Retorno a página principal

N° 2997 - 4 DE DICIEMBRE DE 2001

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

75ª SESIÓN

PRESIDE EL SEÑOR REPRESENTANTE GUSTAVO PENADÉS Presidente

ACTUAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTOR HORACIO D. CATALURDA Y
DOCTORA MARGARITA REYES GALVÁN Y LOS PROSECRETARIO DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO Y
SEÑOR ENRIQUE SENCIÓN CORBO

 

Texto de la citación

 

Montevideo, 29 de noviembre de 2001.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, el próximo martes 4 de diciembre, a la hora 16, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

 

1º.- Rosario Gandós Caravia. (Pensión graciable). (Carp. 1428/001). (Informado). Rep. 691 y Anexo I

2º.- Olga Hernández Barreto. (Pensión graciable). (Carp. 1429/001). (Informado). Rep. 690 y Anexo I

3º.- Corporación Andina de Fomento. (Incorporación de la República Oriental del Uruguay). (Carp. 1688/001). (Informado). Rep. 783 y Anexo I

4º.- Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del Mercosur y la República de Bolivia y la República de Chile. (Aprobación). (Carp. 412/000). (Informado). Rep. 239 y Anexos I y II

5º.- Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del Mercosur. (Aprobación). (Carp. 413/000). (Informado). Rep. 240 y Anexo I

6º.- Asociación Nacional de Afiliados (ANDA). (Ampliación del porcentaje a retener de los haberes de sus afiliados). (Carp. 1730/001). (Informado). Rep. 807 y Anexo I

7º.- Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. (Se autoriza la ampliación del número de efectivos militares). (Carp. 1757/001). (Informado). Rep. 814 y Anexo I

8º.- Hospital Artigas. (Designación al hospital de la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones). (Carp. 1682/001). (Informado). Rep. 781 y Anexo I

9º.- Liceo Puerto La Charqueada. (Designación al liceo del pueblo General Enrique Martínez, departamento de Treinta y Tres). (Carp. 651/000). (Informado). Rep. 345 y Anexo I

10.- Doctor Ruben Simón Curi. (Designación al Centro Auxiliar de Salud Pública de la ciudad de Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó). (Carp. 1683/001). (Informado). Rep. 782 y Anexo I

 

HORACIO D. CATALURDA    MARGARITA REYES GALVÁN

S e c r e t a r i o s

S U M A R I O

1.- Asistencias y ausencias

2.- Asuntos entrados

3.- Proyectos presentados

4 y 6.- Exposiciones escritas

5.- Inasistencias anteriores

MEDIA HORA PREVIA

7.- Prestación de los servicios de agua potable y saneamiento por la empresa Aguas de la Costa en el departamento de Maldonado.

— Exposición del señor Representante Fernández Chaves

8.- Situación económica de los departamentos de la frontera norte del país.

— Exposición del señor Representante López

9.- Opiniones vertidas por el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz.

— Exposición del señor Representante Bentancor

10.- Riesgos para el tránsito que generan los árboles existentes en los costados de las carreteras.

Emisión de un certificado especial para los deudores del Banco de Previsión Social.

— Exposición del señor Representante Arrarte Fernández

11.- Retiro de carteles anunciadores de la venta de manufacturas colocados en la Ruta Nº 8 por pobladores de Aguas Blancas y aledaños, en el departamento de Lavalleja.

— Exposición del señor Representante Argenzio

12.- Recordación del Inspector General retirado Víctor Castiglioni Herrera al cumplirse un año de su fallecimiento.

— Exposición del señor Representante García Pintos

CUESTIONES DE ORDEN

16.- Alteración del orden del día

13 y 20.- Integración de la Cámara

13 y 20.- Licencias

29.- Prórroga del término de la sesión

28.- Rectificación de trámite

27.- Sesión extraordinaria

23.- Urgencias

31.- Vuelta de proyectos a Comisión

VARIAS

18.- Llamado a Sala al señor Ministro de Economía y Finanzas.

— Se vota afirmativamente

ORDEN DEL DÍA

14 y 25.- Rosario Gandós Caravia. (Pensión graciable).

Antecedentes: Repartido Nº 691, de agosto de 2001, y Anexo I, de noviembre de 2001. Carp. Nº 1428 de 2001. Comisión de Seguridad Social.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

— Texto del proyecto sancionado.

14 y 26.- Olga Hernández Barreto. (Pensión graciable).

Antecedentes: Repartido Nº 690, de agosto de 2001, y Anexo I, de noviembre de 2001. Carp. Nº 1429 de 2001. Comisión de Seguridad Social.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

— Texto del proyecto sancionado.

15.- Corporación Andina de Fomento. (Incorporación de la República Oriental del Uruguay).

Antecedentes: Repartido Nº 783, de octubre de 2001, y Anexo I, de noviembre de 2001. Carp. Nº 1688 de 2001. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo.

— Texto del proyecto sancionado.

17.- Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. (Se autoriza la ampliación del número de efectivos militares).

Antecedentes: Repartido Nº 814 y Anexo I, de noviembre de 2001. Carp. Nº 1757 de 2001. Comisión de Defensa Nacional.

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo.

— Texto del proyecto sancionado.

19 y 21.- Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del MERCOSUR y la República de Bolivia y la República de Chile. (Aprobación).

(Ver 16a. y 18a. sesiones)

Nuevos antecedentes: Anexo II al Repartido Nº 239, de octubre de 2001. Carp. Nº 412 de 2000. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Aprobación. Se comunicará al Senado.

— Texto del proyecto aprobado.

22.- Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del MERCOSUR. (Aprobación).

Antecedentes: Repartido Nº 240, de julio de 2000, y Anexo I, de enero de 2001. Carp. Nº 413 de 2000. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Aprobación. Se comunicará al Senado.

— Texto del proyecto aprobado.

24 y 30.- Productores lecheros perjudicados por la fiebre aftosa. (Se faculta al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a afectar el Fondo creado por el artículo 14 de la Ley Nº 16.082, a efectos de compensarlos).

Antecedentes: Repartido Nº 761, de octubre de 2001, y Anexo I, de noviembre de 2001. Carp. Nº 1646 de 2001. Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.

— Aprobación. Se devolverá al Senado.

— Texto del proyecto aprobado.

32.- Liceo Puerto La Charqueada. (Designación al liceo del pueblo General Enrique Martínez, departamento de Treinta y Tres).

Antecedentes: Repartido Nº 345, de octubre de 2000, y Anexo I, de octubre de 2001. Carp. Nº 651 de 2000. Comisión de Educación y Cultura.

— Aprobación. Se comunicará al Senado.

— Texto del proyecto aprobado.

33.- Doctor Ruben Simón Curi. (Designación al Centro Auxiliar de Salud Pública de la ciudad de Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó).

Antecedentes: Repartido Nº 782, de octubre de 2001, y Anexo I, de noviembre de 2001. Carp. Nº 1683 de 2001. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

— Texto del proyecto sancionado.

1.- Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Washington Abdala, Guzmán Acosta y Lara, Ernesto Agazzi (1), Guillermo Álvarez, Juan Justo Amaro, Gustavo Amen Vaghetti, José Amorín Batlle, Raúl Argenzio, Beatriz Argimón, Roberto Arrarte Fernández, Roque E. Arregui, Raquel Barreiro, Jorge Barrera, Artigas A. Barrios, Edgar Bellomo, Juan José Bentancor, Nahum Bergstein, Ricardo Berois Quinteros, Daniel Bianchi, José L. Blasina, Gustavo Borsari Brenna, Nelson Bosch, Brum Canet, Julio Cardozo Ferreira, Ruben Carminatti, Nora Castro, Ricardo Castromán Rodríguez, Roberto Conde, Jorge Chápper, Silvana Charlone, Eduardo Chiesa Bordahandy, Guillermo Chifflet, Sebastián Da Silva, Ruben Díaz, Daniel Díaz Maynard, Juan Domínguez, Heber Duque, Oscar Echevarría, Alejandro Falco, Ricardo Falero, Alejo Fernández Chaves, Ramón Fonticiella, Luis José Gallo Imperiale, Daniel García Pintos, Orlando Gil Solares, Carlos González Álvarez, Arturo Heber Füllgraff, Doreen Javier Ibarra, Julio Lara, Félix Laviña, Ramón Legnani, Henry López, Guido Machado, Oscar Magurno, José Carlos Mahía, Juan Máspoli Bianchi, Artigas Melgarejo, José Homero Mello, Felipe Michelini, José M. Mieres, Pablo Mieres, Martha Montaner, Basilio Morales, Ruben Obispo, Jorge Orrico, Francisco Ortiz, Edgardo Ortuño, Gabriel Pais, Ronald Pais, Daniela Payssé, Gustavo Penadés, Margarita Percovich, Alberto Perdomo, Darío Pérez, Enrique Pérez Morad, Enrique Pintado, Carlos Pita, Martín Ponce de León, Iván Posada, María Alejandra Rivero Saralegui, Ambrosio Rodríguez, Glenda Rondán, Hugo Rosete, Víctor Rossi, Adolfo Pedro Sande, Julio Luis Sanguinetti, Diana Saravia Olmos, Alberto Scavarelli, Leonel Heber Sellanes, Raúl Sendic, Pedro Señorale, Juan C. Siazaro, Jorge Silva Rotta, Julio C. Silveira, Lucía Topolansky, Daisy Tourné, Wilmer Trivel y Walter Vener Carboni.

Con licencia: Carlos Baráibar, José Bayardi, Gustavo Guarino, Tabaré Hackenbruch Legnani, Ricardo Molinelli, Yeanneth Puñales Brun y Gustavo Silveira.

Falta con aviso: Luis Alberto Lacalle Pou.

Observaciones:

(1) A la hora 16:56 comenzó licencia, solicitándose a la Corte Electoral la proclamación de suplentes.

2.- Asuntos entrados.

"Pliego Nº 111

PROMULGACION DE LEYES

El Poder Ejecutivo comunica que ha promulgado las siguientes leyes:

  • Nº17.419, por la que se autoriza la salida del país del Buque ROU 26 "VANGUARDIA" y su tripulación, entre el 1º de enero y el 1º de marzo de 2002, a fin de participar en la "Campaña Antártica". C/1673/001

  • Nº 17.420, por la que se autoriza la salida del país entre los días 19 y 23 de noviembre de 2001, de la Plana Mayor y Tripulantes del Velero Escuela Capitán Miranda, a efectos de visitar el puerto de Buenos Aires, República Argentina. C/1748/001

- Archívense

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes los siguientes proyectos de ley, remitidos con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo:

- A la Comisión de Seguridad Social

  • por el que se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, aprobado en Nueva York, el 25 de mayo de 2000. C/1781/001

  • por el que se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados, aprobado en la ciudad de Nueva York, el 25 de mayo de 2000. C/1782/001

  • por el que se aprueba el Acuerdo por el que se establece el Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la Organización Mundial del Comercio, suscrito en Seattle, el 30 de noviembre de 1999. C/1783/001

- A la Comisión de Asuntos Internacionales

  • por el que se modifica el artículo 49 de la Ley Orgánica Policial, en la redacción dada por el artículo 129 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, sobre los ascensos del personal policial subalterno. C/1784/001

- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

La citada Presidencia remite fotocopia autenticada de los siguientes asuntos:

  • por el que se establece el procedimiento competitivo de selección de interesados para la asignación del uso de frecuencias, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 literal d del artículo 86 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, a los efectos del Decreto 423/001 de 31 de octubre de 2001, así como para los casos comprendidos en las autorizaciones genéricas que se dicten en el futuro. C/196/000

- A la Comisión de Defensa Nacional

  • por el que se autoriza la transposición de créditos presupuestales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, correspondientes a la Dirección Nacional de Vialidad y a la Dirección Nacional de Hidrografía. C/105/000

- A la Comisión de Presupuestos

  • notas del Tribunal de Cuentas:

  • sobre los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Origen y Aplicación de Fondos y de Ejecución Presupuestal al 31 de diciembre de 2000, formulados por el Instituto Nacional de Semillas. C/20/000

  • relacionada con la Rendición de Cuentas de la Junta Departamental de San José, correspondiente al Ejercicio 2000. C/20/000

  • acerca de los Estados de Situación Patrimonial, de Ingresos y Egresos, de Origen y Aplicación de Fondos y el Balance de Ejecución Presupuestal al 31 de diciembre 2000, formulados por el Instituto Plan Agropecuario. C/20/000

  • por las que pone en conocimiento las actuaciones cumplidas con motivo de las observaciones interpuestas en los siguientes expedientes:

  • de la Junta Departamental de Artigas, sobre la Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2000. C/5/000

  • de la Junta Departamental de Treinta y Tres, relacionado con la Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio 1999. C/5/000

  • de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, acerca del suministro de gas natural por parte de dos empresas. C/5/000

  • por las que ratifica las observaciones oportunamente formuladas a los siguientes expedientes:

  • de Primera Líneas Uruguayas de Navegación Aérea, referente a varios gastos y pagos efectuados sin disponibilidad o asignación presupuestal. C/5/000

  • del Centro Auxiliar de Cardona, sobre una licitación pública para la adjudicación del suministro de medicamentos. C/5/000

  • de la Secretaría de la Cámara de Senadores, acerca de una licitación pública por la que se adjudican los trabajos de impresión, difusión por medios digitales y confección de tomos, del Diario de Sesiones del Senado, Asamblea General y Comisión Permanente. C/5/000

  • de la Administración de los Servicios de Salud del Estado:

  • referente a una licitación pública para el suministro de medicamentos al Centro Hospitalario Pereira Rossell. C/5/000

  • sobre la adjudicación de una licitación pública para adquisición de medicamentos destinados al Centro Departamental de Rocha y al Centro Auxiliar de Chuy. C/5/000

  • relacionado con una licitación pública convocada para la contratación de suministro de sueros y ampollas para el Hospital Pasteur. C/5/000

  • acerca de la contratación de una empresa de limpieza para cumplir tareas en el Hospital Regional de Salto. C/5/000

  • referente al suministro de medicamentos para el Centro Auxiliar de Salud Pública de San Carlos "Hospital Alvariza". C/5/000

  • sobre la realización de estudios médicos para el Centro Departamental de Salud Pública de Rivera. C/5/000

  • relacionado con una licitación pública convocada para el suministro de especialidades farmacéuticas para la asistencia integral en el Centro Departamental de Salud Pública de Lavalleja. C/5/000

  • referente a la adquisición de medicamentos para el Centro Departamental de Salud Pública de Paysandú. C/5/000

  • sobre una licitación pública convocada para el suministro de material médico quirúrgico destinado al Hospital Pasteur. C/5/000

  • relacionado con una licitación pública convocada para el suministro de medicamentos y productos químicos para el Servicio de Enfermedades Infecto-Contagiosas. C/5/000

  • acerca del suministro de medicamentos en el Hospital de Las Piedras, departamento de Canelones. C/5/000

  • referente a una licitación pública convocada para la contratación de material médico quirúrgico por el período enero-abril de 2001. C/5/000

  • de la Dirección de la Colonia de Asistencia Siquiátrica "Doctor Bernardo Etchepare", acerca de una licitación para la compra de leche fresca. C/5/000

  • del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, referente a una partida destinada al Fondo de Inspección Sanitaria durante el año 2000. C/5/000

  • del Ministerio de Defensa Nacional:

  • sobre una partida de créditos pendientes de pago a financiar en la próxima instancia presupuestal. C/5/000

  • relacionado con una licitación pública para la adquisición de víveres secos. C/5/000

  • de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, sobre diversos gastos efectuados sin disponibilidad en los rubros presupuestales correspondientes. C/5/000

  • del Banco Hipotecario del Uruguay, sobre distintos gastos que superaban el límite de la contratación directa. C/5/000

  • de la Suprema Corte de Justicia:

  • relacionado con la liquidación de una partida de perfeccionamiento académico. C/5/000

  • acerca de una licitación pública convocada para la adquisición de papel. C/5/000

  • de la Administración de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, acerca de varios gastos efectuados sin disponibilidad en los rubros presupuestales correspondientes. C/5/000

  • de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado:

  • referente a un contrato celebrado con la Administración de Usinas y Trasmisiones Eléctricas. C/5/000

  • sobre varios gastos efectuados sin dar cumplimiento a la normativa vigente- C/5/000

  • de la Universidad de la República, sobre varios gastos efectuados por la Facultad de Medicina. C/5/000

  • de la Administración Nacional de Puertos, sobre varios gastos efectuados sin disponibilidad en los rubros presupuestales correspondientes. C/5/000

  • del Banco de Seguros del Estado, sobre varios gastos efectuados sin disponibilidad en los rubros presupuestales correspondientes. C/5/000

  • del Instituto Nacional de Colonización, relacionado con varios gastos efectuados sin dar cumplimiento a la normativa vigente. C/5/000

  • de la Administración Nacional de Educación Pública, acerca de gastos correspondientes a complementos de liquidaciones a favor de funcionarios de la referida Administración. C/5/000

  • del Ministerio de Educación y Cultura, sobre diversos gastos efectuados sin dar cumplimiento a la normativa vigente. C/5/000

- A la Comisión de Hacienda

DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores remite la información solicitada por el señor Representante Doreen Javier Ibarra, sobre los criterios de selección para la contratación de consultores mediante la modalidad de contratos de arrendamiento de obra y de servicios y la remisión de información al respecto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. C/1496/001

- A sus antecedentes

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Educación y Cultura se expide sobre los siguientes proyectos de ley:

La Comisión de Seguridad Social se expide sobre los siguientes asuntos:

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración se expide sobre los siguientes proyectos de ley:

La Comisión de Defensa Nacional se expide sobre el proyecto de ley por el que se amplía la participación de efectivos militares del Ejército Nacional en la Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. C/1757/001

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca se expide sobre el proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a afectar el Fondo creado por el artículo 14 de la Ley Nº 16.082, de 18 de octubre de 1989, a efectos de compensar a los productores de leche perjudicados en su producción por la fiebre aftosa. C/1646/001

- Se repartieron con fecha 29 de noviembre

La Comisión Especial con Fines de Diagnóstico sobre Situaciones de Pobreza se expide. C/242/000

La Comisión de Educación y Cultura se expide sobre los siguientes proyectos de ley:

La Comisión de Seguridad Social se expide sobre el proyecto de ley por el que se modifica el régimen jubilatorio y pensionario de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones. C/1620/001

- Se repartirán

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración aconseja el archivo del proyecto de resolución por el que se condena el atentado perpetrado contra el doctor Miguel Basil, Juez en lo Penal del departamento de Rivera. C/1728/001

- Si no se observa, así se procederá

COMUNICACIONES GENERALES

La Duma Estatal de la Federación de Rusia remite nota sobre la operación militar contra los terroristas internacionales en el territorio de Afganistán. C/11/000

La Unión Interparlamentaria remite invitación para la 107ª Conferencia, a celebrarse en Marruecos, desde el día 17 hasta el 23 de marzo de 2002. C/11/000

- A la Comisión de Asuntos Internacionales

La Junta Departamental de Maldonado remite copia del texto de la exposición realizada por una señora Edila, acerca del trabajo como derecho fundamental de la persona y la necesidad de crear una Comisión Departamental del Trabajo. C/7/000

- A la Comisión de Legislación del Trabajo

La Intendencia Municipal de Montevideo remite nota sobre la necesidad de crear nuevas normas y ámbitos institucionales para el desarrollo de la actividad comercial, en el marco de la suspensión de las autorizaciones para instalación de establecimientos comerciales de grandes superficies. C/837/000

- A la Comisión Especial para el Estudio de Soluciones Legislativas referentes a la Libertad de Comercio en el Uruguay

La Junta Departamental de Colonia remite nota referente a la posibilidad de instrumentar normas sobre descentralización y emprendimientos para el desarrollo económico. C/248/000

La Junta Departamental de Paysandú remite copia del texto de la exposición realizada por un señor Edil, relacionada con la necesidad de procurar soluciones para la producción nacional. C/248/000

La Junta Departamental de Soriano remite copia del texto de la exposición realizada por un señor Edil, acerca de la colocación de medidores de consumo con llaves limitadoras por parte de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas. C/248/000

- A la Comisión de Industria, Energía y Minería

La Junta Departamental de Tacuarembó remite copia del texto de la exposición realizada por un señor Edil, relacionada con el presunto uso indebido de un vehículo oficial perteneciente a la Administración Nacional de Telecomunicaciones. C/4/000

La Junta Departamental de Durazno remite copia de la resolución aprobada por dicho Cuerpo, por la que declara su apoyo irrestricto a la campaña del Gobierno Nacional en su combate al contrabando y rechaza toda expresión de amenaza o violencia contra representantes de los Poderes del Estado. C/4/000

La Junta Departamental de Treinta y Tres remite copia del texto de la exposición realizada por una señora Edila, referente al fallecimiento del señor Julio C. Da Rosa. C/4/000

La Junta Departamental de Canelones remite copia del texto de la exposición realizada por un señor Edil, sobre la necesidad de reglamentar la venta de bonos de colaboración para obras de ayuda social. C/4/000

La Junta Departamental de San José remite las siguientes notas:

- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

  • relacionada con las posibles soluciones para el endeudamiento de industriales, empresarios y comerciantes. C/20/000

- A la Comisión de Hacienda

  • acerca de la situación de un ciudadano uruguayo desaparecido. C/326/000

- A la Comisión de Derechos Humanos

  • acerca del manejo y uso del agua. C/235/000

La Junta Departamental de Soriano remite nota relacionada con el manejo y uso del agua. C/235/000

La Junta Departamental de Flores remite nota acerca de la necesidad de implementar políticas de Estado para la protección del agua. C/235/000

- A la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente

La Junta Departamental de Rivera remite copia de la exposición realizada por una señora Edila, sobre la importancia de defender las comisiones honorarias y de fomento de las escuelas. C/74/000

La Junta Departamental de Colonia remite nota relacionada con la situación de los auxiliares de servicio de las escuelas primarias de nuestro país. C/74/000

- A la Comisión de Educación y Cultura

La Junta Departamental de Artigas remite copia de una resolución por la que se declara de justicia la reparación económica a los productores lecheros del departamento afectado por brote de aftosa. C/20/000

La Junta Departamental de Río Negro remite copia de la versión taquigráfica de la exposición realizada por una señora Edila, relacionada con la evasión fiscal. C/20/000

- A la Comisión de Hacienda

La Junta Departamental de Canelones remite copia de la resolución adoptada por dicho Cuerpo, sobre la posibilidad de destinar a los Gobiernos Departamentales, la mitad de lo destinado a fomento del deporte juvenil dentro de la recaudación del impuesto a las transferencias de jugadores de fútbol. C/478/000

- A la Comisión Especial de Deporte y Juventud

El Centro de Oficiales retirados de las Fuerzas Armadas acusa recibo de la exposición escrita presentada por el señor Representante Daniel García Pintos, relacionada con la reducción de gasto del Ministerio de Defensa Nacional. C/27/000

La Suprema Corte de Justicia contesta la exposición realizada por el señor ex Representante Odel Abisab, en sesión de 10 de octubre de 2001, relacionada con las consecuencias de la procreación no responsable. S/C

La Intendencia Municipal de Florida contesta la nota del señor Representante Doreen Javier Ibarra, por la que solicita información acerca de diversos aspectos de los contratos de arrendamiento de obra y de servicios personales realizados por la referida Intendencia durante el año 2000. C/1497/001

- A sus antecedentes

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio del Interior contesta la exposición escrita presentada por el señor Representante Darío Pérez, sobre la posibilidad de instrumentar una oficina no permanente de dicha repartición en la ciudad de San Carlos, departamento de Maldonado. C/27/000

El Ministerio de Salud Pública contesta el pedido de informes del señor ex Representante Jorge Patrone, relacionado con el control sanitario de productos alimenticios de origen bovino importados con destino al consumo humano. C/1450/001

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente contesta los siguientes asuntos:

  • del señor Representante Darío Pérez, acerca de la situación de un ex funcionario contratado por la Administración de las Obras Sanitarias del Estado. C/1575/001

  • del señor Representante Artigas Melgarejo, referente a propaganda de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado en el semanario "La Vanguardia". C/948/001

  • del señor Representante Juan José Bentancor, sobre las actuaciones administrativas cumplidas por el Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, con relación al Programa "Credimat-OSE" C/1500/001

  • del señor Representante Felipe Michelini, relacionado con las observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo sobre actos administrativos de los Directorios de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. C/1542/001

  • del señor Representante Gustavo Guarino, acerca de la construcción de viviendas populares en el departamento de Cerro Largo. C/1348/001

  • del señor Representante Gustavo Guarino, referente a la posibilidad de incluir a la localidad de Tupambaé, departamento de Cerro Largo, en los planes de saneamiento de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado. C/27/000

  • del señor Representante Guillermo Chifflet, sobre la situación de un matrimonio que habita una vivienda precaria en el barrio Basáñez, de la ciudad de Montevideo. C/27/000

La citada Secretaría de Estado remite copia de la resolución dictada por la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, relacionada con el pedido de informes del señor Representante Gustavo Guarino, oportunamente remitido al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sobre los estudios de factibilidad para la construcción de una planta depuradora de aguas residuales en la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo. C/1478/001

El referido Ministerio remite la información proporcionada por el Banco Hipotecario del Uruguay sobre el pedido de informes del señor Representante Juan José Domínguez, relacionado con la existencia de inmuebles de propiedad del referido Banco en el departamento de Paysandú. C/1146/001

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contesta la exposición escrita presentada por el señor Representante Darío Pérez, sobre demoras en las obras de reparación del espigón ubicado frente al Argentino Hotel, en la ciudad de Piriápolis. C/27/000

El Ministerio de Industria, Energía y Minería contesta los siguientes pedidos de informes:

El Ministerio de Economía y Finanzas contesta los siguientes asuntos:

  • del señor Representante Enrique Pérez Morad, referente al presunto desfinanciamiento de la Comisión Administradora Honoraria del Fondo Nacional de Recursos. C/1316/001

  • del señor Representante Gustavo Guarino, sobre la actividad y rentabilidad de la sala de juego de Lago Merín y la presunta apertura de una sala de juego en la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo. C/1420/001

  • de la señora Representante Daisy Tourné, acerca de la contratación de asesoramiento integral en materia de seguros y de operativa del Banco de Seguros del Estado. C/1431/001

  • del señor Representante Doreen Javier Ibarra, referente a una iniciativa del Poder Ejecutivo por la cual se otorgaría una pensión graciable a los primeros niños que nacieran en el año 2000 en los centros departamentales de Salud Pública y en el Hospital Pereira Rossell. C/1579/001

  • del señor Representante Roque Arregui, sobre la situación de los trabajadores forestales y la cobertura que brinda el seguro de accidentes de trabajo del Banco de Seguros del Estado. C/27/000

  • del señor ex Representante Miguel Dicancro, relacionada con la posibilidad de modificar la modalidad de adjudicación del denominado "Premio Extra" de la Lotería Nacional. C/27/000

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca contesta los siguientes asuntos:

El Ministerio de Relaciones Exteriores acusa recibo de los siguientes asuntos:

  • del señor Representante Ricardo Berois Quinteros, sobre la autorización para la captura del calamar en mar territorial argentino, en la Zona Común de Pesca. C/1732/001

  • del señor Representante Guillermo Chifflet, relacionado con la situación de dos ciudadanos españoles en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. C/1754/001

  • presentada por el señor ex Representante Omar Ferrari, acerca del tope de retenciones en los haberes de funcionarios públicos por parte de cooperativas de ahorro y crédito y de consumo. C/27/000

  • presentada por el señor Representante Gustavo Guarino, referente a presuntas prácticas comerciales que afectan las exportaciones de arroz a la República Federativa del Brasil. C/27/000

El Ministerio de Educación y Cultura contesta los siguientes asuntos:

  • presentada por el señor Representante Roque Arregui:

  • relacionada con la necesidad de implementar, desde el sistema educativo, políticas tendientes a superar las situaciones de marginación y pobreza en el departamento de Soriano, mediante escuelas de tiempo completo. C/27/000

  • acerca del pago de haberes a docentes que integraron tribunales para la adjudicación de cargos en los centros de formación docente. C/27/000

  • presentada por el señor Representante Darío Pérez sobre la incorporación de becarios a los cuadros funcionales del Consejo de Educación Técnico-Profesional en la ciudad de Pan de Azúcar, departamento de Maldonado. C/27/000

  • por el que se designa "Pascasio Ramón Báez Mena" la Escuela Nº 78 de la ciudad de Pan de Azúcar, departamento de Maldonado. C/422/000

  • por el que se designa "Feliciano Viera" la Escuela Nº 12 del barrio Hipódromo, de la ciudad capital del departamento de Salto. C/759/000

- A sus antecedentes

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Alejandro Falco solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional, sobre diversos aspectos de la flota mercante nacional. C/1785/001

- Se cursó con fecha 20 de noviembre

La señora Representante María Alejandra Rivero Saralegui solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

  • relacionado con las soluciones habitacionales para pasivos discapacitados. C/1786/001

  • acerca de la ubicación y características de los complejos habitacionales destinados a pasivos construidos en el departamento de Cerro Largo. C/1787/001

El señor Representante Jorge Orrico solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio al Banco de Seguros del Estado, acerca de un convenio celebrado entre la referida Institución, la Asociación de Empresas Automotrices del MERCOSUR y la Cámara de Industriales Automotrices del Uruguay. C/1791/001

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional, referente a los criterios utilizados para computar la antigüedad entre los funcionarios que se desempeñan en los pasos de frontera de los puentes internacionales "General José de San Martín" y "General José Artigas". C/1792/001

El señor Representante Daniel Peña solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, sobre reclamaciones judiciales formuladas por funcionarios de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas. C/1793/001

- Se cursaron con fecha 21 de noviembre

El señor Representante Gustavo Guarino solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social, sobre las medidas adoptadas para solucionar el retraso en la tramitación de expedientes en el departamento de Cerro Largo. C/1794/001

El señor Representante Ramón Legnani solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, y por su intermedio al Fondo Nacional de Recursos, relacionado con la clausura del Centro de Diálisis del Hospital de Clínicas. C/1795/001

- Se cursaron con fecha 22 de noviembre

El señor Representante Ruben Díaz solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, acerca de una empresa de plaza. C/1796/001

- Se cursó con fecha 23 de noviembre

El señor Representante Artigas Barrios solicita se cursen al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, los siguientes pedidos de informes:

  • referente a la ejecución de obras de reconstrucción de rutas en los departamentos de Rocha y Maldonado. C/1797/001

  • sobre la celebración de un contrato de obra de mantenimiento mayor de la Ruta Nacional Nº 15, en el departamento de Rocha. C/1798/001

El señor Representante Edgar Bellomo solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, relacionado con el sistema de desagües de varias playas de la Costa de Oro de Canelones. C/1799/001

El señor Representante Orlando Gil Solares solicita se cursen al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio al Banco de Previsión Social, los siguientes pedidos de informes:

  • relacionado con la distribución de ingresos de pasivos, discriminados en número, y en medidas de Salarios Mínimos Nacionales. C/1800/001

  • acerca de los criterios utilizados por dicho Banco para la adjudicación de viviendas en el departamento de Colonia. C/1801/001

- Se cursaron con fecha 28 de noviembre

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y por su intermedio a la Administración Nacional de Puertos, referente al cumplimiento del pliego de condiciones por la empresa adjudicataria de la explotación de la terminal portuaria de Montevideo. C/1802/001

El señor Representante Víctor Rossi solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, sobre el Sistema de Asistencia Médica Integral. C/1803/001

La señora Representante Yeanneth Puñales solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino al Banco Hipotecario del Uruguay, relacionado con los fondos destinados por ese Banco para publicidad en el departamento de Rocha y con los criterios utilizados para su distribución. C/1804/001

- Se cursaron con fecha 29 de noviembre

La señora Representante Lucía Topolansky solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, acerca del impacto ambiental que generaría la construcción de un puerto en la localidad de Puntas de Sayago, departamento de Montevideo. C/1805/001

- Se cursó con fecha 30 de noviembre

La señora Representante Raquel Barreiro solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, referente a una licitación pública convocada por el referido Organismo. C/1806/001

- Se cursó con fecha 3 de diciembre

La señora Representante María Alejandra Rivero Saralegui solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

- Se cursan con fecha de hoy

PROYECTOS PRESENTADOS

Los señores Representantes Julio C. Silveira y Wilmer Trivel presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se regula la cría y comercialización de carne y otros productos derivados del ñandú. C/1807/001

- A la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca

El señor Representante Walter Vener Carboni presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 17 de la Ley Nº 10.459, de 14 de diciembre de 1943, relacionado con el trabajo en obras públicas. C/1808/001

- A la Comisión de Legislación del Trabajo

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se reforma la estructura del tributo denominado "Patente de Rodados" y se determinan sus características. C/1809/001

- A la Comisión de Hacienda

El señor Representante Eduardo Chiesa presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se eleva a la categoría de villa el centro poblado Juanicó, ubicado en la 1ª Sección Judicial del departamento de Canelones. C/1810/001

- A la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente

El señor Representante Julio Lara presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa para que se establezca un fondo permanente de recursos, destinado a cubrir las erogaciones que generan las pensiones graciables. C/1811/001

- A la Comisión de Presupuestos".

3.- Proyectos presentados.

A) "ÑANDÚ. (Regulación de su crianza y explotación).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Autorízase durante los años 2001 a 2005 inclusive, la recolección de huevos de ñandú para ser destinados a emprendimientos de cría comercial de dicha especie nativa en régimen de cautividad.

Artículo 2º.- A los efectos de la presente ley, los emprendimientos a que hace referencia el artículo 1º, deberán reunir las condiciones y formalidades exigidas por los artículos 4º y 5º del Decreto 353/999, de 10 de noviembre de 1999.

Artículo 3º.- Todos los huevos extraídos deberán ser identificados individualmente por el recolector habilitado, con una inscripción de tinta indeleble atóxica, codificada para cada criadero (cuatro dígitos para la fecha, cuatro dígitos para número de huevo y tres dígitos para número de criadero), quedando expresamente prohibido el transporte de huevos no identificados.

Artículo 4º.- Los criaderos amparados en la presente resolución deberán presentar a la Dirección General de Recursos Naturales Renovables, bajo tenor de declaración jurada, constancia escrita del número de huevos que pretendan recolectar, y la fecha de comienzo y finalización de la citada extracción. Dicho plazo deberá coincidir con la fecha referida en el artículo 3º. Esta constancia se realizará con quince días de antelación al inicio de la recolección.

Artículo 5º.- Deberá reintegrarse a la naturaleza, a partir del tercer año y durante los cinco años siguientes, un porcentaje de animales de por lo menos seis meses de edad, que no deberá ser menor anualmente, al 15% (quince por ciento) del número de huevos recogidos al amparo de la presente ley, lo que se efectuará de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 6º del Decreto 353/999, de 10 de noviembre de 1999.

Artículo 6º.- Todos los charabones de los criaderos habilitados para recoger huevos silvestres, tanto los surgidos de estos últimos, como los nacidos de cría propia, deberán ser objeto de identificación individual en el primer mes de nacimiento, con microchips electrónicos codificados, provistos por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, cuyo costo material y de aplicación será de cargo de los criaderos habilitados.

Los ejemplares mayores de la edad señalada, que carecieren de identificación, determinarán sanciones de multa y decomiso.

Artículo 7º.- Dispónese el seguimiento técnico por la Dirección General de Recursos Naturales Renovables, del desarrollo de las acciones de incubación y cría, en los establecimientos habilitados.

La selección de ejemplares y de sitios de suelta, será realizada por técnicos del Departamento de Fauna de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables.

Artículo 8º.- La comercialización de ejemplares nacidos de huevos recolectados no podrá realizarse hasta que se hubiere completado el reintegro al medio silvestre de un número de ejemplares igual al de huevos recolectados.

Artículo 9º.- El traslado de los productos a que hacen referencia los artículos 1º y 3º, deberá efectuarse en las mismas condiciones que establece para los productos de criadero, el artículo 10 del Decreto 353/999, de 10 de noviembre de 1999, y solamente entre establecimientos ubicados en el departamento del que se hayan obtenido, y que acrediten el cumplimiento de lo previsto en los artículos 4º y 5º del decreto referido.

Artículo 10.- Cométese a la Dirección General de Recursos Naturales Renovables y Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el control del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.

Las referidas Direcciones Generales podrán realizar inspecciones periódicas, estando obligados los criaderos a prestar la colaboración que les sea requerida por los funcionarios actuantes. En todos los casos deberá estar presente en el criadero una persona responsable de la información.

En caso de comprobarse violaciones a las disposiciones de la presente ley, se dará cuenta a la División Servicios Jurídicos del Ministerio, la que determinará, impondrá y ejecutará las sanciones correspondientes, pudiendo llegarse al decomiso de los ejemplares y la clausura del criadero.

Artículo 11.- Las infracciones a lo preceptuado por la presente ley, serán sancionadas conforme al artículo 285 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Montevideo, 22 de noviembre de 2001.

JULIO C. SILVEIRA, Representante por Artigas, WILMER TRIVEL, Representante por Artigas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La producción de carne y otros productos derivados de la cría del ñandú, aparece en este momento como excelente alternativa de diversificación de la producción agropecuaria, que enfrenta una de las mayores crisis de su historia.

Desde siempre, el hombre ha hecho uso de aquellos elementos que la naturaleza le ofrece y pone a su alcance, como forma de subsistencia primero, y de progreso material más tarde.

El uso de esos frutos de la naturaleza resulta pues, inherente a las sociedades, y su racionalidad es justamente uno de los indicadores del grado del desarrollo humano, en función de su sustentabilidad. La cuestión no está en el uso de los diferentes elementos que componen el entorno, sino en la forma en que este uso se realiza.

Al respecto, el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, que nuestro país ha suscrito y transformado, luego de su ratificación, en Ley Nº 16.408, en su artículo 1º, describiendo los objetivos del mismo, hace referencia directa a la "utilización sostenible de sus componentes..." (de la diversidad biológica) "... y la participación justa y equitativa en los beneficios, que se derivan de la utilización de los recursos genéticos".

En el caso de la cría del ñandú que nos ocupa, la utilización de esos elementos en forma racional, ordenada y ajustada a las normas, se nos aparece como una alternativa de desarrollo que no puede ser desdeñada, pero resulta tal alternativa en la medida que su costo sea razonable, como forma por un lado, de generar la posibilidad de que sea un negocio rentable, y además una oportunidad para familias de escaso nivel económico.

Para que estos extremos se den, es necesario que se recurra a la oferta natural de huevos de la especie, para iniciar un proceso que, estamos seguros, será de una dimensión social enorme.

El proyecto de ley que propiciamos, determina el uso de estos elementos naturales como forma de iniciar emprendimientos productivos que no supongan un conflicto con el ambiente, permitiendo aquel precepto de desarrollo sustentable a que hacíamos referencia, puesto que el inciso diecisiete del artículo 2º del Convenio sobre Diversidad Biológica ya referido, dice: "Por 'utilización sostenible' se entiende la utilización de componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras".

Los elementos tendientes a asegurar el menor daño posible al ambiente, están contemplados en las garantías que otorgan los servicios de los Ministerios respectivos. La seguridad del retorno de los ejemplares a la naturaleza, en la cantidad que hubiera sobrevivido en condiciones naturales y el impedimento de traslado fuera de los respectivos departamentos, constituyen salvaguarda suficiente en este sentido.

Desde el momento en que aseguramos ese retorno de animales a la naturaleza, lo que hacemos es aprovechar un recurso que, en un altísimo porcentaje resulta desperdiciado, objeto de pillaje y depredación. Hemos acotado en el tiempo la autorización de recolección, en función precisamente de estos elementos de resguardo de la especie.

Cabe agregar que la producción proveniente de huevos extraídos directamente del campo resulta altamente favorable a los efectos sanitarios, pues aquellos que se adquieren de criaderos establecidos, tienen un origen genético reducido, lo que aumenta el riesgo de endogamia.

Montevideo, 22 de noviembre de 2001.

JULIO C. SILVEIRA, Representante por Artigas, WILMER TRIVEL, Representante por Artigas".

B) "TRABAJO EN OBRAS PÚBLICAS. (Modificación del artículo 17 de la Ley Nº 10.459).

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Modifícase el artículo 17 de la Ley Nº 10.459, de 14 de diciembre de 1943, "Trabajo en Obras Públicas", el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 17.- Los funcionarios de la Administración Pública de los Municipios o de los Entes Autónomos que infrinjan lo dispuesto en esta ley sobre obligatoriedad de los sorteos incurrirán en culpa grave y se aplicará a los responsables la sanción administrativa que corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad civil que corresponda (artículo 24 de la Constitución de la República).

Si la infracción la cometieran las empresas privadas se las sancionará con una multa de 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 500 UR (quinientas unidades reajustables) que serán aplicadas por la Dirección Nacional del Trabajo y se destinará a financiar el funcionamiento de las Comisiones Departamentales de Trabajo.

La empresa sancionada deberá regularizar de inmediato la situación y no podrá participar en nuevas licitaciones del Estado si no ha abonado la multa correspondiente".

Montevideo, 23 de noviembre de 2001.

WALTER VENER CARBONI, Representante por Soriano.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Resulta obvio la necesidad de actualizar la sanción para aquellas empresas que no cumplan con la reglamentación vigente donde se han instalado las Comisiones Departamentales de Trabajo.

De lo contrario no habrá mayores inconvenientes para incumplir con la mencionada ley.

Montevideo, 23 de noviembre de 2001.

WALTER VENER CARBONI, Representante por Soriano".

C) "PATENTE DE RODADOS. (Reforma de su estructura).

PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I

NORMA DE REFERENCIA

Artículo 1º.- El recurso presupuestal de fuente departamental creado por el numeral 2º) del artículo 46 de la Ley Nº 9.515, de 28 de octubre de 1935 y ratificado por el numeral 3º) del artículo 297 de la Constitución de la República, es el impuesto denominado patente de rodados. Este tributo tendrá la estructura que se determinará por la presente ley, que regirá a partir del 1º de enero del año siguiente al de su promulgación.

Simultáneamente con la entrada en vigor del régimen que edicta esta ley, quedarán sin efecto las normas dictadas por los Gobiernos Departamentales, en cuanto se opongan a lo aquí dispuesto.

CAPÍTULO II

ESTRUCTURA DEL TRIBUTO

Artículo 2º.-

1. (Hecho imponible).- La patente de rodados grava los vehículos automotores comprendidos en los Grupos que se indicarán a continuación, que satisfaciendo los requisitos constructivos, estructurales, de seguridad y de prevención de la contaminación ambiental que se exigen para autorizar su empadronamiento municipal, circulen en vías públicas del territorio nacional:

GRUPO A - Automóviles y camionetas cuya capacidad de carga útil no exceda de 1.500 quilos.

GRUPO B - Camionetas con capacidad de carga mayor a 1.500 quilos y camiones.

GRUPO C - Motocicletas, motonetas, ciclomotores y similares.

GRUPO D - Automóviles taxímetro, remises, coches de alquiler, ambulancias y transportes de escolares.

GRUPO E - Otros vehículos no considerados en los Grupos anteriores.

No están alcanzados por esta imposición:

A) Maquinaria de uso vial, excepto camiones y camionetas de cualquier tipo.

B) Maquinaria de uso agrícola.

C) Maquinaria aplicada al cumplimiento de sus fines orgánicos por los Comandos Generales de la Armada, del Ejército y de la Fuerza Aérea.

2. (Sujeto activo).- La totalidad del producido del tributo corresponderá al Gobierno Departamental donde estuviere empadronado el vehículo. La administración del tributo corresponde al respectivo sujeto activo.

3. (Sujeto pasivo).- Contribuyente será el propietario del vehículo, según resultare de la inscripción realizada en el Registro Nacional de Vehículos Automotores. Cada propietario tendrá libertad de escoger en qué Municipio empadrona su vehículo, optando por el departamento donde reside, o por el departamento donde ejerce industria, comercio, profesión u oficio, lo que justificará por cualquiera de los medios admitidos por el derecho.

4. (Bases de cálculo).- El monto imponible para cada ejercicio, a partir del 1º de enero de 2002, será el que surja de aplicar la tabla de aforos confeccionada por la Comisión Intermunicipal de Aforos del Congreso de Intendentes para el año siguiente, oportunidad en la que revisará la ubicación de los vehículos en las distintas categorías. Dicha tabla cotizará el valor mercante de los vehículos, sobre la base de franjas que reflejen valores considerados equivalentes, con una magnitud referida a dólares de los Estados Unidos de América, distribuyéndolos en cada grupo en función de categorías por rango de precios.

5. (Alícuotas aplicables).- Fíjanse las siguientes alícuotas:

Para el cálculo se tomará la media de los valores incluidos en el rango de cada categoría, prescindiendo de la unidad monetaria empleada:

Para el Grupo A, el 4,64 o/oo.

Para el Grupo B, el 2,32 o/oo.

Para el Grupo C, el 1,50 o/oo.

Para el Grupo D, el 1,50 o/oo.

Para el Grupo E, el 1,50 o/oo.

El impuesto anual estará expresado en pesos uruguayos y, de no modificarse de un año a otro el valor imponible, ajustará en función de la variación del Índice de los Precios al Consumo (IPC) durante el año transcurrido, determinado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A los vehículos cuyo valor supere el previsto en la categoría más alta del respectivo Grupo, se le aplicará como patente de rodados un monto proporcionado, relacionando su valor mercante con el valor promedio de la categoría más alta del mismo Grupo.

6. (Vencimiento del tributo).- El impuesto determinado conforme a las reglas que se han expuesto, será recaudado en cuatro cuotas trimestrales iguales y sólo podrán alcanzarlo descuentos por pago anticipado total (contado), o parcial (adelanto de cuotas), en los porcentajes que con carácter general y obligatorio estableciere el Congreso de Intendentes, mediante pronunciamiento que reúna por lo menos, 2/3 de votos del total de sus integrantes.

7. (Infracciones tributarias).- Cométese al Congreso de Intendentes, mediante resolución que dictará con el quórum indicado en el párrafo 6) precedente, asegurar la unidad de criterios acerca de la cuantía de las multas y los recargos a aplicar por infracciones tributarias de la patente de rodados, así como la tasa de los intereses de financiación a aplicar a regímenes de facilidades. En su defecto, habrá de aplicarse lo que establezca el Código Tributario.

El producido de las multas, de los recargos financieros y de los intereses de financiamiento, constituye renta departamental y corresponderá al respectivo Gobierno.

Montevideo, 27 de noviembre de 2001.

JUAN JUSTO AMARO CEDRÉS, Representante por Florida, WILMER TRIVEL, Representante por Artigas, ADOLFO PEDRO SANDE, Representante por Canelones, EDUARDO CHIESA BORDAHANDY, Representante por Canelones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto apunta a resolver los dos grandes problemas que inficionan el sistema de recaudación de la patente de rodados. Estos son: la asimetría en el monto del impuesto y, consecuencia de ello, la contienda respecto de en qué departamento de la República tendrán derecho a empadronar los potenciales contribuyentes.

Para arribar a la solución que exponemos, nos hemos basado en que lo que todos conocemos como patente de rodados, un tributo del tipo "impuesto" que viene de la ya anciana Ley Orgánica Municipal (Nº 9.515, de 28 de octubre de 1935), que en su artículo 46 relaciona los "ingresos" que constituirán rentas municipales, entre los que (numeral 2º): RODADOS. A su vez, la Constitución de la República de 1967, numeral 3º) del artículo 297, reconoció como fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales, los impuestos establecidos con destino a los Gobiernos Departamentales y los que se creen por ley en lo futuro con igual finalidad sobre fuentes no enumeradas en este artículo.

Reconozco que regir por una ley formal el sistema tributario de las patentes de rodados, que desde hace muchos años ha estado bajo la égida de cada uno de los 19 Gobiernos Departamentales, no es cuestión menor. Pero creo que habrá coincidencia, que si no es a través de ese mecanismo, que cree una norma obligatoria para todos los Gobiernos Departamentales, no se encontrará solución aplicable.

Las soluciones concretas no son novedosas, aunque sí se presentan con el rigor que cabe esperar. Además, en todas las circunstancias, hemos adherido a los criterios que en beneficio de imponer una carga tributaria similar en todos los departamentos, ha venido sosteniendo el Congreso de Intendentes, a partir de su acuerdo el 24 de noviembre de 1995 en Paso Severino, departamento de Florida.

Acotación final. Las alícuotas indicadas en el artículo 2.5 se expresan a título tentativo, que recogerá o no el informe final de la Comisión informante.

Montevideo, 27 de noviembre de 2001.

JUAN JUSTO AMARO CEDRÉS, Representante por Florida, WILMER TRIVEL, Representante por Artigas, ADOLFO PEDRO SANDE, Representante por Canelones, EDUARDO CHIESA BORDAHANDY, Representante por Canelones".

D) "CENTRO POBLADO JUANICÓ, UBICADO EN LA 1ª SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE CANELONES. (Elevación a la categoría de villa).

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Declárase villa al centro poblado denominado "Juanicó", ubicado en la 1ª Sección Judicial del departamento de Canelones.

Montevideo, 29 de noviembre de 2001.

EDUARDO CHIESA BORDAHANDY, Representante por Canelones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Juanicó es un centro poblado que está situado a la altura del kilómetro 37 de la Ruta Nacional Nº 5. Surgió a ambos márgenes de la estación de AFE del mismo nombre, en el año 1872. Forma parte de la 1ª Sección Judicial del departamento de Canelones y no tiene hasta el momento categorización legal.

Es una zona dedicada especialmente a la fruticultura y a la viticultura, ahí nacen los mejores vinos del Uruguay.

