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Nº 126 - TOMO 408 - 4 DE SETIEMBRE DE 2001

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

44ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

y el SEÑOR SENADOR CONTADOR DANILO ASTORI Segundo Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO y ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyectos presentados

- Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley relacionado con la refinanciación del endeudamiento del sector arrocero.
- A la Comisión de Hacienda.
- Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley relacionado con la refinanciación del endeudamiento del sector agropecuario.
- A la Comisión de Hacienda.

5) Exposición escrita

- La señora Senadora Xavier solicita se curse una exposición escrita con destino a los Ministerios de Turismo, Transporte y Obras Públicas y Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, a la Intendencia Municipal de Tacuarembó, a la Junta Local de San Gregorio de Polanco y a la Mesa Coordinadora del Movimiento pro San Gregorio, referida a la situación que afecta a la costa sudoeste de dicha ciudad, sobre el lago del Río Negro.
- Se procederá de conformidad.

6 y 8) Integración del Cuerpo

- Notas de desistimiento. Las presentan la doctora Piñeyrúa, el escribano Stirling, los doctores Bustos y Nottaro y el señor Hackenbruch comunicando que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.

7) Solicitudes de licencia

- Las formulan los señores Senadores Cid y Millor.
- Concedidas.

9) Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones

- Proyecto de ley por el que se modifica el régimen jubilatorio y pensionario.
- En consideración.
- Por moción del señor Senador Atchugarry el Senado resuelve continuar la consideración de este tema en el día de mañana, como primer punto del orden del día, en régimen de cuarto intermedio.

10) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar Presidente y Miembros del Instituto Nacional del Menor

- Por moción del señor Senador Atchugarry el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- El Senado, en sesión secreta, concedió venia al Poder Ejecutivo para designar Presidente y dos Directores del Instituto Nacional del Menor; asimismo, concedió venia al mencionado Poder para designar miembro integrante del Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay.

11) Acuerdo con el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la construcción de un segundo puente sobre el Río Yaguarón en las proximidades de las ciudades de Yaguarón y Río Branco y restauración del actual Puente Barón de Mauá

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

12) Oleoducto y poliductos de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP)

- Proyecto de ley por el que se mejoran las condiciones de seguridad y mantenimiento.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

13) Empresas Públicas Nacionales

- Proyecto de ley por el que se procede a la reducción de cargas tributarias.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

14) "Enrique Beltrame"

- Proyecto de ley por el que se designa con este nombre la Escuela Nº 92 de Tranqueras, departamento de Rivera.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

15) "Maestro Virgilio Eduardo Scarabelli Alberti"

- Proyecto de ley por el que se designa con este nombre el Liceo Nº 49 del departamento de Montevideo.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

16) "República del Perú"

- Proyecto de ley por el que se designa con este nombre la Escuela Nº 142 de tiempo completo, de Montevideo, jurisdicción centro.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

17) "Brigadier General Fructuoso Rivera"

- Proyecto de ley por el que se designa con este nombre la Escuela Nº 64, Rural de Villa Militar, departamento de Maldonado.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

18) "Martin Luther King"

- Proyecto de ley por el que se designa con este nombre la Escuela Nº 178 del departamento de Montevideo.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

19) "Pedro Aramendía"

- Proyecto de ley por el que se designa con este nombre la Escuela Nº 41 del departamento de Lavalleja.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

20) "Brigadier General Manuel Oribe"

- Proyecto de ley por el que se designa con este nombre la Escuela Nº 10 de la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

21) "Mario Arregui"

- Proyecto de ley por el que se designa con este nombre el tramo de la Ruta 23, comprendido entre la ciudad de Trinidad e Ismael Cortinas.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

22) "Pueblo Sequeira"

- Proyecto de ley por el que se eleva a esta categoría al actual centro poblado ubicado en la 6ª Sección del departamento de Artigas.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

23) Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

24) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

«Montevideo, 31 de agosto de 2001.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, en régimen de cuarto intermedio, el próximo martes 4 de setiembre, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se modifica el régimen jubilatorio y pensionario de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones.

(Carp. Nº 478/01 - Rep. Nº 262/01 y Anexo I).

2º) Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la construcción de un segundo puente sobre el Río Yaguarón y restauración del actual.

(Carp. Nº 412/01 - Rep Nº 245/01).

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

3º) por el que se mejoran las condiciones de seguridad y mantenimiento del oleoducto y los diversos poliductos de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland.

(Carp. Nº 500/01 - Rep. Nº 290/01).

4º) por el que se faculta al Poder Ejecutivo a partir del 1º de enero de 2002, a disminuir ciertas cargas tributarias que pesan sobre las empresas públicas nacionales.

(Carp. Nº 527/01 - Rep. Nº 291/01).

5º) por el que se designa "Enrique Beltrame", la Escuela Nº 92 de la ciudad de Tranqueras, departamento de Rivera.

(Carp. Nº 483/01 - Rep. Nº 273/01).

6º) por el que se designa "Maestro Virgilio Eduardo Scarabelli Alberti", el Liceo Nº 49, departamento de Montevideo.

(Carp. Nº 484/01 - Rep. Nº 274/01).

7º) por el que se designa "República del Perú", la Escuela Nº 142 de Tiempo Completo, departamento de Montevideo.

(Carp. Nº 485/01 - Rep. Nº 275/01).

8º) por el que se designa "Brigadier General Fructuoso Rivera", la Escuela Nº 64, Rural de Villa Militar, departamento de Maldonado.

(Carp. Nº 486/01 - Rep. Nº 276/01).

9º) por el que se designa "Martin Luther King", la Escuela Nº 178, departamento de Montevideo.

(Carp. Nº 495/01 - Rep. Nº 277/01).

10) por el que se designa con el nombre "Pedro Aramendía" la Escuela Nº 41, del departamento de Lavalleja.

(Carp. Nº 503/01 - Rep. Nº 294/01).

11) por el que se designa con el nombre "Brigadier General Manuel Oribe" la Escuela Nº 10 de la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja.

(Carp. Nº 502/01 - Rep. Nº 293/01).

12) por el que se designa con el nombre "Mario Arregui" el tramo de la Ruta Nacional Nº 23 entre la ciudad de Trinidad e Ismael Cortinas.

(Carp. Nº 469/01 - Rep. Nº 296/01).

13) por el que se eleva a la categoría de pueblo, con el nombre de "Pueblo Sequeira", al actual centro poblado existente en la 6ª Sección Judicial del departamento de Artigas, ubicado entre los kilómetros 125 y 126 de la Ruta Nacional Nº 4 "Andrés Artigas".

(Carp. Nº 1177/98 - Rep. Nº 289/01).

14) por el que se aprueba la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares.

(Carp. Nº 880/97 - Rep. Nº 297/01).

15) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la reiteración del Mensaje del Poder Ejecutivo, solicitando venia para designar en el Instituto Nacional del Menor al señor Martín Marzano Luissi en calidad de Presidente y al doctor Diver Ramón Fernández Ferreira y doctora Stella Luz López Beltrán en calidad de Miembros.

(Carp. Nº 369/01 - Rep. Nº 176/01 y Anexo I).

Hugo Rodríguez Filippini Secretario - Mario Farachio Secretario

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Arismendi, Astori, Atchugarry, Brause, Correa Freitas, Couriel, Dalmás, de Boismenu, Fau, Fernández Huidobro, Gallinal, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Korzeniak, Michelini, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Pou, Riesgo, Rubio, Sanabria, Scarpa, Singer, Virgili y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Cid, Larrañaga y Millor y, sin aviso, el señor Senador Pereira.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 8 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

«La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo, al que acompaña un proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable a favor de la señora María Olga Gómez de Olivera.

-A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

La Presidencia de la Asamblea General remite Mensaje del Poder Ejecutivo comunicando haber dictado la resolución relacionada a la trasposición de créditos presupuestales entre Proyectos de Inversión del Programa 004, Dirección Nacional de Hidrografía, financiados con cargo a 1.4 FIMTOP, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

-TENGASE PRESENTE.

El Ministerio del Interior remite la información solicitada por el señor Senador Walter Riesgo referida a aspectos relacionados con la Jefatura de Policía de Rivera.

-OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR WALTER RIESGO.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca remite la información solicitada por la señora Senadora María Julia Pou, referente al cumplimiento de la Ley Nº 16.095 sobre discapacitados, por parte del Instituto Nacional de Colonización.

-OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADA A LA SEÑORA SENADORA MARIA JULIA POU.

La Oficina Nacional del Servicio Civil remite la información solicitada por el señor Senador Luis A. Heber, relacionada con el ingreso a la Administración de personas con discapacidad.

-OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR LUIS A. HEBER.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas remite la información solicitada por el señor Senador Rodolfo Nin Novoa, relacionada con la obtención por parte de PLUNA S.A. de la habilitación como Empresa explotadora aérea por parte de la DINACIA.

-OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR RODOLFO NIN NOVOA.

El Ministerio de Relaciones Exteriores remite nota a la que adjunta la enviada por la Embajada del Estado de Kuwait, comunicando que por circunstancias imprevistas, no se realizará la visita que la delegación parlamentaria efectuaría los días 21 y 25 de setiembre del presente.

-TENGASE PRESENTE.

La Academia Nacional de Medicina del Uruguay remite nota adjuntando un anteproyecto, relacionado con los trasplantes de órganos y tejidos en el ser humano.

-AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES.

La Comisión de Hacienda eleva informado el proyecto de ley por el que se exonera del Impuesto al Valor Agregado a los intereses de préstamos destinados a la adquisición de propiedades inmuebles nuevas.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informada la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar como miembro integrante del Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay al economista Gustavo Michelin.

-REPARTANSE E INCLUYANSE EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DEL DIA DE MAÑANA.

El señor Senador Reinaldo Gargano remite nota adjuntando material enviado por la Presidencia del PARLATINO, relacionado con la tercera Cumbre de las Américas, celebrada en la ciudad de Quebec, en el pasado mes de abril.

-REPARTASE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento del Senado la señora Senadora Mónica Xavier solicita se curse una exposición escrita con destino a los Ministerios de Turismo, de Transporte y Obras Públicas, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, a la Intendencia Municipal de Tacuarembó, a la Junta Local de San Gregorio de Polanco y a la Mesa Coordinadora del Movimiento pro San Gregorio, referida a la situación que afecta a la costa sudoeste de dicha ciudad, sobre el Lago del Río Negro.

-HA SIDO DISTRIBUIDA. SE PROCEDERA A VOTAR EL TRAMITE SOLICITADO UNA VEZ FINALIZADOS LOS ASUNTOS ENTRADOS.

El señor Presidente de la Asamblea Nacional de Kuwait Jassim Mohammad Al-Kharafi remite un mensaje de felicitación con motivo de un nuevo aniversario de la Jura de la Constitución Nacional.

-TENGASE PRESENTE.

La Junta Departamental de Canelones remite la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el Edil Jorge Alvear relacionada con los hurtos, rapiñas y otras acciones violentas que afectan a nuestra sociedad.

La Junta Departamental de Río Negro comunica haber resuelto apoyar el planteamiento presentado por la Junta Departamental de Artigas, relacionado con las inundaciones en este último departamento.

La Junta Departamental de Durazno comunica haber resuelto apoyar un planteamiento a los efectos de posibilitar a los docentes afiliados al BPS regidos por el régimen de transición jubilatoria, a acogerse a la causal de jubilación anticipada.

La Junta Departamental de Maldonado remite las siguientes versiones taquigráficas de las palabras pronunciadas por:

el Edil señor Eduardo Elinger referidas a la Declaratoria de Interés Departamental a la Semana de Francisco Piria

y del Edil Eduardo Larrascq sobre la privatización de aduanas.

La Junta Departamental de Paysandú remite copia de las palabras pronunciadas por el señor Edil Ricardo Mello relacionada con movilización llevada a cabo en la ciudad de Paysandú solicitando mejoras para la situación económica nacional.

La Junta Departamental de Flores comunica la decisión de su Comisión Especial de Descentralización y Desarrollo sobre la administración de la Cooperativa CALCARE (Campo de Recría San Jorge, por parte del Instituto Nacional de Colonización).

La Junta Departamental de Rocha remite copia de las palabras pronunciadas por el señor Edil Milton de los Santos relacionadas con las PYMES.

La Junta Departamental de Soriano remite copia del decreto que dictara sugiriendo al Ministerio de Salud Pública la creación de un programa para combatir la problemática del mosquito Aedes Aegypty.

-TENGANSE PRESENTES.»

4) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"La señora Senadora Marina Arismendi y los señores Senadores Danilo Astori, Alberto Cid, Alberto Couriel, Eleuterio Fernández Huidobro, Reinaldo Gargano, José Korzeniak, José Mujica, Rodolfo Nin Novoa, Manuel Núñez y Enrique Rubio presentan con exposición de motivos, un proyecto de ley relacionado con la refinanciación del endeudamiento del sector arrocero."

-A LA COMISION DE HACIENDA.

(Texto del proyecto de ley presentado)

«Montevideo, 27 de agosto de 2001.

PROYECTO DE LEY

Refinanciación del Endeudamiento del Sector Arrocero

Artículo 1º.- (Alcance de la refinanciación) Los productores arroceros deudores de las instituciones del sistema financiero público y privado podrán acogerse a las disposiciones de esta ley.

Artículo 2º.- (Deudas comprendidas) El régimen de refinanciación comprenderá todas las deudas vencidas y a vencer que los productores mantienen al 31/12/00, los créditos destinados a cubrirse con las futuras devoluciones de impuestos así como el eventual saldo impago del crédito de cultivo al 30/6/01. Se consideran comprendidas las novaciones, renovaciones parciales o totales y reperfilamiento, cualquiera fuera su instrumentación.

Artículo 3º.- (Conformación de la deuda) La deuda a refinanciar se compondrá de la siguiente manera:

a) Capital e intereses al 31/12/00.

b) Capital e intereses de los créditos destinados a cubrirse con las futuras devoluciones de impuestos.

c) Capital e intereses de los saldos impagos del crédito del cultivo al 30/6/01.

d) Intereses a la firma del convenio.

Artículo 4º.- Quedan excluidas las empresas arroceras cuyo capital pertenezca mayoritariamente a personas físicas o jurídicas que no tengan domicilio constituido en el país.

Artículo 5º.- El hecho de acogerse a esta refinanciación no implica ningún cambio de categoría del productor con las instituciones financieras.

Artículo 6º.- (Condiciones de refinanciación):

a) Las deudas se refinanciarán mediante el mecanismo del Bono Cupón Cero a 20 años.

b) Los primeros 5 años pagarán un interés del 8% anual.

c) Del 6º año al final, la tasa de interés será del 9.25% anual.

d) Los créditos resultantes de la devolución de los impuestos de las primeras 5 zafras se destinarán al pago del Bono Cupón Cero.

e) La diferencia resultante entre el valor del cupón y la suma de las devoluciones del impuesto de las primeras 5 zafras será ajustada a la finalización de dicho período.

f) Rentas Generales aportará al BROU y a las demás instituciones financieras un interés complemento de la deuda de cada productor de 1,25% anual durante los primeros 5 años.

Artículo 7º.- (Comisión Honoraria Asesora de Refinanciamiento. Designación) Créase una Comisión Honoraria Asesora de Refinanciamiento integrada por un delegado integrante de los equipos técnicos del BROU, un delegado de la Asociación de Bancos del Uruguay, un delegado del MGAP, un delegado de las gremiales rurales y un delegado de la Asociación de Cultivadores de Arroz.

Artículo 8º.- (Comisión Honoraria Asesora de Refinanciamiento. Cometidos) La Comisión Honoraria Asesora de Refinanciamiento tendrá los siguientes cometidos:

a) Analizar y asesorar en un plazo máximo de 120 días a las autoridades competentes en aquellos casos en que por diversos motivos no fueron aceptadas en esta refinanciación y solicitaron se les tenga en cuenta.

b) Asesorar a la autoridad competente en aquellos temas que les sean consultados.

Nin Novoa, Couriel, Korzeniak, Cid, Arismendi, Fernández Huidobro, Mujica, Núñez, Gargano, Astori, Rubio. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El proyecto que ponemos a consideración de la Cámara se refiere a la situación de extrema gravedad por la que está pasando el sector arrocero nacional. Este creció paulatina y sostenidamente en los últimos años, con oscilaciones marcadas por las crisis de los mercados internacionales, que afectan marcadamente nuestra economía sectorial al ser el arroz el único sector agrícola que exporta más del 90% de lo que produce.

El arroz no es un saldo exportable, sino un sector exportador genuino, por lo que debemos considerar la importancia estratégica que tienen en el camino a recuperar la economía nacional.

Al comienzo de la década del sesenta las exportaciones de arroz totalizaban 3 millones de dólares, en el año 1998 alcanzaron la cifra de 273 y en 1999 fueron 195 millones de dólares.

En la actualidad, los clientes del Banco de la República del modelo arrocero son 488 con una deuda total de U$S 133, que es un 14% de la deuda total, de las cuales sólo 34 están en mora. La deuda total es de U$S 4:170.000.

Tan importante sector, en el año 2000 exportó un volumen de 740.000 toneladas, similar al de 1999, pero el ingreso de divisas fue 30 millones de dólares inferior, como consecuencia de una disminución de 264 a 222 dólares la tonelada.

El efecto combinado del atraso cambiario y la disminución de los precios internacionales, ha tenido como consecuencia una disminución del área sembrada del 15%, mientras en Argentina cayó un 30%.

Nuestros productos no han tenido subsidios específicos, como los países de la Unión Europea, Estados Unidos de Norteamérica o Japón, por lo que han absorbido los impactos externos e internos disminuyendo sus ingresos en guarismos que se pueden valorar en el entorno de los U$S 1.000 por hectárea.

Nuestro país es el séptimo exportador mundial de arroz y tenemos los mejores rendimientos del MERCOSUR, así como uno de los más altos del mundo.

Presentamos este proyecto de ley buscando paliar la delicada situación financiera de los productores arroceros, pues si esencial es el arroz para el país, también es esencial preservar al productor arrocero nacional.

No puede tratarse el endeudamiento arrocero solamente con consideraciones financieras, sino que por el contrario, deben incluirse valoraciones de cómo llegamos a la situación actual y de la importancia tanto económica como social y ambiental para el futuro del Uruguay.

Las medidas adoptadas hasta ahora han consistido en reperfilamientos así como el programa de refinanciación de deuda hasta U$S 200.000 mediante la modalidad del Bono Cupón Cero para la banca oficial, que consiste en un período de gracia en el pago de intereses el primer año y un período de gracia para amortizar el capital de los 4 años, con una TEA del 9,25%.

En la actualidad la deuda tiene tal magnitud que la actual rentabilidad no permite amortizar el capital y en la mayoría de los casos ni siquiera pagan los intereses.

Este proyecto de ley mejora el mecanismo del Bono Cupón Cero alcanzando a la banca oficial y a la banca privada con el fin de no generar una asimetría sin fundamentos, pues es similar el derecho sobre los activos que tiene el BROU como el de los bancos privados.

El alcance de esta ley es exclusivamente el de los clientes del banco que pertenecen al modelo arrocero y excluye a aquellos productores con conductas que no los hacen merecedores de apoyo por parte de la sociedad.

Las deudas se propone refinanciarlas a 20 años.

En los primeros 5 años de pago, los productores arroceros destinarán los créditos resultantes de la devolución de impuestos al pago del Bono Cupón Cero, y tendrán una tasa de interés del 8% anual. Del 6º año al final, la tasa de interés será del 9,25% anual.

Se prevé que Rentas Generales aporte a las instituciones financieras un interés del 1,25% anual durante los primeros 5 años.

Se crea asimismo una Comisión Honoraria Asesora de Refinanciamiento con integración y cometidos bien definidos.

Nin Novoa, Núñez, Gargano, Arismendi, Cid, Couriel, Korzeniak, Astori, Mujica, Fernández Huidobro, Rubio. Senadores.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Las señoras Senadoras Marina Arismendi, Mónica Xavier y los señores Senadores Danilo Astori, Alberto Cid, Alberto Couriel, Eleuterio Fernández Huidobro, Reinaldo Gargano, José Korzeniak, José Mujica, Rodolfo Nin Novoa y Manuel Núñez presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley sobre la refinanciación del endeudamiento del sector agropecuario."

-A LA COMISION DE HACIENDA.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

«Montevideo, 27 de agosto de 2001.

PROYECTO DE LEY

Ley de Refinanciación de Endeudamiento Agropecuario

Artículo 1º.- (Alcance de la refinanciación) Los productores agropecuarios, deudores de las instituciones del sistema financiero público y privado podrán acogerse a las disposiciones de esta ley.

El régimen de refinanciación comprenderá todas las deudas que los productores mantienen al 31/12/00 con los acreedores mencionados.

Artículo 2º.- (Deudas comprendidas) Quedan comprendidas en lo establecido en esta ley, todas las deudas contraídas hasta el 31/12/00, vencidas o a vencer que no hubieran sido canceladas con posterioridad a dicha fecha. Se consideran comprendidas las novaciones, renovaciones parciales o totales y reperfilamientos cualquiera fuera su instrumentación.

Artículo 3º.- (Conformación de la deuda) La deuda a refinanciar se compondrá de la siguiente manera:

a) Capital a intereses al 31/12/00.

b) Intereses a la firma del convenio.

c) Intereses del primer año de gracia.

Artículo 4º.- Quedan excluidos de la refinanciación las obligaciones contraídas por clientes del modelo productivo forestal, del modelo productivo arrocero, así como los deudores que hayan realizado actos contrarios a los legítimos derechos de sus acreedores o hayan utilizado los recursos generados por su endeudamiento en actividades ajenas a su giro natural.

Artículo 5º.- El hecho de acogerse a esta refinanciación no implica ningún cambio de categoría del productor con las instituciones financieras.

Artículo 6º.- (Condiciones de la refinanciación) Los deudores con un endeudamiento de hasta U$S 100.000 (cien mil dólares estadounidenses) contarán con las condiciones de plazos, tasa de interés y período de gracia siguientes:

a) Los plazos para el pago del capital adeudado no serán superiores a 20 (veinte) años.

b) Se establecerá un período de gracia de 4 (cuatro) años para el pago del capital, con un primer año de libre del pago de intereses, que se acumularán para pagos posteriores.

c) El interés que se calculará para los primeros 4 (cuatro) años será el promedio ponderado entre la tasa Libor y la tasa a que capta ahorros nacionales el BROU.

d) Rentas Generales aportará al BROU y a las demás instituciones financieras un interés complementario de la deuda de cada productor calculado como la diferencia entre el interés calculado en el inciso anterior y el 9,25% (nueve con veinticinco por ciento) anual.

e) Al finalizar el período de gracia, el deudor adquirirá un certificado de crédito del BROU.

f) (Garantías) Las instituciones financieras acreedoras no podrán exigir a los deudores, sus codeudores, fiadores o analistas como condición para acogerse a esta refinanciación más garantías que las otorgadas para el afianzamiento de los créditos preexistentes.

Artículo 7º.- Los deudores con un endeudamiento superior a U$S 100.000 (cien mil dólares estadounidenses) y por los primeros U$S 200.000 (doscientos mil dólares estadounidenses) de deuda contarán con las condiciones de plazos, tasas de interés y períodos de gracia siguientes:

a) Los deudores del BROU refinanciarán su deuda por el mecanismo de certificado de crédito del BROU.

b) Los deudores de las instituciones financieras privadas refinanciarán su deuda por el mecanismo del Bono Cupón Cero.

Artículo 8º.- La refinanciación descripta en el Art. 7º tendrá las siguientes características:

a) Se establecerá un período de gracia de 4 años para el pago de capital con un primer año libre de pago de intereses que se acumulará para pagos posteriores.

b) Del 2º al 4º año se pagará una tasa de interés calculada como promedio ponderado entre la tasa Libor y la tasa a que capta ahorros nacionales el BROU más dos puntos porcentuales, incrementado en un 3,25% (tres con veinticinco por ciento) anual destinado al prepago del certificado de crédito o Bono Cupón Cero según corresponda.

c) Rentas Generales aportará al BROU y a las demás instituciones financieras un interés complementario de la deuda de cada productor de un 3,25% (tres con veinticinco por ciento) anual.

d) Al finalizar el período de gracia el deudor adquirirá un certificado de crédito o Bono Cupón Cero cuyo costo resulta de la diferencia entre el precio del Bono y lo amortizado en los tres años previos.

Artículo 9º.- (Comisión Honoraria Asesora de Refinanciamiento. Designación) Créase una Comisión Honoraria Asesora de Refinanciamiento integrada por un delegado integrante de los equipos técnicos del BROU, un delegado de la Asociación de Bancos del Uruguay, un delegado del MGAP y un delegado de las gremiales rurales.

Artículo 10.- CHA de R (Comisión Honoraria de Refinanciamiento. Cometidos) La Comisión Honoraria Asesora de Refinanciamiento tendrá los siguientes cometidos:

a) Analizar y asesorar en un plazo máximo de 120 (ciento veinte) días a las autoridades competentes en aquellos casos que por diversos motivos no fueron aceptadas en esta refinanciación y solicitar que se les tenga en cuenta.

b) Asesorar a la autoridad competente en aquellos temas que les sean consultados.

Artículo 11.- (Bonificaciones) Los productores que entreguen a cuenta de la deuda o cancelen la misma tendrán las siguientes bonificaciones:

a) En el primer año, 8% (ocho por ciento) anual.

b) En el 2do. Año, 4% (cuatro por ciento) anual.

c) En el 3er. año, 2% (dos por ciento) anual.

Fernández Huidobro, Mujica, Couriel, Nin Novoa, Xavier, Arismendi, Korzeniak, Cid, Gargano, Astori y Núñez. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El proyecto de ley que ponemos a consideración de la Cámara, se refiere a la situación de extrema gravedad por la que está pasando el sector agropecuario nacional, que como consecuencia de la acción conjunta de varios factores de distinta naturaleza, se encuentra en una difícil situación de falta de rentabilidad, descapitalización y endeudamiento.

Basta mencionar que el endeudamiento global del sector agropecuario considerando la deuda de la banca oficial y privada, es equivalente al Producto Bruto Interno Agropecuario (MGAP, Anuario Estadístico Agropecuario 2000), cuando en economías fuertemente intensivas como la de Estados Unidos de Norteamérica, alcanza un 63%, guarismo que es caracterizado como muy elevado debido a las facilidades y apoyos que se le dan al sector primario en aquellas condiciones.

Como ilustración gráfica, la deuda agropecuaria total es más alta que el valor total del rodeo vacuno de carne nacional (vacas de cría, de invernada, novillos, vaquillonas y terneros) a los precios de mercado de la última semana de Julio de 2001.

La cartera de clientes total del Banco de la República es de 19.330, según la base de datos ATYCA - Apoyo Comercial en la que los clientes con más alto riesgo (riesgo real y recuperación) alcanza un 40% del total.

La actividad productiva del Sector primario, tanto agrícola, como ganadero, es imprescindible para el desarrollo de toda la economía nacional. La importancia del Sector primario, que aporta escasamente entre 6 - 10% del Producto Bruto Interno, y el 25% del Producto Bruto Industrial en sus cadenas productivas (cárnica, textil, cuero, molinos, etc), termina siendo responsable del 73% del valor total de las exportaciones, explicando por qué el endeudamiento crónico y la imposibilidad que tienen los productores agropecuarios de pagarlo se está traduciendo en la parálisis de toda actividad económica en el interior del país, y en un grave problema nacional.

En la última década asistimos a un proceso de disminución de rentabilidad en las empresas agropecuarias como consecuencia de múltiples factores, entre los que cabe mencionar la caída de los precios internacionales, el comercio internacional dominado por mecanismos distorsionantes como los subsidios, protecciones, y dumping, gran apertura comercial que afectó nuestra producción interna, importación competitiva en condiciones desleales con nuestra producción nacional, atraso cambiario, altas tasas de interés, sistema tributario complejo e incoherente y finalmente el efecto negativo del rebrote de fiebre aftosa en el País.

La estrategia de los productores, de los técnicos nacionales, de los organismos de investigación y del sistema financiero, fue aumentar la producción y la productividad.

Solicitar créditos, modernizar en base a insumos importados, intensificar la producción, como ideas fuerza, no tuvieron en cuenta la evolución de variables externas e internas durante la década del 90 y condujeron a la situación actual. Si bien, las decisiones empresariales fueron tomadas por los agricultores sin ninguna obligación formal, también es cierto que los resultados adversos logrados, lo fueron en parte debido a decisiones de política económica que afectaron a todo el aparato productivo nacional, tanto primario como industrial.

Como otra cara de la misma moneda, durante el período mencionado aumentaron mucho las actividades comerciales de importación y crédito al consumo con todo lo cual tuvieron ingresos considerables los sectores económicos importadores y financieros.

No puede tratarse el endeudamiento agropecuario solamente con consideraciones financieras. Es imprescindible incluir valoraciones relativas a sus causas y a sus consecuencias, tanto económicas, como sociales y ambientales para el futuro del Uruguay.

El país debe tomar las medidas conducentes a reactivar las actividades agroindustriales que hoy están tan seriamente comprometidas, y este es a su vez el único camino que llevará a que el sistema bancario recupere los créditos que legítimamente le pertenecen.

Las medidas adoptadas hasta ahora han consistido en diversos reperfilamientos así como un Programa de refinanciación de deudas mediante la modalidad de Bono Cupón Cero para la Banca Oficial que consiste en un período de gracia en el pago de intereses el primer año y un período de gracia para integrar el Bono Cupón Cero (amortización de capital) de 4 años, con una TEA del 9,25%.

Desde 1985 se han presentado proyectos de ley de refinanciamiento en 16 oportunidades, (3 en 1985, 5 en 1986, 4 en 1987, 1 en 1991, 1 en 2000 y 2 en 2001), lo que demuestra que es un asunto frecuentemente debatido en el ámbito parlamentario luego de 1984. Los hechos objetivos han demostrado, que desde el período 1974 - 1984, en que se abrieron las puertas al capital financiero transnacional, y se adoptó la protección del sector bancario, la producción real se ha ido derrumbando, y no se ha podido llegar a un punto de solución del problema del endeudamiento agropecuario.

En la actualidad, la deuda tiene tal magnitud que los actuales índices productivos y beneficios no permiten amortizar el capital y la mayoría de las veces, ni siquiera pagar los intereses pactados.

Este proyecto de ley se inspira, en lo establecido en el Art. 50 de la Constitución de la República, que establece:

Art. 50. El Estado orientará el comercio exterior de la República protegiendo las actividades productivas cuyo destino sea la exportación o que reemplacen bienes de importación. La ley promoverá las inversiones destinadas a este fin, y encauzará preferentemente con este destino el ahorro público.

El mismo, mejora el mecanismo del Bono Cupón Cero actual, pues se adapta mejor a las condiciones de baja rentabilidad del sector, es más completa y por su generalidad, no permitirá interpretaciones administrativas caprichosas.

La misma propone alcanzar a la banca oficial y la banca privada, con el fin de no generar una asimetría sin fundamentos, pues es similar el derecho sobre los activos que tiene el BROU como el de los bancos privados.

Se excluyen de los alcances de esta ley los productores que accedieron a créditos para actividades de modelos productivos que tiene otras opciones, como el forestal o el arrocero, así como aquellos deudores con conductas que no se hacen merecedores de apoyo por parte de la sociedad.

Para la refinanciación se establecen dos franjas de deudas:

1) Los deudores con deuda menor a U$S 100.000

2) Los deudores con deuda superior a U$S 100.000 y por los primeros U$S 200.000 de deuda.

En cada una de estas situaciones se fijan condiciones de interés y tratamiento futuro diferenciales.

Se establece una Comisión Honoraria de Refinanciamiento con fines de análisis y/o sugerencias a las autoridades que finalmente tomarán las decisiones.

Finalmente, se disponen bonificaciones para aquellos productores que sobrecumplan los montos y
plazos permitidos en la ley.

Fernández Huidobro, Mujica, Nin Novoa, Couriel, Cid, Korzeniak, Arismendi, Xavier, Astori, Gargano y Núñez. Senadores.»

5) EXPOSICION ESCRITA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por la señora Senadora Xavier para la exposición escrita que presentara y de la que se dio cuenta durante la lectura de los asuntos entrados.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita:)

«Montevideo, 4 de setiembre de 2001.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Sr. Luis Hierro López

En virtud de lo dispuesto por el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, cúmpleme efectuar la siguiente exposición escrita, solicitando se remita la misma a Usinas y Trasmisiones Eléctricas, a la Intendencia Municipal de Tacuarembó, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Dirección de Hidrografía), al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Dirección Nacional de Medio Ambiente y Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial), a la Mesa Coordinadora del Movimiento pro San Gregorio y a la Junta Local de San Gregorio de Polanco, referida a la situación que afecta a la costa sudoeste de dicha ciudad, sobre el Lago del Río Negro.

La localidad de San Gregorio de Polanco es un centro turístico de mucha importancia y gran belleza natural, del departamento de Tacuarembó, que se encuentra en constante crecimiento, con una población estable de unos 3000 habitantes, número que se incrementa en 25.000 personas más en temporada turística. Funciona allí un importante movimiento social, representativo de los distintos actores de la sociedad, que se reúnen sin otro objetivo que el trabajo por el bien de la comunidad toda: el Movimiento pro San Gregorio.

Preocupa a los mismos la constante elevación de la cota del embalse del Lago, que trae como consecuencia la afectación del entorno, barrancas naturales irrecuperables, vegetación, viviendas permanentes y edificaciones e inversiones para la explotación turística, además de sus playas.

Según informa el Movimiento pro San Gregorio, "inicialmente la cota máxima con que fue ideada la Represa Gabriel Terra, fue la cota 80, y en base a ella, se realizaron las expropiaciones correspondientes, pero en los hechos hoy se están manejando con cotas muy superiores, que por un lado invaden los predios particulares y por otro al elevarse la altura del Lago produce verdaderos desastres de erosión, al trabajar las olas sobre nuevos perfiles. La prueba de lo antedicho, es la rotura total del muro de contención, en la propia península".

Lo vecinos de la ciudad han recurrido a varios organismos, a los efectos de que se encuentre una solución al problema, hasta la fecha no se avanzó demasiado. Nosotros no nos queremos sentir ajenos al mencionado problema y sumamos nuestra voz al planteo de los habitantes de San Gregorio, dada la trascendencia que el mismo tiene.

En ese sentido reivindicamos el planteo, de que se conforme "un ámbito válido para la confección de un proyecto e implementación de una solución, mediante la participación de todos los organismos públicos con competencia en el tema".

El correr del tiempo y la acción de los elementos naturales repercuten cada vez con mayor violencia y provoca mayores daños sobre la costa, no obstante creemos que aún se está a tiempo de evitar males mayores, todo depende de la voluntad y compromisos de quienes en alguna u otra manera están involucrados en la problemática.

Agradeciendo la realización del trámite solicitado, saluda a Ud. atentamente,

Dra. Mónica Xavier. Senadora.»

6) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un desistimiento llegado a la Mesa.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- La doctora Ana Lía Piñeyrúa comunica que en esta oportunidad no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde convocar al señor Ariel Pereira, quien ya ha prestado el juramento de estilo, por lo que, si se encontrare en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Ariel Pereira)

7) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Cid solicita licencia por los días 4 y 5 de los corrientes."

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 4 de setiembre de 2001.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Sr. Luis Hierro López
Presente

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente, quien suscribe solicita al señor Presidente se le conceda licencia por la sesión del día de la fecha y la venidera del próximo 5 de setiembre del año en curso. Asimismo, solicito se proceda en esta oportunidad a la convocatoria del suplente correspondiente. Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludar al señor Presidente con mi más alta estima y consideración.

Doctor Alberto Cid. Senador.»

-Se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

Queda convocada la señora Senadora Susana Dalmás, quien ya ha prestado el juramento de estilo, por lo que, si se encontrara en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a sala la señora Senadora Dalmás)

-Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Millor solicita licencia desde el 4 al 6 de los corrientes."

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 4 de setiembre de 2001.

Señor Presidente del Senado
Sr. Luis Hierro López
Presente

De mi consideración:

Por la presente, solicito licencia desde el 4 al 6 del corriente inclusive por motivos personales. Sin otro particular, le saluda atentamente

Doctor Pablo Millor. Senador.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Corresponde convocar al señor Senador Scarpa, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encontrara en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a sala el señor Senador Scarpa)

8) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de varias notas de desistimiento.

(Se da de las siguientes:)

-El señor escribano Stirling, los doctores Bustos y Notaro y el señor Hackenbruch comunican que por esta oportunidad no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.

9) CAJA NOTARIAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde ingresar al orden del día, con la consideración del primer punto: "Proyecto de ley por el que se modifica el régimen jubilatorio y pensionario de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones. (Carp. Nº 478/01 - Rep. Nº 262/01 y Anexo I)

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 478/01
Rep. Nº 262/01

Ministerio del Interior
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas
Ministerio de
Defensa Nacional
Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de Transporte
y Obras Públicas
Ministerio de Industria,
Energía y Minería
Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca
Ministerio de Turismo
Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente
Ministerio de
Deporte y Juventud

Montevideo, 13 de junio de 2001.

Señor Presidente de la
Asamblea General
Sr. Luis Hierro López

De nuestra consideración:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General a los efectos de remitir el adjunto proyecto de ley, relativo a la regulación del régimen de jubilaciones y pensiones de la persona pública no estatal de seguridad social denominada actualmente Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones.

El artículo 1º de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, en su inciso primero, establece que el sistema previsional creado tiene vocación de universalidad y que, en forma inmediata, comprendió a todas las actividades amparadas por el Banco de Previsión Social.

Dicho artículo, en su inciso segundo, indica que el Poder Ejecutivo, debe proyectar y remitir al Poder Legislativo los proyectos de leyes que establezcan los regímenes aplicables, entre otras instituciones, a las personas públicas no estatales de seguridad social.

El texto legal señala ciertas orientaciones a las que debe ajustarse el Poder Ejecutivo en el diseño de los referidos regímenes.

Desde el punto de vista sustancial, fundándose en la aplicación del llamado principio de universalidad, la citada norma establece, a su vez, criterios a los cuales se ajusta el proyecto de ley que se remite:

1. Adecuación al régimen establecido por la Ley Nº 16.713.

2. Atender a las formas particulares de financiamiento y especificidades, teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades comprendidas.

En el inciso tercero del mismo artículo se estableció un procedimiento de consulta con las instituciones comprendidas, a los efectos de la elaboración del o de lo respectivos proyectos.

El proyecto de ley adjunto es consecuencia del trabajo conjunto de técnicos designados por el Poder Ejecutivo y por la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, y constituye un texto que recoge las aspiraciones de la referida Caja, y por su intermedio, del colectivo involucrado.

I

La Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, regida por un estatuto elaborado en el año 1941 (Ley Nº 10.062 de 15 de octubre de 1941), que recoge un universo poblacional de trabajadores de ejercicio liberal (escribanos) y de asalariados (empleados de escribanía, de asociaciones gremiales y de la propia Caja), se ha ido resintiendo en su esquema estructural por diversas razones como ser:

- Cambios en la población profesional afiliada, por aumentos en la esperanza de vida y en la participación creciente y mayoritaria de la mujer;

- Un número creciente de afiliados sin un correlativo aumento de la actividad notarial, habiéndose por ejemplo triplicado en veinticinco años el número de escribanos activos y aumentado sólo un cuarenta por ciento las escrituras autorizadas;

- Previsible aumento de egresos sobre ingresos en el mediano y largo plazo, en el esquema actual;

- Inadecuada inserción de la Caja en el régimen aprobado por el llamado Acto Institucional Nº 9 de 23 de octubre de 1979, concedido primordialmente en base al trabajo subordinado o en relación de dependencia patronal y prescindente de un funcionamiento acorde con su autonomía patrimonial.

Como consecuencia, se consideró conveniente tener en cuenta en un texto legal orgánico, disposiciones de la ley original de 1941, las modificaciones legales posteriores, y las adecuaciones que las circunstancias actuales imponen, de forma de configurar un texto armónico que se ajuste a las especificidades de las actividades comprendidas por la Caja Notarial.

A su vez, el Legislador ya había previsto la necesidad de adecuación de la ley de la Caja al sancionar el 17 de enero de 1986, la Ley Nº 15.800 (reinstitucionalización del Banco de Previsión Social) y consagró y reafirmó en su artículo 5º la autonomía de las Cajas Paraestatales, disponiendo que cada instituto elevara al Poder Ejecutivo sus respectivos proyectos de ley orgánica.

II

Para proyectar la adecuación a la Ley Nº 16.713, se consideró en primer término, la conveniencia de unificar las condiciones de acceso a la pasividad a las de la mayoría de la población cubierta por el Banco de Previsión Social. De esta forma se evita todo tipo de situación privilegiada.

Por el contrario, algunas de las soluciones previstas por la mencionada ley tendientes a solucionar problemas detectados en la seguridad social estatal, no se ajustan a la realidad de la Caja Notarial y en consecuencia no se considera conveniente incluirlas en esta adaptación. Por ejemplo:

a) La historia laboral existe en la Caja Notarial desde la iniciación de sus actividades (marzo de 1942) e incluso registra toda la información anterior a 1942, por reconocimiento de servicios practicados a partir de la creación del Instituto.

Esta historia es absolutamente comprensiva de toda la información del titular y su familia; no sólo abarca tiempo acreditado, honorarios o salarios registrados, número de escrituras y protocolizaciones por año y por mes de cada escribano, aportaciones devengadas y efectuadas, sino también constitución familiar con datos de edad, sexo, grado de parentesco, etc., todo lo cual se actualiza diariamente en lo que tiene que ver con la información laboral del titular y quinquenalmente mediante un completo censo general poblacional, en lo que se refiere a la composición familiar.

Esta completísima información hace que quede erradicada la posibilidad de concesión de pasividades sin los necesarios antecedentes de trabajo y aportación.

b) El sistema financiero de capitalización colectiva de la Caja no ha tenido desfinanciamiento desde 1941 a la fecha.

c) Se financia exclusivamente con la contribución de sus afiliados como único recurso, no habiendo requerido jamás la asistencia del Estado para el cumplimiento de sus obligaciones provisionales, circunstancia que además le está vedada por imperio del artículo 6º de su ley orgánica, disposición que es recogida en este anteproyecto en el mismo artículo.

d) Además de la pormenorizada información de la historia laboral, consuetudinariamente la Caja Notarial ha sido sumamente exigente tanto en el control de las aportaciones, como también prudente el soporte legal de la base de cálculo de sus pasividades. Así, para el sueldo básico jubilatorio de los escribanos se considera prácticamente la totalidad de los años computados y no los últimos tres como estableció en llamado Acto Institucional Nº 9 o los diez últimos como consagró la Ley Nº 16.713. Sí rigen aún los últimos tres años para los afiliados empleados por imperio del llamado Acto Institucional Nº 9, situación que se corrige en este proyecto.

En conclusión, este proyecto recoge las soluciones de la Ley Nº 16.713, adoptando ese estatuto con la consideración de las especificidades y naturaleza propias de las actividades apropiadas por la Caja Notarial, a la vez que ordena y adecua diversas disposiciones legales que desde 1941 se han ido incorporando a su normativa, sin que hasta la fecha un texto único las incluyera de forma sistemática, consistente y coordinada.

