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Nº 18 - TOMO 80 - 13 DE JUNIO DE 2001

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

ASAMBLEA GENERAL

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

4ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y DOCTOR HORACIO D. CATALURDA

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Oficiales Generales Superiores en situación de retiro

- Observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo a la ley por la que se procede a la reparación de sus carreras.
- La Asamblea General resuelve levantar las observaciones interpuestas.

5) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

«Montevideo, 11 de junio de 2001.

La ASAMBLEA GENERAL se reunirá en sesión extraordinaria el próximo miércoles 13, a la hora 15, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley por el que se confiere el grado inmediato superior a los Oficiales Generales y Superiores comprendidos en el Capítulo II de la Ley Nº 15.848, de 22 de noviembre de 1986.

(Carp. Nº 31/01 - Rep. Nº 12/01).

Horacio D. Catalurda Secretario - Mario Farachio Secretario.»

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Marina Arismendi, Danilo Astori, Alejandro Atchugarry, Gustavo Borsari, Alberto Brause, Alberto Cid, Ruben Correa Freitas, Alberto Couriel, José de Boismenu, Yamandú Fau, Eleuterio Fernández Huidobro, Francisco Gallinal, Carlos M. Garat, Reinaldo Gargano, Luis Alberto Heber, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Pablo Millor, José Mujica, Rodolfo Nin Novoa, Manuel Núñez, Carlos Julio Pereyra, Walter Riesgo, Ambrosio Rodríguez, Enrique Rubio, Wilson Sanabria, Juan A. Singer, Orlando Virgili y Mónica Xavier, y los señores Representantes Washington Abdala, Odel Abisab, Guzmán Acosta y Lara, Ernesto Agazzi, Guillermo Alvarez, Juan Justo Amaro, Gustavo Amen Vaghetti, José Amorín Batlle, Raúl Argenzio, Beatriz Argimón, Luis A. Arismendi, Roberto Arrarte Fernández, Roque E. Arregui, Carlos Baráibar, Raquel Barreiro, Jorge Barrera, Artigas A. Barrios, José Bayardi, Edgar Bellomo, Juan José Bentancor, Nahum Bergstein, Ricardo Berois Quinteros, Daniel Bianchi, José L. Blasina, Nelson Bosch, Brum Canet, Julio Cardozo Ferrerira, Ruben Carminatti, Nora Castro, Ricardo Castromán Rodríguez, Roberto Conde, Jorge Chápper, Silvana Charlone, Eduardo Chiesa Bordahandy, Guillermo Chifflet, Sebastián Da Silva, Ruben H. Díaz, Daniel Díaz Maynard, Juan Domínguez, Alejandro Falco, Ricardo Falero, Alejo Fernández Chaves, Ramón Fonticiella, Luis José Gallo Imperiale, Daniel García Pintos, Orlando Gil Solares, Carlos González Alvarez, Gustavo Guarino, Arturo Heber Füllgraff, Doreen Javier Ibarra, Luis Alberto Lacalle Pou, Félix Laviña, Luis M. Leglise, Ramón Legnani, Ernesto López Ortiz, Guido Machado, Oscar Magurno, José Carlos Mahía, Juan Máspoli Bianchi, Artigas Melgarejo, José Homero Mello, Felipe Michelini, José M. Mieres, Pablo Mieres, Ricardo Molinelli, Ruben Obispo, Jorge Orrico, Francisco Ortiz, Gabriel Pais, Ronald Pais, Gustavo Penadés, Margarita Percovich, Darío Pérez, Enrique Pérez Morad, Enrique Pintado, Carlos Pita, Martín Ponce de León, Iván Posada, Yeanneth Puñales Brun, Domingo Ramos, Glenda Rondán, Víctor Rossi, Adolfo Pedro Sande, Julio Luis Sanguinetti, Diana Saravia Olmos, Alberto Scavarelli, Leonel Heber Sellanes, Raúl Sendic, Pedro Señorale, Gustavo Silveira, Julio C. Silveira, Lucía Topolansky, Daisy Tourné, Wilmer Trivel y Walter Vener Carboni.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Guillermo García Costa y María Julia Pou, y los señores Representantes Tabaré Hackenbruch Legnani, Henry López, Martha Montaner y María Alejandra Rivero Saralegui; y, con aviso, los señores Representantes Mario Amestoy, Julio Lara y Alberto Perdomo.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 10 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

«Las Juntas Departamentales de Paysandú y Florida remiten notas comunicando no aceptar algunas de las observaciones interpuestas por el Tribunal de Cuentas a sus Presupuestos Quinquenales 2001 - 2005.

-A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

La Junta Departamental de Durazno remite nota comunicando la no aceptación de las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas al Decreto por el que se establecen bonificaciones especiales para los buenos pagadores de los Tributos Municipales.

-A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

El Poder Ejecutivo remite varias notas comunicando haber aprobado los Decretos relacionados con la ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al Ejercicio 1999; y de las Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea, correspondiente al Ejercicio 2000.

-TENGASE PRESENTE.

La Suprema Corte de Justicia remite mensaje comunicando el testimonio de la sentencia por la cual declara la inconstitucionalidad del artículo 122 de la Ley Nº 16.226, en los autos caratulados: `Contaduría General de la Nación contra López, Ramona -apelación- Inconstitucionalidad de Oficio'.

-TENGASE PRESENTE. Queda la documentación a disposición de los señores Legisladores en la Secretaría de la Asamblea General.»

4) OFICIALES GENERALES SUPERIORES EN SITUACION DE RETIRO

SEÑOR PRESIDENTE.- La Asamblea General ha sido citada para considerar las "Observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley por el que se confiere el grado inmediato superior a los Oficiales Generales y Superiores comprendidos en el Capítulo II de la Ley Nº 15.848, de 22 de noviembre de 1986. (Carp. Nº 31/01 - Rep. Nº 12/01)."

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 31/01
Rep. Nº 12/01

Montevideo, 16 de mayo de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General
Don Luis Hierro López

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, en ejercicio de la facultad prevista en los artículos 168, numeral 6º y 137 y siguientes de la Constitución de la República, a los efectos de formular objeciones y oponerse a la promulgación del proyecto de ley que fuera sancionado por la Asamblea General con fecha 2 de mayo de 2001, por el que se confiere el grado inmediato superior a los Oficiales Generales y Superiores comprendidos en el Capítulo II de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986.

Dicha oposición o veto se funda en objeciones de naturaleza constitucional y legal, instrumental y aun conveniencia y oportunidad institucional, que se pasan a detallar.

Nuestro sistema de gobierno se basa en la separación de Poderes. Ello surge claramente del texto constitucional y ha sido ampliamente desarrollado y estudiado por la Doctrina nacional especializada.

Así, el artículo 82 de la Constitución de la República, establece que la "soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los Poderes representativos que establece esta Constitución; todo conforme a las reglas expresadas en la misma". Por su parte los artículos 83, 149 y 233, disponen que el Poder Legislativo será ejercido por la Asamblea General, el Poder Ejecutivo por el Presidente de la República actuando con el Ministro o los Ministros respectivos o por el Consejo de Ministros y el Poder Judicial por la Suprema Corte de Justicia y por los Tribunales y Juzgados. A su vez, nuestra Carta Magna, en lo que nos interesa, se ocupa de regular expresamente el ámbito de competencia tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo, refiriéndose a ellos en los artículos 85 y siguientes y 168 y siguientes.

Del examen de la normativa mencionada surge con claridad que la Ley sancionada por el Parlamento vulnera el principio republicano de la separación de Poderes, en la medida que implica el ejercicio de una competencia que la Constitución de la República asignó al Poder Ejecutivo en el numeral 11) del artículo 168 de su texto. Esta norma establece: "Al Presidente de la República, actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros, corresponde: ...11) Conceder los ascensos militares conforme a las leyes, necesitando, para los de Coronel y demás Oficiales Superiores, la venia de la Cámara de Senadores o en su receso, la de la Comisión Permanente...".

Es evidente que al tenor de la transcripta disposición, el Parlamento con la nueva normativa legal estaría invadiendo competencia específica del Poder Ejecutivo.

En tal sentido, y desde el punto de vista doctrinario, la posición del catedrático de Derecho Público, Dr. Horacio Cassinelli Muñoz, es muy clara cuando expresa: "...el Poder Ejecutivo tiene una serie de competencias, bastante larga, que se pueden clasificar de la siguiente manera: ...c) Atribuciones especiales de administración activa. Me refiero a las que están enunciadas una por una, fuera de la enunciación genérica que lo configura como ejecutor de la legislación. Por ejemplo, las atribuciones de proveer empleos, de destituir, de conceder ascensos militares, de nombrar personal consular y diplomático, de dar retiros y arreglar pensiones, de designar el Fiscal de Corte y a los demás Fiscales... Son competencias de administración activa, en que el Poder Ejecutivo actúa como órgano que administra. Estas competencias las tiene independientemente de lo que disponga la ley, directamente por mandato constitucional, por eso es que se justifica que figuren aparte del ordinal 4 que le da su carácter general de ejecutor de la legislación". (cf.: Cassinelli Muñoz, H. "Derecho Público", pág. 226 a 229, Nral. 210, 1999, FCU.)

En el caso específico de los ascensos militares (numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la República) la única intervención del Poder Legislativo es a través de la Cámara de Senadores o en su receso de la Comisión Permanente y se refiere a conceder la venia para el ascenso de los Oficiales Superiores y Oficiales Generales, pero la iniciativa nunca es ni puede ser del Poder Legislativo, sino que requiere iniciativa del Poder Ejecutivo, elemento que tampoco se ha dado en el proyecto sancionado. Cabe consignar, además, que en estos casos no nos encontramos ante un acto legislativo típico sino que en todo caso, estaría formando parte de la unión de la voluntad de dos órganos públicos (Poder Ejecutivo y Cámara de Senadores o Comisión Permanente) en un acto administrativo complejo que precisamente requiere la voluntad de estos dos órganos para conformarse (Tratado de Derecho Administrativo, Dr. Enrique Sayagués Laso y Prof. Constancio Levrero en su Curso de Derecho Administrativo de 1973), o como también lo señala la doctrina, sería un acto parlamentario y no legislativo (Cj. Dr. José Korzeniak, "Primer Curso de Derecho Público - Derecho Constitucional", pág. 474, febrero de 2001, FCU).

