido de informes se expresa: "El artículo 6º de la Ley Nº 17.296 del 21 de febrero de 2001, que dice: 'Sustitúyese el artículo 582 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente: Artículo 582. No podrá existir más de un funcionario docente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) prestando en comisión, tareas de asistencia directa a cada legislador.- Asimismo no podrán exceder de dos, los funcionarios docentes de ANEP que se encuentren en comisión, prestando asistencia directa a cada Ministro de Estado. Previo a cursar la correspondiente solicitud, el Poder Legislativo o los Jerarcas de los respectivos Ministerios controlarán que se verifique dicho requerimiento'".

Y el último visto de nuestro pedido de informes dice: "El Decreto 595/993, del 30 de diciembre de 1993, 'Regúlase los servicios de asistencia directa a las personas que hayan ocupado el cargo de Presidente de la República'.- Que establece la necesidad de regular los servicios de asistencia directa a las personas que hayan ocupado el cargo de Presidente de la República; y en su único Resultando, plantea: que ha sido tradicional, tanto por razones de seguridad, como también para la atención de actividades relacionadas con la investidura del cargo desempeñado, que el Presidente saliente sea asistido por un término prudencial por funcionarios públicos de su confianza, para el cumplimiento de tareas de asistencia directa; Atento: a lo expresado, el Presidente de la República decreta: Artículo 1º.- Las personas que hayan ocupado el cargo de Presidente de la República por un término superior a un año podrán solicitar al Poder Ejecutivo que destine hasta cinco funcionarios públicos para desempeñar funciones de asistencia directa.- Artículo 2.- Los funcionarios solicitados pasarán, a tal efecto, a cumplir funciones en comisión en el Inciso 02 'Presidencia de la República'".

Por lo anteriormente expresado, hicimos las siguientes solicitudes a la Oficina Nacional del Servicio Civil: "1) ¿Cuántos funcionarios estatales y no estatales, a la fecha, están registrados en la Oficina Nacional del Servicio Civil revistiendo la calidad de 'Pase en Comisión' en dependencias del Estado? 2) ¿Desde qué Organismos se han solicitado, cuál es el nombre del jerarca solicitante, y cuál es la cantidad de funcionarios que tiene en comisión cada uno de ellos? 3) ¿Cuál es la nómina actual de pases en comisión registrado por la Oficina Nacional del Servicio Civil que están cumpliendo funciones en dependencias del Parlamento nacional, ya sea con destino a prestar asistencia directa a señores legisladores o a otras áreas del Poder Legislativo? 4) ¿Cuántos funcionarios tiene en comisión cada uno de los 129 señores legisladores del Poder Legislativo? 5) ¿Cuántos ceses de pase en comisión ha recibido la Oficina, enviados desde el Poder Legislativo a partir del 1º de agosto de 2001? 6) ¿Cuántos ceses se han tramitado ante dicha Oficina por parte de otros organismos del Estado? 7) ¿Constató la Oficina Nacional del Servicio Civil excesos en solicitudes de pases en comisión por integrantes del Poder Legislativo; si así fue, qué medidas tomó? 8) En función del Decreto 595/993 dictado por el ex Presidente de la República, doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, el 30 de diciembre de 1993, mencionado en el Visto IV de este pedido de informes: a) ¿Cuántos ex Presidentes son asistidos actualmente por funcionarios públicos en carácter de pase en comisión? b) ¿Cuántos funcionarios tiene cada uno de ellos y a cuál organismo del Estado fueron solicitados? c) ¿Quién determina el 'término prudencial' para la finalización de esa comisión? d) ¿En su retroactividad, hasta dónde abarca este decreto; en él se incluye a los ex Presidentes" anteriores a 1985?

Última pregunta: "De acuerdo a los 'Objetivos y Cometidos' de la Oficina Nacional del Servicio Civil, entre sus cometidos se establece, 'Asistir al Sector Público en todo lo relativo a la administración de personal, efectuando su regulación y realizando los controles de su cumplimiento'. En su 'División Administración de Personal', de sus ocho puntos se desprende que: 'Asesorará a los organismos del Estado en materia de políticas de Administración de Personal y aplicación de su normativa reguladora (ingreso, reingreso, capacitación, movilidad horizontal, calificaciones, ascensos y egresos), así como también 'Supervisar, instrumentar y controlar las funciones de evaluación del desempeño de la Administración'. ¿Ha constatado irregularidades dicha Oficina en el estricto cumplimiento de las disposiciones hasta ahora vigentes y mencionadas; si así fue, qué medidas tomó, comunicó a los organismos correspondientes sobre esas irregularidades, comunicó a la Presidencia de la República sobre tales hechos?".

Reitero que este pedido de informes lo presentamos en la Cámara el 24 de agosto, a la hora 18 y 55.

