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N° 2985 - 10 DE OCTUBRE DE 2001

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE REPRESENTANTES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

63ª SESION

PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES GUSTAVO PENADES Presidente
Y DOREEN JAVIER IBARRA
3er. Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES DOCTOR HORACIO D. CATALURDA Y DOCTORA
MARGARITA REYES GALVAN Y EL PROSECRETARIO DOCTOR JOSE PEDRO MONTERO

 

Texto de la citación

 

Montevideo, 9 de octubre de 2001.

LA CAMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, mañana miércoles 10, a la hora 16, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DIA -

1º.- Desempeño de funciones y retiro obligatorio de determinados funcionarios municipales. (Recurso de apelación contra los artículos 97 y 124 del Decreto Nº 29.434 de la Junta Departamental de Montevideo). (Carp. 1207/001). (Informado). Rep. 585 y Anexo I

2º.- Francisco Espínola. (Designación al tramo de la Ruta Nacional Nº 23 comprendido desde su origen en la Ruta Nº 11 hasta la localidad de Ismael Cortinas). (Carp. 1619/001). (Informado). Rep. 744 y Anexo I

3º.- Radioaficionados. (Se les autoriza a instalar un equipo de transmisión en sus respectivas unidades habitacionales). (Carp. 493/000). (Informado). Rep. 292 y Anexo I

4º.- Día Nacional de la Donación y Trasplante de Organos y Tejidos. (Se declara el tercer domingo del mes de noviembre de cada año). (Carp. 1422/001). (Informado). Rep. 687 y Anexo I

5º.- Textos de carácter técnico o educativo importados o publicados en el país. (Se establece la obligatoriedad de entregar dos volúmenes de cada uno al Consejo Directivo Central de ANEP). (Carp. 785/000). (Informado). Rep. 431 y Anexo I

6º.- Francisco de Assís Machín. (Designación a la Escuela Rural Nº 10 del departamento de Canelones). (Carp. 633/000). (Informado). Rep. 354 y Anexo I

7º.- Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado. (Modificación de su integración). (Carp. 1162/001). (Informado). Rep. 566 y Anexo I

8º.- Baltasar Brum. (Designación a la Escuela Nº 5 del barrio Baltasar Brum de la ciudad capital del departamento de Salto). (Carp. 758/000). (Informado). Rep. 412 y Anexo I

9º.- Doctor Baltasar Brum. (Designación a la Escuela Jardín de Infantes Nº 83 de la ciudad capital del departamento de Durazno). (Carp. 640/000). (Informado). Rep. 363 y Anexo I

10.- Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario. (Institución). (Carp. 49/995). (Informado). Rep. 224 y Anexo I

 

 

HORACIO D. CATALURDA MARGARITA REYES GALVAN

S e c r e t a r i o s

S U M A R I O

1.- Asistencias y ausencias

2 y 13.- Asuntos entrados

3.- Proyectos presentados

4 y 6.- Exposiciones escritas

5.- Inasistencias anteriores

MEDIA HORA PREVIA

7.- Consecuencias de la procreación no responsable.

— Exposición del señor Representante Abisab

8.- Opiniones vertidas en Argentina sobre los atentados cometidos en Estados Unidos de América.

— Exposición del señor Representante García Pintos

9.- Declaraciones de prensa del señor Intendente Municipal de Rocha.

— Exposición de la señora Representante Puñales Brun

10.- Mejoramiento de las vías de comunicación entre Cebollatí, departamento de Rocha, y La Charqueada, departamento de Treinta y Tres.

— Exposición del señor Representante Barrios

11.- Recurso de referéndum contra decretos del Gobierno Departamental de Río Negro.

— Exposición del señor Representante Castromán Rodríguez

12.- Actuación del señor Intendente Municipal de Rocha.

— Exposición del señor Representante Arrarte Fernández

CUESTIONES DE ORDEN

14.- Integración de Comisiones

24.- Integración de la Cámara

24.- Licencias

27.- Prórroga del término de la sesión

22.- Reiteración de pedidos de informes

16 y 19.- Urgencias

VARIAS

21.- Comisión Especial para el estudio de soluciones legislativas referentes a la libertad de comercio en el Uruguay. (Prórroga de plazo)

ORDEN DEL DIA

15, 18, 23 y 25.- Desempeño de funciones y retiro obligatorio de determinados funcionarios municipales. (Recurso de apelación contra los artículos 97 y 124 del Decreto Nº 29.434 de la Junta Departamental de Montevideo).

Antecedentes: Repartido Nº 585, de mayo de 2001, y Anexo I, de octubre de 2001. Carpeta Nº 1207 de 2001. Comisión Especial.

— Se aprueba el proyecto de resolución en mayoría. Se comunica al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto aprobado

17.- Participación de efectivos del Ejército Nacional en la Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. (Ampliación).

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo.

— Texto del proyecto sancionado.

20.- Inmuebles ubicados en el departamento de Artigas. (Se establece una reducción adicional del 16% a la dispuesta por el artículo 2º de la Ley Nº 17.305, relativa a la Contribución Inmobiliaria Rural).

Antecedentes: Repartido Nº 752, de octubre de 2001. Carpeta Nº 1621 de 2001. Comisión de Hacienda.

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo.

— Texto del proyecto sancionado.

26 y 28.- Francisco Espínola. (Designación al tramo de la Ruta Nacional Nº 23 comprendido desde su origen en la Ruta Nº 11 hasta la localidad de Ismael Cortinas).

Antecedentes: Repartido Nº 744 y Anexo I, de octubre de 2001. Carpeta Nº 1619 de 2001. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

— Texto del proyecto sancionado.

1.- Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Washington Abdala, Odel Abisab, Guzmán Acosta y Lara, Guillermo Alvarez, Juan Justo Amaro, Gustavo Amen Vaghetti, Mario Amestoy, José Amorín Batlle, Beatriz Argimón, Roberto Arrarte Fernández, Roque E. Arregui, Carlos Baráibar, Jorge Barrera, Artigas A. Barrios, José Bayardi, Edgar Bellomo, Juan José Bentancor, Nahum Bergstein, Ricardo Berois Quinteros, Ruben Bertin, José L. Blasina, Nelson Bosch, Brum Canet, Julio Cardozo Ferreira, Ruben Carminatti, Nora Castro, Tomás Castro, Ricardo Castromán Rodríguez, Roberto Conde, Silvana Charlone, Eduardo Chiesa Bordahandy, Guillermo Chifflet, Sebastián Da Silva, Ruben H. Díaz, Daniel Díaz Maynard, Juan Domínguez, Heber Duque, Alejandro Falco, Ricardo Falero, Alejo Fernández Chaves, José Fernández, Ramón Fonticiella, Luis José Gallo Imperiale, Daniel García Pintos, Gabriela Garrido, Orlando Gil Solares, Carlos González Alvarez, Gustavo Guarino, Arturo Heber Füllgraff, Doreen Javier Ibarra, Luis Alberto Lacalle Pou, Julio Lara, Félix Laviña, Ramón Legnani, Henry López, Guido Machado, Olegario Machado, Oscar Magurno, Juan Máspoli Bianchi, Artigas Melgarejo, José Homero Mello, Felipe Michelini, José M. Mieres, Pablo Mieres, Martha Montaner, Ruben Obispo, Jorge Orrico, Francisco Ortiz, Gabriel Pais, Ronald Pais, Rudi Paiva, Gustavo Penadés, Margarita Percovich, Alberto Perdomo, Esteban Pérez, Darío Pérez, Enrique Pintado, Carlos Pita, Martín Ponce de León, Elena Ponte, Iván Posada, Yeanneth Puñales Brun, María Alejandra Rivero Saralegui, Glenda Rondán, Hugo Rosete, Víctor Rossi, Julio Luis Sanguinetti, Diana Saravia Olmos, Alberto Scavarelli, Leonel Heber Sellanes, Pedro Señorale, Juan C. Siázaro, Gustavo Silveira, Julio C. Silveira, Lucía Topolansky, Daisy Tourné y Walter Vener Carboni.

Con licencia: Ernesto Agazzi, Raúl Argenzio, Raquel Barreiro, Daniel Bianchi, Jorge Chápper, Tabaré Hackenbruch Legnani, José Carlos Mahía, Ricardo Molinelli, Enrique Pérez Morad, Ambrosio Rodríguez y Wilmer Trivel.

Faltan con aviso: Adolfo Pedro Sande y Raúl Sendic.

Actúa en el Senado: Gustavo Borsari Brenna.

2.- Asuntos entrados

"Pliego Nº 102

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Derechos Humanos, integrada con la Comisión Especial de Género y Equidad, se expide sobre el proyecto de ley por el que se dictan normas relativas a la prevención, detección temprana y asistencia de las víctimas de violencia doméstica. C/3358/999

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración se expide sobre los siguientes proyectos de ley:

La Comisión de Educación y Cultura se expide sobre los siguientes proyectos de ley:

La Comisión Especial para el Estudio de los Recursos Previstos en el artículo 303 de la Constitución se expide con informes en mayoría y minoría, sobre el recurso de apelación presentado por varios señores Ediles contra los artículos 97 y 124 del Decreto Nº 29.434 de la Junta Departamental de Montevideo, promulgado el 10 de mayo de 2001, por los que se establecen normas acerca del desempeño de funciones y el retiro obligatorio de determinadas categorías de funcionarios municipales. C/1207/001

- Se repartieron con fecha 9 de octubre

COMUNICACIONES GENERALES

Los señores Representantes Ricardo Falero, Pablo Mieres e Iván Posada remiten nota por la que solicitan se disponga la constitución del Sector Parlamentario "Nuevo Espacio Independiente". C/1663/001

- A la Comisión de Asuntos Internos

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio de Salud Pública contesta el pedido de informes del señor Representante Guzmán Acosta y Lara y del señor ex Representante Carmelo Vidalín, sobre las demoras en la instalación de un centro de diálisis en el departamento de Durazno. C/418/000

El Ministerio del Interior contesta los siguientes asuntos:

  • presentada por el señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou, relacionada con la posibilidad de instrumentar oficinas móviles para tramitar la cédula de identidad en las escuelas del departamento de Canelones. C/27/000

  • presentada por el señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez, acerca de la obtención de la cédula de identidad en el departamento de Río Negro. C/27/000

El Ministerio de Educación y Cultura contesta los siguientes asuntos:

  • de la señora Representante Gabriela Garrido, sobre la situación de los anexos de la Escuela Nº 176 de la ciudad de Toledo, departamento de Canelones. C/259/000

  • del señor Representante Roque Arregui, relacionado con distintos proyectos llevados adelante por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. C/2842/998

  • del señor Representante Doreen Javier Ibarra, acerca de una iniciativa del Poder Ejecutivo por la cual se otorgaría una pensión graciable a los primeros niños que nacieran en el año 2000 en los centros departamentales de Salud Pública y en el Hospital Pereira Rossell. C/1579/001

- A sus antecedentes

PEDIDOS DE INFORMES

La señora Representante María Alejandra Rivero Saralegui solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, para su remisión al Consejo de Educación Secundaria, sobre la supresión de algunos cursos en el Liceo de la villa Isidoro Noblía, departamento de Cerro Largo, y la situación edilicia del referido centro de estudios. C/1664/001

El señor Representante Darío Pérez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio a la Dirección General de Casinos, relacionado con diversos aspectos del funcionamiento de la referida Dirección. C/1665/001

El señor Representante Ramón Fonticiella solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

- Se cursaron con fecha 9 de octubre.

  • al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, referente a los criterios seguidos por dicho Consejo para la contratación de maestros y profesores especiales. C/1667/001

- Se cursa con fecha de hoy

PROYECTOS PRESENTADOS

Los señores Representantes Alejo Fernández Chaves y Rudi Paiva presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifican los artículos 70 y 71 de la Ley Nº 11.029, de 5 de febrero de 1948, relacionados con la facultad de enajenar o gravar tierras cuyos adjudicatarios hayan integrado la totalidad del precio al Instituto Nacional de Colonización. C/1668/001

- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se instituye la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia como órgano comisionado de la Asamblea General y se establecen sus cometidos. C/1669/001

- A la Comisión de Derechos Humanos"

3.- Proyectos presentados.

A) "ADJUDICATARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION QUE HAYAN INTEGRADO LA TOTALIDAD DEL PRECIO. (Se les faculta a enajenar, gravar o ceder a cualquier título sus tierras).

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Modifícanse los artículos 70 y 71 de la Ley Nº 11.029, de 5 de febrero de 1948, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

"ARTICULO 70.- Las tierras adjudicadas en propiedad por el Instituto, cuyos propietarios hayan integrado la totalidad de sus obligaciones, podrán ser enajenadas, gravadas, subdivididas o cedidas en cualquier forma de disfrute.

ARTICULO 71.- La adjudicación de tierras en propiedad, se hará en bien entendido de que podrán ser expropiadas en cualquier tiempo y contra cualquier propietario, cuando mediaren circunstancias que a juicio del Instituto desvirtúen el objeto de la colonización".

Montevideo, 9 de octubre de 2001.

RUDI PAIVA, Representante por Artigas, ALEJO FERNANDEZ CHAVES, Representante por Maldonado.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Estos artículos, en su actual redacción producen una notoria atenuación del derecho de Propiedad y conlleva además una "condictio sine qua non" a los efectos de la disposición de las parcelas que conforman las colonias.

El derecho de propiedad, consagrado incluso en la Constitución de la República, es un derecho de dominio, es una facultad de usar, gozar y disponer de una casa mientras no se afecte el derecho ajeno.

No puede el derecho de propiedad estar sometido a una condición suspensiva, como en este caso.

Admitido por nuestra Carta Magna (artículo 32) y reconocido a lo largo de toda nuestra legislación, este derecho ve desvirtuados sus principales y básicos postulados.

El presente proyecto tiene como finalidad la protección del derecho de propiedad en toda su extensión, sin afectar los fines de interés colectivo que promueve la Ley Nº 11.029.

En el derecho comparado, disposiciones de igual o análogo carácter, han sido excluidas de la legislación moderna por las mismas causales expresadas "ut supra".

Montevideo, 9 de octubre de 2001.

RUDI PAIVA, Representante por Artigas, ALEJO FERNANDEZ CHAVES, Representante por Maldonado".

B) "DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. (Creación).

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Institúyese la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, órgano comisionado de la Asamblea General, que tendrá como cometido la defensa y el contralor de los derechos y la efectividad de las garantías establecidas para los menores de dieciocho años de edad en la Sección II de la Constitución de la República, en los Convenios Internacionales ratificados, en el Código especializado y, en general, en todas las normas que los regulen.

La Defensoría mediante su gestión garantiza que los niños, niñas y adolescentes sean informados, escuchados y consultados en toda cuestión que les concierne. Que se respete su intimidad y privacidad en el marco de todas las garantías específicas que aseguren su protección integral. La gestión se realizará siempre bajo el principio rector de atender al interés superior del niño, niña o adolescente como una consideración primordial.

Artículo 2º.- Será titular de este organismo un funcionario denominado "Defensor de la Niñez y la Adolescencia", quien será designado por la Asamblea General, en reunión conjunta de ambas Cámaras, requiriéndose el voto conforme de dos tercios de sus componentes.

Previo a la designación, la Asamblea General abrirá por un período de quince días un registro para que los ciudadanos, por sí o a través de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, hagan sus propuestas respecto de postulantes con antecedentes curriculares que las fundamenten. La fecha de apertura y cierre del registro de postulantes deberá ser publicada en el Diario Oficial y en al menos dos diarios de circulación nacional con antelación suficiente.

Sólo serán considerados candidatos por la Asamblea General aquellos postulantes que sean propuestos por algún legislador.

Artículo 3º.- El Defensor de la Niñez y la Adolescencia durará cinco años en sus funciones, pudiendo ser reelecto por una vez, debiendo reunir las siguientes calidades:

A) Treinta años de edad.

B) Ciudadanía natural en ejercicio o legal con diez años de ejercicio.

C) Tener acreditada reconocida versación en la realidad y los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 4º.- El ejercicio del cargo será incompatible con cualquier otra función o contrato en la Administración Pública, o con el desarrollo de actividades remuneradas de carácter privado, salvo el ejercicio de la docencia.

Será incompatible, también, con la ejecución de cualquier acto público o privado, de carácter político, salvo el voto. El Defensor de la Niñez y la Adolescencia no podrá ser candidato a ningún cargo público electivo tanto en los primeros comicios nacionales como en los primeros departamentales que se realicen luego del cese de sus funciones.

Artículo 5º.- El Defensor de la Niñez y la Adolescencia cesará en su cargo:

A) Por expirar el plazo de su mandato.

B) Por incapacidad superviniente.

C) Por renuncia.

D) Por haber sido condenado por delito doloso en sentencia de la Justicia Penal.

E) Por actuar con notoria negligencia u omisión en el ejercicio del cargo.

En el caso del literal E) se requerirá el voto conforme de dos tercios del total de componentes de la Asamblea General, en reunión conjunta de ambas Cámaras, y con informe previo que, necesariamente, incluya los descargos del acusado.

Artículo 6º.- El Defensor de la Niñez y la Adolescencia no estará sujeto a mandato imperativo ni recibirá instrucciones de ninguna autoridad debiendo desempeñar sus funciones con plena autonomía e independencia técnica.

Artículo 7º.- El Defensor de la Niñez y la Adolescencia jamás será responsable por las opiniones que exprese en el desempeño de sus funciones.

Artículo 8º.- La dotación del Defensor de la Niñez y la Adolescencia será equivalente a la retribución que perciba un Senador de la República. La Asamblea General aprobará el presupuesto necesario para el funcionamiento de la Defensoría, que constituirá una partida dentro del presupuesto del Poder Legislativo.

La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia contará con un número suficiente de funcionarios los que serán solicitados en comisión y seleccionados por el Defensor.

En caso que sea imprescindible realizar contrataciones éstas cesarán automáticamente con el cese del Defensor de la Niñez y la Adolescencia que las haya propuesto.

Artículo 9º.- Para el cumplimiento de los cometidos establecidos en el artículo 1º, el Defensor de la Niñez y la Adolescencia tendrá competencia en el ámbito de actividades desarrolladas por organismos estatales -incluidos los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales-, personas públicas no estatales, sociedades de economía mixta y entidades privadas que presten servicios públicos. Podrá, también, actuar en el ámbito de las entidades privadas que tengan relación con la niñez y la adolescencia.

Artículo 10.- Para el ejercicio de sus cometidos, el Defensor de la Niñez y la Adolescencia tendrá las siguientes facultades:

A) Realizar investigaciones en los ámbitos de su competencia, sea por recibir quejas o de oficio, pudiendo, por sí, o solicitándolo a quien corresponda, efectuar inspecciones, pedir informes, examinar expedientes, realizar entrevistas, interrogatorios o pruebas periciales.

B) Para el ejercicio de sus funciones podrá requerir de las autoridades el concurso de la fuerza pública que de ellas dependa, o los otros medios de acción conducentes de que disponga.

La autoridad requerida debe prestar su concurso, sin que le corresponda calificar el fundamento con que el Defensor de la Niñez y la Adolescencia se lo pide.

C) Formular recomendaciones, advertencias y observaciones, que surjan a partir de las investigaciones, a los jerarcas de los respectivos organismos.

D) Asesorar al Poder Legislativo cuando considere proyectos de ley o de ratificación de Convenios Internacionales referidos a niñas, niños y adolescentes. Este asesoramiento será preceptivo para las Comisiones parlamentarias, pero no tendrá carácter vinculante.

E) Interponer recursos de amparo, a cuyos efectos gozará de legitimación activa.

F) Promover la divulgación pública de los derechos y garantías que nuestro Derecho prevé para los menores de edad, de los medios de salvaguarda y de la forma de acudir a obtener sus servicios.

Artículo 11.- El Defensor de la Niñez y la Adolescencia no podrá modificar ni anular los actos y resoluciones administrativas, ni imponer sanciones ni otorgar indemnizaciones.

Artículo 12.- Podrá dirigirse al Defensor de la Niñez y la Adolescencia toda persona, incluidas las titulares de derechos difusos o colectivos, que se considere afectada por los actos, hechos u omisiones de los organismos mencionados en el artículo 9º, o que invoque un interés simple, sin que constituyan impedimentos circunstancias tales como la edad, la incapacidad judicialmente declarada, el estar recluida en prisión o penitenciaría, hospitales, dependencias del Instituto Nacional del Menor (INAME) o institutos similares, la nacionalidad, el ser transeúnte en el territorio nacional u otra condición cualquiera.

Artículo 13.- El trámite ante la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia será gratuito y se regirá por el principio del informalismo. No requerirá patrocinio letrado obligatorio.

La queja podrá presentarse en escrito fundado, firmado por el peticionante o su apoderado, debiendo contener los datos de nombre y domicilio, o bien en forma oral en las oficinas de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. En este último caso, el funcionario que la reciba labrará un acta, con las constancias de nombre y domicilio, que será firmada por el interesado.

Las personas con dificultades serias para trasladarse hasta las oficinas de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, o las que están en hospitales, asilos o cualquier lugar que se encuentre bajo custodia, podrán dirigirse al Defensor por cualquier medio de comunicación a su alcance.

Artículo 14.- El Defensor de la Niñez y la Adolescencia deberá llevar un registro de todas las quejas que se le formulen, las que podrá tramitar o rechazar. Las rechazará cuando advierta mala fe, carencia de fundamento, inexistencia de pretensión, fundamento fútil o banal, siempre por resolución fundada.

Cuando la queja formulada no esté comprendida en los cometidos fijados para el Defensor, éste deberá derivarlo a la institución que corresponda.

Artículo 15.- La presentación de una queja ante el Defensor de la Niñez y la Adolescencia no implicará la pérdida del derecho a comparecer ante cualquier autoridad administrativa o jurisdiccional, promoviendo las peticiones, acciones, quejas, excepciones o recursos previstos en la Constitución de la República y las leyes.

Artículo 16.- La interposición de la queja no interrumpe la prescripción ni los plazos para interponer los recursos administrativos, las peticiones o las acciones o excepciones judiciales.

Artículo 17.- Admitida la queja el Defensor de la Niñez y la Adolescencia promoverá una investigación sumaria, informal y reservada tendiente a esclarecer los supuestos de aquella.

En todos los casos dará cuenta al organismo o entidad de que se trate para que, por medio de autoridad responsable, en un plazo de cinco días hábiles, remita al Defensor de la Niñez y la Adolescencia informe escrito sobre la materia objeto de la investigación. El plazo podrá ser ampliado cuando concurran circunstancias que lo aconsejen a juicio del Defensor.

Artículo 18.- En los casos en que el Defensor formule recomendaciones, si dentro de un plazo de cinco días no se toma una medida adecuada en tal sentido por la autoridad afectada, o ésta no informa al Defensor de la Niñez y la Adolescencia de las razones que tenga para no adoptarla, el Defensor podrá poner en conocimiento de la autoridad máxima del organismo o entidad de que se trate los antecedentes del asunto y las recomendaciones hechas.

El plazo referido podrá ser menor cuando, a criterio del Defensor, situaciones que afecten gravemente los derechos de un menor dependan de la celeridad de las medidas a adoptar; o razonablemente mayor cuando las circunstancias así lo ameriten.

Si tampoco tuviese una justificación adecuada, incluirá el caso en su informe anual o especial, con mención expresa de los nombres y cargos de las autoridades y otros funcionarios o empleados que hayan adoptado tal actitud, con copia del expediente adjunta, entre los asuntos en que, habiendo sido posible una solución positiva a juicio del Defensor de la Niñez y la Adolescencia, ésta no se haya conseguido.

Artículo 19.- Si de las actuaciones se hubiese desprendido la necesidad, el Defensor de la Niñez y la Adolescencia podrá instar a los Poderes Públicos competentes al ejercicio de sus potestades de inspección y de sanción sobre entidades no estatales.

Artículo 20.- Todos los organismos públicos están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente al Defensor de la Niñez y la Adolescencia en sus investigaciones e inspecciones. Sin perjuicio de que serán aplicables, al respecto, los artículos 164 y 244 del Código Penal, el Defensor informará a los respectivos jerarcas sobre todas las omisiones a esta obligación que hayan cometido los respectivos funcionarios a los efectos que corresponda.

Artículo 21.- El Defensor de la Niñez y la Adolescencia informará a los gestionantes el resultado de sus investigaciones y las respuestas que diere la Administración o entidad investigada y comunicará a ésta el resultado de sus conclusiones.

Artículo 22.- Anualmente el Defensor de la Niñez y la Adolescencia presentará por escrito a la Asamblea General un informe ordinario de la gestión realizada.

Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen, podrá presentar un informe extraordinario.

Todos los informes serán publicados en el Diario Oficial sin perjuicio de su difusión por otros medios que el Defensor del menor considere convenientes.

Montevideo, 9 de octubre de 2001.

VICTOR ROSSI, Representante por Montevideo, ROBERTO CONDE, Representante por Canelones, EDGAR BELLOMO, Representante por Canelones, JUAN JOSE BENTANCOR, Representante por Montevideo, LUCIA TOPOLANSKY, Representante por Montevideo, MARGARITA PERCOVICH, Representante por Montevideo, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño culminaba un largo proceso de reconocimiento y protección de los derechos de los niños y adolescentes. Este proceso implica una nueva concepción basada en el reconocimiento expreso del niño como sujeto de derecho, en oposición a la idea predominante de niño definido a partir de su incapacidad jurídica.

Como bien destaca el experto de UNICEF, Miguel Cillero Bruñol, "La Convención sobre los Derechos del Niño, a diferencia de la tradición jurídica y social imperante en muchos países hasta antes de su aprobación, no define a las niñas y los niños por sus necesidades o por carencias, por lo que les falta ser adultos o lo que impide su desarrollo. Por el contrario, al niño se le considera y define según sus atributos y sus derechos ante el Estado, la familia y la sociedad.

Ser niño no es ser 'menos adulto', la niñez no es una etapa de preparación para la vida adulta. La infancia y la adolescencia son formas de ser persona y tienen igual valor que cualquier otra etapa de la vida. Tampoco la infancia es conceptualizada como una fase de la vida definida a partir de las ideas de dependencia o subordinación a los padres u otros adultos. La infancia es concebida como una época de desarrollo efectivo y progresivo de la autonomía personal, social y jurídica".

Queremos destacar especialmente de la Convención sobre los Derechos del Niño el que haya establecido como principio rector el que se atenderá al "interés superior del niño como una consideración primordial", ya que este principio no alude, ni puede aludir más que a la satisfacción de sus derechos fundamentales. El interés superior del niño es, siempre, la satisfacción de sus derechos y nunca se puede aducir un interés del niño superior a la vigencia efectiva de sus derechos.

El desafío es pasar del mero reconocimiento de derechos y su proclamación, a la protección efectiva de ellos y a su satisfacción real. La propia Convención prevé en su artículo 4º que es un compromiso de los Estados adoptar "todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención".

Coherente con esta línea de pensamiento, impulsamos este proyecto de ley de creación de un Defensor de la Niñez y la Adolescencia en nuestro Uruguay de hoy.

La sociedad uruguaya, con una larga tradición de solidaridad, no puede permanecer indiferente ante la realidad del sector más indefenso de nuestra comunidad. Todos nos debemos sentir interpelados ante la dolorosa realidad de niños sufriendo estados de injusticia sin tener a quien recurrir, generando, así, desde las etapas de la vida más decisivas para conformar una personalidad, una desconfianza y un sentimiento de ajenidad o, incluso, abandono, por parte de las instituciones que los uruguayos democráticamente nos hemos dado.

Es indudable que el país necesita una respuesta global que encare la gestión social en su conjunto. Pero tenemos la convicción que cometeríamos un grave error si postergáramos soluciones puntuales a la espera de las globales. Es por estos fundamentos que impulsamos la creación del Defensor de la Niñez y la Adolescencia que apunta al pleno respeto de sus derechos, que debe ser la piedra fundamental sobre la que se base todo el andamiaje que el país se debe en materia social dirigida a nuestros niños y adolescentes.

El proyecto que ponemos a consideración de la Cámara reconoce una larga lista de antecedentes en el Derecho Comparado y en iniciativas anteriores en nuestro país. El Defensor de la Niñez y la Adolescencia es una aplicación específica para los menores de edad del instituto más abarcativo del "Defensor del Pueblo" u "Ombudsman", como comúnmente se los conoce.

Los estudiosos de esta figura reconocen como primer y lejano antecedente nada menos que a los célebres Tribunos de la Plebe, que en la vieja República Romana cumplían un relevante papel en la defensa de los derechos de los plebeyos que sufrían el autoritarismo de los magistrados patricios.

Es en Suecia donde se reconocen los antecedentes modernos de este instituto, donde ya en 1713 se crea la figura de "Hogste Ombudsmannen" y en su Constitución de 1809 se incorpora la figura del "Justitie Ombudsman", dependiente del Parlamento, con la concepción que ha llegado a nuestros días de contralor de la Administración y del respeto a los derechos individuales. Todos los países nórdicos incorporaron la idea con éxito y, con algunas diferencias, institutos similares fueron instituyéndose en otros países europeos y de otras partes del mundo, en especial en América Latina, al punto que hoy se le considera universalmente como un instrumento indiscutible de fortalecimiento democrático.

El propio Secretario de las Naciones Unidas en su informe de 1988 recomendó a los países miembros su instalación sosteniendo que "el Ombudsman" es un órgano de derechos humanos que puede resultar muy eficaz.

La presentación de un proyecto específico no es contradictoria con una futura implementación de un Defensor del Pueblo genérico. Por el contrario, tenemos la convicción que las ventajas que pueden surgir de un enfoque parcial iluminarán la necesidad de uno global.

¿Por qué del menor de edad? Porque no tenemos duda que es hoy el sector de la sociedad de mayor indefensión. Son por todos muy conocidas las alarmantes cifras que aquejan a nuestros niños y jóvenes, tanto de niveles de pobreza, como de falta de una verdadera inserción de un porcentaje muy alto de jóvenes en nuestro sistema social. Este proyecto no desconoce los ingentes esfuerzos que realizan, en penosas condiciones presupuestales, esforzados ciudadanos desde organismos especializados como el Instituto Nacional del Menor, el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, el Instituto Nacional de la Juventud, y en lo que les corresponde el Poder Judicial, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Salud Pública, el Banco de Previsión Social, entre otros.

Sin embargo, el proyecto sí reconoce que si a nivel de adultos los ciudadanos, en muchas oportunidades, no logran hacer valer sus derechos frente a la Administración, sea por lo enmarañado que le puede resultar un trámite burocrático o por falta de recursos mínimos para llevarlo adelante, cuando hablamos de menores de edad estas dificultades se multiplican.

La República tiene un desafío enorme para este inicio del siglo XXI en la plena integración de sus niños, adolescentes y jóvenes al sistema social. Para esto el pleno respeto de sus derechos es un elemento imprescindible. No será el Defensor de la Niñez y la Adolescencia la única respuesta pero creemos que es una de los imprescindibles.

Por otra parte, ya se registran antecedentes internacionales, siendo nuevamente los países nórdicos los pioneros, ya que desde 1981 existe en Noruega un "Ombudsman" especializado en menores.

El proyecto de ley que presentamos reconoce antecedentes en proyectos de ley presentados desde 1985 a la fecha, en general inspirados en la legislación española, tanto genéricos como especializados. A todos ellos recurrimos pero debemos resaltar que en los aspectos atinentes al procedimiento nos pareció oportuno seguir, en muy buena parte, el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo en el año 1996.

Nuestro proyecto, en su artículo 1º opta por adscribir el Defensor de la Niñez y la Adolescencia al Parlamento como la inmensa mayoría de la legislación comparada. Entendemos que corresponde al Parlamento el contralor sobre el Poder Ejecutivo en cuanto al cumplimiento de la normativa vigente y, muy particularmente, cuando refiera a derechos de las personas.

Se establecen calidades (artículo 3º), incompatibilidades (artículo 4º) y causales de cesación del cargo (artículo 5º) que recogen criterios establecidos en la Constitución de la República para institutos similares.

Los artículos 10 y 11 establecen un punto esencial del Defensor, como es el que no tiene potestades de revocación o modificación de resoluciones administrativas, lo que provocaría un desequilibrio de las funciones de los Poderes del Estado, pero sí tiene un ancho campo de incidencia a través de sugerencias, observaciones, recomendaciones y la publicidad de su actuación.

El literal B) del artículo 10 prevé, para el mejor ejercicio de sus funciones, potestades similares a las dispuestas por el artículo 4º de la Ley Nº 15.750.

Otro aspecto esencial del proyecto es el facilitar al máximo el acceso del interesado al Defensor (artículo 13), quitando toda formalidad a la presentación de quejas. Es éste un elemento básico, sin el cual el proyecto carecería de sentido práctico.

Respecto al procedimiento se siguen, como ya se expresó, los antecedentes legislativos. Sí queremos subrayar, especialmente, la importancia que le atribuimos al artículo 22 del proyecto. Los aspectos publicitarios son esenciales para darle efectividad a la institución.

Terminamos estos fundamentos citando al profesor José Aníbal Cagnoni en su libro "El Ombudsman" cuando en sus conclusiones expresa:

"a) No se trata de crear una medida burocrática más, sino una unidad especial a la que debe dotarse de los medios necesarios, también de personal objetivamente seleccionado para la tarea especial que se le encomienda;

b) La misma posición debe señalarse en cuanto al titular; su selección debe ser hecha con la necesaria altura de miras en atención al servicio que se le confía; el órgano es un órgano del Estado pero que debe enfrentarse a él y es preciso que todos acepten esa situación; no puede haber criterios de selección políticos ni de ninguna otra índole tanto en la selección del titular como en la del personal de su dependencia;

c) Es necesario, leal y valientemente, absorber la idea de que la autonomía del órgano debe ser celosamente respetada sin injerencias y sin restricciones;

d) Como en el último término la garantía de cumplimiento de sus objetivos radica en la confianza de la sociedad, es necesario que realmente pueda acceder fácil, permanente y extensamente a los medios de difusión de manera que la opinión pública conozca lo que es, lo que hace, las dificultades que se le oponen".

Montevideo, 9 de octubre de 2001.

VICTOR ROSSI, Representante por Montevideo, ROBERTO CONDE, Representante por Canelones, EDGAR BELLOMO, Representante por Canelones, JUAN JOSE BENTANCOR, Representante por Montevideo, LUCIA TOPOLANSKY, Representante por Montevideo, MARGARITA PERCOVICH, Representante por Montevideo, JORGE ORRICO, Representante por Montevideo, GUSTAVO GUARINO, Representante por Cerro Largo".

4.- Exposiciones escritas.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 15)

——La Mesa informa que no hay número para sesionar, o sea que una vez que finalice la lectura de las exposiciones escritas y de las inasistencias anteriores, si no hay quórum, lamentablemente deberá dar por terminado el acto.

Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante José Homero Mello solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Paysandú, sobre la necesidad de construir accesos a las localidades de Orgoroso y Piedras Coloradas, departamento de Paysandú, sobre la Ruta Nacional Nº 90. C/27/000

El señor Representante Roque Arregui solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Instituto Nacional de Alimentación, relacionada con la necesidad de suministrar alimentos al Club de Niños del barrio Túnel de la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano. C/27/000

El señor Representante Esteban Pérez solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Defensa Nacional, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, acerca de la necesidad de instalar un teléfono público en villa El Dorado de la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones. C/27/000

El señor Representante Daniel García Pintos solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Defensa Nacional, y por su intermedio a los Comandos Generales de las Fuerzas Armadas; al Centro Militar, al Club Naval, al Club de la Fuerza Aérea, al Círculo Militar "General Artigas", a las instituciones sociales de oficiales de las Fuerzas Armadas, y a las instituciones sociales que nuclean al personal subalterno de las Fuerzas Armadas, referente a la reducción de gasto de dicha Cartera. C/27/000

El señor Representante Darío Pérez solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se cursen las siguientes exposiciones scritas:

¾ ¾ Se votarán oportunamente.

5.- Inasistencias anteriores.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a las sesiones realizadas el 9 de octubre de 2001:

Extraordinaria:

Con aviso: Guzmás Acosta y Lara, José Amorín Batlle, Beatriz Argimón, Artigas A. Barrios, José L. Blasina, Ruben Carminatti, Daniel García Pintos, Doreen Javier Ibarra, Gabriel Pais, Gustavo Penadés, Darío Pérez, Enrique Pintado, Yeanneth Puñales Brun, Glenda Rondán y Raúl Sendic.

Ordinaria:

Con aviso: Yeanneth Puñales Brun.

Inasistencias a las Comisiones:

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Martes 9 de octubre

GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA

Con aviso: Ricardo Falero.

SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Con aviso: Jorge Chápper.

TURISMO

Con aviso: Ambrosio Rodríguez y Yeanneth Puñales Brun.

ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES LEGISLATIVAS REFERENTES A LA EMIGRACION EN EL URUGUAY

Con aviso: Beatriz Argimón y Martha Montaner".

6.- Exposiciones escritas.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Veintinueve en treinta: AFIRMATIVA.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante José Homero Mello al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Paysandú, sobre la necesidad de construir accesos a las localidades de Orgoroso y Piedras Coloradas, departamento de Paysandú, sobre la Ruta Nacional Nº 90.

"Montevideo, 9 de octubre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Paysandú. La Ruta Nacional Nº 90, que une varias localidades del departamento de Paysandú, es utilizada para el tránsito de grandes vehículos y de todos aquellos que normalmente se desplazan por la misma. Algunas de las poblaciones han crecido a partir de ciertos parámetros que han modificado su entorno, como por ejemplo: la instalación de centros forestales, que han determinado nuevos y mayores núcleos habitacionales. Si bien dentro de estos poblados la caminería ha mejorado los nuevos trazados, no ha ocurrido lo mismo con las conexiones que ha debido encararse cuando hay vías internas que culminan sobre la Ruta Nacional Nº 90. Así ocurre en el caso de dos centros poblados: Orgoroso y Piedras Coloradas. En el primero, la Ruta Nacional Nº 90 cruza el poblado sin espacio para que los pasajeros asciendan y desciendan; estos quedan en medio de la carretera, con los peligros que esto conlleva. En el segundo, una prolongada elevación conecta con la salida del pueblo, lo que no ofrece buena visibilidad para cualquiera de los sentidos en que se transita. Para cada uno de los casos habría que construir accesos (rotonda) para que sean evitados los accidentes que pudieran ocurrir. De esta manera nos sumamos a la solicitud hecha en la Junta Departamental de Paysandú para que se construyan los trazados pedidos. Creemos que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas habrá de adoptar las soluciones que permitirán llevar tranquilidad a los habitantes de estas dos poblaciones. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. JOSE HOMERO MELLO, Representante por Paysandú".

2) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Instituto Nacional de Alimentación, relacionada con la necesidad de suministrar alimentos al Club de Niños del barrio Túnel de la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano.

"Montevideo, 10 de octubre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Instituto Nacional de Alimentación (INDA). El Club de Niños del barrio Túnel de la ciudad de Mercedes, capital del departamento de Soriano, realiza una encomiable labor educativa, social e integradora, mereciendo el mayor de los apoyos, tanto por las características sociales del medio como por el esfuerzo volcado por quienes allí brindan lo mejor de sí para cumplir su labor. Durante aproximadamente un año este Club de Niños recibió el apoyo del INDA en alimentos, pero ya hace aproximadamente seis meses que se le ha suspendido dicho aporte. A raíz de esa situación, se reclama, en forma permanente a ese Instituto, que siga suministrando los alimentos que brindaba. Lamentablemente, hasta el momento, ello no ha acontecido y las necesidades en materia de alimentación se han incrementado. Ante esta difícil situación que hoy padecen esos niños por la suspensión de la entrega de los comestibles por parte de INDA, pedimos una rápida y efectiva solución. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

3) Exposición del señor Representante Esteban Pérez al Ministerio de Defensa Nacional, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, acerca de la necesidad de instalar un teléfono público en villa El Dorado de la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones.

"Montevideo, 10 de octubre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Defensa Nacional, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL). Vecinos del barrio Villa El Dorado de la ciudad de Las Piedras, en el departamento de Canelones, en reciente recorrida me han planteado la necesidad de contar con un servicio telefónico público en la zona comprendida entre las calles Daymán y Colón. Allí se encuentra el asentamiento Vista Linda-El Dorado, que está dentro del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares de la Presidencia de la República (PIAI), en el que recientemente se han iniciado obras a efectos de su regularización. También muy cercano a dicho barrio se encuentra una escuela a la que concurren muchos niños de la zona, procedentes de viviendas modestas, precarias y con todo tipo de carencias en las que viven entre 700 a 1.000 adultos y un número no determinado de niños. De acuerdo a datos proporcionados, el aparato telefónico más cercano se encuentra a una distancia de 800 metros, en la esquina de un supermercado, lo que hace que ante cualquier urgencia médica, policial, u otra, acceder al mencionado servicio sea, muchas veces, una cuestión de vida o muerte. Es evidente que contar con un aparato telefónico público sería de gran utilidad y significaría un gran aporte de ANTEL -empresa pública de todos los uruguayos- a la comunidad. El teléfono podría instalarse en el comercio propiedad del señor Julio César Olmedo quien ya manifestó estar dispuesto a dicha instalación, 'Almacén Dibú', ubicado en la manzana 60, solar 8, en un lugar protegido y de fácil acceso para todos los vecinos. Por lo expuesto, y en virtud del resultado positivo de tramitaciones anteriores, solicito se implemente la prestación referida a los habitantes del barrio Villa El Dorado y alrededores. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ESTEBAN PEREZ, Representante por Canelones".

4) Exposición del señor Representante Daniel García Pintos al Ministerio de Defensa Nacional, y por su intermedio a los Comandos Generales de las Fuerzas Armadas; al Centro Militar, al Club Naval, al Club de la Fuerza Aérea, al Círculo Militar "General Artigas", a las instituciones sociales de oficiales de las Fuerzas Armadas, y a las instituciones sociales que nuclean al personal subalterno de las Fuerzas Armadas, referente a la reducción de gasto de dicha Cartera.

"Montevideo, 10 de octubre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Defensa Nacional y, por su intermedio, a los Comandos Generales de las Fuerzas Armadas; al Centro Militar, al Club Naval, al Club de la Fuerza Aérea, al Círculo Militar General Artigas; y a las demás instituciones sociales de Oficiales de las Fuerzas Armadas, como asimismo, a las instituciones sociales que nuclean a su Personal Subalterno. Han tomado estado público declaraciones del señor Senador Luis Alberto Heber relacionadas con lo que él entiende como excesivo, el gasto de Defensa de nuestro país, concepto que se enfatiza con relación al Ejército Nacional. Evidentemente, son expresiones fundadas en informaciones incompletas y realizadas sin tener en cuenta la evolución real que ha tenido dicho gasto, desde 1985 a la fecha y menos aún, sin considerar el contexto global de la evolución del gasto público, en igual período. La documentación, disponible para todos, indica claramente que el gasto en Defensa en los últimos 16 años, medido en porcentaje del producto bruto interno (PBI), en porcentaje del gasto de la Administración Central, en dólares o en pesos constantes, ha tenido una notoria disminución real la que, por razones que abordaré más adelante, ha recaído mayormente y en forma dramática sobre los sueldos militares. Cabe señalar que Defensa es el único programa que se ha reducido, incluso, es destacable el crecimiento global del gasto público. El Ejército, por ejemplo, desde 1985 ha reducido el efectivo de sus Oficiales en un 13,3% y de su Personal Subalterno en un 29,33%. Pregunto qué otra repartición del Estado ha sufrido un ajuste semejante. No debe olvidar el señor Senador que del total del gasto del Inciso 03 'Ministerio de Defensa Nacional', un 25% se destina a organismos de apoyo a las Fuerzas Armadas y a la comunidad. En ese 25% está incluido, nada menos, que el Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas que brinda cobertura médica a casi 300.000 personas, que por su peculiar nivel socioeconómico, de no ser atendidas en Sanidad Militar, estarían demandando su asistencia al Ministerio de Salud Pública. Se debe tener en cuenta que en el presupuesto de Defensa se incluyen los Institutos de Formación de Oficiales, que son tres verdaderas universidades y un prestigioso instituto de nivel secundario, como el Liceo Militar General Artigas. Las Fuerzas Armadas, por imperativo legal, tienen que cumplir sus delicadas misiones fundamentales y sería muy irresponsable, en estos tiempos, resignar la defensa de la soberanía nacional o encomendarla a la benevolencia de terceros. El gasto excesivo del Ejército, a criterio del señor Senador, y en relación a las otras Fuerzas, se explica claramente por la naturaleza de su misión y su particular despliegue territorial, que presenta más ventajas que desventajas, y que a la postre y ante una hipótesis de agresión, asegura una verdadera defensa en base a los reducidos efectivos disponibles, mediante el empleo de una estrategia de guerra irregular. Hoy día, y así lo expresaron claramente sus Comandantes en este Parlamento, las Fuerzas Armadas cumplen sus misiones con enormes dificultades y sacrificios y como todos sabemos, muy a menudo y en forma imprevista, son llamadas para atender situaciones críticas de cualquier naturaleza y la nación tiene la certeza de que allí han estado presentes las 24 horas del día de los 365 días del año. Por último, y no por ello menos importante, el señor Senador Heber no recordó que las Fuerzas Armadas destinan el 80% de sus presupuestos a pagar sueldos, algo más del 16% a funcionamiento (la mitad de este porcentaje en alimentación) y el 4% restante solamente en inversiones. Por lo tanto, pienso que el recorte que tiene en mente, para ser eficiente, pasa necesariamente por reducir efectivos o sea, disminuir puestos de trabajo o por reducir los sueldos de los militares en actividad. Los sueldos de las Fuerzas Armadas son los de la última categoría y los menores de toda la Administración Pública. Un Soldado de Segunda en un régimen de 14 horas diarias, promedio, de labor, gana $1.245; uno de Primera, $3.302 y un Teniente 2do. $7.763. Me gustaría saber cuánto menos planifica pagarles el señor Senador a nuestros Oficiales y Soldados para realmente reducir el presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional. Saludo al señor Presidente muy atentamente. DANIEL GARCIA PINTOS, Representante por Montevideo".

5) Exposición del señor Representante Darío Pérez al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, y a la Comisión de Contralor de la Concesión de Agua Potable y Saneamiento de Maldonado, sobre la necesidad de suministrar agua potable en el asentamiento denominado "Lavagna", del citado departamento.

"Montevideo, 10 de octubre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por su intermedio, a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) y a la Comisión de Contralor de la Concesión de agua potable y saneamiento del departamento de Maldonado. En visita que realizamos como integrantes de la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes, a diversos asentamientos del departamento de Maldonado, recogimos de los vecinos del asentamiento denominado Lavagna, la posibilidad de contar con agua potable, como uno de los planteos importantes y posibles de ser implementados rápidamente. De más está expresar los beneficios que dicho servicio traería para las 10 familias con muchos niños que allí viven. El sistema de agua potable se encuentra a tan solo 300 metros de la ubicación de esos vecinos, en camino Los Ceibos y ex vía férrea, entre el kilómetro 144 y la ciudad de Punta del Este. Los vecinos pretenden contar con una canilla, hasta ser reubicados. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. DARIO PEREZ, Representante por Maldonado".

6) Exposición del señor Representante Darío Pérez a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, y a la Intendencia Municipal de Maldonado, relacionada con la contaminación electromagnética de los habitantes del barrio San Antonio, en el citado departamento.

"Montevideo, 10 de octubre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE); y a la Intendencia Municipal de Maldonado. En la visita realizada por la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes a diversos asentamientos en el departamento de Maldonado, descolla por la particular situación, el que está ubicado en las proximidades de la línea de alta tensión en el barrio San Antonio, entre las calles 5 y 7, en el que viven aproximadamente 12 familias con muchos niños. El asentamiento en su momento se había erradicado y fue nuevamente habitado por la falta del cerco que se había acordado entre la Intendencia Municipal de Maldonado y UTE. Como se sabe y debido a estudios realizados, la contaminación electromagnética afecta enormemente la salud de los seres humanos, causando enfermedades neurológicas, hematológicas y afecciones diversas. Aspiro a que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a través de alguno de sus planes aplicables a tales circunstancias, en este caso de urgencia, pueda buscar alguna solución de realojo para estos vecinos allí asentados. Saludo al señor Presidente muy atentamente. DARIO PEREZ, Representante por Maldonado".

7) Exposición del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez al Ministerio de Deporte y Juventud; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro, acerca de la participación de un plantel de fútbol del Liceo Nº 1 de la ciudad de Fray Bentos, en los próximos Juegos Estudiantiles Sudamericanos a realizarse en la ciudad de Lima, República del Perú, desde el día 17 hasta el 21 de noviembre de 2001.

"Montevideo, 10 de octubre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Deporte y Juventud, a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro. El plantel de fútbol de la selección del Liceo Nº 1 Eugenio Capdevielle, de la ciudad de Fray Bentos, departamento de Río Negro, ha venido cumpliendo una excelente performance en la práctica del más popular deporte de nuestro país, lo que obviamente, nos ha llenado de orgullo y mucha alegría a todos los rionegrenses. Primero fue la fase de clasificación local, luego la departamental, la regional y posteriormente la nacional, donde con un plantel de 20 jugadores y también con la invalorable colaboración de un ayudante técnico, especialista en esta disciplina, hizo que nuestros muchachos ganaran legítimamente el derecho a participar en los próximos Juegos Estudiantiles Sudamericanos, que se llevarán a cabo en Lima, Perú, desde el 17 al 21 de noviembre de 2001. Hacemos notar que es la primera vez que una representación del interior del país vestirá los colores de la gloriosa celeste, emocionante orgullo para cualquier uruguayo. Apelamos a esa Secretaría de Estado así como a la buena disposición del señor Ministro, planteándole, en nuestro carácter de Representante Nacional por Río Negro, que la organización del certamen ha previsto un cupo de 16 personas, jugadores y un profesor, por lo que 4 jugadores y el ayudante técnico no podrían viajar, como así lo indica la reglamentación, pero creemos que se podrían agotar instancias para que todos puedan concurrir. Le hacemos llegar fotocopia de la petición que sobre el tema nos hicieron llegar los interesados. Por lo expuesto esperamos que pueda darse una solución a este planteamiento que en esta instancia nos parece particularmente justo. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RICARDO CASTROMAN RODRIGUEZ, Representante por Río Negro".

8) Exposición del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública; a la Intendencia Municipal de Río Negro y a todas las Juntas Departamentales, relacionada con la inversión de las sumas recaudadas como producto de la subasta pública de la playa de contenedores del puerto de Montevideo.

"Montevideo, 10 de octubre de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), a la Intendencia Municipal de Río Negro y a las Juntas Departamentales. El Estado uruguayo recibió, al realizarse la subasta pública de la playa de contenedores del puerto de Montevideo, US$ 17.100.000 destinados a ser invertidos en construcciones, ampliaciones, refacciones y el mantenimiento de los locales de la enseñanza pública del país, a partir de acuerdos entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la ANEP. Queremos en esta exposición, dejar clara constancia que nosotros durante el tratamiento, por parte del Parlamento Nacional, en la denominada primera ley de urgente consideración, en la que se incluía la privatización de la playa de contenedores del puerto de Montevideo, a nuestro juicio una zona estratégica en el país, desde el punto de vista económico y laboral, votamos en contra por lo expresado y por otras valoraciones que durante el tratamiento del tema manifestamos. No obstante, en nuestro carácter de Representante Nacional y ejerciendo una de nuestras facultades, la de contralor y fiscalización del uso de los bienes públicos y, en este caso tratándose de un monto tan significativo, que más allá de diferencias, tiene un destino que compartimos, nos parece sumamente importante el rol de contralor y seguimiento que los arquitectos residentes de la ANEP, en todos lo departamentos del país, realicen de cada una de las obras que se efectúen; ya que sin duda son los que conocen al detalle las necesidades de cada uno de ellos, lo que redundaría en beneficio de la enseñanza, de los educadores, de los escolares, liceales, alumnos de la enseñanza técnica y la sociedad en su conjunto. Con espíritu positivo y responsable es que nos permitimos solicitar a las Juntas Departamentales del país el apoyo a esta inquietud, considerando la importancia que para la enseñanza pública tiene la realización de las obras y el mejoramiento de los edificios destinados a la misma. Esperamos con confianza que la sugerencia sea tomada en cuenta, porque además es generadora de puestos de trabajo. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RICARDO CASTROMAN RODRIGUEZ, Representante por Río Negro".

MEDIA HORA PREVIA

7.- Consecuencias de la procreación no responsable.

——Se entra a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Diputado Abisab.

SEÑOR ABISAB.- Señor Presidente: hace ya algunas semanas tuvimos ocasión de expresarnos con relación a la procreación responsable, encarada como un derecho del niño.

Dada la importancia y significación del tema y la evidencia existente en el sentido de que este derecho no es reconocido generalmente en su real dimensión, nos permitimos en aquella oportunidad aportar alguna idea tendiente a encarar las causas del problema.

Es evidente que, aun si se asumiera algún tipo de medida tendiente a corregir la situación por parte de quienes son los responsables últimos -o primeros- del Estado, habrá de pasar todavía mucho tiempo, y las consecuencias tristes y desgraciadas serán cada día más lamentables.

Es a ese tema, señor Presidente, al que queremos referirnos en el día de hoy; concretamente, a las consecuencias -por lo menos, a algunas de ellas- de la procreación no responsable, circunstancia ésta que según el estrato social donde ocurra se expresará de distinta manera en niños y jóvenes, pero siempre con el común denominador de constituir una fuerte agresión a su personalidad en construcción, desde los trastornos de conducta y las dificultades para el aprendizaje, hasta los comportamientos transgresores y precozmente delictivos, pasando por alumnos que sortean apenas los sucesivos grados curriculares, arrastrando desasosiegos emocionales que no sólo no saben manejar -no tienen por qué saberlo-, sino que sufren de modo inimaginable y que, de a poco y cada vez más precozmente, los condicionan para una vida infeliz.

Las drogas podrán ser, entonces, no sólo la respuesta que se busca y no llega, sino el enemigo disfrazado que empuja hacia los abismos de la más profunda degradación.

Hasta aquí algunas de las consecuencias, objeto seguro de políticas sociales que cualquier Estado serio no debería eludir y que el nuestro encara con éxito relativo. Pero asumamos que estas políticas, en todo caso, requieren tiempo y, siendo optimistas, los resultados se ven en el mediano plazo.

Ahora bien: aunque más no sea por un momento, consideremos otro aspecto del paisaje ciudadano, fundamentalmente montevideano y, por cierto, no del todo extraño en algunas ciudades del interior. Miremos a esos niños de entre seis y doce años, muchas veces hasta con su túnica escolar que les permite no pagar el boleto cuando se suben a un ómnibus; mirémoslos en grupos de dos, tres o más en las esquinas, pidiendo monedas a los automovilistas que deben detenerse obedeciendo al semáforo, bajo la discreta vigilancia de hermanos mayores, cuando no de sus propios padres, o en los pasillos de los ómnibus repartiendo estampitas religiosas a cambio de monedas.

Por cierto que también son ellos, en su gran mayoría, consecuencia de una procreación no responsable, pues en el mejor de los casos no han sido deseados y, devenidos en una carga, deben luchar por su sustento, cuando no por el de sus mayores.

En definitiva, señor Presidente, si he traído estas situaciones a la consideración del Cuerpo ha sido porque creo que, sin perjuicio de ser expresión de una problemática compleja y multicausal, presentan aspectos cuyo tratamiento puede y debe ser encarado de inmediato. Claro que, como en toda enfermedad, el tratamiento que cura de verdad es el etiológico, es decir, el que trata la causa, el origen del problema.

Sin embargo, del mismo modo que frente a un cuadro infeccioso con fiebre alta se administran antibióticos -que se ocupan de la causa- pero no se deja de dar antitérmicos para bajarla, en el caso de esta patología social debe tratarse la causa profunda sin descuidar las manifestaciones equivalentes de los síntomas y signos.

En este sentido, estamos convencidos de que las autoridades pertinentes deberían coordinar acciones más efectivas que las hasta ahora encaradas -y esto lo decimos con el mayor de los respetos-, para relevar definitivamente la entidad del problema, si fuera necesario, y emprender acciones inmediatas para que no haya más niños pidiendo limosna en las calles, al servicio casi siempre de mayores que no han querido, no han sabido o no han podido asumir sus responsabilidades para con ellos; acciones que tendrían que suponer un esfuerzo en nombre de la sociedad, que tiendan a aproximarles los recursos básicos de cariño, comida, vestido y educación que la condición humana requiere.

Solicitamos que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al señor Ministro del Interior, al Directorio del Instituto Nacional del Menor y a los señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y tres en cuarenta y cuatro: AFIRMATIVA.

8.- Opiniones vertidas en Argentina sobre los atentados cometidos en Estados Unidos de América.

Tiene la palabra el señor Diputado García Pintos.

SEÑOR GARCIA PINTOS.- Señor Presidente: esta mañana, temprano, me llamó por teléfono la periodista Raquel Daruech para solicitar mi opinión respecto a un artículo, que su producción había bajado de Internet, correspondiente al periódico argentino "Página 12". Realmente, me dejó estupefacto y resolví que ése debía ser el tema que habría de tratar en la media hora previa.

Yo también bajé de Internet, para chequearla con mis propios ojos, la información que se me había proporcionado y sobre la que había dado opinión. Dice así: "Durante una clase pública dictada en la academia denominada 'Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo'," -por lo que dicen, llegué a la conclusión de que el nombre no debería ser ése, sino "Universidad del Odio"- "cuatro oradores celebraron los atentados del 11 de setiembre. Trataré de sintetizar sus argumentos con fidelidad y de refutarlos con calma", señala quien escribe esta nota en "Página 12".

Más adelante dice: "El Director de la academia, Vicente Zito Lema, sostuvo que Osama Bin Laden era 'un revolucionario', cuya lucha 'es parte de la lucha de clases' de 'los oprimidos de la humanidad contra el imperio'. Lo comparó con San Martín, Belgrano, Artigas, Ernesto Guevara y 'mis compañeros caídos en combate'".

Esto de comparar a Osama Bin Laden con el Prócer de nuestra patria, el General Artigas, es un agravio para todos los orientales, como sin duda lo es también para todos los argentinos que se lo compare con Belgrano o San Martín. Si lo quiere comparar -porque este hombre es de nacionalidad argentina- con Ernesto "Che" Guevara, otro terrorista, eso corre por cuenta de él; pero que lo compare con Artigas constituye a todas luces un agravio. Si lo quiere comparar con el "Che" Guevara, que lo haga, porque también era otro terrorista, pero no con nuestro Prócer.

Continúa el artículo: "Además de las 'bombas en las ciudades japonesas' mencionó a los '35.600 niños que mueren todos los días' en el mundo y dijo que sólo pueden 'hablar de derechos humanos' y lamentar 'la muerte de los trabajadores que estaban también en esas torres gemelas' quienes 'siempre alzaron la voz por los caídos en la humanidad'. Buena parte de los intelectuales y de la clase política de nuestro país 'lloran por el poderoso cuando son cómplices cotidianos de la muerte'".

También figura la opinión de un abogado, el doctor Sergio Schoklender, y la de la señora Hebe Pastor de Bonafini, quien "contó que estaba en Cuba ese día y que sintió alegría". La señora Hebe Pastor de Bonafini, hace no mucho tiempo, estuvo en nuestro país durante unas pocas horas; vino a poner el huevo de la serpiente, a participar de un "escrache" frente al Ministerio de Defensa Nacional, ofendiendo a todo el pueblo oriental y, de paso, también a todo el pueblo argentino. Esta buena señora, esta anciana, saliéndose de su papel de dulce, dijo que sintió alegría por los atentados a las torres gemelas. Y agregó: "'No voy a ser hipócrita, no me dolió para nada', porque 'había muchos pueblos que eran felices' y de ese modo 'la sangre de tantos en ese momento era vengada', entre ellos sus hijos. En esos ataques 'no murieron pobres, no murieron poblaciones'. Sus autores fueron 'hombres y mujeres muy valientes', que 'se prepararon y donaron sus vidas para nosotros'. Ellos 'declararon la guerra con sus cuerpos, manejando un avión para estrellarse y hacer m..." -decimos "m..." y nada más; sabemos lo que dijo- "al poder más grande del mundo. Y me puse contenta'. El 'miedo que nos metieron a nosotros, con la persecución, con la desaparición y con la tortura, ahora lo vive el pueblo norteamericano entero. Ese pueblo que se calló y aplaudió las guerras'. Para ella, los blancos no fueron sólo simbólicos: 'En esas dos torres se decidía todos los que nos íbamos a morir, a quedar sin trabajo, a masacrar, a bombardear'. Igual que Viñas, comparó a los autores con 'nuestros hijos', que dieron y entregaron sus vidas para un mundo mejor', a los que llamaban terroristas pero eran revolucionarios".

Esta señora hizo una verdadera apología de la violencia y del terror.

Un hombre que tengo entendido que pertenece a la izquierda de Argentina, el señor Horacio Verbitsky, titular del Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS-, respondió a estas afirmaciones calificando como sanguinaria e infantil y de una ingenuidad patética a la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, por haberse manifestado contenta por los atentados terroristas contra Nueva York y Washington; calificó también de lisiados morales a quienes sostienen esas cosas.

Como legislador, como colorado y, por sobre todas las cosas, como oriental, en cuanto me enteré que se pretendía comparar a Bin Laden con próceres de América como Artigas, Belgrano y San Martín, me impuse la obligación de hablar del tema, por lo menos en esta media hora previa, para dejar sentada mi manera de pensar.

9.- Declaraciones de prensa del señor Intendente Municipal de Rocha.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra la señora Diputada Puñales Brun.

SEÑORA PUÑALES BRUN.- Señor Presidente: en el día de hoy queremos plantear una preocupación.

Inmediatamente después de lo expresado por nosotros en la media hora previa de la sesión del 2 de octubre próximo pasado, surgieron diversas declaraciones de prensa del actual Intendente Municipal de Rocha, Irineu Riet Correa, algunas de las cuales quisiéramos aclarar.

En primer lugar, ratificamos en todos sus términos lo expresado por nosotros en dicha sesión.

En segundo término, con respecto a las declaraciones de prensa referidas a las observaciones que el Tribunal de Cuentas realizó a las Rendiciones de Cuentas de la Comuna rochense correspondientes a los años 1998 y 1999 -cuyos informes llegaron a la Intendencia Municipal de Rocha con fecha 4 de agosto de 2000 y 3 de enero de 2001-, queremos decir en el plenario que la Administración anterior actuó de la siguiente manera.

Primero: a los cuarenta y cinco días de haber tomado conocimiento del primero de los informes -estoy hablando del 4 de agosto de 2000-, se presenta formalmente, con la firma del ex contador municipal, un informe técnico con fecha 19 de setiembre de 2000, que contenía antecedentes y descargos sobre cada una de las observaciones a que hacemos referencia, y en entrevista personal con el Presidente del Tribunal de Cuentas -a la que concurrí con Ediles departamentales-, trasmitimos el interés fundamentalmente personal y político de proporcionar todo el material necesario para colaborar con ese órgano de contralor.

Segundo: de inmediato la situación fue puesta en conocimiento de la Junta Departamental de Rocha, proponiéndole que el mismo informe técnico a que hicimos referencia fuera enviado por el Cuerpo, ya que, como los señores Diputados entenderán, después de haber perdido la Intendencia, no había legitimación para hacerlo por no pertenecer a los cuadros funcionales. A propuesta del ex Prosecretario de la Intendencia -actual Edil-, esto se planteó en el seno de ese órgano legislativo -figura en las páginas 21 y 22 del Acta Nº 28, de la sesión de 4 de diciembre de 2000-, pero no tuvo eco.

Posteriormente, cuando se tomó conocimiento del informe, de fecha 7 de diciembre de 2000, de la consultora internacional KPMG Limitada -solicitado por el actual Intendente y por el cual supuestamente se abonaron US$ 30.000-, en el acalorado debate de la Junta Departamental, nuestro Edil señor Sergio Moreno dijo que ante las dudas de la ciudadanía era preferible que el informe de la consultora fuera remitido en forma directa y urgente a la Justicia y no al Tribunal de Cuentas. Evidentemente, eso era para aclarar todo tipo de dudas; a nuestro entender, no hay dudas de que el ámbito de la Justicia es el mejor para ello, pero esto se votó negativamente.

Por último, en el mes de julio próximo pasado el ex Intendente Adauto Puñales se presenta ante el Tribunal de Cuentas, en carta dirigida al Presidente, contador Guillermo Ramírez, de conformidad con el artículo 318 de la Constitución de la República y en ejercicio del derecho de petición, formulando una serie de consideraciones. Entre otros considerandos, se expresó que las carencias administrativo-contables de la Intendencia Municipal de Rocha son notorias desde hace muchos años, que se denunciaron en 1995, al iniciarse el Ejercicio, y que se realizaron importantes esfuerzos para superarlas: Plan Estratégico de Desarrollo Departamental, Plan de Fortalecimiento Institucional del año 1996 -precisamente, se denunció este tema-, consultoría externa, y licitación pública con apoyo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para el nuevo Sistema de Programación Informática, que entendemos que al día de hoy deberían estar funcionando.

Surge claramente de los documentos referidos la expresa voluntad de todos de clarificar esta situación, y va de suyo el respaldo total a toda acción en tal sentido, sin perjuicio de las acciones o vías que nuestra agrupación política departamental considere conveniente tomar.

Por último, en declaraciones a la prensa del día de hoy, el señor Intendente Municipal de Rocha ha hecho una gravísima acusación: maneja faltantes de US$ 10:000.000, lo que sin ninguna duda deberá demostrarlo con pruebas fehacientes en el ámbito correspondiente.

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al señor Presidente de la República, al señor Ministro de Economía y Finanzas, al señor Director de Planeamiento y Presupuesto, a todos los miembros del Tribunal de Cuentas y a los integrantes de la Junta Departamental de Rocha.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y ocho en cuarenta: AFIRMATIVA.

Antes de continuar, la Mesa quiere dar la bienvenida a los estudiantes de Bachillerato Tecnológico de la UTU Prado, que se encuentran en la barra presenciando la sesión de la tarde de hoy.

10.- Mejoramiento de las vías de comunicación entre Cebollatí, departamento de Rocha, y La Charqueada, departamento de Treinta y Tres.

Tiene la palabra el señor Diputado Barrios.

SEÑOR BARRIOS.- Señor Presidente: en la mañana de hoy me tocó acompañar ante la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas a una delegación de vecinos de Cebollatí y La Charqueada, dos pequeños pueblos del norte de Rocha y de Treinta y Tres, que están en el Uruguay bien profundo y cuyo problema generalmente es la comunicación.

Al requerirse la atención de la Comisión por el tema que ellos planteaban, me preguntaba cómo puede ser que la gente más humilde, que habita los pequeños pueblos y para quien es un tremendo sacrificio hacer trámites porque le cuesta mucho moverse, tenga que andar meses para obtener algo que es poca cosa visto del lado del Estado y gran cosa para ellos, porque es un servicio esencial.

Entre Cebollatí y La Charqueada hay 5 kilómetros de camino de tierra y luego el río Cebollatí. Siempre han estado unidos, y esta comunicación es muy importante para Cebollatí, en nuestro departamento de Rocha, más que para La Charqueada. ¿Por qué? Porque para acceder a servicios como los que brinda la ciudad de Treinta y Tres, que se encuentra a cuarenta y cinco minutos de viaje cruzando el río, la población de Cebollatí tendría que viajar 170 kilómetros hasta la ciudad de Rocha, pero además, por la Ruta Nacional Nº 15, que tiene algunos tramos en muy mal estado y para cuyo arreglo las gestiones que se han hecho también han resultado negativas.

Ellos piden algo muy elemental: están unidos por una balsa que trabaja desde las 6 hasta las 22, y los vecinos piden que trabaje ocho horas más. El costo adicional que significaría para el Estado sería exclusivamente el del viático -que creo es de $ 200 por persona- de tres funcionarios que ya hay en otras dependencias de la Dirección de Hidrografía y que no tienen ocupación. A ninguno de nosotros se nos ocurriría pensar que si tenemos necesidad de trasladarnos a las diez y media de la noche desde el Cerro a Carrasco, ello no fuera posible; pero en ese lugar es así, a pesar de que la distancia es todavía menor.

Han solicitado entrevistas y realizado gestiones ante el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, la Dirección Nacional de Hidrografía, los Intendentes de los dos departamentos, los tres Diputados por Rocha y los dos por Treinta y Tres, y ahora están visitando las Comisiones parlamentarias.

No han conseguido resultados pues el Ministerio de Transporte y Obras Públicas sostiene que no le es posible brindar este servicio porque saldría, según su opinión, muy caro, algo así como US$ 23 por cada cruce, con un promedio de un pasaje de balsa por hora durante la noche. Con ese criterio, me pregunto si no habría que cortar las rutas de noche, cuando hay poco tránsito, porque el costo promedial de su uso sube.

Además, como solución, el Ministerio plantea la alternativa de que el servicio sea prestado por otra balsa propiedad de la Intendencia, que hasta hace algunos años era tirada por un caballo, y que hoy, a pesar de que se le ha incorporado la energía eléctrica, continúa siendo muy apta como atractivo para el turismo histórico.

Por otra parte, esa balsa está concesionada a un privado y quien la utilice debe pagar $60 por cruce, cuando quien utilice la doble vía de Montevideo a Punta del Este, o cualquiera de las mejores rutas nacionales, paga $50. Y esto no es porque el concesionario sea abusivo; simplemente no puede cobrar menos. La comparación la traigo para ejemplificar la discriminación a que están sometidos los uruguayos a quienes les toca vivir en los más humildes pueblos de nuestro país.

En definitiva, estos vecinos están solicitando que se les conceda un derecho elemental, el de poder comunicarse en todo momento y no vivir con la angustia de la incomunicación. Podrían solicitar cosas mucho más importantes, pero esa gente es tan humilde y está tan resignada a que todo sea más importante que lo de ellos, que, en lugar de exigir un puente, pide solamente que le habiliten una balsa durante ocho horas más. El argumento del Ministerio es que eso costaría US$ 60.000 al año, suma sobre cuyo cálculo tengo mis serias dudas, y por eso he pedido que se nos informe detalladamente al respecto. Pero aun si ése fuese el costo, no desequilibrará el Presupuesto Nacional; de otro lado vienen los déficit graves, sin duda. En cualquier contrato de obra que el Ministerio haga para algún asesoramiento, seguramente gastará más que US$ 60.000 al año. Mientras tanto, estos vecinos deben seguir en ese estado de zozobra.

Por esta razón, planteo el tema en el plenario y solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a las Intendencias Municipales de Rocha y de Treinta y Tres y a las Juntas Locales de La Charqueada y Cebollatí.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cincuenta por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

11.- Recurso de referéndum contra decretos del Gobierno Departamental de Río Negro.

Tiene la palabra el señor Diputado Castromán Rodríguez.

SEÑOR CASTROMAN RODRIGUEZ.- Señor Presidente: el 11 de mayo de 2001 comparecieron ante la Intendencia Municipal de Río Negro los vecinos Conrado Ojeda, cédula de identidad 3.783.314-9, credencial cívica LAA 21185, y José Carlos Martínez Farías, cédula de identidad 2.018.282-8, credencial cívica LAA 39457, quienes, actuando en calidad de apoderados, en nombre y representación de la Asamblea de Emergencia por Río Negro, manifestaron la voluntad de interponer recurso de referéndum contra los Decretos Departamentales Nos. 23/01 y 26/01, sancionados por la Junta Departamental, y contra los artículos 29 al 31 y 33 del Presupuesto, que al día 9 de abril de 2001 aún no había sido sancionado.

Los artículos hacen referencia al cobro por parte de UTE, en convenio con la Intendencia Municipal de Río Negro, de la atención del alumbrado público con precios diferenciales según la zona de cada ciudad o centro poblado, estableciéndose desde $ 125,00, $ 100,00, $ 85,00, hasta $ 68,00, para ilustrar al Cuerpo. En la fecha de comparecencia de los vecinos se labró un acta de declaración y entrega, papel notarial Nº 229450, estando presentes el doctor Alvaro Debali, los vecinos antes mencionados, propiciadores del recurso, el doctor Mario Fonrodona, Director del Departamento Jurídico de la Intendencia Municipal de Río Negro, y el escribano actuante, Edison Maquiel, haciéndoseles entrega en el acto de 865 fojas de papeletas numeradas y foliadas conteniendo 11.700 firmas, que expresan la voluntad de casi un 35% del Cuerpo Electoral del departamento y que representan sin duda más del 60% de la población de Río Negro.

El día 12 de mayo fue aprobado el Presupuesto Departamental, luego de volver del Tribunal de Cuentas, conteniendo en los artículos a que hicimos referencia las normas que se pretendía impugnar, conjuntamente con el decreto original.

El 14 de mayo el jefe de la Oficina Electoral de Río Negro, señor Raúl Rohner, da cuenta, a través de una nota, de todas las actuaciones realizadas, haciendo especial referencia al inciso segundo del artículo 74 de la Ley Nº 9.515, que habilita la acción planteada, reconociendo la clara y prístina voluntad de los firmantes, integrantes del Cuerpo Electoral de Río Negro, de lo que hemos descrito en la exposición.

Con fecha 15 de mayo de 2001 la Intendencia Municipal de Río Negro, a través de la Resolución Nº 157, establece una serie de puntualizaciones con respecto a los pasos que se dieron, con determinadas consideraciones. En el considerando III de la resolución, el Ejecutivo comunal se arroga para sí potestades que no le corresponden ni tiene, como la de sostener que el recurso interpuesto es improcedente por razones que ha esgrimido la Corte Electoral en los últimos años en situaciones similares, y hace referencia a una sentencia, la Nº 24.369, de la Corte Electoral, del 6 de julio de 1988. A renglón seguido, en el artículo 1º de la parte resolutiva, se establece que el recurso de referéndum interpuesto el 11 de mayo de 2001 contra los Decretos Nos. 23/01 y 26/01, sancionados el 26 de enero y el 22 de marzo de 2001, respectivamente, por la Junta Departamental de Río Negro, es improcedente tomando en cuenta el considerando III de la resolución.

En el artículo 2º de la parte resolutiva se determina que se notifique a los promotores, y en el artículo 3º  se dispone que se comunique a la Corte Electoral por intermedio de la Junta Electoral de Río Negro.

El 30 de mayo de 2001, por nota Nº 195.076, la Comisión de Asuntos Electorales eleva a consideración de la Corte Electoral las apreciaciones que le han merecido los argumentos expuestos para habilitar el recurso de referéndum antes mencionado y hace suya la Resolución Nº 157 de la Intendencia Municipal de Río Negro, declarando improcedente el recurso y que no corresponde a esa Corte entrar al estudio del mismo. Esta nota está firmada por el doctor Renán Rodríguez, Vicepresidente de la Corte Electoral, por el señor José María Orlando, Ministro, y por el señor Manuel Báez, también Ministro, aduciendo que quienes la presentaron carecen de legitimidad para dirigirse a la autoridad electoral.

Finalmente, los vecinos recurrentes, el día 19 de junio de 2001, interponen recurso de reposición contra la resolución del 30 de mayo de 2001 de la Comisión de Asuntos Electorales de la Corte y también interponen recurso de apelación respecto a la Resolución Nº 157 de la Intendencia Municipal de Río Negro, haciendo uso de los recursos legales que los amparan.