Ha de señalarse además, que la Constitución de la República dispone que los efectivos militares sólo podrán ser aumentados por la mayoría de votos del total de componentes de cada Cámara (numeral 8º del artículo 85), norma que también ha de tenerse presente, como se verá más adelante.

Pero a su vez nuestra Constitución de la República, regula el estatuto de los funcionarios públicos y al hacerlo, en el artículo 59, claramente establece que el correspondiente a los militares, policías y diplomáticos, se regirá por leyes especiales.

Dichas leyes especiales, están constituidas actualmente por el Decreto-Ley Orgánico de las Fuerzas Armadas, 14.157, de 21 de febrero de 1974, Decreto-Ley Orgánico del Ejército 15.688, de 30 de noviembre de 1984, Decreto-Ley Orgánico de la Fuerza Aérea 14.747, de fecha 28 de diciembre de 1977 y Ley 10.808, de fecha 16 de octubre de 1946, Orgánica de la Armada modificativos y concordantes.

La Institución militar está cimentada en una estructura de carácter piramidal que se va construyendo y sustentando en la medida que se da fiel cumplimiento a la normativa que lo regula. Así el sistema de ascenso es uno de los pilares básicos de esta estructura, como se verá.

El artículo 130 del Decreto-Ley Nº 14.157 precitado, prevé que "el ascenso es la promoción al grado inmediato superior y se otorgará al personal de las Fuerzas Armadas que haya cumplido con las exigencias de esta ley y las leyes particulares de cada Fuerza, con la finalidad de satisfacer las necesidades orgánicas de aquellas procurando: A. En tiempo de paz llenar las vacantes producidas en los efectivos, B. En caso de movilización total o parcial completar los efectivos que exijan las necesidades", agregándose que "el ascenso, por último, propenderá al logro del adecuado estímulo moral, facilitando la evolución profesional de los cuadros".

Surge entonces que el ascenso fundamental se otorga con el fin de satisfacer las necesidades orgánicas y no las personales, que en tiempo de paz se produce sólo si existen vacantes y en la eventualidad de movilización solo si es necesario completar los efectivos de acuerdo a las necesidades coyunturales.

Va de suyo entonces, que solamente tiene derecho al ascenso militar en actividad (artículo 133 del Decreto-Ley Nº 14.157 precitado), cuya única excepción es el caso de movilización ante un conflicto armado, lo que también dependerá de una decisión del Mando Superior de las Fuerzas Armadas, en cada caso, es decir del Presidente de la República, actuando con el Ministro o con el Consejo de Ministros (artículo 168, numeral 2do. de la Constitución de la República, artículo 8º del Decreto-Ley Nº 14.157 de 21 de febrero de 1974), dado que ésta opera por acto administrativo.

Por lo tanto puede concluirse que la normativa vigente sólo prevé el ascenso de un militar retirado cuando se den las siguientes condiciones: A) que exista movilización de las Fuerzas Armadas ante un conflicto dispuesta por el Mando Superior, B) que el militar retirado acredite estar en condiciones de edad y salud que le permitan cumplir la misión que le fuere asignada, C) que a su respecto se dicte el acto administrativo de reincorporación a las Fuerzas Armadas por parte del Poder Ejecutivo, como consecuencia del cual recupera todas las obligaciones y derechos del estado militar y por ende, vuelven a serle aplicables los Reglamentos de Calificaciones y Ascenso para el personal en actividad, surgiendo su expectativa al ascenso, en caso de existir vacantes y darse a su respecto las circunstancias previstas por la normativa, en forma preferente a otros, según sea el sistema de ascenso aplicable a su Grado (antigüedad, selección o concurso).

En virtud de lo expuesto la única previsión legal de ascenso para un militar retirado está dada por la que se ha comentado. Esto es relevante, si se tiene en cuenta que los militares "designados", es decir, "los militares retirados que aceptan voluntariamente ocupar cargos en el Ministerio de Defensa Nacional, no poseen derecho al ascenso, sino únicamente a un nuevo cómputo de servicios a los efectos del haber de retiro" (véanse artículos 185, 187 y 188 del Decreto-Ley Nº 14.157 citado).

Por último debe señalarse que las disposiciones comentadas guardan coherencia con el artículo 183 del mismo texto legal, en la medida que transcurridos cuatro años de pase a situación de retiro, el militar queda liberado de todas las obligaciones que le impone el estado militar, con excepción del sometimiento a la Jurisdicción de los Tribunales de Honor por parte de los Oficiales y del deber de secreto profesional militar.

En consecuencia en el proyecto de ley sancionado no se da ninguno de los presupuestos previstos en la normativa para proceder al ascenso, es decir, no existe iniciativa del Poder Ejecutivo, ni tampoco la aplicación de los presupuestos del sistema de ascenso aplicable al grado (antigüedad y selección, o antigüedad, selección y concurso para los Coroneles y equivalentes, según sea la Fuerza, y sistema de selección para el grado de Oficial General y equivalentes), los Oficiales que se desea ascender no se encuentran en actividad y no estamos en un momento de movilización de las Fuerzas Armadas, por lo que tampoco han sido reincorporados los mencionados Oficiales en situación de retiro.

Ahora bien, el proyecto sancionado expresa en el artículo 1º, que la medida que se toma es "como honor público (numeral décimo tercero del artículo ochenta y cinco de la Constitución)". Dicho artículo establece que compete a la Asamblea General "...decretar honores públicos a los grandes servicios". En tal sentido dice el Dr. Korzeniak (Primer Concurso de Derecho Público - Derecho Constitucional, página 464 y 465, Febrero de 2001, FCU) que a pesar del uso del vocablo "decretar" algunos de estos honores públicos son dispuestos por leyes formales y no por resolución de la Asamblea General agregando que el concepto de honores públicos no tiene límites demasiado precisos, que en general se trata de homenajes, recordaciones, manifestaciones de admiración, etc., que se concretan designando algún sitio, sala, o local con el nombre de la persona honrada, siendo frecuente en el caso de ex-parlamentarios el empleo de una resolución que en ocasión es tomada por una sola de las Cámaras.

Estima el Poder Ejecutivo que si la voluntad parlamentaria fue la de rendir honor público a los Oficiales retirados del inciso G), el medio idóneo debió haber sido una declaración pública parlamentaria de reconocimiento a nivel de la Asamblea General y no un acto parlamentario legislativo, (Ley formal), sobre todo teniendo en cuenta que ya existe una ley formal con dicho alcance (artículo 5º, de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986).

Atento a lo expuesto y teniendo en cuenta especialmente las objeciones de naturaleza constitucional y legal, se encarece a la Asamblea General tenga a bien acoger las observaciones que afectan la totalidad del proyecto sancionado el 2 de mayo de 2001, por el cual como honor público se establece el derecho de los Oficiales Generales y Superiores comprendidos en el Capítulo II de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, para que se les confiera el ascenso al grado inmediato superior en situación de retiro.

Jorge Batlle PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Luis Brezzo.

PODER LEGISLATIVO

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN

Artículo 1º. - En reconocimiento a su lealtad con la República, y como honor público (numeral decimotercero del artículo ochenta y cinco de la Constitución), los Oficiales Generales y Superiores comprendidos por las normas contenidas en el Capítulo II de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986, tendrán derecho a que se les confiera el grado inmediato superior, en situación de retiro, exceptuándose aquellos que tienen el grado de la máxima jerarquía prevista en el escalafón al que pertenecieron.

Quedan excluidos los Oficiales comprendidos en lo que determina el artículo 8º de la referida ley.

Art. 2º. - A efectos de lo establecido precedentemente, el Poder Ejecutivo, dispondrá de un plazo de sesenta días, a partir de la promulgación de la presente ley, para expedirse respecto a lo previsto en el segundo inciso del artículo anterior. Si no lo hiciere al término de dicho plazo, concederá los correspondientes ascensos en situación de retiro.

Art. 3º. - Lo dispuesto precedentemente, en ningún caso supondrá el pago de compensación económica ni gastos al Tesoro Nacional.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 2 de mayo de 2001.

Gustavo Penadés Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante en mayoría, señor Legislador Ortiz.

SEÑOR ORTIZ.- Señor Presidente: por mi parte, voy a dar el informe en mayoría de la Comisión de Defensa Nacional de la Asamblea General.

La Comisión de Defensa Nacional de la Asamblea General tiene el honor de elevar al Cuerpo el informe en mayoría por el que se levantan las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo, manteniendo el proyecto de ley sancionado concerniente a la reparación a los Oficiales Superiores del Ejército y la Armada comprendidos por las normas contenidas en el Capítulo II de la Ley Nº 15.848, de 22 de noviembre de 1986.

El proyecto de ley sancionado viene a conferir honor público en reconocimiento a la lealtad de los Oficiales Superiores del Ejército y la Armada para con la República que en el año 1977, superados por años la guerra interna, padecieron de un retiro arbitrario e injusto a través de la aplicación de lo impuesto por el inciso G del artículo 192 del Decreto-Ley Nº 14.157, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, en la redacción dada por el Decreto-Ley Nº 16.242, de 20 de abril de 1977, actualmente derogado.

