Retorno a página principal

Nº 121 - TOMO 408 - 8 DE AGOSTO DE 2001

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

39ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO y ARQ. HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI Y LA PROSECRETARIA SEÑORA EMMA ABDALA

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Solicitudes de licencia

- Las formulan los señores Senadores Garat y Couriel.
- Concedidas.

5 y 7) Integración del Cuerpo

- Notas de desistimiento. Las presentan la señora Representante Percovich y los señores Representantes Bayardi y Bentancor comunicando que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.
- Ingresa a Sala el señor Representante Ponce de León a quien, luego de prestar el juramento de estilo, se le declara incorporado al Senado de la República.

6 y 9) Admisión de capitales privados en la prestación del servicio de telefonía celular terrestre de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL)

- Proyecto de ley por el que se establece que dicha admisión deberá ser autorizada por el Poder Legislativo.
- Continúa la discusión general.

8, 10, 15 y 17) Señoras Rosario Gandós Caravia y Olga Hernández Barreto y señor Washington Rodríguez. Pensiones graciables

- Proyectos de ley por los que se les conceden una pensión graciable.
- Por moción del señor Senador Heber, se reparten las bolillas de votación.
- En consideración. Aprobados. Se comunicarán a la Cámara de Representantes y al Poder Ejecutivo, según corresponda.

11) Solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para designar Fiscales Letrados Departamentales

- Por moción del señor Senador Sanabria, el Senado declara la urgencia y consideración inmediata de los numerales duodécimo, decimotercero, decimocuarto y décimo.
- El Senado, en sesión secreta, concedió venias al Poder Ejecutivo para designar varios Fiscales Letrados Departamentales; asimismo, hizo lugar a la solicitud de la Suprema Corte de Justicia para designar un Ministro del Tribunal de Apelaciones y finalmente concedió venias al Poder Ejecutivo para exonerar de sus cargos a dos funcionarios públicos.

12 y 14) Viaje de fin de cursos de la Escuela Naval

- Proyecto de ley por el que se autoriza a salir del país a las planas mayores y tripulantes de los buques ROU "Artigas", ROU "Montevideo" y personal de la Escuela Naval con destino a Mar del Plata, República Argentina.
- Por moción del señor Senador Fau, el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

13 y 16) Ejercicio combinado "CABAÑAS 2001"

- Proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de efectivos de la Escuela Naval.
- Por moción del señor Senador Fau, el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

18) Se levanta la sesión

- Por moción de la señora Senadora Arismendi, complementada por el señor Senador Gallinal, el Senado resuelve levantar la sesión ubicando en primer término del orden del día del próximo martes el tema relativo a la admisión de capitales para la telefonía celular terrestre de la Administración Nacional de Telecomunicaciones.

1) TEXTO DE LA CITACION

«Montevideo, 7 de agosto de 2001.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, en régimen de cuarto intermedio, mañana miércoles 8, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se establece que la admisión de capitales privados en la prestación del servicio de telefonía celular terrestre de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, requerirá de una ley.

(Carp. Nº 456/01 - Rep. Nº 284/01)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2º) por el que se designa "Enrique Beltrame", la Escuela Nº 92 de la ciudad de Tranqueras, departamento de Rivera.

(Carp. Nº 483/01 - Rep. Nº 273/01)

3º) por el que se designa "Maestro Virgilio Eduardo Scarabelli Alberti", al Liceo Nº 49, departamento de Montevideo.

(Carp. Nº 484/01 - Rep. Nº 274/01)

4º) por el que se designa "República del Perú", la Escuela Nº 142 de Tiempo Completo, departamento de Montevideo.

(Carp. Nº 485/01 - Rep. Nº 275/01)

5º) por el que se designa "Brigadier General Fructuoso Rivera", la Escuela Nº 64, Rural de Villa Militar, departamento de Maldonado.

(Carp. Nº 486/01 - Rep. Nº 276/01)

6º) por el que se designa "Martin Luther King", la Escuela Nº 178, departamento de Montevideo.

(Carp. Nº 495/01 - Rep. Nº 277/01)

7º) por el que se concede una pensión graciable a la señora Rosario Gandós Caravia.

(Carp. Nº 108/00 - Rep. Nº 278/01)

8º) por el que se concede una pensión graciable a la señora Olga Hernández Barreto.

(Carp. Nº 453/01 - Rep. Nº 280/01)

9º) por el que se concede una pensión graciable al señor Washington Rodríguez.

(Carp. Nº 475/01 - Rep. Nº 281/01)

10) por el que se autoriza la salida del país de las planas mayores y tripulantes de los buques ROU "Artigas", ROU "Montevideo" y personal de la Escuela Naval, para visitar el puerto de Mar del Plata durante la realización del viaje de instrucción de fin de cursos.

(Carp. Nº 511/01 - Rep. Nº 288/01)

11) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la reiteración del Mensaje del Poder Ejecutivo, solicitando venia para designar en el Instituto Nacional del Menor al señor Martín Larzano Luissi en calidad de Presidente y al doctor Diver Ramón Fernández Ferreira y doctora Stella Luz López Beltrán en calidad de Miembros.

(Carp. Nº 369/01 - Rep. Nº 176/01 y Anexo I)

12) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud del Poder Ejecutivo para designar a la Dra. Sylvia Stupino Varela en el cargo de Fiscal Letrado Departamental de Paso de los Toros, al Dr. Pablo Alejandro Rivas Vignolo para ocupar el cargo de Fiscal Letrado Departamental de Dolores; a la Dra. Silvia Blanc Sosa para ocupar el cargo de Fiscal Letrado Departamental de Young y al Dr. Leonardo Morales Archento como Fiscal Letrado Departamental de Río Branco.

(Carp. Nº 499/01 - Rep. Nº 287/01)

13) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de la Suprema Corte de Justicia para designar al Dr. William Corujo como Ministro del Tribunal de Apelaciones.

(Carp. Nº 520/01 - Rep. Nº 286/01)

14) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a:

un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. (Plazo constitucional vence el 22 de agosto de 2001). (Carp. Nº 454/01 - Rep. Nº 272/01).

un funcionario del Ministerio de Salud Pública. (Plazo constitucional vence el 9 de setiembre de 2001). (Carp. Nº 467/01 - Rep. Nº 285/01).

Hugo Rodríguez Filippini Secretario - Mario Farachio Secretario.»

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Arismendi, Astori, Atchugarry, Barrios Tassano, Bonilla, Borsari, Correa Freitas, Dalmás, de Boismenu, Fau, Fernández Huidobro, Gallinal, Gargano, Heber, Korzeniak, Larrañaga, Michelini, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Ponce de León, Pou, Riesgo, Rodríguez, Rubio, Sanabria, Scarpa, Virgili y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Brause, Cid, Couriel, Garat, García Costa, Millor y Singer.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 08 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

«La Presidencia de la Asamblea General remite varias notas del Poder Ejecutivo comunicando haber dictado los siguientes decretos y resoluciones:

por el que se efectúan varias transposiciones de créditos presupuestales entre proyectos de inversión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas;

por los que se aprueba el presupuesto operativo, de operaciones financieras y de inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondientes al Ejercicio 2001;

y por los que se aprueba el presupuesto operativo, de operaciones financieras de la Administración de Ferrocarriles del Estado correspondientes al Ejercicio 2001.

-TENGANSE PRESENTE.

La Presidencia de la Asamblea General remite varias notas del Tribunal de Cuentas de la República comunicando las resoluciones adoptadas en los siguientes expedientes:

del Ministerio de Salud Pública, relacionado con la inclusión de gastos en el déficit de la citada Cartera;

del Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Instituto Nacional de Colonización y de la Administración Nacional de Puertos, relacionados con la reiteración de las observaciones de gastos formuladas a dichos organismos;

de la Junta Departamental de Soriano, relativo a la Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2000.

de la Administración Nacional de Correos y de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, relacionadas con sus Estados de Ejecución Presupuestal al 31 de diciembre del año 1999;

del Banco Central del Uruguay, referido a su Estado de Situación Patrimonial y a su Estado de Resultados.

-TENGANSE PRESENTE.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca remite la información solicitada por la señora Senadora María Julia Pou relacionada con la aplicación de lo establecido en el artículo 42 de la Ley Nº 16.095 referente a Discapacitados.

-OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADA A LA SEÑORA SENADORA MARIA JULIA POU.

El Ministerio de Salud Pública remite la información solicitada por la señora Senadora Mónica Xavier referente al programa de control para detectar la presencia del mosquito Aedes Aegypti.

-OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADO A LA SEÑORA SENADORA MONICA XAVIER.

La Junta Departamental de Soriano remite nota, con destino a la Comisión de Industria y Energía, en la que transcribe la resolución que adoptara en relación al apoyo dado a su similar de Paysandú en cuanto a promover la producción del bio-diesel en nuestro país.

-A LA COMISION DE INDUSTRIA Y ENERGIA.»

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa tiene el agrado de informar que hoy es el cumpleaños del señor Senador Larrañaga. Nuestras calurosas felicitaciones.

(Aplausos)

4) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Garat solicita licencia desde el día 7 al 22 de los corrientes."

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 7 de agosto de 2001.

Sr. Presidente de la
Asamblea General
Don Luis Hierro López
Presente

De mi mayor consideración:

Por intermedio de ésta, solicito al Cuerpo que usted tan dignamente preside, licencia a partir del día 7 de agosto hasta el 22 de agosto inclusive.

Motiva la presente razones de salud, las cuales me obligan a guardar reposo.

Sin otro particular, le saludo con mi más alta estima

Carlos Garat. Senador.»

SEÑOR PRESIDENTE .- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

-Queda convocado el señor Senador Ambrosio Rodríguez, quien ya ha prestado el juramento de estilo, por lo que, si se encontrara en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Ambrosio Rodríguez)

-Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Couriel solicita licencia desde el día 8 al 10 de los corrientes."

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 8 de agosto de 2001.

Sr. Presidente de la
Cámara de Senadores
Don Luis Hierro López

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito licencia desde el día 8 de agosto hasta el día 10 de agosto inclusive ya que asistiré en calidad de miembro de la Comisión de Economías Emergentes a la 1ª Conferencia Interparlamentaria de Economía y Finanzas, que tendrá lugar en la Sede Permanente del Parlamento Latinoamericano, en la ciudad de San Pablo, Brasil.

Solicito dicha licencia al amparo del literal b) del artículo 1º de la Ley N° 10.618 en la redacción dada por la Ley N° 16.456.

Solicito también se convoque a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, lo saluda atentamente

Alberto Couriel. Senador.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

5) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de varios desistimientos a las convocatorias.

(Se da de los siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- La señora Representante Margarita Percovich y los señores Representantes José Bayardi y Juan José Bentancor comunican que, por esta única vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Queda convocado el señor Martín Ponce de León, a quien oportunamente se tomará el juramento de estilo.

6) ADMISION DE CAPITALES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR TERRESTRE DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del punto que figura en primer término: "Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se establece que la admisión de capitales privados en la prestación del servicio de telefonía celular terrestre de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, requerirá de una ley. (Carp. Nº 456/01 - Rep. Nº 284/01)".

(Antecedentes: ver 38ª sesión ordinaria)

-Continúa la discusión general.

Tiene la palabra el señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: hoy tenemos una buena oportunidad de iniciar, en esta etapa del país, un debate que fue francamente bloqueado cuando discutimos la Ley de Presupuesto. Por razones que no viene al caso recordar ni analizar, lo cierto es que aquí se votaron artículos que no fueron discutidos. Más allá de la importancia que tiene el votar artículos sin discutirlos, es mucho más importante el hecho de que su contenido -me estoy refiriendo a los artículos 612 y 613 de la referida ley- es absolutamente relevante para el país. Por eso digo que esta es una buena oportunidad de empezar una discusión -no creo que se termine con la sanción de este proyecto, ni mucho menos- y veremos qué ocurre en el desarrollo de este debate.

Creo que vendrán otras etapas, porque habrá que discutir, por razones que todos compartimos, la realidad de otras empresas y no sólo la de ANTEL. En todo caso, como decíamos, nos parece una buena noticia que aquí, en el Parlamento, institución de debate por excelencia, podamos tener la oportunidad de compartir opiniones y, naturalmente, definir discrepancias al respecto.

Quienes integramos la Comisión Especial de Servicios Públicos, ya comenzamos a insinuar los aspectos más relevantes de este debate. Sin embargo, creo que ahora, con la decantación que ha tenido el tema por el paso de los días, con algunas intervenciones en los medios de comunicación que han aclarado aún más ciertas posiciones, estamos en mejores condiciones -no sólo los miembros de la Comisión Especial de Servicios Públicos, sino todos los integrantes del Cuerpo- de participar en este debate.

Quiero anticipar que nuestra fuerza política no acompaña este proyecto de ley que se está discutiendo. Lo consideramos, desde cierto punto de vista, redundante, y desde otros ángulos, inoportuno y, desde otros -esto es lo que más nos preocupa- absolutamente inconveniente para los intereses del país.

Voy a tratar, al igual que varios de mis compañeros, de fundamentar estas opiniones. Sin embargo, ellas no se pueden fundamentar claramente sin ubicarlas en un contexto algo más amplio.