Creemos con mucha firmeza que la Corte Electoral no puede sostener válidamente que una Intendencia Municipal tenga atribuciones en materia electoral o de referéndum, ya que manteniendo la actitud adoptada se estarían delegando competencias constitucionales que el organismo pertinente, la Corte Electoral, tiene como facultad intransferible. Como también expresamos, damos nuestro rechazo a la actitud asumida por la Intendencia Municipal de Río Negro en su Resolución Nº 157, en una actitud que no comprendemos, porque pone en pie de igualdad a la autoridad municipal en temas que no son de su competencia, salvo por la personalidad del Intendente, a quien -obrando como lo hizo y con la complacencia de los Ministros de la Corte mencionados- podría ocurrírsele que las elecciones municipales del departamento de Río Negro se realizaran el 25 de diciembre de 2005.

Con mucho respeto pero con mucha firmeza, en nombre de las casi doce mil voluntades que democráticamente se expresaron, quedamos a la espera de que la Corte Electoral, como Cuerpo, tome una resolución por sí o por no, pero que no reniegue de sus potestades constitucionales.

Solicitamos que la versión taquigráfica de lo expresado sea enviada a la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Río Negro y a la Corte Electoral.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

12.- Actuación del señor Intendente Municipal de Rocha.

Tiene la palabra el señor Diputado Arrarte Fernández.

SEÑOR ARRARTE FERNANDEZ.- Señor Presidente: no teníamos pensado hacer uso de la palabra en el día de hoy con referencia al tema del que nos vamos a ocupar.

Somos Representantes de todo un departamento, no exclusivamente de una colectividad política, y sentimos una profunda pena cuando se desprestigia a un departamento, a una colectividad, en especial cuando se hace uso de la palabra en este ámbito, desde donde se trasciende a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. Eso afecta notoriamente a nuestro departamento. Para mí hubiera sido muy fácil utilizar este medio para decir que en las dos últimas Rendiciones de Cuentas del gobierno anterior -1998 y 1999- no cerraron las cuentas, y el Tribunal de Cuentas las reprobó. Al mismo tiempo, una auditoría contable realizada por KPMG corrobora dicha afirmación.

Hubiera deseado no tener que decir esto. La semana próxima el señor Intendente del departamento de Rocha, quien ha sido aludido en esta Sala en varias oportunidades, va a hacer referencia expresa a ello y a mostrar la documentación correspondiente.

Por eso, en honor a una persona que ha sido electa por el pueblo en dos oportunidades, inclusive en las últimas elecciones, como Intendente del departamento de Rocha, pretendo salvaguardar su honestidad. Reitero que él va a utilizar los medios de comunicación para hacer referencia expresa al Gobierno anterior y al actual. En una de las Rendiciones de Cuentas del gobierno anterior hubo un faltante de $ 19:000.000 y en la otra de $ 120:000.000. Entonces, sentimos desazón cuando se utiliza este ámbito para desprestigiar, no a un gobierno, sino a un departamento como el nuestro y a toda su gente.

Ese es el motivo de nuestra alocución en este momento.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Rocha.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Ha finalizado la media hora previa.

13.- Asuntos entrados fuera de hora.

Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Rossi, Orrico, Da Silva, Vener Carboni, García Pintos y Michelini.

"Mocionamos para que se dé cuenta de los asuntos entrados fuera de hora".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

Dese cuenta de los asuntos entrados fuera de hora.

(Se lee:)

"DE LA CAMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores remite el proyecto de ley, aprobado por dicho Cuerpo, por el que se amplía la participación de efectivos del Ejército Nacional en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, oportunamente autorizadas por la Ley Nº 17.299, de 16 de marzo de 2001. C/1670/001

- A la Comisión de Defensa Nacional"

14.- Integración de Comisiones.

——Dese cuenta de la integración de Comisiones.

(Se lee:)

"El señor Representante Pedro Señorale sustituirá a partir del 20 de octubre, al señor Representante Ruben H. Díaz como miembro en la Comisión de Asuntos Internacionales.

El señor Representante Ruben H. Díaz sustituirá a partir del 20 de octubre, al señor Representante Pedro Señorale como miembro en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente".

15.- Desempeño de funciones y retiro obligatorio de determinados funcionarios municipales. (Recurso de apelación contra los artículos 97 y 124 del Decreto Nº 29.434 de la Junta Departamental de Montevideo).

——Se entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Desempeño de funciones y retiro obligatorio de determinados funcionarios municipales. (Recurso de apelación contra los artículos 97 y 124 del Decreto Nº 29.434 de la Junta Departamental de Montevideo)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 585

"Montevideo, 24 de mayo de 2001.

Señor Presidente de la Cámara de Representantes,

Don Gustavo Penadés.

Presente.-

Los abajo firmantes, Ediles del departamento de Montevideo, constituyendo domicilio a los efectos de la presente gestión en 25 de Mayo 617, ante el señor Presidente de la Cámara de Representantes comparecen y exponen:

Que dentro del plazo constitucionalmente fijado, vienen a deducir y fundar el recurso de apelación establecido en el artículo 303 de la Constitución de la República contra los artículos 97 y 124 del Decreto de la Junta Departamental de Montevideo Nº 29.434 (Presupuesto Municipal Quinquenal 2001-2005), en mérito a las siguientes consideraciones de hechos y fundamentos de derecho:

LEGITIMACION

1) La legitimación de los comparecientes para la deducción del presente recurso de apelación deriva del hecho de ser Ediles de la Junta Departamental de Montevideo, ocupando sus bancas actualmente como titulares.

Ese hecho les habilita, al amparo de lo dispuesto en el artículo 303 de la Constitución de la República, la impugnación por este medio.

LAS DISPOSICIONES IMPUGNADAS

2) Las normas que se impugnan por la vía de este recurso son las que se transcriben a continuación:

"Artículo 97.- Modifícase el inciso segundo del artículo D. 131 del Digesto Municipal, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 'Establécese que sin perjuicio de los grados que ocupen los funcionarios de los Casinos Municipales, deberán realizar transitoriamente ante situaciones de necesidad o urgencia, las tareas que específicamente le encomienden los jerarcas respectivos, las que podrán corresponder a grados inferiores, los que en ningún caso serán menores a los grados de los cargos de los cuales eran titulares con anterioridad a las dos últimas promociones'.

Artículo 124.- Establécese que los funcionarios presupuestados o contratados que cumplan tareas en régimen de jubilación bonificada, que hayan ingresado a la Administración a partir del 1º de enero de 1990 o que ingresen a partir de la promulgación del presente decreto, deberán retirarse una vez se constituya la respectiva causal jubilatoria".

INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS

El artículo 97

3) El artículo 97 que se viene de transcribir debe reputarse inconstitucional, por cuanto vulnera lo dispuesto por los artículos 60 y 61 de la Constitución que establecen o reconocen el derecho subjetivo de los funcionarios a la carrera administrativa.

La carrera administrativa consiste en que la persona hace de prestar servicio a un órgano del Estado, su profesión. A consecuencia de su ingreso a la función pública tiene derecho, entre otros, a ser ascendido a los cargos superiores de la jerarquía.

4) El derecho al cargo implica también el derecho a ejercer las funciones inherentes al mismo, el que debe ser respetado por los jerarcas. No es legítima una norma que impone al funcionario la obligación o el deber de ejercer según la voluntad de sus superiores, tareas inferiores a las que corresponden a su cargo.

El derecho a no cumplir funciones inferiores a la categoría presupuestal del funcionario está reconocido, en el ámbito municipal, por el inciso primero del mismo artículo D. 131 del Digesto Municipal.

5) Esa norma implica una doble violación al derecho a la carrera administrativa. Por un lado, en cuanto impone a los funcionarios el deber de desempeñar funciones diferentes a las de su cargo, incluso las que están asignadas a grados inferiores.

Pero también viola el derecho a la carrera funcional el hecho que los ascensos dejarían de significar un progreso, concepto que está íncito en el concepto de carrera funcional, para pasar a ser indiferentes, o significar una involución.

6) No es posible justificar el dictado de la norma fundándose en que la misma contiene dos condicionantes, que se vinculan a que el descenso en las funciones debería limitarse a los casos de necesidad o urgencia.

Ello no significa ninguna garantía, porque será el jerarca quien juzgará esas circunstancias, y el funcionario debería acatar la orden que en los hechos lo haría descender de grado. Además, si bien el concepto urgencia podría considerarse más o menos objetivo, el elemento necesidad es absolutamente subjetivo, y quedaría librado a la discrecionalidad de quien dicta el acto o adopta la resolución.

Por otra parte, se correría el riesgo de que por rutina o desinterés, lo excepcional se tornase en regla, y el descenso en las funciones se transformase en el régimen normal y regular de trabajo.

7) Desde otro punto de vista, se hace notar que en la norma que se analiza no se establecen límites temporales concretos, ya que el término "transitoriamente" carece de la necesaria precisión. No se estableció, un plazo máximo durante el cual el funcionario debería prestar las funciones inferiores a su cargo.

8) La norma dictada por la Junta Departamental de Montevideo viola también el principio de igualdad de los funcionarios que deriva del artículo 8º de la Constitución.

En efecto, no existe motivo por el cual solamente los funcionarios de los Casinos Municipales deban quedar excluidos del principio general establecido en el inciso primero del artículo D. 131 del Digesto Municipal que dispone que al momento de asignarse tareas se deberá tener en cuenta "en todos los casos" la jerarquía presupuestal. También se reconoce ese principio general en el artículo D. 132 del Digesto Municipal.

El artículo 124

9) También viola normas constitucionales el artículo 124 del ya referido decreto de la Junta Departamental de Montevideo. En él, por una parte, se establecen modificaciones en la carrera administrativa de los funcionarios que ingresaron a partir del 1º de enero del año 1990, en forma retroactiva, vulnerando los derechos adquiridos por los mismos.

10) Para comenzar, se señala que los decretos de las Juntas Departamentales no pueden tener efectos retroactivos porque ello violaría lo dispuesto por el artículo 7º del Código Civil. Sólo las leyes en sentido formal, que tienen el mismo rango que el Código Civil pueden tener efecto retroactivo.

Pero además, la retroactividad planteada no es beneficio del funcionario, sino en beneficio de la propia Administración, en perjuicio de los funcionarios.

Se lesionan derechos adquiridos al funcionario que ingresó luego del 1º de enero de 1990, ya que se le altera la duración de su carrera funcional. Es decir que, quien ingresó once años atrás con determinadas expectativas de carrera, y que durante once años las mantuvo, se le ven modificada, en forma instantánea, por un acto de la Administración.

El perjuicio derivado por la norma le implica al funcionario que ingresó a la Administración una menor expectativa de tiempo en funciones en la Intendencia Municipal, menores beneficios jubilatorios, además de limitar en el tiempo sus posibilidades de ascenso.

Por lo expuesto, la norma establecida es absolutamente inconstitucional.

11) Desde el punto de vista de todos los funcionarios, tanto ingresados, como los que podrían ingresar, esa norma vulnera asimismo el derecho de los funcionarios a disponer del momento en que se acogerán a los beneficios jubilatorios. En los hechos, se trataría de una jubilación compulsiva, forzada, y contraria a derecho. La norma que se analiza no deja ninguna alternativa viable al funcionario.

No existen en los cargos civiles de la Administración retiros obligatorios o forzosos, a excepción del retiro de funcionarios que alcanzan los setenta años de edad. Por el hecho de su ingreso a la función pública, los funcionarios adquieren derechos que le acuerdan una perspectiva en su vida: duración de su trabajo, estabilidad, salario, oportunidades de ascenso y posibilidad de acceder a una jubilación al término de la misma.

12) Las normas de fuente legal y reglamentaria que establecieron un cómputo jubilatorio bonificado, establecieron una posibilidad, una opción, a favor de quienes cumplen tareas comprendidas en dicho régimen.

La opción, la facultad, le fue conferida al funcionario, no a los órganos de la Administración. Ello, porque los valores que por esas normas se amparan integran el ámbito de decisión de cada uno de los involucrados.

13) En la norma que se analiza se vulnera el derecho que adquirieron los funcionarios que ingresaron a la Administración luego del 1º de enero de 1990, estableciendo un anómalo modo de culminación de la carrera funcional.

Ella debe reputarse arbitraria, ya que no existe fundamento para la elección de esa fecha, excepto el ahorro que se le genera a la Intendencia Municipal en el pago de aportes al Banco de Previsión Social. Ello demuestra una clara desviación de poder en el dictado de esta norma.

14) Quienes ingresaron a sus cargos y funciones luego de la fecha antedicha, ven limitada la duración de sus carreras funcionales, y se les privaría de su legítimo derecho a acceder a un cómputo jubilatorio que le asegure un retiro decoroso, lo que integra también la carrera administrativa.

Pero además, esa norma transforma el derecho subjetivo del funcionario a la jubilación en una obligación de jubilación. Como no puede escapar al criterio de los señores Representantes Nacionales, la norma aprobada conlleva que al configurarse la causal, se produciría un cese automático, sin adecuados fundamentos, que incluso podría llegar a perjudicar a la buena Administración.

15) El giro utilizado no tiene otra interpretación de texto de obligación de ampararse a la jubilación, por cuanto establece que los funcionarios "...deberán retirarse cuando se constituya la causal jubilatoria". El verbo "deber" establece la obligación del funcionario de acogerse al retiro. Y ello es absolutamente inconstitucional, por cuanto los Gobiernos Departamentales carecen de potestades para cercenar o limitar los derechos de los ciudadanos, los que únicamente pueden ser limitados por una ley dictada por el legislativo y por razones de interés general (artículo 7º de la Constitución).

16) Si lo que se pretende establecer en la norma no es una obligación de acogerse a los beneficios de retiro, se pretende fijar un cese que vulnera claros textos constitucionales. En efecto, la vinculación funcional se puede extinguir por la muerte del funcionario, por su renuncia, por su destitución y por su jubilación.

No existe en nuestro ordenamiento positivo otra posibilidad para la extinción de la relación funcional. De todos esos modos, el único que es resorte de la Administración es la destitución. Los funcionarios públicos sólo pueden ser destituidos en caso de ineptitud, omisión o delito.

Pero además, ello va de la mano con el consagrado debido procedimiento, por lo cual ninguno de los funcionarios puede ser destituido sin previo sumario, y sin la previa autorización de la Junta Departamental. Y sería absolutamente inconstitucional sostener que la Junta puede autorizar al Intendente en forma previa y por vía de decreto, la destitución de sus funcionarios, por cuanto sería una delegación de atribuciones total y absolutamente inconstitucional.

17) Por lo tanto, por vía legal, se pretende crear un nuevo modo de extinción no previsto por la Constitución para la extinción de la relación funcional, sin las garantías del debido proceso administrativo, con la única finalidad de un ahorro económico para la Intendencia.

Por todo lo expuesto, y las normas citadas en el cuerpo del presente, al señor Presidente de la Cámara de Representantes,

SOLICITAN:

1) Se sirva tenerlos por presentados en tiempo y forma, por constituido el domicilio, y por presentado el recurso de apelación del artículo 303 de la Constitución de la República contra las normas que se individualizan en el acápite.

2) Se sirva someter al órgano Cámara de Representantes el presente recurso.

3) En definitiva, resolviendo el recurso planteado, se declaren inconstitucionales las normas impugnadas.

Saludan al señor Presidente de la Cámara de Representantes con su consideración más distinguida.

(SIGUEN FIRMAS)".

Anexo I al

Rep. Nº 585

"CAMARA DE REPRESENTANTES

Comisión Especial con el cometido de estudiar

los recursos previstos en el artículo 303

de la Constitución de la República

INFORME EN MAYORIA

Señores Representantes:

Ante el recurso de apelación interpuesto por Ediles del departamento de Montevideo, contra los artículos 97 y 124 del Decreto de la Junta Departamental de Montevideo Nº 29.434, los suscritos legisladores en mayoría, de la Comisión Especial con el cometido de estudiar los recursos previstos en el artículo 303 de la Constitución de la República, entendemos que se debe hacer lugar al mismo en mérito de las siguientes consideraciones:

En función del artículo 303 de la Constitución, consideramos que los fundamentos expuestos por los recurrentes dan mérito suficiente para entender sobre la inconstitucionalidad de las normas impugnadas.

Recibidas por la Comisión ambas partes y escuchados los fundamentos de una y otra, se entiende oportuno aclarar que pueden ser de recibo ciertas fundamentaciones de los jerarcas municipales, pero lo que debemos analizar exclusivamente es la constitucionalidad o no de las normas aprobadas por la Junta Departamental de Montevideo y en función de ello nuestros fundamentos.

El artículo 97 modifica el inciso segundo del artículo D 131 del Digesto Municipal, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "Establécese que sin perjuicio de los grados que ocupan los funcionarios de los Casinos Municipales, deberán realizar transitoriamente, ante situaciones de necesidad o urgencia, las tareas que específicamente le encomienden los jerarcas respectivos, las que podrán corresponder a grados inferiores, las que en ningún caso serán menores a los grados de los cargos de los cuales eran titulares con anterioridad de las dos últimas promociones".

Por esta norma se habilita a los jerarcas a asignar a los funcionarios de los Casinos Municipales, tareas diferentes a su cargo, las que podrán ser de las correspondientes a grados inferiores con un sólo límite: no podrán corresponder a grados inferiores a aquel del cual era titular el funcionario, en la penúltima promoción.

Un correcto planteo del problema exige partir de un adecuado encuadre constitucional del tema, y eso nos lleva al artículo 60 de la Constitución que establece la carrera administrativa.

A partir de la Constitución de 1952 -ya que esta disposición proviene de esa Carta-, determinados funcionarios poseen un derecho subjetivo perfecto a la carrera administrativa de naturaleza constitucional. Esto es admitido por toda la doctrina directa o indirectamente al referirse al derecho al ascenso, porque éste presupone el derecho a la carrera administrativa.

Giorgi decía que "el derecho a la carrera administrativa se manifiesta esencialmente en el derecho del funcionario público a ascender de grado jerárquico".

Martins desarrolla algo más este concepto y lo hace con todo acierto: "En el sistema de la carrera administrativa, el nombramiento es para el funcionario el punto inicial de una gradual ascensión en la escala jerárquica".

La carrera administrativa consiste en que la persona hace del servicio prestado a la Administración, una profesión; tiene derecho a la estabilidad en el cargo, a ser ascendido a los cargos superiores de la jerarquía, a una remuneración adecuada, a un sueldo de pasividad para el caso de su retiro, así como de garantía y beneficios sociales.

El orden jerárquico inmanente en toda organización administrativa –dice Villegas Basavilbaso- presupone una escala de grados en los oficios públicos, el cual determina el dinamismo de la relación de empleo y función públicos.

El agente público gradualmente, "con un sincrónico movimiento ascencional", muda sus atribuciones y por lo tanto su competencia y responsabilidad, obteniendo en su consecuencia, un cambio en su tratamiento económico.

Estos dos fenómenos: "mutación de sus atribuciones y mejoramiento económicos, causa y efecto de la continuidad dinámica, constituyen la carrera del agente público".

Es decir, el derecho a la carrera supone el derecho del funcionario a progresar en su trabajo por medio del ascenso y el derecho al cargo.

Estos conceptos doctrinales tienen su recepción en el artículo 61 de la Constitución.

El derecho al cargo implica el derecho a ejercer las funciones inherentes al mismo. Su jurisprudencia administrativa es abundante en tal sentido.

Así, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en Sentencia Nº 533 de 28 de setiembre de 1988, expresó que: "al establecerse la obligación de desempeñar el cargo para el que fue designado, se consagra implícitamente el derecho de todo titular de un determinado cargo, a ejercer las funciones propias del mismo". No es legítimo pues, imponer a un funcionario que ejerza tareas inferiores a las que correspondan a su cargo.

Es verdad que tanto el artículo 60 como el 61 refieren a los funcionarios presupuestados de la Administración Central. Pero por la remisión a los artículos precedentes efectuada por el artículo 62, los conceptos desarrollados resultan enteramente aplicables en el ámbito de los Gobiernos Departamentales.

De manera que el artículo 97 resulta violatorio del derecho a la carrera administrativa en cuanto dispone que el funcionario puede desempeñar funciones diferentes a las de su cargo, incluso correspondientes a grados inferiores. Y resulta también violatorio porque en vez de prever un progreso en el trabajo, que es lo que supone el concepto de carrera funcional, prevé una involución.

En el Uruguay, la fuente jurídica esencial de la relación es la Constitución de la República, en ésta se sancionan de manera correcta e imperativa, principios, derechos y garantías propias de la materia. Ni el legislador, ni el administrador tienen potestad alguna para restringirlas o alterarlas.

Vemos así que por este artículo se propone degradar a los funcionarios de Casinos, asignándoles funciones inferiores a su cargo. Además esa asignación no tiene una limitación temporal, por la vaguedad del término "transitorio".

El artículo 124 dispone: "Establécese que los funcionarios presupuestados o contratados que cumplan tareas en régimen de jubilación bonificada, que hayan ingresado a la Administración a partir del 1º de enero de 1990 o que ingresen a partir de la promulgación del presente decreto, deberán retirarse una vez se constituya la respectiva causal jubilatoria".

Es bueno dejar constancia que este artículo fue mejorado, expresando que sólo afecta a los ingresados después del 1º de enero de 1990. En principio involucraba a quienes ya tenían causal al día de hoy; en cierta forma fueron atenuadas las consecuencias que tenía en una primera instancia.

A los funcionarios de Casinos cada 4 años de trabajo se les computan 5 a los efectos del cálculo jubilatorio, por lo que funcionarios con un poco más de 50 años de edad, hubieran tenido que jubilarse.

El término deberán retirarse "establece que cumplida la causal será obligatorio el retiro". Lo que entendemos que está violando preceptos constitucionales.

En primer lugar se están violando derechos adquiridos por los funcionarios, porque se están modificando normas en perjuicio del funcionario que no estaban en el momento del ingreso a la Administración.

Es de recibo además, el informe muy claro que redacta la Asesoría legal del Banco de Previsión Social en consulta que se le efectuara por parte de algunos Ediles, ante el artículo proyectado, que después fue sancionado con algunas modificaciones.

Igual en términos generales son de recibo las observaciones planteadas, ya que si bien se disminuye el ámbito de aplicación, se mantiene la obligatoriedad del retiro para algunos funcionarios.

Se manifiesta que: "A) La jubilación por propia definición, depende de un acto voluntario del titular y/o beneficiario, salvo los casos en que la misma sobrevenga por incapacidad física o psíquica, verificadas debidamente, las que se tornan obligatorias para los funcionarios públicos debiendo gestionar su jubilación".

La destitución de un funcionario departamental requiere la configuración de ciertas causales y el cumplimiento de determinados procedimientos.

En otra parte del informe referido se manifiesta: "... imponer la jubilación en forma coactiva a una determinada categoría de funcionarios, sin que se haya cumplido con las causales y procedimientos requeridos para destituidos, implica violar normas y garantías del orden constitucional, y puede dar lugar a recursos en vía administrativa mediante las de reposición y apelación en términos que establezca el artículo 317 inciso final de la Constitución.

Asimismo y en caso de denegatoria los funcionarios podrían recurrir ante la Jurisdicción del Contencioso Administrativo (TCA) interponiendo recurso de nulidad, dentro de los plazos legales por ser la norma violatoria de una regla de derecho o adoptada con desviación de poder".

Se manifiesta más adelante lo siguiente: "En la especie, como se advierte, no se trata del ejercicio (en principio legítimo) de suprimir ciertos cargos por Decreto del Gobierno Departamental (por iniciativa del Intendente) y por aprobación de la Junta, basado en razones tales como reorganización de los servicios, racionalización de tareas, ahorro de gastos, etc., sino establecer el retiro obligatorio para una categoría específica de funcionarios, esto es, imponer la jubilación que es un derecho voluntario por quien es titular, pudiendo diferirlo a pesar de haber configurado causal con edad y servicios". "La determinación de quién configura o no causal jubilatoria es del BPS, que tiene como cometido específico determinar si el beneficiario cumple con los requisitos legales (artículo 193 de la Constitución, Ley Orgánica del Banco de Previsión Social Nº 15.800 de 17/01/86 y Ley Nº 16.713, de 3/9/95), así como los regímenes que se aplican de acuerdo a la fecha de cese de los titulares".

Por lo expuesto, a juicio de la Gerencia, el artículo que estamos analizando es inconstitucional, siendo la materia de que trata de estricto cometido del BPS.

Si bien la aplicación de esta norma no será para los funcionarios que hoy tienen causal, sino que este tema se plantea a futuro, se deben de prever sus consecuencias.

Luego del análisis por separado de cada uno de los artículos corresponde una apreciación general. Vemos así que por el artículo 97 se propone degradar a los funcionarios de Casinos, asignándoles funciones inferiores a su cargo y por el artículo 124 se les obliga al retiro cuando todavía muchos de ellos están en edad de producir, pero en una edad difícil para encontrar nuevos empleos, siendo este un derecho voluntario directo, personal y legítimo del funcionario.

Por todo lo expuesto, es que consideramos que es de recibo hacer lugar al recurso interpuesto contra los artículos 97 y 124 del Decreto Nº 29.434 de la Junta Departamental de Montevideo.

Sala de la Comisión, 1º de octubre de 2001.

RICARDO BEROIS QUINTEROS, Miembro Informante, GUZMAN ACOSTA Y LARA, ALEJANDRO FALCO, LUIS ALBERTO LACALLE POU.

PROYECTO DE RESOLUCION

1º.- Hacer lugar al recurso interpuesto, dejando sin efecto los artículos 97 y 124 del Decreto Nº 29.434 de la Junta Departamental de Montevideo.

2º.- Comuníquese a los recurrentes, a la Intendencia Municipal de Montevideo y a la Junta Departamental de Montevideo.

Sala de la Comisión, 1º de octubre de 2001.

RICARDO BEROIS QUINTEROS, Miembro Informante, GUZMAN ACOSTA Y LARA, ALEJANDRO FALCO, LUIS ALBERTO LACALLE POU.

Comisión Especial con el cometido de estudiar

los recursos previstos en el artículo 303

de la Constitución de la República

INFORME EN MINORIA

Señores Representantes:

Vuestra Comisión Especial con el cometido de estudiar los recursos previstos en el artículo 303 de la Constitución de la República eleva a consideración del Cuerpo el presente informe.

Con fecha 25 de mayo, doce Ediles titulares de la Junta Departamental de Montevideo interpusieron al amparo del artículo 303 de la Constitución de la República, un recurso contra los artículos 97 y 124 del Decreto de la Junta Departamental de Montevideo Nº 29.434. (Presupuesto Municipal Quinquenal 2001-2005 promulgado por la Intendencia Municipal de Montevideo con fecha 10 de mayo de 2001).

Con fecha 8 de junio de 2001 la Junta Departamental de Montevideo comunica que los Ediles firmantes son Ediles titulares de dicho deliberativo Comunal.

Desde el punto de vista formal se cumple con las exigencias que el artículo 303 de la Constitución determina para allanar el trámite para ante la Cámara de Representantes, en lo relativo al número de Ediles facultados y los plazos con que los mismos cuentan para interponer el recurso. Con relación al fondo de los artículos impugnados y los fundamentos esgrimidos por los recurrentes:

Respecto a la impugnación del artículo 97

La norma es clara en cuanto a que la previsión impugnada del artículo 131 del Digesto es de carácter excepcional y sólo aplicable ante situaciones de necesidad o de urgencia. Justamente, no se trata de la situación común o habitual de que un Jefe ordene a un subordinado por motivos ajenos a la función, discriminatorios o similares, realizar tareas degradantes o humillantes, correspondientes a un cargo inferior. Tampoco a un abuso permanente de la Administración de emplear funcionarios de mayor grado en tareas de grados inferiores. Pero debe tomarse en cuenta además que el supuesto perjuicio que alegan los funcionarios afectados es en realidad un "boomerang". En efecto si la Administración no puede recurrir a ocupar los cargos inferiores con empleados de mayor cargo en caso de necesidad, la única opción que le queda es no efectuar ascensos de ningún tipo, o bien contratar una gran cantidad de personal eventual, o bien en las instancias futuras eliminar al vacar los cargos de jerarquía transformándolos en cargos de ingreso al escalafón. Obviamente por una clara razón financiera y de buena administración deberá optar por limitar al máximo las posibilidades de ascenso puesto que de esa forma se desajustará la pirámide de la estructura funcional. Ahora bien, esta situación que aparenta ser nueva, y que los impugnantes tachan de inconstitucional, en realidad viene de la legislación anterior. El propio artículo 131 ya autorizaba la presente excepción, salvo que la limitaba a un grado y esta lo lleva a dos grados, condicionando a que se trate de cargos de los cuales eran titulares con anterioridad a las dos últimas promociones. Esto es una garantía importante, puesto que no estamos hablando de que un Subdirector termine de portero por razones de urgencia.

Existen por otra parte en el ámbito del Derecho Laboral, algunos de ellos netamente aplicables al derecho público, algunos principios especiales de aplicación al caso concreto. Estos son por ejemplo el principio de la buena fe contractual que implican un deber de actuar con justicia, sin discriminación, para la Administración, y el deber de colaboración y lealtad con la institución por parte del trabajador. Habitualmente tanto los Tribunales de Trabajo, como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, han manejado jurisprudencialmente el concepto, entendiendo que la multifuncionalidad dentro de los límites de la causa justificada en razones de buena administración, urgencia o crisis de la empleadora, no causa lesión al trabajador o funcionario, por cuanto éste tiene un deber de colaboración permanente para el buen desarrollo de la tarea.

Resulta claro de la propia norma que el uso de la excepción se encuentra acotado por razones que deben estar plenamente justificadas. Si ello no es así, entonces el trabajador tendrá caminos legales, recursos, acción de amparo, planteos sindicales para demostrar la lesión y el abuso de la norma. No es en definitiva el jerarca quien resolverá la urgencia sino el Juez que corresponda en el caso de abuso, sin perjuicio de las potestades del jerarca superior para revocar los actos realizados con desviación de poder.

No entendemos que la norma habilite al uso indiscriminado sino solamente por vía de excepción del mecanismo de asignar tareas de grados inferiores a funcionarios de grado superior, si no existen casos justificados, y por tanto el uso como forma normal de trabajo traería para la Administración las acciones y condenas legales pertinentes. Pero la inexistencia de la norma, supone la posibilidad de que la Administración, aun con personal excedentario, no pueda atender, por falta de colaboración, en situaciones de urgencia, los servicios públicos que debe prestar y a los que se encuentra obligada, lesionando con ello el interés general. Esto es un principio general, aun cuando pueda argumentarse que el Casino no es un servicio público.

Normas similares además se encuentran habitualmente en distintos estatutos de la Administración Pública del Estado y en los Entes Autónomos (ANTEL, BPS, ANCAP, etc.).

Finalmente tampoco se viola el derecho a la igualdad puesto que nada impide legislar para grupos. Lo que no se puede es legislar en forma discriminatoria para personas dentro de un grupo. Esto sin perjuicio que toda norma que crea obligaciones, restringe derechos o crea privilegios, debe tener un marco de racionalidad que impone el ser dictada en función del interés general. En el caso el interés general existe, sin lugar a dudas. Por otra parte, no es cierto que se violente el principio de igualdad cuando se legisla para un grupo de funcionarios asignados a determinada tarea, de lo contrario debería admitirse que los horarios o licencias especiales, así como la jubilación bonificada expuesta antes son inconstitucionales puesto que crean beneficios discriminatorios que no tienen otros funcionarios municipales. Todas las normas tuvieron sus fundamentos en la función, cuyas especialidades, por ejemplo el mayor desgaste de salud, genera beneficios. Ello mismo habilita que también existan normas que crean obligaciones especiales en razón de las urgencias específicas de la función.

A todo esto cabe agregar que, respecto a las posibilidades de que se considere violatorio de los artículos 60 y 61 de la Constitución, en primer lugar, se trata de funcionarios de la Administración Central sin perjuicio de que por reenvío se aplican por el artículo 62. Pero ello no significa que los derechos ahí establecidos, en particular la permanencia en el cargo, se violente por establecer que transitoriamente y en razón de urgencia se puede exigir al funcionario que desempeñe tareas inferiores, dentro de su profesión. Mas bien, esto se encuentra contemplado en el deber de colaboración que tanto la doctrina laboralista (Plá y Barbagelata), como el propio Sayagués Laso establecían, como parte de los deberes genéricos de los funcionarios. Por supuesto, esto no habilita al "abuso" legal de la Administración, lo que sería la patología y como tal puede ser impugnado con los mecanismos usuales previstos en el 317 de la Constitución (recursos), acción de amparo (Ley Nº 16.017) o TCA, Ley Nº 15.869. Si lo transitorio se usa como definitivo, no es la norma la que viola, sino el administrador, por tanto no hay inconstitucionalidad en la norma, sino que pudiera haber, en la hipótesis concreta abuso o desviación de poder.

Y finalmente la mención al artículo 8º es totalmente absurda puesto que interpretada como lo realizan los gestionantes implicaría por ejemplo que todos deberían ganar lo mismo, tener el mismo horario, manejarse con el mismo escalafón. Por ejemplo, podrían considerar los gestionantes que los proventos y comisiones que se perciben en casino deberían distribuirse en todos los funcionarios municipales?.

Respecto a la impugnación del artículo 124

Esta impugnación también carece de fundamento real y legal. Para comenzar cabe acotar en referencia al artículo 7º del Código Civil, que en principio el Código es una ley, y los Decretos de la Junta Departamental tienen (como dice la Constitución Nacional artículo 260) fuerza de ley en su jurisdicción, por tanto pueden establecer cuando su jurisdicción lo permite una norma retroactiva. Pero en sí la norma no es en absoluto retroactiva sino que modifica determinados presupuestos de hecho.

Con el criterio expuesto serían claramente inconstitucionales todas las normas jubilatorias dictadas en los últimos 30 años.

Ahora bien, vayamos al tenor de lo expuesto por los impugnantes. Supuestamente altera la duración de la carrera funcional. La premisa olvida que la duración de la carrera funcional está siempre sujeta a modificación. Conforme enseña Sayagués, la creación y supresión de empleos sólo se encuentra condicionada a las normas presupuestales, y a determinadas mayorías cuando la ley las requiere. Inclusive la inamovilidad de los funcionarios públicos no es un mandato constitucional imperativo, sólo exige la existencia de determinadas mayorías. Pero como ejemplo más claro, nos preguntamos, ¿cuál es la duración de la carrera funcional? 70 años por ejemplo. Esta duración, fue establecida por ley, pero de acuerdo al criterio impuesto por los impugnantes debería considerarse inconstitucional. Otra situación especialmente prevista es la de los docentes a cuyo respecto la ley establece (Estatuto del Funcionario Docente) que los docentes con 25 años de actividad "Cesarán de pleno derecho" y le otorga a la Administración la potestad de prorrogar si lo cree conveniente. Por ello los docentes tienen jubilación bonificada.

Por otra parte, el artículo 62 de la Constitución establece claramente la potestad de los Gobiernos Departamentales, para sancionar su Estatuto, por lo que, sin apartarse de criterios generales puede hacerlo perfectamente.

Ahora bien, ¿qué prevé el artículo 124? La obligación de jubilarse o el retiro de la Administración. A nuestro juicio no cabe duda, de que prevé lo segundo, en primer lugar porque habla de retiro, pero además, jubilarse es un hecho claramente voluntario que no puede imponerse en modo alguno a ningún trabajador. El retiro, bajo determinadas condiciones sí, puede imponerse.

Por supuesto el trabajador queda en libertad absoluta de jubilarse, o trabajar en otra actividad, inclusive en otro cargo público. Ahora veamos un supuesto de hecho. Un trabajador ingresado en el año 1990 decide en el año 2004 trasladarse al escalafón administrativo. Obviamente esta norma dejará de aplicarse a su respecto, puesto que pierde la causal de bonificación, pero continuará sin problema como empleado público. Claro que dejará de percibir los beneficios del Casino. Es cierto, pero eso nos lleva al punto fundamental de la cuestión: ¿Qué fundamento tiene la jubilación anticipada de los funcionarios de Casino?

Tiene un claro fundamento de salud, puesto que de lo contrario debería considerarse un irritante privilegio discriminatorio. O sea, el fundamento legal, es que un trabajador sometido a tal estrés no puede mantenerse sin grave riesgo para su salud, más de x tiempo en la función. Por tanto, la norma obedece, no a un criterio de favoritismo del trabajador, sino a un criterio protector del trabajador, que es de orden público, y que se antepone inclusive al propio interés económico del trabajador. De lo contrario tendríamos que quitarle valor a todas las normas de salud previstas en la Ley Nº 16.713 que establecen que cuando el tribunal médico del BPS, considera la existencia de una incapacidad total o parcial el trabajador debe jubilarse según el caso. Por supuesto, que si no quiere, no hará el trámite pero la empresa debe cesarlo.

Bien, acá, más allá de toda elucubración finalista sobre el objetivo de la Administración, existe un criterio objetivo de interés público que implica que, si un funcionario tiene una bonificación que permite la jubilación anticipada por razones de salud, no es conveniente ni justo, ni razonable para la salud de éste que siga trabajando después de ese período en la misma función. Por tanto, la Administración tiene el derecho de exigirle su retiro, una vez cumplida la causal, así como la ley exige que quien cumple setenta años se retire (se jubila si lo desea aunque sea absurda otra opción), cesa de pleno derecho. La ley pudo decir 60 u 85 depende de las circunstancias. Podría alegarse que la ley recorta la carrera, puesto que en la actualidad hay gente de 70 años que tiene pleno uso de sus facultades físicas y mentales. Pero la ley no admite argumento, cesa de pleno derecho. Lo mismo pasa con los docentes aunque tengan 45 años. O con un trabajador que se incapacita parcialmente.

Respecto a la eventual violación del artículo 7º de la Constitución, más allá de que existen autores trascendentes (como Jiménez de Aréchaga) hoy nadie pone en duda que los Gobiernos Departamentales, pueden limitar derechos por razones de interés general, ello por tres razones: a) porque la Ley Nº 9.515 los habilita, b) porque el artículo 260 de la Constitución establece que se puede interponer recurso de inconstitucionalidad contra los decretos de los Gobiernos  Departamentales que tengan fuerza de ley en su jurisdicción, c) porque el artículo 62 le da la potestad a los Gobiernos Departamentales de reglamentar el trabajo de sus funcionarios e inclusive de declararlos amovibles. Conforme a esto se han expresado Cassinelli Muñoz, Daniel H. Martins y Martín Risso Ferrand, entre otros.

