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Nº 124 - TOMO 408 - 21 DE AGOSTO DE 2001

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

42ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente,

el SEÑOR SENADOR WALTER RIESGO Primer Vicepresidente

y el SEÑOR SENADOR PROFESOR CARLOS JULIO PEREYRA Tercer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO y ARQ. HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Exposiciones escritas

- El señor Senador Heber solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de Salud Pública, Interior, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Intendencia Municipal de Río Negro, ANCAP y UTE relacionada con las carencias que sufren los habitantes de Paso de los Mellizos.
- Otra a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas, Interior, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Salud Pública e Intendencia Municipal de Río Negro, relacionada con la preocupación de los vecinos de Paso de la Cruz por las graves carencias que afectan el desarrollo de la vida cotidiana.
- El señor Senador Gallinal solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Dirección Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, al LATU, a la Intendencia Municipal de Flores y a la Asociación de PYMES y Artesanos de Flores, relacionada con la necesidad de incluir en los beneficios creados por la Ley Nº 17.296 a todos los rubros de empresas minoristas que realicen actividades establecidas y no ambulantes.
- Se procederá de conformidad.

5) Pedidos de informes

- El señor Senador Atchugarry solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, relacionado con la reglamentación de la profesión de psicólogo.
- Oportunamente fue tramitado.

6) Proyecto presentado

- El señor Senador Correa Freitas presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley ampliando el porcentaje a retener por concepto de créditos y fianza de alquileres a los socios de ANDA.
- A la Comisión de Constitución y Legislación.

7) Solicitudes de licencia

- Las formulan los señores Senadores Garat y Cid.
- Concedidas.

8) Bienvenida al señor Senador García Costa

- Manifestaciones del señor Presidente y del propio señor Senador García Costa.

9 y 11) Ampliación del porcentaje a retener por la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA)

- Por moción del señor Senador Correa Freitas se procede al repartido del proyecto de ley que sobre este tema presentará en el día de hoy.
- Por moción del mismo señor Senador, el Senado resuelve declarar la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- En consideración.
- Por moción de los señores Senadores Gallinal y Sanabria, el Senado resuelve remitir el proyecto a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación.

10, 12 y 14) Admisión de capitales privados en la prestación del servicio de telefonía celular terrestre de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL)

- Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se establece que dicha admisión deberá ser autorizada por ley.
- Aprobada. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

13) Sesión Extraordinaria

- Por moción del señor Senador Millor, el Senado resuelve celebrar sesión extraordinaria el próximo martes 28 de los corrientes para considerar los puntos del orden del día que no sean tratados en la presente sesión.

15) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

«Montevideo, 17 de agosto de 2001.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo martes 21, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1°) Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se establece que la admisión de capitales privados en la prestación del servicio de telefonía celular terrestre de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, requerirá de una ley.

(Carp. N° 456/01 - Rep. N° 284/01)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2°) por el que se designa "Enrique Beltrame", la Escuela N° 92 de la ciudad de Tranqueras, departamento de Rivera.

(Carp. N° 483/01 - Rep. N° 273/01)

3°) por el que se designa "Maestro Virgilio Eduardo Scarabelli Alberti", al Liceo N° 49, departamento de Montevideo.

(Carp. N° 484/01 - Rep. N° 274/01)

4°) por el que se designa "República del Perú", la Escuela N° 142 de Tiempo Completo, departamento de Montevideo.

(Carp. N° 485/01 - Rep. 275/01)

5°) por el que se designa "Brigadier General Fructuoso Rivera", la Escuela N° 64, Rural de Villa Militar, departamento de Maldonado.

(Carp. N° 486/01 - Rep. N° 276/01)

6°) por el que se designa "Martin Luther King" la Escuela N° 178, departamento de Montevideo.

(Carp. N° 495/01 - Rep. N° 277/01)

7°) por el que se modifica el régimen jubilatorio y pensionario de la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones.

(Carp. N° 478/01 - Rep. N° 262/01 y Anexo I)

8°) por el que se establece el ordenamiento, la promoción y el desarrollo de la actividad productiva artesanal en condiciones de profesionalismo y consolidación de fuentes ocupacionales en el sector.

(Carp. N° 301/01 - Rep. N° 283/01)

9°) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la reiteración del Mensaje del Poder Ejecutivo, solicitando venia para designar en el Instituto Nacional del Menor al señor Martín Marzano Luissi en calidad de Presidente y al doctor Diver Ramón Fernández Ferreira y doctora Stella Luz López Beltrán en calidad de Miembros.

(Carp. N° 369/01 - Rep. N° 176/01 y Anexo I)

Hugo Rodríguez Filippini Secretario - Mario Farachio Secretario.»

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Arismendi, Astori, Atchugarry, Brause, Correa Freitas, Couriel, Dalmás, de Boismenu, Fau, Fernández Huidobro, Gallinal, García Costa, Gargano, Heber, Korzeniak, Larrañaga, Michelini, Millor, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Pou, Rodríguez, Rubio, Sanabria, Singer, Virgili y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Cid y Garat.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 9 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

«Montevideo 21 de agosto de 2001.

La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 67 de la Ley Orgánica Policial.

-A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

El Poder Ejecutivo remite un Mensaje comunicando haber dictado la resolución por la cual se designa Presidente del Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay al contador Daniel Gustavo Cairo Vila.

-TENGASE PRESENTE.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite la información solicitada por el señor Senador Luis A. Heber relativa a la inauguración de una fábrica de alfombras en el departamento de Río Negro.

-OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR LUIS A. HEBER.

La Suprema Corte de Justicia remite los datos estadísticos correspondientes al departamento de Montevideo y los departamentos del interior de la República, referentes al primer trimestre del año 2001, referentes a Desalojos, Lanzamientos y Acciones de Rebaja de Alquileres

-TENGASE PRESENTE Y REPARTASE.

La Suprema Corte de Justicia remite nota adjuntando copia de la resolución por la que dispone realizar una transformación de cargos en su estructura administrativa.

-TENGASE PRESENTE.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2000;

-A LA COMISION DE PRESUPUESTO INTEGRADA CON HACIENDA.

por el que se exonera del Impuesto al Valor Agregado a los intereses de préstamos destinados a la adquisición de propiedades inmobiliarias nuevas;

-A LA COMISION DE HACIENDA.

por el que se modifica el literal O) del artículo 11 de la Ley Nº 17.060, relacionada con la declaración jurada de bienes;

-A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

por el que se dictan normas para la instalación de parques industriales;

-A LA COMISION DE INDUSTRIA Y ENERGIA.

por el que se designa "Dr. Ramiro Pucurull Islas", la Escuela Nº 16 de la zona urbana del departamento de Durazno;

por el que se designa "Enrique Rodríguez Fabregat", la Escuela Nº 106 de la ciudad de San José de Mayo, departamento de San José;

por el que se designa "Florence Nightingale", la Escuela Nº 96 del departamento de Lavalleja;

por el que se designa "Maestro Rosendo Bucheli", la Escuela Nº 19 de Chacras de Sarandí del Yí,
departamento de Durazno;

por el que se designa "Maestra Celia Mercedes Galarza", la Escuela Nº 22 del Pueblo Carlos Reyles", departamento de Durazno;

por el que se designa "Raoul Wallember" el liceo Nº 53 de la ciudad de Montevideo.

-A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

La Cámara de Representantes comunica que ha sancionado los siguientes proyectos de ley:

por el que se establece el derecho de toda mujer a ser acompañada por una persona de su confianza u otra especialmente entrenada para darle apoyo emocional durante el trabajo de parto y nacimiento,

por el que se prorroga el plazo establecido para acogerse a los beneficios establecidos por el artículo 448 de la Ley Nro. 17.296 de 21 de febrero de 2001, referida a la Contribución Inmobiliaria Rural,

por el que se autoriza el ingreso a territorio nacional de diecisiete integrantes del Personal Superior del Ejército de la República Argentina a efectos de participar en el Ejercicio Combinado Ceibo 2001 a desarrollarse en el ámbito de la División de Ejército II, en el segundo semestre del año 2001.

-TENGANSE PRESENTE Y PASEN AL ARCHIVO.

De conformidad con el artículo 172 del Reglamento del Senado, se solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

El señor Senador Luis A. Heber:

a los Ministerios de Salud Pública; Interior; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; a la Intendencia Municipal de Río Negro; a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland y a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, relacionada con la situación de la localidad de Paso de los Mellizos, departamento de Río Negro;

y a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas; Interior; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; Salud Pública, e Intendencia Municipal de Río Negro, relacionada con la situación de la localidad de Paso de la Cruz, departamento de Río Negro, y

El señor Senador Francisco Gallinal, al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Dirección Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, al Laboratorio Tecnológico del Uruguay, a la Intendencia Municipal de Flores y a la Asociación de Pymes y Artesanos de Flores, relacionado con la situación de la Asociación de Pymes y Artesanos de Flores.

-HAN SIDO DISTRIBUIDAS. SE PROCEDERA A VOTAR LOS TRAMITES SOLICITADOS FINALIZADOS LOS ASUNTOS ENTRADOS.

La Comisión de Hacienda eleva informado un proyecto de ley por el que se faculta al Poder Ejecutivo a partir del 1º de enero de 2002, a disminuir ciertas cargas tributarias que pesan sobre las empresas públicas nacionales.

-INCLUYASE EN EL ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION ORDINARIA DEL SENADO.

La Presidencia del Congreso Nacional de Ediles remite copia de la resolución adoptada por la Comisión del Agro, relacionada con la situación del sector agropecuario nacional;

La Junta Departamental de Canelones remite las siguientes notas:

comunicando que ha resuelto dar su apoyo al planteamiento de la Junta Departamental de Paysandú, relativa a la pronta aprobación del proyecto del Código de la Niñez y de la Adolescencia;

comunicando su apoyo a la declaración del 3er. Domingo de noviembre de cada año como "Día Nacional de la Donación de Organos" y a la conmemoración de "un día sin alcohol";

comunicando copia de la versión taquigráfica de las palabras del señor Edil Leonardo Francone referidas a la necesidad del dictado de cursos correspondientes al 5to. y 6to. año en el Liceo de Canelón Chico.

La Junta Departamental de Flores remite nota comunicando su apoyo al planteamiento de la Junta Departamental de Colonia, con relación a los cambios realizados con respecto a los días feriados.

La Junta Departamental de Maldonado remite nota adjuntando la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Edil Guillermo Ipharraguerre, relacionado con la situación laboral del país.

La Junta Departamental de Salto remite nota comunicando la integración de la Mesa de esa Corporación para el período 2001 - 2002.

La Junta Departamental de San José remite nota adjuntando la resolución adoptada relacionada con el proyecto de ley de creación del Instituto Nacional de Quesería.

La Junta Departamental de Tacuarembó remite versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el Edil Hubaré Aleano referidas a la posibilidad de establecer una compensación económica a los familiares de los caídos en actos de servicio.

-TENGANSE PRESENTE.»

4) EXPOSICIONES ESCRITAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Se van a votar los trámites solicitados para las exposiciones escritas presentadas por los señores Senadores Luis A. Heber y Francisco Gallinal, de las que se dio cuenta durante la lectura de los asuntos entrados.

(Se vota:)

-17 en 19. Afirmativa.

(Texto de las exposiciones escritas:)

«Montevideo, 20 de agosto 2001.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Don Luis Hierro López

En virtud de lo dispuesto por el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, cúmpleme efectuar la siguiente exposición escrita, solicitando se remita la misma a los Ministerios de Salud Pública, Interior, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Intendencia Municipal de Río Negro, ANCAP y UTE.

Numerosos habitantes de la localidad de Paso de los Mellizos han hecho saber su gran preocupación por una serie de carencias que dificultan el normal desenvolvimiento de la vida diaria, provocándoles severos inconvenientes.

En lo que dice relación con los aspectos sanitarios, destacan la necesidad de modernizar la policlínica y la falta de remedios, así como también la impostergable presencia de una partera y un dentista.

Han expresado, asimismo, la falta de viviendas adecuadas para sus habitantes y la necesidad de contar con una sala velatoria que posibilite un decoroso servicio fúnebre.

Manifestaron también su urgencia en tener un refugio en la parada del ómnibus, así como que se les proporcione un suministro mensual de gas-oil para poder transportar a los estudiantes de esa localidad hasta la ciudad de Guichón. En idéntico sentido, han comunicado su inquietud para que se realice el mantenimiento imprescindible de la red lumínica, la que se encuentra en estado deficiente y de franco abandono.

Además de lo expresado, solicitan la presencia de alguna dependencia de la Dirección Nacional de Identificación Civil en las cercanías, que posibilite la expedición de documentos de identidad para sus pobladores.

Por otra parte, al igual que numerosos núcleos poblados del interior, han señalado la necesidad de contar en forma urgente con los auxilios de fotocopiadora, telefax y computadora, que les permita una adecuada organización de la vida comunitaria y la fluidez adecuada en materia de comunicaciones.

Por todo lo que viene de exponerse, solicito que las jerarquías competentes tomen debida nota de las necesidades por las que atraviesan estos compatriotas y colaboren eficazmente en la solución de estos problemas.

Luis Alberto Heber. Senador.»

«Montevideo, 20 de agosto 2001.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Don Luis Hierro López

En virtud de lo dispuesto por el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, cúmpleme efectuar la siguiente exposición escrita, solicitando se remita la misma a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas, Interior, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Salud Pública e Intendencia Municipal de Río Negro.

Las fuerzas vivas de la localidad de Paso de la Cruz, ubicada dentro del Departamento de Río Negro, han expresado su profunda preocupación respecto de graves carencias que afectan a la comunidad, provocando serios inconvenientes en el desarrollo de la vida cotidiana.

En tal sentido han destacado la urgencia en terminar la bituminización de su arteria principal, la necesidad de remozar el puente de ingreso y la gran falta de viviendas.

A este respecto, los habitantes de la zona expresan que las viviendas cercanas a la cañada se inundan ante la mínima caída de lluvias, generando todo tipo de inconvenientes.

Asimismo, el cementerio cuenta con un solo funcionario, al tiempo que carece de una sala velatoria que permita que los deudos honren a sus familiares fallecidos de una manera medianamente decorosa.

En otro orden de necesidades, señalan la incoherencia y dificultades que origina la ausencia de un dentista, siendo que se cuenta con una policlínica que está dotada de todo el equipamiento requerido como para poder brindar una atención adecuada, que tanto precisan los pobladores de esta localidad.

Manifiestan también la conveniencia de contar con un mínimo equipamiento de su salón comunal, reclamando para ello una fotocopiadora, un telefax y una computadora, que posibiliten una razonable organización y registración de las actividades comunitarias y una moderna forma de comunicación con el resto del departamento y el país, expresando además que se estudie la posibilidad de tener una Junta Autónoma en la localidad.

Por lo expuesto, solicito que las autoridades competentes adopten las medidas pertinentes para paliar las carencias apuntadas.

Luis Alberto Heber. Senador.»

«Montevideo, 7 de agosto de 2001.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Don Luis A. Hierro López
Presente

De acuerdo a las facultades que me confiere el artículo 172 del Reglamento del Cuerpo, solicito a usted tenga a bien cursar la siguiente exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería, para conocimiento del señor Ministro y por su intermedio a la Dirección Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (DINAPYME); al Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU); a la Intendencia Municipal de Flores y a la Asociación de Pymes y Artesanos de Flores (Fray Ubeda 534, Trinidad, Flores).

Días atrás, en una recorrida por el interior del país, la Asociación de Pymes y Artesanos del Departamento de Flores (APYMEAF) me hizo llegar los siguientes planteos:

a) La necesidad de extender la modalidad de aportes al BPS del Monotributo con su sistema de exoneración de pagos a la Dirección General Impositiva, creado por la Ley Nº 17.296, a todos los rubros de empresas minoristas que realizan actividades establecidas y no ambulantes, con hasta cuatro dependientes como: talleres, zapateros, modistas o artesanos que no vendan en la vía pública.

b) La necesidad de realizar jornadas de capacitación y cursos que lleguen a los empresarios del interior a través de la Dirección Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas o de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

c) Algunos empresarios se han encontrado con trabas administrativas a la hora de obtener certificaciones de calidad para comercializar con el exterior. Como por ejemplo las exportaciones de envasados alimenticios artesanales a España y las exigencias que establece el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, que en opinión de dicha Asociación no se adecuarían a las condicionantes impuestas por los países importadores, en el caso España.

En conclusión esta asociación civil, que además se encuentra abocada a la creación de una Cámara de Turismo en ese Departamento junto a otros actores públicos y privados, está preocupada por la generación de nueva riqueza y el abatimiento de los índices de desempleo en el interior de nuestro país.

Con el fin de lograr estos objetivos y elevar el índice de las exportaciones de ese sector (hoy es el 5% del total de exportaciones uruguayas), es que ven la necesidad de una Política de Estado específica para el sector Pymes, que abarque tributación, capacitación y una agencia nacional de promoción de microempresas como sucede en Chile, España, México, Taiwán o Corea.

Saludo a usted muy atentamente,

Dr. Francisco Gallinal Nieto. Senador.»

5) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, el señor Senador Alejandro Atchugarry solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura relacionado con la integración de la Comisión Especial prevista en el artículo 4º de la Ley Nº 17.154, relacionada con la reglamentación de la profesión de psicólogo."

-OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

«Montevideo, 15 de agosto de 2001.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Don Luis Hierro López
Presente

De mi mayor consideración:

Solicito a Ud. por medio de la presente, y de conformidad con el artículo 118 de la Constitución, se curse el siguiente pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura.

Hemos recibido la nota del Centro de Psicólogos Humanistas del Uruguay, que se adjunta, en la misma se afirma que aún no se ha integrado la Comisión Especial prevista en el artículo 4º de la Ley Nº 17.154. También se expresa que se están comprometiendo puestos de trabajo por tal circunstancia.

En consecuencia, solicito al señor Ministro se sirva informar:

a) Si la referida Comisión se ha integrado y si se encuentra en funcionamiento o las circunstancias que lo impiden.

b) Situación jurídica que corresponde a aquellos profesionales de la psicología que deseen ampararse al tenor de lo dispuesto en el artículo 3º de la referida ley.

c) Si el Ministerio tiene previsto informar públicamente la situación jurídica en que se encontrarían los referidos profesionales.

Agradezco desde ya al señor Ministro, y lo saludo con mi más alta consideración.

Dr. Alejandro Atchugarry. Senador.

Centro de Psicólogos Humanistas del Uruguay

Montevideo, 1º de Agosto de 2001.

Sr. Senador de la República Oriental del Uruguay
Dr. Don Alejandro Atchugarry:

Reunidos en la Comisión Directiva de nuestra Asociación, deseamos hacerle llegar la copia de una nota que hemos decidido enviar a todos los medios de prensa, así como también al Parlamento Nacional y Presidencia de la República; diríamos que en una actitud casi desesperada, en vista de que hasta el momento, habiendo transcurrido dos años de la ley referida a la `regularización del ejercicio de la profesión de psicólogo en el territorio nacional', aún no se ha designado la Comisión para la llamada `competencia notoria'.

Es nuestra intención que tenga carácter de `denuncia', (si es que así se puede llamar), cuando en realidad lo que necesitamos es que se cumpla con lo acordado en el artículo 7º de la Ley Nº 17.154.

Tenemos en nuestro poder los documentos con los nombres de colegas que han sido separados de sus cargos, lo que se traduce como una situación grave por parte de la Coordinadora de Psicólogos que no cesa de enviar a todas las Instituciones públicas y privadas la nómina de profesionales que hoy pueden ejercer esta profesión, sin tener en cuenta el artículo 7º de la ley.

Sr. Senador, muy anteriormente a la mencionada, hemos contado con su asesoramiento, su paciencia y su tiempo.

Hemos seguido sus consejos de formar nuestro Centro en donde tenemos actualmente más de cien socios activos. Realizamos desde hace tres años consecutivos, seminarios y conferencias con profesionales de nuestro medio y del exterior, a los que han concurrido amablemente integrantes del escenario político, en una permanente intención de superarnos día a día. A partir del mes de mayo, logramos que la Institución Holos de Argentina accediera a brindarnos un post-grado en el área de la psicología humanística, con destacados profesionales de la vecina orilla, debido que en nuestro país no se nos permite continuar con nuestra formación en vista de que aún no somos reconocidos profesionalmente.

De allí el encabezamiento `el apartheid de la cultura'.

Sabemos que usted es una persona muy ocupada, y felicitaciones por eso, pero necesitamos que tome en cuenta nuestra situación, siendo que, de acuerdo a los esfuerzos realizados por la Dirección de Educación del MEC, la decisión final para formarse la `comisión para la competencia notoria' se encuentra en Presidencia de la República donde se estaría bloqueando el decreto.

Aquí nosotros no tenemos acceso. Sin querer parecer patéticos, usted es nuestra esperanza para que se haga justicia en este tema, como siempre recordándolo en aquellos días de prolongadas sesiones en el Parlamento, cuando sentíamos que nos representaba, con la convicción de que se debería hacer justicia en este caso que nos ocupa y preocupa hasta hoy.

Sin otro particular Dr. Atchugarry le pedimos una opinión de la nota adjunta, y de ser posible un consejo de nuestras actitudes de futuro en esta grave situación.

Contando con usted como siempre, quedándonos pendiente un café como usted lo ofreció, le saludamos muy atte.

Mariela Roquero María Angélica González

VICE-PRESIDENTA PRESIDENTA.»

6) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Ruben Correa Freitas remite, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se amplía el porcentaje a retener por concepto de créditos y fianza de alquiler a quienes posean la calidad de socios de la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA)".

-A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

(Texto del proyecto presentado:)

«PROYECTO DE LEY

SE AMPLIA EL PORCENTAJE A RETENER POR LA ASOCIACION
NACIONAL DE AFILIADOS (ANDA)

Artículo Unico.- Amplíase hasta un 33% (treinta y tres por ciento) la suma a retener por concepto de créditos y hasta el 45% (cuarenta y cinco por ciento) por concepto de fianzas de alquiler de las remuneraciones y haberes de empleados, funcionarios públicos, jubilados y pensionistas, que tengan la calidad de socios de la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA), de acuerdo a lo establecido en los artículos 1°, 2° y 3° de la Ley N° 9.299 de fecha 3 de marzo de 1934, para responder a las obligaciones que los asociados hayan contraído con dicha Institución.

Dr. Ruben Correa Freitas. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Montevideo, 20 de agosto de 2001.

Sr. Presidente del Senado:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución de la República, vengo a formular la correspondiente iniciativa respecto al proyecto de ley por el cual se amplía hasta el 33% (treinta y tres por ciento) la suma a retener por concepto de créditos y hasta un 45% (cuarenta y cinco por ciento) por concepto de fianzas de alquiler de las remuneraciones y haberes de empleados, funcionarios públicos, jubilados y pensionistas que tengan la calidad de socios de la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA).

La Asociación Nacional de Afiliados (ANDA) fue fundada el 18 de noviembre de 1933 y aprobada su personería jurídica el 13 de diciembre del mismo año. Su objeto social es de carácter solidario, satisfaciendo necesidades básicas de sus afiliados en materia de créditos, garantías de alquiler, servicios de salud y servicio fúnebre.

El 3 de marzo de 1934, se promulgó la Ley N° 9.299 que autorizó a ANDA a enviar retenciones hasta el veinte por ciento de las asignaciones para créditos en general, extendido hasta el cuarenta por ciento para las fianzas de alquiler, a practicar sobre las remuneraciones y haberes de los empleados, funcionarios públicos, jubilados y pensionistas, que tuvieran la calidad de socios de la Asociación.

En el Mensaje del Poder Ejecutivo de 22 de enero de 1934, se abogaba a favor de la aprobación del instrumento legal citado para "iniciar su obra cooperativista y mutualista".

Entre sus finalidades se destacaba que: "la entidad nombrada se ocupará de facilitar, por todos los medios posibles, el abaratamiento de la vida, de aumentar el poder adquisitivo de sus socios, de facilitarles créditos comerciales con los establecimientos que se hallen en condiciones regulares con la Caja, de garantir locaciones de fincas, de suministrar servicio médico, farmacéutico, jurídico, etc., y organizar parque de vacaciones, congresos y conferencias, de desarrollar y unificar en un común idealismo el espíritu de solidaridad social".

Más adelante agregaba: "es de toda evidencia que una institución concebida con la orientación y las finalidades expresadas, cumple en cierto modo una función pública en bien del Estado y del Instituto Jubilatorio, que el Gobierno debe facilitar por todos los medios a su alcance, sin perjuicio de mantener a la vez, (...) el contralor más estricto para defender el interés colectivo y los derechos personales de los afiliados".

A tal efecto se dispuso en el artículo 4° del citado instrumento legal, la designación de un interventor del Instituto Jubilatorio, que ejercerá el contralor de las operaciones de la Asociación Nacional de Afiliados.

La autorización legal de las retenciones fue fundamentada como un respaldo de garantía que permitiera a la Asociación iniciar sus operaciones con solidez y "las mismas prerrogativas que solicita la Asociación Nacional de Afiliados, fueron concebidas a la Federación de Empleados y Obreros de la Nación, a la Mutual Militar Uruguaya, a la Cooperativa Bancaria de Consumos, a la de las Usinas y Teléfonos del Estado y a la Municipal...".

Pues bien, en el año 1940, se dispuso mediante la Ley N° 9.979 establecer en el 30% el porcentaje de retención para la Cooperativa de Consumo de UTE; en el año 1948, se dispuso establecer en el 30% el porcentaje de retención para la Cooperativa Municipal de Consumo según Ley N° 11.055 y en el año 1966, mediante la Ley N° 13.541 se dispuso fijar en un 35% el porcentaje de retención para la Cooperativa Bancaria.

En cambio, el porcentaje de retención de la Asociación Nacional de Afiliados permaneció invariable hasta la fecha.

Transcurridos sesenta y siete años de existencia de la Asociación Nacional de Afiliados, cuenta en la actualidad con noventa y dos mil asociados. Presta un conjunto de servicios de primera necesidad a sus socios y a su núcleo familiar inmediato, por una única cuota mensual que promedialmente se encuentra en el entorno de los doscientos pesos. Incorporando al núcleo familiar, las prestaciones alcanzan a unas 280.000 personas aproximadamente.

Tiene presencia nacional, cuenta con treinta y cuatro dependencias, destacándose su localización en
cada capital de departamento.

Los servicios que brinda son: créditos, garantías de alquiler de fincas con destino a casa habitación, asistencia odontológica completa, asistencia médica primaria, asesoramiento jurídico, servicio fúnebre y pago de pasividades.

La Asociación es objeto de múltiples contralores estatales, desde el Ministerio de Educación y Cultura que autoriza la reforma de sus estatutos y puede investigar su funcionamiento, pasando por el Banco Central del Uruguay que la controla en su carácter atípico de administradora de créditos por una parte de su actividad, o la Auditoría Interna de la Nación o el Ministerio de Salud Pública en cuanto al funcionamiento de sus servicios de salud, hasta el sistema especial de contralor que dispuso la Ley N° 9.299 por parte del instituto jubilatorio.

En relación a los créditos, se cobra una tasa de interés del 75% anual para los préstamos en efectivo, a un plazo de quince meses, y los créditos comerciales oscilan entre el 36% anual efectivo hasta el 65% anual efectivo, dependiendo del número de cuotas, que también van de una a quince.

Estas tasas de interés, se encuentran por debajo de las tasas que cobran las demás administradoras de crédito que operan en la plaza.

Dentro de los créditos comerciales, cuya operatoria es de $ 12:000.000 mensuales, el 60% se destina al rubro alimentación.

En materia de garantía de alquiler, la Asociación garantiza actualmente 8.500 contratos, siendo un referente sólido para propietarios y administradoras de inmuebles a la hora de requerir una garantía seria y eficiente.

Debe destacarse que los servicios de salud de la Asociación, se rigen por parámetros de calidad exigentes y tienen un costo muy bajo para los asociados, tanto en el área odontológica como en el servicio médico primario. Los precios de los tickets y los presupuestos dentales, están muy por debajo de lo que debe abonarse en las instituciones mutuales.

Es política explícita de ANDA subsidiar los servicios de salud o el servicio fúnebre, que no tiene costo para el afiliado, con los ingresos que derivan de los intereses de los créditos y la cuota social.

En cuanto al carácter socio-económico de sus asociados, el 75% de ellos perciben ingresos que no superan los seis salarios mínimos nacionales.

La naturaleza jurídica de ANDA es de asociación civil sin fines de lucro y los eventuales excedentes que genera su actividad económica, es constantemente reinvertida en las distintas funciones que cumple.

Los datos referidos ilustran sobre la obra social que desarrolla ANDA, la cual alcanza un volumen elevado de la población.