En caso contrario, aparecerían muy descolgadas de un razonamiento sobre la situación de las empresas públicas en el Uruguay, lo que contribuiría a su vez a distorsionar totalmente el verdadero sentido que a nuestro juicio tiene que tener la discusión. Por eso voy a solicitar al Senado que me permita ubicar los fundamentos de nuestra oposición a este proyecto de ley, en un marco algo más amplio.

Señor Presidente: hemos sostenido en la Comisión Especial de Servicios Públicos que participamos de la idea, sin ningún tipo de vacilación, de que nuestras empresas públicas deben ser transformadas. Por diversas razones, la situación actual que muestran es inconveniente para el país, por distintos motivos que también vamos a definir y detallar. Pero nosotros no estamos defendiendo el "statu quo" de esas empresas, y eso tiene que quedar absolutamente claro. Sea por las razones que sea, en el caso de cada una de ellas -como veremos después cuando analicemos caso a caso- tenemos que introducir cambios. Nos podríamos referir a las tres o cuatro empresas más importantes del país como, por ejemplo, ANTEL -que es la que hoy estamos analizando- ANCAP -que estudiaremos próximamente- UTE -que también está en el debate- y el Banco de la República Oriental del Uruguay, que siempre aparece relegado a un segundo plano, pero que es una empresa pública de máxima importancia que necesita también transformaciones muy profundas a nuestro juicio. En todos los casos pensamos que hay que hacer distintos tipos de transformaciones y de cambios, todos ellos de carácter estructural, o sea, profundos, que se arraiguen en la realidad de la empresa y nos permitan proyectarla con un cierto horizonte de mediano y largo plazo.

El segundo punto que queremos plantear es que esta discusión la tenemos que ubicar, en nuestra opinión, mucho más que en el debate público o privado, en el debate monopolio-competencia, que es el que hoy está convocando la atención de quienes se preocupan por examinar los caminos que debería seguir una transformación de las empresas públicas en el Uruguay. Esto ocurre -aclaro que esta es una opinión personal- porque la necesidad de preparar a nuestras empresas para la competencia crece, a pesar de las convicciones que tenga cualquiera de nosotros. En primer lugar, crece por razones tecnológicas, contra las que no se puede ir y, en segundo término, por razones de estrategia comercial y de mercado que otros practican y ante la cual nos tenemos que preparar porque de otro modo nuestras empresas pueden ser literalmente barridas del mercado. Cuando hablo de mercado lo hago en una acepción amplia, pensando no sólo en el pequeño mercado interno de servicios públicos que tiene el Uruguay, sino también en el mercado regional, y por qué no, más allá de la región.

Entonces, es una realidad que está más allá de nosotros la que nos exige pensar en este binomio conceptual monopolio-competencia, y es en ese marco que está el tercer punto que voy a defender en esta intervención. Precisamente, es el que acabo de adelantar, o sea, la necesidad de preparar a todas nuestras empresas para competir. Me parece que hoy nuestras empresas públicas no están preparadas para hacerlo, y no lo están, por lo menos, por seis razones que me gustaría simplemente definir en forma muy sintética, porque el tiempo es limitado y otros colegas seguramente querrán participar de este debate.

La primera de ellas es que aunque declinando su utilización al servicio de objetivos de clientela, el mismo sigue vigente en el país. Reconozco que por suerte esto ha venido decreciendo, pero también quiero decir con mucha sinceridad que al día de hoy no veo que hayamos logrado reducir a su mínima expresión este mal uso de las empresas públicas que las perjudica en cuanto a su capacidad de competencia.

La segunda es que no hemos logrado una ponderación adecuada entre las capacidades políticas y técnicas para gobernar y conducir a nuestras empresas públicas. Aquí no quiero defender ni un punto de vista tecnócrata -porque no creo en la tecnocracia para conducir a las empresas públicas- ni un criterio de capacidad política sin solvencia profesional, porque pienso que eso es inconveniente. Creo sí en un adecuado equilibrio entre ambos factores, que me parece no hemos logrado en el país, de acuerdo con el ejemplo que dan todas nuestras empresas.

En tercer término, no hay en ningún caso estatutos objetivos del personal; no tenemos normas de ingreso, de promoción y de capacitación que permitan conocer un conjunto de criterios, de reglas, a las cuales todo el mundo se sujete desde que aspira a ingresar a la empresa pública, a ser promovido, a ascender, a alcanzar niveles de capacitación profesional, que supongo les interesa a todos los funcionarios.

En cuarto lugar, no hay programas de capacitación sistemáticos, permanentes; puede haber actividades ocasionales de capacitación, pero no tenemos un programa de empresas públicas de capacitación de sus funcionarios en las áreas de su especialidad.

En quinto término, hay una centralización excesiva en la gestión de nuestras empresas públicas que no escapa a la obsesión centralista que tiene todo el país. Todos sabemos que para levantar un poste de alumbrado de UTE en el interior, decide el Directorio Montevideo; para conceder una línea telefónica, también toma parte el Directorio Montevideo. Esto es así desde tiempos inmemoriales y en este terreno no hemos logrado descentralizar la gestión de las empresas públicas, lo cual pesa en contra de ellas.

Por último, dejé para el final un tema a fin de destacarlo con toda la fuerza del caso. Hemos hecho una utilización fiscal de las empresas absolutamente desmedida, desmesurada, excesiva. No voy a poner ejemplos que todos conocemos; simplemente, recuerdo que estamos manejando desde hace mucho tiempo los precios públicos -porque no son tarifas en muchos casos- como impuestos encubiertos. Aquí mismo, en esta Sala, sostuvimos esa afirmación el 13 de marzo cuando realizamos la interpelación al señor Ministro de Economía y Finanzas por el precio de los combustibles. Pero también se inscribe en esta sexta razón el impuesto a la compra de moneda extranjera, los aportes jubilatorios patronales de 26% en las empresas públicas, y así sucesivamente. El Estado no ha perdido oportunidad de recaudar por la vía de las empresas públicas, y así no hay empresa que pueda funcionar adecuadamente en relación a las necesidades de los usuarios.

Entonces, señor Presidente, por estas seis razones que acabo de mencionar, entiendo que nuestras empresas no están preparadas para competir, y hay que hacerlo, naturalmente, atendiendo en cada caso la realidad específica de cada una.

El cuarto punto al que me quería referir es, precisamente, el que acabo de mencionar: necesitamos examinar caso por caso, porque todos son distintos; no hay una empresa que sea igual a otra. Más allá de no pretender opinar sobre una propuesta que realizó el señor Presidente de la República en un Seminario llevado a cabo en el día de ayer -no pretendo entrar en la discusión de si estamos o no de acuerdo- debo decir que dicha propuesta revela, no sólo que existen realidades distintas de una empresa a otra, sino que eso sucede, incluso, dentro de una misma empresa. De allí surge esta propuesta y, por lo tanto, es necesario examinar cada caso, porque no pueden existir criterios que se apliquen para más de una empresa, con excepción de algunos que para mí son comunes. Además, también es posible encontrar empresas, como por ejemplo ANCAP -caso que rompe los ojos- en las que existen actividades muy diversas en su interior. Otro ejemplo es ANTEL, que va a seguir recorriendo un camino por el cual la diversificación de actividades internas va a incrementarse, lo cual exigirá respuestas ad hoc para cada caso.

Ahora bien; reconociendo que cada empresa tiene una realidad diferente y que dentro de cada una también se dan distintas realidades, creo que existe un criterio común fundamental apoyado, a su vez, en tres argumentos válidos para cualquier empresa pública del Uruguay. En realidad, son válidos para cualquiera de las grandes empresas públicas del país. El criterio al que me estoy refiriendo es el que dice relación al hecho de que debemos cuidar el patrimonio que se ha acumulado hasta ahora. Las razones no son las mismas en todos los casos, pero debemos operar con suma cautela en la administración y manejo de ese patrimonio público que, a pesar de todos los factores que han operado en contra -según mencionábamos recién- en algunos casos constituye una base relativamente potente de la que dispone el país para encarar su futuro. Esto hay que cuidarlo, porque nuestro país es muy pequeño y cada recurso es importante, y en el Uruguay vaya si lo son.

Por otra parte, nos encontramos al lado de realidades mucho más poderosas que la nuestra, como la argentina, en la que el haber recorrido el camino opuesto a esta mesura y a esta cautela contribuyó, entre otras cosas, a conducir al país a una situación crítica muy profunda como la que hoy está viviendo.

Como decía, para mí existen tres argumentos que obligan a cuidar el patrimonio público. Primero, que el país se conduce desde el sector público. Un país no se conduce espontánea, anárquica o caóticamente; seamos estatistas o no, seamos neoliberales o no, los países se conducen desde el sector público, con mayor o menor énfasis. Ya sea este Gobierno, como aquél que pueda venir en el futuro -pertenezca al partido que pertenezca- necesitará un sector público mínimamente consolidado para conducir al país. Nótese que estoy hablando de conducir al país y no de sustituir a nadie. No propongo estatizar la economía uruguaya, sino conducirla, y una economía no se conduce sin un mínimo y sólido patrimonio público. A mi juicio, este es el primer argumento para medir cada paso que se da.

El segundo argumento es que con una utilización adecuada que evite todas las desmesuras del pasado y del presente, la importancia fiscal de nuestras empresas públicas es absolutamente decisiva. Fíjense que no estoy empleando el término "relevante", ni "importante", ni "imprescindible", sino "decisiva", porque decide las cosas.

Pensemos por un minuto qué sería de la situación fiscal actual del Uruguay si el señor Ministro de Economía y Finanzas no estuviera permanentemente echando mano a las empresas públicas, no ya para equilibrar las cuentas, sino para que éstas no se desequilibren todavía más. ¿Qué pasaría si hoy el Uruguay no dispusiera de esta base mínima? Me podrán contestar, por ejemplo, que si se vendieran empresas, se podría contar con dinero. Pero el dinero se termina y las dificultades persisten, como tantas veces hemos dicho. En este mismo ámbito, muchas veces hemos discutido sobre aquella frase emblemática de Salinas, quien siendo Presidente de México dijo que había que vender los bienes para remediar los males. Pero el Presidente Salinas dejó a México con los males y sin los bienes. Entonces, el criterio "cortoplacista" de decir "hagamos caja con el sector público para enfrentar la situación fiscal de hoy", es nefasto. Alcanza con hacer cuentas para reconocer que éste es un proceso de mediano y largo plazo, sobre todo la conducción del país. Se trata de que la conducción del país necesita un flujo mínimo permanente de recursos y no transformar todo en un valor actual del que después nunca más podamos disponer. Esta sería una decisión absolutamente desastrosa para el país. Por eso, digo que con una utilización adecuada, distinta a la desmesura con que se ha procedido hasta ahora, nuestras empresas seguirán jugando un papel fiscal muy decisivo; utilizo este adjetivo queriendo decir que ellas deciden.

El tercer argumento para medir cada paso y para cuidar el patrimonio público es lo que solemos llamar "importancia estratégica". El adjetivo estratégico no pretende ser un vocablo efectista para dar importancia. Para nosotros, estratégico es todo aquello que afecta a la sociedad uruguaya, más allá de los límites de la empresa que estamos considerando. Este es el caso de muchas empresas del Uruguay, en particular, el de la que hoy estamos analizando.

ANTEL, en manos del sector público, ha permitido al país un desarrollo tecnológico que de otra manera no hubiera podido lograr. No se trata de estar haciendo una adivinanza de lo que habría ocurrido si hubiera pasado tal cosa. Simplemente, al ver operar a los grandes centros económicos del área de las telecomunicaciones, sabemos que ellos incorporan su propia tecnología de origen cuando adquieren el patrimonio de otras empresas y se localizan en determinados mercados. En este sentido, no hace falta más que analizar alguna información básica internacional para percibir que esto es así. En el Uruguay fue de otra manera, porque tuvimos a ANTEL. Digo esto como ejemplo; hay otros bastante más importantes -pero no los voy a mencionar para no insumir un tiempo exagerado en este debate- que demuestran que estamos ante una importancia estratégica. Esto, junto con el hecho de que las empresas son fundamentales para conducir al país y tienen una gran importancia fiscal, conforman una trilogía de argumentos que nos lleva a proponer para todas estas empresas fundamentales el cuidado del patrimonio que ya hemos logrado. Cuidemos el patrimonio que con mucho sacrificio, y a pesar de errores cometidos, hemos logrado acumular en el seno, por lo menos, de algunas de nuestras empresas públicas.

Quiero señalar -y este es el sexto punto que voy a mencionar en el día de hoy- que, a mi juicio, el caso de ANTEL es muy claro al respecto. Los tres criterios que acabo de exponer se cumplen notoriamente: importancia para la conducción del país, importancia fiscal y, naturalmente, relevancia estratégica. ANTEL, a pesar de los errores señalados, es una empresa muy potente desde el punto de vista económico y tecnológico y tiene una gran potencialidad en el marco del gran desarrollo tecnológico que está surgiendo en estas áreas. Naturalmente, ANTEL también es una empresa a transformar, porque está sufriendo los factores generales que hoy mencionábamos, pero en ellas juegan, tanto las razones tecnológicas como las comerciales. Quizás el área de las telecomunicaciones sea el principal ejemplo del progreso tecnológico en el mundo.