Por todo esto, resulta imposible alegar en estas normas ilegalidad o inconstitucionalidad alguna, sin caer en un grosero desconocimiento de principios generales, y normas preexistentes pacíficamente admitidas, más allá de las cuestiones de mérito, que no pueden ser objeto de recurso de acuerdo al artículo 303 de la Constitución Nacional que sólo habilita a interponer el recurso en caso de decretos "contrarios a la Constitución y a las leyes".

Sala de la Comisión, 1º de octubre de 2001.

JOSE BAYARDI, Miembro Informante, BRUM CANET.

PROYECTO DE RESOLUCION

1º.- Deséchase el recurso de apelación presentado por doce Ediles de la Junta Departamental de Montevideo, contra los artículos 97 y 124 del Decreto Nº 29.434 de la referida Junta.

2º.- Comuníquese a la Intendencia Municipal de Montevideo, a la Junta Departamental de Montevideo y a los recurrentes y oportunamente archívese estos antecedentes.

Sala de la Comisión, 1º de octubre de 2001.

JOSE BAYARDI, Miembro Informante, BRUM CANET.

Comisión Especial con el cometido de estudiar

los recursos previstos en el artículo 303

de la Constitución de la República

INFORME EN MINORIA

Señores Representantes:

Vuestra Comisión Especial con el cometido de estudiar los recursos previstos en el artículo 303 de la Constitución de la República, frente al recurso de apelación interpuesto por varios señores Ediles de la Junta Departamental de Montevideo, contra los artículos 97 y 124 del Decreto Nº 29.434, una vez analizado el mismo quien suscribe ha llegado a la siguiente conclusión:

1.- En referencia al artículo 97 de dicho decreto impugnado, el cual establece: "Artículo 97.- Modifícase el inciso segundo del Artículo D.131 del Digesto Municipal, el cual quedará redactado de la siguiente manera: Establécese que sin perjuicio de los grados que ocupen los funcionarios de los Casinos Municipales, deberán realizar transitoriamente ante situaciones de necesidad o urgencia, las tareas que específicamente le encomienden los jerarcas respectivos, las que podrán corresponder a grados inferiores, los que en ningún caso serán menores a los grados de los cargos de los cuales eran titulares con anterioridad a las dos últimas promociones".

La mencionada disposición modifica un artículo vigente del Digesto Municipal – Artículo D.131, permitiendo que esas tareas sean desempeñadas por funcionarios, bajando dos grados. No hay una modificación que cambie la legalidad de este artículo, sino que simplemente se agrega un grado más a lo establecido en la norma antes citada. Además se trata de una situación transitoria que atendería a casos muy puntuales, generados por la necesidad del servicio en los Casinos Municipales, destacando que es concordante con el artículo 59 de la Constitución de la República. Esta norma establece cual es la base fundamental del estatuto del funcionario, que dice que el mismo existe para la función y no la función para el funcionario. En consecuencia, estimo que no existe violación de la norma constitucional, como tampoco de la ley ordinaria por lo que entiendo que no corresponde hacer lugar a la mencionada impugnación.

2.- Con respecto al artículo 124 del mencionado Cuerpo normativo el cual dispone. "Artículo 124.- Establécese que los funcionarios presupuestados o contratados que cumplan tareas en régimen de jubilación bonificada, que hayan ingresado a la Administración a partir del 1º de enero de 1990 o que ingresen a partir del presente decreto deberán retirarse una vez que se constituya la respectiva causal jubilatoria". A mi juicio la norma impone el cese en forma coactiva a una determinada categoría de funcionarios, sin que se haya cumplido con las causales y procedimientos requeridos para destituirlos, implica violar normas y garantías del orden constitucional, lo cual daría lugar a recursos en vía administrativa y estrictamente ante el Tribunal de los Contencioso Administrativo, en los términos establecidos en el artículo 317 y siguientes de la Constitución de la República.

En definitiva es imponer la jubilación al funcionario, que es un derecho voluntario por quien es su titular, pudiendo diferirlo a pesar de haber configurado causal con edad y servicios y sin mediar una destitución legítima mediante los procedimientos adecuados.

Por otra parte entiendo que hay una especie de delegación de la Junta Departamental en aras del cese de esos funcionarios que deberán retirarse una vez que se constituya la respectiva causal jubilatoria. Se deberá coincidir que para que finalice el vínculo funcional debe haber determinadas causales establecidas en la Constitución, el Intendente es el que debe proponer la destitución a la Junta Departamental y ésta es la que debe autorizarlo. En la hipótesis descripta en la norma recurrida se estaría delegando una función específica del órgano legislativo comunal a favor del ejecutivo departamental. Este aspecto también es claramente inconstitucional.

Agrego por último que la posición que sustento es avalada "in totum" por el informe que oportunamente remitió al respecto la Asesoría Letrada del Banco de Previsión Social.

Por los motivos antes referidos se deberá hacer lugar al recurso de apelación interpuesto contra el artículo 124 del Decreto Nº 29.434, de 10 de mayo de 2001.

Sala de la Comisión, 1º de octubre de 2001.

RICARDO FALERO, Miembro Informante.

PROYECTO DE RESOLUCION

1º.- Hacer lugar al recurso interpuesto por Ediles de la Junta Departamental de Montevideo, contra el artículo 124 del Decreto Nº 29.434 de la referida Corporación.

2º.- Deséchase la apelación interpuesta al artículo 97 del Decreto Nº 29.434 de la Junta Departamental de Montevideo.

3º.- Comuníquese a la Intendencia Municipal de Montevideo, a la Junta Departamental de Montevideo y a los recurrentes.

Sala de la Comisión, 1º de octubre de 2001.

RICARDO FALERO, Miembro Informante".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante en mayoría, señor Diputado Berois Quinteros.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Señor Presidente: ante el recurso de apelación interpuesto por Ediles del departamento de Montevideo contra los artículos 97 y 124 del Decreto Nº 29.434 de la Junta Departamental de Montevideo, la mayoría de los legisladores de la Comisión Especial con el cometido de estudiar los recursos previstos en el artículo 303 de la Constitución de la República entendemos que se debe hacer lugar al mismo en mérito a las siguientes consideraciones.

En función del artículo 303 de la Constitución, consideramos que los fundamentos expuestos por los recurrentes dan mérito suficiente para entender sobre la inconstitucionalidad de las normas impugnadas.

Recibidas por la Comisión ambas partes y escuchados los fundamentos de una y otra, se entiende oportuno aclarar que pueden ser de recibo ciertas argumentaciones de los jerarcas municipales, pero en este ámbito debemos analizar exclusivamente la constitucionalidad o no de las normas aprobadas por la Junta Departamental de Montevideo, y en función de ello haremos nuestra fundamentación.

El artículo 97 modifica el segundo inciso del artículo D 131 del Digesto Municipal, el cual queda redactado de la siguiente manera: "Establécese que sin perjuicio de los grados que ocupan los funcionarios de los Casinos Municipales, deberán realizar transitoriamente, ante situaciones de necesidad o urgencia, las tareas que específicamente le encomienden los jerarcas respectivos, las que podrán corresponder a grados inferiores, las que en ningún caso serán menores a los grados de los cargos de los cuales eran titulares con anterioridad de las dos últimas promociones".

Por esta norma se habilita a los jerarcas a asignar a los funcionarios de los Casinos Municipales tareas diferentes a su cargo, las que podrán ser correspondientes a grados inferiores con un sólo límite: no podrán corresponder a grados inferiores a aquel del cual era titular el funcionario en la penúltima promoción.

Un correcto planteo del problema exige partir de un adecuado encuadre constitucional del tema y eso nos lleva al artículo 60 de la Constitución, que establece la carrera administrativa.

A partir de la Constitución de 1952 -esta disposición proviene de esa Carta-, determinados funcionarios poseen un derecho subjetivo respecto a la carrera administrativa, de naturaleza constitucional. Esto es admitido por la doctrina directa o indirectamente al referirse al derecho al ascenso, porque éste presupone el derecho a la carrera administrativa.

Giorgi decía que "el derecho a la carrera administrativa se manifiesta esencialmente en el derecho del funcionario público a ascender de grado jerárquico". También es bueno analizar otras apreciaciones de este autor, según el cual "Es exacto que los funcionarios públicos se hallan sometidos a un estatuto jurídico de derecho público; es también verdad que el órgano competente según el ordenamiento constitucional determina el contenido de ese estatuto unilateralmente conforme a las exigencias del interés público y que, por tal razón, la situación de aquéllos no adquiere rigidez y estabilidad en el tiempo. Es cierto que la naturaleza estatutaria de la relación funcional excluye la intangibilidad de los beneficios o ventajas que las reglas objetivas e impersonales reconocen a los funcionarios. Pero tales principios elementales de la función pública suponen un órgano competente para sancionar las reglas del estatuto, cuya vigencia e imperatividad se imponen hasta su derogación. Significa ello que si los preceptos jurídicos estatutarios son de naturaleza constitucional, sólo por vía de la reforma de la Constitución, por los órganos y procedimientos pertinentes podrán modificarse y que, mientras ello no ocurra, el legislador y el administrado deberá acatarlos".

Martins desarrolla algo más este concepto y lo hace con todo acierto: "En el sistema de la carrera administrativa el nombramiento es para el funcionario el punto inicial de una gradual ascensión en la escala jerárquica".

La carrera administrativa consiste en que la persona hace del servicio prestado a la Administración una profesión; tiene derecho a la estabilidad en el cargo, a ser ascendido a los cargos superiores de la jerarquía, a una remuneración adecuada, a un sueldo de pasividad para el caso de su retiro, así como a garantía y beneficios sociales.

"El orden jerárquico inmanente en toda organización administrativa" -dice Villegas Basavilbaso- "presupone una escala de grados en los oficios públicos, la cual determina el dinamismo de la relación de empleo y función públicos. El agente público gradualmente, 'con un sincrónico movimiento ascencional', muda sus atribuciones y por lo tanto su competencia y responsabilidad, obteniendo, en su consecuencia, un cambio en su tratamiento económico. Estos dos fenómenos: mutación de sus atribuciones y mejoramiento económicos, causa y efecto de la continuidad dinámica, constituyen la carrera del agente público". Es decir, el derecho a la carrera supone el derecho del funcionario a progresar en su trabajo por medio del ascenso y el derecho al cargo.

Estos conceptos doctrinales tienen su recepción en el artículo 61 de la Constitución.

Aunque no lo incluimos en el informe escrito, también analizamos apreciaciones de algunos autores que sostienen que esto puede lesionar el derecho al honor, que es el derecho humano especialmente protegido en el artículo 7º de la Constitución.

Dice Cea Egaña: "Insisto en que la dignidad de la persona humana se proyecta de inmediato en su intimidad y honra. Entonces, cualquier atentado contra la honra o la intimidad, dado ese carácter nuclear o interno, inseparable del yo o la personalidad, tiene una connotación constitucional grave y profunda, casi siempre irreversible y difícilmente reparable".

Por otra parte, no puede dejar de tenerse en cuenta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Así, el artículo XVI de la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre dice que "toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas". No parece digno que un trabajador se vea obligado a desempeñar tareas inferiores a su grado.

Asimismo, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, aprobado por nuestro país por la Ley Nº 16.519, de 22 de julio de 1994, en su artículo 6º reconoce el derecho al trabajo. Y el artículo 7º establece que ese derecho al trabajo, entre otras cosas, supone "El derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo".

Esto hace que nuestro país incurra en una violación de derechos humanos ante el Sistema Interamericano.

El derecho al cargo implica el derecho a ejercer sus funciones inherentes, y la jurisprudencia administrativa es abundante en tal sentido. Así, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en Sentencia Nº 533 de 28 de setiembre de 1988, expresó que "al establecerse la obligación de desempeñar el cargo para el que fue designado, se consagra implícitamente el derecho de todo titular de un determinado cargo, a ejercer las funciones propias del mismo". No es legítimo pues, imponer a un funcionario que ejerza tareas inferiores a las que correspondan a su cargo.

Es verdad que tanto el artículo 60 como el 61 refieren a los funcionarios presupuestados de la Administración Central, pero por la remisión a los artículos precedentes efectuada por el artículo 62 de la Constitución, los conceptos desarrollados resultan enteramente aplicables a los Gobiernos Departamentales.

De manera que el artículo 97 resulta violatorio del derecho a la carrera administrativa en cuanto dispone que el funcionario puede desempeñar funciones diferentes a las de su cargo, inclusive correspondientes a grados inferiores. Y resulta también violatorio porque, en vez de prever un progreso en el trabajo, que es lo que supone el concepto de carrera funcional, prevé una involución.

En Uruguay, la fuente jurídica esencial de la relación es la Constitución de la República. En ésta se sancionan de manera correcta e imperativa principios, derechos y garantías propios de la materia. Ni el legislador ni el administrador tienen potestad alguna para restringirlas o alterarlas.

Vemos así que por este artículo se propone degradar a los funcionarios de Casinos, asignándoles funciones inferiores a su cargo. Además, esas asignaciones no tienen una limitación temporal, por la vaguedad del término "transitorio".

Ahora vamos a analizar el artículo 124, que dispone lo siguiente: "Establécese que los funcionarios presupuestados o contratados que cumplan tareas en régimen de jubilación bonificada, que hayan ingresado en la Administración a partir del 1º de enero de 1990 o que ingresen a partir de la promulgación del presente decreto, deberán retirarse una vez se constituya la respectiva causal jubilatoria".

Es bueno dejar constancia de que este artículo fue mejorado, expresando que sólo afecta a los ingresados después del 1º de enero de 1990. En principio involucraba a quienes ya tenían causal al día de hoy, por lo que en cierta forma fueron atenuadas las consecuencias que tenía en una primera instancia. Esto se debió a las instancias legislativas vividas en la Junta Departamental.

A los funcionarios de Casinos, por cada cuatro años de trabajo se les computan cinco a los efectos del cálculo jubilatorio; por lo tanto, si se hubiera aplicado tal cual estaba prevista originalmente la disposición, los funcionarios con un poco más de cincuenta años de edad ya habrían tenido que jubilarse. La expresión "deberán retirarse" supone que, cumplida la causal, será obligatorio el retiro, con lo cual entendemos que se están violando preceptos constitucionales.

Se están violando derechos adquiridos por los funcionarios al modificarse normas en perjuicio del funcionario, de modo que los rigen algunas que no estaban vigentes en el momento del ingreso a la Administración. Esto viola un principio general del derecho conocido por todos.

Es de recibo, además, el informe muy claro que redacta la asesoría legal del Banco de Previsión Social ante una consulta que se le efectuara por parte de algunos Ediles sobre el artículo proyectado, que después fue sancionado con algunas modificaciones.

También, en términos generales, son de recibo las observaciones planteadas, ya que si bien se disminuye el ámbito de aplicación -por lo que yo decía recién en cuanto a cómo se había presentado el proyecto y cómo fue aprobado-, se mantiene la obligatoriedad del retiro para los funcionarios.

Se expresa en el informe de la Asesoría Letrada: "A) La jubilación por propia definición, depende de un acto voluntario del titular y/o beneficiario, salvo los casos en que la misma sobrevenga por incapacidad física o psíquica, verificadas debidamente, las que se tornan obligatorias para los funcionarios públicos debiendo gestionar su jubilación".

La destitución de un funcionario departamental requiere la configuración de ciertas causales y el cumplimiento de determinados procedimientos.

En otra parte del referido informe de la Asesoría Letrada del Banco se dice: "[...] imponer la jubilación en forma coactiva a una determinada categoría de funcionarios, sin que se haya cumplido con las causales y procedimientos requeridos para destituidos, implica violar normas y garantías del orden constitucional, y puede dar lugar a recursos en vía administrativa mediante las de reposición y apelación en términos que establezca el art. 317 inciso final de la Constitución.- Asimismo y en caso de denegatoria los funcionarios podrían recurrir ante la Jurisdicción del Contencioso Administrativo (T.C.A.) interponiendo recurso de nulidad, dentro de los plazos legales por ser la norma violatoria de una regla de derecho o adoptada con desviación de poder", con todo lo que esto significa para la Administración, tal como todos sabemos.

Se manifiesta, además, lo siguiente: "En la especie, como se advierte, no se trata del ejercicio (en principio legítimo) de suprimir ciertos cargos por Decreto del Gobierno departamental (por iniciativa del Intendente) y por aprobación de la Junta, basado en razones tales de reorganización de los servicios, racionalización de tareas, ahorro de gastos, etc., sino establecer el retiro obligatorio para una categoría específica de funcionarios, esto es, imponer la jubilación que es un derecho voluntario por quien es titular, pudiendo diferirlo a pesar de haber configurado causal con edad y servicios.[...] La determinación de quien configura o no causal jubilatoria es el BPS, que tiene como cometido específico determinar si el beneficiario cumple con los requisitos legales (art. 193 de la Constitución, Ley Orgánica del Banco de Previsión Social Nº 15.800 de 17/01/86 y Ley 16.713 de 3/9/95), así como los regímenes que se aplican de acuerdo a la fecha de cese de los titulares".

Por lo expuesto -y esto consta al final del informe de la Gerencia del Banco-, el artículo que estamos analizando es inconstitucional, siendo la materia de que trata de estricto cometido del Banco de Previsión Social.

Si bien la aplicación de esta norma no será para los funcionarios que hoy tienen causal -que era lo que en principio se había pretendido imponer por parte de los jerarcas de la Administración-, sino que se plantea hacia el futuro, se deben prever sus consecuencias.

Luego del análisis por separado de cada uno de estos artículos, corresponde hacer una apreciación general. Vemos así que por el artículo 97 se propone degradar a los funcionarios de Casinos, asignándoles funciones inferiores a su cargo, y por el artículo 124 se les obliga al retiro cuando todavía muchos de ellos están en edad de producir, pero difícil para encontrar nuevos empleos, siendo éste un derecho voluntario, directo, personal y legítimo del funcionario. Hay que ver que estos funcionarios tendrían que retirarse con poco más de cincuenta años, en plena edad de producir.

Por todo lo expuesto, consideramos que es de recibo hacer lugar al recurso interpuesto contra los artículos 97 y 124 del Decreto Nº 29.434 de la Junta Departamental de Montevideo.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Ya tenía anotado al señor Diputado Bayardi para darle la palabra como miembro informante en minoría, pero, si me permite, la Mesa sugiere poner antes a consideración una moción de urgencia relacionada con la Comisión de Defensa Nacional.

Esta moción requiere la presencia de sesenta y seis señores Representantes, así que antes de darle lectura, solicito el ingreso a Sala de los legisladores que se encuentren en el ambulatorio.

16.- Urgencias.

Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por los señores Diputados Orrico, Ortiz, Vener Carboni, García Pintos y Pablo Mieres.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto por el que se amplía la participación de efectivos del Ejército en la operación de mantenimiento de la paz de ONU en la República Democrática del Congo".

——Se necesitan sesenta y seis legisladores presentes y hay cincuenta y ocho, por lo cual vamos a llamar durante dos minutos a Sala para poder proceder a tomar la votación.

SEÑOR VENER CARBONI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR VENER CARBONI.- Para ir ganando tiempo, quiero informar que la Comisión de Defensa Nacional ha encargado al señor Diputado Bayardi el informe de otras salidas de tropas para el Congo. En esa oportunidad, la Comisión también hará el informe referido a este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Hay sesenta y cuatro legisladores en Sala. Faltan dos más para poder tomar la votación.

(Entran a Sala varios señores Representantes)

——Habiéndose alcanzado el quórum requerido, se va a votar la moción de urgencia.

(Se vota)

——Setenta y uno por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

17.- Participación de efectivos del Ejército Nacional en la Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. (Ampliación).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a "Participación de efectivos del Ejército Nacional en la Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. (Ampliación)".

Léase el proyecto aprobado por el Senado.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Amplíase la participación de efectivos del Ejército Nacional en la Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, desplegada a partir del 8 de marzo de 2001, cuya salida del país fuera autorizada por la Ley Nº 17.299, de fecha 16 de marzo de 2001, en: un Comando Unificado de Compañías, Compañía de Fusileros "B", Avanzada de Compañía de Apoyo al Combate, Avanzada de Compañía de Administración y Logística y Unidad Médica Nivel I Sub-Unidades compuestas por 13 efectivos de Personal Superior y 152 efectivos de Personal Subalterno, a partir del 13 de octubre de 2001; en carácter de Operadores para funcionamiento de Unidades Potabilizadoras de Agua: 20 efectivos de Personal Subalterno, a partir del 13 de octubre de 2001; y una Compañía de Ingenieros y Unidad Médica Nivel I compuesta por 9 efectivos de Personal Superior y 166 efectivos de Personal Subalterno, a partir del 25 de octubre de 2001 y por un período de hasta nueve meses, previéndose su relevo antes de las mencionadas fechas".

——En discusión general.

También ahora se necesitan sesenta y seis votos conformes para aprobar el proyecto, por lo que solicitamos a los señores Diputados que no se retiren de Sala.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: acerca de sus últimas palabras, en realidad, hemos votado...

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene razón, señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- Tal vez el señor Presidente estaba haciendo economía procesal para evitar que algún colega que tuviera que atender alguna actividad urgente saliera de Sala.

Como decía el señor Diputado Vener Carboni, por problemas estrictamente administrativos -así nos fue comunicado-, este proyecto no llegó en tiempo ni en forma para procesarlo de manera más detenida. Queremos expresar que estamos preparando un informe de actualización al Cuerpo, relacionado con la autorización para la ampliación del número de efectivos de nuestra Armada Nacional que se trasladen al Congo. En ese informe queremos actualizar cuál es la situación de la misión en el Congo, de la misma manera que hicimos una presentación cuando en marzo autorizamos nuestra participación en la MONUC (Misión de Naciones Unidas para el Congo).

Digo esto porque hoy no queremos dilatar este trámite, respondiendo así a lo que nos pidió el Ministerio de Defensa Nacional, particularmente el Ejército, que refiere que sus efectivos deberían salir el día 13.

La Comisión ha entendido necesario que en la próxima autorización que se relacione con efectivos de la Armada podamos ampliar con mucho más detalle la información acerca del estado de situación de la misión en el Congo porque, como dijimos en aquella oportunidad, no se trata simplemente de votar la salida de los efectivos, sino también de que la Cámara tenga el mayor grado de conocimiento de la situación política allí existente. De esta manera los señores legisladores podrán tener presente, en primer lugar, que la misión se votó por un período de nueve meses y por una cantidad determinada de contingentes, pero, de mantenerse la situación política de pacificación en la República Democrática del Congo, puede llegar a implicar cinco años de permanencia. En segundo término, puede llegar a movilizarse alrededor de mil doscientos efectivos de nuestras Fuerzas Armadas, entre Ejército, Marina y Fuerza Aérea.

Creo que la Cámara -no en esta oportunidad, pero sí en la revisión que hagamos del otro proyecto- debe profundizar, diría con mayor periodicidad, cuál es el estado de situación de la misión.

Es cuanto queríamos manifestar, ampliando lo que había expresado el señor Diputado Vener Carboni.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Si no se hace uso de la palabra, se va votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Setenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará el Poder Ejecutivo.

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar.

(Se vota)

——Setenta y cuatro en setenta y seis: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto sancionado:)

"Artículo Unico.- Amplíase la participación de efectivos del Ejército Nacional en la Operación de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, desplegada a partir del 8 de marzo de 2001, cuya salida del país fuera autorizada por la Ley Nº 17.299, de fecha 16 de marzo de 2001, en: un Comando Unificado de Compañías, Compañía de Fusileros "B", Avanzada de Compañía de Apoyo al Combate, Avanzada de Compañía de Administración y Logística y Unidad Médica Nivel I Sub-Unidades compuestas por 13 efectivos de Personal Superior y 152 efectivos de Personal Subalterno, a partir del 13 de octubre de 2001; en carácter de Operadores para funcionamiento de Unidades Potabilizadoras de Agua: 20 efectivos de Personal Subalterno, a partir del 13 de octubre de 2001; y una Compañía de Ingenieros y Unidad Médica Nivel I compuesta por 9 efectivos de Personal Superior y 166 efectivos de Personal Subalterno, a partir del 25 de octubre de 2001 y por un período de hasta nueve meses, previéndose su relevo antes de las mencionadas fechas".

18.- Desempeño de funciones y retiro obligatorio de determinados funcionarios municipales. (Recurso de apelación contra los artículos 97 y 124 del Decreto Nº 29.434 de la Junta Departamental de Montevideo).

——Continúa la consideración del asunto que figura en primer término del orden del día.

Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor Diputado Bayardi.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: al comenzar a tratarse un recurso contra un Gobierno Municipal, en este caso el de Montevideo, no resisto la tentación de plantear mis objeciones al artículo 303 de la Constitución. Como resulta complicado hacer un análisis de los recursos, trataré de abordar este tema coloquialmente, esperando que ningún legislador se ofenda por ello.

En realidad, la discusión de los recursos contra los Gobiernos Municipales se está transformando en algo así como un acto que determina que la alegría vaya por barrios, ya que se construyen mayorías en un sentido o en otro. Pero el hecho de que la alegría vaya por barrios puede terminar violentando las autonomías departamentales. Digo esto porque esta posición de rechazo del artículo 303 de la Constitución espero mantenerla mientras esté acá, aunque tal vez mañana pueda sentir la tentación de transformarme en defensor de este artículo. ¡Todo el mundo tiene derecho a cambiar! ¿Quién puede decir que en el futuro no me convierta en su defensor acérrimo?

Voy a razonar en el plano hipotético, sin pretender provocar políticamente a nadie, para que ningún señor Diputado se sienta violentado. ¿Quién puede saber si algún día, a través del artículo 303, tengo la posibilidad de ser parte de la mayoría absoluta de votos de esta Cámara -este planteamiento es estrictamente hipotético, aunque no quiere decir que carezca de la voluntad de que ello sea así- y con esos cincuenta votos haga divertidas las sesiones en que se analice este artículo?

Alguien me dirá qué tiene que ver esto con el recurso interpuesto. No puedo obviar hacer estas consideraciones, porque a veces debemos hacer la necesaria reflexión política para saber que un ámbito político como éste de ninguna manera debe, a mi entender, transformarse en un ámbito jurisdiccional de control de la legalidad, de la constitucionalidad y de las eventuales violaciones legales.

Digo esto porque cada vez que hablamos del artículo 303 me siento obligado a plantearlo. No quiere decir que esté proponiendo una reforma constitucional, porque estaríamos abriendo una caja de Pandora. Sin embargo, creo que algún día deberíamos reflexionar acerca de este artículo con un poco más de profundidad. Seguramente, en un futuro no muy lejano me va a tocar estar entre los que sostengan una actitud con respecto al artículo 303 que no necesariamente nos lleve por el camino que hoy estoy criticando.

De todos modos, la alegría va por barrios, señor Presidente.

(Interrupciones.- Campana de orden)

——Vayamos ahora a hacer nuestra exposición coloquial en lo que tiene que ver con las normas impugnadas.

De más está decir que la admisión del recurso corresponde, ya que fue interpuesto por doce señores Ediles titulares de la Junta Departamental de Montevideo, cuando se exige un número de once. Quiere decir que, desde el punto de vista de los impugnantes, la admisibilidad formal está configurada y el recurso fue interpuesto en los plazos que el artículo 303 de la Constitución exige. Por lo tanto, no me voy a detener en el cumplimiento de los aspectos formales o en la admisibilidad.

Voy a tratar de ser breve y me voy a referir a los dos artículos impugnados: el 97 y el 124.

A nuestro criterio, la norma es clara en cuanto a que la previsión impugnada del artículo 131 del Digesto Municipal hoy vigente -porque se trata de una modificación de este artículo- es de carácter excepcional y sólo se aplicaría ante situaciones de necesidad o de urgencia.

El artículo 97, que modifica el artículo 131, dice: "Establécese que sin perjuicio de los grados que ocupan los funcionarios de los Casinos Municipales, deberán realizar transitoriamente ante situaciones de necesidad o urgencia, las tareas que específicamente le encomienden los jerarcas respectivos, las que podrán corresponder a grados inferiores, los que en ningún caso serán menores a los grados de los cargos de los cuales eran titulares con anterioridad a las dos últimas promociones".

Es claro que se está planteando una situación de carácter excepcional, sólo aplicable a situaciones de necesidad o de urgencia. No se trata de una situación común o habitual de un jefe que ordena a un subordinado, por motivos ajenos a su función, discriminatorios o similares, realizar tareas degradantes o humillantes, correspondientes a un cargo inferior. Tampoco refiere a un abuso permanente de la Administración de emplear funcionarios de mayor grado en tareas de grados inferiores. Pero debe tomarse en cuenta, además, que el supuesto perjuicio que alegan los funcionarios afectados es, en realidad, un bumerán.

Si la Administración no puede recurrir a ocupar los cargos inferiores con empleados de mayor cargo en caso de necesidad -a los que no se les toca la retribución salarial ni el grado-, la única opción que le queda es no efectuar ascensos de ningún tipo, contratar una gran cantidad de personal eventual o, en las instancias futuras, eliminar al vacar los cargos de jerarquía, transformándolos en cargos de ingreso al escalafón. Obviamente, por una clara razón financiera y de buena administración, deberá optar por limitar al máximo las posibilidades de ascenso, lo que desajustará la pirámide de la estructura funcional.

Ahora bien: esta situación, que aparenta ser nueva y que los impugnantes tachan de inconstitucional, en realidad viene de la legislación anterior. El propio artículo 131 ya autorizaba la presente excepción, salvo que la limitaba a un grado y ésta la lleva a dos, condicionando a que se trate de cargos de los cuales eran titulares con anterioridad a las dos últimas promociones. Esto es una garantía importante, puesto que no estamos hablando de que un Subdirector termine haciendo tareas de portería.

Hago una pausa para formular una reflexión que ya trasmití fuera de Sala a uno de los Ediles impugnantes, que conoce la dinámica de Casinos. En un momento determinado, la Administración decidió llevar adelante las promociones, y así lo hizo. Entonces, hoy, de un poco más de doscientos ochenta funcionarios -lo voy a decir con palabras que utilizaron los funcionarios en una comparecencia en la Junta Departamental de Montevideo-, tiene ciento noventa caciques y algo más de setenta indios. En ese momento le planteé a ese señor Edil que yo me tengo que pronunciar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad, legalidad o ilegalidad del acto impugnado. Este señor Edil conoce la Dirección de Casinos porque fue funcionario. Yo le dije: "Yo me voy a pronunciar por la legalidad o la ilegalidad".

Haciendo una abstracción, en realidad a la Administración le va a quedar un camino: si esto no es posible, porque todas las promociones fueron realizadas, lo que va a tener que hacer es eliminar todos los cargos que vayan vacando en las jerarquías superiores y transformar -reitero que el término fue usado por los propios funcionarios en su comparecencia en la Junta Departamental- cargos de caciques en cargos de indios. Diría que no le gustó la idea a este señor Edil. Debo decir que si yo hubiera sido Intendente y la responsabilidad hubiera sido mía como tal, hace rato que hubiera eliminado los cargos de caciques. El problema es que, ante los ascensos que estaban trancados, se dio una situación de ascenso generalizada, lo que originó esta problemática funcional. Por esta razón hoy nos enfrentamos a esto, y como no me puedo pronunciar sobre la conveniencia o inconveniencia política, en realidad estoy tratando de ver cuáles son los alcances de la supuesta inconstitucionalidad o ilegalidad.

Además, en el ámbito del derecho laboral existen algunos principios especiales -algunos de ellos netamente aplicables al derecho público- de aplicación al caso concreto; por ejemplo, el principio de la buena fe contractual, que implica un deber de actuar con justicia, sin discriminación, por parte de la Administración, y el deber de colaboración y lealtad con la institución por parte del trabajador. Habitualmente, tanto los tribunales de trabajo como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo han manejado jurisprudencialmente el concepto, entendiendo que la multifuncionalidad, dentro de los límites de la causa justificada en razones de buena administración, urgencia o crisis de la empleadora, no causa lesión al trabajador o funcionario, por cuanto éste tiene un deber de colaboración permanente para el buen desarrollo de la tarea.

A nuestro criterio, resulta claro de la propia norma que el uso de la excepción se encuentra acotado por razones que deben estar plenamente justificadas. Si ello no es así, entonces el trabajador tendrá caminos legales, recursos, acción de amparo y eventualmente planteos sindicales, para demostrar la lesión y el abuso de la norma. No es en definitiva el jerarca quien resolverá la urgencia, sino el Juez que corresponda, en el caso de abuso, sin perjuicio de las potestades del jerarca superior para revocar los actos realizados con desviación de poder.

No entendemos que la norma que se está impugnando habilite el uso indiscriminado, sino solamente por la vía de excepción, del mecanismo de asignar tareas de grados inferiores a funcionarios de grado superior si no existen casos justificados y, por tanto, el uso de ese mecanismo como forma normal de trabajo traería para la Administración las acciones y condenas legales pertinentes. Pero la inexistencia de la norma supone la posibilidad de que la Administración, aun con personal excedentario, no pueda atender, en situaciones de urgencia, por falta de colaboración, los servicios públicos que debe prestar y a los que se encuentra obligada, lesionando con ello el interés general. Esto es un principio general, aun cuando pueda argumentarse que el Casino no es un servicio público. No lo estamos planteando en esos términos.

Normas similares a ésta se encuentran habitualmente en distintos estatutos de la Administración Pública del Estado y en los Entes Autónomos, como ANTEL, Banco de Previsión Social o ANCAP. Seguramente, algunos compañeros de mi bancada podrán ilustrar al respecto en función de lo que ha sido su experiencia laboral en cada uno de los ámbitos de la Administración de que se trate.

SEÑOR DA SILVA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BAYARDI.- No pensaba concederlas, pero como todavía dispongo de tiempo podemos utilizarlo en forma coloquial.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DA SILVA.- Señor Presidente: con el mismo ánimo de hacer coloquial esta sesión, me voy a permitir hacer una referencia a algo que esta Cámara estuvo tratando en situaciones similares y a las opiniones políticas que los diferentes Partidos han expresado en esos momentos. Voy a poner un solo ejemplo, aunque tengo más. Estamos hablando de la asignación de funciones diferentes a funcionarios de un mismo organismo. En este caso, a quien tiene un grado mayor se lo asigna a tareas de dos grados inferiores. En el Presupuesto Nacional, que debatimos durante casi cuarenta y ocho horas, se trató un artículo muy particular -creo que casi absurdo o ridículo-, presentado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Se trata del artículo 520, que establecía que los cargos de chofer de dicho organismo, además de las funciones atinentes a su cargo presupuestal, desempeñarían las que el Tribunal les asignara. En resumen, lo que decían los Ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo era que habían tenido un problema con uno o dos choferes, que no les llevaron un expediente a un organismo, y que se amparaban en la norma legal para introducir este artículo que, reitero, creo que es absurdo.

Si siguiéramos los consejos que el señor Diputado Bayardi nos estaba dando, el resultado tendría que haber sido una votación unánime. Sin embargo, no fue así. El Partido que representa el señor Diputado aprobó todo el articulado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo menos éste. Al respecto, voy a leer la versión taquigráfica de las palabras de la muy estudiosa señora Diputada Charlone, quien fundamentó en contra de este artículo. En esa ocasión expresó: "Señor Presidente: quiero dejar constancia de que hemos acompañado el Mensaje del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en su totalidad a excepción, precisamente, de este artículo. En él se establece que, además de las funciones atinentes a su cargo presupuestal, los choferes de ese organismo desempeñarán las que el Tribunal les asigne.- Más allá de lo anecdótico del planteo que hicieron los Ministros del Tribunal sobre este tema -que puede ser compartible o no-, discrepamos con que esta norma tenga carácter general o sirva de precedente. No nos parece bien que a determinados cargos a los que competen ciertas funciones se les pueda atribuir sin límites ni especificaciones otras que no están identificadas ni definidas.- En este caso se trata del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero, siguiendo este criterio, a un chofer se le podría mandar que lave un piso o limpie un baño y, aunque son tareas muy dignas, no hacen a la esencia ni a la definición del cargo. No nos ha parecido bien dejar esto sentado en un artículo para un organismo en especial, cuya casuística puede ser muy atendible, pero nos parece un mal principio administrativo".

Ergo, a mí, que puedo tener una posición en el sentido de que este recurso contra el artículo 97 es atendible, me gusta marcar las contradicciones de una fuerza política que tiene una opinión estando en el gobierno y otra estando en la oposición. En este caso, tratamos de ilustrarlo por el absurdo, porque todos podemos llegar a coincidir en que el artículo 520 no tiene mayor importancia, pero es bueno para ir marcando -y va a ser parte de lo que voy a exponer cuando me toque hacer uso de la palabra, ocasión en la que con gusto daré interrupciones al señor Diputado Bayardi- cuáles son las contradicciones cuando se es gobierno en lo municipal y oposición en lo nacional, a diferencia del Partido que uno representa que, gracias a Dios, sigue teniendo un criterio constructivo y coherente en la manera de hacer los planteamientos ante la opinión pública.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el miembro informante en minoría, señor Diputado Bayardi.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: voy a referirme a lo que ha dicho el señor Diputado Da Silva, y lo nombro para que al final pueda responder a esta alusión.

