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Nº 138 - TOMO 409 - 6 DE NOVIEMBRE DE 2001

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

56ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

y el SEÑOR SENADOR PROF. CARLOS JULIO PEREYRA Tercer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Señor Presidente de la República, doctor Jorge Batlle Ibáñez. Solicitud de autorización para ausentarse del territorio nacional

- Nota del señor Presidente de la República solicitando autorización para ausentarse del territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 170 de la Constitución de la República.
- Concedida.

5) Pedido de informes

- El señor Senador Gallinal solicita se curse un pedido de informes al Ministerio Economía y Finanzas, relacionado con la venta del Banco La Caja Obrera.
- Oportunamente fue tramitado.

6) Pensión graciable

- La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva al Cuerpo una solicitud para que se expida una comunicación al Poder Ejecutivo a efectos de que se otorgue la iniciativa para conceder una pensión graciable a favor del señor Manuel Guardia.
- Se procederá de conformidad.

7) Solicitud de licencia

- Las formulan los señores Senadores Nin Novoa y Singer.
- Concedidas.

8) Integración del Cuerpo

- Nota de desistimiento. La presenta el señor Lago comunicando que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.

9) Carencias en el Centro Sanitario de Piedras Blancas

- Manifestaciones del señor Senador Larrañaga.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Ministerio de Salud Pública, a la Intendencia y a la Junta Departamental de Montevideo y al Centro Comunal Zonal Nº 10.

10) Julio Abi Rached. Homenaje a su memoria

- Manifestaciones del señor Senador Pereyra.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Durazno, al Directorio del Partido Nacional y a los familiares del ciudadano desaparecido.

11) Atentados perpetrados en las últimas horas

- Manifestaciones del señor Senador Pereyra.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Ministerio del Interior y a los familiares de los ciudadanos involucrados.

12 y 15) Accidente del velero Escuela "Capitán Miranda"

- Manifestaciones del señor Senador Garat.
- Por moción del propio señor Senador, complementada por el señor Senador Millor, el Senado resuelve hacer llegar al Comandante del mencionado Velero, a su Plana Mayor, Tripulantes y visitantes, a través del Ministerio de Defensa Nacional y del Comando General de la Armada su felicitación, resaltando que los actos protagonizados prestigian a la Armada Nacional.

13) Señor Federico Otegui Velázquez. Homenaje a su memoria

- Manifestaciones del señor Senador Gallinal.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a la Comisión Departamental del Partido Nacional del departamento de Lavalleja, a la Intendencia Municipal del mismo departamento, a los familiares del ciudadano desaparecido y a los integrantes de la Agrupación Aparicio Saravia, Lista 58.

14) Señores Roberto Caldeyro Barcia y Washington Lockhart. Homenaje a sus memorias

- Manifestaciones del señor Senador Lescano.
- Por moción del propio señor Senador, complementada por la señora Senadora Xavier, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de las palabras referidas al doctor Roberto Caldeyro Barcia a los familiares del ciudadano desaparecido, al PEDECIBA, a la Facultad de Medicina, al Rectorado de la Universidad de la República y al CLAP; y las relacionadas con el profesor Washington Lockhart, a los familiares del ciudadano desaparecido, a la Intendencia y a la Junta Departamental de Soriano.

16) Actual situación de las obras en la Ruta N° 1

- El señor Senador Garat solicita autorización para hacer una exposición de treinta minutos sobre este tema en la sesión ordinaria prevista para el martes 13 de los corrientes.
- Concedida.

17) Numerales primero y segundo del orden del día. Postergación

- Por moción del señor Senador Sanabria, el Senado resuelve postergar la consideración de estos temas.

18) Ley Orgánica Policial

- Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 67 de la Ley Orgánica Policial.
- Por moción del señor Senador Brause, el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

19) Puerto de La Paloma. Necesidad regional y nacional

- El señor Senador Pereyra solicita autorización para hacer una exposición de treinta minutos sobre este tema en la sesión prevista para el día 11 de diciembre de 2001.
- Concedida.

20) Extracción, conservación y trasplante de órganos y tejidos

- Proyecto de ley por el que se procede a su regulación.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

21) Asociación Nacional de Afiliados (ANDA)

- Proyecto de ley por el que se amplían los porcentajes a retener a sus afiliados por concepto de créditos y garantías de alquiler.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

22) Trabajo Sexual

- Por moción del señor Senador Sanabria, el Senado resuelve postergar la consideración de este tema e incluirlo como primer punto del orden del día de la sesión prevista para el próximo martes 13 de los corrientes.

23) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

«Montevideo, 31 de octubre de 2001.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, el próximo martes 6 de noviembre, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) por el que se rebajan los aportes patronales a los seguros sociales de enfermedad en la industria manufacturera.

(Carp. Nº 577/01 - Rep. Nº 329/01)

2º) por el que se prohíbe a extranjeros no residentes en el país la adquisición de tierras en una franja de territorio comprendida entre la frontera y un límite paralelo a ella de 50 kilómetros.

(Carp. Nº 346/00 - Rep. Nº 321/01)

3º) por el que se regula la extracción, conservación y trasplante de órganos y tejidos.

(Carp. Nº 317/00 - Rep. Nº 335/01)

4º) Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se amplía la suma a retener, por concepto de créditos y por concepto de fianzas de alquiler, de las remuneraciones y haberes de empleados, funcionarios públicos, jubilados y pensionistas, que tengan la calidad de socios de la Administración Nacional de Afiliados.

(Carp. Nº 549/01 - Rep. Nº 334/01)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

5º) por el que se regula el ejercicio del trabajo sexual.

(Carp. Nº 397/01 - Rep. Nº 336/01)

6º) por el que se modifica la integración de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado.

(Carp. Nº 606/01 - Rep. Nº 337/01)

7º) Resolución de la Comisión de Salud Pública, elevando al Senado el proyecto de ley sobre Reproducción Humana Asistida.

(Carp. Nº 410/96 - Rep. Nº 331/01)

Hugo Rodríguez Filippini Secretario - Mario Farachio Secretario.»

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Arismendi, Astori, Atchugarry, Bonilla, Brause, Cid, Correa Freitas, Couriel, de Boismenu, Fau, Fernández Huidobro, Gallinal, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Korzeniak, Larrañaga, Lescano, Michelini, Millor, Mujica, Núñez, Pou, Riesgo, Rubio, Sanabria, Virgili y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Nin Novoa y Singer.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 9 minutos.)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

«El señor Presidente de la República solicita la autorización prescrita por el artículo 170 de la Constitución para ausentarse del país por más de 48 horas, a partir del 22 de noviembre de 2001 para participar en la XI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se llevará a cabo en Lima, República del Perú.

-HA SIDO DISTRIBUIDA. SE VA A VOTAR UNA VEZ FINALIZADOS LOS ASUNTOS ENTRADOS.

La Presidencia de la Asamblea General destina varios mensajes del Poder Ejecutivo, a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

por el que se transforma la Unidad Reguladora de la Energía Eléctrica (UREE), creada por el artículo 2° de la Ley N° 16.832, en Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA).

-A LA COMISION ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS.

por el que se regula la actividad aduanera.

por el que se establecen nuevas deducciones para establecer la renta neta sobre la que se tributa el Impuesto a las Rentas de la Industria y el Comercio.

por el que se establece un régimen gradual del pago del Impuesto creado por el artículo 642 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1991, y los aportes patronales al Banco de Previsión Social, por parte de aquellos contribuyentes categorizados como microempresas.

por el que se configura el hecho generador del Impuesto Específico Interno (IMESI) para los automóviles adquiridos o importados con diversos destinos específicos.

-A LA COMISION DE HACIENDA.

por el que se crean diferentes Programas en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería destinados al fomento de la Pequeña y Mediana Empresa.

-A LA COMISION DE INDUSTRIA Y ENERGIA.

por el que se otorga el grado honorario de Alférez de Navío, al Sub Oficial de 2da. (MAN) Félix Núñez fallecido en acto de servicio.

por el que se solicita autorización establecida en el numeral 12 del artículo 85 de la Constitución de la República, para la salida del país del Buque Oceanográfico ROU "OYARVIDE" y su tripulación, a efectos de visitar el puerto de Buenos Aires para coordinar actividades vinculadas al estudio de la plataforma continental, entre los días 1° y 10 de diciembre de 2001.

por el que se amplía la integración de efectivos militares que participan en la Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo.

por el que se solicita la autorización establecida en el numeral 12 del artículo 85 de la Constitución de la República, para la salida del país de la Plana Mayor y tripulantes del Velero Escuela "Capitán Miranda", a efectos de visitar el Puerto de Buenos Aires entre los días 19 y 23 de noviembre.

-A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

El Poder Ejecutivo remite varios Mensajes comunicando la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

por el que se aprueba el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas;

por el que se designa "Francisco Espínola", el tramo de la Ruta Nacional N° 23, comprendida desde su origen en la Ruta N° 11 hasta la localidad de Ismael Cortinas;

por el que se establece una rebaja adicional a la otorgada por la Ley N° 17.305, de 28 de marzo de 2001, en la Contribución Inmobiliaria Rural correspondiente al departamento de Artigas;

por el que se autoriza la salida del país de varios buques y aeronaves de patrulla de la Armada Nacional y sus correspondientes tripulaciones, a efectos de participar en la Operación Unitas XLII, entre el 3 y el 19 de noviembre de 2001;

por el que se declara la última semana del mes de setiembre de cada año como "Semana Nacional contra la Mortalidad Infantil";

por el que se faculta al Poder Ejecutivo a disminuir las tasas del Impuesto a la Compra de Moneda Extranjera (ICOME) y las contribuciones especiales a la seguridad social de las empresas públicas;

por el que se eleva a la categoría de pueblo con el nombre "Pueblo Sequeira", al actual centro poblado existente en la 6ª. Sección Judicial del departamento de Artigas.

-TENGANSE PRESENTES Y ARCHIVENSE.

El Poder Ejecutivo remite mensajes comunicando haber dictado varios decretos y resoluciones:

por el que se aprueban las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, correspondientes al ejercicio 2000.

por el que se autoriza al Comando General del Ejército a efectuar la transformación de 22 cargos de Soldado de 1ra. en 15 cargos de Sargento.

-TENGANSE PRESENTES.

El Ministerio de Salud Pública remite nota, con destino a la Comisión de Salud Pública, relacionada con el contrato que amparó las actividades desarrolladas por el Lic. Gabriel Vidart.

-A LA COMISION DE SALUD PUBLICA.

La Junta Departamental de Colonia remite nota adjuntando la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Edil Prof. Jorge Long relacionada con la compra de productos nacionales.

La Junta Departamental de Paysandú remite nota adjuntando el planteo de varios Ediles departamentales referido al pago y cobro de IVA por chequeras en instituciones bancarias.

Las Juntas Departamentales de Rivera y San José remiten nota adjuntando la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por los señores Ediles relacionada con los beneficios de los trabajadores domésticos.

La Junta Departamental de Salto remite nota comunicando una resolución que manifiesta la inquietud por la concreción de la obra edilicia que albergue a un nuevo liceo en el Barrio Artigas de esa ciudad.

-TENGANSE PRESENTES.

La Junta Departamental de Treinta y Tres remite nota y expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 296 de la Constitución de la República, acusando al Edil Mauricio Blanco Machado.

-A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.»

4) SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DOCTOR JORGE BATLLE IBAÑEZ. Solicitud de autorización para ausentarse del territorio nacional.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase la nota llegada de la Presidencia de la República, de la que se dio cuenta durante la lectura de los asuntos entrados.

(Se lee:)

«Montevideo, 1 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Presente

Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente a los efectos de solicitar la autorización prescripta por el artículo 170 de la Constitución de la República, en virtud de que me ausentaré del territorio nacional por más de cuarenta y ocho horas a partir del 22 de noviembre de 2001 con motivo de participar en la `XI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno', que se realizará en la ciudad de Lima, República del Perú.

Saludo al señor Presidente con mi más alta consideración,

Jorge Batlle Ibáñez. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la solicitud de autorización formulada por el señor Presidente de la República.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

5) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución, el señor Senador Francisco Gallinal solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas relacionado con la venta del Banco La Caja Obrera."

-OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

«Montevideo, 6 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Luis Hierro López
Presente

De mi mayor consideración:

En uso de la facultad que me otorga el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas:

Ha tomado estado público la posible venta del Banco La Caja Obrera. Al respecto sería de interés obtener la siguiente información:

1) Características generales de dicha venta.

2) Si se piensan adoptar disposiciones especiales para el comprador respecto al régimen de refinanciación para el sector agropecuario denominado "Cupón Cero" y su futura implementación por el Banco La Caja Obrera.

3) Si es cierto que aproximadamente 100 empleados de dicho Banco, serían incorporados como funcionarios en la Banca Pública.

4) Que normas jurídicas facultan a las autoridades intervinientes en la venta de dicho Banco, a incorporar funcionarios públicos, habida cuenta -entre otros fundamentos- de la prohibición legal vigente para el ingreso de nuevos funcionarios.

Sin otro particular, saluda al señor Presidente con su mayor consideración,

Dr. Francisco Gallinal Nieto. Senador.»

6) PENSION GRACIABLE

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

(Se da de la siguiente:)

"La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva al Cuerpo una solicitud para que se expida una comunicación al Poder Ejecutivo a efectos de que otorgue la iniciativa para conceder una pensión graciable a favor del señor Manuel Guardia."

-REPARTASE.

Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-16 en 19. Afirmativa.

(Texto de la comunicación:)

«CAMARA DE SENADORES
Comisión de Asuntos
Laborales y Seguridad Social

Montevideo, 25 de octubre de 2001.

Señor
Presidente de la Cámara de Senadores
Don Luis Hierro López
Presente

De nuestra mayor consideración:

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores, se dirige a usted para que por su intermedio se solicite al Cuerpo, expida una comunicación al Poder Ejecutivo, con el fin de otorgar, si así lo cree conveniente, la iniciativa a una solicitud de Pensión Graciable a favor del señor Manuel R. Guardia, según consta en la exposición de motivos presentada por el señor Senador Guillermo García Costa que se acompaña.

Sin otro particular, saludan a usted atentamente.

Alberto Brause Presidente, Rafael Michelini, Marina Arismendi, Ruben Correa Freitas, Francisco Gallinal, Carlos Garat, Manuel Núñez. Senadores.»

7) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Nin Novoa solicita licencia los días 6 y 7 de noviembre, por razones particulares."

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 1º de noviembre de 2001.

Don Luis Hierro López
Presidente del Senado
Presente

De mi consideración:

Por la presente solicito licencia durante los días 6 y 7 de noviembre, por razones particulares.

Por ese motivo solicito también se cite a mi suplente el doctor Héctor Lescano.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,

Rodolfo Nin Novoa. Senador.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-15 en 17. Afirmativa.

Corresponde convocar al señor Senador Lescano, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encontrare en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Lescano)

-Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Singer solicita licencia por el término de tres días desde hoy, por razones de salud."

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 6 de noviembre de 2001.

Señor Presidente del Senado
Don Luis Hierro López
Presente

Señor Presidente:

Vengo a solicitar licencia por razones de salud por el término de tres días desde hoy. Acompaño el certificado médico correspondiente.

Sin otro particular saludo a Ud. con mi personal estimación.

Juan Adolfo Singer. Senador.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

8) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un desistimiento a la convocatoria.

(Se da del siguiente:)

"El doctor Raúl Lago comunica que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto."

Queda convocado el doctor Conrado Bonilla, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encontrare en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador, doctor Conrado Bonilla)

9) CARENCIAS EN EL CENTRO SANITARIO DE PIEDRAS BLANCAS

SEÑOR PRESIDENTE.- En la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: quiero ocuparme de un tema de enorme importancia para todos los uruguayos y, sobre todo, para los vecinos de un barrio de la capital de la República en el que se encuentra el Centro de Salud de Piedras Blancas, más precisamente, ubicado en Capitán Tula esquina José Belloni.

La información que voy a brindar ha sido proporcionada por vecinos, pacientes y personal de dicho Centro de Salud al señor edil local Jorge Meleque, con quien nos reunimos días pasados en calle Tardaila y Belloni con un conjunto de vecinos preocupados por la situación de la salud en dicho barrio. Este Centro de Salud de Piedras Blancas atiende a más de 60.000 personas en forma permanente y tiene como soporte fundamental el centro de atención sanitaria, más allá de otros dos vinculados a la atención básica en materia de salud. Cabe destacar que tiene una carencia importante de medicamentos de todo tipo y materiales de curación que deberían ser básicos para la atención de accidentados. No olvidemos que se trata de una zona en la que existe un alto grado de riesgo en lo que hace a accidentes de tránsito, puesto que por la calle Belloni diariamente se produce una gran circulación de motos, bicicletas, etcétera, lo que incrementa el número de urgencias de dicho centro de salud. Diariamente atiende a 700 pacientes. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que se ha dado un incremento poblacional importante en virtud de los asentamientos que existen en ese barrio, que a la fecha son cerca de 45, con un promedio de 135 familias en cada uno, lo que totalizaría una población aproximada de 25.000 personas. La mayor parte de estas familias se encuentran por debajo del nivel de pobreza y, como todos sabemos, la única posibilidad de cobertura médica en la mayoría de los casos se da a través del Ministerio de Salud Pública.

También queremos trasladar a este Senado la información de que se ha incrementado el número de habitantes debido a la construcción de un número muy importante de viviendas pertenecientes al SIAV, en convenio con la Intendencia Municipal de Montevideo, las que se ubican en las inmediaciones de Capitán Tula y Rafael, en la zona conocida como la Quinta de Batlle. Allí hay 441 viviendas, cuyos habitantes también requieren los servicios del Centro de Salud de Piedras Blancas.

Deseamos destacar el trabajo realizado por los profesionales, médicos, especialistas y asistentes dedicados a la atención de dicho Centro de Salud, quienes con un enorme esfuerzo intentan atender las necesidades de los vecinos de la zona. Existe un buen equipamiento en la parte de laboratorio y radiología, existiendo tres policlínicas comunitarias en los barrios Artigas, Santa María y Toledo Chico, que tienen convenio con el Ministerio de Salud Pública. Además, la Intendencia Municipal de Montevideo tiene una policlínica en Barrio Cirilo, por Camino Antares, y otra ubicada en las viviendas citas en Rafael y Capitán Tula, que en realidad es un móvil de salud preventiva.

Por todas estas razones, los vecinos han conformado una comisión que está trabajando para crear una gran policlínica en esta zona de viviendas ubicadas en la Quinta de Batlle. Ante esto, creo que deberíamos procurar que este barrio pueda contar con su propia policlínica y que la misma funcione todos los días, de manera de dar respuesta a la necesidad de, aproximadamente, 15.000 personas. Pese al esfuerzo profesional de todos, en la zona hay carencias importantes de infraestructura y de medicamentos, por lo que solicitamos al señor Ministro de Salud Pública que se interiorice de la situación y, teniendo en cuenta las prestaciones del Centro de Salud de Piedras Blancas, en la medida de las posibilidades, coordine las acciones del caso junto a la Intendencia Municipal de Montevideo, de forma de satisfacer las demandas de salud de esta población tan importante de la capital del país.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida al Ministerio de Salud Pública, a la Intendencia Municipal de Montevideo, a la Junta Departamental de Montevideo y al Centro Comunal Zonal Nº 10.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

10) SEÑOR JULIO ABI RACHED. Homenaje a su memoria.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa tiene la palabra el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: los que hemos pasado los años señalados como promedio de vida en el momento actual, casi diariamente nos vemos impresionados por la pérdida definitiva de amigos entrañables, personas que no sólo han convivido con nosotros las horas de reuniones cordiales en lo social, sino también largas jornadas de lucha.

A veces, son personas encumbradas en la vida científica, económica, política, social y otras veces se trata de personas muy modestas, pero cuya acción cívica los convierte en verdaderos ejemplos de dignidad personal y de servicio a la causa del país a través de la acción política.

En el día de hoy quiero referirme a la muerte del señor Julio Abi Rached, en el departamento de Durazno, fundador del sector que integro, viejo amigo y gran luchador en momentos difíciles para el país, como fueron las horas de la dictadura. En aquellos tiempos don Julio nos ofrecía su casa para hacer nuestras reuniones y organizaba en la campaña diversos actos donde podíamos converger los dirigentes de nuestro Partido para, desde allí, tratar de difundir a nuestros amigos la información necesaria a efectos de que adviniera prontamente el período de normalidad constitucional.

Don Julio Abi Rached provenía de una familia de inmigrantes que, como tantos otros, llegó en busca de otros horizontes y, por cierto, el país se los ofreció. Dedicó su trabajo al ámbito del comercio pero, reitero, por encima de las preocupaciones materiales, don Julio era un ferviente servidor del país a través de la gran herramienta que para todos nosotros constituyen los partidos políticos. En este caso, honró con su militancia al Partido Nacional.

Fue un hombre modesto, de trato sencillo, que traducía humildad con su presencia, al mismo tiempo que firmeza en sus convicciones, en sus palabras. Siento que mi Partido y los ciudadanos de Durazno han recibido un duro golpe con la muerte de don Julio Abi Rached, reconocido en todo el departamento al igual que su familia.

A través de estas palabras deseo rendir homenaje a este servidor del Partido y del país, que en las horas fáciles militó activamente y en las difíciles lo hizo con más fervor y firmeza para servir a sus instituciones democráticas.

Por todo lo expresado solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe a la Intendencia y a la Junta Departamental de Durazno, al Directorio del Partido Nacional, a la Comisión Departamental nacionalista y a la familia del señor Julio Abi Rached.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Puede continuar el señor Senador Pereyra.

11) ATENTADOS PERPETRADOS EN LAS ULTIMAS HORAS

SEÑOR PEREYRA.- En virtud de que tengo algunos minutos más, voy a referirme a otro tema.

Al escuchar las noticias del día de hoy, nos encontramos con que se suscitó un nuevo atentado del tipo terrorista o destinados a intimidar a las personas y a las instituciones.

Hace pocos días nos enteramos de la balacera sobre el centro donde actúan los Servicios de Inteligencia de la Policía y en la madrugada de hoy se produjo un tiroteo en el domicilio del Juez que, en el departamento de Rivera, procesó a numerosos contrabandistas, entre ellos a integrantes del Instituto Policial que, por cierto, no honraban la causa de la Institución a la que pertenecían.

Creo que es de resaltar la actitud de este juez y su coraje puesto de manifiesto frente a esa red tan fuerte e inescrupulosa que constituye el engranaje de contrabandistas que perjudican la economía del país. Esto viene desde hace muchos años, pero últimamente se ha intensificado la labor del Estado para tratar de impedir el perjuicio que esta actividad le causa a su economía. Entiendo que el repudio a este tipo de actitudes y la solidaridad para con sus víctimas honra a los parlamentarios y a la Institución a la que pertenecemos. Por esta razón, señor Presidente, destaco este gesto y expreso mi solidaridad al juez que fue motivo de este atentado, y a su familia.