El principio rector de este proyecto es adecuar el régimen de la Caja Notarial a la Ley Nº 16.713, respetando la autonomía de la misma, pero sin dejar de lado los necesarios controles estatales y de sus afiliados, y sobre la base de su autofinanciamiento sin requerir asistencia del Estado, directa ni indirectamente, y con prestaciones, aportaciones y condiciones de acceso a sus prestaciones que aseguren el financiamiento del sistema en el largo plazo, y acordes en lo pertinente con el régimen general de seguridad social.

III

El proyecto se desarrolla con ocho títulos:

Título I:

De la Caja Notarial de Seguridad Social. Capítulo único.

Título II:

Del Gobierno y Administración.

  

Capítulo I. Del Directorio.  

  

Capítulo II. De la impugnación de las resoluciones del Directorio.  

Título III:

Del Patrimonio y los Recursos. Capítulo único.

Título IV:

De los Afiliados. Capítulo único.

Título V:

Del Sistema Previsional.

  

Capítulo I. De las prestaciones.  

  

Capítulo II. De las jubilaciones.  

  

Capítulo III. Del subsidio por enfermedad.  

  

Capítulo IV. De las pensiones.  

  

Capítulo V: Determinación del monto y demás condiciones de las prestaciones.  

  

Capítulo VI. Del subsidio para expensas funerarias.  

Título VI:

Régimen de Transición. Capítulo único.

Título VII:

De la materia gravada y de las asignaciones computables. Capítulo único.

Título VIII:

Disposiciones generales. Capítulo único.

Dentro de tal estructura se han desarrollado los presupuestos y principios referidos en el apartado anterior, los cuales se explicitan a continuación.

IV

El título I (artículos 1º a 6º) tiene su fuente principal en los mismos artículos de la Ley Nº 10.062 y refieren a la denominación, naturaleza, representación, inembargabilidad, exenciones tributarias y ausencia de responsabilidad estatal a su respecto.

Cabe reparar en el cambio de denominación del instituto (Caja Notarial de Seguridad Social), por cuanto ello representa toda la filosofía inspiradora del proyecto. A la concepción previsional de la época de su creación como Caja de Jubilaciones y Pensiones y atendiendo a la progresiva evolución del amparo social, se la reconoce como un instituto de Seguridad Social, ya desde su denominación, avalada por su extensa trayectoria.

V

El Título II está dividido en dos capítulos referidos al Gobierno y Administración. El capítulo I (artículos 7º al 16) trata del Directorio en cuanto a su integración, duración, competencia y funcionamiento, siguiendo fundamentalmente la Ley Nº 10.062 y modificativas.

La integración del Directorio (artículo 7º) se ha mantenido con el sistema vigente (artículo 262 de la Ley Nº 16.462) por recibir la representatividad de todos los órdenes involucrados con la Caja, tanto en lo formal como en cuanto a los grupos directamente relacionados. Además del integrante designado por el Poder Ejecutivo que se considera de esencia en institutos de esta naturaleza, se mantiene el miembro designado por el Poder Judicial ya que éste, por intermedio de la Suprema Corte de Justicia, ejerce la superintendencia del notariado nacional al cual pertenece la gran mayoría de los afiliados; sin perjuicio de tener presente que constituye un factor de equilibrio ajeno a los intereses particulares de los demás órdenes representados, así como también lo es el delegado del Poder Ejecutivo, tal como lo ha demostrado la experiencia.

También se mantiene la representación preceptiva de jubilados y empleados consagradas por los artículos 1º de la llamada ley especial Nº 11 de 8 de noviembre de 1984, 155 de la Ley Nº 13.420 de 2 de diciembre de 1965 y 262 de la Ley Nº 16.462 de 11 enero de 1994.

Los artículos 8º a 16 sólo se han apartado de las previsiones contenidas en la Ley Nº 10.062 en aspectos adjetivos. No obstante, resulta preciso aclarar algunas competencias reservadas al Directorio por el artículo 12.

La que se establece por el literal H) resulta consagrada por el artículo 1º de la Ley Nº 12.202 de 6 de julio de 1955, aún vigente.

La facultad emergente del literal I) pretende permitir, con el requisito de la conformidad del representante del Poder Ejecutivo, la ampliación del espectro de coberturas de seguridad social, siempre que se trate de prestaciones reconocidas por el régimen general.

Los literales H) y J) tienen su fuente en el régimen estructurado por el llamado Acto Institucional Nº 9, adecuado a una gestión autónoma en lo social y en lo patrimonial, en consonancia con la naturaleza paraestatal del servicio. Para los literales G), H), I), J), L) y LL) se establecen mayorías especiales, las que respecto de determinadas resoluciones de singular trascendencia requieren seis votos conformes, de modo tal que la decisión de estos asuntos cuente al menos con el voto de uno de los representantes de los Poderes Públicos que integran el Directorio.

El capítulo II del Título II tiene su antecedente en el artículo 29 de llamado Acto Institucional Nº 9, al cual se le agregan condicionantes que definen controversias doctrinarias, procurándose una reglamentación del procedimiento con el fin de brindar las máximas garantías a quienes se sientan agraviados por las decisiones del Directorio.

VI

El Título III trata del patrimonio y los recursos económicos en coherencia con lo que se preceptúa por el artículo 6º, sobre la base de recursos propios y sin contribución por parte del Estado. Por ello, es preciso contar con un estatuto legal de forma que la Institución pueda cumplir sus fines con las mayores posibilidades de mantenimiento y con la suficiente amplitud de adecuación a los hechos supervinientes.

En este título se recogen las disposiciones vigentes de la Ley Nº 10.062 y sus modificativas, así como su adecuación al régimen general en materia de reservas. Adviértase que el artículo 28 proyectado, recoge los criterios de inversión consagrados por el artículo 123 de la Ley Nº 16.713, al tiempo que compatibiliza los mismos con las modalidades estructuradas por los artículos 110 de la Ley Nº 12.802 de 30 de noviembre de 1960, 354 de la Ley Nº 13.032 de 7 de diciembre de 1961 y 257 de la Ley Nº 16.462 de 11 de enero de 1994.

A su vez y en concordancia con la Ley Nº 16.713 (artículo 181), se establece la tasa personal de aportación jubilatoria de los empleados activos, igual al resto de los trabajadores asalariados del país (15%) (artículo 31). De igual manera, el artículo 32 recoge la mecánica prevista por el artículo 182 de la Ley Nº 16.713 de modo que el aumento de la tasa de aportación no incida sobre el ingreso líquido de los trabajadores.

Desde 1960 la Caja Notarial contempla la atención de la salud de sus afiliados activos y pasivos (artículo 111 de la Ley Nº 12.802). Las tasas vigentes (artículo 203 de la Ley Nº 15.851 de 24 de diciembre de 1986) se unifican para todos los afiliados en el 3% (artículo 35) sin embargo, continúan siendo inferiores a las que financian la generalidad de los sistemas de salud nacionales, al tiempo que se establecen mínimos que pueden llegar hasta los establecidos en el régimen general por el artículo 337 de la Ley Nº 16.320 de 1º de noviembre de 1992 (artículos 35 y 36). El "Fondo sistema Notarial de Salud", a diferencia del sistema de pasividades cuyo financiamiento de largo plazo permite la capitalización colectiva de las aportaciones de los activos, es esencialmente un sistema de reparto, consagrándose legalmente (artículo 35) el necesario equilibrio y autosuficiencia del mismo.

Estas medidas se justifican en el hecho de que las prestaciones en actividad, como lo son las de la salud, por tratarse de un sistema de corto plazo deben ajustar sus ingresos al creciente número de afiliaciones, manteniendo en consecuencia cierta proporcionalidad con dicho número, a diferencia de los sistemas de prestaciones de largo plazo que pueden cofinanciarse con la rentabilidad de la capitalización de sus reservas.

VII

El Título IV recoge las disposiciones de la Ley Nº 10.062 en lo referente al colectivo afiliado, incluyendo expresamente la calidad del "cónyuge colaborador" (artículo 43 literal C) los que por inexistencia de previsión legal expresa hoy se registran como empleados de escribanía.

En lo que hace a la prueba de servicios (artículo 49), así como al reconocimiento de los mismos (artículo 50) el proyecto se adecua a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley Nº 16.713.

VIII

El Título V comprende el sistema previsional y proyecta la adecuación del sistema jubilatorio a la Ley Nº 16.713, igualando las edades requeridas para tener derecho a jubilación, así como las tasas de reemplazo, y recogiendo del proyecto de adecuación a la Ley Nº 16.713 elevado por el Poder Ejecutivo el 31 de diciembre de 1996, la posibilidad de generar jubilación con treinta años de servicios, cuando los mismos correspondan a afiliación exclusiva a Caja Notarial. Esta solución se explica en el hecho de que la incorporación al sistema previsional de los profesionales resulta más tardía que la del resto de los trabajadores, como consecuencia de los años de estudios universitarios previos.

En el Capítulo II, para la determinación de incapacidades, se establecen como aplicables los baremos del régimen general, para determinar objetivamente el grado de severidad de la incapacitación.

El Capítulo III recoge la vigencia del subsidio por enfermedad creado por la Ley Nº 12.802 de 30 de noviembre de 1960 (artículo 111).

Por el Capítulo IV se establece el sistema pensionario recogiendo las innovaciones de la Ley Nº 16.713.

En lo que dice relación con el Capítulo V, el proyecto plasma las soluciones consagradas por el régimen general vigente (Ley Nº 16.713) con el respeto por las peculiaridades propias del universo amparado, con la exigencia adicional de considerar prácticamente la totalidad de los servicios acreditados por los afiliados para el cálculo del sueldo básico jubilatorio de los escribanos.

En torno a lo establecido en el Capítulo VI, procede simplemente comentar que se recibe la solución prevista por el régimen común, con la posibilidad de la prestación directa de los servicios funerarios, procurando en el futuro no reducir esta prestación a un mero reembolso pecuniario sino la ejecución digna de las honras fúnebres para sus afiliados y deudos.

IX

No merece mayores comentarios todo lo concerniente al régimen de transición consagrado en el Título VI, salvo en cuanto a que en virtud del período transcurrido desde la sanción de la Ley Nº 16.713 hasta el presente, obviamente se han modificado las fechas de ingreso al nuevo estatuto jubilatorio. La adecuación se efectúa acelerando y comprimiendo en el tiempo la exigencia de los requisitos de edad y servicios necesarios para la configuración de causal, los cuales son absolutamente idénticos a los preceptuados por la Ley Nº 16.713. Asimismo, respecto de la transición se establecen las tasas de reemplazo que se aplicarán durante la misma, a efectos de permitir un pasaje progresivo y sin sobresaltos hacia el nuevo régimen.

X

Con referencia al Título VII que trata acerca de la materia gravada y las asignaciones computables, huelga expresar que la solución proyectada en nada difiere de la consagrada por la Ley Nº 16.713, sin perjuicio de incluir aquellas asignaciones específicas de parte del universo que ampara, como lo son por ejemplo los honorarios profesionales.

XI

El Título VIII de "Disposiciones Generales" contiene esencialmente normas relativas a incompatibilidad, inicio del servicio de pasividad, inembargabilidad de las asignaciones de jubilación, pensión o subsidio, etc. Asimismo se consagran preceptos de orden como lo son por ejemplo, cláusulas de vigencia, actualización de referencias monetarias, así como también la transición para los afiliados empleados del Instituto y el mandato del actual Directorio.

Párrafo aparte merece la solución prevista por el artículo 87 respecto de la acumulación ficta de servicios a los efectos de la configuración de la causal jubilatoria. Cabe resaltar la justicia de la solución que se proyecta, por cuanto se deja de lado el injusto sistema de traspaso de servicios y se racionaliza el servicio de la pasividad, poniéndolo de cargo de los diversos organismos que ampararon las distintas actividades que haya desarrollado el trabajador que debe realizar esta acumulación ficta de servicios, para ejercer su legítimo derecho de acogerse a un adecuado retiro.

Por último, el artículo 89 del proyecto prevé la facultad de actuar como agente recaudador de ahorros voluntarios de sus afiliados con destino a fondos de ahorro previsionales, lo cual demuestra claramente el compromiso de la Caja Notarial con la seguridad social toda.

XII

A modo de colofón, debe dejarse consignado que, en mérito al sistema de cálculo jubilatorio directamente relacionado con los ingresos percibidos en toda la actividad de sus afiliados, se plasma similar finalidad que la perseguida por el régimen mixto previsto por el sistema general.

Con referencia a los aspectos financieros de este proyecto, debe establecerse que el mismo procura asegurar la viabilidad futura del Instituto al aumentar edades de retiro y años de servicios necesarios para configurar las causales, a la vez que se refuerza la aportación al sistema de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia en el caso de afiliados empleados y al Sistema de Salud en el caso de la totalidad de los afiliados.

Las modificaciones introducidas por este proyecto mejorarán indubitablemente los resultados financieros en el mediano y largo plazo, confirmando así la prudente trayectoria de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones, que le permita continuar sirviendo todas aquellas prestaciones en cantidad y calidad, que hacen vigente, válida y necesaria la existencia de dicha Caja.

Por todos estos fundamentos, el Poder Ejecutivo entiende necesario y conveniente la rápida tramitación y sanción del presente proyecto de ley que recoge el acuerdo alcanzado con la Institución involucrada.

Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Guillermo Stirling, Didier Opertti, Alberto Bensión, Luis Brezzo, Antonio Mercader, Lucio Cáceres, Sergio Abreu, Alvaro Alonso, Luis Fraschini, Gonzalo González, Alfonso Varela, Carlos Cat, Jaime Trobo.

TITULO I
DE LA CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Capítulo Unico

Artículo 1º. - Denomínase Caja Notarial de Seguridad Social a la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones creada por la Ley Nº 10.062 de 15 de octubre de 1941, la que se regirá por las disposiciones de la presente ley y demás normas aplicables.

Art. 2º. - La Caja Notarial de Seguridad Social es persona jurídica de derecho público no estatal y tiene su domicilio legal en la ciudad de Montevideo.

Art. 3º. - La representación de la misma, tanto en juicio como fuera de él, corresponderá al Presidente y Secretario del Directorio actuando conjuntamente, quienes, en cumplimiento de lo previsto por el literal D) del artículo 12 de la presente ley, podrán otorgar mandatos para la representación del Instituto.

Art. 4º. - Los bienes de la Caja serán inembargables, excepto para responder por las obligaciones que establece esta ley.

Art. 5º. - La Caja está exonerada de toda clase de impuestos nacionales y tributos departamentales para las actuaciones y operaciones que realice, así como por sus bienes.

Art. 6º. - El Estado no asume responsabilidad pecuniaria alguna vinculada a la subsistencia de la Caja o a la financiación de sus obligaciones, incluyéndose en éstas el pago de las prestaciones que deba servir, y sólo se limitará al cumplimiento de esta ley, en lo que le sea pertinente.

TITULO II
DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION

Capítulo I
Del Directorio

Artículo 7º. - La Caja estará dirigida por un Directorio honorario compuesto de siete miembros, que se integrará de la siguiente manera:

- Un miembro afiliado escribano designado por el Poder Ejecutivo,

- Un miembro escribano integrante del Poder Judicial, designado por la Suprema Corte de Justicia,

- Un miembro afiliado jubilado, electo por los jubilados,

- Un miembro afiliado empleado en actividad, electo por los afiliados a que aluden los literales B, C, D y E del artículo 43.

- Tres miembros afiliados escribanos en actividad, electos por los escribanos activos.

Art. 8º. - La fecha de la elección de miembros del Directorio será fijada por el Poder Ejecutivo.

En caso de vacancia de algún cargo electivo de miembro del Directorio por agotamiento de la lista de suplentes, o cuando alguno de los órdenes electores no haya presentado listas, el Directorio solicitará al Poder Ejecutivo la convocatoria a una elección complementaria.

La Corte Electoral reglamentará las elecciones y tendrá a su cargo la recepción de votos, escrutinio, juzgamiento de la elección y proclamación de los candidatos electos.

Art. 9º. - Las listas de candidatos por cada orden de electores deberán contener triple número de suplentes en orden respectivo, e igual número contendrán las designaciones que realicen los Poderes Públicos.

Art. 10. - La Presidencia y Vicepresidencia del Directorio serán ejercidas siempre por escribanos. La Presidencia corresponderá al primer titular de la lista de escribanos activos más votada.

Asimismo, por mayoría absoluta de votos y cada dos años, el Directorio designará de su seno al Vicepresidente, Secretario, Prosecretario y Tesorero.

En caso de licencia o vacancia temporal, el Vicepresidente y el Prosecretario ejercerán la Presidencia y la Secretaría respectivamente.

Art. 11. - Los miembros del Directorio durarán cuatro años en sus funciones pudiendo ser reelegidos; en forma consecutiva podrán serlo por una sola vez. Los electos mediante elección complementaria cesarán conjuntamente con los restantes integrantes del Cuerpo.

En todo caso, si durante el mandato se modificara la calidad requerida para integrar el Directorio respecto de cualesquiera de sus miembros de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7º, éstos cesarán automáticamente en su cargo, convocándose al suplente respectivo.

Art. 12. - Compete al Directorio:

A) Sancionar su reglamento general y demás reglamentaciones que considere necesarias;

B) Proponer las reformas a la presente ley que la experiencia aconseje como necesarias o convenientes;

C) Conceder o negar todo beneficio o prestación que pueda acordar el Instituto;

D) Realizar los actos, gestiones y diligencias, de administración o de dominio, necesarios para el funcionamiento regular del Instituto y conferir apoderamientos especiales;

E) Designar, sancionar y destituir al personal del Instituto, pudiendo delegar la potestad sancionatoria en la máxima jerarquía administrativa salvo en los casos de destitución;

F) Determinar la época y forma de exhibición de los registros notariales y de las cotizaciones que los afiliados deban realizar, así como los deberes formales que éstos deban cumplir;

G) Sancionar a los afiliados que incumplan la presente ley o las reglamentaciones correspondientes;

H) Fijar los sueldos fictos mínimos de los empleados de escribanía y cónyuges colaboradores, aportes complementarios mínimos, y los montos mínimos y máximos de las prestaciones no fijados legalmente;

I) Extender con el voto conforme del representante del Poder Ejecutivo, la concesión de prestaciones de seguridad social para la cobertura de otras contingencias no previstas en esta ley y cubiertas por el régimen general, previo estudio técnico de que no se afectará el cumplimiento de las consagradas legalmente así como de las posibilidades financieras que garanticen su viabilidad.

J) Fijar los ajustes previstos por el artículo 67 de la Constitución de la República, pudiendo establecer un índice diferente así como índices diferenciales, al igual que adelantos a cuenta de dichos ajustes y asignaciones previsionales extraordinarias con carácter general, en forma racionalmente proporcionada a las posibilidades económicas del Instituto, procurando satisfacer las necesidades reales del beneficio.

El establecimiento de un índice diferente o índices diferenciales, de adelantos a cuenta de los ajustes y de asignaciones extraordinarias, sólo se podrán determinar y otorgar, cada vez, previo estudio técnico de que no se afectará el cumplimiento de las prestaciones consagradas legalmente así como de las posibilidades financieras que garanticen su viabilidad.

El porcentaje resultante de la aplicación de índices diferentes o diferenciales no podrá superar, en cada caso, en un treinta por ciento (30%) al mínimo que corresponda por el procedimiento establecido en la disposición constitucional referida.

Asimismo, el importe anual en que se aumenten las prestaciones por aplicación de estos índices, no podrá exceder el diez por ciento (10%) del incremento del fondo de invalidez, vejez y sobrevivencia producido en el ejercicio civil anterior, expresado en moneda de valor constante.

K) Celebrar convenios en materia de seguridad social con otros organismos nacionales o extranjeros;

L) Establecer regímenes de cancelación de adeudos generados por aportes, que aseguren convenientemente los servicios de amortización e interés y la actualización del monto adeudado;

LL) Delegar las atribuciones que entendiere pertinentes.

Las resoluciones relativas a los casos previstos por los literales G y J requerirán cinco votos conformes y las referentes a los literales H, I, L y LL, seis votos conformes. Las atribuciones referidas a los literales indicados en este inciso son indelegables.

Art. 13. - El Directorio sólo podrá sesionar válidamente con la asistencia mínima de cinco miembros y sus resoluciones se adoptarán por simple mayoría, salvo disposición en contrario.

Art. 14. - Las resoluciones del Directorio serán notificadas personalmente al interesado en las oficinas de la Caja o en el domicilio constituido o conocido.

También podrá practicarse la notificación citándose al interesado por telegrama colacionado para que concurra a la oficina dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de darlo por notificado. En el telegrama deberá individualizarse el expediente y citarse la presente disposición; su costo deberá ser reintegrado por el interesado dentro del mismo plazo o en el acto de notificarse.

Si el interesado no tuviere domicilio conocido en el país se le citará mediante tres publicaciones en el Diario Oficial para que concurra a notificarse en la oficina dentro del plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de la última publicación, bajo apercibimiento de darlo por notificado.

En las publicaciones deberá individualizarse el expediente y citarse la presente disposición; su costo deberá ser reintegrado por el interesado dentro del mismo plazo o en el acto de notificarse.

Art. 15. - La falta de asistencia a cinco sesiones consecutivas o diez alternadas durante el año civil, sin licencia concedida o causa justificada a juicio del Directorio por cinco votos conformes, producirá el cese del miembro electo omiso y se convocará al suplente respectivo.

Si se tratare de los miembros designados por los Poderes Públicos, se convocará al suplente respectivo dando cuenta a aquellos de la omisión de sus respectivos representantes, estándose a lo que estos Poderes resuelvan en definitiva, a cuyos efectos dispondrán de un plazo de noventa días para expedirse. De no hacerlo en dicho plazo, automáticamente se producirá el cese del miembro omiso. Si el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial deciden remover a su representante, continuará en el desempeño del cargo el suplente respectivo, salvo que designen un nuevo miembro sustituto.

Art. 16. - Toda resolución violatoria de la Constitución, leyes o reglamentos, importará la responsabilidad personal y solidaria de los miembros del Directorio.

Queda exentos de esta responsabilidad:

A) Quienes hubieran hecho constar en el acta el voto negativo y su fundamento;

B) Los ausentes de la sesión en que se adoptó la resolución ilegítima, siempre que, en la primera sesión ordinaria posterior, a la que asistan, formulen la constancia prevista en el literal anterior.

En el caso de voto negativo por razones de legitimidad, quedará en suspenso la resolución y dentro de los dos días hábiles siguientes a la sesión en que se aprobó el acta, el Secretario del Directorio, sin necesidad de previa resolución, elevará al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, testimonio del acta respectiva y los antecedentes que existieren. Si dicho Poder no se expidiera dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción del acta, la resolución del Directorio quedará firme y se cumplirá sin más trámite.

Capítulo II
De la impugnación de las resoluciones del Directorio

Artículo 17. - Las resoluciones del Directorio podrán ser impugnadas por razones de mérito o legitimidad mediante recurso de revocación ante el mismo órgano, dentro del plazo de veinte días corridos a contar desde el siguiente al de la notificación.

El recurso sólo podrá ser interpuesto por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por la resolución impugnada.

Art. 18. - Interpuesto el recurso, el Directorio dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver, configurándose denegatoria ficta por el sólo vencimiento del plazo.

Art. 19. - Denegado el recurso, el ocurrente podrá deducir solamente por razones de legitimidad, demanda de anulación contra la resolución impugnada ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil que correspondiere, dentro del término de veinte días corridos siguientes al de la notificación de la denegatoria expresa o al momento en que se verificó la denegatoria ficta.

Art. 20. - El Tribunal dará traslado de la demanda a la Caja Notarial de Seguridad Social, la que deberá evacuarlo con la remisión de los antecedentes administrativos relativos al caso, siguiéndose el procedimiento estatuido por los artículos 338 a 343 del Código General del Proceso.

El Tribunal, que fallará en única instancia, resolverá anulando total o parcialmente, o confirmando la resolución impugnada.

Art. 21. - A petición de parte y previa vista por el término de seis días a la Caja Notarial de Seguridad Social, el Tribunal podrá disponer la suspensión transitoria, total o parcial, de la ejecución de la resolución impugnada, siempre que ésta fuera susceptible de causar un perjuicio grave, de difícil reparación o irreparable, en caso de dictarse ulteriormente un fallo anulatorio.

Art. 22. - Mientras transcurren los términos del recurso y la acción anulatoria, el reclamante tendrá derecho a la prestación que se le hubiere otorgado, sin perjuicio de la reliquidación que corresponda según el fallo emitido.

Art. 23. - Será competente la Justicia del trabajo en todas las reclamaciones que se originen conflictos individuales emergentes de la relación laboral entre la Caja Notarial de Seguridad Social y empleados.

TITULO III
DEL PATRIMONIO Y LOS RECURSOS

Capítulo Unico

Artículo 24. - El patrimonio de la Caja se integra con:

A) Los bienes, créditos, derechos y acciones que posee actualmente o adquiera en el futuro;

B) Las contribuciones por Montepío Notarial de afiliados y patronos;

C) Las contribuciones al "Fondo Sistema Notarial de Salud";

D) Las rentas, intereses y beneficios de sus actividades, inversiones y reservas;

E) El producido de sanciones, multas, recargos e intereses que correspondan;

F) Los bienes, recursos y contribuciones que por cualquier título reciba.

Art. 25. - Los gastos de administración del sistema de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, no podrán insumir más de un siete por ciento (7%) de las entradas brutas anuales.

Art. 26. - El Directorio remitirá al Poder Ejecutivo dentro de los noventa días siguientes al cierre de cada ejercicio, una memoria completa e ilustrativa de la situación del Instituto, acompañada de los estados, balances, tasas de rentabilidad de sus inversiones y datos complementarios pertinentes. El Poder Ejecutivo recabará la auditoría externa del Tribunal de Cuentas y remitirá a la Caja el informe que produzca, así como la recomendación de las medidas que crea convenientes, debiendo ésta dar cuenta de las resoluciones adoptadas.

Art. 27. - El Directorio hará practicar cada cinco años o antes de ese plazo si lo cree necesario o a solicitud del Poder Ejecutivo, el estudio de la situación actuarial y financiera de la Caja y lo cursará a este último.

Dicho Poder comunicará a la Caja las consideraciones que le merezca, acompañando los estudios e informes que hubiere recabado y la recomendación de las medidas que crea convenientes, debiendo ésta dar cuenta de las resoluciones adoptadas.

Art. 28. - La Caja, con los saldos de fondos del sistema de invalidez, vejez y sobrevivencia (contribuciones previstas en el literal B del artículo 24 menos prestaciones y gastos de administración), generados a partir de la vigencia de esta ley, sólo podrá realizar las inversiones previstas en el artículo 123 de la Ley Nº 16.713 de 3 de setiembre de 1995 y sus modificativas, con los mismos criterios, calificaciones, límites y condiciones establecidos por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las mismas. Idéntico destino tendrá el producido de las precedentes inversiones. No serán de aplicación los períodos de reducción e incremento del porcentaje de inversiones previstos en los penúltimos y antepenúltimos incisos del referido artículo, correspondiendo aplicar desde el inicio los porcentajes definitivos fijados para la finalización de los mismos.

Asimismo, luego de realizar sus servicios, las inversiones previstas en el inciso anterior y las reservas que la prudencia aconseje, podrá colocar los saldos de fondos en:

A) Adquisición de títulos o valores de cualquier índole emitidos por el Estado o cualesquiera de los organismos que lo integran, incluidos los previstos por el artículo 144 de la Ley Nº 16.713 de 3 de setiembre de 1995 y colocaciones bancarias en moneda nacional o extranjera;

B) Adquisición de inmuebles y construcción de edificios o mejoras en los mismos;

C) Préstamos a afiliados y escribanos, para vivienda o con otra finalidad social, siempre que en el primer destino se constituya garantía hipotecaria y en ambos se aseguren convenientemente los servicios de amortización e interés y la actualización del capital mutuado. La Caja Notarial podrá obtener apoyo técnico y financiero de organismos nacionales o extranjeros para la realización de estos planes;

D) Realización de otras inversiones, ya sea en forma autónoma o mediante todo tipo de figuras asociativas, siempre y cuando ofrezcan convenientes niveles de rentabilidad y seguridad y no superen en cada caso el cinco por ciento del total de las inversiones: Para realizar estas inversiones se requerirán seis votos conformes.

El Poder Ejecutivo controlará el cumplimiento de las normas relativas a inversiones, pudiendo delegar dicha fiscalización en el Banco Central del Uruguay.

La Caja deberá enviar anualmente al domicilio de cada uno de sus afiliados la información referida a las inversiones realizadas y a su rendimiento, de acuerdo a las normas que establezca el Poder Ejecutivo o el Banco Central del Uruguay, en su caso.

Art. 29. - El monto imponible para las contribuciones de los sujetos pasivos está constituido por los honorarios íntegros devengados a la fecha de la actuación notarial, de conformidad con el Arancel Oficial de la Asociación de Escribanos del Uruguay vigente a la fecha de promulgación de la presente ley o sus modificaciones que impliquen exclusivamente la inclusión de actuaciones no previstas en el mismo; ello, con total prescindencia de la renuncia o reducción de los mismos que esté autorizado a hacer el escribano; los fictos complementarios; los sueldos o salarios reales o fictos; los subsidios servidos por esta Caja y las asignaciones de pasividad.

A los efectos de las contribuciones de los escribanos en actividad, no se tomarán en cuenta los aumentos del monto imponible de la materia gravada o de las alícuotas aplicables del Arancel y sus modificaciones referidos en el inciso anterior, sin perjuicio de las actualizaciones monetarias que correspondieran.

Art. 30. - La tasa de aportación personal jubilatoria (montepío) de los afiliados escribanos activos sobre todas las asignaciones computables en actividades amparadas por la Caja Notarial de Seguridad Social, será del quince y medio por ciento (15,5%).

El Directorio de la Caja podrá disminuir la tasa cuando la situación de la Institución y las proyecciones actuariales y financieras lo permitan.

Art. 31. - La tasa de aportación personal jubilatoria (montepío) de los afiliados empleados activos sobre todas las asignaciones computables en actividades amparadas por la Caja Notarial de Seguridad Social, será del quince por ciento (15%) y regirá desde el primer día del mes siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley.

Art. 32. - A efectos de la cobertura del aumento de las aportaciones personales de los afiliados empleados dispuesto en el artículo anterior, se incrementarán sus remuneraciones sujetas a montepío en el porcentaje necesario a fin de que sean equivalentes a las líquidas vigentes con anterioridad a dicha fecha, calculadas sobre las retribuciones reales o fictas. Dicho incremento será obligatorio desde el primer día del mes siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley.

Se entiende por remuneraciones líquidas, las nominales o fictas menos los aportes personales jubilatorios, las contribuciones al "Fondo Sistema Notarial de Salud" y los impuestos que graven a aquéllas.

Art. 33. - El aporte patronal que devengue la actividad de los afiliados empleados será el diez por ciento (10%) calculado sobre las remuneraciones fijadas administrativamente o por convenio colectivo, o sobre las reales percibidas si fueren superiores.

El patrono será agente de retención del aporte del empleado. En caso de que la parte empleadora esté constituida por más de un escribano, los mismos responderán solidariamente por las obligaciones para con la Caja.

Art. 34. - Cuando los afiliados comprendidos en el literal A del artículo 43, no alcancen a satisfacer en el año civil una suma equivalente a la que resulte de la aplicación de la tasa fijada por el artículo 30, sobre el monto anual de la jubilación mínima que fije el Directorio por la causal común, deberán completar la aportación hasta la suma concurrente, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 35 de la presente ley.

No obstante lo dispuesto por el inciso anterior, el Directorio podrá reducir aquella suma, así como establecer proporciones diferentes de aportación mínima o fraccionar su pago, atendiendo a la antigüedad en la afiliación, la situación económico-financiera del Instituto y el nivel de la actividad profesional.

Art. 35. - Denomínase "Fondo Sistema Notarial de Salud" al "Fondo de Subsidio por Enfermedad" creado por el artículo 111 de la Ley Nº 12.802 de 30 de noviembre de 1960.

Los afiliados a la Caja Notarial de Seguridad Social deberán aportar con afectación específica al "Fondo Sistema Notarial de Salud", el tres por ciento (3%) de los honorarios nominales que correspondan a los efectos de la aportación conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de la presente ley, o fictos complementarios, o de los montos nominales de sueldos o pasividades, o subsidios, según corresponda de acuerdo a las diferentes categorías.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, en el caso de afiliados jubilados y afiliados escribanos activos, el referido aporte tendrá un monto mínimo mensual o su acumulado anual, respectivamente, que establecerá el Directorio en función de las necesidades de financiamiento del "Fondo Sistema Notarial de Salud", y que no podrá exceder el monto de la cuota mutual mensual y sus adicionales o su acumulación anual, calculados de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 337 de la Ley Nº 16.320 de 1º de noviembre de 1992 y decretos reglamentarios.

Los recursos provenientes del Fondo referido serán exclusivamente destinados para cumplir con lo dispuesto por los incisos final del artículo 111 de la Ley Nº 12.802 de 30 de noviembre de 1960 y primero del artículo 88 de la presente.

La tasa prevista por el inciso segundo regirá, por los afiliados jubilados y empleados, a partir del primer día del mes siguiente al de la entrada en vigencia de esta ley.

Art. 36. - Conjuntamente con el pago del aporte patronal, el empleador deberá cubrir con destino al "Fondo Sistema Notarial de Salud", la diferencia que pudiera existir entre las contribuciones a dicho fondo a cargo de sus empleados y el monto mínimo mensual establecido de conformidad con el inciso tercero del artículo anterior, multiplicado por el número de dependientes beneficiarios.

Art. 37. - Los escribanos, en todos los actos relativos al ejercicio profesional, deberán utilizar Papel Notarial de actuación de las características establecidas por la Suprema Corte de Justicia en razón de la superintendencia que ejerce sobre el notariado nacional, y la Caja Notarial tendrá su administración, impresión y distribución.

Art. 38. - La autoridad competente no rubricará protocolos de escribanos, sin que se acredite el pago del Montepío Notarial y contribuciones al "Fondo Sistema Notarial de Salud", correspondientes a todas las actuaciones registrales anteriores.

Art. 39. - Las oficinas públicas y los escribanos no admitirán documentos notariales extrarregistrales, ni testimonios o certificados finales de actuaciones de jurisdicción voluntaria con intervención notarial, de los cuales no surja la constancia de pago del aporte a la Caja Notarial y su monto.

Art. 40. - El Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y demás personas públicas, no abonarán a los escribanos retribución alguna sin la exhibición de un certificado expedido por la Caja que acredite hallarse en situación regular de pagos. Este certificado tendrá vigencia anual.

Facúltase al Directorio de la Caja a reglamentar la implementación de la presente disposición.

Art. 41. - Los testimonios de las resoluciones firmes del Directorio de la Caja Notarial de Seguridad Social, asentadas en actas y relativas a deudas por contribuciones de seguridad social de sus afiliados, constituyen títulos ejecutivos siempre que cumplan con los requisitos previstos por el artículo 92 del Código Tributario.

Art. 42. - En los juicios ejecutivos por cobro de las deudas a que refiere el artículo anterior, no se requerirá previamente intimación de pago ni citación a conciliación y sólo serán admisibles las excepciones de inhabilidad del título, falta de legitimación pasiva, nulidad de la resolución declarada conforme a lo previsto por esta ley, extinción de la deuda, espera concedida con anterioridad al embargo y las previstas por el artículo 133 del Código General del Proceso.

TITULO IV
DE LOS AFILIADOS

Capítulo Unico

Artículo 43. - Están obligatoriamente afiliados a la Caja Notarial de Seguridad Social:

A) Los escribanos públicos que ejerzan la profesión, desempeñando efectivamente actividad notarial
particular.

No son amparables los servicios consistentes en desempeñar actividades notariales como funcionarios en cualquier oficina pública estatal;

B) Los empleados de los escribanos comprendidos en el literal anterior siempre y cuando no revistieren la calidad de cónyuges del patrono;

C) Los cónyuges de escribano, que en forma personal y habitual colaboren con éste, secundándolo en las tareas propias de su profesión (cónyuge colaborador);

D) El personal de las asociaciones gremiales de afiliados al Instituto que tengan personalidad jurídica;

E) Los empleados de la Caja que desempeñen tareas vinculadas directa o principalmente con el funcionamiento de sus servicios administrativos;

F) Los jubilados de la propia Caja.

Art. 44. - Por empleados de escribanía se entiende exclusivamente aquellos que colaboran con el escribano en las tareas propias de su profesión.

El patrono está obligado a denunciar a la Caja la afiliación de sus empleados dentro de los treinta días siguientes al comienzo de la relación laboral.

Art. 45. - No serán afiliables al Instituto las personas que éste ocupe en la explotación de sus inversiones o para la prestación efectiva de servicios de salud, cuya afiliación se regirá por las leyes que amparen las actividades respectivas.

Art. 46. - Los servicios amparados por esta ley se computan por el tiempo calendario que medie entre la iniciación y la desvinculación o cese, incluyéndose los lapsos de goce de subsidio, así como los de inactividad en los que no pueda determinarse la configuración de cese y posterior reingreso.

El Directorio apreciará con arreglo a la naturaleza de la actividad de que se trate, el total de los servicios computables.

Sólo se computarán aquellos servicios por los cuales exista aportación con paga efectiva, no siendo de aplicación a estos efectos los restantes modos de extinción de las obligaciones.

Art. 47. - Son computables los servicios prestados por los afiliados a partir de los dieciocho años de edad. Los prestados antes de los dieciocho y desde los quince años de edad sólo serán computados cuando la actividad esté habilitada legalmente para ejercerse a tal edad, siempre que se hubieren registrado contemporáneamente ante el organismo correspondiente.

En el caso de los dependientes, el amparo no será afectado por eventuales infracciones del empleador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50.

Art. 48. - El período de tiempo en que el afiliado activo estuviere suspendido en el ejercicio de sus funciones, será computable toda vez que fuere absuelto de culpa y pena por la justicia o se acordare sobreseimiento de la causa.

Art. 49. - La prueba de los servicios se efectuará mediante registros y documentos notariales, documentación laboral fehaciente y demás medios probatorios admitidos por el ordenamiento jurídico.

El Directorio reglamentará el procedimiento probatorio pudiendo recabar de oficio las probanzas que estime pertinentes.

En caso de proceder la declaración de testigos fuera del departamento de Montevideo, la Caja podrá solicitar por exhorto a los Juzgados competentes que practiquen su diligenciamiento.

Art. 50. - Los servicios de los afiliados a la Caja Notarial de Seguridad Social prestados con anterioridad a la implementación de la historia laboral (1º de marzo de 1942), se reconocerán cuando sean acreditados mediante prueba documental tanto en los años de actividad como en el monto computable y en el caso de los trabajadores no dependientes, las aportaciones correspondientes.

Los servicios prestados con anterioridad a la vigencia de la presente ley podrán denunciarse dentro del plazo de dos años contados a partir de su entrada en vigor.

No obstante, en el caso de servicios de empleados, éstos podrán denunciarse dentro del plazo de dos años contados a partir del cese de la relación laboral de que se trate.

Vencidos tales plazos, no se admitirá denuncia alguna.

Las aportaciones a que se refiere el presente artículo se efectuarán con las actualizaciones que correspondan.

TITULO V
DEL SISTEMA PREVISIONAL

Capítulo I
De las prestaciones

Artículo 51. - Las prestaciones por vejez, invalidez y sobrevivencia, a cargo de la Caja Notarial de Seguridad Social, son las jubilaciones, los subsidios por enfermedad y por expensas funerarias, y las pensiones.

Capítulo II
De las jubilaciones

Artículo 52. - Según la causal que la determine, la jubilación puede ser:

A) Jubilación común

B) Jubilación por incapacidad total

C) Jubilación por edad avanzada

Art. 53. - Para configurar causal de jubilación común, se exigirán los siguientes requisitos:

1) Sesenta años de edad y un mínimo de treinta y cinco años de servicios, o

2) Sesenta años de edad y un mínimo de treinta años de servicios, computándose a estos efectos exclusivamente los prestados en actividades amparadas por la Caja Notarial de Seguridad Social. En caso de que no se reúna el mínimo referido de tales servicios, se exigirá el previsto en el numeral anterior.

Las causales se configurarán aun cuando los mínimos de edad requeridos se alcancen con posterioridad a la fecha del cese en la actividad.

Art. 54. - Tienen derecho a jubilación por incapacidad los afiliados que se incapaciten en forma absoluta y permanente, para todo trabajo o para el empleo o profesión habitual, siempre que la incapacidad sobrevenga en actividad o en períodos de inactividad compensada.

Cuando aquella sobrevenga después del cese en las situaciones previstas precedentemente, se tendrá derecho siempre que se haya computado diez años de servicios amparados por la Caja como mínimo y no se fuere beneficiario de otra jubilación o retiro.

El grado de severidad de la incapacitación que dé mérito a la concesión de esta jubilación se establecerá atendiendo a la naturaleza de la actividad de que se trate, a los baremos aprobados para los afiliados al Banco de Previsión Social y al porcentaje de invalidez fijado por el Poder Ejecutivo para la incapacidad absoluta para todo trabajo.

Art. 55. - Cuando se determine la existencia de una incapacidad absoluta y permanente se establecerá si el afiliado debe someterse a exámenes médicos periódicos practicados por los servicios que el Directorio indique.

El beneficiario deberá necesariamente presentarse a dichos exámenes y la ausencia injustificada a los mismos, aparejará la inmediata suspensión de la prestación.

Esta dejará también de servirse, si al practicarse los exámenes periódicos dispuestos se constatare el cese de la incapacidad, salvo que el beneficiario contara con la edad mínima para configurar causal común.

Art. 56. - La causal de jubilación por edad avanzada se configura al cumplir setenta años, siempre que no se cuente con causal de jubilación común y se acrediten quince años de servicios reconocidos, se encuentre o no en actividad a la fecha de configuración de tal causal.

La jubilación por edad avanzada es incompatible con cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo la prestación que provenga del régimen general de jubilación por ahorro individual.

Capítulo III
Del subsidio por enfermedad

Artículo 57. - Los afiliados en actividad que se enfermaren o incapacitaren temporariamente y en forma severa para el trabajo, mientras persistan dichas causales, percibirán mensualmente un subsidio equivalente al setenta por ciento (70%) del promedio mensual actualizado de las asignaciones computables del último trienio. Dicha actualización se hará hasta el mes inmediato anterior al comienzo de la incapacitación, de acuerdo al Indice General de los Precios del Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

El subsidio mensual no podrá ser superior al setenta por ciento (70%) del sueldo básico jubilatorio máximo previsto por esta ley, es incompatible con el ejercicio profesional, con el goce de subsidio por maternidad y toda remuneración a cargo del empleador, y se servirá por un plazo que no excederá de tres años.

No se tendrá derecho a este beneficio cuando se trate de enfermedades crónicas cuyo origen sea anterior a la afiliación a la Caja o que incapacitaren por un período inferior a treinta días.

El derecho a este beneficio se configurará una vez transcurridos tres años contados a partir de la registración de la afiliación.

