Retorno a página principal

Nº 108 - TOMO 407 - 12 DE JUNIO DE 2001

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

26ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

y el SEÑOR SENADOR DANILO ASTORI Segundo Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO y ARQ. HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4 y 15) Proyectos presentados

- La señora Senadora Arismendi presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa con el nombre "Mario Arregui" el tramo de la Ruta Nacional N° 23 comprendido entre la ciudad de Trinidad e Ismael Cortinas.
- A la Comisión de Constitución y Legislación.
- El señor Senador Correa Freitas presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara que el día 15 de julio de cada año se celebrará el "Día del Funcionario Público".
- A la Comisión de Constitución y Legislación.
- Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se procede a la derogación del monopolio para la refinación de petróleo.
- A la Comisión de Hacienda integrada con la de Constitución y Legislación.

5) Pedido de informes

- El señor Senador Mujica solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionado con la aplicación de la Ley Nº 13.728 referida a Cooperativas de Vivienda.
- Oportunamente fue tramitado.

6) Exposición escrita

- El señor Senador Pereyra solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionada con la situación que viven los vecinos de la zona de Puntas de Manga con motivo de las obras que se realizan en un tramo de la Ruta No. 6.
- Se procederá de conformidad.

7) Solicitud de licencia

- La formula el señor Senador Astori.
- Concedida.

8) Integración del Cuerpo

- Nota de desistimiento. La presenta la señora Nelly Goitiño comunicando que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.

9) Irregularidades comprobadas en la Gerencia de Informática de ANEP

- Manifestaciones del señor Senador Rubio.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a las autoridades del CODICEN, al Ministerio de Educación y Cultura, a la Presidencia de la República y a la Auditoría Interna de la Nación.

10) Descentralización

- Manifestaciones del señor Senador Pereyra.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Directorio del Banco de Previsión Social, al Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Intendencia Municipal, a la Junta Departamental de Rocha y a las Juntas Locales de La Paloma y Pueblo Velázquez.

11) Derogación de impuestos para la industria de la construcción

- Manifestaciones del señor Senador Borsari.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al señor Presidente de la República, a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y al Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay.

12) Mensaje del señor Presidente de la República a trasmitir a los Estados Parte del MERCOSUR

- Manifestaciones del señor Senador Brause.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a la Dirección General de Comercio y a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Industria, Energía y Minería.

13) Necesidad de construcción de nuevos liceos en el departamento de Paysandú

- Manifestaciones del señor Senador Larrañaga.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a las autoridades del CODICEN, al Consejo de Educación Secundaria, a la Intendencia Municipal y Junta Departamental de Paysandú.

14) Persecución sindical

- Manifestaciones de la señora Senadora Arismendi.
- Por moción de la propia señora Senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a la Junta Departamental de Durazno, a los órganos departamentales del mismo departamento y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

16) Ejercicio combinado "CEIBO 2001"

- Moción del señor Senador Fau para que el Senado declare la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- Se vota negativamente.

17 y 22) Lanzamientos

- Proyecto de ley por el que se procede a la suspensión de los mismos durante el período 1º de junio a 30 de setiembre de 2001 en las condiciones que se determinan.
- Moción del señor Senador Singer para que se reparta el proyecto y se declare su urgencia y consideración inmediata.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

18) Pedido de informes. Reiteración

- Por moción de la señora Senadora Xavier, el Senado resuelve hacer suyo y reiterar el pedido de informes que juntamente con el señor Senador Cid cursara al Ministerio de Economía y Finanzas el día 13 de febrero de 2001.

19) Trabajo Sexual. Rectificación de trámite

- Por moción del señor Senador Korzeniak, el Senado resuelve remitir a estudio de la Comisión de Salud Pública este tema que, en su oportunidad, fuera enviado a la Comisión de Constitución y Legislación.

20) Fondo de Solidaridad para el otorgamiento de Becas

- Por moción del señor Senador Pereyra, el Senado resuelve retirar del archivo la carpeta Nº 1500/99, que contiene este tema, y remitirla a la Comisión de Educación y Cultura.

21) Trabajadores rurales

- Proyecto de ley por el que se les declara comprendidos en el régimen de seguro de desempleo (Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981).
- En consideración.
- Por moción del señor Senador Korzeniak, el Senado resuelve remitir este proyecto de ley a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

23) Protocolo sobre Promoción y Protección de Inversiones Provenientes de Estados no Parte del MERCOSUR

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración.
- Por moción del señor Senador Pereyra, el Senado resuelve postergar la consideración de este tema para una sesión futura.

24) Límite Exterior de la Plataforma Continental de nuestro país

- Proyecto de ley por el que se declara de interés nacional los estudios para establecerlo.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

25) Divorcio por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges

- Proyecto de ley por el que se modifica el ordinal tercero del artículo 187 del Código Civil.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

26) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

«Montevideo, 8 de junio de 2001.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, el próximo martes 12, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1°) por el que se declara que los trabajadores rurales están comprendidos en el régimen de seguros de desempleo, establecido en el Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981.

(Carp. N° 463/01 - Rep. N° 253/01)

2°) por el que se aprueba el Protocolo sobre Promoción y Protección de Inversiones Provenientes de los Estados no Parte del MERCOSUR.

(Carp. N° 794/97 - Rep. N° 248/01)

3°) por el que se declaran de interés nacional, los estudios y trabajos necesarios para establecer la traza del límite exterior de la plataforma continental de nuestro país.

(Carp. N° 442/01 - Rep. N° 251/01)

4°) por el que se modifica el artículo 187, ordinal 3°, del Código Civil, relativo al divorcio por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges.

(Carp. N° 392/01 - Rep. 252/01)

Hugo Rodríguez Filippini Secretario - Mario Farachio Secretario.»

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Arismendi, Astori, Atchugarry, Borsari, Brause, Cid, Correa Freitas, Couriel, de Boismenu, Fau, Fernández Huidobro, Garat, Gargano, Heber, Korzeniak, Larrañaga, Millor, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Riesgo, Rodríguez, Rubio, Sanabria, Singer, Virgili y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores García Costa y Pou; y con aviso, los señores Senadores Gallinal y Michelini.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 15 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

«La Presidencia de la Asamblea General remite varias notas del Tribunal de Cuentas de la República comunicando las resoluciones adoptadas en los siguientes expedientes:

del Ministerio de Salud Pública relativo a la solicitud de inclusión en relación de créditos pendientes de pago a financiar en la próxima instancia presupuestal;

de la Administración Nacional de Educación Pública, relacionado con la Licitación Pública Nº 2/2001, para la contratación de empresas unipersonales para cumplir servicios de conductores;

de la Comisión de Apoyo de los Programas Asistenciales de ASSE, relacionado con el Estado de Situación, Estado de Resultados, Estado de Origen y Aplicación de Fondos y al Estado de Ejecución Presupuestal al 31 de diciembre de 1998;

del Ministerio de Defensa Nacional; del Banco Hipotecario del Uruguay; de la Administración Nacional de Correos; de las Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea; de la Dirección Nacional de Sanidad Policial; de la Administración de Seguros de Salud del Estado relacionadas con la reiteración de las observaciones de gastos formuladas a dichos organismos.

-TENGANSE PRESENTE.

El Poder Ejecutivo remite mensaje solicitando venia para destituir de su cargo al señor Elso Daniel Martirena Martínez funcionario del Ministerio de Salud Pública.

-A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería remite la información solicitada por el señor Senador Luis A. Heber relacionada con la venta de la planta industrial que fuera sede de INCUR.

-OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR LUIS A. HEBER.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

por el que se crea el Registro General de la Propiedad Estatal de Obras de Artistas Plásticos;

-A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

por el que se designa con el nombre "Villa Chiappara" la Escuela Nº 53 de San Carlos, departamento de Maldonado.

-A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

La Cámara de Representantes comunica la sanción de los siguientes proyectos de ley:

por el que se establecen normas para el cumplimiento de la Ley Nº 7.913, de 23 de octubre de 1925, sobre los campos de Guayubirá, departamento de Artigas, y se suspenden los lanzamientos contra los actuales ocupantes de los padrones mencionados en la referida norma;

y por el que se aprueba el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre la República Oriental del Uruguay y la República de Venezuela.

-TENGANSE PRESENTE Y AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 62 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, referente a los desalojos y lanzamientos de inmuebles para determinadas condiciones.

-REPARTASE E INCLUYASE EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA DEL DIA DE MAÑANA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 172 del Reglamento del Senado, el señor Senador Carlos Julio Pereyra solicita se envíe al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente una exposición escrita relacionada con la situación que viven los vecinos de la zona de Puntas de Manga, departamento de Montevideo, con motivo de las obras que se realizan sobre un tramo de la Ruta Nacional Nº 6.

-HA SIDO DISTRIBUIDA.

4) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un proyecto de ley presentado.

(Se da del siguiente:)

"La señora Senadora Marina Arismendi presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa con el nombre Mario Arregui, el tramo de la Ruta Nacional Nº 23 comprendido entre la ciudad de Trinidad e Ismael Cortinas".

-A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

«EXPOSICION DE MOTIVOS

Mario Arregui nació en Trinidad, en 1917 y murió en Montevideo en 1985. Fue narrador, cuentista por naturaleza.

A los 16 años se trasladó a la capital y colaboró con numerosos periódicos. Vuelve al interior donde se dedica a las tareas rurales. Pese a que se trata de un creador de escasa producción, su obra ha sido siempre altamente estimada por la crítica. Sus cuentos aparecieron inicialmente en dos volúmenes: Noche de San Juan y otros cuentos (1956) y Hombres y Caballos (1960); luego refundidos y aumentados en un tercero, La sed y el agua (1964).

El mundo de Arregui está pendiente de una agresión serena, calculada; ese doble ingrediente comparece, por ejemplo, en relatos como Mis amigos muertos, donde la hostilidad fantasmal asume la forma de un profundo silencio.

Hay algo que distingue a Arregui de los otros descriptores del ámbito rural. Como bien ha visto Angel Rama, en Arregui `la literatura tiene algo de cauto y misterioso. Se distingue por una nota grave, que corresponde a quien acomete una tarea de dimensión moral extensa en un modo que tiene mucho que ver con una antropología'.

Gustaba de la perfección de sus escritos, los cuales pule y retoca constantemente. Influenciado por Borges, frecuentemente tocado por su sombra curricular, escribió hasta 1979 en el campo, departamento de Flores.

Sus narraciones alcanzan en ocasiones tensiones muy fuertes, donde queda abierto el camino a todas las formulaciones posibles. Muchas veces el campo pierde su magia natural para convertirse en un ambiente impresionante y tremendista.

Publicó en 1964 un libro sobre el poeta Líber Falco.

Hoy con esta designación se estaría homenajeando en forma merecida a este narrador uruguayo y al legado que nos deja producto de una imaginación y sagacidad por demás elocuente.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase con el nombre Mario Arregui el tramo de la Ruta Nacional número 23 comprendida entre la ciudad de Trinidad e Ismael Cortinas.

Marina Arismendi. Senadora.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de otro proyecto de ley presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Ruben Correa Freitas, presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara que el día 15 de julio de cada año, se celebrará el `Día del Funcionario Público'".

-A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

(Texto del proyecto presentado)

«PROYECTO DE LEY

SE DECLARA QUE EL DIA 15 DE JULIO DE CADA AÑO SE CONMEMORA
EL "DIA DEL FUNCIONARIO PUBLICO"

Artículo 1°.- Declárase que el día 15 de julio de cada año, se celebrará el "Día del Funcionario Público".

Artículo 2°.- Los jerarcas de las oficinas de la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, en coordinación con la Oficina Nacional del Servicio Civil, dispondrán las medidas necesarias para dicha celebración y, en especial, para resaltar la labor de los mejores funcionarios públicos.

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, etc..

Dr. Ruben Correa Freitas. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Montevideo, 12 de junio de 2001.

Sr. Presidente del Senado:

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 133 de la Constitución de la República, promuevo la iniciativa del adjunto proyecto de ley, por el que se declara el 15 de julio de cada año, como "Día del Funcionario Público".-

El fundamento de haber elegido el día 15 de julio de cada año, como fecha para la celebración, es el hecho de que la ley por la cual se reinstitucionalizó a la Oficina Nacional del Servicio Civil, Ley N° 15.757, fue promulgada el 15 de julio de 1985. Como es sabido, el Art. 60 de la Constitución de la República, comete al legislador la creación del Servicio Civil de la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, con la finalidad de asegurar una administración más eficiente. Por lo tanto, dicho organismo asesor del Poder Ejecutivo, que depende directamente de la Presidencia de la República, es el organismo rector en materia de función pública, razón por la cual considero muy especialmente que la fecha de su reinstitucionalización luego de haber sido disuelta por el gobierno "de facto" en 1978, es un acontecimiento que debe destacarse especialmente.

Pero la razón fundamental por la cual promuevo este proyecto de ley, es porque estimo conveniente dignificar y jerarquizar la función pública, tantas veces denostada injustamente, homenajeando a aquellos servidores públicos que se destacan año a año en el ejercicio de sus tareas. Soy hijo de un funcionario público y he sido funcionario público por más de treinta años, veinticinco de los cuales trabajé en la Oficina Nacional del Servicio Civil, habiendo ejercido la Dirección de dicha Oficina en los años 1985 - 1990 y 1995 - 2000.

Esa experiencia, me permite afirmar que hay funcionarios ejemplares, que se destacan por su dedicación al trabajo, por su lealtad institucional, por su honestidad, por su permanente vocación de servicio, pese al sacrificio que muchas veces supone tener que afrontar dificultades económicas porque el Estado no puede pagar mejores sueldos.

En tal sentido, el proyecto de ley declara el 15 de julio de cada año, como "Día del Funcionario Público", disponiendo además que los jerarcas de las diversas reparticiones del Estado, en coordinación con la Oficina Nacional del Servicio Civil, deberán disponer las medidas necesarias para celebrar dicho acontecimiento, circunstancia en la cual se homenajeará a los mejores funcionarios, a aquellos funcionarios que se hayan destacado en el año, como una forma de incentivar y de premiar la gestión de los empleados que día a día en las oficinas públicas trabajan en forma silenciosa en beneficio del Estado, procurando un mejor servicio a los ciudadanos.

Por lo tanto, señor Presidente, considero que el proyecto de ley que someto a consideración del Senado de la República, es una excelente oportunidad para que el sistema político dé una señal de apoyo y de promoción de la función pública, de jerarquización y dignificación del funcionario público, en definitiva, de terminar con una visión pesimista sobre el Estado y sus funcionarios.

Tal como lo he expresado reiteradamente, la reforma del Estado no debe hacerse contra los funcionarios, sino con los funcionarios. La reforma del Estado no debe hacerse para destruir al Estado, sino para fortalecer al Estado. Un Estado más eficaz, más eficiente y menos costoso, con funcionarios honestos, leales y comprometidos con la función pública.

Saludo al señor Presidente, muy atentamente,

Dr. Ruben Correa Freitas. Senador.»

5) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución Nacional, el señor Senador José Mujica solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionado con la aplicación de la Ley Nº 13.728 referido a las Cooperativas de Vivienda."

-OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes)

«Montevideo, 11 de junio de 2001.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores
Don Luis Hierro López
Presente

De mi mayor consideración:

Conforme a lo dispuesto en el Art. 118 de la Constitución de la República, solicitamos se envíe el siguiente pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

De acuerdo con el Art. 30 del Texto Ordenado de la Ley de Vivienda Nº 13.728 del 17 de diciembre de 1968, aprobado por Decreto Nº 76/98, de 24 de marzo de 1998, referido a las Cooperativas de Vivienda en cuanto a su procedimiento, se basa esta solicitud:

1- ¿En qué casos y circunstancias por todo concepto se aplicó este procedimiento desde su aprobación hasta la fecha?

2- Enumeración de las Cooperativas que hicieron uso del mismo con sus fechas respectivas.

Saludos cordiales,

José Mujica. Senador.»

6) EXPOSICION ESCRITA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Pereyra para la exposición escrita que presentara y de la que se dio cuenta durante la lectura de los asuntos entrados.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita)

«Montevideo, 12 de junio de 2001.

Señor Presidente del Senado
Don Luis Hierro López
Presente

Señor Presidente:

Al amparo del artículo 172 del Reglamento del Senado, solicito se curse al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la siguiente exposición escrita.

Vecinos de la zona de Puntas de Manga, departamento de Montevideo, están lógicamente preocupados ante los múltiples inconvenientes y serios perjuicios que les ocasionan las obras que se realizan en la Ruta 6, en el tramo comprendido entre los parajes conocidos como Cruce de los Tangerinos hasta La Espiga, en una extensión de casi dos kilómetros.

Más de cien familias han quedado prácticamente aisladas, pues es muy difícil el acceso de vehículos a la zona y aun la circulación a pie, particularmente los días de lluvia. Muchos vecinos sólo tienen salida a través de predios vecinos, siendo imposible llegar hasta ellos con vehículos. En algunas circunstancias se generan graves problemas como ser cuando se requiere atención médica, policía, bomberos y demás servicios de emergencia.

Los trabajos actuales en la Ruta 6, en el tramo referido, se han ejecutado sin prever ni adoptar las precauciones para no afectar a los vecinos, como si se tratara de una zona despoblada.

Por otra parte, la profundidad del corte de la loma existente a la altura del cruce de Ruta 6 con calle La Calera deja a varios predios frentistas sin salida para ningún lado. Además, en los últimos días se han producido grandes demoronamientos de tierra en los barrancos de más de tres metros, alturas que han quedado allí, como consecuencia del desmonte realizado.

Se estima que los técnicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al planificar la ejecución de estas obras, no previeron los problemas que se han generado, o han demorado en subsanarlos, creando la difícil situación enumerada. Para ello dispuso de tiempo más que suficiente, porque los trabajos en la zona, a partir de la Av. Belloni, se iniciaron hace más de dos años, lo cual pone de manifiesto que se han llevado a cabo con extrema lentitud, circunstancia que amerita también una acción inmediata al respecto.

Hasta ahora las dependencias del Ministerio de Transporte y Obras Públicas no han proporcionado ninguna información a los vecinos acerca de qué soluciones se les brindará sobre los aspectos comentados, por lo que urge adoptar con prontitud medidas de emergencia para paliar esta situación y encarar la solución definitiva que se brindará a los vecinos afectados.

Saludo a Ud. muy atentamente,

Carlos Julio Pereyra. Senador.»

7) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Astori solicita licencia desde el 19 al 22 de los corrientes."

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 12 de Junio de 2001.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Don Luis Hierro López
Presente

De mi mayor consideración:

He sido invitado como integrante de la delegación de parlamentarios del MERCOSUR, que viajarán a la ciudad de Bruselas, Bélgica, a una visita de información e intercambio sobre los `Aspectos Sociales y Económicos de la Unión Europea'. Dicha visita se llevará a cabo entre los días 18 y 22 de junio del presente año. Por tal motivo solicito al Cuerpo me conceda licencia por el período comprendido entre el 19 y 22 de junio inclusive.

Sin otro particular, saludo al Señor Presidente muy atentamente,

Danilo Astori. Senador.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

8) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una nota de desistimiento a la convocatoria.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Nelly Goitiño comunica que, en esta oportunidad, no acepta la convocatoria como suplente del señor Astori."

-Queda convocado el señor Senador Segovia a partir del día 19.

9) IRREGULARIDADES COMPROBADAS EN LA GERENCIA INFORMATICA DE ANEP

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: es mi propósito referirme a irregularidades comprobadas en la Gerencia de Informática de ANEP, a partir de denuncias realizadas por los propios proveedores, o sea, por empresas que ganaron licitaciones y vendieron material informático a la ANEP en los años 1998 y 1999. Dichas denuncias estaban relacionadas con la venta de equipos al Organismo de enseñanza en los primeros días de noviembre del año pasado. Se dispuso la realización de una denuncia policial y la investigación administrativa correspondiente.

La indagatoria policial motivó el procesamiento, en diciembre del año 2000, por la Justicia competente, del funcionario que ocupaba el cargo de Gerente. A pesar de ello, en la página 169 de la 7ª edición de la guía oficial de autoridades del año 2001, esa persona aparece dirigiendo la Gerencia. Supongo que este es un error de información interno en el ámbito del Estado.

Como decía, la Justicia competente dictaminó un procesamiento y, paralelamente, en la órbita administrativa se dispuso la redistribución de tareas y de personal de la mencionada repartición.

Han pasado cerca de siete meses y la indagatoria administrativa no ha concluido. Me refiero tanto al sumario administrativo como a la actuación de la Auditoría Interna de la Nación que, de acuerdo con trascendidos de prensa, ha tenido preocupación por el control del stock de computadoras y de material informático en el CODICEN. Según la información de que tenemos conocimiento, estamos sumamente preocupados -y por eso realizamos este planteo- por el monto del perjuicio sufrido por ANEP y también porque los hechos han puesto de manifiesto que una iniciativa loable como la generalización de la enseñanza de la informática en la Educación Pública, aparentemente, no se llevó a cabo de manera adecuada a pesar de que durante el período pasado se invirtieron sumas importantes, tanto en la compra de equipo como en la contratación de personal supuestamente idóneo. De acuerdo con versiones periodísticas, hubo una inversión del orden de los U$S 14:000.000 durante el período 1996-1999. Nos interesaría conocer los resultados concretos obtenidos de esa inversión y si ascendió a esa cantidad.

El Poder Legislativo, el Parlamento, no ha tenido la versión oficial sobre los hechos acaecidos, sus causas y las medidas tomadas. Contamos con versiones de los medios de comunicación y distintas informaciones que nos han llegado por vías diversas. Desde nuestro punto de vista, los hechos son importantes, puesto que culminaron con el procesamiento de un jerarca y, sobre todo, desnudaron un funcionamiento desordenado, anárquico y muy poco efectivo en cuanto al resultado.

En estas condiciones, sería aventurado precisar los montos del perjuicio sufrido, pero sabemos que no es poco. Es evidente que la decisión primaria de la Justicia puede ser modificada y ampliada si se aportan todos los elementos que, seguramente, surgirán del sumario administrativo. En forma independiente a la actuación judicial, por un lado, y a la gestión administrativa, por otro, consideramos conveniente dar estado parlamentario a esta cuestión y convocar al CODICEN a la Comisión correspondiente del Senado, a fin de poder contar con la versión oficial de los hechos. A partir de ella, podremos realizar el examen del asunto, a los efectos de determinar las responsabilidades políticas que, ya sea por acción o por omisión, puedan tener las autoridades correspondientes, las presentes y sobre todo las pasadas.