Esto motivó una respuesta de la Oficina Nacional del Servicio Civil que recibimos hace muy poco tiempo y consta de muchas páginas. En ella se establecen detalladamente los pases en comisión de los distintos organismos del Estado, del Parlamento y de otras oficinas, dando el nombre de los funcionarios en comisión e indicando los períodos en los cuales estarían competentes para cumplir ese servicio. Como estamos procesando esta información, pongo a disposición de los legisladores de este Cuerpo el texto del pedido de informes y la respuesta para que si así lo creen conveniente se adosen a las exposiciones y a los documentos presentados en esta Sala, a efectos de que se dé transparencia a la información.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Se va a votar si se incluye en el Diario de Sesiones lo solicitado por el señor Diputado.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

(Texto cuya incorporación al Diario de Sesiones fue resuelta por la Cámara:)

 

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POR EL MOMENTO LAS IMÁGENES INCLUIDAS DESDE LA PÁGINA 161 A 239 SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LA EDICIÓN IMPRESA

 

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16.- Comisiones Permanentes y Especiales. (Autorización para reunirse durante el receso).

——Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Berois Quinteros, Falero, Amen Vaghetti, Amorín Batlle y Orrico.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se autorice a todas las Comisiones Permanentes y Especiales a reunirse durante el receso".

——En discusión.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: voy a votar en contra, como tradicionalmente lo he hecho, de estas autorizaciones genéricas de funcionamiento de las Comisiones, porque me parece que el receso tiene una lógica de funcionamiento y, para los que no están en las Comisiones, de alguna forma es una situación de desconocimiento del trabajo.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada.

(Se vota)

——Cincuenta y nueve en sesenta y dos: AFIRMATIVA.

Posteriormente, las Comisiones respectivas harán llegar la información de cuáles serán sus días de sesión.

17.- Régimen jubilatorio y pensionario de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones. (Regulación).

Continúa la consideración del asunto que figura en primer término del orden del día: "Régimen jubilatorio y pensionario de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones. (Regulación)".

Tiene la palabra el señor Diputado Falero.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: volvemos a la consideración del primer punto del orden del día, que tiene que ver con el régimen jubilatorio y pensionario de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones.

La primera cosa que me parece importante mencionar está relacionada con la necesaria adecuación a lo que establecía la Ley Nº 16.713, que mencionaba, entre otros, el concepto de universalidad. En su momento, la ley estableció como obligatorio para el Poder Ejecutivo el envío de los mensajes correspondientes -que, además, son imprescindibles- al Parlamento para que este los analizara en el seno de sus respectivas Comisiones de Seguridad Social. Así se hizo en esta oportunidad, y en la exposición de motivos que acompaña el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se establecen todas las adecuaciones entre esta iniciativa y la Ley Nº 16.713.

(Murmullos)

——En el caso particular de nuestro Partido -defensor del concepto de universalidad que se incorporó en el primer artículo de la ley sobre seguridad social-, esto nos habilita a aprobar en general la iniciativa que está a consideración del Cuerpo, y en la medida en que existen discrepancias con respecto al artículo 87 de este proyecto, me voy a referir particularmente a él, manifestando, en principio, nuestra absoluta oposición a que esta norma se desglose del articulado enviado por el Senado de la República.

En primer lugar, corresponde establecer que...

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- La Mesa ruega silencio para escuchar al orador.

Puede continuar el señor Diputado Falero.

SEÑOR FALERO.- Gracias, señor Presidente, porque de lo contrario tendré que plantear una cuestión política con respecto a la atención de los colegas.

Al final del artículo 87 en cuestión se establece con absoluta claridad que esta disposición no entrará en vigencia en cuanto se apruebe la ley, sino que, por el contrario, lo hará una vez que sea reglamentada, y a tales efectos se otorga al Poder Ejecutivo un plazo de ciento ochenta días. Quiere decir que todos los rigores del procedimiento de análisis, todas las situaciones de armonización entre las distintas entidades vinculadas al artículo 87 y todas las situaciones planteadas de dificultades eventuales con respecto a esta norma, tienen una instancia posterior a la aprobación de la ley, que es precisamente el plazo de ciento ochenta días. En ese lapso, las Cajas podrán reunirse con el Poder Ejecutivo todas las veces que lo estimen necesario -cuando me refiero a las Cajas, hablo de las tres Cajas paraestatales en cuestión y del Banco de Previsión Social-, a efectos de regular en forma correcta estas trasposiciones de fondos y las acumulaciones de años, para que no se cometan injusticias de ninguna naturaleza. Y a estas injusticias me quiero referir.

Es absolutamente injusto el régimen actual y el que se pretende mantener con referencia a la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones. Voy a poner ejemplos para que se entienda con claridad. Ha sucedido que algunos ciudadanos de este país -en mérito a que la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones no tiene tope a los efectos de los montos jubilatorios-, aportando cinco días, siete días, tres meses o un año, terminan jubilándose por esta Caja, sin tope, mientras que todos los aportes de su vida útil fueron vertidos a otro organismo de previsión social. Se calcula que del total de las pasividades que presta la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, en un 25% nunca recibió un peso por parte de ningún organismo en función de los aportes correspondientes. Reitero: el 25%, la cuarta parte de las prestaciones que esta Caja está obligada a servir a los jubilados.

Quiere decir que ese manejo absolutamente abusivo del sistema de la seguridad social y que hizo que este Parlamento corrigiese la situación, dentro de lo posible, cuando se aprobó la Ley Nº 16.713, no fue modificado. Por lo tanto, es necesario corregirlo, y el artículo 87 apunta en esa dirección porque, en definitiva, el resto de las Cajas se está beneficiando de la situación de una Caja que tiene sus finanzas saneadas, que ha tenido particular cuidado en el manejo de sus ingresos y de sus obligaciones y que, además, se financia con los aportes genuinos de sus afiliados. No tenemos ningún derecho a hacer que los señores escribanos que aportan a su Caja financien con sus dineros las pasividades de otras Cajas. Eso me parece absolutamente injusto y, por lo tanto, debe ser corregido.

