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Nº 105 - TOMO 407 - 5 DE JUNIO DE 2001

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

23ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente,

el SEÑOR SENADOR WALTER RIESGO Primer Vicepresidente

y el SEÑOR SENADOR DANILO ASTORI Segundo Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO y ARQ. HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

- La señora Senadora Xavier solicita se curse un pedido de informes al Instituto Nacional del Menor relacionado con la partida presupuestal asignada a ese organismo en el Presupuesto Nacional.
- El señor Senador Gargano solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con destino al Banco Hipotecario del Uruguay relacionado con los gastos de publicidad radial, televisiva y de prensa desde el 1º de mayo de 2000 al 31 de mayo de 2001.
- Oportunamente fueron tramitados.

5) Proyecto presentado

- El señor Senador Millor presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa con el nombre de Eber Da Rosa Viñoles la Escuela de Tiempo Completo Nº 112 del departamento de Cerro Largo.
- A la Comisión de Educación y Cultura.

6) Exposición escrita

- El señor Senador Correa Freitas solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería con destino a UTE relacionada con la utilización de las paredes de los edificios del Ente para propaganda política y sindical.
- Se procederá de conformidad.

7) Operativo "Frío Polar"

- Manifestaciones del señor Senador Larrañaga.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al señor Presidente de la República, al Congreso Nacional de Intendentes, a las Intendencias Municipales, Juntas Departamentales de todo el país, a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, al de Defensa Nacional y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

8) Instalación de un liceo militar en la ciudad de Rivera

- Manifestaciones del señor Senador Riesgo.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Ministerio de Defensa Nacional, al señor Comandante en Jefe del Ejército, al señor Jefe de la División III y a la Junta Departamental de Artigas.

9) Dificultades de funcionamiento en algunos comedores del departamento de San José

- Manifestaciones de la señora Senadora Arismendi.
- Por moción de la propia señora Senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Poder Ejecutivo, al Congreso de Intendentes, al Congreso Nacional de Ediles, al Ministerio de Economía y Finanzas y al Instituto Nacional de Alimentación.

10) Día del Medio Ambiente

- Manifestaciones de la señora Senadora Xavier.

11) Crítica situación en el edificio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

- Manifestaciones del señor Senador Brause.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Ministerio de Educación y Cultura, a la Universidad de la República y a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

12) Dramáticas situaciones laborales en distintos departamentos del país

- Manifestaciones del señor Senador Gargano.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Trabajo y Seguridad Social, Junta Departamental de Salto, a la Cámara de Frutos del País y al Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT.

13) Necesidades en el Puerto Oficial de Fray Bentos

- Manifestaciones del señor Senador Heber.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Asociación Comercial e Industrial de Río Negro y a la Junta Departamental de Río Negro.

14) Situación actual del Medio Ambiente

- Manifestaciones del señor Senador Garat.
- A solicitud del señor Senador, el Senado lo autoriza a hacer una exposición sobre este tema en la sesión prevista para el día 16 de los corrientes.

15) Pedido de informes

- Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se determinan plazos para su contestación.
- Por moción del señor Senador Gallinal, el Senado resuelve remitir nuevamente este tema a la Comisión de Constitución y Legislación.

16) Derecho de toda mujer a estar acompañada durante el trabajo de parto incluso en el momento mismo del nacimiento

- Proyecto de ley por el que se establece el mencionado derecho.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

17) Doctor Aquiles Lanza

- Proyecto de ley por el que se designa con su nombre la Escuela de Capacitación de Funcionarios Públicos de la Oficina Nacional del Servicio Civil ubicada en Montevideo.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

18) Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

19) Convención para Reducir los Casos de Apatridia

- Proyecto de ley por el que procede a su aprobación.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

20) Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

21) Acuerdo sobre Asistencia Recíproca entre la República Oriental del Uruguay y la República de Colombia sobre Cooperación y Colaboración en la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y su Abuso en el Marco de la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

22) Acuerdo con el Reino de España sobre Cooperación en Materia de Prevención del Uso Indebido y la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

23) Convenio con el Gobierno de la República Portuguesa para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Esenciales

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

24) Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

25) Acuerdo con el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Construcción de un Segundo Puente sobre el Río Yaguarón en las proximidades de las ciudades de Yaguarón y Río Branco, y Restauración del Actual Puente Barón de Mauá

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- Por moción del señor Senador Gargano, el Senado resuelve devolver este proyecto a la Comisión correspondiente.

26) Convenio Internacional del Trabajo N° 167 sobre Seguridad y Salud en la Construcción

- Proyecto de ley por el que se procede a su ratificación.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

27) Acuerdo sobre Comercio y Cooperación Económica entre la República Oriental del Uruguay y la República de Bulgaria

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

28) Asociación de Amistad Parlamentaria entre la República Oriental del Uruguay y el Estado de Israel

- Proyecto de resolución por el que se procede a su creación.
Asociación de Amistad Parlamentaria entre la República Oriental del Uruguay y la Federación Rusa y Rumania.
- Proyecto de resolución por el que se procede a su actualización.
- En consideración. Aprobados.

29) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

«Montevideo, 1° de junio de 2001.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, el próximo martes 5, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1°) Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se establecen plazos para la contestación de los pedidos de informes cursados a solicitud de los señores Legisladores.

(Carp. N° 242/00 - Rep. N° 194/01)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2°) por el que se establece que toda mujer tendrá derecho durante el trabajo de parto y el nacimiento, a estar acompañada de una persona de su confianza o, en su defecto y a su elección, de una especialmente entrenada para darle apoyo emocional.

(Carp. N° 290/00 - Rep. N° 231/01)

3º) por el que se designa con el nombre "Dr. Aquiles Lanza" la Escuela de Capacitación de Funcionarios Públicos de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

(Carp. N° 432/01 - Rep. N° 236/01)

4º) por el que se aprueba el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, suscrito en Nueva York.

(Carp. N° 393/01 - Rep. N° 232/01)

5º) por el que se aprueba la Convención para Reducir los Casos de Apatridia.

(Carp. N° 343/00 - Rep. N° 239/01)

6º) por el que se aprueba la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.

(Carp. N° 411/01 - Rep. N° 240/01)

7º) por el que se aprueba el Acuerdo sobre Asistencia Recíproca entre la República Oriental del Uruguay y la República de Colombia sobre Cooperación y Colaboración en la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y su Abuso.

(Carp. N° 422/01 - Rep. N° 241/01)

8º) por el que se aprueba el Acuerdo entre la República y el Reino de España sobre la Cooperación en Materia de Prevención del Uso Indebido y la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

(Carp. N° 423/01 - Rep. N° 242/01)

9º) por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República Portuguesa para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Esenciales.

(Carp. N° 424/01 - Rep. N° 243/01)

10) por el que se aprueba el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina.

(Carp. N° 372/01 - Rep. N° 244/01)

11) por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Construcción de un Segundo Puente sobre el Río Yaguarón y Restauración del Actual.

(Carp. N° 412/01 - Rep. N° 245/01)

12) por el que se ratifica el Convenio Internacional del Trabajo Nº 167 sobre Seguridad y Salud en la Construcción.

(Carp. N° 292/00 - Rep. N° 246/01)

13) por el que se aprueba el Acuerdo sobre Comercio y Cooperación Económica entre la República Oriental del Uruguay y la República de Bulgaria.

(Carp. N° 395/01 - Rep. N° 247/01)

Discusión particular de los siguientes proyectos de resolución por los que:

14) se crea la Asociación de Amistad Parlamentaria entre la República Oriental del Uruguay y el Estado de Israel.

(Carp. N° 457/01 - Rep. N° 237/01)

15) se actualiza la integración de la Asociación de Amistad Parlamentaria con Rumania.

(Carp. N° 168/95 - Rep. N° 238/01)

16) se actualiza la integración de la Asociación de Amistad Parlamentaria con la Federación Rusa.

(Carp. N° 1047/98 - Rep. N° 238/01)

Hugo Rodríguez Filippini Secretario - Mario Farachio Secretario

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Arismendi, Astori, Atchugarry, Borsari, Brause, Cid, Correa Freitas, Couriel, de Boismenu, Fau, Fernández Huidobro, Gallinal, Garat, Gargano, Heber, Korzeniak, Larrañaga, Michelini, Millor, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Riesgo, Rodríguez, Rubio, Sanabria, Singer, Virgili y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores García Costa, y Pou.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 17 minutos.)

- Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

«La Presidencia de la Asamblea General remite varios Mensajes del Poder Ejecutivo comunicando haber dictado los siguientes Decretos y Resoluciones:

por el que se designa en el Directorio del Instituto Nacional de Colonización al señor Numa Faliveni;

por el que se aprueba el proyecto de contrato Préstamo Nº 4598-UR a celebrarse entre la República Oriental del Uruguay y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar parcialmente el Proyecto de Modernización de los Servicios Públicos;

por el que se fijan los coeficientes, con vigencia al 1º de julio de 2001, a aplicar en la liquidación de haberes y partidas a los funcionarios del Servicio Exterior;

y adjuntando copias de las Resoluciones adoptadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas referente a las trasposiciones de créditos presupuestales entre los Proyectos de Inversión del Programa 008, financiados con cargo a 1.1 Rentas Generales, y Proyectos de Inversión del Programa 003, Dirección Nacional de Vialidad, financiados con cargo a 1.4 FIMTOP y 2.1 Endeudamiento Externo respectivamente.

-TENGANSE PRESENTE.

La Presidencia de la Asamblea General remite varias notas del Tribunal de Cuentas de la República comunicando las resoluciones adoptadas en los siguientes expedientes:

del Banco de Previsión Social, relacionado con el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, las Notas y los Estados Contables y el Estado de Origen y Aplicación de Fondos al 31 de diciembre de 1999;

del Consejo de Capacitación Profesional, relacionado al Estado de Situación Patrimonial, los Estados de Situación Patrimonial, los Estados de Resultados, Estado de Origen y Aplicación de Fondos y Balance de Ejecución Presupuestal al 31 de diciembre de 1999;

de la Comisión Honoraria Pro-Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre, relacionado con el Estado de Situación Patrimonial, los Estados de Resultados, Estado de Origen y Aplicación de Fondos y Estado de Ejecución Presupuestal al 31 de diciembre de 1999;

del Ministerio de Salud Pública; del Ministerio de Educación y Cultura; del Ministerio de Transporte y Obras Públicas; del Ministerio de Turismo; del Ministerio de Defensa Nacional; del Banco Central del Uruguay; del Banco Hipotecario del Uruguay; de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland; de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas; de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado; de la Administración Nacional de Correos; de la Administración Nacional de Educación Pública; del Instituto Nacional del Menor relacionadas con la ratificación de las observaciones de gastos formuladas a dichos organismos.

-TENGANSE PRESENTE.

El Poder Ejecutivo remite varios Mensajes comunicando la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

por el que se mejoran las condiciones de competitividad de la producción nacional;

por el que se incorpora a la Ley Nº 17.016, sobre estupefacientes, la tipificación como delitos de la transferencia de bienes y activos procedentes del terrorismo, el contrabando y tráfico ilícito de armas y municiones, de seres humanos, órganos, tejidos y medicamentos, sustancias nucleares, obras de arte, animales, materiales tóxicos y otras modalidades de crimen organizado; y

por el que se establece el derecho a optar por su presupuestación a los funcionarios de la Unidad Ejecutora 018 "Dirección General de Registros", que revisten en funciones contratadas de carácter permanente, con más de cinco años en la Administración Pública.

-TENGANSE PRESENTE Y ARCHIVENSE.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería remite la información solicitada por el señor Senador Luis A. Heber, relacionada a la instalación de industrias en el departamento de Río Negro;

-OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR LUIS A. HEBER.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca remite la información solicitada por:

la señora Senadora María Julia Pou relacionada con la situación exportadora del Frigorífico Industrial Pando.

el señor Senador José Mujica, relacionada con la posible existencia de cultivos transgénicos en nuestro país, especialmente de soja.

-OPORTUNAMENTE LE FUERON ENTREGADAS A LA SEÑORA SENADORA MARIA JULIA POU Y AL SEÑOR SENADOR JOSÉ MUJICA.

El Ministerio del Interior y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remiten la información solicitada por la señora Senadora María Julia Pou, relacionada con el cumplimiento de la Ley Nº 16.095, relativa al ingreso de personas con discapacidad.

-OPORTUNAMENTE LE FUERON ENTREGADAS A LA SEÑORA SENADORA MARIA JULIA POU.

La Suprema Corte de Justicia remite Mensajes adjuntando:

los datos estadísticos correspondientes al departamento de Montevideo y a los departamentos del Interior de la República referentes al cuarto trimestre del año 2000, con relación a Desalojos, Lanzamientos, y Acciones de Rebaja de Alquileres, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley Nº 15.799, de 30 de diciembre de 1985.

-REPARTASE.

y las resoluciones adoptadas por las que se efectúan varias transformaciones de cargos.

-TENGANSE PRESENTE.

La Corte Electoral remite nota comunicando la distribución de los créditos presupuestales de conformidad con el artículo 493 de la Ley de Presupuesto Nacional.

-TENGASE PRESENTE.

De conformidad con el artículo 172 del Reglamento del Senado, el señor Senador Ruben Correa Freitas solicita se curse una exposición escrita con destino a UTE, relacionada con la utilización de las paredes de edificios del Ente para propaganda político-sindical.

-HA SIDO DISTRIBUIDA. SE PROCEDERA A VOTAR EL TRAMITE SOLICITADO FINALIZADA LA LECTURA DE LOS ASUNTOS ENTRADOS.

La Comisión de Hacienda eleva informado el proyecto de ley por el que se crea un Nuevo Fondo de Reconversión para el Sector Azucarero.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informado el proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo sobre Promoción y Protección de Inversiones Provenientes de Estados no Partes del MERCOSUR.

-REPARTANSE E INCLUYANSE EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE MAÑANA.

La Junta Departamental de Maldonado remite con destino a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, el planteamiento realizado por varios señores Ediles, relacionado con el tratamiento urgente de la fiebre aftosa.

-A LA COMISION DE GANADERA, AGRICULTURA Y PESCA.

La Junta Departamental de Salto remite nota comunicando la aspiración de esa Corporación de la creación, por transformación, de un Tribunal de Apelaciones con sede en ese departamento.

La Junta Departamental de Maldonado remite nota adjuntado el informe sobre el II Encuentro Latinoamericano de Ediles, Vereadores, Consejales y Regidores, realizado en Santa María (Brasil).

La Junta Departamental de Tacuarembó remite nota relacionada con la difícil situación de la industria cárnica.

La Junta Departamental de Canelones remite nota adjuntando la exposición del señor Edil Jorge Caraballo relacionada con "Nacionalidad que nos correspondería por vivir en el Uruguay".

La Junta Departamental de Durazno remite nota adjuntando la exposición de la señora Edil Ercilia Aramburu relacionada con los Derechos de los Niños y las penas a aplicar a quienes los transgreden.

La Junta Departamental de Montevideo remite nota apoyando la construcción del Cuartelillo de Bomberos en Bulevar Aparicio Saravia y Martirené.

La Junta Departamental de Flores remite nota adjuntando la versión taquigráfica del planteamiento efectuado por el señor Edil Héctor Beceiro relacionado con la pronta aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia.

-TENGANSE PRESENTE

4) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución, la señora Senadora Xavier solicita se curse un pedido de informes al Instituto Nacional del Menor relacionado con la partida presupuestal asignada a ese organismo en el Presupuesto Nacional."

(Texto del pedido de informes:)

«Montevideo, 31 de mayo de 2001.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores
Don Luis Hierro López

De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a usted envíe al Instituto Nacional del Menor el siguiente pedido de informes:

1.- Si está recibiendo ese Instituto el total de la partida de U$S 90 millones asignados al mismo por el Presupuesto Nacional.

2.- En caso de ser afirmativo indicar tiempo y forma en que dicha partida llega al Instituto.

3.- Indicar cuánto se asigna al rubro sueldos, gastos e inversiones, respectivamente.

4.- Indicar cuánto se asigna a subsidios por convenios con asociaciones civiles.

5.- Sírvase informar si la mencionada partida alcanza a cubrir todos los programas del INAME. En caso negativo, ¿cuáles quedan sin cubrir?

Dra. Mónica Xavier. Senadora.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Reinaldo Gargano solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con destino al Banco Hipotecario del Uruguay relacionado con los gastos de publicidad radial, televisiva y de prensa desde el 1º de mayo de 2000 al 31 de mayo de 2001."

(Texto del pedido de informes:)

«Montevideo, 4 de junio de 2001.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores
Don Luis Hierro López

De mi mayor consideración:

De conformidad con lo que establece el Art. 118 de la Constitución de la República, el siguiente pedido de informes dirigido al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y a través suyo al Banco Hipotecario del Uruguay.

Se servirá informar:

1) Presupuesto en Publicidad radial, televisiva y de prensa ejecutado desde el 1º de mayo de 2000 al 31 de mayo de 2001, por el Departamento de Prensa y Relaciones Públicas.

2) Qué monto se invirtió durante ese lapso de tiempo, discriminando radio por radio, canal de televisión por canal de televisión o semanario en el cual se emitió la publicidad o se la imprimió.

3) Mencionar, específicamente, cuánto se invirtió para promocionar los círculos de ahorro en dólares y la utilización a través del BHU de las tarjetas de crédito VISA y MASTER CARD.

4) Enviar copia de las órdenes de pago emitidas a favor de las empresas en las que se realizó la publicidad, tanto las libradas a empresas de la capital como del interior del país.

5) Enviar copia de las resoluciones del Directorio que autorizaron las respectivas contrataciones y si las mismas se adoptaron por unanimidad o mayoría.

Saludo a Ud. muy atentamente.

Reinaldo Gargano. Senador.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Oportunamente fueron tramitados.

5) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Pablo Millor presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa con el nombre de "Dr. Eber da Rosa Viñoles", la Escuela de Tiempo Completo Nº 112 del departamento de Cerro Largo."

-A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

«PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase `Dr. Eber da Rosa Viñoles' a la escuela de Tiempo Completo Nº 112 del Departamento de Cerro Largo dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Dr. Pablo Millor. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

 El presente Proyecto de Ley procura rendirle tributo a un hombre de bien, que enalteció al quehacer político, que vivió la vida con dignidad y que falleció prematuramente, a la edad de 47 años cuando se desempeñaba como Representante Nacional, por el Departamento de Cerro Largo.

El Dr. Eber Da Rosa Viñoles nació el 4 de diciembre de 1949 en Melo, Cerro Largo, casado con Gillian Callorda Esteves y padre de dos hijos María Inés y Augusto Edemar.

Abogado, egresó de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en 1975 y desde entonces ejerció la profesión en Melo, su ciudad natal. Logró conciliar su vocación por el Derecho, con la que había heredado de sus mayores y fue también productor rural.

De gesto y decir parsimonioso vivió su breve existencia con intensidad desplegando su actividad en los más diversos planos del acontecer departamental y nacional.

En 1974, siendo aún estudiante editó «Apuntes de Filosofía del Derecho» Tomo III. Centro de Estudios de Derecho.

Electo en dos oportunidades para integrar la directiva del Club Unión de Melo; Secretario del Colegio de Abogados de Cerro Largo; Integrante del Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado en Cerro Largo; Presidente del Colegio de Abogados de Cerro Largo.

El 24 de noviembre de 1984 es electo Representante Nacional del Partido Colorado por Cerro Largo.

Su vocación de servicio dentro de fronteras y su apego indeclinable a sus pagos de Cerro Largo, lo llevó a declinar la invitación del gobierno americano de radicarse por dos años en Washington para continuar profundizando los estudios sobre Ciencia Política.

