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N° 2957 - 4 DE JULIO DE 2001

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE REPRESENTANTES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

35ª SESION

PRESIDE EL SEÑOR REPRESENTANTES GUSTAVO PENADES Presidente
Y RUBEN OBISPO
1er. Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES DOCTOR HORACIO D. CATALURDA Y DOCTORA
MARGARITA REYES GALVAN Y LOS PROSECRETARIOS DOCTOR JOSE PEDRO MONTERO
Y ENRIQUE SENCION CORBO

 

Texto de la citación

 

Montevideo, 3 de julio de 2001.

LA CAMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, mañana miércoles 4, a la hora 16, con el fin de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DIA -

1º.- Estatuto de la Corte Penal Internacional. (Exposición del señor Representante Félix Laviña por el término de sesenta minutos).

2º.- Andresito. (Designación al Liceo Nº 2 del departamento de Tacuarembó). (Carp. 869/000). (Informado).

Rep. 467 y Anexo I

3º.- Justina Santín. (Designación a la Escuela Nº 29 del pueblo Puntas de Maciel, departamento de Florida). (Carp. 1161/001). (Informado). Rep. 565 y Anexo I

4º.- Brigadier General Manuel Oribe. (Designación a la Escuela Nº 10 de la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja). (Carp. 260/000). (Informado). Rep. 163 y Anexo I

5º.- Bebidas alcohólicas. (Se establece que en las etiquetas, publicidad o promoción, se deberá incluir una advertencia sobre los riesgos del consumo excesivo). (Carp. 1280/001). (Informado). Rep. 614 y Anexo I

6º.- Lengua de señas uruguaya. (Se reconoce como la lengua natural de las personas sordas y de sus comunidades en todo el territorio de la República). (Carp. 1189/001). (Informado). Rep. 574 y Anexo I

7º.- Doctor Carlos Núñez. (Designación a la Escuela Nº 101 de Playa Pascual, departamento de San José). (Carp. 3586/999). (Informado). Rep. 593 y Anexo I

8º.- Alfonso Brocqua. (Designación a la Escuela de Música Nº 266 del departamento de Canelones). (Carp. 1024/001). (Informado). Rep. 511 y Anexo I

9º.- Pedro Aramendía. (Designación a la Escuela Nº 41 del departamento de Lavalleja). (Carp. 1004/001). (Informado). Rep. 500 y Anexo I

10.- Joaquín Suárez. (Designación a la Escuela Nº 24 de la localidad de Capilla de Farruco, departamento de Durazno). (Carp. 637/000). (Informado). Rep. 361 y Anexo I

 

HORACIO D. CATALURDA MARGARITA REYES GALVAN

S e c r e t a r i o s

 

S U M A R I O

1.- Asistencias y ausencias

2.- Asuntos entrados

3 y 5.- Exposiciones escritas

4.- Inasistencias anteriores

MEDIA HORA PREVIA

6.- Propuesta de creación de centros de atención de adolescentes.

— Exposición del señor Representante Machado

7.- Solicitud de captura de tres militares y un policía uruguayos, retirados, planteada por la Justicia argentina.

— Exposición del señor Representante Ibarra

8.- Casos de meningitis meningocóccica en la ciudad de Santa Lucía, departamento de Canelones, y contaminación con plomo en la ciudad de Canelones y otras zonas del departamento.

— Exposición del señor Representante Gallo Imperiale

9.- II Encuentro de Intendentes y Legisladores Departamentales y Nacionales del Litoral Oeste.

— Exposición del señor Representante Domínguez

10.- Acciones de descentralización realizadas por la Intendencia Municipal de Montevideo en los últimos diez años.

— Exposición del señor Representante Canet

11.- Paralización comercial que afecta al departamento de Colonia como consecuencia de la aftosa.

— Exposición del señor Representante González Alvarez

CUESTIONES DE ORDEN

13 y 16.- Integración de la Cámara

13 y 16.- Licencias

18.- Solicitud de prórroga del término de la sesión

VARIAS

12.- Comisión de Turismo. (Autorización para reunirse simultáneamente con la Cámara) .

15, 17 y 19.- Cuestión de fueros planteada por el señor Representante Ibarra.

— Se vota afirmativamente.

— Debate

ORDEN DEL DIA

14.- Estatuto de la Corte Penal Internacional. (Exposición del señor Representante Félix Laviña por el término de sesenta minutos).

— El señor Representante Laviña realiza su exposición.

— Manifestaciones de varios señores Representantes

 

1.- Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Washington Abdala, Odel Abisab, Ernesto Agazzi, Guillermo Alvarez, Juan Justo Amaro, Gustavo Amen Vaghetti, Mario Amestoy, José Amorín Batlle, Raúl Argenzio, Beatriz Argimón, Roberto Arrarte Fernández, Jorge Barrera, Artigas A. Barrios, José Bayardi, Edgar Bellomo, Juan José Bentancor, Nahum Bergstein, Ricardo Berois Quinteros, Daniel Bianchi, José L. Blasina, Nelson Bosch, José Caballero, Brum Canet, Julio Cardozo Ferreira, Ruben Carminatti, Nora Castro, Ricardo Castromán Rodríguez, Roberto Conde, Hugo Cuadrado, Jorge Chápper, Silvana Charlone, Eduardo Chiesa Bordahandy, Guillermo Chifflet, Sebastián Da Silva, Ruben H. Díaz, Daniel Díaz Maynard, Juan Domínguez, Heber Duque, Alejandro Falco, Ricardo Falero, Alejo Fernández Chaves, Ramón Fonticiella, Luis José Gallo Imperiale, Daniel García Pintos, Orlando Gil Solares, Carlos González Alvarez, Gustavo Guarino, Doreen Javier Ibarra, Julio Lara, Félix Laviña, Luis M. Leglise, Ramón Legnani, Antonio López, Carlos A. López, Henry López, Guido Machado, Oscar Magurno, José Carlos Mahía, Ney Marín, Artigas Melgarejo, José Homero Mello, Felipe Michelini, José M. Mieres, Pablo Mieres, Ricardo Molinelli, Martha Montaner, Ruben Obispo, Jorge Orrico, Gabriel Pais, Ronald Pais, Daniela Payssé, Gustavo Penadés, Margarita Percovich, Alberto Perdomo, Alvaro Pérez, Darío Pérez, Enrique Pérez Morad, Enrique Pintado, Martín Ponce de León, Elena Ponte, Iván Posada, María Alejandra Rivero Saralegui, Glenda Rondán, Víctor Rossi, Adolfo Pedro Sande, Eustacio Saravia, Diana Saravia Olmos, Alberto Scavarelli, Leonel Heber Sellanes, Raúl Sendic, Pedro Señorale, Gustavo Silveira, Lucía Topolanski, Daisy Tourné, Wilmer Trivel y Walter Vener Carboni.

Con licencia: Roque E. Arregui, Carlos Baráibar, Raquel Barreiro, Tabaré Hackenbruch Legnani, Arturo Heber Füllgraff, Luis A. Lacalle Pou, Juan Máspoli Bianchi, Francisco Ortiz, Carlos Pita, Julio Luis Sanguinetti y Julio C. Silveira.

Faltan con aviso: Margot Acosta, Guzmán Acosta y Lara y Yeanneth Puñales Brun.

Actúan en el Senado: Gustavo Borsari Brenna y Ambrosio Rodríguez.

2.- Asuntos entrados.

"Pliego N° 79

PROMULGACION DE LEYES

El Poder Ejecutivo comunica que, con fecha 22 de junio de 2001, ha promulgado las siguientes leyes:

- Archívense

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Presidencia de la Asamblea General remite copia autenticada del decreto del Poder Ejecutivo aprobando las partidas presupuestales del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos, correspondiente al ejercicio 2000. C/105/000

- A la Comisión de Presupuestos

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Educación y Cultura se expide sobre los siguientes proyectos de ley:

La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social se expide sobre el proyecto de ley referido al etiquetado de los envases de bebidas alcohólicas. C/1280/001

- Se repartieron con fecha 3 de julio

COMUNICACIONES GENERALES

La Junta Departamental de Canelones remite copia del texto de las siguientes exposiciones realizadas por varios señores Ediles:

- A la Comisión Especial de Género y Equidad

- A la Comisión de Educación y Cultura

- A la Comisión de Legislación del Trabajo

Las Juntas Departamentales de Paysandú y Colonia remiten notas relacionadas con la situación de emergencia climática y socioeconómica que vive el departamento de Artigas a raíz de las inundaciones. C/235/000

A la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente

La Junta Departamental de Colonia remite nota relacionada con el proyecto de ley por el que se modifica el régimen de retiros y pasividades policiales. C/3788/999

- A sus antecedentes

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, con destino al Banco de Seguros del Estado, sobre la presunta venta del Gran Hotel Fray Bentos, en el departamento de Río Negro. C/1331/001

El señor Representante Heber Sellanes solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Instituto Nacional del Menor, relacionado con el cierre de una organización de atención a niñas adolescentes en situación de calle. C/1332/001

El señor Representante Gustavo Silveira solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y además por su intermedio al Banco de Previsión Social, acerca de la tramitación de pensiones por discapacidad. C/1333/001

- Se cursaron con fecha 3 de julio

La Mesa da cuenta que, a solicitud de la Comisión Especial para el estudio de soluciones legislativas referentes a la emigración en el Uruguay, se extraen del archivo los siguientes proyectos de ley, pasando a estudio de la misma:

3.- Exposiciones escritas.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 15)

——La Mesa quiere dejar constancia de que a la hora 16 y 15 la Cámara no tiene número para sesionar. En consecuencia, si no se hace número a la brevedad, lamentablemente, se tendrá que levantar la sesión.

Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Juan Justo Amaro solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de Educación y Cultura, y de Deporte y Juventud, y a la Comisión Especial de Deporte y Juventud de la Cámara de Representantes, sobre la necesidad de designar un profesor de Educación Física para la plaza de deportes de la localidad de Cerro Chato, del departamento de Treinta y Tres. C/27/000

La señora Representante Alejandra Rivero Saralegui solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado:

El señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud Pública, y además por su intermedio a la Dirección de los Servicios de Salud del Estado, a la Dirección Departamental de Salud del departamento de Río Negro, a la Dirección del Hospital "Doctor Angel M. Cuervo"; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental del citado departamento, relacionada con diversas carencias en la policlínica de la localidad de San Javier, en el referido departamento. C/27/000

El señor Representante Darío Pérez solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

  • y al Consejo de Educación Primaria, sobre la necesidad de contratar personal de servicio para la Escuela Nº 61 del departamento de Maldonado. C/27/000

  • y al Consejo de Educación Secundaria, relacionada con la necesidad de ampliar el local de un liceo de la ciudad de Pan de Azúcar, departamento de Maldonado. C/27/000

  • acerca de la utilización de infraestructura de dicha Administración para realizar actividad cultural y deportiva en la ciudad de Pan de Azúcar, departamento de Maldonado. C/27/000

  • referente a la donación de un vagón en condiciones de reciclar, con destino a salón comedor para niños, en el departamento de Maldonado. C/27/000"

¾ ¾ Se votarán oportunamente.

4.- Inasistencias anteriores.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión ordinaria realizada el 3 de julio de 2001:

Con aviso: Juan Justo Amaro Cedrés y Yeanneth Puñales Brun.

Inasistencias a las Comisiones:

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Martes 3 de julio

GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA

Con aviso: Julio Cardozo Ferreira

SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Con aviso: Gustavo Amen Vaghetti

TURISMO

Con aviso: Yeanneth Puñales Brun

ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES LEGISLATIVAS REFERENTES A LA EMIGRACION EN EL URUGUAY

Con aviso: Beatriz Argimón Cedeira".

5.- Exposiciones escritas.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Veintinueve en treinta: AFIRMATIVA.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante Juan Justo Amaro a los Ministerios de Educación y Cultura, y de Deporte y Juventud, y a la Comisión Especial de Deporte y Juventud de la Cámara de Representantes, sobre la necesidad de designar un profesor de Educación Física para la plaza de deportes de la localidad de Cerro Chato, del departamento de Treinta y Tres.

"Montevideo, 3 de julio de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Deporte y Juventud, al Ministerio de Educación y Cultura, y a la Comisión Especial con el cometido de analizar la problemática del deporte y de la juventud de la Cámara de Representantes. Quiero hacer mención a una situación que nos fue planteada por las fuerzas vivas de la localidad de Cerro Chato, departamento de Treinta y Tres, precisamente por la Comisión de Fomento de la Escuela Nº 48 del mencionado departamento, y por su Maestra Directora, a través de la nota que adjunto. Cabe destacar que esta localidad está situada en el límite de tres departamentos: Florida, Treinta y Tres y Durazno; y posee una población de tres mil habitantes. En ella existen dos centros de enseñanza primaria y uno dependiente del Instituto Nacional del Menor (INAME). Concurren a los referidos centros educativos seiscientos cincuenta niños aproximadamente, comprendidos de la siguiente manera: trescientos niños concurren a la Escuela Nº 68 de Durazno, doscientos cincuenta a la Escuela Nº 48 de Treinta y Tres y alrededor de cien niños concurren al Colegio Quo Vadis. En años anteriores estos centros de enseñanza primaria contaban con la colaboración de la Comisión Nacional de Educación Física (CNEF), a través de un profesor, el que realizaba diversos trabajos físico-educativos con los niños de la localidad. Nuestro planteamiento está abocado a la posibilidad de contar con los servicios de un profesor de educación física, ya que, al jubilarse el profesor Fernando Rodríguez, ex funcionario de la CNEF, no se han retomado las clases de gimnasia que se efectuaban en la Plaza de Deportes de villa Cerro Chato. Además, debemos agregar que la inquietud no sólo proviene de las autoridades locales de educación primaria, sino que existe una connotada preocupación por parte de la sociedad civil toda, con la convicción de que el fomento del deporte y de las actividades físicas es de vital importancia para el desarrollo físico y mental de quienes comienzan a formarse en la vida. El contar nuevamente con un profesor, que preste servicios en la Plaza de Deportes de villa Cerro Chato, beneficiará a la población en general y, fundamentalmente, a niños y jóvenes que encontrarán la imprescindible guía profesional. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. JUAN JUSTO AMARO CEDRES, Representante por Florida".

2) Exposición de la señora Representante Alejandra Rivero Saralegui al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, relacionada con la necesidad de dotar de una red de saneamiento a la localidad de Aceguá, departamento de Cerro Largo.

"Montevideo, 4 de julio de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparada en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE). La localidad de Aceguá se encuentra ubicada en el kilómetro 460 de la Ruta Nacional Nº 8 'Brigadier General Juan Antonio Lavalleja', a sesenta kilómetros de la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, en la frontera con la República Federativa del Brasil. Los datos del último censo del año 1996 indican que ese año, esa localidad contaba con una población de mil cuatrocientos treinta y dos habitantes y un total de cuatrocientas noventa y seis viviendas. La tasa anual media de crecimiento intercensal es de 0,91% para los habitantes y de 4,06% para las viviendas. Con los datos antedichos y considerando que se mantiene una tasa lineal de crecimiento, la población estimada del año 2000 sería de un total de mil cuatrocientos ochenta y cuatro habitantes. En cuanto a viviendas, se estima que alcanzarían la suma de quinientas quince unidades. La superficie del área urbana y suburbana de villa Aceguá es de sesenta y cinco hectáreas. El servicio de agua potable que brinda OSE fue habilitado en el año 1983 y en la actualidad posee 9.185 metros de tubería de distribución de agua y 400 conexiones de agua potable. La localidad no cuenta con red pública de desagüe de aguas servidas, utilizándose los sistemas de fosas sépticas o sea sistemas estáticos de evacuación de efluentes, cuyo objetivo es concentrar los líquidos residuales para extraerlos en forma periódica, mediante servicios de barométricas. Pero en la localidad no existe ninguna empresa que brinde tales servicios, ni siquiera municipal, debiendo contratar los vecinos empresas de la ciudad de Melo, distante sesenta kilómetros, para que efectúen el desagote, tornándose muy oneroso para la mayoría de los habitantes. Esta grave situación higiénico-sanitaria, evidentemente es un factor de riesgo fundamental para la salud de los vecinos de la referida localidad. Es por lo expuesto, que solicito a ese organismo, de ser viable, que se realicen las obras necesarias para dotar de red de saneamiento a dicha localidad, o en su defecto, se instrumente algún tipo de medida paliativa, como puede ser dotar al servicio de un vehículo adecuado y destinado a tal fin, para lograr un rápido y eficaz desagote de las fosas sépticas, y así minimizar ese factor de riesgo y tender a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Saludo al señor Presidente muy atentamente. MARIA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI, Representante por Cerro Largo".

3) Exposición de la señora Representante Alejandra Rivero Saralegui al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, acerca de la necesidad de realizar las obras necesarias para dotar de una red de saneamiento a la localidad de Isidoro Noblía, en el departamento de Cerro Largo.

"Montevideo, 4 de julio de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparada en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE). La localidad de Isidoro Noblía se encuentra ubicada en el kilómetro 450 de la Ruta Nacional Nº 8 'Brigadier General Juan Antonio Lavalleja', a cincuenta kilómetros de la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo y a diez kilómetros de la frontera con la República Federativa del Brasil. Los datos del último censo del año 1996 indican que ese año, la localidad contaba con una población de mil novecientos sesenta y cinco habitantes y un total de seiscientas setenta y seis viviendas. La tasa anual media de crecimiento intercensal es de 2,44% para los habitantes y de 5,54% para las viviendas. Con los datos antedichos y considerando que se mantiene una tasa lineal de crecimiento, la población estimada del año 2000 sería de un total de dos mil ciento sesenta habitantes. En cuanto a viviendas, se estima que alcanzarían la suma de ochocientas treinta unidades. La superficie del área urbana y suburbana de villa Isidoro Noblía es de ciento treinta hectáreas. El servicio de agua potable que brinda OSE fue habilitado en el año 1971 y en la actualidad posee 8.847 metros de tubería de distribución de agua y 700 conexiones de agua potable. La localidad no cuenta con red pública de desagüe de aguas servidas, utilizándose los sistemas de fosas sépticas o sea sistemas estáticos de evacuación de efluentes, cuyo objetivo es concentrar los líquidos residuales para extraerlos en forma periódica, mediante servicios de barométricas. Pero en la localidad no existe ninguna empresa que brinde tales servicios, ni siquiera municipal, debiendo contratar los vecinos empresas de la ciudad de Melo, distante cincuenta kilómetros, para que efectúen el desagote, tornándose muy oneroso para la mayoría de los habitantes. Esta grave situación higiénico-sanitaria, evidentemente es un factor de riesgo fundamental para la salud de los vecinos de la referida localidad. Es por lo expuesto, que solicito a ese organismo, de ser viable, que se realicen las obras necesarias para dotar de red de saneamiento a dicha villa, o en su defecto, se instrumente algún tipo de medida paliativa, como puede ser dotar al servicio de un vehículo adecuado y destinado a tal fin, para lograr un rápido y eficaz desagote de las fosas sépticas, y así minimizar ese factor de riesgo y tender a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Saludo al señor Presidente muy atentamente. MARIA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI, Representante por Cerro Largo".

4) Exposición del señor Representante Ricardo Castromán Rodríguez al Ministerio de Salud Pública, y además por su intermedio a la Dirección de los Servicios de Salud del Estado, a la Dirección Departamental de Salud del departamento de Río Negro, a la Dirección del Hospital "Doctor Angel M. Cuervo"; a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental del citado departamento, relacionada con diversas carencias en la policlínica de la localidad de San Javier, en el referido departamento.

"Montevideo, 4 de julio de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Salud Pública y, además, por su intermedio, a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), y al Centro Departamental de Salud de Río Negro; y a la Dirección General de Salud, con destino al Hospital 'Dr. Angel M. Cuervo', y a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Río Negro. Hemos recibido el Oficio Nº 1285/VI/01 de la Junta Departamental de Río Negro donde se explicita el planteo realizado por los señores Ediles Víctor Rodríguez, Beatriz Castillo, María Schurman y Liliana Lasarte, quienes exponen inquietudes de los habitantes de la villa de San Javier, con relación a la situación de la policlínica dependiente del Ministerio de Salud Pública. Asimismo, se expresa la preocupación manifestada por los integrantes de la Comisión de Apoyo de dicha policlínica ante una serie de deficiencias notorias desde el punto de vista edilicio, de funcionamiento y de otras carencias que nosotros conocemos y que ya hemos planteado a esa Secretaría de Estado. Creemos justo acompañar la iniciativa de los señores Ediles en procura de tener eco en lo reclamado, ya que al igual que la Junta Departamental de Río Negro, a nosotros no nos ha sido ajena la situación planteada. Nos parece sustancial y de responsabilidad, en tanto somos Representantes de la gente del departamento, sumar nuestro esfuerzo, procurando encontrar respuesta en las autoridades del mencionado Ministerio, teniendo en cuenta el replanteo de la gestión de las unidades ejecutoras, en este caso del Hospital 'Angel M. Cuervo', a partir de la mejora de gestión de los centros departamentales. Es así entonces, que esperamos de una vez por todas, atención a lo planteado, porque en realidad se trata de atender el bienestar y la salud de los vecinos, y está en las autoridades correspondientes asumir con responsabilidad los reclamos de los ciudadanos en problemáticas tan sensibles para la sociedad. Esperando pues, a la brevedad, las soluciones requeridas saludamos al señor Presidente muy atentamente. RICARDO CASTROMAN RODRIGUEZ, Representante por Río Negro".

5) Exposición del señor Representante Darío Pérez al Ministerio de Educación y Cultura, y además por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Primaria, sobre la necesidad de contratar personal de servicio para la Escuela Nº 61 del departamento de Maldonado.

"Montevideo, 4 de julio de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y, además, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), y al Consejo de Educación Primaria. En reciente visita a la Escuela Nº 61 de Tiempo Completo, situada en paraje km. 110 del departamento de Maldonado, donde concurren por espacio de siete horas y media ciento siete niños, constatamos la remodelación y la construcción de nuevas aulas, que la transformarán en un hermoso lugar para educar. Al decir de los lugareños toda esa infraestructura necesita también el apoyo de seres humanos que atiendan las otras necesidades de los niños tales como cocina, alimentación y limpieza. En el paraje km. 110, la gente es humilde, depende de una única fuente de trabajo: la Compañía Nacional de Cemento. Muchos se encuentran en seguro de paro y a otros se les ha bajado su categorización disminuyéndoseles sus sueldos sustancialmente. Tanto la cocinera como la auxiliar de servicios reciben bajos salarios; la Comisión de Apoyo, padres y maestros, quisieran que fueran mejores, ya que la cocinera cuenta con veinte años de trabajo y la auxiliar de servicios con tres años. Con enorme sacrificio, organizando beneficios, y recogiendo peso sobre peso, quizás a veces quedando cortos, se logra pagar el salario de este personal, previendo que pronto será aún más difícil. De nada servirá la infraestructura a terminar si los educandos no cuentan con el necesario personal. Por lo tanto, y en virtud de la solución a la que se llegó en el Parlamento en cuanto al personal contratado por las comisiones de apoyo de las escuelas públicas solicitamos, con energía, la pronta contratación del personal citado. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. DARIO PEREZ, Representante por Maldonado".

6) Exposición del señor Representante Darío Pérez al Ministerio de Educación y Cultura, y además por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y al Consejo de Educación Secundaria, relacionada con la necesidad de ampliar el local de un liceo de la ciudad de Pan de Azúcar, departamento de Maldonado.

"Montevideo, 4 de julio de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y, además, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), y al Consejo de Educación Secundaria. En visita realizada al Liceo 'Alvaro Figueredo' de Pan de Azúcar, departamento de Maldonado, pudimos apreciar una hermosa edificación construida en la década del 80, con buena iluminación y un buen mantenimiento, merced al enorme esfuerzo de la Dirección, profesores, padres y alumnos. En estos momentos y después de algún tiempo, se trabaja en la solución de humedades en el techo. El liceo tiene algunas carencias, de las cuales enumeraremos: 1) Con respecto al personal, son necesarios una bibliotecaria, administrativos y portero. 2) En cuanto a la infraestructura se requiere reacondicionamiento de la red eléctrica, ya que son frecuentes los cortocircuitos y estallidos de bombillas eléctricas y otros. Asimismo, se necesita mobiliario y, lo más importante, libros de textos para satisfacer la demanda estudiantil. Con respecto a la capacidad locativa es evidente la necesidad de nuevos salones ya que actualmente el centro educativo cuenta con 6 salones y 3 laboratorios, uno de éstos se utiliza como salón de clase. La solución propuesta y concensuada por quienes actúan, trabajan y estudian en ese liceo es la construcción de un salón multiuso con separaciones que permitiera ser usado como tres salones de clase y, en oportunidades especiales, como salón de actos. Esta medida sería la más económica, y en el futuro inmediato, daría satisfacción a las demandas debido al esperado crecimiento de la población estudiantil para los próximos años. En virtud de las demoras burocráticas y económicas para implementar estas soluciones, instamos a la toma de conciencia de la situación planteada. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. DARIO PEREZ, Representante por Maldonado".