Entonces, en séptimo lugar, creo que a ANTEL se le aplica lo que mencionamos al principio, es decir, que necesita ser preparada para competir y encarar los nuevos emprendimientos que el progreso tecnológico nos traiga, sobre la base, naturalmente, de asociaciones con otras empresas y del sólido patrimonio público ya acumulado merced al trabajo de muchas generaciones que hicieron posible el Ente que hoy tenemos, a pesar de todos los pesares.

En resumen, nosotros creemos que ANTEL, por un lado, tiene que deshacerse de esos factores que traban su accionar, al igual que a otras empresas públicas y, por otro, tiene que buscar la manera de realizar emprendimientos conjuntos, sobre la base de alianzas o asociaciones estratégicas para potenciar la realidad que hoy vive. Al mismo tiempo, no debe pretender luchar sola contra poderosos intereses transnacionales que, simplemente a favor de su poder financiero pueden, si se lo proponen, borrarla en el futuro del mercado de estos emprendimientos a los que estamos haciendo referencia.

En octavo término, antes de referirme al proyecto que estamos analizando, deseo expresar que lo que acabo de mencionar es una visión posible sobre el futuro de ANTEL. Quiero señalar que el proyecto que se está tratando no encaja en esta visión. No sólo no lo hace, sino que, adicionalmente, mantiene la columna vertebral de lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, claramente contraria a la concepción que a nosotros nos parece más conveniente llevar adelante en el caso de nuestra empresa. Repito que, por un lado, no encaja en la visión que hemos tratado de fundamentar y, por otro, mantiene o convalida la columna vertebral de dos artículos que nos parecen inconvenientes y que, como se sabe, estamos impugnando por la primera etapa de la vía de la recolección de firmas, que estamos impulsando desde nuestra fuerza política.

Este proyecto, a su vez, proyecta una nueva ley para vender acciones de ANCEL. Nosotros señalamos -como el propio autor de la iniciativa lo reconoció ayer- que ésta es una operación absolutamente inconveniente para el país. No voy a detenerme para fundamentar por qué esto es así; sólo digo que cuando se tiene un buen negocio no hay que compartirlo, hay que hacerlo, sobre todo cuando estamos viviendo en un país necesitado. No sólo eso; no es que se tenga un buen negocio para hacer y no compartir, sino que tenemos muchos buenos negocios para el futuro -el horizonte y el progreso tecnológico lo están anunciando- y una empresa potente en el presente, que vamos a encarar con mucha más conveniencia para el país si disponemos de un patrimonio público sólido como el que hemos acumulado hasta ahora, sin detrimento de ningún tipo.

Entonces, esta operación inconveniente, en este proyecto de ley, no sólo no se deja sin efecto, sino que aquí se está proponiendo que venga otra iniciativa al Parlamento a cumplir con la mayoría especial del artículo 188 de la Constitución. No se dice expresamente cuál es, pero por deducción tendríamos -en una hipótesis que nos sentimos libres de formular, porque la iniciativa no lo dice- que asimilar la venta de acciones a la admisión de capitales privados, con lo cual se estaría proponiendo una mayoría de tres quintos para vender acciones. No lo afirmo, sino que digo que se trata de una hipótesis, ya que el proyecto tampoco lo expresa.

Sin embargo, este no es el argumento fundamental. Nuestra posición al respecto es clara: no es que haya que exigir una nueva ley, sino que no hay que vender y la diferencia tiene que ser absolutamente diáfana. Consideramos tan inconveniente el proyecto, que no nos parece conveniente exigir una ley para discutir una iniciativa tan inconveniente. Por lo tanto, creo que es mucho mejor invitar al pueblo uruguayo para que nos diga quién tiene razón: si nosotros -que no queremos una nueva ley y que no deseamos vender- o quienes creen que exigiendo un proyecto con una mayoría especial -supuestamente de tres quintos- se va a poder detener esa venta.

He oído a personas del Gobierno, comenzando por el señor Presidente de la República, manifestar que el Ente no se va a vender y, entonces, me pregunto qué problema hay en derogar el artículo 612. Si no se piensa vender, deroguemos el artículo y no tomemos por este tortuoso camino de exigir una nueva ley con mayorías que no se dice a cuánto ascienden para que dicha venta se pueda realizar. Por eso, considero que nuestra posición es bastante clara al respecto.

Ahora bien; en el proyecto se habla de la admisión de capitales privados en la telefonía celular y, nuevamente, también sin indicar incisos, se exige que venga al Parlamento una ley que autorizaría la admisión de capitales privados en ANTEL. Otra vez formulamos la hipótesis de que esto refiere al primer inciso del artículo 188 de la Constitución, que curiosamente está redactado con la misma expresión cuando dice que para que la ley pueda admitir capitales privados en la constitución o ampliación del patrimonio de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados, "se requerirán los tres quintos de votos del total de los componentes de cada Cámara."

El dilema es el siguiente. Esta iniciativa es absolutamente redundante, porque ya no la ley, sino la Constitución de la República habla no de la telefonía celular, sino de cualquier admisión de capital privado, para lo que se tiene que aplicar la mayoría de tres quintos estipulada en el artículo 188 de la Carta. Entonces, ¿para qué decir en una ley lo que ya expresa la Constitución? A su vez, otra alternativa sería que se violó la Constitución con la Ley de Presupuesto, que confirió una autorización que no está en condiciones de otorgar.

Algo así me pareció intuir cuando oí, en el día de ayer, fundamentar al miembro informante que esta ley recuperaba para el Parlamento una autorización que había perdido. Digo que si la perdió, la perdió mal, no puede hacerlo, porque esa ley no fue votada de acuerdo con el artículo 188 de la Constitución. Repito que estamos ante una alternativa muy mala: el proyecto es redundante o está recuperando para el Parlamento una autorización o competencia que nunca debió perder.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Formulo moción para que se le prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-18 en 21. Afirmativa.

Continúa en el uso de la palabra el señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI.- Estaba señalando que esta parte del artículo, que era más amplia y luego fue adelgazada porque incluía la transmisión de datos -esto fue analizado en el debate a nivel de la Comisión- no debería existir, porque para telefonía celular, transmisión de datos, etcétera, es decir, para cualquier operación de admisión de capitales privados en las empresas públicas, hay que aplicar, sí o sí, el artículo 188 de la Constitución hasta que la modifiquemos. Asimismo, podría ser que la discusión de la Ley de Presupuesto le dio al Poder Ejecutivo y al Directorio de ANTEL facultades que no podía otorgar.

Aclaro que el tema no termina aquí y ni siquiera esto es lo más importante. Digo esto, porque hay una cantidad de posibilidades empresariales diferentes a la admisión de capitales privados en el sector público, entre ellas las asociaciones o alianzas que nosotros proponemos, que no están mencionadas en el proyecto en discusión y que necesariamente quedan comprendidas en el numeral 2) del artículo 4º, que es modificado por el 613 de la Ley de Presupuesto y que dice: "Previa autorización expresa del Poder Ejecutivo y por resolución unánime del Directorio" -de ANTEL, esto es, Poder Ejecutivo y Directorio, o sea, cuatro o cinco personas- puede "participar en sociedades o consorcios de capital público o privado, radicados en el país o en el exterior, que tengan por objeto la prestación de servicios de telecomunicaciones".

Con esta redacción, este proyecto de ley se elude festivamente, sin ningún esfuerzo. Por lo tanto, por más que se exija que para la admisión de capitales privados en ANTEL se necesita autorización parlamentaria, esto se va a regular por el numeral 2 del artículo 4 que es modificado por el 613 de la Ley de Presupuesto. En consecuencia, este proyecto de ley es absolutamente inconveniente porque deja libre las manos al Poder Ejecutivo y al Directorio de ANTEL -que es lo que nosotros no queremos que ocurra- en decisiones absolutamente fundamentales, como ya lo han dicho varios de mis compañeros. No estamos pensando en este Poder Ejecutivo, ni en este Directorio ni en este Presidente de ANTEL. Estamos pensando con carácter general. No es conveniente que esto quede en manos de pocas personas, siendo tan importante. Este proyecto no dice nada al respecto. Admitir capitales privados en el sector público es sólo una modalidad, diría que la más improbable de todas las que están planteadas. En todo caso, nos enfrentamos al dilema de la redundancia o la inconstitucionalidad. De manera que no hay por dónde agarrar esto.

Por eso insistimos en que el país necesita caminos diferentes a los de la ley de Presupuesto y, ni qué hablar, a los de este proyecto de ley. Me refiero a caminos diferentes que ya he definido en forma muy genérica. Deberíamos controlar de una manera ágil y eficiente para que no se detenga la empresa y se asegure transparencia, cristalinidad y garantías. El artículo 188 no sirve para este fin; tendríamos que cambiarlo; fue redactado hace mucho tiempo y pensado para otra realidad. Entonces, el Parlamento debería darse mecanismos de control de esas asociaciones y caminos estratégicos para que ANTEL desarrolle toda su potencialidad de otra manera.

Por esta razón, además del artículo 612 también impugnamos el 613 porque, hasta ahora, no se ha encontrado absolutamente ningún camino alternativo que dé estas garantías. En este caso, lo más sano, lo mejor, en tanto no aparezcan esas alternativas, a nuestro juicio, es pedirle al pueblo uruguayo que opine sobre el tema que, por cierto, es muy fácil de explicar. Las dos preguntas que se deben responder son, por un lado, si queremos o no vender y, por otro, si deseamos o no que esas asociaciones en el futuro tengan o no un control de la sociedad.

Ese es el motivo del trabajo que estamos haciendo para intentar que haya un referéndum en el país. Estas son también las razones que he intentado exponer para fundamentar mi afirmación inicial, esto es, la que alude a las causas por las que no vamos a acompañar este proyecto de ley.

Muchas gracias.

7) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa invita a pasar a Sala al señor Martín Ponce de León para tomarle el juramento de estilo.

(Ingresa a Sala el señor Martín Ponce de León)

-Se invita a los señores Senadores y asistentes a la Barra a ponerse de pie.

Señor Martín Ponce de León: ¿jura usted desempeñar debidamente el cargo de Senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República?

SEÑOR PONCE DE LEON.- Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Jura usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General?

SEÑOR PONCE DE LEON.- Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE.- Felicitaciones, queda usted investido del cargo de Senador.

(Aplausos en la Sala y en la Barra)

8) SEÑORAS ROSARIO GANDOS CARAVIA Y OLGA HERNANDEZ BARRETO Y SEÑOR WASHINGTON RODRIGUEZ. Pensiones graciables.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Formulo moción para que, mientras se discute el proyecto de ley, se tome la votación para las pensiones graciables que figuran en el orden del día.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a considerar el asunto que figura en 7º término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable a la señora Rosario Gandós Caravia. (Carp. Nº 108/00 - Rep Nº 278/01)".

(Antecedentes:)

«Carp. N° 108/2000
Rep. N° 278/2001

Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 7 de mayo de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General

El Poder Ejecutivo, tiene el alto honor de dirigirse a ese Cuerpo, con el objeto de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el que se concede una pensión graciable a favor de la hija del difunto artista plástico Eduardo Gandós, Sra. Rosario Gandós Caravia, en virtud de haber sido un destacado artista plástico uruguayo con una amplia trayectoria en varios países europeos.

Ello resulta justificado, habida cuenta de una trayectoria de casi una década en países como Francia, España e Italia, logrando un importante reconocimiento internacional, tanto para sí, como para las Artes Plásticas de nuestro país.

A su regreso a nuestro país, continuó con su intensa actividad artística, culminando con una gran muestra retrospectiva en el año 1982, dejando a su fallecimiento un importante acervo artístico.

Ante la desesperante situación económica y de salud en que se encuentra su hija, la Sra. Rosario Gandós, aquejada por una fractura de columna y médula, que la dejó parapléjica, entendemos un acto de reconocimiento y justicia a favor de la memoria de su padre, el Sr. Eduardo Gandós, conceder una pensión graciable a favor de su hija, la Sra. Rosario Gandós Caravia.

El proyecto de ley, en su artículo primero, establece el nombre de la beneficiaria así como el monto de la pensión . En el artículo segundo, se establece que la erogación resultante, será atendida por Rentas Generales.

El Poder Ejecutivo, saluda al señor Presidente de la Asamblea General con su más alta consideración.

Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Antonio Mercader, Alberto Bensión.

PROYECTO DE LEY

Artículo Primero.- CONCEDESE una pensión graciable, a la Sra. Rosario Gandós Caravia, equivalente a cuatro salarios mínimos nacionales.

Artículo Segundo.- La erogación resultante, será atendida por Rentas Generales.

Artículo Tercero.- COMUNIQUESE, publíquese, etc.

Antonio Mercader, Alberto Bensión.»

«Carp. N° 453/2201
Rep. N° 280/2001

Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 17 de mayo de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General
Señor Luis Hierro López

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, con el fin de poner a su consideración el proyecto de ley que se acompaña por el cual se le concede una Pensión Graciable a la Sra. Olga Hernández Barreto.

La Sra. Hernández es viuda del Sr. Pablo Fernández Lagarde, cuyo nombre artístico era `Pablo Lagarde Wilson' , artista nacional de extensa trayectoria , a quien se le otorgara una Pensión Graciable por Ley Nº 16.791 del 19 de noviembre de 1996 y por un monto de cuatro salarios mínimos nacionales.