El problema es que la respuesta que me da el señor Diputado indica que no entiende el artículo 303. No entiende las potestades de lo que estamos discutiendo respecto a este artículo, y voy a explicar por qué. Mi fuerza política -coherente o incoherente, como sea; le convendrá o no-, por hacer el caldo gordo al chofer del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, votará en contra de la norma como opción política preferencial. Me gustó la cara del chofer del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que me pide que no lo vote, y yo -con responsabilidad o irresponsabilidad, con coherencia o incoherencia- digo: no doy lugar a la solicitud del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Y? Políticamente puedo hacerlo. Lo que ocurre es que respecto al artículo 303 no nos pronunciamos por conveniencia o inconveniencia, sino por constitucionalidad o legalidad. Aquí, que yo sepa, un artículo que salió y que no votamos no ha sido declarado inconstitucional. Entonces, me pongo el sayo de la incoherencia -permítame que me lo ponga, y cuando hable de otras cosas va a haber sayos y sayos de incoherencia-, pero entendamos el artículo 303. No se trata de un problema de coherencia o de incoherencia política, sino de constitucionalidad o legalidad. Si no es ilegal el artículo 520 del Presupuesto Nacional, no veo por qué se tiene que fundamentar la ilegalidad del artículo 97 del Presupuesto Municipal, salvo que se entienda que la utilización que se hace del artículo 303 es de conveniencia política -vuelvo a repetir: la alegría va por barrios- y terminamos cayendo en esta situación.

El señor Diputado Da Silva dice que es incoherente lo que hicimos, en comparación con lo actuado por el Gobierno Municipal de Montevideo. ¿Quieren que me ponga el sayo? Me lo pongo; no se hagan ningún problema. Ocurre que estamos discutiendo, desde la esfera jurisdiccional, la constitucionalidad o legalidad del acto. Si es constitucional y no es ilegal el artículo 520, en realidad tampoco lo es -usando el mismo razonamiento del señor Diputado Da Silva- el artículo 97.

De todos modos, para ilustrar sobre normas como éstas en la Administración y en los Entes Autónomos, nos vamos a cansar de poner ejemplos de artículos que nadie ha declarado hasta el momento inconstitucionales ni ilegales. Esto va a dar para que centremos el tema.

Las señoras y los señores Ediles invocaban en su recurso que se violaba el derecho de igualdad. A nuestro criterio no se viola el derecho de igualdad, puesto que nada impide legislar para grupos. Lo que no se puede es legislar en forma discriminatoria dentro de un grupo, sin perjuicio de que toda norma que crea obligaciones, restringe derechos o crea privilegios debe tener un marco de racionalidad que impone que sea dictada en función del interés general. En el caso, sin lugar a dudas el interés general existe y, por otra parte, no es cierto que se violente el principio de igualdad cuando se legisla para un grupo de funcionarios asignados a determinada tarea. De lo contrario, debería admitirse que los horarios o licencias especiales, así como la jubilación bonificada expuesta anteriormente, son inconstitucionales, puesto que se crean beneficios discriminatorios que otros funcionarios municipales no tienen.

Todas las normas tuvieron su fundamento en la función específica, atendiendo por ejemplo a un mayor desgaste de la salud que sufren algunos funcionarios -a quienes ahora nos vamos a referir coloquialmente-, y ello genera determinados beneficios. Esto habilita a que también existan normas que crean obligaciones especiales en razón de las urgencias que pueda plantear una función

A todo esto cabe agregar, respecto a las posibilidades de que se considere violatorio de los artículos 60 y 61 de la Constitución, que, en primer lugar, se trata de funcionarios de la Administración Central, sin perjuicio -lo asumimos, y así lo dice el informe en mayoría- de que por reenvío se aplican por el artículo 62 de la Constitución.

Pero ello no significa que los derechos ahí establecidos, en particular la permanencia en el cargo, se violenten por establecer que transitoriamente, y en razón de urgencia, se puede exigir al funcionario que desempeñe tareas inferiores, dentro de su profesión. Más bien, esto se encuentra contemplado en el deber de colaboración que tanto la doctrina laboralista -Plá y Barbagelata-, como el propio Sayagués Laso, establecían como parte de los deberes genéricos de los funcionarios. Por supuesto -repetimos lo que ya dijimos-, esto no habilita al "abuso" legal de la Administración, lo que sería la patología, y como tal puede ser impugnado con los mecanismos usuales previstos en el artículo 317 de la Constitución -recursos-, acción de amparo o Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Si lo transitorio se usara como definitivo -que es la duda; este tema fue incorporado en el debate de la Junta Departamental de Montevideo-, no es la norma la que viola, sino el administrador, que estaría incurriendo en una mala aplicación. Por tanto, la norma no sería inconstitucional, sino que podría darse en ese caso la hipótesis del abuso o desviación de poder.

Y finalmente, la mención al artículo 8º es totalmente absurda puesto que, interpretada como lo hacen los gestionantes, implicaría, por ejemplo, que todos deberían ganar lo mismo, tener el mismo horario, manejarse con el mismo escalafón. Por ejemplo, podrían considerar los gestionantes que los proventos y comisiones que se perciben en Casinos deberían distribuirse entre todos los funcionarios municipales. Tengo entendido que este tema nunca se ha planteado.

Si me permite el señor Diputado Berois Quinteros -la otra vez hice referencia a un informe en minoría y un miembro informante se molestó-, como miembro informante, en esta parte me corresponde hacer referencia a aseveraciones planteadas en el informe en mayoría. Aquí hay un conjunto de apreciaciones expuestas por el señor Diputado Berois Quinteros, en su calidad de miembro informante, cuando en el informe en mayoría se refirió a expresiones del doctor Giorgi, quien afirma que "el derecho a la carrera administrativa se manifiesta esencialmente en el derecho del funcionario público a ascender de grado jerárquico". Lo que está ocurriendo es que mucha gente ascendió a cargos jerárquicos. No estoy violando el principio contemplado en la carrera administrativa para ascender a cargos jerárquicos; lo que ocurre es que ascendieron demasiadas personas a cargos jerárquicos en función de las correcciones realizadas durante todo el proceso. Reitero que no estoy violentando lo aseverado por el doctor Giorgi.

El informe en mayoría establece: "La carrera administrativa consiste en que la persona hace del servicio prestado a la Administración, una profesión; tiene derecho a la estabilidad en el cargo, a ser ascendido a los cargos superiores de la jerarquía, a una remuneración adecuada, a un sueldo de pasividad para el caso de su retiro, así como de garantía y beneficios sociales".

En realidad, no se ha tocado el derecho a la estabilidad en el cargo; a nadie se rebajó de cargo, sino que se le pidió que desempeñara funciones que estarían por debajo de su cargo, por razones de servicio. Esto pasa a lo largo y a lo ancho de la Administración. La propia mayoría de esta Cámara aceptó que se podrían realizar tareas que no tuvieran que ver con la función, de acuerdo con el artículo al que ya se hizo referencia. Tampoco se toca la remuneración adecuada, el sueldo de pasividad, las garantías ni otros beneficios sociales. No creo que estemos violentando lo preceptuado en los artículos 60, 61 y 62 de la Constitución de la República.

Vamos a entender de qué estamos hablando. Está en las versiones taquigráficas de la Junta Departamental de Montevideo. En aplicación del artículo 131 vigente anteriormente, el 95% de los funcionarios municipales realizaban tareas que correspondían a un grado por debajo del cargo que ocupaban en el escalafón, es decir, que pasaban de jefes a pagadores; esto fue dicho por los trabajadores y por la Administración. En ese sentido no había contraposición. ¿Qué sucedía? Que el 5% no realizaba esas funciones. Entonces, el hecho de que tengamos funcionarios que realizan esas tareas -sin importar que sean diez, quince o veinte- y otros no, genera, desde el punto de vista administrativo de la cohesión de la gestión del área de Casinos, una situación que termina degradando la función.

No entendemos que se esté degradando al funcionario de Casinos porque, reitero, el 95% hizo lugar a este pedido de la Administración.

Voy a ingresar ahora al análisis del artículo 124. Doy por hecho que no estoy ilustrando a los señores Diputados, pues todos ya tienen conocimiento de esto. Estamos hablando de un artículo que dice lo siguiente: "Establécese que los funcionarios presupuestados o contratados que cumplan tareas en régimen de jubilación bonificada, que hayan ingresado a la Administración a partir del 1º de enero de 1990 o que ingresen a partir de la promulgación del presente decreto, deberán retirarse una vez que se constituya la respectiva causal jubilatoria".

Para este caso estamos haciendo referencia a que, entre los trabajadores municipales, la bonificación existe para los funcionarios municipales de Casinos. Voy a dar cuenta de los dos sistemas de bonificación de los trabajadores de los Casinos.

Uno es del 14 de junio de 1993, que habla del cómputo jubilatorio bonificado de cinco años cada cuatro de servicio para los empleados técnicos profesionales de los Casinos Municipales de Montevideo; el otro establece que se otorgue un cómputo jubilatorio bonificado a los empleados administrativos de los Casinos Municipales, excepto los boleteros.

Estas son dos normas bien interesantes, que han sido planteadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y los fundamentos son por motivos de salud. Podría extenderme.

La Comisión creada por el Poder Ejecutivo en 1990, referente a los servicios bonificados, entendió que las condiciones y el medio ambiente de trabajo determinan la aparición de afecciones en la salud, debido a posturas antiergonómicas, a ritmos de carga y trabajo, a estrés. Esta sucinta descripción de la Comisión, analizando las condiciones y los medios de trabajo, está en el decreto del Poder Ejecutivo -Ministerio de Trabajo y Seguridad Social- y se ve reforzada por serios y profundos estudios epidemiológicos, de donde surge que estos profesionales padecen tres tipos de patologías fundamentales: osteomioarticulares, neuropsiquiátricas y respiratorias.

Hipócrates me obliga a no dudar del estudio de mis colegas -no voy a dudar del estudio de mis colegas sin tener fuerza científica para poder analizarlo-, pero llama la atención que se trate de normas solamente aplicables a los trabajadores de los Casinos Municipales. No soy muy frecuentador de los casinos, no porque entienda que quienes tenemos actividad pública debamos quedar sujetos a una doble moral respecto de parecer o no parecer, sino porque el nivel de probabilidades no me seduce mayoritariamente.

Esta es una diferenciación que existe entre los Casinos Municipales y los del Estado, y no me imagino cuál fue la razón por la que la Administración actuó tan rápidamente para otorgar estos cómputos jubilatorios de cinco años cada cuatro de servicio a los profesionales y de seis años cada cinco trabajados a los administrativos. De todas formas, éste es un hecho y ésta es una norma que va a generar algunos determinantes, que son los que se están impugnando ahora.

Con relación al artículo 124, establecemos: "Esta impugnación también carece de fundamento real y legal. Para comenzar, cabe acotar en referencia al artículo 7º del Código Civil, que en principio el Código es una ley, y los Decretos de la Junta Departamental tienen (como dice la Constitución Nacional, artículo 260) fuerza de ley en su jurisdicción, por tanto pueden establecer cuando su jurisdicción lo permite una norma retroactiva. Pero en sí la norma no es en absoluto retroactiva sino que modifica determinados presupuestos de hecho". Es decir que la norma era muy genérica y en el proceso de negociación se acotó a los ingresados a partir de 1990, pero también sería aplicada a quienes ingresaran después de aprobada. Con el criterio expuesto por los recurrentes, serían claramente inconstitucionales todas las normas jubilatorias que se dictaron en los últimos treinta años, a algunas de las cuales haremos referencia en el correr de nuestro fundamento.

Analizando lo planteado por los impugnantes, establecimos: "Supuestamente altera la duración de la carrera funcional. La premisa olvida que la duración de la carrera funcional está siempre sujeta a modificación". Punto primero, como base. Y proseguimos: "Conforme enseña Sayagués, la creación y supresión de empleos sólo se encuentra condicionada a las normas presupuestales, y a determinadas mayorías cuando la ley las requiere. Inclusive la inamovilidad de los funcionarios públicos no es un mandato constitucional imperativo, sólo exige la existencia de determinadas mayorías. Pero como ejemplo más claro, nos preguntamos, ¿cuál es la duración de la carrera funcional? 70 años por ejemplo. Esta duración, fue establecida por ley, pero de acuerdo al criterio impuesto por los impugnantes debería considerarse inconstitucional". De acuerdo con el criterio expuesto por los impugnantes, cualquier norma que imponga un momento del cese terminará siendo inconstitucional. Podría haberse establecido a los sesenta y cinco años, a los ochenta, a cualquier edad.

Luego decimos: "Otra situación especialmente prevista es la de los docentes" -aquí vamos a detenernos en un punto muy interesante- "a cuyo respecto la ley establece (Estatuto del Funcionario Docente) que los docentes con 25 años de actividad 'Cesarán de pleno derecho' y le otorga a la Administración la potestad de prorrogar si lo cree conveniente". Pero, en realidad, el cese está planteado a los veinticinco años. Es por ello que se planteaba la bonificación de los funcionarios docentes.

Pero ¿qué nos pasa ahora? Si se me permite, voy a tener un pequeño desliz. Como en realidad fui de los únicos, si no el único en esta Cámara que dijo que acabar con determinados beneficios en el marco de la ley de reforma de la seguridad social era un disparate -en lo que sigo insistiendo: acabar con determinados beneficios fue disparatado—...

SEÑOR DA SILVA.- ¡Apoyado!

SEÑOR BAYARDI.- Me parece bien que un hombre joven lo apoye. Ni sabe el señor Diputado Da Silva la cantidad de apoyos en privado que recibí de gente no tan joven de esta Cámara, pero lo que se plantea en el marco de la reserva, en la reserva debe morir, y en ese sentido me mantengo y me he mantenido desde que tengo uso de razón.

Decía que lo que hicimos en el caso de los docentes fue, al cambiarles su cómputo jubilatorio bonificado, obligarlos a cesar a los veinticinco años de trabajo y a la edad de cincuenta años, y en realidad no se pueden jubilar después. A nadie pareció inconstitucional o ilegal lo que se estaba haciendo en aquella oportunidad. Pero aparentemente interponer el momento del retiro -no de la jubilación; del retiro- termina siendo, para los impugnantes y para el informe en mayoría, una situación inconstitucional o ilegal.

Por otra parte, el artículo 62 de la Constitución establece claramente la potestad de los Gobiernos Departamentales de sancionar su estatuto, por lo que perfectamente pueden hacerlo, sin apartarse de criterios generales.

Ahora bien, ¿qué se prevé en el artículo 124? ¿La obligación de jubilarse o el retiro de la Administración? ¿Se tienen que jubilar o retirar? A nuestro juicio, se prevé que los funcionarios se tienen que retirar, en primer lugar, porque en la norma se habla de retiro; además, jubilarse es un hecho claramente voluntario que no puede imponerse de modo alguno a ningún trabajador; ni la norma -sea cual sea- ni la Administración pueden hacerlo. Sin embargo, el retiro en determinadas circunstancias sí puede imponerse y, de hecho, así se ha procedido a lo largo y a lo ancho de nuestro marco normativo.

Por supuesto que el trabajador se podrá jubilar o desempeñarse en otra actividad; inclusive, en otro cargo público. El proceso de discusión en la Junta Departamental de Montevideo se está dando en función de generar un mecanismo en el que los trabajadores del Casino no necesariamente pertenezcan a un escalafón único de la Dirección Nacional de Casinos. Veamos el ejemplo que pusimos: "Un trabajador ingresado en el año 1990 decide en el año 2004 trasladarse al escalafón administrativo. Obviamente esta norma dejará de aplicarse a su respecto, puesto que pierde la causal de bonificación, pero continuará sin problema como empleado público. Claro que dejará de percibir los beneficios del Casino. Es cierto, pero eso nos lleva al punto fundamental de la cuestión: ¿Qué fundamento tiene la jubilación anticipada de los funcionarios de Casinos? Tiene un claro fundamento de salud". Si los señores legisladores quieren, los puedo aburrir, porque en realidad toda la norma que da lugar a la jubilación bonificada alude a un fundamento de salud; no es otra cosa que un fundamento de salud. En el informe consignamos: "O sea, el fundamento legal es que un trabajador sometido a tal estrés no puede mantenerse sin grave riesgo para su salud, más de equis tiempo en la función. Por tanto, la norma obedece, no a un criterio de favoritismo del trabajador [...]". Yo no digo que el Ministerio de Trabajo de la época haya favorecido a un conjunto de trabajadores porque ellos pertenecían al Gobierno Departamental de Montevideo; no lo estoy diciendo. Lo que digo es que se hacía mención a que había una situación de alteración de la salud y toda la norma refiere -y voy a repetir otro fundamento- a las patologías que afectan a estos funcionarios administrativos, específicamente a determinada altura de la vida. Aparecen signos y síntomas de debilitamiento de las funciones sensoriales y de la rápida coordinación psicomotriz, con la consiguiente incapacidad para el desarrollo de su tarea. Esto no lo digo yo, sino el fundamento que dio lugar a la bonificación para el trabajador de Casinos. Los que han ido a un casino saben de qué estamos hablando: hay que estar rápido mentalmente, para controlar el paño, las fichas; hay que tener velocidad desde el punto de vista psicomotriz. Así es que se da a estos funcionarios la causal de jubilación bonificada porque se deterioran las funciones, digamos, de alerta psicológica y psicomotriz. En realidad, cuando la Administración se pregunta: "¿Qué hago con el trabajador que llega a la causal de jubilación bonificada?", sucede lo siguiente. Según la norma, hay que cesarlo, pero sin embargo se dice: "Manténganlo". El pobre hombre no ve las fichas, ni siquiera las conoce porque está alterado desde el punto de vista psicomotriz, y tiene un problema que tampoco le permite recoger el paño, pero no se puede interponer una norma que lo obligue a retirarse.

Estamos cayendo en un nivel de contradicción de tal magnitud con relación a la norma que debemos definir si la causal es un problema de salud y, por ende, se atiende la bonificación, o bien no hay ningún problema de salud y entonces lo mantenemos y no debemos tener una norma que imponga un retiro.

Por tanto, repito que la norma no representó favoritismo hacia el trabajador, sino que se basó en un criterio protector que pretende ser de orden público y que inclusive se antepone al interés económico del trabajador. De lo contrario, tendríamos que quitar valor a todas las normas de salud previstas en la Ley Nº 16.713, que establece que cuando el tribunal médico del BPS considera que existe una incapacidad total o parcial, el trabajador debe jubilarse, según el caso. Por supuesto, que si no quiere, no hará el trámite pertinente, pero la empresa debe cesarlo.

Voy a poner otro ejemplo.

Señor Presidente: ¿tengo prórroga?

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene una prórroga de quince minutos.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: decía que voy a poner otro ejemplo.

La potestad existe legalmente no sólo para quienes tienen la potestad de sancionar leyes, sino que la potestad de limitar la presencia en la función existe para aquellos ámbitos de la Constitución que tienen potestad reglamentaria autónoma, como el caso de la Universidad de la República. Ya he dicho muchas veces en Sala que tengo cuarenta y seis años. A los sesenta y cinco los hombres son unos chiquilines; sin embargo, en el marco de la potestad reglamentaria autónoma, la Facultad de Medicina puede legislar internamente y hace cesar a los profesores a los sesenta y cinco años de edad. En realidad, un profesor no tiene que recoger fichas ni estar parado todo el día, pero sí tiene que aportar desde el punto de vista académico su sapiencia a las nuevas generaciones, y lo hacen cesar a los sesenta y cinco años. Sin embargo, nadie ha cuestionado la potestad legal y reglamentaria para llevar adelante esto. No quiere decir que los profesores que cesan a los sesenta y cinco años -muchos de ellos son ejemplo, honor y orgullo de este país en materia de salud- deban jubilarse. Se retiran como profesores de la Facultad, pero no necesariamente se jubilan; lo hacen por voluntad propia.

Hay otras normas orgánicas legales que también determinan que haya otros funcionarios del Estado que también cesan cuando llegan a determinada edad, sin necesidad de que se tengan que jubilar. Esto lo vemos en las Fuerzas Armadas: cuando se llega a determinado grado, si no se asciende hay que jubilarse. Parece que aquí se considera que es ilegal e inconstitucional que a aquellos que tienen causal jubilatoria bonificada se les exija el retiro cuando alcanzan el cómputo de la causal.

El problema es la incoherencia de nuestras normas en otro ámbito; asumámoslo. Esta incoherencia -lo digo como paréntesis y deslizándome del tema de a poquito- se advierte en lo que es nuestro sistema jubilatorio. En realidad, llegamos a la causal jubilatoria bonificada y, con ella, si la persona no tiene los cómputos de la exigencia de la edad, no podemos hacer que se jubile. Algún día habrá que discutir cómo damos armonía al tema de pasar de la actividad al cese. Esto es lo que el sistema político debería haber discutido desde hace mucho tiempo para cambiar toda la estructura funcional y administrativa que tiene este país.

El Parlamento puede seguir con la cabeza debajo de la tierra; el juego del avestruz tiene sus complicaciones, pero es opción de cada uno de nosotros.

Más allá de toda elucubración finalista sobre el objetivo de la Administración, existe un criterio de interés público que implica que si un funcionario tiene una bonificación que permite la jubilación anticipada por razones de salud, no es justo, conveniente ni razonable para la salud del trabajador que siga desempeñándose en la misma función. Agrego -no lo dice el informe- que tampoco es justo para la Administración, si se reconoce que en realidad no está en condiciones de cumplir las funciones, que permanezca.

En primer lugar, debemos tener en cuenta el derecho del trabajador y su salud y, en segundo término, el derecho de la Administración. Por tanto, a mi juicio, la Administración tiene el derecho de pedir su retiro. Reitero que se le pide a miles de funcionarios a lo largo y a lo ancho de la Administración. La ley exige que quien cumple setenta años se retire; se jubila si lo desea, aunque sea absurda otra opción a los setenta años. Quisiera llegar a los setenta años como muchas personas que conozco que alcanzan esa edad y siguen desempeñando funciones...

(Suena el timbre indicador de tiempo)

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Ha finalizado el tiempo de que disponía el orador.

SEÑOR PONCE DE LEON.- ¡Que se prorrogue!

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y tres: AFIRMATIVA.

Puede continuar el miembro informante en minoría, señor Diputado Bayardi.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: así como cuando uno llega a los setenta años y piensa que le pueden cortar la carrera, la ley no admite opciones y cesa de pleno derecho, como ya dije, lo mismo sucede con los docentes, aunque tengan cuarenta y cinco años -y vaya si habrá diferencia entre cesar a los setenta años desde el punto de vista jubilatorio y cesar a los cuarenta y cinco-, y con los trabajadores que se incapacitan parcialmente.

Se hizo otra mención que tiene que ver con el tema de la eventual violación del artículo 7º, y más allá de que existan autores trascendentes como Jiménez de Aréchaga, hoy nadie pone en duda que los Gobiernos Departamentales pueden limitar derechos por razones de interés general, por tres motivos: porque así lo habilita la Ley Nº 9.515, porque el artículo 260 de la Constitución de la República establece que se puede interponer el recurso de inconstitucionalidad contra los decretos de los Gobiernos Departamentales que tengan fuerza de ley en su jurisdicción, y porque el artículo 60 da la potestad de reglamentar el trabajo de sus funcionarios e, inclusive, de declararlos amovibles, conforme lo han expresado los doctores Horacio Cassinelli Muñoz, Daniel Hugo Martins y Martín Risso Ferrand, entre otros.

Por todo esto, consideramos que más allá de que se entienda que pueda haber cuestiones de mérito, de conveniencia política, de acción política intermediada o lo que sea, en realidad, desde el punto de vista de la exigencia del artículo 303, no hay, a nuestro juicio, inconstitucionalidades o ilegalidades; lo contrario significaría desconocer los principios que, reitero, están consagrados en el artículo 303. Espero que algún día este artículo pueda ser retirado de la esfera de este honorable recinto.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DA SILVA.- Señor Presidente: el señor Diputado preopinante me ha querido dictar cátedra sobre lo que establece el artículo 303 de la Constitución. Es un legislador avezado y me recomienda qué es lo que tengo que hacer cuando llega un recurso contra una decisión de un Gobierno Municipal. Me parece bien. Sigo siendo coherente, porque en ocasión de tratarse el recurso de la tarifa de saneamiento hice un planteamiento de las mismas características del que estoy efectuando hoy. En aquel caso, el señor Diputado preopinante era el miembro informante de un informe que aprobamos.

Lo que se decía ayer no puede modificarse por la conveniencia de lo que se dice hoy. Sigo haciendo apreciaciones de carácter político porque, en ambos casos, los miembros informantes -en este caso, el señor Diputado Berois Quinteros; en el de la tarifa de saneamiento fue el señor Diputado Bayardi- hicieron las consideraciones jurídicas correspondientes, acordes con su investidura y su estudio jurisprudencial.

Es bueno que el señor Diputado Bayardi reconozca que el Parlamento o varios parlamentarios estuvieron con la cabeza dentro de un agujero en ocasión de considerarse las modificaciones o modernizaciones de la seguridad social. Es muy bueno que aquellos que no han votado sistemáticamente, cualesquiera hayan sido las mejoras que se han aprobado en este Parlamento sobre la reforma de la seguridad social, hoy reconozcan que estaban con la cabeza metida en un agujero. Es bueno para los uruguayos y para el país; me alegran mucho las consideraciones de mi amigo el señor Diputado Bayardi.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- No es posible contestar a alusiones contenidas en la respuesta a otra alusión, pero la Mesa va a dar la palabra al señor Diputado, por vía de aclaración, para dar fin a este debate paralelo que se viene desarrollando.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: voy a aludir al señor Diputado Da Silva en buenos términos. Se trata de un hombre más joven que yo y ojalá que la vida nos permita a él y a mí llegar al promedio de la expectativa de vida de los hombres de este país. Sé que estoy pidiendo bastante, y cuando uno se va acercando pide más. Espero que le dé también la posibilidad de seguir en la actividad política, en el cargo al que él aspire, y que la ciudadanía lo reafirme en la instancia que tenga que enfrentar. Y espero que dentro de diecinueve o veinte años nos encontremos para corregir los estragos que la ley de reforma de la seguridad social, votada en 1996 por la mayoría de esta Cámara, va a ocasionar a la población de este país. Descarto que vamos a estar buscando esas soluciones en conjunto. A eso es que pretendía hacer referencia en su oportunidad.

19.- Urgencias.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por los señores Diputados Amen Vaghetti, Julio Silveira, Paiva, Chiesa Bordahandy y Orrico.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el asunto relativo a 'Inmuebles ubicados en el departamento de Artigas' (Carpeta Nº 1621, Repartido Nº 752)".

——Se va a votar.

La Mesa aclara que se necesitan cincuenta votos conformes.

(Se vota)

——Sesenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

20.- Inmuebles ubicados en el departamento de Artigas. (Se establece una reducción adicional del 16% a la dispuesta por el artículo 2º de la Ley Nº 17.305, relativa a la Contribución Inmobiliaria Rural).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Inmuebles ubicados en el departamento de Artigas. (Se establece una reducción adicional del 16% a la dispuesta por el artículo 2º de la Ley Nº 17.305, relativa a la Contribución Inmobiliaria Rural)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 752

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Montevideo, 4 de setiembre de 2001.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto proyecto de ley referido a la Contribución Inmobiliaria Rural correspondiente al departamento de Artigas.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El proyecto se inscribe en el propósito del Poder Ejecutivo de atenuar la situación económica coyuntural del mencionado departamento, que plasmó en la Ley Nº 17.305, de 28 de marzo de 2001, la que dispuso la reducción del 50% de la alícuota del impuesto mencionado, autorizando al Poder Ejecutivo a disponer de una partida global compensatoria para ser vertida al Gobierno Departamental del referido departamento. El presente proyecto dispone una reducción adicional a la establecida por la ley citada, incrementando proporcionalmente la partida global compensatoria prevista por la misma.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, ALBERTO BENSION, GONZALO GONZALEZ.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Establécese por el ejercicio 2001 para los inmuebles ubicados en el departamento de Artigas una reducción adicional del 16% (dieciséis por ciento) a la dispuesta por el artículo 2º de la Ley Nº 17.305, de 28 de marzo de 2001, con respecto a la alícuota de la Contribución Inmobiliaria Rural, determinada de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 448 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

En los casos en que los pagos del mencionado impuesto ya realizados excedan el monto del mismo, por dicho exceso el contribuyente tendrá un crédito que podrá aplicar al pago del impuesto correspondiente al siguiente ejercicio.

Increméntase el importe de la partida global compensatoria prevista por el inciso segundo de la norma legal citada en $ 4.800.000 (pesos uruguayos cuatro millones ochocientos mil), a valores del 1º de enero de 2000. Esta partida será vertida al Gobierno Departamental de Artigas tomándose en cuenta, además de lo ya previsto por la mencionada norma, la disminución en la recaudación del impuesto por la aplicación en el ejercicio siguiente de los créditos acordados por el inciso anterior.

Montevideo, 4 de setiembre de 2001.

ALBERTO BENSION, GONZALO GONZALEZ.

CAMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Establécese por el ejercicio 2001 para los inmuebles ubicados en el departamento de Artigas una reducción adicional del 16% (dieciséis por ciento) a la dispuesta por el artículo 2º de la Ley Nº 17.305, de 28 de marzo de 2001, con respecto a la alícuota de la Contribución Inmobiliaria Rural, determinada de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 448 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

En los casos en que los pagos del mencionado impuesto ya realizados excedan el monto del mismo, por dicho exceso el contribuyente tendrá un crédito que podrá aplicar al pago del impuesto correspondiente al siguiente ejercicio.

Increméntase el importe de la partida global compensatoria prevista por el inciso segundo de la norma legal citada en $ 4.800.000 (pesos uruguayos cuatro millones ochocientos mil), a valores del 1º de enero de 2000. Esta partida será vertida al Gobierno Departamental de Artigas tomándose en cuenta, además de lo ya previsto por la mencionada norma, la disminución en la recaudación del impuesto por la aplicación en el ejercicio siguiente de los créditos acordados por el inciso anterior.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 18 de setiembre de 2001.

LUIS HIERRO LOPEZ
Presidente

HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI
Secretario".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

SEÑOR DA SILVA.- ¡Que se suprima la lectura!

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y nueve en setenta: AFIRMATIVA.

En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único.

(Se vota)

——Setenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va votar

(Se vota)

——Setenta y uno en setenta y tres: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al aprobado por el Senado)

21.- Comisión Especial para el estudio de soluciones legislativas referentes a la libertad de comercio en el Uruguay. (Prórroga de plazo).

——Dese cuenta de una moción presentada por los señores Diputados Gabriel Pais, Rossi, Da Silva y Obispo.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se prorrogue el plazo de la Comisión Especial para el estudio de soluciones legislativas referentes a la libertad de comercio en el Uruguay hasta el 30 de noviembre del año en curso".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Setenta por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

22.- Reiteración de pedidos de informes.

Dese cuenta de una moción presentada por los señores Diputados Amen Vaghetti, Orrico, Berois Quinteros y Falero.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la Cámara haga suyos los pedidos de informes no contestados que figuran en el repartido adjunto".

——De esta forma, se cumpliría con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución y en los literales D) y E) del artículo 105 del Reglamento, y la Cámara haría suyos los pedidos de informes que desde el 15 de marzo de 2000 hasta la fecha -constan en el repartido que se ha entregado a los señores legisladores- no han sido contestados.

En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cinco en sesenta y siete: AFIRMATIVA.

(Texto de los pedidos de informes que se reiteran:)

"Montevideo, 15 de marzo de 2000. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Washington Abdala. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicitamos se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura y, además, por su intermedio, al Instituto Nacional del Menor (INAME); y a la Presidencia de la República y, además, por su intermedio, a la Junta Nacional de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas. Nos referimos a la sociedad civil 'El Abrigo', que tiene su sede central en la calle Rivera número 494, de la ciudad de Santa Lucía, departamento de Canelones, y que dispone de una granja situada en el km 7,500 de la Ruta Nacional Nº 81, paraje Cuchilla Verde. De acuerdo con declaraciones de sus autoridades y en especial de su Presidente, señor Eduardo Pedrín, publicadas en el periódico 'Hoy Canelones', en su edición de 17 de febrero de 2000, dicha sociedad civil cuenta con el 'apoyo total' del INAME, de la Junta Nacional de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas y del Ministerio de Educación y Cultura. Según esas declaraciones, '...el centro atenderá cincuenta y nueve niños de entre ocho y catorce años. La edad permite que los chicos sean atendidos antes de entrar en contacto directo con una adicción...'. De acuerdo con nuestros informes, en los proyectos más actualizados incluso en países de la región, la acción preventiva se comienza desde la primera infancia. Por su parte, el Coordinador General del proyecto, señor Cono Frontera, explicó que '...en una fase de prevención primaria, en el tratamiento...', '...por intermedio de sesiones terapéuticas...', (periódico 'Hoy Canelones', edición de 17 de febrero de 2000). Hemos subrayado dos vocablos que pueden generar dudas sobre si la acción prioritaria será preventiva o terapéutica. Dada la importancia del tema y existiendo consenso en la profesionalidad e idoneidad que deben tener quienes se constituyan en 'efectores' de la sociedad y de institutos responsables en este área, solicitamos se nos informe: 1) Si el INAME firmó convenio con la asociación civil 'El Abrigo'. En caso afirmativo: A) Fecha en que se firmó. B) Lineamientos y objetivos de dicho convenio. C) Fecha y contenido de los informes técnicos y de la Jefatura Departamental del INAME del departamento de Canelones, previos a la firma del convenio. D) Monto del aporte financiero del Estado, bases en que se fundamentó la estimación del mismo y diferentes formas de apoyo oficial a la sociedad civil 'El Abrigo'. 2) Antecedentes que se tuvieron en cuenta desde el punto de vista de las actividades del área social o de formación profesional o, específicamente, de ayuda a la niñez con problemas, de los integrantes de la Comisión Directiva de la asociación civil antes mencionada en la evaluación previa a la firma del convenio. 3) Equipo de técnicos (maestros, psicólogos, asistentes sociales y otros) con que cuenta esa sociedad civil y montos salariales correspondientes, así como su forma de pago y procedencia de los fondos para su liquidación. 4) Dado que de las declaraciones de los integrantes de la Comisión Directiva surge que estiman en cincuenta y nueve los chicos a ser atendidos, explicar cómo se llega a esa cifra, si se desprende de estudios de campo previos en las comunidades vecinas, o si, aun considerando que es mayor el número de chicos que necesitan de este tipo de asistencia o ese es el tope de la capacidad locativa de la institución. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RAMON LEGNANI, Representante por Canelones".

"Montevideo, 11 de mayo de 2000. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Washington Abdala. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicitamos se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, además, por su intermedio, al Banco de Previsión Social (BPS). En relación con las responsabilidades que establece para ese organismo el Decreto 123/997, de 12 de marzo de 1997, solicitamos se nos indique: I) Información oficial sobre los importes recaudados por la transferencia establecida por el artículo 140 de la Ley Nº 15.851, de 24 de diciembre de 1986, correspondiente al impuesto creado por el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.294, de 23 de junio de 1982, que de acuerdo con lo que dispone el artículo 7º de la Ley Nº 15.900, de 21 de octubre de 1987, quedan exclusivamente afectados 'a la construcción de viviendas para dar en usufructo personal a jubilados y pensionistas cuyas asignaciones mensuales de pasividad sean inferiores al monto de dos Salarios Mínimos Nacionales'. I.1) Cuánto se ha recaudado, desde el inicio hasta la fecha, por el aporte de los pasivos para el fin mencionado. I.2) Cantidad de viviendas entregadas y monto de la inversión realizada. I.3) A cuánto asciende el 3% (tres por ciento) del aporte de los pasivos destinado a gastos de mantenimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º del Decreto 123/997; y cuánto se ha invertido para el fin previsto y de qué forma. II) Con relación a las inquietudes planteadas por una delegación de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU), en ocasión de su visita a nuestra Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, relativas a una serie de resoluciones adoptadas por ese organismo, preguntamos: II.1) Cuáles fueron los objetivos del Convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), plazo, costo del mismo y cómo se financió o financia. II.2) Evaluación pormenorizada sobre el cumplimiento e implementación de los objetivos fijados, plazos cumplidos y sumas abonadas hasta la fecha. II.3) Considerando que el artículo 10 del Decreto 123/997 crea una Comisión Asesora y determina que 'será de su competencia asesorar específicamente acerca de la calidad y ubicación de las viviendas a ser construidas', en qué medida se ha dado cumplimiento a lo que estipula este artículo. Asimismo, se estableció un plazo de treinta días a partir de la instalación de la Comisión para que elabore 'las bases técnicas generales para la construcción de viviendas para jubilados y pensionistas en conjuntos habitacionales'. Si las mencionadas bases técnicas fueron formuladas, indicar cuáles son. Asimismo, si ese Directorio entiende apropiadas las tipologías de núcleos básicos evolutivos y edificios en altura, actualmente cuestionadas por los destinatarios. Si se piensa continuar en dicha línea de acción o hay propuestas para modificarla. Si las hay, queremos conocerlas y saber en qué momento se comenzarán a efectivizar. II.4) Cuáles son los criterios actuales para la adjudicación de las viviendas. II.5) En conocimiento que de acuerdo con las facultades que el artículo 6º del Decreto 123/997 otorga a ese organismo, se licitará la administración de los conjuntos habitacionales en poder del BPS, y que el pliego incluye la presupuestación de obras concretas destinadas a la culminación y corrección de los trabajos de albañilería, sanitaria, herrería, electricidad y otros, y que las mismas, si bien podrían catalogarse como tareas de mantenimiento, no deberían existir por tratarse de conjuntos recientemente entregados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; solicitamos se nos informe si esos trabajos serán pagados con cargo al Fondo Nacional de Vivienda, por el mencionado Ministerio, como responsable del proyecto -si no los incluía-, o por las empresas constructoras que realizaron las obras. II.6) Cuáles serán los mecanismos de control de esas empresas administradoras, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6º del Decreto 123/997. III) En relación con una denuncia concreta formulada por la ONAJPU solicitamos se detalle: III.1) Condiciones en que se entregó la vivienda D2 del complejo ubicado en continuación Juan Alvarez de la ciudad capital del departamento de Treinta y Tres. III.2) Listado de adjudicatarios del mencionado complejo y criterios de adjudicación. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RAQUEL BARREIRO, Representante por Montevideo".