La cantidad de pobladores ha aumentado significativamente respecto de lo que nos señala el último censo, ya que hubo un gran crecimiento poblacional llegando a 2.760 personas; una de las principales causas fue la instalación de un complejo MEVIR en la zona, con 180 viviendas que se suman a las 400 que existían. Como prueba de este crecimiento la escuela dejó de ser rural para transformarse en urbana, y cuenta con 265 niños. Además de esta hay un centro CAIF inserto en el corazón del complejo antes mencionado. Las otras dependencias públicas que tiene son: Comisaría, OSE y ANTEL.

Como instituciones privadas de importancia: en materia educativa, desarrolla sus funciones la Escuela Agraria Femenina "Las Carmelitas", y en materia deportiva cuenta con el gimnasio Juanicó, con un intenso programa de actividades; una cancha de fútbol reglamentaria en la que realiza sus prácticas el equipo oficial del lugar; el Club Ciclista y el velódromo; en materia religiosa, tiene la capilla Santa Teresita, que cumple una importante función en la zona.

Por tales fundamentos, me permito presentar el proyecto adjunto, que seguramente tendrá acogida favorable en la Cámara.

Montevideo, 29 de noviembre de 2001.

EDUARDO CHIESA BORDAHANDY, Representante por Canelones".

E) "PENSIONES GRACIABLES. (Establecimiento de un fondo permanente de recursos para cubrir las erogaciones que generan las mismas).

MINUTA DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo el envío al Parlamento de un proyecto de ley por el que se establezca un fondo permanente de recursos destinado a cubrir las erogaciones que generan las pensiones graciables que se otorguen, así como la constitución de una Comisión Permanente integrada por un representante de los Ministerios de Educación y Cultura, Economía y Finanzas y Trabajo y Seguridad Social, y un representante del Banco de Previsión Social (BPS).

Montevideo, 3 de diciembre de 2001.

JULIO LARA, Representante por Canelones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las pensiones graciables encuentran consagración en la Constitución de la República; su artículo 85, numeral 13), establece dentro de las competencias de la Asamblea General el "(...) acordar pensiones y recompensas pecuniarias o de otra clase y decretar honores públicos a los grandes servicios".

Indudablemente, la pensión graciable genera un gasto para el Estado. Al respecto debe recordarse que la propia norma deberá indicar la fuente de financiamiento para cubrir esa erogación, en consecuencia por lo dispuesto en la primera oración del inciso segundo del artículo 86 de la Carta Magna el que impone que "toda otra ley que signifique gastos para el Tesoro Nacional, deberá indicar los recursos con que serán cubiertos".

Tratándose de un gasto extraordinario, deberá cumplir con el mentado precepto. Por el contrario, los gastos ordinarios son previstos en las leyes de presupuesto (inciso primero del artículo 86 y artículo 214) y cualquier modificación a su respecto debe realizarse a través del mecanismo de la Rendición de Cuentas (artículo 214). De sostenerse la posición contraria (ley que establezca un gasto sin financiamiento), equivaldría a admitir su modificación por una vía oblicua y no mediante la Rendición de Cuentas que es el único instrumento admitido por la Carta.

Al respecto debe citarse la opinión del ilustre profesor doctor Justino Jiménez de Aréchaga en cuanto a que la disposición contenida en el inciso segundo, primera oración del artículo 86, según este autor, la norma "...suele invocarla el Poder Ejecutivo para vetar las leyes sancionadas por las Cámaras en infracción de la misma, pero este acostumbra también transgredirla, toda vez que propone la aprobación de las leyes que crean gastos con cargo a Rentas Generales no es un recurso genuino sino el conjunto de recursos ya existentes". (Jiménez de Aréchaga, Justino. La Constitución Nacional, Tomo II, Cámara de Senadores, Nota Nº 37, pág. 94).

Dicho en otros términos, en las leyes de presupuesto se incluyen los gastos ordinarios del Estado, y las modificaciones indispensables a esos gastos ordinarios sólo podrán hacerse conjuntamente con la Rendición de Cuentas. Pero si fuera necesario en cualquier momento autorizar otro tipo de gastos, entonces sí podría actuar el mecanismo previsto en el artículo 86, o sea mediante una ley extrapresupuestal siempre que indique los recursos con los cuales será cubierta la erogación.

También la jurisprudencia ha sentado el temperamento que viene de exponerse. A modo de ejemplo, puede citarse la Sentencia Nº 271/97, de fecha 5 de setiembre de 1997 de la Suprema Corte de Justicia, publicada en la justicia uruguaya, caso Nº 13.394, que declara la inconstitucionalidad del artículo 2º de la Ley Nº 16.622, en cuanto establece una erogación que provoca un incremento del gasto para el Tesoro Nacional y que será solventado con parte de un recurso ya existente, forma de financiación que desconoce la ratio del artículo 86 de la Constitución.

Entendemos que la constitución del fondo que se propone y el establecimiento de una Comisión Permanente, integrada con representantes de los distintos organismos involucrados, constituirá el medio adecuado para el otorgamiento de las pensiones graciables, así como un instrumento útil para agilitar el trámite de las mismas.

Por lo anteriormente mencionado es que consideramos de importancia el envío de la presente minuta de comunicación.

Montevideo, 3 de diciembre de 2001.

JULIO LARA, Representante por Canelones".

4.- Exposiciones escritas.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 17)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Gustavo Guarino solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre, sobre la situación habitacional de una niña que fuera sometida a un trasplante hepático. C/27/000

El señor Representante Ramón Legnani solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

El señor Representante Roque Arregui solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

  • sobre la categorización de la Escuela Nº 179 "Tomás Berreta", del barrio Punta de Rieles, departamento de Montevideo. C/27/000

  • relacionada con la necesidad de reparar la estructura edilicia de la Escuela Rural de la localidad de Cerro Alegre, departamento de Soriano. C/27/000

El señor Representante Ernesto Agazzi solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Defensa Nacional, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, acerca de la instalación de un teléfono público en Barrio Sicco del pueblo Toledo, departamento de Canelones. C/27/000

Los señores Representantes Luis Alberto Lacalle Pou, Eduardo Chiesa y José Mahía solicitan se curse una exposición escrita al Ministerio del Interior, y por su intermedio a la Dirección Nacional de Policía Caminera, referente a la necesidad de vigilar la entrada y salida de los escolares de la Escuela Nº 155 "República de Alemania" en Colonia Nicolich, departamento de Canelones. C/27/000

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

  • a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; de Educación y Cultura; de Industria, Energía y Minería; de Economía y Finanzas; de Trabajo y Seguridad Social; de Ganadería, Agricultura y Pesca; de Turismo; de Relaciones Exteriores; del Interior y de Defensa Nacional, sobre la no contestación de pedidos de informes. C/27/000

  • al Poder Ejecutivo; a los Ministerios del Interior y de Educación y Cultura, con destino al Instituto Nacional del Menor; al señor Sergio Migliorata; al señor Mario Villagrán y a los integrantes de Murga La Menor, relacionada con las actividades culturales desarrolladas por el mencionado Instituto. C/27/000"

¾ ¾ Se votarán oportunamente.

5.- Inasistencias anteriores.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a las sesiones extraordinarias realizadas el 20 de noviembre de 2001:

Hora 16 y 30:

Con aviso: Beatriz Argimón, Artigas A. Barrios, Ricardo Castromán Rodríguez, Eduardo Chiesa Bordahandy, Henry López, Martha Montaner, Margarita Percovich, Darío Pérez, Pedro Pérez Stewart, Ambrosio Rodríguez, Adolfo Pérez Sande, Leonel Heber Sellanes, Raúl Sendic, Gustavo Silveira y Sergio Tarallo.

Hora 17 y 30:

Con aviso: Artigas A. Barrios, Martha Montaner, Margarita Percovich, Darío Pérez, Pedro Pérez Stewart, Adolfo Pedro Sande, Raúl Sendic, Gustavo Silveira y Sergio Tarallo.

Inasistencias a las Comisiones:

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Martes 20 de noviembre

DERECHOS HUMANOS

Con aviso: Alberto Scavarelli.

SEGURIDAD SOCIAL

Con aviso: Héctor Gustavo Silveira Rodríguez.

Miércoles 21 de noviembre

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

Con aviso: Felipe Michelini.

VIVIENDA, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Con aviso: Juan Máspoli Bianchi y Pedro Señorale.

Jueves 22 de noviembre

HACIENDA

Con aviso: Daniel García Pintos y José Amorín Batlle.

Lunes 26 de noviembre

ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES LEGISLATIVAS REFERENTES A LA LIBERTAD DE COMERCIO EN EL URUGUAY

Con aviso: Julio Luis Sanguinetti.

Sin aviso: Adolfo Pedro Sande.

Miércoles 28 de noviembre

EDUCACIÓN Y CULTURA

Con aviso: Pedro César Pérez Stewart y Roque E. Arregui.

HACIENDA

Con aviso: Daniel García Pintos y Martín Ponce de León.

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

Con aviso: Nora Castro.

TURISMO

Con aviso: Ambrosio Rodríguez y Enrique Pérez Morad.

VIVIENDA, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Con aviso: Juan Máspoli Bianchi y María Alejandra Rivero Saralegui.

Jueves 29 de noviembre

HACIENDA

Con aviso: Carlos González Álvarez y Daniel García Pintos.

ESPECIAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA

Con aviso: Daniel García Pintos, Henry López, Julio C. Silveira, Mario Hermes de Pazos Parada y María Nelba Iriarte Prieto.

Lunes 3 de diciembre

HACIENDA

Con aviso: Carlos Baráibar, Daniel García Pintos y Silvana Charlone.

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

Con aviso: Beatriz Argimón".

6.- Exposiciones escritas.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Treinta y seis en treinta y ocho: AFIRMATIVA.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante Gustavo Guarino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre, sobre la situación habitacional de una niña que fuera sometida a un trasplante hepático.

"Montevideo, 22 de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y a la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR). El 29 de marzo de 1999, la niña Ana Ritta Warteche fue sometida a un trasplante hepático en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Como se sabe, dicha operación constituye una intervención quirúrgica altamente compleja y delicada. Afortunadamente, la niña pudo sobrevivir y hoy se encuentra viviendo en el pueblo Isidoro Noblía, en la 5ª Sección del departamento de Cerro Largo. Su padre, José Luis Ritta, de 36 años, y su madre, Esther Warteche, de 29, se encuentran sin trabajo estable y hasta hace poco tiempo habitaban una vivienda de MEVIR que les habían prestado. Pero como debieron abandonar la casa, actualmente están ocupando una pieza que alquilan en la localidad. Como se comprenderá, la niña que fue objeto de tan compleja y costosa operación, requiere, para seguir evolucionando favorablemente, por prescripción médica, una vivienda con condiciones mínimas de confortabilidad. Dado que sus padres carecen de ingresos fijos y no poseen otro recurso que el de su fuerza de trabajo, se les hace difícil obtener una vivienda de tales características. Por tanto, entendemos que, como caso especial, tanto el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente como MEVIR podrían proveer dicha vivienda. Según se nos informó, en el pueblo Noblía existiría una vivienda de MEVIR desocupada que podría entregarse a la familia. Pero, de no ser posible esa solución, el matrimonio estaría dispuesto a radicarse en la ciudad de Melo, si el Ministerio le asignara alguna de las viviendas desocupadas que tiene el Servicio Integrado de Acceso a la Vivienda (SIAV). Esperamos que las autoridades destinatarias de esta exposición sepan comprender la importancia del problema y la urgencia de su solución y, a los efectos, adjuntamos copias de los informes médicos. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo".

2) Exposición del señor Representante Ramón Legnani al Ministerio de Educación y Cultura; a la Organización de la Prensa del Interior y a la publicación "Hoy Canelones", relacionada con el vigésimo aniversario del referido periódico.

"Montevideo, 22 de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, a la Organización de la Prensa del Interior (OPI) y al periódico 'Hoy Canelones'. En estos días, el periódico 'Hoy Canelones', con dirección en la ciudad capital del departamento, cumplirá veinte años. Es un hecho incorporado al saber general que las sociedades, a medida que se tornan más complejas, dinámicas y modernas, necesitan disponer de instrumentos de comunicación ágiles y confiables. La publicación a la que nos referimos cumple con creces y profesionalismo las cualidades señaladas, pero, además, lo hace con espíritu abierto a todas las corrientes ideológicas, políticas y religiosas, al tiempo que dedica importante espacio a todas las expresiones culturales y deportivas, por lo que se ha constituido en un relevante factor de crecimiento de la región. Entendemos que el hecho de que una publicación de tierra adentro cumpla veinte años de vida, y lo haga manteniendo las cualidades antes mencionadas, es digno de destaque. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RAMÓN LEGNANI, Representante por Canelones".

3) Exposición del señor Representante Ramón Legnani a los Ministerios de Educación y Cultura, y por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública; de Salud Pública, y, por su intermedio, a la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, y de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Canelones, y a las Comisiones de Educación y Cultura y de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, acerca de la Semana Nacional de la Discapacidad.

"Montevideo, 3 de diciembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP); al Ministerio de Salud Pública y, por su intermedio, a la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado; al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social (BPS); a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Canelones y, por su intermedio, al Departamento de Bienestar Social; y a las Comisiones de Educación y Cultura y de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Quiero referirme a la Semana Nacional de la Discapacidad –que este año se celebra entre los días 3 y 9 de diciembre- y a la angustia y la zozobra en que se encuentran los integrantes del Primer Movimiento Integración Personas con Discapacidad (PRIMODIS), organización no gubernamental con personería jurídica obtenida en el mes de junio de 2000, con domicilio en la ciudad de Las Piedras, del departamento de Canelones. Quienes actúan en esta ONG lo hacen con tanta dedicación y esfuerzo que han generado amplio movimiento de aceptación y solidaridad en vecinos e instituciones de la ciudad en la que actúan y de autoridades departamentales y nacionales. Las autoridades del Consejo Directivo Central de la ANEP, por Resolución Nº 68, Acta Extr. Nº 16, de 15 de diciembre de 2000, aprobaron el otorgamiento de un predio en la inmediata vecindad de la Escuela de Enseñanza Especial Nº 192, sita en la calle Lavalleja de la ciudad de Las Piedras. El 3 de mayo del presente año, el licenciado David Javier Bonilla Saus, en su carácter de Director Nacional de Educación Pública y en representación de la ANEP, firmó el documento de cesión en comodato a PRIMODIS del predio vecino a la Escuela de Enseñanza Especial. Este hecho significó un enorme impulso para la institución civil que nos ocupa, que, con bríos renovados y con la colaboración honoraria de profesionales universitarios, se lanzó a la confección del proyecto edilicio y de servicios. Las repercusiones, en el medio, de apoyo al proyecto fueron enormes, ya que al lógico apoyo de la Dirección de Bienestar de la Intendencia Municipal de Canelones, así como el de la Dirección de Obras, debemos sumar el del BPS en el área de prestaciones sociales. Y como ejemplo baste mencionar que el Directorio del Banco ACAC, por resolución de 6 de noviembre de 2001, resolvió hacerse cargo de los materiales y del costo de cimentación de todo el edificio. Los bonos-donación para la construcción del edificio están a la venta desde tiempo atrás, con singular éxito. Pese al cansancio de los trámites y de los días y las horas, que suman semanas, meses, de duro trabajo, luchando paso a paso con dificultades de todo tipo, el ánimo estaba exultante y ya se estaban elaborando las invitaciones para la ceremonia de colocación de la piedra fundamental. La sucesión de hechos acaecidos desde el 24 de noviembre al 30 de noviembre de 2001, marcan una cruel acción contra los integrantes y familiares de PRIMODIS: el 24 de noviembre se enteran por vecinos, que se estaban realizando mediciones en el predio que se les había cedido en comodato; que allí se pensaba construir el Liceo Nº 4 de Las Piedras (aún está sin concluir el Liceo Nº 3). Verificaron en la Junta Local que se había solicitado un deslinde del predio referido. A partir de ese momento, la sucesión de contactos entre integrantes y asesores de PRIMODIS, por un lado, y jerarcas de la unidad ejecutora Proyecto de Mejoramiento de la Educación Secundaria y Formación Docente (MES y FOD), por el otro, constituyen etapas de una pesadilla para quienes con la mejor de las intenciones trabajan en forma totalmente honoraria por un mundo mejor. Mientras directivos, asesores y familiares relataban a legisladores y Ediles las diferentes etapas cumplidas y la angustia que viven ante el desconocimiento de sus derechos por parte de las autoridades que tan livianamente estaban comenzando a disponer del predio sin una comunicación previa mínima, un volante sobre la mesa decía: 'PRIMODIS. Primer Movimiento de Integración de Personas con Capacidades Diferentes, tiene el agrado de participar a Ud/s a la 'Caminata solidaria' el día 7 de diciembre de 2001. A la hora 9 partiremos de Radio Cristal'. Como decía un familiar: 'Deberíamos estar trabajando por la Semana de la Discapacidad, por la Caminata de la Solidaridad, pero, ¿con qué ánimo?'. Saludo al señor Presidente muy atentamente. RAMÓN LEGNANI, Representante por Canelones".

4) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, referente a la situación dominial de un predio en la ciudad de Dolores, departamento de Soriano.

"Montevideo, 23 de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Por Oficio Nº 7547 de esta Cámara, de 4 de setiembre de 2001, solicité el pasaje a la Intendencia Municipal de Soriano de un predio ubicado en calle Rivera de la ciudad de Dolores, del departamento de Soriano, propiedad de ese Ministerio, que carecía de destino específico, a los efectos de que se convirtiera en una plaza pública para el barrio Chaco. De acuerdo con la respuesta que recibimos, y que se adjunta, esa Secretaría de Estado ha concordado con que la ubicación del predio es idónea para espacio público. Puesto que el Ministerio no tenía conocimiento respecto a si el inmueble le pertenece, solicité información a la Dirección General de Registros - Registro de la Propiedad Inmobiliaria de Soriano. De los datos obtenidos, y de los cuales también adjunto copia, surge que el predio pertenece al Ministerio desde el año 1997. Por ello, solicito que esa Secretaría de Estado coordine con la Intendencia Municipal de Soriano el pasaje del predio mencionado a la órbita municipal, a fin de asignarle el destino especificado oportunamente. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

5) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Primaria, sobre la categorización de la Escuela Nº 179 "Tomás Berreta", del barrio Punta de Rieles, departamento de Montevideo.

"Montevideo, 23 de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), para su remisión al Consejo de Educación Primaria. La Escuela Nº 179 Tomás Berreta, situada en el barrio Punta de Rieles, de esta ciudad, se encuentra en una zona de asentamientos precarios. De acuerdo con la información que poseemos, el 84% de su población escolar procede de tales asentamientos, en tanto el resto proviene de lugares con claros indicadores de pobreza. En la categorización de escuelas, desde el inicio, el centro educativo fue incluido en la clase hoy denominada 'contexto sociocultural crítico'. Un dato relevante, además, es que el 92% de las madres de los alumnos sólo ha cursado la enseñanza primaria. Los índices de desocupación de los padres, el hacinamiento en los hogares y los porcentajes de repetición escolar son preocupantes. En función de lo expuesto, solicitamos que se mantenga la Escuela Nº 179 en la categoría de 'contexto sociocultural crítico'. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

6) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Primaria, relacionada con la necesidad de reparar la estructura edilicia de la Escuela Rural de la localidad de Cerro Alegre, departamento de Soriano.

"Montevideo, 27 de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Públicas (ANEP) y al Consejo de Educación Primaria. En reunión de vecinos del paraje rural Cerro Alegre, cercano a la ciudad de Mercedes, del departamento de Soriano, fuimos informados de que una parte de la construcción de la escuela del lugar se encuentra en peligro de derrumbe. Por tanto, para seguridad de los niños, la planchada estaría apuntalada y se habrían tomado previsiones para que los escolares no transiten por la zona de riesgo. En función de lo expuesto, solicito a las autoridades competentes que se instrumenten las medidas de fondo que aconsejen los técnicos del organismo correspondiente. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

7) Exposición del señor Representante Ernesto Agazzi al Ministerio de Defensa Nacional, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, acerca de la instalación de un teléfono público en Barrio Sicco del pueblo Toledo, departamento de Canelones.

"Montevideo, 30 de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Defensa Nacional, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL). En reciente recorrida por el barrio Sicco, del pueblo Toledo, del departamento de Canelones, dando respuesta a una invitación de la Comisión Pro Fomento Barrio Sicco y Anexos, los vecinos nucleados en ella me expusieron una serie de inquietudes, carencias y necesidades que los aquejan y que mucho los preocupan. Entre sus necesidades se cuenta la instalación de un servicio telefónico público en la zona comprendida entre la avenida 17 Metros y las calles 6, 5, 4 y 7 del lugar. En esta zona de tantas carencias vive gran cantidad de familias con muchos niños, y los escolares deben recorrer aproximadamente veinte cuadras para llegar a la Escuela San Andrés, en la que el 68% del alumnado pertenece al barrio Sicco. Asimismo, la policlínica del Ministerio de Salud Pública se encuentra a veinticinco cuadras del centro del barrio, y con alguna frecuencia los vecinos deben recurrir al llamado de ambulancias en altas horas de la noche para recibir atención médica o ser trasladados a la mencionada policlínica. Como se comprenderá, la distancia y la comunicación en casos de urgencia significa muchas veces cuestión de vida o muerte. Resulta evidente que contar con un aparato telefónico sería de gran utilidad y significaría un aporte de ANTEL a las necesidades de esta población tan carenciada en materia de medios de vida y comunicación. Según los vecinos, el lugar más adecuado para la instalación del aparato se sitúa entre la avenida 17 Metros y la calle 5, ubicación de fácil acceso para todos los habitantes de la zona. En función de lo expuesto, y en virtud del buen resultado de tramitaciones anteriores, solicito se implemente la prestación referida. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ERNESTO AGAZZI, Representante por Canelones".

8) Exposición de los señores Representantes Luis Alberto Lacalle Pou, Eduardo Chiesa y José Mahía al Ministerio del Interior, y por su intermedio a la Dirección Nacional de Policía Caminera, referente a la necesidad de vigilar la entrada y salida de los escolares de la Escuela Nº 155 "República de Alemania" en Colonia Nicolich, departamento de Canelones.

"Montevideo, 3 de diciembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio del Interior y, por su intermedio, a la Dirección Nacional de Policía Caminera. Nos preocupa la seguridad de los alumnos de la Escuela Nº 155 República de Alemania, situación con la que tomamos contacto a través de una reunión con vecinos de la Colonia Nicolich, en el departamento de Canelones. Queremos manifestar el problema que plantea la inseguridad de los escolares que asisten a la mencionada escuela, la que se encuentra situada en la calle Los Paraísos y Ruta Nacional Nº 102 (kilómetro 25). Dicha ruta, por estar en las proximidades de la Zona Franca, es muy transitada, sobre todo por tránsito pesado, lo que hace más peligroso el cruce de los niños en los horarios escolares. Solicitamos que se disponga de un servicio de Policía Caminera para vigilar dicho cruce a la hora de entrada y salida de los niños, tanto en el turno matutino como vespertino, y de esa manera dar tranquilidad a los alumnos, maestros y padres. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. EDUARDO CHIESA BORDAHANDY, LUIS ALBERTO LACALLE POU y JOSÉ CARLOS MAHÍA, Representantes por Canelones".

9) Exposición del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; de Educación y Cultura; de Industria, Energía y Minería; de Economía y Finanzas; de Trabajo y Seguridad Social; de Ganadería, Agricultura y Pesca; de Turismo; de Relaciones Exteriores; del Interior y de Defensa Nacional, sobre la no contestación de pedidos de informes.

"Montevideo, 4 de diciembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; de Educación y Cultura; de Industria, Energía y Minería; de Economía y Finanzas; de Trabajo y Seguridad Social; de Ganadería, Agricultura y Pesca; de Turismo; de Relaciones Exteriores; del Interior y de Defensa Nacional. En sesión de esta Cámara de 7 de agosto de 2001, expusimos, en la media hora previa, lo relativo a la no contestación de los pedidos de informes cursados a distintos Ministerios, entes autónomos y organismos del Estado. No es caprichosa ni antojadiza nuestra actitud de reclamo de una correspondencia que debiera darse, a nuestro juicio, dentro de tiempos prudenciales, de una forma natural y armónica, dado que somos Representantes de la gente y de la sociedad en su conjunto; que es la que, en nuestro caso, por lo menos, nos pide que rindamos cuenta de las gestiones que tienen que ver con los actos de Gobierno que, en definitiva, redundarán para mejorar o no, la calidad de vida de los vecinos. No podemos dejar de expresar nuestro malestar, aunque podemos entender que muchas veces la información que requerimos pueda tener un proceso que involucra a distintas dependencias de un mismo organismo. Pero sí queremos hacer notar que no se nos han respondido pedidos de informes cursados en el año 2000, como también una cantidad importante remitida en el primer cuatrimestre del corriente año, y que cada organismo al que le va a llegar esta exposición, seguramente, bien que lo sabe. Por lo tanto, apelamos a la responsabilidad que a cada uno le compete para que, en tiempo y forma, se pueda ir evacuando la información que requerimos de las autoridades de los distintos entes o Ministerios, porque ello implica informar a la población de diversos planteos y reclamos que nos fueran expuestos y que nosotros planteamos en nuestra calidad de Representante Nacional, haciendo uso de una de las competencias que nos otorga la Constitución de la República que es la de fiscalizar y requerir información a los organismos del Estado. Aspiramos a que esta situación planteada con mucho respeto, pero también con mucha firmeza, pueda corregirse, pues se trata de temas como los de: vivienda, salud, enseñanza, situación del agro, funcionarios de la Dirección de Paso Frontera, asentamientos precarios, y tantos más, que, sin duda, han de estar en conocimiento de las autoridades correspondientes. Esperando entonces, lo que legítimamente reclamamos, aprovechamos para saludar al señor Presidente muy atentamente. RICARDO CASTROMÁN RODRÍGUEZ, Representante por Río Negro".

10) Exposición del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez al Poder Ejecutivo; a los Ministerios del Interior y de Educación y Cultura, con destino al Instituto Nacional del Menor; al señor Sergio Migliorata; al señor Mario Villagrán y a los integrantes de Murga La Menor, relacionada con las actividades culturales desarrolladas por el mencionado Instituto.

"Montevideo, 4 de diciembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a los Ministerios del Interior y de Educación y Cultura, con destino al Instituto Nacional del Menor (INAME), a los señores Sergio Migliorata y Mario Villagrán y a los integrantes de la murga La Menor. El pasado año realizamos una exposición relacionada a la formidable experiencia que significa la grabación de un disco por parte de excelentes artistas nacionales como Rúben Rada, Mariana Ingold, Hugo Fatoruso, Contrafarsa, José Carbajal, Malena Muyala y Urbano Moraes, quienes musicalizaron los textos que elaboraron chicos internados en una dependencia del INAME: la Colonia Berro. Tenemos conocimiento que conformaron una murga cuyo nombre es La Menor, que participó en el Primer Encuentro de Murga Joven, que organizara la Intendencia Municipal de Montevideo, con muy buen nivel, y con letras que expresan un sentimiento reflexivo positivo y esperanzador, en procura de un futuro promisorio que les permita crecer como seres humanos y realizarse dentro de la sociedad como parte de la misma. Sabemos de la dedicación de quienes están a cargo de los talleres de expresión plástica, de teatro, de música y de murga, lo que permite a los internados incursionar en aspectos tan positivos, donde pueden demostrar sus dotes, en cada una de estas disciplinas que, sin dudas, además de ayudarlos a sobrellevar la situación que viven, creemos que les estimula y quizás aparecen en ellos, riquísimas vetas desde el punto de vista artístico. Además queremos destacar, según se nos ha comentado, que como complemento indispensable en tiempos muy difíciles, tienen estos jóvenes la posibilidad de completar la educación primaria, aquellos que por diversas situaciones de su vida no lo hayan hecho, o aprender oficios tales como: cerámica, herrería, carpintería, computación, o un plan piloto de inserción laboral. Estamos convencidos que este tipo de acciones por parte de los funcionarios responsables de áreas tan sensibles -por las situaciones particulares que cada uno de los internados puede haber tenido-, merece nuestro más ferviente apoyo, pues es una muestra de buena voluntad, responsabilidad y condición de personas. Habla bien de quienes respaldan con mucha fuerza a aquellos que por distintas circunstancias hoy están en dependencias del INAME, pero mañana, y ojalá que así sea, a partir de toda esta rica experiencia, como dice una parte del texto del 'Rap de piedras', 'puedan ser libres y tranquilos y por la calle caminar y sin mirar hacia atrás'. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RICARDO CASTROMÁN RODRÍGUEZ, Representante por Río Negro".

MEDIA HORA PREVIA

7.- Prestación de los servicios de agua potable y saneamiento por la empresa Aguas de la Costa en el departamento de Maldonado.

——Se entra a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Diputado Fernández Chaves.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- Señor Presidente: es sabido que la problemática del agua actualmente domina buena parte de los simposios internacionales, dada su trascendencia para la humanidad. Por ejemplo, hace un par de meses se desarrolló en Estocolmo, Suecia, el Tercer Foro Mundial sobre el Agua, donde se trató todo el tema de la explotación del agua, tanto desde el punto de vista de su extracción como de su comercialización.

Me voy a referir mucho más modestamente, pero con la trascendencia que tienen los pequeños problemas para cada uno de los departamentos, a la situación del agua en el departamento de Maldonado, que, como se sabe, es explotada por tres empresas distintas, en diferentes lugares. En las ciudades de Maldonado, San Carlos, Pan de Azúcar, Piriápolis y alrededores, el agua es explotada por la empresa URAGUA, que responde a la transnacional Aguas de Bilbao; en el norte del departamento, en la ciudad de Aiguá, exclusivamente, lo hace OSE; y en los balnearios que se encuentran al este del arroyo Maldonado, ello está a cargo de Aguas de la Costa, una empresa que responde a Aguas de Barcelona, otra transnacional de origen español.

Quiero referirme a este último caso, a la situación que se da actualmente con la explotación del agua en los balnearios que se encuentran al este del arroyo Maldonado. Ya se ha hecho mención por parte de algunos colegas de la Cámara a la problemática de la succión y del origen de esa agua, así como a la disposición final de los efluentes. Más allá de la posición filosófica de cada uno -yo sostuve la mía en la Cámara en la anterior Legislatura-, creo que buena cosa es referirnos a lo que son los precios actuales del agua que se consume en los balnearios que se encuentran al este del arroyo Maldonado.

Tenemos algunos cuadros comparativos en lo que respecta al costo del agua: por ejemplo, en el resto del departamento de Maldonado cuesta $ 4.048, y en los balnearios que se encuentran al este del arroyo Maldonado, $ 13.435,60, es decir, un 332% más. Por su parte, el cargo fijo es 820% más que en el resto del departamento de Maldonado.

Con respecto al saneamiento, por conexión se paga $ 21.467,00, mientras que en el resto del departamento es de $ 414, y el cargo fijo es de $ 900, contra $ 20 en el resto del departamento. En definitiva, sumando el cargo fijo y el variable, se cobra un 787% más que en el resto del departamento.

Estas son situaciones que, naturalmente, nos alarman y que han hecho que vecinos de la zona se preocupen de manera especial.

Hemos estado hablando con quien fue realmente el alma máter de esa movilización, el señor Nelson Messano, vecino del balneario La Barra, quien nos dio otros datos. Si comparamos los gastos en los balnearios que se ubican al este del arroyo Maldonado, advertiremos que los de UTE representan el 1,8%; los de ANTEL, el 4,2%; los de Contribución Inmobiliaria, el 22%, y los de Aguas de la Costa, el 71,6%.

Esta situación atenta notoriamente contra el turismo y significa una desigualdad muy grande con los vecinos de esa zona.

Por lo tanto, solicitamos que OSE actúe a efectos de regular como se debe la situación que, específicamente en los cargos fijos, se está dando con la empresa concesionaria de los servicios de agua potable y saneamiento en los balnearios que se encuentran al este del arroyo Maldonado.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a OSE y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y seis en treinta y nueve: AFIRMATIVA.

8.- Situación económica de los departamentos de la frontera norte del país.

Tiene la palabra el señor Diputado López.

SEÑOR LÓPEZ.- Señor Presidente: en este momento, quienes trabajamos en la actividad pública hacemos o intentamos hacer un balance de lo que fue el año que prácticamente está terminando.

Sin temor a equivocarme, creo que este ha sido uno de los años más duros para los uruguayos. La realidad económica de la región no ha sido para nada favorable a nuestro país. La crisis que viene soportando la República Argentina, a la cual, pese a los extremados esfuerzos de sus gobernantes, no se vislumbra ninguna salida a corto plazo, pone a nuestro país en una situación expectante, ya que no sabemos qué va a ocurrir con uno de los socios mayoritarios del MERCOSUR.

Lamentablemente, muchas de las medidas que ha adoptado el Gobierno argentino no se visualizan favorables a nuestro país. Muchas de esas medidas económicas fueron tomadas precisamente cuando Uruguay se prepara para recibir al gran caudal de argentinos que año a año vienen a nuestras costas o también -¿por qué no?-, que están en tránsito hacia Brasil y, de alguna manera, pueden beneficiarnos.

Otra situación que tampoco es favorable es la que está ocurriendo con Brasil. Día a día su moneda se está devaluando, lo que crea una desestimulación de la inversión en la frontera norte y, lo que es peor, produciendo el cierre de empresas y, lógicamente, el aumento del desempleo.

Como triste dato, debemos decir que mientras la desocupación en el país ronda un porcentaje que oscila entre el 12% y el 14%, en la frontera norte dicho porcentaje llega hasta un 20%.

A toda esta serie de acontecimientos externos pero que nos afectan directamente, debemos sumar acontecimientos internos que fueron factores determinantes para acentuar y profundizar las dificultades que ya de por sí eran considerables.

Días pasados, representantes del comercio de Rivera, el señor Intendente Municipal de Rivera, profesor Tabaré Viera, y los Representantes Nacionales de ese departamento tuvimos una reunión con el señor Presidente de la República, doctor Jorge Batlle, en la cual se habló sobre temas de trascendencia nacional y se enfocó específicamente la triste realidad que está viviendo nuestra frontera; y cuando decimos frontera no nos referimos solamente a la del departamento de Rivera, sino a la que va desde Bella Unión hasta el Chuy.

La visión que tratamos de trasmitir al señor Presidente es que, mientras ocurren todos estos acontecimientos externos e internos, no vemos que el Poder Ejecutivo presente soluciones para enfrentar la situación existente en una frontera cuya economía empeora diariamente. De esa reunión salimos con la esperanza de que alguna resolución se va a tomar y con la confianza de la palabra dada por el señor Presidente en cuanto a que en el correr de las próximas semanas se anunciarán medidas -al decir del propio Presidente- que, de algún modo, provocarán alguna reactivación económica en la frontera norte de nuestro país. Quizás esas medidas que adopte el señor Presidente puedan ser diferentes a las que nosotros le planteamos en su momento. No importa. Lo que sí importa es que estas deben surgir prontamente.

Por lo tanto, como decía al inicio, creo que llegó la hora de hacer un balance. Desde nuestro punto de vista, lamentablemente este balance no ha sido nada favorable. Pero, por otro lado, tenemos la esperanza y el convencimiento de que esta situación se puede revertir.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a las Intendencias y las Juntas Departamentales de Artigas, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres y Rocha.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y cuatro en treinta y seis: AFIRMATIVA.

9.- Opiniones vertidas por el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz.

Tiene la palabra el señor Diputado Bentancor.

SEÑOR BENTANCOR.- Señor Presidente: hace pocos días, el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, volvió a sorprendernos en una entrevista que le realizaran periodistas del diario argentino "Clarín", con opiniones que posteriormente serían emitidas en la visita que realizara a nuestro país.

Este profesor de la Universidad de Columbia, asesor del gabinete de Bill Clinton hasta 1996 y ex Vicepresidente del Banco Mundial, resumiendo su visión crítica de los organismos de crédito internacional, decía: "[...] mucha de la formación económica del FMI es inadecuada, no es vanguardia. En parte, porque en las recetas económicas que aplica, la ideología juega un rol crucial. Si uno piensa que el sector público siempre hace las cosas mal, y que el sector privado las hace siempre bien, estamos en problemas".

Por cierto, esta visión la extiende a varios sectores de la actividad pública embarcados en procesos de desregulación, haciendo un encendido alegato para detener la velocidad de esos cambios.

El Premio Nobel desnuda así el dogma neoliberal, simplón y fuertemente ideologizado, pese a su prédica de objetividad y de postular soluciones técnicas e inevitables.

Hace un tiempo, Stiglitz -también particularmente agudo y crítico- analizaba los diez mitos de las reformas privatizadoras de la seguridad social.

Repasaba minuciosamente, en este trabajo de 1999, los que llamaba mitos macroeconómicos, microeconómicos y políticos de la reforma, en una enumeración que comprendía a mitos como, por ejemplo, aquel que dice: "Las cuentas individuales aumentan el ahorro nacional", o el que postula: "Las tasas de rentabilidad son mayores en un sistema de cuentas individuales", o mejor este: "La competencia asegura bajos costos administrativos en un sistema de cuentas individuales", o por último este otro: "La inversión de los fondos fiduciarios públicos siempre se realiza sin el debido cuidado y su gestión es deficiente". Otra vez el dogma simplón y fuertemente ideologizado.

En lo sustancial, concluye diciendo: "Hemos mostrado que la mayor parte de los argumentos de esta reforma específica se basan en una serie de mitos que a menudo no se confirman ni en la teoría ni en la práctica [...] un segundo pilar del sistema de seguridad social, con gestión privada, no es siempre lo mejor. Una perspectiva más amplia permitiría a quienes definen las políticas evaluar en forma correcta las opciones que enfrentan con sus respectivas pérdidas y ganancias (ventajas y desventajas), incluidos los sistemas privados versus los públicos".

La claridad del pensamiento del actual Premio Nobel de Economía nos exime de comentarios sobre el fondo del asunto, que resultarían francamente sobreabundantes. Sin embargo, no me resisto a plantear que, además de cuestionar fundadamente ciertas políticas que aparecen como panaceas y paradigmas de la modernidad, el discurso de Stiglitz se dirige directamente a demostrar lo ilusorio y dogmático que es sostener el pensamiento único que pretende pasar por contemporáneas una serie de recetas o mitos que no hacen otra cosa que volver al viejo discurso liberal del siglo XVIII. Por ello, reclama una perspectiva más amplia para el análisis, o sea, introducir elementos que permitan una aproximación verdadera a problemas como el de la seguridad social, que seguramente necesite ser revisada, pero no al punto de variar su esencia universal y solidaria bajo las muy dudosas razones de la macroeconomía.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Directorio del Banco de Previsión Social y al PIT-CNT.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y uno en treinta y dos: AFIRMATIVA.

10.- Riesgos para el tránsito que generan los árboles existentes en los costados de las carreteras.

Emisión de un certificado especial para los deudores del Banco de Previsión Social.

Tiene la palabra el señor Diputado Arrarte Fernández.

SEÑOR ARRARTE FERNÁNDEZ.- Señor Presidente: en este breve tiempo de que dispongo intentaré abarcar dos temas.

En primer lugar voy a plantear una necesidad sentida por la población, de la cual nace un reclamo muy justificado. En ambas márgenes de la mayoría de las rutas nacionales es común observar cordones de añejos árboles, plantados a muy escasa distancia del borde de la carretera y, a su vez, muy próximos entre sí. Estos árboles han sido la causa de la muerte de muchos automovilistas que tuvieron la desgracia de salirse de la ruta, y lo seguirán siendo si no se adoptan las medidas adecuadas.

En los días pasados la sociedad rochense se ha visto muy afectada por este tipo de accidentes en la Ruta Nº 15, lo que es un ejemplo claro de la problemática que estamos planteando.

La plantación de árboles en las márgenes de las rutas posiblemente se justificaba en otras épocas por la velocidad que se podía desarrollar, el ancho de la carretera u otros factores, pero entiendo que en la actualidad el Ministerio de Transporte y Obras Públicas debería quitar esos árboles que, si analizamos las estadísticas de los hechos luctuosos allí ocurridos, vemos que son verdaderas trampas mortales. Por otra parte, debería tenerse en cuenta que desde el punto de vista económico esta tarea representaría una interesante fuente de ingresos para el Ministerio por el gran volumen de madera comercializable que existe en todo el país. Estoy convencido de que la realidad nos forzará, tarde o temprano, a enfrentar este problema, y por este motivo solicito que se actúe rápidamente.

En segundo término, quiero hacer referencia a un tema vinculado al Banco de Previsión Social. Seguramente será conocido por todos lo oneroso que resulta un atraso en el pago de los adeudos, por lo desmedido de las multas y los recargos. Este es un tema muy importante, que se vuelve más injusto en determinadas actividades como, por ejemplo, la construcción, a la que pretendemos incentivar para generar nuevos puestos de trabajo. En este sentido, el monto del aporte por cada jornal resulta muy contradictorio.

Puntualmente, lo que me motiva a plantear este tema es que a quien se atrase en el pago de sus adeudos el Banco de Previsión Social no le otorgará el certificado único, documento que es requerido con carácter imprescindible para solicitar cualquier crédito en un banco. De esta manera, el cliente no podrá acceder a préstamos para pagar al Banco de Previsión Social, ni este cobrará lo que se le debe.

A través de mi intervención en este ámbito pretendo que el Banco de Previsión Social habilite un certificado especial, exclusivamente para que el deudor pueda acceder a un crédito en el sistema bancario, con el único destino de cancelar los atrasos con aquella institución. Nos parece que si implementamos este sistema o uno similar evitaremos que en el futuro muchos empresarios queden fuera del circuito formal y lograremos que disminuya la morosidad.

Solicito que la versión taquigráfica de la primera parte de mi exposición sea remitida al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y la de la segunda al Directorio del Banco de Previsión Social.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se van a votar los trámites solicitados.

(Se vota)

——Treinta y tres en treinta y cuatro: AFIRMATIVA.

11.- Retiro de carteles anunciadores de la venta de manufacturas colocados en la Ruta Nº 8 por pobladores de Aguas Blancas y aledaños, en el departamento de Lavalleja.

Tiene la palabra el señor Diputado Argenzio.

SEÑOR ARGENZIO.- Señor Presidente: en el pasado mes de setiembre, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas adjudicó al consorcio SOLENUR -integrado por empresas uruguayas- las obras de unos ochenta kilómetros sobre la Ruta Nacional Nº 8, entre las ciudades de Pando y Minas. Concurrí a la firma de ese convenio, invitado por el señor Ministro de esa Cartera. En dicho acto se informó que la concesión se otorgaba por un plazo de once años, asumiendo el consorcio la recaudación del peaje cercano a Soca. Como contrapartida, deberá construir un pasaje a desnivel en el cruce de las Rutas Nos. 8 y 11, además de remodelar el sistema de iluminación y reparar el puente sobre el arroyo Pando. Asimismo, el consorcio va a repavimentar varios tramos de la carretera, especialmente entre Pando y Solís de Mataojo, y a remodelar e iluminar los empalmes de la Ruta Nº 8 con las Rutas Nos. 82 y 87.

Como consecuencia de lo expresado, en una reciente visita a la localidad de Solís de Mataojo, los vecinos de Aguas Blancas y aledaños me manifestaron que han sido conminados por los empleados del consorcio SOLENUR a retirar los carteles que en varios tramos de la Ruta Nº 8 colocan los pobladores para anunciar la venta de diversas manufacturas.

En este lugar, como en tantos otros de nuestro país, donde las explotaciones industriales escasean y, como es sabido, la rentabilidad de la producción agropecuaria es muy baja, los vecinos manufacturan productos de granja como mermeladas, compotas, salsas, etcétera, para posteriormente venderlas. También ofrecen frutas y verduras recién cosechadas de sus pequeñas huertas y, principalmente en esta época del año, promueven la venta de lechones y corderos. Obviamente, la única forma de publicitar sus productos y de captar clientes es mediante estos carteles que hoy se han visto obligados a retirar.

Por lo expuesto, sin pretender transgredir disposiciones de orden vial y si no mediaren razones de seguridad para el tránsito y los peatones, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que, por su intermedio, si la medida es improcedente, lo comunique al consorcio concesionario a fin de permitir a los habitantes de la zona que así lo deseen seguir anunciando y comercializando sus productos caseros. Asimismo, solicito que la versión taquigráfica sea cursada a la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Lavalleja y a la Junta Local de Solís de Mataojo.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y dos en treinta y cinco: AFIRMATIVA.

12.- Recordación del Inspector General retirado Víctor Castiglioni Herrera al cumplirse un año de su fallecimiento.

Finalizando la media hora previa, tiene la palabra el señor Diputado García Pintos.

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- Señor Presidente: en esta oportunidad, al cumplirse un año de su fallecimiento, deseo tener un recuerdo y realizar un homenaje personal y de mi sector político, Fuerza Nueva Colorada, a un gran ciudadano y amigo, excelentísimo funcionario policial y, fundamentalmente, un hombre que tenía arraigadas en lo más profundo sus convicciones democráticas. Me estoy refiriendo al Inspector General retirado Víctor Castiglioni Herrera, de cuyo fallecimiento se cumple un año en el presente mes de diciembre.

Ingresado al Instituto Policial en el año 1941 en calidad de Agente de la vieja Guardia Metropolitana, culminó su carrera en el año 1985 desempeñando el cargo máximo de la jerarquía policial, destacándose por su inteligencia, honestidad y valentía demostrada en su accionar, estando siempre orgulloso de la función que cumplía.

En su brillante trayectoria se desempeñó tanto en Comisarías Seccionales como en la Dirección de Investigaciones, llegando a ser designado Director de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, puesto desde el cual tuvo que enfrentar, con su reconocida capacidad y coraje, los hechos ocurridos en una de las etapas más difíciles y trágicas que le tocó vivir a nuestro país.

Don Víctor Castiglioni realizó cursos de perfeccionamiento en el exterior, entre otros lugares en Gran Bretaña, en contacto con la prestigiosa Scotland Yard, e integró Tribunales de Honor y Comisiones Asesoras en el estudio y la preparación de leyes relacionadas con el funcionamiento orgánico de nuestra Policía. Impartió, además, docencia en el Instituto Policial y se distinguió nítidamente por ser un superior siempre respetado y querido, tanto por la oficialidad como por el personal subalterno.

Quienes vivimos aquellos tiempos en que la irracional, cruel, sanguinaria y traicionera acción subversiva comenzó a actuar contra la democracia y la convivencia pacífica que tanto quiere y desea la familia uruguaya, no podemos menos que tener presente siempre el valor y lo que representaron aquellos esforzados policías, quienes, la mayoría de las veces sin contar con los medios más adecuados y, hasta cierto punto al principio, con desconocimiento de los límites a los que podía llegar esa subversión en su accionar, defendieron los más preciados valores de nuestra sociedad, sin vacilaciones y sin pensar en los riesgos personales y familiares a los que la acción terrorista los tenía expuestos.

De los recientes hechos ocurridos, de los cuales la tecnología ha permitido una apreciación casi directa, concluimos la pauta clara de lo que significan esas acciones y de lo que representa tener que enfrentar al terrorismo en defensa del Estado y de su pueblo. Salvando las distancias, estos hechos nos retrotraen a aquel período de violencia insana que desataron en nuestro país los grupos subversivos y sirven de ejemplo a una generación que por distintas circunstancias ha sido, en parte, informada en un solo sentido que no le ha permitido valorar debidamente la inteligente y arriesgada acción de la Policía uruguaya, que combatió con encomiable espíritu la gran amenaza que todo ese terrorismo representaba para nuestra democracia.

Entre esos grandes policías se encontraba don Víctor Castiglioni, quien, por otra parte, hasta los últimos días de su vida, y basado en su gran experiencia funcional, tuvo como inquietud fundamental la profesionalización de la carrera policial, desde el cargo de Agente hasta el de máxima jerarquía, de forma tal que le permitiera actuar desde la prevención hasta la represión con mayores posibilidades ante las nuevas acciones delictivas.

Además, tenía una premisa que le preocupaba: dar la máxima importancia a las Comisarías Seccionales, ya que las consideraba fundamentales para un adecuado relacionamiento con los vecinos, a fin de tener así un mayor conocimiento de la zona a cargo, dando confianza al buen ciudadano para que no tenga que vivir enrejado, protegiéndose en su propio domicilio de las viejas y nuevas modalidades delictivas.

En sus últimos años don Víctor tenía la firme intención de editar un libro donde narraría todas sus vivencias como policía, fundamentalmente de esa etapa antes referida en la que luchó sin desmayos en defensa de nuestros principios democráticos. Su delicada salud no le permitió plasmar esa intención, lo que habría constituido una documentación de valor histórico incalculable. Nos quedó, empero, algo de ello en el reportaje que el periodista César Di Candia le realizara en 1998 en el semanario "Búsqueda". En dichas notas es considerado como la figura central de la lucha antitupamara durante el período que signó la derrota del movimiento violentista de izquierda. La entrevista se realizó en su modesta casa de la zona de Malvín, estando ya afectado en su salud pero con sus valores morales intactos.

Luego de tener un reconocimiento para todo el personal que actuó junto a él, don Víctor Castiglioni terminó diciendo: "Yo no soy vanidoso. No me molesta porque nunca esperé halagos ni beneficios. Ni siquiera puede decirse que haya sido hombre del proceso. Luché con todas mis fuerzas contra la sedición tupamara primero y el aparato armado del Partido Comunista después. Jamás fui consultado sobre temas políticos. Lo que me duele es que no se reconozca la verdad, que se sigan repitiendo las mentiras de siempre. Por eso he aceptado esta entrevista, la primera de esta extensión que he dado en mis 74 años".

Este año, una promoción de la Escuela Departamental de Policía de Montevideo y de Canelones lleva su nombre. Que las nuevas generaciones recojan su espíritu, es mi deseo.

