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Nº 136 - TOMO 409 - 24 DE OCTUBRE DE 2001

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

54ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Situación del Instituto Nacional de Colonización

- El señor Senador Larrañaga solicita autorización para realizar una exposición de cuarenta y cinco minutos sobre este tema, en la sesión prevista para el próximo día 7 de noviembre.
- Concedida.

5) Pedidos de informes

- El señor Senador Riesgo solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura referido a las ONG's del departamento de Rivera.
- El señor Senador Mujica solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública relacionado con el Instituto Nacional de Ciegos "General Artigas".
- Oportunamente fueron tramitados.

6) Sesión extraordinaria

- Por solicitud de varios señores Senadores el Senado resuelve realizar sesión extraordinaria.

7 y 10) Solicitudes de licencia

- Las formulan la señora Senadora Arismendi y el señor Senador Cid.
- Concedidas.

8 y 11) Patentes de Invención de Productos Farmacéuticos y Químicos y Agrícolas

- Proyecto de ley por el que se modifica el inciso 1º. del artículo 127 de la Ley N° 17.164, de 2 de setiembre de 1999.
- En consideración. Se vota negativamente.

9) Proyecto presentado

- El señor Senador Pereyra presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley relativo a la suspensión de ejecuciones a productores agropecuarios.
- A la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.

12) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

«Montevideo, 23 de octubre de 2001.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, a solicitud de varios señores Senadores, mañana miércoles 24, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se modifica el inciso 1° del artículo 127 de la Ley N° 17.164, de 2 de setiembre de 1999, relacionado con las patentes de invención de productos farmacéuticos y químicos agrícolas.

(Carp. N° 602/01 - Rep. N° 330/01)

Hugo Rodríguez Filippini Secretario - Mario Farachio Secretario.

Montevideo, 23 de octubre de 2001.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Don Luis Hierro López
Presente

De nuestra mayor consideración:

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Senado, solicitamos se convoque al Cuerpo para el día miércoles 24 de octubre, a las 16:00 horas, a fin de considerar, con carácter urgente, el proyecto de ley sobre patentes de medicamentos actualmente radicado en la Comisión de Industria y Energía.

Sin otro particular, saludan a Ud. atentamente,

Reinaldo Gargano, Manuel Núñez, José Korzeniak, Mónica Xavier, Eleuterio Fernández Huidobro. Senadores.»

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Astori, Atchugarry, Brause, Casartelli, Correa Freitas, Dalmás, de Boismenu, Fau, Fernández Huidobro, Gallinal, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Korzeniak, Larrañaga, Michelini, Millor, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Pou, Riesgo, Rubio, Sanabria, Singer, Virgili y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Arismendi, Cid y Couriel; y, con aviso, la señora Senadora Percovich.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 09 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

«El Poder Ejecutivo remite Mensaje solicitando venia para destituir de su cargo a la señora Dorys Dergan Ruiz, funcionaria del Ministerio de Salud Pública.

-A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

El Poder Ejecutivo remite Mensaje comunicando haber dictado una resolución por la cual se designa como miembro integrante del Banco de Seguros del Estado al señor Juan Raúl Ferreira.

-TENGASE PRESENTE Y AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES.

El Poder Ejecutivo remite varios Mensajes comunicando la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

por el que se designa Teniente Coronel (TEA) José A. Rígoli la Escuela Técnica de Aeronáutica;

por el que se amplía la participación de efectivos del Ejército Nacional en la Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República del Congo;

y por el que se declara el tercer domingo del mes de noviembre de cada año "Día Nacional de la Donación y Trasplante de Organos y Tejidos".

-TENGANSE PRESENTES Y ARCHIVENSE.

El Ministerio de Salud Pública remite la información solicitada por el señor Senador José Mujica, relacionada con las cifras estadísticas de enfermos de Brucelosis.

-OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR JOSE MUJICA.

El Ministerio de Turismo remite la información solicitada por la señora Senadora María Julia Pou referente a la aplicación del artículo 42 de la Ley N° 16.095 relacionada con los discapacitados.

-OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADA A LA SEÑORA SENADORA JULIA POU.

El Ministerio de Educación y Cultura acusa recibo de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Senador Jorge Larrañaga relacionadas con las escuelas agrarias que dependen de la Universidad del Trabajo del Uruguay.

-OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR JORGE LARRAÑAGA.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

por el que se modifica el artículo 575 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001, referido al impuesto que gravará las transferencias totales o parciales y las permutas de los derechos sobre la prestación de la actividad de los deportistas;

-A LA COMISION DE HACIENDA.

por el que se designa "Francisco de Assis Machín" la Escuela Rural N° 10 del departamento de Canelones,

por el que se designa "Blanca Rosa Guarnerio", la Escuela N° 62 del paraje Etcheverría, departamento de Canelones;

-A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

por el que se modifica la integración de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado;

-A LA COMISION DE SALUD PUBLICA.

por el que se amplían las asignaciones familiares en situaciones de embarazos gemelares múltiples;

-A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

por el que se prorroga el plazo de inscripción en el Registro de los Clubes Deportivos, establecido en la Ley N° 17.292, de 25 de enero de 2001;

-A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

por el que se declara de utilidad pública la expropiación de varios padrones ubicados en el balneario La Paloma;

-A LA COMISION DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

por el que se establece que toda vez que se edite o se importen libros de carácter educativo deberán entregarse dos copias al Consejo Directivo de la Administración Nacional de Educación Pública;

-A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

por el que se modifica el régimen de licencias de los señores Legisladores;

-A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

por el que se establece que en las obras efectuadas mediante convenio con el Estado se deberá facilitar el acceso de las personas con capacidad diferente;

-A LA COMISION DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.

por el que se dictan normas relativas a la prevención, detección temprana y asistencia de las víctimas de violencia doméstica.

-A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

La Cámara de Representantes remite varias notas comunicando la sanción de los siguientes proyectos de ley:

por el que se designa con el nombre de Francisco Espínola el tramo de la Ruta Nacional Nro. 11 José Batlle y Ordóñez hasta villa Ismael Cortinas, en el departamento de Flores;

por el que se aprueba el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con Bombas, suscrito en la ciudad de Nueva York;

por el que se autoriza la salida del país de varios buques y aeronaves de patrulla de la Armada Nacional y su correspondiente tripulación a efectos de participar en la Operación UNITAS XLII;

por el que se declara el tercer domingo del mes de noviembre de cada año "Día Nacional de la Donación y Trasplante de Organos y Tejidos";

por el que se eleva a la categoría de pueblo con la denominación "Pueblo Sequeira", el actual centro poblado del departamento de Artigas;

por el que se faculta al Poder Ejecutivo a disminuir las tasas del Impuesto a la Compra de Moneda Extranjera (ICOME) y las contribuciones especiales a la Seguridad Social de las Empresas Públicas.

-TENGANSE PRESENTES Y AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES.

La Cámara de Representantes remite notas adjuntando:

la versión taquigráfica de las palabras de varios señores Representantes Nacionales en homenaje a la ex Legisladora Dra. Alba Roballo;

-TENGASE PRESENTE.

y la exposición escrita del señor Representante Walter Vener con destino a la Comisión de Defensa Nacional relacionada con la visita realizada al Batallón Nro. 14 de Paracaidistas del Ejército Nacional.

-A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

La Asociación Uruguaya de Fútbol solicita una entrevista con la Comisión de Hacienda, a efectos de intercambiar informaciones sobre el proyecto de ley por el que se modifica el artículo 575 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001, referido al impuesto a las cesiones o permutas de los derechos sobre la prestación de la actividad de los deportistas.

-A LA COMISION DE HACIENDA.

Diversas Instituciones y organizaciones gremiales de la salud, solicitan una entrevista con la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, a efectos de intercambiar información relacionada con el proyecto de ley relacionado con la exoneración de la cuota mutual, que les fuera remitido por el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

-A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

La Comisión de Salud Pública eleva el proyecto de ley por el que se regulan las técnicas de reproducción humana asistida.

-REPARTASE.»

4) SITUACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN

"De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Reglamento del Senado, el señor Senador Jorge Larrañaga solicita autorización para exponer por el término de 45 minutos el próximo 7 de noviembre de 2001, sobre la situación del Instituto Nacional de Colonización."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la autorización solicitada.

(Se vota:)

-18 en 21. Afirmativa.

5) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, el señor Senador Walter Riesgo solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura referido a las ONG's del departamento de Rivera."

-OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

«Montevideo, 17 de octubre de 2001.

Señor Presidente de
la Cámara de Senadores
Don Luis Hierro López
Presente

De mi consideración:

Ante la preocupación puesta de manifiesto por distintos actores de la sociedad de Rivera, e incluso un planteamiento realizado en la Junta Departamental, y al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República, solicito se curse con destino al Ministerio de Educación y Cultura el siguiente pedido de informes:

1) Nómina de las ONG´s que actúan en el Departamento de Rivera.

2) Fines que cumplen las mismas y quiénes son sus responsables.

3) Acciones realizadas y proyectos que ese Ministerio tiene conocimiento, piensan llevar a cabo las mencionadas ONG´s.

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente

Walter Riesgo. Senador.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, el señor Senador José Mujica solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública relacionado con el Instituto Nacional de Ciegos Gral. Artigas."

-OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

«Montevideo, 24 de octubre de 2001.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores
Luis Hierro López
Presente

De mi mayor consideración:

Al amparo del artículo 118 de la Constitución de la República solicitamos se envíe el siguiente Pedido de Informes al Ministerio de Salud Pública.

Ante versiones de prensa publicadas el día 24 del corriente, sírvase el Sr. Ministro:

1.- Enumerar los bienes inmuebles propiedad del Instituto Nacional de Ciegos "General Artigas", detallando para cada uno de ellos:

a) Domicilio y padrón.

b) Superficie, comodidades y amoblamiento.

c) Nombre del o de los ocupantes, y a qué título se encuentran (arrendatarios, ocupantes, etc.) los mismos.

c.1) En los casos que se trate de arrendatarios, sírvase adjuntar :

- Copia certificada de los respectivos contratos de arrendamientos.

- Resoluciones de ese Ministerio por las cuales se autorizaron los mismos.

- Estados de cuenta de las Instituciones Bancarias donde se realizan los depósitos por concepto de pago de alquiler de cada una de las fincas.

c.2) Asimismo, sírvase informar:

- Desde qué fecha se encuentran arrendadas las mismas y cuáles fueron las sumas percibidas hasta la fecha por tal concepto, todo de forma discriminada.

- Quién realiza la administración de las fincas y desde cuándo.

- Qué criterios y/o procedimiento administrativo se siguieron para seleccionar el o los administradores y a los respectivos arrendatarios.

d) En los casos que no se trate de arrendatarios, identificar resolución ministerial que autorizó a los ocupantes a usufructuar los bienes, desde qué fecha se encuentran en esa situación y medidas adoptadas para regularizar la misma.

2.- Si algunos de estos bienes se encuentran ocupados por funcionarios del Instituto, informar:

a) Nombre de los mismos.

b) A qué título ocupan y resolución ministerial que los autorizó.

c) Desde qué fecha residen en la finca y qué arrendamiento abonan por ello.

3.- Informar:

a) Si el club Deportivo Ombú realizó el talado de árboles eucaliptus que se encontraban en el predio del Instituto y construyó en el mismo canchas de fútbol, una sede con salón de fiestas, graderías, baños y alambrados.

b) En caso afirmativo, indicar qué resoluciones ministeriales autorizaron al club referido a realizar las obras mencionadas, y qué resolución autorizó la celebración del contrato de arrendamiento con el mismo, adjuntándose copia certificada del contrato.