En tal sentido, formulo moción para que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe al Ministerio del Interior, a la Suprema Corte de Justicia y a la familia del ciudadano involucrado en este atentado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) ACCIDENTE DEL VELERO ESCUELA "CAPITAN MIRANDA"

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Garat.

SEÑOR GARAT.- En estos días, a través de una amplia información de la prensa hemos tomado conocimiento del accidente sufrido en el Puerto de Salvador de Bahía, por el velero escuela "Capitán Miranda". Se desprende que el accidente o la colisión podría haber sido de una gran magnitud, a tal punto que podría haber desaparecido nuestro velero escuela. Sin embargo, debido a la pericia y a la rapidez de maniobra de los tripulantes de dicho velero, se pudo evitar males mayores.

El Velero Escuela "Capitán Miranda" se hallaba amurado a popa de la fragata española "Numancia" en el Puerto de Salvador, Bahía. En ese momento un petrolero de bandera filipina, de cuarenta mil toneladas de desplazamiento y de ciento ochenta metros de eslora, comenzó a hacer maniobras de aproximación al muelle y en un mal movimiento embistió a la fragata española y se dirigió en rumbo de colisión hacia el Velero Escuela "Capitán Miranda". Felizmente, la tripulación de éste, que estaba en aprontes para zarpar, reaccionó rápidamente y ordenó máquinas a toda marcha atrás, evitando una gran colisión. Sin embargo, esta maniobra le ocasionó un pequeño rozamiento. Debemos tener en cuenta que si un barco de cuarenta mil toneladas colisiona con un pequeño velero escuela lo aplastaría como a una cáscara de nuez.

Hago referencia a esto, señor Presidente, porque muchas veces desde este Plenario y en distintas comisiones nos hemos referido a errores cometidos en la Armada Nacional y, entonces, es de justicia en este momento reconocer cuando hay una acción de alta profesionalidad y de gran respuesta, ante un riesgo que no solamente salvó vidas de tripulantes e invitados que estaban dentro del Velero Escuela, sino que también salvó, para el patrimonio del país, un barco que para nosotros es un emblema nacional, que anualmente recorre distintas partes del mundo con nuestras juventudes.

En ese sentido, en el día de hoy he querido traer a consideración del Senado esta acción y, en definitiva, lo que quiero decir es que se demostró capacidad y templanza ante una situación de alto riesgo que comprometía la integridad física de la nave, su tripulación y los invitados especiales que estaban en el viaje de instrucción de fin de año.

No quisiera que las palabras que he pronunciado quedaran solamente como un planteo personal, por lo que voy a proponer, luego, si el Plenario y la Mesa lo aceptan, que se vote una declaración para enviar al Ministerio de Defensa Nacional, que signifique ni más ni menos que una felicitación a la plana mayor y a la tripulación del Buque Escuela "Capitán Miranda". Antes de que se tome una decisión sobre este tema, quiero referirme al tono de lo que voy a expresar, que sería en los siguientes términos. De acuerdo con la información trascendida sobre el excelente desempeño profesional que le cupo al mando y a la tripulación del Velero Escuela ROU "Capitán Miranda" ante la inminente colisión que experimentara por parte del buque petrolero "Cherokee Princess", de bandera filipina y de 40.000 toneladas de desplazamiento en el puerto de Salvador, Bahía -que, finalmente, pudo ser evitada- desempeño que demostró la capacidad y templanza ante la situación de alto riesgo que comprometía la integridad física de la nave nacional, su tripulación e invitados: el Senado de la República Oriental del Uruguay hace llegar, a través del Ministerio de Defensa Nacional y del Comando General de la Armada, al Comandante del ROU "Capitán Miranda", plana mayor y personal subalterno su felicitación, resaltando que actos como el que protagonizaron prestigian a la Armada Nacional y a nuestro país.

Si no fuera gran molestia para la Mesa, solicitaría, señor Presidente, que lo que he planteado pueda ser considerado posteriormente por el Senado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Una vez concluida la hora previa, se pondrá a votación la moción del señor Senador Garat.

13) SEÑOR FEDERICO OTEGUI VELAZQUEZ. Homenaje a su memoria.

SEÑOR PRESIDENTE.- En la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: el pasado lunes 29 de octubre dejó de existir en la ciudad de Minas el señor Federico Otegui Velázquez, a los 50 años de edad. El no solamente fue amigo de quien habla y de tantos y tantos ciudadanos y compatriotas del departamento de Lavalleja, sino que también representó una importante presencia en la vida social y productiva del departamento, así como en sus contingencias y avatares políticos.

Federico Otegui, quien nació el 12 de marzo de 1951, era hijo de José Francisco Otegui Prieto, "Pancho" Otegui, y de Carmen Velázquez. Tuvo una vida dedicada a defender las banderas del Partido Nacional, perteneciendo a la generación a la que le tocó estar ajena a la vida política institucional, en virtud del golpe de Estado operado el 27 de junio de 1973. No obstante ello, se le reconoció una permanente militancia político partidaria en defensa de nuestra colectividad y la recuperación de las libertades públicas en nuestro país. Fue así que se formó en la agrupación del conocido dirigente minuano, doctor Pedro Zabalza, junto a quien trabajó tanto en el plebiscito de 1980, como en las elecciones internas de 1982. A partir de entonces, junto a su entrañable amigo, el escribano Héctor Leis, y un conjunto de dirigentes de su misma generación, participó en todas las instancias políticas que el Partido Nacional fue capaz de generar en aquellos años, a pesar de la clandestinidad.

A partir del año 1984 y luego de recuperadas las libertades públicas en el Uruguay, fue un compañero de todas las horas de nuestro Partido respaldando la trayectoria política de Wilson Ferreira Aldunate. Junto a sus correligionarios, participó en la conformación de la agrupación Aparicio Saravia, que permitió consagrar al escribano Héctor Leis como Intendente Municipal del departamento de Lavalleja, tanto en 1989 como en su reelección, en 1994.

Fuera de la actividad política, fue uno de los principales integrantes de los cuadros directrices de la Sociedad Agropecuaria de Lavalleja que, inclusive, llegó a presidir, hasta que se agravara notoriamente su estado de salud y se viera obligado a renunciar a esta prestigiosa actividad.

La noticia de su muerte ha causado hondo impacto y dolor dentro del departamento de Lavalleja y, en particular, en la ciudad de Minas. Inclusive, se ha referido a su desaparición física el conocido periodista minuano Edgar Martínez Lucero en una nota publicada en el diario "El Serrano", en la que señala lo siguiente: "Austero, parco de palabras, sabía de mucho tiempo que su destino estaba marcado para el desenlace fatal y, sin embargo, nadie le escuchó una queja contra la fuerza irreversible del mal que le minaba el organismo. Fue un auténtico ejemplar del criollo que, conocedor de su rumbo, va hacia él para encontrarse frente a frente. Mediador, cauteloso, reflexivo, sin definiciones tajantes o radicales que anularan el diálogo, integró los cuadros directrices de la Sociedad Agropecuaria de Lavalleja, la que presidió hasta que el agravamiento de su enfermedad le impidió hacerlo. Productor rural de toda la vida, tuvo también una actividad militante en filas del Partido Nacional, siendo fundador de la Agrupación Aparicio Saravia, junto al también malogrado ex Intendente, Héctor "Bolita" Leis y un núcleo de hombres de su misma generación que llegaron a diversos cargos públicos. Liberal en todo, generoso en extremo, ajeno a las mezquindades del poder, la parquedad de sus palabras y el equilibrio de sus juicios le granjearon justa fama de hombre derecho, nunca desmentida, porque ni él ni sus ancestros euskaros se lo hubieran perdonado jamás. Su misma lealtad a todo lo que se entregó en la brevedad del medio siglo apenas cumplido lo encontró en las trincheras de la lucha gremial desde la Sociedad Agropecuaria en momentos especialmente difíciles y de incierto desenlace para el sector. Allí demostró tenacidad y espíritu de lucha cuando muchos se sintieron vencidos o agobiados por los problemas. No alcanzó a ver su obra concluida, pero el futuro dará razón a muchas de las reflexiones que nos planteó" -señala Martínez Lucero- "en diversas ocasiones".

Ha sido dicho que los hombres dan la medida de su fuerza en la desgracia. De todas las horas sombrías que le tocó vivir, Federico Otegui emerge hoy más acá y más allá de la muerte."

Con estas palabras se refería el conocido cronista minuano Martínez Lucero, a la desaparición física de este amigo, correligionario, hombre de bien, hombre de familia, que ha plantado una semilla muy importante en la vida del departamento de Lavalleja que, seguramente, las próximas generaciones verán desarrollarse y crecer con ese espíritu de entrega, de sacrificio, de integración y de solidaridad con todo lo que sea actividad en beneficio del prójimo.

Formulo moción en el sentido de que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada a la Comisión Departamental del Partido Nacional del departamento de Lavalleja, a la Intendencia Municipal del departamento, a los familiares descendientes de Federico Otegui y a quienes integran la agrupación "Aparicio Saravia", Lista 58.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) SEÑORES ROBERTO CALDEYRO BARCIA Y WASHINGTON LOCKHART. Homenajes a sus memorias.

SEÑOR PRESIDENTE.- En la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Lescano.

SEÑOR LESCANO.- Señor Presidente: desearía rendir, en la sesión de este Cuerpo, homenaje a dos figuras relevantes de la vida nacional. Una de ellas es el profesor doctor Roberto Caldeyro Barcia, de cuyo fallecimiento se cumplen, en el correr del mes en curso, cinco años.

El profesor Caldeyro Barcia nació en Montevideo en l921. Por razones de tiempo, es prácticamente imposible dar lectura al currículum de una trayectoria absolutamente formidable en el campo de las ciencias médicas. Su carrera académica en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República comenzó en l942 cuando se desempeñó como Ayudante de Clase del Departamento de Fisiología y se extendió hasta llegar a ser Profesor Titular (Catedrático) de Fisiología y Jefe del Departamento de Fisiopatología, habiendo obtenido medalla de oro en su Tesis de Doctorado, en el año l952. Es imposible referirse a las numerosas sociedades científicas que integró en el Uruguay y en casi todas partes del mundo. Fue Miembro Honorario de Sociedades Científicas Latinoamericanas y de Sociedades Angloamericanas y Europeas. Recibió Diplomas de Honor y participó de relatos oficiales y conferencias en congresos y simposios internacionales, dictando cátedra y haciendo honor a las ciencias médicas uruguayas.

Como se sabe, señor Presidente, el profesor Caldeyro culminó sus trabajos como verdadero promotor y director del Centro Latinoamericano de Perinatología en el piso 16 del viejo Hospital de Clínicas de nuestra Universidad de la República. Una vez concluido su trabajo en ese Centro Latinoamericano donde formó a varias generaciones, a centenares de docentes en la materia no sólo de nuestro país sino de América Latina y de otras partes del Mundo, el profesor Caldeyro fue el primer Presidente del PEDECIBA -Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas- seguramente el emprendimiento más importante que el país realizara en materia de desarrollo científico y tecnológico. Aún hoy me parece ver al profesor Caldeyro acompañado de sus colegas en esa abnegada y sacrificada tarea de recorrer los recintos parlamentarios de la Cámara de Representantes y de la Cámara de Senadores, primero para tratar de que se incluyera en el Presupuesto Nacional una partida permanente para ese programa y luego para que, una vez obtenido ese logro, el Poder Ejecutivo de la época pudiera hacerlo efectivo.

En consecuencia, su vida fue una honrosísima contribución al desarrollo científico de las ciencias médicas y básicas, y para nosotros constituyó un honor conocerlo personalmente como Presidente y Director del PEDECIBA. Estoy absolutamente convencido de que no sólo la comunidad médica y científica de este país, sino todos los uruguayos, endosamos una formidable deuda de gratitud por el aporte que significó para el país, trascendiendo muy lejos las fronteras de la patria, la labor científica de este formidable médico y gran universitario que fue el profesor Caldeyro Barcia.

El sábado próximo pasado falleció, en la ciudad de Mercedes, el profesor Washington Lockhart. Hace ya muchos años, en l933, se radicó en la ciudad de Mercedes, luego de obtener el primer lugar en el concurso como Profesor de Matemáticas. Completó el bachillerato en el Liceo "Héctor Miranda" en Montevideo, donde nació el 18 de enero de l914, en el barrio de La Aguada, y cursó estudios en la Facultad de Ingeniería. Desde 1933, entonces, residió en su querida ciudad de Mercedes, donde se casó en 1937 con Marita Santellán, su ex alumna, siendo padre de cuatro hijos; y conocemos muy especialmente a una de ellas, la profesora Elisa Lockhart de Juan, destacadísima docente, Directora de liceo departamental y de los centros de formación docente en el interior del país.

Como profesor y luego como Director del "Instituto Campos", que pasó a ser Liceo Departamental, llevó adelante una intensa tarea cultural: fue fundador y director de múltiples presentaciones de obras nacionales, de Florencio Sánchez y Ernesto Herrera, ofreciéndose también clásicos, como la recordada "Antígona" de Sófocles, "El médico a palos", de Molière, "La anunciación a María", de Paul Claudel, adaptaciones de Dostoievsky, Chejov y Gogol, entre los más destacados. Fueron en total más de cuarenta obras en varios cientos de representaciones en Mercedes, Montevideo, Paysandú, Fray Bentos y varias poblaciones del interior del Departamento de Soriano, desde l950 a l964. El conjunto AMAT -Asociación de Mercedarios Amigos del Teatro- mereció el Segundo Premio para conjuntos del Interior en l960, el que fue recibido en acto público organizado por la Comisión Nacional de Teatro en el Solís.

El profesor Washington Lockhart se destacó por sus obras históricas y es reconocido como un iniciador e impulsor de la historiografía local, con su "Vida de un caudillo, Máximo Pérez", premiado por la Intendencia Municipal de Soriano, "Los Galarza", "Las guerras civiles", "Venancio Flores", "Leandro Gómez", "Vida cotidiana en la colonia", "La Medicina en Soriano" y la "Historia de la escuela en Soriano".

La obra "Máximo Pérez" fue publicada íntegramente en los números 85 a 93 de la Revista Histórica del Uruguay.

"Las guerras civiles" y "Aparicio Saravia" constituyen el número 19 íntegro de la Enciclopedia Uruguaya.

El Diario "El Día" en su sección "Los Preferidos", coloca a "Leandro Gómez" y a "Venancio Flores, un caudillo trágico" en los primeros lugares de preferencia de los lectores.

"La Cruzada Libertadora" se publicó en un suplemento especial del Diario "Acción", de Mercedes.

Investigaciones sobre el origen y la evolución de Villa Soriano, y múltiples artículos y estudios como "El Grito de Asencio", extenso trabajo escrito en ocasión del Sesquicentenario del hecho, fueron publicados en la "Revista Histórica de Soriano", en cuya creación también intervino creativamente.

El profesor Lockhart fue autor de numerosos ensayos. "El Mundo no es absurdo y otros ensayos" alterna reflexiones filosóficas con análisis de lo que luego se desarrollaría como semiótica. En "La materia pensante", su formación científica como profesor de Física le permite abordar las seductoras tesis del filósofo y físico francés Jean Charon.

"El Uruguay de veras" incluye agudas observaciones sobre nuestra identidad cultural y comentarios sobre autores uruguayos contemporáneos.

Su obra "José Enrique Rodó" mereció un primer premio ofrecido por la UNESCO, y el ensayo sobre María Eugenia Vaz Ferreira, realizado en colaboración con Juan Francisco Costa, fue premiado por el Ministerio de Educación y Cultura.

La "Revista de la Biblioteca Nacional" publicó íntegramente en el número 17 de 1977 el trabajo premiado sobre Carlos Vaz Ferreira, con el título "Determinaciones fundamentales de la actitud filosófica de Vaz Ferreira".

En el número 50 de 1971 de "Cuadernos de Marcha" aparece el trabajo "Sentido general de las concepciones de Rodó".

Publicó últimamente un estudio sobre Felisberto Hernández.

Tuvo numerosas publicaciones periodísticas. Fue fundador, con Humberto Peduzzi y Marta Larnaudie, de la revista literaria "Asir", de reconocida importancia en la generación del 45, que alcanzó un número importante de publicaciones.

En "Marcha", el emblemático semanario, fue designado por su Director, el doctor Carlos Quijano, como subdirector de la sección de crítica literaria, dirigida por Angel Rama. Entre 1965 y 1971, escribió allí Lockhart alrededor de doscientos artículos, la mayoría de ellos en el campo crítico.

Fue autor de innumerables artículos periodísticos, especialmente en el diario "Acción", de Mercedes. En un despliegue de divulgación, con lenguaje sencillo y muchas veces humorístico, aborda temas históricos, políticos, económicos, literarios, artísticos y deportivos, y nos consta que buena parte de la población de todos los niveles de edad y preparación lee con disfrute los artículos de Washington Lockhart. Fue director de la página "Letras" en 1965 y 1969, y de una página histórica durante varios años.

En "El Radical", de Mercedes, fue director de la sección "El Mirador".

Recibió en vida numerosas distinciones. La Academia Nacional de Letras lo designó miembro correspondiente.

A los premios recibidos por las obras que ya mencionamos, concedidos por la UNESCO, el Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia Municipal de Soriano, se agregan los otorgados por la Intendencia Municipal de Montevideo y el diario "El País", y los múltiples galardones obtenidos en concursos literarios y ensayísticos.

En 1994, el pueblo de Mercedes le ofreció un hermoso homenaje en el teatro municipal, como reconocimiento a su obra de extensión cultural y destacada labor intelectual.

Entre otras actividades, dictó un centenar de conferencias en Mercedes, Dolores, Fray Bentos, Paysandú, Salto, Montevideo, etcétera, de carácter cultural. Fue cofundador del Ateneo de Mercedes y su Presidente en 1960. Fue electo por el profesorado local en tres oportunidades para participar en las Asambleas del Artículo 40 en Montevideo y participó en varias Comisiones, por designación del Consejo de Educación Secundaria, entre 1965 y 1973. También fue designado para integrar la Comisión que, bajo la Presidencia del Director General, profesor Ariosto Fernández, tenía como misión la de estudiar la experiencia en los liceos que iniciaron la reforma llamada Plan 63. El Consejo designó seis Liceos Piloto, entre los cuales se incluyó el de Mercedes, dirigido por Lockhart.

Señor Presidente: con el fallecimiento del profesor Washington Lockhart, no solamente su familia, sino también el pueblo de Mercedes y de Soriano, la Enseñanza y el país todo, pierde a uno de sus hijos de trayectoria más relevante, y considero un deber de mi parte rendirle homenaje en esta sesión.

Solicito que la versión taquigráfica de las palabras referidas al profesor Roberto Caldeyro Barcia sea remitida a sus familiares, al PEDECIBA, a la Facultad de Medicina y al Rectorado de la Universidad de la República; y de las vinculadas al profesor Washington Lockhart, a su familia, a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Soriano.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para referirme a la moción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de las palabras referidas al profesor Caldeyro Barcia sea remitida, también, al CLAP.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Lescano, complementada por la señora Senadora Xavier.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

15) ACCIDENTE DEL VELERO ESCUELA "CAPITAN MIRANDA"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción del señor Senador Garat que ha sido repartida.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: no es estrictamente un fundamento de voto, porque comparto totalmente lo que ha señalado el señor Senador Garat y lo que ha motivado la presentación de la moción. Simplemente, a título personal, me gustaría que la versión taquigráfica de las palabras del señor Senador Garat en la hora previa también fuera remitida a las autoridades referidas. Si bien él no lo solicitó, y si no lo toma a mal, haría una propuesta en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción del señor Senador Millor.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

16) ACTUAL SITUACION DE LAS OBRAS EN LA RUTA Nº 1

SEÑOR GARAT.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT.- Señor Presidente: quiero solicitar al Senado que me autorice a realizar en el día de mañana o en la próxima semana una exposición de unos treinta minutos referente a la actual situación de las obras en la Ruta 1.

SEÑOR PRESIDENTE.- Para el día de mañana está prevista una exposición del señor Senador Larrañaga sobre el Instituto Nacional de Colonización. Por lo tanto, sería oportuno que la exposición del señor Senador Garat quedara para la primera sesión de la próxima semana.

Se va a votar la moción del señor Senador Garat.

(Se vota:)

-28 en 29. Afirmativa.

17) NUMERALES PRIMERO Y SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA. Postergación.

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del orden del día.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Señor Presidente: luego de consultas con la señora Senadora Arismendi y conversaciones con los señores coordinadores, solicitaríamos la postergación del primer punto del orden del día. Del mismo modo, tras consultar al señor Senador Pereyra y en acuerdo también con los coordinadores, vamos a pedir que se pase a Comisión y se trate el próximo mes el segundo punto. Es este un planteo del Partido Colorado a los efectos de analizar y asesorarnos sobre este proyecto que llega al Senado en el día de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿El tercer punto se trataría en el día de hoy?

SEÑOR SANABRIA.- No, señor Presidente; hacemos moción para que ese punto también pase a Comisión.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para referirme al tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: efectivamente nosotros fuimos consultados, y no tenemos inconveniente en que el tema que figura en segundo término, pase para la primera sesión del mes próximo, como ha sugerido el señor Senador Sanabria. Este proyecto fue presentado hace alrededor de unos seis meses, y no importa postergar su consideración unos días más.

Ahora bien, según creo haber entendido, el señor Senador Sanabria solicita que el proyecto pase a Comisión, lo que no me parece necesario, en la medida en que ya fue aprobado en ese ámbito.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: mi inquietud refiere al primer punto del orden del día, sobre el cual, al parecer, se hace moción para devolverlo a la Comisión. Me gustaría conocer, aunque sea someramente, cuáles son los motivos de esta solicitud. En lo personal también tengo algunas objeciones, básicamente vinculadas con que allí se establece un plazo de 18 meses, dentro de los cuales se podría descontar del COFIS la contrapartida que se hace a las Cajas convencionales del seguro de enfermedad. Todo parecería indicar que lo lógico sería que no hubiera un límite temporal, sino que simplemente se pudiera hacer el descuento. No sé si ése es el objeto de la consulta que se va a hacer al Poder Ejecutivo y para eso se devuelve a Comisión; si así fuera, pediría que se incluyera este tema como objeto de la consulta al Poder Ejecutivo, a los efectos de ver si podemos darle una definición aceptable.

Hago este planteamiento, porque en alguna medida me siento responsable del error que se cometió con este inciso en el momento de aprobar la ley del COFIS; en realidad, soy corresponsable junto con otro señor Senador, con quien redactamos esta disposición con el espíritu de solucionar el tema a las Cajas Paraestatales, pero tengo la impresión de que, por el contrario, lo hemos agravado.