7) Exposición del señor Representante Darío Pérez al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y además por su intermedio a la Administración de Ferrocarriles del Estado, acerca de la utilización de infraestructura de dicha Administración para realizar actividad cultural y deportiva en la ciudad de Pan de Azúcar, departamento de Maldonado.

"Montevideo, 4 de julio de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, además, por su intermedio, a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE). Desde hace aproximadamente dos años un grupo de jóvenes de la ciudad de Pan de Azúcar, departamento de Maldonado, han formado una comparsa, pagando de su peculio el traslado de un docente desde la capital a dicha ciudad, para recibir clases de percusión. Ensayan en un garaje cedido por vecinos. Paralelamente, un grupo de teatro, a cargo de un docente de la Intendencia Municipal ensaya en la UTU y otro grupo de jóvenes intentan diversas actividades culturales. Los tres tienen un denominador total o parcialmente común, carecen de un espacio físico donde poder desarrollar dichas inquietudes. En la estación de Pan de Azúcar existe un depósito vacío, clásica construcción de chapa, de excelentes dimensiones, que podría ser reciclado con destino a un espacio cultural para los jóvenes; asimismo, el piso, del llamado granero, podría ser utilizado como cancha de voleibol y de fútbol 5. La puesta en marcha de este proyecto daría impulso al barrio de 'La Estación', creando un espacio de difusión cultural y deportiva, el que sería mantenido por los usuarios y se utilizaría la infraestructura de AFE en beneficio de la comunidad. Por lo expuesto, solicitamos se tenga a bien estudiar la cesión en préstamo de la infraestructura ociosa mencionada para beneficio de la comunidad de Pan de Azúcar. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. DARIO PEREZ, Representante por Maldonado".

8) Exposición del señor Representante Darío Pérez al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y además por su intermedio a la Administración de Ferrocarriles del Estado, referente a la donación de un vagón en condiciones de reciclar, con destino a salón comedor para niños, en el departamento de Maldonado.

"Montevideo, 4 de julio de 2001. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Gustavo Penadés. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, además, por su intermedio, a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE). A la vera de la vía cercana a la estación de AFE de la ciudad capital del departamento de Maldonado, en un predio cedido por la Intendencia Municipal, trabaja con enorme esfuerzo, en un barrio humilde, el Club Victoria de Baby Fútbol. Ese club recibe a ciento treinta y cinco niños, cuyas edades oscilan entre los dos años y medio y trece años. Según algunos integrantes de su Comisión Directiva, muchos de los niños que concurren necesitan por lo menos una merienda, antes o después de las prácticas y los partidos; ya que es una realidad que la alimentación escasea. Para tan loable propósito necesitan de un espacio físico que les es imposible financiar. Solicitamos entonces, se estudie, la posibilidad de donar un vagón en condiciones de reciclar y de trasladar hasta la zona, para ser ubicado en el pequeño estadio y cumplir con la función de salón comedor. Saludo al señor Presidente muy atentamente. DARIO PEREZ, Representante por Maldonado".

MEDIA HORA PREVIA

6.- Propuesta de creación de centros de atención de adolescentes.

——Se entra a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Diputado Machado.

SEÑOR MACHADO.- Señor Presidente: en diversas oportunidades hemos mencionado los problemas referidos a la infancia en nuestro país; el tema de la infantilización de la pobreza fue profundamente debatido en este plenario.

Hoy queremos hablar de un asunto que es preocupante y que refiere a la faja etaria que va de los diez a los diecinueve años, la cual está conformada por los adolescentes y, dentro de éstos, por los que tienen problemas y provienen de los sectores sociales de más bajos recursos.

Hemos recibido informes de gente que trabaja con este grupo etario, y los problemas comunes son: baja escolaridad, falta de estímulos y metas a alcanzar en sus vidas, desestructura familiar en alto porcentaje, recepción de una variada información que los lleva a adoptar una conducta de riesgo, al consumo de sustancias peligrosas, a sufrir accidentes, etcétera. Además, no cuentan con una contrapartida de información que preserve sus vidas y los lleve a tener hábitos saludables. Desde el punto de vista sanitario, existe una frecuente exposición a enfermedades de trasmisión sexual. Y, por último, un problema grave como es el de las adolescentes que generalmente sufren embarazos no deseados.

Cada uno de estos temas es realmente importante, pero el conjunto globaliza un universo que da mérito a plantear que Uruguay debe crear centros de atención de adolescentes, que encaren con profesionalidad y en forma focalizada y especializada esta problemática de un sector de nuestra sociedad. No estamos hablando de mayores recursos ni de nuevos gastos, sino del reordenamiento de recursos, de medios que ya existen pero que, según nuestro criterio, deben reorientarse para brindar mayores beneficios a toda la comunidad.

En nuestro departamento de Rivera tenemos el récord de adolescentes con embarazos no deseados y conocemos todas las consecuencias que esta situación trae aparejadas. Por ejemplo, estas jóvenes por lo general interrumpen su instrucción, son madres solteras, van sumando hijos y compañeros en situaciones irregulares y, como todos sabemos, son protagonistas de casos sórdidos que duelen a la sociedad en su conjunto.

Recientemente estuvimos visitando el Centro de Salud de Rivera para interiorizarnos de toda esta problemática y comentamos con los técnicos que tienen a su cargo esta importante dependencia de Salud Pública que, por ejemplo, existe el triste récord de una adolescente, diría de una niña, que con catorce años ya tiene dos hijos. Estas situaciones son reales y las constatamos permanentemente.

Hoy recibimos cartas de dos barrios de la ciudad de Rivera en las que se nos plantean problemas similares, que apuntan a que busquemos soluciones a las dificultades de los adolescentes. Sin embargo, hay mucha gente trabajando, como, por ejemplo, organizaciones públicas y privadas sensibles al gran problema que sufren niños y adolescentes, que se encuentran dispersas, sin una adecuada coordinación de recursos materiales y humanos.

En el caso de los adolescentes es donde vemos la necesidad de focalizar acciones con responsabilidad, que encaren este complejo tema a través de un proyecto claro con un equipo multidisciplinario, exclusivo para adolescentes, con una mecánica de captación inquisitiva -en este caso, hablo de mi departamento, que es el que conozco en profundidad-, con la colaboración de las comisiones vecinales, que conocen, sin duda, la realidad social de cada comunidad, de cada barrio, de cada centro poblado.

Reitero: esto no supone mayores gastos, sino reordenar partidas y establecer prioridades, dentro de las cuales los adolescentes con problemas, provenientes de hogares con menores recursos, deben ocupar los primeros lugares.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Instituto Nacional del Menor, al Ministerio de Salud Pública y a los Consejos de Educación Primaria y Secundaria.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y dos en cuarenta y tres: AFIRMATIVA.

7.- Solicitud de captura de tres militares y un policía uruguayos, retirados, planteada por la Justicia argentina.

Tiene la palabra el señor Diputado Ibarra.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: en el día de hoy me voy a referir al próximo trámite de exhorto de la Justicia argentina, que va a plantear un pedido, librado por el Juez argentino Rodolfo Canicoba Corral, para la captura y arresto preventivo de los militares retirados uruguayos José Nino Gavazzo, Manuel Cordero y Jorge Silveira, y del Comisario retirado Hugo Campos Hermida.

Una vez que llegue ese exhorto se debe dar curso a las actuaciones correspondientes para que esto sea resuelto dentro de las formas admitidas en un auténtico Estado democrático, o sea, a través de las normas de derecho que existen en nuestro Uruguay.

Por otra parte, el Fiscal argentino Osorio afirmó que estos recursos no podrán eludir la orden de captura internacional solicitada y tramitada por INTERPOL. Además, expresa que previó la posibilidad de una respuesta negativa por parte del Gobierno uruguayo, al remitir la orden de captura internacional conjuntamente con el pedido de detención con fines de extradición.

En nuestro país, varios voceros de Gobierno, inclusive Ministros y Subsecretarios, no han emitido opinión concreta sobre el particular o han expresado que deben ser estudiados los hechos relacionados con los pedidos de la Justicia argentina respecto a los violadores de los derechos humanos. Otros afirman que estarían de acuerdo en que les corresponderían los beneficios de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado.

Ya existió una negativa anterior a la solicitud de colaboración en el marco de la investigación sobre el Plan Cóndor. El Juez argentino dijo que logró acreditar la participación de estos militares uruguayos en la implementación y ejecución del programa represivo continental. Los acusados fueron los ideólogos del capítulo Uruguay del Plan Cóndor, y el Juez argentino aseguró que existe un cúmulo importante de pruebas que incriminan a estos individuos en delitos de desaparición forzada y secuestro de ciudadanos uruguayos cometidos en territorio argentino. Por lo tanto, el tratado de extradición vigente entre Argentina y Uruguay habilita la extradición.

El Plan Cóndor resultó ser una vasta organización criminal, que actuó en el Cono Sur con la participación de los sujetos mencionados. Dirigía su acción al secuestro ilegal de personas, su desaparición, muerte y tormento, sin importar los límites territoriales o las nacionalidades de las víctimas. Además, se encuentran vigentes una serie de tratados y acuerdos internacionales, entre ellos la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y también la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra de Lesa Humanidad de las Naciones Unidas. El Gobierno uruguayo incorporó esta última a su registro de leyes con la disposición aprobada el día 13 de junio de 2001, recientemente promulgada.

Por lo tanto, es absolutamente imprescindible que el Gobierno uruguayo acceda al petitorio de la Justicia argentina. Asimismo, en el día de hoy nos enteramos de que el jurista Cassinelli Muñoz opina que Uruguay debe dar trámite al exhorto de la Justicia argentina con relación a Gavazzo y sus cómplices, así como que "La ley de caducidad no fue una amnistía y no puede impedir la acción de la Justicia, ni la de los convenios internacionales que firmó Uruguay".

Por último, entiendo que, transcurrido el tiempo, no se borraron de la conciencia de los compatriotas los actos de insania de hombres que mancharon el uniforme militar, en contraposición con aquellos patriotas que hicieron honor a las Fuerzas Armadas, como Lebel, Baliñas, Seregni, Licandro y muchos más. El pedido de captura, por parte de la Justicia argentina, de Gavazzo, Cordero, Silveira y Campos Hermida debe ser cumplido.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——El señor Presidente de la República, doctor Jorge Batlle, que planteara el "estado del alma" y la creación de la Comisión para la Paz, tiene la obligación moral de acceder al petitorio de prisión, por estar vinculados esos personajes, entre otros actos aberrantes, al Plan Cóndor. Esto sería una forma de reparar, en parte, los crímenes ocurridos durante la sangrienta dictadura. Así lo entiende quien habla y, por supuesto, mi fuerza política, que recientemente emitió una declaración.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y a la correspondiente del Senado, a la Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos, al señor Presidente de la República y al Ministerio de Defensa Nacional.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y cuatro en cuarenta y cinco: AFIRMATIVA.

8.- Casos de meningitis meningocóccica en la ciudad de Santa Lucía, departamento de Canelones, y contaminación con plomo en la ciudad de Canelones y otras zonas del departamento.

Tiene la palabra el señor Diputado Gallo Imperiale.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Señor Presidente: queremos efectuar un comentario sobre dos problemas que se están dando en nuestro departamento de Canelones en las áreas de la salud y del medio ambiente. Me refiero a la situación creada en la ciudad de Santa Lucía ante la declaración de cinco casos de meningitis meningocóccica y al problema de la contaminación con plomo que se ha detectado hace ya más de un mes en habitantes de la ciudad de Canelones y de otras zonas del departamento.

En la ciudad de Santa Lucía se han detectado cinco casos de meningitis B, uno de ellos mortal. Se trata de una población de veinte mil habitantes, y no es necesario precisar que el estado emocional colectivo de los pobladores de la ciudad está alterado. El Ministerio de Salud Pública ha informado que, de acuerdo con datos científicos -que ha ido acumulando desde 1994-, la vacuna antimeningocóccica B, de elaboración cubana, no es efectiva contra la cepa de meningococo detectada en nuestro país. El problema ha generado gran discusión y desconfianza en función de que, por un lado, el Ministerio afirma que la vacuna de referencia no protege la situación actual de la enfermedad meningocóccica en el país y, por otro, está autorizando su comercialización desde 1994 a través de la salud privada. Versiones oficiales del Ministerio de Salud Pública afirman que hubo un error en la autorización, por parte de esa Cartera, de la vacuna de fabricación cubana, pues el trámite de autorización, por equivocación, no pasó por la Dirección de Epidemiología. No creemos que esto haya sido un error, por lo que nos abocamos a investigar este punto y espero que también lo haga el Ministerio de Salud Pública. El pronunciamiento con base científica cierta acerca de la ineficacia de la vacuna cubana es cosa juzgada en nuestro país desde 1994. Consta en sendos informes que desde la Dirección de Epidemiología se elevan al señor Ministro, tanto a nivel nacional -como el que realizó la Sociedad de Pediatría del Uruguay- como a nivel internacional, a través de la CDC de Atlanta, de la Organización Mundial de la Salud y de países de la región, que es preocupante que a causa de hechos puntuales y de reclamos colectivos en busca de información se haya develado que los servicios de salud privada han estado comercializando y suministrando una vacuna absolutamente inocua para los serotipos de virus que circulan en nuestro país. Comprendemos la intranquilidad y la preocupación de los habitantes de Santa Lucía ante tal falta de criterio para el suministro de vacunas. Es de imaginar cómo se deplora que se anuncie con parlantes en la ciudad de Santa Lucía la oferta para vacunar y aun que salgan ómnibus para hacer lo mismo en instituciones privadas de otras ciudades del departamento, porque aparentemente tendrían un menor costo. Ello es absolutamente censurable y tiene sus causas: en primer lugar, esa permisividad en el registro de la vacuna y, en segundo término, el hecho de haberse mantenido ajenos durante siete años y no actuar al respecto en su momento.

Además, consideramos que en materia de planes de vacunación, sobre todo para enfermedades que pueden ser epidémicas como ésta, el Ministerio de Salud Pública tiene que diseñar políticas universales y accesibles para todos los habitantes del país, sea cual sea su situación económica.

Por otro lado, la contaminación con plomo -problema ambiental y sanitario que se detectó hace unos cuantos meses en el barrio de La Teja- está siendo objeto de estudio y tratamiento por parte de las autoridades involucradas. Se está ocupando del tema la Comisión interinstitucional que lideran el Ministerio de Salud Pública y la Dirección Nacional de Medio Ambiente. En este sentido, debo decir que hace unos días se detectó este problema en una planta industrial de la ciudad de Canelones, que utiliza plomo como materia prima, tanto en sus efluentes naturales que a cielo abierto se canalizan hacia el arroyo Canelón Chico -afluente del río Santa Lucía y principal caudal de extracción de agua para potabilizar-, como en los suelos de la propia fábrica y en los terrenos linderos, de acuerdo con la información primaria que nos hizo llegar la Intendencia Municipal de Canelones.

Por otro lado, a cuatro niños que residen en los alrededores de la fábrica se les ha detectado niveles de plombemia superiores a los límites normales.

Consideramos que rápidamente la Comisión interinstitucional debe poner en marcha las medidas dirigidas a normalizar el funcionamiento de la fábrica y todas las carencias que en materia de contaminación se detecten. Asimismo, el Ministerio de Salud Pública debe realizar un monitoreo de plombemia entre todos los niños habitantes de la zona perimetral al foco de contaminación.

Creemos que el común denominador en toda la situación creada con la meningitis en la ciudad de Santa Lucía y la relativa a la contaminación con plomo en la ciudad de Canelones es que se trata de circunstancias que involucran y comprometen valores sagrados para nuestra sociedad, recogidos en nuestra Constitución, como son la vida, la salud y el medio ambiente. Quizá el Gobierno deba cambiar su actitud, exigiendo inmediatez y la respuesta contundente que estos problemas ameritan.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios de Salud Pública y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a la Comisión interinstitucional para el estudio de plombemia, a la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Canelones, a la Junta Local de Santa Lucía, al Sindicato Médico del Uruguay y a la Federación Médica del Interior.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y siete en treinta y nueve: AFIRMATIVA.

9.- II Encuentro de Intendentes y Legisladores Departamentales y Nacionales del Litoral Oeste.

Tiene la palabra el señor Diputado Domínguez.

SEÑOR DOMINGUEZ.- Señor Presidente: queremos informar al Cuerpo que el sábado 30 de junio, en la ciudad de Paysandú, se realizó el II Encuentro de Intendentes y Legisladores Departamentales y Nacionales del Litoral Oeste. Allí se hicieron presentes representantes locales y nacionales de los departamentos que participan de lo que se ha dado en llamar "bancada del Litoral", que comprende los departamentos de Colonia, Soriano, Río Negro, Paysandú, Salto y Artigas.

Algunos Intendentes Municipales no pudieron participar por razones diversas, pero estuvieron representados. En la oportunidad estuvieron presentes el Intendente de Salto, señor Malaquina; el señor Bertil Bentos en representación del Intendente de Paysandú, escribano Alvaro Lamas -que se encuentra en viaje oficial-, y el señor Aguilar en representación del Intendente de Río Negro, señor Mario Carminatti. Tal como estaba planteado, y acudiendo a una invitación especial realizada por esta "bancada del Litoral" a la Universidad de la República, se hicieron presentes el Rector, ingeniero Guarga, y el responsable de extensión, ingeniero agrónomo Roux.

Podemos considerar de especial importancia la exposición del ingeniero Rafael Guarga en el comienzo de esta actividad, quien hizo referencia expresa al desarrollo de la Universidad hacia el norte de nuestro país, abarcando Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia, destacando la extensión universitaria para toda la región, incluyendo Uruguay y Argentina, en un régimen de complementación de cursos y de carreras entre ambas orillas. Asimismo, se destaca el trabajo con Río Grande del Sur, en virtud del cual el 25 de junio de este año se firmó un convenio entre la Universidad de la República y la Secretaría de Educación de ese estado. En este marco apareció un hecho de suma importancia: la agilidad en el trámite de las reválidas de las carreras desarrolladas en los países vecinos.

Al comienzo de la actividad en sí se evaluaron algunos planteos realizados en el I Encuentro de Las Cañas, en el departamento de Río Negro. En aquel momento planteamos la situación de Artigas por el tema de la crisis del sector azucarero, que se venía arrastrando de tiempo atrás, y recién aparecía el de la aftosa. También se planteó el tema de la Universidad y los problemas de la navegación, del dragado y de los puertos del río Uruguay. Se habló de la elaboración de un diagnóstico de empresas de ambas márgenes del río en busca de una complementariedad de esfuerzos, lo cual se conjuga en el organismo CODEFRO, que está funcionando en ambas orillas del litoral del río Uruguay. Asimismo, se trató el tema del medio ambiente.

Sin duda, lo más importante de la actividad fue la nota que se envió al señor Presidente de la República con una serie de inquietudes y que, lamentablemente, nunca tuvo contestación.

Los acuerdos alcanzados en esta actividad que se realizó en Paysandú -y esto no es poca cosa, porque estaba representado todo el espectro del país- fueron por consenso y se registraron las siguientes inquietudes. Una de ellas es impulsar el proyecto de ley para reglamentar el artículo 202 de la Constitución, a fin de promover empresas mixtas entre los Municipios y privados como forma de generar empleo e inversión, tema que está a estudio de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados y cuyo trámite se pretende agilizar.

Por otra parte, se habló de la necesidad de encarar acciones para mejorar la navegabilidad del río Uruguay a través del dragado y el balizamiento, la realización de obras en aeropuertos de la región y el fortalecimiento del servicio ferroviario. Otro requerimiento en que se insistió es que ANTEL establezca una tarifa plana en todo el territorio nacional, es decir, que derogue el cobro especial para la larga distancia en Uruguay y aplique una tarifa única.

Paralelamente, se requirió al Poder Ejecutivo la asignación de recursos a los Gobiernos Departamentales, estrechar vínculos y apoyar el trabajo de los Comités de Desarrollo Fronterizo -lo referido a CODEFRO- "[...] como ámbito idóneo para concretar iniciativas de desarrollo regional y fronterizo".

También se habló del apoyo al foro organizado por la cooperativa CALSAL de Salto, como experiencia de conjunción de esfuerzos entre la actividad productiva privada y organismos públicos, a lo que se agrega el apoyo a la producción lechera en el litoral norte.

También se coincidió en la aspiración de que se concreten las obras públicas proyectadas para la región, tanto por parte de la Administración Central como por los Entes Autónomos, como forma de generar empleo y actividad económica.

Se planteó el tema del problema azucarero, acordando en primera instancia la necesidad de que Paysandú -y no sólo Bella Unión- se beneficie con el Fondo de Reconversión del Azúcar, que -como se recordará- ya está en la Comisión de Hacienda para ser luego discutido en este Cuerpo.

Finalmente, queremos destacar la presencia de los trabajadores pertenecientes a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que solicitaron que se escuchara su preocupación con relación al litoral. Plantearon que hay aproximadamente sesenta trabajadores en estos cinco departamentos y que perciben un 63% del salario por estar a disposición en sus domicilios. Ellos sostienen que, luego de las severas inundaciones, es la oportunidad de ponerse a trabajar en la ciudad de Artigas, de ser solidarios con ese pueblo y de poner a su servicio este conjunto de obreros que cuentan con una vasta experiencia en obras, incluyendo arquitectos y oficiales de varias disciplinas de trabajo, así como talleres muy bien preparados desde el punto de vista de su infraestructura.

Aclararon, además, que no pretenden sacar trabajo a los pobladores de Artigas, ya que no se refieren a las viviendas nuevas que se van a construir de acuerdo con lo expresado por el señor Presidente de la República. En realidad, se trata de la reconstrucción de edificios del Estado, como, por ejemplo, el de la Aduana de Artigas. Para ello solicitan que se sensibilice al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a los organismos públicos de este país.

En el tramo final de la actividad se acordó tomar en cuenta a la ciudad de Salto como sede del próximo Encuentro de autoridades del litoral, a celebrarse en seis meses.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a las Intendencias Municipales y las Juntas Departamentales de los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia, y a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y cinco en cuarenta y seis: AFIRMATIVA.

10.- Acciones de descentralización realizadas por la Intendencia Municipal de Montevideo en los últimos diez años.

Tiene la palabra el señor Diputado Canet.

SEÑOR CANET.- Señor Presidente: el 15 y 16 de junio la Intendencia Municipal de Montevideo, con la presencia del Intendente, arquitecto Mariano Arana, realizó el seminario "10 Años de Descentralización, un Debate Necesario".

Obviamente, el tiempo de que disponemos -brevísimo- no nos permite profundizar en los contenidos de la actividad y tampoco en el fondo conceptual del tema referido.

Sin embargo, queremos expresar dos justos reconocimientos. El primero a la Intendencia Municipal de Montevideo, por lo que significa realizar este tipo de análisis de la situación en que se encuentra la descentralización después de diez años de funcionamiento, y de propuestas de perfeccionamiento hacia el futuro. Como se expresaba en el programa del seminario "[...] detenerse a mirar el camino recorrido, abrir escenarios para que la diversidad de experiencias se encuentren, recuperar logros y obstáculos, son mecanismos que permiten potenciar los esfuerzos dirigidos a la profundización democrática que el proceso de descentralización de Montevideo impulsa".

El segundo reconocimiento, también de la mayor importancia, es hacia los hombres y mujeres de distintas sensibilidades políticas que trabajan día a día y de forma desinteresada en sus barrios, con el objetivo de colaborar en el gobierno de la ciudad y del departamento; vienen realizando ese trabajo en apoyo del proceso de descentralización, herramienta fundamental de nuestra concepción de gobierno, que ve la luz el 15 de octubre de 1990. Ese día se inauguró el primer Centro Comunal Zonal de Montevideo. Hoy, nuestro departamento se encuentra regionalizado, funcional y administrativamente, en dieciocho zonas que comprenden los sesenta y cuatro barrios del área urbana, suburbana y rural, que han sido la base de la descentralización y participación ciudadana. Esta descentralización fue fruto del acuerdo multipartidario.