En segundo término, si ingresamos en el análisis del artículo 87, podemos advertir que allí se establece con absoluta claridad cuál es la filosofía y cuál es el procedimiento conceptual por el que se va a proceder a la acumulación de los servicios; así se determina en los literales a), b), c) y d) de su segundo inciso. Luego, se analiza qué pasa con los servicios bonificados y cuáles son los principios para calcular las pasividades de las personas que tienen que estar afiliadas a más de una Caja, estableciendo cómo se calculará la pasividad por cada una de ellas. Posteriormente, se determina que la actualización de las asignaciones computables se realizará hasta el mes anterior al del inicio del servicio de pasividad. También se refiere a cómo se calcula el sueldo básico.

Quiere decir que se da toda la información necesaria para la instrumentación de la reglamentación. La ley no puede entrar en el detalle de las situaciones vinculadas a cómo serán las transferencias entre uno y otro organismo. Si la ley hiciera eso, cometería fatales errores, sería mucho más difícil corregirlos y se podría perjudicar a uno de los organismos previsionales. En cambio, si esto lo hace la reglamentación, el procedimiento de corrección es mucho más sencillo, porque alcanza con que un decreto del Poder Ejecutivo establezca los elementos de corrección necesarios para que el procedimiento sea justo y no injusto, como el que está vigente.

Cuando se menciona el tema de las transferencias de una a otra Caja, su procedimiento y las cuotas para el pago de las obligaciones, queda absolutamente claro el concepto. Aquí no se van a establecer las cuotas, la fecha ni de qué manera se va a proceder a las transferencias. El concepto es claro: cada Caja tendrá que hacerse responsable de la cuota parte que le corresponde, de acuerdo con la cantidad de años que percibió aportes del eventual jubilado. Eso es absolutamente lógico. Si una Caja percibe durante diez años el montepío de un señor o de una señora que trabaja y que después se quiere jubilar, la responsabilidad para el pago de la pasividad tiene que ser de la que recibe los aportes, y no de la que termina siendo la encargada de destinar la pasividad al trabajador.

Por lo tanto, es absolutamente lógico que la Caja que perciba los aportes sea, en definitiva, la que tenga que pagar la cuota parte que le corresponde de esa jubilación. Además, eso está establecido en la filosofía y en el concepto general de la Ley Nº 16.713, que, más allá de acuerdo o desacuerdo, está vigente y debemos respetar.

Se ha dicho que no existen garantías. ¡Por supuesto que existen! Inclusive, más que ahora. Si hoy un señor o una señora que trabajaron toda su vida van, por ejemplo, al Banco de Previsión Social para jubilarse y escuchamos las quejas por las injusticias relacionadas con lo que reciben por el cálculo del sueldo básico jubilatorio y con los aportes que hicieron, diríamos que prácticamente no tienen recurso alguno para apelar contra esas injusticias que se cometen. Podríamos mencionar, no uno, sino cientos de casos relacionados con personas que aportaron y nunca pudieron percibir lo que, de acuerdo con sus aportes -que ellos manifiestan haber hecho y seguramente así sea-, debería pagárseles por concepto de sueldo básico jubilatorio.

Además, el procedimiento que se establece en el artículo 87 es perfectamente compatible con el procedimiento actual de la Ley Nº 16.713, por cuanto prevé un sistema mixto de aportaciones a través del cual un trabajador tiene que jubilarse, por una parte de su aporte, en el Banco de Previsión Social y, por otra, en una AFAP. Es decir que es absolutamente compatible y al respecto no existe ningún tipo de duda.

Por lo tanto, la reglamentación que se dicte con la participación de los organismos previsionales, junto con la necesaria regulación que el Parlamento tendrá que hacer con respecto a las Cajas de Jubilaciones Policial y Militar -que debemos llevar adelante, lo que seguramente se hará en esta Legislatura-, va a asegurar que ningún procedimiento que se establezca -porque en la reglamentación participarán, precisamente, quienes están interesados en el tema- pueda impedir que alguien perciba la pasividad que le corresponda debido a que algún organismo o instituto previsional no haya hecho la transferencia pertinente. Eso no pasará, porque las mismas organizaciones que participen en la reglamentación, conjuntamente con el Poder Ejecutivo, el Banco de Previsión Social y las tres Cajas que funcionan en forma conjunta, se preocuparán de que el instrumento esté lo suficientemente aceitado, porque además ello está en la base del funcionamiento del sistema. Si este sistema no cuenta con una correcta armonización y un funcionamiento aceitado para que se determine la transferencia de fondos de un organismo previsional a otro, entonces el sistema fracasa. Por lo tanto, en la base del sistema y en la reglamentación que se establezca, este procedimiento debe estar aceitado para que la ley funcione efectivamente de esta manera.