Siendo una asociación civil sin fines de lucro, la única fuente de ingresos proviene de las cuotas sociales y de los recursos financieros que percibe por el otorgamiento de créditos y de los proventos que genera el servicio de garantía de alquiler.

Las leyes de retención han sido herramientas fundamentales, que le permiten recaudar además los créditos otorgados y los alquileres garantidos.

Habiendo quedado rezagada la Asociación en lo que se refiere a su porcentaje de retención, que actualmente es del 20% para los créditos en general y del 40% para las garantías de alquiler, en relación a otras entidades que gozan de la posibilidad legal de retener haberes de pasivos y de trabajadores en actividad, se justifica plenamente el Proyecto de Ley cuya iniciativa promuevo, a los efectos de que se otorgue a ANDA una ampliación del margen de retención, a efectos de darle certidumbre en sus ingresos, que le permitan continuar con la importante obra social que realiza.

Saluda a usted muy atentamente;

Dr. Ruben Correa Freitas. Senador.»

7) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Garat solicita prórroga de la licencia hasta el 31 de agosto inclusive."

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 20 de agosto de 2001.

Sr. Presidente de la
Cámara de Senadores
Don Luis Hierro López
Presente

De mi mayor consideración:

Por intermedio de ésta, solicito al Cuerpo que usted tan dignamente preside, prórroga de la licencia solicitada, hasta el 31 de agosto inclusive.

Motiva la presente razones de salud, las cuales me obligan a guardar reposo.

Sin otro particular, le saludo con mi más alta estima

Carlos Garat. Senador.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Continúa en la titularidad del cargo el señor Senador Ambrosio Rodríguez.

(Ingresa a Sala señor Senador Rodríguez)

-Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Cid solicita licencia por el día de la fecha".

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 21 de agosto de 2001.

Sr. Presidente de la
Cámara de Senadores
Don Luis Hierro López
Presente

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente, quien suscribe solicita al señor Presidente se le conceda licencia al Cuerpo por el día de la fecha. Asimismo, solicito se proceda en esta oportunidad a la convocatoria del suplente correspondiente.

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para saludar al señor Presidente con mi más alta estima y consideración.

Alberto Cid. Senador.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:).

-18 en 19. Afirmativa.

Queda convocada la señora Senadora Dalmás.

(Ingresa a Sala la señora Senadora Dalmás)

8) BIENVENIDA AL SEÑOR SENADOR GARCIA COSTA

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa tiene el regocijo de anunciar, aunque todos lo han advertido, el reintegro de nuestro querido amigo y compañero, el señor Senador García Costa.

Sea muy especialmente bienvenido, señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Mi palabra es un poco vacilante, pero como decía aquél, estamos de vuelta, señor Presidente. Ayer decíamos que queda tanto para hacer, que lo vamos a hacer.

Muchas gracias a usted, señor Presidente, y al Cuerpo.

(Aplausos en Sala)

9) AMPLIACION DEL PORCENTAJE A RETENER POR LA ASOCIACION NACIONAL DE AFILIADOS (ANDA)

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Quiero plantear, como cuestión de orden, que se reparta el proyecto de ley que hemos presentado, por el cual se amplía el porcentaje a retener por la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA).

Oportunamente, en el trámite de esta sesión del Senado solicitaremos, como cuestión de orden, que dicha iniciativa se trate con carácter urgente, porque así lo ha decidido, en el día de hoy, la Comisión de Constitución y Legislación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) ADMISION DE CAPITALES PRIVADOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR TERRESTRE DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día.

Se pasa a considerar el primer punto: "Proyecto de ley por el que se establece que la admisión de capitales privados en la prestación del servicio de telefonía celular terrestre de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, requerirá de una ley (Carp. Nº 456/01 - Rep. Nº 284/01)".

(Antecedentes: ver 38ª SO)

-Continúa la discusión general.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- En realidad, llevamos un debate bastante prolongado durante varias sesiones e incluso tenemos cierta dificultad para vincular lo que vamos a decir con lo que se ha expresado con anterioridad. De todas maneras, vamos a hacer un esfuerzo en este sentido.

En esta intervención me importa hacer algunas puntualizaciones, por lo menos, para delimitar las fronteras de este tema, a saber: el campo de las coincidencias y el de las discrepancias. En el curso de este debate, en la Comisión de Servicios Públicos y en todo lo que ha sido la discusión en los medios de comunicación, hay un conjunto de temas que han estado presentes y que, a mi juicio, en algunos casos identifican el núcleo de las diferencias y, en otros, en cierta medida lo confunden. Creo que no se trata de una discusión sobre monopolio o no monopolio, tanto en el caso de las telecomunicaciones como en el resto de las empresas públicas. Este tema es muy sensible porque las desmonopolizaciones con las cuales, en líneas generales, nuestra fuerza política está de acuerdo, deben seguir determinados tiempos, de tal manera que nuestras empresas públicas puedan prepararse para afrontar la competencia tanto en nuestro mercado como en el regional. Entonces, el problema es más de estrategias y de tiempos, que conceptual -a mi juicio- por lo menos allí donde no hay monopolios naturales porque, donde los hay, es preferible que sigan en manos del Estado. Decimos esto, ya que entendemos que no hay peor forma de monopolio que la del monopolio privado, cuando además se da en algo que, por sus características físicas, de red o similar, constituye un monopolio natural.

Por lo tanto, creo que acá la discusión conceptual sobre el tema del monopolio, no es la central. Sin embargo, con relación a la dicotomía existente entre el peso de lo público y el peso de lo privado, hay una alternativa que crecientemente se ha manifestado como diferencia política. Tememos que en el último mes y medio haya tomado fuerza -y viene gravitando, cada vez más, en las fuerzas políticas que sustentan y articulan la coalición de Gobierno en la que se apoya la mayoría parlamentaria- la idea de que en una serie de lugares, muy importantes, en la estructura de las empresas públicas -por lo menos en materia de energía, en parte de las telecomunicaciones, así como en otros campos- el peso de éstas debe disminuir en forma muy significativa, de acuerdo con opciones que se han tomado y que son distintas a las que se asumieron en el Gobierno anterior. En este sentido nosotros discriminamos la línea y la orientación que se mantuvo, así como las estrategias que se implementaron, por lo menos en UTE y ANCAP durante el Gobierno anterior, de las opciones que se tomaron -aparentemente- en las últimas semanas.

Por otra parte, creo que además existe el problema de determinar dónde está el centro de decisión, que es la otra alternativa relevante. Nosotros somos partidarios de que muchas de las decisiones sobre el futuro de las empresas públicas permanezcan en manos del Parlamento y no sean transferidas, como cheque en blanco, al Poder Ejecutivo. Y no ocultamos que hay aquí un problema de fueros del Parlamento o de lugares de decisión. No ocultamos que también en esto hay mucha desconfianza e incertidumbre sobre los objetivos reales de política de parte del Poder Ejecutivo. Si tuviéramos otras garantías quizá no seríamos tan suspicaces, pero tememos que la transferencia de poderes del Parlamento al Poder Ejecutivo es un mecanismo fácil para permitir que, después, venga un conjunto de medidas escalonadas que tienen un sesgo que no compartimos y que llevan a que el peso de lo público sea decreciente en empresas que consideramos estratégicas.

No compartimos esa línea política. Por lo tanto, por razones de centro de decisión, por mayorías democráticas y también por problemas de a dónde se piensa llevar el barco, es que reclamamos que permanezcan en el Parlamento algunas decisiones importantes sobre las empresas públicas. En este punto tenemos una diferencia.

Creo que también diferimos en torno a la cuestión de la gobernabilidad. Nosotros somos partidarios, en los temas que hacen a políticas de Estado, de lograr acuerdos importantes y amplios, que vayan más allá de la mayoría política que tiene los votos para poder adoptar decisiones. Esta es una posición adoptada por el Encuentro Progresista, es el enfoque sustentado en distintos temas, que piensa mantener en el país, incluso en la circunstancia en que arribe -como creo que va a suceder en el próximo período- a tener la mayoría política. Hay decisiones que hacen a temas tan importantes en el Uruguay, como las que tocan el patrimonio de todos los uruguayos, que merecen que se adopten políticas de amplia base y no que sean resueltas por una mayoría parlamentaria con márgenes estrechos.

Asimismo, nos parece que hay otra diferencia relevante, no en torno al tema del monopolio, pero sí al de lo público y privado, al de los centros de decisión -si son parlamentarios o no- y a la cuestión de la gobernabilidad. Ésta, que sería la cuarta diferencia importante, se refiere a cuáles son los temas que necesitan de la expresión ciudadana y cuáles se consideran concluidos y, por lo tanto, se estima conveniente que decidan sobre ellos las estructuras parlamentarias.

A nuestro juicio, en aquellos problemas en los que hay en juego algo muy importante para el patrimonio y para la tradición histórica de los uruguayos, donde además -y ahora el tema se replantea- en alguna oportunidad se ha dado una intervención histórica de los ciudadanos en materia de decisiones -como sucedió en el caso del plebiscito de 1992 sobre las empresas públicas- lo conveniente, adecuado y sensato -nos parece que esta es una regla democrática elemental- es que se apele a la voluntad ciudadana y se la registre para ver si es la misma o si se ha modificado. El argumento que interponen los sectores políticos de la coalición -o de alguno de ellos- sobre que los uruguayos habrían cambiado de opinión entre 1992 y 2001, puede ser correcto, pero no hay otra manera de verificarlo que consultando a la gente. Creo que cae muy mal, y va a caer muy mal entre nuestros ciudadanos, que el Parlamento adopte decisiones y que exista resistencia para convocarlos a los efectos de verificar su opinión. Como ese es nuestro punto de partida, vamos a apelar -de hecho, lo estamos haciendo- a todos los mecanismos para que se pueda interponer una expresión plebiscitaria de consulta directa.

Estos son, en líneas generales, los problemas más importantes que están implicados en esta discusión. Además, la discusión ha cobrado mayor fuerza -me parece- porque hubo un cambio de eje por parte de la mayoría política que hoy gobierna. Dicho cambio se produjo hace unas pocas semanas, en la medida en que se desencadenó una ofensiva general que abarca, prácticamente, todas las áreas de las empresas públicas, que tiene una sola dirección y sentido, y que termina -o transita- en un debilitamiento general de las estructuras públicas. Este es el resultado de un conjunto de marchas y contramarchas -como lo voy a demostrar- que tienen ese significado, porque de lo contrario no se comprenderían las decisiones que se han adoptado en el caso de UTE y, al parecer, las que se van a tomar con respecto a ANCAP. Lo que está en juego es toda la infraestructura económica. En tal sentido, tomo la definición que da el BID en uno de sus trabajos sobre el conjunto de infraestructura económica, cuando dice que ésta abarca, en primer lugar, los servicios públicos, es decir, la energía eléctrica, las telecomunicaciones, el abastecimiento de agua por tubería, el saneamiento y alcantarillado, la eliminación de los desechos sólidos y el suministro de gas por tubería; en segundo término, las obras públicas como carreteras y obras importantes de presas y canales para riego y drenaje; y, por último, transportes como ferrocarriles urbanos e interurbanos, transporte urbano, puertos y vías navegables y aeropuertos. Todo esto, que corresponde a la infraestructura económica, está comprendido o abarcado por los planes de los que nos han dado cuenta, en parte el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, en parte el señor Presidente de la República y, en parte, el señor Senador Atchugarry.

En realidad, toda la infraestructura económica, desde las telecomunicaciones a los puertos y al resto, está comprendida en esta ofensiva sorprendente y de alto impacto que se ha desencadenado en las últimas semanas. Es sorprendente en cierto sentido y en otro no porque, en realidad, si tomamos nota de la concepción ideológica y de la visión -en cierta medida antiestatista, de un liberalismo muy emparentado con el neoliberalismo- que ha expuesto en distintas oportunidades el doctor Jorge Batlle, así como otras personalidades del Partido de Gobierno, observamos que encajan perfectamente en esta orientación, pero no en las decisiones iniciales que se adoptaron durante este período. La consecuencia de esta orientación nos parece que tiene que ver con que un conjunto de empresas estratégicas, por la vía de las concesiones o de las asociaciones mediadas por aquéllas, tendrían un solo destino.

Quiero aclarar que no deberíamos confundir el tema de los instrumentos o de las herramientas con el de los objetivos; en realidad, una concesión o una asociación puede servir a muy diversos objetivos de política, pero en algunos marcos fortalece las políticas públicas y en otros casos las puede liquidar. Por lo tanto, el problema no es de instrumentos sino de su uso, como con cualquier instrumento de política económica. Por ejemplo, la suba o la baja de la tasa de interés puede servir a muy diversos objetivos de política, al igual que un cambio en materia de política cambiaria, o cualquier otro instrumento tributario. Nosotros no tenemos una visión maniquea, que condena ideológicamente y demoniza determinados instrumentos, pero sí tenemos una diferencia en cuanto a para qué se usan. Queríamos dejar estos puntos meridianamente claros desde el principio de esta intervención, porque estamos usando algunos de estos instrumentos de política en la Intendencia Municipal de Montevideo y lo vamos a seguir haciendo, como también lo haríamos si fuéramos Gobierno Nacional, pero no los utilizaríamos en determinados lugares que consideramos estratégicos, ni tampoco para determinados objetivos de política, sino para otros.

En algunas oportunidades da la sensación de que se está aplicando la máxima que expresó el doctor Carlos Salinas de Gortari en México, cuando dijo: "Vendamos nuestros bienes para terminar con nuestros males". Ya se sabe cómo le fue y no desearíamos para nuestro país un destino similar.

Tenemos conciencia de que poco a poco, en los últimos cinco años, por distintas modificaciones legales, en el marco de las especies de "leyes ómnibus" -que son las de Presupuesto- por vía de leyes de urgencia, de modificación de marcos regulatorios u otros mecanismos, se fueron incluyendo algunos artículos que son los que se piensa utilizar en esta política más global.

Si tenemos un poco de memoria, recordaremos que entre el artículo 750 que se introdujo al final de la Ley de Presupuesto de 1995, que habilita a OSE a hacer todas las concesiones que quiera en materia de agua y de saneamiento, el artículo 22 de la ley de marco regulatorio de UTE, que le da amplísimas facultades prácticamente en todo para hacer las asociaciones o contrataciones que estime convenientes, más el artículo relativo a AFE incluido en la primera ley de urgencia, y los artículos 612 y 613 relacionados con ANTEL -que ahora estamos discutiendo- además del artículo 14 que se introdujo en el caso de la desmonopolización de los alcoholes al discutir el tema de ANCAP -que después se aplicó para el portland y ahora, aparentemente, trataría de aplicarse, tal vez, en otras combinaciones como las asociaciones de ANCAP- en realidad, los marcos legales existentes en todos los casos permiten la utilización de esos instrumentos de política. Sin embargo, hay un caso en que esto no está claro o no es así -me refiero a los artículos 612 y 613 de la Ley de Presupuesto- pero donde hay un cheque en blanco que pensamos que se va a usar; creemos que estos elementos pueden ser utilizados, más allá de las intenciones que pueda tener la mayoría del Directorio de ANTEL en la oportunidad, ya que la voluntad de los hombres es un poco veleidosa, y algunos tenemos la posibilidad de interponer un mecanismo.

En realidad, si apelamos al referéndum por la vía larga -digo esto, con relación a algunas manifestaciones del señor Senador Gallinal- fue por motivos muy distintos a los que se manejaron en este ámbito. Nosotros decidimos seguir el camino largo, porque varios Senadores de la coalición de Gobierno dijeron que no se podía interponer el recurso porque la decisión era parte de un articulado de la Ley de Presupuesto y, como se sabe, no se podría apelar a estos recursos contra dichas disposiciones. Señalaron que, si presentáramos las firmas, la Corte Electoral desestimaría el mecanismo. Por lo tanto, nosotros decidimos presentar 800.000 firmas. Si en las manifestaciones políticas hubieran actuado de acuerdo con lo que dicen nuestros marcos normativos, que sostienen que estos son temas no presupuestales incluidos en la Ley de Presupuesto, y si en ningún caso hubieran agitado el fantasma de que la Corte Electoral podía decidir desestimar el mecanismo, nosotros habríamos apelado a la vía corta y el tema estaría liquidado, para uno u otro lado. Aclaro que cuando digo esto estoy aludiendo al señor Senador Gallinal. Cuando esta fuerza política decidió adoptar el camino de la vía larga -que, como se podrán imaginar, es una verdadera proeza, pero la vamos a hacer- lo hizo porque, a través de mensajes públicos nítidos, le dijeron que existiría el mencionado pronunciamiento. Como nos pareció que un pronunciamiento de tales características constituiría una afrenta a los marcos normativos de este país, decidimos presentarnos, pero con el respaldo de la mitad de la población política de este país. Estamos en condiciones de hacerlo. Esta fuerza política tiene dificultades para arrancar, porque es una especie de gran paquidermo al que le cuesta hacerlo pero, luego de empezar, tiene una estructura que permea todo el territorio nacional, entra en cierto dinamismo y ha decidido llevar adelante esta campaña, fijando una fecha -que se va a comunicar públicamente dentro de unos días, probablemente, a mediados de octubre- en la que va a convocar a la gente para que concurra a las mesas a expresar su voluntad, a fin de dar un gran salto. Desafíos hay muchos, pero los que hemos señalado fueron los motivos. De otra manera, hubiera sido extremadamente sencillo, para nosotros, juntar 70.000 u 80.000 firmas con las impresiones digitales correspondientes, presentarlas y buscar un pronunciamiento.

Para ser claros y evitar que en el diálogo político se haga mucho ruido y no nos entendamos en las diferencias -es importante que nos entendamos porque somos partidarios de la gobernabilidad- quiero decir que lo que más nos ha decidido es ver cuáles son los objetivos de política que se manifestaron en las decisiones adoptadas durante las últimas semanas. Si no se hubiera tomado la decisión que se tomó en UTE y, de alguna manera, no pareciera que se va a decidir en determinado sentido en ANCAP, quizás el ambiente -desde este punto de vista- y las consideraciones podrían ser otras. Sin embargo, a la luz de varias decisiones tomadas y de otras anunciadas, que prácticamente a esta altura constituyen un larguísimo catálogo donde al concepto de infraestructura económica, en términos del BID, nada le es ajeno -comprende al mundo y sus alrededores- nos hemos definido.

Si la idea es el Estado canónico, o sea, que cobra peajes y cánones en toda la infraestructura que construyó a lo largo de los siglos XIX y XX, y si lo va a hacer en AFE, PLUNA, el Aeropuerto, el Puerto -como se discutió acá extensamente- la red vial, OSE, saneamiento, ANTEL, UTE y en la refinería de petróleo, el problema es diferente. Además, aquí hay problemas de muy diversa jerarquía. En muchos de estos casos no me molestaría que hubiera concesiones; ideológicamente, eso no me perturba. Si nosotros fuéramos Gobierno, tendríamos que discriminar, con recursos limitados, si en determinadas inversiones priorizamos áreas sociales; si se priorizaran dichas áreas y se realizaran inversiones en infraestructura, habría otros lugares donde eso no se podría hacer y se apelaría a la inversión privada, nacional o extranjera. Pero si es masivo, no se discrimina entre lo que puede ser estratégico y lo que no, porque no se considera que haya algo estratégico. Entiendo esto, lo admito intelectualmente y me parece honesto, pero, en todo caso, creo que es una postura muy diferente a la nuestra.

Además, la concesión acá parece no ser gradualista y considero un error no hacer políticas gradualistas en el Uruguay. Hasta ahora, salvo en algún momento, los últimos Gobiernos -cuando se cometió un error, hubo un pronunciamiento popular que lo corrigió- habían apelado al gradualismo.

Ahora estamos en una especie de inflexión, que no sé cuánto va a durar, hacia la política de shock con relación a este tema. Y digo que no sé cuánto va a durar, porque en materia tributaria nada dura demasiado, como se ha visto en toda la política relacionada con el IVA a la salud o con el COFIS; es decir, hay varios ejemplos que muestran que los caminos que se empiezan a transitar, luego se desandan. Pero hemos quedado verdaderamente sorprendidos por el énfasis que se ha dado a todo esto en las últimas semanas. Esto no debería provocar alarma; se trata, simplemente, de una reflexión política de la oposición, que nos lleva a sacar algunas conclusiones que, a nuestro juicio, lastiman el concepto de gobernabilidad, porque las empresas públicas deberían incorporarse dentro de ese concepto. Y si, en realidad, señor Presidente, la oposición fue descartada de la integración de las direcciones de los Entes Autónomos por consideraciones partidistas; si finalmente no hemos logrado integrar los organismos de contralor, que hacen a cuestiones tan sensibles y que constituyen la médula del sistema democrático; si tampoco logramos entendimiento con relación a Entes públicos que son tan importantes para los uruguayos, entonces ello significa que se está optando por un camino que no es deseable y que, sin duda, no conducirá a buenos resultados.

Además, quiero decir que en algunos casos los vericuetos jurídicos son realmente sorprendentes, como lo ha dicho el señor Representante Díaz Maynard, que de estas cosas entiende mucho más que algunos de nosotros, entre quienes me incluyo. Verdaderamente, provocan profunda perplejidad algunas consultas que se han realizado, en el caso de ANCAP, al Tribunal de Cuentas, porque apoyándose en el pronunciamiento de un catedrático de la Universidad que es asesor de los grupos económicos que a su vez están pujando, en el caso del portland, por obtener determinados resultados -es decir, apoyándose en un pronunciamiento basado en el apoyo jurídico a los centros de interés que no son, precisamente, los del sector público- se pretende usar el concepto de usufructo, porque, en el caso de éste último, no se estaría contraviniendo lo que establece el artículo 69 del TOCAF; como es sabido, de acuerdo con esta interpretación, el usufructo no sería un gravamen. Sin embargo, según la opinión del Representante Díaz Maynard y de otras personas, que respetamos mucho, resulta absolutamente insólito que se hagan estas consultas, si no es porque se quiere encontrar algún camino para obtener determinados resultados en el caso del portland y también, quizás, en algún otro ligado a los combustibles.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado a la mesa una moción para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Gracias, señor Presidente.

Esta consulta, e incluso el proyecto de resolución al que hemos tenido acceso el día 27 de julio, formulado en los ámbitos jurídicos del Tribunal de Cuentas, nos provocan profunda perplejidad también a nosotros. No hay una diferencia, en cambio, en torno a otro problema, que es el de la regulación. Creemos que, en realidad, el asunto es otro. Las políticas antimonopolistas, que compartimos, no deberían servir de vía corta, o de "bypass" político, en cierta medida, para estrategias de privatización. El problema es que, a veces, la sustitución de los monopolios públicos se hace en beneficio de monopolios privados de hecho o de derecho. Y, personalmente, no sé si en alguna de las previsiones no sucederá, efectivamente, esto. Pero en materia de políticas regulatorias, debería tenerse una conducta de más largo plazo y con otra preparación, porque el Parlamento, en el caso del Presupuesto, aprobó prácticamente a tapas cerradas, en el último minuto, el contenido de la política regulatoria y se decidió -a nuestro juicio, con mucha equivocación- no pedir venia parlamentaria para designar a los integrantes de los organismos regulatorios. Además, a esta altura, tenemos una colección de siglas que han sustituido unas a las otras, y hay un montón de organismos regulatorios cuando, a nuestro criterio, debería haber menos y, a la vez, más consistencia de política.

Quiero expresar, además, señor Presidente, que ha habido demasiadas marchas y contramarchas, y por eso la incertidumbre que tiene la oposición es cada vez mayor. En el caso de las dos empresas públicas UTE y ANCAP, como es sabido, entre ambas se vendió y se facturó por casi U$S 1.900:000.000 en el año 2000, y generaron, como valor agregado, -reitero: como valor agregado- una suma superior a los U$S 280:000.000 en el mismo año. La carga que ambas empresas tienen para poder competir con empresas privadas que tienen en su contra, es enorme. Han existido distintas promesas, y ahora se anuncia un proyecto de ley -que no sé si ha llegado ya al Parlamento- a través del cual se trata de equiparar a dichas empresas en lo que respecta a los aportes a la seguridad social y también en cuanto al tema del impuesto a la compraventa de moneda extranjera. Pero sólo en el caso de UTE, para el año 1999, según estimaciones y trabajos muy fundados de algunos técnicos, lo que debió pagar por diferencias en materia de reglas de juego con el sector privado -no por aportes tributarios- superó los U$S 38:000.000 en esa oportunidad.

A su vez, creo que nuestras empresas públicas no van a poder competir si no se las fortalece en otros campos. Hoy, ninguna empresa de fuste en el mundo en áreas de tecnologías relativamente avanzadas soporta la presión si no tiene inversiones muy importantes en investigación y desarrollo y si carece de capacitación de recursos humanos. Nosotros tenemos muy poca inversión en las áreas mencionadas, y lo que hemos tenido como experiencia en varias de las empresas públicas es que las reformas, en muchos casos, no han salido bien, y en algunos, no han sido con los trabajadores, sino contra ellos. Sin duda, UTE mejoró su gestión y ANCAP también lo hizo, pero en el caso del Banco de la República, por ejemplo, se han presentado dificultades mayúsculas. Además, hay un problema que quiero citar en estas consideraciones generales -consideraciones que, a mi criterio, son las que más importan en esta circunstancia- y que en cierta medida provoca una de nuestras mayores preocupaciones. Nos estamos refiriendo a cuál es el sistema de controles que se va a usar para estas asociaciones y entendimientos con el capital privado, que se harían por la vía de las concesiones o de las sociedades anónimas las que, a su vez, reciben concesiones, como en el caso del Puerto y del resto de los que están planteados. Asimismo, quiero recordar, por ejemplo, que en caso del Instituto Nacional de Alimentación -ex Subsistencias- se pasó a un régimen de este tipo o emparentado con él, y luego de unos años, se fundió completamente, por lo que tuvo que hacerse cargo de ello el Presupuesto Nacional. Pasó, y volvió con U$S 10:000.000 de pérdida; de un patrimonio positivo de U$S 4:000.000, pasó a un patrimonio negativo de U$S 6:000.000, y retornó con U$S 7:000.000 de deuda a los proveedores por lo que, reitero, hubo que hacerse cargo de todo eso.

Quiero recordar que en el caso del negocio que permitió la asociación con Loma Negra, en la parte de portland de ANCAP, en Cementos del Plata, el superávit que tenía la División Portland de ANCAP era superior a los U$S 6:000.000 en 1994, U$S 3:000.000 -redondeando- en 1995, U$S 2:500.000 en 1996, U$S 1:800.000 en 1997, U$S 2:100.000 en 1998, casi U$S 1:500.000 en 1999, mientras que en el año 2000 arroja una pérdida de U$S 3:650.000. Quiere decir que el retorno del negocio adquiere estas características. Sólo por concepto de bonificaciones por comisiones a Cementos del Plata, ANCAP transfirió U$S 1:400.000 en 1999 y U$S 1:500.000 en el año 2000, mientras que por asistencia técnica a Loma Negra transfirió U$S 1:300.000 en 1999 y U$S 1:100.000 en el año 2000, lo que hace un total de U$S 2:700.000 en 1999 y de U$S 2:600.000 en el 2000.