El Consejo de Estado de la época, al aprobar y dar vigencia al referido Decreto-Ley Nº 16.242, de 20 de abril de 1977, dijo con claridad manifiesta que el inciso G que se incorporaba al artículo 192 del Decreto-Ley Nº 14.157 era un instrumento para alejar de los cuadros activos de las Fuerzas Armadas a aquellos Oficiales Superiores que comprometían la unidad de doctrina de las Fuerzas que sostenían el Gobierno de facto. Traducido en buen romance y en términos realistas, comprometían la unidad de doctrina de aquella época por mantenerse fieles al juramento prestado: defender y sostener la Constitución Nacional y el orden institucional.

Todo el mundo conoce que los mandos de la época sabían muy bien quiénes acompañaban al Gobierno de facto, así como también conocían a aquellos Oficiales Superiores que no lo hacían.

Rechazadas las observaciones interpuestas, la Comisión de Defensa Nacional entiende por mayoría que el proyecto de ley sancionado tiene una perfecta y ajustada concordancia con el texto y el espíritu de la Constitución de la República. Así es; en efecto, el Poder Legislativo concede honor público con arreglo al texto constitucional, artículo 85, numeral 13, a quienes probadamente se expulsó de los cuadros activos de las Fuerzas Armadas por mantenerse fieles al juramento prestado.

Simultáneamente, la ley habilita al Poder Ejecutivo a conceder el ascenso en retiro al grado superior; con la venia y autorización de ambas Cámaras y el pronunciamiento de la Asamblea General, a rechazar las observaciones, manteniendo el proyecto sancionado.

El texto de la ley contiene una valiosa garantía, ya que el Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo prudencial para analizar los legajos funcionales y excluir a aquellos respecto de los cuales existan causas graves por condenas de Tribunales de Justicia o de Honor. Cumplido ello, conferirá los ascensos.

El derecho al ascenso que consagra el proyecto sancionado en su artículo 1º viene también a dar congruencia a la reparación inicial, limitada, parcial, que iniciara la Ley Nº 15.848, al conceder a estos Oficiales Superiores las asignaciones de retiro del grado superior. El acto arbitrario e injusto de la aplicación del inciso G, además de truncar sus carreras militares y de ocasionarles fuertes agravios morales, significó, para estos Oficiales, la supresión de su legítimo derecho a la postulación en actividad al grado superior. Este derecho a la postulación en actividad al Generalato y al Almirantazgo es esencial, de muy alta sensibilidad en la culminación de la carrera militar en estos tiempos y en todos los tiempos.

Estos Oficiales Superiores, a 24 años de aplicado el inciso G, ascenderán en retiro, no ejercerán el mando, y siendo todos ellos de edad avanzada, tampoco integran ninguna clase de reservas previstas por la ley. El honor público que la República les concede, objetivado en la promoción al grado superior en situación de retiro, sin ejercicio del mando, para nada afectará las estructuras de los cuadros activos de las Fuerzas Armadas ni tampoco de las diversas reservas.

Con arreglo al texto constitucional, los ascensos se conceden conforme a las leyes y a la Constitución de la República, en el numeral 2º) del artículo 168. El proyecto sancionado constituye una ley habilitante, esto es, un acto regla que tiene por finalidad desvanecer y dejar sin efecto la arbitrariedad e injusticia del acto regla anterior que instituyó el instrumento del inciso G del artículo 192 del Decreto-Ley Nº 14.157. El fundamento de la ley sancionada radica en mantener los valores de justicia y dignidad. Los Gobiernos legítimos tienen no solamente la facultad, sino también el deber jurídico de ejercer sus potestades constitucionales y legales, así como de ejecutar aquellas acciones tendientes a restablecer los principios de justicia, de dignidad y de seguridad jurídica, desvaneciendo las consecuencias de actos y situaciones injustos, arbitrarios y antijurídicos.

En atención a los fundamentos señalados, la Comisión de Defensa Nacional de la Asamblea General, en mayoría, recomienda que se rechacen las observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo, manteniendo el proyecto sancionado, comunicándolo al Poder Ejecutivo para su promulgación.

SEÑOR FAU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR FAU.- Señor Presidente: nos corresponde formular el informe en minoría, el cual se expresa en la voluntad de que este Cuerpo no proceda al levantamiento de las observaciones que oportunamente formuló el Poder Ejecutivo. A ello nos llevan razones constitucionales, legales, instrumentales, de conveniencia y de oportunidad institucional.

Formamos parte de un sistema de gobierno que se inspira en un principio de separación de Poderes, mediante el cual se dan todas y cada una de las garantías, en el natural equilibrio de un sistema de pesos y contrapesos que rigen el relacionamiento de esos Poderes. Ese régimen de separación de Poderes surge de nuestro texto constitucional y ha sido desarrollado ampliamente en profusos y documentados estudios de la Doctrina nacional especializada. El artículo 82 de la Constitución de la República consagra de manera clara la forma en que esa separación de Poderes queda establecida. Dicho artículo dice: "La Nación adopta para su gobierno la forma democrática republicana. Su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los Poderes representativos que establece esta Constitución; todo conforme a las reglas expresadas en la misma." Es decir que el sistema de gobierno, para su funcionamiento y para su estabilidad, ha sido estructurado bajo la existencia de estos tres Poderes, debidamente separados por la Carta Superior.

Los artículos 83, 149 y 233 de la misma norma, a la vez que indican la existencia de estos tres Poderes, disponen por qué órganos serán ejercidos, y dicen que el Poder Legislativo lo ejercerá la Asamblea General; el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, actuando con el Ministro, los Ministros o el Consejo de Ministros en su caso, y el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, sus Tribunales y sus Juzgados. Por su parte, en el artículo 85 y siguientes y en el artículo 68 y siguientes, es la propia Constitución la que regula expresamente el ámbito de competencia, tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo. Esto es esencia, sustancia; así como valen las normas que establecen la existencia de los Poderes, igualmente valen, en nivel de importancia, las disposiciones que regulan las competencias que cada uno de esos Poderes tiene. Ahí es donde está establecido qué es lo que pueden y deben hacer esos Poderes y, al mismo tiempo, qué es lo que no pueden hacer por lo que expresamente no se les ha facultado, un principio básico, elemental, que regula nuestro Derecho Público y que no ha sido cuestionado ni desconocido en la Doctrina ni en el ejercicio de la actividad de nuestro Gobierno.

Toda esta introducción referida a la comprensión sintética de nuestro sistema de Gobierno, a su separación de Poderes, al establecimiento a texto expreso de las competencias de esos Poderes, nos lleva a mencionarlos porque, a nuestro criterio, de todo esto surge que el proyecto de ley sancionado por el Parlamento vulnera abiertamente el principio republicano de la separación de Poderes. Esto es así, ya que en el caso de ese proyecto de ley, el Poder Legislativo ha ejercido una competencia que no tiene, que no le reconoce la Constitución de la República y, lo que es más grave aún, no es un vacío o una ausencia en el texto constitucional, sino una competencia que a texto expreso la Carta otorga a otro Poder, en este caso, el Poder Ejecutivo. Por este motivo, me parece importante hacer referencia al numeral 11) del artículo 68 de la Constitución.

Es evidente que ha habido una invasión del Poder Legislativo a las competencias propias del Poder Ejecutivo. La naturaleza misma de la organización del instituto armado, los valores de jerarquización a que está sometido, el concepto de disciplina y la rigidez de su funcionamiento se conciben en la medida en que su gobierno esté en la administración de un Poder. Aquí está el fundamento por el cual se le ha encomendado esta competencia al Poder Ejecutivo.

Sobre este tema el país no ha tenido polémica; no ha habido discusión ni opiniones encontradas, tan comunes en los temas de Derecho cuando se trata de analizar una determinada posición. La Doctrina nacional es riquísima en trabajos sobre estos aspectos de la competencia de los Poderes. A propósito de ello, me permitiré citar uno de los autores, uno de los más representativos en cuanto a su capacidad, calidad y aptitud. Me refiero al doctor Horacio Cassinelli Muñoz, quien en su obra "Derecho Público", publicada en el año 1999 por el Fondo de Cultura Universitaria, en las páginas 226 a 229, dice lo siguiente: "El Poder Ejecutivo tiene una serie de competencias bastante larga que se puede clasificar de la siguiente manera". A continuación, pone puntos suspensivos y continúa diciendo: "C) Atribuciones especiales de administración activa. Me refiero", dice Cassinelli Muñoz, "a las que están enunciadas una por una, fuera de la enunciación genérica que lo configura como ejecutor de la legislación. Por ejemplo, las atribuciones de proveer empleos, de destituir, de conceder ascensos militares,", reitero: "de conceder ascensos militares", "de nombrar personal consular y diplomático, de dar retiros y arreglar pensiones, de designar al Fiscal de Corte y a los demás Fiscales, son competencias de administración activa en que el Poder Ejecutivo actúa como órgano que administra. Estas competencias las tiene, independientemente de lo que disponga la ley, directamente por mandato constitucional. Por eso es que se justifica que figuren aparte del ordinal 4º, que le da su carácter general de ejecutor de la legislación". Esta es la opinión del doctor Cassinelli Muñoz. No obstante ello, puedo decir que esta también es y ha sido la opinión de la Doctrina nacional. En esto se ha coincidido y ha habido apreciaciones similares, porque no hay que hacer esfuerzos para llegar a una interpretación de esta naturaleza.

En esa materia de ascensos, que es privativa del Poder Ejecutivo, pero no por deducción de análisis de normas constitucionales o legales sino porque es el propio texto constitucional que de manera directa y expresa señala esa competencia, hay una única intervención del Poder Legislativo; la hay, existe. Sin embargo, esa participación del Poder Legislativo en el proceso de designación o de determinación de los ascensos militares se limita a la participación que tiene el Senado de la República o, en su caso, la Comisión Permanente, cuando debe otorgar las venias correspondientes en aquellos grados en que la ley reclama el pronunciamiento de un órgano parlamentario para configurar, en definitiva, el acto formal del ascenso.

