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N° 2989 - 6 DE NOVIEMBRE DE 2001

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE REPRESENTANTES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

67ª SESION

PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES GUSTAVO PENADES Presidente
DOCTOR JULIO CARDOZO FERREIRA
2do. Vicepresidente
Y YEANNETH PUÑALES BRUN
4ta. Vicepresidenta

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES DOCTOR HORACIO D. CATALURDA Y DOCTORA
MARGARITA REYES GALVAN Y LOS PROSECRETARIOS DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO
Y SEÑOR ENRIQUE SENCION CORBO

 

Texto de la citación

 

Montevideo, 1º de noviembre de 2001.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, el próximo martes 6, a la hora 16, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

1º.- Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del Mercosur y la República de Bolivia y la República de Chile. (Aprobación). (Carp. 412/000). (Informado). Rep. 239 y Anexos I y II

2º.- Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del Mercosur. (Aprobación). (Carpeta 413/000). (Informado). Rep. 240 y Anexo I

3º.- Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario. (Institución). (Carp. 49/995). (Informado). Rep. 224 y Anexo I

4º.- Instituto Nacional del Menor. (Se le faculta para disponer la prórroga de los contratos de los funcionarios eventuales o zafrales). (Carp. 1573/001). (Informado). Rep. 734 y Anexo I

5º.- Primer Campeonato Sudamericano de Fútbol de Clubes Campeones del Interior – Uruguay 2001. (Se declara de interés nacional). (Carp. 1661/001). (Informado). Rep. 771 y Anexo I

6º.- Obras plásticas de artistas nacionales vivos. (Se exceptúan de la prohibición dispuesta en el literal C) del artículo 15 de la Ley Nº 14.040). (Carp. 1572/001). (Informado). Rep. 733 y Anexo I

7º.- Deportistas que cursan estudios de enseñanza primaria, media, agraria o industrial. (Se regula su entrenamiento). (Carp. 1444/001). (Informado). Rep. 696 y Anexo I

8º.- Presupuesto quinquenal de sueldos, gastos, recursos e inversiones de la Intendencia Municipal de Canelones. (Recurso de apelación contra el artículo 11 del Decreto Nº 17/001 de la Junta Departamental de Canelones, en la redacción dada por el artículo 3º del Decreto Nº 20/001, y contra los artículos  15 a 17 del Decreto Nº 17/001 aprobados en forma definitiva por el Decreto Nº 20/001). (Carp. 1213/001). (Informado). Rep. 591 y Anexo I

9º.- Presupuesto quinquenal de sueldos, gastos, recursos e inversiones de la Intendencia Municipal de Canelones. (Recurso de apelación contra los artículos 11 y 30 del Decreto Nº 17/001 de la Junta Departamental de Canelones en la redacción dada por los artículos 3º y 4º del Decreto Nº 20/001). (Carp. 1208/001). (Informado). Rep. 586 y Anexo I

10.- Baltasar Brum. (Designación a la Escuela Nº 5 del barrio Baltasar Brum de la ciudad capital del departamento de Salto). (Carp. 758/000). (Informado). Rep. 412 y Anexo I

 

 

HORACIO D. CATALURDA        MARGARITA REYES GALVÁN

S e c r e t a r i o s

S U M A R I O

1.- Asistencias y ausencias

2.- Asuntos entrados

3.- Proyectos presentados

4 y 6.- Exposiciones escritas

5.- Inasistencias anteriores

MEDIA HORA PREVIA

7.- Foro Regional de Lechería realizado en el departamento de Paysandú.

— Exposición del señor Representante Obispo

8.- Elaboración de planes eficientes para generar el desarrollo del país.

Fallecimiento del ex legislador doctor Alembert Vaz.

— Exposición del señor Representante Falero

9.- Instalación de alumbrado público en los accesos a Colonia Miguelete y Ombúes de Lavalle, departamento de Colonia.

— Exposición de la señora Representante Amed

10.- Creación de un cargo docente en la Escuela Rural Nº 4 Dionisio Díaz, del paraje Bella Vista, departamento de San José.

Iluminación de la rotonda en el kilómetro 53 de la Ruta Nacional Nº 1, en el departamento de San José.

— Exposición del señor Representante Chápper

11.- Deficiencias del servicio de UTE en el barrio Tanco, de José Pedro Varela, departamento de Lavalleja.

— Exposición de la señora Representante Percovich

12.- Solicitud de que se dicten cursos de UTU en el balneario San Luis, departamento de Canelones.

— Exposición del señor Representante Mahía

CUESTIONES DE ORDEN

15 y 23.- Alteración del orden del día

13, 17 y 19.- Integración de la Cámara

25.- Levantamiento de la sesión

13, 17 y 19.- Licencias

20.- Prórroga del término de la sesión

14.- Sesión extraordinaria

ORDEN DEL DÍA

16, 18 y 21.- Presupuesto quinquenal de sueldos, gastos, recursos e inversiones de la Intendencia Municipal de Canelones. (Recurso de apelación contra los artículos 11 y 30 del Decreto Nº 17/001 de la Junta Departamental de Canelones en la redacción dada por los artículos 3º y 4º del Decreto Nº 20/001).

Antecedentes: Repartido Nº 586, de mayo de 2001, y Anexo I, de noviembre de 2001. Carpeta Nº 1208 de 2001. Comisión Especial.

— Se aprueba el proyecto de resolución en mayoría

— Texto del proyecto aprobado

22.- Presupuesto quinquenal de sueldos, gastos, recursos e inversiones de la Intendencia Municipal de Canelones. (Recurso de apelación contra el artículo 11 del Decreto Nº 17/001 de la Junta Departamental de Canelones, en la redacción dada por el artículo 3º del Decreto Nº 20/001, y contra los artículos 15 a 17 del Decreto Nº 17/001 aprobados en forma definitiva por el Decreto Nº 20/001).

Antecedentes: Repartido Nº 591 , de mayo de 2001, y Anexo I, de noviembre de 2001. Carpeta Nº 1213 de 2001. Comisión Especial.

— Se aprueba el proyecto de resolución en mayoría

— Texto del proyecto aprobado

24.- Instituto Nacional del Menor. (Se le faculta para disponer la prórroga de los contratos de los funcionarios eventuales o zafrales).

Antecedentes: Repartido Nº 734, de setiembre de 2001, y Anexo I, de octubre de 2001. Carpeta Nº 1573 de 2001. Comisión de Presupuestos.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

— Texto del proyecto sancionado.

1.- Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Washington Abdala, Guzmán Acosta y Lara, Ernesto Agazzi, Guillermo Álvarez, Juan Justo Amaro, Angelita Amed, Gustavo Amen Vaghetti, José Amorín Batlle, Raúl Argenzio, Beatriz Argimón, Roberto Arrarte Fernández, Roque E. Arregui, Carlos Baráibar, Raquel Barreiro, Jorge Barrera, Artigas A. Barrios, José Bayardi, Edgar Bellomo, Juan José Bentancor, Nahum Bergstein, Ricardo Berois Quinteros, Daniel Bianchi, José L. Blasina, Gustavo Borsari Brenna, Nelson Bosch, Brum Canet, Julio Cardozo Ferreira, Ruben Carminatti, Nora Castro, Roberto Conde, Jorge Chápper, Silvana Charlone, Eduardo Chiesa Bordahandy, Guillermo Chifflet, Sebastián Da Silva, Mario de Pazos, Ruben H. Díaz, Daniel Díaz Maynard, Miguel Dicancro, Juan Domínguez, Alejandro Falco, Ricardo Falero, José Fernández, Alejo Fernández Chaves, Omar Ferrari, Ramón Fonticiella, Luis José Gallo Imperiale, Schubert Gambetta, Daniel García Pintos, Orlando Gil Solares, Oscar Gómez, Gustavo Guarino, Tabaré Hackenbruch Legnani, Doreen Javier Ibarra (1), María Iriarte, Luis Alberto Lacalle Pou, Ramón Legnani, Antonio López, Henry López, Guido Machado, José Carlos Mahía, Diego Martínez, Juan Máspoli Bianchi, Artigas Melgarejo, José Homero Mello, Felipe Michelini, José M. Mieres, Pablo Mieres, Martha Montaner, Eloísa Moreira, Ruben Obispo, Jorge Orrico, Francisco Ortiz, Gabriel Pais, Ronald Pais, Gustavo Penadés, Margarita Percovich, Darío Pérez, Carlos Pita, Martín Ponce de León, Iván Posada, Yeanneth Puñales Brun, María Alejandra Rivero Saralegui, Ambrosio Rodríguez, Glenda Rondán, Hugo Rosete, Víctor Rossi, Adolfo Pedro Sande, Julio Luis Sanguinetti, Diana Saravia Olmos, Alberto Scavarelli, Leonel Heber Sellanes, Gustavo Silveira, Julio C. Silveira, Ramón Simonet, Tomás Teijeiro, Lucía Topolansky, Wilmer Trivel y Fernando Vázquez.

Con licencia: Ricardo Castromán Rodríguez, Carlos González Álvarez, Arturo Heber Füllgraff, Julio Lara, Félix Laviña, Oscar Magurno, Ricardo Molinelli, Alberto Perdomo, Enrique Pérez Morad, Enrique Pintado, Raúl Sendic, Pedro Señorale, Daisy Tourné y Walter Vener Carboni.

Observaciones:

(1) a la hora 19:03 comenzó licencia, ingresando su suplente el Sr. Oscar Gómez.

2.- Asuntos entrados.

"Pliego Nº 106

PROMULGACIÓN DE LEYES

El Poder Ejecutivo comunica que ha promulgado las siguientes leyes:

  • Nº 17.401, por la que se declara feriado para la ciudad de Sauce, 6ª Sección Judicial del departamento de Canelones, el día 12 de octubre de 2001, con motivo de conmemorarse el 150º aniversario de su fundación. C/1377/001

  • Nº 17.402, por la que se autoriza la salida del país de las planas mayores y tripulantes de los buques ROU "Artigas", ROU "Montevideo" y personal de la Escuela Naval para visitar el puerto de Mar del Plata, República Argentina, desde el 25 de noviembre al 15 de diciembre de 2001, durante la realización del Viaje de Instrucción de Fin de Cursos de la mencionada Escuela. C/1430/001

  • Nº 17.403, por la que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, correspondiente al ejercicio 2000. C/1329/001

  • Nº 17.404, por la que se designa "Teniente Coronel (TEA) José A. Rígoli" la Escuela Técnica de Aeronáutica, a partir del día 10 de octubre de 2001. C/1535/001

  • Nº 17.405, por la que se amplía la participación de efectivos del Ejército Nacional en la Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, oportunamente autorizada por la Ley Nº 17.299, de 16 de marzo de 2001. C/1670/001

  • Nº 17.406, por la que se declara el tercer domingo del mes de noviembre de cada año "Día Nacional de la Donación y Transplante de Órganos y Tejidos". C/1422/001

- Archívense

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes los siguientes proyectos de ley, remitidos con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo:

- A la Comisión de Asuntos Internacionales

La citada Presidencia remite los siguientes asuntos:

- Téngase presente

  • copia autenticada de las siguientes notas del Tribunal de Cuentas:

  • sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2001 formulados por la Intendencia Municipal de Montevideo, correspondientes a la ejecución del Proyecto de Saneamiento Urbano - Tercera Etapa. C/20/000

  • relacionada con el Estado Ejecución Presupuestal al 31 de diciembre de 2000, formulado por el Banco Central del Uruguay. C/20/000

  • acerca de los Estados de Situación Patrimonial, de Origen y Aplicación de Fondos y de Ejecución Presupuestal al 31 de diciembre de 2000, formulados por la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes. C/20/000

  • referente a los Estados de Situación, de Resultados, de Origen y Aplicación de Fondos y de Ejecución Presupuestal al 31 de diciembre de 2000, formulados por la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Fomento de la Prensa del Interior. C/20/000

  • sobre el Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, el Cuadro de Bienes de Uso e Intangibles, el Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Origen y Aplicación de Fondos desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2000, formulados por la Administración Nacional de Puertos. C/20/000

  • relacionada con el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados y el Estado de Origen y Aplicación de Fondos desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2000, formulados por la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas. C/20/000

  • acerca del Estado de Situación Patrimonial y de Resultados al 31 de diciembre de 2000, formulados por la Administración de Ferrocarriles del Estado. C/20/000

  • referente al Estado de Situación Patrimonial, al Estado de Resultados, el Cuadro de Bienes de Uso e Intangibles, el Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Origen y Aplicación de Fondos por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2000, formulados por la Administración Nacional de Puertos. C/20/000

  • por las que pone en conocimiento las actuaciones cumplidas con motivo de las observaciones interpuestas en los siguientes expedientes:

  • del Ministerio de Salud Pública, sobre una solicitud de créditos pendientes de pago a financiar en la próxima instancia presupuestal. C/5/000

  • de la Administración Nacional de Puertos, relacionado con el incumplimiento de las disposiciones legales que obligan a disponer un porcentaje de los gastos en publicidad en el Servicio de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos. C/5/000

  • de la Administración Nacional de Educación Pública, correspondiente al Ejercicio 1999. C/5/000

  • de Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea, acerca del Estado de Ejecución Presupuestal al 31 de diciembre de 2000. C/5/000

  • por las que ratifica las observaciones oportunamente formuladas a los siguientes expedientes:

  • del Banco Hipotecario del Uruguay, sobre diversos gastos sin disponibilidad en los rubros respectivos. C/5/000

  • del Ministerio de Economía y Finanzas, relacionada con una solicitud formulada por la Dirección Nacional de Televisión del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos. C/5/000

  • de la Administración Nacional de Correos, acerca de una contratación de un profesional universitario. C/5/000

  • del Ministerio de Salud Pública:

  • referente a dos licitaciones públicas convocadas por la Administración de los Servicios de Salud del Estado. C/5/000

  • sobre la adjudicación de una licitación pública del Centro Auxiliar de Sarandí Grande, dependiente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. C/5/000

  • de la Administración Nacional de Puertos, relacionado con la ampliación de la contratación efectuada para reforzar la estructura del Muelle Transatlántico del Puerto de Colonia. C/5/000

  • de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, acerca de diversos gastos ordenados sin dar cumplimiento a la normativa vigente. C/5/000

  • del Banco de Seguros del Estado, referente a diversos gastos efectuados sin dar cumplimiento a la normativa vigente. C/5/000

  • de la Administración Nacional de Correos, sobre varios gastos sin disponibilidad en los rubros respectivos. C/5/000

  • de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, relacionado con varios pagos realizados sin disponibilidad en los rubros respectivos. C/5/000

  • de la Universidad de la República, sobre diversos gastos ordenados por la Facultad de Medicina, sin haber dado cumplimiento a la normativa vigente. C/5/000

  • de la Administración de Ferrocarriles del Estado, relacionado con diversos gastos efectuados sin disponibilidad en los rubros correspondientes. C/5/000

  • del Ministerio del Interior, acerca de una licitación pública convocada para el suministro de medicamentos en el Hospital Policial. C/5/000

  • del Banco de Seguros del Estado, sobre diversos gastos realizados incumpliendo la legislación vigente. C/5/000

  • de la Administración de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, relacionado con diversos gastos ordenados sin disponibilidad en los rubros correspondientes. C/5/000

- A la Comisión de Hacienda

DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores comunica que, en sesión de 30 de octubre de 2001, aprobó las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes al proyecto de ley por el que se modifica el artículo 2º de la Ley Nº 16.805, de 24 de diciembre de 1996, sobre el régimen de inamovilidad de los feriados. C/393/000

- Téngase presente

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Educación y Cultura se expide sobre los siguientes proyectos de ley:

La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social se expide sobre el proyecto de ley por el que se establece que todo establecimiento o institución donde se preste atención obstétrica en cualquiera de sus etapas, debe contar con partera interna de guardia. C/383/000

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración se expide sobre el proyecto de ley por el que se declara feriado laborable no pago para el departamento de Tacuarembó el día 16 de junio de cada año, en conmemoración de su fundación y feriado no laborable pago, el día 16 de junio de 2002, en conmemoración de los 165 años de la mencionada fundación. C/1222/001

La Comisión de Seguridad Social se expide sobre los siguientes proyectos de ley:

La Comisión Especial para el estudio de los Recursos Previstos en el Artículo 303 de la Constitución se expide sobre los siguientes recursos de apelación:

- Se repartieron con fecha 1º de noviembre

La Comisión de Educación y Cultura aconseja el archivo del proyecto de ley por el que se designa "Antonio Grompone" la Escuela Nº 10 del Barrio Salto Nuevo, de la ciudad capital del departamento de Salto. C/757/000

- Si no se observa, así se procederá

COMUNICACIONES GENERALES

La Junta Departamental de Soriano remite copia de la resolución aprobada por dicho Cuerpo, relacionada con los derechos de los trabajadores domésticos. C/7/000

- A la Comisión de Legislación del Trabajo

La Junta Departamental de Flores remite copia del texto de la exposición realizada por un señor Edil, acerca de la necesidad de que los jóvenes del departamento realicen pasantías en los diversos organismos públicos. C/478/000

- A la Comisión Especial de Deporte y Juventud

La Junta Departamental de Maldonado remite nota adjuntando un planteamiento de la Comisión Pro Casajoven de Piriápolis. C/478/000

- A la Comisión Especial de Deporte y Juventud

La Junta Departamental de Montevideo remite los siguientes asuntos:

- A las Comisiones de Asuntos Internacionales y de Derechos Humanos

  • copia del texto de las exposiciones realizadas por varios señores Ediles:

  • sobre la situación de los trabajadores de una empresa bancaria de plaza. C/7/000

- A la Comisión de Legislación del Trabajo

  • relacionada con la consideración de los recursos hídricos nacionales y departamentales como factor estratégico estatal. C/235/000

- A la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente

  • acerca de un homenaje realizado por el referido Cuerpo al señor Héctor Rodríguez, al cumplirse cinco años de su fallecimiento. C/4/000

Una señora ciudadana formula denuncia de acuerdo al artículo 93 de la Constitución de la República, sobre una presunta actuación de la Suprema Corte de Justicia. C/1695/001

Un señor ciudadano presenta denuncia contra el Gobierno Departamental de Rocha, un señor Edil de la Junta Departamental de Rocha, la Presidenta de la Junta Local de La Paloma y el Departamento de Arquitectura de la Intendencia Municipal del mencionado departamento, por una presunta violación a sus derechos constitucionales y sus garantías personales. C/4/000

A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

La Junta Departamental de Artigas remite copia del texto de la exposición realizada por un señor Edil, referente a la visita realizada por señores Legisladores integrantes del la Comisión Parlamentaria del MERCOSUR al citado departamento. C/73/000

- A la Comisión de Asuntos Internos

La Junta Departamental de Canelones remite los siguientes asuntos:

- A la Comisión de Hacienda

  • copia de la resolución adoptada por dicho Cuerpo, sobre la instrumentación y ejecución de normas relativas a la importación de productos que puedan poner en peligro la seguridad de la población o el medio ambiente. C/235/000

  • sobre la contaminación por plomo. C/235/000

- A la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente

  • copia del texto de las siguientes exposiciones, realizadas por varios señores Ediles:

  • relacionada con inquietudes de los vecinos y usuarios de la policlínica de villa El Remanso, en el citado departamento. C/119/000

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social

  • acerca de la necesidad de instrumentar medidas para aliviar la situación de endeudamiento de industriales, empresarios y comerciantes. C/248/000

  • referente a la industrialización de los desechos de sangre de la industria frigorífica en el citado departamento. C/248/000

La Junta Departamental de Colonia remite los siguientes asuntos:

- A la Comisión de Industria, Energía y Minería

  • resolución adoptada por dicho Cuerpo, sobre el manejo y uso del agua como recurso natural. C/235/000

- A la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente

La Junta Departamental de Rivera remite las siguientes notas:

- A las Comisiones de Educación y Cultura, y de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas

  • relacionada con la integración de la Mesa del referido Cuerpo. C/18/000

- Téngase presente

La Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre contesta la exposición escrita presentada por el señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez, sobre la posibilidad de poner en ejecución las obras del tercer plan de MEVIR para la localidad de Algorta, en el departamento de Río Negro. C/27/000

La Oficina Nacional del Servicio Civil contesta la exposición escrita presentada por el señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez, sobre la situación de varios funcionarios redistribuidos de la ex Dirección Nacional de Subsistencias. C/27/000

La Suprema Corte de Justicia contesta el pedido de informes del señor Representante Enrique Pérez Morad, relacionado con informaciones brindadas por un semanario de circulación nacional. C/1425/001

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto contesta el pedido de informes del señor Representante Gabriel Barandiarán, acerca de los préstamos internacionales acordados por nuestro país desde el 30 de junio de 1997 al 31 de diciembre de 2000 y las condiciones de los mismos. C/1158/001

La Intendencia Municipal de Paysandú contesta la nota del señor Representante Doreen Javier Ibarra, requiriendo información referente a diversos aspectos de los contratos de arrendamiento de obra y de servicios personales realizados por cada Intendencia durante el año 2000. C/1497/001

La Corte Electoral remite nota relacionada con el proyecto de ley por el que se modifica el artículo 17 de la Ley Nº 7.912, de 22 de octubre de 1925, sobre la proclamación de suplentes de los señores Legisladores. C/1638/001

- A sus antecedentes

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio de Defensa Nacional contesta la exposición escrita presentada por el señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez, sobre la prestación de servicios de funcionarios del área denominada Dirección Nacional de Pasos de Frontera, en el departamento de Río Negro. C/27/000

El Ministerio de Relaciones Exteriores contesta los siguientes asuntos:

El Ministerio del Interior contesta los siguientes asuntos:

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas remite nota relacionada con el pedido de informes de la señora Representante Daniela Payssé, sobre la reglamentación de diversos artículos de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, por los que se establece la conformación y competencia del Organo de Control del Transporte Terrestre de Carga. C/1307/001

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, remite nota acerca del proyecto de ley por el que se modifica el artículo 20 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, relativo a los pases en comisión de funcionarios públicos, estatales y no estatales, a las secretarías particulares de los Ministros de Estado y Legisladores Nacionales. C/1511/001

El Ministerio de Educación y Cultura contesta los siguientes asuntos:

  • por el que se designa "Florence Nightingale" la Escuela Nº 96 del departamento de Lavalleja. C/1086/001

  • por el que se designa "Francisco de Assís Machín" la Escuela Rural Nº 10 del departamento de Canelones. C/3739/999

El Ministerio de Economía y Finanzas contesta el pedido de informes del señor Representante Pablo Mieres, acerca de los funcionarios públicos, estatales y no estatales, que prestan funciones en comisión en varias Secretarías de Estado. C/1599/001

- A sus antecedentes

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Luis José Gallo Imperiale solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, sobre los estudios realizados ante varios casos de meningitis detectados en el departamento de Canelones. C/1696/001

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

  • relacionado con las medidas adoptadas ante la expansión del mosquito transmisor del dengue. C/1697/001

  • acerca de las residencias de ancianos y hogares para la tercera edad en todo el país. C/1698/001

- Se cursaron con fecha 18 de octubre

La señora Representante Nora Castro solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, relacionado con un informe producido por dicha Secretaría de Estado sobre el goce de licencia de los trabajadores de una empresa de plaza. C/1700/001

- Se cursó con fecha 19 de octubre

El señor Representante Gustavo Guarino solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Instituto Nacional de Alimentación, acerca de la ayuda alimentaria prestada por el referido Instituto en el departamento de Cerro Largo. C/1701/001

- Se cursó con fecha 22 de octubre

El señor Representante Guillermo Chifflet solicita se curse un pedido de informes a los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional, referente a la situación de un ciudadano cuyo paradero se desconoce. C/1702/001

El señor Representante Ramón Fonticiella solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

- Se cursaron con fecha 23 de octubre

  • al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino al Banco de la República Oriental del Uruguay, relacionado con la cesión de un boleto de remate de varios inmuebles ubicados en el departamento de Salto. C/1704/001

- Se cursó con fecha 25 de octubre

El señor Representante Artigas Barrios solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, acerca de la posibilidad de acogerse al sistema de refinanciación conocido como "cupón cero" por aquellos productores que mantengan deudas con los bancos privados gestionados por el Estado. C/1705/001

- Se cursó con fecha 26 de octubre

El señor Representante Pablo Mieres solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, referente a la realización del proyecto denominado "Itacuruzú", en el departamento de Cerro Largo. C/1706/001

- Se cursó con fecha 30 de octubre

El señor Representante Enrique Pérez Morad solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional, sobre la situación de un predio sito en la ciudad de Punta del Este, departamento de Maldonado, propiedad de esa Secretaría de Estado. C/1707/001

El señor Representante Roque Arregui solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino al Banco de la República Oriental del Uruguay, relacionado con la liquidación de una empresa de la ciudad de Dolores, departamento de Soriano. C/1708/001

- Se cursaron con fecha 1º de noviembre

El señor Representante Artigas Melgarejo solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

- Se cursaron con fecha 2 de noviembre

El señor Representante Omar Ferrari solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, acerca de la red de saneamiento de la ciudad de Young, departamento de Río Negro. C/1721/001

- Se cursa con fecha de hoy

PROYECTOS PRESENTADOS

El señor Representante Nahum Bergstein presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa "Doctor Janusz Korczak" la Escuela Nº 360 del departamento de Montevideo. C/1711/001

- A la Comisión de Educación y Cultura

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a adquirir los créditos laborales de ex trabajadores del Frigorífico INCUR S.A. en los casos que se determinan. C/1712/001

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen normas para el cálculo de intereses y reajustes de préstamos en efectivo. C/1713/001

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se crea, como persona jurídica de derecho público no estatal, el Fondo de Solidaridad para financiar un sistema de becas para estudiantes de nivel terciario. C/1714/001

- A la Comisión de Hacienda

El señor Representante Walter Vener Carboni presenta, con su correspondiente exposición de motivos, los siguientes proyectos de ley:

- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

El señor Representante Sebastián Da Silva presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara el primer viernes del mes de octubre de cada año como "Día Nacional de Protección de la Ballena Franca Austral". C/1717/001

- A la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente

El señor Representante Gustavo Penadés presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de resolución por el que se instrumenta la provisión de los cargos correspondientes a los escalafones Personal Administrativo y Personal Profesional Universitario, creados por la Resolución de Cámara de Representantes de 25 de julio de 2001. C/1718/001

- A la Comisión de Asuntos Internos

El señor Representante Carlos Baráibar presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de resolución por el que se aceptan las invitaciones para participar en las reuniones convocadas por la Conferencia Parlamentaria de las Américas y el Foro Interparlamentario de las Américas y a integrar sus órganos constituidos. C/1719/001

- A la Comisión de Asuntos Internacionales

El señor Representante Daniel García Pintos presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se dispone que la tripulación de los buques mercantes de bandera nacional deberá estar integrada en su totalidad por ciudadanos uruguayos naturales o legales. C/1720/001

- A la Comisión de Legislación del Trabajo".

3.- Proyectos presentados.

A) "DOCTOR JANUSZ KORCZAK. (Designación a la Escuela Nº 360 del departamento de Montevideo).

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Desígnase 'Dr. Janusz Korczak', la Escuela Nº 360 de Montevideo, ubicada en la zona de Punta de Rieles, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Montevideo, 22 de octubre de 2001.

NAHUM BERGSTEIN, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Janusz Korczak dedicó su vida y su muerte al niño desvalido.

Este maestro polaco, que también fue médico, escritor y pedagogo, orientó todas las facetas de su actividad para ayudar al niño, con especial énfasis en el niño humilde, el huérfano o abandonado por sus progenitores, unificando en esa noble tarea ideas y acción.

Realizó los estudios de medicina especializándose en pediatría.

Desde los inicios de su actividad como médico se dedicó a atender a niños pobres obviamente que en forma gratuita.

Profundizó el estudio de la pedagogía estudiando el fortalecimiento de su desarrollo físico, intelectual y moral, llegando a ser titular del Instituto estatal de Pedagogía en la libre Universidad Polaca de Varsovia, y al mismo tiempo dejó una abundante producción en la materia.

Escribió libros y novelas cuyos títulos son elocuentes de por sí: "Niños en la Calle", "Hijo de Salón", etc.

Correlativamente organizó una "Casa para Huérfanos" que existe hasta el día de hoy y que se denomina "Dr. Janusz Korczak". Asimismo, organizó otro orfanato que también sigue funcionando.

En esos institutos aplicaba sus ideas pedagógicas que se basaban en el diálogo con los niños y ese diálogo, esa "pedagogía del corazón", como se llamó en Polonia, se nutre del respeto y amor al niño, con el convencimiento de que el niño hace, no lo que le decimos que haga, sino lo que ve que hacemos nosotros mismos.

Cuando Polonia fue ocupada por los nazis reorganizó la vida de los huérfanos a su cargo. Su búsqueda cotidiana de alimentos en una Varsovia en pleno bombardeo, era un desafío diario a la muerte.

En realidad se llamaba Henryk Goldszmit siendo de origen judío. Se había asimilado a la cultura polaca, al extremo que se cambió el nombre por el de Janusz Korczak, con el que se le recuerda en todo momento. Pero los tremendos padecimientos de la judería polaca lo llevaron a concentrarse en aliviar la situación de los niños judíos en Varsovia.

Cuando su orfanato fue trasladado al ghetto fue arrestado por no usar el brazalete con la estrella de David, pero rescatado por ex discípulos, siguió cuidando niños, tratando de disimular hasta el límite el abismo trágico en el que estaban sumidos, al mejor estilo de la película italiana "La Vida es Bella" de Begnini.

Su destino fue similar al del protagonista de dicha película, pero con una salvedad: cuando los niños a su cargo fueron llevados al campo de exterminio de Treblinka -donde se asesinó más de medio millón de judíos- se le dio la sorprendente posibilidad de salvarse.

Sin embargo en un gesto que no requiere mayores comentarios, no quiso abandonar a los niños y por decisión propia acompañó a sus doscientos "hijos" en el camino al Holocausto.

Vivió y murió por los niños.

El Nuncio Apostólico en Uruguay, Monseñor Janusz Bolonek, escribió: "Pero Janusz Korczak no fue hombre de un solo gesto. Su última acción fue una conclusión coherente de cuanto había hecho hasta entonces. No es posible comprender este gesto heroico sin aceptar su gran corazón paternal, que quiere estar junto al niño, especialmente cuando este se encuentra en peligro. No puede entenderse este gesto, sin recordar la fidelidad a los principios morales que él, médico y pedagogo, profesaba, animado por una fe religiosa profunda y espontánea. Aquella extraordinaria solidaridad para con quien sufre, se la dictaba su tierna y sensible conciencia, formada a la luz de las reflexiones religiosas. Con la muerte heroica, confirmó la misión de su vida. De haber sido un católico, habría sido reconocido santo y ciertamente habría obtenido la gloria de los altares.

Este 'Samaritano del Niño' es querido en nuestros tiempos especialmente cuando nos damos cuenta de los millones de niños, hoy abandonados, hambrientos, desmoralizados, analfabetos, privados de los elementales derechos del hombre, 'niños de la calle' que viven en todos los continentes. Korczak puede y debe ser modelo e inspiración para todos los que se dedican al bien de 'estos nuestros hermanos más pequeños'. A ellos Korczak asignaba un papel decisivo en el renacimiento espiritual de la humanidad".

Cuando se cumplió -en 1978- el centenario de su nacimiento la UNESCO desarrolló a lo largo de todo un año una serie de conmemoraciones en su honor lo cual revela la proyección que póstumamente adquirió su vida y su obra.

Estimamos que al denominar "Dr. Janusz Korczak" a una escuela de un barrio humilde de Montevideo expresaríamos el reconocimiento de nuestro país a este ilustre hijo de la amiga República de Polonia que a través de su ilustre Embajador adelantó su entusiasta apoyo a este proyecto de ley que, de ser aprobado, determinará que las sucesivas generaciones de alumnos de la Escuela Nº 360 de Montevideo, asociarán con los recuerdos de su niñez el nombre de Janusz Korczak.

Montevideo, 22 de octubre de 2001.

NAHUM BERGSTEIN, Representante por Montevideo".

B) "EX TRABAJADORES DEL FRIGORÍFICO INCUR S.A. (Se autoriza al Poder Ejecutivo a adquirir sus créditos laborales en determinados casos).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Se autoriza al Poder Ejecutivo la adquisición de los créditos laborales pertenecientes a los ex trabajadores del Frigorífico INCUR S.A., que a la fecha de la presente ley hayan sido reconocidos por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada o transacción celebrada ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 2º.- La erogación resultante será con cargo al Inciso 23 "Partidas a Reaplicar", grupo 7 "Gastos no clasificados", del Presupuesto Nacional (Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001).

Artículo 3º. - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de un plazo máximo de sesenta días a partir de su vigencia.

Montevideo, 23 de octubre de 2001.

RICARDO CASTROMÁN RODRÍGUEZ, Representante por Río Negro, SILVANA CHARLONE, Representante por Montevideo, LEONEL HEBER SELLANES, Representante por San José, RAMÓN LEGNANI, Representante por Canelones, ROBERTO CONDE, Representante por Canelones, VÍCTOR ROSSI, Representante por Montevideo, ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano, ARTIGAS A. BARRIOS, Representante por Rocha, JOSÉ HOMERO MELLO, Representante por Paysandú, ARTIGAS MELGAREJO, Representante por Montevideo, JOSÉ L. BLASINA, Representante por Montevideo, GUILLERMO ÁLVAREZ, Representante por Montevideo, DAISY TOURNÉ, Representante por Montevideo, GUILLERMO CHIFFLET, Representante por Montevideo, CARLOS BARÁIBAR, Representante por Montevideo, JULIO VIEYTES, Representante por Montevideo, CARLOS PITA, Representante por Montevideo, JUAN JOSÉ BENTANCOR, Representante por Montevideo, LUCÍA TOPOLANSKY, Representante por Montevideo, EDGAR BELLOMO, Representante por Canelones, MARTÍN PONCE DE LEÓN, Representante por Montevideo, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este proyecto de ley está dirigido a dar solución a la deuda que el ex frigorífico INCUR S.A. contrajo con los trabajadores que desempeñaron tareas en la mencionada empresa.

Es necesario historiar lo que fue el proceso fundacional, la construcción y puesta en marcha de esta planta procesadora de carne, que no contó nunca con playa de faena, aunque en el proyecto de construcción de la misma estaba incluida y aprobada por el Instituto Nacional de Carnes (INAC), como también el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Esto determinó que, entre otras cosas no pudiera producir cortes para exportación.

INCUR S.A. fue construida a principio de la década del 90, a iniciativa de empresas privadas pero, fundamentalmente con créditos concedidos por el Banco de la República Oriental del Uruguay.

En su momento fue considerada como la planta más moderna por su tecnología dentro del país, habiendo contado en su momento con habilitaciones para comercializar con mercados muy exigentes como la Unión Europea, Japón, Estados Unidos y otros.

Su funcionamiento siempre fue muy irregular y en los pocos meses que funcionó desde su inauguración y hasta el mes de diciembre de 1994, cuando paralizó sus actividades por falta de fondos para su giro, por escasez de materia prima, aunque en los pocos meses que funcionó llegó a tener una productividad de 3.000 toneladas de "corned beef" envasado en latas de 5 kilogramos en solo ocho horas, con una exportación muy importante a Estados Unidos e Inglaterra.

Hasta el momento en que cesó, daba trabajo a alrededor de ciento ochenta y cinco operarios, habiendo absorbido, trabajando a pleno a más de doscientos treinta obreros.

Hacemos notar que la firma propietaria se mostró como incapaz para afrontar sus obligaciones y continuar con las operaciones.

El Banco de la República Oriental del Uruguay, como titular que lo fue, del crédito, de más del 60% de la inversión inicial, se hizo cargo del asunto al haber poseído hipoteca sobre los bienes inmuebles, equipos y prendas sobre el resto de los bienes.

A partir de allí se comenzó a buscar inversores nuevos pero sin poder concretar nada.

Los empresarios, dueños de la planta, contrajeron deudas con los obreros por concepto de salarios, licencias, salarios vacacionales, aguinaldos, así como incumplimientos importantes con distintos proveedores; también hay deudas importantes con el Banco de Previsión Social y una, muy importante, con el Banco de la República Oriental del Uruguay, deuda, que al mes de noviembre de 1999 ascendía a alrededor de US$ 13.000.000, más intereses.

Hacemos notar que el departamento de Río Negro tiene un alto índice de desocupación, estando entre los más altos del país, con un 25%.

A la fecha, la deuda que generaron los propietarios de la empresa con los obreros se encuentra en el orden de US$ 790.000.

Se trata de trabajadores que a partir de la delicada situación que vive el país, a la que no escapa la ciudad de Fray Bentos, donde prácticamente no existen alternativas laborales, creemos que es menester dar una solución a esta problemática que se arrastra desde hace siete años prácticamente.

Sabemos que distintos dirigentes políticos de todos los partidos intentaron solucionar esta deuda de US$ 790.000, a través del Banco de la República Oriental del Uruguay o del Poder Ejecutivo, y que ello no fue posible en su momento por falta de voluntad política.

Por lo tanto, presentamos este proyecto de ley en el que se prevé que parte del rubro "Partidas a Reaplicar" se destine a atender y adquirir los créditos laborales de los trabajadores que obtuvieron sentencia ejecutoriada en los juicios laborales de los trabajadores que promovieron contra el Frigorífico INCUR S.A., cometiéndose al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la administración del fondo y el pago a los trabajadores.

Creemos que es de estricta justicia dar una solución definitiva a este problema que aqueja a los ex trabajadores del Frigorífico y que, además, repercute directamente en toda la ciudadanía de Río Negro, en particular la de Fray Bentos, ante la situación económica y falta de trabajo.

Cabe señalar que la solución propuesta cuenta con antecedentes en el país. En situación similar se recurrió a la vía legislativa para amparar créditos impagos (caso Arinsa), considerándose que frente a la ausencia de mecanismos idóneos que permitieran proteger a los trabajadores ante la insolvencia patronal, era una solución adecuada y justa.

Consideramos por tanto que corresponde atender la situación de ese núcleo de trabajadores; apelamos pues, a la atención de los señores legisladores, en cuanto a que el proyecto de ley que se propone consagra un acto de justicia para con los ex obreros y empleados del Frigorífico INCUR S.A., y sus sufridas familias.

Montevideo, 23 de octubre de 2001.

RICARDO CASTROMÁN RODRÍGUEZ, Representante por Río Negro, SILVANA CHARLONE, Representante por Montevideo, LEONEL HEBER SELLANES, Representante por San José, RAMÓN LEGNANI, Representante por Canelones, ROBERTO CONDE, Representante por Canelones, VÍCTOR ROSSI, Representante por Montevideo, ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano, ARTIGAS A. BARRIOS, Representante por Rocha, JOSÉ HOMERO MELLO, Representante por Paysandú, ARTIGAS MELGAREJO, Representante por Montevideo, JOSÉ L. BLASINA, Representante por Montevideo, GUILLERMO ÁLVAREZ, Representante por Montevideo, DAISY TOURNÉ, Representante por Montevideo, GUILLERMO CHIFFLET, Representante por Montevideo, CARLOS BARÁIBAR, Representante por Montevideo, JULIO VIEYTES, Representante por Montevideo, CARLOS PITA, Representante por Montevideo, JUAN JOSÉ BENTANCOR, Representante por Montevideo, LUCÍA TOPOLANSKY, Representante por Montevideo, EDGAR BELLOMO, Representante por Canelones, MARTÍN PONCE DE LEÓN, Representante por Montevideo, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo".

C) "PRÉSTAMOS EN EFECTIVO Y FINANCIACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. (Se establecen normas para el cálculo de intereses y reajustes).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Las operaciones de préstamos en efectivo y en las operaciones de financiamiento de bienes y servicios, otorgados a las familias, ya sean realizados por empresas de intermediación financiera comprendidas en las disposiciones del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982 y sus modificativas, o por personas físicas o jurídicas administradoras de crédito que no integran dicho sistema de intermediación financiera, cuyos montos totales sean menores a US$ 1.000 (un mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional u otras monedas o valores, en cuanto a los intereses, compensaciones y otros cargos se regirán de acuerdo a lo establecido por las disposiciones legales vigentes, con las adecuaciones del artículo 2º de esta ley.

Artículo 2º.- En caso de que se incurriese en incumplimiento dichas operaciones solo se regirán por lo dispuesto en el artículo 1º hasta los ciento ochenta días de producido aquel. Dicho plazo se contará desde el día en que se produjo el vencimiento de la obligación original. Luego de los ciento ochenta días referidos el monto total de la deuda por todo concepto existente a ese momento solo podrá reajustarse por el Indice de Precios al Consumo (IPC), de acuerdo al Decreto-Ley Nº 14.500, de 8 de marzo de 1976. En ningún caso, el monto total reclamado, podrá superar cinco veces el capital prestado, ajustado por el IPC.

Artículo 3º.- Lo dispuesto en los artículos anteriores también será de aplicación a las operaciones concertadas con anterioridad a la presente ley.

Montevideo, 23 de octubre de 2001.

JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, ROBERTO CONDE, Representante por Canelones, MARGARITA PERCOVICH, Representante por Montevideo, MARTÍN PONCE DE LEÓN, Representante por Montevideo, JULIO VIEYTES, Representante por Montevideo, VÍCTOR ROSSI, Representante por Montevideo, CARLOS BARÁIBAR, Representante por Montevideo, LUCÍA TOPOLANSKY, Representante por Montevideo, CARLOS PITA, Representante por Montevideo, JUAN JOSÉ BENTANCOR, Representante por Montevideo, EDGAR BELLOMO, Representante por Canelones.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es conocido el gran nivel de endeudamiento contraído por las familias uruguayas en los últimos años. Asimismo, a nadie escapa la recesión económica por la que atraviesa el país golpeando a todos los sectores, pero particularmente a aquellos de menores ingresos. El nivel de desempleo y subempleo acarrea, entre otras consecuencias, la dificultad para hacer frente a las obligaciones contraídas, mas aun cuando aquellas se elevan a cifras tremendamente altas (mediante la aplicación de tasas de mora, capitalización de intereses y otros cargos).

Dicha situación de alto endeudamiento de la población no ha pasado desapercibida por el Gobierno, antes bien, ha generado preocupación a diversos niveles. Por mencionar algún reflejo de ello cabe recordar las medidas adoptadas por el Banco Central del Uruguay en el año 1998, limitando los créditos de las familias a un 35% del total de los ingresos del núcleo familiar y procurando crear una central de riesgos. También pueden señalarse las diversas medidas sectoriales aprobadas, en especial con relación al sector agropecuario.

Con relación al que consideramos "préstamo familiar", existe un amplio sector de la población que toma o ha tomado préstamos de bajos montos o adquiere bienes o servicios de escaso valor en forma financiada, al que -en caso de atrasarse en una o más cuotas por un período significativo- le resulta extremadamente difícil ponerse al día en aquellos casos en que se le reclama altos montos, que se distancian enormemente de los capitales iniciales prestados o del valor de los bienes adquiridos.

Esta situación, habilitada por las normas vigentes, entendemos que perjudica a los deudores y a las propias empresas financieras en general. Es más, en particular desmerece el instrumento de la tarjeta de crédito, medio por el cual se canalizan la mayoría de las referidas operaciones.

Por un lado, en la casi totalidad de los casos, cuando se produce atraso en el pago de las cuotas las gestiones que realiza el acreedor se limitan a llamadas de atención (llamadas telefónicas, avisos, telegramas, etc.); y luego deviene la dificultad para acceder a nuevos créditos mientras la deuda está pendiente, ya sea en la propia empresa o en otras en virtud de la inscripción en el clearing. Y lo habitual en estos casos es que al retomar el deudor posibilidades de pago y concurrir a instrumentarlo, se establezcan condiciones admisibles y de mutuo acuerdo que permiten rehabilitar la operación y el crédito.

Por otro lado, en un porcentaje muy menor de casos, pero de enorme significación en sus consecuencias, las entidades financieras actuantes deciden seguir aplicando con todo rigor altas tasas de mora, generando con el paso del tiempo cifras acreedoras cuya magnitud no guarda relación lógica con los hechos causales. En estos casos se llega incluso a la tercerización de la gestión en estudios jurídicos que han desarrollado la habilidad de utilizar la normativa legal vigente para -partiendo de pequeños préstamos- lograr la ejecución de algunas casas (en general el único inmueble y hogar de la familia), o con la amenaza de dicha ejecución lograr "acuerdos" por montos absolutamente desmesurados. Esto constituye una verdadera desnaturalización del problema y un uso abusivo de la ley vigente.

Por todo eso corresponde adaptar la normativa legal y para ello se presenta un proyecto de ley que refiere a las personas que toman créditos menores de US$ 1.000 o su equivalente en moneda nacional. Se establece la aplicación del régimen general de todos los créditos, con la salvedad de que cuando se incurre en incumplimiento luego de transcurrido un plazo de ciento ochenta días se le aplicará a dichas operaciones, en lugar de la tasa de mora, un índice de reajuste directamente vinculado a la evolución de la economía familiar: el Indice de Precios al Consumo. Para ello se considera que lo más lógico es recurrir al mecanismo de actualización de las obligaciones previsto en el Decreto-Ley Nº 14.500.

Estamos convencidos de que las disposiciones contenidas en este proyecto permitirán, no solo una adecuada defensa de la familia, sino una mejor utilización del crédito en el sector de la población referido, redundando en definitiva en favor de todas las partes involucradas.

Montevideo, 23 de octubre de 2001.

JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, ROBERTO CONDE, Representante por Canelones, MARGARITA PERCOVICH, Representante por Montevideo, MARTÍN PONCE DE LEÓN, Representante por Montevideo, JULIO VIEYTES, Representante por Montevideo, VÍCTOR ROSSI, Representante por Montevideo, CARLOS BARÁIBAR, Representante por Montevideo, LUCÍA TOPOLANSKY, Representante por Montevideo, CARLOS PITA, Representante por Montevideo, JUAN JOSÉ BENTANCOR, Representante por Montevideo, EDGAR BELLOMO, Representante por Canelones".

D) "FONDO DE SOLIDARIDAD. (Se crea como persona jurídica de derecho público no estatal para financiar un sistema de becas para estudiantes de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Sustitúyense los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994, por los siguientes:

"Artículo 1º.- Créase un Fondo de Solidaridad como persona jurídica de derecho público no estatal, que tendrá como cometido financiar un sistema de becas para estudiantes de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional (Administración Nacional de Educación Pública).

Artículo 2º.- El Fondo será organizado y administrado por una Comisión Honoraria integrada por siete miembros: el Subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura que la presidirá y cuyo voto decidirá en caso de empate; uno por la Universidad de la República; uno por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública a propuesta del Consejo de Educación Técnico-Profesional; uno por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios; uno por la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones; uno por el Banco de la República Oriental del Uruguay y uno por la Agrupación Universitaria del Uruguay.

Dicha Comisión establecerá:

A) Las directivas generales a las que se ajustarán la Universidad de la República y el Consejo de Educación Técnico-Profesional, para asignar las referidas becas, conforme a lo dispuesto por los artículos 6º y 7º, y los requisitos que deben cumplir los postulantes para ser beneficiarios de las mencionadas becas.

B) Los mecanismos de contralor de los correspondientes aportes.

C) La forma de acreditar la calidad de sujetos pasivos de la obligación de aportar y la de beneficiarios de las becas.

Asimismo deberá determinar anualmente el porcentaje de lo aportado que le corresponderá administrar a cada ente de la enseñanza.

Artículo 3º.- El Fondo se integrará mediante una contribución especial (artículo 13 del Código Tributario) efectuada por los egresados que posean título profesional, expedido o revalidado por la Universidad de la República o por el nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional, de acuerdo con las siguientes características:

1) Los profesionales egresados de las entidades previstas en el inciso anterior, que desarrollen actividad gravada con arreglo a lo dispuesto por la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, aportarán mensualmente al Fondo de Solidaridad el 5 o/oo (cinco por mil) de los ingresos mensuales computables para las contribuciones a la seguridad social (excluido el aguinaldo y otras remuneraciones que no sean percibidas mensualmente). Estas contribuciones especiales se percibirán y recaudarán por el Banco de Previsión Social, la Caja Policial, la Caja Militar o la Caja de Jubilaciones Bancarias según sea el caso, en las mismas condiciones establecidas en materia de agentes de retención y de percepción para los aportes personales a la seguridad social, debiendo ser vertidos al Fondo dentro del mes siguiente a su cobro.

Los organismos que actúen como agentes de percepción del tributo deberán entregar, conjuntamente con los fondos recaudados, la nómina de aportes individualizando a los profesionales egresados y el organismo público o privado en el que desarrollan actividad gravada.

2) Los profesionales que ejercen en régimen de ejercicio liberal, comprendidos en la Caja Notarial de Pensiones y Jubilaciones o en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios realizarán un aporte mensual equivalente al 1% (uno por ciento) del sueldo ficto vigente correspondiente a la categoría que revisten.

El aporte previsto precedentemente será pagado solidariamente con el respectivo aporte jubilatorio, correspondiendo a la Caja respectiva la percepción, recaudación y fiscalización del tributo. Los aportes recaudados por las Cajas referidas deberán ser vertidos al Fondo dentro del mes siguiente a su percepción.

3) En ningún caso, la contribución especial dispuesta en el presente artículo podrá superar el tope de cuatro salarios mínimos nacionales por año. A tal efecto, quienes por aplicación de lo dispuesto precedentemente realicen un aporte mayor al tope previsto, podrán solicitar al Fondo la devolución de los excedentes, mediante nota acompañada de la correspondiente documentación probatoria. Comprobado el hecho, el Fondo depositará a la cuenta y orden del solicitante los importes excedentes, disponiendo las comunicaciones a los organismos previsionales correspondientes, a efectos de la adecuada liquidación de la contribución especial.

Anualmente, el Fondo de Solidaridad deberá entregar a quienes se encuentren comprendidos en el inciso primero de este artículo, una constancia que acredite estar al día con la contribución especial. La vigencia de la constancia se extenderá desde el 1º de abril de cada año al 31 de marzo siguiente.

Las entidades públicas o privadas deberán exigir anualmente a los sujetos pasivos de esta contribución especial, la presentación de la constancia referida en el inciso anterior. De no mediar tal presentación, las entidades públicas o privadas quedan inhabilitadas para pagar facturas por servicios prestados, sueldos, salarios o remuneraciones de especie alguna, a los sujetos pasivos titulares del derecho. La inobservancia de lo preceptuado será considerado falta grave en el caso del funcionario público que ordene y/o efectúe el pago. Asimismo, la entidad privada que incumpla con lo previsto en esta norma será solidariamente responsable por lo adeudado.

Las entidades previsionales no podrán dar curso a ninguna solicitud de jubilación o retiro sin exigir la constancia respectiva de estar al día con los aportes".

Artículo 2º. (Contralor).- El contralor administrativo del Fondo de Solidaridad será ejercido por el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura. Dicho contralor se ejercerá tanto por razones de juridicidad como de oportunidad y conveniencia. A tal efecto el Poder Ejecutivo podrá formularle las observaciones que crea pertinente así como proponer la suspensión de los actos observados y los correctivos o remociones que considere del caso. Sin perjuicio de lo dispuesto, la Auditoría Interna de la Nación tendrá las más amplias facultades de fiscalización de la gestión financiera de la entidad.

El Fondo de Solidaridad publicará anualmente la memoria, los estados contables y sus anexos, debiendo requerir previamente la visación del Tribunal de Cuentas.

Artículo 3º. (Exoneraciones).- Las becas servidas por el Fondo de Solidaridad están exoneradas de todo tipo de tributos nacionales.

Artículo 4º. (Régimen de funcionamiento).- El régimen de funcionamiento, en lo no previsto especialmente por la ley, será el de la actividad privada, especialmente en cuanto a sus estados contables, estatuto de su personal y contratos que celebre.

Artículo 5º. (Inembargabilidad).- Los bienes del Fondo de Solidaridad son inembargables y sus créditos, cualquiera fuera su origen, gozan del privilegio establecido en el numeral 6º del artículo 1732 del Código de Comercio.

Artículo 6º. (Tope presupuestal).- Fíjase en 470.000 UR (cuatrocientas setenta mil unidades reajustables) el tope presupuestal asignado al funcionamiento del Fondo de Solidaridad. El referido tope podrá ser aumentado por razones debidamente fundadas, a juicio del Poder Ejecutivo, en un 3% (tres por ciento) anual.

Artículo 7º. (Recaudación excedente).- La recaudación excedente al tope fijado en el artículo anterior, obtenida por el Fondo de Solidaridad será asignada en su totalidad a la Universidad de la República, conforme a las normas que rigen los fondos de libre disponibilidad, a los siguientes destinos:

A) 35% (treinta y cinco por ciento) para los proyectos institucionales en el interior del país.

B) 25% (veinticinco por ciento) para mejoras en la infraestructura no edilicia destinada a la enseñanza; bibliotecas; formación de docentes y publicaciones.

C) 40% (cuarenta por ciento) para la infraestructura edilicia destinada a la enseñanza.

Artículo 8º. (Régimen de facilidades).- Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer, por única vez, un régimen de facilidades de hasta veinticuatro meses y a exonerar de multas y recargos, a los egresados que posean título profesional expedido o revalidado por la Universidad de la República o por el nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional, que adeuden aportes correspondientes a años anteriores a la vigencia de la presente ley.

Artículo 9º. (Derogaciones).- Derógase el artículo 4º de la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994, y el artículo 542 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Artículo 10. (Vigencia).- La presente ley entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 2002.

Montevideo, 1º de noviembre de 2001.

IVÁN POSADA, Representante por Montevideo, JOSÉ MARÍA MIERES VISILLAC, Representante por Montevideo, PABLO MIERES, Representante por Montevideo, JOSÉ AMORÍN BATLLE, Representante por Montevideo, RICARDO FALERO, Representante por Canelones, ANGELITA AMED, Representante por Colonia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde su transformación en la Ley Nº 16.524 en julio de 1994, el Fondo de Solidaridad ha venido haciendo su camino, posibilitando a muchos estudiantes, mayoritariamente provenientes del interior del país, la continuación de sus estudios universitarios.

Sin embargo, al margen del loable fin para el cual fue creado la financiación del Fondo a través del aporte de los egresados no ha tomado en cuenta la capacidad contributiva de estos, generando una serie de iniquidades. Esta injusta situación ha dado lugar a permanentes reclamos de profesionales que han visto sensiblemente afectados sus ingresos y que necesariamente debemos tener en cuenta.

Tal situación se ha visto agravada por la aprobación de la Ley de Presupuesto Nacional Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, que en su artículo 542 estableció la creación de un adicional equivalente a dos salarios mínimos nacionales con destino a financiar diversos proyectos de la Universidad de la República. En efecto, la situación que ya era de iniquidad se ha tornado insostenible para muchos egresados que ven reducidos sus ingresos salariales, teniendo que destinar en muchos casos la totalidad de los ingresos correspondientes al aguinaldo para dar cumplimiento a la ley.

Tanto el financiamiento previsto en la Ley Nº 16.524 como el adicional del artículo 542 de la Ley de Presupuesto, parten de una presunción errónea, que supone por el solo hecho de ser profesional, la existencia de una capacidad contributiva que en muchos casos no es tal.

El artículo 1º del presente proyecto de ley propone la sustitución de los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 16.524, de 25 de julio de 1994. La única modificación contenida en el artículo 1º en su nueva redacción, refiere exclusivamente a definir la naturaleza jurídica del Fondo de Solidaridad, esto es: "persona jurídica de derecho público no estatal".

La nueva redacción del artículo 2º incorpora con carácter preceptivo que el representante del Ministerio de Educación y Cultura que preside la Comisión Honoraria que organiza y administra el Fondo sea el Subsecretario de esa Cartera. El fundamento de esta modificación es darle una mayor jerarquía al Fondo y una directa relación con la conducción ministerial. De hecho, en el presente período de gobierno esa ha sido la decisión adoptada por el Ministro de Educación y Cultura doctor Antonio Mercader, en cuanto designó al Subsecretario maestro José Carlos Cardoso para presidirlo.

Asimismo se amplía la integración de la Comisión Honoraria a siete miembros incorporando un representante de la Agrupación Universitaria del Uruguay, en tanto entidad más representativa de los profesionales universitarios.

En el literal A) de este artículo donde se establecen algunos de los cometidos que tiene la Comisión Honoraria se agrega: "y los requisitos que deben cumplir los postulantes para ser beneficiarios de las mencionadas becas".

Las modificaciones introducidas al artículo 3º constituyen la parte sustancial del proyecto de ley, por cuanto establece criterios más equitativos para determinar el monto de los aportes. En primer lugar el proyecto define la naturaleza jurídica del aporte como una contribución especial.

Aun cuando esta definición pueda ser discutible en la medida que resulta difícil visualizar "el beneficio económico particular" a que se refiere el artículo 13 del Código Tributario, creemos que es la que más se ajusta a las características del tributo en tanto hay una relación directa entre el destino específico de los aportes y el contribuyente. La otra solución posible es considerar que el aporte es un impuesto.

La primera innovación respecto a los aportes está establecida en el inciso primero. En efecto, el proyecto elimina la última parte del inciso primero del artículo 3º de la Ley Nº 16.524 donde se establecía que el tributo comprendía a los egresados "una vez cumplidos los diez años de expedición o reválida del mismo". La eliminación de esta excepción se justifica en tanto los aportes dejan de ser fijos y pasan a tener directa relación con los ingresos salariales o fictos sobre la base de los cuales se aporta a la seguridad social. Asimismo, el proyecto tiene el objetivo de ampliar la base del tributo como forma de no afectar los recursos que actualmente percibe el Fondo de Solidaridad.

En el numeral 1) se establece que los profesionales o egresados comprendidos en el inciso primero del citado artículo, que desarrollen actividad gravada con arreglo a lo dispuesto por la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995 (Ley de Reforma Previsional), aportarán mensualmente un 5 o/oo de los ingresos mensuales computables para las contribuciones a la seguridad social (se excluye el aguinaldo y otras remuneraciones que no tengan el carácter de mensual). Los organismos recaudadores de esta contribución especial serán el Banco de Previsión Social, la Caja Policial, la Caja Militar o la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias según sea el caso, debiendo verter lo recaudado al Fondo, dentro del mes siguiente a su cobro.

Vale decir que este numeral 1) incluye varios cambios significativos: en primer lugar, todos los egresados que realicen actividad gravada de acuerdo a la Ley Nº 16.713 quedan alcanzados por el tributo, o sea que se procura -también por esta vía- ensanchar la base de aplicación del tributo. Deja de importar si el egresado realiza o no actividad profesional específica y pasa a presumirse, que aun cuando preste únicamente servicios en relación de dependencia, cualquiera sea el ámbito de su actividad, el hecho de ser egresado lo compromete a realizar un apoyo solidario al Fondo, es decir, a estudiantes de menores recursos que procuran formarse en las distintas disciplinas universitarias o a nivel terciario del Consejo de Educación Técnico-Profesional.

El numeral 2) refiere exclusivamente a los profesionales que ejercen su profesión en régimen de ejercicio liberal y que aportan a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios o a la Caja Notarial de Pensiones. Dichos profesionales deberán aportar el 1% sobre el ficto respecto al cual aportan a cualquiera de las referidas Cajas, correspondiéndoles a estas la percepción, recaudación y fiscalización del tributo, que deberán verter al Fondo dentro del mes siguiente a su percepción.

En el numeral 3) se establece que la contribución especial dispuesta no podrá superar el tope de cuatro salarios mínimos nacionales, previéndose que cuando se realice un aporte mayor al previsto, podrá solicitarse al Fondo la devolución de los aportes excedentes.

Asimismo se establece que el Fondo deberá entregar a quienes se encuentren comprendidos en el inciso primero del artículo 3º, una constancia que acredite estar al día con la contribución especial, que se extenderá por un período comprendido entre el 1º de abril y el 31 de marzo de cada año.

La referida constancia deberá ser exigida por las entidades públicas o privadas a los sujetos pasivos de esta contribución especial, en ocasión de pago de facturas por servicios prestados, sueldos, salarios o remuneraciones de cualquier especie. El funcionario público que incumpla con lo preceptuado incurrirá en falta grave.

Por último, se innova previendo que las entidades previsionales no puedan dar curso a ninguna solicitud de jubilación o retiro sin exigir la constancia respectiva de estar al día con el tributo.

El artículo 2º establece el sistema de contralor aplicable tanto en lo que refiere a lo administrativo, a la fiscalización y a la visación por parte del Tribunal de Cuentas de los estados contables y sus anexos.

El artículo 3º dispone que la exoneración a las becas servidas por el Fondo de todo tributo nacional.

El artículo 4º establece que en lo no previsto por la ley el régimen de funcionamiento será el de la actividad privada.

El artículo 5º prevé que los bienes del Fondo son inembargables, gozando sus créditos del privilegio dispuesto en el numeral 6º. Los artículos 2º a 5º del proyecto refieren normas relativas al contralor del Fondo, a la exoneración de las becas de todo tributo, a establecer que en todo lo no previsto por la ley el funcionamiento del Fondo será el de la actividad privada.

Por el artículo 6º se fija en 470.000 unidades reajustables el tope presupuestal asignado al Fondo, previéndose que pueda ser aumentado por razones debidamente fundadas a juicio del Poder Ejecutivo, en un 3% anual.

El artículo 7º fija el destino de la recaudación excedente a la Universidad de la República, de acuerdo a como había sido establecido en el artículo 542 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Por el artículo 8º se faculta al Poder Ejecutivo a establecer, por única vez, un régimen de facilidades de hasta veinticuatro meses y a exonerar de multas y recargos, a los sujetos pasivos del tributo que adeuden aportes correspondientes a años anteriores a la vigencia de la presente ley.

El artículo 9º deroga el artículo 4º de la Ley Nº 16.524, que preveía que los sujetos pasivos que no ejercían en forma liberal la profesión pudieran exceptuarse del pago del tributo. También se deroga el artículo 542 de la Ley de Presupuesto Nacional por cuanto su esencia se recoge en el artículo 7º del presente proyecto.

Por último, por el artículo 10 se prevé que la ley entre en vigencia el 1º de enero de 2001.

Montevideo, 1º de noviembre de 2001.

IVÁN POSADA, Representante por Montevideo, JOSÉ MARÍA MIERES VISILLAC, Representante por Montevideo, PABLO MIERES, Representante por Montevideo, JOSÉ AMORÍN BATLLE, Representante por Montevideo, RICARDO FALERO, Representante por Canelones, ANGELITA AMED, Representante por Colonia".

E) "CANDIDATOS QUE PARTICIPEN EN LA SEGUNDA ELECCIÓN PREVISTA POR EL Artículo 151 DE LA CONSTITUCIÓN. (Se establece la obligatoriedad de la realización de un debate televisivo y radial).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- En el caso de verificarse segunda elección presidencial (artículo 151 de la Constitución de la República), los postulantes a Presidente deberán sostener por lo menos un debate televisivo y radial, trasmitido por cadena nacional de televisión y radio. El mismo no tendrá costo para los participantes, los partidos políticos o coaliciones de partidos políticos que apoyen las candidaturas.

El debate tendrá lugar el penúltimo viernes antes de la segunda elección, iniciándose a la hora 21.00 de ese día. Por razones de salud podrá postergarse, pero no más allá de los cinco días siguientes.

Artículo 2º.- Salvo acuerdo entre las partes, cada debate durará noventa minutos divididos en tres partes con tandas de intervalo de siete minutos, en las cuales se podría emitir publicidad, pero no de carácter político o gubernativo.

Artículo 3º.- Cada parte de treinta minutos se subdividirá en respectivas exposiciones de diez minutos de cada candidato y un redondeo final de cinco minutos. El sorteo se realizará antes del inicio del programa y quien pierda abrirá con su exposición el primero y el tercer bloques. En caso de un segundo debate, automáticamente se invertirá el orden sin sorteo.

Artículo 4º.- Salvo acuerdo entre las partes, el moderador será elegido por sorteo entre tres propuestas realizadas por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y deberá tener experiencia en la conducción de programas. Su tarea será presentar, controlar el tiempo, conceder la palabra, conceder interrupciones y alertar sobre la finalización de los períodos destinados a cada participante. También podrá acordarse ampliación o reducción de las tareas encomendadas al moderador.

Artículo 5º.- La negativa a participar por lo menos en un debate será sancionada con una multa de 10.000 UR (diez mil unidades reajustables), que aplicará la Corte Electoral, destinándose a gastos de funcionamiento de la misma.

Montevideo, 24 de octubre de 2001.

WALTER VENER CARBONI, Representante por Soriano.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se ha dicho que en la segunda elección presidencial, también conocida como balotaje, se enfrentan dos propuestas de país usualmente distintas, dos programas, dos concepciones, dos formas de actuar y ver el país.

Todo aquello que conduzca a mejor informar al elector, a darle un panorama más claro de las opciones que tiene, bienvenido sea.

Por ello, entendemos que es muy propicio la realización de un debate, que tantas veces se ha frustrado por diferentes detalles que hoy no vienen al caso.

Así como asumimos en determinado momento de nuestra historia, a diferencia de otros países, que el voto deber ser obligatorio porque es buena la participación ciudadana, también resulta conveniente asegurar la presencia de aquellos hechos o instrumentos que le van a dar un mejor perfil a esa participación ciudadana, en este caso, en las urnas. Pues, por otra parte, existe la posibilidad en esos debates de aclarar temas, marcar puntos de vista, neutralizar diferencias de poderío económico o infraestructura partidaria y, fundamentalmente, con una audiencia garantizada, hacer llegar el mensaje a la ciudadanía, pasando del tema de los carismas, caudillaje o ascendencia, al terreno de las ideas y propuestas para que la decisión sea no solo un voto por confianza sino también de apoyo a lo que se propone o se piensa.

Montevideo, 24 de octubre de 2001.

WALTER VENER CARBONI, Representante por Soriano".

F) "ENCUESTAS O SONDEOS DE OPINIÓN PÚBLICA. (Se prohíbe su difusión en los veinte días anteriores a la realización de cualquier consulta popular prevista en la Constitución o en la ley).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Prohíbese la difusión por cualquier medio, de encuestas o sondeos de opinión pública a partir de veinte días antes de la realización de cualquier consulta popular prevista por la Constitución de la República o la ley.

Artículo 2º.- La prohibición comprende encuestas o sondeos de opinión pública realizados durante ese período o anteriores, siempre que se refieran a la consulta popular en curso.

Artículo 3º.- Quienes violen la presente ley serán pasibles de una sanción de 200 UR (doscientas unidades rejustables) que podrá aumentar hasta 500 UR (quinientas unidades reajustables) en caso de reincidencia o de que simultáneamente el acto penado se produzca por más de un medio de difusión. Estos, al tratarse de transmisiones en directo, podrán verse exentos de responsabilidad si interrumpen de inmediato la difusión de datos que constituyan una violación a las disposiciones de los artículos 1º y 2º de la presente ley.