Facúltase al Directorio de la Caja Notarial de Seguridad Social, atendiendo a la naturaleza de la actividad de que se trate y a los baremos aprobados por los afiliados al Banco de Previsión Social y pautas médicas generalmente aceptadas, para que establezca el grado de severidad de la incapacitación que dé mérito a la concesión de este subsidio.

Si el subsidio por enfermedad se solicita dentro del plazo de sesenta días del acaecimiento de la incapacidad, se devengará desde la iniciación de la misma. Si se presentare fuera del mencionado plazo, se devengará desde la fecha de la solicitud.

Capítulo IV
De las pensiones

Artículo 58. - Los afiliados activos, cualquiera sea el tiempo de servicios acreditados y los afiliados que se encuentren en goce de pasividad o hubieren perdido tal derecho según el artículo 75 de esta ley, causan pensión ante el acaecimiento de los siguientes hechos:

A) La muerte o declaración judicial de ausencia, sin perjuicio de que los presuntos causahabientes puedan solicitar la liquidación provisoria de la pensión desde que esté configurada la presunción judicial de ausencia;

B) La desaparición en un siniestro o hecho conocido de manera pública y notoria que haga presumir la muerte, previa información sumaria.

La pensión caducará, pudiéndose ordenar la devolución de lo pagado a juicio del órgano competente, desde el momento en que el causante apareciere con vida o no se obtuviera la declaración de ausencia dentro de los dos años siguientes a la fecha en que ésta pudo solicitarse.

Art. 59. - También causará pensión el afiliado desocupado que:

A) Fallezca durante el período de amparo al régimen de prestaciones por desempleo, en caso de que éstas existan, o dentro de los doce meses inmediatos siguientes al cese de dicha prestación o al de la actividad, cuando no tuviere derecho a aquél;

B) Fallezca después del cese en la actividad y no se encuentre comprendido en las situaciones previstas en el literal anterior, siempre que compute como mínimo diez años de servicios amparados por la Caja y sus causahabientes no fueren beneficiarios de pensión generada por el mismo causante.

Art. 60. - Siempre que al momento de configuración de la causal no se hallaren en situación de desheredación o indignidad para suceder, tienen derecho a pensión las siguientes personas:

A) Las personas viudas.

B) Los hijos solteros mayores de dieciocho años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo y los hijos solteros menores de veintiún años de edad excepto cuando se trate de mayores de dieciocho años de edad que dispongan de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

C) Los padres absolutamente incapacitados para todo trabajo.

D) Las personas divorciadas.

El derecho a pensión de los hijos se configurará en el caso de que su padre o madre no tengan derecho a pensión, o cuando éstos, en el goce del beneficio, fallezcan o pierdan el derecho por cualquiera de los impedimentos establecidos legalmente.

Art. 61. - El derecho de los beneficiarios quedará sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones:

A) Las personas divorciadas, siempre que no fueran declaradas culpables y acrediten además que, a la fecha de configurada la causal, eran beneficiarias de pensión alimenticia decretada u homologada judicialmente y servida por el causante.

B) Los hijos solteros mayores de veintiún años y los padres, absolutamente incapacitados para todo trabajo, siempre que acrediten además, que carecen de medios de vida que les permitan subvenir a su sustento, el que debió estar a cargo del causante en forma total o principal.

C) Los hijos adoptivos o los padres adoptantes, en todo caso, siempre que prueben, además de lo que se establece en el literal anterior, que han integrado de hecho un hogar común con el causante y convivido en su morada constituyendo con el mismo una unidad moral y económica similar a la de la familia, y que esta situación fuese notoria y preexistente, por lo menos en cinco años a la fecha de configurarse la causal, aun cuando el cumplimiento de las formalidades legales de adopción fuese más reciente. Cuando la causal pensionaria se opere antes de que el adoptado haya cumplido los diez años de edad, se exigirá como mínimo que haya convivido con el causante la mitad de su edad a dicha fecha.

Esta pensión es incompatible con la causada por vínculo de consanguinidad, pudiendo optar el interesado por una u otra.

Art. 62. - Tratándose de personas viudas que tengan cuarenta o más años de edad a la fecha de fallecimiento del causante, o que cumplan esa edad gozando del beneficio de la pensión, la misma se servirá durante toda su vida.

Las personas divorciadas que cumplan con los requisitos establecidos en este artículo, gozarán igualmente de la pensión durante toda su vida, salvo que configuren respecto de las mismas las causales de pérdida de la prestación que se establecen en el artículo 69.

En el caso de que las personas viudas o divorciadas tengan entre treinta y treinta y nueve años de edad a la fecha del fallecimiento del causante, la pensión se servirá por el término de cinco años y por el término de dos años, cuando los mencionados beneficiarios sean menores de treinta años de edad a dicha fecha.

Los límites de prestación de la pensión a que hace referencia el inciso anterior no regirán en los casos que:

A) El beneficiario estuviese total y absolutamente incapacitado para todo trabajo.

B) Integren el núcleo familiar del beneficiario hijos solteros menores de veintiún años de edad, en cuyo caso la pensión se servirá hasta que éstos alcancen dicha edad una vez cumplidos los términos del inciso tercero, excepto cuando se trate de mayores de dieciocho años de edad que dispongan de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

C) Integren el núcleo familiar del beneficiario hijos solteros mayores de dieciocho años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo.

Capítulo V
Determinación del monto y demás condiciones de las prestaciones

Artículo 63. - El sueldo básico jubilatorio se calculará obteniendo el promedio mensual resultante de la actualización de las asignaciones computables, mensuales o anuales, considerándose:

a) en el caso de afiliados escribanos, los treinta años de mejores asignaciones computables actualizadas, por servicios registrados en su historia laboral, en la forma que reglamente el Directorio;

b) en el caso de afiliados empleados, los diez últimos años de servicios registrados en la historia laboral, limitado al promedio mensual de los veinte años de mejores asignaciones computables actualizadas, por servicios registrados en la historia laboral, incrementado en un cinco por ciento (5%). Si fuera más favorable para el afiliado, el sueldo básico jubilatorio será el promedio de los veinte años de mejores asignaciones computables actualizadas, por servicios registrados en la historia laboral.

c) en el caso de aquellos con doble afiliación (como escribano y como empleado), que configuren causales jubilatorias por sendas actividades independientemente, el sueldo básico jubilatorio será el resultado de sumar los sueldos básicos previstos por los literales a) y b).

Tratándose de jubilación por incapacidad o de jubilación por edad avanzada, si el tiempo de servicios computado no alcanza al período o períodos de cálculo indicados en los incisos anteriores de este artículo, se tomará el promedio actualizado correspondiente al período o períodos efectivamente registrados.

La actualización se hará hasta el mes inmediato anterior al inicio del servicio de la pasividad, de acuerdo al Indice General de los Precios del Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

Art. 64. - La asignación de jubilación será:

A) Para la jubilación común, el resultado de aplicar sobre el sueldo básico jubilatorio respectivo, los porcentajes que se establecen a continuación:

1) El cincuenta por ciento (50%) cuando se reúnan los requisitos mínimos para la configuración de la causal.

2) Se adicionará un medio por ciento (0,5%) del sueldo básico jubilatorio por cada año que exceda de treinta o de treinta y cinco años de servicios, según el caso (artículo 53), al momento de configurarse la causal, con un tope del dos y medio por ciento (2,5%).

3) A partir de los sesenta años de edad, por cada año de edad que se difiera el retiro, después de haberse configurado la causal y hasta los setenta años de edad, se adicionará un tres por ciento (3%) del sueldo básico jubilatorio por año con un máximo de 30% (treinta por ciento). Si no se hubiera configurado causal, por cada año de edad que supere los sesenta se adicionará un 2% (dos por ciento) hasta llegar a los setenta años de edad, o hasta la configuración de la causal si esta fuera anterior.

Los porcentajes adicionales establecidos en este numeral en ningún caso se acumularán para un mismo período.

B) Para la jubilación por incapacidad, el sesenta y cinco por ciento (65%) del sueldo básico jubilatorio.

C) Para la jubilación por edad avanzada, el cincuenta por ciento (50%) del sueldo jubilatorio al configurarse la causal, más el uno por ciento (1%) del mismo, por cada año que exceda los quince años de servicios, con un máximo del catorce por ciento (14%).

Art. 65. - El sueldo básico de pensión será equivalente a la jubilación que le hubiere correspondido al causante a la fecha de configuración de la causal pensionaria, con un mínimo equivalente a la asignación de la jubilación por incapacidad.

Si el causante estuviere ya jubilado el sueldo básico de pensión será la última asignación de pasividad, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 67.

Art. 66. - La asignación de pensión será:

A) Si se trata de personas viudas o divorciadas, el setenta y cinco por ciento (75%) del sueldo básico de pensión cuando exista núcleo familiar, o concurrencia con hijos no integrantes del mismo o padres del causante. En ningún caso la asignación a las personas divorciadas podrá exceder el monto de la pensión alimenticia servida por el causante.

B) Si se trata exclusivamente de la viuda o viudo o hijos del causante, el sesenta y seis por ciento (66%) del sueldo básico de pensión.

C) Si se trata de hijos en concurrencia con los padres del causante, el sesenta y seis por ciento (66%) del sueldo básico de pensión.

D) Si se trata exclusivamente de las divorciadas o los divorciados, o padres del causante, el cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico de pensión.

E) Si se trata de la viuda o viudo en concurrencia con la divorciada o divorciado, sin núcleo familiar, el sesenta y seis por ciento (66%) del sueldo básico de pensión. Si sólo una de las categorías tuviere núcleo familiar, el nueve por ciento (9%) de diferencia se asignará a esa parte.

Art. 67. - Ningún sueldo básico podrá superar la suma de pesos uruguayos veinticinco mil ($ 25.000) no rigiendo para todas las asignaciones resultantes otro tope que no sea el derivado de la aplicación del presente, excepto el sueldo básico previsto por el literal c) del artículo 63, que podrá exceder este tope hasta en un treinta por ciento.

Art. 68. - En caso de concurrencia de beneficiarios, la distribución de la asignación de pensión se
efectuará conforme a las siguientes normas:

A) A la viuda o viudo, divorciada o divorciado, con núcleo familiar, en concurrencia con otros beneficiarios, les corresponderá el setenta por ciento (70%) de la asignación de pensión.

Cuando concurran con núcleo familiar la viuda o viudo y divorciada o divorciado, la distribución de dicho porcentaje se hará por partes iguales a cada categoría. En el caso de que una sola de las categorías integre núcleo familiar, su cuota parte será superior en un catorce por ciento (14%) a la del resto de los beneficiarios.

El remanente de la asignación de pensión se distribuirá en partes iguales entre los restantes coparticipes de pensión.

B) A la viuda o viudo, divorciada o divorciado, sin núcleo familiar, en concurrencia con otros beneficiarios, le corresponderá el sesenta por ciento (60%) de la asignación de pensión.

Cuando concurran la viuda o viudo y divorciada o divorciado, la distribución de dicho porcentaje se hará por partes iguales a cada categoría.

El remanente se distribuirá en partes iguales entre los restantes copartícipes de pensión.

C) En los demás casos, la asignación de pensión se distribuirá en partes iguales.

En caso de las divorciadas o divorciados en concurrencia con otros beneficiarios, el remanente que pudiera surgir de la aplicación del literal A) del artículo 66 de la presente ley, se distribuirá en la proporción que corresponda a los restantes beneficiarios.

Art. 69. - El derecho a pensión se pierde:

A) Por contraer matrimonio las personas divorciadas;

B) Por alcanzar los hijos los veintiún años de edad, salvo que acrediten hallarse absolutamente incapacitados para todo trabajo y carecer de medios para subvenir a su sustento, el que debió estar a cargo del causante en forma total o principal;

C) Por recuperar la capacidad antes de los cuarenta y cinco años de edad, cuando la incapacidad fuere requisito del beneficio pensionario.

Art. 70. - Cuando un beneficiario falleciere o perdiere su derecho a percibir la pensión, se procederá a reliquidar la asignación de pensión si correspondiera, así como a su distribución, de acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores.

Art. 71. - A los efectos de lo dispuesto en los artículos anteriores, se considera núcleo familiar la sola existencia de hijos solteros del causante, menores de veintiún años de edad o mayores de veintiún años absolutamente incapacitados para todo trabajo.

Art. 72. - A los efectos de esta ley las referencias a padres e hijos comprenden a ambos sexos y a las calidades legales de legítimos, naturales, adoptantes y adoptivos.

Art. 73. - Los haberes de jubilación se devengarán a partir del cese de la actividad o configuración de la causal si fuere posterior a aquél, y los de pensión desde la configuración de la causal.

No obstante, si la solicitud no se hubiere formulado dentro de los ciento ochenta días de producido el hecho determinante, los haberes se devengarán a partir de la fecha de presentación de aquélla.

Art. 74. - Para recibir la asignación de jubilación o pensión se requiere que haya existido cotización efectiva o ponerse al día únicamente a través de los medios previstos por los artículos 29 a 37 del Código Tributario o por el mecanismo aludido en el literal L del artículo 12 de esta ley, con las contribuciones establecidas a favor de la Caja, por los servicios que la generaron, así como el cumplimiento regular de las obligaciones para con el Instituto.

Art. 75. - El otorgamiento de la jubilación notarial significa el cese del escribano en el ejercicio de sus funciones notariales, sin que le sea permitido continuar en las mismas.

Si infringiere esta prohibición, se le sancionará con la pérdida de hasta el setenta y cinco por ciento (75%) de la pasividad, durante el período que el Directorio estime conveniente, con un máximo de un año.

La reiteración de la infracción será penada con la pérdida de la pasividad por hasta un máximo de diez años.

El Directorio reglamentará la adjudicación de cierta parte de la retención efectuada, al cónyuge y/o parientes del jubilado que estuvieren a su cargo y carecieren de ingresos.

Si el sancionado optare por el reingreso a la actividad, la sanción aplicada se suspenderá, retomando fuerza y vigor cuando el escribano se acogiera nuevamente a los beneficios jubilatorios.

Art. 76. - El jubilado podrá renunciar al goce de su pasividad, volviendo al ejercicio de sus funciones.

Si hiciere uso de este derecho, no podrá acogerse de nuevo a la pasividad hasta transcurridos dos años desde la fecha de la renuncia.

Capítulo VI
Del subsidio para expensas funerarias

Artículo 77. - Quien acredite haberse hecho cargo de los gastos del sepelio de un afiliado, tendrá derecho a un subsidio por el importe de los gastos efectivamente realizados, hasta un máximo de cuatro mil seiscientos pesos uruguayos ($ 4.600). La Caja podrá sustituir dicho subsidio por la prestación directa o por contrato de los servicios funerarios.

Este beneficio es incompatible con la percepción de cualquier otro subsidio para expensas funerarias de otro organismo de seguridad social y deberá ser solicitado dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la fecha de fallecimiento de quien lo causa, vencido el cual caducará.

TITULO VI
REGIMEN DE TRANSICION

Capítulo Unico

Artículo 78. - Podrán optar entre quedar comprendidos en el régimen previsional que se deroga o en las disposiciones de la presente ley, los afiliados que, sin ser jubilados, hubiesen configurado causal de jubilación por el régimen legal que se sustituye antes de la vigencia de esta ley, o la configuraren antes del 1º de enero del 2002.

Art. 79. - Para configurar la causal de jubilación común se requiere, además de los años de servicios, el cumplimiento de una edad mínima, de acuerdo al siguiente detalle:

I) Para el hombre, el cumplimiento de sesenta años de edad;

II) Para la mujer, el cumplimiento de una edad mínima de:

Cincuenta y seis años a partir del 1º de enero de 2002
Cincuenta y siete años a partir del 1º de enero de 2003
Cincuenta y ocho años a partir del 1º de enero de 2005
Cincuenta y nueve años a partir del 1º de enero de 2006

A partir del 1º de enero de 2007 la edad mínima de jubilación de la mujer por la causal común, será de sesenta años.

Art. 80. - Para configurar causal de jubilación por edad avanzada se requiere:

I) Un mínimo de:

Once años de servicios, a partir del 1º de enero de 2002
Doce años de servicios, a partir del 1º de enero de 2003
Trece años de servicios, a partir del 1º de enero de 2005
Catorce años de servicios, a partir del 1º de enero de 2006

A partir del 1º de enero de 2007 se requerirá un mínimo de quince años de servicios.

II) El cumplimiento de una edad mínima de:

a) Para el hombre, setenta años de edad;

b) Para la mujer:

Sesenta y seis años a partir del 1º de enero de 2002
Sesenta y siete años a partir del 1º de enero de 2003
Sesenta y ocho años a partir del 1º de enero de 2005
Sesenta y nueve años a partir del 1º de enero de 2006

A partir del 1º de enero de 2007 se requerirá para la mujer, un mínimo de setenta años de edad para configurar la causa por edad avanzada.

Art. 81. - Cuando por aplicación de lo dispuesto por el artículo 64, la tasa de reemplazo aplicable resultare inferior al sesenta por ciento (60%), la misma se elevará hasta dicho porcentaje a partir de la vigencia de esta ley, reduciéndose de acuerdo al siguiente detalle:

Al cincuenta y ocho por ciento (58%) a partir del 1º de enero de 2002.

Al cincuenta y seis por ciento (56%) a partir del 1º de enero de 2003.

Al cincuenta y cuatro por ciento (54%) a partir del 1º de enero de 2005.

Al cincuenta y dos por ciento (52%) a partir del 1º de enero de 2006.

A partir del 1º de enero de 2007, la tasa de reemplazo será la prevista en el artículo 64.

TITULO VII
DE LA MATERIA GRAVADA Y DE LAS ASIGNACIONES COMPUTABLES

Capítulo Unico

Artículo 82. - Todas las asignaciones computables a los efectos de las prestaciones, constituyen materia gravada para las contribuciones establecidas en favor de la Caja.

En caso de que una determinada asignación o partida resulte, según el período gravada o no y modifique tal naturaleza, la misma será computable sólo por los períodos y montos en los que haya constituido materia gravada.

Art. 83. - Son asignaciones computables los honorarios nominales que correspondan a los efectos de la aportación conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de esta ley, los honorarios fictos correspondientes a complementos por aportes mínimos, los subsidios y los sueldos o salarios, reales o fictos.

TITULO VIII
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Unico

Artículo 84. - Las asignaciones de jubilación, pensión o subsidio son inalienables e inembargables, y toda venta o cesión que se hiciere de ellas, cualquiera fuere su causa, será nula, salvo los casos de excepción establecidos legalmente.

No obstante, a los efectos previstos en el artículo 74, podrán destinarse asignaciones jubilatorias o pensionarias, devengadas o futuras, a la cancelación de las contribuciones establecidas en favor de la Caja.

Art. 85. - Cuando los beneficiarios no cumplieran con las obligaciones a su cargo o con los deberes formales que le sean impuestos, podrán ser suspendidos en el goce de las prestaciones hasta tanto regularicen su situación.

Art. 86. - Es incompatible el goce de jubilación acordada por el Instituto, con el ejercicio de actividades amparadas por el mismo.

Todo jubilado en cuya pasividad se hayan computado servicios amparados por otros organismos de seguridad social, no podrá trabajar en actividades de la misma inclusión que las acumuladas, salvo que refieran al ejercicio de cargos docentes.

Art. 87. - Se podrá efectuar acumulación de servicios para configurar causal de jubilación, retiro o pensión ante cualquier organismo de seguridad social, los que no podrán ser utilizados para otra pasividad.

Para que la acumulación proceda, se requiere:

a) que el titular haya cesado en todas las actividades que integren la acumulación;

b) que en ninguno de los organismos que amparan los servicios objeto de la acumulación, se haya configurado la causal de que se trate en forma independiente;

c) la aptitud para configurar la causal, considerando la edad del beneficiario y la totalidad del tiempo de los servicios que se pretenden acumular, en cada organismo de amparo de actividad, a cuyos efectos los de carácter simultáneo se considerarán como un único período computable;

d) la inclusión de la totalidad de los servicios computados por las actividades que se desean acumular.

En el caso de servicios bonificados, la bonificación solamente se considerará con relación al período de servicios, para la configuración de causal y determinación de la tasa de reemplazo. No obstante, respecto de la entidad que amparó dicha bonificación, ésta se considerará a todos los efectos.

A los efectos de determinar la pasividad, cada organismo calculará la cuota parte de la pasividad que le corresponda y que abonará al que deba servirla.

Para efectuar dicho cálculo cada entidad determinará el monto de la asignación ficta de pasividad que le hubiere correspondido servir, como si todos los años de servicios acumulados se hubieran prestado bajo su amparo, aplicando su propio régimen de cálculo de sueldos básicos, tasas de reemplazo y máximos de asignaciones de pasividad.

La actualización de las asignaciones computables se realizará hasta el mes anterior al del inicio del servicio de pasividad.

No obstante, para el cálculo del sueldo básico no se considerarán las asignaciones computables correspondientes a servicios totales inferiores a un año, en cuyo caso no devengará derecho a prestación en el organismo de amparo de esta actividad.

Obtenido el monto de su respectiva asignación ficta, cada organismo calculará su cuota parte prorrateándola de acuerdo al tiempo de servicios que amparó.

La pasividad resultante se regirá y servirá por el organismo cuya cuota parte fuere mayor, equivaldrá a la suma de todas las cuotas de todos los organismos involucrados y no podrá superar la asignación ficta que le hubiere correspondido en el organismo que deba abonar la prestación. A estos efectos, la totalidad de las cuotas partes se reducirán proporcionalmente a su respectiva contribución, si correspondiere.

Los restantes organismos abonarán al contado, al organismo que deba servir la prestación, el valor actual total de las cuotas partes que les hubiera correspondido servir durante toda la vida del beneficiario y por los derechos pensionarios que éste pudiera causar, estimado en base a cálculos actuariales que se realicen considerando las tablas de mortalidad y las tasas de interés actuarial fijadas por el Banco Central del Uruguay para las prestaciones del régimen de ahorro voluntario previsto por la Ley Nº 16.713.

El goce del beneficio está condicionado a que la totalidad de los organismos hayan efectuado la correspondiente versión de su cuota parte.

A partir de la vigencia de la presente ley no se aceptarán traspasos de servicios, régimen que se sustituye por lo establecido en este artículo.

El presente artículo será reglamentado por el Poder Ejecutivo dentro del plazo de ciento ochenta días a partir de la vigencia de la presente ley.

Art. 88. - La Caja podrá contratar o prestar directamente los servicios tendientes a la cobertura de contingencias relativas a la salud de sus afiliados.

De acuerdo a las posibilidades económicas del "Fondo Sistema Notarial de Salud", el Directorio podrá disponer la participación de los beneficios en los costos de los servicios referidos, así como reglamentar la extensión de dichos beneficios a familiares de sus afiliados y a los escribanos no afiliados, mediante el pago de cuotas que no podrán superar el costo respectivo, siendo facultativa la adscripción de estos beneficiarios.

Art. 89. - La Caja Notarial de Seguridad Social podrá actuar como agente recaudador de ahorros voluntarios de sus afiliados destinados a fondos de ahorros previsionales radicados en el país. En estos casos la Caja podrá percibir una comisión por recaudación y convenir con empleadores de sus afiliados la forma de retención de esos ahorros voluntarios en forma similar a la establecida en la Ley Nº 15.890 de 27 de agosto de 1987, modificativas y concordantes.

La comisión estará exonerada del impuesto al valor agregado del Título 10 del Texto Ordenado de 1996 y del impuesto a las comisiones regulado en el Título 17 del Texto Ordenado de 1996.

Art. 90. - La Caja podrá retener hasta el treinta y cinco por ciento (35%) de los sueldos y pasividades que abona a los afiliados indicados en los literales E y F del artículo 43 de esta ley, con destino al pago de cuotas de préstamos que aquellos hubieren celebrado con el instituto.

Art. 91. - Las referencias monetarias mencionadas en la presente ley, están expresadas en valores correspondientes al mes de mayo de 1995 y se ajustarán por la variación en el Indice General de los Precios del Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, en las oportunidades establecidas en el artículo 67 de la Constitución de la República.

Art. 92. - A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, quienes estén afiliados a la Caja como empleados de escribanía de sus cónyuges, pasarán a integrar la categoría "cónyuge colaborador" definida por el literal C, del artículo 43.

Salvo previsión a texto expreso, las disposiciones referentes a afiliados empleados serán aplicables, en lo pertinente, a la categoría de afiliados "cónyuge colaborador".

Art. 93. - El sistema pensionario previsto por la presente ley regirá para las pensiones cuya causal se configure con posterioridad a su vigencia.

Art. 94. - El personal de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones actualmente afiliado, conservará su afiliación en la Caja Notarial de Seguridad Social mientras subsista la relación laboral con la misma.

Art. 95. - El actual Directorio de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones ejercerá el gobierno y administración del Instituto hasta tanto expire el período de su mandato, no rigiendo al respecto las causales de cesantía creadas por esta ley.

Art. 96. - El Directorio de la Caja Notarial de Seguridad Social propenderá a la reducción de la tasa de aportación establecida en el artículo 30 cuando se den las circunstancias previstas en dicha disposición.

Art. 97. - Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Guillermo Stirling, Didier Opertti, Alberto Bensión, Luis Brezzo, Antonio Mercader, Lucio Cáceres, Sergio Abreu, Alvaro Alonso, Luis Frachini, Gonzalo González, Alfonso Varela, Carlos Cat, Jaime Trobo.

Carp. Nº 478/01
Rep. Nº 262/01
Anexo I

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Asuntos
Laborales y Seguridad Social
y de Hacienda

INFORME AL SENADO

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social y de Hacienda de acuerdo a lo previsto por el artículo 155 del Reglamento del Senado informa a través del presente que ha votado el proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo en el que se modifica el régimen jubilatorio y pensionario de la persona pública no estatal de seguridad social denominada actualmente "Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones" y, por consiguiente, lo pone a consideración del Senado de la República.

A título introductorio corresponde recordar que la Ley Nº 16.713 de 3/9/95 consagró un cambio en las bases del sistema previsional fundándolo en el principio de universalidad y comprendiendo en forma inmediata y obligatoria a todas las actividades amparadas por el Banco de Previsión Social (inciso 1º del artículo 1º).

En lo que concierne a las demás actividades amparadas por los servicios prestados por las denominadas personas públicas no estatales de seguridad social, el inciso 2º del artículo 1º citado preceptuó que el Poder Ejecutivo debe proyectar y remitir al Poder Legislativo los regímenes aplicables a los demás servicios estatales y personas públicas no estatales de seguridad social "...de forma tal que -dice textual- atendiendo a sus "formas de financiamiento, especificidades y naturaleza de sus actividades comprendidas en las mismas, se adecuen al régimen establecido por la presente ley".

El Poder Ejecutivo de acuerdo con la iniciativa privativa en la materia de establecimiento o modificaciones de causales, cómputos o beneficios jubilatorios que le confiere la Constitución de la República, cumpliendo además con el mandato legal dispuesto en los incisos 2º y 3º del artículo 1º aludido y, finalmente, en línea con la estrategia definida de procurar alcanzar iniciativas que cuenten con el consentimiento de los interesados en el Mensaje que acompaña al proyecto de ley expone que es con la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones en que ese consenso se pudo verificar. Por consiguiente, esa es la razón que remite primero este proyecto de ley a la consideración del Poder Legislativo.

Cabe añadir, que la Comisión en oportunidad de recibir a los delegados de la Caja Notarial junto con los representantes de la Asociación de Escribanos del Uruguay y al delegado de los empleados, pudo comprobar la decidida voluntad de los interesados en consentir este proyecto de ley y su rápida sanción.

En el Mensaje del Poder Ejecutivo como en la exposición formulada por sus representantes ante la Comisión surge que, en esencia, sobre la base del sistema o principio universal, el proyecto de ley adhiere a dos órdenes de consideraciones. Ellos son:

1. Adecuar el proyecto de ley al régimen establecido por la Ley Nº 16.713 de 3/9/95; y

2. Atender las formas de financiamiento, especificidades y naturaleza de las actividades comprendidas en el caso particular de la Caja Notarial.

En suma, pues, los fundamentos en que reposa el proyecto de ley consisten en adecuar el régimen previsional de la Caja Notarial a la Ley Nº 16.713 respetando la autonomía de la misma sin dejar de lado -conforme lo menciona el Mensaje del Poder Ejecutivo- el control del Estado y de los afiliados. Ello se logra sobre la base de su autofinanciamiento puesto que no se requiere asistencia del Estado directa ni indirectamente y con prestaciones, aportaciones y condiciones de acceso a sus prestaciones que aseguran su financiamiento en el largo plazo, todo ello acorde con el régimen general de seguridad social.

Expuestos los fundamentos del proyecto de ley en forma general, corresponde ingresar en el informe particular del mismo, efectuando un repaso por su orden de las principales modificaciones introducidas en el articulado en forma comparativa entre el régimen legal vigente de la Caja Notarial -Ley Nº 10.062 de 15/10/41 y modificativas- y el régimen proyectado incorporando comentarios, de corresponder, con el régimen general previsto en la Ley Nº 16.713 de 3/9/95.

El proyecto de ley se compone de 97 artículos divididos en ocho Títulos, algunos de los cuales -el Título II del Gobierno y la Administración y el Título V del Sistema Previsional- se subdividen a su vez en Capítulos.

Vayamos, pues, por su orden.

El Título I denominado "De la Caja Notarial de Seguridad Social" (artículos 1º a 6º) encuentra su fuente en la Ley Nº 10.062 de 15/10/41. Como se puede advertir se cambia la denominación de la Caja Notarial incorporando el concepto de "seguridad social" más comprensivo de las prestaciones que atiende y de la filosofía que inspira el proyecto de ley, el que no se limita a servir únicamente jubilaciones y pensiones, sino que sirve, entre otras prestaciones, subsidios por enfermedad y expensas funerarias.

Cabe señalar en este Capítulo único el artículo 6º en cuanto preceptúa que el Estado no asume responsabilidad pecuniaria alguna, ni directa ni indirectamente, vinculada a la subsistencia del instituto o a la financiación de sus obligaciones incluyéndose en éstas el pago de las prestaciones que deba servir y sólo se limitará al cumplimiento de esta ley, en lo que le sea pertinente.

El Título II denominado "Del Gobierno y Administración" (artículos 7º a 23) se compone, a su vez, de dos Capítulos, el primero denominado "Del Directorio" (artículos 7º a 16) y el segundo "De la impugnación de las resoluciones del Directorio" (artículos 17 a 23).

El Capítulo I refiere al Directorio en cuanto a su duración, competencia y funcionamiento respetando básicamente la Ley Nº 10.062 y modificativas. En síntesis, su integración respeta el sistema vigente (artículo 262 de la Ley Nº 16.462 de 11/1/94) en que se encuentran representados todos los órdenes involucrados con la Caja, además del representante del Poder Ejecutivo, esencial en institutos de esta naturaleza, y del representante del Poder Judicial dado que éste a través de la Suprema Corte de Justicia ejerce la superintendencia del notariado nacional.

En lo que concierne a las competencias del Directorio se recoge el régimen vigente; empero, corresponde destacar que el literal I) del artículo 12 en tanto extiende con el voto conforme del representante del Poder Ejecutivo la concesión de prestaciones de seguridad social para la cobertura de otras contingencias no previstas en esta ley y cubiertas por el régimen general, previo estudio técnico así como las posibilidades financieras que garanticen su viabilidad, no tiene antecedentes en la legislación vigente.

Por su parte el literal J) del artículo 12 encuentra su antecedente en el Acto Institucional Nº 9 de 23/10/79, en la Ley Nº 15.800 de 17/1/86 y en el artículo 67 de la Constitución de la República; interesa señalarlo debido a que demuestra que la evolución de la pasividad no se encuentra topeada.

El Capítulo II "De la impugnación de las resoluciones del Directorio" (artículos 17 a 23) recoge el
régimen de impugnación consagrado en las normas vigentes en caso de las personas públicas no estatales.

El Título III se denomina "Del Patrimonio y los Recursos" (artículos 24 a 42). Encuentra su fuente en la Ley Nº 10.062 y sus modificativas así como procura adecuarse al régimen general en materia de reservas. En este sentido cabe señalar el artículo 28 que persigue la finalidad que con los saldos generados a partir de la vigencia de la ley se deben realizar el mismo tipo de inversiones de las previstas en el artículo 123 de la Ley Nº 16.713 y sus modificativas. En cuanto a las inversiones preexistentes se regulan por el régimen anterior.

Los representantes del Poder Ejecutivo formularon comentarios de interés sobre las inversiones existentes. Informaron, en efecto, que durante buena parte del desarrollo histórico de la Caja las inversiones financieras arrojaban rentabilidad negativa por lo que, durante un período de unos 30 años se optó por inversiones reales, esto es, inversiones inmobiliarias más riesgosas que conllevan el inconveniente de distraer la atención de la finalidad principal que es la seguridad social. Informaron, asimismo, que actualmente la mayor parte de las inversiones son de carácter financiero (55%), por ejemplo, en Bonos del Tesoro, depósitos a plazo y préstamos a afiliados; por su parte las inversiones inmobiliarias representan en el estado actual de la Caja Notarial sólo un 26%, correspondiendo el resto a otras inversiones.

Las inversiones en el último período ascendían a U$S 118:000.000; en el supuesto de la ley vigente para el año 2025 las inversiones ascenderían a U$S 206:000.000; mientras que con la propuesta que recoge el proyecto de ley para el año 2025 las inversiones ascenderán a U$S 306:000.000. Estas inversiones, en suma, se orientarán de aprobarse el proyecto de ley en activos de más fácil administración y de menor riesgo.

Puede advertirse, en suma, que la Caja Notarial cuenta actualmente con una sólida situación financiera. Sin embargo, la situación en el futuro se vuelve preocupante de no adoptarse los cambios que se proyectan debido al gran aumento de escribanos y, en particular, de la mujer en el ejercicio de la profesión. En efecto, le fue informado a la Comisión que esta situación tiene consecuencias tanto en las actuales edades de retiro como en las más altas esperanzas de vida previstas, circunstancias que de no corregirse habrán de afectar negativamente la relación activo-pasivo que en el presente es de unos siete activos por cada pasivo.

Corresponde señalar, por último, que este artículo 28 en su inciso final consagra la obligación de información al afiliado en forma similar a lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley Nº 16.713.

El artículo 29 del proyecto de ley preceptúa que el monto imponible para las contribuciones de los sujetos pasivos está constituido por los honorarios devengados a la fecha de la actuación notarial de conformidad con el Arancel Oficial de la Asociación de Escribanos del Uruguay vigente a la fecha de promulgación de la presente ley o sus modificaciones que impliquen exclusivamente la inclusión de actuaciones no previstas en el mismo. Ello significa que a través de modificaciones posteriores al Arancel Oficial no se puede aumentar la base de cálculo de la materia gravada ni tampoco modificar las alícuotas.

El artículo 30 del proyecto de ley conserva la misma alícuota de aportación personal jubilatoria (lo que se conoce como "montepío") de los afiliados Escribanos activos sobre todas las asignaciones computables, la que equivaldrá al 15.5% (quince punto cinco por ciento). En lo que respecta a la alícuota personal jubilatoria de los empleados activos sobre todas las asignaciones computables gravadas por las contribuciones especiales de seguridad social, el artículo 31 dispone que equivaldrá a 15% (quince por ciento), lo que significa que se modifica la alícuota actual adecuándola a la consagrada para los empleados que aportan al Banco de Previsión Social (artículo 181 de la Ley Nº 16.713).

El artículo 32 del proyecto de ley preceptúa el incremento de salarios con la finalidad de absorber el aumento del aporte personal en forma similar a lo previsto por el artículo 182 de la Ley Nº 16.713.

El artículo 35 instituye el denominado "Fondo Sistema Notarial de Salud", contemplando la atención de la salud de sus afiliados, amparo que la Caja sirve desde el año 1960. En esencia, este Fondo a diferencia del sistema de pasividades cuyo financiamiento de largo plazo permite la capitalización colectiva de las aportaciones de los activos, consiste en un sistema de reparto por el que la ley procura el necesario equilibrio y autosuficiencia. Cabe consignar que se unifican en el 3% (tres por ciento) las aportaciones al Fondo para todas las categorías de afiliados y dichas aportaciones tiene ese destino específico, esto es, no pueden subsidiarse entre sí los fondos de pasividad y los fondos de salud.

Finalmente, cabe apuntar que el artículo 36 contempla una solución similar a la establecida para los empleados de la actividad privada amparados por la ex DISSE.

El Título IV, se denomina "De los Afiliados" (artículos 43 a 50) y, en general, recoge las normas vigentes en la Ley Nº 10.062. Corresponde, sin embargo, destacar que se varía la calidad de afiliación del cónyuge colaborador del escribano que antes se afiliaba como empleado (literal C) del artículo 43).

En cuanto a la prueba de los servicios prestados las normas proyectadas (artículos 49 y 50), se adecuan al régimen general consagrado en el artículo 77 de la Ley Nº 16.713.

El Título V se denomina "Del Sistema Previsional" (artículos 51 al 77); se subdivide en Capítulos que serán informados por su orden.

El Capítulo I "De las prestaciones" (artículo 51) adecua la redacción a las prestaciones que la Caja Notarial abona efectivamente por vejez, invalidez y sobrevivencia indicando que son las jubilaciones, los subsidios por enfermedad y por expensas funerarias, y las pensiones.

En lo que concierne al Capítulo II "De las jubilaciones", el artículo 52 del proyecto de ley se adecua al artículo 16 de la Ley Nº 16.713. A su vez, el artículo 53 procura adecuarse al artículo 18 de dicha ley adaptándolo al ingreso más tardío al mercado de trabajo de los escribanos en tanto profesionales que deben completar una carrera en la Universidad, permitiendo la configuración de la causal con 30 (treinta) años exclusivos de servicios notariales.

El artículo 54 procura también adecuarse al régimen general establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 16.713, debiendo consignarse que el Poder Ejecutivo en oportunidad de comparecer ante la Comisión manifestó su conformidad con la adopción de los baremos del régimen general por considerarlos objetivos y técnicamente apropiados.

El artículo 55 referido a la existencia de incapacidad absoluta y permanente se adecua a los artículos 23 y 24 de la Ley Nº 16.713. Asimismo, el artículo 56 sobre jubilación por edad avanzada que se configura al cumplir setenta años de edad, procura adecuarse al artículo 20 del régimen general.

Sobre el Capítulo III "Del subsidio por enfermedad" (artículo 57), corresponde informar que mantiene el subsidio por enfermedad que contiene en la actualidad la Caja Notarial. En efecto, el subsidio transitorio por incapacidad parcial consagrado en el artículo 22 del régimen general de la Ley Nº 16.713 previsto para los afiliados al Banco de Previsión Social para el caso de incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual, no resulta aplicable a los escribanos debido a que para éstos el ejercicio de su profesión es la única actividad amparable por la Caja Notarial.

El Capítulo IV "De las pensiones" (artículos 58 a 62) contiene el mismo régimen aplicable a los afiliados al Banco de Previsión Social comprendidos en el régimen general dado que ésta en lo que concierne a este punto, no innovó respecto al régimen anterior recogido, además, por el Decreto 359/995 de 21/9/95 (artículos 4º y 5º). Para comprender la adecuación al régimen particular de la Caja Notarial, en este artículo 58 y en otras disposiciones anteriores como en el caso de incapacidad, se debe tener en cuenta que para los escribanos no se configuran claramente ceses de actividad (como tampoco períodos de inactividad dentro de la actividad).

El mismo comentario anterior cabe respecto del artículo 59; si bien en la actualidad no existe el seguro de paro para las actividades amparadas por la Caja Notarial, puede algún día ampararse dado que está prevista por el régimen general (véase literal I) del artículo 12 del proyecto de ley).

El artículo 60 del proyecto de ley contempla su adecuación al régimen general previsto en el literal B) del artículo 25 de la Ley Nº 16.713 en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 16.759 de 4/7/96. Por último, el artículo 61 procura adecuarse al artículo 26 del régimen general.

El Capítulo V "Determinación del monto y demás condiciones de las prestaciones" (artículos 63 al 76), persigue el propósito de adecuarse al régimen general consagrado en el artículo 27 de la Ley Nº 16.713. Se debe reiterar que para los empleados la adecuación es total mientras que para los escribanos es más exigente en tanto procura alcanzar un período representativo de toda su vida laboral (esto es, los 30 mejores años en vez de los 20 años del régimen general). Se procura con ello, según fue explicado a la Comisión por los representantes de la Caja Notarial, que el escribano pueda tomar su decisión de retirarse de la actividad con independencia del mayor o menor trabajo en los últimos años, debido a que tendrá asegurado un nivel de jubilación y podrá continuar trabajando a un menor ritmo.

En lo que respecta al artículo 64 del proyecto de ley la adecuación al régimen general es total. En suma: se premia la permanencia en actividad igual que en el régimen consagrado en el artículo 29 de la Ley Nº 16.713. El artículo 65 sobre sueldo básico se adecua al artículo 27 del régimen general; comentario similar cabe respecto del artículo 66 que se adecua al artículo 32 de la citada Ley Nº 16.713.

Por su parte el artículo 67 al establecer que ningún sueldo básico podrá superar la suma de $ 25.000 (pesos uruguayos veinticinco mil), fija un tope al sueldo básico, jubilatorio y pensionario sobre el que se calculará la jubilación o pensión. En otras palabras: el tope es el sueldo básico y no la asignación de jubilación o pensión. Dicho monto de $ 25.000 se encuentra fijado a valores del mes de mayo de 1995 (véase artículo 91 del proyecto de ley), por lo que en la actualidad asciende a $ 50.000, aproximadamente. El tope importa para la fijación de la pasividad de arranque porque luego en los ajustes posteriores puede haber índices diferentes y diferenciales (véase literal J) del artículo 12 del proyecto de ley).

En el análisis llevado a cabo por la Comisión con motivo de la visita de los representantes de la Caja Notarial y de las instituciones afiliadas, se remarcó por parte de la Caja Notarial que las actualizaciones contenidas en este proyecto de ley son dos: el tope máximo del sueldo básico y la prestación funeraria, siendo éstas las únicas cantidades monetarias que figuran en el proyecto de ley y que deben actualizarse. En lo que respecta al monto de jubilación, por ejemplo, para un escribano que tenga treinta años de servicio y sesenta años de edad aplicándose una tasa de reemplazo de 50%, asciende a $ 25.000; en cambio, para un escribano que alcance el tope máximo, el monto jubilatorio será de $ 40.000, aproximadamente.

El artículo 68 del proyecto de ley sobre concurrencia de beneficiarios procura adecuarse al artículo 33 de la Ley Nº 16.713. El artículo 69 del proyecto de ley, a su vez, persigue la finalidad de adecuarse con la parte final del artículo 26 de dicha ley.

El artículo 70 del proyecto de ley refiere a las circunstancias del fallecimiento de un beneficiario o pérdida del derecho de percibir una pensión, casos que procura adecuar al artículo 34 de la Ley Nº 16.713.

En cuanto al artículo 71 que refiere a la forma en que se considera al núcleo familiar, se adecua al régimen general vigente consagrado en el artículo 16 del Decreto 359/995 de 21/9/95.