4.- Informar:

a) los montos que por todo concepto ingresaron a este Instituto en los últimos cinco años, discriminando mes a mes bajo qué título se registraron esos ingresos (donaciones, Rentas Generales, arrendamientos, etc.).

b) qué servicios y/o beneficios en especie recibe sin cargo ese Instituto regularmente.

5.- Informar si ese Instituto comenzó o comenzará a cobrar una cuota a los residentes del mismo, y en caso afirmativo:

a) Identificar resolución ministerial que autorizó el cobro referido.

b) Monto de la cuota, criterios adoptados y estudios realizados para la fijación del monto.

c) Remitir comprobante de la compulsa realizada con los residentes en el Instituto, en la cual los mismos prestaron su conformidad para afrontar el pago de la misma.

6.- Informar a nombre de qué personas o instituciones se encuentran los servicios públicos (UTE, OSE, ANTEL, IMM, etc,.) de cada uno de los inmuebles pertenecientes al Instituto.

José Mujica. Senador.»

6) SESION EXTRAORDINARIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde votar si el Senado desea realizar la sesión extraordinaria para la que ha sido convocado.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Habiendo número, está abierta la sesión.

7) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Cid solicita licencia por los días 24, 25 y 26 de mes en curso."

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 24 de octubre de 2001.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores
Don Luis Hierro López
Presente

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente quien suscribe solicita al Sr. Presidente se le conceda licencia al Cuerpo por los días 24, 25 y 26 del mes en curso. Asimismo, solicito se proceda en esta oportunidad a la convocatoria del suplente correspondiente.

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para saludar al Sr. Presidente con mi más alta estima y consideración.

Alberto Cid. Senador.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-19 en 22. Afirmativa.

Corresponde convocar a la suplente respectiva, la señora Senadora Dalmás, quien ya ha prestado el juramento de estilo, por lo que si se encontrare en la Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala la señora Senadora Dalmás)

8) PATENTES DE INVENCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y QUIMICOS AGRICOLAS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración de su único punto: "Proyecto de ley por el que se modifica el inciso primero del artículo 127 de la Ley Nº 17.164, de 2 de setiembre de 1999, relacionado con las patentes de invención de productos farmacéuticos y químicos agrícolas. (Carp. Nº 602/01 - Rep. Nº 330/01)."

(Antecedentes:)

«Carp. N° 602/2001
Rep. N° 330/2001

EXPOSICION de MOTIVOS

La presente modificación tiene su fundamento en la necesidad de la utilización de los máximos plazos posibles para la entrada en vigencia de la Ley Nº 17.164 en el inciso 1º del Art. 127.

No está hoy en cuestión la ley como tal, que más allá de reconocer algunas de sus virtudes, siempre nos resultó inaceptable la aplicación de estas disposiciones directa o indirectamente a la salud pública, a la que seguimos considerando un derecho.

El Tratado de Marrakesh habilita a los países de menor desarrollo relativo, a usar un plazo de hasta el 31 de diciembre de 2004 para que entre a funcionar la obligación de obtener autorización del «descubridor» del medicamento/droga farmacéutica para poder fabricarlo, y también la obligación de pagar una regalía (royalties) del 5% sobre el precio al consumidor final del medicamento.

El Tratado que creó la OMC -sustituye al GATT- ha sido la culminación de un largo proceso en el que los países industrializados han presionado para que nuestros países "liberalicen" su comercio, paguen por las patentes que usan (la propiedad intelectual), no pongan trabas arancelarias a los productos industriales y a los servicios (bancarios, seguros, etc.). También se pactó un "capítulo agrícola", el que hasta ahora no se ha cumplido, que obligaba a los países desarrollados a eliminar las barreras arancelarias, para-arancelarias y los subsidios.

En Uruguay la Dirección de la Propiedad Industrial del MIEM propició, desde hace casi ocho años, que Uruguay "cumpliera" con el Tratado.

Los laboratorios nacionales y los extranjeros negociaron los términos de un acuerdo que sintéticamente: a) permite, cumplidas determinadas condiciones a las empresas transnacionales, dar "obligatoriamente" el uso de la patente, o fórmula farmacéutica; b) el laboratorio nacional que quiera utilizar deberá pagar durante el período de vigencia de la patente (ahora de 20 años) la regalía mencionada del 5% del precio al consumidor final; c) se adelanta a noviembre de 2001 la entrada en vigencia de la obligación de pagar el 5% (como dijimos antes el plazo autorizado era hasta fines de 2004).

Esto fue producto de una transacción entre unos fuertes (los extranjeros) y los débiles nacionales o si se quiere de América Latina que opera aquí en Uruguay. Sostenemos que en beneficio de la comunidad, que es la que va a pagar el 5% de incremento del precio de los medicamentos patentables, debe modificarse la ley oportunamente sancionada y extenderse el plazo por todo el tiempo que autoriza el Tratado. Uruguay lo firmó y se comprometió mediante una "reserva" al mismo a utilizar todos los plazos que le favorecieran. Los dirigentes políticos, los parlamentarios no estamos obligados a pasar por los "acuerdos" que las corporaciones realicen, porque siempre hay unas más fuertes que otras. Debemos actuar en función del interés general, y lo que algunos no pueden hacer, por débiles o por no perder más, hacerlo nosotros imponiendo la voluntad del Estado.

Se dice que el TRIPS -tratado o convenio referente a esto- permite a las transnacionales mientras corre el plazo, pedir Derechos Exclusivos de Comercialización, lo que viene siendo lo mismo que no tener plazo.

Es cierto. El TRIPS dice esto. Pero es el Poder Ejecutivo el que tiene que concederlo. Y en Uruguay, si se prorroga el plazo, veremos si el Poder Ejecutivo les da esos derechos "exclusivos".

El negocio de los medicamentos, fuera de los países desarrollados está estimado en más de trescientos mil millones de dólares. En Uruguay una ley de la década de 1940 excluyó el patentamiento a los medicamentos por tener éstos una relación directa con la salud humana.

A nadie escapa que la entrada en vigencia de esta disposición tiene lugar en un momento en que la Salud Pública de este país pasa por una grave situación, donde el porcentaje de presupuesto destinado a cubrir las necesidades de medicamentos alcanza el 17% del total de los recursos disponibles y donde es sabido que las ventajas que se derivan de una mejor negociación del precio de los medicamentos no va a redundar por lo menos durante el próximo año en mayor disponibilidad de medicación para la población.

Se hace por tanto imprescindible para el beneficio de la población, la utilización de todos aquellos mecanismos que contribuyan a ello.

La situación planteada por quienes tomamos esta iniciativa parlamentaria no es ajena a la respuesta que en el mundo se viene dando en cuanto a la aplicación de las patentes en particular a los medicamentos.

PROYECTO DE LEY

Modifícase el Inc. 1° del Art. 127 de la Ley N° 17.164, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"No serán patentables las invenciones de productos farmacéuticos y químicos agrícolas hasta el 31 de diciembre de 2004. Sin perjuicio de ello, se podrá solicitar patentes de invención para los mismos conforme a las previsiones y los requisitos de la presente ley, aplazándose su concesión hasta la fecha establecida en el inciso precedente.

Cuando las patentes de invención para productos farmacéuticos y químicos agrícolas reivindiquen el derecho de prioridad previsto en el artículo 4° del Convenio de París para la Protección de Propiedad Industrial, en ningún caso el primer depósito podrá ser anterior al 1° de enero de 1994."

Marina Arismendi, Eleuterio Fernández Huidobro, Reinaldo Gargano, José Korzeniak, José Mujica, Rodolfo Nin Novoa, Manuel Núñez, Mónica Xavier. Senadores.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: hemos solicitado la convocatoria del Cuerpo para plantear la necesidad de tratar en forma urgente el proyecto de ley que presentamos la semana anterior, relativo a la modificación del plazo para la entrada en vigencia de una disposición contenida en la Ley Nº 17.164. Se trata, sustancialmente, del patentamiento de productos farmacéuticos y químicos agrícolas, y la razón para ello, a nuestro juicio, radica en lo siguiente.

Cuando se sancionó la constitución de la Organización Mundial del Comercio, conjuntamente se adoptaron los que fueron denominados "Acuerdos de Marrakesh" que formaban la Organización Mundial del Comercio, que venía a sustituir el Acuerdo General de Aranceles y Comercio que regía desde varias décadas atrás y que intentaba dar una nueva organización y un nuevo funcionamiento al tratamiento del comercio internacional. En ese Tratado se generaron normas acerca del comercio de productos industriales y la tesis central que gobernaba allí -es decir, el planteo del Acuerdo- era el de la libertad de comercio, que en el lenguaje normal de quienes se dedican a estas materias, es la rebaja de los aranceles, la eliminación de los subsidios, etcétera. El Acuerdo también tenía un capítulo referente a los servicios, punto en el que el acuerdo fue muy escaso y todavía están en discusión algunos temas como los relativos a los seguros, etcétera. A su vez, se incluyó un capítulo agrícola, en el que existió un acuerdo de principio, pero de realización postergada y, hasta el día de hoy, dicho capítulo -por lo menos para los países que son considerados el centro del mundo- no se ha aplicado. ¿En qué consistía ese acuerdo agrícola? Justamente, en la rebaja de los aranceles y subsidios que se otorgaban a los productos de esos países que competían con los nuestros y que tenían aranceles altos que impedían que nuestra producción -especialmente la de aquellos que exportan hacia los países "centro", los integrantes del grupo luego llamado CAIRNS- pudiera llegar en forma de ocupar, por su competitividad, los lugares que hasta ese momento sustentaban los productos protegidos.

Otro capítulo incluido en el Tratado, era el referente a esta materia de los productos farmacéuticos y de la química agrícola. En la historia de estas dos disposiciones está el planteo central de las grandes empresas productoras de productos farmacéuticos, pero también de productos químicos que dominan el mercado internacional. Se trata de un conjunto de empresas cada vez más concentrado, cuya fusión año a año las va transformando prácticamente en un oligopolio a nivel internacional. ¿Cuál era la exigencia de estas empresas de carácter transnacional? La de que, siendo ellas las dueñas de la invención que generaba la utilización de determinadas drogas para producir cierto medicamento que tiene el fin de curar una enfermedad, tuviera patentamiento de carácter internacional. Algunos de los señores Senadores que estamos hoy aquí sabemos de qué trata esta materia, porque fuimos invitados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -hace por lo menos cinco años- a concurrir a tres países de la Unión Europea en los que se realizó un intenso trabajo para demostrarnos la bondad de una disposición de esta naturaleza. Esta disposición fue finalmente suscrita por nuestro país lo que significa que se firmó el convenio de Marrakesh, pero esto se hizo con una cláusula de reserva votada unánimemente por las Cámaras de Senadores y de Representantes. Esa cláusula de reserva, que se llevó adelante por el planteo realizado ante la Comisión de Asuntos Internacionales de nuestro país por la Cámara de Industrias y otras organizaciones empresariales, establecía que se utilizarían todos los plazos y mecanismos de garantía que el Tratado de Marrakesh ofrecía para defender la producción nacional hasta el momento en que se dispusiera la entrada en vigencia de acuerdo al Tratado, cumpliendo hasta el mayor grado posible los plazos que otorgaba para la ejecución del mismo, el propio Tratado.