En las elecciones de 1989, la Corriente Nacional, que suele no reparar en los méritos de los hombre públicos, le impidió a él y al Partido Colorado retener su banca de Diputado.

Pero, pese al traspié electoral y a su juventud, tenía apenas 32 años, su prestigio quedo intacto. Ya era, por méritos propios un referente del Partido Colorado en uno de los Departamentos más blancos del País y nadie dudaba de su proyección política en el futuro.

Partidario de siempre del Dr. Julio María Sanguinetti, en 1990 el ex-Presidente no dudó en ofrecerle un alto cargo en el contexto nacional.

Pero una vez más primó su apego al pago natal y su sentimiento de que le sería más útil al Partido y a Cerro Largo quedándose a luchar por la gente y la divisa en su departamento.

Integró entonces la Comisión Honoraria de la Laguna Merín. Renunció al poco tiempo a la misma en un acto principista, de desprendimiento, poco usual en los tiempos que corren.

Su muerte sorprendió a todos, y a todos unió en el dolor y en la rebeldía.

No merecía Cerro Largo y el Uruguay, la pérdida de un hombre tan joven y con un presente y un futuro tan promisorio.

Menos merecían la tolerancia y el diálogo, la desaparición de un abanderado de tales virtudes.

Y menos aún la honestidad, el perder un irrenunciable afiliado a la misma.

Eber fue un hombre honesto en el más amplio sentido de dicho concepto. Honesto en lo material, pero también en lo intelectual. Vivió, luchó, ganó y perdió siempre en sintonía insobornable con sus principios.

Fue un luchador, de los que luchan en función de lo que predican y de los que no predican en el vacío porque a la lucha traslada su prédica.

No murió ni pobre ni rico; de no haber abrazado la pasión por el quehacer político, como herramienta cotidiana de servicio, y de haberse dedicado con su brillo al ejercicio de la profesión de abogado, otro hubiese sido el legado material que hubiese dejado a su esposa y sus hijos.

Pero les dejó un apellido intachable y un reconocimiento ciudadano a su hombría de bien, que trasciende las banderas partidarias.

Eber tenía bien definidos sus afectos y prioridades.

Los afectos no distinguían las banderas políticas, y, muchas veces determinaban sus prioridades.

Tenía un cariño muy particular por los niños, en especial, los más humildes, y era consciente de la
importancia que el conocimiento tiene para mejorar las oportunidades en la vida.

Por eso bregó para llevar la reforma educativa y las escuelas de Tiempo Completo a los barrios de Melo que más lo necesitaban.

Conocía profundamente el barrio Hipódromo de la ciudad de Melo. Por su trajinar publico y por su reconocida afición a los caballos. Y era una afición esencialmente espiritual; rara vez concurría al hipódromo de carreras, pero en el barrio poseía un pequeño stud, con uno o a lo sumo dos caballos, en el cual de tarde en tarde hacía un alto para matear con los amigos y por su vocación permanente de servicio, escuchar a cuanto vecino descubriese su presencia y quisiera arrimarle alguna inquietud.

Después de su deceso la Intendencia de Cerro Largo adquirió el stud, y, desde hace dos años funciona allí el Centro de Rehabilitación del Programa de Salud Mental.

Con intención o sin ella, el destino dado a aquel lugar donde Eber repostaba de tarde en tarde, constituye uno de los más significativos homenajes que recibió después de su muerte.

Con el fin de rendirle tributo a este ciudadano ejemplar y por los vínculos con el barrio y su escuela, antes señalado, presentamos este proyecto de ley por el cual proponemos designar a la escuela de Tiempo Completo, N° 112, ubicada en la calle Romeo Paggiola del barrio Hipódromo de la ciudad de Melo, con el nombre de Dr. Eber Da Rosa Viñoles.

Dr. Pablo Millor. Senador.»

6) EXPOSICIÓN ESCRITA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Correa Freitas para la exposición escrita que presentara y de la que se dio cuenta durante la lectura de los asuntos entrados.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la Exposición Escrita)

«Montevideo, 5 de junio de 2001.

Sr. Presidente del Senado
Don Luis Hierro
Presente

De mi mayor consideración:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 del Reglamento de la Cámara de Senadores, solicito que se remita al Directorio de la UTE la siguiente exposición escrita:

1º) En mis caminatas habituales de los fines de semana, he comprobado cómo se utiliza para propaganda política, sindical o de otra especie, las paredes de algunos edificios públicos.

2º) En particular, he observado la utilización en forma permanente de la pared del edificio de UTE, ubicado en la calle Alberto Lasplaces entre la Avenida Ramón Anador y la calle José Leguizamón, para realizar proclamas de carácter político partidario y convocatorias sindicales, normalmente con expresiones manifiestamente contrarias al gobierno de la República.

3º) Asimismo, la Sub-Estación de UTE Nº 86, ubicada en la calle Alberto Lasplaces entre José Leguizamón y la Avenida Luis Alberto de Herrera, está totalmente pintada con leyendas de un partido político.

4º) Solicito que las autoridades de UTE adopten las medidas correspondientes, con la finalidad de
preservar los edificios públicos propiedad de dicho Ente Autónomo, evitando que los mismos sirvan para propaganda proselitista de cualquier especie.

Saluda a usted muy atentamente;

Dr. Ruben Correa Freitas. Senador.»

7) OPERATIVO "FRIO POLAR"

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: el año pasado, la Intendencia Municipal de Montevideo, junto con los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior, los medios de comunicación y las empresas privadas, llevó adelante un operativo solidario denominado "Frío Polar". Realmente, felicitamos esta iniciativa porque nos consta que se llevó adelante con un enorme esfuerzo, a partir de la División Salud y del concurso de las Comisiones de la Mujer y de la Tercera Edad y Juventud. Este Plan de Emergencia se hizo sin fijar límites respecto al sexo y edad y benefició a más de 120 personas en situación de calle, quienes se acercaron a este operativo. Por ejemplo, se contó con la valiosa colaboración del Batallón de Ingenieros Nº 1, que se hizo cargo de la cena y del desayuno; del Ministerio del Interior, que facilitó guardias masculinas y femeninas; de empresas privadas, que aportaron su ayuda con enorme esfuerzo; y de los medios de comunicación, que colaboraron para sensibilizar sobre esta situación social, proyectar y vehiculizar los actos de solidaridad en el Departamento de Montevideo.

Este año, con la ayuda del propio Gobierno Central, se piensa implementar un operativo para este invierno 2001, lo cual nos ha llevado a impulsar este planteamiento en el marco del Senado. Nos parece que es una muy buena respuesta frente a las dificultades sociales que hay en el país. Hemos conversado con el señor Intendente Municipal de Montevideo, arquitecto Mariano Arana, sobre este operativo; reiteramos nuestra disposición a brindarle nuestro total apoyo. Creemos que habría que extender este operativo a todo el país, porque quizás sería una buena oportunidad para impulsar una Comisión Nacional de Solidaridad para que el Gobierno de la República, junto con las distintas intendencias municipales, organizaciones privadas, sociales y religiosas, puedan llevar adelante una tarea en este sentido.

Simplemente, voy a brindar algunos datos vinculados con la Intendencia Municipal de Paysandú, que pueden extenderse a todos los Gobiernos Departamentales del país. En los distintos comedores municipales de la intendencia sanducera, se atienden 1.500 comensales por día; en otro restaurante, con el aporte invalorable y en acuerdo con el Instituto Nacional de Alimentación, se recibe a 230 personas. Además, se atiende a 500 niños en los merenderos municipales y, a través del Programa Nacional de Complementación Alimentaria, la intendencia ayuda a más de 9.000 personas con 1.200 canastas.

Creemos que este invierno que se avecina realmente va a ser difícil para muchos compatriotas que se encuentran en una situación de desocupación y afectados por la recesión económica del país y los problemas del sector agropecuario, que tienen un efecto reflejo trascendente en el Producto Bruto Interno de cada uno de los departamentos del interior. Todo esto amerita que en forma solidaria el país lleve adelante la creación de una Comisión Nacional de Solidaridad que, precisamente, pueda implementar esta buena iniciativa de la Intendencia Municipal de Montevideo y permita extenderla a todo el país, a través de un operativo "Invierno Solidario" en el que, seguramente, el Gobierno de la República, quizás con pocos recursos, pueda llegar a la mayor cantidad posible de compatriotas con necesidades básicas insatisfechas, fundamentalmente, en el ámbito de la alimentación. Además, el Congreso Nacional de Intendentes, a través de las distintas comunas y con la cooperación del Ministerio del Interior y de las propias Fuerzas Armadas, más la siempre invalorable ayuda de organizaciones sociales e incluso religiosas, tal vez pueda conformar un operativo generoso y solidario que permita socorrer, precisamente, a aquellas personas que se encuentran en las situaciones más urgentes en todos los departamentos de la República.

He tenido la precaución de conversar con algunos intendentes municipales, quienes nos expresaron muy claramente que estaban notando una ampliación considerable de la demanda de personas que solicitan ayuda en las distintas divisiones sociales de las comunas departamentales, por ejemplo, en los comedores y merenderos. Seguramente, esto amerita el impulso de un proyecto de esta naturaleza, el cual es posible financiar con el esfuerzo de todos para satisfacer las demandas de muchos compatriotas que se encuentran en esa situación.

Simplemente, quería hacer este aporte, aprovechando la hora previa y solicitar que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al señor Presidente de la República, al Congreso Nacional de Intendentes, a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales de todo el país, a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Defensa Nacional, y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a efectos de lograr conformar un operativo de esta naturaleza, es decir, de carácter solidario con aquellos compatriotas más necesitados en todo el territorio nacional.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 18 en 19. Afirmativa.

8) INSTALACION DE UN LICEO MILITAR EN LA CIUDAD DE RIVERA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Riesgo.

SEÑOR RIESGO.- Señor Presidente: estando en conocimiento de la idea y la inquietud de la Presidencia de la República, y de la aceptación de la población de la ciudad de Rivera, en el sentido de instalar en dicha ciudad un liceo dentro de la órbita del Ministerio de Defensa Nacional -o sea, un liceo militar- queremos plantear nuestro apoyo a dicha propuesta, que contemplaría diversos aspectos sustanciales de esta ciudad fronteriza y también relacionados con la juventud de la zona.

En primer lugar, debemos puntualizar los motivos que nos llevan a entender necesaria la instalación de un centro docente de esas características en el interior del país. En efecto, la centralización de la enseñanza con características de formación pre-militar en Montevideo, hace que los adolescentes y jóvenes que ingresan al sistema provenientes del interior del país -que por cierto son muchos- deban sortear todos los inconvenientes que significa un alejamiento casi permanente y prematuro de su grupo familiar, y del apoyo natural que ello conlleva cuando son prácticamente niños, y que se acentúa en los provenientes de la zona del norte del Río Negro, ya que las distancias geográficas inciden en esta situación.

Es conocido que la mayoría de los alumnos que ingresan actualmente al Liceo Militar, en un alto porcentaje, no optan por continuar en la carrera militar regresando a sus lugares de origen familiar, lo que nos da la pauta que sería conveniente tomar medidas que evitaran un parcial desarraigo a tan temprana edad y posibilitaran la concurrencia de estos jóvenes a un centro de educación secundaria de las características expuestas, ubicado más próximo a sus hogares, teniendo en cuenta, además, el carácter mixto que actualmente poseen estos institutos.

Por estas razones, brevemente expuestas, es que estimamos oportuna una medida como la que estamos proponiendo, que coadyuvaría al fortalecimiento del núcleo familiar, base de nuestra sociedad, en momentos en que se requieren los mayores esfuerzos de las autoridades en el sentido de lograr ese fortalecimiento.

Es de conocimiento, también, que las autoridades competentes ya han realizado cuidadosos estudios a distintos niveles, de los que surgió la posibilidad más que factible de que se concretara dicha aspiración. La ubicación elegida en la ciudad de Rivera permitiría instalar el mencionado Centro de Enseñanza en la actual sede del Comando de la Brigada de Caballería Nº 1, dependiente de la División de Ejército III. El local, en la actualidad, que podría ser aprovechado con simples adaptaciones a las actividades referidas, cumpliría con las nuevas exigencias, más aún si tenemos en cuenta que también posee excelentes áreas de esparcimiento, instalaciones deportivas y gimnasio cerrado con graderías. El uso de este edificio posibilitaría disminuir en un 44% la inversión edilicia y escalonar la misma a lo largo de tres años, ya que no exigiría un desembolso inmediato para comenzar a funcionar.

De acuerdo con estudios que obran en nuestro poder, dicha inversión se estima en unos U$S 80.000 para el primer año, U$S 42.000 para el segundo y U$S 45.000 para el tercero, estando dicha inversión encuadrada dentro de las limitaciones presupuestales actuales.

La creación de este Liceo Militar en la ciudad de Rivera en el ámbito de la División de Ejército III, lo ubica en el área de influencia de la Ruta 5, lo que constituye un aspecto geográfico a tomar muy en cuenta y que permite, además, facilidades de traslado desde las diferentes capitales y ciudades, ya que existen aceptables frecuencias de comunicaciones terrestres. Cumpliría así con una de las finalidades que exponíamos al comenzar esta exposición.

Otro aspecto a tener en cuenta, y que avala nuestro propósito, es que del estudio del ingreso de aspirantes, ocurrido en los últimos cuatro años, al Liceo Militar General Artigas, provenientes de los departamentos del norte del Río Negro, surge nítidamente que el mayor número de postulantes proviene del departamento de Rivera, que prácticamente duplica el de los otros departamentos. Aunque esto no es lo determinante, también debemos tener en cuenta que la disponibilidad de profesores de Educación Secundaria existente en Rivera colmaría en gran parte las necesidades docentes, pudiéndose complementar llegado el caso, sin mayores problemas, con profesores de Tacuarembó, ciudad ubicada a 111 kilómetros de Rivera y con buena frecuencia de transporte.

Finalmente, señor Presidente, debemos resaltar en la fundamentación de nuestro petitorio que la instalación del Liceo en la sede de la Brigada de Caballería Nº 1 de Rivera contemplaría los aspectos pedagógicos que exige un centro de estudios mixto y en la mayor parte de los casos bajo un régimen de internado, para alumnos cuyas edades oscilan entre quince y dieciocho años, factor que se considera determinante para el éxito o fracaso del proyecto.

Entre las muchas acciones que requiere hoy y que requerirá en el futuro la ciudad de Rivera por su carácter fronterizo, podemos mencionar las que permitan reforzar la identidad nacional frente al natural empuje del país vecino, así como su incorporación a un circuito educativo regional. Con la instalación del Liceo Militar estaremos dando respuesta, en parte, a estos requerimientos.

En el año 2001 tiene que entrar en vigencia este Liceo Militar y no puede existir excusa; demorar un año o más es perder jóvenes, y la educación es una inversión obligatoria desde todo punto de vista, social, moral, económico, etcétera.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Defensa Nacional, al Comandante en Jefe del Ejército, al Jefe de la División de Ejército III y a la Junta Departamental de Rivera.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 16 en 17. Afirmativa.

9) DIFICULTADES DE FUNCIONAMIENTO EN ALGUNOS COMEDORES DEL DEPARTAMENTO DE SAN JOSE

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora Arismendi.

SEÑORA ARISMENDI.- Si bien en la hora previa los señores Senadores no podemos hacer alusiones políticas ni personales, como en este caso se trata de coincidir con las palabras de otro colega en este Cuerpo, creo que el señor Presidente va a tener la deferencia de permitirme hacerlo. Comparto las preocupaciones que volcaba el señor Senador Larrañaga. Mi iniciativa de anotarme en la hora previa -que no uso demasiado- tiene que ver con una preocupación y una angustia, muy grandes, que quiero compartir con los señores Senadores, referidas precisamente a los temas de alimentación.

Hace pocos días estuvimos recorriendo el departamento de San José. Sólo a modo de ejemplo quiero decir que madres y padres de la Escuela Nº 101 de Playa Pascual y de la Escuela Nº 118 de Villa Olímpica de San José nos planteaban problemas vinculados con el comedor escolar y a los alumnos que comen en ellos, así como a la necesidad de dotarlos de alimentos, en la medida en que no son abundantes, variados ni balanceados.

Esa es una realidad que, como decía el señor Senador Larrañaga, encontramos a lo largo y ancho del país, esto es, en Montevideo y en todos los departamentos del interior. Hemos estado en el lugar porque, más allá de que conozcamos la realidad y muchas veces la mencionemos, conversar directamente con la gente y escuchar lo que nos trasmiten y cómo lo hacen -cuando las cifras que indican los niveles de desocupación, de necesidades básicas insatisfechas, como se las llama, o de estar por debajo de la línea de pobreza- nos permite apreciar que hay rostros, ojos, miradas y niños alrededor. Creemos que esa es una manera distinta de discutir la economía, las medidas a tomar que resulten necesarias para solucionar la situación del país.

En conversaciones que hemos mantenido con mujeres en las colas de las instituciones donde se reparten las canastas del INDA, dimos rostro y sentimientos a las cifras que aparecen en el Presupuesto Nacional, así como a algunos debates que hemos tenido en ese sentido. Recuerdo que en el análisis del Presupuesto de 1995 discutíamos ardorosamente si había que reforzar los comedores, tanto los escolares a los que se volcaban los alimentos del INDA, como los propios comedores de este Instituto o los merenderos. De lo que se trataba, era de convertir esas partidas en las llamadas canastas alimentarias para repartir a la población o a aquellos que las necesitaran.

Personalmente, en aquel momento estaba convencida -y a la luz de la realidad lo estoy más aún, lamentablemente- de que la medida de sustituir cada vez más los comedores por las llamadas canastas, en esta instancia no es compartible. Lo digo, porque muchas veces, como nos ocurría en el comedor escolar o con la llamada copa de leche en la escuela -incluso con cartas como las de las madres y los padres de las escuelas de San José, pero que podrían ser de cualquier lugar del país- una cosa es que el muchacho, el niño, la niña, la madre, la embarazada, se vayan con la comida en su estómago, esto es, que se sienten ante un plato de comida caliente para poder seguir hasta el otro día sin ingerir más alimento, y otra, diferente, es la distribución de los víveres en esas colas que tienen que ver, a su vez, en mi opinión, con un problema de dignidad, así como con la sorpresa por lo que contengan esas canastas.

En esa medida hemos estado investigando y averiguando, pero todavía no tenemos los datos suficientes, y nos gusta actuar con seriedad y solidez cuando realizamos afirmaciones. Sí podemos indicar que las partidas presupuestales votadas en el Presupuesto aprobado por este Parlamento, están en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, están en el papel, en la computadora, pero no son partidas que se vuelquen de manera regular, tal como lo determinó la voluntad del Parlamento, al Instituto Nacional de Alimentación. Por lo tanto, esas canastas, a las que una vez les falta el azúcar y otras la leche en polvo o algún otro producto, son escasas.

Me pueden decir que escasos son los recursos; sin embargo, los que este Parlamento votó para el Instituto Nacional de Alimentación no son volcados íntegramente ni en el tiempo necesario como para que, a su vez, el Instituto los entregue a los comedores, merenderos y distintas instituciones donde se reparten las canastas.

Por otro lado, queremos decir que estamos investigando acerca de qué sucede con ese 10% que el Presupuesto Nacional ordena que los Casinos del Estado vuelquen al Instituto Nacional de Alimentación. ¿Qué sucede con los recursos de esos Casinos cuando recorren otros caminos y no llegan al Instituto? ¿Cuál es el papel que está jugando la ex-Subsistencias y el ex-INA que, como todos sabemos, fue absorbido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? ¿Qué sucede con sus deudas, con sus penas, con sus acreedores y proveedores con los que no se ha cumplido? Según me dicen, esto hace que hoy el Instituto Nacional de Alimentación no pueda comprar en las cantidades necesarias y, a su vez, no pueda tratar de manera directa con los proveedores.