Para lograr este cometido se prevé que el artículo 87 entre en vigencia dentro de los seis meses de aprobada la ley, es decir, dentro de los ciento ochenta días, a efectos de dictar la reglamentación correspondiente, la que por supuesto tiene sus complicaciones y sus dificultades y no será una tarea sencilla de abordar. Sin embargo, la práctica que actualmente tienen los organismos previsionales de los que hablamos hará posible que esa reglamentación sea la adecuada. Por cierto, será mucho mejor que si la hiciéramos nosotros, por cuanto, en definitiva, nos falta esa práctica cotidiana que de alguna manera devela no solo las cosas que están bien, sino las que se acostumbra hacer, las que están más o menos bien o las que definitivamente están mal. Por lo tanto, los organismos involucrados pondrán particular celo en que esta ley se reglamente en forma cuidadosa.

Por estas afirmaciones, votaremos el proyecto tal como viene del Senado. Ninguna de las Cajas ni sus jubilados merece que, por no creer que sea posible lograr una reglamentación en ciento ochenta días -cosa que yo creo que se puede hacer- o porque alguien entienda que tiene la posibilidad de favorecerse con el régimen vigente, se siga con esta absoluta injusticia que hace, en el caso particular de la Caja Notarial, que el 25% de los recursos que los escribanos aportaron durante su vida útil se vaya para otras Cajas. Por supuesto, esta irregularidad de afiliarse a otra Caja para escapar al sistema de topes, a mi juicio devela que tenemos un deber pendiente: el de analizar el sistema de topes del Banco de Previsión Social.

Sabemos perfectamente que la estructura de topes del Banco de Previsión Social es totalmente injusta en la actualidad, y será tarea de este Parlamento encontrar los mecanismos para modificarla en forma progresiva, sin que esto represente para el Banco ningún tipo de inconveniente económico-financiero, pero haciendo justicia con quienes durante treinta y cinco o cuarenta años aportaron muchísimo más -por cierto que muchísimo más- que lo que en definitiva terminan percibiendo como pasividad.

Por estos argumentos, tenemos la convicción de que debemos mantener este artículo tal como vino del Senado. Por otra parte, tenemos el compromiso, a nuestro juicio importante, de que este Parlamento analice y resuelva el problema de los topes que actualmente rigen en el sistema del Banco de Previsión Social, que resulta injusto para todos los trabajadores cuando comienzan a percibir sus pasividades.

SEÑOR BLASINA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR FALERO.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede interrumpir el señor miembro informante.

SEÑOR BLASINA.- Señor Presidente: quiero hacer dos aclaraciones.

Con el mayor respeto, tengo dudas en cuanto a si el señor Diputado Falero leyó con atención el artículo 87, y lo digo por dos razones. En primer lugar, porque lo que se plantea es un cambio abrupto del sistema de aportes entre instituciones. Tanto es así que la exigencia es que el cálculo que debe realizar cada instituto respecto de lo que debe traspasar al organismo que servirá la pasividad se hará -como explicaba hoy- en función de un procedimiento actuarial según parámetros del Banco Central, pero de acuerdo con la expectativa de vida del pasivo y de su eventual pensionario.

El punto que no entendió el señor Diputado Falero -insisto: lo digo con el mayor de los respetos- es que lo que se exige a las instituciones involucradas en los traspasos es adelantar lo que se debe aportar por el servicio de la pasividad, a lo largo de todo el lapso que esta dure -incluyendo la pensión- y por todo el importe que surja, en una prestación que, según imagino, se pasará a cobrar en cuatro o cinco cuotas, en función de que de la filosofía inicial del proyecto, que hablaba de pago al contado, se pasa a dejarlo librado a la reglamentación. De cualquier manera, es brutal el desfase que se produce entre el aporte que debe haber entre las instituciones y el servicio de la pasividad que debe hacerse durante toda la vida del pasivo y de quien acceda eventualmente a la pensión.

El segundo aspecto del artículo 87 que me da la sensación que el señor Diputado no leyó con atención, se refiere a que condiciona la percepción de la pasividad a que los aportes entre las instituciones existan regularmente. Si esto no se produce, el pasivo queda absolutamente inerme y prisionero de esa situación, cuando él no la generó, no tiene nada que ver y, en definitiva, sin comerla ni beberla, pagará los platos rotos del incumplimiento de los aportes entre las instituciones. Esto lo establece de manera muy clara el artículo 87.

Quería hacer por lo menos estas dos aclaraciones, porque como sé de la responsabilidad que lo caracteriza, creo que el señor Diputado Falero no leyó atentamente el artículo 87.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede continuar el señor Diputado Falero.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: leí atentamente el artículo 87 cuando participé en las discusiones de la Comisión de Seguridad Social, en ocasión de la concurrencia de los representantes de la Caja Notarial, de la de Profesionales Universitarios y de la Caja Bancaria; quiere decir que lo he leído en varias oportunidades.

En primer lugar, en ningún pasaje del artículo 87 se habla de cuatro o cinco cuotas. Es una opinión personal, absolutamente respetable, del señor Diputado Blasina; pero, reitero, no se mencionan cuatro o cinco cuotas por ningún lado.