Quiere decir, entonces, que el Parlamento no tiene una participación legislativa; no es en el acto formal de la elaboración de la ley que participa en el ascenso, sino que es una parte en un proceso de administración donde uno de sus órganos, el Senado de la República o, en su defecto, la Comisión Permanente, concede la venia correspondiente. Se trata, entonces, claramente, de una iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, que este proyecto de ley vetado no ha respetado. Esta es, en síntesis, la verdad jurídica de esta situación.

El Poder Legislativo, animado seguramente de los más nobles propósitos, lo que ha configurado es un no respeto a la Constitución de la República, ya que esta iniciativa de ascensos sigue siendo privativa del Poder Ejecutivo. No es esto un acto legislativo típico; no es la elaboración de la ley con la conjunción de las voluntades legislativas y del Poder Ejecutivo en sus distintas etapas, sino que, en este caso, estaríamos ante un complejo acto administrativo que requiere la voluntad de dos órganos, tal como lo analizan, con especial precisión, el doctor Enrique Sayagués Laso y el profesor Constancio Levrero en su: "Curso de Derecho Administrativo", publicado en el año 1973.

Por otro lado, no debe olvidarse el numeral 8º del artículo 85 de la Constitución, que establece que el aumento de efectivos militares sólo puede disponerse por mayoría de votos de los integrantes de ambas Cámaras.

Estos temas de los ascensos militares no han sido asunto de menor cuantía y tampoco son situaciones a las cuales los constituyentes no le hayan dado la importancia, gravitación y trascendencia que tienen. Son numerosas y variadas las disposiciones constitucionales y legales que regulan con meridiana precisión; por tanto, en la armonía de esas normas y en el respeto hacia ellas es que estaremos asegurando la existencia de una institución armada basada en el principio de la jerarquía, cuyas reglas de funcionamiento jerárquico deben tener la solidez necesaria, a efectos de no alterar ni vulnerar una conciencia profesional que se ha formado, precisamente, en el respeto a esas normas. Tanto es así que, siendo los militares funcionarios públicos, no están comprendidos en las normas legales comunes a dichos funcionarios, sino que, como lo establece el propio artículo 59 de la Constitución, el Estatuto de los Funcionarios Públicos Militares se habrá de regir por leyes especiales. El constituyente ha querido hacer una distinción entre el funcionario público común y el funcionario público de naturaleza militar. Asimismo, para todos los funcionarios públicos no militares existen leyes comunes, mientras que el funcionario público militar, por mandato de la Constitución, se tiene que regir por leyes especiales. Esto tampoco debió haberse olvidado ni haberse dejado de tener en cuenta cuando el Poder Legislativo sancionó este proyecto de ley, ahora vetado por el Poder Ejecutivo.

Esas leyes especiales a que hace referencia el artículo 59 de la Constitución son muy sólidas en el país y han regulado todo ese sistema que establece las condiciones, derechos y obligaciones de los funcionarios militares. Concretamente, se trata del Decreto- Ley Orgánico de las Fuerzas Armadas Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974, el Decreto - Ley Orgánico del Ejército Nº 15.688, de 30 de noviembre de 1984, el Decreto - Ley Orgánico de la Fuerza Área Nº 14. 747, de 28 de diciembre de 1977 y la Ley Orgánica de la Armada Nº 10.808, de 16 de octubre de 1946, modificativas y concordantes. Repito, estas son las leyes especiales que regulan a los militares como funcionarios públicos y son las que, junto con las normas constitucionales, debió haber tenido en cuenta el Poder Legislativo cuando procedió a sancionar el proyecto de ley vetado por el Poder Ejecutivo. De ahí que, a las razones constitucionales que esgrimimos para dar fundamento a la observación interpuesta por el Poder Ejecutivo, agregamos ahora el claro desconocimiento de estas disposiciones legales que tienen todo el vigor de la ley en la República y que, insisto, no fueron tenidas en cuenta cuando -animados de nobles propósitos- la mayoría de los Legisladores procedió a aprobar el proyecto de ley en discusión.

Esta institución militar que el país tiene, cuya fuerza, presencia y gravitación nadie puede desconocer como parte importante de la sociedad uruguaya en la que está inserta -y desea estarlo- está dispuesta a respetar las instituciones del país pero, a su vez, tiene derecho a reclamar que se le respete. Esta institución armada se cimenta en una estructura piramidal que se va construyendo y sustentando en el fiel cumplimiento a la normativa que lo regula. El sistema de ascensos -y esto debemos entenderlo- es un pilar básico en esa estructura piramidal. Si nosotros -alegremente- alteramos, modificamos o reformamos un sistema de ascensos, estamos afectando esa estructura piramidal que tiene la institución militar, y creo que los señores Legisladores estarán comprendiendo sus consecuencias en toda su dimensión.

De toda la normativa en la materia surge claramente que el ascenso se otorga, fundamentalmente, con el fin de satisfacer necesidades orgánicas y no personales. Los detalles que cada una de estas leyes orgánicas da -la forma, procedimiento y mecanismos que se producen para el ascenso, las condiciones y fechas que establecen para que esos ascensos se produzcan- están, naturalmente, vinculados con las necesidades orgánicas que la Fuerza tiene y nunca estuvo pensada, la creación de la pirámide y los ascensos, para la solución de problemas personales. El día que incorporemos normas que no tengan en cuenta la necesidad orgánica que el instituto armado tiene en el sentido de poseer más o menos oficiales, estaremos afectando su propia estructura organizativa institucional. Esto debemos tenerlo presente como un valor importante. El instituto armado ha previsto sus necesidades, sabe cuáles son sus obligaciones y tiene la flexibilidad para que, en la eventualidad, pueda influir en una determinada decisión pero, reitero, nunca estuvo pensado -y no debe ser así- que haya un sistema de ascensos para solucionar problemas de naturaleza personal porque, en ese caso, se estaría afectando a dicha institución.

De toda la normativa vigente, además, surge con claridad que sólo tiene derecho al ascenso el militar en actividad. Esta es otra verdad básica y elemental. Todo ha sido concebido para que ascienda el militar que está en actividad, de modo que las necesidades orgánicas de la institución puedan ser colmadas. Así lo establece el artículo 133 del Decreto-Ley Nº 14.157. Advierto que hay una única excepción por la que se puede otorgar el ascenso a personal que no esté en actividad, esto es, en el caso de que el país enfrente un conflicto armado. En ese caso, no es necesaria una ley ni ninguna otra iniciativa, sino que basta solamente con la decisión del mando superior de las Fuerzas Armadas, el que es ejercido por el señor Presidente de la República actuando con el señor Ministro de Defensa Nacional. Repito, el caso del conflicto armado es la única excepción sobre la cual podría trabajarse para que se produjera el ascenso de algún funcionario militar que no estuviera en el servicio activo. Si no hay conflicto y el país está en paz, no hay otra posibilidad de ascender si no se trata de un Oficial en actividad.

El proyecto de ley que se vetó no cumple con ninguno de los presupuestos previstos en las normas para los ascensos. Comprende a personas que están en situación de retiro, que no forman parte de los cuadros activos de las Fuerzas Armadas y el país no vive un conflicto armado que amerite la participación del mando supremo de las Fuerzas Armadas para decretar esos ascensos. No ha existido iniciativa del Poder Ejecutivo, sobre lo que no hay ninguna discusión en el país, doctrinaria, jurisprudencial ni de naturaleza alguna. Repito: no se cumplió con este presupuesto básico; no hay iniciativa del Poder Ejecutivo. Reitero: no se aplican los presupuestos del sistema de ascensos, esto es, Antigüedad y Selección, Antigüedad, Selección y Concurso para los Coroneles y equivalentes, y Selección para el grado de Oficial General y equivalente. Nada de esto se ha tenido en cuenta en los ascensos dispuestos en la ley. Los Oficiales que se pretende ascender no están en actividad ni en situación de movilización por parte de las Fuerzas Armadas. Tampoco hay reincorporación de los Oficiales en retiro.

En consecuencia, desde el punto de vista constitucional, legal y reglamentario, no se ha cumplido con ninguno de los preceptos que, en forma clara y terminante, establece el orden jurídico, razón por la cual se han violado todas y cada una de dichas disposiciones, tal como hemos pretendido demostrar a través de esta sintética reseña desde el punto de vista jurídico, en la que se basa el fundamento del Poder Ejecutivo para realizar esta observación.

Al inicio de mi intervención, señalé que no sólo daría razones de naturaleza jurídica, constitucional y legal, sino que también hablé de conveniencia y oportunidad institucional.

Voy a hacer ahora algunas referencias en ese sentido.

Llama la atención que el mando superior de las Fuerzas Armadas -ejercido por hombres de distintos partidos- a partir de la reinstitucionalización democrática es decir, el Jefe de Estado, nunca tomó iniciativa en esta materia. No la tomó el doctor Julio María Sanguinetti cuando fue Presidente; tampoco lo hizo el doctor Luis Alberto Lacalle durante su mandato y no lo hace el doctor Jorge Batlle ejerciendo ahora la Presidencia de la República. ¿Cómo es entonces que a quien tiene el mando superior de las Fuerzas Armadas, el que seguramente siente y conoce la voluntad y el deseo del instituto armado, quien lo representa en mayor grado y debería tener, naturalmente, la preocupación de reparar aquellas situaciones injustas que pudieran darse, nunca se le ocurrió propiciar una iniciativa como la que está contenida en este proyecto de ley? Creo que cabe formularse esta pregunta para pensar, meditar, razonar y comprender por qué el país ha optado por estos mecanismos de convivencia y por qué ningún Jefe de Estado creyó del caso tener una iniciativa de esta naturaleza.