Vamos al punto que señalaba el señor Senador Larrañaga. Hoy tenemos una realidad sobre la que, creo, ninguno de nosotros puede discutir si tiene ojos para ver y oídos para escuchar. Hay grandes sectores de la población que tienen necesidad de comer, que tienen hambre. El propio Presidente del Cuerpo tomó algunas medidas de consulta para que se resolviera el problema del cierre de las escuelas cuando se declaró la aftosa; en ese momento la preocupación no tenía nada que ver con la educación sino con que, si no concurrían a la escuela, esos niños durante mucho tiempo no iban a recibir el único plato de comida que ingieren por día. En ese sentido, nuestra fuerza política, Encuentro Progresista - Frente Amplio, ha propuesto y está conversando acerca de la necesidad de que, en esta etapa, los comedores y merenderos funcionen de lunes a lunes. Esta es la única garantía de que durante el fin de semana los niños de los planes CAIF, de los merenderos y de las escuelas públicas, tengan su único vaso de leche y plato de comida diarios. Compartimos totalmente -y así lo planteó nuestra fuerza política en el plan de contingencia ante la emergencia nacional- la propuesta del señor Senador Larrañaga, que coincide con la del Frente Amplio en el sentido de formar una red solidaria, semejante a la aplicación del Programa Frío Polar que impulsa la Intendencia Municipal de Montevideo, para asumir el tema del hambre de la población y su necesidad de alimentos. Al mismo tiempo, nosotros vamos a trabajar, incidir e investigar para que las partidas que el Estado y el Parlamento resolvieron destinar a la alimentación de la población, se vuelquen a la comida de los habitantes, no se conviertan en una calesita dentro de la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas y vayan a parar al destino determinado por el Legislador, que es el Instituto Nacional de Alimentación.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe a la Presidencia de la República, al Congreso de Intendentes, al Congreso Nacional de Ediles que se va a reunir en el departamento de Colonia, al Ministerio de Economía y Finanzas y al Instituto Nacional de Alimentación.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

10) DIA DEL MEDIO AMBIENTE

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: hoy, 5 de junio, se conmemora el Día del Medio Ambiente y yo me pregunto qué agua se tomará, qué aire se respirará en el futuro. ¿Nuestros niños seguirán contaminándose con plomo y no podremos ser, nunca más, un país libre de aftosa y de otras enfermedades que afectan a la actividad agropecuaria? ¿Seguiremos produciendo nafta con plomo, incompatible con la salud de la población y que contamina masivamente el aire que respiramos, o consumiendo cigarrillos aunque sepamos que condiciona las principales causas de muerte en nuestro país?

Hoy, los habitantes de este pequeño y querido país, algo más de tres millones, vemos con alarma que estamos marginados de medidas imprescindibles que se deberían estar adoptando para mejorar la calidad de vida del conjunto de la población, calidad de vida que, por supuesto, primero violentamos en las cosas más mínimas, como obligar a miles y miles de uruguayos a vivir de la basura, a hombres y mujeres con posibilidades de trabajar, pero que deben hurgar en los desechos para poder alimentar a sus familias. Ello, porque en nuestro país ya se está verificando una desocupación que supera el 15% de la población económicamente activa, sin que tengamos caminos comunes para revertir ese tremendo drama que afecta a más de doscientas mil personas que multiplican sus penurias en sus familias. Se estima que son seiscientos mil los uruguayos que están por debajo de la línea de pobreza, los que deben malvivir en los "cantegriles" y en las zonas tugurizadas de las ciudades que, como hongos después de la lluvia, siguen apareciendo.

Este Día del Medio Ambiente, que debiera ser de celebración, nos encuentra a los uruguayos ante una epidemia de aftosa que afecta a dieciocho de los diecinueve departamentos del país, mostrando las insólitas carencias de todo un sistema sanitario que determinó que se dejara de producir vacunas, como si este pequeño país pudiera quedar excluido definitivamente de una infección, cuando sabemos que son enormes las preocupaciones, tanto en Argentina como en Brasil, ante este padecimiento. Para colmo de males, en estos últimos días las lluvias han vuelto a castigar nuevamente al pueblo artiguense y amenaza volver aún más crítica la situación de varias poblaciones de otros departamentos del país. El desenlace dramático, a la corta o a la larga, se iba a producir con perjuicios que, como siempre, están siendo pagados por los más pobres, por los que tienen sueldos expresados en pesos y deben consumir, pues allí busca siempre el Gobierno los recursos para transferirlos entre los sectores.

Pero debemos, también, hablar de otra situación sanitaria que afecta a nuestra salud pública, donde las carencias crecen y, obviamente, ese proceso multiplica por muchas veces las posibilidades de que los uruguayos, especialmente en los sectores más desamparados, puedan sortear enfermedades y mejorar su calidad de vida. Las mutualistas han perdido, en un corto período, alrededor de cincuenta mil afiliados. Por su parte, los hospitales de salud pública, carentes de recursos suficientes, ni siquiera pueden brindar el mínimo respaldo a quienes sufren enfermedades de distinto tipo, y menos aún a quienes necesitan medicamentos costosos, como los infectados por el virus VIH-SIDA.

Lo malo es que, cuando se habla de recursos, las cifras que se manejan son millonarias, pero esos recursos muchas veces sólo sirven para tapar las ineficiencias en el sistema público, que recurre a la actividad privada para suplirlas, aunque el costo de los servicios se multiplique de manera significativa y no siempre se superen las ineficiencias.

Sin embargo, señor Presidente, permítame realizar un paréntesis para mencionar lo ocurrido con los niños en un barrio de Montevideo, concretamente, en La Teja. Son pequeños que viven por debajo de la línea de pobreza, en general, hijos de madres y padres desocupados que, por imprevisión de todos, se han contaminado con plomo. ¿Puede haber algo que signe más nuestro sistema, las deficiencias de nuestra sociedad y los organismos que debieran haber intervenido evitando esta desgracia? ¿Puede existir un ejemplo más claro de las carencias que vivimos desde el punto de vista medioambiental?

Las políticas sanitarias tienen vinculación, obviamente, con las políticas sociales y, si no hay rubros suficientes para mejorar la salud, para que los maestros y profesores obtengan sueldos decorosos, para que se mantenga con rigor una adecuada lucha contra las crisis sanitarias que destruyen a nuestra producción, si no hay posibilidades ni sensibilidad para las cosas más elementales, ¿cómo no entender las razones de esta inacción que se está produciendo en La Teja? Debemos recordar, señor Presidente, que este Senado el día 16 de mayo tomó la resolución que vamos a volver a leer.

La misma expresa que: visto la grave situación planteada por la contaminación por plomo que se ha producido en la ciudad de Montevideo y atento al hecho de que la mayoría de la población afectada son niños y que, cuanto menor es su edad, nos obliga a tomar una serie de medidas para evitar males mayores, el Senado de la República, en esa fecha, resuelve exhortar al Poder Ejecutivo a formalizar el ámbito interinstitucional y multidisciplinario preexistentes -que admitiría se valorara la integración de otros actores especializados- hecho que no desmerece -tal como lo aclarábamos- la actuación de los integrantes que habían llevado hasta ese momento las acciones; dotar de los recursos imprescindibles a dicho ámbito, dada las numerosas investigaciones que se debían realizar, así como la formación de mayor cantidad de personas que, instruidas en la difícil y compleja situación a la que nos enfrentábamos, dieran mayor satisfacción a las demandas; favorecer la utilización de naftas sin plomo por la vía de equilibrar su precio al de las naftas con plomo.

Este Senado de la República votó, por unanimidad, el 16 de mayo esta exhortación.

Por todas estas cosas y por muchas más que debiera haber dicho, tomemos esta conmemoración del Día del Medio Ambiente, como un momento para reflexionar.

El hombre, en este mundo globalizado, se ha convertido en un vehículo contaminante. Los bosques desaparecen, las aguas se contaminan, las ciudades se vuelven inhóspitas y cientos de millones de hombres y mujeres mueren en el mundo por enfermedades que podrían evitarse.

¿Y por qué el hombre hace estas cosas, por qué actúa contra su propia calidad de vida? Porque existen mecanismos globalizados y deshumanizados de acumulación de la riqueza que ensanchan, cada vez más, la brecha entre los pobres más pobres y los ricos más ricos.

Reflexionemos, entonces. Nuestros niños, nuestra gente, no pueden seguir siendo la víctima de la avaricia del mundo en que vivimos.

Protejamos, por tanto, señores Senadores, nuestro único y mayor capital, el capital humano.

Muchas gracias.

11) CRITICA SITUACION EN EL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Brause.

SEÑOR BRAUSE.- Señor Presidente: días pasados la prensa se hizo eco de la información que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales enfrentaba una situación crítica, básicamente como consecuencia de dos factores.

El primero de ellos es el de el derrumbe de la mampostería de la biblioteca de esa Facultad y, el segundo factor consiste en que más de 700 alumnos por día y por turno no pueden recibir las clases porque dos salones grandes de esa Casa de Estudios se encuentran ocupados por centenares de libros de dicha biblioteca.

La misma prensa recogió manifestaciones de la Decana de esa Facultad, la escribana Teresa Gnazzo, quien calificó -y esto es textual- de desesperada la situación, en tanto y en cuanto los precios propuestos por el arrendamiento de salones en inmuebles de la vecindad eran -esto, también, dicho textualmente- indecentes.

Por otro lado, señaló -asimismo- que los estudiantes deben hacer sacrificios enormes para encontrar un lugar en los salones, utilizando para ello las más variadas estrategias, tales como ingresar por la ventana, presentarse una hora antes de cada clase u ocupar un lugar en la tarima en que el profesor dicta su materia. Esto tiene el agregado, señor Presidente, de que quienes quedan afuera y que suman decenas de estudiantes, se sienten excluidos, quebrándose la regla de la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. El desánimo es la consecuencia.

Con posterioridad, la misma señora Decana, informó que la Facultad de Derecho tenía prácticamente solucionado el problema locativo, gracias a desinteresadas ofertas provenientes de distintas instituciones privadas. Es, por cierto, una tranquilidad que tan grave problema haya encontrado una solución que -pensamos- tiene el carácter de transitoria, mientras se terminan las obras en la biblioteca, se reponen los libros a sus estantes, a su lugar natural y, por lo tanto, quedan disponibles las aulas para los alumnos.

La pregunta que me asalta es, señor Presidente, si aún teniendo la disponibilidad de los salones -hoy ocupados por los libros de la biblioteca- se continúa postergando la solución a un problema de fondo que tiene la Facultad de Derecho. En efecto, adviértase que, según datos también proporcionados por el censo de estudiantes, realizado por la Universidad de la República en el año 1999 -estos datos fueron recogidos en información de prensa- dicha Facultad contaba con la matrícula más numerosa: 13.698 estudiantes. Según la Decana, escribana Gnazzo, en diez años la matrícula de estudiantes, en cuanto al ingreso, se duplicó; asimismo reconoció cierto estancamiento en el rendimiento estudiantil entre el tercer y cuarto año de la carrera. De aquí se debe inferir que la diferencia numérica entre alumnos que ingresan a la Facultad y los que egresan, es muy grande. Esta ecuación nos estaría demostrando que son muchos al comienzo y muchos menos los que quedan al final.

Va de suyo, entonces, que a nivel de la Facultad de Derecho el sistema universitario es generoso en la oportunidad de acceso, pero no lo es en cuanto a oportunidad de egresar, con las consecuencias que ello acarrea en la persona del estudiante, que se siente desplazado por el sistema, a lo que se agrega la angustia por su falta de -o negativa- realización personal.

Pregunto nuevamente, señor Presidente, ¿no deberían las autoridades universitarias plantearse el problema y procurar un cambio en el sistema educativo? ¿No habrá que cambiar el criterio de una oferta totalmente accesible a otra que analice el problema desde el punto de vista de la persona, del estudiante? Comprendo que no es un problema de fácil respuesta, pero siento que es mi obligación plantearlo. Del mismo modo, siento que no es sólo con mayores recursos que esto se soluciona. Existe, sin duda, un problema de falta de mercado para aquellos que finalmente logran egresar; mercado en el que concurren diversos factores, tales como la oferta adicional de los egresados de las universidades privadas y una demanda muy inferior a dicha oferta.

Siento, también, la obligación de plantear el problema porque confieso que a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República le tengo un gran afecto, y esto lo digo con el mayor de los respetos hacia las otras Facultades. Por ella pasó mi padre, mi hermano, pasé yo y también una hija; todos graduados de abogados. Actualmente, además, permítaseme confesar que tengo la satisfacción de que un hijo esté cursando la carrera de Derecho en esa Facultad. Esto, en el plano personal. En el plano institucional, es conocida mi adhesión cultural y política a la Universidad de la República.

Por todos estos sentimientos y con la profunda convicción de procurar una solución para los problemas de fondo de esa Casa de Estudios es que pido, señor Presidente, que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Educación y Cultura, a la Universidad de la República y a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

12) DRAMATICAS SITUACIONES LABORALES EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: voy a hacer referencia a la difícil situación que están viviendo muchos de nuestros compatriotas, fundamentalmente, aquellos radicados en el interior de nuestro país y con los cuales hemos tomado contacto, en las últimas semanas, en el marco de estas giras pueblo a pueblo que nuestra fuerza política está realizando. Como los colegas sabrán, la gira comenzó en el departamento de Artigas, que hoy tiene un flagelo más: las inundaciones. Este hecho coincide con que se trata del departamento más alejado de la capital y el primero afectado por el flagelo de la aftosa y por las medidas que se adoptaron a continuación. Esta gira también abarcó al departamento de San José. Como se ha dicho acá, hay situaciones muy graves y dramáticas, como fueron las que se vivieron en otros países a consecuencia de desastres naturales o de conflictos armados. Lo cierto -y triste- es que, sin que medien episodios tan desgraciados, nuestros compatriotas radicados en el interior están viviendo una situación de una gravedad que no he conocido nunca en nuestro país. De todas maneras, hoy no me voy a referir al estado de ánimo de nuestros paisanos. Hoy hablaba con la gente de Artigas y alguien me describía la situación diciendo que estaban bajando los brazos, es decir, en una actitud, casi, de resignación por las desgracias sucesivas. Hay que ayudarlos a que no hagan esto y a que no se incremente el desánimo de los productores rurales y las consecuencias que, en todos los órdenes, han aparejado los problemas económicos que han afectado al país en los últimos años, a causa de las políticas que se han seguido.

Me voy a referir a hechos puntuales, a denuncias que me han realizado en el departamento de Salto -que también visité en los últimos días- vinculadas con la situación de compatriotas que aún conservan su trabajo. El primero de ellos tiene que ver con un área del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y, sustancialmente, con la situación laboral y salarial de los técnicos e inspectores veterinarios que se desempeñan en el Servicio de Sanidad Animal. Creo conveniente que se conozca en qué condiciones están desarrollando su trabajo. En primer lugar, la reducción del personal ha sido sustancial en esa área, lo que ahora se ha constatado como una insuficiencia, cuando se plantea una situación crítica. Se trata de gente que no cobra horas extra a pesar de que, cuando va al campo a trabajar, no sabe a qué hora regresa. Cualquiera sea la duración de la jornada de trabajo, cobran a fin de mes el mismo sueldo. Incluso, tienen limitado el gasto en combustible por lo que, si éste da para llegar al local de remate feria, bien; de lo contrario, no pueden ir. Tampoco se les paga viáticos, cualquiera sea la extensión de la jornada y la distancia que deban desplazarse para realizar su trabajo. Quiero que se tome conciencia del nivel salarial de estos técnicos. Por ejemplo, un Técnico Grado 13, con veinte años de servicio profesional, Médico Veterinario, tiene un sueldo de $ 6.300. Si esta persona quiere mantenerse en la Caja de Jubilaciones de Profesionales Universitarios debe pagar un aporte de $ 4.000 mensuales, es decir que el sueldo le da para pagar el aporte y le quedan $ 2.300 para poder sobrevivir. Aclaro que tengo en mi poder fotocopia de los recibos de sueldo de varios de esos técnicos, correspondientes al mes de abril de 2001, en plena lucha contra el brote de aftosa. Pero hay más; un funcionario de campo tiene un sueldo de $ 2.300 y no hay que olvidar que este tipo de funcionarios debe tener, no sólo dedicación sino, además, conocimiento para poder desarrollar sus tareas porque, en ese plano, muchas veces sustituyen a los propios técnicos profesionales que trabajan en el área. Algunos de ellos tienen compensaciones extraordinarias. Por ejemplo, si están en la barrera sanitaria pueden ganar $ 4.682 más. Realmente, el nivel salarial de los Técnicos Veterinarios pertenecientes al Servicio de Sanidad Animal, que tienen una responsabilidad fundamental en un país cuya principal riqueza se ubica en el sector agropecuario y que hoy deben enfrentar una situación de emergencia, de desastre nacional -como se ha manifestado por los dirigentes de las organizaciones rurales- es -sencillamente- de inequidad. Si consideramos que el número de técnicos, según manifestaciones del señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, es de alrededor de 310 -cifra que el Ministro considera suficiente pero que los propios Técnicos Veterinarios no- para todo el país, pensamos que el Gobierno debería solucionar rápidamente el problema de su cantidad y del nivel salarial en forma sustancial. Estos Técnicos Veterinarios tienen inquietudes acerca de la forma en que se distribuye la partida anual habilitada en la última Ley de Presupuesto, que hasta ahora está concentrada sólo en un sector de la Sanidad Animal, en la Inspección Veterinaria, y no en los que atienden el trabajo de la Inspección Veterinaria en otras áreas. Creo que este es un tema que el Ministerio debe abordar y resolver con ecuanimidad.

En esa visita a Salto, no sólo estuvimos con los Técnicos Veterinarios sino que también tomamos contacto, una vez más -puesto que es una realidad que, desde hace muchos años, nuestra fuerza política viene denunciando- con los trabajadores agrícolas vinculados a la recolección de frutos, como la naranja, que es una de las actividades económicas fuertes del departamento. Este es un sector que encierra contrastes que deberían herir la sensibilidad de todos nosotros y, en especial, de las autoridades nacionales encargadas de controlar el cumplimiento de las normas laborales nacionales y de los compromisos internacionales asumidos por el país. Se trata de un sector que es fuente importante de divisas para el país y que da cuantiosas riquezas para grandes y pocos productores. A la vez, es fuente de trabajo -tan escaso en nuestro país- es fuente de injusticias y de condiciones de trabajo indignas para cientos de personas. La inmensa mayoría de estos trabajadores agrícolas, empleados por grandes firmas del sector citrícola, carecen de aportes al Banco de Previsión Social y, por consiguiente, de Seguro de Enfermedad, tan necesario en un sector donde el uso extensivo de sustancias químicas provoca grandes problemas sanitarios. Tampoco tienen derecho al Seguro por Desempleo, no se les pagan horas extra con la tarifa legal correspondiente ni se les paga, como fija la ley, en forma extraordinaria, por trabajar en día domingo. La mayoría de la gente que trabaja en este sector de la producción citrícola percibe salarios que varían entre los $ 60 y $ 100 por día, con los cuales deben subsistir. Sé que hay otros lugares, incluso en la propia industria frigorífica, donde los salarios son de $ 10 la hora, como comprobamos el año pasado en el departamento de Canelones, y también aquí, en el Poder Legislativo. Los trabajadores han intentado organizarse para defender sus derechos a condiciones y salario dignos, han constituido una organización sindical que los represente, SUDORAS -Sindicato Unico de Obreros Rurales y Agroindustriales de Salto- pero a pesar de que el artículo 53 del texto constitucional protege especialmente el trabajo, de que el artículo 57 señala que la ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, y de la existencia de convenios internacionales del trabajo que van en la misma dirección, aquí en nuestro país, en particular en el departamento de Salto, empresarios uruguayos continúan con la política de listas negras, persiguiendo a los trabajadores. Esta realidad de nuestros días es tan indefendible que, luego de que compañeros nuestros, ediles del Encuentro Progresista - Frente Amplio, el 19 de abril de este año, hicieron una extensa exposición denunciando estos hechos, se presentó en la Junta Departamental una moción que fue aprobada por todos los sectores políticos allí representados. Es decir que hay conciencia en todos los sectores políticos de que esto que estamos diciendo, es verdad. La moción planteaba el pasaje de su exposición a la Comisión de Desarrollo Departamental y Asuntos Laborales, a la de Derechos Humanos, Acción Social y Condición de la Mujer, al señor Intendente Municipal, a los Diputados del departamento, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Banco de Previsión Social y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, así como una exhortación a los distintos sectores de la producción citrícola a avanzar en la concreción de aspectos relacionados con la participación de todos los sectores en las áreas de seguridad y prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de modo que todos aquellos vinculados a esa importante actividad estén en conocimiento de cuál es la realidad de muchos compatriotas.