A partir del fallecimiento de su esposo, ocurrido el 6 de febrero del presente año, la Sra. Olga Hernández Barreto ha visto reducidos los ingresos de su hogar de manera importante.

Es en mérito a lo expuesto, que se considera pertinente solicitar se le otorgue una pensión graciable tal como la recibía su fallecido esposo.

El proyecto de ley, en su Artículo Primero, establece el nombre de la beneficiaria, así como el monto de la pensión. En el Artículo Segundo, se establece que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

El Poder Ejecutivo, saluda al señor Presidente de la Asamblea General con su más alta consideración.

Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Antonio Mercader, Alberto Bensión.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Concédese una Pensión Graciable a la Sra. Olga Hernández Barreto, equivalente a cuatro salarios mínimos nacionales.

Artículo 2º.- La erogación resultante, será atendida por Rentas Generales.

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, etc.

Antonio Mercader, Alberto Bensión.»

«Carp. N° 475/2001
Rep. N° 281/2001

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Cóncédese una pensión graciable al señor Washington Rodríguez, equivalente a cuatro salarios mínimos nacionales.

Artículo 2º.- La erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 6 de junio de 2001.

Gustavo Penadés Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario

Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 26 de abril de 2001.

Sr. Presidente de la Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo con el fin de someter a su consideración el Proyecto de Ley que se acompaña por el cual se le concede una pensión graciable al Sr. Washington Rodríguez.

El Sr. Washington Rodríguez es un destacado riverense de setenta años de edad, que ha dedicado gran parte de su vida, desinteresadamente a recuperar y desarrollar una importante zona del departamento.

Nació en el paraje de Amarillo, dentro de sus actividades se encuentra la recuperación de las tierras del paraje Curticeiras, guió a las familias de la zona al cooperativismo y a trabajar en forma organizada. Logró atraer la atención de figuras estatales, de organizaciones y de técnicos del plan granjero llevándolos a conocer el potencial centro de producción, es así como se logró introducir las plantaciones de tabaco.

Durante muchos años fue Presidente de la Comisión de Fomento de la Escuela Rural Nº 40, y procuró la electrificación rural lo que permitió optimizar las condiciones de trabajo de los productores.

Su trayectoria lo convirtió en un ser admirado, pero también desvalido desde el punto de vista económico; actualmente padece una situación de total pobreza.

El Poder Ejecutivo saluda al Sr. Presidente y por su intermedio a los demás miembros de ese Alto Cuerpo.

Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Antonio Mercader, Alberto Bensión.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Concédese una pensión graciable al Sr. Washington Rodríguez, equivalente a cuatro salarios mínimos nacionales.

Artículo 2°.- La erogación resultante, será atendida por Rentas Generales.

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, etc.

Antonio Mercader, Alberto Bensión.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de la primera pensión graciable de la que se va a tomar votación.

(Se da de la siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- Se trata de la pensión graciable a la señora Rosario Gandós Caravia, cuyo monto es equivalente a cuatro salarios mínimos nacionales.

SEÑOR PRESIDENTE.- Repártanse la bolillas de votación

(Así se hace)

-Se procederá a recoger las bolillas de votación de la pensión graciable a la señora Rosario Gandós Caravia.

9) ADMISION DE CAPITALES EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR TERRESTRE DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la discusión general del proyecto de ley sobre ANTEL.

Tiene la palabra el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: voy a hacer una breve exposición de las razones por las cuales vamos a acompañar el proyecto de ley presentado por el señor Senador Michelini.

En la Comisión ha habido dos opciones: una, la derogación lisa y llana de los artículos 612 y 613 del Presupuesto Nacional y otra, este proyecto de ley. En primer lugar, si uno analiza la primera de las normas, es decir, el artículo 612, resulta claro que cumple dos funciones bien diferentes. Una de ellas, es habilitar la posibilidad de que el Estado realice parte de lo que hoy llamamos como nombre fantasía ANCEL, con diversos destinos presupuestales. Esa habilitación no está hoy dentro de las opciones que está considerando el Gobierno. No se ha previsto la venta de acciones de ANCEL. En consecuencia, de las disposiciones que están en juego, ésta no tiene ninguna prioridad porque, insisto, no está por lo menos en los planes de este Gobierno proceder de esa manera. Entonces, no parece que haya ningún inconveniente en decir que el día que éste u otro Gobierno considere que es una opción válida, en función de su programa, plantear una asociación con intercambio de capitales o la realización de parte del capital para destinarlo a otros asuntos que estime importantes y relevantes, deba tramitar la ley correspondiente. De manera que ésta es una decisión acorde con lo que hoy tiene programado el Gobierno. Pero no es lo único que dice el artículo 612. Hay una parte de esta norma que nos parece buena y estamos de acuerdo en que continúe, ya que se trata de una entidad que hoy funciona en la práctica comercial con cierta autonomía dentro de ANTEL pero que, en realidad, no existe. ANCEL hoy no existe.

En consecuencia, el artículo 612 permite, si queremos, que las empresas del Estado funcionen con criterio comercial. Entonces, tal vez sería bueno darles las herramientas con que cuentan las empresas privadas. En cualquier parte normalmente se habilita a la corporación de que se trate, cuando tiene una unidad de negocios especializada -como es el caso- con una abultada facturación, entre otras cosas, a darle una autonomía operativa. En el mundo moderno generalmente se hace constituyendo una empresa que, por más que sea controlada totalmente por la casa madre -como es el planteo- tenga esa autonomía de funcionamiento, que tal vez en la realidad comercial y en la imaginación de los uruguayos ya existe, pero no desde el punto de vista jurídico.

Creemos, por tanto, que el artículo 612 es correcto y, por las razones expuestas, nos avenimos a lo que dispone.

Insisto: hoy el Gobierno no tiene planteada como una opción la venta total o parcial de ANCEL ni de ANTEL. En consecuencia, la telefonía básica ya estaba fuera de esa posibilidad en función de lo que dispone el artículo 613, por lo que no habría inconveniente en agregar la telefonía celular.

De las normas que estamos considerando nos parece realmente relevante el posicionamiento a que refiere el artículo 613. Allí el tema en discusión no es el de la propiedad del capital de una empresa, sino que la cuestión es "monopolio sí, monopolio no". Por esa razón, estamos en contra de derogar el artículo 613. No me voy a referir a los efectos jurídicos ya que pueden ser diferentes, puesto que cuando se deroga no se hace renacer la norma anterior, según me enseñaron cuando estudiaba en la Facultad de Derecho. Habría que hacer un análisis muy profundo del tema, pero el concepto es otro. ¿Qué es lo que queremos hacer en el Uruguay? ¿Queremos mantener en sectores de esta naturaleza al monopolio? ¿Es razonable tener el monopolio de la comunicación de larga distancia internacional, cuando la tecnología ha ido perforándola -por así decirlo- en especial para las empresas o las personas que disponen de determinados niveles tecnológicos o tienen tal nivel de riqueza e importancia que pueden escoger otras opciones tecnológicas a las que no puede acceder un ciudadano corriente cuando desea comunicarse con su familia que reside en otro país? Se pueden hacer transmisiones de datos a través de Internet o utilizar cualquier otra forma de comunicación internacional. Tratándose de una familia, la situación es diferente y dependerá del caso, pero lo cierto es que a través de Internet en la actualidad algo se puede hacer.

Me refiero al monopolio de la comunicación de larga distancia por tratarse del más sustantivo, pero no es el único. De su renta usufructúa básicamente Rentas Generales y, en menor medida, una costosa administración en ANTEL, pero por no ser el punto en discusión no nos vamos a extender en comentarios. Sin embargo, basta mirar sus balances y su estructura de personal para darnos cuenta de que algo de esa renta monopólica, tal vez lo más importante, va a Rentas Generales, pero reitero que algo también queda en la estructura administrativa. Si no, veamos cuántos gerentes hay en el organismo y el nivel salarial, y hagamos la comparación con la Administración Central. Una parte de la renta queda ahí también y la otra, vuelvo a reiterar, va a Rentas Generales. Si se lleva adelante ese proceso de desmonopolización, seguramente se le van a restar algunos recursos.

Sin embargo, da la impresión de que en temas como los de comunicación, que se vinculan a la actividad de muchos uruguayos, al concepto de país exportador de servicios, de dador de servicios locales, brindando oportunidades de empleo a muchos uruguayos, y que tienen que ver con el costo de la familia, es bueno impulsar y mantener esta desmonopolización, particularmente en esta área.

De modo que para nosotros, como centro de interés, junto con el ajuste de las disposiciones correspondientes a ANTEL, aparece otra norma muy importante como es la unidad regulatoria que también creó -aunque no esté impugnada ni sea objeto de esta discusión, pero es muy relevante a nuestro juicio- la separación de los roles del regulador de los del prestador de servicios, en beneficio del usuario.

SEÑOR GALLINAL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: en apoyo a lo que venía señalando el señor Senador Atchugarry, quiero destacar que el monopolio de las telecomunicaciones en materia de telefonía internacional ha caído, en los hechos, como consecuencia de las tecnologías a que dicho señor Senador ha hecho referencia. Cabe aclarar que no es difícil acceder a ellas, tal como se planteaba; por el contrario, diría que prácticamente la mayoría de los uruguayos está hoy en condiciones de hacerlo. Basta con tener un teléfono y una tarjeta de crédito. Hay varias empresas del mundo que hoy están operando en el Uruguay en forma irregular -porque es prácticamente imposible controlarlas- y que ofrecen el sistema de comunicación internacional que se llama "call back". Es decir, ANTEL recauda por las llamadas internacionales que se realizan del Uruguay hacia el exterior, pero también por las que se efectúan a nuestro país. Es obvio que por las llamadas que se realizan desde el Uruguay hacia el exterior, los ingresos para ANTEL son mucho más importantes que los que se registran por las llamadas que ingresan. En la actualidad, cualquier ciudadano del Uruguay está en condiciones de acceder a un número telefónico de los Estados Unidos por el sistema 0800 -cuyo uso es gratuito- digitar o discar el número deseado y colgar; del otro lado se recepciona el número al que hace la llamada y ésta inmediatamente es devuelta desde ese país y se le pregunta a la persona que está en el Uruguay a qué número del mundo se quiere comunicar. Entonces, se le realiza la conexión o la comunicación correspondiente; luego, paga la tarifa de ese país y no la uruguaya. Para ejemplo, bastaría decir que hoy en Uruguay resulta más caro llamar desde Montevideo a Bella Unión, a Minas o a Paso de los Toros, que hacerlo desde Nueva York a nuestra capital.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Agradezco el aporte que ha realizado el señor Senador Gallinal, porque es notoriamente conocedor de esta temática. Está implícito en su razonamiento que, a la larga o a la corta, el conducir el cambio a la desmonopolización de la larga distancia es una forma de proteger a ANTEL, ya que de lo contrario le seguirán perforando esa área de acción. Además, no se va a incentivar a la empresa a buscar, desde un rebalanceo tarifario, cualquier otra fórmula que le permita ir adaptándose a esa nueva realidad.

Insisto en que, a nuestro juicio, el artículo 613 -que, como toda norma jurídica, podrá ser mejorable- tiene una orientación muy clara, en el sentido de ajustar el marco jurídico de ANTEL, teniendo en cuenta, por un lado, que hay monopolios que no desea que continúen y, por otro, adaptándola a algunos que ya no estaban. Digo esto porque, de hecho, sin que hubiera mayores expresiones de queja, el país ha ido desarrollando la comunicación y transmisión de datos.

Tan es así que incluso podemos ver el propósito manifiesto del Gobierno de buscar algún asunto referido a las bandas de comunicación; es más, ya hay instaladas desde antaño empresas trasmitiendo datos. Otro tanto ha acontecido con las zonas francas, por medio de una ley que se ha votado.

En suma, existe todo un universo para el cual parece bueno adaptar la normativa de la empresa, con el propósito de que pueda no sólo subsistir, sino además brindar servicios a actividades de los uruguayos, cuyo conjunto es mucho más importante que ANTEL. Además, de una forma u otra, todo se vincula a este sistema; sin ir más lejos, podemos pensar en el turismo.

Por lo tanto, de manera franca debemos señalar que siempre nos ha parecido inconveniente -es como ir en sentido contrario a lo que específicamente aspiramos- derogar la derogación de estos monopolios y no ajustar el rol de ANTEL a la aparición de una unidad regulatoria que condice, más o menos, con la imagen que sin mayores distingos políticos se va imponiendo en el mundo. Se trata de una unidad regulatoria que siempre tiende a ordenar el sistema y proteger al usuario. Incluso, recientemente en un seminario del que todos tenemos clara conciencia y recuerdo, hubo una fuerte expresión por parte de técnicos vinculados a actividades académicas o que asesoran usualmente a todos los partidos que estamos hoy a favor de la desregulación, en el sentido de eliminar monopolios y crear unidades regulatorias. En consecuencia, creo que esos dos aspectos son bien centrales y reflejan claramente la modernización del sistema, cuyo beneficiario último es el usuario, aspecto que nos parece muy importante.