Siempre defendimos, y defenderemos, la educación pública, pero los hechos, aparentemente muy desgraciados, no deben servir para edificar campañas con otros objetivos. Tampoco el bajo perfil constituye el mejor camino cuando acaecen hechos de esta naturaleza. Siempre me pareció que el montaje de estructuras paralelas, ajenas a la cultura institucional desarrollada durante un siglo largo en el sistema de educación pública, podría tener consecuencias muy negativas.

Los hechos a que me refiero, que han llegado a conocimiento de nuestra Bancada y que hemos examinado con el señor Senador Fernádez Huidobro, ponen en evidencia que no se trata de cuestiones menores. Aquí hubo denuncias de los proveedores, en octubre y noviembre de 2000, relacionadas con la venta, funcionamiento en plaza y circulación de equipos vendidos por estas empresas al CODICEN. En recuentos muy primarios y de acuerdo con el informe del 8 de enero de 2001 realizado por los encargados provisorios de la Gerencia de Informática, también hay evidencias de que faltan alrededor de 348 máquinas. No sé si son muchas más o muchas menos, porque el inventario definitivo no está terminado. Pero este es el punto de arranque de esta investigación y hay evidencia de desaparición, degradación y desmantelamiento de equipos en materia de "software" y de "hardware" en una cantidad indeterminada de otros equipos, aparte de los que no aparecen cuando se hacen los inventarios.

Asimismo, hay evidencia de caos administrativo total en la Gerencia de Informática; de práctica de nepotismo; de ausencia total de inventarios; de discrecionalidad en el manejo de los fondos; de sobresueldos y de sobrefacturación; de fragmentación de las compras para eludir el TOCAF y de uso de la infraestructura pública para la actividad privada.

Además, se conocen algunas derivaciones policiales y penales e, incluso, en el marco de estas actuaciones ha habido amenazas a testigos y necesidad de colocar custodia policial al propio abogado sumariante.

En suma, señor Presidente, consideramos que esta es una cuestión muy delicada, por lo que debemos escuchar la versión oficial de las autoridades de la ANEP y de los miembros del CODICEN, saber cuáles fueron las determinaciones que se tomaron, cuál es el estado actual de esta situación, saber cuáles son las previsiones que se han adoptado y que se piensan adoptar en relación con el futuro y saber, en particular, con qué fundamentos se realizaron las designaciones para el equipo que dirigía la Gerencia de Informática, así como quién era su superior jerárquico, a quién se rendía cuentas y cuál es la situación actual. También queremos saber qué personal era de ANEP y quiénes eran contratados, en qué medida se usaron los pases en comisión y los contratos de obra en la integración del equipo que dirigía esta Gerencia de Informática y en cuántas situaciones se dieron, simultáneamente, ambas cosas y con qué alcance. Creo que hay temas que pueden estar en la Auditoría Interna de la Nación, en la Justicia Penal, en una investigación administrativa desarrollada y ordenada por la jerarquía de un organismo y que pueden haber pasado por investigaciones policiales; sin embargo, eso no quiere decir que cuestiones tan delicadas, en las cuales, cuando llegan los Presupuestos, los parlamentarios invertimos un tiempo muy considerable en discutir, por ejemplo, si se va a conceder a un organismo U$S 1:000.000 más o U$S 1:000.000 menos, cuando hay inversiones multimillonarias para destinos muy loables y se comprueba que en su gestión hubo anomalías, irregularidades u otras cuestiones que impactaron en forma muy negativa el uso de los recursos, de alguna manera, el Parlamento no deba considerarlas parte de los temas sobre los que debe informarse cabalmente.

En consecuencia, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida al CODICEN, al señor Ministro de Educación y Cultura, al señor Presidente de la República y a la Auditoría Interna de la Nación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

10) DESCENTRALIZACION

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: si hay un tema que frecuentemente nos ocupa a los legisladores y a los gobernantes en general, así como a la prensa -y sobre el que, diría, no hay dos opiniones- es el de la descentralización en todos aquellos aspectos que puede beneficiar a la población del país. Pero, en este caso, la prédica va por un lado y las realidades por otro. Si tengo tiempo en el día de hoy, voy a señalar dos casos en los cuales se observa cómo va desapareciendo de localidades de importancia en el país, la prestación de servicios que el Estado tiene la obligación de brindar. Esa concentración se produce por el desmantelamiento de dependencias que sirven al público en muchas de estas localidades de pequeña y mediana dimensión, pero cualquiera sea su población, desempeñan un rol social importante en la vida nacional.

Voy a referirme a la supresión de la oficina del Banco de Previsión Social en la ciudad de La Paloma. Esta ciudad tiene alrededor de 3.000 habitantes en el invierno, porque naturalmente en los dos meses de intensa actividad del verano, esa población se multiplica mucho más. Seguramente, no son los visitantes del verano quienes necesitan de ese servicio, sino los habitantes permanentes de la localidad que, según el último censo, llegan a 3.000. Fuera de la temporada veraniega, algunos de estos habitantes forman parte de tripulaciones pesqueras, otros se dedican a la pesca artesanal, otros a la construcción -cuando esta actividad se desenvuelve en forma normal- y otros hacen arreglos en las distintas casas. También suelen dedicarse a las monteadas o a trabajar en changas de cualquier índole, con el fin de sobrevivir hasta el próximo verano. Esta gente instala allí su familia y suele envejecer en ese lugar. Cuando necesita recurrir al Banco de Previsión Social, se encuentra con que la atención sólo se le presta a más de 30 kilómetros de su localidad, o sea, en la ciudad de Rocha. De manera que quien quiere hacer un trámite en el Banco de Previsión Social tiene que gastar en el pasaje de ómnibus y en la posible comida que tenga que consumir en la capital del departamento y, naturalmente, desatender los trabajos que esté realizando.

Hace dos meses que se produjo el hecho que acabo de señalar: se desmanteló la oficina, se llevaron los funcionarios para la ciudad de Rocha y, si no me equivoco, una vez por semana va un funcionario, como suele suceder en otras partes del país, a mal atender a algunos vecinos.

La atención se ha resentido muchísimo y la población de La Paloma reclama que se reinstalen y se reorganicen los servicios que presta el Banco de Previsión Social en aquella localidad.

Haciéndome intérprete de estos sentimientos y de estos pensamientos es que he realizado esta exposición.

El otro caso al que quiero referirme es una preocupación que me han hecho llegar amigos de la zona de Pueblo Velázquez, en el departamento de Rocha, enclavado en una zona de intensa actividad rural, con predominio de la explotación ganadera. Es el centro poblado al que se recurre para aprovisionamiento y en donde se realizan operaciones ganaderas de importancia. Por ejemplo, allí hay locales-feria, fundamentalmente uno que realiza remates mensuales, además de algunos especiales de cabañas o ganado seleccionado de la zona, y que alrededor del año maneja un promedio de U$S 1:000.000. Naturalmente, la mayor parte de este dinero se canaliza a través de la sucursal del Banco de la República que hoy existe allí.

En Pueblo Velázquez también hay una población escolar muy numerosa, de 200 alumnos y 138 liceales, quienes son atendidos por 36 docentes. Casi todos estos docentes cobran sus haberes en la sucursal del Banco de la República. Asimismo, en la zona existen comercios de cierta importancia que abastecen a la región rural.

Se me ha comunicado que existe el temor de que se cierre la oficina del Banco de la República, ya que es la segunda vez que se produce el intento, por parte de distintos Directorios, de suprimir esta agencia. Es importante la permanencia de una institución bancaria en la zona por las razones que he señalado, porque quienes tienen que cobrar haberes, efectuar cobranzas o realizar negocios ganaderos de cierta importancia, deberían recorrer más de cien kilómetros entre ida y vuelta hacia la ciudad de Rocha para poder encontrar una dependencia del Banco de la República.

Todos estos hechos, tanto el de La Paloma, el de Pueblo Velázquez, como muchos otros que existen -estoy seguro de que los señores Senadores conocen algunos- en toda la República, van facilitando ese proceso centralizador en los centros urbanos importantes que deja sin los auxilios necesarios y sin la posibilidad de satisfacer las necesidades de muchas personas, fundamentalmente de clase media y baja, que pueblan estas regiones.

Por ello, esta tarde he querido volcar mi preocupación en estos aspectos -y seguramente lo seguiré haciendo en otros- sobre el manido tema de la descentralización cuando, en los hechos, el Estado procede a retirar de importantes centros poblados la prestación directa de esos servicios.

Solicito, entonces, que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe, en el primer caso, al Banco de Previsión Social y en el caso de la sucursal del Banco de la República de Pueblo Velázquez, al Directorio de este Organismo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, solicito que también sea enviada a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Rocha, así como a las Juntas Locales de La Paloma y de Pueblo Velázquez.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) DEROGACION DE IMPUESTOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

SEÑOR PRESIDENTE.- Para referirse a otro tema, tiene la palabra el señor Senador Borsari.

SEÑOR BORSARI.- Señor Presidente: hoy voy a ocuparme de un tema de crucial importancia para el empleo y la actividad económica de nuestro país.

Es sabido que el Partido Nacional propugna y ha propuesto al Poder Ejecutivo la derogación de impuestos o aportes que la industria de la construcción vierte al Estado. Es por todos conocida la incidencia que dicha actividad tiene sobre la economía de nuestro país como factor multiplicador de riqueza y de ocupación. Está de más decir que todo lo que podamos hacer desde el Gobierno -es decir, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo- para favorecer la inversión, redundará en favor del empleo, que es preocupación de todos.

En nuestro país, la construcción ha sido una de las actividades que más ha contribuido al desarrollo nacional. Durante el siglo pasado, pequeños, medianos y grandes empresarios han realizado obras, a lo largo y a lo ancho de todo el país, que incidieron notablemente en la mejora de las condiciones de vida de miles de familias, ya sea porque se incorporaron casas o apartamentos por doquier o porque éstos eran objeto de inversiones que generaban, a su vez, la ocupación de obreros, carpinteros, sanitarios, arquitectos o ingenieros, que también requerían insumos por demás variados, desde portland, ladrillos, bloques, arena, cemento, hierro y tantos otros elementos que sería difícil de enumerar.

Desde aquellos inmigrantes que encaraban la construcción de su casa con el adicional de cuatro o cinco apartamentos en el mismo padrón, pasando por Piria y Reus, hay toda una tradición de fuerte apuesta e inversión en este campo que nuestros habitantes realizaron. Hoy, señor Presidente, comenzando un nuevo siglo, asistimos a un sector que ha desarrollado grandes obras e inversiones y que ha ocupado a miles de nuestros compatriotas. Sin embargo, dicho empuje ha sido frenado por una presión fiscal que aterra, apenas miramos los números. El Estado se ha constituido en un socio devorador de ganancias empresariales y de beneficios a la población. Quizás por el auge sostenido que tuvo, la industria de la construcción se constituyó también en una presa apetecible para la voracidad fiscal. Digo esto, porque si sumamos todos los aportes e impuestos que se deben pagar para construir desde una pequeña casa a un gran edificio, ellos alcanzan nada menos -y tómense de las sillas, señores Senadores- que al 92% de los salarios pagados a quienes hayan trabajado en la obra. Creo que no hay ninguna actividad que pueda soportar un lastre o carga de este tipo.

Para colmo de males, algunos de dichos impuestos nada tienen que ver con la actividad. Por ejemplo, el 6% que se vierte a la Caja de Profesionales Universitarios es un subsidio que se estableció por la Ley Nº 12.997, de 28 de diciembre de 1961, a los efectos de coadyuvar al desarrollo de dicha Caja. En la actualidad, no tiene ningún sentido mantener vigente este subsidio, que se abona sobre el valor de toda la mano de obra utilizada para pagar las jubilaciones de los profesionales universitarios. Es necesario que se derogue tal carga, señor Presidente, por lo menos para empezar.

Por otra parte, el 4,8% que se paga por las licencias anuales, que se denomina estampillado, es una flagrante ilegalidad, ya que dichas licencias se aportan por el propietario de la obra. El decreto de 1961 que estableció dicho impuesto dejó de existir, ya que fue derogado por la Ley de Unificación de Aportes Nº 13.893, del año 1970 y por la actual Nº 14.411, de 1971. Debemos terminar con esto, señor Presidente. Tenemos que sacar el palo de la rueda de la carreta, porque se puede hacer.

No haría falta una ley para este último ejemplo que he puesto; solamente se necesitaría una resolución de carácter administrativo. Sin embargo, si es menester procederemos gustosos a votar una norma derogatoria.

Por último, les dejo una gragea que me resulta inconcebible. El Banco de Previsión Social paga, por concepto de licencia, aguinaldo y salario vacacional, el 23,94% de lo ganado líquido. Sin embargo, según información oficial de dicho Organismo -que tengo a la vista y que ofrezco a los señores Senadores- cobra por esos mismos conceptos -es decir, licencia, aguinaldo y salario vacacional- el 36,9%. En buen romance, esto significa que el Banco de Previsión Social se queda con casi el 13% de diferencia de lo vertido por concepto del aporte unificado de la construcción. Creo que Ripley esto no lo hubiera creído.

Señor Presidente: este planteo es de orden positivo, ya que intenta aportar soluciones al país y al Poder Ejecutivo. Es obvio que si tuviéramos las potestades constitucionales y legales, ya hubiésemos procedido a presentar un proyecto de ley, pero como para efectuar una derogación impositiva se requiere iniciativa del Poder Ejecutivo, nos limitamos a formular este planteo. Urge, pues, la presentación de un proyecto de ley, por parte del Poder Ejecutivo, que tienda a derogar impuestos o aportes a la construcción.

A continuación, voy a brindar algunos datos. En el país, en los últimos 18 meses se perdieron 18.000 puestos de trabajo directos en la construcción y por cada uno de éstos, se pierde un puesto adicional en las actividades indirectas que desarrolla este rubro. Esta situación es grave, señores Senadores. Creo que tenemos que aguzar nuestra imaginación, a los efectos de encontrarle una solución. Por cada 10.000 obreros directos que dejan de trabajar, no se invierten U$S 302:000.000 en un año. Quiere decir que en los últimos 18 meses se ha dejado de invertir en esta industria cerca de U$S 500:000.000.

Otro dato a destacar es el que tiene que ver con el hecho de que en el correr del 2001 se ha aprobado sólo un permiso de construcción para edificios de más de 1.500 metros cuadrados. Por lo tanto, es necesario proceder a una solución en este sentido.

Si queremos reactivar el país, si queremos que haya mayor ocupación, si queremos que baje el precio del metro cuadrado de la construcción, tenemos que derribar de un plumazo estas distorsiones, que no hacen otra cosa que trasladar los costos al consumidor final y, como este no es tonto, se retrae, generando la recesión que hoy vive el sector. Hay que despertar y animarse. Es en un sentido positivo que queremos que estas palabras lleguen a quienes pueden enviar las normas imprescindibles para corregir esta situación. Nosotros estamos dispuestos a votarlas en cuanto lleguen.

En síntesis, solicito que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada al señor Presidente de la República, a los señores Ministros de Economía y Finanzas y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y al Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-15 en 17. Afirmativa.

12) MENSAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A TRASMITIR A LOS ESTADOS PARTE DEL MERCOSUR

SEÑOR PRESIDENTE.- Para referirse a otro asunto, tiene la palabra el señor Senador Brause.

SEÑOR BRAUSE.- Señor Presidente: la relación entre los Estados Parte del MERCOSUR es motivo de permanente preocupación. La prensa de hoy recoge el mensaje que el señor Presidente de la República, doctor Jorge Batlle, habrá de trasmitir a los demás socios, Estados Parte, en la próxima reunión en la ciudad de Asunción. El mensaje consiste en respetar las reglas de la integración y preguntar si van a seguir con el juego de la devaluación y de las trabas de comercio. El Uruguay, como nación más pequeña, se siente perjudicado porque tiene, por un lado, dificultades cambiarias derivadas de la relación con el Brasil y, por otro, problemas administrativos, en lo que concierne a la Argentina.

En suma, el mensaje del señor Presidente dice que se debe definir el MERCOSUR como un ámbito sustentable de todos los que participan en él, no como un ámbito en donde todos los días descubrimos dificultades nuevas.

Entiendo que es muy oportuna la iniciativa del señor Presidente, en el sentido de interrogar a los socios para saber qué vamos a hacer con esta sociedad que se llama MERCOSUR, cuando advertimos que los dos socios mayores no cumplen las acciones mínimas de respeto a la convivencia.

También es oportuno, en esta ocasión, recordar otra preocupación derivada de una decisión adoptada por el Consejo Mercado Común, que en 1994 desplazó a las zonas francas del ámbito de la integración, en una acción promovida por los socios mayores, lo que desde entonces ha perjudicado las inversiones y la mano de obra uruguaya allí instaladas.

Bueno es recordar, señor Presidente, que la institución de las zonas francas en el Uruguay existe, legislada, desde el año 1923. Algunas de estas zonas francas han alcanzado, a lo largo de todos estos años, un alto grado de desarrollo e inversión, al mismo tiempo que requieren mano de obra uruguaya.

Reitero que las zonas francas se crearon, por ley, en 1923. En la historia, se señala que su creación derivó de una visita que hizo el entonces Presidente de la República, señor Baltasar Brum, al departamento de Colonia. Allí, la gente se vio desplazada por la falta de empleo, debido a la prohibición de los eventos deportivos en los que corría la sangre de animales. Como consecuencia de ello, se cerró el Real de San Carlos y mucha gente quedó sin trabajo. Entonces, Baltasar Brum, como sustitutivo propuso aprovechar la geografía -la desembocadura del Río Paraná y su confluencia con los Ríos Uruguay y de la Plata- para crear zonas francas que sirvieran de polo de desarrollo, en sustitución de aquellas actividades que habían sido prohibidas. De ahí la creación, desde 1923, de las zonas francas de Colonia y de Nueva Palmira. Posteriormente, en años recientes se crearon otras zonas francas.

Ahora bien, ignorando esa realidad uruguaya, la Decisión Nº 8/94, de agosto de 1994, del Consejo Mercado Común, dispuso que los Estados Parte aplicarán a las mercaderías provenientes de las zonas francas comerciales e industriales, el Arancel Externo Común. Reitero que esta decisión fue dictada por el Consejo Mercado Común, que es un órgano que forma parte de la estructura del MERCOSUR, conforme lo establece el artículo 1º del Protocolo de Ouro Preto. La pregunta que debemos formularnos, señor Presidente, es si esta Decisión Nº 8/94 es una norma de aplicación directa, esto es, de Derecho originario, o si se trata de una norma de Derecho a internalizar, es decir, una norma de Derecho derivado.

En otras palabras: ¿puede una decisión adoptada por el Consejo Mercado Común, integrado por delegados representantes de los Gobiernos de los Estados Parte, desplazar una norma legal como la Ley N° 15.921 de Zonas Francas, que las crea y que prevé todo el régimen de excepción en cuanto a la aplicación de tributos? Debemos tener presente, por si alguna duda cabe, que el Arancel Externo Común es un tributo. Asimismo, me pregunto si se respeta, acaso, la jerarquía de las normas previstas en la Constitución de la República. Tengo para mí, señor Presidente, que plantear la interrogante es resolverla. A esto debemos agregar que el Protocolo de Ouro Preto prevé que las normas que dicten sus órganos -reitero que el Consejo Mercado Común es un órgano de la estructura del MERCOSUR- no son de aplicación inmediata, sino simultánea. ¿Qué significa esto? Esto significa que cualquiera sea la jerarquía de la norma interna que se encuentre afectada por la decisión del órgano del MERCOSUR, ya sea ley o decreto, para que se torne internamente obligatoria, se debe recurrir al siguiente procedimiento: 1º) Se debe incorporar la norma al Derecho Interno. Si se trata de una ley, debe utilizarse un acto legislativo y si se trata de un decreto, debe recurrirse a un acto administrativo. 2º) Corresponde comunicar dicha decisión a la Secretaría Administrativa del MERCOSUR. 3º) Una vez hechas todas las comunicaciones por los Estados Parte, la Secretaría del MERCOSUR tiene que comunicarlo a cada Estado Parte. 4º) Las normas entrarán en vigor, simultáneamente, 30 días después de la comunicación efectuada por la Secretaría Administrativa del MERCOSUR. 5º) Por último, los Estados Parte deben dar a publicidad dichas normas, en los respectivos Diarios Oficiales.

¿Se cumplió con todo este proceso respecto de la Decisión N° 8/94 del Consejo Mercado Común del MERCOSUR? No, señor Presidente. Por lo tanto, la buena interpretación es que la mencionada decisión no se encuentra vigente en el Uruguay. Contra esta interpretación, no es aceptable que se invoque un decreto del 27 de noviembre de 1985, anterior al Protocolo de Ouro Preto, que prevé la aplicación inmediata en el orden jurídico del Uruguay. Digo que esto no es aceptable, señor Presidente, no sólo desde el punto de vista jurídico, que es lo que vengo sosteniendo, sino que tampoco lo es desde el punto de vista político, teniendo en cuenta el destrato que Uruguay recibe de sus socios mayores, en todos los órdenes, respecto del MERCOSUR.

Sabemos que el tema de las zonas francas fue sometido a discusión, por parte de Brasil, en Florianópolis, en la reunión celebrada por los Presidentes a fines del año pasado, con la aspiración de perforar el MERCOSUR desde su zona franca en Manaos, lo que supone un abuso adicional a las franquicias tributarias y a los subsidios que ese país practica, a los que ya nos tiene acostumbrados. Este tema es importante, porque las zonas francas tienen una larga trayectoria en el Uruguay, con inversiones grandes y mano de obra uruguaya trabajando en ellas. Entonces, abogamos para se interprete correctamente el marco normativo y se respete la debida jerarquía de las normas, disponiéndose que hasta que ello no ocurra, la Decisión N° 8/94 del Consejo Mercado Común del MERCOSUR no se encuentra vigente en el Uruguay.

Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada a la Dirección General de Comercio, en el Ministerio de Economía y Finanzas y a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Industria, Energía y Minería.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) NECESIDAD DE CONSTRUCCION DE NUEVOS LICEOS EN EL DEPARTAMENTO DE PAYSANDU

SEÑOR PRESIDENTE.- En la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: el 13 de junio del año pasado trasmitíamos al Senado de la República la necesidad de construir un nuevo liceo en el departamento de Paysandú. En aquel momento, expresamos que el departamento necesitaba construir ese sexto liceo para absorber la actual matrícula de Secundaria, que supera los 5.400 alumnos. La actual Administración comunal, al igual que la anterior, ha hecho ofrecimientos con respecto a terrenos y, sin perjuicio de esto, valoramos muy especialmente el hecho de que en ese momento, es decir en 1994, existía pleno acuerdo para poder construir un liceo por debajo de la tribuna sur del actual Estadio Artigas de la ciudad de Paysandú. A dichos efectos, entre la Intendencia y el CODICEN, se firmó un convenio el 16 de noviembre de 1994 para llevar adelante esta iniciativa de construir un liceo en esa tribuna del estadio, a fin de aprovechar la infraestructura construida por la realización del torneo Copa América desarrollado en el país y que tuvo como una de sus sedes a Paysandú, en el año 1995. Esto suponía, y supone, el aporte de la Intendencia de Paysandú de una estructura de hormigón, de servicios higiénicos, acondicionamiento de espacios exteriores, canalización de acondicionamiento eléctrico y terminaciones en general, lo cual representa, prácticamente, un aporte de alrededor del 60% del total de la construcción del liceo pedido. De esta manera, el CODICEN solamente tendría que aportar el 40%, por cuanto la actual tribuna cuenta con 1.450 metros cuadrados, terreno en el que, sin duda, podría construirse un liceo de importancia. Incluso, en su momento, por reclamo del propio CODICEN, se impermeabilizó dicha tribuna sur del Estadio Artigas, por parte de la Intendencia Municipal, a un costo superior a los U$S 25.000, a fin de viabilizar el futuro de esa obra. Pese al convenio de 1994, a que el 1º de marzo de 1996 hubo también un importante compromiso por parte de la Intendencia Municipal, a una reunión que se llevó a cabo el 8 de mayo de 1995 con la presencia de la Sala de Directores de los liceos de Paysandú y de los Diputados del departamento con el Presidente del CODICEN de aquella época, maestro Miguel Bujosa, y a los distintos planteamientos formulados, lamentablemente el CODICEN no ha tomado cartas en el asunto. Hace ya un año que hicimos este planteamiento aquí en el Senado y aún no hemos recibido contestación de ese órgano de la enseñanza. Lo estamos pidiendo, porque queremos, simplemente, afiliarnos al reclamo. Estamos pidiendo, pero al mismo tiempo ofreciendo y aportando buena parte de la solución para la construcción de ese liceo.

Paysandú tiene cinco liceos, pero la construcción del cuarto está prácticamente detenida, ya que la propia empresa ha abandonado la obra, lo que supone su paralización.

Entonces, como el CODICEN no nos contestó el planteamiento relacionado con el pedido de un liceo, ahora le vamos a pedir otro liceo más porque, en definitiva, el crecimiento de la matrícula en el departamento así lo amerita. La asociación civil del Barrio Nuevo Paysandú realizó un censo en la zona norte de la ciudad, a través del Centro Educacional y Regional del departamento de Salto, con la participación de los maestros, de la Subdirectora de la Escuela Nº 13 y de los jóvenes de la Capilla Santo Domingo de Nuevo Paysandú. Este barrio se encuentra ubicado a seis kilómetros del centro de estudios más cercano, que es el liceo Nº 3, sito en la calle Zorrilla de San Martín y Andresito. La Escuela Nº 13, "República Argentina", tiene capacidad para más de 500 alumnos, entre los dos horarios, es decir, matutino y vespertino. Tiene ocho salones y quizás podría buscarse en ese marco el funcionamiento de un nuevo liceo para toda esa zona Norte de la ciudad, que se ha ido extendiendo y alejando del micro centro vinculado, precisamente, a los aspectos educativos. Los padres, solamente para mandar a estudiar a un hijo dentro de la propia ciudad, tienen cuantiosos gastos vinculados, por ejemplo, a la locomoción. Según un relevamiento censal de hogares y la opinión de los propios vecinos de este barrio de la ciudad capital del departamento de Paysandú, existen 1500 personas mayores y 565 menores de 15 años, conformando un total de 2065 vecinos, ubicados en 370 viviendas. Ellos entienden como necesidad básica, esencial para el barrio -un porcentaje superior al 31% estableció esto como prioridad- la existencia de un liceo.

Por lo tanto, señor Presidente, queremos que este planteamiento sea nuevamente trasmitido a las autoridades del CODICEN y al Consejo de Educación Secundaria, para actualizar aquel pedido que está convenido por un contrato que fue celebrado el 16 de noviembre de 1994 entre la Intendencia y el CODICEN, en el sentido de construir un liceo en la tribuna Sur del Estadio Artigas.

El otro planteamiento es el vinculado a la construcción de otro liceo en el barrio Nuevo Paysandú, debido a su enorme crecimiento, a las distancias realmente importantes que existen desde este lugar al centro educativo liceal más próximo y en virtud de la enorme demanda de este servicio por parte de los vecinos. También hay que tener en cuenta la gran potencialidad de desarrollo de la ciudad hacia el Norte, ya que hacia el Oeste se encuentra delimitada por el río, hacia el Este por la Ruta 3 y hacia el Sur por el arroyo Sacra.

Creemos que estos son planteamientos importantes, que llevan implícitos aportes y soluciones por parte del propio departamento de Paysandú, que no deben caer en "saco roto" o merecer como respuesta el olvido por parte de las autoridades del CODICEN, habida cuenta de que quien habla hace un año que realizó el primer planteamiento. En este sentido, debo aclarar que no hemos recibido ninguna contestación, lo que nos duele mucho, ya que siempre que pedimos algo, también proponemos una solución.

Entonces, vamos a seguir reiterando este doble planteamiento que contiene, a su vez, un doble pedido; es algo que tiene que ver con la educación de nuestros hijos, por lo que el CODICEN y sus autoridades seguramente tendrán que seguir aguantándonos. Solicitamos, pues, que la versión taquigráfica de nuestro planteo sea enviada al CODICEN, al Consejo de Educación Secundaria, a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Paysandú.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) PERSECUCION SINDICAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI.- Señor Presidente: vamos a plantear un tema que, realmente, nos llena de preocupación.

Lamentablemente, en este tiempo en que la necesidad de trabajo que existe en nuestro país es muy grande y los puestos de trabajo escasean, hemos recibido permanentes denuncias de persecución sindical, que en algunos casos son demostrables, mientras que en otros, los trabajadores y trabajadoras, debido a la necesidad de cuidar y preservar su puesto de trabajo, no pueden hacer los reclamos a tiempo o no están en condiciones de agremiarse. Precisamente, esto último les permitiría defender su derecho a la sindicalización y, por lo tanto, defender también los derechos que les otorga, tanto la Constitución de la República, como las distintas leyes que determinan las condiciones laborales en nuestro país. Es así que podríamos mencionar una larga lista y hablar también de distintas instancias donde el SUA, sindicato que reúne a las trabajadoras de la vestimenta -digo "trabajadoras" porque se trata, en su mayoría, de mujeres- nos ha planteado este tipo de situaciones, lo que también ha ocurrido en el caso de las curtiembres.

Por otro lado, hace pocos días conversábamos, en San José, con los trabajadores del Frigorífico Pérez Rodríguez, donde más de una vez tuvimos que atender situaciones como la presente. En muchos lados, se llegó al colmo de tener que conversar con los trabajadores prácticamente a escondidas, porque ni siquiera se sienten con la libertad de poder hablar con los Legisladores, a raíz de la persecución posterior de que son objeto. Además, días atrás recibimos, también, a los trabajadores del Instituto Nacional de Carnes.

A continuación, voy a hacer referencia a otro conflicto muy peculiar que, en este caso, ganó el sindicato que reúne a las trabajadoras de ABITAB. Una de las preocupaciones fundamentales de la patronal era que esas trabajadoras no se afiliaran a AEBU; en todo caso, concedían graciosamente que lo hicieran a FUECI, pero no al sindicato bancario, porque si lo hacían, habría que enfrentarse a un sindicato que tenía mayores posibilidades en lo que se refiere a la discusión y negociación de determinadas condiciones de trabajo. Tal como pudimos constatar en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, el sindicato de la vestimenta reúne a decenas de trabajadoras que realizan su actividad "en negro" o con recibos que no sirven para nada, ni siquiera para demostrar su condición de trabajadoras o su relación de dependencia, y podríamos seguir. Sin embargo, cuando este tipo de persecución sindical llega a determinados niveles, nos preocupa mucho más, dado que estamos convencidos de que en determinadas instancias no deberían ocurrir estas cosas.

Días anteriores, hubo serias dificultades en la Intendencia Municipal de Durazno para pagar los sueldos a los trabajadores, lo que llevó a que en la Junta Departamental, diversos ediles y en particular el Edil Riserio Llanes hicieran dos pedidos de informes.

Como sabemos -porque todos formulamos pedidos de informes y sabemos qué estamos queriendo decir cuando preguntamos- se le pregunta, en este caso al Ejecutivo departamental, cuántos funcionarios contratados como asesores existen en la Intendencia Municipal de Durazno indicando, en lo posible, la remuneración que tienen y la tarea que cumplen, para ver si existe una relación entre ellas, y respecto a funcionarios en comisión en otros organismos, etcétera. A su vez, se le pregunta al Ejecutivo departamental a cuánto ascendía el monto líquido a pagar al personal presupuestado y a los jornaleros de la Intendencia a mayo del 2001, y cuáles eran las previsiones que tenía la Intendencia para cubrir los salarios y el medio aguinaldo.

Por otro lado, como decía el Edil Llanes, se le planteaba si estaba al día con el Banco de Previsión Social, con la Caja Nacional, con la Contaduría General de la Nación, con COFAC, con CAMEDUR, con CARDIOCAR, con ANDA y con todos los acreedores para los que la Intendencia funciona como agente de retención. Esto está planteado a nivel de la Junta Departamental.

Pero mi preocupación mayor tiene que ver con el funcionario Eduardo Ferreira, de larga trayectoria en el gremio de ADEOM de Durazno, con conocida militancia política y 26 años de trabajo, que concurrió a preguntar, haciendo uso de su fuero sindical, cuándo se iba a pagar a los trabajadores, en función de la realidad que describía el Edil Llanes en sus pedidos de informes. En nombre de los trabajadores va a hablar con el Director de Hacienda, quien lo deriva al Secretario Municipal, Juan José Bruno, para saber si en algún momento se van a pagar los sueldos de los funcionarios. Esta persona es suspendida por cinco días por estas gestiones realizadas en uso de los derechos que, como funcionario individual y como militante sindical, estaba ejerciendo.

Lamentablemente, todos los días podríamos señalar problemas de este tipo a nivel de la industria privada y, como en el ejemplo que poníamos, según la fuerza que tenga cada organización sindical, se cumplen o no las normas, y esto no tiene que ver con la calidad de la patronal en cuestión. Pero acá estamos hablando de una patronal que es el Gobierno Municipal de Durazno y podrá ser un problema de jerarquías, de mandos medios u otras cosas, pero nos parece muy grave entrar en este camino. Y en otras Intendencias hemos tenido oportunidad de hablar con funcionarios municipales que nos dicen que se les plantean problemas para actuar, para agremiarse y para reclamar lo que consideran justo.

Muchas veces hemos comprobado que los trabajadores defienden sus fuentes de trabajo haciendo propuestas y planteando salidas para salvar empresas que se cierran. Hace un momento el señor Senador Fernández Huidobro decía que dentro de poco vamos a tener que cerrar la Comisión de Industria y yo le decía que vamos a tener que duplicar la labor de la Comisión de Asuntos Laborales, pero preferiríamos que esto no fuera así. Cuando en dependencias del Estado, como son los gobiernos municipales, suceden estas cosas, nos parece necesario que se planteen en el Parlamento, porque creo que es un camino sin retorno. Deberíamos hacer lo posible para ver si se trató de la actitud de determinado Director al que se le subió el cargo a la cabeza, asumiendo potestades que no tiene, o de la actitud de un Gobierno Municipal, lo que sería muy grave.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Durazno y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

15) DEROGACION DEL MONOPOLIO PARA LA REFINACION DE PETROLEO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente:)

"El señor Presidente del Senado y los señores Senadores Sanabria, Fau, Riesgo, Atchugarry, Correa Freitas, Virgili, Millor, Singer, Brause y de Boismenu presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se deroga el monopolio de refinación de petróleo crudo establecido por la Ley Nº 8.754".

-A LA COMISION DE HACIENDA INTEGRADA CON LA DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

(Texto del proyecto presentado)

«EXPOSICION DE MOTIVOS

I - Los servicios públicos

Siendo un objetivo principal lograr un desarrollo humano sustentable, las condiciones de mayor competencia a que se encuentra sometida la sociedad uruguaya, llevan a una constante revisión de la calidad y costo de los servicios públicos.

En efecto, el diseño de los mismos responde usualmente a otras circunstancias tecnológicas y de mercado, aunado el natural desgaste de las organizaciones, especialmente cuando la ausencia de competencia no las motiva a un proceso constante de superación.

Con carácter general es necesario resaltar el papel del usuario, destino natural del servicio, que demanda menores costos y calidades acordes con las nuevas técnicas. Particularmente en aquellos servicios que conforman el llamado `costo país', la repercusión de la ausencia de reformas afecta las exportaciones, la producción y el empleo.

En consecuencia resulta imprescindible un proceso de mejora de la gestión de tales servicios, buscando la libertad de opción del usuario, una mayor competencia, regulaciones racionales y el fomento de la inversión.

A juicio de los proponentes resulta relevante los puntos de vista relevados en ocasión del reciente seminario organizado por Naciones Unidas y CCE 1815, especialmente el documento de entendimiento de los expertos, que acompaña a la presente como Anexo I.

II - Combustibles

La estrategia de inclusión del país en su entorno regional e internacional supone la adaptación, también, de la organización de su sector público productivo. Los fenómenos de integración regional y las condiciones internacionales actúan sobre las estructuras generadas en el pasado para enfrentar problemas diferentes a los actuales. Así, realidad y política estratégica, interactúan haciendo necesarios y también posibles los cambios en la forma de prestación de los servicios públicos.

La Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001, liberalizó las importaciones de gas natural al por mayor, aunado a las diversas concesiones y asociaciones que van introduciendo a bajo costo esta otra alternativa de la nueva matriz energética del país.

La creación de un ente regulador de la energía en general, incluyendo los combustibles, de acuerdo con el propósito anunciado por el Poder Ejecutivo, crearía el ámbito necesario para la regulación de un mercado donde predominan habitualmente las formas de organización oligopólicas.

En el área de los combustibles líquidos y gaseosos, por la Ley Nº 8754, de 15 de octubre de 1931, se reservó como exclusividad (monopolio) estatal la importación de petróleo crudo y sus derivados y la actividad de refinación del mismo.

Sin perjuicio que estos monopolios tarde o temprano se verán afectados por la liberalización del comercio en el MERCOSUR, en los hechos ya lo están en tanto que la producción y transporte, que utiliza el combustible como insumo, ya se encuentra en plena competencia, por lo que demanda precios y calidad comparables a la región.

ANCAP, que administra el monopolio, está efectuando una inversión importante en la ampliación de su capacidad de refinación y en la eliminación de uno de los componentes que afecta el medio ambiente, el agregado de plomo en las naftas, aunque no incluye mejoras en la calidad del gasoil. Pero esta inversión resultaría insuficiente para ubicar los costos de ANCAP en condiciones competitivas, de acuerdo a los precios ex- fábrica, antes de impuestos, vigentes en la región.

En consecuencia, a efectos de mejorar la competitividad de la producción nacional, y al mismo tiempo viabilizar a largo plazo la empresa estatal, se considera necesario propiciar una asociación estratégica con un productor extranjero que disponga de materia prima y capitales, a efectos de aumentar y mejorar la capacidad de refinación, modificar el mix de productos y reducir los costos a un nivel competitivo. Se obtendría así el combustible a un precio comparable al comercializado en otros países, mejorando la competitividad de toda nuestra economía.

En tal sentido el Directorio de ANCAP, por resolución 177/4/2001, de 3 de abril de 2001, adoptó como objetivos de política de la empresa:

`a) Que los precios de los combustibles ex refinería, antes de impuestos, así como los precios al consumo deben estar alineados con los de la región.

b) Mantener la actividad de refinación en Uruguay sin perjuicio de adaptar la producción a los requerimientos comerciales.'

Los mismos fueron incorporados a la invitación a expresión de interés a asociarse con ANCAP cuyo primer artículo se acompaña como anexo II.

III - El proyecto

Para esta estrategia, no es viable jurídicamente que el monopolio de refinación de petróleo sea conservado por el Estado. Por tanto el proyecto de ley se propone derogar el monopolio de refinación de petróleo crudo, y consecuentemente autorizar la importación de petróleo crudo a las refinerías que lo adquieran para su procesamiento.

Se autoriza asimismo, a las refinerías que se instalen a exportar los carburantes líquidos, semilíquidos y gaseosos cualesquiera sea su estado y composición, provenientes de sus actividades de refinación.

Corresponderá al Poder Ejecutivo por vía reglamentaria el establecimiento de las condiciones requeridas para autorizar la instalación y operación de refinerías en el territorio nacional.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Derógase el monopolio de refinación de petróleo crudo establecido por la Ley N° 8.754, de 15 de octubre de 1931.

La reglamentación establecerá las condiciones objetivas requeridas para autorizar la instalación y operación de refinerías en el territorio nacional.

Artículo 2º.- Las empresas que exploten refinerías en el país podrán importar petróleo crudo con tal destino, y exportar carburantes líquidos, semilíquidos y gaseosos, cualesquiera sea su estado y composición, provenientes de sus actividades de refinación.

Anexo I

Presentación del seminario

Servicios públicos: aportes hacia una política de Estado

El tema de los Servicios Públicos es desde tiempo atrás y en nuestro País preocupación del sistema político y de la ciudadanía, aunque centrado, a veces, en la calidad de los mismos pero, fundamentalmente, en el futuro de las empresas públicas que los prestan. A ese respecto, entendimos que, previo a la toma de decisiones en el campo de un servicio o una empresa en particular, era preciso discutir y buscar acuerdos sobre el concepto que -con relación a los servicios públicos en general y las formas de presentarlos- conviene a la sociedad uruguaya en este siglo XXI que comienza. Es decir determinar las bases que permitan la formulación de la necesaria política de estado en esta materia, a partir de la situación actual y en el desarrollo de futuro, sobre unas líneas que aseguren la continuidad de esfuerzos de los distintos gobiernos, para mejor satisfacer las necesidades colectivas de la sociedad uruguaya. Teniendo en cuenta nuestras particularidades como nación, pero los cambios que -en materia política, económica y científico/tecnológico- se han operado en el mundo. Porque los servicios públicos deben responder al desarrollo socio-económico de la sociedad y al mejor aprovechamiento de los avances tecnológicos siendo por esencia dinámicos y sujetos de cambios. Con ese propósito se convocó a este Seminario que cuenta con la participación de destacados técnicos en la materia y los máximos dirigentes de las distintas fuerzas políticas de nuestro País. Debo expresar el reconocimiento por los auspicios y el apoyo del Sistema de Naciones Unidas con la coordinación de PNUD y Universidad para la Paz, sin cuyo concurso este Seminario no habría sido posible.

Gral. (R) Líber Seregni
Director - Presidente
Centro de Estudios Estratégicos 1815
(Mayo de 2001)

Hacia una política de Estado para los Servicios Públicos

Documento presentado al Seminario sobre `Servicios Públicos: aportes hacia una política de Estado', organizado por el Centro de Estudios Estratégicos 1815, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad para la Paz (Naciones Unidas).

1. El objetivo básico de los servicios públicos es contribuir al bienestar de los uruguayos. El buen funcionamiento de estos servicios resulta fundamental si nuestro país pretende mejorar la calidad de vida de los uruguayos, sus habitantes, obtener un desarrollo económico sostenido, mejorar las condiciones de competitividad externa e ingresar plenamente a la sociedad del conocimiento. Desde el punto de vista económico, las transformaciones necesarias deben: i) asegurar mejoras permanentes en la calidad y cantidad de los servicios ofrecidos, ii) provocar reducciones significativas en sus tarifas, iii) fijar objetivos distributivos explícitos sobre las condiciones de acceso universal a cada uno de los servicios (dejando en claro quiénes se benefician y quiénes pagan) y iv) promover la inversión en los sectores involucrados y en el resto de la economía. Para encarar una efectiva política de reforma, es necesario partir de una política de Estado que cuente con el más amplio respaldo posible, definiendo secuencialmente los fines primordiales, la mejor organización posible para la provisión de los servicios y la participación concreta del Estado en la misma.

2. El diseño institucional de la intervención pública deberá estar acorde con el objetivo planteado. A tales efectos, se entiende conveniente desarrollar nuevos marcos competitivos, los que requieren una nueva y más adecuada regulación. Los marcos regulatorios deberán establecer: i) una clara separación del Estado proveedor de servicios y el Estado como regulador y promotor de las actividades económicas, ii) la igualdad de condiciones para la operativa de empresas públicas y privadas en los segmentos en que la competencia es posible (incluyendo tratamiento tributario, mecanismos de compra, manejo de recursos humanos, etc.) y iii) promover la competencia, evitando abusos ejercidos desde posiciones dominantes detentadas tanto por agentes públicos como privados y asegurando la libertad de elección por parte de los usuarios.

3. El sistema político deberá diseñar, garantizar un conjunto de reglas claras y estables tendientes a dotar de la credibilidad necesaria al nuevo proceso regulatorio. En tal sentido, la definición clara y transparente de que se recorre el camino hacia mercados competitivos, con reglas bien delimitadas y respeto sistemático a las mismas, constituye un aspecto fundamental del proceso de reforma. Una vez fijadas las normas generales, la labor crucial deberá estar en manos de los órganos reguladores y el funcionamiento de los mercados, siendo poco recomendable la sistemática intervención del sistema político modificando las reglas de juego vigentes. Deberá reducir al máximo su interferencia en el funcionamiento de estos mercados y en la labor de los órganos regulatorios.