Al reiterar nuestro recuerdo al gran policía, Inspector General retirado don Víctor Castiglioni y nuestro eterno agradecimiento, personal y del sector, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a sus familiares, al Ministerio del Interior, a las Jefaturas de Policía de Montevideo y del interior del país, al Círculo Policial del Uruguay, a cada uno de los Círculos Policiales de los departamentos del interior del país y a la Asociación Nacional de Policías en Retiro.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Veintinueve en treinta y seis: AFIRMATIVA.

Ha finalizado la media hora previa.

13.- Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones:

Del señor Representante Ricardo Molinelli, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 4 y 15 de diciembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Juan Carlos Siazaro.

Del señor Representante Edgar Bellomo, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 5 y 15 de diciembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Julio Varona.

Del señor Representante Gustavo Guarino, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 4 y 7 de diciembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Oscar Echevarría.

Del señor Representante Ramón Fonticiella, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 7 y 10 de diciembre de 2001. Habiéndose agotado la nómina de suplentes solicítase a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

Del señor Representante Ernesto Agazzi, sin goce de remuneración, inciso cuarto del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 4 y 30 de diciembre de 2001. Habiéndose agotado la nómina de suplentes solicítase a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

Visto la licencia oportunamente concedida al señor Representante Juan Justo Amaro, y ante la denegatoria de los suplentes correspondientes de aceptar la convocatoria realizada, la Corte Electoral, ante solicitud de la Cámara, proclama nuevos suplentes y se convoca por el período comprendido entre los días 5 y 14 de diciembre de 2001 al suplente correspondiente siguiente, señor Juan Carlos De León.

Del señor Representante Carlos Baráibar, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 4 y 7 de diciembre de 2001, convocándose a la suplenta correspondiente siguiente, señora Daniela Payssé.

Del señor Representante Gustavo Silveira, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 4 y 5 de diciembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Basilio Morales.

De la señora Representante Yeanneth Puñales Brun, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 4 y 6 de diciembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Jorge Silva Rotta.

Del señor Representante Ambrosio Rodríguez, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 5 de diciembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Mario Amestoy".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y seis en treinta y ocho: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas, y se oficiará a la Corte Electoral en los casos pertinentes.

(ANTECEDENTES:)

"Paysandú, noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo de la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales desde el 4 de diciembre hasta el 15 de diciembre, inclusive.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

RICARDO MOLINELLI
Representante por Paysandú".

"Montevideo, noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Didier Bernardoni".

"Montevideo, noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Nilda Belvisi".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Paysandú, Ricardo Molinelli.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 4 y 15 de diciembre de 2001.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes correspondientes siguientes, señor Didier Bernardoni y señora Nilda S. Belvisi.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994, y en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 4 y 15 de diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Paysandú, señor Ricardo Molinelli.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes correspondientes siguientes, señor Didier Bernardoni y señora Nilda S. Belvisi.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2000 del Lema Partido Colorado, señor Juan C. Siazaro.

Sala de la Comisión, 4 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 3 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, por motivos personales durante los días comprendidos entre el 5 y el 15 de diciembre inclusive del corriente año, por lo que solicito se convoque a mi suplente, señor Julio Varona.

EDGAR BELLOMO
Representante por Canelones".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Edgar Bellomo.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 5 y 15 de diciembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 5 y 15 de diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Canelones, Edgar Bellomo.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 738 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Julio Varona.

Sala de la Comisión, 4 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 3 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Mediante la presente me dirijo a usted, a efectos de solicitar licencia a partir del día martes 4 hasta el día viernes 7 inclusive del corriente mes de diciembre. Motiva la misma razones de índole personal.

Saludo a usted, muy atentamente.

GUSTAVO GUARINO
Representante por Cerro Largo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Cerro Largo, señor Gustavo Guarino.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 4 y 7 de diciembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 4 y 7 de diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Cerro Largo, Gustavo Guarino.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 738 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Oscar Echevarría.

Sala de la Comisión, 4 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 3 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Diputado Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente solicito, conforme al inciso tercero, del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994, se me otorgue licencia por motivos personales, desde el día 7 al 10 de diciembre, inclusive, del presente año.

Sin otro particular, le saluda.

RAMÓN FONTICIELLA
Representante por Salto".

"Montevideo, 3 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta única vez, no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante Ramón Fonticiella.

Sin más saluda atentamente.

Eduardo Muguruza Galvalisi".

"Montevideo, 3 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta única vez, no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante Ramón Fonticiella.

Sin más saluda atentamente.

Felipe Carballo Da Costa".

"Montevideo, 3 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta única vez, no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante Ramón Fonticiella.

Sin más saluda atentamente.

Felipe Mutti Severo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Salto, Ramón Fonticiella.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 7 y 10 de diciembre de 2001.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que fueron objeto los suplentes correspondientes, señores Eduardo Muguruza, Felipe Carballo y Felipe Mutti.

III) Que habiéndose agotado la nómina es pertinente solicitar a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y en el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales al señor Representante por el departamento de Salto, Ramón Fonticiella, por el período comprendido entre los días 7 y 10 de diciembre de 2001.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes correspondientes siguientes de la Hoja de Votación Nº 303 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señores Eduardo Muguruza, Felipe Carballo y Felipe Mutti.

3) Ofíciese a la Corte Electoral.

Sala de la Comisión, 4 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Corte Electoral

Nº 2855/2001

272/32

Montevideo, 23 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Diputado Gustavo Penadés.

Señor Presidente:

Pongo en su conocimiento que la Corte Electoral en acuerdo celebrado el 22 del corriente, visto que el Representante Nacional por el departamento de Florida, señor Juan Justo Amaro Cedrés electo por la Hoja de Votación Nº 22 del Lema Partido Colorado solicitó licencia por el período comprendido entre el 5 y el 14 de diciembre de 2001 y al haber declinado por esta vez la convocatoria los suplentes correspondientes, resolvió proclamara Representante Nacional al segundo candidato doctor Orlando Canzani y suplentes a los señores Javier Fernández, Juan Carlos De León y José Di Santi.

Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal y por el término de la licencia concedida al Representante Nacional señor Juan Justo Amaro y en el concepto de que se han cumplido las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo 3º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945 y por el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

Saludo al señor Presidente con mi más distinguida consideración.

Carlos A. Urruty
Presidente

Antonio Morell
Secretario Letrado".

"Montevideo, noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

El que suscribe, doctor Orlando Canzani Cabrera, cédula de identidad Nº 2.597.432-9, en mi calidad de suplente del Representante Nacional Juan Justo Amaro Cedrés, declino la citación que me efectúa la Cámara de Representantes en esta oportunidad por motivos personales.

Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

Orlando Canzani Cabrera".

"Montevideo, noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

El que suscribe, Javier Fernández, cédula de identidad Nº 3.299.165-7, en su carácter de suplente del Representante Nacional por el departamento de Florida Juan Justo Amaro Cedrés, declina la citación de la Cámara de Representantes en esta oportunidad, por motivos personales.

Javier Fernández"-

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La licencia por motivos personales oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de Florida, Juan Justo Amaro Cedrés, por el período comprendido entre los días 5 y 14 de diciembre de 2001.

CONSIDERANDO: I) Que habiéndose agotado la nómina de suplentes se solicitó a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

. II) Que la Corte Electoral ha proclamado, por oficio Número 2855/2001, a los señores Orlando Canzani, Javier Fernández, Juan Carlos De León y José Di Santi, como nuevos suplentes.

III) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que fueron objeto los suplentes correspondientes siguientes señores Orlando Canzani y Javier Fenández.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes correspondientes siguientes señores Orlando Canzani y Javier Fernández.

2) Convóquese por Secretaría, por el período comprendido entre los días 5 y 14 de diciembre de 2001, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 22, del Lema Partido Colorado, señor Juan Carlos De León.

Sala de la Comisión, 4 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 4 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Diputado Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito al Cuerpo se me otorgue licencia por motivos personales desde el día de de la fecha hasta el 7 de diciembre inclusive y se convoque a mi suplente correspondiente, atento a lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución y en el inciso 3º del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

CARLOS BARÁIBAR
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 4 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional Carlos Baráibar, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente.

Jaime Igorra".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Baráibar.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 4 y 7 de diciembre de 2001.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Jaime Igorra.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 4 y 7 de diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Baráibar.

2) Acéptase la negativa presentada por el suplente siguiente, señor Jaime Igorra.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, a la suplenta correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Daniela Payssé.

Sala de la Comisión, 4 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Melo, 4 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 16.465, por el martes 4 y miércoles 5 del corriente mes, convocando a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

GUSTAVO SILVEIRA
Representante por Cerro Largo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Cerro Largo, Gustavo Silveira.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 4 y 5 de diciembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 4 y 5 de diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Cerro Largo, Gustavo Silveira.

2) Convóquese por Secretaría por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señor Basilio Morales.

Sala de la Comisión, 4 de diciembre de 2001

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 4 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo establecido por la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales por los días 4 y 6 de diciembre del año en curso.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

YEANNETH PUÑALES BRUN
Representante por Rocha".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Rocha, Yeanneth Puñales Brun.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 4 y 6 de diciembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 4 y 6 de diciembre de 2001, a la señora Representante por el departamento de Rocha, Yeanneth Puñales Brun.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2323 del Lema Partido Colorado, señor Jorge Silva Rotta.

Sala de la Comisión, 4 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 4 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por el día 5 de diciembre de 2001, por motivos particulares.

Sin más saluda atentamente.

AMBROSIO RODRÍGUEZ
Representante por Maldonado".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Maldonado, Ambrosio Rodríguez.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 5 de diciembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 5 de diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Maldonado, Ambrosio Rodríguez.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el día 5 de diciembre de 2001, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 23 del Lema Partido Nacional, señor Mario Amestoy.

Sala de la Comisión, 4 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 29 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted para solicitar licencia por treinta días a partir del 4 de diciembre del presente año sin goce de remuneración, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 16.465.

Asimismo solicito se proceda a la convocatoria del suplente respectivo.

Sin más saluda atentamente.

ERNESTO AGAZZI
Representante por Canelones".

"Montevideo, 29 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente comunico a usted que por esta vez no me es posible aceptar la integración a la Cámara como suplente del Diputado Ernesto Agazzi.

Sin más saluda atentamente.

Esteban Pérez".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia sin remuneración, del señor Representante por el departamento de Canelones, Ernesto Agazzi.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 4 y 30 de diciembre de 2001.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente correspondiente, señor Esteban Pérez.

III) Que habiéndose agotado la nómina es pertinente solicitar a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y en el inciso cuarto del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia sin remuneración al señor Representante por el departamento de Canelones, Ernesto Agazzi, por el período comprendido entre los días 4 y 30 de diciembre de 2001.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Esteban Pérez.

3) Ofíciese a la Corte Electoral.

Sala de la Comisión, 4 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

14.- Pensiones graciables.

——Se entra al orden del día.

Los asuntos que figuran en primero y segundo término del orden del día refieren al otorgamiento de pensiones graciables.

En consecuencia, se procederá a tomar la votación a partir de este momento de las referidas pensiones graciables, la que se efectuará por cédulas y hasta la hora 18. La Mesa recuerda a los señores Diputados que deberán firmar las tirillas de los sobres y que el voto es secreto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 111 de la Constitución.

15.- Corporación Andina de Fomento. (Incorporación de la República Oriental del Uruguay).

Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Corporación Andina de Fomento. (Incorporación de la República Oriental del Uruguay)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 783

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 24 de agosto de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba la incorporación de la República Oriental del Uruguay a la Corporación Andina de Fomento (CAF).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Corporación Andina de Fomento (CAF) es una institución financiera internacional con sede en Caracas, Venezuela, cuyo objeto es el apoyo financiero y técnico al desarrollo sostenible de sus Países Miembrosy a la integración regional. Comenzó sus operaciones en el año 1970 y actualmente está integrada por Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Venezuela y veintidós bancos privados de la región andina, Argentina también ha iniciado su proceso de incorporación a la Corporación.

En sus tres décadas de actividad, la Corporación Andina de Fomento (CAF) ha procurado atender las necesidades de financiamiento de los sectores públicos y privados de sus países miembros, a través de préstamos, cooperación técnica, líneas de créditos y diversos servicios financieros. Se ha especializado en el financiamiento de proyectos de infraestructura física e integración fronteriza, contribuyendo a unir el continente mediante conexiones viales, energéticas, fluviales y de telecomunicaciones, con una estricta supervisión de las condiciones ambientales y sociales involucradas en cada proyecto.

Su exitosa trayectoria le ha permitido acceder a una positiva calificación de riesgo por parte de las principales agencias calificadoras internacionales, lo que determina su capacidad de captar recursos en condiciones financieras favorables.

Por lo expuesto, el Poder Ejecutivo ha entendido conveniente solicitar el ingreso de Uruguay a la referida institución financiera, con un aporte inicial de US$ 5.000.000 (cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América) que se concretaría en un plazo a convenir con el organismo, sería integrado con recursos propios del Banco Central del Uruguay y formaría parte de su capital.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, ALBERTO BENSIÓN, GUILLERMO VALLES.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Apruébase la incorporación de la República Oriental del Uruguay a la Corporación Andina de Fomento (CAF), de conformidad con el Convenio Constitutivo de la referida institución, cuyo texto original se adjunta como Anexo de la presente ley.

ArtículoO 2º.- Las obligaciones que demande la presente ley serán atendidas con recursos propios del Banco Central del Uruguay y formarán parte de su capital.

Artículo 3º.- El Banco Central del Uruguay realizará las gestiones pertinentes y las operaciones necesarias por cuenta y orden del Estado, para integrar el capital de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Montevideo, 24 de agosto de 2001.

ALBERTO BENSIÓN, GUILLERMO VALLES.

CONVENIO CONSTITUTIVO

Corporación Andina De Fomento

Los Gobiernos de las Repúblicas de Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile, Perú y Venezuela, animados de] mutuo deseo de procurar, a la mayor brevedad, la integración económica de sus países para acelerar el desarrollo económico y social de sus pueblos, de acuerdo con los principios consignados en el Tratado de Montevideo, en la Carta de Punta del Este, en la Declaración suscrita en Bogotá por los Presidentes de Colombia, Chile y Venezuela y por los Presidentes de Bolivia, Ecuador y Perú, representados por sus delegados personales, y en la Declaración de los Presidentes de América en Punta del Este:

Manifestando la necesidad de que cada uno de los países signatarios de la Declaración de Bogotá se proponga como objetivo la creación de condiciones económicas más adecuadas para participar en el Mercado Común Latinoamericano;

Declarando que para lograr los fines señalados deberán subsanarse las dificultades que surjan debido a los distintos niveles de desarrollo, a las diferentes condiciones económicas generales y particularmente de mercados, con el objeto de lograr el crecimiento armónico y equilibrado de la subregión;

Teniendo presente que la Declaración de Bogotá creó la Comisión Mixta y otras entidades como órganos de promoción, consulta y coordinación de las políticas que deben adoptarse en los diversos países de la subregión y aconsejó la creación de un organismo que materialice y concrete las acciones acordadas, especialmente en lo que respecta al estudio y ejecución de proyectos multinacionales, y que sirva de elemento dinámico en la operación y perfeccionamiento de un acuerdo subregional de integración;

Estimando que para la mejor realización de las diversas actividades que el mencionado organismo deberá desarrollar en la subregión para el cumplimiento de su objeto es conveniente que cada uno de los países proceda a dictar disposiciones legales, reglamentarias y administrativas pertinentes;

Considerando que reviste significativa importancia la participación de los sectores público y privado de los países de la subregión y de fuera de ella, así como la de organismos internacionales de financiamiento, por el aporte de asistencia técnica, científica y financiera, y de tecnología que puedan proporcionar;

Expresando que es importante la acción mancomunada de los países de la subregión para lograr un desarrollo económico equilibrado y armónico junto con las demás naciones latinoamericanas que integradas formarán el Mercado Común;

Han resuelto crear una corporación de fomento y celebrar a tal efecto el Convenio que la instituye, designando para ello sus Plenipotenciarios, quienes, después de haber exhibido sus respectivos Plenos Poderes y hallados en buena y debida forma, han convenido constituir la Corporación Andina de Fomento, que se regirá por las siguientes disposiciones:

CAPÍTULO I

NOMBRE, CARÁCTER JURÍDICO, SEDE, OBJETO Y FUNCIONES

Artículo 1. Nombre y Carácter Jurídico.-

Por el presente Convenio las Altas Partes Contratantes instituyen la Corporación Andina de Fomento.

La Corporación es una persona jurídica de Derecho Internacional Público y se rige por las disposiciones contenidas en el presente instrumento.

Artículo 2. Sede.-

La Corporación tiene su sede en la ciudad de Caracas, República de Venezuela. La Corporación podrá establecer las agencias, oficinas o representaciones que sean necesarias para el desarrollo de sus funciones, en cada uno de los países participantes y fuera de ellos.

Artículo 3. Objeto.-

La Corporación tiene por objeto impulsar el proceso de integración subregional. Al efecto, dentro de un sentido de especialización racional y una equitativa distribución de las inversiones dentro del área, tomando en cuenta la necesidad de una acción eficaz en favor de los países de menor desarrollo relativo y con la adecuada coordinación con el organismo encargado de la integración subregional, impulsará el aprovechamiento de las oportunidades y recursos que ofrezca su área de acción, mediante la creación de empresas de producción o de servicios y la ampliación, modernización o conversión de las existentes.

Artículo 4. Funciones.-

Para la realización del objeto indicado en el artículo anterior, la Corporación tiene las siguientes funciones:

a) Efectuar estudios destinados a identificar oportunidades de inversión y dirigir y preparar los proyectos correspondientes;

b) Difundir entre los países del área los resultados de sus investigaciones y estudios, con el objeto de orientar adecuadamente las inversiones de los recursos disponibles;

c) Proporcionar directa o indirectamente la asistencia técnica y financiera necesaria para la preparación y ejecución de proyectos multinacionales o de complementación;

ch) Obtener créditos internos o externos;

d) Emitir bonos, debentures y otras obligaciones, cuya colocación podrá hacerse dentro o fuera de la subregión;

e) Promover la captación y movilización de recursos;

En el ejercicio de las funciones a que se refieren este literal y el precedente, se sujetará a las disposiciones legales de los países en que se ejerzan dichas funciones o en cuyas monedas nacionales estén denominadas las respectivas obligaciones;

f) Promover aportes de capital y tecnología en las condiciones más favorables;

g) Conceder préstamos y otorgar fianzas, avales y otras garantías;

h) Promover el otorgamiento de garantías de suscripción de acciones (underwriting), y otorgarlas en los casos que reúnan las condiciones adecuadas;

i) Promover la organización de empresas, su ampliación, modernización o conversión, pudiendo al efecto suscribir acciones o participaciones.

La Corporación podrá transferir las acciones, participaciones, derechos y obligaciones que adquiera ofreciéndolos en primer lugar a entidades públicas o privadas de la subregión y, a falta de interés por parte de éstas, a terceros interesados en el desarrollo económico y social de la misma;

j) Realizar, en las condiciones que determine, los encargos o gestiones específicos relacionados con su objeto, que le encomendaren sus accionistas o terceros;

k) Coordinar su acción con la de otras entidades nacionales e internacionales en el desarrollo de la subregión;

l) Recomendar los mecanismos de coordinación necesarios para las entidades u organismos del área que proporcionen recursos de inversión;

ll) Adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles, iniciar o contestar acciones judiciales y administrativas y, en general, realizar toda clase de operaciones, actos, contratos y convenios requeridos para el cumplimiento de sus fines.

CAPÍTULO II

CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS

Artículo 5. El Capital.-

El capital autorizado de la Corporación Andina de Fomento es de tres mil millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 3.000.000.000,00) dividido en acciones de Capital Ordinario y acciones de Capital de Garantía, de la manera siguiente:

1) Acciones de Capital Ordinario, por un total de un mil ochocientos cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1.850.000.000,00), distribuidas en tres Series: "A", "B" y "C", de la siguiente manera:

A. Serie "A" integrada por cinco (5) acciones nominativas por un valor de un millón doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1.200.000,00) cada una, por un monto global de seis millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 6.000.000,00) cuya suscripción corresponde al Gobierno de cada uno de los Países Miembros o a instituciones públicas, semipúblicas o de derecho privado con finalidad social o pública designadas por éste.

B. Serie "B" integrada por trescientos dieciocho mil ochocientas (318.800) acciones nominativas de un valor de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 5.000,00) cada una, cuya suscripción corresponde a los Gobiernos o a entidades públicas, semipúblicas o privadas de los Países Miembros.

C. Serie "C" integrada por cincuenta mil (50.000) acciones de un valor nominal de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 5.000,00) cada una, por un monto global de doscientos cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 250.000.000,00) cuya suscripción corresponde a personas jurídicas o naturales de fuera de la subregión.

2) Acciones de Capital de Garantía, por un total de un mil ciento cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1.150.000.000,00) distribuidas en Series "B" y "C", de la siguiente manera:

A. Serie "B" integrada por ciento noventa mil (190.000) acciones de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 5.000,00) cada una, por un monto global de novecientos cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 950.000.000,00) cuya suscripción corresponde a los Gobiernos o a instituciones públicas, semipúblicas o privadas de los Países Miembros.

B. Serie "C" integrada por cuarenta mil (40.000) acciones de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 5.000,00) cada una, por un monto global de doscientos millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 200.000.000,00) cuya suscripción corresponde a personas jurídicas naturales de fuera de la subregión.

C. El pago de las acciones del Capital de Garantía estará sujeto a requerimiento, previo acuerdo del Directorio, cuando se necesite para satisfacer las obligaciones financieras de la Corporación, en caso de que la institución con sus propios recursos no estuviese en capacidad de cumplirlas.

D. Ante el requerimiento de la Corporación para que un accionista pague el Capital de Garantía suscrito que se encuentre pendiente de pago a esa fecha, éste deberá efectuar el pago en dólares de los Estados Unidos de América.

E. El requerimiento de pago del Capital de Garantía se hará a prorrata, de acuerdo a la participación accionaria que le corresponda a cada uno de los accionistas de la Corporación.

F. La obligación de los accionistas de atender los requerimientos de pago de las acciones suscritas y no pagadas del Capital de Garantía, subsistirá hasta el momento en que se hubiese completado el pago total del mismo.

3) El detalle de acciones suscritas en cada una de las Series consta en el anexo "A" correspondiente a este Convenio Constitutivo.

4) Las acciones de la Serie "B" podrán ser suscritas por entidades privadas de los países miembros; siempre y cuando el porcentaje de su participación accionaria no supere el cuarenta y nueve por ciento (49%) del total del accionariado correspondiente a dicha serie, por país accionista.

Artículo 6. Emisión de Acciones con Cargo al Capital Autorizado No Suscrito.-

El capital autorizado no suscrito podrá ser dispuesto por el Directorio para su suscripción, con el voto favorable de por lo menos siete (7) Directores, en los siguientes casos:

a) Para la emisión de nuevas acciones de la Serie "B" que serán ofrecidas en primer término a los accionistas, en proporción a las acciones poseídas por éstos, con relación al capital total.

b) Para la emisión de acciones en el caso de ingreso de un nuevo país, en cuya oportunidad el país en cuestión podrá suscribir directamente, o por el organismo que designe, una acción de la Serie "A", y un número de acciones de la Serie "B" en las condiciones que acuerde el Directorio.

c) Para la emisión de acciones de la Serie "C", cuyas características serán determinadas en cada caso por el Directorio, destinadas a ser suscritas por personas jurídicas o naturales de fuera de la subregión.

d) Para la emisión de acciones de las Series "B" y "C", correspondientes al Capital de Garantía.

Artículo 7. Derecho Especial de Suscripción.-

No obstante lo dispuesto en el literal a) del artículo anterior, cualquier país que tuviere un número de acciones de la Serie "B" inferior al de otros países podrá suscribir en cualquier momento acciones, con cargo al capital autorizado, hasta por un número igual al del mayor accionista.

Artículo 8. Límites de Exposición.-

1. El límite máximo de endeudamiento de la Corporación, calculado como la sumatoria de depósitos, bonos, préstamos de terceros y otras obligaciones de similar naturaleza, será de tres veces y media (3,5) su patrimonio neto, entendiéndose éste como la suma de su capital pagado, reservas patrimoniales, superávit, ingreso neto acumulado y otras cuentas patrimoniales.

2. El total de la cartera de préstamos e inversiones de la Corporación más el total de garantías y avales no podrá exceder un monto equivalente a cuatro veces (4) su patrimonio neto.

Artículo 9. Aumento o Disminución de Capital.-

El capital podrá ser aumentado o disminuido previa decisión de la Asamblea de Accionistas.

Artículo 10. Transferibilidad de las Acciones.-

Las acciones de la Serie "A", serán transferidas dentro de cada país, con el consentimiento previo del Gobierno respectivo, a la entidad pública, semipública o de derecho privado con finalidad social y pública, que éste designe. Las acciones de la Serie "B" serán transferibles únicamente a personas jurídicas o naturales del respectivo país de la subregión, siempre que se observe la proporción asignada a las entidades privadas que se menciona en el numeral 4) del artículo 5. Previa aprobación del Directorio, las acciones de la Serie "C" serán transferibles a personas jurídicas o naturales de fuera de la subregión.

CAPÍTULO III

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Artículo 11. Asamblea de Accionistas.-

Las Asambleas de Accionistas podrán ser Ordinarias o Extraordinarias. Se componen de los accionistas o de sus representantes o mandatarios, reunidos con el quórum y en las condiciones establecidas en este Convenio.

Artículo 12. Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.-

La Asamblea Ordinaria se reunirá una vez al año dentro de los noventa (90) días siguientes a la terminación del ejercicio anual, previa convocatoria hecha por el Presidente Ejecutivo de la Corporación, y la Extraordinaria previa convocatoria hecha por el Presidente Ejecutivo de la Corporación, a iniciativa propia, del Directorio, de dos (2) accionistas de la Serie "A", o de accionistas que representen el veinticinco por ciento (25%) por lo menos del capital pagado. La citación a Asamblea Extraordinaria deberá efectuarse con treinta (30) días calendario de anticipación a la fecha de la reunión, con indicación del motivo por el que se la convoca.

Artículo 13. Atribuciones de la Asamblea Ordinaria.-

Son atribuciones de la Asamblea Ordinaria:

a) Considerar el informe anual del Directorio, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, previo informe de auditores externos, y determinar el destino de las utilidades;

b) Elegir los Miembros del Directorio de acuerdo con las normas previstas en este Convenio;

c) Designar los auditores externos;

ch) Fijar la retribución de los miembros del Directorio y de los auditores externos;

d) Conocer cualquier otro asunto que le sea expresamente sometido y que no sea de la competencia de otro órgano de la Corporación.

Artículo 14. Atribuciones de la Asamblea Extraordinaria.-

Son atribuciones de la Asamblea Extraordinaria:

a) Aumentar, disminuir o reintegrar el capital social;

b) Disolver la Corporación;

c) Cambiar la sede de la Corporación, cuando el Directorio lo proponga;

ch) Conocer cualquier otro asunto que le sea expresamente sometido y que no sea de la competencia de otro órgano de la Corporación.

En la Asamblea Extraordinaria sólo podrán tratarse los asuntos expresamente incluidos en la convocatoria.

Artículo 15. Reforma del Convenio.-

La Asamblea Extraordinaria tendrá facultad suficiente para modificar las disposiciones que rigen a la Corporación en todos aquellos asuntos administrativos y de procedimiento requeridos, para el mejor cumplimiento de los objetivos propuestos.

Asimismo, la Asamblea Extraordinaria con el voto favorable de los cinco (5) accionistas de la Serie "A", más la mitad más una de las demás acciones representadas en la reunión, podrá modificar la estructura del Directorio y adecuar las disposiciones correspondientes que estime pertinentes, manteniendo en todo caso los criterios básicos del presente Convenio.

En aquellas otras disposiciones relativas a la estructura misma de la Corporación, la Asamblea Extraordinaria podrá recomendar las enmiendas que, a su juicio, deban ser sometidas a la aprobación de las Partes Contratantes.

Artículo 16. Quórum.-

Habrá quórum para las reuniones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea de Accionistas, cuando concurra un número plural de personas que represente por lo menos cuatro (4) acciones de la Serie "A" y el cincuenta por ciento (50%) de las demás acciones.

En los casos en que no se pudiere reunir una Asamblea Ordinaria o Extraordinaria por falta de quórum, se convocará para otra Asamblea con treinta (30) días calendario de anticipación por lo menos, expresando en la convocatoria que ella se constituirá cualquiera fuere el número de los concurrentes.

Artículo 17. Decisiones.-

En las Asambleas Ordinarias las decisiones se tomarán por una mayoría que represente por lo menos tres (3) acciones de la Serie "A", más la mitad más una de las demás acciones representadas en la reunión.

En las Asambleas Extraordinarias la mayoría requerida será de cuatro (4) acciones de la Serie "A", más la mitad más una de las demás acciones representadas en la reunión.

En la segunda citación, tratándose de Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, las decisiones se adoptarán con el voto favorable de por lo menos dos acciones de la Serie "A", más la mayoría absoluta de las otras acciones representadas en la reunión.

Artículo 18. Derecho de Voto.-

Los accionistas que estén en mora en el pago de sus aportes de capital no tendrán derecho a voto.

Artículo 19. Envío de informes y Balances.-

Todo accionista tiene derecho, durante los quince (15) días calendario anteriores a la reunión de la Asamblea, a examinar en la sede de la Corporación el inventario y la lista de accionistas, y puede exigir copia del balance general y del informe de los auditores. Por lo menos quince (15) días calendario antes de cada Asamblea, los informes y balances deberán ser remitidos a todos los accionistas a la dirección que aparezca registrada en la Corporación.

Artículo 20. Actas.-

De las deliberaciones y acuerdos de las Asambleas se dejará constancia en un libro especial de Actas.

Artículo 21. Votos de los Miembros del Directorio.-

Los miembros del Directorio y el Presidente Ejecutivo no podrán votar en la aprobación del balance ni en los asuntos en que pueda estar comprometida su responsabilidad. Tampoco podrán ser mandatarios de otros accionistas en las Asambleas.

Artículo 22. Fuerza de las Decisiones.-

Las decisiones de las Asambleas, dentro de los límites de sus facultades, según el presente Convenio, son obligatorias para todos los accionistas, aun para los que no hayan concurrido a ella.

CAPÍTULO IV

DEL DIRECTORIO

Artículo 23. Integración.-

El Directorio estará integrado por doce (12) Directores, elegidos para un período de tres (3) años, quienes podrán ser reelegidos. Cada Director tendrá un Suplente personal, elegido para el mismo período y en la misma forma que el Principal.

Artículo 24. Designación y Elección.-

La elección de Directores se hará en la siguiente forma:

a) Cinco (5) Directores y sus Suplentes, designados uno (1) por acción de cada accionista de la Serie "A".

b) Cinco (5) Directores y sus Suplentes que serán elegidos por los tenedores de las acciones de la Serie "B". Para esta elección, cada accionista tendrá un número de votos igual al número de acciones que posea o represente, multiplicado por el número de Directores que vaya a elegirse. Cada accionista podrá dar el total de sus votos a un candidato o distribuirlos entre varios de ellos. Se considerarán elegidos los que reciban el más alto número de votos.

c) Un (1) Director Principal y su respectivo Suplente que serán elegidos por las entidades bancarias y financieras de la subregión, accionistas de la Corporación.

d) Un (1) Director y su respectivo Suplente que serán elegidos por los tenedores de las acciones de la Serie "C".

Los Directores a que se refieren los literales c) y d) serán elegidos conforme a disposiciones reglamentarias acordadas por los respectivos grupos de accionistas, en las que se reconocerá expresamente el principio de la alternabilidad.

Artículo 25. Quórum.-

El Directorio podrá sesionar válidamente con la presencia de por lo menos seis (6) miembros.

Artículo 26. Resoluciones.-

Cada Director tendrá un voto en las reuniones del Directorio. Las Resoluciones serán adoptadas por una mayoría no inferior a la mitad más uno de los Directores presentes. En los casos previstos en el Artículo 6 y bajo los literales a), c), h), i), ll) y n) del Artículo 27, se requerirá el voto favorable de siete (7) Directores por lo menos.

Artículo 27. Atribuciones del Directorio.-

Son atribuciones del Directorio:

a) Establecer y dirigir la política financiera, crediticia y económica de la Corporación;

b) Elegir anualmente a uno de los Directores para que presida las reuniones del Directorio y la Asamblea;

c) Nombrar y remover al Presidente Ejecutivo;

d) Determinar la remuneración que corresponde al Presidente Ejecutivo;

e) Aprobar el presupuesto anual de gastos, a proposición del Presidente Ejecutivo;

f) Aprobar las operaciones de crédito activas y pasivas, inversiones o cualquier otra operación que se encuentre dentro de las finalidades de la Corporación y que le fuese propuesta por el Presidente Ejecutivo;

g) Acordar emisiones de bonos, debentures u otras obligaciones financieras y determinar sus condiciones; otorgar garantías de suscripción de acciones y valores en general (underwriting); operar en certificados de participación; autorizar operaciones de fideicomiso;

h) Delegar en un Comité Ejecutivo, en otros organismos subsidiarios que el propio Directorio considere conveniente crear o en el Presidente Ejecutivo u otros funcionarios que éste recomiende, las funciones a que se refieren los literales f) y g), cuando se trate de operaciones cuyo monto no exceda del límite que establezca el mismo Directorio;

i) Resolver a propuesta del Presidente Ejecutivo las cuestiones no previstas en este Convenio, así como su cabal interpretación, dando cuenta en este último caso a la Asamblea de Accionistas en su reunión siguiente;

j) Presentar a la Asamblea de Accionistas la memoria y balance anuales;

k) Proponer a la Asamblea de Accionistas la distribución de las utilidades;

l) Proponer a la Asamblea de Accionistas la formación de reservas;

ll) Dictar y modificar los reglamentos internos de la Corporación;

m) Acordar la convocatoria de Asambleas Ordinarias de accionistas cuando el Convenio lo prescriba y de Asambleas Extraordinarias de accionistas cuando los intereses sociales lo requieran, el propio Directorio lo estime conveniente, o así lo soliciten accionistas de la Corporación en conformidad con lo prescrito en el artículo 12 de este Convenio, y

n) Proponer a la Asamblea el cambio de sede, cuando por razones de indiscutible necesidad así lo crea conveniente.

Artículo 28. Reemplazo.-

Para reemplazar un Director imposibilitado, fallecido o que hubiere renunciado se seguirán las siguientes normas:

a) Si se trata de un Director representante de la Serie "A", será designado directamente por el propietario de la acción representada por aquél, y

b) Si se trata de un Director representante de las acciones de la Serie "B", el Directorio designará como titular al respectivo suplente y a falta de éste nombrará el reemplazante, quien durará en sus funciones hasta la próxima Asamblea Ordinaria de Accionistas, en la cual se hará la elección definitiva. El Director así nombrado por la Asamblea durará en el cargo sólo por el tiempo que falte para completar el período del Director reemplazado.

c) Si se trata de un Director representante de las entidades bancarias y financieras de la subregión accionistas de la Corporación o de los tenedores de Acciones Serie "C", el Director será reemplazado por el suplente y, a falta de éste, se procederá a designarlo de conformidad con la norma prevista en el inciso final del Artículo 24.

Artículo 29. Reuniones.-

El Directorio se reunirá cuando él mismo lo acuerde, cuando sea citado por su Presidente, a petición de tres (3) Directores, o a requerimiento del Presidente Ejecutivo. Las reuniones se verificarán en la sede de la Corporación, salvo acuerdo en contrario del propio Directorio y para las ocasiones determinadas por este mismo.

Artículo 30. Actas.-

De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará constancia en un libro especial de Actas.

CAPÍTULO V

PRESIDENTE EJECUTIVO Y DEMÁS FUNCIONARIOS

Artículo 31. Funciones del Presidente Ejecutivo.-

El Presidente Ejecutivo, funcionario internacional, será el representante legal de la Corporación y tendrá las siguientes atribuciones:

a) Ejercer la dirección inmediata y la administración de la Corporación;

b) Decidir y tener a su cargo todo asunto que no esté expresamente reservado a las Asambleas de Accionistas, al Directorio, al Comité Ejecutivo y otros organismos subsidiarios que el Directorio creare, además de aquellos que le fueren confiados;

c) Participar en las sesiones del Directorio con derecho a voz, pero sin voto.

Artículo 32. Duración.-

El Presidente Ejecutivo durará en sus funciones cinco (5) años, pudiendo ser reelegido, y deberá permanecer en el ejercicio de las mismas hasta tanto no entre en funciones el reemplazante.

Artículo 33. Ausencias Temporales.-

El Presidente Ejecutivo será reemplazado interinamente por el Vicepresidente de mayor jerarquía, o en su defecto por el funcionario que designe el Directorio.

Artículo 34. Falta Absoluta.-

En caso de falta absoluta del Presidente Ejecutivo, el Directorio designará su reemplazante.

Artículo 35. Poderes.-

El Presidente Ejecutivo podrá conferir poderes para representar a la Corporación en juicio o fuera de él, con las facultades que estime necesarias. Podrá también conferir poderes especiales para los fines que interesen a la Corporación.

Artículo 36. Vicepresidentes.-

El Presidente Ejecutivo designará a los Vicepresidentes que sean necesarios para la marcha de la institución, señalándoles en cada caso las atribuciones, deberes y remuneraciones que le correspondan. Estas designaciones se realizarán procurando que dichos funcionarios sean de distinta nacionalidad dentro de la subregión.

Artículo 37. Designación del Personal.-

La designación del personal y la determinación de sus atribuciones, responsabilidades y remuneraciones será competencia del Presidente Ejecutivo. La designación de los Vicepresidentes se hará previa consulta con el Directorio.

Artículo 38. Selección del Personal.-

Para integrar el personal de la Corporación se tendrá en cuenta, en primer término, la eficiencia, competencia y honestidad, pero se dará importancia, al propio tiempo, a la necesidad de que el personal sea escogido con un criterio geográfico, preferentemente subregional, tan amplio como sea posible.

Artículo 39. Carácter Internacional del Personal.-

En el desempeño de sus deberes, el personal no buscará ni recibirá instrucciones de ningún Gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Corporación. Se abstendrá de realizar cualquier acto incompatible con la posición de funcionarios internacionales responsables sólo ante la Corporación.

CAPÍTULO VI

EJERCICIO FINANCIERO, BALANCE Y UTILIDADES

Artículo 40. Ejercicio Financiero.-

El ejercicio financiero de la Corporación será por períodos anuales, cuya fecha de iniciación establecerá el Directorio.

Artículo 41. Balance y Demostración de Ganancias y Pérdidas.-

El día en que concluya el ejercicio financiero deberán ser cerradas las cuentas para los fines de la elaboración del balance anual y del estado de perdidas y ganancias del respectivo ejercicio.

Artículo 42.- Reservas.-

Anualmente se separará de la utilidad neta una cuota de diez por ciento (10%) por lo menos, para formar un fondo de reserva hasta que alcance una suma no inferior al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito. Además, la Asamblea podrá acordar la constitución de otras reservas y la distribución del remanente entre los accionistas, por concepto de dividendos.

Artículo 43.- Auditores.-

La Corporación contratará los servicios de una firma de auditores de reconocido prestigio internacional, la cual certificará el balance anual para conocimiento de la Asamblea Ordinaria de Accionistas.

CAPÍTULO VII

LIQUIDACIÓN Y ARBITRAJE

Artículo 44. Liquidación.-

Acordada la disolución de la Corporación, se procederá a su liquidación por un liquidador o una comisión liquidadora, de acuerdo con la decisión que al efecto tome la Asamblea de Accionistas. El liquidador o la comisión liquidadora representará a la Corporación durante el proceso de liquidación, pagará las deudas pendientes, cobrará los créditos, distribuirá el sobrante entre los accionistas, en proporción al capital pagado representado por cada acción; y, en general, ejercerá todas las funciones concernientes al proceso de liquidación.

La Asamblea que haga la designación de] liquidador o de la comisión liquidadora, fijará el plazo que deben durar en sus cargos y establecerá las reglas fundamentales que regirán para la realización de la liquidación. Al término de su encargo, o de los períodos que determine la Asamblea, los liquidadores deberán rendir cuenta detallada de las actividades realizadas y, al finalizar su labor, presentarán un informe pormenorizado de toda la liquidación.

Artículo 45. Arbitraje.-

En caso que surgiere un desacuerdo entre la Corporación y sus accionistas, tal controversia se someterá al arbitraje de un tribunal compuesto por tres personas. Uno de los árbitros será designado por el Directorio de la Corporación, otro por la parte interesada y el tercero, de común acuerdo entre los árbitros. Si no pudieren llegar a este acuerdo, la Corporación o la parte interesada podrán solicitar la designación del tercer árbitro a la Comisión Mixta o al Organismo que eventualmente la reemplace.

Ninguno de los árbitros podrá ser connacional de la parte interesada en la controversia.

Si fracasan todos los intentos para llegar a un acuerdo unánime, las decisiones se tomarán por mayoría.

El tercer árbitro podrá decidir todas las cuestiones de procedimiento y competencia en los casos en que las partes no estén de acuerdo sobre la materia.

CAPÍTULO VIII

INMUNIDADES, EXENCIONES Y PRIVILEGIOS

Artículo 46. Alcance de este Capítulo.-

Para el cumplimiento de los fines previstos en el presente Convenio, las Altas Partes Contratantes acuerdan que la Corporación Andina de Fomento gozará en el territorio de cada una de ellas de las inmunidades, exenciones y privilegios que se establecen en este Capítulo.

Artículo 47. Inmunidad de los Activos.-

Los bienes y demás activos de la Corporación, en cualquier lugar en que se encuentren, gozarán de inmunidad con respecto a expropiaciones, pesquisa, requisición, confiscación, comiso, secuestro, embargo, retención o cualquier otra forma de aprehensión forzosa que turbe el dominio de la entidad sobre dichos bienes por efecto de acciones ejecutivas o administrativas de parte de cualquiera de los Estados Contratantes.

Dichos bienes y activos gozarán de idéntica inmunidad respecto de acciones judiciales mientras no se pronuncie sentencia definitiva contra la Corporación.

Artículo 48. Transferibilidad y Convertibilidad.-

Los activos de cualquier clase que pertenezcan a la Corporación, gozarán de libre transferibilidad y convertibilidad.

Artículo 49. Inviolabilidad de los Archivos.-

Los archivos de la Corporación son inviolables.

Artículo 50. Exención de Restricciones sobre el Activo.-

En la medida necesaria para que la Corporación cumpla su objeto y funciones y realice sus operaciones de acuerdo con este Convenio, los bienes y demás activos de la Institución están exentos de toda clase de restricciones, regulaciones y medidas de control y moratorias, salvo que en este Convenio se disponga lo contrario.

Artículo 51. Privilegio para las Comunicaciones y la Correspondencia.-

Los Estados Contratantes concederán a las comunicaciones oficiales de la Corporación el mismo tratamiento que a las comunicaciones oficiales de los demás países contratantes.

La correspondencia de la Corporación, incluso paquetes e impresos, cuando lleve su sello de franquicia, circulará exenta de porte por correos de los Estados Contratantes.

Artículo 52. Exenciones Tributarias.-

a) La Corporación está exenta de toda clase de gravámenes tributarios y, en su caso, de derechos aduaneros sobre sus ingresos, bienes y otros activos, lo mismo que las operaciones y transacciones que efectúe de acuerdo con este Convenio.

La Corporación está asimismo exenta de toda responsabilidad relacionada con el pago, retención o recaudación de cualquier impuesto, contribución o derecho.

b) Los sueldos y emolumentos que la Corporación pague a los Directores, a sus suplentes y a los funcionarios y empleados de la misma, que no fueren ciudadanos o nacionales del país donde la Corporación tenga su sede u oficina, están exentos de impuestos.

c) No se impondrán tributos de ninguna clase sobre las obligaciones o valores que emita la Corporación, incluyendo dividendos o intereses sobre los mismos, cualquiera que fuere su tenedor:

1. Si tales tributos discriminasen en contra de dichas obligaciones o valores por el solo hecho de haber sido emitidos por la Corporación.

2. Si la única base jurisdiccional de tales tributos consiste en el lugar o en la moneda en que las obligaciones o valores hubieren sido emitidos, en que se paguen o sean pagaderos, o en la ubicación de cualquier oficina o asiento de negocios que la Corporación mantenga.

d) Tampoco se impondrán tributos de ninguna clase sobre las obligaciones o valores garantizados por la Corporación, incluyendo dividendos o intereses sobre los mismos, cualquiera que sea su tenedor.

1. Si tales tributos discriminasen en contra de dichas obligaciones o valores por el solo hecho de haber sido garantizados por la Corporación.

2. Si la única base jurisdiccional de tales tributos consiste en la ubicación de cualquier oficina o asiento de negocios que la Corporación mantenga.

Artículo 53. Inmunidades y Privilegios Personales.-

Los Directores, Presidente Ejecutivo, Vicepresidentes y funcionarios directivos, técnicos y profesionales de la Corporación gozarán de los siguientes privilegios e inmunidades:

a) Inmunidad respecto de procesos judiciales y administrativos relativos a actos realizados por ellos en su carácter oficial, salvo que la Corporación renuncie expresamente a tal inmunidad;

b) Cuando no fueren nacionales del país en que están, las mismas inmunidades respecto de restricciones de inmigración, requisito de registro de extranjeros y obligaciones de servicio militar, y las mismas facilidades respecto a disposiciones cambiarias que el país conceda a los representantes, funcionarios y empleados de rango comparable de otros países miembros, y

c) Los mismos privilegios respecto a facilidades de viaje que los Estados Contratantes otorguen a los representantes, funcionarios y empleados de rango comparable de otros Estados Contratantes.

Artículo 54. Procedimientos Judiciales.-

Solamente se podrá entablar acciones judiciales contra la Corporación ante un tribunal de jurisdicción competente en los territorios de un Estado Contratante donde la Corporación tuviese establecida alguna oficina, o donde hubiese designado agente o apoderado con facultad para aceptar el emplazamiento o notificación de una demanda judicial, o donde hubiese emitido o garantizado valores.

Los Estados Contratantes de este Convenio, las personas que los representen o que deriven de ellos sus derechos, no podrán iniciar ninguna acción judicial contra la Corporación. Sin embargo, los accionistas podrán hacer valer dichos derechos conforme a los procedimientos especiales que se señalen, ya sea en este Convenio, en los reglamentos de la Institución o en los contratos que celebren, para dirimir las controversias que puedan surgir entre ellos y la Corporación.

CAPÍTULO IX

RETIRO Y SUSPENSION DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "A"

Artículo 55. Derecho de Retiro.-

Cualquier accionista de la Serie "A" podrá retirarse de la Corporación, en cuyo caso ésta adquirirá dicha acción. La notificación de esta decisión se hará al Directorio por escrito.

Las acciones de la Serie "A" se pagarán de acuerdo con el valor en libros que ellas representen y el Directorio, de conformidad con las condiciones financieras de la Corporación, determinará el plazo de pago que no podrá ser mayor de cinco (5) años. Las acciones de la Serie "B" en poder de personas naturales o jurídicas del país a que pertenezca el accionista de la Serie "A" que ha decidido retirarse de la Corporación, podrán ser libremente transferidas en la subregión, siempre que se observe la proporción asignada a las entidades privadas que se menciona en el numeral 4) del artículo 5.

En el caso de retiro de un accionista de la Serie "A", la siguiente Asamblea Ordinaria de Accionistas adecuará las disposiciones pertinentes del presente Convenio a la nueva situación creada de acuerdo con el sentido general de éste.

Artículo 56. Suspensión.-

El accionista de la Serie "A" que faltare en forma grave, a juicio del Directorio, al cumplimiento de algunas de sus obligaciones para con la Corporación, podrá ser suspendido cuando lo decida la Asamblea.

El accionista suspendido dejará automáticamente de ser miembro de la Corporación al haber transcurrido quince (15) meses contados a partir de la fecha de la suspensión, salvo que la Asamblea decida otra cosa.

Mientras dure la suspensión, el accionista no podrá ejercer ninguno de los derechos que le confiere el presente Convenio, salvo el de retirarse.

CAPÍTULO X

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 57. Entrada en Vigor.-

El presente Convenio entrará en vigor cuando los documentos de ratificación hayan sido depositados en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, por representantes de tres (3) de los países signatarios, entre los que deberá estar el país sede. Si en el plazo de un año desde el depósito de los instrumentos de ratificación por el último de los tres países no hubieran cumplido los restantes con el depósito de los instrumentos de ratificación, el Directorio convocará a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas para los efectos de adecuar las disposiciones pertinentes del presente Convenio al número de países que hubieran ratificado.

Los países que hayan depositado su instrumento de ratificación antes de la fecha de entrada en vigor de este Convenio, serán miembros a partir de esta fecha. Los otros países serán miembros a partir de la fecha en que depositen sus instrumentos de ratificación.

Artículo 58. Reservas al Convenio.-

La firma, ratificación o adhesión del presente Convenio no podrá ser objeto de reservas.

Artículo 59. Adhesión.-

Una vez en vigor el presente Convenio, podrán adherir a él todos aquellos Estados que suscribieren la Declaración de Bogotá el 16 de agosto de 1966, y que fueren aceptados por la Comisión Mixta o por el organismo que eventualmente la reemplace.

El Convenio entrará en vigor para el Estado Adherente treinta (30) días después de] depósito de instrumentos de adhesión. En este caso, la Asamblea de Accionistas considerará y resolverá si fuere conveniente el ajuste de las disposiciones pertinentes del presente Convenio.