En ese contexto se ha señalado que el artículo 613 también permite formas de asociación que contemplen el capital, y se argumenta que esto también se podría hacer a través del artículo 612. Es cierto; el artículo 613 permite buscar asociaciones, y por ese motivo el proyecto de ley presentado por el señor Senador Michelini -pero en el cual nos consta que en su momento hubo esfuerzos de varios señores Senadores, entre ellos el preopinante, señor Senador Gallinal- refiere a ambas disposiciones, por más que hay una enorme diferencia. Concretamente, el artículo 612, en su versión final, planteaba otras opciones de inversiones externas a ANTEL. Podríamos suponer que el Estado cambia la situación y decide que determinada inversión se rebaja un poco para encarar inversiones en otros sectores de la economía, mientras que por el 613, en realidad, nunca hay una pérdida patrimonial ya que todo queda en ANTEL. Si mañana ANTEL realizara un acuerdo de sociedad, será para crecer o, por lo menos, para liberar recursos que pondrá en ese Ente, en otra división o en otra orientación, pero no hay una definición del patrimonio de ANTEL a través del artículo 613. En cambio, el artículo 612 sí plantea que si hay una venta de acciones, se podrán hacer escuelas u otros proyectos. Reitero que el artículo 613 lo que establece es que ANTEL se puede asociar, y en esa asociación puede haber determinadas características.

De cualquier forma, este proyecto de ley que hoy vamos a acompañar dispone que el día en que esa asociación refiera al asunto de celulares con base terrestre, el tema tendrá que venir al Parlamento, ser explicado y procurarse la sanción de una ley. Si ese asunto refiere a la telefonía básica, ni siquiera está permitido por el artículo 613 porque su propia formulación excluye a estos asuntos.

¿Qué es lo que se ha planteado en Comisión? En un sector que aún queda, y que no es ninguno de los dos referidos, sino que está vinculado a la transmisión de datos, las personas que están al frente de ANTEL nos han pedido mantener la posibilidad de salir a buscar -se trata de un sector que está en evolución y crecimiento- en algún momento, una asociación. Esto, en el sentido y en el entendido de que esas asociaciones no suponen de ninguna manera una disminución del patrimonio, y así lo han planteado. Además, como no ha habido ninguna expresión concreta de alternativa, no ha parecido del caso impedir esto. Esto es un poco complejo; tal vez en algún momento todos debamos preguntarnos si queremos tener empresas públicas comerciales que compitan y, si es así, también tendríamos que preguntarnos si les vamos a negar todos los instrumentos para que lo hagan.

El señor Senador Astori señalaba, con razón, que tenemos que ajustar el marco fiscal en que esto se mueve. Este aspecto es absolutamente compartido por el Gobierno, al punto tal que si observamos el Presupuesto nacional que fue remitido precisamente por el Gobierno, más los decretos que ya habían sido emitidos -el asunto del ICOME y de los aportes patronales para todas las empresas del Estado- se podrá ver que era decisión firme de éste el equiparar. Como todos sabemos, en el Parlamento también se hicieron valer otras prioridades, igualmente legítimas, referidas a gastos en los que se deseaba incurrir para mejorar algunos salarios y determinadas situaciones, así como para contemplar a la Universidad, al Poder Judicial, etcétera. Por ese motivo, esto fue pospuesto, señor Presidente.

A pesar de todo, este Parlamento, este Senado, hoy tiene a consideración el tema y hay una insistencia del Gobierno en el sentido de manifestar que no está en condiciones de caja para usar la autorización que igualmente se le otorgó en el Presupuesto nacional en el sentido de disminuir los impuestos mencionados, o sea, el ICOME y los aportes patronales, hasta equipararlos con las respectivas ramas privadas, que no son iguales. Hay una nueva insistencia en el sentido de que se autorice al menos a fraccionar esa autorización global que ya se posee, dando prioridad a aquellos sectores de empresas que pasan a estar en competencia -y a algunas que ya lo están, como por ejemplo, el pórtland y los alcoholes, áreas que están en esas condiciones desde hace diez años- así como otros sectores de empresas públicas que no disfrutan de monopolio, para llevar adelante esa rebaja a partir del 1º de enero de 2002.

De todas maneras, no se trata únicamente de temas fiscales, sino también de reglas de juego. Es así que la pregunta sería si en algún sector de tecnología de punta dejamos en cierta libertad a la empresa ANTEL para que vaya buscando opciones y posicionamientos. Este es un asunto que el Parlamento ya autorizó -no recuerdo si por unanimidad, pero por lo menos con pocas quejas- hace cinco años, a realizar en el exterior, y no solo para transmisión de datos, sino para cualquier cosa; hoy ya está autorizado ANTEL. Incluso, en Comisión nos preguntamos todo esto y no nos pareció que fuera un asunto central; no somos enamorados de las empresas mixtas. Al mismo tiempo, quienes están al frente de esto señalan su aspiración de guardar esta posibilidad, porque tal vez para desarrollar una nueva tecnología sea bueno, conveniente y oportuno buscar una sociedad, y hacerlo en términos comerciales, en forma práctica.

Debo ser muy honesto, señor Presidente. He sostenido que no se necesita manejar el tema capital para estos aspectos, ¿o qué otra cosa hizo ANTEL con MOVICOM? ¿Qué otra cosa hizo ANTEL con los aparatitos que se utilizan para ampliar las líneas telefónicas donde no había telefonía? Seguramente el señor Senador Ponce de León debe saber cuál es el nombre de estos aparatos. ¿Qué otra cosa hizo con los leasing para poder abastecer la demanda insatisfecha? Las podemos llamar sociedades, "joint ventures", o leasing, pero todos somos conscientes de que una empresa que se mueve en un ramo muy competitivo debe ir encarando esas acciones.

En resumen, nos parece inconveniente la derogación lisa y llana porque le restaría a ANCEL la posibilidad de moverse como una unidad autónoma, pese a ser ciento por ciento de propiedad estatal. En cuanto a su privatización, en el sentido de venta de acciones, cabe señalar que no está hoy en el programa de Gobierno; no es una prioridad. De todos modos, si se quiere poner la garantía de una ley para que el día que éste u otro Gobierno desee hacer algo, venga y lo discuta acá, no hay ningún inconveniente. Queda bien claro que no se va a poder vender si no es con una ley.

Por otra parte, la derogación del artículo 613 es altamente inconveniente. Por lo menos conceptualmente -no sé si legalmente- sería volver a etapas de monopolio y a confundir las funciones de ANTEL como prestador de servicio y autorregulador, cuando claramente hemos propuesto y ha estado funcionando una unidad regulatoria en la materia. Pienso que la facultad que ha pedido su Directorio para que se le permita buscar asociaciones, que por ley no puede disminuir su patrimonio -no se trata de que se vende acá para sacarlo de ANTEL, sino que queda en ella y, por lo tanto, será para crecer o para diversificarse- debe concederse.

Admito que puede haber una preocupación -quizás hasta yo la puedo tener- en cuanto a qué asociación va a ser. Pero ocurre que es muy difícil manejar una empresa con sentido comercial en un sector de punta, y decirle que todo lo que haga tiene que pasar necesariamente por el Parlamento; repito que es muy difícil manejar una empresa comercial en esas condiciones.

Nosotros, pues, vamos a acompañar este proyecto de ley convencidos que hay que ir equiparando reglas para que ANTEL pueda funcionar, y lo estamos haciendo en materia fiscal. También algún día habría que ver las otras reglas de funcionamiento, porque si queremos que compita debemos darle controles. Hemos adelantado nuestra disposición y hasta le hemos pedido al Gobierno que haga algunos aportes para acompañar, desde normas que refieren a funcionarios del Estado, a partir de un proyecto de ley de los señores Senadores Heber y Gallinal, y otro de los mismos y el señor Senador Larrañaga, hasta la mejora de los controles en función de un proyecto de ley presentado por los integrantes del Frente Amplio - Encuentro Progresista. Están en el orden del día y hay voluntad del Gobierno de profundizar en estas iniciativas, a los efectos de dar ese tipo de herramientas.

En resumen, nos parece que en el marco de dificultades en que se vive, es interesante dejar claro qué es lo que se quiere hacer y qué no, fijar un marco estable, mejorar las condiciones de ANTEL y de otras empresas, volverlas más competitivas y no enfrascarse, en esta etapa, en la gran discusión ideológica. Esta es, al menos, nuestra humilde manera de ver el tema. No han aparecido soluciones de entendimiento político y lo demuestra el hecho de que la Comisión ha elevado dos informes. Ahora bien, hemos estado abiertos -y siempre lo estaremos- a buscar caminos de encuentro, pero no nos parece que éstos puedan pasar por decir que todas las disposiciones a que nos referimos están mal, puesto que estamos convencidos de que algunas son muy buenas. Si el entendimiento supone renunciar a la desregulación o a algunas otras normas que se han planteado, por ahí, al menos a nosotros, se nos ha dificultado encontrar acuerdos.

Es lo que teníamos para informar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: la exposición realizada por el señor Senador Astori me va a ahorrar hablar de los aspectos que tocó en forma muy acertada sobre las razones por las cuales vamos a votar en contra de esta propuesta.

Trataré de resumir aquellas observaciones que todavía no se han desarrollado y que me importa que queden en la versión taquigráfica. Creo -esto lo dijo el señor Senador Astori, pero quiero reafirmarlo- que el proyecto de ley que tenemos a consideración no necesariamente obliga, de acuerdo con la interpretación primera que se pueda hacer, a que tenga que ser aprobada una ley por tres quintos de votos de los integrantes de cada Cámara. Si así fuera, se estaría reconociendo, como se señaló, que la Constitución obligaba, cuando se sancionó el artículo 612, a adoptar esa decisión por ese número de integrantes de cada Cámara, y no se hizo así. Ahora cabría la interpretación de que si se crea una nueva empresa y ella entra a funcionar, esto no sería el material primitivo de ANCEL, sino una nueva entidad jurídica que se habilitaría a operar según otros incisos del artículo 188, para lo cual no se exigirían los tres quintos de votos. En fin, esta es una discusión jurídica que importa tenerla, pero lo cierto es que abre un montón de interrogantes, porque pienso que en la actitud del proponente estaba garantizar que sin la intervención de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas en la sanción de la ley, no se podría llegar a una medida como la de privatizar una parte o toda ANCEL. Ahí está el nudo de la cosa; para eso se presenta el proyecto de ley. Pero el tema es que esto no está garantizado.

Me despojo de todo tema ideológico, pero resulta que se difundió la noticia en los medios de comunicación de que al día de hoy hay 450.000 aparatos celulares funcionando en el Uruguay, y la proyección de su desarrollo sigue en alza. Lo más importante no es sólo la cantidad en números absolutos, sino el porcentaje que tiene ANCEL de esa prestación del servicio de telefonía celular, que alcanza al 60%.

Recuerdo que cuando se planteó la discusión acerca de las AFAPs y de otras privatizaciones que estaban en marcha y se dijo que una parte se reservaba a la acción de entidades vinculadas al sector, se señaló que por la actitud material que tenían los uruguayos, la empresa que representaba al sector público iba a tener una seguridad de expansión mucho mayor, en virtud de que la gente se volcaría a ese tipo de empresas como ocurrió, por ejemplo, con República AFAP. Efectivamente, tuvieron razón los que analizaban el tema desde este punto de vista; pero el negocio, su volumen, es lo que importa, que es otra cosa que quiero señalar.

Es muy ilustrativo leer las versiones taquigráficas de las reuniones que ha venido celebrando la Comisión Especial de Servicios Públicos y lo que dijeron en ellas todos los que participaron. Concretamente, voy a mencionar el aporte que hizo el Sindicato de Trabajadores de ANTEL, SUTEL, que aportó un dato que se puede -así lo dijeron y yo lo comprobé- verificar recurriendo a la página Web de ese organismo, en donde figuran los resultados de la Ejecución Presupuestal del año 2000. Allí se puede constatar que lo que informó el Sindicato de Trabajadores de ANTEL es absolutamente cierto.

En síntesis, señor Presidente, sólo en el año 2000 ANTEL transfirió al Estado, por diversas vías, U$S 530:000.000. Lo hizo en una cifra cercana a U$S 200:000.000 por la vía de aportes netos de ganancia al Tesoro Nacional. Supongo yo que fue obligada o, si ustedes quieren, se le sugirió que comprara y tuviera en el Banco Central U$S 89:000.000 en certificados de depósito, que están allí. Dije en la Comisión -y lo voy a reiterar aquí- que ese es un papel jurídico que no existe. El Estado no está autorizado a emitir certificados de depósito; sí puede emitir Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería, pero no decirle a una empresa que ponga la plata en determinado lugar y como contrapartida darle certificados de depósito que van a rendir determinada cantidad. Esa es una creación propia del Banco Central, que ya lo hizo en otra oportunidad, concretamente hace dos años, cuando reformuló el modo de calcular el Producto Bruto Interno y cambió los encajes de la banca privada, obligándola a devolver las Letras de Tesorería y canjeándoselas por certificados de depósitos. Esto no existe.

En eso el Banco Central se mueve al margen de la ley. No digo que la empresa que tiene el dinero no lo pueda realizar, en caso de que la dejen, porque el Banco Central se mueve a instancias de lo que decide el Poder Ejecutivo y, pese a que su Carta Orgánica le puede permitir no hacerlo, generalmente lo hace. Se trata de una especie de instrumento que le sirve al Estado para, por su intermedio, disponer de recursos para enjugar el déficit fiscal o nutrir otros pagos. Entonces, aparte del aporte de las ganancias, están estos certificados de depósito. Además, hay unos U$S 250:000.000 en impuestos.