En diciembre de 1993 se instalaron los órganos locales de carácter político y los Concejos Vecinales como órganos de participación social. De esta manera, en cada una de las dieciocho zonas funcionan: una Junta Local, que aborda la programación, dirección y control de las obras y planes zonales; un Concejo Vecinal, como cuerpo social de apoyo en la identificación de necesidades y prioridades y en el control participativo de los planes, y un Centro Comunal Zonal, como servicio municipal de desconcentración administrativa y de servicios.

Este trabajo se ve apoyado cada año con la presencia del Intendente Municipal y su equipo de gobierno, que rinden cuentas a los vecinos de lo realizado y analizan las acciones del año siguiente. Esta manera de confeccionar y controlar la ejecución presupuestal constituye una inédita experiencia de "presupuesto participativo".

Además de estas modalidades de participación organizada, los vecinos de Montevideo han hecho un hábito cotidiano participar en las actividades que forman parte de la vida de la ciudad.

El objetivo emprendido hace ya más de diez años, que es hacer de Montevideo una ciudad más habitable, más moderna, signada por el principio de solidaridad, donde los vecinos y la Administración colaboren para solucionar los problemas que son de todos, está en marcha. Vamos día a día, entre todos, buscando su perfeccionamiento, y el seminario al cual hacíamos referencia es prueba material de ello.

En suma, los montevideanos -entre los que hay mucha gente del interior que reside en la capital- están asumiendo un papel activo en su propio desarrollo, participando y decidiendo.

Nos queda a nosotros, los parlamentarios, dar aprobación al proyecto de ley de creación de Juntas Locales en todo el país, con carácter electivo, tarea pendiente de este Parlamento en pos de profundizar nuestra democracia.

Mientras eso está pendiente, es bueno objetivar la actual realidad en el marco normativo vigente, en relación con el proceso de designación e integración de las Juntas Locales en los diecinueve departamentos.

A mediados de este mes se cumple un año de la instalación de los actuales Gobiernos Departamentales. Además del caso de Montevideo ya detallado, tenemos -con carácter electivo-, en Maldonado, la Junta de San Carlos; en Artigas, la de Bella Unión, y en Cerro Largo, la de Río Branco, constituidas oportunamente. En cuanto a las Juntas Locales designadas, según la información con que contamos -que puede tener algún error-, han sido nominadas y en varios casos integradas las Juntas de los departamentos de Río Negro, Salto, Rocha, Paysandú, Rivera, Maldonado, Artigas, Cerro Largo, Tacuarembó y Treinta y Tres, algunas sin funcionamiento a la fecha. En Canelones, donde hay más de veinte Juntas, actualmente constituyen órganos unipersonales, como cargos de confianza designados directamente por el Intendente. Específicamente en el caso de Montevideo, las dieciocho Juntas Locales han sido integradas a través de propuestas realizadas por los distintos Partidos políticos. La expectativa de la ciudadanía de todo el país es que se integren finalmente las Juntas Locales en todos los departamentos, con carácter plural y pluripartidario.

Finalmente, queremos señalar algunos conceptos sobre descentralización vertidos por el Embajador de España, Joaquín María de Arístegui y Petit, en el "Foro abierto sobre Descentralización y Democracia" de mayo de 1999, los cuales compartimos: "La descentralización no es una panacea para los problemas de un determinado país, pero sin temor a equivocarnos podemos decir que es un valioso instrumento que va a facilitar su resolución al conseguir unas mayores cuotas de participación popular en las soluciones de la 'cosa pública'. La descentralización aparece hoy día como una tendencia consustancial a la democracia y al proceso de democratización, no sólo del Estado sino de las ciudades y entidades locales". También decía: "Sería difícil concebir el proceso de modernización del Estado desligado del de descentralización, pudiendo considerar que ambos procesos son parte de una misma cosa".

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a las diecinueve Intendencias Municipales, al Departamento de Descentralización de la Intendencia Municipal de Montevideo, a las diecinueve Juntas Departamentales, a las Juntas Locales electivas y a los dieciocho Concejos Vecinales, Juntas Locales y Centros Comunales Zonales de Montevideo. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en cuarenta y nueve: AFIRMATIVA.

11.- Paralización comercial que afecta al departamento de Colonia como consecuencia de la aftosa.

Finalizando la media hora previa, tiene la palabra el señor Diputado González Alvarez.

SEÑOR GONZALEZ ALVAREZ.- Señor Presidente: en estos días, en nuestro departamento hemos escuchado en forma reiterada distintas voces, fundamentalmente de los centros comerciales, de las cooperativas agrarias y de la Sociedad de Fomento Rural de Colonia, que han hecho una declaración en la que hacen sentir las consecuencias tan tremendas que ha vivido esa zona por la crisis de la aftosa y la paralización comercial. No hay ninguna duda de que el departamento de Colonia ha sido uno de los más castigados por la aparición de la aftosa y, por sus características de cuenca lechera, deberá soportar sus consecuencias por un plazo mayor. A eso debemos agregar el costo de la paralización en la comercialización de sus productos, transformando a Colonia y a Soriano, tal vez, en los departamentos más castigados por la aftosa.

Los centros comerciales y las cooperativas agropecuarias solicitan al Gobierno Nacional, como medidas paliativas para esta dificilísima situación, que se incorpore al sector comercial dentro de ese paquete de medidas proyectadas -algunas de las cuales ya se han aplicado- para los sectores industrial y agropecuario.

Tradicionalmente, el comercio ha llevado la carga más pesada en el aspecto impositivo, en los aportes a la seguridad social y en las tarifas de los servicios que prestan los organismos dependientes del Estado; se le castiga con los precios mayores tanto en UTE, como en ANTEL y OSE, y eso sin duda aumenta sus costos fijos.

Los centros comerciales también denuncian que la creciente informalidad ha llevado a que diariamente sean menos los que estén pagando tributos. Creemos que es de justicia el reclamo que hacen nuestros comerciantes. Debido al costo financiero que hoy soportan el comercio y el agro -que no condice con ninguno de los parámetros de la economía nacional, cosa que compartimos-, aspiran a que se tomen medidas para que los intereses de las financiaciones sean más adecuados a los parámetros de rentabilidad que tienen nuestros comercios.

Por este motivo, quiero hacer mías las aspiraciones de los centros comerciales y solicitar, fundamentalmente a OSE y a ANTEL, que estudien tarifas más equitativas para los centros comerciales. No es posible que a gente que ha tenido que recurrir a poner un pequeño comercio en el garaje de la casa o en alguna habitación del frente, como no tiene dos contadores de agua, OSE le cobre todo el consumo familiar a costo de tarifa comercial, que es cinco o seis veces más cara que la otra. Esto sin duda perjudica mucho la actividad de ese pequeño quiosco, mercadito o comercio.

Lo mismo sucede con ANTEL. Hemos escuchado una declaración que han hecho legisladores e Intendentes del litoral en el sentido de que el interior del país reclama una tarifa igualitaria para todos en cuanto a las comunicaciones. Este es otro hecho de discriminación que padecemos los del interior, pues pagamos mucho más caras nuestras comunicaciones hacia Montevideo, tanto sean familiares como comerciales. Como Montevideo ha centralizado prácticamente toda la actividad comercial, no hay un comercio del interior que no tenga que comunicarse con la capital, y esas tarifas son mucho más caras. Y ni qué hablar de las tasas de interés que el Banco de la República, los bancos gestionados y toda la banca en general están cobrando, que en estos momentos son diez veces superiores a la inflación del país, lo que resulta totalmente insoportable para la persona que pretende trabajar y producir acá.

Así que yo hago mías estas palabras de los centros comerciales del departamento de Colonia, con este reclamo que ellos hacen, y lo elevo a las autoridades nacionales.

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al señor Ministro de Economía y Finanzas, al Banco de la República, a UTE, ANTEL y OSE, a los centros comerciales y cooperativas agrarias de Colonia, a la Sociedad de Fomento Rural de Colonia y a la Junta Departamental de dicho departamento.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y dos: AFIRMATIVA.

Ha finalizado la media hora previa.

12.- Comisión de Turismo. (Autorización para reunirse simultáneamente con la Cámara).

Léase una moción presentada por los señores Diputados Pérez Morad, Amestoy y Barrios.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se autorice a la Comisión de Turismo a reunirse durante la sesión de la Cámara (numeral 10 del artículo 50 del Reglamento de la Cámara de Representantes)".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

13.- Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las solicitudes de licencias siguientes:

Del señor Representante Enrique Pérez Morad, por motivos personales, inciso tercero de la Ley Nº 16.465, por el período comprendido entre los días 10 y 11 de julio de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor José E. Fernández.

De la señora Representante Silvana Charlone, en misión oficial, literal B) de la Ley N° 16.465, para concurrir a la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos y Deuda Externa del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Caracas, República de Venezuela, por el período comprendido entre los días 9 y 15 de julio de 2001, y por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley N° 16.465, por el período comprendido entre los días 16 y 22 de julio de 2001, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Jorge Pandolfo.

De la señora Representante Raquel Barreiro, por motivos personales, inciso tercero del artículo único de la Ley N° 16.465, por el período comprendido entre los días 4 y 5 de julio de 2001, convocándose a la suplenta siguiente, señora Elena Ponte.

Del señor Representante José Carlos Mahía, en misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley N° 16.465, para asistir a la "Cumbre de la Deuda Social y la Integración Latinoamericana", invitado como primer Vicepresidente de la Comisión de Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Caracas, República de Venezuela, por el período comprendido entre los días 8 y 16 de julio de 2001, convocándose a la suplenta correspondiente siguiente, señora Gabriela Garrido".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y tres: AFIRMATIVA.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 4 de julio de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo establecido por la Ley Nº 16.465, solicito se me conceda el uso de licencia por motivos personales, los días 10 y 11 de julio de 2001 convocándose a mi respectivo suplente.

Sin otro particular saluda a usted atentamente.

ENRIQUE PEREZ MORAD

Representante por Maldonado".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Maldonado, señor Enrique Pérez Morad.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 10 y 11 de julio de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 10 y 11 de julio de 2001, al señor Representante por el departamento de Maldonado, Enrique Pérez Morad.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación N° 567 del Lema Partido Encuentro Progresista – Frente Amplio, señor José E. Fernández.

Sala de la Comisión, 4 de julio de 2001.

GUILLERMO ALVAREZ, OSCAR MAGURNO".

"Montevideo, 4 de julio de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. a fin de solicitar al Cuerpo que Ud. preside licencia entre los días 9 y 15 de julio del corriente año, de acuerdo a lo dispuesto en el literal B) del artículo 1º de la Ley Nº 16.465 a efectos de asistir a la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos y Deuda Externa del Parlamento Latinoamericano, que se realizará en la ciudad de Caracas, y entre los días 16 al 22 de julio del corriente año, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo único de la Ley Nº 16.465.

Sin más saludo a Ud. muy atte.

SILVANA CHARLONE

Representante por Montevideo".

"San Pablo, 27 de junio de 2001.

Diputada Silvana Charlone

Miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Deuda Externa del Parlamento Latinoamericano.

Montevideo-Uruguay.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el fin de convocarla en su calidad de miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Deuda Externa del Parlatino, a la Cumbre de la Deuda Social y la Integración de Latinoamérica: los impactos de las iniquidades sociales en el desarrollo humano sustentable de Latinoamérica en el nuevo milenio, a realizarse en Caracas, Venezuela, entre los días 10 al 13 de julio del presente año.

Para este evento han sido invitadas a participar las siguientes comisiones en pleno: Deuda Social, Asuntos Económicos y Deuda Externa, Asuntos de Pueblos Indígenas y Etnias, Asuntos Laborales y Previsionales.

En la seguridad de que contamos con su inestimable presencia en este importante evento, hago propicia la ocasión para reiterarle mis expresiones de consideración y alta estima.

Cordialmente.

Senador Daniel Baum

Secretario de Comisiones".

"Montevideo, 4 de julio de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

El que suscribe Sr. Jorge Mazzarovich, Cédula de Identidad Nº 946.301-3, en mi calidad de primer suplente, de la Sra. Representante Nacional, Silvana Charlone, quien ha solicitado licencia desde el día 9, al día 22 de julio del año 2001.

Comunico a usted que desisto por esta vez, de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Jorge Mazzarovich".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: Las solicitudes de licencia de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Silvana Charlone, para asistir en misión oficial a la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos y Deuda Externa del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Caracas, República de Venezuela, y por motivos personales.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 9 y 15 de julio de 2001, para asistir al referido acontecimiento.

II) Que solicita se le conceda licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 16 y 22 de julio de 2001.

III) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Jorge Mazzarovich.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, al literal B) y al inciso tercero del artículo único de la Ley No. 16.465, de 14 de enero de 1994, y en el artículo tercero de la Ley No. 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Silvana Charlone, por el período comprendido entre los días 9 y 15 de julio de 2001, para asistir en misión oficial a la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos y Deuda Externa del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Caracas, República de Venezuela, y por el lapso comprendido entre los días 16 y 22 de julio de 2001, por motivos personales.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente correspondiente siguiente, señor Jorge Mazzarovich.

3) Convóquese para integrar la referida representación, por los mencionados lapsos, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación N° 90, del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Jorge Pandolfo.

Sala de la Comisión, 4 de julio de 2001.

GUILLERMO ALVAREZ, OSCAR MAGURNO".

"Montevideo, 4 de julio de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes

Gustavo Penadés.

Presente.

Por la presente solicito a Ud. se me conceda licencia por motivos personales por los días 4 y 5 de julio, convocando a mi suplenta profesora Elena Ponte.

Saluda a usted atentamente.

RAQUEL BARREIRO

Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Raquel Barreiro.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 4 y 5 de julio de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y por el inciso tercero del artículo único de la Ley Nº 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 4 y 5 de julio de 2001, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Raquel Barreiro.

2) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, a la suplenta correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Elena Ponte.

Sala de la Comisión, 4 de julio de 2001.

GUILLERMO ALVAREZ, OSCAR MAGURNO".

"Montevideo, 4 de julio de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi consideración:

Durante los días 10 al 13 de julio del corriente se realizará en la ciudad de Caracas, Venezuela, la 'Cumbre de la Deuda Social y la Integración Latinoamericana' a la cual he sido invitado como Primer Vicepresidente de la Comisión de Niñez y Juventud que integro.

En virtud de ello, y al amparo del literal b) del artículo único de la Ley Nº 16.465, solicito licencia por el período comprendido entre los días 8 al 16 de julio del corriente inclusive.

Sin otro particular, saluda a usted atte.

JOSE CARLOS MAHIA

Representante por Canelones".

"San Pablo, 26 de junio de 2001.

Señor Diputado José Carlos Mahía

Primer Vicepresidente de la Comisión de Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano.

Presente.

Estimado Diputado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de ratificarle la invitación para asistir del 10 al 13 de julio del presente año, a la Cumbre de la Deuda Social y la Integración Latinoamericana que se efectuará en la ciudad de Caracas, Venezuela.

Esta actividad cuenta con el auspicio de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela y tendrá como sede el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG).

En esta Cumbre se prevé establecer una comunicación directa entre los entes multilaterales, gobiernos, expertos en la materia y organizaciones no gubernamentales, con la finalidad de crear una estrategia de evaluación de los acuerdos internacionales en materia social y, así replantear las políticas que permitan fundamentar las nuevas legislaciones sociales y esquemas constitucionales en cada una de nuestras naciones.

Esperando contar con su valiosa presencia, aprovecho la oportunidad para hacerle llegar mis sentimientos de consideración y alta estima.

Atentamente.

Senador Daniel Baum

Secretario de Comisiones".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía, para participar en la Cumbre de la Deuda Social y la Integración Latinoamericana, invitado como Primer Vicepresidente de la Comisión de Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Caracas, República de Venezuela.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 8 y 16 de julio de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y en el literal B) del artículo único de la Ley N° 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, al señor Representante por el departamento de Canelones, José Carlos Mahía, por el período comprendido entre los días 8 y 16 de julio de 2001, para participar en la Cumbre de la Deuda Social y la Integración Latinoamericana, invitado como Primer Vicepresidente de la Comisión de Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Caracas, República de Venezuela.

2) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, a la suplenta correspondiente siguiente de la Hoja de Votación N° 2121 del Lema Encuentro Progresista-Frente Amplio, señora Gabriela Garrido.

Sala de la Comisión, 4 de julio de 2001.

GUILLERMO ALVAREZ, OSCAR MAGURNO".

14.- Estatuto de la Corte Penal Internacional. (Exposición del señor Representante Félix Laviña por el término de sesenta minutos).

——Se entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Estatuto de la Corte Penal Internacional. (Exposición del señor Representante Félix Laviña por el término de sesenta minutos)".

Tiene la palabra el señor Diputado Laviña.

SEÑOR LAVIÑA.- Señor Presidente: agradezco que la Presidencia, la Mesa y los coordinadores de los cuatro Partidos políticos hayan aunado opiniones para incluir en la agenda de esta Cámara el tema del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Es mi propósito y el de muchos legisladores consultados, de todos los Partidos políticos que integran este Parlamento, promover la difusión, aclaración y toma de conciencia acerca del alcance y repercusión que tendrá para los pueblos y para la sociedad internacional la entrada en vigencia del Estatuto que crea y regula la Corte Penal Internacional.

Voy a dividir mi exposición en dos capítulos. El primero es un enfoque político y el segundo, jurídico.

Este tema viene siendo estudiado y considerado por muchos Parlamentos del mundo y también por asociaciones jurídicas internacionales -naturalmente, de carácter penal-, a través de simposios.

Días pasados, el señor Diputado Chiesa Bordahandy, quien había asistido a la reunión conjunta de la Comisión Interparlamentaria Latinoamericana de Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano, me trasmitió el clima político de los distintos representantes del PARLATINO, en el sentido de propiciar y estimular todo movimiento tendiente a que los Gobiernos de los países latinoamericanos ratifiquen el Estatuto de la Corte Penal Internacional para que, en definitiva, entre en vigencia.

En dicha declaración de esa reunión conjunta de la Comisión Interparlamentaria -hago esta cita a los efectos de trasmitir al plenario el clima vivido allí- se dice lo siguiente: "Los parlamentarios de América Latina, España y Portugal, convocados a la V Reunión Conjunta de la Comisión Interparlamentaria Latinoamericana de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano, conscientes que el desarrollo del derecho internacional es la mejor garantía de equidad y respeto para todos los países y todas las personas, declaramos cuanto sigue". En lo fundamental se dice: "Destacamos el valor e importancia del Tratado que crea la Corte Penal Internacional como instrumento eficaz para prevenir los más graves crímenes de carácter internacional y sancionar a sus responsables, entendiendo que la existencia de una instancia objetiva, imparcial e independiente, con competencia definida y procedimientos claros, será garantía de juicios justos".

A su vez, tengo aquí un documento que, en otro ámbito, revela la posición del Consejo de la Unión Europea. En un comunicado que emite se dice, en lo fundamental, lo siguiente: "Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 15. Considerando lo siguiente: (1) La consolidación del Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, así como el mantenimiento de la paz y el fortalecimiento de la seguridad internacional, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y según lo estipulado en el artículo 11 del Tratado de la UE, son de importancia fundamental y una prioridad para la Unión.- (2) El Estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptado en la Conferencia de Plenipotenciarios de Roma, ha sido firmado por 139 Estados, y lo han ratificado o se han adherido a él 32 Estados," -a la fecha son 34- "y entrará en vigor una vez depositado el sexagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión". Más adelante se establece: "(3) Los principios del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, así como los que rigen su funcionamiento concuerdan plenamente con los principios y objetivos de la Unión.- (4) Los crímenes graves que son de competencia de la Corte conciernen a todos los Estados miembros, que están decididos a cooperar para prevenir estos crímenes y poner fin a la impunidad de sus autores.- (5) La Unión está convencida de que el cumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos es necesario para el mantenimiento de la paz y la consolidación del Estado de derecho".

Y vamos a otros ámbitos, en América. La Organización de los Estados Americanos acaba de aprobar una resolución que nos sigue demostrando el sentimiento de la comunidad internacional, en este caso en América Latina. El 5 de junio de 2001, la Asamblea General, recordando distintas resoluciones, preocupada por las persistentes violaciones al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos que ocurren en todo el mundo, y por la impunidad de los perpetradores de tales actos, resuelve: "1. Exhortar a los Estados Miembros de la Organización que aún no lo hayan hecho, a que consideren la posibilidad de ratificar o adherirse, según sea el caso, al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.- 2. Exhortar a los Estados Miembros de la Organización a participar en las reuniones de la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional con miras a garantizar las mejores condiciones de funcionamiento de la misma una vez que se constituya, en el marco de la irrestricta defensa de la integridad del Estatuto alcanzado en Roma".

A su vez, en un seminario regional para la ratificación e implementación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, celebrado en Buenos Aires con fecha 22 de junio -cito documentos recientes para recrear el clima de aceptación de este instrumento internacional que significará un paso trascendente en la reafirmación del derecho penal internacional-, participaron personalidades de toda la región, entre los que se contaban técnicos y parlamentarios. En ese evento se manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: "La adopción del Estatuto, con el apoyo de 120 Estados, dejó atónitos a no pocos observadores y constituyó una refutación espectacular del escepticismo de quienes dudaron, hasta épocas muy recientes, de las posibilidades de lograr consenso en este tema.- Más allá de algunas divergencias puntuales, resulta claro que en Roma, la comunidad internacional dio un masivo no a la cultura de la impunidad y decidió dar lo que el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, calificó de 'paso gigantesco hacia adelante en la marcha hacia los derechos humanos universales y el imperio del derecho', dejando así para las generaciones futuras, 'un regalo de esperanza'".

Quiere decir que en Europa y también en nuestra región -como todos sabemos, Uruguay integra la Organización de los Estados Americanos- se ha exhortado a todos los Estados a que ratifiquen el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Pasamos a analizar el segundo capítulo, también con la finalidad de promover una discusión sobre el tema, lo cual estimo que es beneficioso en el ámbito político y en este Parlamento, órgano democrático por excelencia, donde todos podemos emitir libremente nuestras opiniones y afirmar nuestras convicciones acerca de temas tan trascendentes como el que nos ocupa en el día de hoy.

El Estatuto de la Corte Penal Internacional fue aprobado en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento del citado tribunal internacional, celebrada en Roma, del 15 al 17 de julio de 1998. Allí, 120 países -entre ellos, Uruguay- votaron a favor de la creación del tribunal, 6 lo hicieron en contra y 20 se abstuvieron. Esta fue la etapa de la votación en una conferencia internacional; como es sabido, a esto sigue la firma. Se deposita el documento -en este caso, en Naciones Unidas- y los distintos Estados tienen que pasar por la primera etapa de firmar el Tratado. Uruguay lo hizo muy recientemente. Luego sigue la ratificación por los Estados. Recién a partir de ese momento los ratificantes forman parte del Tratado.

Conviene aclarar aquí que el procedimiento para que entre en vigencia el Estatuto requiere la firma del instrumento que está depositado en la Secretaría General de las Naciones Unidas, por parte de los Estados, a través de los representantes del Poder Ejecutivo debidamente mandatados -como mencioné, Uruguay ya lo hizo- y el posterior envío por parte de éste del Mensaje y proyecto de ley a la Asamblea General Legislativa, para su aprobación.

El Estatuto de referencia entrará en vigencia -como decía en otros documentos- una vez que lo ratifiquen 60 países. Según algunas informaciones que hemos recogido, al día de hoy hay 34 ratificaciones. Quiero aclarar que el ritmo de ratificación es bastante intenso, lo que hace prever que en poco tiempo este Tratado internacional entrará en vigencia y la comunidad internacional tendrá una Corte Penal Internacional para afirmar el derecho penal internacional, lo que significará -como dije anteriormente- un importante avance en lo que refiere a la justicia internacional.

Conviene señalar que el Estatuto, aun entrado en vigencia, para que imponga derechos y obligaciones a cada país deberá ser previamente ratificado. Eso alcanza también a Uruguay.