Ahora bien, no entiendo por qué, como solución a ese problema, el Poder Ejecutivo sugiere la posibilidad de descontar el impuesto con un límite temporal; no veo por qué no se establece, lisa y llanamente, la posibilidad de descontarlo.

Esa es, simplemente, la apreciación que quería realizar, a efectos de que cuando este proyecto vuelva al Senado contemple una solución a este tópico.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- En realidad no integro esta Comisión, pero he trasmitido la consulta a los compañeros que sí la integran y a otros señores Senadores de la Bancada, porque, precisamente, el problema que señala el señor Senador Gallinal es uno de los tantos que existen.

Mi solicitud, en concreto, estaba referida a las dificultades que esto genera en algunas Cajas de Auxilio -como, por ejemplo, la de CONAPROLE- y a que alcanzaría con hacer una salvedad en el proyecto para que no provocara estas dificultades, que incluso podríamos llamar de supervivencia, si no se toman expresamente las precauciones necesarias. Ese fue el sentido con el cual solicitamos la palabra, que no se contradice con la solicitud que hacía el señor Senador Gallinal.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Quiero dejar una breve constancia referida a lo que señalaba el señor Senador Gallinal.

Cuando tratamos la ley que creaba el COFIS -oportunidad en la que presentó esta iniciativa- señalé que como se refiere a un subsidio, en última instancia -porque hay que permitir el descuento- requiere iniciativa del Poder Ejecutivo. De modo que señalo que es correcto que el señor Senador ya tuvo esta preocupación desde el inicio.

Esta iniciativa ha venido con un límite temporal, lo que no pasó inadvertido en la Comisión, incluso de una forma curiosa, porque para los primeros seis meses, en realidad, lo que se permite descontar es el doble, o sea que es el 5%, en lugar del 2,5%. Supongo que la explicación es que, como hay una demora, se querrá contemplar los 5 ó 6 meses que han corrido sin tener esa posibilidad.

Sin perjuicio de que entre todos podamos hacer alguna gestión, la Comisión, no por no compartir la preocupación del señor Senador, sino por estar limitada por la iniciativa del Poder Ejecutivo que enmarca este tema, trajo a Sala el proyecto con esta presentación. Incluso, de hecho hay un alargue de 6 meses más que en la iniciativa original, lo que fue fruto de las preocupaciones que en su momento nos hicieron llegar los dos señores Senadores preopinantes.

Esta es la constancia que quería hacer, lo que no quita que siempre se pueda seguir procurando mejoras.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay una moción para que se postergue la consideración de los numerales 1º) y 2º) del orden del día hasta la primera sesión ordinaria del mes de diciembre.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Voy a expresar nuevamente mi moción para que se refleje concretamente lo que he planteado. En cuanto al numeral 1º), solicitamos que el asunto se pase a Comisión a los efectos de analizar los planteamientos que se han hecho en Sala. En ese sentido hacemos moción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor Senador Sanabria.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR SANABRIA.- En el caso del numeral 2º), como lo planteó el señor Senador Pereyra, mociono para que figure en el orden del día de la primera sesión del mes de diciembre.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor Senador Sanabria.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se encuentran en la Barra alumnos de la Escuela Nº 129 de Rivera; sean bienvenidos.

18) LEY ORGANICA POLICIAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Correspondería que el Senado pasara a considerar el tercer punto del orden del día.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Señor Presidente: deseo solicitar que se declare urgente y se trate de inmediato un proyecto de ley que cuenta con la iniciativa del Poder Ejecutivo y que ha sido aprobado, por unanimidad, en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. Esta iniciativa refiere a una modificación del artículo 67 de la Ley Orgánica Policial, Carpeta Nº 550/2001, Repartido 1067/2001.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor Senador Brause.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 67 de la Ley Orgánica Policial".

(Antecedentes:)

«Presidencia de la República Oriental del Uruguay

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Modifícase el artículo 67 de la Ley Orgánica Policial (Texto Ordenado por Decreto 75/972 de 1º de febrero de 1972, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 15.098, de 23 de diciembre de 1980), el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 67. - El retiro será obligatorio cuando se posea el coeficiente que otorgue derecho a la pasividad y se llegue a las siguientes edades:

A) PERSONAL SUPERIOR

1º. - OFICIALES SUPERIORES

Inspector General, Inspector Principal
e Inspector Mayor Comandante  

65 años

2º. - OFICIALES JEFES

Comisario Inspector - Mayor,
Comisario - Capitán  

60 años

3º. - OFICIALES SUBALTERNOS

Subcomisario - Teniente 1º, Oficial Principal -
Teniente 2º, Oficial Ayudante-Alférez y
Oficial Sub Ayudante  

56 años

B) PERSONAL SUBALTERNO

1º. - SUBOFICIALES

Suboficial Mayor y Sargento 1º  

60 años

2º. - CLASES

Sargento y Cabo  

58 años

3º. - ALISTADOS

Agente, Bombero, Guardia y
Coraceros de 1ra. y 2da.  

55 años"-

Alberto Bensión.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el señor Senador Brause.

SEÑOR BRAUSE.- La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social consideró y aprobó, por la unanimidad de sus miembros presentes, este proyecto de ley que cuenta con iniciativa del Poder Ejecutivo, por el cual se modifica el artículo 67 de la Ley Orgánica Policial, es decir, la N° 15.098, de 23 de diciembre de 1980.

Lo que se persigue a través de esta modificación es que se aumenten los topes de edad que llevan al retiro obligatorio de los Oficiales Superiores, Oficiales Jefes, Oficiales Subalternos y también del Personal Subalterno. Las razones que motivan al Poder Ejecutivo a modificar la Carta Orgánica Policial son, justamente, que la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial está atravesando una situación de desfinanciación que va en incremento. Esto provoca dos tipos de problemas distintos, pero no menos graves. En primer lugar, como señalaba, la desfinanciación de la Caja Policial; las edades en las cuales se retiran obligatoriamente los Oficiales, más el aumento de la expectativa de vida, hace que esa Caja deba servir por mayor tiempo las pasividades. Quiere decir que aquí tenemos un problema de índole institucional. Pero a ello tenemos que agregar un problema de carácter humano, y es que los Oficiales, obligados a retirarse, ven de golpe disminuir significativamente sus ingresos, con escasas posibilidades de poder suplantar la diferencia de ingresos con los que provengan de otras actividades, ya que la edad de retiro los deja prácticamente fuera del mercado laboral.

Hay que señalar que una característica de esta modificación a la Ley Orgánica Policial es que no modifica el régimen de retiro voluntario y por ineptitud física, que se mantiene intacto, como lo manifiesta la exposición de motivos que acompaña este proyecto de ley.

La Comisión entendió oportuno, en su momento, invitar al Subsecretario del Ministerio del Interior, doctor Daniel Borrelli que concurrió a la Comisión acompañado de dos asesores y contestó las distintas interrogantes que los miembros le formularon. De modo que quedaron despejadas las dudas que, en su oportunidad, se habían planteado por parte de los integrantes de la Comisión. Luego de ello, se procedió a votar el proyecto de ley, y se logró la unanimidad, como hoy señalaba. En ese mismo momento, se me designó como Miembro Informante y, en tal sentido, doy cuenta de este tema al Cuerpo y solicito que se proceda a su votación.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: voy a ser muy breve, porque comparto en todos sus términos el informe que ha brindado el Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. Simplemente, queremos agregar que, en nuestra opinión, el problema fundamental, naturalmente, está en las posibilidades que se le abren a distintos Oficiales, Suboficiales y alistados, como para poder seguir trabajando en una situación como la que hoy atraviesa el país. Efectivamente, como decía el Miembro Informante, no se restringe el retiro voluntario. Por lo tanto, tenemos preservada la posibilidad de que, por distintas situaciones, si se quieren retirar, lo pueden hacer, sin que esto afecte las tasas de reemplazo, ni las remuneraciones por jubilación que tienen al día de hoy.

Por otra parte, el motivo por el cual nos anotamos para hacer uso de la palabra es dejar sentada la preocupación que manifestamos en la Comisión y también al señor Subsecretario y a sus asesores, en cuanto a la íntima relación que existe entre este proyecto de ley que estamos considerando y que aconsejamos sea aprobado, con los Servicios -como, por ejemplo, el 222- a que se refirió el propio Ministro del Interior en ocasión de analizarse el Presupuesto Nacional. Se trata de que, ante la perspectiva del retiro, por un lado, no se puede trabajar en ese Servicio -y, por lo tanto, no se recibe la remuneración tan necesaria- y, por otro, no se cuenta para la antigüedad ni para el cómputo de la retribución que percibirá el personal luego de retirarse. Esa inquietud fue compartida por el señor Subsecretario y por los asesores que vinieron en representación de la Caja.

Entonces, pensamos que este es un buen inicio para enlazar un proyecto de ley que colabora con la Institución, con la posibilidad de no perder personal calificado y en con una edad en la que todavía pueden dar mucho, y también con la chance de que la gente ascienda y se pueda retirar, quizá, en mejores condiciones que si lo tuviera que hacer obligatoriamente, hoy.

Creo, en consecuencia, que deberíamos sugerir a la Cámara de Representantes que apruebe rápidamente esta iniciativa, porque si no se lo hace antes de fin de año puede dar lugar a graves distorsiones, y también porque recoge la voluntad de todos los integrantes de la Comisión y del Ministerio por encontrar una solución para el Servicio 222, que permitirá que al momento del retiro exista la posibilidad, sin encarecer tanto el Servicio, de que quienes se hayan desempeñado en él puedan computar el tiempo y los aportes, cosa que hoy no se hace.

En esto queríamos poner el acento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

SEÑOR BRAUSE.- Solicito que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la solicitud que acaba de ser planteada.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo único.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

19) PUERTO DE LA PALOMA: NECESIDAD REGIONAL Y NACIONAL.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee:)

"Al amparo de las disposiciones reglamentarias de este Cuerpo, solicito se me autorice a realizar, el día miércoles 11 de diciembre, una exposición de treinta minutos de duración sobre el tema `Puerto de La Paloma: necesidad regional y nacional´. Carlos Julio Pereyra. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

20) EXTRACCION, CONSERVACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se regula la extracción, conservación y trasplante de órganos y tejidos. (Carp. Nº 317/00 - Rep. Nº 335/01)."

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 317/00
Rep. Nº 335/01

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Salud Pública

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º. - Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971, por el siguiente:

Artículo 1º. - Toda persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades podrá otorgar su consentimiento o negativa, para que en caso de sobrevenir su muerte, su cuerpo sea empleado total o parcialmente, para usos de interés científico o extracción de órganos o tejidos con fines terapéuticos.

El consentimiento o la negativa deberá ser recabado al momento de afiliarse a una institución de asistencia médica colectiva, al gestionar o renovar el carné de asistencia que expide el Ministerio de Salud Pública o el carné de salud tramitado en cualquier institución pública o privada, al alta de internación de un establecimiento público o privado siempre que el médico tratante no haya consignado a texto expreso en la historia clínica que no corresponde la consulta por razones médicas fundadas, así como otros lugares que la reglamentación de la ley determine.

El consentimiento o la negativa deberá ser expresado en un documento destinado a ese fin. Si el consultado no supiere o no pudiere firmar, se requerirá la firma de dos testigos.

Tendrán derecho a estar presentes en este caso alguno de los familiares indicados en el artículo 9º de esta ley.

Toda vez que se exprese la voluntad referida en el inciso primero o se revoque la ya realizada, el organismo que la recabe deberá otorgar la constancia de ese acto.

Art. 2º. - Sustitúyese el artículo 2º de la Ley Nº 14.005 de 17 de agosto de 1971 por el siguiente:

Artículo 2º. - Toda persona mayor de edad que no se hallare en las circunstancias previstas en el artículo 1º de esta ley podrá otorgar tal consentimiento o la negativa ante:

a. Escribano público, sea en escritura pública o por acta notarial.

b. Ante el Juez de Paz, mediante un trámite que será gratuito.

c. Directamente ante el Registro Nacional de Donantes de Organos y Tejidos.

En los casos de los literales a y b, el profesional o el funcionario actuante deberá comunicar la manifestación de voluntad al Registro Nacional de Organos y Tejidos dentro de las 48 horas de su obtención.

La información establecida en el Registro Nacional de Donantes de Organos y Tejidos integra el secreto profesional, y quien, en abuso de funciones y fuera de las excepciones previstas en la presente ley revele, publique o facilite el conocimiento referente a la calidad de donante de persona o personas, por él conocidos en razón de su empleo incurrirá en el delito previsto en el artículo 163 del Código Penal.

La expresión de voluntad es revocable por quien la otorgó utilizando cualquiera de los medios previstos en el artículo 2º, dicha revocación deberá ser registrada en idéntica forma que lo previsto en el inciso anterior.

Art. 3º. - Sustitúyese el inciso segundo del artículo 4º de la Ley Nº 14.005 de 17 de agosto de 1971, por el siguiente:

"Los órganos y tejidos humanos conservados en los Bancos de Organos y Tejidos, ya sean públicos o privados constituyen un bien de la comunidad y el fin último de los mismos será determinado por las necesidades asistenciales".

Art. 4º. - Sustitúyese el artículo 7º de la Ley Nº 14.005 de 17 de agosto de 1971, por el siguiente:

Artículo 7º. - Una vez comprobada la muerte, se podrá realizar la autopsia y emplear el cadáver o las piezas anatómicas con fines científicos o terapéuticos.

La comprobación de la muerte será efectuada por un médico de la institución donde se asista al enfermo, él que no podrá participar en las operaciones previstas en el inciso anterior. Esta conclusión estará basada en la existencia de cambios patológicos irreversibles incompatibles con la vida, basada en la evidencia científica. Tal situación deberá ser consignada en la historia clínica.

La hora del fallecimiento en todos los casos será la hora de la firma del médico en la historia clínica en la que quedará consignada esta circunstancia, más allá de los diferentes apoyos que se mantengan hasta la ablación de los órganos. Dicho diagnóstico será documentado en la historia clínica firmado por dos médicos no vinculados al acto de ablación o de trasplante.

Los médicos que intervengan en la extracción de órganos y tejidos deberán realizar la restauración estética del cadáver en el menor tiempo posible.

El registro de la defunción deberá documentarse en el Libro Especial de Necropcias, llevado por cada establecimiento asistencial público o privado a esos efectos, precisándose la hora del fallecimiento, sus causas y las pruebas en que se funda la respectiva conclusión. En todos los casos está prohibido revelar la identidad del donante o del receptor, salvo en los casos previstos en el artículo 13.

Art. 5º. - Sustitúyese el artículo 11 de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971, por el siguiente:

Artículo 11. - Toda persona mayor de edad podrá consentir la remoción en vida, de órganos o tejidos en su cuerpo para ser trasplantados o injertados a otros seres humanos. Previo a la extracción un médico deberá dejar constancia escrita de los riesgos de la operación y de la disminución física que sobrevendrá como consecuencia del procedimiento. Esta advertencia quedará consignada en la historia clínica, firmada por el médico y la persona donante y archivada en la institución donde se proceda a la intervención quirúrgica.

Art. 6º. - Sustitúyese el artículo 13 de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971, por el siguiente.

Artículo 13. - Solamente se admitirá la donación en vida o para después de la muerte a favor de una persona determinada, cuando ésta sea pariente del disponente por consanguinidad o afinidad en línea recta o en la colateral hasta el cuarto grado, o cónyuge con una antigüedad de dos años, o mantengan un concubinato estable.

En este último caso se requerirá la autorización del Juez competente. Exceptúanse los trasplantes de médula ósea y progenitores hematopoyéticos para los cuales los mayores de dieciocho años podrán ser donantes a favor de persona no determinada.

Los menores podrán ser donantes en vida de progenitores hematopoyéticos y médula ósea a favor de sus parientes consanguíneos en línea colateral de segundo grado cuando los otros recursos terapéuticos disponibles se hayan agotado. En este caso, se deberá contar con la autorización del Juez Letrado competente, previa vista fiscal, debiéndose cuando sea posible recabar la opinión del menor y de sus representantes legales.

Art. 7º. - Sustitúyese el artículo 19 de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971, por el siguiente:

Artículo 19. - El Ministerio de Salud Pública dispondrá una amplia difusión de la presente ley acentuando las áreas de promoción y educación con la finalidad de lograr los mayores resultados en bien de la calidad de vida de la comunidad.

Art. 8º. - Los trasplantes e implantes de órganos y tejidos no humanos (xenotrasplantes, xenoinjertos) podrán ser realizados bajo criterios que contemplen los conceptos de bioética y bioseguridad, así como las pautas socioculturales vigentes.

Mónica Xavier (Miembro Informante Verbal), Gustavo Borsari, Ruben Correa Freitas, Susana Dalmás, Walter Riesgo. Senadores.

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971, por el siguiente:

"ARTICULO 1º. - Toda persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades podrá otorgar su consentimiento o negativa, para que en caso de sobrevivir su muerte, su cuerpo sea empleado, total o parcialmente, para usos de interés científico o extracción de órganos o tejidos con fines terapéuticos.

El consentimiento o la negativa deberá ser recabado al momento de afiliarse a una institución de asistencia médica colectiva, al gestionar o renovar el carné de asistencia que expide el Ministerio de Salud Pública, al gestionar la obtención o renovación del carné de salud ante cualquier institución pública o privada habilitada, al alta de internación de un establecimiento público o privado, siempre que el médico tratante no haya consignado a texto expreso al firmar el alta en la historia clínica, que no corresponde la consulta por razones médicas fundadas.

El consentimiento o la negativa deberá ser expresado en un documento destinado a ese fin. Si el consultado no supiere o no pudiere firmar, se requerirá la firma de dos testigos.

Tendrán derecho a estar presentes en este caso, en el acto de prestarse el consentimiento antes aludido, algunos de los familiares indicados en el artículo 9º de la presente ley.

Toda vez que se exprese la voluntad referida en el inciso primero o se revoque la ya realizada, el organismo público o privado que la recabe deberá otorgar la constancia que se realizó la misma.

Sólo se podrá emplear con los fines científicos o terapéuticos que consigna la ley, el cadáver de una persona que, ingresada en un establecimiento asistencial público o privado, falleciere sin haber podido manifestar su voluntad luego de transcurridas tres horas de producirse el deceso y siempre que en dicho lapso no se hubieran opuesto algunos de los familiares indicados en el artículo 9º.

Toda persona mayor de edad fallecida sin haber expresado su voluntad en contrario, cuya causa de muerte amerite pericia forense, será considerada donante. La extracción deberá ser realizada con la autorización del Juez Penal competente y el Médico Forense de turno, la cual será inapelable y debidamente fundamentada, sin violentar el área de prueba y se labrará un protocolo que se adjuntará a las pericias.

A los menores de edad o incapaces se les podrá extraer órganos y tejidos, o disponer de ellos cuando corresponda la realización de autopsia, mediante el consentimiento de sus representantes legales, según lo establecido en el artículo 9º. En el caso que la muerte amerite pericia forense, se aplicará el inciso precedente".

Art. 2º. - Sustitúyese el artículo 2º de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971, por el siguiente:

"ARTICULO 2º. - Toda persona mayor de edad que no se hallare en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 1º, podrá expresar su consentimiento para que, en caso de fallecer, su cuerpo sea empleado total o parcialmente para usos de interés científico o extracción de órganos con fines terapéuticos.

La manifestación de voluntad podrá otorgarse a opción del interesado:

A) Ante un escribano, sea en escritura pública o por acta notarial.

B) Ante el Juez de Paz, en trámite que será gratuito.

C) Directamente ante el Registro Nacional de Donantes de Organos y Tejidos.

En este último caso, la expresión de voluntad será refrendada ante un médico de la institución de la que dependa el Registro.

En los casos de los literales A) y B), el profesional o funcionario actuante deberá comunicar esa manifestación de voluntad al Registro Nacional de Donantes de Organos y Tejidos dentro de las cuarenta y ocho horas de otorgada.

La información establecida en el Registro Nacional de Donantes de Organos y Tejidos integra el secreto profesional, y quien, en abuso de funciones y fuera de las excepciones previstas en la presente ley, revele, publique o facilite el conocimiento referente a la calidad de donante de persona o personas, por él conocidos o poseídos en razón de su empleo, incurrirá en el delito previsto en el artículo 163 del Código Penal.

Las expresiones de voluntad a que refiere el presente artículo, son esencialmente revocables por quien las otorgó. En el caso de los donantes, la revocación deberá registrarse ante el Registro Nacional de Donantes de Organos y Tejidos, y podrá otorgarse por cualquiera de los medios previstos en el artículo 2º".

Art. 3º. - Sustitúyese el inciso segundo del artículo 4º de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971, por el siguiente:

"Los órganos y tejidos humanos almacenados en Bancos de Organos y Tejidos públicos o privados constituyen un bien público de la comunidad, y el fin último de los mismos será determinado por las necesidades asistenciales".

Art. 4º. - Sustitúyese el artículo 7º de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971, por el siguiente:

"ARTICULO 7º. - Una vez comprobada la muerte, se podrá efectuar la autopsia y se podrá emplear el cadáver o las piezas anatómicas del mismo con fines científicos y/o terapéuticos.

Dicha comprobación deberá efectuarse por un médico del establecimiento respectivo, el que no podrá participar en las operaciones previstas en el inciso anterior y su conclusión deberá basarse en la existencia de cambios patológicos irreversibles incompatibles con la vida, dejando la correspondiente constancia en la historia clínica.

Cuando el diagnóstico de muerte establezca muerte encefálica, la hora del fallecimiento del individuo es la hora en que el médico firme dicho diagnóstico en la historia clínica, más allá de que los apoyos ventilatorios continúen hasta la ablación de los órganos en aquellos casos que revistan la condición de donantes. Dicho diagnóstico deberá documentarse en la historia clínica en un formulario especial firmado por dos médicos no vinculados al acto de ablación o de trasplante.

El registro de la defunción deberá documentarse en el Libro Especial de Fallecidos, llevado por cada establecimiento asistencial público o privado a esos efectos, precisándose la hora del fallecimiento, sus causas y las pruebas en que se funda la respectiva conclusión.

Ninguno de los médicos a que refieren los incisos precedentes podrán intervenir en el acto de extracción o de trasplantes de órganos y tejidos.

Los médicos que intervengan en la extracción de órganos o tejidos de donantes cadavéricos, deberán realizar la restauración estética del cadáver en el menor tiempo posible.

En todos los casos está prohibido revelar la identidad del donante o del receptor, salvo en los casos previstos en el artículo 13".

Art. 5º. - Sustitúyese el artículo 11 de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971, por el siguiente:

"ARTICULO 11. - Toda persona mayor de edad podrá consentir la remoción en vida, de órganos y tejidos en su cuerpo para ser trasplantados o injertados a otros seres humanos. Previamente, un médico deberá dejar constancia escrita de su advertencia al donante, firmada también por éste, acerca de los riesgos de la operación y de la disminución física que habrá de sobrevenirle. Dicha constancia quedará archivada en el establecimiento donde realizó la intervención".