En cuarto lugar, quiero recordar algo que me parece muy ilustrativo. En 1991 se discutió la ley que se denominó de Empresas Públicas, pero que yo llamaría "de privatizaciones", porque lo que procuraba era vender el patrimonio de dichas empresas. Una de las discusiones más importantes que hubo en la Comisión, que trabajó durante mucho tiempo, se centró en la necesidad -por eso se hizo un capítulo especial sobre ANTEL- de que el 51% del patrimonio de ANTEL fuera vendido porque el Estado no tenía capacidad para realizar las inversiones que se proyectaban y que eran muy importantes. Según la oferta de la que más se habló, por ese 51% de las acciones se iban a obtener U$S 300:000.000. Basta señalar que, seguramente, en los diez años que han transcurrido desde 1991 a 2001, ANTEL, solamente por ganancias netas, le ha transferido al Tesoro Nacional más de U$S 800:000.000, lo que ha permitido solventar las cuentas del Estado. A título comparativo puedo decir que si, en términos globales, el Presupuesto de la Administración Central y de los organismos del artículo 220 de la Constitución de la República asciende a U$S 5.500:000.000, la suma que transfirió ANTEL en el año 2000 por concepto de impuestos y otros aportes al Tesoro Nacional es prácticamente el 10% de esa cifra. Entonces, se puede observar la incidencia que tiene esta empresa desde el punto de vista de la marcha económica del Estado. Se puede valorar su patrimonio, aunque es bastante difícil en un tiempo en que existe una movilidad en materia de telecomunicaciones, ganancias o derechos que se tienen por el dominio de la entidad jurídica.

En la Comisión comentaba que por la venta o la autorización para operar la telefonía celular de tercera generación en España, Inglaterra o Alemania, las cifras que se pagaban eran siderales: U$S 34.000:000.000 en Inglaterra y U$S 43.000:000.000 en Alemania. A su vez, hay un gran escándalo en España porque se remataron en unos U$S 4.000:000.000 a pesar de que valían muchísimo más. Según las versiones que se pueden verificar en la prensa española, allí el Estado hizo un pésimo negocio.

En quinto término, creo que en aquel momento hubo un gran error. Entiendo que los hechos comprobaron que los partidarios de la privatización, que decían que no se podían atender las futuras inversiones para modernizar ANTEL, erraron. ANTEL no sólo pudo cubrir eso sino que se expandió y es la primera empresa que opera en América Latina en niveles de calidad. Además, todos los años gana lugares en esa especie de encuesta que se hace acerca de lo que ganan las empresas de todo tipo en América Latina. Creo que quien no se equivocó el 13 de diciembre de 1992 fue la ciudadanía que en un 72% dijo que no se podía privatizar la empresa y dejó fuera otras disposiciones de la ley de privatizaciones que han permitido, hasta hoy, mantener el patrimonio de estas empresas en manos del Estado.

En sexto lugar, quiero decir lo que manifestó el Directorio de ANTEL en la Comisión. Esto me parece muy importante porque revela un poco la diferencia de criterios que tiene dicho Directorio con quienes sancionaron el artículo 612. El Presidente de ANTEL dijo que ellos no tenían ningún inconveniente en dejar sin efecto el artículo 612. Es más, expresamente mencionó que no pedían ese artículo porque entendían que no se debía vender ninguna parte de ANCEL, pero que estaban muy interesados en mantener el artículo 613. Considero que el razonamiento del Presidente del Directorio de ANTEL es absolutamente lógico y coherente, y obsérvese lo que ha ocurrido desde la sanción de estos dos artículos en la Ley de Presupuesto. Cuando ya se había votado en una de las Cámaras y se iba a aprobar en la otra, el Presidente de la República dijo que se iban a sacar a subasta dos bandas de telefonía celular. Entonces, uno se preguntaba: ¿por qué vender el 40% de la empresa de telefonía celular existente? Luego, el Presidente de la República dijo que se iba a vender una sola banda. El razonamiento que surgía cómo lógico y coherente era que la actitud del Directorio de ANTEL era perfectamente comprensible, porque si iba a salir a subasta una banda de telefonía celular, ¿para qué vender el 40% si se podía comprar el 100% de una futura empresa de telefonía celular?

No sé qué destino tendrá el proyecto de ley que tenemos a consideración. De pronto se aprueba aquí y no en la Cámara de Representantes, o quizás llega a ser objetado por el Poder Ejecutivo. En todo caso, luego de vender la segunda banda y dado el volumen de negocios que tiene ANCEL, todavía resulta conveniente para el Gobierno vender el 40%.

Hemos escuchado -creo que hoy lo ha dicho el señor Senador Atchugarry- que una de las cosas que le preocupa al Gobierno, por varias razones que resultaría muy extenso enumerar aquí -pero una de las principales sería la de tener caja- es realizar activos del Estado. Por eso se anunció que se iban a subastar las carreteras, los servicios del Aeropuerto de Carrasco y todo lo que se pueda vender del patrimonio del Estado, sin tener en cuenta si eso está dentro del marco de la Constitución o de la ley, lo que se podría discutir extensamente. Creo que todo es posible, incluso que luego resulte conveniente vender el 40% de ANCEL porque es una empresa que da ganancias de fábula y porque el Estado hizo allí, en los años 1984 y 1985, una inversión de más de U$S 400:000.000 y digitalizó todo el sistema.

Se trató de una inversión muy poco controlada; por ello, hubo hasta una Comisión Investigadora, que tuve la oportunidad de integrar -estaba presidida, si no recuerdo mal, por el ex-Senador Dardo Ortiz- que trabajó en el Parlamento durante un año y medio, aunque no llegó a ninguna conclusión. Sin embargo, al final, esa inversión, bien o mal hecha, dio resultados, porque el Uruguay, a partir de la misma, estuvo en mejores condiciones que el propio país de origen de la empresa Ericsson, que vendió el sistema de telefonía digital: Suecia. Finalmente, cuando eso se terminó de instrumentar, teníamos más teléfonos digitalizados que Suecia. Es lo que ha posibilitado que esta empresa tenga esta dimensión y este volumen.

En definitiva, señor Presidente, más allá de los argumentos que se puedan dar desde el punto de vista de la conveniencia o no de que esté el Estado, éste es un negocio fenomenal. Y aquí lo que se observa -por lo menos, es lo que entiendo, personalmente- es una razón que es admisible desde el punto de vista de las opiniones. Uno no puede juzgar opiniones, pero debo decir que es entendible que alguien crea que es mejor que sea un sector privado -que en este caso concreto sólo puede ser transnacional, para emplear la palabra justa- el que haga los negocios de este tipo, y no el Estado. Es una opinión que respeto, pero que no comparto, porque creo que es altamente perjudicial para la sociedad uruguaya. ¿Por qué digo esto? Porque, en definitiva, ha sido probado por los hechos que este es un buen negocio para el país y que con él se pueden atender necesidades básicas de la sociedad uruguaya que, de otra manera, se vería lesionada.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARGANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: pedí esta interrupción porque de las opiniones del señor Senador Gargano se desprende que quienes promovimos este artículo tenemos el afán de asociar, por el solo hecho o con el fin de que esa sociedad sea un fin en sí misma. Por mi parte, recuerdo al señor Senador, al señor Presidente y a todo el Senado que el origen de la propuesta del Partido Nacional con relación a la asociación de ANCEL con capitales privados fue la desesperación en que se encontraba todo el sistema político al buscar capitalizar al Banco de la República para beneficiar a los sectores agropecuario, industrial y comercial, en un momento de sobreendeudamiento del país. La propuesta fue asociar en forma minoritaria a ANCEL; recordemos que, en primera instancia, no fue en forma minoritaria, ya que la propuesta del Partido Nacional era de mayor alcance, porque creíamos que era más importante capitalizar al Banco de la República y darle dinero para respaldar operaciones a largo plazo de los sectores productivos nacionales. Sé que esto puede ser opinable, pero después, en lo que respecta a la implementación del artículo 612, cuando tuvimos que tratar de encontrar votos de otros sectores -y me refiero, fundamentalmente al Foro Batllista, Partido Colorado- llegamos a la conclusión de que había votos solamente para asociar a ANCEL en forma minoritaria con los capitales privados de dicha empresa. Hay más argumentos a favor de esto, pero no quiero cansar al Senado, con todo esto, ahora. Más adelante, el señor Senador Gallinal, se expresará en esa materia mucho mejor que yo.

Pero a mí no me gustaría que el señor Senador Gargano siguiera adelante en su disertación, sin tener presente lo que acabo de mencionar. El hecho de salvar el aparato productivo y refinanciar correctamente las deudas con aportes consistía, sí, en la transformación de activos, no en su venta, porque ese dinero lo llevábamos a otro Ente del Estado, al Banco de la República. Esto permitiría respaldar los esfuerzos que dicho Banco podía hacer con relación a todos los sectores, y no como ahora, que sólo se está dirigiendo al sector agropecuario.

Esta fue la discusión del momento. Tanto es así, que recuerdo que, como Senador de la República, dije en esta Sala y también en forma pública que mi Partido podía hacer que fuera discutible esta decisión, pero que ningún otro partido había planteado una solución en la que se pusiera dinero arriba de la mesa para resolver un problema que, efectivamente, lo necesitaba. En aquel momento, dije que el Partido Nacional hacía su propuesta como un aporte, naturalmente, si el espectro político del país no resolvía llegar al plebiscito, lo que lamentablemente ocurrió. A nuestro juicio, en momentos de crisis como los que estábamos viviendo, se justificaba la realización de activos para respaldar esfuerzos que el Banco de la República en la actualidad no puede hacer o sólo puede hacer en forma minoritaria, a los efectos de comprender a toda la actividad nacional y su sobreendeudamiento, producto de las devaluaciones y de los cambios en la región, que han golpeado duramente a todo el sector productivo nacional. Este fue el argumento. Nosotros fuimos a ANCEL, justamente, para no violentar la opinión de la ciudadanía que ya la había dado con relación a ANTEL y que era otra, ya que las circunstancias eran diferentes. Era otro tipo de asociación; no era esta la empresa a la que, de alguna manera, se había cuestionado. Por eso, se eligió a ANCEL.

Una vez más, digo que hay mayor cantidad de argumentos a favor de esto, que serán expresados por el señor Senador Gallinal, quien nos ha representado en muchos foros y discusiones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Gracias, señor Presidente.

Quiero decir que tengo muy presente la fundamentación que acaba de hacer el señor Senador Heber, porque fue la misma que realizó en el seno de la Comisión de Presupuesto. Es más, señalo que en el texto del artículo 612, que he leído reiteradamente, figura el destino -en parte- de la venta: para qué se hará, etcétera. Se dice que se destinará a inversión en edificación escolar, a fomento de la actividad productiva, utilizando la autorización existente, a disminuir los tributos que la gravan y, por igual cantidad, a las economías de los servicios de la deuda pública, que será cancelada, también, con parte de los fondos. Es decir que el propósito es, además, pagar deuda con el producido y realizar inversión en ANTEL según lo disponga el Poder Ejecutivo, entre otras cosas. Lo que se debe discutir -y es lo que por lo menos nosotros intentamos analizar, recurriendo a las cifras- es el hecho de que sería mucho mejor negocio ampliar la actividad de ANTEL y de ANCEL, dándoles más negocio y defendiendo su patrimonio. Verdaderamente, esto sería un gran negocio, porque si se transfieren U$S 530:000.000 al año al Estado, ¿por qué, en lugar de utilizar U$S 89:000.000 para hacer comprar certificados de depósito, no se habla de capitalizar con eso al Banco de la República y financiar, por ejemplo, un proyecto de refinanciación de la deuda del sector agropecuario, que tiene un costo de U$S 35:000.000 por año y que en este momento está siendo estudiado por nuestros Diputados? Creemos que ésta podría ser una opción, en lugar de hacerle comprar certificados de depósito del Banco Central. Se trata de un mecanismo distinto al que plantea el señor Senador Heber, que permite, además, conservar la entidad generadora de los grandes recursos, que es la propiedad, en manos del Estado, de esta empresa líder en nuestro país.

Entonces, estamos ante un problema de visión acerca de cómo hay que hacer el negocio en una entidad de este porte. De manera que el tema no es ideológico; por lo menos, no lo es para quien habla. Sé que estamos hablando de una empresa estratégica y que por eso le sirve al Uruguay y a toda la sociedad uruguaya. También por eso es menester potenciarla y desarrollarla hacia el futuro. Pero, además, quiero defenderla porque da mucha ganancia. A propósito de esto, quiero decir que Senadores del Partido Colorado que no voy a mencionar -porque lo deberían decir ellos también, aquí- han expresado públicamente que no se vende lo que da ganancia.

Todos sabemos que así se dijo cuando se sancionó esta disposición. Entonces, nosotros también nos preguntamos por qué hacerlo.