Artículo 4º.- La autoridad podrá sancionar por la misma falta al medio de difusión infractor y a la persona que difunda estos actos, en el caso de que no perteneciera por alguna forma de relación laboral a la entidad por la cual se transmite la información. En caso de espacios contratados, el medio de difusión quedará exento de responsabilidad si el espacio se emite en vivo.

Artículo 5º.- Competerá a la Corte Electoral la aplicación de las sanciones correspondientes, la cual podrá disponer de esos recursos para tareas propias.

Artículo 6º.- La prohibición cesará al cerrarse las mesas receptoras de votos del acto electoral en curso.

Montevideo, 24 de octubre de 2001.

WALTER VENER CARBONI, Representante por Soriano.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la proximidad de los actos electorales, ya sea elección presidencial, municipal, segunda vuelta, plebiscito, propuesta de referéndum, etc., un cúmulo muy agresivo de propuestas y campañas publicitarias inciden negativamente en la posibilidad de que el elector madure su opinión. En algún tiempo se ha hablado de reducir incluso las campañas electorales, pero el nuevo sistema aprobado en diciembre de 1996 se ha encargado de ello, pues si bien prolonga la actividad hasta abril del año entrante, cambia constantemente de escenario (internas, presidenciales, segunda vuelta y municipales).

Todos sabemos el efecto triunfalista que sobre el electorado pueden tener las encuestas, reforzando las tendencias que se presentan victoriosas, creando un ambiente de irritabilidad y duda, que agrega otro tema de polémica al escenario electoral, cuando es bueno que con un plazo prudencial el votante vaya teniendo un tiempo cada vez más libre para su decisión, el cual encuentra su paz total en la veda publicitaria previa a la elección.

Esta propuesta no constituye una opinión sobre el sistema ni pone en duda la profesionalidad de quienes realizan las encuestas; incluso afecta escasamente el ámbito laboral, porque los partidos e instituciones podrán concretar estos sondeos de opinión, lo que no podrán hacer es difundirlos.

Montevideo, 24 de octubre de 2001.

WALTER VENER CARBONI, Representante por Soriano".

G) "DÍA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LA BALLENA FRANCA AUSTRAL (Se declara el primer viernes del mes de octubre de cada año).

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Declárese el primer viernes de octubre de cada año como "Día Nacional de Protección de la Ballena Franca Austral".

Montevideo, 2 de noviembre de 2001.

SEBASTIÁN DA SILVA, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La siguiente propuesta tiene como finalidad la conservación y el aprovechamiento sustentable de la Ballena Franca Austral, la incorporación al calendario nacional de este día de la protección, tiene como aspiración que por el mismo el Estado en su conjunto a través de los órganos educativos, de protección ambiental y de fomento turístico sintetice todas las acciones tendientes a la preservación de este recurso que de ser debidamente promocionado tendrá en el corto plazo resultados más que favorables tanto en materia cultural como económica.

En 1995 se constata la afluencia de la Ballena Franca Austral en nuestro territorio; específicamente en tres zonas geográficas.

Dadas estas distribuciones se proponen tres zonas de alto uso como áreas naturales protegidas; las mismas han sido declaradas de interés por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente mediante la Dirección Nacional encargada de reglamentar la Ley de Áreas Naturales Protegidas Nº 17.234.

Dichas zonas son: 1) Punta Ballena - Bahía de Maldonado - José Ignacio; 2) Cabo de Santa María - La Pedrera (Rocha); 3) Cabo Polonio - Punta del Diablo (Rocha).

Estas áreas en el marco nacional, se administrarán por un grupo de trabajo ya designado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, con el Comando General de la Armada, Prefectura Nacional Naval, Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca e Intendencias Municipales.

En base a los datos obtenidos, en cinco años de investigación, que esta especie de ballena (Eubalaena Australis), se acerca cada vez en mayor número a nuestras costas para la procreación de la especie.

Este crecimiento junto a los crecientes esfuerzos de conservación permiten que la población vuelva a ocupar nichos, que debido a la caza indiscriminada, debieron abandonar.

Existe un valioso potencial ecológico, cultural e histórico que reside en la propia conservación de este singular animal. Su uso como patrimonio turístico es capaz de movilizar importantes sumas para las comunidades costeras en el período de aparición de la especie, que es justamente la baja temporada de turismo en el litoral oceánico uruguayo.

La ballena actúa como herramienta para la educación hacia una conciencia ambiental, dando la importancia que tiene el respeto hacia el medio ambiente y las formas vivientes.

Por lo anteriormente expuesto consideramos de suma importancia la aprobación del "Día de la Conservación de la Ballena Franca Austral".

Montevideo, 2 de noviembre de 2001.

SEBASTIÁN DA SILVA, Representante por Montevideo".

H) "ESTATUTO DEL FUNCIONARIO DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES. (Se modifican disposiciones para la provisión de cargos creados por Resolución de la Cámara de 25 de julio de 2001).

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

1º.- Dispónese que a los efectos de la provisión de los cargos grado 14, escalafón C "Personal Administrativo", y grados 12 y 9, escalafón A "Personal Profesional Universitario" creados por Resolución de la Cámara de Representantes de 25 de julio de 2001 -Presupuesto de Secretaría-, deberá convocarse a concurso de oposición y méritos entre los funcionarios de la Secretaría de la Cámara de Representantes.

2º.- Para la provisión del cargo grado 14, escalafón C "Personal Administrativo", Director de Area, se llamará a concurso de oposición y méritos entre los funcionarios que ocupen cargos en el grado inmediatamente inferior al de la vacante.

En caso de que ninguno de los aspirantes del concurso hubiere superado el 40% (cuarenta por ciento) del puntaje máximo establecido en la reglamentación, se convocará a un nuevo concurso, esta vez entre los funcionarios que ocupen cargos en los dos grados inmediatos inferiores al de la vacante.

3º.- Para la provisión de los cargos grados 12 y 9, escalafón A "Personal Profesional Universitario", se llamará a concurso de oposición y méritos entre los funcionarios que posean título universitario de Contador Público.

Hasta tanto no se hubiere provisto efectivamente el cargo grado 12, no se realizará el llamado a concurso para la provisión del cargo grado 9.

4º.- En el concurso de oposición y méritos se computará:

A) La puntuación obtenida en las pruebas de aptitud para el desempeño eficiente del cargo a proveer.

B) La puntuación de la antigüedad.

C) La puntuación resultante de los deméritos.

D) La puntuación resultante de la evaluación de otros elementos de juicio relevantes, determinados en función de la descripción técnica y funcional del cargo a proveer.

En el concurso para acceder al cargo de Director de Area, y a los efectos de la determinación de la puntuación total, el peso relativo de las puntuaciones correspondientes al literal A) será del 70% (setenta por ciento) y del 10% (diez por ciento) para cada uno de los restantes literales. Por su parte, los concursos para la provisión de los cargos vacantes del escalafón A "Personal Profesional Universitario", el peso relativo de las puntuaciones será del 80% para el factor determinado en el literal A), del 5% (cinco por ciento) para los literales B) y C) respectivamente, y del 10% (diez por ciento) para el literal D).

5º.- A los efectos de lo establecido en el artículo anterior se considerarán deméritos:

A) Las inasistencias injustificadas.

B) Las licencias sin goce de sueldo.

C) Toda sanción disciplinaria anotada en el legajo personal del funcionario.

6º.- La Presidencia, en acuerdo con la Comisión de Asuntos Internos, establecerá las bases de los concursos de oposición y méritos y reglamentará los procedimientos necesarios para su efectiva convocatoria así como la integración de los tribunales, en un plazo de diez días.

Una vez establecida la reglamentación, se realizarán los correspondientes concursos en un plazo no mayor a treinta días.

Montevideo, 25 de octubre de 2001.

GUSTAVO PENADÉS
Presidente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ante la creación de determinados cargos en la última norma modificativa del Presupuesto de Secretaría, se hace imprescindible proveer tales vacantes, tal como es obligación de la Administración.

Como primer aspecto en cuestión ha sido necesario, para arribar a la conclusión de que resulta imprescindible aprobar una norma que establezca un régimen especial y concreto para la provisión de las nuevas vacantes, proceder al análisis de la idoneidad y aplicabilidad de la normativa estatutaria vigente.

De tal forma, en un primer examen de la cuestión resultaba plausible la premisa de que el Estatuto del Funcionario, vigente al momento de creación de las vacantes, era la norma que debería aplicarse, y no una nueva disposición (tanto definitiva como transitoria), modificativa del mismo. Ante tal consideración se vislumbró inmediatamente el problema de determinar la aplicabilidad de una norma que en realidad no se cumple desde hace tres años. En efecto, según el artículo 56 del Estatuto: "Las promociones se harán de acuerdo a los puntajes que surjan de los valores de la calificación, de la antigüedad, de los méritos y de los deméritos", dirimiéndose las eventuales igualdades de puntajes mediante concursos de oposición (prueba de aptitud). Es así que habría que referirse a los puntajes de calificación resultantes de los últimos tres años (artículo 57), los cuales no existen por la simple razón de que no se realizaron calificaciones en el último trienio. Tal vacío no resultaría tampoco subsanable con mecanismos de integración analógica que de una u otra forma resultarían artificiosos y aun eventualmente ilegítimos.

De este modo, al no disponer la Administración de los puntajes producto de las calificaciones, no podrían tomarse en forma aislada los factores resultantes de la antigüedad, méritos y deméritos, los cuales claramente forman parte de una misma ecuación conjuntamente con el elemento faltante. En tal orden, tampoco resultaría procedente aplicar puntajes de trienios anteriores al próximo pasado, puesto que, además de apartarse en forma flagrante de lo establecido en el artículo 57 del Estatuto, resultaría notoriamente injusto en tanto el desempeño de un funcionario es, por naturaleza, un factor variable, sin dejar de considerar además que la propia estructura administrativa de la Secretaría de la Cámara también ha sufrido modificaciones en los últimos años.

Podría entonces entenderse que correspondería, por analogía, equiparar la situación a la que se provocaría ante igualdad de puntajes, correspondiendo entonces llamar a concurso de oposición (inciso segundo del artículo 56). Si bien esta última solución resultaría la más apropiada y ajustada a derecho, no dejaría de ser el resultado de un razonamiento interpretativo, el cual, como toda actividad hermenéutica es, en todo caso, pasible de cuestionamientos.

Ante tal situación se hace patente la necesidad de establecer una disposición que determine de qué forma se van a proveer las vacantes. El hecho de crear una nueva norma que establezca el procedimiento de provisión de vacantes generadas con anterioridad, no lesiona en absoluto el derecho a la carrera de los funcionarios que pudieren aspirar a los cargos. Por el contrario, tal como por unanimidad lo acepta la doctrina administrativista moderna, los funcionarios no tienen un derecho adquirido al mantenimiento del estatuto vigente, sino que este puede ser modificado cada vez que sea necesario.

Respecto a los cargos creados, existen funcionarios que por revestir las condiciones básicas exigidas estatutaria y presupuestalmente (inmediatez en el grado o idoneidad técnica) tienen una justa expectativa de acceder a los mismos. En su caso, aquellos que tuvieren vocación para ocupar cada cargo vacante, no tienen obviamente el derecho a los mismos, sino únicamente el derecho a exigirle a la Administración que los provea, viéndose esta entonces obligada a actuar en consecuencia, y ante lo cual, si hubiere, como en el caso, una situación concreta que obstaculizare tal proceder, deberá subsanarla con la mayor premura estableciendo la regla de derecho que juzgare más adecuada.

Resulta entonces de lo expuesto que la Cámara debe dictar la normativa que establezca una solución definitiva al tema en cuestión, para lo cual es necesario el concurso de las mismas mayorías necesarias para la modificación del Estatuto del Funcionario (artículo 39), puesto que aun en su naturaleza de norma contemplativa de una situación especial, no deja por ello de ser modificativa del primero.

La Comisión de Asuntos Internos, conjuntamente con esta Presidencia y en cumplimiento del artículo 30 del Presupuesto de Secretaría, se encuentra abocada al estudio de un proyecto de reforma del Estatuto. No obstante, por tratarse de un proyecto que requiere de detenido y cuidadoso estudio, el tiempo que podría insumir el mismo no se acompasaría con la celeridad con la que la Cámara debe proceder a proveer las vacantes. Es en tal sentido que se hace impracticable esperar a la aprobación de un nuevo Estatuto para cubrir las vacantes creadas en el Presupuesto.

Finalmente, en relación al sistema de concurso de oposición y méritos dispuesto en el proyecto, puede afirmarse sin temor a equívocos que resultará, para el caso, el mecanismo más justo, adecuado y práctico. En el concurso de oposición y méritos no solo se contempla el resultado de las pruebas de aptitud, sino que también se considerará la antigüedad, los méritos y deméritos. Por su parte, la incidencia de cada uno de estos factores en el resultado final del concurso está establecida en el propio proyecto, sin perjuicio de la reglamentación de los aspectos específicos y formales que deberán ser establecidos en la reglamentación que la Presidencia, en acuerdo con la Comisión de Asuntos Internos, con el asesoramiento de los Secretarios del Cuerpo, deberá establecer en un plazo de diez días a partir de la entrada en vigencia del proyecto de resolución.

Montevideo, 25 de octubre de 2001.

GUSTAVO PENADÉS
Presidente".

I) "CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS Y FORO INTERPARLAMENTARIO DE LAS AMÉRICAS. (Se acepta la invitación para participar en los mismos e integrar sus órganos constituidos).

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Representantes

RESUELVE:

1º.- Aceptar la invitación a participar en las reuniones convocadas por la Conferencia Parlamentaria de las Américas y el Foro Interparlamentario de las Américas y a integrar sus órganos constituidos.

2º.- Que la concurrencia a dichos eventos se realice sin gastos para la Cámara de Representantes.

3º.- Encomendar al Presidente del Cuerpo que coordine con el Presidente del Senado todos los aspectos relacionados con la referida participación a fin de unificar criterios sobre la misma.

Montevideo, 26 de octubre de 2001.

CARLOS BARÁIBAR, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Conferencia Parlamentaria de las Américas (COPA) y el Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA), recientemente constituidos, son ámbitos de intercambio entre parlamentarios de los países de las tres Américas en cuyos encuentros han participado legisladores uruguayos.

Dicha participación permitió un mayor conocimiento de las realidades de otros Parlamentos y un intercambio de opiniones sobre los principales temas comunes de nuestro continente que en determinados casos ha dado lugar a recomendaciones de interés para los Cuerpos legislativos de los distintos países.

En la Conferencia Parlamentaria de las Américas participan parlamentarios nacionales y estaduales. Dicha organización realizó su primera Asamblea General en Quebec, Canadá, en setiembre de 1997 con más de cuatrocientos parlamentarios de veintiocho países bajo el lema "Hacia las Américas del 2005; democracia, desarrollo y prosperidad", expresándose la conveniencia de dar continuidad a un diálogo parlamentario interamericano.

La segunda Asamblea General de la COPA se efectuó en Puerto Rico en julio de 2000 con casi doscientos parlamentarios de veinte países en torno al tema central "Edificar una comunidad de las Américas equitativa y próspera".

La tercera Asamblea General de la COPA se realizará en Río de Janeiro, Brasil, del 17 al 21 de noviembre próximo sobre el tema "Los caminos del ALCA y de la Democracia", previendo sus organizadores una participación de aproximadamente doscientos cincuenta legisladores de treinta países de las tres Américas.

Recientemente, su Presidente, el Diputado Federal brasileño Geraldo Magela, visitó nuestro Parlamento, entrevistándose con Representantes de todas las bancadas e invitando a los legisladores a participar en la próxima Asamblea General de COPA.

El Foro Interparlamentario de las Américas es una red autónoma constituida por los Poderes Legislativos nacionales de los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el propósito fundamental de promover la participación parlamentaria en el sistema interamericano y contribuir al desarrollo del diálogo interparlamentario en el tratamiento de los temas de la agenda hemisférica, de conformidad con la Resolución 1679/999 de la Asamblea General de la OEA.

La reunión constitutiva de FIPA se realizó en Ottawa, Canadá, en marzo de 2001.

Teniendo en cuenta el contenido temático, la amplia participación de parlamentarios de gran cantidad de países y el hecho de que COPA Y FIPA son, cada uno con sus características específicas, ámbitos donde se puede establecer en forma regular un diálogo interparlamentario a nivel de las tres Américas, es que consideramos conveniente que en próximos eventos de COPA Y FIPA haya una representación oficial de parlamentarios uruguayos.

Por otra parte, la política de contención del gasto que aplica el Poder Legislativo aconseja que dicha participación, en caso de concretarse, se realice sin erogaciones para el Cuerpo.

Se propone que los criterios precedentes sean los mismos para las delegaciones que participen en los encuentros de COPA y de FIPA, y que las Cámaras de Representantes y de Senadores establezcan la coordinación necesaria.

Los informes sobre la participación de legisladores uruguayos en las instancias anteriores de COPA y FIPA obran en poder de las Secretarías de ambas Cámaras.

Montevideo, 26 de octubre de 2001.

CARLOS BARÁIBAR, Representante por Montevideo".

J) "BUQUES MERCANTES DE BANDERA NACIONAL. (Se establece que su tripulación deberá estar integrada en su totalidad por ciudadanos uruguayos naturales o legales).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- La tripulación de los buques mercantes de bandera nacional, estará integrada por un cien por ciento de ciudadanos uruguayos naturales o legales.

Artículo 2º.- De acuerdo a la actividad de los mismos, y por razones fundadas, el Poder Ejecutivo, previo los asesoramientos que estime necesarios, podrá autorizar hasta un máximo de un diez por ciento de ciudadanos extranjeros en la integración de la respectiva tripulación, siempre que estos sean idóneos en técnicas no conocidas a nivel nacional o no suficientemente desarrolladas en el país, así como áreas o actividades que exijan conocimientos y experiencias especiales plenamente comprobados.

Artículo 3º.- Deróganse todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes referidas a porcentajes de tripulantes y sus nacionalidades en buques de bandera nacional.

Montevideo, 29 de octubre de 2001.

DANIEL GARCÍA PINTOS, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley promueve la modificación de los porcentajes de tripulantes uruguayos en buques nacionales, entre los cuales se encuentran los buques pesqueros, en sustitución de lo previsto en la Ley Nº 13.833, de 29 de diciembre de 1969, Decreto 157/997 y otros actos legislativos relacionados con la materia.

Motiva tal presupuesto el concepto de que la actividad pesquera se realiza sobre un recurso típico de propiedad de la República, conformando parte de la soberanía nacional, ya que los recursos acuáticos en estado original y libre no han sido ni son propiedad más que del Estado.

En el año 1969, Uruguay solo tenía una actividad muy limitada sobre los recursos marinos especiales, debido a la falta de interés de inversiones en el sector, producto de la falta de certeza jurídica sobre las áreas jurisdiccionales ante la falta de acuerdos regionales e internacionales.

El 9 de diciembre de 1969, Uruguay, por decreto del Poder Ejecutivo, extiende su Mar Territorial a una anchura de 200 millas. Inmediatamente el legislador procede a asegurar las riquezas de esa nueva zona acuática, mediante la aprobación de la referida Ley Nº 13.833 a la que se le conoce como Ley de Riquezas del Mar.

Para ese entonces, al no haber una práctica de cierta entidad en la pesca, se carecía de experiencia y conocimientos actualizados, así como tampoco había un número importante de tripulantes aptos para las tareas a emprender. Ello motivó que la ley previera hasta un 50% de las tripulaciones con la presencia de extranjeros, lo que permitiera comenzar las actividades y a su vez obtener una capacitación a tripulantes nacionales.

A fines de 1973, con la firma del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, se obtiene definitivamente la certeza jurídica de nuestras áreas acuáticas, lo que provocó un explosivo desarrollo en el sector pesquero y aumentó aún más el requerimiento de mano de obra apta para los diferentes métodos de captura.

Al presente, luego de más de treinta años de aquellos primeros pasos, más de una generación de hombres del mar han transitado por el oficio de la pesca, por lo que debemos considerar que la ausencia de capacidad de los primeros momentos ha sido superada.

A la fecha, los buques de pesca tradicional, costeros y de altura, tienen en su casi totalidad tripulaciones nacionales.

La pesca con permiso D, que es aquella que se realiza en aguas fuera de la jurisdicción nacional, mantiene parte de la tripulación con extranjeros, incluyendo las tripulaciones hasta de solo 10% de nacionales, como indica el Decreto 157/997. Igualmente, los permisos C, o sea, aquellos de pesca en aguas jurisdiccionales y fuera de ellas, también mantienen normalmente sus tripulaciones con marinos extranjeros.

Al presente, suceden dos elementos a tener en cuenta, considerando además la capacidad del pescador nacional: una importante disminución en los volúmenes de las diferentes especies, lo que hace que menos buques tengan posibilidad de actividad rentable, retirándose varias empresas y embarcaciones de bandera nacional y el desempleo que en el ámbito nacional está cercenando en parte importante las posibilidades de los trabajadores.

La capacitación, el desempleo, la baja demanda de mano de obra, dan lugar entonces a una lógica revisión de normas anteriores que regulan la actividad en la pesca.

En el caso de los buques con permiso D, se llega a que en muchas oportunidades estos buques ni siquiera descarguen en puertos de nuestro país, y por otra parte, ejerzan su actividad en mares muy lejanos, y en ocasiones con convenios regionales, los cuales juzgan su actividad como no apropiada.

En consideración de los compromisos internacionales que nuestra participación debe guardar, fundamentalmente en coincidencia con los principios establecidos en el Código Internacional de Pesca Responsable, por lo cual existe un compromiso de conducta, que de no llevarse a cabo, puede generar reacciones negativas y privativas contra los productos de origen nacional, es que debe ser más exigente el criterio del uso de la bandera nacional, donde el ciudadano extranjero no tiene el celo en la custodia del buen proceder y prestigio del Estado, como tampoco tenemos medios para exigir que ello ocurra.

Hay casos documentales de buque con permiso D que arribó a puerto con un solo Marinero nacional, Capitán y Jefe de Máquinas, los que no actúan como tales, sino en coordinación con un Patrón de Pesca y un Maquinista extranjero, que resultan verdaderos conductores de la actividad, y con tripulación de más de treinta extranjeros. Este buque con bandera nacional pescó en diferentes áreas del mundo, enarbolando y comprometiendo con su actividad el prestigio de nuestro país en el sector.

A su vez, la Ley Nº 16.387 para Buques Mercantes, así como el Decreto 426/994 establecen que el porcentaje de marinos uruguayos también esté al nivel del 50%. Sin embargo, no se conoce a nivel internacional, ni especialmente regional, una reciprocidad de posibilidades para tripulantes nacionales que justifique el mantenimiento de tales normas.

Como el buque pesquero puede considerarse uno más de los que encierra el término "Buque Mercante" es que entendemos necesario considerar iguales medidas para todo tipo de embarcación de actividad mercante, a efectos de proceder con justicia y sin crear discriminación en iguales o similares tareas.

Los presentes fundamentos entonces, han motivado la presentación de esta iniciativa que, repetimos, tiende a reparar lo que hoy consideramos es una verdadera injusticia, dejando la posibilidad de que cuando se considere necesario para la actividad y el país, se pueda aceptar hasta un determinado número de tripulantes extranjeros.

Montevideo, 29 de octubre de 2001.

DANIEL GARCÍA PINTOS, Representante por Montevideo".

4.- Exposiciones escritas.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 11)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Roque Arregui solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

  • sobre la situación laboral de la auxiliar de servicio de la policlínica ubicada en la localidad de Egaña, departamento de Soriano. C/27/000

  • referente a la posibilidad de contar con un médico de guardia durante todo el día en la localidad de José Enrique Rodó, departamento de Soriano. C/27/00

  • acerca de las carencias de atención médica en la zona rural de Cerro Alegre, departamento de Soriano. C/27/000

  • para su remisión al Consejo de Educación Secundaria, acerca de la situación del Liceo "Profesor Justo P. Rodríguez" de la ciudad de Cardona, departamento de Soriano. C/27/000

  • para su remisión al Consejo de Educación Primaria, por la que solicita la modificación de la normativa que regula las reuniones en los locales escolares. C/27/000

  • para su remisión al Consejo de Educación Primaria, acerca de la necesidad de transformar la Escuela Nº 6 "Luis Sampedro" de villa Soriano, en escuela de tiempo completo. C/27/000

El señor Representante Gustavo Guarino solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

El señor Representante Daniel García Pintos solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

El señor Representante Enrique Pérez Morad solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud Pública, a la Dirección General de la Salud, a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, a las Direcciones de los Hospitales de Maldonado, San Carlos, Pan de Azúcar y Aiguá, a la Coordinación Departamental y Regional de Salud de la Zona Este, a la Intendencia Municipal y además por su intermedio a la Dirección de Promoción Social, y a la Junta Local Autónoma y Electiva de San Carlos, a la Junta Departamental de Maldonado, con destino a la Comisión de Salud, y a la Coordinadora de Barrios de San Carlos, acerca del posible cierre de los servicios del Hospital de San Carlos, en el citado departamento. C/27/000

El señor Representante Ronald Pais solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la República, y a los Ministerios del Deporte y Juventud, de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland; de Economía y Finanzas, con destino al Banco de Seguros del Estado y de Defensa Nacional, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, y al señor Gustavo Trelles, relacionada con la participación de este deportista en próximas competencias automovilísticas. C/27/000

El señor Representante Raúl Argenzio Santos solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio a la Administración Nacional de Correos, sobre la posibilidad de emitir un sello conmemorativo de los 53 años de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. C/27/000

El señor Representante Omar Ferrari solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, para su remisión al Consejo de Educación Secundaria y al Liceo Nº 2 de la ciudad de Young; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro, relacionada con el dictado de cursos de cuarto año en el referido centro de estudios. C/27/000

El señor Representante Ramón Legnani solicita se curse una exposición escrita a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Canelones, acerca de la presunta carencia de título habilitante para ejercer como ingeniera, de una funcionaria de esa Comuna. C/27/000

El señor Representante José Homero Mello solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

——Se votarán oportunamente.

5.- Inasistencias anteriores.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión extraordinaria realizada el 18 de octubre de 2001.

Con aviso: Carlos Baráibar, Silvana Charlone, Daniel Díaz Maynard, Eduardo Muguruza, Ruben Obispo, Darío Pérez y Enrique Pérez Morad.

Inasistencias a las Comisiones:

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Lunes 22 de octubre

ESPECIAL CON FINES DE DIAGNÓSTICO SOBRE LAS SITUACIONES DE POBREZA

Con aviso: Félix Laviña.

Martes 23 de octubre

SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Con aviso: Wilmer Trivel.

Miércoles 24 de octubre

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

Con aviso: Alejo Fernández Chaves y Enrique Soto Durán.

INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Con aviso: Alberto Perdomo y Ricardo Molinelli.

SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Con aviso: Daniel Bianchi, Gustavo Amen Vaghetti y Tomás Castro Batista.

TURISMO

Con aviso: Enrique Pérez Morad.

Jueves 25 de octubre

ESPECIAL DE GÉNERO Y EQUIDAD

Con aviso: Glenda Rondán y Raquel Barreiro.

ESPECIAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA

Con aviso: Daniel García Pintos, Enrique Soto Durán, Henry López y Walter Vener Carboni.

Viernes 26 de octubre

ESPECIAL CON FINES DE DIAGNÓSTICO SOBRE LAS SITUACIONES DE POBREZA

Sin aviso: Diego Martínez.

Lunes 29 de octubre

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

Con aviso: Beatriz Argimón.

ESPECIAL CON EL COMETIDO DE ESTUDIAR LOS RECURSOS PREVISTOS EN EL Artículo 303 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

Con aviso: Ricardo Falero.

ESPECIAL CON FINES DE DIAGNÓSTICO SOBRE LAS SITUACIONES DE POBREZA

Sin aviso: Diego Martínez.

Martes 30 de octubre

DERECHOS HUMANOS

Con aviso: Alberto Scavarelli.

Miércoles 31 de octubre

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

Con aviso: Alejo Fernández Chaves, Alvaro Erramuspe Espinosa, Daniel Díaz Maynard, Enrique Soto Durán y Luis Alberto Lacalle Pou.

EDUCACIÓN Y CULTURA

Con aviso: Henry López y Roque E. Arregui.

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

Con aviso: Beatriz Argimón y Guzmán Acosta y Lara.

VIVIENDA, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Con aviso: Juan Máspoli Bianchi y Ruben Carminatti.

Sin aviso: Darío Pérez y María Alejandra Rivero Saralegui.

ESPECIAL CON FINES DE DIAGNÓSTICO SOBRE LAS SITUACIONES DE POBREZA

Con aviso: Beatriz Argimón.

Sin aviso: Diego Martínez.

Jueves 1º de noviembre

HACIENDA

Con aviso: Daniel García Pintos.

SEGURIDAD SOCIAL

Con aviso: Héctor Gustavo Silveira Rodríguez.

ESPECIAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA

Con aviso: Daisy Tourné, Enrique Soto Durán, Ernesto Alejandro López Ortiz y Walter Vener Carboni".

6.- Exposiciones escritas.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Treinta y cinco en treinta y siete: AFIRMATIVA.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Salud Pública, sobre la situación laboral de la auxiliar de servicio de la policlínica ubicada en la localidad de Egaña, departamento de Soriano.

"Montevideo, 18 de octubre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Salud Pública. En el pueblo Egaña, del departamento de Soriano, el Ministerio de Salud Pública posee una policlínica en la que se atiende a los pobladores del lugar. Desde hace años, las tareas de limpieza de dicho centro asistencial son realizadas por una señora que no figura ni como funcionaria ni como empresa unipersonal contratada. Al respecto, solicito que se estudie la forma de regularizar su situación, en razón de la importancia de la tarea que realiza. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

2) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Salud Pública, referente a la posibilidad de contar con un médico de guardia durante todo el día en la localidad de José Enrique Rodó, departamento de Soriano.

"Montevideo, 23 de octubre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Salud Pública. La atención de la salud de los habitantes de la villa José Enrique Rodó, del departamento de Soriano, y de su zona de influencia, se realiza en la Policlínica Dr. Luis H. Perrone. Gracias al valioso concurso de la Comisión de Apoyo de la Policlínica, pueden solucionarse distintas necesidades que en la misma se presentan. A los efectos de poder contar las veinticuatro horas del día con médico a disposición de la población, solicito que se estudie la forma de dar satisfacción a esta necesidad tan sentida por los vecinos. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

3) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Salud Pública acerca de las carencias de atención médica en la zona rural de Cerro Alegre, departamento de Soriano.

"Montevideo, 1º de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Salud Pública. La zona rural de Cerro Alegre, del departamento de Soriano, distante trece kilómetros del Hospital de la ciudad de Mercedes, cuenta con una numerosa población que se atiende en dicho centro de salud, pero la mayoría de los vecinos no tiene medios de locomoción para llegar a la ciudad. En reunión mantenida con los vecinos, surgió la iniciativa de poder contar en forma periódica con atención médica en la vecindad, inquietud que trasladamos para su estudio al Ministerio, a los efectos de buscar formas posibles de solución a lo planteado. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

4) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, relacionada con la culminación de las obras para abastecer de agua potable a la zona rural de Cerro Alegre, departamento de Soriano.

"Montevideo, 1º de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE). En el paraje Cerro Alegre, cercano a la ciudad de Mercedes, del departamento de Soriano, OSE efectuó una perforación a los efectos de abastecer de agua potable a la población del lugar. Puesto que aún falta la colocación de la bomba, el tanque de almacenamiento y distribución, solicito que, a fin de cumplir con el objetivo perseguido, que es de vital importancia para los vecinos, se dispongan las medidas necesarias para la conclusión de las obras. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

5) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública para su remisión al Consejo de Educación Secundaria, acerca de la situación del Liceo "Profesor Justo P. Rodríguez" de la ciudad de Cardona, departamento de Soriano.

"Montevideo, 1º de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), para su remisión al Consejo de Educación Secundaria. El Liceo 'Profesor Justo P. Rodríguez', de la ciudad de Cardona, departamento de Soriano, cuenta en la actualidad con 961 alumnos. El permanente aumento registrado en su matrícula llevó a la creación del turno nocturno. Por ello, y más allá de que se han efectuado ampliaciones en el local, actualmente se está precisando la construcción de dos aulas y un salón para cantina. En el presente, un grupo funciona en un laboratorio, y otro, en un pasillo, al que se lo ha cerrado con tabiques de madera. Por lo expuesto, solicito la realización de las construcciones requeridas por la Asociación Padres de Alumnos del Liceo (APAL) y por la Dirección del centro educativo. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

6) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Primaria, por la que solicita la modificación de la normativa que regula las reuniones en los locales escolares.

"Montevideo, 1º de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), y al Consejo de Educación Primaria. De acuerdo con la normativa vigente, los Maestros Directores no están facultados para autorizar la realización de reuniones de vecinos en los locales escolares, sino que deben trasladar la solicitud para efectuar tales encuentros a otras autoridades, requisito que hace perder tiempo en las correspondientes concesiones de permisos. Ello afecta en forma muy particular al medio rural, donde la escuela es el centro cultural y social de la comunidad, el lugar natural de reunión de vecinos y organizaciones locales con fines sanitarios, culturales, sociales y de progreso de la zona. Trasladar el nivel de decisión en este tema a otro ámbito constituye en la práctica un obstáculo para la realización de reuniones de la comunidad. Por las razones expresadas, pues, solicito que se modifique la normativa referida, a los efectos de que los Maestros Directores cuenten con la facultad de autorizar reuniones en el recinto escolar, de acuerdo con criterios que se establezcan en la propia normativa. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

7) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública para su remisión al Consejo de Educación Primaria, acerca de la necesidad de transformar la Escuela Nº 6 "Luis Sampedro" de villa Soriano, en escuela de tiempo completo.

"Montevideo, 1º de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), para su remisión al Consejo de Educación Primaria. La población de villa Soriano, del departamento de Soriano, padece serias carencias económicas y sociales. Los niños de la villa concurren a la Escuela Nº 6 'Luis Sampedro'. Un grupo de padres, con válidas expectativas, aspira a que la escuela del lugar se transforme en escuela de tiempo completo, a los efectos de que sus hijos reciban una mayor atención educativa y asistencia social. Para ello, se hace imprescindible mejorar el local escolar y contar con talleres adaptados al medio. Por lo expuesto, solicito que se considere la aspiración de los padres y que se provea al centro educativo del acondicionamiento necesario para que se puedan cumplir los objetivos propios de una escuela de las características apuntadas. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

8) Exposición del señor Representante Roque Arregui a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, y del Interior, con destino a la Dirección Nacional de Bomberos, relacionada con el peligro de incendios forestales en zonas del departamento de Soriano.

"Montevideo, 1º de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y del Interior, con destino a la Dirección Nacional de Bomberos. En las zonas de Cerro Alegre y de Sarandí, del departamento de Soriano, existen superficies forestadas que, de acuerdo con la información que poseemos, no cumplen con las normas legales relativas a la prevención de incendios. En el caso de producirse allí un incendio forestal, los perjuicios no solo los sufrirían las propias empresas, sino que además afectaría sensiblemente a la población del lugar. En función de lo expresado, solicitamos que se realicen inspecciones y que se adopten todas las medidas correspondientes. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

9) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración de las Usinas de Trasmisiones Eléctricas, acerca de una nota enviada por el Ente a los usuarios de la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano.

"Montevideo, 1º de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE). Los usuarios del servicio de UTE de la ciudad de Mercedes, del departamento de Soriano, están recibiendo una nota del organismo en la que se les comunica que si se usa una potencia superior a la contratada, no solo debe pagarse el consumo correspondiente, que es lo natural, sino que debe pagarse por una nueva potencia, lo cual se hace muy gravoso en los hogares de menores ingresos. Más allá de que el cargo pueda ser pagado en cuotas, el hecho viene generando preocupación en la población. Asimismo, luego del plazo que fije UTE y luego de la renovación de la línea en el lugar, el ente colocará una llave limitadora en cada casa. Sin perjuicio de las facultades legales que tiene UTE para instrumentar la medida, y de aspectos técnicos que se manejan, debe considerarse que UTE ha incentivado, a través de campañas publicitarias y de otros mecanismos, que los usuarios incorporen artefactos eléctricos, pero sin advertirles que ello iba a significar, aparte del pago del correspondiente consumo de energía, el pago por una nueva potencia contratada. Por lo expresado, y tomando en consideración: 1) La difícil situación social que se está viviendo. 2) El no haberse informado a la población que el consumo de más energía eléctrica iba a significar contratar nueva potencia, solicito: A) El establecimiento de exoneraciones de pagos por potencia en sectores en los que será muy dificultoso abordar esta nueva erogación. B) Que, en otras situaciones, se estudien formas para que estos pagos no tengan que efectuarse hasta un tiempo posterior. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

10) Exposición del señor Representante Roque Arregui a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería, referente al perjuicio generado a las empresas nacionales por la importación de productos extranjeros.

"Montevideo, 1º de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería. Las fábricas PAMER e IPUSA vienen sufriendo en sus productos (papel higiénico y cajas de cartón corrugado) una competencia regional que las perjudica notoriamente, competencia muy difícil de enfrentar, en razón de la desigualdad de reglas de juego que aplican Brasil y Argentina en materia de tipo de cambio, reintegros, precios de referencia para la importación, y otros. Estas prácticas están generando una muy difícil situación que, de no enfrentarse con instrumentos de política económica adecuados, puede llegar a provocar consecuencias no deseadas. Ya la industria nacional está sufriendo cierres y bajas en su actividad, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo que ello genera. A los efectos de preservar esta actividad económica y las fuentes de trabajo, solicito la aplicación inmediata de: 1) Fijación de precios mínimos de importación (medida que Argentina ya aplica). 2) Aumento sustantivo de reintegros. 3) Tipo de cambio diferencial (o mecanismo de igual efecto), de forma tal que se estimulen las exportaciones y se desalienten las importaciones. 4) Prohibir la financiación de importaciones de productos de consumo final. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

11) Exposición del señor Representante Gustavo Guarino a la Presidencia de la República, y a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social; de Industria, Energía y Minería y de Economía y Finanzas, relacionada con la situación que vive el sector comercial en la ciudad de Río Branco, departamento de Cerro Largo.

"Montevideo, 22 de octubre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República y a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Industria, Energía y Minería y de Economía y Finanzas. El 18 de octubre del presente año, los comerciantes de la ciudad de Río Branco, del departamento de Cerro Largo, publicaron en la prensa departamental una carta abierta –cuya fotocopia se adjunta- bajo el título 'Pedido de socorro', referida a la grave situación que afecta al comercio de esa importante ciudad de nuestra frontera. La enumeración de los veinticinco antiguos comercios que existían en su zona céntrica y que han cerrado sus puertas, así como la nómina de los cinco comercios que cerraron en los últimos tres meses, y los que se encuentran al borde de la quiebra con más de veinte años de antigüedad, son más que elocuentes testimonios de la realidad que hoy se vive en Río Branco. La crisis descrita hace necesario que se adopten urgentes medidas que incidan sobre esa realidad, a efectos de mantener un sector que supo ser pujante, generador de empleo y movilizador de toda la actividad económica de la región. Dando estado parlamentario a la realidad del comercio de Río Branco, pretendemos contribuir al conocimiento de la misma por parte de las autoridades competentes. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo".

12) Exposición del señor Representante Gustavo Guarino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, acerca de la necesidad de colocar un cartel que indique el camino de acceso al balneario Lago Merín.

"Montevideo, 22 de octubre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En el departamento de Cerro Largo, se encuentra Lago Merín, uno de los pocos balnearios de agua dulce de nuestro país, que posee excelentes costas de arena sobre la laguna del mismo nombre. Múltiples son los esfuerzos privados y públicos para promocionarlo como un importante centro de atracción turística, tanto para veraneantes de Uruguay como para turistas provenientes de Brasil. La cercanía de Lago Merín con la frontera hace que los brasileños sean los que más lo visitan. Sin embargo, en la salida de la ciudad de Río Branco, no existe ningún cartel de destaque que indique cómo tomar la ruta hacia el balneario. Por lo expuesto, solicito a ese Ministerio la colocación de un cartel indicador de jerarquía que indique la dirección y la distancia hasta Lago Merín, el que podría estar ubicado en el cruce de la Ruta Nacional Nº 26 Brigadier General Leandro Gómez con la calle Virrey Arredondo. Saludo al señor Presidente muy atentamente. GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo".

13) Exposición del señor Representante Gustavo Guarino a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio al Banco de Previsión Social, relacionada con la conveniencia de modificar los plazos de vencimiento de los aportes rurales del mes de noviembre.

"Montevideo, 1º de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Economía y Finanzas, y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, por su intermedio, al Banco de Previsión Social (BPS). Como es de conocimiento público, los aportes rurales al BPS sufrieron un corrimiento en las fechas de vencimiento debido a la situación crítica de los productores agropecuarios, generada por la falta de comercialización de sus productos como consecuencia del brote de fiebre aftosa. El primer cuatrimestre venció el pasado mes de octubre, y se anuncia que el segundo deberá ser pagado durante el mes de noviembre. Visto que recién se va normalizando la cadena comercial con el restablecimiento de las ferias ganaderas y los embarques a frigorífico, pero con precios bastante por debajo de los normales, nos parece que objetivamente la mayoría de los productores no estarán en condiciones de hacer frente al pago del segundo cuatrimestre en el mes de noviembre. Si a esa situación se le agrega que durante quince días de dicho mes se suspenderán las ferias ganaderas por el período de vacunación contra la aftosa y que muchas Intendencias Municipales fijaron la fecha de vencimiento para abonar la Contribución Inmobiliaria Rural, parece razonable solicitar que la cuota del segundo cuatrimestre se corra nuevamente, y se estudie la posibilidad de dividirla en tres pagos que se sumen a los vencimientos normales del año 2002. La aplicación de esta propuesta evitaría que muchos productores quedaran involuntariamente como morosos y que fueran afectados intereses de terceros, como son los del personal de sus empresas. Teniendo en cuenta lo expresado, y vista la voluntad de pago que siempre han tenido los productores, solicitamos al Poder Ejecutivo el corrimiento de los aportes rurales fijados para el mes de noviembre. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo".

14) Exposición del señor Representante Gustavo Guarino al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino al Banco de la República Oriental del Uruguay, relacionada con la posibilidad de instalar un cajero automático en la ciudad de Río Branco, departamento de Cerro Largo.

"Montevideo, 24 de octubre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU). Hacemos nuestra la petición que el señor Edil Geener Amaral realizara en la Junta Departamental de Cerro Largo, referida a la instalación de un cajero automático en la ciudad de Río Branco, del departamento nombrado. Río Branco es una ciudad ubicada estratégicamente en la frontera con la República Federativa del Brasil, y por ella pasa un fluido tránsito de mercaderías que son exportadas o importadas por el Uruguay. Además, en la temporada de verano, es puerta de ingreso de miles de turistas que pasan sus vacaciones en la costa uruguaya y, especialmente, en Lago Merín, balneario ubicado a pocos kilómetros y que cuenta con un casino administrado por el Estado. Para que el desarrollo de la ciudad se acreciente y que las medidas que se están adoptando para mejorar la calidad de vida de sus pobladores y de quienes la visitan tengan el efecto deseado, es necesario dotar a Río Branco de algunos servicios de infraestructura tan importantes como el de un cajero automático. Teniendo en cuenta que la única institución bancaria que opera en la ciudad es el BROU, solicitamos a su Directorio que estudie la posibilidad de instalar el cajero automático requerido. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo".

15) Exposición del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Técnico-Profesional; a la Corporación Nacional para el Desarrollo; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro, referente a la posibilidad de instrumentar cursos de técnicos en instalaciones de gas natural en la Escuela Técnica del citado departamento.

"Montevideo, 24 de octubre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y al Consejo de Educación Técnico-Profesional; a la Corporación Nacional para el Desarrollo, y a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro. El ingreso de gas natural a nuestro país es una realidad y ello hace necesario que las autoridades de la enseñanza -en convenio con otros organismos estatales o municipales- implementen cursos de técnicos gasistas en la Escuela Técnica de Fray Bentos. Seguramente, en poco tiempo, el uso del gas se extenderá a otros departamentos del país y, especialmente, a los de la zona litoral, dado que Paysandú es la boca de entrada del gas natural. Empresas tan importantes como Paylana, Paycueros, Azucarlito y la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP), entre otras, están utilizando gas natural además del uso domiciliario en varios puntos de la ciudad. La Intendencia Municipal de Paysandú, en acuerdo con la Corporación Nacional para el Desarrollo, implantó cursos de técnicos gasistas en dependencias de la UTU en Paysandú. Con estos cursos, a nuestro juicio, se obtuvieron dos beneficios: en primer lugar, la concreción de cursos, y en forma gratuita, ya que, según nuestra información, algunos jóvenes sanduceros debían trasladarse al departamento de Salto a cursar dichas materias; en segundo lugar, el hecho de que una vez culminados los estudios estas personas quedarían habilitadas para ingresar a un mercado laboral novedoso y, seguramente, pensando en positivo, con futuro. De ahí, entonces, nuestra preocupación y nuestra petición a las autoridades, para que evalúen la factibilidad de poder concretar lo planteado. Si la Junta Departamental lo entiende oportuno, solicitamos su apoyo a la iniciativa planteada. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RICARDO CASTROMÁN RODRÍGUEZ, Representante por Río Negro".

16) Exposición del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro, sobre las consecuencias sanitarias para los trabajadores de la exposición al asbesto.

"Montevideo, 24 de octubre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro. El Oficio Nº 1826/X/01 de la Junta Departamental de Río Negro refiere a los inconvenientes que produce en la salud humana la manipulación de materiales con asbesto. Estamos en conocimiento de que los trabajadores de la industria de la construcción son potencialmente quienes pueden verse afectados en su salud. Nos parece sumamente importante el tratamiento dado al tema en cuestión, ya que la intervención que sobre el particular realizaron los señores Ediles está fundada en datos reales. Además, como se indica, merece responsablemente un tratamiento legislativo que, a partir de todos los elementos que inciden en el tema, signifique la creación de normas claras y precisas que apunten a cubrir esa carencia. Dichas normas, por sobre todas las cosas, redundarán en seguridad en las condiciones de trabajo y en la preservación de la salud de los obreros. Sin otro particular, y con nuestro compromiso de contribuir, a la brevedad posible, con lo oportunamente planteado, saludamos al señor Presidente muy atentamente. RICARDO CASTROMÁN RODRÍGUEZ, Representante por Río Negro".

17) Exposición del señor Representante Daniel García Pintos a la Presidencia de la Asamblea General; al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y a los hijos del ex Presidente de la República señor Jorge Pacheco Areco, sobre versiones de prensa acerca de la actuación como gobernante del referido ciudadano.

"Montevideo, 24 de octubre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al señor Vicepresidente de la República, profesor Luis Hierro López, al Comité Ejecutivo del Partido Colorado y a los hijos del ex Presidente de la República don Jorge Pacheco Areco. En la prensa del 24 de octubre, en lugar destacado y de fácil acceso al público, haciendo referencia a un Seminario de Actualización Política del Partido Colorado efectuado en la ciudad de Colonia, se publicaron manifestaciones del señor Vicepresidente de la República, según las cuales: 'Pacheco gobernó con desbordes, hubo cierres de periódicos y tres estudiantes muertos, y esa es la herida más grande que tenemos hoy'. En página interior, se consigna que el disertante, al examinar los acontecimientos vividos en el país en las últimas décadas, se detuvo en el Gobierno colorado del año 1968 (Pacheco Areco) y allí ratificó lo señalado anteriormente. Y si bien admitió que los causantes del quiebre del entendimiento entre los uruguayos fueron los integrantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, no dejó de calificar al Presidente Pacheco con términos que a nosotros nos sorprenden porque entendemos que no corresponden ni se ajustan a la realidad, ni al ejercicio de la Presidencia que tuvo el mismo. En momentos en que los hechos de ese pasado han tomado actualidad ante infelices sucesos ocurridos en el presente, nosotros, que consideramos que el señor Pacheco Areco fue un gran Presidente, no podemos permanecer insensibles ante esos calificativos. Las nuevas generaciones, a las que lamentablemente se les quiere hacer conocer una parte de la historia, requieren que la información que se les proporcione no tergiverse hechos que culminaron en un determinado proceso, pero que bajo ningún punto de vista se gestaron por la acción de un Presidente que, todo lo contrario, con respeto total de las normas constitucionales y democráticas e intervención del Poder Legislativo cuando correspondía, reafirmó en todo momento a las instituciones. Por lo tanto, el término 'desborde' no es admisible que se utilice para calificar al Gobierno de un Presidente que, como Pacheco Areco, fiel a sus firmes e inalterables convicciones democráticas, tuvo como principio fundamental la defensa de la Constitución y la ley. Tampoco podemos admitir que la muerte de tres estudiantes representa la herida más grande que tenemos hasta hoy. De ninguna manera. No lo admitimos porque, si bien no deseamos bajo ningún punto de vista que ocurran hechos como los indicados, no consideramos que los mismos representen alguna herida, ni grande ni pequeña, que tengamos que llevar, ni personal ni colectivamente dentro del Partido Colorado. Esas muertes, que repetimos nadie deseó, fueron producto de enfrentamientos ni queridos ni provocados por la fuerza pública, que debió oponerse a esos sí verdaderos desbordes de turbas irracionales, que avanzaban destruyendo todo a su paso, para defender el orden y a la sociedad, que quería vivir en paz. La Policía Nacional, durante esos años, cumplió abnegada y heroicamente su misión institucional, y todas sus intervenciones fueron amparadas por el marco de la ley, custodiada esta por el Gobierno del señor Pacheco. Pacheco Areco Presidente no dejó ninguna herida en el Partido, dejó prestigio. Así lo entendió también el gran número de ciudadanos que cuando se tuvo que manifestar en las urnas lo respaldó en forma innegable, haciendo realidad aquella frase que pronunciara en los momentos más difíciles que tuvo que enfrentar: 'Mientras algunos usan las armas, yo he armado a mi pueblo con el voto'. También prometió y cumplió 'no descansar hasta lograr tener bajo la acción de la justicia a los responsables de todos los desmanes de la época y a quienes desde las sombras pretendían cambiar la Democracia por el paredón'. No podemos entonces dejar de rechazar enérgicamente las expresiones que motivaron esta exposición, ratificando que el Presidente Pacheco Areco, acunado en el Partido Colorado y en el Batllismo, fue fiel a sus principios y tuvo como norte, desde la más alta magistratura, la lucha por salvar las instituciones y la democracia, cuando ideas que no eran de nuestro país pretendían derribarlas. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. DANIEL GARCÍA PINTOS, Representante por Montevideo".

18) Exposición del señor Representante Daniel García Pintos a la Presidencia de la República; a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería, y a la Cámara de la Industria del Calzado del Uruguay, relacionada con la situación de esta industria.

"Montevideo, 1º de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería, y a la Cámara de la Industria del Calzado del Uruguay (CICU). En el transcurso de los últimos años se ha comprobado un significativo deterioro de la industria del calzado en nuestro país, situación acentuada a raíz de la importación de mercaderías relacionadas con la misma, a precios irrisorios. Es así que se han afectado las fábricas nacionales de calzado que, por otra parte, siempre produjeron artículos de elevados índices de calidad de nivel mundial, contando además con excelente materia prima y capacitada mano de obra. Por décadas, los uruguayos se han calzado casi en su totalidad con zapatos producidos en el país, siendo la producción suficiente para el consumo local como así también para la exportación, existiendo ejemplos como en las décadas del 70-80, donde se exportó por una cifra cercana a los 30 millones de dólares anuales, producto de catorce fábricas exportadoras instaladas. Pocos productos tienen mayor valor agregado que el calzado y pocos rubros ocupan tanta mano de obra con todos los beneficios que ello reporta al obrero nacional y al Estado. La industria del calzado genera, entre directos e indirectos, casi novecientos puestos de trabajo por cada millón de pares confeccionados, además de una elevada recaudación de tributos, la que no es superada por la que provoca la mercadería importada, ya que los precios que por estas se abonan debido a su bajo valor generan también bajas obligaciones tributarias. En la actualidad, el calzado importado ni regula ni abarata el precio al consumidor, siendo además confeccionado con materiales de baja calidad. Del estudio de la evolución de las importaciones de calzado realizadas en los últimos años, surgen algunos datos verdaderamente significativos, por no decir alarmantes e inexplicables. Tenemos que en 1994 se importaron 4.262.391 pares de zapatos, a un precio promedio de US$ 4,95; en 1995, 5.489.595 pares, precio promedio US$ 4,51; en 1996, 7.577.758 pares, precio promedio US$ 4,23; en 1997, 7.707.741 pares, precio promedio US$ 3; en 1998, 8.637.348 pares, precio promedio US$ 4,35; en 1999, 7.797.672 pares, a un precio promedio de US$ 3,8; en el año 2000, 9.892.707 a un precio promedio de US$ 3,52; año 2001, al 30 de setiembre, 6.684.917 pares a un precio promedio de US$ 3,41; y desde el 1º al 24 de octubre pasado, ingresaron 1.725.795 pares a un promedio de US$ 2,64. Las zonas de mayor procedencia han sido: China, Brasil, Hong Kong, Argentina y otras, destacándose altamente el calzado proveniente de China que hasta el mes de setiembre totalizó 4.550.256 pares, lo cual supera el 50% de las importaciones de calzado anuales. Estas cifras nos dan la pauta del aumento de la mercadería referenciada que entra a nuestra plaza y que sin duda va en detrimento del producto nacional. La Cámara de la Industria del Calzado del Uruguay ha mostrado su preocupación por esta situación y es así como ha recurrido frente a diversas autoridades para buscar soluciones que, sin ir contra la política de importación, permitan llevar un adecuado control. En tal sentido, ha planteado la creación de una mesa integrada por un representante de cada uno de los siguientes organismos: Dirección Nacional de Aduanas, Dirección General Impositiva (DGI), Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), CICU y el Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), la cual, dotada de funciones perfectamente determinadas, y sin que signifique la instalación de un nuevo paso burocrático, permita obtener vías para revertir una situación que entendemos ya es de ribetes preocupantes en momentos en que todos luchamos por superar una difícil situación. Si bien es cierto que el Poder Ejecutivo, con fecha 11 de julio de 2001, vista la situación de las importaciones del calzado, dictó el Decreto 265/001, que establece normas sobre licencias previas de importación, es evidente que el mismo no ha obtenido los resultados perseguidos, como queda demostrado al analizar la evolución del número de pares importados en lo que va del presente año. Por lo expuesto, que solo significa un pantallazo de la situación actual de esta importante industria, es que solicitamos se considere en forma prioritaria la creación de la Comisión a que aspira la CICU y su puesta en funcionamiento. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. DANIEL GARCÍA PINTOS, Representante por Montevideo".

19) Exposición del señor Representante Enrique Pérez Morad al Ministerio de Salud Pública, a la Dirección General de la Salud, a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, a las Direcciones de los Hospitales de Maldonado, San Carlos, Pan de Azúcar y Aiguá, a la Coordinación Departamental y Regional de Salud de la Zona Este, a la Intendencia Municipal y además por su intermedio a la Dirección de Promoción Social, y a la Junta Local Autónoma y Electiva de San Carlos, a la Junta Departamental de Maldonado, con destino a la Comisión de Salud, y a la Coordinadora de Barrios de San Carlos, acerca del posible cierre de los servicios del Hospital de San Carlos, en el citado departamento.

"Montevideo, 1º de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Salud Pública y, por su intermedio, a la Dirección General de la Salud; a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE); a los Hospitales de las ciudades de Maldonado, de San Carlos y de Pan de Azúcar y de villa Aiguá, y a la Coordinación Departamental y Regional de Salud de la Zona Este; a la Intendencia Municipal de Maldonado, con destino a la Dirección de Promoción Social; a la Junta Departamental de Maldonado, con destino a la Comisión de Salud; a la Junta Local Autónoma Electiva de San Carlos y, a la Coordinadora de Barrios de San Carlos. Frente a los cambios anunciados por el Ministerio de Salud Pública respecto a la administración hospitalaria del interior del país, en la consideración del supuesto cierre de unidades ejecutoras -el que quizás alcance el cierre de áreas o disciplinas médicas importantes del Hospital de San Carlos-, consideramos absolutamente inconveniente el posible cierre del centro hospitalario de esa ciudad, por el riesgo de las importantes omisiones que acarrearía para los usuarios de la ciudad y de sus zonas aledañas. El área de influencia del Hospital de San Carlos (uno de los tres Centros Auxiliares de Salud del departamento de Maldonado, junto con el de la ciudad de Pan de Azúcar y de villa Aiguá), es aproximadamente de 23.000 personas, con un servicio de emergencia permanente y una consulta numerosa de la población de adultos y niños en el área de medicina general, pediatría, cirugía y tocoginecología. Cuenta con una sala de cirugía general, en la que mensualmente se efectúan entre 40 y 50 intervenciones (cirugía general, gineco-obstetricia, urología e incluso tórax, particularmente en situaciones de emergencia). Circundan la ciudad de San Carlos rutas nacionales con alto tránsito, en las que frecuentemente se producen accidentes que requieren, muchas veces, una rápida atención médico-quirúrgica, casos en los que la cercanía de los centros asistenciales se torna vital. El hospital tiene un plantel calificado de cirujanos y anestesistas, y un cuerpo técnico de enfermería que atiende la demanda médico-quirúrgica de San Carlos, pero, incluso, recibe pacientes provenientes del Hospital de Maldonado, que es el Centro Departamental de Salud. Este último hecho se debe a la saturación de los servicios del mencionado centro, con la consiguiente falta de camas que se produce en muchas oportunidades, que es el principal motivo por el cual finalmente se derivan pacientes al Centro Auxiliar de San Carlos. En los últimos años, el crecimiento demográfico del departamento de Maldonado, en particular de su capital, fue de los más importantes del país; por ende, se ha incrementado la demanda de los servicios del Ministerio de Salud Pública, debido a la imposibilidad económica de muchas familias de mantener la cobertura mutual privada. Estas son algunas de las razones de la sobrecarga a la que se ve expuesto el Hospital de Maldonado, con el que contribuye el Hospital de San Carlos, por su cercanía de la capital departamental, a paliar las necesidades de atención sanitaria de sus habitantes. Entre sus instalaciones, posee un muy buen equipo, en el que se efectúan los estudios paraclínicos radiológicos habituales y una sala de servicios de pediatría, que fue inaugurada nuevamente el año pasado. Expide, además, para la población de San Carlos, el carné de salud otorgado por el Ministerio de Salud Pública. Debemos destacar muy especialmente la abnegación y eficiencia del personal auxiliar de enfermería y técnico que trabaja en este centro asistencial, que es un punto de referencia para sus habitantes. Asimismo, los escasos 15 kilómetros que dista la ciudad de Maldonado es lo que muchas veces separa la vida de la muerte, dicho esto con estricto rigor médico. Hemos accedido a un detallado informe sobre los nacimientos producidos en el Hospital de San Carlos durante los años 1999 y 2000, y los producidos entre los meses de enero y agosto del corriente año. Nos parece importante recalcar que de las 148 embarazadas registradas en el año 1999, 114 de ellas lo hicieron con el control prenatal correspondiente, representando un 77% de los casos registrados. En el año 2000, se registraron 163 embarazos, y el control prenatal respectivo indicó 135 pacientes: esto es, 82,8% de las embarazadas. Al mes de agosto de 2001, se han registrado 105 nacimientos, de los cuales 88 fueron producto de parto normal y 17 por cesárea. Defendemos el legítimo derecho del ciudadano de elegir el lugar donde sus hijos nazcan y, aún más, el de nacer en el lugar donde ellos vivirán. Por todo lo expuesto, solicitamos sean tenidas en cuenta estas consideraciones que, a nuestro entender, fundamentan la absoluta inconveniencia del cierre de servicios del Hospital de San Carlos, por el que tanto bregó la comunidad carolina. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ENRIQUE PÉREZ MORAD, Representante por Maldonado".

20) Exposición del señor Representante Ronald Pais a la Presidencia de la República, y a los Ministerios del Deporte y Juventud, de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland; de Economía y Finanzas, con destino al Banco de Seguros del Estado y de Defensa Nacional, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, y al señor Gustavo Trelles, relacionada con la participación de este deportista en próximas competencias automovilísticas.

"Montevideo, 1º de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República; al Ministerio de Deporte y Juventud; al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP); al Ministerio de Defensa Nacional, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL); al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino al Banco de Seguros del Estado (BSE); y al señor Gustavo Trelles. Como es sabido, Uruguay tiene el privilegio de contar con un deportista de la talla de Gustavo Trelles. Este excepcional piloto del automovilismo nació el 15 de noviembre de 1954, y debutó a los 14 años en motociclismo; luego, a los 17 años, fue copiloto de su señor padre. Un año más tarde, lo hacía como piloto, a bordo de un Fiat 125, compitiendo en el 'rally' nacional. En 1981, en Brasil, realizó su primera carrera válida en un Campeonato Mundial de Rally. En 1986, se trasladó a España y participó en el Rally 'Del Sol', conduciendo un Renault 5 GT Turbo. En 1988, en Portugal, corrió su primera carrera en el Grupo 'N'. En 1989, triunfó en el Rally de Argentina, constituyéndose ese su primer gran éxito en la categoría. Logró luego muchas victorias más, y obtiene el Vicecampeonato del Mundo en 1990 para, posteriormente, erigirse como Tetracampeón Mundial de Rally en 1996, 1997, 1998 y 1999 en la Categoría 'N'. En el 2000, Gustavo logra nuevamente el Vicecampeonato, y repetirá esa gran colocación en el presente año. En el 2001, corrió solamente ocho de las 14 carreras realizadas, pero no pudo hacerlo en Nueva Zelanda, Finlandia, África, Australia, Inglaterra y Suecia. Aun así, Trelles festejó recientemente su carrera número 100 con un gran triunfo en el Rally de Córcega, al mando de un Mitsubishi Lancer Evo 6. Las razones por las que este fantástico corredor no pudo participar de las competencias referidas anteriormente fueron exclusivamente económicas. El ya nuevo Campeón Mundial, el argentino Gabriel Pozzo, recibió un respaldo muy importante del gobierno provincial, a la vez que tuvo la posibilidad de encontrar una fuerte esponsorización en una plaza desarrollada como la argentina. Del mismo modo, no es posible concebir que un corredor de autos perteneciente a un país como el nuestro pueda conseguir un apoyo económico suficiente, si el mismo no proviene, directa o indirectamente, del Estado. Que, en la próxima temporada, Gustavo Trelles pueda erigirse como Quíntuple Campeón del Mundo de Rally en su categoría dependerá, entonces, de la ayuda que se le pueda brindar para que dispute todas las competencias que, además, serán muchas menos que en la presente temporada. Creemos que el Poder Ejecutivo y las empresas públicas deben hacer un esfuerzo para acompañar a este símbolo del deporte nacional que es, sin duda, Gustavo Trelles. De lo contrario, estaremos siempre ante la evidencia del predominio de la retórica frente a hechos concretos en apoyo al deporte nacional. Tenemos un Gran Campeón. Ayudémoslo, pues, porque en él estaremos ayudando también a la proyección de la imagen internacional de nuestro país. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RONALD PAIS, Representante por Montevideo".

21) Exposición del señor Representante Raúl Argenzio Santos al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio a la Administración Nacional de Correos, sobre la posibilidad de emitir un sello conmemorativo de los 53 años de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

"Montevideo, 1º de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Correos. El próximo 10 de diciembre se cumplirán cincuenta y tres años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En los inicios de este siglo tan convulsionado, la importancia que tienen los derechos inherentes a las personas es fundamental, pues es a través de ellos que se desarrolla la libertad, la justicia y la paz mundial. Asimismo, actualmente, los servicios postales se han visto afectados por envíos de correspondencia que contienen virus que atentan contra la vida humana, que es el derecho primero. Afortunadamente, nuestro Correo, con las medidas preventivas implementadas por sus autoridades, se ha visto libre de esta amenaza. Por lo expuesto, solicito a la Administración Nacional de Correos que tenga a bien considerar la posibilidad de emitir un sello postal uruguayo conmemorativo del aniversario antes mencionado, como un mensaje al mundo de reafirmación de aquella Declaración, hoy más vigente que nunca. Saludo al señor Presidente muy atentamente. RAÚL ARGENZIO, Representante por Lavalleja".

22) Exposición del señor Representante Omar Ferrari al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, para su remisión al Consejo de Educación Secundaria y al Liceo Nº 2 de la ciudad de Young; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro, relacionada con el dictado de cursos de cuarto año en el referido centro de estudios.

"Montevideo, 6 de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), al Consejo de Educación Secundaria y al Liceo Nº 2 de la ciudad de Young; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro. En la ciudad de Young, del departamento de Río Negro, funcionan dos liceos. En el Liceo Nº 1 se dictan los cursos correspondientes al Ciclo Básico y al Bachillerato Diversificado, en tanto en el Liceo Nº 2 solo se dictan los del Ciclo Básico. Ambos centros educativos trabajan con su capacidad casi colmada. Por estar situados en barrios con grupos familiares de realidades socioeconómicas muy distintas, a la hora de tomar decisiones creemos que es necesario considerarlas. En el presente año lectivo, culminan el 3er. año del Ciclo Básico del Liceo Nº 2 los alumnos que ingresaron en el año 1999; para cursar el 4º año tendrán que desplazarse al Liceo Nº 1. En relación con dicho desplazamiento, caben las siguientes consideraciones: 1) Para los educandos, significará un desarraigo prematuro del barrio. 2) Las diferentes condiciones socioeconómicas de los grupos familiares de los alumnos de los dos liceos son bastante acentuadas. 3) Puede significar un congestionamiento en la población del Liceo Nº 1, así como la formación de grupos de 4º año con un número de alumnos excesivo para un correcto proceso educativo. 4) El Liceo Nº 2 cuenta con capacidad locativa como para absorber los alumnos que egresen de 3er. año del Ciclo Básico y accedan al 4º año. 5º) La Dirección del Liceo Nº 2, los docentes y los padres nos han solicitado que intercedamos para la creación de un 4º año. Por lo expuesto, solicitamos al Consejo de Educación Secundaria la autorización correspondiente para que en el Liceo Nº 2 de la ciudad de Young, a partir del año 2002, puedan dictarse los cursos correspondientes al 4º año liceal. Asimismo, solicitan la creación de las horas docentes necesarias para tal fin, atendiendo, en lo posible, a mantener una estructura educativa que no cree desequilibrios en los alumnos y en sus propias familias. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. OMAR FERRARI, Representante por Río Negro".

23) Exposición del señor Representante Ramón Legnani a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Canelones, acerca de la presunta carencia de título habilitante para ejercer como ingeniera, de una funcionaria de esa Comuna.