Después de la Conferencia de Roma de julio de 1998, tuvo lugar la ceremonia de apertura de firmas del Tratado que crea la Corte Penal Internacional, el 18 de julio de 1998. Posteriormente, el instrumento quedó en la Secretaría de las Naciones Unidas para la firma de los Estados.

En la ceremonia referida -fue histórica-, se anunció el alcance de este acontecimiento, expresándose que "el mundo nunca será el mismo después del establecimiento de la Corte Penal Internacional. La adopción del Acta Final de la Conferencia Diplomática de Naciones Unidas y la apertura de hoy de la firma de la Convención, marca tanto el final de un proceso histórico que se inició después de la Primera Guerra Mundial, así como el de una nueva fase en la historia de la justicia penal internacional. El establecimiento de la Corte Penal Internacional simboliza y encarna ciertos valores fundamentales y expectativas compartidos por todas las personas del mundo y es, por tanto, un triunfo de la humanidad. Afirma que la impunidad para los culpables de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, no será más tolerada. La Corte Penal Internacional no será una panacea para todos los males de la humanidad. No eliminará los conflictos, no regresará a la vida a las víctimas, ni restaurará las condiciones de bienestar previas a los sobrevivientes, y no pondrá ante la justicia a todos los culpables de graves crímenes. Pero sí, la Corte Penal Internacional fortalecerá el orden mundial y contribuirá a la paz y la seguridad mundial. La Corte Penal Internacional como tal, junto con otras instituciones legales nacionales e internacionales, dará su contribución a la humanización de nuestra civilización".

Continuando con nuestra apreciación, estimo que este tema es de importancia relevante porque apunta al reforzamiento del derecho internacional, de la justicia internacional y de los esquemas de protección de los derechos humanos, en tanto constituyen andamiajes imprescindibles para desalentar y reprimir las violaciones graves al derecho internacional humanitario.

Vislumbro, señor Presidente, que América Latina tiene en este tema una oportunidad de constituirse en un protagonista destacado en la comunidad internacional, como un actor en bloque regional, sin excepciones -aunque ésta no es la realidad actual-, preocupado por el desarrollo y la reafirmación del derecho y la justicia internacionales, dando señales clave al mundo de hoy de que los asuntos éticos y morales implícitos tienen tanta jerarquía como los asuntos económicos y que deben complementarse dentro de un nuevo orden en el cual los sistemas democráticos de gobierno sean garantía y protección de los derechos, haciendo funcionar con transparencia la justicia internacional resultante de tratados o estatutos, como el de la Corte Penal Internacional, tema que nos convoca en el día de hoy.

Debemos ser conscientes de que el impulso que demos a la creación de la Corte Penal Internacional no sólo tendrá trascendencia jurídica sino también importancia política, lo que dará mucho prestigio al país y a América Latina. Y el prestigio, señor Presidente, es una fuerza legítima, necesaria para ganar mayor respeto en la comunidad internacional, y es también un factor fundamental para la inserción de la región en el mundo, en todos los órdenes.

De ahí que hoy, aquí, estemos comprometiendo nuestro esfuerzo y nuestra acción para formar en nuestros países, en primera instancia, opinión favorable a la firma de esta propuesta en la Secretaría General de las Naciones Unidas. Como dije, Uruguay ya la firmó, pero después se requiere la aprobación del Parlamento, condición previa para la ratificación por parte del Poder Ejecutivo.

El pasaje de los tribunales ad hoc a la Corte Penal Internacional permanente constituirá un paso trascendente en el proceso de desarrollo de la justicia internacional, en la reafirmación del derecho internacional y su efectiva aplicación. En los últimos cincuenta años los principales poderes políticos del mundo instauraron cuatro Tribunales ad hoc. Ellos fueron: el Tribunal Militar Internacional con sede en Nuremberg, el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente con sede en Tokio, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia con sede en La Haya -hoy en vigencia- y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda con sede en Arusha. Estos Tribunales siempre fueron fijados por unas pocas grandes potencias -por decisiones minoritarias, no universales-, generalmente vencedoras en las guerras, o por decisión del Consejo de Seguridad.

Se ha cuestionado -y hoy mismo se cuestiona- esta práctica porque significó la aplicación "ex post facto" de normas de derecho internacional afectadas de invalidez porque no estaban establecidas las responsabilidades individuales en el momento en que se realizaron los actos impetrados, violándose el principio de "nullum crimen sine lege".

Ahora, con el Estatuto de Roma se superarán esos inconvenientes tipificándose los delitos, definiéndolos, aplicándose los principios básicos del derecho penal y consagrándose el establecimiento de un tribunal penal internacional permanente, independiente, justo e imparcial. Se trata de instruir un nuevo mecanismo que evite la impunidad que hiere la conciencia de los pueblos; y si miramos hacia el futuro, pondríamos a funcionar un mecanismo de disuasión de los eventuales criminales.

Señalados esos aspectos generales, paso a reseñar las características esenciales de este nuevo instrumento de justicia internacional.

En primer término, el tribunal penal internacional permanente únicamente será competente ante los crímenes internacionales de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Es claro que estos crímenes implican violaciones a los derechos humanos. Pero el tribunal está limitado en su competencia a esos crímenes específicamente referidos y, en consecuencia, no podrá conocer en las violaciones de derechos humanos genéricamente consideradas.

También entrará en su competencia otra figura delictiva: la agresión, una vez que se defina este crimen y se enuncien sus condiciones en el futuro.

El segundo aspecto que quiero señalar es que la competencia internacional del tribunal es complementaria de la jurisdicción interna, sin que esto sea nuevo. Hoy, todos los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos -tanto los regionales como los universales- complementan la protección interna que debe practicar el Estado. El derecho internacional exige el agotamiento de los recursos internos como condición previa al desencadenamiento del sistema de protección internacional.

SEÑOR CHIFFLET.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR LAVIÑA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: he seguido con mucha atención la excelente y muy versada exposición; naturalmente, el colega es un especialista en este tipo de temas.

Ayer, cuando me enteré de que íbamos a tratar esta temática, busqué información y pude averiguar qué es la Corte Penal Internacional, cómo fue creada, cuándo será establecida, qué trabajos quedan por hacer, la relación entre los temas que abarcará -lo que esta desarrollando en este momento el señor legislador-, el derecho de cada país, etcétera.

Desde hace mucho tiempo tenemos una posición favorable a esto, como seguramente tendrán muchos sectores de este país.

El señor legislador señalaba la posibilidad, la renovación, el avance que significará el establecimiento de un tribunal independiente, justo e imparcial, para ocuparse de estos temas que deberá considerar la Corte Penal Internacional. Lo que no he podido averiguar todavía es cómo será la designación de la Corte. Si oportunamente el señor Diputado me aclarara este punto, se lo agradecería.

SEÑOR PRESIDENTE (Penadés).- Puede continuar el señor Diputado Laviña.

SEÑOR LAVIÑA.- Señor Presidente: la respuesta a la pregunta del señor Diputado Chifflet figura al final de la exposición, y con mucho gusto le responderé.

El tercer aspecto que considero importante destacar es la relación entre las normas constitucionales internas de los Estados y las atribuciones que ellos mismos transfieren, a través de los tratados o estatutos internacionales, a institutos de la jerarquía del tribunal penal internacional permanente. Destaco este tema porque en algunos países se ha dicho -son opiniones minoritarias- que el tratado violaría la Constitución nacional, y considero que son errores que pueden llegar a demorar o inhibir la decisión política de suscribir, aprobar y ratificar el Estatuto de la Corte Penal Internacional permanente.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Obispo)

——Creo firmemente que en nuestro país, Uruguay, con la aprobación del Estatuto de la Corte Penal Internacional no se viola la Constitución. Basado en antecedentes nacionales, haciendo referencia a la Convención sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, en la página 73 del libro que en 1987 -o sea, hace casi quince años- publicó la editorial Depalma S.R.L. en Buenos Aires, bajo el título "Sistemas Internacionales de Protección de los Derechos Humanos", yo decía lo siguiente: "El convenio por el que se efectúa una declaración de Derechos Humanos y organiza un sistema de protección de los mismos, no es en principio, y por razón de materia, violatorio de la Constitución uruguaya. Si bien la Constitución uruguaya no prevé la existencia de una declaración y de un sistema internacional de protección de los derechos humanos, ello, por sí, no significa la inconstitucionalidad de un convenio internacional referente a esa materia. Tal inconstitucionalidad no existe porque, en el sistema de la Constitución, los derechos individuales no son establecidos o creados por el texto constitucional; no derivan su existencia del hecho de que una norma los prevea, sino que, por el contrario, la Constitución se limita a declarar, a enunciar y proteger derechos preexistentes, que el ser humano posee por su calidad de tal. De modo que el orden jurídico estatal presupone los derechos humanos que son anteriores a él.- En consecuencia su declaración y protección internacional, al igual que en lo interno, se dirige a la defensa de la persona humana, que es la base y el fundamento de todo el sistema jurídico. Y es por ello que un sistema internacional de protección de los derechos del hombre, libremente consentido por los Estados, no puede considerarse, por razón de materia, contrario a una Constitución que se fundamenta en una concepción democrática del Estado".

Y terminaba manifestando: "Vemos cómo la doctrina nacional uruguaya ya ha aclarado debidamente que no es pertinente oponer el principio de no intervención para no aceptar un sistema de protección internacional de los derechos del hombre, como que éste no impide la ratificación de una convención, tratado o Estatuto, ya que por el origen de los derechos humanos anteriores a ella, en ningún caso podrá interpretarse que pueda violentar las normas constitucionales". Indudablemente estas consideraciones son aplicables a una ley internacional, a un tratado o estatuto internacional por el cual se crea la Corte Penal Internacional, con lo que de todas maneras forma el sistema internacional de protección de los derechos humanos que tiene como fin último el castigo de delitos que constituyen violaciones gravísimas de esos derechos.

El Estado uruguayo, al ratificar el Estatuto de Roma, transfiere libremente poderes que, lejos de operar transgresiones a su orden jurídico mayor, son definitivamente compatibles con su Constitución.

La opinión minoritaria uruguaya sostiene que los artículos 17 y 27 del Estatuto contravienen, por su orden, por un lado lo dispuesto en el artículo 85, numeral 14, y por otro, en el 93 y concordantes de la Constitución.

El artículo 17 del Estatuto faculta a la Corte a ejercer competencia complementaria en los casos en que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trata de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte. Se dice que ello contraviene el numeral 14 del artículo 85 de nuestra Constitución, que confiere la facultad al Poder Legislativo para conceder indultos y acordar amnistías en casos extraordinarios.

La otra hipótesis es la prevista en el artículo 27 del Estatuto, que establece que será aplicable por igual a todos, sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un Gobierno o Parlamento, representante elegido o funcionario de Gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena. Y agrega que las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleva el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella.

Respecto a esta norma del Estatuto, dicen que contraviene lo dispuesto en el artículo 93 y concordantes de nuestra Constitución, que consagran inmunidades y procedimientos especiales para juzgar a altos funcionarios del Estado. El artículo 93 establece: "Compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas Cámaras, al Presidente y el Vicepresidente de la República, a los Ministros de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, por violación de la Constitución u otros delitos graves, después de haber conocido sobre ellos a petición de parte o de algunos de sus miembros y declarado haber lugar a la formación de causa".

He contestado estas dos cuestiones al hacer referencia al tercer punto de esta exposición. La temática de competencia de la Corte tiene como objetivo la protección de los derechos humanos, y todo convenio internacional que nuestros países firman en tal sentido sigue los lineamientos y principios básicos, en el caso de Uruguay, de la Constitución. En nuestro país, esto ya se estudió y se laudó tanto a nivel universitario como político, y se hizo en profundidad en la década del cincuenta.

Esas maduras opiniones hicieron doctrina nacional muy sólida, que fundamentó la firma, aprobación por el Parlamento y ratificación por el Poder Ejecutivo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, suscrita el 22 de noviembre de 1969. Esa Convención regula los medios de protección, dándose competencia a dos órganos para conocer en los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Parte de esa Convención: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el simposio organizado por la Universidad de la República sobre el entonces proyecto de Convención, tuvieron intervención activa eminentes juristas de la talla de Eduardo Jiménez de Aréchaga y los doctores Juan Pablo Zeballos, Quintín Alfonsín, Alberto Real y Aníbal Barbagelata, entre otros. Allí se emitió un documento en el cual se hizo expresa referencia al tema de la ratificación de la Convención y la Constitución nacional, estableciéndose: "El Convenio por el que se efectúa una Declaración por Derechos Humanos y organiza un sistema de protección de los mismos, no es, en principio, y por razón de materia, violatorio de la Constitución uruguaya". Y más adelante se agrega, contundentemente: "En consecuencia, su declaración y protección internacional, al igual que lo interno, se dirige a la defensa de la persona humana, que es la base y el fundamento de todo sistema jurídico. Y es por ello que un sistema internacional de protección de los derechos del hombre, libremente consentidos por los Estados, no puede considerarse, por razón de materia, contrario a una Constitución que se fundamenta en una concepción democrática del Estado".

Hoy podemos hacer las mismas consideraciones con el Estatuto de la Corte Penal Internacional permanente, que persigue en el fondo los mismos objetivos.

En mensaje de fecha 12 de marzo de 1999 al Ministro de Relaciones Exteriores, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay dijo con respecto al mismo tema: "1. La Suprema Corte de Justicia, participa de la idea de la creación de una Corte Penal Internacional.- Si el país desde su propia creación como Estado, ha dado relevante importancia a los derechos esenciales del hombre (Constitución art. 72), no puede sino celebrarse que siga en el camino de crear mecanismos que aseguren la vigencia efectiva, real y concreta de los derechos humanos.- Ello evitaría -o contribuiría a evitar- los problemas que actualmente se han suscitado en el mundo sobre la temática a que alude el Tratado.- 2. Por cierto, no advierte -en principio- que el sistema constitucional puede verse afectado. Aunque se permite destacar que actualmente doctrina y jurisprudencia señalan la jerarquía que los derechos humanos tienen, incluso con valor constitucional más allá de su consagración directa o expresa, a partir del amplio margen o ventana que supone la recepción de la filosofía jusnaturalista en la propia Constitución Nacional (art. 72). Para esa tesis que la Corporación apoya, los derechos humanos, siempre y en todo momento, tienen valor constitucional y por tanto superior, porque '... son inherentes a la personalidad humana...'".

Advertimos cómo la Suprema Corte de Justicia complementa y continúa con la tradición jurídica de nuestro país, fundamentalmente de la Universidad de la República.

Continúa diciendo: "Además, la no inmunidad de los Jefes de Estado dispuesta por el art. 72 del Estatuto se refiere solamente a la jurisdicción penal internacional regulada en el mismo y no significa que se desconozcan las inmunidades otorgadas en base al orden jurídico interno".

Resuelta esta cuestión, siento la necesidad de que Uruguay ratifique este Estatuto de la creación de la Corte Penal Internacional permanente, alineándose en la tradicional política exterior principista, de defensa del derecho internacional, que está abonada por una larga lista de precedentes que van desde los más recientes, como el apoyo a los tribunales para juzgar los hechos en la ex Yugoslavia y también en Ruanda, pasando por la creación de los Tribunales de Nuremberg y Tokio y por la integración de la primera Comisión creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para proyectar un Estatuto de una Corte Penal Internacional, reunida en Ginebra en 1951, hasta el lejano acuerdo para crear un Tribunal Penal Internacional para juzgar los crímenes del terrorismo en la Sociedad de las Naciones en 1937 y -para mencionar un antecedente más lejano aún- el impulso para establecer una disposición en el Tratado de Versalles a efectos de crear un tribunal que juzgara a Guillermo II "por ofensa suprema a la moral internacional y a la autoridad sagrada de los tratados".

Como ha señalado el destacado experto en estos temas, doctor Héctor Gros Espiell, el Estatuto tiene defectos tales como la opción de aceptar en forma diferida por siete años la jurisdicción de la Corte respecto a crímenes de guerra, supeditar la competencia de la Corte a que el Estado en cuyo territorio se haya cometido el delito -o si se ha cometido en buque o aeronave del Estado de matrícula de aquél- haya aceptado la competencia de la Corte, así como el inconveniente de que se haya establecido como precondición del ejercicio de la competencia de la Corte que el Estado del que sea nacional el acusado del crimen haya aceptado la competencia de la Corte.

Frente a ello se pueden señalar aspectos positivos realmente trascendentes que ameritan la aprobación del Estatuto y que marcan un hito en la historia del derecho y en la justicia internacional. Citaremos solamente algunos como ejemplo, en función de la brevedad del tiempo de que disponemos.

Primero: estamos frente a un tratado multilateral que crea un tribunal penal internacional permanente abierto a la firma y accesión de todos los Estados de la comunidad internacional, destacando que fue creado para cualquier situación que pueda producirse en el futuro en cualquier parte del mundo. Esto es importante porque avienta o resuelve un problema hoy vigente ante los tribunales ad hoc, como el que está juzgando a los criminales de guerra en Yugoslavia.

Segundo: si bien la irretroactividad de las normas del Estatuto puede dejar impunes crímenes punibles anteriores a su creación, el sistema da seguridad jurídica.

Tercero: es positiva también la condición de complementaria de la jurisdicción penal internacional. Se exige el agotamiento de los recursos internos del Estado antes de que la Corte Penal Internacional asuma competencia. Por supuesto que está previsto que en los casos en que los Estados no ejerzan su competencia, no actúen o demoren excesivamente su actuación, la Corte Penal Internacional reasuma su competencia para juzgar a los que considere criminales de guerra. Esto siempre en el respeto de ciertos principios propios de la órbita judicial, como la presunción de inocencia y el debido proceso, es decir, que todos los acusados por los crímenes descritos en este Tratado puedan nombrar defensor y alegar sus derechos.

Cuarto: es positiva también la previa tipificación penal de los crímenes que serán de competencia de la Corte: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y la futura tipificación del crimen de agresión.

El quinto aspecto positivo es el reconocimiento de los grandes principios de "non bis in idem" (artículo 20), de "nullum crimen sine lege" (artículo 22) y de "nulla poena sine lege" (artículo 23 del Tratado).

Sexto: el rechazo a la obediencia debida como eximente ante la justicia penal internacional. ¡Cuántos problemas ha creado la invocación a la obediencia debida y cómo ha impedido muchísimas veces el ajusticiamiento de criminales de guerra o de personas que violaron groseramente los derechos humanos! Aquí se establece el rechazo de la obediencia debida como eximente ante la justicia penal internacional.

La séptima ventaja es el reconocimiento al debido proceso ante la Corte Penal Internacional. Ya invocamos el respeto a este principio.

Octavo: la proscripción de la pena de muerte.

Noveno: la prevención de pena máxima de treinta años (artículo 77 del Tratado).

Décimo: la condición para ser imputable de tener más de dieciocho años.

Undécimo: la presunción de inocencia y el reconocimiento de los derechos del acusado.

Duodécimo: la no inmunidad de los Jefes de Estado o de Gobierno y otros jerarcas de la función, mereciendo este punto la aclaración de que la no inmunidad establecida en el Estatuto se aplicará en los casos de responsabilidad penal ante la Corte Penal Internacional, de acuerdo con el derecho internacional, excluyéndose los casos de inmunidad ante el derecho interno regulados por las Constituciones.

Decimotercero: citemos como plausible la no admisión de reservas de los países al firmar, adherir o ratificar este Estatuto, con lo que se asegura estabilidad y vigor al Tratado y a la Corte Penal Internacional que se crea. Todos tenemos la experiencia y sabemos de tratados que se han suscrito, especialmente en América Latina, que no han tenido eficacia por las reservas que tienen los distintos Estados.

Decimocuarto: este tratado internacional marca una diferencia con la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la que tiene jurisdicción limitada a los Estados, mientras que la Corte Penal Internacional permanente tiene capacidad para procesar a individuos.

Finalmente, nada puede ser mejor para culminar esta exposición que transcribir un pasaje de uno de los internacionalistas más dedicados y brillantes, como sin duda lo es el profesor M. Cherif Bassiouni.

SEÑOR FERNANDEZ CHAVES.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR LAVIÑA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR FERNANDEZ CHAVES.- Señor Presidente: estoy escuchando la brillante exposición del señor Diputado Laviña y me regocija la posibilidad de la creación de la Corte Penal Internacional y el eventual castigo a todos los crímenes contra la humanidad a los que se ha hecho mención. Sin embargo, uno duda si esto será aplicado en forma realmente igualitaria.

Ese es el gran problema que siempre existe con todos estos organismos internacionales, ya que no otra cosa pasa a ser el tribunal internacional. Si el tratado estuviera vigente o hubiese estado vigente en su momento, en esa hipótesis, no cabe duda de que Milosevic sería juzgado por ese tribunal, de que Pinochet también hubiese sido juzgado. Pero ¿hubiera sido juzgado Henry Kissinger, a quien se le adjudica en este momento la responsabilidad del Plan Cóndor? ¿Hubieran sido juzgados los responsables de la matanza de la plaza de Tiananmen? ¿Hubieran sido juzgados los responsables de los crímenes colonialistas, especialmente en Africa, realizados por potencias europeas? ¿Este tribunal no representará, en la práctica, que existan países de primera y de segunda categoría?

Sé que ese no es el propósito de quienes han ideado este tribunal. Sé que no es el propósito de quienes estamos aquí presentes. Pero me estoy refiriendo a un problema de la práctica, y de la práctica internacional.

¿Serán juzgados igual los crímenes cometidos por los líderes de los países superdesarrollados que los cometidos por quienes ejercieron el liderazgo en países no desarrollados? Esta es una problemática que, más allá del apoyo total e irrestricto que en lo personal doy a la creación de este tribunal, me despierta alguna duda. Creo que en la práctica puede suceder que se desvirtúe este instituto, que es realmente excepcional y que es una creación en verdad estupenda para la humanidad.

Agradezco al señor Diputado Laviña que me haya concedido la interrupción y, además, lo felicito por la erudición de su exposición.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede continuar el señor Diputado Laviña.

SEÑOR ORRICO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR LAVIÑA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: esas objeciones se podrían haber hecho cuando se crearon la ONU, la OEA o cualquier tratado. Si bien la ley, de por sí, no implica la solución de nada, por lo menos el desarrollo escrito es una parte importantísima de cómo se desenvuelve la humanidad.

No quiero abusar del tiempo del señor Diputado Laviña porque estoy anotado para hacer uso de la palabra, pero me parece importante tener en cuenta estos elementos.

Y sí: las leyes dependen también de otros equilibrios. Pero este Tratado intenta ser coherente. En primer lugar, es la primera vez que se habla de conductas individuales y, en segundo término, no puede haber dos jueces del mismo país, que es un aspecto a tener en cuenta.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede continuar el señor Diputado Laviña.

SEÑOR LAVIÑA.- Señor Presidente: agradezco las dos interrupciones, que me permiten hacer algunas reflexiones.

Sabe el señor Diputado Fernández Chaves el respeto y el aprecio personal que le tengo y mi reconocimiento de su capacidad en materia de derecho. Pero en cuanto al argumento de que quizás algunas grandes potencias -él citó el caso de China y de Estados Unidos- no suscriban el Tratado, digo que, con el mismo razonamiento, no existirían las Naciones Unidas. Con el mismo razonamiento, no hubiéramos hecho un avance importante en el orden internacional con su creación. Es un organismo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había cuatro o cinco potencias victoriosas, y donde las principales disposiciones iban a ser sugeridas, impulsadas y aprobadas merced al poder político y militar de esas potencias de la época. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas ha significado un avance muy importante, no sólo para las grandes potencias, sino también para las pequeñas potencias, empezando porque por lo menos logramos tener una Asamblea General, que es un Parlamento mundial, donde los países pequeños y muchas veces insignificantes pueden hacer escuchar su voz, brindar y confrontar sus opiniones.

Por medio de muchas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de ese organismo democrático por excelencia -como me gusta decir a mí-, se han emitido importantísimos documentos, importantísimas declaraciones, se han adoptado resoluciones trascendentes que tuvieron repercusión en el mundo. Quizás no se haya logrado la necesaria efectividad; y bueno, pero es una lucha por el orden, por la justicia internacional, por el orden económico internacional.