Señor Presidente: solicito al Cuerpo que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los señores Ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Trabajo y Seguridad Social, a la Junta Departamental de Salto, a la Cámara Mercantil de Frutos del País y al Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

13) NECESIDADES EN EL PUERTO OFICIAL DE FRAY BENTOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Hace unos meses estuvimos presentes en Río Negro y tuvimos oportunidad de entrevistarnos con miembros de la Asociación Comercial e Industrial de ese departamento. Allí se nos hizo una serie de planteos que, a nuestro juicio, en su mayoría son de recibo. De todas maneras, hoy queremos referirnos al famoso puerto oficial de Fray Bentos. Se trata de un tema que, señor Presidente, como Partido, nos viene preocupando desde hace mucho tiempo y no solamente por las obras, sino también por los dragados del Río Uruguay. Pensamos que, en este sentido, el Poder Ejecutivo y, sobre todo, la Cancillería, deberían insistir para hacer una obra binacional que nos lleve a la utilización más económica de un tipo de transporte utilizado en el mundo entero. Precisamente, en el día de hoy queremos hablar de las necesidades del puerto oficial de Fray Bentos.

En dicha oportunidad también mantuvimos una reunión en la Junta Departamental -tuve el placer de coincidir en esa gira con el señor Senador Rubio- y recibimos a una delegación de ediles que estaban preocupados por el tema del puerto. A raíz de esto, nos comprometimos a trabajar, con los señores Senadores Rubio y De Boismenu -este último no se encontraba en aquel momento, pero le informamos de lo ocurrido- de modo tal que un integrante de cada lema partidario se acerque al señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, ingeniero Lucio Cáceres, para interiorizarse sobre las obras que hay que realizar en dicho puerto. Me parece que es importante que sea de conocimiento público -no se trata de una iniciativa personal, sino de todas las fuerzas políticas- el interés que existe en el sistema político en cuanto a la realización de las obras en el puerto oficial de Fray Bentos.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Riesgo)

-Se habla de la lentitud en las obras de reparación en dicho puerto y se dice que se han prolongado en el tiempo, lo que mucho ha incidido en su propia actividad. También se habla, señor Presidente, del dragado de veintiocho pies de los Pasos Márquez, Punta Amarilla, Punta Caballo y Barrizales porque, a juicio de la Asociación -estoy seguro de que, como lugareños, saben mucho del comportamiento del río- es indispensable para que los barcos puedan salir cargados a tope del puerto de Fray Bentos. A su vez, la Asociación Comercial e Industrial de Río Negro planteó que se debería unir, en la explanada de dicho puerto, la vía férrea existente, así como también sus adecuaciones. Por esta razón, nos acercaron una documentación con un mapa -que mostraremos en su oportunidad al señor Ministro- en donde se habla del proyecto de unir la línea ferroviaria -actualmente muerta- sobre el muelle, con la que conduce al muelle de ultramar que tiene una extensión de ciento veinticinco metros, hace un recorrido de norte a sur y es donde suelen operar los buques que vienen a cargar los citrus.

Además, allí se habla de la revisión y adecuación de los costos que insume el pilotaje de los prácticos. Este es un tema que no atañe sólo al puerto de Fray Bentos, sino a todos los puertos ribereños del país; me refiero al costo que tienen los prácticos del río y cómo eso encarece nuestra navegación. Se alude, también, a la prolongación del muelle oficial en setenta y cinco metros para lo cual, según ellos, están adjudicadas las obras y los créditos correspondientes. De todas maneras, en el memorándum se expresa que tienen que seguir esperando la ejecución de la misma.

Sé que este tema ha sido de especial preocupación para el señor Senador De Boismenu, quien ha estado trabajando en él. Ahora bien; en esta reunión, tanto el señor Senador Rubio como quien habla nos hemos comprometido con la Junta Departamental y con la referida Asociación a insistir sobre esta problemática. Sin perjuicio de esto, es buena cosa que el Senado de la República esté enterado de esta obra que es necesaria, sobre todo, porque vamos a tener en poco tiempo la Rendición de Cuentas y es preciso saber cómo se están gastando los dineros. Estoy seguro de que esta obra está presupuestada; recuerdo haberla discutido en la etapa correspondiente y también que estaban los dineros concretos. A veces, los problemas de caja se suscitan y pueden demorar estas obras. Por eso, hoy levantamos la voz en este Senado para informar al resto de nuestros compañeros acerca de lo que significa esto para el departamento de Río Negro y también para pedir que, cuanto antes, esta obra tan necesaria, no solamente para Fray Bentos y el departamento de Río Negro, sino también para el país, se haga efectiva.

Solicitamos, señor Presidente, que la versión taquigráfica de nuestras palabras pase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Asociación Comercial e Industrial de Río Negro y a la Junta Departamental de ese departamento.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) SITUACION ACTUAL DEL MEDIO ORIENTE

SEÑOR GARAT.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT.- Formulo moción para que se realice en la sesión de mañana, en primer lugar del orden del día, un análisis de la situación que viene imperando en Medio Oriente a raíz de los distintos atentados y luchas, que vienen ocurriendo ya en forma terrorista. Entiendo que en este Plenario se deberían analizar esas situaciones y, eventualmente, manifestar la opinión del Senado al respecto. En ese caso, concretamente haría una exposición.

SEÑOR FAU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FAU.- No pude apreciar en detalle el planteo del señor Senador Garat. Según lo dicho, aparentemente, haría una exposición. Por tanto, quisiera saber si ya ha establecido el tema al cual se va a referir. Hago esta interrogante, porque el señor Senador realizó una serie de reflexiones, pero no una propuesta concreta sobre el tema al cual se va a referir. Para poder votar como corresponde, quisiera que el señor Senador explicitara cuál va a ser el tema central de su exposición.

SEÑOR GARAT.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT.- Como comprenderá el señor Senador, es un tema muy amplio pero, concretamente, hice referencia a toda la situación que está viviendo Medio Oriente debido a las luchas y a los atentados terroristas.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: quiero decir que vamos a acompañar la propuesta sobre la cual fuimos consultados por el señor Senador Garat y por el señor Presidente del Cuerpo. Tal como lo hemos entendido, la exposición se refiere a la situación de crisis, violencia y enfrentamientos armados que se está viviendo en los territorios de Israel y de la Autoridad Nacional Palestina, así como al crecimiento vertical del número de víctimas, tema sobre el que buscamos realizar un intercambio de opiniones. En mi opinión, no se trata de calificar o descalificar a los contendientes, sino de buscar un camino de entendimiento y de paz, tal como lo ha reclamado el Senado en otras oportunidades y en la misma línea en que el año pasado manifestamos, colectivamente, nuestra opinión por unanimidad.

Me parece oportuno que el Senado se ocupe de este tema, sobre todo tratándose de una situación internacional que preocupa, no sólo a los europeos, sino a las decenas de miles de compatriotas e hijos de éstos que tienen la doble condición de israelíes y de uruguayos. Inclusive, hay muchos familiares de palestinos que viven en nuestro país y que también sufren esta situación. De modo que, ocuparnos de ella, equivale a ocuparnos de los problemas que sufre una parte de la población de nuestro país.

En ese sentido, entonces, acompañaremos la moción y estamos trabajando con el señor Senador Garat en el intento de encontrar una propuesta de resolución que nos permita recoger la opinión en conjunto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Si la Presidencia entendió bien, el señor Senador Garat plantea, como primer punto del orden del día de la sesión de mañana, una exposición sobre la situación de Medio Oriente.

SEÑOR GARAT.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT.- Me da la sensación, señor Presidente, de que no ha quedado claro lo que expresé. Se trata de una exposición sobre la situación actual del Medio Oriente que va a realizar quien habla, pero, por supuesto, los demás señores Senadores podrán emitir la opinión que crean pertinente. Si digo ahora todo lo que pienso decir, mañana no va a tener gracia.

Concretamente, formulo moción para poder hacer mañana una exposición sobre la situación actual de Medio Oriente y que después los señores Senadores den su opinión, la que podrá ser coincidente o no con la mía.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- La Presidencia consulta al señor Senador cuánto tiempo va a insumir su exposición.

SEÑOR GARAT.- Será una exposición de treinta minutos, señor Presidente; por supuesto, si es necesario se procederá a prorrogar el tiempo.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Garat en el sentido de que figure, como primer punto del orden del día de la sesión de mañana, una exposición de treinta minutos sobre la situación actual de Medio Oriente.

SEÑOR FAU.- El señor Senador Garat habla de una exposición ...

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Si me permite, señor Senador, creo que fui claro al decir que se va a votar, como primer punto del orden del día de la sesión de mañana, una exposición del señor Senador Garat sobre la situación actual de Medio Oriente, con una duración de treinta minutos prorrogables por todas las veces que sea necesario, según sus palabras.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Es normal, señor Presidente, que cuando se realiza una exposición de esta naturaleza por parte de un Senador, ya sea sobre un problema nacional o internacional, se abra la posibilidad de que los señores Senadores puedan expresar su opinión; eso siempre se ha entendido así.

SEÑOR SINGER.- Eso está fuera de discusión.

SEÑOR GARGANO.- Lo aclaré, por si algún señor Senador no lo había entendido.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Entonces, según lo que ha dicho el señor Senador Gargano, trataríamos ese tema en régimen de discusión general.

SEÑOR GARGANO.- Efectivamente, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Se va a votar la moción, tal como fue formulada por los señores Senadores Garat y Gargano.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha finalizado la hora previa.

15) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Se pasa a considerar el primer punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se establecen plazos para la contestación de los pedidos de informes cursados a solicitud de los señores Legisladores. (Carp. Nº 242/00 - Rep. Nº 194/01)."

(Antecedentes: ver 9ª Sesión Ordinaria)

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: en la Comisión de Constitución y Legislación habíamos llegado a un acuerdo -adoptado por la unanimidad de sus miembros- respecto a la interpretación y el alcance que pretendemos dar al artículo 5º de este proyecto de ley que viene aprobado por la Cámara de Representantes. De todas maneras, en lo que me es personal, había pensado en una instancia de diálogo con el señor Senador García Costa para explicarle el alcance de esa interpretación, en atención a que había sido él quien había planteado las objeciones más importantes a esa disposición. Debido a que aún no he tenido oportunidad de profundizar en el tema con el señor Senador García Costa, me he permitido plantearle al Presidente de la Comisión, señor Senador Korzeniak -y en esta instancia lo hago a los demás miembros de la Comisión de Constitución y Legislación- la posibilidad de formular una moción, en el sentido de que este proyecto vuelva a Comisión a los efectos de continuar su tratamiento y poder tener esa instancia de diálogo a que hice referencia que, por lo menos para mi partido, es importante.

SEÑOR KORZENIAK.- Apoyado.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Gallinal, en el sentido de que este proyecto de ley vuelva a la Comisión de Constitución y Legislación.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

16) DERECHO DE TODA MUJER A ESTAR ACOMPAÑADA DURANTE EL TRABAJO DE PARTO INCLUSO EN EL MOMENTO MISMO DEL NACIMIENTO

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- El Senado pasa a considerar el segundo punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se establece que toda mujer tendrá derecho durante el trabajo de parto y el nacimiento, a estar acompañada de una persona de su confianza o, en su defecto y a su elección, de una especialmente entrenada para darle apoyo emocional. (Carp. Nº 290/00 - Rep. Nº 231/01)."

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 290/00
Rep. Nº 231/01

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Salud Pública

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º. - Toda mujer durante el tiempo que dura el trabajo de parto, incluyendo el momento mismo del nacimiento, tendrá derecho a estar acompañada de una persona de su confianza o en su defecto, a su libre elección, de una especialmente entrenada para darle apoyo emocional.

Art. 2º. - Todo centro asistencial deberá informar en detalle a la embarazada del derecho que le asiste en virtud de lo dispuesto por el artículo 1º y estimulará la práctica a que éste hace referencia..

Art. 3º. - Las disposiciones de la presente ley son aplicables a los profesionales y a las instituciones asistenciales del área de la salud, sean ellos públicos o privados.

Mónica Xavier (Miembro Informante Verbal), Alberto Cid, Ruben Correa Freitas, María Julia Pou, Walter Riesgo. Senadores.

PROYECTO DE LEY

EXPOSICION DE MOTIVOS

El objetivo de este proyecto de ley es consagrar un derecho de la mujer y de su niño establecido en el Art. 25 (2) de la Declaración Universal de Derechos Humanos que expresa "La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales", que indudablemente redundará en beneficio de la comunidad.

La atención médica debe medirse por los mejores resultados en salud y calidad de vida posibles.

Hoy en el mundo existe una corriente que insiste en el uso de evidencias para analizar críticamente las prácticas y eventualmente modificarlas para alcanzar la equidad y la calidad.

Desde hace 30 años (Julio 1970) nuestro país cuenta con un centro de avanzada el Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP), centro regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) abocado a mejorar la salud materna y perinatal en la región de las Américas.

Su director fundacional el hoy fallecido Dr. Roberto Caldeyro Barcia junto al trabajo de otros destacados científicos logró que este centro -que funciona en el piso 16 del Hospital de Clínicas- tenga relevancia y reconocimiento en el mundo.

El estudio de la Perinatología significa considerar la etapa de la madre embarazada y del corto período de vida que va desde el embarazo hasta el primer mes de vida del niño.

Este período adquiere una relevancia muy importante porque es el de mayor probabilidad de muerte considerando cualquier otro período de la vida, es decir no sólo influye en la sobre vida sino también en la calidad de vida desde el punto de vista físico e intelectual.

Por tanto darle marco legislativo a investigaciones que han concluido en mejores prácticas para la población, tiene en primer término, un efecto sobre nuestro país pero también sobre toda la región.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de la Familia y de la Mujer, "el nivel de fecundidad, medido a través de la Tasa Global de Fecundidad, indicaba que a principios de siglo se estaba en presencia de un país con elevada fecundidad ya que su valor era de 6 hijos por mujer. En término de 50 años se reduce a la mitad, manteniendo un período de estabilización en torno a 3 hijos por mujer entre los años 1950 y 1975. A partir de entonces comienza a declinar situándose, en el quinquenio 1995-2000, en 2, 4 hijos por mujer. En este sentido el país escapa al padrón histórico de evolución de la fecundidad que han seguido los países de la región, a excepción de Argentina, y se aproxima más al observado en los países industrializados".

La realidad más común en el Uruguay de hoy es que la mujer durante el parto esté separada de su familia.

Existen estudios que avalan mejores resultados cuando la misma está acompañada por amigos, familiares o personas especialmente entrenadas para dar apoyo emocional. (Kreirse y col., 1989; Chalmers, 1989)

De acuerdo a un informe publicado en el Boletín "Salud Perinatal" del CLAP, estudios realizados por Hodnett demuestran que el apoyo emocional durante el trabajo de parto produce efectos beneficiosos tanto en las madres como en sus hijos. (Hodnett, 2000; Langer 1998).

El resultado del mismo indica que la presencia continua, junto a la madre, de una persona entrenada para dar apoyo emocional, redujo la necesidad de analgésicos en un 21%, la incidencia de cesárea en un 23%, y la depresión del recién nacido a los 5 minutos en un 50%.

Según el Dr. José M. Belizán actual director del CLAP, varias investigaciones prueban que la compañía durante el trabajo de parto y parto representa beneficios muy grandes, tanto biológicos como psicológicos: las mujeres acompañadas tienen menos cesáreas, menos medicación, menos episiotomías, se comprueba luego una mejor lactancia y una mejor relación madre-hijo.

No obstante la demostración de que estar acompañada durante el trabajo de parto es una instancia apoyada en el sentido común y un derecho de la mujer, este beneficio es negado sistemáticamente en muchas instituciones aduciendo que son reglas para mejorar el funcionamiento.

En realidad, esta situación tampoco es atribuible a problemas económicos. Sí la debemos entender como una actitud frente a una mejor calidad de atención.

Esta orientación adquiere mayor trascendencia si tenemos en cuenta que en nuestro país la fecundidad adolescente registró un aumento muy significativo. En 1985, cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años se producían 62 nacimientos, cifra que ascendió a 76 para el período mayo 95- mayo 96, datos extraídos del INE VII Censo de población total del País. Se suma a esto el hecho de que en Uruguay el 40% de los niños y niñas nace en hogares con necesidades básicas insatisfechas. (Datos extraídos del libro "Informe de lo realizado en el período 1995-1999, por el Departamento Materno Infantil de Ministerio de Salud Pública").

Según surge de la Publicación Mujer y Fecundidad en el Uruguay, editada por el Centro Latinoamericano de Demografía, fondo de Población de las Naciones Unidas, OPS y MSP - 1994, en cuanto a cobertura de salud en las mujeres jóvenes de 15 a 19 años, se establece que en este rango etario es donde se manifiesta el porcentaje mayor de carencia de derechos vigentes de asistencia médica (15.6%).

Por otra parte, cuando se dispone de la misma, ésta se brinda mayoritariamente por el sector público (53.1%). La situación descrita demuestra la problemática específica de la atención de la salud de la mujer adolescente.

Una buena atención en especial para las madres adolescentes y de baja condición económica, educativa y social dejará una experiencia que posiblemente logre que éstas jóvenes adhieran con mayor facilidad a los programas posteriores del cuidado de su salud y de la de su niño.

Hoy nos preocupa comenzar a legislar sobre formas de cuidado beneficiosas en el apoyo emocional y psico-social durante el parto.

Las conclusiones son por tanto que, dados los claros beneficios de apoyo emocional durante el parto, se deben extremar los esfuerzos para que éste se realice en todas las mujeres no sólo por alguien cercano a ella sino por personal entrenado a tal fin. Este apoyo debe incluir presencia continua, brindándole confort y estímulo.

Esto va a contribuir a reforzar el Plan Nacional de Atención Integral a la Niñez, Adolescencia y Salud Reproductiva para el período 2000-2003 del Ministerio de Salud Pública.

Marina Arismendi, Alberto Cid, Alberto Couriel, Eleuterio Fernández Huidobro, Reinaldo Gargano, Felipe Goiriena, José Korzeniak, José Mujica, Rodolfo Nin Novoa, Manuel Núñez, Albérico Segovia, Mónica Xavier. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Toda mujer durante el tiempo que dura el trabajo de parto, incluyendo el momento mismo del nacimiento, tendrá derecho a estar acompañada de una persona de su confianza o en su defecto, a su libre elección, de una especialmente entrenada para darle apoyo emocional.