"Montevideo, 5 de abril de 2000. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Washington Abdala. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicitamos se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, sobre los temas que paso a detallar. I. Hospital Regional de Salto, Consultoría efectuada. Resultados. En el año 1999 se realizó en el Hospital Regional de Salto una consultoría a cargo de la empresa española 'CHC Consultoría i Gestió S.A.', a los efectos de la realización de una evaluación completa de la situación del Hospital. En función de lo expresado, solicito se informe acerca de: 1º) Cuál fue la base de la información para el trabajo de la empresa consultora, es decir, cuáles fueron los datos, estadísticas, investigaciones, informes, y demás, sobre el Hospital, proporcionados para el cumplimiento de su cometido. 2º) Informe final de la consultoría con especial referencia al diagnóstico, evaluación del mismo y recomendaciones realizadas. Asimismo, a qué instituciones o personas ha sido remitido dicho informe. 3º) En función de las recomendaciones realizadas, se desea saber qué evaluación ha hecho el Ministerio de las mismas, y si se decidió atender total o parcialmente dichas recomendaciones. En caso afirmativo, si se estructuró un plan, cuáles son sus objetivos, estructura de gastos, u otros y si se está ejecutando. 4º) Por último, se desea saber si el trabajo de la empresa consultora se agotó en la realización del informe o sí, además, tiene por cometido hacer un seguimiento de la evolución de un supuesto plan de trabajo. II. Hospital Regional de Salto. Centro de Tratamiento Intensivo Pediátrico. Se han realizado las obras de construcción para la instalación de un C.T.I. pediátrico. La obra de estructura necesaria se encuentra terminada y la misma fue inaugurada por ese Ministerio a mediados del año 1998. Al día de hoy no se lo ha provisto del alhajamiento e instrumental necesario para su funcionamiento. La existencia de dicha unidad de asistencia se justifica, sin duda, por el alto promedio comparativo de la mortalidad infantil del departamento que es de un 17%, en relación a la nacional que es de un 14%. Si a esta cifra se le agrega el hecho de que dicha mortalidad es altamente significativa en los sectores de la población que concurren a Salud Pública, como único medio de atención, la necesidad de ese centro pediátrico especializado adquiere mayor relevancia. Por otro lado, los departamentos vecinos son subsidiarios de los centros intensivistas existentes en Salto por lo que no escapa al fundamento de la existencia de ese Centro de Terapia Intensivo público. A los fines de este pedido de informes nos interesa saber: 1º) Si el Ministerio y la Dirección del Hospital siguen considerando como necesario el servicio del Centro de Tratamiento Intensivo pediátrico en el Hospital Regional de Salto. 2º) Cuánto gasta el Hospital Regional de Salto en la contratación de servicios de C.T.I. pediátricos particulares. 3º) A cuánto asciende a su vez, el gasto del nosocomio salteño en traslados, con asistencia, de los niños de la región. 4º) Si existen estudios de costos de instalación del alhajamiento del C.T.I. pediátrico en Salto y cuáles son. 5º) Qué costo tiene la compra y equipamiento especializado de una ambulancia para el traslado regional de estos pacientes. 6º) Si la consultoría referida en el numeral I, ha tenido en cuenta esta situación, y si ha hecho recomendaciones que tengan como base la comparación de los costos de la contratación de C.T.I. privados y los costos del equipamiento y puesta en función del C.T.I. del Hospital. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. EDUARDO MUGURUZA, Representante por Salto".

"Montevideo, 13 de junio de 2000. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Washington Abdala. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional. Informar: 1) Organigrama del Servicio de Inteligencia de Defensa, departamentos o áreas que lo constituyeron, desde el 1º de enero de 1974 hasta el 31 de enero de 1980. 2) Oficiales a cargo de dichos departamentos (áreas, divisiones o la denominación que corresponda a la forma de organización interna). 3) Si existen archivos de actuación de dichos departamentos determinando sus características: archivo administrativo, plantillas de personal, control de gastos, órdenes de servicio, informes de actuación y otros. 4) Asimismo remitir copia del listado de escalafones e integrantes de las tres Fuerzas y las distintas Armas, correspondiente a los años 1976 y 1977. Saludo al señor Presidente muy atentamente. FELIPE MICHELINI, Representante por Montevideo".

"Montevideo, 5 de mayo de 2000. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Washington Abdala. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). Conjuntamente con la distribución de la edición de mayo del año en curso, de la revista 'TELECABLE' en las ciudades de Las Piedras y La Paz, departamento de Canelones, se hizo entrega a los abonados de una publicación titulada 'Hipódromo de Las Piedras'. En esa publicación no aparecen los créditos, tal cual lo establece la ley de imprenta, en los que se debe informar sobre: número de depósito legal, nombre del Redactor responsable, nombre del Director, sede de la publicación y lugar de impresión. Sin embargo, contiene publicidad que refiere al BHU. Por lo expuesto solicito a ese organismo: 1) Envío del acta de resolución de ese Directorio en que se resuelve contratar esos servicios publicitarios. 2) Términos del contrato realizado, con el siguiente detalle: costos, tiempo y condiciones de la contratación. 3) Nombre de la empresa o institución, privada o pública, o persona que ofreció esos servicios de publicidad al organismo. Saludo al señor Presidente muy atentamente. JOSE CARLOS MAHIA, Representante por Canelones".

"Montevideo, 5 de mayo de 2000. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Washington Abdala. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL). Conjuntamente con la distribución de la edición de mayo del año en curso, de la revista 'TELECABLE' en las ciudades de Las Piedras y La Paz, departamento de Canelones, se hizo entrega a los abonados de una publicación titulada 'Hipódromo de Las Piedras'. En esa publicación no aparecen los créditos, tal cual lo establece la ley de imprenta, en los que se debe informar sobre: número de depósito legal, nombre del Redactor responsable, nombre del Director, sede de la publicación y lugar de impresión. Sin embargo, contiene publicidad que refiere a la División ANCEL de esa Administración. Por lo expuesto solicito a ese organismo: 1) Envío del acta de resolución de ese Directorio en que se resuelve contratar esos servicios publicitarios. 2) Términos del contrato realizado, con el siguiente detalle: costos, tiempo y condiciones de la contratación. 3) Nombre de la empresa o institución, privada o pública, o persona que ofreció esos servicios de publicidad al organismo. Saludo al señor Presidente muy atentamente. JOSE CARLOS MAHIA, Representante por Canelones".

"Montevideo, 5 de mayo de 2000. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Washington Abdala. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE). Conjuntamente con la distribución de la edición de mayo del año en curso, de la revista 'TELECABLE' en las ciudades de Las Piedras y La Paz, departamento de Canelones, se hizo entrega a los abonados de una publicación titulada 'Hipódromo de Las Piedras'. En esa publicación no aparecen los créditos, tal cual lo establece la ley de imprenta, en los que se debe informar sobre: número de depósito legal, nombre del Redactor responsable, nombre del Director, sede de la publicación y lugar de impresión. Sin embargo, contiene publicidad que refiere a la UTE. Por lo expuesto solicito a ese organismo: 1) Envío del acta de resolución de ese Directorio en que se resuelve contratar esos servicios publicitarios. 2) Términos del contrato realizado, con el siguiente detalle: costos, tiempo y condiciones de la contratación. 3) Nombre de la empresa o institución, privada o pública, o persona que ofreció esos servicios de publicidad al organismo. Saludo al señor Presidente muy atentamente. JOSE CARLOS MAHIA, Representante por Canelones".

"Montevideo, 4 de diciembre de 2000. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Washington Abdala. Amparada en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Salud Pública. Indicar: 1) Quién ocupó el cargo de Director Departamental de Salud Pública en el departamento de Rocha, durante el período 1994-2000. 2) Si ingresó por concurso de oposición y méritos; en caso afirmativo, cuáles fueron los méritos que determinaron dicho ingreso. 3) Salario mensual que percibía y si recibía remuneraciones por otro concepto, detalle de las mismas. 4) Cuál es la evaluación que ese Ministerio llevó a cabo sobre la gestión del citado Director. 5) Listado de trabajos que se hicieron en el Hospital de Rocha durante su administración. 6) Cuánto dinero dispuso esa Secretaría de Estado para la gestión de la mencionada Dirección Departamental. 7) Si a la fecha continúan en sus cargos los dieciocho Directores designados, si van a cesar en sus cargos y, en caso afirmativo, fecha de cese. Saludo al señor Presidente muy atentamente. YEANNETH PUÑALES BRUN, Representante por Rocha".

"Montevideo, 8 de setiembre de 2000. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Washington Abdala. Amparada en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas y, además, por su intermedio, a la Dirección Nacional de Aduanas. Solicito se informe: 1) Sobre el ingreso al país de dos vehículos Volkswagen Gol, del año 1993, números de motor UD 314246 y UD 313672 y números de serie 9BW222000PP063450 y 9BWZZZ302PP0626878. 2) Si fueron ingresados al país en qué fecha, nombre del importador y número del certificado de importación. Asimismo, especificar si en ese expediente ingresó algún otro vehículo. Saludo al señor Presidente muy atentamente. YEANNETH PUÑALES BRUN, Representante por Rocha".

"Montevideo, 15 de agosto de 2000. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Washington Abdala. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicitamos se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Salud Pública. Informar: 1) Cuáles, Hogares, Residencias, Centros Diurnos y Servicios de Inserción Familiar, existen registrados en el Ministerio de Salud Pública, tanto en Montevideo, como en el interior del país. 2) Si dichos registros responden a la realidad de los Hogares, Residencias, Centros Diurnos y Nocturnos, Servicios de Inserción Familiar, existentes en la capital e interior del país. 3) De no ser así, cuáles han sido las actuaciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública para corregir dichas irregularidades. 4) Cuántos centros de los mencionados anteriormente y, por lo tanto, de la población asistida, están fuera de todo contralor de la autoridad y habilitación del Ministerio de Salud Pública. 5) A modo de ejemplo: A) Cuántos tienen médicos contratados para cuidados clínicos de ancianos. B) Cuántos tienen un paciente o anciano cada cinco metros cuadrados de habitación. 6) Cómo se realizan los contralores que corresponderían efectuarse acorde a lo dispuesto por la Ley Nº 17.066, de 24 de diciembre de 1998, y decreto reglamentario Nº 320/99, en dichos centros. 7) Si dichos contralores se ejercen en su totalidad a través de la División de Control de Calidad del Ministerio de Salud Pública, correspondiente con el referido Decreto, y con qué frecuencia. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. DANIEL DIAZ MAYNARD, Representante por Montevideo y ORLANDO GIL SOLARES, Representante por Colonia".

"Montevideo, 24 de julio de 2000. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Washington Abdala. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. En la zona de Rincón de la Bolsa, departamento de San José, desde hace cinco años se encuentra instalado un vertedero de residuos sólidos y líquidos que actualmente se halla totalmente desbordado por la cantidad de basura y por haber llegado al fin de su vida útil. El vertedero se encuentra a escasa distancia del río Santa Lucía, del hospital de la zona, del liceo y del pozo del cual la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) extrae agua potable para la localidad. Como consecuencia del desborde del vertedero, la Intendencia Municipal de San José ha comenzado a depositar la basura en un predio que carece de todo tipo de seguridad ya que los líquidos se filtran en las capas subterráneas y pueden llegar a contaminar el acuífero de agua potable. En consecuencia, solicito se informe: 1) Cuál es el período de vida útil del citado vertedero. 2) Qué establecía el proyecto inicial en cuanto a las condiciones de instalación del vertedero para el momento en que éste llegara al fin de su vida útil. 3) Si se ha cumplido con lo previsto en dicho proyecto. 4) Si se está controlando la potencial contaminación que genera la situación actual del vertedero. 5) Qué se piensa hacer para superar los riesgos señalados. 6) Si se considera que la ubicación del vertedero es la mejor. 7) Si ese Ministerio ha tenido contactos con la Intendencia Municipal de San José en relación con los hechos descritos. Saludo al señor Presidente muy atentamente. LEONEL HEBER SELLANES, Representante por San José".

"Montevideo, 28 de junio de 2000. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Washington Abdala. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Ante la preocupación de los vecinos y agricultores del entorno de la ciudad de Libertad, departamento de San José, abocados a los problemas del medio ambiente provocados por la fábrica de productos químicos DIROX S.A., que se encuentra instalada en la 6ta. Sección Judicial del citado departamento, a la altura del km. 48 de la Ruta Nacional Nº 1 'Brigadier General Manuel Oribe', cuya producción es de sulfato de cromo, tanino sintético, mezcla de taninos y vitamina K3. Teniendo en cuenta que se ha constatado que esta fábrica vierte sus efluentes a las vertientes de agua cuya contaminación puede llegar al acuífero Raigón, que es la reserva más grande de agua de América del Sur, al igual que a los pozos de agua de los agricultores de la zona, que es usada para riego y consumo de los animales, solicito informar: 1) Sobre el impacto ambiental del proyecto de la mencionada fábrica. 2) Sobre las consecuencias de la calidad de vida de los ciudadanos de la zona y de los trabajadores de la misma. 3) Las recomendaciones que los organismos pertinentes realizan sobre los procesos de producción que pueden traer aparejados contaminación sobre el medio ambiente. 4) Si se han realizado estudios y evaluaciones en lo concerniente a la contaminación sobre el agua que utilizan los vecinos, sobre el acuífero Raigón y los cauces de agua de la zona de la ciudad de Libertad. Saludo al señor Presidente muy atentamente. LEONEL HEBER SELLANES, Representante por San José".

"Montevideo, 6 de junio de 2000. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Washington Abdala. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Proporcionar: 1) Nómina de las plantas autorizadas a incinerar residuos sólidos hospitalarios, contaminados o infecciosos; indicando además ubicación, fecha de autorización y nombre de sus propietarios. 2) Texto y fundamentos de las autorizaciones, mencionando especialmente si estaban o no funcionando en el momento de ser habilitadas. 3) Listado de las empresas que han solicitado, hasta la fecha, autorización para incinerar residuos sólidos hospitalarios contaminados o de cualquier especie. Saludo al señor Presidente muy atentamente. JORGE CHAPPER, Representante por San José".

"Montevideo, 8 de noviembre de 2000. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Washington Abdala. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Salud Pública. Indicar: 1) Si existe una resolución de la Dirección General de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), de fecha 6 de diciembre de 1996, por la que asume los gastos correspondientes a los materiales necesarios para la culminación de las obras de la policlínica del barrio 'El Monarca' atendiéndolos a cargo de la Comisión de Apoyo de la Unidad Ejecutora 068. 2) Qué materiales se incluían en el listado anexo de dicha resolución. 3) Si esa Secretaría de Estado solicitó un presupuesto a 'TCH Ltda. Construcciones' para la construcción de la policlínica en el barrio 'El Monarca'; en caso negativo, si conoce dicho presupuesto o sabe quién lo solicitó. 4) Cuáles han sido los materiales entregados por ese Ministerio a la Comisión de Fomento del mencionado barrio, desde el año 1996 a la fecha, con destino a la culminación de la policlínica. 5) Si posee ese Ministerio los comprobantes de dichas prestaciones; en caso afirmativo, si se podría acceder a sus fotocopias. 6) Si ese Ministerio cuenta con comprobantes de que la Comisión de Fomento del barrio 'El Monarca' recibió efectivamente cada una de las partidas de materiales que se le asignó para la finalización de la construcción de referencia. 7) Cuál ha sido la actuación del doctor Raúl Germán Rodríguez que, de acuerdo a la resolución de la Dirección General de ASSE de 4 de diciembre de 1996, fue designado como Coordinador de esas acciones. 8) Cuáles son las razones, a criterio de las autoridades de ese Ministerio, por las que hasta el presente las tareas de finalización de la obra no han avanzado más allá de los cimientos. 9) Si existe un cronograma previsto para la finalización de la obra y la habilitación final de la policlínica. Saludo al señor Presidente muy atentamente. PABLO MIERES, Representante por Montevideo".

"Montevideo, 12 de diciembre de 2000. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Washington Abdala. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Indicar: 1) Número de certificados del Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda (SIAV) otorgados desde el 1º de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 1999, discriminados según el departamento de origen. 2) Número de certificados SIAV otorgados desde el 1º de enero al 30 de abril de 2000, discriminados según el departamento de origen. 3) Si la vivienda que la señora Griselda Conde adquirió con el certificado SIAV en la zona del pueblo Rafael Perazza, departamento de San José, está habitada por la adquirente o, por el contrario, se encuentra alquilada a un tercero. 4) Si se adjudicó a la señora Isabel Soledad Romero Taborda un certificado SIAV y, en caso afirmativo, en qué fecha habría ocurrido, qué ingresos declaró percibir y cuál fue su declaración de estado civil que figura en la solicitud de dicho certificado. 5) Si se le entregó un certificado SIAV al señor Horacio Martín Viera Dutruel, del departamento de San José y, en caso afirmativo, en qué fecha habría ocurrido y cuál fue su declaración patrimonial y de estado civil al hacer la solicitud de dicho certificado. 6) Si se le entregó un certificado SIAV al señor Juan Pedro González, del departamento de San José y, en caso de haberlo hecho, en qué fecha habría ocurrido y cuál fue su declaración de ingresos al hacer la solicitud de dicho certificado. 7) Cuáles son los mecanismos que utiliza ese Ministerio para controlar las declaraciones de ingresos, de patrimonio y de estado civil de los aspirantes a certificados SIAV. En caso de que existan, desde cuándo se aplican. 8) Qué mecanismos se practican para verificar que las viviendas adquiridas por certificados SIAV sean efectivamente habitadas por quienes obtuvieron tal certificado. 9) Costo de la construcción, por metro cuadrado, de las viviendas edificadas entre los años 1995 y 1999. 10) Número de reclamos por vicios de construcción u otras irregularidades, presentados por los destinatarios de las viviendas entregadas entre los años 1995 y 1999, indicando en cada caso, el número de unidades habitacionales correspondiente a cada conjunto de viviendas en el que se registraron reclamos. 11) Cuáles han sido hasta ahora los criterios utilizados por esa Secretaría de Estado para ordenar la lista de solicitudes de certificados SIAV. 12) Asimismo, proporcionar la lista actual de inscriptos para acceder a certificados SIAV, indicando el orden de prioridad existente y la fecha en que se inscribieron en cada departamento. Saludo al señor Presidente muy atentamente. PABLO MIERES, Representante por Montevideo".

"Montevideo, 7 de diciembre de 2000. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Washington Abdala. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Salud Pública. Indicar: 1) Antigüedad de los programas de yodización y fluoración de la sal para consumo humano; eficacia de la fluoración en cuanto a la prevención de caries en niños, especificando la normativa que rige los referidos programas. 2) Exigencias a cumplir por la industria nacional para instalar una empresa salinera en nuestro país. Exigencias que debe cumplir el importador de sal envasada para mesa, determinando si se controla a la empresa que proporciona el producto al importador, y si las exigencias existentes son similares a las del productor nacional. 3) Contralores que ese Ministerio realiza al respecto, tanto en el caso de los industriales nacionales como los que se realizan a los importadores. 4) Número de importadores de sal registrado ante esa Secretaría de Estado. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ARTIGAS MELGAREJO, Representante por Montevideo".

"Montevideo, 11 de diciembre de 2000. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Washington Abdala. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicitamos se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Salud Pública. Indicar: 1) En qué estado se encuentra la tramitación del expediente 715/99, referido a la empresa importadora Conisel S.A. 2) Si está en conocimiento esa Secretaría de Estado de que la empresa mencionada comercializó en nuestro país sales de mesa marcas Bigsal, Moc y Lightsal. En caso afirmativo, especificar si el envase de comercialización establecía el número de registro ante ese Ministerio, o si figuraba el que consta en el expediente referido. 3) Si la cantidad de yodo y flúor que contienen dichas sales de mesa es la admitida por las normas reguladoras en la materia. 4) Si es de conocimiento de ese Ministerio que la empresa que provee a la firma Conisel S.A., que es de origen brasileño y se denomina Companya Salinas Pereyras de Río de Janeiro, padeció el retiro del registro por la autoridad competente brasileña. 5) Qué tipo de control ejerce esa Secretaría de Estado sobre la calidad de la sal fluorada del exterior del país. 6) Si la sal aludida contiene como antihumectante ferrocianuro de sodio, y si el mismo es admitido por el Decreto 315/994, de 5 de julio de 1994 (Bromatológico Nacional). 7) Cuáles fueron los dictámenes del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), de la Comisión Asesora de Alimentos y de la Facultad de Química de la Universidad de la República, al respecto. 8) Si existe registro definitivo de las sales para mesa Bigsal, Moc o Lightsal. 9) Si ha recibido ese Ministerio comunicación de las Intendencias de los departamentos de Montevideo y de Canelones y, en caso afirmativo, qué medidas adoptó. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ARTIGAS MELGAREJO, Representante por Montevideo".

"Montevideo, 5 de febrero de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Washington Abdala. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, además, por su intermedio, al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). Indicar: 1) Cantidad de autos al servicio del BHU. 2) Cuántos de éstos son propiedad del Banco. 3) Cuántos son contratados. 4) Costo del contrato. 5) En los viajes que se realizan al interior del país en autos contratados, si los choferes cobran viático; en caso afirmativo, cuál es el monto. 6) Si existe alguna observación del Tribunal de Cuentas sobre la contratación de vehículos por parte del BHU. 7) De existir observaciones, cuáles son. 8) Si se realizó un estudio comparativo de los costos de contratación y servicio de remises. 9) Forma de control del Banco en el cumplimiento de los artículos 22 numeral 4 y 23 numeral 1, del Estatuto del Funcionario. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ARTIGAS MELGAREJO, Representante por Montevideo".

"Montevideo, 5 de febrero de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Washington Abdala. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, además, por su intermedio, al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). Dentro de los llamados a licitación realizados por el BHU, indicar: 1) Texto de la licitación abreviada para publicidad del Banco, expediente 714492, por un costo total de US$ 500.000 (quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América). 2) Cuál fue la empresa ganadora de dicha licitación. 3) Costo presentado para la licitación y el gasto final que se generó en publicidad, discriminado por rubro. 4) De existir diferencia entre el costo original y el gasto final, a qué rubro fue imputada la diferencia. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ARTIGAS MELGAREJO, Representante por Montevideo".

"Montevideo, 22 de febrero de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Washington Abdala. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicitamos se curse el presente pedido de informes a los Ministerios de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) y a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP); de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE); de Economía y Finanzas, con destino al Banco de Seguros del Estado (BSE); y de Defensa Nacional, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) y a ANCEL. El semanario 'Vanguardia' es una publicación que circuló desde el 6 de julio de 1997 a noviembre de 1999. La realización periodística estaba a cargo de Comunipublic y Asociados, con domicilio en Aceguá 4712, y figuran vinculados los señores César García Acosta como Director Responsable y Pedro García Acosta como Administrador, y la doctora Claudia Malaneschi Delgado. Teniendo en cuenta que se incluyó, en esa publicación, propaganda oficial de los citados Organismos, y la notoria tendencia política del semanario mencionado, solicitamos se nos indique: 1) Cuánto se pagó por los avisos publicitarios en dicha publicación. 2) Mecanismos legales utilizados para esa contratación y a quién correspondía la autorización. 3) Cuál fue el criterio adoptado para elegir a dicha publicación para colocar propaganda oficial. 4) Si se está en conocimiento de cuál era el tiraje y cuál el público al que llegaba el mencionado semanario. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ARTIGAS MELGAREJO, Representante por Montevideo".

"Montevideo, 9 de octubre de 2000. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Washington Abdala. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. En relación al Llamado a organizaciones no gubernamentales interesadas en desarrollar proyectos de post-obra en conjuntos habitacionales de núcleos evolutivos mejorados, fechado en Montevideo, el 14 de julio de 2000 indicar: 1) Qué disposiciones lo fundamentan. Adjuntar los considerandos de las respectivas resoluciones. 2) En relación al conjunto habitacional ubicado en Rincón de la Bolsa, departamento de San José, mencionado en dicho llamado: A) Cuáles fueron las organizaciones no gubernamentales que se presentaron. B) A cuál de ellas se adjudicó. 3) Qué complejos similares hay en el departamento de San José, y qué organizaciones no gubernamentales los asesoran. 4) En relación a la selección de las organizaciones no gubernamentales que están cumpliendo funciones en complejos habitacionales del citado departamento: A) Fecha de los respectivos llamados, con fotocopia de las publicaciones realizadas. B) Si en algún caso se adjudicó en forma directa, especificando, asimismo, en cuáles y por qué no se hicieron los llamados respectivos. Asimismo: 1) Remitir documentación presentada en cada uno de los casos, en relación a lo previsto en el artículo 4º del Reglamento de participación de las organizaciones no gubernamentales en el desarrollo de conjuntos de núcleos básicos evolutivos del mencionado llamado. 2) Cómo fueron calificados cada uno de los 6 ítems a considerar. 3) Cuáles son las organizaciones no gubernamentales, con domicilio en el citado departamento, registradas en ese Ministerio. 4) En relación a las organizaciones no gubernamentales que figuran en el registro y están formadas por integrantes radicados en el departamento, proporcionar 'Relación de méritos y antecedentes...', 'Los demás antecedentes...'. 5) En cuánto a las organizaciones no gubernamentales que tienen adjudicados programas de post-obra en San José, cuáles son 'los demás antecedentes' del artículo 3º, ítem 5 del Reglamento antedicho. 6) Enviar copia del 'Plan Anual de Actividades' a que refiere el artículo 5º del mismo Reglamento. 7) De qué forma constata el Ministerio que dichos planes hayan sido aprobados por la 'Asamblea Representativa'. 8) Facilitar información disponible respecto al grado de cumplimiento de los puntos 5 y 6 del artículo 5º, 'promover y colaborar en...', 'promover programas comunitarios integrales'. 9) Copia de los informes a que refiere el artículo 6º, 'Informe inicial o plan de actividades', 'Informe semestral de rendición de cuentas'. 10) Especificar si en algún caso no se ha cumplido con la presentación de los informes. En dicho sentido qué medidas ha dispuesto ese Ministerio en estos casos. 11) Copia de los informes relativos al artículo 7º, 'Supervisión y evaluación del trabajo de cada organización no gubernamental...' 12) Indicar si en algún caso correspondió sancionar alguna organización no gubernamental, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 8º. En caso afirmativo, a cuál o cuáles, por qué motivos y qué sanción se aplicó. Saludo al señor Presidente muy atentamente. LEONEL HEBER SELLANES, Representante por San José".

"Montevideo, 27 de noviembre de 2000. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Washington Abdala. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y, además, por su intermedio, al Instituto Nacional de Colonización (INC). Ante versiones referidas a la adjudicación de la fracción 20 de la 'Colonia ingeniero agrónomo Luis Carriquiri', en el departamento de San José: 1) Indicar si en realidad fue adjudicada dicha fracción. 2) Si existían otros aspirantes a la misma. 3) Asimismo explicitar si fueron realizados informes por parte de la Regional de San José y de la Asesoría Técnica de ese Instituto sobre los distintos aspirantes. 4) Cuál fue la resolución del Directorio. 5) Detallar los fundamentos que determinaron dicha resolución. Saludo al señor Presidente muy atentamente. LEONEL HEBER SELLANES, Representante por San José".

"Montevideo, 25 de enero de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Washington Abdala. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, además, por su intermedio, a la Dirección Nacional de Vialidad. Durante la anterior administración municipal (1995-2000) del departamento de Rocha, mediante un convenio establecido entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Intendencia Municipal de Rocha, ésta Dirección procedió a realizar el afirmado y bituminizado de las calles del centro urbano de la ciudad de Lascano. En el marco de estas obras se construyeron también una importante cantidad de metros de drenes subterráneos de piedra y recubiertos con un género filtrante llamado geotextil. Hoy, a menos de un año de finalizadas las obras se observa un alarmante deterioro en el estado de las calles de esta ciudad, estado que no se condice con la aparentemente importante inversión realizada. Frente a la constatación de esta grave situación solicito se me informe: 1) Términos del convenio suscrito por la Dirección Nacional de Vialidad y la Intendencia Municipal de Rocha para la reparación de calles en la ciudad de Lascano. 2) Si las obras anteriormente mencionadas fueron realizadas exclusivamente con maquinaria y personal de esa Dirección o si además se contrataron empresas privadas, en este caso requiero se me indiquen los detalles de esos contratos: empresa, tarea realizada, plazo y monto. 3) Costo de las obras, discriminado según el tipo de obra: afirmado, bituminización, construcción de drenes, y otros. 4) Volumen de piedra utilizado en la construcción de los drenes, indicando proveedor, precio y mecanismo de compra. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ARTIGAS A. BARRIOS, Representante por Rocha".

"Montevideo, 25 de enero de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Washington Abdala. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas y, además, por su intermedio, a la Dirección General Impositiva (DGI). Indicar: 1) Detalle de las exoneraciones impositivas otorgadas a las bebidas refrescantes destinadas a la venta en departamentos fronterizos. 2) Si tiene información respecto al volumen de ventas de dichas mercaderías en esos departamentos individualmente y en la totalidad del país, en los años 1998, 1999 y 2000. Si fuese posible, discriminarla trimestralmente. 3) Mecanismo que utiliza para evitar que la mercadería exonerada sea comercializada fuera de la zona autorizada. 4) Sanciones que están previstas para los infractores. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ARTIGAS A. BARRIOS, Representante por Rocha".

"Montevideo, 21 de marzo de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional y, además, por su intermedio, a la Dirección Nacional de Comunicaciones y a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL). Ante versiones de prensa de que se estaría por vender el paquete accionario de Equital S.A., proveedora de las señales de todos los canales cables de la ciudad de Montevideo, a un consorcio extranjero, indicar: 1) Si es política del Poder Ejecutivo que capitales extranjeros sean dueños de la mayoría de las acciones de un medio de comunicación masivo, apartándose así de la realidad internacional. 2) Si de acuerdo a la legislación vigente la empresa Equital S.A. y las empresas convergentes, están habilitadas a ceder su permiso para suministrar el servicio de televisión por cable en la ciudad de Montevideo. 3) En qué caso se volvería a realizar un nuevo llamado público a interesados en instalar y suministrar el servicio de televisión por abonados dentro del departamento de Montevideo. Establecer si está previsto. 4) En caso de que una o varias empresas compradoras fueran autorizadas a suministrar el servicio de televisión por cable, qué exigencias le impondría el Estado. 5) Si el Poder Ejecutivo ha manejado la posibilidad de liberalizar el mercado de la televisión cable por abonados, tal como lo hizo con la televisión satelital por abonados. Expresar si puede influir esta definición en el caso de concretarse la venta antes referida. 6) Si está previsto que quienes posean la autorización de operar una infraestructura de cable, tengan la obligación de ofrecer esa infraestructura a terceros. 7) Si se autorizará a esos terceros para que éstos a su vez ofrezcan servicios de acceso a Internet. 8) Cuáles son las causas que pueden llevar a que la autorización de prestar servicios pueda ser derogada. Explicitar los antecedentes que indiquen que la autorización haya sido derogada. 9) Quién sería el propietario del cableado de fibra óptica en caso de que una empresa que realizó el cableado se retire del mercado y no pueda venderlo. 10) Si la actual legislación permite a los propietarios del cableado de fibra óptica habilitar un sistema privado de telefonía básica y de transmisión de datos. 11) Qué opinión técnica y política tiene ANTEL sobre la posibilidad de que la televisión cable sea utilizada para servicios de telefonía. 12) Si está previsto, en caso de habilitar la competencia, la autorregulación o un papel regulador en manos del Estado. 13) Qué papel se tiene pensado asignar al Estado y a los consumidores en el control de los contenidos. 14) Si el Poder Ejecutivo ha recibido algún planteo concreto relacionado con esa operación, por parte de Equital S.A. o de las empresas convergentes en esa firma: Bahía Esmeralda S.A., Riselco S.A. y Tractoral S.A. 15) Si el Poder Ejecutivo tiene información de que la filial argentina de Citicorp Venture Capitals (CVC) u otra empresa extranjera negocia la compra de la mayoría accionaria de esas empresas. Saludo al señor Presidente muy atentamente y, por su intermedio, a las autoridades consultadas. VICTOR ROSSI, Representante por Montevideo".

"Montevideo, 25 de junio de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparada en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Con referencia al proyecto de decreto del Poder Ejecutivo elaborado en ese Ministerio y por el cual se reglamentan los artículos 242, 270 y siguientes de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, de Presupuesto Nacional, indicar: 1) Antecedentes legales que caractericen a la Unidad de Control creada por el artículo 272 de la Ley Nº 17.296, como órgano desconcentrado, tipificación no prevista en su ley de creación y que sorprende encontrar asentada en el artículo 20 del precedentemente citado proyecto de decreto del Poder Ejecutivo. 2) Fundamento para que no se asegure le preeminencia de la participación estatal en las resoluciones del órgano de control al establecerse en el artículo 24 del citado proyecto de decreto que éstas podrán adoptarse por dos de sus integrantes y que será, en todo caso, imprescindible la participación del delegado de la Mesa Intergremial de Transporte Profesional de Carga. 3) Cuál es la razón que justifica que en el artículo 25 del proyecto de decreto se hable de 'agentes de control', en forma genérica, siendo que el artículo 273 de la Ley Nº 17.296 habla de 'agentes de control especiales'. 4) En relación al contenido del artículo 25 del proyecto de decreto en cuestión, se solicita informar el fundamento legal que ha sido tenido en cuenta al afectar por esa vía el destino de recursos del Estado como el derivado de la tasa a que refiere el inciso final del artículo 272 de la Ley Nº 17.296, siendo que en el artículo 8º del TOCAF se establece claramente que tanto las fuentes de financiamiento y el destino de los recursos del Estado se determinan por ley. 5) Se solicita aclarar el alcance del artículo 31 del proyectado decreto en lo que refiere a 'funcionarios públicos contratados en calidad de eventuales por el órgano de Control' y 'la contratación se hará por el plazo máximo de seis meses, renovable, por decisión unánime del órgano de Control'. Tal como ha sido redactado podría interpretarse que se está reconociendo al órgano de control la competencia para la designación de funcionarios públicos, extremo no previsto en la disposición legal que le da origen. Saludo al señor Presidente muy atentamente. DANIELA PAYSSE, Representante por Montevideo".

"Montevideo, 11 de junio de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Salud Pública. Indicar: 1) Cuál es la situación en que se encuentra el funcionario contratado por ese Ministerio, señor William González Merlano, que prestó funciones en el Hospital Pasteur. 2) Si esa Secretaría de Estado fue demandada por una acción de amparo por dicho funcionario, especificando si ese proceso culminó con la sentencia por la que se lo debe reintegrar a su función. 3) Si se ha cumplido con el pago de los sueldos a dicho funcionario. Saludo al señor Presidente muy atentamente. ARTIGAS MELGAREJO, Representante por Montevideo".

"Montevideo, 10 de octubre de 2000. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Washington Abdala. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República solicito se curse el presente pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. El día 12 de julio de 2000, la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de esta Cámara, recibió la visita de una representación de esa Secretaría de Estado encabezada por el señor Director Nacional de Medio Ambiente, ingeniero agrimensor Daniel Sztern. A fojas 13 de la versión taquigráfica contenida en el Repartido de Cámara Nº 138 de 2000, el señor Director Nacional de Medio Ambiente, refiriéndose a las plantas procesadoras de residuos hospitalarios y su relación con la ley de impacto ambiental, informó que 'todas incumplieron al no presentarse previamente al Ministerio para empezar a funcionar'. Específicamente sobre la planta de Trenal, manifestó que 'empezó en el año 1998 en Salto con autorización municipal, en un predio de la propia Intendencia Municipal de Salto'. Más adelante aseguró que 'cuenta con una autorización precaria del Ministerio que ya caducó y que estaba sujeta al cumplimiento de una serie de extremos para la mejora del control de emisiones, algunos de los cuales cumplió y otros no. El Ministerio estará intimando a la planta hasta el lunes que viene'. Conforme al calendario, la intimación vencía el lunes 17 de julio de 2000. Ante lo precedentemente expuesto solicito se indique: A) Qué medidas, además de una multa de 500 UR (quinientas unidades reajustables), adoptó ese Ministerio con la planta de Trenal en el departamento de Salto, inmediatamente de conocida su inauguración en el año 1998, al margen de la Ley Nº 16.466, de 19 de enero de 1994, tal cual queda de manifiesto. B) Qué razones fundamentaron la concesión de una 'autorización precaria' del Ministerio a la referida planta, teniendo en cuenta el contenido del numeral 1º) del artículo 181 de la Constitución de la República. Remitir la documentación existente. C) Si la empresa ha presentado la solicitud prevista en el artículo 9º de la Ley Nº 16.466. En caso afirmativo, adjuntar copia y los documentos prescritos por el artículo 10 de la norma citada. En caso negativo, explicar cómo garantiza el Ministerio el cumplimiento de los artículos 1º y 2º de la ley citada. D) En caso de que la empresa haya cumplido con lo referido en los artículos 9º y 10 de la Ley Nº 16.466, si esa Secretaría de Estado puso de manifiesto en sus oficinas el resumen del proyecto y efectuó las publicaciones en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, como establece el artículo 13 de la referida norma. Remitir documentación pertinente. E) En caso de que la empresa haya cumplido con los artículos 9º y 10 de la Ley Nº 16.466, si ese Ministerio ha dispuesto la realización de la audiencia pública prevista en el artículo 14. En caso contrario mencionar cuál es el fundamento para no efectuarlo. F) Qué acción, gestión o comunicación realizó esa Secretaría de Estado ante la Intendencia Municipal de Salto, autorizante de la planta Trenal, en cumplimiento con el numeral 1º) del artículo 181 de la Constitución de la República. Adjuntar documentación. G) Qué texto tiene la intimación a la planta Trenal, (supuestamente hasta el lunes 17 de julio de 2000) y cuáles han sido los resultados de la misma. H) Cuál es la situación actual de la planta de Trenal en Salto, conforme a la Ley Nº 16.466. Saludo al señor Presidente muy atentamente. RAMON FONTICIELLA, Representante por Salto".

23.- Desempeño de funciones y retiro obligatorio de determinados funcionarios municipales. (Recurso de apelación contra los artículos 97 y 124 del Decreto Nº 29.434 de la Junta Departamental de Montevideo).