4. Las reformas de los marcos regulatorios deben apuntar al desarrollo de la competencia en los segmentos potencialmente competitivos y al mismo tiempo deben generar un conjunto coherente de normas que aseguren el cumplimiento de los objetivos planteados. Esta visión hace compatible pensar en mercados competitivos, con una regulación adecuada y con la presencia de empresas públicas fuertes y eficientes, guiadas por criterios empresariales y principios de buena administración. En la medida en que el entorno institucional colabore con la credibilidad del proceso y se mantengan los objetivos distributivos que favorezcan la cohesión social, este nuevo esquema adquirirá mayor viabilidad y alentará nuevas inversiones y mejoras en los servicios prestados.

5. Los órganos regulatorios reguladores deberán estar claramente definidos y operar con plena autonomía funcional y con responsabilidad política directa. Algunos factores clave como la idoneidad técnica de sus integrantes, el respeto a principios éticos fundamentales y la total transparencia de su accionar resultarán fundamentales para evitar la `captura' del proceso regulatorio por parte de las empresas dominantes y los grupos de presión que actúan en estos mercados.

6. El éxito de las reformas dependerá de la superación de planteamientos y debates que podrían derivar en una innecesaria polarización ideológica: i) la falsa oposición entre la propiedad pública y la privada, ii) la discusión abstracta sobre el papel del Estado y el de los mercados, iii) la errónea oposición entre competencia y regulación, y iv) la utilización de argumentos basados exclusivamente en la rentabilidad (presente y futura) de actividades monopólicas (públicas o privadas) como indicadores de la conveniencia de mantener dicha estructura de mercado.

7. Todo proceso de reforma regulatoria implica la existencia de sectores perjudicados. El cambio sustancial de reglas de juego puede hacer que inversiones preexistentes tanto de capital físico como de capital humano, pierdan esencialmente su valor económico. El hacer explícitas estas situaciones, así como la cuantificación del alcance de esas pérdidas y de los criterios sociales que se utilizarán para compensarlas en los casos en que corresponda, puede ayudar a viabilizar el proceso.

8. Una reforma de las empresas públicas que permita ponerlas en condiciones de competencia requiere como condición inicial que éstas dejen de ser un instrumento del proceso político-partidario y de las políticas macroeconómicas. La designación de los directores, las normas de contratación y desvinculación de funcionarios, las reglas de contratación a proveedores, el régimen jurídico, etcétera, deberán adaptarse a empresas en competencia, implicando una profunda modificación de sus organizaciones, sus formas de relacionamiento con el poder político y su gestión en sentido amplio.

9. Los criterios generales acerca del diseño institucional de los servicios públicos definidos precedentemente permitirán delinear estrategias para cada uno de los sectores en particular. Las características propias de cada servicio público pasan a ser determinantes a la hora de implementar una política global, de forma de encontrar los mejores instrumentos que habiliten el logro de los objetivos planteados.

Artículo 1º ANTECEDENTES Y OBJETIVO DE LA INVITACION

1.1 Objetivos sectoriales establecidos por ANCAP.

Por Resolución del Directorio de ANCAP 177/4/2001 de 3 de abril de 2001, se adoptaron como objetivos de política sectorial, los siguientes:

a) Que los precios de los combustibles ex refinería, antes de impuestos, así como los precios al consumo deben estar alineados con los de la región,

b) Mantener la actividad de refinación en Uruguay sin perjuicio de adaptar la producción a los requerimientos comerciales.

Para alcanzar dichos objetivos se plantea:

· Instrumentar la participación de un socio productor de petróleo a través de una LICITACION. El OFERENTE que resulte adjudicatario de la misma constituirá una SOCIEDAD con ANCAP, con el objetivo de competir en igualdad de condiciones en la región y en el mundo.

· Proyectar la actividad del sector al mercado internacional a efectos de poder incrementar la capacidad productiva de la Refinería de La Teja a niveles que permitan una economía de escala, y actualizar tecnológicamente la misma a fin de obtener productos que cumplan con estándares regionales de calidad y costo.

· Financiar el proyecto de la Refinería de La Teja con recursos genuinos, generados por el propio proyecto, cumpliendo, desde el inicio, con el objetivo de precios de combustibles alineados con los de la región.

Asimismo, ANCAP tiene el objetivo de fortalecer la marca `ANCAP', particularmente en el mercado nacional, así como otras marcas propiedad de la Administración o de sus empresas controladas.

1.2 Objetivo de la invitación.

En el marco del escenario determinado por las definiciones desarrolladas en el numeral 1.1 de estas BASES Y CONDICIONES, ANCAP ha decidido convocar a empresas y/o conjunto de empresas que cumplan los requisitos indicados en las BASES Y CONDICIONES, a presentar su EXPRESION DE INTERES, con el objeto de desarrollar actividades en los segmentos de refinación de petróleo y distribución y comercialización de combustibles refinados. Es del mayor interés de ANCAP, también, analizar la participación de la SOCIEDAD en actividades de exploración y producción de petróleo en el territorio uruguayo.

Esta CONVOCATORIA es una etapa previa al llamado a una LICITACION, que conducirá a la selección de la empresa o conjunto de empresas que, conjuntamente con ANCAP, constituirán en Uruguay, la SOCIEDAD a los efectos mencionados en el párrafo que antecede.»

16) EJERCICIO COMBINADO "CEIBO 2001"

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee:)

"Mociono para que se declare urgente y se trate de inmediato el proyecto de ley sobre Ejercicio Combinado `Ceibo 2001'". Firma el señor Senador Fau.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota:)

-12 en 22. Negativa.

SEÑOR FAU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FAU.- El Senado acaba de votar negativamente la urgencia solicitada. Quiero señalar que el pedido se debía a que este operativo tiene una fecha de iniciación y requiere también la aprobación de la Cámara de Representantes. Por lo tanto, solicito que se tome nuevamente la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-15 en 26. Negativa.

17) LANZAMIENTOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase otra moción llegada a la Mesa.

(Se lee:)

"Mociono para que se reparta el proyecto sobre lanzamientos ya informado por la Comisión de Constitución y Legislación". Firma el señor Senador Singer.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 25. Afirmativa.

18) PEDIDO DE INFORMES. Reiteración.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Solicito que el Senado haga suyo un pedido de aclaración que con fecha 13 de febrero de 2001 cursé al Ministerio de Economía y Finanzas. El mismo estaba planteado por el hecho de que el 21 de noviembre de 2000, junto con el señor Senador Cid, habíamos realizado un pedido de informes con destino a ese Ministerio y las respuestas no fueron suficientemente claras. Teniendo en cuenta que ha pasado un plazo prudencial y en virtud de la importancia que le damos a poder extraer de esa información todos los datos posibles, es que hago esta solicitud.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

19) TRABAJO SEXUAL. Rectificación de trámite.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Hemos consultado a la Comisión de Constitución y Legislación y en nombre de ella pedimos que se rectifique el trámite dado a la Carpeta Nº 397 de 2001, referida al trabajo sexual, que fuera enviada a esta Comisión. Luego de consultar también a la Comisión de Salud Pública, hemos entendido que por el contenido del proyecto sería más propicio que fuera tratado por esta última.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-22 en 25. Afirmativa.

20) FONDO DE SOLIDARIDAD PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Solicito que la Carpeta Nº 1500, de 1999, pase a ser considerada por la Comisión de Educación y Cultura. Cabe señalar que se trata de un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, pero que no fue tratado a nivel del Senado. Concretamente, refiere a la modificación de la Ley Nº 16.524, que crea el Fondo de Solidaridad para el otorgamiento de becas a los estudiantes de la Universidad de la República y del nivel terciario del Consejo de Educación Técnico Profesional. Solicito, entonces, que dicha Carpeta sea enviada a la Comisión de Educación y Cultura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-19 en 23. Afirmativa.

21) TRABAJADORES RURALES

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Proyecto de ley por el que se declara que los trabajadores rurales están comprendidos en el régimen de seguros de desempleo, establecido en el Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981. (Carp. Nº 463/01 - Rep. Nº 253/01)"

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 463/01
Rep. Nº 253/01

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto procura poner fin a una de las injusticias más flagrantes de nuestra legislación de seguros sociales: que los trabajadores rurales no tengan acceso al seguro de paro.

Absolutamente injusta ya que es una discriminación que no encuentra argumento racional que la justifique. Nadie puede encontrar razones para discriminar al trabajador rural respecto al urbano.

Absolutamente inconveniente en un país que ve año tras año el progresivo abandono de su población rural hacia los núcleos urbanos y que debería tener como primera prioridad para revertir esta situación la de elevar su calidad y por tanto asegurar, al menos, la igualdad de derechos respecto al resto de la población.

Absolutamente inconstitucional ya que el Art. 67 de la Constitución de la República establece que los "seguros sociales se organizarán en forma de garantizar a todos los trabajadores... subsidios para los casos de... desocupación forzosa". Nótese que el Constituyente dice "todos".

Doblemente inconstitucional ya que afecta uno de los principios cardinales sobre los que se asienta nuestro Estado de Derecho el principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley establecido en el artículo 8º de nuestra Constitución.

Si bien el Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, estableció que el seguro de desempleo "comprende obligatoriamente a todos los empleados de la actividad privada que prestan servicios remunerados a terceros", su Decreto Reglamentario, el 14/982 de 19 de enero de 1982, lo restringió a la Dirección de Pasividades de Industria y Comercio. Esta interpretación restrictiva obliga a que legislemos nuevamente sobre el tema e interpretemos correctamente lo establecido como principio general en el Decreto-Ley Nº 15.180.

Este beneficio alcanzará a los alrededor de 80.000 trabajadores rurales que actualmente cotizan en el BPS. De esta cifra podemos inferir que el número de trabajadores que efectivamente acceda al subsidio no superará los 4.000, si suponemos que se mantendrá un porcentaje similar al que existe en Industria y Comercio.

La necesidad de igualar los derechos de estos ciudadanos no debería obstaculizarse con argumentos financieros. Al respecto podemos afirmar que dado el bajo monto de los salarios rurales y escaso número de trabajadores que accederían al seguro el costo sería mínimo para el BPS (alrededor de 5% del actual costo para los trabajadores de Industria y Comercio).

Cabe destacar que los trabajadores rurales están actualmente aportando los mismos porcentajes de su salario al BPS que el resto de los trabajadores uruguayos. Esto aumenta la injusticia ya que están financiando un subsidio al que no pueden acceder.

Otra necesidad de los trabajadores rurales accedan al seguro de desempleo lo determina la imposibilidad real con que se encuentran actualmente los desempleados de acceder a los cursos gratuitos de recapacitación que brinda la Junta Nacional de Empleos. En efecto, actualmente el trabajador rural no posee prueba documental que acredite su situación de desempleado para acceder a esos cursos.

Un punto de vista especial requieren los trabajadores zafrales del medio rural. Difícilmente puedan ellos acceder a los 150 jornales anuales que establece el Art. 3º del Decreto-Ley Nº 15.180 como mínimo para acceder al seguro. A este respecto consideramos de vital importancia que el Poder Ejecutivo haga uso de la facultad que el propio artículo 3º le otorga para "extender este plazo hasta 24 meses para el caso de ocupados en actividades que así lo justifiquen". Sería esencial que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pudiera estudiar los distintos casos de trabajadores zafrales y adoptar los decretos correspondientes para lo que está facultado.

Marina Arismendi, Danilo Astori, Alberto Cid, Alberto Couriel, Eleuterio Fernández Huidobro, Reinaldo Gargano, José Mujica, Rodolfo Nin Novoa, Manuel Núñez, Enrique Rubio, Mónica Xavier. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo único. - Declárase que los trabajadores rurales están comprendidos en el Régimen de seguro de desempleo establecido en el Decreto-Ley Nº 15.180 de 20 de agosto de 1981.

Esta disposición se aplicará efectivamente a partir de la promulgación de la ley.

Montevideo, 13 de marzo de 2000.

Marina Arismendi, Danilo Astori, Alberto Cid, Alberto Couriel, Eleuterio Fernández Huidobro, Reinaldo Gargano, José Mujica, Rodolfo Nin Novoa, Manuel Núñez, Enrique Rubio, Mónica Xavier. Senadores.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

La Mesa advierte que este proyecto de ley no tiene Miembro Informante.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Tal vez no sea el más indicado para actuar como Miembro Informante, pero como nadie pidió la palabra y fui yo quien planteó que se incorporara al orden del día de esta sesión la consideración del proyecto de ley que declara que los trabajadores rurales quedan comprendidos en el régimen de seguro de desempleo del Decreto-Ley Nº 15.180, deseo señalar que, a través de un fax que me remitió una periodista en el día de hoy, tomé conocimiento de que el pasado viernes el Poder Ejecutivo aprobó un decreto -supongo que todavía no está publicado- sobre el que luego hace algunas consideraciones, entre las cuales merece la pena destacar la cuarta, que señala que el Poder Ejecutivo va a evaluar la aplicación de la presente normativa, dentro de un plazo prudencial y suficiente, "a efectos de poder asimilarla al régimen legal vigente". Indudablemente, con esto está declarando explícitamente que no la asimila a dicho régimen. Otra interpretación sería que está equivocado el Poder Ejecutivo o que lo dice para llenar un pedazo de papel con una frase que no tiene importancia. Personalmente, me parece que sí la tiene y está diciendo que no se van a cumplir todos los extremos que funcionan hoy para el seguro de desempleo de los trabajadores urbanos, por llamarlos de alguna manera. Me felicito de que dos meses antes de cumplirse 20 años de haber sido sancionado el decreto-ley, esto entre en vigencia para los trabajadores rurales.

Sin embargo, quiero señalar que basta leer el decreto para advertir que su aplicación será muy limitada, en dos niveles. Digo esto, porque entre las condiciones particulares que se le exigen al trabajador para ser beneficiario del sistema, hay una que parece normal. Concretamente, se le exige a los trabajadores mensuales un período de doce meses de relación laboral legalmente ajustada a derecho, es decir, que tribute al Banco de Previsión Social. Luego, en el apartado B), se establece algo para la inmensa mayoría de los trabajadores rurales, porque creo que la gran mayoría son zafrales; lo son los que trabajan con los citrus, el arroz, la caña de azúcar, los esquiladores, etcétera. Se dice que para ser beneficiario, cuando el trabajador es remunerado por día u hora -precisamente, es el caso de los zafrales- tiene que acreditar una relación laboral de 250 jornales, lo que prácticamente se vuelve una condición imposible de cumplir, dada la rotación que estos trabajadores tienen de un área a la otra y de un patrón a otro. Recuerdo que me ocupé de este asunto en la hora previa de la sesión del martes pasado, oportunidad en la que señalé que en la inmensa mayoría de los casos, la relación laboral es inexistente desde el punto de vista formal, porque no tienen una relación ajustada a derecho.

Por otro lado, este decreto también habla de un mínimo de 12 salarios mínimos nacionales, en el caso de los trabajadores con remuneración variable. Confieso que pregunté al señor Senador Nin Novoa qué quería decir esto, porque personalmente no lo entendía; no sé si se trata de que deban acreditar que perciben 12 salarios mínimos nacionales al mes -lo que es imposible, porque estaríamos hablando de $ 12.000- o de que lo han cobrado a lo largo del año o de un determinado período de tiempo. Lo concreto es que el Decreto no lo dice. Quizás, esto se hizo muy de apuro y por ello quedaron cosas colgadas, o yo no entiendo mucho de este tema y la explicación es otra.

Quería señalar esto en cuanto al ámbito de aplicación que, por otra parte, entiendo traerá como consecuencia que el régimen le sea aplicado a un número muy limitado de trabajadores.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Astori.)

-En todas las oportunidades en que hemos considerado este tema, se ha dicho que los trabajadores rurales que están en el régimen laboral formal tributan al Banco de Previsión Social y, por lo tanto, deben ser beneficiarios del seguro de salud que presta DISSE. Sin embargo, el artículo 3º de este decreto señala que los trabajadores dependientes del sector rural beneficiarios de la prestación por desempleo, "quedan exonerados del aporte correspondiente al seguro por enfermedad previsto en el Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975, sustituyéndose la prestación de asistencia médica prevista en dicha normativa por el derecho a la atención integral con arancel cero y sin más trámite en los servicios del Ministerio de Salud Pública, con la sola presentación de la constancia expedida por el Banco de Previsión Social." Debo decir que la disposición que acabo de leer establece, lisa y llanamente, que los trabajadores rurales se van a atender en Salud Pública para lo cual, en lugar del carné de pobre o de insuficiencia de ingresos -que ya tienen, porque ganan entre $ 800 y $ 1.200- recibirán una constancia del Banco de Previsión Social. En definitiva, esto implica tener la gracia de poder ir a las 4 de la mañana a la capital del departamento -o donde haya un centro de atención primaria de la salud, del Ministerio de Salud Pública- a sacar número para que lo atiendan 30 días después, siempre y cuando haya cupo para el día indicado. Realmente, desde el punto de vista de los beneficios que está acarreando para los trabajadores rurales, esto es prácticamente una ironía.

Digo esto, porque supongo que el aporte que hacía el trabajador rural para el seguro de salud, dado el escaso salario que percibe, no le significaba un descuento mayor. Para una persona que gana $ 1.000 o $ 1.200, un descuento de $ 30 o $ 35 para el seguro de salud, no es demasiado. Sin embargo, no tiene derecho a utilizar el sistema que preveía la ley anterior de seguro de desempleo. Aquí se propone la asistencia normal de los que no tienen cobertura de ningún tipo, es decir, la de Salud Pública.

Si hacemos una valoración general, observamos que, al final, algo ha salido; este es medio o un cuarto de paso y quizás pueda servir de base para que un futuro Gobierno con mayor sensibilidad hacia los sectores más postergados de nuestro país, resuelva la situación en la que viven los trabajadores rurales del Uruguay.

Pienso que una vez aprobado este decreto, no tiene mucho sentido que entremos a considerar el proyecto de ley que está a estudio.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Muy brevemente quiero manifestar que esta resolución del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tiene un costo que fue considerado en ocasión de aprobarse el COFIS y determinadas fuentes de ingresos, el mes pasado. Como dice el decreto, se trata, en una primera etapa, de una adaptación del sistema. En un principio, había ciertas dudas acerca de cómo iban a impactar las particularidades del régimen rural en este sistema que, naturalmente, no fue diseñado para incluir a aquél.

Podrán acceder a este sistema -según entiende quien habla- los trabajadores mensuales y aquellos jornaleros que en los últimos dos años tengan un promedio, por año, de cinco meses, a razón de 25 jornales trabajados; esto es, 125 por año o 250 en dos años. Como podemos observar, aun aquellos trabajadores que están en un régimen zafral podrían llegar a acceder al sistema, a condición de que hayan trabajado aproximadamente la mitad del año, dentro de los últimos dos años. Además, el decreto prevé -esto fue redactado por gente que, naturalmente, conoce mejor la realidad que quien habla- la posibilidad de que un trabajador perciba una remuneración variable y, en ese caso, se toma la suma de esos montos imponibles, durante 24 meses, la cual debe ser equivalente a 12 salarios mínimos, es decir, más de $ 12.000 declarados.

Con respecto al artículo 3º del decreto, debemos tener en cuenta que estos trabajadores no tenían cobertura médica, a partir del momento en que quedaban sin trabajo, por no contar con seguro de desempleo. La idea es que, dadas las bajas remuneraciones percibidas en situación de desempleo, aunque se quisiera extender el servicio de la mutualista o el "voucher", difícilmente podrían hacer uso del mismo, por el costo de los "tickets". En este sentido, si uno pondera los "tickets" de medicamentos, consultas médicas y análisis, y observa el nivel de remuneraciones, ve que se trata de una erogación muy grande para el Estado y, al mismo tiempo, un bajo porcentaje de utilización, en función de esas circunstancias. Por esa razón, en esta primera instancia, al Gobierno le pareció oportuno recurrir al Ministerio de Salud Pública que, además, en el interior del país -donde se atendería la mayoría de los casos- no tiene demasiado que envidiar al sistema mutual. Digo esto, sin perjuicio de que todos desearíamos que, a largo plazo, la totalidad de la población se pudiera atender en el sistema mutual. Sin embargo, creo que lo establecido por el decreto es un primer paso -con las dificultades que hoy se viven- para ir atendiendo esta circunstancia.

Si bien este reclamo era una vieja aspiración de la cual todos hemos sido testigos, me consta que este paso comenzó a ser estudiado en ocasión de las negociaciones que se llevaron adelante cuando se adoptó el último conjunto de medidas de rebaja de aportes y de su sustitución por el COFIS.

Es todo cuanto quería manifestar y comparto lo expresado por el señor Senador preopinante, en el sentido de que debemos dejar que este decreto comience a funcionar para ver si luego se puede ampliar. Por lo tanto, deberemos estar atentos a lo que suceda.

SEÑOR NIN NOVOA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NIN NOVOA.- Señor Presidente: no quiero aparecer en este Cuerpo como aquél a quien nada le sirve. Estamos de acuerdo con que este es un paso -como han dicho los señores Senadores preopinantes- que tiene como base una larga historia, de más de veinte años, de discriminación y de injusticia de los trabajadores rurales respecto a los de Industria y Comercio.

Pensamos que no deberían utilizarse argumentos de carácter financiero para impedir el acceso a un beneficio social de estas características, por cuanto la norma constitucional que organiza los seguros sociales, establece claramente que las prestaciones previstas se financiarán sobre la base de las contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley, así como por la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado, si fuera necesario.

La discusión de fondo en estos veinte años refería a si esto era o no necesario; lamentablemente, parece que durante este período no lo fue.

El seguro de paro de los trabajadores rurales no tiene únicamente un sentido social, aunque es el argumento más importante. Es un derecho que asiste a estos trabajadores en relación a los otros y también es un beneficio que alcanza a los propios empresarios rurales. Digo esto, porque muchas veces, en mérito al avance tecnológico y a la disposición de nuevos métodos de trabajo y de labranza, se realiza toda una etapa de adiestramiento de los trabajadores que, sobre todo cuando son zafrales, al interrumpirse la relación contractual, se van a otros lugares, por lo que el empresario rural tiene que buscar a ese hombre. Si no lo encuentra, debe adiestrar a otro en esas mismas tecnologías, aumentando el costo operativo de las tareas productivas. En este sentido, sin lugar a dudas, creo que se está dando un paso, aunque con ciertas restricciones. A las ya mencionadas por los señores Senadores Gargano y Atchugarry, hay que agregarle otra que está claramente establecida en el decreto. A diferencia de los demás trabajadores del país, el empleado rural que acceda al seguro de paro, no puede volver a ampararse en él hasta después de dos años de haber culminado el primero. Esto está claramente dispuesto en el decreto, ya que expresa que podrán comenzar a recibir nuevamente esta compensación cuando hayan transcurrido, al menos, veinticuatro meses desde que percibieron la última prestación, doce de ellos de aportación efectiva.