Art. 2º. - Todo centro asistencial deberá informar en detalle a la embarazada del derecho que le asiste en virtud de lo dispuesto por el artículo 1º y estimulará la práctica a que éste hace referencia.

Si la embarazada no contara con un acompañante familiar o de su confianza que pueda asistirla, el centro asistencial procurará ofrecerle una persona que le brinde el apoyo emocional necesario.

Art. 3º. - Las disposiciones de la presente ley son aplicables a los profesionales y a las instituciones asistenciales del área de la salud, sean ellos públicos o privados.

Marina Arismendi, Alberto Cid, Alberto Couriel, Eleuterio Fernández Huidobro, Reinaldo Gargano, Felipe Goiriena, José Korzeniak, José Mujica, Rodolfo Nin Novoa, Manuel Núñez, Albérico Segovia, Mónica Xavier. Senadores.»

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: la Comisión de Salud Pública del Senado eleva a la consideración del Cuerpo este proyecto de ley que tiene como finalidad consagrar el acompañamiento de la mujer en su trabajo de parto y en el parto mismo.

En primer término, creemos que con este proyecto de ley estamos determinando un derecho que tiene la mujer a estar acompañada en la instancia del nacimiento de un hijo. En la legislación existente, este derecho está supeditado, de alguna manera, a consideraciones estrictamente sanitarias. Para nosotros, la posibilidad de considerarlo un derecho queda, por lo tanto, como un elemento principal al que se agrega la instancia en la cual el tema sanitario debe considerarse desde el punto de vista de las ventajas que conlleva este proceso.

La realidad demuestra que, tanto las instituciones públicas como las privadas, en general no habilitan el acompañamiento aunque, por supuesto, hay que destacar excepciones. Sin embargo, la salud pública tiene grandes dificultades para consagrar esto que, insistimos, para nosotros tiene que ser un tema de Derecho.

Por otro lado, este proyecto de ley pretende estimular que la práctica del acompañamiento no sólo esté sujeta a la libre elección de la mujer -que, en este caso, no se reduce a que sea el esposo quien dé ese apoyo, pues puede ser la madre o quien esté en condiciones de hacerlo, en opinión de la mujer que va a tener un hijo- sino que también forme parte del entrenamiento del personal en las diferentes instituciones, a los efectos de brindar ese apoyo emocional a que se hace referencia. Por supuesto, esto no va en detrimento del rol que cumplen los médicos, las parteras o el resto del personal del equipo.

En diferentes estudios de investigación se ha consignado que todo lo que signifique apoyo afectivo durante el momento del parto trae consecuencias favorables, tanto para la madre como para el niño que nace.

Cuando pretendimos estudiar Legislación Comparada, no encontramos leyes de ninguno de los países de Latinoamérica y ahí confirmamos algo que nos dijeron los Directores del CLAP, Institución que funciona en nuestro Hospital de Clínicas y que es representante regional de la Organización Mundial de la Salud. Los profesionales nos plantearon que no tenía traducción legal en ninguno de los países de esta región que consagrara este derecho y que, por lo tanto, parecía muy importante que Uruguay, con la historia que todos conocemos acerca de la importancia científica y el reconocimiento que tiene el CLAP -cuyo miembro fundador fue el doctor Caldeyro Barcia- aunque fuera a través de un modesto proyecto como este, iniciara un camino que motivaría a que otros países adoptaran normativas similares.

El tema de los derechos reproductivos y el dar mayor seguridad a toda esta parte especial de la vida de la mujer, está siendo considerado en diferentes Parlamentos de la región. Los argentinos han logrado consagrar un proyecto de ley que, de alguna manera, tiene que ver con aspectos generales de la salud reproductiva y de la procreación responsable. Los brasileños también discuten este asunto -aún no se ha elaborado una ley- con relación a lo que ellos llaman la humanización del parto y el entorno que lo rodea.

Nos parece importante que se disponga de un mecanismo legal, porque creemos que no podemos seguir a la discrecionalidad de los diferentes servicios sanitarios. Pensamos que, de alguna forma, la realidad del Uruguay de hoy hace que nos preocupemos, en especial, por la situación de las madres cuando están por dar a luz a un nuevo hijo. De los aproximadamente 56.000 partos anuales que hay en el Uruguay, un 17% corresponde a madres adolescentes. Este porcentaje aumenta si consideramos los valores de centros como el Pereira Rossell que, de alguna manera, es modelo en esta materia, ya que las cifras que surgen de allí son más significativas que las que he mencionado que, de por sí, son bastante alarmantes. En el Pereira Rossell se atienden unos 8.000 partos al año, o sea que cada una hora nace un niño y cada cuatro horas el niño es hijo de una madre adolescente. Al hablar de adolescencia, consideramos un período que va de los 10 a los 19 años, aunque dicha etapa se pueda dividir en dos momentos. En alguna oportunidad, recorrimos y vimos una madre de 12 años que, obviamente, quedó embarazada a los 11 años.

Obviamente, estamos llegando tarde en materia de prevención y un proyecto como éste no soluciona el tema, pero una buena experiencia en un nacimiento logra que la madre, de alguna manera, quede más adherida a programas de prevención en cuanto a su propia salud, a la reproducción y a las obligaciones que tiene con el niño en materia de controles. En general, estas jóvenes llegan solas a tener su hijo y por eso hemos sido contemplativos en el aspecto de que el acompañamiento esté dentro de una gama en la que la propia mujer embarazada pueda optar. A veces se dice que el acompañamiento complica el momento del parto, por eso hay que estar muy bien preparado y tomar determinadas prevenciones. Lo lógico sería que esas mujeres -ellas son las que más nos preocupan- llegaran con controles previos y educación en materia de lo que van a vivir. Sin embargo, esa no es la realidad y muchas vienen por primera vez en el momento de tener a su hijo. Pensamos que es importante que estén acompañadas en esas circunstancias y los valores científicos brindados por muchas instituciones así lo avalan. La necesidad de recibir analgésicos en esas circunstancias es mucho menor, reduciéndose en aproximadamente un 21%. Lo mismo ocurre con el tema de las cesáreas, que ha estado en controversia en más de una oportunidad, discutiéndose si existen epidemias de cesáreas o si los servicios sanitarios se están adecuando a los valores internacionales considerados como normales. Asimismo, varía la necesidad de una episiotomía, o sea el corte que se realiza para facilitar el nacimiento del niño. Otro aspecto que es muy importante desde el punto de vista numérico, porque se trata de cifras porcentuales muy significativas, es que la depresión del recién nacido que se mide a los cinco minutos y es trascendente en el desarrollo futuro del niño, mejore en un 50%. Parece increíble que todo esto varíe solamente con lo afectivo, pero la medicina, basada cada vez más en evidencias científicas, prueba que estos datos se ratifican en las experiencias que se están realizando en todo el mundo.

Para no apartarnos del tema del embarazo adolescente que, de alguna manera, es la parte social que motiva este proyecto de ley -hablábamos del tema del derecho de todas las mujeres, de una mejor calidad en la atención y de la tercera pata que de alguna forma promueve legislar en este sentido- debemos decir que nos son pocas las madres adolescentes que cursan su segundo y tercer embarazo durante esa etapa de su vida, siendo muchas veces cuatro seres a desarrollarse y a criarse.

Hemos planteado que hay un período que merece una consideración especial, porque es el momento de la vida en que se dan las mayores probabilidades de mortalidad, tanto de la madre como del propio niño. Me refiero al período denominado "perinatal" que es el que tiene que ver con el entorno inmediato del parto. Algunas de estas muertes pueden ser evitables y, entre otras cosas, se debe considerar las condiciones en que llegan las madres a ese momento. Por eso, es importante ir uniendo todas las fases de la procreación de una madre para que en los siguientes embarazos no llegue desnutrida o con otros déficit. Este período es importante no sólo porque puede no pasarse a otro momento de la vida, sino también porque desde el punto de vista intelectual y físico marca la capacidad y las posibilidades de un mejor desarrollo. De alguna manera, cada vez más se demuestra que lo que somos está determinado por lo que hemos vivido en nuestra etapa fetal.

Queríamos señalar algunos aspectos que figuran en la exposición de motivos inicial de este proyecto de ley. Según datos del Instituto Nacional de la Familia y de la Mujer, el nivel de fecundidad en nuestro país medido a través de la tasa global de fecundidad -según decía esta exposición de motivos "del siglo pasado", era alto, ya que indicaba un valor de seis hijos por mujer. Entre 1950 y l995, la cifra se redujo a la mitad, manteniendo una estabilización en torno a tres hijos por mujer. A partir de entonces comenzó a declinar, situándose en el quinquenio l995-2000 en 2.4 hijos por mujer. Este patrón escapa de la historia inicial de nuestro país y también de los patrones en que se reproduce el resto de América Latina, salvo Argentina. Pensamos que el crecimiento de nuestros niños debe estar dotado de las mayores garantías y seguridades que el sistema pueda dar, tanto en los ámbitos públicos como en los privados.

Con relación al tema de las jóvenes, existen -claramente- diferencias en cuanto a qué parte del subsistema de salud las atiende, y sabemos muy bien las diferencias de asignación de recursos que tienen uno y otro sistema. Decíamos en la exposición de motivos que, en 1985, por cada 1000 mujeres de entre 15 y 19 años había 62 nacimientos, y esta cifra subía a 76 en el período 1995 - 1998; estos eran datos del censo de población. Sabemos -y lo hemos planteado muchas veces en esta Cámara- que en el Uruguay el 40% de los niños y niñas nacen en hogares con necesidades básicas insatisfechas, y estos son datos extraídos del informe del Departamento Materno Infantil del Ministerio de Salud Pública correspondiente al período 1995 - 1999, cuando se evaluaban los programas de atención al tema de la mujer y la maternidad. Además, según la publicación "Mujer y Fecundidad en el Uruguay", editada en 1994 por el Centro Latinoamericano de Demografía, Fondo de Población de Naciones Unidas, OPS y Ministerio de Salud Pública, las mujeres jóvenes -considerando ese rango entre 15 y 19 años pero que, como decíamos, no exceptúa a las que están entre 10 y 15 años- tienen el porcentaje mayor de carencia de derechos vigentes en materia de asistencia médica; en esa época tenían el 15,6% de no-cobertura. Por otra parte, cuando se dispone de la misma, ésta se brinda mayoritariamente por el sector público; estas mujeres, globalmente consideradas como rango etario, se atienden en un 53% en el subsector público. Como todos sabemos, el nivel de atención del sector público -no por la diferencia en la calidad de atención de nuestros profesionales, sino por la infraestructura con que cuenta- cambia considerablemente.

En definitiva, señor Presidente, este proyecto pretende consagrar un derecho que le asiste a la mujer, apunta a que las instituciones, tanto públicas como privadas, adopten este sistema como una forma de seguir encarando esta situación y tiende a un mejoramiento de la atención. Por estos motivos, es que solicitamos la aprobación de este proyecto de ley por parte del Senado.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"Artículo 1º.- Toda mujer durante el tiempo que dura el trabajo de parto, incluyendo el momento mismo del nacimiento, tendrá derecho a estar acompañada de una persona de su confianza o en su defecto, a su libre elección, de una especialmente entrenada para darle apoyo emocional."

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"Artículo 2º.- Todo centro asistencial deberá informar en detalle a la embarazada del derecho que le asiste en virtud de lo dispuesto por el artículo 1º y estimulará la práctica a que éste hace referencia."

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 3º.

(Se lee:)

"Artículo 3º.- Las disposiciones de la presente ley son aplicables a los profesionales y a las instituciones asistenciales del área de la salud, sean ellos públicos o privados."

-En consideración.

SEÑOR SINGER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SINGER.- Cuando el artículo dice "sean ellos públicos o privados", se está refiriendo a las instituciones; por lo tanto, debería decir "sean ellas públicas o privadas".

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Quiero aclarar que la expresión a que hace referencia el señor Senador Singer se refiere tanto a las instituciones como a los profesionales. El machismo gramatical de la lengua española indica que, en ese caso, va el masculino.

SEÑOR SINGER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SINGER.- No creo que pueda interpretarse que la expresión se refiere también a los profesionales, porque estos no son públicos ni privados.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Este artículo establece que las disposiciones de este proyecto de ley son aplicables a los profesionales y a las instituciones asistenciales de salud; nadie está sosteniendo que los profesionales sean públicos o privados. Pero, si se considera que queda más clara la redacción que propone el señor Senador Singer, no hago cuestión.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Es una lástima que terminemos discutiendo cuestiones gramaticales cuando estamos considerando un proyecto de ley tan importante como éste, que aspiro sea aprobado cuanto antes en la Cámara de Diputados. Pero debo decir que comparto la apreciación que hace el señor Senador Singer. Tal vez se debería agregar una coma después de la palabra "profesionales", con lo cual la redacción quedaría de la siguiente manera: "Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a los profesionales, y a las instituciones asistenciales del área de la salud, sean ellas públicas o privadas." Los profesionales trabajan en instituciones públicas o privadas, pero no son profesionales públicos o privados, como dice el señor Senador Singer.

SEÑOR FAU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FAU.- Lamento insistir en los aspectos gramaticales, pero no son poca cosa; precisamente, la eficacia de la ley será mayor cuanto mejor redactada esté. Por lo tanto, las observaciones van en el sentido de afirmar el valor que el proyecto tiene.

Este artículo 3º comienza diciendo: "Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a los profesionales". Creo que la redacción no es feliz, porque la disposición esencial de este proyecto es la que otorga el derecho a la mujer a tener este apoyo; en consecuencia, no es de los profesionales o de las instituciones.

Lo que habría que poner -supongo- es que las disposiciones de la presente ley son obligatorias para los profesionales y las instituciones asistenciales. No entro en el otro debate, porque lo que se busca es que tanto el profesional como la institución estén obligados a habilitar que, para el caso que se desee, se pueda recurrir a esta facultad que se otorga. Pero no se puede aplicar la ley a los profesionales, porque su sustancia es la del derecho que se le da a la mujer en el momento del parto.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: entiendo la buena voluntad que pone el señor Senador Fau en este sentido, pero creo que cuando planteamos la expresión "son aplicables" y no utilizamos un término más contundente como "obligatoriedad", fue porque en este caso la aplicación de las disposiciones, si bien va a tener su reglamentación, implicará una gradualidad en la cual la práctica de los profesionales y la que promuevan las instituciones, tendrá que ir adaptándose. Es posible que digamos que de todo eso se encarga la reglamentación. También sabemos -y en especial esta Comisión, cuando trajo el proyecto de ley que se aprobó el año pasado- que las dificultades han sido enormes en esta materia. La ley funciona y se está aplicando, pero la reglamentación no ha establecido determinados márgenes.

Entonces, no sería bueno que incluyamos la disposición que establece la obligatoriedad, porque luego ésta va a exigirse, independientemente de si está reglamentada o no. Los profesionales y las instituciones se van a ver en una situación en la que no van a disponer de los márgenes temporales que entendemos tienen las adaptaciones cuando estamos cambiando prácticas.

Fuimos cuidadosos al decir que no era una obligatoriedad, por más que luego, en algún momento, la ley logre -y así lo deseamos- que todo esto se convierta en una realidad en las instituciones públicas y privadas. Esa fue la razón por la cual no pusimos un término más contundente.

Creo que en los conceptos no hay discrepancias, sino que estamos tratando de ver de qué forma queda mejor redactada la disposición.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA XAVIER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Puede interrumpir el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: tratando de interpretar el sentido que pretende darle la señora Senadora Xavier, me pregunto si no sería mejor decir: "Las disposiciones de la presente ley deberán ser aplicadas por los profesionales y las instituciones asistenciales del área de la salud, sean ellas públicas o privadas".

SEÑOR FAU.- De eso se trata.

SEÑOR RUBIO.- También se podría decir: …"serán aplicadas por los profesionales y las instituciones asistenciales del área de la salud, sean ellas públicas o privadas".

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Puede continuar la señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: me parece que ésta es una buena salida que contempla los elementos que habíamos discutido.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: quiero brindar un pequeño aporte más en el mismo sentido que proponía la señora Senadora Arismendi, quien, creo, ofreció una explicación muy clara acerca del artículo, que no aparecía correctamente redactado en su texto original.

Retomo la propuesta del señor Senador Rubio. A mi juicio, la redacción podría ser la siguiente: "Las disposiciones de la presente ley serán aplicadas por los profesionales," -luego de "profesionales", pondría una coma, como proponía la señora Senadora Arismendi- "así como por las instituciones asistenciales del área de la salud, sean públicas o privadas."

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Léase el artículo 3º con las modificaciones propuestas.

(Se lee:)

"Las disposiciones de la presente ley serán aplicadas por los profesionales, así como por las instituciones asistenciales del área de la salud, sean públicas o privadas."

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que será comunicado a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"Artículo 1°. - Toda mujer durante el tiempo que dura el trabajo de parto, incluyendo el momento mismo del nacimiento, tendrá derecho a estar acompañada de una persona de su confianza o en su defecto, a su libre elección, de una especialmente entrenada para darle apoyo emocional.

Art. 2°. - Todo centro asistencial deberá informar en detalle a la embarazada del derecho que le asiste en virtud de lo dispuesto por el artículo 1° y estimulará la práctica a que éste hace referencia.

Art. 3°. - Las disposiciones de la presente ley serán aplicadas por los profesionales, así como por las instituciones asistenciales del área de la salud, sean públicas o privadas.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 5 de junio de 2001.

Luis Hierro López Presidente
Mario Farachio Secretario.»

17) DOCTOR AQUILES LANZA

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Se pasa a considerar el punto que figura en tercer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se designa con el nombre `Dr. Aquiles Lanza' la Escuela de Capacitación de Funcionarios Públicos de la Oficina Nacional del Servicio Civil. (Carp. Nº 432/01 - Rep. Nº 236/01)."

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 432/01
Rep. Nº 236/01

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Desígnase a la Escuela de Capacitación de Funcionarios Públicos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, sita en la calle Convención Nº 1523, departamento de Montevideo, con el nombre de "Dr. Aquiles Lanza".

Dr. Ruben Correa Freitas. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Montevideo, 2 de mayo de 2001.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores
Don Luis Hierro López

De mi mayor consideración:

De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 133 de la Constitución de la República, vengo a formular la iniciativa del siguiente proyecto de ley, por el que se designa con el nombre de "Dr. Aquiles Lanza" a la Escuela de Capacitación de Funcionarios Públicos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, sita en la calle Convención 1523 de la ciudad de Montevideo.

Considero que es un justo homenaje a quien fuera el primer Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, designado por el entonces Presidente de la República, don Jorge Pacheco Areco, cargo que desempeñó entre 1969 y 1970.

El Dr. Aquiles Lanza nació en la ciudad de Montevideo el 31 de mayo de 1925. Médico de profesión, desde muy joven abrazó la carrera política, siendo fundador a principios de los años 60, de la Lista 99 del Partido Colorado, conjuntamente con Zelmar Michelini, Eduardo Arzuaga, Julio Souto y Hugo Batalla. Fue electo Representante Nacional en 1962, habiendo sido reelecto en 1966. Posteriormente, en 1968 ocupó la Dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y en 1969 la Dirección de la Oficina Nacional del Servicio Civil, volviendo a desempeñar nuevamente la Dirección de Planeamiento y Presupuesto en 1970.

Restablecida la democracia en el Uruguay, el Dr. Aquiles Lanza fue electo en 1984 Intendente Municipal de Montevideo por el Partido Colorado, cargo que desempeñó a partir del 15 de febrero de 1985. Falleció en la ciudad de Montevideo, a los sesenta años de edad, en ejercicio del cargo de Intendente Municipal de Montevideo, el 6 de noviembre de 1985.