En consecuencia, uno se pregunta cuál va a ser el sistema de control. Por razones que se comprenderán y que hacen a problemas de sensibilidad en el medio de una negociación, no quiero relatar las pérdidas que se tuvo en la Argentina -de acuerdo con el último informe de KPMG, no con información interna de ANCAP- sobre las inversiones realizadas, su monto, el monto de las deudas con ANCAP de Sol Petróleo y de Petro Uruguay, el monto de los pasivos de los cuales ANCAP es garante solidario, el monto de los pasivos de los cuales ANCAP es garantía abierta y el monto de las eventualidades. Insisto, prefiero no dar cuenta de las cifras, por razones obvias, pero aquí encontramos el mismo problema. Y como nuestra fuerza política ha planteado un proyecto de ley que está a consideración de la Comisión de Empresas Públicas, relativo a cómo el Tribunal de Cuentas debería tener un sistema de controles sobre los emprendimientos mixtos, pero se ha hecho una contrapropuesta que toma el proyecto entero pero excluye al Tribunal de Cuentas, quiero que se tenga en cuenta que nuestra preocupación está relativamente bien fundada. En el caso de UTE, se realizaron inversiones multimillonarias por el gasoducto, y en una primera instancia se decidió, junto con ANCAP, asegurar la compra de una cantidad muy importante de metros cúbicos diarios de gas -creo que dos millones, si no recuerdo mal- a los productores. Posteriormente, se agregó el peaje desde Colonia hasta Montevideo. Quiere decir que se aseguró la compra de la materia prima y se contrató el peaje, por el cual se paga U$S 1:000.000 al año por parte de UTE, más lo que corresponde a ANCAP. Sin embargo, eso no fue suficiente, porque se planteó un diferendo por el hecho de que había un tramo del gasoducto que no tenía el "link" en la Argentina, razón por la cual se invirtió U$S 16:000.000. Asimismo, se contrató el peaje de la primera parte, esto es, desde los pozos hasta el "link". Esa fue la inversión realizada. Ahora se ratificó esta línea que llevaba a algo natural, como es la repotenciación de las centrales térmicas de UTE, es decir, la Central Batlle y La Tablada. Esta orientación parecía tener toda una lógica, porque compromisos muy importantes como la construcción del gasoducto, tenían una contrapartida como era la inversión que se realizaría para repotenciar la Central, en función de que eso no se podía destinar al consumo porque sextuplicaba el consumo potencial estimado de las familias y empresas uruguayas. Insisto, esto multiplicaba varias veces la cantidad que se comprometían a comprar UTE y ANCAP. Ante esto, las empresas nos explicaron -mucho mejor que el propio Ministerio- que en realidad una parte la iban a revender a los consumidores UTE y ANCAP, y la otra era para repotenciar centrales. De esa manera, se convertía en materia prima para la producción de energía eléctrica. Esta decisión fue ratificada por el Poder Ejecutivo el 29 de setiembre de 2000. Sin embargo, en estos días, el mencionado Poder decide que UTE no invierta en la repotenciación. Inclusive, desde mi punto de vista, se necesitará una central privada y otra pública. Si no lo hacemos rápido, llegaremos tarde, y es sabido que si no lo hacemos antes del año 2004, habrá crisis energética como en Brasil. Entonces, no sabemos cuál es la lógica que inspira al Poder Ejecutivo, salvo la política de ajuste del Ministro de Economía y Finanzas. Lo cierto es que esto se ha decidido y que la libertad que se reclama para la inversión privada no se admite para la pública. Es así que se reclama libertad para el inversor privado y se le dan las condiciones necesarias -lo que me parece muy bien- pero cuando los Directores de las empresas públicas quieren invertir, el Poder Ejecutivo no los deja. Entonces, la ley no es pareja.

Como consecuencia de todo esto, y como uno es oposición política, nos preocupamos. Fíjese, señor Presidente, si estaremos preocupados, que interpelamos al señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, le preguntamos por el dragado del Puerto de Montevideo, y nos dijo que iba a cumplir con la ley pero que en realidad no había planes de concesión. Eso fue aproximadamente el 20 del mes pasado. Sin embargo, quince días después, el Director de la Administración Nacional de Puertos, el ingeniero Aguerre -que acompañó al señor Ministro- anunció en los medios de comunicación que se hará la concesión para todo el dragado del Río de la Plata que tiene que ver con el Puerto de Montevideo a niveles de profundidad bastante superiores a los que le obliga la ley, que son diez metros. Quiere decir que esto ya estaba decidido. Ante esto, nos preguntamos cuántas cosas están decididas en los temas que estamos discutiendo. De otro modo, podríamos convertirnos en una oposición un poco tonta, que da márgenes en cuestiones en las que se nos dice que la intención de la política es una, pero luego resulta que va bastante más allá. No es nuestra preocupación que puedan existir asociaciones, pero sí las condiciones de las mismas y las de la competencia con el sector privado. En el caso de ANCAP, se dice -francamente, en esto estoy muy confundido- que de golpe se va a levantar el monopolio a la importación de crudo y de la refinación, lo que no nos preocupa, porque habrá sólo una refinería que será la de esta asociación estratégica, ya que no hay espacio para mucho más. El tema es que se dice que al mismo tiempo se va a levantar el monopolio a la introducción del producto terminado, ya refinado, es decir, de naftas y de gas oil. Eso implica, si los tiempos son rápidos, la liquidación de este otro emprendimiento.

Supongo que esta no será la idea, pero es lo que se ha anunciado por muchos medios de comunicación. Algunas veces entendemos esto porque pensamos que el Ministro de Economía y Finanzas está desesperado por no hacer ninguna inversión, ya que no le cierra ninguna cuenta. Lo cierto es que el hombre es muy solvente desde el punto de vista técnico, pero las cuentas no cierran, porque hay deudas muy grandes, el déficit fiscal es muy importante y la deuda pública del Uruguay en los últimos años ha crecido en forma muy significativa. Hay que recordar que cuando empezó el Gobierno del doctor Sanguinetti en 1995, las obligaciones en moneda extranjera del sector público estaban en U$S 8.887:000.000 y a fines del cuarto trimestre del año pasado alcanzaron U$S 13.159:000.000. Esto no se explica por el crecimiento de los depósitos de residentes y no residentes que en parte crecieron, pero no en estos volúmenes. En ese sentido, el señor Senador Astori en una interpelación demostró que creció en términos brutos, pero también, en términos netos, en U$S 3.000:000.000 en este período. Entiendo algunas preocupaciones, pero ellas pueden justificar políticas que no compartimos.

Por todo esto, quiero decir que en el tema de ANCEL no podemos dar estos márgenes que figuran en estos artículos. Además, no nos engañamos con las distinciones conceptuales. La venta total, por los artículos 612 y 613, no está planteada en el caso de ANCEL. Sin embargo, la venta parcial sí lo estaba, pero se descartaría con el proyecto que fue presentado por el señor Senador Michelini. Asimismo, estaría bloqueada la posibilidad de la asociación por la vía de la admisión, de la venta de una parte del paquete accionario -40%- o de la admisión, por este mecanismo, de capital privado en una empresa pública. Pero lo que de ninguna manera está bloqueado, hágase la lectura al anverso o al reverso, a luz o a contraluz, es cualquier asociación -salvo la parte monopólica, que es la telefonía básica, muy poco relevante- en telefonía celular, en datos, en contenido, en líneas internacionales o en otro lado, en terceros emprendimientos. Perfectamente mañana se puede hacer "joint venture", por ejemplo, para el desarrollo de la tercera generación en materia de telefonía celular, entre ANCEL S.A. -que se convertirá en eso por lo que queda- y Telefónica de España. Es una asociación en un tercer emprendimiento que se puede hacer para lo que se quiera. No es la admisión de capital en ANCEL ni la venta de una parte de dicha empresa, sino que se trata de otra cosa. En realidad, estas operaciones se hacen todos los días en el mundo, para unos u otros objetivos, porque el problema no son los instrumentos sino los objetivos de política. Por esas razones, hemos concluido que el análisis del texto del artículo 613 es meridianamente claro. Asimismo, el señor Senador Gallinal expresó -también con mucha claridad- que aquí hay una habilitación genérica para todo tipo de asociaciones que, en lo específico, tienen sólo una traba en determinada cuestión puntual, en relación con la venta de una parte de ANCEL. Pero en lo demás, está habilitado, porque esa es la filosofía que inspiró la reforma de la Carta Orgánica.

En resumen, señor Presidente, nuestro problema está en lo que serán las decisiones posteriores y no en las actuales, es decir, que el tema sería el día siguiente y, en el caso de las empresas públicas, no lo compartimos porque está inspirado en una orientación política con la que no estamos de acuerdo. Tampoco lo estamos en cuanto a la idea que existe sobre el contralor de estos emprendimientos mixtos si no se incluye al Tribunal de Cuentas, pues entendemos que este es un tema absolutamente clave. Nos parecen importantes las consultoras privadas, nacionales o internacionales, pero existe mucha política, buena y mala, en materia de consultorías, así como en calificadoras de riesgo, de cuestiones legales y de las otras. Si tuviera que recomendar una lectura para alguno de estos días, les diría que leyeran el Testamento de Perel. Este señor es quien aparece en la frondosa documentación presentada por la diputada Carrió, pero aquí lo que vale mucho también es la fuente, que son las investigaciones que hizo el Subcomité del Senado de los Estados Unidos. Gran parte de esto era conocido, el resto llegó en unas cajas y ahora están llegando más datos. En esta abundante documentación que está en Internet hay un documento que se llama el Testamento de Perel. El era el operador de la mafia del lavado más importante de las empresas que estaban en Argentina en esta operativa internacional. Cuando se da cuenta de que las cosas no marchan y que su socio lo aísla, en su testamento empieza a escribir unas notas todos los días para su familia -porque tiene mucho miedo- contando cómo era la operativa. Desde el punto de vista de la transparencia posterior, post facto, la descripción que hacía es absolutamente brillante. Allí aparece con total claridad que el tema de las consultorías también tiene sus luces y sus sombras y algunas de estas últimas son bastante insondables. Ahí están las consultoras de mucho renombre y el vínculo entre Uruguay y Argentina, a través de las personas que revisan las cuentas dos veces por semana y hacen que éstas cierren. Entonces, cuando no se acepta que el Tribunal de Cuentas efectúe un control, entendemos que es un camino equivocado, por la idoneidad técnica que tiene en la materia, por su independencia institucional y porque la función de auditoría está prevista legalmente dentro de sus cometidos. Entonces, está bien que haya auditoras privadas y consultoras de estos emprendimientos mixtos pero, en última instancia, toda la información debe pasar por el Tribunal de Cuentas.

Es todo lo que quería expresar.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- El señor Senador Rubio, en gran parte de su primera intervención, se dedicó a informar frondosamente al Senado las razones por las que el Encuentro Progresista optaba por la vía larga y no por la vía corta. Seguramente, tendrá motivos para haber dedicado una parte sustancial de su intervención a explicar esto. Aclaro que no tengo por qué no creerle, pero tampoco tengo por qué no creer al semanario "Búsqueda" y a un documento del Comité Central del Partido Comunista que publicó el 22 de marzo. Ese documento perteneciente a una reunión del Comité Central del Partido Comunista de los días 10 y 11 de marzo expresa que "por el camino largo estamos todo un año suspendiendo todos los negocios de los inversores, las sociedades anónimas y todo eso". Esto fue duramente desmentido y se acusó al semanario "Búsqueda" de falsear la verdad y de que pudo haber inventado el documento. El 29 de marzo "Búsqueda" publica la totalidad del documento, que leeré a continuación. El mismo dice lo siguiente: "Si este partido además se planta en este año que es muy promisorio, donde han pasado grandes cosas y hay mucha gente, compañeros, compañeras que han mirado, que han hecho vaivenes, que miran quién orienta con claridad. Y nosotros tenemos lo que impulsar, o sea que tenemos muchas condiciones. En un año donde la elaboración se entrelaza, se enriquece y se desarrolla, porque el centro que hoy tenemos que atender y resolver posteriormente es esta pelea que tenemos por delante con las empresas del Estado: la lucha por ANTEL. Es importantísimo que quede claro: tenemos opinión de que hay que ir al plebiscito, tenemos definición también sobre que hay que ir por el camino largo. Eso no quiere decir no ser flexibles si tenemos una determinada situación o correlación de fuerzas que nos impida tomar ese camino. Pero el camino largo obvia lo voluntario.

En los pueblitos por ejemplo, una cosa es la elección general obligatoria en la que rasqueteamos votos pero que no se cuentan en una elección voluntaria. No contemos los traslados departamentales. Y por otra parte, existe el inconveniente del voto `registrado'. Pero además, se trata de un año entero parando los posibles negocios y asociaciones. Porque el otro problema que tenemos es que, presentadas las firmas, esta Corte que todavía no se cambió y cuyo cambio lo vemos `duro', esta Corte dócil -ya lo dijeron- inmediatamente determina que no es recurrible porque estaba en el Presupuesto". Y el documento sigue. Pienso que algo debe haber habido porque, según informa "Búsqueda" -a pesar de que se la desmiente con fuerza, aunque el documento no lo demuestra- posteriormente, el lunes 26 el Comité Central de Partido Comunista parece que resolvió no elaborar documentos sobre sus reuniones para que no se filtrara información. Personalmente, le creo al señor Senador Rubio, pero no tengo por qué no creer a un semanario serio que publica un documento de un partido tradicional uruguayo, como el Partido Comunista, que data de la década del 20, en el que se dice que se opta por el camino largo porque es más entretenido y, en ese caso, se paralizan las inversiones y se puede presionar a la gente yendo puerta por puerta. Digo todo esto porque el señor Senador dedicó buena parte de su intervención a aclarar este tema.

Quiero que quede claro que dentro de pocos días vamos a presentar un proyecto de ley que intenta volver a lo que se procuró en su momento, cuando aquel "mamarracho" de la recolección de firmas para la ley de pacificación, el Parlamento decidió sustituir el anterior sistema por otro, tipo Copa Libertadores de América: partido de ida y de vuelta. Esto también era un mamarracho y se optó por una sola instancia electoral. En un descuido, se reinstauró la recolección de firmas, con lo cual ahora tenemos instancia electoral: camino corto, o recolección de firmas: camino largo. Repito que dentro de poco vamos a presentar un proyecto de ley dejando las cosas en su debido lugar y con el verdadero espíritu del Legislador: la opción que se quiera plebiscitar, la ley que se quiera, pero por el camino corto y no utilizándolo como una herramienta para detener inversiones y correr a aquellos pocos que quieren apostar al país.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Estaba conversando algo más importante con el señor Senador Brause que tiene que ver con el trabajo de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, y me pareció sentir una alusión, no personal, sino a mi Partido.

En forma breve, en honor a la verdad -y no por el señor Senador Millor- debo decir, en primer lugar, que el semanario "Búsqueda" dice tener documentos sobre las reuniones del Comité Central de mi Partido, pero no se trata de documentos escritos -lo que sería más útil- sino que son informes verbales que se dan en una reunión en la que se discuten distintos caminos. En segundo término, es difícil que un lunes el Comité Central pueda resolver algo porque sus integrantes, sobre todo los de la dirección, trabajan en el interior no pudiendo reunirse ese día. En tercera instancia, el señor Senador Millor no se refiere a los problemas de fondo que padece el país, a la situación de ANTEL ni a cuál es el mejor camino a tomar. En realidad, no contesta ni un solo argumento de los que dan tanto el señor Senador Rubio como quienes estamos acá. Percibo que su gran preocupación no es el problema de fondo.

Para nosotros, los comunistas, para los frenteamplistas, encuentristas, y supongo que también para la gran mayoría de los representantes de los distintos partidos que están ocupando bancas aquí, conversar con la gente, tener un mano a mano, explicarles, informarles y difundir de qué se tratan las leyes que se aprueban en el Parlamento, es parte de la reafirmación y de la profundización democrática. Escuchar lo que la gente nos dice cuando golpeamos sus puertas nos ubica en el Uruguay real. Pueden suceder diferentes cosas. Por ejemplo, uno puede explicarles algo sobre temas complejos, como el caso del marco regulatorio, y darse cuenta, por la respuesta del vecino o la vecina, de que su mundo y sus preocupaciones están centradas en otro lado y que, por otra parte, tienen mucha dificultad para acceder a lo que pasa en el Parlamento. A modo de anécdota, debo informar que hace unos días busqué -infructuosamente- en todos los diarios alguna alusión a la sesión anterior y en un solo matutino encontré un artículo muy pequeño -y fue una búsqueda exhaustiva- sobre la existencia de dicha sesión en la que se discutió, nada más ni nada menos, que el destino de ANTEL. Entonces, golpear las puertas y hablar con la gente es parte de la democracia, lo que parece que espanta al señor Senador Millor. Le espantan también los caminos democráticos de la consulta popular; le molestaba estar recogiendo firmas, le molestaba el camino corto, le molesta el largo, en definitiva, al señor Senador Millor le molesta el ejercicio de la democracia donde uno convence o es convencido, donde el pueblo uruguayo, por suerte, como ha sucedido cuando hemos realizado propuestas que luego perdimos, nos señala con toda claridad que lo convencemos o no se deja arriar por ningún tipo de poncho, de destrato, ni de líderes. Hay que conversar y convencer y, si no lo hacemos, él mismo se encarga de decirnos que no lo convencimos o que no tenemos razón y no van a votar. Por lo tanto, el camino largo tiene esa riqueza -a lo mejor desconocida por el señor Senador Millor- que significa el diálogo permanente para profundizar la democracia en un país que pagó un precio muy alto, por lo menos, lo han hecho sectores muy importantes de la población, para defender lo que nosotros queremos profundizar.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- En lo único que coincido con la señora Senadora es en ese reconocimiento -que me duele- de que lo que se dice acá, lamentablemente, en estos últimos tiempos importa muy poco.

Quiero decir, francamente, que a mí no me espantan los caminos de los procedimientos democráticos. Es más, si se trata de recorrer el país y de golpear puertas, yendo pueblo por pueblo -y en esto no le cedo la derecha a nadie- me parece que he dado claras pruebas de que siempre lo he hecho. A mí lo que me espanta, y lo que espantó al Parlamento nacional -razón por la cual cambió el sistema- es la presión que se ejerció en las fábricas y en los barrios en oportunidad de sancionarse la ley de caducidad. Efectivamente, existieron denuncias de esas presiones, con amenazas y con intimaciones a la gente para firmar, porque si no firmaba quedaba marcado. Fue por eso que el Parlamento nacional sustituyó ese sistema por otro -me parece que también muy democrático- en el que se permite a quien quiera impugnar una ley realizar una campaña con la mayor libertad posible, y el pueblo que quiera derogarla irá a las urnas el día habilitado para ello y decidirá. Eso sí me espanta, y espantó al Parlamento nacional, porque no fue por capricho que se cambió ese sistema. ¿Qué sucede? Se instrumentó un sistema de ida y vuelta que obligaba a tener un día feriado en la segunda vuelta. Pero se quiso cambiar este sistema por una sola instancia. Desafortunadamente, se reinstauró éste, y de esa manera el Uruguay tiene esta " rara avis" de un camino corto y de un camino largo. Ambos caminos son democráticos, pero el ciudadano, obviamente es menos presionado cuando se fija un día y libremente concurre o no a votar -y si lo hace, en la soledad del cuarto secreto, veremos qué es lo que hace- que cuando se habilita la posibilidad de que durante un año lo estén presionando en el lugar donde trabaja, en el barrio, cuando se está divirtiendo, etcétera. Así, en 1989, ante la duda de si alcanzaban o no las firmas, se dijo que sí alcanzaban y luego de que se terminó de revisar se llamó a plebiscito. Cabe destacar que en este país se ha constatado falsificación de firmas, algunas de ellas muy notorias. En este país, también se ha constatado que un individuo -no a propósito, sino porque distintas personas le recogieron la firma- estampó su firma 3, 4 ó 7 veces. Esto será muy democrático pero no es justo y no está bien. Frente a todo esto, es evidente que estos mecanismos han demostrado no ser los más convenientes para recabar la opinión popular. Lo que sucede, simplemente, es que si me ocupé de este tema -que no tiene que ver con el fondo del asunto que estamos discutiendo- fue porque el señor Senador preopinante, en una exposición documentada -que podrá compartirse o no- dedicó buena parte de ella a explicar la razón por la cual su coalición de fuerzas políticas optaba por el camino largo; alguna razón para ello tendría.

Simplemente, he querido hacer esta puntualización para no ofender a nadie, pero puedo garantir, señor Presidente -creo que es algo que le consta a varios compañeros del Senado e incluso a algunos del Encuentro Progresista- que si es por recorrer pueblos o el país, no le cedo la derecha ni la delantera a nadie.

Muchas gracias.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: el señor Senador Rubio en el transcurso de su alocución me aludió expresamente, intentando a través de ese mecanismo explicar y fundamentar por qué su fuerza política y, en particular, el PIT-CNT, decidieron recorrer el camino largo de la impugnación de los artículos 612 y 613. Lo hizo a través de una explicación que, adelanto, quien habla no había requerido; en el transcurso de mi exposición no solicité que esto se justificara y mucho menos lo puedo pedir desde el momento en que no sólo reconozco como legítimos cualquiera de los dos caminos sino que, además, personalmente, en mi pasaje por la Cámara de Representantes fui quien inventó el sistema del camino largo. Ese proyecto de ley que terminó en ley fue redactado por mí en un trabajo conjunto con otros compañeros de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes. Precisamente, se optó por ese camino largo por una razón muy sencilla: porque la Constitución de la República le otorga a la ciudadanía el plazo de un año para recurrir una ley. En consecuencia, era necesario respetar esa condición fundamental porque, de otra forma, la ley sería inconstitucional; es más; creo que ya lo era la ley anterior que no respetaba este precepto en toda su dimensión. A su vez, se estableció también el camino corto para establecer algunas certezas jurídicas que permitían tener una definición más rápida en el tiempo, respecto a la estabilidad y permanencia de una ley en todas sus formas.

No me parece una explicación razonable sostener que la posibilidad de que la Corte Electoral rechace el recurso obligue a recorrer el camino largo. En ese sentido, debo aclarar que en el transcurso de mi exposición no señalé que la Corte iba a rechazar el recurso. Ni siquiera tomé posición; al contrario, he señalado en más de una oportunidad que no he estudiado profundamente este tema que merece ser analizado en forma detenida. En todo caso, si en su momento se plantea una alternativa de estas características, habrá que ver en profundidad los alcances de la disposición constitucional que establece que una ley que tiene iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y que una Ley de Presupuesto, no pueden ser recurridas a través de una vía de referéndum.

Lo que sí señalé es que al recorrer el camino largo existe una intencionalidad política. Eso es absolutamente evidente.

SEÑOR SINGER.- Apoyado.

SEÑOR GALLINAL.- ¿Cuál es la intencionalidad política? Bueno, hay muchos motivos que pueden llevar a una intención de esas características. Personalmente, en alguna medida lo asocio con lo que fue, por ejemplo, la convocatoria a interpelación del señor Ministro Cáceres cuando faltaban apenas ocho días para la subasta de la sociedad de acciones de la terminal de contenedores. Creo que fue la misma intencionalidad política la que lleva, en este caso, a recorrer el camino largo.

Independientemente de todo esto, lo que el señor Senador Rubio no puede dejar de reconocer es que mi propósito -y no solamente queda de manifiesto por una nota que me hizo el honor de publicar el diario "El Observador" en su edición del 13 de febrero de 2001, sino también por el proyecto de ley de características similares al que hoy está tratando el Senado y que en mano propia entregué al señor Senador Rubio y a otros compañeros de este Cuerpo- es prevenir un conflicto de intereses tan fuerte como el que se puede dar en la eventualidad de que la Corte Electoral rechace éste o cualquier recurso contra una ley. Eso se hizo sanamente, con la más firme intención de precaver un conflicto de intereses y un enfrentamiento político muy fuerte que -y esto también lo debemos reconocer- en sus comienzos, recogió el beneplácito de distintos compañeros del Senado pertenecientes a todos los sectores políticos. Lo que sucedió fue simplemente que luego se consideró -probablemente fue lo que ocurrió en el caso del señor Senador Rubio- que este proyecto de ley no les daba las garantías suficientes respecto a la posible comercialización de acciones de ANCEL o a futuras asociaciones. De todos modos, que de nuestra parte se tuvo la intencionalidad manifiesta -más allá de un pronunciamiento de fondo que todavía no existe- de buscar soluciones alternativas previas a evitar un conflicto de esas características, no cabe ninguna duda. Tampoco cabe ninguna duda que cuando se elige el camino largo y cuando en vez de recoger 10.000 firmas por mes durante cinco meses, se prefiere recoger 50.000 firmas por mes durante doce meses, es porque evidentemente hay una intención de prolongar en el tiempo la discusión sobre un tema importante para la vida del país.

SEÑOR BRAUSE.- Apoyado.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: no voy a ingresar a una polémica por la vía de aclaraciones y alusiones y no pongo en duda las intenciones del señor Senador Gallinal en este tema. De todos modos es claro que el texto que finalmente queda no nos ofrece garantías, como también es evidente que se ubica en una ofensiva más global donde se observan propósitos de política que incluso se han acentuado -como creo que ya lo demostré- con mucha virulencia durante los últimos meses. Igualmente, lo que estoy haciendo es dar una explicación sobre cuáles fueron los motivos de nuestra fuerza política que, además, estuvieron en el debate y buena parte de ellos se hicieron públicos. En una palabra, fueron parte de un debate público; eso es lo que estoy diciendo. La intención política no es que el tiempo sea más largo, sino que si nos dicen que en realidad puede darse una eventualidad desgraciada en el Uruguay, profundamente desgraciada, en la que se pondrían en juego problemas de legitimidad, nosotros decidimos interponer una fuerza tal como para que no se produzca ese hecho desgraciado. Quiere decir que lo que estamos haciendo es una contribución al sostenimiento y fortalecimiento del sistema democrático y a que determinadas tentaciones no den lugar a algunos resultados.

En cuanto a la otra alusión, sobre lo que decía el señor Senador Millor, creo que ya fue contestado por el señor Senador Gallinal. El artículo 79 de la Constitución de la República establece: "El veinticinco por ciento del total de inscriptos habilitados para votar, podrá interponer, dentro del año de su promulgación, el recurso de referéndum...". Si se quiere cambiar esto, habrá que hacer una reforma constitucional y, en ese caso, se podría establecer algo preciso para este tema y para algunos otros como, por ejemplo, el de los ahorros; es más, podríamos adoptar el unicameralismo y solucionaríamos algunos otros problemas. Sin embargo, ese es otro debate.

Muchas gracias.

11) AMPLIACION DEL PORCENTAJE A RETENER POR LA ASOCIACION NACIONAL DE AFILIADOS (ANDA)

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Solicito que se declare urgente y se trate de inmediato el proyecto de ley presentado en el día de hoy y que ha sido repartido a los señores Senadores, por el cual se amplía el porcentaje a retener por la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA). Esto, además, ha sido acordado por los miembros de la Comisión de Constitución y Legislación a pedido de su Presidente, el señor Senador José Korzeniak.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia se acaba de votar: "Proyecto de ley por el que se amplía el porcentaje a retener por la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA). (Carp. Nº 549/01)"

(Antecedentes:)

«PROYECTO DE LEY

SE AMPLIA EL PORCENTAJE A RETENER POR LA ASOCIACION
NACIONAL DE AFILIADOS (ANDA)

Artículo Unico.- Amplíase hasta un 33% (treinta y tres por ciento) la suma a retener por concepto de créditos y hasta el 45% (cuarenta y cinco por ciento) por concepto de fianzas de alquiler de las remuneraciones y haberes de empleados, funcionarios públicos, jubilados y pensionistas, que tengan la calidad de socios de la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA), de acuerdo a lo establecido en los artículos 1°, 2° y 3° de la Ley N° 9.299 de fecha 3 de marzo de 1934, para responder a las obligaciones que los asociados hayan contraído con dicha Institución.

Dr. Ruben Correa Freitas. Senador

EXPOSICION DE MOTIVOS

Montevideo, 20 de agosto de 2001.

Sr. Presidente del Senado:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución de la República, vengo a formular la correspondiente iniciativa respecto al proyecto de ley por el cual se amplía hasta el 33% (treinta y tres por ciento) la suma a retener por concepto de créditos y hasta un 45% (cuarenta y cinco por ciento) por concepto de fianzas de alquiler de las remuneraciones y haberes de empleados, funcionarios públicos, jubilados y pensionistas que tengan la calidad de socios de la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA).

La Asociación Nacional de Afiliados (ANDA) fue fundada el 18 de noviembre de 1933 y aprobada su personería jurídica el 13 de diciembre del mismo año. Su objeto social es de carácter solidario, satisfaciendo necesidades básicas de sus afiliados en materia de créditos, garantías de alquiler, servicios de salud y servicio fúnebre.

El 3 de marzo de 1934, se promulgó la Ley N° 9.299 que autorizó a ANDA a enviar retenciones hasta el veinte por ciento de las asignaciones para créditos en general, extendido hasta el cuarenta por ciento para las fianzas de alquiler, a practicar sobre las remuneraciones y haberes de los empleados, funcionarios públicos, jubilados y pensionistas, que tuvieran la calidad de socios de la Asociación.

En el mensaje del Poder Ejecutivo de 22 de enero de 1934, se abogaba a favor de la aprobación del instrumento legal citado para "iniciar su obra cooperativista y mutualista".

Entre sus finalidades se destacaba que: "la entidad nombrada se ocupará de facilitar, por todos los medios posibles, el abaratamiento de la vida, de aumentar el poder adquisitivo de sus socios, de facilitarles créditos comerciales con los establecimientos que se hallen en condiciones regulares con la Caja, de garantir locaciones de fincas, de suministrar servicio médico, farmacéutico, jurídico, etc., y organizar parque de vacaciones, congresos y conferencias, de desarrollar y unificar en un común idealismo el espíritu de solidaridad social".

Más adelante agregaba: "es de toda evidencia que una institución concebida con la orientación y las finalidades expresadas, cumple en cierto modo una función pública en bien del Estado y del Instituto Jubilatorio, que el Gobierno debe facilitar por todos los medios a su alcance, sin perjuicio de mantener a la vez (...) el contralor más estricto para defender el interés colectivo y los derechos personales de los afiliados".