Art. 6º. - Sustitúyese el artículo 13 de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971, por el siguiente:

"ARTICULO 13. - Solamente se admitirá la donación en vida o para después de la muerte, de órganos y tejidos a favor de una persona determinada, cuando ésta sea pariente del disponente por consanguinidad o afinidad en línea recta o en la colateral hasta el cuarto grado, o cónyuge con una antigüedad de dos años, o mantengan una relación de concubinato estable, singular, público, continuo y de dos años como mínimo, durante el cual hubieren compartido el hogar y la vida en común. Para el caso de que el donante sea cualesquiera de los concubinos, se requerirá autorización del Juez competente. Exceptúanse los trasplantes de médula ósea y progenitores hematopoyéticos para los cuales los mayores de dieciocho años podrán ser donantes a favor de persona no determinada. Los menores podrán ser donantes en vida de progenitores hematopoyéticos y médula ósea a favor de sus parientes consanguíneos en línea colateral de segundo grado, con la autorización de sus representantes legales, cuando los otros medios y recursos terapéuticos disponibles se hayan agotado".

Art. 7º. - Sustitúyese el artículo 19 de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971, por el siguiente:

"ARTICULO 19. - El Ministerio de Salud Pública dispondrá una amplia difusión de la presente ley acentuando las áreas de promoción y educación con la finalidad de lograr los mayores resultados en bien de la calidad de vida de la comunidad".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 8 de noviembre de 2000.

Margarita Percovich 2da. Vicepresidencia 
Horacio D. Catalurda Secretario.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: la Comisión de Salud Pública trae a consideración del Plenario el proyecto de ley sobre extracción, conservación y trasplante de órganos y tejidos. El mismo introduce modificaciones a algunos artículos de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971. Dichas modificaciones están referidas a aquellos aspectos en que dispositivos de la ley vigente han demostrado, en alguna medida, dificultades operativas que se traducen en ineficacias.

Por otro lado, flexibiliza criterios, los ajusta al desarrollo científico y los adapta, progresivamente, a las pautas socioculturales vigentes. Esta iniciativa modifica, a su vez, realizando ajustes que entiende necesarios, el proyecto que fue elaborado y votado por unanimidad en la Cámara de Representantes. En efecto, algunas de las normas proyectadas, a juicio de la Comisión, tendrían una pretensión operativa no correspondiente con su ámbito de aplicación. Se trata de modificaciones que, a juicio de la Comisión de Salud Pública del Senado, redundarían en beneficio de la adecuación normativa, restableciendo la posibilidad de guardar la debida relación con la realidad del país que pretenden regir.

Ya han transcurrido treinta años de la sanción de la Ley Nº 14.005, que fue la primera ley de trasplante de América que sirvió de base a varias leyes posteriores. Pero a treinta años, y sin negar su mérito, esta Comisión entiende que es el momento de realizar modificaciones, algunas de ellas aplicadas hasta el momento mediante decretos.

La política de trasplantes en el Uruguay está basada en cuatro pilares fundamentales: uno de ellos, la Ley Nº 14.005; otro, la creación de la Organización Nacional que regula los procesos de donación y trasplante, llamada Banco Nacional de Organos y Tejidos, que fue creado por decreto en 1977 y puesto en funcionamiento desde 1978; otro, la creación del Fondo Nacional de Recursos, Ley Nº 14.897 de 1980, organismo que maneja los procesos administrativo-financieros de los trasplantes, así como de otras técnicas de alta complejidad; y otro de los pilares es el recurso humano de los actores en el proceso de la donación y el trasplante, y la coordinación y consenso entre el equipo técnico del Banco Nacional de Organos y Tejidos y los equipos de Trasplantes, estableciendo los criterios de prioridades de pacientes en lista de espera y los criterios de asignación de órganos y tejidos.

La realidad de nuestro país es que hoy fallecen, promedialmente, cerca de dos personas jóvenes diariamente en accidentes de tránsito, muchas de las cuales podrían servir como donantes de órganos.

El número de fallecidos por muerte cerebral en el año 2000 ascendió a 23, con una edad promedio de 27,4 años. Si el ciento por ciento de ellos hubiera sido donante efectivo, se hubieran realizado 46 trasplantes renales más en el año 2000, lo que sin duda implica una importante baja en la lista de espera para este tipo de trasplante.

Hoy existen más de 900 pacientes sometidos a diálisis renal, muchos de los cuales podrían solucionar eventualmente su problema en un lapso relativamente corto con un trasplante.

La última encuesta nacional de opinión realizada por la empresa Factum, que abarca el período 2000 - 2001, y que fue publicada en marzo de este año, muestra que dos tercios de los jóvenes y adultos de nuestro país están dispuestos, en ocasión de sobrevenir su propia muerte, a donar sus órganos para trasplantes.

De acuerdo con datos proporcionados por el Banco Nacional de Organos y Tejidos, al 31 de agosto del corriente año, se ha cubierto una demanda de: 8.358 amnios, 3.046 córneas, 1.696 trasplantes de piel, 108 trasplantes de huesos, 6 trasplantes de pulmón, 49 trasplantes de hígado, 44 trasplantes de corazón y 580 trasplantes de riñones, permitiendo lograr para muchas personas una adecuada calidad de vida, y siendo para otros la única opción para seguir viviendo.

Si bien algunas legislaciones de otros países tienden a considerar donantes a todos aquellos que no manifestaron su opinión contraria, es decir, la donación tácita, como es el caso de la legislación española, en la práctica siempre se recurre -aún allí- a una confirmación de los parientes del eventual donante. En nuestro país, en el año 2000, se realizó una consulta de opinión que dio como resultado que el 70% de las personas no aceptaba el concepto de "donación tácita". Por lo tanto, hemos entendido que, en la medida en que la filosofía que inspira la ley actual es la del consentimiento explícito, no cabe por ahora la posibilidad de un planteo de donación tácita.

En el proyecto aprobado en la Cámara de Representantes se introducía el tema de diagnóstico de muerte encefálica como determinación de la hora del fallecimiento, que se contempla en otras legislaciones. En realidad, esto dio lugar a una gran discusión en la Comisión, y por ello debemos hacer algunas precisiones. Desde el advenimiento de la ventilación mecánica, la muerte puede reconocerse antes de que el corazón deje de funcionar.

Este es un concepto que se introduce desde hace cincuenta años y, no obstante, aunque está consensuado, no es fácil de aceptar por parte de algunas culturas, concepciones filosóficas y científicas; tampoco lo es para mucha gente que se dedica al Derecho, para los antropólogos y, mucho menos, para la propia sociedad. El elemento que estaba presente cuando el tema comenzó a estudiarse y a adaptarse no fueron los trasplantes, sino aspectos familiares de salud pública y aun aspectos económicos. Si bien puede ser rápida la secuencia entre muerte cerebral y cese de la actividad cardiorrespiratoria, existen situaciones en las que el mantenimiento artificial puede llegar a varias semanas. En nuestro país, desde 1988 existe un consenso sobre el diagnóstico de muerte encefálica que tiende a uniformizar criterios, ya que se trata de un complejo y difícil manejo de una situación.

Desde diferentes posiciones filosóficas, la Comisión llegó a la conclusión de que el término fallecimiento era el más adecuado para que figurara en la ley y evitaba correr el riesgo de que los constantes avances científicos dejaran perimida una definición estricta, para la cual tampoco teníamos consenso.

Los avances en materia de trasplantes de órganos y tejidos requieren de un complejo proceso político, cultural y social. La construcción de ese proceso parecería que es aún una asignatura pendiente y necesita señales desde los más diversos ámbitos. En ese sentido, desde la Iglesia Católica, Juan Pablo II, al hacer uso de la palabra ante cerca de cinco mil científicos de diferentes partes del mundo, durante el 18º Congreso Internacional de la Sociedad de Transplantes, en Roma, realizado en agosto de 2000, manifestó que: "La donación de un órgano del propio cuerpo para la salud y bienestar de otra persona es un acto de amor". Creemos que en este proceso de construcción, todos debemos dar señales para que una legislación de esta naturaleza cada vez se acerque más a las necesidades de cualquier persona en el mundo, para que no tengamos los desajustes entre la necesidad del trasplante y la falta de donantes.

Con relación al proyecto de ley, podemos decir que el artículo 1º sustituye al artículo 1º de la Ley Nº 14.005 y define quién está en condiciones de ser donante. En lugar de referirse a una edad determinada, fija la mayoría de edad como límite a partir del cual se hará la consulta. Cabe acotar que en el momento de la aprobación de la Ley Nº 14.005 la mayoría de edad estaba fijada en los 21 años y hoy está en 18. Por tanto, contempla las modificaciones ya realizadas en materia de legislación civil y prevé otros cambios eventuales. Es así que, según la norma, todo donante mayor de edad, en "pleno uso de sus facultades", está en condiciones de ser donante.

En este artículo se mantiene el criterio de que la persona podrá expresarse tanto por otorgar su consentimiento como por la negativa a hacerlo, lo cual figura en todos los registros de donación de órganos que llevan los organismos competentes.

En cuanto al momento de la consulta acerca de la voluntad de donar o no, la modificación sustancial que se introduce es, sin excluir el momento de la internación, dar prioridad al momento de la afiliación, de la gestión o renovación de un carné de asistencia o de salud y, de no existir contraindicaciones médicas, al momento del alta. A su vez, se deja librado a la reglamentación otros posibles lugares y circunstancias, dado que siempre existe la contradicción en el sentido de saber si lugares muy masivos pueden servir para campañas de esta naturaleza o si, en realidad, aquellos lugares donde hay gente más especializada y con más elementos técnicos, son los más idóneos para recoger un consentimiento afirmativo. Nuestra legislación, con relación a otras, prevé las dos posibilidades: consentimiento y negativa. Se trata de evitar una instancia según la cual se aumente el número de voluntades en contra. Por tanto, dejamos que la reglamentación de la ley se ocupe de estos aspectos. La forma de recabar el consentimiento que preveía la Ley Nº 14.005 era muy traumatizante.

Como ventaja adicional, recurriendo a estos otros lugares que hoy se propone que estén contenidos en la ley, se puede obtener el consentimiento de otras franjas etarias posiblemente más jóvenes, que no son las que habitualmente reingresan en las internaciones hospitalarias o en los sanatorios. Por tanto, es posible llegar a muchas más personas sin necesidad de reiterar la consulta a ellas, como ocurría hasta el momento.

En el artículo 1º de la Ley Nº 14.005 se prohíbe la utilización de un cadáver hasta luego de tres horas de producida la muerte, de no haber mediado consentimiento o cuando no hubiere existido oposición por parte de algún familiar. El proyecto de ley de la Cámara de Representantes reformula este planteo y también lo habilita. Nuestra Comisión entiende que la dificultad jurídica que generaría la oposición que pudiera formular un pariente o las contradicciones de voluntades entre parientes de análoga categoría jurídica, agregarían una complejidad eventualmente insubsanable al proceso de la donación. Es por ello que la Comisión decidió retirar el contenido de la Ley Nº 14.005 sobre este punto, así como el que figura en el proyecto de ley de la Cámara de Representantes.

También se elimina la posibilidad contemplada en el proyecto de ley de la Cámara de Representantes en el sentido de considerar donante a quien haya fallecido sin haber expresado su voluntad y cuya muerte amerite pericia forense, lo que habilitaba la actuación del juez penal competente. A juicio de esta Comisión del Senado, sería polémico y difícil de establecer en qué otros argumentos podría apoyarse el magistrado que no sea el de apelar a razones humanitarias. Hacemos extensivo este criterio a los menores e incapaces. En el artículo propuesto queda clara la necesidad de que tanto en el consentimiento como en la revocación, el organismo que recabe dicha voluntad debe otorgar una constancia.

El artículo 2º, que sustituye al respectivo de la Ley Nº 14.005, prevé otras formas de otorgar el consentimiento o la negativa -como lo habíamos planteado anteriormente- y se diferencia de la ley original porque elimina algunas repeticiones y realiza algunos cambios de redacción.

Esta disposición introduce la penalización de la violación del secreto profesional y/o abuso de funciones, aplicándose el artículo 163 del Código Penal, que indica que: "El funcionario público que, con abuso de sus funciones, revelare hechos, publicare o difundiere documentos, por él conocidos o poseídos en razón de su empleo actual o anterior, que deben permanecer secretos, o que facilitare su conocimiento, será castigado con suspensión de seis meses a dos años".

Asimismo, este artículo establece los mecanismos para expresar la voluntad de revocar un consentimiento previamente otorgado.

El artículo 3º, que sustituye el inciso segundo del artículo 4º de la Ley Nº 14.005, quedaría redactado de la siguiente manera: "El Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el Hospital de Clínicas `Dr. Manuel Quintela' habrá de determinar las normas de instalación y funcionamiento del o de los Bancos de Organos y Tejidos.

Los órganos y tejidos humanos conservados en los Bancos de Organos y Tejidos, ya sean públicos o privados, constituyen un bien de la comunidad y el fin último de los mismos será determinado por las necesidades asistenciales".

En esta redacción se cambia el concepto "almacenados" por "conservados", que parece más adecuado y, además, se agrega la cualidad de "humanos" a los órganos y tejidos.

En este punto, el proyecto de ley de la Cámara de Representantes proponía modificar la expresión: "bien de la comunidad" por "bien público de la comunidad". Al respecto, fueron consultados tres expertos: el escribano Arturo Yglesias, el doctor Carlos Delpiazzo y el doctor Jorge Peirano Facio; los tres coinciden en afirmar que la expresión "público" es "inapropiada" y "nada agrega al sentido original de la norma" y "lo mejor sería suprimirla, porque esta supresión no altera el sentido de la frase, y sí elimina algunos problemas interpretativos que, innecesariamente, pueden plantearse". Es por ello que realizamos esta modificación con relación al proyecto de ley de la Cámara de Representantes.

El artículo 4º, que sustituye al 7º de la ley original, establece que la comprobación de la muerte debe ser efectuada por un médico y no por dos como preveía la ley original. En ese sentido, lo más importante no es la existencia de dos médicos, sino la separación entre el acto de la comprobación de la muerte y quien efectúa el trasplante del órgano en cuestión. En este artículo la Comisión introduce el tema de la reivindicación de la evidencia científica para la comprobación de la muerte y el hecho de que la historia clínica deberá registrar la constatación del fallecimiento. Este es un período en el cual la historia clínica ha adquirido un valor muy importante como documento.

Tal como habíamos señalado, el proyecto proveniente de la Cámara de Representantes se refería a la "muerte encefálica", concepto que se cambia por el de "fallecimiento", manteniendo que sea consignado en la historia clínica.

El artículo 5º, que sustituye al 11 de la ley original, establece la posibilidad de que toda persona mayor de edad es capaz de consentir la donación de sus órganos y tejidos. Dice además que esto conlleva una adaptación a la consideración de la mayoría de edad -tal como dijimos anteriormente- y reformula la exigencia de la advertencia, por escrito, que deberá hacer un médico acerca de los riesgos o disminuciones físicas que sean consecuencia del procedimiento, así como de su consignación en la historia clínica. En esencia, este artículo mantiene lo aprobado por la Cámara de Representantes, salvo algunos cambios de redacción.

El artículo 6º, que sustituye al 13 de la ley original, amplía los grados de parentesco previstos para el caso de donantes en vida, o para después de la muerte, a favor de una persona determinada que puede ser pariente del disponente por consanguinidad o afinidad en línea recta o en la colateral hasta el cuarto grado, o cónyuge con una antigüedad de dos años o que mantenga un concubinato estable.

En esta disposición se agrega que los mayores de 18 años podrán ser donantes a personas no determinadas de trasplantes de médula ósea y progenitores hematopoyéticos. La intención de la Comisión fue proteger al máximo los derechos del menor, al establecer que en caso de donación en vida de progenitores hematopoyéticos y médula ósea, se deberá contar con la autorización del Juez Letrado competente, previa vista fiscal debiéndose, cuando sea posible, recabar la opinión del menor y de sus representantes legales.

El artículo 7º, que sustituye al 19 de la ley original, agrega a las medidas de difusión, la promoción y la educación con la finalidad de lograr mayores resultados para la comunidad. A juicio de la Comisión, toda campaña como la prevista en este artículo, debe estimular la voluntariedad, el altruismo, la gratuidad, el anonimato, la equidad en la selección, la evaluación y el control, comprometiendo al donante, a los equipos encargados de las diferentes instancias y a quien recibe el órgano.

El artículo 8º -último propuesto en esta modificación a la Ley Nº 14.005- agrega, a sugerencia del Banco de Organos y Tejidos, la posibilidad de realizar transplantes e implantes de órganos y tejidos no humanos -los llamados xenotrasplantes o xenoinjertos- teniendo en cuenta criterios de bioética, bioseguridad, así como las pautas socioculturales vigentes.

Debemos destacar que durante el transcurso de la discusión del proyecto de ley, la Comisión recibió un proyecto presentado por la Academia Nacional de Medicina del Uruguay, que no era el mismo presentado anteriormente, sino otro reformulado. El proyecto de la Academia se basa en un procedimiento diferente al que inspiró hasta ahora al proyecto de ambas Cámaras, ya que implica la derogación de la Ley Nº 14.005 y sus disposiciones reglamentarias, y propone la creación del Sistema Nacional de Trasplante de Organos y Tejidos. No obstante la inspiración diferente de estos proyectos, la adecuación de la última versión de la propuesta de la Academia Nacional de Medicina del Uruguay coincide, en la mayoría de sus artículos, con lo aprobado por la Cámara de Representantes, así como con muchos de los artículos que recoge el texto que hoy estamos considerando.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Salud Pública solicita al Cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: muy brevemente quiero señalar que coincido con esta propuesta y, además, deseo dejar constancia de que este tema se discutió bastante, particularmente en lo que respecta a la relación entre esta necesidad y la voluntad presunta o no de los eventuales donantes. Creo que el proyecto de ley se instala en una postura que desde hace mucho tiempo pensábamos era el camino más razonable, o sea, el de permitir concretar aquellos casos en los que de cualquier manera haya que practicar determinado tipo de actuaciones sobre el cuerpo y acatar la voluntad expresa.

Quería acotar, entonces, que en un tema tan humano y delicado, la solución que se plantea es totalmente compartible y, en consecuencia, la vamos a acompañar con nuestro voto.

SEÑORA POU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA POU.- Señor Presidente: como integrante de la Comisión de Salud Pública y, por supuesto, coincidiendo absolutamente con el informe de la señora Presidenta, me gustaría destacar que en todo momento, en la discusión y consideración de este proyecto de ley, se pesaron y sopesaron las distintas opiniones, así como los diferentes sentimientos que en la sociedad provoca este tipo de iniciativas. En mi opinión, finalmente privó lo que debe, que es, justamente, la posibilidad de pensar en todos los compatriotas que últimamente han manifestado a través de la prensa su esperanza de vida, y en algunos casos pueden estar esperando la aprobación de un proyecto -que pensamos sea éste- más eficaz y eficiente para dar solución a sus problemas de salud.

Simplemente, quería agregar mi conformidad absoluta con el informe de la señora Senadora Xavier.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

La Presidencia advierte a los señores Senadores que ha llegado una moción en el sentido de que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Supongo que va a votarse la moción de suprimir la lectura de todos los artículos, razón por la cual me permitiría plantear, podría decir, una majadería gramatical. En el artículo 1º se dice: "Toda persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades podrá otorgar su consentimiento o negativa," etcétera. En realidad, el verbo "otorgar" está bien utilizado para el consentimiento, pero no para la negativa. Por lo tanto, me parece que sería mejor que el texto dijera "podrá expresar su consentimiento o negativa". Por otra parte, el término "expresar" figura en la ley original. Obviamente, si la Comisión entiende que es una majadería puede expresarlo con total tranquilidad.

La otra corrección que quería proponer refiere al artículo 4º y no tiene nada que ver con su redacción, sino que en realidad es una cuestión dactilográfica. En la quinta línea del texto de este artículo se dice "él que no podrá participar"; en este caso, habría que eliminar el tilde al artículo "el".

Sólo me resta pedir excusas al Senado por estos exabruptos gramaticales.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: antes de que se suprima la lectura, quiero referirme al artículo 1º y hacer dos planteos. El primero, para decir que estamos absolutamente de acuerdo con este proyecto de ley pues, sin duda, refleja un grado de avance con relación a lo que está vigente. En este artículo se incluye un tema por el cual el consentimiento o la negativa deberán ser recabados en distintos momentos, o sea, al afiliarse a una institución de asistencia médica colectiva, o al gestionar o renovar el carné de salud.

En cierto modo, me comprenden las generales de la ley, ya que soy usuario del Banco de Órganos. Siempre recuerdo que quien me operó, el doctor Rodríguez Barrios, varias veces me planteó el hecho de que en el momento de sacar la libreta de conducir, ya sea para conducir automóviles o motos, sería conveniente recabar esa posibilidad, es decir, que se agregue al artículo 1º el consentimiento o la negativa.

SEÑOR RIESGO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR COURIEL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RIESGO.- Lo que plantea el señor Senador Couriel es un tema que también se trató en el ámbito de la Comisión. Algunos propusimos que esto se instrumentara para el momento de sacar la cédula de identidad; otros citaron el caso de la Argentina, es decir, que se efectúe en el momento de emitir el voto y hay quienes señalaron la posibilidad mencionada por el señor Senador Couriel. Por ese motivo, se dispuso que en la reglamentación de la ley se incluyera todo lo que el Poder Ejecutivo entendiera del caso, así como todos los lugares donde la persona pudiera autorizar la donación, ya fuere en el momento de sacar la licencia de conducir, la cédula de identidad o en el momento de votar, tal como sucede en la Argentina. Pero reitero que esto se efectuará dentro de la reglamentación de la ley, pensando en no recargar todos esos puntos en el artículo 1º. Esa es la idea por la cual en Comisión no se agregaron los otros casos, sobre lo cual todos coincidimos con el señor Senador Couriel.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Si estos elementos pueden ser tenidos en cuenta por el Poder Ejecutivo, no tengo ningún inconveniente. Simplemente, estaba intentando ver si se podía agregar ya, en este proyecto de ley. Siempre recuerdo que hay un momento muy propicio y es, precisamente, cuando ocurre un accidente, ya que en esa circunstancia es cuando se obtienen los mejores órganos para ser transplantados. Ese fue el motivo de mi planteamiento, pero no tengo inconveniente en que sea la reglamentación la que lo fije.

Un segundo elemento que quería citar tiene que ver con algunos casos que venían en el proyecto de ley de la Cámara de Representantes y que han sido eliminados en esta iniciativa. He estado averiguando y me han dicho que cuando se va a hacer la pericia forense de un adulto es un momento muy difícil para hacer la solicitud y obtener el consentimiento para la utilización de los órganos correspondientes. Tal vez se podría buscar algún mecanismo tendiente a que sean los familiares los que otorguen esa posibilidad. De todos modos, de acuerdo con las informaciones que he recibido, sé que esto es muy difícil.