Como Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, el Dr. Aquiles Lanza tuvo a su cargo la instalación de la misma en el Edificio ubicado en la calle Sarandí 500 esquina Treinta y Tres, habiendo desarrollado una gestión que dejó una impronta muy especial para todos quienes fuimos funcionarios de esa repartición estatal. Promovió el primer censo nacional de funcionarios públicos en 1969 y con asistencia del Programa de Naciones Unidas implantó los cursos de capacitación de funcionarios públicos. Quienes tuvimos el honor de ser funcionarios de la Oficina Nacional del Servicio Civil, siempre recibimos de quienes trabajaron junto al Dr. Aquiles Lanza, las diversas enseñanzas en materia de gestión pública, pero sobre todo, su calidez humana, su don de gentes, su ponderación en los juicios, su firmeza en las ideas y principios que defendía.

Conocí al Dr. Aquiles Lanza en plena campaña política por las elecciones internas de los partidos políticos en 1982, y cuando fui designado Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil en 1985, fue a la primera persona a quien fui a pedir consejos para mi futura gestión, siendo inolvidable para mí la entrevista que mantuve con él en su despacho del Palacio Municipal en octubre de 1985, poco antes de su fallecimiento.

Considero, señor Presidente, que es un justo homenaje a un hombre público excepcional por sus dotes intelectuales y sus cualidades personales, quien puso la piedra fundamental para las actividades de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Saludo a Ud. muy atentamente,

Dr. Ruben Correa Freitas. Senador.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Constitución y Legislación, aprobó por unanimidad de sus miembros, el proyecto de ley por el que se designa con el nombre de "Doctor Aquiles Lanza" a la Escuela de Capacitación de Funcionarios Públicos de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Este es un merecido homenaje público, a quien fuera el primer Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, quien tuvo a su cargo su instalación en el Edificio ubicado en la calle Sarandí 500 esquina Treinta y Tres.

El doctor Aquiles Lanza en su gestión como Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, promovió el primer censo de funcionarios públicos en el año 1969 e implantó, con la asistencia del Programa de Naciones Unidas, los cursos de capacitación de Funcionarios Públicos. Pero más allá de sus logros, que no fueron pocos, hay que destacar su enorme calidez humana, su don de gentes, la tenacidad en la prosecución de sus objetivos, la firmeza en las ideas y principios que defendía, habiendo sido un planificador serio, un político profesional, un hombre que dedicó su vida al cumplimiento del deber, con grandes valores morales e intelectuales con los que honró a su partido político, así como a su país.

Quienes lo conocimos de diferentes maneras, ya sea en el plano político, en el profesional o como funcionarios, los que trabajaron junto a él, sabemos que siempre actuó de la misma forma, tanto como ciudadano, como batllista y como amigo.

El doctor Aquiles Lanza falleció el seis de noviembre de 1985, en el ejercicio del cargo de Intendente Municipal de Montevideo, a los escasos nueve meses de haber asumido el mismo, cuando su gestión tanto en el plano municipal como en el social prometía un cambio sustancial en la gestión del municipio capitalino.

Vuestra Comisión aconseja al Senado la aprobación del presente proyecto de ley, como un justo homenaje a quien en cumplimiento de su deber y de las funciones que el país exige, siempre estará en el recuerdo de todos, por su vocación puesta al servicio de la función pública, por su don de gentes y su hombría de bien.

Sala de la Comisión, el 15 de mayo de 2001.

Ruben Correa Freitas (Miembro Informante), Alejandro Atchugarry, Gustavo Borsari Brenna, Yamandú Fau, Francisco Gallinal, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Manuel Núñez, Enrique Rubio. Senadores.»

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: la Comisión de Constitución y Legislación del Senado ha dado aprobación, por unanimidad de sus miembros, al proyecto de ley que presentáramos oportunamente, por el cual se designa con el nombre "Dr. Aquiles Lanza" la Escuela de Capacitación de Funcionarios Públicos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, local que está ubicado en la calle Convención 1523.

A quince años de su fallecimiento, consideramos que es un justo homenaje al doctor Aquiles Lanza que, como todos sabemos, fue una figura pública que ocupó cargos muy importantes en nuestro país. Fue Representante Nacional, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, fue el primer Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil y finalmente, en 1984, fue electo Intendente Municipal de Montevideo, cargo que ocupó entre el 15 de febrero y el 6 de noviembre de 1985, fecha de su muerte.

El doctor Aquiles Lanza se caracterizó por haber dejado una impronta personal en la Oficina Nacional del Servicio Civil, de tal manera que todos quienes fueron sus funcionarios y aun aquellos que no desempeñamos funciones durante la época en que ejerció la Dirección de dicho organismo, lo recordamos siempre con afecto y cariño. Su estilo de dirección fue muy humano, muy técnico, al frente de la Oficina Nacional del Servicio Civil, y fue él quien impulsó los primeros planes de racionalización administrativa en el sector público, habiendo tenido a su cargo la ímproba tarea de realizar el primer censo nacional de funcionarios públicos en el año 1969.

Entendemos, pues, que las razones que hemos manifestado en nuestra exposición de motivos y las que constan en el informe escrito que elevamos al Plenario, justifican la aprobación de este proyecto de ley como un homenaje a aquella figura, inolvidable para todos, cualquiera sea el sector político al que se pertenezca. Además, creo que de ahora en adelante es justo que un edificio emblemático para los funcionarios públicos, como lo es la Escuela de Capacitación del Servicio Civil, lleve el nombre de quien fuera su primer Director.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el Artículo Unico.

(Se lee:)

"ArtIculo Unico.- Desígnase a la Escuela de Capacitación de Funcionarios Públicos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, sita en la calle Convención Nº 1523, departamento de Montevideo, con el nombre de `Dr. Aquiles Lanza'."

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

18) TRATADO DE PROHIBICION COMPLETA DE LOS ENSAYOS NUCLEARES

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: " Proyecto de ley por el que se aprueba el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, suscrito en Nueva York. (Carp. Nº 393/01 - Rep. Nº 232/01)".

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 393/01
Rep. Nº 232/01

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, suscrito en New York, el 24 de setiembre de 1996.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 7 de marzo de 2001.

Gustavo Penadés Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El siguiente proyecto tiene que ver con el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, suscrito en Nueva York el 24 de setiembre de 1996.

Como se expresa en el preámbulo, los Acuerdos Internacionales y demás medidas positivas adoptadas en los últimos años en la esfera del armamento nuclear, incluida la reducción de armas nucleares, así como la prevención de la proliferación de la producción en todos sus aspectos, y teniendo en cuenta que la situación internacional actual ofrece la oportunidad de adoptar nuevas medidas eficaces para el desarme nuclear, se concluye la necesidad de seguir realizando los esfuerzos sistemáticos y progresivos, para reducir las armas nucleares a escala mundial, por lo que es fundamental ir a la cesación de todas las explosiones de ensayos de armas nucleares y explosiones nucleares en general, para contribuir como medida eficaz a la no-proliferación de las mismas.

El fin de las explosiones de toda índole en materia nuclear constituye un paso fundamental en la consecución del desarme nuclear.

Este Tratado busca la prohibición completa de los ensayos nucleares internacionales, eficazmente verificables, como uno de los objetivos de mayor prioridad de la comunidad internacional en materia de desarme y no-proliferación nuclear.

Buscando lo que ya se hablaba en el Tratado de 1963, por el que se prohiben los ensayos de armas en la atmósfera, en el espacio ultraterrestre y en las profundidades del mar, como así también la suspensión permanente de todos los ensayos de armas nucleares.

Se obligan los Estados a no realizar ninguna explosión de armas nucleares o explosión nuclear, y a prohibir y prevenir cualquiera de éstas en algún lugar sometido a su jurisdicción.

De igual modo, se compromete a no causar ni alentar la realización de cualquier explosión nuclear.

Se crea una Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que tendrá sede en Viena, República de Austria, y que tendrá a su cargo el control del cumplimiento del Tratado, así como su vigilancia, inspecciones y consultas a realizar con los Estados Partes, para llevar adelante el cumplimiento del presente Tratado.

Dada la importancia del mismo, se aconseja su aprobación.

Sala de la Comisión, 10 de mayo de 2001.

Carlos M. Garat (Miembro Informante), Alberto Couriel, Reinaldo Gargano, Pablo Millor, Carlos Julio Pereyra, Wilson Sanabria, Juan A. Singer. Senadores.

TRATADO DE PROHIBICION COMPLETA DE LOS ENSAYOS NUCLEARES

NACIONES UNIDAS
1996

PREAMBULO

Los Estados Partes en el presente Tratado (denominados en lo sucesivo "los Estados Partes"),

Acogiendo con agrado los acuerdos internacionales y demás medidas positivas adoptadas en los últimos años en la esfera del desarme nuclear, incluidas reducciones de los arsenales de armas nucleares, así como en la esfera de la prevención de la proliferación nuclear en todos sus aspectos,

Subrayando la importancia de la plena y pronta aplicación de esos acuerdos y medidas,

Convencidos de que la situación internacional actual ofrece la oportunidad de adoptar nuevas medidas eficaces hacia el desarme nuclear y contra la proliferación de las armas nucleares en todos sus aspectos, y declarando su propósito de adoptar tales medidas,

Subrayando en consecuencia la necesidad de seguir realizando esfuerzos sistemáticos y progresivos para reducir las armas nucleares a escala mundial, con el objetivo último de eliminar esas armas y de lograr un desarme general y completo bajo estricto y eficaz control internacional,

Reconociendo que la cesación de todas las explosiones de ensayo de armas nucleares y de todas las demás explosiones nucleares, al restringir el desarrollo y la mejora cualitativa de las armas nucleares y poner fin al desarrollo de nuevos tipos avanzados de armas nucleares, constituye una medida eficaz de desarme nuclear y de no proliferación en todos sus aspectos,

Reconociendo también que el fin de todas las explosiones de esa índole constituirá por consiguiente un paso importante en la realización de un proceso sistemático destinado a conseguir el desarme nuclear,

Convencidos de que la manera más eficaz de lograr el fin de los ensayos nucleares es la concertación de un tratado universal de prohibición completa de los ensayos nucleares internacional y eficazmente verificable, lo que ha sido desde hace mucho tiempo uno de los objetivos de mayor prioridad de la comunidad internacional en la esfera del desarme y la no proliferación,

Tomando nota de las aspiraciones expresadas por las Partes en el Tratado de 1963 por el que se prohíben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, en el espacio ultraterrestre y debajo del agua de tratar de lograr la suspensión permanente de todas las explosiones de ensayo de armas nucleares,

Tomando nota también de las opiniones expresadas en el sentido de que el presente Tratado podría contribuir a la protección del medio ambiente,

Afirmando el propósito de lograr la adhesión de todos los Estados al presente Tratado y su objetivo de contribuir eficazmente a la prevención de la proliferación de las armas nucleares en todos sus aspectos y al proceso de desarme nuclear y, por lo tanto, al acrecentamiento de la paz y la seguridad internacionales,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo I
Obligaciones básicas

1. Cada Estado Parte se compromete a no realizar ninguna explosión de ensayo de armas nucleares o cualquier otra explosión nuclear y a prohibir y prevenir cualquier explosión nuclear de esta índole en cualquier lugar sometido a su jurisdicción o control.

2. Cada Estado Parte se compromete asimismo a no causar ni alentar la realización de cualquier explosión de ensayo de armas nucleares o de cualquiera otra explosión nuclear, ni a participar de cualquier modo en ella.

Artículo II
La Organización

A. Disposiciones generales

1. Los Estados Partes en el presente Tratado establecen por él la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (denominada en lo sucesivo "la Organización"), para lograr el objeto y propósito del presente Tratado, asegurar la aplicación de sus disposiciones, incluidas las referencias a la verificación internacional de su cumplimiento, y servir de foro a las consultas y cooperación entre los Estados Partes.

2. Todos los Estados Partes serán miembros de la Organización. Ningún Estado Parte será privado de su condición de miembro de la Organización.

3. La Organización tendrá su sede en Viena, República de Austria.

4. Por el presente artículo se establecen los siguientes órganos de la Organización: la Conferencia de los Estados Partes, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría Técnica, que incluirá un Centro Internacional de Datos.

5. Cada Estado Parte cooperará con la Organización en el ejercicio de sus funciones de conformidad con el presente Tratado. Los Estados Partes celebrarán consultas, directamente entre sí, o por medio de la Organización u otros procedimientos internacionales apropiados, entre ellos procedimientos celebrados en el marco de las Naciones Unidas y de conformidad con su Carta, acerca de cualquier cuestión que pueda plantearse en relación con el objetivo y el propósito del presente Tratado o la aplicación de sus disposiciones.

6. La Organización realizará las actividades de verificación previstas para ella en el presente Tratado de la manera menos intrusiva posible que sea compatible con el oportuno y eficiente logro de sus objetivos. Solicitará únicamente la información y datos que sean necesarios para cumplir las responsabilidades que le impone el presente Tratado. Adoptará toda clase de precauciones para proteger el carácter confidencial de la información sobre las actividades e instalaciones civiles y militares de que venga en conocimiento en el cumplimiento del presente Tratado y, en particular, acatará las disposiciones sobre confidencialidad contenidas en el presente Tratado.

7. Cada Estado Parte tratará confidencialmente y manipulará de modo especial la información y datos que reciba a título reservado de la Organización en relación con la aplicación del presente Tratado. Tratará esa información y datos exclusivamente en relación con sus derechos y obligaciones con arreglo al presente Tratado.

8. La Organización, en cuanto órgano independiente, se esforzará por aprovechar la experiencia y las instalaciones existentes siempre que sea posible y por lograr la mayor eficiencia de costos promoviendo arreglos de colaboración con otras organizaciones internacionales tales como el Organismo Internacional de Energía Atómica. Estos arreglos, con la excepción de los de menor importancia y los de carácter comercial y contractual, constarán en acuerdos que se presentarán a la Conferencia de los Estados Partes para su aprobación.

9. Los costos de las actividades de la Organización serán sufragados anualmente por los Estados Partes de conformidad con la escala de cuotas de las Naciones Unidas ajustada para tener en cuenta las diferencias de composición entre las Naciones Unidas y la Organización.

10. Las contribuciones financieras de los Estados Partes a la Comisión Preparatoria se deducirán de manera adecuada de sus contribuciones al presupuesto ordinario.

11. El miembro de la Organización que esté atrasado en el pago de su cuota a la Organización no tendrá voto en ésta si el importe de los atrasos es igual o superior a la cuota debida por dicho miembro por los dos años anteriores. No obstante, la Conferencia de los Estados Partes podrá permitir que dicho miembro vote si está convencida de que la falta de pago se debe a circunstancias ajenas a su voluntad.

B. La Conferencia de los Estados Partes

Composición, procedimientos y adopción de decisiones

12. La Conferencia de los Estados Partes (denominada en lo sucesivo "la Conferencia") estará integrada por todos los Estados Partes. Cada Estado Parte tendrá un representante en la Conferencia, quien podrá estar acompañado de suplentes y asesores.

13. El período inicial de sesiones de la Conferencia será convocado por el Depositario 30 días después, a más tardar, de la entrada en vigor del presente Tratado.

14. La Conferencia celebrará períodos ordinarios de sesiones anualmente, salvo que decida otra cosa.

15. Se convocará un período extraordinario de sesiones de la Conferencia:

a) Cuando lo decida la Conferencia;

b) Cuando lo solicite el Consejo Ejecutivo; o

c) Cuando lo solicite cualquier Estado Parte con el apoyo de la mayoría de los Estados Partes.

El período extraordinario de sesiones será convocado 30 días después, a más tardar, de la decisión de la Conferencia, de la solicitud del Consejo Ejecutivo o de la obtención del apoyo necesario, salvo que se especifique otra cosa en la decisión o solicitud.

16. La Conferencia podrá también ser convocada como Conferencia de Enmienda, de conformidad con el artículo VII.

17. La Conferencia podrá también ser convocada como Conferencia de Examen, de conformidad con el artículo VIII.

18. Los períodos de sesiones se celebrarán en la sede de la Organización, salvo que la Conferencia decida otra cosa.

19. La Conferencia aprobará su reglamento. Al comienzo de cada período de sesiones, elegirá a su Presidente y a los demás miembros de la Mesa que sea necesario. El Presidente y los demás miembros de la Mesa ejercerán sus funciones hasta que se nombre un nuevo Presidente y una nueva Mesa en el próximo período de sesiones.

20. El quórum estará constituido por la mayoría de los Estados Partes.

21. Cada Estado Parte tendrá un voto.

22. La Conferencia adoptará decisiones sobre cuestiones de procedimiento por mayoría de los miembros presentes y votantes. Las decisiones sobre cuestiones de fondo se adoptarán en lo posible por consenso. Si no pudiera llegarse a un consenso cuando haya que adoptar una decisión sobre una cuestión, el Presidente de la Conferencia aplazará la votación por 24 horas y durante ese aplazamiento hará todo cuanto sea posible para facilitar el logro del consenso e informará a la Conferencia antes de que concluya dicho aplazamiento. En caso de que no fuera posible llegar a un consenso transcurridas 24 horas, la Conferencia adoptará la decisión por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, a menos que se disponga otra cosa en el presente Tratado. Cuando se suscite el problema de si una cuestión es, o no, de fondo, se tratará como cuestión de fondo, a menos que se decida otra cosa por la mayoría necesaria para adoptar decisiones sobre cuestiones de fondo.

23. En el ejercicio de las funciones que se le asignan en el apartado k) del párrafo 26, la Conferencia adoptará la decisión de añadir a cualquier Estado a la lista de Estados que figura en el anexo 1 al presente Tratado de conformidad con el procedimiento para adoptar decisiones sobre cuestiones de fondo enunciado en el párrafo 22. No obstante lo dispuesto en el párrafo 22, la Conferencia adoptará por consenso las decisiones sobre cualquier modificación del anexo al presente Tratado.

Poderes y funciones

24. La Conferencia será el órgano principal de la Organización. Examinará cualquier cuestión, materia o problema comprendidos en el ámbito del presente Tratado, incluidos los relacionados con los poderes y funciones del Consejo Ejecutivo y de la Secretaría Técnica, de conformidad con el presente Tratado. Podrá hacer recomendaciones y tomar decisiones sobre cualquier cuestión, materia o problema comprendidos en el ámbito del presente Tratado que suscite un Estado Parte o señale a su atención el Consejo Ejecutivo.

25. La Conferencia supervisará la aplicación y examinará el cumplimiento del presente Tratado y actuará para promover su objeto y propósito. Supervisará también las actividades del Consejo Ejecutivo y de la Secretaría Técnica y podrá formular directrices a cualquiera de ellos para el ejercicio de sus funciones.