El artículo 73 del proyecto de ley recoge el régimen que se aplica a los afiliados al Banco de Previsión Social.

El artículo 74 consagra para los Escribanos el principio establecido en la Ley Nº 16.713 para los no dependientes. En efecto, los servicios para ser reconocidos tienen que haber contado con cotización efectiva; los escribanos no se pueden amparar en la prescripción (artículo 38 del Código Tributario) para reconocer servicios.

El artículo 76 del proyecto de ley es una disposición particular de la Caja Notarial que procura evitar el reingreso a la actividad para realizar un trabajo especial.

Sobre el Capítulo VI "Del subsidio para expensas funerarias" (artículo 77) corresponde comentar que se recibe la solución prevista en el régimen general en el artículo 46 del Acto Institucional Nº 9 y en el artículo 42 de la Ley Nº 16.713.

El Título VI denominado "Régimen de Transición" que cuenta con un Capítulo único (artículos 78 a 81), procura el mantenimiento de los derechos de los afiliados con causal jubilatoria configurada o que la configuren al 31/12/2001; o sea, una previsión similar a la consagrada en los artículos 2º y 61 de la Ley Nº 16.713.

En el artículo 79 del proyecto de ley se consagra la causal común; se procura, además, un proceso de adecuación de la edad de retiro de la mujer similar al consagrado en el artículo 67 de la Ley Nº 16.713. En el artículo 80 se consagra la causal por edad avanzada; se persigue un proceso de adecuación de los años de servicios mínimos y de la edad de retiro de la mujer similar al establecido en el artículo 68 del régimen general.

Un comentario especial merece el artículo 81 del proyecto de ley que consagra una aplicación gradual de la tasa de reemplazo, no existiendo una norma similar en la Ley Nº 16.713. La diferencia radica en que la situación financiera actual de la Caja Notarial permite este sistema de aplicación gradual.

El Título VII se denomina "De la Materia Gravada y de las Asignaciones Computables", contiene un Capítulo único (artículos 82 y 83). El artículo 82 al disponer que todas las asignaciones computables a los efectos de las prestaciones constituyen materia gravada por las contribuciones establecidas a favor de la Caja Notarial, consagra el principio de congruencia previsto en el artículo 146 de la Ley Nº 16.713.

Corresponde reiterar a los efectos de la debida interpretación del artículo 83, que los honorarios son como máximo los establecidos en el Arancel Oficial vigente a la fecha de la promulgación de la ley.

El Título VIII denominado "Disposiciones Generales" contiene un capítulo único (artículos 84 al 97). En la Comisión se analizó en particular el artículo 87 que establece la posibilidad de efectuar acumulación de servicios para configurar causal de jubilación, retiro o pensión ante cualquier organismo de seguridad social, indicando el procedimiento a seguir para que dicha acumulación se verifique. Según fuera informada la Comisión por los representantes del Poder Ejecutivo, la norma que se proyecta responde a una inquietud de la Caja Notarial e innova sobre el sistema vigente. En efecto, la innovación radica en que en la actualidad la acumulación de servicios se hace a valores históricos y equivale, no a una transferencia de montos, sino a una transferencia de servicios. El sistema que se proyecta procura que cada institución previsional pague por la parte proporcional de los años de servicios aportados a cada una de ellas. Se propone un sistema que permite hacer una sola transferencia evitándose movimientos periódicos permanentes entre las distintas instituciones previsionales. Se le manifestó, asimismo, a la Comisión que respecto de la propuesta incorporada en este proyecto de ley se están haciendo consultas con las restantes instituciones de seguridad social con la finalidad de alcanzar un acuerdo sobre la misma. En mérito a ello la redacción definitiva en lo que concierne a este artículo ha quedado pendiente a las referidas consultas, confiando la Comisión que un texto definitivo sea definido en oportunidad de la discusión particular de la norma en Sala. Al hacerlo deberá tenerse presente que la redacción definitiva que se establezca para el artículo 87 puede afectar el inciso 2º del artículo 86.

En lo que respecta al artículo 89 sobre la facultad conferida a la Caja Notarial de actuar como agente recaudador de ahorros voluntarios de sus afiliados destinados a fondos de ahorros previsionales radicados en el país, deberá convenir con los empleadores de sus afiliados la forma de retención de esos ahorros de acuerdo a lo preceptuado por la Ley Nº 15.890 de 27/8/87 y modificativas. Cabe consignar que esta norma legal es únicamente aplicable a las retenciones sobre sueldos solicitadas por las cooperativas respecto de sus empleados.

Se deberá tener presente que habría que autorizar a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional a percibir ahorros voluntarios de personas afiliadas a instituciones de seguridad social diferentes al Banco de Previsión Social y, además, disponer un régimen para esos ahorros voluntarios con la finalidad que tengan un destino previsional y no se transformen en una competencia para el sistema financiero.

El artículo 91 del proyecto de ley sobre las referencias monetarias se adecua al artículo 12 de la Ley Nº 16.713.

La Comisión cumple con informar al Senado de la República, por último, que el proyecto de ley que somete a su consideración fue votado por la unanimidad de presentes (9 en 9) con reservas expresadas por algunos señores Senadores respecto a aspectos del mismo por lo que manifestaron su voluntad de dejar a salvo la expresión de su voto en Sala.

Alberto Brause (Miembro Informante), Marina Arismendi, Danilo Astori, Alejandro Atchugarry, Ruben Correa Freitas, Alberto Couriel, Yamandú Fau, Luis Alberto Heber,
Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Manuel Núñez.
Senadores.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Brause.

SEÑOR BRAUSE.- La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social integrada con la de Hacienda me ha conferido el honor de actuar como Miembro Informante de este importante proyecto de ley que le imprime modificaciones al régimen jubilatorio y pensionario de la actualmente denominada Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones. En tal calidad, habré de aportar a la discusión general de este proyecto algunas reflexiones que procuran despejar las principales interrogantes que a mi juicio tiene. Esas interrogantes son: por un lado, para qué este proyecto de ley; en segundo lugar, por qué es oportuno y conveniente; y, en tercer término, cómo se alcanzan los propósitos perseguidos a través del mismo.

En cuanto a la pregunta de para qué este proyecto de ley, debo decir que cumple con un objetivo de índole formal -que por cierto no es menor y para nada soslayable- que consiste en respetar el mandato consagrado en el artículo 1º de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, en tanto preceptúa el ámbito objetivo de aplicación y principio de universalidad como bases del sistema de previsión social. En el inciso segundo de este artículo 1º se dice: "El Poder Ejecutivo, en aplicación de dicho principio y antes del 1º de enero de 1997, deberá proyectar y remitir al Poder Legislativo los regímenes aplicables a los demás servicios estatales y personas públicas no estatales de seguridad social, de forma tal que atendiendo a su forma de financiamiento, especificidades y naturaleza de las actividades comprendidas en los mismos, se adecuen al régimen establecido por la presente ley". Es público y notorio que el Poder Ejecutivo de la pasada gestión envió proyectos de ley que comprendían y respetaban esta provisión legal, pero no tuvieron andamiento legislativo. De modo que el Poder Ejecutivo cumple en acatar el mandato legal enviando este proyecto de ley que, sin duda, ha sido elaborado con el consentimiento de las partes interesadas, como habremos de destacar al final de nuestra intervención. En tal sentido, pues, el Poder Ejecutivo, en aplicación de dicho mandato, cumple con remitir al Poder Legislativo un proyecto de ley para el caso particular de la Caja Notarial, por tratarse de una persona pública no estatal y atendiendo a su forma de financiamiento, especificidades y naturaleza de las actividades comprendidas, siempre que se adecuen al régimen establecido, como señalaba la Ley Nº 16.713, que establece los principios del régimen general.

A su vez, la Ley Nº 16.713 en el inciso tercero del artículo 1º, ordena al Poder Ejecutivo designar una Comisión que, en consulta con las instituciones mencionadas, elabore los proyectos respectivos. En síntesis, el Poder Ejecutivo, acatando el mandato legal, designó la Comisión correspondiente para el caso particular que nos ocupa, que trabajó junto con los representantes de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones a los efectos de alcanzar un acuerdo que se plasma en el proyecto de ley que en este momento tiene el Senado a su consideración.

En definitiva, señor Presidente, cabe concluir que la respuesta a la interrogante de para qué se envía este proyecto de ley consiste en que el Poder Ejecutivo cumple con el mandato impuesto por la Ley Nº 16.713. Reitero que si bien es una respuesta de índole formal, por cierto, no es nada menor y resulta insoslayable para el Poder Ejecutivo. Es bueno destacarlo en esta oportunidad.

La segunda interrogante que nos planteábamos era por qué este proyecto de ley es oportuno y conveniente. A las razones formales que acabamos de señalar se deben sumar otras que hacen al mérito y a la sustancia de este proyecto de ley. Las razones de oportunidad y conveniencia han sido brevemente expresadas en el Mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña el proyecto de ley y algunas de ellas también fueron desarrolladas por las delegaciones que comparecieron ante la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social integrada con la de Hacienda.

En el caso particular de la Caja Notarial, las razones que tornan oportuno y conveniente reformar el sistema de seguridad social son las siguientes. En primer lugar, un cambio operado en el universo profesional, derivado de una mayor esperanza de vida y de una mayor participación de la mujer en la vida profesional. Hay que tener en cuenta que no sólo se incrementa la esperanza de vida para el caso de las mujeres sino que, además, según datos que nos fueron proporcionados por los representantes de la Caja Notarial, las escribanas tienen más esperanza de vida que el promedio de las mujeres.

En segundo término, un creciente número de afiliados sin un correlativo aumento de la actividad notarial. Por ejemplo, es bueno destacar que en los últimos veinticinco años se multiplicó por tres el número de escribanos activos, mientras que las escrituras autorizadas únicamente se incrementaron en un 40%.

En tercer lugar, y en función de lo expresado en el punto inmediato anterior, la consecuencia inevitable será de un aumento de egresos sobre los ingresos en el mediano y largo plazo, lo que claramente conspirará contra la viabilidad financiera de la Caja Notarial. A los efectos de ilustrar esta información corresponde señalar que la actual estructura de activos y pasivos de la Caja Notarial es de siete a uno, mientras que, si no se modifica el régimen legal actual, en el lapso de cuarenta años la relación de activos y pasivos se transformaría en 2,4 activos por cada pasivo.

Por último, señor Presidente, cabe mencionar que el sistema previsional de la Caja Notarial no era adecuado para adaptarse al régimen que impuso el Acto Institucional Nº 9 de 23 de octubre de 1979, concebido principalmente para un sistema previsional basado en el concepto del trabajo subordinado, que claramente es distinto a la labor independiente que caracteriza a la profesión de escribano, con el agregado de que la Caja Notarial también dispone de autonomía patrimonial.

En resumen, a partir de las consideraciones señaladas se llegaba irremediablemente a un deterioro del sistema previsional de la Caja Notarial, circunstancia que tornaba imperioso cambiar el sistema legal por otro que, contemplando los principios generales de la Ley Nº 16.713, se adecue a las circunstancias actuales, lo que, sin ninguna duda, logra el proyecto de ley que está a estudio del Senado.

Contestada la pregunta: ¿por qué este proyecto de ley?, corresponde plantearnos una tercera interrogante que se refiere a cómo, con él, se alcanzan los propósitos perseguidos, señalados en el inciso segundo del artículo 1º de la Ley Nº 16.713. Previamente, debemos recordar que el inciso primero de la Ley Nº 16.713, establece los principios sobre los que se define y reposa el régimen general. Me refiero a la universalidad, que es recogida de manera cabal por el actual proyecto de ley a estudio del Senado. A su vez, el inciso segundo preceptúa que los regímenes como el de la Caja Notarial, en el caso de personas públicas no estatales de seguridad social, deben adecuarse al régimen de la mencionada ley, pero atendiendo a sus formas de financiamiento, a sus especificidades y a la naturaleza de las actividades comprendidas.

Vayamos, pues, al análisis de cada uno de estos conceptos por su orden. Entiendo que, en una primera parte, se deben analizar aquellos aspectos que refieren a la forma de financiamiento, especificidad y naturaleza que distinguen al régimen jubilatorio de la Caja Notarial.

En primer lugar, cabe recordar que la Caja Notarial dispone de un financiamiento autónomo, fruto de recursos propios, que la distinguen claramente del régimen general. Este proyecto de ley ratifica la independencia de la Caja Notarial al contar con recursos propios, de manera tal que el Estado no asume responsabilidad pecuniaria alguna vinculada a la subsistencia de la Caja o a la financiación de sus obligaciones, incluyéndose en éstas las prestaciones a servir. Este es un aspecto que debemos destacar por cuanto el proyecto de ley lo dispone expresamente.

En segundo término, en lo que concierne a las especificidades y naturaleza de las actividades comprendidas por la Caja Notarial, ellas son claramente identificables. Con la finalidad de identificar las principales y, sin ánimo de ingresar al análisis menudo, cabría señalar las siguientes particularidades que distinguen a este régimen previsional. En esencia, este proyecto de ley establece un sistema previsional basado en la capitalización colectiva, ya existente en la Caja Notarial desde su fundación en el año 1941. En otras palabras, el proyecto de ley no contempla el sistema previsional mixto del régimen general implementado en la Ley Nº 16.713 que, por un lado, establece la capitalización colectiva -esto es, de reparto o solidaridad intergeneracional- y, por otro, de ahorro individual obligatorio. Esto es posible gracias a la sólida realidad financiera de la Caja Notarial, que sin ninguna duda hace recomendable continuar con la misma filosofía que le ha servido de base al régimen de esta Caja desde su fundación.

En tercer lugar, un aspecto que es específico y hace a la particularidad del régimen de la Caja Notarial es el financiamiento, que se obtiene a través de las contribuciones y aportes de sus propios afiliados. Si bien también cuenta con recursos propios, no cabe duda de que el ingreso más importante es el que proviene del aporte de sus afiliados.

En cuanto a la fórmula de cálculo del sueldo básico jubilatorio, a diferencia del régimen general que toma los tres últimos años en virtud de lo establecido en el Acto Institucional Nº 9 o los últimos diez años en base al régimen legal instituido por la Ley Nº 16.713, este proyecto de ley en análisis toma en cuenta el promedio de los últimos treinta años para los escribanos. Con esto logra asegurar la viabilidad del sistema y que las aportaciones mayores de un pequeño grupo de escribanos contribuyan a la capitalización colectiva del régimen que acabo de señalar.

Con respecto a los empleados, cabe indicar que el proyecto de ley modifica lo establecido en el Acto Institucional Nº 9, ya que el sueldo básico jubilatorio en este se calculaba sobre la base de los últimos tres años, mientras que ahora se calcula en base a los últimos diez años, siempre que esa cifra no supere el promedio de los últimos veinte años más un 5%.

Otra característica del sistema que se proyecta tiene que ver con las inversiones que forman parte del financiamiento de la Caja Notarial. Como se sabe, este proyecto respeta la forma en que el sistema actual dispone de las inversiones y establece que para el futuro las diferencias a favor entre los egresos y los ingresos de la Caja Notarial deberán ser invertidas en un todo de conformidad con el artículo 123 de la Ley Nº 16.713.

Finalmente, corresponde señalar, como una particularidad del proyecto de ley a estudio, el denominado "Fondo Sistema Notarial de Salud", que continúa con el régimen de aportación específico, respetando el de capitalización colectiva o de reparto que es el que, en definitiva, inspira el proyecto de ley a estudio.

La segunda reflexión a realizar en este análisis de la interrogante de cómo se alcanzan por este proyecto de ley los principios establecidos en el artículo 1º de la Ley Nº 16.713, es la que refiere la manera en que se procura adecuar el sistema previsional para la Caja Notarial al sistema general. En este aspecto, con el ánimo de ser lo más breve posible y sin el espíritu de querer agotar todos los aspectos por los cuales este proyecto de ley se adecua al régimen general, únicamente señalaremos los siguientes.

En primer lugar, la alícuota de aportación de los empleados activos pasa a ser el 15%, en lugar del 10% del régimen actual. O sea que, en definitiva, se le equipara a la alícuota que pagan los empleados activos en el régimen general.

En segundo término, el reconocimiento de servicios y la forma de constituir la prueba son iguales al régimen general.

En tercer lugar, las edades para acceder a los derechos de jubilación son parecidas a las del régimen general, igualándose la edad jubilatoria de la mujer con la del hombre al fijarse en 60 años de edad. Aquí cabe señalar una precisión y es que esta igualación se hace de manera gradual, cosa que no se podía realizar cuando se sancionó la Ley Nº 16.713 del régimen general.

En cuarto término, la determinación de los años de servicios para configurar la causal jubilatoria es similar al régimen general, es decir, 35 años. La excepción a esto es la posibilidad de jubilarse con 30 años exclusivos en la actividad amparada por la Caja Notarial para los escribanos.

En quinto lugar, las tasas de reemplazos son también similares a las del régimen general, eliminándose aquellas preceptuadas por el Acto Institucional Nº 9.

En sexto término, en lo que respecta a la determinación de las incapacidades, se debe considerar la Tabla de Baremos aprobada por el régimen general para el Banco de Previsión Social.

En séptimo lugar, la obligación de informar al afiliado también es una adecuación al régimen general.

En octavo término, la prestación de pensiones es también similar a la del régimen general.

En noveno lugar, la configuración de la causal de jubilación por edad avanzada, 70 años de edad, es similar al régimen general. Vale aclarar que el aumento se logra del mismo modo que en el caso de la equiparación de la edad jubilatoria de la mujer con el hombre, o sea, de manera gradual, circunstancia que permite la actual situación financiera de la Caja Notarial.

En síntesis, los aspectos expresados sirven para ilustrar al Senado sobre la adecuación del proyecto de ley al régimen general, sin perjuicio de profundizar cuando ingresemos a su discusión particular.

Por último, quiero señalar que es bueno ilustrar al Senado sobre algunas innovaciones que contiene este proyecto de ley. Así, a título ilustrativo, cabe mencionar, en primer lugar, que en la órbita de competencias otorgadas al Directorio de la Caja Notarial, se le faculta a extender, con el voto conforme del representante del Poder Ejecutivo, la concesión de prestaciones de Seguridad Social para la cobertura de otras contingencias no previstas en este proyecto de ley, pero sí cubiertas por el régimen general.

Una segunda innovación es que se faculta al Directorio a fijar los ajustes previstos en el artículo 67 de la Constitución de la República, pudiéndose establecer índices diferentes y diferenciales, adelantos a cuenta y asignaciones previsionales extraordinarias. Si bien esta facultad no configuraría una novedad, enseña claramente que la evolución de la pasividad no se encuentra topeada.

La tercera innovación es que la base de cálculo para determinar el aporte o contribución a la seguridad social de los escribanos, se obtiene de aplicar el arancel oficial de la Asociación de Escribanos del Uruguay vigente a la sanción de la Ley. Por lo tanto, esta base de cálculo, una vez aprobada la Ley, queda definitivamente configurada.

Una cuarta innovación dispone que se le confiere a la Caja Notarial el cometido de ser agente recaudador de los ahorros voluntarios.

En resumen, señor Presidente, quiero expresar que he informado en general los aspectos salientes del proyecto de ley a estudio del Senado y en ocasión de ingresarse a la discusión particular, se habrá de complementar este informe, puntualizando aquellos aspectos especiales que contribuyan al debido esclarecimiento de las normas a estudio.

Por último, cabe señalar -y, por cierto, esto es sumamente importante- que este proyecto de ley cuenta con el consentimiento de todas las instituciones vinculadas con la seguridad social del Notariado nacional. Ambos, tanto el Poder Ejecutivo, como dichas instituciones, han hecho conocer en forma expresa a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social integrada con Hacienda, no sólo su consentimiento, sino también su aspiración de una rápida sanción de este proyecto de ley.

Es todo cuanto tenía que informar. Muchas gracias.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Como es sabido, la Bancada del Encuentro Progresista votó este proyecto de ley en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social integrada con Hacienda. Por lo tanto, con mi intervención pretendo realizar un conjunto de puntualizaciones que argumentan o abonan esa votación.

En primer lugar, el presente proyecto, como bien señaló el Miembro Informante, puede verse como una adecuación de la actual Caja Notarial al régimen general del Sistema de Seguridad Social establecido por la Ley Nº 16.713. Sin embargo, a diferencia de los anteriores proyectos que habían sido elaborados por el Poder Ejecutivo sobre esta institución paraestatal, el actual presenta en su formulación tres características muy importantes. La primera es que fue elaborado en consulta con el Directorio de la Caja Notarial, tomando como base un anteproyecto creado por este órgano. El resultado final fue aprobado por las organizaciones que representan el conjunto de los interesados, es decir, escribanos públicos, funcionarios y jubilados de la Caja Notarial.

La segunda característica es que ordena en un único texto orgánico todas las disposiciones legales que desde 1941 se han ido incorporando a la normativa que regula la Caja. Me parece que es bueno que en un único texto legal aparezca toda la normativa de referencia.

La tercera y última característica es que la adecuación a ese régimen general no desconoce, sino que contempla, las especificidades o la naturaleza propia de las actividades amparadas por la Caja Notarial, manteniendo la forma de financiamiento del sistema y el principio de solidaridad intergeneracional, descartando la aplicación del sistema mixto obligatorio y, por ende, el del ahorro individual, conservándose el sistema de capitalización colectiva.

En segundo término -y esta es otra de las puntualizaciones que mencionaba al principio de mi exposición- la adecuación al régimen general dispuesto por la Ley Nº 16.713 se da, básicamente, a través de la equiparación en las condiciones de acceso a la pasividad respecto a la mayoría de la población cubierta por el Banco de Previsión Social, esto es, la igualación de las edades de retiro y el tiempo de servicio requerido para la configuración de la causal jubilatoria.

Sin embargo, se respeta la mayoría de las particularidades de este organismo previsional, manteniendo, y en algunos casos reforzando, la autonomía de gestión del mismo, pero sin dejar de lado los necesarios controles del Estado y de sus afiliados, con lo que, por otra parte, la Caja está absolutamente de acuerdo.

A continuación, voy a enumerar los elementos más positivos que hemos encontrado en este proyecto. En primer lugar, tanto la Caja Notarial como la Asociación de Escribanos del Uruguay destacan especialmente el mantenimiento del carácter honorario del Directorio de la primera, y el requisito de la calidad de escribano para el representante del Poder Ejecutivo para integrarlo. Asimismo, se ve con reserva el hecho de eliminar el requisito de que se trate de un escribano en actividad. Nos parece destacable esta coincidencia de los interesados con la propuesta.

En segundo término, se recoge la realidad existente en la actividad de los escribanos, que es válida también para otros profesionales, en la medida en que en muchos casos se incorporan en forma tardía al mercado de trabajo como consecuencia de los años de estudio necesarios para acceder al título universitario habilitante. En consecuencia, el proyecto recoge la propuesta de los interesados en el sentido de poder generar jubilación con treinta años de servicio, cuando éstos fueran exclusivos de esa Caja de previsión.

En tercer lugar, respecto al cálculo del sueldo básico jubilatorio de los escribanos, se sigue considerando la casi totalidad de los años de actividad, pero con la beneficiosa modificación de tener en cuenta los treinta mejores años de aporte. Asimismo, si bien se adecua al régimen general el sueldo básico de los empleados, al considerar los diez últimos años de servicio, esto se limita tomando el promedio mensual de los veinte mejores años más un 5%.

En cuarto término, a propuesta de la propia Caja, el proyecto consagra una forma de financiación del Sistema Notarial de Salud estableciendo una tasa uniforme del 3% para todos sus afiliados, aunque manteniendo un aporte mínimo de aportación que no puede ser superior al del régimen general mediante el procedimiento de cálculo de la cuota mutual y adicionales.

En quinto lugar, se sustituye el sistema de traspaso de jubilaciones de un instituto hacia otro -lo que siempre resultaba gravoso para la Caja Notarial, en particular, y para otras instituciones, puesto que se hacía el traspaso por el último lugar donde habían trabajado aunque lo hubieran hecho por pocos meses- por un sistema de acumulación de servicios en el cual cada uno de los organismos involucrados debe hacer frente a una cuotaparte de la jubilación resultante, mediante el traspaso efectivo del valor actualizado de la prestación al organismo que debe hacerse cargo del pago al beneficiario. Este artículo 87, señor Presidente, seguramente lo podremos discutir en particular porque, de alguna forma, es el más complejo, el que genera mayores preocupaciones en el resto de las instituciones del sistema previsional, especialmente en las demás Cajas cuya modificación se está estudiando para el futuro.

Finalmente, respecto al manido tema de los topes, se dejó totalmente de lado los previstos en el llamado Acto Institucional Nº 9, remora aún vigente para el grueso de las prestaciones de seguridad social y que, en consecuencia, este Senado debería dejar sin efecto en general y no sólo para la Caja Notarial. En este proyecto, como elemento positivo y a imitar, se recogen los topes jubilatorios y pensionarios propuestos por los interesados, que son superiores a los que actualmente paga la misma Caja.

Como otro punto de reflexión, debo decir que no sería totalmente sincero si no reconociera que existen algunos puntos que nos merecen reservas, las que de todas maneras y ante el gran consenso logrado en torno a este proyecto, teniendo en cuenta además los elementos positivos que ya hemos expuesto, no cambian nuestro voto favorable. Particularmente, me refiero a la unificación hacia abajo de las tasas de reemplazo equiparándolas al régimen general. En este proyecto se modifica la tasa de reemplazo vigente para los notarios, del 60% al 50%. Ello quiere decir que para quien cumpla las condiciones mínimas para jubilarse, podrá hacerlo, como máximo, con el 50% del sueldo básico jubilatorio, mientras que el sistema vigente preveía una tasa superior. Además, el planteo de la Caja Notarial y de la Asociación de Escribanos solicitaba una tasa de reemplazo que partiera de un mínimo del 60%. Creemos, señor Presidente -y esto nos deja algunas dudas- que se trata de un elemento que no es tan positivo en la medida en que achica las condiciones en las cuales se puede jubilar un escribano. Este hecho de rebaja de la tasa mínima de reemplazo se ve atenuado debido a que esta disminución incide solamente en los tres primeros años posteriores a los 60 de edad, dado que luego de los 63 años de edad las tasas de reemplazo, en algunos casos, son superiores a las que inicialmente propusieron los interesados. Fundamentalmente, eso se debe al régimen de transición que creo es lo más positivo que tiene este proyecto. Es así que para pasar del sistema actual al que se crea por este proyecto, existe un régimen de transición que va entre los tres y siete años, y que adecua paulatinamente tanto las edades, como las condiciones de servicio, los años de servicio y las tasas de reemplazo.

Por todas estas razones, señor Presidente, es que a pesar de las salvedades que expresamos, vamos a votar afirmativamente este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: simplemente y a modo de constancia -ya lo expresé en la Comisión en el momento en que se trató el proyecto- debo decir que me siento reflejada en la intervención del señor Senador Núñez.

Por otro lado, quiero destacar que hay algunos elementos de esta modificación del régimen jubilatorio y pensionario de la Caja Notarial que no comparto, porque no comparto el régimen general. Entonces, insisto, el asimilar disposiciones de este proyecto de ley a un régimen general que no comparto, hace difícil poder estar totalmente de acuerdo con la modificación. En ese sentido, además de los elementos que señaló el señor Senador Núñez, quiero mencionar dos temas en particular. Uno de ellos tiene que ver con la edad de retiro de la mujer. Recuerdo que tuvimos que escuchar la fundamentación que hiciera el contador Davrieux en la Comisión, señalando que uno de los problemas -según él- que tenía la profesión, era su feminización, razón por la cual elevar la edad de retiro de la mujer era prácticamente una necesidad para salvar la economía nacional.

Nosotros tenemos la idea de rebajar la edad de retiro de la mujer en el régimen general y vamos a trabajar en ese sentido.

El segundo tema que nos preocupa es el relativo a aplicar, tanto en el artículo 54 como en el 57, el régimen de baremos por discapacidad que existe en el régimen general y que está determinado por el Banco de Previsión Social. Se trataría, entonces, de incorporarlos a esta reforma de la Caja Notarial. Y decimos que no compartimos el sistema de baremos -estamos trabajando para su modificación- porque tenemos entendido que ha generado innumerables situaciones graves, de gente que ha quedado totalmente desamparada.

Por lo tanto, si bien hemos acompañado el proyecto con las consideraciones que hacía el señor Senador Núñez, queremos dejar constancia de que la incorporación de este sistema en la forma en que está dada la reforma -es decir, basándose en el régimen general- no la compartimos, porque desearíamos que a la brevedad se pudiera modificar el sistema de baremos en todo el régimen jubilatorio y pensionario del país.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Hace ya tiempo tuvimos intercambios de opiniones con los miembros de las cajas paraestatales y es con enorme tranquilidad que estamos hoy votando un proyecto de ley que ha surgido de las particularidades propias de una Caja que siempre ha sido muy bien administrada. Cuenta con un conjunto de afiliados que, naturalmente, están absolutamente capacitados para decidir sus inversiones y su régimen de capitalización colectiva. A su vez, como ha señalado el señor Miembro Informante, han propuesto buena parte de las soluciones que aquí se están contemplando.

Simplemente quería dejar esta constancia ya que estamos al fin de un camino que hace un par de años empezamos a transitar. Siento la enorme tranquilidad de estar dando un paso en una buena dirección y con la absoluta certeza de que habrá una Caja Notarial sana, constructiva y que dará los servicios con la tranquilidad de que en el largo plazo estarán cubiertos tal como todos lo esperamos.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa consulta a los miembros de la Comisión acerca del régimen de votación a adoptar.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR BRAUSE.- Quiero dar respuesta a la pregunta que el señor Presidente formuló a los miembros de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social integrada con Hacienda, a propósito de cuál sería el régimen de votación de este proyecto de ley. En atención a que no se ha manifestado ninguna voz en contra, formulo moción en el sentido de que se vote de manera general, es decir, en su totalidad, desglosando los artículos 56, 81 y 87, por las razones que se habrán de explicar en el momento de su consideración.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- A lo propuesto por el señor Senador Brause, quisiera agregar el artículo 78, aunque existe un artículo 56 que, quizás, pueda estar hablando de lo mismo.

Por otro lado, solicito que se rectifique la votación en general, porque no estaba en Sala en el momento en que se votó.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a rectificar la votación del proyecto de ley en general.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor Senador Brause, en el sentido de votar en bloque el proyecto de ley, desglosando los artículos 56, 78, 81 y 87.

(Se vota:)

-23 en 25. Afirmativa.

En discusión particular.

SEÑOR BRAUSE.- Formulo moción para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque todos los artículos, salvo los desglosados.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 56.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Creo que todos tenemos delante una redacción sustitutiva igual que la relativa a los artículos 81 y 87. A mi juicio, dado el ámbito en el que se mueven, estas redacciones requieren iniciativa del Poder Ejecutivo porque modifican cómputos, causales, liquidaciones jubilatorias o formas de liquidar. En virtud de las firmas de distinguidísimos colegas, que además son abogados, y de mucho mérito y valor en tal condición, preguntaría, antes de hacer una afirmación, si esto es o no contradictorio con el artículo 86 de la Constitución. En tal caso, ¿se ha obtenido la iniciativa del Poder Ejecutivo? Y si el Senado concuerda, ¿no sería del caso pedirla? Presumo que no ha de ser resistida por el Ejecutivo, ya que por lo que uno aprecia son modificaciones racionales a artículos que no pretendieron crear problemas y se están solucionando con el artículo sustitutivo.

SEÑOR ATCHUGARRY.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARCIA COSTA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- He pedido a la Mesa que hiciera circular el material a los efectos de que sea firmado por los señores miembros de las dos Comisiones. Quizás, mientras realizo mi explicación, podamos culminar con esa tarea.

(Dialogados)

-Señor Presidente: creo que es justo lo que plantea el señor Senador García Costa, por lo menos en algunos de los casos de estas variaciones, pero de todas formas quiero señalar que se hicieron consultas. Incluso, en la redacción final de este artículo 56 se realizó un planteo por parte de un conjunto de personas y, en ese sentido, hubo una expresión por parte de las autoridades de la Caja Notarial. Cabe destacar que la redacción que se trajo la hizo un grupo de expertos del Poder Ejecutivo. De todas formas, no tendría obstáculo de pedirle al Poder Ejecutivo que alcance la certificación o el Mensaje correspondiente a la Cámara de Representantes. Reitero que estamos siguiendo la redacción del Poder Ejecutivo y su grupo de expertos. Para no sentar precedentes y para que no sucedan las cosas que el señor Senador García Costa sabe que pasan, y por eso pregunta -quiero destacar que en estas tres modificaciones que el Miembro Informante ha introducido han intervenido los servicios del Poder Ejecutivo- sería conveniente que el Poder Ejecutivo alcance, para no demorar el proyecto de ley, la firma de la iniciativa correspondiente a la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Naturalmente que la propuesta que hace el señor Senador Atchugarry puede ser recogida por el Cuerpo, pero me parece un poco heterodoxa, puesto que implica simultáneamente aceptar que esto se contradice con el texto constitucional y decir que no importa porque después lo arreglarán en la Cámara de Representantes. No parece compaginar con el texto constitucional.

Señor Presidente, es más sencillo -dado que existe unanimidad y que hace unos instantes se dijo que toda la Comisión avala las nuevas redacciones y, por tanto, no hay oposición al fondo que se propone en estos artículos que se nos han brindado últimamente- que se dé por terminada la discusión para que la Comisión, con la ayuda invalorable del señor Senador Atchugarry -que está muy cerca del poder, según dicen- consiga rápidamente el Mensaje del Poder Ejecutivo. Esto es mucho más sencillo, más ortodoxo y no nos obliga a la circunstancia muy peculiar de decir que esto es contradictorio con la Constitución, pero igual lo hacemos y después lo arreglamos en la Cámara de Representantes. Preferiría que se votara, que se dieran por aceptados los tres artículos -desde ya declaro que voy a votarlos afirmativamente- y este tema volviera a Comisión al sólo efecto de requerir el Mensaje del Poder Ejecutivo.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: quiero decir que tendría que hacer un estudio de la situación patrimonial derivada de esos artículos a fin de compartir o no la tesis del señor Senador García Costa.

El segundo inciso del artículo 86 de la Constitución, que nunca ha sido objeto de un estudio sistemático por la Doctrina, a mi juicio establece una lista de iniciativas privativas para el Poder Ejecutivo en leyes que signifiquen gastos para el Tesoro Nacional. Precisamente, allí se dice lo siguiente: "Toda otra ley que signifique gastos para el Tesoro Nacional, deberá indicar los recursos con que serán cubiertos. Pero la iniciativa para la creación de empleos, de dotaciones o retiros, o sus aumentos, asignación o aumento de pensiones o recompensas pecuniarias, establecimiento o modificaciones de causales, cómputos o beneficios jubilatorios, corresponderá privativamente al Poder Ejecutivo." De modo que si estos artículos sustitutivos no implican gastos para el Tesoro Nacional porque se atienden con los recursos de la Caja -así consta en el artículo 24 de esta iniciativa- no creo que sea necesaria la iniciativa del Poder Ejecutivo. Por el contrario, si implicaran gastos para el Tesoro Nacional -hipótesis que, en principio, no constato- compartiría la necesidad de tal iniciativa.

SEÑOR GARCIA COSTA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR KORZENIAK.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: entiendo que el señor Senador Korzeniak ha introducido otros aspectos relativos a la Constitución, pero yo me remito exclusivamente al artículo 86.

SEÑOR KORZENIAK.- Me referí precisamente a ese artículo, señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- El señor Senador Korzeniak añade "si hay otros gastos". Estimo que este no es un problema de gastos y, en ese sentido, quienes aquí estábamos en el proceso de reforma recordábamos que cuando la Constitución introdujo esta norma que estableció que todos los aspectos de modificación de cómputos y causales de jubilación, necesariamente requerirían iniciativa del Poder Ejecutivo, no porque hubiera más o menos gastos, sino para evitar lo que se podría llamar una practica en que había incurrido el Parlamento en los años previos a esta reforma constitucional.

Utilizando el sentido común, para una correcta interpretación: ante la hipótesis que se plantea, me pregunto: antes de esta reforma, ¿Juan Pérez se jubilaba de una determinada manera? Sí. Después de este artículo, ¿se jubilará de otra forma? Sí. Allí está la respuesta: en este caso requiere la iniciativa del Poder Ejecutivo porque hay modificaciones en el estamento que significa su jubilación. Lo más práctico y lo más lógico es votar, dar por cerrado el debate, y que la Comisión vuelva a analizar el tema al sólo efecto de solicitar del Ejecutivo el Mensaje respectivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: en realidad no comprendí la primera parte de lo que explicaba el señor Senador García Costa y solicito que se me permita explicar lo siguiente. Es obvio que nos estamos refiriendo al artículo 86 de la Constitución, pero pregunto si éste se refiere a cualquier creación de empleo, a cualquier cambio de cómputos o jubilaciones o tiene que ver con aquellas que requieren gastos del Tesoro Nacional. En mi modesta opinión, se vincula sólo con las leyes que significan gastos para el Tesoro Nacional. De lo contrario tendríamos que decir, por ejemplo, que una fábrica de fósforos no puede crear empleos porque eso es iniciativa del Poder Ejecutivo. Se trata de una fábrica privada que, con sus propios recursos crea empleos y si tiene un sistema de pasividades propio -como los hay- con fondos de retiro y fondos propios, lo propone y lo consigue; ni siquiera necesita de una ley. Lo que sucede es que el vicio formal que se atribuyó a las leyes del Poder Legislativo se dio porque estas se referían a las jubilaciones en general, que requieren gastos del Tesoro Nacional, ya que ese es el aporte del Estado al Banco de Previsión Social para hacerlas efectivas.

Deseo afirmar que si estos artículos que se han proyectado no significan gastos para el Tesoro Nacional, el artículo 86 no exige iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Si así lo hiciera para todos los casos, impliquen o no gastos para el Tesoro Nacional, llegaríamos a interpretaciones por reducción al absurdo, como la que acabo de mencionar o como la expresión que dice "los aumentos de pensiones". Me parece que no corresponde que una ley diga que el aumento de una pensión que paga, por ejemplo, un hospital privado -con fondos propios- a sus enfermos, también requiere iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Reitero que la interpretación del artículo 86 es que si una ley, que no es la de Presupuesto y que implica gastos para el Tesoro Nacional, contiene la creación de cargos, el aumento de jubilaciones o la modificación de cómputos, requiere iniciativa privativa del Poder Ejecutivo.

La solución que propone el señor Senador García Costa es clara, práctica y no genera dificultades pero, desde el punto de vista jurídico, crea un precedente. Es como la interpretación de que para cambiar un sistema jubilatorio, aunque no implique gastos para el Tesoro Nacional, requiere una iniciativa del Ejecutivo. Creo que no. Es más; repito que el texto se refiere a leyes que signifiquen gastos para el Tesoro Nacional. Por eso ahí se menciona la iniciativa, pero la iniciativa en esas leyes, en las que requieren estos gastos.

Una vez más digo que si estos artículos no significan gastos para el Tesoro Nacional, me parece que es un requisito superabundante pedir al Poder Ejecutivo un Mensaje; pero inclusive se sentaría un precedente equivocado desde el punto de vista jurídico.

Esta es una opinión que no creo que genere problemas prácticos y me parece que la interpretación del artículo 86 es bastante clara. No se puede pretender que para un instituto que funciona dentro de una fábrica y que va a crear, por ejemplo, 18 empleos, se requiera una iniciativa del Poder Ejecutivo. Si esto rige para la creación de empleos, el aumento de sueldos, etcétera, lo hará también para la modificación de causales. Repito que si implica gastos para el Tesoro Nacional -no estoy en condiciones de hablar del tema porque recién tomo contacto con el artículo 24, que habla del patrimonio de la Caja- entonces sí se requerirá iniciativa. Sin embargo, en ese artículo se dice cómo se integra el patrimonio de la Caja y con eso se pagan las jubilaciones, por lo que no veo contribución del Estado o inversión del Tesoro Nacional.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR BRAUSE.- Señor Presidente: la reconocida lucidez del señor Senador García Costa, cuya voz sentimos con tanta alegría aquí en el Senado de la República, nos ha planteado una interrogante y, por lo tanto, ahora nos vemos involucrados en una discusión jurídica que es realmente estimulante.

No querría ingresar en los distintos aspectos que podrían servir de fundamento tanto a una posición como a la otra, sino que en aras de ser práctico me parece que, existiendo la voluntad del Cuerpo de votar estas disposiciones, las acompañaríamos conjuntamente con el resto del proyecto de ley, dando así la forma para que pase a la otra Cámara a requerimiento, además, de que el Poder Ejecutivo complemente la iniciativa que fuera necesaria. De esa manera estaríamos dando a este proyecto de ley la aprobación rápida que todos aspiramos, haciéndonos cuerpo nosotros de la aspiración de los interesados que en su oportunidad nos visitaron en la Comisión y, al mismo tiempo, contemplaríamos la necesidad de la iniciativa del Poder Ejecutivo, tratándose de una de las causales previstas en el artículo 86 de la Constitución de la República.

Por otra parte, este procedimiento no atenta contra ninguna formalidad, ni estaríamos comprometiendo un acto contrario a la Constitución, puesto que hay antecedentes de que el Poder Ejecutivo ha complementado su iniciativa en pleno trámite de un proyecto de ley. De manera que me parece que de esa forma estaríamos salvando el inconveniente formal planteado por el señor Senador García Costa, sin entrar en la discusión de si es o no procedente.

Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: independientemente de entrar a considerar el tema de la iniciativa del Poder Ejecutivo, pienso que el aditivo planteado, en cierta medida, genera algunas dudas y quisiéramos hacer alguna corrección, por lo que queremos solicitar que se pase a discutir los otros artículos y éste votarlo a última hora o como último artículo, porque pretendemos incluir alguna frase para ver si los proponentes se avienen a la modificación.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: considero -hablo con absoluta franqueza- que en este tipo de asuntos y tratándose éste de un Cuerpo colegiado, la tesis del señor Senador García Costa es absolutamente compartible. Pido comprensión al colega porque en este caso ha habido una manifestación de quienes representamos al Gobierno en el sentido de que se contará con la iniciativa correspondiente. Algunas veces hemos complementado la iniciativa en la otra Cámara. Por lo tanto, no se trata de decir voto contra el Gobierno y después éste manda la iniciativa. Recuerdo casos -todos somos ya un poco viejos aquí- en que frente a estas circunstancias, como ocurrió en leyes jubilatorias y en la Ley Nº 16.713, complementamos algunas cosas en la otra Cámara.

Creo que la tesis es buena y, más allá de la discusión constitucional, el Legislador no debe entrar a modificar causales o cómputos jubilatorios sin la iniciativa del Poder Ejecutivo, por lo menos, en organismos estatales o paraestatales, independientemente de la discusión fina de si estos están estrictamente comprendidos o no.

SEÑOR GARCIA COSTA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador García Costa.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: no voy a ser obstáculo para nada, excepto que ahora el problema se ha planteado en otros términos más trascendentes.