Asimismo, cabe citar el caso de los niños, que es el más preocupante porque, en realidad, no pueden esperar mucho tiempo y son precisamente ellos los que más mueren estando en lista de espera. La disposición sobre los niños que traía el proyecto de ley enviado por la Cámara de Representantes establecía que a los menores de edad o a los incapaces se les podrá extraer órganos o tejidos, o disponer de ellos cuando corresponda la realización de autopsia, mediante el consentimiento de sus representantes legales, según lo establecido en el artículo 9º. En el caso de los adultos hay un elemento que no es sencillo y quizás habría que buscar algún mecanismo que permitiera que los familiares otorgaran la autorización. De todas maneras, en el caso de los niños es muy claro que quienes deben dar esa autorización son los padres.

A propósito de este tema, hoy hablaba con la Directora del Banco de Órganos, quien me expresaba que en el caso de los niños se vuelve casi imprescindible buscar alguna fórmula para que aquellos que están en lista de espera no queden desprotegidos frente a la posibilidad de tener un donante.

En el fondo, lo que se busca es maximizar la cantidad de donantes. Es más; dado que hay una encuesta -como citaba la señora Senadora Xavier- que refleja que el 70% de las personas en el Uruguay no acepta que esto sea tácito, estamos buscando otro mecanismo. Al mismo tiempo, también estaríamos buscando elementos que podrían maximizar la cantidad de donantes.

Este es un tema que, llegado el caso, hace sufrir. En lo personal, debo decir que tenía un amigo, más joven que yo -del cual hablé aquí hace unos meses- que esperaba un órgano, más precisamente un hígado. Sin embargo, el mismo le llegó tarde y falleció.

En consecuencia, desde este punto de vista intentaría buscar todos los mecanismos tendientes a ver si existe alguna posibilidad -y si la Comisión lo acepta- para que, por lo menos en el caso de los niños, si se da el caso de una autopsia, ver si es factible incorporar esto, tal como venía de la Cámara de Representantes.

SEÑOR RIESGO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR COURIEL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RIESGO.- En primer lugar, voy a solicitar a mis compañeros de Comisión que me ayuden si no es correcto lo que voy a señalar sobre este tema.

Con respecto a esta parte que cita el señor Senador Couriel, por distintas razones decidimos quitarla y no acompañar a los señores Representantes en su planteamiento. Comprendo lo que expresa el señor Senador o, por lo menos, creo comprenderlo.

Sin embargo, leyendo la versión taquigráfica de la Cámara de Representantes, llegué a comprender algunas cosas que no había visto en la Comisión, independientemente de que en su calidad de médicos, ya nos las habían explicado la señora Senadora Xavier y el señor Senador Cid. Por ejemplo, el caso de la muerte cerebral, tanto sea en el tema de los mayores como en el de los niños. Precisamente, respecto de los adultos, el proyecto de ley se refiere a toda persona mayor de edad fallecida sin haber expresado su voluntad en contrario y cuya causa de muerte amerite una pericia forense. Después de haber escuchado a los médicos y de haber leído la versión taquigráfica de la Cámara de Representantes, diría que de casi el 100% de los órganos, las córneas son las que después de determinado tiempo, no muy prolongado, se pueden extraer o rescatar y, por ese motivo, se establecía el término de 3 horas. Respecto, fundamentalmente, de los otros órganos, el caso de la muerte cerebral significa que el cuerpo sigue funcionando, pero a la persona en sí se la reconoce como legalmente muerta y, en ese lapso, luego de la muerte cerebral, sí se puede proceder a la extracción de los órganos, porque el organismo sigue funcionando. Disculpen los señores médicos si no estoy hablando muy técnicamente, pero creo que esa fue la razón que motivó nuestra decisión.

Por otro lado, en el proyecto de ley de la Cámara de Representantes se mencionaba el caso que amerite pericia forense, lo que no significa una autopsia. Una pericia forense puede ser simplemente una revisación. Por ejemplo, puede darse el hecho de una persona que fallece en la calle; mientras viene la ambulancia, la policía y lamentablemente -no hay que tomarlo a broma, porque lo vemos en el informativo- también la televisión, las 3 horas transcurren. Si llegamos a ese plazo, lo único que logramos obtener son las córneas. Entonces, se trató de evitar todo ese trámite que podía causar el hecho de que una persona falleciera y se tomaran determinadas disposiciones por parte de la Justicia contra lo que podía pensar su propia familia o, incluso, lo que hubiese podido pensar la persona fallecida, quien podría estar en contra y nunca haber hecho una donación en vida. En cambio, ahora, por disposición del Juez, se le podría hacer una autopsia y lo único que se rescataría -entiendo que este es un tema que puede rozar a alguno en forma muy cercana- serían las córneas.

Realmente, este es un aspecto que nos chocó, fundamentalmente en el caso de los menores. En consecuencia, no hubo mala voluntad, pero sí determinadas razones que nos llevaron a eliminar esa parte del texto. Quizás en el artículo 1º, lo que más puede preocupar es el tema de los fines o intereses científicos.

Digo, sinceramente, que acompañé la iniciativa y la voy a votar en su totalidad, aunque la parte que establece "su cuerpo sea empleado, total o parcialmente, para usos de interés científico...", pienso que es un tema que quedó en el aire. Quizás también les haya sucedido lo mismo a otros compañeros.

Esto era lo que deseaba manifestar al señor Senador Couriel. No sé si fue suficiente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: creo que acá hay tres casos y aclaro que tampoco soy médico o especialista en temas de esta naturaleza; el primero es el de la persona fallecida, en el que hay que esperar tres horas si no hay ningún familiar presente al que se dé cuenta. En este sentido, he consultado la ley vigente para ver cuántas donaciones hubo de acuerdo con esta situación y sé que son muy pocas. Por lo tanto, si esto se elimina, no tendría problema.

El segundo caso es cuando hay necesidad de llegar a la pericia forense, situación en la que el Juez Penal es el que debe resolver. Ahora bien; donde quería poner mayor énfasis, de acuerdo con la información que recibí y viendo la posibilidad de incorporarlo en la ley, es en el caso de los menores de edad.

SEÑOR RIESGO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR COURIEL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Riesgo.

SEÑOR RIESGO.- Señor Presidente: para aclarar un poco el tema, quería saber si el señor Senador Couriel está planteando, si en el caso de un niño que está internado en un CTI y al que se le declara muerte encefálica, los padres pueden disponer que se haga el retiro de los órganos para hacer el trasplante en el momento correspondiente. ¿Esto es lo que está planteando el señor Senador Couriel?

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- No, señor Presidente. En realidad, me refiero al caso de los menores de edad cuando corresponde la realización de la autopsia. Según entiendo, cuando ésta se va a realizar, se da la posibilidad de poder facilitar a los padres o a los representantes legales la chance de donar esos órganos -sobre todo para niños- a quienes, en proporciones importantes, están en lista de espera. Creo que de estos incisos probablemente este es el más importante. De pronto, insisto, puede existir alguna manera de incorporarlo.

SEÑORA XAVIER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR COURIEL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: el tema relativo a los niños fue uno de los que más nos preocupó, pero no encontramos una formulación, porque no siempre se da la misma situación en un trasplante de adulto a adulto, que de adulto a niño. A veces, se ve imposibilitada la chance de que el niño tenga una alternativa. Insisto en que no encontramos una fórmula en el estudio que realizamos. De todas maneras, creo que hay disposición por parte de varios miembros de la Comisión, en el sentido de hacer una contemplación en el caso de la autopsia, ya que de por sí es una situación traumática para los padres. No se trata de un momento en el que no esté pasando nada sino que, por el contrario, la situación es grave y es más propicio plantearles el hecho traumático de la donación. La necesidad de la autopsia enfrenta a los padres a una realidad diferente a la muerte sin necesidad de ella. Entonces, lo que quiere significar el señor Senador Couriel es que, por la desgracia ocurrida, hay una cierta facilitación en la predisposición que los padres pueden tener -ya que se debe realizar una autopsia- a otorgar el consentimiento para la donación. Me parece que sería conveniente y beneficioso encontrar una fórmula que podría ser parte de la redacción del artículo original que viene de la Cámara de Representantes.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: me parece que las expresiones de la señora Senadora Xavier ayudan, sin duda, a ver si es factible, en el caso de los niños y de la autopsia, incorporar la disposición que viene de la Cámara de Representantes.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: creo que las observaciones realizadas por el señor Senador Couriel merecen algunos comentarios y una reflexión adicional, porque han sido aportes de mucho valor. De alguna manera, planteó ciertos temas que, debemos admitir, la Comisión no los pudo resolver bien; por ejemplo, el tema de los niños. En este caso, hay que precisar al Cuerpo que no es lo mismo ser un donante adulto para un niño, que un niño para otro niño, incluso por el tamaño de los órganos. Esto quiere decir que si por el texto legal nosotros estuviéramos imposibilitando la donación de órganos de niños para otros niños, algunas técnicas, como por ejemplo el trasplante de corazón, quedarían debilitadas o, tal vez, eliminadas de la práctica clínica, lo cual es malo.

Por lo tanto, adelanto aquí que coincido con la propuesta que hace el señor Senador Couriel en cuanto a mantener el inciso final del artículo 2º con los dos alcances: tanto en los casos de autopsia, como simplemente en los de pericia -que son situaciones distintas- en el entendido de que, de no aprobarse este inciso, estaríamos limitando severamente la chance de que los niños tengan la posibilidad de resolver un problema de salud que, sin duda, es extraordinariamente crítico.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Carlos Julio Pereyra)

-Con respecto a los mayores, queremos expresar que fuimos firmes opositores a todo lo que significase una situación fáctica, es decir, que se diese por sentado que el que no expresa la voluntad en contrario, es un donante. Creemos que eso le haría mucho mal a la ley y al prestigio que tiene el Banco de Organos y Tejidos en el país. Además, sería una fuente interminable de conflictos que se podrían dar en situaciones frecuentes, como puede ser el fallecimiento de una persona en un departamento alejado del lugar de nacimiento o de hospedaje, lo cual dificultaría el hecho de que en tres horas los familiares se enterasen de la muerte. Entonces, reitero, por la simple circunstancia de no manifestar la voluntad en contrario, esa persona sería un donante fáctico o de hecho para el Banco de Organos y Tejidos. En definitiva, fui un firme opositor a esa posición fáctica, en el entendido de que la relación entre los médicos actuantes y los familiares tiene que ser preservada ante cualquier circunstancia.

En realidad, cuando nosotros estamos laudando que la donación sea en forma fáctica, de alguna manera estamos salvando una incompetencia administrativa por un tema de hecho. ¿Por qué tres millones de uruguayos no han expresado su voluntad de ser donantes o no? Simplemente, porque no hemos dotado a la ley de los instrumentos suficientes, ni del lugar, así como tampoco del personal adecuado para recabar la opinión de la población. Entonces, tenemos que resolver esa circunstancia a la cual apuntaba también el señor Senador Couriel, que proponía la ampliación de lugares. En este sentido, queremos dar una explicación.

El artículo 1º establece una forma de mandato al Banco de Organos y Tejidos, cuando dice: "El consentimiento o la negativa deberá ser recabado al momento de afiliarse". En la Comisión mucho temimos que establecer de esta manera otros ámbitos para recabar las voluntades pudiera generar una seria dificultad administrativa, por lo tanto, decidimos introducir en la redacción que la reglamentación de la ley también pudiese habilitar otros lugares. En definitiva, nos pareció que los lugares donde se iba a recabar la voluntad de la ciudadanía no era un motivo de ley como lo es la reglamentación, que implica un proceso administrativo menos oficial. Esto podría darle ese espacio de ampliación, en la medida en que la capacidad administrativa del Banco de Organos y Tejidos se fuese incrementando. Esa fue la razón por la que nosotros acotamos a la reglamentación la ampliación de espacios para recabar la voluntad de la población.

En lo que refiere al caso de los adultos, vuelvo a decir que no estaría dispuesto a ampliar la posibilidad de que sean donantes de hecho cuando amerite pericia forense, en el entendido de que, en la práctica clínica, la adopción de ese criterio seguramente generaría un desprestigio de la ley y, además, sería fuente de conflictos entre los médicos actuantes y los familiares del paciente. Por consiguiente, la apuesta es a mejorar la capacidad de recabar la voluntad de los donantes y no tanto a implementar un procedimiento de hecho que, reitero, podría ser muy negativo para la propia ley que hoy estamos modificando.

Quiero decir que sí me avengo a la propuesta formulada por el señor Senador Couriel en el sentido de que exista la posibilidad de que aquellos niños cuyos cuerpos ameriten pericia forense o autopsia puedan convertirse en donantes, mediante la autorización correspondiente de sus representantes legales. Esto podría facilitar algunos procedimientos de transplante que, de otra manera, serían imposibles.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Pienso que podríamos realizar las siguientes modificaciones al texto propuesto por la Cámara de Representantes. En el párrafo final del artículo 1º, donde dice: "A los menores de edad o incapaces", quitaríamos "o incapaces" y luego el texto quedaría tal como está hasta el "artículo 9º". De repente, para no generar más confusión, esto podría ser colocado sobre el final o antes del último párrafo del artículo 1º propuesto por esta Comisión.

SEÑOR BONILLA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BONILLA.- Señor Presidente: ante todo, quiero decir que lamento no haber tenido antes un conocimiento más profundo del proyecto de ley que hoy el Senado va a votar; por eso, desde ya pido disculpas a los señores Senadores.

Lo que acaba de señalar la señora Senadora Xavier y lo que en su momento expresaron muchos de los compañeros aquí presentes es absolutamente razonable e ilustra lo que ocurre en la realidad. Hoy en día, por imperativo del propio Programa Materno Infantil y por disposición del Ministerio de Salud Pública, a los niños de hasta un año les hacemos autopsia, y esto es así tanto en los lugares públicos como en los privados. Existen sanciones pecuniarias si no se procede de esa manera e incluso si se demora en los informes a elevar a dicho Programa. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el Hospital Pereira Rossell? Es claro que siempre hay necesidad de órganos y, fundamentalmente, de corazón, hígado y eventualmente riñón en los niños pequeños, sobre todo en el primer año, aunque aclaro que me estoy refiriendo a aquellos que tienen uno, dos o tres años. En los casos en que al niño hay que hacerle, además, una autopsia, se cita al equipo de extracción de órganos junto con el forense, quien asiste a la operación, por supuesto con el previo consentimiento de los padres, tutores o representantes legales. Entonces, en el mismo acto, el forense realiza su informe y se extraen los órganos del cuerpo del niño.

A mi juicio, está muy bien que se incluya en la propia ley que a los menores de edad se les podrá extraer órganos o tejidos, o disponer de ellos cuando corresponda la realización de autopsia. Esto es lo que se está haciendo hoy mediante el consentimiento de los representantes legales, según lo establecido en el artículo 9º. En el caso de que la muerte amerite pericia forense, todo tendrá lugar en el mismo acto o, tal vez, se aplicará el inciso precedente. Pero reitero que eso se lleva a cabo en el mismo acto, a efectos de no demorar más las mismas cosas.

SEÑOR RIESGO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIESGO.- En la última frase se dice: "En el caso que la muerte amerite pericia forense, se aplicará el inciso precedente". Quisiera hacer una pregunta, sobre todo, a los abogados: ¿pericia forense es lo mismo que autopsia o, de pronto, lleva a la autopsia?

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra).- Esa parte no se incluiría si se aprobara la sugerencia formulada por el señor Senador Bonilla.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- La propuesta es que en el último párrafo del artículo 1º que empieza diciendo : "A los menores de edad", se elimine la expresión "o incapaces" y se concluya en "artículo 9º." Asimismo, la idea es que esto sea ubicado entre el párrafo del artículo 1º que comienza señalando: "El consentimiento o la negativa deberá ser recabado" y el último párrafo, que empieza: "Toda vez que se exprese la voluntad referida".

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra).- Ha llegado a la Mesa una moción en el sentido de que se suprima la lectura de todos los artículos.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Continúa en consideración el artículo 1º.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Consulto a la señora Senadora Xavier sobre si no sería mejor que el párrafo citado estuviera al final, ya que aparentemente el resto del artículo refiere a otras situaciones. Entonces, se me ocurre que al ubicarlo entre el penúltimo y el último párrafo podría generarse confusión en lo que refiere a la interpretación, ya que la situación es distinta.

SEÑORA XAVIER.- Estoy de acuerdo con lo que acaba de señalar el señor Senador Rubio.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra).- Dése lectura por Secretaría al artículo tal como quedaría redactado.

"Artículo 1º.- Toda persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades podrá expresar su consentimiento o su negativa para que, en caso de sobrevenir su muerte, su cuerpo sea empleado total o parcialmente, para usos de interés científico o extracción de órganos o tejidos con fines terapéuticos.

El consentimiento o la negativa deberá ser recabado al momento de afiliarse a una institución de asistencia médica colectiva, al gestionar o renovar el carné de asistencia que expide el Ministerio de Salud Pública o el Carné de Salud tramitado en cualquier institución pública o privada, al alta de internación de un establecimiento público o privado siempre que el médico tratante no haya consignado, a texto expreso, en la historia clínica que no corresponde la consulta por razones médicas fundadas, así como otros lugares que la reglamentación de la ley determine.

El consentimiento o la negativa deberá ser expresado en un documento destinado a ese fin. Si el consultado no supiere o no pudiere firmar, se requerirá la firma de dos testigos.

Tendrán derecho a estar presentes en este caso algunos de los familiares indicados en el artículo 9º de esta ley.

Toda vez que se exprese la voluntad referida en el inciso primero o se revoque la ya realizada, el organismo que la recabe deberá otorgar la constancia de ese acto.

A los menores de edad se les podrá extraer órganos o tejidos, o disponer de ellos cuando corresponda la realización de autopsia, mediante el consentimiento de sus representantes legales, según lo establecido en el artículo 9º."

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR RIESGO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIESGO.- Digo, a título personal, que espero que en el momento que se reglamente esta ley, la frase "uso de interés científico" sea bien especificada, determinándose más claramente el concepto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra).- Está en consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el Artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el Artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el Artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el Artículo 6º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el Artículo 7º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el Artículo 8º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

«Artículo 1°. Sustitúyese el artículo 1° de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971, por el siguiente:

"ARTICULO 1º.- Toda persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades podrá expresar su consentimiento o su negativa, para que en caso de sobrevenir su muerte, su cuerpo sea empleado total o parcialmente, para usos de interés científico o extracción de órganos o tejidos con fines terapéuticos.

El consentimiento o la negativa deberá ser recabado al momento de afiliarse a una institución de asistencia médica colectiva, al gestionar o renovar el carné de asistencia que expide el Ministerio de Salud Pública o el carné de salud tramitado en cualquier institución pública o privada, al alta de internación de un establecimiento público o privado siempre que el médico tratante no haya consignado a texto expreso en la historia clínica que no corresponde la consulta por razones médicas fundadas, así como otros lugares que la reglamentación de la ley determine.

El consentimiento o la negativa deberá ser expresado en un documento destinado a ese fin. Si el consultado no supiere o no pudiere firmar, se requerirá la firma de dos testigos.

Tendrán derecho a estar presentes en este caso alguno de los familiares indicados en el artículo 9° de esta ley.

Toda vez que se exprese la voluntad referida en el inciso primero o se revoque la ya realizada, el organismo que la recabe deberá otorgar la constancia de ese acto.

A los menores de edad se les podrá extraer órganos o tejidos, o disponer de ellos cuando corresponda la realización de autopsia, mediante el consentimiento de sus representantes legales, según lo establecido en el artículo 9° de la presente ley".

Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 2° de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971 por el siguiente:

«ARTICULO 2°. Toda persona mayor de edad que no se hallare en las circunstancias previstas en el artículo 1° de esta ley podrá otorgar tal consentimiento o la negativa ante:

a. Escribano público, sea en escritura pública o por acta notarial.

b. Ante el Juez de Paz, mediante un trámite que será gratuito.

c. Directamente ante el Registro Nacional de Donantes de Organos y Tejidos.

En los casos de los literales a y b, el profesional o el funcionario actuante deberá comunicar la manifestación de voluntad al Registro Nacional de Organos y Tejidos dentro de las 48 horas de su obtención.

La información establecida en el Registro Nacional de Donantes de Organos y Tejidos integra el secreto profesional, y quien, en abuso de funciones y fuera de las excepciones previstas en la presente ley revele, publique o facilite el conocimiento referente a la calidad de donante de persona o personas, por él conocidos en razón de su empleo incurrirá en el delito previsto en el artículo 163 del Código Penal.

La expresión de voluntad es revocable por quien la otorgó utilizando cualquiera de los medios previstos en el artículo 2°, dicha revocación deberá ser registrada en idéntica forma que lo previsto en el inciso anterior".

Artículo 3º.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 4° de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971, por el siguiente:

"Los órganos y tejidos humanos conservados en los Bancos de Organos y Tejidos, ya sean públicos o privados constituyen un bien de la comunidad y el fin último de los mismos será determinado por las necesidades asistenciales".

Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 7º de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971, por el siguiente:

"ARTICULO 7°. Una vez comprobada la muerte, se podrá realizar la autopsia y emplear el cadáver o las piezas anatómicas con fines científicos o terapéuticos.

La comprobación de la muerte será efectuada por un médico de la institución donde se asista al enfermo, el que no podrá participar en las operaciones previstas en el inciso anterior. Esta conclusión estará basada en la existencia de cambios patológicos irreversibles incompatibles con la vida, basada en la evidencia científica. Tal situación deberá ser consignada en la historia clínica.

La hora del fallecimiento en todos los casos será la hora de la firma del médico en la historia clínica en la que quedará consignada esta circunstancia, más allá de los diferentes apoyos que se mantengan hasta la ablación de los órganos. Dicho diagnóstico será documentado en la historia clínica firmado por dos médicos no vinculados al acto de ablación o de transplante.

Los médicos que intervengan en la extracción de órganos y tejidos deberán realizar la restauración estética del cadáver en el menor tiempo posible.

El registro de la defunción deberá documentarse en el Libro Especial de Necropsias, llevado por cada establecimiento asistencial público o privado a esos efectos, precisándose la hora del fallecimiento, sus causas y las pruebas en que se funda la respectiva conclusión. En todos los casos está prohibido revelar la identidad del donante o del receptor, salvo en los casos previstos en el artículo 13".

Artículo 5º.- Sustitúyese el artículo 11 de la Ley N° 14.005, de 17 de agosto de 1971, por el siguiente:

"ARTICULO 11. Toda persona mayor de edad podrá consentir la remoción en vida, de órganos o tejidos en su cuerpo para ser transplantados o injertados a otros seres humanos. Previo a la extracción un médico deberá dejar constancia escrita de los riesgos de la operación y de la disminución física que sobrevendrá como consecuencia del procedimiento. Esta advertencia quedará consignada en la historia clínica, firmada por el médico y la persona donante y archivada en la institución donde se proceda a la intervención quirúrgica".