Por otra parte, tenemos que preguntarnos con sinceridad si existe la necesidad de la reparación. ¿El país tiene una deuda pendiente que debe saldar? He escuchado algunas intervenciones y he leído escritos en los que erróneamente, por falta de información, se hacen afirmaciones de esta naturaleza. Esta Asamblea General tiene que saber que por esa misma estructura y conformación del instituto armado, la inmensa mayoría de los Oficiales a los que hoy se pretende ascender, con o sin literal G, no hubieran tenido la más remota posibilidad de subir de grado. No es que ahora le estemos dando el ascenso a quien seguramente hubiera sido Contra Almirante, General o Brigadier pero que, por su lealtad a la República, no se le confirió. Aunque el orden institucional no se hubiera quebrado y la democracia hubiera funcionado a plenitud, la inmensa mayoría de los Oficiales no hubiera sido Contra Almirante, General o Brigadier por la sencilla razón de que no existía la menor posibilidad material, al carecerse de las vacantes necesarias para poder llegar a esos grados. Por lo tanto, no hay una necesidad de reparación o una injusticia a enmendar; si la hubiere, lo que tendríamos que hacer es determinar el caso concreto, identificar a la persona que debido al quebrantamiento institucional fue lesionada en sus derechos y entonces sí hacer los reparos correspondientes. Lo que no puede ser es que se ascienda al grado superior cuando ni remotamente se tuvo en su momento, con o sin literal G, la posibilidad de llegar a ese grado que hoy se pretende dar.

Además, se da la paradoja -quizás no es el término más indicado- o la extraña situación de que todo esto se fundamenta en que tenemos que ir a la reparación porque con el literal G, se afectó a personas que sirvieron a la República.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar una moción llegada a la Mesa, para que se prorrogue el tiempo de que dispone al orador.

(Se vota:)

-114 en 115. Afirmativa.

Puede continuar el señor Legislador Fau.

SEÑOR FAU.- Agradezco a la Asamblea General la oportunidad de poder seguir expresando estas reflexiones.

Continuando con mis palabras, digo que en este literal G están comprendidos ciudadanos que sirvieron a la República con lealtad y con honradez, y que cuando tuvieron que definirse frente al país, fueron fieles al juramento que en su momento hicieron, poniéndose del lado de la Constitución y la Ley. Creo que este país se enorgullece de tener tantos Oficiales militares que fueron capaces de tener esa actitud. Pero en este proyecto de ley que este Parlamento votó y que el Poder Ejecutivo vetó, también se va a ascender a quienes no sirvieron a la República y que, por el contrario, actuaron con el Gobierno de facto. Esta es la situación que está planteada: no todos los afectados por el literal G fueron honorables ciudadanos que defendieron la República, su Constitución y sus leyes. Acá hubo -y están comprendidos en el literal G- militares que violaron la ley, que se alzaron contra la Constitución, que formaron parte del Gobierno de facto y a los que después, por disputas internas, por disensos entre ellos o por luchas de poder -vaya a saber por qué razones- se les aplicó el literal G. No me parece justo ni noble que, al barrer, pongamos en un plano de igualdad a quienes se jugaron por el país y sus instituciones y a quienes quebraron el orden institucional y formaron parte del Gobierno que emergió de dicho quebrantamiento. Y si se pudiera examinar caso por caso, cuán ilustrativo sería, porque conoceríamos todas esas individualidades. Más de un señor Legislador se va a llevar una sorpresa cuando se entere de quién puede llegar a ser Contra Almirante o General.

Entonces, pienso que debemos recapacitar; la ley va a convertir en Contra Almirantes a hombres que estuvieron del lado de la ley y a quienes la violaron. ¿Dónde está entonces la reparación por la lealtad a la República? ¿Dónde está? Creo que hay que pensar estas cosas para saber si el país ha estado omiso con quienes estuvieron del lado de las instituciones.

Admito, comprendo y tengo una gran amplitud para entender la actitud de mucha gente que impulsa este proyecto de ley, porque pueden pensar que es necesario reparar a este conjunto de hombres que estuvieron del lado de la ley. De todas maneras, debemos preguntarnos si tantos años después de aquellos sucesos el país tuvo memoria o no y si fue capaz o no de reparar estas injusticias. Con certeza puedo decir que el país no ha estado omiso con aquellos que estuvieron del lado de las instituciones.

Voy a demostrar que el Uruguay no estuvo omiso con aquel grupo de compatriotas leales, orgullo del país, que estuvieron del lado de la Constitución y de la Ley. Esas personas, esos militares, que en la mejor tradición del país pusieron por encima de todo el juramento que habían hecho cuando la patria les entregó las armas, tuvieron el mayor reconocimiento que una República puede dar, si es que creemos en ella y en sus valores.

Digo que una ley de este Parlamento democrático, expresión representativa de la soberanía nacional, el órgano de mayor poder político que podamos concebir, fue el que hizo la reparación que se merecían estos Oficiales.

Permítanme, señores Legisladores, leer el artículo 5º de la Ley Nº 15.848. Pido a la Asamblea General que, sin interrumpir los interesantes diálogos en que está inmersa en este momento, preste un poco de atención a su lectura. Dice: "Se reconoce a los Oficiales Generales y Superiores amparados por lo dispuesto en este Capítulo su lealtad a la República." Entonces, por una ley emanada de un Parlamento democrático, a estos Oficiales se les reconoció su lealtad a la República. Pero la ley va más allá. Seguramente que, expresando un sentimiento nacional muy afirmado que trasvasa las fronteras partidarias y que nos comprende a todos en el respeto y en la admiración por estos Oficiales que fueron leales con la República, además de decirles que fueron leales, declara expresamente que en ningún caso su honor fue afectado por la aplicación del literal G del artículo 192 del Decreto-Ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974.

Los militares sentirán muchas cosas, pero el concepto de honor lo tienen incorporado visceralmente. En el acierto o en el error, inspiran siempre sus conductas en ese valor superior. La ley, la Nación, el país y su gente, no fueron indiferentes al reconocimiento de este valor. Ello no se les reconoció en un acto académico, en un acto público ni en una asamblea, sino por una ley de la Nación que les dice que fueron leales a la República y que su honor no fue afectado.

¿Puede haber mayor reparación que ésta? ¿Puede haber mayor distinción? ¿Quién en el país la ha recibido en este grado? ¿Qué conciudadano ha tenido un reconocimiento de esta naturaleza y de esta fuerza? Yo digo que se hizo bien en poner esto en la ley y en reconocer la lealtad a la República de los que estuvieron con la ley; se estuvo bien en decir que su honor no estaba afectado. Pero, ¿qué es lo que nos queda por hacer? ¿Qué cosa mayor puede existir que ese reconocimiento que se les hizo? No nos quedamos únicamente en una expresión conceptual, doctrinaria o política, sino que fuimos más allá de eso: se les reparó económicamente. Junto a su lealtad a la República, a su honor salvado, tuvieron el reconocimiento del Parlamento en el sentido de la retribución económica, ya que todos ellos reciben en estos momentos ...

(Interrupciones)

-Señor Presidente: es tal el murmullo que no entiendo lo que me dicen algunos señores Legisladores que levantan la mano.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE.- Señores Legisladores: hay demasiados murmullos en Sala. La Mesa ruega silencio.

Continúa en uso de la palabra el señor Legislador Fau.

SEÑOR FAU.- Si la Asamblea General se silencia, podré escuchar y saber lo que significan los gestos de los señores Legisladores, pero con este murmullo voy a obviar las señas que se me hacen y continuar con mi exposición.

Como decía, además de las reparaciones de tanto valor que mencionaba, está la económica. Todos estos señores Oficiales hacen efectivo un retiro mes a mes que es el equivalente al grado superior. Se trata del grado que, por el proyecto de ley, se les quiso dar y que, desde el punto de vista económico, ya lo están haciendo efectivo hace mucho tiempo.

Dije, y lo reitero, que en el literal G están comprendidos quienes estuvieron contra el quebrantamiento institucional, pero también quienes estuvieron a favor. En dicho literal G -respecto al cual la mayoría del Parlamento quiere hacer esa reparación- están los que por haber formado parte del quebrantamiento institucional, por haber sido copartícipes, tuvieron los mejores ascensos, los mejores destinos y las agregaturas militares, porque el Gobierno de facto no se los daba a los que estaban con la ley, sino a los que estaban con dicho Gobierno. Asimismo, los Tribunales de Ascensos no los presidían los militares legalistas, sino los que estaban con el Gobierno de facto. La Presidencia de los Entes Autónomos no se daban a los Coroneles, Capitanes de Navío, Generales o Contra Almirantes legalistas, sino a los que estuvieron con el quebrantamiento institucional.

Con esta ley van a ser Contra Almirantes y Generales los que fueron agregados militares, presidieron Tribunales de Ascensos y Entes Autónomos del Gobierno de facto. Esta es la contradicción que tiene esta solución. A mi juicio, hubo que haberla enfocado de otro modo, dándole el sentido que seguramente quieren los que promueven el proyecto de ley. Lo cierto es que, pretendiendo reconocer la lealtad a la República y el honor de sus militares, por esta iniciativa se va llevar al grado de Contra Almirantes y de Generales a los que no tuvieron honor y a los que no fueron leales. Esto es así, y en todo el debate que se ha producido nadie pudo contestarlo.

Con alegría leí hoy en los diarios valientes declaraciones del señor Legislador Heber, que luego de una entrevista que se le hizo, en un propósito patriótico como es el que generalmente lo anima, trató de buscar soluciones que nos permitieran superar esta situación. La prensa de hoy recoge las expresiones del señor Legislador Luis Alberto Heber, una de las esperanzas políticas que seguramente tiene el Partido Nacional, en el sentido de que le preocupaba si podía existir una solución para que no entraran en el saco hijos y entenados. Decía que quería reparar a los que realmente estuvieron con la Constitución y la ley, pero no a los que no lo hicieron. Eso me parece muy noble; lo rescato porque lo leí en los diarios del día de hoy, y me dio una enorme satisfacción y alegría.