Sin duda, nosotros vamos a seguir luchando y peleando para que estas restricciones sean levantadas y, en ese sentido, recibimos este decreto, luego de muchísimos años de bregar por este beneficio para un conjunto de trabajadores que se estima en alrededor de 80.000, de los cuales, quizás 3.000 ó 4.000 puedan acceder al seguro de paro, según las estimaciones del Banco de Previsión Social.

Tal como lo expresaban los señores Senadores que hicieron uso de la palabra, esto levantaría, de alguna manera, esta injusticia flagrante -aunque sea en un aspecto parcial- de un conjunto de uruguayos que, sin dudas, tienen el mismo derecho que todos los trabajadores del país. Por lo tanto, señor Presidente, me afilio a la posición del señor Senador Gargano en cuanto a plantear la duda entre votar este proyecto de ley tal como está -lo que parecería innecesario- o dejar que el decreto que ha emitido el Poder Ejecutivo opere, por lo menos en términos de evaluación, durante un par de meses y observar su resultado.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Voy a formular una moción de procedimiento.

Comparto las exposiciones de los señores Senadores Gargano y Nin Novoa y, en parte, alguna de las menciones sobre los aspectos financieros hechas por el señor Senador Atchugarry, aunque siempre en estos temas suelo discrepar por una especie de "machetismo" del Poder Ejecutivo, que aquí también aparece establecido. De cualquier modo, formulo moción para que se deje el decreto del Poder Ejecutivo a los efectos de ver cómo funciona durante un tiempo, y para que el proyecto de ley vuelva a la Comisión con una encomienda informal de que transcurrido un año y si ella lo entiende pertinente, se haga una evaluación de la aplicación del decreto.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Voy a acompañar la moción del señor Senador Korzeniak en la medida en que la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social ha seguido este tema durante la Legislatura pasada y en lo que va de esta, y tiene pendiente un llamado al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social para tratar no sólo este tema sino una larga lista de asuntos.

Nos hemos enterado de esto a través de la prensa; la primera noticia la tuvimos a partir de las declaraciones realizadas por la "franja blanca" del Gobierno, es decir, por el Subsecretario Bosch perteneciente a la bancada del Partido Nacional.

Nos parece interesante que además de todos los pasos que fue dando la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, también pueda tener el proyecto de ley, los antecedentes y el decreto sobre la mesa, a los efectos de hacer un análisis mucho más ajustado y en contacto con el propio Ministerio.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Korzeniak para remitir este proyecto de ley a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, en el entendido de que ello permitirá disponer de elementos que conduzcan a una evaluación de los resultados del decreto aprobado por el Poder Ejecutivo.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El proyecto de ley pasa a consideración de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

22) LANZAMIENTOS

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Léase una moción de urgencia llegada a la Mesa.

(Se lee:)

"Formulo moción para que se trate en forma urgente el proyecto de ley sobre lanzamientos. Firma el señor Senador Singer."

-El proyecto de ley ya ha sido distribuido.

Se va a votar si se declara urgente y se trata de inmediato el proyecto de ley sobre lanzamientos.

(Se vota:)

-18 en 21. Afirmativa.

De acuerdo con lo resuelto por el Senado, se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue declarada: "Proyecto de ley por el que se suspenden los lanzamientos durante el período 1º de junio a 30 de setiembre de 2001, en las condiciones que se determinan."

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 452/01
Rep. Nº 254/01

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo único. - Agrégase al artículo 62 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, un inciso a continuación del primero, con el siguiente texto:

"En los casos en que en los inmuebles estén morando menores de hasta 14 años, mujeres embarazadas o personas mayores de 70 años, y el decreto de lanzamiento recaiga en los meses de mayo o junio, el Juez podrá extender el aplazamiento por hasta noventa (90) días".

Sala de la Comisión, el 5 de junio de 2001.

Ruben Correa Freitas (Miembro Informante), Alejandro Atchugarry, Gustavo Borsari, Yamandú Fau, Francisco Gallinal, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Manuel Núñez, Enrique Rubio. Senadores.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Constitución y Legislación aconseja al Senado la aprobación del adjunto proyecto de ley, por el que se faculta a los Jueces a prorrogar, por hasta noventa días, los lanzamientos que se decreten durante los meses de mayo o junio de cada año, respecto de los inmuebles en los que estén residiendo menores de hasta 14 años, mujeres embarazadas o personas mayores de 70 años.

Esta es una medida que se considera de fundamental importancia desde el punto de vista social, dado que los lanzamientos durante la temporada invernal generan mayor tensión y preocupación entre las personas afectadas por esta medida, extremo que se agrava cuando en la finca hay menores de edad, mujeres embarazadas o personas mayores de 70 años.

Este proyecto de ley, que agrega un inciso al inciso primero del artículo 62 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, no pretende resolver los problemas habitacionales que existen en nuestro país, sino resolver una situación de emergencia y desamparo para familias cuya composición social es de riesgo más alto.

La legislación vigente prevé que los Jueces tienen la facultad de prorrogar los lanzamientos, en casos de enfermedad o fuerza mayor justificada, por un plazo máximo de sesenta días.

El proyecto de ley que sometemos a consideración del Senado se mantiene dentro de la misma filosofía, concediéndole al Juez la facultad de extender el decreto de lanzamiento hasta por 90 días, siempre que el mismo recaiga en los meses de mayo o junio de cada año, es decir durante la temporada invernal.

Se trata pues, de dos situaciones fácticas diferentes, que los Jueces con sus luces y prudencia habrán de valorar, evitando con ello el lanzamiento durante el invierno, de las familias con mayores problemas de carácter social, tal como son los extremos que plantea el proyecto de ley.

Por las razones expuestas, la Comisión por unanimidad de sus miembros aconseja al Pleno la aprobación del proyecto de ley sustitutivo que se acompaña, sobre prórrogas de lanzamiento durante los meses de mayo o junio de cada año.

Sala de la Comisión, el 5 de junio de 2001.

Ruben Correa Freitas (Miembro Informante), Alejandro Atchugarry, Gustavo Borsari, Yamandú Fau, Francisco Gallinal, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Manuel Núñez, Enrique Rubio. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - En el período comprendido entre el 1º de junio y el 30 de setiembre del año 2001 no podrá ejecutarse lanzamientos de casas habitación ni locales o predios que hubieren sido destinados a tales efectos por sus ocupantes, siempre que existan morando en los mismos, menores de 14 años de edad, mujeres embarazadas o personas mayores de setenta años de edad.

Art. 2º. - La suspensión del lanzamiento operará para aquellas situaciones en que los ocupantes o arrendatarios ya se encontraren instalados con anterioridad al 1º de junio del 2001.

Art. 3º. - No estarán comprendidos por las disposiciones precedentes los arrendamientos de casa habitación cuyo monto a la fecha de esta ley sea superior a $ 4.000.00 (cuatro mil pesos uruguayos) mensuales. Tampoco se considerarán amparados quienes hayan ingresado a las fincas o predios o cualquier otro lugar o recinto con clandestinidad, violencia o engaño.

Art. 4º. - La prueba de los beneficios que por esta ley se otorgan surgirá de los propios autos si existiere o de la presentación de los testimonios acreditantes de la edad o certificación médica extendida por médico ginecólogo.

Art. 5º. - Presentada la solicitud el Juez resolverá sin más trámite, admitiendo únicamente esta decisión el curso de reposición, resuelto el cual será inapelable.

Acogido el beneficio, regirá en su totalidad, no pudiendo fraccionarse ni revertirse salvo abandono o desocupación total del lugar por los beneficiarios; tampoco podrá revocarse para el caso que el menor cumpla 15 años de edad o ante el fallecimiento de algún beneficiario o por pérdida del embarazo.

Art. 6º. - Verificada la suspensión del lanzamiento por el período establecido en esta ley, deberá señalarse nueva fecha en el propio auto.

Art. 7º. - Los arrendatarios malos pagadores no tendrán derecho al amparo previsto en el Art. 62 del Decreto-Ley Nº 14.219 y sus modificativas en caso de haber optado por el régimen de la presente ley.

Art. 8º. - Comuníquese, etc.

Juan Adolfo Singer. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La difícil situación que vive el país por la acumulación, desde hace más de tres años, de factores económicos adversos, en su inmensa mayoría de origen externo, ha disminuido el nivel de empleo y consecuentemente los problemas que afectan a sectores de bajos ingresos.

Uno de esos problemas, que podría adquirir características especialmente graves en la próxima etapa invernal, es el desahucio de sus hogares de familias pobres con niños, con ancianos y/o con mujeres embarazadas ante una acción judicial de lanzamiento de las casas habitación o fincas que alquilan u ocupan.

El proyecto no pretende, obviamente, resolver ninguno de los problemas habitacionales existentes sino atender una situación de emergencia y desamparo para familias cuya composición es de riesgo más alto.

Se dispone, entonces, que durante los próximos cuatro meses de máximo rigor invernal -junio a setiembre- no se puedan realizar lanzamientos de casas habitación o lugares donde con ese objeto se encuentren niños, ancianos o mujeres embarazadas. Se procura la protección de esos grupos, sin alterar en lo más mínimo la actividad procesal de quienes intentan por medio de la justicia recuperar un bien inmueble al cual tienen derecho. Queda claro en el texto del articulado del proyecto que no se paraliza la iniciación ni el desarrollo de ningún desalojo o rescisión de contrato; tampoco la solicitud ni el auto de lanzamiento. Se trata, sí, que en esos cuatro meses no se señalen fechas ni se efectúen lanzamientos.

Podría argüirse que los jueces poseen la facultad prevista en el artículo 62 del Decreto-Ley Nº 14.219, de fecha 4 de julio de 1974 y sus modificativas, por la cual en casos de enfermedad o fuerza mayor justificada pueden aplazar el lanzamiento hasta por ciento veinte días. No obstante ello, puede ocurrir que los ciento veinte días o parte de ellos ya fueron agotados o que no se considere fuerza mayor la existencia de un anciano o un niño sano, extremo que además depararía el control y análisis de la situación por el Juez con la consiguiente expectativa de quienes padecen la situación. En los hechos las prórrogas se solicitan dos o tres días antes o el mismo día con las consecuencias de ansiedad e inseguridad que genera la espera de una decisión. Aquí proponemos cortar por lo sano, evitando no solamente la situación de calle sino su expectativa, con trámites previos de resultado incierto por solicitudes de prórroga que suelen forzar el concepto de fuerza mayor o crean una jurisprudencia que, sensibilizada por el drama social, admite conceptos más extensos que los protegidos por la actual normativa e incluso inerme ante situaciones donde agotados los plazos legales se imponen soluciones humanitarias. Se ahorrarían, entonces, trámites e incertidumbres, extremo que generaría una economía procesal saludable.

Es bien claro que no se prohijan actos de ocupación clandestina o violenta (extremos sancionados por el Código Penal) tendientes a lograr acomodarse a las situaciones que se intenta amparar. Se atiende a las situaciones de asentamiento o comodato, públicas o conocidas, incluidas las precarias ya existentes, de modo que los grupos de riesgo que ya se encontraban ocupando una casa o predio destinado a vivienda no vayan a la calle en los meses del próximo invierno.

El contenido y alcance del articulado es claro y las razones humanitarias que lo fundamentan requieren, a nuestro juicio, que el Senado lo considere como un asunto grave y urgente.

Juan Adolfo Singer. Senador.»

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- En mi calidad de Miembro Informante de la Comisión de Constitución y Legislación, debo expresar que el proyecto de ley que se somete a consideración del Senado es modificativo del que presentara oportunamente el señor Senador Singer al que, por razones de brevedad, no me voy a referir.

La técnica que ha seguido la Comisión con respecto a este tema ha sido la de mantener la misma filosofía de la normativa vigente en materia de arrendamientos y desalojos, cuya ley madre es el Decreto-Ley Nº 14.219 de 4 de julio de 1974. En el artículo 62 de dicha normativa legal se le concede al juez la facultad para prorrogar, hasta el término de 60 días, los lanzamientos en los casos de enfermedad o fuerza mayor justificada. En este sentido, lo que hace el proyecto de ley que se somete a consideración del Senado y que la Comisión de Constitución y Legislación aconseja su aprobación, por unanimidad de sus miembros, es agregar un nuevo inciso al inciso primero del artículo 62 del Decreto-Ley Nº 14.219, consagrando la facultad para que los jueces puedan prorrogar los lanzamientos durante los meses de mayo o junio, es decir, cuando comienza la temporada invernal, en los inmuebles donde residan menores de 14 años, mujeres embarazadas, o personas mayores de 70 años. Lo que prevé esta disposición que se agrega como un inciso al artículo 62, es una potestad más que tendrá el juez en esta hipótesis que, insisto, únicamente se aplica para aquellos decretos de lanzamiento que se dicten o aprueben durante los meses de mayo o junio, además, con estas condiciones muy específicas.

Sin duda alguna, el proyecto de ley tiende a solucionar el grave problema que se plantea durante todos los años, fundamentalmente en la temporada invernal, a aquellas familias que tienen dificultades habitacionales. Indudablemente, el proyecto de ley no soluciona los problemas habitacionales existentes en nuestro país, más allá de las políticas que en ese sentido están llevando adelante el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el Banco Hipotecario del Uruguay. El señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente va a concurrir a la Comisión de Constitución y Legislación a los efectos de explicar los distintos planes que está aplicando su Cartera ante situaciones de emergencia. Esto facilita la tarea de los jueces en cuanto se le da una potestad para prorrogar los lanzamientos -que originalmente estaba en el proyecto del señor Senador Singer- hasta aproximadamente fines de setiembre. A través de esta disposición de carácter permanente, no transitoria, se asegura que todos los años los jueces puedan prorrogar los lanzamientos de las familias que tienen menores de 14 años, mujeres embarazadas o personas mayores de 70 años, por un plazo de hasta 90 días.

Por las razones expuestas, consideramos que el Senado debe aprobar este proyecto de ley.

SEÑOR SINGER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SINGER.- Voy a ser muy breve, señor Presidente, porque creo que el señor Miembro Informante fue claro y elocuente en la fundamentación a favor de la aprobación de este proyecto de ley. No obstante, queremos decir lo siguiente.

Nosotros presentamos una iniciativa que tenía el mismo sentido, es decir, un contenido profundamente humanitario, un mensaje social que desde el Parlamento estábamos enviando a las familias con riesgo alto, o sea aquellas con hijos pequeños, mujeres embarazadas o con ancianos. Asimismo, ese proyecto que inicialmente presentamos abarcaba este invierno, punto que suscitó resistencias que a nuestro entender eran procedentes y que provenían, fundamentalmente, de mi propio Partido. Por ese motivo, procedí a realizar una nueva redacción, recogiendo las observaciones de estimados compañeros, la que fue presentada en la Comisión, en donde se realizó algún ajuste y finalmente se aprobó.

Como bien expresó el señor Senador Correa Freitas, esto no pretende resolver los problemas habitacionales del país ni mucho menos, pero sí contempla una situación de emergencia para familias con alto riesgo, a la vez que complementa, sin ninguna duda, acciones que están desarrollando el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Banco Hipotecario del Uruguay, el Ministerio de Salud Pública y las Intendencias, en distintos niveles y con diferentes modalidades. Además, la información que hemos recogido a nivel de estos organismos pone de manifiesto que hay una acción de protección para los casos de emergencia que se presentan a lo largo de todo el año en todo el país.

En consecuencia, señor Presidente, me complazco en decir que el Parlamento haría bien en dar rápida aprobación a este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo único.- Agrégase al artículo 62 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, un inciso a continuación del primero, con el siguiente texto:

`En los casos en que en los inmuebles estén morando menores de hasta 14 años, mujeres embarazadas o personas mayores de 70 años, y el decreto de lanzamiento recaiga en los meses de mayo o junio, el Juez podrá extender el aplazamiento por hasta noventa (90) días' "

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Estamos acompañando este proyecto de ley y siempre nos alegra poder votar algunas cosas que por lo menos signifiquen un pequeño paso en el sentido de proteger a los que están totalmente desprotegidos en estos momentos. Naturalmente, hubiéramos deseado -como expresaba el señor Senador Singer- un proyecto más ambicioso.

De todas formas, señalamos que no nos gusta pensar que hoy en el Uruguay tenemos que estar votando prórrogas de lanzamiento para los niños, las embarazadas y los ancianos durante el invierno. Pero sucede que esto es reflejo de una realidad que tenemos en todo el país. Sin perjuicio de ello, dejamos claro que siempre vamos a acompañar cualquier medida -por pequeña que sea- que signifique un avance, un paso o protección para las grandes mayorías de este país, que son las que están padeciendo en estos momentos.

23) PROTOCOLO SOBRE PROMOCION Y PROTECCION DE INVERSIONES PROVENIENTES DE ESTADOS NO PARTE DEL MERCOSUR

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en segundo lugar del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo sobre Promoción y Protección de Inversiones Provenientes de los Estados no Parte del MERCOSUR (Carp. Nº 794/97 - Rep. Nº 248/01)"

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 794/97
Rep. Nº 248/01

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 11 de abril de 2000.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje de fecha 8 de julio de 1997, que se adjunta, por el cual se solicita la aprobación parlamentaria del Protocolo sobre Promoción y Protección de Inversiones Provenientes de Estados no Parte del MERCOSUR, suscrito en Buenos Aires, el 5 de agosto de 1994.

Al continuar en vigencia para los intereses y el prestigio internacional de la República los fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación del mismo.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Didier Opertti, Alberto Bensión.

Montevideo, 11 de abril de 2000.

PROYECTO DE LEY

Artículo único. - Apruébase el Protocolo sobre Promoción y Protección de Inversiones Provenientes de Estados no Parte del MERCOSUR, suscrito en Buenos Aires, el 5 de agosto de 1994.

Didier Opertti, Alberto Bensión.

Montevideo, 8 de julio de 1997.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a la consideración de la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 numeral 20 de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el "Protocolo sobre Promoción y Protección de Inversiones Provenientes de Estados no Partes del MERCOSUR", suscrito entre las Partes en la ciudad de Buenos Aires, el cinco de agosto de 1994.

El presente Protocolo encuentra su antecedente más próximo en el Protocolo de Colonia sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones en el MERCOSUR, aprobado por la Decisión Nº 11/93 del Consejo del Mercado Común, y se presenta como un esfuerzo único de armonización de los principios jurídicos generales a aplicar por cada uno de los Estados Partes en la materia que constituye su objeto.

Este Protocolo tiene como objetivo primero, el de incentivar el flujo de inversiones desde el exterior del MERCOSUR hacia el interior del mismo, lo que indudablemente contribuirá a estimular el desarrollo del bloque económico en general, y de los cuatro Estados Partes en particular.

Asimismo, el Protocolo sobre Promoción y Protección de Inversiones Provenientes de Estados no Partes del MERCOSUR, exalta la idea de igualdad entre los Estados Partes al eliminar toda posibilidad de crear algún tipo de condiciones diferenciales que favorezcan a uno o varios Estados Partes en perjuicio de los otros Estados Partes.

El antedicho Protocolo incluye una concisa y clara serie de definiciones, la cual evitará que se produzcan, por parte de los Estados Miembros, confusiones en materia de inversiones provenientes de países no miembros del MERCOSUR.

Es conveniente destacar que dichas definiciones, así como el resto del articulado y, en especial, lo referente al régimen de Promoción y Protección de Inversiones, así como el régimen de Expropiación, de Compensaciones, Transferencias y Subrogación se ajustan razonablemente a los regímenes que, al respecto, han sido establecidos en otros documentos firmados por la República en múltiples ocasiones.

Debe, por otra parte, mencionarse que el procedimiento de Solución de Controversias creado en este Protocolo, ya sea entre un Estado Parte y un tercer Estado no miembro o bien entre un Inversor de un tercer Estado y el Estado Parte receptor de la Inversión, es el que la República acostumbra incluir en los Acuerdos Internacionales que, con referencia a la Promoción y Protección de Inversiones, usualmente firma.

Esto resulta de gran importancia, en especial, para un país como el Uruguay, que se ha mostrado históricamente comprometido con la tradición de la Solución Pacífica de las Controversias y con el recurso al arbitraje internacional.

El Protocolo sobre Promoción y Protección de Inversiones Provenientes de Estados no Partes del MERCOSUR constituye un intento más para lograr una correcta inserción del bloque económico del Mercado Común del Sur en una economía mundial globalizada e interconectada y es, en este sentido, que dicho Protocolo resulta un instrumento por demás eficaz en el camino del desarrollo y del crecimiento económico para los países involucrados. Se revela asimismo, como una manera más de demostrar que el proceso integracional que constituye el MERCOSUR no pretende ser un proceso cerrado a la región, sino abierto a un contexto internacional de interdependencia, donde el principio de la transparencia jurídica permite que sólo aquellos países con regímenes jurídicos avanzados y modernos capten una porción significativa del flujo de inversiones.

Al solicitar la aprobación de este Protocolo, el Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Luis A. Mosca, luce firma.

Montevideo, 8 de julio de 1997.

PROYECTO DE LEY

Artículo único. - Apruébase el "Protocolo sobre Promoción y Protección de Inversiones Provenientes de Estados no Partes del MERCOSUR", suscrito entre las Partes en la ciudad de Buenos Aires, el cinco de agosto de 1994.

Luis A. Mosca, luce firma.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El Poder Ejecutivo reiteró el 20 de abril de 2000 el Mensaje y proyecto de ley por el que se solicita la ratificación parlamentaria del Protocolo sobre Promoción y Protección de Inversiones Provenientes de Estados no Parte del MERCOSUR, suscrito en Buenos Aires en 5 de agosto de 1994.

La fundamentación de ese Protocolo está explicitada en el referido Mensaje. Tiende, en primer lugar, a afirmar la idea de igualdad entre los Estados Partes eliminando las posibilidades de crear condiciones diferenciales en favor de uno o varios de esos Estados en perjuicio de los demás. En segundo lugar procura incentivar el flujo de inversiones provenientes desde el exterior del MERCOSUR como forma de contribuir al desarrollo económico del bloque y de sus cuatro Estados Partes.