"Montevideo, 6 de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita a la Intendencia Municipal de Canelones y, por su intermedio, a la Dirección General de Gestión Ambiental; a la Junta Departamental de Canelones y a sus Comisiones Permanentes Nº 3 y Nº 9. Varios años atrás, se presentó en mi despacho, como funcionaria municipal de la Intendencia Municipal de Canelones e ingeniera especializada en temas ambientales, una persona a quien no conocía. Más recientemente, en ocasión de la aparición de pacientes con análisis de plomo en sangre positivos, con dosificaciones incluso de valores elevados, y de la constatación de suelos contaminados con plomo en la ciudad de Canelones, esa misma persona apareció, en documentación oficial, como 'Ingeniera', 'Asesora Dirección de Atención a la Salud y Contralor del Medio Ambiente' de Canelones. Ante versiones que ponen en duda que dicha persona posea título expedido por la Universidad de la República, hemos indagado en medios universitarios primero, y luego en los padrones para las recientes elecciones universitarias, siendo los resultados negativos. Este último dato es fácil de comprobar en el Diario Oficial en Internet, donde no figura su nombre en los padrones electorales de egresados universitarios. Dispongo, además, de testimonios de personas que le han exigido la presentación del título correspondiente, a lo que ha respondido con evasivas. Ignoro los méritos que expuso ante las autoridades municipales de Canelones, así como las condiciones en que se integró en su carácter de 'Asesora Dirección de Atención a la Salud y Contralor del Medio Ambiente', tal como figura en documentación oficial. Cumplo con el deber de informar a quienes corresponde, que la señora Teresa Santiago, según la información que poseo, no cuenta con título de ingeniera habilitante para ejercer en el territorio de la República Oriental del Uruguay. Entiendo que lo expuesto es de suma importancia y que se dispondrán las acciones que se estimen pertinentes a fin de esclarecer los hechos. Saludo al señor Presidente muy atentamente. RAMÓN LEGNANI, Representante por Canelones".

24) Exposición del señor Representante José Homero Mello al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, referente al sistema de cobro del servicio de energía eléctrica en la localidad de La Tentación, departamento de Paysandú.

"Montevideo, 6 de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), y a su Gerencia General. La localidad de La Tentación, situada en el este del departamento de Paysandú, cuenta con más de doscientos habitantes cuyas viviendas fueron construidas por la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR). Su actividad laboral se desenvuelve en el sector agropecuario, circunstancia que determina que, en razón de los problemas que atraviesa el sector, obtengan bajas remuneraciones. Dicho poblado está conformado por un grupo humano carenciado, al que hay que ayudar a salir del momento en que se encuentra. Como en otras poblaciones del departamento, UTE realiza un sistema de cobranzas que no acompaña el ritmo de la toma de consumo mensual, sino que lo recoge en forma trimestral. Asimismo, como se cobra a través de un promedio, hay meses en que la energía eléctrica consumida por encima del promedio se acumula en el último cobro. Debido a ese sistema, personas de bajos recursos se ven enfrentadas a pagar cifras abultadas, lo que les origina un lógico sobresalto y rechazo. El ánimo de los pobladores es pagar regularmente, sin verse enfrentados a los hechos que relatamos, que desequilibran el presupuesto familiar. Lo que pretendemos -y así esperamos que ocurra- es que se tome el consumo mensualmente o se realice una estimación del consumo de los primeros meses. El esfuerzo que ponga UTE en regularizar el sistema se volcará en un beneficio para los pobladores de La Tentación, ya que sabemos de la sensibilidad de las autoridades del ente. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. JOSÉ HOMERO MELLO, Representante por Paysandú".

25) Exposición del señor Representante José Homero Mello al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y por su intermedio al Programa de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo de Riego (PRENADER), sobre la necesidad de construir un pozo semisurgente en la ciudad de Guichón, departamento de Paysandú.

"Montevideo, 6 de noviembre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y, por su intermedio, al Programa de Manejo de Recursos Naturales y Desarrollo del Riego (PRENADER). En la ciudad de Guichón, en el departamento de Paysandú, el señor Julio César Silveira Sellanes ha iniciado una experiencia importante al instalar en su predio una huerta orgánica. Su casa se halla en el barrio MEVIR 1, padrón Nº 8853, y la extensión de tierra que utiliza es de 1.600 metros cuadrados. Para trabajar esa superficie, fue autorizado por la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR) a usar los padrones Nos. 8800, 8900, 9000, 9100 y 9200. A este emprendimiento se han unido las familias Santos, Díaz y Suárez -en los padrones Nos. 8700, 8667 y 9356, respectivamente-, entusiasmadas por el hecho de producir verduras y frutas que luego comercializan en la zona. Guichón es un centro urbano muy necesitado de actividades que generen empleo, dados los problemas de desocupación por los que atraviesa. Pero todo el trabajo de huertas orgánicas emprendido se ve muy acotado por no contarse con un pozo de agua, que permitiría potenciar la labor de las familias, las que verían aumentados sus ingresos. La solución estaría en obtener agua por la construcción de un pozo semisurgente en el predio del señor Julio Silveira Sellanes y, luego, mediante extensiones, llevar el agua a los otros predios involucrados en la experiencia. La huerta orgánica va en su tercer año consecutivo de producción con los medios relatados, pero creemos que encontraremos sensibilidad de parte de las autoridades de ese Ministerio y del PRENADER, a fin de materializar la perforación del pozo, tan necesario para los fines perseguidos. Lo producido en las huertas se ofrece en venta en los comercios de la zona y en los comedores de la Escuela Agraria y de la Escuela Nº 5. Asimismo, la proximidad de las Termas del Almirón admite también la instalación de un puesto de venta en el lugar, sobre todo de frutillas y de aquellas verduras que, según la estación, se consumen. Como hemos dicho, esperamos que se dé una respuesta favorable a la solicitud planteada, por los beneficios que acarrearía para los que son protagonistas de la huerta orgánica. Destacamos, además, el efecto que tendría para los habitantes de la zona las bondades de la labor que se desarrolla, en el sentido de imitarla y comenzar nuevos emprendimientos. Dejamos en manos de las autoridades, pues, el proceso que requiere la construcción del pozo de agua, esperando que el mismo no se demore. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. JOSÉ HOMERO MELLO, Representante por Paysandú".

MEDIA HORA PREVIA

7.- Foro Regional de Lechería realizado en el departamento de Paysandú.

——Se entra a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Diputado Obispo.

SEÑOR OBISPO.- Señor Presidente: el 20 de octubre próximo pasado se realizó en Paysandú un Foro Regional de Lechería, que fue organizado por la Asociación de Productores de Leche de Paysandú, la Asociación de Productores de Leche de Parada Esperanza, la Asociación de Productores Lecheros de Río Negro, SOFRILS, la Facultad de Agronomía, el Instituto Plan Agropecuario, COLEQUE, la Casa de la Universidad, el Convenio INIA-Sociedad Rural de Río Negro y el Proyecto "Difusión para todos".

Para darle más relevancia a este foro se contó con el apoyo de las siguientes industrias: CLALDY, Pili, CONAPROLE e INLACSA. También apoyaron las Intendencias Municipales de Paysandú, de Río Negro y de Salto y la Asociación Rural Exposición Feria de Paysandú.

Como podrá advertir, señor Presidente, este evento tuvo la virtud de reunir a productores, industriales, a la Universidad y a autoridades de la región que creen en la lechería como una actividad que genera trabajo, promueve la radicación de la familia en el medio rural y permite la obtención de divisas a partir de una producción de calidad reconocida.

Los organizadores se fijaron como objetivo discutir los desafíos y las oportunidades de la producción en el litoral norte. En el foro estuvieron en discusión los siguientes puntos: cuantificación del impacto económico y social de la operativa de las industrias lecheras locales; exploración del espacio existente para la complementariedad industrial y comercial de las industrias; análisis de los sistemas productivos en la región y conclusiones de talleres zonales previos; estudio de las posibilidades para la certificación de procesos productivos en el sector primario e industrial que mejoren el valor agregado del producto.

Como culminación de este foro se arribó a varias conclusiones, que compartimos totalmente.

En primer lugar, productores e industriales han manifestado su interés por aumentar la producción de leche en los próximos años y, además, por que el crecimiento de la industria en todos los casos esté proyectado en base a los aumentos de productividad que logren los remitentes actuales. Si bien los productores también proyectan crecimiento, se enfrentan a dos dificultades básicas: superar las limitantes de infraestructura y acceder a un financiamiento acorde a la rentabilidad del proceso productivo en que están involucrados.

En segundo término, se resalta la necesidad de contar con una política de Estado que respalde y fomente el desarrollo del sector.

En tercer lugar, la industria explicitó su voluntad de explorar nuevos caminos de relacionamiento con el sector productivo, que abarcan desde una ampliación de los servicios tradicionalmente brindados hasta asociaciones productivas con sus remitentes en proyectos de crecimiento de producción.

En cuarto término, todos los actores reconocen la necesidad de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos disponibles, en las fases de producción e industrialización y, fundamentalmente, en la etapa de comercialización de productos.

En quinto lugar, la realización del foro puso de manifiesto la necesidad de contar con un ámbito de trabajo que permita analizar y promover el desarrollo integral de la lechería en la región.

En función de estos antecedentes, la Comisión Organizadora del Foro Regional de Lechería propone la creación de una Junta Regional de la Leche, con el objetivo de abordar la problemática tratada durante el foro.

Los cometidos inherentes al trabajo de esta Junta serían los siguientes: oficiar como interlocutora ante organismos públicos y privados regionales en lo que refiere a políticas de crédito, servicios, investigación, etcétera; estimular la concreción de políticas regionales que soporten el desarrollo de la lechería; participar activamente en la ejecución de las políticas de descentralización anunciadas por el Gobierno Central, de manera que impacten en el desarrollo de las economías locales; contribuir, a nivel nacional, a la concreción de una política de desarrollo para el sector productivo en su conjunto.

Como creemos que esta propuesta es totalmente razonable, queríamos darle estado parlamentario.

Solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada a los organismos mencionados y, además, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a las Comisiones de Industria, Energía y Minería y de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y seis en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA.

8.- Elaboración de planes eficientes para generar el desarrollo del país.

Fallecimiento del ex legislador doctor Alembert Vaz.

Tiene la palabra el señor Diputado Falero.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: no es necesario que en el seno de este Cuerpo haga mención a las dificultades por las que atraviesa el país; sin duda, el tema está presente, a nivel cotidiano, en cada uno de los legisladores y en cada uno de los ciudadanos de la República.

En el Uruguay tenemos instituciones, organizaciones, organizaciones no gubernamentales, dependencias del Gobierno Central, asociaciones de distinta índole y, en definitiva, una serie de instrumentos que, fundamentalmente, tienden a generar desarrollo e inversiones en el país. Sin embargo, se están revelando como no suficientes o por lo menos no eficientes en el funcionamiento de sus actividades para generar el desarrollo que el país necesita.

Se hace imprescindible que a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de los distintos Ministerios se canalicen en forma eficiente y ejecutiva planes para el desarrollo de la República. No podemos seguir con un peso burocrático de ineficiencia de tal envergadura que hace que hoy el país esté en una situación difícil, de crisis, y dependiendo, en la mayoría de los casos, de lo que pasa en los países vecinos, como si no fuéramos capaces de enfrentar nosotros mismos nuestras dificultades.

Es necesario poner mucho más énfasis en los problemas derivados de las dificultades personales, individuales y familiares, en lugar de pensar exclusivamente en lo que pasa en el mundo globalizado. También es necesario dedicarse más a la microeconomía que a la macroeconomía; es imprescindible que el país tome conciencia clara de las dificultades que existen, a través de las organizaciones que realmente tienen capacidad para hacer cosas, y que estas cumplan con los objetivos para los que fueron creadas. Si es necesario analizar marcos parlamentarios, jurídicos y legales, habrá que hacerlo. No tengo ninguna duda de que existe una clara ineficiencia en casi todas las organizaciones del país para encontrar las medidas que el Uruguay necesita.

Voy a dar tan solo un ejemplo a efectos de que se entienda exactamente cuál es el sentido de mis palabras. Hace pocos días, en esta permanente búsqueda que, estoy seguro, todos los legisladores estamos realizando para encontrar soluciones de fondo a los problemas del país, nos pusimos a analizar, por ejemplo, cómo se puede ingresar con más facilidad al mercado europeo, tanto a la Comunidad como al resto de Europa. Nos dimos cuenta de que, de diez personas vinculadas a la exportación de productos, ocho no saben que Uruguay tiene una oficina instalada en el puerto de Rotterdam -prácticamente el más importante del mundo-, con ingreso a toda Europa, inclusive a los países del Este, lo que permitiría, en el caso de que se canalizaran exportaciones de productos, que el exportador ahorrara el 25% del precio del producto, que es lo que se paga a los intermediarios. Esta oficina está a disposición de los productores uruguayos -no es necesaria una producción a escala, sino que es suficiente con producciones pequeñas- y pone a su alcance casi todos los países del mundo. El Uruguay tiene una oficina instalada en el puerto de Rotterdam y solamente seis empresarios la están utilizando. El costo de esta oficina para un empresario es de US$ 100 anuales; quiere decir que tampoco acá hay un problema de costos. Reitero que, de diez empresarios, hay ocho que no saben que existe esa oficina.

Por lo tanto, es necesario que demos a la gente la información correcta, suficiente, y, además, que se gestionen con exactitud y eficiencia todos los procedimientos para que el ciudadano uruguayo, el pequeño productor, el pequeño industrial y el pequeño empresario sepan que tienen a su disposición un instrumento muy valioso para hacer que nuestro pequeño mercado se potencie e ingresemos en mercados mucho más amplios, capaces de comercializar nuestros productos.

Antes de terminar, quiero hacer una mención muy breve en relación con el ex legislador Alembert Vaz, a quien conocí cuando yo era muy joven y dirigente sindical, y a quien le reconozco la defensa a ultranza de los valores democráticos. Alembert Vaz fue uno de los correos, y casi personero, del líder del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate. Fue Embajador de nuestro país en Portugal. Estaba adornado por valores profundamente democráticos y se jugaba en todos sus hechos y dichos en defensa de la democracia.

En su momento, cuando falleció el doctor Alembert Vaz, no tuve oportunidad de hacer uso de la palabra. Quiero recordarlo ahora, porque es una de las personas que este Cuerpo debe reconocer como defensor del sistema democrático de país.

Solicito que la versión taquigráfica de la primera parte de mi exposición sea enviada a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a la DINAPYME, a la Asociación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios (ANMYPE) y a los Ministerios de Industria, Energía y Minería, de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Relaciones Exteriores, y que la de la segunda parte de mis palabras sea enviada al Directorio del Partido Nacional y a los familiares del doctor Alembert Vaz.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se van a votar los trámites solicitados.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en cuarenta y nueve: AFIRMATIVA.

9.- Instalación de alumbrado público en los accesos a Colonia Miguelete y Ombúes de Lavalle, departamento de Colonia.

Tiene la palabra la señora Diputada Amed.

SEÑORA AMED.- Señor Presidente: presento a los señores legisladores una solicitud que surge de la imperiosa necesidad de los habitantes de dos localidades colonienses, Colonia Miguelete y Ombúes de Lavalle, que necesitan urgentemente contar con alumbrado público en sus radiales.

Esta necesidad fue planteada formalmente por última vez al Ministerio de Transporte y Obras Públicas el 5 de mayo de 1998. Dicho organismo contestó, a través de una nota, que se harían las obras. Pero hasta el momento, si bien se construyeron las rotondas en los accesos, no hay novedades con respecto a la iluminación, que es lo que realmente la población desea y necesita.

Ahondando más en los detalles del problema que viven estas dos localidades, debo informar que la radial de Colonia Miguelete se ubica en la intersección de las Rutas Nacionales Nos. 12 y 54, distante nueve kilómetros de la ciudad. Esto, que podría tomarse como un mero dato informativo, en realidad no lo es, sino que representa un gran problema, ya que la distancia determina que el viajero que transita por estas rutas esté suficientemente alejado del centro poblado como para no divisar fácilmente las luces, lo que dificulta el acceso al lugar, sobre todo de quienes no lo conocen.

Por otro lado, esto es de gran importancia para el seguro desplazamiento de quienes, aun conociendo la ruta, deben transitarla de noche. Me refiero especialmente a trabajadores y estudiantes que, en muchas ocasiones, deben quedarse esperando a sus familiares o dependen de la solidaridad de quienes ingresan en vehículos para acceder al poblado.

Igual situación sufre la localidad de Ombúes de Lavalle, cuya radial se ubica sobre las Rutas Nacionales Nos. 12 y 55, a tres kilómetros de la ciudad.

Por todo lo que he informado que está pasando en estas localidades, solicito que se busquen los mecanismos para dar solución a este problema, aunque a muchos pueda parecerle ínfimo. Los datos a tener en cuenta para la solución del mismo son los siguientes. En ambas radiales existe conexión de luz. Una subestación de vialidad se encuentra a 150 metros de la radial que va a Ombúes de Lavalle, lo que, con voluntad, facilitaría rápidamente la solución al problema; además, con bajo costo, debido a su cercanía. La radial a Colonia Miguelete se encuentra a aproximadamente 50 metros del transformador del productor rural señor Doval, de donde podría partir la conexión para la iluminación a un bajo costo.

Es importante destacar que, de realizarse estas conexiones, no se afectaría a los actuales usuarios de estos transformadores, ya que estos permiten, sin problema, aumentar la carga.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Junta Departamental de Colonia y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

10.- Creación de un cargo docente en la Escuela Rural Nº 4 Dionisio Díaz, del paraje Bella Vista, departamento de San José.

Iluminación de la rotonda en el kilómetro 53 de la Ruta Nacional Nº 1, en el departamento de San José.

Tiene la palabra el señor Diputado Chápper.

SEÑOR CHÁPPER.- Señor Presidente: en el día de hoy haré dos menciones. Una de ellas está vinculada al hecho de que los padres de los alumnos de la Escuela Rural Nº 4 Dionisio Díaz, del paraje Bella Vista, departamento de San José, ubicada en el kilómetro 24.500 de la Ruta Nacional Nº 11, se han presentado ante mí con la siguiente inquietud.

Todos los niños de la zona que concurren a esa escuela son atendidos por una sola maestra, que da clases desde jardinera hasta sexto año. En este momento ya son más de veinte -hay exactamente 24 inscriptos- los alumnos atendidos por esa única maestra que, reitero, dicta clases desde jardinera hasta sexto año.

Las inscripciones han ido en aumento porque algunas familias se acercaron a la zona y por el establecimiento de un hogar sustituto ampliado, dependiente del INAME.

El pedido de los padres es que se cree un cargo docente, porque, a pesar de haberse hecho el trámite a comienzos del año, todavía ello no se ha concretado. Por este motivo han recurrido a mí, y yo, desde aquí, quiero sensibilizar a las autoridades de Primaria y del CODICEN para que creen este cargo, pues el pedido me parece de estricta justicia. Se trata de una zona de pequeños productores y, si pretendemos que sus hijos puedan mantenerse trabajando al igual que sus padres, debemos darles la enseñanza correspondiente.

Además, con la creación de un cargo docente no se va a desestabilizar el CODICEN, generaremos un nuevo puesto de trabajo y, por supuesto, atenderemos los requerimientos de los padres de niños que viven en una zona que creemos muy importante.

Por tal motivo, solicito que la versión taquigráfica de esta parte de mis palabras sea enviada al Consejo de Educación Primaria, al CODICEN y a la Junta Departamental de San José.

En otro orden de cosas, quiero hacer un pedido, porque hace pocos días fui invitado por vecinos de la ciudad de Libertad, quienes, entre otras inquietudes, me plantearon la poca visibilidad que hay en la noche para ingresar por la rotonda recientemente inaugurada en el kilómetro 53 de la Ruta Nº 1 y en el camino al Penal, en la ciudad de Libertad, ya que no se cuenta con ningún tipo de iluminación. Esto hace muy peligroso el acceso puesto que, además, no se sigue el trayecto al que estábamos acostumbrados, motivando que varios vecinos hayan caído en la cuneta durante la noche.

Los oriundos de San José estamos muy contentos con la doble vía que se ha construido en toda la Ruta Nº 1, pero, más allá de la concreción de ese deseo, no debemos olvidarnos de crear las condiciones para la seguridad del transporte.

Por este motivo, pedimos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas que rápidamente ilumine esa zona para que no ocurran accidentes y haya seguridad en esa rotonda, tanto a la entrada como a la salida de la ciudad de Libertad.

Solicito que la versión taquigráfica de esta segunda parte de mis palabras sea enviada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas -y, por su intermedio, al Consorcio de la Ruta Nº 1, para que solucione este problema antes de que se produzcan accidentes irreparables-, así como a la Junta Departamental de San José.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se van a votar los trámites solicitados.

(Se vota)

——Cuarenta y ocho en cuarenta y nueve: AFIRMATIVA.

11.- Deficiencias del servicio de UTE en el barrio Tanco, de José Pedro Varela, departamento de Lavalleja.

Tiene la palabra la señora Diputada Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: me voy a referir a una situación irregular que están viviendo los vecinos del barrio Tanco, de José Pedro Varela, departamento de Lavalleja.

Yo diría que están sufriendo una gestión irregular por parte de UTE: reciben tarifas sumamente elevadas, además de un mal servicio, y no están siendo atendidos por las autoridades.

En una reunión a la que tuvimos oportunidad de asistir, ellos plantearon que se han dirigido a las autoridades de UTE para manifestarles que se producen permanentes cortes de luz y baja tensión, lo que ha inutilizado varios de sus electrodomésticos.

Al parecer, esto se origina en que el cableado eléctrico que atiende Paso de las Averías, María Albina, la Ruta Nacional Nº 14 y el barrio Tanco no es de la potencia suficiente, ya que en él se incluye el correspondiente a la usina de OSE que lleva el agua potable a Lascano. El retorno del servicio puede demorar varias horas, y esto ocasiona una serie de situaciones irregulares a los pobladores del lugar.

Otro problema que nos señalaron los vecinos es de mayor gravedad; refiere al aumento abrupto en las tarifas, cuyos montos se han duplicado y triplicado. Se trata de personas de humilde condición, que tienen problemas económicos, y no hay forma de que los responsables de UTE en la localidad expliquen claramente las razones de este aumento. Los vecinos se han movilizado, realizando una campaña en radios y en diarios locales. Entonces, el encargado en la localidad les explicó que la tarifa cambió de rural a suburbana, sin que se haya avisado nada a los vecinos, y que, como se trata de un problema de gestión de UTE, se les ofrece hacer convenios hasta en cuatro cuotas. Pero aquí siguen las irregularidades: no hay claridad en la forma como se establecen los convenios; no queda nada escrito y se les dan recibos provisorios. Todo esto está poniendo nerviosos a los vecinos porque, realmente, no tienen dinero para pagar, y quienes han hecho estos convenios sin ningún grado de certificación no están seguros de que tengan que hacer otros reclamos.

En este sentido, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Directorio de UTE a fin de que estudie cuál es la situación con respecto a esta zona y para que dé alguna explicación, sobre todo a los vecinos del barrio Tanco, de José Pedro Varela, departamento de Lavalleja -localidad fuertemente golpeada por la crisis económica-, que se sienten defraudados por la gestión de ese ente.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en cincuenta: AFIRMATIVA.

12.- Solicitud de que se dicten cursos de UTU en el balneario San Luis, departamento de Canelones.

Tiene la palabra el señor Diputado Mahía.

SEÑOR MAHÍA.- Señor Presidente: queremos plantear un tema de nuestro departamento de Canelones, vinculado con la educación.

Es sabido que hay una proyección en cuanto a que, dentro de treinta años, el departamento de Canelones tendrá una población igual a la del Uruguay entero a comienzos del siglo XX: estamos hablando de ochocientas mil personas.

Entre otras, hay una zona especial en nuestro departamento que nosotros, quienes trabajamos en política y nos interesamos por los problemas de la gente, llamamos la Zona 3 de la Costa de Oro. Está más allá del arroyo Solís y del balneario La Floresta, prácticamente entre los peajes, y llega hasta Jaureguiberry. Ahí tenemos una población que continúa creciendo y que no baja de las seis mil o siete mil personas, con una necesidad cada vez mayor de servicios. Muchas veces, por las inclemencias del tiempo, por las características de la zona en sí misma, por las condiciones del pavimento -cuando este existe- o por la falta de iluminación se generan muchos problemas y disturbios que no permiten que quienes residen allí puedan, efectivamente, tener una buena calidad de vida y disfrutar de ese espacio.

A su vez, también hay una mayor demanda en términos educativos. En este sentido, hay un movimiento de vecinos de esa importante y creciente zona del departamento que está planteando la necesidad -y así lo ha solicitado a las jerarquías departamentales de la educación y a autoridades nacionales y departamentales- de contar con cursos de UTU y con un edificio, aunque sea de pocas aulas, en el balneario San Luis. ¿A qué se debe esa solicitud de los vecinos de esa zona? A que se trata del balneario con mayor concentración demográfica y a que las características de los cursos de UTU permitirían cubrir determinadas necesidades que, normalmente, no son satisfechas por el contenido curricular de la enseñanza media de Secundaria. En algunos casos, lo que en Secundaria se dicta no es lo que hoy necesita la sociedad de esa zona del departamento, y hasta diría el Uruguay todo.

Estamos hablando de la posibilidad de implementar cursos cortos que permitan una inserción laboral al medio relativamente rápida. Esos cursos hoy resultan imprescindibles para toda esa zona, sobre todo si se tiene en cuenta otro hecho. Como es sabido, el departamento de Canelones carece, como los otros diecisiete departamentos del interior, de lo que se llama boleto estudiantil. Entonces, debido a las grandes distancias que los estudiantes deben recorrer y al alto costo del boleto -en muchos casos muy importante-, es fundamental que en toda esa zona se establezca un centro que permita nuclear a corta distancia a estudiantes que están requiriendo esta clase de cursos. Creemos que esto es imprescindible y, además, sabemos que las autoridades de la educación -concretamente, las de UTU- han visto con buenos ojos la posibilidad de que se implemente este tipo de cursos. Por ello, ya cerca de la finalización de un año lectivo y antes de que comience otro, hacemos este planteo a la Cámara, que recoge una de las demandas más apremiantes de la población debido al número creciente de habitantes que residen en esa zona.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Consejo Directivo Central de la ANEP y al Consejo de Educación Técnico-Profesional.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

Ha finalizado la media hora previa.

La Mesa da la bienvenida a los escolares de la Escuela Nº 129 del departamento de Rivera, que se encuentran en la barra.

13.- Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las solicitudes de licencias siguientes:

Del señor Representante Oscar Magurno por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 6 y 7 de noviembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Miguel Dicancro.

Del señor Representante Julio Lara, sin goce de sueldo, inciso 4º del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 6 y 7 de noviembre de 2001, convocándose al suplente siguiente, señor Schubert Gambetta.

Del señor Representante Enrique Pintado, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, literal C) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para participar en el Seminario Modernización Legislativa e Integración, por el período comprendido entre los días 6 y 8 de noviembre de 2001, convocándose a la suplenta correspondiente siguiente, señora María Eloísa Moreira.

Visto la licencia oportunamente votada al señor Representante Pedro Señorale, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 23 de octubre y 10 de noviembre de 2001, la Corte Electoral, ante solicitud de la Cámara proclama nuevos suplentes y se convoca por el período comprendido entre los días 6 y 10 de noviembre de 2001, al suplente correspondiente siguiente señor Ramón Simonet.

Del señor Representante Raúl Sendic, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, literal C) del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 6 y 14 de noviembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Fernando Vázquez.

Del señor Representante Alberto Perdomo, en misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para participar de la "I Conferencia Interparlamentaria de Energía, la privatización del sector Energético", a realizarse en la ciudad de Antofagasta, República de Chile, por el período comprendido entre los días 6 y 11 de noviembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Tomás Teijeiro.

Del señor Representante Enrique Pérez Morad, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 6 y 7 de noviembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor José E. Fernández.

Del señor Representante Ricardo Molinelli, en misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para concurrir a la reunión de la Comisión de Minería y Energía del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Antofagasta, República de Chile, por el período comprendido entre los días 6 y 10 de noviembre de 2001. Habiéndose agotado la nómina de suplentes solicítase a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

De la señora Representante Daisy Tourné, por motivos personales, inciso tercero de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 6 y 9 de noviembre de 2001, convocándose a la suplenta correspondiente siguiente, señora María Nelba Iriarte.

Del señor Representante Pablo Mieres, en misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para asistir a la IV Reunión Interparlamentaria entre la Delegación para las Relaciones con los países de América del Sur y MERCOSUR del Parlamento Europeo y la Mesa Ejecutiva de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, a realizarse en la ciudad de Estrasburgo, República de Francia, por el período comprendido entre los días 12 y 16 de noviembre de 2001, y por motivos personales inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465 por el período comprendido entre los días 26 y 30 de noviembre de 2001, convocándose a la suplenta correspondiente siguiente, señora Mariella Demarco.

Del señor Representante Luis A. Lacalle Pou, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 13 de noviembre y 2 de diciembre de 2001, convocándose al suplente siguiente, señor Sergio Tarallo.

Del señor Representante Edgar Bellomo, por motivos personales, inciso tercero de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 13 y 16 de noviembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Eduardo Lay Alvez.

Del señor Representante Washington Abdala, en misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para participar en la IV Reunión Interparlamentaria entre la Delegación para las Relaciones con los Países de América del Sur y MERCOSUR del Parlamento Europeo y la Mesa Ejecutiva de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, a realizarse en la ciudad de Estrasburgo, República de Francia, por el período comprendido entre los días 10 y 23 de noviembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Miguel Dicancro.

Del señor Representante Jorge Orrico, por motivos personales, inciso tercero de la Ley Nº 16.465, por el día 8 de noviembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Jorge Zas Fernández.

Del señor Representante Pedro Señorale, en misión oficial, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 13 y 15 de noviembre de 2001. Habiéndose agotado la nómina de suplentes solicítase a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y uno en sesenta y dos: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales los días 6 y 7 de noviembre del año en curso.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

ÓSCAR MAGURNO
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Oscar Magurno.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 6 y 7 de noviembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 6 y 7 de noviembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Oscar Magurno.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2000 del Lema Partido Colorado, señor Miguel Dicancro.

Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, FRANCISCO M. ORTIZ".

"Montevideo, 31 de octubre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente, me dirijo a usted a efectos de solicitar licencia sin goce de sueldo, los días martes 6 y miércoles 7 de noviembre.

Saluda atentamente.

JULIO LARA
Representante por Canelones".

"Montevideo, 31 de octubre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted a efectos de comunicar que renuncio por esta única vez a asumir como Representante Nacional, en virtud de la licencia solicitada por el Representante Nacional Julio Lara, los días martes 6 y miércoles 7 de noviembre.

Saluda atentamente.

Yamandú Castro".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia sin goce de remuneración, del señor Representante por el departamento de Canelones, Julio Lara.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 6 y 7 de noviembre de 2001.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Yamandú Castro.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y en el inciso cuarto del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia sin goce de remuneración, por el período comprendido entre los días 6 y 7 de noviembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Canelones, Julio Lara.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente correspondiente, señor Yamandú Castro.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71 del Lema Partido Nacional, señor Schubert Gambetta.

Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 6 de noviembre de 2001.

Señora Secretaria Relatora de la

Cámara de Representantes,

Margarita Reyes.

Presente.

Por intermedio de esta y de acuerdo a la Ley Nº 16.465 en su literal C), solicito licencia para los días 6, 7 y 8 del corriente mes, para participar en el Seminario "Modernización Legislativa e Integración" organizado por UPD/OEA/CLAEH/ICP/UDELAR, que se realiza en el Palacio Legislativo.

Sin más y aprovechando la oportunidad la saluda atentamente.

ENRIQUE PINTADO
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 6 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado para integrar ese Cuerpo, en mi carácter de suplente del Diputado Enrique Pintado, presento renuncia por esta única vez y solicito que se convoque al suplente correspondiente.

Sin otro motivo, saludo a usted muy atentamente.

Jorge Iribarnegaray".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia del señor Representante por el departamento de Montevideo, Enrique Pintado, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política para asistir al seminario "Modernización Legislativa e Integración".

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 6 y 8 de noviembre del año 2001.

II) Que, por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el señor Jorge Iribarnegaray.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945 y en el literal C) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia al señor Representante por el departamento de Montevideo, Enrique Pintado, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política para asistir al seminario "Modernización Legislativa e Integración".

2) Acéptase la negativa que, por esta vez ha presentado el suplente correspondiente siguiente, señor Jorge Iribarnegaray.

3) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, a la suplenta correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora María Eloísa Moreira.

Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, FRANCISCO ORTIZ".

"Corte Electoral

Nº 2608/2001

Montevideo, 22 de octubre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

don Gustavo Penadés.

Señor Presidente:

Pongo en su conocimiento que la Corte Electoral en acuerdo del día de hoy, visto que el Representante Nacional por el departamento de Salto señor Pedro Señorale electo por la Hoja de Votación Nº 1 del Lema Partido Colorado ha solicitado licencia por el período comprendido entre los días 23 de octubre y 10 de noviembre de 2001 y al haber declinado por esta vez la convocatoria los suplentes correspondientes, resolvió proclamar Representante Nacional al segundo candidato señor Ramón Simonet y suplentes señores Eduardo Martínez, Orestes Machiavello y Daniel Sosa. Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal y por el término de la licencia concedida al Representante Nacional señor Pedro Señorale y en el concepto de que se han cumplido las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo 3º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el literal B) del inciso segundo del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

Saludo al señor Presidente con mi más distinguida consideración

Carlos A. Urruty
Presidente

Alfonso Mario Cataldi
Secretario Letrado".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La licencia por misión oficial oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de Salto, Pedro Señorale, por el período comprendido entre los días 23 de octubre y 10 de noviembre de 2001.

CONSIDERANDO: I) Que habiéndose agotado la nómina de suplentes se solicitó a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

II) Que la Corte Electoral ha proclamado, por oficio Número 2608/2001, a los señores Ramón Simonet, Eduardo Martínez, Orestes Machiavello y Daniel Sosa nuevos suplentes.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

Convóquese por Secretaría, por el período comprendido entre los días 6 y 10 de noviembre de 2001, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 1, del Lema Partido Colorado, señor Ramón Simonet.

Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 2 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente, me dirijo a usted con la finalidad de solicitar licencia entre los días 6 de noviembre y el 14 de noviembre del corriente año, según lo establecido en el literal C) del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, en la redacción dada por el artículo único de la ley Nº 16.465, literal C).

Sin más, lo saluda atentamente.

RAÚL SENDIC
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 2 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Ante la convocatoria recibida y por esta única vez no acepto y solicito se convoque al suplente correspondiente, señor Fernando Vázquez.

Sin más lo saluda atentamente.

Eduardo Rubio".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia del señor Representante por el departamento de Montevideo, Raúl Sendic, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 6 y 14 de noviembre del año 2001.

II) Que, por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el señor Eduardo Rubio.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945 y en el literal C) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia al señor Representante por el departamento de Montevideo, Raúl Sendic por el período comprendido entre los días 6 y 14 de noviembre de 2001, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez ha presentado el suplente correspondiente siguiente, señor Eduardo Rubio.

3) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Fernando Vázquez.

Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 29 de octubre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Habiendo sido invitado a la "I Conferencia Interparlamentaria de Energía, La Privatización del Sector Energético", la cual se abocará a analizar el tema de Privatización, Fortalecimiento Institucional y Experiencias Regulatorias del Sector Energético en América Latina, que tendrá lugar en Antofagasta - Chile, en calidad de Presidente de la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes, solicito a usted licencia desde el día 6 al 11 de noviembre (se adjunta invitación).

Al saludarlo muy atentamente, le ruego se sirva convocar a mi suplente respectivo.

ALBERTO PERDOMO
Representante por Canelones".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Canelones, Alberto Perdomo, para participar en la "I Conferencia Interparlamentaria de Energía, la Privatización del Sector Energético", a realizarse en la ciudad de Antofagasta, República de Chile.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 6 y 11 de noviembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, al señor Representante por el departamento de Canelones, Alberto Perdomo, para participar en la "I Conferencia Interparlamentaria de Energía, la Privatización del Sector Energético", a realizarse en la ciudad de Antofagasta, República de Chile entre los días 6 y 11 de noviembre de 2001.

2) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 400 del Lema Partido Nacional, señor Tomás Teijeiro.

Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 6 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo establecido por la Ley Nº 16.465, solicito se me conceda el uso de licencia por motivos personales, los días 6 y 7 de noviembre de 2001 convocándose a mi respectivo suplente.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

ENRIQUE PÉREZ MORAD
Representante por Maldonado".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Maldonado, Enrique Pérez Morad.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 6 y 7 de noviembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 6 y 7 de noviembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Maldonado, Enrique Pérez Morad.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 567 del Lema Partido Encuentro Progresista – Frente Amplio, señor José E. Fernández.

Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 16.465, artículo único, inciso B), solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia entre el 6 y el 10 de noviembre del año en curso, a los efectos de participar en la reunión de la Comisión de Minería y Energía del Parlamento Latinoamericano: I Conferencia Interparlamentaria de Energía "La privatización del Sector Energético", a realizarse en Antofagasta, Chile, del 7 al 10 de noviembre del año en curso.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

RICARDO MOLINELLI
Representante por Paysandú".

"Montevideo, noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Didier Bernardoni".

"Montevideo, noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Nilda S. Belvisi".

"Montevideo, noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Juan Carlos Siazaro".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por misión oficial, del señor Representante por el departamento de Paysandú, Ricardo Molinelli para asistir a la reunión de la Comisión de Minería y Energía del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Antofagasta, República de Chile.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 6 y 10 de noviembre de 2001.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que fueron objeto los suplentes correspondientes, señor Didier Bernardoni, señora Nilda S. Belvisi y señor Juan C. Siazaro.

III) Que habiéndose agotado la nómina es pertinente solicitar a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994 y por el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por misión oficial, al señor Representante por el departamento de Paysandú, Ricardo Molinelli, por el período comprendido entre los días 6 y 10 de noviembre de 2001, para asistir a la reunión de la Comisión de Minería y Energía del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Antofagasta, República de Chile.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, han presentado los suplentes siguientes, señor Didier Bernardoni, señora Nilda S. Belvisi y señor Juan C. Siazaro.

3) Ofíciese a la Corte Electoral.

Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 30 de octubre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted con el fin de solicitar licencia entre los días 6 al 9 de noviembre, inclusive.

Dicha solicitud se debe a motivos personales.

Por lo expuesto, solicito se convoque al suplente respectivo.

Sin más lo saluda atentamente.

DAISY TOURNÉ
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 30 de octubre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

La que suscribe Hyara Rodríguez, cédula de identidad Nº 2.923.491-3 en mi calidad de primer suplente de la señora Representante Nacional, Daisy Tourné quien ha solicitado licencia entre los días 6 al 9 de noviembre de 2001, comunico a usted que me encuentro imposibilitada por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocada por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Hyara Rodríguez".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Daisy Tourné.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 6 y 9 de noviembre de 2001

II) Que por esta vez, no acepta la convocatoria de que fue objeto la suplenta correspondiente siguiente, señora Hyara Rodriguez.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.648, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 6 y 9 de noviembre de 2001, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Daisy Tourné.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado la suplenta correspondiente siguiente, señora Hyara Rodríguez.

3) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, a la suplenta correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora María Nelba Iriarte.

Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 1º de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por este intermedio, de acuerdo a lo dispuesto en el literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, solicito licencia por ausentarme del país en virtud de participar en la IV Reunión Interparlamentaria entre la Delegación para las Relaciones con los Países de América del Sur y Mercosur del Parlamento Europeo y la Mesa Ejecutiva de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, que se realizará en la ciudad de Estrasburgo (Francia), del 12 al 16 de noviembre de 2001.

Solicito también licencia por motivos personales de acuerdo a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, desde el día 26 al 30 de noviembre del corriente año.

Sin otro particular, saluda atentamente.

PABLO MIERES
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: Las solicitudes de licencia del señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo Mieres, para asistir en misión oficial a la "IV Reunión Interparlamentaria entre la Delegación para las Relaciones con los Países de América del Sur y MERCOSUR del Parlamento Europeo y la Mesa Ejecutiva de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR", a realizarse en la ciudad de Estrasburgo, República de Francia y por motivos personales

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 12 y 16 de noviembre de 2001, para asistir al referido acontecimiento y por motivos personales por el período comprendido entre los días 26 y 30 de noviembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, al literal B) y al inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia al señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo Mieres, por el período comprendido entre los días 12 y 16 de noviembre de 2001, para asistir en misión oficial a la "IV Reunión Interparlamentaria entre la Delegación para las Relaciones con los Países de América del Sur y MERCOSUR del Parlamento Europeo y la Mesa Ejecutiva de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR", a realizarse en la ciudad de Estrasburgo, República de Francia, por motivos personales por el período comprendido entre los días 26 y 30 de noviembre de 2001.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por los períodos comprendidos entre los días 12 y 16 de noviembre y 26 y 30 de noviembre de 2001, a la suplenta correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 99000, del Lema Partido del Nuevo Espacio, señora Mariella Demarco.

Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 6 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito licencia por motivos personales, desde el 13 de noviembre hasta el 2 de diciembre.

Lo saluda atentamente.

LUIS ALBERTO LACALLE POU
Representante por Canelones".

"Montevideo, 6 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para poner en su conocimiento que, por esta única vez, no acepto la convocatoria de la que he sido objeto.

Sin otro particular, lo saludo atentamente.

Juan Carlos Bentancor".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Luis A. Lacalle Pou.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 13 de noviembre y 2 de diciembre del año 2001.

II) Que por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto, el suplente correspondiente siguiente, señor Juan Carlos Bentancor.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.648, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 13 de noviembre y 2 de diciembre del año 2001, al señor Representante por el departamento de Canelones, Luis A. Lacalle Pou.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez ha presentado el señor Juan Carlos Bentancor.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 400 del Lema Partido Nacional, señor Sergio Tarallo.

Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 31 de octubre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

De conformidad con el artículo único, inciso tercero de la Ley Nº 16.465, solicito a usted se convoque al suplente respectivo entre los días 13 al 16 de noviembre inclusive del corriente año.

Saluda a usted muy atentamente.

EDGAR BELLOMO
Representante por Canelones".

"Montevideo, noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente comunico a usted que no acepto por esta vez la convocatoria en virtud de la licencia solicitada por el señor Diputado Edgar Bellomo desde el 13 hasta el 16 del mes en curso.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Julio Varona".

"Montevideo, noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente comunico a usted que no acepto por esta vez la convocatoria en virtud de la licencia solicitada por el señor Diputado Edgar Bellomo desde el 13 hasta el 16 del mes en curso.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Hugo Soto".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Edgar Bellomo.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 13 y 16 de noviembre de 2001.

II) Que por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes correspondientes siguientes, señores Julio Varona y Hugo Soto.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.648, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 13 y 16 de noviembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Canelones, Edgar Bellomo.

2) Acéptanse, las negativas que por esta vez han presentado los suplentes correspondientes siguientes, señores Julio Varona y Hugo Soto.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 738 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Eduardo Lay Alvez.

Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 6 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 16.465, artículo único, inciso B), solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia desde el 10 de noviembre hasta el 23 de noviembre inclusive, a los efectos de asistir a la IV Reunión Interparlamentaria entre la Delegación para las Relaciones con los Países de América del Sur y MERCOSUR del Parlamento Europeo y la Mesa Ejecutiva de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, a realizarse en Francia, Strasbourg, entre el 12 y el 15 de noviembre del año en curso.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

WASHINGTON ABDALA
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Washington Abdala, para asistir a la IV Reunión Interparlamentaria entre la Delegación para las Relaciones con los Países de América de Sur y MERCOSUR del Parlamento Europeo y la Mesa Ejecutiva de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, a realizarse en la ciudad de Estrasburgo, República de Francia.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 10 y 23 de noviembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y en el literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Washington Abdala, por el período comprendido entre los días 10 y 23 de noviembre de 2001, para asistir a la IV Reunión Interparlamentaria entre la Delegación para las Relaciones con los Países de América de Sur y MERCOSUR del Parlamento Europeo y la Mesa Ejecutiva de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, a realizarse en la ciudad de Estrasburgo, República de Francia.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Número 2000 del Lema Partido Colorado, señor Miguel Dicancro.

Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 6 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a la Cámara que usted preside, licencia por el día jueves 8 de noviembre, por asuntos particulares, convocándose en tal caso al suplente correspondiente.

Sin otro particular, lo saluda atentamente.

JORGE ORRICO
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Orrico.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 8 de noviembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 8 de noviembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Orrico.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 8 de noviembre de 2001, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Jorge Zas Fernández.

Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 22 de octubre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo establecido por la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales desde el 13 al 15 de noviembre, inclusive.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

PEDRO SEÑORALE
Representante por Salto".

"Montevideo, octubre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente, comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Lewis Rochón Sarutte".

"Montevideo, octubre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente, comunico a usted que, por esta vez, no he de aceptar la convocatoria para integrar el Cuerpo de la cual he sido objeto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Milton Laporta".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Salto, Pedro Señorale Legnazzi.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 13 y 15 de noviembre del año 2001.

II) Que por esta vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes correspondientes siguientes, señores Lewis Rochón Sarutte y Milton Laporta.

III) Que habiéndose agotado la nómina es pertinente solicitar a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en el artículo tercero de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 13 y 15 de noviembre del año 2001, al señor Representante por el departamento de Salto, Pedro Señorale Legnazzi.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez han presentado los suplentes correspondientes siguientes de la Hoja de votación Nº 1 del Lema Partido Colorado, señores Lewis Rochón Sarutte y Milton Laporta.

3) Ofíciese a la Corte Electoral.

Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, FRANCISCO ORTIZ".

14.- Sesión extraordinaria.

——Dese cuenta de una moción presentada por los señores Diputados Orrico, Berois Quinteros, Falero y Amen Vaghetti.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la Cámara se reúna en sesión extraordinaria el día miércoles 14 de noviembre, a la hora 15, para realizar un homenaje a Juan Zorrilla de San Martín con motivo de cumplirse setenta años de su fallecimiento".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cuatro en sesenta y cinco: AFIRMATIVA.

15.- Alteración del orden del día.

Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Falero, Orrico y Berois Quinteros.

(Se lee:)

"Mocionamos para que los asuntos que figuran en octavo y noveno término del orden del día (Carpetas Nos. 1213/001 y 1208/001, respectivamente) se consideren en primero y segundo lugar".

——Se va a votar.

SEÑOR BAYARDI.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Es una moción de orden que no tiene discusión.

SEÑOR ORRICO.- ¡Que se lea nuevamente!

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Léase nuevamente la moción.

(Se vuelve a leer)

SEÑOR ORRICO.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Lamentablemente, la moción no tiene discusión, señores Diputados.

Según me hacen notar los firmantes de la moción, la propuesta sería tratar primero el asunto que figura en noveno lugar del orden del día y luego el que figura en octavo término.

(Apoyados)

——Se va a votar la moción con la aclaración realizada por la Mesa.

(Se vota)

——Cincuenta y seis en sesenta: AFIRMATIVA.

16.- Presupuesto quinquenal de sueldos, gastos, recursos e inversiones de la Intendencia Municipal de Canelones. (Recurso de apelación contra los artículos 11 y 30 del Decreto Nº 17/001 de la Junta Departamental de Canelones en la redacción dada por los artículos 3º y 4º del Decreto Nº 20/001).

Se entra al orden del día con la consideración del asunto que figuraba en noveno término y que pasó a ser primero: "Presupuesto quinquenal de sueldos, gastos, recursos e inversiones de la Intendencia Municipal de Canelones. (Recurso de apelación contra los artículos 11 y 30 del Decreto Nº 17/001 de la Junta Departamental de Canelones en la redacción dada por los artículos 3º y 4º del Decreto Nº 20/001)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 586

"Señor Presidente de la Cámara de Representantes:

Los suscritos, Ediles departamentales, integrantes de la Junta Departamental de Canelones, ante el señor Presidente nos presentamos y decimos:

Que venimos a interponer recurso de apelación ante esa Cámara contra los artículos 11 y 30 del Decreto Nº 17/2001 de la Junta Departamental, con la redacción dada por los artículos 3 y 4 del Decreto Nº 20/2001, respectivamente, de dicho Organo legislativo, en mérito a las siguientes consideraciones de hechos y fundamentos de derecho:

I - Con fecha 15 de mayo del corriente, la Junta Departamental de Canelones, remitió a la Intendencia Municipal, para su promulgación, el Decreto Nº 20/2001, por el que se sancionó definitivamente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 225 inciso tercero de la Constitución de la República, el Presupuesto Quinquenal para el período 2001-2005.

II - Por el artículo 2 del citado decreto, se aceptan las observaciones del Tribunal de Cuentas, efectuadas al emitir su dictamen constitucional, artículo 225 inciso segundo de la Constitución de la República.

III - Sin perjuicio de aceptarse por la Junta Departamental las observaciones formuladas, no se salvaron concretamente las mismas, pues solo se modifican giros gramaticales, sin modificar los artículos observados por el Tribunal de Cuentas, por ser contrarios a una norma de derecho de rango constitucional, incumpliéndose en los hechos, lo establecido en el artículo 225 de la Constitución de la República.

IV - En efecto, observa el Tribunal de Cuentas lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Nº 17/2001 por contravenir lo establecido por los artículos 273 numeral 3º) y 275 numeral 4º) de la Constitución de la República (Considerando 5 del dictamen recaído), pero, por Decreto Nº 20/2001, se acepta la observación, sustituyéndose una palabra, manteniéndose la violación de la norma constitucional citada.

V - El mismo procedimiento se utilizó con relación a la observación formulada al artículo 30 del Decreto Nº 17/2001. Por el artículo 4 del Decreto Nº 20/2001, se modifica la redacción, pero se mantiene la facultad otorgada al Intendente Municipal de modificar las retribuciones de algunos funcionarios municipales, contraviniendo lo establecido en el artículo 86 de la Constitución de la República, admitiéndose además, que dichos aumentos en las retribuciones puedan efectuarse sin necesidad de resolución fundada del Intendente Municipal. (Considerando 7 del dictamen del Tribunal de Cuentas).

VI - Por otra parte, la Junta Departamental, al igual que cualquier órgano de Gobierno, no puede delegar atribuciones en el Intendente Municipal, sin norma constitucional que la habilite a ello y, si lo hace, como en los artículos recurridos, viola disposiciones constitucionales, como lo afirma el órgano de contralor en el dictamen recaído.

VII - En definitiva, la Junta Departamental de Canelones, por una mayoría límite y circunstancial, formalmente acepta las observaciones del Tribunal de Cuentas, pero en los hechos mantiene las disposiciones observadas, despojándose de la competencia asignada constitucionalmente; otorgándole facultades al otro órgano de Gobierno Municipal resultando, en los hechos, ineficaz la intervención del Tribunal de Cuentas, el que, además señala las contravenciones cometidas a normas constitucionales.

Por lo expuesto, y en mérito a lo establecido en el artículo 303 de la Constitución de la República, pedimos:

1.- Nos tenga por presentados, y por interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación referenciado.

2.- Que previos los trámites correspondientes, se anulen los artículos 11 y 30 del Decreto Nº 17/2001 de la Junta Departamental, con la redacción dada por los artículos 3 y 4 del Decreto Nº 20/2001 de dicho órgano, por ser violatorios de disposiciones constitucionales señaladas en el presente.

Se constituye domicilio en José Batlle y Ordóñez 365, La Paz, teléfono 362 33 05.

SIGUEN FIRMAS".

Anexo I al

Rep. Nº 586

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión Especial con el cometido de estudiar

los recursos previstos en el artículo 303

de la Constitución de la República

INFORME EN MAYORÍA

Señores Representantes:

Vuestra Comisión Especial con el cometido de estudiar los recursos previstos en el artículo 303 de la Constitución de la República, ha considerado el recurso de apelación presentado por varios señores Ediles de la Junta Departamental de Canelones, contra los artículos 11 y 30 del Decreto Nº 17/001 de la antes mencionada Junta, en la redacción dada por los artículos 3º y 4º del Decreto Nº 20/001.

Con referencia al artículo 11 del Decreto Nº 17/001 que se transcribe: "Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 11 del Decreto Nº 17/2001 de la Junta Departamental de Canelones, el que quedará redactado de la siguiente forma: Artículo 11.- La Intendencia Municipal de Canelones, informará a la Junta Departamental de Canelones, en cada oportunidad en que realice actualizaciones en los mínimos imponibles, tasas o cualquier otro tributo, de conformidad con los decretos en que se dispusieron los respectivos criterios de actualización. Asimismo proporcionará la información sobre los datos en base a los cuales se efectuaron dichas actualizaciones", en ese sentido y conforme a lo dispuesto por el numeral 3) del artículo 273 de la Constitución de la República, es facultad privativa de la Junta Departamental "crear o fijar, a proposición del Intendente" impuestos, tasas, contribuciones, tarifas, etcétera.

La actualización de los mínimos imponibles, tasas o cualquier otro tributo, no es otra cosa que "fijar" el monto del tributo y ello es facultad de la Junta Departamental.

El fundamento de la norma constitucional que confiere a la Junta, la facultad de establecer o fijar todo tipo de tributo, es la garantía que ofrece el órgano deliberativo sobre los derechos de los ciudadanos, que allí se encuentran representados.

Establecer a priori una autorización por parte de la Junta al Intendente Municipal para actualizar los tributos, implica una delegación de facultad indelegable y por ende inconstitucional. Con la actualización, el Intendente indirectamente regula el monto del impuesto, cosa muy diferente a la facultad constitucional con que cuenta de proponer a la Junta Departamental, la fijación de tributos o precios (numeral 4º) del artículo 275 de la Constitución).

Asimismo con respecto al artículo 30 del Decreto Nº 17/001, oportunamente observado por el Tribunal de Cuentas, no tiene relación alguna con el artículo 4º, que da nueva redacción al artículo 30 del Decreto fechado el 10 de mayo de 2001, pese a que se decreta la sustitución del texto original.

El texto sustituido refiere el concepto de "diferencias de sueldo" (concepto laxo, no definido y con ausencia de elementos de criterio para determinarlo) en tanto en la redacción definitiva se habla de "compensación extraordinaria" y "funciones de mayor responsabilidad", destinando una partida global, que será en definitiva discriminada según el arbitrio del Intendente.

La primera observación es la no determinación o definición clara y precisa de que se entiende por "funciones de mayor responsabilidad". No preexiste para el término definición jurídica, ni el régimen para su reconocimiento y ulterior otorgamiento de la compensación equivalente. Así como tampoco individualización del o los cargos (escalafones y grados) que hipotéticamente ostentarán la condición de "mayor responsabilidad".

Tales extremos (definición jurídica y régimen) debieron ser incluidos en la propia norma sustituida, porque en lo que dice, relación a fijación de dotaciones y autorización de gastos, se entiende que es materia de reserva de la ley (artículos 86 y 273 de la Constitución), en donde se establece que determinadas materias, como la que nos ocupa, solo pueden ser reguladas por ley. Para el caso de quién cumple las funciones legislativas, es la Junta Departamental y solo esta podrá establecer los factores anteriormente señalados.

Tampoco cabe emplear el instituto de la "delegación de atribuciones" ya que no existe previsión constitucional de delegaciones de facultades legislativas.

En consecuencia el dejar al órgano ejecutivo, Intendente, la reglamentación de la distribución de la partida, resultará inconstitucional en la medida que el órgano ejecutivo estaría legislando, extremo que le está vedado sin la participación de la Junta Departamental, y tendría la nota de arbitrario.

En cuanto al monto de la partida un primer análisis lleva a manifestar, que resulta contradictorio impedir el acceso de nuevos funcionarios, sea en planta permanente (presupuestados) como en contrataciones y provisión de vacantes (artículo 26 de la Ley Orgánica Municipal) en razón del abultado déficit municipal, para luego otorgar una partida, que en el quinquenio será equivalente al 50% del déficit municipal actual.

Con respecto a este punto, debe mencionarse el artículo 19 de la Ley Orgánica Municipal, que en su numeral 2) establece que, la Junta Departamental no puede prestar aprobación a ningún proyecto de presupuesto que signifique déficit. Reiteramos que habilitar compensaciones extraordinarias que importan en el quinquenio un 50% del déficit acumulado, es claramente violatorio de dicha norma.

Por lo expuesto solicitamos al Cuerpo la aprobación del proyecto de resolución adjunto.

Sala de la Comisión, 29 de octubre de 2001.

LUIS ALBERTO LACALLE POU, Miembro Informante, JOSE BAYARDI, RICARDO BEROIS QUINTEROS, BRUM CANET, RICARDO FALERO.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

1º.- Hacer lugar al recurso interpuesto por varios señores Ediles, dejando sin efecto los artículos 11 y 30 del Decreto Nº 17/001 de la Junta Departamental de Canelones en la redacción dada por los artículos 3º y 4º del Decreto Nº 20/001.

2º.- Comuníquese a la Intendencia Municipal de Canelones, a la Junta Departamental de Canelones, a los recurrentes y oportunamente archívense estos antecedentes.

Sala de la Comisión, 29 de octubre de 2001.

LUIS ALBERTO LACALLE POU, Miembro Informante, JOSE BAYARDI, RICARDO BEROIS QUINTEROS, BRUM CANET, RICARDO FALERO.

Comisión Especial con el cometido de estudiar

los recursos previstos en el artículo 303

de la Constitución de la República

INFORME EN MINORÍA

Señores Representantes:

La Comisión Especial creada para conocer respecto del recurso presentado, conforme al artículo 303 de la Constitución de la República, contra los Decretos Nº 17/2001 y Nº 20/2001 de la Junta Departamental de Canelones, presentado por vecinos de la Ciudad de la Costa y algunos señores Ediles Departamentales de Canelones, mencionados ut-supra, que se recurren ante la Cámara de Representantes, constituye una de las facultades de los Representantes Nacionales de decidir sobre los recursos interpuestos contra los Decretos Municipales y Resoluciones de las Intendencias no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que sean contrarios a la ley y la Constitución.

Esto significa que debemos analizar exclusivamente si las normas recurridas violan o no la ley o la Constitución de la República. Caso contrario deben ser rechazados, sin entrar en el fondo ni en el mérito del mismo.

Como legisladores es necesario poner especial énfasis en este punto, aunque sabemos que eso no va a ser respetado y por ende estaremos contribuyendo a la violación de nuestra principal norma. Digo esto porque aquí se van a analizar el mérito si era necesario, o no de fijar nuevos valores catastrales, si los mismos son o no elevados, sin importar quien los determinó como también la conveniencia de los mismos y tal vez si el tiempo no es insuficiente, poder hacer una valoración de tipo político de la Intendencia Municipal de Canelones y de la gestión del señor Intendente Municipal.

Todos estos temas, de corte netamente político y ajenos a lo establecido por el constituyente en el artículo 303, y a los cometidos conferidos por este Cuerpo a la Comisión Especial.

Previo al ingreso del estudio de los recursos interpuestos, voy a realizar una breve reseña para informar a los señores Representantes, acerca de determinadas normas que sin ser las recurridas, es importante hacer referencia de ellas.

El Decreto Nº 33/996, de 9 de agosto de 1996, de la Junta Departamental de Canelones, tuvo como objeto de que la Intendencia pudiera ir adecuando los valores catastrales que durante 26 años no habían sido modificados, tal como surge de los considerandos I y II de la citada norma, la cual establece de forma precisa la voluntad del legislador departamental, "Se vuelve necesario tomar medidas tales que en forma paulatina hasta el año 2000, se logre recuperar el valor imponible municipal de los padrones urbanos y suburbanos".

Para ello, se estableció que desde el año 1996 hasta el 2000, dichos terrenos y digo terrenos y no construcciones, fueran progresivamente acercándose a sus valores hasta alcanzar un 90% para los inmuebles urbanos y 100% para los suburbanos.

Aclaramos que los valores catastrales, fueron dados por la Dirección Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas y no por la Intendencia de Canelones. Por un convenio celebrado entre esta y la Dirección Nacional de Catastro se fijaron nuevos valores catastrales a la tierra sin considerar la construcción, hecho que beneficia al contribuyente dentro de la zona comprendida entre el arroyo Carrasco y el arroyo Solís. También realizamos esta aclaración con respecto al valor del terreno y no de la construcción, dado que otras Intendencias Municipales utilizaron este mismo procedimiento, pero valorizando la construcción y el terreno.

En el artículo 2 del Decreto Nº 33/996, se estableció el mecanismo de ajuste de dichos valores, diciendo que para los años sucesivos o sea para los años posteriores que siguen al período prefijado por el legislador, que iba desde 1996 hasta diciembre de 2000, era para recuperar el valor real de los padrones urbanos y suburbanos.

Es claro y contundente el informe presentado por los representantes de la Intendencia de Canelones, en ocasión de asistir al seno de la Comisión Especial el Director General de Hacienda, contador Ricardo Yelpo; la Asesora Jurídica de la Intendencia, doctora Liliana Mercadal, como así también el doctor Juan Carlos Peirano Facio, presentando un informe consultivo, el cual expresa el alcance en el tiempo de las normas tributarias, en el cual se establece que las mismas no tienen un tiempo determinado de comienzo y fin, aclarando que la referencia a los años sucesivos no tiene limitación temporal alguna. En consecuencia, se aplica hacia el futuro, mientras no sea modificada.

El fundamento es claro: mantener la vigencia de la norma sosteniendo la incidencia de la carga fiscal a pesar de los aumentos que se verifiquen en los valores imponibles de los inmuebles.

Otro ejemplo de ello, son los presupuestos que siguen teniendo efectos más allá del período para el cual fueron concebidos, y que en forma genérica siempre lo recogen en la norma que dice que siguen vigentes las disposiciones del anterior presupuesto, siempre y cuando no se opongan al presente.

De tal situación, la Intendencia de Canelones no fue tampoco ajena. Prueba de ello es que lo recogió en el artículo 32 del Decreto Nº 21/2001, el que aprueba y promulga el Presupuesto Quinquenal General de Gastos e Inversiones vigente, diciendo que "todas las disposiciones de ordenamiento financiero de recursos, estatutarias y presupuestales, que no hayan sido derogadas expresa o tácitamente por el presente Decreto".

En conclusión el Decreto Nº 33/996, sigue vigente, es válido y no fue impugnado y tampoco derogado como se dice por el artículo 15 del Decreto Nº 21/2001; que no deroga esta norma de Ordenamiento Financiero de la Intendencia de Canelones, sino que tiene su mismo tenor, al fijar el valor imponible municipal de la Contribución Inmobiliaria urbana y suburbana y demás tributos, el 90% del valor real y el 100% del valor real respectivamente fijado por la Dirección Nacional de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas.

Anterior al 31 de diciembre de 2000, el Intendente de Canelones dicta una Resolución que en virtud de la aplicación de los nuevos aforos y como no tiene la potestad ni de bajar la alícuota ni de bonificar los impuestos, sin la previa aprobación de la Junta Departamental, esta Resolución lo que hace, es diferir el 60% del aumento que se producirá en los inmuebles, que la Dirección Nacional de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas fijó con los nuevos valores, hasta que se apruebe el nuevo presupuesto, correspondiente al presente quinquenio; en el cual en su mensaje complementario, para dichos inmuebles se rebaja la alícuota a la mitad y se bonifica dentro del primer año un 40% del aumento y en el segundo un 20%.

Cabe aclarar que el presupuesto es el de 1995–2000 y que seguía hasta la fecha vigente, por imperio de la reforma constitucional de 1996, y por tal hecho los nuevos presupuestos fueron aprobados posteriormente, los Gobiernos Municipales asumieron en julio de 2000, por tanto es el caso de la Intendencia de Canelones con el Decreto Nº 21/2001.

Hasta esa fecha, la alícuota que estaba obligado a cobrar presupuestalmente el Intendente, fue del 4% y ese fue el fundamento del Jerarca que pensando en el vecino, en el contribuyente, difiere el cobro del 60% por la existencia de una nueva base de cálculo del impuesto de Contribución Inmobiliaria. En consecuencia, contamos con un nuevo valor catastral, actualizado y más alto, por lógica, después de 26 años de inamovilidad de los valores; fijados por la Dirección Nacional de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas, y una alícuota alta de un 4% del anterior presupuesto municipal, acorde a los anteriores valores catastrales.

El Intendente de Canelones no fue nada insensible, todo lo contrario a lo que ocurrió en otros departamentos del país, donde pasó exactamente lo mismo que en este, hicieron el papel de "chancho rengo" o "la vista gorda", como se prefiera y dejaron la misma alícuota, por ejemplo en varias Intendencias del Partido Nacional, entre ellas la de mi departamento, Durazno.

Posteriormente, en un mensaje complementario y en acuerdo con todo el Partido Colorado de Canelones, se reduce la alícuota para el nuevo presupuesto vigente por el Decreto Nº 21/2001 a un 2%, esto significa sensibilidad y consideración hacia el contribuyente canario, es un esfuerzo financiero que hace la Intendencia para no cargar más el peso fiscal de los vecinos del departamento, porque en definitiva ese es el espíritu que ha caracterizado a esta Administración como a las anteriores del Intendente Hackenbruch.

Esta introducción no ha tenido otro fin que poder aclarar a todos los miembros del Cuerpo, el verdadero alcance y significado de los Decretos de la Junta de Canelones que se han impugnado y por sobre todo, los efectos negativos que se originarán de su eventual derogación para los contribuyentes del departamento de Canelones.

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS Y CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE EL ALCANCE DE LOS MISMOS

Reconocemos, como no puede ser de otra manera, la legitimidad del derecho tanto de los vecinos como de algunos señores Ediles Departamentales en manifestar su desacuerdo ante un Decreto o Resolución del Gobierno Municipal contrario a la ley o a la Constitución de la República, tal como lo avala el artículo 303 de nuestra Carta Magna. Esto es así, lo reconocemos y no existe duda alguna.

Pero a pesar de que ambos recursos son diferentes y por eso nuestro interés de analizarlos por separado, admitimos que coinciden en algo. Ambos fueron mal presentados. Ambos no afectan lo que se supone se quiere derogar.

Es muy simple, ninguno de los recursos va en contra del Decreto que da vigencia a los nuevos valores imponibles y promulgados por la Intendencia Municipal con fuerza de ley dentro de su jurisdicción.

Esta es la verdad, no hay otra. Es tan claro que, si la voluntad del Cuerpo es hacer lugar a los recursos presentados y por tanto derogar los Decretos impugnados no servirá de nada, porque son Decretos preparatorios y en donde se recogieron las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas y no se esta derogando el Decreto definitivo y obligatorio, legítimamente promulgado y presentado. Es más, este solo hecho debería habérsele aclarado a los ciudadanos y a los señores Ediles promotores de este recurso. Se les debería haber informado cuál era el verdadero alcance del recurso interpuesto y las normas que efectivamente se pretendían derogar.

Cosa que no se hizo de ninguna forma por parte de los Partidos Políticos, que promovieron y acompañan a los recurrentes, como tampoco se hizo durante todo el trabajo y estudio de la Comisión Especial.