En segundo término, por supuesto que los cálculos actuariales son complicados; pero hay técnicos en cálculos actuariales en todos los organismos previsionales. Y todos los cálculos actuariales, absolutamente todos, desde los vinculados a las jubilaciones hasta los relacionados con los seguros de vida, donde se aplican en forma masiva, toman en cuenta la expectativa de vida del asegurado o del eventual beneficiario. Es la lógica, porque el cálculo actuarial determina durante cuánto tiempo una persona va a recibir de por vida un beneficio, ya sea de una jubilación o de un seguro. Por lo tanto, los cálculos actuariales existen en todo el mundo y también en el Uruguay, y hay técnicos especializados en esa materia. Por cierto que yo no lo soy y no puedo explicar más que esto.

Con respecto al otro tema, la lectura atenta del inciso correspondiente muestra que dice: "El goce de la totalidad del beneficio está condicionado, para los períodos que establezca la reglamentación, a que todos los organismos hayan efectuado la correspondiente versión de su cuota parte, en consonancia con el inciso anterior". Es decir que el inciso anterior determina la obligación de los organismos de hacer efectiva la cuota parte de lo que les corresponde por la pasividad de cada uno de los beneficiarios de las distintas Cajas. Pero, de alguna forma, algún elemento debe existir, por períodos absolutamente acotados, que establecerá la reglamentación -lo dice a texto expreso-, para obligar a los organismos a que viertan el correspondiente servicio.

Además de esto, por si no fuera suficiente -estoy de acuerdo con el señor Diputado Blasina-, sin duda el organismo que más deberá aportar en este régimen de transferencia de recursos, por su tamaño y por su incidencia dentro del sistema jubilatorio nacional, será el Banco de Previsión Social. En definitiva, todos sabemos que este Banco, para el pago de sus obligaciones, es lo mismo que Rentas Generales. Por lo tanto, los organismos que efectivamente van a estar obligados a servir en forma sustantiva el pago al resto de las Cajas serán la Tesorería General de la Nación y el Ministerio de Economía y Finanzas, porque Rentas Generales aporta al sistema jubilatorio cientos y cientos de millones de dólares para el cumplimiento de las obligaciones que dependen del Banco de Previsión Social.

Por lo tanto, esto no me genera ningún tipo de dificultad, porque establece una estricta justicia, sobre todo con las Cajas que no tienen el auxilio de Rentas Generales, como las que estamos mencionando.

SEÑOR SEÑORALE.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR FALERO.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR SEÑORALE.- Señor Presidente: efectivamente, el undécimo inciso del artículo 87 debe interpretarse como lo hace correctamente el señor Diputado Falero. Es decir que lo que queda condicionado es el cobro de la totalidad del beneficio. Parece lógico, porque sería totalmente injusto que si un organismo no vuelca los aportes correspondientes a la Caja que está pagando esa jubilación, esta se haga cargo de ellos. De esa forma, estaríamos estableciendo un régimen de solidaridad subsidiario de todas las Cajas, lo que no condice con lo establecido en el artículo 6º del mismo proyecto, que dice: "El Estado no asume responsabilidad pecuniaria alguna vinculada a la subsistencia de la Caja o a la financiación de sus obligaciones". Por lo tanto, cuando el Estado expresamente no se hace responsable de las obligaciones que asuma, ¿cómo podemos exigir, por ejemplo, a una Caja paraestatal, que tenga que estar pagando una prestación que no vuelca el Banco de Previsión Social? Sostener eso sería totalmente injusto, ilógico y fuera de todo contexto. Por lo tanto, lo que sí queda al beneficiario -pasivo o jubilado- que se vea involucrado en la situación de que algún organismo no esté volcando la cuota parte correspondiente, es recurrir ante dicho organismo mediante los mecanismos que establece el ordenamiento jurídico.

Me parece que esa es la interpretación correcta y es la que hace el señor Diputado Falero, que compartimos plenamente. Es la única interpretación que corresponde. La otra interpretación estaba totalmente fuera de contexto y establecía algo que la normativa no dice y que, además, sería injusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede continuar el señor Diputado Falero.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: abonando en este tema, no me preocuparía que una de las Cajas dejara de aportar porque, en definitiva, se manejan con aportes de personas que no están dentro del sistema de carácter general y, por lo tanto, estas tienen los procedimientos dentro del funcionamiento propio de esas Cajas para recurrir todo lo que entiendan del caso. Los escribanos son los propietarios de su Caja; los profesionales universitarios son los propietarios de su Caja y los empleados bancarios son los propietarios de su Caja. Por lo tanto, ellos tienen la posibilidad de recurrir los procedimientos que entiendan que son incorrectos para el funcionamiento de su pasividad. Sí me preocuparía el caso del Banco de Previsión Social, porque todos sabemos que allí tenemos una situación más compleja y difícil de resolver, con muchísimos más afiliados. Pero lo que me tranquiliza es que el responsable final de que el Banco de Previsión Social haga los aportes correspondientes a las tres Cajas sea Rentas Generales. Precisamente, es lo que está haciendo el país con bastante esfuerzo, por cierto, desde hace muchísimo tiempo, aportando a Rentas Generales para que el Banco de Previsión Social pueda servir las jubilaciones y pensiones que debe servir.