Artículo 60. Reincorporación.-

La Asamblea determinará las condiciones para la reincorporación de un accionista en la Serie "A" que se hubiese retirado.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera: A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio, el país sede convocará a la primera Asamblea dentro del plazo de sesenta (60) días calendario.

Segunda: Dentro del lapso comprendido entre la fecha de entrada en vigor del Convenio y la celebración de la Asamblea Extraordinaria a que se refiere el Artículo 57, la Corporación Andina de Fomento será administrada provisionalmente en la forma que establezca su Asamblea de acuerdo con los criterios generales que se señalen en este Convenio.

Tercera: Si tres (3) países ratificasen el presente Convenio y no lo hubiese hecho el país sede, transcurrido un plazo de tres (3) meses a partir de la fecha del último depósito del instrumento de ratificación, los países ratificantes podrán acordar otra sede.

Hecho en la ciudad de Bogotá, a los siete días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y ocho, en idioma español, en seis ejemplares igualmente auténticos.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios cuyas firmas figuran al pie, han suscrito el presente Convenio:

Por el Gobierno de la República de Ecuador Gonzalo Apunte.

Por el Gobierno de la República de Bolivia Tomás Guillermo Elio.

Por el Gobierno de la República de Colombia Jorge Valencia Jaramillo.

Por el Gobierno de la República de Chile Salvador Lluch.

Por el Gobierno de la República del Perú José de La Puente.

Por el Gobierno de la República de Venezuela Héctor Hurtado.

ANEXO

ENMIENDAS AL CONVENIO CONSTITUTIVO

Decisiones Fecha Obtejo
1.- Nº 21 A.E.I/74 21-22 Nov. 74 Aumento del Capital Social
2.- Nº 29 A.E.II/77 18-19 Ene.77 Acciones series "A" y "B" solamente a ser suscritas por Gobiernos o instituciones públicas o semipúblicas o de Derecho Privado con finalidad social y pública.

Expresar la conveniencia de que Chile pueda permanecer como miembro de la CAF dentro de un régimen especial.

3.- Nº 33 A.O.VIII/77 01 Oct. 77 Retiro de Chile (Artículos 5, 12, 15, 23, 24, 25 y 26)
4.- Nº 34 A.O.VIII/77 01 Oct. 77 Aumento de capital Social, (artículo 5) Adecuación de la Decisión Nº 21.
5.- Nº 73 A.E.III/86 06 Jun. 86 Aumento de Capital (artículo 5)
6.- Nº 75 A.E.IV/86 30 Oct. 86 Artículos 5, 6, 23, 24, 25 y 26 (Decisión Nº 73).
7.- Nº 79 A.O.XVIII/87 30 Mar. 87 Artículos 5 y 10.
8.- Nº 90 A.E.V/89 30 Oct. 89 Aumento de Capital Autorizado: Emisión de acciones series "B" (Artículo 5).
9.- Nº 91 A.E.V/89 30 Oct. 89 Artículos 5, 23 y 24
10.- Nº 96 A.E.VI/90 12 Jun. 90 Aumento del Capital Autorizado (Artículo 5)
11.- Nº 97 A.E.VI/90 12 Jun. 90 Artículo 5, (inc. 1º)
12.- Nº 120 A.E.VII/96 02 Jul. 96 Artículos 5, 6, 8, 10, 23, 24, 27, 37 y 55.
13.- Nº 128 A.O. XXIX/98 06 Mar. 98 Artículos 5, 10 y 55
14.- Nº 130 A.E. VIII/98 02 Dic. 98 Artículo 5.

Nota:

A.O. Asamblea Ordinaria

A.E. Asamblea Extraordinaria

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Apruébase la incorporación de la República Oriental del Uruguay a la Corporación Andina de Fomento (CAF), de conformidad con el Convenio Constitutivo de la referida institución, cuyo texto original se adjunta como Anexo de la presente ley.

Artículo 2º.- Las obligaciones que demande la presente ley serán atendidas con recursos propios del Banco Central del Uruguay y formarán parte de su capital.

Artículo 3º.- El Banco Central del Uruguay realizará las gestiones pertinentes y las operaciones necesarias por cuenta y orden del Estado, para integrar el capital de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 16 de octubre de 2001.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

Anexo I al

Rep. Nº 783

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Asuntos Internacionales

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha estudiado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que aprueba la incorporación de la República a la Corporación Andina de Fomento (CAF), el que ya mereciera la sanción de la Cámara de Senadores.

La CAF existe desde 1968; se formó originalmente por los países del Pacto Andino, pero hoy reúne a varios más y a una veintena de Bancos privados de la región. Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Jamaica, Ecuador, Méjico, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago están formalmente incorporados; Argentina gestiona su integración.

La institución tiene por objeto desarrollar actividad financiera internacional, tendiente a atender las necesidades de financiamiento de los sectores público y privado de las naciones integradas.

Su existencia jurídica se fundamenta en un Convenio Constitutivo que data del 7 de febrero de 1968, que ha sido modificado catorce veces, por Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.

La sede de la CAF está en la ciudad de Caracas, y conforme a su Convenio puede establecer agencias o designar representantes en los países participantes.

Objetos fundamentales de la CAF son "impulsar el proceso de integración subregional" y "el aprovechamiento de las oportunidades y recursos que ofrezca su área de acción, mediante la creación de empresas de producción o de servicios y la ampliación, modernización o conversión de las existentes".

Se estima que el cumplimiento de esos objetivos globales podría ser beneficioso para Uruguay, tanto en el terreno público como en el privado. A través de la CAF podría atraerse al país inversión de importancia, a costos que se consideran sensiblemente inferiores a los del mercado financiero comercial.

La integración de Uruguay a la Corporación implica aceptar el Convenio Constitutivo y sus enmiendas e integrar capital.

El Convenio prevé la existencia de tres tipos de acciones a ser suscritas por integrantes o inversores. Consagra a la Asamblea de Accionistas como máximo órgano de la entidad; instituye al Directorio como encargado de establecer y dirigir la política de la CAF; determina las atribuciones del Presidente y los Vices; establece la forma de integración del personal, y pauta las inmunidades, exenciones y privilegios que otorgarán a la Corporación sus países miembros.

En cuanto a la integración del capital por parte de Uruguay, la exposición de motivos del proyecto de ley la fija en US$ 5.000.000 (cinco millones de dólares). El texto de la norma propuesta, determina que será suministrado por el Banco Central del Uruguay, de cuyo capital formará parte, al igual que todas las obligaciones que demande la incorporación.

En virtud de las características de la entidad, y teniendo en cuenta las posibilidades que el Poder Ejecutivo atribuye a la incorporación, esta Comisión aconseja aprobar el adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 14 de noviembre de 2001.

RAMÓN FONTICIELLA, Miembro informante, RUBEN H. DÍAZ, ARTURO HEBER FÜLLGRAFF, FÉLIX LAVIÑA, ENRIQUE PINTADO, CARLOS PITA, JULIO C. SILVEIRA".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Fonticiella.

SEÑOR FONTICIELLA.- Señor Presidente: voy a ser muy breve al hacer el informe sobre este proyecto, que ya fue aprobado por el Senado.

Se trata de una corporación que existe desde el año 1968, que tiene su sede en Caracas y que inicialmente fue conformada por los países del Pacto Andino. Hoy día ha sido enriquecida con seis países más, y Argentina está solicitando su incorporación. Además, está integrada por veinte bancos privados de la zona andina.

El objetivo que tiene la Corporación Andina de Fomento es impulsar el desarrollo integral regional y el aprovechamiento de recursos y oportunidades. Asimismo, desempeña prioritariamente la función de estudiar oportunidades de inversión, la de difundir los resultados de investigaciones realizadas a los efectos de promover inversiones y la de proporcionar asistencia técnica y financiera para proyectos.

Todo esto, que está contenido en el informe que suscribimos con la Comisión de Asuntos Internacionales, es lo esencial en cuanto a qué es la Corporación Andina de Fomento. Para Uruguay, conforme a las informaciones que nos han llegado desde el Poder Ejecutivo fundamentalmente, representa la posibilidad de participar en una organización financiera regional que podría estar dando beneficios de interés, sobre todo para proyectos de reconversión y de inversiones a tasas -es lo que se nos dice por parte del Poder Ejecutivo- que pueden ser muy beneficiosas para el desarrollo de actividades productivas en el país.

Esto implica que el país integre un capital de hasta US$ 5:000.000 por cuenta del Banco Central, que pasarán a formar parte del activo del propio Banco.

Es todo lo que tenemos que informar.

SEÑOR LAVIÑA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LAVIÑA.- Señor Presidente: quiero sumar expresamente nuestra voluntad de votar este convenio, por considerarlo muy importante para el país y, además, porque se inscribe en el proceso de integración latinoamericana, fundamentalmente a través de la Corporación Andina de Fomento, que es una institución financiera multilateral cuya misión esencial es apoyar el desarrollo sostenible de los países accionistas.

Sabemos que la Comunidad Andina, integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, tiene un sistema andino de integración, dentro del cual está la Corporación Andina de Fomento. El miembro informante, señor Diputado Fonticiella, ha sido muy explícito y ha hecho un informe absolutamente completo, que resume la voluntad unánime de la Comisión de Asuntos Internacionales.

Por lo tanto, vamos a votar afirmativamente y con mucho entusiasmo este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y uno en sesenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR LAVIÑA.- Mociono para que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta en sesenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 1º .

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y dos en sesenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 2º .

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y tres en sesenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 3º .

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cinco en sesenta y ocho: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR FONTICIELLA.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y ocho en setenta: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

16.- Alteración del orden del día.

——Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Vener Carboni, Falero, Ortuño y Rosete.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se considere en cuarto lugar del orden del día el asunto que figura en séptimo término: 'Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. (Se autoriza la ampliación del número de efectivos militares)".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cinco en setenta y uno: AFIRMATIVA.

17.- Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. (Se autoriza la ampliación del número de efectivos militares).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto que figuraba en séptimo término del orden del día y que pasó a ser cuarto: "Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. (Se autoriza la ampliación del número de efectivos militares)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 814

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 31 de octubre de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General,

don Luis Hierro López.

El Poder Ejecutivo tiene el agrado de remitir el adjunto proyecto de ley, a efectos que ese Cuerpo conceda la autorización establecida en el numeral 12) del artículo 85 de la Constitución de la República, a fin que se amplíe la integración de los efectivos militares que participan en la Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo.

Por la Ley Nº 17.299, de 16 de marzo de 2001, se autorizó la salida del país de efectivos de nuestras Fuerzas Armadas, a fin de participar en las operaciones precitadas, a partir del 8 de marzo de 2001 y por un período de hasta nueve meses, previéndose su relevo antes de la mencionada fecha.

Por la Ley Nº 17.360, de 25 de junio de 2001, se autorizó la salida del país de dos Oficiales de la Armada Nacional, a efectos de integrarse al contingente autorizado.

Posteriormente, con fecha 7 de agosto de 2001, el Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea General un proyecto de ley a través del cual se amplía hasta un máximo de 200 hombres el personal que integra la Compañía Fluvial de la Armada Nacional, que participa en la Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo.

Asimismo, por el Expediente del Ministerio de Defensa Nacional 2001068787, se gestionó el aumento de personal perteneciente al Comando General del Ejército desplegado en la citada misión.

En esta instancia, dicha Fuerza solicita se incremente el número de efectivos, en virtud de las necesidades emergentes de la implementación de las fases previstas y en ejecución por parte de las Naciones Unidas en el Congo, conforme a lo siguiente:

- Un Comando de Batallón de 5 Personal Superior y 19 Personal Subalterno.

- Una Compañía Mecanizada de 5 Personal Superior y 136 Personal Subalterno.

- Una Compañía de Fusileros de 5 Personal Superior y 111 Personal Subalterno.

- Una Compañía de Apoyo Logístico de 2 Personal Superior y 48 Personal Subalterno.

- Una Compañía de Apoyo de Combate de 4 Personal Superior y 92 Personal Subalterno.

- Una Sección de Policía Militar de 1 Personal Superior y 19 Personal Subalterno.

Cabe agregar que la Organización de las Naciones Unidas establece las fechas concretas de despliegue acorde a la situación en la región, variando sus requerimientos a los países de acuerdo a la disponibilidad concreta de medios materiales, lo que dificulta su previsión con mayor antelación, a fin de cumplir con los compromisos asumidos por la República.

Se destaca que nuestra participación se encuentra en consonancia con los principios que han guiado la política exterior del Estado uruguayo y dentro del marco del Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas.

Se señala asimismo, que la histórica participación en teatros de operaciones de alta conflictividad ha permitido el enaltecimiento de la consideración internacional de nuestro país y sus Fuerzas Armadas, por su contribución principista al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Por los fundamentos expuestos, se solicita la atención de ese Cuerpo al proyecto de ley que se acompaña y cuya aprobación se encarece.

Saluda con la mayor consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, LUIS BREZZO, GUILLERMO STIRLING, DIDIER OPERTTI.

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Amplíase la participación de efectivos del Ejército Nacional en la Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, desplegada a partir del 8 de marzo de 2001, cuya salida del país fuera autorizada por la Ley Nº 17.299, de 16 de marzo de 2001 en: un Comando de Batallón de 5 Personal Superior y 19 Personal Subalterno, una Compañía Mecanizada de 5 Personal Superior y 136 Personal Subalterno, una Compañía de Fusileros de 5 Personal Superior y 111 Personal Subalterno, una Compañía de Apoyo Logístico de 2 Personal Superior y 48 Personal Subalterno, una Compañía de Apoyo al Combate de 4 Personal Superior y 92 Personal Subalterno y una Sección de Policía Militar de 1 Personal Superior y 19 Personal Subalterno, a partir de noviembre de 2001 y por un período de hasta nueve meses.

Montevideo, 31 de octubre de 2001.

LUIS BREZZO, GUILLERMO STIRLING, DIDIER OPERTTI.

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Amplíase la participación de efectivos del Ejército Nacional en la Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, desplegada a partir del 8 de marzo de 2001, cuya salida del país fuera autorizada por la Ley Nº 17.299, de 16 de marzo de 2001 en: un Comando de Batallón de 5 Personal Superior y 19 Personal Subalterno, una Compañía Mecanizada de 5 Personal Superior y 136 Personal Subalterno, una Compañía de Fusileros de 5 Personal Superior y 111 Personal Subalterno, una Compañía de Apoyo Logístico de 2 Personal Superior y 48 Personal Subalterno, una Compañía de Apoyo al Combate de 4 Personal Superior y 92 Personal Subalterno y una Sección de Policía Militar de 1 Personal Superior y 19 Personal Subalterno, a partir de noviembre de 2001 y por un período de hasta nueve meses.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 14 de noviembre de 2001.

ALEJANDRO ATCHUGARRY
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

Anexo I al

Rep. Nº 814

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Defensa Nacional

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Defensa Nacional considera conveniente dar aprobación al proyecto de ley que el Poder Ejecutivo remitiera y que fuera aprobado oportunamente por la Cámara de Senadores, solicitando la autorización establecida en el numeral 12) del artículo 85 de la Constitución de la República, con el objeto de que se amplíe la integración de los efectivos militares que participan en la Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo.

Se solicita el aumento del personal perteneciente al Comando General del Ejército desplegado en la citada misión, en virtud de las necesidades emergentes de la implementación y ejecución de las fases previstas, de acuerdo a lo siguiente:

- Un Comando de Batallón de cinco Personal Superior y diecinueve Personal Subalterno.

- Una compañía Mecanizada de cinco Personal Superior y ciento treinta y seis Personal Subalterno.

- Una compañía de Fusileros de cinco Personal Superior y ciento once Personal Subalterno.

- Una Compañía de Apoyo Logístico de dos Personal Superior y cuarenta y ocho Personal Subalterno.

- Una Compañía de Apoyo de Combate de cuatro Personal Superior y noventa y dos Personal Subalterno.

- Una Sección de Policía Militar de un Personal Superior y diecinueve Personal Subalterno.

Se debe tener presente que nuestra participación se encuentra en consonancia con los principios que han guiado la política exterior del Estado uruguayo y dentro del marco del Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas.

La histórica participación en teatros de operaciones en zonas de alta conflictividad ha permitido el enaltecimiento de la consideración internacional hacia nuestro país y sus Fuerzas Armadas, por su contribución principista al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Las misiones de paz son muy importantes desde el punto de vista militar y profesional, pero también en cuanto a las relaciones exteriores del país. Se trata de una presencia importante del Ejército para contribuir a una política de Estado, se entiende que el pabellón y el personal del Uruguay están haciendo presencia en el continente africano con efectivos de nuestro país como un todo.

Creemos del caso traer a colación dos frases que alumbran lo que es el Ejército uruguayo en su tradición de misiones de paz, y lo valedero de la presencia del Uruguay en el contexto internacional. El Jefe del Estado Mayor británico en una visita a Angola, en referencia al contingente uruguayo allí desplegado, dijo: "Ustedes los uruguayos tienen la capacidad de transformar infiernos en paraísos". El General Sanderson, sobre nuestros efectivos desplegados en Camboya con una fracción de Fusileros Navales, dijo: "Lo que no se hizo en seis meses en la provincia de Kratie, los uruguayos lo hicieron en cuatro días; cruzaron el río Mekong y demostraron a Khemer Rojo su voluntad de dialogar con ellos".

Entendemos que esto está avalado por el muy buen desempeño que han tenido nuestras misiones y nuestros contingentes, y esto debido al gran contenido de nuestros recursos humanos, que siempre se han sabido granjear la amistad de todos los habitantes de las zonas en que han actuado, ya fueron de un bando como de otro.

Por los fundamentos expuestos, se solicita al Cuerpo dar la autorización solicitada en el proyecto de ley antes mencionado.

Sala de la Comisión, 21 de noviembre de 2001.

HUGO ROSETE, Miembro informante, JOSÉ BAYARDI, WALTER VENER CARBONI".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Rosete.

SEÑOR ROSETE.- Señor Presidente: la Comisión de Defensa Nacional considera conveniente dar aprobación al proyecto de ley que el Poder Ejecutivo remitiera y que fuera aprobado oportunamente por la Cámara de Senadores, solicitando la autorización establecida en el numeral 12) del artículo 85 de la Constitución de la República, con el objeto de que se amplíe la integración de los efectivos militares que participan en la Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo.

Se solicita el aumento del personal perteneciente al Comando General del Ejército desplegado en la citada misión, en virtud de las necesidades emergentes de la implementación y ejecución de las fases previstas, de acuerdo con lo siguiente: un Comando de Batallón de 5 Personal Superior y 19 Personal Subalterno; una compañía Mecanizada de 5 Personal Superior y 136 Personal Subalterno; una compañía de Fusileros de 5 Personal Superior y 111 Personal Subalterno; una Compañía de Apoyo Logístico de 2 Personal Superior y 48 Personal Subalterno; una Compañía de Apoyo de Combate de 4 Personal Superior y 92 Personal Subalterno; una Sección de Policía Militar de 1 Personal Superior y 19 Personal Subalterno.

(Murmullos.- Campana de orden)

——Se debe tener presente que nuestra participación se encuentra en consonancia con los principios que han guiado la política exterior del Estado uruguayo y dentro del marco del Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas.

La histórica participación en teatros de operaciones en zonas de alta conflictividad ha permitido el enaltecimiento de la consideración internacional hacia nuestro país y sus Fuerzas Armadas, por su contribución principista al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Las misiones de paz son muy importantes desde el punto de vista militar y profesional, y también en cuanto a las relaciones exteriores del país.

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Es absolutamente imposible tomar en forma correcta la versión taquigráfica de la exposición del señor miembro informante, por lo que rogamos que se haga silencio para que pueda finalizarla.

Puede continuar el señor miembro informante.

SEÑOR ROSETE.- Decía, señor Presidente, que se trata de una presencia importante del Ejército para contribuir a una política de Estado, ya que se entiende que el Pabellón y el personal del Uruguay están haciendo presencia en el continente africano con efectivos de nuestro país como un todo.

(Murmullos)

——Creemos del caso traer a colación dos frases que alumbran lo que es el Ejército uruguayo en su tradición de misiones de paz, y lo valedero de la presencia del Uruguay en el contexto internacional.

(Murmullos)

——Señor Presidente: creo que va a ser mejor que se copie el informe, porque nadie lo escucha.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y cinco en setenta y dos: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y ocho en setenta y uno: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR VENER CARBONI.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cinco en setenta y dos: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

18.- Llamado a Sala al señor Ministro de Economía y Finanzas.

——Dese cuenta de una moción presentada por los señores Diputados Orrico, Obispo y Sellanes.

(Se lee:)

"Mocionamos para que sea llamado a Sala -artículo 119 de la Constitución de la República- el señor Ministro de Economía y Finanzas, a fin de que se sirva informar sobre la situación económica y social de Bella Unión. Designamos miembro interpelante al señor Representante Agazzi".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y ocho en setenta y nueve: AFIRMATIVA.

La Mesa coordinará con el señor Ministro de Economía y Finanzas y con el señor miembro interpelante designado la fecha y la hora en que se convocará a la Cámara para realizar la interpelación.

SEÑOR MIERES (don Pablo).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MIERES (don Pablo).- Señor Presidente: siguiendo la tradición del Nuevo Espacio en cuanto a habilitar los llamados a Sala y dejando claro que nuestro Partido y nuestro sector parlamentario van a fijar la posición en el momento correspondiente, hemos apoyado el llamado a Sala solicitado.

19.- Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del MERCOSUR y la República de Bolivia y la República de Chile. (Aprobación).

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se pasa a considerar el asunto que figuraba en cuarto término del orden del día y que pasó a ser quinto: "Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del MERCOSUR y la República de Bolivia y la República de Chile. (Aprobación)".

(NUEVOS ANTECEDENTES:)

Anexo II al

Rep. Nº 239

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Asuntos Internacionales

INFORME

Señores Representantes:

Luego de ingresar al plenario de la Cámara, a solicitud de varios Diputados, este Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del MERCOSUR y la República de Bolivia y la República de Chile, volvió a consideración de la Comisión de Asuntos Internacionales a los efectos de que la misma invite a los especialistas profesor doctor Gonzalo Fernández y profesor doctor Miguel Langón Cuñarro, quienes formularon sus respectivas exposiciones. Estudiadas las mismas y a la luz de un examen profundo del texto del Tratado y de sus antecedentes, la Comisión reitera al plenario la necesidad de sancionar el proyecto de ley por medio del cual se aprueba el presente Tratado, por los fundamentos que se pasan a exponer.

I) IMPORTANCIA DEL TRATADO

Destacamos los siguientes aspectos:

1 - Es un Tratado de gran trascendencia porque reafirma la cooperación judicial entre seis países, en un tema tan importante como sin duda lo es la extradición, instituto que es regulado tanto desde el punto de vista material como procesal.

2 - Es un Tratado que marca una evolución en el Derecho Internacional Penal, acorde con la que se está operando hace algún tiempo en el orden internacional, dando soluciones a los problemas que plantean las nuevas modalidades de la criminalidad nacional e internacional.

3 - La adopción de un régimen regional común de extradición partió de la base de antecedentes como los que rigen actualmente en la Unión Europea e incluso el suscrito entre Uruguay con España, el 28 de febrero de 1996, que entró en vigencia por la Ley Nº 16.799, de 20 de noviembre de 1996. El texto negociado en diversas reuniones por los Ministros de Justicia o con cometidos de Justicia del MERCOSUR, más los de Bolivia y Chile y conforme a las Decisiones Nº 14/96 y 12/97 del Consejo del Mercado Común, se suscribieron dos tratados de extradición de igual texto, uno vinculante entre los países del MERCOSUR y el otro entre los cuatro Estados Miembros, más Bolivia y Chile.

II) MARCO EN EL QUE SE INSCRIBE EL TRATADO

Como se advierte, este Tratado se inscribe dentro de los objetivos del Tratado de Asunción, firmado el 26 de marzo de 1991, entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y en el Protocolo de Ouro Preto, de 17 de diciembre de 1994, también suscrito por las mismas Partes. Y responde, asimismo, a las exigencias del Acuerdo de Complementación Económica Nº 16, firmado entre dichos países del MERCOSUR y la República de Bolivia, al Acuerdo de Complementación Económica entre el MERCOSUR y la República de Chile y a las decisiones del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR Nº 14/96: "Participación de Terceros Países Asociados en Reuniones del MERCOSUR" y Nº 12/97: "Participación de Chile en Reuniones del MERCOSUR". Se desprende de toda esta instrumentación de legislación regional que esos países asumieron el compromiso, para los Estados Partes, de armonizar sus legislaciones.

III) PRINCIPIOS GENERALES Y PROCEDENCIA DE LA EXTRADICIÓN

Dentro del Capítulo I se establecen los principios generales que, en lo fundamental, siguen los lineamientos siguientes:

Si bien no se formula una definición de la extradición, que en general nada se dice en este tipo de tratado, se consagra la obligación de extraditar para ambas Partes. Como consecuencia de ello, el fallo judicial genera un efecto vinculante para los Gobiernos Contratantes. En efecto, en el texto (Artículo 1) se dice que "Los Estados Partes se obligan a entregarse recíprocamente, según las reglas y las condiciones establecidas en el presente Acuerdo, a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios y sean requeridas por las autoridades competentes de otro Estado Parte para ser procesadas por la presunta comisión de algún delito para que responda a un proceso en curso, o para la ejecución de una pena privativa de libertad".

En el Artículo 2 se determinan los delitos que dan lugar a la extradición, consagrando el principio de la doble identidad o doble incriminación. Es así que se estableció en el numeral 1 del Artículo 2, "que darán lugar a la extradición los hechos tipificados como delitos por las leyes del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido, cualquiera sea la denominación de los delitos, que sean punibles en ambos Estados con una pena privativa de libertad, cuya duración máxima no sea inferior a dos años". 'Igual que con el Tratado con España, de 28 de febrero de 1996, ya ley entre las Partes (Uruguay-España), se deja el sistema de 'numerus clausus' de los viejos tratados, en donde se enumeraban exhaustivamente los delitos por los que procedía la extradición. Ese sistema corría el seguro riesgo de quedar obsoleto por la aparición de nuevos delitos en las legislaciones nacionales. Como lo han repetido los autores especialistas en estos temas, 'de esta manera se abdicó a favor del sistema de 'numerus apertus' que no constituye una renuncia al principio de legalidad sino, por el contrario, coincide con el de doble incriminación o de identidad normativa, según el cual los delitos que pueden dar lugar a la extradición han de ser calificados como tales y penados por las legislaciones del Estado requirente y requerido, no exigiéndose identidad de "nomen irius". Aquí conviene precisar que aunque no lo indica la norma, es el Estado requerido, quien debe calificar y valorar los hechos de acuerdo a sus distintas legislaciones.

Conviene aclarar, sin entrar todavía a contestar las observaciones formuladas a este Tratado que, en cuanto a qué ley se tiene en cuenta para evaluar la gravedad de la pena, la observación hecha en Sala, con respecto al Acuerdo bilateral suscrito con España, ha sido subsanada en el Artículo 2.1. del Tratado que hoy estamos examinando, porque esta disposición prevé que darán lugar a la extradición los hechos tipificados como delitos por las leyes del Estado Parte requirente y el Estado Parte requerido, cualquiera sea la denominación de los delitos "que sean punibles en ambos Estados" con una pena privativa de la libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años". De la letra de la norma surge claramente la necesidad de la aplicación acumulativa.

VI) EXTRADICIÓN DE DELITOS CONEXOS

En el numeral 2 del Artículo 2, se establece que "Si la extradición fuera requerida para la ejecución de una sentencia se exigirá, además, que la parte de la pena que aún quede por cumplir no sea inferior a seis meses". El numeral 3 del Artículo 2 regula la extradición de los delitos conexos y en el punto se expresa que: "Si la extradición requerida por uno de los Estados Partes estuviere referida a delitos diversos y conexos, respetando el principio de la doble incriminación para cada uno de ellos, bastará que uno de los mismos satisfaga las exigencias previstas en este Artículo para que pueda concederse la extradición, inclusive con respecto de los otros delitos".

Se desprende de esta disposición que uno de los delitos en cuestión debe siempre ser castigado con pena de dos años. En algunos casos (precisamente cuando es conexo) puede "arrastrar" un delito castigado con pena menor. Esta es una solución de recibo en el derecho comparado, no es una innovación.

Y para terminar con el análisis del Artículo 2, su último numeral, el 5, tiene una importancia singular, cuyo alcance puede, a mi entender, corregir, atenuar o subsanar algunas expresiones que pueden estimarse como incorrectas del "explosivo" Artículo 5 que regula la improcedencia de la extradición, cuando se trate de delitos que el Estado Parte requerido considere políticos o conexos con delitos de esta naturaleza. Que quede claro que digo "puede", por lo que no pretendo, desentrañar contundentemente, el significado y alcance de esta disposición, pero que nos exige a todos nosotros poner la máxima atención, especialmente cuando no contamos con fuentes auxiliares como actas o escritos aclaratorios.

Dice el numeral 5 del Artículo 2 que "Cualquier delito que no esté expresamente exceptuado en el Capítulo III del presente Acuerdo dará lugar a la extradición, siempre que cumpla con los requisitos previstos en el Artículo 3. Y este Artículo 3 del Capítulo II hace referencia a la jurisdicción, doble incriminación y pena. Y con clara precisión agrega que: "Para que la extradición sea considerada procedente es necesario: a) que el Estado Parte requirente tenga jurisdicción para entender en la causa; y b) que en el momento en que se solicita la extradición los hechos que fundan el pedido satisfagan las exigencias del Artículo 2 del presente Acuerdo".

Y este nuevo reenvío al Artículo 2 reafirma que los delitos deben estar debidamente tipificados por las respectivas legislaciones nacionales, es decir, que requiere la doble incriminación y la calificación de la gravedad de la pena. Esto puede disipar las preocupaciones que emergerán seguidamente cuando tratemos el Artículo 5 relativo a los delitos políticos, con mayor precisión a las excepciones particulares de la excepción general de delito político, y lo digo en el sentido de que aventaría lo que podría entenderse como generalizaciones, o violación al principio de "nulla crimen, nulla pena sine previa legge", o que admitiría la inadmisible analogía en materia penal. Pero sobre este tema discutiremos en unos minutos más, y esto que he adelantado se debe a que en el camino del examen del Tratado, me he tropezado con ese riquísimo numeral 5 del Artículo 2, que debemos de tenerlo siempre presente.

A esta altura quiero subrayar que, en general, este Tratado constituye una pieza jurídica armónica, moderna, de jerarquía indiscutible con objetivos nobles, y representa un esfuerzo trascendente en el esquema del MERCOSUR, tendiente a armonizar sus legislaciones. Estimo que la Comisión de Asuntos Internacionales hizo bien en aconsejar su aprobación al plenario porque tiene fundamentos serios para hacerlo, y es un mérito más a la incansable tarea que ha desarrollado durante el año pasado y que lo continúa haciendo en el presente.

Y aquí llegamos, en definitiva para culminar mis primeras apreciaciones, en relación con este Tratado, al Capítulo III relativo a la improcedencia de la extradición.

V) IMPROCEDENCIA DE LA EXTRADICIÓN

El Artículo 5 en el Capítulo III establece la excepción a la regla general regulada en el Artículo 1, por la que los Estados se obligan a entregarse recíprocamente a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios y sean requeridas por las autoridades competentes de otro Estado Parte, para ser procesados por la presunta comisión de algún delito, para que respondan a un proceso en curso, o para la ejecución de una pena privativa de libertad.

En tal sentido "No se concederá la extradición por delitos que el Estado Parte requerido considere políticos o conexos con delitos de esta naturaleza". Y se agrega que: "la mera invocación de un fin o motivo político, no implicará que este deba necesariamente calificarse como tal".

Como vemos, el Tratado sigue el criterio admitido pacíficamente por el Derecho Internacional que atribuye la competencia sobre la valoración de los delitos como políticos al Estado requerido, es decir, que la calificación corre a cargo del Estado de refugio.

El Tratado no define el delito político, recordando aquí que la doctrina penal en general ha vacilado entre las teorías subjetivas, objetivas o mixtas a la hora de fijar un criterio para determinar cuando un delito es político. Podríamos aventurarnos optando por un criterio ecléctico, exigiendo la existencia de un móvil político y que a la vez el hecho ofenda un bien jurídico que tenga sustrato político, o sea que ataque al Estado en su existencia, seguridad, integridad, forma o constitución.

Pero dejemos ello para la doctrina penal y entremos a un tema crucial: las excepciones a la excepción del Artículo 5.

Este numeral 2 del Artículo 5 especifica que a los fines del presente Acuerdo, no serán considerados delitos políticos bajo ninguna circunstancia: y empieza con el literal a) que refiere al "atentado contra la vida o la acción de dar muerte a un Jefe de Estado o de Gobierno o a otras autoridades nacionales o locales o a sus familiares".

La histórica excepción (delito político) admite aquí excepciones (la del literal a) y las que siguen) por lo que "la regla se resquebraja en su fórmula tradicional y un sector de los delitos políticos pasa a integrar las contingencias que fundan la admisibilidad de la extradición".

El literal a) citado establece la primera excepción al delito político, es la llamada "Cláusula Belga o de Atentado" y fue la primera salvedad a nivel mundial que irrumpió ante el rígido principio que impedía la extradición por motivos políticos. Dio origen a ella el atentado de Jacquin contra la vida de Napoleón III en Bruselas y que tuvo como reacción la ley belga que excluyó de los delitos políticos el regicidio o magnicidio e incluso a sus familiares. Luego de este episodio tal excepción a la excepción general, que se repitió en muchísimos tratados.

El literal b) del numeral 2 del Artículo 5 del Tratado, que estamos considerando hoy, establece la segunda excepción, o sea que no se considerará delito político, el genocidio, los crímenes de guerra o los delitos contra la humanidad en violación de las normas del derecho internacional.

Se trata de un tema que entra en el Derecho Humanitario cuyos aspectos fundamentales tratan de ser amparados por todo un sistema internacional y regional de protección de los derechos humanos. Esta es una de las más justificadas excepciones, que no admite ninguna discusión.

El literal siguiente, literal c), excluye de los delitos políticos a los actos de naturaleza terrorista que impliquen conductas que se mencionan en los seis sub literales siguientes.

La primera valoración que nos merece el literal c), es que corresponde a los principios tradicionales de la República, como país de tolerancia y de paz, y cuya estructura jurídica constitucional instituye un sistema o forma democrática de gobierno, que admite y tolera todas las ideas, razas, religiones y partidos políticos, que por tales vías pueden llegar a realizar todas las transformaciones y cambios dentro de la ley, los principios de justicia y el respeto a la vida. La proyección de esta concepción al orden internacional nos lleva libremente a rechazar la violencia que significa el terrorismo, al que consideramos un flagelo de la humanidad y que por la falta de respeto a la vida de los demás no puede ser jamás calificado como delito político. Por otra parte, la moderna tendencia del Derecho Internacional excluye los delitos contra la humanidad y los delitos de terrorismo del régimen de los delitos políticos, admitiendo en consecuencia el procedimiento de la extradición.

Fijada esta posición que es la del Tratado de Extradición que estamos analizando, corresponde hacer referencia a términos muy polémicos que ya fueron criticados duramente, en Sala, por el Diputado Carlos Pita y por el Diputado Jorge Orrico. El literal c), cuando menciona a los actos de naturaleza terrorista, agrega que: "a título ilustrativo" impliquen algunas de las siguientes conductas que van del sub literal i) al vi). También, particularmente en el sub literal v) se usa la expresión "en general, cualquier acto no comprendido en los supuestos anteriores cometido con el propósito de atemorizar a la población, a clases o sectores de la misma, atentar contra la economía de un país, su patrimonio cultural o ecológico, o cometer represalias de carácter político, racial o religioso".

Nosotros claramente tenemos que decir que si lo que los autores o negociadores del proyecto pretendieron o estamparon en el literal c) del numeral 2 del Artículo 5 y dentro de este literal c) en el sub literal v), la aplicación de la analogía, inadmisible en el Derecho Penal, y la violación del principio "nulla crimen, nulla pena sine previa legge penale", por supuesto que rechazamos enfáticamente tal temperamento absolutamente antijurídico.

Pero como dijimos al comienzo, al destacar la importancia del Tratado, el mismo constituye una pieza jurídica importante, moderna, que representa un esfuerzo trascendente en el esquema del MERCOSUR, tendiente a armonizar las legislaciones de los Estados Partes.

No obstante las precisiones que hemos formulado sobre la antijuricidad de los términos y en cierta forma, aparentes conceptos también alejados de la doctrina y del derecho positivo penal, tenemos que advertir al plenario sobre la necesidad de profundizar el alcance del numeral 5 del Artículo 2 de este Tratado, sobre el cual ya habíamos adelantado algo. El envío que formula el numeral 5 del Artículo 2, al Artículo 3, especialmente al apartado b), exigen el control del órgano jurisdiccional competente, la tipificación y doble incriminación para cualquier delito que no esté expresamente exceptuado en el Capítulo III de este Acuerdo. Ello puede dar pie a sostener que la referencia "a título ilustrativo" o "en general" en modo alguno puede interpretarse como una falta de tipificación o una violación del principio "nulla crimen sine legge". A ello podría agregar que ningún tratado de extradición tipifica delitos. Quienes los tipifican son los Estados en su legislación penal interna. Y que por lo tanto las conductas mencionadas, tanto "a título ilustrativo" como la cláusula residual final que empieza diciendo "en general" jamás serán objeto de extradición si no son delitos según la legislación penal del Estado requerido y del Estado requirente, y que ni siquiera es suficiente con que sean considerados como delito en uno solo de los Estados.

VI) INFORMES DE LOS ESPECIALISTAS INVITADOS

De las exposiciones de los especialistas invitados a la Comisión hemos recogido observaciones del profesor doctor Gonzalo Fernández, especialmente en las confirmaciones de algunas alegaciones hechas en Sala relativas al Artículo 5 del Tratado.

No obstante nos han parecido convenientes los argumentos expuestos por el Director del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la República, doctor Miguel Langón Cuñarro, quien expresó, en lo fundamental, que "en materia de extradición, creo que en los últimos tiempos se ha dado una evolución debido, probablemente, a los procesos de globalización y a un mundo más intercomunicado. Además, contamos con algunos instrumentos como un tratado modelo de extradición de Naciones Unidas sobre el problema del terrorismo. Allí surgen algunos parámetros y creo que el Uruguay está caminando en ese sentido. Por ello, ninguno de estos instrumentos me ocasiona violencia... Se trata de instrumentos sobre los que tengo una opinión favorable porque creo que están en la buena línea y no tienen elementos significativos importantes como para oponerse a ellos".

En función de la extensión de la exposición del doctor Miguel Langón Cuñarro, nos remitimos a las actas de la Comisión, entendiendo que los puntos y temas concretos del Tratado en estudio son coincidentes con los argumentos desarrollados en este Informe.

Por lo que antecede, esta Comisión aconseja al plenario la sanción del adjunto proyecto de ley por medio del cual se aprueba este Tratado.

Sala de la Comisión, 10 de octubre de 2001.

FÉLIX LAVIÑA, Miembro Informante, RUBEN H. DÍAZ, ARTURO HEBER FÜLLGRAFF, JULIO C. SILVEIRA.

RAMÓN FONTICIELLA, ENRIQUE PINTADO y CARLOS PITA, discordes por los fundamentos que expresarán en Sala".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Laviña.

SEÑOR LAVIÑA.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero resaltar la vigencia y la actualidad de los temas tratados...

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- La Cámara va a suspender el desarrollo de la sesión durante algunos minutos a los efectos de finalizar con la votación de las pensiones graciables, ya que es absolutamente inaudible lo que el señor Diputado está diciendo.

(Así se procede)

——Puede continuar el miembro informante, señor Diputado Laviña.

SEÑOR LAVIÑA.- Señor Presidente: este tratado de extradición suscrito hace algunos años entre los cuatro países del MERCOSUR más Chile y Bolivia, mantiene su vigencia actual y su trascendencia ante hechos que conmueven al mundo, especialmente en relación con los temas del terrorismo. De ahí la importancia y el interés que debería despertar -estoy seguro de ello- en los cuatro Partidos políticos para lograr la aprobación por unanimidad de estos dos tratados que se van a considerar sucesivamente en la tarde de hoy.

En el artículo 1 se especifica que la extradición es un procedimiento para vincular a un proceso penal a delincuentes que hayan cometido un delito en cualquiera de los países signatarios.

Efectivamente, es un procedimiento, pero también en el artículo 5 se ingresa a un tema fundamentalmente de carácter político: nada más y nada menos que la exclusión del concepto de delito político del genocidio, de los crímenes de guerra o de los delitos contra la humanidad en violación de las normas del derecho internacional y todos los actos de naturaleza terrorista que a título ilustrativo se indica. Adelanto esto, justamente, para resaltar la importancia política y la actualidad de este tratado en el campo internacional.

Si tuviéramos que distinguir diferentes tipos de tratados, diríamos que los podemos dividir en tratados de extradición antiguos y modernos y, asimismo, en tratados de extradición multilaterales y bilaterales, pero lo que importa es la primera distinción. Este es un tratado moderno, y voy a decir las razones.

Entre los tratados antiguos, multilaterales, tenemos el aprobado en el Congreso de Montevideo en 1888 y 1889, celebrado a iniciativa del doctor Gonzalo Ramírez, quien era Profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad de la República. En esa oportunidad se aprobaron ocho tratados, entre los cuales estuvo el Tratado de Derecho Penal Internacional. En 1939 y 1940 se celebró otro Congreso en Montevideo, en el que se aprobaron varios tratados, entre los cuales estuvieron el Tratado sobre Asilo y Refugio Político y el Tratado de Derecho Penal Internacional.

Entre los tratados modernos que refieren a la extradición tenemos los firmados entre Uruguay y España y entre Uruguay y Francia. Sin embargo, estos dos tratados modernos son bilaterales. En consecuencia, en este momento histórico y nuevo que nos toca vivir necesitamos suscribir tratados multilaterales como el que empezamos a analizar hoy en la Cámara de Representantes, es decir, el Acuerdo sobre Extradición suscrito entre los cuatro países del MERCOSUR más Chile y Bolivia, así como el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del MERCOSUR -figura en el siguiente punto del orden del día-, idéntico al que estamos considerando en este momento.

Nos tenemos que preguntar cuál es la diferencia esencial entre los tratados antiguos y los modernos: el concepto de delito político. Hoy no se considera delito político al terrorismo y, modernamente, en el orden internacional, jurídico y político, a nadie se le ocurre sostener que lo es. Por lo tanto, el terrorismo debe someterse al proceso de extradición para ser juzgado por tribunales competentes.

En el tratado que rige actualmente en la Unión Europea -suscrito por sus quince países- se dice expresamente que los delitos de terrorismo no son de carácter político y, por tanto, los terroristas deben ser extraditados mediante un procedimiento rápido y adecuado. Además, los señores legisladores saben que las Naciones Unidas elaboraron un proyecto moderno sobre extradición, un modelo de tratado en el que se acepta este concepto. Quiere decir que hay consenso mundial en cuanto a no considerar delitos políticos a los actos terroristas.

Hecha esta primera precisión, quiero rescatar algunos de los conceptos expresados en el informe que presentamos, aprobado por la mayoría de los integrantes de la Comisión, y que tenemos la esperanza de que cuente con el asentimiento de todos los Partidos políticos.

En primer lugar, es un tratado de gran trascendencia porque reafirma la cooperación judicial entre seis países en un tema tan importante como, sin duda, es la extradición, instituto regulado tanto desde el punto de vista material como procesal.

En segundo término, es un tratado moderno que marca una evolución en el derecho internacional penal, acorde con la que se viene operando desde hace algún tiempo en el orden internacional, dando soluciones a los problemas que plantean las nuevas modalidades de la criminalidad nacional e internacional.

Y, en tercer lugar, este tratado es el resultado de los consensos logrados en los institutos de integración del MERCOSUR y, por lo tanto, es aprobado por los distintos Gobiernos democráticos que forman parte de este proceso de integración.

En cuanto al marco en el que se inscribe este tratado, está dentro de los objetivos del Tratado de Asunción -firmado el 26 de marzo de 1991, entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- y del Protocolo de Ouro Preto del 17 de diciembre de 1994, suscrito por las mismas partes. Asimismo, responde a las exigencias del Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 -firmado entre los países del MERCOSUR y la República de Bolivia-, del Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 -firmado entre los países del MERCOSUR y la República de Chile- y a las decisiones del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR Nº 14/96 -"Participación de Terceros Países Asociados en Reuniones del MERCOSUR"- y Nº 12/97 -"Participación de Chile en Reuniones del MERCOSUR". De toda esta instrumentación a nivel regional se desprende que los Estados Parte asumieron el compromiso de armonizar sus legislaciones.

En el Capítulo I de este Acuerdo se establecen los principios generales que, en lo fundamental, siguen los lineamientos siguientes.

Si bien no se formula una definición de extradición -en general, nada se dice al respecto en este tipo de tratado-, se consagra la obligación de extraditar para ambas partes. Como consecuencia de ello, el fallo judicial genera un efecto vinculante para los Gobiernos contratantes. En efecto, en el artículo 1 se dice: "Los Estados Parte se obligan a entregarse recíprocamente, según las reglas y las condiciones establecidas en el presente Acuerdo, a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios y sean requeridas por las autoridades competentes de otro Estado Parte, para ser procesadas por la presunta comisión de algún delito, para que responda a un proceso en curso o para la ejecución de una pena privativa de libertad".

En el artículo 2 se determinan los delitos que dan lugar a la extradición, consagrando el principio de la doble identidad o doble incriminación. Así es que en el numeral 1 del artículo 2 se dispuso: "Darán lugar a la extradición los hechos tipificados como delito por las leyes del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido, cualquiera sea la denominación de los delitos, que sean punibles en ambos Estados con una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años".

Igual que como sucedió con el tratado celebrado con España el 28 de febrero de 1996, se deja de lado el sistema de "numerus clausus" de los viejos tratados, por el que se enumeraban exhaustivamente los delitos por los que procedía la extradición. Ese sistema corría el seguro riesgo de quedar obsoleto por la aparición de nuevos delitos en las legislaciones nacionales. Como han repetido los autores especialistas en estos temas, "de esta manera se abdicó a favor del sistema de 'numerus apertus' que no constituye una renuncia al principio de legalidad sino, por el contrario, coincide con el de doble incriminación o de identidad normativa, según el cual los delitos que pueden dar lugar a la extradición han de ser calificados como tales y penados por las legislaciones del Estado requirente y requerido, no exigiéndose identidad de 'nomen iuris'". Aquí conviene precisar que, aunque no lo indica la norma, es el Estado requerido quien debe calificar y valorar los hechos de acuerdo con sus distintas legislaciones.

En cuanto a qué ley se tiene en cuenta para evaluar la gravedad de la pena, conviene aclarar que la observación hecha en Sala con respecto al Acuerdo bilateral suscrito con España ha sido subsanada en el numeral 1 del artículo 2 del Acuerdo que hoy estamos examinando, porque esta disposición prevé: "Darán lugar a la extradición los hechos tipificados como delitos por las leyes del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido, cualquiera sea la denominación de los delitos que sean punibles en ambos Estados con una pena privativa de la libertad, cuya duración máxima no sea inferior a dos años". De la letra de la norma surge claramente la necesidad de la aplicación acumulativa.

Con relación a la extradición de delitos conexos, cabe decir que en el numeral 2 del artículo 2 se establece: "Si la extradición fuera requerida para la ejecución de una sentencia se exigirá, además, que la parte de la pena que aún quede por cumplir no sea inferior a seis meses". En el numeral 3 de ese artículo se regula la extradición de los delitos conexos y en el punto se expresa: "Si la extradición requerida por uno de los Estados Parte estuviere referida a delitos diversos y conexos, respetando el principio de la doble incriminación para cada uno de ellos, bastará que uno de los mismos satisfaga las exigencias previstas en este artículo para que pueda concederse la extradición, inclusive con respecto de los otros delitos". De esta disposición se desprende que uno de los delitos en cuestión debe siempre ser castigado con pena de dos años. En algunos casos, precisamente, cuando el delito es conexo, puede arrastrar un delito castigado con pena menor. Esta es una solución de recibo en el derecho comparado; no es una innovación.

Terminando con el análisis del artículo 2, quiero decir que su último numeral, el 5, tiene una importancia singular, cuyo alcance, a mi entender, puede corregir, atenuar o subsanar algunas expresiones que pueden estimarse incorrectas del discutido artículo 5, que regula la improcedencia de la extradición cuando se trate de delitos que el Estado Parte requerido considere políticos o conexos con delitos de esta naturaleza. Que quede claro que digo "puede", por lo que no pretendo desentrañar contundentemente el significado y alcance de esta disposición, pero nos exige a todos poner la máxima atención, especialmente cuando no contamos con fuentes auxiliares como actas o escritos aclaratorios. En el numeral 5 del artículo 2 se dice: "Cualquier delito que no esté expresamente exceptuado en el Capítulo III del presente Acuerdo dará lugar a la extradición, siempre que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 3". Y el artículo 3 del Capítulo II hace referencia a la jurisdicción, a la doble incriminación y a la pena, y con clara precisión agrega: "Para que la extradición sea considerada procedente es necesario: a) que el Estado Parte requirente tenga jurisdicción para entender en la causa; b) que en el momento en que se solicita la extradición los hechos que fundan el pedido satisfagan las exigencias del artículo 2 del presente Acuerdo".