La voluntad ciudadana ha sido engañada en su buena fe, estos recursos se presentaron de forma equivocada, o por error o mal asesoramiento, o de lo contrario con otros fines diferentes a los verdaderos intereses populares. Error, o mal asesoramiento del que fueron también víctimas los señores Ediles que acompañaron a los ciudadanos recurrentes y como fue advertido en el seno de la Comisión oportunamente al recibir a las autoridades municipales.

Quedará demostrado desde el punto de vista técnico-jurídico, que es el que debe prevalecer y el que nos inspira ante la responsabilidad que asumimos como Miembro Informante, sin perjuicio de que si se pretende ingresar en el plano político-partidario, también lo haremos con gusto, porque tenemos la plena convicción de que ciertas fuerzas políticas aquí representadas deberán explicar los efectos negativos, los perjuicios que se originarán para los contribuyentes canarios, si prospera el apoyo a los recursos.

El Decreto Nº 17/2001 en sus artículos 11 y 30 y el Decreto Nº 20/2001 en redacción dada por los artículos 3 y 4, aprueban definitivamente el Presupuesto General de Gastos e Inversiones de la Intendencia Municipal de Canelones.

El Decreto definitivo, promulgado y publicado en el Diario Oficial, acorde a la ley y al artículo 299 de la Constitución que dice "Los Decretos de los Gobiernos Departamentales creando o modificando impuestos, no serán obligatorios sino después de diez días de publicado en el Diario Oficial, y se insertarán en el Registro Nacional de Leyes y Decretos en una Sección Especial", hecho que ocurrió el lunes 28 de mayo de 2001 en el Diario Oficial.

¿Cuál fue el objeto del Decreto Nº 17/2001? Era el proyecto de Presupuesto, el cual fue remitido a la consideración del Tribunal de Cuentas, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 225 de la Constitución, con la finalidad de que el Organismo de Contralor realice o no las observaciones que correspondan. Cosa que sucedió. El Tribunal de Cuentas realizó observaciones, las cuales fueron levantadas oportunamente por la Junta Departamental y la Intendencia Municipal.

Existen no uno sino muchos ejemplos de Intendencias y Juntas Departamentales que han hecho y siguen haciendo caso omiso a los informes del Tribunal de Cuentas y no contemplan sus observaciones.

Este no ha sido el caso de la Administración del Intendente de Canelones ni de la Junta Departamental.

Por tal razón no fue publicado ni promulgado dicho Decreto que tuvo el solo efecto de ser un acto jurídico preparatorio de una acto definitivo. Por ende, no es dicho Decreto obligatorio, ni cumple con lo establecido en el artículo 290 de la Constitución, citado previamente.

Ahora me referiré al Decreto Nº 20/2001, cuál es su objeto y si es válido o no. Su contenido busca simplemente corregir las observaciones del Tribunal de Cuentas y por eso le da nueva redacción a los artículos 11 y 30 del Decreto Nº 17/2001, siendo los artículos 3 y 4 del Decreto Nº 20/2001. Surge así claramente del Visto y Considerando de la norma donde se levantan las observaciones en el artículo 2 de este Decreto, dándole una nueva redacción a los anteriores artículos 11 y 30.

Concluyendo con este capítulo sobre la procedencia de dicho recurso, decimos que el Decreto Nº 21/2001 como surge de actas y de la información de la Secretaría de la Cámara de Representantes no fue impugnado. Solamente fueron objeto de impugnación los Decretos Nº 17/2001 y Nº 20/2001 en sus artículos 11, 15 y 30, y 3 y 4 respectivamente.

Ni los señores Ediles Departamentales ni los señores ciudadanos dieron en la tecla y cometieron un error jurídico insalvable, en donde precluye su instancia procesal.

Por tanto, el Decreto Nº 21/2001, promulgado por la Intendencia Municipal de Canelones el 16 de mayo de 2001, por Resolución Nº 1895/001, y debidamente publicado en el Diario Oficial, ha quedado firme y todas y cada una de las normas anteriores no impugnadas y reconocidas por el artículo 32 del presupuesto vigente, relacionadas al ordenamiento financiero y que siguen teniendo efecto como el Decreto Nº 33/996 que la Intendencia tiene la obligación de hacer cumplir por gozar de plena vigencia.

Los recurrentes deberían haber impugnado los artículos correspondientes de este Decreto Nº 21/001 y no los anteriores para llegar al fin que pretendían.

Es más y concluyendo este capítulo, en la Comisión y en sus actas debe constar al momento de emitir el voto, los Representantes de los Partidos que acompañaron y defendieron estos recursos, como ser el caso del señor Diputado Lacalle Pou y del señor Diputado José Bayardi, que admitieron que a su modo de entender deberían haber impugnado el artículo 18 y no el 17 del Decreto Nº 17/2001, dejando así en clara evidencia que no fue totalmente completo el alcance de dicho recurso.

ANÁLISIS DEL RECURSO INTERPUESTO Y SU TRASLADO

Como bien lo expresara la doctora Liliana Mercadal, Gerente del Area de Asesoría Jurídica de la Intendencia Municipal de Canelones, estas consideraciones bastarían para rechazar el recurso, pero al haberse dado traslado a la Intendencia y la Comisión no haber valorado debidamente lo que estaba pasando desde el punto de vista jurídico, es que analizaremos el fondo de las normas recurridas si son o no violatorias de la Constitución de la República o de la ley.

RECURSO PRESENTADO POR LOS SEÑORES EDILES

Del escrito los recurrentes en forma genérica se agravian diciendo que la Junta Departamental delega su potestad tributaria en el Poder Ejecutivo Comunal, fundamentándose en los argumentos del Tribunal de Cuentas que observó el artículo 11 del Decreto Nº 17/2000, el cual establecía: "La Intendencia Municipal de Canelones informará a la Junta Departamental en cada oportunidad en que realice modificaciones en los mínimos imponibles, tasas o cualquier otro tributo de acuerdo a las atribuciones conferidas por esta última. Asimismo proporcionará la información sobre los datos en base a los cuales se efectuaron dichas modificaciones".

La Intendencia Municipal de Canelones, tomando en cuenta las observaciones del Tribunal de Cuentas y para no caer en una supuesta violación de lo establecido en los artículos 273 numeral 3º) y 275 numeral 4º) de la Constitución de la República es que dicta un nuevo Decreto el Nº 20/2001, el cual le otorga una nueva redacción al mismo artículo y de esa manera se cambia el término modificación por actualización expresiones totalmente diferentes que contemplan la voluntad real de la Intendencia de Canelones, en aplicar un criterio que desde hace años lo viene haciendo, a través de una gran cantidad de Decretos que actualizan tributos desde coeficientes o parámetros preestablecidos sin modificar la base imponible para la cual si se necesitara la aprobación de la Junta Departamental, de acuerdo a lo que dispone el artículo 273 numeral 3º) de la Constitución, que dice claramente: "... dentro de las potestades de la Junta Departamental, crear o fijar a proposición del Intendente impuestos, tasas, contribuciones, tarifas y precios de los servicios que presten mediante el voto la mayoría absoluta del total de sus componentes".

Como expresé anteriormente, esta práctica totalmente lícita y constitucionalmente válida, la vienen aplicando varias Intendencias de todos los Partidos Políticos, y desde hace ya unos cuantos años, por ejemplo, aparte de Canelones, lo ha hecho y lo hace Florida, Montevideo, Durazno, entre otras.

En Canelones, el Decreto Nº 33/996 y el Decreto Nº 2089/987, sobre la actualización de valores de la tasa de higiene ambiental, expresan "no pudiendo superar el ajuste de variación registrada en el índice de costo de vida de acuerdo a la estadística que lleva el Ministerio de Economía y Finanzas".

El Decreto Nº 578/973, Ordenanza de Instalación de Kioscos en Parques, Veredas, Plazas o en cualquier otro lugar de uso público; el Decreto Nº 85/998 Tasa de Servicios Administrativos, por el cual la Intendencia actualizará semestralmente los valores citados con un incremento máximo tomando como base el Indice de Precios al Consumo (IPC), ocurrido en el semestre inmediato anterior a dicho aumento Decreto Nº 96/996, de 11 de noviembre de 1996, modificación de disposiciones de Ordenanza de Construcciones Privadas Cercos y Veredas. En su artículo 64 establece: "Los valores resultantes de Unidades Reajustables a que se hace referencia se actualizarán al 1º de enero de cada año, adoptándose el nuevo valor fijado por el Poder Ejecutivo para la Unidad Reajustable al 1º de setiembre inmediato anterior redondeándose importes resultantes en la cantidad inmediata inferior expresada en Pesos Uruguayos Moneda Nacional".

El Decreto Nº 2763, de 29 de agosto de 1980, Capítulo XVI De los Derechos Municipales, artículo 168: "Los Derechos Municipales que se deberán abonar por los actos y trámites en materia serán los que a continuación se detallan y serán fijados en forma periódica oportunamente cuando las circunstancias lo requieran, por el Intendente Municipal y en los casos que correspondan con la anuencia del Organo Deliberativo Comunal".

Podríamos seguir encontrando y citando muchos ejemplos más sobre normas que tirarían por tierra la indexación impositiva. Hasta el propio Gobierno Central, fija por decreto ciertos valores de bases imponibles de impuestos y tributos que los actualiza por parámetros preestablecidos y que se van actualizando periódicamente. Ejemplo de ello, es si cada vez que el Gobierno Central fija el sueldo mínimo nacional, debe tener autorización del Poder Legislativo o cuando se actualizan los mínimos imponibles para el Impuesto al Patrimonio. Eso sería atar de manos y pies a los Ejecutivos, los cuales demorarían una eternidad para actualizar valores de tributos ya aprobados que cuando fueran efectivamente a recaudar seguramente se daría una situación deficitaria.

A esta realidad tampoco escapó el Frente Amplio–Encuentro Progresista en el Gobierno Departamental de Montevideo, cuando el Intendente electo doctor Tabaré Vázquez, preveía realizar lo mismo y previamente efectuó una consulta al Tribunal de Cuentas con fecha 8 de febrero de 1990, desde sus oficinas provisorias en un hotel céntrico de la capital. Dicha consulta del doctor Vázquez decía: "es interés formular Presupuestos en función de la evolución del Indice General de Precios al Consumo, para lo cual se propone incluir el siguiente proyecto: Los importes se expresan en valores de diciembre de 1989 y serán reajustados cuatrimestralmente de acuerdo a las normas establecidas en los artículos 4 y 5 de la Ley Nº 15.903. El mismo procedimiento se aplicará para el reajuste de los recursos de la Administración Municipal. La evolución del IPC, operará como tope máximo a los efectos del reajuste indicado".

Por su parte el Tribunal de Cuentas contesta en su informe: "Que no merece observación el reajuste de las partidas presupuestales en función del IPC, elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos y en forma similar a los artículos 4º y 5º de la Ley Nº 15.903. Que la Contribución Inmobiliaria y Patente de Rodados constituyen impuestos propiciándose el reajuste cuatrimestral según IPC de los valores de aforo que constituyen materia gravada. Existen antecedentes al respecto en materia nacional, específicamente el impuesto anual de Primaria con la diferencia que el reajuste es anual y no cuatrimestral, no obstante no existen impedimentos para su aplicación. Que igual solución merece la Tasa General Municipal, en la medida que su monto se establece en base al valor real de los inmuebles".

Por último, sobre este punto, que no ofrece la más mínima duda desde el punto de vista doctrinario y de la jurisprudencia, donde la Suprema Corte de Justicia, en Sentencia Nº 59/992 establece: "El legislador puede prever topes máximos o márgenes legales para la cuantía de un tributo y delegar en el Poder Ejecutivo la eficaz adaptación de dichas pautas según las diversas circunstancias que se pueden presentar. Esta delegación no resulta inconstitucional ya que en ellas el Poder Ejecutivo carece de discrecionalidad para apartarse de las pautas o márgenes predeterminados por la ley tributaria".

Como nos enseña el doctor Peirano, "Nuestra Suprema Corte de Justicia ha sostenido reiteradamente que si bien la entidad patrimonial de la prestación debe surgir del propio texto de la ley, el principio se cumple si la norma establece las directivas generales con máximo y mínimo dentro de los cuales podrá, moverse el Poder Administrador...". Dr. Juan Carlos Peirano Facio, "El Principio de Legalidad en el Derecho Tributario Uruguayo", Simposio Organizado por la Facultad de Derecho en 1986.

Concluimos que el artículo 11 del Decreto Nº 17/001 no ofrece dudas, "... de conformidad con los decretos en que se dispusieron los respectivos criterios de actualización. Asimismo proporcionará la información sobre los datos en base a los cuales se efectuaron dichas actualizaciones".

No existe delegación ni inconstitucionalidad alguna, no se pueden mutar los fundamentos jurídicos según los intereses políticos o partidarios, hecho que sin duda generaría un desuso o abuso del derecho de los recurrentes y de los derechos de la Administración.

Respecto al artículo 30, también impugnado que fija una partida extraordinaria por tareas de mayor responsabilidad estableciendo un máximo para dicha compensación, es potestad privativa del Ejecutivo Comunal adjudicarlo como lo realiza cualquier Administración, y de la simple lectura del mismo no colide en forma alguna con el artículo 86 de la Constitución de la República. Es una autorización exclusiva para gastos con destino a compensación extraordinaria en relación a la función no a un hecho aislado, sino a la confianza y responsabilidad del cargo, no modifica retribuciones ni dotaciones salariales de ninguna clase, y dictada al amparo legal y constitucional.

RECURSO INTERPUESTO POR LOS CIUDADANOS

Los ciudadanos de Canelones, interpusieron recurso contra el artículo 11 del Decreto Nº 17/001, en redacción dada por el artículo 3 del Decreto Nº 20/2001 y los artículos 15 a 17 del Decreto Nº 17/2001.

En cuanto al artículo 11 del Decreto referido, hemos sido más que claros, extensos y sobre todo contundentes, como para repetir la argumentación que analiza el mismo recurso interpuesto por los señores Ediles.

Si tuviéramos para un mismo recurso soluciones diferentes, nuestros argumentos no solo serían inconsistentes, sino carentes de seriedad y de capacidad académica. No se puede jugar con los intereses y los derechos ciudadanos y virar la óptica según el cristal por donde se mire.

Los artículos 15 y 16 del Decreto Nº 17/001, es recurrido por considerarlo confiscatorio dado que determina la cuantía del impuesto. Al comienzo de nuestra exposición, hablábamos a manera de reseña, que el Decreto Nº 33/996 está vigente y es válido aplicando una adecuación de los valores catastrales municipales con los de la Dirección Nacional de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas. Es este organismo imparcial y de jurisdicción nacional, el que fijó los valores en el departamento de Durazno, al cual represento, lo hizo también en Montevideo y también en Canelones, y en varios departamentos más del país, con efectos no tan sensibles ni contemplativos al momento de su aplicación, les aseguro, como en el caso de Canelones. Me refiero a que algunos mantuvieron alícuotas altas con valores catastrales perimidos, cosa que no ocurrió en Canelones, como ya hemos explicado claramente.

El vecino, el contribuyente, el ciudadano de Canelones que no estaba de acuerdo con los nuevos valores catastrales lo debía impugnar ante quien los fijó, en este caso la Dirección Nacional de Catastro dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas y no contra la Intendencia de Canelones.

La vía administrativa existe y es un derecho del administrado, que por razones ajenas a la Intendencia de Canelones, no impugnó ante quien tenía la potestad de modificar dicho nuevo valor, el referido organismo nacional e imparcial especializado en la materia. En ese entonces no lo hicieron, hoy anuncian que lo van a hacer con los nuevos tramos de aplicación del Convenio con la Dirección Nacional de Catastro. La resolución pasible de impugnación era la Nº 42/000 emitida por el mencionado organismo.

Este es un tema que también se planteó en mi departamento de Durazno y fue pasible de impugnación y acompañado en forma unánime en la Comisión Especial. Lo verdaderamente lamentable es que no se repitiera la misma unanimidad con Canelones. Según parece los criterios cambian según el departamento de que se trate, parece que Canelones es un super departamento, o priman otros intereses más allá de los jurídicos.

Al quedar firme la Resolución Nº 42/000 que debió ser impugnada por cada uno de los interesados que se veía afectado y no lo hicieron, recién en dicha instancia la Intendencia aplicó los nuevos valores. No existe violación al principio de igualdad ni existe confiscatoriedad alguna, se enuncia alegremente sin fundamentarlo ni expresarlo no habiendo hasta la fecha ninguna declaración de inconstitucional, por ser confiscatorio un impuesto, ni siquiera cuando se recurrió por el Catedrático profesor doctor Giménez de Aréchaga en 1960, sobre el Impuesto a la Herencia, a pesar que existen notorias diferencias de lo que eran estos dos tributos totalmente distintos. Tomo 42 LJU, caso 5336, dicho recurso fracasó rotundamente.

Con referencia a la impugnación del artículo 17 del Decreto Nº 17/001, se argumenta que se viola el artículo 8º de la Constitución, porque discrimina a los contribuyentes por su ubicación geográfica. Es necesario aclarar que dicho convenio con el organismo especializado (Catastro), en la valoración de inmuebles, se va a realizar por tramos en todo el departamento de Canelones, dando fiel cumplimiento a un Decreto vigente como es el Nº 33/996, que obliga al Intendente a cumplir, en caso contrario caería en responsabilidad política.

Cualquier ciudadano que no esté de acuerdo tiene derecho a recurrir administrativamente dicho valor catastral. No existe discriminación de clase alguna, es una equivocación absoluta.

Es más, muchas Intendencias establecieron procedimientos para personas de bajos recursos económicos, para solicitar exoneraciones parciales atendiendo la situación individual del contribuyente. Para esto era necesario lógicamente presentarse ante el Ejecutivo Comunal.

En consecuencia y por todo lo expuesto, reconocemos que estos recursos no solo están mal presentados, sino que además la derogación de los decretos impugnados no va a tener los efectos ni las consecuencias que esperan los recurrentes, todo lo contrario.

Sala de la Comisión, 29 de octubre de 2001.

GUZMAN ACOSTA Y LARA, Miembro Informante, JORGE BARRERA.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

1º.- Deséchase el recurso interpuesto por varios señores Ediles, contra los artículos 11 y 30 del Decreto Nº 17/001 de la Junta Departamental de Canelones en la redacción dada por los artículos 3º y 4º del Decreto Nº 20/001.

2º.- Comuníquese a la Intendencia Municipal de Canelones, a la Junta Departamental de Canelones, a los recurrentes y oportunamente archívense estos antecedentes.

Sala de la Comisión, 29 de octubre de 2001.

GUZMAN ACOSTA Y LARA, Miembro Informante, JORGE BARRERA".

——Léase el proyecto de resolución en mayoría.

(Se lee)

——En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante en mayoría, señor Diputado Lacalle Pou.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: quiero agradecer a la Secretaría de la Comisión Especial y a todos los funcionarios que trabajaron con nosotros durante los días en que estudiamos estos recursos, cosa que por el momento ha terminado.

Corresponde tratar el recurso interpuesto por Ediles del Partido Nacional, del Frente Amplio y por uno del Partido Colorado contra los artículos 11 y 30 del Decreto Nº 17/001 en la redacción dada por los artículos 3º y 4º del Decreto Nº 20/001.

El artículo impugnado, cuya redacción final aparece en el artículo 3º de este nuevo decreto, da a la Intendencia Municipal de Canelones facultades para actualizar los mínimos imponibles, las tasas o cualquier otro tributo y luego comunicarlo a la Junta Departamental. Es decir que en cualquier momento la Intendencia Municipal de Canelones puede actualizar los tributos. Esto es claramente violatorio del numeral 3º del artículo 273 de nuestra Constitución, que dice que a las Juntas Departamentales les corresponderá "Crear o fijar, a proposición del Intendente, impuestos, tasas, contribuciones, tarifas y precios [...]". Es decir que con el artículo que es impugnado, el Ejecutivo Departamental no necesitaría, para la fijación de los tributos, previa anuencia de la Junta Departamental. La Intendencia esgrimía como argumento que este mismo artículo hace referencia a que las actualizaciones serán de conformidad con decretos en que se dispusieron los respectivos criterios de actualización. Más allá del motivo histórico por el cual se creó el Parlamento, que en sus inicios era controlador y fiscalizador del monarca para que este no se excediera en la creación de sus tributos, aquí la ciudadanía pasaría a carecer de la posibilidad de que sus representantes tengan certeza jurídica al momento de la actualización de los tributos. Tampoco se dice cuál será el decreto que se utilizará para llevar a cabo esta actualización.

Creemos que la fijación de los tributos es una facultad privativa de la Junta Departamental, que es sinónimo, a nuestro entender, de la actualización, término que se utiliza en el artículo impugnado. Podríamos decir, entonces, que esta actualización no es otra cosa que fijar el monto del tributo. Y el fundamento de la norma constitucional a la que hacíamos referencia es la garantía que ofrece el órgano deliberativo a los ciudadanos en cuanto a los derechos que ellos poseen.

En segundo término, en este recurso que presentan los señores Ediles se impugna el artículo 30 del Decreto Nº 17/001 con la nueva redacción a la que hacíamos referencia, dada por el Decreto Nº 20/001.

En este artículo se establece una partida de más de $ 45:000.000, que puede ser repartida por parte del Ejecutivo Departamental, sin previa anuencia de la Junta, entre aquellas personas que cumplan funciones de mayor responsabilidad.

Nos queremos detener en los términos que se utilizan. Ni en este Presupuesto ni en las resoluciones hay definición legal que establezca qué son las "funciones de mayor responsabilidad". No se establecen grados; no se incluyen escalafones. No se sabe qué se quiere decir cuando se usa la expresión "funciones de mayor responsabilidad". Aquí carecemos de certeza jurídica. Esos extremos a los que hacíamos referencia, es decir, los cargos y los escalafones, deberían haber sido incluidos en esta norma sustitutiva para saber exactamente a quién se va a beneficiar con esta partida que, por funcionario municipal, puede llegar a ser hasta de un 100% de su retribución.

Este artículo 30 viola el artículo 86 de nuestra Carta Magna, en el que se establece: "La creación y supresión de empleos y servicios públicos; la fijación y modificación de dotaciones, así como la autorización para los gastos, se hará mediante las leyes de presupuesto [...]". Y, según nuestra Constitución, este artículo 86 es aplicable a los Gobiernos Departamentales.

Tampoco se podría decir que el Legislativo Departamental delegó funciones en el Intendente Municipal, ya que no existe una previsión constitucional que permita delegar estas facultades legislativas.

Este artículo 30 también es ilegal, en razón de lo establecido en un artículo de este mismo Presupuesto, el 26, por el cual se prohíbe este tipo de mecanismos hasta que se amortice por lo menos el 50% del déficit acumulado, estimado al 31 de diciembre de 2000 en $ 411:448.158. Así que no solo viola nuestra Carta Magna, sino también un artículo de este decreto de la Junta Departamental.

La forma de distribuir esta partida especial de más de $ 45:000.000 -en violación del artículo 86 de la Constitución, como decíamos- tampoco debe ser sometida a la Junta, pues este artículo dice que el Intendente informará una vez realizada la distribución, cuando en realidad debería ser previamente sometida a votación dentro de la Junta Departamental.

Es por esto, señor Presidente, que el informe en mayoría recomienda hacer lugar a este recurso interpuesto por los señores Ediles.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor Diputado Acosta y Lara.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Señor Presidente: antes de entrar a analizar los distintos recursos presentados por los señores Ediles y vecinos de Ciudad de la Costa, quiero agradecer a todas las personas que han trabajado en la Comisión, especialmente a los Secretarios, que nos han ayudado en la labor realizada por esta Comisión Especial designada por el Cuerpo para estudiar la legalidad y la constitucionalidad -que es el verdadero tema que debemos considerar- de los artículos que han sido objeto de los recursos presentados en Canelones, así como de los que se puedan recurrir en otros departamentos.

La Comisión Especial fue creada para conocer respecto del recurso presentado ante la Cámara de Representantes por vecinos de la Ciudad de la Costa y algunos señores Ediles Departamentales de Canelones, conforme a lo establecido en el artículo 303 de la Constitución de la República, contra los Decretos Nos. 17/001 y 20/001 de la Junta Departamental de Canelones. Constituye una de las facultades que tenemos nosotros, los Representantes, decidir sobre los recursos interpuestos contra los decretos municipales y las resoluciones de las Intendencias no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que sean contrarios a la ley o a la Constitución, tal como establece nuestra Carta.

Esto significa que debemos analizar exclusivamente si las normas recurridas violan la ley o la Constitución de la República. En caso contrario, los recursos deben ser rechazados, sin entrar en el fondo ni en el mérito de ellos, hecho que debemos dejar bien en claro, y disculpen que sea reiterativo en este tema.

Como legisladores nos es necesario poner especial énfasis en este punto, aunque sabemos que, posible y lamentablemente, esto pueda no ser respetado. Por ende, si ocurriera una desviación en ese sentido estaríamos contribuyendo a violentar nuestra principal norma, cosa que no vamos a permitir. Digo esto porque seguramente aquí se va a analizar el mérito de fijar o no nuevos valores catastrales, o si son o no elevados, sin importar quién los determinó, así como también su conveniencia, y tal vez, si el tiempo no es insuficiente, se hará una valoración sobre la actuación de la Intendencia Municipal y la gestión del señor Hackenbruch, Intendente Municipal de Canelones.

Esto no es lo que hoy está en consideración, señores y señoras. Todos esos temas, de corte netamente político, son ajenos a lo establecido por el constituyente en el artículo 303 y a los cometidos conferidos por este Cuerpo a la Comisión Especial.

Previamente a ingresar al estudio de los recursos interpuestos, voy a realizar una breve reseña histórica para que los señores Representantes puedan entender y valorar cuáles son las normas vigentes en este tema.

El Decreto Nº 33/996, de 9 de agosto de 1996, de la Junta Departamental de Canelones, que está vigente y no ha sido impugnado, tuvo como objeto la actualización de los valores catastrales, adecuándolos al Catastro Municipal y a los catastros de la Dirección Nacional de Catastro. Debo decir que durante veintiséis años no habían sido modificados, tal como surge de los considerandos I y II de la citada norma -Decreto Nº 33/996-, la cual establece de forma precisa la voluntad del legislador departamental. Dice así: "Se vuelve necesario tomar medidas tales que en forma paulatina hasta el año 2000, se logre recuperar el valor imponible municipal de los padrones urbanos y suburbanos".

Para ello, se estableció que desde el año 1996 hasta el 2000, dichos terrenos -y digo terrenos, y no construcciones- fueran progresivamente acercándose a sus valores, hasta alcanzar un 90% para los inmuebles urbanos y un 100% para los suburbanos.

Aclaramos que los valores catastrales fueron dados por la Dirección Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, y no por la Intendencia de Canelones. Por un convenio celebrado entre esta y la Dirección Nacional de Catastro, dentro de la zona comprendida en el primer tramo de actualización de dichos padrones, que se extiende entre el arroyo Carrasco y el arroyo Solís, se fijaron nuevos valores catastrales a la tierra sin considerar la construcción, hecho que sin duda beneficia al contribuyente.

También realizamos esta aclaración con respecto al valor del terreno y no de la construcción, dado que otras Intendencias Municipales utilizaron este mismo procedimiento, pero valorando la construcción y el terreno.

En el artículo 2º del Decreto Nº 33/996 se estableció el mecanismo de ajuste de dichos valores para los años sucesivos, o sea, para los años que siguieran al período prefijado por el legislador -que iba desde 1996 hasta diciembre de 2000- para recuperar el valor real de los padrones urbanos y suburbanos.

Es claro y contundente el informe presentado por los representantes de la Intendencia de Canelones en ocasión de asistir a la Comisión Especial el Director General de Hacienda, contador Ricardo Yelpo, la Asesora Jurídica de la Intendencia, doctora Liliana Mercadal, y el doctor Juan Carlos Peirano Facio. En dicho informe consultivo se expresa el alcance en el tiempo de las normas tributarias y se establece que ellas no tienen un tiempo determinado de comienzo y fin, aclarando que la referencia a los años sucesivos no tiene limitación temporal alguna. En consecuencia, esos efectos se aplican hacia el futuro mientras la norma no sea modificada.

El fundamento es claro: mantener la vigencia de la norma sosteniendo la incidencia de la carga fiscal a pesar de los aumentos que se verifiquen en los valores imponibles de los inmuebles.

Otro ejemplo está representado por los Presupuestos, que siguen teniendo efectos más allá del período para el cual fueron concebidos –como bien sabemos nosotros, los legisladores-; en forma genérica, cuando se aprueba un Presupuesto o una Rendición de Cuentas se recoge una norma genérica que dice que siguen vigentes las disposiciones del anterior Presupuesto, siempre y cuando no se opongan a las del presente.

De tal situación la Intendencia de Canelones tampoco fue ajena. Prueba de ello es que lo recogió en el artículo 32 del Decreto Nº 21/001, que aprueba en forma definitiva el Presupuesto quinquenal del departamento de Canelones, tal como vamos a demostrar a continuación. Ese Presupuesto fue promulgado y publicado en el Diario Oficial, que tengo a la vista; en definitiva, aquí es donde se promulga el Presupuesto de la Intendencia de Canelones. Dejo este ejemplar a disposición de los demás señores Representantes, por si desean consultarlo.

En conclusión, el Decreto Nº 33/996 sigue vigente, es válido y no fue impugnado, y tampoco, como se dice, derogado por el artículo 15 del Decreto Nº 21/001. Este decreto no deroga esta norma de ordenamiento financiero de la Intendencia de Canelones, sino que tiene su mismo tenor, al fijar el valor imponible municipal de la Contribución Inmobiliaria urbana y suburbana y demás tributos en el 90% del valor real y en el 100% del valor real, respectivamente, fijado por la Dirección Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas.

Anteriormente al 31 de diciembre de 2000, el Intendente de Canelones dicta una resolución en virtud de la aplicación de los nuevos aforos. Como no tiene la potestad de bajar la alícuota ni de bonificar los impuestos sin la previa aprobación de la Junta Departamental, dicta una nueva resolución que no hace otra cosa que diferir el 60% del aumento que se producirá sobre los nuevos valores catastrales fijados por la Dirección Nacional de Catastro. Esto tiene un fundamento, además del de tomar en cuenta la situación del contribuyente y de pensar en él.

Cabe aclarar que el Presupuesto 1995-2000 seguía vigente hasta la fecha por imperio de la reforma constitucional de 1996, y por tal hecho los nuevos Presupuestos fueron aprobados posteriormente. En ese momento quedaba un vacío de interpretación entre la vigencia del Decreto Nº 33/996 y el nuevo Presupuesto que posteriormente se votó en el Decreto Nº 21/001.

Hasta esa fecha, la alícuota que presupuestalmente estaba obligado a cobrar el Intendente era del 4%. Ese fue el fundamento del jerarca que, pensando en el vecino, en el contribuyente, difirió el cobro del 60% por la existencia de una nueva base de cálculo del impuesto de Contribución Inmobiliaria. En consecuencia, contamos con un nuevo valor catastral, actualizado después de veintiséis años, durante los cuales no hubo ningún tipo de modificación. Por lógica, después de veintiséis años de inamovilidad, los valores fijados por la Dirección Nacional de Catastro son más altos, y la alícuota que rige es la del 4%, establecida en el Presupuesto anterior. Posteriormente, por medio de un mensaje complementario, el Intendente baja dicha alícuota un 2% para disminuir el impacto de ese aumento, que se difiere, aplicándose en un 60% en el primer año, en un 80% en el siguiente y recién en un 100% a partir del tercer año.

El Intendente de Canelones no fue nada insensible; ocurrió todo lo contrario a lo que sucedió en otros departamentos del país donde, en una situación similar, hicieron el papel de "chancho rengo" o "la vista gorda", como se prefiera. Digo esto porque dejaron la alícuota vieja, que en muchos de los casos era de un 4%, y actualizaron los catastros, por medio de la Dirección Nacional de Catastro; y ahí no pasó nada.

Quisiera referirme a un caso de mi querido departamento, en el que también se dieron estas circunstancias. Precisamente, la Dirección Nacional de Catastro implementó un nuevo catastro y se estableció una alícuota del 4%, que generó una importante suba. A pesar de ello, el Partido Colorado, considerando el procedimiento, en esta instancia no acompañó con su voto el recurso interpuesto por los vecinos y apoyó a la Intendencia de Durazno.

Posteriormente, en un mensaje complementario y con el acuerdo de todo el Partido Colorado de Canelones, por el Decreto Nº 21/001 se reduce la alícuota a un 2% para el nuevo Presupuesto vigente. Esto significa sensibilidad y consideración hacia el contribuyente canario; es un esfuerzo financiero que hace la Intendencia para no cargar más el peso fiscal en los vecinos del departamento, porque en definitiva ese es el espíritu que ha caracterizado a esta Administración, tanto como a las anteriores del Intendente Hackenbruch.

Esta introducción no ha tenido otro fin que aclarar a todos los miembros del Cuerpo el verdadero alcance y significado de los decretos de la Junta Departamental de Canelones que se han impugnado y, por sobre todo, los efectos negativos que se originarán para los contribuyentes del departamento de Canelones si se diera su derogación.

Corresponde ahora considerar los distintos análisis realizados sobre los recursos interpuestos por los vecinos y por los señores Ediles.

Reconocemos, como no puede ser de otra manera, la legitimidad del derecho, tanto de los vecinos como de los señores Ediles Departamentales, de manifestar su desacuerdo ante un decreto o una resolución del Gobierno Municipal contrario a la ley o a la Constitución de la República, tal como lo establece el artículo 303 de nuestra Carta Magna. Esto es así, lo reconocemos y no existe duda alguna. Se trata de un derecho constitucional vigente, que garantizamos y por el que peleamos. Pero a pesar de que ambos recursos son diferentes -y por eso nuestro interés de analizarlos por separado-, admitimos que coinciden en algo. Es necesario que toda la Cámara preste atención al respecto: ambos fueron mal presentados. Reitero: ambos fueron mal presentados y no afectan lo que se supone que se quiere derogar. El efecto que pretenden lograr quienes interpusieron estos recursos es que se bajen los aforos, pero no es la Intendencia la que está en condiciones de realizar esa tarea sino el organismo que se ocupa del acto: la Dirección Nacional de Catastro.

Es muy simple: ninguno de los recursos va en contra del decreto que da vigencia a los nuevos valores imponibles promulgados por la Intendencia Municipal con fuerza de ley dentro de su jurisdicción. Esta es la verdad; no hay otra.

Posteriormente agregaremos un informe consultivo realizado para la Intendencia de Canelones por una de las catedráticas más importantes de Derecho Financiero y de Derecho Público, familiar de quien ha sido uno de los propulsores del Código Tributario, referente para todos los que hemos pasado por la Facultad de Derecho. Me refiero a la doctora Valdés Costa, a quien no le cabe la menor duda de que lo que se está tratando son los Decretos Nos. 17 y 20, que son preparatorios del Presupuesto, y de que el Decreto Nº 21 es el que va a estar vigente. Este es el que tendría que aplicar el Intendente; de lo contrario, caería en responsabilidad política.

Esto es tan claro que si la voluntad del Cuerpo es hacer lugar a los recursos presentados y, por tanto, derogar los decretos impugnados, no servirá de nada, porque son decretos preparatorios, en los que se recogieron las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, y no se está derogando el decreto definitivo y obligatorio, legítimamente promulgado. Es más: este solo hecho debería haber bastado para que los ciudadanos y los señores Ediles promotores de este recurso fueran rechazados en la propia Comisión. Se les debería haber informado cuál era el verdadero alcance del recurso interpuesto y cuáles eran las normas que efectivamente se pretendía derogar, cosa que no se hizo de ninguna forma por parte de los Partidos políticos que promovieron y acompañaron a los recurrentes, como tampoco se hizo durante todo el trabajo y estudio de la Comisión Especial, tal como dijimos en más de una oportunidad.

La ciudadanía ha sido engañada en su buena fe, y estos recursos se presentaron de forma equivocada, por error, por mal asesoramiento o -esto es lo que no quiero pensar-, con fines simplemente políticos y electorales, diferentes a los verdaderos intereses populares; error o mal asesoramiento del que fueron también víctimas los señores Ediles que acompañaron a los ciudadanos recurrentes, tal como fue advertido oportunamente en el seno de la Comisión al recibir a las autoridades de la Intendencia Municipal, y ahora, más fundamentado aún –aunque no nos cabía la menor duda-, con este informe consultivo de una especialista, la doctora Nelly Valdés Costa. Lo que sostenemos quedará demostrado desde el punto de vista técnico jurídico, que es el que debe prevalecer y el que nos inspira ante la responsabilidad que asumimos como miembros informantes, sin perjuicio de que si se pretende ingresar en el plano político y ajeno al derecho, también lo haremos con gusto, porque tenemos la plena convicción de que ciertas fuerzas políticas aquí representadas deberán explicar los efectos negativos que han causado, generando falsas expectativas en los contribuyentes y en los vecinos.

Los artículos 11 y 30 del Decreto Nº 17/001 en la redacción dada por los artículos 3º y 4º del Decreto Nº 20/001, aprueban definitivamente el Presupuesto quinquenal de sueldos, gastos, recursos e inversiones de la Intendencia Municipal de Canelones.

El decreto definitivo fue promulgado y publicado, como dije anteriormente, en el Diario Oficial -vuelvo a mostrarlo a los señores legisladores-, que es lo que pone en vigencia todas las resoluciones y los decretos, ya que, de acuerdo con la Constitución y la ley, deben ser allí publicados. El artículo 299 de la Constitución dice: "Los decretos de los Gobiernos Departamentales creando o modificando impuestos, no serán obligatorios, sino después de diez días de publicados en el 'Diario Oficial', y se insertarán en el Registro Nacional de Leyes y Decretos en una sección especial". Eso ocurrió con el Decreto Nº 21/001 el lunes 28 de mayo de 2001.

¿Cuál fue el objeto del Decreto Nº 17/001, que hoy se impugna? Era el proyecto de Presupuesto, el cual fue remitido a la consideración del Tribunal de Cuentas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 225 de la Constitución, con la finalidad de que el organismo de contralor realizara o no las observaciones que correspondieren -como todos sabemos que ocurre con las Intendencias-, cosa que sucedió. El Tribunal de Cuentas realizó observaciones, que fueron levantadas oportunamente por la Junta Departamental y por la propia Intendencia Municipal de Canelones.

Existen, no uno, sino muchos ejemplos de Intendencias y Juntas Departamentales que han hecho y siguen haciendo caso omiso de los informes del Tribunal de Cuentas y que no contemplan las observaciones respectivas. ¡Si sabremos de eso, señores Representantes! Pero este no ha sido el caso de la Administración del Intendente Hackenbruch ni de la Intendencia Municipal de Canelones. Por tal razón, no fue publicado ni promulgado dicho decreto, que tuvo el solo efecto de ser un acto preparatorio –yo diría- de un proyecto de Presupuesto y fue remitido con ese efecto al Tribunal de Cuentas. Recuerdo ahora que más de un doctrino deja claro que generalmente los Presupuestos, cuando pasan por la Junta Departamental, merecen una doble aprobación: una antes de enviarlo al Tribunal de Cuentas y otra a posteriori. En este caso, una vez que la Junta Departamental recibe el Decreto Nº 20/001 con las observaciones, que contiene simplemente cinco artículos donde se introducen las modificaciones correspondientes, lo que hace es volver a votar artículo por artículo, transformándolo en un nuevo decreto, con efecto legal dentro de su jurisdicción, que es el Decreto Nº 21/001.

Ahora me referiré al Decreto Nº 20/001, a cuál es su objeto y si es válido o no. Su contenido busca simplemente corregir las observaciones del Tribunal de Cuentas y por eso da nueva redacción a los artículos 11 y 30 del Decreto Nº 17/001, pasando a ser los artículos 3º y 4º del Decreto Nº 20/001. Surge así claramente de los propios vistos y considerandos de la norma en la que se levantan las observaciones en el artículo 2º de este decreto, dándole una nueva redacción a los antiguos artículos 11 y 30.

Concluyendo con este capítulo sobre la procedencia de dicho recurso, decimos –como lo hemos reiterado en más de una oportunidad para que no quepa la menor duda a ninguno de los presentes, si es que realmente nos vamos a apegar al punto de vista jurídico y no a otras consideraciones- que la impugnación de los Decretos Nos. 17/001 y 20/001, en sus artículos 11, 15 y 30, y 3º y 4º, no es procedente desde el punto de vista legal ni constitucional. Ni los señores Ediles Departamentales ni los señores ciudadanos dieron en la tecla y cometieron un grave e insalvable error jurídico, porque cuando se precluye la instancia procesal se pierde dicha oportunidad.

Por tanto, el Decreto Nº 21/001, promulgado por la Intendencia Municipal de Canelones el 16 de mayo de 2001 por Resolución Nº 1895/001 y debidamente publicado en el Diario Oficial, ha quedado firme, así como todas y cada una de las normas anteriores no impugnadas y reconocidas por el artículo 32 del Presupuesto vigente, relacionadas con el ordenamiento financiero, que siguen teniendo efecto, como el Decreto Nº 33/996, al que ya hicimos referencia cuando iniciamos nuestra alocución.

Los recurrentes deberían haber impugnado los artículos correspondientes de este Decreto Nº 21/001, y no los anteriores, para llegar al fin que pretendían. Es más: concluyendo con este breve informe, señalo que en la versión taquigráfica de la Comisión debe constar que en el momento en que emitió el voto cada uno de los Representantes de los distintos Partidos que acompañaron y defendieron estos recursos, algunos, como los señores Diputados Lacalle Pou y Bayardi, admitieron que, a su entender, se deberían haber impugnado, además, otros artículos, como el 18, y que el artículo 17 -el señor Diputado Bayardi lo recordará especialmente- no era uno de los que violaban la Constitución y la ley. Como no se puede hacer una votación parcial, es decir, de algunos artículos, sino de todo el recurso, el señor Diputado Bayardi hizo esa salvedad y nosotros la reconocemos acá.

Después de todos los argumentos que dimos acerca de por qué es improcedente e inoperante este recurso interpuesto, vamos a entrar a analizar...

SEÑOR LACALLE POU.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Con mucho gusto, señor Diputado, pero más adelante, porque prefiero terminar la alocución para no perder el hilo.

Como decía, voy a referirme a los fundamentos de los Decretos Nos. 17 y 20, a si son ilegales o no, a pesar de que todo lo que dije anteriormente bastaría para despejar dudas al respecto.

Como bien expresara la doctora Liliana Mercadal, Gerente del Area de Asesoría Jurídica de la Intendencia Municipal de Canelones, estas consideraciones bastarían para rechazar el recurso, pero al haberse dado traslado a la Intendencia y al no haberse valorado debidamente por la Comisión lo que estaba pasando desde el punto de vista jurídico, analizaremos el fondo de las normas recurridas en el sentido de si son violatorias o no de la Constitución de la República.

Haré referencia al recurso presentado por los señores Ediles. En el escrito, los recurrentes se agravian en forma genérica, diciendo que la Junta Departamental delega su potestad tributaria en el Poder Ejecutivo Comunal, fundamentándose en los argumentos del Tribunal de Cuentas, que observó el artículo 11 originario del Decreto Nº 17/001, el cual establecía: "La Intendencia Municipal de Canelones informará a la Junta Departamental en cada oportunidad en que realice modificaciones en los mínimos imponibles, tasas o cualquier otro tributo de acuerdo a las atribuciones conferidas por esta última. Asimismo, proporcionará la información sobre los datos en base a los cuales se efectuaron dichas modificaciones".

Este es el texto original del artículo 11 del Decreto Nº 17/001. La Intendencia Municipal de Canelones, tomando en cuenta las observaciones del Tribunal de Cuentas y para no caer en una supuesta violación de lo establecido en el numeral 3º del artículo 273, y en el numeral 4º del artículo 275 de la Constitución de la República, dicta un nuevo decreto, el Nº 20/001, el cual otorga una nueva redacción a estos artículos cuestionados, en la medida en que cambia el término "modificación" por "actualización".

Voy a discrepar con lo expresado anteriormente por mi colega, el señor Diputado Lacalle Pou: modificar es algo muy distinto a actualizar la base imponible de un impuesto. Modificar por la sola voluntad de un jerarca comunal sí es violatorio de la Constitución, pero la actualización la vienen realizando varias Intendencias de distintos Partidos políticos, aunque este no es un tema político sino jurídico. Vamos a demostrar esto con varios artículos en los que, en más de una oportunidad, se ha respaldado este criterio; hasta la propia Suprema Corte de Justicia se ha expresado sobre este punto.

Dijimos, entonces, que se cambia el término "modificación" por "actualización", expresiones totalmente diferentes que contemplan la voluntad real de la Intendencia Municipal de Canelones de aplicar un mismo criterio -lo viene empleando desde hace años- a través de una gran cantidad de decretos que actualizan tributos, desde coeficientes o parámetros que no son la voluntad del Intendente. Se trata de coeficientes y parámetros preestablecidos, sin modificar la base imponible, para lo cual sí se necesita aprobación de la Junta Departamental, de acuerdo con lo previsto en el numeral 3º del artículo 273 de la Constitución de la República, que establece claramente entre las potestades de la Junta Departamental: "Crear o fijar, a proposición del Intendente, impuestos, tasas, contribuciones, tarifas y precios de los servicios que presten, mediante el voto de la mayoría absoluta del total de sus componentes".

Como expresé anteriormente, esta práctica totalmente lícita y constitucionalmente válida la vienen aplicando varias Intendencias de todos los Partidos políticos, y desde hace ya unos cuantos años. Por ejemplo, aparte de la de Canelones, lo hacen la Intendencia de Florida, la de Montevideo y la de Durazno, entre otras.

Voy a mencionar algunos de esos decretos. En Canelones están el Decreto Nº 633/996 -al que ya nos referimos- y el Decreto Nº 89/987, sobre la actualización de valores de la tasa de higiene ambiental, que expresa: "no pudiendo superar el ajuste de variación registrada en el índice de costo de vida de acuerdo a la estadística que lleva el Ministerio de Economía y Finanzas". Esto también es actualización y no modificación de tributos. También se pueden citar el Decreto Nº 578/973 -Ordenanza de Instalación de Kioscos en Parques, Veredas, Plazas o en cualquier otro lugar de uso público- y el Decreto Nº 85/998 -Tasa de Servicios Administrativos-, por el cual la Intendencia Municipal actualiza en forma semestral los valores citados con un incremento máximo, tomando como base el índice de precios al consumo -se establecen máximos y mínimos, y ese es el poder discrecional que la Administración tiene para resolver de acuerdo con el IPC- ocurrido en el semestre inmediato anterior, de acuerdo con el Decreto Nº 96/996, de 11 de noviembre de 1996. También existen otras, como la Ordenanza de Construcciones Privadas, Cercos y Veredas, que en su artículo 64 establece: "Los valores resultantes de Unidades Reajustables a que se hace referencia se actualizarán al 1º de enero de cada año, adoptándose el nuevo valor fijado por el Poder Ejecutivo para la Unidad Reajustable al 1º de setiembre inmediato anterior redondeándose importes en la cantidad inmediata inferior expresada en Pesos Uruguayos Moneda Nacional". Tampoco se remite a la Junta Departamental.

El Decreto Nº 2763, de 29 de agosto de 1980, en su Capítulo XVI, "De los Derechos Municipales", artículo 168, dice: "Los Derechos Municipales que se deberán abonar por los actos y trámites en materia serán los que a continuación se detallan y serán fijados en forma periódica oportunamente cuando las circunstancias lo requieran, por el Intendente Municipal y en los casos que correspondan con la anuencia del Órgano Deliberativo Comunal".

Podríamos seguir encontrando y citando muchos ejemplos de varias Intendencias sobre las normas que tirarían por tierra la indexación impositiva. Hasta el propio Gobierno Central fija por decreto ciertos valores de bases imponibles de impuestos y tributos que actualiza por parámetros preestablecidos y que se van actualizando en forma periódica. Podríamos preguntarnos, a modo de ejemplo, si cada vez que el Gobierno Central fija el salario mínimo nacional -cuyo valor fue cuestionado más de una vez por esta Cámara- o cuando se actualizan los mínimos imponibles para el Impuesto al Patrimonio, debe tener autorización del Poder Legislativo. Evidentemente, esos casos tampoco pasan por esta Cámara. Eso sería atar de manos y pies a los Ejecutivos, que demorarían una eternidad para actualizar valores de tributos ya aprobados, por lo que, cuando fueran efectivamente a recaudar, serían seguramente Intendencias u organismos deficitarios. Este es el fundamento de la norma. Toda norma tiene su razonamiento y su lógica y este es el verdadero fundamento; no se trata de que la discrecionalidad del Poder Ejecutivo permite una delegación no atribuida constitucionalmente, hecho salvado por toda la doctrina y por la propia Suprema Corte de Justicia.

Es más: hasta el propio líder del Encuentro Progresista-Frente Amplio, estando al frente del Gobierno Departamental de Montevideo, realiza una consulta de este tipo al Tribunal de Cuentas. Tengo a disposición de los señores legisladores dicha consulta, efectuada por el señor Intendente electo de entonces, a la cual voy a dar lectura.

(Interrupción del señor Representante Álvarez)

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- La Mesa ampara al señor Diputado en el uso de la palabra.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Previamente a asumir su cargo, el 8 de febrero de 1990, el Intendente Municipal de Montevideo electo, Tabaré Ramón Vázquez Rosas -como dice algún amigo mío-, realizó una consulta al Tribunal de Cuentas desde sus oficinas provisorias en un hotel céntrico de la capital. Dicha consulta del doctor Vázquez decía: "es interés formular Presupuestos en función de la evolución del Indice General de Precios al Consumo, para lo cual se propone incluir el siguiente proyecto: Los importes se expresan en valores de diciembre de 1989 y serán reajustados cuatrimestralmente de acuerdo a las normas establecidas en los artículos 4 y 5 de la Ley Nº 15.903." -que sigue vigente- "El mismo procedimiento se aplicará para el reajuste de los recursos de la Administración Municipal. La evolución del IPC, operará como tope máximo a los efectos del reajuste indicado".

Por su parte, el Tribunal de Cuentas contesta en su informe: "Que no merece observación el reajuste de las partidas presupuestales en función del IPC, elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos y en forma similar a los artículos 4º y 5º  de la Ley Nº 15.903. Que la Contribución Inmobiliaria y Patente de Rodados constituyen impuestos propiciándose el reajuste cuatrimestral según IPC de los valores de aforo que constituyen materia gravada". Esto dice expresamente el propio Tribunal de Cuentas.

El informe continúa diciendo: "Existen antecedentes al respecto en materia nacional, específicamente el impuesto anual de Primaria con la diferencia que el reajuste es anual y no cuatrimestral, no obstante no existen impedimentos para su aplicación. Que igual solución merece la Tasa General Municipal en la medida que su monto se establece en base al valor real de los inmuebles".

Por último, sobre este punto, que no ofrece la más mínima duda desde el punto de vista jurídico -si es al que nos vamos a apegar-, la Sentencia Nº 59/992 de la propia Suprema Corte de Justicia, órgano máximo de nuestro sistema jurídico, establece: "El legislador puede prever topes máximos o márgenes legales para la cuantía de un tributo y delegar en el Poder Ejecutivo la eficaz adaptación de dichas pautas según las diversas circunstancias que se pueden presentar. Esta delegación" -esto es lo importante- "no resulta inconstitucional ya que en ella el Poder Ejecutivo carece de discrecionalidad para apartarse de las pautas o márgenes predeterminados por la ley tributaria".

Esto también sucede con la Intendencia Municipal de Canelones, donde el Intendente se debe apegar a los decretos preestablecidos para las distintas actualizaciones.

Agrego, además, el informe del doctor Peirano Facio -excelentísimo catedrático de Derecho Civil y Derecho Tributario- que dice: "Nuestra Suprema Corte de Justicia ha sostenido reiteradamente que si bien la entidad patrimonial de la prestación debe surgir del propio texto de la ley, el principio se cumple si la norma establece las directivas generales con máximo y mínimo dentro de los cuales podrá moverse el Poder Administrador [...]" Esto lo establece el doctor Juan Carlos Peirano Facio en "El Principio de Legalidad en el Derecho Tributario Uruguayo", simposio organizado por la Facultad de Derecho en el año 1986.

Continúa el informe: "Concluimos que el artículo 11 del Decreto Nº 17/001 no ofrece dudas, '...de conformidad con los decretos en que se dispusieron los respectivos criterios de actualización'". Esto significa que debe hacer referencia e informar debidamente a la Junta Departamental, proporcionando la información sobre los datos de la base sobre la cual se efectuarán dichas actualizaciones. No existe delegación ni inconstitucionalidad alguna; que se entienda muy pero muy bien este tema. No se pueden mutar los fundamentos jurídicos según los intereses políticos o partidarios, hecho que, sin duda, generaría no solamente un abuso del derecho por parte de quienes pretendan realizarlo, sino también un descreimiento del Poder Legislativo y de los derechos de la Administración y del administrado.

Sigue diciendo el informe: "Con respecto al artículo 30, también impugnado, que fija una partida extraordinaria por tareas de mayor responsabilidad estableciendo un máximo para dicha compensación, es potestad privativa del Ejecutivo Comunal adjudicarlo como lo realiza cualquier Administración, y de la simple lectura del mismo no colide en forma alguna con el artículo 86 de la Constitución de la República. Es una autorización exclusiva para gastos con destino a compensación extraordinaria en relación a la función, no a un hecho aislado, sino a la confianza y responsabilidad del cargo, no modifica retribuciones ni dotaciones salariales de ninguna clase, y dictada al amparo legal y constitucional".

Si se derogara esta norma, no se haría sino quitar uno de los límites que se negociaron en el acuerdo político con la Lista 15. Seguramente, algún otro señor Diputado, que fue partícipe de dicho acuerdo, podrá atestiguar al respecto con mayor claridad que yo.

En ese artículo se establece un límite de un 100% del valor del sueldo para esas partidas y compensaciones especiales. Si se deroga, no se está cuestionando la naturaleza de esas compensaciones, sino el límite del 100%, dejando libertad para otorgarse mayores atribuciones que aquellas a las que el propio Intendente se limita. Sin lugar a dudas, se está yendo contra algo en que la propia Intendencia se autolimitó para dar mayor transparencia y cristalinidad.

En distintas leyes de Presupuesto se establecen autorizaciones especiales. Precisamente, en la Ley Nº 16.170, de Presupuesto, publicada el 10 de enero de 1991, durante el Gobierno del doctor Lacalle, se establecen autorizaciones y compensaciones extraordinarias sin fundamento y sin límite. Me remito al Inciso XII "Ministerio de Salud Pública", artículo 411 y siguientes; al artículo 54, en el Inciso "Ministerio de Economía y Finanzas", y a otras que son de estilo en los distintos Presupuestos, sin que se establezca una limitación a la compensación extraordinaria, así como tampoco el origen y el monto. Seguramente, legisladores mayores que yo habrán votado en su oportunidad otros Presupuestos que contenían este tipo de normas. Si el debate así lo requiere, discutiremos este aspecto con los distintos criterios de fundamentación.

Hemos finalizado nuestra exposición sobre el recurso que figura en el que pasó a ser el primer punto del orden del día. Nosotros elaboramos un informe único con referencia a este y al segundo recurso, por lo que consultamos a la Mesa si continuamos con el otro recurso o si dará paso a la discusión sobre este primer recurso. Lo hicimos de esta manera porque los argumentos en cuanto a la procedencia o improcedencia de los recursos son comunes a ambos.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Le restan seis minutos de su tiempo, sumado a una posible prórroga por quince minutos más. Si usted entiende que puede hacerlo en ese tiempo, la Mesa lo autoriza con mucho gusto.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Cuando el orador finalice su exposición, señor Diputado, usted podrá contestar la alusión.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: con respecto a la pregunta del señor Diputado Acosta y Lara, diría que ahora estamos tratando -la Mesa está obligada a ello- el recurso interpuesto por los Ediles sobre los artículos 11 y 30. El tema del recurso interpuesto por los ciudadanos hay que discutirlo a posteriori; es la otra intervención que viene en el informe en minoría.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- La Mesa entiende que el señor Diputado Acosta y Lara debería continuar su exposición sobre el recurso interpuesto por los Ediles. Después pasaríamos a tratar el que fuera interpuesto por los ciudadanos. Rogaríamos que procediera en ese sentido. Luego podrá solicitar nuevamente la palabra y continuar con su argumentación.

Reitero: le restan cinco minutos de su tiempo y, en todo caso, si alguien planteara la prórroga, quince minutos más.

Puede continuar el miembro informante en minoría, señor Diputado Acosta y Lara.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Señor Presidente: dado que la consulta fue evacuada por el señor Diputado Bayardi, me voy a allanar a lo que él plantea para argumentar posteriormente con respecto al recurso interpuesto por los ciudadanos. Pido disculpas de antemano porque voy a repetir algunos argumentos que ya he vertido.

SEÑOR BAYARDI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: simplemente, en la medida en que el señor Diputado Acosta y Lara planteó que tiene un informe de un docente de la cátedra de Derecho Financiero, y como acá sobrevuela o subyace la eventualidad de que no nos pronunciemos desde el punto de vista estrictamente jurídico sino político, si no tuviera inconveniente quisiera saber si puedo contar con una copia de ese informe y de los fundamentos que sustentan su intervención.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el señor miembro informante en minoría.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Señor Presidente: antes de terminar voy a hacer entrega de una copia de este informe al señor Diputado Bayardi, muy estudioso del derecho, y también lo voy a leer a la Cámara, porque establece en forma muy clara y contundente lo que estamos expresando. No fue agregado en nuestro informe porque la consulta se realizó el 3 de noviembre de 2001.

Dice así: "Señor Intendente Municipal de Canelones.- Tabaré Hackenbruch.- Presente.- De mi mayor consideración.- Me es grato evacuar la consulta que me formulara con fecha 1º de noviembre de 2001, acerca del análisis jurídico desde el punto de vista formal, de los decretos Nos. 17/2001, 20/2001 y 21/2001 de la Junta Departamental de Canelones y de los recursos interpuestos por los ediles departamentales y por ciudadanos inscriptos en el Departamento contra los dos primeros decretos.- En consecuencia la presente consulta solo se referirá a los aspectos formales de los decretos y sus impugnaciones, sin ingresar al fondo del asunto.- 1) Antecedentes.- 1.1.- Dec. de la Junta Departamental de Canelones Nº 17/01 de 17 de abril de 2001.- Este decreto en su art. 1º aprueba 'en general' (sanción provisoria) el Presupuesto General de Ingresos, Sueldos, Gastos, Obras e Inversiones de la IMC para el período 2001-2005, de acuerdo al proyecto remitido por la Intendencia Municipal de Canelones.- Consta de seis Capítulos que contienen normas sobre: el Presupuesto para el ejercicio 2001 (arts. 2 y 3); Del Presupuesto para los ejercicios 2002-2005 (arts. 4 a 7); Normas de ejecución presupuestal (arts. 8 a 13); Normas tributarias (arts. 14 a 20); Disposiciones Generales (arts. 21 a 25); Normas sobre funcionarios (arts. 26 a 31); Vigencia (art. 32).- De acuerdo con el art. 225 de la Constitución, el Dec. Nº 17/01, fue remitido al Tribunal de Cuentas, el que por Resolución de 7 de mayo de 2001, le formuló observaciones a los arts. 11 y 30, y solicitó información complementaria sobre la razonable equivalencia entre lo que se proyecta cobrar por la tasa de cambio de chapas de rodados con costo de servicio prestado. La JD resolvió aceptar las observaciones del Tribunal y en consecuencia no aprobó definitivamente el Dec. Nº 17/01 y por lo tanto el mismo no fue promulgado por el Intendente ni publicado en el Diario Oficial.- 1.2.-Dec. de la Junta Departamental de Canelones Nº 20/01 de 10 de mayo de 2001. Consta de 6 artículos.- En el art. 1º se aprueba en forma definitiva el Presupuesto Quinquenal de Sueldos, Gastos, Recursos, e Inversiones de la Intendencia Municipal de Canelones, para el período 2001-2005. (Sobre el alcance de este artículo nos referimos infra Nº 3.1.2)". Dado que nosotros conocemos el informe, podemos decir que, en esa referencia posterior, la doctora Nelly Valdés de Blengio expresa que este es un error de técnica legislativa, ya que esto figura en el considerando y no en el articulado de la norma, que es la que debe dar vigencia a las disposiciones legales.

Continúa: "Por el art. 2º se aceptan las observaciones del Tribunal de Cuentas.- En atención a estas observaciones, en los arts. 3º y 4º se da una nueva redacción a los arts. 11 y 30 del Dec. de la JDC Nº 17/01.- En el art. 5º se encomienda a la IMC a remitir al Tribunal de Cuentas la información solicitada sobre la razonable equivalencia en el caso de cambio de chapas de rodados.- El art. 6º es de rigor. (Regístrese, comuníquese, etc.).- Este decreto es promulgado por el Intendente el 16 de mayo de 2001, por el art. 2º de la Resolución Nº 1894, disponiéndose en el art. 1º de la citada Resolución que se remita al Tribunal de Cuentas la información solicitada en su dictamen y en su art. 3º que se incorpore al Registro de Resoluciones, se oficie a la Junta Departamental de Canelones y pase a la Dirección General de Hacienda a sus efectos.- El Dec. Nº 20/01 no fue publicado en el Diario Oficial". Por ende, no entró en vigencia.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- ¡Que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador!

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta en setenta y dos: AFIRMATIVA.

Puede continuar el señor Diputado Acosta y Lara, quien dispone de quince minutos más.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Señor Presidente: en el punto 1.3 de este importante informe consultivo de la doctora Nelly Valdés de Blengio se hace referencia al Decreto Nº 21/01 de la Junta Departamental de Canelones, de 10 de mayo de 2001. Allí se expresa lo siguiente: "En la misma fecha que el decreto citado precedentemente la JDC dicta el Dec. Nº 21/01 por cuyo art. 1º aprueba en forma definitiva el Presupuesto General de Ingresos, Sueldos, Gastos, Obras e Inversiones de la Intendencia Municipal de Canelones para el Período 2001-2005.- Este decreto, que es votado artículo por artículo," –no fue simplemente transcripto, como algunos dicen, sino que fue votado artículo por artículo- "contiene las mismas normas incluidas en el decreto Nº 17/01, salvo en sus arts. 11 y 30 cuyo texto responde a las modificaciones introducidas por la aceptación por parte de la Junta de las observaciones del Tribunal de Cuentas.- El decreto es promulgado por el Intendente por el art. 1º de la Res. Nº 1895 de 16 de mayo de 2001, disponiéndose en su art. 2º que se incorpore al Registro de Resoluciones, circule, se oficie a la Junta Departamental de Canelones y pase a Dirección de Hacienda a sus efectos y a los de coordinar con Prensa y Difusión las publicaciones de rigor". Quiere decir que se procede conforme a lo que establece la Constitución de la República. Continúo: "El Dec. Nº 21/01 es publicado en el Diario Oficial de 28 de mayo de 2001"; tengo aquí la publicación, que ya les he mencionado anteriormente.

Vamos a referirnos ahora a las normas constitucionales aplicables. Dice el informe: "2.1.- Sanción del Presupuesto Departamental.- La aprobación definitiva de los presupuestos departamentales, deriva de un procedimiento complejo, al cual nos vamos a referir en lo que concierne al caso consultado.- Se inicia con la preparación por parte del Intendente del Proyecto de Presupuesto que lo someterá a la consideración de la JD dentro de los seis primeros meses del ejercicio de su mandato. (Const. art. 223).- Las Juntas considerarán los proyectos de Presupuesto preparados por el Intendente dentro de los cuatro meses de presentación (Const. art. 224), pudiendo modificarlos de acuerdo a lo establecido en el art. 225, inc. 1 de la Constitución.- Realizadas las modificaciones o no, la Junta aprueba provisoriamente" -resalto: provisoriamente- "el presupuesto, pero previamente a su sanción, debe recabar informes del Tribunal de Cuentas, el que podrá formular observaciones sobre determinados aspectos establecidos en el art. 225, inc. 2.- Si la Junta acepta dichas observaciones, (que es el caso que nos interesa para la presente consulta), sancionará definitivamente el presupuesto (art. 225, inc. 3).- Como expresa Cassinelli, 'las Juntas Departamentales sancionan dos veces el presupuesto: una vez en forma provisional al solo efecto de que se sepa cuál es la opinión de la Junta y que sobre ella se expida después el Tribunal de Cuentas; y si el Tribunal de Cuentas no le hace observaciones o si la Junta se ajusta a las observaciones del Tribunal, sanciona definitivamente el Presupuesto en un segundo pronunciamiento'. (Cassinelli Muñoz, Horacio, 'Derecho Público', FCU, 1999, pág. 302).- Una vez sancionado el decreto de la JD que aprueba definitivamente el presupuesto, para entrar en vigencia requiere la previa promulgación del Intendente (Const. art. 281).- Cumplida la promulgación, el decreto debe ser publicado, ya que es un principio general que para que una ley o decreto de la Junta Departamental con fuerza de ley en su jurisdicción que establezca obligaciones, sea obligatorio, es necesario su publicación. A nadie se le puede imponer el cumplimiento de obligaciones si las mismas no son conocidas o se reputan conocidas, lo que solamente se logra con la publicación de la norma.- Pero además, y principalmente en el caso que se nos consulta, conteniendo el decreto del Gobierno Departamental normas que modifican impuestos, la publicación es constitucionalmente obligatoria de acuerdo a lo establecido en el art. 299 [...]", que no merece la mínima duda, y no vamos a leerlo porque seguramente está al alcance de todos los señores Diputados.