En el caso específico de los medicamentos y productos químicos agrícolas, ese plazo establecido con el Tratado de Marrakesh para los países de menor desarrollo, expiraba el 31 de diciembre de 2004. En el año 1998, se consideró en el Parlamento Nacional y fue aprobada una ley que reconocía o ejecutaba en el plano nacional las cláusulas del Tratado de Marrakesh, pero introduciendo un par de modificaciones con relación al tema de los productos farmacéuticos, lo que tiene relación con el asunto que estamos considerando en el día de hoy. ¿Cuáles son esas cláusulas? Una de ellas, es la referente a la obligatoriedad de los laboratorios transnacionales o de las empresas que descubran un determinado producto, de otorgar la patente, siempre que se cumplan determinados parámetros, a los laboratorios que las quieran usar. Reitero que dicha patente se otorga siempre y cuando se cumplan esas condiciones, entre las cuales está el requisito de que para el uso de la misma deba pagarse una regalía del 5% sobre el precio final del producto. Esto significa que si determinado medicamento, inventado o generado por esa patente cuesta $ 100, sobre el producto final, para poder utilizar la patente, se deberán pagar $ 5 de regalía a su dueño. Esto se hará por un plazo establecido por el mismo Tratado y la misma ley que se extiende por 20 años.

Es importante subrayar que esta fue una de las cláusulas que llevó a negociar el adelantamiento de otro plazo, ya que este patentamiento obligatorio no existía como obligación para la empresa generadora de la patente o descubridora del producto. Es decir que la empresa otorgaba o no la licencia para fabricar el producto si ello le interesaba y si no, no la concedía. Ahora, de acuerdo con la ley, si se cumplen determinadas condiciones el patentamiento debe ser concedido por la empresa titular de la patente a cualquier fabricante.

Y, digamos, como contraprestación para que exista la posibilidad de elaborar el producto pagando este canon o esta regalía, la ley adelantó la entrada en vigencia de ese pago, que era el 31 de diciembre de 2004 usando de todo el tiempo que permitía el Tratado de Marrakesh. Ese plazo se adelantó al 1º de noviembre de 2001. Los señores Senadores tienen en su poder -porque está en el distribuido del día de hoy- esta disposición, es decir, el artículo 127 de la ley, que es lo único que altera el proyecto de ley que nosotros estamos informando modifica el plazo para llevarlo hasta las instancias que el propio tratado suscrito por el país permitía, o sea, el 31 de diciembre de 2004.

Pensamos que, más allá del acuerdo al que han llegado las Cámaras de los Laboratorios Nacionales y la Cámara de Laboratorios Extranjeros acerca del contenido de la ley, lo que importa defender es al usuario uruguayo, que es quien a partir de la entrada en vigencia de la ley -esto es, el 1º de noviembre- va a tener que pagar esa cuota parte establecida como regalía -ese impuesto o ese canon- por la fabricación de un producto con una patente que no pertenezca al laboratorio que lo produce. Creemos que realizar esto es un mecanismo de independencia del poder político. Importan mucho los intereses corporativos, pero más importa el interés colectivo. De lo que aquí se trata es de que la gente no pague más caro los productos farmacéuticos.

El país tiene una larga historia en esta materia. Existe una disposición legal de la década del cuarenta que esta ley deroga, por la cual no eran patentables los productos farmacéuticos. Y, precisamente, la filosofía en que se afirmaba el no patentamiento era que, tratándose de un derecho humano el derecho a la salud, no era posible impedir que los descubrimientos científicos se extendieran a todos los ciudadanos sin ninguna clase de trabas. Esta es la razón por la cual los laboratorios nacionales utilizaban los conocimientos y descubrimientos científicos del mundo de la producción farmacéutica y podían, con las mismas fórmulas o con leves variantes, obtener la autorización del Ministerio de Salud Pública para comercializarlos en forma de productos en el país.

Nos parece que la disposición legal de aquel tiempo era muy sabia, porque permitía que se cumpliera con un principio general: el que todos tuvieran acceso a la disposición del conocimiento científico para elaborar estos productos.

Se nos ha dicho -y lo reconocemos- que frente a la disposición del Tratado de Marrakesh, al parecer la ley es un instrumento más avanzado porque permite cosas como, por ejemplo, el patentamiento obligatorio, que no se obtenía a través de aquél. Ahora bien, la utilización de todo el plazo es, para nosotros, casi una obligación, no sólo de justicia, sino además de lo que acordamos cuando suscribimos el Tratado -me refiero a los que lo suscribimos, lo ratificamos- que era utilizar todos los mecanismos de defensa de la producción nacional. Evidentemente -lo quiero decir en forma explícita- los laboratorios nacionales transaron o negociaron, no en igualdad de condiciones, con los laboratorios extranjeros. Para tener la posibilidad de utilizar la patente obligatoriamente, tuvieron que acceder a otras modificaciones, como ésta del adelantamiento del plazo de entrada en vigencia.

Se nos ha dicho -y es cierto- que si no se cumple ese nuevo plazo establecido por la Ley Nº 17.164, hay otras disposiciones de los Anexos del Tratado de Marrakesh que permitirían a las empresas solicitar de la autoridad pública un derecho exclusivo de comercialización -creo que se llama así- del producto que ellas han patentado. Ahora bien, eso existe como disposición en el TRIPS -que es como se denomina a estos convenios- pero para poder otorgar ese derecho especial de comercialización, hay que obtener un permiso de la autoridad ejecutiva política del país. Es decir que no se puede aplicar autónomamente por parte de la empresa sino que, en el caso concreto, se tiene que obtener de parte del Ministerio de Industria, Energía y Minería el derecho especial de comercialización; si se le otorga, lo podrá tener, pero no en caso contrario.

De modo que, por todas estas razones, entendemos que es pertinente que el Senado vote el tratamiento urgente de este proyecto de ley que, reitero, tiene una única modificación. Hubiéramos querido otra cosa de la ley, y así lo dijimos en su oportunidad; pero no se consiguió, y la mayoría del Senado y de la Cámara de Representantes la aprobó. Repetimos que la modificación es pertinente y planteamos el tratamiento urgente de este proyecto en virtud de que la disposición legal entrará en vigencia el 1º de noviembre de este año.

Quiero decir, como cosa final, que cualquiera sea la suerte de esto, es decir, se decida o no su tratamiento urgente y se apruebe o no el proyecto de ley, la discusión sobre el tema sigue abierta, ya que no porque empiece a regir la ley el 1º de noviembre no se puede tratar nuevamente el problema de los plazos, u otros capítulos de la ley que hoy estamos intentando modificar, repito, solamente en torno al plazo para su entrada en vigencia.

Era cuanto quería señalar.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: ante todo, hago la siguiente consulta formal a la Mesa. Se ha solicitado esta sesión extraordinaria y no sé si hay que votar la urgencia de la consideración o si directamente se entra a analizar el proyecto de ley. Me parece que con la sola presentación de las firmas requeridas se convoca la sesión, que el Senado ya ha resuelto realizar, y entramos directamente en materia. No creo que haya que votar la urgencia como en otras oportunidades, inclusive, requiriendo mayorías especiales que hoy no corren porque la vía utilizada fue la solicitud de una sesión extraordinaria. No sé si la Mesa está de acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia coincide con ese temperamento.

SEÑOR ASTORI.- Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero señalar que este proyecto de ley ingresó ayer a la Comisión de Industria y Energía que presido y que lamentablemente no tuvo quórum para sesionar -únicamente estábamos presentes la señora Senadora Percovich y yo porque, por distintas razones, los restantes Senadores no pudieron concurrir- razón por la que le resultó imposible elaborar un informe sobre esta iniciativa. De manera que, no en sustitución de ese informe, sino simplemente como una opinión de nuestro sector, es decir, de Asamblea Uruguay, voy a ofrecer fundamentos sobre el proyecto de ley a consideración del Senado.

A diferencia de la Comisión de Industria y Energía, la Bancada de Senadores del Frente Amplio consideró este proyecto de ley con bastante profundidad, incluso con la presencia de las partes directamente interesadas, esto es, la Asociación de Laboratorios Nacionales -que, como su nombre lo indica, agrupa a las empresas nacionales- y la Cámara de Especialidades Farmacéuticas, que nuclea a los representantes de las firmas transnacionales en la materia. En virtud de que no se pudo llegar a un acuerdo en nuestra Bancada, se dispuso la libertad de acción para sus integrantes y, en ejercicio de ella, voy a demostrar que estamos ante un proyecto de ley absolutamente inconveniente para el país desde diversas perspectivas que trataré de exponer con la mayor claridad posible.

A estos efectos, señor Presidente, debemos recordar cómo se gestó la Ley de Patentes y, sobre todo, este aspecto neurálgico que refiere a los productos farmacéuticos y que representa un viejo litigio en el mundo que el Uruguay, a nuestro entender, resolvió de la mejor manera posible. La ley uruguaya, discutida en este Senado entre noviembre de 1998 y enero de 1999, luego sancionada por el Parlamento en setiembre de 1999, es única en el mundo, y lo subrayo. Desde ya declaro que me voy a referir solamente a esta materia aunque, obviamente, esta normativa abarca todas las patentes de invención y no sólo las relacionadas con los productos farmacéuticos.

Esta ley, entonces, se realizó no sólo sobre la base de acuerdos entre intereses supuestamente antagónicos, sino también a la posibilidad de asegurar a cada una de esas partes el alcance de sus respectivos objetivos fundamentales. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la producción nacional? Producir y desarrollar la producción nacional en esta materia. En ese sentido, debo recordar que la inmensa mayoría de la producción de los medicamentos que se utilizan en el Uruguay es nacional y que las filiales de las empresas transnacionales son fundamentalmente importadoras de productos farmacéuticos. El Uruguay, a diferencia de otros países, inclusive de América Latina, tiene una importante producción de medicamentos con el correspondiente caudal -también importante- de fuentes de trabajo en juego que, precisamente, no le sobran.

¿Qué se logró con la aprobación de esa ley? Para esos laboratorios a que hacía referencia, se pudo asegurar su sobrevivencia y su desarrollo, a través, nada menos, que del establecimiento de la obligatoriedad de las licencias. Por cierto, no sólo se aprobó la obligatoriedad de las licencias, sino que se fijaron cinco categorías distintas de licencias obligatorias, cubriendo un espectro muy amplio de situaciones que aseguraban, en todo caso, la vigencia de esa obligatoriedad. Esto es lo que necesita un laboratorio nacional para producir -tal como lo señalaba el señor Senador Gargano- sobre todo, frente a la fuerte concentración de intereses que existe en esta rama en la producción en el mundo. ¿Cómo puede subsistir un modesto laboratorio nacional? Obligando a los que disponen de la posibilidad de invención a otorgar obligatoriamente la licencia, de modo tal que el laboratorio nacional produzca. Esto es lo que establece la ley.

Naturalmente, como en todos los acuerdos hay que conquistar y ceder -aun cuando haya desigualdad entre las partes, hecho que, sin duda, es un elemento de la realidad- la Cámara de Especialidades Farmacéuticas obtuvo la posibilidad de que, para los productos farmacéuticos, la ley empezara a regir próximamente, o sea, el 1º de noviembre de 2001. Esto representa la opción de utilizar el 70% del plazo al que el Uruguay tenía derecho en su condición de país en desarrollo, a raíz de los acuerdos de Marrakesh suscritos oportunamente, parte de los cuales es el Acuerdo TRIPS que rige en esta materia. Entonces, no es que Uruguay renuncie al plazo que le concede como país en desarrollo el Acuerdo TRIPS, sino que utiliza el 70% del plazo y no el 100%. Estos son los dos pilares fundamentales del acuerdo: se concede la licencia obligatoria, pero la ley empieza a regir a partir del 1º de noviembre de 2001, habiendo sido sancionada dos años antes, es decir, en setiembre de 1999.