26. La Conferencia:

a) Examinará y aprobará el informe de la Organización sobre la aplicación del presente Tratado y el programa y presupuesto anuales de la Organización, presentados por el Consejo Ejecutivo, y examinará otros informes;

b) Decidirá la escala de cuotas que hayan de satisfacer los Estados Partes de conformidad con el párrafo 9;

c) Elegirá a los miembros del Consejo Ejecutivo;

d) Nombrará al Director General de la Secretaría Técnica (denominado en lo sucesivo "el Director General");

e) Examinará y aprobará el reglamento del Consejo Ejecutivo presentado por éste;

f) Estudiará y examinará la evolución científica y tecnológica que pueda afectar el funcionamiento del presente Tratado. En este contexto, la Conferencia podrá dar instrucciones al Director General para establecer una Junta Consultiva Científica que le permita, en el cumplimiento de sus funciones, prestar asesoramiento especializado en cuestiones de ciencia y tecnología relacionadas con el presente Tratado a la Conferencia, al Consejo Ejecutivo o a los Estados Partes. En ese caso, la Junta Consultiva Científica estará integrada por expertos independientes que desempeñarán sus funciones a título personal y serán nombrados, de conformidad con las atribuciones adoptadas por la Conferencia, sobre la base de sus conocimientos técnicos y experiencia en las esferas científicas concretas pertinentes para la aplicación del presente Tratado;

g) Adoptará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del presente Tratado y remediar cualquier situación que contravenga sus disposiciones, de conformidad con el artículo V;

h) Examinará y aprobará en su período inicial de sesiones cualquier proyecto de acuerdo, arreglo, disposición, procedimiento, manual de operaciones, directrices y cualquier otro documento que elabore y recomiende la Comisión Preparatoria;

i) Examinará y aprobará los acuerdos o arreglos negociados por la Secretaría Técnica con los Estados Partes, otros Estados y organizaciones internacionales que haya de concertar el Consejo Ejecutivo en nombre de la Organización con arreglo al apartado h) del párrafo 38;

j) Establecerá los órganos subsidiarios que considere necesarios para el ejercicio de sus funciones de conformidad con el presente Tratado; y

k) Actualizará el anexo 1 al presente Tratado, según corresponda, de conformidad con el párrafo 23.

C. El Consejo Ejecutivo

Composición, procedimientos y adopción de decisiones

27. El Consejo Ejecutivo estará integrado por 51 miembros. Cada Estado Parte tendrá el derecho, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, a formar parte del Consejo Ejecutivo.

28. Teniendo en cuenta la necesidad de una distribución geográfica equitativa, el Consejo Ejecutivo estará integrado por:

a) Diez Estados Partes de Africa;

b) Siete Estados Partes de Europa oriental;

c) Nueve Estados Partes de América Latina y el Caribe;

d) Siete Estados Partes del Oriente Medio y Asia meridional;

e) Diez Estados Partes de América del Norte y Europa occidental;

f) Ocho Estados Partes de Asia sudoriental, el Pacífico y el Lejano Oriente.

Todos los Estados de cada una de las anteriores regiones geográficas se enumeran en el anexo 1 al presente Tratado. El anexo 1 será actualizado, cuando corresponda, por la Conferencia de conformidad con el párrafo 23 y el apartado k) del párrafo 26.

El anexo no será objeto de enmiendas o modificaciones con arreglo a los procedimientos incluidos en el artículo VII.

29. Los miembros del Consejo Ejecutivo serán elegidos por la Conferencia. A tal efecto, cada región geográfica designará Estados Partes de esa región para su elección como miembros del Consejo Ejecutivo de la manera siguiente:

a) Por lo menos la tercera parte de los puestos asignados a cada región geográfica será cubierta, teniendo en cuenta los intereses políticos y de seguridad, por los Estados Partes de esa región designados sobre la base de las capacidades nucleares pertinentes para el Tratado según vengan determinadas por datos internacionales y por la totalidad o cualquiera de los siguientes criterios indicativos según el orden de prioridad determinado por cada región:

i) Número de instalaciones de vigilancia del Sistema Internacional de Vigilancia;

ii) Conocimientos técnicos y experiencia en materia de tecnología de vigilancia; y

iii) Contribución al presupuesto anual de la Organización;

b) Uno de los puestos asignados a cada región geográfica será cubierto por rotación por el Estado Parte que sea el primero en orden alfabético inglés de los Estados Partes de esa región que más tiempo lleven sin ser miembros del Consejo Ejecutivo desde el momento en que se hubieran hecho Estados Partes o desde que lo fueran por última vez, según cuál sea el plazo más breve. El Estado Parte designado sobre esta base podrá renunciar a su puesto. En tal caso, ese Estado presentará una carta de renuncia al Director General y el puesto será cubierto por el Estado Parte inmediatamente siguiente en orden de conformidad con el presente apartado; y

c) Los puestos restantes asignados a cada región geográfica serán cubiertos por Estados Partes designados de entre todos los Estados Partes de esa región por rotación o elecciones.

30. Cada miembro del Consejo Ejecutivo tendrá un representante en él, quien podrá ir acompañado de suplentes y asesores.

31. Cada miembro del Consejo Ejecutivo desempeñará sus funciones desde el final del período de sesiones de la Conferencia en que haya sido elegido hasta el final del segundo período ordinario anual de sesiones de la Conferencia a partir de esa fecha, salvo que, en la primera elección del Consejo Ejecutivo, 26 miembros serán elegidos para que desempeñen sus funciones hasta el final del tercer período ordinario anual de sesiones de la Conferencia, respetando las proposiciones numéricas que se describen en el párrafo 28.

32. El Consejo Ejecutivo elaborará su reglamento y lo presentará a la Conferencia para su aprobación.

33. El Consejo Ejecutivo elegirá su Presidente de entre sus miembros.

34. El Consejo Ejecutivo celebrará períodos ordinarios de sesiones. Entre períodos ordinarios de sesiones se reunirá según sea necesario para el ejercicio de sus poderes y funciones.

35. Cada miembro del Consejo Ejecutivo tendrá un voto.

36. El Consejo Ejecutivo adoptará sus decisiones sobre cuestiones de procedimiento por mayoría de todos sus miembros. Salvo que se disponga otra cosa en el presente Tratado, el Consejo Ejecutivo adoptará sus decisiones sobre cuestiones de fondo por mayoría de dos tercios de todos sus miembros. Cuando se suscite el problema de si una cuestión es, o no, de fondo, se tratará como cuestión de fondo, a menos que se decida otra cosa por la mayoría necesaria para adoptar decisiones sobre cuestiones de fondo.

Poderes y funciones

37. El Consejo Ejecutivo será el órgano ejecutivo de la Organización. Será responsable ante la Conferencia. Ejercerá los poderes y funciones que le confíe el presente Tratado. Al hacerlo, actuará de conformidad con las recomendaciones, decisiones y directrices de la Conferencia y se asegurará de que sean aplicadas constante y adecuadamente.

38. El Consejo Ejecutivo:

a) Promoverá la aplicación y el cumplimiento efectivos del presente Tratado;

b) Supervisará las actividades de la Secretaría Técnica;

c) Formulará recomendaciones a la Conferencia según sea necesario para el examen de ulteriores propuestas destinadas a promover el objeto y propósito del presente Tratado;

d) Cooperará con la Autoridad Nacional de cada Estado Parte;

e) Examinará y presentará a la Conferencia el proyecto de programa y presupuesto anuales de la Organización, el proyecto de informe de la Organización sobre la aplicación del presente Tratado, el informe sobre la realización de sus propias actividades y los demás informes que considere necesario o que solicite la Conferencia;

f) Establecerá arreglos para los períodos de sesiones de la Conferencia, incluida la preparación del proyecto de programa;

g) Examinará propuestas de modificaciones, sobre cuestiones de carácter administrativo y técnico, al Protocolo o a los anexos al mismo, de conformidad con el artículo VII, y formulará recomendaciones a los Estados Partes respecto de su aprobación;

h) Concertará acuerdos o arreglos con los Estados Partes, otros Estados y organizaciones internacionales en nombre de la Organización, a reserva de la aprobación previa de la Conferencia, y supervisará su aplicación, a excepción de los acuerdos o arreglos a que se hace referencia en el apartado i);

i) Aprobará acuerdos o arreglos relativos a la aplicación de las actividades de verificación negociados con los Estados Partes y otros Estados y supervisará su aplicación; y

j) Aprobará todo nuevo Manual de Operaciones y toda modificación de los Manuales de Operaciones existentes que proponga la Secretaría Técnica.

39. El Consejo Ejecutivo podrá solicitar la convocación de un período extraordinario de sesiones de la Conferencia.

40. El Consejo Ejecutivo:

a) Facilitará la cooperación entre los Estados Partes y entre éstos y la Secretaría Técnica, en relación con la aplicación del presente Tratado, mediante intercambios de información;

b) Facilitará las consultas y aclaraciones entre los Estados Partes de conformidad con el artículo IV;

c) Recibirá y examinará las solicitudes e informes de inspecciones in situ de conformidad con el artículo IV y adoptará medidas al respecto.

41. El Consejo Ejecutivo examinará cualquier preocupación expresada por un Estado Parte sobre el posible incumplimiento del presente Tratado y el abuso de los derechos estipulados en él. Para ello el Consejo Ejecutivo celebrará consultas con los Estados Partes interesados y, cuando proceda, pedirá a un Estado Parte que adopte medidas para solucionar la situación dentro de un plazo determinado. En el grado en que el Consejo Ejecutivo considere necesaria la adopción de ulteriores disposiciones, adoptará, entre otras, una o más de las medidas siguientes:

a) Notificará a todos los Estados Partes la cuestión o materia;

b) Señalará la cuestión o materia a la atención de la Conferencia;

c) Hará recomendaciones a la Conferencia o adoptará las disposiciones que procedan sobre medidas para remediar la situación y asegurar el cumplimiento, de conformidad con el artículo V.

D. La Secretaría Técnica

42. La Secretaría Técnica prestará asistencia a los Estados Partes en la aplicación del presente Tratado. La Secretaría Técnica prestará asistencia a la Conferencia y al Consejo Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones. La Secretaría Técnica llevará a cabo la verificación y las demás funciones que le confíe el presente Tratado, así como las que le delegue la Conferencia o el Consejo Ejecutivo de conformidad con el presente Tratado. La Secretaría Técnica incluirá, como parte integrante de ella, el Centro Internacional de Datos.

43. De conformidad con el artículo IV y el Protocolo, la Secretaría Técnica tendrá, entre otras, las siguientes funciones en relación con la verificación del cumplimiento del presente Tratado:

a) Encargarse de la supervisión y coordinación del funcionamiento del Sistema Internacional de Vigilancia;

b) Hacer funcionar el Centro Internacional de Datos;

c) Recibir, elaborar y analizar los datos del Sistema Internacional de Vigilancia e informar al respecto, con carácter regular;

d) Prestar asistencia técnica y apoyo para la instalación y funcionamiento de estaciones de vigilancia;

e) Prestar asistencia al Consejo Ejecutivo para facilitar las consultas y las aclaraciones entre los Estados Partes;

f) Recibir solicitudes de inspecciones in situ y tramitarlas, facilitar el examen de esas solicitudes por el Consejo Ejecutivo, llevar a cabo los preparativos para las inspecciones in situ y prestar apoyo técnico durante su realización, e informar al Consejo Ejecutivo;

g) Negociar acuerdos o arreglos con los Estados Partes y otros Estados u organizaciones internacionales y concertar, a reserva de la aprobación previa del Consejo Ejecutivo, cualquiera de tales acuerdos o arreglos concernientes a las actividades de verificación con los Estados Partes y otros Estados; y

h) Prestar asistencia a los Estados Partes, por conducto de sus Autoridades Nacionales, sobre otras cuestiones de verificación con arreglo al presente Tratado.

44. La Secretaría Técnica elaborará y mantendrá, a reserva de la aprobación del Consejo Ejecutivo, Manuales de Operaciones por los que se guíe el funcionamiento de los diversos elementos del régimen de verificación, de conformidad con el artículo IV y el Protocolo. Esos Manuales no serán parte integrante del presente Tratado ni del Protocolo y podrán ser modificados por la Secretaría Técnica con la aprobación del Consejo Ejecutivo. La Secretaría Técnica comunicará sin demora a los Estados Partes toda modificación de los Manuales de Operaciones.

45. Entre las funciones que la Secretaría Técnica deberá desempeñar respecto de las cuestiones administrativas figuran:

a) Preparar y presentar al Consejo Ejecutivo el proyecto de programa y de presupuesto de la Organización;

b) Preparar y presentar al Consejo Ejecutivo el proyecto de informe de la Organización sobre la aplicación del presente Tratado y los demás informes que solicite la Conferencia o el Consejo Ejecutivo;

c) Prestar apoyo administrativo y técnico a la Conferencia, al Consejo Ejecutivo y a los demás órganos subsidiarios;

d) Remitir y recibir comunicaciones en nombre de la Organización acerca de la aplicación del presente Tratado; y

e) Desempeñar las responsabilidades administrativas relacionadas con cualquier acuerdo entre la Organización y otras organizaciones internacionales.

46. Todas las solicitudes y notificaciones presentadas por los Estados Partes a la Organización serán transmitidas por conducto de sus Autoridades Nacionales al Director General. Las solicitudes y notificaciones se redactarán en uno de los idiomas oficiales del presente Tratado. En sus respuestas, el Director General utilizará el idioma en que esté redactada la solicitud o notificación que le haya sido transmitida.

47. En lo que respecta a las responsabilidades de la Secretaría Técnica concernientes a la preparación y presentación al Consejo Ejecutivo del proyecto de programa y de presupuesto de la Organización, la Secretaría Técnica determinará y contabilizará claramente todos los gastos correspondientes a cada instalación establecida como parte del Sistema Internacional de Vigilancia. Análogo trato se dará en el proyecto de programa y de presupuesto a todas las demás actividades de la Organización.

48. La Secretaría Técnica informará sin demora al Consejo Ejecutivo de cualquier problema que se haya suscitado en relación con el cumplimiento de sus funciones de que haya tenido noticia en el desempeño de sus actividades y que no haya podido resolver por medio de sus consultas con el Estado Parte interesado.

49. La Secretaría Técnica estará integrada por un Director General, quien será su jefe y más alto oficial administrativo, y los demás funcionarios científicos, técnicos y de otra índole que sea necesario. El Director General será nombrado por la Conferencia por recomendación del Consejo Ejecutivo por un mandato de cuatro años, renovable una sola vez. El primer Director General será nombrado por la Conferencia en su período inicial de sesiones, previa recomendación de la Comisión Preparatoria.

50. El Director General será responsable ante la Conferencia y el Consejo Ejecutivo del nombramiento del personal y de la organización y funcionamiento de la Secretaría Técnica. La consideración primordial en la contratación de personal y la fijación de sus condiciones de servicio será la necesidad de lograr los más altos niveles de conocimientos técnicos profesionales, experiencia, eficiencia, competencia e integridad. Solamente podrá nombrarse Director General, inspectores o demás miembros del personal del cuadro orgánico y administrativo a ciudadanos de los Estados Partes. Deberá tenerse en cuenta la importancia de contratar al personal con la distribución geográfica más amplia posible. La contratación se guiará por el principio de mantener el mínimo personal que sea necesario para el adecuado cumplimiento de las responsabilidades de la Secretaría Técnica.

51. El Director General podrá, según proceda, tras consultar con el Consejo Ejecutivo, establecer grupos de trabajo temporales de expertos científicos para que formulen recomendaciones sobre cuestiones concretas.

52. En el cumplimiento de sus funciones, ni el Director General, ni los inspectores, ni los ayudantes de inspección, ni los miembros del personal solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna otra fuente externa a la Organización. Se abstendrán de toda acción que pudiera redundar de manera desfavorable en su condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante la Organización. El Director General asumirá la responsabilidad de las actividades de cualquier grupo de inspección.

53. Cada Estado Parte respetará el carácter exclusivamente internacional de las responsabilidades del Director General, de los inspectores, de los ayudantes de inspección y de los miembros del personal y no tratará de influir en ellos en el cumplimiento de sus responsabilidades.

E. Privilegios e inmunidades

54. La Organización gozará en el territorio de un Estado Parte y en cualquier otro lugar sometido a la jurisdicción y control de éste de la capacidad jurídica y de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones.

55. Los delegados de los Estados Partes, junto con sus suplentes y asesores, los representantes de
miembros elegidos en el Consejo Ejecutivo, junto con sus suplentes y asesores, el Director General, los inspectores, los ayudantes de inspección y los miembros del personal de la Organización gozarán de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el ejercicio independiente de sus funciones en relación con la Organización.

56. La capacidad jurídica, privilegios e inmunidades a que se hace referencia en el presente artículo serán definidos en acuerdos entre la Organización y los Estados Partes y en un acuerdo entre la Organización y el Estado en el que se halle la sede de la Organización. Esos acuerdos serán examinados y aprobados de conformidad con los apartados h) e i) del párrafo 26.

57. No obstante lo dispuesto en los párrafos 54 y 55, los privilegios e inmunidades de que disfruten el Director General, los inspectores, los ayudantes de inspección y los miembros del personal de la Secretaría Técnica durante el desempeño de actividades de verificación serán los que se enuncian en el Protocolo.

Artículo III
Medidas nacionales de aplicación

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con sus procedimientos constitucionales, las medidas necesarias para aplicar las obligaciones que le impone el presente Tratado. En particular, adoptará las medidas necesarias para:

a) Prohibir que las personas naturales y jurídicas realicen en cualquier lugar de su territorio o en cualquier otro lugar sometido a su jurisdicción de conformidad con el derecho internacional cualquier actividad prohibida a un Estado Parte en virtud del presente Tratado;

b) Prohibir que las personas naturales y jurídicas realicen cualquiera de esas actividades en cualquier lugar sometido a su control; y

c) Prohibir, de conformidad con el derecho internacional, que las personas naturales que tengan su nacionalidad realicen cualquiera de esas actividades en cualquier lugar.

2. Cada Estado Parte cooperará con los demás Estados Partes y prestará la asistencia jurídica aprobada para facilitar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el párrafo 1.

3. Cada Estado Parte informará a la Organización de las medidas adoptadas con arreglo al presente artículo.

4. Para cumplir las obligaciones que le impone el Tratado, cada Estado Parte designará o establecerá una Autoridad Nacional e informará al respecto a la Organización al entrar en vigor el Tratado para dicho Estado Parte. La Autoridad Nacional será el centro nacional de coordinación para mantener el enlace con la Organización y los demás Estados Partes.

Artículo IV
Verificación

A. Disposiciones generales

1. Con objeto de verificar el cumplimiento del presente Tratado, se establecerá un régimen de verificación que constará de los elementos siguientes:

a) Un Sistema Internacional de Vigilancia;

b) Consultas y aclaraciones;

c) Inspecciones in situ; y

d) Medidas de fomento de la confianza.

En el momento de entrada en vigor del presente Tratado, el régimen de verificación estará en condiciones de cumplir los requisitos de verificación del presente Tratado.

2. Las actividades de verificación se basarán en información objetiva, se limitarán a la materia objeto del presente Tratado y se llevarán a cabo con el pleno respeto de la soberanía de los Estados Partes y de la manera menos intrusiva posible que sea compatible con el logro eficaz y en tiempo oportuno de sus objetivos. Ningún Estado Parte abusará del derecho de verificación.

3. Cada Estado Parte se compromete, de conformidad con el presente Tratado, a cooperar, por conducto de la Autoridad Nacional establecida de conformidad con el párrafo 4 del artículo III, con la Organización y con los demás Estados Partes para facilitar la verificación del cumplimiento del Tratado, entre otras cosas mediante:

a) El establecimiento de los medios necesarios para participar en esas medidas de verificación y el establecimiento de los cauces de comunicación necesarios;

b) La comunicación de los datos obtenidos de las estaciones nacionales que formen parte del Sistema Internacional de Vigilancia;

c) La participación, cuando corresponda, en el proceso de consultas y aclaraciones;

d) La autorización de inspecciones in situ; y

e) La participación, cuando corresponda, en medidas de fomento de la confianza.

4. Todos los Estados Partes, con independencia de sus capacidades técnicas y financieras, gozarán de iguales derechos de verificación y asumirán por igual la obligación de aceptar la verificación.

5. A los fines del presente Tratado, ningún Estado Parte se verá impedido de utilizar la información obtenida por conducto de los medios técnicos nacionales de verificación en forma compatible con los principios generalmente reconocidos de derecho internacional, incluido el del respeto de la soberanía de los Estados.