A tal efecto se dispuso en el artículo 4° del citado instrumento legal, la designación de un interventor del Instituto Jubilatorio, que ejercerá el contralor de las operaciones de la Asociación Nacional de Afiliados.

La autorización legal de las retenciones fue fundamentada como un respaldo de garantía que permitiera a la Asociación iniciar sus operaciones con solidez y "las mismas prerrogativas que solicita la Asociación Nacional de Afiliados, fueron concebidas a la Federación de Empleados y Obreros de la Nación, a la Mutual Militar Uruguaya, a la Cooperativa Bancaria de Consumos, a la de las Usinas y Teléfonos del Estado y a la Municipal...".

Pues bien, en el año 1940, se dispuso mediante la Ley N° 9.979 establecer en el 30% el porcentaje de retención para la Cooperativa de Consumo de UTE; en el año 1948, se dispuso establecer en el 30% el porcentaje de retención para la Cooperativa Municipal de Consumo según Ley N° 11.055 y en el año 1966, mediante la Ley N° 13.541 se dispuso fijar en un 35% el porcentaje de retención para la Cooperativa Bancaria.

En cambio, el porcentaje de retención de la Asociación Nacional de Afiliados permaneció invariable
hasta la fecha.

Transcurridos sesenta y siete años de existencia de la Asociación Nacional de Afiliados, cuenta en la actualidad con noventa y dos mil asociados. Presta un conjunto de servicios de primera necesidad a sus socios y a su núcleo familiar inmediato, por una única cuota mensual que promedialmente se encuentra en el entorno de los doscientos pesos. Incorporando al núcleo familiar, las prestaciones alcanzan a unas 280.000 personas aproximadamente.

Tiene presencia nacional, cuenta con treinta y cuatro dependencias, destacándose su localización en cada capital de departamento.

Los servicios que brinda son: créditos, garantías de alquiler de fincas con destino a casa habitación, asistencia odontológica completa, asistencia médica primaria, asesoramiento jurídico, servicio fúnebre y pago de pasividades.

La Asociación es objeto de múltiples contralores estatales, desde el Ministerio de Educación y Cultura que autoriza la reforma de sus estatutos y puede investigar su funcionamiento, pasando por el Banco Central del Uruguay que la controla en su carácter atípico de administradora de créditos por una parte de su actividad, o la Auditoría Interna de la Nación o el Ministerio de Salud Pública en cuanto al funcionamiento de sus servicios de salud, hasta el sistema especial de contralor que dispuso la Ley N° 9.299 por parte del instituto jubilatorio.

En relación a los créditos, se cobra una tasa de interés del 75% anual para los préstamos en efectivo, a un plazo de quince meses, y los créditos comerciales oscilan entre el 36% anual efectivo hasta el 65% anual efectivo, dependiendo del número de cuotas, que también van de una a quince.

Estas tasas de interés, se encuentran por debajo de las tasas que cobran las demás administradoras de crédito que operan en la plaza.

Dentro de los créditos comerciales, cuya operatoria es de $ 12:000.000 mensuales, el 60% se destina al rubro alimentación.

En materia de garantía de alquiler, la Asociación garantiza actualmente 8.500 contratos, siendo un referente sólido para propietarios y administradoras de inmuebles a la hora de requerir una garantía seria y eficiente.

Debe destacarse que los servicios de salud de la Asociación, se rigen por parámetros de calidad exigentes y tienen un costo muy bajo para los asociados, tanto en el área odontológica como en el servicio médico primario. Los precios de los tickets y los presupuestos dentales, están muy por debajo de lo que debe abonarse en las instituciones mutuales.

Es política explícita de ANDA subsidiar los servicios de salud o el servicio fúnebre, que no tiene costo para el afiliado, con los ingresos que derivan de los intereses de los créditos y la cuota social.

En cuanto al carácter socio-económico de sus asociados, el 75% de ellos perciben ingresos que no superan los seis salarios mínimos nacionales.

La naturaleza jurídica de ANDA es de asociación civil sin fines de lucro y los eventuales excedentes que genera su actividad económica, es constantemente reinvertida en las distintas funciones que cumple.

Los datos referidos ilustran sobre la obra social que desarrolla ANDA, la cual alcanza un volumen elevado de la población.

Siendo una asociación civil sin fines de lucro, la única fuente de ingresos proviene de las cuotas sociales y de los recursos financieros que percibe por el otorgamiento de créditos y de los proventos que genera el servicio de garantía de alquiler.

Las leyes de retención han sido herramientas fundamentales, que le permiten recaudar además los créditos otorgados y los alquileres garantidos.

Habiendo quedado rezagada la Asociación en lo que se refiere a su porcentaje de retención, que actualmente es del 20% para los créditos en general y del 40% para las garantías de alquiler, en relación a otras entidades que gozan de la posibilidad legal de retener haberes de pasivos y de trabajadores en actividad, se justifica plenamente el proyecto de ley cuya iniciativa promuevo, a los efectos de que se otorgue a ANDA una ampliación del margen de retención, a efectos de darle certidumbre en sus ingresos, que le permitan continuar con la importante obra social que realiza.

Saluda a usted muy atentamente;

Dr. Ruben Correa Freitas. Senador.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: este proyecto de ley que tiene un solo artículo habilita a que ANDA pueda descontar un mayor porcentaje a sus afiliados, por concepto de fianzas de alquiler, en las remuneraciones y haberes de empleados, funcionarios públicos, jubilados y pensionistas. Concretamente, el proyecto de ley amplía hasta un 33% la suma a retener por concepto de créditos -actualmente es de un 20%- y hasta el 45% -que hasta ahora es del 40%- por concepto de fianzas de alquiler.

Cabe señalar que la ley original de ANDA es del año 1934 y también debemos destacar que se trata de una asociación civil sin fines de lucro, que tiene un total de 92.000 afiliados y que el 75% de ellos percibe remuneraciones que no superan los seis salarios mínimos nacionales.

Indudablemente, la obra social que hace ANDA es muy importante: tiene un excelente servicio médico y odontológico, también brinda servicios fúnebres y, por otra parte, da garantía de alquiler a sus asociados, así como la posibilidad de conceder créditos o préstamos.

Este proyecto de ley es sumamente importante por cuanto se actualizan las normas vigentes desde 1934 para un servicio social como el que presta ANDA que, sin duda, es de gran trascendencia para aquellos sectores de la población de menores recursos, fundamentalmente aquellos vinculados al Banco de Previsión Social.

Además, esta iniciativa ha sido promovida por la propia Directiva de ANDA y cuenta con el beneplácito de la Comisión de Constitución y Legislación, que en el día de hoy lo consideró informalmente, y acordó, por unanimidad de sus miembros presentes, plantearlo al Cuerpo en esta sesión para que rápidamente se solucione este tema. En la práctica, tanto por concepto de alquiler como de créditos, en virtud de las sumas que por concepto de remuneración, jubilación o pensión reciben los afiliados, no se les puede descontar la cuota social correspondiente, que asciende a un promedio de $ 200. Para dar una idea, diré que con $ 260 de cuota en ANDA se cubre a todo el núcleo familiar, tanto en la asistencia médica, como en la odontológica, servicio fúnebre, fianza de alquiler, etcétera. Reitero que esto es sumamente importante. A raíz de una reingeniería que se ha hecho en el Banco de Previsión Social se ha comprobado que, lamentablemente, no se podía descontar la cuota social a los afiliados en virtud de los límites que establece la ley vigente del año 1934.

Estas son las razones por las que la Comisión aprobó este proyecto de ley que tiende a solucionar un problema práctico, no sólo de ANDA, sino también de sus 92.000 afiliados.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: lamentablemente, hoy no tuve posibilidad de participar en la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación, pero debo decir que en este momento el proyecto de ley me genera algunas dudas.

Si bien reconozco la labor importante que cumple ANDA en beneficio de todos sus afiliados, también es cierto que no es la única institución que tiene la potestad de proceder a la retención, tanto por concepto de créditos como de fianza, de los haberes de los funcionarios públicos, jubilados y pensionistas. Incluso, en más de una oportunidad nos han llegado planteamientos de distinta índole hechos por cooperativas, sobre todo, preocupadas por los porcentajes que, por ley, se otorgan a algunas instituciones para esas retenciones. Eso ha generado un importante conflicto de intereses. No tengo conocimiento -dado que es un proyecto de ley presentado en el día de ayer- si se tomaron los recaudos correspondientes, si se efectuaron las consultas del caso a efectos de ver hasta qué punto, más allá del beneficio que esto ha de significar a ANDA, esto no conspira contra otros intereses también legítimos que pudieran tener, fundamentalmente, las cooperativas de empleados que existen en los distintos organismos públicos, así como paraestatales y privados, en los cuales se autorizan retenciones de estas características.

En virtud de lo expuesto, formulo moción en el sentido de volver el proyecto de ley a Comisión, a efectos de hacer esas consultas. Luego, si no existieran las oposiciones de intereses a las que hago alusión -pero que además me constan- estaríamos en condiciones de aprobarlo.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: la verdad es que cuando se pide el pase a Comisión de un asunto, parece que hay una especie de regla de cortesía en el sentido de apoyarlo. No estoy convencido de que deba ser así en este caso. Las preocupaciones que plantea el señor Senador Gallinal las tuvimos todos y revisamos los descuentos que se pueden realizar en otras cooperativas, y vimos que pueden llegar hasta el 33% o el 40% en la mayoría de ellas.

Seguramente el señor Senador Gallinal, sorprendido por un proyecto de ley que recién se repartió, y como no estuvo presente en la Comisión de Constitución y Legislación, no sabe que a las otras cooperativas, cuyas leyes se han seguido actualizando, se les ha dado esa posibilidad. En el caso de ANDA, la ley de 1934 se lo marca en un 20%, dado que es muy antigua. Además, tenemos la lista de las cooperativas de consumo y los porcentajes correspondientes; en el caso de la Municipal, es del 35%; en la de UTE -por ley de 1948- ya era de un 30% en 1948. También tenemos la opinión del Banco de Previsión Social. No hay que olvidar que ANDA, por su carácter de institución que atiende a los más humildes, en general jubilados, tiene un funcionario del Banco de Previsión Social integrado haciendo una especie de contralor permanente. La opinión es que ANDA presta muchos más servicios que, por ejemplo, las cooperativas de consumo -las cuales no dan asistencia médica completa y excelente, así como tampoco servicio odontológico ni garantías de alquileres, en muchos casos- pero sin embargo éstas tienen la posibilidad de descontar más que aquélla.

De modo que si el Senado resuelve pasar nuevamente el proyecto de ley a Comisión, tenemos que pensar que se volverá a tratar en setiembre. Además, el Banco de Previsión Social dijo a ANDA: "Nosotros tenemos que cumplir la ley del 34 y no podemos retener más del 20%". Si esto se prolonga, seguramente se puede provocar un problema financiero.

Creo que sería conveniente hacer un esfuerzo y, con la lectura rápida de los porcentajes que rigen en las otras cooperativas -que, repito, sólo son de consumo, porque no dan todos estos servicios tan importantes- comprobar que ellas tienen porcentajes más altos del 20%, que es el que maneja ANDA. En esas condiciones, propondría que el Senado tomara en cuenta esta urgencia y aprobara el proyecto de ley.

Concretamente, esta es mi propuesta.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Quiero ilustrar al Cuerpo sobre los porcentajes que las diferentes leyes autorizan a otras cooperativas de consumo: a la Cooperativa de Consumo de UTE, un 30%, según la Ley Nº 9.979, de 2 de diciembre de 1940; a la Cooperativa de Consumo Municipal, un 30%, según la Ley Nº 11.055, de 14 de enero de 1948; a la Cooperativa de Consumo de Transporte, un 30%, según la Ley Nº 11.180, de 15 de diciembre de 1948; a la Cooperativa de Consumo Magisterial, un 33%, según la Ley Nº 12.222, de 7 de setiembre de 1955; a la Cooperativa de Consumo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, un 33%, según la Ley Nº 12.225, de 7 de setiembre de 1955; a la Cooperativa de Consumo de Previsión Social, un 33%, según la Ley Nº 12.249, de 21 de octubre de 1958; a la Cooperativa de Consumo Familiar, un 33%, según la Ley Nº 12.777, de 14 de setiembre de 1960; a la Cooperativa de Consumo Policial, un 30%, según la Ley Nº 13.069, de 28 de junio de 1962; a la Cooperativa de Consumo Electoral, un 30%, según la Ley Nº 13.111, de 15 de setiembre de 1962; a la Cooperativa de Consumo Bancaria, un 35%, según la Ley Nº 13.541, de 15 de octubre de 1966; a la Cooperativa de Consumo del Club ANCAP, un 40%, según el Decreto-Ley Nº 14.441, de 7 de octubre de 1975 y a la Cooperativa de Consumo Club de Empleados de ANCAP, un 33%, según el Decreto-Ley Nº 15.442, de 26 de julio de 1983.

En fin, creo que estos porcentajes revelan que la Ley de 1934, que habilitó a ANDA a hacer los descuentos correspondientes, indudablemente, se quedó en el tiempo con relación a las que se dictaron con posterioridad, que ampliaron los porcentajes.

Muchas gracias.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: tenemos el mejor concepto sobre ANDA. Inclusive, recuerdo haber visitado su local hace algunos años, y conversar con sus directivos y asesores. Es más, en esa época estaba -y no sé si lo sigue estando- de asesor el doctor Rodolfo Saldain. Sin embargo, dado el trámite del asunto, es decir, un proyecto de ley presentado el día 20 del corriente, y que un señor Senador plantea tener más información, cuando lo que surge de esta iniciativa es que por más que el destino sea la retención de alquileres, se estaría llegando al 45% de los haberes, habría que acceder al pedido y estudiar un poco más el tema. Téngase en cuenta que el Código Civil, para cumplir con las pensiones alimentarias, existiendo mujer e hijas, llega hasta el 50%.

Entonces, me avengo y creo que es oportuno atender el planteo del señor Senador Gallinal. Debo confesar que, en principio, no iba a poner obstáculos, entre otras cosas, porque no pude estar presente en la reunión de la Comisión de Constitución y Legislación, cosa que avisé. Un poco motivado por eso, y no por no tener ninguna duda, no iba a decir nada. Pero no por las propias, sino en función del planteo que se ha realizado, me parece que si hiciera tres años que estuviera el proyecto, habría que sacarlo; no es así, porque hace 48 horas que se presentó y, por lo tanto, podríamos tomarnos una semana para que el señor Senador o algún otro -entre los que podríamos estar incluidos- se ilustre. No creo que esto pueda ser un obstáculo a las prácticas parlamentarias.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia pregunta el señor Senador Correa Freitas si acepta que el proyecto vuelva a Comisión.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Independientemente de que si la voluntad del Senado es pasar este proyecto de ley a la Comisión, digo que se llega a ese porcentaje partiendo del 40% tal cual está hoy. O sea que pasamos de éste al 45% incluido el alquiler.

(Dialogados)

-Cuando no incluye el alquiler, estamos hablando de dar un porcentaje parecido a los anteriores.

Si la voluntad del señor Senador Gallinal y del Senado es insistir en pasar el proyecto a la Comisión, no voy a insistir; pero a los que más o menos sabemos cómo funciona ANDA, no nos surgen preocupaciones adicionales. Sí estoy convencido que esto tiene urgencia, porque el Banco de Previsión Social tiene que votar la ley y tal vez aquí se pueda estar perjudicando -no poseo información al respecto, pero supongo que el señor Senador Correa Freitas lo planteó en la Comisión de Constitución y Legislación- a gente que tenga un alquiler y que esté por encima de
esos números.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha habido sugerencias de que el proyecto de ley vuelva a Comisión, pero no se han formulado mociones. Por lo tanto, la Mesa no tiene más remedio que poner a votación en general el proyecto de ley.

SEÑOR GALLINAL.- Entonces, formulo moción concreta para que pase a Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-10 en 21. Negativa.

Corresponde pasar a votar en general el proyecto de ley.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Solicito un cuarto intermedio de cinco minutos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-22 en 24. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta la hora 17 y 57 minutos.

(Así se hace. Es la hora 17 y 52 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 17 y 56 minutos)

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Formulo moción para que el proyecto de ley pase a Comisión, a los efectos de analizar las propuestas hechas en Sala.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

- 21 en 23. Afirmativa.

12) ADMISION DE CAPITALES PRIVADOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR TERRESTRE DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del tema relativo a ANTEL.

Tiene la palabra el señor Senador Nin Novoa.

SEÑOR NIN NOVOA.- Después de estos vaivenes que ha tenido el Senado, más propios del equipo económico, poniendo y sacando impuestos, retomamos este tema que impulsó el señor Senador Michelini, y que tiene la finalidad señalada por él. No deseo hacer ninguna interpretación, porque cada vez que reflexionamos sobre las motivaciones que nos llevan a adoptar ciertas actitudes, en general, erramos. Creo que la intención del señor Senador Michelini es autorizar, mediante una nueva ley, la posible asociación de ANTEL con capitales privados, en los términos que determina el artículo 188 de la Constitución.

Durante el transcurso del debate en la Comisión Especial, el Partido Nacional propuso un artículo sustitutivo, dando un giro fundamental a la norma en cuestión, al incluir la posibilidad de este doble control parlamentario para vender acciones para la prestación del servicio de telefonía celular, según el artículo 612 de la Ley de Presupuesto. Lo curioso es que esta norma se va a votar -seguramente- con la posibilidad de vender ANTEL o una parte de ella, en medio de anuncios, tanto del oficialismo como de la propia empresa, en el sentido de no querer hacerlo. En efecto, el señor Senador Atchugarry, la semana pasada, en forma más o menos textual dijo que el Gobierno no ha planteado la venta total o parcial de ANTEL o de ANCEL. Por su parte, el señor Presidente de ANTEL, ingeniero Fernando Bracco, en declaraciones realizadas a la Comisión Especial -según consta en la versión taquigráfica- indicó claramente que el objetivo de la empresa es no utilizar el artículo 612 del Presupuesto, que habilita a vender hasta un 40% del paquete accionario de ANCEL.

Está claro, al menos para quien habla, que si ni el Partido Colorado -es decir, el Gobierno- ANTEL, ni el Partido Nacional van a tomar la iniciativa de la venta de acciones de ANTEL, no hay razón para habilitar una norma legal que la permita. ¿Por qué y para qué dejar un cheque en blanco y, además, firmado?

Nuestra posición es bien clara; será o no compartida: no queremos que se vendan las empresas públicas con meros criterios economicistas. Esto es pan para hoy y hambre para mañana. No deseamos que se despedacen empresas importantes como ANTEL . Nos parece que hemos actuado en consecuencia con esto. Votamos negativamente los artículos 612 y 613 de la Ley de Presupuesto. Apoyamos el referéndum, que es un derecho constitucional -que reivindicamos- que tiene la ciudadanía para derogar estos artículos. Además, no apoyaremos este proyecto de ley.

Me parece que las apreciaciones del señor Presidente de la República en el día de ayer, merecen una aclaración: no nos oponemos a las transformaciones, pero sí a las privatizaciones llevadas adelante con este criterio. Le decimos sí a las asociaciones estratégicas para nuevos emprendimientos y no a la venta de pedazos de empresas que, por otro lado, son rentables. Quiere decir que el Encuentro Progresista está abierto a la discusión sobre la base de la transformación de las empresas públicas y no a la venta de aquellas que son rentables, desarrolladas tecnológicamente y con un gran potencial de crecimiento, como es, en este caso, ANCEL.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Pereyra)

-Hasta hoy, ANTEL es una de las empresas más eficientes de telecomunicaciones de América Latina, y cuenta con importantes índices, en comparación con los demás países de esta región. La señora Senadora Dalmás, en la última sesión del Senado brindó datos muy interesantes -y, por cierto, conocidos por todos, por lo cual no los voy a repetir- relativos a teledensidad, telefonía fija y celular.

Quiero dedicarme a recordarle al Senado algunos aspectos -que, naturalmente, también sabrá- vinculados con estos nuevos servicios en materia de telecomunicaciones. Por ejemplo; ANTEL quintuplicó la cantidad de servicios de datos comercializados; multiplicó por diez la cantidad de minutos de Internet computados, pasando de 40 millones a 450 millones de minutos, y multiplicó por trece la cantidad de casillas de correo y por 14 las bocas de acceso a Internet. La velocidad de acceso a Internet, a través de la red telefónica, es igual que en Estados Unidos. Los equipos usados son de la misma marca y generación que en dicho país, y los enlaces internacionales de acceso a Internet se van a cuadriplicar. El grado de congestión de los enlaces internacionales es bajo. En materia de transmisión de datos, ANTEL brinda varios servicios digitales similares a los que dan las compañías de comunicaciones en todo el mundo; yo solamente titulo: Data Express, Data Mundi, Minisat, Adinet, Uruguay Net, ADSL. En todos los casos, se dispone de una red con redundancia, es decir, de un respaldo en caso de fallas de enlace y de supervisión de un extremo a otro de la banda, con atención las 24 horas todos los días del año. La tecnología empleada por ANTEL es la misma que en los países desarrollados, y los equipos también son de última generación.

Si me permiten, deseo realizar tres puntualizaciones y, desde ya, adelanto que no tengo ningún empacho en hacerlas. En primer lugar, reconozco una dirección acertada en la empresa, en términos generales, en los últimos años.

En segundo término, eso no me impide criticar algunas cosas que todos sabemos, porque la empresa no es perfecta; hay aspectos que son perfectibles, como ser el clientelismo, los famosos guardahilos, los contratos de camionetas y los zafrales. Son todos mecanismos que tienden a desvirtuar el gerenciamiento de la empresa pública.

En tercer lugar, reconozco la tarea de los gerentes, técnicos y operarios, que son los que están cuando los Directores entran, y son los que quedan cuando éstos se van. Además, ellos son el soporte de esta empresa.

Me parece que también deberíamos abordar este tema de las telecomunicaciones en conjunto, porque es algo más que la telefonía. El sector de telecomunicaciones es, obviamente, telefonía, pero también comunicación satelital, información, Internet, radioemisoras, televisión, datos y nuevas tecnologías.

Si bien representa un porcentaje bajo en la generación de nuestro Producto Bruto Interno -apenas el 3.58- el sector de las telecomunicaciones es uno de los más dinámicos; y, según las previsiones que se han hecho, tiende a crecer en forma sistemática. Son usuarios del mismo el propio sector de telecomunicaciones, el de los servicios financieros, los de hotelería, comercio, transporte y, dentro de las industrias, sin ningún lugar a dudas el de las exportadoras son las que más lo requieren.

Cabe destacar que entre los años 1990 y 1999 el sector creció un 140%, esto es, a una tasa anual de 9.16.

Respecto a los objetivos básicos de la telefonía -la señora Senadora Dalmás y otros señores Senadores lo han dicho- podemos decir que la telefonía fija ha evolucionado mucho, sobre todo si la comparamos en un período de cinco o seis años en el que pasó de 18.4 teléfonos cada 100 habitantes a 27. En cuanto a la telefonía móvil -tema sobre el que también ya se ha hablado- no creo ser reiterativo si señalo que en 1994 el servicio de ANCEL pasó de 0.3 teléfonos cada 100 habitantes a 9.5. Es importante señalar que este servicio empezó después que la empresa privada MOVICOM lo desarrollara.

Por todo lo expuesto, podemos concluir que el desarrollo de ANTEL es bueno y provechoso para el país, o sea, para las finanzas del Gobierno. Además, tal como aquí se ha señalado, también se utiliza a esta empresa como fuente de recursos; esta es una manera, una política de distribución de recursos.

Hace unos días conversaba con un austríaco que nos visitó -estuvo aquí en la Barra- y me preguntaba, conociendo la tradición estatista de nuestro país, cómo definiríamos el sector telecomunicaciones desde el punto de vista de si era un monopolio estatal -de acuerdo con esas tradiciones- o si estaba en situación de competencia. Para responderle me basé en un trabajo que publicó la revista de SUTEL en el que se analizaban doce servicios. Allí se concluía que, en lo que respecta a telecomunicaciones, solamente existían dos monopolios estatales: la telefonía local y la telefonía de larga distancia nacional. Estos son los dos monopolios estatales existentes en este momento, los que, por otra parte, son operados por ANTEL. Esto es así porque en materia de telefonía de larga distancia nacional existe un sistema de competencia limitada; por ejemplo, ANTEL, mediante un convenio con Mediatel de los Estados Unidos, acordó con las Zonas Francas que Montevideo Teleport Internacional brinde servicios a los usuarios de dichas Zonas. En lo que respecta a telefonía celular, existe competencia abierta mediante licencias y actúan en ese sector ANTEL y MOVICOM. En radiofrecuencia, la competencia es total y son ejemplos de ella: Radiollamada del Plata, Skytel, Beep Beep, Radiomensaje, etcétera. En transmisión de datos, proveedores de banda ancha, la competencia es abierta por licencia. En este caso, las empresas que trabajan son ANTEL, Data Telefónica, MOVICOM, Telstar, Globalstar, Diveo, Velocom, etcétera. En materia de proveedores de acceso a Internet, la competencia es total y su acceso es a través de ANTEL pagando una especie de peaje. En radio, que es por cierto un sector importante en las comunicaciones, la competencia es limitada por concesión. En este caso, quizás, lo que hay que discutir son los sistemas y los mecanismos de concesión. Existen 213 emisoras AM y FM en todo el país, o sea que hay competencia. En televisión abierta hay competencia limitada también por concesión, con más de 30 empresas en todo el país. En televisión cable hay competencia limitada por concesión, como, por ejemplo, TVC, Equital, TCC, Montecable, etcétera, totalizando 97 empresas; mientras que en televisión satelital, la competencia es abierta y las empresas que actúan en ese sector son Filsur -que es el convenio que tiene el SODRE con los canales privados para llegar a las zonas rurales- y Direct TV, que está en trámite de ingreso o acaso ya haya ingresado. En lo que respecta a los servicios de valor agregado, es decir, el 0900, la competencia es abierta por concesión y hay 34 empresas.

Entonces, el sector de las telecomunicaciones no es un sector en el Uruguay del que se pueda decir que está monopolizado por el Estado. Diría que en lo que se mantiene el monopolio es sólo en telefonía básica local y en la de larga distancia nacional. Tal como lo han señalado otros señores Senadores, estos son los sectores que van a tener menor crecimiento. En primer lugar, porque la telefonía básica local ha llegado, en lo que respecta a sus objetivos, a un punto, diríamos, muy cerca del techo. ¿Qué se puede aspirar en esa materia? Tal vez, a un teléfono por hogar, ya que en la actualidad el 75% de los hogares tiene telefonía básica.

Por su parte, el objetivo de la telefonía celular es todavía mucho más lejano y es donde, por lo tanto, pueden preverse situaciones de crecimiento, sobre todo, teniendo en cuenta que hay 500.000 teléfonos y somos algo más de 3:000.000 de uruguayos. En este caso, podríamos creer que el objetivo puede ser el de un teléfono por cada persona mayor de 15 ó 18 años.

Según las proyecciones realizadas por la calificadora de riesgo Fitch IBCA, la telefonía celular es la que tiene un potencial de crecimiento muy grande. Si se considera el período 1995-2005 -que es el que ha elaborado esta empresa- se estima una tasa de crecimiento próximo al 2000%. Pero, en particular, el gran salto en telefonía celular se daría en el cuatrienio 2002-2005, período en el cual se desarrollarían las tecnologías de tercera generación.

En la comparativa mundial, así como hablamos de la buena teledensidad que tiene el Uruguay, debemos admitir que la tasa de penetración es baja. Es así que Uruguay tiene un 16% ó un 17% de tasa de penetración, mientras que Argentina tiene el 20%, Francia el 28%, Estados Unidos el 33% y Finlandia el 64%.

Pero el número de clientes, que en lo que respecta a ANCEL ha tenido un comportamiento particular, a partir de 1994 ha sido de 1.825 clientes y llegó en abril de 2001 a 311.000. Así figura en las versiones taquigráficas de la sesión especial del Senado, según datos aportados tanto por el gremio como por la Dirección de la empresa. Esto nos hace suponer que el crecimiento sigue siendo casi exponencial y que hay allí un gran negocio para el Uruguay.

Es verdad que puede afirmarse que, de todas las actividades de telecomunicaciones que acabo de mencionar, las más importantes desde el punto de vista de los recursos de la empresa son las de telefonía; y que las demás, por ahora, son marginales. Pero aun en materia de ingreso por telefonía celular -tal como lo señalaron los señores Senadores Astori, Gargano, Arismendi, Dalmás y otros- en el año 2000 se generaron U$S 117:000.000 y en los primeros cuatro meses de 2001, hasta el 30 de abril, U$S 45:920.000.