Prosigo: "La claridad de la norma en cuanto a la necesidad de la publicación en el Diario Oficial, para que las normas departamentales que crean o modifiquen impuestos sean obligatorias, nos exime de mayores comentarios.- 2.3.- Art. 303.- El art. 303 que regula el recurso de apelación contra los decretos de la Junta Departamental y las resoluciones del Intendente Municipal interpuesto por 1/3 del total de miembros de la Junta Departamental o por mil ciudadanos inscriptos en el Departamento, establece que el mismo deberá presentarse ante la Cámara de Representantes dentro de los quince días de su 'promulgación'.- Como expresa Sayagués 'el interrogante si la promulgación es o no cosa distinta a la publicación, resulta de difícil respuesta en nuestro derecho positivo, porque las disposiciones constitucionales y el art. 1º del Código Civil, son indudablemente contradictorios y dan base para sostener opiniones divergentes'. (Sayagués Laso, Enrique, 'Tratado de Derecho Administrativo', Mont. 1963, T. I, pág. 99).- Sin perjuicio de ello, la doctrina constitucionalista y administrativista en forma unánime, considera que el término 'promulgación' utilizado por el art. 303 de la Constitución debe interpretarse como sinónimo de publicación.- Como expresa Cassinelli, '...si se interpretara literalmente el art. 303 como que fueran quince días desde la promulgación, se daría el absurdo de que podría el Intendente promulgar el decreto, esconderlo en un cajón, dejar pasar los quince días y después publicarlo. Evidentemente no puede tener sentido que se compute un plazo desde una fecha que no es pública'. (Cassinelli, ob. cit. pág. 359).- En el mismo sentido se pronuncia" también el distinguidísimo doctor "Delpiazzo, cuando al referirse al término 'promulgación' utilizado por el art. 303, expresa que 'debe interpretarse que el vocablo «promulgación» equivale a «divulgación», pues resultaría absurdo computar un plazo desde una fecha que no es pública'. [...] Como antecedente de interés sobre este punto debe destacarse el Informe en Mayoría suscrito por los legisladores Luis Eduardo Mallo (Miembro Informante), Néstor H. Andrade, Mario Cantón, Diana Saravia Olmos y Nicolás Storace Montes, en ocasión de sustanciarse ante la Cámara de Representantes el Recurso de Apelación interpuesto contra los arts. 17 y 22 del Dec. Nº 25.787 de la Junta Departamental de Montevideo de 29 de octubre de 1992. (Reaforo inmobiliario y cálculo de la Tasa General Municipal).- En dicho informe se comparten las conclusiones del dictamen presentado por Frugone Schiavone, donde se expresa que como el art. 303 se refiere 'tanto a los decretos de la Junta Departamental, como a las resoluciones del Intendente Municipal, la doctrina unánimemente entiende que el vocablo promulgación debe entenderse en el sentido de divulgación oficial'.- (Cámara de Representantes. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. Carpeta Nº 2453 de 1992, Repartido Nº 793 de diciembre de 1992, pág. 2).- Por su parte, en el informe en minoría suscrito por el legislador Jorge Coronel Nieto se comparten expresamente los dictámenes presentados por Cassinelli y Cagnoni, expresándose que '...como el término promulgación no tiene sentido referido a los actos administrativos de la Intendencia y sí solo para los decretos legislativos sancionados por la Junta y promulgados por el Intendente, no podemos interpretar literalmente la palabra promulgación, porque quedaría fuera de sentido este artículo en la mitad de los casos...' (Cámara de Representantes, repart. cit. pág. 25 [...]". Más adelante, dice el informe: "En resumen sobre este punto, la expresión 'promulgación' utilizada por el art. 303, debe interpretarse como sinónimo de publicación, conclusión esta sostenida por la unanimidad de la doctrina que se ha ocupado del tema y en el seno de la propia Cámara de Representantes", que lo viene realizando en más de una oportunidad.

Continúa el informe: "3) Análisis jurídico de los aspectos formales de los recursos de apelación interpuestos ante la Cámara de Representantes.- 3.1.- Recurso de apelación interpuesto por ciudadanos inscriptos en el departamento contra los decretos de la Junta Departamental Nº 20/2001, art. 3º sustitutivo del art. 11 del Decreto Nº 17/2001 en sus art. 15 a 17.- Consideramos que la apelación interpuesta no es ajustada a derecho, por lo cual corresponde su rechazo.- Según resulta del escrito de apelación presentado, se recurre el art. 3º del Dec. Nº 20/01 y los art. 15 a 17 del Dec. Nº 17/01 que, según los recurrentes, 'fuera aprobado en forma definitiva por el Decreto Nº 20/2001'.- A nuestro juicio" -dice la doctora Nelly Valdés de Blengio- "ni el Dec. Nº 17/01" -y esto es lo importante- "ni el Nº 20/01 son pasibles del recurso de apelación previsto en el art. 303 de la Constitución.- La única norma que pudo impugnarse con este recurso es" -sin lugar a dudas- "el Dec. Nº 21/01, sin que contra el mismo se haya interpuesto recurso alguno" hasta la fecha.

Fundamos nuestra posición en las siguientes consideraciones jurídicas. "El Dec. Nº 17/01 de 17/4/01.- Por este decreto la JD aprobó provisoriamente el presupuesto proyectado por el Intendente y lo envió a sus efectos al Tribunal de Cuentas", tal como afirmamos anteriormente. También se señala: "El Tribunal de Cuentas observó los arts. 11 y 30 del decreto, aceptando la JD dichas observaciones por decreto Nº 20/01 de 10 de mayo de 2001.- En consecuencia el Dec. Nº 17/01 no sancionó definitivamente el Presupuesto Departamental, ni fue promulgado ni publicado.- Su valor jurídico debe limitarse a una simple aprobación provisoria de un proyecto de Presupuesto enviado por el Intendente.- Al no ser publicado no tiene fuerza obligatoria (supra 2.2), y la interposición del recurso de apelación no corresponde y además resulta inconducente de acuerdo a lo establecido supra 2.3"; se refiere a la mencionada consulta.

SEÑOR BAYARDI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Ya termino, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- La Mesa aclara al señor Diputado que le restan cinco minutos de su tiempo.

Puede continuar el señor Diputado Acosta y Lara.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Continúo con la lectura del informe: "El Dec. Nº 20/01 de 10 de mayo de 2001.- El único objeto de este decreto, es aceptar las observaciones del Tribunal de Cuentas y disponer el envío de la documentación que solicita el Tribunal. Ello surge claramente de la simple lectura de los arts. 2º a 5º. No se incluyen en este decreto ninguna otra norma presupuestal.- Es por ello, que concomitantemente con el Dec. Nº 20/01, la Junta sancionó el Dec. No. 21/01, este sí que aprueba definitivamente el Presupuesto y que contiene el articulado completo" de todas las normas presupuestales, votadas artículo por artículo.

Y continúa: "Dejamos constancia de que por un error de técnica legislativa el art. 1º del Dec. Nº 20/01 establece que se aprueba en forma definitiva el Presupuesto Departamental de Sueldos, Gastos, Recursos e Inversiones de la IMC para el período 2001-2005". Reitero lo que señala la doctora Valdés de Blengio: esto se debe a un error de técnica legislativa. "Ambos decretos fueron promulgados por el Intendente el 16 de mayo de 2001, ordenándose, como correspondía, la publicación solamente del Dec. Nº 21/01, que es el que en definitiva aprueba el Presupuesto Departamental [...]".

El Decreto Nº 21/001, de 10 de mayo de 2001, a través de su artículo 1º, aprueba definitivamente el Presupuesto y contiene todas sus disposiciones, y fue votado –como señalé anteriormente- "artículo por artículo de acuerdo con el Reglamento de la JDC.- Fue promulgado por el Intendente el 16 de mayo de 2001, de acuerdo con el art. 281 de la Constitución y ordenada su publicación, la que se realizó en el Diario Oficial el 28 de mayo de 2001.- Su publicación era constitucionalmente obligatoria por principios generales y desde el momento que dicho decreto contiene disposiciones que modifican impuestos", reitero, es obligatoria su publicación. Con respecto al recurso de apelación interpuesto por un tercio del total de miembros de la Junta Departamental contra los artículos 11 y 30 del Decreto Nº 17/001 de la Junta Departamental, con la redacción dada por los artículos 3º y 4º del Decreto Nº 20/001, son aplicables las consideraciones expuestas en los numerales anteriores, y concluimos que no son apelables ante la Cámara de Representantes por contener una simple sanción provisoria. Por otra parte, al no haber sido publicados, no son obligatorios. Tampoco es apelable el Decreto Nº 20/001, ya que su objeto es solamente aprobar las observaciones del Tribunal de Cuentas y, en virtud de no haber sido publicado, no corresponde su impugnación ante la Cámara de Representantes, como en el caso que nos ocupa. En consecuencia, si los recurrentes querían impugnar disposiciones contenidas en el decreto de la Junta Departamental que sanciona definitivamente la Intendencia Municipal de Canelones, en forma preceptiva y obligatoria debieron haber impugnado el Decreto Nº 21/001, de 10 de mayo de 2001, publicado el 28 de mayo, como dije anteriormente.

Concluye en forma contundente la catedrática de Derecho Financiero: "Al no haberlo hecho dentro de los plazos establecidos en el art. 303 de la Constitución, el decreto quedó firme y sus disposiciones tienen plena validez y eficacia [...]". Luego dice que, como es habitual en estos casos, queda a disposición por cualquier consulta, y firma la doctora Nelly Valdés de Blengio.

Concedo ahora la interrupción solicitada por el señor Diputado Bayardi.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: quiero preguntar al señor Diputado Acosta y Lara si él tuvo a la vista la versión taquigráfica de la Junta Departamental de Canelones donde consta -a estar por el informe de la doctora Valdés de Blengio- que el Decreto Nº 21/001 fue votado artículo por artículo en la mencionada Junta.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el miembro informante en minoría, señor Diputado Acosta y Lara.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Me refiero a las normas que la doctora Nelly Valdés de Blengio señala. Acá dice, en forma contundente, que se aprueba artículo por artículo el decreto al que hicimos referencia y, por ende, el que es válido.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: en la extensa y rica alocución que hacía el señor Diputado Acosta y Lara comenzó expresando su deseo de que este debate se diera en torno a lo jurídico y no a lo político, pero inmediatamente después entró en el terreno político, aludiéndonos directamente al hablar de Ediles de nuestro Partido Nacional que firmaron este recurso. Además, dejó entrever que podía haber una intencionalidad política, no jurídica. Entonces, lo que dice el señor Diputado Acosta y Lara borra con el codo lo que escribe con la mano, porque si decidimos dejar esta discusión en el área jurídica, debemos hacerlo. No hemos rehuido el debate político en Canelones; no lo hacemos hoy y tampoco lo haremos en el futuro. Pero si en el plenario –como manifestaba el señor Diputado Acosta y Lara- vamos a hablar de aspectos pura y exclusivamente jurídicos es conveniente que todos hagan lo mismo, porque de lo contrario entraremos en el terreno político.

Por último, al hacer comparaciones municipales, el señor Diputado Acosta y Lara se refiere a actualizaciones de otras Intendencias y menciona una realizada en el año 1980, resolución difícil de ser impugnada ante la, en aquella época, inexistente Cámara de Representantes.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- La Mesa adelanta que no va a permitir el debate a través de respuestas a alusiones. Por lo tanto, esta es la última vez que otorgará la palabra para responder una alusión, de manera de poner punto final a esta instancia.

Tiene la palabra el señor Diputado Acosta y Lara.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Señor Presidente: aclaro que mi objetivo no es entrar en el aspecto político del asunto. El señor Diputado Lacalle Pou sabe que mi intención es referirme a los aspectos jurídicos de la cuestión. Ese fue el objeto con el cual participé como Diputado por el departamento de Durazno -designado para representar a mi Partido político y a mi sector- en la Comisión Especial que entendía en el asunto.

Por los mismos argumentos jurídicos, mi sector, mi Partido, votó el recurso referido al departamento de Durazno. Consta al señor Diputado que se basaron en fundamentos jurídicos y no políticos, a pesar de que mi sector en Durazno, especialmente los Ediles que responden a la Agrupación Mártires de Quinteros, del Diputado Acosta y Lara, no aprobaron el Presupuesto del señor Intendente porque no llegamos a una negociación sobre la baja de la alícuota.

El señor Intendente Municipal de Canelones puede dar fe de eso, porque sabe que ese fue el motivo por el cual tuvimos la primera y única discrepancia hasta el momento.

A pesar de eso, en Durazno nosotros apoyamos frente al recurso porque no nos podemos sacar la camiseta de un lugar para el otro por otras consideraciones que no sean políticas. No digo que sea el caso; aquí estoy fundamentando en términos jurídicos tal como ocurrió -me están acotando-, por ejemplo, en Flores y en otros departamentos en los que la Dirección Nacional de Catastro realizó aforos y nuevos valores catastrales.

No me interesa entrar en el debate político de la Intendencia de Canelones ni en la jurisdicción del departamento de Canelones, a pesar de que estoy muy convencido de que para hacer política no hay límites departamentales, sino que hay que tener principios y valores bien puestos, luchar por ellos y llevarlos adelante.

Con mucho gusto dejaré que gente más calificada que yo conteste las alusiones políticas con respecto al departamento de Canelones. La pasión que pongo es en lo estrictamente jurídico, y los fundamentos que manifesté, que son más que sólidos, me dan la razón para hablar en los términos en que lo estoy haciendo.

Con respecto al decreto de la dictadura, digo al señor Diputado Lacalle Pou que si hay algo de lo que estoy muy lejos es de tratar de defender algún decreto de la dictadura o de darle algún sentido. ¡Al contrario! He referenciado muchísimos decretos de distintas Intendencias: Montevideo, Florida, Canelones y otras más que me quedan pendientes, en las que se hizo referencia a la actualización. Inclusive, hice mención a una Rendición de Cuentas del Gobierno del entonces Presidente Lacalle, que también establece muchas actualizaciones. El propio doctor Sanguinetti -y seguramente otros tendrán que hacer lo mismo- actualizó los distintos impuestos, de acuerdo con las normas vigentes.

Por lo tanto, no ha sido mi intención defender a dictadura alguna, ni mucho menos. ¡Y que le conste al señor Diputado Lacalle Pou!

 

17.- Licencias.

Integración de la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las solicitudes de licencias siguientes:

Del señor Representante Ricardo Berois Quinteros, en misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para participar en la IV Reunión Interparlamentaria entre la Delegación para las Relaciones con los Países de América del Sur y MERCOSUR del Parlamento Europeo y la Mesa Ejecutiva de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, a realizarse en la ciudad de Estrasburgo, República de Francia, por el período comprendido entre los días 9 y 19 de noviembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Ricardo Recuero.

Del señor Representante Walter Vener, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, literal C) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para asistir al "Curso de Asignación de Recursos en Defensa" y en el seminario sobre "Operaciones de Paz de Tercera Generación", por el período comprendido entre los días 6 y 16 de noviembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Mario de Pazos.

Del señor Representante Gustavo Penadés, por la que solicita autorización para integrar la representación del Poder Ejecutivo respondiendo, en su calidad de Presidente de la Cámara de Representantes, a una invitación formulada por el señor Presidente de la República; para participar del 56º Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a realizarse en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, por el período comprendido entre los días 9 y 16 de noviembre de 2001, convocándose a la suplenta correspondiente siguiente señora Silvia Ferreira".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cuatro en sesenta y seis: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 6 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Solicito al Cuerpo que usted preside, autorización para hacer uso de mi licencia para asistir a la IV Reunión Interparlamentaria entre la Delegación para las Relaciones con los Países de América del Sur y MERCOSUR del Parlamento Europeo y la Mesa Ejecutiva de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, a realizarse en Strasburgo-Francia.

Por tal motivo la licencia solicitada será del 9 al 19 de los corrientes.

Atentamente.

RICARDO BEROIS QUINTEROS
Representante por Flores".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Flores, Ricardo Berois Quinteros, para asistir a la IV Reunión Interparlamentaria entre la Delegación para las Relaciones con los Países de América del Sur y MERCOSUR del Parlamento Europeo y la Mesa Ejecutiva de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, a realizarse en la ciudad de Estrasburgo, República de Francia.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 9 y 19 de noviembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y en el literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, al señor Representante por el departamento de Flores, Ricardo Berois Quinteros, por el período comprendido entre los días 9 y 19 de noviembre de 2001, para asistir a la IV Reunión Interparlamentaria entre la Delegación para las Relaciones con los Países de América del Sur y MERCOSUR del Parlamento Europeo y la Mesa Ejecutiva de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, a realizarse en la ciudad de Estrasburgo, República de Francia.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 904, del Lema Partido Nacional, señor Ricardo Recuero.

Sala de la Comisión, 6 de noviembre de2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 6 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 16.465, artículo único, literal C), solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia desde el 6 de noviembre y hasta el 16 de noviembre, en virtud de estar participando del "Curso de Asignación de Recursos en Defensa", organizado con los auspicios de la Embajada de los Estados Unidos de América, y que tiene lugar en el Hotel Meliá (Montevideo), y posteriormente de un seminario sobre "Operaciones de Paz de Tercera Generación", organizado por el Instituto Militar de Estudios Superiores del Ejército Nacional.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

WALTER VENER CARBONI
Representante por Soriano".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia del señor Representante por el departamento de Soriano, Walter Vener, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, a efectos de asistir al "Curso de Asignación de Recursos en Defensa", organizado con los auspicios de la Embajada de los Estados Unidos de América y el Seminario sobre "Operaciones de Paz de Tercera Generación", organizado por el Instituto Militar de Estudios Superiores.

CONSIDERANDO: Que solicita licencia por el período comprendido entre los días 6 y 16 de noviembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y en el literal C) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia al señor Representante por el departamento de Soriano, Walter Vener, por el período comprendido entre los días 6 y 16 de noviembre de 2001, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, a efectos de asistir al "Curso de Asignación de Recursos en Defensa", organizado con los auspicios de la Embajada de los Estados Unidos de América y el Seminario sobre "Operaciones de Paz de Tercera Generación", organizado por el Instituto Militar de Estudios Superiores.

2) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2000 del Lema Partido Colorado, señor Mario de Pazos.

Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 6 de noviembre de 2001.

Señor Primer Vicepresidente de la

Cámara de Representantes,

Ruben Obispo.

Presente.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para llevar a su conocimiento que he recibido invitación del señor Presidente de la República para integrar la Comitiva Presidencial para participar a la 56º Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas a realizarse en la ciudad de New York - Estados Unidos, entre los días 8 y 15 de noviembre del año en curso.

Por lo expuesto, solicito a usted, se me conceda licencia desde el 9 al 16 de los corrientes.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

GUSTAVO PENADÉS
Presidente".

"Montevideo, 1º de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de extenderle una invitación para que en su carácter de Presidente de la Cámara de Representantes integre la Comitiva Presidencial que me acompañará al 56º Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas a realizarse en la ciudad de New York - Estados Unidos, entre los días 8 y 15 de noviembre del año en curso.

Estoy seguro que su participación en la referida visita habrá de revestir singular importancia y, sin duda, contribuirá eficazmente a la consecución de los objetivos nacionales perseguidos.

Hago propicia la oportunidad para saludar al señor Presidente con las seguridades de mi más distinguida consideración.

JORGE BATLLE
Presidente de la República".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: I) La solicitud de autorización del señor Representante por el departamento de Montevideo, Gustavo Penadés, para integrar la delegación del gobierno de la República que acompañará al señor Presidente de la República, doctor Jorge Batlle Ibáñez, para participar en el 56º Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a realizarse en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.

II) El pedido de licencia para viajar al exterior en misión oficial por el período comprendido entre los días 9 y 16 de noviembre de 2001, con el cometido referido.

RESULTANDO: I) Que corresponde conceder la autorización reglamentaria para que el señor Representante Gustavo Penadés, en su calidad de Presidente de la Cámara de Representantes, integre la delegación del Poder Ejecutivo.

II) Que procede conceder la licencia solicitada.

ATENTO: A lo dispuesto por el literal Ñ) del artículo 104 del Reglamento, por el artículo 116 de la Constitución de la República, y en el literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Autorízase al señor Representante por el departamento de Montevideo, Gustavo Penadés, en su calidad de Presidente de la Cámara de Representantes, a integrar la delegación que acompañará al señor Presidente de la República, doctor Jorge Batlle Ibáñez, para participar en el 56º Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a realizarse en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.

2) Concédese licencia para viajar al exterior, en misión oficial, por el período comprendido entre los días 9 y 16 de noviembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Gustavo Penadés, integrando la referida delegación.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, a la suplenta correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 71, del Lema Partido Nacional, señora Silvia Ferreira.

Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, FRANCISCO ORTIZ".

18.- Presupuesto quinquenal de sueldos, gastos, recursos e inversiones de la Intendencia Municipal de Canelones. (Recurso de apelación contra los artículos 11 y 30 del Decreto Nº 17/001 de la Junta Departamental de Canelones en la redacción dada por los artículos 3º y 4º del Decreto Nº 20/001).

——Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado Bayardi.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: estos recursos interpuestos contra la Intendencia de Canelones me han dado algo de trabajo.

En primer lugar, agradezco al señor Diputado Acosta y Lara el haberme hecho llegar el informe de la doctora Nelly Valdés.

En segundo término, voy a concentrarme en los aspectos formales planteados por el señor miembro informante en minoría, que tienen que ver con la existencia del Decreto Nº 21/001, promulgado por el señor Intendente de Canelones en la Resolución Nº  1895, de 16 de mayo de 2001.

Tengo media hora para hablar; no puedo ser muy sintético y no puedo dar muchas vueltas. Voy a empezar por las palabras del informe en minoría, del señor Diputado Acosta y Lara, que dice que acá se engañó a la ciudadanía en su buena fe, en la fe de la voluntad ciudadana.

Con responsabilidad voy a decir que la fe que está engañada en este Cuerpo es la fe del señor Diputado Acosta y Lara, es la fe del Diputado Bayardi, es la fe de todos los Diputados que integramos la Comisión que atendió este recurso y es la fe, seguramente, de la doctora Nelly Valdés de Blengio, que fue quien formuló el informe a que se dio lectura. ¿Qué quiero decir con esto?

Voy a hacer algunas constancias previas. En "Búsqueda" del 1º de noviembre, la doctora Mercadal afirmó: "Lo que se impugnó fue el proyecto de presupuesto que la Intendencia manda como tal a la Junta Departamental; no es el presupuesto definitivamente sancionado". Más adelante se agrega: "[...] la decisión parlamentaria sería 'jurídicamente irrelevante'". Después "explicó que 'no se presentó ningún recurso' [...] y que ahora 'ya se vencieron todos los plazos para hacerlo'".

Estaba haciendo el informe en mayoría cuando recibí una llamada de la Mesa que, cumpliendo con su obligación, nos advertía respecto de si no estábamos caminando por la vía de considerar un dato equivocado. La verdad es que no tuve mucho tiempo para reparar en eso y expliqué que iba a defender el principio de informalismo a favor del administrado en lo que tenía que ver con el recurso de los vecinos. Reitero que no me detuve mucho en ese detalle.

Luego observé los fundamentos del informe en minoría, basado en que se impugnó un decreto que no correspondía, y he seguido las intervenciones en la prensa del señor miembro informante reivindicando la existencia del Decreto Nº 21/001. También observé la impugnación de los vecinos del departamento y la posibilidad de que se hubieran equivocado con el decreto pasible de ser impugnado. Analicé que si los vecinos se habían equivocado igual iba a hacer valer -así figura en el informe- el principio de informalismo a favor del administrado.

Después leí la impugnación de los señores Ediles y pensé en la posibilidad de que se hubieran equivocado con el decreto pasible de ser impugnado. Ahí se me complicaba un poco para hacer extensivo el principio de informalismo, aunque ante la Cámara los señores Ediles también serían nuestros administrados en lo que tiene que ver con el recurso.

Pero hay algo que a mí me enoja. Hay una virtud humana que reivindico: la inteligencia. Cuando un hombre es inteligente -todavía no me han seducido los hombres; no quiere decir que en el futuro..., nunca se sabe-, me da para respetarlo. Y la inteligencia en una mujer, transforma a una mujer fea en una bonita. En realidad, me enojó un poquito la intervención de la doctora Mercadal.

Entonces, me asaltaron dudas, y terminado el informe comencé a trabajar en ellas. ¿Qué dudas? ¿Cómo pudieron equivocarse los señores Ediles? ¿Cómo no tuvieron en cuenta que el mismo día, el 10 de mayo de 2001, sancionaron dos decretos relativos al Presupuesto quinquenal para el período? ¿Por qué sancionar dos proyectos relativos al mismo Presupuesto? ¿Para ordenarle la comunicación a la Intendencia? ¡No; lo hicieron para ordenarle el trabajo al Intendente Hackenbruch! ¡Qué Junta prolija!, dije. ¡Qué Junta prolija!

Me entró a comer el enano diabólico que todos tenemos adentro -no dije el pequeño enano fascista, sino el pequeño enano diabólico; de la Junta Departamental de Canelones ha venido esa categorización para mi fuerza política- y pensé que quizá esto fue hecho para interferir con los recursos que ya se había anunciado que se iban a desencadenar.

Si esta última había sido la intención, ¿cómo los Ediles impugnantes no se dieron cuenta? ¿Cómo los Ediles de mi Partido no se dieron cuenta? Y la búsqueda de respuestas me entró a asaltar insistentemente. La aproximación a una respuesta la encontré intercambiando ideas con el señor Diputado Mahía y con un señor Edil de mi fuerza política. El pequeño enano diabólico me puso en la cabeza: "¿Y si lo que sucedió fue que el Decreto Nº 21/001 no existió como acto legislativo y, por ende, no existió como decreto departamental?". A confirmar eso nos dirigimos.

¿Vio, señor Presidente, cómo estuvo este fin de semana? Hacía tiempo que no había un fin de semana tan primaveral, seguramente para pasear con los nenes, para salir con la señora o con la amante; las opciones son muchas. Pero ¿qué hice el fin de semana? Leí todas las actas de mayo de la Junta Departamental de Canelones. Leer las actas del Senado es pesado; leer las de la Cámara de Representantes es un poco menos pesado; pero leer las de las Juntas Departamentales... ¡les quito el trabajo! No lo voy a calificar, porque estaría hablando de otra institución del Estado y se complicaría. Respeto el fuero de los legisladores departamentales. ¿Qué surgió de la lectura de las actas, que reflejan fielmente la acción de una Junta Departamental? En realidad, no encontré en ninguna acta de mayo, ni en la del 10 de mayo, ni en la del 18 de mayo -en la que se rindió homenaje a Artigas en Las Piedras-, ni en la del 25 de mayo -estaríamos pasados de fecha, pero tal vez se había corregido-, ningún acto legislativo que sancionara el Decreto Nº 21/001. Por eso preguntaba al señor Diputado Acosta y Lara, quien actuó absolutamente de buena fe, si había tenido la posibilidad de ver el acta. Yo leí el Acta Nº 39, desde que empezó la sesión hasta que terminó, y no encontré nada. Leí el Acta Nº 40 -después de que el señor Intendente de Canelones promulgó el decreto- y no encontré nada. Pregunté -agradezco la buena fe del señor Diputado Acosta y Lara—en qué se basaba la doctora Nelly Valdés de Blengio en el informe elevado a la Intendencia Municipal de Canelones, al señor Tabaré Hackenbruch, para sostener la vigencia del Decreto Nº 21/001, del 10 de mayo. La doctora Valdés de Blengio -yo también respeto a la academia, no quiere decir que no nos podamos pelear con la academia, pero la respeto en primera instancia, y para que no se diga que estoy usando argumentos políticos, que hasta ahora no los empecé a utilizar, aunque, si es necesario, llámenme al juego- dice: "En la misma fecha" -le surge el mismo problema que a mí- "que el decreto citado precedentemente, la JDC dicta el Decreto Nº 21/01 por cuyo artículo 1º aprueba en forma definitiva el Presupuesto General de Ingresos, Sueldos, Gastos, Obras e Inversiones de la Intendencia Municipal de Canelones". La doctora, engañada en su buena fe, dice -y está bien lo que dice-: "Este decreto, que es votado artículo por artículo, contiene las mismas normas incluidas en el decreto Nº 17/01, salvo en sus artículos 11 y 30 cuyo texto responde a las modificaciones introducidas por la aceptación por parte de la Junta de las observaciones del Tribunal de Cuentas".

Para sacar trabajo a la Cámara, el Decreto Nº 21/001 recoge la misma votación que el Decreto Nº 17/001, y después cambia en lo único que aprobó la Junta Departamental de Canelones el día 10 de mayo, que fue el Decreto Nº 20/001, cuando se votan las modificaciones a los artículos 11 y 30. Por suerte, un señor Edil se ausentó de Sala en el momento de la votación. La fisiología estuvo de mi lado. El hecho de ausentarse de Sala -probablemente, por razones fisiológicas-, me demuestra cuál es el único voto distinto que hay entre ambos decretos.

Dicho esto, el artículo 281 de la Constitución de la República establece: "Los decretos que sancione la Junta Departamental requerirán, para entrar en vigencia, la previa promulgación por el Intendente Municipal". Esto muy bien lo han dicho la doctora Valdés de Blengio y el señor Diputado Acosta y Lara. El numeral 1º del artículo 273, del Capítulo III, establece: "Dictar, a propuesta del Intendente o por su propia iniciativa, los decretos y resoluciones que juzgue necesario, dentro de su competencia". El numeral 2º del artículo 274, relativo a las atribuciones del Intendente, establece: "Promulgar y publicar los decretos sancionados por la Junta Departamental, dictando los reglamentos".

Veamos más detenidamente la existencia del Decreto Nº 21/001, invocado por la Intendencia Municipal de Canelones como el que sanciona el Presupuesto Municipal. ¿Qué hace la Junta Departamental de Canelones en relación con el Presupuesto quinquenal y qué hace, particularmente, el día 10 de mayo de 2001? La Junta Departamental de Canelones, el día 17 de abril de 2001 -estoy hablando del Presupuesto y de sus etapas- discute el Presupuesto Municipal remitido por la Intendencia y decreta su aprobación. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 225 de la Constitución, remite dicho Presupuesto al Tribunal de Cuentas y este, dentro de los veinte días que determina el mismo artículo, lo devuelve a la Junta Departamental con observaciones. El Tribunal, con fecha 7 de mayo, comunica a la Junta Departamental las observaciones contenidas en los considerandos 4, 5 y 7, donde se plantea que se observa por violación del numeral 3º del artículo 273 y del numeral 4º del artículo 275 de la Constitución. También observa el artículo 30 por contravenir el artículo 86 de la Constitución. Esto surge del informe del Tribunal.

A los efectos de considerar el dictamen del Tribunal de Cuentas, la Junta Departamental de Canelones se reunió el 10 de mayo. Aquí llegamos al centro de la cuestión. ¿Qué trató ese día la Junta Departamental? ¿Qué resolvió? Por ende, ¿qué decretó la Junta Departamental de Canelones el 10 de mayo? Según consta en el Acta Nº 39 de la Junta Departamental de Canelones, de fecha 10 de mayo, actúa en la Presidencia el Primer Vicepresidente, don Rafael Messere, y en la Secretaría la señora Secretaria General, doctora Daniella Olivar, y la Directora General Legislativa, señora Gladys Cuello, seguramente asistiendo. La citación Nº 38, del 8 de mayo, convoca a sesión extraordinaria para el 10 de mayo a los efectos de tratar como único punto del orden del día el Presupuesto General de Recursos, Sueldos, Gastos, Obras e Inversiones de la Intendencia Municipal para el quinquenio 2001-2005, y dice subrayado: "Dictamen Constitucional del Tribunal de Cuentas". Esta convocatoria fue firmada por la señora Secretaria General, doctora Daniella Olivar. La sesión comienza a la hora 18 y 15. Repito algo que me resulta importante, y pediría que los señores legisladores lo registraran: la sesión siempre fue presidida por el Primer Vicepresidente, don Rafael Messere. Se omite la lectura de los asuntos entrados por una moción aprobada por veintiséis en veintiocho y, por tratarse de una sesión extraordinaria, se procede a fijar la hora de finalización. En ese sentido, el Edil Pimienta presenta una moción, que resulta aprobada por veintiséis en veintiocho, por la que se decide sesionar hasta agotar la consideración del orden del día, que -como dije- es el Presupuesto General y el dictamen del Tribunal de Cuentas. En la página 12 del acta figura el informe del Tribunal, y en la página 18 el informe en mayoría de la Comisión Permanente Nº 1 de la Junta Departamental de Canelones, que es el que a la postre va a resultar aprobado y va a ser el Decreto Nº 20/001 de la Junta Departamental. Dicho decreto va a ser firmado por el Primer Vicepresidente, don Rafael Messere, y por la Secretaria General, doctora Daniella Olivar. A la hora 20 y 30 el señor Primer Vicepresidente, único Edil que presidió esa sesión de la Junta Departamental, declara: "Habiendo sido agotada la consideración del orden del día, se levanta la sesión". Esto, de acuerdo con la moción presentada por el Edil Pimienta a la que hice referencia. El único decreto que votó la Junta Departamental de Canelones el día 10 de mayo fue el Decreto Nº 20/001, como surge del acta respectiva. El 10 de mayo no votó ningún otro decreto que pueda ser considerado acto legislativo y, por ende, Decreto Nº21/001.

El 16 de mayo, el señor Intendente Tabaré Hackenbruch, la doctora Marianella Medina, Secretaria General, y el contador Ricardo Yelpo, Director General de Hacienda, firman la Resolución Nº 1895, que dice: "Visto: El Decreto Nº 21 de la Junta de Canelones de fecha 10 de mayo de 2001.- Considerando: que por dicho decreto se aprueba en forma definitiva el Presupuesto General de Ingresos, Sueldos, Gastos, Obras e Inversiones de la Intendencia Municipal de Canelones para el período 2001-2005.- Atento: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido por el artículo 281 de la Constitución de la República: el Intendente Municipal de Canelones resuelve: 1º) Promúlgase y cúmplase el Decreto Nº 21 de la Junta Departamental de Canelones de fecha 10 de mayo de 2001 [...]". Esa publicación se dará el día 28 de mayo de 2001 en el Diario Oficial Nº 25.770.

Es de hacer notar que, entre el 10 de mayo y el 16 de mayo no hubo ninguna otra sesión de la Junta Departamental de Canelones.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BAYARDI.- Le voy a dar una interrupción. Si bien yo tengo menos tiempo, estoy obligado a hacerlo porque creo saber lo que me va a plantear. Será un gusto que lo plantee, porque lo tengo analizado. Dígame.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- En todo caso, quien autoriza la interrupción soy yo. Para algo estoy, señor Diputado.

Puede interrumpir el señor miembro informante en minoría.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Señor Presidente: voy a preguntar al señor Diputado Bayardi si sabe los números del 5 de Oro, porque realmente tiene la bola de cristal y sabe varias cosas.

El señor Diputado doctor Bayardi -doctor en medicina- siempre nos informa sobre sus estudios en derecho. Yo tengo acá un acta firmada por una funcionaria pública -una escribana pública-, en donde se dice que el Decreto Nº 21 fue aprobado el 10 de mayo de 2001, según consta en el Acta Nº 39, foliada por la suscrita escribana, en fojas tales y cuales. Si vamos a entrar en el caos jurídico de hoy, de estar cuestionando esto, intimo públicamente al señor Diputado Bayardi a que haga la denuncia en un Juzgado Penal, porque a su juicio una funcionaria pública -una escribana pública- habría hecho una falsificación de documento. Decir que se aprobó por la Junta Departamental un acto que realmente no existió es un hecho más que grave, especialmente si esa afirmación parte de un legislador. Es muy grave dudar de la fe pública, que en nuestro derecho tiene bases jurídicas fundamentadas durante muchísimo tiempo. Hay más de un escribano sentado en Sala que sabe el carácter que tiene la fe pública. Me gustaría que estas expresiones se pasaran posteriormente a la Asociación de Escribanos -si el Cuerpo lo entendiera pertinente-, para que viéramos realmente el carácter que esto reviste.

Y me voy a permitir una digresión: él habló del enano fascista y no yo. Acá entramos en un fascismo deliberado al dudar de la fe pública, que es algo básico y fundamental en nuestro ordenamiento jurídico.

Yo fui muy sincero y le dije que no tuve tiempo de leer el acta. Capaz que tuve un tiempito más para hacer alguna otra travesura en el fin de semana. Tal vez lo hago por mi edad, pero con seguridad me estudié bastante todos los temas y me quedó pendiente eso.

De todos modos, le digo que ante un documento donde da fe pública un escribano público, yo no puedo dudar. Jamás dudé como profesional y no lo voy a empezar a hacer ahora, porque tengo el mismo derecho que cualquier ciudadano común y corriente. Los legisladores tenemos los mismos derechos que un ciudadano común y corriente.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el señor Diputado Bayardi, a quien le restan once minutos.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: no es que fuera pitonisa, sino que vi la carpeta que le habían dado. La verdad es que me alegro de que el señor Diputado sea más joven. La única travesura que yo puedo hacer es leer actas. Así que quédese tranquilo: no me inmuta.

(Hilaridad.- Campana de orden)

——Es la travesura que puedo hacer. ¿Qué quiere que haga, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Usted es muy travieso, señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Pero mire que cuando estoy acá actúo con responsabilidad. Llevo doce años aquí, actuando con responsabilidad. Y usted sabe que el enano -no embarrarla, no meter la pata- estaba presente, y estuvo presente. Fíjese los documentos que firmaron escribanos dando fe pública. Por eso le decía que sabía de qué me iba a hablar.

Hay un escribano que dio fe pública cuando la firma del Decreto Nº  20/001 -mírela, para que me siga-: "Es copia fiel de la Ordenanza Nº 20 adoptada por la Junta Departamental el día mayo 11 de 2001". En realidad, ese escribano dio mal la fe pública, porque el Decreto Nº 20 lo da, por fe pública, como aprobado el día 11 de mayo. Y el hombre firma. Se llama Héctor Bentancor. Dice: "Concuerda bien y fielmente con el original del mismo tenor". Sin embargo, el Decreto Nº 20 se aprobó el 10.

Yo, con este escribano, la verdad es que no me voy a meter. Dio fe pública de que fue el 11 de mayo de 2001. Yo voy a ir ahora a la escribana.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Le voy a rogar, señor Diputado Bayardi, que se dirija a la Mesa.

SEÑOR BAYARDI.- Perdón, señor Presidente.

Voy a ir a la escribana. Como yo leí todas las actas, y como ella dice que en la Nº 39, foliada por la suscrita escribana del folio 1 al 6 -el Acta Nº  39 tiene 58 carillas, 58 folios-, en realidad -lo tengo escrito, no lo inventé ahora por la pregunta del señor Diputado Acosta y Lara; se lo puedo asegurar- acá hay delitos penales. Si usted me hubiera dejado seguir, ya habría dicho qué tipo de delitos penales creo que hay.

Me precio de una cosa. Podré tener dudas; puedo tener dudas, pero cuando me convenzo, pierda cuidado que no se me contrae el músculo para echar para adelante.

¿Qué decreto publicó la Intendencia Municipal de Canelones? El Decreto Nº 21, de fecha 10 de mayo. Por lo tanto, publicó un decreto que, como acto legislativo de la Junta Departamental de Canelones, nunca existió. Y no estoy dudando de la institucionalidad ni del ordenamiento jurídico; estoy dudando de los hombres y de las mujeres. ¿Cómo puede darse fe de que eso está en un acta? Yo hice pedir las actas; vinieron. Las hice pedir dos veces, por las dudas, porque en esta acta no figura aquello de lo que la escribana da fe. Si fue engañada ella en su fe, es otro problema. Ella dio fe. Y digo: los únicos actos legislativos de la Junta Departamental de Canelones relativos al Presupuesto quinquenal de dicha Intendencia fueron el Decreto Nº 17/001 y el Nº 20/001, de 10 de mayo de 2001. El Decreto Nº 21/001 nunca existió como acto legislativo de la Junta Departamental de Canelones. Se pueden repasar: las tengo acá. Se puede creer que las actas que yo tengo son verdaderas o no. Pero se pueden mandar pedir las actas Nos. 39 y 40. En el acta Nº 39 no hay nada, y la Nº 40 es posterior al 16. ¿En qué situación nos encontramos desde el punto de vista estrictamente jurídico? ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a la Intendencia Municipal de Canelones a equivocarse, resolviendo promulgar un decreto inexistente?

Dado que la Junta Departamental de Canelones nunca votó el Decreto Nº 21/001, ¿quién se arrogó el derecho, en nombre de la Junta Departamental, de elaborar un decreto, el Decreto Nº 21/001, que equivale a una ley departamental? Según la copia del Decreto Nº 21/001 que tenemos en nuestro poder, entregada por la Intendencia Municipal de Canelones, este decreto representa, aparentemente, la votación que se habría realizado el 10 de mayo respecto al Presupuesto Municipal. Según lo que se dice, habría sido hecha artículo por artículo. Y también se le pasó a la doctora Valdés, porque hizo fe en que eso era lo que se había votado. ¡Falso! El 10 de mayo no solo no se votó el Decreto Nº 21/001 con todos los artículos que contiene el Presupuesto Municipal, sino que se votaron cinco artículos de una propuesta que elevó la Comisión Permanente Nº 1 para atender al dictamen del Tribunal de Cuentas. Y terminada la votación del artículo 15, se levantó la sesión.

De modo que el falso decreto de la Junta Departamental numerado como Decreto Nº 21/001, de fecha 10 de mayo, lo mismo que el Decreto Nº  20 -repito: único decreto votado por la Junta ese día-, está firmado -¡atención!-, por el Presidente del período. Quiere decir que el único Presidente que estuvo en la sesión del 10 de mayo se llamó Rafael Messere, quien era el primer Vicepresidente, pero el Decreto Nº 21/001 está firmado por el Presidente, que nunca estuvo en la sesión; no figura en el acta. Él firma el Decreto Nº 21/001. El señor Edil se llama Julio Musetti. Y la Secretaria General de la Junta Departamental también firma: la doctora Daniella Olivar.

Otras irregularidades figuran en los decretos que nos dejara la Intendencia Municipal de Canelones en su comparecencia. Con la certificación de escribanos públicos, el Decreto Nº 21 aparece votado el 10 de mayo y el Decreto Nº 20 el día después, es decir, el 11 de mayo. Es el túnel del tiempo.

La otra gravedad es que a pesar de haber revisado todas las actas del mes de mayo de la Junta Departamental de Canelones, la escribana Berta Susana Cabrera Pitamiglio da fe de la Ordenanza Nº 21 votada por la Junta Departamental el día 10 de mayo, según consta en el Acta Nº 39, según ella, foliada por la suscrita escribana del folio 1 al 6. Reitero que el acta tiene 58 carillas y no figura en ningún lado el Decreto Nº 21/001, razón por la cual dio fe de un acto inexistente y sería pasible de haber incurrido en los delitos que figuran en el Código Penal, a los que haré referencia más adelante.

Quiere decir que el Presidente de ese período, que como ya dije nunca presidió la sesión de la Junta del 10 de mayo -por lo que pienso que no pudo haber estado presente en Sala-, firma con la Secretaría General un acto legislativo que no existió por parte del Cuerpo que presidía. El Ejecutivo Comunal, o sea, el señor Intendente, podía no haber estado enterado de este hecho, de lo que me cuesta convencerme; pero dado que no tengo prueba en contrario, parto de la base de que podría no haber estado enterado, razón por la cual promulgó el 16 de mayo un decreto falso. Digo "falso" con toda la responsabilidad. Publicó y promulgó el Decreto Nº 21, que no tiene acto legislativo de la Junta Departamental de Canelones. Por esta razón, de haber existido responsabilidades, parto de la base de que la responsabilidad de haber gestado el decreto falso es, en primera instancia, del Edil Julio Musetti, que fue el que firmó como Presidente y, en segundo lugar, de la doctora Daniella Olivar. A mi juicio, por haber elaborado un decreto inexistente de la Junta Departamental de Canelones los referidos funcionarios públicos podrían estar comprendidos en lo establecido por los artículos 236 y 238 del Código Penal, es decir, falsificación material en documento público por funcionario público y falsificación ideológica por un funcionario público. Una comunicación falsa de la Presidencia de la Junta Departamental de Canelones, firmada por el Presidente que no ejerció la Presidencia en ningún momento el 10 de mayo y con la firma de la Secretaria General, los hace pasibles de este tipo de responsabilidades.

Nunca hubo Decreto Nº 21/001, y si existió, no figura en ninguna acta que registre lo actuado por la Junta Departamental de Canelones. Al promulgar un decreto inexistente, ¿en qué situación queda el Presupuesto de Canelones, a la luz de los artículos 281 y 299 de la Constitución? ¿Fue error o acto deliberado? Fue error; a un Presidente que no estuvo en la sesión le dio por hacer un decreto, lo firmó la Secretaria General y fue un error. O fue un acto deliberado para tratar de llevar a error sobre el decreto a impugnar y después fundamentar la improcedencia de cualquier recurso, como ha hecho la doctora Mercadal y como me consta que, engañado en su buena fe, ha hecho el informe de la minoría que el señor Diputado Acosta y Lara nos ha planteado.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Dada esta situación, siguiendo el consejo del Diputado Acosta y Lara -que no lo necesitaba porque pensaba proceder de esta manera-, se abre la necesidad de evaluar las acciones políticas y judiciales a las que hubiera lugar. Y pierda cuidado de que actuaré en consecuencia con relación a ellas.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Señor Presidente: voy a responder una alusión alevosa respecto a un tema en el que, además, está en juego algo más que un simple recurso, algo más que derechos de personas; está en juego la legalidad. Y además tendría que sacar varias conclusiones.

Durante sus doce años de trayectoria parlamentaria el señor Diputado Bayardi siempre se ha caracterizado por su responsabilidad y por su seriedad. Pero no es necesario integrar la Cámara de Representantes para ser serio y trabajar, a pesar de haber sido electo y ser uno de los Diputados más jóvenes del país. Esa seriedad también la tenemos quienes seguimos viviendo de nuestra profesión y no dependemos de un cargo público para vivir honestamente en este país.

Aquí se ha hablado de dos escribanos que hoy se pueden sentir públicamente injuriados, difamados, violentados en su honor y que también podrán iniciar las acciones penales que correspondan, salvo que esos ciudadanos no tienen fueros parlamentarios ni el privilegio que tiene hoy el señor Diputado Bayardi. Con esto no quiero entrar en la situación política en que hubo más de un Diputado injuriado, difamado y, con referencia a algún grupo de Senadores, se planteó una cuestión de fueros.

No dudo de la honorabilidad del señor Diputado Bayardi y, como he dicho anteriormente, espero que mañana esté en el Juzgado Penal haciendo las denuncias pertinentes sobre este tema. Se citará con seguridad a todos los miembros de la Junta Departamental, ¿y van a decir que estuvieron en un lugar y no votaron algo, cuando figura la votación correspondiente de cada uno de los artículos? La posibilidad de algún error en la transcripción de algún número no quiere decir que no se haya dado fe pública de que el hecho concreto, real y existente fue que la Junta Departamental se reunió y promulgó un Presupuesto que se aprobó -hasta la prensa estuvo presente-, porque esto sería caer en el absurdo de que ese hecho no existió y no ocurrió. Esto es lo mismo que pasa cuando, en más de una oportunidad, se pretende hacer alarde de que se gana en ciertas circunstancias o cuando se establecen hipótesis de lo que va a pasar en el futuro, cuando estamos viviendo en una legalidad y constitucionalidad de las que el país nunca ha salido.

Si yo estuviera sentado aquí y se dijera que voté una ley que no existe y que no tiene número, sería el primero en concurrir al Juzgado, sin importar condición política, sector ni Partido. Sería el primero que estaría preguntando por los artículos y las normas que voté. Es muy grave; simples conjeturas y análisis que a veces se traen de los pelos y que, además, cuestionan fundamentos notorios y jurídicos que van más allá de una telenovela, que parece "Alicia en el país de las maravillas". Esto no es una telenovela.

Un Presupuesto, aquí y en cualquier departamento pasa por una instancia en el Tribunal de Cuentas, nuevamente se remite a la Junta y, como decía el doctor Cassinelli Muñoz, merece una doble aprobación, una provisoria y otra definitiva; esto lo dice un catedrático del que me gustaría que el doctor Bayardi hubiera aprendido algo. No es una simple transcripción, sino una aprobación definitiva después de la aprobación provisoria. El Decreto Nº 20 transcribe cinco artículos, de los cuales dos levantan las observaciones. Desde el punto de vista político podemos discrepar y lo haremos durante muchísimo tiempo, más allá de los Gobiernos que puedan existir, porque acá hay concepciones filosóficas que nos separan de las del Diputado Bayardi. Hay que tener en cuenta que respetamos la Constitución y la ley, puesto que es un asunto básico para todos nosotros. Aquí se ha denunciado un hecho y no vamos a permitir que, mentira tras mentira, se repita para que se llegue a transformar en una verdad. Es un hecho gravísimo dudar de la fe pública y del funcionamiento de la Junta Departamental.

Recomendaría al señor Presidente -no quiero faltarle el respeto a alguien que sé muy apegado a las normas y también al control de legalidad en cuanto al funcionamiento de esta Cámara- tener cuidado cuando mañana promulguemos alguna ley y por algún error de taquigrafía -con el respeto que me merecen los señores taquígrafos- se dude acerca de quién ejercía la Presidencia. Además, recuerdo al señor Diputado, que cuando votamos una ley, los números no los damos nosotros.

Si se pregunta al señor Diputado Bayardi qué número de ley se adjudicó a uno de los proyectos aprobados en la última sesión, él no sabrá responder porque él no los adjudica, sino que eso se hace en forma administrativa. Además, la publicación en el Diario Oficial es un hecho incontrastable. Hoy, el Diario Oficial es de público conocimiento porque hasta figura en Internet y es el instrumento válido y legal para hacer conocer las normas.

Entonces, no dudo de que mañana, a primera hora, el señor Diputado Bayardi va a estar en un Juzgado haciendo las denuncias del caso.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- La Mesa vuelve a insistir, como en casos anteriores, en que esta será la última respuesta a alusiones que permitirá en este tramo de la discusión para que no se establezca un debate paralelo al del tema central.

Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: aclaro que el Diputado Bayardi no necesita fueros para decir las cosas que ha dicho. En realidad, él ha estudiado el tema y durante los días viernes, sábado, domingo y lunes ha estado leyendo las actas y tratando de ganar en seguridad con respecto a lo que dijo.

Que el número de ley no lo damos nosotros, es obvio. No dije que no se hubiera aprobado el Presupuesto. Lo que afirmé es que el Presupuesto fue aprobado por el Decreto Nº 20/001 y que el 10 de mayo -según el Acta Nº 39- se llevó adelante la votación del Presupuesto. Pero esa votación no fue la de los más de treinta artículos, sino la del primer artículo del informe que venía de Comisión, en el que se señalaba que se aceptaba el Presupuesto.

La votación de todo lo contenido en el Decreto Nº 20 figura en la página 43. Allí se puede constatar que el resultado de la votación del artículo 1º del citado decreto -en el que se señala que se aprueba en forma definitiva el Presupuesto quinquenal de sueldos, gastos, recursos e inversiones- fue dieciséis en treinta y uno.

Al final de la página 45 figura la votación del artículo 2º, en el que se consigna: "Acéptanse las observaciones del Tribunal de Cuentas".

En la página 50 se dice que se vota el artículo 3º -por el que se sustituye el artículo 11 del Decreto Nº 17/001- por dieciséis votos en treinta. En la página 53 se establece que se vota el artículo 4º -que es el que sustituye el artículo 30- y en la página 56 se vota el artículo 5º, que es en el que se encomienda a la Intendencia Municipal de Canelones hacer la remisión al Tribunal de Cuentas.

¡Acá el Diputado Bayardi no vino a contar ninguna película ni ninguna fantasía! He marcado las actas y puntualizado cada cosa; no construí nada que no fuera sobre la base de las actas y de la documentación que aportó la Intendencia Municipal de Canelones! ¡No se puede decir que construimos una película inexistente! ¡Acá no se puede decir que hablamos sin fundamento! ¡Leímos un acta, la Nº 39 -que es el acta certificada de la Junta Departamental de Canelones-, y no está lo que una escribana certifica! ¡Acá no vinimos a hacer ninguna película! ¡Acá vinimos a demostrar nuestro convencimiento después de haber analizado en profundidad la documentación que nos dejó la Intendencia Municipal de Canelones! No hablamos del acta, de quienes firmaron y de quienes estuvieron presentes, ni decimos que el Presupuesto no fue votado. Lo que decimos es que el Presupuesto fue votado en el Decreto Nº 20/001, que no fue promulgado por el Intendente, porque él promulgó uno inexistente.

Entonces, venimos a plantear la situación jurídica en la que quedamos y a decir que hay responsabilidades políticas que seguramente los señores Ediles de la Junta Departamental de Canelones tendrán que hacer valer la próxima vez que se reúnan.

Acá venimos a decir que cabe la posibilidad de que se haya alterado la fe pública, no por lo que haya dicho la escribana, sino por la documentación que se nos presentó. Y si se falsificaron documentos, ¡se incurrió en delitos establecidos en los artículos 236 y 238 del Código Penal!

Esto es lo que venimos a decir, y lo hacemos con responsabilidad.

Mi bancada, conjuntamente con los Ediles, evaluará qué acciones llevar adelante. Y si esas acciones fueran desestimadas, pierdan cuidado los señores Diputados que iré personalmente a hacer la denuncia penal, por el grado de convencimiento que tengo. No estoy inventando nada. No usé un solo documento que no fuera oficial. No usé una sola acta que no fuera oficial. No hice una sola valoración que no estuviera sustentada en un documento oficial. Entonces, no se puede decir que acá estamos tratando de mentir para transformar una mentira en verdad. Y si el acta está, la leeré y entonces no tendré ningún problema en retractarme. Pero mientras eso no se pruebe, voy a mantener mi grado de convencimiento, surgido del estudio que hice, porque siempre actúo con responsabilidad y no vengo a hacer películas.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el miembro informante en mayoría, señor Diputado Lacalle Pou.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: el señor Diputado Acosta y Lara nos instruía en cuanto a que el Presupuesto fue aprobado en forma provisoria y preliminar y luego en forma definitiva. Tenemos aquí dos decretos de la Junta Departamental de Canelones -respecto a uno de los cuales se duda de su existencia-, ambos aprobados en Canelones el 10 de mayo de 2001. Y quiero leer el artículo 1º del Decreto Nº 20/001: "Apruébase en forma definitiva el Presupuesto Quinquenal de Sueldos, Gastos, Recursos e Inversiones de la Intendencia Municipal de Canelones, para el período 2001-2005". Este artículo fue aprobado por dieciséis votos en treinta y uno.

En el artículo 1º del Decreto Nº 21/001, de fecha 10 de mayo de 2001 -fechado el mismo día que el Decreto Nº 20-, se establece: "Apruébase en forma definitiva el Presupuesto General de Ingresos, Sueldos, Gastos, Obras e Inversiones de la Intendencia Municipal de Canelones, para el período 2001-2005". Es decir que ambos son del mismo día y en los dos artículos se dice lo mismo.

19.- Licencias.

Integración de la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la solicitud de licencia del señor Representante Doreen Javier Ibarra, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día 6 de noviembre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Oscar Gómez".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y siete en sesenta y nueve: AFIRMATIVA.

En consecuencia, queda convocado el correspondiente suplente y se le invita a pasar a Sala.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 6 de noviembre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente vengo a solicitar del Cuerpo que usted preside, licencia al amparo del inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el día de hoy, convocándose a mi suplente el señor Oscar Gómez.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

DOREEN JAVIER IBARRA
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Doreen Javier Ibarra.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 6 de noviembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 6 de noviembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Doreen Javier Ibarra.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 6 de noviembre de 2001, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 1001 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Oscar Gómez.

Sala de la Comisión, 6 de noviembre de 2001.

GUILLERMO ÁLVAREZ, FRANCISCO ORTIZ".

20.- Prórroga del término de la sesión.

——Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Orrico, Falero y Berois Quinteros.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se prorrogue el término de la sesión hasta la hora 24".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y seis en sesenta y nueve: AFIRMATIVA.

SEÑOR DÍAZ.- ¡Que se rectifique la votación y se llame a Sala!

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tal como establece el Reglamento, se llamará a Sala por el término de dos minutos y posteriormente se rectificará la votación.

(Así se procede)

——Se va a rectificar la votación.

(Se vota)

——Cincuenta y seis en ochenta y uno: AFIRMATIVA.

SEÑOR MAHÍA.- ¡Que se rectifique nuevamente!

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a rectificar nuevamente la votación.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en ochenta y uno: AFIRMATIVA.

A solicitud de varios señores Diputados, se va a rectificar por última vez la votación.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en ochenta y uno: AFIRMATIVA.

21.- Presupuesto quinquenal de sueldos, gastos, recursos e inversiones de la Intendencia Municipal de Canelones. (Recurso de apelación contra los artículos 11 y 30 del Decreto Nº 17/001 de la Junta Departamental de Canelones en la redacción dada por los artículos 3º y 4º del Decreto Nº 20/001).

Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado Falero.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente:...

SEÑORA SARAVIA OLMOS.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR FALERO.- Sí, señora Diputada.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir la señora Diputada.

SEÑORA SARAVIA OLMOS.- Señor Presidente: agradezco infinitamente al señor Diputado Falero la interrupción que me concede para arrojar luz sobre este problema.

Creo que lo que ocurre aquí es que estamos en una conversación de sordos. Quizás nos parece que estamos hablando de cosas diferentes cuando, en realidad, nos estamos refiriendo a lo mismo. Tal vez hay un desconocimiento de cómo funcionan determinados órganos y cómo se llega a la conformación definitiva de la ley en el ámbito departamental.

Reitero que agradezco esta posibilidad porque si yo me anotara para hacer uso de la palabra posteriormente podríamos perdernos en otros aspectos de la discusión, cuando me interesa aclarar este punto que se planteó hace un rato. Tengo la doble condición de ser escribana -por lo que, si bien acabo de tomar contacto con esta documentación, la puedo analizar desde el punto de vista profesional- y de haber sido Edila en el período que fue de 1985 a 1990. Por lo tanto, algo conozco de ese tema como para que quede claro cuál es el procedimiento de confección de un Presupuesto Departamental.

Como se dijo aquí, primero tiene lugar una aprobación que la doctrina denomina provisional. Eso va al Tribunal de Cuentas y regresa a la Junta Departamental; si el Tribunal de Cuentas hace observaciones, la Junta puede aceptarlas o no, y ahí se produce la denominada aprobación definitiva y queda firme el Presupuesto. Es decir que todo Presupuesto Municipal tiene dos aprobaciones.

Tengo aquí la documentación. En ella aparece la fecha 17 de abril de 2001, y está el decreto del Presupuesto quinquenal para los ejercicios 2001-2005. En el artículo 1º se aprueba en general el Presupuesto General de Ingresos, Sueldos, Gastos, Obras e Inversiones de la Intendencia Municipal de Canelones para el período 2001-2005, aprobado por dieciséis votos en veintiocho. Después están todos los artículos; en cada uno de ellos consta por qué cantidad de votos fue aprobado. En el costado hay un sellito y un número que se pone después a mano. Sucede así en todas las Juntas, porque cuando se está votando no se sabe que es el decreto número tal. Cuando aquí votamos una ley tampoco la aprobamos con determinado número. Ese es un número que se le da posteriormente al tratamiento. En las Juntas ocurre exactamente igual; se trata de un trámite administrativo por el que se adjudica un número al decreto. A este decreto del 17 de abril por el que se aprobó provisionalmente el Presupuesto se le adjudicó el número 17, y fue al Tribunal de Cuentas.

Olvidé decir que hay un sellito donde dice que es copia fiel de la Ordenanza Nº 17, adoptada por la Junta el 17 de abril, y está firmado, según consta en el Acta Nº 36, por Daniel Aldo Espino, Director.

Más adelante tenemos el informe del Tribunal de Cuentas que, lógicamente, fue a la Junta Departamental. También tenemos una hoja única con la fecha 10 de mayo de 2001, en cuyo costado dice Decreto Nº 20. ¿Cuál es el contenido del Decreto Nº 20? Es muy sencillo. En el artículo 1º se aprueba en forma definitiva el Presupuesto General de Ingresos, Sueldos, Gastos, Obras e Inversiones de la Intendencia Municipal de Canelones, por dieciséis votos en treinta y uno. De manera que lo que se aprueba ahí en forma definitiva es el otro decreto que, provisionalmente, tenía el número 17, pero que no lo va a tener más, porque va a tener una nueva aprobación.

Por el artículo 2º se aceptan las observaciones del Tribunal de Cuentas, al emitir su dictamen constitucional. Ese dictamen es preceptivo, porque lo establece nada más y nada menos que la Constitución. Fue aprobado por treinta y un votos en treinta y uno.

Por el artículo 3º se sustituye el artículo 11 del Decreto Nº 17/001 de la Junta Departamental de Canelones y, a continuación, se transcribe todo el contenido del artículo 11. Fue aprobado por dieciséis votos en treinta.

Por el artículo 4º se sustituye el artículo 30. No leo todo porque no quiero insumir todo el tiempo de que dispone el señor Diputado Falero.

En el artículo 5º se encomienda a la Intendencia Municipal de Canelones remitir al Tribunal de Cuentas la información correspondiente a efectos de justificar la razonable equivalencia entre el costo del servicio que se presta en oportunidad del cambio de chapas de rodados al propietario del vehículo y su respectivo ingreso. Eso fue aprobado por dieciséis votos en treinta y uno.

El artículo 6º establece que se registre, se comunique, etcétera. Esto está firmado por Rafael Messere, Primer Vicepresidente, y por la doctora Daniella Olivar, Secretaria General. Luego dice que es copia fiel de la Ordenanza Nº 20 -esto lo certifica el escribano- adoptada por la Junta el día 11 de mayo. Evidentemente, el escribano se equivocó porque tendría que haber puesto la fecha 10 de mayo, que es la que correspondía. Luego dice que esto consta en el Acta Nº 39.

A continuación tenemos todo un articulado que está foliado del 1 al 6. Esta es la referencia; por eso la escribana pone del 1 al 6. Lo que folió es esto; no se está refiriendo a otra cosa. Al costado está el sellito y dice Decreto Nº 21. Este es el resultado de todo el proceso legislativo.

¿Qué es lo que conforma este Decreto Nº 21? Lo que originalmente era el Decreto Nº 17, que se vio modificado, porque hay dos artículos que ya no van a ser los mismos; se le dio una nueva conformación y es lo que se aprobó definitivamente. Se aprueba todo el resto del articulado, que antes tenía el Nº 17, con esos dos artículos que, si la memoria no me falla, son el 11 y el 30, y así debe hacerse el nuevo articulado. Eso fue lo que se hizo y dio origen a una nueva reglamentación que conformará la ley presupuestal departamental.

Entonces, ¿qué fue lo que certificó la escribana? En el artículo 1º dice que fue aprobado por dieciséis votos en veintiocho, y eso fue lo que se aprobó cuando se dice: "Apruébase en forma definitiva"...

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Finalizó el tiempo de que disponía, señora Diputada, pero si el señor Diputado Falero le concede más tiempo, puede seguir haciendo uso de la palabra.

SEÑORA SARAVIA OLMOS.- Si el señor Diputado Falero tiene la gentileza de concederme dos minutos más, podré terminar mi idea.

En todo caso, si él necesitara algunos minutos más, el señor Diputado Hackenbruch Legnani se los podrá devolver.

SEÑOR FALERO.- Se los concedo, señora Diputada.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir la señora Diputada Saravia Olmos.

SEÑORA SARAVIA OLMOS.- Dieciséis votos en treinta y uno fue la votación por la que se aprobó en forma definitiva y por eso en este documento consta esa votación. Luego, si se fijan en los artículos 2º  y subsiguientes verán que la proclamación de los votos coincide con la de los votos que figuran en el Decreto Nº 17/001. Por su parte, en los artículos 11 y 30 se recoge lo que acá figura con respecto a la votación que tuvo lugar el 10 de mayo.

Evidentemente, este es el decreto que conforma el nuevo Presupuesto; así corresponde que se haga, así se hizo y fue lo que certificó la escribana, porque sin duda es lo que surge de los documentos.

Este decreto no podría haber existido si no se hubiera tomado en consideración lo relativo al Decreto Nº 17/001 y lo que se modificó ese día en la votación del 10 de mayo. Esto es así, toda la vida ha sido así y seguirá siéndolo en todas las Juntas Departamentales.

Era cuanto quería decir y agradezco nuevamente al señor Diputado Falero el tiempo que me concedió.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el señor Diputado Falero, a quien le restan veintiún minutos de su tiempo.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: no tengo ninguna duda de que el Decreto Nº 21/001, dictado por la Junta Departamental de Canelones, no existió.

La Junta Departamental de Canelones -en la descripción que hizo la señora Diputada Saravia Olmos-, como cualquier otra Junta Departamental del país, debe presentar, antes de que falten veinte días para que venza el plazo constitucional -es decir, antes de que pasen veinte días para el cumplimiento de los seis meses-, el proyecto de Presupuesto de la Intendencia Municipal y remitirlo al Tribunal de Cuentas a fin de que se tome el tiempo que constitucionalmente le corresponde para realizar las observaciones del caso.

El Tribunal de Cuentas hace consideraciones, recomienda y, eventualmente, observa. La sanción definitiva del Presupuesto considerará las observaciones o recomendaciones -fue lo que se hizo en este caso- y si se hace lugar a las observaciones -como ocurrió con las del Tribunal de Cuentas- el proyecto se modifica, como fueron modificados los artículos observados. Si no se hiciera lugar a las observaciones, entonces el Presupuesto tendría que haber sido enviado, conforme al artículo 225 de la Constitución de la República, al Poder Legislativo, a efectos de analizar si fue correcto no haber hecho lugar a las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas. Como eso no fue lo que pasó, el proyecto se sancionó en la Intendencia y en la Junta Departamental de Canelones.

Tan seguro estoy de que no existió el Decreto Nº 21/001 que en una conversación que mantuve en la reunión de coordinadores con el señor Diputado Chiesa Bordahandy -lástima que no esté en Sala- este aceptó, entendió y consideró que hubo un error. Yo me quedo con esta versión -con ello no quiero hacer ningún tipo de lucubración desde el punto de vista subjetivo-, que la adjudicación de un número que no correspondía fue error de la Mesa de la Junta Departamental de Canelones, ya que esta no puede tomarse atribuciones de ninguna naturaleza que signifiquen sustituir la voluntad del Cuerpo, que se dio por la aprobación provisional, que lleva el número 17/001, y por la aprobación definitiva, que corresponde al número 20/001.

Es decir que no existió una aprobación del Cuerpo de la Junta Departamental de Canelones que tenga el número 21/001; es una cuestión absolutamente administrativa que no tiene ninguna fuerza. Por lo tanto, a mi juicio no hay ningún tipo de duda, ya que la disposición número 21/001 no existe.

Entonces, se trata de un error grave -a mi juicio, gravísimo-, porque además el visto de la resolución que se publica en el Diario Oficial dice: "La aprobación en forma definitiva del Presupuesto General de Ingresos, Sueldos, Gastos, Obras e Inversiones por el Período 2001-2005, según Decreto Nº 20 de esta Junta Departamental de fecha mayo 10 del año 2001 [...]". Quiere decir que el visto de la resolución 21/001 hace referencia y toma como base el Decreto Nº 20/001 de la Junta Departamental.

Insisto en que ese Decreto Nº 21/001 no existe, es decir, no fue adoptado en ningún momento por la Junta Departamental. Entonces, asumamos en el mejor de los casos que fue un error, siempre y cuando me quede con la interpretación que el señor Diputado Chiesa Bordahandy dio a este episodio.

Para la firma, ratificación y aprobación definitiva de los Presupuestos de todas las Juntas Departamentales del país no existen tres pasos, sino dos. Yo también fui Edil de 1990 a 1995, por lo que puedo decir que hay dos pasos: la aprobación provisoria y la definitiva, cuando viene el dictamen del Tribunal de Cuentas.

Por lo tanto, no existía la necesidad de que existiera, ni en este caso concreto existió, el Decreto Nº 21/001. Entonces, los argumentos que se señalan con respecto a este tema son absolutamente inválidos.