Este nuevo reenvío al artículo 2 reafirma que los delitos deben estar debidamente tipificados por las respectivas legislaciones nacionales, es decir que requiere la doble incriminación y la calificación de la gravedad de la pena. Esto puede disipar las preocupaciones que emergerán seguidamente cuando tratemos el artículo 5, relativo a los delitos políticos, con mayor precisión en cuanto a las excepciones particulares de la excepción general de delito político; y lo digo en el sentido de que aventaría lo que podría entenderse como generalizaciones, o violación al principio de "nullum crimen, nulla pena sine previa lege", o que admitiría la inadmisible analogía en materia penal. Pero sobre este tema hablaremos en unos minutos más, y esto que he adelantado se debe a que en el camino me he encontrado con este artículo, que tiene una gran trascendencia y que aclara muy bien, a mi entender, la exigencia de la doble incriminación y la tipificación de los delitos en ambos Estados Parte contratantes.

A esta altura quiero subrayar que en general este tratado constituye una pieza jurídica armónica, moderna, de jerarquía indiscutible con objetivos nobles, y representa un esfuerzo trascendente en el esquema del MERCOSUR, tendiente a armonizar sus legislaciones. Estimo que la Comisión de Asuntos Internacionales hizo bien en aconsejar su aprobación al plenario, porque tiene fundamentos serios para hacerlo, y es un mérito más a la incansable tarea que ha desarrollado durante el año pasado y que continúa haciendo en el presente.

Y aquí llegamos, en definitiva, para culminar mis primeras apreciaciones con relación a este Acuerdo, al Capítulo III relativo a la improcedencia de la extradición.

El artículo 5, en el Capítulo III, establece la excepción a la regla general establecida en el artículo 1, por la que los Estados se obligan a entregarse recíprocamente a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios y sean requeridas por las autoridades competentes de otro Estado Parte, para ser procesadas por la presunta comisión de algún delito, para que respondan a un proceso en curso o para la ejecución de una pena privativa de libertad.

En tal sentido, "No se concederá la extradición por delitos que el Estado Parte requerido considere políticos o conexos con delitos de esta naturaleza". Y se agrega que "la mera invocación de un fin o motivo político, no implicará que este deba necesariamente calificarse como tal".

Como vemos, el tratado sigue el criterio admitido pacíficamente por el derecho internacional, que atribuye la competencia sobre la valoración de los delitos como políticos al Estado requerido, es decir que la calificación corre a cargo del Estado de refugio.

El tratado no define el delito político, recordando aquí que la doctrina penal en general ha vacilado entre las teorías subjetivas, objetivas o mixtas a la hora de fijar un criterio para determinar cuándo un delito es político. Podríamos aventurarnos optando por un criterio ecléctico, exigiendo la existencia de un móvil político y que a la vez el hecho ofenda un bien jurídico que tenga sustrato político, o sea, que ataque al Estado en su existencia, seguridad, integridad, forma o constitución.

Pero dejemos ello para la doctrina penal y entremos a un tema crucial: las excepciones a la excepción del artículo 5.

El numeral 2 del artículo 5 especifica que, a los fines del presente Acuerdo, "no serán considerados delitos políticos bajo ninguna circunstancia", y empieza con el literal a), que refiere al "atentado contra la vida o la acción de dar muerte a un Jefe de Estado o de Gobierno o a otras autoridades nacionales o locales o a sus familiares".

La histórica excepción -delito político- admite aquí excepciones -la del literal a) y las que siguen-, por lo que "la regla se resquebraja en su fórmula tradicional y un sector de los delitos políticos pasa a integrar las contingencias que fundan la admisibilidad de la extradición".

El mencionado literal a) establece la primera excepción al delito político; es la llamada "Cláusula Belga o de Atentado" y fue la primera salvedad a nivel mundial que irrumpió ante el rígido principio que impedía la extradición por motivos políticos. Dio origen a ella el atentado de Jacquin contra la vida de Napoleón III en Bruselas, que tuvo como reacción la ley belga que excluyó de los delitos políticos el regicidio o magnicidio, e incluso a sus familiares. Luego de este episodio, tal excepción a la excepción general se repitió en muchísimos tratados.

El literal b) del numeral 2 del artículo 5 del tratado que estamos considerando hoy, establece la segunda excepción, o sea que no se considerará delito político el genocidio, los crímenes de guerra o los delitos contra la humanidad en violación de las normas del derecho internacional.

Es un tema que entra en el derecho humanitario, cuyos aspectos fundamentales tratan de ser amparados por todo un sistema internacional y regional de protección de los derechos humanos. Esta es una de las más justificadas excepciones, que no admite ninguna discusión.

El literal c) excluye de los delitos políticos a los actos de naturaleza terrorista que impliquen conductas que se mencionan en los seis subliterales siguientes.

La primera valoración que nos merece el literal c) es que corresponde a los principios tradicionales de la República, como país de tolerancia y de paz, y cuya estructura jurídica institucional instituye un sistema o forma democrática de gobierno, que admite y tolera todas las ideas, razas, religiones y partidos políticos, que por tales vías puede llegar a realizar todas las transformaciones y cambios dentro de la ley, los principios de justicia y el respeto a la vida. La proyección de esta concepción al orden internacional nos lleva libremente a rechazar la violencia que significa el terrorismo, al que consideramos un flagelo de la humanidad y que por la falta de respeto a la vida de los demás no puede ser jamás calificado como delito político. Por otra parte, la moderna tendencia del derecho internacional excluye los delitos contra la humanidad y los delitos de terrorismo del régimen de los delitos políticos, admitiendo en consecuencia el procedimiento de la extradición.

Estimo necesario recordar estos conceptos a la luz de los acontecimientos que vive el mundo hoy en día.

Fijada esta posición, que es la del tratado de extradición que estamos analizando, corresponde hacer referencia a términos muy polémicos que ya fueron criticados en Sala por los señores Diputados Pita y Orrico. ¿Qué trato de contestar? El literal c), cuando menciona a los actos de naturaleza terrorista, agrega que "a título ilustrativo" impliquen algunas de las siguientes conductas que van del subliteral i) al vi). También, particularmente en el subliteral v), se usa la expresión "en general, cualquier acto no comprendido en los supuestos anteriores cometido con el propósito de atemorizar a la población, a clases o sectores de la misma, atentar contra la economía de un país, su patrimonio cultural o ecológico, o cometer represalias de carácter político, racial o religioso".

Nosotros, claramente tenemos que decir que si lo que los autores o negociadores del proyecto pretendieron o estamparon en el artículo 5, numeral 2, literal c) y, dentro de este literal c), en el subliteral v), es la aplicación de la analogía, inadmisible en el derecho penal, y la violación del principio "nullum crimen, nulla pena sine previa lege penale", por supuesto que rechazamos enfáticamente tal temperamento absolutamente antijurídico.

Pero como dijimos al comienzo, al destacar la importancia del tratado, constituye una pieza jurídica importante, moderna, que representa un esfuerzo trascendente en el esquema del MERCOSUR, tendiente a armonizar las legislaciones de los Estados Parte.

No obstante las precisiones que hemos formulado sobre la antijuridicidad de los términos y, en cierta forma, aparentes conceptos también alejados de la doctrina y del derecho positivo penal, tenemos que advertir al plenario sobre la necesidad de profundizar el alcance del numeral 5 del artículo 2 de este Acuerdo, sobre el cual ya habíamos adelantado algo. El envío que formula el numeral 5 del artículo 2 al artículo 3, especialmente al literal b), exige el control del órgano jurisdiccional competente, la tipificación y la doble incriminación para cualquier delito que no esté expresamente exceptuado en el Capítulo III de este Acuerdo. Ello puede dar pie a sostener que la referencia "a título ilustrativo" o "en general" en modo alguno puede interpretarse como una falta de tipificación o una violación del principio "nullum crimen sine lege". A ello podría agregar que ningún tratado de extradición tipifica delitos. Quienes los tipifican son los Estados en su legislación penal interna. Por lo tanto, las conductas mencionadas tanto "a título ilustrativo" como en la cláusula residual final que empieza diciendo "en general", jamás serán objeto de extradición si no son delitos según la legislación penal del Estado requerido y del Estado requirente, y ni siquiera es suficiente con que sean consideradas como delito en uno solo de los Estados.

Queda claro, en consecuencia, que las menciones "a título optativo" o "en general" no tienen ninguna trascendencia jurídica ni peso en la interpretación de las cosas fundamentales de este tratado.

Quizás sean defectos de doctrina y se puedan enfocar de distinta manera desde el punto de vista doctrinario, pero desde el punto de vista del derecho positivo se puede hacer una perfecta armonización, de forma tal que no comprometa para nada principios fundamentales de la doctrina de derecho penal.

De las exposiciones de los especialistas invitados a la Comisión, recogimos observaciones del profesor doctor Gonzalo Fernández, especialmente en las confirmaciones de algunas alegaciones hechas en Sala, relativas al artículo 5 del Acuerdo, que hemos contestado.

No obstante, nos han parecido convenientes los argumentos expuestos por el Director del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, doctor Miguel Langón, quien expresó, en lo fundamental, que "en materia de extradición, creo que en los últimos tiempos se ha dado una evolución debido, probablemente, a los procesos de globalización y a un mundo más intercomunicado. Además, contamos con algunos instrumentos como un tratado modelo de extradición de las Naciones Unidas sobre el problema del terrorismo. Allí surgen algunos parámetros y creo que el Uruguay está caminando en ese sentido. Por ello ninguno de esos instrumentos me ocasiona violencia... Se trata de instrumentos sobre los que tengo una opinión favorable porque creo que están en la buena línea y no tienen elementos significativos importantes como para oponerse a ellos".

Por las razones expuestas, la Comisión, en mayoría, aconseja la aprobación de este Acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Pita.

SEÑOR PITA.- Señor Presidente: vamos a comenzar la exposición haciendo una aclaración.

En la introducción del informe en mayoría se omite decir que el plan de trabajo de la Comisión no solo consistió en consultar a los especialistas penalistas doctores Gonzalo Fernández y Miguel Langón y a la Cancillería, en particular al doctor Opertti, en su doble condición de Canciller y de experto en derecho, sino también en revisar un criterio nacional y la posibilidad de que se encuentre el consenso y la unidad de acción en materia de tratados de extradición.

La segunda aclaración que deseamos realizar es que en los últimos años Uruguay ha suscrito convenios con contenidos sustancialmente diferentes. Vuelvo a citar el ejemplo del convenio suscrito con Australia -que fuera ratificado por el Parlamento-, que es completamente distinto en su contenido al que estamos considerando hoy, que reproduce casi exactamente el modelo del convenio con España, el primero que Uruguay suscribió como país, adscribiéndose a una nueva tendencia internacional en la materia.

En tercer lugar, es importante aclarar que estos son instrumentos de cooperación en materia jurídica penal entre los Estados y abarcan una gama muy diversa de situaciones de cooperación penal que no se circunscriben para nada al tema del terrorismo.

Hechas estas precisiones a la introducción del informe en mayoría, quiero señalar que nosotros vamos a reiterar en forma telegráfica las observaciones realizadas por el profesor Gonzalo Fernández, que son las que inspiran la votación de esta bancada desde hace varios años en tratados casi idénticos a este y que ya expusimos en ocasión de comenzar a analizar este Acuerdo y el referido exclusivamente a los Estados Parte del MERCOSUR, cuya consideración también está incluida en el orden del día.

Excluyendo el tema del concepto de terrorismo y de la definición de las causas de inextraditabilidad por razones políticas, nosotros tenemos diez observaciones y discrepancias de naturaleza política, política-técnica y jurídica -señaladas por el profesor Gonzalo Fernández, y que nosotros compartimos- y cuatro observaciones por carencias, también señaladas por el profesor Fernández, de elementos que a su entender deberían contener los tratados de extradición que Uruguay firmase con otros países.

Fuera de la definición de terrorismo y de las causas de inextraditabilidad por razones políticas, reitero que mantenemos diez discrepancias por contenidos a nuestro juicio no compartibles, y cuatro discrepancias por carencias del proyecto en consideración.

Queda claro que este tema va mucho más allá y está al margen de la discusión sobre el terrorismo.

Las diez observaciones están contenidas -no vamos a reiterarlas- en las Carpetas Nos. 412 y 500 de 2000, de la Comisión de Asuntos Internacionales, y en el repartido que contiene la versión taquigráfica del 23 de mayo de 2001, en la que figura la extensa exposición realizada por el profesor Gonzalo Fernández.

La primera y segunda observaciones se encuentran en la página 2 del repartido; la tercera, en la página 4; la cuarta, en la página 5; la quinta, la sexta y la séptima, en la página 9; la octava, la novena y la décima, en la página 10. En cuanto a las carencias, las cuatro señaladas por el profesor Fernández figuran en la página 11.

Respecto a las observaciones -que, reitero, no voy a desarrollar-, quedan como constancia en la versión taquigráfica incluida en el repartido que está en poder de todos los señores Diputados y que podrán leer si es que están interesados en el tema.

En cuanto a la modernidad de estos tratados, debemos decir que se inspiran en una tendencia "moderna" -dicho entre comillas; después vamos a ir al porqué de esto- y que de ninguna manera llenan un vacío, sino que pretenden armonizar normas -como muy bien dice el informe en mayoría- para compatibilizar las legislaciones en la materia existentes en tratados fundamentalmente binacionales entre los países miembros del MERCOSUR, Chile y Bolivia.

Uno de los ejemplos más notorios es el tratado de extradición vigente entre Uruguay y la República Argentina. Es un tratado moderno, muy útil, de cooperación en materia jurídica penal entre Estados, siempre que se aplique y se respete. Esto lo digo expresamente porque es por todos conocida la polémica desatada por el incumplimiento de este tratado vigente, moderno, entre Uruguay y la República Argentina, ante un pedido de extradición formulado por un Juez argentino de tres militares y un policía retirados. Este es un tema de notorio conocimiento y de polémica pública, ya desarrollado en la materia.

En cuanto al concepto específico de terrorismo, el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas introdujo el concepto dominante que toma como ejemplo el Convenio de Estrasburgo y lo hizo retroactivo a todos los tratados de extradición vigentes suscritos por los Estados antes de la aprobación de ese tratado.

Este tratado que hace pocos días votamos por unanimidad en esta Cámara y en el Senado, de hecho trasladó retroactivamente el concepto de terrorismo a todos los tratados de extradición que se habían suscrito anteriormente.

Con esto queda claro que, en cuanto a modernidad se trate, lo referente al concepto de terrorismo y a la capacidad de abarcar los fenómenos que se pretende perseguir a través de un instrumento de cooperación jurídica, está totalmente subsanado por la unánime votación de esta Cámara.

Por último, quiero señalar que hoy la Comisión de Asuntos Internacionales tuvo una sesión de trabajo solicitada por el señor Ministro de Relaciones Exteriores, en la que, entre otros temas, se analizó -con un informe muy importante del Canciller de la República y de sus asesores- el terrorismo, la seguridad y los trabajos que hay que realizar hacia el futuro. Se nos informó acerca del trabajo que se está llevando adelante en una Comisión en la redacción de un borrador de una convención interamericana contra el terrorismo, fundamentalmente haciendo un esfuerzo por tratar de definir un concepto de terrorismo -este sí contemporáneo- que pueda sustituir al "moderno" -entre comillas- vigente, que hay consenso en cuanto a que fue ampliamente superado en forma trágica por la realidad, por los acontecimientos ocurridos el 11 de setiembre próximo pasado.

El asesor especialista de la Cancillería encargado de los trabajos de redacción de ese borrador, el doctor Benítez, tiene en su escritorio de trabajo, entre otras cosas, las exposiciones que se realizaron en la Cámara sobre el tema del terrorismo a raíz de la discusión que tuvo lugar cuando aprobamos por unanimidad el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas. El doctor Benítez tiene, en particular, la dificilísima tarea de lograr que esa definición nueva, contemporánea -esta, sí, moderna-, atienda la nueva realidad, que superó a la vigente, que ha devenido obsoleta por esos hechos trágicos, y que sea lo suficientemente abarcativa como para comprender la manera de ejecutar los actos terroristas como los ocurridos en fecha reciente.

A nuestro juicio, la definición debe comprender también los distintos aspectos del terrorismo cometido por los Estados y por sus fuerzas regulares contra pueblos y víctimas inocentes en acciones bélicas. Al mismo tiempo, la definición no debe ser tan ilimitadamente abarcativa como para comprometer las bases fundamentales de las libertades de los ciudadanos para bregar por sus derechos, expresar sus legítimas discrepancias y luchar por los cambios políticos, sociales y económicos.

Creemos que el país empieza un excelente camino en ese contexto de trabajo. ¿Por qué? Porque hemos venido reiterando una y otra vez la necesidad de que cuando el país vaya a suscribir tratados internacionales de importancia -en general todos son relevantes, porque comprometen a la nación con otra o con un conjunto de naciones a nivel continental, y ni qué hablar cuando son convenios universales-, dichos tratados deben tener el máximo consenso posible. Si no lo hubiera, tendría que existir una discusión lo más profunda posible a efectos de comprender cuáles son las eventuales discrepancias. Esto es lo que, en particular, planteábamos en el día de hoy con respecto a este tema. Si la Cancillería pretende llevar adelante una política de Estado -como es evidente que intenta hacer, por gestos de trabajo político como el de hoy con la Comisión de Asuntos Internacionales-, nos parece fundamental y estrictamente necesario que se dé instrumentos de conocimiento de la opinión, por ejemplo, de una fuerza política como la de esta bancada, que representa al 40% de la ciudadanía del país y que tiene mucho para decir sobre todos los temas de trascendencia.

SEÑOR DÍAZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PITA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ.- Señor Presidente: sin duda la reunión de hoy de la Comisión de Asuntos Internacionales fue muy buena, pero quedó trunca por razones de horario; de lo contrario, habríamos podido seguir dialogando con el señor Ministro -y deberíamos haberlo hecho-, pues estaba desarrollando una interesantísima exposición.

Pero quiero señalar dos aspectos. Uno de ellos es la elaboración de un nuevo acuerdo internacional -veremos cómo se le designa desde el punto de vista jurídico y diplomático en el seno de la Organización de los Estados Americanos- que, sin duda alguna, va a generar normas restrictivas, precisas y claras que intentarán separar definitivamente, en la medida de lo posible, el delito de terrorismo del delito político. En ese sentido, creo que las discrepancias que puedan anotarse con los acuerdos y convenios como el que estamos votando en la tarde de hoy, presumiblemente se van a acentuar y no a atenuar.

Por otro lado, quiero señalar que la Cancillería ha reiterado -no en el día de hoy, porque la discusión se tuvo que interrumpir- que, desde su punto de vista, es muy importante que el Parlamento apruebe los convenios que tiene a consideración. Es más; tengo entendido que el propio Director de Tratados de la Cancillería así se lo ha hecho saber al señor Diputado Pita, en una reciente entrevista a propósito de los puntos de vista sobre la aprobación de este tipo de tratados. Estos tratados no solamente fueron suscritos por el Gobierno y enviados al Parlamento, sino que, además, tengo entendido -pensaba preguntarlo hoy, pero no tuve tiempo de hacerlo- que se considera indispensable avanzar en ese camino. Quiere decir que avanzar en este camino no nos inhibe de aprobar posteriormente nuevas normas a la luz de los hechos del 11 de setiembre. Al contrario, creo que estamos dando no solo una señal desde el punto de vista del manejo del Estado, sino también una señal política muy clara.

En ese sentido, en primer lugar quería señalar que todo lo que se está avanzando en materia diplomática a través de organismos multilaterales en el tema del terrorismo, creando nueva legislación, tiende a hacerse sobre la base de normas más restrictivas, que permitan a los Estados actuar con mayor eficacia y más presencia a la luz de los hechos internacionales que demostraron que es necesario avanzar en ese sentido.

En segundo término, la mayoría de los Estados -empezando por Cuba- se han apresurado a aprobar las normas que tenían a estudio sus respectivos Parlamentos en estas materias, con normas muy similares a las aquí contenidas.

En tercer lugar, el Gobierno ha suscrito estos convenios, los ha enviado al Poder Legislativo y considera importante su aprobación.

En cuarto término, como en toda norma de política internacional, como en todo lo que hace a la política internacional y a las políticas del país, es deseable lograr los más amplios consensos, pero también es razonable y justo que cada uno de los Poderes del Estado asuma sus responsabilidades y tome sus decisiones. Si obtiene amplios consensos en la etapa de gestación, concreción o aprobación de esas políticas, por supuesto que es mejor. Pero los convenios internacionales los elabora y suscribe el Poder Ejecutivo; él tiene la responsabilidad de hacerlo. Luego los envía al Parlamento y este tiene la responsabilidad de decir si los aprueba o no.

Si bien es cierto que de la expresión del señor Ministro quedó claro el deseo permanente de lograr los más amplios consensos, a mi entender en ningún momento hubo ninguna expresión que menoscabara las facultades claras, explícitas y definidas por norma constitucional, por norma legal y por el buen sentido del manejo de gobierno que tiene el Poder Ejecutivo en esta materia.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el señor Diputado Pita.

SEÑOR PITA.- Señor Presidente: creo que de mi exposición surge claramente -de todos modos, lo repito- que nuestras discrepancias con respecto a este tratado van más allá del tema del terrorismo y de las causas de inextraditabilidad por el delito político. Es la tercera vez que lo digo en mi exposición. Tanto es así que mencioné diez observaciones que nos generan discrepancias -están enumeradas en la exposición del profesor Gonzalo Fernández-, y cuatro más por carencias que, a juicio de ese profesional, tiene este tratado que estamos considerando, juicio que esta bancada hace suyo. Por lo tanto, queda clarísimo el tema con respecto a ese punto.

En segundo término -lo reitero a raíz de la interrupción que me solicitaron-, el tema pierde entidad en cuanto al combate al terrorismo por las razones que expuse. Hay cosas que los tratados vigentes -no este que estamos considerando- permiten perfectamente, a la luz de la definición "moderna" -entre comillas- que he señalado -que a esta altura ha sido superada por la realidad y ha devenido obsoleta por ella-; hay disposiciones contenidas en los tratados, como, por ejemplo, el tratado bilateral de Uruguay con la República Argentina, que es similar a este, y lo que hay que hacer es cumplirlo.

Pero si se tratara del concepto de terrorismo, igualmente acabamos de votar, por unanimidad, una norma en esta Cámara y en el Senado y de trasladar ese concepto a todos los acuerdos anteriores; estoy hablando de la Convención contra el terrorismo con bombas.

Con respecto al tema del consenso, nosotros no decimos que sea imprescindible; lo que hemos dicho -y lo reiteramos- es que nos alegra profundamente que por primera vez hayamos logrado generar un ámbito de discusión previo, de definiciones tan importantes para el futuro del país, porque no es un Gobierno el que suscribe un tratado, sino la nación.

Nadie cuestiona las potestades constitucionales de la Cancillería en cuanto a la conducción de la política exterior que ejerce desde el Poder Ejecutivo. Pero sí hablamos de la conveniencia y de las bondades de lograr, en temas trascendentes como este, un ámbito de discusión previo a la suscripción del tratado a los efectos de ver si se puede lograr consenso. Es evidente que este es uno de los ejemplos típicos de cómo se pueden construir políticas de Estado. Si se hace pretendiendo definir las cosas y dejando luego a la oposición el derecho a discrepar o a coincidir, no se está actuando con políticas de Estado. Esto lo hemos discutido históricamente con el señor Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Didier Opertti, y la mayoría de las veces no nos pusimos de acuerdo. Últimamente sí nos estamos poniendo de acuerdo, y estaba celebrando esto, en la medida en que hemos logrado conversar antes de que los hechos acontezcan. Las actuaciones con miras a la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas contra la pobreza, que se hará en marzo en Monterrey, México, y la posibilidad de discutir el posicionamiento uruguayo con el Poder Ejecutivo en el ámbito parlamentario, son importantes avances que también celebramos. Precisamente, celebramos todas las instancias que nos brinden la posibilidad de discutir y de lograr consensos. En el peor de los casos, si no los obtenemos, sabremos comprendernos mucho mejor y administraremos las diferencias con mucho menos dramatismo. Entonces, no se pierde casi nada, salvo un poco del tiempo de trabajo parlamentario en las Comisiones, pero para eso estamos.

SEÑOR DA SILVA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PITA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DA SILVA.- Señor Presidente: estoy anotado para hacer uso de la palabra a efectos de argumentar sobre la posición del Partido Nacional, pero, al haberse entrado en la discusión que plantea el señor Diputado Pita, voy a decir lo siguiente.

Tengo en mi poder la versión taquigráfica de la reunión del 26 de abril de este año, en la que, fuera de lo relativo a los atentados del 11 de setiembre, figuran los argumentos esgrimidos por todos. También tengo los argumentos vertidos cuando se consideró el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, oportunidad en que también se hablaba de un tratado que había quedado obsoleto. Evidentemente la magnitud de los atentados del 11 de setiembre puede dejar obsoleto -si nos ponemos todos de acuerdo- cualquier otro tratado existente. Ahora bien: con normas abiertas, creo que la situación puede llegar a enjuiciarse de la misma manera. Si el señor Diputado en aquel momento decía que el tratado sobre el terrorismo cometido con bombas era obsoleto y ahora dice que el que estamos considerando también lo es, creo que no nos vamos a poner de acuerdo.

Advierto que el señor Diputado dice que no es así. De todas maneras, una cosa es un acuerdo multilateral -todos sabemos lo largo que es el proceso para que entre en vigor y que se necesita equis cantidad de ratificaciones- y otra lo que estamos intentando en este momento: que seis países -cuatro más dos- nos pongamos de acuerdo, como región, para dar una señal clara de cooperación penal, pero también de lucha contra todos estos flagelos que en el nacimiento del siglo XXI nos están azotando a todos.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el señor Diputado Pita.

SEÑOR PITA.- Señor Presidente: el señor Diputado Da Silva padece una equivocación. La calificación de obsolescencia de la definición es a partir de los atentados del 11 de setiembre. Las discusiones previas se referían a concepciones de fijación del delito político y del concepto de terrorismo, con lo que nosotros mantenemos discrepancias que no nos impidieron, así como ya fue hecho por nuestra bancada en el Senado, otorgar los votos que determinaron la aprobación por unanimidad en ambas Cámaras del Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas.

Este es un tema que tiene una naturaleza completamente diferente -esto ya lo he dicho al principio de mi intervención-; este tema abarca todas las posibilidades de cooperación en materia jurídico-penal entre los países.

Reitero que hay discrepancias que se mantienen, independientemente de la definición de terrorismo y de las razones de inextraditabilidad por delito político. Voy a reseñar básicamente las diez y las cuatro discrepancias. En primer lugar, con relación a la denominación de autoridad competente, por cuanto se habla de "autoridades competentes" y no judiciales; en segundo término, con respecto a la gravedad de la pena, sobre lo que hemos hablado largamente; en tercer lugar, en cuanto a los delitos conexos -nada que ver con los políticos-; en cuarto término, este tratado admite que prosiga la extradición si se recalifica el delito -en ese sentido, hay una observación técnico-jurídica de fondo que hace el doctor Gonzalo Fernández-; en quinto lugar, las discrepancias se refieren a las observaciones al no cumplimiento del principio de especialidad; en sexto término, a la posibilidad de la reextradición a un tercer Estado; en séptimo lugar, a la cesión de jurisdicción local en beneficio de la del Estado requirente; en octavo término, a la velocidad con que se cumple la urgencia establecida en el artículo 29; en noveno lugar, a la duración del arresto preventivo; y, en décimo término, a un error de redacción del artículo 30 que tiene consecuencias jurídicas. Se trata, nada menos que de la manera en que se redacta la interposición de excepción por orden público. Hay una observación de relevancia en materia de técnica jurídica que hace el profesor Gonzalo Fernández, quien señala cuatro carencias, en la página 11 del documento, que no voy a seguir leyendo.

Estas son las razones que tenemos para no votar este proyecto.

SEÑOR PINTADO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PITA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR PINTADO.- Señor Presidente: está muy claro que acá estamos hablando de observaciones técnico-jurídicas que tienen que ver con un equilibrio que siempre tenemos que preservar entre el orden y la seguridad, sin afectar las garantías y las libertades. Este es un desafío de los tiempos de hoy; es una línea muy delgada, un pretil en el que hay que moverse, en el que hay que poner en la balanza todas estas cuestiones. Obviamente, si hay consenso mayoritario, mucho mejor; de lo contrario, cada uno tiene derecho a actuar conforme a su convicción y a lo que eventual y efectivamente pueda hacer.

Quiero dejar una constancia: más allá de nuestra posición contraria teniendo en cuenta las observaciones técnico-jurídicas que hacemos, jamás hemos sido obstáculo para que este convenio se aprobara. Si no se aprobó, no fue por obstáculos que haya puesto la oposición; en las últimas sesiones hemos colaborado para que el asunto siguiera figurando en el orden del día, a los efectos de facilitar al oficialismo la reunión de los votos necesarios para que este tratado entrara en vigencia. Por lo tanto, las dilaciones en la votación no se debieron a quienes estamos en contra, sino fundamentalmente a quienes están a favor, como ya se ha dicho -solo lo estoy recordando- en este mismo recinto.

Muchas gracias, señor Diputado Pita.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el señor Diputado Pita.

SEÑOR PITA.- Señor Presidente: finalizo diciendo que tengo la firme esperanza de que hacia el futuro podamos contar con instrumentos de tanta jerarquía en materia de cooperación jurídica entre Estados, que reflejen la mayor cantidad de puntos de vista que sean pasibles de generar consenso en el Uruguay. Sinceramente, creo que este es uno de los elementos.

Sin duda, el allanamiento de observaciones conceptuales en materia de los puntos de vista señalados habría facilitado -si hubiéramos tenido una pieza que atendiese observaciones muy importantes del doctor Gonzalo Fernández- un nivel de consenso que creo que es posible.

La impresión que tengo es que en el futuro vamos a poder trabajar en esta materia de una manera que nos permita lograr acuerdos más amplios. Sin duda que ello no ha llevado en ningún momento a nuestra bancada a pretender cuestionar la competencia constitucional y política del Poder Ejecutivo, a un grado tal que lo que acaba de decir el señor Diputado Pintado es una demostración obvia de la responsabilidad con la que nuestra bancada se ha movido en este tema. Una y otra vez hemos colaborado con este y otros tratados importantes, en la medida en que entendemos que si el Uruguay lo suscribió y tiene un respaldo político potencialmente mayoritario en la Cámara, en los hechos sería una falta de respeto al pronunciamiento soberano democrático forzar -teniendo todo para hacerlo, y no una, sino infinidad de veces- una votación que anulara una voluntad del Poder Ejecutivo, que objetivamente hoy representa -o por lo menos representó en las elecciones nacionales- una mayoría de voluntades democráticas. Reconózcasenos, entonces, la claridad con que hemos actuado y seguiremos actuando en esta materia.

Finalmente, reitero mi firme convicción y esperanza de que podamos estar el año que viene o en 2003 -es lo más seguro- tratando la ratificación eventual de proyectos importantes que puedan haber contado con nuestra participación en la definición de los conceptos que rijan su estructura vertebral y nos permitan haber sido partícipes de políticas de Estado en materias tan trascendentes como esta.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Bergstein.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: uno podría preguntarse por qué tiene tanta importancia este proyecto de ley cuando, al fin y al cabo, los signatarios de este Acuerdo tienen no solo Acuerdos bilaterales de extradición entre sí, sino que la mayor parte de ellos son firmantes del Tratado de Montevideo de 1889, que está vigente y tiene ciento doce años.

Este tratado tiene que ver con la cooperación internacional, con la globalización, producto de la tecnología, con la consolidación democrática de los países, con la seguridad y con el terrorismo, pero lo importante es la conexión entre todos esos temas. Y este es el valor agregado que debe aportar el legislador. La importancia del tratado no está en tomar cada uno de sus segmentos, sino en ese valor agregado que aporta el legislador en la conexión de esos diferentes aspectos. En esa conexión radica la importancia.

Hemos escuchado una sólida exposición del señor miembro informante por la mayoría y otra no menos interesante del señor miembro informante por la minoría, con argumentos que, en términos generales, ya habíamos escuchado en Sala. Pero queremos ser enfáticos al empezar nuestras palabras. Aquí no hay ningún problema jurídico; no hay ningún tipo de obstáculo de naturaleza jurídica que sea un impedimento para la aprobación de este Acuerdo, como vamos a tratar de demostrar. Lo que se requiere es que haya voluntad política. Este es un tema estrictamente de voluntades políticas. Inclusive, creemos que lo ha dicho muy bien, en su comparecencia ante la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, el profesor Gonzalo Fernández, cuya explicación ha sido un poco la columna vertebral de la exposición del señor miembro informante por la minoría. El doctor Gonzalo Fernández dijo, haciendo referencia a este tratado y a otros de su género: "observo una ampliación absolutamente inusitada del concepto de terrorismo, que no digo que esté bien o mal -probablemente recoja algún criterio de las convenciones internacionales, sobre todo el de la de Estrasburgo-, pero que difiere con el concepto tradicional manejado en el Uruguay acerca del terrorismo". O sea que el doctor Gonzalo Fernández, cuando en una parte medular de su exposición desarrolla sus objeciones, se abstiene de hacer un juicio de valoración. En la página 7 de la versión taquigráfica de la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del día 23 de mayo de 2001 lo afirma claramente: "no digo que esté bien o mal". Porque de lo que aquí se trata es si tenemos la voluntad política. Nosotros decimos que está bien, que este proyecto moderado, sobrepasado en muchos aspectos por la evolución jurídica contemporánea -como luego veremos en forma muy breve-, está bien, y es por eso que tenemos la voluntad política.

¿Cuál es el principio general frente a cualquier delito? El principio es que el autor del delito no quede impune; es la no impunidad. Como decía el profesor Langón, es insoportable la idea de que una persona que comete un delito, en términos generales, pueda retirarse a otro país para ponerse al abrigo de la justicia. ¿Qué sucedió? En el siglo XIX, cuando se perfiló el concepto de no extradición del delito político, los países democráticos eran una ínfima minoría y, entonces, en la práctica se constató que toda vez que se producía un quiebre institucional, quien había triunfado en la pugna por el poder se convertía en el requirente y quien había sido derrotado, en el requerido. Si bien ya entonces la entrega de los autores de los delitos para someterlos a la Justicia era un derecho-deber de los Estados, se entendió que se trataba de una delincuencia ocasional y que quien había cometido el delito muchas veces era requerido, en regímenes no democráticos, para ser objeto de una represalia o para anular la posibilidad de que mañana viniera por la revancha a la conquista del poder. Esas consideraciones no tienen absolutamente nada que ver con lo que es la extradición entre países democráticos, por la cual se trata de someter a la persona a un juicio con las garantías del debido proceso propias del derecho liberal. Justamente, eso es lo más grave que le puede pasar a la persona extraditada: que se la entrega al Estado requirente para ser sometida, con todas las garantías, a la Justicia independiente de un Estado democrático, y con algunas limitaciones, por añadidura, propias del instituto de la extradición.

En los últimos cien años ha habido cambios en la tecnología que trajo consigo la globalización; ha habido cambios en la cooperación internacional y en el mismo terrorismo, que siempre fue conceptuado como una excepción de la excepción, constituida por los delitos políticos, porque el terrorista actúa también por móviles políticos. Y yo me alegro mucho de que hoy el señor miembro informante por la minoría no haya hecho el mismo caudal que en Sala hizo en abril y mayo sobre los móviles políticos y el criterio subjetivo del delito político, hoy absolutamente perimido en todas las legislaciones contemporáneas de todos los países democráticos de Occidente. Quiere decir que, a lo mejor, el sistema político en su conjunto, con mayor o menor entusiasmo, esté transitando en la dirección conveniente. Porque sea cual sea la concepción del delito político, hay una excepción indiscutible, que es el delito terrorista. Siempre fue considerado una excepción. ¿Y por qué? Porque el delito terrorista es, en esencia, internacional, no solo porque lesiona bienes protegidos por el derecho internacional, sino también por la naturaleza internacional de la amenaza delictiva que representa. Entonces, ya no cabía aquel argumento para la no extradición del delito político, por el cual su autor era considerado delincuente ocasional y, en todo caso, solo sería peligroso en el Estado requirente, pero no en el requerido; porque si la gravedad del delito terrorista está en la amenaza que representa, es peligroso tanto en el Estado requerido como en el requirente.

Si bien siempre hubo delitos terroristas y el concepto empezó a delinearse jurídicamente con la famosa "cláusula belga", cuando Napoleón III fue objeto de un atentado en oportunidad de una visita a Bélgica, al comenzar la segunda mitad del siglo XIX el ámbito del delito terrorista se fue ampliando en los últimos treinta años, en parte por la propia tecnología a disposición de los terroristas, suministrando elementos de gran peligro. Además, la propia tecnología determinó una interconexión que hace que ya no se hable más de organizaciones terroristas, sino de que estamos ante una red terrorista. En efecto, todos los movimientos terroristas -llámense ETA, FARC, Al Qaeda, Hamas o lo que sea- constituyen redes que integran un oligopolio de poderes ocultos con el narcotráfico, con los traficantes de armas y con quienes trafican con niños para hacerlos objeto de actividades sexuales, etcétera. Todo esto conforma una red de un enorme poder oculto.

Cuando hablamos de terrorismo tiene que quedar clara una cosa: no hay terrorismo bueno o malo; puede haber terrorismo malo o peor, según los distintos niveles de crueldad. Si bien ambos son terrorismo, no es lo mismo poner una bomba en un restorán y llamar por teléfono diciendo que explotará en diez minutos -dando al menos una oportunidad para salvarse-, que subirse a un ómnibus y apretar un botón para que vuele con todos sus pasajeros por los aires.

Quiere decir que puede haber distintos niveles de crueldad. Lo que no puede haber es terrorismo bueno o malo, en función de los fines de la actividad terrorista. No podemos permitirnos el lujo de tener mayor o menor simpatía o antipatía por determinado movimiento terrorista en función de los fines, porque lo que caracteriza al terrorismo no son sus fines, sino la naturaleza de sus actos. Eso es lo que importa. Ya no hablo del principio cardinal de la democracia y del Estado de derecho de que el fin no justifica los medios, sino que señalo que puede haber movimientos de liberación nacional con fines compartibles o no, pero en modo alguno esto sirve para opacar lo que es mucho más grave: la utilización del medio terrorista.

Por ello, cuando se va consolidando la democracia en el mundo, cuando se desarrolla la cooperación internacional y cuando van evolucionando, al amparo de la tecnología, los delitos terroristas, es fundamental tener en cuenta que estamos considerando tratados entre Estados miembros del MERCOSUR, y entre el MERCOSUR, Chile y Bolivia, países todos democráticos. Téngase en cuenta que no se trata de países coyunturalmente democráticos, sino necesariamente democráticos mientras integren el MERCOSUR, por cuando no podrían integrarlo si no fueran democráticos. Recuerdo que hace pocos años hubo un amague de quiebre institucional en Paraguay, y entonces los restantes países integrantes del MERCOSUR formularon una clara advertencia en el sentido de que el MERCOSUR lo integran solamente los países democráticos". Esto ubica el tema en su verdadera dimensión porque, como decíamos antes, de lo que se trata es de someter a alguien a las garantías del debido proceso.

¿Acaso alguien quiere la impunidad para el autor del delito terrorista? No; estamos seguros de que ninguno de los que estamos acá queremos esa impunidad.

Entonces, ¿qué es lo que provoca la resistencia a aprobar este tratado? Conviene decir que, desde hace muchos años, en todos los tratados internacionales -ya sea en el mencionado por el miembro informante por la mayoría, el Acuerdo modelo de las Naciones Unidas de 1991, y ni que hablar de la Convención Europea de Estrasburgo de 1996, que prácticamente proscribe el concepto de delito político, pero deja a los Estados la facultad de poner límites al concepto terrorista- es muy poco lo que va quedando del delito político, porque en democracia no puede aceptarse el delito político como barrera para la extradición tratándose de un delito común tanto en el Estado requirente como en el requerido.

Entonces, ¿qué es lo que puede quedar para evitar la extradición entre Estados democráticos? Es poco y nada. El profesor Langón dice que queda limitado a algunos delitos electorales, siempre que no medie violencia. Debo decir, señor Presidente y estimados señores Diputados, que no tengan la menor duda de que, en democracia, el concepto de delito político como obstáculo para la extradición es una especie en riesgo de extinción. Podría ir más lejos. La misma extradición, tal como la conocemos, va a cambiar sustancialmente. Luego veremos que, prácticamente, para determinados delitos graves los Estados centrales eliminan el propio concepto de extradición; y menciono esto sin la intención de propugnar que adoptemos el mismo criterio, sino para que comprobemos cuán moderado es el proyecto que estamos considerando.

Se mencionó el tratado con Argentina, aprobado a fines de la Legislatura anterior. Se ha preguntado por parte del miembro informante por la minoría por qué no seguimos los criterios sobre delito terrorista del tratado firmado con Argentina en cuanto al concepto de terrorismo. ¿Quiere que le diga una cosa, señor Presidente? Creo que el tratado con Argentina, en la definición del delito extraditable por razones de terrorismo, es más amplio que el que estamos considerando. En efecto, el Tratado de Extradición con la República Argentina, ratificado por la Ley Nº 17.225, establece que "A los efectos de este Tratado, en ningún caso se considerarán delitos políticos: A) el atentado contra la vida de un Jefe de Estado [...]; B) el genocidio, los crímenes de guerra o los que se cometan contra la paz y la seguridad de la humanidad; C) los actos de terrorismo, entendiendo por tales los delitos que impliquen: a) el atentado contra la vida, la integridad corporal o la libertad de las personas [...]; b) la toma de rehenes o el secuestro de personas; c) el atentado contra personas o bienes cometido mediante el empleo de bombas, granadas, cohetes, minas [...]; d) en general, cualquier acto de violencia no comprendido en los supuestos anteriores, cometido con el propósito de atemorizar a los habitantes de una población o a clases o sectores de la misma, o de realizar represalias de carácter político, racial o religioso [...]". Esto figura en los apartados a), b), c) y d) del literal C), párrafo 2, artículo 4º , del Tratado con Argentina. Es decir que el delito político queda prácticamente reducido a delitos estrictamente políticos que no involucren actos de violencia y contra el orden gubernamental.

En cambio, el apartado v) del literal c) del párrafo 2 del artículo 5 del proyecto que estamos considerando -que es el que provoca tantas resistencias-, dice: "[...] en general, cualquier acto no comprendido en los supuestos anteriores cometido con el propósito de atemorizar a la población, a clases o sectores de la misma, atentar contra la economía de un país, su patrimonio cultural o ecológico, o cometer represalias de carácter político, racial o religioso". Estamos de acuerdo en que esta es una definición amplia, pero debe conjugarse con la introducción del artículo, que es fundamental. La lectura integral restringe más este artículo que el tratado con Argentina, ya que el párrafo 2, en su introducción, dice: "A los fines del presente Acuerdo, no serán considerados delitos políticos bajo ninguna circunstancia"; y luego: "c) los actos de naturaleza terrorista que, a título ilustrativo, impliquen algunas de las siguientes conductas;[...]", y entre las conductas señala lo que acabo de leer del apartado v).

Quiere decir que el apartado v) se refiere -lo voy a leer de otra manera- a actos de naturaleza terrorista no comprendidos en los supuestos anteriores, cometidos con el propósito de atemorizar a la población, a clases o sectores de la misma, atentar contra la economía de un país, y luego sigue el resto del apartado. Insisto en que tienen que ser actos de naturaleza terrorista cometidos con esa finalidad. Quiere decir que, en lugar de hacer un listado -como se mencionó acá- de cuáles delitos serían los de naturaleza política y los terroristas extraditables, se toman por sus efectos, o sea, por la finalidad, por el dolo específico, para aquellos que reconocen una diferencia entre dolo genérico y específico, o como elemento subjetivo del tipo, para quienes no aceptan esta distinción. Esto se contempla en el artículo 210 del Código Penal -que tiene sesenta años- cuando dice: "El que con el fin de infundir temor en la población" tiene explosivos, etcétera, independientemente de que haya habido lesiones efectivas que se hayan consumado.

Quiere decir que hemos aprobado un tratado como el firmado con Argentina, que tiene un concepto sumamente amplio del terrorismo. Pero el mundo jurídico y los países centrales van más allá.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Permítame terminar, señor Presidente.

Los señores Diputados deben tener presente -lo digo con toda humildad- hasta dónde se ha llegado antes del 11 de setiembre.

Tengo a la vista el Tratado entre el Reino de España y la República Italiana -¡miren de qué dos países estoy hablando!, de dos modelos de democracias modernas; países en donde tenemos tantas raíces- para la Persecución de Delitos Graves mediante la Superación de la Extradición en un Espacio de Justicia Común. Dice así: "Considerando que [...] ambos Estados se basan en principios democráticos", que tienen recíproca confianza en sus sistemas judiciales, que quieren eliminar "los obstáculos e impedimentos que puedan dar lugar a la aparición de zonas de impunidad", que ninguno de ellos está dispuesto a convertirse en un santuario para los delitos del otro, convienen en "la supresión de los procedimientos de extradición para los delitos graves de terrorismo, crimen organizado, tráfico de estupefacientes, tráfico de seres humanos, abuso sexual contra menores y tráfico ilícito de armas". Casualmente, son los ítemes que mencionábamos como integrando el oligopolio de poderes ocultos.

Luego, la cosa va de Juez a Juez y "la calificación legal de los hechos y la determinación de la pena se efectuará según el ordenamiento jurídico de la Parte requirente". Y "la calificación legal de los hechos efectuada por la Parte requirente será vinculante para la Parte requerida". Hay un procedimiento rapidísimo, como sucede, inclusive, con otros institutos del convenio.

Este tratado es de setiembre o noviembre del año 2000 y, repito, está firmado entre España e Italia.

¿Hacia dónde me dirijo -para terminar-, señor Presidente? Si mencionamos este instrumento, o si hiciéramos alguna alusión a la Convención de Palermo de 2001 -por el que si a uno lo sorprenden "in fraganti delito", quienes lo están persiguiendo pueden cruzar la frontera hasta un margen de 30 kilómetros o 60 kilómetros, no recuerdo bien-, es para demostrar que hay nuevos instrumentos jurídicos de orden internacional, producto de países democráticos por excelencia, para combatir este flagelo que tienen la civilización occidental y los Estados de derecho.

Entonces, este tratado -lo dice el señor Ministro de Relaciones Exteriores en una comunicación escrita que envió hace varios meses a la Comisión de Asuntos Internacionales- se queda a mitad de camino.

No importa que este tratado pueda quedar obsoleto en el futuro; se trata hoy de un avance muy importante. Es una señal que debemos impartir a la sociedad en cuanto a que no podemos dar la espalda a la creación de instrumentos más modernos en la lucha contra el terrorismo. Si bien es cierto que ese tratado -como hemos intentado demostrar- se queda a mitad de camino y ha sido superado por muchas convenciones y tratados desde hace años -desde las Naciones Unidas, la Convención Europea, etcétera- es un adelanto sobre lo que tenemos en materia de tratados multilaterales. Si bien es bueno que tengamos tratados bilaterales de extradición, es mucho mejor tener tratados multilaterales por los cuales todos nos sometemos a la misma regla.

En nuestro país tenemos tratados de extradición, como el firmado con Gran Bretaña, de 1884, en los que los textos en inglés y en español son distintos y ni siquiera se fundan en la reciprocidad. El tratado multilateral es una enorme garantía adicional de que todos nos vamos a regir por las mismas reglas en base a una estricta reciprocidad y a una igualdad de trato.

Termino con las siguientes palabras. Acá no hay razones jurídicas que nos impidan aprobar ese tratado. Respetamos a quienes entienden que tenemos que seguir con los conceptos tradicionales de 1889. Se trata de un tema que requiere voluntad política. Y si la tenemos, podremos elevar nuestra mano y aprobar el tratado sin ningún tipo de vacilación, sabiendo que hemos acompañado el fortalecimiento de lazos no solamente económicos entre los países miembros del MERCOSUR.

Muchas gracias, señor Presidente, y le agradezco nuevamente su tolerancia.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Procédase a llamar a Sala para poner el asunto a votación una vez que finalice su intervención el último orador anotado en la lista de oradores.

Tiene la palabra el señor Diputado Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- Señor Presidente: los informes de los señores Diputados Laviña y Bergstein nos dejan pocas cosas que decir. Fueron rotundos, claros y absolutamente justificados en cada uno de sus términos. Creo que nuestro Partido suscribe en un ciento por ciento todo lo dicho. Ellos expresaron dos perfiles diferentes. El señor Diputado profesor Laviña manifestó todos los antecedentes que se tienen en la materia.

Cuando en abril de este año la Cámara consideró este tratado, hubo algunas discusiones que imaginábamos que podían llegar a darse en la tarde de hoy. En esa ocasión, para nuestra sorpresa, y antes de los atentados del 11 de setiembre, se expresaron opiniones que estaban en las antípodas. Resulta que aparecen dos aviones que destruyen las torres gemelas y la gente tiene un parecer diferente. Sin entrar en lo jurídico, porque sería atrevido de mi parte sumar mis opiniones a los excelentes informes que hicieron los señores Diputados Bergstein y Laviña, uno se hace la pregunta de por qué se nos ocurre ahora aprobar este tratado de extradición. Valoramos la actitud de la oposición al ser paciente y tolerante para permitirnos reunir nuestros votos a fin de sacar adelante este proyecto. Pero ¿cuál es el tema? ¿Es que el terrorismo es algo que nos llega de lejos y lo vemos por la televisión? ¿Tratar de aprobar mecanismos de cooperación penal que nos faciliten la eliminación de cualquier tipo de desviación es algo que nos toca de lejos? Creo que antes del 11 de setiembre estos temas ya tenían mucha vigencia y, por supuesto, lograron más relevancia después de esa fecha.