En realidad, señor Presidente, el sector que se dejaría en manos del Estado sería el menos dinámico, porque en nuestro país, por haber alcanzado una alta tasa de teledensidad, este sector va a crecer muy lentamente y, más tarde o más temprano, va a retroceder -inclusive, en pocos años- amenazado por el desarrollo tecnológico que posibilitan las comunicaciones telefónicas a través de Internet u otros.

En cambio, en los sectores con gran potencialidad, en los que en los próximos años se concentrará el crecimiento de las telecomunicaciones, lo que va a suceder es que ANTEL quede afuera o que comparta el mercado con capitales privados. El argumento de vender ANCEL para obtener recursos y destinarlos a otros fines, cae por su propio peso; es como decir que vamos a vender el mate para comprar la yerba. Si ANTEL genera utilidades crecientes año a año, ¿para qué vender una unidad que garantiza ingresos en crecimiento y es muy rentable? La asociación con capitales privados en función del acceso a capitales o tecnología se debe analizar en cada caso desde la perspectiva de la conveniencia del país en su conjunto, porque lo que está en juego no son sólo las telecomunicaciones en sí mismas, sino también el desarrollo dinámico del Uruguay en el cual las telecomunicaciones son un elemento determinante.

Los actores no son sólo el Gobierno, el Directorio y los trabajadores, sino que además de ellos están los distintos sectores productivos, que se ven involucrados con una estrategia de desarrollo nacional. Las telecomunicaciones deben contribuir a la competitividad internacional de las empresas uruguayas, así como también se debe transformar en uno de los factores de especialización del Uruguay.

Nuestra postura es de rechazo a la venta de nuestro patrimonio nacional consolidado, tal como aquí se ha expresado por nuestros compañeros de Bancada. Sin embargo, no es de rechazo a la eventualidad de la asociación de ANTEL con otras empresas y, tal como lo dijo el señor Senador Rubio, con la participación del Parlamento en el análisis y en la aprobación de las asociaciones.

La eventual asociación deberá responder a una necesidad real y contribuir al fortalecimiento y dinamización de la empresa pública de telecomunicaciones. Es muy probable que en un mercado cada vez más globalizado, la estrategia del crecimiento de ANTEL pase por la formulación de alianzas estratégicas. La cuestión, desde mi punto de vista, es con quién, para qué, cómo y bajo qué criterios y controles se va a desarrollar dicha estrategia, sobre todo para que no sea el preámbulo de una privatización encubierta, aprendiendo de otras experiencias que algunas empresas públicas están llevando adelante, ya sea de las buenas o de las no tan buenas, como el caso de PLUNA.

Además, pienso que debería haber un criterio de desarrollo nacional. La estrategia debe incluir la determinación de criterios claros para evaluar las tecnologías que se han de adquirir, las inversiones para hacerlo y las fuentes de esas inversiones, uniendo todo eso en un desarrollo nacional competitivo, es decir, abierto y de la mayor calidad, con un alto componente del sistema científico y tecnológico uruguayo y con alta incidencia en la generación de trabajo productivo. No debemos creer que siempre hay que estar en la última onda tecnológica o que toda la tecnología hay que adquirirla en el exterior. Hay que apostar, también, al propio desarrollo tecnológico y a la correspondiente formación de recursos humanos en el país, los que, por otra parte, ya existen.

Por último, consideramos que también debe darse la formulación de un criterio estratégico para las empresas públicas uruguayas en su conjunto. Hasta ahora, dichas empresas han sido gestionadas por separado, sin estar orientadas por criterios de desarrollo nacional. Es necesario construir una estrategia que permita potenciar la capacidad de las empresas públicas como sistema, comenzando por un sistema de compras transparente que permita dinamizar la industria nacional. Se han dado casos en el país en donde han sido desechadas -mediante licitaciones y por pequeñas diferencias de precios- ofertas de bienes o insumos fabricados en el país, en beneficio de insumos o bienes fabricados en el exterior, aplicando ese criterio economicista que, a veces, no tiene en cuenta que la mejor oferta no es la más barata, tal como expresa el propio TOCAF. Así, se ha optado por la oferta extranjera, poniendo en peligro la existencia de fábricas uruguayas y, con ellas, los correspondientes puestos de trabajo. En esta materia, pienso que la Universidad de la República también tiene un papel central.

En síntesis, y para terminar -ya que deseábamos hacer una intervención corta, sin reiterar conceptos que ya han sido expresados por nuestros compañeros de Bancada, dado que nos sentimos plenamente representados por ellos- debemos decir que no nos oponemos a las transformaciones. Sí lo hacemos respecto de las privatizaciones, de aquellas que se plantean con meros argumentos economicistas. Desde nuestro punto de vista, vender por razones de Caja no significa transformar absolutamente nada.

Por las razones expuestas, y tal como nuestros compañeros lo han dicho, vamos a votar en forma negativa este proyecto.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra).- Tiene la palabra el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Durante el curso del debate de este proyecto de ley se ha hecho referencia a una cantidad bastante profusa de temas, desde los procedimientos para presentar un recurso de referéndum contra una ley hasta las actuaciones de la Corte Electoral y hasta el referéndum que se planteó contra la Ley de Caducidad, hace ya muchos años.

En esas oportunidades, no quise interrumpir a los oradores, a fin de que el debate del Senado tuviera una orientación más tranquila, tranquilidad que siempre se va dando, no solamente por la civilidad de los señores Senadores, sino también por la ausencia de los mismos, las que son muy frecuentes, dolorosas. Obviamente, cada Legislador tiene derecho a estar o no presente en el debate, ya que es algo que todos los Parlamentos del mundo reconocen. De todas maneras, no creo que contribuya a la imagen del Cuerpo -no me refiero a la fotográfica, que nunca se publica, sino a la imagen pública del Parlamento- el hecho de que una Bancada esté, más o menos, casi siempre completa y que las de los Partidos tradicionales tengan el brillo de la ausencia. Digo esto sin ironías. Reitero que es un hecho muy común y que voy a reiterar cuantas veces sea necesario, porque me cuesta asistir a las sesiones de un Senado donde veo poca gente. De todos modos, lo digo ahora, no para que alguien piense que yo aspiraba a que me escucharan, sino porque es un hecho que veo aquí, en el seno de la Comisión de Constitución y Legislación y en otros lugares de esta Casa. Personalmente, considero que esos son los elementos que no contribuyen a que el Parlamento tenga una buena imagen. A veces, la gente del barrio mira el número de autos estacionados alrededor de este Palacio y sabe si hay pocos o si hay muchos; y eso no es bueno.

De cualquier manera, con esta breve introducción quería explicar que no realicé interrupciones sobre algunos puntos respecto de los cuales podía aportar algo, porque aspiro a hacer, si puedo, una exposición breve y preferiría que no me pidieran interrupciones.

En primer lugar, debo decir que en este ámbito se habló de que el movimiento social y la fuerza política -la nuestra- que impulsaron un referéndum contra esos dos artículos del Presupuesto, optaron por la vía lenta, como consecuencia de alguna intencionalidad política. Obviamente, presentar un recurso de referéndum tiene una intencionalidad política, que me parece muy lícita. Yo, cuando presento un proyecto de ley, tengo una intencionalidad política; cuando concurro a este Parlamento, tengo una intencionalidad política; cuando voy a dormir a mi despacho, tengo una intencionalidad política; si estoy o no presente, tengo una intencionalidad política. Es decir, que todo tiene una intencionalidad política, porque este es un órgano político. Se encuentra sometido a límites jurídicos, pero está movido por una dinámica política. Así se definen los Parlamentos, tanto en Uruguay como en el resto del mundo.

Por si llega a haber algún periodista que nunca oyó hablar de Derecho o que vino por casualidad, porque normalmente no realiza la crónica parlamentaria, debo decir que cuando se habla de vía rápida, no significa que con pocas firmas esté interpuesto el recurso de referéndum. El mismo queda interpuesto cuando el 25% de los habilitados para votar lo presenta. Mientras tanto, no se ha presentado el recurso de referéndum. Es decir que la vía rápida es una presentación inicial. Luego, se cita a un acto de tipo electoral, en sentido amplio, donde la gente va a decir si adhiere o no al mismo. Si se alcanza el 25%, queda presentado el recurso. Entonces, la distinción entre vía rápida y vía lenta radica en que, en un caso, el año es para juntar las firmas y, en el otro, si se obtienen esas firmas antes, no hay que esperar a que transcurra el año. En el fondo, es la misma técnica que usó la ley anterior, reglamentaria del artículo 79 de la Constitución. Sin embargo, allá presentaba dos instancias y algunos creyeron que eso era algo benévolo, o sea, que como habían fracasado, se les daba otra oportunidad. Lo que no sabían -la mayoría de la gente no sabe Derecho, ni tiene por qué saberlo- es que como hay un año de plazo para presentar el recurso, había que instrumentar una segunda instancia, al año de la promulgación de la ley.

Sobre este tema, no me voy a extender mucho. Personalmente, si hubiera tenido que decidir, hubiera elegido esta vía, la que estamos siguiendo, porque la otra nos fracasó en el caso de UTE y también el 18 de febrero, ocasión en la que hubo que estar presente y la gente no vino. Es muy difícil, en este país, juntar 600.000 personas en un acto electoral que no coincida con las elecciones.

La gente de los partidos tradicionales lo recuerda muy bien. Cuando se aprobó la Constitución de 1952 -lo que tuvo lugar en un plebiscito realizado en 1951- creo que los que vinieron a votar no llegaron ni a la mitad de los que estaban habilitados para hacerlo. El asunto estuvo muy dividido. ¡Y vaya que, además de militancia, hubo "acarreo"! Se dice por parte de algunos historiadores políticos, que fue la época en que hubo más "acarreo" de gente para que fuera a votar en todos los actos electorales de la historia uruguaya. Es lo que se dice, aunque yo no lo puedo certificar. Sin embargo, vino muy poca gente a votar, porque a los plebiscitos separados de las elecciones, por tradición, concurre muy poca gente, salvo en casos excepcionales; por ejemplo, en oportunidad en que salíamos de una dictadura, porque se trataba de un tema que apasionó, como la Ley de Caducidad, y también en la época misma de la dictadura, en 1980. En ese momento, el pueblo uruguayo, que tiene una gran tradición en materia de plebiscitos, quizás hasta con algún origen en el juramento de la Constitución de 1830 -no estoy diciendo que fuera un plebiscito- mucha gente concurrió a expresarse. Como es sabido, esa Constitución se elaboró -como dijo Barbagelata- bajo el ojo avizor de potencias extranjeras: Brasil, Argentina e Inglaterra. Entonces, el juramento le fue creando a este pueblo una especie de tradición en materia plebiscitaria. Para decirlo francamente, a mí no me gustó la reglamentación que había antes acerca del artículo 79 en materia de plebiscitos, referida a las dos instancias; me parece un esfuerzo legislativo para cumplir con la Constitución y que las cosas tuvieran alguna seguridad jurídica. Tampoco me gustó esta última interpretación ni mucho menos el "disparateadero" de algunos, que decían que hay que establecer un plazo cortito y si no están las firmas, entonces no hay plebiscito. Había aun otros que decían que o se impugna la ley entera o no hay referéndum contra ella. La verdad es que no sé dónde estudiaron Derecho estas personas, si es que alguna vez leyeron el artículo 79 o lo que era un recurso de referéndum. Es preciso decir que esos proyectos también existieron, aunque por suerte les sacaron esos disparates tan gruesos.

Personalmente era partidario de un proyecto que a mi entender era lejos el mejor y que había sido preparado por el entonces señor Senador Santoro. Dicho proyecto me parecía espléndido, pero no tuve el apoyo ni siquiera de todos mis compañeros en el Frente Amplio. En él se establecía que durante un año, toda persona que quisiera podía dirigirse a una oficina electoral y decir que iba a adherir al recurso, quedando certificado si la firma era auténtica o no. No había un acto electoral ni nada por el estilo y tampoco es necesario que sea un día feriado. Esta modalidad se utiliza en los países donde el plebiscito funciona con mucho menos espectacularidad que acá, por ejemplo en Suiza. A veces se han hecho más de treinta plebiscitos en unos meses y a nadie le causa mucho problema. Repito que para mí era un proyecto excelente. Por lo que sé, el Partido Nacional no lo apoyó mucho; algún día se trató hasta en su Directorio. Ahora bien, cuando mis compañeros de la Cámara de Representantes estaban estudiando el que ahora es ley, les mandé decir que no me gustaba y que prefería el del doctor Santoro más un artículo, que ojalá hubiera salido, por el que se reglamentaba un instituto que está en el mismo artículo 79 y que tiene que ver con la iniciativa popular en materia de leyes, en el sentido de que se requiere un 25% de firmas para llegar al referéndum. Es un derecho vigente de los ciudadanos, pero no se ha reglamentado por ley.

De modo que sobre este tema de la vía rápida y la vía lenta es lo que quería decir.

En segundo lugar quiero decir algo con mucha convicción, mucha firmeza y mucha seguridad de que lo que afirmo es cierto, y si alguno no me cree, que no me crea. En el referéndum contra la ley de seguridad, que lamentablemente perdimos...

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Contra la Ley de Caducidad, señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Tiene razón, señor Senador. De todas maneras, no hagamos una disquisición sobre las diferencias que hay entre esas dos palabras. También le podemos decir como se la llamó popularmente, "ley de impunidad", porque los primeros artículos lo que hacían era consagrar la impunidad, aunque tenía otros que no se referían a eso, motivo por el cual la llamo "Ley de Caducidad".

En ese referéndum las firmas que se presentaron eran más que suficientes, según lo exige la Constitución. He oído decir acá que hubo una especie de tolerancia política. No. Lo que pasó fue que la Corte Electoral había anulado mal más de 50.000 firmas, entre ellas la de quien está ejerciendo la Presidencia, el señor Senador Carlos Julio Pereyra, y la del General Líber Seregni, líderes políticos que encabezaban ese movimiento. Obviamente, no estaban los nueve miembros de la Corte Electoral mirando el papel para decir que las anulaban, pero las anuló una Mesa y fue para arriba y se declararon anuladas. El escándalo promovido por ese hecho y por las más de 50.000 firmas que se anularon porque la "ve" era parecida a una "u" o porque la "doble ve" se confundía con una "o", fue muy grande. Esto lo presencié. Yo trabajé mucho en eso y creo que fue el período de mi vida de mayor militancia a favor de una causa. Tuve una militancia muy intensa y por eso conozco los hechos perfectamente. Asimismo, quiero destacar acá que quien llevó adelante no una medida política sino que dijo que no se podía "bombear" la voluntad popular mediante el argumento de que esas firmas estaban en duda, fue su Presidente, el señor Renán Rodríguez -por supuesto que no me estoy refiriendo al Renán Rodríguez actual- que con un alto gesto de gran personalidad cívica y política convenció incluso al señor Presidente de la República de que había que pronunciarse en serio, sustancialmente, sobre si esas 50.000 firmas eran nulas o válidas. Para ello propuso un sistema elementalmente lógico y convincente: que la gente fuera y dijera si era o no su firma. ¿Qué vamos a andar diciendo que la "ele" está más chica que en la credencial? Lo cierto es que la gente fue y se expresó; unos habrán dicho que no, pero hubo más de 20.000 que dijeron que efectivamente era la suya.

De modo que respeto la opinión de todos los que tienen otras versiones; yo tengo ésta que viví muy directamente. Además, me gusta rendir homenaje a Renán Rodríguez, porque golpeó la mesa y se impuso a otros miembros de la Corte Electoral y a miembros del Poder Ejecutivo que de alguna manera estaban conspirando contra la posibilidad de que se validaran firmas que eran válidas, como por ejemplo la del General Seregni y la del señor Senador Pereyra.

Quería dejar muy claramente expuestas estas ideas respecto a dicho tema. Acá no se le regaló una firma a nadie; por el contrario, vi cosas tremendas allí, porque permanecía hasta tres o cuatro horas. La pasión puede haber determinado que todos cometieran errores, pero yo vi anular firmas de una manera brutal. En definitiva, se alcanzó el número necesario pero después perdimos el plebiscito. Fue una derrota honrosa porque en Montevideo y en algunos lugares del interior se ganó. Creo, por cierto, que aun cuando lo perdimos fue una gran lección para aquellos que gustan de dar Golpes de Estado, porque en este país, al restablecerse la normalidad constitucional, la gente quiso que se supiera que nunca más debía haber otro Golpe de Estado. Personalmente debo decir que hubiera querido que se llevaran adelante por lo menos 19 juicios, y digo 19, porque ese era el número de casos que considero elementales; si se hubieran hecho, a lo mejor nos habríamos ahorrado todo, incluso estar discutiendo acerca de los desaparecidos.

Además, hubo gente colorada y blanca que también proponía eso y creo que todos tuvimos responsabilidad en no aceptarlo. Pero, de todos modos, quiero decir que las firmas estaban y eran válidas. Digo más; la Corte Electoral -sobre la que nunca me ahorro un juicio laudatorio cuando cuenta votos en las elecciones, ya que en esas oportunidades es ejemplar, aunque no así cuando interpreta normas antes de las elecciones porque en esos momentos juegan las disciplinas partidarias- en ese plebiscito se negó, contra la opinión del señor Presidente de aquel momento, doctor Renán Rodríguez, a bajar de la lista de habilitados para votar a 23.000 fallecidos. Repito, se negó con el argumento -para mí inconcebible y que me dejó por dos o tres días "shockeado"- que me hizo un miembro de la Corte Electoral, que no era Renán Rodríguez, de que la Ley Electoral dice -cosa que, naturalmente, yo sabía- que están habilitados para votar todos los inscriptos en el Registro, mientras la Corte Electoral no los baje por sentencia ejecutoriada.

(Ocupa la Presidencia el señor Luis Hierro López)

-¡Claro! La Corte Electoral no había bajado de la lista de habilitados a los 23.000 muertos, a pesar de que ya los funcionarios habían detectado el expediente y habían hecho todo el estudio. En esa oportunidad le solicité a ese miembro de la Corte Electoral que me concediera el honor de entender que yo conocía esa disposición, pero que venía a pedir que se reuniera la Corte Electoral a los efectos de dar de baja esos 23.000 muertos. Por respuesta obtuve que están habilitados para votar y, por supuesto, me fui con un portazo, porque no se puede seguir conversando con una persona que sostiene que un muerto puede votar. Por lo tanto, la Corte Electoral hizo eso y, si bien era un número pequeño, la quinta parte de 23.000, serían alrededor de 4.000 ó 5.000 firmas más que se estaban exigiendo. Pero eso sucedió y fue una interpretación mal hecha. Por eso acá se ha hablado de que, a lo mejor, sostiene la tesis -gruesa, no creo que se llegue a ese extremo- de que todo lo que está en la Ley de Presupuesto no admite referéndum porque el Presupuesto es de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Realmente, me parece que no se va a llegar a tanto. Por ejemplo, se pone en la Ley de Presupuesto un Código Penal y después, se dice que no puede haber una norma contra el Código Penal, o cosas de esas.

Me interesaba dejar en claro mi opinión sobre temas que aquí se han mencionado. Como la militancia de aquel referéndum a favor de que se hicieran algunos juicios me dejó marcado, quizá para toda mi vida, quiero decir que también nosotros somos responsables porque en el momento en que se discutió la Ley de Caducidad había nada más que 31 denuncias. Esto demuestra que el pueblo uruguayo no es exagerado porque no denunció, por ejemplo, que le habían robado un disco de Zitarrosa o porque entraron en sus casas sin orden de allanamiento, sino que denunció los casos realmente tremendos, nada más que 31. En aquel momento un Legislador colorado, un dirigente muy importante, propuso que se juzgara la mitad de esos casos y, tal vez, hubiera sido mejor; nosotros tampoco somos ajenos a la responsabilidad de que dicha solución no se hubiese aceptado. De cualquier manera, estoy orgulloso de haber militado en ese referéndum y repito que las firmas estaban, eran válidas y se anularon muchas muy injustamente, algunas hasta insolentemente, como a las que he hecho referencia de dos líderes políticos que estaban encabezando un movimiento convencidos de que lo que hacían estaba bien.

Me voy a referir al tema concreto, que es lo que debí hacer cuando comencé mi exposición, pero reitero, expliqué por qué no había solicitado interrupciones y por ello tuve que conversar sobre esto.

Considero que los dos artículos de la Ley de Presupuesto son dañinos para el país, no es que sean discutibles, sino que, en mi modesta opinión, repito, son dañinos. El señor Senador Nin Novoa, cuando hizo uso de la palabra, utilizó una expresión que me parece correcta: "por necesidades de Caja". Efectivamente, ese fenómeno se está dando, también en la Argentina, porque se necesita plata y, entonces, vamos a hacer lo que podemos para vender y colocar. Al margen de eso -no voy a renovar la discusión de por qué nos opusimos a esos dos artículos y a otros que abren la vía de las privatizaciones- quiero referirme a un punto con el cual, seguramente, a veces aburro al Senado porque tiene una connotación jurídica importante. Para decirlo con mucha sinceridad, a veces me aburren bastante las sesiones, sobre todo las discusiones de procedimiento y siempre he propuesto que se institucionalicen las reuniones de coordinación entre el Presidente y los coordinadores y que todos los temas de procedimiento se resuelvan allí para no discutirlos en el Senado. Es una idea que hace mucho tiempo he propuesto y, por supuesto, no ha tenido aceptación. Quiero decir que si no se quiere utilizar el término "privatización", no tengo ningún problema. En tal sentido, por ejemplo, cuando se discutió si lo que sucedió con el Hotel Carrasco fue o no una privatización, tanto me da y puedo aceptar que se privatizó, aunque no la ruleta. Por lo tanto, el tema del vocabulario no me preocupa pero sí me molesta lo que tiene que ver con el tema del patrimonio del Estado o de los negocios que le pueden dar ganancias al país. La idea del Estado es bastante compleja porque, en definitiva, es una abstracción, acá hay gente en el Gobierno, pero ¿qué es el Estado? ¿Qué influencia tiene el Estado en el Gobierno? ¿Qué se quiere decir con cuestiones de Estado opuestas a cuestiones de partido? ¿Qué es el Estado, en definitiva? ¿Es acaso una comunidad organizada políticamente o un concepto, como dicen algunos autores, para hacer descansar el poder del Gobierno que aplica medidas, toma decisiones y obliga a que se cumplan, como pasa en todas partes del mundo? Vamos a aclarar que hace muchos años que hay Gobierno de los partidos tradicionales a veces peleándose, otras no, otras con el nombre de gobernabilidad o coalición pero, en definitiva, las leyes básicas se han aprobado en acuerdo, lo que no está mal, es casi un requisito de los Gobiernos civilizados el hacer acuerdos entre los Partidos. ¿Por qué ha aparecido esta práctica? He estudiado su origen y ya he mencionado aquí que estudié mucho la Escuela de Chicago porque estuve casi siete años dando clases en una Universidad del norte de México, donde mantuve un fluido intercambio con algunos profesores de Estados Unidos. El tema de la fórmula de que primero hay que crear una sociedad anónima para después hacer una privatización allá se manejó mucho, en primer lugar por un venezolano, luego por un chileno y más tarde, otro chileno de izquierda, rival del anterior, que fue asesor en el Gobierno de Allende, contó todo eso en un libro que leí. Recuerdo que hubo un seminario con asistencia de profesores de la Universidad de Chicago y de otras Universidades norteamericanas. ¿Para qué se hace primero una sociedad anónima y después se ponen fondos del Estado y de los particulares? Quiero exponer mi opinión al respecto. Sé que no todo el mundo lo hace con la misma intención, alguno ni cuenta se da y ni se entera porque no tiene idea del punto. El fondo y el origen de este tema tiene varios sentidos y voy a intentar sistematizarlos. Entre otras cosas, tiene mucho que ver con el artículo 188 de la Constitución, pero no solamente con él.

El artículo 188 de la Constitución, luego de 1967, quedó compuesto de dos partes: una primera, donde dice que si un particular invierte en el Estado -suprimamos ahora lo referente a la empresa- se necesita una ley con tres quintos de votos; y una segunda parte, que expresa que es el Estado invirtiendo en empresas particulares donde no se necesitan tres quintos de votos y basta la mayoría absoluta. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando con el tema de ANTEL? ¿Qué es lo que se busca en ANCAP o en PLUNA? Que un inversor privado ponga plata para la actividad del Estado. Esa es la realidad y los economistas me lo pueden confirmar. Es decir, ¿qué es lo que se busca cuando se dice que hay que encontrar un socio para ANCAP? Se busca un inversor privado que ponga plata en ANCAP, en ANTEL, en el Estado o en el país. Pero si se hace eso, como expresa el artículo 188, para invertir capitales privados en las empresas públicas se necesita una ley con tres quintos de votos. A veces no existen tres quintos de votos, aunque en este caso sí los hay en el Senado pero no en la Cámara de Representantes. Entonces, en lugar de seguir este mecanismo, se crea una sociedad anónima y luego el Estado aparece invirtiendo en ella, es decir, poniendo parte del capital de ANTEL, de ANCAP, de PLUNA o de cualquier empresa. De esta manera, ya no se precisan tres quintos de votos. Es decir que se está haciendo por vía indirecta lo que la Constitución prohibe por vía directa. Esa es la realidad y para eso, entre otras cosas, se inventó el asunto de crear sociedades anónimas; la vida política y social nunca es monocausal, pues siempre existen muchas causas. Uno de los inventores vernáculos del asunto, con quien yo conversaba, que pertenece a un Partido tradicional, me decía: "Usted le llama fraude a la Constitución porque es hacer de manera indirecta lo que la Constitución prohibe de manera directa y yo le llamo tener ingenio jurídico". No voy a dar el nombre, pero se trata de una persona a quien le tengo mucho respeto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado a la Mesa una moción para que se prorrogue la hora de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Gracias, señor Presidente, por continuar el aburrimiento de escucharme.

El tema de los tres quintos de votos está clarísimo. Primero se inventa una sociedad anónima y después aparece el Estado invirtiendo plata en ella, para lo que no se necesitan tres quintos de votos, en lugar de decirse que lo que se pretende es un inversor que invierta dinero en ANTEL o en ANCAP, que es la realidad pero para lo que sí se requiere dicha cantidad de votos. Quiero aclarar que muchos no dicen esto porque no lo saben. Personalmente, he hablado con algunas personas que manifiestan que no se habían dado cuenta de dicha situación; no lo saben porque no estudiaron el tema, ya que el artículo 188 es muy complejo y está muy mal redactado. A propósito, la segunda parte de dicha disposición se introdujo en 1967 para salvar empresas que entraban en quiebra y tenían muchos empleados que, de otra manera, irían al seguro de paro. Por este motivo en dicho artículo se habla de aportes cooperativos y obreros; sin embargo, esto se ha desnaturalizado. Con esto no estoy diciendo que se viole la Constitución, ya que en dicha disposición luego se agrega genéricamente o por "capitales privados" sin distinguir. Lo que estoy diciendo es cuál es la intención de los más astutos, los más vivos, los más enterados en Derecho, que combinan su astucia con su picardía jurídica. Es decir que inventaron la creación de las sociedades anónimas para saltearse los tres quintos de votos. Sucedió algo parecido en otros episodios políticos muy importantes -digo importantes porque afectaban a algunos compañeros nuestros- que ocurrieron en este ámbito, pero no me quisiera ir del tema que estamos considerando.