En materia de aberraciones, la Armada Nacional es la Fuerza más afectada por este literal G, en porcentajes superlativos. Desde el 15 de junio de 1817, que es la fecha en que se fundó la Armada Nacional, al 24 de junio de 1998, es decir, en 181 años de historia, dicha Fuerza tuvo 37 Contra Almirantes.

Observen los señores Legisladores qué sobriedad, qué prudencia y qué valor se da a la jerarquía, que en 181 años de historia la Armada sólo tuvo 37 Contra Almirantes. Por este proyecto de ley, vetado por el Poder Ejecutivo, de un plumazo se duplicaría el número de Contra Almirantes que la Armada tuvo en más de 18 décadas. ¿Los señores Legisladores creen que esto afecta o no al instituto armado? ¿Piensan que es tan sencillo proclamar que vamos a defender la lealtad de la República y a hablar del honor de los militares? No, es más profundo y más complejo, porque está en juego el interés de un sector social muy importante.

Si nos sensibilizamos por la suerte de los trabajadores, hacemos bien; si nos sensibilizamos por la suerte de los que en este país producen, hacemos bien, y si nos sensibilizamos por los problemas de los militares, también hacemos bien, porque ellos forman parte de nuestra sociedad. En este tema, señor Presidente y señores Legisladores, no hay más de una visión en las Fuerzas Armadas. Ellas están monolíticamente unidas, y si no han dicho lo que piensan, ha sido por un sentido de responsabilidad y de supeditación al poder civil y, por lo tanto, el poder político es el que se expresa. Pero tengan claro que esta es una ley que afecta al instituto armado, que éste se siente afectado y que no cuenta con las libertades que tienen las organizaciones sociales o políticas para poder decir lo que piensa y expresar su estado anímico. Seguramente lo procesarán en la intimidad de sus conciencias, pero actuaría mal el Parlamento si desconociera que aquí se está afectando a un sector muy importante del país en un momento en que todos estamos haciendo un gran esfuerzo para que el Uruguay afirme su paz y podamos seguir viviendo pacíficamente con un grado de tolerancia y de respeto que va desde el Poder Ejecutivo hasta los demás Poderes, los sectores sociales y políticos. Más allá de nuestras discrepancias, conjugamos esfuerzos, con visiones distintas o convergentes, pero colaboramos para que los esfuerzos de pacificación se desarrollen y culminen.

Este proyecto de ley vetado altera una voluntad nacional de pacificación, porque crea una situación de conflicto en un sector de la sociedad, que hoy no está planteado.

Por todas estas razones, señor Presidente, quiero señalar que en este informe en minoría firmado por cinco Legisladores integrantes del Partido Colorado, con quienes he tenido el gusto de trabajar -entre otros, el señor representante Daniel García Pintos- en la elaboración de los puntos de vista que allí se expresan, aconsejamos a la Asamblea General el mantenimiento de la observación interpuesta por el Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a tomar la votación nominal. El voto afirmativo significa respaldar las observaciones del Gobierno.

(Se toma la votación en el orden siguiente:)

SEÑORA ARISMENDI.- Por la negativa.

SEÑOR ASTORI.- Por la negativa.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Por la afirmativa.

Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Como es notorio, nosotros votamos la ley que ha sido objeto de las observaciones del Poder Ejecutivo en el convencimiento de querer distinguir a algunos ciudadanos, propósito que sigue en nuestro ánimo. En su oportunidad, lo hicimos con lo que ellos demandaban como distinción. El Poder Ejecutivo, que tiene la responsabilidad civil del Ministerio de Defensa Nacional y el mando de las Fuerzas Armadas, nos ha señalado la inconveniencia de este procedimiento.

Creo que cuando uno quiere distinguir a una persona y lo hace en la forma en que lo hemos hecho nosotros, en la medida en que no existe un acuerdo o un entendimiento con quien constitucionalmente debe proponer el ascenso, es decir el Poder Ejecutivo, resulta claro que no se ha seguido el mejor mecanismo para distinguirlo.

Por otra parte, respeto y creo que es mi obligación personal respaldar al mando civil que tiene la conducción de las Fuerzas Armadas. En consecuencia, si éste nos señala la dificultad de aplicar esta ley por las repercusiones no queridas, siento que debemos respaldar al Poder Ejecutivo en esta instancia. De ahí nuestro voto afirmativo dicho con claridad y sin que ello suponga que pensemos diferente sobre la necesidad de distinguir a estos conciudadanos. Consideramos que, seguramente, habrá otras maneras de hacerlo.

Si el temperamento del Cuerpo fuera levantar las observaciones, supongo que el Poder Ejecutivo acatará -como lo ha hecho siempre- la decisión tomada, aun considerándola inconveniente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúese tomando la votación nominal.

SEÑOR BORSARI.- Por la negativa.

SEÑOR BRAUSE.- Por la afirmativa.

SEÑOR CID.- Por la negativa.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Por la afirmativa.

SEÑOR COURIEL.- Por la negativa.

SEÑOR DE BOISMENU.- Por la afirmativa.

SEÑOR FAU.- Por la afirmativa.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Por la negativa.

SEÑOR GALLINAL.- Por la negativa.

SEÑOR GARAT.- Por la negativa.

SEÑOR GARGANO.- Por la negativa.

SEÑOR HEBER.- Por la negativa.

Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR HEBER.- No sé si voy a fundamentar el voto o a contestar las reiteradas alusiones que se me han hecho en el debate general.

En el día de ayer, una delegación de mi partido se entrevistó con el señor Presidente de la República procurando generar alternativas para este proyecto de ley. Luego de una larga reunión y de un intercambio de opiniones, tuvimos como respuesta la negativa del señor Presidente a buscar algún proyecto alternativo que pudiera ser más justo a la hora de seleccionar la gente que tiene el derecho de obtener este beneficio. Naturalmente, al no tener alternativa, nuestro partido se ve en la obligación de buscar la única solución que, aparentemente, el sistema político ha puesto arriba de la mesa.

Nuestro partido está preocupado por reparar el honor, porque tan importante es el honor de los que están en la misma Fuerza, como el de aquellos que fueron destituidos injustamente. Nos preocupa, reitero, que sean reparados en su honor, porque tanto son militares los que hoy están como aquellos que se jugaron por las instituciones en el momento en que había una ruptura institucional. Es verdad que todo el sistema de ascensos está específicamente regulado por leyes, decreto leyes y, además, en reglamentos internos que debemos respetar, fomentar y preservar,
pero también es cierto que el literal G violó todos esos decretos, todas esas leyes y esas disposiciones sobre ascensos que tiene el instituto militar.

Por otro lado, tuvimos una respuesta por parte del señor Presidente de la República que, frente a la negativa de buscar soluciones alternativas, la vimos y la leímos correctamente en el Partido Nacional. El señor Presidente de la República nos dijo que iba a aplicar el artículo 1º en su totalidad, vale decir, seleccionando, y exceptuando de la norma a la que tendrían derecho aproximadamente 60 retirados militares. Precisamente, el artículo 8º de la Ley de Caducidad -ley que, por otra parte, nuestro partido votó- dice lo siguiente: "Quedan exceptuados de las normas contenidas en este Capítulo: a) Los que hubieran sido condenados por la Justicia Penal, Civil o Militar; b) Aquellos a los que la aplicación del inciso G) del artículo 192 del citado Decreto-Ley 14.157, obedeciera a razones disciplinarias a juicio del Poder Ejecutivo, previa consulta a la Fuerza correspondiente y de las cuales hubiera constancia fehaciente". Quiere decir, entonces, que el señor Presidente de la República, a la hora de hacer las reparaciones respectivas a quienes en definitiva fueron destituidos simplemente por estar en contra del proceso de facto o dictadura militar, hará uso de la excepción y selección establecidas, a efectos de diferenciarlos de aquellos que tuvieron notorias inconductas y de aquellos que participaban de rencillas dentro de lo que fue el proceso militar.

Vale decir, señor Presidente, que el Poder Ejecutivo tiene amplias potestades como para hacer de esto, no un ascenso masivo, sino una selección. Por lo tanto, confiamos en que el Presidente de la República y las Fuerzas Armadas en consulta harán la selección que establezca justicia, tal como lo plantea este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúese tomando la votación nominal.

SEÑOR KORZENIAK.- Sufrago por la negativa.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Por la negativa.

Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Hemos votado por la negativa el levantamiento del veto, porque entendemos que la norma que vincula al literal G evidentemente es inválida y contraria a la Constitución de la República y a las leyes.

Este proyecto de ley pretende aplicar precisamente la tesis del predominio del poder político en democracia. En consecuencia, opino que al otorgar facultades al Poder Ejecutivo a través de este texto, estamos actuando de acuerdo con la Constitución y la ley. El Partido Nacional, hasta último momento, tuvo la sensibilidad de procurar respuestas y soluciones que permitieran, precisamente, conciliar las distintas posiciones. Mucho nos extraña cómo hablan algunos de la Ley de Caducidad y, en su momento, levantaron firmas en su contra.

En síntesis, creemos que de este modo estamos actuando de acuerdo a nuestro leal saber y entender, por cuanto ni el Partido Nacional es rehén del Gobierno, ni éste lo es del Partido Nacional. Nuestro partido solamente admite un compromiso con la democracia, con la libertad y con la justicia.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúese tomando la votación nominal.

SEÑOR MICHELINI.- Por la negativa.

SEÑOR MILLOR.- Por la afirmativa.

SEÑOR MUJICA.- Por la negativa.

SEÑOR NIN NOVOA.- Por la negativa.

SEÑOR NUÑEZ.- Por la negativa.

SEÑOR PEREYRA.- Por la negativa.

SEÑOR RODRIGUEZ.- Por la negativa.

Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR RODRIGUEZ.- Señor Presidente: he votado en forma negativa, tal como lo hice en la faz primaria del tratamiento de este proyecto de ley, por disciplina partidaria. En realidad, en la discusión que hemos tenido dentro de un partido de disciplina y democracia, no concordé con muchos compañeros, pero a pesar de ello, dentro de esa disciplina y esa democracia, acatamos la mayoría. No estamos de acuerdo con la solución que se procura buscar mediante este proyecto de ley, pues se cree que con el mismo se dictará justicia por actos o errores que se han cometido en el pasado.

Quien habla, como tantos, debe tener la conciencia tranquila, después de realizar un estudio, en el sentido de que en este país, si durante el Gobierno de facto se cometieron tantos errores y tantas injusticias, hubo tantos comerciantes, industriales, empresarios y gente del agro que por errores e injusticias padecieron las calamidades económicas de las que aún hoy no han podido salir. Los actos de justicia, indudablemente, se dictan para reparar daños, pero estos deben estar condicionados a que no se lesione los derechos de los demás. En buen romance, que esas reparaciones no signifiquen la creación de injusticia hacia otros ciudadanos. Quien habla cree, fundamentalmente -así lo ha sostenido en el partido- que este proyecto de ley, a la vez que pretende solucionar actos de injusticia cometidos en el pasado contra aquellos que tuvieron su oportunidad cuando se les reparó económicamente -me llama la atención que en aquel momento no se hubiesen dictado las normas correspondientes para reparar esa injusticia que todos los ciudadanos creían que se había cometido- lesiona legítimos derechos de cientos y cientos de ciudadanos que han culminado su carrera militar y que no tuvieron posibilidades de ascender porque no tuvieron esa oportunidad. Estos ciudadanos hoy se van a encontrar con que por el dictamen de una ley se rapara y se les da el ascenso a otra cantidad de ciudadanos. No pretendo juzgar si esto les correspondería o no o si en su momento hubiesen podido llegar al ascenso; probablemente no hubieran podido llegar todos, porque el número de ascensos es muy limitado. Es más, en 181 años de existencia han ascendido solamente 38 Contra Almirantes, y esto es fundamental establecerlo.

Además, creo que lesionamos el legítimo derecho de quienes han culminado su carrera, ya se trate de un General o de cualquier otro Oficial. También estoy convencido de que es un mal precedente para los ciudadanos que hoy están desempeñando y ejerciendo su función en las Fuerzas Armadas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúese tomando la votación nominal.

SEÑOR RIESGO.- Por la afirmativa.

SEÑOR RUBIO.- Por la negativa.

SEÑOR SANABRIA.- Por la afirmativa.

SEÑOR SINGER.- Por la afirmativa.

SEÑOR VIRGILI.- Por la afirmativa.

SEÑORA XAVIER.- Por la negativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Por la afirmativa.

Continuamos con la votación nominal de los señores Representantes.

SEÑOR ABDALA.- Por la afirmativa.

SEÑOR ABISAB.- Por la negativa.

SEÑOR AGAZZI.- Por la negativa.

SEÑOR ALVAREZ.- Por la negativa.

SEÑOR AMARO.- Por la afirmativa.

SEÑOR AMEN VAGHETTI.- Por la afirmativa.

SEÑOR AMORIN BATLLE.- Por la afirmativa.

SEÑOR ARGENZIO.- Por la negativa.

SEÑORA ARGIMON.- Por la negativa.

SEÑOR ARISMENDI.- Por la negativa.

SEÑOR ARRARTE FERNANDEZ.- Por la negativa.

SEÑOR ARREGUI.- Por la negativa.

SEÑOR BARAIBAR.- Por la negativa.

SEÑORA BARREIRO.- Por la negativa.

SEÑOR BARRERA.- Por la afirmativa.

SEÑOR BARRIOS.- Por la negativa.

SEÑOR BAYARDI.- Por la negativa.

SEÑOR BELLOMO.- Por la negativa.

SEÑOR BENTANCOR.- Por la negativa.

SEÑOR BERGSTEIN.- Por la afirmativa.

Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR BERGSTEIN.- Señor Presidente: más allá de las consideraciones que realizara el Miembro Informante en minoría, las que compartimos en un todo, debo decir que las leyes son inconstitucionales o no lo son. No existe una categoría jurídica que se llame de dudosa constitucionalidad. Según nuestro modesto leal saber y entender, esta ley es francamente inconstitucional. Por esas razones, sin vacilaciones, votamos por la afirmativa.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la votación nominal.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Por la negativa.

SEÑOR BIANCHI.- Por la afirmativa.

SEÑOR BLASINA.- Por la negativa.

SEÑOR BOSCH.- Por la negativa.

SEÑOR CANET.- Por la negativa.

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- Por la negativa.

SEÑOR CARMINATTI.- Por la afirmativa.

SEÑORA CASTRO.- Por la negativa.

SEÑOR CASTROMAN RODRIGUEZ.- Por la negativa.

SEÑOR CONDE.- Por la negativa.

SEÑOR CHAPPER.- Por la negativa.

SEÑORA CHARLONE.- Por la negativa.

SEÑOR CHIESA BORDAHANDY.- Por la afirmativa.

SEÑOR CHIFFLET.- Por la negativa.

Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR CHIFFLET.- Señor Presidente: expresamente no hemos intervenido en el debate general para agilitar el pronunciamiento del Parlamento sobre este proyecto. En diversas oportunidades en la Cámara de Diputados intentamos que se tratase el tema. Al principio parecían discrepancias exclusivamente de procedimiento o de método; el tema se incluía en el orden del día, luego se postergaba o se anteponían otros asuntos y en cada oportunidad acatamos respetuosamente la decisión de las mayorías. Posteriormente, se llegó a la consideración del tema. Los aspectos constitucionales fueron debatidos en ambas Cámaras, así como otros aspectos que se trataron aquí, pero me interesaría resaltar un hecho. No acompañaríamos estas medidas si de algún modo amparasen a quienes cometieron delitos comunes, así como no hemos acompañado -esto sí define la actitud de respeto constitucional- los ascensos a conocidos torturadores.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúese tomando la votación nominal.

SEÑOR DA SILVA.- Por la negativa.

SEÑOR DIAZ.- Por la afirmativa.

Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR DIAZ.- Señor Presidente: creo que ha quedado claro que se trata de una norma inconstitucional y descuento que el Poder Ejecutivo, fiel a sus convicciones, planteará ante la Justicia de nuestro país su inconstitucionalidad en la forma que así lo establecen nuestras normas legales. En consecuencia, creo que difícilmente se van a obtener los ascensos que se buscan a través de esta ley. Además, pienso que si ellos llegaran a concretarse, de esta forma y por este procedimiento no se lograrían las reparaciones que se procura alcanzar. Los ascensos militares se producen en la carrera militar y no golpeando los despachos de los Legisladores.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúese tomando la votación nominal.

SEÑOR DIAZ MAYNARD.- Por la negativa.

SEÑOR DOMINGUEZ.- Por la negativa.

SEÑOR FALCO.- Por la afirmativa.

SEÑOR FALERO.- Por la negativa.

Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR FALERO.- Señor Presidente: nuestro partido ha participado en estas discusiones en el ámbito de las Comisiones de Defensa Nacional de la Cámara de Representantes y de la Asamblea General y hemos mantenido nuestra posición en forma inalterable durante más tiempo del que debió ser. Por más de dos años este tema ha estado en la discusión parlamentaria; finalmente hoy lo consideramos. Me acotan que serían seis los años; y es cierto, porque si buscamos los primeros antecedentes veremos que ése es el período durante el cual este tema ha estado en la discusión parlamentaria. Finalmente hoy la Asamblea General va a laudar en forma definitiva el tema. No compartimos ninguna de las consideraciones que tildan a esta norma de inconstitucional, aunque sí entendemos las razones de conveniencia que el Partido Colorado, a través del señor Legislador Atchugarry, ha manifestado con respecto a los problemas que en ese sentido pudo haber manejado el Presidente de la República. Sepa el señor Presidente de la República que para este partido la reparación de todas aquellas injusticias que la dictadura militar cometió son más importantes que cualquier tipo de conveniencia. También sepa el Poder Ejecutivo que este Parlamento, por mayoría y más allá de lo que entienda o no conveniente, estará respaldando su acción para hacer que esta norma se cumpla efectivamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúese tomando la votación nominal.

SEÑOR FERNANDEZ CHAVES.- Por la afirmativa.

SEÑOR FONTICIELLA.- Por la negativa.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Por la negativa.

AL/SO

SEÑOR GARCIA PINTOS.- Por la afirmativa.

Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR GARCIA PINTOS.- Simplemente quería decir que la consecuencia es, sin duda, la reparación imperfecta e inconveniente sobre algo, a nuestro entender, suficientemente reparado; y el señor Legislador Fau ha sido claro en ese sentido.

Se podrá argumentar en base a dos o más bibliotecas sobre temas que involucran aspectos jurídicos, pero lo cierto es que para nosotros esto sigue siendo inconstitucional, porque claramente no se encuentra dentro de las atribuciones constitucionales del Poder Legislativo efectuar ascensos a militares. Creo que esa es una realidad más allá de toda discusión, aunque también lo es que el literal G nunca debió haber existido. Es decir que no debió haber sido, de ninguna manera, pero fue, y hoy se están pagando sus consecuencias. Entonces, si mala fue la enfermedad, peor es el remedio. En una institución como las Fuerzas Armadas, sujeta a disciplina, donde el honor juega un papel destacado y especial, que desde el Poder Legislativo nos pongamos a determinar nada menos que el ascenso a la más importante y prestigiosa de las jerarquías militares, como es la de Oficial General, es algo verdaderamente inconveniente desde todo punto de vista. Pienso que el señor Presidente de la República, al interponer el veto, hizo lo que tenía que hacer y, sin duda, tendrá la oportunidad, cuando deba volver a intervenir, de actuar como él entienda que debe hacerlo.