En el Parlamento y, sobre todo, en el Senado, que fue la primera Cámara donde se analizó esta ley, se plantearon discusiones realmente profundas. Muchos de los problemas que hoy se están trayendo nuevamente a esta consideración para fundamentar este proyecto de ley, el Senado los discutió y resolvió. Ese panorama, al momento actual, no ha cambiado sino a favor de esta ley para los productos farmacéuticos, cuyo plazo hoy se está cuestionando; sobre todo, me refiero al tema de los precios de los medicamentos. Para empezar, puedo decir que la ley no incluye ninguna obligatoriedad de regalía; para seguir, puedo afirmar que el 80% de los productos farmacéuticos que se consumían en el momento en que discutimos esta ley no estaban sujetos a protección alguna, pues eran productos genéricos cuya protección ya había vencido. Además, del 20% restante -tal como lo decíamos en noviembre de 1998- el 80% tenía una protección que vencía en el año 2000. Quiere decir que actualmente en el país hay una minoría absoluta de productos que están sujetos a protección y que ya pagan regalía; dicho de otro modo, no van a pagar regalía por la vigencia de esta ley, pues ya la están pagando ahora. De hecho esta ley no modifica esa situación porque no establece normas en materia de regalía; así de sencillo.

En cuanto a los productos nuevos -que son poquitos- que se puedan patentar y a cambio de cuya licencia se pueda solicitar una regalía, en mi opinión, es mucho mejor abrir la producción, no a las reglas de la competencia, porque es fuertemente oligopólica, pero sí a la posibilidad de tener mayores opciones para que esos precios no crezcan en la medida en que esta ley no funcione.

Por lo tanto, y sin entrar nuevamente a repetir argumentos que habíamos dado en su momento, quiero recordar que este tema ya lo habíamos discutido y digo que hoy la situación es mucho mejor que hace dos años, porque han vencido las protecciones. En definitiva, no es posible fundamentar un impacto sobre los precios de los medicamentos. La inmensa mayoría -diría, la aplastante mayoría- de los productos farmacéuticos que se consumen hoy en el país no va a experimentar cambios en los precios por el hecho de que rija esta ley; si eso sucede, será por otras razones, pero no por esta ley. Además, tengo la convicción de que esta ley va a operar a favor de la reducción de precios y no de su aumento, pero eso lo dirán la vida y la historia.

Cabe agregar que el país enfrentó presiones muy fuertes en aquel momento, de dos tipos: una de ellas proveniente del Gobierno de los Estados Unidos y, la otra, de firmas transnacionales.

Incluso, discutieron duramente con sus representantes en el país, uruguayos, como todos nosotros; uruguayos, como todos nosotros, que defendían esta ley y que enfrentaron a los directivos de sus firmas en el exterior. Entre otras cosas, les dijeron que esto no iba a funcionar porque Uruguay no era un país serio y digo esto con responsabilidad, porque sé que fue así. Es más; me tocó vivir un episodio, junto a otros Senadores que están aquí presentes -entre ellos, la señora Senadora Dalmás- y a todos mis compañeros de las Comisiones de Industria y Energía del Senado y de la Cámara de Representantes -entre los que se encontraba el actual Presidente de la República- en el que tuvimos que retirarnos de un almuerzo en la casa del Embajador de los Estados Unidos. Esto fue en forma relativamente airada, porque no aceptaron un primer ofrecimiento cordial de retiro y de cese de la discusión; insistieron, y tuvimos que contestar con dureza. Todo eso porque esta ley -que hoy tenemos en vigencia- no le gustaba a los Estados Unidos, y sigue sin gustarle, porque es una ley profundamente nacionalista y defensora de los intereses nacionales. Tampoco les gustaba a los ejecutivos de las firmas transnacionales, que presionaron y efectuaron pronósticos sombríos sobre su aplicación.

Ahora nos encontramos con esta propuesta que, adelanto, es absolutamente inconveniente desde todo punto de vista, y voy a intentar detallar por qué. En primer lugar, por una razón conceptual, casi diría hasta de principios: los acuerdos no se rompen unilateralmente. Si vamos a romper acuerdos, rompemos todo, pero no podemos destruir una de las bases del acuerdo y dejar las que nos convienen. Eso no se hace, no se puede hacer y, mucho menos podemos hacerlo a siete días de la entrada en vigencia del plazo. En segundo término, porque la producción nacional de medicamentos se vería seriamente perjudicada, lo que significa afectarla en su inversión y en sus fuentes de trabajo, porque inmediatamente vendría la respuesta. No seamos ingenuos. ¿En qué podría consistir esa respuesta? En aplicar los mismos acuerdos de Marraquesh, que tienen dos cláusulas -la 70.8 y la 70.9- que se pondrían en funcionamiento inmediatamente. Esas cláusulas autorizan, en estos plazos, a conceder protección sin patente, que es la peor de las opciones posibles para la producción nacional. Se protege al inventor sin concederle patente y, por lo tanto, no hay licencia obligatoria, ni optativa; no hay licencia. Esta también sería la peor opción desde el punto de vista de los precios. Me refiero a los derechos exclusivos de comercialización, aspecto que ya fue adelantado por el señor Senador Gargano. ¿Qué es esto? Un laboratorio puede decir que como le cambiaron el plazo después de los acuerdos realizados, solicita que determinado medicamento se comercialice exclusivamente por él. Quizás pueda tratarse de pocos medicamentos, pero importantes. En ese caso también estamos ante la peor de las situaciones posibles, porque la producción nacional no obtiene la licencia para producir y el consumidor del medicamento puede -no estoy diciendo que lo experimente- tener que sufrir consecuencias muy graves. Entonces, esto también es inconveniente para la producción nacional de medicamentos.

Reitero el aspecto de la inconveniencia, porque estoy convencido de que el país perdería seriedad ante el exterior por razones que ya expuse y porque los propios ejecutivos de los laboratorios transnacionales lo están anunciando o lo anunciaban en sus filiales, aquí, diciendo: "no hagan este acuerdo aquí porque este país es poco serio". Además, bajo las circunstancias que estamos viviendo hoy, en este mundo convulsionado en el que el Uruguay está intentando abrir su vinculación con otros países, no tengan dudas de que se acumularían las represalias, no en el terreno de los medicamentos o de productos farmacéuticos, sino en cuanta negociación emprendiera el país. ¿Con qué fuerza vamos a defender una negociación favorable al país si adoptamos esta postura en un tema en el que ya nos presionaron, nos resistimos, y triunfamos? Asimismo, se trata de un tema respecto al cual nos habían anunciado que íbamos a flaquear, que no íbamos a ser consecuentes con lo que habíamos acordado. Creo que el país tiene negociaciones muy importantes en su agenda inmediata; tiene negociaciones muy importantes en materia agrícola -por supuesto que sí- y en lo que refiere a los acuerdos cuatro más uno con Estados Unidos, país que mira con mucho recelo esta ley, tal como he tratado de explicarlo. También tenemos negociaciones en curso con la Unión Europea, de donde provienen varias de las firmas que concentran el poder en materia de productos farmacéuticos. No tengan duda, entonces -estoy absolutamente convencido de ello- de que si votamos esta ley propuesta hoy vamos a tener que enfrentar represalias, no sólo en el campo de los productos farmacéuticos, sino en todas las áreas en que el país intente negociar. Reitero -y perdonen la insistencia- que estoy absolutamente convencido de lo que estoy diciendo.

Estamos ante un tema que es crucial en el mundo y el Uruguay logró una ley diferente, una ley que hay que defender. No estamos modificando un artículo insignificante de la ley, sino una de las bases del acuerdo. Entonces, si se nos cae toda esta construcción, las consecuencias realmente van a ser muy malas desde todas estas perspectivas.

Por si fuera poco lo anterior, ante la proximidad del plazo, este tema ha venido siendo tratado por las partes involucradas y, a medida que dicho plazo se iba aproximando, se intentaba negociar. Unos estaban preocupados por la forma en que se aplicaría la ley en pocos días más, temerosos de que los laboratorios transnacionales no cumplieran con la palabra empeñada, esto es, la licencia obligatoria. También eran motivo de preocupación algunas acciones que, según ellos, habrían emprendido dichos laboratorios, por ejemplo, pedir ya derechos exclusivos de comercialización o intentar patentar elementos insignificantes que no representaban, a juicio de ellos, innovación, por ejemplo, el sabor en un medicamento.

En consecuencia, en virtud de ese tema, la Asociación de Laboratorios Nacionales se movilizó y, seguramente, habrá visitado varios despachos de integrantes de este Cuerpo, para señalar estas preocupaciones. Las mismas motivaron, a su vez, iniciativas como ésta, cuya buena intención está fuera de toda discusión. Con el mismo énfasis que digo que este proyecto de ley es inconveniente, también reconozco que está inspirado por buenas intenciones aunque, insisto, no deja de ser inconveniente.

Las discusiones entre los laboratorios nacionales y la Cámara de Especialidades Farmacéuticas continuaron, con un espíritu muy constructivo, buscando ratificar acuerdos. Fue en esa circunstancia que nuestra Bancada los recibió. Fue en esas circunstancias que, tanto unos como otros, señalaron que estaban dispuestos a ratificar los acuerdos, no obstante la posibilidad de marcar discrepancias e intentar solucionarlas; discrepancias que, incluso, están por fuera del contenido de la ley.

La verdad es que esto es bueno para el país porque, si se ratifican los acuerdos y la ley funciona en todos sus términos, se van a beneficiar los productores nacionales de medicamentos; los trabajadores de los laboratorios -sin duda- porque conservarán su fuente laboral; y también los consumidores, en lo que tiene que ver con el precio.

Esas conversaciones continuaron con referencias intachables desde el punto de vista del interés nacional, porque se hicieron ante el señor Ministro de Industria, Energía y Minería y ante las autoridades de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Ha querido la vida -esto no fue buscado- que se firmara en el día de hoy, hace muy pocas horas, una nueva acta de entendimiento, que acabo de recibir. Si el Senado me permite, voy a darle lectura porque, desde el punto de vista que estamos defendiendo, es un acta aplastante. Aclaro que, luego de leerla, la pondré a disposición de los señores Senadores. Dice lo siguiente: "En la ciudad de Montevideo, el veinticuatro de octubre del año dos mil uno, la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN) y la Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines (CEFA), establecen lo siguiente:

Primero: Que ratifican en todos sus términos el acta suscrita el 22 de diciembre de 1997, en oportunidad de integrar el Comité Técnico de Patentes que funcionaba en la órbita de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Segundo: En consecuencia, ratifican en todos sus términos su aceptación y apoyo a la Ley Nº 17.164, en la medida en que plasma una posición equilibrada entre los intereses en pugna y los compromisos asumidos en la OMC".

Solicito a los señores Senadores que presten especial atención a este punto: "Tercero: En este contexto propugnan el cumplimiento de la normativa vigente y estrictamente en lo que refiere al período de transición establecido en el Art. 125 de la Ley N° 17.164." Esta norma es la que hoy estamos discutiendo. El acta continúa diciendo: "En virtud del citado artículo solamente tendrán protección de patente aquellos productos cuya primera solicitud de patente se haya presentado en algún país miembro de la OMC a partir del 1º de enero de 1995, y siempre que a la fecha de concesión de la patente -con posterioridad al 1º de noviembre de 2001- no se encuentren comercializados en el extranjero, o en el país, o no se hayan realizado serios y efectivos preparativos para su explotación y asimismo haya sido presentada la solicitud de patente a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial a partir del 1º de enero de 1995". Esto es repetir lo que dice la ley, simplemente, a los efectos de su ratificación.

Más adelante, agrega: "Cuarto: Las partes asimismo avalan el sistema de licencias y otros usos previsto en el capítulo V de la ley, en especial lo dispuesto en los Arts. 64 y ss., bregando para que los procedimientos tendientes a su obtención resulten efectivos y eficientes y permitan una sana competencia.