Por lo tanto, a mi juicio, no existe ningún argumento que determine la posibilidad de desglosar el artículo 87. Es más: existen argumentos que establecen que el artículo 87 debe ser aprobado tal como está redactado, porque estaríamos cometiendo una injusticia absolutamente radical con quienes durante muchísimos años han aportado y aportan a la Caja Notarial con el esfuerzo personal, sin recurrir a ningún otro organismo, a Rentas Generales, ni a nadie. Inclusive, se han asegurado de que sus recursos, durante bastante tiempo, aun sin aportes, podrían permitir hacer efectivo el pago de los beneficios jubilatorios a sus afiliados. Creo que esto debe ser rescatado.

Cuando un organismo administra sus bienes en forma correcta, mantiene un relacionamiento correcto con sus afiliados y permite tener seguridad con respecto al futuro de quienes eventualmente se vayan a jubilar, creo que debemos destacarlo porque son ejemplos a seguir. ¡Ojalá que todos los organismos previsionales privados y públicos demostraran la eficiencia que hasta ahora ha tenido la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones!

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado Gabriel Pais.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente: en primer lugar, quiero destacar que comparto lo que mencionó el señor Diputado Blasina en un primer momento, en el sentido de que esta Cámara no puede ser homologadora de las decisiones del Senado. Tenemos que entrar siempre en un análisis profundo de cada uno de los temas, sin que importe si la otra Cámara lo aprobó o no con anterioridad.

Luego de eso, quiero felicitar al señor Diputado Falero por la excelente exposición que acaba de realizar en Sala, fundamentada, estudiada y precisa. Por esa razón, para ahorrar tiempo a este Cuerpo, voy a tomar como mías las palabras del señor Diputado Falero y voy a referirme a algunos otros temas complementando su exposición, intentando no repetir sus apreciaciones, que considero claras y oportunas.

Respecto de la aprobación en general del proyecto de ley en consideración, tenemos prácticamente la unanimidad del Cuerpo. Acá la discusión se plantea en cuanto a si debemos desglosar o mantener el artículo 87 votado previamente por el Senado de la República. En tal sentido, me inclino, por su trascendencia, a mantener este artículo 87 tal como fue aprobado en el Senado e incorporarlo nuevamente al texto que aprobó la Comisión, que lo había desglosado.

Al tiempo de analizar esta norma, lo primero que debemos tener en cuenta es cuál es el régimen actual, qué es lo que está rigiendo en este momento los traspasos de los afiliados activos de una Caja a la otra. ¿Saben lo qué tenemos? Un mecanismo por el cual el trabajador se jubila por la Caja a la cual realizó los últimos aportes, sin importar -como bien decía el señor Diputado Falero- si aportó un día, un año o diez años. Se jubila por la última Caja a la que aportó. Quiere decir que hay afiliados que aportan veinte o treinta años a una Caja y un mes a otra, pero se jubilan por esta última, lo que contribuye a desfigurar el sistema y favorece lo que queremos evitar, que son, precisamente, mecanismos que no quisiera llamar de corrupción pero que sí facilitan que haya gente que, buscando vericuetos legales, se beneficie en perjuicio de otros que no logran sortear esos obstáculos.

Por otra parte, el régimen de traspasos genera que la Caja que va a hacer efectivo el pago de la jubilación durante todo el tiempo que deba servirla, reciba de aquella otra en la cual se realizaron los aportes, dinero sin actualizar. Entiéndase bien: dinero sin actualizar. Hay Cajas que por veinte años de aportes reciben $ 14,50, $ 18 o $ 23, cifras absolutamente ridículas. Si estaremos retrasados en el Poder Legislativo en aprobar una norma que mejore esta situación que, después de más de cuarenta años de inflación, después de que todo el sistema uruguayo de deudas y créditos está actualizado desde el año 1974 por la Ley Nº 14.500, sobre reajuste de las obligaciones, y por diversos mecanismos legales, este debe ser el único crédito que no ha tenido actualización. ¡Si estaremos en falta con una norma que regule adecuadamente los traspasos!

La norma votada por el Senado, que fuera en muchos aspectos incluida a solicitud de las propias Cajas paraestatales -aunque luego, por circunstancias que no terminamos de comprender, hayan comparecido a la Comisión a desdecirse de lo conversado, negociado, acordado y escrito antes entre las Cajas y el Poder Legislativo-, beneficia a las Cajas. Las grandes beneficiadas en todo esto son, precisamente, las Cajas.

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- La Mesa solicita a los señores Diputados que tomen asiento. Hay que respetar a los legisladores que hacen uso de la palabra.

Puede continuar el señor Diputado Gabriel Pais.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente: no vemos objeción en que una norma de este tipo, que refiere a todo el sistema de seguridad social, sea incluida en el proyecto de ley que estamos considerando, que tiene una referencia específica a la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones. No hay ningún obstáculo para que una norma que regula los traspasos y que afecta al conjunto del sistema de seguridad social sea aprobada en este proyecto. Reitero que no hay ningún obstáculo para aprobarla de esta manera.