Cuando el señor Senador Korzeniak nos dice que se puede votar sin necesidad de la iniciativa del Poder Ejecutivo, yo tengo el derecho -y supongo que también todos los señores Senadores- a quedarme cuestionando si votamos esto, significa para el que habla y para el señor Senador Atchugarry que después va a venir la iniciativa del Ejecutivo. Presumo que para el señor Senador Korzeniak y a los que como él piensen el tema pasa porque esto no precisa iniciativa, que si viene o no igual lo votan. Ahora se ha introducido un tema muy complejo: si esto significa gastos para el Tesoro Nacional. No quiero entrar en este tipo de discusión, pero no tengo más remedio que decir que eso no es exacto, porque si esto no implica gastos para el Tesoro Nacional, tampoco lo implicaba el régimen de pasividades que este país tuvo durante muchos años, en la Caja de Industria y Comercio puesto que se alimentaba de aportes patronales y obreros. No; lo que se quiso es lo que dice el artículo 86: "cualquier otra ley que implique modificación de causales, cómputos jubilatorios, etcétera", requiere iniciativa del Poder Ejecutivo.

Entonces, sigamos el camino más firme posible. Naturalmente, estoy a lo que resuelva el Senado, aunque sé lo que voy a votar, salvando mi posición.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: reitero que, más allá de la discusión eventualmente constitucional, un régimen jubilatorio que no provenga de un organismo enteramente estatal, como el Banco de Previsión Social, siempre supone gravámenes directos o indirectos al público y, también, dar la certeza, a largo plazo, a quienes hoy aportan y que mañana aspiran a recibir -y así lo exigirán de la sociedad- una jubilación.

En consecuencia, la participación del poder administrador, que tiene la responsabilidad de las finanzas, me parece absolutamente clara en estos temas. Pero como creo que hay la sensación en Sala de tratar de avanzar en este asunto y siendo tres las modificaciones previstas -dos a pedido expreso de los representantes técnicos del Poder Ejecutivo y otra escrita y consentida por ellos- comprometo mis mejores esfuerzos para que la iniciativa del Poder Ejecutivo vaya a la Cámara de Representantes de modo de complementar y, por lo menos, sentar la tesis de la mayor seguridad en el tratamiento de estos temas, que se la debemos no sólo a los actuales, sino también a los futuros afiliados activos y pasivos de este Organismo.

En consecuencia, mi sugerencia es tratar de aprobar el proyecto de ley y que los representantes del Poder Ejecutivo asuman el compromiso de, con este mismo texto, remitir la iniciativa correspondiente a la Cámara de Representantes, a los efectos de dar la garantía de que se cuente con ella en el trámite de la sanción del mismo. Lo refiero así a los efectos prácticos de ganar tiempo. Insisto en algo que me parece clave y es que el poder administrador tenga esa facultad de iniciativa que, en definitiva, es dar la garantía de que se han estudiado las repercusiones económicas, que es lo sustantivo de lo que quiso hacer el Constituyente, más allá de la claridad o no de la norma.

Muchas gracias.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: comparto la fundamentación que ha hecho el señor Senador García Costa.

Cuando aprobamos la ley en virtud de la cual establecimos que para los discapacitados no existía incompatibilidad entre la prestación que en tal carácter reciben y otro tipo de prestaciones, precisamente, en aquella circunstancia, requerimos iniciativa expresa del Poder Ejecutivo.

En este caso, me parece que el razonamiento que plantea el señor Senador Korzeniak, en el sentido de si esto significa un gasto adicional para el Estado, lo es, porque en la medida en que se elimina una incompatibilidad, se otorga la posibilidad de continuar percibiendo o de empezar a percibir, una prestación que realiza, precisamente, el Banco de Previsión Social. Si estamos introduciendo el concepto que ha desarrollado el señor Senador Korzeniak, razón de más para solicitar la iniciativa del Poder Ejecutivo, a los efectos de poder hablar de un proyecto de ley de estas características. En mi opinión, es evidente que esto es así, porque se elimina la incompatibilidad.

Creo, además, que existiendo la voluntad que se demuestra y habiendo trabajado las dos Comisiones correspondientes con la diligencia con que lo han hecho -este es un proyecto de ley muy importante que ha tenido un trámite rápido, seguramente profundo, pero rápido- si requiriéramos la iniciativa del Poder Ejecutivo, estaríamos a pocas horas de poder aprobarlo en esta Cámara.

Sin perjuicio de lo señalado, quería referirme al fundamento de justicia del artículo aditivo que han presentado los miembros de la Comisión. La ley vigente desde 1941, con la modificación introducida por el Acto Institucional Nº 9, permitía acogerse a los beneficios de la jubilación a los escribanos con 60 años de edad y 10 años de actividad, sin excluir a quienes tenían otra jubilación. Actualmente, existen escribanos mayores de 60 años que se encuentran en el ejercicio de su profesión y que, a su vez, están gozando de una jubilación proveniente del Banco de Previsión Social. Es decir que, en este caso -en el que además serían pocos los profesionales afectados por esta norma- existe una expectativa legítima, cierta y real, desde el momento en que empezaron a ejercer la profesión de escribano, en el sentido de poder jubilarse a través de la Caja Notarial. De ahí que esta nueva redacción contemple esta situación que involucra, repito, a pocos escribanos. Además, podemos decir que la Asociación de Escribanos del Uruguay ha sido notificada de la solución alternativa en la que estamos trabajando y, de acuerdo con una nota de fecha 11 de julio de este año que tengo en mi poder, le ha dado su visto bueno. En consecuencia, me parece de justicia que sea hoy o en el momento oportuno, que aprobemos una redacción más amplia, que permita la compatibilidad para estos escribanos, que el día que se jubilen puedan percibir la jubilación de la Caja Notarial y la que cobran a través del Banco de Previsión Social.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Señor Presidente: quería hacer una reflexión en el mismo sentido. Creo que la modificación de todo este último párrafo del artículo 56, incorporado a iniciativa de un conjunto de señores Senadores integrantes de la Comisión, salva un hecho importante, que es el de hacer compatible la jubilación por edad avanzada de los escribanos con los derechos que ya tiene hoy un futuro jubilado, adquiridos en el Banco de Previsión Social. Digo esto, porque la redacción anterior, de alguna forma prohibía o hacía incompatible cualquier tipo de jubilación del Banco de Previsión Social con esta causal. O sea que, en este sentido, damos nuestro visto bueno a la modificación propuesta.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR NUÑEZ.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: quiero aclarar que me he atenido en todo a lo que han hecho los miembros de la Comisión que han trabajado en este texto tan complicado. Pero creí entender que el señor Senador Gallinal se refería a que estaban incluidas en esta redacción las situaciones de un grupo muy reducido de escribanos jubilados, todos ellos como miembros del Poder Judicial y en condiciones de "full time" que, por lo tanto, no realizaron sus aportes a la Caja Notarial mientras estuvieron en esa condición, pero lo habían hecho antes y, terminado su ciclo de trabajo en el Poder Judicial, se jubilaron y gozan de una jubilación que perciben a través del Banco de Previsión Social. Creí entender también que estos profesionales se reintegraron a su actividad. A partir de esa circunstancia, aportando a la Caja Notarial y teniendo determinada edad -65 años para las mujeres y 70 años para los hombres- y 10 años de actividad computados en total, podían acceder a la jubilación mínima. Aquí me acotan que es por edad avanzada, pero no es así.

En mi opinión, debería quedar claro quiénes están comprendidos en esta redacción. Precisamente, tengo para proponer una modificación al artículo 78, razón por la cual pedíamos que se desglosara, para poder incluirla allí. Se trata del caso específico de 6 u 8 jubilados; naturalmente, esto es de estricta justicia, porque se restituye un derecho que ya tenían.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Núñez.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR NUÑEZ.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: precisamente por ese motivo habíamos solicitado que se postergara el tratamiento de este artículo. Queríamos ver si llegábamos a una redacción lo suficientemente clara, a los efectos de contemplar los casos a que se han referido los señores Senadores Gallinal, Núñez y Gargano.

Es de hacer notar que si bien estas personas se iban a jubilar por edad avanzada -a los 65 años las mujeres y 70 los hombres- el texto aditivo, tal cual fue presentado por la Comisión, tiene una serie de restricciones que queríamos eliminar con una mejor redacción. En este sentido, teníamos en mano otros artículos redactados por los propios interesados, pero sobre ellos los redactores del proyecto de ley nos habían planteado algunas objeciones, pues entendían que estas disposiciones tenían una amplitud según la cual no se alcanzaba sólo a estos 6 u 8 escribanos. Entonces, habría que contemplar, siendo estrictamente exigentes, estos casos, porque de lo contrario se cometería una injusticia, pero sin abrir las puertas a otras situaciones. De ahí mi insistencia, señor Presidente, en el sentido de que cuando se termine el debate podamos pasar a un cuarto intermedio o a considerar los otros artículos, a los efectos de ver si podemos encontrar una redacción en común.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Núñez.

SEÑOR NUÑEZ.- Entiendo que este artículo 56 refiere exclusivamente a la causal de jubilación por edad avanzada. Por lo tanto, hay otros artículos en los que se puede introducir esas modificaciones -con las que estoy de acuerdo- a los efectos de incorporar esos pocos casos de funcionarios que están en esa situación.

Lo cierto es que este texto aditivo pretende, en el caso de afiliados en actividad a la fecha de promulgación de la presente ley que fueren beneficiarios de prestación de jubilación por causal común servida por el Banco de Previsión Social y tuvieran las mujeres 59 años o más y los hombres 60 años o más, que puedan acceder a la prestación de jubilación por edad avanzada, la que será únicamente compatible con la referida jubilación. O sea, que lo que estamos tratando es que quienes hoy ya están jubilados por el Banco de Previsión Social y tienen determinada edad, luego puedan jubilarse por edad avanzada en la Caja Notarial. En mi opinión, esta modificación da a esos casos una buena solución.

Lo que quería plantear con respecto a este artículo y a los efectos de analizar la justicia de este proyecto de ley, es lo siguiente. Actualmente, según el sistema de la Caja Notarial, la jubilación beneficia a los hombres que tienen 60 años de edad y 30 años de servicio y a las mujeres de 55 años de edad y 30 años de servicio. Mediante esta iniciativa, ese régimen se modificaría. La señora Senadora Arismendi manifestó que, de alguna forma, esto merecía determinados reparos, pero de todas maneras creemos que son comprensibles y, con excepción de las salvedades que hice al principio, no voy a hacer otra consideración. No obstante, quiero decir que en este artículo de jubilación por edad avanzada se produce algo que me parece negativo. Me refiero a que hoy la jubilación por edad avanzada en la Caja Notarial implica que se puedan jubilar los hombres de 70 años de edad y 10 años de servicio y las mujeres de 65 años de edad y 10 años de servicio.

Esta nueva redacción que venía -no la modificación que se hace ahora- lleva los años de servicio a 15. Pienso que este requerimiento de aumento en las condiciones para jubilarse por edad avanzada no tiene mucho sentido y, en definitiva, constituye una traba que no beneficia a nadie, ni siquiera a la Caja que tiene que dar la prestación. Digo esto porque, para el caso de alguien que llega a los 70 años y sólo tiene diez años de actividad en la Caja, sería acertado mantener la posibilidad de que se jubile por edad avanzada. Entonces, subir los años de 10 a 15 y cambiar ese régimen que hoy tienen los beneficiarios de las prestaciones de seguridad social de la Caja Notarial, nos parece injusto porque, reitero, no beneficia a nadie y deja fuera de toda posibilidad de recibir cualquier tipo de prestación a quien no logre tener esos 15 años de actividad, por más que su edad sea avanzada.

En consecuencia, creemos que debería mantenerse para esta causal los 10 años de servicio como límite.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Sobre este tema, sugiero hacer un cuarto intermedio hasta mañana -tal vez tengamos suerte y podemos salvar esta discusión- porque, además, tendríamos interés en tratar ahora el tema relativo a las venias. Entonces, si el Cuerpo lo permite y los señores coordinadores no lo obstaculizan, plantearía seguir con la discusión de este tema como primer punto del orden del día de la sesión de mañana y pasar a sesión secreta para tratar las venias.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa entiende que el señor Senador Atchugarry refiere su moción a los cuatro artículos que han sido desglosados, en virtud de que los demás ya están votados.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Así es, señor Presidente. Esa es la primera sugerencia; la segunda sería alterar el orden del día y pasar a considerar el punto correspondiente a las venias solicitadas por el Poder Ejecutivo.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- En primer lugar, acompaño la moción del señor Senador Michelini y ahora la moción presentada por el señor Senador Atchugarry, a efectos de ver si podemos llegar a un acuerdo.

A mi entender, el punto central es que para el caso de los hombres, en el régimen actual se requieren 70 años, y para las mujeres, 65 años.

Por otro lado, también se exige años de actividad, punto al que no me referí antes, porque estaba haciendo algunas preguntas al señor Senador Brause. De todos modos, en este momento el señor Senador Núñez me informa que en el régimen vigente se requieren diez años, tanto para hombres como para mujeres y, en consecuencia, lo que intentamos es mantener esos diez años, en lugar de los quince que aquí se han establecido. Es más; había una propuesta según la cual para los hombres se requeriría 70 años de edad y 15 de actividad y, para las mujeres, más de 60 años, pero diez años de actividad.

En realidad, la modificación central es si se trata de diez o de quince años. De todas maneras, vamos a tener el tiempo correspondiente para analizar este punto; simplemente, acompañamos la moción en el sentido de que mañana se traten estos aditivos.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR BRAUSE.- Simplemente, quisiera tener la seguridad de que la moción establece que estos cuatro artículos que están siendo considerados, en particular el sustitutivo del artículo 56 que es muy delicado, se tratarán como primer punto del orden del día de la sesión de mañana.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: descuento que todos los señores Senadores ya se han percatado de que la iniciativa que va a venir del Poder Ejecutivo será sobre otro texto, en virtud de que se está ambientando una nueva redacción. Quiere decir que se está abriendo camino para que el Senado, el Parlamento en general, pueda hacer cambios, sin necesidad de iniciativa del Poder Ejecutivo. Esto también ambienta que, en oportunidad de examinar un próximo proyecto de ley sobre temas o tópicos similares -por ejemplo, el de la Caja Bancaria que no tiene recursos del Poder Ejecutivo- hagamos la ley que el Parlamento entienda, con el acuerdo presumible de la Caja Bancaria, de AEBU o de quien intervenga para después darle cumplimiento.

Llamo la atención acerca de que lo que en un principio era "ahora llega la iniciativa del Poder Ejecutivo sobre texto concreto", ahora es "a lo mejor llegará la iniciativa sobre otro texto diverso al que aprobaremos acá".

Veo que este tema se va a tratar mañana y ahí podremos conversar nuevamente sobre él.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de ceder el uso de la palabra al señor Michelini, la Mesa recuerda que hay una moción para postergar hasta mañana la discusión de estos cuatro artículos.

Tiene la palabra el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Compartiendo la moción que acaba de mencionar el señor Presidente y recurriendo a la amabilidad de la Mesa, solicitaría que, de ser posible, se reparta en el día de mañana el texto correspondiente, partiendo del aditivo firmado por el Miembro Informante, con una leve modificación. Esta es mi propuesta.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Simplemente para hacer una aclaración.

Prescindo de la discusión sobre la constitucionalidad o no de la iniciativa de cambiar el artículo, porque hay una solución que no es de carácter técnico, sino efectiva, que dirime la cuestión. Sobre el texto que aquí se acuerde se va a pedir la iniciativa, que ya se han comprometido a traer los señores Senadores de la coalición de Gobierno. De modo que la discusión es ociosa, porque se va a presentar una iniciativa. Eso es lo que ha explicado en el día de hoy el señor Senador Brause. En consecuencia, acompaño la moción en ese sentido, o sea que no vamos a tener que reeditar la discusión, porque el tema va a estar solucionado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por el señor Senador Atchugarry, en el sentido de que se postergue la discusión de estos cuatro artículos, que los mismos figuren como primer punto del orden del día de la sesión de mañana y que el Senado pase a considerar la solicitud de venia del Poder Ejecutivo sobre el INAME.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESIGNAR PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR

SEÑOR PRESIDENTE. - El Senado pasa a sesión secreta para considerar el asunto cuya urgencia fue declarada.

(Así se hace. Es la hora 17 y 43 minutos)

(Vueltos a sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 17 y 53 minutos)

-Dése cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- El Senado, en sesión secreta, concedió venia al Poder Ejecutivo para designar, en el Instituto Nacional del Menor, al señor Martín Marzano Luissi, en calidad de Presidente, y al doctor Diver Ramón Fernández Ferreira y a la doctora Stella Luz López Beltrán, en calidad de miembros; y para designar como integrante del Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay, al economista Gustavo Michelin.

11) ACUERDO CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL PARA LA CONSTRUCCION DE UN SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RIO YAGUARON EN LAS PROXIMIDADES DE LAS CIUDADES DE YAGUARON Y RIO BRANCO Y RESTAURACION DEL ACTUAL PUENTE BARON DE MAUA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el segundo punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la construcción de un segundo puente sobre el Río Yaguarón y restauración del actual. (Carp. Nº 412/01 - Rep. Nº 245/01)."

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 412/01
Rep. Nº 245/01

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único. - Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Construcción de un segundo puente sobre el río Yaguarón en las proximidades de las ciudades de Yaguarón y Río Branco y restauración del actual puente Barón de Mauá, suscrito en el límite Uruguay-Brasil, puente Barón de Mauá, el 21 de noviembre de 2000.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 3 de abril de 2001.

Gustavo Penadés Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El 19 de febrero de 1927, los gobiernos de Uruguay y Brasil firmaron un acuerdo para la construcción del puente internacional que uniera las ciudades de Río Branco y Yaguarón, el que fuera inaugurado en 1930, conocido con el nombre de Puente Barón de Mauá.

Debido al transcurso de más de 70 años de su uso, considerando el alto tráfico a que la realidad de hoy lo somete, se ha acordado la necesidad de construir uno nuevo, en las proximidades del actual, destinado al pasaje de transporte pesado y reservando el actual -que representa un valioso patrimonio histórico y arquitectónico- para el tránsito liviano.

El acuerdo logrado con tal fin se inscribe en el Tratado de Cooperación para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín y al Protocolo para el Aprovechamiento de los Recursos Hídricos del tramo limítrofe del Río Yaguarón, que fuera firmado por ambos países el 16 de setiembre de 1991.

En los considerandos del presente acuerdo se recuerda también la voluntad de ambos países expresada en los encuentros que los Ministros de Transporte de las partes celebraron en Punta del Este el 23 de junio de 1999 y en Montevideo el 23 de marzo del año 2000.

EL ARTICULADO

Artículo 1º. - Las partes se comprometen, en el plazo más breve, a la construcción del nuevo puente y a su explotación por el régimen de concesión de obra pública. Igualmente se comprometen a establecer un sistema integrado de paso de frontera en la zona.

Arts. 2º y 3º. - Se crea una Comisión Mixta Brasileño-Uruguaya integrada por cinco miembros por cada parte, con representación de los Ministerios de Transporte y de Relaciones Exteriores de ambas partes, así como de los gobiernos locales limítrofes y de la CIM.

Art. 4º. - Determina las atribuciones de la Comisión Mixta:

a) Tener en cuenta los aspectos físicos, ambientales, económicos y financieros y legales que rodearán la construcción del nuevo puente y se señala que la construcción y uso del mismo no tendrán aval ni garantía de los gobiernos.

b) Preparar la documentación y llevar a cabo la licitación y adjudicación de las obras y sus accesos.

c) Supervisar su ejecución.

d) y e) Establecer las condiciones exigibles al concesionario y monitorear y supervisar la operación de construcción y la explotación de la concesión.

Art. 5º. - Los gobiernos que firman este acuerdo fijan su contribución al nuevo puente y a la recuperación del existente en un máximo del 50%, en partes iguales para ambas, quedando el resto a cargo del concesionario. Las expropiaciones necesarias para las obras en cada territorio se hará por cuenta de las partes. En cuanto a los gastos de la Comisión Mixta se cubrirán por los signatarios en partes iguales y cada una de ellas será responsable de los gastos de su representación en aquélla. Los costos de estudios y proyectos estarán a cargo del ganador de la licitación para la concesión.

Por lo expuesto, se recomienda al Cuerpo la aprobación del presente Acuerdo.

Sala de la Comisión, 31 de mayo de 2001.

Carlos Julio Pereyra (Miembro Informante), Alberto Couriel, Carlos Garat, Reinaldo Gargano, Pablo Millor, Wilson Sanabria, Juan Adolfo Singer. Senadores.

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

Montevideo, 15 de diciembre de 2000.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 85 numeral 7 y el artículo 168 numeral 20 de la Constitución de la República a fin de someter a su consideración, para la correspondiente sanción parlamentaria, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Construcción de un Segundo Puente sobre el Río Yaguarón en las Proximidades de las Ciudades de Yaguarón y Río Branco y Restauración del Actual Puente Barón de Mauá", suscrito en el límite Uruguay-Brasil, Puente Barón de Mauá, el 21 de noviembre del año 2000.

De los estudios efectuados oportunamente en el ámbito de la Comisión Mixta Brasileño-Uruguaya para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín, surgió la necesidad de construir un nuevo puente carretero sobre el Río Yaguarón, en la frontera entre Uruguay y Brasil, en las proximidades de las ciudades de Yaguarón y Río Branco destinado al tráfico internacional de pasajeros y de cargas, cuyo fundamento jurídico lo constituye el Tercer Memorándum de Entendimiento Relativo al Tratado de Cooperación para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín y al Protocolo para el Aprovechamiento de los Recursos Hídricos del Tramo Limítrofe del Río Yaguarón, firmado entre los dos países el 16 de setiembre de 1991.

Teniendo en cuenta lo señalado precedentemente, las Partes, en el artículo I, se comprometen a iniciar las acciones tendientes a la construcción y explotación, en régimen de concesión de obra pública del nuevo puente, incluyendo la infraestructura complementaria necesaria y sus accesos.

A dichos fines, las Partes establecen una Comisión Mixta Brasileño-Uruguaya de Licitación (artículo II) cuyo principal cometido es la elaboración de los Términos de Referencia relativos a los aspectos físicos, ambientales, económicos, financieros y legales del emprendimiento, teniendo en cuenta que la construcción y explotación de la obra sean efectuadas sin aval de los Gobiernos y sin garantía de tránsito mínimo, con su atribución a un consorcio privado en el que participen empresas uruguaya y brasileñas en proporción significativa (artículo IV numeral 1 literal a).

Las inversiones relativas a la construcción del nuevo puente, sus accesos y obras complementarias, así como la recuperación del Puente Barón de Mauá serán distribuidas de la siguiente manera: un máximo de 50% (cincuenta por ciento) a cargo de las Partes, en cantidades iguales, y el resto a cargo del consorcio ganador de la licitación (artículo V numeral 1). Los costos de los estudios y proyectos correspondientes serán responsabilidad del consorcio ganador de la licitación para la concesión (artículo V numeral 4).

Asimismo, las Partes se comprometen a examinar las cuestiones pertinentes al Puente Barón de Mauá, en funcionamiento desde 1930, cuya recuperación está vinculada a la concesión de obra pública relativa al segundo puente (artículo I numeral 2); de esta manera se reconoce la urgencia de adecuar mejor esa importante obra a la función de elemento esencial de comunicación de las ciudades de Río Branco y Yaguarón y la necesidad de preservarla por representar ella un valioso patrimonio histórico-arquitectónico, común al Uruguay y al Brasil.

En el artículo I numeral 3 las Partes se comprometen igualmente a examinar la posibilidad de establecer un sistema integrado de paso de frontera, reservándose el Puente Barón de Mauá al tránsito de vehículos livianos.

La Comisión Mixta Brasileño-Uruguaya de Licitación deberá tener en cuenta en sus trabajos las disposiciones del Tratado de Cooperación para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín, firmado entre las Partes el 7 de julio de 1977, así como las decisiones y acuerdos relativos al transporte internacional terrestre firmados por ambas Partes (artículo III).

La entrada en vigor del Acuerdo está prevista a partir de la fecha de recepción de la segunda de las notificaciones por las cuales las Partes se notificarán el cumplimiento de las respectivas formalidades legales internas necesarias para su vigencia (artículo VI numeral I).

La suscripción de este Acuerdo en lucida y participativa ceremonia realizada en el límite Uruguay-Brasil, Puente Barón de Mauá, representa un acontecimiento histórico para las relaciones uruguayo-brasileñas, especialmente en el ámbito de la integración física, económica y socio-cultural de ambos países; y se traduce además en un eslabón fundamental para el fortalecimiento de los vínculos que en el transcurso de la historia han unido a los pueblos de ambas naciones de manera indisoluble, seguros de compartir un futuro en común.

Por todo lo expuesto, y en atención al impacto socio-económico altamente positivo que este Acuerdo bilateral tendrá en las comunidades fronterizas con la hermana República Federativa del Brasil, es que el Poder Ejecutivo solicita a ese Cuerpo su pronta aprobación.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Didier Opertti, Lucio Cáceres.

Montevideo, 15 de diciembre de 2000.

PROYECTO DE LEY

Artículo único. - Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Construcción de un Segundo Puente sobre el Río Yaguarón en las Proximidades de las Ciudades de Yaguarón y Río Branco y Restauración del Actual Puente Barón de Mauá, suscrito en el límite Uruguay-Brasil, Puente Barón de Mauá, el 21 de noviembre del año 2000.

Didier Opertti, Lucio Cáceres.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL PARA LA
CONSTRUCCION DE UN SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RIO
YAGUARON EN LAS PROXIMIDADES DE LAS CIUDADES
DE YAGUARON Y RIO BRANCO Y RESTAURACION
DEL ACTUAL PUENTE BARON DE MAUA

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil (en adelante denominados "Partes");

De acuerdo con lo dispuesto en el Tercer Memorándum de Entendimiento Relativo al Tratado de Cooperación para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín y al Protocolo para el Aprovechamiento de los Recursos Hídricos del Tramo Limítrofe del Río Yaguarón, firmado entre los dos países el 16 de setiembre de 1991;

Reconociendo, en razón de los estudios realizados en el ámbito de la Comisión Mixta Brasileño-Uruguaya para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín (CLM), la necesidad de construcción de un nuevo puente carretero sobre el Río Yaguarón, en la frontera entre los dos países, en las proximidades de las ciudades de Yaguarón y Río Branco, para el tráfico internacional de pasajeros y de cargas;

Reconociendo, además, la urgencia de realizar trabajos de recuperación del Puente Barón de Mauá, en funcionamiento desde 1930, para de esta manera adecuarlo mejor a la función de elemento esencial de comunicación de las áreas urbanas de estas dos ciudades fronterizas, teniendo en cuenta asimismo la necesidad de preservar esta importante obra, objeto del Acuerdo firmado entre los dos países el 19 de febrero de 1927, la cual representa un valioso patrimonio histórico-arquitectónico, común al Brasil y al Uruguay; y

Teniendo presente la voluntad expresada por los Ministros de Transporte de ambos Países en los encuentros de trabajo que mantuvieron en Punta del Este, el 23 de junio de 1999 y en Montevideo, el 23 de marzo de 2000.

Acuerdan:

ARTICULO I

1. Las Partes se comprometen a iniciar, por intermedio de sus respectivas Autoridades competentes y a la brevedad requerida, las acciones referentes a la construcción y explotación, en régimen de concesión de obra pública, de un segundo puente sobre el Río Yaguarón, incluyendo la infraestructura complementaria necesaria y sus accesos, situado en las proximidades de las ciudades de Yaguarón, en Brasil y de Río Branco, en Uruguay.

2. Simultáneamente, las Partes se comprometen a examinar las cuestiones pertinentes al Puente Barón de Mauá, actual conexión vial entre las dos citadas ciudades fronterizas, cuya recuperación estará vinculada a la concesión de obra pública relativa al segundo puente mencionado ut supra.

3. Igualmente, se comprometen a examinar la posibilidad de establecer un sistema integrado de paso de frontera, reservándose el Puente Barón de Mauá al tránsito de vehículos livianos.

ARTICULO II

Para los fines mencionados en el artículo I del presente Acuerdo, las Partes establecen una Comisión Mixta Brasileño-Uruguaya de Licitación, en adelante denominada Comisión Mixta, integrada por cinco (5) miembros en cada Delegación, con representantes de los Ministerios de Transporte (2) y de las Relaciones Exteriores (1) de ambos países, de los Gobiernos locales (1) y de la CIM (1), cuya designación cada Parte comunicará a la otra en el plazo de sesenta (60) días corridos, a contar de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo.

ARTICULO III

La Comisión Mixta deberá tener en cuenta en sus trabajos las disposiciones del Tratado de Cooperación para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín (Tratado de la Cuenca de la Laguna Merín) firmado entre las Partes, el 7 de julio de 1977, así como las decisiones y acuerdos relativos al transporte internacional terrestre firmados por ambas Partes.

ARTICULO IV

1. La Comisión Mixta tendrá las siguientes atribuciones:

a) reunir los antecedentes necesarios con el fin de elaborar los Términos de Referencia relativos a los aspectos físicos, ambientales, económicos, financieros y legales del emprendimiento, teniendo en cuenta la decisión de ambos países de que la construcción y explotación del nuevo puente sean efectuadas bajo el régimen de concesión de obra pública, sin aval de los Gobiernos y sin garantía de tránsito mínimo, con su atribución a un consorcio privado en el que participen empresas brasileñas y uruguayas en proporción significativa;

b) preparar la documentación necesaria y llevar a cabo la licitación pública y la posterior adjudicación para la construcción y explotación del segundo puente, la realización de sus obras complementarias y accesos, así como las obras simultáneas de recuperación del Puente Barón de Mauá, debiendo la adjudicación contar con la previa aprobación de las Partes;

c) supervisar la ejecución y ejercer la fiscalización de los estudios, servicios y trabajos contratados, durante la etapa de realización de los mismos, teniendo en cuenta el plazo determinado en literal e) de este artículo;

d) establecer las condiciones a ser cumplidas por el concesionario para la realización de las obras y la explotación de la concesión;

e) monitorear y supervisar el mantenimiento, la operación y la explotación del nuevo puente durante el primer año del período de vigencia de la explotación de la concesión.

2. La Comisión Mixta tendrá plenos poderes para solicitar la asistencia técnica y toda información que se consideren necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

ARTICULO V

1. Las inversiones relativas a la construcción del segundo puente sobre el Río Yaguarón, sus accesos y obras complementarias, así como la recuperación del Puente Barón de Mauá serán distribuidas de la siguiente manera: un máximo de 50% (cincuenta por ciento) a cargo de las Partes, en cantidades iguales, y el resto a cargo del consorcio ganador de la licitación.

2. Los costos referentes a las expropiaciones necesarias para la implantación de las obras en cada territorio nacional serán de responsabilidad exclusiva de la Parte respectiva, según las condiciones que sean acordadas internamente con sus Gobiernos locales.

3. Cada Parte será responsable de los gastos derivados de su representación en la Comisión Mixta.

4. Los costos de los estudios y proyectos relativos a la construcción del nuevo puente, sus obras complementarias y accesos, así como los relativos a la recuperación del Puente Barón de Mauá, estarán a cargo del consorcio ganador de la licitación para la concesión.

ARTICULO VI

1. Las Partes se notificarán el cumplimiento de las respectivas formalidades legales internas necesarias para la vigencia del presente Acuerdo, el cual entrará en vigor a partir de la fecha de recepción de la segunda de las notificaciones.

2. Las Partes, sea la que fuere, podrán en cualquier momento, denunciar el presente Acuerdo, por vía diplomática y con una antelación de un año.

Hecho en el límite Uruguay-Brasil, Puente Barón de Mauá, a los 21 días del mes de noviembre de 2000, en dos ejemplares originales, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Luce firma
Por el Gobierno de la
República Oriental del Uruguay
Luce firma
Por el Gobierno de la
República Federativa del Brasil.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: en nombre de la Comisión de Asuntos Internacionales traemos a consideración del Senado, la aprobación del acuerdo suscrito por nuestro país con la República Federativa del Brasil para la construcción de un nuevo puente sobre el Río Yaguarón, precisamente, en las proximidades de donde existe el actual puente llamado Mauá, que tiene alrededor de setenta años de servicio.

Este proyecto fue informado por nosotros en una sesión anterior.

Simplemente, vamos a recordar que la razón por la cual se construye este segundo puente es que el tránsito es absolutamente diferente al de hace 70 años. Hoy transitan por el viejo puente cargas importantes y, además, ha sufrido el desgaste del tiempo. Sin embargo, por considerar que es una obra de mucho significado histórico, desde el punto de vista vial, se considera que es necesario dejarlo para el tránsito liviano. De manera que se construiría un puente con varias vías para el tránsito pesado y como salida al crecimiento que ya tiene esta zona del país.

Según el artículo 1º, se va a realizar mediante el régimen de concesión de obra pública. Se proyecta la creación de una Comisión mixta brasileño-uruguaya integrada por cinco miembros de cada parte, con representación de los Ministerios de Transporte y de Relaciones Exteriores de ambos países, así como de los Gobiernos locales limítrofes y de la Comisión Internacional para la Laguna Merín.

El artículo 4º determina las atribuciones de esta Comisión, que consiste en tener en cuenta aspectos físicos, ambientales, económicos y financieros, entre otros, para la construcción del nuevo puente. También debe preparar y llevar a cabo la licitación y adjudicación de las obras, supervisar la ejecución, establecer las condiciones exigibles al concesionario, monitorear y supervisar la operación constructiva.

El artículo 5º motivó que el proyecto volviera a Comisión. Establece que ambos Gobiernos fijan su contribución al nuevo puente y a la recuperación del existente en un máximo del 50% en partes iguales para ambos, quedando el resto a cargo del concesionario. Las expropiaciones necesarias para las obras de cada territorio se harán por cuenta de las partes. Naturalmente, sólo los Estados pueden realizar las expropiaciones. A algunos señores Senadores les llamó la atención que, tratándose de una concesión de obra pública, se tomara la previsión de una posible contribución de ambos Estados en un 50% del valor de la obra y de la de reparación del viejo puente.

Por esa razón, la Comisión invitó al señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, a los efectos de que explicara esta situación. Lo hizo con relación a toda la iniciativa y, sobre este punto en concreto, manifestó que cuando se tiene un proyecto con rentabilidad relativamente baja, puede ser necesario hacer un tipo de aporte. Con ese motivo, en el primer punto se dice que estará acotado a un máximo de un 50% a cargo de cada una de las partes, en cantidades iguales. El principio es que el concesionario toma todos los costos y el Estado se hace cargo de las expropiaciones. Sin embargo, si hubiera que hacer algún complemento, cada Estado tomaría un 50% del mismo.

El señor Ponce de León -que actúa en la Cámara de Representantes y en aquel momento ocupaba una banca en el Senado- indicó lo siguiente: "Está claro que si hay que tomar una parte, lo que se establece es que los costos van por mitades. Pero también se establece -y esto surge de la lectura- que, a su vez, esa parte queda acotada en un 50% y, eventualmente, podría ser cero". De manera que el 50% es un máximo que se establece.

Con esta explicación la Comisión se dio por satisfecha y, por unanimidad, sugiere al Senado la aprobación de este proyecto de ley.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: la Bancada del Frente Amplio - Encuentro Progresista va a votar este proyecto de ley mediante el cual se aprueba este acuerdo para la construcción de un segundo puente sobre el Río Yaguarón.

Quiero dejar algunas constancias porque el proceso que tuvo me dejó un muy mal sabor acerca de los manejos políticos que se pueden hacer con ese tipo de cosas.

Cuando la iniciativa se trató en Comisión, la acompañamos tal como hacemos siempre si no existe un problema grande desde el punto de vista del contenido de los convenios. Pero cuando tomamos contacto con él en Sala, algunos compañeros preguntaron cómo era el mecanismo especial -como dijo el señor Senador Pereyra- que otorgaba una concesión de obra y, al mismo tiempo, se cofinancia por parte del Estado. Al poco tiempo aparecieron en los diarios de Cerro Largo titulares que decían que nosotros -en este caso, con individualización personal de quien habla- estábamos obstruyendo una obra que tenía un porvenir fantástico para dicho departamento. Así ocurrió en varias intervenciones radiales y televisivas. Como la cosa era demasiado grosera desde el punto de vista de la verdad, simplemente, me limité a afirmar que era mentira lo que allí se decía porque, si se repasa la versión taquigráfica de ese día, se observará que solamente pedí, en nombre de la Bancada, que el proyecto volviera a Comisión para tratarlo en otro momento.

Paso por encima el incidente, pero quiero dejar algunas constancias que me parecen importantes, a fin de que no se despierten falsas expectativas acerca de la construcción del puente que, según me dicen los ciudadanos de Cerro Largo, ha sido producto de varias campañas electorales; unas cuatro o cinco. La iniciativa tiene como 20 años. Ahora se concreta en un convenio. Pero para realizar este puente, hasta ahora, sólo se votaron U$S 50.000 en el Presupuesto, para nombrar una Comisión que completará los estudios de factibilidad que se están desarrollando. Esto significa que luego habrá que enviar una iniciativa para dotar específicamente de recursos a los efectos de la realización de las expropiaciones y, concretamente, del 50% de la obra cuando el proyecto esté aprobado.

Quiero decir que el señor Ministro, cuando concurrió a la Comisión, habló del casi autofinanciamiento que esto tendría con los "free shop" y las estaciones de servicio que se instalarían allí, además de los servicios a los pasajeros, entre otras cosas. Dije que auguraba que eso fuera cierto. Lo más importante es que se debe construir porque el otro puente se cae. Donde pasen de nuevo camiones de 45.000 kilos llenos de arroz, en cuatro o cinco cosechas buenas, puede caerse en cualquier momento. Se trata de un monumento histórico, realmente muy bonito, construido en un tiempo pasado y que nuestro país y la República Federativa de Brasil deben conservar. Aliento la esperanza de que llegue una propuesta con recursos para comenzar rápidamente la obra porque, efectivamente, hay urgencia de llevarla adelante.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Señor Presidente: seguramente, en la versión taquigráfica de la Comisión de Asuntos Internacionales figura una nota del Comité Ejecutivo del Partido Colorado de Cerro Largo, vinculada con la preocupación sobre este tema, en virtud de que esta es la herramienta que precisa el país a los efectos de poner en marcha el acuerdo bilateral relacionado con la creación del nuevo puente. Además, existe urgencia con relación al actual puente, que fue construido en 1930 con tecnologías que no permiten el pasaje de la carga que hoy circula. Seguramente, la refundación del Puerto de Montevideo -relativo al transporte de carga internacional y de las exportaciones uruguayas- hará que ese sea el pasaje preferido para el transporte internacional de la carga que va y viene desde y hacia Brasil.

Evidentemente, este es el instrumento base para generar los estudios que permitan el llamado a licitación, en una concesión en la que seguramente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se ha comprometido a agilizar los trámites del acuerdo binacional, de una obra de tremenda importancia y urgencia. En ese ámbito, en la Comisión de Asuntos Internacionales, se expresó el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas. Seguramente, aprobando este proyecto estamos generando las condiciones o las herramientas básicas para realizar una obra muy importante por sí sola y fundamentalmente de cara al crecimiento que el país va a seguir teniendo a nivel de exportaciones y de tránsito de mercaderías.

SEÑOR NIN NOVOA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NIN NOVOA.- No queremos dejar pasar esta oportunidad sin señalar que, naturalmente, vamos a acompañar con nuestro voto esta iniciativa, sin perjuicio de todas las discusiones de índole política que se suscitaron a raíz de la postergación de esta ley.

Queríamos referirnos, en el marco de la debida importancia que tiene -el Poder Ejecutivo se remite en varias oportunidades a este hecho- al proyecto de desarrollo de la cuenca de la Laguna Merín, que muchos uruguayos desconocen y que tiene una importancia muy superior a la que habitualmente se cree, ya que abarca una superficie de casi seis millones de hectáreas entre ambos países, que es casi la mitad del Uruguay. El proyecto de la cuenca de la Laguna Merín, que creó una Comisión Técnico-Mixta en 1963 -hace 38 años- ha tenido muy pocos avances desde el punto de vista de la concreción de obras específicas de infraestructura. La Ley Nº 14.748, de 1977, fija cuáles son los propósitos que se le asignan a dicha Comisión en el tratado de creación de la cuenca de la Laguna Merín. Los propósitos son tan interesantes de destacar, que me voy a permitir robarle dos minutos al Senado para leer algunos de ellos, extraídos de la propia ley. Allí se expresa: "Las acciones nacionales y binacionales a que se refiere el artículo 3 perseguirán, entre otros, los siguientes propósitos: la elevación del nivel social y económico de los habitantes de la Cuenca; el abastecimiento de agua con fines domésticos, urbanos e industriales; la regulación de caudales y el control de las inundaciones; el establecimiento de un sistema de riego y drenaje para fines agropecuarios;" -esto lo está haciendo Brasil desde hace muchos años- "la defensa y utilización adecuada de los recursos minerales, vegetales y animales; la producción, transmisión y utilización de energía hidroeléctrica;" -nosotros escuchamos con beneplácito que se está estudiando la posibilidad de una nueva represa en el río Yaguarón, sobre lo que hay además varios proyectos en otros ríos de la cuenca- "el incremento de medios de transporte y comunicaciones y de manera especial la navegación; el desarrollo industrial de la región;" etcétera.

Lo que también queríamos decir es que además de las facilidades que este tratado prevé para la construcción de este puente, la propia Ley No. 14.748, en su artículo 15 favorece y estimula la inversión en la cuenca, cuando la misma emane de los estudios de la Comisión Técnico-Mixta de la Laguna Merín. Dicho artículo expresa: "Las Partes Contratantes se comprometen a otorgar todas las facilidades administrativas, las franquicias aduaneras y las exoneraciones fiscales que sean necesarias para la realización de las obras comunes de conformidad con las siguientes normas. No se aplicarán impuestos, tasas o empréstitos forzosos de cualquier naturaleza sobre los materiales y equipos utilizados en los trabajos de construcción de obras comunes" -este sería el caso- "que adquieran en cualquiera de los dos países o importen de un tercer país, los siguientes: la CLM; la representación de cualquiera de las Partes Contratantes en la CLM en caso de ser designada como responsable de la realización de la obra; las entidades públicas o controladas directa o indirectamente por el poder público de una u otra Parte que hayan sido designadas responsables de la realización de la obra."

De manera que esto viene a coadyuvar en el esfuerzo o en la intención de hacer el desarrollo de infraestructura en esa zona tan importante del país. Ojalá este sea el camino que le dé inicio a una serie de obras que están estudiadas desde hace más de 30 años. Para dichos estudios, el país ha invertido recursos financieros, económicos y humanos. Entonces, ojalá que el primer paso sea la realización de este nuevo puente sobre el río Yaguarón.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto.

(Se lee:)

"Artículo único.- Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Construcción de un segundo puente sobre el Río Yaguarón en las Proximidades de las Ciudades de Yaguarón y Río Branco y restauración del Actual Puente Barón de Mauá, suscrito en el límite Uruguay-Brasil, Puente Barón de Mauá, el 21 de noviembre del año 2000."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

12) OLEODUCTO Y POLIDUCTOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUSTIBLES, ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del tercer punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se mejoran las condiciones de seguridad y mantenimiento del oleoducto y los diversos poliductos de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Carp. N° 500/01 - Rep. N° 290/01).