Quinto: Las partes también ratifican su voluntad en lo que respecta a la entrada en vigencia de la ley prevista en el Art. 127.

Sexto: Las partes en definitiva manifiestan su voluntad de respetar la Ley Nº 17.164 en su texto y en su espíritu, inclusive para el hipotético caso que la OMC u otros organismos internacionales observaran el texto legal o su reglamentación en todo o en parte, de conformidad con la redacción actual del ADPIC". Esta es la sigla castellana del acuerdo TRIPS.

Solicito especial atención sobre la última parte del acta: "Manifiestan su voluntad de respetar no sólo texto y espíritu, sino incluso en el hipotético caso en que la OMC u otros organismos internacionales observaran" nuestro texto legal. Aun en ese caso, están firmando un acta para respetar nuestra ley. Concretamente, lo firmantes son: el doctor Juan Ripoll, Presidente de la Asociación de Laboratorios Nacionales, y el señor Gustavo Servino, Presidente de la Cámara de Especialidades Farmacéuticas.

Creo que, a pesar de estar alentado por las mejores intenciones, este proyecto de ley es absolutamente inconveniente para Uruguay. Incluso, podría originar proyecciones de incalculable daño para la economía nacional, trascendiendo la actividad de los laboratorios. Por esta razón, nos parece que el Senado no lo debe votar y debemos seguir defendiendo la ley que tanto costó elaborar y aprobar. Es necesario protegerla contra la innumerable cantidad de presiones que hemos sufrido desde el exterior.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Brevemente, pero a modo de constancia, quisiera compartir algunos temas sobre los que hemos tenido oportunidad de conversar en algunos eventos -a los que hemos concurrido por este Parlamento- relacionados con la salud.

En principio, lo único que estamos tratando es de prolongar los plazos, más allá de que a nadie escapa que esto es producto de toda una ingeniería con que se consagró esta ley. Ocurre que en nuestro país se da una coincidencia de plazos, por lo cual el propio Ministerio nos ha planteado que -más allá de haber logrado lo que, según su valoración, ha sido una buena negociación en materia de compra de medicamentos- en el primer año esto no va a tener efectos que redunden en una mayor disponibilidad de medicación. Todos sabemos que en el resto del país, al igual que en Montevideo, los medicamentos de que dispone Salud Pública siempre son escasos.

Es un tema polémico y hay diversas versiones, pero muchos de los interesados nos han indicado que el aumento del precio de los medicamentos sería un hecho. Puede que haya otros factores que también lo condicionen. Si bien nuestra ley es diferente a las que existen en otros países, en el mundo se está dando un movimiento dentro del cual la propia Organización Mundial de la Salud tiene fuertes corrientes a favor de que este tema relacionado con los medicamentos y las terapéuticas no esté incluido en las disposiciones que tiene la OMC para otro tipo de aspectos que no sean los que afectan a la salud humana. No descarto, en plazos relativamente cortos, movimientos en torno a este asunto.

Si bien las leyes de otros países son diferentes, existen algunas que nos resultan llamativas y no queremos dejar de plantearlas. Por ejemplo, Brasil, en 1996 estableció una ley para permitir la elaboración de medicamentos y logró producir ocho de las doce drogas que forman parte del cóctel de la medicación contra el VIH-SIDA, que reciben más de 90.000 personas, gratuitamente, en las clínicas estatales. El precio de los medicamentos desde 1998 bajó un 80%, a tal punto, que lograron reducir el costo del tratamiento por paciente con SIDA de lo que cuesta en Estados Unidos, U$S 15.000, a U$S 4.400.

Hay un hecho de la realidad que muestra que tanto Brasil como Sudáfrica tienen una pandemia de VIH casi descontrolada. En este sentido, Sudáfrica logró -aspecto que fue por todos conocido porque fue ampliamente difundido- que 39 compañías farmacéuticas le retiraran la acción legal sobre una propuesta de ley que permitía la importación de drogas genéricas.

SEÑOR ASTORI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA XAVIER.- Por otra parte, son ciertos los matices y las diferencias que señala el señor Senador Astori -supongo que por esa razón me está solicitando una interrupción- entre nuestra legislación y la de otros países.

Con mucho gusto le concedo la interrupción al señor Senador Astori.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI.- Aclaro que voy a hacer referencia a algo que considero más que un matiz. Brasil no tiene producción nacional de medicamentos; la eliminó porque asumió un camino legal exactamente opuesto a este. Ese país borró la producción nacional de medicamentos y convocó a las transnacionales para que se instalaran y produjeran en Brasil. Este es un camino que yo no quisiera que siguiera el Uruguay. Personalmente, no quiero eliminar los laboratorios nacionales como lo hizo Brasil. Naturalmente, si en ese país hay drogas cuyos precios descendieron es porque el Gobierno en otros ámbitos está destinando recursos para que sean distribuidas en forma gratuita -lo que me parece bien- o a precios muy bajos. Insisto en que Brasil no tiene producción nacional de medicamentos.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Conocemos la ley que trata la política brasileña de medicamentos de 1998 y combina la producción nacional y la de las firmas extranjeras, las que, de no producir localmente los medicamentos, a los tres años pierden la patente para seguir haciéndolo en Brasil. Como vemos, se trata de mecánicas diferentes. La temática sobre los medicamentos está siendo rediscutida y para beneficio de los países más pobres deseamos que tenga cambios que difieran de otras materias que trata la Organización Mundial de Comercio.

Otro de los argumentos que se plantea habitualmente es el que refiere a la investigación. Quienes ejercemos profesiones donde estos temas importan mucho, sabemos que de alguna forma lo que realmente se destina en esta materia está muy por debajo de los precios que hoy manejan muchas de las empresas. No es cierto que no se pueda investigar, sino que se puede hacerlo, y hasta con un interés planetario, para denominarlo de alguna forma.

Actualmente, las enfermedades reemergentes -aclaro que ya no hablamos de emergentes- es decir, aquellas que se tratan con medicamentos muy utilizados en otros períodos y que prácticamente habían desaparecido del mundo, se están volviendo a plantear y son las que en general no se están estudiando por parte de los laboratorios. Considero que si diéramos el mismo impulso que el que se destina para estudiar medicamentos para las afecciones que padece el norte con una demografía de capas etarias muy mayores, en el sur no tendríamos las grandes epidemias de enfermedades emergentes y reemergentes.

Ojalá podamos lograr que si esta discusión no llega a buen puerto, al menos sensibilice sobre un tema que no sólo está afectando a Uruguay -más allá de que tengamos algunos aspectos a nuestro favor- sino a todo el mundo. Si esto fuera así, quisiéramos que algún día lleguen las contrapartidas previstas a nuestro país sin tener que golpear puertas como alguna vez nos solicitó el señor Presidente.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA XAVIER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: con respecto a Brasil -que es un caso específico- deseo que quede en claro que posee laboratorios nacionales que elaboran una gran cantidad de productos farmacéuticos. A modo de información diré que uno de los grandes problemas que tiene nuestra frontera es que mucha gente se dedica al contrabando de medicamentos brasileños y esto no obedece sólo a una diferencia cambiaria, sino también a que sus precios son más baratos.

En la mañana de hoy me enteré de que los laboratorios nacionales y extranjeros iban a realizar una declaración sobre este tema, aunque no tuve el texto en mi poder. Me parece muy bien que se haya hecho esa declaración de reafirmación de conductas de cumplir con los compromisos y los acuerdos. Cabe aclarar que estos fueron realizados por los laboratorios y no por el poder político -no sé si distingue esta cuestión- para llegar a una vía de acuerdo entre sus distintas fuerzas para legislar. Reitero que los efectuaron las entidades corporativas, es decir, los laboratorios extranjeros y los nacionales. Sus opiniones me parecen muy importantes y estimo que los sectores políticos deben tenerlas en cuenta, pero en última instancia se debe legislar según lo que convenga al país, fundamentalmente al destinatario final de productos como éstos, que son los usuarios.

Para aclarar aún más el tema, quiero decir que me parece muy bien lo que señaló el señor Senador Astori, porque los laboratorios extranjeros iniciaron la inscripción de patentes sobre cosas insólitas, tales como los edulcorantes o las características de los sabores de determinados productos como patentes nuevas. Hicieron esto porque la ley preveía que se podía introducir una solicitud de patente hasta el momento de la entrada en vigencia de la ley, instancia en que se hacía efectiva la patente. No sé con certeza si lo que voy a decir es correcto, pero existen más de 400 solicitudes de patentes por parte de esos laboratorios. Esto me parece insólito y considero que fue excelente la reacción de los Legisladores, que tuvieron que soportar la presión en la Embajada de los Estados Unidos. Este hecho es una demostración de que, en el acierto o en el error, la independencia de los Legisladores siempre ha existido en el Uruguay. Reitero que me pareció insólito que se tuviera el atrevimiento de presionar de esta forma tan desembozada, que es una costumbre que se va tomando cada vez más, es decir, el querer imponer una opinión en forma casi autoritaria.

Personalmente, a esta altura no sé qué es lo que va a pasar en el futuro. Sí entiendo que la aplicación adelantada no es conveniente y que si puedo modificarla en beneficio de la sociedad, voy a intentar hacerlo. Si tomamos este acuerdo como algo muy importante -no le quito trascendencia a la ley- creo que por esta vía tenemos derecho a exigir algunas otras cosas, porque en el plano internacional somos muy poco exigentes. Resulta que en el mismo Tratado se ha votado un Capítulo agrícola que obliga a los países centrales a actuar de determinada manera y a reducir las barreras arancelarias, y no se cumple. En cambio, ejercen políticas de presión en temas como éste que involucra -según datos internacionales- un negocio de más de U$S 300.000:000.000 fuera de los países centrales.

Es cierto que la inmensa mayoría de los medicamentos que se consumen en el mundo -y no sólo en nuestro país- tienen las patentes vencidas. Estoy hablando desde el ácido acetilsalicílico hasta las penicilinas de primera, segunda y tercera generación, que ya no son patentables porque tienen más de 15 ó 20 años de vigencia.

Lo que importa en esta materia, es que este mecanismo va a funcionar hacia el futuro sobre todo lo nuevo que se cree. Con total honradez y sinceridad, digo que no creo que ninguno de estos laboratorios transnacionales -que son los que encabezan las investigaciones porque concentran la mayor riqueza del mundo- sea tan generoso como para no cobrar regalías por las patentes que deja utilizar. Seguramente, va a cobrar hasta el máximo que le permita la ley, que es ese 5% que yo planteaba.

Me parece que el Uruguay es serio y esta gente tiene que entender que somos capaces de operar por encima de los acuerdos corporativos que se den. Espero que el Parlamento de este país pueda actuar con independencia y sentar un precedente como éste que es incidir para que las cosas se hagan de otra manera. También me parece que se van a poder aplicar represalias sobre los nuevos productos que se inventen, solicitando los derechos especiales de comercialización y veremos si se puede mantener una política de presión de este tipo. Quisiera saber si no es posible que el país otorgue patentes sin tener en cuenta las disposiciones del Tratado de Marrakesh. Si esto lo ha podido hacer Sudáfrica y Brasil sobre los medicamentos específicos para combatir el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, y si ahora lo puede llevar a cabo Canadá, pues su Gobierno está diciendo que va a autorizar la producción de medicamentos para combatir el Antrax, con o sin licencia de la BAYER que es la dueña de la ciproflaxina que es el antibiótico que se está utilizando para combatirlo, creo que también lo podemos hacer en América Latina y hay que empezar a actuar.

Simplemente quería expresar esto como vía de aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- He terminado, señor Presidente.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: en primer lugar, debo decir que no leí una declaración de laboratorios nacionales y trasnacionales, sino un acta firmada en el día de hoy que es algo más solemne, pues aquí hay un compromiso.