Quisiera fortalecer algunas de las apreciaciones que realizó el señor Diputado Falero con respecto a las objeciones planteadas por el señor Diputado Blasina. En cuanto al inciso que podría interpretarse como un condicionamiento y que en alguna medida podría perjudicar a los jubilados, queremos decir que en forma alguna lo hace, y por varios motivos. Fueron las Cajas las que pidieron que se incluyera este inciso, para asegurarse, en el caso de que el traspaso fuera del Banco de Previsión Social hacia las Cajas paraestatales, de que iban a percibir el dinero. ¿Saben qué les aseguraba que iban a recibir el dinero? Que hubiera un jubilado que tuviera alguna inquietud con respecto a esto. Esta norma asegura que las Cajas reciban el dinero proveniente del Banco de Previsión Social. Pero el término "condicionado" en forma alguna refiere al beneficio; el beneficio se genera una vez que se cumplen los requisitos. El condicionamiento se refiere al pago unificado. El jubilado va a percibir la cuota parte de su asignación correspondiente a la Caja respecto de la cual aportó durante mayor cantidad de años. Lo que puede estar condicionado es el pago unificado si la Caja que tiene que verter las sumas indicadas en la forma prevista en el artículo, no lo hace. Entones, no hay ningún riesgo para ningún jubilado: cobrará su jubilación; todos lo tenemos muy claro. Nadie en el país se quedará sin percibir su asignación jubilatoria.

En cuanto a la forma como debe abonarse el dinero a la Caja que sirve la pasividad, queremos destacar que ello está librado a la reglamentación. El artículo dispone: "Los restantes organismos abonarán al organismo que debe servir la prestación, en la forma y oportunidades que determine la reglamentación [...]". La reglamentación podría llegar a establecer que se pague hasta mes a mes, lo que daría lugar a una objeción porque una Caja o el Banco de Previsión Social tendrían que hacer grandes pagos al contado o disponer de cifras voluminosas en determinados momentos. Esto puede establecerse por reglamentación; podría determinarse que no sea un pago único en seis cuotas ni en seis años, sino simultáneo.

SEÑOR SILVEIRA (don Gustavo).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR SILVEIRA (don Gustavo).- Señor Presidente: participé con una enorme preocupación y un gran compromiso en las reuniones preliminares de la Comisión de Seguridad Social cuando abordamos este tema, porque si hay algo que perjudica y que pone en riesgo a los jubilados es que el sistema por el cual se regula su respectiva Caja no tenga viabilidad financiera. Si el sistema no tiene viabilidad financiera, llegará un día en que indefectiblemente esa gente, después de haber trabajado toda su vida, no podrá hacer uso y goce de su merecida jubilación.

Por lo tanto, cuando uno analiza el artículo 87 y piensa que podría ser segregable del resto del proyecto, en el caso de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones debe tenerse presente una cosa. Esta Caja destina el 25% de todo el dinero, que es de sus afiliados y de sus aportantes, a pagar por años por los cuales no recibió un peso, mientras otras Cajas están utilizando el dinero que sí recibieron, producto en su momento de aportes por servicios que posteriormente se trasladaron a la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones. Pero no podemos analizar el tema de los traspasos teniendo en cuenta el bolsillo de cada una de las Cajas, porque, según el bolsillo que se mire, el sistema será bueno o malo, convendrá o no. Nuestra obligación y responsabilidad, hoy, es velar por un sistema jubilatorio -específicamente en el caso de traspaso de servicios- que blanquee la situación, para que quien pague la jubilación, obtenida merced a servicios trasladados de otro organismo, tenga el dinero que esa persona volcó en aquel otro lugar. De lo contrario, herimos de muerte al sistema y, por mejores administradores que tenga, un día se va a fundir. Si hoy nosotros no aprobamos el artículo 87 junto con todo el proyecto, la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones y todas las demás, que no son pasadoras de servicios sino receptoras de servicios traspasados, continuarán agravando su situación económica mes a mes y gastando el dinero que en su momento se aportó y que lamentablemente no han recibido. Tenemos que moralizar el sistema; tenemos que blanquear el sistema para todos y no desde la óptica de a quién le conviene y a quién no. Tenemos que blanquear y hacer un sistema objetivo.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede continuar el señor Diputado Gabriel Pais.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente...

SEÑOR DÍAZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: como se está terminando la sesión y nos pasamos hablando del artículo 87, voy a hacer una pregunta muy concreta sobre el artículo 78 que desde hace rato quería formular. Si el señor Diputado o el miembro informante lo desean, me la contestan ahora y, si no, en el curso de la discusión o cuando se trate el artículo.

Con relación al artículo 78, concretamente pregunto si es una opción que el futuro pasivo puede asumir en el momento de decidir pasar a la pasividad o si es una opción en la cual se tiene un plazo definitivo para acogerse a un sistema o al otro.

Igual se puede contestar mañana, pero, a los efectos de la interpretación de la norma -si bien no tiene ningún efecto, sí sienta un precedente-, me gustaría recibir una respuesta en ese sentido; y hay gente que está en esa situación y puede tener la misma duda.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede continuar el señor Diputado Gabriel Pais.

SEÑOR BLASINA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Señor Presidente, ¿cuántos minutos me quedan?

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Diecisiete minutos.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Entonces, concedo la interrupción al señor Diputado Blasina para que responda la pregunta formulada por el señor Diputado Díaz, si no hay inconveniente.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede interrumpir el señor miembro informante.

SEÑOR BLASINA.- Señor Presidente: no sé si entendí bien el interrogante planteado por el señor Diputado Díaz.

La pregunta que él hace es si el activo -en realidad, es el activo quien gestiona su pasividad- tiene libertad de opción respecto a uno u otro instituto. No tiene ninguna libertad de opción, y creo que está bien que sea así.