¿Qué otra finalidad se persigue con la creación de sociedades anónimas? Introducir el tema del Derecho Privado. Como se trata de una sociedad anónima, obviamente, no se va a regir por el Derecho Público -porque una sociedad anónima no lo puede hacer, salvo en algún aspecto muy especial - sino por el Privado. Admito que en la práctica la gente ajena al Derecho crea que el Derecho Privado permite actuar más rápidamente, ya que nunca estudiaron ese tema tan clásico que es la división del Derecho en Público y Privado y no sabe que históricamente el Derecho Público nació -desde el Derecho Romano- para que las cosas se pudieran hacer más rápida y eficientemente. Por esta razón, es decir, porque el Estado podía actuar con mucha velocidad con el Derecho Público y no con el Privado, existieron autores de mucho prestigio que dijeron que se trataba de un Derecho casi autoritario de tan rápido que funcionaba. Entre dichos autores, está Kelsen, quien dijo que el Derecho Público avanza a tal velocidad que podrá darle eficiencia al Estado pero no permite que los particulares participen en su elaboración. De manera que el Derecho Público, si es moderno y está bien instrumentado, lejos de ser una traba al funcionamiento rápido y eficiente de los organismos públicos, permite trabajar mucho más rápidamente. ¿Acaso el Derecho Privado es tan rápido que las sucesiones se hacen en un día? ¿Cuánto duran un reconocimiento por paternidad o una demanda por daños y perjuicios? Todo esto es Derecho Privado y es tan rápido y eficiente que a veces los abogados hacen antesala para pedir a los Jueces que por favor saquen una resolución. Lo que sucede es que el Derecho Público que hay en el Uruguay es antiguo. Las normas sobre licitaciones, sobre controles del Tribunal de Cuentas o sobre sumarios de funcionarios públicos deben ser actualizadas. Pero, ¿cuál es la razón por la cual deben dejar de ser de Derecho Público? ¿Qué impide hacer un manual legal de sumarios para la Administración Central o de normas administrativas en los Entes Autónomos -que no necesitan ley para hacer sumarios- para poner plazos breves y que en un mes esté pronto un sumario? No hay nada que lo impida; lo que hay que hacer es actualizar esas normas. Y los controles del Tribunal de Cuentas, ¿qué tienen de malo? ¿Acaso se pretende que los dineros del Estado, que como se dice todos los días -no es tan cierto, pero es una expresión política- pertenecen a la gente, se gasten sin controles de un órgano que diga si es legal lo que se está gastando? Creo que esto no es lo que se pretende, es decir, no se desea que el dinero se gaste en cuestiones corruptas, a excepción de alguna persona muy pícara. Entonces, para ello tenemos que actualizar las normas sobre la velocidad en que el Tribunal de Cuentas se puede pronunciar. Existen muchos mecanismos para ello. En el mundo las Contralorías y las Cortes de Cuentas han determinado, por ejemplo, que bajo la responsabilidad del jerarca y del propio Tribunal se establezca que se debe resolver en diez días y, si no se hace en ese plazo, se entiende que dijo que estaba bien. El jerarca se la juega. Esta es una norma que puede ser introducida aquí por ley sin inconvenientes. No se puede hacer esto por una decisión administrativa, pero sí por ley. El Tribunal de Cuentas puede seguir controlando todos esos gastos.

Asimismo, hay que destacar el gran mito que existe que dice que todos los que pasan a la sociedad anónima -estas cosas no siempre se piensan- dejan de ser funcionarios públicos y, por lo tanto, desaparece la inamovilidad -expresión con la que mucha gente coloca su imagen y hace una voz engolada- palabra que en Uruguay fue consolidada como la causa de todos los males por el dictador uruguayo -él creía que lo era- de triste memoria Aparicio Méndez. El fue quien empezó la campaña contra la inamovilidad.

La gente cree, cuando se le habla de inamovilidad -y esto es usado así a veces picarescamente- que el hecho de que un funcionario público sea inamovible significa que, aún cuando viole a su hija, por ejemplo, no puede ser tocado, porque la palabra "inamovilidad" en su sentido natural y obvio, quiere decir que no se puede mover. Mucha gente cree lo mismo. Hágase una encuesta en algún lugar -iba a decir que se la llevara a cabo en el Parlamento, pero me arrepentí- y se verá que son pocos los que saben qué significa la inamovilidad. ¿Y qué quiere decir "inamovilidad" en el Uruguay? Es muy sencillo. Inamovilidad quiere decir, simplemente, que para destituir a un funcionario se requiere venia del Senado.

SEÑOR SINGER.- No es sólo eso, señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Si el señor Senador Singer quiere hacer alguna referencia a lo que acabo de señalar, podrá hacerlo una vez que termine mi exposición.

La inamovilidad, en opinión de Sayagués Laso, y también según lo que me parece surge de la interpretación de los artículos 168 y 51 de la Constitución, quiere decir que los funcionarios presupuestados de la Administración Central no pueden ser destituidos sin la venia del Senado. Por eso la Constitución de la República habla de esos funcionarios que se declaran inamovibles, lo que quiere decir, reitero, que no pueden ser destituidos sin la venia del Senado.

Es claro que existen otras garantías para los funcionarios, pero la inamovilidad no está entre ellas. En los Entes Autónomos, para destituir a un funcionario se le debe hacer un sumario, pero esto no sucede así porque ese funcionario sea inamovible, sino porque el artículo 66 de la Constitución de la República -otra disposición que se aplica a todos los funcionarios y no sólo a los presupuestados de la Administración Central- establece que ninguna investigación parlamentaria o administrativa sobre irregularidades, omisiones o delitos se considerará concluida mientras el funcionario no haya podido hacer sus descargos y articular su defensa. Pero, ¿qué se quiere? ¿Que una persona eche a otra sólo porque, por ejemplo, no le gusta la patilla que tiene? ¿Eso es lo que se quiere? ¿Para eso se inventan sociedades anónimas? ¿Para poner a los funcionarios públicos allí? Porque en el Uruguay, lamentablemente, no está establecida la estabilidad laboral en materia privada y a una persona se le puede decir que se vaya, sin decirle por qué y simplemente pagándole la indemnización correspondiente. ¿Eso es lo que se quiere? Entonces, dígaselo, pero que no se haga un cuento con la inamovilidad, porque su significado es el que he mencionado.

Por mi parte, he leído algunos artículos de intelectuales, publicados en el diario "El País", en los que se decía que en el Uruguay había habido, en no sé que cantidad de años, sólo cuatro destituciones, porque el Senado se oponía a las mismas. Entonces, esos intelectuales han hablado de la inamovilidad. Como en este caso concreto se trataba de un amigo, lo llamé por teléfono para señalarle que no dijera disparates; le informé que los funcionarios destituidos en ese lapso habían sido cuatrocientos y me contestó que al fin de cuentas, entre cuatro y cuatrocientos la cosa estaba muy sencilla. Todos los que estamos aquí sabemos que el Senado, en el 99,99% de los casos, otorga la venia para la destitución. Concretamente, debe otorgarla en un plazo de 90 días porque, si no lo hace, el Poder Ejecutivo puede proceder a la destitución prescindiendo de la venia. Lo que también sabemos los Senadores es que los sumarios a veces duran dos años e incluso pueden llegar a extenderse durante tres años. Entonces, el tema de la inamovilidad no da dolor por la manera como ha actuado el Senado al respecto; puede dar dolor el hecho de que esos sumariantes o esos Ministros que no saben realizar un sumario dentro de sus Ministerios demoren períodos tan largos. Se nos ocurre que habría que echarlos, porque eso no puede ser. Es claro que pueden decir que la demora se debe al hecho de que el sumario debe pasar por éste y aquél, por el Fiscal de Gobierno, por la Oficina Nacional de Servicio Civil; pues a eso responderíamos que, si se proponen tantas leyes de ajuste fiscal, se podría proponer una sobre cómo se debe hacer un sumario, respetando lo que dice el artículo 66 de la Constitución. Así, todo sería muy sencillo. Personalmente, quiero decir que en una oportunidad me tocó hacer un sumario -fue algo muy doloroso- y el mismo quedó pronto en alrededor de veinte días. Pienso que está muy bien que exista esa garantía de que la persona sea oída, pero también esa es una de las razones por las cuales aparece este tema de las sociedades anónimas que se crean. Voy a plantear que, también, esto evita que haya controles del Tribunal de Cuentas. Es decir, si el capital se maneja en una sociedad anónima no hay controles de dicho Tribunal. ¿Desde cuándo el Tribunal de Cuentas controla las sociedades anónimas? Lo cierto es que no las controla ni la Auditoría de la Nación, porque la mayoría de esos controles fue eliminada, lo cual es un disparate. Por suerte, hemos presentado un proyecto de ley a través del cual se intenta restablecer esos controles. Creemos que esto es lo mínimo que se puede pedir. ¡Vaya si existen sociedades anónimas, en algunas de sus modalidades, como por ejemplo la SAFI, que habría que controlar! Pero, ¿por qué no se quiere que el Tribunal de Cuentas controle? Porque demora tiempo en hacerlo. Entonces, si esto es así, ¿a dónde llegamos? ¿A la coherencia casi cínica de un ex Senador -a quien le tengo mucho aprecio y que ya he mencionado, aunque no di su nombre- que me dijo que había que privatizar el Parlamento? Estaba hablando con él sobre el tema de OSE y me comentó, pues había mucha confianza entre ambos, que no sólo sería partidario de privatizar OSE, sino también el Parlamento, es decir, contratar una empresa de gente que sepa de leyes, con un grupo de abogados que tenga buen estilo y privatizar. Bueno, entonces, privaticen el Ejército, que ya en algunos países ha sido privatizado -por allí están lo ejércitos mercenarios o los ejércitos privados- privaticen el Parlamento, la Presidencia de la República, etcétera. Pero, ¿en qué terminaríamos? ¿Y para qué hacer elecciones?

SEÑORA ARISMENDI.- Pero, ¿quién paga todo eso?

SEÑOR KORZENIAK.- Se me ha hecho una pregunta, un planteo social sobre quién paga todo eso.

Quiero aclarar que mi tendencia es dar ejemplos exagerados cuando intento trasmitir una idea y pretendo que se me entienda. Lo que quiero decir es que, para los entendidos en Derecho y pícaros -ambas cosas no son incompatibles- el invento de crear sociedades anónimas previas para después hacer las privatizaciones, tiene todas estas consecuencias, pensadas o no pensadas, queridas o no queridas. Pero es una manera de esquivar también los tres quintos que establece la Constitución en el inciso primero del artículo 188. Entonces, la verdad es que no quiero que estos artículos simplemente establezcan que vendrán al Parlamento las operaciones que se realicen de acuerdo con los artículos 612 y 613 para que aquel las autorice conforme a la Constitución. Hasta ahora, este Parlamento ha señalado que todas las leyes que se han dictado relacionadas con la privatización son conformes a nuestra Carta Magna, y no cumple los tres quintos de votos cuando crea una sociedad anónima e introduce en ella capitales del Estado. A continuación, voy a leer parte del artículo 188 de la Constitución: "Para que la ley pueda admitir capitales privados en la constitución o ampliación del patrimonio de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados, así como para reglamentar la intervención que en tales casos pueda corresponder a los respectivos accionistas en los Directorios, se requerirán los tres quintos de votos del total de los componentes de cada Cámara". Precisamente, eso es lo que busca el Gobierno cuando dice que quiere un inversor para UTE o para ANTEL, es decir, lo que pretende es encontrar un inversor privado que ponga dinero en las empresas del Estado. Es claro que eso no está mal, pero la Constitución establece que son necesarios los tres quintos de votos. Si, en lugar de hacerlo así -repito el concepto- se crea una sociedad anónima y entonces es el Estado el que pone un poco en la misma, y otro poco lo coloca el particular. Así comienza a jugar el inciso que establece que basta la mayoría absoluta y no los tres quintos.

Por mi parte, digo que no todo el mundo tiene esta intención. Sé que este invento fue hecho con esa misma intención, y no en el Uruguay, porque esto se repite -como sucede con las AFAP- desde México hasta Argentina. Son fórmulas que se repiten. Personalmente, fui empleado del Banco Central durante muchos años, desde que se creó hasta que me echaron. Después volví, y en el Banco Central siempre hay un funcionario del Fondo Monetario Internacional que allí trabaja y que termina haciéndose amigo de todos, por lo que cuenta las cosas. Se trata de muy buena gente que está inspeccionando o controlando, cumpliendo su función. En mi caso personal, conocí un colombiano y sé que cuando venían los asesores del Fondo Monetario Internacional a asesorar en la Carta Orgánica del Banco Central -en el que yo estaba trabajando- proponían cosas insólitas. Era gente muy avezada, que había hecho Cartas Orgánicas en varios países de América Central para los respectivos Bancos Centrales, pero no conocían la Constitución uruguaya y no tenían ni idea del artículo 188. Proponían, además, que el Banco Central tuviera un Director Gerente, en lugar de un Directorio. Nosotros no podíamos librarnos de ellos; además, uno era muy simpático, aunque tomaba mucho. Lo cierto es que le decíamos que no se podía hacer lo que ellos proponían, porque no era eso lo que establecía la Constitución. "¡Qué barbaridad!", decían que cambiáramos la Constitución.

De modo que conozco un poco el origen de todo esto porque ellos mismos lo contaban; esta fórmula se inventó hace años. Ellos hablaron de la creación de sociedades anónimas para que las empresas públicas pudieran asociarse y para que no se pudiera decir -fíjense que si bien no conocían la Constitución, eran personas muy avezadas- que se estaban suprimiendo Entes Autónomos, para lo cual se necesitan dos tercios de votos. Por esa razón, en estos proyectos que hay para hacer de ANCAP una sociedad anónima, no se dice que se suprime el Ente Autónomo, sino que se utiliza el término "transfórmase", a fin de evitar el requerimiento de los dos tercios de votos. De repente, así lo logran; es una triquiñuela. Incluso, el Senador que redactó este proyecto habló de "transfórmase" y no de "suprímese", porque no se trata de que desaparezca un Ente Autónomo y aparezca una sociedad anónima. Por suerte, eso todavía no se ha hecho.

Quisiera plantear un tema final, también de naturaleza jurídica. Me consta que esta especie de buseca jurídica que estoy haciendo está aburriendo mucho, pero la tengo que hacer. Además, si está bien hecha, la buseca es un buen plato. Tengo dudas -no estoy diciendo que sea inconstitucional- en cuanto a que el Estado pueda crear sociedades anónimas. ¿Por qué? Por una razón de principio de Derecho Público -y no de principio ideológico- que si lo manejara de una forma tan ceñida como lo han hecho varios Senadores para oponerse a algunas cosas que hemos propuesto, concluiría que no lo puede hacer. Me estoy refiriendo, concretamente, al principio de la especialidad. Quiere decir que los órganos públicos sólo pueden hacer aquello que el Derecho les atribuye, a la inversa de lo que sucede con los particulares, que pueden hacer todo lo que no les está prohibido, porque el artículo 10 de la Constitución así lo dice, y aunque no lo dijera, se trata de un principio general de Derecho. Por ejemplo, yo puedo usar calzoncillo largo -y de hecho lo uso en invierno- sin necesidad de que haya un artículo que me autorice; basta con que no esté prohibido. En cambio, para hacer cosas, el Estado debe contar con normas que se lo permitan.

Interpretado así ese principio de la especialidad, a un nivel universitario estándar -no digo esto en sentido despectivo, sino que me refiero a un nivel en el que no se profundice mucho- el Estado no podría crear sociedades anónimas -instituciones típicamente privadas- porque en la Constitución no hay ninguna disposición que establezca que las empresas públicas o el Poder Ejecutivo pueden hacerlo. Seguramente, algún señor Senador me podrá citar disposiciones legales, que no son constitucionales, en las cuales se dice que pueden armar empresas de cualquier tipo. Allí lo que estaría en juego es si eso se ajusta o no a la Carta, pero no los voy a aburrir con ese tema.

Personalmente, me inclino por la tesis de que sí puede. Es más; creo que si se planteara ante la Suprema Corte de Justicia, ésta diría que no es inconstitucional. ¿Por qué? Porque el principio de la especialidad -como lo explicamos cuando votamos la ley que dio un grado más a los militares, porque soy coherente cuando interpreto la Constitución y no lo hago para el lado que me conviene- recae sobre la materia del asunto, pero no impide el uso de vías y medios racionales y necesarios para cumplir con los cometidos. En tal sentido, si ANCAP tiene la misión de fabricar portland, de refinar petróleo, etcétera, debe entenderse que puede usar los medios racionales y necesarios para cumplirla de la mejor manera. Esta sería una limitación a esa cosa tan aferrada del principio de la especialidad.

Repito que me gustaría saber qué opinan algunos teóricos que en su momento sostuvieron que el principio de la especialidad impedía el reconocimiento de un grado a los militares, aunque fuera de manera genérica. Digo esto porque llevado a ese extremo, el Estado no podría crear sociedades anónimas; éstas se forman por los particulares, según lo definen las leyes y las disposiciones del Código de Comercio.

Señor Presidente: quiero hacer una referencia final. Estoy seguro de que la intención del artículo que tenemos a la vista es buena; busca una salida -y así lo explicó el autor del proyecto- que permita que no se utilicen los artículos 612 y 613 del Presupuesto sin que el Parlamento pueda controlar cómo se hace. Nosotros sabemos qué es lo que ha interpretado el Parlamento acerca de la creación de sociedades anónimas, sobre el artículo 188 de la Constitución y sobre qué mayorías son exigibles, razón por la cual el proyectado aparece como un artículo que se limita a postergar el asunto para una nueva oportunidad.

En consecuencia, pensamos que la única solución -y no para el país, sino en este tema que estamos tratando- es derogar esos artículos. Si esto no se hace por la forma más natural, que sería la voluntad de la mayoría, del Gobierno, de la coalición formada entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, el mecanismo que existe es el referéndum. Por lo tanto, con todas nuestras fuerzas trataremos de impulsar ese referéndum y de obtener las firmas necesarias. Luego pensamos que la Corte Electoral -cuya integración no me convence; quisiera que fuera otra- va a tener que interpretar -eso espero- que si las firmas son suficientes, es procedente el recurso. Aspiro también a que los líderes políticos no presionen a los miembros de ese organismo, lo que alguna vez ha ocurrido.

Hace un tiempo me pidieron asesoramiento para un referéndum local en Rocha. En ese momento les advertí que lo que podía suceder era que la Corte Electoral considerara que no era pertinente. Recuerdo que la Comisión era pluripartidaria y en su gran mayoría estaba integrada por miembros de la coalición de Gobierno, habiendo sido consultado en mi carácter de técnico o amigo, pero no como abogado, porque no ejerzo la abogacía. Me dijeron que habían hablado con todos los Ministros y estaban todos de acuerdo. En ese entonces, el Intendente era el señor Adauto Puñales, colorado. Insisto: todos los miembros de la Corte Electoral estuvieron de acuerdo y dijeron que procedía el recurso y que sólo había que juntar las firmas. Mientras tanto, el Intendente, señor Adauto Puñales, se movió políticamente y consiguió que un líder político diera vuelta a dos miembros de la Corte Electoral. Entonces, se presentó el recurso y la Corte Electoral, por mayoría, resolvió que no procedía. No sé si en la historia de este organismo habrá habido algún otro caso similar. Eso es real; si no, que venga alguien y me lo demuestre. Creo que en este país todo el mundo sabe que fue así.

Si obtenemos las firmas -a eso aspiro; luchamos para obtenerlas- espero que la Corte Electoral interprete que se trata de dos normas que admiten un recurso de referéndum y que, por lo tanto, se tiene que llamar a plebiscito para que el pueblo decida si quiere o no que estos artículos sean aplicados.

De todas maneras, señor Presidente, a título personal puedo decir que si este recurso no se ganara, habrá otros mecanismos posteriores. No pienso dejar de propugnar e impulsar la posibilidad de dejar estos artículos sin efecto. No es sólo en el rango legal donde se puede operar en esta materia, sino también desde el constitucional; si bien no lo estoy planteando ahora, tampoco lo descarto.

Esto es lo que quería decir al Senado y, además, pido excusas por haber hecho una exposición con demasiadas consideraciones jurídicas, pero hace mucho tiempo que deseaba hacerlo. En realidad, es un deseo que tenía desde que se trató el Presupuesto, pero no integré esa Comisión y tampoco se presentó la oportunidad para hacer esta exposición y discutir los artículos.

SEÑOR SINGER.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SINGER.- Señor Presidente: no he querido interrumpir al señor Senador Korzeniak porque expresó su deseo de no ser interrumpido.

Durante su exposición se refirió a qué significaba la inamovilidad de los funcionarios públicos y se limitó a realizar algunas consideraciones. Por mi parte, interrumpiéndolo, digamos antirreglamentariamente, le indiqué que no era sólo eso. En el Uruguay, ahora y siempre, han existido varias categorías de ciudadanos; no lo hizo sólo la dictadura militar, cuando estableció las categorías A, B y C. En nuestro país hay ciudadanos que tienen un puesto de trabajo inamovible, y se trata de los aproximadamente 250.000 funcionarios públicos. Las demás personas que trabajan no gozan de esa inamovilidad, a pesar de ser ciudadanos que tienen los mismos derechos. Si trabajo en una empresa privada, tengo el mismo derecho que los funcionarios públicos.

Por lo tanto, considero que la inamovilidad no es solamente una cuestión de trámite, sino algo más. Hace unos cuantos años, el Uruguay tenía una empresa de navegación aérea llamada PLUNA, que contaba con dos aviones y 700 funcionarios, que eran inamovibles.

SEÑOR KORZENIAK.- No lo eran.

SEÑOR SINGER.- Eran inamovibles porque no se les podía echar.

SEÑOR KORZENIAK.- No se les podía echar sin sumario.

SEÑOR SINGER.- Claro, pero no eran necesarios. En una fábrica, en un establecimiento agropecuario o en un comercio, si la situación lo requiere, porque no hay ventas, no se puede colocar la producción, o debido a que la situación internacional está creando dificultades a la empresa, ésta se atiene a la normativa laboral correspondiente y reduce su plantilla de personal. Eso ocurre aquí y en todas partes del mundo, ya que no se puede funcionar de otro modo. Si no fuera así, la empresa se fundiría. Sin embargo, la empresa estatal no se funde porque apela al régimen de subsidio. Eramos todos los uruguayos quienes estábamos pagando los 700 funcionarios y los dos aviones de PLUNA.

SEÑORA ARISMENDI.- Y los seguimos pagando.

SEÑOR SINGER.- Por supuesto que continuamos pagando muchas cosas, por ejemplo, todas las ineficiencias estatales de ahora y de siempre.

En consecuencia, la consideración que deseo dejar en claro a propósito del tema de la inamovilidad es que no se limita al marco normativo que permite destituir a los funcionarios públicos solamente en los casos de omisión, delito o la otra causal establecida en la Constitución, sino que tienen otro amparo mucho mayor, y es lo que se está discutiendo.

Creo que en su momento la inamovilidad de los funcionarios públicos estaba justificada por razones político partidarias. Se trató de circunstancias que todos conocemos, en las que no voy a abundar ahora.

SEÑOR GALLINAL.- Apoyado.

SEÑOR SINGER.- Pasó mucho tiempo desde entonces y las circunstancias actuales son diferentes, lo que amerita que el tema sea considerado en profundidad.

Quiero hacer una segunda aclaración que no tendrá, ni de lejos, la autoridad jurídica que todos reconocemos al señor Senador Korzeniak.

El sentido común, que es lo que uno ha tratado de mantener a lo largo de tantos años en la militancia partidaria y en la función legislativa y parlamentaria, indica que es dudosa la afirmación de que el Estado no puede participar en sociedades anónimas, tal como ha dicho el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Sí, puede.

SEÑOR SINGER.- El señor Senador al menos planteó el tema y dijo que hay normativas legales al respecto. Sin embargo, cuando el inciso tercero del artículo 188 dice: "El Estado podrá, asimismo," -no estamos hablando de ampliar las empresas hoy constituidas; el texto se refiere a otra cosa- "participar en actividades industriales, agropecuarias o comerciales, de empresas formadas por aportes obreros, cooperativos o capitales privados, cuando concurra para ello el libre consentimiento de la empresa y bajo las condiciones que se convengan previamente entre las partes", ¿de qué forma lo puede hacer si no es mediante una sociedad anónima? ¿Por medio de una sociedad de responsabilidad limitada u otra sociedad civil? La Constitución habilita la participación del Estado en una actividad comercial, agropecuaria o industrial, al margen de un Ente Autónomo. A mi modo de ver, esta interpretación surge clara del artículo y creí oportuno plantearlo en este momento.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Quiero aclarar que creí haber explicado lo que significa la inamovilidad en la Constitución uruguaya. Si el señor Senador Singer quiere llamar inamovibles a los funcionarios que están sobrando y no los echan, puede hacerlo, pero esa no es la inamovilidad en el sistema uruguayo. A este respecto, el señor Senador puede consultar a los doctores Enrique Sayagués Laso, Justino Jiménez de Aréchaga, Mariano Brito, Carlos Delpiazzo, Juan Pablo Cajarville y Ruben Correa Freitas. Por supuesto, por modestia no le sugiero que me lea, pero también he escrito sobre este tema.

Por otra parte -y voy a decir algo que no me gusta- el Estado uruguayo, por razones de humanidad, no despide a los funcionarios públicos diciendo que esos cargos ya no se necesitan. Cuando el señor Senador lea el material que sugerí, podrá averiguar que la supresión del cargo supone el cese del funcionario. Teóricamente, si el Estado dice que hay 700 empleados y se van a suprimir 690 vacantes, cesan los funcionarios. Es una de las causales de cese. Por razones de humanidad, es obvio que esto no se ha hecho, porque siempre se busca un sistema que no signifique una crueldad.

Además, creo que lo que expliqué a propósito del artículo 188 fue claro. Lo que se procura es un inversor que coloque dinero en el Estado; no se busca que el Estado ponga dinero en empresas privadas. Esa inversión requiere los tres quintos de votos, tal como indica el inciso primero de este artículo que, al parecer, nadie quiere leer.

Por último, el inciso tercero -que según el señor Senador Singer, prueba que el Estado no puede invertir si no es en sociedades anónimas o en empresas privadas- se cuida muy bien de que se trate de empresas existentes y que no las cree el Estado, razón por la cual establecí esta duda. Dice lo siguiente: "El Estado podrá, asimismo, participar en actividades industriales, agropecuarias o comerciales, de empresas formadas por aportes obreros, cooperativos o capitales privados, cuando concurra para ello el libre consentimiento de la empresa y bajo las condiciones que se convengan previamente entre las partes".

Este texto se redactó así porque se trataba de empresas, con muchos empleados, que estaban por cerrar y el Estado, que en aquella época tenía un poco más de sentido común que el que ahora tiene el neoliberalismo, para evitar el cierre de esas empresas invertía en ellas. Acá no dice que el Estado crea empresas privadas para después hacer una inversión, sino que invierte en empresas privadas. Por esta razón, sin decir que era inconstitucional, planteé la duda acerca de si el Estado está habilitado para crear empresas privadas. De todas maneras, aunque fuera inconstitucional, el Estado se las iba a ingeniar para hacerlo. En ese caso, algún estudio jurídico convocaría a tres o cuatro capitalistas para abrir una sociedad anónima que, después, sería ofrecida al Estado para que éste invirtiera en ella. De manera que tampoco tendría efectos prácticos concluir que el Estado no está facultado para crear sociedades anónimas.

Reitero que tengo mis dudas acerca del tema. No lo he sostenido de esa forma, pero se trata de un asunto sobre el que se ha discutido.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Como integrante del Partido Nacional me siento aludido en virtud de que el concepto de inamovilidad de los funcionarios públicos fue introducido en la Constitución de la República a instancias de la colectividad política a la que pertenezco, en otra época en la que, como señalaba el señor Senador Singer, se intentaba proteger a los funcionarios del Estado del poder político que en muchas oportunidades había cobrado sus cuentas mediante el despido, antes de 1917.

De todas maneras, creo que es importante aclarar el tema porque existe una gran confusión nacional en lo que tiene que ver con la inamovilidad de los funcionarios públicos que, en alguna medida, es un instituto en vías de extinción. En este momento, en la Administración Central no debe haber más de 30.000 funcionarios públicos inamovibles. Me refiero a funcionarios públicos presupuestados que trabajan en la Administración Central. A éstos habría que sumarles los funcionarios presupuestados de las administraciones departamentales -que, creo, también son inamovibles- los que estimo llegarían a otros 30.000. Por lo tanto, estaríamos aproximadamente en 60.000 funcionarios.

El señor Senador Singer se refería a otra suerte de inamovibilidad, en el sentido de que quienes no son funcionarios presupuestados de la Administración Central -o sea, los que pertenecen a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados- solamente pueden ser destituidos, por una suerte de inamovilidad, por: omisión, ineptitud o delito. De todas formas, pienso que el Senado tendrá oportunidad de tratar este tema que hoy está tan en boga -ya que distintos actores de la opinión pública han anunciado la necesidad de proceder a la elaboración de una reforma constitucional con el propósito, a mi juicio inconveniente, de derogar el concepto de inamovilidad- cuando la Comisión Especial de Servicios Públicos y el Senado de la República consideren un proyecto de ley que hemos presentado junto con los señores Senadores Larrañaga y Heber, en virtud del cual pretendemos dotar de determinadas garantías a aquellos funcionarios públicos que opten por ingresar al régimen del Derecho Privado, en los casos en que el Estado llegue a esa suerte de asociaciones como las que están en vías de concretarse.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Walter Riesgo)

-Quería dejar aclarado y reivindicado este concepto, básicamente desde el punto de vista histórico, ya que en su momento, como tantas otras cosas en la vida de este país, tuvo una importancia señalada en el normal desarrollo de la vida institucional.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- No quiero polemizar; muy por el contrario, creo que lo que voy a manifestar va a ser admitido por el señor Senador Korzeniak, quien en determinado momento se refirió a la posibilidad de que en el caso de que no se recogieran las firmas para el referéndum pudiera haber presiones sobre los miembros de la Corte Electoral. A eso quiero referirme.