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 500/01
Rep. Nº 290/01

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Para la vigilancia, control, mantenimiento y operación del oleoducto que une la Terminal del Este de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) en José Ignacio, departamento de Maldonado, con la Refinería de La Teja y de los poliductos que unen dicha Refinería con la Planta de distribución de La Tablada y, en general, de todos los poliductos que ANCAP tenga en todo el territorio de la República, así como las futuras ampliaciones o nuevos tendidos de ductos, la propiedad inmueble que resulte afectada quedará sujeta a las siguientes servidumbres a favor de ANCAP, según corresponda:

A) De ocupación permanente del área necesaria para el tendido del ducto, su vigilancia, control, mantenimiento y operación.

B) De limitación del derecho de uso o goce de los inmuebles superficiarios, en la forma y con la amplitud que resulten necesarias para los fines expresados y para la salvaguarda de la seguridad de bienes y personas.

C) De estudio, de paso y de ocupación temporaria cuando ello sea necesario para el tendido de nuevos ductos.

Las servidumbres de que tratan los literales anteriores, serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo, el que determinará la extensión de las franjas de terreno en las que se limite o prohíba la edificación, la construcción de zanjas, pozos, molinos, antenas, etcétera, la existencia o plantación de especies arbóreas, la explotación del suelo en cualquier forma y, en general, la realización de cualquier clase de obra, así como la forma en que se impondrán y ejercerán las servidumbres, la titularidad de las cuales estará a cargo de ANCAP.

Art. 2º. - Las servidumbres a que refiere el artículo anterior y que se impongan sobre bienes del dominio público, nacional, municipal o sobre terrenos particulares existentes en zonas no edificadas o inmuebles no cultivables, tendrán carácter gratuito.

La notificación de la imposición de las mismas será efectuada por ANCAP.

Art. 3º. - La notificación de la imposición de las servidumbres referidas en esta ley fuera de las mencionadas en el artículo anterior, será efectuada asimismo por ANCAP, otorgando a los propietarios vista de las actuaciones a cuyos efectos el expediente administrativo se pondrá de manifiesto por el término de treinta días calendario.

La notificación será personal o por edictos si se ignorara el domicilio, debiendo hacerse referencia en la misma a la imposición de la servidumbre por esta ley, a su decreto reglamentario, a las actuaciones administrativas que se tramiten al respecto y dará cuenta de la naturaleza y alcance de la servidumbre.

Los edictos se publicarán por tres días en el Diario Oficial y en otro diario de circulación en el lugar de asiento del inmueble.

El propietario, al evacuar la vista, deberá denunciar a los co-titulares del derecho de propiedad, si los hubiere, y a todo titular de un derecho real o personal relativo al predio que pueda verse afectado por la servidumbre. En este caso, se conferirá también vista a las personas mencionadas por el propietario por idéntico plazo.

En el acto de evacuar la vista los interesados podrán estimar, en forma fundada, el monto indemnizatorio que pretenden, el que comprenderá los perjuicios que directa, inmediata y necesariamente sean consecuencia del no uso o goce de todo o parte del inmueble.

Sustanciado el expediente y evacuadas todas las vistas conferidas, o transcurridos los términos sin que se hubieren presentado interesados, ANCAP determinará el monto a indemnizar.

Dicha resolución será notificada a los interesados en el domicilio constituido o por edictos en la forma antes referida.

Art. 4º. - Las indemnizaciones debidas para las distintas servidumbres se determinarán según las siguientes reglas:

A) Para las servidumbres de ocupación permanente, de paso o de ocupación temporaria, en cuanto signifiquen la imposibilidad de uso y goce del inmueble o sus mejoras, total o parcialmente, se tomará como criterio el precio de los arrendamientos de inmuebles de análoga calidad en la zona, teniéndose presente las mejoras existentes y la disminución de rentabilidad del resto del predio, sin perjuicio de indemnizar los daños y perjuicios que se causen.

B) Para la servidumbre de estudio, se tomarán en consideración los daños y perjuicios que se causen por el ejercicio efectivo de la misma.

Si la determinación de la suma indemnizatoria no conformare a los interesados, éstos podrán acudir ante los Juzgados de Paz Departamentales o ante los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de acuerdo con el monto del asunto, sin que dicho proceso tenga carácter suspensivo respecto de la servidumbre; todo ello se extenderá sin perjuicio de las demás acciones que el interesado entienda del caso promover.

Art. 5º. - Las indemnizaciones se abonarán de la siguiente manera:

A) Las que deriven de la imposibilidad de uso y goce del inmueble y sus mejoras, por prestaciones periódicas en semestres adelantados, actualizadas según la variación del Indice de los Precios al Consumo.

B) Las que respondan al daño causado al inmueble o a sus mejoras, al quedar consumado dicho daño.

Art. 6º. - Cuando a causa de las servidumbres de que trata esta ley quedaren inmuebles de propiedad privada, que por sus dimensiones resultaren notablemente depreciados o inadecuados para su edificación o aprovechamiento, el propietario podrá solicitar la expropiación de todo el terreno dentro de los plazos establecidos legalmente o, en su caso, ANCAP podrá iniciar por sí dichos procedimientos.

En tales casos se seguirá el procedimiento expropiatorio dispuesto por la Ley Nº 3.958, de 28 de marzo de 1912, y modificativas.

Art. 7º. - Decláranse de utilidad pública las expropiaciones de los inmuebles a que refiere el artículo anterior y las futuras que sean necesarias para dar cumplimiento a los fines establecidos en esta ley.

El Poder Ejecutivo hará uso de esta declaración genérica por sí o a solicitud de ANCAP, en cuanto lo estime conveniente, designando en cada caso los bienes a expropiar.

Art. 8º. - Autorízase a ANCAP a promover las acciones administrativas o judiciales que en cada caso correspondan a efectos de hacer efectivas las servidumbres de que trata esta ley, respecto de los inmuebles ubicados en cualquier parte del territorio nacional.

Será competente el Juzgado de Paz Departamental del lugar de ubicación del inmueble.

En los casos en que se obstaculice el ejercicio de las servidumbres impuestas, el Juez podrá, para el cumplimiento de sus decisiones, requerir el auxilio de la fuerza pública o imponer, en calidad de conminación pecuniaria, el pago de una suma diaria del orden del 1% (uno por ciento) de la cantidad fijada como la indemnización para cada semestre, hasta que se dé cumplimiento al mandato judicial.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 11 de julio de 2001.

Gustavo Penadés Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario

Ministerio de Industria,
Energía y Minería

Montevideo, 20 de julio de 2000.

Señor Presidente de la Asamblea General
Sr. Luis Hierro López
Presente

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el proyecto de ley que se adjunta, destinado a mejorar las condiciones de seguridad y mantenimiento del oleoducto y los diversos poliductos de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP).

Por intermedio del mismo, se pretende dar solución a la situación planteada en relación a las condiciones de seguridad y mantenimiento del oleoducto de ANCAP que conecta la Terminal del Este en José Ignacio con la Refinería de la Teja, y los diversos poliductos que unen a esta última con la Planta de La Tablada o con diversos organismos oficiales.

En el recorrido periódico y sistemático del citado oleoducto y de los diversos poliductos que realizan los servicios técnicos de ANCAP, se viene constatando o bien la existencia de asentamientos precarios de viviendas que se ubican sobre terrenos por los que pasan estos ductos o en zonas muy próximas a ellos, o bien la presencia de empresas constructoras realizando trabajos encomendados por UTE, ANTEL, OSE, INTENDENCIAS, VIALIDAD, etc.

Resulta innecesario destacar la situación de riesgo que conllevan dichos hechos tanto para la seguridad de las personas como de los bienes situados en zonas por donde pasa el oleoducto.

Hasta el momento la labor de los técnicos de ANCAP ha permitido sobrellevar la situación sin mayores inconvenientes, pero atento a que la misma tiende a agravarse, se considera necesario dotar a ANCAP de un instrumento normativo que permita la instalación de un más adecuado sistema de seguridad, y que le proporcione las herramientas pertinentes a efectos de realizar una más eficiente labor de inspección y mantenimiento de dichas instalaciones.

En tal sentido, se propone establecer servidumbres de ocupación temporaria o permanente, según los casos, de limitación del uso o goce de los inmuebles superficiarios, de estudio y de paso con el alcance, forma y condiciones que surjan de la reglamentación que se encomienda al Poder Ejecutivo.

Concomitantemente, se propone autorizar al referido Ente a promover las acciones administrativas o judiciales que entienda pertinentes en relación a las situaciones de asentamientos ya existentes o futuros.

Saludan al señor Presidente con su mayor consideración.

Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Sergio Abreu.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Para la vigilancia, control, mantenimiento y operación del oleoducto que une la Terminal del Este de ANCAP en José Ignacio (departamento de Maldonado) con la Refinería de La Teja y de los poliductos que unen dicha Refinería con la Planta de distribución de La Tablada y, en general, de todos los poliductos que ANCAP tenga en todo el territorio de la República, así como las futuras ampliaciones o nuevos tendidos de ductos, la propiedad inmueble que resulte afectada quedará sujeta a las siguientes servidumbres a favor de ANCAP, según corresponda:

a) De ocupación permanente del área necesaria para el tendido del ducto, su vigilancia, control, mantenimiento y operación.

b) De limitación del derecho de uso o goce de los inmuebles superficiarios, en la forma y con la amplitud que resulten necesarias para los fines expresados y para la salvaguarda de la seguridad de bienes y personas.

c) De estudio, de paso y de ocupación temporaria cuando ello sea necesario para el tendido de nuevos ductos.

Las servidumbres de que tratan los literales anteriores, serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo, el que determinará la extensión de las franjas de terreno en las que se limite o prohíba la edificación, la construcción de zanjas, pozos, molinos, antenas, etc.; la existencia o plantación de especies arbóreas, la explotación del suelo en cualquier forma y en general la realización de cualquier clase de obra, así como la forma en que se impondrán y ejercerán las servidumbres, la titularidad de las cuales estará a cargo de ANCAP.

Art. 2º. - Las servidumbres a que se refiere el artículo anterior y que se impongan sobre bienes del dominio público, nacional, municipal o sobre terrenos particulares existentes en zonas no edificadas o inmuebles no cultivables, tendrán carácter gratuito.

La notificación de la imposición de las mismas será efectuada por ANCAP.

Art. 3º. - La notificación de la imposición de las servidumbres referidas en esta ley fuera de las mencionadas en el artículo anterior, será efectuada asimismo por ANCAP, otorgando a los propietarios vista de las actuaciones a cuyos efectos el expediente administrativo se pondrá de manifiesto por el término de treinta días calendario.

La notificación será personal o por edictos si se ignorara el domicilio, debiendo hacerse referencia en la misma a la imposición de la servidumbre por esta ley, a su decreto reglamentario, a las actuaciones administrativas que se tramiten al respecto y dará cuenta de la naturaleza y alcance de la servidumbre.

Los edictos se publicarán por tres días en el Diario Oficial y en otro de circulación en el lugar de asiento del inmueble.

El propietario, al evacuar la vista, deberá denunciar a los co-titulares del derecho de propiedad, si los hubiere, y a todo titular de un derecho real o personal relativo al predio que pueda verse afectado por la servidumbre. En este caso, se conferirá también vista a las personas mencionadas por el propietario por idéntico plazo.

En el acto de evacuar la vista los interesados podrán estimar, en forma fundada, el monto indemnizatorio que pretende, el que comprenderá los perjuicios que directa, inmediata y necesariamente sean consecuencia del no uso o goce de todo o parte del inmueble.

Sustanciado el expediente y evacuadas todas las vistas conferidas, o transcurrido los términos sin que hubieren presentado interesados, la ANCAP determinará el monto a indemnizar.

Dicha resolución será notificada a los interesados en el domicilio constituido o por edictos en la forma antes referida.

Art. 4º. - Las indemnizaciones debidas para las distintas servidumbres se determinarán según las siguientes reglas:

a) Para las servidumbres de ocupación permanente, de paso o de ocupación temporaria, en cuanto signifiquen la imposibilidad de uso y goce del inmueble o sus mejoras, total o parcialmente, se tomará como criterio el precio de los arrendamientos de inmueble de análoga calidad en la zona, teniéndose presente las mejoras existentes y la disminución de rentabilidad del resto del predio, sin perjuicio de indemnizar los daños y perjuicios que se causen.

b) Para la servidumbre de estudio, se tomarán en consideración los daños y perjuicios que se causen por el ejercicio efectivo de la misma.

Si la determinación de la suma indemnizatoria no conformare a los interesados, estos podrán acudir ante los Juzgados de Paz Departamentales o ante los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de acuerdo con el monto del asunto, sin que dicho proceso tenga carácter suspensivo respecto de la servidumbre; todo ello se entenderá sin perjuicio de las demás acciones que el interesado entienda del caso promover.

Art. 5º. - Las indemnizaciones se abonarán de la siguiente manera:

a) Las que deriven de la imposibilidad de uso y goce del inmueble y sus mejoras, por prestaciones periódicas en semestres adelantados, actualizadas según la variación del Indice de Precios del Consumo.

b) Las que respondan al daño causado al inmueble o a sus mejoras, al quedar consumado dicho daño.

Art. 6º. - Cuando a causa de las servidumbres de que trata esta ley quedaren inmuebles de propiedad privada, que por sus dimensiones resultaren notablemente depreciados o inadecuados para su edificación o aprovechamiento, el propietario podrá solicitar la expropiación de todo el terreno dentro de los plazos establecidos legalmente o, en su caso, la ANCAP podrá iniciar por sí dichos procedimientos.

En tales casos se seguirá el procedimiento expropiatorio dispuesto por la Ley Nº 3.958 de 28 de marzo de 1912 y modificativas.

Art. 7º. - Decláranse de utilidad pública las expropiaciones de los inmuebles a que se refiere el artículo anterior y las futuras que sean necesarias para dar cumplimiento a los fines establecidos en esta ley.

El Poder Ejecutivo hará uso de esta declaración genérica por sí o a solicitud de ANCAP, en cuanto lo estime conveniente, designando en cada caso los bienes a expropiar.

Art. 8º. - Autorízase a ANCAP a promover las acciones administrativas o judiciales que en cada caso correspondan a los efectos de hacer efectivas las servidumbres de que trata esta ley, respecto de los inmuebles ubicados en cualquier parte del territorio nacional.

Será competente el Juzgado de Paz Departamental del lugar de ubicación del inmueble.

En los casos en que se obstaculice el ejercicio de las servidumbres impuestas, el Juez podrá, para el cumplimiento de sus decisiones, requerir el auxilio de la fuerza pública o imponer, en calidad de conminación pecuniaria, el pago de una suma diaria del orden del 1% de la cantidad fijada como la indemnización para cada semestre, hasta que se dé cumplimiento al mandato judicial.

Sergio Abreu.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En consideración.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: la Comisión respectiva recomienda al Cuerpo aprobar un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo a instancias de ANCAP, relativo a conferir los derechos de servidumbre y eventualmente expropiación por razones de seguridad en las áreas donde corre el oleoducto y los poliductos que van de La Teja a La Tablada, en función de -insisto- de elementos de seguridad, dadas las características de estos ductos y la necesidad, eventualmente, de proceder a mantenerlos libres por posibles escapes o por tareas de reparación. En función de lo expuesto, señor Presidente, mediante este proyecto de ley se está solicitando la autorización correspondiente y la declaratoria de interés nacional en los casos en que haya que proceder a expropiaciones.

En principio, esto es lo que tendríamos para informar y quedamos a las órdenes del Cuerpo por cualquier comentario que se entienda oportuno realizar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: mociono para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- ¿Me puede informar, señor Presidente, qué Comisión trató este proyecto?

SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión de Constitución y Legislación.

SEÑOR KORZENIAK.- En esa Comisión no se trató.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si el señor Senador lo desea, podemos dar lectura al acta.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Si el señor Presidente dice que se trató en la Comisión de Constitución y Legislación y está el acta, no es necesario que se lea. Hice la pregunta porque había consultado informalmente a varios señores Senadores y nadie me pudo informar en qué Comisión se había estudiado el proyecto.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: creo que este proyecto se trató en la Comisión de Constitución y Legislación, pero integro también la Comisión de Servicios Públicos, por lo que podría haberse tratado allí. Sé que el proyecto se trató y fue aprobado por unanimidad, pero no puedo asegurar en qué Comisión.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Me siento un poco responsable de esta situación porque soy el Presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, pero quiero corroborar lo que afirma el señor Senador Atchugarry. Lo que ocurre es que se trata de una Comisión que está funcionando muy mal: de los doce años que llevo trabajando allí, este es el peor, y soy el Presidente, por lo que estoy pensando seriamente en renunciar a dicho cargo. Lo quiero decir con mucho sentimiento, porque es una Comisión que tiene una larga tradición en este Cuerpo.

La realidad es que, efectivamente, como dice el señor Senador Atchugarry, en una de las tantas sesiones que se han frustrado, porque el mismo tema se viene tratando desde hace dos meses y no se puede avanzar, la Secretaría dio cuenta de que este proyecto había venido de la Cámara de Representantes e informó que se había aprobado por unanimidad y que había merecido un estudio detenido en ese ámbito, por lo que la Comisión -lo estoy recordando en este momento- se avino a votar en bloque el proyecto y enviarlo al Senado. De manera que confirmo lo que señala el señor Senador Atchugarry; hemos refrescado la memoria en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- La aprobación de este proyecto consta en el Acta Nº 53 de la Comisión de Constitución y Legislación, del 14 de agosto de 2001, con la firma del señor Senador Korzeniak, como Presidente, y de la señora Josefina Reissig, como Secretaria. El proyecto fue votado por unanimidad.

SEÑOR KORZENIAK.- Es lo que acabo de explicar.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 6º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 7º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 8º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para fundar el voto. .

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Quiero decir que he leído detenidamente el proyecto y creo que es imprescindible que se autoricen estas servidumbres si se quiere continuar desarrollando la actividad de la refinación del petróleo, cualquiera sea la modalidad. Pienso que en el decreto reglamentario habrá que agregar algunos otros elementos, pero me parece que es una buena iniciativa, que cubre un aspecto que estaba ya resuelto pero que para el desarrollo futuro se va a necesitar.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: fui demasiado rápido en mi recordación de que habíamos tratado este proyecto de ley en la Comisión de Constitución y Legislación, por lo que quiero aclarar que mis consideraciones sobre lo mal que funciona la Comisión se refieren al Presidente que habla y a los demás señores Senadores que la integran, y de ningún modo a la Secretaría, que ha trabajado muy bien y fue la que nos proporcionó todos los antecedentes de la Cámara de Representantes para poder votar rápidamente el proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

13) EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se faculta al Poder Ejecutivo a partir del 1º de enero de 2002, a disminuir ciertas cargas tributarias que pesan sobre las empresas públicas nacionales. (Carp. Nº 527/01 - Rep. Nº 291/01)".

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 527/01
Rep. Nº 291/01

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Hacienda

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º. - Facúltase al Poder Ejecutivo, a partir del 1º de enero de 2002, a disminuir las tasas del ICOME y las contribuciones especiales a la seguridad social de las empresas públicas en forma genérica o para una o más empresas en particular.

La reducción de las contribuciones a la seguridad social alcanzará:

a) para las actividades industriales: el nivel establecido por el artículo 18 de la Ley Nº 17.345, de 31 de mayo de 2001, para la Industria Manufacturera Privada;

b) para el resto de las actividades hasta igualar el nivel de aportes al sector privado, correspondiente a cada actividad.

Art. 2º. - Derógase el artículo 586 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Sala de la Comisión, 16 de agosto de 2001.

Alejandro Atchugarry (Miembro Informante), Danilo Astori, Ruben Correa Freitas, Alberto Couriel, Yamandú Fau, Luis A. Heber, Rafael Michelini, Manuel Núñez. Senadores.

Ministerio del Interior
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas
Ministerio de
Defensa Nacional
Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de Transporte
y Obras Públicas
Ministerio de Industria,
Energía y Minería
Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca
Ministerio de Turismo
Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente
Ministerio de Deporte
y Juventud

Montevideo, 7 de agosto de 2001.

Señor Presidente de la
Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto proyecto de ley por cual se pretende a partir del 1º de enero de 2002, reducir ciertas cargas tributarias que pesan sobre las empresas públicas nacionales.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las empresas públicas nacionales se enfrentan a un proceso de reformas que ha llevado, en muchos de los casos, a que pasen a desempeñar sus actividades en un régimen de asociación y/o libre competencia con el sector privado.

En particular, se encuentra a consideración del Poder Legislativo un proyecto de ley referido a la derogación del monopolio de refinación de petróleo crudo establecido por la Ley Nº 8.764, de 15 de octubre de 1931, lo que implicará un cambio sustancial para la ANCAP.

En este marco, se han venido tomando medidas tendientes a mejorar las condiciones de competencia de las empresas públicas. En ese sentido, es que se presenta el proyecto de ley adjunto, por el cual se pretende reducir ciertas cargas tributarias que pesan sobre las empresas públicas nacionales, hasta equipararlas con los niveles aplicados a las empresas del sector privado.

Saluda al Sr. Presidente con la mayor consideración.

Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Guillermo Stirling, Didier Opertti, Alberto Bensión, Luis Brezzo, Antonio Mercader, Lucio Cáceres, Sergio Abreu, Alvaro Alonso, Frachini, Gonzalo González, Varela, Carlos Cat, Jaime Trobo.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Facúltase al Poder Ejecutivo, a partir del 1º de enero de 2002, a disminuir las tasas del ICOME y las contribuciones especiales a la seguridad social de las empresas públicas por las actividades que desempeñan en régimen de asociación y/o libre competencia con el sector privado, en forma genérica o para una o más empresas en particular.

La reducción de las contribuciones a la seguridad social alcanzará:

a) para las actividades industriales: el nivel establecido por el artículo 18 de la Ley Nº 17.345, de 31 de mayo de 2001, para la Industria Manufacturera Privada;

b) para el resto de las actividades: hasta igualar el nivel de aportes al sector privado, correspondiente a cada actividad.

Art. 2º. - Derógase el artículo 586 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Guillermo Stirling, Didier Opertti, Alberto Bensión, Luis Brezzo, Antonio Mercader, Lucio Cáceres, Sergio Abreu, Alvaro Alonso, Frachini, Gonzalo González, Varela, Carlos Cat, Jaime Trobo.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- El proyecto refiere a una autorización que solicita el Poder Ejecutivo y viene a sustituir el artículo 586 del Presupuesto Nacional próximo pasado. Concretamente, tiene que ver con el ICOME -Impuesto a la venta de moneda extranjera- y con los aportes patronales que gravan a las empresas del Estado.

El artículo inicial alude a la facultad que tiene el Poder Ejecutivo, en la medida en que cumpla con las metas de déficit, de ir disminuyendo los referidos aportes. Como es notorio, existe la voluntad del Poder Ejecutivo de ir bajando estos dos gravámenes. El primero de ellos, el ICOME, que es un impuesto que antes gravaba toda transferencia en moneda extranjera, fue derogado para el público en general y se mantuvo exclusivamente para las empresas del Estado que, entre paréntesis, eran las únicas que lo pagaban. Por lo tanto, es un tratamiento diferencial en su perjuicio, y naturalmente, más allá de que las necesidades de caja tal vez puedan hacer que no sea tan rápido como se quisiera, la idea es derogarlo.

En segundo lugar, las empresas del Estado tienen un aporte superior a iguales empresas del sector privado, algo así como 24 puntos porcentuales. El proyecto se orienta a solicitar autorización para bajarlo por lo menos hasta equipararlo con el de las empresas privadas, que en el caso de las industriales es cero y en el caso de los servicios es 13% con la idea de disminuirlo.

Diría que el texto fue aclarado y mejorado en Comisión. El proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo preveía, siempre como facultad, un sistema más complejo: hablaba de las empresas públicas que se desempeñaran en régimen de asociación y/o libre competencia con el sector privado en forma genérica para una o más empresas en particular. La Comisión intentó darle mayor claridad y propone, simplemente, otorgarle al Poder Ejecutivo la facultad de aplicar esta disminución a las empresas públicas en forma genérica o a una o más empresas en particular, manteniendo el límite que planteaba el proyecto original, que es hasta equiparar los dos sectores: el industrial y el de servicios.

Señalo, señor Presidente, que es inocultable que la derogación del artículo 586 de la Ley de Presupuesto implica que esta facultad se puede ejercer sin estar atado a los niveles de déficit alcanzados. Como es notorio, el Poder Ejecutivo tenía el año pasado la intención de ir bajando estos aportes. De hecho, ANCAP los bajó por interpretación de una de las tantas facultades y rebajas que hicimos al sector industrial, de modo que no tiene este nivel sino uno más bajo.

En ocasión del Presupuesto Nacional y para atender el nivel de déficit programado, echamos mano a limitar esta facultad y por eso quedó atada al déficit.

Es interés del Poder Ejecutivo priorizar esta meta, aún con independencia del nivel de déficit, para permitir la baja de las tarifas de los sectores básicos. A propósito de esto, tengo en mi poder un estudio de la OPP en el que se señala el impacto que podría tener, por ejemplo, la derogación del INCOME; concretamente, se estaría hablando de entre 1 y 4 puntos porcentuales de baja. Es decir, la reducción de los aportes patronales daría desde 1 punto en ANCAP, hasta 4 puntos porcentuales en OSE, lo que significaría algo así como un 2% promedio para las diversas empresas, dándose una situación inversa, o sea, mayor en ANCAP y menor en OSE, en función de las distintas canastas que tienen. Pero debemos decir que los dos efectos combinados podrían acarrear rebajas tarifarias de entre 4 y 6 puntos porcentuales de promedio en las empresas industriales y comerciales. Reitero que es interés del Poder Ejecutivo bajar las tarifas como parte de la disminución del costo país. Para ello se solicita esa facultad. A este respecto, un señor Senador me dijo que era un poco "light", a lo que respondí que, considerando nuestra situación de Caja, ojalá esto pudiera ser imperativo y ejecutivo de inmediato. Pero el hecho de que el Poder Ejecutivo esté solicitando esta facultad se debe a que tiene incluido en su programación ir llevando a cabo todo esto en tiempos próximos y probablemente en forma escalonada.

Así, recomendamos al Senado la aprobación del texto sustitutivo que viene de Comisión, en lugar del enviado por el Poder Ejecutivo.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Ante todo, quiero decir que el Senador al que ha aludido el señor Senador Atchugarry es quien habla; no le dije "light", sino "dietético", y tampoco "un poco", sino "del todo".

Pero, en todo caso, señor Presidente, he votado este proyecto de ley -tal como lo hicieron todos los integrantes de la Comisión de Hacienda- y solicité la palabra para expresar mi más ferviente aspiración de que el Poder Ejecutivo ejerza esta facultad en toda su plenitud lo antes posible, sobre todo, teniendo en cuenta como prioridad el hecho de que empresas públicas que están entrando o que ya están en competencia con otras privadas, tengan mayores posibilidades de competir con dichas empresas, ante las cuales se encuentran en una franca situación de desventaja.

A su vez, haré a mi colega, el señor Senador Atchugarry, una pequeñísima y fraternal corrección. El aporte jubilatorio de todas las empresas públicas no es de un 24%, sino de un 26%. Se trata de una cifra desmesuradamente alta, sobre todo, teniendo en cuenta que muchas de las empresas competidoras tienen en este momento un aporte jubilatorio patronal igual a cero. Así que, si esta meta es de interés del Poder Ejecutivo -frase que reiteró varias veces el señor Senador Atchugarry- deseo que ese interés se concrete a la brevedad, porque verdaderamente las empresas públicas, en particular, y el país, en general, lo están necesitando.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Mociono para que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Atchugarry.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Quiero expresar, a los efectos de que conste en la versión taquigráfica, mi beneplácito por haberse presentado y votado esta iniciativa que apunta justamente a disminuir la carga tributaria que soportan las empresas públicas, pero que, en definitiva, paga la comunidad. Asimismo, hacemos votos para que el Poder Ejecutivo ejerza esta facultad lo antes posible, en línea con lo que ha sido la filosofía que inspira a esta Administración la que, además, ya ha anunciado continuar con la rebaja del costo país a través de la disminución de tributos, de acuerdo con anuncios de proyectos de ley que, confiamos, estaremos considerando próximamente en el Senado de la República. De manera que, señor Presidente, he votado con muchísimo gusto esta iniciativa.

14) "ENRIQUE BELTRAME"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en 5º lugar del orden del día: "Proyecto de ley por el que se designa `Enrique Beltrame', la Escuela Nº 92 de la ciudad de Tranqueras, departamento de Rivera. (Carp. 483/01 - Rep. Nº 273/01)".

(Antecedentes:)

«Carp. N° 483/2001
Rep. N° 273/2001

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase `Enrique Beltrame' la Escuela Nº 92 de la ciudad de Tranqueras, departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 13 de junio de 2001.

Ruben Obispo 1er. Vicepresidente
Horacio D. Catalurda Secretario

Ministerio de
Educación y Cultura

Montevideo, 9 de marzo 2001.

Sr. Presidente de la Asamblea General
Sr. Luis Hierro López

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, con el fin de someter a su consideración el Proyecto de Ley que se acompaña, por el cual se designa con el nombre de `Enrique Beltrame', a la Escuela Nº 92 de la ciudad de Tranqueras del Departamento de Rivera.

La propuesta efectuada por la Junta Departamental del Departamento de Rivera, cuenta con la opinión favorable de la Directora y Comisión de Fomento, del centro escolar. Asimismo cuenta con el informe favorable de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública.

El Sr. Beltrame tuvo una fecunda trayectoria en la Educación Pública. Su espíritu solidario lo animó a integrar Clubes de servicio integrándose a la tarea comunitaria, mereciendo el cariño de su pueblo y el reconocimiento a su proficua labor como educador y ciudadano ejemplar.

El Poder Ejecutivo saluda al Señor Presidente y por su intermedio a los demás miembros de ese Alto Cuerpo.

Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Antonio Mercader.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Desígnase con el nombre de `Enrique Beltrame', a la Escuela Nº 92 de la ciudad de Tranqueras del departamento de Rivera.

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, archívese.

Antonio Mercader.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Fau.

SEÑOR FAU.- Señor Presidente: la Comisión de Educación y Cultura por unanimidad informa este proyecto de ley a través del cual se designa con el nombre de Enrique Beltrame, la Escuela Nº 92 de la ciudad de Tranqueras, departamento de Rivera.

Estas experiencias de denominar escuelas por medio de estos procedimientos, hace participar a la comunidad educativa en una forma realmente destacable, ya que la designación no obedece únicamente a la voluntad institucional de un órgano de gobierno, sino que, en la inmensa mayoría de los casos, se da la conjunción de aspiraciones de todos aquellos que, de una manera u otra, están vinculados al centro educativo cuya dominación el Poder Legislativo trata en forma expresa.

En este caso concreto, la iniciativa provino de la Junta Departamental de Rivera, donde todos los partidos coincidieron en la necesidad de designar a esta escuela con el citado nombre. Emitieron opinión favorable tanto la Directora de la escuela como los integrantes de la Comisión de Fomento además, una vez cumplido el trámite de consulta con la Administración Nacional de Educación Pública, ésta dio su beneplácito.

Cabe señalar que a través de esta designación, se trata de rendir homenaje a un hombre que hizo de la docencia su elemento esencial como actitud ante la vida y que sin haber nacido en el departamento de Rivera, allí desarrolló una extensa actividad. Enrique Beltrame había nacido en el departamento de Lavalleja pero, como ocurrió durante mucho tiempo en el país, los maestros jóvenes o recién egresados, muchas veces tenían que elegir trabajar en una escuela situada muy lejos del lugar donde se habían formado como docentes, en función de las dificultades que existían en relación con las vacantes. Así fue que el maestro Beltrame se trasladó desde el departamento de Lavalleja al de Rivera y allí, en una ciudad pequeña como la de Tranqueras, llevó a cabo su tarea, que despertó el regocijo de todas las generaciones que en ese centro fueron formadas y también el beneplácito y la alegría de los padres.

Al igual que todo docente con vocación, Enrique Beltrame no se agotó únicamente en el aula, sino que llegó a publicar algunos de sus trabajos en una edición conocida como "Tranqueras, su paisaje, su gente. Vivencias".

Entonces, nos parece que es un acto de estricta justicia reconocer la labor de uno de esos maestros típicos de la realidad uruguaya y, sobre todo, de la que se desarrolla en el interior del país.

Es por todo esto que hemos creído del caso aconsejar al Cuerpo unánimemente la aprobación de este Mensaje y de este proyecto de ley.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Astori)

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Desígnase `Enrique Beltrame' la Escuela Nº 92 de la ciudad de Tranqueras, departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública)".

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

15) "MAESTRO VIRGILIO EDUARDO SCARABELLI ALBERTI"

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- En consideración el punto que figura en sexto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se designa con el nombre `Maestro Virgilio Eduardo Scarabelli Alberti', al Liceo Nº 49, departamento de Montevideo. (Carp. Nº 484/01 - Rep. Nº 274/01)"

(Antecedentes:)

«Carp. N° 484/2001
Rep. N° 274/2001

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase `Maestro Virgilio Eduardo Scarabelli Alberti' al Liceo Nº 49, del
departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 13 de junio de 2001.

Ruben Obispo 1er. Vicepresidente
Horacio D. Catalurda Secretario

Ministerio de
Educación y Cultura

Montevideo, 15 de marzo 2001.

Sr. Presidente de la Asamblea General
Sr. Luis Hierro López

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, con el fin de someter a su consideración el Proyecto de Ley que se acompaña por el cual se designa al Liceo Nº 49 del departamento de Montevideo, con el nombre de `Maestro Virgilio Eduardo Scarabelli Alberti'.

La propuesta efectuada por el Insp. Humberto Grieco, cuenta con la opinión favorable de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública.

El Maestro Scarabelli fue un destacadísimo docente a nivel de Educación Primaria y Secundaria y dentro de su extenso currículo, fue el creador de las asignaturas Canto Coral y Educación Musical, dentro de Educación Secundaria en el año 1937, Ente del cual fuera inspector en dichas áreas hasta el año 1953.

El Poder Ejecutivo saluda al Sr. Presidente y por su intermedio a los demás miembros de ese Alto Cuerpo.

Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Antonio Mercader.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Desígnase al Liceo Nº 49 del departamento de Montevideo, con el nombre de `Maestro Virgilio Eduardo Scarabelli Alberti'.

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, archívese.

Antonio Mercader.»

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Como el Miembro Informante no se encuentra en Sala, si no hay inconvenientes, se va a votar el proyecto de ley.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Desígnase `Maestro Virgilio Eduardo Scarabelli Alberti' al Liceo Nº 49, del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Secundaria. (Administración Nacional de Educación Pública)."

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori) .- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Quisiera proponer que se incorpore a la versión taquigráfica el texto del Mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, fundamentando esta nominación que acabamos de votar.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori) .- A solicitud de la señora Senadora Arismendi, se adjuntará la exposición de motivos del proyecto considerado.

16) "REPUBLICA DEL PERU"

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- En consideración el punto que figura en séptimo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se designa con el nombre `República del Perú', la Escuela Nº 142 de Tiempo Completo, departamento de Montevideo. (Carp. Nº 485/01 - Rep. Nº 275/01)"

(Antecedentes:)

«Carp. N° 485/2001
Rep. N° 275/2001

Ministerio de
Educación y Cultura

Montevideo, 27 de junio 2001.

Sr. Presidente de la Asamblea General
Don Luis Hierro López

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, con el fin de someter a su consideración el proyecto de ley que se acompaña, por el cual se designa con el nombre de `República del Perú', a la Escuela Nº 142 de Tiempo Completo, de Montevideo, Jurisdicción Centro.

La propuesta efectuada por la Directora, Comisión de Fomento y Docentes del centro escolar, cuenta con la opinión favorable de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública.

El Poder Ejecutivo, saluda al Sr. Presidente y por su intermedio a los demás miembros de ese Alto Cuerpo.

Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Antonio Mercader.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Desígnase con el nombre de `República del Perú', a la Escuela Nº 142 de Tiempo Completo, de Montevideo, Jurisdicción Centro.

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, archívese.

Antonio Mercader.»

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Léase el proyecto.

-(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Pou.

SEÑORA POU.- Deseamos hacer nuestras las palabras que vienen en el informe del Poder Ejecutivo con relación a la nominación de la Escuela Nº 142 de Tiempo Completo del departamento de Montevideo en la Jurisdicción Centro como "República del Perú".

En cuanto a las escuelas de tiempo completo, considero que se trata de una de las modalidades educativas que el país tendrá que adoptar. De esa forma, nos pondríamos en sintonía con las nuevas pedagogías en el mundo con respecto a la necesidad de la permanencia de los niños en la escuela, no solamente para su instrucción sino también para su formación como personas. La escuela que nominamos hoy se encuentra en la Jurisdicción Centro, aunque sabemos que existen muchas otras en distintos lugares de Montevideo. Considero que la tendencia creciente con que esta Administración y las anteriores han encarado el crecimiento de las escuelas de tiempo completo es correcta para lograr una mejor educación, que siempre es liberadora y que nos hace pensar en un país mejor.

El hecho de que, en este momento, la Comisión de Fomento, la Directora de esta escuela y los docentes del Centro hayan solicitado el nombre de "República del Perú" -más allá de su importancia por lo que implica al tratarse de un país americano- es de relevancia porque cuando una escuela lleva el nombre de un país de América, éste llega a conocerse más. Este es un buen momento para ello, ya que en años de historia del Perú, desde las épocas virreinales, es la primera vez que una nación americana tiene un Presidente autóctono. Esto es algo para destacar y seguramente no estará ajeno a las enseñanzas que se impartan en esta escuela.

Con este propósito solicitamos que se apruebe el informe de la Comisión de Educación y Cultura en el sentido de designar a la Escuela Nº 142 con el nombre "República del Perú".

(Ocupa la Presidencia el señor Luis Hierro López)

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley en general.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

-En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Desígnase con el nombre de `República del Perú', a la Escuela Nº 142 de Tiempo Completo de Montevideo, Jurisdicción Centro, dependiente del Consejo de Educación Primaria. (Administración Nacional de Educación Pública)"

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

17) "BRIGADIER GENERAL FRUCTUOSO RIVERA"

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el punto que figura en octavo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se designa con el nombre `Brigadier General Fructuoso Rivera', la Escuela Nº 64, Rural, de Villa Militar, departamento de Maldonado. (Carp. Nº 486/01 - Rep. Nº 276/01)"

(Antecedentes:)

«Carp. N° 486/2001
Rep. N° 276/2001

Ministerio de
Educación y Cultura

Montevideo, 27 de junio de 2001.

Sr. Presidente de la Asamblea General
Don Luis Hierro López

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, con el fin de someter a su consideración el proyecto de ley que se acompaña por el cual se designa a la Escuela Nº 64, Rural, de Villa Militar, del departamento de Maldonado, con el nombre de "Brigadier General Fructuoso Rivera".

La propuesta, efectuada por la Dirección y Comisión Fomento del centro escolar, cuenta con la opinión favorable de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública.

El Poder Ejecutivo, saluda al Señor Presidente y por su intermedio a los demás miembros de ese Alto Cuerpo.

Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Antonio Mercader.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Desígnase a la Escuela Nº 64, Rural, de Villa Militar, del departamento de Maldonado, con el nombre de "Brigadier General Fructuoso Rivera".

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, archívese.

Antonio Mercader.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Fau.

SEÑOR FAU.- Por este Mensaje del proyecto de ley se designa a la Escuela Nº 64, Rural, de Villa Militar del departamento de Maldonado, con el nombre "Brigadier General Fructuoso Rivera". De aprobarse esta iniciativa, el país vuelve a hacer justicia con uno de los héroes militares de mayor destaque que participaron en nuestras guerras de la independencia y que, entre otras cosas, tuvo el altísimo honor de ser el primer Presidente constitucional de la República.

Rivera se incorpora a la Revolución Oriental de 1811 cooperando con su hermano Félix en la sublevación del vecindario de la región de Durazno. A partir de allí, Rivera tomará un papel protagónico en todas las instancias independentistas que el país vivió hasta su independencia definitiva, producto de su talento e inteligencia. Desde la sublevación en la región de Durazno, participa en todos los acontecimientos de importancia de la gesta artiguista de la Patria Vieja hasta la finalización de la dominación española en el suelo patrio.

La victoria en la batalla de Guayabo fue decisiva para poder poner término a la breve dominación dictatorial bonaerense. Durante el período de nuestra primera independencia, que ocurrió entre 1815 y 1816, Rivera desempeña la primera Comandancia General de Montevideo. Cuando en 1816 se inicia la invasión portuguesa de nuestro territorio, sufre una sangrienta derrota conocida como "la derrota de India Muerta", en un intento heroico y sobrehumano para detener a un enemigo que lo superaba en forma superlativa tanto en hombres como en efectivos. Una vez ocupada Montevideo por los invasores en 1817, al frente del llamado "Ejército de la Izquierda" que estuvo destacado en los alrededores de la plaza, Rivera hostilizó en forma continua y permanente a las fuerzas portuguesas que de allí salían. En una de esas salidas, libró un combate que la historia recuerda como "el combate del Paso del Cuello". La heroica resistencia a la invasión se quebró en sucesivas derrotas y Rivera fue el último Jefe Oriental que se rindió al enemigo en febrero de 1820 cuando ocurre la decisiva derrota de Tacuarembó y quedan prisioneros los Jefes de primer nivel que tenía Artigas, que hasta ese momento se habían destacado. Poco después de producirse el Desembarco de los Treinta y Tres Orientales, Rivera, con decisión total y sin cavilaciones, se plegó a la Cruzada Libertadora en la que se lo reconoce como Inspector General del Ejército Patriota.

En el curso de la lucha contra la dominación imperial brasileña, obtuvo la formidable victoria de Rincón y también participó en forma muy activa en otra instancia bélica destacada por nuestra historia, como lo fue la Batalla de Sarandí. Contribuyó al término de esa dominación con su notable campaña de las Misiones, sobre la que algún día tendremos que volver a profundizar para darle la trascendencia y proyección que la acción de Rivera tuvo como algo decisivo para la gestación de la independencia nacional y la afirmación de una República institucional. El talento, la inteligencia, la imaginación y el coraje de Fructuoso Rivera en las Misiones, repito, es un hecho que quizás tengamos como una deuda, y en tal sentido deberíamos profundizar para advertir los quilates de un político de primer nivel.

En esa formidable campaña de veinte días en las Misiones, en abril de 1828, pone término a esa dominación que, reitero, tiene en ese acontecimiento un hito insuperable. Esta conquista, junto con la victoria de Ituzaingó, en definitiva es lo que lleva al Emperador de Brasil a firmar la paz con las Provincias Unidas y fue el elemento determinante para precipitar la concertación de la Convención Preliminar de Paz de 1828.