Averiguando cuán importantes eran para América Latina o para nuestra región -porque es un tratado regional-, me encuentro con un informe de la Fundación Heritage, que es americana, muy seria, de estudios internacionales, que hasta donde sé no tiene ninguna connotación política; ergo, no es ni republicana, ni demócrata, ni de izquierda, ni de derecha, sino que es una especie de gran fundación pensante de política internacional. Para darnos cuenta de lo importante que es aprobar este tratado porque nos da cooperación penal y nos facilita combatir, entre otros, el flagelo del terrorismo, el informe de la Fundación Heritage -quiero que quede constancia en la versión taquigráfica- dice que entre 1995 y 2000 América Latina sufrió el mayor número de ataques terroristas en el mundo, más incluso que el Medio Oriente.

Esto es absolutamente revelador. Nosotros, América Latina, tenemos más ataques terroristas que, inclusive, el Medio Oriente. En esos seis años hubo un promedio -¡escuchen!- de 122 atentados terroristas anuales, mientras que en 2000 hubo 193 atentados terroristas. Por supuesto que el mayor atentado fue el ataque a la sede de la AMIA, tristemente recordado por todos.

Estas cifras nos generan más ansiedad por aprobar este tipo de tratados internacionales, ya que la vigencia es absolutamente indiscutible, más allá de si es contemporáneo u obsoleto; son términos sobre los que algún día nos gustaría discutir. No vamos a responder argumentos esgrimidos el 21 de abril -aunque sería bastante interesante volver a discutirlos ahora-, pero creo que esta Cámara y el Uruguay en su conjunto tienen que dar una respuesta clara a la región en cuanto a que contamos con los mecanismos más eficaces para combatir este flagelo que, lamentablemente, desde 1995 hasta 2000 nos posiciona como la región en el mundo que más atentados terroristas ha sufrido.

No hay vacilaciones, no hay que mirar con una lupa y justificar un ataque o el otro. Los ataques terroristas son todos terroristas y esa es la posición del Partido Nacional. Es la posición que ha esgrimido hoy, el 21 de abril, el año pasado y siempre. Por eso, nuestro Partido va a apoyar con mucho agrado este tratado, como cualquier otro que permita eliminar de la faz de la tierra, si es posible, este flagelo del terrorismo que tiene consecuencias trágicas para la humanidad en todos los sentidos.

Entonces, reivindicando la posición del Partido Nacional, vamos a apoyar este proyecto a fin de dar al país el instrumento que se merece.

Gracias.

20.- Licencias.

Integración de la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones:

Del señor Representante José Carlos Mahía por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 5 y 6 de diciembre de 2001, convocándose a la suplenta correspondiente siguiente, señora Gabriela Garrido.

Del señor Representante Tabaré Hackenbruch, por motivos personales y sin goce de sueldo, incisos tercero y cuarto de la Ley Nº 16.465, por los períodos comprendidos entre los días 4 y 13 de diciembre de 2001 y 14 y 20 de diciembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente señor Heber Duque.

Del señor Representante Pablo Mieres, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, literal C) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para participar de la Conferencia y Taller de Trabajo de "Comparative National Elections Project" a realizarse en la ciudad de Santiago, República de Chile, por el período comprendido entre los días 10 y 12 de diciembre de 2001, convocándose a la suplenta correspondiente siguiente, señora Mariella Demarco.

Del señor Representante Washington Abdala, en misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para participar en el Foro Empresarial MERCOSUR - Unión Europea, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, por el período comprendido entre los días 6 y 7 de diciembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Miguel Dicancro.

Del señor Representante Julio Luis Sanguinetti, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 5 y 20 de diciembre de 2001. Habiéndose agotado la nómina de suplentes solicítase a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y seis en sesenta y ocho: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas, y se oficiará a la Corte Electoral solicitando la proclamación de nuevos suplentes en el caso pertinente.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 4 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

Por la presente, solicito a usted licencia por motivos personales desde los días 5 y 6 del corriente.

Sin otro particular, saluda atentamente.

JOSÉ CARLOS MAHÍA
Representante por Canelones".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 5 y 6 de diciembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 5 y 6 de diciembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, a la suplenta correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Gabriela Garrido.

Sala de la Comisión, 4 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 4 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo establecido por la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales desde el 4 de diciembre hasta el 13 de diciembre inclusive.

Asimismo se me concede licencia sin goce de sueldo desde el 14 de diciembre hasta el 20 de diciembre inclusive.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI
Representante por Canelones".

"Montevideo, diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Jorge Omar Bentancurt".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: Las solicitudes de licencia por motivos personales y sin goce de sueldo del señor Representante por el departamento de Canelones, Tabaré Hackenbruch.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por los períodos comprendidos entre los días 4 y 13 de diciembre de 2001, por motivos personales y 14 y 20 de diciembre de 2001, sin goce de sueldo.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Omar Bentancurt.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por los incisos tercero y cuarto del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994, y en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por los períodos comprendidos entre los días 4 y 13 de diciembre de 2001, por motivos personales y del 14 al 20 de diciembre de 2001, sin goce de sueldo, al señor Representante por el departamento de Canelones, Tabaré Hackenbruch.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente correspondiente siguiente, señor Omar Bentancurt.

3) Convóquese por Secretaría, por los mencionados lapsos, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2005 del Lema Partido Colorado, señor Heber Duque.

Sala de la Comisión, 4 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 4 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

A través de la presente y de acuerdo a lo dispuesto en el literal C) del artículo único de la Ley Nº 16.465, por ausentarme del país en virtud de haber sido invitado a participar de la Conferencia y Taller de Trabajo de 'Comparative National Elections Project' organizados por el Mershon Center de Ohio State University, Wolkswagen Stiftung, a realizarse en la ciudad de Santiago de Chile. Solicito a usted tenga a bien disponer los trámites necesarios a efectos de concerdeme licencia a mi cargo como Representante Nacional, desde el 10 hasta el 12 de diciembre de 2001 inclusive.

Se adjunta copia de la invitación.

Sin otro particular, saluda atentamente.

PABLO MIERES
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior del señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo Mieres, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para participar de la Conferencia y Taller de Trabajo de "Comparative National Elections Project" a realizarse en la ciudad de Santiago, República de Chile.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 10 y 12 de diciembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y en el literal C) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia al señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo Mieres, por el período comprendido entre los días 10 y 12 de diciembre de 2001, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para participar de la Conferencia y Taller de Trabajo de "Comparative National Elections Project" a realizarse en la ciudad de Santiago, República de Chile.

2) Convóquese por Secretaría, para integrar la referida representación por el mencionado lapso, a la suplenta correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 99000 del Lema Partido del Nuevo Espacio, señora Mariella Demarco.

Sala de la Comisión, 4 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 4 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo establecido por la Ley Nº 16.465, artículo único, inciso B), solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por Misión Oficial a efectos de participar en el Foro Empresarial Mercosur - Unión Europea a realizarse los días 6 y 7 de diciembre en Buenos Aires, Argentina.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

WASHINGTON ABDALA
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Washington Abdala, para asistir al Foro Empresarial MERCOSUR – Unión Europea, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 6 y 7 de diciembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y por el literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Washington Abdala, por el período comprendido entre los días 6 y 7 de diciembre de 2001, para asistir al Foro Empresarial MERCOSUR – Unión Europea, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

2) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2000 del Lema Partido Colorado, señor Miguel Dicancro.

Sala de la Comisión, 4 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 4 de diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo establecido por la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales de acuerdo a lo establecido, desde el 5 hasta el 20 de diciembre, inclusive.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

JULIO LUIS SANGUINETTI
Representante por Canelones".

"Montevideo, diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Antonio Delgado Espino".

"Montevideo, diciembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Jorge Omar Bentancurt".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Canelones, Julio Luis Sanguinetti.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 5 y 20 de diciembre de 2001.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que fueron objeto los suplentes correspondientes, señores Antonio Delgado y Omar Bentancurt; el suplente siguiente, Heber Duque integra la Cámara entre los días 4 y 20 de diciembre de 2001.

III) Que habiéndose agotado la nómina es pertinente solicitar a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y en el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1)Concédese licencia por motivos personales, al señor Representante por el departamento de Canelones, Julio Luis Sanguinetti, por el período comprendido entre los días 5 y 20 de diciembre de 2001.

2)Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes siguientes de la Hoja de Votación Nº 2005, del Lema Partido Colorado, señores Antonio Delgado y Omar Bentancurt.

3) Ofíciese a la Corte Electoral.

Sala de la Comisión, 4 de diciembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

21.- Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del MERCOSUR y la República de Bolivia y la República de Chile. (Aprobación).

——Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: en el momento de la votación de este tratado internacional nos vamos a retirar de Sala, en tanto pensamos que en materia de tratados sobre un tema tan sensible como la lucha contra el terrorismo se necesita construir una política de Estado, y yo creo que esa política de Estado, de alguna forma, está cuestionada.

No lo está por el texto de este tratado. A diferencia de otros, no tengo reparos en la interpretación del artículo 5, por algunos argumentos que se han expresado en Sala. En lo que sí tengo reparos es en que el Poder Ejecutivo todavía no haya comprendido que un espectro importante del país, más del 60% o 70% de la ciudadanía, quiere que cuando se hable de la lucha contra el terrorismo se incorpore también la lucha contra el terrorismo de Estado. No se debe a esta iniciativa la toma de esta acción política, sino a la falta de voluntad política que ha tenido el Poder Ejecutivo con relación al tratado que establece una Corte Penal Internacional.

Aquí se dice que se quieren establecer mecanismos a los efectos de la lucha contra el terrorismo. Bienvenidos sean. Pero una de las situaciones más terribles que ha sufrido la humanidad es el terrorismo de Estado a través del genocidio, de los crímenes de guerra o de los delitos contra la humanidad. El Poder Ejecutivo aún no ha enviado ese tratado de creación de la Corte Penal Internacional y no ha sido claro en cuanto al tema.

La política de Estado se construye no solo al momento de la generación de los instrumentos internacionales -o, eventualmente, su aprobación o ratificación-, sino en su aplicación. Este tratado tiene la misma norma que otro tratado al que, lamentablemente para la historia del país, este Poder Ejecutivo dio una particularísima interpretación, contrariando una tradición de más de cien años y el espíritu de dicho tratado, en cuanto el Poder Ejecutivo, por sí y ante sí -todavía con un informe del señor Fiscal de Corte, prácticamente reservado, que niegan a la prensa, que no quieren mostrar-, resolvió denegar la extradición de tres conocidos delincuentes y criminales, como los señores Gavazzo, Cordero, Silveira y el fallecido Campos Hermida.

Las voluntades políticas no solamente se ponen de manifiesto al momento de levantar la mano para ratificar los tratados. De voluntades políticas también depende su aplicación. Quisiéramos ver mensajes que cambien las políticas. No alcanza con asistir a la Comisión de Asuntos Internacionales a darnos clase. Aquí se necesita un cambio sustancial de política. Por eso es que, a pesar de que normalmente acompañaríamos este tratado de extradición, no lo vamos a hacer en la noche de hoy porque, en realidad, lo que está faltando es la voluntad política de construir entre todos una política de Estado en materia internacional y, lo que es más importante, la política en materia de lucha contra el terrorismo; contra el terrorismo individual, religioso, fundamentalista, y también contra el terrorismo de Estado.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Ha finalizado la lista de oradores.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en setenta y siete: AFIRMATIVA.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: el Nuevo Espacio Independiente ha votado afirmativamente este proyecto de ley, consistentemente con su actuación en el pasado. Si se revisan los antecedentes en esta materia, se verá que en todas las oportunidades en que se consideraron acuerdos propugnados por nuestro Estado referidos a actos de terrorismo, nuestra bancada votó afirmativamente, en el entendido de que contribuyen de mejor forma al relacionamiento internacional de todas las naciones.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en setenta y ocho: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

(Texto del proyecto aprobado:)

"Artículo Único.- Apruébase el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en Río de Janeiro, el 10 de diciembre de 1998".

22.- Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del MERCOSUR. (Aprobación).

——Se pasa a considerar el asunto que figuraba en quinto término del orden del día y que pasó a ser sexto: "Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del MERCOSUR. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 240

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 15 de junio de 2000.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 168, numeral 20 y el Artículo 85 numeral 7 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el cual se aprueba el "Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del MERCOSUR" suscrito en Río de Janeiro, el 10 de diciembre de 1998.

I. LAS RELACIONES DE EXTRADICIÓN EN LA REGIÓN

Las relaciones de extradición entre los Estados se contempla primordialmente en tratados bilaterales, algunos de las postrimerías del siglo pasado o los albores del presente, regla a la que no escapan los Estados miembros del MERCOSUR y los países asociados, Bolivia y Chile.

En ellos, es común la inclusión de listas de delitos respecto de los que es factible solicitar la extradición, técnica superada en los modernos acuerdos. Nuestro país comenzó a renovar la previsión normativa en este sector a partir del nuevo tratado que rige con España, suscrito el 28 de febrero de 1992, aprobado por Ley Nº 16.799, en vigor desde el 19 de abril de 1997, al que subsiguió la celebración de otros tratados que respondieron a una misma concepción técnica.

En este proceso y no obstante la singularidad de cada negociación bilateral, la finalidad general perseguida tendió, en lo sustancial, a obtener textos adaptados a la moderna evolución del instituto, teniendo en cuenta las nuevas modalidades de la criminalidad nacional e internacional; y, en lo formal, se procuró dotar a estos nuevos tratados de una adecuada sistematización tendiente a facilitar la interpretación y aplicación de las disposiciones por parte de las autoridades competentes.

Este renovado enfoque implica un avance en relación a los tratados precedentes desde diversos ángulos. Entre otras características, los antiguos, con la pretensión de dotar de mayor certeza a la relación bilateral, por lo general admitían la extradición en relación a delitos contenidos en una lista dada y no de otros. Las nóminas limitadas son inexorablemente superadas por la evolución, habida cuenta de que se tipifican nuevas figuras delictivas y que algunas conductas penalizadas caen en correlativo desuso.

Los nuevos convenios se apartan acertadamente de este mecanismo y adoptan el criterio de la gravedad de la pena. En consecuencia, conductas o modalidades imprevisibles en el momento de la negociación quedarán incorporadas "ipso jure", siempre que se cumpla con los demás requisitos exigidos.

En las relaciones entre los Estados del MERCOSUR y sus asociados, como entre los restantes países, se advierte un entrecruzamiento de tratados bilaterales que responden a técnicas legislativas y a políticas diversas, armónicas en cada caso con el momento histórico de su celebración. En el área, desde la perspectiva de nuestro país, el precitado proceso de actualización sólo se materializó con Argentina y con Chile (convenios no ratificados), en tanto rigen antiguos tratados con Bolivia, Brasil y Paraguay. Dada la escasa convocatoria de la Convención Interamericana de Caracas de 1981 (sólo son Parte Ecuador, Panamá y Venezuela) constituiría el recientemente aprobado el único tratado subregional moderno del continente, al estilo de la regulación que en este terreno se adoptó en los países europeos.

II. EL TEXTO APROBADO

II.A. Antecedentes

La adopción de un régimen regional común de extradición como materia de posible negociación fue manejada en diversas instancias de la actividad de la Reunión de Ministros de Justicia del MERCOSUR y de la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR, en las que se estimó de interés y utilidad la sanción de disposiciones que respondieran a las nuevas modalidades de la delincuencia, realidad no contemplada en los tratados no actualizados.

Durante el último semestre de 1998 se ciñeron las delegaciones al estudio exhaustivo de esta materia, con miras a la aprobación de un convenio cuyo ámbito espacial comprendiera a los cuatro países del bloque y sus asociados.

A partir del 37º Encuentro de la Comisión Técnica de la Reunión de Ministros de Justicia, en agosto de 1998, cuya sede correspondió a Brasil, la tarea se concentró primordialmente en el análisis de un proyecto de acuerdo de extradición, el que se venía examinando desde tiempo atrás.

Se dio cumplimiento, con ello, a una de las áreas prioritarias de la Agenda acordada durante la IX Reunión de Ministros de Justicia del MERCOSUR, que tuvo lugar en Buenos Aires en junio de 1998, como culminación de la presidencia "pro tempore" de Argentina.

La inquietud y la conveniencia de contar con un régimen único en este terreno se había expresado asimismo de modo relevante en el seno de la Reunión de Ministros del Interior, ámbito en el que se consideró oportuno delegar los trabajos en la Reunión de Ministros de Justicia por razones de especialidad técnica.

Sin perjuicio de los anteproyectos específicos formulados como base de los trabajos, se tuvieron en cuenta, a modo de antecedente, diversos tratados regionales y bilaterales, entre ellos, los celebrados por Uruguay a partir del tratado con España y los que rigen en la Unión Europea.

Finalmente, en Brasilia, el 20 de noviembre de 1998, durante la X Reunión de Ministros de Justicia del MERCOSUR, Bolivia y Chile, que tuvo lugar en forma conjunta con la Reunión de Ministros del Interior -habida cuenta de que en Brasil ambas Carteras constituyen un único Ministerio- el texto concertado se aprobó mediante la suscripción de los Ministros de Justicia o con cometidos de Justicia.

En dicha ocasión, conforme a lo dispuesto por las Decisiones Nº 14/96 y 12/97 del Consejo del Mercado Común (CMC) se suscribieron dos tratados de extradición de idéntico tenor en lo sustancial, uno vinculante de los países del MERCOSUR y el otro entre los cuatro Estados miembros, Bolivia y Chile. Posteriormente, uno y otro constituyeron contenido de las Decisiones del CMC Nº 14/98 y 15/98, respectivamente, emanadas de la Reunión celebrada en Río de Janeiro, el 10 de diciembre de 1998, en la que el texto del primero de los Acuerdos citados fue firmado por los cuatro Cancilleres de los países del MERCOSUR y, el segundo, por los de estos países, Bolivia y Chile.

II.B. Las principales soluciones

La regulación se polariza en dos sectores fundamentales, el derecho material y el procesal. El primero se organiza en torno a las normas reguladoras de la procedencia, las que prevén la improcedencia y las que contemplan la denegación facultativa. Se regulan, además, los límites a la extradición, que se concretan en el tradicional principio de la especialidad, en las hipótesis de reextradición y en la previsión relativa a la aplicación de la pena de muerte o de prisión perpetua por el Estado requirente.

En lo atinente al derecho procesal, fueron contempladas de modo pormenorizado las diversas etapas comprensivas de la solicitud, los documentos que deben acompañarla y sus vías de transmisión, la información complementaria cuando corresponda, el proceso, la extradición simplificada, la decisión, la entrega, su eventual aplazamiento y la detención preventiva.

II.B.l. PROCEDENCIA DE LA EXTRADICIÓN: jurisdicción, doble incriminación y pena.

Tres son los supuestos por los que se puede solicitar la extradición: para iniciar el proceso, para responder a un proceso en curso o para la ejecución de una condena (artículo 1). Los dos primeros tienen especial significación para nuestro país, en virtud de la prohibición constitucional de procesar en rebeldía, principio no necesariamente compartido por los demás Estados.

Conforme al artículo 2, párrafo 1 se requiere la doble incriminación, sin perjuicio de la diversa denominación de los delitos en el Estado requirente y en el requerido, así como una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años.

El párrafo 3 contempla la extradición accesoria en el supuesto de delitos diversos y conexos. Deberá respetarse la doble incriminación, aunque podrá procesarse aun por los delitos castigados con una pena menor a la dispuesta en el párrafo 1. De este modo no podrá el extraditado evadir las acciones penales por los delitos menores y podrá ser procesado por todas las conductas por los tribunales del Estado requirente.

Según dispone el artículo 3 (Capítulo II), la procedencia de la extradición se asienta en la jurisdicción, la doble incriminación y la pena. Sin perjuicio de los dos primeros, a los que ya se hiciera mención, la jurisdicción para conocer en los hechos que fundan la solicitud es un requisito fundamental para justificar legítimamente el pedido, respecto del que existe pacífico consenso en la doctrina y en la práctica y de este modo está recogido en los textos internacionales.

II.B.2. IMPROCEDENCIA DE LA EXTRADICIÓN: los delitos políticos; los delitos militares; la cosa juzgada; indulto, amnistía y gracia; los tribunales de excepción; la prescripción; los menores.

El Capítulo III establece las causales de improcedencia de la extradición, previendo pormenorizadamente las excepciones a la entrega.

Los delitos políticos.

No se concederá la extradición por delitos que el Estado requerido considere políticos o conexos con delitos de esta naturaleza (artículo 5, párrafo 1). Se aclara que la mera invocación de un fin o motivo político no implicará que los delitos deban necesariamente calificarse como políticos.

El párrafo 2, uno de los sectores cruciales del Acuerdo, circunscribe y delimita el terreno del delito político en tanto fundamento de excepción a la entrega. Se tuvo en cuenta la evolución regional y bilateral en este dominio, habiéndose aprobado una fórmula similar en su filosofía a la acordada en el vigente tratado bilateral con España, tomando en consideración, pese a haber tenido presente los últimos desarrollos europeos -más radicales- el régimen jurídico y la idiosincrasia de los países de la región.

Una pormenorizada enumeración de conductas reduce sensiblemente la posibilidad de invocar la excepción del delito o los motivos políticos, identificando las que "bajo ninguna circunstancia" podrán calificarse como delitos políticos. Son ellos la tradicional cláusula belga, ampliada a texto expreso en el sentido de la interpretación ya dada por la doctrina, que incluye a "otras autoridades nacionales o locales o sus familiares", el genocidio, los crímenes de guerra o los delitos contra la humanidad, así como los actos de naturaleza terrorista, aún en grado de tentativa. En relación a éstos se describen posibles conductas "a título ilustrativo" y se enuncia una cláusula residual, conforme a la cual se considerará de naturaleza terrorista "en general", cualquier acto no comprendido en los supuestos anteriores cometido con el propósito de atemorizar a la población, a clases o sectores, atentar contra la economía de un país, su patrimonio cultural o ecológico, o cometer represalias de carácter político, racial o religioso (Artículo 5, numeral 2, literal v).

La preocupación de la comunidad internacional por la notoria evolución de la delincuencia transnacional organizada, que entre otras formas de criminalidad adopta modalidades terroristas, ha determinado la singular incidencia de este núcleo de conductas en la evaluación y la consiguiente determinación de las causales de procedencia -o improcedencia- de la extradición. Se tuvo en cuenta, por ende, conforme a la tendencia universal, la filosofía que subyace en el Preámbulo de la Convención Europea para la supresión del terrorismo de Estrasburgo (1977) cuando expresa que la extradición es una medida particularmente efectiva para asegurar que quienes perpetren actos de terrorismo no escapen a la persecución y castigo.

Esta evocación preambular, erigida en postulado por el moderno derecho internacional de la extradición, tiene especial significación: pese a los eventuales fines políticos -o a su conexión con ellos- de quienes cometan actos de terrorismo, tales motivos o delitos no serán considerados de naturaleza política a los efectos de la extradición, la que no podrá ser denegada en base a tal calificación.

Otras causales.

Se prevén, además, como causal de improcedencia, los delitos de naturaleza exclusivamente militar (Artículo 6), la cosa juzgada, el indulto, la amnistía y la gracia, disposición equivalente a la contenida en el CPP nacional (cuya vigencia fue pospuesta) previsión que contempla situaciones particulares y refiere a medidas que han sido tomadas por las autoridades competentes de algunos países signatarios.

Conforme a los principios generales, no se concederá la extradición cuando los tribunales que deban juzgar sean "ad hoc" (Artículo 8) ni cuando la acción o la pena estuvieren prescriptos conforme a la legislación del Estado requerido (Artículo 9).

Los menores.

El Artículo 10 prevé, por primera vez en un tratado celebrado por nuestro país, la no extradición de los menores, inclusión conveniente y oportuna, habida cuenta de que la práctica ni la jurisprudencia son homogéneas en relación a su entrega. Ello se advierte en supuestos de dudosa calificación, tales como las solicitudes provenientes de países en los que el reclamado es mayor en tanto es menor para el Estado requerido -en cuyo caso no habría doble incriminación- así como en los casos en los que se le reclama para aplicarle medidas correctivas.

Dados los matices de las legislaciones penales internas, pareció adecuado regular la situación mediante una norma material, habiéndose fijado la minoridad en dieciocho años a efectos de la extradición, conforme a la legislación nacional e internacional en vigor.

En los supuestos de no entrega y dada su calidad de instrumento superior de cooperación, se procuró evitar en éste y en otros sectores del Acuerdo el fomento de la impunidad o la indiferencia ante una solicitud de extradición. Con un tratamiento simétrico al dispuesto para la no entrega de los nacionales, el párrafo 2 impone al Estado requerido la obligación de aplicar, conforme a su ley, las mismas medidas correctivas que si las conductas hubieran sido cometidas en su territorio.

II.B.3. DENEGACIÓN FACULTATIVA: la nacionalidad; actuaciones en curso por los mismos hechos.

La cuestión de la entrega de los nacionales polariza a Brasil en un sentido opuesto a los demás Estados signatarios. A pesar de las dispares posiciones hubo de tenerse en cuenta una realidad insoslayable, la prohibición constitucional brasileña de entregar a sus nacionales. La cuestión giró, pues, en torno a los matices de la fórmula específica a adoptar.

Los demás países -entre ellos el nuestro, que defendió su tradicional posición en un sentido positivo- procuraron al menos un mecanismo que impusiera la extradición como principio, sin desmedro del respeto ineludible por la jerarquía constitucional de la norma brasileña prohibitiva. Dispone el artículo 11 que "la nacionalidad de la persona reclamada no podrá ser invocada para denegar la extradición, salvo que una disposición constitucional establezca lo contrario". La fórmula se inspiró en la acertada solución del Tratado de Montevideo de Derecho Penal Internacional de 1940 (artículo 19), cuyo principio general también se recoge en los últimos tratados europeos.

A pesar de la posición uruguaya en favor de la no discriminación en base a la nacionalidad, no es frecuente la concertación de tratados -en especial bilaterales- que acojan tal solución, en virtud de las frecuentes prohibiciones constitucionales o legales. En el tratado con España, nuestro país suscitó que su contraparte accediera históricamente por primera vez a una previsión que autoriza la extradición de sus nacionales, posición que por ambas delegaciones se estimó favorecedora de la cooperación y por ende de la prestación de justicia.

El párrafo 2, restablece el equilibrio de la relación, en tanto faculta a los demás Estados Partes a denegar la extradición a Brasil -no es preceptivo- circunstancia que deberá evaluarse en cada caso.

Con un fundamento aún más justificado que en el supuesto de los menores, se procuró evitar situaciones de impunidad. Por ello, se establece la obligación de juzgar a la persona no entregada y, como innovación, se dispone una carga adicional: la de mantener informado al otro Estado Parte acerca del juicio, así como de remitirle copia de la sentencia una vez que aquél finalice (párrafo 3).

Conforme a la posición generalmente admitida, el Artículo 12 establece que la extradición podrá ser denegada si la persona reclamada está siendo juzgada en el territorio del Estado requerido por las conductas en las que aquélla se funda, debiéndose evaluar el caso particular, dado que la solución no es preceptiva.

II.B.4. LOS LÍMITES A LA EXTRADICIÓN: pena de muerte o prisión perpetua; el principio de la especialidad; la reextradición.

Dos son los posibles enfoques desde la perspectiva de los Estados que proscriben la pena de muerte o la privativa de libertad a perpetuidad en su derecho interno, ante la solicitud de entrega de un Estado que sí las contempla: denegar la extradición o bien concederla con la garantía de que no se aplicarán dichas penas.

El Artículo 13, párrafo 1 establece como principio general que no se aplicará al extraditado en ningún caso la pena de muerte o la privativa de libertad a perpetuidad. Dado el alcance inequívoco del párrafo 2, al que se hará referencia seguidamente, el primero puede parecer superfluo. No es así, no obstante, dado que Chile no prohíbe la pena de muerte en su legislación interna, aunque en los hechos ésta no se aplica, situación que podría eventualmente compartir alguna de las Partes del Acuerdo por efecto de una legislación superviniente e imprevisible al momento de negociar. Por ello, es pertinente el contundente principio general prohibitivo señalado.

El párrafo 2 dispone que la extradición sólo será admisible si el Estado Parte requirente aplicare la pena máxima admitida en la ley penal del Estado Parte requerido. El alcance real de esta disposición surge de la interpretación armónica y contextual de esta norma y del Artículo 18, numeral 5, que establece que en los supuestos bajo examen se adjuntará a la propia solicitud de extradición una declaración por la cual el Estado requirente se obliga a aplicar la pena mayor admitida por la legislación penal del Estado requerido. Esta obligación constituye una innovación que por primera vez se adoptó, a iniciativa de la delegación uruguaya, en el tratado bilateral con España y cuya propuesta fue aquí reiterada, con el objeto de conculcar cualquier ambivalencia o duplicidad en torno a la comprensión real y al compromiso efectivo del Estado requirente en cada caso concreto.

Se respeta el principio de la especialidad del modo tradicional, exceptuándose los supuestos de permanencia voluntaria de la persona entregada en el territorio del Estado requirente por cierto período, habiendo tenido la posibilidad de abandonar el territorio. Se prevé el consentimiento del Estado requerido para la extensión de la solicitud, la que deberá efectuarse con las mismas formalidades que si se tratara de un nuevo pedido (Artículo 14).

La reextradición configura un vínculo trilateral por el cual el Estado requirente se transforma en requerido "a posteriori" de la entrega de la persona cuya extradición solicitó. El derecho positivo y la práctica procuran que el Estado requerido original no quede excluido de la relación. En efecto, por diversas razones -desde la inexistencia de doble incriminación hasta fundamentos de orden público o la aplicabilidad de penas inadmisibles- pudo el Estado en el que originariamente se encontraba el reclamado no haber consentido en la entrega al actual nuevo Estado requirente. Por ello dispone el Artículo 15 que debe recabarse su consentimiento en debida forma, exceptuándose el supuesto de que la persona extraditada, habiendo tenido la posibilidad de abandonar el territorio del Estado al que se entregó, no lo hubiere hecho por su voluntad, en el plazo que se establece.

II.B.5. EL PROCEDIMIENTO.

Se contemplan los requisitos usuales para la solicitud, los documentos adjuntos y las vías de transmisión (Artículo 18). El pedido deberá transmitirse por vía diplomática y su diligenciamiento será regulado por la legislación del Estado requerido.

La solicitud y los documentos estarán exentos de legalización o formalidad análoga (Artículo 19), previsión coherente con la calidad de países integrados de los signatarios, así como con la vía diplomática de transmisión, tradicionalmente exenta del señalado requisito. Deberán acompañarse, no obstante, de una traducción al idioma del Estado requerido (Artículo 20).

Se detallan los documentos que deben adjuntarse, los que varían en función de la calidad del reclamado, según se trate de un condenado, de quien se encuentre en una etapa procesal previa o si el juicio no se hubiere iniciado. En todos los caso se acompañarán los textos legales que tipifican y sancionan el delito, identificando la pena a aplicar, así como las disposiciones que establecen la jurisdicción del Estado requirente y una declaración de que la acción ni la pena se encuentran prescriptos.

El Artículo 21 contempla la remisión de información complementaria, cuando los datos o documentos remitidos fueren insuficientes o defectuosos, la que podrá ser suministrada en un plazo de cuarenta y cinco días corridos a partir de la fecha en que el país requirente fue informado de dicha necesidad, plazo que podrá ser extendido mediando circunstancias especiales que justifiquen el incumplimiento. Si dicha información no fuere proporcionada, se tendrá a requirente por desistido de la solicitud.

Como se señalara, cuando el Estado requirente contemple la pena de muerte o de prisión perpetua, deberá adjuntarse a la solicitud una declaración mediante la cual dicho Estado se compromete a no aplicar aquellas penas sino la mayor admitida en el Estado requerido.

La decisión, en sentido afirmativo o negativo, deberá ser comunicada sin demora por vía diplomática (Artículo 22). Si fuere denegatoria, total o parcialmente, deberá ser fundada. La concesión de la extradición deberá notificarse al Estado requirente, así como el lugar y fecha de la entrega. Se prevé que la persona será puesta en libertad si no fuere retirada en treinta días, salvo las excepciones que se establecen.

Se prevén circunstancias especiales que justifican la no entrega en el plazo acordado, disponiéndose que en caso de fuerza mayor o de enfermedad grave debidamente comprobada que la impida u obstaculice, ello será informado a la otra Parte, pudiéndose acordar una nueva fecha.

El Artículo 23, que regula el aplazamiento de la entrega, contiene una previsión en favor de la cooperación, la que se vería retaceada si un proceso en curso en el Estado requerido, de modo indiscriminado, aún en el supuesto de un delito sensiblemente menos grave que aquél que justifica el pedido, determinara de modo absoluto la imposibilidad de entregar.

El párrafo 1 impone al Estado requerido la obligación de dictaminar acerca de la extradición en todos los casos, aún si el reclamado estuviere sujeto a proceso o cumpliendo una condena. Si la decisión fuere favorable, el Estado requerido podrá -facultativo- aplazar la entrega hasta la conclusión del proceso o hasta que se haya cumplido la pena. No obstante, estará obligado a entregar sin demora si el delito que funda el aplazamiento estuviere sancionado por el Estado requerido con una pena de duración inferior a la establecida para fundar la extradición conforme al artículo 2. Como es de recibo, las responsabilidades civiles derivadas del delito o cualquier proceso civil no impedirán la entrega.

De acuerdo a la tendencia de los modernos tratados se contempla en el Artículo 27 la extradición simplificada o voluntaria, conforme a la cual la extradición se otorga, precisamente, en función de la voluntad de la persona reclamada. En tal supuesto, ésta deberá tener asistencia legal y su consentimiento se efectuará ante la autoridad judicial del Estado requerido, después de haber sido informada de su derecho a un procedimiento formal. Es éste un precepto conveniente, en tanto es susceptible de beneficiar tanto al Estado requirente como al requerido y al propio reclamado. En efecto, este último, por diversas razones, familiares, de radicación, sistema carcelario o preferencia personal, puede estar interesado en su traslado.

En materia de detención preventiva, ésta puede solicitarse por vía diplomática o a través de la INTERPOL (Artículo 29). Si a los cuarenta días de la detención no se hubiera formalizado la solicitud, la persona será liberada. El plazo es razonable, de duración similar a la prevista en la mayoría de los tratados modernos. La magnitud geográfica de Brasil, su necesidad de traducir documentos y las complejidades derivadas de la dispersión de sus tribunales judiciales, determinó que no se hubiera podido fijar un plazo más breve.

II.B.6. OTRAS PREVISIONES. ORDEN PÚBLICO.

Como en otros tratados de extradición y de cooperación penal, se aprobó una disposición de amplio alcance, según la cual en forma excepcional y fundada, el Estado Parte requerido podrá denegar la solicitud de extradición cuando su cumplimiento sea contrario a la seguridad, al orden público u otros intereses esenciales para el Estado Parte requerido (Artículo 30). Este precepto es de singular utilidad, en virtud de que circunstancias excepcionales, imprevisibles al momento de la negociación -por lo que no pueden ser recogidas como supuesto de denegación de modo expreso- pueden indicar la conveniencia de no acceder en un caso específico a la asistencia pedida en beneficio de valores esenciales, lo que en modo alguno consigna una permisividad general para denegar la cooperación. Conforme a nuestro régimen, estas circunstancias serán evaluadas estrictamente por el Poder Judicial.

II.B.7. CONSIDERACIONES FINALES.

Pese a que como todo tratado este Acuerdo es producto de fórmulas de transacción, la homogeneidad de antecedentes legislativos y una cultura jurídica común determinaron que pudiera obtenerse un resultado satisfactorio, tanto en las soluciones de fondo como en su estructura.

La similitud de sistemas jurídicos y el ámbito relativamente reducido de negociación facilitaron la concreción de políticas legislativas comunes a la región, teniendo presente la evolución mundial, que introduce innovaciones destacables en materia de delito político y terrorismo.

Se recogen los modernos desarrollos bilaterales y regionales, habiéndose seguido de cerca los recientes del dominio europeo, impregnados de soluciones que favorecen la agilidad de la cooperación. No obstante, y pese al marco de referencia universal que debió necesariamente tenerse en cuenta, las soluciones incorporadas en todos los sectores se adaptan a las particularidades de los Estados de la región.

Desde otro ángulo, el Acuerdo sobre Extradición del MERCOSUR constituye la culminación de una exhaustiva regulación en el dominio de la cooperación y asistencia judicial entre los Estados miembros, en virtud de que fueron celebrados tres tratados en esta materia, dos en el sector civil, el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial Laboral y Administrativa (Las Leñas, 1992) y el Protocolo de Medidas Cautelares (Ouro Preto, 1994); y uno en el área penal, el Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales (Buenos Aires, 1996) -los dos primeros en vigor y ratificados por nuestro país-.

Se verá favorecida la agilidad en la prestación de justicia, en virtud de que la puesta en vigor de un texto único para los países del MERCOSUR y sus asociados facilitará la práctica, habida cuenta de que tanto los jueces como los asesores aplicarán un mismo tratado para las relaciones bilaterales entre cualesquiera de los Estados del escenario integrado, posibilitando la creación, con el transcurso del tiempo, de una práctica y una jurisprudencia razonablemente homogéneas.

Del punto de vista de la armonía legislativa interna, el Acuerdo guarda coherencia con los bilaterales suscritos a partir del tratado con España, como ya se expresara, así como con las previsiones fundamentales del régimen nacional.

Por los fundamentos expuestos, se estima de singular importancia la entrada en vigor del presente instrumento jurídico internacional, por lo que se solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

LUIS HIERRO LÓPEZ, GUILLERMO VALLES, GUILLERMO STIRLING, ANTONIO MERCADER.

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Apruébase el "Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del MERCOSUR" suscrito en Río de Janeiro, el 10 de diciembre de 1998.

Montevideo, 15 de junio de 2000.

GUILLERMO VALLES, GUILLERMO STIRLING, ANTONIO MERCADER.

TEXTO DEL ACUERDO

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República de Paraguay y la República. Oriental del Uruguay, denominadas en lo sucesivo Estados Parte;

Considerando lo dispuesto por el Tratado de Asunción, firmado el 26 de marzo de 1991 entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República de Paraguay y la República Oriental del Uruguay y el Protocolo de Ouro Preto, firmado el 17 de diciembre de 1994 por esos mismos Estados Parte;

Recordando que los instrumentos fundacionales del MERCOSUR establecen el compromiso para los Estados Parte de armonizar sus legislaciones;

Reafirmando el deseo de los Estados Parte del MERCOSUR de acordar soluciones jurídicas comunes con el objeto de fortalecer el proceso de integración;

Destacando la importancia de contemplar dichas soluciones en instrumentos jurídicos de cooperación en áreas de interés común como la cooperación jurídica y la extradición;

Convencidos de la necesidad de simplificar y agilizar la cooperación internacional para posibilitar la armonización y la compatibilización de las normas que regulan el ejercicio de la función jurisdiccional de los Estados Parte;

Teniendo presente la evolución de los Estados democráticos tendiente a la eliminación gradual de los delitos de naturaleza política como excepción a la extradición;

Resuelven celebrar un Acuerdo de Extradición en los términos que siguen:

CAPÍTULO I

Principios Generales

Artículo 1

Obligación de conceder la extradición

Los Estados Parte se obligan a entregarse recíprocamente, según las reglas y las condiciones establecidas en el presente Acuerdo, a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios y sean requeridas por las autoridades competentes de otro Estado Parte, para ser procesadas por la presunta comisión de algún delito, para que respondan a un proceso en curso o para la ejecución de una pena privativa de libertad.

Artículo 2

Delitos que dan lugar a la extradición

1. Darán lugar a la extradición los hechos tipificados como delito por las leyes del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido, cualquiera sea la denominación de los delitos, que sean punibles en ambos Estados con una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años.

2. Si la extradición fuera requerida para la ejecución de una sentencia se exigirá, además, que la parte de la pena que aún quede por cumplir no sea inferior a seis meses.

3. Si la extradición requerida por uno de los Estados Parte estuviere referida a delitos diversos y conexos, respetando el principio de la doble incriminación para cada uno de ellos, bastará con que uno de los mismos satisfaga las exigencias previstas en este artículo para que pueda concederse la extradición, inclusive con respecto de los otros delitos.

4. Procederá igualmente la extradición respecto de los delitos previstos en acuerdos multilaterales en vigor entre el Estado Parte requirente, y el Estado Parte requerido.

5. Cualquier delito que no esté expresamente exceptuado en el Capítulo III del presente Acuerdo dará lugar a la extradición, siempre que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 3.

CAPÍTULO II

Procedencia de la Extradición

Artículo 3

Jurisdicción, Doble Incriminación y Pena

Para que la extradición sea considerada procedente es necesario:

a) que el Estado Parte requirente tenga jurisdicción para conocer en los hechos que fundan la solicitud, salvo cuando el Estado Parte requerido tenga jurisdicción para entender en la causa;

b) que en el momento en que se solicita la extradición los hechos que fundan el pedido satisfagan las exigencias del artículo 2 del presente Acuerdo.

CAPÍTULO III

Procedencia de la Extradición

Artículo 4

Modificación de la Calificación del Delito

Si la calificación del hecho constitutivo del delito que motivó la extradición fuete modificada posteriormente durante el proceso en el Estado Parte requirente, la acción no podrá proseguir, a no ser que la nueva calificación permita la extradición.

Artículo 5

Delitos Políticos

1. No se concederá la extradición por delitos que el Estado Parte requerido considere políticos o conexos con delitos de esta naturaleza. La mera invocación de un fin o motivo político, no implicará que éste deba necesariamente calificarse como tal.

2. A los fines del presente Acuerdo, no serán considerados delitos políticos bajo ninguna circunstancia:

a) El atentado contra la vida o la acción de dar muerte a un Jefe de Estado o de Gobierno o a otras autoridades nacionales o locales o a sus familiares.

b) El genocidio, los crímenes de guerra o los delitos contra la humanidad en violación de las normas del Derecho Internacional.

c) Los actos de naturaleza terrorista que, a título ilustrativo, impliquen alguna de las siguientes conductas:

i) el atentado contra la vida, la integridad física o la libertad de personas que tengan derecho a protección internacional, incluidos los agentes diplomáticos;

ii) la toma de rehenes o el secuestro de personas;

iii) el atentado contra personas o bienes mediante el uso de bombas, granadas, proyectiles, minas, armas de fuego, cartas o paquetes que contengan explosivos u otros dispositivos capaces de causar peligro común o conmoción pública;

iv) los actos de captura ilícita de embarcaciones o aeronaves;

v) en general, cualquier acto no comprendido en los supuestos anteriores cometido con el propósito de atemorizar a la población, a clases o sectores de la misma, atentar contra la economía de un país, su patrimonio cultural o ecológico, o cometer represalias de carácter político, racial o religioso;

vi) la tentativa de cualquiera de los delitos previstos en este artículo.

Artículo 6

Delitos militares

No se concederá la extradición por delitos de naturaleza exclusivamente militar.

Artículo 7

Cosa Juzgada, Indulto, Amnistía y Gracia

No se concederá la extradición de la persona reclamada en caso de que haya sido juzgada, indultada, beneficiada por la amnistía o que haya obtenido una gracia por el Estado Parte requerido respecto del hecho o de los hechos en que se fundamenta la solicitud de extradición.

Artículo 8

Tribunales de Excepción o "ad hoc"

No se concederá la extradición de la persona reclamada cuando hubiere sido condenada o deba ser juzgada en el Estado Parte requirente por mi tribunal de excepción o "ad hoc".

Artículo 9

Prescripción

No se concederá la extradición cuando la acción o la pena estuvieren prescriptas conforme a la legislación del Estado Parte requirente o del Estado Parte requerido.

Artículo 10

Menores

1. No se concederá la extradición cuando la persona reclamada hubiere sido menor de dieciocho años al tiempo de la comisión del hecho o de los hechos por los cuales se le solicita.

2. En tal caso, el Estado Parte requerido le aplicará las medidas correctivas que de acuerdo a su ordenamiento jurídico se aplicarían si el hecho o los hechos hubieren sido cometidos en su territorio por un menor inimputable.

CAPÍTULO IV

Denegación Facultativa de Extradición

Artículo 11

Nacionalidad

1. La nacionalidad de la persona reclamada no podrá ser invocada para denegar la extradición, salvo que una disposición constitucional establezca lo contrario.

2. Los Estados Parte que no contemple una disposición de igual naturaleza que la prevista en el párrafo anterior podrán denegarle la extradición de sus nacionales.

3. En las hipótesis de los párrafos anteriores el Estado Parte que deniegue la extradición deberá juzgar a la persona reclamada y mantener informado al otro Estado Parte a cerca del juicio así como remitirle copia de la sentencia una vez que aquél finalice.

4. A los efectos de este artículo, la condición de nacional se determinará por la legislación del Estado Parte requerido vigente en el momento en que se solicite la extradición, siempre que la nacionalidad no hubiere sido adquirida con el propósito fraudulento de impedir la extradición.

Artículo 12

Actuaciones en curso por los mismos hechos

Podrá denegarse la extradición si la persona reclamada está siendo juzgada en el territorio del Estado Parte requerido a causa del hecho o los hechos en los que se funda la solicitud.

CAPÍTULO V

Límites a la Extradición

Artículo 13

Pena de Muerte o Pena Privativa de Libertad a Perpetuidad

1. El Estado Parte requirente no aplicará al extraditado, en ningún caso, la pena de muerte o la pena privativa de libertad a perpetuidad.

2. Cuando los hechos que originen una solicitud de extradición estuviesen sancionados en el Estado Parte requirente con la pena de muerte o con una pena privativa de libertad a perpetuidad, la extradición sólo será admisible si el Estado Parte requirente aplicare la pena máxima admitida en la ley penal del Estado Parte requerido.

Artículo 14

Principio de la Especialidad

1. La persona entregada no será detenida, juzgada ni condenada en el territorio del Estado Parte requirente por otros delitos cometidos con anterioridad a la fecha de la solicitud de extradición y no contenidos en ésta, salvo en los siguientes casos:

a) cuando la persona extraditada, habiendo tenido la posibilidad de abandonar el territorio del Estado Parte al que fue entregada, haya permanecido voluntariamente en él por más de cuarenta y cinco días corridos después de su liberación definitiva o regresare a él después de haberlo abandonado.

b) cuando las autoridades competentes del Estado Parte requerido consintiera en la extensión de la extradición a efectos de la detención, enjuiciamiento o condena de la persona reclamada por un delito distinto del que motivó la solicitud.

2. A este efecto, el Estado Parte requirente deberá remitir al Estado Parte requerido una solicitud formal de extensión de la extradición, la que será resuelta por este último. La solicitud deberá estar acompañada de los documentos previstos en el párrafo 4 del artículo 18 de este Acuerdo y del testimonio de la declaración judicial sobre los hechos que motivaron la solicitud de ampliación, prestada por el extraditado con la debida asistencia jurídica.

Artículo 15

Reextradición a un Tercer Estado

La persona entregada sólo podrá ser reextraditada a un tercer Estado con el consentimiento del Estado Parte que haya concedido la extradición, salvo el caso previsto en el literal a) del artículo 14 de este Acuerdo. El consentimiento deberá ser reclamado por medio de los procedimientos establecidos en la parte final del mencionado artículo.

CAPÍTULO VI

Derecho de Defensa y Cómputo de la Pena

Artículo 16

Derecho de Defensa

La persona reclamada gozará en el Estado Parte requerido de todos los derechos y garantías que otorgue la legislación de dicho Estado. Deberá ser asistida por un defensor y, si fuera necesario, recibirá la asistencia de un intérprete.

Artículo 17

Cómputo de la Pena

El período de detención cumplido por la persona extraditada en el Estado Parte requerido en virtud del proceso de extradición será computado en la pena a ser cumplida en el Estado Parte requirente.

CAPÍTULO VII

Procedimiento

Artículo 18

Solicitud

1. La solicitud de extradición será transmitida por vía diplomática. Su diligenciamiento será regulado por la legislación del Estado Parte requerido.

2. Cuando se tratare de una persona no condenada, la solicitud de extradición deberá ser acompañada por el original o copia de la orden de prisión o resolución equivalente, conforme a la legislación del Estado Parte requerido, emanado de la autoridad competente.

3. Cuando se trate de una persona condenada, la solicitud de extradición deberá ser acompañada por el original o la copia de la sentencia condenatoria o un certificado de que la misma no fue totalmente cumplida y del tiempo que faltó para su cumplimiento.

4. En las hipótesis señaladas en los párrafos 2 y 3, también deberán acompañarse a la solicitud:

i) una descripción de los hechos por los cuales se solicita la extradición, debiéndose indicar el lugar y fecha en que ocurrieron, su calificación legal y la referencia, a las disposiciones legales aplicables;

ii) todos los datos conocidos sobre la identidad, nacionalidad, domicilio o residencia de la persona reclamada y, si fuere posible, su fotografía, huellas digitales y otros medios que permitan su identificación;

iii) copia o transcripción auténtica de los textos legales que tipifican y sancionan el delito, identificando la pena aplicable, los textos que establezcan la jurisdicción del Estado Parte requirente para conocer de ellos, así como una declaración de que la acción y la pena no se encuentran prescriptas, conforme a su legislación.

5. En el caso previsto en el artículo 13, se incluirá una declaración mediante la cual el Estado Parte requirente asume el compromiso de no aplicar la pena de muerte o la pena privativa de libertad perpetuidad obligándose, a aplicar, como pena máxima, la pena mayor admitida por la legislación penal del Estado Parte requerido.

Artículo 19

Exención de Legalización

La solicitud de extradición, así como los documentos que la acompañan, de conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo, estarán exentos de legalización o formalidad análoga. En caso de presentarse copias de documentos, éstas deberán estar autenticadas por la autoridad competente.

Artículo 20

Idioma

La solicitud de extradición y los documentos que se adjuntan, deberán estar acompañados por la traducción al idioma del Estado Parte requerido.