Lo que pasa es que el artículo 87 no establece claramente cuál será el organismo que va servir la pasividad: si es el que tiene que efectuar, luego del cálculo actuarial, los mayores traspasos o si es aquel en el que el activo trabajó durante más años.

El artículo 87 no lo establece; no dice claramente cuál va a ser. La que le sirva la pasividad podría ser una institución que no sea la última a la que el funcionario activo esté aportando. Podría ser eso, pero la ley no lo deja en claro; puede ser una u otra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede continuar el señor Diputado Gabriel Pais.

SEÑOR DÍAZ.- ¿Me permite otra interrupción para hacer una aclaración?

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: pido disculpas a la Cámara y a los señores Diputados, pues creo que estoy introduciendo un debate lateral, pero es importante para alguna gente.

El artículo 78 establece lo siguiente: "Podrán optar entre quedar comprendidos en el régimen previsional que se deroga o en las disposiciones de la presente ley, los afiliados que, sin ser jubilados, hubiesen configurado causal de jubilación por el régimen legal que se sustituye antes de la vigencia de esta ley, o la configuraren antes del 1º de enero del 2002".

Mi pregunta es si ese activo que va a pasar a la pasividad y que tendrá causal jubilatoria cuando se promulgue la ley o antes del 1º de enero del próximo año puede optar posteriormente -si es que decide hacerlo en el año 2003 ó 2004- por uno de los dos sistemas o si tiene que hacer la opción ahora. Es decir, si tiene o no plazo para hacer la opción.

No se trata de un activo que pase de un sistema a otro, sino que está dentro del mismo sistema. Me parece que sería bueno que se ventilara este punto en la discusión parlamentaria.

Esa es mi pregunta concreta. Incluso, no sé si no es mejor que nos tomemos un tiempo para dar la contestación a efectos de que en la versión taquigráfica conste una respuesta razonada por parte de la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede continuar el señor Diputado Gabriel Pais, a quien le restan catorce minutos de su tiempo; pero le recuerdo que estamos a seis minutos de la finalización de la sesión.

SEÑOR FALERO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FALERO.- Mociono para que la sesión termine una vez que finalice la consideración de este asunto.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Es una prórroga del término de la sesión.

(Murmullos)

——La Mesa ruega al señor Diputado que haga llegar la moción por escrito.

Puede continuar el señor Diputado Gabriel Pais.

SEÑOR PAIS (don Gabriel).- Lo que hace la opción que otorga el artículo 78 es respetar los derechos adquiridos, y no establece un plazo, razón por la cual no caduca y el afiliado siempre tiene derecho a hacer uso de un régimen u otro, según su conveniencia, al tiempo de jubilarse. Al no establecer un plazo, el derecho a optar no caduca.

En conclusión, la norma que estamos considerando -el artículo 87- es beneficiosa para todos los afiliados. Por lo tanto, proponemos que se vote tal cual fue aprobada por el Senado.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Diputado Señorale.

SEÑOR SEÑORALE.- Señor Presidente: no voy a hacer uso de la palabra, a fin de habilitar la posibilidad de votar en general el proyecto que se está considerando en la sesión de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y uno en sesenta y cuatro: AFIRMATIVA.

SEÑOR MICHELINI.- ¡Que se rectifique la votación!

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Se va a rectificar la votación.

(Se vota)

——Sesenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

18.- Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente licencia:

Del señor Representante Alejandro Falco, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 12 y 15 de diciembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Pedro Pérez Stewart".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y seis en sesenta y ocho: AFIRMATIVA.

Queda convocado el correspondiente suplente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha mencionada.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 11 diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, convocando a mi suplente respectivo, los días 12 y 15 de diciembre.

Saluda a usted muy atentamente.

ALEJANDRO FALCO
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 11 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

Comunico a usted que no acepto por esta única vez la convocatoria formulada por este Cuerpo por la licencia solicitada por el Diputado Alejandro Falco.

Saluda a usted muy atentamente.

José Agustín Aguerre".

"Montevideo, 11 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente del Diputado Alejandro Falco Iriondo, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted, que por esta única vez, no acepto la referida convocatoria.

Saluda a usted muy atentamente.

Mario Linzo".

"Montevideo, 11 diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente del Diputado Alejandro Falco, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Saluda a usted muy atentamente.

Luis Eduardo Alpuin".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Alejandro Falco.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 12 y 15 de diciembre de 2001.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes correspondientes siguientes, señores Agustín Aguerre, Mario Linzo y Luis Eduardo Alpuín.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 12 y 15 de diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Alejandro Falco.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes correspondientes, señores Agustín Aguerre, Mario Linzo y Luis Eduardo Alpuín.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Pedro Pérez Stewart.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

19.- Solicitud de sesión permanente.

——Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Falero.

(Se lee:)

"Mociono para que se declare la presente sesión como permanente".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Dos en setenta: NEGATIVA.

(Campana de orden)

 

——Habiendo llegado la hora reglamentaria, se levanta la sesión.

(Es la hora 20)

 

 

GUSTAVO PENADÉS

PRESIDENTE

 

Dra. Margarita Reyes Galván

Secretaria Relatora
Dr. Horacio D. Catalurda

Secretario Redactor
 

Mario Tolosa

Director del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.