La redacción del articulado del protocolo es clara y concisa en sus definiciones, lo cual contribuirá a evitar confusiones en la materia de que trata. En general se ajusta en materia de promoción y protección de inversiones, de compensaciones, transferencias y subrogaciones y de solución de controversias a los regímenes establecidos en otros varios tratados de la misma índole suscritos por la República con diversos países del mundo y ratificados por el Poder Legislativo.

El artículo 1º dispone que los Estados Partes se comprometen a otorgar a los inversores de terceros Estados un tratamiento no más favorable que el establecido en el Protocolo.

El artículo 2º en su literal A) define los términos empleados, como por ejemplo el contenido y alcance de "inversión", de "ganancias", de "territorio", en el B) la promoción de las inversiones; en el C) la protección de las inversiones; en el D) lo que tiene que ver con expropiaciones y compensaciones; en el E) lo relacionado con transferencias; en el F) las garantías de la subrogación; en el G) el régimen de solución de controversias entre un Estado Parte y un tercer Estado; en el H) el régimen de solución de controversias entre un Estado Parte y un inversor de un tercer Estado; en el I) se dispone que las normas contenidas en el protocolo podrán aplicarse a inversiones realizadas antes de la fecha de su vigencia pero no se aplicarán a las controversias, reclamos o diferendos originados con anterioridad a esa fecha y en el J) se establecen disposiciones sobre duración y terminación de los convenios.

El artículo 3º estatuye un sistema de intercambio de informaciones y consultas, cometiendo al órgano ejecutivo del MERCOSUR la consideración de las mismas.

Por último el artículo 4º establece que este Protocolo es parte integrante del Tratado de Asunción y que las futuras adhesiones a dicho Tratado implicarán "ipso jure" la adhesión al Protocolo. Al mismo tiempo dispone que entrará en vigencia a los 30 días del depósito del cuarto instrumento de ratificación. En este sentido, conforme a la información recabada, es de consignar que Paraguay lo ratificó por la Ley Nº 593, del 15 de junio de 1995; Argentina por la Ley Nº 24.554, del 13 de setiembre de 1995 y en Brasil el proyecto de ley correspondiente está aún en trámite parlamentario.

Vuestra Comisión aconseja aprobar este Protocolo en el convencimiento que constituye un instrumento adecuado y útil para el desarrollo de cada uno de los países Miembros del MERCOSUR.

Sala de la Comisión, a 17 de mayo de 2001.

Juan Adolfo Singer (Miembro Informante), Alberto Couriel (Discorde), Carlos M. Garat, Reinaldo Gargano (Discorde), Juan Ignacio Mangado, Pablo Millor, Wilson Sanabria. Senadores.

MERCOSUR/CMC/Nº 11/94

PROTOCOLO SOBRE PROMOCION Y PROTECCION DE INVERSIONES PROVENIENTES DE ESTADOS NO PARTES DEL MERCOSUR

VISTO: El Art. 10 del Tratado de Asunción, la Resolución Nº 39/94 del Grupo Mercado Común y la Recomendación Nº 9/94 del SGT Nº 4 "Políticas Fiscal y Monetaria Relacionadas con el Comercio".

CONSIDERANDO:

Que la creación de condiciones favorables para las inversiones (extra-zona) en el territorio de los
Estados Partes del MERCOSUR, intensificará la cooperación económica;

Que la promoción y protección de tales inversiones contribuirá a estimular la iniciativa económica individual y a incrementar el desarrollo en los cuatro Estados Partes.

Que con tales fines resulta conveniente establecer un marco jurídico común para el tratamiento a otorgar a terceros Estados en materia de Promoción y Protección de Inversiones.

EL CONSEJO DEL MERCADO COMUN

DECIDE:

ARTICULO 1º. - Aprobar el "PROTOCOLO SOBRE PROMOCION Y PROTECCION DE INVERSIONES PROVENIENTES DE ESTADOS NO PARTES DEL MERCOSUR" tratamiento a otorgar a terceros Estados en materia de promoción y protección de inversiones que consta como Anexo.

Lucen firmas.

ANEXO

PROTOCOLO SOBRE PROMOCION Y PROTECCION DE INVERSIONES PROVENIENTES DE ESTADOS NO PARTES DEL MERCOSUR

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay denominadas en adelante los "Estados Partes".

Teniendo en cuenta el Tratado en Asunción suscripto el 26 de marzo de 1991, por el cual los Estados Partes deciden crear el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

Considerando el Protocolo de Colonia de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones en el MERCOSUR aprobado por la Decisión Nº 11/93 del Consejo del Mercado Común, que tiene como objetivo promover las inversiones de inversores de los Estados Partes del MERCOSUR dentro del ámbito de aplicación territorial del Tratado de Asunción.

Destacando la necesidad de armonizar los principios jurídicos generales a aplicar por cada uno de los Estados Partes a las inversiones provenientes de Estados No Partes del MERCOSUR (en adelante denominados "Terceros Estados"), a los efectos de no crear condiciones diferenciales que distorsionen el flujo de inversiones.

Reconociendo que la promoción y la protección de inversiones sobre la base de acuerdos con Terceros Estados contribuirá a estimular la iniciativa económica individual e incrementará la prosperidad de los cuatro Estados Partes.

Han acordado lo siguiente:

ARTICULO 1º

Los Estados Partes se comprometen a otorgar a las inversiones realizadas por inversores de Terceros Estados un tratamiento no más favorable que el que se establece en el presente Protocolo.

ARTICULO 2º

A los efectos indicados precedentemente, el tratamiento general a convenir por cada Estado Parte con Terceros Estados no reconocerá a éstos beneficios y derechos mayores que los reconocidos al inversor en las siguientes bases normativas:

A) DEFINICIONES

1. El término "inversión" designará, de conformidad con las leyes y reglamentaciones del Estado Parte en cuyo territorio se realice la inversión, todo tipo de activo invertido directa o indirectamente por inversores de un Tercer Estado en el territorio del Estado Parte, de acuerdo con la legislación de ésta. Incluirá en particular, aunque no exclusivamente:

a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como los demás derechos reales tales como hipotecas, cauciones y derechos de prenda;

b) acciones, cuotas societarias, y cualquier otro tipo de participación en sociedades;

c) títulos de crédito y derechos a prestaciones que tengan un valor económico; los préstamos estarán incluidos solamente cuando estén directamente vinculados a una inversión específica;

d) derechos de propiedad intelectual o inmaterial incluyendo en especial, derechos de autor, patentes, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, procedimientos técnicos, know-how y valor llave;

e) concesiones económicas conferidas por ley o por contrato, incluyendo las concesiones para la prospección, cultivo, extracción o explotación de recursos naturales.

2. El término "inversor" designará:

a) toda persona física que sea nacional de un Estado Parte o del Tercer Estado, de conformidad con sus respectivas legislaciones. Las disposiciones de los convenios a celebrar no se aplicarán a las inversiones realizadas en el territorio de un Estado Parte por personas físicas que sean nacionales de Terceros Estados, si tales personas, a la fecha de la inversión, residieren o se domiciliaren, conforme a la legislación vigente, en forma permanente en dicho territorio, a menos que se pruebe que los recursos referidos a estas inversiones provienen del exterior.

b) toda persona jurídica constituida de conformidad con las leyes y reglamentaciones de un Estado Parte o del Tercer Estado y que tenga su sede en el territorio de su constitución.

c) toda persona jurídica establecida de conformidad con la legislación de cualquier país que esté efectivamente controlada por personas físicas o jurídicas definidas en a) y b), de este numeral.

3. El término "ganancias" designará todas las sumas producidas por una inversión, tales como utilidades, rentas, dividendos, intereses, regalías y otros ingresos corrientes.

4. El término "territorio" designará el territorio nacional de cada Estado Parte o del Tercer Estado, incluyendo aquellas zonas marítimas adyacentes al límite exterior del mar territorial nacional, sobre el cual el Estado Parte involucrado o el Tercer Estado pueda, de conformidad con el derecho internacional, ejercer derechos soberanos o jurisdicción.

B) PROMOCION DE INVERSIONES

1. Cada Estado Parte promoverá en su territorio las inversiones de inversores de Terceros Estados, y admitirá dichas inversiones conforme a sus leyes y reglamentaciones.

2. Cuando uno de los Estados Partes hubiera admitido una inversión en su territorio, otorgará las autorizaciones necesarias para su mejor desenvolvimiento, incluyendo la ejecución de contratos sobre licencias, asistencia comercial o administrativa e ingreso del personal necesario.

C) PROTECCION DE INVERSIONES

1. Cada Estado Parte asegurará un tratamiento justo y equitativo a las inversiones de inversores de Terceros Estados, y no perjudicará su gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas injustificadas o discriminatorias.

2. Cada Estado Parte concederá plena protección a tales inversiones y les podrá acordar un tratamiento
no menos favorable que el otorgado a las inversiones de sus propios inversores nacionales o a las inversiones realizadas por inversores de otros estados.

3. Los Estados Partes no extenderán a los inversores de Terceros Estados los beneficios de cualquier tratamiento, preferencia o privilegio resultante de:

a) su participación o asociación en una zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, o acuerdo regional similar.

b) un acuerdo internacional relativo total o parcialmente a cuestiones impositivas.

D) EXPROPIACIONES Y COMPENSACIONES

1. Ninguno de los Estados Partes tomará medidas de nacionalización o expropiación ni ninguna otra medida que tenga el mismo efecto contra inversiones que se encuentren en su territorio y que pertenezcan a inversores de Terceros Estados, a menos que dichas medidas sean tomadas por razones de utilidad pública o de interés social, sobre una base no discriminatoria y bajo el debido proceso legal. Las medidas serán acompañadas de disposiciones para el pago de una compensación justa, adecuada y pronta u oportuna.

El monto de dicha compensación corresponderá al valor de la inversión expropiada.

2. Los inversores de un Tercer Estado, que sufrieran pérdidas en sus inversiones en el territorio del Estado Parte, debido a guerra u otro conflicto armado, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o motín, recibirán, en lo que se refiere a restitución, indemnización, compensación u otro resarcimiento, un tratamiento no menos favorable que el acordado a sus propios inversores o a los inversores de otros estados.

E) TRANSFERENCIAS

1. Cada Estado Parte otorgará a los inversores del Tercer Estado la libre transferencia de las inversiones y ganancias, y en particular, aunque no exclusivamente de:

a) el capital y las sumas adicionales necesarias para el mantenimiento y desarrollo de las inversiones;

b) los beneficios, utilidades, rentas, intereses, dividendos y otros ingresos corrientes;

c) los fondos para el reembolso de los préstamos tal como se definen en el artículo 2º, literal A), Párrafo (1), (c);

d) las regalías y honorarios y todo otro pago relativo a los derechos previstos en el artículo 2º, literal A), Párrafo (1), d, y e);

e) el producido de una venta o liquidación total o parcial de una inversión;

f) las compensaciones, indemnizaciones u otros pagos previstos en el artículo 2º, literal l);

g) las remuneraciones de los nacionales de un Tercer Estado que hayan obtenido autorización para trabajar en relación a una inversión;

2. Las transferencias serán efectuadas sin demora, en moneda libremente convertible.

F) SUBROGACION

1. Si un Tercer Estado o una agencia designada por éste realizara un pago a un inversor en virtud de una garantía o seguro para cubrir riesgos no comerciales que hubiere contratado en relación a una inversión, el Estado Parte en cuyo territorio se realizó la inversión reconocerá la validez de la subrogación en favor del Tercer Estado o de una de sus agencias, respecto de cualquier derecho o título del inversor a los efectos de obtener el resarcimiento pecuniario correspondiente.

G) SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE UN ESTADO PARTE Y UN TERCER ESTADO

1. Las controversias que surgieren entre un Estado Parte y el Tercer Estado relativas a la interpretación o aplicación del convenio que celebren serán, en lo posible, solucionadas por la vía diplomática.

2. Si dicha controversia no pudiera ser dirimida de esa manera en un plazo prudencial a determinar, será sometida al arbitraje internacional.

II) SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE UN INVERSOR DE UN TERCER ESTADO Y UN ESTADO PARTE RECEPTOR DE LA INVERSION

1. Toda controversia relativa a la interpretación o aplicación de un convenio de promoción y protección recíproca de inversiones que se suscite entre un inversor de un Tercer Estado y un Estado Parte, será, en la medida de lo posible, solucionada por consultas amistosas.

2. Si la controversia no hubiera podido ser solucionada en un plazo prudencial a partir del momento en que hubiera sido planteada por una u otra de las partes, podrá ser sometida, a pedido del inversor:

o bien a los tribunales competentes del Estado Parte en cuyo territorio se realizó la inversión,

o bien al arbitraje internacional en las condiciones descriptas en el apartado 3.

Una vez que un inversor hubiese sometido la controversia a la jurisdicción del Estado Parte implicado o al arbitraje internacional, la elección de uno u otro de estos procedimientos será definitiva.

3. En caso de recurso al arbitraje internacional, la controversia podrá ser sometida, a elección del inversor, a un tribunal de arbitraje "ad hoc" o a una institución internacional de arbitraje.

4. El órgano arbitral decidirá en base a las disposiciones del convenio celebrado, al derecho del Estado Parte involucrado en la controversia, incluidas las normas relativas a conflictos de leyes, a los términos de eventuales acuerdos particulares concluidos con relación a la inversión, como así también a los principios del derecho internacional en la materia.

5. Las sentencias arbitrales serán definitivas y obligatorias para las partes en la controversia. El Estado Parte las ejecutará de conformidad con su legislación.

I) INVERSIONES Y CONTROVERSIAS COMPRENDIDAS EN EL CONVENIO

Las normas de los convenios a celebrarse podrán ser aplicadas a todas las inversiones realizadas antes o después de su entrada en vigor, pero no se aplicarán a ninguna controversia, reclamo o diferendo que se hubiese originado con anterioridad a su entrada en vigor.

J) DURACION Y TERMINACION

El plazo mínimo de validez de los convenios será de diez años. Con relación a aquellas inversiones efectuadas con anterioridad a la fecha de extinción de la vigencia del convenio, el Estado Parte podrá acordar que las disposiciones del mismo continuarán en vigor por un período máximo de quince años a partir de esa fecha.

ARTICULO 3º

Los Estados Partes se obligan a intercambiar información sobre las negociaciones futuras y las que se hallaren en curso sobre convenios de promoción y protección recíproca de inversiones con Terceros Estados y se consultarán con carácter previo sobre toda modificación sustancial al tratamiento general convenido en el artículo 2º del presente Protocolo. A tales efectos, el órgano ejecutivo del MERCOSUR se ocupará de las consultas e informaciones referidas al tema.

ARTICULO 4º

El presente Protocolo es parte integrante del Tratado de Asunción.

La adhesión por parte de un Estado al Tratado de Asunción implicará "ipso jure" la adhesión al presente Protocolo.

El presente Protocolo entrará en vigor 30 días después de la fecha de depósito del cuarto instrumento de ratificación.

El Gobierno de la República del Paraguay será el depositario del presente Protocolo y de los instrumentos de ratificación y enviará copia debidamente autenticada de los mismos a los Gobiernos de los demás Estados Partes.

Hecho en la ciudad de Buenos Aires a los cinco días del mes de agosto de 1994, en un ejemplar original, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Lucen firmas.»

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Singer.

SEÑOR SINGER.- Señor Presidente: este Protocolo está en la línea de diversos proyectos que a lo largo de estos últimos años se han ido aprobando por parte del Parlamento, en lo que refiere a la promoción y protección de inversiones extranjeras. Reitero que se han aprobado unas cuantas iniciativas relacionadas con esta modalidad.

El primer proyecto referido a este tema que dio lugar a las más largas discusiones, aquí en el Senado, fue el Convenio con Alemania Federal. Concretamente, en este proyecto de ley que hoy está a consideración del Senado no hay ninguna innovación importante en la materia, tal como tratamos de reflejarlo en el informe que figura en el repartido.

Por otro lado, queremos hacer dos consideraciones. En primer lugar, en este Protocolo se hace mención al antecedente del Protocolo de Colonia, lo que ha dado lugar a algunas consultas que se me han formulado y que me parece importante aclarar en Sala.

La referencia es correcta, ya que el mencionado Protocolo también fue suscrito y con anterioridad a éste. Más precisamente, el Protocolo de Colonia es del 17 de enero de 1994, mientras que este otro es del 5 de agosto del mismo año, y la diferencia entre uno y otro es que el primero refiere a la promoción y protección de inversiones entre los Estados del MERCOSUR, y el que ahora estamos considerando refiere a inversiones provenientes de Estados no parte del MERCOSUR. Esta es la diferencia que debemos señalar entre uno y otro.

En segundo término -si uno lee ambos textos, podría llamarse a confusión, porque son estrictamente similares- cabe aclarar que el Protocolo de Colonia tiene un Anexo, en el que los Estados Parte están aprobando una serie de disposiciones que tienen que ver con excepciones que rigen para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En virtud de esas excepciones que forman parte de dicho Protocolo, es que la Comisión de Asuntos Internacionales, después de una reunión que mantuvo con el señor Ministro de Relaciones Exteriores, decidió mantener por ahora en archivo el proyecto de ley que tiene a estudio. Esta es una situación similar a la que ocurre con la actitud adoptada por los Parlamentos de los demás países miembros del MERCOSUR.

En cambio, este Protocolo que ahora está a consideración del Senado ya fue aprobado por Argentina, país que dictó el 13 de setiembre de 1995 la ley que lo ratificó. Paraguay también lo hizo por medio de una ley que tiene fecha de 15 de junio de 1995 y, finalmente, en Brasil, el tema está en trámite legislativo.

Por todas estas consideraciones, señor Presidente, la mayoría de la Comisión -este proyecto de ley no fue votado por los representantes del Encuentro Progresista-Frente Amplio, en función de la misma línea que han seguido con proyectos similares a los que me referí inicialmente- aconseja al Senado su aprobación.

Adelanto que luego de culminada la discusión, voy a formular una moción, a los efectos de postergar la votación de este punto para el día de mañana.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE ( Cr. Danilo Astori).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Voy a fundamentar el voto negativo de la bancada del Encuentro Progresista - Frente Amplio en dos razones. Una de ellas es que el Protocolo, en los mecanismos de solución de controversias, plantea -tal como ha mencionado el señor Miembro Informante- una opción para el inversor. Obsérvese que esto siempre se reitera, porque somos tan generosos y estamos tan ávidos de captar inversiones, que si en el día de mañana se suscita una controversia entre un inversor y un Estado parte o entre un inversor y una parte privada de un Estado parte del Convenio, dicho inversor, por sí solo y ante sí, puede optar por la jurisdicción del país donde se radica la inversión o por el mecanismo del laudo arbitral, que podrá provenir o no de un organismo internacional. Entonces, de hecho le estamos dando, no sólo la prórroga de la jurisdicción, sino la elección del Tribunal, que seguramente será el más conveniente para sus intereses. Esto está, además, encadenado con otros mecanismos que se aprobaron en el país luego de muchas discusiones, como la existencia de un Fondo Internacional de Protección de Inversiones, sobre el cual algún día deberíamos volver a hablar. Este mecanismo, establecido a nivel internacional, fue rechazado por el país, en 1964, por el voto unánime del Consejo Nacional de Gobierno de la época, porque se arroga derechos de tal naturaleza, que prácticamente controla las decisiones que cada país miembro toma en torno a las inversiones.

(Ocupa la Presidencia el señor Hierro López)

-Hace poco leí una propuesta -que hizo Estados Unidos- que creo se formuló en una de las Comisiones que estudian el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, en la que figura una cláusula -que aún no ha sido aceptada y quizás lleve algunos años hacerlo- mediante la cual el inversor que, a su juicio, no haya obtenido rentabilidad en sus inversiones por culpa de decisiones del Gobierno donde está radicada la inversión, puede accionar en contra de dicho Gobierno que, en su opinión, generó condiciones no aptas para su inversión. Esto es algo descomunal, nunca visto en el Derecho colonial, una nueva forma de Derecho, posmoderna, por llamarla de alguna manera. Quiere decir que, lisa y llanamente, existe una prórroga de jurisdicción, contra la cual el Encuentro Progresista - Frente Amplio ha votado sistemáticamente, porque el país ya cuenta con leyes muy favorables para los inversores extranjeros, que permiten retirar todas las ganancias sin ningún límite y el propio capital invertido, luego de doce meses de radicado. Claro está que este es un decreto de la dictadura, si no recuerdo mal, de aquel famoso Consejo de Estado. Esto fue inédito y creo que todos los sectores políticos democráticos protestaron contra aquella Ley de Inversiones, que fue la que luego permitió que en este país pudiera ingresar una persona con U$S 25:000.000 en una maleta, probar que son suyos mediante un certificado, al otro día decir que ganó U$S 25:000.000 más por medio de otro certificado que pruebe que son ganancias e irse, sin ningún tipo de problemas, con U$S 50:000.000. De la misma manera, podría salir con metales preciosos, porque aquí damos muchas facilidades.

Por otro lado, en diciembre de 1998 se aprobó la famosa Ley de Inversiones, que facilita de una manera estupenda la realización de inversiones, porque desgrava fiscalmente a todo aquel que efectúe inversiones, en cualquier rubro. Ahora, además de eso, tenemos a consideración el tratamiento peculiar que se da a los inversores en materia de jurisdicción para la solución de controversias. Este es el aspecto de fondo con el cual nuestra bancada no está de acuerdo, porque creemos que no es necesario para promover las inversiones. Aquí se ha hablado más de una vez sobre la razón por la cual no se invierte en el país. Si con todos los mecanismos y facilidades que ofrecemos para que vengan los inversores, tenemos la tasa de inversión más baja de toda América Latina -está por debajo de la de Haití, según se observa en los balances que realiza la CEPAL- me pregunto qué más debemos hacer para que ellos vengan. Debe haber alguna razón de fondo por la cual no invierten aquí e intuyo que son las escasas posibilidades que al inversor extranjero, ávido de ganancias, le da una realidad como la nuestra, que es distinta. Por lo tanto, debería analizarse otra política que permita gestar inversiones y trabajo.