En segundo término, lejos está de mi intención proponer a este Cuerpo un seguimiento corporativo ya que nunca lo he practicado respecto a ninguna corporación y no le voy a sugerir a mis colegas que recorran ese camino. Si leo esta acta es porque estoy convencido de que en ella figuran cosas que son convenientes desde el punto de vista del interés general y reflejan la inconveniencia de aprobar este proyecto de ley desde ese mismo punto de vista. Por supuesto estamos legislando siguiendo esa orientación y no se me pasa por la mente seguir otra. El contenido de estos acuerdos está directamente relacionado con el interés general del país.

9) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Carlos J. Pereyra presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se suspende hasta el 1° de junio de 2002 la ejecución de las providencias que hayan dispuesto o dispongan el remate de bienes embargados judicialmente, así como las subastas en ejecuciones hipotecarias o prendarias extrajudiciales tendientes al cobro de deudas contraídas por productores agropecuarios."

-A LA COMISION DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.

(Texto del proyecto presentado)

«EXPOSICION DE MOTIVOS

La grave crisis del sector agropecuario, debida a múltiples factores acumulados en el transcurso de los años y a otros acontecimientos más recientes ya ampliamente conocidos, se ahondó con la imposibilidad inmediata anterior de exportación de carne a la Unión Europea y por lo tanto otros mercados tradicionalmente clientes de nuestro país, lo que conlleva desde ya una trascendente pérdida en las colocaciones de todo el año 2001.

Sumado a ello, la postergación de la esperada reactivación del sector, también en otros rubros de la producción agropecuaria, profundiza la difícil situación del agro y su posibilidad de afrontar sus compromisos ante las instituciones públicas y privadas.

Siendo así, este sector primario debe ser atendido con prioridad, especialmente para resguardo temporal de la grave situación social y económica por la que atraviesan y la preservación de sus explotaciones rurales, trayendo -hasta tanto se den otras circunstancias de mercado más favorables y se arbitren otras medidas- cierta tranquilidad al productor agropecuario y a la familia rural.

También y hasta tanto se arbitren dichas soluciones, debe resolverse la suspensión de lanzamientos a los colonos del Instituto Nacional de Colonización, respecto de cuyo rol debe profundizarse con amplias reformas.

El artículo 1º establece el plazo y la suspensión de la ejecución de providencias judiciales que ordenen el remate de los bienes muebles e inmuebles, con excepción de las deudas por créditos laborales y otras del sector, muy anteriores y de las que no es el espíritu de beneficiar por esta ley, ampliamente especificadas en el artículo 2º.

El artículo 3º apunta a no privar al productor rural de la maquinaria, útiles, herramientas de trabajo, etc., necesarias para continuar al frente de la explotación.

Respecto a la suspensión de lanzamientos (excepto de precarios) y desocupaciones de promitentes adquirentes de predios del Instituto Nacional de Colonización, incluida en esta iniciativa en el artículo 4º, apunta a un estrato de productores de superficie reducida y de integración familiar, que debe temporalmente protegerse.

A su vez, en el artículo 5º queda prevista la regulación del procedimiento judicial, con la acreditación sumaria de la calidad del sujeto amparado conforme a los artículos 1º y 4º, lo que queda librado a la apreciación del magistrado, que de darse los extremos incluidos, a petición de parte o de oficio en su caso, dictará el decreto de suspensión, que no será recurrible.

El artículo final debe tenerse especialmente en cuenta, porque está manifiesta la voluntad emanada del Banco de la República Oriental del Uruguay y algunas instituciones financieras para brindar soluciones acordes a lo posible, que no han sido acompañadas por otras, después de agotadas las negociaciones, la creación de estímulos y acuerdos por vía reglamentaria, entre el Banco Central del Uruguay y la Banca Privada.

Finalmente, el presente proyecto de ley, dará tiempo a que las soluciones para el endeudamiento, den sus frutos, en un ámbito de tranquilidad que influirá positivamente.

Carlos Julio Pereyra. Senador.

Montevideo, 24 de octubre de 2001.

SUSPENSION DE EJECUCIONES A PRODUCTORES AGROPECUARIOS

Artículo 1º.- Suspéndese hasta el 1º de junio de 2002 la ejecución de las providencias que hayan dispuesto o dispongan el remate de bienes embargados judicialmente, así como las subastas en ejecuciones hipotecarias o prendarias extrajudiciales, tendientes al cobro de deudas contraídas por productores agropecuarios deudores, codeudores, garantes en general o avalistas.

Artículo 2º.- No quedarán comprendidas en la suspensión del artículo precedente, las ejecuciones de créditos originados en relaciones laborales y las situaciones de endeudamiento que continúen siendo atendidas al amparo de las Leyes Nos. 15.786, de 4 de noviembre de 1985; 15.940, de 4 de marzo de 1988; 16.243, de 5 de marzo de 1992; 16.322, de 8 de noviembre de 1992 y Decretos reglamentarios del Poder Ejecutivo, convenios suscritos de acuerdo a las normas sobre endeudamiento interno de las resoluciones del Directorio de los Bancos Central del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay, Comercial, La Caja Obrera y Pan de Azúcar de mayo de 1990 y demás disposiciones concordantes y modificativas.

Artículo 3º.- Durante el término y en los casos previstos por el artículo 1º, el secuestro y depósito en manos de terceros de los bienes embargados, sólo podrá decretarse cuando el demandado no quiera o no pueda constituirse en depositario de los mismos.

Artículo 4º.- Los lanzamientos o desocupaciones dispuestos o que se dispongan contra colonos del
Instituto Nacional de Colonización, que acrediten la calidad de arrendatarios, subarrendatarios, cesionarios o promitentes adquirentes de predios propiedad de dicho Instituto, quedarán suspendidos en su cumplimiento efectivo hasta el 1º de junio de 2002.

Artículo 5º.- El Juez, sin más trámite, decretará la suspensión, a petición de parte, cuando el interesado acredite sumariamente ser sujeto comprendido y que se cumplen los extremos previstos en los artículos 1º y 4º de la presente ley, o de oficio, cuando los mismos resulten del expediente. La providencia que decrete la suspensión no será pasible de recurso alguno.

Artículo 6º.- Dentro del plazo establecido en los artículos 1º y 4º, el Poder Ejecutivo y el Banco Central del Uruguay, en el ámbito de sus respectivas competencias, arbitrarán las medidas necesarias para la posterior adopción de las políticas de fondo que requiere el sobreendeudamiento interno.

Carlos Julio Pereyra. Senador.

Montevideo, 24 de octubre de 2001.»

10) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Marina Arismendi solicita licencia por el día de la fecha."

-Léase.

(Se lee:)

"Montevideo, 24 de octubre de 2001.

Cámara de Senadores
Atn. Sr. Presidente.
Don Luis Hierro López

De mi mayor consideración:

Solicito a Ud. licencia por el día miércoles 24 del corriente sin goce de sueldo y tenga a bien convocar a mi suplente el Sr. Victorio Casartelli.

Saluda muy atentamente.

Marina Arismendi. Senadora.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Senador Victorio Casartelli quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encontrare en la Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Casartelli)

11) PATENTES DE INVENCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y QUIMICOS AGRICOLAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración relativa a las patentes de invención de productos farmacéuticos y químicos agrícolas.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: como lo aclaró el señor Senador Astori, la Bancada del Frente Amplio estudió este tema muy detalladamente durante mucho tiempo, tratando de profundizar sobre cuál era la posición más conveniente para el Uruguay en la materia, ante una propuesta de utilizar todo el plazo que los acuerdos internacionales y la OMC permitían. Esa propuesta en algún momento fue enfáticamente defendida por los laboratorios nacionales. Como dije, se estudió muy detalladamente el tema y se acopiaron muy buenos argumentos en uno y otro sentido.

Nosotros que no integramos ninguna de las Comisiones que trató el asunto -en particular, la Comisión de Industria y Energía- estudiamos el tema a la luz de las exposiciones que se hicieron en el seno de la Bancada y que tuvieron, como resultado, que quienes integramos la Bancada pudiéramos adoptar una actitud de libertad sin disciplina de Bancada o partidaria en el momento en que se tratara este proyecto de ley, cosa que está ocurriendo.

Voy a hacer algunas referencias en forma muy sintética sobre las razones que me inclinaron, de manera muy decidida, a apoyar este proyecto de ley por el cual se utiliza un plazo que se había pactado y que internacionalmente está permitido porque creo que es conveniente y mejora la situación jurídica y de hecho actual. Luego de que con mucho trabajo me interioricé de los problemas de los laboratorios nacionales y trasnacionales, manejando las informaciones que traían a la Bancada la organización representativa de los laboratorios nacionales y la de los laboratorios trasnacionales y que no siempre coincidían, me fui haciendo una idea sin descubrir nada importante. Me da la impresión de que como a veces sucede, los laboratorios trasnacionales, con mucho mayor poder y en la medida en que no sean demasiado groseras las cosas, imponen sus condiciones, mientras que los nacionales, en esa misma medida se van revolviendo como pueden y aceptando algunas condiciones que no aceptarían si estuvieran en un pie de igualdad. Este es un tema que para mí tiene bastante equivalencia con la manera con que a veces los sindicatos aceptan la llamada flexibilización laboral, porque no tienen fuerza y si no aceptan las condiciones que se les imponen pierden su fuente de trabajo. Entonces, lo que hace veinte o treinta años significaba el degüello de un dirigente sindical, como sería firmar un convenio por el que se rebajaba el salario, actualmente es bastante común y si no se acepta, se pierde el trabajo. A mi juicio, aquí pasa eso. Estuve examinando este tema que abordé en los últimos tiempos y me da esa impresión. Por ello he hecho un esfuerzo intelectual para superar ese choque de intereses y ver un poco el tema desde el punto de vista objetivo, general, uruguayo, nacional, o si se quiere, se podría hablar del interés colectivo o del interés general como menciona la Constitución, con más precisión. En base a esto, voy a hacer unas cuantas afirmaciones y para no cansar al Cuerpo la fundamentación será breve, aunque si es necesario la ampliaría.

En primer lugar, creo que la finalidad principal en este tema no es que en el Uruguay haya producción nacional de medicamentos, sino que se atienda lo mejor posible la salud de la población uruguaya. Es decir, que la población reciba la medicación necesaria para cuidar, proteger y, eventualmente, restablecer su salud. Esa es una discrepancia que ha surgido en el seno de la Bancada, aunque podría no ser tal y ser, simplemente, ese juego que filosóficamente siempre se produce entre medios y fines, o sea, que lo que es un fin, luego se convierte en un medio para un fin que va más allá.

En segundo lugar, desde el punto de vista teórico jurídico -aquí entro en un campo en el que "me revuelvo" un poco mejor- tanto en el acuerdo internacional, como en la ley y en las exposiciones, hay una serie de conceptos jurídicos afinados, difíciles, mezclados, desde la diferencia entre monopolio y exclusividad, patente y licencia, y derechos exclusivos de comercialización. Es decir que se trata de una serie de conceptos vinculados entre sí pero que en última instancia tienen que ver con el balance o el juego entre dos elementos claves. Por un lado, que el derecho del inventor tiene una cantidad de privilegios posteriores por ser inventor y registrar su invento -esto está más o menos relacionado con el concepto de patente- y por otro lado, el derecho humano a la salud en las mejores condiciones posibles que tiene la población del país, se diga o no en un tratado o en una ley. En el lenguaje de la Constitución uruguaya sería un derecho inherente a la persona humana. Por eso el problema se hace bastante complejo, ya que balancear y poner unos valores por encima de otros en estos casos constituye una mezcla enredada de cuestiones jurídicas y de intereses internacionales y nacionales.