Artículo 6º.- Sustitúyese el artículo 13 de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971, por el siguiente:

"ARTICULO 13. Solamente se admitirá la donación en vida o para después de la muerte a favor de una persona determinada, cuando ésta sea pariente del disponente por consanguinidad o afinidad en línea recta o en la colateral hasta el cuarto grado, o cónyuge con una antigüedad de dos años, o mantengan un concubinato estable.

En este último caso se requerirá la autorización del Juez competente. Exceptúanse los trasplantes de médula ósea y progenitores hematopoyéticos para los cuales los mayores de dieciocho años podrán ser donantes a favor de persona no determinada.

Los menores podrán ser donantes en vida de progenitores hematopoyéticos y médula ósea a favor de sus parientes consanguíneos en línea colateral de segundo grado cuando los otros recursos terapéuticos disponibles se hayan agotado. En este caso, se deberá contar con la autorización del Juez Letrado competente, previa vista fiscal, debiéndose cuando sea posible recabar la opinión del menor y de sus representantes legales".

Artículo 7º.- Sustitúyese el artículo 19 de la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971, por el siguiente:

"ARTICULO 19. El Ministerio de Salud Pública dispondrá una amplia difusión de la presente ley acentuando las áreas de promoción y educación con la finalidad de lograr los mayores resultados en bien de la calidad de vida de la comunidad".

Artículo 8º.- Los trasplantes e implantes de órganos y tejidos no humanos (xenotrasplantes, xenoinjertos) podrán ser realizados bajo criterios que contemplen los conceptos de bioética y bioseguridad, así como las pautas socioculturales vigentes.»

21) ASOCIACION NACIONAL DE AFILIADOS (ANDA)

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra).- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se amplía la suma a retener, por concepto de créditos y por conceptos de fianzas de alquiler, de las remuneraciones y haberes de empleados, funcionarios públicos, jubilados y pensionistas, que tengan la calidad de socios de la Asociación Nacional de Afiliados. (Carp. Nº 549/01 - Rep. Nº 334/01)".

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 549/01
Rep. Nº 334/01

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo único. - Amplíase hasta el 33% (treinta y tres por ciento) la suma a retener por concepto de créditos y cuota social, pudiendo llegar como máximo hasta el 47% (cuarenta y siete por ciento) cuando además comprenda fianzas de alquiler, de las remuneraciones y haberes de empleados, funcionarios públicos, jubilados y pensionistas que tengan la calidad de socios de la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA), de acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 9.299, de 3 de marzo de 1934, para responder a las obligaciones que los asociados hayan contraído con dicha Institución; debiéndose presentar en las habilitaciones correspondientes, planillas separadas de retención por cada uno de los rubros establecidos.

Sala de la Comisión, el 30 de octubre de 2001.

Ruben Correa Freitas (Miembro Informante), Yamandú Fau, Francisco Gallinal, José
Korzeniak, Jorge Larrañaga, Manuel Núñez, Enrique Rubio.
Senadores.

PROYECTO DE LEY

SE AMPLIA EL PORCENTAJE A RETENER POR LA ASOCIACION
NACIONAL DE AFILIADOS (ANDA)

Artículo Unico. - Amplíase hasta un 33% (treinta y tres por ciento) la suma a retener por concepto de créditos y hasta el 45% (cuarenta y cinco por ciento) por concepto de fianzas de alquiler de las remuneraciones y haberes de empleados, funcionarios públicos, jubilados y pensionistas, que tengan la calidad de socios de la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA), de acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 9.299 de fecha 3 de marzo de 1934, para responder a las obligaciones que los asociados hayan contraído con dicha Institución.

Dr. Ruben Correa Freitas. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Montevideo, 20 de agosto de 2001.

Sr. Presidente del Senado:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución de la República, vengo a formular la correspondiente iniciativa respecto al proyecto de ley por el cual se amplía hasta el 33% (treinta por ciento) la suma a retener por concepto de créditos y hasta un 45% (cuarenta y cinco por ciento) por concepto de fianzas de alquiler de las remuneraciones y haberes de empleados, funcionarios públicos, jubilados y pensionistas que tengan la calidad de socios de la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA).

La Asociación Nacional de Afiliados (ANDA) fue fundada el 18 de noviembre de 1933 y aprobada su personería jurídica el 13 de diciembre del mismo año. Su objeto social es de carácter solidario, satisfaciendo necesidades básicas de sus afiliados en materia de créditos, garantías de alquiler, servicios de salud y servicio fúnebre.

El 3 de marzo de 1934, se promulgó la Ley Nº 9.299 que autorizó a ANDA a enviar retenciones hasta el veinte por ciento de las asignaciones para créditos en general, extendido hasta el cuarenta por ciento para las fianzas de alquiler, a practicar sobre las remuneraciones y haberes de los empleados, funcionarios públicos, jubilados y pensionistas, que tuvieran la calidad de socios de la Asociación.

En el Mensaje del Poder Ejecutivo de 22 de enero de 1934, se abogaba a favor de la aprobación del instrumento legal citado para "iniciar su obra cooperativista y mutualista".

Entre sus finalidades se destacaba que: "la entidad nombrada se ocupará de facilitar, por todos los medios posibles, el abaratamiento de la vida, de aumentar el poder adquisitivo de sus socios, de facilitarles créditos comerciales con los establecimientos que se hallen en condiciones regulares con la Caja, de garantir locaciones de fincas, de suministrar servicio médico, farmacéutico, jurídico, etc., y organizar parque de vacaciones, congresos y conferencias, de desarrollar y unificar en un común idealismo el espíritu de solidaridad social".

Más adelante agregaba: "es de toda evidencia que una institución concebida con la orientación y las finalidades expresadas, cumple en cierto modo una función pública en bien del Estado y del Instituto Jubilatorio, que el Gobierno debe facilitar por todos los medios a su alcance, sin perjuicio de mantener a la vez, (...) el contralor más estricto para defender el interés colectivo y los derechos personales de los afiliados".

A tal efecto se dispuso en el artículo 4º del citado instrumento legal, la designación de un interventor del Instituto Jubilatorio, que ejercerá el contralor de las operaciones de la Asociación Nacional de Afiliados.

La autorización legal de las retenciones fue fundamentada como un respaldo de garantía que permitiera a la Asociación iniciar sus operaciones con solidez y "las mismas prerrogativas que solicita la Asociación Nacional de Afiliados, fueron concebidas a la Federación de Empleados y Obreros de la Nación, a la Mutual Militar Uruguaya, a la Cooperativa Bancaria de Consumos, a la de las Usinas y Teléfonos del Estado y a la Municipal...".

Pues bien, en el año 1940, se dispuso mediante la Ley Nº 9.979 establecer en el 30% el porcentaje de retención para la Cooperativa de Consumo de UTE; en el año 1948, se dispuso establecer en el 30% el porcentaje de retención para la Cooperativa Municipal de Consumo según Ley Nº 11.055 y en el año 1966, mediante la Ley Nº 13.541 se dispuso fijar en un 35% el porcentaje de retención para la Cooperativa Bancaria.

En cambio, el porcentaje de retención de la Asociación Nacional de Afiliados permaneció invariable hasta la fecha.

Transcurridos sesenta y siete años de existencia de la Asociación Nacional de Afiliados, cuenta en la actualidad con noventa y dos mil asociados. Presta un conjunto de servicios de primera necesidad a sus socios y a su núcleo familiar inmediato, por una única cuota mensual que promedialmente se encuentra en el entorno de los doscientos pesos. Incorporando al núcleo familiar, las prestaciones alcanzan a unas 280.000 personas aproximadamente.

Tiene presencia nacional, cuenta con treinta y cuatro dependencias, destacándose su localización en cada capital de departamento.

Los servicios que brinda son: créditos, garantías de alquiler de fincas con destino a casa habitación, asistencia odontológica completa, asistencia médica primaria, asesoramiento jurídico, servicio fúnebre y pago de pasividades.

La Asociación es objeto de múltiples contralores estatales, desde el Ministerio de Educación y Cultura que autoriza la reforma de sus estatutos y puede investigar su funcionamiento, pasando por el Banco Central del Uruguay que la controla en su carácter atípico de administradora de créditos por una parte de su actividad, o la Auditoría Interna de la Nación o el Ministerio de Salud Pública en cuanto al funcionamiento de sus servicios de salud, hasta el sistema especial de contralor que dispuso la Ley Nº 9.299 por parte del instituto jubilatorio.

En relación a los créditos, se cobra una tasa de interés del 75% anual para los préstamos en efectivo, a un plazo de quince meses, y los créditos comerciales oscilan entre el 36% anual efectivo hasta el 65% anual efectivo, dependiendo del número de cuotas, que también van de una a quince.

Estas tasas de interés, se encuentran por debajo de las tasas que cobran las demás administradoras de crédito que operan en la plaza.

Dentro de los créditos comerciales, cuya operatoria es de $ 12:000.000 mensuales, el 60% se destina al rubro alimentación.

En materia de garantía de alquiler, la Asociación garantiza actualmente 8.500 contratos, siendo un referente sólido para propietarios y administradoras de inmuebles a la hora de requerir una garantía seria y eficiente.

Debe destacarse que los servicios de salud de la Asociación, se rigen por parámetros de calidad exigentes y tienen un costo muy bajo para los asociados, tanto en el área odontológica como en el servicio médico primario. Los precios de los tickets y los presupuestos dentales, están muy por debajo de lo que debe abonarse en las instituciones mutuales.

Es política explícita de ANDA subsidiar los servicios de salud o el servicio fúnebre, que no tiene costo para el afiliado, con los ingresos que derivan de los intereses de los créditos y la cuota social.

En cuanto al carácter socio-económico de sus asociados, el 75% de ellos perciben ingresos que no
superan los seis salarios mínimos nacionales.

La naturaleza jurídica de ANDA es de asociación civil sin fines de lucro y los eventuales excedentes que genera su actividad económica, es constantemente reinvertida en las distintas funciones que cumple.

Los datos referidos ilustran sobre la obra social que desarrolla ANDA, la cual alcanza un volumen elevado de la población.

Siendo una asociación civil sin fines de lucro, la única fuente de ingresos proviene de las cuotas sociales y de los recursos financieros que percibe por el otorgamiento de créditos y de los proventos que genera el servicio de garantía de alquiler.

Las leyes de retención han sido herramientas fundamentales, que le permiten recaudar además los créditos otorgados y los alquileres garantidos.

Habiendo quedado rezagada la Asociación en lo que se refiere a su porcentaje de retención, que actualmente es del 20% para los créditos en general y del 40% para las garantías de alquiler, en relación a otras entidades que gozan de la posibilidad legal de retener haberes de pasivos y de trabajadores en actividad, se justifica plenamente el proyecto de ley cuya iniciativa promuevo, a los efectos de que se otorgue a ANDA una ampliación del margen de retención, a efectos de darle certidumbre en sus ingresos, que le permitan continuar con la importante obra social que realiza.

Saluda a usted muy atentamente;

Dr. Ruben Correa Freitas. Senador.»

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra).- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Oportunamente, el Senado analizó en general el proyecto de ley que presentáramos sobre ampliación del porcentaje a retener por la Asociación Nacional de Afiliados, como consecuencia de algunos planteos formulados en Sala por los señores Senadores Gallinal y Atchugarry. La iniciativa se derivó a la Comisión de Constitución y Legislación donde, en realidad, dio bastante trabajo lograr un consenso para llegar a una nueva redacción. Cabe destacar que hubo dudas entre los miembros de la Comisión en cuanto a si se hacía una sumatoria de los porcentajes previstos en el proyecto de ley original, esto es, el 33% más el 45%. A ello se agregó el hecho de que la Federación de Cooperativas se presentó ante la Comisión y realizó gestiones también ante sus miembros, luego de lo cual se comenzó a gestar una especie de acuerdo entre las posturas originales formuladas por ANDA y las planteadas por la Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo. Fue así, señor Presidente, que luego de intensas negociaciones, de diversas sesiones en donde la Comisión de Constitución y Legislación recibió a todas las partes interesadas, incluidos los empleados de las cooperativas de créditos y consumo, se llegó a un consenso para la redacción de un proyecto de ley sustitutivo, cuyo artículo único hoy se somete a consideración del Cuerpo y se solicita su aprobación.

Concretamente, la iniciativa contempla que se amplíe hasta el 33% la suma a retener por concepto de créditos y cuota social, pudiendo llegar, como máximo, hasta el 47% cuando, además, comprenda fianzas de alquiler de las remuneraciones y haberes de empleados, funcionarios públicos, jubilados y pensionistas, que tengan la calidad de socios de la Asociación Nacional de Afiliados, ANDA. Quiere decir que a los efectos del proyecto de ley, queda claro que no se acumulan los porcentajes sino que el máximo que se puede retener llega hasta el 47%. Con esto le damos igualdad de tratamiento con relación a las restantes cooperativas de consumo y crédito y solucionamos un problema que se le planteó a ANDA a raíz de que el BPS resolvió, en aplicación de la legislación vigente, que no era posible el descuento de la cuota social. Quiere decir que con este proyecto de ley se contempla el grave problema económico que se le había planteado en forma momentánea a ANDA y, además, se logra un consenso con el resto de las cooperativas de consumo.

Es cuanto tenemos que informar al Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra).- En realidad, no fue posible tomar nota de las modificaciones que se plantean, por lo que le solicitaría al señor Senador que diera lectura al artículo.

SEÑOR CORREA FREITAS.- El artículo único del proyecto de ley sustitutivo queda redactado de la siguiente manera: "Amplíase hasta el 33% la suma a retener por concepto de créditos y cuota social, pudiendo llegar como máximo hasta el 47% cuando, además, comprenda fianzas de alquiler, de las remuneraciones y haberes de empleados, funcionarios públicos, jubilados y pensionistas, que tengan la calidad de socios de la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA), de acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 9.299, de 3 de marzo de 1934, para responder a las obligaciones que los asociados hayan contraído con dicha institución, debiéndose presentar en las habilitaciones correspondientes, planillas separadas de retención por cada uno de los rubros establecidos."

(Ocupa la Presidencia el señor Luis Hierro López)

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Compartimos esta propuesta a la que se llegó luego de un arduo trabajo de búsqueda de consenso por parte de la Comisión de Constitución y Legislación entre los sectores afectados por esta situación: ANDA y las cooperativas de consumo. Después de haber escuchado a las partes, tal como lo ha manifestado el señor Senador Correa Freitas, se encontró un punto de equilibrio en la medida en que hay distintos problemas e intereses contrapuestos por parte de organizaciones que comparten finalidades sociales pero que poseen distintas características. Fruto de ese esfuerzo es que se llegó a esta redacción, que quizás no sea el punto de partida de ninguna de las partes, pero sí es un punto de encuentro que permite solucionar el problema que tenía planteado ANDA, al ampliar al 33% la banda de lo que se puede retener por concepto de créditos y cuota social, y al llevar al 47% el máximo acumulado entre los descuentos por compras y las fianzas de alquiler. En definitiva, se trata de una especie de transacción entre los distintos intereses contrapuestos que había. A nuestro juicio, nos parece que esto permite que se desarrollen todos estos sectores y, por consiguiente, aspiramos a que el proyecto sea aprobado rápidamente, máxime cuando fue apoyado en forma unánime en el ámbito de la Comisión de Constitución y Legislación.

SEÑOR GARAT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT.- Debo decir que sentiría más satisfacción si hubiera leyes que procuraran gravar menos los ingresos de las personas o gravarlos en aquellas cosas imprescindibles para la vida. Todos los días escuchamos lo que ganan las personas humildes y, cuando muestran sus recibos, con todos los descuentos que se les hacen, podemos ver que apenas les queda el 5 % o el 10 % de su sueldo normal. Esto es por el sistema legal que hemos ido agregando, que se dice que es en defensa de los que tienen menos ingresos y de los que están sometidos a un salario pero, en definitiva, termina condenándolos.

Se está hablando de descuentos de sueldo de hasta el 47 % para pagar a ANDA y a esto hay que agregar todos los demás descuentos que el trabajador tenga. De esta manera, una persona con bajos ingresos no va a poder disponer de la mitad de su sueldo para comer, para cuidar su salud, para alimentar a sus hijos, etcétera. Por lo tanto, creo que el camino que estamos tomando es muy equivocado porque estamos agrandando la posibilidad de hacer descuentos. Evidentemente, para quien da dinero es muy fácil tener la garantía de los ingresos mensuales de una persona. ¡Así cualquiera hace beneficencia! En ese sentido, creo que nuestra preocupación debería apuntar, en lo posible, a ir disminuyendo las posibilidades de descuento y crear garantías de cobro a través de la ley, para aquellas cosas que son esenciales e imprescindibles en la vida de una persona como, por ejemplo, la vivienda, y para ello afectar el monto del salario que tiene que corresponder. Recuerdo las discusiones que teníamos en Comisión cuando tratábamos el tema de los deudores del Banco Hipotecario y sus autoridades nos decían que las personas mentían sobre sus ingresos. ¡Cómo no iban a hacerlo si estaban desesperadas y sabían que no podían acceder a determinadas necesidades! Lo hacían para poder tener acceso a la única vía normal para tener una vivienda. En tal sentido, pienso que estamos haciendo un grave daño a la sociedad. Por lo menos, en lo personal, tengo otro concepto de este asunto. Admito que puedo estar equivocado; no se trata de que yo tenga la razón y todos los demás que opinan bien de este Proyecto, no. De todos modos, quiero decir al Senado que, de acuerdo con mi concepto sobre lo que debe ser una política social, de crédito, de ayuda a la sociedad, esta iniciativa no va por el buen camino.

Por lo tanto, señor Presidente, debo decir que no estoy de acuerdo con este proyecto de ley y, si es que no estoy equivocado en mi planteo -generalmente lo estoy- desearía que volviera a Comisión, para que podamos discutir con profundidad los verdaderos alcances y las connotaciones que tiene esto que hoy vamos a votar, con respecto a los descuentos que se hacen de los salarios de la gente.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Evidentemente, el señor Senador Garat ha puesto de manifiesto una preocupación de carácter más bien social. Concretamente, creo que se ha referido a las personas que habitualmente se asocian a este tipo de instituciones.

En ese sentido, quiero dar una opinión porque, naturalmente, todos tenemos la intención de legislar con justicia social. Incluso, esta justicia me parece tanto o más importante que la individual, sin duda, desde mi punto de vista.

Al respecto, quiero decir que en un país ideal, el sueldo promedio de la gente que se afiliaría a instituciones como ANDA u otras cooperativas de consumo, sería de $ 15.000, por ejemplo aunque, en realidad, ese no puede considerarse un sueldo muy alto; sin embargo, en el nuestro, ese tipo de sueldo promedio no supera los $ 7.000. Entonces, la pregunta que surge es la siguiente: ¿cuánto vale el alquiler de un apartamento modesto en Montevideo? Una persona que gana $ 5.000 o $ 6.000, ¿cuánto debe destinar de su sueldo a cubrir el gasto de asistencia médica, de servicio fúnebre o asistencia odontológica? Más aún, ¿cuánto le cuesta comprar comida? La mayoría de las personas que se afilia a ANDA o a cualquier cooperativa de consumo gana alrededor de $ 5.000 o $ 7.000. Por consiguiente, pensar que no se pueda retener más del 10% o el 20% del sueldo, inmediatamente nos lleva a preguntarnos qué alquiler cuesta el 20% de un sueldo de $ 4.000. Entonces, cuando se propone que estas instituciones puedan retener hasta el 47% del sueldo de sus afiliados, en realidad lo que se está planteando es que en ese monto esté incluida la garantía de alquiler que le permite a esa persona acceder a una vivienda. Ahora bien, cuando hablamos de crédito debemos preguntarnos qué tipo de crédito va a gestionar un jubilado ante ANDA; sin duda, lo hará para comprar comida, tomates, zapallo, carne, etcétera y no para comprarse un auto. Obviamente, va a pedir un crédito para poder comprar comida -no en ANDA en este caso, pero sí en cooperativas de consumo- y pagar un alquiler. Entonces, repito, ese 47% que se estableció como tope máximo cubre el alquiler y lo que suponemos se gasta en comida, en un par de zapatillas o de zapatos, si es que puede acceder a ellos. Esta es la realidad.

En este aspecto, además, quiero recordar que la preocupación manifestada por el señor Senador Garat también la tuvieron los miembros de la Comisión, incluso, en la otra redacción podía interpretarse que se sumaban los porcentajes a retener, con lo que se llegaba a más de un 50%. Ante eso, todos dijimos que nos parecía excesivo ese monto y, en ese sentido, puedo mencionar que en una oportunidad la Cátedra de Derecho Laboral en la Cámara de Representantes afirmó que en una solución legal que se había propuesto, se podía llegar a una retención de hasta el 78% lo cual, sin duda, supone una enorme exageración. Pero aquí se ha establecido claramente que el monto máximo que se puede retener es el 47%, lo cual representa un promedio entre el 50% que planteaba ANDA y el 45% que proponían las otras cooperativas de consumo y sus empleados que -dicho sea de paso- no siempre coinciden en sus intereses con sus dirigentes. Como se ve, incluso en ese punto fue necesario buscar un consenso. Por tales razones, en ese 47%, reitero, presumiblemente, está incluido el costo del alquiler y lo que la persona gasta en comer y comprarse alguna ropa, muy poca, por cierto. Aclaro que en este punto debemos tener en cuenta los promedios de salario que recibe la gente que suele afiliarse a este tipo de instituciones. Indudablemente, nada impide que un señor que tenga U$S 100:000.000 en un Banco, se afilie a una cooperativa de consumo o a ANDA.

Pero es importante mencionar que con una cuota social de aproximadamente $ 300 la persona cuenta con un seguro médico para ella y su familia, con la asistencia odontológica y, si puede, la comida. Creo que la Comisión intentó cubrir esa preocupación social. Desde luego que en un país ideal yo sería el primero en firmar una ley en la que se expresara que a nadie se le puede retener más del 10% de su sueldo para el alquiler y para comer, si es que el salario fuera suficiente para hacerlo.

De alguna manera, quería explicar por qué la Comisión arribó a esto sin entender que está perjudicando la situación de la gente. De otro modo, si nosotros pensáramos que con el salario actual sólo vamos a admitir que a la persona se le puede retener un 20% o un 15%, no le darían la garantía de alquiler o por ley otorgamos la seguridad en el sentido que saque todo lo que pueda, porque no hay manera de cobrarle después. Esa es la situación real de la gente.

SEÑOR GARAT.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR KORZENIAK.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARAT.- Quisiera plantear algunas interrogantes a los integrantes de la Comisión.