Además, el Intendente Municipal no se expidió con respecto al Decreto Nº 20/001 -esto fue en realidad lo que pasó, por error, omisión o lo que se quiera-; por lo menos, eso es lo que dice el señor miembro informante en minoría. Sin embargo, el inciso tercero del artículo 281 de la Constitución, al referirse a los decretos departamentales, establece con absoluta claridad: "Si el Intendente Municipal no los devolviese" -los decretos o resoluciones de las Juntas Departamentales- "dentro de los diez días de recibidos, se considerarán promulgados y se cumplirán como tales". Por lo tanto, de acuerdo con esta disposición, si el Intendente no se refirió -como aparentemente no lo hizo- al Decreto Nº 20/001 de la Junta Departamental, se considera promulgado de pleno derecho. Si lo hubiera hecho al referirse al Decreto Nº 21/001, sería absolutamente inválido, porque en definitiva esa norma no existió.

Por lo tanto, los recursos presentados, por un lado, por los Ediles y, por otro, por los vecinos, no solo corresponden desde el punto de vista del tiempo, sino también de la forma, en la medida en que están recurriendo el acto que sí existió y que de acuerdo con la disposición constitucional se consideraría promulgado a los diez días de que el Intendente no lo hubiera respondido; me estoy refiriendo al Decreto Nº 20/001. Esto es lo que se recurre, y no existe otro recurso interpuesto por los Ediles o por los vecinos.

¿Cómo los Ediles iban a recurrir -respondiendo a la pregunta que formuló el señor Diputado Bayardi- el Decreto Nº 21/001 si sabían que el único decreto que había que recurrir era el que ellos perfeccionaron el 10 de mayo? Este día se perfeccionó una sola resolución y ninguna otra. Los Ediles debían recurrir una sola resolución, que fue la aprobada el 10 de mayo. Ese día no se aprobaron dos resoluciones, excepto que hubiesen muchas resoluciones administrativas que pueden llevar cualquier número. No obstante, la resolución del plenario de la Junta Departamental de Canelones del 10 de mayo es la única que se conoce y es la que lleva cinco artículos, y le correspondió el Nº 20/001 y no el Nº 21/001.

Por lo tanto, a mi juicio, desde el punto de vista formal y del tiempo el recurso fue correctamente presentado y, por supuesto, corresponde.

Entrando en el fondo de este asunto, debo decir que sin lugar a dudas la Junta Departamental no puede delegar en el Ejecutivo Departamental el ejercicio de la fijación de impuestos, porque así lo establece la Constitución de la República. En efecto, ninguna Junta Departamental puede delegar en el titular del Gobierno Departamental la fijación de los impuestos.

Además de eso, a mi juicio, el Intendente no actuó como un buen padre de familia, como se establece en la jerga jurídica. Y no lo hizo porque la actitud que tuvo el Intendente Municipal de Canelones frente al Catastro Municipal fue diferente a la que expresó el Intendente Municipal de Durazno. Se le preguntó al Intendente Municipal de Durazno cuál era el procedimiento catastral y él aseguró que estaba en conocimiento de todas las modificaciones catastrales, tanto de la ciudad de Durazno como de la de Sarandí del Yi y que, además, habían sido notificados personalmente todos los vecinos de los padrones reaforados. Se les preguntó a los asesores de la Intendencia Municipal de Canelones con respecto a este tema y dijeron desconocer el procedimiento, porque correspondía a la Dirección Nacional de Catastro. Por lo tanto, la protección que se le debe a los vecinos de cualquier ciudad del país y de cualquier departamento fue completamente distinta en un caso y en el otro. Además, no me duelen prendas porque no tengo nada que ver desde el punto de vista político con el Intendente Municipal de Durazno ni con el Intendente Municipal de Canelones.

Por otra parte, en el caso de Durazno, el informe en mayoría que hace el señor Diputado Berois Quinteros lo establece con claridad y hace referencia concreta a este tema, que además está en la versión taquigráfica de la Comisión.

Posteriormente, es importante destacar que la ciudadanía de una parte del departamento de Canelones, ni siquiera de su totalidad, se ve afectada por un procedimiento tributario que llega a un determinado grupo de personas porque viven en una determinada zona de un determinado lugar del departamento, con una notoria y absoluta inequidad desde el punto de vista tributario. ¿Por qué a unos sí y a otros no?

En resumen, frente a que existen evidencias más que notorias de no haber sido dictado el Decreto Nº 21 de 2001, de que sí fueron dictados los Decretos Nos. 17 y 20 de 2001 y de que estos dos conforman por sí la resolución, en mérito a que los señores Ediles -que es lo que estamos considerando; igualmente los señores vecinos en el siguiente punto del orden del día- recurren el Decreto Nº 17 en la redacción dada por el Decreto Nº 20 es absolutamente lógico y de recibo aceptar el recurso interpuesto, además, desde el punto de vista del tiempo y la forma.

Por lo manifestado en el informe en mayoría y por lo que acabo de decir, a mi juicio corresponde acoger el recurso interpuesto por los señores Ediles frente al Decreto Nº 17/001 en la redacción dada por el Decreto Nº 20/001 de la Intendencia Municipal de Canelones.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Mahía.

SEÑOR MAHÍA.- Señor Presidente: la verdad es que cuando comenzamos a hablar de estos temas, a veces uno siente la tentación de plantear otras realidades del departamento de Canelones en cuanto a sus características, a cómo está funcionando o dejando de funcionar, a cómo está viviendo hoy la ciudadanía que allí reside. Pero acá vamos a ser estrictos en lo que se refiere a la consideración del tema, al fondo sustantivo que tiene que ver con el recurso presentado por los señores Ediles de la Junta Departamental de Canelones, que -reitero lo que se dijo al comienzo- son integrantes de nuestra fuerza política, el Encuentro Progresista-Frente Amplio, del Partido Nacional y uno de ellos del Partido Colorado.

Podríamos comenzar con el propio informe que expresaba ya la veracidad en cuanto a los argumentos presentados por los recurrentes, los señores Ediles, con referencia a que, lamentablemente, de un tiempo a esta parte, en la Junta Departamental de Canelones se ha tomado como norma trasladar potestades propias al Intendente Municipal, como, por ejemplo, lo relacionado con los funcionarios, con las funciones de responsabilidad, etcétera. Podríamos dar muchos ejemplos de cómo se sigue obrando así hoy en día. Sin embargo, lo importante es que lo que se está haciendo es trasladar al Intendente Municipal la posibilidad de control y de legislación que corresponde a la Junta Departamental de Canelones. Hace unos días nos enteramos de que se nombró un co-Director en Turismo; se trata de una Dirección que no existe, por lo que no puede tener Director ni Subdirector. Podríamos nombrar más ejemplos. Y todo esto está dentro de las funciones de responsabilidad que se le otorgó al Intendente, aunque debe ser la Junta Departamental de Canelones quien fiscalice, atienda y defina este tipo de funciones.

Reitero que podríamos dar muchísimos ejemplos. Inclusive, en la propia sesión registrada en el Acta Nº 39 -a la que hacía referencia nuestro compañero, el señor Diputado Bayardi- hay señores Ediles del Partido Colorado que establecen que hay un error a la hora de tomar la votación. Voy a leer algunas expresiones textualmente. Un señor Edil del Partido Colorado, que acompaña con su firma lo presentado por los señores Ediles, dice: "Quienes asistimos al Órgano legislativo, venimos a tratar de aplicar las normas constitucionales y a ceñirnos a ellas. Si leo la Constitución de la República, en su Artículo 225, dice: 'Previamente a la sanción del presupuesto, la Junta recabará informes del Tribunal de Cuentas, que se pronunciará dentro de los veinte días, pudiendo únicamente formular observaciones sobre error en el cálculo de los recursos, omisión de obligaciones presupuestales o violación de disposiciones constitucionales o leyes aplicables'. Aparentemente el Tribunal de Cuentas entendió que había violación de disposiciones constitucionales y por eso hizo observaciones.- Pero el referido artículo continúa diciendo: 'Si la Junta aceptase las observaciones del Tribunal de Cuentas, o no mediaran estas, sancionará definitivamente el presupuesto.- En ningún caso la Junta podrá introducir otras modificaciones con posterioridad al informe del Tribunal'.- Creo entonces que este informe está mal redactado porque el Artículo 1º tendría que decir: 'Acéptanse las observaciones del Tribunal de Cuentas al emitir su dictamen constitucional'. Y el artículo 2º debería expresar: 'Apruébase en forma definitiva el Presupuesto Quinquenal de Sueldos, Gastos e Inversiones'. Allí tendría que terminar, pero me encuentro con que se hacen modificaciones, las que, según el artículo 86 de la Constitución de la República, son privativas del Intendente Municipal".

Podríamos avanzar en esto, pero es claro que en la Junta Departamental se votó al revés: primero el Decreto Nº 20 y luego las modificaciones según lo enmendado o propuesto por el Tribunal de Cuentas.

También cito a un señor Edil del Partido Nacional que dice: "Siendo coherentes con el tema del Presupuesto Quinquenal, nosotros consideramos que se deben aceptar las observaciones del Tribunal de Cuentas.- El Tribunal de Cuentas, como órgano de contralor, emite su dictamen. La Constitución de la República establece que una vez emitido ese dictamen, la Junta Departamental no podrá introducir otras modificaciones. Eso tiene una lectura muy clara. Creo que no da lugar a discusión jurídica, ni política. Yo creo que la parte política debe estar a la par de lo que es la parte jurídica de la interpretación de las normas". Luego habla de aceptar las observaciones del Tribunal de Cuentas y dice: "Se debe tener cuidado cuando se nos dice que un órgano está violando la Constitución de la República".

Esto lo establecen claramente estos dos informes, que citamos porque son de representantes de otras fuerzas políticas y no de la nuestra, quienes sostuvieron esto con profundidad y con mucha claridad en el seno de la Junta Departamental de Canelones.

Además de los argumentos expresados por el informe en mayoría, que establecen claramente que asiste derecho y razón a los Ediles recurrentes en cuanto se ha violado claramente la Constitución de la República, el señor Diputado Bayardi ha puesto en conocimiento de la Cámara un elemento que -coincido- es aún más grave. Tiene que ver con la famosa Acta Nº 39. A nuestro entender, es absolutamente incontrastable que la Junta Departamental analizó, votó, sancionó, trabajó durante toda esa sesión en el Decreto Nº 20. Esta sesión fue presidida por el señor Edil Messere, y así consta en actas. Es imposible, o alguien tendría que demostrar cómo puede ser que una persona que estuvo ausente en la sesión firme un decreto con otro número. ¿Cómo puede ser que quien estaba presidiendo analice y promulgue un decreto y, posteriormente, otro decreto obtenga el visto bueno del Intendente cuando figura una persona que ni siquiera estuvo presente en la sesión en que se consideró? Evidentemente, aquí hay un hecho muy grave, porque reitero que las actas son públicas y la Nº 39 en ningún caso hace referencia al Decreto Nº 21.

Pero debemos agregar algo más sobre el informe sobre el recurso de apelación que presenta la Intendencia Municipal de Canelones en relación con los artículos 15, 16, 17 y 30 del Decreto Nº 17/001 de la Junta Departamental de Canelones, en la redacción dada por los artículos 3º y 4º  del Decreto Nº 20/001. Uno se pregunta cómo es posible que se dé fe pública de un texto que dice que es copia fiel de la Ordenanza Nº 21, adoptada por la Junta Departamental el día 10 de mayo de 2001, según consta en el Acta Nº 39, cuando la tenemos en nuestro poder y allí no obra absolutamente nada de lo que aquí se está diciendo. Me pregunto cómo el Presidente de la Junta Departamental del período pasado, el señor Julio María Musetti, y la doctora Daniella Olivar, pueden firmar un decreto con fe pública -según se dice-, que consta en el Acta Nº 39, cuando eso no figura en ninguna página -reitero que tenemos ese documento en nuestro poder- y por lo menos uno de quienes firman ni siquiera estaba en Sala cuando sesionó la Junta Departamental, de acuerdo con las firmas reales de quienes asistieron, que aparecen allí.

Como si esto fuera poco, en el mismo informe que se entregó a la Comisión específica del Parlamento, haciendo referencia al Decreto Nº 20, se dice que es copia fiel de la Ordenanza Nº 20 adoptada por la Junta Departamental el día 11 de mayo de 2001. La Junta Departamental nunca sesionó ese día; jamás, según consta en el Acta Nº 39. Entonces, en esa acta deberían constar las dos. Aparentemente, hay cosas que se hicieron mal.

Y después sigue el texto en letra manuscrita; en fin. Ese documento también es público.

Es evidente que las acciones políticas o judiciales deberán ser analizadas, no sé si en el Cuerpo o en el seno de nuestra fuerza política, pero la gravedad de los hechos presentados es extrema. Además, se debe respetar la resolución del Parlamento, según hemos dicho públicamente, ya no con relación a este tema, sino al contenido específico del recurso presentado por los Ediles.

Yo digo: con documentos a la vista, ¿cómo puede decir algún vocero de la Intendencia Municipal de Canelones, en nombre de sus autoridades -como se expresó en el semanario "Búsqueda"-, que pasara lo que pasara en el Parlamento se seguiría caminando como si nada se hubiese tratado en este Cuerpo?

Como dijimos antes de las palabras pronunciadas en Sala por el señor Diputado Bayardi -nos consta que analizó con detalle el material; todos los componentes de este Cuerpo sabemos que él trabaja con extrema seriedad y responsabilidad-, ¿cómo puede ser que posteriormente a este hecho se pretenda mantener la posición de que acá no pasa nada? Si bien el Gobierno Municipal de Canelones ya estaba obligado, aún más -si es que hay un máximo posible en esto- debe cumplir con el mandato constitucional y poner en marcha todo lo que la Carta y la ley establecen. Tanto los recursos de los Ediles como los de los vecinos son absolutamente válidos y de estricta justicia en cuanto a los fueros de la Junta Departamental de Canelones y a lo que significan las distintas sensibilidades político-partidarias representadas en su seno, y ponen las cosas en su orden.

No quisiéramos que el Parlamento, a través del Senado, tuviera que avanzar en los extremos que prevé la Constitución de la República para quienes, en cargos públicos, no cumplen con esta ni con la ley. Queremos que esto sea una reflexión, un llamado de atención, una posibilidad de tener un futuro diferente, por lo menos, en el departamento de Canelones.

Los integrantes de todos los Partidos sabemos que Canelones es diferente, pero no se escapa al marco de la Constitución y de la ley, y la Carta Magna es la que rige todos los actos jurídicos de nuestro territorio.

Por lo tanto, vamos a acompañar el recurso presentado por los señores Ediles. Es notorio que tienen todas las garantías para que en este Parlamento sus argumentos sean atendidos; además, es de orden, de ley y de responsabilidad política hacer cumplir lo que la Constitución y la ley establecen. Precisamente, eso vamos a hacer con nuestro voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- La Mesa informa que están anotados los señores Representantes Orrico, Hackenbruch Legnani, Scavarelli, Sande y Ponce de León.

Tiene la palabra el señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: además de lo que se ha expresado en Sala por parte de mis compañeros y del señor Diputado Falero, que apoyo plenamente, quiero decir que voy a acompañar estos recursos porque, en mi concepto, aquí hay una grave lesión al derecho de propiedad. Como hasta ahora la discusión ha andado por otros lados, trataré de explicar lo que digo.

El derecho de propiedad ya fue desarrollado por los romanos, quienes decían que era el derecho de usar, gozar y disponer libremente de las cosas. Quiere decir que la propiedad se integra por una trilogía, que es el derecho al uso, al goce y a la disposición de las cosas.

Ese derecho de propiedad fue reconocido por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, y recogido por todo el constitucionalismo que, a partir de esa fecha, invade todos los países y, especialmente, los latinoamericanos. En la Constitución uruguaya de 1830 tenemos una particularidad muy especial y es que se habla del sagrado derecho de propiedad, lo que resulta un despropósito para quien tiene mis concepciones filosóficas. De todos modos, si bien es un despropósito considerar a la propiedad como un derecho sagrado, no lo es, de ningún modo, considerarla un derecho.

En nuestra actual Constitución, ese derecho de propiedad aparece en el artículo 7º, cuando dice: "Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad". También figura en el artículo 32, cuando establece que "Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas [...]".

Cabe agregar que si ninguno de estos artículos existiera, igual el derecho de propiedad estaría protegido por la sabia disposición del artículo 72 de la Constitución, que incorpora el derecho natural al derecho patrio en la medida en que establece: "La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno".

Esto es la propiedad desde el punto de vista constitucional. Pero voy a decir qué es desde el punto de vista civil. Lo dice el artículo 486 del Código Civil: "El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho de gozar y disponer de una cosa arbitrariamente, no siendo contra la Ley o contra derecho ajeno".

Luego, el artículo 487 desarrolla el concepto de propiedad y dice: "El derecho de gozar y disponer de una cosa comprende:" -acá me voy a referir exclusivamente al numeral 1º- "El derecho a todos los frutos que provienen de la cosa y a todo lo que se le una accesoriamente".

Me gustaría recalcar que quien es propietario tiene el derecho a los frutos. ¿Y qué son los frutos? Naturalmente, si uno es propietario de árboles frutales, son las frutas, pero los frutos civiles son otra cosa. El artículo 503 define los frutos al hablar de los derechos del usufructuario, y en su inciso tercero dice: "Son frutos civiles, los alquileres y arrendamientos de las fincas y heredades y los réditos del dinero".

Y me voy a quedar con este concepto: son frutos civiles los alquileres y arrendamientos de las fincas. ¿Eso qué significa? Que si tengo una propiedad con un determinado valor, dentro de ese está el valor de los frutos que pueden derivar de la misma. Entonces, si tengo una propiedad en un lugar donde me van a pagar de alquiler no más de $ 7.000, $ 8.000 o $ 10.000 por mes -o sea, no más de $ 50.000, $ 60.000 o $ 100.000 al año- y resulta que eso es lo que pago de Contribución Inmobiliaria, ¿hay o no una lesión grave al derecho de propiedad? Sí, señor; hay una grave lesión al derecho de propiedad porque, de alguna manera, sin ley que lo autorice, se están expropiando -este es el término, y no confiscando- los frutos de la propiedad. Esta es la razón por la cual considero que acá hay una grave lesión al derecho de propiedad.

Pero creo, también, que hay una grave lesión al derecho de igualdad, porque el catastro -según uno examina todo lo que hay acá- está hecho sobre el valor del terreno y no sobre el de la propiedad. El derecho de igualdad se viola cuando se tratan igual las situaciones desiguales. ¿Y qué es esto que parece un galimatías muy difícil de entender? Si lo único que tasé fue el terreno y resulta que, por ejemplo, vale US$ 40.000, voy a pagar una determinada vicésima sobre el valor de ese terreno. Pero por mi casita que me hice como pude y que tiene un valor total -entre terreno y casa- de US$ 80.000, voy a pagar lo mismo que un señor que se hizo una casa de US$ 800.000. No estoy dando ejemplos tomados del disparatario colectivo, sino que existen en la zona objeto de este recurso, porque hay propiedades que tienen este valor.

En consecuencia, creo que también -y en este sentido- hay una afectación del derecho de igualdad ante las cargas públicas, porque no se reconocen las desigualdades, se pasa el rasero, se iguala lo que no es igual y se viola la Constitución de la República.

Voy a agregar un elemento final. Los dos decretos -más allá de todo lo que se ha dicho acerca de que el Decreto Nº 21 no existe- serían de la misma fecha. Si se quiere agregar desprolijidad a todo lo que está hecho, creo que es llegar al súmmum. Pienso que aun cuando se dijera que el Decreto Nº 21 existe, en ese caso -y no hay que ser demasiado imaginativo- habría una desviación de poder, porque ¿qué sentido tiene hacer dos decretos con la misma fecha si no es para desorientar? Eso significaría que se produce desviación de poder cuando la norma es formalmente correcta pero persigue un fin espurio. Ese es el concepto de la desviación de poder.

Todas estas causas, más allá de lo que se ha analizado acá -de lo cual ya se ha hablado bastante-, son las que me conducen a decir que hay razón cuando se invocan violaciones a la Constitución, que reconozco que hay que estudiar; se ha hecho como una carcaza en la que aparecen elementos más o menos formales, pero, si uno va, rasca y llega al fondo del asunto, encuentra que las violaciones son graves, no son de mera forma -aunque la forma también es importante, porque hay que recordar que está al servicio de los contenidos-, sino que afectan el derecho de los ciudadanos.

Ni qué hablar de qué consecuencia puede tener esto desde el punto de vista inmobiliario, situación que habría que analizar con mucho detenimiento, porque a una zona a la que le cae un mazazo de este tipo, evidentemente también le cae un mazazo desde el punto de vista inmobiliario. Naturalmente, la historia próxima dirá cómo evolucionan estas cosas, pero también es un elemento a tener en cuenta.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Hackenbruch Legnani.

SEÑOR HACKENBRUCH LEGNANI.- Señor Presidente: con respecto a cómo ha venido planteándose la discusión, lo manifestado por los señores Diputados Bayardi y Mahía me refuerza la convicción de que el recurso está mal presentado. No se presentó contra el Decreto Nº 21 del Presupuesto Municipal, sino contra los Decretos Nos. 17 y 20. Entonces, indudablemente el Decreto Nº 21 está firme.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Cardozo Ferreira)

——El Decreto Nº 21, como explicó claramente la señora Diputada Saravia Olmos, se forma de la unión de lo aprobado en los Decretos Nº 17 y Nº 20. Cuando posteriormente se enumeran los decretos queda con el número 21; ahí arranca el error, porque se recurre de acuerdo con las actas de la Junta Departamental y no con lo que está promulgado y publicado en el Diario Oficial. Entonces, realmente lo que dijo el señor Diputado Bayardi nos confirma que el recurso está absolutamente mal presentado.

Con respecto a lo que decía el señor Diputado Mahía, efectivamente quien firma la comunicación a la Intendencia Municipal de Canelones es el Presidente de la Junta Departamental, no quien estuvo presidiendo la sesión ese día. Tal como figura en el acta de presencia, el señor Presidente de la Junta Departamental, Julio Mario Musetti, estuvo presente ese día. Eso no significa que él haya estado presidiendo, pero es quien debe comunicar.

Estas dos intervenciones nos confirman lo que veníamos diciendo: no por maldad, pero se equivocaron, porque presentaron el recurso de acuerdo con las actas de la Junta Departamental y no con lo que estaba promulgado y publicado en el Diario Oficial.

Hay algo que quiero dejar claro al Parlamento, a mis pares: la Intendencia Municipal de Canelones va a dar cumplimiento a la voluntad del Parlamento. Algún señor Diputado planteó su duda al respecto y yo quiero dejar eso muy claro. La Intendencia Municipal de Canelones y el señor Intendente darán cumplimiento -como deben- a lo que decida el Parlamento, pero tengamos claro que el recurso no se presentó contra el Decreto Nº 21, que es el que deja firme el Presupuesto Municipal.

Por otra parte, si efectivamente se hubiera recurrido el Decreto Nº 21, habría significado la caída del Presupuesto y que quedara firme lo anterior. Entonces, la alícuota, en lugar de ser un 2%, pasaría nuevamente a un 4%, y como la Dirección Nacional de Catastro nos comunicó los nuevos valores catastrales, deberíamos aplicarlos a la Contribución Inmobiliaria, sí o sí. El convenio que se hizo con la Dirección Nacional de Catastro -que lo han hecho otras Intendencias- implica que una vez que esta comunica los nuevos aforos, hay que cobrar la Contribución Inmobiliaria de acuerdo con ellos, y si hubiera caído el Presupuesto habrían quedado fijas las alícuotas anteriores.

He explicado esto muchas veces y lo tengo muy claro, aunque tal vez no logre trasmitírselo al Cuerpo. El señor Diputado Bayardi me preguntó dónde había estado yo el fin de semana. No estuve leyendo las actas, pero también estuve estudiando el tema del recurso. A mí cada vez me queda más claro, y cuando oí sus argumentos, más convencido quedé: por haberse dirigido a las actas, le erraron al artículo.

Hay algo que quiero dejar bien claro: sea cual sea la decisión que hoy se tome, el Intendente y la Intendencia Municipal de Canelones, como corresponde, van a actuar de acuerdo con la resolución del órgano soberano, que es el Parlamento.

Pero no tengo ninguna duda de que posteriores análisis jurídicos de la sesión de hoy nos van a dar la razón en cuanto a que el Decreto Nº 21 existe y no se impugnó.

Se podría hacer un montón de consideraciones, pero creo que la señora Diputada Saravia Olmos explicó muy bien el tema, y a mí me resulta muy claro.

El señor Diputado Mahía dejó entrever algún aspecto político. Yo tampoco desearía que esto se manejara en el ámbito político, no porque eludamos la discusión, sino porque entendemos que debemos medir los temas jurídicos jurídicamente y no desde el punto de vista político. Por lo tanto, doy tranquilidad al Partido Nacional en el sentido de que cuando se trate la impugnación correspondiente a Durazno, no la voy a acompañar porque entiendo que si no es justo para Canelones, tampoco lo es para ese departamento o para las otras Intendencias.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: desconozco el Reglamento de la Junta Departamental de Canelones. Verdaderamente, me faltó leerlo; no tengo ningún problema en reconocerlo. Lo único que poseo es el acta de asistencia de la Junta y en ella dice que Julio Musetti preside. No está firmada como si hubiera estado presente y, en realidad, aclaro que nunca aparece presidiendo. En el acta siempre preside el primer Vicepresidente. Ya sea que haya estado o no, lo cierto es que, de acuerdo con lo que surge del acta, no presidió en toda la sesión. Pero eso es irrelevante porque, en realidad, el Decreto Nº 20/001 lo termina firmando quien efectivamente presidió. Mi cuestionamiento se dirigía a la firma de un decreto que no existió.

Con respecto a cosas que se dijeron aquí, debo decir que he tratado de moverme con el mayor rigor intelectual. Lo habré logrado o no, eso es otra cosa; hice el esfuerzo por hacerlo, pero lo que natura no da, el Parlamento no presta. De todos modos, voy a hacer una aclaración: es un decreto de la Junta Departamental de un departamento -se lo estoy diciendo a quienes han compartido conmigo esta Cámara en otras Legislaturas- solo el acto legislativo tomado por el Cuerpo Legislativo Municipal, en este caso por una Junta Departamental. Solo es pasible de ser llamado decreto departamental el acto tomado por una Junta Departamental con carácter legislativo, se trate de decretos o de resoluciones departamentales.

Lo que repartió la Intendencia Municipal de Canelones -documento que todos poseemos- son los Decretos Nos. 17, 20 y 21. El Decreto Nº 17 de la Junta Departamental de Canelones coincide con el acta del día 17 de abril. El Decreto Nº 20/001 de la Junta Departamental de Canelones coincide con la sesión del día 10 de mayo, independientemente de que el escribano se haya equivocado. No hice referencia a este escribano, que se equivocó por un día y dio fe por un día equivocado, lo que resulta irrelevante. La doctora Nelly Valdés de Blengio -que fue citada originalmente por otro miembro informante, no por mí- se refiere al Decreto Nº 21/01, de 10 de mayo, en los términos que voy a citar. Esto no lo digo yo, sino la doctora Valdés de Blengio: "Este decreto, que es votado artículo por artículo, contiene las mismas normas incluidas en el decreto Nº 17/01 [...]". Yo digo que no fue votado nunca artículo por artículo por la Junta Departamental de Canelones y mucho menos en la sesión del 10 de mayo. Nunca fue votado. De las actas de las sesiones -que son las que luego se plasman en el decreto que nos trasmiten-, en realidad no surge eso. La escribana firmante -pediría que no se sintiera que estoy atacando a las profesiones; estoy haciendo una valoración sobre una firma- dice: "Es copia fiel de la Ordenanza Nº 21 adoptada por la Junta Departamental el día 10/5/2001 según consta en el Acta Versión Taquigráfica Nº 39, [...]". En realidad, esta votación no es copia fiel de ese día, porque el Decreto Nº 21 -como ya lo expliqué- fue compuesto fuera del acto legislativo de la Junta Departamental. Creo que no hay ninguna duda al respecto.

SEÑOR HACKENBRUCH LEGNANI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR HACKENBRUCH LEGNANI.- Señor Presidente: vuelve a llover sobre mojado. Cada vez que habla el señor Diputado Bayardi me convence más. Efectivamente, se votó en el Decreto Nº 17 y en el Decreto Nº 20, que cuando se numeró y se promulgó, salió con el Nº 21. De ahí resulta el error en la impugnación.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: el Decreto Nº 17, como consta en el informe de la doctora Valdés de Blengio, fue enviado al Tribunal de Cuentas y al Intendente, quien tomó conocimiento. El Decreto Nº 20 también salió de la Junta Departamental de Canelones con ese número y el señor Intendente lo promulgó con fecha 16 de mayo, con el Nº 1894. Es decir que el Decreto Nº 17 salió y el Decreto Nº 20 también salió, y el Intendente lo promulgó -tal como figura en el informe de la doctora Valdés de Blengio- con el Nº 1894. No se trata de que lo que se hizo el día 10 de mayo fue juntado después y fue enviado como Decreto Nº 21. ¡No! Lo que la Junta hizo el 10 de mayo le fue enviado al señor Intendente Tabaré Hackenbruch como Decreto Nº 20 y él lo promulgó. Este decreto fue promulgado por el Intendente el 16 de mayo de 2001, por el artículo 2º de la Resolución Nº 1894. Es decir que de una misma acta no pueden haber salido dos composiciones de decreto, porque solo se reconoce como decreto -salvo que, como dice el señor Diputado Fonticiella, se trate de un decreto de probeta- el acto legislativo de un Cuerpo colegiado que tiene que pronunciarse, y eso debe estar reflejado en alguna acta. Otra interpretación viola lo que la cátedra, la academia, el Poder Legislativo y todos entendemos como decreto de las Juntas Departamentales.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MAHÍA.- Señor Presidente: la intervención y la última aclaración del compañero Diputado Bayardi nos exime de desarrollar una serie de argumentos. Simplemente, quisiera hacer dos puntualizaciones.

En primer lugar, como dijo el señor Diputado Bayardi, de hecho se promulgó un decreto que nunca fue votado en la Junta Departamental de Canelones, y eso está en negro sobre blanco.

En segundo término, me tranquilizan las palabras de mi colega, el señor Diputado Hackenbruch Legnani, en cuanto a que el Intendente va a cumplir con lo que aquí se resuelva, sobre todo si tenemos en cuenta las meridianamente claras palabras pronunciadas por el señor Diputado Bayardi en cuanto a la no existencia de ese supuesto Decreto Nº 21.

Por lo tanto, a pesar de esos trascendidos de prensa -que uno toma como tales-, nos queda bien claro que se va a cumplir efectivamente la decisión del Cuerpo en cuanto a que el recurso fue correctamente presentado y, además, el otro decreto no existió.

Por último, el señor Diputado Hackenbruch Legnani sabe que, en cuanto a discutir asuntos políticos, a ninguno de los dos nos duelen prendas a la hora de defender con convicción aquello en lo que creemos, pero de la misma manera en que lo han hecho todos los señores Diputados en esta sesión, nos ceñiremos a los aspectos jurídicos que hacen a la consideración del tema en cuestión.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Diputado Scavarelli.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señor Presidente: primero que nada, es importante destacar el contenido del artículo 303 de la Constitución. Lo acaba de decir el señor Diputado Mahía y yo adhiero a sus palabras en el sentido de que a la Cámara solo le corresponde intervenir en relación con la posible violación de la Constitución y de las normas legales. El artículo es muy claro. Por lo tanto, me parece que cualquier comentario respecto a la utilización eventual de argumentos políticos no haría otra cosa que salirse del marco al que la Constitución de la República refiere cuando da competencia a esta Cámara para manejar los recursos que se presentan contra la Intendencia Municipal o los actos de gobierno del área municipal. Es una primera cosa que me parece importante dejar esclarecida a esta altura del debate: el punto de vista de que, legal y constitucionalmente, solo podemos referirnos a la característica de cumplimiento o no de la Constitución de la República y de las leyes.

En segundo término, dejando de lado todo el contenido de la oportunidad y de la conveniencia de las normas que están en cuestión, no tenemos más remedio que manejarnos desde el punto de vista de la existencia de estas normas en el ámbito del derecho. En cuanto al Decreto Nº 21 y su existencia o inexistencia, desde el punto de vista del administrado no hay ninguna duda de que se trata de una norma jurídica publicada, puesta en conocimiento de la ciudadanía y, por lo tanto, que el ciudadano tiene la opción de recurrir o no. El recurso no dice: "Recurrimos el Decreto Nº 20 porque el 21 lo consideramos inexistente ya que no aparece en la página tal de las actas". El Decreto Nº 21 existe en la vida del derecho. De la misma manera, poco tiempo atrás aprobamos en este Parlamento una ley que fue al Poder Ejecutivo, se promulgó y, en realidad, teníamos dos versiones distintas, anulando lo que debería ser el proceso de formación de la ley, y debimos dictar una nueva norma jurídica para rectificarla.

Por lo tanto, me parece que lo que está en juego aquí es estrictamente lo que el administrado, el vecino del departamento de Canelones hizo y debía hacer en el marco estricto del derecho, y lo que puede hacer esta Cámara en el marco del estricto derecho. En ese sentido, el tema vuelve a centrarse en el Decreto Nº 21 por cuanto ha sido promulgado, tiene vida jurídica y, mientras alguien no lo derogue, no lo declare nulo o no ponga en funcionamiento lo que pudiere corresponder para hacer caer su contenido sustantivo, es una norma jurídica que está en el ámbito de la aplicación de todo el sistema legal del país, incluida esta propia Cámara.

El segundo aspecto que tiene que ver con esto es el contenido propiamente dicho del recurso, porque me parece que, en definitiva, también debemos opinar sobre el fondo.

Se dice por allí si corresponde o no que el Gobierno Municipal tenga la facultad en cuanto a esta variable de la fijación de los valores que, en definitiva, terminan determinando cuál es el monto de la tasa, del impuesto o del tributo a aplicar, según el caso. Creo que el derecho uruguayo está más que lleno de normas en las que se habilita al Poder Ejecutivo -en el sentido amplio, es decir, al Poder administrador y ejecutor de las normas- ciertos márgenes de discrecionalidad acotada. Inclusive, pueden venir por el lado que se mencionaba cuando el doctor Vázquez, siendo candidato electo a la Intendencia Municipal de Montevideo, consulta al Tribunal de Cuentas, en un gesto que me parece importante, y recibe una clara respuesta que, por si algo faltaba, creo que establece con claridad la facultad del administrador, dentro de determinadas variables muy ajustadas a derecho y prefijadas por la norma, que lo habilita como recurso para poder administrar, entre otras cosas, porque a veces el proceso legislativo llega demasiado tarde respecto de las necesidades de la gente.

Me refiero a que no es lo mismo una tasa fija de cualquier tributo o cualquier alícuota, que aquellas otras que pueden ser variadas de acuerdo con las circunstancias por las que pasan la Administración o el propio contribuyente, de acuerdo con las características del tiempo en que se tienen que aplicar, cuando existen una tasa mínima y una tasa máxima o un monto mínimo y máximo de la alícuota a fijar.

En lo que tiene que ver con los puntos vinculados con la capacidad de establecer una retribución especial, nosotros aprobamos el Presupuesto Nacional hace muy poco tiempo en la Cámara y establecimos a texto expreso, con aprobación unánime de esta Cámara, una compensación especial -lo recuerdo, porque es una norma que habíamos propiciado desde la Presidencia de la República en aquel entonces- en reconocimiento de que hay actividades que requieren un tratamiento compensatorio especial por ciertas tareas, y que no es permanente para el funcionario, sino que lo acompaña mientras las está cumpliendo. Si se ve desde el sujeto funcional que lo percibe, cuando deje de cumplir esa tarea, el funcionario automáticamente deja de percibir la compensación, y si otro pasa a desempeñarla, también automáticamente pasa a percibir esta compensación especial que, naturalmente, se paga con una partida extraordinaria.

Por otro lado, está todo ese tema vinculado a la participación y el cumplimiento por parte del Intendente de lo que disponga esta Cámara. Personalmente, tenemos una larga amistad con el Intendente de Canelones, pero aquí vamos a prescindir de los factores que tienen que ver con el conocimiento, con amistades o afectos personales. Si algo sabemos es su condición de hombre honesto, sometido al Estado de derecho, y sabemos que lo último que haría sería contravenir abiertamente una norma, un principio, una resolución o un dictamen de esta Cámara. Lo ha dicho el señor Diputado Hackenbruch Legnani, y aunque no lo hubiera dicho, yo tengo la absoluta certeza de que no podría ser de otra manera.

Hay algo que ha quedado claro en esta dificilísima Administración Municipal de Canelones, tan sometida a avatares muy complicados, en un departamento que se ha poblado a una enorme velocidad sin un crecimiento de la infraestructura que lo acompañara, porque se ha visto sorprendido por la explosión demográfica, a diferencia de otros, como Montevideo, que desde hace muchísimos años tiene una estructura física consolidada donde instalar la vida de todos los días de los ciudadanos. En estas circunstancias, si algo ha quedado claro es la sensibilidad municipal para adecuar las situaciones particulares a las normas, teniendo en cuenta los matices que permiten esas normas en la aplicación de regímenes que compensan y toman en consideración la situación particular del contribuyente.

En ese sentido, señor Presidente, sentimos que el Decreto Nº 21 es una norma absolutamente vigente, válida e identificada, y que desde el punto de vista formal esta Cámara solo puede medir los factores constitucionales y legales. También tenemos absolutamente claro que, por la razón que fuere, lo importante es que ha habido un error en lo que tiene que ver con el decreto que debía haberse impugnado, y creo que eso está más allá de toda duda razonable.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SCAVARELLI.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR FERNÁNDEZ CHAVES.- Señor Presidente: creo que el Decreto Nº 21 está vigente, de acuerdo con los argumentos que ha expuesto el señor Diputado Scavarelli. Pero, más allá de eso, veo que la Cámara no está tratando el fondo del asunto, es decir, si ha habido violación de las leyes o de la Constitución en cualquiera de esos decretos; si no les gusta el Nº 21, que sea el Nº 20, el Nº 17 o el que quieran. Entonces, uno se pregunta: ¿cuál es la violación a la Constitución y cuál es la violación a las leyes que ha habido?

De acuerdo con el escrito presentado por los recurrentes, en primer lugar habría una delegación de la potestad tributaria. Pero ¿en esta Cámara vamos a tratar el tema de la delegación de las potestades tributarias cuando permanentemente se están votando leyes que facultan al Poder Ejecutivo a fijar impuestos, tasas o cualquier tipo de tributos? ¿Esta Cámara es la que ahora dice que esa delegación es inconstitucional?

En segundo término, los recurrentes hablan de una violación del derecho de propiedad. El señor Diputado Orrico, con su natural versación en materia jurídica, ha hecho un estudio de lo que ha sido la propiedad desde el derecho romano, y nos ha leído hasta qué son los frutos del derecho de propiedad; lo que no nos ha explicado es por qué aquí se viola el derecho de propiedad, como tampoco lo han hecho los recurrentes.

¿Qué violación existe al derecho de propiedad si lo que aquí se ha hecho es aplicar un aumento a la tributación que fue fijado, sustancialmente, en base a la tasación realizada hace mucho tiempo por la Dirección Nacional de Catastro, que no fue impugnada en su momento? Este es otro elemento que no se ha tenido en cuenta: la causa fundamental del aumento de la Contribución Inmobiliaria fue la nueva tasación de la Dirección Nacional de Catastro, que en su momento no fue impugnada. No cabe ninguna duda de que esa tasación sigue firme porque no se impugnó en su debido momento.

En tercer lugar, los recurrentes afirman que se vulnera el principio de igualdad establecido en la Constitución, ¡y llegan al extremo de decir que el texto constitucional no puede admitir ni admitirá un tratamiento distinto entre los contribuyentes por razones extrañas a sus talentos y virtudes! Quiere decir que, de acuerdo con los recurrentes, cuanto más virtuosa y talentosa sea una persona, más impuestos tiene que pagar, no importa si tiene un rancho o si otra que no tenga sus mismos talentos y virtudes posee un palacio. Lo dicen textualmente; afirman que la ubicación geográfica de las propiedades no es causa suficiente para que a algunos contribuyentes les alcance una norma impositiva. ¿Pero cómo? ¿Es lo mismo tener una casa en Punta del Este que en Aiguá, por mencionar ciudades de mi departamento? ¡Caramba! ¿Cómo no va a incidir el lugar geográfico? ¿Qué tiene que ver la expresión constitucional de los talentos, las virtudes y el principio de igualdad con las cargas tributarias?

Quiere decir que aquí no hay ninguna violación de la Constitución ni de las leyes; no la hay por el Decreto Nº 21, ni por el Decreto Nº 20, ni por el Decreto Nº 17, ni por el que quieran citar. ¡Eso es lo que interesa: que no hay violaciones! ¡No hay violación de la Constitución! ¡No hay violación de las leyes! Consecuentemente, cualquiera sea la votación que se produzca hoy aquí, se estará votando políticamente, y no jurídicamente, que es como debe actuar esta Cámara, de acuerdo con el artículo 303 de la Constitución.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Puede continuar el señor Diputado Scavarelli.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señor Presidente: el señor Diputado Fernández Chaves ha profundizado lo que acabábamos de expresar.

En primer lugar, el Decreto Nº 21 es una norma vigente mientras no se derogue expresamente.

En segundo término, en cuanto al fondo del tema -que es lo que nos parece sustantivo-, tenemos claro que ni siquiera la compensación especial con una partida extraordinaria violenta en nada, porque esta Cámara la ha votado todo el tiempo.

Además, como recién mencionó el señor Diputado Fernández Chaves y fue reiterado en el correr de la jornada por parte de varios señores Representantes, el monto de la tasación fue fijado por la Dirección Nacional de Catastro. Al respecto, quiero agregar algo más: para evaluar bienes, la Dirección Nacional de Catastro considera como factor determinante la ubicación geográfica del inmueble. Por lo tanto, a nadie se le puede ocurrir que se incurre en una inconstitucionalidad porque la Dirección Nacional de Catastro fije valores diferenciales según el área geográfica de que se trate, con el criterio de que en base a ellos se apliquen determinados tributos. Basta con abrir el diario para ver claramente que en los avisos del departamento de Canelones no todos los predios valen igual, dependiendo su precio del lugar donde se encuentren.

En tercer lugar, está el tema de la facultad que tiene la Administración -ya lo hemos dicho- a fijar alícuotas variables cuando la norma de reenvío autoriza a hacerlo.

Por último, nos queda muy claro que el Intendente de Canelones acatará lo que disponga esta Cámara, pero no tengamos dudas de que el Cuerpo está considerando un recurso que se refiere a un decreto que no es el vigente en esta materia.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado Sande.

SEÑOR SANDE.- Señor Presidente...

SEÑOR FALERO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SANDE.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: voy a hacer una puntualización que a esta altura del partido me parece sustancial.

Ha sido manifestado en Sala -podremos corroborarlo en la versión taquigráfica- que la Junta Departamental de Canelones votó el decreto que lleva el número 17 y votó el decreto que lleva el número 20, pero se le puso el número 21. Eso fue dicho en Sala.

Otro señor Diputado expresó que el Decreto Nº 21 existe en la medida en que fue publicado en el Diario Oficial. En realidad, en el Diario Oficial no fue publicado el Decreto Nº 21, sino la Resolución Nº 1895, de 2001, que hace referencia al Decreto Nº  21. Por lo tanto, no existe el Decreto Nº 21, porque no fue votado por la Junta Departamental de Canelones; lo que sí existe es la Resolución Nº 1895, de 2001, en cuyos vistos -esto me llama poderosamente la atención y me preocupa- se hace referencia al Decreto Nº  20 de la Junta Departamental.

Si, como se manifestó en Sala, se equivocó el procedimiento administrativo al adjudicar el Nº 21 al decreto que sí fue votado, al que le hubiera correspondido el Nº 20, entonces la Resolución Nº  1895, que es la publicada en el Diario Oficial, asegura que existió el Decreto Nº 20 y sin embargo le adjudicó el número 21. Esto es grave, porque si se manifiesta que no existió el Decreto Nº  20 con fuerza legal, ¿cómo es que la Resolución Nº  1895, de 2001, hace referencia a él?

Esto me reafirma en la idea de que no solo hubo un error, sino que existe un problema formal más grave, porque la resolución que fue publicada no tiene nada que ver con la realidad.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Puede continuar el señor Diputado Sande.

SEÑOR SANDE.- Señor Presidente...

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SANDE.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- Señor Presidente: no quise pedir una interrupción al señor Diputado Scavarelli porque sabía que estaba muy escaso de tiempo, pero dijo algo que me resultó realmente muy peligroso. Él afirmó que, en la medida en que la resolución del Intendente había sido publicada, constituía una norma jurídica obligatoria, pasando como sobre brasas por el tema de si había sido o no votada por el Cuerpo legislativo comunal. Esto implicaría que el Presidente de la República podría promulgar y publicar una norma cualquiera que no hubiera sido tratada en las Cámaras y que esta sería obligatoria hasta que no se declarara su nulidad, si perteneciera a la reserva legal.

Estoy absolutamente convencido de que esa no puede ser la opinión del señor Diputado Scavarelli, a quien, de alguna manera, le ha traicionado su fervor por defender a un correligionario.

SEÑOR SCAVARELLI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- No puedo concedérsela, señor Diputado.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Puede continuar el señor Diputado Sande, a quien le restan once minutos de su tiempo.

SEÑOR SANDE.- Señor Presidente...

SEÑOR SCAVARELLI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SANDE.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señor Presidente: en relación con lo que acaba de decir el señor Diputado Díaz Maynard, lo que nosotros expresamos es que desde la perspectiva del administrado, del contribuyente, en este caso del recurrente, del ciudadano, no se toma conocimiento del proceso de formación de la ley -no se tiene idea de cómo fueron las cosas-, sino que simplemente se dice: "Esto me afecta" o "No me afecta", "Es contrario a derecho" o "No es contrario a derecho", de acuerdo con la norma que se tiene a la vista -cualquiera sea-, que ha sido puesta en conocimiento, hecha pública. Aquí se asoció "promulgación" con "publicación". Lo que yo digo con claridad -o, por lo menos, pretendo hacerlo con claridad- es que desde el punto de vista de los administrados -en este caso, de los recurrentes- la norma existente era el Decreto Nº 21. El hecho de que este recoja o no un proceso correcto de formación de la norma jurídica del caso es algo totalmente indiferente, no desde el punto de vista del derecho sustantivo, sino desde el punto de vista del recurso.

Creo que el señor Diputado Díaz Maynard podrá entender lo que digo, así como el resto de la Cámara. Desde ya que el proceso material de formación de la ley es uno de los elementos que considero sagrados en la validez del sistema democrático, pero lo que digo es otra cosa: yo, como administrado, me entero de lo que la Administración dispone por lo que la Administración publica y tengo que recurrir lo que dispone y me afecta de acuerdo con la norma que es de conocimiento público; su interior es harina de otro costal.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Puede continuar el señor Diputado Sande, a quien restan nueve minutos del tiempo de que dispone.

SEÑOR LACALLE POU.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SANDE.- Señor Presidente: concedo una interrupción de un minuto al señor Diputado Lacalle Pou.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Puede interrumpir el miembro informante en mayoría, señor Diputado Lacalle Pou.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: hace rato que estoy tentado de aclarar qué recurso estamos considerando en este momento. Se trata del recurso interpuesto por los señores Ediles. Entonces, el razonamiento jurídico que hacía el señor Diputado Scavarelli cae, porque los Ediles pueden recurrir lo que han votado; no pueden recurrir lo que no votaron o no conocen. Entonces, si bien el razonamiento del señor Diputado Scavarelli quizás se pueda aplicar para el otro recurso que luego trataremos, no se puede aplicar para este, que es el que los Ediles votan, algunos a favor y otros en contra. Eso es lo que ellos recurren.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Puede continuar el señor Diputado Sande.

SEÑOR SANDE.- Señor Presidente: me da la impresión de que como nunca hubo un recurso contra el Decreto Nº 21 publicado en el Diario Oficial, no es de recibo lo que decía el señor Diputado Lacalle Pou.

Debo decir a la Cámara que nuestro grupo político hizo un acuerdo en Canelones para votar este Presupuesto. Dicho acuerdo consistió en rebajar la alícuota del 4% al 2% para los nuevos aforos; es decir que se rebajaban las Contribuciones Inmobiliarias aforadas en un 100% y, a su vez, se iniciaban los pagos, abonando un 60% del aumento estipulado en vez de pagar el 100%. Además, dentro de lo que está recurrido acordamos que el tope máximo de retribución a un funcionario de la Intendencia Municipal de Canelones podía ser de un 100%, caso que nos parecía lógico dado que algunos estaban estudiando y se recibían, por ejemplo, de analistas de sistemas; la Intendencia los necesitaba y debían tener algún tipo de compensación. También creímos lógico poner alguna cláusula gatillo que tuviese un tope.

Nos estamos dando cuenta hoy -porque las mayorías ya se ven- que esto que logramos en el Presupuesto es muy probable que caiga. En consecuencia, regirá lo anterior; en principio, quedará el aforo porque lo hizo la Dirección Nacional de Catastro y no tenemos nada que ver con eso porque no está recurrido. Por lo tanto, el aforo quedará. La alícuota que ahora es de un 2% va a pasar a ser de un 4% porque era lo que estaba vigente. Quiere decir que las Contribuciones Inmobiliarias, en vez de bajar, van a subir un 100%.

Por otra parte, dejamos libres las manos al señor Intendente -que no creo que exagere en el tema-, pero ya no tiene esa cláusula gatillo que dice que puede otorgar una compensación de hasta un 100% del sueldo.

Los contribuyentes se pueden equivocar -todos podemos equivocarnos-, pero quienes no pueden hacerlo son los Ediles, porque ellos trabajaron sobre este asunto en la Comisión de Presupuesto de la Junta y recurren tres Ediles que no votaron el proyecto de Presupuesto. Honestamente no puedo calificar el tema del número, pero sí puedo asegurar que el texto publicado en el Diario Oficial es el que votaron los Ediles de la Junta Departamental de Canelones, porque acabo de comprobarlo hablando con los Ediles que integran la Comisión de Presupuesto. Reitero: no tengo certeza con respecto al número, por lo que, honestamente, no voy a abrir opinión.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- La Mesa aclara que aún están anotados para hacer uso de la palabra los señores Diputados Ponce de León, Bellomo y Rosete.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor miembro informante en mayoría.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: insisto en que estamos hablando de dos recursos. En cuanto a los argumentos que esgrimía el señor Diputado Sande, creo tener fundamentos para rebatirlos. Se han sucedido opiniones sobre los dos recursos. Entonces, me tomo el atrevimiento de sugerir a la Mesa que se agote el tema de los artículos 11 y 30 y que luego se ingrese al recurso de los ciudadanos sobre la Contribución Inmobiliaria, acerca del cual nos expediremos. De no proceder así, estaríamos argumentando sobre dos recursos al mismo tiempo, aunque uno de ellos no está siendo tratado.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado Ponce de León.

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Señor Presidente: hace pocas semanas -como bien recordaba el Diputado Scavarelli- hicimos en Sala una modificación de una norma legal que había sido aprobada en ambas Cámaras con pequeñas diferencias de texto, cuya publicación estaba en concordancia con una, pero no con la otra.

Eso se hizo, esencialmente -así se dijo en Sala-, porque cabía interponer recursos de inconstitucionalidad, y las responsabilidades en que podía incurrir el Estado iban a estar claramente determinadas porque había un vicio de forma en la generación de la ley. Entonces, al escuchar todos estos planteamientos me preguntaba cuál sería la resolución que podrían adoptar las autoridades jurisdiccionales frente a un recurso de cualquier ciudadano del departamento, porque es claro el artículo 299 de la Constitución, que establece que los decretos de los Gobiernos Departamentales creando o modificando impuestos no serán obligatorios sino después de diez días de publicados en el Diario Oficial, etcétera. Y aquí se me podrá decir: "Bueno, pero está publicado", pero imaginemos un organismo jurisdiccional discutiendo con los antecedentes que hoy tenemos. ¿Lo que se publicó realmente se corresponde con lo que fue votado? Porque un decreto tiene que ser votado.

Voy a hacer una pequeña reflexión de las muchas que se podrán volcar, porque esto es nuevo; seguramente se podrá hacer un análisis mucho más detallado a partir de los datos que este fin de semana se han determinado, como narraba el señor Diputado Bayardi.

Fíjese la Cámara qué curioso: el artículo 1º del llamado Decreto Nº 20 -diría del Decreto Nº 20, porque en esto coincide el acta con la resolución- establece que se aprueba en forma definitiva, etcétera, etcétera, y acá se ha expresado que el primer artículo del Decreto Nº 21 es coincidente. Al leerlo notamos que dice: "Apruébase en forma definitiva [...]", etcétera, etcétera, y casi hasta el final la redacción es igual. Pero el Decreto Nº 20 dice: "Aprobado: dieciséis en treinta y uno" y con respecto al llamado Decreto Nº  21 -en nuestra opinión inexistente como decreto- se establece: "Aprobado: dieciséis en veintiocho". Entonces, ¿se están refiriendo a dos votaciones distintas? ¡Vamos a entendernos! Tres, uno; dos, ocho. No es un error de dactilografía, son dos cifras diferentes.

Uno se pregunta: ¿se estará transcribiendo el artículo 1º del Decreto Nº  17? En el artículo 1º del Decreto Nº 17 nos encontramos con la inversa: se aprobó dieciséis en veintiocho, y uno cree que lo encontró. Sin embargo, el texto dice "apruébase en general". Obsérvese la diferencia lógica, de acuerdo con lo que con todo cuidado explicó hace un rato la señora Diputada y escribana Saravia Olmos, y que todos conocemos.

No es "apruébase en forma definitiva", sino "apruébase en general". Por lo tanto, es claro que en este caso es diferente el texto, o sea, aquella votación no vale para un texto distinto.

Ante esto uno dice que no se trata del Decreto Nº 17, porque el texto es diferente. Entonces, ¿cómo fue la aprobación definitiva: dieciséis en treinta y uno o dieciséis en veintiocho?

Uno va al acta y ve que solo hay una interpretación posible. La única interpretación posible es que lo que el Cuerpo legislativo votó fue el Decreto Nº 20. Para ese artículo no existe una votación dieciséis en veintiocho. ¡No existe!

Al igual que lo hicimos hace pocas semanas con aquella ley, nos preguntamos cuál será la resolución de los tribunales jurisdiccionales ante cualquier apelación, si lo que está publicado no es el decreto que se votó en la sesión, cuya acta con la firma de todos los señores Ediles y del Presidente en ejercicio es lo que está debidamente documentado.

Aquí hay un serio problema, y es un error no verlo y decir que estas son películas. Esta es una realidad y es un error no darse cuenta de que aquí puede estar la base de una enorme cantidad de dictámenes jurisdiccionales que solo tienen una vía de resolución y es sobre la base de que lo que se votó -tal como consta en el acta y en la certificación correspondiente-, que es el Decreto Nº 20.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Penadés)

SEÑOR MELGAREJO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR MELGAREJO.- Señor Presidente: este Cuerpo dicta leyes, y para que cobren validez, para que puedan pasar a la Cámara Alta o para culminar su proceso se necesitan mayorías y que el señor Presidente exprese "la votación es tanto en tanto, y es afirmativa o negativa". A partir de allí, se decidirá si debe ir al Senado o al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Esto se ha dicho hasta el cansancio, pero es bueno volver a recordarlo porque, de alguna manera, esto debe sentar un precedente valioso para cualquier Legislatura; y una Junta Departamental es un cuerpo legislativo del departamento. Ese cuerpo legislativo del departamento dicta decretos; si se puede hacer alguna comparación, se podría decir que significa una ley departamental.

Para ser dictado el decreto, primero tiene que llevar, en general, la iniciativa del señor Intendente, pasar a una Comisión, de ahí al plenario y allí los señores Ediles tendrán que hacer lo mismo que hacemos nosotros, es decir, referirse al tema para que los señores taquígrafos tomen la versión taquigráfica.

Cuando se vota, señor Presidente -usted muy bien lo sabe-, el Presidente de la Junta Departamental deberá proclamar la votación: afirmativa o negativa. Eso también consta en la versión taquigráfica de la sesión, que es tomada por las señoras y los señores taquígrafos.

Aquí hay algo muy claro. Existen dos Decretos, el Nº 17 y el Nº 20, porque tienen un documento que los avala: el acta de la Junta Departamental de Canelones. No existe el tal Decreto Nº 21 porque no hay ninguna acta que recoja las intervenciones de los señores Ediles y una proclamación que aparezca por allí señalando cómo fue la votación. No hay acta que así lo avale.

Esto es lo grave del tema y, aparentemente, no se quiere admitir que es lo que no tiene, a esta altura, ningún tipo de explicación; evidentemente, la Cámara no la podrá dar.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el señor Diputado Ponce de León.

SEÑOR SCAVARELLI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señor Presidente: aquí hay un tema de opinión.

Si preguntan cuál es mi opinión, como persona muy vinculada a Canelones desde hace muchos años debo decir que en algunos puntos los valores de catastro están muy exagerados. ¡Pero son los valores que fijó la Dirección Nacional de Catastro!

En este momento no estoy evaluando los valores de catastro, sino lo que la Constitución de la República me habilita como parte de un Cuerpo que está acotado.

Por otra parte, el recurso no está presentado por personas en su calidad de Ediles o de legisladores departamentales, sino por ciudadanos que firman en carácter de tales. Por lo menos aquí no lo veo, y si está, pido disculpas.

El fondo del tema, que es lo que me preocupa, es el siguiente. Imaginemos, como hipótesis de trabajo, que podría haber un error en las actas a las que nos estamos refiriendo. Para el intérprete -no digo que sea así- aquí se está sentando el precedente de que una norma jurídica publicada puede ser desatendida por parte de quien se ve afectado por ella si interpreta el contenido y el proceso de su formación por fuera de los recursos que la ley le habilita. Podría ocurrir que existiera un acta equivocada sobre este tema -no digo que ese sea el caso, porque nunca vi las actas-, pero ¿qué pasaría si la certificación y todo lo demás fuera correcto y estuviera mal transcripta el acta? Podría darse aquí o en cualquier otra hipótesis. Por eso voy al fondo: el administrado, sea Edil, ciudadano, legislador o lo que fuere, lo primero que tiene en cuenta es la norma publicada. ¡Para eso se publica, para que se conozca y para que pueda recurrirse!

El segundo punto son los contenidos de fondo que tienen que ver con este tema.

Por estos motivos, debíamos hacer estas precisiones.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el señor Diputado Ponce de León, a quien le restan tres minutos de su tiempo.

SEÑOR BAYARDI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PONCE DE LEÓN.- Sí, señor Diputado, le concedo los tres minutos que me restan.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: quiero dejar constancias.

Aceptar que el Decreto Nº 21/001 es una norma jurídica sería como aceptar -diciéndolo de la mejor manera posible- que el señor Presidente -el señor Diputado Penadés-, el señor Secretario Catalurda y la señora Secretaria Reyes comunicaran al Presidente de la República que tienen un proyecto de ley que este Cuerpo no votó.

Todavía no me ha saltado el pequeño enano fascista para que pueda convalidar ese dato. Así que espero que no me salte; todo lo que pasó aquí, corrigiendo el pasado, fue para prevenir las demandas por inconstitucionalidad que podrían haberse planteado por la ley de defensa del consumidor. Constancia, no más; breve constancia.

Nos centramos en los aspectos formales. Desde el jueves, la Secretaria de la Asesoría Jurídica, la Gerenta del Area Jurídica, el miembro informante en minoría y el informe en minoría, se centraron en que, en realidad, estaba mal interpuesto el recurso contra el Decreto Nº 21. Vamos a tener que cambiar el principio de informalismo. En lugar de aplicarlo al administrado, vamos a tener que aplicarlo a la Administración, lo que sería harto ridículo a esta altura. Eso sería un disparate desde el punto de vista jurídico. Por esta razón, llego a la conclusión -me costó, y lo dije en la introducción- de que los Ediles recurrieron lo que tenían que recurrir, antes de que se vencieran los plazos; los vecinos también recurrieron lo que tenían que recurrir porque, de lo contrario, tendrían que haber presupuesto que hubo un error en la comunicación. Puedo ir al fondo del asunto. Estaba hablando de los Ediles, pero ahora voy a hablar también de los vecinos. Aquí caben dos hipótesis: esto fue un error administrativo y, como tal, la Administración -en este caso, la Presidencia y la Secretaría General de la Junta Departamental- se equivocó, o fue un acto deliberado para que se equivocaran en la interposición del recurso contra el decreto y se pudiera argumentar que fue un recurso interpuesto contra un decreto equivocado. Será el Juez el que deberá evaluar si en realidad los eventuales delitos respondieron a un acto administrativo y no hay responsabilidad porque no se actuó con culpa, o si se actuó con dolo, y en ese caso se determinarán las responsabilidades del caso; a mí sólo me corresponde pensarlo.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Ha finalizado el tiempo de que disponía el señor Diputado Ponce de León.

Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Diputado Bellomo.

SEÑOR BELLOMO.- Señor Presidente: estuve escuchando atenta y reiteradamente algunos conceptos que tienden a llevar la discusión al plano jurídico y no al político. Advierto que mi condición de no ser jurista quizá me lleve a incurrir en alguna reflexión de carácter político. Voy a intentar no hacerlo, porque no es mi intención. En todo caso, mi intención es esclarecer algunas de las cosas por las cuales fue convocada la Cámara en el día de hoy, es decir, los dos recursos y, en particular, el que plantean los Ediles de la Junta Departamental de Canelones. Los Ediles dicen: "Por lo expuesto, y en mérito a lo establecido en el artículo 303 de la Constitución de la República, pedimos: 1- Nos tenga por presentados, y por interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación referenciado.- 2- Que previos los trámites correspondientes, se anulen los artículos 11 y 30 del Decreto 17/2001 de la Junta Departamental, con la redacción dada por los artículos 3 y 4 del Decreto 20/2001 de dicho Órgano, por ser violatorios de disposiciones constitucionales señaladas en el presente".

Los Ediles piden esto y no hablan del Decreto Nº 21 porque no lo conocían, debido a que no pasó por el ámbito que debía para su tratamiento. Con la mayor objetividad posible voy a intentar no hacer referencias al pecado original, a ese que dio nacimiento al Decreto Nº 21.

Recién se manifestaba que los Ediles recurrían en carácter de ciudadanos. Yo digo que no es así y voy a intentar demostrarlo. En primer lugar, porque el encabezamiento de este escrito dice: "Los suscritos, ediles departamentales, integrantes de la Junta Departamental de Canelones" y, en segundo término, porque debajo de algunas firmas dice, por ejemplo: "Jorge Trigo Martínez.- Nº 16; José Luis Núñez.-" -a quien recién vi en la barra junto a otros Ediles- "Nº 30; Diego R. Varela.- Edil Nº 31; Francisco Sánchez.- Edil Nº 27".

Si bien estoy enterado de que el desconocimiento de la ley no nos exime de su aplicación, me sumo a las últimas palabras del señor Diputado Bayardi en el sentido de que no puede haber desconocimiento de un decreto por parte de los Ediles en tanto ellos son parte de ese decreto o tienen que haber intervenido en él. En este caso, el desconocimiento no solo no habilita a cumplir un decreto, sino que nos va a hacer preguntar cómo nació y en qué etapa está.

Habíamos sido convocados para expedirnos, como Cuerpo, sobre este recurso y sobre el que presentaron los vecinos. El artículo 303, que no voy a leer pero que la Cámara, los Ediles y los vecinos presentes conocen, habilita las dos posibilidades: la de que un número determinado de vecinos y la de que un número determinado de Ediles recurran artículos o la totalidad de un Presupuesto o de otros decretos emanados de la Junta Departamental.

Entonces, queremos dejar constancia de que hemos venido a aprobar el informe en mayoría. Cuando dice: "La actualización de los mínimos imponibles, tasas o cualquier otro tributo, no es otra cosa que 'fijar' el monto del tributo y ello es facultad de la Junta Departamental", creemos que este informe en mayoría está diciendo algo razonable y que, en este caso, es la verdad.

Más adelante, agrega: "Establecer a priori una autorización por parte de la Junta al Intendente Municipal para actualizar los tributos, implica una delegación de facultad indelegable y por ende inconstitucional". Como Representante, como legislador, digo que no estoy dispuesto a delegar facultades constitucionalmente otorgadas, ni apruebo que otros lo hagan, lo que en este caso sería renunciar a ellas. Por lo tanto, además de inconstitucional me parece que es políticamente incorrecto. En consecuencia, voy a votar por hacer lugar a este recurso, convencido de que no solo tenemos el derecho de hacerlo, sino que nos asiste razón.

Me voy a referir al segundo de los artículos que quince de los treinta y un Ediles que componen la Junta Departamental de Canelones presentaron en tiempo y forma. El texto sustituido refiere al concepto de diferencia de sueldo, en tanto en la redacción definitiva se habla de compensación extraordinaria y funciones de mayor responsabilidad, destinando una partida global que será discriminada según el arbitrio del Intendente.

Más adelante, el informe establece: "En consecuencia el dejar al órgano ejecutivo, Intendente, la reglamentación de la distribución de la partida, resultará inconstitucional en la medida que el órgano ejecutivo estaría legislando, extremo que le está vedado sin la participación de la Junta Departamental". Esto será discutible o no. Yo creo que esto es así y que es lo que vinimos a considerar esta noche.

Asimismo, se agrega que con respecto a este punto debe mencionarse que el artículo 19 de la Ley Orgánica Municipal, en su numeral 2º, establece que la Junta Departamental no puede dar aprobación a ningún proyecto de Presupuesto que signifique déficit. Es importante señalar que habilitar esto de alguna forma implica incrementar el déficit municipal de Canelones.

Si bien este tema no es el que nos convocó -y asumo que estoy esgrimiendo una opinión política-, digo sencillamente que si nosotros tenemos el cuadro político, así como el cuadro económico y presupuestal de Canelones, esta habilitación significa, entre otras cosas, en las condiciones reales del departamento y al menos en la medida que lo considera quien esto dice, que este Presupuesto es en realidad una autorización al Intendente para seguir gastando y que va a ser imposible cumplir con los propósitos enunciados de abatir el déficit fiscal y la morosidad. Intento explicar que si no podemos bajar la morosidad al día de hoy, difícilmente triplicando el monto de los impuestos -en especial, los referidos a las Contribuciones Inmobiliarias- vamos a poder bajarla mañana. Intento no extenderme en la consideración política, pero quiero señalar que esta argumentación estaría dando pie a incrementar el déficit municipal y, en esa medida, contraviene lo establecido en la Ley Orgánica Municipal. Por lo tanto, creo que puede ser calificada como inconstitucional.

Voy a terminar, señor Presidente, porque no era mi intención ser muy extenso, sino formular ese par de puntualizaciones -como bien señalaba el señor Diputado Lacalle Pou- en cuanto a lo que estábamos considerando en este momento.