En tercer término, dentro de todo este marco teórico complejo, a mi juicio la pregunta clave en términos pragmáticos es la siguiente. Con lo que tenemos hoy en día, extender el plazo que hoy está por vencer hasta el 2004 -plazo que fue previsto en un acuerdo internacional- ¿mejora o no la situación actual? Yo creo que la mejora; la única manera de sostener que no la mejora es decir que si se hace va a haber represalias de los más fuertes, de los trasnacionales.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR KORZENIAK.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Siguiendo el razonamiento del señor Senador Korzeniak, me pregunto por qué los laboratorios extranjeros insistieron e insisten tanto en el sentido de adelantar el plazo y lo ponen como una condición, si no tiene importancia en el mercado. Si no la tuviera y afectara a muy poca gente y a muy pocos precios, toda la batalla sería dada por chirolas. No sé si me explico. Quiere decir que estaríamos peleando por cosas menores. La solicitud de los derechos oficiales de comercialización -creo que dos, tres o cuatro- que se había elevado a la Dirección Nacional de Industrias ya antes de que la ley empezara a regir, o la solicitud de entrada de patentamiento para cuando ésta entrara en vigencia, son una demostración de que el plazo tiene relevancia y que es importante que nosotros, como país, lo usemos en su totalidad, de acuerdo con el Tratado de Marrakesh; de lo contrario, no tendría sentido. ¿Por qué lo planteamos nosotros? Porque es favorable para el país. No hacemos caer toda la ley sino solamente uno de los elementos que para nosotros es negativo. Desde luego que las corporaciones transnacionales están muy interesadas en que el plazo se adelante y ese es el tema clave.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Decía que para mí la pregunta pragmática de hoy frente a un proyecto concreto que modifica un solo artículo es: ¿mejora o no la situación actual? La mejora desde el punto de vista jurídico y después podemos ver las repercusiones. Creo que no hay ninguna duda. ¿Cuál es el supuesto? ¿Que sigue toda la ley como estaba? ¿Que siguen los acuerdos internacionales que no vamos a modificar desde acá? Claro, pero hay un plazo que no viola ningún acuerdo internacional y que se va a utilizar en su totalidad. Jurídicamente es clarísimo que se mejora la situación actual. Lo que sí se puede decir es que esta decisión va a originar determinadas represalias de parte de los laboratorios transnacionales. Si es posible, no lo sé; una de ellas es la utilización de algunos mecanismos que estarían previstos, los cuales permiten solicitar determinados privilegios industriales, para usar el término genérico de la Constitución. Estoy hablando de solicitarlos, ya que no se pueden aplicar automáticamente. El Poder Ejecutivo tiene la facultad; si dice que basta que se soliciten para que tengamos que obedecer, es así.

Si un día el Uruguay aplica -porque tiene necesidad de hacerlo- una medida económica que no es la que está de moda en cuanto a que no haya aranceles externos y se abra la economía, ¿le hace perder seriedad al país? No; acá el acuerdo internacional no se está tocando. Lo que se está tocando es el artículo de una ley dictada por el país en el ejercicio de su soberanía, que es un acto unilateral, como toda ley del Estado. El hecho de que el Estado modifique una ley, no le hace perder seriedad. Sí le puede hacer perder seriedad al país el que haya dos grupos que ya apoyaban esta ley -y continúan haciéndolo- y el Estado la modifique. Esto me hace acordar a un episodio que tenemos planteado actualmente en la Comisión de Constitución y Legislación, donde hay varios grupos en conflicto por temas vinculados a la capacidad de retención de los sueldos o de las pasividades, ante un proyecto que fue planteado para ANDA. Así, aparecieron cuatro o cinco grupos de cooperativas de consumo, pero en definitiva la Comisión va a terminar presentando su proyecto. Desde luego que es importante que tratemos de no generar conflictos inútilmente. Lo cierto es que ha habido unanimidad en cuanto a que la intención -ya sea en una posición o en otra- es lograr lo mejor para el país. Aquí pasa lo mismo. Mediante un acta que el señor Senador Astori acaba de leer, se han logrado, e incluso documentado, acuerdos entre los laboratorios nacionales y los transnacionales. Puede ser un detalle de intimidad parlamentaria, pero cuando los representantes de los laboratorios nacionales se retiraron, les pregunté concretamente si les convenía más que se prorrogara el plazo o no, a lo que me contestaron que, efectivamente, les convenía y, más todavía, que se planteara cuando tuvieran que transar. Debo decir que ese es un tema que no estoy en condiciones de juzgar. Sin embargo, sí creo que en un momento en que todo este asunto de los medicamentos se está agitando por razones reales, y a veces absolutamente impredecibles, sería bueno dar una señal en el sentido de que Uruguay -que tradicionalmente ha tenido un sistema que dio primacía al valor salud por encima del valor "derecho del inventor" en materia de medicamentos, aunque después vino un acuerdo internacional que introdujo el sistema de patentes con las exclusividades posteriores- establezca el máximo de posibilidades, en cuanto a protección, para que aquéllos lleguen más fácilmente a manos de toda la población.

Lateralmente, fue mencionado el tema del carbunco -aunque se ha generado la costumbre de decir "antrax", como pasa casi siempre cuando se produce un copamiento idiomático- y debo decir que en Argentina, por un producto que tiene el mismo efecto -confieso mi ignorancia, pero he escuchado varios programas periodísticos, algunos de ellos muy incisivos- se paga la décima parte de lo que cuesta en Estados Unidos. Si no recuerdo mal, el nombre comercial es distinto.

En consecuencia, creo que sólo desde una perspectiva inhumana este artículo podría crear represalias y, además, si las generara, probablemente el Uruguay quedaría en mejores condiciones para defender un tema que presenta un gran interés para toda la humanidad y no sólo para nuestro país.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: vamos a ser breves porque si bien el proyecto tiene su importancia, no presenta muchas aristas. Los legisladores nacionalistas -en una instancia que para nosotros era previa, y así lo entenderá el Cuerpo- estuvimos requiriendo opinión sobre el tema del Ministro de Industria, Energía y Minería, el Dr. Abreu, hombre de nuestro partido, a quien apreciamos muy especialmente y que es un gran conocedor del tema. Nos dijo muy claramente que no era bueno para el país que se introdujera esta modificación y que no tenía valor comparable con las consecuencias negativas que después se producirían. Estas expresiones han sido, para nosotros, el punto primario. Pero, además, señor Presidente, hemos analizado y estudiado el tema, hemos escuchado con atención las exposiciones que hoy se han hecho y seguimos manteniendo esa postura: este proyecto no es bueno para el país.

A fin de fijar posición, recuerdo que hasta hoy -y espero que también de ahora en más- tenemos una situación legalmente regida, establecida con tranquilidad, sin conflictos y con soluciones que, por lo menos, son permanentes dentro de los parámetros que pueden manejarse cuando se habla de una ley. Además, esta solución es compartida por todos los interesados, algunos de los cuales -los laboratorios nacionales- defienden muy claramente intereses que nos son muy caros a todos, no así -aunque tengan derecho a defenderlos- los de los laboratorios extranjeros. Más allá de esta diferencia, ambos sectores están de acuerdo. Con ese arbitrio se ha logrado lo que generalmente ansiamos lograr los Legisladores, esto es, la paz jurídica. Es importante que no estemos legislando para batallas, para definir si ganó Juan o Pedro, o para dirimir si el interés tal es mejor que otro, sino para establecer un contexto legal que sirva y alcance a todas las partes. Insisto: refiero a la paz jurídica, que es tan importante y que nos permite atender conceptos de futuro, y no estar preocupados por las diferencias de criterio de sectores o grupos de intereses.

Por consiguiente, señor Presidente, el panorama que es positivo, se plantea alterar. En efecto, los señores Senadores que han presentado el proyecto estiman que corresponde modificar ese estado de cosas. Dicha alteración tiene clara relevancia, lo que nos obliga a discutirlo; de otra manera, sería tan intrascendente que ni siquiera vendría al caso. Ante esto, la primer respuesta es porqué debemos alterarlo. ¿Se han dado algunas circunstancias graves, nuevas, inusitadas, no previstas o de tal entidad que obligan al Parlamento a modificar el texto legal? No se ha mencionado tal referencia y creo que estamos todos contestes en que no existen tales circunstancias. Naturalmente, se puede decir que aún así igual habría que hacerlo por razones de prestigio nacional para evitar que alguien suponga que nosotros como país, o aun los propios laboratorios nacionales, ceden a impulsos fuera de lugar, o no legítimos en el sentido ético de la palabra, ante quienes son los otros interesados o competidores. Personalmente, no sé cómo defendemos un prestigio con una modificación legal que al final de cuentas sólo significa dos años más de plazo del actual estado de cosas. Me parece que la consecuencia sería muy otra si modificáramos el texto legal en esta forma propuesta tan importante y trascendente.

Hay otro criterio que se ha traído a colación aún sin usarlo como argumento, porque no lo es. Refiero a que mediante este proyecto modificaríamos los precios de los medicamentos. Cuando nos enfermemos -y algunos tenemos ciertas experiencias- nos va a salir un poquito más barato ir a la farmacia. No se ha argumentado en concreto tal criterio porque se ha admitido -por vía pacífica, en este debate- que si habría alguna diferencia de precio, lo será en muy pocos productos y de escasa entidad.

En otro aspecto, también se maneja como razón lo relativo al tiempo favorable que se obtiene para los laboratorios nacionales. ¿Cuánto tiempo da en realidad este proyecto? Comparando a la ley vigente, que no se altera en lo sustancial -porque esto es meramente parcial- ¿qué plazo se da? ¿Es mucho para el país? No, señor Presidente; comparativamente es un plazo que se consume rápidamente sin alterarse en nada lo esencial de lo legislado.

¿Arriesgamos entonces una paz jurídica vigente por extender un plazo que sabemos que terminará dentro de un par de años? El señor Senador Korzeniak decía "examino la situación actual, lo propuesto y es mejor la situación futura que ésta", pero yo digo lo contrario. Creo que no vale la pena el riegso que pagamos por tan modesta conquista. ¿Qué puede pasar? Se trajo a colación como ejemplos de contiendas comerciales la situación de Brasil y Sudáfrica, ejemplos que pueden tener validez en sí mismos, pero, señor Presidente, le pido al Cuerpo -aunque no sea necesario- que medite sobre las diferencias que hay entre nosotros y la República Federativa del Brasil en una negociación. Es indudable que existe gran diferencia de volumen, fuerza y eficacia. Las negociaciones de Sudáfrica relativas al SIDA responden por su parte a hechos que han debido aceptar los laboratorios internacionales productores de remedios para tratar dicha enfermedad. Sudáfrica -lamentablemente para ella- junto con algún otro de los países Sub-Saharianos, tiene una increíble proliferación de SIDA la cual ningún país podría financieramente atender, en cuanto a costo de medicación, a menos que se tratara de esos gigantes del norte, aunque quisiera ver cómo se conducirían. Es difícil aceptar y enfrentar la circunstancia de que un 20% de la población es VIH positiva o está padeciendo SIDA.