Pienso que la tarea que cumplen estas cooperativas es muy buena, pues brindan determinados servicios mediante una baja cuota. Pero cuando se pasa a dar préstamos de dinero, ya no estamos hablando de una donación, sino que se trata de un negocio en el que se cobra un interés y se está afectando el ingreso de la persona. Esto mismo hacen las cooperativas, que trabajan muy bien, pero todo el mundo sabe que si la persona dispone de dinero, existen otros lugares más baratos para comprar, que la propia cooperativa que le otorga el crédito. Yo lo veo y se puede constatar fácilmente. El problema es que la gente que tiene pocos ingresos, cada vez más se va endeudando por necesidad y lo que nosotros estamos haciendo, con esto, es hacer caer la inembargabilidad de los salarios. Entonces, vamos a decir libremente que todos los salarios pueden ser embargables, pues ya estamos llegando al límite en este sentido. Si la Cátedra, como decía el señor Senador, lo admite o plantea hasta un límite superlativo de ingresos, lisa y llanamente diremos que cualquier persona haga lo que quiera con los ingresos. Sin embargo, evidentemente sabemos que esa persona de escasos recursos y que está en condiciones de poca defensa por su falta de ahorro para enfrentar determinadas circunstancias adversas de la vida, siempre va a caer víctima de aquel que, por distintas vías, por más nobles que parezcan, le está quitando cada vez más. Esta es la realidad del país, según mi punto de vista. Puede ser que esté equivocado, pero este es el país real que veo. Personalmente, estaría de acuerdo en que en todos estos sistemas que hemos otorgado se fuera reduciendo la posibilidad y que la gente recobrara la libre disponibilidad de su ingreso. Pero no estoy de acuerdo con que en los momentos de apremio o en los de aquellas personas que no piensan, nos mantengamos al margen, porque así como a veces ayudamos a las personas que presentan dificultades físicas de distinto orden, deberíamos hacerlo con aquellos que no saben cuidar su poco patrimonio o ingreso. Creo que esta es una tarea social del Parlamento, es decir, no dejar que la gente caiga libremente víctima de toda una organización financiera, ya sea de orden social o general del país que, en definitiva, se va quedando con su salario. Esto me hace acordar a una novela que leí hace mucho tiempo sobre lo que eran los obreros de Colombia, en la cual estas personas trabajaban en haciendas donde se les pagaba un salario, pero finalmente en las mismas se les vendía el agua, la comida y la ropa, por lo que, en definitiva, el individuo trabajaba de esclavo, para poder subsistir. Yo no quiero que los asalariados de mi país lleguen a esta situación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- De ninguna manera -aunque sé que fue un ejemplo al pasar- acepto teóricamente que se pueda comparar a los expoliadores de esos peones con el sistema cooperativo. Personalmente, entre la propiedad privada individual y la cooperativa soy decididamente partidario de esta última. Es más, ojalá pudiéramos darle tanto a las cooperativas de vivienda como de consumo, el apoyo legal que en este país se les está quitando. En Uruguay, las cooperativas de vivienda o de consumo, lenta y gradualmente se convierten en una mala palabra. Creo que las cooperativas nacen con un fin social y no tienen fines lucrativos; por el contrario, se compensan de manera muy importante -puede existir alguna degeneración práctica- y armonizan los intereses lógicos de cada persona en cuanto a comida y vestimenta por el hecho de que no existe espíritu de lucro y sí cooperativo. Puede que esta sea una orientación ideológica -no le tengo miedo a las ideologías- pero debo decir que me gusta la propiedad cooperativa y su funcionamiento.

De todas maneras, lo que yo quería explicar simplemente es que la preocupación social existió en la Comisión. Aclaro que no se está pensando en personas que sacan créditos para hacer negocios, ni en ANDA ni en otras cooperativas de consumo, pues cuando se solicita un crédito es para comer o vestirse; esta es la situación real del país. Puede haber alguna persona multimillonaria que va a ANDA, saca $10.000 y luego los presta a intereses, pero esta me parece una situación muy bizantina o rebuscada. Creo que acá está bastante claro que tanto en ANDA como en las demás cooperativas de consumo, se trata de personas con un promedio de ingresos que no le permite comprar y vivir al contado y que no tiene para pagar el dinero que se exige como garantía de un alquiler, por lo que debe conseguirse una garantía muy importante, depositando dos meses por adelantado o a través de un amigo con bienes inmuebles. Esto es comparable con que a la Contaduría General de la Nación, que también sale de garantía a los funcionarios públicos, se le bajara a un 5% la capacidad de retener a las personas que salen de garantía. Además, el 5% de los ingresos de una persona que gana $ 5.000 es $ 250, lo cual es bajísimo para un alquiler en el Uruguay de hoy que tiene alquileres tan caros como los de Nueva York. Estoy de acuerdo con que en un país ideal no se pudiera tocar el salario de nadie, ni siquiera en un 1%, pero ese no es el país en que vivimos y no creo que sean muchos los países que vivan esa realidad un poco utópica, que ojalá algún día tengamos.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: analizando este proyecto nos han llegado algunos comentarios sobre el mismo, aunque quizás muy cerca en el tiempo de su sanción. Existen dudas de algunos señores Legisladores que nos gustaría que el Miembro Informante pudiera aclarar, ya que hace a la discusión de este punto.

Parecería que existe -creo que algo dijo el señor Senador Rubio cuando se refirió al punto- la necesidad de ser equitativo frente a otros organismos de prestación de créditos. Da la impresión de que estamos hablando de cosas diferentes. La Asociación Nacional de Afiliados -ANDA- no es un organismo igual a una cooperativa de consumo. Minutos antes de votar este proyecto nos llegó un memorándum y respecto al tema me gustaría formular algún comentario. Parece claro que se trata de distintas modalidades. Aquí se habla de Cooperativas de Ahorro y Crédito, no de Cooperativas de Consumo. Por lo que pude leer rápidamente en el memorándum, se establecen situaciones de injusticia para lo que implica el crédito que se otorga. Digo esto a fin de aclarar el tema, porque parecería que el proyecto es de ANDA para sus socios.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- En realidad, hay otras iniciativas que tienen que ver con el tema del crédito y demás, territorio en el que nosotros preferimos no ingresar porque es más complejo. Lo que aquí estaba en juego era la situación de ANDA. El Banco de Previsión Social cambió su interpretación sobre el tema de la cuota social, que estaba computada dentro de los porcentajes del descuento que podían hacerse a los haberes de los activos o pasivos que mantienen un vínculo. Al haberse modificado el criterio histórico, se creó una enorme perturbación, por lo cual ANDA solicitaba que se ampliaran los márgenes que tenía a fin de poder absorber el tema de la cuota social. En el caso de los pasivos, que perciben ingresos muy bajos, y al prestarse servicios médicos -entre otros- la cuota es relativamente importante pasando a ser un porcentaje alto de la pasividad. Entonces, al haberse modificado el criterio y la práctica tradicionales, se creó este problema. El interés de ANDA era absorber esta situación, es decir el cambio de criterio del Banco de Previsión Social. A su vez, eso no debía alterar el equilibrio que hay en una zona de mercado, que es común a los afiliados de ANDA y a los de las cooperativas, porque si se dan autorizaciones de descuento muy altas sobre pasividades o sueldos para una institución, perjudica a otras que están participando del mismo mercado. Entonces, se creó una contradicción de intereses que salvamos por este lado. Ahora bien, esto resuelve el problema del crédito y de las funciones sociales que cumplen ANDA y las Cooperativas de Consumo, no así cuestiones que tienen que ver con otras iniciativas de crédito que son nuevas y que habría que ver a la luz de todo el sistema de crédito. Sin embargo, creo que si las incorporamos en esta discusión, se va a generar una enorme complicación y no vamos a resolver el problema de los afiliados de ANDA ni el de las Cooperativas de Consumo. Por esa razón, se optó por ese camino.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Yo no había terminado de establecer cuáles eran las dudas. En primera instancia hablaba de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que, a través del memorándum al que hacía referencia, se quejan acerca de la prioridad o el matricero de rubros del Banco de Previsión Social, que ANDA primero descuenta para luego pasar a las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Aclaro que no es lo que digo yo sino lo que establece el memorándum. Tanto es así que dice que está claro que de aprobarse el proyecto, las Cooperativas de Ahorro y Crédito como organización de préstamo al consumo, quedarán prácticamente excluidas de efectuar operaciones con los afiliados pasivos en el Banco de Previsión Social. Sin embargo, parecería claro que por la lectura del proyecto esta prioridad ya existe y no está cambiando -estoy haciendo una especie de razonamiento en voz alta- sino que lo único que se hace es incluir el tema de la cuota social y no únicamente el concepto de crédito; si fuera así, si se refiriera solamente al crédito de los afiliados, quizás tendrían razón las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Luego, como decía el señor Senador Korzeniak, se hace mención a la Cooperativa de Previsión Social y se habla de que las Cooperativas de Consumo se verían desplazadas del matricero de los rubros de pasividades de Industria y Comercio, que ahora queda con inferioridad de porcentajes de retención, modificándose las reglas de juego después de tantos años. Parecería claro que el proyecto -que me está convenciendo en función de este razonamiento en voz alta que estamos haciendo- habla de los socios de ANDA. Antes los descuentos eran del 20% y ahora pasarán al 33% con un máximo de hasta el 47%.

Me gusta decir estas cosas porque no quisiera ser injusto en cuanto al tema del crédito que tienen los pasivos. Hay Cooperativas de Consumo y Cooperativas de Ahorro y Crédito que se están presentando y, si estoy en lo cierto, desearía que el Miembro Informante nos dijera que de lo que estamos hablando es de una ley de ANDA para ANDA y no para el mundo de pasivos y de funcionarios públicos que de alguna manera no están afiliados a ANDA y que tendrán la opción de hacerse socios de esta Cooperativa de Consumo.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: quiero expresar mi concordancia con lo expresado por el señor Senador Heber en cuanto a que esta ley únicamente comprende a ANDA y a sus afiliados.

En segundo lugar -y esto quedó muy claro en el trabajo que realizó la Comisión, sobre todo a través de las audiencias que se celebraron con los diferentes sectores, incluidos ANDA y la Federación de Cooperativas de Consumo- de ninguna manera hay aquí una alteración de lo que se llama el matricero o la matriz de los descuentos. Esto es así porque lo que se toma en cuenta es la ley de creación, que en este caso es de l934. Entonces, todas ellas están en igualdad de condiciones en el sentido de que el Banco de Previsión Social, así como los demás organismos, toman en cuenta la fecha de sanción de la ley respectiva. En consecuencia, esta ley se aplica pura y exclusivamente a los 92.000 afiliados que tiene ANDA con una cuota promedio aproximada de $200.

Es todo, señor Presidente.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Creo que esto corrige un aspecto sobre el que hay que insistir, tal como lo decía el señor Senador Rubio. Había una interpretación histórica de cómo se descontaba la cuota de ANDA y ahora se incorporó a ese porcentaje. Por lo tanto, sobre todo en el tema relativo a los alquileres, habría personas que hace muchos años tienen su garantía en ANDA mientras que la cuota de servicios -odontológicos, entre otros- corría separadamente. Actualmente, esta quedaría incorporada a los descuentos y, como a veces se trata de jubilaciones o pensiones modestas, ese porcentaje de cuota hace elevar mucho al que corresponde por descuento y, por lo tanto, estarían perdiendo la garantía correspondiente.

Esto se ha salvado solamente porque ANDA ha tenido una actitud de atención y ha llamado a los afiliados para que vayan a cobrar la diferencia, en la medida en que el Banco de Previsión Social o los organismos públicos no están reteniendo porque la interpretación ahora es distinta. Todo esto se ha hecho con independencia de que en el tema de los descuentos de crédito es posible que en los salarios superiores haya una ventaja adicional para ANDA, en términos reales. Pero hay que tener en cuenta que, con relación a los montos que cobran por salarios o jubilaciones de los afiliados, estamos hablando de gente muy modesta.

SEÑOR GARAT.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT.- Señor Presidente: quiero hacer una pregunta al Miembro Informante, concretamente.

No me cabe la menor duda de que ANDA y todas las cooperativas proceden correctamente; no es ese el tema que planteé. Lo que señalé es que no considero oportuno que sigamos legislando para que cada vez se descuente más a la gente de su salario o jubilación.

Se dice que habría un 47% de tope para todos los descuentos, pero la pregunta es cómo se controla. Yo estaría dispuesto a aceptar una norma de este tipo -aunque todavía lo tengo en duda- si se me dijera que todos los descuentos de todas las cooperativas no pueden superar el 47%.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: aquí estamos regulando pura y exclusivamente los descuentos que puede realizar ANDA. Con respecto a los que pueden hacer las otras cooperativas, hay diversas leyes, razón por la cual pueden llegar hasta un 80%, por ejemplo. Insisto: debe haber por lo menos doce o catorce leyes que están en vigencia y que amparan a las diferentes cooperativas.

SEÑOR GARAT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT.- Señor Presidente: ante la precisión que hizo el señor Miembro Informante, creo que queda absolutamente clara mi preocupación. Llega un momento en que los asalariados, por las distintas leyes que hemos aprobado a través del tiempo, no cobran nada. Por lo tanto, es inconveniente para cualquier sistema que sigamos aumentando las posibilidades de descuento.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: comprendo y comparto la preocupación del señor Senador Garat, pero me parece que los términos de la solución del problema están invertidos. Aquí estamos hablando de gente a la que, si no se le amplía la posibilidad de descuentos, en su enorme mayoría no puede alquilar, que era lo que señalaba el señor Senador Korzeniak. Entonces, la gente que no puede alquilar porque no tiene una propiedad para poner como garantía -porque si la consigue puede utilizar todo su sueldo para pagar el alquiler, y sobre esa parte de su vida no podemos tomar ninguna determinación- va a las casas de inquilinato, donde se alquilan piezas a veces por el mismo valor que se podría alquilar un apartamento. Esto tiene el agravante -y en este momento se están tomando medidas en ese sentido- de que no se considera que están alquilando y por lo tanto le corren todas las obligaciones a los propietarios de esas habitaciones. De manea que, cuando se atrasan, por ejemplo, se les da el desalojo en forma inmediata y les tiran los muebles a la vereda o directamente los dueños de las habitaciones se quedan con las propiedades de los inquilinos.

En lo personal conozco bastante este tema, porque en general los maestros recurren a ANDA o a Contaduría para poder alquilar. Evidentemente, con el sueldo que tiene un maestro no puede pagar un alquiler, o a veces el tope, en el caso de ANDA, le impide poder alquilar, por lo que en muchos casos termina yendo a un asentamiento o recurriendo a esas supuestas pensiones, que en realidad no lo son, porque lo que hacen es alquilar piezas sin cumplir las normas de una pensión ni las leyes vinculadas a los alquileres.

El problema, entonces, es que los sueldos tienen que estar en consonancia con las necesidades que tiene la gente; tienen que alcanzar para pagar un alquiler, comer y -mínimamente- subsistir, y acompaño cualquier propuesta que el señor Senador Garat haga en ese sentido, que ayude a elevar la capacidad de vivir dignamente de muchos sectores de la población. Pero esta es una situación absolutamente real; basta con leer las ofertas de alquileres que aparecen en los periódicos. Digo más: alcanza con mirar las manzanas de Montevideo para ver que durante meses y a veces años está el mismo cartel de "Se alquila", porque ese mercado no se mueve a raíz de que la gente no puede pagar o a veces, aunque están dispuestos a destinar el sueldo entero para poder alquilar dignamente, no tienen los mecanismos de garantía o de fianza para poder hacerlo.

En definitiva, esto tampoco me gusta, y tengo otras razones para ello. Y creo que las disputas de las que se ha hablado aquí son en realidad, como lo señalaba de una forma muy nítida el señor Senador Rubio, disputas por franja de mercado. Entonces, en esta situación en la que, lamentablemente para mí, no puedo hacer que los sueldos sean más altos y que los alquileres sean más bajos, por lo menos es una forma de apoyar a una masa social que debe obligatoriamente recurrir a este mecanismo, que además no todas las inmobiliarias aceptan, por distintas razones. Por otro lado, es sabido que esto aumenta el alquiler, porque en un sueldo pequeño $ 200 o $ 300 de cuota hacen la diferencia. Hay gente que se hace socia sólo para tener una garantía de alquiler, y esos $ 200 o $ 300 pesan en esa canasta familiar. Insisto: esta realidad no me gusta; quiero cambiarla, transformarla de raíz. Pero mientras estoy peleando para lograrlo, quiero dar pequeños pasos que por lo menos alivien la soga al cuello que tiene la gente.

SEÑOR GARAT.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT.- Voy a contestar una alusión con todo respeto, al igual que lo ha hecho la señora Senadora Arismendi. Quiero manifestar que comparto lo que ha expresado; ella sabe que mi lucha para conseguir la vivienda a bajo costo data de muchos años atrás. Pero, con el fin de aclarar el tema, quiero señalar lo siguiente: ANDA ofrece como garantía de alquileres, aproximadamente, $ 3:791.713 y otorga créditos por valor de $ 27:725.178. No hay ninguna cooperativa que supere a ANDA en lo que tiene que ver con los préstamos de crédito, ni siquiera, COSSAC, que otorga $ 21:383.124. Por lo tanto, ANDA es una cooperativa de crédito y no de defensa de alquileres. La defensa de alquileres -casualmente- la hace la Contaduría General de la Nación. Es cierto que habría que estudiar un sistema legal para que a aquellas personas a las que se les retienen los alquileres a través de ANDA, les sea descontado por un instituto del Estado. Esta es una de las intervenciones del Estado que será bienvenida y aplaudida cuando podamos implementarla en una ley.

Por lo tanto, considero que no es un motivo suficiente decir que ANDA se ocupa sólo de esto; se ocupa de créditos con los que gana dinero, como todas las cooperativas que prestan dinero a altos intereses. El costo del dinero es otro gran tema que tiene el país y que no vamos a entrar a analizar en este momento, pero es, en definitiva, el que se está quedando con la producción y con el ahorro nacional.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Con respecto a este tema, se podría plantear una discusión de fondo y no tengo problema en hacerlo en otra oportunidad. Quiero señalar que aquí no estamos hablando del sistema tributario, porque no se trata de impuestos. Por el contrario, nos referimos a un sistema que se ha ideado en el Uruguay, que tiene medio siglo, que es promocional y que se hace por la vía de las cooperativas de consumo o a través de ANDA. Este sistema dio la ventaja de que las instituciones tienen la garantía de que van a cobrar y, por lo tanto, van a sobrevivir por el mecanismo que establece la base legal, o sea que los gastos o créditos concedidos se descuentan de los sueldos de los usuarios que son socios de esas instituciones. Este sistema involucra a varios centenares de miles de personas, es decir que no estamos hablando de un problema irrelevante o secundario. Por supuesto que si se lo quiere cambiar en su fondo podemos hacer otra discusión, pero lo que hoy en realidad está planteado en este debate no es eso, sino que antes, en una interpretación tradicional, las cosas funcionaban de otra manera y ahora se trae una propuesta que, en cierta medida, es ingeniosa y permite que esto siga funcionando. Repito que si queremos liquidar el sistema, alterarlo o cambiarlo profundamente, tendríamos que entrar en otra discusión -que estaríamos dispuestos a considerar- que es la que plantea el señor Senador Garat. Pero acá no estamos hablando de un sistema tributario que puede gravar el sueldo de las personas hasta determinada cantidad. Repito que no es un problema en el sistema tributario, sino que hay un mecanismo de cobro por el cual las cooperativas o ANDA dan servicios, prestan dinero o dan garantías de crédito a sus socios y, para cobrarlo, lo descuentan de sus sueldos. Esto es una ventaja frente a otras instituciones. Sin duda, se trata de una creación histórica del Uruguay, que permitió que todos estos sistemas de promoción social funcionaran. Quiero agregar que tampoco se establece que van a cobrar unas primero que otras; eso no está en las leyes. En realidad, si el Banco de Previsión Social descuenta primero a los socios de ANDA, esa es su interpretación, pero en otros lugares de la República, las Intendencias u otros organismos públicos hacen otras interpretaciones.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Voy a ser muy breve porque sólo quiero hacer una aclaración. Si ANDA viniera al Parlamento y solicitara que le hicieran una ley comparable a la de otras instituciones que pueden descontar más del 60% o 70% de los sueldos, seguramente le diríamos que no y que tendríamos que estudiar algunas de esas leyes que se han creado. La profunda razón por la cual apoyo esta iniciativa, es que había una interpretación de que la cuota no estaba en la retención. Ahora se interpreta que la cuota está dentro de la retención por lo que, en el caso de los alquileres, hay gente que tenía garantía de alquiler por ANDA y que ya no la va a tener, porque el organismo -en este caso, el Banco de Previsión Social- no va a poder hacer el descuento, pues si suma la cuota al alquiler, no puede efectuar la retención. Aclaro que el individuo no está pagando más, sino lo mismo que antes. El problema es que el porcentaje de retención, al incluir la cuota, no cubre el alquiler y ANDA hasta ahora se ha hecho responsable, paga a los propietarios, pero recibe menos que lo que percibía antes. En función de esta situación, se encontró un mecanismo. En su propuesta original el señor Senador Correa Freitas hablaba de un 45 % y ahora se menciona que el 47% sea el máximo porcentaje que se pueda retener. O sea que se trata de una corrección técnica en lo que tiene que ver con salarios o remuneraciones bajas. En el caso de que hubiese salarios altos -creo que no los hay- naturalmente, la corrección no sería tan técnica. El modo de operación que tiene el sistema de ANDA no es para altos ingresos, porque interactúa o vende estos servicios a personas de moderados o bajos ingresos.

Por lo tanto, mi voto a favor de esta corrección es porque estaríamos incluyendo a una cantidad de personas o de familias que por esta vía pueden seguir manteniendo el alquiler. De lo contrario, los condenaríamos a no tener más la garantía que hasta ahora les dio resultado.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- La discusión de este proyecto de ley ha derivado en lo que indudablemente debía ocurrir y que ahora empieza a generarnos dudas importantes a muchos de los que hemos tomado parte en esta discusión. Diría que son las mismas dudas que, por lo menos a mí, me surgieron cuando se presentó el proyecto en forma urgente. En aquella circunstancia no tuvimos el tiempo suficiente para profundizar en un tema que tiene sus bemoles, sobre todo tomando en cuenta la situación particularmente difícil que está viviendo el país desde el punto de vista económico y social. Aquí estamos legislando, exclusivamente, sobre los topes que se admiten como descuento para determinada institución, sin hacer el correlativo correspondiente con respecto a las demás instituciones y a otros temas que deberían tenerse presente al momento de considerar este problema. Por eso, señalaba que estamos legislando exclusivamente lo relativo al tope a establecer a ANDA en los descuentos que se realicen en las retribuciones o remuneraciones que perciben los funcionarios o jubilados involucrados. Esto no significa que no tenga otra injerencia o consecuencia sobre las demás cooperativas o instituciones. Sin duda que sí la tiene, porque el monto en que elevemos el tope de descuento que se puede realizar sobre una en particular, disminuye la posibilidad de retención sobre las demás.