Creo que soy el único de la Legislatura que no voté la integración de esta Corte, pero no presumo que pueda haber presiones capaces de cambiar un voto, cuando por delante exista un plebiscito apoyado por una cantidad importante de voluntades ciudadanas. A raíz de este comentario, el señor Senador Korzeniak recordó el episodio del referéndum que se promovió en el departamento de Rocha hace unos años. En ese sentido señaló -y me consta que es verdad- que luego de un pronunciamiento favorable de la Corte se ejerció presión sobre alguno de sus miembros y se consiguió que dos Ministros cambiaran su voto. No los nombró y tiene todo el derecho a no hacerlo -yo tampoco lo voy a hacer- pero me parece injusto no dejar sentado que hubo dos Ministros sobre los cuales se ejerció presión y que no cambiaron su voto.

SEÑOR KORZENIAK.- Es verdad.

SEÑOR PEREYRA.- Para que se recuerden sus nombres, voy a decir que se trata de los doctores Ariel de la Sierra y Darwin Machado. Con respecto a este último, hoy se intentó escrachar su nombre en la prensa a raíz de que ha conseguido un modesto empleo en un organismo público que funciona bajo el régimen del Derecho Privado. A mi entender, ciudadanos que tienen tan altos méritos no merecen que sus nombres sean menoscabados, tal como lo fue el del doctor Machado.

(Apoyados)

-Para que se recoja en este debate el ejemplo de estos dos ciudadanos, es que he pedido esta aclaración.

13) SESION EXTRAORDINARIA

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- No sé cuántos oradores están anotados para hacer uso de la palabra, pero quiero expresar que quedan en el orden del día para tratar cinco denominaciones de escuelas, dos leyes muy importantes -que vienen votadas por unanimidad de las respectivas Comisiones- y algunas venias. Por esta razón, solicito que se realice una sesión extraordinaria para el próximo martes 28 a la hora 16 con el fin de tratar los puntos del orden del día que queden pendientes, más los que se quieran agregar en el correr de la semana.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Millor.

(Se vota:)

-25 en 28. Afirmativa.

14) ADMISION DE CAPITALES PRIVADOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR TERRESTRE DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Continúa la consideración del tema relativo a ANTEL. Tiene la palabra el señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: estamos culminando con la discusión general de este proyecto de ley que ha presentado el señor Senador Michelini y que la Comisión Especial de Servicios Públicos ha aprobado en mayoría.

A lo largo de las extensas exposiciones que se han realizado en las tres sesiones que ha celebrado este Cuerpo para considerar el tema, hemos escuchado diferentes reflexiones y puntos de vista que me hacen pensar en que, por lo menos en forma sintética, debemos encarar algunas opiniones que me parecen importantes.

Creo que en la discusión sobre este proyecto de ley presentado por el señor Michelini subyace un debate en torno al tema del Estado, de las empresas públicas, y otro asunto de carácter jurídico en el cual no voy a entrar, porque creo que ya se ha hablado bastante a lo largo de estas sesiones. Sí me importa mucho dejar algunas constancias políticas en lo que se refiere al tema del Estado y de las empresas públicas.

Por un lado, estimo que en la discusión sobre lo público y lo privado hay un problema de carácter ideológico sobre el tema del Estado, es decir, la reforma del Estado.

Nuestra posición política ha sido siempre muy clara. Nuestro sector político, el Foro Batllista, ha sido muy claro en el sentido de que rechazamos el estatismo a ultranza, pero también rechazamos el neoliberalismo conservador, que no es otra cosa que una especie de neoconservadurismo anárquico. En esa discusión entre el Estado y el mercado con relación a cuánto le corresponde al primero y cuánto al segundo, sostenemos claramente que no es posible afirmar que el Estado soluciona todos los problemas, ni que el mercado lo va a hacer.

Queremos decir, claramente, que el mercado jamás va a solucionar los problemas de desequilibrio social; tampoco va a solucionar los problemas de la pobreza ni de la marginalidad, ni se ocupa de la defensa de los derechos humanos ni de la protección del medio ambiente. Estos son temas que debe encarar, necesaria y obligatoriamente, el Estado. En este sentido, queremos ser muy firmes al decir que no queremos un Estado desertor sino que deseamos un Estado protector; un Estado que sea fiador o garante de los desequilibrios sociales. Además, creemos que la reforma de éste no se debe realizar para minimizarlo, sino para fortalecerlo, para hacerlo más eficiente y más eficaz con un menor costo.

Respecto a las empresas públicas, entendemos que el problema de ellas no pasa por la discusión en cuanto a su privatización o la venta de su capital a los particulares. Estamos convencidos, señor Presidente, de que las empresas públicas deben modernizarse con una clara y definida mejora en la gestión, tal como ha sucedido en los últimos quince años en el país, por ejemplo, en UTE, ANTEL, ANCAP y la Administración Nacional de Correos. Quiero destacar que en quince años de gestión de las empresas públicas en nuestro país, en su conjunto tienen 20.000 empleados menos y, sin embargo, han duplicado y, en algunos casos triplicado, su producción, lo que demuestra claramente mayor eficiencia y eficacia. Esto significa que nuestras empresas públicas, con menos empleados, han aumentado, duplicado y en algunos casos multiplicado por tres su producción.

Sí queremos decir que estamos de acuerdo con el proceso de desmonopolización y de desregulación. Los monopolios en sí mismos son malos, pero si existen, debe ser dentro del Estado.

En consecuencia, afirmamos claramente que las empresas públicas deben entrar en un régimen de competencia, que deben reducir sus costos y bajar las tarifas y los precios que cobran. Nos parece importante citar el ejemplo del Banco de Seguros del Estado, empresa pública que desde 1912 tuvo el monopolio de los seguros en el Uruguay. Sin embargo, a pesar de que ese monopolio fue eliminado por ley, el Banco ha demostrado claramente cómo es posible que una empresa pública pueda competir con otras en el mercado.

Consideramos que es positivo para el país y para las empresas públicas iniciar un proceso de asociación con capitales privados, sean públicos o nacionales, o aun extranjeros. ¿Cuáles son los problemas de las empresas públicas? ¿Cuáles son los problemas que hemos encontrado en las empresas públicas uruguayas? Acá se mencionaron una serie de dificultades pero, en lo personal, vengo sosteniendo desde 1987 que los problemas de las empresas públicas uruguayas pueden resumirse en tres puntos fundamentales: en primer lugar, lo relacionado con el régimen jurídico; en segundo término, lo referente a la capacidad gerencial y, en tercer lugar, lo referente a los controles.

En el primer punto, señor Presidente -es decir, con respecto al régimen jurídico de las empresas públicas- creo que a partir del informe Norá del año 1967 -se trata de un informe elaborado por una Comisión creada por el Gobierno francés en el año 1967, presidida por el doctor Simón Norá, quien fuera Director de la Escuela Nacional de Administración de Francia- ha quedado claramente demostrado en todo el mundo que las empresas públicas no se deben regir por el Derecho Público, sino por el Privado.

En segundo término, en lo que refiere a la capacidad gerencial, cabe señalar que aquí también se ha hablado de la falta de capacitación o capacidad en ese ámbito. Sin embargo, deseo reivindicar este tema. Cuando fui Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, en el primer período de Gobierno del doctor Sanguinetti, encaramos, junto con la Fundación alemana Hans Seidel, un programa de capacitación gerencial que dio muy buenos resultados en nuestro país. Incluso, la mayor parte de la plana gerencial que hoy tienen las empresas públicas, surgió de esos cursos de capacitación que impartimos en los años 1987, 1988 y 1989. En esa oportunidad, se analizaron temas -tengo publicaciones para que los señores Senadores que estén interesados puedan visualizar mejor estos asuntos- como, por ejemplo, Política y Gestión Empresarial; Política Económica e Integración Regional; Teoría y Técnica de Mercadeo en la Gestión de Negocios Públicos; la Empresa Pública en la Estructura Estatal; Modernización, Cambio y Cultura Organizacional; Comportamiento y Desarrollo Organizacional; Rol del Gerente; Delegación de Atribuciones; Análisis de Problemas de Gestión; Teoría de las Decisiones y Sistemas de Información; la Informática en la Empresa Moderna; Planeamiento Estratégico; Objetivo y Meta de las Empresas Públicas; Análisis Costo Beneficio; Indicadores de Gestión y Control por Resultados y Política, Planificación y Desarrollo de los Recursos Humanos.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR CORREA FREITAS.- Con mucho gusto, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Mi intervención es para testificar que lo que dice el señor Senador Correa Freitas es cierto. Además, el señor Senador puede decir que yo colaboré bastante para que esto se llevara adelante y, a su vez, coincidirá conmigo en que un alto porcentaje de los egresados de esos cursos -cuya finalización recuerdo que festejamos en una dependencia del Estado, ya que se trataba de 50 ó 60 profesionales de alto nivel que habían hecho un muy buen trabajo- nunca consiguió llegar a posiciones gerenciales porque no tenía el mecanismo político para hacerlo. Dichos profesionales no lo hicieron y no consiguieron llegar. En función de que acreditaban tener competencia ganada en buena ley, quisimos introducir en el Presupuesto Nacional y en la Rendición de Cuentas disposiciones que les dieran la posibilidad de concursar, por ejemplo, pero ello no fue posible.

Es cierto que ese es uno de los graves defectos que no tienen las empresas públicas sino las fuerzas políticas que las controlan o la Administración del Estado.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Puede continuar el señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: quiero aclarar que el señor Senador Gargano ha hecho referencia a otro curso, que no es al que aludíamos. Lo que sucede es que siempre he sido muy creativo, trabajo mucho y realizo diversas actividades. Al que se refería el señor Senador era al Curso de Formación de Altos Ejecutivos, que organizamos con la asistencia técnica de Escuela Nacional de Administración de Francia, que es otra modalidad de formación de futuros altos ejecutivos.

El curso específico al que yo hacía referencia, en el que participó el señor Senador Gargano, junto con los entonces señores Senadores Jorge Batlle y Alberto Zumarán, en una mesa redonda con los gerentes, estaba dirigido a jóvenes gerentes de empresas públicas. El hoy señor Senador Atchugarry, en ese momento Subsecretario de Transporte y Obras Públicas, colaboró en ese Curso, del que participaron, entre otros, los contadores Luis Faroppa y Ariel Davrieux, y los profesores Raúl Fernández Tuneu y José Antonio Pini, casi todos Catedráticos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración y alguno de la Facultad de Derecho.

Me parece importante citar algunos de los nombres de las personas que participaron: por AFE, lo hicieron la contadora Alma Rosario Aguiar y el ingeniero Alfredo Faroppa; por ANCAP, el ingeniero Jaime Losch, el escribano Jorge Urrutia, los ingenieros Héctor Bassaiztegui y Oscar Ettlin y el contador Raúl Fernández Mayans; por la ANP, el ingeniero Euclides Cottignola; por ANTEL, los ingenieros Edison García Regueiro, Alfredo Quinteiros -que luego fue Gerente General de ANTEL- y Juan Berrutti, y los contadores Hugo Mario Badano y Teresita Camaño; por la entonces Dirección Nacional de Subsistencias, la escribana Blanca Pereira; por el Instituto Nacional de Colonización, el señor Octavio Yamandú Martínez y el ingeniero agrónomo Eduardo Irisarri; por OSE, los ingenieros Asdrúbal Irrazabal, Vero Riva y el señor Pablo Días; por PLUNA, el ingeniero Antonio D'Ambrosio y los señores César Burgueño y José López, y por UTE, los contadores Raúl López -que ocupa uno de los cargos gerenciales más importantes de la UTE- y Elías Monchek -también ocupó uno de los cargos más importantes del Organismo- y los ingenieros Carlos Cal -lamentablemente fallecido- Jorge Croce y Germán Barattini.

Este fue el primer grupo gerencial que participó en esa experiencia muy buena, que dio notables resultados. Comenzó con un Seminario que dio el doctor Enrique Saravia, que es uno de los mejores expertos que hay en América Latina en materia de empresas públicas. Razón por la cual quiero anotar la importancia de la capacidad gerencial de las empresas públicas.

Hace pocos días, en un editorial del semanario "Búsqueda" correspondiente al jueves 9 de agosto de 2001, en una columna en la que se critica el proyecto de ley del señor Senador Gallinal, con el título "Que los inamovibles sean los más privilegiados", se comenta, entre otras cosas, sobre los sueldos de los Gerentes de las empresas públicas.

En este tema debo ser muy claro y preciso, porque además hice declaraciones públicas al respecto. Creo que la mejor manera de que tengamos empresas públicas que compitan, que sean eficaces y modernas, es teniendo Gerentes capaces, inteligentes, formados y a quienes hay que pagarles bien.

SEÑOR FAU.- Bien remunerados.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Exactamente, señor Senador. En ese sentido, reivindico que no es posible que los Gerentes de las empresas públicas estén mal remunerados porque lo único que logramos con ello es que se vayan a la actividad privada y perdamos a los mejores técnicos. En ese aspecto reitero que reivindico este tema porque me parece de suma importancia la capacidad gerencial.

(Murmullos en Sala)

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- La Mesa ruega silencio a los señores Senadores.

Puede continuar el señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- El tercer tema dentro de lo que se refiere a las empresas públicas -ya hablamos del régimen jurídico y de la capacidad gerencial- tiene que ver con el régimen de los controles.

Estoy convencido y lo vengo diciendo desde hace muchos años, que no es posible que tengamos empresas públicas con un régimen de contralor similar al de la Administración Central. Creo que el sistema de contralor previo de legalidad del Tribunal de Cuentas, si bien cumple un rol importante, debe modificarse, porque no es posible que las empresas públicas estén sometidas a ese tipo de contralor. Sí admito que deben tener controles de gestión, pero no podemos someterlas al mismo régimen jurídico que tienen los Ministerios. No es lo mismo administrar o dirigir un Ministerio que hacer lo propio con una empresa pública. En ese sentido, tres son los factores importantes: el régimen jurídico, la capacidad gerencial y el régimen de los controles.

En cuanto al proyecto de ley que ha presentado el señor Senador Michelini -que vamos a acompañar con nuestro voto y que compartimos en todos sus términos- desde el punto de vista político nos parece muy importante por dos aspectos.

En primer lugar, consideramos que este proyecto de ley demuestra claramente a la ciudadanía que ANTEL no se vende, que seguirá siendo una empresa del Estado. Esto significa que la telefonía básica seguirá en manos del Estado, tal como lo defendió nuestro sector político, el Foro Batllista, en 1992.

En segundo término, debemos expresar que este proyecto de ley a consideración del Senado establece claramente que ANCEL, que es la empresa de telefonía celular, seguirá siendo propiedad de ANTEL y que, por tanto, no se vende.

De modo que claramente quiero dejar constancia política de que ANTEL no se vende, así como tampoco ANCEL. Esta última se habrá de transformar en una Sociedad Anónima, con el paquete accionario en manos del Estado, propiedad de ANTEL. Y debemos dejar constancia de que, en la hipótesis de que en algún momento se considere conveniente u oportuno el aporte de capitales privados o la asociación con ellos, nacionales o extranjeros, se requerirá la autorización previa del Poder Legislativo por medio de una ley que deberá aprobar el Parlamento, conforme a lo dispuesto por el artículo 188 de la Constitución de la República.

Por las razones expuestas, nuestro sector político, el Foro Batllista, va a votar afirmativamente el proyecto de ley presentado por el señor Senador Michelini.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑORA POU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA POU.- Señor Presidente: solamente vamos a hacer algunas consideraciones sobre el proyecto de ley propuesto al Parlamento, por el cual se introducen algunas limitaciones para la admisión de capitales privados o la venta de acciones en la prestación de servicios de telefonía celular terrestre de ANTEL prevista en los mencionados artículos 612 y 613 de la Ley de Presupuesto.

Quiero hacer solamente algunas referencias puntuales sobre esta norma y la génesis del proyecto de ley de Presupuesto aprobado originariamente. También haré -si se me permite- algunas referencias partidarias, porque es en el seno de los partidos en donde primero se habla de este tema, diciendo que al proponerse en el Directorio del Partido Nacional la necesidad de incluir los artículos 612 y 613 en la Ley de Presupuesto, que hacía referencia a la modificación de la Carta Orgánica de ANTEL -en este caso, el 613- y a la posibilidad limitada de vender parte del paquete accionario de ANCEL -aquí el 612- conjuntamente con algún otro miembro del Directorio propusimos que el tema fuese desglosado de la mencionada ley y que se analizara en forma separada, buscando el mayor de los acuerdos políticos y que recogiéramos la mayor parte de la opinión pública.

Quiero dejar claro que no estábamos de acuerdo con incluir estos artículos en el Presupuesto y también aprovecho la ocasión para decir que tampoco lo estábamos en que la designación de los integrantes de los Entes reguladores de la energía y la comunicación se hiciera sin venia. Nos parecía que estando -como lo estaban- por encima aquella gente que habíamos votado para que estuvieran en UTE, en ANCAP o en ANTEL, era lógico que tuvieran la jerarquía que da una venia del Senado. Pero también hemos aprendido que en esta actividad el transar es parte esencial.

Luego, este planteo que se realizó en principio con la idea de que parte de la venta de las acciones de ANTEL fuera para recapitalizar al Banco de la República fue, de acuerdo con las circunstancias, tomando otros rumbos. Entendíamos que era muy importante para ANTEL, para la sociedad uruguaya y para el futuro de las empresas públicas en general determinar muy claramente el concepto de empresas públicas, así como ver la posibilidad de otorgarles herramientas jurídicas que les permitieran competir en condiciones de igualdad con el resto de los operadores.

Esta tarde, que ha sido larga y por momentos, según el señor Senador Korzeniak, aburrida, no queremos extendernos, pero sí dejar muy claro que para nosotros la discusión está fuera de lo que puede ser la propiedad de las empresas públicas.

Como integrante del Partido Nacional digo -y hoy se lo comentaba al señor Senador Nin Novoa cuando nos excluía de su pronunciamiento- que éste no quiere vender ANTEL. El Partido Nacional no quiere vender. Hoy en día es obsoleto hablar de neoliberalismo o de neoestatismo. ¿Cuándo se está siendo estatista? ¿Cuando desde la Intendencia se permite que alguien se ocupe de una plaza o cuándo desde el Gobierno Nacional se permite avanzar en materia de Estado en áreas como el medio ambiente? No, hoy en día hay que buscar alternativas diferentes que permitan a nuestras empresas estatales ser eficientes, competitivas, con tarifas no monopólicas y, por cierto, que haya una relación lo más directa posible entre el precio que se cobre y el servicio que se ofrezca. Por eso, para nosotros, la discusión no es la propiedad, sino la gestión. Aquí, entonces, estamos más cercanos, porque al hablar de los instrumentos jurídicos que le permitan a estas empresas públicas enfrentar a otros operadores y seguir siendo fuertes, siendo prestadoras de servicios eficientes y con tarifas reguladas por la competencia y no por los monopolios, seguramente estaremos acercando posiciones dentro de este propio recinto.

Por entender que pueden perfectamente operar en nuestro mercado empresas públicas con herramientas jurídicas acordes a la realidad y en donde la propiedad siga siendo estatal, pero asociadas a empresas privadas, si el mercado y las necesidades de inversión lo requieren, entendimos necesario intentar en aquella oportunidad -y también en esta- buscar el mayor acuerdo posible para llegar a una ley que contara con el apoyo de todos los sectores políticos. Nos parece que la discusión pasa más por un análisis programático, pragmático y actualizado de los mercados del mundo, que por partir de una base de predeterminación dogmática o ideológica inflexible.

(Ocupa la Presidencia el señor Luis Hierro López)

-Pero ante este nuevo proyecto de ley presentado a nuestra consideración quisiéramos puntualizar que esta norma, en principio, para nosotros no logra el objetivo antes indicado, sino que introduce un requisito legal para vender, cuando todos estamos de acuerdo en que no queremos vender. Creemos que no analiza a fondo el concepto y el futuro de las empresas públicas o de los servicios públicos genéricamente utilizados en la actualidad.

Después de escuchar a varios señores Senadores, quizá esta segunda precisión que hacemos es la que más nos preocupa: todavía no nos hemos dado el tiempo ni el trabajo de analizar en profundidad las empresas y los servicios públicos que el país tiene y, sobre todo, que merece.

Tampoco clarifica el hecho de que este Parlamento no está buscando vender el patrimonio de los uruguayos -lo hemos escuchado aquí esta tarde- sino que está defendiéndolo con herramientas que le permitan competir al desaparecer los monopolios, hoy unánimemente reconocidos como nocivos para cualquier economía o sociedad.

Por ello, no creo que sea ocioso volver a decir que nuestro partido no quiere vender. Pero no siempre así se entiende, y quien lea la prensa en estos días -sobre todo alguna- podrá percibir que esto que digo es así.

En definitiva, el espíritu que me ha llevado a intercambiar ideas con los miembros de nuestra colectividad política fue el de buscar un texto que no dejara dudas sobre nuestra voluntad de mantener dentro del Estado la propiedad de ANTEL, pero dando la posibilidad de transformarse y desarrollarse para enfrentar estos nuevos cambios tecnológicos y empresariales que tan dinámicamente se nos presentan día a día, tanto que debemos incorporar palabras nuevas a nuestro lenguaje prácticamente en una forma semanal, sobre todo, si pretendemos mantenernos "aggiornados" con lo que son las ventajas tecnológicas.

Mi aspiración, por lo tanto, hubiera sido buscar un texto acordado, consensuado por todas las colectividades políticas, que no siguiera dividiendo a la sociedad uruguaya en dos bandos virtuales -esto es lo que más me importa decir- cuando, en realidad, existe una mayor cantidad de coincidencias que de discordias, sobre todo, si vamos al fondo del asunto, que es la gestión de las empresas públicas. Por ello, cuando alguien ha propuesto derogar los dos artículos pura y simplemente hemos consultado a gente que de esto sabe y se nos ha indicado que eso implicaría regresar al Decreto-Ley del año 1974 con sus modificaciones, reimplantar los monopolios sin darle herramientas a nuestras empresas públicas para competir, sabiendo que la realidad y las transformaciones en el mercado de las telecomunicaciones superarán cualquier texto jurídico o doctrinario. La ley, los Legisladores y el Gobierno deben dinamizar y adecuar sus conductas, en lo posible, a la velocidad con que la tecnología y la ciencia se nos presentan en la actualidad.

Sin perjuicio de aspirar en el futuro a lograr algunos textos consensuados entre todas las colectividades partidarias y sincerándonos sobre el fondo del asunto, queremos dejar en claro una vez más que nuestro espíritu es defender el patrimonio estatal y que lo que estamos buscando es ofrecer a nuestras empresas las mismas condiciones que tienen las privadas, para que puedan competir y ser eficientes.

Por último, quiero hacer las siguientes consideraciones. He escuchado al señor Senador Korzeniak hablar de las mayorías que se requieren para algunas actividades. Para que ANTEL se asocie con privados parecería que hace falta una mayoría simple; pero para que privados se asocien con ANTEL estaríamos exigiendo los tres quintos. Sin embargo, están quedando en el limbo jurídico actividades como, por ejemplo, las que ANTEL desarrolla fuera del país. Nunca se planteó si se podía o no realizar la famosa operación del Nahuel Sat, en donde ANTEL ha perdido muchísimo. Sin embargo, era un tipo de asociación afuera del país; pero no ha estado en la discusión, y esas son de las cosas importantes que pueden llegar a suceder.

De todas maneras, vamos a acompañar este proyecto de ley, en el entendido de que es bastante inocuo, por citar algún adjetivo que nos parece define bastante bien esta situación. En una palabra, estamos diciendo que hace falta atender al artículo 188 de la Constitución de la República. Y como no estamos en contra del texto constitucional y ese artículo está allí, reiteramos que vamos a acompañar este proyecto de ley, pero nos gustaría que realmente respondiéramos a lo que la gente espera de nosotros, que no son discusiones dogmáticas o ideológicas, sino discusiones mucho más sinceras sobre lo que queremos, en este caso, de ANTEL, pero también con relación a otras empresas públicas. También nos gustaría que no nos olvidemos de mirar lo que hacen las empresas públicas fuera del país y estemos a veces tan pendientes de lo que realizan adentro, que es lo que realmente podemos vigilar.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: estamos ante un tema que, sin duda, genera controversias en el Uruguay, en América Latina y en el mundo.

Esta es una ley sobre la que hay controversias y, a veces, surgen malos entendidos. Incluso, en algunas ocasiones, surgen fundamentalismos aunque, francamente, cada vez esto ocurre menos. Confieso que sobre este tema no advertí ningún fundamentalismo. Sin duda, hay distintas visiones en el país sobre el papel del Estado. Al escuchar al señor Senador Correa Freitas, lo sentí -lo digo un tanto en broma- mucho más cercano a nuestro pensamiento que a lo que es el Gobierno actual en materia del Estado o de las empresas públicas. ¡Pero, así es como ocurre en este ámbito parlamentario!

La señora Senadora Pou se mostró preocupada porque no se había obtenido ningún acuerdo; se preguntaba por qué, si no hay fundamentalismos arriba de la mesa, los cuatro partidos no podían encontrar una salida común sobre este tema. Creo que todavía sigue habiendo -en un sistema político como el uruguayo, muy institucionalizado, con partidos fuertes, que son la antítesis de los brasileños, donde los Legisladores se pasan de un partido a otro con gran facilidad, a diferencia de lo que ocurre aquí, donde hay partidos serios e históricos; a esta altura todos los partidos tienen historia- mucha desconfianza. Esto, de pronto, vale para todos los partidos. Las desconfianzas están arriba de la mesa. Entonces, ¿por qué no hablar de ellas en el Senado? ¡Pongámoslas arriba de la mesa para ver si, de alguna manera, nos ayudan a encontrar salidas en el futuro a estos temas tan controvertidos, que han merecido visiones completamente distintas! ¿Habrá realmente posibilidades de un diálogo distinto sobre este tipo de asuntos entre la coalición y la oposición? Creo que hay temas y temas. Ubico todo lo relativo al modelo y a la política económica, y concluyo que hay diferencias y dos visiones de país. El diálogo no es sencillo. Recuerdo cuando el doctor Sanguinetti ganó por segunda vez la Presidencia de la República, y algunos Legisladores del Foro Batllista, muchas veces, me decían que era necesario encontrar un camino de diálogo. ¿Por qué no? Representando al Frente Amplio, me tocó asistir a una larga conversación con el entonces señor Ministro, economista Mosca, y el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Davrieux. Esta reunión duró, aproximadamente, tres horas, y sentí que la política económica que iba a seguir el Gobierno del doctor Sanguinetti era la continuidad de la que había seguido el Partido Nacional, a la que también nosotros nos opusimos.

(Intervención del señor Senador Millor que no se escucha)

-Entendí muy bien, señor Senador. El que no entiende, seguramente, es usted.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ruego a los señores Senadores que se dirijan a la Mesa.

Puede continuar el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Desde las 16 horas he estado escuchando atentamente todas las exposiciones, y no interrumpí a nadie. Entonces, lo menos que puede haber es respeto. Le pido al señor Senador Millor que tenga respeto.

SEÑOR MILLOR.- ¿Sólo a mí, señor Senador?

SEÑOR COURIEL.- Sí, sólo a usted, señor Senador.

Sin duda, sobre este tema, hay dos visiones de país. Muchas veces escuché a algunos Legisladores del Foro Batllista que, en la época de la presidencia del doctor Lacalle, decían que a la política económica le faltaba lo productivo, que es exactamente lo que nosotros seguimos diciendo desde hace diez años. Creo que el Gobierno tiene una visión que no es nueva y se aplica en otros países de América Latina, aunque no tiene la especificidad del caso uruguayo. Además, tiene un elemento que es el siguiente: si se consigue la estabilidad -lo hizo a costa de la política cambiaria, lo cual significó grandes retrasos para el sector productivo y para el empleo- y no hay déficit fiscal, se dará confianza a la entrada de capitales, al "investment grade", a la inversión, al crecimiento y al empleo. Esta es la concepción básica que oigo, todos los días, del equipo económico. Si se baja el déficit fiscal, va a haber confianza, van a venir capitales, va a haber inversión, crecimiento y habrá empleo. Francamente, no creo en esto.