——Continúa la consideración del asunto que figura en primer término del orden del día.

Tiene la palabra el señor Diputado Acosta y Lara.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Señor Presidente: de acuerdo con el informe en mayoría que extensamente ha desarrollado el señor Diputado Berois Quinteros, vamos a hacer algunas consideraciones, como las hizo el señor Diputado Bayardi, en cuanto al concepto del artículo 303 de la Constitución de la República.

Evidentemente, con respecto al artículo 303, podemos estar a favor o en contra de si la Cámara de Representantes es o no el ámbito adecuado para resolver acerca de consideraciones jurídicas. Nosotros pensamos que tal vez deberían ser examinadas en otra órbita que no sea la política; deberían serlo en la estrictamente jurídica.

Nos llama la atención que se diga que la alegría va por barrios. Es verdad; lamentablemente, se está minimizando un recurso que es una de las formas que tienen los ciudadanos de oponerse a decisiones de un Gobierno Departamental, ya sean resoluciones o decretos de la Junta Departamental. Se piensa y se minimiza el tema, diciendo que la alegría va por barrios, según a quién correspondan las mayorías circunstanciales que en ciertos momentos tienen estos decretos. Esto es un reconocimiento que nos hace mal a todos, no solamente a quien le tocó ocasionalmente "la alegría". Hace poco le tocó al Encuentro Progresista-Frente Amplio con un aumento de impuestos mediante la aplicación de la tasa de saneamiento, si es a eso a lo que nos estamos refiriendo. Mañana podremos hablar de otros recursos, pero en algo coincido con el señor Diputado Bayardi y es en cuanto al ámbito en el que deberían ser tratados temas de este tipo. Hay muchas cosas en las que podemos discrepar con el señor Diputado Bayardi -él lo sabe-, pero en el fondo, como juristas, sabemos que hay cosas que se deberían apartar de la órbita política.

El señor Diputado Bayardi decía que todos tenemos derecho a cambiar de posición. Obviamente, si hablamos de la actividad política, todos tenemos derecho a mantener nuestras convicciones y principios bien firmes y a veces algunos cambian de posición más fácil que otros. En este sentido, con respecto a la constitucionalidad y legalidad de ciertas normas legislativas, evidentemente tenemos que ser más que cautelosos.

Ahora entraremos directamente al tratamiento de los recursos y nos vamos a referir a algunas consideraciones que nos llaman la atención. Si hablamos de dar la posibilidad de que la Administración, mediante un acto estrictamente discrecional de un jerarca, haga cumplir una función a otro empleado por cuestiones de urgencia, las cosas saltan a la vista; pero hay términos en el derecho que preferimos no definir para no caer en algo taxativo, así como definiciones notorias que nos permiten a los abogados ganarnos el sustento en la vida cotidiana. Si se trata de una situación de urgencia, evidentemente hay cosas en las que muchos podríamos coincidir.

Yo discreparía notoriamente en cuanto a los fundamentos de un jerarca para cambiar la tarea de un funcionario y decirle que debe cumplir otra distinta. ¿Qué grado de discrecionalidad tiene para decirle que cumpla una función distinta? Aquí podríamos entrar en lo que nosotros denominamos abusos del derecho. Hay que determinar directamente qué es el abuso de un jerarca. Sabemos que hay muchas vías jurídicas para que los ciudadanos y empleados puedan hacer los reclamos correspondientes. Pero el hecho de que ellas existan para el empleado, de que pueda reclamar ante el empleador y discrepar con él y de que pueda disponer de los caminos y vías correspondientes mediante una gama de acciones judiciales, no significa que nosotros debamos dejar de definir si esto es constitucional o no, como creo que entendí. Nosotros debemos determinar la legalidad oportuna y conveniente en este sentido y hacerla respetar.

Por ello, no vamos a acompañar los criterios señalados por el señor Diputado Bayardi. Vamos a votar a favor de este recurso, porque creemos que se está violando la carrera administrativa y las expectativas de un grupo de funcionarios; porque se puede caer en el abuso por parte de los jerarcas y porque estamos convencidos de que se violan los artículos 60 y 61 de la Constitución. Por eso, cuando hoy escuchamos al señor Diputado Bayardi referirse a principios básicos del derecho laboral, muy bien enumerados y detallados -quienes estamos en la actividad profesional, cuando vemos la discusión entre patronal y sindicato, notamos que muchos de los que mencionó el señor Diputado Bayardi son principios típicos de las empresas-, debemos decirle que se olvidó de uno, del principio de "jus variandi" patronal. Con esto doy un argumento a favor de lo que decía el señor Diputado Bayardi, porque se está olvidando de uno de los principios básicos del derecho laboral para manejar las funciones de un empleado.

(Interrupción del señor Representante Orrico)

——El señor Diputado Bayardi se refirió a los principios del derecho laboral aplicados a la función administrativa; si el señor Diputado Orrico quiere corregir alguna de esas aseveraciones puede hacerlo en sus consideraciones jurídicas, pero no me las señale a mí; eso podemos hacerlo en otro ámbito. Con mucho gusto, oportunamente, le concederé una interrupción a tales efectos.

Me llama la atención que, aunque hay dos principios básicos que generalmente los sindicatos critican ¾ y esto suele suceder en la vida cotidiana-, hoy escuchamos al señor Diputado Bayardi decir muy airosamente que todos tenemos derecho a cambiar y a defender principios que no son los de los trabajadores, sino los de la empresa. Estas son las paradojas que estamos viendo en la Cámara de Diputados. Pido disculpas si me estoy saliendo de las consideraciones jurídicas -aunque no quiero hacerlo-, pero considero que las violaciones a los artículos 60 y 61 de la Constitución de la República son flagrantes.

No discuto que se puedan haber violado otras normas jurídicas; podemos hablar al respecto, pero las personas que crean que determinadas normas jurídicas son inconstitucionales -ya sean decretos, resoluciones o leyes- pueden seguir los caminos correspondientes ante la Cámara -cuando corresponda- o ante la Suprema Corte de Justicia, cuando lo crean oportuno. No podemos decir que, como hubo una violación en alguna otra circunstancia, ahora debemos seguir haciendo la vista gorda cuando se viola la Constitución y que aquí no pasa nada. Eso no lo vamos a decir ni a permitir.

Por ello seguimos fundamentando que este tema de cambio obligatorio en base a la discrecionalidad de los jerarcas en función de la necesidad y urgencia, genera serias complicaciones y quebrantamientos de la carrera administrativa por parte de la Administración, cualquiera sea ésta. Yo me voy a hacer cargo de mis dichos en base a la norma que estamos analizando en este momento. Es posible que algunos me vengan con análisis de otros departamentos o mencionen todos los antecedentes históricos de la Cámara. Evidentemente, como estamos acostumbrados a escuchar dos bibliotecas, siempre encontraremos argumentos a favor de una u otra, pero ése no es el tema.

Somos legisladores jóvenes que tenemos nuestras convicciones y pretendemos seguir en esta actividad, aunque no sé si con las expectativas de vida que mencionó el señor Diputado Bayardi. ¡Ojalá lo podamos ver a él en este lugar o en alguno de los que ha imaginado para su futuro y el de su fuerza política! ¡Ojalá que, donde quiera que estemos, en la oposición o en el Gobierno, podamos seguir intercambiando ideas de esta manera y enriqueciéndonos con los conceptos jurídicos que, en más de una oportunidad, hemos aprendido del señor Diputado Bayardi!

SEÑOR BENTANCOR.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BENTANCOR.- Señor Presidente: de alguna manera, quisiera poner un cable a tierra a esta situación de la movilidad del funcionario en razón de necesidades de la Administración y de situaciones urgentes debidamente fundadas, para señalar que éste es un hecho que viene dándose en el país desde hace años.

En toda la Administración Pública es frecuente -y pacíficamente aceptado por la mayoría de los sindicatos- el hecho de que, en la medida en que no haya posibilidad de cubrir un cargo inferior, aquel que ocupa un cargo superior pueda, transitoriamente, cumplir la función. Para ello hay que tener en cuenta determinadas normas. En primer lugar, no hay que someter al funcionario, desde el punto de vista humano, a una humillación; no estamos pensando en bajar a un jefe a una tarea de limpiador, por más respetable que esta última sea. En general, eso se respeta permanentemente y hay muchos jefes, en la mayoría de las empresas públicas y en la Administración Central, que transitoriamente cumplen una tarea por ausencia de subordinados. Por cierto, no se les toca el salario.

Este es un fenómeno que, lamentablemente, en los últimos tiempos ha recrudecido, por la carencia de funcionarios, en la medida en que existen limitaciones legales para su ingreso.

De hecho, aun los que somos más viejos debemos tener como recuerdo infantil las veces que la señora Directora de nuestra escuela ocupaba el cargo de la maestra porque ésta, por distintas razones, debía faltar al trabajo. A nadie se le ocurrió, ni a las maestras ni a los gremios de esa época, cuestionar esa situación. No se degradaba ni se humillaba a esa funcionaria en ningún sentido por retrotraerla a una función que, sin lugar a dudas, había cumplido durante años; tampoco se le rebajaba el salario.

Creo que estamos haciendo referencia a una situación que se da permanentemente y que, sin duda, si se sigue reiterando puede constituir una señal que habrá que analizar muy bien; de pronto, están faltando funcionarios en la línea jerárquica. Entonces, corresponderá a la Administración respectiva proveer y cubrir esas vacantes para no tener que recurrir permanentemente al caso excepcional. Reitero que es muy corriente, y en general no implica una situación de agravio para los sindicatos, el hecho de que se tenga que cubrir circunstancialmente una función, como tampoco lo es cubrirla hacia arriba. Cuando faltan los titulares de los cargos jerárquicos superiores, es frecuente que se pida a quienes desempeñan los inferiores que ocupen ese lugar. Obviamente, ante esta circunstancia se dan unos días de gracia y luego se requiere que el funcionario -en la medida en que sustituye a quien desempeña un cargo superior- perciba la remuneración correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el señor Diputado Acosta y Lara.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Señor Presidente: más allá de lo que expresa el señor Diputado Bentancor, los artículos de la Constitución están vigentes, y si hay muchas normas como aquellas a las que él hace referencia -no dudo que así sea-, en mi concepto siguen siendo inconstitucionales.

Entonces, hay que hacer las reformas oportunas; el hecho de que hayan ocurrido esas cosas -que no son objeto de nuestro análisis en el día de hoy- no implica que sigamos permitiendo esa situación. Si mañana el señor Diputado Bayardi es electo Intendente -ésa es una de las elucubraciones que a él se le ocurrieron; me parece que podría ser un excelente candidato por Montevideo-, con seguridad -no me quiero meter en la fuerza política Frente Amplio- va a terminar con los cargos superiores, porque él dijo que una de las opciones que se podían manejar era la de suprimir dichos cargos al vacar. Eso sí que es violar directamente la carrera administrativa y cortar de plano las expectativas diciendo: "Hasta aquí llegaron, muchachos, porque la carrera se corta acá".

Pero no quiero entrar en ese asunto; si la Cámara me lo permite, quisiera pasar al artículo 124, que es la otra norma que está en juego. No quiero repetir los criterios acerca de los que hemos venido hablando -la Cámara ha soportado los diferentes argumentos in extenso-, así como los distintos conceptos y definiciones acerca de que la jubilación es un hecho voluntario del trabajador. También se han hecho todas las referencias en cuanto a las jubilaciones bonificadas y al concepto de la junta médica que se tiene que hacer cuando uno se jubila por problemas de salud. Sin lugar a dudas, nos estamos olvidando de que hay funcionarios que ingresan a la Administración con un derecho adquirido de determinada manera y las reglas de juego se ven violadas, quebrantadas o cambiadas mediante este acto directo de la propia Administración, que lo único que está generando es un perjuicio notorio a los trabajadores.

Nos basamos en esto para proporcionar nuestros argumentos, no con criterios políticos -muy a menudo hoy estamos diciendo "la alegría va por barrios"-, sino jurídicos, que existen y están en la Constitución.

24.- Licencias.

Integración de la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones:

Visto la licencia por motivos personales, oportunamente concedida al señor Representante Jorge Chápper, y ante la denegatoria de los suplentes correspondientes de aceptar la convocatoria realizada, la Corte Electoral, ante solicitud de la Cámara, proclama nuevos suplentes y se convoca por el período comprendido entre los días 10 y 31 de octubre de 2001, al suplente correspondiente siguiente, señor Tomás Castro.

Del señor Representante, Edgar Bellomo, en misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, para concurrir a la II Reunión de la Comisión del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil, por el período comprendido entre los días 17 y 21 de octubre de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Julio Varona.

Del señor Representante Felipe Michelini, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 16 de octubre y 1º de noviembre de 2001, convocándose al suplente siguiente, señor Alvaro Erramuspe".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en cuarenta y nueve: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Corte Electoral

Nº 2534/2001

272/26

Montevideo, 10 de octubre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Don Gustavo Penadés.

Señor Presidente:

Pongo en su conocimiento que la Corte Electoral en acuerdo celebrado en el día de hoy, visto que el Representante Nacional por el departamento de San José, señor Jorge Chápper electo por la Hoja de Votación número 22 del Lema Partido Nacional ha solicitado licencia por el período comprendido entre los días 9 y 31 de octubre de 2001 y al haber declinado por esta vez la convocatoria los suplentes correspondientes, resolvió proclamar representante Nacional al quinto titular señor Tomas Castro y suplentes Fga. Rita Quevedo, señor Angel Sosa y doctor Carlos Olague. Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal y por el término de la licencia concedida al Representante Nacional señor Jorge Chápper entre los días 10 y 31 de octubre y en el concepto de que se han cumplido las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 116 de la Constitución de la República por el artículo 3º de la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945 y por el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

Saludo al señor Presidente con mi más distinguida consideración.

Carlos A Urruty
Presidente

Alfonso Mario Cataldi
Secretario Letrado".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de San José, Jorge Chapper por el período comprendido entre los días 9 y 31 de octubre de 2001.

RESULTANDO: Que los suplentes correspondientes siguientes, señores Alberto Casas y Eduardo Rapetti no habían aceptado por esa vez la convocatoria de que fueron objeto.

CONSIDERANDO: Que habiéndose agotado la nómina de suplentes la Corte Electoral a solicitud de la Cámara, proclamó al señor Tomás Castro, señora Rita Quevedo, señores Angel Sosa y Carlos Olague, como suplentes, lo que comunicó por Oficio Nº 2534/2001, de 10 de octubre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

Convóquese por Secretaría para integrar la representación por el departamento de San José, por el período comprendido entre los días 10 y 31 de octubre de 2001, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 22, del Lema Partido Nacional, señor Tomás Castro.

Sala de la Comisión, 10 de octubre de 2001

GUILLERMO ALVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 10 de octubre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

De conformidad con el artículo único, literal B) de la Ley Nº 16.465, solicito a usted se convoque al suplente respectivo señor Julio Varona desde el día 17 al 21, inclusive, del corriente mes.

Saluda a usted, muy atentamente.

EDGAR BELLOMO
Representante por Canelones".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Canelones, Edgar Bellomo, para asistir a la II Reunión de la Comisión de Medios de Comunicación del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 17 y 21 de octubre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el literal B) del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, al señor Representante por el departamento de Canelones, por el período comprendido entre los días 17 y 21 de octubre de 2001, para asistir a la II Reunión de la Comisión de Medios de Comunicación del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil.

2) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 738 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente amplio, señor Julio Varona.

Sala de la Comisión, 10 de octubre de 2001.

GUILLERMO ALVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

"Montevideo, 10 de octubre de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes,

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por este intermedio, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, por motivos personales, solicito a usted tenga a bien disponer los trámites necesarios a efectos de concederme licencia a mi cargo como Representante Nacional, desde el día 16 de octubre hasta el 1º de noviembre del corriente año.

Sin otro particular, saludo atentamente.

FELIPE MICHELINI
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, señor Felipe Michelini.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 16 de octubre y 1º de noviembre de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 16 de octubre y 1º de noviembre de 2001, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Felipe Michelini.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Número 99000 del Lema Partido del Nuevo Espacio, señor Alvaro Erramuspe.

Sala de la Comisión, 10 de octubre de 2001.

GUILLERMO ALVAREZ, OSCAR MAGURNO, FRANCISCO ORTIZ".

25.- Desempeño de funciones y retiro obligatorio de determinados funcionarios municipales. (Recurso de apelación contra los artículos 97 y 124 del Decreto Nº 29.434 de la Junta Departamental de Montevideo).

——Continúa la consideración del asunto en debate.

La Mesa pide disculpas al señor Diputado Falero, quien, en su carácter de miembro informante en minoría, debió hacer uso de la palabra con anterioridad al señor Diputado Acosta y Lara.

Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor Diputado Falero.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: en cuanto a la apelación a los artículos 97 y 124 del Decreto Nº 29.434 de la Junta Departamental de Montevideo, debo decir que vamos a acompañar el recurso interpuesto por los señores Ediles de esa Junta contra el artículo 124, pero no el presentado contra el artículo 97. Quiere decir que desde ya solicitamos al señor Presidente que a la hora de someter a votación estos recursos se proceda a su desglose, a fin de votar de acuerdo con nuestra opinión y con el informe en minoría que hemos elaborado.

En primer lugar, con respecto al artículo 97 debemos establecer que en las disposiciones actuales del Gobierno Departamental de Montevideo ya existe una norma de ese estilo, que maneja el mismo espíritu y, en definitiva, refiere a la misma cuestión de fondo. Lo único que introduce esta modificación presupuestal es un simple cambio en un grado del escalafón, pasando de uno a dos grados.

En segundo término, con la disposición de la Junta Departamental de Montevideo en la norma presupuestal a consideración, queda explícitamente aclarado que esta situación se aplicaría en forma transitoria, ante necesidad o urgencia. Por tanto, a nuestro criterio, no existe ningún tipo de modificación escalafonaria ni del grado del funcionario. Tampoco existe ningún tipo de perjuicio económico para el funcionario; lo único que hay es una norma que tiende a racionalizar, desde el punto de vista funcional y administrativo, el funcionamiento del organismo en cuestión.

Por tanto, sustentamos nuestra posición en aras de esa racionalización; en aras del ahorro correspondiente desde el punto de vista de las retribuciones -si esta norma no resultara aprobada, ello podría significar que se tuviera que contratar personal específico-, y en aras de un correcto relacionamiento entre los funcionarios, pero siempre salvaguardando el derecho del funcionario afectado de recurrir administrativamente ante el organismo que corresponda si no quisiera desempeñar la función que le ha sido asignada por su jerarca, dos grados por debajo de su cargo escalafonario.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Ibarra)

——En muchísimos casos esto es norma corriente en la Administración. Lamentablemente, en casi ninguna de las Intendencias del país se respetan las estructuras escalafonarias. Esta es una de las graves situaciones desde el punto de vista del funcionamiento administrativo, a nivel de los Ejecutivos departamentales. No está mal que en las normas que dictan las Juntas Departamentales se contemplen los casos en que se producen modificaciones en el cumplimiento de la labor de un funcionario en armonía con su situación escalafonaria.

Entendemos que aquí no existe ningún tipo de modificación, alteración ni violación de disposiciones legales ni constitucionales. Hay que tener en cuenta que el artículo 59 de la Constitución de la República determina la prioridad de la función por encima del derecho del funcionario en lo que tiene que ver con el cumplimiento de ella. La función es más importante, y como aquí no se está estableciendo ningún tipo de modificación de los derechos del funcionario, sino que se está priorizando el cumplimiento correcto de la función, entendemos de orden que el artículo 97 -que es el que está en cuestión- permanezca en los términos en que fue establecido en la norma presupuestal sancionada por la Junta Departamental de Montevideo. Por ello, en este caso no hacemos lugar al recurso interpuesto por los señores Ediles.

A nuestro juicio, una situación diferente se genera con respecto al artículo 124 del Decreto Nº 29.434, por el que -según lo entiende la Junta Departamental de Montevideo- se establece la obligación -no la posibilidad- de que el funcionario cese una vez que se constituya la respectiva causal jubilatoria. Esta norma que se impone significa una obligación inconstitucional para el funcionario, en la medida en que lo obliga a dejar de cumplir con sus funciones, independientemente de cuál sea su voluntad al respecto.

Sabido es que cuando un ciudadano de este país está en condiciones de acogerse al régimen jubilatorio que le corresponde, no necesariamente elige cesar en seguida que se cumplen dos de las tres condiciones que constituyen la causal jubilatoria; me estoy refiriendo a que no siempre se acogen a la jubilación al momento en que cumplen determinada cantidad de años de servicio y de edad. En general, cuando se dan estas dos condiciones el funcionario analiza la situación, evalúa su futuro, toma en cuenta su eventual sueldo jubilatorio y recién entonces elige el momento en que cesará en sus funciones.

A mi entender, la causal jubilatoria se constituye con tres elementos importantes, sin los cuales no habría posibilidad de servir la jubilación: la edad del trabajador, la cantidad de años de servicio cumplidos y el cese, que en algunos casos opera de pleno derecho, pero respecto al cual el trabajador tiene la posibilidad de determinar el momento exacto en que lo hará efectivo. Por lo tanto, el artículo 124 contradice, en primer lugar, la voluntad del trabajador en cuanto a determinar el momento de su cese y, en segundo término, modifica normas de carácter jubilatorio.

El artículo 86 de la Constitución de la República establece con absoluta claridad que las "modificaciones de causales, cómputos o beneficios jubilatorios corresponderá, privativamente, al Poder Ejecutivo". Por lo tanto, mal puede un Gobierno Departamental introducir cambios en cualquier sistema de jubilaciones, sean o no bonificadas. Es notorio, evidente, que esta disposición constitucional da iniciativa privativa al Poder Ejecutivo para realizar modificaciones en las causales jubilatorias, que -reitero- tienen tres componentes, uno de los cuales es la fecha de cese del funcionario. Este es un elemento sustancial porque determina, inclusive, el total del sueldo jubilatorio del trabajador.

De modo que este artículo es violatorio, en primer lugar, de la libertad del trabajador de elegir el momento hasta el que seguirá trabajando y, en segundo término, del artículo 86 de la Constitución; la única limitación que se reconoce a estos extremos es la de setenta años de edad para los funcionarios públicos.

En función de estas consideraciones, vamos a votar en forma negativa el recurso interpuesto por los señores Ediles contra el artículo 97 del Decreto Nº 29.434 y afirmativamente el recurso interpuesto contra el artículo 124 de la misma norma, y reitero mi solicitud en cuanto a que se pongan a votación en forma separada.

SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Tiene la palabra el señor Diputado Falco.

SEÑOR FALCO.- Señor Presidente: sucintamente voy a tratar de establecer mi posición; en realidad, luego de escuchar a quienes me precedieron en el uso de la palabra resolví introducir algunos cambios en lo que pensaba decir.

Coincido en que es cierto que el artículo 303 de la Constitución de la República, que nos erige como tribunal de alzada en los recursos contra los decretos de las Juntas Departamentales y las resoluciones de los Intendentes, nos hace estudiar si se cumple el principio de legalidad o constitucionalidad. La propia Constitución lo establece; no se trata de una interpretación nuestra ni de la que algunos autores puedan hacer.

También es cierto que no se debe ser tan categórico, puesto que algún prestigioso autor entiende que la Cámara de Representantes cumple una función política en la dilucidación de estos recursos.

En lo personal, me afilio a la teoría de que, para empezar, debemos reconocer si el principio de legalidad ha sido o no violado. En este sentido, aparece nuestra gran discrepancia con la posición del informe en minoría. Si se hubiese tenido que estudiar la oportunidad y conveniencia de este artículo, probablemente hubiéramos estado de acuerdo; es más, la defensa del informe en minoría se basó en criterios de oportunidad y conveniencia, y no en criterios de legalidad. Y voy a decir por qué, señor Presidente.

Como bien señalaba el señor miembro informante en minoría, llegamos a esta situación por la que se modificó el artículo anterior que permitía cumplir tareas de grado inferior, pero hasta una sola promoción anterior, por el hecho de que esa área se había llenado de caciques y había pocos indios; creo que ésas fueron sus palabras. A confesión de parte, relevo de prueba; ésos son criterios de oportunidad y conveniencia, no de legalidad. Por ello, reitero que si estuviera en discusión el criterio de oportunidad y conveniencia, probablemente lo hubiéramos acompañado. Pero, en nuestra opinión, no es eso lo que tenemos que discutir; lo que debemos analizar exclusivamente es si se viola o no un artículo constitucional. En ese ejercicio debemos tener en cuenta cómo está escrita la norma. Esa es nuestra obligación: funcionar como tribunal de alzada.

Quiero referirme a un punto al que hacía mención el señor Diputado Bentancor y que, en mi opinión, no modifica la inconstitucionalidad, pero sí el espíritu de la norma. Me permito mencionarlo porque él se refería a la solicitud del jerarca debidamente fundada. Quería recordarle que nosotros pedimos de modo expreso que se incluyera, pero en definitiva no quedó establecida. Simplemente quería dar esta información, porque no recoge esta expresión.

La norma en sí plantea una contradicción flagrante en su terminología, porque utiliza el término "transitoriamente", sin especificar el límite temporal; a pesar de que se trata de una referencia de este tipo, no la especifica en ninguna otra norma y, por ende, se diluye su efecto.

La contradicción más grave se da entre necesidad o urgencia, porque el hecho de haberlo planteado como una disyuntiva coloca los términos como sinónimos, cuando no lo son. La necesidad puede ser permanente, máxime si se menciona que esas oficinas en particular se habían llenado de jerarcas y había menos funcionarios de grados inferiores. Esto significa que, en definitiva, debemos tener presente que esa necesidad va a ser permanente, pese a que no haya urgencia. Se debería haber utilizado la expresión "necesidad y/o urgencia", o, si se hubiese preferido, "necesidad y urgencia".

En definitiva, me interesa destacar que se puede dar una situación permanente de necesidad, que iría contra la norma. Reitero: no habría problema si estuviéramos analizando un principio de oportunidad y conveniencia, porque, dada la situación, tenemos que buscar la solución. Pues no; no es la función de la Cámara de Representantes definir sobre eso en este recurso. Coincido con el miembro informante en minoría en cuanto a que nuestra función es atenernos al principio de legalidad, pero el argumento es al revés. Creo que su propio argumento lo condena.

También fue interesante escuchar en el informe en minoría la terminología "multifuncionalidad", "excepción" y "conveniencia". Hasta donde yo conozco, todos esos términos se refieren a la flexibilidad laboral. Yo podría haber dicho de entrada que si la realidad es ésta y la Intendencia o cualquier Administración -no me refiero a quien le toca el baile en esta oportunidad- necesitare que determinados funcionarios cumplieran ciertas tareas a efectos de llevar a cabo la función de mejor manera, no tendría ningún problema, ningún empacho en aceptarlo. Me resulta extraño que esta Administración municipal se refiera a claros conceptos de flexibilización. Permítame decir, señor Presidente, que se ha canibalizado la flexibilización en este tema.

Como dije al principio, quiero ser breve, por razones de tiempo y porque estos recursos deberían ser votados hoy. No hay dos versiones en cuanto a los plazos.

Volviendo a los errores de redacción, debo concluir lo siguiente. ¿Qué está en juego en esta norma? No voy a repetir lo que se dijo en el informe en mayoría, porque lo suscribí. ¿Se violan los artículos 60 y 61? En el artículo 60 simplemente se establece la carrera administrativa, sin perjuicio de entrar en la inamovilidad, que es otro tema. En cuanto al artículo 61, se especifica que para los funcionarios de carrera, es decir, los que estableció el artículo anterior, regirá el Estatuto del Funcionario. De manera que si yo violo el Estatuto del Funcionario, por vía indirecta estoy violando la Constitución de la República. Es nada más y nada menos que lo que se hizo acá. Entiendo el criterio de oportunidad y conveniencia, pero creo que había otro camino para solucionar el problema que plantean, porque es claro que va contra el Estatuto del Funcionario y, por lo tanto, contra la Constitución, por reenvío, porque así lo dice la Carta. Ese punto no merece interpretación porque es claro.

Podríamos decir mucho acerca de oportunidades y conveniencias, si se flexibilizó o no, pero el punto específico y muy sencillo es que se violó una norma del Estatuto del Funcionario. De esa manera -reitero-, por reenvío, se viola la Constitución de la República.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Tiene la palabra el señor miembro informante en minoría.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: cuando se legisla, tanto el Poder Ejecutivo en su capacidad de iniciativa como el Cuerpo parlamentario nacional o municipal, lo hacen porque tienen algunos objetivos de naturaleza programática que estampan en las leyes y porque consideran que es oportuno o conveniente. De ahí surgen las iniciativas y los pronunciamientos. El problema no está en por qué legisla un Ejecutivo, sino en si, a los efectos del artículo 303, habiendo legislado por objetivos programáticos o por oportunidad y conveniencia, en realidad lo hizo acorde a la Constitución y a la ley.

Como acá se han hecho invocaciones de naturaleza constitucional, es un juego que me gusta, a pesar de no provenir del área del derecho, porque me he preocupado finamente por entender que el derecho constitucional es un derecho de interpretación permanente, que es interpretable por la llamada interpretación legítima, a través de la ley, pero es obligatoriamente interpretable por todos aquellos que tienen, estén en el ámbito que estén, ya sea de la Administración o jurisdiccional, la obligación de aplicar lo que entiendan desde el punto de vista conceptual que emana de las normas constitucionales. Ya he dicho muchas veces que creo que el derecho constitucional se aplica poco en este país, inclusive en el ámbito jurisdiccional.

Se ha hablado del artículo 61 en varias interpretaciones. Dice: "Para los funcionarios de carrera, el Estatuto del Funcionario establecerá las condiciones de ingreso a la Administración, reglamentará el derecho a la permanencia en el cargo [...]". Tanto es así, que en el Estatuto del Funcionario para muchas profesiones, en realidad, la permanencia en el cargo ha quedado sujeta a la voluntad de la iniciativa del legislador, sea el Poder Ejecutivo o el Parlamento. Quiere decir que para muchas actividades de la Administración la permanencia en el cargo ha quedado sujeta al tiempo de permanencia en el cargo. Así ocurrió en las Fuerzas Armadas, con el personal docente, etcétera. Entonces, es el Estatuto que establece la permanencia en el cargo. Y si la quiere determinar por el punto en el que se consagra la causal jubilatoria, no está violando el artículo 61.

El artículo 61 también dice que el Estatuto reglamentará y determinará las obligaciones funcionales de los funcionarios porque, en realidad, por aquello de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario, reglamenta las obligaciones funcionales. Por lo cual tampoco se dice, desde el punto de vista de lo que se ha planteado acá, que se pueda violar el artículo 61 cuando se determina lo expresado en el artículo 97

No obstante ello, el artículo 62 dice con claridad que los Gobiernos Departamentales sancionarán el Estatuto para sus funcionarios, ajustándose a las normas establecidas en los artículos precedentes. Quiere decir que si en cualquiera de las disposiciones consideradas se reglamenta el derecho a la permanencia en el cargo, sujeto al momento en que se consagra la causal jubilatoria, y en otra se determinan las obligaciones funcionales, no se está violando la Constitución en lo que tiene que ver con el artículo 61. Eso fue algo de todo lo que pretendimos expresar en nuestra intervención.

SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Tiene la palabra el señor Diputado Ponce de León.

SEÑOR PONCE DE LEON.- Señor Presidente...

SEÑORA CHARLONE.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PONCE DE LEON.- Sí, señora Diputada.

SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Puede interrumpir la señora Diputada.

SEÑORA CHARLONE.- Señor Presidente: quiero contestar una alusión en forma tardía, dado que no estaba en Sala en su momento.

Aquí se mencionó la discusión que tuvimos en ocasión del Presupuesto quinquenal acerca del tema de los choferes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Se leyó una exposición mía fundamentando mi posición en contrario -que también fue la de mi bancada- con relación al artículo 520 del Presupuesto. En este sentido, voy a manifestar un pequeñísimo matiz con mi amigo, el señor Diputado Bayardi, porque no hicimos una guiñada a los choferes.

Voy a referirme a lo que establece el artículo 520, porque cuando soy citada me gusta que se lo haga bien. Allí se establece que "Los cargos de chofer del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, además de las funciones atinentes a su cargo presupuestal, desempeñarán las que el Tribunal les asigne".

Acá no hay ninguna limitación ni garantía alguna. Desempeñarán cualquier función, sujeta a la más absoluta discrecionalidad del jerarca que puede emplear estas atribuciones bien o mal; esta atribución está concedida en el sentido más amplio y genérico.

También quiero decir que esta disposición fue aprobada por cuarenta y cuatro votos en ochenta y dos. Fue votada por el Partido Nacional y por el Partido Colorado, pero no por esta bancada.

Voy a dar lectura al punto 5) del informe cuando hace referencia a este tema. Dice así: "Esa norma implica una doble violación al derecho a la carrera administrativa. Por un lado, en cuanto impone a los funcionarios el deber de desempeñar funciones diferentes a las de su cargo, incluso las que están asignadas a grados inferiores". No logro entender por qué razones -salvo que sean estrictamente políticas- los choferes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo pueden desempeñar cualquier tipo de función, sin ninguna garantía -esto fue votado por el Partido Nacional y por el Partido Colorado-, y no sucede lo mismo cuando se trata de la Intendencia Municipal de Montevideo, ámbito para el que la Junta Departamental establece condiciones de urgencia, transitoriedad y limitaciones en cuanto a los grados inferiores. ¿Por qué en un caso es constitucional y no viola los derechos de los funcionarios, y en el otro sí los viola?

SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Puede continuar el señor Diputado Ponce de León.

SEÑOR PONCE DE LEON.- Señor Presidente: el tema que hoy estamos debatiendo cruza una discusión que está planteada en el país sobre el rol del Estado y de los funcionarios y la reforma del Estado. El Parlamento, al adoptar decisión sobre este tema, está emitiendo una señal respecto a este problema.

Se ha insistido mucho en que a esta Cámara la Constitución le ha dado potestades jurisdiccionales para adoptar estas decisiones. Y se ha planteado más de una vez -lo hemos discutido algunas veces en Cámara y otras fuera de ella- hasta dónde la Cámara de Representantes, los Diputados, tenemos o no capacidad de desdoblar nuestra función política de la jurisdiccional; en otras palabras, de hacer una apreciación por razones de mérito o que se ajuste estrictamente a la violación o no de normas jurídicas.

Paralelamente a este tema, me voy a referir al primero de los dos artículos que están en discusión. En el informe en mayoría se establece que esto sería inconstitucional, pero no hay en todo el informe una referencia a alguna ley, lo cual tiene cierta lógica, porque la Constitución es muy clara en cuanto a cómo son la carrera, las obligaciones funcionales y el cese. El artículo 62, con absoluta nitidez, determina que en este tema los Gobiernos Departamentales establecen para sus funcionarios las normas correspondientes y sólo rige la ley cuando no las hayan establecido. Por lo tanto, en la medida en que haya una disposición departamental, eso es ley.

No obstante, alguien podría haber hecho alguna mención a otra ley o disposición constitucional, pero no fue así. Una y otra vez se invocan estos mismos artículos constitucionales y se dice, con relación a la obligación que existe de legislar acerca de ascensos, derechos u obligaciones funcionales, que es inconstitucional lo que resolvió la Junta Departamental de Montevideo.

En ese sentido, algunas referencias que se han hecho de carácter práctico no son de mérito, como manifestaba hace un rato el señor Diputado Falco en su pormenorizada exposición. Está bien que hagamos referencia a aspectos que son sustantivos.

Hace un momento, el señor Diputado Bentancor hacía mención a la situación de una escuela. Tengo muchos años en la Administración Pública y se me hace muy fácil poner ejemplos. Si en una central de generación de la UTE -institución a la que varios de los que están aquí de una u otra forma han estado vinculados- falta el foguista de segunda, ¿el encargado de calderas puede o no asignar a un foguista de primera las funciones del foguista de segunda, que es quien pone y saca los quemadores? ¿O eso es violación de una norma?

La razón por la cual en la Junta Departamental se están haciendo estas modificaciones es porque el Digesto Municipal tiene un grado de detallismo que va mucho más allá del Estatuto del Funcionario. Esta norma no sería en absoluto necesaria y no es un tema de oportunidad. Digo que hay algo que está en la sustancia misma de las cosas. Si en circunstancias transitorias -como se establece-, de necesidad o de urgencia -creo que está bien la conjunción utilizada porque cualquiera de las dos puede darse-, el jerarca no puede -porque sería inconstitucional- asignar a alguien para desempeñar provisoriamente una función de tipo inferior, ¿qué señal estamos dando? Además, hay que tener en cuenta que está limitada a funciones que se hayan desempeñado anteriormente, en sus dos últimas etapas de carrera funcional, es decir que estamos hablando de funciones que desempeñó hasta hace poco. ¿Vamos a poder invocar esta resolución en cuanto seminario haya sobre reforma del Estado, sobre el rol de la función pública? ¿Vamos a poder invocar que la Cámara de Diputados en función jurisdiccional entiende que es inconstitucional -ya no inconveniente- que se pueda asignar a alguien una función que haya desempeñado anteriormente, en forma transitoria y por razones de necesidad o urgencia?

No sé si todos calibramos la significación de lo que se está resolviendo, pero siento el mayor de los respetos por cada legislador y por la Cámara y, por lo tanto, no puedo tomarme como un tema menor este pronunciamiento porque ¡menudo antecedente es! Muchas veces me tocó discutir temas como éste desde el ángulo sindical. En la UTE fui dirigente sindical. ¿Qué es lo que siempre defendimos? "¡Ah, señor! Por razones de oportunidad o conveniencia, usted podrá asignar a alguien una responsabilidad inferior, pero le tiene que seguir pagando el sueldo como si estuviera desempeñando el cargo superior, porque el sueldo es lo que llega todos los fines de mes a la casa, y es lo que la carrera funcional le va dando. Tampoco puede retirarle el derecho a concursar para un cargo superior, a continuar su carrera, por una asignación transitoria de funciones". Eso sí va en defensa del funcionario. Pero me permito decir que afirmar que es inconstitucional lo que votó la Junta Departamental, no sólo no va en defensa del funcionario, sino en contra de él, porque cuando las cosas se ponen rígidas terminan estallando, y estallando mal. Y yo no creo que sea conveniente que se declare esto inconstitucional, ni para el funcionario ni para los Entes públicos. ¿Queremos oír mañana a cualquier funcionario, en cualquier institución, en cualquier ámbito de la Administración, que diga que aun en casos de urgencia, de necesidad, y aunque fuere en forma transitoria, la Cámara resolvió que es inconstitucional que se le asigne una función que dejó de desempeñar hace un tiempo, en virtud de que ascendió?