Aclarado este tema de las inversiones y de la jurisdicción, quiero decir que para mí existe otro argumento central. Este Protocolo está basado en la aprobación de otro, el Protocolo de Colonia. En este sentido, en el introito dice expresamente: "Teniendo en cuenta el Tratado en Asunción suscrito"... Esto está mal redactado; debería decir "Tratado suscrito en Asunción", y voy a pedir que se corrija, porque debe ser un error de transcripción. Dice: "Teniendo en cuenta el Tratado en Asunción suscrito el 26 de marzo de 1991", y a renglón seguido expresa: "Considerando el Protocolo de Colonia de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones en el MERCOSUR aprobado por la Decisión N° 11/93 del Consejo del Mercado Común, que tiene como objetivo promover las inversiones de inversores de los Estados Parte del MERCOSUR dentro del ámbito de aplicación territorial del Tratado de Asunción". A continuación establece: "Destacando la necesidad de armonizar los principios jurídicos generales a aplicar por cada uno de los Estados Parte a las inversiones provenientes de Estados No Parte del MERCOSUR"... Quiere decir que aquel Protocolo de Colonia es el acuerdo marco en materia de inversiones.

SEÑOR SINGER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARGANO.- Enseguida se la concedo, señor Senador; sólo permítame terminar mi argumentación.

¿Por qué es un Tratado marco? Porque regula toda la relación de las partes contratantes de los cuatro países en torno a las inversiones en el área. En realidad, me gustaría llamar la atención, en el sentido de que este Protocolo no está aprobado, no fue aprobado por el Parlamento uruguayo.

Creo que escuché decir al Miembro Informante que tampoco estaba aprobado en algunos de los otros países; en Argentina y Brasil no lo está, y en lo que respecta a Paraguay no sabría decir, porque no sigo de cerca su legislación. Estimo que cuando se firma este tipo de documentos, hay que leer la letra chica. Quiero decir, a título informativo, que aquí no lo consideramos ni lo aprobamos, porque este Protocolo tiene reservas de los cuatro países integrantes. Las reservas son aquellas enmiendas que hace cada país que suscribe un Tratado internacional para que en esa parte que él observa, el Protocolo no le sea aplicado.

En el Anexo del Protocolo no aprobado, que no está en vigencia y al que refiere el otro Protocolo, por ejemplo, en su punto 1), se hace una observación al artículo 2º), párrafo uno, y se dice que de conformidad con lo previsto en el artículo 2º) del presente Protocolo las partes contratantes se reservan el derecho de mantener transitoriamente excepciones limitadas al tratamiento nacional de las inversiones de inversores de las otras partes contratantes en los siguientes sectores. Obsérvese lo que estoy diciendo, porque a veces leemos rápido y no se comprende bien lo que se está tratando de expresar. Allí se habla de mantener transitoriamente excepciones limitadas al tratamiento nacional de las inversiones de inversores de las otras partes contratantes. Es decir que en nuestro caso se trataría de Brasil, de Argentina y de Paraguay, porque este Protocolo refiere a las cuatro partes contratantes del Tratado de Asunción. Cuando se habla de los sectores, se menciona que en Argentina están exceptuados del tratamiento de inversiones que fija el Protocolo, la propiedad inmueble en zonas de frontera -tema que interesaba mucho al señor Senador Pereyra y por el que señaló que no estaba de acuerdo con el hecho de que se aprobara- el transporte aéreo -ya no existe más, pero en aquel momento lo había y, por lo tanto, se incluyó- la industria naval, plantas nucleares, minería de uranio, seguros y pesca. En Brasil, se exceptúa la exploración y explotación de minerales -ya queda poco, pero todavía está suscrito como tal-; el aprovechamiento de la energía hidráulica; la asistencia de la salud; el servicio de radiodifusión sonora, de sonidos e imágenes y demás servicios de telecomunicaciones; la adquisición o arrendamiento de propiedad rural; la participación en el sistema de intermediación financiera; seguros; seguridad y capitalización; construcción; propiedad y navegación de cabotaje interior. En Paraguay se habla de la propiedad inmueble en zonas de frontera; agua y teléfono; electricidad y explotación de hidrocarburos y minerales. Uruguay, por su parte, exceptuaba de la protección de inversiones el área de electricidad; de hidrocarburos; petroquímica básica y energía atómica; explotación de minerales estratégicos; intermediación financiera; ferrocarriles; telecomunicaciones; radiodifusión; prensa y medios audiovisuales. Asimismo, hay otras reservas como la que hace Brasil, reservándose la aplicación del Protocolo, en función del artículo 171, párrafo dos, de su Constitución Federal respecto a las compras gubernamentales. A su vez, hay otra enmienda que hacen la República Federativa del Brasil y la República Argentina, reservándose el derecho de mantener transitoriamente los requisitos en el desempeño del sector automotriz.

Resulta bastante poco congruente que si este Tratado, que tenía estas reservas no fue aprobado, ahora haya otro Protocolo que, no a los Estados Parte, sino a los quintos Estados no intervinientes, les dé facultades o autorizaciones y no les plantee las reservas que se exponían en aquel momento. Asimismo, estimo que hay un problema de carácter formal -digo esto en mi humilde opinión, pues creo que habría que contar con un especialista en Derecho Internacional- porque no se puede aprobar este Protocolo no habiéndose hecho lo propio con el anterior, al que éste hace referencia.

Con mucho gusto concedo la interrupción que hace un momento me solicitaba el señor Senador Singer y pido disculpas por la demora.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SINGER.- Señor Presidente: creo que el señor Senador Gargano no me hizo el honor de escuchar cuando, de forma sucinta como lo hago siempre, expuse el informe en nombre de la Comisión de Asuntos Internacionales. En ese momento, me referí al Protocolo que estamos considerando y al de Colonia como antecedente, explicando cuáles son las diferencias entre uno y otro. El Protocolo de Colonia se acordó, por unanimidad, en la Comisión de Asuntos Internacionales y de acuerdo con el señor Ministro de Relaciones Exteriores, se decidió mantener la consideración de éste en carpeta. De todas formas, uno y otro son sustancialmente diferentes. Fueron tomados como antecedentes, pero no tienen nada que ver; uno fue suscrito en Colonia el 17 de enero de 1994 y el otro en Buenos Aires, el 5 de agosto del mismo año. La diferencia sustancial es muy clara: el de Colonia refiere a las inversiones entre los Estados Parte del MERCOSUR, es decir, a las que podamos recibir en Uruguay desde Argentina, Brasil y Paraguay, y los restantes países en idéntica forma. En cambio, el otro Protocolo atiende a un elemento realmente importante y es que los países del MERCOSUR tengan, en materia de inversiones provenientes de terceros países, la misma política a los efectos de que ni uno ni otro -ninguno entre ellos- pueda sacar ventaja, lo que no sería pertinente, en lo que refiere al comercio internacional y de inversiones. Esta es la fundamentación del actual Protocolo, que es totalmente diferente y diría que mucho más importante que el de Colonia.

La cita que se hace en la parte expositiva del comienzo de este Protocolo, dice: "Teniendo en cuenta el Tratado en Asunción suscripto el 26 de marzo de 1991...". Estimo que aquí hay un error de redacción, porque en el Protocolo de Colonia está correctamente expresado. Continúa de la siguiente forma: "Considerando el Protocolo de Colonia...". Esto es así, porque el mencionado Protocolo fue suscrito por los cuatro Gobiernos y, por lo tanto, se toma en consideración. Sin embargo, el hecho de que aquí se lo mencione, no quiere decir que tenga algo que ver. Son dos cuerpos de disposiciones totalmente distintos, porque abarcan áreas diferentes de promoción y protección de inversiones extranjeras. Los argumentos que inicialmente expuso el señor Senador Gargano -que ya conocíamos- fueron exhaustivos, amplios y claramente contestados en diversas ocasiones, por lo que hago gracia al Senado de no volver a insistir sobre ellos. Sin embargo, esta insistencia en vincular un Protocolo con otro no tiene razón de ser; el de Colonia está allí, ninguno de los países lo ha aprobado por ahora y creo que, tal como lo mencioné, en las excepciones que forman parte del Anexo de ese Protocolo estaría la causa de que ninguno de los cuatro países que lo suscribió lo haya ratificado a nivel parlamentario, incluido el nuestro, naturalmente.

Este otro Protocolo, que se refiere a una cuestión distinta, es decir, a las inversiones que se van a realizar desde Estados que no son parte del MERCOSUR en los que sí lo son, es lo que estamos considerando y es importante que lo aprobemos, porque es la seguridad que va a tener el Uruguay de que en cada uno de los otros países se van a aplicar las mismas políticas en materia de protección y de fomento de las inversiones.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: escuché al señor Senador Singer en la argumentación inicial, pero ocurre que no comparto los argumentos. Creo que me referí con bastante claridad a la razón por la cual no lo hago: obviamente, son dos cuerpos legales distintos; no consideran la misma materia. Obsérvese que en uno se trata de las inversiones de los países que forman parte del Tratado de Asunción, en el que se establece que se aplican determinadas normas para facilitar tales inversiones y también se excepcionan algunas materias. Así, se dice que algunas quedan reservadas y que va a regir la legislación nacional, y no el Protocolo. Las leí y son muy importantes. Ahora bien, sé, tengo claro, que los Gobiernos de los respectivos países han hecho caer de facto muchas de estas excepciones. Han privatizado sectores como la telefonía, la aeronáutica, la minería, etcétera, pero no porque lo hayan hecho de facto no rige para nosotros. Es más, por ejemplo, en el sector automotriz hoy rigen como excepciones, y ya sabemos los líos que se han armado en el MERCOSUR...

SEÑOR SINGER.- No es así.

SEÑOR GARGANO.- Sí, señor Senador, tenemos un convenio que ha llevado años negociar para permitir que se llegue a un acuerdo en el sector automotriz.

SEÑOR SINGER.- Eso es otra cosa.

SEÑOR GARGANO.- El acuerdo que tenemos a consideración en el día de hoy permite todo a los quintos países. Me explico: mientras que en el Protocolo que no se aprobó rigen excepciones que son materia reservada para los países, en este otro la libertad es total y, además, se aplican las normas de prórroga de jurisdicción de la que hemos hablado. Pero además está la referencia: votaron uno en función del otro. Esa es la verdad.

Entonces, pienso que no se puede tener una política más graciosa con quintos países que la que tenemos con los propios socios del MERCOSUR. Reitero que entendí bien la argumentación del señor Senador Singer, pero no la comparto. Me parece que no se puede ser más generoso con los que están fuera del proceso de integración que con los que están dentro, y que sería muy bueno tener un acuerdo que rigiera para ellos y nosotros. Hoy, en determinadas materias, los brasileños no tienen acuerdo para poder organizar inversiones que no se apliquen a la legislación nacional. En esa materia se les aplica toda la legislación nacional, porque no hay Protocolo. Esto no rige, señor Presidente, porque no fue aprobado; el referente fundamental no fue aprobado. Por lo tanto, no hay acuerdo y, por ende, rige la legislación nacional y no hay jurisdicción prorrogada, ni materia fácil de hacer en cualquier momento.

Estas son las razones por las cuales no lo votamos.

Muchas gracias.

SEÑOR SINGER.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Singer.

SEÑOR SINGER.- Señor Presidente: quiero hacer una precisión importante.

El señor Senador Gargano hace acopio argumental del Anexo del Protocolo de Colonia como si estuviera vigente. Es un Protocolo que sólo fue suscrito; no tiene ninguna vigencia, porque no entró en práctica ni fue aprobado por ningún país. Por lo tanto, es un documento que suscribieron los Gobiernos, pero no está vigente. Las excepciones aquí mencionadas no están en vigencia en ningún país; no existen. Las excepciones que puedan existir en cada uno de nuestros países son otras y no tienen nada que ver con el Protocolo de Colonia. Por lo tanto, no se puede atar una cosa a la otra.

El Protocolo que tenemos a consideración apunta a una cuestión central que es muy importante para el trabajo de nuestra gente: asegurar que en Brasil, en Argentina, en Paraguay y en el Uruguay, en materia de promoción de inversiones del exterior, rijan las mismas reglas. Si no procedemos de esta forma y no tenemos un texto que unifique la política en esta materia en los cuatro países, entonces, como decía un periodista chileno, "estamos sonados". ¿Por qué? Porque si un país puede dar un tratamiento a las inversiones del exterior con ventajas sobre otros países miembros del MERCOSUR, seguramente tendrá, sobre los restantes, ventajas apreciables que irán en detrimento de ellos.

Me parece que este Protocolo es un texto importante, porque nos va a asegurar que cada uno de nuestros países aplicará en materia de inversiones del exterior, de terceros países, la misma política. Repito que ese es el centro de la cuestión.

Muchas gracias.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: creo que no nos podemos entender con el señor Senador Singer, porque partimos de dos visiones distintas de la realidad. Estoy de acuerdo con él en que este Protocolo que se trae hoy a consideración afecta a los cuatro países con relación a inversores de quintos países -digo esto porque siempre se habla de terceros países, cuando son dos; pero ahora los de afuera son los quintos países- y les da un tratamiento excepcional, como ha ocurrido en otros Protocolos bilaterales que hemos realizado con Alemania Federal, como mencionaba el señor Senador Singer, y con otros países, que nosotros hemos votado en contra.

Vuelvo a explicar que en el Protocolo que no aprobamos y al cual éste se refiere, no sólo establecíamos los mecanismos favorables al inversor de Brasil, de Argentina o de Paraguay en nuestro país, y a la inversa, sino que además los limitábamos en determinadas materias, y de ahí las reservas a ellos. Es decir que tenemos un criterio restrictivo para los socios del Mercado Común del Sur.

Tercer argumento. Está absolutamente claro que no está en vigencia, pero no hay materia jurídica aprobada para el tratamiento de las inversiones de los países del MERCOSUR y, por lo tanto, no existen normas que lo rijan, salvo las generales como, por ejemplo, la Ley de Inversiones de Uruguay que se aplica aquí sin ninguna contraprestación de los otros, sin que tengamos una Ley de Inversiones en Brasil. Es, pues, una materia jurídica desierta.

Ahora bien, lo que traté de demostrar es que éramos mucho más exigentes con nuestros socios que con los que ahora son quintas partes. Es un criterio y se puede actuar así; también se puede vender la telefonía celular y la básica, los ferrocarriles, los Puertos, la energía eléctrica o lo que se quiera, pero eso es otra materia. Lo que digo es que esto está abriendo a los quintos países todas las áreas y que, además, esas inversiones van a venir sin ninguna cortapisa. Por lo demás, las controversias que pueda haber en el país se van a solucionar donde quiera el inversor y no donde queramos nosotros, que siempre hemos defendido la jurisdicción nacional. Estas son formas de ver las cosas.

Lo último que voy a decir -no lo hice antes, porque parto de la base de que todos nos entendemos- es que este Protocolo se sancionó porque entre Argentina y Brasil había una disputa feroz por ver quién atraía más inversiones y otorgaba más facilidades. Dentro de Brasil hay una disputa feroz entre los Estados que bajan más los impuestos a unos y menos a otros. Seguramente, ustedes recordarán lo de Minas Gerais con Paraná en relación al traslado de la Ford a este último Estado, porque en el primero le ponían un impuesto, cosa que no ocurría en Paraná. Quiere decir que la disputa por captar inversiones es de tal naturaleza que el Protocolo que tenemos hoy a consideración quería introducirle determinadas normas que son muy formales. Los beneficios para cada uno de los países no están escritos aquí; se pretende establecer normas comunes, pero son en beneficio del inversor.

Hay alguna frase que dice que no se adoptarán resoluciones que den beneficios que exorbiten a otros Estados, aquellos que se dan a los inversores nacionales. En realidad, los que pierden son estos últimos porque nunca pueden tener un beneficio mayor que el de los inversores extranjeros. Esto lo dice a título expreso el Protocolo que estamos considerando hoy.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Cuando se efectuó el repartido del informe del señor Senador Singer sobre este proyecto, hice un pedido -como miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales- en el sentido de que se postergara su tratamiento en la Comisión, porque tenía algunas dudas fundamentalmente sobre la mención que se hace al Protocolo de Colonia. De todas maneras, debo reconocer que esto ha sido aclarado por el señor Senador Singer. Posteriormente y estando yo de licencia, se aprobó en Comisión y no pude hacer las aclaraciones pertinentes, aunque en este momento las ha hecho el señor Senador Singer, tal como me las brindó, personalmente, en la última sesión. Por ese motivo, le indiqué al señor Senador que, aclarado ese aspecto, podía votar este proyecto de ley.

Ahora bien, las reflexiones que ha hecho el señor Senador Gargano sobre el tratamiento preferencial que tendrían los terceros Estados frente a los del MERCOSUR al no aprobarse el Protocolo de Colonia, me hace dudar y me lleva a considerar la posibilidad -si el señor Senador estuviera de acuerdo- de discutir este tema el día jueves, cuando concurrirá el señor Ministro a la Comisión, o pedirle aclaraciones a él. Reconozco que ese Protocolo no está vigente, entre otras cosas, por las objeciones que nosotros formulamos -que también tenían que ver con las excepciones que se hacían con respecto a las inversiones en las tierras por parte de los distintos países- pero no sólo por eso. Seguramente existieron otras pero, finalmente, el señor Ministro nos recomendó que lo dejáramos más tiempo en la Comisión antes de aprobarlo. Entonces, si se menciona como base de este Protocolo el de Colonia en toda su extensión, se me crea una duda que quisiera aclarar en el seno de la Comisión, ya que apenas faltan 48 horas para contar con la presencia del señor Ministro. Por este motivo, sugiero que lo consideremos la próxima semana, más allá de que, eventualmente, tengamos que realizar una sesión extraordinaria.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Quiero hacer una breve reflexión, porque este tema ha sido discutido muchas veces en el Senado y el señor Senador Gargano ya hizo una exposición, que compartimos. En general, cuando los inversores solicitan, frente a problemas de controversia, un Tribunal Arbitral o simplemente un Tribunal, no lo votamos. Sin embargo, aquí se pusieron arriba de la mesa -quiero hacer esta aclaración, aunque este proyecto de ley vuelva a la Comisión- nuevos argumentos, que son reales. Por ejemplo, si nosotros hacemos un acuerdo con Alemania y los alemanes realizan inversiones en el Uruguay, al suscitarse una controversia con el Estado, ellos tienen derecho a contar con un Tribunal que esté fuera de nuestro país. Acá hay un Protocolo donde se da igualdad de condiciones -como dice el señor Senador Singer- a Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay a los efectos de realizar inversiones fuera del MERCOSUR; entonces, el señor Senador dice que lo que se quiere, con esto, es dar igualdad de condiciones para todos los inversores fuera del MERCOSUR y que los cuatro países otorguen el mismo tratamiento. Desde el punto de vista del Protocolo y de la solución de controversias, es cierto y es un argumento válido. A mi entender, la verdad es que para que vengan inversiones directas este Protocolo juega muy poco y, en esencia, influyen mucho más -esto está fuera de este tema- las políticas cambiarias, tributarias o de exoneración que hacen los Estados brasileños. Por tanto, hay igualdad para solución de controversias, pero no para las políticas económicas, que es lo que realmente influye sobre una inversión directa extranjera.

Quisiera agregar algo más, dentro del MERCOSUR, en razón de la diferencia de tamaño que existe con Argentina y Brasil, una inversión directa normalmente va mucho más a esos países que al Uruguay. Por tanto, el argumento de que acá hay igualdad de condiciones yo no lo quiero. Necesito, como país pequeño que somos, que Brasil y Argentina me den mejores condiciones para las inversiones directas; aquellas condiciones que dichos países no otorgan, se las deben dar a los países chicos para que tengan alguna chance de que venga alguna inversión directa y no se localicen fundamentalmente en Brasil y, en segundo término, en la Argentina. En definitiva, el argumento es mayor. Es verdad que para la solución de controversias aquí se da una situación de igualdad pero, en realidad, no quiero igualdad sino una discriminación favorable a los países chicos en materia de inversión directa extranjera. Este tema lo hemos conversado muchas veces con el Gobierno brasileño y nos han dicho que tenemos razón y que, si no tenemos un beneficio distinto al que brindan Brasil y Argentina, no vamos a recibir una inversión directa extranjera.

SEÑOR SINGER.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Singer.

SEÑOR SINGER.- Voy a acoger el planteamiento del señor Senador Pereyra porque me parece razonable, ante la duda que él manifestó. Entonces, si el día jueves vamos a contar con la presencia del señor Ministro en la Comisión, sería lógico que el señor Senador plantee allí sus interrogantes que, supongo, podrán ser evacuadas por dicho jerarca.

Me voy a referir ahora a lo que acaba de decir el señor Senador Couriel y, en todo caso, vamos a tratar un tema que no tiene nada que ver con lo que estamos considerando ni con lo que mencioné. Lo aclaro, porque no me extendí más allá del ámbito que protege el Protocolo que estamos considerando, de Promoción y Protección de Inversiones. Sin embargo, el señor Senador Couriel nos presenta como una novedad que Brasil es un ámbito mejor para el inversor, porque se trata de un país que tiene una extensión de 8:000.000 y pico de kilómetros cuadrados y 160:000.000 de habitantes, mientras que nuestro país abarca 178.000 kilómetros cuadrados y tiene 3:300.000 habitantes, como si nosotros no supiéramos que esto es así. Conocemos este aspecto, pero lo que estamos tratando es de ir adecuando las realidades a los efectos de ir caminando de la mejor forma posible en el desarrollo del MERCOSUR. Lo que él plantea lo hemos venido manifestando hace mucho tiempo. Nosotros somos de los que creemos que, si ha faltado algo en la relación entre los países del MERCOSUR, ello es lo que se denomina "el tratamiento de las asimetrías". Europa pudo avanzar en la creación de la Unión Europea, precisamente, porque un tema central en la construcción de la Comunidad Económica Europea y luego de la Unión Europea, ha sido el tratamiento de las asimetrías. De otra manera, ¿cómo podría haber ingresado Grecia a la Comunidad Europea frente a un país como Alemania? La diferencia entre esos dos países es diez veces mayor que la que existe entre Brasil y Uruguay; pero, precisamente, los europeos consideraron que el tratamiento de las asimetrías en el nivel de desarrollo de otros países era una cuestión esencial para que se pudiera organizar una comunidad entre Estados con desarrollo diferente.