Ante esta situación Sudáfrica intimó a los laboratorios que manufacturan los remedios para decirles que esto no podía seguir más. Sudáfrica no podía empobrecerse y desaparecer como nación para cumplir su obligación moral de atender a los enfermos infectados. Pero este no es un ejemplo válido para nosotros que gracias a Dios no enfrentamos esa situación. En lo que tiene que ver con SIDA y VIH positivo estamos muy por detrás de Sudáfrica. Por tanto, no podemos valernos de esos ejemplos. En cuanto a negociaciones, no vamos a compararnos a Brasil. No conozco lo que habrá hecho una diplomacia que todos caracterizamos como brillante, que es la de ese país, para negociar con los laboratorios extranjeros. No sé cómo lo habrán hecho, pero lo que sí sé, es que nosotros no podemos hacerlo. ¿En qué mesa nos vamos a sentar con los gigantes de la industria de medicamentos a decirles que vamos a conversar de igual a igual? ¿La décima potencia económica del mundo, que es la República Federativa del Brasil, o la República Oriental del Uruguay tienen el mismo peso negociando con la Comunidad Europea y con los Estados Unidos? Tenemos que pensar qué lugar ocupamos y, logrado un objetivo, tratar de mantenerlo y no modificarlo.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARCÍA COSTA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: voy a decir muy poca cosa, reiterando lo que ya he expuesto. Quiero decir que al modificar el plazo estamos tratando de aferrarnos al Tratado Internacional de Marrakesh, al que suscribimos, y a la reserva que pusimos cuando lo firmamos, en el sentido de utilizar todos los plazos que, a nuestro juicio, beneficiaran a la producción nacional.

En segundo lugar, esta decisión es en beneficio de la comunidad. Efectivamente, el señor Senador tiene razón en cuanto a que los laboratorios nacionales no están en condiciones, ellos solos, de imponer determinadas políticas en el ámbito de la negociación. Entre otras cosas, esto es porque no son los descubridores de las drogas básicas. Alguna experiencia tengo al respecto, porque trabajé durante el exilio en un laboratorio en Argentina y sé cómo las compañías transnacionales, dominando las drogas básicas, hacen marcar el paso a los laboratorios nacionales, ya que imponen el precio, los canales de comercialización, etcétera. Esto también sucede con otros productos de la química agrícola. Ahora bien: si es tan inconveniente para el país hacer esto, ¿a qué se debe el pedido de adelantar la fecha por parte de los laboratorios transnacionales? El señor Senador dice que es poquita cosa. Si es así, ¿por qué no conseguimos un poquito más? ¿Por qué no logramos una pequeña utilización de recursos económicos que, si son pocos, seguramente las empresas transnacionales no van a hacer demasiada fuerza, porque no les vamos a quitar demasiado espacio? Invierto el razonamiento del señor Senador para que comprenda que el tema no es menor, porque si reclaman el adelanto del plazo como condición para cumplir con determinadas obligaciones, es porque esto les interesa.

Además, quiero decir -aclaro que lo mencioné en mi exposición, pero no lo desarrollé- que, a cambio de este tipo de adelanto de los plazos, las empresas transnacionales se obligan a otorgar la licencia para patentar. Pero eso no es una cosa fácil de obtener, porque en la ley están reglamentadas todas las condiciones que hay que cumplir para poder solicitar la utilización de la patente y que van desde la dimensión de la empresa, las características que tiene, la capacidad técnica que se demuestre para poder llevarlo adelante, etcétera. Todo ello, a juicio de la empresa que tiene la patente o, en caso de conflicto, del Gobierno de la República. De modo que creo que es conveniente y útil para el Uruguay.

Termino diciendo que conozco la dimensión que tiene mi país, así como la necesidad que tiene de unirse a otros para enfrentar estas políticas. El tema de la patente de los productos farmacéuticos y químico-agrícolas ha tenido mucho más presión para ser sancionado en la OMC que lo que estamos reclamando desde hace diez o quince años, en el sentido de que se bajen las barreras arancelarias para los productos agrícolas.

Sin embargo, no se mueve nada. En tal sentido, ahora los funcionarios del Senado están trabajando -creo que hay que hablarlo en este ámbito- para saber a qué nivel están esas barreras arancelarias en Europa, porque es menester volver a insistir una y mil veces sobre esto. Evidentemente, somos pequeños, pero hay que buscar unirse a otros, con otra práctica para lograr que se nos respete en el mundo, dándonos la posibilidad de desarrollarnos y de atender a nuestra gente como es debido.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: lo que aporta el señor Senador Gargano es reiterativo de lo anterior. Naturalmente, lo respeto. Se insiste en un argumento que vale la pena tener presente, porque es real: "así como los países son diferentes en su presión, también lo son los laboratorios nacionales de los extranjeros". Hasta ahí, lo acompaño. Pero los laboratorios nacionales pueden ceder, pero no suicidarse. Si firman lo que nos acaba de leer el señor Senador Astori, ello involucra que están de acuerdo con lo que se dice. No recurren al silencio, sino que hacen una declaración formal; la firman y, al hacerlo, convienen exacta y puntillosamente en lo que para ambas partes debe resultar inconmovible, en el alcance que frente a la ley puede decirse. ¿Por qué? ¿Simplemente porque han sido presionados? En todo caso, la presión se respondería con silencio, pero no con una actitud activa de "no sólo se me presiona, sino que vengo a dar la razón a quienes lo hacen". No es esa, señor Presidente, la información que tenemos. Recién intercambiábamos opinión con el señor Senador Pereyra y, aparte de lo que firman los laboratorios, está lo que nos dicen. Como somos un país tan pequeño ¿quién no tiene alguna vinculación o relación con los laboratorios? En general, aceptan la solución vigente y, aun quienes no lo hacen -que son muy pocos- lo hacen sobre la base de que puede ser de interés postergar algo la entrada en vigencia de lo que después se intentará negociar. Personalmente, creo que el "después se negociará", es lo más peligroso que el país puede aceptar. Hubo una negociación que hicimos entre nosotros y que produjo una ley que -estoy de acuerdo con lo que decía el señor Senador Astori- tiene características muy poco frecuentes en el mundo. Lo logramos; conseguimos tranquilidad y paz en esta materia. Si hubiera una catástrofe, reveríamos la posición. La que la ley está indicando es la resolución del Parlamento. Pero de no mantenerse, ¿para qué crear campos ignotos, que nadie sabe dónde van a terminar? En tal sentido, no tenemos real conciencia de qué es lo que pueden hacer aquéllos a los que les interesa el tema.

Por lo dicho, estimo -mi Bancada va a votar lo mismo- que debemos rechazar este proyecto de ley.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: quiero decir que este es un tema complejo que, en su oportunidad, ya hemos estudiado en la Cámara de Representantes. En aquel momento respaldamos el proyecto de ley que luego se convirtió en ley. Ahora lo volvemos a estudiar y debemos decir que no hemos modificado nuestro punto de vista.

Nos parece conveniente mantener los términos que están establecidos en la ley, porque la discusión sobre los plazos ha querido obligar a las partes -en dicha discusión estuvo presente el poder político- a que hagan la ratificación de voluntad de cumplir con los términos del acuerdo.

El riesgo de este problema, a mi juicio, es que no se cumpla con los términos del acuerdo y en esto creo que la supervisión del poder político tiene que ser muy importante. Si esto no funciona, habrá otras alternativas parlamentarias en las que será posible considerar algunas iniciativas que modifiquen aspectos de esta regulación, si la misma no sirve o no se aplica. Creo que es de interés de los consumidores y de los ciudadanos que exista una industria nacional; no se trata de que los intereses sean distintos, porque si fuera así estaríamos propugnando una política económica que elimine las barreras arancelarias para que ingresen productos desde el extranjero, a menor precio.

Personalmente, pienso que no debemos confundir tres problemas distintos. Por un lado, debemos analizar si las reglas de la Organización Mundial de Comercio son buenas o malas. El Capítulo Trips aplicado a los medicamentos es muy restrictivo y no es bueno para los países pobres, pero eso lleva a la necesidad de hacer bloques con otras naciones para modificar las reglas. Me parece bien -y en este sentido aportó la señora Senadora Xavier- que algunos países, frente a temas de altísima sensibilidad y con determinado potencial político, "pateen" determinadas reglas y determinadas mesas, que es una segunda actitud. Mientras no se modifican, algunos países -en términos de problemas de alta sensibilidad y por razones humanitarias- lo ponen en cuestión. El tercer aspecto se refiere a que mientras no logremos modificar las reglas de la Organización Mundial de Comercio, y siempre y cuando no encontremos temas de altísima sensibilidad en los que se juega todo -porque hay un problema de salud muy importante para la población que obliga a pensar en él- hay que tratar de negociar buscando alternativas convenientes. Habiendo estudiado todo el problema de la propiedad intelectual, en el que hemos invertido mucho tiempo, debo decir que he llegado a una conclusión. El asunto del dispositivo del licenciamiento obligatorio me parece que es una de las puertas más importantes que quedan dentro del esquema vigente; es un dispositivo viejo que ahora se aplica, en la legislación uruguaya, al capítulo de los medicamentos y eso es muy trascendente porque, frente a un sistema de reglas que es restrictivo y que procede del marco internacional, aplica un mecanismo que amortigua el impacto de la regulación internacional. Esto es muy importante, porque si tiene detrás el respaldo del poder político, da márgenes y posibilidades que son difíciles de admitir del otro lado. Entonces, creo que no debemos confundir los tres asuntos; es decir, procurar cambiar las reglas de la Organización Mundial de Comercio, apoyar la actitud de otros países o la propia en temas de alta sensibilidad que las cuestionan directamente cuando se tiene fuerza para hacerlo y negociar alternativas que dejen puertas abiertas para amortiguar las restricciones que tiene este tipo de normativa internacional. Pienso que esta última posibilidad es la que está expresada en la ley que se votó. El acuerdo de partes es muy importante y de interés nacional y ciudadano, porque cuando no hay una producción pública de medicamentos, el hecho de que haya una producción privada por parte de entidades del país, amortigua la capacidad de maniobra que pueden tener las empresas de orden transnacional. Pero en una guerra, creo que el perdedor está sólo del lado del ciudadano, porque las capacidades de represalia son muy importantes y las guerras de precio llevadas a determinados niveles tienen impactos que algunos pueden aguantar y otros no.

Este conjunto de consideraciones políticas también se plantea en otros debates sobre la propiedad intelectual, como las nuevas regulaciones sobre el software, donde existen los mismos dilemas. Se negocia sobre la posibilidad de que demos un paso adelante frente a la regulación piso que viene de la Organización Mundial de Comercio o, en realidad, se aceptan determinadas reglas que nos dejan muy atados y no nos permiten desarrollar una industria nacional de software, que es absolutamente clave para la independencia científica, intelectual y tecnológica del Uruguay.

Por estas razones, pensamos que, más allá de las intenciones que compartimos y que ha expresado el señor Senador Gargano, nos resulta más convincente como estrategia en este terreno mantener y supervisar la vigencia del acuerdo logrado. En caso de que esto no se cumpla, hay instancias políticas y parlamentarias que, si es necesario, podremos discutir.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-8 en 22. Negativa.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Ya he expuesto -creo haberlo hecho en forma clara- los fundamentos que nos llevaron a plantear esta iniciativa. El Cuerpo ha decidido rechazarla, pero creo que ha sido positivo que ella se planteara. Tan es así, que en el día de hoy se ha firmado un acta en el Ministerio de Industria, Energía y Minería para aclarar los términos de ejecución de la propia ley. Es decir que el tema está algo más claro que antes, a pesar de que, según se dice, ya lo estaba. De modo que algún resultado positivo ha dado. Esperemos que así sea porque, de lo contrario, volveremos a plantearlo.

12) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión.

(Así se hace, siendo la hora 18 y 3 minutos, presidiendo el señor Luis Hierro López y estando presentes los señores Senadores Astori, Atchugarry, Brause, Casartelli, Correa Freitas, Dalmás, De Boismenu, Fau, Fernández Huidobro, García Costa, Gargano, Millor, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Riesgo, Rubio, Sanabria, Virgili y Xavier.)

SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Sr. Mario Farachio Secretario - Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.