Además, porque -y de ahí viene el planteamiento que originalmente hacía el señor Senador Garat, que comparto en buena parte- en definitiva, terminamos volviendo inaplicable -perdiendo validez o sentido- el principio que en algún tiempo rigió en nuestro Derecho con relación a la inembargabilidad de los salarios o de las jubilaciones que, en todo caso, bien podrían ser consideradas como salarios en cuanto a la aplicación de ese principio. Si sumamos las posibilidades de descuento que se han otorgado por ley a lo largo de la historia de nuestro país -lo hice, precisamente, en la sesión en que se intentó dar el carácter de urgente y aprobar este proyecto de ley- estamos largamente arriba del 200%.

Por otra parte, tampoco nosotros hemos legislado -ni pretende hacerlo este proyecto- sobre las preferencias, que es otro tema delicado e importante. En el caso del Banco de Previsión Social, por ser el que está más directamente involucrado en el tema, y por ser el más notorio -aunque también valdría para los demás organismos del Estado- ¿quién cobra primero? Cuando se establecen distintos tipos de retenciones a los sueldos, en un caso, a través de ANDA o para otro destino, o cuando se trata de distintas cooperativas, ¿quién va a cobrar primero de estos organismos que retienen? No lo sabemos; tampoco lo fijamos. En realidad, lo decide el Banco de Previsión Social de acuerdo con sus criterios, que probablemente sean justos, puesto que generalmente se guía por la antigüedad o por la muy buena proximidad que la institución pueda tener con él, como ocurre con ANDA, en donde hay un parentesco muy grande entre ambos. En definitiva, no estamos estableciendo los parámetros en función de los cuales no solamente se puede descontar, sino también hasta qué monto se lo puede hacer, quién descuenta primero y, lo más importante de todo -y es lo primero sobre lo que tendríamos que legislar para luego legislar sobre todo lo demás- hasta qué límite o monto se puede descontar a un asalariado o a un jubilado de sus haberes para el pago de determinados servicios o beneficios. Nadie niega que en muchos de esos casos se trata de beneficios, pero terminan coartando violentamente la libertad de elección del ciudadano que, cuando llega el momento de hacerse de sus haberes, a fines o principio de mes, se encuentra con que los números son rojos, con que la institución que le sirve la pensión, la jubilación o el salario no le puede pagar porque todo ha sido descontado en función de aquello a lo que voluntariamente accedió, pero también de estas autorizaciones que legalmente, repito, a lo largo de la historia, se han ido otorgando.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- De acuerdo con lo que he entendido y con lo que me han expresado otros Senadores que trabajaron en el tema, en realidad, en el caso de ANDA baja el porcentaje, porque ahora se establece que los descuentos, acumulados, no pueden superar el 47%, y en la Ley Nº 9.299 de ANDA no se dice esto. Entonces, en la interpretación que hacía esta Institución y el Banco de Previsión Social, se acumulaban ambos porcentajes: el de garantía de alquileres y el otro. Por lo tanto, en la práctica era diferente, de allí que esto provocara tanto problema entre las instituciones. ¿Por qué? Porque unas no admitían que el tope legal pudiera aumentarse para un rubro en particular, como la parte de consumo que pasa del 20% al 33% -dado que entendían que podía perjudicarlas- y otras decían que los descuentos acumulados serían más altos y que ahora se iban a ver perjudicadas en la garantía de alquileres, en función de que no les quedaría ningún margen.

Ahora bien, si otras instituciones quieren solicitar, por la vía legal, que también se les aplique un sistema de estas características, habrá que ver caso por caso, como ha ocurrido con la historia de este sistema. Esto arranca con ANDA en el año 1934; luego aparecen cooperativas de consumo y, con el transcurso del tiempo, existe un conjunto de instituciones que tienen, punto por punto -porque cada caso se ha resuelto a través de una ley distinta- este beneficio.

Creo que si en este momento replanteamos todo el sistema, terminaremos en un debate parlamentario muy prolongado y, mientras tanto, habrá un conjunto de instituciones que se verán perjudicadas y, por esa vía, también miles de socios.

Entonces, si bien la discusión de fondo puede ser razonable, en esta oportunidad lo que debemos resolver es lo que puntualmente está considerado: la alteración de las reglas de juego por parte del Banco de Previsión Social en el caso de esta institución.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Comparto el razonamiento que hace el señor Senador Rubio. Me parece que si estamos en condiciones de avanzar -aunque sea un poco- en las facilidades que se dan a los socios de estas instituciones, bueno es el aporte que podamos hacer, por pequeño que sea. En definitiva, con esa mentalidad es que estamos en la coalición: siempre aportando y buscando un beneficio adicional. Nunca obtenemos todo lo que queremos, pero sí algunas cosas, y así vamos ayudando al país. Entonces, si aquí es posible ayudar a los beneficiarios de ANDA con un aporte, por modesto que sea -quisiéramos hacerlo más grande y por eso nos comprometemos a seguir estudiando el tema- saquemos lo que podamos. Este es un buen razonamiento y adhiero a él.

Creo que la modificación es necesaria. El razonamiento que hacía el señor Senador Michelini es correcto: se han cambiado los parámetros en función del peso que tiene la cuota social en la retención. En consecuencia, se hace necesario un cambio de estas características para dar entrada a la cuota social. Sólo por eso se justificaría la modificación que estamos realizando. Creo que debemos votarla sabiendo que es injusta la solución respecto a las otras instituciones, a las otras cooperativas, porque les estamos quitando margen y espacio a favor de una que, por otra parte, ya tiene sus preferencias dentro del Banco de Previsión Social puesto que, si no me equivoco, es la primera a la que se le hace la retención y la primera en cobrar, que es el valor más importante que tiene este sistema. Lo de los porcentajes importa poco comparado con el valor de ser el primero en la lista de los acreedores en el Banco de Previsión Social y en cualquiera de los organismos del Estado o instituciones privadas que aceptan este régimen de retenciones. Sepamos, entonces, que tiene su grado de injusticia con respecto a las otras instituciones y sigue profundizando y haciendo cada vez más vulnerable el valor del salario, la jubilación o la pensión que reciben estos compatriotas que usufructúan este sistema. Hace, además, que caiga inexorablemente el concepto de inembargabilidad del salario, de la pensión o de la jubilación -lo cual tiene el mismo valor ya sea que se trate de cualquiera de los tres- porque no existen franjas o límites que impidan su pérdida a manos de los acreedores. En definitiva, de esto se trata.

SEÑORA ARISMENDI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Aprovecho esta oportunidad -que agradezco- porque en el día de hoy estuvimos intentando resolver una situación que muestra de qué manera la inembargabilidad de los salarios o de las jubilaciones ya cayó. No estoy diciendo que esté de acuerdo con ello; muy por el contrario, estoy en contra.

Por ejemplo, tenemos un decreto del Poder Ejecutivo que dice que a aquellos que no pudieron ponerse al día con el pago al Fondo de Solidaridad, no se les abona el sueldo. En estos momentos, en varios hospitales públicos no se está pagando el sueldo a los funcionarios, a pesar de que la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social envió una minuta firmada por la unanimidad de sus miembros al Ministerio de Salud Pública. Lo que sucede, reitero, es que existe un decreto reglamentario del Poder Ejecutivo que dice que no se les pague el sueldo.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Se trata de una ley, señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Peor aún, señor Senador. Después tendremos oportunidad de discutir si se trata de una ley o no, pero creo que estamos hablando de un decreto reglamentario.

En todo caso, quiero decir que comparto las preocupaciones expresadas por el señor Senador Gallinal. En mi intervención señalé que esto no me gusta; la institución cumplió y cumple una función que no desconozco, pero tampoco son las "Carmelitas Descalzas" ni una sociedad de beneficencia, aspecto que también tengo claro.

El problema es cómo resolvemos hoy esta situación, más allá de insistir en la disposición de encontrar los caminos correspondientes. Me gusta mucho la propuesta que se hizo con respecto a la Contaduría General de la Nación, pero no condice con lo que se resolvió cuando se aprobó el Presupuesto Nacional, cuando se estrecharon las posibilidades de la Contaduría, en lugar de ampliarlas. Discutimos ese tema ardorosamente y, si bien el señor Senador Gallinal no nos está escuchando, podemos decir que en el camino de un aporte a la coalición, los votos del Partido Nacional se sumaron para reducir el ámbito de accionar, en el tema de garantía de alquileres a la Contaduría General de la Nación. Entonces, si hay disposición para recapacitar sobre el tema, revisarlo y corregirlo, sin duda se contará con los votos y la disposición de trabajo de nuestra Bancada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: si se estuviera violando el principio de la inembargabilidad de los sueldos, sería un verdadero disparate y se estaría aplicando mal la ley. En principio, es un hecho que esto existe, y bien custodiado está; a veces se pierde con conceptos como los que estamos manejando, en un país -nosotros lo señalábamos cuando discutimos sobre el proyecto de ley de usura- donde tenemos un exceso de crédito, que después nos genera consecuencias de esta naturaleza.

En definitiva, señor Presidente, decía que la modificación es necesaria; tiene su grado de injusticia respecto a las otras instituciones y hace más vulnerable un concepto que deberíamos tratar de proteger, sobre todo en circunstancias económicas y sociales como las que está viviendo el país. Hoy, rescatar el principio de la inembargabilidad de los sueldos, pensiones y jubilaciones, debería ser una preocupación de carácter parlamentario frente a esa trama social donde el exceso de créditos está generando problemas de estas características. Por lo menos, podemos reservarnos la posibilidad de dar una legislación más comprensiva a toda esta problemática en el momento en que lo consideremos oportuno.

SEÑOR VIRGILI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VIRGILI.- Señor Presidente: considero que ANDA está cumpliendo una función muy especial en estos momentos. Por mi parte, voy a referirme a ANDA con relación al tema de los alquileres.

Como sabemos, nadie quiere salir de garantía de alquiler, y eso es verdad; no obstante, ANDA la ofrece. Una persona se hace socia de ANDA y, seguramente, dentro de cierto margen, si la persona gana un sueldo determinado, esta Asociación le sale de garantía al máximo. Por otro lado, cuando a algunas personas no les alcanza la garantía de ANDA, realizan un pago aparte. Pero existe la garantía de ANDA; de lo contrario, no se puede alquilar. Digo esto con propiedad, ya que conozco lo relativo a ANDA, aunque no lo que tiene que ver con las cooperativas de ahorro y crédito, que no sé cómo funcionan. Conozco este sistema por alguna razón y creo que ANDA está cumpliendo una linda función. No sé cuánto paga la gente -$ 300 o $ 350- pero la Asociación no le saca nada. Si no estuviera ANDA, en este momento no se alquilarían ni la mitad de las casas. Esta es una verdad que debemos decir a toda voz.

Se ha conversado mucho sobre ANDA y escuché que alguien dijo que, seguramente, los costos se van juntando. Se trata de asociados como los de los clubes de fútbol, pero aquí existe la posibilidad de que ANDA les sirve para alquilar una casa, ya que se puede obtener una garantía hasta del 47% de lo que ganan las personas. Si el valor del alquiler es mayor al 47% de lo que gana el individuo, y si el dueño lo acepta, es posible que la diferencia se pague aparte.

Reitero que si no existiera ANDA o alguna otra institución que cumpliera esa función, se alquilarían muy pocas casas.

Por otra parte, hoy los alquileres están más baratos que hace un tiempo y es muy difícil arrendar una casa, porque hay muchas en oferta. No obstante, creo que ANDA brinda un servicio para el momento que vivimos.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: la discusión ha derivado en el análisis de cuestiones relacionadas con la inembargabilidad de los sueldos y, por mi parte, creo que hay que distinguir que una cosa es que los sueldos no se puedan embargar, salvo en las hipótesis de pensión alimenticia, y otra es lo relativo a las retenciones. Reitero que se trata de cosas distintas, ya que las personas tienen la facultad o la potestad de hacer lo que quieren con su sueldo. Es decir que gastamos lo que ganamos, como queremos. El tema del embargo es distinto. Unicamente se pueden hacer embargos del sueldo por pensión alimenticia, según la ley, hasta un máximo del 50%.

Quiero aclarar al Senado algunas cuestiones relacionadas con el Fondo de Solidaridad y con el pago de los aportes a la Caja de Profesionales Universitarios.

SEÑOR GALLINAL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR CORREA FREITAS.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: antes de que el señor Senador Correa Freitas pase a explicar a la señora Senadora Arismendi el tema del Fondo de Solidaridad, siguiendo el razonamiento que nos ha hecho en el sentido de que una cosa es la protección del salario y su inembargabilidad, y otra es que cada uno puede hacer con su sueldo lo que quiere -en definitiva, ese es el argumento- me pregunto para qué el señor Senador Correa Freitas nos trae un proyecto de ley que limita hasta un 47% lo que se puede hacer con el sueldo. Podemos llevar esa cifra al 100% y, entonces, cada uno hace lo que quiere con su sueldo.

En realidad, lo que sucede es que el principio de inembargabilidad de los salarios termina cayendo como tal cuando ingresamos en terrenos de estas características, en los que estamos posibilitando -ya no digo en el caso de ANDA, que está referido la mayoría de las veces a una protección y a una herramienta, es decir, a una muleta que se da a un ciudadano desprotegido para que pueda salir adelante- una clara desprotección de aquellos que viven de sus ingresos y no de quienes viven de rentas, que tendrían una situación mucho más desahogada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Creo que el señor Senador Gallinal confunde los conceptos de embargabilidad y de retención. La razón por la cual se presenta este proyecto de ley al Senado, así como las restantes iniciativas, es que de esta forma se autoriza a las distintas cooperativas -sistema que también involucra al Banco de la República, a través de la Caja Nacional y a la Contaduría General de la Nación, así como a otras instituciones- a poder retener haberes. Aquí es fundamental la voluntad de la persona que autoriza a que se le retenga de sus haberes un porcentaje que, prácticamente, puede llegar a un 100%. A estos efectos, simplemente pido a los señores Senadores que observen las planillas del Senado de la República y de los propios funcionarios del Parlamento; allí verán con sorpresa que algunos de ellos tienen retenciones de un 80 % o un 90%. Esto es así porque ellos lo han decidido. En realidad, llegan a esos porcentajes, por ejemplo, sumando la retención de alquileres, los préstamos que han contraído y los compromisos con las cooperativas de consumo.

Creo que hay que distinguir en esta materia; estoy de acuerdo en la necesidad de legislar, pero debemos tener conciencia de que si lo hacemos, ello va a traer consecuencias en la libertad de las personas, es decir, en qué hace cada uno con su sueldo. Sin embargo, puede ser una política correcta, buena y adecuada determinar que únicamente se puede retener, por cualquier concepto, hasta un máximo del 50%. Puede ser que así estemos en la buena línea. No sé qué pasará; después veremos las reacciones.

Quiero aclarar dos aspectos que me parecen importantes. En primer lugar, con respecto tanto al Fondo de Solidaridad como a los aportes de los profesionales a la Caja de Profesionales Universitarios, debo señalar que quien no realiza los pagos correspondientes, por ley no puede percibir su sueldo. O sea que a esa persona se le retiene su sueldo, y es la ley la que así lo dispuso y no un decreto del Poder Ejecutivo. Es decir que este también es un tema para discutir, porque debemos verlo en su integralidad. El Estado retiene los sueldos en virtud de una ley votada, insisto, por el Parlamento, tanto en el caso de quienes no pagan al Fondo de Solidaridad, a favor de la Universidad de la República, como de quienes no realizan sus aportes a la Caja de Profesionales Universitarios. Deberíamos discutir también, pues, por qué quienes no pagan a la Caja de Profesionales Universitarios después no pueden cobrar sus sueldos. En definitiva, me parece que sería bueno realizar un debate general sobre estos dos aspectos.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Con respecto al fondo del asunto, comparto todas las dudas que se han planteado, pero en lo personal siento que este es un proyecto que beneficia a la gente humilde y no la perjudica. Por eso lo voy a votar con mucha convicción.

Por otra parte, deseo hacer una corrección formal. Me parece que como consecuencia de los esfuerzos que se han hecho para condicionar y ampliar el proyecto -no olvidemos que este es un texto sustitutivo- también se ha venido ensanchando esta única frase que constituye el artículo único del proyecto. Así, el predicado se ha venido alejando progresivamente del sujeto, y lo cierto es que esto resulta muy confuso. Entonces, quisiera proponer una redacción alternativa que, por supuesto, no cambia ningún concepto fundamental, ya que simplemente sustituye algunas palabras. Por ejemplo, 33% no es una suma, sino una proporción; por otra parte, "incluir" es mucho mejor que "comprender" y "rubros establecidos en las planillas separadas" no corresponde señalarlo de esa manera.

Por lo tanto, mi propuesta es la siguiente, que voy a leer y, si hay acuerdo, la haré llegar a la Mesa. Dice así: "Amplíase hasta el 33% la proporción de las remuneraciones y los haberes de empleados, funcionarios públicos, jubilados y pensionistas que tengan la calidad de socios de la Asociación Nacional de Afiliados, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 9.299, de 3 de marzo de 1934, para responder a las obligaciones que hayan contraído con dicha institución por concepto de créditos y de cuota social.

La mencionada proporción podrá llegar a un máximo de 47% cuando las obligaciones referidas en el inciso precedente incluyan además fianzas de alquiler.

En las habilitaciones correspondientes se presentarán planillas separadas de retención por cada uno de los rubros involucrados".

SEÑOR GARCIA COSTA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ASTORI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- No creo sea necesario que haya necesariamente deuda y alquiler para la hipótesis del 47%. Por lo tanto, pido al señor Senador que vuelva a leer el párrafo correspondiente.

SEÑOR ASTORI.- "La mencionada proporción podrá llegar a un máximo de 47% cuando las obligaciones referidas en el inciso precedente incluyan además fianzas de alquiler".

SEÑOR GARCIA COSTA.- Me parece necesario eliminar la palabra "además".

SEÑOR ASTORI.- Figura en el proyecto del señor Senador Correa Freitas y no quería modificarlo, pero no tengo problema en suprimir ese vocablo.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pero si no lo eliminamos, señor Presidente, para tener posibilidad de obtener una garantía de alquiler hay que, además, deber a ANDA por otro concepto. La palabra "además" sobra porque da a entender que solo si se debe a la institución por otro concepto, puede también deber por alquiler.

SEÑOR ASTORI.- Comparto la propuesta del señor Senador García Costa y si el Miembro Informante está de acuerdo, no tengo inconveniente en eliminar la palabra "además".

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Solicito al señor Senador Astori que lea nuevamente su propuesta porque lo cierto es que esta redacción se logró luego de mucho trabajo. En realidad, finalmente terminó siendo una propuesta del movimiento cooperativo, aceptada por ANDA, con variantes que le introdujo la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa solicita al señor Senador que dé lectura nuevamente a su propuesta.

SEÑOR ASTORI.- "Amplíase hasta el 33% la proporción de las remuneraciones y los haberes de empleados, funcionarios públicos, jubilados y pensionistas que tengan la calidad de socios de la Asociación Nacional de Afiliados, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 9.299, de 3 de marzo de 1934, para responder a las obligaciones que hayan contraído con dicha institución por concepto de créditos y de cuota social.

La mencionada proporción podrá llegar a un máximo de 47% cuando las obligaciones referidas en el inciso precedente incluyan fianzas de alquiler.

En las habilitaciones correspondientes se presentarán planillas separadas de retención por cada uno de los rubros involucrados".

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Hay acuerdo por parte de los miembros de la Comisión con esta redacción presentada por el señor Senador Astori?

SEÑOR CORREA FREITAS.- Estamos de acuerdo, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

En consideración el artículo único en la redacción a que acaba de dar lectura el señor Senador Astori.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"ARTICULO UNICO.- Amplíase hasta el 33% (treinta y tres por ciento) la proporción de las remuneraciones y los haberes de empleados, funcionarios públicos, jubilados y pensionistas que tengan la calidad de socios de la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA), de acuerdo con lo establecido en los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 9.299, de 3 de marzo de 1934, para responder a las obligaciones que hayan contraído con dicha institución por concepto de créditos y de cuota social.

La mencionada proporción podrá llegar a un máximo de 47% (cuarenta y siete por ciento) cuando las obligaciones referidas en el inciso precedente incluyan fianzas de alquiler.

En las habilitaciones correspondientes, se presentarán planillas separadas de retención por cada uno de los rubros involucrados.»

22) TRABAJO SEXUAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Correspondería que el Senado pasara a considerar el siguiente punto del orden del día, relativo al trabajo sexual. Sin embargo, a quince minutos de la hora de terminación habitual de nuestras sesiones, el Cuerpo debería resolver acerca del régimen de trabajo, es decir, si se prorroga la hora o si se incluye este tema en el orden del día de la próxima sesión ordinaria.

La Mesa informa que el trabajo del día de mañana consiste en una exposición del señor Senador Larrañaga, que había sido votada con anterioridad, sin hora previa, tal como se había coordinado con los integrantes de las Bancadas.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: dado que hubo un consenso importante en la Cámara de Representantes y en la Comisión de Salud Pública de este Cuerpo, creo que podríamos prorrogar por un breve lapso esta sesión y considerar hoy este tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa aclara que se trata de un proyecto de ley de 36 artículos.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- En realidad iba a expresar lo mismo que acaba de señalar el señor Presidente -quien tiene mayor capacidad de hacerlo por el lugar donde está, no por otra razón- en el sentido de que se trata de una iniciativa de 36 artículos. Además, el tema no es banal y podría ser de interés que contáramos con la posibilidad de estudiarlo con el detenimiento que merece.

Por otra parte, quien habla y el señor Senador Gallinal, a la hora 20 tienen un compromiso que no es posible postergar a esta altura de la sesión. Si lo hubiéramos sabido antes, habríamos procedido en consecuencia. Por lo tanto, hasta la hora citada no tendríamos problemas, pero después agradeceríamos al Senado que nos dispensara.

SEÑOR GALLINAL.- Quizás este tema podría ser incluido en el orden del día de la sesión de mañana.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa recuerda que en el orden del día de la sesión de mañana figura la exposición del señor Senador Larrañaga sobre el Instituto Nacional de Colonización.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Mociono para que este tema figure como primer punto del orden del día de la sesión del próximo martes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 17 en 21. Afirmativa.

23) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa entiende que la moción del señor Senador Sanabria también implica el levantamiento de la sesión.

Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 19 y 46 minutos, presidiendo el señor Luis Hierro López y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Astori, Bonilla, Correa Freitas, Couriel, de Boismenu, Fau, Gallinal, García Costa, Heber, Korzeniak, Mujica, Pereyra, Riesgo, Rubio, Sanabria, Virgili y Xavier.)

SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Sr. Mario Farachio Secretario - Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.