Creo que no debemos pensar, ni siquiera quiero pensar en que Estados Unidos o China no van a firmar este Tratado. Se ha adelantado que la actual Administración de los Estados Unidos no lo firmaría. En cambio, el candidato del Partido Demócrata, que resultó derrotado en la elección, decía que lo iba a ratificar. Así como en el Partido Demócrata y en el Partido Republicano de los Estados Unidos había diferentes opiniones, yo pienso que esas posturas pueden cambiar. Entonces, no podemos detenernos pensando en lo que van a hacer Estados Unidos o China. Nosotros cumplimos con nuestra función, con nuestra idealidad: impulsamos este asunto, y veremos qué pasa. De lo contrario, no formaríamos parte de ningún organismo internacional -yo cité a las Naciones Unidas, pero se podría nombrar a todos los que existen actualmente- y diríamos: "Bueno, el mundo es dirigido por tres, cuatro o cinco potencias. Es una realidad política, es una realidad militar; y, entonces, nos abstenemos de actuar en el orden internacional". De esa manera, desapareceríamos del orden internacional.

SEÑOR DIAZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR LAVIÑA.- Con mucho gusto, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR DIAZ.- Señor Presidente: no pensaba intervenir en este debate porque, en definitiva, estamos escuchando una exposición seria, como siempre, de nuestro amigo el señor Diputado Laviña. Pero creo que su respuesta a la interrogante que se plantea el señor Diputado Fernández Chaves sirve para un razonamiento exactamente inverso.

Nadie duda de que las Naciones Unidas significaron un gran paso en la consagración del derecho internacional, pero sobre la base del Consejo de Seguridad y del veto. Es decir, sobre la base de un concepto realista de lo que son las relaciones internacionales: hay miembros permanentes del Consejo de Seguridad y existe el poder de veto para determinados países a los cuales -quiérase o no- se les reconoce de hecho una preeminencia en el orden internacional; de alguna manera los hechos al canto están señalando que en cada uno de los grandes conflictos en que intervino Naciones Unidas jugaron un papel preeminente.

El derecho necesariamente tiene que ajustarse a las realidades si es que queremos progresar y no solamente desarrollarnos en la letra escrita de normas que posteriormente no se cumplen.

La Organización de las Naciones Unidas implicó un paso gigantesco, fundamentalmente si la comparamos con la Sociedad de las Naciones que se creó luego de la Primera Guerra Mundial, en 1918, en el marco de un gran idealismo, al impulso de espíritus liberales y democráticos, pero que no sirvió absolutamente para nada.

Por tanto, con todo respeto hacia el señor Diputado Laviña, creo que al responder la interrogante del señor Representante Fernández Chaves citando el caso de las Naciones Unidas, se ahondan las dudas que uno se plantea.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede continuar el señor Diputado Laviña.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR LAVIÑA.- Con mucho gusto, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: va de suyo que adhiero a las felicitaciones adelantadas al señor Diputado Laviña, primero por la elección del tema, por su constancia, y segundo por su brillante exposición.

Creo que la instalación de la Organización de las Naciones Unidas y su accionar desde su creación hasta la fecha da por tierra el argumento esgrimido por el señor Diputado Fernández Chaves y acompañado por el señor Diputado Díaz. En la sentencia del año 1984 de la Corte Internacional de Justicia sobre operaciones terroristas, ante la acción presentada por Nicaragua contra Estados Unidos, fue triunfante la posición de Nicaragua. Asimismo, esto se confirma por las dos últimas sentencias de la Corte Internacional de Justicia. El caso del ciudadano paraguayo ajusticiado indebidamente, en violación de la garantía establecida por el pacto de la protección diplomática de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, también fue ganado por Paraguay. Lo mismo sucedió con el episodio de los hermanos alemanes LaGrand, ajusticiados también por Estados Unidos en el Estado de Arizona, en que se dio la razón a Alemania, condenando a Estados Unidos.

Es decir: en principio uno podría argumentar que cualquier sistema de justicia internacional siempre sería favorable al más poderoso. Pero aquí he dado tres claros ejemplos de jurisprudencia inapelable en los que esa premisa no se cumplió. Aspiramos a que los genocidas, los responsables de delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra o de agresión sean condenados independientemente del Estado del que provengan.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede continuar el señor Diputado Laviña, a quien restan cinco minutos de su tiempo.

SEÑOR LAVIÑA.- Señor Presidente: quisiera agregar otra reflexión, que se me ocurre ahora.

La opinión pública internacional hoy es considerada como un actor de la política internacional: es un actor intangible, que no se ve. En la formación de ese actor intervienen todos los pueblos, los países y los Estados, y no sólo las grandes potencias. Muchas veces tiene más fuerza moral lo que diga, por ejemplo, Uruguay en Naciones Unidas, que lo que sostenga una gran potencia.

Entonces, creo que con actitudes de este tipo, aprobando -en el día de ayer- el Protocolo de Kyoto para la protección del medio ambiente, aun con la oposición de algunas grandes potencias, estamos formando opinión y contribuyendo en la medida de nuestras fuerzas políticas e intelectuales al progreso de la humanidad y a la defensa del planeta Tierra, para que la vida humana sea posible.

¿Y cómo no va a ser defendible ese principio, si en ello nos va la vida a todos? Inclusive a las grandes potencias que se oponen por las razones que ya conocemos: para no detener el proceso de industrialización y no arriesgar el continuo avance económico, o para no perder fuerza frente a la competencia de otros países, no sólo desde el punto de vista económico y científico, sino también militar.

Organizaciones como la OEA -Organización de los Estados Americanos- y la Unión Europea, congresos internacionales, instituciones jurídicas mundiales y organizaciones no gubernamentales propician la firma de este Tratado, que es la creación de una justicia internacional. Creo que todas esas organizaciones, pueblos y Parlamentos, aunque correspondan a Estados pequeños, dan fuerza a la opinión de una civilización en una época determinada.

Entonces, no podemos renunciar a ejercer ese derecho, ni anunciar que seremos derrotados en la obtención de esos objetivos idealistas de tener una justicia internacional real.

Yo me hago esta pregunta. Si en Uruguay hubiera nada más que el Código Penal y no existieran los Juzgados, la Justicia Penal para aplicar el derecho penal, ¿qué pasaría? Hagámonos esta misma pregunta, que formulamos a modo de reflexión, pero a nivel internacional. Ese es el estado de situación actual, por cuanto existe una profusa legislación, tratados internacionales y convenciones de carácter regional y universal que implementan sistemas de protección, en este caso, de los derechos humanos. Pero ante ciertas transgresiones no existe una jurisdicción penal, un juzgado penal internacional que juzgue lo que la legislación internacional establece.

Si pensamos bien, estaremos verificando que el derecho internacional es embrionario, que está en una etapa de formación de la civilización. Pero ¿quién duda de que habrá una Corte Penal Internacional? ¿No creen que el hombre vaya avanzando en la consecución de sus objetivos de implementar justicia; en este caso, de ajusticiar a los criminales de guerra o a los culpables de delitos de lesa humanidad? ¿Creen que esto quedará permanentemente así? Tengo confianza en los avances de la humanidad, de la asociación, de la cultura, y ratifico mi convicción de que tenemos que apostar a dar credibilidad al esfuerzo que puedan hacer los países chicos y sus Parlamentos.

Creo que las observaciones realizadas dan para pensar con más profundidad y libertad sobre un tema tan trascendente.

Un gran jurista y penalista internacional, el profesor Cherif Bassiouni, uno de los principales del mundo en la materia, dio una opinión que no señaló ninguno de nosotros y que me permito citar porque esta reflexión nos significará un aporte. Dice así: "A menos que tengamos una institución judicial permanente para continuar el trabajo empezado, y proceder con el trabajo que venga, no seremos capaces de poner un final a la práctica de la impunidad, y los culpables quedarán libres, se disipará la disuasión, se desacreditará la justicia, y las oportunidades de paz se verán reducidas. Por esto necesitamos una corte penal internacional permanente, libre de manipulaciones políticas y con la capacidad de juzgar a los victoriosos y los vencidos, soldados y generales, en forma efectiva e imparcial.- Las víctimas tienen el derecho a la justicia, los delincuentes merecen castigo y el mundo necesita establecer un registro histórico de los crímenes internacionales más grandes, aunque no sea por otra razón que para conocer la verdad y educar a las futuras generaciones. Quizá entonces podamos disuadir a criminales potenciales y evitar la repetición de tales crímenes. De otra manera estamos condenados a repetir los terribles errores del pasado.- Esta es una idea cuyo tiempo no sólo ha llegado, sino que está largamente sobrepasado. Es de esperar que todos los gobiernos principales la apoyarán y muchos Estados se le unirán de modo que puedan lograr un nivel de universalidad que le dará credibilidad y autoridad moral. Nuestra sociedad civil demanda nada menos que un sistema de justicia penal internacional para mantener la paz. Aunque no fuera nada más, los representantes de la CPI representan un símbolo de justicia y encarnan los valores de una cultura de derecho. Esto es lo que el nuevo orden mundial requiere en su era global". Con estos argumentos terminaba reflexionando este eminente jurista para defender la existencia de la Corte Penal Internacional.

Por el momento, concluyo mi exposición y me gustaría escuchar otras opiniones.

Finalmente, creo que sería positivo que este plenario emitiera una declaración de apoyo a la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, para que el Poder Ejecutivo remita a la Asamblea General un proyecto de ley con el fin de que lo ratifique y, en consecuencia, determine nuestro ingreso como parte de este Tratado internacional. Con ello contribuiremos a crear una Corte Penal Internacional que complementará a ese derecho penal internacional.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: pensaba intervenir brevemente con una propuesta muy concreta, pero quiero comenzar por congratularme de haber podido escuchar la excelente intervención del señor Diputado Laviña, quien no sólo ha hecho un resumen de los objetivos de la creación de la Corte Penal Internacional, sino que también ha realizado una importante fundamentación y adelantado un trabajo que, precisamente, yo iba a proponer al plenario.

Simplemente, quiero reflexionar, en función de los comentarios realizados por los señores Diputados Fernández Chaves y Díaz, frente a algunas dudas. A los argumentos contestados por el señor Diputado Laviña quiero agregar que el avance en la conceptualización de un sistema universal de defensa de los derechos humanos y regionales, como el interamericano -que también avanza-, es una de las conquistas de la humanidad que nos hace tener esperanza en este mundo y en el del derecho.

El sistema de Naciones Unidas tiende a ser desconocido por ese país tan poderoso que define en gran parte nuestras economías y, por ende, nuestras vidas, y va construyendo -quiero reafirmar este concepto, porque creo que es especialmente importante en nuestras reflexiones como legisladores- un sistema económico y financiero paralelo, sin rendir cuentas a los Parlamentos, y donde, además, la ciudadanía de los países no está representada en ninguna instancia, como sí lo está en las Naciones Unidas; los parlamentarios no somos los únicos que controlamos a través del estudio de tratados, sino que el propio sistema de las Naciones Unidas abre sus puertas a las organizaciones de la ciudadanía.

La terquedad de los hombres y de las mujeres que van construyendo un entramado de nuevos derechos y que van construyendo nuevos sujetos de derecho que van quedando en ese entramado jurídico, me parece que es lo que nos da cada vez mayores seguridades en este mundo globalizado, donde quienes defienden tanto el mercado libre y globalizado, también deberían reconocer que necesitamos un derecho globalizado.

En ese sentido, respaldo totalmente el énfasis que ha puesto el señor Diputado Laviña en defender la Corte Penal Internacional y todo el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Mi propuesta concreta es que, además de unirnos a las expresiones de deseo de una ágil ratificación, para el momento en que llegue dicho Tratado a nuestro Parlamento deberíamos ir previendo algunas de las declaraciones que nuestro país deberá realizar. Aunque en este caso no corresponde presentar reservas, como decía el señor Diputado Laviña, seguramente deberemos sentar algunas puntualizaciones ya que algunos de sus instrumentos, como por ejemplo la prisión perpetua, no existen en nuestra Constitución. Creemos que para interiorizarnos desde ya de este instrumento e ir adelantando el análisis jurídico que propiciará los enfoques interpretativos a la luz de nuestra Carta Magna, sería importante la formación de un grupo de trabajo en este Parlamento, en el que participaran legisladores de las Comisiones de Asuntos Internacionales, de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración y de Derechos Humanos, e integrantes de la cátedra de Derecho Internacional y de la de Derechos Humanos de la Universidad de la República, así como de la coalición de apoyo a la aprobación de la Corte Penal Internacional, que funciona con el soporte y bajo los auspicios de Amnesty International. Nos parece que es una iniciativa que permitirá ir adelantando trabajo para cuando nuestro país ratifique el Estatuto. Creemos que se trata de un trabajo interesante, importante y que nos ahorrará tiempo cuando llegue la iniciativa al Parlamento.

Trasladaremos esta propuesta a la Presidencia del Cuerpo y a las Presidencias de las tres Comisiones mencionadas, a fin de estudiar la posibilidad de instrumentar este grupo de trabajo.

SEÑOR DIAZ.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR DIAZ.- Señor Presidente: no creo que el señor Diputado Fernández Chaves -y lo mismo ocurre en mi caso personal- haya hecho manifestaciones contra la consagración del derecho internacional, tanto en el caso de derechos humanitarios como en términos generales. Por el contrario, creo que debemos progresar todo lo que se pueda en ese sentido. ¡Vaya si habrá por hacer en esa materia! Hay muchos países en el mundo donde se han violado los derechos humanos y todavía no hemos visto ninguna corte internacional ni ningún juez con extraterritorialidad que los juzgue. Me refiero, por ejemplo, a China, a la ex Unión Soviética, a Camboya o a Etiopía en la década del setenta. ¡Si habrá para actuar y para mejorar en esa materia! Lo que sí digo es que muchas veces el derecho internacional ha progresado -el caso de Naciones Unidas es claro y terminante en esa materia, con el Consejo de Seguridad ya citado y el derecho al veto- a través de procedimientos que no han sido jurídicamente ortodoxos, pero que han sido realistas y han permitido crear normas de convivencia a nivel internacional mucho más efectivas en su aplicación.

El derecho no es sólo la promulgación de normas, sino también su aplicación y el consenso alrededor de ellas para que efectivamente puedan llevarse adelante. Lo que se acaba de votar en materia de medio ambiente, por ejemplo, nos guste o no, no va a ser efectivo sin el apoyo de Estados Unidos. Considero que ese país actuó mal, pero no va ser efectivo, como tampoco lo será lo relativo a este otro tema vinculado al derecho internacional. Entonces, aunque no nos guste mucho, debemos tener en cuenta esa realidad.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: quisiera comenzar esta intervención reiterando una vez más que ha sido excelente la idea del señor Diputado Laviña y la oportunidad y el tesón para traer este importante tema a Sala.

Creo que sería mala técnica intentar abordar todos los aspectos relacionados con este tema en los quince minutos de que dispongo para hacer uso de la palabra, si bien algunos son de mucha sensibilidad. Tenemos que tratar de concentrarnos en este instrumento que fue aprobado en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de Naciones Unidas, en Roma, el 17 de julio de 1998, en la que se crea la Corte Penal Internacional. Se trata de un estatuto particularísimo, en el sentido de que no acepta reservas de ningún tipo: se toma o se deja. Por supuesto que sabemos lo que es un proceso legislativo multilateral para crear algo coherente, pues hay marchas y contramarchas. En ese sentido, el borrador tenía quinientos corchetes -es lo que figuraba entre paréntesis-, pero finalmente se llegó a un resultado.

Nos congratulamos de que Uruguay haya votado el Estatuto en la ciudad de Roma. Esa posición uruguaya venía en la línea de las presiones entusiastas de los Cancilleres y del apoyo que había tenido en algunos sectores de la sociedad, tanto a nivel de las organizaciones no gubernamentales como de colegas de esta Cámara que, de alguna manera, habían expresado su compromiso y su adhesión a esta idea de una Corte Penal Internacional. Esta tiene un principio clave, que es la complementariedad o subsidiariedad, es decir que va a funcionar en algunos pocos casos, y se basa fundamentalmente en la idea de que los que tienen que operar son los sistemas jurídicos nacionales. Además, no va a tener competencia material sobre todas las violaciones, como bien explicaba el señor Diputado Laviña, sino sobre algún tipo de violación: genocidio, delito de lesa humanidad, delito de guerra y de agresión, en determinadas circunstancias. Se trata de una competencia material muy específica y claramente temporal sobre los tres primeros delitos, puesto que el de agresión se va a definir en una conferencia posterior, a siete años de la ratificación del Estatuto, en la que ninguna hipótesis previa a la vigencia del Estatuto de Roma va a ser parte integrante de dicha competencia.

Entiendo las dudas razonables y bien intencionadas que pueda haber, en el sentido de pensar que este instrumento va a juzgar a algunos y que los más importantes se van a escapar. El argumento es legítimo, pero lo que tiene que quedar claro -que tal vez no queda cuando se hace ese tipo de observaciones de buena fe- es que en el plano internacional vamos a estar mejor con el Estatuto de Roma que sin él. Eso me parece clarísimo. Como bien decía el señor Diputado Díaz, luego la correlación de fuerzas opera en el mundo real. Entonces, hubo Tribunales como el de Nuremberg, y todavía hoy se está discutiendo si la costumbre era fuente de derecho en materia penal. Creo que cuando tratamos delitos de genocidio, de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión, es bueno que haya instrumentos penales que permitan identificar claramente, no tanto a los autores materiales, sino a los autores intelectuales que, por ejemplo, planifican borrar de la faz de la Tierra una determinada población, y que se generen todas las garantías del caso para juzgarlos. Además, fuera del marco estrictamente jurídico del Estatuto de Roma, creo que a un país pequeño como Uruguay le hace mucho bien un ámbito multilateral, porque es nuestra mejor hipótesis para las relaciones de nuestro país.

Bien decía el Diputado Laviña que en un foro internacional la palabra de un país con cierta trayectoria, pequeño, sin tener esos grandes intereses, tiene un peso significativo. Y claro que es así, porque la vida de los Estados y de las naciones no es solamente contar soldados, sino también articular ideas, convencer a los demás y hacer primar el derecho, que es de lo que se trata aquí. En ese espacio de multilateralismo, creo que hay una buena oportunidad para que nuestro país sea un abanderado en la lucha contra la impunidad. Y pienso que no deberíamos dejar que nuestros debates, por cierto muy profundos, muy serios y muy sentidos, sobre nuestro pasado reciente nos hagan tapar el instrumento potente que tenemos de lucha contra la impunidad. Y, en ese sentido, me gustaría contar con un respaldo importante por parte de esta Cámara que señale al Poder Ejecutivo, primero, que estamos satisfechos de que Uruguay haya votado en Roma, de que haya firmado en tiempo y forma el estatuto; y, segundo, que queremos que tenga estado parlamentario para, conscientemente, con prudencia y ponderación, darle el trámite establecido en el numeral 7º del artículo 85 de la Constitución, a fin de ratificarlo. Y aquellos que piensen -a diferencia de lo que creo yo- que el balance es negativo, votarán en contra, pero podremos clarificar este debate.

Considero que Uruguay tiene la oportunidad de dar esa señal y a muchos nos consta que una actitud entusiasta de ratificación del Tratado va a hacer mucho bien a nuestra política exterior.

SEÑOR ABDALA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MICHELINI.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: en realidad, lo molesto porque sé que está por irrumpir en la Mesa un planteamiento que moverá la mecánica de la Cámara y quiero estar presente también en la temática.

También deseo aprovechar la ocasión para felicitar a mi profesor de tantos años, don Félix Laviña.

Además, quiero decir que comparto lo manifestado por el señor Diputado Michelini. En efecto, el camino es el que el señor Diputado está señalando. Es evidente que será mejor que lo que tenemos al día de hoy, que, en realidad, es la nada. También es cierto que el panorama está cargado de riesgos y que todos tenemos la preocupación de que eventualmente las grandes potencias no actúen con todo el equilibrio que desearíamos, pero claramente me pareció talentosa la mirada del señor Diputado Laviña cuando dijo: "Esto en diez, quince o veinte años, es el camino final, es el camino irreversible". Entonces, hasta por una razón que el señor Diputado Michelini estaba expresando con suficiente claridad, creo también que Uruguay debe formar parte de la mecánica para poder direccionar esto, participar de lo que pueden llegar a ser las políticas que mañana implementará esta Corte. Me parece que es un camino del que no se debería abdicar. Insisto: está cargado de amenazas, hay una enorme cantidad de riesgos, pero va a ser mucho mejor.

No sé si la Cámara ha vivido como yo, con satisfacción, la reclusión de Milosevic, lo que está pasando en Ruanda. Esas son situaciones muy puntuales, muy focalizadas; ha habido madurez por parte del sistema político internacional como para que eso pueda operar, pero ¿y si no la hay? He sido crítico de Garzón, no por lo que puede hacer, sino porque a veces puede no gustar lo que hace con algún país latinoamericano, con algún ex dictador. Y, en otro tipo de circunstancias, ¿cómo hacemos para dar tranquilidad, garantías? Claramente, con la norma internacional funcionando.

Debemos insistir en este asunto. Comparto con los señores Diputados Michelini y Laviña que hay que replicar sobre el Poder Ejecutivo; debemos hacerlo con mucha madurez, porque también es importante contar con una acción diplomática coordinada. No desmerezco a ningún país, pero no es lo mismo que esto esté avalado por buena parte del concierto internacional que tiene dominio de la escena política internacional, a que esté ratificado por países que quizás no tengan densidad en el planeta. Esto es importante y Uruguay debe trabajar en ello. Si hay un mandato -el señor Diputado Michelini estaba reseñando algunos- que Uruguay debería cumplir, es tratar de que los socios tengan la máxima representación posible: si las cosas nacen bien, al final van a terminar funcionando bien; si las cosas nacen mal, van a ser muy complicadas.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede continuar el señor Diputado Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: había escrito algunos conceptos, pero creo que la buena intuición del señor Diputado Laviña hace que tengamos que guardar los papeles y salgamos a expresar algunas reflexiones que no estaban en negro sobre blanco.

Para finalizar mi exposición, y a los efectos de clarificar algunos aspectos de mi pensamiento, voy a referir algunos conceptos.

El instrumento de la Corte Penal Internacional no es sólo producto de otras atrocidades igualmente condenables como el genocidio de Ruanda y de la ex Yugoslavia, hace unos pocos años, sino que se nutre de la convicción de que la impunidad por crímenes de lesa humanidad, genocidio, agresiones de guerra, no es aceptable como marco de convivencia entre las naciones civilizadas, y en ese sentido la experiencia latinoamericana ha sido, sin duda, una lamentable base de inspiración. La idea de la Corte no pretende sustituir los actuales mecanismos de protección internacional de los derechos humanos -existen los de carácter internacional de diverso tipo, naturaleza y eficacia- y, por supuesto, tampoco los internos de la jurisdicción de cada Estado; no afecta la condición supletoria de los primeros, ni el carácter esencialmente garantizador de los segundos, una consecuencia de la naturaleza del derecho internacional de protección de los derechos humanos.

El texto del Estatuto aprobado fue producto de un largo debate, no sólo de la comunidad internacional, sino también de un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales que en forma activa, paciente y tenaz jugaron y juegan un papel importantísimo en el estudio y posterior aprobación del mismo y en la eventual ratificación del Estatuto. No puedo dejar de mencionar a Amnistía Internacional, a Human Rights Watch (HRW), a Parlamentarians for Global Action (PGA), a The International Coalition for the International Criminal Court (ICICC), entre muchas otras organizaciones.

El Estatuto no es un instrumento perfecto ni puede hacerse depositario de la ilusión de que hará del mundo un espacio de vigencia plena y efectiva de todos los derechos humanos. Pero, en definitiva, es un avance significativo que, conjuntamente con la cooperación internacional en la materia, el derecho-deber de todos los Estados de prevenir, respetar, garantizar y promover los derechos básicos, más la movilización de los pueblos en pos de su efectiva vigencia, hará a este mundo, en el siglo XXI, más respetuoso de la dignidad de la persona.

Aspiro a que en esta lucha Uruguay esté en primera línea.

Muchas gracias.

15.- Cuestión de fueros planteada por el señor Representante Ibarra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Rossi.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se autorice el planteamiento de una cuestión de fueros por parte del señor Diputado Ibarra".

——Tiene la palabra el señor Diputado Ibarra.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: me parece muy oportuno que la Cámara modifique la resolución adoptada en el día de ayer, en base a las gestiones y a los análisis realizados por distintos Partidos políticos. Considero que esto fortalece al Poder Legislativo, porque más allá de que se esté o no de acuerdo con las conclusiones que expondremos, debe habilitarse la consideración de las cuestiones de fueros reales referidas al Poder Legislativo.