En la imaginación de Fructuoso Rivera no estaba únicamente la conquista territorial, sino también el desarrollo de una estrategia donde terminara embretando al Imperio y así, con visión política manifiesta, poder lograr el objetivo por el que tantos en este país habían luchado, que era la independencia definitiva. Por su actuación decisiva y protagónica, donde seguramente se valoraron estos antecedentes, fue distinguido con el título Benemérito de la Patria. Libre, y constituida nuestra República, seguramente estos antecedentes fueron los que lo llevaron a ser electo como primer Presidente constitucional del país, luego de que la Constitución codificada de 1830, recogiendo los hechos de 1828, dio a este Estado un estatuto jurídico de nación independiente y libre. Rivera es electo por segunda vez en 1839 -mandato que se extiende hasta 1843- teniendo la oportunidad de declararle la guerra al tirano bonaerense Juan Manuel de Rosas.

La tiranía de Rosas tiene en el General Fructuoso Rivera un enemigo declarado y decidido. En el curso de esa lucha obtuvo la notable victoria de Cagancha, donde Rivera vence a las fuerzas comandadas por el General argentino Pascual Echagüe, que habían invadido la República por orden del tirano de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Obvio cualquier tipo de referencia nacional, que no hace al debate en este momento, pero sería difícil entender la presencia de la tiranía de Rosas en esas tierras si no la vinculáramos a otros acontecimientos para cuyo análisis y discusión, reitero, ya vendrá el tiempo porque siguen siendo convocantes en un país, pero no pasan por momentos de entendimiento, pacificación y trabajos comunes. Al servicio del heroico Gobierno de la Defensa -la de Melchor Pacheco, la de Joaquín Suárez, la del General Lorenzo Batlle- ese Gobierno que rescató la permanencia de valores sustantivos que la historia mantuvo en forma permanente y que se transformaron en los cimientos ideológicos de nuestra existencia como nación, estuvo el General Fructuoso Rivera durante el Sitio Grande de Montevideo, siendo derrotado en India Muerta por el entonces jefe de la tiranía rosista, el General Urquiza, lo que lo obliga a refugiarse en territorio brasileño.

Fructuoso Rivera fallece en 1854 en las proximidades del arroyo Conventos, en el departamento de Cerro largo, cuando regresaba a su patria. En su momento también deberemos abrir un debate para analizar desapasionadamente la figura del General Venancio Flores, sus luces y sus sombras, quien junto a Juan Antonio Lavalleja integraría el Triunvirato que siguió a la caída del Presidente Giró.

Entre los homenajes oficiales que se votan con motivo del deceso del General Fructuoso Rivera, se dispone que en su sepulcro se grave esta inscripción: "El pueblo oriental a su perpetuo defensor". Creo que fueron muy felices en el logro de la expresión porque seguramente, si algo fue el General Rivera, es un defensor perpetuo del pueblo oriental, de su causa independentista en su vocación justiciera y libertaria.

Por lo tanto, pocas veces es tan merecido un homenaje de esta naturaleza, en el sentido de que una institución educativa lleve el nombre de quien fue el primer Presidente de la República Oriental del Uruguay. Como habrán podido apreciar, hice omisión de otro hecho histórico tremendo y trascendente, en cuanto fue el fundador del Partido Colorado. Sin duda alguna, con este atributo de compromiso partidario cierra la configuración, reitero, de una de las personalidades que la historia uruguaya registra.

Es cuanto tenía que decir, señor Presidente, en honor a la brevedad que estas intervenciones deben tener.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: luego de este homenaje al General Rivera que le tributó el Parlamento, y de las extensas palabras vertidas por el señor Senador Fau, señalo que nuestro partido político va a votar la propuesta de que un centro educativo lleve el nombre del primer Presidente constitucional que tuvo la República. De todos modos, advierto que no lo hará por los fundamentos que señaló el señor Senador Fau. Como todo, se trata de un tema polémico y algún día, cuando la crisis del Uruguay lo permita -no creo que sea buena cosa que el Senado de la República se dedique a analizar las figuras políticas del pasado- lo podríamos discutir, más allá de que nos pueda enfrentar duramente.

Nosotros sentimos respeto por la figura del General Rivera, más allá de que tanto en el pasado como en el presente la cuestionamos en muchas de sus facetas. Insisto, no es del caso venir a empequeñecer con la discusión la figura del General Rivera, fundador del Partido Colorado.

Repito, por el respeto que naturalmente tenemos por el General Rivera, pero no por la fundamentación del señor Senador Fau, vamos a apoyar el proyecto que propone designar con su nombre la Escuela Nº 64, Rural, de Villa Militar, en el departamento de Maldonado.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: como hemos hecho siempre, aun sin consultarnos, vamos a dar nuestro voto afirmativo al proyecto de ley para designar con el nombre "Brigadier General Fructuoso Rivera" la Escuela Rural de Villa Militar, en el departamento de Maldonado.

Recientemente estuve conversando con el señor Presidente y le decía que a veces es bueno que se haga este tipo de exposiciones porque, aunque polémicas, permiten decir cosas sobre las personalidades de nuestra historia. Hace unos días estuve a punto de decir algunas cosas, porque hay episodios que deben mencionarse; no se trata de personajes lineales, de hombres de la historia, sino de personajes de su tiempo con las características de su época. Hablar de Rivera en la forma elogiosa y casi épica en que lo hizo el señor Senador Fau no se corresponde con nuestro discurso, porque me viene a la memoria el episodio de Salsipuedes; o el quinquenio que se salteó el señor Senador, es decir, entre l820 y 1825. Evidentemente, podemos hablar de ello, pero no es nuestra intención generar una polémica.

En la tarde de hoy, por ejemplo, la señora Senadora Pou fundamentó el proyecto de ley para designar una escuela con el nombre "República del Perú", a propuesta de su Comisión de Fomento En tal sentido, digo que también es bueno señalar que Perú es la patria donde se libró la última batalla contra el colonialismo español, es decir, el territorio de Ayacucho. Más allá del chiste que se generó al inicio del tratamiento del tema, ese país dio personajes como Mariátegui; el autor de "Los ríos profundos", Arguedas; Vallejo y Haya de la Torre, entre otros.

Entonces, es menester que reconozcamos a las figuras con todas las condiciones que tienen. Si hablo de Oribe -y se lo recordaba el otro día al profesor Melogno, que es autor de un libro sobre Artigas- no puedo dejar de mencionar que fue uno de los oficiales de Montevideo que se fue con el Batallón de Libertos a la Argentina en 1817 mientras Artigas seguía la guerra, pero eso no me lo disminuye como hombre que después se jugó y fue segundo jefe de los Treinta y Tres Orientales, formando parte de la historia uruguaya. Entonces, en este plano debemos tener conciencia de que tenemos que aceptarlos porque, entre otras cosas, se jugaron la vida por una causa tan importante como la independencia del país.

Este es el fundamento que deseaba dar a mi voto.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: debo decir que cuando en las Comisiones se designa un Miembro Informante, ese Legislador habla en nombre de todos los miembros de esa Comisión y, por lo tanto, no puede dar lugar -por más legítimas que sean- a sus convicciones personales, y mucho menos cuando éstas tienen que ver con parte muy importante de la historia del país.

De manera que deseo señalar que al dar mi voto a este proyecto de ley en la Comisión de Educación y Cultura, he pretendido acompañar el reconocimiento a una figura que se distinguió en la época de la lucha por la independencia y es uno de los héroes nacionales que, como todos ellos -aquí se ha señalado- tuvo sus luces y sombras. Eso alcanza; se otorga el homenaje al hombre que se distinguió, fundamentalmente, en la etapa de la lucha por la independencia del país. No corresponde entrar en consideraciones vinculadas a actuaciones partidarias cuando se habla en nombre de una Comisión integrada por Legisladores de diversos partidos políticos, y mucho menos mencionar personajes que no estaban en juego en este homenaje, como por ejemplo la figura de Venancio Flores. Sí estaba en juego la figura del General Rivera. Sin embargo, desearía que algún día entablemos un debate sobre Venancio Flores, del que hay mucho que decir y muy grande.

Señor Presidente: creo que si entramos en un debate partidario, empequeñecemos el homenaje que queremos realizar. Por ello, dejando constancia de mi manera de pensar y apreciar el informe producido, doy paso a la votación.

SEÑOR FAU.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FAU.- Como todo lo que aquí se dice, cabe el valor de lo opinable. Y en ese carácter, es opinable lo que nuestro distinguido colega, señor Senador Pereyra, acaba de expresar.

Es muy difícil hablar de alguien en el que se cree con un grado de asepsia y objetividad que no reflejaría un estado anímico e intelectual. Seguramente, el señor Senador Pereyra no podría hablar del Brigadier Oribe asépticamente; se negaría su lucha, su vida, la historia de su partido, y por eso más de una vez hemos escuchado en esta Sala informes apologéticos hacia una figura, a pesar de que ese no era el elogio que hubiéramos querido hacer. Pero el grado de tolerancia mínima que reina en estos órganos parlamentarios lleva a que comprendamos que, por ejemplo, si un marxista tiene que defender que una escuela se llame Carlos Marx, va a poner un tono y un énfasis que no van a utilizar quienes no creen en los valores de esa persona. Eso está en la naturaleza de las cosas.

En tal sentido, no puedo hablar de Fructuoso Rivera en forma aséptica; no puedo despojarlo porque me estaría negando a mí mismo, pero admito y acepto que una visión de esa naturaleza no sea compartida. Por lo tanto, señor Presidente, si la Comisión de Educación y Cultura de este Cuerpo no quiere estar representada por estas palabras, yo no la voy a violentar para que diga lo que no quiere decir. En consecuencia, solicito que el Cuerpo me autorice a retirar mi intervención en calidad de Miembro Informante para que esas palabras pasen a figurar como el fundamento que me lleva para acompañar este proyecto.

Declaro que me sorprende un grado de intolerancia de esta naturaleza. No pensé que se pudiera plantear así, pues he escuchado en esta Sala discursos defendiendo a figuras con las que tengo profundas discrepancias, pero las entiendo; es el compromiso de fe que se tiene en un partido, en un pasado, en una historia, en una figura, y eso para mí vale. En tal sentido, si se lo reconozco a los demás, estoy habilitado a reclamar el derecho de opinar sobre esta figura como pienso, y estoy convencido de lo que dije porque lo he asimilado durante mucho tiempo.

Reitero que no quiero que nadie se sienta violentado aunque me sorprende ese grado de intolerancia, pero está también en la naturaleza de las cosas que uno tenga sorpresas en el transcurso de su experiencia.

Por ende, en tanto se ha manifestado un integrante de la Comisión que dice no estar representado, tengo que liberarlo de esa obligación pidiendo que mi intervención no sea tomada como el informe de la Comisión, sino como mi punto de vista sobre la ajustadísima, oportunísima y justísima designación con el nombre del General Fructuoso Rivera a esta escuela a que hicimos mención.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- No estoy diciendo que niegue mi aprobación y mi reconocimiento al General Rivera; estoy manifestando que cuando un ciudadano integrante de un Parlamento y de una Comisión especializada brinda un informe, no lo hace a título personal.

A título personal podemos decir todo lo que queramos, pero en nombre de la Comisión debe evitarse, a mi juicio, todo aquello que sea polémico, y en determinado momento se ingresó en el terreno propicio a la polémica. Naturalmente, si siguiéramos en ese tren, empequeñeceríamos el homenaje.

No tengo nada más que agregar, señor Presidente. Adelanto que voy a votar el reconocimiento, pero no puedo admitir que se diga que actuamos con intolerancia. He señalado que Rivera es un héroe nacional y que por esa razón voto este homenaje. Ese no es un rasgo de intolerancia. Hay episodios de la historia que son discutibles, pero no es este el momento de deliberar sobre ellos. De manera que rechazo terminantemente que se me adjudique una actitud intolerante. Nunca la he practicado a lo largo de mi vida. No podrá señalar el señor Senador un solo acto de intolerancia en mi actuación político parlamentaria, a no ser que se considere intolerante el haber tenido una militancia tan dura contra la dictadura como la que tuve.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: no voy a ingresar en un debate sobre Fructuoso Rivera, más allá de que creo que sería interesante hacerlo, pero en otro ámbito, que quizá no es el Plenario de la Cámara de Senadores. Pueden darse instancias a esos efectos. De hecho, con el señor Senador Gargano estamos llevando a cabo un mini debate sobre la figura de Rivera. Pienso que sería oportuno abordarlo en otras instancias que nos diéramos para resaltar algo que se dijo tangencialmente en este ámbito. Todas las figuras históricas son discutibles y tienen distintos momentos y ángulos para analizarlas. El señor Senador Gargano decía, con razón, que cada uno es un hombre de su tiempo, y nosotros los miramos con los ojos de nuestro tiempo. Sin embargo, creo que lo único importante y a rescatar de esta discusión es que puede servir para algo a lo que hemos aspirado siempre para la educación pública, y fundamentalmente para la escuela pública uruguaya, que es el exacto contenido de la laicidad -que no significa prescindencia, sino conocimiento de todos los puntos de vista-; me refiero a que un debate de este tipo sobre una figura histórica puede servir para hacerla más persona y mucho menos bronce de lo que tantas veces se acerca a los niños o a los jóvenes.

Simplemente, deseo señalar que uno de los más interesantes ejercicios acerca del análisis histórico y de reafirmación de la laicidad en la educación, es dar a los muchachos distintos libros de diferentes autores acerca de los mismos hechos, para que vean de qué forma cada uno, como lo hizo el señor Senador Fau, desde su óptica y posicionamiento de hoy, aborda la figura de ayer. Entonces, pese a todo, creo que no ha sido ocioso este debate. Si bien no comparto que la nominación de una escuela dé lugar a un debate de este tipo, considero que podemos tomarlo por el lado de un aporte real a la reafirmación del desarrollo de un espíritu crítico en la educación. Además, muestra cómo mujeres y hombres de hoy podemos tener diversos puntos de vista acerca de esas figuras que tantas veces se convierten simplemente en un nombre, en un bronce. Los muchachos no tienen las herramientas como para formarse su propia opinión; no la del señor Senador Fau o la de los señores Senadores Gargano o Pereyra o la de quien habla, sino la que cada uno de los que aborda esa figura pueda conformarse de manera propia de acuerdo con el desarrollo de su pensamiento.

Por tanto, más allá de dramatizar esta situación que se ha dado, debemos tomar el aporte que puede dar un estudio más a fondo de esta y otras figuras históricas, alguna de ellas mencionadas por el señor Senador Fau, y otras no. Por ejemplo, me gustaría debatir sobre la figura de Juan Manuel de Rosas, pero creo que no es el momento de hacerlo ni tampoco el lugar.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"Artículo 1º.- Desígnase a la Escuela Nº 64, Rural, de Villa Militar, del departamento de Maldonado, con el nombre de `Brigadier General Fructuoso Rivera', dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

18) "MARTIN LUTHER KING"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en noveno término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se designa `Martin Luther King', la Escuela Nº 178, departamento de Montevideo. (Carp. Nº 495/01 - Rep. Nº 277/01)"

(Antecedentes:)

«Carp. N° 495/2001
Rep. N° 277/2001

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Martin Luther King" a la Escuela Nº 178 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 3 de julio de 2001.

Gustavo Penadés Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario

Ministerio de
Educación y Cultura

Montevideo, 17 de marzo de 1998.

Señor Presidente de la Asamblea General
Doctor Hugo Batalla

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo con el fin de someter a su consideración el Proyecto de Ley que se acompaña por el cual se designa con el nombre de "MARTIN LUTHER KING" a la Escuela Nº 178 del departamento de Montevideo.

La propuesta efectuada por la Dirección de la Escuela y Comisión Fomento cuenta con el informe favorable de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública quienes señalan que no existe en el Departamento otra Escuela con esa nominación.

Martin Luther King nació en Atlanta, Georgia en 1929, víctima de la segregación racial desde pequeño poco a poco fue convirtiéndose en un símbolo de la unión entre los hombres.

En 1964 recibió el Premio Nobel de la Paz, como reconocimiento del mundo a su obra a favor de los Derechos Humanos.

Murió asesinado el 4 de abril de 1968, pero nos dejó sus enseñanzas, su ideario y su ejemplo permanente.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente y por su intermedio a los demás miembros de ese Alto Cuerpo.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Antonio Guerra Caraballo.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. - Desígnase con el nombre de "MARTIN LUTHER KING" a la Escuela Nº 178 de departamento de Montevideo.

Artículo 2°. - Comuníquese, publíquese, archívese.

Antonio Guerra Caraballo.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Pou.

SEÑORA POU.- Señor Presidente: en esta oportunidad, la Comisión de Educación y Cultura trae la propuesta de designar con el nombre de "Martin Luther King" a la Escuela Nº 178 del departamento de Montevideo.

Es curioso cómo la historia entrecruza pasado y presente, en momentos en que el mundo en su comunidad internacional se reúne para hablar sobre racismo y aparentemente termina esa Conferencia en un contrasentido de acusaciones. Después de tanto tiempo parecería que los hombres y las mujeres todavía no nos entendemos acerca de qué es racismo. Sin embargo hoy, a través de la propuesta de la Comisión de Educación y Cultura, vamos a homenajear a una personalidad que justamente simboliza la lucha para desterrar el racismo.

Martin Luther King era hijo de un pastor bautista que, por supuesto, por haber nacido en el sur de los Estados Unidos, tuvo que convivir con la injusticia de la segregación desde su más tierna infancia. Es una personalidad que, a lo largo de su vida -bastante hemos leído sobre ella- recibió varias influencias. De las más decisivas, según su propio testimonio, fue la de Mahatma Gandhi, que le permitió sintetizar, hacer una simbiosis entre sus convicciones cristianas y la lucha contra la injusticia, por supuesto dirigida esencialmente a combatir el racismo, que en ese entonces anidaba en diversos sectores de la sociedad norteamericana y que lamentablemente era muy elocuente. Al día de hoy, no podríamos decir que ha sido desterrado totalmente, razón por la cual comencé hablando de la conferencia sobre el racismo que actualmente se desarrolla en la ciudad de Durban.

Cuando nuestro personaje estaba preparando su tesis doctoral en la Universidad de Boston sobre teología -es decir, desde joven era una persona llamada a fines superiores- se hace cargo, además, de la iglesia negra de Montgomery, en momentos en que el macarthismo estigmatizaba a los judíos, a los comunistas y a los negros, como chivos expiatorios de esa sociedad americana. Pero como pasó en la historia con el tiro de Sarajevo, allí hubo una gota que derramó el vaso. Se trata de la historia de una mujer negra que en Montgomery, sentada en un ómnibus -por supuesto, en ese entonces, en la parte reservada a los ciudadanos negros- se negó a levantarse para dar su lugar a un hombre blanco. Sabido es que no solamente se trataba de la segregación, porque si en un ómnibus no había más lugares disponibles para viajar sentado, un negro -o una negra, en este caso- debía ceder su lugar al blanco que estuviera de pie.

Creo que a los alumnos de esta escuela a la que se propone designar con su nombre, les va a trasmitir la sensación de que la rebeldía, cuando es por una causa justa, es algo muy bueno en el ser humano. Además, en esta oportunidad, el arresto de aquella mujer determinó lo que todos conocemos: una sublime movilización pacífica, que fue haciendo de Martin Luther King su líder natural. Pienso que como ejemplo de lo que fue la fuerza de ese medio pacífico, de esa rebeldía para oponerse a las injusticias, es bueno recordar que ni un solo negro subió a un ómnibus durante un año. Se dice fácil, pero supongo que en esa época de la vida americana, en las extensiones de ese país, no debe haber sido fácil, sino que debe haber exigido de los ciudadanos negros norteamericanos de esa zona del país un esfuerzo de todos los días. La reacción no se hizo esperar, porque la violencia brutal y directa del Ku Klux Klan dinamitó su casa; salvó su vida por milagro.

Hubo también arrestos frecuentes, y un testimonio de su propia esposa comenta lo que fue la denuncia que se le hizo por defraudación impositiva, y que a pesar de que era totalmente injusta e infundada en gente con una conciencia escrupulosa, le llegó a crear la sensación de que había alguna culpabilidad, sin saber por qué ni para qué. Sin embargo, nada de ello logró doblegar la voluntad de este personaje. Todo lo contrario: al movimiento antisegregacionista se incorporaron infinidad de blancos que comprendieron que esta no era una causa de los ciudadanos negros de los Estados Unidos, sino de los ciudadanos americanos, y punto. En un país que hasta el día de hoy, tantas veces, lo describimos como un modelo de convivencia, como se autocalifica, el "melting pot", es decir, la olla donde convergen todos esos ingredientes, finalmente se había llegado a la conciencia de que el problema negro era también un problema blanco, porque la injusticia y el oprobio constituían un problema de todos los ciudadanos norteamericanos. Los ciudadanos blancos así lo asumieron y las marchas multitudinarias que protagonizaron, finalmente triunfaron.

Cuando en 1963 el Presidente Johnson suscribe la Ley de Derechos Civiles, Martin Luther King fue invitado al acto de la firma. Y en 1964 se convierte, a los 35 años de edad, en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Pero el Ku Klux Klan y sus secuaces volvieron al ataque, suponemos, porque no podían perdonar el éxito de la fuerza pacífica de estos movimientos dirigidos por Stokely Carlmichael y encarnizadamente opuestos a la violencia.

Nuestro personaje, Martin Luther King, dejó traslucir permanentemente a partir de ese momento su sospecha de que no viviría por mucho tiempo, pero a esta altura era consciente de que ya no era dueño de su destino, sino que pertenecía a quienes lo reclamaban y lo habían acompañado. Todos conocemos el final de la historia: esta premonición se hizo realidad en un hotel de Memphis el 4 de abril de 1968, por supuesto, cuando se estaba preparando para un oficio religioso. Si se me permite decirlo, ¡qué linda muerte para un personaje como Martin Luther King!, porque uno no se lo imagina muriendo en circunstancias comunes de la vida. Sin embargo, su frase famosa, aquel sueño que evocó en aquella oración frente al monumento de Lincoln -no podía ser en otro lugar- en la ciudad de Washington, cuando realizó aquella marcha, lo va a acompañar a él, a nosotros y a la sociedad norteamericana en particular, para siempre. Es con esas palabras que quisiera terminar esta Exposición de Motivos que ha hecho que la Comisión de Educación y Cultura proponga al Senado que esta escuela lleve el nombre de Martin Luther King, quien nos dijo: "Yo tengo", aquí dice "la visión", pero prefiero decir "un sueño", "un sueño de un día en que mis cuatro hijos pequeños vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por sus méritos." Que así sea.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Desígnase `Martin Luther King' a la Escuela Nº 178 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública)."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

19) "PEDRO ARAMENDIA"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en décimo lugar del orden del día: "Proyecto de ley por el que se designa con el nombre `Pedro Aramendía' la Escuela Nº 41, del departamento de Lavalleja. (Carp. Nº 503/01 - Rep. Nº 294/01)."

(Antecedentes:)

«Carp. N° 503/2001
Rep. N° 294/2001

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Pedro Aramendía" la Escuela Nº 41 del departamento de Lavalleja, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 10 de julio de 2001.

Gustavo Penadés Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario

Ministerio de
Educación y Cultura

Montevideo, 19 de julio de 2001.

Sr. Presidente de la Asamblea General
Don Luis Hierro López

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, con el fin de someter a su consideración el proyecto de ley que se acompaña, por el cual se designa con el nombre de "Pedro Aramendía", a la Escuela Nº 41, Rural, de Poblado Pedro Aramendía, del departamento de Lavalleja.

La propuesta efectuada por la Dirección, Comisión de Fomento, padres, vecinos, ex alumnos y maestras del centro escolar, cuenta con la opinión favorable de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública.

La nominación que se propone es en reconocimiento del Sr. Pedro Aramendía, quien donó el edificio escolar actual, conjuntamente con doce hectáreas de campo para usufructo del centro docente.

El Poder Ejecutivo, saluda al Señor Presidente y por su intermedio a los demás miembros de ese Alto Cuerpo.

Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Antonio Mercader.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Desígnase con el nombre de "Pedro Aramendía", a la Escuela Nº 41, Rural, de Poblado Pedro Aramendía del departamento de Lavalleja.

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, archívese.

Antonio Mercader.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: la Comisión de Educación y Cultura ha aprobado por unanimidad este proyecto de ley por el cual se designa con el nombre "Pedro Aramendía" la Escuela Nº 41 de la 9ª Sección Judicial del departamento de Lavalleja. Se trata de una iniciativa que fue planteada en la Cámara de Representantes por el Diputado por Lavalleja, señor Raúl Argenzio.

La escuela está ubicada, como decíamos, en la 9ª Sección, en lo que también se conoce como Poblado Aramendía. Y es conocido así, precisamente, por la vinculación y la permanencia en la zona de este ciudadano, don Pedro Aramendía. En su origen, este poblado se llamaba "Poblado del Sauce", y en el año 1961, la representante por Lavalleja señora Eleasis Fernández Viera, presentó un proyecto de ley para darle el nombre de "Pueblo Aramendía", que se transformó en ley el 27 de julio de 1967.

Don Pedro Aramendía fue, como se señala en la Exposición de Motivos, un propulsor de la zona y donante de las doce hectáreas que rodean la escuela pública, para que se realizara allí una explotación granjera modelo con intervención de los escolares. Estamos, entonces, ante un homenaje por el cual se pone el nombre del donante del local de la escuela a un centro educacional, pero no debemos limitarnos a ello en el informe. Don Pedro Aramendía fue un hombre público importante que ocupó una banca en este Senado entre 1925 y 1928, y que demostró capacidad, dedicación y sacrificio. No es frecuente que los hombres de fortuna como lo era don Pedro Aramendía, abandonen la defensa de sus intereses para incursionar por el árido campo que es la acción política. Lo hizo con hidalguía, con desinterés, con altura y con vocación patriótica. Por todo ello creemos que es de estricta justicia la designación de esta Escuela, no sólo porque el terreno fue donado por don Pedro Aramendía, sino por la significación que este ciudadano tuvo en la época en que actuó en la vida social y política del país.

Muchas gracias.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: quisiera adherir al homenaje que el Senado de la República le está rindiendo, a través de la nominación de esta escuela, a don Pedro Aramendía, compartiendo en un todo las palabras pronunciadas por el señor Senador Pereyra.

Don Pedro Aramendía nació en la ciudad de Montevideo el 18 de octubre de 1872, siendo hijo de inmigrantes vascos de Navarra: don Justo Aramendía y Josefa Armendaris. No pertenecía a una familia acaudalada; debió trabajar desde muy joven en distintas actividades logrando, junto con su hermano mayor, consolidar una barraca de frutos del país llamada "B. Aramendía y Compañía", ubicada en Orillas del Plata Nº 34 de la ciudad de Montevideo.

En 1899, con su hermano Vicente, compró un campo en la 9ª Sección del entonces departamento de Minas, Paraje Sarandí de Cebollatí, que denominaron "El Palmar", y que antes había pertenecido al doctor Julio Herrera y Obes. Desde su iniciación en el establecimiento, su preocupación principal fue la de contribuir al mejoramiento de la calidad de Hereford en el Uruguay, para lo cual importaron de Inglaterra animales con las más selectas corrientes de sangre, llegando en 1934 a tener 5.300 cabezas de pedigree inscriptos.

Tuvo destacada actuación en el gremialismo agropecuario: integró la Comisión Directiva de la Asociación Rural y fue miembro fundador de la Federación Rural, y hoy se puede apreciar su retrato en un muro del antiguo local de la Avenida 18 de Julio. Se casó con doña Rosa Tellechea Sanz y de esa unión nacieron cuatro varones: Vicente, Jorge, José Pedro y Horacio.

Llegó el homenajeado a una encumbrada posición, amplió sus horizontes dirigiendo su actividad y su inteligencia a la sociedad y, como aquí muy bien ha señalado el señor Senador Pereyra, donó una escuela de varias hectáreas de terreno para la enseñanza, no sólo de las letras sino también de la granja, en el entonces llamado "Poblado del Sauce", dando así el ejemplo a las generaciones futuras por su grandeza y generosidad hacia el prójimo.

Como también lo señalaba el Miembro Informante, dedicó su esfuerzo e intelecto al bien común, ingresando en la vida pública, distrayéndose de su actividad comercial para militar en las filas del Partido Nacional. El hecho de no tener una vasta educación formal no le fue obstáculo para que descollara su energía y habilidad entre sus pares, al decir de Martín C. Martínez, Antonio Lussich y Alfredo García Morales. Fue Diputado, Senador, miembro del Consejo Nacional de Administración y Presidente del Banco de la República, ejerciendo dicho cargo hasta el día de su muerte, el 10 de noviembre de 1928. Hoy se puede apreciar en sede central de este Banco un enorme retrato al óleo de don Pedro Aramendía.

Es entonces de estricta justicia el homenaje que hoy se le rinde al designar con su nombre la Escuela Nº 41 del departamento de Lavalleja, recogiendo una iniciativa presentada por nuestro compañero, el señor representante Argenzio.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Señor Presidente: quería dejar sentada expresamente mi adhesión al homenaje que se está rindiendo en el día de hoy al distinguir a una escuela con el nombre "Pedro Aramendía"; en especial, quiero hacerlo recordando a su familia, a uno de cuyos hijos, José Pedro -quien tuvo destacadísima actuación en el Partido Nacional y que también fuera Presidente del Banco de la República- tuve el honor de conocer a raíz de compartir años de estudio y de juventud con su hijo -o sea, nieto de quien hoy homenajeamos- Pedro Aramendía Etchegaray. Con José Pedro tuve momentos inolvidables. Hoy son todos fallecidos, inclusive quien fuera mi compañero y amigo. Es por esta razón que no podía permanecer en silencio, más allá de las diferencias políticas que no vienen al caso y que siempre fueron motivo de discusiones, que recuerdo inolvidables, con mi amigo Pedro Aramendía.

En consecuencia, reitero mi apoyo y mi adhesión al homenaje que hoy se rinde a Pedro Aramendía , que hago extensivo a su familia.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Desígnase `Pedro Aramendía' la Escuela Nº 41 del departamento de Lavalleja, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Enseñanza Pública)."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

20) "BRIGADIER GENERAL MANUEL ORIBE"

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el punto que figura en décimo primer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se designa con el nombre `Brigadier General Manuel Oribe' la Escuela Nº 10 de la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja. (Carp. Nº 502/01 - Rep. Nº 293/01)."

(Antecedentes:)

«Carp. N° 502/2001
Rep. N° 293/2001

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Brigadier General Manuel Oribe", la Escuela Nº 10 de la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 10 de julio de 2001.

Gustavo Penadés Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Brigadier General Manuel Oribe", la Escuela Nº 10 de la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Montevideo, 6 de junio de 2000.

Francisco Gallinal. Representante por Lavalleja.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En 1993, la maestra directora de la Escuela Nº 10 de la ciudad de Minas, Nelly Massa de Bengochea en acuerdo con la comisión de fomento de dicho centro educativo, propuso que el mismo llevara el nombre "Brigadier General Manuel Oribe", formalizando actuaciones administrativas que, aun reiteradas años después, nunca pudieron concretarse por causas burocráticas, en proyecto legislativo.

Hemos entendido procedente reactualizar la iniciativa teniendo en cuenta que es necesario y oportuno homenajear constantemente a los héroes de nuestra Patria, más cuando son los propios ciudadanos que a través de los canales correspondientes requieren este tipo de reconocimientos.

Al reconocer a Manuel Oribe lo hacemos doblemente. Primero porque se trata de uno de los principales héroes de la Nación, Segundo Jefe de los Treinta y Tres Orientales; Presidente Constitucional de la República; instaurador de la prohibición del tráfico de esclavos; creador de la Aduana, y a través de su gestión gubernamental fue quien perfeccionó la legislación penal; creó la Academia de Jurisprudencia; reorganizó museos y bibliotecas nacionales; mejoró los servicios de vigilancia; comenzó el empedrado de Montevideo; inició las tratativas diplomáticas para la fijación de los límites con Brasil y restablecer las relaciones con España; fundó el primer sistema previsional jubilatorio y de pensiones civiles y militares de América Latina que fue modelo para la época; estableció una organización administrativa (las Comandancias Departamentales) que ya entonces preveía la descentralización territorial de acuerdo con las exigencias que la situación del país permitía en aquel momento, siendo artífice además de un sinnúmero de realizaciones que es prácticamente imposible señalar en una breve exposición.

Pero, independientemente de su vasta actuación militar, política y pública por la que se le recuerda siempre, es muy importante tener presente que en su actuación tuvo una especial inquietud en lo referente a la educación pública y a nuestro incipiente sistema educativo que comenzaba a gestarse en un país que estaba naciendo.

En momentos muy difíciles para los orientales, cuando estábamos en plena Guerra Grande, mientras atendía problemas militares y políticos, prestaba especial atención a todo lo referente a la educación popular.

Bastaría sólo con recordar que fue el fundador de la Universidad de la República tomando como base la Casa de Estudios donde se enseñaba filosofía, latín y teología.

El 30 de junio de 1837 creó por ley el primer Reglamento General de Estudios que sentó las bases para la educación primaria.

El 16 de febrero de 1850, mediante decreto, creó la Comisión de Instrucción Pública que instruyó el notable -para la época- Reglamento General de la Enseñanza donde se dice en su primer artículo nada menos que "la enseñanza primaria será gratuita y obligatoria".

En su artículo 8º se ordena la creación de una Escuela Normal y para ejercer en ella como maestro se requiere un examen previo, exigiéndose lo mismo para los educadores de institutos privados quienes también debían ser examinados por la Inspección Pública.

Pero durante el Gobierno del Cerrito también se hicieron censos para conocer nuestra realidad y determinar las carencias que en materia de ropa y útiles tenían los niños de todo el territorio.

Se solventaron becas, se fundaron bibliotecas, se construyeron, reformaron e impulsaron escuelas, se publicaron textos de estudios y se fomentó la educación secundaria.

Oribe estaba siempre informado al detalle sobre las necesidades en materia edilicia de los locales escolares y muy especialmente realizaba un denodado esfuerzo por cumplir fielmente con los salarios de los maestros.

Por eso entendemos importante resaltar -independientemente de los aspectos más conocidos de Oribe- su faceta de protector e impulsor de la instrucción pública.

Es justo e imprescindible reconocer los grandes y virtuosos esfuerzos realizados por Oribe que, con su aporte, contribuyó a la educación sentando las bases de un sistema nacional.

Esta razón munida de la inquietud de los vecinos y padres de una escuela de barrio de la ciudad de Minas nos motiva a tener presente que con su nominación estaremos ejerciendo un acto de justicia con quien dio mucho por la enseñanza.

Debemos considerar que si el Partido Nacional tiene una obligación con su fundador, la ciudadanía tiene una deuda con el Brigadier General Manuel Oribe, quien trascendió lo partidario, lo nacional y lo americano.

Montevideo, 6 de junio de 2000.

Francisco Gallinal. Representante por Lavalleja.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Pou.

SEÑORA POU.- Señor Presidente: con la especial atención del Senado, nos gustaría informar sobre un proyecto de ley que consideró la Comisión de Educación y Cultura, que fuera presentado en su momento por el entonces señor Representante Nacional Francisco Gallinal, a los efectos de designar la Escuela Nº 10 de la ciudad de Minas con el nombre "Brigadier General Manuel Oribe".

Creo que es acertada la voluntad de la comunidad -como muy bien señala el actual señor Senador Gallinal- al querer honrar a una personalidad como la de Oribe con la designación de una escuela con su nombre.

Todos aquí podemos tener distintas ideas, pensamientos y sentimientos, pero es importante saber que a los héroes de nuestro país se los toma sin beneficio de inventario, tal como son, como fueron. Considero que el homenaje que hoy le rinde el Senado a esta personalidad al indicar que el nombre de Manuel Oribe es el que va a llevar esta escuela, amerita que nosotros abordemos al personaje en lo que tuvo de grande, en su gestión hacia el futuro y en lo que tuvo de fundacional en el tema de la educación.

Manuel Oribe fue uno de los principales héroes de nuestra patria; tuvo actuación partidaria, nacional y americana. Fue el segundo jefe de los 33 Orientales, fue Presidente constitucional de nuestra República, fue quien instauró la prohibición del tráfico de esclavos, fue el creador de la Aduana y, a través de su gestión gubernamental, perfeccionó la legislación penal; creó la Academia de Jurisprudencia, reorganizó museos y bibliotecas nacionales, mejoró los servicios de vigilancia, comenzó el empedrado de Montevideo, inició las tratativas diplomáticas para la fijación de los límites con el Brasil y para reestablecer las relaciones con España; fundó el primer sistema previsional jubilatorio y de pensiones civiles de América Latina -que fue modelo para su época- y estableció una organización administrativa con las famosas comandancias departamentales, que ya entonces preveían un tema tan importante y actual como la descentralización territorial, de acuerdo con las exigencias de la situación del país en aquel momento.

A vuelo de pájaro y hablando ligero, hemos mencionado algo de todo lo que este ciudadano ejemplar realizó. Quiero aclarar que no nos es difícil mencionar solamente aquello en lo que pueda haber unanimidad con respecto al Brigadier General Oribe, porque fue mucho.

Recuerdo las palabras pronunciadas por Eduardo Víctor Haedo cada vez que pienso en el Brigadier General, sobre todo cuando tengo que hablar en un ámbito como éste. Él decía que era tan grande que no se lo podía concebir en anécdotas. Si consideramos el anecdotario que existe en torno a los personajes de esa época, podremos ver que es muy difícil encontrar una anécdota en la vida del Brigadier General Oribe; todo en él era esencial, y para ello alcanza con mirar su fotografía y los cuadros, que son casi una expresión descarnada de un hombre, y que parecen salidos de un cuadro de El Greco. Evidentemente, era una persona que tenía vocación por lo esencial.

Independientemente de su actuación militar, política y pública, creo que así como hoy proponemos su nombre para designar una escuela, también sería importante referirnos a todas las inquietudes que pudo plasmar con respecto a la educación pública y al incipiente sistema educativo que se estaba gestando en el país, que también estaba naciendo. Recordemos que mientras el Uruguay estaba enfrascado en plena Guerra Grande y el Brigadier General Oribe atendía los problemas políticos y militares, tuvo tiempo para fundar la Universidad de la República, tomando como base la casa de estudios donde se enseñaba filosofía, latín y teología. El 30 de junio de 1837 creó por ley el Primer Reglamento General de Estudios, que sentó las bases para la educación primaria. El 16 de febrero de 1850, mediante decreto, creó la Comisión de Instrucción Pública, que elaboró el notable -por lo menos para su época- Reglamento General de la Enseñanza, en cuyo primer artículo se establece, nada menos, que la enseñanza primaria será gratuita y obligatoria, perfilando así lo que fue, es, y esperemos siga siendo, una de las características de la nacionalidad oriental y de la formación de sus ciudadanos. En el artículo 8º se ordena la creación de una escuela normal, y para ejercer en ella como maestro se requiere la aprobación de un examen previo, exigiéndose lo mismo para los educadores de institutos privados, quienes también debían ser examinados por la Inspección Pública. Asombra la modernidad de sus conceptos, en cuanto a la equiparación de las exigencias entre unas y otras escuelas.

Pero fue durante el Gobierno del Cerrito que mandaron hacer censos para conocer nuestra realidad y determinar las carencias que en materia de ropa y útiles tenían los niños de todo el territorio. Algo típico de los grandes: preocuparse de los temas grandes, sin descuidar los temas pequeños, que son tan grandes a veces para tanta gente.

Se solventaron también en esta época becas, otro concepto bien moderno de equidad; se fundaron bibliotecas; se construyeron, reformaron e impulsaron escuelas; se publicaron textos de estudio y se fomentó la educación secundaria.

Según cuentan, Oribe siempre estaba informado al detalle sobre las necesidades en materia edilicia de los locales escolares, sin dejar de preocuparse, como era justo -era un hombre para quien la justicia era un valor esencial en su vida- por cumplir fielmente con los salarios de los maestros.

Por eso entendemos importante la faceta de protector e impulsor de la instrucción pública, en momentos en que estamos proponiendo al Senado el nombre del Brigadier General Manuel Oribe para que en esta escuela de Minas se honre su nombre y para que cada vez que a los alumnos de ella se les hable de quién era el Brigadier General Manuel Oribe, tengan presente lo que fue un ciudadano ejemplar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Desígnase `Brigadier General Manuel Oribe' la Escuela Nº 10 de la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública)."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

21) "MARIO ARREGUI"

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en duodécimo lugar del orden del día: "Proyecto de ley por el que se designa con el nombre `Mario Arregui' el tramo de la ruta nacional Nº 23 entre la ciudad de Trinidad e Ismael Cortinas. (Carp. Nº 469/01 - Rep. Nº 296/01)".

(Antecedentes:)

«Carp. N° 469/2001
Rep. N° 296/2001

EXPOSICION DE MOTIVOS

Mario Arregui nació en Trinidad, en 1917 y murió en Montevideo en 1985. Fue narrador, cuentista por naturaleza.

A los 16 años se trasladó a la capital y colaboró con diversos periódicos. Vuelve al interior donde se dedica a las tareas rurales. Pese a que se trata de un creador de escasa producción, su obra ha sido siempre altamente estimada por la crítica. Sus cuentos aparecieron inicialmente en dos volúmenes: Noche de San Juan y otros cuentos (1956) y Hombres y caballos (1960); luego refundidos y aumentados en un tercero, La sed y el agua (1964).

El mundo de Arregui está pendiente de una agresión serena, calculada; ese doble ingrediente comparece, por ejemplo, en relatos como Mis amigos muertos, donde la hostilidad fantasmal asume la forma de un profundo silencio.

Hay algo que distingue a Arregui de los otros descriptores del ámbito rural. Como bien ha visto Angel Rama, en Arregui "la literatura tiene algo de cauto y misterioso. Se distingue por una nota grave, que corresponde a quien acomete una tarea de dimensión moral extensa en un modo que tiene mucho que ver con una antropología".

Gustaba de la perfección de sus escritos, los cuales pule y retoca constantemente. Influenciado por Borges, frecuentemente tocado por su sombra curricular, escribió hasta 1979 en el campo, departamento de Flores.

Sus narraciones alcanzan en ocasiones tensiones muy fuertes, donde queda abierto el camino a todas las formulaciones posibles. Muchas veces el campo pierde su magia natural para convertirse en un ambiente impresionante y tremendista.

Publicó en 1964 un libro sobre el poeta Líber Falco.

Hoy con esta designación se estaría homenajeando en forma merecida a este narrador uruguayo y al legado que nos deja producto de una imaginación y sagacidad por demás elocuente.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase con el nombre Mario Arregui el tramo de la ruta nacional número 23 comprendida entre la ciudad de Trinidad e Ismael Cortinas.

Marina Arismendi. Senadora.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Creo que para todos los señores Senadores es muy conocida la figura de Mario Arregui. Nació en Trinidad y era un "poronguero", porque era habitante de la Santísima Trinidad de los Porongos, como se le llamaba a ese departamento, creado ex profeso en la década de los ochenta, en el Siglo XIX.

Fue una de las figuras más descollantes de la literatura uruguaya. Se destacó especialmente en el cuento. Su trabajo se caracteriza por ser pulido y excelente desde el punto de vista literario. Describió con una magnífica pluma lo que eran las figuras de los hombres de nuestro campo, pero también de las ciudades del interior de nuestra República.