Artículo 21

Información Complementaria

1. Si los datos o documentos enviados con la solicitud de extradición fueren insuficientes o defectuosos, el Estado Parte requerido comunicará el hecho sin demora al Estado Parte requirente, por vía diplomática, el cual deberá subsanar las omisiones o deficiencias que se hubieren observado, en un plazo de cuarenta y cinco días corridos, contados desde la fecha en que el Estado Parte requirente haya sido informado acerca de la necesidad de subsanar los referidos defectos u omisiones.

2. Si por circunstancias especiales debidamente fundadas, el Estado Parte requirente no pudiere cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior dentro del plazo señalado, podrá solicitar al Estado Parte requerido, la prórroga del referido plazo por veinte días corridos adicionales.

3. Si no se diere cumplimiento a lo señalado en los párrafos precedentes, se tendrá al Estado Parte requirente por desistido de la solicitud.

Artículo 22

Decisión y Entrega

1. El Estado Parte requerido comunicará sin demora al Estado Parte requirente, por vía diplomática, su decisión con respecto a la extradición.

2. Cualquier decisión denegatoria total o parcial, respecto al pedido de extradición será fundada.

3. Cuando se haya otorgado la extradición, el Estado Parte requirente será informado del lugar y la fecha de entrega, así como de la duración de la detención cumplida por la persona reclamada con fines de extradición.

4. Si en el plazo de treinta días corridos, contados a partir de la fecha de la notificación el Estado Parte requirente no retirare a la persona reclamada, ésta será puesta en libertad, pudiendo el Estado Parte requerido denegar posteriormente la extradición por los mismos hechos.

5. En caso de fuerza mayor o de enfermedad grave debidamente comprobada que impidan u obstaculicen la entrega o la recepción de la persona reclamada, tal circunstancia será informada al otro Estado Parte, antes del vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior, pudiéndose acordar una nueva fecha para la entrega y recepción.

6. En el momento de la entrega de la persona reclamada, o tan pronto como sea posible, se entregarán al Estado Parte requirente la documentación, bienes y otros objetos que, igualmente, deban ser puestos a su disposición, conforme a lo previsto en el presente Acuerdo.

7. El Estado Parte requirente podrá enviar al Estado Parte requerido, con la anuencia de éste, agentes debidamente autorizados para colaborar en la verificación de la identidad del extraditado y en la comunicación de éste al territorio del Estado Parte requirente. Estos agentes estarán subordinados, en su actividad, a las autoridades del Estado Parte requerido.

Artículo 23

Aplazamiento de la Entrega

1. Cuando la persona cuya extradición se solicita esté sujeta a proceso o cumpliendo una condena en el Estado Parte requerido por un delito diferente del que motiva la extradición, éste deberá igualmente resolver sobre la solicitud de extradición y notificar su decisión al Estado Parte requirente.

2. Si la decisión fuere favorable, el Estado Parte requerido podrá aplazar la entrega hasta la conclusión del proceso penal o hasta que se haya cumplido la pena. No obstante, si el Estado Parte requerido sancionare el delito que funda el aplazamiento con una pena cuya duración sea inferior a la establecida en el párrafo 1 del artículo 2 de este Acuerdo, procederá a la entrega sin demora.

3. Las responsabilidades civiles derivadas del delito o cualquier proceso civil al que se encuentre sujeta la persona reclamada no podrán impedir o demorar la entrega.

4. El aplazamiento de la entrega suspenderá el computo del plazo de la prescripción en las actuaciones judiciales que tuvieren lugar en el Estado Parte requirente por los hechos que motivan la solicitud de extradición.

Artículo 24

Entrega de los Bienes

1. En el caso en que se conceda la extradición, los bienes que se encuentren en el Estado Parte requerido y que sean producto del delito o que puedan servir de prueba serán entregados al Estado Parte requirente, si éste así lo solicitare. La entrega de los referidos bienes estará supeditada a la ley del Estado Parte requerido y a los derechos de los terceros eventualmente afectados.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 de este Artículo, dichos bienes serán entregados al Estado Parte requirente, si éste así lo solicitare, inclusive en el caso de no poder llevar a cabo la extradición como consecuencia de muerte o fuga de la persona reclamada.

3. Cuando dichos bienes fueran susceptibles de embargo o decomiso en el territorio del Estado Parte requerido, éste podrá, a efectos de mi proceso penal en curso, conservarlos temporalmente o entregarlos con la condición de su futura restitución.

4. Cuando la ley del Estado Parte requerido o el derecho de los terceros afectados así lo exijan, los bienes serán devueltos, sin cargo alguno, al Estado Parte requerido.

Artículo 25

Solicitudes Concurrentes

1. En el caso recibirse solicitudes de extradición concurrentes, referentes a una misma persona, el Estado Parte requerido determinará a cuál de los referidos Estados se concederá la extradición, y notificará su decisión a los Estados Partes requirentes.

2. Cuando las solicitudes se refieran a un mismo delito, el Estado Parte requerido deberá dar preferencia en el siguiente orden:

a) al Estado en cuyo territorio se haya cometido el delito;

b) al Estado en cuyo territorio tenga su residencia habitual la persona reclamda;

c) al Estado que primero haya presentado la solicitud.

3. Cuando las solicitudes se refieran a delitos diferentes, el Estado Parte requerido, según su legislación, dará preferencia al Estado que tenga jurisdicción respecto al delito más grave. A igual gravedad, se dará preferencia al Estado que haya presentado la solicitud en primer lugar.

Artículo 26

Extradición en Tránsito

1. Los Estados Parte cooperarán entre sí con el objeto de facilitar el tránsito por su territorio de las personas extraditadas. A tales efectos, la extradición en tránsito por el territorio de los Estados Parte se otorgará, siempre que no se opongan motivos de orden público, previa presentación de una solicitud por vía diplomática acompañada por las copias de la solicitud original de extradición y de la comunicación que lo autoriza.

2. A las autoridades del Estado Parte de tránsito les corresponderá la custodia del reclamado. El Estado Parte requirente reembolsará al Estado Parte de tránsito los gastos en que incurriere en cumplimiento de tal responsabilidad.

3. No será necesario solicitar la extradición en tránsito cuando se utilicen medios de transporte aéreo que no tengan previsto el aterrizaje en el territorio del Estado Parte de tránsito.

Artículo 27

Extradición Simplificada o Voluntaria

El Estado Parte requerido podrá conceder la extradición si la persona reclamada, con la debida asistencia jurídica y ante la autoridad judicial del Estado Parte requerido, prestare su expresa conformidad para ser entregada al Estado Parte requirente, después de haber sido informada de su derecho a un procedimiento formal de extradición y de la protección que éste le brinda.

Artículo 28

Gastos

1. El Estado Parte requerido se liará cargo de los gastos ocasionados en su territorio como consecuencia de la detención de la persona cuya extradición se requiere. Los gastos ocasionados por el traslado y el tránsito de la persona reclamada desde el territorio del Estado Parte requerido estarán a cargo del Estado Parte requirente.

2. El Estado Parte requirente se hará cargo de los gastos de traslado al Estado Parte requerido de la persona extraditada que hubiere sido absuelta o sobreseída.

CAPÍTULO VIII

Detención Preventiva Con Fines de Extradición

Artículo 29

Detención Preventiva

1. Las autoridades competentes del Estado Parte requirente podrán solicitar la detención preventiva para asegurar el procedimiento de extradición de la persona reclamada, la cual será cumplida con la máxima urgencia por el Estado Parte requerido y de acuerdo con su legislación.

2. El pedido de detención preventiva deberá indicar que tal persona responde a un juicio o es objeto de una sentencia condenatoria u orden de detención judicial y deberá consignar la fecha y los hechos que funden la solicitud, así como el momento y el lugar en que ocurrieron los mismos, además de los datos personales u otros que permitan la identificación de la persona cuya detención se requiere. También, deberá constar en la solicitud la intención de cursar una solicitud formal de extradición.

3. El pedido de detención preventiva podrá ser presentado por las autoridades competentes del Estado Parte requirente por vía diplomática o a través le la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), debiendo ser transmitido por correo, fax o cualquier otro medio que permita la comunicación por escrito.

4. La persona detenida en virtud del referido pedido de detención preventiva será puesta inmediatamente en libertad si, al cabo de cuarenta días corridos, contados desde la fecha de notificación de su detención al Estado Parte requirente, éste no hubiere formalizado la solicitud de extradición ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Parte requerido.

5. Si la persona reclamada fuere puesta en libertad en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Estado Parte requirente sólo podrá solicitar una nueva detención de la persona reclamada mediante una solicitud formal de extradición.

CAPÍTULO IX

Seguridad, Orden Público y Otros Intereses Esenciales

Artículo 30

Seguridad, Orden Público y Otros Intereses Esenciales

Excepcionalmente y con la debida fundamentación, el Estado Parte requerido podrá denegar la solicitud de extradición, cuando su cumplimiento sea contrario a la seguridad, al orden público u otros intereses esenciales para el Estado Parte requerido.

CAPÍTULO X

Disposiciones Finales

Artículo 31

1. El presente Acuerdo entrará en vigor, con relación a los dos primeros Estados Parte que lo ratifiquen, en un plazo de treinta días a contar de la fecha en que el segundo país deposite su instrumento de ratificación. Para los demás Estados Parte que lo ratifiquen, entrará en vigor el trigésimo día a partir del depósito de sus respectivos instrumentos de ratificación.

2. La República de Paraguay será depositaria del presente Acuerdo y los demás instrumentos de ratificación y enviará copias debidamente autenticadas a los demás Estados Parte.

3. La República de Paraguay notificará a los demás Estados Parte sobre la fecha de entrada en vigencia del presente Acuerdo y la fecha del depósito de los instrumentos de ratificación.

Firmado en Río de Janeiro, a los diez días del mes de diciembre de 1998, en dos ejemplares originales, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos".

Anexo I al

Rep. Nº 240

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Asuntos Internacionales

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha analizado el proyecto de ley por medio del cual se aprueba el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del MERCOSUR y la República Oriental del Uruguay, suscrito en Río de Janeiro, el 10 de diciembre de 1998.

Cabe señalar la extradición como el procedimiento por el cual una persona acusada o convicta de un delito, conforme a la ley de un Estado, es arrestada en otro y devuelta para ser enjuiciada o castigada. La práctica de la extradición constituye una de las formas más difundidas en la cooperación entre Estados en materia de delitos.

La extradición, como una obligación, solamente tiene como causa el Tratado y no surge del Derecho Internacional Consuetudinario. Cuando no hay tratado, el Estado requerido está facultado para acordar la extradición pero no está obligado a cederla.

Nuestro país ha firmado numerosos tratados bilaterales de extradición, en torno a los veinte. Es importante resaltar que se produjo una renovación en la materia, a partir del Tratado que rige con España, aprobado por Ley Nº 16.799, en vigor desde el 14 de abril de 1997. Es decir, se ha producido una evolución del instituto, teniendo en cuenta las nuevas modalidades de la criminalidad nacional e internacional, y en lo formal, se procuró dotar a estos nuevos tratados de una adecuada sistematización tendiente a facilitar la interpretación y aplicación de las disposiciones por parte de las autoridades competentes.

También existen convenios multilaterales, por ejemplo el Código Bustamante, de Derecho Internacional Privado, aprobado en la Conferencia de La Habana de 1928. En 1933, la Conferencia Panamericana de Montevideo aprobó una Convención sobre Extradición. Por otro lado se encuentra el Tratado de Derecho Penal de 1889 y posteriormente el de 1940, que modifica en algunos aspectos el anterior.

En la mayoría de este tipo de tratados se requiere que el Estado que pide la extradición demuestre la existencia de causa para enjuiciar o castigar al requerido, que el delito imputado sea de cierta gravedad o uno de aquellos respecto de los cuales se ha previsto la extradición y que ese delito se haya tipificado como tal, tanto en la legislación penal del Estado requerido como en la del requeriente. El Estado requerido retiene un interés en el destino de la persona extraditada, de modo que si se le procesa por un delito distinto o se le impone un castigo más severo que el aplicable al tiempo de la solicitud, ello configura una violación del Tratado y de los derechos de la persona extraditada. El texto aprobado contiene tales características.

En las relaciones entre los Estados del MERCOSUR y sus asociados, como entre los restantes países, existe un entrecruzamiento de tratados bilaterales, que hacen necesaria la aprobación de un acuerdo como el que el proyecto señala. Por su parte, nuestro país ha aprobado un Acuerdo de Extradición con Argentina por medio de la Ley Nº 17.225, y con Chile, Ley Nº 17.226.

El nuevo enfoque al que se hacía referencia anteriormente y que es la tendencia actual en la materia tiene, entre otras características, la pretensión de dotar de mayor certeza a la relación bilateral. Los antiguos tratados admitían generalmente la extradición en relación a delitos contenidos en una lista dada. Estos nuevos convenios se apartan de ese mecanismo, que muchas veces dejaba fuera nuevas tipificaciones de conductas delictivas y adopta el criterio de la gravedad de la pena.

El texto aprobado cuenta con un cuerpo normativo de treinta artículos, en el cual se ha regulado el derecho material y el procesal, necesario para proceder a la extradición.

En cuanto al derecho material, se establecen primeramente las normas de procedencia, las que prevén la improcedencia y las que contemplan la denegación facultativa. También se regulan los límites de la extradición.

Con respecto al Derecho Procesal, se detalló con precisión las distintas etapas que comprenden la solicitud, la documentación que debe acompañarla y sus vías de transmisión, la información complementaria cuando corresponda, el proceso, la extradición simplificada, la decisión, la entrega, su eventual aplazamiento y la detención preventiva.

Por las razones brevemente expuestas, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 26 de diciembre de 2000.

SEBASTIÁN DA SILVA, Miembro Informante, ARTURO HEBER FÜLLGRAFF, FÉLIX LAVIÑA, JULIO LUIS SANGUINETTI".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

La Mesa informa que es necesario contar con cincuenta votos afirmativos para aprobar este proyecto de ley.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- Señor Presidente: básicamente, es el mismo tratado anterior, tal como bien lo expresó el miembro informante del proyecto que acabamos de aprobar. Simplemente, el primero abarcaba a Bolivia y Chile, y este corresponde al MERCOSUR. Por lo tanto, todo lo expuesto con respecto al punto anterior también es válido para este.

SEÑOR PITA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PITA.- Señor Presidente: quisiera dejar constancia en la versión taquigráfica de que los legisladores integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales que pertenecen al Frente Amplio no acompañamos este proyecto, a pesar de que no aparecemos como discordes en el informe repartido. Obviamente, la fundamentación es la misma que acabamos de exponer sobre el proyecto anterior.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: el Nuevo Espacio tomará la misma actitud que adoptó con relación al proyecto anterior. En definitiva, no se trataba de una discrepancia sobre el texto, sino sobre las actitudes políticas del Poder Ejecutivo en materia de protección internacional de los derechos humanos, que claramente no construye los consensos políticos imprescindibles y que, en definitiva, no colabora con lo que ha sido la prédica de nuestra colectividad política, el Nuevo Espacio, de lucha contra la impunidad.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en setenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en setenta y seis: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado, que corresponde al remitido por el Poder Ejecutivo)

23.- Urgencias.

——Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por los señores Diputados Cardozo Ferreira, Machado, Sellanes, Falero, Agazzi, Chiesa Bordahandy y Berois Quinteros.

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a afectar el Fondo creado por el artículo 14 de la Ley Nº 16.082, a efectos de compensar a los productores lecheros perjudicados por la fiebre aftosa. (Carpeta Nº 1646/01, Repartido Nº 761). (Artículo 47 del Reglamento de la Cámara de Representantes)".

——Se va a votar.

(Se vota)

¾ ¾ Setenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

24.- Productores lecheros perjudicados por la fiebre aftosa. (Se faculta al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a afectar el Fondo creado por el artículo 14 de la Ley Nº 16.082, a efectos de compensarlos).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Productores lecheros perjudicados por la fiebre aftosa. (Se faculta al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a afectar el Fondo creado por el artículo 14 de la Ley Nº 16.082, a efectos de compensarlos)".

(ANTECEDENTES:)

Rep 761

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 4 de setiembre de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General

Don Luis Hierro López

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a afectar hasta US$ 720.000 del Fondo creado por el artículo 14 de la Ley Nº 16.082, de 18 de octubre de 1989 para compensar a los productores de leche que hayan sido afectados directamente por la fiebre aftosa.

La Ley Nº 16.082, de 18 de octubre de 1989 y el Decreto Reglamentario Nº 244/990, de 30 de mayo de 1990, establecen el marco legal vigente para la creación, utilización y administración del "Fondo Permanente de Indemnización".

Dicho Fondo se genera con un tributo de 0,21% sobre el valor de las exportaciones de carne, subproductos y derivados cárnicos de las especies bovinas y ovinas, así como el total de productos lácteos, y sus derivados y lanas. La recaudación de este tributo se encuentra actualmente suspendida en función de lo dispuesto por el inciso cuarto del artículo 14 de la Ley Nº 16.082.

Este Fondo Permanente de Indemnización se crea para cubrir el valor de los animales que se sacrifiquen por la aplicación de las medidas sanitarias previstas en la ley y también se podrían indemnizar los bienes muebles que fueran destruidos.

El Fondo fue utilizado para indemnizar a los productores afectados directamente por el sacrificio de sus animales (foco de Artigas y primeros focos de Soriano), hasta el momento en el cual la estrategia de control interrumpió la utilización del rifle sanitario y se optó por volver a vacunar los bovinos.

Los daños derivados de la aparición de aftosa en el rodeo lechero fueron sensiblemente mayores que en las demás producciones pecuarias. En los tambos en donde se afectó el ganado en ordeñe, se verificó una caída en la producción de leche, ya que los animales enfermos bajaron su producción diaria, obligando a implementar tratamientos curativos, generando una situación diferente respecto a otros rubros. Esta menor producción trasciende al período durante el cual el animal está enfermo, ya que provocó daños permanentes en la ubre con la consiguiente necesidad de eliminar esos animales de los rodeos.

Por otra parte, las condiciones de contagio y expansión de la enfermedad en los rodeos lecheros a consecuencia de la especificidad de su manejo -deben ser inevitablemente reunidos dos veces al día, al menos, para su ordeñe- se puso de manifiesto ya que en promedio nacional el índice de ataque por rodeo, fue inferior al 3%, en tanto que las prospecciones realizadas sobre el rodeo lechero elevan esta cifra al 54%.

La evaluación del daño específico sobre la producción lechera, ha sido realizada en base a la lista oficial que los Servicios Sanitarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca disponen, y estimada a través de metodologías que incluyeron criterios verificables, objetivos y atendiendo aspectos de justicia de la indemnización.

En este sentido, es que se propone un proyecto de ley para compensar parcialmente a los productores lecheros del país que registraron focos de aftosa y en consecuencia tuvieron caídas significativas en la producción de leche, pérdida de animales por mastitis, aumento en los costos y por lo tanto baja significativa en sus ingresos, de forma inmediata por disminución de la producción de leche, y a mediano y largo plazo por eliminación de vacas por daños permanentes en ubre.

El monto máximo a destinar para atender a la totalidad de estos productores lecheros afectados será equivalente a los US$ 720.000. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca será el responsable de indemnizar a los productores, para lo cual utilizará el Fondo de Indemnización creado por la Ley Nº 16.082.

Saludan a ese Alto Cuerpo, con su mayor consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, GONZALO GONZÁLEZ, ALBERTO BENSIÓN.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Facúltase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a afectar hasta US$ 720.000 del Fondo creado por el artículo 14 de la Ley Nº 16.082, de 18 de octubre de 1989, a efectos de compensar a los productores de leche remitentes a plantas industrializadoras que hayan sido perjudicados en su producción, como consecuencia de haber tenido animales en ordeñe directamente afectados por la fiebre aftosa, entre el 24 de abril y 31 de julio de 2001.

Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de diez días, estableciendo los montos, plazos y condiciones en que operará dicho beneficio. La indemnización se realizará en base a criterios objetivos y verificables, y en función de la lista oficial de productores lecheros afectados por la aftosa.

Montevideo, 4 de setiembre de 2001.

GONZALO GONZÁLEZ, ALBERTO BENSIÓN.

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Facúltase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a afectar hasta US$ 720.000 del Fondo creado por el artículo 14 de la Ley Nº 16.082, de 18 de octubre de 1989, a efectos de compensar a los productores de leche remitentes a plantas industrializadoras que hayan sido perjudicados en su producción, como consecuencia de haber tenido animales en ordeñe directamente afectados por la fiebre aftosa, entre el 24 de abril y 31 de julio de 2001.

Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de diez días, estableciendo los montos, plazos y condiciones en que operará dicho beneficio. La indemnización se realizará en base a criterios objetivos y verificables, y en función de la lista oficial de productores lecheros afectados por la aftosa.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 2 de octubre de 2001.

ALEJANDRO ATCHUGARRY
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

Anexo I al

Rep. Nº 761

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca

INFORME

Señores Representantes:

El 24 de abril de este año, nuestro país sufrió una de las invasiones más crueles de su historia: la de la fiebre aftosa. Invasión con aviso porque hacía meses que castigaba a la República Argentina.

El país todo vivió y vive con angustia esta situación después del enorme esfuerzo que se había realizado para erradicar el mal del territorio uruguayo. Esfuerzo de todos, es oportuno decirlo, porque el Estado, los profesionales privados y del Estado y los productores, lucharon a plena conciencia contra el mal logrando la erradicación de la enfermedad.

El 24 de octubre del año 2000, en el departamento de Artigas, un pequeño brote de fiebre aftosa puso el máximo de alerta a las autoridades; requirió una enérgica respuesta de los servicios veterinarios, del Ejército Nacional, de las Jefaturas de Policía del interior de nuestro país, de los productores y del pueblo en general. Se determina aplicar el rifle sanitario, es decir, el sacrificio de aquellos animales enfermos o no, que estén en un radio determinado a partir del foco de aftosa detectado.

Esta decisión dispara el gatillo del artículo 14 de la Ley Nº 16.082, de 18 de octubre de 1989, creada, justamente, para proceder a la erradicación de la fiebre aftosa del territorio nacional.

El sacrificio de los animales trajo como consecuencia que se desnudaran las carencias típicas y razonables, hasta tradicionales, de los uruguayos, cada vez que debemos aplicar una ley por vez primera.

Demostró que si bien habíamos logrado la erradicación de la enfermedad entre todos, no todos estábamos capacitados para soportar el rifle sanitario. Algunos productores no estaban preparados para soportar el sacrificio de todos sus animales, pero tampoco estaba preparado el Estado para responder adecuadamente cuando tuviera que resarcir económicamente a los productores que se les sacrificaban sus animales.

Toda esa sensación de inseguridad demostrada a posteriori del brote de fiebre aftosa en el departamento de Artigas, todas esas idas y venidas por parte de las autoridades competentes, estaban creando un campo fértil para lo que ocurriría cuando aparece la fiebre aftosa en el departamento de Soriano.

Cuando el brote aftósico desborda la capacidad de respuesta de las autoridades sanitarias, hubieron muchas reacciones de productores y población en general, pero dos fueron fundamentales. Por un lado los productores pecuarios en general: criadores, recriadores e invernadores de ganado de carne, con el ejemplo del departamento de Artigas en la memoria, no estaban dispuestos a dejar que se aplicara el rifle sanitario.

Por otro lado, los productores lecheros formaron sus propias barreras sanitarias tratando de evitar el mal porque se les iba la vida en eso. El tambo, la producción de leche, la vaca en ordeñe, forma y funciona en un ambiente perfectamente sincronizado que cuando falla cualquiera de esos engranajes desata en cadena una serie de reacciones nefastas en el proceso productivo.

En el tambo, a diferencia de otras explotaciones rurales, el movimiento de animales, de personas y de vehículos, es mucho más intenso. Todos los días sale el producto, la leche o alguien entra a buscarla. Dos veces al día se juntan las vacas en ordeñe. Este acto, ante una enfermedad vírica de elevado contagio, es alto el riesgo para la aparición de la misma.

La vaca en ordeñe consume gran cantidad de alimentos diarios, el virus tiene apetencias por el epitelio lingual y afecta a la boca del animal. La glándula mamaria, la ubre por donde sale la leche, son el reflejo de la buena sanidad pero, por supuesto, es la parte del organismo que más se toca en el acto del ordeñe, por ahí ingresan los gérmenes de la mastitis y es otro de los lugares preferidos de la fiebre aftosa. Por si eso fuera poco, las patas, el espacio interdigital de los biungulados es otro sitio preferido del virus aftósico. Un vacuno hacinado, en el barro de los corrales o en los caminos de acceso al tambo en presencia del virus y con todas esas condiciones desfavorables, es fácil de prever las gravísimas consecuencias ante el ingreso del virus.

Con todos estos riesgos los productores lecheros se organizaron para luchar contra el mal. Controlaron rutas, caminos, entrada a los tambos, camiones y vehículos en general. Extraordinario ejemplo de responsabilidad y, además, que ese capital que giraba en sus manos, esa vaca en ordeñe, la vaca próxima a parir, la vaquillona, el ternero, todo ese paquete de altísimo valor genético y zootécnico logrado durante décadas, no se lo iba a compensar el Fondo creado por el artículo 14 de la Ley Nº 16.082, de 18 de octubre de 1989.

Lo que tampoco se compensaba era la pérdida de litros de leche diaria, que es el sustento del productor lechero. La vaca es la fábrica, el producto es la leche y el productor lechero vive del producto de esa fábrica.

Pese a la barrera, pese al esfuerzo del productor, el virus entró a sus tambos y el resultado fue muy doloroso.

La caída de producción fue inmediata, por ejemplo: en 96 tambos remitentes a CONAPROLE, disminuyó la remisión de leche en un 38%. Se sumó, además, pérdida de estado del animal afectado, porque no podía comer por tener la boca enferma. Vacas que no producían leche por haber contraído mastitis, que a la larga terminaba con el secado de la ubre.

Caída de la calidad de leche: 29% de AAA-AA a leche C; 7,5% de AAA-AA a leche B; 20% de AAA-AA a leche A.

Erogaciones en medicamentos: los antibióticos representaron un 49% del valor de la remisión, pérdida para el mes de mayo.

Se gastó por vaca afectada entre $ 54 y $ 204 en medicamentos.

Es bueno recordar que en el departamento de Artigas además de matar a los animales, hubieron productores a los que no les correspondía el sacrificio pero sí el aislamiento. El mismo fue tan riguroso que esos productores durante mucho tiempo tiraban la leche que producían sus vacas.

Ante este panorama, los productores de leche y sus distintas gremiales reclaman al Poder Ejecutivo la indemnización por las pérdidas ocasionadas por la enfermedad.

De ese reclamo surge una reunión con el Subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Martín Aguirrezabala, en la ciudad de Cardal, resolviéndose formar una Comisión integrada por técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de los productores lecheros.

Los técnicos privados hacen un informe sobre pérdidas proyectadas y los del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con esos datos y con la metodología que ellos creen la más adecuada, llegan a una decisión final que se traduce en el proyecto de ley que se remite al Parlamento, aprobándose en la Cámara de Senadores por unanimidad el 2 de octubre de 2001.

Si se observan las fechas en que ingresó al Parlamento, a la Cámara de Diputados y la de aprobación por parte de esta Comisión, se preguntarán qué pasó. Con la urgencia de los productores y con la rapidez con que lo aprobó la Cámara de Senadores ¿qué pasa con los Diputados? Simplemente que los productores no estaban de acuerdo con el proyecto. ¿El Senado no se enteró?

Mientras los productores les hacían saber sus discrepancias a los señores Senadores miembros de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de esa Cámara, el proyecto se trató en la Comisión de Hacienda y así vino aprobado por la Cámara de Senadores.

La demora en la aprobación de este proyecto se debió a que, durante esos días, recibimos a los técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que explicaron la metodología usada; a los productores de todas las gremiales que nos trajeron un informe elaborado por sus técnicos y, posteriormente, se escuchó la opinión de los mismos.

Nos reunimos con los señores Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Gonzalo González y con su asesor directo, el Subsecretario, ingeniero agrónomo Martín Aguirrezabala.

Recibimos una nota de productores del departamento de Artigas y la disconformidad de productores de quesos artesanales que también vieron afectada su producción por la aftosa y no eran contemplados en el proyecto de ley.

Luego de las reuniones citadas, esta Comisión propició una entre los técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y los productores, con la esperanza de que surgiera una solución alternativa.

Finalmente, esta asesora, decidió modificar el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Senadores, aconsejando al Cuerpo apoyar estas modificaciones que pasamos a explicar.

En el artículo 1º se elimina el monto máximo de U$S 720.000, que significaba un obstáculo a todo reclamo de los productores.

En el informe técnico de los productores lecheros se maneja una indemnización de U$S 106 por vaca con un total de U$S 978.650 sobre una proyección de 150 tambos y 9.200 vacas afectadas.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca da cifras de 212 productores y el monto de U$S 600.000. Como se ve la diferencia es muy grande.

Se elimina la fecha 24 de abril, lo cual permite contemplar productores igualmente afectados en el departamento de Artigas en el año 2000.

Se agregan "productores perjudicados indirectamente" y se elimina "remitentes a plantas industrializadoras", habilitando de esta manera a los productores de queso, y demás.

El artículo 2º se mantiene casi igual al del Poder Ejecutivo, salvo el agregado de la fecha tope del 31 de julio de 2001 a tener en cuenta para las indemnizaciones.

Se agrega el artículo 3º para aquellos productores que sufrieron otro tipo de pérdidas (muertes), no contempladas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para que en un plazo de diez días reclamen ante dicha Secretaría de Estado.

Es importante destacar que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca no tiene en cuenta la muerte de animales a consecuencia de la fiebre aftosa y los productores informan un 3% de muertes sobre un total de 9.200, o sea, 276 y un 15% en terneros, es decir, 1.380.

Sala de la Comisión, 20 de noviembre de 2001.

JULIO CARDOZO FERREIRA, Miembro informante, ERNESTO AGAZZI, RICARDO BEROIS QUINTEROS, EDUARDO CHIESA BORDAHANDY, RICARDO FALERO, GUSTAVO GUARINO, GUIDO MACHADO, LEONEL HEBER SELLANES.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Facúltase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a afectar el Fondo Permanente de Indemnización creado por el artículo 14 de la Ley Nº 16.082, de 18 de octubre de 1989, a efectos de compensar a los productores de leche que hayan sido perjudicados directa o indirectamente en su producción como consecuencia del brote aftósico.

Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de diez días, estableciendo los montos, plazos y condiciones en que operará dicho beneficio. La indemnización se realizará en base a criterios objetivos y verificables, y en función de la lista oficial de productores lecheros afectados por la aftosa, registrados hasta el 31 de julio de 2001.

Artículo 3º.- Aquellos productores que se consideren no contemplados íntegramente podrán plantear, en un plazo de diez días a partir de la vigencia de la presente ley, su situación fundamentando su reclamo ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien dispondrá de cuarenta y cinco días para expedirse.

Sala de la Comisión, 20 de noviembre de 2001.

JULIO CARDOZO FERREIRA, Miembro informante, ERNESTO AGAZZI, RICARDO BEROIS QUINTEROS, EDUARDO CHIESA BORDAHANDY, RICARDO FALERO, GUSTAVO GUARINO, GUIDO MACHADO, LEONEL HEBER SELLANES".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Cardozo Ferreira.

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- Señor Presidente: destaco la gentileza de mis compañeros de Comisión, que me han designado como miembro informante de este proyecto de ley.

Como es sabido, a partir del brote de fiebre aftosa que afectó a Uruguay en el mes de abril, sucedieron una serie de hechos que determinaron que el Gobierno uruguayo dejara de lado la medida del rifle sanitario, es decir, el sacrificio de los animales enfermos, para pasar a aplicar la vacuna antiaftósica.

Esto provocó que determinados sectores de la pecuaria nacional, los productores de leche, se vieran afectados en forma más que importante por el brote de aftosa. Cuando se produjo el primer brote, en octubre, en el departamento de Artigas y se aplicó el rifle sanitario, ocurrieron situaciones que después motivaron las discordias y los problemas suscitados en el gremio de los productores de los diferentes rubros.

A raíz de la aplicación del rifle sanitario en Artigas con el sacrificio de los animales ubicados en el foco y sus alrededores, se aplicó el artículo 13 de la Ley Nº 16.082, que establece que se debe indemnizar a los productores afectados por dicha medida (artículo 10 de la reglamentación). Esta situación demostró que los productores y los uruguayos en general no estábamos preparados para el efecto que podía producir la aplicación del rifle sanitario con todas sus connotaciones, tanto emotivas como psicológicas y económicas. Entre otras cosas, surgió el problema de la tasación de los animales y de hacer efectivo el monto adeudado a los productores cuyos animales habían sido sacrificados.

También se plantearon otras situaciones, como la de aquellos productores de leche que quedaron aislados por el brote de aftosa ocurrido en el departamento de Artigas y no pudieron vender su producción. Ahí surge un tema muy importante, el del lucro cesante, es decir, las consecuencias que trae aparejadas al productor el hecho de que por un aislamiento o medida sanitaria tenga que sufrir pérdidas económicas en su producción.

Esto sensibilizó grandemente a los productores de todo el país. Se lo expresamos al señor Ministro el 2 de noviembre de 2000, cuando concurrió a la Comisión, advirtiéndole que si ocurría un brote de aftosa en la zona de producción lechera del centro del país, donde los niveles genéticos y zootécnicos de los animales que allí se manejan son de altísimo valor, los predios son más pequeños, las comunicaciones mucho más fluidas y los niveles de comercialización del producto muchísimo más altos que en Artigas, evidentemente el Estado iba a tener problemas en el momento de aplicar el rifle sanitario.

Lamentablemente, el tiempo nos dio la razón. Cuando se decidió no aplicar el rifle sanitario porque la invasión del virus fue tal que pasó por arriba de todas las barreras, se procedió de inmediato a la aplicación de la vacuna y se desencadenaron una cantidad de fenómenos. En primer lugar, en la parte pecuaria, el criador de vacas y terneros, el recriador y el invernador amenazaron con no dejar sacrificar sus animales por la inseguridad que tenían en cuanto a que el Estado aplicara en forma equitativa los montos que ellos consideraban que valían sus animales. Debemos considerar que en una explotación ganadera no sólo se tiene en cuenta el precio del animal en sí, sino lo que éste genera en su producción. En el caso pecuario también está el tema de las cabañas, en el que el valor de los animales no es el promedio por el que se toman, por ejemplo, en una feria ganadera, y sí tienen un valor mucho mayor por todo un proceso de mejora genética y zootécnica de muchísimos años que ha llevado a cabo la cabaña nacional.

Por eso se planteó a las autoridades del Ministerio la imposibilidad de atender la situación con el escaso fondo de que se disponía. Hay que recordar que este fondo alcanzaba a los US$ 12:000.000 y que la recaudación se había suspendido después de unos cuantos años en los que el país había demostrado estar libre de aftosa.

Concomitantemente con eso, en el sector lechero hubo otro tipo de movimientos. Los productores lecheros, ante la amenaza de invasión del virus aftósico, resuelven como medidas ejemplares en todo el país formar sus propias barreras sanitarias y contratar sus técnicos particulares. Los mismos productores lecheros hicieron barreras a la entrada de sus tambos y realizaron un enorme esfuerzo. Inclusive, las industrias hicieron traslados individuales en los tambos donde había problemas, para que la leche no fuera un elemento contaminante de otros lugares. Sabido es que el camión recolector de leche entra en varios lugares y de esa manera podía llevar mecánicamente el virus de un predio al otro. Este enorme esfuerzo de los productores lecheros, que se hizo durante muchos días, si bien dio resultados en muchos predios, en otros no fue suficiente y, lamentablemente, la invasión del virus de la aftosa se produjo y las pérdidas empezaron a aparecer.

El virus de la aftosa ataca fundamentalmente el epitelio lingual, la boca del vacuno. Tiene preferencia por la glándula mamaria y en especial por los pezones y las patas. Imaginen los señores Diputados un animal como la vaca lechera, un rumiante, que tiene que dejar de comer y que precisa de una gran ingesta de alimentos para mantener el litraje diario. Imaginen a las vacas lecheras, que todos los días, dos veces por día, deben ser reunidas en el tambo y manipuladas, ya sea con la ordeñadora o con la mano del ordeñador, en sus pezones, que es la zona más sensible del organismo, por donde sale la leche, pero también por la que entra el virus de la aftosa, repito, que tiene una preferencia especial. Imaginen, además de esto, la problemática de las patas, en un lugar de hacinamiento como los corrales de espera y los caminos de acceso al tambo, donde por lo general el barro es un aditivo constante.

Esto se fue dando de tal manera que en muchos casos ocurrió que los productores tuvieron que cambiar todo el rodeo que tenían en ese momento en ordeñe por otro que estaba ingresando, porque la época de la fiebre aftosa coincidía con la parición del ganado de otoño que ingresa al tambo. Entonces, en muchos casos se formaron dos rodeos; en otros, tres, porque se fueron apartando por categorías. En otros casos fue tan brutal el ataque del virus que, en definitiva, el productor quedó con todo mezclado y ocurrieron casos como los que se describen, de muerte de animales adultos, de abortos en vaquillonas preñadas y de muerte de terneros. En el caso de los terneros, el virus de la aftosa puede ser mortal, porque ataca directamente al músculo cardíaco. Luego vamos a dar lectura a la cantidad de muertes que hubo en las diferentes categorías.

De esa manera, los daños fueron cuantiosos con respecto a la producción de leche, al manejo, al futuro reproductivo del rodeo y al año próximo, porque es evidente que con fiebre alta, un manejo inadecuado y todas las circunstancias adversas que se estaban dando por la presencia del virus, era de prever que la alteración fisiológica de un organismo como el del vacuno traería consecuencias nefastas.

A raíz de eso, los productores lecheros plantearon sus quejas ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y propiciaron una reunión para reclamar una indemnización por los daños que les había provocado la aparición del virus de la fiebre aftosa. Entonces, se reunieron los técnicos lecheros con técnicos del Ministerio; justo es decir que la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes quedó a la expectativa de esas reuniones. Se accedió, por parte del Gobierno y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a subsanar este problema y a propiciar una modificación, que se materializa en este proyecto de ley que faculta al Ministerio a afectar el fondo creado por el artículo 14 para que, de ese fondo de indemnización que prevé la ley, se pueda extraer el dinero necesario para pagar o por lo menos para solucionar en parte los daños causados a los productores lecheros.

Estamos en el mes de diciembre y el brote de aftosa ocurrió en el mes de abril. Los señores Diputados se preguntarán qué pasó en todo ese tiempo. En el mes de setiembre ingresó al Senado el proyecto del Poder Ejecutivo por el que se facultaba al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a afectar el fondo creado por el artículo 14 de la Ley Nº 16.082 para indemnizar a los productores lecheros. Nosotros esperábamos un tratamiento rápido del tema. Pasaron aproximadamente treinta días, y el 2 de octubre se votó en el Senado el proyecto tal como venía del Poder Ejecutivo. Posteriormente ingresó a la Cámara de Representantes, a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entre los compañeros de esta Comisión nos movilizamos para votar rápidamente el proyecto como venía, porque entendíamos que era eso lo que los productores habían reclamado efectivamente. Sin embargo, nos empezaron a llegar comentarios de los productores lecheros en el sentido de que lo que se había votado del Senado no era lo que ellos habían pactado en la Comisión integrada por técnicos de los productores y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Nuestra sorpresa fue muy grande cuando nos enteramos de que los productores lecheros se reunían con la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, pero el proyecto de ley estaba siendo tratado en la Comisión de Hacienda. Entonces, advertimos que faltó comunicación entre ambas Comisiones, y el proyecto fue votado como venía del Poder Ejecutivo.

Inmediatamente, entonces, nuestra Comisión recibió a los productores lecheros afectados por el brote de aftosa, así como a los técnicos del Ministerio que actuaron en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y propició a su vez una reunión con el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y sus asesores, y otra entre los técnicos del Ministerio y los técnicos de los productores lecheros.

En el proyecto original del Poder Ejecutivo se manejaba un tope de hasta US$ 720.000 para indemnizar a los productores lecheros, y se hablaba de productores remitentes a plantas industrializadoras. Por otro lado, los productores, en su informe a la Comisión asesora, nos dicen que fue muy diferente el tratamiento por parte del Ministerio de lo que se había acordado con los técnicos privados. A su vez, el Ministerio expresó que no existía una Comisión formada, mientras que los productores decían que sí existía. Luego, en su informe, el Ministerio explicó que sí, que se formó una Comisión, en una reunión que se efectuó en la localidad de Cardal, y allí los técnicos de la Cartera, en reuniones sucesivas con los técnicos de los productores, quedaron en hacer los acuerdos correspondientes para lograr justicia en el tratamiento del tema.

Dice así el informe de los técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca cuando concurren a Comisión: "[...] se forma una Comisión integrada por el doctor Izaguirre, que en ese momento era el anfitrión," -veterinario que trabaja en la zona de Cardal- "por el doctor Laborde que es el técnico responsable por CONAPROLE [...]" y por la gente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Esa Comisión toma conocimiento de la problemática que se manejaba entre los productores lecheros acerca del brote aftósico. Quedan a la espera del informe de los técnicos privados y estos envían un informe a la Comisión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. O sea que hasta el momento el acuerdo funcionaba como tal. Los técnicos indican en el informe las lesiones que yo les comentaba, de las patas, de las ubres de las vacas. Dicen que el balance energético negativo en los comienzos de la lactancia se ve acentuado por la disminución pronunciada del consumo de alimento. Esto trae como consecuencia que una cantidad de vacas entren en estado de cetosis. Esos animales empiezan a tener problemas digestivos y esto puede provocarles la muerte, como ocurrió. Después aparece la consecuencia lógica de la invasión del virus en la glándula mamaria, lo que genera mastitis. Esto trae como consecuencia los tratamientos con antibióticos en forma masiva, la distorsión del ordeñe, las pérdidas parciales del tejido mamario con repercusiones en la producción futura, la pérdida total de animales con destino al descarte como consecuencia de las lesiones irreversibles de la ubre, el secado prematuro de animales afectados, con la pérdida consiguiente de producción de leche y, en general, una cantidad de situaciones que se ven agravadas por la etapa en que se da la enfermedad, entre los meses de mayo y junio, cuando se produce el recambio de animales; hay mucho movimiento en el tambo: ganado que ingresa recién parido y ganado que sale. Todo este movimiento lleva a los técnicos de los productores a hacer un relevamiento de 96 tambos, que luego se proyecta a 150. De allí surge que el 29% de los animales pasaron de leche AAA o AA a categoría C. Un 7,5% pasaron de categoría AAA a categoría B y un 20% de AAA a categoría A. Queda demostrada así la variación que hay en la afección de los diferentes tambos y lo difícil que es llegar a evaluar las pérdidas en los animales, a lo que se suma la temática de la pérdida de vida de los animales -los animales que se mueren-, de los animales que sufren problemas en las patas y que tienen cetosis, así como la muerte de los terneros.

En lo que se refiere a gastos por antibióticos, en promedio representan un 49% del valor de remisión perdida por el mes de mayo. Y hay una gran variación, también, en el gasto de antibióticos por causa de mastitis: de $ 54 a $ 204.

De los 96 tambos de CONAPROLE relevados, el total de vacas afectadas fue de 5.900 aproximadamente. Las vacas muertas representaron un promedio de 3% de las vacas afectadas. El valor de feria de una vaca en ordeñe, en otoño, rondó los US$ 400 o US$ 500. Saquen ustedes las cuentas. Los terneros muertos fueron aproximadamente novecientos, lo que representa un 15% de las vacas afectadas, manejándose valores para esta categoría de entre US$ 80 y US$ 100 cada uno.

Así, la Comisión nos informa de todas las pérdidas que, a criterio de ellos y trasladados a 150 tambos, dan un promedio de US$ 106 por vaca. Esa sería la cantidad que el Ministerio debería aportar a los productores lecheros por los daños producidos por la fiebre aftosa. Para abreviar, digo que esto suma un total de US$ 978.650. Debemos comparar esta cantidad con lo que venía del Ministerio, que yo decía que sumaba hasta US$ 720.000. A su vez el artículo 2º decía que "El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, [...] estableciendo los montos, plazos y condiciones en que operará dicho beneficio", lo que traía aparejada una cierta desconfianza y, si ustedes quieren, un problema de futuro en el país, si es que los uruguayos seguimos con la idea de que tenemos que erradicar nuevamente la fiebre aftosa.

Frente a estas dudas y estas discrepancias que puede haber entre los productores lecheros por la indemnización de las pérdidas ocasionadas en un tambo, imagínense qué puede suceder si mañana les proponemos erradicar la aftosa y nuevamente empezamos a recaudar un fondo para aplicar el rifle sanitario. Con estas dudas que sembramos nosotros, al no establecer una ley que diga de qué manera se van a indemnizar las pérdidas provocadas en el sector de la leche, estaremos propiciando que haya poca credibilidad cuando se aplique el rifle sanitario o se implemente una próxima campaña de erradicación, si es que se quiere llevar adelante. Eso es muy importante y los productores lo dicen en la nota que envían a la Comisión. Dicen que está afectada la credibilidad del Ministerio frente a los productores, en una futura campaña de erradicación de la fiebre aftosa.

Creo que esto hay que tomarlo en cuenta para el futuro. Debemos ir pensando en legislar, de alguna manera, sobre los fondos creados para indemnizar. Los productores de leche aportaron casi US$ 2:000.000 a este fondo. Tenemos que tomar en cuenta que la fiebre aftosa en los rodeos lecheros no afecta solo por la muerte de los animales, sino por todas las consecuencias que trae aparejadas en el acto del ordeñe y en la producción, durante la producción y por largo tiempo después.

Aparte de eso, en el proyecto del Poder Ejecutivo se considera a aquellos productores que envían a las plantas industrializadoras y no se considera, por ejemplo, a los productores de quesos que no envían leche a plantas industrializadoras y que al no poder utilizar leche de animales que estuvieron enfermos, tuvieron que tirarla o no pudieron comercializarla en ese momento.

En el proyecto del Poder Ejecutivo se pone fecha a la indemnización: entre el 24 de abril y el 31 de julio. Aquí aparece otro factor que es el reclamo de los productores de Artigas, cuyos animales no fueron sacrificados. Eran productores de leche y no pudieron comercializarla porque el aislamiento que tenía el departamento no les permitía hacerlo, ni siquiera en algún caso en que había exportación de leche fresca al Brasil; tampoco se les permitía elaborar quesos.

En esos días nos llegó la nota de los productores de Artigas, a quienes les llamaba la atención que los Diputados de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca estuvieran tratando un proyecto que no los consideraba, a pesar de que hacía meses y meses que reclamaban públicamente la indemnización por su producción de leche perdida.

Por todas estas circunstancias, si bien es comprensible la explicación del Ministerio en cuanto a que no es fácil instrumentar un método equitativo y justo para aplicar a los productores el resarcimiento por las pérdidas, las distancias que hay en las cifras que se manejan -en dólares y en la cantidad de animales- son importantes. Mientras los técnicos de los productores de leche hablan de 150 productores, el Ministerio maneja 212; mientras los técnicos manejan cifras del orden de los US$ 900.000, el Ministerio maneja US$ 600.000. O sea que el Ministerio maneja más productores y menos dinero. La brecha cada vez es mayor.

Escuchamos a todas las partes y también al señor Ministro. A su juicio, aunque los productores crean que el fondo es de los productores, en realidad es del Estado, por lo que es este el que debe manejarlo. Pero en un seminario realizado en el mes de junio, sobre la situación y perspectivas de la fiebre aftosa, el Ministro reconoce que no nos podemos meter en determinadas cosas, mezclando aspectos relativos a los técnicos, a los políticos y a los productores. Dice: "[...] no metamos las tres cosas juntas para revolverlas y sacar una cosa donde cualquiera opina sobre cualquier cosa sin un mayor conocimiento". Debemos dejar que los técnicos resuelvan esto.

Precisamente, la Comisión propició que los técnicos resolvieran esto, los técnicos privados y los del Ministerio. Por ello, la Comisión llegó a esta modificación del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y votado en el Senado. Como advertirán los señores Diputados, a través de esta modificación eliminamos el monto. Entendemos que no es justo y resulta irritante para los productores que se les diga: "Se va a cubrir hasta US$ 720.000 y, si hay más de esa cifra, mala suerte, nosotros no vamos a dar más", como si ese dinero fuera manejado unilateralmente por el Ministerio, cuando los productores habían buscado de cualquier manera llegar a un contacto directo y habían puesto a sus técnicos a disposición, para demostrar que la cifra podía ser mucho más elevada.

Asimismo, eliminamos el tope del 23 de abril porque con ello damos cabida a los productores de Artigas. Sí establecemos la fecha del 31 de julio para determinar hasta dónde llegó el problema del brote de la fiebre aftosa, a efectos de que no aparezcan otros productores diciendo que surgió luego.

El artículo 2º dice que "El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de diez días, estableciendo los montos, plazos y condiciones en que operará dicho beneficio. La indemnización se realizará en base a criterios objetivos y verificables, [...]". ¿Qué significa "criterios objetivos y verificables"? Los que los propios productores nos hicieron llegar en su nota, en la cual establecen como tales la pérdida de producción de leche, la pérdida de bonificaciones por la calidad de la leche, la pérdida de leche futura, los gastos de antibióticos y otros derivados de la enfermedad, y la muerte y descarte de animales. En estas palabras, en "criterios objetivos y verificables" incluimos todo lo que los productores nos reclamaban.