Voy a ser muy escueto, porque ayer expuse en primera instancia las motivaciones por las cuales solicito que se me permita plantear esta cuestión de fueros.

Simplemente, quiero decir que los artículos 114 y 115 del Decreto-Ley Nº 15.691 -Código Aduanero- establecen con claridad las pautas sobre el tema de las franquicias para las encomiendas sin fines comerciales que estarán exentas del pago de tributos a la importación, exportación y tránsito. Asimismo, hace referencia a su carácter ocasional y a que, por la cantidad, calidad, variedad y valor de las mercaderías, pueda presumirse, de acuerdo con la reglamentación correspondiente, que ellas son para uso personal del destinatario o de su familia.

El Poder Ejecutivo remitió a esta Cámara de Representantes el proyecto de Presupuesto Nacional, donde a través del artículo 345 se solicitaba la implementación de un impuesto que gravara todas las encomiendas postales cuyo valor fuera inferior al equivalente en moneda nacional a US$ 50. Posteriormente, este tema fue analizado en profundidad en la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, que en esa oportunidad contó con la presencia del señor Ministro de Economía y Finanzas y del Comité Nacional de Calidad. Allí se recibieron distintas inquietudes, además de las de cientos de ciudadanos involucrados en el tema. Una vez que la Comisión analizó en profundidad el artículo 345, relativo a las encomiendas, se procedió a la votación y ésta fue de cero en diecisiete: negativa. Quedó absolutamente claro que no se hacía lugar a la propuesta del Poder Ejecutivo porque se entendía que era un tema que había que analizar con más tiempo, por su complejidad y porque estaba inserto entre los más de cuatrocientos artículos del Presupuesto Nacional.

Por lo tanto, el pleno de la Cámara de Diputados no trató el tema y eliminó el artículo 345 remitido por el Poder Ejecutivo. En el Senado se realizaron algunas gestiones para reinsertarlo y finalmente se resolvió no considerarlo. En consecuencia, no hubo tratamiento ni aprobación del artículo 345. Posteriormente, a través de varias órdenes internas de la Dirección Nacional de Aduanas, se dispuso una serie de trabas burocráticas que se convirtieron en una verdadera barrera para la tramitación de la recepción por parte de los usuarios de encomiendas postales que se hallan exoneradas y que ahora tienen que pagar distintos gravámenes vigentes para importaciones mayores de US$ 50.

Tengo en mi poder distintos informes jurídicos, y en el libro "Primer Curso de Derecho Público.- Derecho Constitucional", del doctor José Korzeniak, se establece con claridad el tema de la separación de Poderes. En él se habla de tres o cuatro ingredientes: "En primer término, Montesquieu hacía una división funcional del poder del Estado. Y decía que el poder del Estado tiene tres manifestaciones distintas: la manifestación legislativa, es decir, crear leyes, modificarlas o derogarlas; el Poder Ejecutivo, la manifestación del Estado encargada de ejecutar las leyes [...]".

Por otro lado, el doctor Justino Jiménez de Aréchaga es categórico con referencia a la separación de Poderes. En el capítulo "Aplicaciones del principio" determina por qué el principio de la separación de los Poderes está establecido. Dice así: " [...] el Poder Ejecutivo no puede regular por actos de administración las materias que están reservadas exclusivamente a la decisión del Legislador; [...]". Sin embargo, ante las medidas adoptadas por la Dirección Nacional de Aduanas se está violentando, sin ningún tipo de dudas, la voluntad del Poder Legislativo.

Por lo tanto, considero que los fundamentos que expresaré en detalle, si se me autoriza a analizar el tema del planteamiento de fueros, van a demostrar que los fueros reales de este Cuerpo fueron desconocidos por resoluciones posteriores a las que adoptara oportunamente la Cámara y que fueron instrumentadas a través de la Dirección Nacional de Aduanas.

Por tal motivo, solicito que se me autorice a realizar el planteamiento de fueros.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Se va a votar si se declara preferente la cuestión de fueros planteada por el señor Diputado Ibarra.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

Tiene la palabra el señor Diputado Ibarra.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: ratificando lo expresado, voy a leer un documento que me hiciera llegar un asesor, el doctor César Pérez Novaro, vinculado directamente con lo expuesto por el doctor Korzeniak y con el análisis realizado por el doctor Justino Jiménez de Aréchaga. Trataré de ser breve en cuanto a la lectura.

Dice así: "Los fueros legislativos se hallan establecidos en la Constitución, como instrumento para protección del funcionamiento independiente de los órganos parlamentarios. El reglamento de la Cámara de Representantes, prevé como cuestión de orden la que afecte los fueros de la Cámara, de alguna de sus Comisiones o de cualquiera de sus miembros". En este caso estoy planteando un fuero real, colectivo de la Cámara de Representantes. Continúa: "En los últimos años se ha verificado un incremento de las comunicaciones por Internet, lo que incidido por el fenómeno de la globalización, implica un acercamiento entre productores y consumidores. En nuestro país, se ha desarrollado el comercio electrónico indirecto, donde los consumidores acceden a la información sobre el producto en forma virtual, abonándose el precio mediante tarjetas de créditos, ingresándose las mercaderías por medios tradicionales". Más adelante agrega: "Desde hace un mes, la Dirección Nacional de Aduanas ha considerado en actos administrativos abstractos, esto es, de alcance general que no estaban comprendidas en la exoneración las encomiendas enviadas por empresas a personas físicas en el Uruguay por considerárselas envíos comerciales. Debe señalarse que el ámbito de la exoneración se refiere al uso personal del destinatario o de su familia, sin importar la calidad del remitente.- Esta interpretación administrativa ha trabado globalmente el comercio señalado, con el mismo resultado que pretendía el impuesto a las encomiendas postales proyectado por el Poder Ejecutivo y expresamente no aprobado por el Poder Legislativo.- El principio de separación de poderes y de funciones de jerarquía constitucional impone que el constituyente ha asignado competencias específicas a cada uno de los poderes. Al Poder Legislativo la de crear normas legales, que en materia tributaria se refieren al establecimiento del tributo en todos sus aspectos y a su exoneración. Al Poder Ejecutivo y a la Administración le compete la ejecución de las leyes sin posibilidades de modificarlas, restringir su ámbito de aplicación, etcétera.- Tanto el Poder Ejecutivo como la Dirección Nacional de Aduanas han dado respuestas de carácter general y abstracto a esta cuestión, por lo que los fueros de la Cámara resultan contrariados cuando ha resuelto negativamente la creación de un impuesto que pretendía erigir una barrera a este comercio y la Administración obtiene el mismo resultado interpretando ilegalmente el alcance de una exoneración. Si el Poder Ejecutivo propuso el impuesto a las encomiendas postales es porque consideró oportunamente que se trataba de la forma de desestimular el desarrollo de esta introducción al mercado interno de estos bienes de valor inferior a US$ 50".

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- La Mesa solicita silencio porque hay muchos murmullos en Sala.

Puede continuar el señor Diputado Ibarra.

SEÑOR IBARRA.- Para ello propuso el impuesto mencionado. Continúo: "Si fracasó en su intento ante el Parlamento, debió proponer otra modificación de la exoneración, para lo cual dispone de la pertinente iniciativa constitucional a través de sus ministros y habilitar el correspondiente debate. Pero no se puede utilizar a la Administración," -como lo hace la Dirección Nacional de Aduanas- "cuyos cometidos se limitan al cumplimiento de lo ordenado por la ley, para edificar la barrera que el impuesto no aprobado pretendía erigir. Se trata de un menosprecio de las facultades y cometidos del Poder Legislativo, que se efectúa en forma pública y que ha llevado a muchos ciudadanos uruguayos a enviar cartas de protesta a los legisladores, prensa y demás medios de comunicación.- El Estado de Derecho exige no sólo el cumplimiento exclusivamente formal de las disposiciones constitucionales, sino la obediencia y sometimiento a las decisiones del Poder Legislativo por parte de los restantes Poderes, sin posibilidad de utilizar otras vías subalternas que además de alejar el actuar administrativo de la legalidad, dañan ante la opinión pública el equilibrado y respetuoso funcionamiento de las instituciones".

Quiero aclarar que, como dije en el día de ayer, este planteo de fueros según el inciso final del artículo 50 del Reglamento de la Cámara de Representantes también tiene vinculación directa con el planteamiento de una cuestión política; pero nuestra bancada resolvió plantear la cuestión de fueros.

Los artículos 114 y 115 del Decreto-Ley Nº 15.691, de 7 de diciembre de 1984, que es el Código Aduanero uruguayo, especifican con claridad las franquicias para las encomiendas sin fines comerciales. Los artículos 1º y 5º del Decreto Nº 308/983 especifican el peso unitario y el valor de las encomiendas. El Decreto Nº 425/991, del 19 de agosto de 1991, reglamentó los trámites que se deberían realizar para atender el régimen de encomiendas postales internacionales. Este decreto está vigente hace casi diez años.

Como todos recordamos, el Poder Ejecutivo remitió el Mensaje y proyecto de ley de Presupuesto Nacional con más de cuatrocientos artículos, y el artículo 345 refería al tema específicamente cuando planteaba un tributo de US$ 20 a las encomiendas postales cuyo valor fuera inferior al equivalente en moneda nacional a US$ 50.

Según consta en el Acta Nº 17 de la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, dicha Comisión analizó en conjunto con el señor Ministro de Economía y Finanzas y sus asesores el contenido y el alcance del artículo, que fue rechazado por el Poder Legislativo. El señor Ministro expresó en la página 106 del Acta Nº 17: " [...] esto no tiene un efecto fiscalista en el sentido de recaudación. No hemos hecho estimaciones ni sabemos si va a tener una recaudación importante. Hemos tratado de dar respuesta a consideraciones de diverso signo que se han manejado sobre el particular, así como a pedidos que se nos han hecho llegar por parte de los comerciantes establecidos.- De todas maneras, admito que se trata de un tema opinable, que seguramente va a dar motivo a discusión. Quería dejar constancia de que, efectivamente, hay distintas consideraciones, todas muy atendibles que, en nuestro caso, nos han conducido a esta propuesta". Pero aclara y dice con énfasis: "y, en definitiva, será el Parlamento el que decida". En este caso, no fue el Parlamento quien decidió, sino un organismo de la Administración Pública, como lo es la Dirección Nacional de Aduanas.

Además, recibimos al Comité Nacional de Calidad, cuyo vocero fue el señor Elías Bluth, quien nos dio su opinión en forma muy extensa y, por supuesto, eso originó discrepancias importantes.

En la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, se llegó a la discusión del artículo 345 y algunos compañeros Diputados expresaron su opinión. Cuando se votó, el resultado de la votación fue de cero en diecisiete: negativa. Quiere decir que hubo una Comisión de esta Cámara que se expresó categóricamente, por unanimidad, en forma negativa a la propuesta que realizara en su oportunidad el Poder Ejecutivo. Esto es algo que quiero dejar bien claro porque de alguna forma se está violentando la voluntad del Poder Legislativo y por eso planteamos esta cuestión de fueros. A partir de ese momento quedó absolutamente claro que el Parlamento entendía que era necesario rechazar la propuesta. En consecuencia, el tema no fue tratado en el seno de la Cámara de Diputados; la voluntad política de todos los Partidos políticos se expresó en la votación en el sentido de que no era conveniente aprobar el impuesto propuesto en ese momento. En el Senado no fue planteado oficialmente -a pesar de que hubo algunos contactos- el contenido del artículo 345, más allá de que el suscrito sabe que existieron intentos de reflotarlo.

En consecuencia, reitero que el conjunto del Parlamento no estuvo de acuerdo con implementar el tributo propuesto en el artículo 345. No voy a detallar aquí los distintos argumentos expresados en la discusión por ser variados y por intentar ser absolutamente objetivo en el tratamiento de este tema. Pero lo claro es que la ley de Presupuesto Nacional fue promulgada el 21 de febrero de 2001 sin haber incluido la propuesta del artículo 345 del Poder Ejecutivo.

Posteriormente, en fechas recientes, la Dirección Nacional de Aduanas, en la Orden Interna Nº 2/01 dictada por la Dirección General del Despacho y la Tributación Aduanera el 31 de mayo de 2001, y en la orden Nº 47/01, de 20 de junio de este año, violentó la voluntad del Poder Legislativo al implementar, con una interpretación restrictiva, disposiciones sobre encomiendas sin fines comerciales, lo que compete exclusivamente al Poder Legislativo. A la Administración compete la ejecución de las leyes, sin posibilidad de modificarlas ni de restringir su ámbito, su aplicación, según lo que establece el numeral 4° del artículo 168 de la Constitución de la República.

En definitiva, no se puede delegar funciones de uno a otro Poder del Estado, sobre todo teniendo en cuenta la severidad del ordenamiento constitucional que nos rige.

Por otra parte, el suscrito, informado por la prensa de la primera disposición de la orden interna de la Dirección Nacional de Aduanas, presentó, con fecha 6 de junio de este año, un pedido de informes que todavía no ha sido contestado. A pesar de que se han tomado nuevas medidas internas a nivel de esta Dirección, no se tuvo la oportunidad o la delicadeza de contestar este pedido de informes, que trataba de un tema en plena vigencia.

Dicho pedido de informes hacía énfasis en que el artículo 345 fue rechazado por la unanimidad de la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, de la Cámara de Representantes. Quiere decir que la voluntad expresa del Parlamento fue la de no incluir este artículo en el Presupuesto Nacional.

Hace muy pocas horas nos enteramos -tenemos en nuestro poder el repartido- de que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes presentará al Cuerpo un proyecto de minuta de comunicación en el que se establece la aspiración de que se mantengan libres de impuestos las encomiendas postales de valor menor a US$ 50, tal como fue dispuesto en la Ley Nº 17.296, de Presupuesto, hasta que el Poder Ejecutivo establezca alguna norma nueva. Este proyecto de minuta será considerado en las próximas horas.

En conclusión, no es mi intención, en este planteamiento de fueros, que considero que es real y de toda la Cámara, introducirme en la conveniencia o no de implementar nuevos tributos y variar las normas actuales, que están vinculadas a las leyes aprobadas por este Parlamento. Pero sí entiendo que el Poder Ejecutivo debe tener en cuenta el principio de separación de Poderes y funciones. En consecuencia, entiendo que debe disponer la revocación inmediata de los actos administrativos implementados por la Dirección Nacional de Aduanas.

Haré llegar una moción a la Mesa que dice lo siguiente: "Ante el planteamiento de fueros realizado por el señor Representante Nacional Doreen Javier Ibarra, en relación a la Orden Interna N° 2/01 dictada por la Dirección General del Despacho y la Tributación Aduanera, el 31 de mayo de 2001; y la Orden del Día Nº 47/01, de fecha 20 de junio de 2001, que refiere a los procedimientos a seguir al recibo de encomiendas postales internacionales, la Cámara de Representantes resuelve: 1º Expresar que el Parlamento ha sido menoscabado en sus funciones.- 2º Solicitar al Poder Ejecutivo que tome las medidas administrativas necesarias para que se proceda a revocar la Orden Interna N° 2/01 y la Orden del Día N° 47/01, en referencia a las encomiendas postales internacionales que arriben al territorio de la República, por cualquier medio de transporte.- 3º Exhortar al Poder Ejecutivo, que si estimare conveniente modificar la exoneración impuesta por el Código Aduanero, artículo 115 del Decreto-Ley Nº 15.691, de 7 de diciembre de 1984, remita un proyecto de ley a esos efectos, que habilite la discusión en el Parlamento".

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado Amorín Batlle.

SEÑOR AMORIN BATLLE.- Señor Presidente: el tema del que se ha ocupado el señor Diputado Ibarra es absolutamente importante para la Cámara.

Lo primero que quiero expresar es que comparto los fundamentos teóricos que manifestó el señor Diputado Ibarra en cuanto a la conveniencia, necesidad y voluntad de todos los legisladores de mantener absolutamente firme el principio elemental de la separación de Poderes. Para ello estamos en este Cuerpo, y en su defensa continuaremos siempre; pero creo que en este caso los principios que todos respetamos y que defenderemos siempre no son del todo aplicables. Voy a hacer una brevísima reseña de la evolución de este tema.

Cuando se presentó el proyecto de Presupuesto en la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, de la Cámara de Diputados -que integrábamos, entre otros, el señor Diputado Ibarra y yo- y se consideró el artículo 345, que establecía un impuesto de US$ 20 a la entrada al país de encomiendas por un valor menor a US$ 50, tuvimos una conversación al respecto entre los miembros de la Comisión, y todos -me incluyo- votamos en contra de esa norma. No estábamos de acuerdo con fijar un impuesto de US$ 20 al ingreso al país de encomiendas por un valor menor a US$ 50. Tal como dijo el señor Diputado Ibarra, la votación fue de cero en diecisiete. Concretamente, recuerdo que hice alguna salvedad y dije que me parecía que el tema podría ser estudiado más a fondo en el futuro, en la medida en que esta situación afectara al comercio establecido. Como este impuesto no fue votado, el Poder Ejecutivo no lo aplicó.

¿Qué cambiaba este impuesto con relación a la legislación anterior? Existía un decreto del año 1991 que fijaba el procedimiento de cómo se debían manejar las encomiendas de menos de US$ 50. Entonces, en lugar de aplicarse el sistema normal, se establecía un impuesto de US$ 20 a cualquier paquete de menos de US$ 50 y el mecanismo era menos engorroso. Ahora bien: en la Cámara votamos la no imposición de esos US$ 20 a las encomiendas de menos de US$ 50, pero no votamos eliminar el régimen que ya existía. ¿Qué está haciendo hoy la Dirección Nacional de Aduanas? Está haciendo uso y aplicando un decreto del año 1991. Antes de explicar cuál es el tema a interpretar, voy a hacer un paréntesis aclaratorio.

Como muchos compañeros de la Cámara, más allá del tema de fondo, estoy pensando que sería bueno exonerar, por lo menos por un tiempo, el envío de encomiendas por menos de US$ 50. No estoy defendiendo la cuestión de fondo, sino la posibilidad del Poder Ejecutivo de aplicar decretos que no van contra la ley, sino que están basados en ella. El Poder Ejecutivo no está actuando contra la voluntad de la Cámara, porque ésta era no imponer US$ 20 a los paquetes de encomiendas de menos de US$ 50. El Poder Ejecutivo está aplicando un decreto que se basa en normas legales. Por lo tanto, comparto los fundamentos teóricos de lo que manifestaba el señor Diputado Ibarra en cuanto a la división de Poderes y en ese sentido vamos a seguir estando siempre en la primera línea para defenderla. Sin embargo, creo que esto no implica que el Poder Ejecutivo no pueda aplicar leyes, decretos y reglamentaciones que, inclusive, existían antes del envío al Parlamento del famoso artículo 345, tal como se consideró en la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda.

Por lo tanto, me parece claro que no hay ningún tipo de violación a la separación de Poderes y, además, creo que el Poder Ejecutivo está en todo su derecho al actuar como lo está haciendo.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado Ponce de León.

SEÑOR PONCE DE LEON.- Señor Presidente: creo que estamos ante un tema significativo y que se puede separar claramente el procedimiento de lo que tiene que ver con los fueros y la relación que existe entre lo que ha sucedido en el Poder Legislativo y las medidas adoptadas posteriormente a la discusión sobre el fondo del tema. Digo esto porque sobre el fondo del asunto podríamos expresar varias cosas, pero vamos a tratar de centrarnos en los aspectos sustantivos del procedimiento. Me refiero a esto último porque fue lo que planteamos el 7 de junio en la Comisión de Hacienda de la Cámara, cuando, enterados de lo que en definitiva era una resolución interna de un servicio de la Aduana de fecha 31 de mayo, entendimos que se violentaba lo que se había discutido y resuelto en la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda. Precisamente, lo planteamos como una cuestión de procedimiento y, a esa altura, pensando que era algo que podía haber escapado a la información de las autoridades de jerarquía superior. Es importante destacar que los integrantes de la Comisión compartieron ese planteo unánimemente, y aclaro que no me estoy refiriendo a la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda -que naturalmente ahora no sesiona-, sino a la de Hacienda, que es la que integramos y donde planteamos el tema. Quedó allí porque la idea no era generar un tema político artificial, sino evitar, justamente, que se consolidara lo que podía ser un error y subsanarlo. Así fue como, compartiendo el tema planteado, quedó en realizar gestiones con el señor Ministro el legislador preopinante, señor Diputado Amorín Batlle.

Volvimos a plantear el asunto el día 14, aun sin que estuviera del todo claro cuál era la postura del señor Ministro. En este caso, estando prevista una entrevista con el Ministro -planteo hecho por el Presidente de la Comisión, el señor Diputado González Alvarez-, se quedó en incluir el tema, yo diría, todavía en la etapa en que uno pensaba que podíamos estar frente a una confusión. El día 21 -siguiente reunión de la Comisión- ya no daba el espacio para pensar en confusiones; ya los tiempos establecían otra cosa y la Comisión, por unanimidad, resolvió apoyar el planteo de una minuta que el Cuerpo hoy conoce como propuesta y que, en definitiva, debemos entender como absolutamente coincidente con el planteo que, bajo la forma de cuestión de fueros, hace el señor Diputado Ibarra, quien formaba parte de la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, y por lo tanto participó personalmente de la discusión a la que hoy nos referimos.

Lo que a mí me importa decir al conjunto del Cuerpo y ratificar -aquí hay más que suficientes integrantes de la Comisión como para recordarlo, pero, en todo caso, tenemos la versión taquigráfica que lo documenta; podemos hacer citas de intervenciones de varios legisladores que documentan esto fehacientemente- es que, en primer lugar, el tema fue analizado con el señor Ministro desde la primera sesión de la Comisión. Es más: cuando el equipo económico viene a la primera sesión, se conversa sobre el tema, hablan varios señores legisladores, le hacemos consultas, habla el Director de Rentas y la última intervención del señor Ministro de Economía y Finanzas, previa a que se levante la sesión, es sobre este asunto. Esa es la intervención en que el señor Ministro termina diciendo -palabras más, palabras menos; no voy a buscar ahora la cita- que es un tema opinable, que para eso está el Parlamento y que estarán a lo que éste decida.

Quiero señalar, para que se vea que no es una decisión incidental -como muchas de las que, lamentablemente, se dan a veces en la discusión del Presupuesto; por eso hago una cierta distinción entre sustancial y formal- que aquí no estamos ante un artículo que se aprobó en un paquete de otros 320 porque se terminaba el tiempo, sino ante un tema sobre el cual la Comisión discutió y recibió delegaciones -varias; de vuelta están aquí las versiones taquigráficas- y con esas delegaciones interactuó; hubo delegaciones a favor y otras en contra, es bueno decirlo. Hubo delegaciones que se opusieron a la propuesta de establecer un impuesto al comercio de pequeños paquetes y al llamado comercio por Internet y hubo otras que apoyaron el planteo, y con todas hubo un intercambio.

Luego de todo este proceso, la Comisión llegó a una votación -que ya se refirió- de unánime oposición a que se estableciera un mecanismo impositivo para este fenómeno incipiente que se está dando en la vida del país, fenómeno absolutamente reciente, que era lo que estábamos discutiendo. Vuelvo a lo sustancial de esa discusión, y lamento discrepar por lo menos con un aspecto de lo que manifestaba el señor Diputado Amorín Batlle. Naturalmente que, desde el punto de vista formal, al no aprobarse una resolución siguen vigentes las anteriores.

(Interrupción del señor Representante Abdala)

——Lo que aquí tenemos que decir es: primero, las disposiciones legales anteriores no cubren lo que hoy se está aplicando; nítidamente no lo cubren. Segundo: fue en esa hipótesis -basta leer los documentos y simplemente hacer una concatenación-, en ese espíritu que todos aquí conocen, que la Comisión trató este tema: no es que se viera que porque pagaban algunos tributos se podía establecer un tributo adicional. No. Lo que estaba sucediendo por la vía de los hechos, además, es lo que se estableció como realidad que se deseaba cambiar desde el punto de vista legal, estableciendo un impuesto a algo que se entendía que no lo tenía. Ese es el tema tal como se discutió y se votó en la Comisión.