En la Exposición de Motivos están reseñadas las obras que escribió y hasta hoy perdura su figura de hombre del interior de la República. Era una recia combinación de literato y hombre de a caballo. Precisamente, escribió un libro llamado " Hombres y Caballos". Sus cuentos constituyen material de lectura en nuestras escuelas públicas y creo que es de estricta justicia que este tramo de ruta -seguramente es la que une a Trinidad con el lugar donde él tenía un pedazo de campo- lleve su nombre.

Muchas gracias.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- A las palabras pronunciadas por el señor Senador Gargano simplemente queríamos agregar que ese tramo de la ruta entre Ismael Cortinas y Trinidad comienza -o termina- en el grupo escultórico de Martín Arregui, que está a la entrada de la ciudad de Trinidad. Por lo tanto, pensamos que éste era un buen lugar para que se encontraran ambos artistas y pudieran, entre el tramo de la ruta y el grupo escultórico, preservar lo que es un patrimonio del departamento de Flores y del Uruguay entero.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Desígnase con el nombre Mario Arregui el tramo de la ruta nacional número 23 comprendido entre la ciudad de Trinidad e Ismael Cortinas."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

22) "PUEBLO SEQUEIRA"

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en decimotercer lugar del orden del día: "Proyecto de ley por el que se eleva a la categoría de pueblo, con el nombre de `Pueblo Sequeira', el actual centro poblado existente en la 6ª Sección Judicial del departamento de Artigas, ubicado entre los kilómetros 125 y 126 de la Ruta Nacional Nº 4 `Andrés Artigas'. (Carp. Nº 1177/98 - Rep. Nº 289/01)."

(Antecedentes:)

«Carp. N° 1177/1998
Rep. N° 289/2001

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Elévase a la categoría de pueblo, con la denominación "Pueblo Sequeira", el actual centro poblado existente en la 6ª Sección Judicial del departamento de Artigas, ubicado entre los kilómetros 125 y 126 de la Ruta Nacional Nº 4 "Andrés Artigas", que une a los departamentos de Artigas y Salto.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 9 de setiembre de 1998.

Felipe Michelini 2º Vicepresidente
Martín García Nin Secretario

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Elévase a la categoría de pueblo, con la denominación "Pueblo Sequeira" el actual centro poblado existente en la 6ª Sección Judicial del departamento de Artigas, ubicado entre los kilómetros 125 y 126 de la Ruta Nº 4, que une los departamentos de Artigas y Salto.

Montevideo, 12 de agosto de 1997.

Carlos Soria Representante por Artigas, Fernando Artola Representante por Artigas.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El centro poblado Sequeira se encuentra ubicado en la 6ª Sección Judicial del departamento de Artigas, sobre la Ruta Nº 4 entre los kilómetros 125 y 126 que une los departamentos de Artigas y Salto a 85 kilómetros de la ciudad de Artigas, comprendida entre los arroyos Sequeira y Talitas.

Se encuentra enclavado desde el año 1800 como un asentamiento rural con características de población socializada y se destaca, entre otras cosas, por extenderse a ambos lados de la ruta o dicho de otra manera, la ruta cruza por el medio del poblado.

En esa zona la principal actividad económica es la producción agrícola-ganadera, destacándose la importante producción de lana, pudiéndose apreciar también una incipiente producción arrocera.

Podemos asegurar que este asentamiento ha tenido siempre una población estable y en la medida que fueron mejorando los servicios del Estado y por ende la calidad de vida de sus habitantes, se ha ido consolidando la radicación familiar, hecho este que los hace sentirse muy orgullosos de ser nativos de la zona y por su espíritu de lucha y de trabajo.

Dicho centro poblado, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 1996 cuenta con ochocientos setenta y ocho habitantes, con una distribución etaria acorde a una población con expectativa de crecimiento y desarrollo sostenido.

Cuenta con todos los servicios esenciales del Estado como ser: UTE, OSE, ANTEL, MSP y Correos, contando además con un amplio apoyo de la Intendencia y de la Junta Departamental de Artigas. Tiene un servicio permanente de la Policía, con un destacamento ubicado en el centro del asentamiento desde el año 1920. Existe también un grupo de viviendas que fueron construidas a través de un convenio entre la Intendencia Municipal y el Banco Hipotecario del Uruguay.

Existe un Centro Educativo Integrado Experimental que abarca el primer y segundo ciclo de la enseñanza con más de doscientos alumnos, en el local de la Escuela Rural Nº 28 que se inició en el año 1921 y el segundo ciclo se instaló a partir del año 1992.

La actividad comercial está compuesta por varios comercios que cubren todos los rubros indispensables para una demanda normal de este tipo de asentamientos.

Para la actividad social y cultural cuenta con un salón comunal con amplias comodidades al servicio de toda la población.

El presente proyecto de ley tiene, por lo tanto, la finalidad y el objetivo de declarar "Pueblo Sequeira" este asentamiento, tratando de contemplar las aspiraciones y deseos de todos sus habitantes, como así también el deseo de todos los artiguenses.

Montevideo, 12 de agosto de 1997.

Carlos Soria Representante por Artigas, Fernando Artola Representante por Artigas.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: este proyecto de ley que ha sido aprobado por la Cámara de Representantes y que consta de un artículo único, eleva a la categoría de pueblo, con la denominación "Pueblo Sequeira", el actual centro poblado existente en la 6ª Sección Judicial del departamento de Artigas, ubicado entre los kilómetros 125 y 126 de la Ruta Nacional Nº 4 "Andrés Artigas", que une a los departamentos de Artigas y Salto.

Esta es una necesidad muy sentida por los pobladores de la zona. De acuerdo al censo del año 1996, cuenta con 878 habitantes y posee todos los servicios esenciales, como ser energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, salud pública y correos. Además, cuenta con un permanente apoyo de la Intendencia y de la Junta Departamental de Artigas.

Por otra parte debemos destacar que allí existe un Centro Educativo Integrado Experimental que abarca el primer y segundo ciclo de la enseñanza, con más de 200 alumnos y que funciona en el local de la Escuela Rural Nº 28, que se inició en el año 1921, instalándose el segundo ciclo a partir del año 1992.

Debemos destacar que este centro poblado tiene su origen en el año 1800 por lo que, reitero, esta es una necesidad muy sentida por sus pobladores. Por estos motivos pensamos que el Parlamento, en este caso el Senado, hace justicia en darle la categoría de pueblo al centro poblado Sequeira.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Elévase a la categoría de pueblo, con la denominación `Pueblo Sequeira', el actual centro poblado existente en la 6ª Sección Judicial del departamento de Artigas, ubicado entre los kilómetros 125 y 126 de la Ruta Nacional Nº 4 `Andrés Artigas', que une a los departamentos de Artigas y Salto."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

23) CONVENCION SOBRE LA PROTECCION FISICA DE LOS MATERIALES NUCLEARES

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en decimocuarto lugar del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares. (Carp. Nº 880/97 - Rep. Nº 297/01)."

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 880/97
Rep. Nº 297/01

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de Industria,
Energía y Minería

Montevideo, 31 de octubre de 2000.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje de fecha 30 de setiembre de 1997 que se adjunta, por el cual se solicita la aprobación parlamentaria de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares adoptada el 26 de octubre de 1979; abierta a la firma en la Sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Viena y en la Sede de las Naciones Unidas a partir del 3 de marzo de 1980.

Al continuar en vigencia para los intereses y el prestigio internacional de la República los fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación del mismo.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Jorge Batlle Ibáñez, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Didier Opertti, Antonio Mercader, Sergio Abreu.

Montevideo, 31 de octubre de 2000.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares adoptada el 26 de octubre de 1979; abierta a la firma en la Sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Viena y en la Sede de las Naciones Unidas a partir del 3 de marzo de 1980.

Didier Opertti, Antonio Mercader, Sergio Abreu.

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de Industria,
Energía y Minería

Montevideo, 30 de setiembre de 1997.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el que se aprueba la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares adoptada el 26 de octubre de 1979; abierta a la firma en la Sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Viena y en la sede de las Naciones Unidas a partir del 3 de marzo de 1980.

Compuesta de 22 artículos y un Anexo, la mencionada Convención plantea soluciones interesantes destacándose entre las disposiciones más importantes las normas que disponen que los Estados Partes no exporten ni importen, ni autoricen la exportación o la importación de materiales nucleares utilizados para fines pacíficos, a no ser que se haya recibido la seguridad de que tal material será protegido durante el transporte internacional a niveles prescriptos en el Anexo de la Convención.

Además, requiere que cada Estado Parte tome medidas apropiadas para asegurar que el material nuclear transportado internacionalmente esté protegido cuando dicho material esté dentro de su territorio, o a bordo de un buque bajo su jurisdicción y encargado de transportarlo de o hacia algún tercer Estado.

Asimismo, se estipula un sistema de cooperación entre Estados Partes para proteger el material nuclear de intentos o amenazas de hurto y colaborar en su recuperación en caso de que sea robado.

Por otra parte la Convención define ciertos ilícitos que tienen por objeto material nuclear, debiendo cada Estado Parte considerar punibles estos delitos mediante la imposición de penas apropiadas, teniendo en cuenta la gravedad de los mismos. Cada Estado Parte tomará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción (artículo 8º) siempre y cuando no proceda el Instituto de la extradición. El artículo 11 indica específicamente que los delitos mencionados en el artículo 7º se considerarán incluidos entre aquellos que dan lugar a extradición en todo Tratado de esa naturaleza que pueda ser concertado entre los Estados Parte.

De esta forma, la Convención busca una mayor protección en el transporte de materiales nucleares, creando para los Estados Partes la obligación de crear figuras delictivas para contemplar las conductas ilícitas de los que pretenden sustraer o realizar atentados contra materiales nucleares.

Es positivo destacar que se está implantando un procedimiento de prevención contra delitos graves o que atenten contra la paz y la seguridad internacional, asegurándose de esta forma el uso pacífico de la energía nuclear, de conformidad con lo expresado en el Preámbulo de este Acuerdo.

Por tanto y en el entendido de que la presente Convención constituirá, sin duda alguna, un instrumento eficaz para alcanzar los objetivos y fines propuestos en la misma, se solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo, reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, lucen firmas.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Apruébase la Convención sobre la Protección Física de Materiales Nucleares, adoptada el 26 de octubre de 1979; abierta a la firma en la Sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Viena y en la Sede de las Naciones Unidas a partir del 3 de marzo de 1980.

Art. 2º. - Comuníquese, etc.

Lucen firmas.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El presente tratado refiere a la aprobación de la Convención sobre la Protección de los Materiales Nucleares, adoptada el 26 de octubre de 1979, abierta a la firma en la sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Viena y en la Sede de las Naciones Unidas a partir del 3 de marzo de 1980.

Objeto del Tratado. El artículo 4º -incisos 1 y 2- refiere a que los Estados Parte no exportarán ni autorizarán la exportación y no importarán ni autorizarán la importación de materiales nucleares a menos que hayan recibido la seguridad de que los niveles de protección física descritos en el Anexo 1 (parte integrante del Tratado) se aplicarán a esos materiales durante el transporte nuclear internacional.

Como lo expresa el artículo 2º, la presente Convención se aplicará a los materiales nucleares utilizados con fines pacíficos, cuando sean objeto de transporte nuclear internacional. En el artículo 1º se define lo que se entiende por "materiales nucleares" y "transporte internacional".

El artículo 3º establece que cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias para asegurarse, en la medida de lo posible, de que los materiales nucleares que se encuentren en su territorio, o a bordo de un buque o aeronave bajo su jurisdicción, quedan protegidos a los niveles descritos en el Anexo 1.

Delitos definidos por la Convención. El artículo 7º describe los delitos que cada Estado deberá considerar punibles mediante la imposición de penas apropiadas a su gravedad.

Los delitos tipificados son:

a) un acto que consista en recibir, poseer, usar, transferir, alterar, evacuar o dispersar materiales nucleares sin autorización legal, si tal acto causa o es probable que cause, la muerte o lesiones graves a una persona o daños materiales sustanciales;

b) hurto o robo de materiales nucleares;

c) malversación de materiales nucleares o su obtención mediante fraude;

d) un acto que consista en la exacción de materiales nucleares mediante amenaza o uso de violencia o mediante cualquier otra forma de intimidación;

e) una amenaza de:

i) utilizar materiales nucleares para causar la muerte o lesiones graves a una persona o daños materiales sustanciales;

ii) cometer uno de los delitos mencionados en el apartado b) a fin de obligar a una persona física o jurídica, a una organización internacional o a un Estado a hacer algo o a abstenerse de hacer algo;

f) una tentativa de cometer uno de los delitos mencionados en los apartados a), b) o c) y,

g) un acto que consista en participar en cualquiera de los delitos mencionados en los apartados a) a f).

Aplicable al ámbito nacional. El artículo 2.2 establece: "Con excepción de los artículos 3º y 4º, y del párrafo 3 del artículo 5º, la presente Convención se aplicará también a los materiales nucleares utilizados con fines pacíficos, cuando sean objeto de utilización, almacenamiento y transporte nacionales.

Artículo 4.4: Los Estados Parte aplicarán en el marco de sus respectivas legislaciones nacionales los niveles de protección física descritos en el Anexo 1 a los materiales nucleares que se transporten de una región a otra del mismo Estado a través de aguas o espacio aéreo internacionales.

Extradición. El artículo 11 establece que los delitos indicados en el artículo 7º se consideran incluidos entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición concertado entre los Estados Parte. Los Estados Parte se comprometen a incluir dichos delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que concierten en el futuro.

El inciso 4 de este artículo expresa que a los efectos de la extradición entre Estados Parte se considerará que cada uno de los delitos se ha cometido no solamente en el lugar donde ocurrió, sino también en el territorio de los Estados Parte.

Jurisdicción. Según el artículo 8º cada Estado deberá establecer las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos indicados en el artículo 7º, en los siguientes casos:

a) Si el delito ha sido cometido en el territorio de ese Estado o a bordo de un buque o aeronave matriculado en ese Estado;

b) Si el presunto delincuente es nacional de ese Estado.

Cooperación en Materia Penal. El artículo 13 establece el deber de ayuda posible en lo que respecta a todo el procedimiento penal relativo a los delitos previstos en el artículo 7º.

Conferencia de Estados Parte. Transcurridos 5 años de entrada en vigor la presente Convención, según indica el artículo 16, el depositario del tratado convocará a una Conferencia de Estados Parte para que revisen su aplicación y vean si es adecuada a los objetivos buscados, a la luz de la situación que entonces prevalezca.

Solución de controversias. El artículo 17 establece, en el inciso primero, que para el caso de controversias entre dos o más Estados Parte en la presente Convención, con respecto a su interpretación o aplicación, dichos Estados Parte celebrarán consultas con el fin de solucionar la controversia mediante la negociación o por cualquier otro medio pacífico de resolver controversias que sea aceptable para todas las partes en la controversia.

El inciso 2 establece que la controversia que no se solucione en la forma suscrita en el inciso 1, deberá a petición de cualquiera de las partes en dicha controversia, someterse a arbitraje o remitirse a la Corte Internacional de Justicia para que decida.

Entrada en vigor. La presente Convención entrará en vigor, según lo dice el inciso 1 del artículo 19, el trigésimo día a partir de la fecha de depósito del vigésimo primer instrumento de ratificación, aceptación o aprobación en poder del depositario.

Para los Estados Partes que adhieran a la presente Convención después de la fecha de depósito del vigésimo primer instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que dicho Estado haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

Denuncia. Un Estado Parte podrá denunciar la presente Convención, según lo establece el artículo 21, notificándolo por escrito al depositario. La denuncia surtirá efecto transcurridos ciento ochenta días a partir de la fecha.

Con la aprobación de la presente Convención sin duda se avanzará en la búsqueda de una mayor protección del transporte de materiales nucleares, dada la importancia creciente de una protección física eficaz de los mismos. Con la obligación de crear figuras delictivas a los Estados Parte, que castigan las conductas ilícitas, se está implantando un procedimiento de prevención contra los delitos que puedan cometerse en relación con los materiales nucleares, reafirmándose lo expresado en el preámbulo de la presente Convención, el uso pacífico de la energía nuclear.

Por lo anteriormente expuesto, esta Asesora recomienda al Cuerpo la aprobación de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares.

Sala de la Comisión, el 23 de agosto de 2001.

Alberto Couriel (Miembro Informante), Reinaldo Gargano, Pablo Millor, Carlos Julio Pereyra, Wilson Sanabria, Juan Adolfo Singer. Senadores.

CONVENCION SOBRE LA PROTECCION FISICA DE LOS MATERIALES
NUCLEARES LOS ESTADOS PARTE EN LA PRESENTE CONVENCION,

RECONOCIENDO el derecho de todos los Estados a desarrollar y emplear la energía nuclear con fines pacíficos y su legítimo interés en los beneficios potenciales que pueden derivarse de los usos pacíficos de la energía nuclear,

CONVENCIDOS de la necesidad de facilitar la cooperación internacional en los usos pacíficos de la energía nuclear,

DESEANDO prevenir los peligros que puede plantear el uso o apoderamiento ilegal de materiales nucleares,

CONVENCIDOS de que los delitos que puedan cometerse en relación con los materiales nucleares son motivo de grave preocupación y de que es necesario adoptar con urgencia medidas apropiadas y eficaces para asegurar la prevención, descubrimiento y castigo de tales delitos,

CONVENCIDOS DE LA NECESIDAD de la cooperación internacional para poder establecer medidas efectivas para la protección física de los materiales nucleares, de conformidad con la legislación nacional de cada Estado Parte y con las disposiciones de la presente Convención,

CONVENCIDOS de que la presente Convención facilitará la transferencia segura de materiales nucleares,

RECALCANDO también la importancia de la protección física de los materiales nucleares cuando sean objeto de utilización, almacenamiento y transporte nacionales,

RECONOCIENDO la importancia de la protección física eficaz de los materiales nucleares utilizados con fines militares, y en el entendimiento de que dichos materiales son y seguirán siendo objeto de una protección física rigurosa,

HAN CONVENIDO lo siguiente:

Artículo

Para los efectos de la presente Convención:

a) Por "materiales nucleares" se entiende el plutonio, excepto aquél cuyo contenido en el isótopo plutonio-238 exceda del 80%, el uranio-233, el uranio enriquecido en los isótopos 235 ó 233, el uranio que contenga la mezcla de isótopos presentes en su estado natural, pero no en forma de mineral o de residuos de mineral, y cualquier material que contenga uno o varios de los materiales citados;

b) Por "uranio enriquecido en los isótopos 235 ó 233" se entiende el uranio que contiene los isótopos 235 ó 233, o ambos, en cantidad tal que la razón de abundancia entre la suma de estos isótopos y el isótopo 238 sea mayor que la razón entre el isótopo 235 y el isótopo 238 en el estado natural;

c) Por "transporte nuclear internacional" se entiende la conducción de una consignación de materiales nucleares en cualquier medio de transporte que vaya a salir del territorio del Estado en el que la expedición tenga su origen, desde el momento de la salida desde la instalación del remitente en dicho Estado hasta el momento de la llegada a la instalación del destinatario en el Estado de destino final.

Artículo 2º

1. La presente Convención se aplicará a los materiales nucleares utilizados con fines pacíficos, cuando sean objeto de transporte nuclear internacional.

2. Con excepción de los artículos 3º y 4º, y del párrafo 3 del artículo 5º, la presente Convención se aplicará también a los materiales nucleares utilizados con fines pacíficos, cuando sean objeto de utilización, almacenamiento y transporte nacionales.

3. Independientemente de los compromisos que los Estados Parte hayan asumido explícitamente con arreglo a los artículos indicado en el párrafo 2 del presente artículo en lo que respecta a los materiales nucleares utilizados con fines pacíficos cuando sean objeto de utilización, almacenamiento y transporte nacionales, ninguna disposición de la presente Convención podrá interpretarse de modo que afecte a los derechos soberanos de un Estado con respecto a la utilización, almacenamiento y transporte nacionales de dichos materiales nucleares.

Artículo 3º

Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas en el marco de su legislación nacional y de conformidad con el derecho internacional para asegurarse, en la mayor medida posible, de que, durante el transporte nuclear internacional, los materiales nucleares que se encuentren en su territorio, o a bordo de un buque o de una aeronave bajo su jurisdicción en tanto que dicho buque o dicha aeronave estén dedicados al transporte a ese Estado o desde ese Estado, quedan protegidos a los niveles descritos en el Anexo I.

Artículo 4º

1. Los Estados Parte no exportarán ni autorizarán la exportación de materiales nucleares a menos que hayan recibido la seguridad de que los niveles de protección física descritos en el Anexo I se aplicarán a esos materiales durante el transporte nuclear internacional.

2. Los Estados Partes no importarán ni autorizarán la importación de materiales nucleares desde un Estado que no sea Parte en la presente Convención, a menos que hayan recibido la seguridad de que los niveles de protección física descritos en el Anexo I se aplicarán a esos materiales durante el transporte nuclear internacional.

3. Un Estado Parte no permitirá el tránsito por su territorio por tierra o vías acuáticas internas, ni a través de sus aeropuertos o de sus puertos marítimos, de materiales nucleares que se transporten entre Estados que no sean Parte en la presente Convención, a menos que el Estado Parte haya recibido la seguridad, en la medida de lo posible, de que los niveles de protección física descritos en el Anexo I se aplicarán a esos materiales nucleares durante el transporte nuclear internacional.

4. Los Estados Parte aplicarán en el marco de sus respectivas legislaciones nacionales los niveles de protección física descritos en el Anexo I a los materiales nucleares que se transporten de una región a otra del mismo Estado a través de aguas o espacio aéreo internacionales.

5. El Estado Parte que haya de recibir la seguridad de que los niveles de protección física descritos en el Anexo I se aplicarán a los materiales nucleares conforme a los párrafos 1 a 3, determinará cuáles son los Estados cuyo territorio se prevé que los materiales nucleares atravesarán por vía terrestre o por vías acuáticas internas, o en cuyos aeropuertos o puertos marítimos se prevé que entrarán, y lo notificará de antemano a dichos Estados.

6. La responsabilidad de obtener la seguridad mencionada en el párrafo 1 se puede transferir, por mutuo acuerdo, al Estado Parte que intervenga en el transporte en calidad de Estado importador.

7. Ninguna disposición del presente artículo podrá interpretarse de manera que afecte a la soberanía territorial y a la jurisdicción de un Estado, inclusive sobre su espacio aéreo y su mar territorial.

Artículo

1. Los Estados Parte determinarán y comunicarán a los demás Estados Parte, directamente o por conducto del Organismo Internacional de Energía Atómica, cuál es su autoridad nacional y servicios a los que incumba la protección física de los materiales nucleares y la coordinación de las actividades de recuperación y de intervención en caso de retirada, utilización o alteración no autorizadas de materiales nucleares, o en caso de amenaza verosímil de uno de estos actos.

2. En caso de hurto, robo o cualquier otro apoderamiento ilícito de materiales nucleares, o en caso de amenaza verosímil de uno de estos actos, los Estados Parte, de conformidad con su legislación nacional, proporcionarán cooperación y ayuda en la mayor medida posible para la recuperación y protección de estos materiales a cualquier Estado que se lo pida. En particular:

a) un Estado Parte adoptará medidas apropiadas para notificar tan pronto como sea posible a otros Estados que considere interesados todo hurto, robo u otro apoderamiento ilícito de materiales nucleares o amenaza verosímil de uno de estos actos, así como para notificarlo, cuando proceda, a las organizaciones internacionales;

b) conforme proceda, los Estados Parte interesados cambiarán informaciones, entre ellos o con organizaciones internacionales, con miras a proteger los materiales nucleares amenazados, a verificar la integridad de los contenedores de transporte, o a recuperar los materiales nucleares objeto de apoderamiento ilícito y:

i) coordinarán sus esfuerzos utilizando la vía diplomática y otros conductos convenidos;

ii) prestarán ayuda, si se les pide;

iii) asegurarán la devolución de los materiales nucleares que se hayan robado o que falten como consecuencia de los actos antes mencionados.

La manera de llevar a la práctica esta cooperación la determinarán los Estados Parte interesados.

3. Los Estados Partes cooperarán y se consultarán como proceda, directamente entre ellos o por conducto de organizaciones internacionales, con miras a obtener asesoramiento acerca del diseño, mantenimiento y perfeccionamiento de los sistemas de protección física de los materiales nucleares en el transporte internacional.

Artículo 6º

1. Los Estados Partes adoptarán las medidas apropiadas compatibles con su legislación nacional para proteger el carácter confidencial de toda información que reciban con ese carácter de otro Estado Parte en virtud de lo estipulado en la presente Convención o al participar en una actividad destinada a aplicar la presente Convención. Si los Estados Partes facilitan confidencialmente información a organizaciones internacionales, se adoptarán medidas para asegurarse de que el carácter confidencial de esa información queda protegido.

2. La presente Convención no exigirá a los Estados Parte que faciliten información alguna que no se les permita comunicar en virtud de la legislación nacional o cuya comunicación comprometa la seguridad del Estado de que se trate o la protección física de los materiales nucleares.

Artículo 7º

1. La comisión intencionada de:

a) un acto que consista en recibir, poseer, usar, transferir, alterar, evacuar o dispersar materiales nucleares sin autorización legal, si tal acto causa, o es probable que cause, la muerte o lesiones graves a una persona o daños materiales sustanciales;

b) hurto o robo de materiales nucleares;

c) malversación de materiales nucleares o su obtención mediante fraude;

d) un acto que consista en la exacción de materiales nucleares mediante amenaza o uso de violencia o mediante cualquier otra forma de intimidación;

e) una amenaza de:

i) utilizar materiales nucleares para causar la muerte o lesiones graves a una persona o daños materiales sustanciales;

ii) cometer uno de los delitos mencionados en el apartado b) a fin de obligar a una persona física o jurídica, a una organización internacional o a un Estado a hacer algo o a abstenerse de hacer algo;

f) una tentativa de cometer uno de los delitos mencionados en los apartados a), b) o c), y

g) un acto que consista en participar en cualquiera de los delitos mencionados en los apartados a) a f),

será considerada como delito punible por cada Estado Parte en virtud de su legislación nacional.

2. Cada Estado Parte deberá considerar punibles los delitos descritos en el presente artículo mediante la imposición de penas apropiadas que tengan en cuenta la gravedad de su naturaleza.

Artículo 8º

1. Cada Estado Parte tomará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos indicados en el artículo 7º en los siguientes casos:

a) Si el delito ha sido cometido en el territorio de ese Estado o a bordo de un buque o aeronave matriculado en ese Estado;

b) Si el presunto delincuente es nacional de ese Estado.

2. Cada Estado Parte tomará asimismo las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción sobre dichos delitos en los casos en que el presunto delincuente se encuentre en su territorio y no proceda a su extradición, de conformidad con el artículo 11, a ninguno de los Estados mencionados en el párrafo 1.

3. La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida de acuerdo con la legislación nacional.

4. Además de los Estados Parte mencionados en los párrafos 1 y 2, un Estado Parte que intervenga en el transporte nuclear internacional en tanto que Estado exportador o Estado importador de los materiales nucleares, puede establecer su jurisdicción, en términos compatibles con el derecho internacional, sobre los delitos enumerados en el artículo 7º.

Artículo 9º

El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente, si considera que las circunstancias lo justifican, tomará las medidas apropiadas, inclusive la detención, de acuerdo con su legislación nacional, para asegurar su presencia a efectos de procesamiento o extradición. Las medidas tomadas en virtud del presente artículo se notificarán sin demora a los Estados que hayan de establecer la jurisdicción según el artículo 8º y, cuando proceda, a todos los demás Estados interesados.

Artículo 10

El Estado Parte en cuyo territorio se halle el presunto delincuente, si no procede a su extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes, sin excepción alguna ni demora injustificada, a efectos del procesamiento, según los procedimientos que prevea la legislación de dicho Estado.

Artículo 11

1. Los delitos indicados en el artículo 7º se considerarán incluidos entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición concertado entre Estados Parte. Los Estados Parte se comprometen a incluir dichos delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que concierten entre sí en el futuro.

2. Si un Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el cual no tiene tratado de extradición, podrá discrecionalmente considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria para la extradición referente al delito. La extradición estará sujeta a las demás condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido.

3. Los Estados Parte que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos como casos de extradición entre ellos, con sujeción a las condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido.

4. A los efectos de la extradición entre Estados Parte, se considerará que cada uno de los delitos se ha cometido no solamente en el lugar donde ocurrió sino también en el territorio de los Estados Parte obligados a establecer su jurisdicción de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 8º.

Artículo 12

Toda persona respecto de la cual se sustancie un procedimiento en relación con cualquiera de los delitos previstos en el artículo 7º gozará de las garantías de un trato justo en todas las fases del procedimiento.

Artículo 13

1. Los Estados Parte se prestarán la mayor ayuda posible en lo que respecta a todo procedimiento penal relativo a los delitos previstos en el artículo 7º, inclusive el suministro de las pruebas necesarias para el procedimiento que obren en su poder. La ley del Estado requerido se aplicará en todos los casos.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no afectará a las obligaciones que se derivan de cualquier otro tratado bilateral o multilateral que regule o pueda regular, en todo o en parte, lo relativo a la ayuda mutua en materia penal.

Artículo 14

1. Cada Estado Parte informará al depositario acerca de las leyes y reglamentos que den vigencia a la presente Convención. El depositario comunicará periódicamente dicha información a todos los Estados Parte.

2. El Estado Parte en el que se procese al presunto delincuente comunicará, siempre que sea posible, el resultado final de la acción penal en primer lugar a los Estados directamente interesados. Dicho Estado Parte comunicará también el resultado final al depositario, quien informará en consecuencia a todos los Estados.

3. Cuando en un delito estén implicados materiales nucleares utilizados con fines pacíficos en su transporte, almacenamiento o utilización nacionales, y tanto el presunto delincuente como los materiales nucleares permanezcan en el territorio del Estado Parte en el que se cometió el delito, ninguna de las disposiciones de la presente Convención se interpretará en el sentido de que obligue a dicho Estado Parte a facilitar información acerca de los procedimientos penales incoados a raíz de dicho delito.

Artículo 15

Los Anexos de la presente Convención constituyen parte integrante de ella.

Artículo 16

1. Cinco años después de que entre en vigor la presente Convención, el depositario convocará una conferencia de Estados Parte para que revisen su aplicación y vean así es adecuada, en lo que respecta al preámbulo, al conjunto de la parte dispositiva y a los anexos, a la luz de la situación que entonces prevalezca.

2. Posteriormente, a intervalos no menores de cinco años, la mayoría de los Estados Parte podrán obtener, presentando una propuesta a tal efecto al depositario, la convocatoria de nuevas conferencias con la misma finalidad.

Artículo 17

1. En caso de controversia entre dos o más Estados Parte en la presente Convención con respecto a su interpretación o aplicación, dichos Estados Parte celebrarán consultas con el fin de solucionar la controversia mediante negociación o por cualquier otro medio pacífico de resolver controversias que sea aceptable para todas las partes en la controversia.

2. Toda controversia de esta naturaleza que no pueda ser resuelta en la forma prescrita en el párrafo 1 deberá, a petición de cualquiera de las partes en dicha controversia, someterse a arbitraje o remitirse a la Corte Internacional de Justicia para que decida. Si se somete una controversia a arbitraje y dentro de un plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje las partes en la controversia no consiguen ponerse de acuerdo para organizarlo, cualquiera de ellas podrá pedir al Presidente de la Corte Internacional de Justicia o al Secretario General de las Naciones Unidas que nombre uno o más árbitros. En caso de que las partes en la controversia se hubieran dirigido a ambos, la solicitud de arbitraje dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas tendrá prioridad.

3. Todo Estado Parte podrá declarar en el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de su adhesión a ella, que no se considera obligado por cualquiera o por ninguno de los procedimientos para la solución de controversias estipulados en el párrafo 2. Los demás Estados Parte no quedarán obligados por un procedimiento para la solución de controversias estipulado en dicho párrafo con respecto a un Estado Parte que haya formulado una reserva acerca de dicho procedimiento.

4. Un Estado Parte que haya formulado una reserva con arreglo al párrafo 3 podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al depositario.

Artículo 18

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados en la Sede del Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena y en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York a partir del 3 de marzo de 1980, hasta que entre en vigor.

2. La presente Convención está sujeta a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados signatarios.

3. Después de su entrada en vigor, la presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados.

4. a) La presente Convención estará abierta a la firma o adhesión de las organizaciones internacionales y organizaciones regionales de carácter integrado o de otro carácter, siempre que dichas organizaciones estén constituidas por Estados soberanos y tengan competencia para negociar, concluir y aplicar acuerdos internacionales en las cuestiones a que se refiere la presente Convención.

b) En las cuestiones que sean de su competencia, dichas organizaciones, en su propio nombre, ejercitarán los derechos y cumplirán las obligaciones que la presente Convención atribuye a los Estados Parte.

c) Cuando pasen a ser Parte en la presente Convención, dichas organizaciones comunicarán al depositario una declaración indicando cuáles son sus Estados Miembros y qué artículos de la presente Convención no son aplicables a la organización.

d) Una organización de esta índole no tendrá ningún derecho de voto aparte y además de los que correspondan a sus Estados Miembros.

5. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en poder del depositario.

Artículo 19

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha de depósito del vigésimo primer instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, en poder del depositario.

2. Para cada uno de los Estados que ratifiquen, acepten o aprueben la presente Convención o se adhieran a ella después de la fecha de depósito del vigésimo primer instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, la presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que dicho Estado haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

Artículo 20

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16, un Estado Parte podrá proponer enmiendas de la presente Convención. Las enmiendas propuestas se presentarán al depositario, el cual las comunicará inmediatamente a todos los Estados Parte. Si la mayoría de los Estados Parte pide al depositario que convoque una conferencia para examinar las enmiendas propuestas, el depositario invitará a todos los Estados Parte a asistir a tal conferencia, la cual comenzará no antes de que hayan transcurrido treinta días desde la fecha en que se hayan cursado las invitaciones. Toda enmienda que haya sido aprobada en la conferencia por mayoría de dos tercios de todos los Estados Parte la comunicará inmediatamente el depositario a todos los Estados Parte.

2. La enmienda entrará en vigor, para cada Estado Parte que deposite su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la enmienda, el trigésimo día a contar desde la fecha en que dos tercios de los Estados Parte hayan depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación en poder del depositario. Posteriormente, la enmienda entrará en vigor para cualquier otro Estado Parte el día en que ese Estado Parte deposite su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la enmienda.

Artículo 21

1. Un Estado Parte podrá denunciar la presente Convención notificándolo por escrito al depositario.

2. La denuncia surtirá efecto transcurridos ciento ochenta días a partir de la fecha en que el depositario haya recibido la notificación.

Artículo 22

El depositario notificará prontamente a todos los Estados:

a) cada firma de la presente Convención;

b) cada depósito de un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión;

c) cualquier reserva que se haya formulado o se retire de conformidad con el artículo 17;

d) cualquier comunicación que haga una organización de conformidad con el párrafo 4 c) del artículo 18;

e) la entrada en vigor de la presente Convención;

f) la entrada en vigor de cualquier enmienda de la presente Convención, y

g) cualquier denuncia que se haga con arreglo al artículo 21.

Artículo 23

El original de la presente Convención, cuyos textos árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica, quien enviará copias certificadas a todos los Estados.

EN FE DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado la presente Convención, que se abre a la firma en Viena y Nueva York el día 3 de marzo de 1980.

ANEXO I

Niveles de protección física que habrán de aplicarse durante el transporte internacional
de materiales nucleares según la clasificación del Anexo II

1. Los niveles de protección física de los materiales nucleares durante su almacenamiento con ocasión del transporte nuclear internacional comprenderán las siguientes medidas:

a) Cuando se trate de materiales de la Categoría III, almacenamiento en una zona cuyo acceso esté controlado;

b) Cuando se trate de materiales de la Categoría II, almacenamiento en una zona sometida a constante vigilancia mediante personal de guarda o dispositivos electrónicos y rodeada por una barrera física con un número limitado de entradas adecuadamente controladas o en cualquier zona con un nivel equivalente de protección física;

c) Cuando se trate de materiales de la Categoría I, almacenamiento en una zona protegida, conforme se la define para los materiales de la Categoría II en el apartado anterior, a la cual, además, solo podrán tener acceso las personas cuya probidad se haya determinado, y que esté vigilada por personal de guarda que se mantenga en estrecha comunicación con equipos apropiados de intervención en caso de emergencia. Las medidas especificadas que se adopten en este sentido deberán tener por objeto la detección y prevención de todo asalto, acceso no autorizado o retirada no autorizada de materiales.

2. Los niveles de protección física de los materiales nucleares durante su transporte internacional comprenderán las siguientes medidas:

a) Cuando se trate de materiales de las Categorías II y III, el transporte tendrá lugar bajo precauciones especiales, inclusive arreglos previos entre el remitente, el destinatario y el transportista y arreglos previstos entre las personas físicas o jurídicas sometidas a la jurisdicción y a las reglamentaciones de los Estados exportador e importador, con especificación del momento, lugar y procedimientos para la transferencia de la responsabilidad respecto del transporte;

b) Cuando se trate de materiales de la Categoría I, el transporte tendrá lugar bajo las precauciones especiales indicadas en el apartado anterior para el transporte de materiales de las Categorías II y III y, además, bajo la vigilancia constante de personal de escolta y en condiciones que aseguren una estrecha comunicación con equipos apropiados de intervención en caso de emergencia;

c) Cuando se trate de uranio natural que no esté en forma de mineral o de residuos de mineral, la protección durante el transporte de cantidades superiores a 500 kilogramos de U incluirá la notificación previa de la expedición, con especificación de la modalidad de transporte, momento previsto de la llegada y la afirmación de haberes recibido la expedición.

ANEXO II

CUADRO: CLASIFICACION DE LOS MATERIALES NUCLEARES EN CATEGORIAS

  

 

Categoría

Material   

Forma

 

 

 

  

 

I

II

IIIc/

1. Plutonioa/

No irradiadob/

2 kg o más

Menos de 2 kg pero

500 g o menos pero

  

 

 

más de 500

g más de 15 g

2. Uranio-235 No irradiadob/      

  

- Uranio con un

5 kg o más 

Menos de 5 kg pero

1 kg o menos pero

  

enriquecimiento

 

más de 1 kg  

más de 15 g

  

del 20% o superior

 

 

 

  

en 235U

 

 

 

  

- Uranio con un

-

10 kg o más  

Menos de 10 kg

  

enriquecimiento

 

 

pero más de 1 kg

  

del 10% como

 

 

 

  

mínimo pero  

 

 

 

  

inferior al 20%

 

 

 

  

en 235U  

 

 

 

  

- Uranio con un  

-

-

10 kg o más

  

enriquecimiento   

 

 

 

  

superior al del  

 

 

 

  

uranio natural  

 

 

 

  

pero inferior  

 

 

 

  

al 10% en 235U  

 

 

 

3. Uranio-233  

No irradiadob/

2 kg o más 

Menos de 2 kg pero 

500 g o menos

  

 

 

más de 500 g

pero más de 15 g

4. Combustible irradiado  

 

 

Uranio empobrecido

 

  

 

 

o natural, torio o  

 

  

 

 

combustible de bajo  

 

  

 

 

enriquecimiento   

 

  

 

 

(contenido fisionable  

 

  

 

 

inferior al 10%)d/e/  

 

a/ Todo el plutonio excepto aquel cuyo contenido en el isótopo plutonio-238 exceda del 80%.
b/ Material no irradiado en un reactor o material irradiado en un reactor pero con una intensidad de radiación igual o inferior a 100 rads/hora a 1 metro de distancia sin mediar blindaje.
c/ Las cantidades de material que no correspondan a la Categoría III y el uranio natural deberán quedar protegidos de conformidad con prácticas prudentes de gestión.
d/ Aunque se recomienda este nivel de protección, queda al arbitrio de los Estados asignar una categoría diferente de protección física previa evaluación de las circunstancias que concurran en cada caso.
e/ Cuando se trate de otro combustible que en razón de un contenido original en materia fisionable esté clasificado en la Categoría I o II con anterioridad a su irradiación, se podrá reducir el nivel de protección física en una categoría cuando la intensidad de radiación de ese combustible exceda de 100 rads/hora a 1 metro de distancia sin mediar blindaje.

Certifico que ésta es una copia exacta de la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares, que estará abierta a la firma de todos los Estados en la Sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (Viena) y en la Sede de las Naciones Unidas (Nueva York) a partir del 3 de marzo de 1980, y que posteriormente quedará depositada en poder del Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Viena, 1º de febrero de 1980.

Por el DIRECTOR GENERAL
L. W. Herron
Director de la División de Asuntos Jurídicos.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: se trata de una propuesta -que cuenta con la unanimidad de la Comisión de Asuntos Internacionales- para la aprobación de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, que proviene del año 1979. La misma intenta, fundamentalmente, darle mayor protección al transporte de materiales nucleares, buscando atender una eficaz protección física y asegurando o reafirmando el uso pacífico de la energía nuclear.

Los objetivos básicos del Tratado se refieren a que los Estados Parte no exportarán ni autorizarán la exportación y no importarán ni autorizarán la importación de materiales nucleares, a menos que se hayan dado las garantías o seguridades correspondientes. Al mismo tiempo, se toma en cuenta los materiales nucleares utilizados con fines pacíficos, cuando sean objeto de transporte nuclear internacional, aplicándoles las normas de la Convención. También se establece que los materiales nucleares que se encuentren en el territorio o a bordo de un buque o aeronave bajo su jurisdicción, también quedarán protegidos por las disposiciones de esta Convención.

Por otra parte, se plantean diversos delitos, que son definidos por la Convención. Los principales delitos tipificados son, por ejemplo, el acto que consista en recibir, poseer, usar, transferir, alterar, evacuar o dispersar materiales nucleares sin autorización legal, si tal acto causa o es probable que cause la muerte o lesiones graves a una persona o daños materiales sustanciales; el hurto o robo de materiales nucleares; la malversación de materiales nucleares o su obtención mediante fraude; la amenaza de utilizar materiales nucleares para causar la muerte o lesiones graves a una persona o daños materiales sustanciales, y así sucesivamente.

Se propone también que aquellos que cometan delitos de esta naturaleza puedan ser extraditados y de esta forma, se plantea en el tratado correspondiente. Asimismo, se establece la solución de controversias por la vía de la negociación entre los Estados Parte y cuando ésta no se pueda concretar, por la vía del arbitraje o por la vía de la Corte Internacional de Justicia.

Entendemos que la propuesta que viene del Poder Ejecutivo es conveniente para el país y, por lo tanto, sería bueno votar esta Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Apruébase la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares adoptada el 26 de octubre de 1979; abierta a la firma en la Sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Viena y en la Sede de las Naciones Unidas a partir del 3 de marzo de 1980."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

24) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- Agotado el orden del día, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 19 y 48 minutos, presidiendo el señor Luis Hierro López y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Astori, Correa Freitas, Couriel, Dalmás, Fau, Gallinal, García Costa, Gargano, Heber, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Pereira, Pou, Scarpa, Virgili y Xavier.)

SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Sr. Mario Farachio Secretario - Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.