Eso ya lo sabemos, pero no es el tema que estamos considerando ahora. En este momento, estamos tratando lo que tiene que ver con la promoción y protección de inversiones provenientes de Estados que no son parte del MERCOSUR, dentro del marco establecido en este Protocolo. Lo que he sostenido -y lo reitero- es que me parece que esto es conveniente para proteger los intereses de todos y, entre otros, los de nuestro país.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Muy brevemente, quiero decir que me parece bien lo que señala el señor Senador Singer. Manifestó, con gran generalidad, que con este Protocolo se daban condiciones iguales para la promoción de inversiones y ahora acepta que, sin ninguna duda, hay otros temas que están fuera de este Protocolo -eso es verdad- y que diferencian la posibilidad de recibir inversiones o no. Sin embargo, no contesta otro argumento que di. Personalmente, no quiero igualdad de condiciones, sino una diferencia de condiciones y este Protocolo da igualdad de condiciones. Lo que deseo es diferenciarme, que los países pequeños tengan alguna ventaja, con respecto a los grandes, para poder recibir inversiones.

SEÑOR SINGER.- No hay peor sordo que el que no quiere oír.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor Senador Pereyra, en el sentido de aplazar la consideración de este tema hasta la semana próxima, luego de la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Aclaro que he votado esto, específica y exclusivamente, por cortesía parlamentaria. Si hubiera sido sincero conmigo mismo, tendría que haber votado en contra. Aunque estoy absolutamente seguro de que el señor Senador Pereyra quería aclarar una serie de dudas, acá hay un problema real. Antes de entrar acá, todos sabíamos que la Bancada del Frente Amplio no iba a votar este Protocolo y que las otras sí lo harían. No obstante, las Bancadas del Partido Nacional y del Partido Colorado no tienen votos suficientes como para aprobarlo. Entonces, mi actitud más sincera hubiera sido proponer una votación para que saliera negativa, pero he votado esta moción por cortesía. Este fenómeno se está repitiendo. Nuestra bancada siempre está aquí, en el Senado, tanto cuando se trata de leyes favorables como desfavorables.

SEÑOR PRESIDENTE.- En un fundamento de voto no se puede hacer alusiones políticas.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: bórrelo de la versión taquigráfica, pero necesitaba este desahogo, porque esto se reitera constantemente. Creo que, desde la Mesa -esta no es una crítica, sino una sugerencia- hay que exhortar a los señores Legisladores a que estén acá. Por suerte, nuestra bancada está exhortada de manera orgánica y, en lo posible, no estamos afuera.

Muchas gracias y borre la alusión de la versión taquigráfica.

SEÑOR PRESIDENTE.- No se trata de borrar, sino de no hablar, que es algo distinto.

SEÑOR KORZENIAK.- Pero ya hablé.

SEÑOR PRESIDENTE.- Lo tomamos como un desahogo.

Para hacer una aclaración, tiene la palabra el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Cuando presenté la moción, no conté cuántos Senadores había en Sala. No tenía el propósito de lograr determinado número para tratar el asunto, sino que hice la solicitud por el fondo del tema.

24) LIMITE EXTERIOR DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL DE NUESTRO PAIS

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se declaran de interés nacional, los estudios y trabajos necesarios para establecer la traza del límite exterior de la plataforma continental de nuestro país. (Carp. Nº 442/01 - Rep. Nº 251/01)".

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 442/01
Rep. Nº 251/01

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único. - Decláranse de interés nacional los estudios y trabajos necesarios para establecer la traza del límite exterior de la plataforma continental de nuestro país, referidos en los artículos 10 y 18 de la Ley Nº 17.033, de 20 de noviembre de 1998.

El Poder Ejecutivo determinará la asignación de los recursos correspondientes.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 8 de mayo de 2001.

Gustavo Penadés Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO.- Decláranse de interés nacional los estudios y trabajos necesarios para establecer la traza del límite exterior de la plataforma continental de nuestro país, referidos en los artículos 10 y 18 de la Ley Nº 17.033, de 20 de noviembre de 1998.

El Poder Ejecutivo determinará la asignación de los recursos correspondientes."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

25) DIVORCIO POR LA SOLA VOLUNTAD DE CUALQUIERA DE LOS CONYUGES

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 187, ordinal 3º del Código Civil, relativo al divorcio por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges. (Carp. Nº 392/01 - Rep. Nº 252/01)".

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 392/01
Rep. Nº 252/01

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Constitución y Legislación aconseja al Senado la aprobación del adjunto proyecto de ley sustitutivo, por el que se modifica la causal de divorcio por sola voluntad de la mujer, prevista por el Art. 187 del Código Civil.

El proyecto original presentado por el Senador Ruben Correa Freitas, propone modificar el ordinal tercero del artículo 187 del Código Civil, en la redacción dada por la Ley Nº 4.802 de fecha 9 de setiembre de 1913, admitiendo el divorcio por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges, eliminado con ello la distinción de género para la solicitud de divorcio, lo que sí podía comprenderse y ampararse a principios del Siglo XX.

En tal sentido, se propone la comparencia por escrito ante el Juez competente y la realización de tres audiencias, con plazos no mayores de sesenta días entre las mismas, debiendo previamente solucionarse la situación de los hijos menores.

La Comisión, por unanimidad de sus miembros, está de acuerdo con la filosofía del proyecto, habiéndose propuesto en Sala algunas modificaciones que se habrán de detallar a continuación:

a) Se distingue si el matrimonio tiene hijos menores de edad o no. En caso que el matrimonio no tenga hijos menores de edad, se prevé que el Juez competente pueda decretar la disolución del vínculo matrimonial en la segunda audiencia. En cambio, si el matrimonio tiene hijos menores de edad, deberán realizarse las tres audiencias de precepto.

b) El plazo para la convocatoria de las audiencias es de noventa días, en vez de los sesenta días que preveía el proyecto original.

Corresponde señalar, que esta causal sólo podrá promoverse después de dos años de celebrado el matrimonio, previéndose además que en caso de inasistencia sin motivo justificado del cónyuge solicitante a cualquiera de las audiencias, se le tendrá por desistido en su pretensión.

En síntesis, pues, el procedimiento previsto por el proyecto que se eleva a consideración del Pleno del Senado es el siguiente:

a) Matrimonio sin hijos menores de edad: cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio por su sola voluntad, debiendo presentarse por escrito ante el Juez competente, quien convocará a una primera audiencia, en la que se intentará la conciliación entre las partes. Si no hubiere conciliación, el Juez convocará a las partes a una nueva audiencia dentro del término de noventa días, en la cual si el solicitante ratifica su voluntad de divorciarse, el Juez decretará la disolución del vínculo matrimonial.

b) Matrimonio con hijos menores de edad: cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio por su sola voluntad, debiendo presentar escrito ante el Juez competente. Se convoca a audiencia, en la que se procura la conciliación y si no la hay, se deberá resolver sobre la situación de los hijos, en cuanto a la guarda, visitas y pensión alimenticia. Se convoca a nueva audiencia dentro del término de noventa días, en donde si el solicitante mantiene su voluntad de divorciarse se convoca a una tercera y última audiencia en un plazo no mayor de noventa días y si se mantiene la decisión de divorciarse por parte del cónyuge que promovió el juicio, el Juez deberá decretar el divorcio.

Por los fundamentos expuestos, vuestra Comisión aconseja, por unanimidad de sus miembros, la aprobación del proyecto de ley sustitutivo sobre divorcio por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges.

Sala de la Comisión, el 5 de junio de 2001.

Ruben Correa Freitas (Miembro Informante), Alejandro Atchugarry, Gustavo Borsari, Yamandú Fau, Francisco Gallinal, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Manuel Núñez, Enrique Rubio. Senadores.

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo único. - Modifícase el ordinal 3º del artículo 187 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"3º. Por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges.

En este caso, el cónyuge deberá comparecer por escrito ante el Juzgado competente, solicitando la disolución del vínculo matrimonial. El Juzgado deberá citar a los cónyuges a una audiencia en la que se intentará la conciliación y se resolverá la situación de los hijos menores de edad o incapaces, si los hubiere, fijándose la guarda, el régimen de visita y la pensión alimenticia. Si el cónyuge contra quien se pide el divorcio no compareciere, el Juez deberá resolver sobre la guarda, el régimen de visita y la pensión alimenticia de los hijos menores, si los hubiere. En todos los casos, en la primera audiencia, si no hubiere conciliación, el Juez deberá decretar la separación provisional de los cónyuges y fijará nueva audiencia dentro del término de noventa días. En la segunda audiencia, el Juez procurará nuevamente la conciliación entre las partes. Si el cónyuge solicitante persiste en su voluntad de divorciarse, se labrará un acta y se fijará una última audiencia, en un plazo no mayor de noventa días.

En la tercera y última audiencia, si el cónyuge solicitante mantiene su voluntad de divorciarse, el Juez dictará sentencia definitiva, decretando la disolución del vínculo matrimonial entre las partes, por la causal divorcio.

Cuando no hubieren hijos menores de edad del matrimonio, el Juez podrá decretar la disolución del vínculo matrimonial en la segunda audiencia.

En caso de que el cónyuge solicitante no concurriere a cualquiera de las audiencias, sin motivo justificado, se le tendrá por desistido en su pretensión.

El divorcio por la sola voluntad de uno de los cónyuges no podrá solicitarse hasta después de dos años de la celebración del matrimonio".

Sala de la Comisión, el 5 de junio de 2001.

Ruben Correa Freitas (Miembro Informante), Alejandro Atchugarry, Gustavo Borsari, Yamandú Fau, Francisco Gallinal, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Manuel Núñez, Enrique Rubio. Senadores.

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

SE CONSAGRA EL DIVORCIO POR LA SOLA VOLUNTAD DE
CUALQUIERA DE LOS CONYUGES

Artículo 1º. - Modifícase el Art. 187 ordinal 3º del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"3º. - Por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges.

En este caso, el cónyuge deberá comparecer por escrito ante el Juzgado Letrado de Familia o Juzgado Letrado de Primera Instancia de Turno competente, solicitando la disolución del vínculo matrimonial. El Juzgado deberá citar a los cónyuges a una audiencia, en la que se intentará la conciliación y se resolverá la situación de los hijos menores de edad, si los hubiere, fijándose la pensión alimenticia correspondiente. Si el cónyuge contra quien se pide el divorcio no compareciere, el Juez deberá resolver sobre el régimen de tenencia, visitas y pensión alimenticia de los hijos menores, si los hubiere. En todos los casos, en la primera audiencia, si no hubiere conciliación, el Juez deberá decretar la separación provisional de los cónyuges y fijará nueva audiencia dentro del término de noventa días.

En la segunda audiencia, el Juez procurará nuevamente la conciliación entre las partes. Si el cónyuge solicitante persiste en su voluntad de divorciarse, se labrará un acta y se fijará una última audiencia, en un plazo no mayor de noventa días.

En la tercera y última audiencia, si el cónyuge solicitante mantiene su voluntad de divorciarse, el Juez dictará sentencia definitiva decretando la disolución del vínculo matrimonial entre las partes, por la causal divorcio.

Cuando no hubieren hijos del matrimonio, el Juez podrá decretar la disolución del vínculo matrimonial en la segunda audiencia.

En caso de que el cónyuge solicitante no concurriere a cualquiera de las audiencias, sin motivo justificado, se le tendrá por desistido en su pretensión.

El divorcio por la sola voluntad de uno de los cónyuges, no podrá solicitarse hasta después de dos años de la celebración del matrimonio".

Ruben Correa Freitas. Senador.

PROYECTO DE LEY

SE CONSAGRA EL DIVORCIO POR LA SOLA VOLUNTAD
CUALQUIERA DE LOS CONYUGES

Artículo 1º. - Modifícase el Art. 187 ordinal 3º del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"3º. - Por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges.

En este caso, el cónyuge deberá comparecer por escrito ante el Juzgado Letrado de Familia o Juzgado Letrado de Primera Instancia de Turno competente, solicitando la disolución del vínculo matrimonial. El Juzgado deberá citar a los cónyuges a una audiencia, en la que se intentará la conciliación y se resolverá la situación de los hijos menores de edad, si los hubiera, fijándose la pensión alimenticia correspondiente. Si el cónyuge contra quien se pide el divorcio no compareciere, el Juez deberá resolver sobre el régimen de tenencia, visitas y pensión alimenticia de los hijos menores, si los hubiere. En todos los casos, en la primera audiencia, si no hubiere conciliación, el Juez deberá decretar la separación provisional de los cónyuges y fijará nueva audiencia dentro del término de sesenta días.

En la segunda audiencia, el Juez procurará nuevamente la conciliación entre las partes. Si el cónyuge solicitante persiste en su voluntad de divorciarse, se labrará un acta y se fijará una última audiencia, en un plazo no mayor de sesenta días.

En la tercera y última audiencia, si el cónyuge solicitante mantiene su voluntad de divorciarse, el Juez dictará sentencia definitiva decretando la disolución del vínculo matrimonial entre las partes, por la causal divorcio.

En caso de que el cónyuge solicitante no concurriere a cualquiera de las audiencias, sin motivo justificado, se le tendrá por desistido en su pretensión.

El divorcio por la sola voluntad de uno de los cónyuges, no podrá solicitarse hasta después de dos años de la celebración del matrimonio".

Ruben Correa Freitas. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Montevideo, 14 de marzo de 2001.

Señor Presidente de la Cámara de Senadores:

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 133 de la Constitución de la República, vengo a presentar un proyecto de ley por el que se consagra el divorcio por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges.

En tal sentido, se propone modificar el ordinal tercero del artículo 187 del Código Civil, que tiene su origen en la Ley Nº 4.802 de fecha 9 de setiembre de 1913, por el que se admitió el divorcio por la sola voluntad de la mujer.

Considero que a partir de la vigencia de la ley de derechos civiles de la mujer, regulada por la Ley Nº 10.783, de fecha 18 de setiembre de 1946, no tiene sentido mantener una distinción de género para la solicitud de divorcio, extremo que si podía comprenderse a principios del Siglo XX de acuerdo con las enseñanzas de Don Carlos Vaz Ferreira en su libro sobre Feminismo.

En tal sentido, el Senador Domingo Arena aclaró que al principio se opuso a las razones expuestas por Vaz Ferreira, dado que éste entendía que el divorcio por el mutuo consentimiento estaba en los hechos en las manos del hombre "desde que siempre que quiere lo impone a la mujer" (citado por Grompone, Romeo; "Divorcio" página 207).

Según el "Anuario Estadístico" del Instituto Nacional de Estadísticas, en la década comprendida entre 1988 y 1998 se produjeron 77.297 divorcios en el Uruguay, de los cuales 41.301 corresponden a Montevideo. En la práctica, más del 80% de los divorcios se realizan por la causal "riñas y disputas", lo que obliga a las partes a ofrecer el testimonio de personas que hayan presenciado las riñas y disputas que hagan insoportable la vida en común. En los hechos, resulta sumamente difícil probar dicho extremo, dado que normalmente las riñas y disputas de los cónyuges son, como dice nuestra jurisprudencia, "secretos de alcoba". Estos fundamentos fueron expresados en el Senado cuando se discutió el proyecto de ley por el cual se consagró el divorcio por la sola voluntad de la mujer (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, Tomo 102, páginas 40 y 41).

La primera ley de divorcio en el Uruguay fue aprobada en la Ley Nº 3.245 de fecha 26 de octubre de 1907, por la cual se admitió la disolución del vínculo matrimonial por diversas causales y por el mutuo consentimiento de los cónyuges.

Actualmente las normas sobre divorcio contemplan, entre otras causales, el divorcio por el mutuo
consentimiento de las partes y el divorcio por la separación de hecho por más de tres años (Código Civil, artículos 187 y 148 numeral 9º).

Tal como está estructurado actualmente el divorcio por sola voluntad de la mujer tiene una duración de casi dos años, lo que torna difícil el procedimiento de poner fin a una relación matrimonial, que ya ha sido disuelta en los hechos.

El proyecto de ley que someto a consideración del Senado, tiene los siguientes objetivos básicos:

a) En primer lugar, dar igualdad de tratamiento a ambos cónyuges, para que por su sola voluntad puedan solicitar el divorcio, sin tener que expresar los motivos o las causas y sin necesidad de recurrir a testigos de oídas que poco o nada saben de los problemas reales que tiene el matrimonio.

b) En segundo lugar, se consagra un procedimiento más abreviado, con una presentación inicial de la solicitud de divorcio por escrito ante el Juez competente y la realización de tres audiencias, en las que el solicitante deberá ratificar su voluntad de disolver el vínculo matrimonial, al término de las cuales el Juez dictará la sentencia de divorcio. Corresponde aclarar que en su conjunto el plazo máximo de duración de esta causal de divorcio, será de seis meses aproximadamente y no de dieciocho meses o más como el régimen vigente.

c) En tercer lugar, esta causal de divorcio no podrá ejercerse por cualquiera de los cónyuges, sino después de dos años de celebrado el matrimonio.

d) En cuarto lugar, en la primera audiencia que se celebre ante el Juzgado competente, las partes deberán solucionar la situación de los hijos menores de edad, especialmente en todo lo relacionado con el régimen de pensión alimenticia, tenencia y visitas.

He de señalar que la causal de divorcio por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges, fue prevista en el proyecto de ley presentado al Parlamento el 26 de febrero de 1912, por el Representante Nacional Ricardo Julio Areco.

Más allá de las consideraciones que se puedan realizar sobre la oportunidad o conveniencia del adjunto proyecto de ley, estimo que constituye un importante avance en la legislación social del Uruguay, que se caracterizara desde principios del Siglo XX como una de las más importantes de América Latina y del mundo, procurando proteger la intimidad de la familia al impedir que se deban ventilar ante los estrados judiciales, las miserias humanas de las que ninguno de los seres humanos estamos ajenos.

En la sociedad moderna, cada vez se hace más difícil la convivencia entre los cónyuges, razón por la cual el divorcio, que antes era una "rara avis", se ha convertido en los hechos en un instituto del Derecho de Familia que cada vez se utiliza con más frecuencia, por quienes consideran que han fracasado en la vida matrimonial, intentando muchas veces formar un nuevo hogar para lograr la felicidad.

En nuestro país, el índice de divorcio ha aumentado considerablemente en los últimos años, lo que no es un hecho alentador, pero creo que el Legislador tiene la obligación de analizar los hechos sociales, para dar respuesta a los requerimientos de la realidad.

Sería imposible en la actualidad prohibir el divorcio, pero sí estimo que es posible canalizar las demandas con un procedimiento más ágil y eficiente, asegurando la igualdad de tratamiento para los cónyuges y evitando la expresión de las razones por los cuales se solicita la disolución del vínculo matrimonial.

Saluda al Sr. Presidente;

Ruben Correa Freitas. Senador.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- No sé si estamos en número como para poder tratar el proyecto; de lo contrario, planteamos que se postergue la consideración de este asunto para una próxima sesión ordinaria dado que, lamentablemente, hay escaso quórum en el Senado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay quórum para votar, señor Senador.

Puede continuar el señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: los fundamentos por los cuales la Comisión de Constitución y Legislación del Senado aconseja al Pleno la aprobación del proyecto de ley sustitutivo, por el cual se modifica el ordinal 3º del artículo 187 del Código Civil, están explicitados en el informe que, por unanimidad, ha suscrito la Comisión, así como en la exposición de motivos del proyecto de ley que oportunamente hiciéramos llegar al Senado.

El proyecto de ley tiende a modificar la causal de divorcio que, desde la Ley de 1913, es por la sola voluntad de la mujer, llevándola a que el divorcio pueda ser solicitado por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges. Esta es la primera modificación de importancia, dado que se admite que cualquiera de los cónyuges, sin expresar el motivo, puede solicitar el divorcio por su sola voluntad.

El procedimiento es similar al que establece el ordinal 3º del actual artículo 187 del Código Civil, pero con algunas variantes que nos parece importante destacar.

En primer lugar, se exige que el cónyuge comparezca por escrito ante el Juzgado competente, solicitando el divorcio. En ese caso, el proyecto de ley sustitutivo aprobado por la Comisión distingue dos situaciones: la de un matrimonio sin hijos menores de edad o, de lo contrario, la de un matrimonio con hijos menores de edad. Si el matrimonio no tiene hijos menores de edad, el Juez convocará a una primera audiencia en la que se deberá intentar la conciliación; de no obtenerse la misma, se decreta la separación provisional de los cónyuges y se convoca a una nueva audiencia, dentro del término de 90 días. Para el caso de que el matrimonio no tenga hijos, el proyecto de ley prevé que, en esta segunda audiencia, el Juez pueda decretar el divorcio.

En cambio, en la hipótesis de que el matrimonio tenga hijos menores de edad o incapaces, en la primera audiencia el Juez debe resolver sobre la situación de los hijos menores o incapaces, especialmente en todo lo relacionado con la guarda, régimen de visitas y pensión alimenticia. En este caso, se prevén dos audiencias más, es decir, dos audiencias con un plazo de 90 días cada una.

En la hipótesis de divorcio por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges en que el matrimonio tenga hijos menores de edad, nos encontramos con que hay tres audiencias separadas por un plazo de 90 días.

Por todo lo expuesto, la Comisión considera que este es un proyecto de ley de avanzada en el Derecho Comparado; tan es así, que actualmente no hay ejemplos y no los había en el año 1913. Quizás, debamos remontarnos al Derecho Romano para encontrar una causal parecida o a la época revolucionaria francesa, concretamente a la Ley francesa de 1792, que admitía el divorcio por incompatibilidad de caracteres. Indudablemente, como afirma, con mucha precisión, Romeo Grompone en su libro "Divorcio", esta es una solución típicamente uruguaya. O sea, que la causal de divorcio por sola voluntad es una solución exclusivamente uruguaya y única en el Derecho Comparado. Por lo tanto, la Comisión de Constitución y Legislación aconseja al Pleno la aprobación de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Se va a votar una moción llegada a la Mesa, en el sentido de que se suprima la lectura del artículo único.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD

En consideración el artículo único.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

26) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- Agotado el orden del día, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 18 y 56 minutos, presidiendo el señor Luis Hierro López y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Astori, Atchugarry, Borsari, Brause, Cid, Correa Freitas, Couriel, de Boismenu, Fernández Huidobro, Gargano, Korzeniak, Mujica, Núñez, Pereyra, Rodríguez, Singer, Virgili y Xavier.)

SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Sr. Mario Farachio Secretario - Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.