Podríamos analizar -como aquí se dijo- en qué medida la definición del Código Aduanero en cuanto a las franquicias refiere a la encomienda postal en función del uso y no de quien la manda. Eso no está en la ley; no está en la ley que tenga que mandarla un familiar. Yo diría: nos parece que eso podría haber estado en la discusión y sería opinable, pero lo que para nosotros no es opinable -para nosotros-, sobre lo que tenemos una convicción muy fuerte -apelamos no sólo a la versión taquigráfica, que por cierto lo documenta bastante, sino al recuerdo de los diecisiete o dieciocho miembros de la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda- es que este tema lo discutimos sobre la base de los pequeños paquetes recibidos en forma ocasional. Nunca hablamos y nadie pretendió amparar lo que puedan ser desvíos, algunos fraudulentos, como sería el de traer algo de notorio mayor valor, subdeclarado -pero, bueno, este tema no se diferencia del de una importación en la que suceda lo mismo; no es lo que está en discusión- u otras situaciones que tampoco están amparadas porque las franquicias del régimen de encomienda postal no respaldan el uso sistemático y -lo dice en forma expresa- con fines comerciales; lo que está respaldado es lo ocasional, lo de uso personal, lo que no tiene destino comercial. Hacer uso de este camino para poner un comercio formal o informal y por esta vía proveerse de bienes para comercializar en plaza, está fuera del Código Aduanero y fuera de lo que alguien haya defendido en la Comisión; lo quiero dejar en la versión taquigráfica con absoluta nitidez. No es eso lo que estamos discutiendo: ni el caso de quien expresa un valor que no es cierto, ni el de quien hace uso de esta herramienta pensada para uso ocasional como forma de generar un destino comercial. Lo que fue la médula de la discusión, más allá de las opiniones a favor o en contra -y, repito, no quiero entrar en los argumentos a favor o en contra, lo cual puede ser motivo de larga consideración-, es que en todo caso se trataba de un tema que podía evolucionar en el tiempo, en la medida en que cambiara la significación que tenía en la economía, en la cultura y en un conjunto de otros aspectos.

Yo diría que lo que resolvió la Comisión fue algo así como decir "todavía no". No sé si expreso bien el entendido, pero estoy seguro de que, fuera de la versión taquigráfica, éste era el tono y en varias versiones taquigráficas consta que esto fue dicho por algunos en forma expresa. Pero entendámonos: ni en las conversaciones con los representantes del Poder Ejecutivo, ni en las conversaciones que mantuvimos en la Comisión, nadie tuvo dudas de que la propuesta del Poder Ejecutivo se refería a un fenómeno esencialmente nuevo y, por lo tanto, nada del año 1991 puede estar referido al comercio por Internet, porque en ese momento no existía. Este comercio de encomiendas postales se valida porque existen dos cosas. Antes también había un comercio a distancia; uno mandaba pedir un catálogo de una gran tienda, por ejemplo, de Londres -y había quienes lo hacían-, pero una sola aclaración del catálogo implicaba ida y vuelta, y después había que mandar el dinero. Todo esto era un tema muy engorroso. Hoy, el catálogo se mira por Internet con gran facilidad, las aclaraciones están en el acto y el medio de pago es la tarjeta de crédito, que evita la cobranza, la letra, ese cheque que iba como forma de pago en el aire o cualquier otro instrumento bancario.

La conjunción de Internet y la tarjeta de crédito ha creado un fenómeno nuevo; ese fenómeno nuevo no se usa en cualquier país del mundo. Pido a los señores legisladores que intenten comprar por esta vía en los países vecinos y verán qué difícil es; no existe todavía porque esto es muy nuevo en la cultura.

Este comercio nuevo -que, por tanto, nada tiene que ver con la normativa del año 1991- diría que conceptualmente tiene relación con la ley del Código Aduanero, que establece pautas generales.

Esto fue lo que discutimos: ¿corresponde o no establecer una tributación a este fenómeno incipiente? Y sobre eso la Comisión, por unanimidad, resolvió que no. Aquí es donde digo que lo que está sucediendo no respeta, en lo sustantivo, una resolución del Parlamento. Y tenemos que tratarlo acá. ¿Por qué? Porque al ser una resolución por la negativa, no es que hay una resolución del Parlamento que el Poder Ejecutivo no está cumpliendo y, entonces, el ciudadano puede apelar ante algún tribunal. No; lo que estamos planteando es un tema esencialmente político. El tema se propuso, el tema se discutió, se dijo que no y ahora, invocando cosas pensadas para otro momento, para otra ocasión, que no se dijeron en la discusión ni nadie invocó, ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo, se están tergiversando los hechos, tergiversando lo que discutió y resolvió la Comisión. Desde ese ángulo, es un tema conceptual de potestades del Poder Legislativo.

16.- Licencias.

Integración de la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las solicitudes de licencias siguientes:

Visto la licencia oportunamente concedida al señor Representante Francisco Ortiz, por motivos personales artículo único de la Ley N° 16.465, por el día 4 de julio de 2001, y ante la denegatoria de los suplentes correspondientes de aceptar la convocatoria realizada, la Corte Electoral, ante solicitud de la Cámara, proclama nuevos suplentes y se convoca al suplente correspondiente siguiente, señor Eustacio Saravia.

Del señor Representante Pablo Mieres, en misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley N° 16.465, para integrar la delegación uruguaya que asiste a la reunión del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Caracas, República de Venezuela, por el período comprendido entre los días 8 y 14 de julio de 2001, convocándose a la suplenta siguiente, señora Mariella Demarco.

Visto la licencia oportunamente concedida al señor Representante Julio Luis Sanguinetti, por motivos personales, artículo único de la Ley N° 16.465, y ante la denegatoria de los suplentes correspondientes de aceptar la convocatoria realizada, la Corte Electoral, ante solicitud de la Cámara, proclama nuevos suplentes y se convoca a la suplenta correspondiente siguiente, señora Margot Acosta por los días 4, 9, 10, 11, 16 y 17 de julio de 2001.

De la señora Representante Nora Castro, en misión oficial, literal B) del artículo único de la Ley N° 16.465, para participar en la Cumbre de la Deuda Social y la Integración Latinoamericana, convocada por el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Caracas, República de Venezuela, por el período comprendido entre los días 8 y 15 de julio de 2001, convocándose al suplente siguiente, señor Eduardo Bonomi".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Corte Electoral

Montevideo, 4 de julio de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes

Diputado Gustavo Penadés.

Señor Presidente:

Pongo en su conocimiento que la Corte Electoral en acuerdo celebrado en el día de hoy, visto que el Representante Nacional por el departamento de Treinta y Tres señor Francisco Ortiz electo por la hoja de votación número 17 del lema Partido Nacional, ha solicitado licencia por el día 4 de julio de 2001 y al haber declinado por esta vez la convocatoria los suplentes correspondientes, resolvió proclamar Representante Nacional al quinto candidato Sr. Eustacio Saravia y suplentes a los señores Hugo Vergara, Juan Casanova y Juan Picot. Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal y por el término de la licencia concedida al Representante Nacional señor Franciso Ortiz y en el concepto de que se han cumplido las condiciones establecidas en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo 3º de la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945 y en el inciso 3º del artículo 1º de la Ley Nº 10.618, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 16.465 de 14 de enero de 1994.

Saludo al señor Presidente con mi más distinguida consideración.

Carlos A. Urruty

Presidente

Alfonso Mario Cataldi

Secretario Letrado".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de Treinta y Tres, Francisco Ortiz, por el día 4 de julio de 2001.

RESULTANDO: Que los suplentes correspondientes siguientes, señores Ruben Arismendi, Luis A. Rodríguez y Sabino Queirós no habían aceptado por esa vez la convocatoria de que fueron objeto.

CONSIDERANDO: Que habiéndose agotado la nómina de suplentes la Corte Electoral a solicitud de la Cámara, proclamó a los señores Eustacio Saravia, Hugo Vergara, Juan Casanova y Juan Picot, como suplentes, lo que comunicó por Oficio número 1824/2001, de 4 de julio de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

Convóquese por Secretaría para integrar la representación por el departamento de Treinta y Tres, por el día 4 de julio de 2001, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación N° 17, del Lema Partido Nacional, señor Eustacio Saravia.

Sala de la Comisión, 4 de julio de 2001.

GUILLERMO ALVAREZ, OSCAR MAGURNO".

"Montevideo, 4 de julio de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por este intermedio, de acuerdo a lo dispuesto en el literal B) del artículo único de la Ley número 16.465, solicito licencia, del 8 al 14 de julio del corriente año, por ausentarme del país en virtud de integrar la delegación uruguaya al Parlamento Latinoamericano, que se reunirá en Caracas, Venezuela.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

PABLO MIERES

Representante por Montevideo".

"San Pablo, 27 de junio de 2001.

Diputado Pablo Mieres.

Montevideo-Uruguay.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el fin de convocarlo a la Cumbre de la Deuda Social y la Integración de Latinoamérica: los impactos de las iniquidades sociales en el desarrollo humano sustentable de Latinoamérica en el nuevo milenio, a realizarse en Caracas, Venezuela, entre los días 10 al 13 de julio del presente año.

Para este evento han sido invitadas a participar las siguientes comisiones en pleno: Deuda Social, Asuntos Económicos y Deuda Externa, Asuntos de Pueblos Indígenas y Etnias, Asuntos Laborales y Previsionales.

En la seguridad de que contamos con su inestimable presencia en este importante evento, hago propicia la ocasión para reiterarle mis expresiones de consideración y alta estima.

Cordialmente.

Senador Daniel Baum

Secretario de Comisiones".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial del señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo Mieres, en virtud de integrar la delegación uruguaya que asiste a la reunión del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO, a realizarse en la ciudad de Caracas, República de Venezuela

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 8 y 14 de julio de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y en el literal B) del artículo único de la Ley No. 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por misión oficial, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo Mieres, por el período comprendido entre los días 8 y 14 de julio de 2001, en virtud de integrar la delegación uruguaya que asiste a la reunión del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Caracas, República de Venezuela.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, a la suplenta correspondiente siguiente de la Hoja de Votación N° 99000 del Lema Partido del Nuevo Espacio, señora Mariella Demarco.

Sala de la Comisión, 4 de julio de 2001

GUILLERMO ALVAREZ, OSCAR MAGURNO, EUSTACIO SARAVIA".

"Corte Electoral

Montevideo, 4 de julio de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Representantes

don Gustavo Penadés

Señor Presidente:

Visto que el Representante Nacional por el departamento de Canelones Sr. Julio Luis Sanguinetti, electo por el sub lema Foro Batllista del Partido Colorado, ha solicitado licencia por los días 3, 4, 9, 10, 11, 16 y 17 de julio de 2001 y al haber declinado por esta vez la convocatoria los suplentes correspondientes, la Corte Electoral en acuerdo del día 28 de junio ppdo., proclamó Representante Nacional al tercer titular de la lista de candidatos inserta en la hoja de votación Nº  2005 Sr. Gustavo Espinosa y suplentes a los señores Nelson Vila, Susana Virgili y Julio Musetti.

Atento a que los señores mencionados precedentemente, han declinado por esta vez la convocatoria, la Corporación en sesión del día de hoy, resolvió proclamar Representante Nacional a la cuarta titular de la lista Sra. Margot Acosta y suplentes a los señores Onofrio Tulumello, Daniel Remuñan y Diego Porcile.

Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal y por el término de la licencia concedida al Representante Nacional Sr. Julio Luis Sanguinetti y en el concepto de que se han cumplido las condiciones establecidas en el artículo 116 de la Constitución de la República, por el artículo 3º de la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945 y en el inciso 3º del artículo único de la Ley Nº 16.465 de 14 de enero de 1994.

Saludo al señor Presidente con mi más distinguida consideración.

Carlos Urruty

Presidente

Alfonso Mario Cataldi

Secretario Letrado".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de Canelones, Julio Luis Sanguinetti, por el período comprendido entre los días 3, 4, 9, 10, 11, 16 y 17 de julio de 2001.

RESULTANDO: Que los suplentes correspondientes siguientes, señores Antonio Delgado y Omar Bentancourt, no aceptaron la convocatoria, y el señor Heber Duque integra la Cámara por el período comprendido entre los días 3, 4, 9, 10, 11, 16 y 17 de julio de 2001.

CONSIDERANDO: I) Que habiéndose agotado la nómina de suplentes la Corte Electoral a solicitud de la Cámara, proclamó a los señores Gustavo Espinosa, Nelson Vila, señora Susana Virgili y señor Julio Musetti como nuevos suplentes, lo que comunicó por Oficio N° 1792/2001, de 28 de junio de 2001, quienes no aceptan, por esta vez, la convocatoria.

II) Que habiéndose agotado la nómina de suplentes la Corte Electoral, a solicitud de la Cámara, proclamó a la señora Margot Acosta, y señores Onofrio Tulumello, Daniel Remuñán y Diego Porcile como nuevos suplentes, lo que comunicó por Oficio N° 1823/2001 de 4 de julio de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

Convóquese por Secretaría para integrar la representación por el departamento de Canelones, por el período comprendido entre los días 4, 9, 10, 11, 16 y 17 de julio de 2001, a la suplenta correspondiente siguiente de la Hoja de Votación N° 2005, del Lema Partido Colorado, señora Margot Acosta.

Sala de la Comisión, 4 de julio de 2001.

GUILLERMO ALVAREZ, OSCAR MAGURNO, EUSTACIO SARAVIA".

"Montevideo, 4 de julio de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Diputados

Gustavo Penadés.

Presente.

De mi mayor consideración:

Solicito se me conceda licencia desde el día 8 hasta el 15 de julio inclusive, a fin de participar en misión oficial al Parlamento Latinoamericano, a la 'Cumbre de la Deuda Social y la Integración Latinoamericana' a realizarse en la ciudad de Caracas (Venezuela).

Asimismo solicito se proceda a la convocatoria del suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

NORA CASTRO

Representante por Montevideo".

"Caracas, 11 de junio de 2001.

Doctora Nora Castro

Representante Nacional.

Parlamento de Uruguay.

De nuestra consideración:

En nombre de los diputados y demás integrantes de la comisiones de Deuda Social del Parlamento Latinoamericano, tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en la oportunidad de hacerle llegar nuestro más solidario saludo e informarle que, entre los días 10 y 13 de julio del año 2001, estaremos efectuando en la ciudad de Caracas la 'Cumbre de la Deuda Social y la Integración Latinoamericana'.

Esta actividad de particular importancia para nuestro país y el mundo entero, cuenta con el auspicio de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela y tendrá como sede el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG).

En esta Cumbre se prevé establecer una comunicación directa entre los entes multilaterales, gobiernos, expertos en la materia y organizaciones no gubernamentales, con la finalidad de crear una estrategia de evaluación de los acuerdos internacionales en materia social y, así replantear las políticas que permitan fundamentar las nuevas legislaciones sociales y esquemas constitucionales en cada una de nuestras naciones.

Nos permitimos extenderle nuestra más cordial invitación para que participe en dicho evento como invitado especial.

Reciba nuestros sentimientos de consideración y alta estima, al mismo tiempo que agradecemos sus buenos oficios y la confirmación oportuna.

Cordialmente.

Dip. Norexa Pinto Giraldi

Presidente de la Comisión Permanente

de Asuntos Económicos y Deuda Externa

Dip. Filinto Durán Chuecos

Presidente de la Comisión

Permanente de Deuda Social".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Nora Castro, para participar en la Cumbre de la Deuda Social y la Integración Latinoamericana, convocado por el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Caracas, República de Venezuela.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 8 y 15 de julio de 2001.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y en el literal B) del artículo único de la Ley N° 16.465, de 14 de enero de 1994.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Nora Castro, por el período comprendido entre los días 8 y 15 de julio de 2001, para participar en la Cumbre de la Deuda Social y la Integración Latinoamericana, convocada por el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Caracas, República de Venezuela.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Número 609 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio, señor Eduardo Bonomi.

Sala de la Comisión, 4 de julio de 2001.

GUILLERMO ALVAREZ, OSCAR MAGURNO, EUSTACIO SARAVIA".

17.- Cuestión de fueros planteada por el señor Representante Ibarra.

——Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el señor Diputado Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- Señor Presidente: vamos a referirnos puntualmente al asunto planteado y a adelantar ciertas opiniones sobre el tema de fondo, sin querer entrar en un debate que, quizás, no se dé ahora, sino cuando la Cámara se pronuncie acerca de la minuta de comunicación.

Votamos la cuestión de fueros por una elemental cortesía parlamentaria; nadie es dueño de opinar acerca de los fueros de un colega. Ayer me sentí ciertamente incómodo. Cada uno es dueño de presentar una cuestión de fueros y creo que, cualquiera sea la que un legislador presente, todos tenemos la obligación moral de acompañarlo.

Hay dos hechos objetivos. El Gobierno está aplicando un derecho vigente, y a nadie le pasa por la cabeza otra circunstancia. También es cierto que la misma aplicación modifica sustancialmente la situación anterior al 31 de mayo o al 1º de junio. Esos son dos elementos sustancialmente objetivos.

Lo que la Dirección Nacional de Aduanas hizo fue aplicar un decreto del año 1991, que modificaba lo que estaba pasando hasta el 31 de mayo. Creo que la génesis del problema -aquí es donde podemos ingresar en el tema de fondo- es que, a través del procedimiento del envío de encomiendas postales y del desarrollo de Internet, probablemente Uruguay esté atravesando la evolución de un procedimiento comercial en el que podemos estar frente a terribles abusos. El Gobierno está preocupado por los grandes abusos que se dan.

Coincido con el señor Diputado Ponce de León en muchas cosas. No es lo mismo que un ciudadano compre esporádicamente por Internet algo que le gustó, que otro -vaya a saber por qué causal: por adicción a las computadoras u otros motivos- compre todos los días un par de zapatos de menos de US$ 50. La diferencia es sustancial. El primer ciudadano es una persona que está haciendo buen uso de la facultad; el segundo es un contrabandista y, lamentablemente, en este país eso también se ha dado. Y eso no es culpa del Parlamento, ni de las empresas que transportan los materiales, ni de Internet; a quien debemos pedir cuentas es a la Dirección Nacional de Aduanas, aunque de pronto, como tantas cosas, el Código Aduanero está desactualizado y es cierto que alguno de sus artículos refiere a los barcos a vela.

Entonces, lo que debemos hacer es tratar de prevenir los abusos. El punto de equilibro en estas cosas siempre es importante. En esta discusión, en la que hay neoproteccionistas y neoaperturistas y donde se dan vuelta muchas posiciones que tradicionalmente llevamos adelante, lo que debemos hacer es tratar de encontrar un punto de equilibrio. Y coincido con el señor Diputado Ponce de León. El gran problema de toda esta temática se ha dado por los abusos que existen; y la culpa no la tiene el ciudadano que trata de comprar algo de buena fe, sino la gente malintencionada -siempre la hay- que abusa en estos temas.

Recientemente tuvimos oportunidad de concurrir con algunos colegas a un congreso de Aduanas en los Estados Unidos, en el que estaban representadas todas las Direcciones de Aduanas de América Latina y de los Estados Unidos, operadores portuarios y operadores de Aduana. La muy amable invitación de la Asociación de Despachantes de Aduana permitió a cuatro integrantes de este Cuerpo comprender algo que era absolutamente novedoso: la particularidad que tiene la Aduana, como Dirección, es ser de una especialidad tal que podemos estar estudiando durante un año y nunca vamos a terminar de comprender ciertos aspectos que van desde la nomenclatura arancelaria de un producto hasta el despacho rápido de una saca que viene por un "courier" y que cuesta menos de US$ 50. ¿Qué quiero decir con esto? Que tuvimos oportunidad de apreciar que hay Aduanas muy adelantadas y Aduanas muy atrasadas. El perfeccionamiento de la Aduana pasa por el control. Quiero dar un ejemplo: las Aduanas de Estados Unidos de América hicieron un registro y constataron que ciento cincuenta empresas de ese país no tienen despacho, y no cuando se trata de un paquete por Internet: pasan los contenedores que se les ocurre. Ellos hicieron un registro y un estudio y comprobaron que hay ciento cincuenta empresas americanas para las cuales la Aduana estadounidense tiene la orden de hacer el despacho rápido. Para esos casos no hay control alguno, porque han llegado a un nivel de perfeccionamiento tal que los envíos de empresas que merecen a la Aduana la más absoluta confianza pasan sin ningún papeleo. Eso sucede así a diferencia de otras Aduanas que hacen un control o verificación de todo lo que está pasando.

Entonces, ni siquiera tenemos la garantía de que quien controla un despacho tenga que lucir un carné que diga cómo se llama el señor al que se debe recurrir. ¡Hasta en eso hemos estado atrasados! Vaya usted a la Aduana y podrá ver que nadie tiene un carné. Desde el Parlamento tenemos que dar los instrumentos legales o políticos a esa Aduana para que opere lo más transparentemente posible.

Internet es un fenómeno que viene en avance. Yo tengo alguna discrepancia con el señor Diputado Ponce de León. En Brasil, el comercio electrónico se está desarrollando de manera abismal. Al ser un país tan grande, todo el trasiego de encomiendas que se hacía, ahora se realiza a través del comercio electrónico, que está muy desarrollado, a diferencia de Argentina.

Lo que nosotros tenemos que encontrar es un marco que permita al ciudadano de buena fe tener un sistema más justo pero menos burocrático con el comercio instalado; se podría legislar o incorporar algún tributo que permita hacer cierta justicia con el importador que tiene el comercio instalado. Si a mí me dan a elegir, prefiero un sistema justo y no burocratizado a un sistema injusto que haga que el señor tenga que recorrer ocho o nueve pasillos de la Aduana para sacar un libro o un disco compacto.

Tenemos que asumir que existen ciertas falencias en la Aduana que está en nuestra responsabilidad, como representantes del pueblo, tratar de modificar. Debemos coincidir también en que el gran contrabando de este país no viene por los paquetitos estos de menos de US$ 50, y en que, a nivel del derecho comparado, no en todos los países hay una franquicia de hasta US$ 50. En el caso de Canadá -me dieron la información recientemente- alcanza a US$ 12. Lo que tiene un valor mayor a esa cantidad tributa por un ficto, para lograr la flexibilidad de la que estamos hablando.

Entonces, teniendo en cuenta ese diagnóstico, que es a título personal, y que resulta desafiante -como Diputados, debemos tratar de encontrar instrumentos legales para transformar la Aduana, inclusive modificando el Código Aduanero-, creemos que este tema no puede estar como estaba antes del 31 de mayo -permitiendo una cantidad de abusos- ni como está al día de hoy, en que hay una especie de vacío legal y nadie sabe bien qué es lo que tiene que hacer. Realmente, el caos en la Aduana es tal que si en la boleta de un producto que puede ser un obsequio familiar dice "no sé cuanto punto com", lo consideran como de Internet y hay que hacer treinta papeleos, y si es un envío familiar lo tratan de otra manera.

Lo que hay que tratar de hacer, con vocación constructiva -veo que en esta Cámara hay casi unanimidad en este tipo de criterios-, es crear un ámbito parlamentario que no sea formal. Podemos juntarnos uno de cada Partido para tratar de encontrar una solución, una vuelta o un punto medio que permita que las situaciones injustas sean más justas, mientras que las soluciones burocráticas sean menos burocráticas. La solución va a pasar siempre por el medio, para tratar de proteger, en parte, algunos derechos del comercio instalado y, por otro lado, que el señor que tenga vocación por traer cosas del exterior tenga la certeza jurídica de que, ni bien llega la tarjeta de crédito a la empresa que oferta, a los quince días va a tener el paquete en su casa y podrá saber cuánto deberá pagar.

De hecho estamos trabajando en un tema en el que hay operadores como la Asociación de Despachantes de Aduana, la Asociación de Transportadores de Correo Expreso y la propia Dirección Nacional de Aduanas. Y el público en general, en este caso, se ha manifestado, creo que singularmente, a través de los correos electrónicos: yo recibí noventa y ocho por este tema. Esa es la posición que nosotros tenemos y es la posición que tiene el Partido Nacional. Nosotros tenemos que encontrar una solución: si es por decreto, que sea por decreto con el consenso de todos, y si es por ley, en un tema absolutamente dinámico, que sea por ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado Abdala.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: la impresión que tengo es que, en el fondo, el tema que estamos analizando es de certezas jurídicas. Es probable que al planteo que hace el señor Diputado Amorín Batlle le asista razón desde el ámbito gubernamental. Uno tiene que comprender muchas veces a los Gobiernos cuando van desarrollando su actividad cotidiana y toman algún tipo de decisión.

Con franqueza, quiero hacer una aclaración que de repente sirve a la Cámara para saber dónde estamos parados.