En el día de ayer, leí el último documento del Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina, en el que dice exactamente lo mismo, es decir que esto no ocurre en la realidad: si se pone todo el énfasis en el déficit fiscal y se olvida de elementos claves para que haya reactivación. El país no ha invertido en los últimos diez años y tiene el menor coeficiente de inversión de toda América Latina, porque el problema no está relacionado con el déficit fiscal, sino con la rentabilidad y la competitividad.

El Gobierno tiene todo el derecho a pensar de esta manera, y otros poseemos el mismo derecho a hacerlo de un modo diferente. Creo que hay cosas que son reversibles, en tanto otras no lo son. Pero siento que, desde este punto de vista, hay una diferencia sustantiva. El diálogo no es fácil, ni tampoco buscar acuerdos. Hay dos visiones distintas. Quienes están preocupados por el déficit y por la entrada de capitales, están mucho más interesados por el sistema financiero que por lo productivo y, por lo tanto, por el empleo y los problemas sociales.

En un programa de la radio El Espectador, denominado Correo de Voz, hoy se dijo que habían escuchado que todos los problemas que tiene Uruguay dependen del exterior. Y decían: "Entonces, ¿el Presidente, los Ministros y los políticos están pintados? ¿No hacen nada? ¿Todo es del exterior? ¿La aftosa afectó al turismo, a la construcción y a todas las industrias?". Aquí hay algo que tiene que ver con la realidad actual del país, y hoy estamos viviendo esa cifra récord de 16% de desocupación abierta y un 37% de jóvenes menores de 25 años que no tienen trabajo. Por supuesto que esto es grave. Nuestro movimiento político hizo un esfuerzo al decir que no era cuestión de estar ejerciendo oposición permanentemente. Los uruguayos no pueden esperar hasta el 2004, porque se van. Esa es la sangría de la emigración que está viviendo este país en estos momentos. Hicimos una propuesta. Llamamos a los distintos sectores sociales, a las organizaciones empresariales y de los trabajadores, quienes concurrieron amablemente a escucharnos.

Digo, ¡si será difícil el diálogo! ¡Si será difícil! El señor Presidente Batlle, cuando leyó la propuesta, manifestó que aquella medida -que había inventado el doctor Ramón Díaz en el sentido de que no se podía discriminar contra la banca privada porque ésta no recibía depósitos del Tesoro ni del Banco de Previsión Social, sólo los recibe el Banco de la República, lo cual es una discriminación contra la banca privada y, por lo tanto, se optó por aplicarle un 100% de encaje, de modo que el Banco de la República no lo pudiera prestar- que era considerada, reitero, una discriminación contra la banca privada, generaría una terrorífica inflación. No es fácil el diálogo; no es sencillo. Se dijo que las medidas eran peligrosas, que eran inconsistentes y que eran inadecuadas académicamente. Todos sabemos que, académicamente, hay determinadas concepciones "A" y determinadas concepciones "Z" distintas; son controversias que existen y siempre han existido.

No es fácil el diálogo. Lo voy a decir en este ámbito, directamente, porque el señor Presidente está presente y normalmente no habla acá, pero lo hace en los medios de comunicación y ha dicho, por ejemplo, "¿De qué pueden hablar el doctor Sanguinetti y Vázquez? ¿De qué tema podrán hablar?" ¡Cuidado!, que no nos pase nada peor en el futuro como para que tengamos que recordar que todos tenemos que hablar y que en la democracia no se puede ser intolerante; es sano hablar; los diálogos no son malos, son positivos.

Creo que, en este tipo de accionar, habría una necesidad de descalificación. El Frente penetraba con facilidad en los sectores empresariales. Precisamente, un representante del Foro decía, por la prensa: "Pero, ¿cómo? Los empresarios siempre estuvieron con los blancos y los colorados. ¿Qué están haciendo sentados con el Frente?". Con estas ideas nosotros estábamos proponiendo y buscando encontrar un diálogo social y político en una propuesta que podía ser discutible; que era abierta y flexible. Los propios empresarios la podían encontrar buena o mala; los propios trabajadores la podían encontrar buena o mala.

Entonces, siento que en esta materia es difícil acercar posiciones, sobre todo, mientras el equipo económico -que nos habló hace poco- siga afirmando que el tema fundamental es la reducción del gasto para bajar el déficit, porque esto es lo que generaría en el futuro, mecánicamente -vaya a saber por qué mecanismo- sin rentabilidad y competitividad, inversiones nacionales y extranjeras. A veces, uno se pone a pensar hasta cuándo podrá haber una política económica que tiene en contra a los productores rurales, a los industriales y a los exportadores.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia recuerda al señor Senador que estamos discutiendo el proyecto de ley sobre ANTEL.

SEÑOR COURIEL.- Voy derechito a ese tema, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Me parece muy bien, señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Decía, ¿hasta cuándo puede haber una política económica que no tenga en cuenta a los productores rurales, a los industriales, al sector de la construcción, al de turismo, al desempleo y a los trabajadores?

En el campo de las empresas públicas -como me lo estaba pidiendo, señor Presidente- creo que también hay dos visiones de país. Pero digo también que, en este campo, hay actitudes que necesariamente generan desconfianza. A veces, pueden venir de un lado y de otro, no lo niego. Pero pongo sobre la mesa los elementos que, considero, generan desconfianza y hacen difícil el diálogo. Por ejemplo, hay que nombrar en las empresas públicas a los Directorios. El Frente Amplio obtuvo el 40% de los votos. ¿No tendría derecho a tener representación en las empresas públicas, tales como ANTEL, ANCAP y UTE? ¿No sería la minoría natural que tendría que estar allí? No tuvimos chance. Es verdad; lo que se hace es legal, pero lo estoy analizando desde el punto de vista político para que se trate de entender cuán difícil resulta, a veces, el diálogo cuando se hace el esfuerzo permanente por buscarlo.

Dejo el tema de la integración de los Directorios de los Entes Autónomos, para referirme a dos instituciones de contralor que requieren una mayoría especial. La coalición no tiene los votos suficientes para designar los miembros de la Corte Electoral, ni los del Tribunal de Cuentas. Y, ¿qué es lo que ocurre? Que llevamos año y medio y no hemos tenido posibilidad de hacer las nuevas designaciones en la Corte Electoral ni en el Tribunal de Cuentas.

¿Que hay posiciones distintas?; las hay; es verdad. Pero cuando un movimiento político representa al 40% de la población porque esa fue su votación y se le deja fuera de los Entes, ¿no estamos haciendo confrontación? Cuando le corresponde tener un representante, pero no están los votos y se requieren los del Frente Amplio para integrar el Tribunal de Cuentas y no se consiguen los acuerdos, y llevamos año y medio sin conseguirlos, ¿no es un mecanismo de confrontación, de desconfianza?

Luego viene el tema de ANCEL y ANTEL. Lo planteamos en innumerables ocasiones: no es propio de una Ley de Presupuesto; no va a tener discusión; no va a tener los diálogos necesarios; no le vamos a encontrar la vuelta, si lo incluimos en la Ley de Presupuesto. Sin embargo, entró en la Ley de Presupuesto. ¿No es un elemento de confrontación que haya entrado en la Ley de Presupuesto? De alguna manera, el que haya entrado en la Ley de Presupuesto, ¿acaso no nos obligó a decir: bueno, no tenemos ninguna chance de diálogo; nos llevan por delante permanentemente porque son mayoría -ellos, 60; nosotros, 40- y nos obligan a ir al procedimiento de las firmas y al referéndum?

Entonces, el por qué hay una confrontación, no es un tema menor.

Después viene el proyecto de ley que estamos tratando en el día de hoy. No dudo que el señor Senador Michelini pueda haber tenido la mejor intención de encontrar una salida; pero esa salida no fue acordada. Vino ese proyecto de ley que fue acordado entre el señor Senador Michelini, el Partido Nacional y el Partido Colorado; no con nosotros.

No voy a hacer una crítica al proyecto porque ya lo hicieron todos mis compañeros y los aburriría diciendo lo mismo. Pero siento, sin ninguna duda, que aquí hay que encontrarle una salida para no reiterar malas experiencias de empresas públicas.

Personalmente, llamo mala experiencia al caso de PLUNA, que fue una mala negociación. Hoy, en Argentina, se siente la mala experiencia de Aerolíneas Argentinas. Asimismo, fue una mala experiencia las inversiones de ANCAP en Argentina, con pérdidas millonarias. Esto tiene que ver con un elemento al que hizo referencia otro Legislador: las empresas públicas no tienen control, ya que hacen lo que desean, salvo el control de legalidad que realiza el Tribunal de Cuentas. Es necesario encontrar una salida para que estas empresas sean controladas porque, de lo contrario, hacen lo que quieren. Esto es lo que, entre otras cosas, le ocurrió a ANCAP en la Argentina.

A veces no se llega al diálogo; incluso, no tengo inconveniente en admitir que a veces el Frente Amplio es muy lento y la coalición va muy apurada. Lo cierto es que la confrontación está permanentemente arriba de la mesa, pese a que hay momentos de acercamiento. Ahora vienen nuevos mecanismos, a los que se les llama de desmonopolización. Es verdad que hay algunas desmonopolizaciones, pero hay algunas cosas que se acercan a las privatizaciones y soy muy cuidadoso cuando uso los términos. Por ejemplo, si en la terminal de contenedores la Corporación Nacional para el Desarrollo tiene un 30%, no puede participar en la gestión y tiene la posibilidad de vender las acciones, mañana puede ocurrir lo que sucedió en la Argentina, en el sentido de que, si se necesita caja, se van a vender las acciones de dicha terminal.

A veces siento que el Uruguay es lento en sus decisiones. Hizo algo muy rápido: la liberalización financiera, incluso antes que Argentina, Chile y otros países; lo realizó en el año 1974. Cuando dichos países efectuaron la liberalización comercial, en la segunda mitad de la década de los setenta, Uruguay no lo hizo, sino que fue más gradual, llevándola a cabo mucho después, en la década de los noventa.

Con esta velocidad que se quiere imprimir a las desmonopolizaciones y a algunos procesos de privatización, caminamos casi diez años después de lo que ya hizo Argentina, donde hoy se están viendo los resultados. Me siento inquieto y preocupado con este tema, porque algunos elementos de política económica a veces pueden ser reversibles, pero en otras, dicha reversibilidad lleva muchos años.

Mañana, señor Presidente, vamos a recibir al señor Presidente de ANCAP, a quien escucharemos con mucho gusto. Queremos saber lo que él piensa y cuáles van a ser las bases de la licitación. Estamos inquietos porque, de pronto, se habla de usufructo, y sobre esto hay una opinión del Tribunal de Cuentas. Nos preocupa, porque en el caso de ANTEL, de las comunicaciones, puede haber competencia, pero en el caso de ANCAP es muy difícil que la haya, porque no va a haber dos refinerías. Entonces, si se pasa el usufructo, tal vez se pase de un monopolio público a uno privado y eso es malo. En el caso de ANCAP, si no hay dos refinerías y se pasa a una concesión donde el que predomina es el asociado o empresa privada -sea nacional o extranjera- la posibilidad de que se pase de un monopolio público a uno privado es muy grande. Esto ya lo decían otros Legisladores. El señor Ministro de Economía y Finanzas no sólo anunció los dos proyectos de ley que están a estudio del Parlamento, o sea, la desmonopolización de la importación de crudo y la desmonopolización de la refinería, sino la futura desmonopolización, gradual, de la importación de refinado. No sabemos cómo es que esto se va a instrumentar, por lo que se lo queremos preguntar a los integrantes del Directorio de ANCAP. Sin embargo, si esto se estructurara muy rápidamente, la refinería no llegaría y podríamos quedarnos sin ella.

Digo todo esto, para demostrar que hacemos esfuerzos por tratar de entender, de estudiar y de hacer propuestas al respecto. ¡Ojalá encontremos, en el caso de ANCAP, una salida más acordada que la de los casos anteriores!; es algo que no descarto.

Señor Presidente: permítaseme plantear, en agosto de 2001, momento en que estamos discutiendo estos temas de las empresas públicas -el de ANTEL, el de ANCEL, el de ANCAP, el de la terminal de contenedores- las brutales cifras de desempleo que aparecieron en el día de hoy en los medios de comunicación. Personalmente, lo que más me preocupa, además de todo eso que mencioné, es la situación de Argentina. Contamos con una televisión por cable que nos permite ver, diariamente, los acontecimientos que ocurren en el país hermano. Nos preocupa enormemente, por las repercusiones que pueda tener en el Uruguay y por cómo "agarra" a nuestro sistema político, todo esto a lo que estoy haciendo referencia, que tiene que ver con elementos sobre los que no hay coincidencia -aunque a veces pueda haberla- y donde puede haber confianza, pero también hay mucha desconfianza.

En Argentina, señor Presidente, además de una tasa de desempleo mayor del 16%, apareció algo muy importante: en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, uno de cada tres argentinos vive bajo la línea de pobreza. Esto es algo brutal para el país hermano.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar una moción que ha llegado a la Mesa para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

La Mesa reitera cordialmente al señor Senador Couriel la necesidad de que nos concentremos en el punto en discusión.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Después de todo lo que mis compañeros señalaron sobre ANTEL y ANCEL, para mí el punto en discusión no es un tema menor. Se trata de saber si rompemos con la desconfianza, si es factible que haya un diálogo distinto y si podemos hablar o no de acuerdos entre la coalición y la oposición. Para mí, este es el tema central de la discusión.

(Interrupciones)

-Lo que ocurrió en la Argentina me preocupa, porque pienso que puede pasar en nuestro país. A mi entender, el modelo de privatizaciones y el de la ley de convertibilidad, fracasaron. Entonces, más que el déficit fiscal -y repito que esto tiene que ver con el Uruguay- el tema de la Argentina es el de la deuda y el de la desocupación.

Voy a ser muy rápido, señor Presidente. La Argentina hoy se plantea el déficit cero. Empezó bajando jubilaciones y salarios de trabajadores públicos en un 13%. Esto va a disminuir la demanda interna -el coeficiente de exportaciones de Argentina es muy pequeño- y va a significar menos reactivación y más desempleo en ese país. Pero en los próximos meses, si sólo se va a gastar lo que ingresa, ¿alcanzará con el 13%? ¿O tendrán que bajar un 20%, un 25% o un 30%? No lo sabemos. Si con esta caída hay menos demanda, va a haber menos crecimiento y menos ingresos fiscales y, si esto es así, va a ser necesario bajar más los salarios y las jubilaciones.

En estos momentos en la Argentina los empresarios se financian no pagando impuestos, porque cuando los tengan que pagar con multas y recargos les va a salir mucho más barato que pagar las tasas de interés que pagan ahora. Por lo tanto, se va a recaudar menos y se va a seguir ajustando los sueldos de los funcionarios públicos y las jubilaciones.

Supongamos, señor Presidente, que pese a todas las convulsiones sociales de la Argentina -aclaro que deseo, con el alma, que ese país salga adelante, por el pueblo, por el Gobierno y por todos los argentinos- se consigue el déficit cero. Lo consiguen en moneda nacional, pero los intereses que tienen que pagar son en moneda extranjera. Los intereses son el 40% de las exportaciones, una cosa loca. Y reitero que se trata sólo de los intereses. ¿Con qué van a pagar? ¿De dónde reciben divisas? O de la entrada de capitales, donde hay una incertidumbre total -en la Argentina no entran capitales ni por casualidad- o de las exportaciones. Sin embargo, en el caso de las exportaciones, la ley de convertibilidad limita la competitividad. Desde este punto de vista, se habla permanentemente de la posibilidad de cesación de pagos -que ojalá no ocurra- y de una modificación de la ley de convertibilidad. También en este caso es mi deseo que no la haya, porque implicaría un costo tremendo si se hace de manera abrupta. Creo que se habla permanentemente del déficit cero porque no pueden hablar de la cesación de pagos o de la ley de convertibilidad; hay que hablar de lo que se puede hablar y no de lo que no se puede hablar.

El préstamo del Fondo Monetario Internacional, que se discute desde hace muchos días, no es para destinarlo a cubrir el déficit fiscal, sino para poder enfrentar la salida de depósitos y la pérdida de reservas que Argentina tiene ahora por la brutal incertidumbre que se genera. Reitero mi deseo de que Argentina salga adelante de la mejor manera posible. Lamentablemente, de acuerdo con los conocimientos, la experiencia y la información de que dispongo al respecto, me parece que le va a resultar muy difícil, y esto va a afectar al Uruguay. Si hubiese un "default" lo va a afectar un poco, pero si hubiese una modificación cambiaria muy abrupta, lo va a afectar con costos altos.

De modo que no se trata de si se dijo antes o no, si se previno o no se previno; ya no importa quién lo dijo. Se trata de lo que puede pasar y este no es un tema menor para nuestro país. Estoy hablando para ver qué significa una caída de la Argentina en este sistema político, que es serio, que está institucionalizado, y donde seguramente todos vamos a tener que aportar de alguna manera para salir de una crisis profunda que nos puede llegar por culpa de la Argentina y por culpa de nuestra política que se nos pegó a la Argentina. Pero ya se pegó. Ya pasó. Entonces, el toque de atención, la reflexión es la siguiente: no olvidemos, cuando estamos hablando de las empresas públicas, que ocurrieron acontecimientos que llevaron necesariamente al referéndum y a algún grado de confrontación. Lo cierto es que es el país el que está en juego: la viabilidad del Uruguay, este brutal desempleo y esta brutal emigración que estamos viviendo. Allí, señor Presidente -y termino con algunas palabras suyas- es donde el diálogo se vuelve imprescindible.

SEÑOR FAU.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR COURIEL.- Estoy terminando, señor Senador.

SEÑOR FAU.- Por eso mismo.

SEÑOR COURIEL.- Ya termino, señor Senador; si no fuera así, con mucho gusto.

Ahí es donde yo siento que en una situación de esta naturaleza, esa declaración que dice "¿De qué van a hablar Vázquez y Sanguinetti?", no es adecuada a las circunstancias del país.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa deja constancia de que ha dejado que el señor Senador hiciera uso de la palabra por razones de cortesía y no de reglamento, ya que tiene el instrumental reglamentario como para haberlo impedido. Estaba completamente fuera de tema. Espero que la circunstancia no se repita.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- De paso, porque lo cortés no quita lo valiente, si el señor Senador Couriel entendió que lo mío era una falta de respeto, le pido disculpas.

SEÑOR COURIEL.- Está disculpado, señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- No sabe cómo me alegra. Simplemente me limité a decir, cuando él dijo que eran Gobiernos idénticos o continuidades, que había entendido mal. Yo no me voy a poner a hacer acá un breviario de las diferencias que, respetuosamente, siempre hemos exhibido las dos Administraciones, fundamentalmente en el rol del Estado. A nosotros no nos embretan ni en un Estado totalizador, que quiso hacerlo todo y por querer hacerlo todo no hizo nada bien y lo único que dejó fue degradación; y menos en un Estado prescindente, fugitivo y desertor, que por no querer hacer nada no le sirve a nadie. Creo que eso quedó plasmado en el plebiscito de 1992 y en otras cosas; creo que quedó plasmado, por ejemplo, en el tema del atraso cambiario, donde -obviamente- no podíamos enmendar lo hecho pero sí cerrar la brecha y no ampliar ese atraso. Hubo continuidades. ¡Cómo no iba a haber continuidades en las cosas buenas que había hecho el Gobierno del doctor Lacalle! ¡Cómo no íbamos a tener continuidades, si hace pocos días el economista Cancela -que creo es del Frente Amplio- elogió esos aciertos, y delante del doctor Tabaré Vázquez, le dijo al doctor Lacalle que él estaba de acuerdo en cómo había puesto orden en las cuentas y cómo había luchado contra la inflación! En eso, obviamente, hubo continuidades. El doctor Lacalle comienza a bajar la inflación y nosotros seguimos, y llegamos al hecho histórico de reducirla a un dígito durante el Gobierno del doctor Sanguinetti con la continuidad de una política de Estado. ¡Cómo no va a haber continuidades en el orden de las cuentas! Este, sin embargo, es un tema ajeno.

Simplemente quiero hacer un par de apuntes. Yo también soy de los que escuchan las sesiones; salgo a veces a fumar un cigarrillo, pero soy de los que las escuchan. Esta receta de que cuando la mano viene mal y faltan los dineros, hay que gastar más, francamente no la entiendo. En las familias, cuando la mano viene mal, se gasta menos; no se gasta más, porque se pierde el crédito. Parecería que la receta es gastar más en lo nacional.

Hubo una actitud del Intendente Mariano Arana que aplaudí. Brasil devalúa en enero de 1999 y él -que fue nuestro compañero en el Senado y es una persona inteligente- se la vio venir: se iban a vender menos vehículos, iba a haber menos permisos de construcción y se iba a recaudar menos. Y lo primero que hizo en febrero, cuando no se había cumplido todavía un mes de la devaluación brasileña, fue achicar los gastos, decir que había que ajustarse el cinturón y que había que gastar menos. Entonces no entiendo, porque la situación es la misma. En el Gobierno nacional hay que gastar más, mientras que en el Gobierno departamental de Montevideo hay que gastar menos. Esta ambigüedad no la comprendo.

Por último, parece que el señor Presidente del Senado preguntó de qué podían hablar los doctores Tabaré Vázquez y Julio María Sanguinetti. Yo me hice la misma pregunta, y lo digo con total franqueza. Sin embargo, aplaudí el hecho. ¿Saben por qué? Porque cuando el doctor Julio María Sanguinetti dejó de ser Presidente de la República, hecho que coincide con la asunción como Intendente de Montevideo del doctor Tabaré Vázquez, insinúa una conversación con éste, él dice que el doctor Sanguinetti era un ciudadano más de Montevideo y que si deseaba mantener una entrevista, podía solicitarla.

La Constitución no admite otras diferencias que las virtudes y los valores; se trataba de un ex Presidente de la República, y prácticamente fue la bofetada del desprecio. Esta vez es el ciudadano doctor Tabaré Vázquez, ex Intendente de Montevideo, el que pide una audiencia con el único uruguayo electo dos veces Presidente de la República, directamente por el pueblo, y el doctor Julio María Sanguinetti, como es un hombre cuya vocación de diálogo nadie podrá negar, inmediatamente se la concede. Por ese solo hecho aplaudo esta actitud del doctor Tabaré Vázquez -distinta a la que adoptó cuando era Intendente- y no me extraña la actitud del doctor Julio María Sanguinetti de conceder la entrevista. Honestamente, creo que fue una señal muy buena para los orientales, pero me queda la misma duda que al señor Presidente del Senado: de qué hablaron, salió en la prensa; en qué nos podemos poner de acuerdo, es lo que veo difícil, pero ojalá que los acuerdos lleguen.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Con respecto a las expresiones del señor Senador Millor quiero hacer tres puntualizaciones. En primer lugar, sí hay diferencias en las orientaciones de la política económica. Cuando uno hace críticas y prevé determinadas cosas, desearía que lo que prevé no ocurriera, si eso es malo. Lamentablemente, las previsiones eran las de que iba a haber más desempleo, y hoy lo estamos pagando. De manera que hay dos visiones, dos modelos y dos formas de encarar la política económica.

En segundo término, la Intendencia Municipal de Montevideo no tiene la chance de emitir ni de endeudarse que tiene el Gobierno nacional; por lo tanto la comparación no es válida.

Por último, digo que es bueno que el Presidente del Frente Amplio y el doctor Julio María Sanguinetti hayan hablado, y ojalá se siga dialogando en el país. A veces se dialoga habiendo puntos de vista distintos, pero quizá el diálogo pueda generar algunas coincidencias en situaciones muy difíciles que le pueden llegar al Uruguay.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Rodríguez.

SEÑOR RODRIGUEZ.- Señor Presidente: hemos escuchado atentamente todas las exposiciones, algunas muy valiosas, otras menos. Se ha hablado de todos los temas e, indudablemente, de lo único que no se habló fue de la selección uruguaya. Al respecto, creo que deberíamos habernos dedicado a expresarnos acerca del proyecto de ley que nos compete. Antes que nada, quiero decir que lo voy a acompañar por disciplina partidaria, pero no estoy de acuerdo con él, porque no es cierto que en este proyecto de ley, tal como lo manifestó un distinguido señor Senador, se establezca con claridad que ANTEL no se vende. Por el contrario, ese tema está muy bien esclarecido en los artículos 612 y 613. En el momento oportuno, nosotros, integrantes del Partido Nacional, los votamos, aunque hubiésemos preferido, frente a la discusión democrática que tenemos en nuestro Partido, que esos dos artículos se hubiesen votado separadamente en otro proyecto de ley. Las razones se dieron, se introdujeron esas disposiciones en el Presupuesto y las acompañamos. Hubo una fuerza política que no lo hizo y que, en su legítimo derecho y haciendo uso de lo que establece la Constitución de la República, ha recurrido, ha tratado y trata de derogar esos dos artículos. Es así que ha optado por el camino largo -como lo expresó un señor Senador- porque es un sector político de nuestro país que hace un permanente ejercicio electoral, lo que nosotros llamamos gimnasia electoral. ¿Por qué el camino corto si es mejor el largo? Total, paralizamos el país. No sé si es bueno o malo -dirán ellos- admitir capitales privados para prestar un mejor servicio y buscar la rebaja de las tarifas. Siempre miramos los resultados del país vecino y no miramos los de otros países. Por ejemplo, en el día de ayer tuvimos la visita del Presidente -social demócrata- de la República Dominicana; en esa oportunidad, concurrieron algunos señores Senadores del Encuentro Progresista. Dicho mandatario fue muy claro y preciso cuando se refirió al resultado extraordinario obtenido en las telecomunicaciones que fueron privatizadas en los años treinta; hoy compiten con grandes servicios y tienen una constante baja de sus costos.

Admitamos el derecho constitucional que tienen los ciudadanos de recurrir esos dos artículos por el camino largo. Tienen un plazo de un año para levantar las firmas y luego viene un largo proceso de varios meses para llevar a cabo el plebiscito. Mientras tanto, no hay ninguna posibilidad de admitir capitales privados. Es decir, la empresa pública está absolutamente paralizada. Con toda sinceridad, digo que me parece legítimo recurrir esos dos artículos, tal como está previsto en la Constitución de la República, pero un señor Senador, distinguido profesor, que hizo uso de la palabra y ahora no se encuentra en Sala, dijo, además, que eso no va a quedar ahí; que además de este recurso, tienen dentro de la manga otros caminos a recorrer para derogar estos artículos. Esto significa que después de un año y medio, van a recurrir por otros caminos para tratar de derogar esos dos artículos. Podrá durar un mes más, un año más, y mientras tanto no hay posibilidad de transformar a esta empresa pública. Supongamos que recorran dichos caminos, que fracasen y sigan vigentes los artículos 612 y 613. ¿Qué significa? ¿Qué chance dan? ¿Qué solución dan? Que el Parlamento participe en la posibilidad de admitir que Juan, Pedro o Diego se puedan asociar e introducir capitales. Lo podrá aprobar el Parlamento, pero he aquí que, una vez aprobado este proyecto de ley y una vez admitido el socio, se da nuevamente la posibilidad de un nuevo ejercicio de gimnasia electoral, porque se puede recurrir. Quizá, en esa oportunidad, también adopten el camino largo de un plazo de un año para levantar las firmas y nuevamente el país estará paralizado, y así se irán cuatro o cinco años sin posibilidades de nada.

Lamentablemente, tengo que decir que este proyecto de ley no soluciona nada; por el contrario, complica las cosas. Repito que vamos a votar estos dos artículos por disciplina partidaria. Hay un sector político que está recorriendo los caminos que establece la Constitución de la República para derogarlos, y si fracasa, van a quedar vigentes y el país y las empresas públicas podrán adoptar o no la admisión de los capitales privados, pero no podemos crear nuevas alternativas o instancias recurribles para seguir paralizando el desarrollo del país. Reitero que voy a votar por disciplina partidaria, pero consciente de que esto no soluciona nada.

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más oradores inscriptos, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-17 en 29. Afirmativa.

En discusión particular

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- La admisión de capitales privados o la venta de acciones en la prestación del servicio de telefonía celular terrestre de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), conforme a los artículos 612 y 613 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, requerirá autorización previa del Poder Legislativo mediante ley dictada al efecto conforme a lo dispuesto en el artículo 188 de la Constitución de la República."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 29. Afirmativa.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

15) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay una moción para que se levante la sesión.

Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-26 en 29. Afirmativa.

Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 20 y 56 minutos, presidiendo el señor Luis Hierro López y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Astori, Atchugarry, Brause, Correa Freitas, Couriel, Dalmás, de Boismenu, Fau, Fernández Huidobro, Gallinal, Gargano, Heber, Larrañaga, Michelini, Millor, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Pou, Riesgo, Rodríguez, Rubio, Sanabria, Singer, Virgili y Xavier.)

SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Sr. Mario Farachio Secretario - Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.