Para no intervenir después adelanto que con los mismos criterios, entre otros, estamos apoyando también el recurso que los vecinos plantearon. Nos parece importante detenernos y proponer a la Cámara que pasemos a votar esto como viene y que partamos de la base, del entendido, de que lo que están solicitando los señores Ediles está referido a lo que realmente existe: el Decreto Nº 20, o hasta el Decreto Nº 20. Lo otro sería entrar en un terreno que ya no invade lo constitucional, ni siquiera lo político. Creo que implicaría entrar en una materia posiblemente penal, para la cual no estoy facultado. Quisiera creer que no vamos a entrar y que vamos a dar por válidos los recursos que presentan los señores Ediles, en cuanto tuvieron conocimiento de estas disposiciones y no de otras. No puede haber otras disposiciones que no estén en conocimiento de los señores Ediles y por eso intentábamos llamar a votar en este sentido.

Bien decía uno de los señores Diputados preopinantes que la Intendencia Municipal de Canelones va a cumplir con esto. Me parece muy bien y necesario que así sea.

Es más: quiero dejar establecido, como constancia -y termino-, que esperamos que esto sea en beneficio de todos. Lo digo sinceramente. Yo espero que prime el sentido común, que se atienda la realidad de la gente y sus posibilidades. Creo que estamos ante una oportunidad histórica. Vamos a tratar de aprovecharla y de asumirla, con humildad y con responsabilidad. Nunca digamos -mucho menos mañana, después de un pronunciamiento importante de este Cuerpo- que el pronunciamiento de esta Cámara puede ser jurídicamente irrelevante. Creo que no solo se comete un error conceptual: se comete un agravio -seguramente involuntario- por parte de uno de los funcionarios al servicio de la Intendencia Municipal, quien formuló declaraciones -quizá no las más felices- ante un semanario de publicación nacional. Me parece importante jerarquizar el valor del pronunciamiento jurídico o político -será discutible- que esta Cámara adopte hoy, así como en el pasado y en el futuro.

Es cuanto queríamos decir sobre este tema, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Canet.

SEÑOR CANET.- Señor Presidente: nosotros nos alegramos de que haya habido manifestaciones muy concretas en esta Cámara y de que, como no puede ser de otra forma, la Intendencia Municipal de Canelones vaya a acatar lo que este Cuerpo resuelva con relación a estos recursos.

Pero simultáneamente se nos dice que, de todas formas, el Decreto Nº  21 está firme porque no ha sido impugnado. Y esto nos coloca en un doble plano: es un mensaje que se bifurca. Realmente, a uno lo coloca en una situación muy compleja para interpretar qué es lo que se dice: vamos a acatar lo que se resuelva aquí, pero lo que el Gobierno Departamental está llevando a cabo no va a tener ningún cambio. Creemos que ese es un error profundo.

La Cámara está estudiando el recurso sobre los decretos que realmente han sido aprobados por la Junta Departamental de Canelones. Como legislador me preocupa esto, pensando en los colegas departamentales de Canelones. Aquí parecería que la Mesa de la Junta, conjuntamente con el Intendente Municipal, han generado -sin facultades constitucionales para ello- un decreto, aun cuando ese decreto tenga el contenido de otros efectivamente aprobados por la Junta. Y se plantea esa situación de escape al control de los ciudadanos, haciendo que todas aquellas cosas que son objetadas en los Decretos Nos. 17 y 20 no alcancen al Nº 21. Yo estoy convencido de ello, pero ese es un problema que seguramente tendrán que resolver otros órganos. El Decreto Nº 21 no ha tenido una formulación regular. Por lo tanto, aunque esté publicado, nos lleva a una situación de inseguridad jurídica. Eso no es responsabilidad de los ciudadanos de Canelones ni de los miembros de la Junta Departamental, hayan votado lo que hayan votado. Es exclusiva responsabilidad del Presidente de la Junta, de la Secretaria General y del Intendente Municipal de Canelones, quienes han promulgado un decreto y lo han hecho publicar sin haber cumplido las instancias correspondientes dentro del órgano legislativo departamental.

De manera que nosotros vamos a acompañar los recursos y estamos convencidos de que se han violado normas constitucionales en el tema de fondo; acá hemos discutido sobre los aspectos formales porque así ha sido colocado el tema por quienes han defendido la validez de las normas que están impugnadas.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Gallo Imperiale.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Señor Presidente: dado que el debate para tratar el que pasó a ser primer punto del orden del día -el recurso presentado por los Ediles- ha llevado a hacer consideraciones generales, nosotros vamos a hacer algunas pocas reflexiones con ese carácter.

En primer término, cuando decidimos hacer esta exposición lo hicimos con un propósito, que también fue el de nuestra bancada: aquí venimos a manejar argumentos jurídicos, constitucionales, y no argumentos políticos. Creemos que, en los recursos, incursionar en argumentaciones políticas puede ser riesgoso. Y creo que todas las bancadas han respetado ese concepto. Yo realmente tengo que destacarlo, porque me parece que fue un signo de madurez.

En segundo lugar, deseo aclarar que no voy a entrar en una cuestión casi central: en el hecho de que el Decreto Nº 21, que fue promulgado y publicado, no fue votado por la Junta Departamental. Parecería que ahí está centrado el problema, y ¡qué problema! Si, en definitiva, esta Cámara, este plenario, por mayoría considera que esta instancia irregular se debe efectivizar, nos pone a todos, a todo el sistema político de Canelones, frente a una gran responsabilidad, tal vez la máxima responsabilidad política que, por lo menos quien habla, ha tenido en su carrera política: restablecer un Presupuesto que será el que estaba, dándole la carne necesaria, entre todos, a los efectos de adecuarlo, de aquí en adelante, hasta el término del Ejercicio, a través de los mecanismos disponibles, como las ampliaciones presupuestales. Me parece que la responsabilidad será de todos -repito- si esto se concreta en la noche de hoy, en función de esta -para mí- clara irregularidad.

En tercer término, quiero hacer referencia muy sucinta a dos situaciones que considero relevantes en cuanto al tema en sí. Aquí se ha sostenido, con relación a los recursos, que ha habido violación del principio de igualdad ante las cargas públicas y afectación del derecho de propiedad, como argumentó el señor Diputado Orrico. Yo quiero hacer mención a otras dos situaciones que es del caso destacar. Una tiene que ver con lo que yo considero violación -empleo el término aunque no sea compartido por el señor Diputado Fernández Chaves- a un principio constitucional: el principio constitucional de la seguridad. Además, quiero referirme al proceso administrativo del reaforo.

Con respecto a la violación del principio constitucional de seguridad, el artículo 7º de la Constitución consagra el derecho de los habitantes a ser protegidos en el goce de su vida, de su honor, de su libertad, de su seguridad en el trabajo y de la propiedad.

En Sala se ha manifestado, como decíamos al principio, que se ha violado el principio de igualdad de las cargas públicas y la afectación del derecho de propiedad. Sostengo que también se ha afectado la seguridad de los habitantes, entendida como seguridad jurídica y entendida como seguridad económica. No se puede hacer de la noche a la mañana semejante aumento tributario y tal valorización de los inmuebles sin que se afecte la seguridad de los habitantes. Para nosotros, ello es innegable.

Obsérvese que el artículo citado ordena a la autoridad pública proteger a los habitantes en el goce de esos derechos. La realidad es que, en este caso, la autoridad pública es la que se encarga de violentarlos y, de alguna manera, de atentar contra ellos. Desde nuestro punto de vista, y con mucho respeto, decimos que es doblemente censurable.

En cuanto al proceso administrativo del reaforo, diré que el reaforo practicado por la Dirección Nacional de Catastro no solo es inconveniente en cuanto al fondo de su objeto, esto es, en los elementos que se toman en cuenta para reaforar -solo el terreno y no la propiedad- y que determinan situaciones injustas, pues contribuyen de la misma forma propiedades de muy diferente valor entre sí, sino en cuanto a la forma o trámite que se siguió en esta zona específica de la Costa de Oro: fue encomendado y pagado por la Administración Municipal, siendo el primer reaforo deliberadamente dirigido hacia una zona del departamento. No encontramos los argumentos que se priorizaron; tal vez fueron de orden político, pero no queremos entrar en eso.

Teniendo en cuenta tanto lo que refiere al principio constitucional de seguridad, como este proceso administrativo de reaforo -que no compartimos, que más que confiscatorio es expropiatorio y que pone en dificultades a mucha gente del departamento-, vamos a apoyar el recurso presentado por los Ediles departamentales y el de los vecinos del departamento porque creemos que, tanto desde el punto de vista legal como constitucional, es absolutamente claro.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado García Pintos.

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- Señor Presidente: no pensaba hacer uso de la palabra, pero las expresiones del señor Diputado preopinante por lo menos me obligan a hacer una reflexión desde el punto de vista político; es claro que ahora nos hemos ido de lo jurídico a cuestionamientos de carácter político.

Se habló de la seguridad en el sentido de que se estaría afectando un artículo de la Constitución de la República. No soy constitucionalista, pero estoy seguro de que por lo menos media docena de constitucionalistas darían vuelta como a una media lo que ha dicho el señor Diputado.

Además, habló de injusticia desde el punto de vista tributario y esto no me lo voy a "fumar", porque si de injusticias se trata, la cooperativa de partidos políticos que integra el señor Diputado Gallo Imperiale tiene sobradas credenciales en el departamento de Montevideo como para ser la reina de la injusticia. Al referirse a lo que se ha hecho en la Ciudad de la Costa, lo hace como si fuera una injusticia particular. Me pregunto: en Montevideo, ¿qué son las zonas? ¿Y qué del castigo especial que de avenida Italia al sur soportan miles y miles de padrones en cuanto a la Contribución Inmobiliaria? Y que nadie piense -¡lo hemos dicho tantas veces!- que de avenida Italia al sur vive la oligarquía de Montevideo, porque hay gente muy modesta -trabajadores, empleados públicos- que viven allí y se "comen" la reina de los impuestos.

Entonces, hablar de injusticia desde el punto de vista tributario cuando acabamos de sentir cómo nos arrancan las muelas con el inconstitucional impuesto al saneamiento, inventado solamente para rescatar más dinero y poder enjugar el déficit fiscal de la horripilante administración frenteamplista de Montevideo, solo ese sería un ejemplo para darnos cuenta de que los últimos que tienen autoridad moral para hablar de injusticia tributaria son, precisamente, quienes administran la Intendencia Municipal de Montevideo.

Creo que el señor Intendente Municipal de Canelones pondrá las cosas en su lugar en su momento y acatará -¡cómo no!- la resolución específica y formal que tome este Cuerpo, pero sin descartar que en Canelones se debe hacer lo que se tiene que hacer. ¡Hay que decirlo! En Canelones se ha cebado un grupo de dirigentes que hacen un montón de cosas contra la Administración y no le permiten realizar lo que esta debe hacer. Además, me pregunto: ¿cuántos de los que dieron la firma para el recurso están al día con la Contribución Inmobiliaria? ¿Cuántos tienen la conciencia tranquila en el sentido de cumplir con los tributos municipales? Porque si todos cumpliéramos con los tributos municipales, la carga se establecería de una manera completamente distinta y los impuestos y los tributos serían más bajos.

Nosotros vamos a votar en contra de los dos recursos.

Muchas gracias.

SEÑOR ORRICO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tal como lo hizo al principio, la Mesa aclara que por intermedio de las alusiones no va a permitir un debate paralelo. Además, revisará la versión taquigráfica para analizar las palabras descalificadoras que pudieron haber sido utilizadas en la noche de hoy.

Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: en mi carácter de coordinador de la bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio, simplemente voy a decir que es obvio que nosotros -cuando digo nosotros no lo hago para esconderme de nada, sino para referirme a mi fuerza política- no compartimos ninguno de los conceptos que aquí se han expresado. No obstante lo cual queremos advertir que no los vamos a discutir porque el tema en debate es otro.

En una actitud que podría parecer un poco insólita, se pretende discutir aquí la gestión de una Intendencia -cualquiera-, pero nosotros pensamos que eso normalmente lo discuten las Juntas, salvo cuando hay recursos. No estamos dispuestos a hacerlo, contemplando el Reglamento de la Cámara, que establece que se debe hacer un orden del día. Ese orden del día, luego, se respeta. Por lo tanto, creemos que no se debe entrar en un debate para el que la Cámara no ha sido convocada.

Gracias, señor Presidente.

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Que se llame a Sala!

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a proceder a llamar a Sala por el término de dos minutos para posteriormente leer el proyecto de resolución aprobado por la mayoría de la Comisión y pasar a votar. En caso de que el resultado de esta votación sea negativo, se procederá a leer y a votar el proyecto de resolución en minoría. De lo contrario, este último quedará automáticamente desechado.

Se está llamando a Sala.

(Así se procede)

——Léase nuevamente el proyecto de resolución en mayoría.

(Se vuelve a leer)

——Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

SEÑOR FALERO.- ¡Que se rectifique la votación!

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a rectificar la votación.

(Se vota)

——Sesenta en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto de resolución y se comunicará.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado en mayoría)

22.- Presupuesto quinquenal de sueldos, gastos, recursos e inversiones de la Intendencia Municipal de Canelones. (Recurso de apelación contra el artículo 11 del Decreto Nº 17/001 de la Junta Departamental de Canelones, en la redacción dada por el artículo 3º del Decreto Nº 20/001, y contra los artículos 15 a 17 del Decreto Nº 17/001 aprobados en forma definitiva por el Decreto Nº 20/001).

——Se pasa a considerar el asunto que figuraba en octavo término del orden del día y que pasó a ser segundo: "Presupuesto quinquenal de sueldos, gastos, recursos e inversiones de la Intendencia Municipal de Canelones. (Recurso de apelación contra el artículo 11 del Decreto Nº  17/001 de la Junta Departamental de Canelones, en la redacción dada por el artículo 3º  del Decreto Nº  20/001, y contra los artículos 15 a 17 del Decreto Nº 17/001 aprobados en forma definitiva por el Decreto Nº 20/001)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 591

"Canelones, 28 de mayo de 2001.

Señor Presidente de la Cámara de Representantes,

Gustavo Penades

Presente.

De nuestra mayor consideración:

Los abajo firmantes Juan Calvo (C.I. Nº 3.036.117-1) y Anahir Caraballo (C.I. Nº 1.649.843-7), con domicilio en la calle Magallanes s/n casi Avda. Giannattasio kilómetro 20 -San José de Carrasco- Casa de la Cultura Comunitaria de acuerdo a la autorización incluida en el encabezamiento de las papeletas que se adjuntan, venimos en tiempo y forma a gestionar la interposición del recurso de apelación, establecido en el artículo 303 de la Constitución de la República, contra los decretos de la Junta Departamental que a continuación se expresan:

Se recurren el Decreto Nº 20/2001 en su artículo 3º, sustitutivo del artículo 11 del Decreto Nº 17/2001 y el Decreto Nº 17/2001 en sus artículos 15 a 17 que fuera aprobado en forma definitiva por el Decreto Nº 20/2001, por los fundamentos que a continuación se relacionan:

Este recurso, que incluso coincide con las observaciones que realizara el Tribunal de Cuentas al mencionado cuerpo normativo, tiene tres fundamentos distintos, que enfatizan las que a nuestro criterio constituyen las respectivas vulneraciones a nuestra Carta Magna, y que deberán ser objeto de análisis por ese alto Cuerpo.

A) La primera se relaciona con la delegación de la potestad tributaria.

De acuerdo al artículo 273 numeral 3º, es la Junta Departamental quien "crea o fija impuestos, tasas, contribuciones, tarifas, etc.", si bien lo debe hacer "a propuesta de la Intendencia".

Muy otra cosa surge del artículo 11 del Presupuesto Quinquenal sancionado por la Junta Departamental de Canelones (Decreto Nº 20/2001, cuyo artículo 3º sustituye al artículo 11 del mencionado Decreto Nº 17/2001).

Aquí la Intendencia, tan solo "informará" a la Junta Departamental, en cada oportunidad que realice modificaciones a los mínimos no imponibles, tasas o cualquier otro tributo, de acuerdo a las atribuciones conferidas por esta última.

Con claridad meridiana surge pues, que en la efectiva realidad de los hechos existe una delegación de competencias de la Junta Departamental, en beneficio del Intendente, de la facultad de modificar impuestos.

No existe disposición constitucional alguna, que permita o habilite tal delegación, la que por ende constituye a nuestro criterio una flagrante vulneración del orden constitucional, señalada enfáticamente por otra parte por el mismo Tribunal de Cuentas (quien realizó la correspondiente observación al respecto).

Cabe destacar, que en el Decreto Nº 20/2001 se hizo caso omiso de la observación, realizada por el órgano de contralor, que hoy se recoge y pone a consideración de ese alto Cuerpo, en la esperanza de que se reinstaure a la brevedad el ordenamiento constitucional violado.

En efecto el mero cambio terminológico (de la expresión "modificaciones" por la de "actualizaciones"), soslaya o evita el cumplimiento de la observación formulada al respecto por el Tribunal de Cuentas.

Cabe destacar que los artículos de la Constitución violados son el artículo 273 numeral 3º; el 275 numeral 4º e incluso el artículo 299 en el que también advertimos la referenciada vulneración.

B) La segunda vulneración a nuestra Carta Magna se produce por el artículo 15 del Decreto Nº 17/2001, aprobado definitivamente por el Decreto Nº 20/2001.

Este artículo fija el valor imponible municipal aplicable a la Contribución Inmobiliaria urbana y suburbana en determinados porcentajes con respecto al valor real fijado por la Dirección General del Catastro Nacional.

A su vez el artículo 16 determina la cuantía del impuesto, fijándolo en valores de perfiles confiscatorios.

No es posible que un propietario medio, como impuesto deba pagar un alquiler para vivir en su propia casa.

Estaríamos así ante una perturbación económica que a la postre despoja al titular del dominio de su legítimo derecho de propiedad, sin la previa y justa indemnización de que habla la Constitución.

Por otra parte, en la especie, el aumento no se produce por razones de "interés general", sino que por el contrario, la exorbitancia del impuesto que se pretende consolidar, a la postre contribuirá a perturbar el armonioso crecimiento de la zona, desalentando a quienes pretendan dedicar sus esfuerzos al progreso de la misma, y produciendo una visible parálisis que desde el punto de vista de la actividad comercial e industrial se comienza a percibir, con el temor a la inversión, la pesadez en la comercialización de las viviendas, la parálisis de la industria de la construcción, etc.

Todo esto es precisamente lo contrario a las razones de "interés general" que justificarían o al menos explicarían tal profunda cortapisa a los legítimos derechos de los propietarios.

Muchos de ellos luego de decenas de años han obtenido un lugar que ven amenazado por una medida gubernamental a todas luces carente de ponderación, y claramente inconstitucional.

En este caso las disposiciones constitucionales vulneradas serían los artículos 7º, 32, 45 y 72, este último que consagra genéricamente la filosofía del jusnaturalismo personalista en nuestro ordenamiento constitucional.

C) La tercera vulneración manifiesta, flagrante y enormísima a nuestra Constitución se materializa en la sanción del artículo 17 del Decreto Departamental Nº 17/2001 (aprobado definitivamente por el Decreto Nº 20/2001) por el cual se hace una discriminación arbitraria entre los contribuyentes del impuesto, según la ubicación geográfica de los respectivos inmuebles.

Lo dicho desemboca como no podía ser de otra manera en la precitada vulneración del principio constitucional de igualdad de los ciudadanos ante la ley, que a nivel tributario se manifiesta mediante la fórmula de "igualdad de los contribuyentes frente a las cargas públicas".

De acuerdo al decreto impugnado, los ciudadanos canarios que vivan entre el arroyo Carrasco y el límite este del balneario Shangrilá, deberán pagar desde ya el aumento exorbitante del Impuesto de Contribución Inmobiliaria.

Los demás contribuyentes del mismo departamento, separados de los primeros a veces por escasos metros y a nivel meramente geográfico, por el contrario no serán perjudicados por el inusitado aumento de la Contribución Inmobiliaria.

Obviamente que esta disposición entra en flagrante confrontación con lo dispuesto por el artículo 8º de nuestra Carta Magna, desde que establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

Jamás el texto constitucional puede admitir, ni admitirá un tratamiento distinto entre los contribuyentes, por razones extrañas a sus talentos y virtudes.

La ubicación geográfica de las propiedades, no es causa suficiente para que a algunos contribuyentes le alcance una norma impositiva de furibunda incidencia negativa a nivel económico, y que otros contribuyentes, no sean alcanzados por la misma por el solo hecho de la ubicación de sus respectivas viviendas, circunstancia que se reitera, no puede ser asimilada a la diferencia entre sus talentos y virtudes.

Por los fundamentos jurídicos expuestos y las circunstancias de hecho esgrimidas por el "movimiento de vecinos de la Ciudad de la Costa y Paso Carrasco" que son de público conocimiento,

SOLICITAMOS:

1) Que se nos tenga por interpuesto en tiempo y de conformidad con los requisitos exigidos por el artículo 303 de la Constitución de la República, el recurso de apelación, adjuntándose al mismo las firmas requeridas.

2) Que en definitiva se dejen sin efecto los artículos de los decretos mencionados en el cuerpo de este escrito.

Otrosí decimos: respecto al encabezado de las papeletas, enmendado "20" e interlineado y agregado "a 17", valen.

SIGUEN FIRMAS".

Anexo I al
Rep. Nº 591

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión Especial con el cometido de estudiar

los recursos previstos en el artículo 303

de la Constitución de la República

INFORME EN MAYORíA

Señores Representantes:

Vuestra Comisión Especial con el cometido de estudiar los recursos previstos en el artículo 303 de la Constitución de la República eleva al Cuerpo en mayoría el presente informe y proyecto de resolución relativo al recurso interpuesto por vecinos del departamento de Canelones contra Decretos de la Junta Departamental de Canelones.

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO

Los vecinos recurren los Decretos Nº 20/2001 en su artículo 3º, sustitutivo del artículo 11 del Decreto Nº 17/2001 y el Decreto 17/2001 en sus artículos 15 a 17, que según los vecinos "fuera aprobado en forma definitiva por el Decreto Nº 20/2001". En el Decreto Nº 17, de fecha 17 de abril de 2001, la Junta Departamental de Canelones, sancionó el Presupuesto Quinquenal para los Ejercicios 2001-2005. Posteriormente, el 7 de mayo de 2001, el Tribunal de Cuentas realizó observaciones al Presupuesto aprobado por la Junta Departamental.

La Junta Departamental, con fecha 10 de mayo de 2001 aprueba el Decreto Nº 20, donde su artículo 1º manifiesta: "Apruébase en forma definitiva el Presupuesto Quinquenal de Sueldos, Gastos, Recursos e Inversiones de la Intendencia Municipal de Canelones, para el período 2001-2005".

En su artículo 2º se plantea "Acéptase las observaciones del Tribunal de Cuentas, al emitir su dictamen constitucional".

En sus artículos 3º y 4º se sustituyen el artículo 11 del Decreto Nº 17/2001 y el artículo 30 del Decreto Nº 17/2001.

La Intendencia Municipal de Canelones, con fecha 16 de mayo de 2001 resuelve:

"Promulgar y hacer cumplir el Decreto Nº 21 de la Junta Departamental por el cual se aprueba con fecha 10 de mayo de 2001 el Presupuesto General de Ingresos, Sueldos, Gastos, Obras e Inversiones de la Intendencia Municipal de Canelones para el período 2001–2005".

Resolución 1895 que es publicada en el Diario Oficial Nº 25.770 de fecha 28 de mayo de 2001, con lo que el acto queda sancionado definitivamente.

Los vecinos se presentan ante la Cámara de Representantes, el 29 de mayo de 2001 y presentan ante la Secretaría del Cuerpo, el recurso de apelación contra los Decretos y artículos enunciados precedentemente al amparo del artículo 303 de la Constitución presentando aproximadamente dos mil novecientas firmas de ciudadanos del departamento de Canelones.

La Intendencia Departamental de Canelones en su comparecencia ante nuestra Comisión expresó por fundamentos de la Gerente del Area de Asesoría Jurídica, doctora Liliana Mercadal que "el recurso ha sido mal interpuesto y su acogimiento, en caso de prosperar, es inoperante por lo que se dirá a continuación. En efecto, se impugnan artículos del Decreto Nº 17/001 en la redacción dada por el Decreto Nº 20/001. Ninguno de estos decretos aprueba definitivamente el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la Intendencia Municipal de Canelones. Ambos decretos constituyen, por así decirlo, actos preparatorios para el dictado del decreto que aprueba el presupuesto y que lleva por número 21". Agregando que "este decreto, el Nº 21, es el único en esta serie que tiene carácter de ley en sentido material y por ende fuerza de ley en su jurisdicción".

Al momento de estar escribiendo el presente informe en el semanario "Búsqueda" de fecha 1º de noviembre del presente, en la página 8 se lee el título: "CANELONES APLICARA SUS REAFOROS CUALQUIERA SEA LA DECISION DE DIPUTADOS". En el texto de la nota, citando a la doctora Mercadal y entrecomillado se lee: "Lo que se impugnó fue el proyecto de presupuesto que la Intendencia manda como tal a la Junta Departamental; no es el presupuesto definitivamente sancionado". Y se agrega citando al jerarca que la decisión parlamentaria sería "jurídicamente irrelevante" y entonces la Intendencia Municipal de Canelones podrá seguir cobrando la contribución en la forma prevista. Dice el semanario que Mercadal explicó que "no se presentó ningún recurso" contra el presupuesto final y que ahora "ya se vencieron todos los plazos para hacerlo".

De acuerdo a lo que surge de la crónica periodística parece ser que la Intendencia Municipal de Canelones va a proceder con los reaforos independientemente cual sea la decisión de la Cámara con relación al recurso. Las consideraciones relativas a esta afirmación merecerían un capítulo aparte. De todos modos no nos vamos a distraer con ello en la oportunidad concentrándonos en demostrar por qué el recurso es admisible a nuestro criterio. Si la Intendencia de Canelones procediera igual independientemente de nuestro pronunciamiento estarán los caminos legales para los vecinos y constitucionales para el Cuerpo para proceder. Cruzaremos el río cuando lleguemos a él.

Sí, quisiera aprovechar la oportunidad para al analizar la crónica periodística y el entrecomillado adjudicado a la doctora Mercadal dejar planteada la duda acerca si el engorroso trámite de aprobación del Presupuesto a través de distintos actos de la Junta Departamental fue un proceso azaroso o deliberado una vez que los vecinos construyeron un texto para recoger la firma de los contribuyentes del departamento, tomando como aprobación definitiva del presupuesto lo surgido del Decreto Nº 20 de la Junta Departamental.

Pero centrémonos en las consideraciones que llevan a la admisibilidad del mismo. Si estuviéramos hablando de decretos de la Junta Departamental que no estuvieran interrelacionados con el Presupuesto Quinquenal de la Intendencia Municipal de Canelones la mencionada observación podría resultar de recibo. Ahora bien, veamos que dice el Decreto Nº 21 de la Junta Departamental, en su visto. Dice: "VISTO: la aprobación en forma definitiva del Presupuesto General de Ingresos, Sueldos, Gastos, Obras e Inversiones por el período 2001–2005, según Decreto Nº 20 de esta Junta Departamental de fecha 10 de mayo de 2001;".

La Junta Departamental reconoce que el Presupuesto Quinquenal se aprobó definitivamente por el Decreto Nº 20 y en todo caso sancionó un nuevo Decreto Nº 21 para tener en un único texto el conjunto del Presupuesto Quinquenal, repitiendo lo resuelto en el Decreto Nº 20.

Este Decreto Nº 21 fue el que la Intendencia Municipal en la Resolución Nº 1895 de fecha 16 de mayo resolvió promulgar y cumplir.

Quiere decir que los vecinos recurrieron el Decreto de la Junta Departamental que la propia Junta Departamental reconoce que es el que aprueba definitivamente el Presupuesto Quinquenal, en su visto del Decreto Nº 21, que en el mejor de los casos pretendió ordenar en un texto único los artículos del Presupuesto que se habían ido aprobando en el Decreto Nº 17 y en el Decreto Nº 20 con su aprobación definitiva.

No cabe duda que los impugnantes pretendieron cuestionar las inconstitucionalidades o ilegalidades que los artículos contenían y las consecuencias que emanaran de los mismos. Y dado que los artículos numerados 11, 15, 16 y 17 son los mismos en los Decretos Nº 20 y Nº 21, es claro que la aplicación del principio de informalismo a favor del administrado, nos lleva a admitir el recurso interpuesto más allá de las consideraciones expresadas por la doctora Mercadal en nombre de la Intendencia Municipal de Canelones. Podría haber sucedido que los impugnantes equivocaran el número del decreto, y podría haberse razonado con el principio de informalismo a favor del administrado sin violentar los contenidos ni los mandatos constitucionales a los que debemos quedar sujetos. Pero tratándose de decretos que reproducen lo mismo, con los mismos contenidos de los artículos impugnados no violenta la lógica admitir la consideración del recurso interpuesto.

Dado que el acto y sus consecuencias pasan a regir desde que el Ejecutivo Comunal resuelve promulgar el mismo y hacerlo cumplir por resolución de 16 de mayo de 2001, el acto cobra fuerza de ley a partir de ese momento y los plazos a los efectos de la impugnación, se deben contar a partir de la publicación en el Diario Oficial la que se realizó el 28 de mayo, con lo que el acto quedó formalmente oficializado. Los recurrentes interpusieron el recurso con fecha 29 de mayo o sea un día después de su publicación estando dentro de los plazos exigidos por el artículo 303 de la Constitución.

Con fecha 7 de agosto de 2001 la Corte Electoral resolvió que el requisito del número de los ciudadanos inscriptos en el departamento de Canelones exigido por el artículo 303 para interponer el recurso también se encontraba cumplido.

Si se entendiera que la promulgación y publicación son dos actos diferentes, de todos modos el recurso hubiera sido interpuesto dentro del plazo constitucional.

ACERCA DE LOS ELEMENTOS SUSTANTIVOS DEL RECURSO.

Básicamente el recurso ataca por inconstitucionalidad, dos aspectos: a) la delegación de atribuciones realizadas por la Junta Departamental a favor del Intendente en cuanto le habilita a modificar las actualizaciones de los mínimos imponibles, informando al Cuerpo; b) la violación del principio de igualdad que se deriva del artículo 8º de la Constitución Nacional.

Con respecto al primer aspecto cabe señalar que ha sido una práctica constante y equivocada de acuerdo con la casi totalidad de la doctrina nacional e internacional, el admitir disposiciones que permitan, de forma directa o indirecta la fijación del quántum del impuesto, por parte del Poder Administrador, puesto que el mismo vulnera el principio de legalidad establecido primordialmente por el artículo 7º de la Constitución concordante con el artículo 273 numeral 3º).

El papel del Intendente consiste en la potestad normativa, típica función administrativa, de acuerdo con el artículo 275 numeral 2º) lo que significa que todos los aspectos necesarios para ordenar y efectivizar el cobro de tributos son objeto de regulación administrativa de su parte. En esto no existe diferencia con el funcionamiento del Poder Ejecutivo a escala nacional en este tema.

El problema surge en cuanto a la posibilidad de que el órgano legislativo delegue en el órgano ejecutivo la fijación de la alícuota de tributación. En este sentido, si bien la mayoría de la doctrina se inclina a favor de la imposibilidad de que el legislativo delegue dicha potestad en el ejecutivo, ello en la práctica ha sido desconocido al nivel de la legislación nacional, estableciéndose en numerosos impuestos la posibilidad de fijar las tasas de recaudación de cero a un nivel máximo de porcentaje lo que implica delegar la facultad de graduar el impuesto, incluso de exonerar, a criterio del Poder Administrador sobre la base de que haya sido el legislativo quien estableció el impuesto definiendo el hecho generador. La doctora Addy Mazz, señala que "la fijación de las alícuotas es un elemento esencial para establecer la cuantía de la obligación, y no puede... quedar librada a la administración, a la discrecionalidad el Poder Ejecutivo. Para que pueda hacerlo, es necesario un texto constitucional que establezca la delegación de competencias...". (A. Mazz Curso de Derecho Financiero y Finanzas Pág. 21 y sgtes.).

Asimismo, la jurisprudencia, si bien con algunas contradicciones se afirmó mayormente en mantener el criterio de legalidad estricto, citando como ejemplo "Es imprescindible que la norma legal precise el monto o quántum económico de la prestación tributaria, o que por lo menos establezca las directivas de su determinación, desde que no es posible, sin incurrir en una vulneración del principio fiscal ya precisado anteriormente, que la ley le confiera a este respecto una facultad en blanco al Poder Administrador, para que, por su exclusiva voluntad, establezca el monto de la extracción impositiva". (LJU Caso 7440 t.62 20.3.70).

En el caso, la facultad concedida al Intendente de actualización, con la hipótesis de mera información, sin requerir la aprobación de la Junta constituye una norma en blanco que permite utilizar un criterio propio al Ejecutivo, al efectuar modificaciones de los mínimos no imponibles. Esto puede traducirse en un aumento, o inclusive exoneración tributaria. Como señala Rodríguez Villalba "La creación de un tributo comprende la fijación de todos aquellos elementos que, en forma concurrente, determinen el pago de la prestación. Ello incluye la descripción del hecho generador, el establecimiento de las bases de cálculo, las alícuotas, la designación del sujeto pasivo, las exoneraciones si las hubiere, etc.". (Rodríguez Villalba La Potestad Tributaria de los Gobiernos Dep. pág. 195 FCU Mvd.). Es indudable que los mínimos imponibles la integran por lo que, se ha vulnerado el principio de legalidad de acuerdo a lo que establecen las doctrinas mas recibidas, y la jurisprudencia mayoritaria.

Con respecto al segundo aspecto: Nos encontramos con la eventual vulneración del principio de igualdad ante las cargas tributarias. El prestigioso autor argentino Giuliani Fonrouge señala que "el principio de igualdad no se refiere a la igualdad numérica, que daría lugar a las mayores injusticias, sino a la necesidad de asegurar el mismo tratamiento a quienes se encuentren en análogas situaciones de modo que no constituye una regla férrea, porque permite la formación de distingos o categorías siempre que estas sean razonables, con exclusión de toda discriminación arbitraria, injusta u hostil contra determinadas categorías de personas" (Giuliani Fonrouge "De los Tributos y el Poder Tributario" pág. 280 y sgtes. Depalma 1962).

Esto significa, concordante con el artículo 7º de nuestra Constitución, que establece el principio de que los derechos (en este caso el de propiedad) solo pueden ser limitados por ley en función del interés general, que si bien puede admitirse la utilización del impuesto con criterios correctivos, en función del principio de distribución equitativa de las cargas tributarias, ello no puede basarse en una discriminación entre personas que se encuentren en iguales condiciones. A estos efectos el distinguido autor señala que la Corte Suprema argentina declaró válidos los impuestos que tienen en mira la capacidad económica (como los de carácter progresivo), la formación de categorías de contribuyentes a tasas diferentes entre presentes y ausentes "siempre que este último concepto se aplique a los domiciliados fuera del país y no por razones de vecindad dentro del país". Señala asimismo que se declararon inválidos los impuestos aplicados a los bienes en condominio según el valor total de ellos sin tomar en cuenta la porción de cada condómino por ejemplo.

En nuestro país la doctora Addy Mazz, establece dentro de los criterios de igualdad el de la "equidad horizontal" expresando que "Se acepta la discriminación basada en la posesión de renta o riqueza y se rechaza la que deriva de caracteres netamente personales... (A. Mazz ob. cit. pág. 27). También Jarach ha sostenido que "los legisladores son quienes deben cuidar de que se dé un tratamiento idéntico a los contribuyentes. No es que los Jueces o la Administración deban tratar a todos con igualdad frente a la ley, sino que ella debe ser pareja. Por consiguiente, el principio de igualdad es un límite al Poder Legislativo" (Dino Jarach, Curso Superior de Derecho Tributario pág. 110 y sgtes. Bs.As. 1957). Y cita el autor una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos afirmando: "...no respetan el criterio de igualdad las diferencias fundadas en color, raza... y otras circunstancias que no tengan relación posible con los deberes de los ciudadanos como contribuyentes". Si bien la división de ciudadanos en categorías es posible, ello debe realizarse bajo el principio de la razonabilidad, el que excluye elementos de diferenciación que dependan de actividades administrativas, puesto que, si quien define las diferenciaciones es la ley, esta no puede librar dicha diferenciación a la actividad administrativa. Ello actuaría como una delegación indirecta.

En este sentido y analizando los artículos impugnados surge claramente que existe un número de ciudadanos, contribuyentes que por una situación administrativa ajena al legislador, y al criterio de igualdad, se encuentran en una situación desventajosa frente a otros que se encuentran (o podrían encontrarse) en análoga situación. La norma podría señalar zonas para la aplicación de alícuotas diferentes en función de criterios de redistribución de ingresos. Pero, el hecho de que hallan sido objeto de una actuación administrativa general que por motivos prácticos o técnicos no cubrió a todos los ciudadanos en iguales condiciones, deban de abonar un monto superior a otros, sin que dicha diferenciación halle justificación alguna en motivos de diferencias en la capacidad contributiva o en fines extrafiscales razonables de interés general, vulnera el principio de igualdad.

Véase que los vecinos incluidos en los artículos 17 y 18 no son objeto de un tratamiento fiscal distinto por motivos fundados de interés general, o de igualación contributiva sino por el simple hecho de haber sido objeto de reaforos. De esta forma un vecino que tiene un bien de inferior valor real, con idéntica ubicación o inferior inclusive que otro de la zona geográfica análoga, deberá abonar mucho más, por una omisión o falta administrativa. La lógica de la norma hubiese sido mantener en suspenso la aplicación de los nuevos valores hasta la generalización del aforo. Y en su caso, contemplar si el monto del impuesto a recaudar una vez cumplido el aforo total, cubre las necesidades de la Intendencia o excede el marco de la razonabilidad, llevando a su abatimiento. De esta forma el financiamiento presupuestal recae, desequilibradamente en un grupo aleatorio de contribuyentes, en decaimiento del principio de equidad tributaria.

Dado que el convenio entre la Intendencia de Canelones y la Dirección Nacional de Catastro, basaron el reaforo tomando en cuenta solamente la valorización del terreno, se viola también el principio de igualdad. Esa forma de reaforar no mide el valor real de la propiedad gravada tratando en forma igual a situaciones notoriamente desiguales, pudiendo darse la situación que a similares dimensiones de terreno, sin considerar las mejoras del inmueble en términos relativos, terminen pagando más los padrones con propiedades de menor valor con otras de mayor valor de la totalidad del bien.

Para cumplir con corregir las inconstitucionalidades contenidas en el decreto que estamos analizando por entender que se viola el principio de igualdad y dado que el recurso fue interpuesto por los vecinos del departamento en función de lo que entendieron ellos que eran los artículos que les perjudicaban por dichos fundamentos, es que estamos acompañando el recurso en lo relativo al Valor Imponible Municipal y a las alícuotas (artículos 15 y 16) que nos fue puesto a consideración por los recurrentes, además de darles la razón en lo relativo al artículo 11 del Presupuesto por los motivos señalados al inicio de las consideraciones de fondo del recurso interpuesto.

En el caso del artículo 17 recurrido esta asesora no ha encontrado que se violente ningún precepto constitucional ni legal. Dado que se planteó una discusión sobre la posibilidad de aceptar el recurso parcialmente (acompañando la impugnación a unos artículos y no a otros, tema que todavía se encuentra en discusión con la propia Secretaría del Cuerpo) es que se acompaña en forma total el recurso interpuesto, dejando la salvedad el miembro informante que interpreta que en un recurso como el precedente el Cuerpo puede pronunciarse acompañando el recurso en unos artículos y no en otros.

Sala de la Comisión, 29 de octubre de 2001.

JOSE BAYARDI, Miembro Informante, RICARDO BEROIS QUINTEROS, BRUM CANET, LUIS ALBERTO LACALLE POU, RICARDO FALERO.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

1º.- Hacer lugar al recurso interpuesto por un núcleo de ciudadanos, dejando sin efecto el artículo 11 del Decreto Nº 17/001 de la Junta Departamental de Canelones en la redacción dada por el artículo 3º del Decreto Nº 20/001 y contra los artículos 15 a 17 del Decreto Nº 17/001 aprobados en forma definitiva por el Decreto Nº 20/001.

2º.- Comuníquese a la Intendencia Municipal de Canelones, a la Junta Departamental de Canelones, a los recurrentes y oportunamente archívense estos antecedentes.

Sala de la Comisión, 29 de octubre de 2001.

JOSE BAYARDI, Miembro Informante, RICARDO BEROIS QUINTEROS, BRUM CANET, LUIS ALBERTO LACALLE POU, RICARDO FALERO.

Comisión Especial con el cometido de estudiar

los recursos previstos en el artículo 303

de la Constitución de la República

INFORME EN MINORÍA

Señores Representantes:

La Comisión Especial creada para conocer respecto del recurso presentado, conforme al artículo 303 de la Constitución de la República, contra los Decretos Nº 17/2001 y Nº 20/2001 de la Junta Departamental de Canelones, presentado por vecinos de la Ciudad de la Costa y algunos señores Ediles Departamentales de Canelones, mencionados ut supra, que se recurren ante la Cámara de Representantes, constituye una de las facultades de los Representantes Nacionales de decidir sobre los recursos interpuestos contra los Decretos Municipales y Resoluciones de las Intendencias no susceptibles de ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que sean contrarios a la ley y la Constitución.

Esto significa que debemos analizar exclusivamente si las normas recurridas violan o no la ley o la Constitución de la República. Caso contrario deben ser rechazados, sin entrar en el fondo ni en el mérito del mismo.

Como legisladores es necesario poner especial énfasis en este punto, aunque sabemos que eso no va a ser respetado y por ende estaremos contribuyendo a la violación de nuestra principal norma. Digo esto porque aquí se van a analizar el mérito si era necesario, o no de fijar nuevos valores catastrales, si los mismos son o no elevados, sin importar quien los determinó como también la conveniencia de los mismos y tal vez si el tiempo no es insuficiente, poder hacer una valoración de tipo político de la Intendencia Municipal de Canelones y de la gestión del señor Intendente Municipal.

Todos estos temas, de corte netamente político y ajenos a lo establecido por el constituyente en el artículo 303, y a los cometidos conferidos por este Cuerpo a la Comisión Especial.

Previo al ingreso del estudio de los recursos interpuestos, voy a realizar una breve reseña para informar a los señores Representantes, acerca de determinadas normas que sin ser las recurridas, es importante hacer referencia de ellas.

El Decreto Nº 33/996, de 9 de agosto de 1996, de la Junta Departamental de Canelones, tuvo como objeto de que la Intendencia pudiera ir adecuando los valores catastrales que durante 26 años no habían sido modificados, tal como surge de los considerandos I y II de la citada norma, la cual establece de forma precisa la voluntad del legislador departamental, "Se vuelve necesario tomar medidas tales que en forma paulatina hasta el año 2000, se logre recuperar el valor imponible municipal de los padrones urbanos y suburbanos".

Para ello, se estableció que desde el año 1996 hasta el 2000, dichos terrenos y digo terrenos y no construcciones, fueran progresivamente acercándose a sus valores hasta alcanzar un 90% para los inmuebles urbanos y 100% para los suburbanos.

Aclaramos que los valores catastrales, fueron dados por la Dirección Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas y no por la Intendencia de Canelones. Por un convenio celebrado entre esta y la Dirección Nacional de Catastro se fijaron nuevos valores catastrales a la tierra sin considerar la construcción, hecho que beneficia al contribuyente dentro de la zona comprendida entre el arroyo Carrasco y el arroyo Solís. También realizamos esta aclaración con respecto al valor del terreno y no de la construcción, dado que otras Intendencias Municipales utilizaron este mismo procedimiento, pero valorizando la construcción y el terreno.

En el artículo 2 del Decreto Nº 33/996, se estableció el mecanismo de ajuste de dichos valores, diciendo que para los años sucesivos o sea para los años posteriores que siguen al período prefijado por el legislador, que iba desde 1996 hasta diciembre de 2000, era para recuperar el valor real de los padrones urbanos y suburbanos.

Es claro y contundente el informe presentado por los representantes de la Intendencia de Canelones, en ocasión de asistir al seno de la Comisión Especial el Director General de Hacienda, contador Ricardo Yelpo; la Asesora Jurídica de la Intendencia, doctora Liliana Mercadal, como así también el doctor Juan Carlos Peirano Facio, presentando un informe consultivo, el cual expresa el alcance en el tiempo de las normas tributarias, en el cual se establece que las mismas no tienen un tiempo determinado de comienzo y fin, aclarando que la referencia a los años sucesivos no tiene limitación temporal alguna. En consecuencia, se aplica hacia el futuro, mientras no sea modificada.

El fundamento es claro: mantener la vigencia de la norma sosteniendo la incidencia de la carga fiscal a pesar de los aumentos que se verifiquen en los valores imponibles de los inmuebles.

Otro ejemplo de ello, son los presupuestos que siguen teniendo efectos más allá del período para el cual fueron concebidos, y que en forma genérica siempre lo recogen en la norma que dice que siguen vigentes las disposiciones del anterior presupuesto, siempre y cuando no se opongan al presente.

De tal situación, la Intendencia de Canelones no fue tampoco ajena. Prueba de ello es que lo recogió en el artículo 32 del Decreto Nº 21/2001, el que aprueba y promulga el Presupuesto Quinquenal General de Gastos e Inversiones vigente, diciendo que "todas las disposiciones de ordenamiento financiero de recursos, estatutarias y presupuestales, que no hayan sido derogadas expresa o tácitamente por el presente Decreto".

En conclusión el Decreto Nº 33/996, sigue vigente, es válido y no fue impugnado y tampoco derogado como se dice por el artículo 15 del Decreto Nº 21/2001; que no deroga esta norma de Ordenamiento Financiero de la Intendencia de Canelones, sino que tiene su mismo tenor, al fijar el valor imponible municipal de la Contribución Inmobiliaria urbana y suburbana y demás tributos, el 90% del valor real y el 100% del valor real respectivamente fijado por la Dirección Nacional de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas.

Anterior al 31 de diciembre de 2000, el Intendente de Canelones dicta una Resolución que en virtud de la aplicación de los nuevos aforos y como no tiene la potestad ni de bajar la alícuota ni de bonificar los impuestos, sin la previa aprobación de la Junta Departamental, esta Resolución lo que hace, es diferir el 60% del aumento que se producirá en los inmuebles, que la Dirección Nacional de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas fijó con los nuevos valores, hasta que se apruebe el nuevo presupuesto, correspondiente al presente quinquenio; en el cual en su mensaje complementario, para dichos inmuebles se rebaja la alícuota a la mitad y se bonifica dentro del primer año un 40% del aumento y en el segundo un 20%.

Cabe aclarar que el presupuesto es el de 1995–2000 y que seguía hasta la fecha vigente, por imperio de la reforma constitucional de 1996, y por tal hecho los nuevos presupuestos fueron aprobados posteriormente, los Gobiernos Municipales asumieron en julio de 2000, por tanto es el caso de la Intendencia de Canelones con el Decreto Nº 21/2001.

Hasta esa fecha, la alícuota que estaba obligado a cobrar presupuestalmente el Intendente, fue del 4% y ese fue el fundamento del Jerarca que pensando en el vecino, en el contribuyente, difiere el cobro del 60% por la existencia de una nueva base de cálculo del impuesto de Contribución Inmobiliaria. En consecuencia, contamos con un nuevo valor catastral, actualizado y más alto, por lógica, después de 26 años de inamovilidad de los valores; fijados por la Dirección Nacional de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas, y una alícuota alta de un 4% del anterior presupuesto municipal, acorde a los anteriores valores catastrales.

El Intendente de Canelones no fue nada insensible, todo lo contrario a lo que ocurrió en otros departamentos del país, donde pasó exactamente lo mismo que en este, hicieron el papel de "chancho rengo" o "la vista gorda", como se prefiera y dejaron la misma alícuota, por ejemplo en varias Intendencias del Partido Nacional, entre ellas la de mi departamento, Durazno.

Posteriormente, en un mensaje complementario y en acuerdo con todo el Partido Colorado de Canelones, se reduce la alícuota para el nuevo presupuesto vigente por el Decreto Nº 21/2001 a un 2%, esto significa sensibilidad y consideración hacia el contribuyente canario, es un esfuerzo financiero que hace la Intendencia para no cargar más el peso fiscal de los vecinos del departamento, porque en definitiva ese es el espíritu que ha caracterizado a esta Administración como a las anteriores del Intendente Hackenbruch.

Esta introducción no ha tenido otro fin que poder aclarar a todos los miembros del Cuerpo, el verdadero alcance y significado de los Decretos de la Junta de Canelones que se han impugnado y por sobre todo, los efectos negativos que se originarán de su eventual derogación para los contribuyentes del departamento de Canelones.

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS Y CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE EL ALCANCE DE LOS MISMOS

Reconocemos, como no puede ser de otra manera, la legitimidad del derecho tanto de los vecinos como de algunos señores Ediles Departamentales en manifestar su desacuerdo ante un Decreto o Resolución del Gobierno Municipal contrario a la ley o a la Constitución de la República, tal como lo avala el artículo 303 de nuestra Carta Magna. Esto es así, lo reconocemos y no existe duda alguna.

Pero a pesar de que ambos recursos son diferentes y por eso nuestro interés de analizarlos por separado, admitimos que coinciden en algo. Ambos fueron mal presentados. Ambos no afectan lo que se supone se quiere derogar.

Es muy simple, ninguno de los recursos va en contra del Decreto que da vigencia a los nuevos valores imponibles y promulgados por la Intendencia Municipal con fuerza de ley dentro de su jurisdicción.

Esta es la verdad, no hay otra. Es tan claro que, si la voluntad del Cuerpo es hacer lugar a los recursos presentados y por tanto derogar los Decretos impugnados no servirá de nada, porque son Decretos preparatorios y en donde se recogieron las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas y no se esta derogando el Decreto definitivo y obligatorio, legítimamente promulgado y presentado. Es más, este solo hecho debería habérsele aclarado a los ciudadanos y a los señores Ediles promotores de este recurso. Se les debería haber informado cuál era el verdadero alcance del recurso interpuesto y las normas que efectivamente se pretendían derogar.

Cosa que no se hizo de ninguna forma por parte de los Partidos Políticos, que promovieron y acompañan a los recurrentes, como tampoco se hizo durante todo el trabajo y estudio de la Comisión Especial.

La voluntad ciudadana ha sido engañada en su buena fe, estos recursos se presentaron de forma equivocada, o por error o mal asesoramiento, o de lo contrario con otros fines diferentes a los verdaderos intereses populares. Error, o mal asesoramiento del que fueron también víctimas los señores Ediles que acompañaron a los ciudadanos recurrentes y como fue advertido en el seno de la Comisión oportunamente al recibir a las autoridades municipales.

Quedará demostrado desde el punto de vista técnico-jurídico, que es el que debe prevalecer y el que nos inspira ante la responsabilidad que asumimos como Miembro Informante, sin perjuicio de que si se pretende ingresar en el plano político-partidario, también lo haremos con gusto, porque tenemos la plena convicción de que ciertas fuerzas políticas aquí representadas deberán explicar los efectos negativos, los perjuicios que se originarán para los contribuyentes canarios, si prospera el apoyo a los recursos.

El Decreto Nº 17/2001 en sus artículos 11 y 30 y el Decreto Nº 20/2001 en redacción dada por los artículos 3 y 4, aprueban definitivamente el Presupuesto General de Gastos e Inversiones de la Intendencia Municipal de Canelones.

El Decreto definitivo, promulgado y publicado en el Diario Oficial, acorde a la ley y al artículo 299 de la Constitución que dice "Los Decretos de los Gobiernos Departamentales creando o modificando impuestos, no serán obligatorios sino después de diez días de publicado en el Diario Oficial, y se insertarán en el Registro Nacional de Leyes y Decretos en una Sección Especial", hecho que ocurrió el lunes 28 de mayo de 2001 en el Diario Oficial.

¿Cuál fue el objeto del Decreto Nº 17/2001? Era el proyecto de Presupuesto, el cual fue remitido a la consideración del Tribunal de Cuentas, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 225 de la Constitución, con la finalidad de que el Organismo de Contralor realice o no las observaciones que correspondan. Cosa que sucedió. El Tribunal de Cuentas realizó observaciones, las cuales fueron levantadas oportunamente por la Junta Departamental y la Intendencia Municipal.

Existen no uno sino muchos ejemplos de Intendencias y Juntas Departamentales que han hecho y siguen haciendo caso omiso a los informes del Tribunal de Cuentas y no contemplan sus observaciones.

Este no ha sido el caso de la Administración del Intendente de Canelones ni de la Junta Departamental.

Por tal razón no fue publicado ni promulgado dicho Decreto que tuvo el solo efecto de ser un acto jurídico preparatorio de una acto definitivo. Por ende, no es dicho Decreto obligatorio, ni cumple con lo establecido en el artículo 290 de la Constitución, citado previamente.

Ahora me referiré al Decreto Nº 20/2001, cuál es su objeto y si es válido o no. Su contenido busca simplemente corregir las observaciones del Tribunal de Cuentas y por eso le da nueva redacción a los artículos 11 y 30 del Decreto Nº 17/2001, siendo los artículos 3 y 4 del Decreto Nº 20/2001. Surge así claramente del Visto y Considerando de la norma donde se levantan las observaciones en el artículo 2 de este Decreto, dándole una nueva redacción a los anteriores artículos 11 y 30.

Concluyendo con este capítulo sobre la procedencia de dicho recurso, decimos que el Decreto Nº 21/2001 como surge de actas y de la información de la Secretaría de la Cámara de Representantes no fue impugnado. Solamente fueron objeto de impugnación los Decretos Nº 17/2001 y Nº 20/2001 en sus artículos 11, 15 y 30, y 3 y 4 respectivamente.

Ni los señores Ediles Departamentales ni los señores ciudadanos dieron en la tecla y cometieron un error jurídico insalvable, en donde precluye su instancia procesal.

Por tanto, el Decreto Nº 21/2001, promulgado por la Intendencia Municipal de Canelones el 16 de mayo de 2001, por Resolución Nº 1895/001, y debidamente publicado en el Diario Oficial, ha quedado firme y todas y cada una de las normas anteriores no impugnadas y reconocidas por el artículo 32 del presupuesto vigente, relacionadas al ordenamiento financiero y que siguen teniendo efecto como el Decreto Nº 33/996 que la Intendencia tiene la obligación de hacer cumplir por gozar de plena vigencia.

Los recurrentes deberían haber impugnado los artículos correspondientes de este Decreto Nº 21/001 y no los anteriores para llegar al fin que pretendían.

Es más y concluyendo este capítulo, en la Comisión y en sus actas debe constar al momento de emitir el voto, los Representantes de los Partidos que acompañaron y defendieron estos recursos, como ser el caso del señor Diputado Lacalle Pou y del señor Diputado José Bayardi, que admitieron que a su modo de entender deberían haber impugnado el artículo 18 y no el 17 del Decreto Nº 17/2001, dejando así en clara evidencia que no fue totalmente completo el alcance de dicho recurso.

ANÁLISIS DEL RECURSO INTERPUESTO Y SU TRASLADO

Como bien lo expresara la doctora Liliana Mercadal, Gerente del Area de Asesoría Jurídica de la Intendencia Municipal de Canelones, estas consideraciones bastarían para rechazar el recurso, pero al haberse dado traslado a la Intendencia y la Comisión no haber valorado debidamente lo que estaba pasando desde el punto de vista jurídico, es que analizaremos el fondo de las normas recurridas si son o no violatorias de la Constitución de la República o de la ley.

RECURSO PRESENTADO POR LOS SEÑORES EDILES

Del escrito los recurrentes en forma genérica se agravian diciendo que la Junta Departamental delega su potestad tributaria en el Poder Ejecutivo Comunal, fundamentándose en los argumentos del Tribunal de Cuentas que observó el artículo 11 del Decreto Nº 17/2000, el cual establecía: "La Intendencia Municipal de Canelones informará a la Junta Departamental en cada oportunidad en que realice modificaciones en los mínimos imponibles, tasas o cualquier otro tributo de acuerdo a las atribuciones conferidas por esta última. Asimismo proporcionará la información sobre los datos en base a los cuales se efectuaron dichas modificaciones".

La Intendencia Municipal de Canelones, tomando en cuenta las observaciones del Tribunal de Cuentas y para no caer en una supuesta violación de lo establecido en los artículos 273 numeral 3º) y 275 numeral 4º) de la Constitución de la República es que dicta un nuevo Decreto el Nº 20/2001, el cual le otorga una nueva redacción al mismo artículo y de esa manera se cambia el término modificación por actualización expresiones totalmente diferentes que contemplan la voluntad real de la Intendencia de Canelones, en aplicar un criterio que desde hace años lo viene haciendo, a través de una gran cantidad de Decretos que actualizan tributos desde coeficientes o parámetros preestablecidos sin modificar la base imponible para la cual si se necesitara la aprobación de la Junta Departamental, de acuerdo a lo que dispone el artículo 273 numeral 3º) de la Constitución, que dice claramente: "... dentro de las potestades de la Junta Departamental, crear o fijar a proposición del Intendente impuestos, tasas, contribuciones, tarifas y precios de los servicios que presten mediante el voto la mayoría absoluta del total de sus componentes".

Como expresé anteriormente, esta práctica totalmente lícita y constitucionalmente válida, la vienen aplicando varias Intendencias de todos los Partidos Políticos, y desde hace ya unos cuantos años, por ejemplo, aparte de Canelones, lo ha hecho y lo hace Florida, Montevideo, Durazno, entre otras.

En Canelones, el Decreto Nº 33/996 y el Decreto Nº 2089/987, sobre la actualización de valores de la tasa de higiene ambiental, expresan "no pudiendo superar el ajuste de variación registrada en el índice de costo de vida de acuerdo a la estadística que lleva el Ministerio de Economía y Finanzas".

El Decreto Nº 578/973, Ordenanza de Instalación de Kioscos en Parques, Veredas, Plazas o en cualquier otro lugar de uso público; el Decreto Nº 85/998 Tasa de Servicios Administrativos, por el cual la Intendencia actualizará semestralmente los valores citados con un incremento máximo tomando como base el Indice de Precios al Consumo (IPC), ocurrido en el semestre inmediato anterior a dicho aumento Decreto Nº 96/996, de 11 de noviembre de 1996, modificación de disposiciones de Ordenanza de Construcciones Privadas Cercos y Veredas. En su artículo 64 establece: "Los valores resultantes de Unidades Reajustables a que se hace referencia se actualizarán al 1º de enero de cada año, adoptándose el nuevo valor fijado por el Poder Ejecutivo para la Unidad Reajustable al 1º de setiembre inmediato anterior redondeándose importes resultantes en la cantidad inmediata inferior expresada en Pesos Uruguayos Moneda Nacional".

El Decreto Nº 2763, de 29 de agosto de 1980, Capítulo XVI De los Derechos Municipales, artículo 168: "Los Derechos Municipales que se deberán abonar por los actos y trámites en materia serán los que a continuación se detallan y serán fijados en forma periódica oportunamente cuando las circunstancias lo requieran, por el Intendente Municipal y en los casos que correspondan con la anuencia del Organo Deliberativo Comunal".

Podríamos seguir encontrando y citando muchos ejemplos más sobre normas que tirarían por tierra la indexación impositiva. Hasta el propio Gobierno Central, fija por decreto ciertos valores de bases imponibles de impuestos y tributos que los actualiza por parámetros preestablecidos y que se van actualizando periódicamente. Ejemplo de ello, es si cada vez que el Gobierno Central fija el sueldo mínimo nacional, debe tener autorización del Poder Legislativo o cuando se actualizan los mínimos imponibles para el Impuesto al Patrimonio. Eso sería atar de manos y pies a los Ejecutivos, los cuales demorarían una eternidad para actualizar valores de tributos ya aprobados que cuando fueran efectivamente a recaudar seguramente se daría una situación deficitaria.

A esta realidad tampoco escapó el Frente Amplio–Encuentro Progresista en el Gobierno Departamental de Montevideo, cuando el Intendente electo doctor Tabaré Vázquez, preveía realizar lo mismo y previamente efectuó una consulta al Tribunal de Cuentas con fecha 8 de febrero de 1990, desde sus oficinas provisorias en un hotel céntrico de la capital. Dicha consulta del doctor Vázquez decía: "es interés formular Presupuestos en función de la evolución del Indice General de Precios al Consumo, para lo cual se propone incluir el siguiente proyecto: Los importes se expresan en valores de diciembre de 1989 y serán reajustados cuatrimestralmente de acuerdo a las normas establecidas en los artículos 4 y 5 de la Ley Nº 15.903. El mismo procedimiento se aplicará para el reajuste de los recursos de la Administración Municipal. La evolución del IPC, operará como tope máximo a los efectos del reajuste indicado".

Por su parte el Tribunal de Cuentas contesta en su informe: "Que no merece observación el reajuste de las partidas presupuestales en función del IPC, elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos y en forma similar a los artículos 4º y 5º de la Ley Nº 15.903. Que la Contribución Inmobiliaria y Patente de Rodados constituyen impuestos propiciándose el reajuste cuatrimestral según IPC de los valores de aforo que constituyen materia gravada. Existen antecedentes al respecto en materia nacional, específicamente el impuesto anual de Primaria con la diferencia que el reajuste es anual y no cuatrimestral, no obstante no existen impedimentos para su aplicación. Que igual solución merece la Tasa General Municipal, en la medida que su monto se establece en base al valor real de los inmuebles".

Por último, sobre este punto, que no ofrece la más mínima duda desde el punto de vista doctrinario y de la jurisprudencia, donde la Suprema Corte de Justicia, en Sentencia Nº 59/992 establece: "El legislador puede prever topes máximos o márgenes legales para la cuantía de un tributo y delegar en el Poder Ejecutivo la eficaz adaptación de dichas pautas según las diversas circunstancias que se pueden presentar. Esta delegación no resulta inconstitucional ya que en ellas el Poder Ejecutivo carece de discrecionalidad para apartarse de las pautas o márgenes predeterminados por la ley tributaria".

Como nos enseña el doctor Peirano, "Nuestra Suprema Corte de Justicia ha sostenido reiteradamente que si bien la entidad patrimonial de la prestación debe surgir del propio texto de la ley, el principio se cumple si la norma establece las directivas generales con máximo y mínimo dentro de los cuales podrá, moverse el Poder Administrador...". Dr. Juan Carlos Peirano Facio, "El Principio de Legalidad en el Derecho Tributario Uruguayo", Simposio Organizado por la Facultad de Derecho en 1986.

Concluimos que el artículo 11 del Decreto Nº 17/001 no ofrece dudas, "... de conformidad con los decretos en que se dispusieron los respectivos criterios de actualización. Asimismo proporcionará la información sobre los datos en base a los cuales se efectuaron dichas actualizaciones".

No existe delegación ni inconstitucionalidad alguna, no se pueden mutar los fundamentos jurídicos según los intereses políticos o partidarios, hecho que sin duda generaría un desuso o abuso del derecho de los recurrentes y de los derechos de la Administración.

Respecto al artículo 30, también impugnado que fija una partida extraordinaria por tareas de mayor responsabilidad estableciendo un máximo para dicha compensación, es potestad privativa del Ejecutivo Comunal adjudicarlo como lo realiza cualquier Administración, y de la simple lectura del mismo no colide en forma alguna con el artículo 86 de la Constitución de la República. Es una autorización exclusiva para gastos con destino a compensación extraordinaria en relación a la función no a un hecho aislado, sino a la confianza y responsabilidad del cargo, no modifica retribuciones ni dotaciones salariales de ninguna clase, y dictada al amparo legal y constitucional.

RECURSO INTERPUESTO POR LOS CIUDADANOS

Los ciudadanos de Canelones, interpusieron recurso contra el artículo 11 del Decreto Nº 17/001, en redacción dada por el artículo 3 del Decreto Nº 20/2001 y los artículos 15 a 17 del Decreto Nº 17/2001.

En cuanto al artículo 11 del Decreto referido, hemos sido más que claros, extensos y sobre todo contundentes, como para repetir la argumentación que analiza el mismo recurso interpuesto por los señores Ediles.

Si tuviéramos para un mismo recurso soluciones diferentes, nuestros argumentos no solo serían inconsistentes, sino carentes de seriedad y de capacidad académica. No se puede jugar con los intereses y los derechos ciudadanos y virar la óptica según el cristal por donde se mire.

Los artículos 15 y 16 del Decreto Nº 17/001, es recurrido por considerarlo confiscatorio dado que determina la cuantía del impuesto. Al comienzo de nuestra exposición, hablábamos a manera de reseña, que el Decreto Nº 33/996 está vigente y es válido aplicando una adecuación de los valores catastrales municipales con los de la Dirección Nacional de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas. Es este organismo imparcial y de jurisdicción nacional, el que fijó los valores en el departamento de Durazno, al cual represento, lo hizo también en Montevideo y también en Canelones, y en varios departamentos más del país, con efectos no tan sensibles ni contemplativos al momento de su aplicación, les aseguro, como en el caso de Canelones. Me refiero a que algunos mantuvieron alícuotas altas con valores catastrales perimidos, cosa que no ocurrió en Canelones, como ya hemos explicado claramente.

El vecino, el contribuyente, el ciudadano de Canelones que no estaba de acuerdo con los nuevos valores catastrales lo debía impugnar ante quien los fijó, en este caso la Dirección Nacional de Catastro dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas y no contra la Intendencia de Canelones.

La vía administrativa existe y es un derecho del administrado, que por razones ajenas a la Intendencia de Canelones, no impugnó ante quien tenía la potestad de modificar dicho nuevo valor, el referido organismo nacional e imparcial especializado en la materia. En ese entonces no lo hicieron, hoy anuncian que lo van a hacer con los nuevos tramos de aplicación del Convenio con la Dirección Nacional de Catastro. La resolución pasible de impugnación era la Nº 42/000 emitida por el mencionado organismo.

Este es un tema que también se planteó en mi departamento de Durazno y fue pasible de impugnación y acompañado en forma unánime en la Comisión Especial. Lo verdaderamente lamentable es que no se repitiera la misma unanimidad con Canelones. Según parece los criterios cambian según el departamento de que se trate, parece que Canelones es un super departamento, o priman otros intereses más allá de los jurídicos.

Al quedar firme la Resolución Nº 42/000 que debió ser impugnada por cada uno de los interesados que se veía afectado y no lo hicieron, recién en dicha instancia la Intendencia aplicó los nuevos valores. No existe violación al principio de igualdad ni existe confiscatoriedad alguna, se enuncia alegremente sin fundamentarlo ni expresarlo no habiendo hasta la fecha ninguna declaración de inconstitucional, por ser confiscatorio un impuesto, ni siquiera cuando se recurrió por el Catedrático profesor doctor Giménez de Aréchaga en 1960, sobre el Impuesto a la Herencia, a pesar que existen notorias diferencias de lo que eran estos dos tributos totalmente distintos. Tomo 42 LJU, caso 5336, dicho recurso fracasó rotundamente.