Ahora me voy a referir a otro capítulo, específicamente al numeral séptimo de mi exposición. Estas ganancias de ANCEL se dan cuando ya no es monopólica la prestación del servicio de telefonía celular, porque "saltándose la torera", como se dice en España, o sea, las disposiciones legales, se dio en arrendamiento una banda de telefonía celular a una empresa llamada MOVICOM, que opera bajo el control de una compañía transnacional, Bell South.

Se podrá decir que esto nunca se cuestionó, pero de qué manera y con qué posibilidades contábamos para hacerlo. Ahora se expresa que el Gobierno va a vender otra banda de telefonía celular, y yo digo que si el artículo 613 queda vigente, seguramente lo podrá hacer; de lo contrario, no será posible. También se ha dado en concesión la telefonía de transmisión de datos. No sé en qué disposición se basó ANTEL para darle a la Telefónica por un monto aproximado a U$S 200.000 la posibilidad de transmitir datos; incluso, ahora hay tres o cuatro compañías que se encargan de eso. El Directorio de ANTEL me hizo conocer que actualmente habían seis o siete antenas operando en Montevideo, desde las cuales se transmitían datos. Por lo tanto, en este caso tampoco existe el monopolio. Quiero señalar que también aquí las disposiciones legales han sido salteadas. Me pregunto cómo regularizar esto. Creo que el artículo 613 -y por esto el Directorio de ANTEL tiene especial interés en que quede vigente, es más, supongo que el Gobierno, con su filosofía también piensa lo mismo- es el que permitiría hacer todo esto. Con toda claridad deseo expresar que el artículo 613 modifica en forma sustancial la Carta Orgánica de ANTEL.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado una moción en el sentido de que se le prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Muchas gracias, señor Presidente.

En el artículo 613 se establece algo con respecto a la telefonía básica, como nunca se había hecho antes en ninguna disposición de la Carta Orgánica de ANTEL. Me refiero a la telefonía fija, es decir, la que cada uno tiene en su casa, que se excluye en el artículo 5º que dice que la prestación pública de telefonía básica será realizada en exclusividad por la Administración Nacional de Telecomunicaciones. El resto de las prestaciones de los servicios de telecomunicaciones quedan libradas según disposiciones que después se desarrollan en el artículo 613 del Presupuesto. Lo importante y trascendente es que en el primer inciso del artículo 3º de la Carta Orgánica que se modifica, señala que compete a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, ANTEL, la realización de actos jurídicos y operaciones técnicas y materiales, la adquisición de derechos y obligaciones, así como la realización por sí o mediante la contratación con terceros -o sea que a través de terceros se puede contratar la prestación del resto de los servicios, sin límites- y la realización de estudios técnicos y de obras conducentes al cumplimiento de su cometido. Entiendo el razonamiento del Directorio de ANTEL cuando expresa que no le importaría que se derogara el artículo 612, pues el artículo 613 le da una capacidad de realización en materia de venta, compra o prestación de servicios extraordinariamente amplia, mucho más que la que le otorga el artículo 612. No entiendo cómo operaría el artículo 612 si se desarrollara en toda su extensión el artículo 613.

En octavo lugar, se ha fundamentado -y lo digo con claridad- aunque no por el proponente, que quizás si se aprueba este proyecto presentado por el señor Senador Michelini, se desactive el recurso de referéndum para el cual se están juntando las firmas, afirmándose que si éste prospera se puede plantear una situación extraordinariamente difícil, es decir, una crisis de tipo político, porque tal vez la Corte Electoral dirá que los artículos 612 y 613 establecen medidas de tipo presupuestal, por lo que no son impugnables a través del recurso de referéndum. Por lo tanto, aunque se junten 900.000 firmas, se puede dejar sin efecto dicho recurso. Todo esto me parece extraordinariamente grave. Con mucha claridad, quiero manifestar que hay un error muy grave al exponer esto; no se puede argumentar, con este tipo de planteos preventivos de una crisis política, que se mantengan los artículos 612 y 613, o que se apruebe el proyecto, porque esto va a desactivar la recolección de firmas y quizás deje sin efecto el recurso de referéndum. Repito, quiero hablar con bastante claridad, en el acierto o en el error. Se parte de la base de que va a haber una Corte Electoral que dirá que la interposición del recurso de referéndum no es pertinente. Permítanme decir, al igual que lo hice cuando realizamos la exposición acerca de la integración de los organismos de contralor, que no desvinculo este razonamiento del de mantener la integración actual de la Corte Electoral. Me parece que hay un serio error político y que tal vez se pueda plantear una crisis de tipo político si efectivamente se da este fenómeno. Pero esa crisis ya no estará referida a la viabilidad económica o no de una empresa pública, sino que será de tipo institucional, lo que considero muy serio. Obsérvese que este tema no lo hemos planteado nosotros, ya que no lo ha traído a colación el Encuentro Progresista ni el Frente Amplio.

También quiero señalar que no estoy enterado de todos los negocios que actualmente está realizando ANTEL; sí conozco algunos por la prensa, e incluso he recogido algunas versiones y en mi banca tengo el texto de un contrato de prestación de servicios con una empresa privada, Tenfield, que ha sido publicado y comentado extensamente. No sé si ANTEL ha procedido correctamente con la realización de este negocio.

No quiero prejuzgar, pero he leído algunos de los temas que aborda el contrato y observo, por lo menos, que para realizar esta acción conjunta con una empresa privada para la prestación de un servicio -que, ya se dice, es la antesala o el ejercicio destinado a la prestación de servicios de tercera generación- no se ha llamado a licitación y se ha hecho un convenio entre la empresa particular y ANTEL. Cabe destacar que la prestación del servicio implica obligaciones muy serias para ANTEL. Es más, me ha llamado la atención también -reitero que no estoy juzgando, sino simplemente comentando- que en el propio contrato se diga que el acuerdo y el contenido del mismo constituyen una relación comercial confidencial; realmente esto me llama la atención. Es claro que la redacción del texto no es tan burda y que establece como salvedad las obligaciones legales de a quien tenga que dar cuenta ANTEL de esto; se supone que si el Parlamento pide informes de cómo se hizo el contrato, se nos deberá responder. ¡Bueno sería que no fuera así!

Por todo lo expuesto, me parece que el procedimiento no ha sido correcto. Lo mejor hubiera sido que si existe un contrato de este tipo fuera producto de una licitación pública, en la que pudieran competir distintas empresas si las hay, y si sólo se presenta una y su propuesta es buena, pues que el contrato se celebre con esa empresa. Sin embargo, no fue hecho así.

Según me dijeron, esto está a estudio del Tribunal de Cuentas; esperemos que éste pueda plantear alguna observación al procedimiento, aunque no estoy muy seguro de que así sea. Digo esto porque también ahora, sobre los negocios que va a realizar ANCAP, nadie sabe si ello se hará dentro del marco de su Carta Orgánica o por fuera. Por ejemplo, en el llamado a expresión de interés a otras empresas para que se asocien a ANCAP está planteada la posibilidad de dar en usufructo -esto no es nuevo, ya lo hemos comentado en Sala- la planta de refinación de crudo, el oleoducto, la boya petrolera y demás. A este respecto se han vertido opiniones que dicen que como el dar en usufructo por treinta años todo el andamiaje de la empresa estatal no es una enajenación, ello se puede hacer sin necesidad de ningún otro paso. A juicio de quienes han hecho estos informes eso está permitido pero, en mi opinión, es una barbaridad y algo fuera de serie. Digo esto porque así se puede dar en usufructo toda la propiedad pública del Estado sin que pase nunca por el Parlamento, sin que se cambien las Cartas Orgánicas de las empresas estatales y llegar a la realización de los activos del Estado en una forma altamente inconveniente y, sobre todo, ilegal.

Para terminar quiero decir que no es cierto, como se ha dicho y se insiste, que el Encuentro Progresista - Frente Amplio no quieran defender la posibilidad de que ANTEL, y especialmente ANCEL, se puedan mover con mayor flexibilidad en el campo de las telecomunicaciones y realizar en el futuro asociaciones con otras empresas privadas o públicas en la prestación de estos servicios. Por el contrario, nosotros hemos propuesto -y así lo mencionamos en la Comisión y tenemos un texto redactado por nuestra Bancada- que sobre los nuevos cometidos o los nuevos desarrollos tecnológicos que se presenten, estamos dispuestos a estudiar caso por caso y a facilitar, mediante disposiciones legales, la posibilidad de que ANTEL pueda abordar ese tipo de asociación; tema que tanto preocupa cuando se dice que no se va a vender nada. Sin embargo, la preocupación debería estar centrada en el futuro y no en lo que actualmente se hace. En ese sentido, la disposición del Encuentro Progresista ha sido muy clara y ha sido expresada tanto al Directorio de ANTEL como a su Sindicato. De todos modos, mientras estén vigentes los artículos 612 y 613, nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea de defender el patrimonio de ANTEL y sus posibilidades de desarrollo en el futuro, lo que sólo podrá venir sobre la base de que efectivamente se utilicen y se potencien los recursos que actualmente tiene el Ente, naturalmente, a través de una mejor gestión, lo cual hay que lograrlo. Estoy seguro de que puede haber defectos en la conducción de la empresa y que se puede haber gastado dinero no correctamente; no obstante, me extraña que no lo planteen los integrantes de los partidos que gestionan la empresa. En mi opinión, deberían preocuparse y corregirlo sobre la marcha.

Es cuanto quería decir.

10) SEÑORAS ROSARIO GANDOS CARAVIA Y OLGA HERNANDEZ BARRETO Y SEÑOR WASHINGTON RODRIGUEZ. Pensiones graciables.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta del resultado de la votación de la pensión graciable para la señora Rosario Gandós Caravia.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- El resultado de la votación es de 25 votos afirmativos en 25 señores Senadores sufragantes.

SEÑOR PRESIDENTE.- El resultado ha sido 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"Artículo 2º.- La erogación resultante será atendida por Rentas Generales".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

-Se pasa a considerar el asunto que figura en el numeral octavo del orden del día: "Proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable a la señora Olga Hernández Barreto (Carp. Nº 453/01 - Rep. Nº 280/01)".

Repártanse las bolillas de votación.

(Así se hace)

SEÑOR PRESIDENTE.- Se procederá a recoger las bolillas de votación de la pensión graciable a la señora Olga Hernández Barreto.

11) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESIGNAR FISCALES LETRADOS DEPARTAMENTALES

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Formulo moción en el sentido de que se modifique el orden del día y se declare la urgencia y consideración inmediata de los numerales duodécimo, decimotercero y decimocuarto en sesión secreta y luego de ésta se considere el numeral décimo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-22 en 24. Afirmativa.

El Senado pasa a sesión secreta.

(Así se hace. Es la hora 18 y 2 minutos)

(Vueltos a sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 18 y 14 minutos)

Dése cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- El Senado concedió venia al Poder Ejecutivo para designar a la doctora Sylvia Stupino Varela en el cargo de Fiscal Letrado Departamental de Paso de los Toros; al doctor Pablo Alejandro Rivas Vignolo para ocupar el cargo de Fiscal Letrado Departamental de Dolores; a la doctora Silvia Blanc Sosa para ocupar el cargo de Fiscal Letrado Departamental de Young y al doctor Leonardo Morales Archento como Fiscal Letrado Departamental de Río Branco. A su vez, hizo lugar a la solicitud de la Suprema Corte de Justicia para designar al doctor William Corujo como Ministro del Tribunal de Apelaciones y concedió venia al Poder Ejecutivo para destituir a un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas y a un funcionario del Ministerio de Salud Pública.

12) VIAJE DE FIN DE CURSOS DE LA ESCUELA NAVAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el décimo punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de las planas mayores y tripulantes de los buques ROU `Artigas', ROU `Montevideo' y personal de la Escuela Naval para visitar el puerto de Mar del Plata durante la realización del viaje de instrucción de fin de cursos. (Carp. Nº 511/01 - Rep. Nº 288/01)."

(Antecedentes:)

«Ministerio de
Defensa Nacional
Ministerio del Interior
Ministerio de
Relaciones Exteriores

Carp. N° 511/2001
Rep. N° 288/2001

Montevideo, 10 de julio de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General
Don Luis Hierro López

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir el adjunto proyecto de ley, a efectos que ese Cuerpo conceda la autorización establecida en el numeral 12 del artículo 85 de la Constitución de la República, a fin de que las Planas Mayores y Tripulantes de los buques ROU `ARTIGAS', ROU `MONTEVIDEO' y Personal de la Escuela Naval, salgan de aguas jurisdiccionales y visiten el Puerto de Mar del Plata -República Argentina- desde el 25 de noviembre al 15 de diciembre de 2001 durante la realización del Viaje de Instrucción de Fin de Cursos de la mencionada Escuela.

El Comando General de la Armada, informa que la realización de los Viajes de Fin de Cursos a bordo de los buques de la Armada Nacional y la visita a puertos extranjeros, constituye una de las más antiguas tradiciones de los Alumnos de la Escuela Naval. Estos viajes no sólo les permiten aplicar en el mar los conocimientos adquiridos en las aulas, y poner a prueba su vocación, sino que también constituyen una experiencia cultural muy enriquecedora para ellos y para las tripulaciones de los buques que participan. Normalmente la asignación de los buques se realiza en base al desempeño profesional que hayan tenido durante el año, por lo que la posibilidad de ser designado para realizar estos viajes constituye un nuevo estímulo para alcanzar la excelencia.