Con este resultado, señor Presidente, no hemos hecho las cosas como debíamos haberlas hecho, porque el Poder Legislativo no está habilitado constitucionalmente para conferir ascensos a militares. Esa es la realidad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la votación nominal.

SEÑOR GIL SOLARES.- Por la negativa.

SEÑOR GONZALEZ ALVAREZ.- Por la negativa.

SEÑOR GUARINO.- Por la negativa.

SEÑOR HEBER FÜLLGRAFF.- Por la negativa.

Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR HEBER FÜLLGRAFF.- La discusión y el estudio de esta ley, que es sumamente sensible para las Fuerzas Armadas -lo reconocemos- ha dejado claramente establecido sin lugar a dudas que en la oportunidad el Parlamento no procede a ascender a ningún integrante de las Fuerzas Armadas, sino que faculta al Poder Ejecutivo para que lo haga. Será el Presidente de la República, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, en consulta -si lo estima conveniente- con cada uno de los Comandantes en Jefe de las tres Fuerzas, quien proceda a designar y a decidir quién va a ser ascendido y quién no. Es por eso, entonces, que esta ley es absolutamente constitucional, porque no interfiere para nada con las facultades del Poder Ejecutivo, sino que habilita legalmente al Presidente de la República para que pueda actuar, quien seguramente lo hará con justicia y amparado en una norma legal. Y actuará con la justicia que no tuvo el Decreto del año 1997, del mes de diciembre, que, con injusticia y en forma totalmente ilegal, laudó situaciones en las Fuerzas Armadas, sin haber agotado antes las instancias jurídicas y reglamentarias que estaban claramente establecidas.

Es por eso que hoy, con absoluta convicción, damos nuestro voto negativo, o sea, favorable al levantamiento de las observaciones del Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa se ve en la necesidad de recordar que en los fundamentos de voto no se permiten alusiones políticas.

Continúese tomando la votación nominal.

SEÑOR IBARRA.- Por la negativa.

SEÑOR LACALLE POU.- Por la negativa.

SEÑOR LAVIÑA.- Por la afirmativa.

Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR LAVIÑA.- Voto por la afirmativa por las razones expuestas por el señor Legislador Fau, fundamentalmente, debido a la inconstitucionalidad de este proyecto de ley, así como por la inconveniencia planteada por el señor Legislador Atchugarry.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúese tomando la votación nominal.

SEÑOR LEGLISE.- Por la negativa.

SEÑOR LEGNANI.- Por la negativa.

SEÑOR LOPEZ ORTIZ.- Por la negativa.

SEÑOR MACHADO.- Por la afirmativa.

SEÑOR MAGURNO.- Por la afirmativa.

SEÑOR MAHIA.- Por la negativa.

SEÑOR MASPOLI.- Por la afirmativa.

SEÑOR MELGAREJO.- Por la negativa.

SEÑOR MELLO.- Por la negativa.

SEÑOR MICHELINI (Felipe).- Por la negativa.

SEÑOR MIERES (José).- Por la negativa.

SEÑOR MIERES (Pablo).- Por la negativa.

SEÑOR MOLINELLI.- Por la afirmativa.

SEÑOR OBISPO.- Por la negativa.

SEÑOR ORRICO.- Por la negativa.

SEÑOR ORTIZ.- Por la negativa.

SEÑOR PAIS (Gabriel).- Por la afirmativa.

SEÑOR PAIS (Ronald).- Por la afirmativa.

Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR PAIS (Ronald).- Hemos votado con convicción el mantenimiento del veto interpuesto por el Poder Ejecutivo a este proyecto de ley, no solamente por las razones que expusimos en oportunidad de la discusión de este tema en la Cámara de Representantes y por los abundantes fundamentos realizados por el Miembro Informante en minoría en el día de hoy, sino porque, fundamentalmente, estamos convencidos de que, en esencia, este proyecto de ley es erróneo. No se repara una injusticia con otra injusticia y no se repara el honor de los hombres afectando la esencia de las instituciones en las que ese honor se enmarca.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúese tomando la votación nominal.

SEÑOR PENADES.- Por la negativa.

SEÑORA PERCOVICH.- Por la negativa.

SEÑOR PEREZ (Darío).- Por la negativa.

SEÑOR PEREZ MORAD.- Por la negativa.

SEÑOR PINTADO.- Por la negativa.

SEÑOR PITA.- Por la negativa.

SEÑOR PONCE DE LEON.- Por la negativa.

SEÑOR POSADA.- Por la negativa.

Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: no se nos escapa que la ley que estamos ratificando por la vía de la negativa no significa la solución ideal; es la solución que se encontró para contribuir con este tema en el ámbito parlamentario. Hubiéramos deseado que la solución involucrara a todos los partidos políticos y particularmente al Poder Ejecutivo. Si hubiera habido voluntad política en tal sentido, señor Presidente, seguramente lo hubiéramos conseguido.

Deseamos, por cierto, que el Poder Ejecutivo, en el ámbito de sus competencias haga uso de esta facultad y particularmente también de la que se le confiere por el inciso segundo del artículo 1º.

Es todo cuanto queríamos decir, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúese tomando la votación nominal.

SEÑORA PUÑALES BRUN.- Por la afirmativa.

SEÑOR RAMOS.- Por la afirmativa.

SEÑORA RONDAN.- Por la afirmativa y con profunda convicción, señor Presidente.

SEÑOR ROSSI.- Por la negativa.

Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR ROSSI.- En oportunidad en que se discutía una iniciativa relacionada con este tema en 1998, un distinguido Legislador decía que "estamos dando un paso final con esta decisión al expresar con toda claridad que es nuestra voluntad decirle al país que aquellos ciudadanos cumplieron con su deber".

Es con ese espíritu que nosotros hoy estamos tomando esta posición y apoyando la ley que queremos que se aplique en el futuro del país, conscientes de que la propia ley establece los plazos para que el Poder Ejecutivo pueda, en los casos en que se justifique, aplicar el artículo 8º de la Ley Nº 15.848, ley que hemos respetado y cuya aplicación hemos reclamado en su totalidad desde que fuera refrendada por la ciudadanía de este país.

Por otra parte, creemos que este es un paso más en un camino de reparación de arbitrariedades que todavía quedan vigentes desde aquella época de dictadura y que seguramente permitirá en el futuro reparar a otros militares artiguistas, que fueron destituidos por razones filosóficas, ideológicas, políticas o de mera arbitrariedad, así como reparar también y ampliamente a presos políticos y a exiliados que desde hace 16 ó 17 años están esperando la posibilidad de completar sus derechos al retirarse de su actividad laboral.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúese tomando la votación nominal.

SEÑOR SANDE.- Por la afirmativa.

SEÑOR SANGUINETTI.- Por la afirmativa.

SEÑORA SARAVIA OLMOS.- Por la afirmativa.

SEÑOR SCAVARELLI.- Por la afirmativa.

Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR SCAVARELLI.- Ha quedado claro, señor Presidente, que hoy se ha votado en Sala por la afirmativa y por la negativa, pero hemos notado que hay diferentes interpretaciones de la votación por la negativa, lo cual creo que es importante que quede acuñado en la historia fidedigna de esta norma.

Se ha dicho aquí que cabe la posibilidad de interpretar esta ley de acuerdo a su texto, generando la discrecionalidad del señor Presidente de la República para poder otorgar o no caso a caso el beneficio que esta ley acuerda, elemento que deberemos tener en cuenta en el momento efectivo de su aplicación.

También dejamos en claro que nuestra votación afirmativa es por entender que más allá de las buenas intenciones, se está incidiendo en la estructura jurídica del país en la medida en que -como se ha dicho claramente aquí por parte del Miembro Informante por la minoría- se está afectando el principio no sólo de la constitucionalidad -por si fuera poco- sino también el de la estricta no intromisión en los asuntos de otros Poderes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúese tomando la votación nominal.

SEÑOR SELLANES.- Por la negativa.

SEÑOR SENDIC.- Por la negativa.

SEÑOR SEÑORALE.- Por la afirmativa.

SEÑOR SILVEIRA (Gustavo).- Por la afirmativa.

SEÑOR SILVEIRA (Julio C.).- Por la negativa.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Por la negativa.

SEÑORA TOURNE.- Por la negativa.

SEÑOR TRIVEL.- Por la afirmativa.

SEÑOR VENER CARBONI.- Por la afirmativa.

Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR VENER CARBONI.- Señor Presidente: no vamos a reclamar al Poder Ejecutivo que en caso de que esta ley se apruebe haga correctamente las designaciones, ya que tiene las suficientes credenciales como para que creamos de antemano que así va a ser. Pero sí le vamos a solicitar que en caso de que este veto se levante, el Poder Ejecutivo impugne frente a la Suprema Corte de Justicia esta ley por inconstitucional.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúese tomando la votación nominal.

SEÑOR ACOSTA Y LARA.- Por la afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha culminado la votación. Se va a proclamar por los señores Secretarios de ambas Cámaras el resultado de cada Cámara. Luego la Presidencia va a proclamar el resultado general.

Corresponde proclamar en primer lugar, la votación del Senado.

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- Se obtuvieron 31 votos en quórum máximo. De los 31 votos, 11 sufragaron por la afirmativa y 20 lo hicieron por la negativa. En consecuencia, se obtuvieron los tres quintos del total de 31, al superarse los 19 votos requeridos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a proclamar ahora el resultado de la Cámara de Representantes.

SEÑOR SECRETARIO (Dr. Horacio Catalurda).- Sufragaron 95 señores Representantes, 32 lo hicieron por la afirmativa y 63 por la negativa, alcanzándose por lo tanto los tres quintos requeridos, al superarse los 57 votos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Han quedado conformados los tres quintos de votos que requiere la Constitución de la República y han sido levantadas las observaciones al proyecto de ley.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

5) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 16 y 54 minutos.)

SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Sr. Mario Farachio Secretario - Dr. Horacio A. Catalurda Secretario

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos del Senado

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.