No sé si estamos calibrando la dimensión de lo que tenemos a consideración. Pongo el acento en este primer tema porque creo que es muchísimo más nítido que el segundo, que tiene complejidades de otra naturaleza. Me parece que estamos ante un asunto absolutamente simple y no creo que nadie que haya trabajado en la función pública, sobre todo en lugares en los que es imprescindible tener cubiertos determinados cargos para poder funcionar, o en pequeñas oficinas donde se ve bloqueado el funcionamiento si falta alguien y otro no cumple sus tareas -no me refiero a oficinas muy grandes, con mucha gente, en las que estos problemas no se plantean en forma aguda-, pueda sostener que esto es inconstitucional. Repito que no lo digo por razones de oportunidad, sino por razones sustantivas. Es más: si fuera así, tendríamos que modificar algo, porque, si no, el Estado no tendría posibilidades.

La Constitución es muy clara cuando establece que es por ley que se reglamenta cuáles son las obligaciones del cargo y que es por ley que se reglamenta cuáles son las obligaciones funcionales; lo dice en forma expresa. Luego, el artículo 62 dice en forma también expresa: "Los Gobiernos Departamentales sancionarán el Estatuto [...]" que establezca estos elementos.

No veo de dónde podemos agarrarnos, y aquí sí digo: pensemos en las consecuencias de nuestros actos. Se podrá opinar que el artículo es bueno o malo, pero lo que no se puede decir es que sea inconstitucional. Nos podrá parecer bien o mal, pero aquí no estamos votando el Estatuto; lo que tenemos que decidir es si esta Junta Departamental -mañana puede ser otra- estaba o no actuando dentro de sus potestades cuando resolvió esto. No tengo la menor duda de que sí lo estaba. ¡Ojalá que la Cámara no emita una señal tan mala para un país que necesita repensar, replantear y avanzar tanto en materia de reforma del Estado, y tener un Estado realmente potente y fuerte, lo que, en última instancia, es de las cosas indispensables para que al país le vaya bien!

SEÑOR FALCO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FALCO.- Señor Presidente: uso esta vía porque fui aludido. Seré breve.

Tan de acuerdo estamos con el final de la exposición del señor Diputado Ponce de León, que ojalá alguna fuerza política, cuando se planteen problemas de flexibilización laboral -como es éste-, tenga el mismo criterio. ¡Ojalá, señor Presidente! ¡Tan de acuerdo estamos con el final de los dichos del señor Diputado Ponce de León!

SEÑOR PONCE DE LEON.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Señor Diputado: no existe alusión de alusión, pero con mucho gusto le cedo la palabra para una aclaración, si se compromente a no volver a aludir.

Tiene la palabra el señor Diputado Ponce de León.

SEÑOR PONCE DE LEON.- Vuelvo a lo mismo: separemos los temas. Aquí no estamos discutiendo cuál es la norma más conveniente a aplicar en la situación actual del país; si aprobáramos el informe en mayoría, estaríamos resolviendo que es inconstitucional una frase tan limitada como la que aquí figura, que establece que transitoriamente y en un marco de necesidad o de urgencia se puede asignar a alguien tareas que desempeñó hasta hace poco tiempo. Señores: me imagino esta decisión de la Cámara después de muchas discusiones y, francamente, creo que puede bloquear una enorme cantidad de situaciones, por lo que, repito, sería una pésima señal.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Ha finalizado la lista de oradores. Corresponde, entonces, votar los proyectos de resolución.

Como el informe del señor Diputado Falero es coincidente con el informe en mayoría en cuanto al artículo 97, la Mesa propone -si el señor miembro informante en mayoría estuviera de acuerdo- una votación separada, de forma tal de evitar que el Cuerpo pierda más tiempo en este tema.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- ¿Me permite, señor Presidente?

Quisiera saber si se está procediendo a llamar a Sala.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a llamar durante dos minutos para que los señores Diputados ingresen a Sala.

Señor Diputado Falero: lamentablemente, la Secretaría me informa que el recurso de apelación es sobre los dos artículos y, por tanto, la resolución del Cuerpo también debe ser sobre ambos. Pero el Presidente va a proceder a efectuar el desglose para evitar los debates correspondientes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de resolución en mayoría.

(Se vota)

——Cuarenta y cuatro en ochenta y dos: AFIRMATIVA.

SEÑOR MELGAREJO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MELGAREJO.- Señor Presidente: quiero señalar que mi voto negativo se dio en el marco de haber escuchado toda la tarde, muy atentamente, los argumentos que se volcaron en torno al tema. Mi silencio se debió, pura y exclusivamente, a que cuando se tratan estos temas priman los intereses políticos por encima de los intereses jurídicos o el derecho. Como es así, y mientras estemos en un organismo político tendremos que acatar lo que definan las mayorías, seguiremos luchando y diciendo que vamos por el buen camino, más allá de que no nos acompañen con sus votos aquellas mayorías transitorias que, hoy por hoy, van marcando el perfil dentro de este Parlamento.

(Interrupciones)

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- El proyecto de resolución es uno solo; no hay dos artículos en el proyecto de resolución, y así la Cámara lo ha expresado en reiteradas oportunidades. Cuando se votaron el Presupuesto de la Cámara y los recursos anteriores, se hizo de la misma forma.

De todas maneras, vamos a proceder a votar el numeral 1º, que establece: "Hacer lugar al recurso interpuesto, dejando sin efecto los artículos 97 y 124 del Decreto Nº 29.434 de la Junta Departamental de Montevideo".

SEÑOR FALERO.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FALERO.- No sé, entonces, con exactitud, a qué se refirió la votación anterior. Pensé que se estaba votando el recurso contra el artículo 97.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Yo estoy intentando buscar la forma de lograr coincidencias, de manera que todos los legisladores queden satisfechos con el proceder de la Mesa. Es claro que el proyecto de resolución es uno solo, y también es claro que el proyecto en mayoría tuvo un resultado afirmativo, con los votos de cuarenta y cuatro legisladores en ochenta y dos.

Todo proyecto de resolución se vota en su totalidad, por más numerales que tenga, porque es uno solo. Es así como la Cámara ha actuado siempre. Estoy tratando de buscar la forma de dejar constancia de que el Nuevo Espacio hace lugar al recurso contra el artículo 97 y no al referido al artículo 124.

Entonces, ahora vamos a proceder a votar el numeral 1º , desglosando lo que refiere al artículo 97 y lo que corresponde al artículo 124.

Se va a votar la parte relativa al artículo 97.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la parte relativa al artículo 124 recurrido.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en ochenta y seis: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto de resolución en mayoría y se comunicará.

SEÑOR VENER CARBONI.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR BAYARDI.- ¿Me permite, señor Presidente, antes de votar?

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- El tema es que, en mi opinión, y probablemente por un problema de visión, en realidad está mal proclamada la votación.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Si quiere rectificar la votación, con mucho gusto así se hará.

SEÑOR BAYARDI.- Si es posible, pediría que nos quedáramos sentados y tranquilos todos los que fuimos entrando; tranquilos. A mí me interesa que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- ¿La votación en su totalidad? ¿Todo el proceso, señor Diputado?

SEÑOR BAYARDI.- Me alcanza con que haya una sola votación; no necesariamente debe repetirse la votación con los artículos desglosados.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de resolución en su totalidad, con la aclaración de que se trata del informado en mayoría, que es el que está a consideración del Cuerpo.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

SEÑOR FALERO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR FALERO.- En primer lugar, quiero agradecer al señor Presidente la buena disposición para hacer respetar, de alguna manera, la voluntad de esta bancada con respecto a la forma de votar los recursos. Creo que corresponde y es de orden.

En segundo término, deseo dejar absolutamente en claro, para evitar cualquier tipo de confusión, que nosotros votamos en forma negativa el recurso contra el artículo 97 y en forma afirmativa el recurso contra el artículo 124, dejando constancia de que los dos recursos son los mismos, aunque hacen a dos artículos distintos de la norma establecida. Por lo tanto, si son dos artículos distintos se pueden considerar, a mi juicio, dos recursos diferentes. Pero, en aras del ahorro de tiempo y allanándome a la interpretación del señor Presidente, votamos de esa manera.

SEÑOR BAYARDI.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- ¿Es para fundar el voto, señor Diputado?

SEÑOR BAYARDI.- Es para dejar una constancia acerca de la votación.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BAYARDI.- En realidad, yo me he acostumbrado aquí a que, cuando se gana, se gana, y cuando se pierde, se pierde. Lo tengo asumido. La primera votación estuvo mal proclamada. La segunda votación, de la cual pedí la rectificación, también está mal proclamada, porque en mi bancada hay treinta y nueve legisladores presentes votando negativamente contra el recurso interpuesto. Entonces, el problema no tiene que ver tanto con el resultado; cuando las voluntades están, están, pero todos los legisladores, para manejar su voluntad, tienen que estar sentaditos aquí y manifestarla. A partir de ahí se consagra.

En la primera instancia estuvo mal proclamada la votación, por lo cual podría haber resultado negativa. En esta oportunidad, valga esta aclaración como constancia, entendiendo -insisto- que cuando se gana, se gana y cuando se pierde, se pierde. Como he dicho muchas veces, cuando esté allá arriba, con la mayoría de los votos de mi lado, pierda cuidado que voy a seguir aplicando este mismo criterio. Pero no es para nada menor el tema de cómo se van consagrando las votaciones a lo largo del desarrollo de las sesiones.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Señor Diputado: realmente, no logro entender su planteo. ¿Usted considera que la Mesa ha procedido erróneamente?

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- ¡Que se rectifique nuevamente la votación!

SEÑOR BAYARDI.- En realidad, me queda claro que lo único que hace el Presidente es trasmitir lo que a él se le da como dato, y me queda claro también que no es un problema de mala voluntad de los funcionarios; es un problema de la dinámica en la que se va entrando. Lo que sucede es que cuando se hace la proclamación estamos generando una resolución y, si se proclama mal, puede cambiar el sentido.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Señor Diputado: lo que usted dice es de gravedad. Se imaginará que yo, conscientemente, jamás voy a proclamar una votación que no corresponda. Así que, entonces, voy a acceder al pedido del señor Diputado Acosta y Lara en el sentido de que se rectifique nuevamente la votación, de modo que quede cristalinamente claro cuál es la situación aquí. Y voy a solicitar a los señores Diputados que tomen asiento en sus bancas para que el procedimiento sea absolutamente correcto.

Se va a rectificar la votación del proyecto de resolución en mayoría.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en ochenta y siete: AFIRMATIVA.

SEÑOR BAYARDI.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Bayardi para fundar el voto.

SEÑOR BAYARDI.- En realidad, es para aclarar al señor Presidente que no puse en cuestión su buena fe. Tampoco puse en cuestión la capacidad de los funcionarios, quienes tienen que contar los votos con gente entrando a Sala permanentemente. Mis manifestaciones no horadan, para nada, la buena fe de los señores funcionarios. Lo que sí tiene que quedar en claro es que en la primera votación, habiendo treinta y nueve de mis legisladores en Sala y no habiendo sido acompañada la moción por los legisladores del Nuevo Espacio, se proclamaron treinta y cuatro votos cuando debían haber sido asignados cuarenta y dos.

De todos modos, esta última votación nos está dando treinta y ocho votos. Vuelvo a repetir: no quiero que se rectifique. No cambia el resultado, pero en realidad estamos siendo treinta y nueve. La aclaración está hecha.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a rectificar, por última vez, la votación del proyecto de resolución en mayoría.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en noventa y dos: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto de resolución en mayoría y se comunicará.

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y dos en sesenta y nueve: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado en mayoría)

26.- Francisco Espínola. (Designación al tramo de la Ruta Nacional Nº 23 comprendido desde su origen en la Ruta Nº 11 hasta la localidad de Ismael Cortinas).

——Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Francisco Espínola. (Designación al tramo de la Ruta Nacional Nº 23 comprendido desde su origen en la Ruta Nº 11 hasta la localidad de Ismael Cortinas)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 744

"CAMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Desígnase con el nombre "Francisco Espínola", el tramo de la Ruta Nacional Nº 23 comprendida desde su origen en la Ruta Nº 11 hasta la localidad de Ismael Cortinas.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 18 de setiembre de 2001.

LUIS HIERRO LOPEZ
Presidente

HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI
Secretario".

Anexo I al
Rep. Nº 744

"CAMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Constitución, Códigos,

Legislación General y Administración

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha considerado el proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Senadores el 18 de setiembre de 2001, por el que se designa "Francisco Espínola" al tramo de la Ruta Nacional Nº 23 comprendido desde su origen en la Ruta Nº 11 hasta la localidad de Ismael Cortinas.

Francisco Espínola, una de las personalidades más importantes de la literatura uruguaya del Siglo XX, nació en San José el 4 de octubre de 1901 en el seno de una familia profundamente vinculada al Partido Nacional. Su abuelo materno, don Fernando Cabrera, según contaba la historia familiar había cuidado una tropilla de don Manuel Oribe en tiempos de la Guerra Grande. Su padre, don Francisco Espínola, había nacido en Islas Canarias y fue caudillo saravista en San José, habiendo participado en los alzamientos de 1897 y 1904, resultando herido en la batalla de Masoller. Luego participaría en un alzamiento contra Batlle y Ordoñez en 1910 y, en 1934, en el levantamiento contra el terrismo junto a su hijo Paco, resultando este último prisionero.

Paco Espínola fue sin duda un gran escritor, pero según cuentan sus contemporáneos, fue también un gran narrador oral. Dice Ana Inés Larre Borges que "hoy, cuando se van raleando las filas de quienes lo conocieron, cuando son menos los que atesoran sus cuentos y pueden rematarlos con el ritualísimo. 'Pero hay que ver cómo lo contaba Paco' (...) Francisco Espínola abandonado de Paco no se pierde: queda en su obra. Los cuentos memorables que escribió, la magistral creación de su 'Don Juan, el zorro', un legado irónicamente póstumo, sustituyendo el encanto de la leyenda por la verdad del arte".

Paco fue un hombre de letras, un gran escritor, tremendamente comprometido con su tiempo.

En 1922, con apenas 21 años, Paco Espínola y otros jóvenes blancos entre los que estaba su amigo de siempre, Luis Pedro Bonavita, arman una lista "rebelde" dentro del Partido Nacional, logrando un diputado que resultó ser Javier de Viana.

En 1933, como fue dicho, Paco Espínola integra la fila de quienes se alzaron contra Gabriel Terra, siendo tomado prisionero en la acción de Paso del Morlán (28 de enero de 1935).

Si bien su vida seguiría otros caminos distintos a la política, nunca abandonó su vinculación con ésta. Se autodefinía "blanco como hueso de bagual" y, desde su condición de blanco, tuvo un acercamiento cada vez mayor con la izquierda uruguaya que culmina, hacia el final de su vida, con su afiliación al Partido Comunista del Uruguay.

Tuvo también una larga y fecunda actuación docente. Dictó cursos en la Facultad de Humanidades, donde fue el creador de la Cátedra de Análisis y Composición Literaria.

Fue un ser querido y respetado por todos, un intelectual que no rechazó el compromiso con su tiempo. Poseedor de una personalidad seductora, vive hoy en su obra literaria y en el emocionado recuerdo de quienes tuvieron la dicha de conocerlo y frecuentarlo.

Murió el 26 de junio de 1973. Dice con acierto Ana Inés Larre Borges que la muerte "fue generosa con el hombre que no vería la inminente persecución de sus camaradas, el encarcelamiento de su hija y el exilio de sus amigos".

Por lo expuesto, se aconseja al plenario la aprobación del proyecto de ley que se informa.

Sala de la Comisión, 4 de octubre de 2001.

JORGE ORRICO, Miembro Informante, ODEL ABISAB, JORGE BARRERA, DANIEL DIAZ MAYNARD, MARGARITA PERCOVICH, DIANA SARAVIA OLMOS".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: dado lo avanzado de la hora y el interés que existe en que este proyecto sea votado hoy, voy a ser absolutamente telegráfico.

Estamos en el mes del centenario del nacimiento de Paco Espínola, uno de los grandes de nuestra literatura y, por otra parte, un hombre absolutamente comprometido con su tiempo.

Estuve investigando y me parece que estamos ante un hecho casi histórico, porque creo que es la primera vez que pondremos el nombre de un escritor a una ruta nacional. Los escritores, los poetas, los artistas unen a los pueblos y a la gente, porque son la síntesis de todos nosotros, y por esa razón son grandes. Me parece fantástico que logremos poner el nombre de Francisco Espínola a una ruta nacional.

Se trata de un hombre que, sin duda, no sólo fue uno de los escritores más importantes del siglo XX en el Uruguay, sino que estuvo comprometido políticamente con su país, primero desde el Partido Nacional. Participó en aquel frustrado movimiento que dio lugar a la batalla de Paso de Morlán, donde fue hecho prisionero; siempre estuvo vinculado a actividades políticas. Culmina su acercamiento a la izquierda, que fue muy paulatino, en el año 1971, cuando ingresa al Partido Comunista y al Frente Amplio.

En algo así como una muerte bondadosa, para algunas personas, muere el 26 de junio de 1973, sin conocer el exilio ni la prisión de gran parte de sus amigos, la prisión de su hija ni todo el desastre que sería el Uruguay a partir de aquella fecha fatídica.

Para nuestro país es realmente importante que reconozcamos a Paco Espínola de esta manera: poniéndole su nombre a una ruta nacional.

En virtud de que este proyecto cuenta con media sanción, pido que se haga el esfuerzo de aprobarlo hoy para que se pueda comunicar al Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Ibarra.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: complementando lo que el compañero Diputado Orrico ha expresado, quiero decir que, efectivamente, a los cien años de su nacimiento Francisco Espínola se ha convertido en una especie de leyenda o de mito, por la trascendencia de lo que hizo durante su vida.

Tuvo una tradición familiar que lo marcó como blanco "como hueso de bagual" durante varias décadas. Fue heredero de un padre, también llamado Francisco Espínola, caudillo blanco que batalló junto a Aparicio Saravia en 1904, en Masoller, donde fue herido; en esa batalla muere, por supuesto, el caudillo blanco Aparicio Saravia.

Entre 1920 y 1926 escribió importantes obras literarias y cuentos extraordinarios como "Don Juan el Zorro" vieron la luz y pusieron de manifiesto su capacidad intelectual.

Además de la amistad permanente con Luis Pedro Bonavita, cultivó y desarrolló una amistad ferviente con figuras como Carlos Reyles, Vaz Ferreira, Javier de Viana, Zum Felde, Juan José Morosoli, Justino Zavala Muniz, Lauro Ayestarán, Torres García y Pivel Devoto.

Por suerte, fue homenajeado en vida en varios eventos realizados por organismos públicos e instituciones y, por supuesto, en su pueblo natal, San José.

A través de Internet tuve oportunidad de acceder a un libro escrito por Ana Inés Larre Borges, llamado "Uruguayos notables", en el que figura un subtítulo: "Francisco Espínola: el último escritor nacional", que presentara en el Concurso de Biografías y Ensayos. En él, Ana Inés Larre Borges traza con absoluta fidelidad la vida de Paco Espínola.

Me voy a permitir citar una parte de ese libro, que no sólo relata la vida de este hombre, sino que también, a través de un capítulo llamado "El compromiso político y la muerte de Paco Espínola", marca su trayectoria política.

Señala que Paco Espínola fue un hombre político, desde siempre rebelde, aun dentro de su Partido político, el Partido Nacional, durante varias décadas y que, por supuesto, participó también en distintas batallas y se opuso a la dictadura de Gabriel Terra. Y agrega: "[...] en ocasión del homenaje que le tributara la Junta de Montevideo en 1962, [...] Espínola impone una versión del país donde los enemigos son capaces de admiración y respeto mutuo y conservan 'el espíritu del mundo criollo'". Esa fue, en definitiva, la razón de la amistad y el reconocimiento inclusive de los adversarios políticos en aquel momento, muchos de los cuales mencioné. El 21 de noviembre de 1962, apenas dos meses después del homenaje en la Junta Departamental, adhiere a mi fuerza política, el Frente Izquierda de Liberación, que presidía en aquel momento, como primer Presidente, nada más y nada menos que don Luis Pedro Bonavita, también proveniente del Partido Nacional.

Dos días después de su pública adhesión participa espontáneamente en el acto de clausura de la campaña electoral del Frente Izquierda de Liberación y dice unas palabras que explican su decisión: "Hasta ahora no he hecho otra cosa que exteriorizar simpatía por los oprimidos, amor por los débiles. Yo estaba más atento de lo que podría parecer a la realidad concreta; pero creía por ceguera de amor, que con eso bastaba. Aunque en una de mis obras, un personaje dice que se debe hacer por los hombres algo más que amarlos". Dice Ana Inés Larre Borges que la opción, sin embargo, no oculta el drama que significó para el escritor la ruptura con una tradición. Continuaba diciendo Espínola: "Yo sentía que tenía que adoptar una actitud nueva, pero eso significaba arrancarme las vísceras, separarme de mis muertos. Esta actitud me arrancó lágrimas". Esta fue una decisión difícil y fue vivida dramáticamente por el escritor.

A lo expresado por él se sumaba la influencia de sus compañeros de infancia de San José, antiguos correligionarios en la militancia nacionalista y amigos íntimos de toda una vida, como Luis Pedro Bonavita y Luis Gil Salguero. Bonavita, además de amigo, era cuñado de Paco y fue Presidente del Frente Izquierda de Liberación desde su fundación. Luis Gil, tan admirado y respetado por Espínola, desde su juventud fue el Presidente de Trabajadores de la Cultura de la misma coalición.

Pido disculpas a la Cámara, pero considero que es importante que hagamos este pequeño homenaje a Paco Espínola, quien durante la década del sesenta participó en actos de apoyo a la revolución cubana, y la vida hizo que, tras un proceso progresivo, el 27 de agosto de 1971 se afiliara al Partido Comunista.

Por último, digo que es buena cosa que se designe a un tramo de la Ruta Nacional Nº 23, desde su origen en la Ruta Nacional Nº 11 hasta la localidad de Ismael Cortinas, con el nombre de Paco Espínola, que muere en la víspera de un golpe de Estado sangriento, criminal y oprobioso. Muere el 26 de junio de 1973 y pasa a ser parte de los distintos símbolos de la resistencia contra la dictadura, como lo fue Pablo Neruda en Chile.

Bienvenido este reconocimiento a este ciudadano que ha sido honrado por la historia.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- La Mesa informa que es la hora 19 y 50, o sea que faltan diez minutos para finalizar la sesión, y que están anotados los señores Diputados Abdala, Sellanes, Rossi y Ponte.

Tiene la palabra el señor Diputado Abdala.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: voy a ser lo más sucinto posible, a fin de que los demás colegas puedan hacer uso de la palabra.

Estaba pensando qué mala suerte tuvo Paco Espínola -o buena suerte; en realidad no lo sé- de morir la víspera del golpe de Estado. En este país hay que morirse bien; hay que morirse en un momento en que el país luego permita una recordación histórica. Y yo tengo la impresión -se trata de una impresión que, como tantas otras, puede estar cargada de subjetividad- de que parte del no suficiente recuerdo hacia Paco Espínola tiene que ver con que la dictadura lo tragó. Por más que los demócratas y los liberales lo reivindicamos, la dictadura lo succionó, máxime que Paco Espínola en la etapa final de su vida termina dando un salto hacia el Frente Amplio, algo que, obviamente, la dictadura debe haber tomado como una afrenta al máximo nivel.

Yo aprendí a leer muchas cosas con Paco Espínola. Los cuentos de "Don Juan el Zorro" me parecen de los más memorables. No fue un hombre de mucha prosa, que tuviera una gran cantidad de material. Tiene algunas obras, pero no es como otros hombres de la literatura uruguaya que a uno no le alcanza la vida para leerlos. Por cierto que algunos son muy criticables y yo hasta hoy tengo discusiones con alguno de ellos.

Me da la impresión también, por versiones orales que recojo, que Espínola era -por lo que me cuentan, yo no lo conocí- un gran charlista, un hombre que narraba muy bien inclusive sus propios cuentos. Dice la gente que conoce mucho de esto -quizás el señor Diputado Chifflet y su señora esposa me puedan corregir- que además de leer convendría oír sus cuentos escuchando al propio Espínola, porque eso tiene una gran riqueza. La verdad es que si alguno tiene alguna cinta grabada, le pediría que me la prestara, porque francamente yo no la tengo.

(Interrupción de la señora Representante Castro)

——Me dice la señora Diputada que hay grabaciones. ¡Bienvenidas sean! Si alguien las tiene, le pido que me las pase, porque no me han llegado.

A veces hay que salir de los contextos sectoriales, porque alguno podría interpretar que como Espínola fue blanco y frenteamplista, los colorados estamos lejos de él. No; muy por el contrario. Espínola, Onetti, son figuras que están por encima de todo tipo de circunstancia personal o partidaria y nos pertenecen a todos.

Entonces, como decía el señor Diputado Orrico hace un rato, francamente me parece muy bueno que se inicie esta costumbre de poner a algunos tramos de las rutas nacionales nombres de figuras de esta dimensión, que nos enriquecen a todos.

27.- Prórroga del término de la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- La Mesa sugiere prorrogar el término de la sesión hasta que se concluya con el asunto en discusión, para poder aprobarlo en la noche de hoy, con la benevolencia de los oradores en cuanto a ser breves.

Se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y siete en treinta y ocho: AFIRMATIVA.

28.- Francisco Espínola. (Designación al tramo de la Ruta Nacional Nº 23 comprendido desde su origen en la Ruta Nº 11 hasta la localidad de Ismael Cortinas).

Continúa la consideración del asunto en debate.

Apelando a la brevedad de los señores oradores, tiene la palabra el señor Diputado Sellanes.

SEÑOR SELLANES.- Señor Presidente: "En San José todos estaban contentos. Algunos creían reconocer su propia psicología en la novela. Y yo les decía que sí, aunque no fuera exacto. Y esos resultaban los que más fielmente se veían retratados".

Estas palabras de Paco Espínola definen el sentimiento con que San José vivió estos días, cuando todos los maragatos recordamos los cien años de su nacimiento.

Muchas cosas pasaron durante este largo tiempo. Sin embargo, los recuerdos se hacían vívidos, las anécdotas se repetían, la magia y el encanto de un hombre que nos trasmitió una manera más humana y solidaria de vivir apareció en los múltiples eventos que se realizaron durante la semana.

Los festejos comenzaron el día 3 de octubre con una jornada organizada por la Asociación de Profesores de Literatura en la Sociedad Italiana, donde, con la participación de distinguidos intelectuales nacionales y departamentales, fue analizada su obra literaria.

El día 4 de octubre, fecha del aniversario de su nacimiento, justamente en la plaza 4 de Octubre, Abel Soria y Gladys Moreira declamaron en conjunto un poema a través del cual se recuerdan sus obras más significativas.

Con la presencia del señor Ministro de Educación y Cultura, doctor Antonio Mercader, autoridades nacionales y departamentales, la hija de Espínola, Mercedes, su esposo e hijos, se inauguraron dos exposiciones en el museo departamental: una organizada por Tatiana Oroño y su hija Lucía, con documentos, objetos personales y fotografías de Espínola, y la exposición de los alumnos de los talleres de adultos de Artes Plásticas, así como la representación teatral de "La fuga en el espejo", en versión libre preparada por el elenco juvenil del taller de Arte Escénico, cuyo montaje, escenografía y vestuario merecieron grandes elogios.

Se presentó un proyecto de pintura del muro del estadio Casto Martínez Laguarda, a cargo de la Escuela Nacional de Bellas Artes.

Más tarde, en el Teatro Macció se inauguró una muestra denominada "Paco visto por los plásticos", a través de la cual se ofreció una visión de Espínola mediante distintas manifestaciones artísticas.

El día culminó con una sesión extraordinaria en la Junta Departamental, donde Ediles de todos los Partidos políticos se refirieron a la personalidad de Paco.

En dicha sesión, el señor Ministro de Educación y Cultura, doctor Antonio Mercader, ferviente admirador de su obra, presentó una edición especial de la novela "Sombras sobre la tierra", que él lanzara con motivo de esta celebración. En el prólogo de dicha edición aparece una entrevista inédita que él mismo realizara a Espínola en su época de periodista.

El señor Ministro manifiesta que de esta entrevista le quedan muchos recuerdos y la imagen de Paco: el viejo profesor, enjuto, todo de negro. Recuerda que estaba de sobretodo, era una noche muy fría y la entrevista la hicieron en el apartamento de Punta Carretas. La charla estuvo llena de recuerdos. El era un hombre que cobraba vida cuando hablaba de lo que le gustaba, que era la literatura, y de la literatura lo que más le gustaba eran esas cosas épicas. Le gustaba la Ilíada, la Canción de Rolando, y tenía una forma de analizar que era muy atractiva. Y hubo muchos recuerdos desde su juventud. Agrega el señor Ministro que lo había visto algunas otras veces, pero ésa fue una oportunidad de conversar dos horas con él. Y recuerda las últimas palabras que le dijo, cuando, ya terminando la entrevista, tocaron el tema de la muerte, y le dijo unas palabras de Toulouse-Lautrec, el gran pintor impresionista francés, que cuando se moría le dijo a su madre: "Qué bella es la vida"; y él terminó: "Cuando yo me muera, me voy a morir pensando 'Qué bella es la vida'".

La entrevista fue realizada en 1972, un año antes de la muerte de Paco.

Los actos en San José continuaron toda la semana. La Escuela Nº 53 Francisco Espínola lo recordó con un acto cultural. La Comedia Municipal, dirigida por Carlos Aguilera, realizó un espectáculo intimista sobre textos de Espínola, titulado "Una noche con Paco". Los actos culminaron el 7 de octubre, con la presentación en el Museo Departamental del poeta Lucio Muniz.

Hoy los maragatos, después de acalladas las voces, podemos recordar las últimas palabras de la obra "La firmeza" de Espínola, que dice: "Adiós: volveré enseguida, que es corto el tiempo y es larga la tarea".

Creo que es muy oportuno que la Cámara en el día de hoy apruebe este proyecto por el que se designa esta ruta con el nombre de Paco Espínola, y seguramente todos los maragatos y todos los ciudadanos del país estarán muy agradecidos.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Rossi.

SEÑOR ROSSI.- Señor Presidente: fundamentalmente quiero dejar una constancia. La personalidad de Paco, su trayectoria y un sinnúmero de anécdotas hacen que me sienta tentado de compartir algunos de esos momentos. Por el tiempo de que disponemos, vamos a remitirnos a lo justo que es este reconocimiento que se concreta en la designación de una ruta que, además, tiene mucho que ver con su sensibilidad, que seguramente fue influida por la zona donde le tocó nacer y vivir una parte de su vida.

Paco fue un hombre excepcional. Como aquí se dijo, tuvo la virtud de saber ser un intelectual brillante y, además, estar enraizado en los problemas de la gente común, del pueblo. Por cierto, supo expresarlo en todo lo que fue su obra, pero también en todo lo que fue su actitud de vida.

Entre los apuntes que habíamos traído quiero rescatar el hecho de que, siendo un hombre que a determinada altura de su vida se comprometió con los partidos de izquierda del país -el Frente Amplio, el Frente Izquierda, el Partido Comunista-, sin embargo se encargó permanentemente de resaltar su origen en el Partido Nacional. Decía a menudo: "Yo vengo con mis sombras ilustres", e inmediatamente expresaba su admiración por muchos dirigentes del Partido Nacional, su orgullo de sentirse blanco y, particularmente, su admiración por Aparicio Saravia.

Además, en los años cuarenta estuvo preocupado por contribuir al movimiento por la paz en el mundo. En el Uruguay se creó un comité que él integró junto a otros intelectuales y que tuvo la particularidad de estar integrado también por Obdulio Varela, por Peloduro y por Romeo Gavioli. Era la particularidad y la amplitud que expresaba ese esfuerzo por comprometerse con la lucha por la paz en el mundo, cosa que me interesa resaltar porque en estos momentos de angustia de la humanidad, cuando la incertidumbre de la guerra posible o futura está en el horizonte, creo que vale la pena hacer esta mención a Paco para que, de alguna manera, quede como una reflexión para el conjunto de quienes compartimos este ámbito parlamentario.

Por cierto que voy a dar con mucho gusto mi voto y, tratando de ser muy breve, termino aquí mi intervención.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra la señora Diputada Ponte.

SEÑORA PONTE.- Señor Presidente: suscribo totalmente los conceptos que se han vertido en esta Sala con respecto a las características de Paco Espínola como hombre comprometido con su tiempo, como escritor y como docente.

A este homenaje que la Cámara hoy realiza quiero unirme con el recuerdo de lo que para mí, para mis alumnas y para mis alumnos, significó durante muchos años la lectura y la frecuentación de su obra. Dicha lectura les abría un mundo de imaginación que despertaba su sensibilidad y los acercaba justamente a ese ámbito en que consideramos que los jóvenes deben sumergirse, que es el de la literatura como forma de conocer el mundo. También recuerdo que en mi niñez, cuando la lectura era uno de los hábitos preferidos, en la noche -cuando no se miraba televisión- la obra de Paco Espínola también estaba presente.

Es importante, como resaltaba el señor Diputado Orrico, que se vincule su nombre, el nombre de un escritor, a una carretera. Me parece que es una forma novedosa de homenajear. Dar su nombre a uno de esos caminos que van tierra adentro, que frecuentamos, que nos hacen recordarlo y que también son formas de unión entre los orientales, es realmente un homenaje importante que esta Cámara le hace.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: nos sumamos a este homenaje que realiza la Cámara designando con el nombre de Paco Espínola a un tramo de la Ruta Nacional Nº 23. Nos parece muy oportuno, cuando hace apenas cuatro días se cumplieron cien años de su nacimiento, transformar en ley esta designación con el nombre de un gran escritor uruguayo que mostró a través de sus cuentos ser un formidable conocedor de la condición humana. Además, de acuerdo con el testimonio de quienes lo conocieron, de sus contemporáneos, fue un gran prosista, lo cual también enaltece a esta figura que hoy la Cámara homenajea.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Berois Quinteros.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Señor Presidente: no pensaba hacer uso de la palabra, pero me parece que un blanco no puede quedar ausente en este homenaje a Paco Espínola. Además, soy vecino, porque el tramo de la ruta que estamos nominando llega justo hasta la frontera de mi departamento de Flores, en Ismael Cortinas.

Para agregar algo a los muy buenos conceptos que se han vertido en Sala quiero decir que, aunque he leído muy poco a Paco Espínola -voy a ser sincero: leí "Don Juan el Zorro" y poco más-, me gusta ese tipo de narrativa porque marca lo que me gusta llamar la orientalidad, la característica del ser oriental. Este homenaje que estamos haciendo a Paco Espínola en San José marca un poco la identidad de cada uno de los pueblos y se puede extender a lo largo y a lo ancho de todo el país. Cuando los compañeros estaban hablando de Paco Espínola me acordaba de Wenceslao Varela, del mismo departamento. Eso va dando la característica de la intelectualidad de cada zona o de cada pago, y más allá de lo que cada uno de ellos represente políticamente, son parte de ese pago y parte de todos los orientales.

En ese sentido, recuerdo a Morosoli en Lavalleja, que representa la identidad del lugar, o a Benavides, que permanece vivo en Tacuarembó por todo lo que significa desde el punto de vista intelectual, o al gran maestro Ruben Lena, que cuando lo nombramos nos acordamos de Treinta y Tres. Asimismo, cuando nombramos a Osiris Rodríguez Castillo nos acordamos del Yi, de Durazno y de lo que significó, porque, como Paco, era blanco y terminó en la izquierda. Seguimos recorriendo los pagos y recordamos a Quiroga, y cuando lo nombramos nos acordamos de Salto.

Puedo seguir nombrando personajes, aunque podría olvidarme de alguno. Nosotros también tenemos los nuestros, como Mario Arregui -entrañable poronguero-, a quien dentro de poco le haremos un homenaje, designando con su nombre un tramo de una ruta, y en ese caso hablaremos con mucha más propiedad porque lo conocimos. También le haremos un homenaje al "Tola" Invernizzi, que representa una gran parte del departamento de Maldonado.

Me parece que la Cámara hace muy bien en rendir este tipo de homenajes, tan merecidos, a figuras que son parte de la intelectualidad de nuestro país y también de cada una de esas zonas.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Tiene la palabra el señor Diputado Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: quiero adherir -casi como una fundamentación de voto- a este proyecto de ley por el que se denomina un tramo de la Ruta Nacional Nº 23 con el nombre de Francisco Espínola.

Para nosotros es importante -como bien decía una señora Diputada preopinante- que comencemos a denominar las rutas con nombres de escritores, que de alguna manera también marcan los caminos de la patria.

Quería hacer notar -como bien lo señala la exposición de motivos- que tal vez la muerte fue generosa con Paco Espínola porque no solamente no vio cómo se encarcelaba en su país, sino que tampoco presenció cómo fue el encarcelamiento de su hija.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

¾ ¾ Treinta y seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

¾ —Treinta y seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

——La Cámara ha quedado sin número.

Se levanta la sesión.

(Es la hora 20 y 7)

 

 

 

GUSTAVO PENADES

PRESIDENTE

 

Dra. Margarita Reyes Galván

Secretaria Relatora
Dr. Horacio D. Catalurda

Secretario Redactor
 

Mario Tolosa

Director del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.