Asimismo se expresa que a los efectos de limitar los costos, se utilizan las facilidades ofrecidas por las Armadas de los países vecinos, donde los gastos de puerto son asumidos por dichas Armadas, a la vez que se aprovecha la oportunidad para comenzar a crear los primeros vínculos entre los alumnos de las Escuelas de formación de estos países, quienes participan en los programas de recepción de los marinos uruguayos. No puede omitirse señalar el atractivo adicional que ofrece el contacto con Armadas modernas, poseedoras de medios materiales y recursos humanos muy importantes.

Los costos de dichos viajes son limitados, mientras que las experiencias de carácter profesional, cultural y humano que viven los jóvenes alumnos de la Escuela Naval y las tripulaciones de nuestros buques, son recordadas por siempre, además de constituir una nueva oportunidad de continuar renovando los profundos lazos de amistad y cooperación que nos unen con la Armada de la República Argentina.

Por último se señala que el buque de guerra es tradicionalmente considerado como un representante del país en los puertos visitados; su presentación y el desempeño de sus tripulantes, elevan el prestigio de la Nación en una proporción significativamente superior a los recursos aplicados al cumplimiento de la misión.

Por los fundamentos expuestos, se solicita la atención de ese Cuerpo al adjunto proyecto de ley, cuya aprobación se encarece.

Saluda a usted con la mayor consideración.

Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Luis Brezzo, Guillermo Stirling, Didier Opertti.

PROYECTO DE LEY

ARTICULO UNICO.- Autorízase la salida del país de las Planas Mayores y Tripulantes de los buques ROU `ARTIGAS', ROU `MONTEVIDEO' y Personal de la Escuela Naval, para visitar el Puerto de Mar del Plata -República Argentina- desde el 25 de noviembre al 15 de diciembre de 2001 durante la realización del Viaje de Instrucción de Fin de Cursos de la mencionada Escuela.

Luis Brezzo, Guillermo Stirling, Didier Opertti.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Fau.

SEÑOR FAU.- Señor Presidente: creo que hay una moción de urgencia en la Mesa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ya fue votada anteriormente, señor Senador.

SEÑOR FAU.- No es así, señor Presidente, es el operativo "Cabañas 2001".

SEÑOR PRESIDENTE.- En todo caso corresponde, en primer término, analizar el décimo punto del orden del día.

13) EJERCICIO COMBINADO "CABAÑAS 2001"

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de la moción de urgencia llegada a la Mesa.

"Mocionamos para que se declare urgente y se trate de inmediato el Mensaje del Poder Ejecutivo sobre el ejercicio combinado `Cabañas 2001'. Firma el señor Senador Fau."

SEÑOR PRESIDENTE.- Debemos terminar con el procedimiento del orden del día, porque habíamos votado una urgencia anterior que indicaba que íbamos a tratar los puntos 12, 13, 14 y 10. Por lo tanto, debemos considerar este último y luego la urgencia del señor Senador Fau.

14) VIAJE DE FIN DE CURSOS DE LA ESCUELA NAVAL

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión general el décimo punto del orden del día, referido a la Escuela Naval.

Tiene la palabra el señor Senador Fau.

SEÑOR FAU.- Se trata del Mensaje que tiene que ver con la autorización para que las planas mayores y los tripulantes de los buques ROU "Artigas" y ROU "Montevideo" y el personal de la Escuela Naval puedan visitar el Puerto de Mar del Plata durante la realización del viaje de instrucción de fin de curso. Son los viajes que tradicionalmente lleva a cabo la Escuela Naval como ejercicios prácticos de complemento a su formación profesional. Estas iniciativas tradicionalmente han contado con la unanimidad del Cuerpo y en este caso viene informado de ese modo por la Comisión de Defensa Nacional.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Autorízase la salida del país de las Planas Mayores y Tripulantes de los buques ROU `ARTIGAS', ROU `MONTEVIDEO' y Personal de la Escuela Naval, para visitar el Puerto de Mar del Plata -República Argentina- desde el 25 de noviembre al 15 de diciembre de 2001 durante la realización del Viaje de Instrucción de Fin de Cursos de la mencionada Escuela."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

15) SEÑORAS ROSARIO GANDOS CARAVIA Y OLGA HERNANDEZ BARRETO Y SEÑOR WASHINGTON RODRIGUEZ. Pensiones graciables.

SEÑOR PRESIDENTE.- El resultado de la votación correspondiente a la pensión graciable a conceder a la señora Olga Hernández Barreto fue de 27 votos afirmativos en 28 Senadores presentes. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 111 de la Constitución, el resultado es: afirmativa.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"Artículo 2º.- La erogación resultante será atendida por Rentas Generales."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

-Se va a tomar la votación de la pensión graciable al señor Washington Rodríguez, de cuatro salarios mínimos nacionales.

Repártanse la bolillas de votación.

16) EJERCICIO COMBINADO "CABAÑAS 2001"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción de urgencia presentada por el señor Senador Fau, de la que oportunamente se dio cuenta.

(Se vota:)

-17 en 28. Afirmativa.

Se pasa a considerar el proyecto de ley cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de ocho integrantes del personal superior y treinta y dos del personal subalterno del Ejército Nacional a efectos de trasladarse a la República Argentina para participar en el ejercicio combinado denominado `Cabañas 2001'. (Carp. Nº 519/2001 - Distribuido 626/01)."

(Antecedentes:)

«Ministerio de
Defensa Nacional
Ministerio del Interior
Ministerio de
Relaciones Exteriores

Montevideo, 1° de agosto de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a su consideración el presente proyecto de ley acorde a lo dispuesto por el numeral 7° del artículo 168 de la Constitución de la República, a efectos que ese Cuerpo conceda la autorización a que refiere el numeral 12 del artículo 85 de la misma, para que efectivos militares pertenecientes al Ejército Nacional salgan del país a fin de participar en el Ejercicio Combinado de Operaciones de Mantenimiento de la Paz denominado `Cabañas 2001', a realizarse en la República Argentina.

El referido Ejercicio se enmarca en una serie de operaciones que se iniciaron varios años atrás y cuya realización ha repercutido beneficiosamente en la capacitación profesional de nuestros mandos y cuadros militares; y ha permitido acrecentar las relaciones internacionales, particularmente con los países de la región.

El Ejercicio Combinado `Cabañas 2001' se realizará en la República Argentina, Provincia de Salta, en el ámbito de la `V Brigada de Infantería Mecanizada' entre los días 15 de agosto y 20 de setiembre de 2001 y el mismo cuenta con el auspicio del Ejército Sur de los Estados Unidos de América.

Participarán además del Personal Militar de nuestro país, integrantes de los Ejércitos de la República Argentina, República de Bolivia, República Federativa del Brasil, República del Paraguay, República de Chile, República de Ecuador. El Ejercicio a realizarse versa sobre Entrenamiento en Tareas que son aplicadas en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, con la supervisión de la ONU y la participación de organizaciones no gubernamentales intervinientes en este tipo de operaciones.

La representación nacional estará compuesta por ocho (8) señores oficiales y treinta y dos (32) personal subalterno del Ejército Nacional con equipo individual de combate sin armamento.

Cabe señalar que este Ejercicio no generará gastos, en virtud que el transporte, el alojamiento y la alimentación serán de cargo del país anfitrión y el auspiciante.

Atento a lo expresado, se encarece a dicho Cuerpo la aprobación del proyecto de ley que se acompaña.

Saluda al señor Presidente de la Asamblea General con la mayor consideración.

Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Luis Brezzo, Guillermo Stirling, Didier Opertti.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Autorízase la salida del país de ocho (8) integrantes del Personal Superior y treinta y dos (32) Personal Subalterno del Ejército Nacional a efectos de trasladarse a la República Argentina para participar en el Ejercicio Combinado denominado `Cabañas 2001', a realizarse en la Provincia de Salta en el ámbito de la `V Brigada de Infantería Mecanizada', entre los días 15 de agosto y 20 de setiembre de 2001.

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese y archívese.

Luis Brezzo, Guillermo Stirling, Didier Opertti.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Quiero dejar una constancia que ya hemos planteado en la Comisión de Defensa Nacional cuando consideramos este asunto. En lo que refiere a las maniobras de carácter multinacional que vienen proliferando desde un tiempo no muy lejano a esta parte, la posición de nuestra Bancada es la siguiente. Como está pendiente una discusión de fondo públicamente agendada por el señor Presidente de la República en torno al tema Fuerzas Armadas, nos resulta difícil y hasta inconveniente votar este tipo de -repito- proliferadas maniobras de carácter multinacional, sin antes haber procedido a ese debate de fondo que algunos Senadores pertenecientes al Partido Nacional e integrantes de la Comisión de Defensa Nacional también vienen reclamando.

Simplemente, quiero dejar en claro que estas operaciones de entrenamiento multinacional que vienen auspiciadas por el Comando Sur de los Estados Unidos, entre otras cosas, aunque según la exposición de motivos y la carpeta que tenemos en nuestro poder están referidas a operaciones de mantenimiento de la paz en el marco del Capítulo VI, tratan de asuntos tales como técnicas de movimiento, reacciones ante un francotirador, retirarse bajo presión hostil, localizar, identificar y marcar minas, información de minas y obstáculos, seleccionar y marcar zonas para el aterrizaje de helicópteros, reportar heridos, ocupar puntos de observación, informes de observación, ocupar y operar puestos de control, registrar vehículos, etcétera, que también pueden servir para otro tipo de operaciones y no sólo para el mantenimiento de la paz. Es decir que por más que vengan revestidas con cierta información, como se trata de operaciones militares pueden servir también -como se dice vulgarmente- para un barrido y para un fregado. Es en el marco de esas consideraciones que no votamos esta autorización.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-17 en 28. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"Artículo 1°- Autorízase la salida del país de ocho (8) integrantes del Personal Superior y treinta y dos (32) Personal Subalterno del Ejército Nacional a efectos de trasladarse a la República Argentina para participar en el Ejercicio Combinado denominado `Cabañas 2001', a realizarse en la Provincia de Salta en el ámbito de la `V Brigada de Infantería Mecanizada', entre los días 15 de agosto y 20 de setiembre de 2001."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 28. Afirmativa.

El artículo 2º es de trámite.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

SEÑOR RODRIGUEZ.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RODRIGUEZ.- Formulo moción para que el Senado pase a cuarto intermedio por quince minutos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-24 en 28. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por quince minutos.

(Así se hace a la hora 18 y 24 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Así se hace a la hora 18 y 55 minutos)

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Formulo moción para que el Senado haga un cuarto intermedio hasta el próximo martes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes hay que votar una moción llegada a la Mesa para hacer otro cuarto intermedio por 10 minutos.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por 10 minutos

(Así se hace. Es la hora 18 y 56 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 19 y 8 minutos)

17) SEÑORAS ROSARIO GANDOS CARAVIA Y OLGA HERNANDEZ BARRETO Y SEÑOR WASHINGTON RODRIGUEZ. Pensiones graciables.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta del resultado de la votación de la pensión graciable del señor Washington Rodríguez.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- El resultado de la votación de la pensión graciable para el señor Washington Rodríguez es de 25 votos favorables en 26 señores Senadores sufragantes.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consecuencia, el resultado ha sido: afirmativa.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"Artículo 2º.- La erogación resultante será atendida por Rentas Generales."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

18) SE LEVANTA LA SESION

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: formulamos moción para que se pase a cuarto intermedio hasta el día martes, a la hora 16.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-6 en 23. Negativa.

En consecuencia, continúa la sesión.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: antes de levantar el cuarto intermedio, la Bancada del Encuentro Progresista nos había planteado la posibilidad de pasar a cuarto intermedio hasta el próximo martes. Si no estoy equivocado, yo estoy ubicado en primer lugar para hacer uso de la palabra sobre el tema de fondo que se está discutiendo. Personalmente tenía interés en hacer uso de la palabra, pero también convengo con ellos en que dada la hora, mi intervención se vería cortada porque tendría que hacerla en dos veces, una parte hoy y otra el día que se disponga. Entonces, me parece que es de recibo la idea de pasar a cuarto intermedio hasta el martes; no veo mayores inconvenientes y no creo que sea un tema que genere diferencias dentro del Cuerpo. En su defecto, haré mi exposición en dos veces.

En consecuencia, adhiero a la moción para que continuemos analizando este tema el próximo martes y que el mismo figure en primer lugar del orden del día de esa sesión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar nuevamente la moción presentada por la señora Senadora Arismendi, complementada ahora por el señor Senador Gallinal en el sentido de que se levante la sesión y que este punto figure en primer lugar del orden del día de la sesión del próximo martes.

(Se vota:)

-23 en 25. Afirmativa.

Se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 19 y 12 minutos, presidiendo el señor Luis Hierro López y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Astori, Atchugarry, Barrios Tassano, Borsari, Correa Freitas, Dalmás, de Boismenu, Fau, Fernández Huidobro, Gallinal, Gargano, Heber, Larrañaga, Nin Novoa, Núñez, Ponce de León, Pou, Riesgo, Rodríguez, Rubio, Sanabria, Scarpa y Virgili.)

SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Sr. Mario Farachio Secretario - Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.