Con referencia a la impugnación del artículo 17 del Decreto Nº 17/001, se argumenta que se viola el artículo 8º de la Constitución, porque discrimina a los contribuyentes por su ubicación geográfica. Es necesario aclarar que dicho convenio con el organismo especializado (Catastro), en la valoración de inmuebles, se va a realizar por tramos en todo el departamento de Canelones, dando fiel cumplimiento a un Decreto vigente como es el Nº 33/996, que obliga al Intendente a cumplir, en caso contrario caería en responsabilidad política.

Cualquier ciudadano que no esté de acuerdo tiene derecho a recurrir administrativamente dicho valor catastral. No existe discriminación de clase alguna, es una equivocación absoluta.

Es más, muchas Intendencias establecieron procedimientos para personas de bajos recursos económicos, para solicitar exoneraciones parciales atendiendo la situación individual del contribuyente. Para esto era necesario lógicamente presentarse ante el Ejecutivo Comunal.

En consecuencia y por todo lo expuesto, reconocemos que estos recursos no solo están mal presentados, sino que además la derogación de los decretos impugnados no va a tener los efectos ni las consecuencias que esperan los recurrentes, todo lo contrario.

Sala de la Comisión, 29 de octubre de 2001.

GUZMÁN ACOSTA Y LARA, Miembro Informante, JORGE BARRERA.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

1º.- Deséchase el recurso interpuesto por un núcleo de ciudadanos, contra el artículo 11 del Decreto Nº 17/001 de la Junta Departamental de Canelones, en la redacción dada por el artículo 3º del Decreto Nº 20/001 y contra los artículos 15 a 17 del Decreto Nº 17/001 aprobados en forma definitiva por el Decreto Nº 20/001.

2º.- Comuníquese a la Intendencia Municipal de Canelones, a la Junta Departamental de Canelones, a los recurrentes y oportunamente archívense estos antecedentes.

Sala de la Comisión, 29 de octubre de 2001.

GUZMÁN ACOSTA Y LARA, Miembro Informante, JORGE BARRERA".

——Léase el proyecto de resolución en mayoría.

(Se lee)

——En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante en mayoría, señor Diputado Bayardi.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: dije que Canelones me había dado trabajo; que los recursos de Canelones me habían dado trabajo. No me quejo del trabajo; me pagan para eso, así que me aplico a ello.

Dentro del trabajo, tengo que estar convencido de las cosas y actuar en consecuencia, porque el primer grado que tengo que tener es el del convencimiento. Esto me llevó a un proceso de discusión importante con compañeros -compañeros en el sentido político-partidario, como los frenteamplistas solemos llamarnos entre nosotros- firmantes del recurso y con otros compatriotas no necesariamente de mi sector político.

Voy a fundamentar el informe en mayoría sobre el recurso interpuesto por los vecinos del departamento de Canelones y voy a dar algunas respuestas a las intervenciones realizadas en la etapa anterior. En el proceso de discusión anterior fuimos y vinimos y muchas intervenciones hicieron referencia a los dos recursos indistintamente.

En el tema que informara el señor Diputado Lacalle Pou me centré en los aspectos formales en cuanto a si correspondía o no interponer recursos contra los Decretos Nos. 17/001 y 20/001, dado que había una fuerte ofensiva de la minoría fundamentando que no correspondía porque había un Decreto Nº 21/001. Lo único que tengo para decir aquí es que, tal como expresé anteriormente, si en el caso de los Ediles me resultaba complicado -si yo no tenía razón- aplicar la admisibilidad del recurso en función de un decreto que podía no haber sido el que sancionara el Presupuesto, en este caso no tengo ninguna duda de que, más allá de todas las consideraciones que hice con respecto al Decreto Nº 21 -para mí inexistente-, una vez recogidas las firmas de los vecinos del departamento e interpuesto el recurso en los plazos que el artículo 303 de la Constitución determinaba, el principio de informalismo en favor del administrado es de pleno recibo en la medida en que los textos que se impugnan son los mismos en cualquiera de los decretos que estuviéramos considerando. Por esta razón, no tengo ninguna duda de que el principio de informalismo en favor del administrado hace necesariamente admisible el recurso de los vecinos del departamento de Canelones.

No me voy a extender y voy a ir al fondo del asunto; no voy a profundizar lo que ya expresé en la discusión anterior sobre por qué es admisible el recurso. Sí quiero decir que los vecinos se presentaron ante la Cámara de Representantes el 29 de mayo de 2001 e interpusieron ante la Secretaría del Cuerpo el recurso de apelación contra los artículos de los decretos enunciados precedentemente: artículo 3º  del Decreto Nº  20/001 y los artículos 15 a 17 del Decreto Nº  17/001, que, según los vecinos, fue aprobado en forma definitiva por el Decreto Nº 20/001. Así procedieron los vecinos, al amparo del artículo 303 de la Constitución.

Posteriormente, los representantes de la Intendencia Municipal de Canelones comparecieron a fundamentar sus puntos de vista. Ya me referí a la parte formal de ese punto de vista, sobre lo que no me voy a extender y que obviamente no compartimos.

En el curso de esta sesión se ha aclarado que la Intendencia Municipal de Canelones va a cumplir -lo dijeron los legisladores del Partido del Intendente- con lo que resuelva el Cuerpo, lo cual -debo reconocerlo- me deja tranquilo en la medida en que, por lo que había trascendido durante la semana anterior, cabía la posibilidad de que incurriera en el incumplimiento de lo que se planteara por parte de la Cámara. Así es que en el informe que hice llegar al Cuerpo quedaron planteadas las responsabilidades políticas por el no cumplimiento de una resolución y, en ese momento, planteé que cruzaríamos el río cuando llegáramos.

No veo necesidad de hablar de los fundamentos que me llevaron a acompañar la derogación del artículo 11, en la medida en que el Cuerpo acaba de tomar una resolución referida al recurso interpuesto por los Ediles; ya se pronunció al respecto. Sí quisiera dejar alguna constancia por aquello de no poder con el genio.

En ese aspecto que acabamos de resolver -no lo pude decir antes-, cabe dejar constancia, compartiendo algunas cosas que se dijeron, de que ha sido una práctica constante y equivocada de acuerdo con la casi totalidad de la doctrina nacional e internacional, el admitir disposiciones que permitan de forma directa o indirecta la fijación del "quantum" del impuesto por parte del Poder administrador, puesto que ello vulnera el principio de legalidad establecido en el artículo 7º de la Constitución, concordante con el numeral 3º del artículo 273. Que lo haya hecho la mayoría de este Cuerpo a nivel nacional o que lo hubiéramos hecho todos de común acuerdo a nivel nacional, desde el punto de vista de la doctrina no quita que esta posibilidad esté cuestionada. Y como nos estamos pronunciando desde el punto de vista constitucional, en función del artículo 303, no deberíamos soslayarlo.

Hay algo que olvidé decir en el correr de la sesión. Esto es como un acto de fe. Debo decir que no voy a la iglesia desde que tenía dieciséis años, cuando me confesaba y tomaba la comunión; ahora no me confieso más, por un problema de salud. No hice mi profesión de fe antes de empezar a hablar de este tema, pero hay algo que sigo manteniendo: deberíamos sacar el artículo 303 de la Constitución. Deberíamos eliminar la posibilidad de traer a un ámbito político una instancia jurisdiccional. Están cansados de oírlo, pero quería dejar constancia de mi fe, ya que me había olvidado de decir esto que siempre he sostenido.

¿Cuál es el papel del Intendente? Posee la potestad normativa, típica función administrativa, lo que significa que todos los aspectos necesarios para ordenar y efectivizar el cobro de tributos son objeto de regulación administrativa de su parte. En esto no existe diferencia con el funcionamiento del Poder Ejecutivo a escala nacional.

El problema surge en cuanto a la posibilidad de que el órgano legislativo delegue en el ejecutivo la fijación de la alícuota de la tributación. En este sentido, si bien la mayoría de la doctrina se inclina a favor de la imposibilidad de que el legislativo delegue dicha potestad en el ejecutivo, ello en la práctica ha sido desconocido -como aquí bien se dijo- a nivel de la legislación nacional, estableciéndose en numerosos impuestos la posibilidad de fijar las tasas de recaudación desde cero hasta un nivel máximo de porcentaje, lo que implica delegar la facultad de graduar el impuesto. Que lo hayamos hecho no quiere decir que sea constitucional.

A continuación, voy a referirme al segundo aspecto. Los que conocen mi proceso saben que pude haber arrancado con dudas, pero voy a tratar de fundamentar cuáles son los contenidos que me llevan a acompañar la derogación de los artículos 15 al 17, con dos salvedades.

En primer lugar, los vecinos deberían haber recurrido todo el paquete de la Contribución Inmobiliaria, desde el artículo 15 al 20, pudiendo, eventualmente, no recurrir el artículo que hace lugar a las bonificaciones o exoneraciones, como ya lo dije y como lo planteó el señor Diputado Acosta y Lara. De todos modos, procedieron de esa manera y yo no puedo ir más allá de lo que los recurrentes han propuesto.

Respecto a qué principios violan las normas impugnadas, contenidas en el capítulo de la Contribución Inmobiliaria, a mi criterio nos encontramos con la eventual vulneración del principio de igualdad ante las cargas tributarias. El prestigioso autor argentino Giuliani Fonrouge señala que "el principio de igualdad no se refiere a la igualdad numérica, que daría lugar a las mayores injusticias, sino a la necesidad de asegurar el mismo tratamiento a quienes se encuentren en análogas situaciones, de modo que no constituye una regla férrea porque permite la formación de distingos o categorías siempre que estas sean razonables, con exclusión de toda discriminación arbitraria, injusta u hostil contra determinadas categorías de personas". Esto lo escribe en "De los Tributos y el Poder Tributario", de la editorial Depalma.

Esto significa, concordante con el artículo 7º de nuestra Constitución, que establece el principio de que los derechos -en este caso, el de propiedad- solo pueden ser limitados por ley en función del interés general; si bien puede admitirse la utilización del impuesto con criterios correctivos, en función del principio de distribución equitativa de las cargas tributarias ello no puede basarse en una discriminación entre personas que se encuentren en iguales condiciones. A estos efectos, el distinguido autor señala que la Corte Suprema argentina declaró válidos los impuestos que tienen en mira la capacidad económica -como el carácter progresivo de un tributo-, la formación de categorías de contribuyentes a tasas diferentes entre presentes y ausentes "siempre que este último concepto se aplique a domiciliados fuera del país y no por razones de vecindad [...]". Señala asimismo que se declararon inválidos los impuestos aplicados a los bienes en condominio según el valor total de ellos sin tomar en cuenta la porción de cada condómino, por ejemplo.

En nuestro país, además, entre los criterios de igualdad se ha establecido el de la "equidad horizontal", expresando que "Se acepta la discriminación basada en la posesión de renta o riqueza y se rechaza la que deriva de caracteres netamente personales".

Jarach dice que "los legisladores son quienes deben cuidar de que se dé un tratamiento idéntico a los contribuyentes. No es que los Jueces o la Administración deban tratar a todos con igualdad frente a la ley, sino que ella debe ser pareja. Por consiguiente, el principio de igualdad es un límite al Poder Legislativo". Esto figura en el "Curso superior de Derecho Tributario". El autor cita una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos afirmando: "[...] no respetan el criterio de igualdad las diferencias fundadas en color, raza [...] y otras circunstancias que no tengan relación posible con los deberes de los ciudadanos como contribuyentes". Esta cita fue hoy invocada parcialmente por un señor legislador, y yo creo que lo que debe tomarse de la cita es qué relación debe tener cada una de esas circunstancias con los deberes de los ciudadanos como contribuyentes.

Si bien la división de los ciudadanos en categorías es posible, ello debe realizarse bajo el principio de la razonabilidad, el cual excluye elementos de diferenciación que dependen de actividades administrativas, puesto que, si quien define las diferenciaciones es la ley, esta no puede librar dicha diferenciación a la actividad administrativa. Ello actuaría como una delegación indirecta de la ley al Poder administrador.

En este sentido, al analizar los artículos impugnados surge claramente que existe un número de ciudadanos contribuyentes que, por una situación administrativa ajena al legislador y al criterio de igualdad, se encuentran en una situación desventajosa frente a otros que se encuentran, o podrían encontrarse, en análoga situación.

¿Qué quiero decir con esto? En realidad, hubo un acuerdo entre la Intendencia Municipal de Canelones y la Dirección Nacional de Catastro que lleva a que este organismo, un ámbito administrativo, reafore los bienes inmuebles del departamento de Canelones en etapas. También va comunicándoselo a la Intendencia en etapas. El problema es que el Poder administrador no se encarga de la igualdad; de ella se encarga el legislador; en este caso, el legislador departamental. De manera que hay un acuerdo con Catastro para reaforar y los datos se van a ir entregando progresivamente. El problema del legislador es cómo iguala a los contribuyentes del departamento de Canelones. A los efectos de la Contribución Inmobiliaria, que es un tributo real, ¿qué es lo que los iguala? Lo que los iguala debe ser el valor de sus bienes inmuebles, porque la Contribución Inmobiliaria es un tributo de naturaleza real; entonces, debe haber algún parámetro para igualar a los contribuyentes, es decir que una vez medido el valor inmobiliario real de cada contribuyente o de la mayoría, yo pueda aplicar un criterio político que determine que cumplo con los principios consagrados en nuestra Constitución en cuanto a la igualdad ante las cargas tributarias. Voy a poner un ejemplo que acá ya se dijo.

El Intendente de Durazno hizo un reaforo catastral en ese departamento. Como se dijo, más allá de que lo interpuesto por los ciudadanos no hace referencia a ningún artículo en particular del Presupuesto -lo que resultaría complicado desde el punto de vista formal- el mencionado Intendente reaforó las ciudades de Durazno y de Sarandí del Yi. Me animo a decir -hay otros Diputados que tienen más autoridad que yo para decirlo, porque no soy de Durazno- que al reaforarse los padrones de las ciudades de Durazno y de Sarandí del Yi se alcanzó a alrededor del 70% de los contribuyentes inmobiliarios del departamento. Entonces, al resto de los contribuyentes -a los que viven en las ciudades más chicas, periféricas- se los siguió tratando con el sistema que estaba vigente. Uno puede decir que hubo una base material por la cual se tomó a cerca del 70% de los contribuyentes y se les aplicó un criterio político -la sanción legislativa se hace en función de criterios políticos, que deben respetar los principios constitucionales- para la asignación de la carga tributaria del departamento.

¿Qué pasó en Canelones? En Canelones existe un convenio con la Dirección Nacional de Catastro; se informa del 3% de los padrones -5.000 - y no del 3% de una muestra. Esto es: con el 5% de una muestra aleatoria podríamos verificar la capacidad contributiva de todo el departamento, pero se toma solo el 3% de los padrones, no de una muestra sino de una zona. ¿Qué puede decir uno de esa zona? Uno pasa por la zona y dice que ahí puede haber capacidad contributiva. Sin embargo, el legislador no puede actuar con la presunción de que debe de haber, pues está obligado a justificar las decisiones que tomará a la hora de distribuir la carga tributaria por concepto de Contribución Inmobiliaria. Porque ¿qué pasa con un contribuyente que, en vez de estar entre ese 3% o entre esos 5.000 padrones, vive en la Ciudad de la Costa, en la zona 2, que tiene 15.000 padrones? No lo sabemos. ¿Y qué pasa con otro contribuyente que está entre los 175.000 padrones restantes, que puede tener un bien inmueble real mucho más valorado que el de aquellos que pertenecen a la franja del 3% y sobre los que hoy hacemos recaer la carga tributaria?

Este es un problema de violación de la igualdad ante las cargas públicas en lo que tiene que ver con la relación entre las zonas de un departamento. Ya el señor Diputado Agazzi plasmará con cifras qué implica esto para la zona desde el punto de vista del aporte al incremento de la Contribución Inmobiliaria en los próximos cinco años.

Existe un número de ciudadanos contribuyentes que por una situación administrativa ajena al legislador y al criterio de igualdad está en desventaja frente a otros.

¿La norma podría señalar zonas para aplicar alícuotas diferentes en función de criterios de distribución del ingreso? Sí, podría, pero debe tener en vista la capacidad contributiva mayoritaria del departamento para poder aplicar un criterio político. Sin embargo, el hecho de que hayan sido objeto de una actuación administrativa general, que por motivos prácticos o técnicos no cubrió a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones, llevando a que tengan que abonar un monto superior a otros, sin que haya justificación alguna en motivo de diferencias en la capacidad contributiva o en fines extra fiscales razonables de interés general, vulnera el principio de igualdad en lo que tiene que ver con la igualdad entre los contribuyentes del departamento.

Véase que los vecinos incluidos en el alcance de los artículos 17 y 18 -el 17 fue impugnado y el 18 no- no son objeto de un tratamiento fiscal distinto por motivos fundados de interés general o de igualación contributiva, sino por el simple hecho de haber sido objeto de reaforos. De esta forma, un vecino que tiene un bien de valor real inferior, con idéntica ubicación, o inclusive inferior a otro que está en una zona geográfica análoga, deberá abonar mucho más en virtud de una omisión o falta administrativa. Lo lógico hubiera sido mantener en suspenso la aplicación de los nuevos valores hasta la generalización del aforo o hasta que se cubriera una zona que nos permitiese identificar la capacidad contributiva de los vecinos de Canelones.

De esta forma, el financiamiento presupuestal recayó en forma desequilibrada en un grupo aleatorio de contribuyentes, haciendo caer el principio de equidad.

Ahora voy a referirme a otro aspecto que señala el informe en minoría que presentó el señor Diputado Acosta y Lara y sobre el que tengo una visión contraria, no por un problema ideológico o por haber abrevado en corrientes ideológicas distintas. A mi criterio, se viola el principio de igualdad intrazona, en virtud de que el convenio entre la Intendencia Municipal de Canelones y la Dirección Nacional de Catastro se basó en el reaforo tomando en cuenta solamente la actualización del valor terreno. El señor Diputado Acosta y Lara decía que esto favorecía a los vecinos, pero voy a explicar por qué entiendo que se viola el principio de igualdad intrazona.

Supongamos que el señor Diputado Agazzi y yo tenemos dos bienes de mil metros cuadrados cada uno, cuyo padrón se ubica en la zona del arroyo Carrasco hacia el Este, en el balneario Shangrilá. Somos vecinos; él tiene mil metros cuadrados de terreno y yo también. Si el señor Diputado Agazzi tiene en esos mil metros una residencia con diez dormitorios, cuatro baños, cinco cocheras y dos piscinas, y yo poseo un bien inmueble construido por los viejos planes económicos, el criterio de tomar solo el valor terreno en realidad me estará castigando solamente a mí, que tengo mucha menos capacidad contributiva real por el valor total del inmueble que el señor Diputado Agazzi.

Entonces, en este caso estamos violando el principio de igualdad intrazona. ¿Esto quiere decir que la Dirección Nacional de Catastro y la Intendencia Municipal de Canelones no pudieron haber firmado un convenio o un acuerdo para actualizar solo el valor del terreno? Podrían haber firmado mil convenios, solo por el valor del terreno, por el valor del terreno y del inmueble, es decir, por lo que quisieran. Sin embargo, acá estamos en presencia de un acto administrativo, y en realidad se legisla como acto político; el legislador está obligado a aplicar el principio de igualdad y, dentro de él, la igualdad tributaria ante las cargas públicas. Es acá donde el legislador está obligado a no violar ese principio.

Entonces, a diferencia de lo sostenido en el informe en minoría, creo que basar la Contribución Inmobiliaria solo en el valor de reaforo del terreno es, en este caso, violatorio del principio de igualdad intrazona.

Me he planteado dar razón a los recurrentes, más allá de que crea que debieron haber interpuesto el recurso contra más artículos. A mi entender, la violación del principio de igualdad ante las cargas públicas queda consagrada con esta forma de reaforar, que debería tenerse presente para todas las Intendencias Municipales y no solo para este caso. El legislador debe tener claro cómo se aplica este principio a la hora de legislar y no solo tomar la información administrativa porque, repito, es quien tiene la obligación de cuidar la aplicación de los preceptos constitucionales a través de la ley. Creo que ese principio ha quedado claramente vulnerado.

En ese sentido, acompañaré el recurso interpuesto por los vecinos con relación al artículo 15, que hace caer el valor imponible municipal, y con respecto al artículo 16, pero en cuanto al artículo 17 cabe una observación que expondré brevemente para no alargar la sesión de hoy.

En la Comisión se abrió un proceso de discusión y un intercambio de opiniones con la Secretaría sobre la cuestión de si cuando se interponen recursos contra más de un artículo de un Presupuesto podemos pronunciarnos acerca de algunos artículos y sobre otros no lo podemos hacer.

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- ¡Apoyado!

SEÑOR BAYARDI.- En realidad, a mi modo de ver, el Cuerpo puede pronunciarse contra unos artículos y contra otros no. Más allá de contar con el apoyo de algunos colegas que me merecen enorme respeto desde el punto de vista jurídico, como el señor Diputado Díaz Maynard -que me acaba de decir "apoyado", en ese sentido-, el propio doctor Cassinelli Muñoz, en una cita que me alcanzó la Secretaría del Cuerpo, plantea que se puede separar dentro de un mismo decreto la impugnación a unos artículos de la de otros, porque lo que es ilegítimo es ilegítimo y lo que no es ilegítimo no lo es.

(Ocupa la Presidencia la señora Representante Puñales Brun)

——De todos modos, el proyecto de resolución firmado por la mayoría quedó plasmado, dándoles la razón a los vecinos en todo lo que recurren. Nosotros vamos a acompañar ese proyecto de resolución porque, en realidad, con todas las irregularidades que ha habido en la sanción del Presupuesto de Canelones, sería dilatar la reunión si abrimos la discusión sobre este otro aspecto. Creo que la voluntad del Cuerpo es terminar votando los recursos en el día de hoy. Si existiera la necesidad de abrir este debate podríamos pronunciarnos con respecto a los artículos 15 y 16 y no necesariamente contra el 17.

Es cuanto tenía para informar, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA (Puñales Brun).- Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor Diputado Acosta y Lara.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Señora Presidenta: vamos a terminar con el informe sobre el recurso interpuesto por los ciudadanos. El fundamento principal de nuestros argumentos lo dimos durante la exposición primaria, en la que hablamos de los requisitos por los cuales creemos que dicho recurso fue mal interpuesto. Por lo tanto, para no aburrir a la Cámara, no vamos a reiterar los aspectos formales, jurídicos y de derecho de fondo por los cuales estamos seguros de que el Decreto Nº 21 no solo es válido, sino que está vigente, promulgado, publicado en el Diario Oficial y, por ende, tiene fuerza de ley dentro de la jurisdicción. Esto ya lo hemos sostenido y lo vamos a seguir manteniendo. ¡Bastante discusión ha habido en la Cámara como para entrar a comentar esas circunstancias a fin de analizar el fondo, que es lo que nos debe llamar la atención, en cuanto a si corresponde o no dicho recurso!

Acá se dijo que, en este caso, se puede aplicar el principio de informalismo a favor del administrado. Es la primera vez que escucho una afirmación de este tipo. He considerado el informalismo a favor del administrado desde diferentes puntos de vista, como lo establecen muchas doctrinas, entre ellas la del doctor Cajarville, siempre y cuando sea sobre requisitos que no son esenciales para la validez de la interposición de los recursos. Me estoy refiriendo, para los que no son letrados en este tema, a requisitos que pueden ser salvados con posterioridad y que no hacen a la presentación formal de un recurso. La constitución de domicilio...

SEÑOR DÍAZ MAYNARD.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Después se la voy a conceder con mucho gusto, señor Diputado.

La constitución del domicilio y otros requisitos formales no son esenciales en cuanto a la validez del recurso que se interpone, pero no en cuanto a su fundamento. El informalismo en favor del administrado es, como decía hoy el señor Diputado Fernández Chaves, tomar el principio de igualdad establecido en el artículo 8º y estirarlo como un chicle. Hoy, de la misma manera, en ese paralelismo que hago con respecto al informalismo a favor del administrado se pretende tomar el Decreto Nº 500/991, que es el que hace referencia a esto y, de esa manera, convalidar errores insalvables -como ya dije- en que precluía la actividad procesal y la oportunidad jurídicamente procesal obtenida por los señores vecinos. Esos errores, ni siquiera en la comparecencia en la Comisión, se pudieron haber planteado y salvado, y tampoco se hizo. Más allá de que algunos pueden decir que se podrían haber salvado en esa instancia, considero que tampoco en esa circunstancia ello era posible. Además, no podemos corregir errores que nos transformarían a nosotros, en este caso, en jueces, que es lo que estamos siendo en estas circunstancias en que estamos analizando la legalidad y la constitucionalidad de un recurso. No podemos ser, como se dice en la órbita jurídica, "ultrapetitos": dar más cosas que la que piden los vecinos. Esa no está dentro de nuestras facultades, señores Representantes. Si lo hiciéramos, nos estaríamos excediendo en los derechos, en lo que estamos fundamentando como legisladores, e incumpliríamos la Constitución.

Los ciudadanos de Canelones interpusieron el recurso -como voy a repetir nuevamente- contra el artículo 11 del Decreto Nº 17/001 en la redacción dada por el artículo 3º del Decreto Nº 20/001, y contra los artículos 15 a 17 del Decreto Nº 17/001.

En cuanto al artículo 11 del decreto referido, hemos sido más que claros, extensos y sobre todo contundentes como para repetir la argumentación que analiza el mismo recurso interpuesto por los señores Ediles.

Si tuviéramos para un mismo recurso soluciones diferentes, nuestros argumentos no solo serían inconsistentes sino carentes de seriedad y de capacidad académica. No se puede jugar con los intereses y los derechos ciudadanos y mirarlos con ópticas que no entran en el campo jurídico sino político. No compartimos los criterios evaluados acá en cuanto a que se violan los principios de legalidad o de igualdad de las cargas tributarias.

Los artículos 15 y 16 del Decreto Nº 17/001 son recurridos por considerarlos confiscatorios, dado que determinan la cuantía del impuesto. Esto no es así. Al comienzo de nuestra exposición hablábamos a manera de reseña del valor que tiene un decreto vigente, y no se puede tener dudas de que el Decreto Nº 33/996 está vigente, es válido y no ha sido cuestionado de ninguna manera en cuanto a la adecuación de los valores catastrales municipales con los de la Dirección Nacional de Catastro. Eso tampoco se ha cuestionado acá. Y tampoco se ha cuestionado que en la Resolución Nº 42/000 del Ministerio de Economía y Finanzas, al que pertenece la Dirección Nacional de Catastro, se establezca en forma clara y contundente que esa emisión de acto administrativo ha sido válida, firme y no impugnada debidamente por cada uno de los ciudadanos que se hubieran sentido afectados, como tienen derecho a hacerlo y como hoy algunos se dieron cuenta de que lo tienen que hacer. Algunos vecinos hoy están anunciando que lo van a hacer sobre las próximas comunicaciones de los distintos valores catastrales, porque se dieron cuenta de que eso es lo que realmente se tiene que impugnar. Ese es el acto por el que se sienten lesionados en un interés directo, particular y legítimo, que tienen que impugnar, y no un decreto de la Junta Departamental que establece nuevos valores catastrales mediante un convenio directo entre la Intendencia y la Dirección Nacional de Catastro. No he oído a nadie decir que no era necesario hacerlo; no he oído a nadie decir que hace veintiséis años que no se hacía; no he oído a nadie decir que los terrenos cuyos valores a algunos les parecían irrisorios hoy tienen edificaciones más que importantes; no he oído a nadie decir que en la Intendencia Municipal de Canelones, cuando un ama de casa o una jubilada se sienten afectadas en ese derecho y quieren reclamar, existen formas de exoneración automáticas previstas en un decreto de la Junta Departamental; no he oído a nadie decir que se exoneraba en un 60% por la sola presentación de alguien que se hubiera sentido lesionado en esas condiciones jurídicas. Además, si se hubiera asesorado debidamente a las personas que estaban en esas condiciones, tanto amas de casa solteras como jubiladas podrían haber solicitado a la Junta Departamental, en esa circunstancia, una exoneración del 100%. Tampoco he oído a nadie decir que los aumentos de los nuevos valores no se van a aplicar de entrada en un 100%, sino que se van a aplicar en forma gradual de un 60% a un 100% en los tres próximos años. Tampoco se ha dicho en forma clara que estos elementos son más que contundentes para derivar que no se ha violado ningún principio de legalidad ni ha habido confiscatoriedad alguna, como se quiere decir.

Tampoco se ha dicho que este organismo es imparcial y de jurisdicción nacional, que fijó los nuevos valores no solo en el departamento de Canelones sino en Durazno, al cual represento, y lo hizo también en Montevideo y en varios departamentos del país, con efectos no tan sensibles ni contemplativos como en este caso. Me refiero a cuando aplicábamos alícuotas superiores a los valores catastrales viejos a fin de tener una base de impuesto mucho más importante que la que se tiene ahora.

El vecino, el contribuyente, el ciudadano de Canelones que no estaba de acuerdo con estos nuevos valores catastrales debía realizar la impugnación ante quien dicta dicho acto, que es la Dirección Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Es necesario volver a repetir que esa vía administrativa existe y que es un derecho del administrado, quien, por razones ajenas a la Intendencia Municipal de Canelones, no impugnó ante quien debía, es decir, ante quien tiene la potestad de modificar el nuevo valor. No obstante, hoy anuncian que lo van a hacer con los tramos de aplicación del nuevo convenio con la Dirección Nacional de Catastro.

Como dijimos anteriormente, este asunto se planteó en otros lugares y los argumentos expresados en la Comisión son diferentes para un departamento y para otro. No comparto lo que dijo el señor Diputado Bayardi en cuanto a que se toma un 70% del departamento de Durazno cuando se hace referencia a las ciudades de Durazno y de Sarandí del Yi. Sin lugar a dudas, la mayor cantidad de padrones están ahí, pero aquí no se está diciendo que esto será extensible a los diferentes tramos que se van a hacer por el convenio existente con la Dirección Nacional de Catastro; eso se va a hacer. No comparto la posición de que habría que dejar esto en suspenso; en ningún lugar se dice que habría que dejarlo en suspenso hasta que se tenga la totalidad de los padrones de todo el departamento.

Al quedar firme la Resolución Nº 42/000, que debió ser impugnada por cada uno de los interesados que se veían afectados y no lo hicieron, recién en dicha instancia la Intendencia aplicó los nuevos valores. No existe violación al principio de igualdad ni confiscatoriedad alguna; eso se enuncia alegremente, sin fundamentarlo y sin expresarlo, no habiendo hasta la fecha ninguna declaración de inconstitucionalidad por el hecho de que un impuesto sea confiscatorio. En la historia de los recursos y de las impugnaciones no ha habido ninguno que haya llegado a su eficacia por ser el tributo confiscatorio. Es más: en 1960, el distinguidísimo doctor Jiménez de Aréchaga intentó basarse en el impuesto a la herencia, que era estrictamente confiscatorio, y existieron notorias diferencias en el sentido de que esos tributos eran distintos. Ese procedimiento se publicó en el Tomo 42 de LJU, caso 5336: dicho recurso fracasó rotundamente. Entonces, en este sentido no existen antecedentes de recursos que se hayan fundado en la confiscatoriedad. Adviértase que me estoy refiriendo a argumentos mucho más sólidos que los que se pretenden encarar en estas circunstancias.

Con referencia a la impugnación del artículo 17 del Decreto Nº 17/001, se argumenta que se viola el artículo 8º de la Constitución porque discrimina a los contribuyentes por su ubicación geográfica. Es necesario aclarar que dicho convenio con el organismo especializado en la valoración de inmuebles -la Dirección Nacional de Catastro- se va a realizar por tramos en todo el departamento, dando fiel cumplimiento al decreto madre, es decir, el Nº 33/996, que obliga al Intendente a realizar esta revaloración a través de la Dirección Nacional de Catastro. En definitiva, se trata del cumplimiento de un decreto válido y eficaz de la Junta Departamental. Entonces, si no hiciera aquello a lo que está mandatado por la propia Junta Departamental -vigente actualmente- estaría cayendo en responsabilidad.

Cualquier ciudadano que no esté de acuerdo con dicho valor catastral tiene derecho a recurrir en forma administrativa. No existe discriminación de clase alguna; entonces, lo que se está manifestando hasta ahora es una equivocación absoluta. Es más: tal como refería hace instantes, muchas Intendencias establecieron procedimientos dirigidos a personas de bajos recursos a fin de solicitar exoneraciones parciales. Lógicamente, para esto era necesario presentarse ante el Ejecutivo Comunal. Si el interesado no lo hace, no lo puede efectuar la Intendencia por sí: el beneficio establecido en estos decretos se logra a instancia de parte.

En consecuencia, por todo lo argumentado anteriormente, que sigue siendo parte de nuestra fundamentación, reconocemos que estos recursos están mal presentados. Recordamos a los integrantes de la Cámara que ha habido un único informe, pero que hemos planteado diferencias en la consideración particular de los dos recursos.

Por consiguiente, voy a leer un proyecto de resolución que dice lo siguiente: "1º.- Deséchase el recurso interpuesto por un núcleo de ciudadanos, contra el artículo 11 del Decreto Nº 17/001 de la Junta Departamental de Canelones, en la redacción dada por el artículo 3º del Decreto Nº 20/001 y contra los artículos 15 a 17 del Decreto Nº 17/001 aprobados en forma definitiva por el Decreto Nº 20/001.- 2º.- Comuníquese a la Intendencia Municipal de Canelones, a la Junta Departamental de Canelones, a los recurrentes y oportunamente archívense estos antecedentes".

Estos son los argumentos que queríamos proporcionar desde el punto de vista jurídico, de derecho, para que toda la ciudadanía tenga la tranquilidad de que se ha acatado la Constitución y la ley. Tenemos que seguir mirando la legalidad, analizando si aquí se viola la Constitución y si se están violentando los derechos de los contribuyentes. En ese sentido, en base a lo expresado hasta ahora, decimos que se está cumpliendo con la ley y con la Constitución.

SEÑORA PRESIDENTA (Puñales Brun).- Tiene la palabra el señor Diputado Mahía.

SEÑOR MAHÍA.- Señora Presidenta: este asunto ya ha sido ampliado desde el punto de vista político-jurídico por el compañero Diputado Bayardi. Por tanto, simplemente vamos a desarrollar algunos ángulos complementarios.

Debemos vincular los reaforos a todo lo que sucede en la Dirección Nacional de Catastro, a cómo se tomaron esos valores como referencia y, fundamentalmente, al valor imponible municipal y las alícuotas utilizadas. Creemos que allí radica el fondo de la cuestión en cuanto a responsabilidades.

Es importante recordar que a fines de 2000, el Intendente dictó la Resolución Nº 2588, aplicando un nuevo catastro encargado por la Intendencia Municipal de Canelones. Posteriormente, derogó esa resolución cuando fue aprobado el Presupuesto quinquenal. Se ha dicho con acierto que el catastro fue hecho por la Dirección Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, pero fue encargado específicamente por la Intendencia Municipal de nuestro departamento de Canelones; este nuevo catastro no fue una ocurrencia ni una cuestión de azar.

El señor Diputado Bayardi sostenía en su informe algo que compartimos: que se viola el principio de igualdad de las cargas intrazona en el departamento a nivel global. Creemos que es profundamente injusto establecer un catastro -independientemente del departamento del que estemos hablando; en este caso se trata de Canelones- que tenga en cuenta terrenos y no los valores inmuebles erigidos sobre ellos. A nuestro entender, eso conduce a un aforo que, evidentemente, no refleja la realidad y no tiene que ver con el mercado, con el departamento ni con el Uruguay de hoy, sino con criterios, a nuestro juicio, perimidos.

Se ha dicho algo que compartimos: que aquí se afecta el derecho de propiedad. En ese sentido, tal como hicimos en nuestra anterior intervención, nos vamos a basar en algunos documentos presentados por vecinos del departamento en las distintas instancias. Por ejemplo, se ha hablado de un aumento desmedido del valor de la Contribución Inmobiliaria y de que en la Costa de Oro -en la zona aforada- se pagan Contribuciones muy por encima de los valores reales. En ese sentido, por un padrón en la Costa de Oro, en la zona aforada -no importa el número; vamos a dejarlo ahí-, en el primer cuatrimestre del año 2000 se pagaba $ 2.314; a partir del aforo aprobado, que hoy va a quedar sin efecto, se paga $ 10.865. Por si eso fuera poco, para ver lo alejados de la realidad que están estos aforos podemos tomar ejemplos de otros Gobiernos Municipales. En Maldonado, una propiedad de similares características en un terreno en Punta del Este paga $ 1.241. Podemos citar un ejemplo similar en Montevideo, donde un apartamento en Malvín, a media cuadra de la rambla, paga $ 1.947.

¿Qué queremos decir? Que acá, evidentemente, la suma total que se debe pagar por concepto de Contribución Inmobiliaria es absolutamente desmedida para la capacidad de pago del contribuyente, del ciudadano que vive en Canelones, máxime teniendo en cuenta que en nuestro departamento viven ciento treinta mil personas con necesidades básicas insatisfechas, que después de mucho tiempo han adquirido sus propiedades en un lugar muy importante del departamento. Y yo pregunto: ¿qué se ha hecho a través de los sucesivos Gobiernos para valorizar estas propiedades? ¿Ha tenido que ver el esfuerzo individual o comunitario para valorizar estas propiedades, o la acción municipal? Obviamente, nos inclinamos mucho más por lo primero que por lo segundo. Sin embargo, a partir de la aplicación de este nuevo aforo -que, reitero, va a caer como consecuencia de la votación de hoy en el Parlamento-, la gente termina pagando valores excesivos, desmedidos, fuera de la realidad.

Así, podemos manejar otros ejemplos que se pusieron ante la propia Junta Departamental sin que ello tuviera eco. Anónimos vecinos de la Costa de Oro, como un señor de apellido Trías, decía: "Podemos dar algunos ejemplos de aumentos escandalosos. Por ejemplo, un terreno que pagaba $ 3.471 pasa a pagar $ 27.317. Otro que pagaba $ 14.121 se fue a $ 40.121. Los ejemplos son claros de lo que significa este aumento".

Podemos hablar de una enorme cantidad de aspectos, pero también podemos citar, no ya la palabra de los vecinos, de quienes representan la oposición política en el departamento; podemos utilizar las palabras del ex Director General de Hacienda de la Intendencia Municipal de Canelones, recientemente renunciante, contador Yelpo, pronunciadas en el seno de la Comisión Permanente Nº 1, donde manifestó: "El 15% de los padrones en esta parte de la Ciudad de la Costa que se reaforó, aumenta un 50%. El 30% va a aumentar entre un 50% y un 100%; el 20% de los padrones va a aumentar entre un 100% y un 200%; el 25% va a aumentar entre un 200% y un 500% y el 10% de los padrones aforados va a aumentar más del 500%". Esto está en la versión taquigráfica de la Comisión Permanente Nº 1 y es lo que se informó a la Junta Departamental de boca de quien hacía los números hasta hace muy poquito en el Gobierno Municipal de Canelones.

Consideramos que debe votarse a favor del recurso presentado por los vecinos, por notorias razones de inconstitucionalidad, ya que se atenta contra el derecho de propiedad y se viola el principio de igualdad en las cargas.

Aparte de la no existencia del llamado Decreto Nº 21, no considerado ni votado jamás por la Junta Departamental de Canelones, esto es una injusticia porque se aplica por franjas, solo sobre valores de predios, sin tener en cuenta lo edificado en ellos. Además es irracional porque está alejado del poder contributivo de la gente, ya que no es lógico aumentar un promedio de 150%, que equivale al IPC de treinta años, puesto que este año el aumento fue de un 5%.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Penadés)

——Creemos que esta es una buena oportunidad para que el Gobierno Municipal de Canelones reflexione y proponga al departamento un aforo que tenga la sensibilidad de tomar en cuenta la realidad del poder adquisitivo y contributivo de la gente, la realidad vinculada a los servicios que no da en función de lo que pretende cobrar, la realidad de las necesidades del departamento y la realidad del Gobierno Municipal. Lamentablemente, hoy no sucede eso, pero la inconstitucionalidad y la realidad política del departamento indican que, de una vez por todas, se pondrá freno a una situación inconstitucional e injusta.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Lacalle Pou.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: afirmamos lo que hemos suscrito en el informe en mayoría. Simplemente, queremos hacer dos precisiones con respecto a algo que está rondando desde hoy temprano.

En repetidas ocasiones el señor Diputado Acosta y Lara comparó lo sucedido en la Intendencia Municipal de Canelones con lo de la Intendencia Municipal de Durazno. Quizás el procedimiento haya sido el mismo; cuando uno va a establecer la Contribución Inmobiliaria toma el valor imponible municipal, la alícuota que se aplica, y de ahí resulta la Contribución Inmobiliaria que corresponde. Si bien el procedimiento es el mismo en todas las Intendencias Municipales, el resultado es diferente. Es por eso que, al analizar este recurso presentado con el resultado que se obtiene de la Contribución que fija la Intendencia, hacemos referencia a que es expropiatorio y confiscatorio.

Digo más: la Intendencia Municipal de Canelones reconoce que esto sucede desde el momento en que enseguida de aprobado este Presupuesto comunica a la opinión pública, por la prensa y por todos los medios, una especie de amnistía o de bonificación a algunos ciudadanos. Para ello utiliza un criterio subjetivo, porque uno tenía que ir a la Junta Local a pedirla. No se trataba de un procedimiento objetivo -a partir de tal sueldo, tal edad, o por ser jubilado-, sino que se debía ir a un mostrador a solicitar dicha bonificación.

SEÑOR HACKENBRUCH LEGNANI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR LACALLE POU.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR HACKENBRUCH LEGNANI.- Señor Presidente: con respecto a lo que plantea el señor Diputado debo decir que fue consecuencia de una resolución votada por la Junta Departamental. En ningún momento la exoneración o la rebaja concedida a las personas que se acercan a la Intendencia Municipal de Canelones se debe a la voluntad del Municipio; son las asistentes sociales quienes lo evalúan y, posteriormente, la Junta Departamental decreta si es correspondiente o pertinente. De pronto, el señor Diputado no estaba en conocimiento de esto y por eso le agradezco la posibilidad de aclararlo.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el señor Diputado Lacalle Pou.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: estaba haciendo referencia a lo que me aclaró el señor Diputado Hackenbruch Legnani; quizás no me expresé bien. El hecho de que haya sido votado por la Junta Departamental no quiere decir que exista un criterio objetivo al otorgar este tipo de exoneración. Por el contrario, cuando se llega al mostrador, subjetivamente depende de la persona y del caso de que se trate.

Por último, quiero hacer referencia a la discusión que se ha dado en torno a los artículos: si el 18 no se recurrió, si es el 17 o el 16. Quiero verter en Sala mi punto de vista. El artículo 15 es el que fija como monto imponible el valor dado por la Dirección Nacional de Catastro. Desde el momento en que se deroga este artículo cae la aplicación del nuevo catastro para todos los artículos, se deroguen o no. Así que, en este caso, el artículo madre es el artículo 15.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor miembro informante en minoría.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Señor Presidente: con respecto a Durazno, coincido con el señor Diputado Lacalle Pou en que estábamos hablando del procedimiento. No dudamos de que el procedimiento sea el mismo; estamos diciendo que no podemos establecer la constitucionalidad o no del procedimiento de un decreto en base al monto. Esto no es lo que determina la constitucionalidad o no en este caso.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Diputado Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente:...

SEÑOR LACALLE POU.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR AGAZZI.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: como no existe la posibilidad de hacer una aclaración tras otra aclaración, por vía de interrupción quiero manifestar al señor Diputado Acosta y Lara que, precisamente, es el resultado el que también está siendo declarado inconstitucional. De ahí el efecto confiscatorio y que, según nuestro criterio, se viole el derecho de propiedad. El resultado de la Contribución Inmobiliaria es el que nosotros, en alguna parte de este recurso, tildamos de inconstitucional.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el señor Diputado Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: para comenzar, quiero decir que el tema presupuestal en Canelones es muy importante. Eso no es, precisamente, lo que estamos discutiendo, pero como aquí se mencionó que de esto no se habló, debemos decir que sabemos que cuando comenzó esta Administración el departamento de Canelones era el número diecinueve; era el que tenía menos presión fiscal de todos los departamentos del país. Tenía alrededor de US$ 119 per cápita de recaudación total frente a departamentos como Maldonado, que tenían alrededor de US$ 7.000, o Flores, que también tenía una recaudación alta. Quiere decir que desde hace mucho tiempo -quizás hace treinta años- ha habido en decretos de la Junta Departamental de Canelones resoluciones que apuntaban a mitigar el problema de la baja recaudación. El Decreto Nº 578 del año 1973 duplicaba los valores de la Contribución Inmobiliaria y de la Patente de Rodados. Este es un problema importante y lo reconocemos como tal; los volúmenes que están en discusión en este momento en la Junta Departamental de Canelones también lo son: a valores de 2001, estamos en el entorno del medio millón de salarios mínimos. Se trata de elementos relevantes, a los que hay que encontrarles solución. O sea que no es insensibilidad ni un espíritu de oposición pura y dura lo que nos está llevando a cuestionar esta forma de actualizar los valores de la Contribución Inmobiliaria.

Los vecinos interpusieron el recurso de acuerdo con lo que establece el artículo 303 de la Constitución de la República, y un primer argumento -al cual no nos vamos a referir- es el de que no es válido porque no recurren el decreto correspondiente.

Solamente quiero hacer una mención y, quizás, hasta dejar planteado un pequeño problema para nosotros. Si razonamos con esta lógica de biotecnología parlamentaria, si tuviéramos un decreto de treinta artículos e hiciéramos con él todos los decretos posibles de veinte artículos, los invito a que hagan la cuenta de cuántos decretos podríamos hacer sacándolos de uno solo. Les digo que son más de tres millones, y eso es para pensar.

En realidad, nos afiliamos a que esta manera de actualizar la Contribución Inmobiliaria urbana y suburbana conduce a un tratamiento diferente, desigual, entre los ciudadanos de Canelones, y no solo porque se reaforen con valores distintos las propiedades en diferentes zonas del departamento. Alguien ha mencionado -y es cierto- que el valor que asigna la Dirección Nacional de Catastro es diferente porque, por la ley que rige su trabajo, el reaforo debe parecerse lo más posible al valor venal, al valor de mercado. Entonces, va a ser diferente en los distintos lugares del departamento de Canelones. Pero el problema de esta actualización del impuesto no es la diferencia del valor real de los padrones entre las distintas zonas, sino que hay algunos que van a pagar los cinco años al valor nuevo, otros que van a pagar cuatro años y otros tres años. De tal manera que con un simple ejercicio algebraico estuvimos calculando esto para las distintas zonas de Canelones y hay padrones que van a pagar treinta y dos veces más que otros, no solo por la diferencia en el valor del suelo sino por los años que deben pagar su Contribución. Y no hay ningún motivo para que algunas zonas tengan que pagar desde ahora hasta el final del quinquenio y otras deban pagar solamente a partir de 2002 o 2003.

Esto establece una diferencia entre lo que deben pagar los distintos ciudadanos, que no es solamente por el valor que adjudica la Dirección Nacional de Catastro. No voy a discutir -aunque lo podríamos hacer- los criterios que tiene dicha Dirección para asignar el valor venal; si quisiéramos hacerlo, tendríamos que traer la ley de catastro y replantearnos su trabajo. Pero aun asumiendo que solo toma en cuenta el valor del suelo, hay zonas que van a pagar treinta veces más que otras, y esto sí que es un tratamiento desigual para los ciudadanos, sin otra razón que la región geográfica en que les tocó vivir. El lugar geográfico en el que se vive en el departamento no debe ser el factor de homogeneidad por el que se atribuye distinto tratamiento a los contribuyentes en relación con sus obligaciones tributarias. Los factores de homogeneidad tienen que ser de otro tipo; pueden ser la capacidad contributiva, el valor de su propiedad, etcétera.

Todos sabemos que hay zonas del departamento que desde este año van a pagar el 60% del valor catastral, el año que viene el 80%, el tercer año el 100% y luego seguirán con el 100%. En cambio, hay zonas que no pagarán el nuevo valor hasta dentro de dos años.

Quiero hacer una pregunta que todavía no se ha formulado. ¿Por qué se empezó por esta zona de Canelones? El departamento de Canelones se dividió en tres zonas: la costa Oeste, la costa Este y el resto del departamento. ¿Cuál es el motivo de empezar por una o por otra? Alguna razón debe haber; no puede ser que estas zonas se distribuyan al azar. Se ha dicho que así debe hacerse porque es el lugar del departamento donde el valor de los terrenos es más alto y se tiene la posibilidad de que la recaudación sea más rápida. Esto no es así, porque si bien es la zona del departamento donde el valor de los terrenos es más alto, es la que tiene menos cantidad de padrones de las tres zonas. Tiene solamente 5.000 padrones, frente a 175.000 que posee la zona del resto del departamento. Entonces, si se quisiera recaudar más, sería lógico empezar por el resto del departamento y no por la costa. Alguna razón debe haber; no quiero suponer razones que no están escritas ni dichas. Cada uno se hará su composición de lugar. Pero es una injusticia hacer pagar a algunas zonas por más años y por valores más altos que al resto.

Quiero decir, además, que el tributo se compone de todo lo que lo integra, desde la definición del hecho generador, el valor base de cálculo -que es lo que establece la Dirección Nacional de Catastro- y el valor imponible municipal -que es una decisión política de la Junta Departamental-, hasta la alícuota. Todos sabemos que 4% de poco es mucho menos que 2% de mucho; así que eso del 2% y del 4%..., en fin. Hay que ver el conjunto de los factores que determinan el monto total de la Contribución Inmobiliaria.

Por este motivo, la argumentación de los vecinos en relación al artículo 15, que es el que establece el valor imponible municipal, afecta todo lo demás; si no hay valor imponible municipal no se puede establecer la alícuota en ninguna de las zonas del departamento, porque es uno de los componentes del tributo. Entonces, aquí tenemos que valorar lo que los vecinos argumentan en su recurso. No estamos habilitados para poner ni para sacar artículos de lo que ellos incluyen. No estoy de acuerdo en que nosotros aquí digamos qué es lo que deberían haber hecho los vecinos. Ellos hicieron lo que les pareció mejor. Opino que lo que hicieron los vecinos con los artículos que están recurriendo -sobre todo por la importancia que tiene el artículo 15, que fija el valor imponible municipal- tiene como resultado lo que ellos argumentan. Parecería que los argumentos que utilizan los vecinos tienen una carga muy fuerte en cuanto a la desigualdad de su tratamiento tributario. Por otro lado, no impugnan los artículos del reaforo; lo que sucede es que impugnan el corazón, que es el valor imponible municipal. Los vecinos impugnaron esto y nosotros estamos de acuerdo en apoyar el recurso.

De aquí en adelante, Canelones, que tiene su Junta Departamental y su Ejecutivo Comunal, decidirá cómo quiere las cosas. Nosotros no podemos intervenir en estas cuestiones porque no nos compete. Creemos que los argumentos que aquí se dieron -quedará todo escrito- serán suficientes para quienes quieran tenerlo en cuenta para hacer un reaforo necesario, racional y equilibrado, acorde a la capacidad contributiva de los vecinos canarios.

Los vecinos juntaron miles de firmas, los Ediles presentaron su recurso y vinieron aquí a presenciar la discusión. Eso me parece muy sano, porque es bueno para la democracia que quien tiene interés y trabaja por una cosa pueda presenciar directamente la discusión y escuchar los argumentos.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Sande.

SEÑOR SANDE.- Señor Presidente: quisiera dejar una constancia en la versión taquigráfica. Yo fui partícipe en la negociación de nuestros Ediles con los del Foro Batllista para poder aprobar el Presupuesto de la Intendencia Municipal de Canelones. Nuestra intención fue tratar de bajar la alícuota, dado que los aforos los hace la Dirección Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas.

En su momento este tema fue parte de una discusión bastante prolongada, puesto que al reducir la alícuota del 4% al 2% el ingreso de la Intendencia se reducía en el entorno de los US$ 25:000.000. Inclusive, la alícuota suburbana pasa de 4% a 1,8%. El resultado fue que la Intendencia aceptó la propuesta y por ese motivo se votó el Presupuesto Municipal.

Hoy me veo en la obligación de decir que derogando estos artículos -el señor Diputado Hackenbruch Legnani manifestó que la Intendencia aceptará el veredicto de la Cámara- inevitablemente el aforo quedará tal cual está, porque el recurso debió haber sido presentado contra la Dirección Nacional de Catastro, que lo fijó, y no contra el Municipio. Por su parte, la alícuota volverá a ser del 4%, como anteriormente, y no un 2% en zona urbana y un 1,8% en la suburbana. Es decir que le vamos a ordenar legalmente al Intendente que multiplique por dos lo que está cobrando hoy por Contribución Inmobiliaria en la Ciudad de la Costa.

En consecuencia, dejo esta constancia en la versión taquigráfica, porque creo que es algo que va a suceder y quiero librarme de esa responsabilidad. Además, quiero hacer ver a los integrantes de la Cámara que es algo inevitable; si se hubiera recurrido contra la Dirección Nacional de Catastro para que se rebajara el aforo, yo lo aceptaría, pero lo que estamos haciendo acá es subir al doble la Contribución a los habitantes de la Ciudad de la Costa.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Hackenbruch Legnani.

SEÑOR HACKENBRUCH LEGNANI.- Señor Presidente: se ha manifestado en Sala que el reaforo debería estar relacionado con la capacidad contributiva del individuo. Justamente, lo que fija la Dirección Nacional de Catastro son los valores de los terrenos o de las propiedades, independientemente de si la persona es virtuosa o no, si tiene recursos o si carece de ellos. Son dos cosas totalmente distintas.

Lo que quiero decir es que la fijación de los nuevos valores catastrales en el departamento de Canelones se ajustó a derecho. Además, se realizó a través de un convenio, como fue el caso con otras Intendencias, entre ellas la de Durazno y la de Montevideo, y el motivo era justamente el contrario al que aquí se plantea: generar una justicia tributaria, porque se inició por zonas del departamento en las que hacía veintiséis años que no se reaforaba, generándose una desigualdad tributaria con respecto a otras zonas del departamento, donde sí se habían realizado aforos anteriormente.

Por lo tanto, no vamos a acompañar este recurso y creemos que la mayor recaudación que se generará será invertida en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del departamento.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Conde.

SEÑOR CONDE.- Señor Presidente: quiero hacer algunas referencias a citas que se han hecho en Sala. Voy a ahorrarme las argumentaciones jurídicas porque me parece que tanto los informes en mayoría de los señores Diputados Bayardi y Lacalle Pou como la clarísima intervención del señor Diputado Falero me ahorran cualquier tipo de expresión en ese terreno.

Se han deslizado aquí algunos juicios equivocados, a los que quiero referirme para dejar constancia en la versión taquigráfica.

Se ha dicho que en Canelones hay un grupo de dirigentes que se ha cebado en su práctica de no dejar gobernar al Intendente o al Gobierno Municipal. Sería bueno que quedara una constancia de que si en Canelones hace veintiséis años que no se ajustaban los valores de los aforos y el Gobierno inició su gestión con un 47% de morosidad o con un déficit acumulado de US$ 31:000.000, esto es producto de una gestión, no de un enfrentamiento político maniqueo, presuntamente desatado contra el período de Gobierno anterior y el actual Gobierno del Intendente Hackenbruch, con el propósito de no dejarlo gobernar.

Acuciado precisamente por esta alta morosidad, este desorden administrativo que es el atraso de casi tres décadas en los reaforos y un alto déficit, nosotros comprendimos, cuando se discutió el Presupuesto, que no había más remedio que echar mano a enormes aumentos reales de tributación. Finalmente, esto resultó en un aumento real del orden del 60% en la tributación para el quinquenio, lo cual ha dado lugar a la reacción de los vecinos. También es bueno destacar que este Presupuesto resultó así después de arduos debates, a los que hacía referencia el señor Diputado Sande, y luego de que el sector político al que pertenece el Intendente fuera literalmente amenazado -así se expresó en una gran cantidad de medios de prensa- en el sentido de que si no acordaba una rebaja de los tributos que envió en la primera versión del Presupuesto, no iba a tener ese Presupuesto. Es decir que prácticamente se le exigió una transacción.

Estos impuestos que, reitero, representan un 60% de incremento en términos reales -esto es, medido contra el poder adquisitivo de la gente, no contra la evolución nominal de los ingresos-, fueron producto de una negociación que, si incluimos el gradualismo con el que se aplicarán los gravámenes sobre los bienes aforados, bajó las alícuotas casi a la mitad o algo más y en la que el Intendente fue puesto, literalmente, entre la espada y la pared.

Esta no era su voluntad. Si este Presupuesto se hubiera dejado librado a su voluntad, en la primera versión, el resultado habría sido casi el doble de gravoso para los vecinos.

También se ha preguntado aquí cuántos de quienes firmaron los recursos están al día con la Contribución. Me parece una pregunta absolutamente ignominiosa. No creo que tengamos el derecho de especular y de transformar a víctimas en victimarios.

Me pregunto si cuando en este Parlamento se discutieron otros proyectos de ley se planteó la interrogante de cuántos productores deben al Banco de la República Oriental del Uruguay o cuántas decenas de miles de deudores atrasados del Banco Hipotecario del Uruguay, de acuerdo con esta manera de pensar, tienen o no derecho a pedir una ley de refinanciación.

Creo que, efectivamente, muchos de los que firmaron están atrasados; y no solo eso, señor Presidente: le voy a contar que vi gente con lágrimas en los ojos, diciendo que no podía pagar lo que se le pretendía cobrar.

SEÑOR HACKENBRUCH LEGNANI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR CONDE.- Termino el pensamiento y enseguida se la concedo, señor Diputado.

Se dice que este aumento no es confiscatorio y estoy de acuerdo con que, en términos jurídicos, no lo es. Pero luego se niega tajantemente que afecte el derecho de propiedad; inclusive, de alguna manera se pretendió desconocer, casi peyorativamente, la argumentación que el señor Diputado Orrico hizo al respecto. Este aumento afecta el derecho de propiedad; si no lo hiciera, ¿por qué varios Directores municipales dijeron a los vecinos que se fueron a quejar -pueden atestiguarlo cientos de vecinos y, además, sus expresiones trascendieron a la prensa- que estaban viviendo en una zona muy cara y que, si no podían pagar los tributos, debían mudarse a otra más barata? Esto quizás no sea confiscatorio desde el punto de vista legal, pero ¿afecta o no el derecho de propiedad? Creo que afecta el sagrado derecho de la gente a vivir en el hábitat que ha construido con el esfuerzo de más de una generación.

Le concedo una interrupción al señor Diputado Hackenbruch Legnani.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR HACKENBRUCH LEGNANI.- Señor Presidente: no tengo más remedio que hacer algún tipo de valoración política ante la ruptura de lo que ha sido el debate parlamentario, que se ha basado sustancialmente en temas jurídicos.

Quienes estamos aquí no nacimos de un repollo; nacimos en Canelones, vivimos en Canelones y venimos de una familia en la que durante muchos años se ha sentido la actividad política. Inclusive, en la bancada que integra el señor Diputado Conde tengo algún pariente directo, lo que demuestra la vinculación diaria que ha demostrado la familia de la que provengo con la actividad política.

Por lo tanto, debo decir al señor Diputado Conde que las lágrimas que a él le duelen nos duelen a todos y que esto no fue hecho con una actitud confiscatoria; se dijo rotundamente que las personas que no pueden pagar, por suerte, pueden mantener su propiedad. La Intendencia no perdió ese aspecto social.

No quería entrar en consideraciones políticas porque el debate en la Cámara así se había encaminado; aunque a veces siento cierta tentación de comparar gestiones, para no faltar a mi palabra lo voy a dejar para el debate político público.

Lo que quiero decirle, señor Diputado, es que usted podrá ser igual de sensible que yo, pero no más.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el señor Diputado Conde.

SEÑOR CONDE.- Me alegro, señor Diputado, de que comparta esta sensibilidad. En todo caso, la sensibilidad que el señor Intendente expresó en este Presupuesto tuvo que ser extraída con fórceps, porque la primera versión que envió contenía aumentos desorbitados y -como ya he dicho y reitero- prácticamente se le exigió que los bajara a la mitad, con la amenaza de no votarle el Presupuesto.

De cualquier manera, me alegro de la sensibilidad del señor Diputado. Pero no estoy de acuerdo con invertir el principio; creo que la sensibilidad debe establecerse por regla y no por excepción. No se trata de que el que no puede pagar vaya y haga cola ante la Intendencia para hacer su planteamiento; se trata de que la Intendencia -esta o cualquier otra- tenga la suficiente sensibilidad como para saber si los vecinos pueden o no pagarlo.

Termino mi razonamiento diciendo que se han establecido aumentos tributarios con incrementos reales de casi el 60%, en un país donde, en la época actual, la suba de los ingresos de la gente no está ni cerca de ese porcentaje. No vamos a discutir aquí sobre política económica porque no es el tema en cuestión, pero todos sabemos que en este momento los ingresos de la gente están estancados o retrocediendo, salvo las jubilaciones y pensiones que, por razones constitucionales, casi acompañan el ritmo inflacionario. Insisto: el salario está decayendo y la rentabilidad de varios sectores es, al día de hoy, negativa. Frente a esta realidad, ¿cómo se pretende imponer un aumento tributario que, en términos reales, alcanza el 60%?

A mi juicio, en esto radica la afectación del derecho de propiedad, aunque estoy de acuerdo en que, jurídicamente, no es correcto hablar de normas confiscatorias ni estamos en el terreno de una legislación confiscatoria. Pero lo que resulta absolutamente innegable es que el derecho de la propiedad de los vecinos está afectado.

Es cuanto quería decir.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Ha finalizado la lista de oradores.

Se va a dar lectura al proyecto de resolución en mayoría y luego se someterá a votación. En caso de que el resultado sea afirmativo, dejará sin efecto la lectura y posterior votación del proyecto de resolución en minoría.

La Mesa informa a las señoras Diputadas y a los señores Diputados que luego de esta votación se procederá a dar cuenta de una moción de orden por la que se solicita alterar el orden del día, pasando el punto que figura en cuarto término al tercer lugar, para que sea tratado de inmediato. Se trata de un proyecto de ley relacionado con el INAME, por el que se le faculta para disponer la prórroga de los contratos de los funcionarios eventuales o zafrales.

Como este proyecto viene aprobado por la unanimidad del Senado y las bancadas se han comprometido a no hacer uso de la palabra y votarlo de inmediato, solicitaría a los señores Diputados que no se retiraran para poder darle aprobación y comunicarlo al Poder Ejecutivo.

Léase nuevamente el proyecto de resolución en mayoría.

(Se vuelve a leer)

——Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto de resolución y se comunicará.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado en mayoría)

23.- Alteración del orden del día.

——Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Amen Vaghetti, Berois Quinteros y Orrico.

(Se lee:)

"Mocionamos para que el asunto que figura en cuarto lugar del orden del día se considere en tercer término".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Ochenta y cuatro en ochenta y cinco: AFIRMATIVA.

24.- Instituto Nacional del Menor. (Se le faculta para disponer la prórroga de los contratos de los funcionarios eventuales o zafrales).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto que figuraba en cuarto término del orden del día y que pasó a ser tercero: "Instituto Nacional del Menor. (Se le faculta para disponer la prórroga de los contratos de los funcionarios eventuales o zafrales)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 734

"CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Facúltase al Instituto Nacional del Menor a disponer la prórroga de los contratos existentes a la fecha de promulgación de esta ley, de funcionarios eventuales o zafrales, por períodos de hasta dos años, previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 12 de setiembre de 2001.

LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI
Secretario".

Anexo I al
Rep. Nº 734

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Presupuestos

INFORME

Señores Representantes:

La Cámara de Senadores, en su sesión del día 12 de setiembre de 2001, aprobó por unanimidad el proyecto de ley por el cual se faculta al Instituto Nacional del Menor (INAME) a disponer la prórroga de los contratos existentes hasta la fecha de promulgación de esta ley, de funcionarios eventuales o zafrales por períodos de dos años, previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Esta iniciativa pretende solucionar el problema que se le ha planteado al Instituto Nacional del Menor con los funcionarios contratados eventuales o zafrales.

Debemos tener presente que en esta situación se ven afectados directamente, en la actualidad, unos cuatrocientos treinta y siete funcionarios del INAME. Es importante señalar que, en especial, los mismos cumplen tareas vinculadas directamente con el cuidado de los menores.

De no proceder a aprobar este proyecto de ley, deberían cesar, dado que tienen más de dos años de antigüedad y la Oficina Nacional del Servicio Civil considera que no puede autorizar más prórrogas al carecer de autorización legal (artículo 18 del TOFUP).

Como consecuencia de lo expresado, es importante destacar que la consagración en el texto legal de un dictamen vinculante por parte de la Oficina Nacional del Servicio Civil, permite a su vez que esta cumpla con un control adecuado de la política de personal de un Servicio Descentralizado por parte del Poder Ejecutivo.

Al mismo tiempo se limitan las prórrogas a los contratos existentes a la fecha de promulgación de esta ley, con lo cual las futuras contrataciones de eventuales o zafrales continuarán rigiéndose por la normativa legal.

De no aprobarse este proyecto de ley a la brevedad, a fin de año los mencionados cuatrocientos treinta y siete funcionarios deberían abandonar el INAME, lo que sería un tema social difícil, ya que, por un lado le causaría un gran perjuicio al Organismo, en virtud de que, como se señaló, aquellos están asignados al control y asistencia de los menores; y por otro lado, se crearía un grave problema de desempleo.

Por las razones expuestas, la Comisión de Presupuestos, habiéndose pronunciado por unanimidad sobre el tema, aconseja al plenario de la Cámara de Representantes la aprobación del proyecto de ley que se informa, y que, como informamos al principio, viene precedido de una votación unánime de la Cámara de Senadores.

Sala de la Comisión, 3 de octubre de 2001.

DOREEN JAVIER IBARRA, Miembro Informante, WASHINGTON ABDALA, ROBERTO ARRARTE FERNÁNDEZ, BRUM CANET, ROBERTO CONDE, GABRIEL PAIS, JULIO LUIS SANGUINETTI, LUCÍA TOPOLANSKY".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

(Manifestaciones de la barra.- Campana de orden)

——Según lo establecido en el artículo 158 del Reglamento, se procederá a desalojar la barra.

(Así se procede)

——Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Ochenta y uno en ochenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Ochenta y cinco en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado).

25.- Levantamiento de la sesión.

——Los señores Diputados Berois Quinteros, Orrico y Amen Vaghetti mocionan para que se levante la sesión.

Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se levanta la sesión.

(Es la hora 22 y 46)

 

GUSTAVO PENADES

PRESIDENTE

 

Dra. Margarita Reyes Galván

Secretaria Relatora
Dr. Horacio D. Catalurda

Secretario Redactor
 

Mario Tolosa

Director del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.