El Decreto N° 425, de 1991, que está siendo aplicado en este momento, define como encomiendas exoneradas de tributación a aquellas "cuyo valor estimado por la Dirección General de Aduanas no supere el equivalente de US$ 50 y que contengan: obsequios familiares, entendiéndose como tales los envíos de comestibles, prendas de vestir, cassettes, cintas grabadas, fotografías y aquellos objetos similares que puedan integrar dicho concepto; ropa usada, equipaje no acompañado de uso personal".

Hay que recordar el Código Aduanero -Decreto-Ley N° 15.691-, que en su artículo 115 establece que los envíos exonerados serán aquellos "sin fines comerciales", considerándose como tales a aquellos que tuvieran "carácter ocasional y que, por la cantidad, calidad, variedad y valor de las mercaderías, pueda presumirse, de acuerdo a la reglamentación correspondiente, que son para uso personal del destinatario o de su familia".

Aquí hay una primera contradicción en la redacción de la ley y del decreto, que desemboca en una contradicción obvia -me parece a mí- en la orden interna que la Aduana luego produce.

El artículo 291 de la Ley N° 17.296, de Presupuesto Nacional -ya no los agoto más con normas-, establece la exoneración de impuestos para la importación de "obras de carácter literario, artístico, científico, docente y material educativo [...]. Esta exoneración alcanza a todo tipo de soporte de material de las obras enunciadas [...]", etcétera.

¿Cuál es la impresión que uno tiene cuando analiza el tema? En primer lugar, los estudios de consultoras que andan boyando por allí, con cierto nivel de seriedad, dicen que los volúmenes de las compras por Internet son mucho menos significativos que lo que alguna gente dice que son. Yo tengo dos estudios, de dos consultoras distintas. Uno maneja una cifra de cincuenta mil o sesenta mil compras por Internet, y otro un poco más. En uno de los estudios se hace referencia a las destrezas que tiene el usuario de Internet y pone en último lugar las compras por esta vía. Se explica que realmente no se hace simple el acceso a la compra por Internet, por lo cual es buena cosa que haya gente metiéndose en este tipo de actividad, máxime cuando se supone que estamos tratando de promoverla.

Hoy, ¿qué es lo que estamos viendo? Con franqueza digo que lo que se está viendo es un gran caos burocrático. Después apareció alguna aclaración; la Aduana emitió algunas órdenes internas, como la del 20 de junio, en la que se aclara que los libros que no supongan envíos comerciales se van a entregar sin más trámite. Inclusive, la Aduana da una serie de pautas y marca algunos andariveles en materia de costos. Yo tengo entendido -lo digo con toda franqueza- que hasta se está necesitando recurrir a los despachantes de Aduana para sacar algún tipo de material. Eso me parece una desmesura. Además, resulta complicado desde el punto de vista de la norma, porque hay cierto derecho adquirido -no está el señor Diputado Díaz Maynard, pero me puede corregir el señor Diputado Orrico u otro colega jurista- que está funcionando bajo determinada norma y que ahora es interceptado y modificado.

Me parece que hay que manejarse con mucho cuidado, porque siempre está la potestad de cambiar la norma, pero no aquello que está en curso. Entre paréntesis, aclaro que muchos de los usuarios que compraron material en vigencia de la norma anterior ahora ven confiscada su mercadería. ¿Cómo puede suceder esto? ¿No compraron bajo una norma que era una garantía? ¿Cómo es que ahora se detiene su mercadería en la Aduana? Creo que allí hay una situación puntual a salvar.

Yo no estoy sosteniendo que el ingreso de mercaderías al país se haga sin impuestos; ello no me parece feliz. Lo que estoy sosteniendo es que debemos mirar lo que está haciendo el mundo ante estas unidades de compra por menos de US$ 50. Lo cierto es que hay una actitud bastante liberal. Por ejemplo, me dicen que en los Estados Unidos de América se ingresan hasta US$ 200 sin ningún tipo de impuesto, y Chile permite el ingreso libre de libros, estableciendo una pauta cercana a los US$ 30. En fin; hay una enorme cantidad de países que tienen una política distinta.

La impresión que tengo es concreta: no se va a recaudar mucho más con la implementación de este tipo de medidas. Lo digo con franqueza: no creo que se recaude mucho más. Además, creo que esto no va en la línea que el Gobierno ha señalado. Y no estoy peleándome con el Gobierno; yo soy el Gobierno, formo parte de él. Pero, por un lado, el Gobierno dice que va a impulsar el comercio electrónico y, por otro, aplica medidas de esta naturaleza. Por lo menos, ahí hay una contradicción de políticas; eso no me parece demasiado conveniente.

Por otra parte, esto perjudica a los "couriers". ¿Por qué no decirlo? Son empresas que funcionan en el país y que tienen un grupo de gente que está trabajando. Esto perjudica a los "couriers"; no sé a cuántas decenas de personas afecta, pero si esto merma, sin duda habrá algún lío.

Me parece que estamos disimulando la ineficiencia de la Aduana. Ese es el tema de fondo: como la Aduana no puede operar con mucha certidumbre, lo disimulamos con la aplicación de este tipo de medidas. ¡No! ¡Vamos a aplicar medidas de fondo! Creo que hay que hacer esto.

Lo más importante es lo que trataba de construir al principio: hay una potencialidad de cosas que el país tiene que tratar de aprovechar. Yo soy un usuario casi cotidiano de Internet; soy comprador por Internet, adquiero libros. Hace unos días nos íbamos para Israel y, como los costos de las llamadas no son menores, le pedí a mi esposa que averiguara si había algún sistema para llamar a Israel. Encontramos uno que se llama "Dialpad". No pudimos utilizarlo porque no accedimos a los códigos, pero les quiero mencionar las cifras porque, indirectamente, tienen algo que ver con el tema: se pagaba US$ 10 por seis horas de utilización del servicio. Ese es el mundo que se nos está viniendo encima. Podrá gustarnos más o menos, pero es el mundo que está instalado, y en ese mundo la red se utiliza hasta para este tipo de servicios.

Hay que analizar el hecho de que ya no podamos comprar más libros por Internet o de que tengamos dificultades para hacerlo -aunque creo que ahora lo liberalizaron-; hay que pensar que quizás no se puedan adquirir elementos que no son demasiado significativos y tener en cuenta lo más interesante: ¿qué pierde de recaudar el Estado? En volúmenes reales, ¿las cifras que pierde el Estado son significativas? Yo creo que no pierde demasiado. Sin embargo, ¿cuánto ganamos teniendo cien, doscientos o quinientos usuarios? Uno de los informes que tengo en mi poder habla de dos mil usuarios; aún son pocos, quisiera que hubiera muchos más trabajando, tratando de entender la mecánica de compra por Internet, que -reitero la expresión que aparece en uno de los informes- es una destreza. Como no es sencillo comprar por Internet, es bueno que eso se produzca.

En realidad, es buena cosa que el país reflexione sobre esto. Tiene razón el señor Diputado Ponce de León; ellos lo discutieron en la Comisión, y el tema también estuvo sobrevolando el debate sobre el Presupuesto. Este no es un tema consensuado; en mi bancada tenemos opiniones discrepantes al respecto. Seguramente, esto le debe suceder a buena parte de las bancadas. Pero el clima general que ganó al Parlamento fue: en este tema vamos a tratar de ganar tiempo, vamos a tratar de ver cómo se para en la cancha, qué volumen y qué densidad tiene, vamos a ver qué pasa.

Esto no va en la línea de un Presidente que tiene una mirada liberal, una perspectiva liberal; y digo esto con mucho respeto. No me quiero pelear con ningún compañero de la Lista 15; hago lo imposible por no pelearme y no lo voy a hacer. Da la impresión de que aquí hay una contradicción.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Tiene la palabra el señor Diputado Barrera.

SEÑOR BARRERA.- Señor Presidente: este tema debe ser tratado teniendo en cuenta su importancia; hay que saber separar y definir de qué estamos hablando.

El planteamiento de una cuestión de fueros refiere a la violación del fuero parlamentario, o sea, a que alguna persona, institución o Poder, a través de alguna medida, viola el fuero parlamentario. Luego de las intervenciones del señor Diputado Ponce de León y de otros colegas, hemos asistido a una discusión sobre el fondo del asunto: si está bien o está mal la aplicación de esa norma.

Lo que nosotros decimos hoy con claridad es que, ante una cuestión de fueros, debe justificarse si hubo o no violación al Poder Legislativo y a su voluntad. Si ese decreto fue dictado en el año 1991 y posteriormente no hubo ninguna norma que lo derogara, resulta claro que aún está vigente. Se me puede decir que en la Comisión se discutió y que hubo una propuesta concreta para rechazarlo, pero también podemos afirmar que, en el respeto del orden jurídico, el rechazo de una propuesta no deroga un decreto emanado del Poder Ejecutivo.

Aquí tenemos que dar una discusión sobre el fondo del asunto, pero ¡cuidado!: no debemos considerar como cuestión de fueros ni como violación de los derechos del Parlamento el hecho de que el Poder Ejecutivo, en su ámbito de aplicación, tenga la facultad de dictar decretos.

El decreto es de 1991, no de esta Administración, y no fue derogado; por lo tanto, está vigente. No confundamos lo que es una norma que no tuvo votos y que fue rechazada -que no es un texto legal vigente- con lo que es un decreto dictado por el Poder Ejecutivo. Para nosotros las certezas jurídicas son importantes, y para que éstas existan debe haber respeto al orden jurídico. Este está dado, básicamente, por respetar el ámbito de aplicación de cada norma jurídica. Por lo tanto, si el Decreto Nº 425/91 no ha sido derogado, está vigente.

Por otra parte, el señor Presidente de la República, como todos nosotros, tiene no sólo una mirada liberal, sino, básicamente, instalado el concepto de concebir una sociedad que abra la economía y defienda la libertad. Pero la defensa de la libertad tiene, sin duda, un componente esencial: el respeto a las normas establecidas. Por ende, el hecho de transformar o instalar un nuevo régimen siempre debe enmarcarse en el respeto a las normas jurídicas.

Por ello, puedo señalar dos temas diferentes: la cuestión de fueros y el fondo del asunto. Con respecto a la cuestión de fueros, desde mi punto de vista ha quedado claro que no hay violación del fuero; lo que existe es la postura de que resulta inconveniente la aplicación de este decreto, pero la inconveniencia de la aplicación de esta norma no supone que haya una violación de los fueros del Parlamento.

Con respecto al tema de fondo, en el día de ayer el señor Diputado Amorín Batlle nos informaba que el señor Ministro de Economía y Finanzas concurrirá mañana a la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, solicito que la propuesta que está circulando vuelva a la Comisión de Hacienda para que mañana, en presencia del señor Ministro, podamos discutir este tema y determinar si las normas que se están aplicando en virtud de este decreto tienen el mismo alcance que la norma proyectada. De esta manera podremos discutir cuáles son las alternativas y salidas posibles con respecto a este tema.

Repito que aquí no se están violando los fueros parlamentarios; acá lo que estamos haciendo es aplicar una norma jurídica.

SEÑOR IBARRA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BARRERA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: lamentablemente, discrepo con el señor Diputado Barrera con respecto a las nuevas disposiciones adoptadas por la Dirección Nacional de Aduanas.

Por supuesto que no voy a reiterar conceptos ya expresados en cuanto a que considero que es un problema de fueros real -o sea, un problema de fueros de la Cámara de Representantes- por los motivos que expresé anteriormente.

El señor Diputado Barrera ha mencionado únicamente el Decreto Nº 425/991, que tuvo una vigencia de diez años. Durante diez años nos regimos por el Decreto Nº 425/991 y, a pesar de ser restrictivo -comparado con lo que se dice en los artículos 114 y 115 de una ley, el Código Aduanero-, se encontraron los mecanismos para posibilitar la compra a través de encomiendas postales -y, recientemente, por Internet- de determinados elementos que no se encuentran en el país y que son imprescindibles para determinada cantidad de ciudadanos. Eso no es competencia, más allá de los abusos que hay. Pero, además, esos abusos deben ser cortados bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional de Aduanas. Ninguno de nosotros justifica ni permite abusos como los que mencionó el señor Ministro de Economía y Finanzas, de alguna manera ridiculizando la entrada de veinte o treinta zapatos izquierdos y, después, de veinte o treinta zapatos derechos. Ese es un problema de controles de la Dirección Nacional de Aduanas; es ésta la que debe controlar adecuadamente.

Lo que el señor Diputado Barrera no ha mencionado es que lo que ha lesionado gravemente la situación anterior es la Orden Interna Nº 2/01, primero, y después la Nº 47/01. Esto ha complicado el ingreso de algunas mercaderías -como discos compactos para estudiantes, técnicos y profesionales- y ha aumentado los costos, porque deben tomar intervención los despachantes de Aduana y se debe transitar por tres o cuatro oficinas para retirarlas. Eso es lo que realmente ha originado el problema.

Reitero que no nos referimos concretamente al Decreto Nº 425/991 -que es de 1991 y que, por lo tanto, ya estaba vigente cuando el Poder Ejecutivo hizo la remisión del artículo 345-, sino a las nuevas disposiciones de la Dirección Nacional de Aduanas, lo que ha complicado absolutamente todo, inhabilitando el ingreso de esos productos y sustituyendo la voluntad del Poder Legislativo.

Con relación a esas órdenes internas de la Dirección Nacional de Aduanas, tengo entendido que se han presentado varios recursos porque realmente es imposible acceder a la compra, por ejemplo, de un CD, de un disco, etcétera.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede continuar el señor Diputado Barrera, a quien le restan seis minutos de su tiempo.

SEÑOR BARRERA.- Señor Presidente: sin lugar a dudas, de las palabras del señor Diputado Ibarra se desprende que lo que se considera que viola los fueros son, precisamente, las resoluciones del Poder Ejecutivo adoptadas dentro del ámbito de aplicación de las normas vigentes, para lo cual tiene facultades.

Sin duda, estas órdenes no se están aplicando en el marco de una ley no votada, y ése es el centro del asunto y de la discusión. No pongamos el centro de la discusión donde no está. El asunto objetado aquí es si se está aplicando o no una ley no votada. Ha quedado absolutamente claro por parte de todos quienes han opinado que lo que se está aplicando aquí son el decreto y las órdenes, y no una ley no votada.

SEÑOR PONCE DE LEON.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BARRERA.- Si es breve, sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR PONCE DE LEON.- Señor Presidente: voy a tratar de ser telegráfico.

Lo que estamos cuestionando, efectivamente, son las decisiones que en la materia ha adoptado el Poder Ejecutivo; no de un funcionario subordinado, sino del jerarca.

Dictar un decreto es una potestad del Poder Ejecutivo. Este lo dictó en 1991; puede dictar el que entienda pertinente.

Lo que decimos es que lo que el Poder Ejecutivo está respaldando a través de sus funcionarios es que se vuelva a poner en ejecución algo de una manera absolutamente contradictoria con lo expresado y con lo discutido, porque si no hubo innovación legal, no debería existir ninguna razón para que haya innovación real. Y la Aduana se encuentra, desde hace treinta días, en una situación de innovación real.

El decreto de 1991 es de una legalidad muy dudosa, pero creo que no fue objetado, porque en términos sustantivos en ese momento el grueso de las encomiendas era efectivamente de origen familiar. Hace diez años el origen de las encomiendas no era el mismo que hoy y, por tanto, nadie se alteró por el texto de ese decreto. Aclaro que no estoy cuestionando a quienes en su momento lo dictaron. Lo que digo es que hoy, por la vía de los hechos, el Poder Ejecutivo habilitó el funcionamiento de esto, seguramente entendiendo que ese decreto se aplicaba a otra realidad y no a ésta, luego de que se propusiera un cambio en la discusión parlamentaria y de tener una decisión unánime en cuanto a las valoraciones. El señor Diputado Abdala resumió muy bien la situación en una frase: se enfrenta lo que se está ganando desde el punto de vista cultural por parte de miles de ciudadanos -básicamente jóvenes- contra lo que eventualmente se deja de recaudar, que quedó claro que era irrelevante. Obviamente, hay intereses económicos enfrentados; en un caso hay "couriers", en el otro hay comerciantes. En fin; es una situación que naturalmente importa, y aunque hoy no hablamos de la argumentación de fondo, me adelanto a decir que su peso radica en algo que se expresó muy bien como resumen y que, en definitiva, dice: "Sigamos como hasta ahora". Entonces, el Poder Ejecutivo se enfrenta a una situación en la que el "sigamos como hasta ahora" representa un cambio violento respecto a lo que estaba sucediendo. Eso es contradictorio con lo que se propuso y resolvió. Se dice que hay un decreto de 1991; es el Poder Ejecutivo quien dicta los decretos y, por lo tanto, el responsable es el Ministro.

18.- Solicitud de prórroga del término de la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Dese cuenta de una moción presentada por el señor Diputado Rossi.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se prorrogue el término de la sesión".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y tres en sesenta y dos: NEGATIVA.

19.- Cuestión de fueros planteada por el señor Representante Ibarra.

Prosigue la consideración del asunto en debate.

Puede continuar el señor Diputado Barrera, a quien restan dos minutos de su tiempo.

SEÑOR BARRERA.- Señor Presidente: evidentemente, el señor Diputado Ponce de León vuelve a insistir en la conveniencia o inconveniencia de la aplicación de una norma, pero no ha podido decirnos si, más allá de que él crea que es inconveniente, puede estar afectando el orden legal.

Nadie puede negar la potestad de un Gobierno de aplicar y hacer valer un decreto vigente. Sin lugar a dudas, en esta discusión ha quedado claro que el Gobierno y, concretamente, la Aduana no están aplicando la norma que fue rechazada. Están haciendo uso de una potestad que les es inherente y, por lo tanto, así como ha mencionado que tiene conocimiento de que un número importante de personas ha recurrido esa situación, es por ese camino que establecen el orden jurídico, nuestro derecho administrativo y nuestro derecho aduanero, que se va a poder seguir transitando.

Para finalizar, debo decir que este tema no ha violado los fueros y tampoco, en lo más mínimo, la independencia del Poder Legislativo. Ha sido una resolución tomada de acuerdo con las potestades que competen al Poder Ejecutivo y, por lo tanto, ante la comparecencia a la Comisión de Hacienda, en el día de mañana, del señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Alberto Bensión, estamos en condiciones de decir que lo más sensato para tomar una decisión sobre el fondo del asunto es que absolutamente todos esperemos la presencia del señor Ministro para poder manifestarle los cuestionamientos sobre este tema. En definitiva, este asunto que ha sido planteado como cuestión de fueros, no es tal.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Finalizando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Diputado Gustavo Silveira.

SEÑOR SILVEIRA (don Gustavo).- Señor Presidente: honestamente, no me siento en condiciones de juzgar en el día de hoy si se trata de una cuestión de fueros, pero sí de expresar lo que siento en cuanto al planteo del señor Diputado.

Más allá de las opiniones encontradas que puedan existir, su planteamiento merece todo mi respeto, porque conozco la seriedad que le anima. No soy de los que piensan que se trata de un movimiento político que intenta acaparar a destiempo la atención pública o captar algunos votos a la pasada, aprovechando una picardía del momento. La preocupación del señor Diputado que planteó esta cuestión de fueros representa, como para muchos de nosotros, un tema de vital importancia. En Cerro Largo, mi departamento, somos asiduos compradores por Internet, y considero que éste es un tema fundamental y central para todos aquellos que se desenvuelven en esta forma de comercio en expansión.

Particularmente, me preocupa que podamos opinar y resolver sobre un tema que, en definitiva, es de justicia tributaria, del encuadre del Poder Ejecutivo a la normativa legal, de cuáles son las facultades que tiene pero que lo obligan -porque el del Poder Ejecutivo es un poder-deber-, sin escuchar al Ministro del ramo. Cuando ayer se planteó el tema, votamos en contra de la petición, y por los mismos motivos habríamos votado nuevamente en contra si hubiéramos estado en Sala cuando se votó en esta sesión. No se trata de que no tengamos interés en que se dilucide el tema, sino que entendemos que debemos manejar algo tan serio como una cuestión de fueros de la Cámara con el cuidado que merece.

Digo esto porque el tema es importante. Se habló de él al considerarse el proyecto de Presupuesto -estuvo sobrevolando las discusiones en la Comisión respectiva- y, de alguna manera, existía un entendimiento. Por lo tanto, una rispidez que haga surgir dudas sobre este asunto nos preocupa a todos.

Por otra parte, el tema de los fueros del Cuerpo merece un tratamiento muy particular, especial y serio. No será la primera ni la última vez que se plantee, pero la opinión pública debe saber que cuando en el Parlamento se discute una cuestión de este tipo estamos hablando de algo tan serio, contundente y arraigado en la vida nacional que somos responsables de marcarnos las normas a los efectos de administrarlo para que, en su momento, sea un instrumento de defensa, un alerta al sistema político o al sistema democrático nacional. Particularmente, siento que, por la importancia que tiene la cuestión de fueros y por cómo se ha venido manejando el tema de las compras por Internet, no hemos cumplido todas las etapas como para que, doce o trece horas antes de la presencia del señor Ministro, nos aboquemos a resolver si se trata o no de una cuestión de fueros.

Entonces, ¿cuál es el apuro? ¿Se termina el mundo? ¿Por qué el Parlamento no espera a que mañana el señor Ministro de Economía y Finanzas venga y hable frente a frente, cara a cara? ¿Por qué nos quejamos de que se resuelven cosas sin habernos consultado o violando, aparentemente, algún compromiso? ¿Qué actitud tomamos nosotros? También resolvemos cosas sin haber escuchado antes al otro. No estamos dando las señales que pretendemos que se nos den. Creo que estamos equivocando el camino en un tema en el que la justicia tributaria y el principio de igualdad también están en juego, lo que no es poca cosa.

Considero que no hemos meditado lo necesario ni actuado con serenidad en cuanto a este asunto y que no nos estamos dando la oportunidad de esperar a mañana. Estamos equivocando el camino porque, en definitiva, mañana vendrá el señor Ministro y, si los señores Diputados así lo desean, por la tarde podremos convocar a una sesión extraordinaria o hacer alguna declaración de otro tipo, para ver si esto es una cuestión de fueros. Pero hoy, trece horas antes de que concurra el señor Ministro, estamos reunidos tratando de resolver una cuestión en un procedimiento contradictorio, puesto que la otra parte todavía no ha sido escuchada.

Esto, a mi criterio, sólo puede generar una decisión arbitraria, objeto de una utilización ilegítima de una mayoría circunstancial. No creo que ése sea el camino que todos buscamos, sobre todo porque nos estamos manejando con un instrumento que es el respeto a los fueros, que debe ser utilizado con tanto cuidado como para que no termine contribuyendo al desprestigio de este Parlamento.

SEÑOR BARRERA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR IBARRA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SILVEIRA (don Gustavo).- Las concederé por su orden, en primer lugar, al señor Diputado Barrera y, luego, al señor Diputado Ibarra.

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Puede interrumpir el señor Diputado Barrera.

SEÑOR BARRERA.- Señor Presidente: cuando hice uso de la palabra concedí algunas interrupciones y no pude dejar en claro algunos conceptos que el señor Diputado Gustavo Silveira estableció con mucha precisión y que tienen que ver con la cuestión de fueros.

Evidentemente, el fuero es de toda la Cámara; no es algo personal. La renuncia al fuero tiene que ser aprobada por una votación en la Cámara. Cuando el instituto del fuero se estableció en el mundo fue, precisamente, para preservar la independencia, las potestades y el poder de los integrantes del Parlamento. El fuero, sin lugar a dudas, pertenece a todo el Cuerpo.

Digo, además, que con respecto a este tema nunca puede existir una violación de lo que es el ámbito del Parlamento; nunca puede existir una violación de las potestades de cada uno de los legisladores. Tampoco puede existir una potestad que, estando prevista en el orden jurídico, como es la de dictar decretos, viole lo relativo a la independencia de los legisladores, porque, entonces, ante cada decreto que uno entienda inconveniente se podría plantear una cuestión de fueros. Si un decreto con el que podamos defender...

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Obispo).- Habiendo llegado la hora reglamentaria, se levanta la sesión.

(Es la hora 20)

 

 

 

 

GUSTAVO PENADES

PRESIDENTE

 

Dra. Margarita Reyes Galván

Secretaria Relatora
Dr. Horacio D. Catalurda

Secretario Redactor

 

Mario Tolosa

Director del Cuerpo de Taquígrafos

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.