Agregamos un artículo 3º que establece: "Aquellos productores que se consideren no contemplados íntegramente podrán plantear, en un plazo de diez días a partir de la vigencia de la presente ley, su situación fundamentando su reclamo ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien dispondrá de cuarenta y cinco días para expedirse". De esa manera, luego de definida la indemnización o de marcados los objetivos y criterios, los productores tendrán derecho -aquellos que se sientan dañados, como en el caso de los que relatan todo lo que les pasó en el tambo, la muerte de terneros, vacas y vaquillonas, y los cambios de categoría que tuvieron que hacer- a reclamar en un ámbito y en un plazo determinados, debidamente asesorados, en la Comisión formada en el Ministerio a tales efectos.

Creemos que con esto hacemos justicia con el reclamo de los productores, con los productores de queso, de leche y con los de Artigas; incluimos a todos. Asimismo, consideramos que ello no va a modificar sustancialmente la cifra que se manejaba, pero dará mayor credibilidad y seguridad a los legisladores en el trato de un tema tan delicado y sensible, no por el hecho de haber aparecido aftosa en el Uruguay, que lo estamos controlando, sino por las acciones futuras que deberemos llevar a cabo de aquí en más para convencer a los uruguayos de que tenemos que erradicar la fiebre aftosa y que debemos lograr un país libre de aftosa con vacunación y luego sin ella. Debemos demostrar que debe existir credibilidad y trabajar todos juntos porque, como se recordará, la erradicación de la fiebre aftosa se dio gracias a un gran esfuerzo de los productores y de los técnicos privados y del Estado, de todos los técnicos y agentes que trabajaron en ese ambiente tan especial que es el agro uruguayo, por la diversidad de producciones que tenemos.

Por ello, la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca recomienda a la Cámara la aprobación de este proyecto de ley.

25.- Rosario Gandós Caravia. (Pensión graciable).

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Ha finalizado la recepción de votos con respecto a las pensiones graciables.

Se va a dar cuenta del resultado de la votación acerca de la pensión graciable para la señora Rosario Gandós Caravia.

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 691

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 7 de mayo de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el alto honor de dirigirse a ese Cuerpo, con el objeto de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el que se concede una pensión graciable a favor de la hija del difunto artista plástico Eduardo Gandós, señora Rosario Gandós Caravia, en virtud de haber sido un destacado artista plástico uruguayo con una amplia trayectoria en varios países europeos.

Ello resulta justificado, habida cuenta de una trayectoria de casi una década en países como Francia, España e Italia, logrando un importante reconocimiento internacional, tanto para sí, como para las artes plásticas de nuestro país.

A su regreso a nuestro país continuó con su intensa actividad artística, culminando con una gran muestra retrospectiva en el año 1982, dejando a su fallecimiento un importante acervo artístico.

Ante la desesperante situación económica y de salud en que se encuentra su hija, la señora Rosario Gandós, aquejada por una fractura de columna y médula, que la dejó parapléjica, entendemos un acto de reconocimiento y justicia a favor de la memoria de su padre, el señor Eduardo Gandós, conceder una pensión graciable a favor de su hija, la señora Rosario Gandós Caravia.

El proyecto de ley, en su artículo 1º, establece el nombre de la beneficiaria así como el monto de la pensión. En el artículo 2º, se establece que la erogación resultante, será atendida por Rentas Generales.

El Poder Ejecutivo, saluda al señor Presidente de la Asamblea General, con su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, ANTONIO MERCADER, ALBERTO BENSIÓN.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Concédese una pensión graciable, a la señora Rosario Gandós Caravia, equivalente a cuatro salarios mínimos nacionales.

Artículo 2º.- La erogación resultante, será atendida por Rentas Generales.

Montevideo, 7 de mayo de 2001.

ANTONIO MERCADER, ALBERTO BENSIÓN.

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Concédese una pensión graciable, a la señora Rosario Gandós Caravia, equivalente a cuatro salarios mínimos nacionales.

Artículo 2º.- La erogación resultante, será atendida por Rentas Generales.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 8 de agosto de 2001.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

Anexo I al

Rep. Nº 691

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Seguridad Social

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Seguridad Social ha considerado favorablemente y por unanimidad, la solicitud de otorgamiento de una pensión graciable a favor de la hija del difunto artista plástico uruguayo Eduardo Gandós.

El proyecto de ley que se refiere a dicha solicitud, remitido por el Poder Ejecutivo al señor Presidente de la Asamblea General, ya cuenta con aprobación de la Cámara de Senadores.

Ello resulta justificado tomando en cuenta la trayectoria de Eduardo Gandós de casi una década, en países como Francia, España e Italia, donde logró un importante reconocimiento internacional.

Vuelto a Uruguay, continúa su intensa actividad artística, que culmina con una gran muestra retrospectiva en el año 1982, dejando a su fallecimiento un importante acervo artístico.

Ante la desesperante situación económica y de salud de su hija, la señora Rosario Gandós, que sufrió fractura de columna y médula que la dejó en estado parapléjico, entendemos que la aprobación de esta pensión graciable significa, además, un acto de reconocimiento y justicia a la trayectoria de su padre el señor Eduardo Gandós.

Por tal motivo solicitamos a la Cámara de Representantes la aprobación de esta iniciativa.

Sala de la Comisión, 3 de octubre de 2001.

JOSE L. BLASINA, Miembro informante, JULIO LARA".

——Dese cuenta del resultado de la votación del artículo 1º del proyecto.

(Se lee:)

"Han sufragado ochenta y seis señores Representantes: setenta y cinco lo han hecho por la afirmativa, cinco por la negativa, hubo dos votos en blanco y cuatro votos fueron anulados".

——El resultado es: AFIRMATIVA.

Léase el artículo 2º.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

26.- Olga Hernández Barreto. (Pensión graciable).

——Se va a dar cuenta del resultado de la votación acerca de la pensión graciable para la señora Olga Hernández Barreto.

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 690

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 17 de mayo de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General

Luis Hierro López:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, con el fin de poner a su consideración el proyecto de ley que se acompaña por el cual se le concede una pensión graciable a la señora Olga Hernández Barreto.

La señora Hernández es viuda del señor Pablo Fernández Lagarde, cuyo nombre artístico era "Pablo Lagarde Wilson", artista nacional de extensa trayectoria, a quien se le otorgara una pensión graciable por Ley Nº 16.791, de 19 de noviembre de 1996 y por un monto de cuatro salarios mínimos nacionales.

A partir del fallecimiento de su esposo, ocurrido el 6 de febrero del presente año, la señora Olga Hernández Barreto ha visto reducidos los ingresos de su hogar de manera importante.

Es en mérito a lo expuesto, que se considera pertinente solicitar se le otorgue una pensión graciable tal como la recibía su fallecido esposo.

El proyecto de ley, en su artículo 1º, establece el nombre de la beneficiaria, así como el monto de la pensión. En el artículo 2º, se establece que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

El Poder Ejecutivo, saluda al señor Presidente de la Asamblea General con su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, ANTONIO MERCADER, ALBERTO BENSIÓN.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Concédese una pensión graciable a la señora Olga Hernández Barreto, equivalente a cuatro salarios mínimos nacionales.

Artículo 2º.- La erogación resultante, será atendida por Rentas Generales.

Montevideo, 17 de mayo de 2001.

ANTONIO MERCADER, ALBERTO BENSIÓN.

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Concédese una pensión graciable, a la señora Olga Hernández Barreto, equivalente a cuatro salarios mínimos nacionales.

Artículo 2º.- La erogación resultante, será atendida por Rentas Generales.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 8 de agosto de 2001.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

MARIO FARACHIO
Scretario".

Anexo I al

Rep. Nº 690

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Seguridad Social

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Seguridad Social somete a la consideración del Cuerpo, la iniciativa proveniente del Poder Ejecutivo y que cuenta con aprobación de la Cámara de Senadores, dirigida a conceder una pensión graciable, a la señora Olga Hernández Barreto.

La señora Hernández Barreto es viuda del señor Pablo Fernández Lagarde, cuyo nombre artístico era "Pablo Lagarde Wilson", artista nacional de extensa y reconocida trayectoria.

A partir del fallecimiento del mencionado artista, ocurrido el 6 de febrero del presente año, la señora Olga Hernández Barreto ha visto reducidos sensiblemente los ingresos del hogar.

En razón de lo expuesto, consideramos pertinente otorgar una pensión graciable, tal como lo recibía su fallecido esposo y solicitamos, en consecuencia, su aprobación definitiva en la Cámara de Representantes.

Sala de la Comisión, 3 de octubre de 2001.

JOSE L. BLASINA, Miembro informante, JULIO LARA".

——Dese cuenta del resultado de la votación del artículo 1º del proyecto.

(Se lee:)

"Han sufragado ochenta y seis señores Representantes: setenta y tres lo han hecho por la afirmativa, cinco por la negativa, hubo dos votos en blanco y seis votos fueron anulados".

——El resultado es: AFIRMATIVA.

Léase el artículo 2º.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en cincuenta: AFIRMATIVA.

SEÑOR HEBER FÜLLGRAFF.- ¡Que se rectifique la votación!

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

27.- Sesión extraordinaria.

——Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Orrico, Amen Vaghetti, Berois Quinteros, Pablo Mieres y Chiesa Bordahandy.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la Cámara se reúna en forma extraordinaria el próximo jueves 13, a la hora 15 y 30, para considerar el informe de la Comisión Especial para el estudio y diagnóstico de las situaciones de pobreza".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en cincuenta y dos: AFIRMATIVA.

28.- Rectificación de trámite.

Dese cuenta de una moción presentada por la señora Diputada Charlone y los señores Diputados Ponce de León, Posada, Amorín Batlle y José María Mieres.

(Se lee:)

"Mocionamos para que el asunto que figura en el Repartido Nº 785, Carpeta Nº 1690/001, relativo al proyecto sobre usura, pase a consideración de la Comisión de Hacienda, transfiriéndolo de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

29.- Prórroga del término de la sesión.

Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Berois Quinteros, Falero y Chiesa Bordahandy.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se prorrogue el término de la sesión".

——La Mesa recomienda votar afirmativamente esta moción para terminar de considerar los temas que están en el orden del día.

Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y seis en cincuenta: AFIRMATIVA.

30.- Productores lecheros perjudicados por la fiebre aftosa. (Se faculta al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a afectar el Fondo creado por el artículo 14 de la Ley Nº 16.082, a efectos de compensarlos).

Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado Gil Solares.

SEÑOR GIL SOLARES.- Señor Presidente: hemos escuchado atentamente al señor miembro informante y, en realidad, estamos de acuerdo casi en todo. Sin embargo, quiero saber si en los cálculos para resarcir a nuestros productores está considerado el lucro cesante que han sufrido.

El otro tema que quiero tocar es el de la erradicación de la aftosa en nuestro país. Teniendo en cuenta la situación en que se encuentran hoy nuestros países vecinos -Argentina, Brasil, Paraguay, etcétera-, es imposible pensar en la erradicación de la aftosa en Uruguay sin un plan de vacunación nacional.

Existen algunos enemigos de la sanidad que no vacunan a sus animales. Es posible que ellos compren la vacuna, pero se sabe, por comentarios vecinales, que se niegan a vacunar a sus animales; y esto es realmente un peligro notorio.

En nuestro país, el Laboratorio Rubino -que en su época fue el paladín de la lucha contra la aftosa- hoy está desapareciendo. Nuestro Presupuesto no está acorde con las necesidades de investigación y de aplicación de ninguna de nuestras ciencias; mucho menos de la veterinaria. Creemos que solo con la creación de un gran instituto regional, mantenido con la colaboración económica, por lo menos, de los países del MERCOSUR, se podría lograr una investigación auténtica y llegar a hacer una aplicación preventiva y terapéutica que nos diera seguridad.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Falero.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: simplemente quiero manifestar mi total concordancia con el muy exhaustivo y concreto informe dado por el señor Diputado Cardozo Ferreira, miembro informante de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.

A su vez, quiero destacar -creo importante señalarlo- que las gestiones que reseñaba el señor Diputado Cardozo Ferreira generaron de alguna manera el rol de mediación de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca con relación a los reclamos de los distintos productores agropecuarios. Este no es un asunto menor porque, de alguna manera, esa participación de la Comisión frente a puntos de vista diferentes con respecto al tema -que determinaron esencialmente dos cambios sustanciales: el primero de ellos, la eliminación del tope de US$ 720.000 que establecía el artículo 1º del proyecto aprobado por el Senado de la República, y el segundo, la modificación del proyecto, incorporando un artículo 3º que permite el tratamiento caso por caso, en la hipótesis de que existan productores que entiendan que sus intereses no están cabalmente contemplados por los mecanismos que se establecen para la indemnización- hizo posible que una situación que en cierto momento fue bastante dura se transformara en otra en la que finalmente se arribó al acuerdo que hoy se plasma en este proyecto de ley.

Quiero destacar particularmente -nobleza obliga- la participación del Presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, señor Diputado Machado, porque no es sencillo conducir una negociación en este tipo de situaciones donde no había precisamente acuerdo.

Por tanto, me parece importante señalar el rol que le cupo a la Comisión en este asunto, la necesidad de articular definiciones que condujeran finalmente a este proyecto de ley y, en particular, la actuación del señor Presidente de la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Julio Silveira.

SEÑOR SILVEIRA (don Julio).- Si el señor Presidente me lo permite, ante todo quisiera hacer una aclaración sobre otro tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Está autorizado, señor Diputado.

SEÑOR SILVEIRA (don Julio).- Señor Presidente: en el día de hoy iniciamos temprano nuestra tarea en el Palacio. Posteriormente, a la hora 13 comenzó la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales, que finalizó cuando se iniciaba la de la Cámara. Es decir que fue un día muy difícil para que los legisladores pudiéramos compaginar nuestra labor con las actividades que tenemos afuera.

La votación de la propuesta del Encuentro Progresista de llamar a Sala al señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Bensión, coincidió con el momento en que tuve necesidad de mantener una entrevista en mi despacho referente a una ampliación en una red de saneamiento de la cooperativa de viviendas COVIPA I, que se está llevando adelante en Artigas.

Quiero dejar establecido que los graves problemas que mi departamento enfrenta en este momento -de los cuales el tema azucarero aparece como el más urgente o trascendente momentáneamente- no han encontrado el eco favorable que esperábamos de las autoridades del Poder Ejecutivo. Hemos estado negociando con todos los integrantes del Poder Ejecutivo que algo tienen que ver con el tema azucarero y, realmente, ni siquiera tenemos una visión clara de qué es lo que este Poder piensa al respecto; no tenemos una clara definición en este sentido.

Por tanto, creo que la presencia en Sala del señor Ministro Bensión puede ser una forma de llegar a obtener esas respuestas que en otros ámbitos no hemos tenido. Evidentemente, el tema ya ha pasado por interpelaciones y por la presencia del señor Ministro en Sala. Es por ello que tenemos algunas reservas con respecto a la definición que podamos obtener, pero como es una instancia más, una posibilidad más para mi departamento, quiero decir a la Cámara que sencillamente no estuve presente en el momento de esa votación por una razón absolutamente ajena al hecho y que comparto la idea y la iniciativa de los legisladores del Encuentro Progresista de invitar a Sala al señor Ministro de Economía y Finanzas.

Hecha esta aclaración -y agradeciendo la paciencia de la Cámara-, queremos decir respecto al tema en consideración que hemos visto con satisfacción la buena voluntad y la sensibilidad demostrada por la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados en cuanto a tener en cuenta la situación de los productores lecheros del departamento de Artigas, específicamente la de los que están ubicados en la colonia Rivera -tan conocida después de aquel aciago 24 de octubre- y la de los que están en las proximidades de Bella Unión. Esos productores fueron directamente afectados por el primer foco de aftosa. Se les indemnizó por concepto de rifle sanitario, pues se sacrificó su ganado. Y el otro día decíamos en la Comisión que ese hecho es lo más demostrativo de la imposibilidad de esos productores de vender leche con posterioridad a la aparición de ese foco.

Nadie puede demostrar mejor que no pudo vender leche que aquellos a quienes les mataron las vacas.

También tenemos la situación de algunos productores de Bella Unión, que por el cordón establecido en torno a Artigas se vieron imposibilitados de sacar su producción del departamento. Me refiero, por ejemplo, a algunos tambos importantes que estaban realizando una experiencia inédita, sumamente exitosa, de exportación de leche fluida hacia Brasil, y otros que enviaban la leche a empresas de Salto. Evidentemente, esta gente tuvo que cesar su producción porque sus productos no tenían colocación.

Nosotros trajimos esta solicitud al seno de la Comisión y allí encontramos la más alta sensibilidad de parte de todos los sectores políticos que integran esta Cámara para reconocer y entender este tema, y adoptar las medidas que permitieran incluir a esos productores en estos beneficios.

Ese día también decíamos en la Comisión que no se trata de incluirlos meramente en el papel entre aquellos eventuales beneficiarios. El hecho de haber concurrido a la Comisión, realizado un planteo, tenido una excelente oportunidad de conversar y llegado a este final feliz en el seno de la Cámara, ha constituido el fin de una etapa, pero para nosotros y para los productores de Artigas la lucha no termina aquí, porque vamos a tratar de que esto, que el Parlamento con buena voluntad está considerando, se traslade a la realidad de los hechos y que los productores cobren efectivamente aquello a lo que tienen derecho.

Vamos a votar con mucha satisfacción este proyecto de ley. Si bien no es lo que todos hubiésemos querido, esto servirá a los productores de nuestro país, a esos abnegados trabajadores de este sector tan sufrido -como es el sector lechero- para paliar en algo las graves dificultades a las que se han visto enfrentados.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Machado.

SEÑOR MACHADO.- Señor Presidente: compartimos plenamente el informe del miembro informante, señor Diputado Cardozo Ferreira, que ha sido exhaustivo, muy profundo y completo.

Creemos que estamos ante un tema complejo y que ha llevado a que la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca modificara el proyecto aprobado en el Senado. Y eso ha sido así porque esta Comisión ha tenido la sensibilidad de escuchar a las distintas gremiales afectadas por este problema.

En tal sentido, queremos dejar bien en claro -creemos que es lo sustantivo de este proyecto de ley- que nosotros no estamos llevando adelante una evaluación de los daños, lo cual es muy difícil de hacer y de defender como una política de Estado, sino que debemos dotar al Poder Ejecutivo de los elementos necesarios para que instrumente una verdadera política de indemnización en un tema muy complejo como el que ha afectado a un amplio sector de productores.

Sentimos que el planteamiento original cometía y llevaba adelante una serie de injusticias, por ejemplo con los productores de Artigas y con los artesanales, como muy bien ha explicitado el señor miembro informante.

Es aconsejable que la Cámara vote este proyecto de ley, que ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión. Entendemos que el tema de la aftosa, que ha sido planteado aquí, debe llevar a todos los uruguayos a una profunda reflexión.

Si analizáramos cómo sucedieron los hechos en el departamento de Artigas, donde los encargados de llevar adelante las medidas sanitarias para erradicar el foco de aftosa pudieron hacerlo en tiempo y forma porque estaban ante un foco primario, ello nos daría la pauta de que el primer colaborador con que se tiene que contar para desarrollar una exitosa campaña de lucha contra la aftosa es el productor agropecuario, el productor lechero o el productor del rubro que sea. Si no contamos con esa alerta inmediata, ninguna campaña podrá ser exitosa.

Creemos que esa es la piedra fundamental para poder contar con la aquiescencia de los productores en lo relativo a una serie de medidas que se deben adoptar desde el Estado para poder tener una política exitosa en este aspecto.

Reiteramos que creemos en una política regional, no sólo en una campaña de erradicación de la aftosa, sino también en lo que tiene que ver con la credibilidad de las medidas que se lleven adelante en la región.

Uruguay tiene hoy gran credibilidad en el mundo, no así sus vecinos; este es un elemento que tiene que llamarnos a responsabilidad porque también debemos trabajar en ese ángulo de la tarea a efectos de lograr una región sanitariamente libre de fiebre aftosa y creíble ante el mundo en cuanto a que aquí las cosas se hacen bien, con cristalinidad y con transparencia. Este es un aspecto fundamental para poder reconquistar los mercados que hemos perdido.

Esto es cuanto quería decir.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Treinta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- Mociono para que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 1º.

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- Señor Presidente: quiero responder al señor Diputado Gil Solares su pregunta respecto a si se tuvo en cuenta el lucro cesante.

Explico al señor Diputado que con respecto a la cifra de US$ 978.000 que mencioné, tengo el detalle de lo calculado por parte de los técnicos de los productores de leche.

Por ejemplo, en base a 72 tambos de CONAPROLE que durante los meses de mayo y junio remitieron 10% menos, se tomó el equivalente a 228.268 litros, que proyectado a 150 tambos, nos da 475.700 litros de leche. Si multiplicamos esa cantidad por US$ 0,17, nos da US$ 80.000, aproximadamente.

Las pérdidas de leche futuras afectadas en un curso de 2,5 por litro perdido da US$ 202.000; las pérdidas por gasto de antibióticos -el 50% de las pérdidas con la rendición de mayo- ascienden a US$ 40.000; en cuanto a las pérdidas de calidad, hay 7,7 de pérdida de bonificación, que da US$ 62.000. Después están las pérdidas por muertes de vacas: 276; y por muerte de terneros: 1.380, que suman US$ 978.000.

Creo que también es importante aclarar lo siguiente.

Por ejemplo, CONAPROLE perdía US$ 2.500 por las cisternas extra que enviaba a los tambos con problemas; debía enviar cisternas distintas a las comunes para recorrer los tambos y evitar que se contagiaran unos a los otros. En cien días, esto representó una pérdida de US$ 250.000. Las otras cooperativas también tuvieron sus pérdidas, porque operaban de la misma manera. Los socios cooperativos colaboraron con US$ 300.000, por el envío de otras cisternas a los predios afectados. Creo que las cifras son más que elocuentes y demuestran lo que representaban las pérdidas en números y lo que aportó la empresa CONAPROLE, que, inclusive, pagó la leche como si fuera de calidad A, aun cuando estaba diagnosticada como de calidad B o C o, por la presencia de antibióticos u otros contaminantes, debería haber cotizado con valores más bajos, como ocurre cuando se transforma en caseinato, que es un producto de muy bajo valor.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º .

(Se vota)

——Cuarenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 2º .

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Correspondería poner a consideración el artículo 3º , pero ha llegado a la Mesa una moción en la que figura un texto sustitutivo.

El mecanismo que vamos a utilizar es el siguiente: se va a dar lectura al artículo 3º tal como viene de Comisión y luego al sustitutivo; después se votará, en primer lugar, el artículo que viene de Comisión y, de no resultar aprobado, se votará en segundo término el artículo sustitutivo.

Léase el artículo 3º tal como viene de Comisión.

(Se lee)

——Léase el artículo 3º sustitutivo presentado por el señor Diputado Sellanes.

(Se lee:)

"Aquellos productores que consideren que su situación no ha sido contemplada íntegramente podrán percibir la suma calculada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y tendrán derecho a plantear su situación, fundamentando su reclamo ante una comisión asesora integrada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que tendrá un representante de los productores. Dicha comisión tendrá un plazo máximo de treinta días para elevar un informe al Ministerio".

——En discusión.

Se han anotado, por su orden, los señores Diputados Berois Quinteros, Falero y Chiesa Bordahandy.

Tiene la palabra el señor Diputado Berois Quinteros.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Señor Presidente: voy a ser muy breve.

Vamos a acompañar esta modificación propuesta. La comisión asesora será integrada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y contará con un representante de los productores. Se trata de una comisión de alzada a la que se le otorgan treinta días para realizar su trabajo. Reitero que haría las veces de tribunal de alzada y me parece lógico que esté integrada por un representante de los productores, que tendrán que ponerse de acuerdo y elegirlo en el plazo que está establecido.

Consideramos que es positivo contar con un representante de los productores; por supuesto, las diferentes gremiales tendrán que ponerse de acuerdo y nombrarlo, sobre todo para considerar el tema y lograr lo que creemos fundamental: que se haga justicia, analizando y evaluando todos los aspectos técnicos. Sabemos que siempre va a quedar alguien relegado, porque seguramente algunos productores habrán perdido mucho más de lo que se les va a dar, aunque también se darán los casos inversos. Trataremos de acercarnos a lo más justo posible, teniendo en cuenta lo que se dijo en Sala acerca de la importancia que esto tiene, no sólo por la justicia que supone ahora, sino también para el futuro, porque existe la necesidad de tener a los productores y a todos los demás sectores siempre de nuestro lado en esta lucha.

En la lucha contra la fiebre aftosa ha habido posiciones diferentes, según el subsector del que se tratara, pero esto no debe mirarse desde ese punto de vista; hay que aglutinar todos los esfuerzos y sentir que los productores son partícipes de esto porque, como bien decía el señor miembro informante, el Fondo es de ellos.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Falero.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: este tema fue considerado en el seno de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca en oportunidad de discutirse este proyecto de ley. Finalmente, se planteó una objeción que, a mi juicio, es de peso: ¿cuál es la gremial que representa realmente a los productores en esa comisión que también integrará el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? ¿Cuál es mi duda con respecto a este tema? Que resulte imposible designar a ese representante de las distintas gremiales y que, en definitiva, lo que establecimos para corregir el problema torne inviable la solución. Por lo tanto, no estaríamos aportando una solución viable y rápida -hay que tener en cuenta el tiempo que ya transcurrió- para lograr una indemnización de los productores. Esta es mi primera preocupación.

La segunda tiene que ver con la forma en que funcionaría esa comisión, que estaría integrada por representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Por eso intervine en la discusión en general; esto fue fruto de una negociación intensa entre el Ministerio y los productores y se supone que la solución final debe contar, si no con el apoyo, por lo menos, con la falta de oposición de las partes que en algún momento estuvieron distanciadas.

Nosotros estamos dispuestos a votar esta moción, pero en la medida en que hacemos confianza en que de este modo no se van a generar más dificultades para que los productores perciban la indemnización que ya deberían haber recibido. Lo acompañamos en ese entendido; queremos delimitar absoluta y cabalmente las responsabilidades, no sea cosa que, en definitiva, todo esto se transforme en un conjunto de medidas que no lleven a conseguir las indemnizaciones correctas para los productores. Todos sabemos que existen algunas injusticias; también que no todos los productores reaccionaron igual frente al brote aftósico, porque no todos estaban preparados de la misma manera ni tomaron igual conciencia del riesgo y de las dificultades. Por lo tanto, algunos trabajaron mejor que otros y en función de ese esfuerzo mayor y más costoso alcanzaron mejores resultados.

Por lo expuesto, acompañamos esta solución que consideramos riesgosa, pero hacemos la salvedad expresa de que creemos que, dado el trámite que tuvo el proyecto de ley y que el tema también fue conversado en la Comisión, no debería ser incluido. De cualquier manera, si existe acuerdo de los productores para resolver quién será su representante y no habrá más demoras -como manifestó el señor Diputado Berois Quinteros, y quienes proponen la moción, de alguna manera, lo aseguran-, nos allanaremos a esta solución. De todos modos, seguimos prefiriendo la redacción dada por la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Chiesa Bordahandy.

SEÑOR CHIESA BORDAHANDY.- Comparto lo expresado por el señor Diputado Falero.

Me extraña que se haya presentado este agregado, por cuanto en Comisión hubo un acuerdo entre todos los sectores y los Partidos respecto a lo que hoy se iba a votar. Creo que este agregado complica la situación y lleva a postergar el pago a los productores que tanto lo necesitan y por quienes todos estamos preocupados.

No es fácil este aspecto; habría que reglamentarlo y, de llegarse a un acuerdo, inclusive debería agregarse en el proyecto de ley. Por tanto, si hubiese un acuerdo en tal sentido, habría que determinar cómo se elegiría ese delegado de los productores. Todos sabemos que hay varias gremiales y muchos productores involucrados: los del sur y también los del norte. Entonces, ante la postura de algunos señores Diputados -que, reitero, me extraña- y si es que se mantiene la propuesta de que haya una comisión integrada por un representante de los productores, solicitaría que la iniciativa volviera a Comisión.

Aclaro que no estoy en contra de esa alternativa; pero creo que habría que reglamentarla.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Sellanes.

SEÑOR SELLANES.- Señor Presidente: quisiera aclarar la inquietud del señor Diputado Falero.

Las gremiales de productores lecheros, que son varias, han estado trabajando juntas en este tema; prueba de ello es que la Comisión ha tenido dos delegados que han representado a todas las gremiales. Creo que se pondrán de acuerdo fácilmente aunque, en todo caso, en realidad este delegado de los productores se va a sumar a una comisión que va a designar el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. De no nombrarse el delegado, la comisión del Ministerio funcionará tal como plantea el proyecto del Poder Ejecutivo.

Cabe aclarar que la comisión es solo asesora; en definitiva, quien va a resolver es el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. La comisión solo tiene la función de asesorar al señor Ministro en las resoluciones.

Creo que si volvemos a analizar este asunto en Comisión, ahí sí estaríamos demorando la votación de esta norma y tal vez los productores no puedan cobrar en el plazo en que deberían hacerlo.

SEÑOR FALERO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SELLANES.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: si la comisión que se plantea no se integra porque no se designa un delegado de los productores, no puede funcionar, ya que la ley establece específicamente cómo se constituirá. Para que una comisión funcione debe integrarse tal cual lo establece la ley; si no tenemos en cuenta esto, estaremos actuando de forma muy voluntarista.

Entonces, lo que manifiesta el señor Diputado Sellanes no es de recibo; esa es mi preocupación. Yo tampoco estoy de acuerdo con que esta iniciativa vuelva a Comisión, porque realmente los productores están acuciados ante la situación que están viviendo, pero reitero que el planteo no es de recibo, porque el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca no podría hacer funcionar la comisión si no estuviera integrada por la persona designada por las gremiales. Después que esté integrada, una vez que se designe al delegado, podrá actuar por mayorías o por minorías; pero primero hay que integrarla, y para eso debe haber acuerdo entre los productores. Eso es esencial; de lo contrario, la comisión no se podría dar por integrada porque estaría incumpliendo con la disposición legal.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el señor Diputado Sellanes.

SEÑOR SELLANES.- Señor Presidente: reitero que no existirá el problema que plantea el señor Diputado Falero; en todo caso, el Poder Ejecutivo, por vía de la reglamentación, podría establecer cómo se designaría el delegado de los productores y este problema quedaría zanjado. Pero me parece más importante que esta discusión, que los productores, que en realidad son los dueños del Fondo, estén presentes cuando se resuelva qué se va a hacer con su dinero. Creo que si volvemos a analizar este tema en Comisión estaremos dándole largas al asunto y los productores no irán cobrando en tiempo y forma. Por tanto, propongo que en el día de hoy se vote el sustitutivo que hemos presentado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3º, tal como viene de la Comisión.

(Se vota)

——Doce en cuarenta y cuatro: NEGATIVA.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3º sustitutivo presentado por el señor Diputado Sellanes.

(Se vota)

——Treinta y cinco en cuarenta y cuatro: AFIRMATIVA.

SEÑOR MACHADO.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a rectificar la votación.

(Se vota)

——Cuarenta y cuatro por la afirmativa. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda aprobado el proyecto y se devolverá al Senado.

(Texto del proyecto aprobado:)

"Artículo 1º.-Facúltase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a afectar el Fondo Permanente de Indemnización creado por el artículo 14 de la Ley Nº 16.082, de 18 de octubre de 1989, a efectos de compensar a los productores de leche que hayan sido perjudicados directa o indirectamente en su producción como consecuencia del brote aftósico.

Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de diez días, estableciendo los montos, plazos y condiciones en que operará dicho beneficio. La indemnización se realizará en base a criterios objetivos y verificables, y en función de la lista oficial de productores lecheros afectados por la aftosa, registrados hasta el 31 de julio de 2001.

Artículo 3º.- Aquellos productores que consideren que su situación no ha sido contemplada íntegramente podrán percibir la suma calculada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y tendrán derecho a plantear su situación, fundamentando su reclamo ante una comisión asesora integrada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que tendrá un representante de los productores. Dicha comisión tendrá un plazo máximo de treinta días para elevar un informe al Ministerio".

31.- Vuelta de proyectos a Comisión.

——Dese cuenta de una moción de orden presentada por las señoras Diputadas Saravia Olmos y Percovich y los señores Diputados Orrico, Perdomo, Posada, Ronald Pais, Berois Quinteros y Amorín Batlle.

(Se lee:)

"Mocionamos para que vuelva a Comisión el proyecto de ley relativo a 'Asociación Nacional de Afiliados (ANDA). (Ampliación del porcentaje a retener de los haberes de sus afiliados)'. (Carpeta Nº 1730/001, Repartido Nº 807)".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y uno en cuarenta y tres: AFIRMATIVA.

Dese cuenta de otra moción de orden presentada por los señores Diputados Chiesa Bordahandy, Orrico, Amen Vaghetti, Berois Quinteros, Barrera y Borsari Brenna.

(Se lee:)

"Mocionamos para que el asunto que figura en octavo término del orden del día vuelva a Comisión".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y dos en cuarenta y tres: AFIRMATIVA.

32.- Liceo Puerto La Charqueada. (Designación al liceo del pueblo General Enrique Martínez, departamento de Treinta y Tres).

Se pasa a considerar el asunto que figura en noveno término del orden del día: "Liceo Puerto La Charqueada. (Designación al liceo del pueblo General Enrique Martínez, departamento de Treinta y Tres)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 345

"PROYECTO DE LEY

Artículo único: Desígnase "Liceo Puerto La Charqueada" al liceo del pueblo General Enrique Martínez, departamento de Treinta y Tres, dependiente del Consejo de Enseñanza Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Montevideo, 28 de setiembre de 2000.

FRANCISCO ORTIZ, Representante por Treinta y Tres, DIANA SARAVIA OLMOS, Representante por Treinta y Tres.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por el presente proyecto de ley, se propone designar "Liceo Puerto La Charqueada", al liceo del pueblo General Enrique Martínez (La Charqueada), de la 2ª Sección del departamento de Treinta y Tres.

Esta iniciativa tiene su origen en una justa inquietud que recientemente nos plantearan las autoridades locales y fuerzas vivas del pueblo.

De esta forma recordaremos siempre la serena belleza de "La Charqueada", antiguo y único puerto del departamento, situado sobre el pintoresco río Cebollatí, a quince kilómetros de la desembocadura del río Olimar.

Tuvo sus orígenes en los albores del siglo XIX con el mayor y mejor aprovechamiento de la riqueza que nos proporciona el ganado vacuno. El uso de la sal en el secado y conservación de la carne (charque), que la mantenía en buen estado durante más tiempo, aseguraban una mayor posibilidad de exportación. De esta manera es que surgió la instalación de un importante saladero o charqueada, perteneciente al señor Paulino Rodríguez.

Tales actividades y su condición de puerto abierto a las rutas de navegación que llevan a Yaguarón o a Santa Victoria del Palmar, a través de la Laguna Merín, propiciaron la creación en sus adyacencias del puerto, por iniciativa del señor Joaquín Machado, quien amanzanó una pequeña extensión de sus tierras, donde más tarde, el 18 de abril de 1914 se funda el pueblo General Enrique Martínez, en forma jurídica, porque antes había un centro poblado junto al puerto que le da vida.

Recordemos que el 23 de febrero de 1911, el Poder Ejecutivo, dispuso la adquisición de un vapor, el cual fue comprado a un astillero alemán, el que fue designado con el nombre "Laguna Merín".

Fue puesto en servicio el 10 de enero de 1913, atendiendo el tráfico de pasajeros y mercaderías entre el puerto de la Charqueada con los puertos de la Cuenca. En 1950 fue retirado de las aguas para su reparación y de él hoy sólo quedan recuerdos.

En 1921 se dispone la construcción de un muelle de madera con guinches, galpones para almacenamiento de mercancías, galpones para taller mecánico, varadero para el carenado de las embarcaciones, zorras y demás útiles necesarios para el movimiento de carga y descarga del vapor "Laguna Merín", y demás embarcaciones, así como también el edificio para las oficinas correspondientes.

Por todo lo precedentemente expuesto, creemos que al proponer nominar al liceo del pueblo General Enrique Martínez del departamento de Treinta y Tres, con el nombre de "Liceo Puerto La Charqueada", estamos proponiendo a los jóvenes que allí concurren, que se planteen el desafío de perpetuar la actividad económica en la región, surgida del empuje creador de aquellos visionarios, por lo que debiéramos tomar aquel ejemplo del pasado y proyectarlo hacia las generaciones futuras.

Montevideo, 28 de setiembre de 2000.

FRANCISCO ORTIZ, Representante por Treinta y Tres, DIANA SARAVIA OLMOS, Representante por Treinta y Tres".

Anexo I al

Rep. Nº 345

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Educación y Cultura

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura recomienda al plenario de la Cámara aprobar el presente proyecto de ley por el que se nomina "Liceo Puerto La Charqueada" al liceo del pueblo General Enrique Martínez, departamento de Treinta y Tres.

Este proyecto de ley ha sido iniciativa de los señores Representantes Diana Saravia Olmos y Francisco Ortiz, estando de acuerdo con el mismo las autoridades locales y fuerzas vivas del pueblo.

Los mencionados legisladores señalan en su exposición de motivos: "De esta forma recordaremos siempre la serena belleza de "La Charqueada", antiguo y único puerto del departamento, situado sobre el pintoresco río Cebollatí, a quince kilómetros de la desembocadura del río Olimar.

Tuvo sus orígenes en los albores del siglo XIX con el mayor y mejor aprovechamiento de la riqueza que nos proporciona el ganado vacuno. El uso de la sal en el secado y conservación de la carne (charque), que la mantenía en buen estado durante más tiempo, aseguraban una mayor posibilidad de exportación. De esta manera es que surgió la instalación de un importante saladero o charqueada, perteneciente al señor Paulino Rodríguez.

Tales actividades y su condición de puerto abierto a las rutas de navegación que llevan a Yaguarón o a Santa Victoria del Palmar, a través de la Laguna Merín, propiciaron la creación en sus adyacencias del puerto por iniciativa del señor Joaquín Machado, quien amanzanó una pequeña extensión de sus tierras, donde más tarde el 18 de abril de 1914 se funda el pueblo General Enrique Martínez, en forma jurídica, porque antes había un centro poblado junto al puerto que le da vida.

Recordemos que el 23 de febrero de 1911, el Poder Ejecutivo, dispuso la adquisición de un vapor, el cual fue comprado a un astillero alemán, el que fue designado con el nombre "Laguna Merín".

Fue puesto en servicio el 10 de enero de 1913, atendiendo el tráfico de pasajeros y mercaderías entre el puerto de La Charqueada con los puertos de la Cuenca. En 1950 fue retirado de las aguas para su reparación y de él hoy sólo quedan recuerdos.

En 1921 se dispone la construcción de un muelle de madera con guinches, galpones para almacenamiento de mercancías, galpones para taller mecánico, varadero para el carenado de las embarcaciones, zorras y demás útiles necesarios para el movimiento de carga y descarga del vapor "Laguna Merín", y demás embarcaciones, así como también el edificio para las oficinas correspondientes.

Por todo lo precedentemente expuesto, creemos que al proponer nominar al liceo del pueblo General Enrique Martínez del departamento de Treinta y Tres, con el nombre "Liceo Puerto La Charqueada", estamos proponiendo a los jóvenes que allí concurren, a que se planteen el desafío de perpetuar la actividad económica en la región, surgida del empuje creador de aquellos visionarios, por lo que debiéramos tomar aquel ejemplo del pasado y proyectarlo hacia las generaciones futuras".

Sala de la Comisión, 4 de julio de 2001.

JOSÉ CARLOS MAHÍA, Miembro Informante, NAHUM BERGSTEIN, HUGO E. CUADRADO, HENRY LÓPEZ, PABLO MIERES, GLENDA RONDÁN.

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Desígnase "Liceo Puerto La Charqueada" al liceo del pueblo General Enrique Martínez, departamento de Treinta y Tres, dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de la Comisión, 4 de julio de 2001.

JOSÉ CARLOS MAHÍA, Miembro informante, NAHUM BERGSTEIN, HUGO E. CUADRADO, HENRY LÓPEZ, PABLO MIERES, GLENDA RONDÁN".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Mahía.

SEÑOR MAHÍA.- Señor Presidente: este proyecto fue presentado por los Representantes electos por el departamento de Treinta y Tres: la señora Diputada Saravia Olmos y el señor Diputado Ortiz, con el acuerdo de las autoridades y fuerzas vivas del pueblo.

El nombre de este liceo tiene que ver con una realidad de la zona de La Charqueada, antiguo y único puerto del departamento, situado sobre el pintoresco río Cebollatí a quince kilómetros de la desembocadura del río Olimar.

Tuvo sus orígenes a comienzos del siglo XIX con el mayor y mejor aprovechamiento de la riqueza que nos proporciona el ganado vacuno. El uso de la sal en el secado y conservación de la carne -charque- la mantenía en buen estado para el consumo durante mucho tiempo, hasta tanto se inventó la refrigeración. De esta manera surgió la instalación de un importante saladero o charqueada perteneciente al señor Paulino Rodríguez.

Tales actividades y su condición de puerto abierto a las rutas de navegación que llevan a Yaguarón o a Santa Vitoria do Palmar, a través de la laguna Merín, propiciaron la creación del puerto en sus adyacencias, por iniciativa del señor Joaquín Machado, quien amanzanó una pequeña extensión de sus tierras, donde más tarde, el 18 de abril de 1914, se funda el pueblo General Enrique Martínez, en forma jurídica, porque antes había un centro poblado junto al puerto que le da vida.

Recordemos que el 23 de febrero de 1911 el Poder Ejecutivo dispuso la adquisición de un vapor, que fue comprado a un astillero alemán y al que se designó con el nombre "Laguna Merín".

Fue puesto en servicio el 10 de enero de 1913, atendiendo el tráfico de pasajeros y mercaderías entre el puerto de La Charqueada y los puertos de la cuenca. En 1950 fue retirado de las aguas para su reparación y de él hoy solo quedan recuerdos.

En 1921 se dispone la construcción de un muelle de madera con guinches y galpones para almacenamiento de mercancías, entre otras cosas.

Por todo lo precedentemente expuesto, creemos que al designar al liceo del pueblo General Enrique Martínez del departamento de Treinta y Tres, con el nombre "Liceo Puerto La Charqueada", estamos proponiendo a los jóvenes que allí concurren el desafío de perpetuar la actividad económica en la región, surgida del empuje creador de aquellos visionarios, por lo que debiéramos tomar aquel ejemplo del pasado y proyectarlo hacia las generaciones futuras.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Treinta y tres en treinta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado)

33.- Doctor Ruben Simón Curi. (Designación al Centro Auxiliar de Salud Pública de la ciudad de Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó).

——Se pasa a considerar el asunto que figura en décimo término del orden del día: "Doctor Ruben Simón Curi. (Designación al Centro Auxiliar de Salud Pública de la ciudad de Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 782

"CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Desígnase al Centro Auxiliar de Salud Pública de la ciudad de Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó, con el nombre de "Dr. Ruben Simón Curi".

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 10 de octubre de 2001.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

MARIO FARACHIO
Secretario".

Anexo I al

Rep. Nº 782

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Constitución, Códigos,

Legislación General y Administración

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha considerado el proyecto de ley remitido por la Cámara de Senadores, por el que se designa "Doctor Ruben Simón Curi" al Centro Auxiliar de Salud Pública de la ciudad de Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó.

El doctor Ruben Simón Curi nació en Paso de los Toros, el 4 de setiembre de 1926, habiendo ejercido como médico local, fue Director del Hospital de Paso de los Toros y docente de Historia Natural en el liceo de dicha ciudad.

Ejerció con altruismo, dedicación y espíritu profundamente solidario la profesión de médico durante cuarenta y tres años. Falleció en su ciudad natal el 20 de febrero de 1998.

Casi ochocientas firmas acompañaron la solicitud de promover esta iniciativa, que los isabelinos consideran un justo homenaje a aquel ilustre ciudadano que fue el doctor Ruben Curi, calificado por muchos como el "médico de los pobres", dado que siempre estuvo al servicio de los enfermos sin importarle la hora, el medio social, ni el lugar, y muchas veces en forma honoraria.

Esta Comisión considera que es un merecido homenaje a un hombre excepcional por sus cualidades personales, su hombría de bien, su gran aporte a la comunidad que queda demostrado en la gratitud de estas personas que procedieron a recabar las firmas para que este proyecto de ley haga realidad el sentir de la inmensa mayoría de la ciudadanía de Paso de los Toros.

Por lo expuesto, se aconseja a la Cámara la aprobación de la iniciativa que se informa.

Sala de la Comisión, 8 de noviembre de 2001.

ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES, Miembro Informante, GUSTAVO BORSARI BRENNA, FELIPE MICHELINI, MARGARITA PERCOVICH, DIANA SARAVIA OLMOS, JORGE ZAS FERNÁNDEZ".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Fernández Chaves.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- Señor Presidente: la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración aconseja al Cuerpo la designación del Centro Auxiliar de Salud Pública de Paso de los Toros con el nombre "Doctor Ruben Simón Curi".

El doctor Curi nació en Paso de los Toros en el año 1926, donde ejerció la medicina. También fue Director del Hospital de Paso de los Toros y docente de Historia Natural en dicha ciudad.

Más de ochocientas firmas acompañaron la solicitud de promover esta iniciativa que los isabelinos consideraron un justo homenaje a este ilustre ciudadano que fue el doctor Ruben Simón Curi, que siempre estuvo al servicio de los enfermos, sin importar la hora, el medio social ni el lugar, y muchas veces lo hizo en forma honoraria.

De manera que la Comisión considera que este es un merecido homenaje a un hombre excepcional por sus cualidades personales, por su hombría de bien y por su aporte a la comunidad en la que nació, vivió y murió.

SEÑORA MONTANER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA MONTANER.- Señor Presidente: en mi condición de oriunda de Tacuarembó también creo que se hace justicia al designar a este Centro Auxiliar de Salud Pública de la ciudad de Paso de los Toros -la segunda ciudad del departamento- con el nombre de quien fue un testimonio viviente de la medicina vocacional, de la que hizo su evangelio, a través de su forma de actuar.

El doctor Simón Curi nació, como dijo el señor miembro informante, en Paso de los Toros y durante cuarenta y tres años ejerció la medicina en esa ciudad en forma humanitaria y sensible, y como los médicos que antiguamente no tenían una especialización, sino que debían entender de todo y atender a todos. Fue un amigo de las familias isabelinas, de los hogares de Paso de los Toros; amigo, confidente y médico.

Creo que este homenaje al doctor Ruben Simón Curi lleva implícita la solicitud de respaldar a los isabelinos para que su Centro Auxiliar de Salud Pública pueda recategorizarse y pase a ser un hospital. Paso de los Toros cuenta con 13.367 habitantes y está en condiciones de exigir para su centro auxiliar la categoría de hospital; de esta forma se transformaría en una unidad ejecutora y recibiría sus propios medios económicos, no dependería de otro hospital y tendría una recategorización merecida, teniendo en cuenta también que permanentemente atiende a aquellos que sufren accidentes en la Ruta Nº 5 y necesitan contar con una asistencia primaria en un centro con condiciones adecuadas.

Por lo tanto, creemos de justicia esta designación y adherimos a la idea de que el Ministerio de Salud Pública atienda el reclamo de los isabelinos en el sentido de recategorizar su centro auxiliar para que pase a ser unidad ejecutora u hospital.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- La Mesa informa que mañana, 5 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de los Voluntarios. Este es el Año Internacional del Voluntariado y su Mesa Ejecutiva realizará su actividad central a la hora 11, en el Salón de los Pasos Perdidos, quedando invitados las señoras y los señores Diputados a participar de dicho acto.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PAIS (don Ronald).- Señor Presidente: también quiero adherir a esta justificada nominación.

El informe del proyecto traduce muy gráfica y acertadamente lo que ha significado la figura del doctor Curi en nuestro pueblo natal. Hemos querido intervenir para dar testimonio de que tuvimos el honor de conocer a este gran profesional, que atendió a miembros de nuestra familia cuando todavía vivíamos en Paso de los Toros.

Supimos y sabemos de su don de gentes, de su capacidad profesional, pero sobre todo creemos que Curi integró esa legión de médicos del interior del país con características muy especiales. En nuestra ciudad de Paso de los Toros, en esos pagos isabelinos, hubo grandes médicos como los doctores Monestier, Terra, Zerboni y López, que con diferencias generacionales integran esa categoría que yo llamaría de médico gaucho, que no es solamente el profesional sino el ser humano que se acerca a los problemas de la gente, que es confidente y, por eso, logra tener la ascendencia y el reconocimiento de sus coterráneos, como ocurre en este caso.

Esta iniciativa no surge de ningún laboratorio, sino que -como bien lo destaca el informe- proviene de las inquietudes de sus propios coterráneos, de los habitantes de Paso de los Toros.

Hemos querido hacer sentir nuestra voz de acompañamiento porque entendemos que es un proyecto justo y, sobre todo, por lo que acaba de expresar la señora Diputada Montaner en el sentido de que está traduciendo el espíritu de una localidad que, en momentos muy difíciles como el de las inundaciones de 1959 y en otros, ha demostrado una entereza muy especial. Todo esto hace que el reconocimiento a una persona, a un profesional, que también demuestra un estilo de vida y un modo de hacer las cosas y de encarar la vida, sea una apuesta a que esta localidad siga progresando. Que continúe progresando con ese espíritu pionero, con ese espíritu solidario, con ese espíritu constructivo que animó a este hombre en su vida y hoy le vale este reconocimiento, pero que también plantea hacia adelante la posibilidad de que Paso de los Toros cuente con mejores instalaciones e infraestructura y que esto también sea una obra dentro de lo que ayudó a construir el doctor Curi.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Treinta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

——Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión.

(Es la hora 20 y 25)

 

 

GUSTAVO PENADÉS

PRESIDENTE

 

Dra. Margarita Reyes Galván

Secretaria Relatora
Dr. Horacio D. Catalurda

Secretario Redactor
 

Mario Tolosa

Director del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.