6. Sin perjuicio del derecho de los Estados Partes a proteger las instalaciones, actividades o emplazamientos sensitivos no relacionados con el presente Tratado, los Estados Partes no se injerirán en los elementos del régimen de verificación del presente Tratado o en los medios técnicos nacionales de verificación que se apliquen de conformidad con el párrafo 5.

7. Cada Estado Parte tendrá el derecho de adoptar medidas para proteger las instalaciones sensitivas y prevenir la revelación de información y datos confidenciales no relacionados con el presente Tratado.

8. Además, se adoptarán todas las medidas necesarias para proteger el carácter confidencial de cualquier información relacionada con actividades e instalaciones civiles y militares que se obtenga durante las actividades de verificación.

9. Sin perjuicio del párrafo 8, la información obtenida por la Organización mediante el régimen de verificación establecido por el presente Tratado se pondrá a disposición de todos los Estados Partes de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente Tratado y del Protocolo.

10. Las disposiciones del presente Tratado no se interpretarán en el sentido de que restringen el intercambio internacional de datos para fines científicos.

11. Cada Estado Parte se compromete a cooperar con la Organización y con los demás Estados Partes en la mejora del régimen de verificación y en el examen de las posibilidades de verificación de nuevas técnicas de vigilancia, tales como la vigilancia del impuesto electromagnético o la vigilancia por satélite, con miras a elaborar, cuando proceda, medidas concretas destinadas a acrecentar una verificación eficiente y poco costosa del Tratado. Las medidas de esta índole se incluirán, cuando sean aceptadas, en las disposiciones existentes del presente Tratado o del Protocolo anexo al Tratado o en secciones adicionales del Protocolo, de conformidad con el artículo VII del Tratado o, si resulta adecuado, quedarán reflejadas en los Manuales de Operaciones de conformidad con el párrafo 44 del artículo II.

12. Los Estados Partes se comprometen a promover la cooperación entre ellos para facilitar en el intercambio más completo posible de las tecnologías utilizadas en la verificación del presente Tratado y participar en tal intercambio, a fin de que todos los Estados Partes fortalezcan sus medidas nacionales de aplicación de la verificación y se beneficien de la aplicación de esas técnicas con fines pacíficos.

13. Las disposiciones del presente Tratado se aplicarán de manera que no se obstaculice el desarrollo económico y técnico de los Estados Partes encaminado al ulterior desarrollo de la aplicación de la energía atómica con fines pacíficos.

Responsabilidades de verificación de la Secretaría Técnica

14. En el cumplimiento de las responsabilidades que le atribuyen el presente Tratado y el Protocolo en la esfera de la verificación, en cooperación con los Estados Partes, y a los efectos del presente Tratado, la Secretaría Técnica:

a) Establecerá arreglos para recibir y distribuir datos y productos de presentación de informes relacionados con la verificación del presente Tratado de conformidad con sus disposiciones y mantendrá una infraestructura mundial de comunicaciones apropiada para esta tarea;

b) De manera habitual, por conducto de su Centro Internacional de Datos, que será en principio el centro de coordinación de la Secretaría Técnica para el almacenamiento y el tratamiento de datos:

i) Recibirá e iniciará solicitudes de datos del Sistema Internacional de Vigilancia;

ii) Recibirá, según proceda, datos resultantes del proceso de consultas y aclaraciones, de inspecciones in situ y de medidas de fomento de la confianza;

iii) Recibirá otros datos pertinentes de los Estados Partes y de organizaciones internacionales de conformidad con el Tratado y el Protocolo;

c) Supervisará, coordinará y garantizará el funcionamiento del Sistema Internacional de Vigilancia y de sus elementos componentes, así como del Centro Internacional de Datos, de conformidad con los Manuales de Operaciones pertinentes;

d) Elaborará y analizará habitualmente los datos del Sistema Internacional de Vigilancia de conformidad con procedimientos convenidos para lograr la eficaz verificación internacional del Tratado y contribuir a la pronta solución de las preocupaciones sobre el cumplimiento;

e) Pondrá todos los datos primarios y elaborados y cualquier producto de presentación de informes a disposición de todos los Estados Partes, asumiendo cada Estado Parte la responsabilidad por la utilización de los datos del Sistema Internacional de Vigilancia de conformidad con el párrafo 7 del artículo II y los párrafos 8 y 13 del presente artículo;

f) Facilitará a todos los Estados Partes acceso equitativo, abierto, conveniente y oportuno a todos los datos almacenados;

g) Almacenará todos los datos, tanto primarios como elaborados, y productos de presentación de informes;

h) Coordinará y facilitará las solicitudes de datos adicionales del Sistema Internacional de Vigilancia;

i) Coordinará las solicitudes de datos adicionales de un Estado Parte a otro Estado Parte;

j) Prestará asistencia técnica y apoyo para el establecimiento y funcionamiento de instalaciones de
vigilancia y los medios de comunicación respectivos, cuando el Estado interesado solicite tal asistencia y apoyo;

k) Pondrá a disposición de cualquier Estado Parte, a petición cuya, las técnicas utilizadas por la Secretaría Técnica y su Centro Internacional de Datos para compilar, almacenar, elaborar, analizar y comunicar los datos del régimen de verificación; y

l) Vigilará y evaluará el funcionamiento general del Sistema Internacional de Vigilancia y del Centro Internacional de Datos y presentará informes al respecto.

15. Los procedimientos convenidos que ha de utilizar la Secretaría Técnica en el cumplimiento de las responsabilidades de verificación mencionadas en el párrafo 14 y detalladas en el Protocolo serán elaborados en los Manuales de Operaciones pertinentes.

B. El Sistema Internacional de Vigilancia

16. El Sistema Internacional de Vigilancia incluirá instalaciones para la vigilancia sismológica, la vigilancia de los radionúclidos con inclusión de laboratorios homologados, la vigilancia hidroacústica, la vigilancia infrasónica, y los respectivos medios de comunicación, y contará con el apoyo del Centro Internacional de Datos de la Secretaría Técnica.

17. El Sistema Internacional de Vigilancia quedará sometido a la autoridad de la Secretaría Técnica. Todas las instalaciones de vigilancia del Sistema Internacional de Vigilancia serán propiedad y su funcionamiento estará a cargo de los Estados que las aconsejan o que de otro modo sean responsables de ellas de conformidad con el Protocolo.

18. Cada Estado Parte tendrá derecho a participar en el intercambio internacional de datos y a acceder a todos los datos que se pongan a disposición del Centro Internacional de Datos. Cada Estado Parte cooperará con el Centro Internacional de Datos por conducto de su Autoridad Nacional.

Financiación del Sistema Internacional de Vigilancia

19. En lo que respecta a las instalaciones incluidas en el Sistema Internacional de Vigilancia y especificadas en los cuadros 1-A, 2-A, 3 y 4 del anexo 1 al Protocolo, y a su funcionamiento, en la medida en que el Estado Parte pertinente y la Organización convengan en que esas instalaciones proporcionen datos al Centro Internacional de Datos de conformidad con las exigencias técnicas del Protocolo y de los Manuales de Operaciones pertinentes, la Organización, conforme a lo previsto en los acuerdos o arreglos concertados en virtud del párrafo 4 de la parte I del Protocolo, sufragará los costos de:

a) Establecimiento de nuevas instalaciones y mejora de la ya existentes, salvo que el Estado responsable de esas instalaciones sufrague él mismo los costos;

b) Funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones del Sistema Internacional de Vigilancia, incluida la seguridad física de las instalaciones, en su caso, y la aplicación de procedimientos convenidos de autenticación de datos;

c) Transmisión de datos (primarios o elaborados), del Sistema Internacional de Vigilancia al Centro Internacional de Datos por el medio más directo y menos costoso disponible, incluso, en caso necesario, por conducto de los nódulos de comunicaciones pertinentes, de las estaciones de vigilancia, de laboratorios e instalaciones de análisis o de centros nacionales de datos; o esos datos (incluidas muestras, en su caso) a laboratorios e instalaciones de análisis desde instalaciones de vigilancia; y

d) Análisis de muestras en nombre de la Organización.

20. En lo que respecta a las estaciones sismológicas de la red auxiliar que se especifican en el cuadro 1-B del anexo 1 al Protocolo, la Organización, conforme a lo previsto en los acuerdos o arreglos concertados en virtud del párrafo 4 de la parte I del Protocolo, únicamente sufragará los costos de:

a) Transmisión de datos al Centro Internacional de Datos;

b) Autenticación de los datos de esas estaciones;

c) Mejora de las estaciones para que alcancen el nivel técnico necesario, salvo que el Estado responsable de esas instalaciones sufrague él mismo los costos;

d) Establecimiento, en caso necesario, de nuevas estaciones para los propósitos del presente Tratado, donde no existan actualmente instalaciones adecuadas, salvo que el Estado responsable de esas instalaciones sufrague él mismo los costos; y

e) Cualesquier otros costos relacionados con el suministro de los datos que necesite la Organización, conforme a lo especificado en los manuales de operaciones pertinentes.

21. La Organización sufragará también los costos de la prestación a cada Estado Parte de la selección que éste pida de la gama normalizada de productos de presentación de informes y servicios del Centro Internacional de Datos según lo que se especifica en la parte I, sección F del Protocolo. Los costos de la preparación y transmisión de cualquier dato o productos adicionales serán sufragados por el Estado Parte solicitante.

22. Los acuerdos o, en su caso, los arreglos concertados con los Estados Partes o con los Estados que acojan las instalaciones del Sistema Internacional de Vigilancia o que de otro modo sean responsables de ellas incluirán disposiciones para sufragar esos costos. Esas disposiciones podrán incluir modalidades en virtud de las cuales un Estado Parte sufrague cualquiera de los costos a que se hace referencia en el apartado a) del párrafo 19 y en los apartados c) y d) del párrafo 20 respecto de las instalaciones que acoja o de las que sea responsable, y sea compensado con una reducción correspondiente de su cuota a la Organización. Esa reducción no rebasará el 50% de la cuota anual del Estado Parte, pero podrá extenderse a años sucesivos. Un Estado Parte podrá compartir esa reducción con otro Estado Parte mediante acuerdo o arreglo entre ambos y con el asentimiento del Consejo Ejecutivo. Los acuerdos o arreglos a que se hace referencia en el presente párrafo se aprobarán de conformidad con el apartado h) del párrafo 26 y el apartado i) del párrafo 38 del artículo II.

Modificaciones del Sistema Internacional de Vigilancia

23. Toda medida a que se haga referencia en el párrafo 11 y que afecte al Sistema Internacional de Vigilancia mediante la adición o la supresión de una tecnología de vigilancia se incorporará, cuando así se convenga, en el Tratado y el Protocolo de conformidad con los párrafos 1 a 6 del artículo VII.

24. A reserva del asentimiento de los Estados directamente afectados, las modificaciones del Sistema Internacional de Vigilancia que se exponen a continuación se considerarán cuestiones de carácter administrativo o técnico de conformidad con los párrafos 7 y 8 del artículo VII:

a) Las modificaciones del número de instalaciones en el Protocolo para una tecnología de vigilancia determinada especificadas; y

b) Las modificaciones de otros particulares para determinadas instalaciones tal como figuran en los cuadros del anexo 1 al Protocolo (incluidos, entre otros, el Estado responsable de la instalación, emplazamiento, nombre de la instalación, tipo de instalación y asignación de una instalación bien sea a la red sismológica primaria o a la auxiliar).

Si el Consejo Ejecutivo recomienda, de conformidad con el apartado d) del párrafo 8 del artículo VII, que se adopten esas modificaciones, recomendará también normalmente, de conformidad con el apartado g) del párrafo 8 de dicho artículo, que esas modificaciones entren en vigor cuando el Director General notifique su aprobación.

25. Cuando el Director General presente al Consejo Ejecutivo y a los Estados Partes información y evaluaciones de conformidad con el apartado b) del párrafo 8 del artículo VII, incluirá asimismo para el caso de toda propuesta que se haga de conformidad con el párrafo 24 del presente artículo:

a) La evaluación técnica de la propuesta;

b) Una declaración de las consecuencias administrativas y financieras de la propuesta; y

c) Un informe sobre las consultas celebradas con los Estados directamente afectados por la propuesta, incluida la indicación de su acuerdo.

Arreglos provisionales

26. En los casos de avería importante o insubsanable de una instalación de vigilancia incluida en los cuadros del anexo 1 al Protocolo, o para compensar otras reducciones temporales de la cobertura de vigilancia, el Director General, en consulta y de acuerdo con los Estados directamente afectados y con la aprobación del Consejo Ejecutivo, aplicará arreglos temporales de duración no superior a un año, renovables en caso necesario durante otro año mediante acuerdo del Consejo Ejecutivo y de los Estados directamente afectados. Esos arreglos no darán lugar a que el número de instalaciones operacionales del Sistema Internacional de Vigilancia sobrepase el número especificado para la red correspondiente; satisfarán en la medida de lo posible los requisitos técnicos y operacionales especificados en el Manual de Operaciones para la red correspondiente; y se aplicarán dentro del presupuesto de la Organización. Además, el Director General adoptará medidas para rectificar la situación y hará propuestas para su solución permanente. El Director General notificará a todos los Estados Partes cualquier decisión que se adopte de conformidad con el presente párrafo.

27. Asimismo, los Estados Partes podrán establecer por separado arreglos de cooperación con la Organización, a fin de facilitar al Centro Internacional de Datos, datos suplementarios, procedentes de las estaciones nacionales de vigilancia que no formen parte oficialmente del Sistema Internacional de Vigilancia.

28. Tales acuerdos de cooperación podrán establecerse de la manera siguiente:

a) A petición de un Estado Parte, y a expensas de ese Estado, la Secretaría Técnica adoptará las disposiciones necesarias para certificar que una instalación de vigilancia determinada cumple los requisitos técnicos y operacionales que se especifican en los Manuales de Operaciones correspondientes para una instalación del Sistema Internacional de Vigilancia, y establecerá arreglos para autenticar sus datos. A reserva del asentimiento del Consejo Ejecutivo, la Secretaría Técnica designará entonces oficialmente a esas instalaciones como instalaciones nacionales cooperadoras. La Secretaría Técnica adoptará las disposiciones necesarias para convalidar su homologación, según proceda;

b) La Secretaría Técnica mantendrá una lista actualizada de las instalaciones nacionales cooperadoras y la distribuirá a todos los Estados Partes; y

c) A petición de un Estado Parte, el Centro Internacional de Datos solicitará datos de las instalaciones nacionales cooperadoras con el fin de facilitar las consultas y aclaraciones y el examen de las solicitudes de inspección in situ, corriendo los costos de transmisión por cuenta de ese Estado Parte.

Las condiciones en que se faciliten los datos suplementarios de esas instalaciones y en que el Centro Internacional de Datos pueda solicitar nuevos informes o informes acelerados o aclaraciones se detallarán en el Manual de Operaciones de la red de vigilancia correspondiente.

C. Consultas y aclaraciones

29. Sin perjuicio del derecho de cualquier Estado Parte a solicitar una inspección in situ, los Estados Partes deberán en primer lugar, siempre que sea posible, hacer todos los esfuerzos posibles por aclarar y resolver, entre ellos o con la Organización o por conducto de ésta, cualquier cuestión que pueda suscitar preocupación acerca del posible incumplimiento de las obligaciones básicas del presente Tratado.

30. El Estado Parte que reciba directamente de otro Estado Parte una petición formulada con arreglo al párrafo 29 facilitará la aclaración al Estado Parte solicitante lo antes posible, pero, en cualquier caso, 48 horas después, a más tardar, de haber recibido la solicitud. Los Estados Partes solicitante y solicitado podrán mantener informados al Consejo Ejecutivo y al Director General de la solicitud y de la respuesta.

31. Todo Estado Parte tendrá derecho a solicitar al Director General que le ayude a aclarar cualquier cuestión que pueda suscitar preocupación acerca del posible incumplimiento de las obligaciones básicas del presente Tratado. El Director General facilitará la información apropiada de que disponga la Secretaría Técnica en relación con dicha preocupación. El Director General comunicará al Consejo Ejecutivo la solicitud y la información proporcionada en respuesta a ella si así lo pide el Estado Parte solicitante.

32. Todo Estado Parte tendrá derecho a solicitar al Consejo Ejecutivo que obtenga aclaraciones de otro Estado Parte acerca de cualquier cuestión que pueda suscitar preocupación acerca del posible incumplimiento de las obligaciones básicas del presente Tratado. En ese caso, se aplicará lo siguiente:

a) El Consejo Ejecutivo remitirá la solicitud de aclaración al Estado Parte solicitado por conducto del Director General 24 horas, a más tardar, de haberla recibido;

b) El Estado Parte solicitado proporcionará la aclaración al Consejo Ejecutivo tan pronto como sea posible, pero, en cualquier caso, 48 horas después, a más tardar, de haberla recibido;

c) El Consejo Ejecutivo tomará nota de la aclaración y la remitirá al Estado Parte solicitante, 24 horas después, a más tardar, de haberla recibido;

d) Si el Estado Parte solicitante considera insuficiente la aclaración, tendrá derecho a solicitar al Consejo Ejecutivo que obtenga nuevas aclaraciones del Estado Parte solicitado.

El Consejo Ejecutivo informará sin demora a todos los Estados Partes acerca de toda solicitud de aclaración prevista en el presente párrafo y también de la respuesta dada por el Estado Parte solicitado.

33. Si el Estado Parte solicitante considera insatisfactorias las aclaraciones obtenidas en virtud de lo dispuesto en el apartado d) del párrafo 32, tendrá derecho a solicitar una reunión del Consejo Ejecutivo en la que podrán participar los Estados Partes interesados que no sean miembros del Consejo. En esa reunión, el Consejo Ejecutivo examinará la cuestión y podrá recomendar cualquier medida de conformidad con el artículo V.

D. Inspecciones in situ

Solicitud de una inspección in situ

34. Todo Estado Parte tiene el derecho de solicitar una inspección in situ, de conformidad con las disposiciones del presente artículo y la parte II del Protocolo, en el territorio de cualquier Estado Parte o en cualquier otro lugar sometido a la jurisdicción o control de éste, o en cualquier zona situada fuera de la jurisdicción o control de cualquier Estado.

35. El único objeto de una inspección in situ será aclarar si se ha realizado una explosión de ensayo de un arma nuclear o cualquier otra explosión nuclear en violación del artículo I y, en la medida de lo posible, reunir todos los hechos que puedan contribuir a identificar a cualquier posible infractor.

36. El Estado Parte solicitante estará obligado a mantener la solicitud de inspección in situ dentro del ámbito del presente Tratado y a proporcionar en la solicitud de inspección información de conformidad con el párrafo 37. El Estado Parte solicitante se abstendrá de formular solicitudes de inspección infundadas o abusivas.

37. La solicitud de inspección in situ se basará en la información recogida por el Sistema Internacional de Vigilancia, en cualquier información técnica pertinente obtenida por los medios técnicos nacionales de verificación de conformidad con los principios de derecho internacional generalmente reconocidos, o en una combinación de estos dos métodos. La solicitud incluirá información de conformidad con el párrafo 41, parte II del Protocolo.

38. El Estado Parte solicitante presentará la solicitud de inspección in situ al Consejo Ejecutivo y, al mismo tiempo, al Director General para que éste comience inmediatamente a tramitarla.

Medidas complementarias de la presentación de una solicitud de inspección in situ

39. El Consejo Ejecutivo comenzará a examinar la solicitud de inspección in situ inmediatamente después de haberla recibido.

40. El Director General, tras recibir la solicitud de inspección in situ, acusará recibo de ella al Estado Parte solicitante en un plazo de dos horas y la transmitirá al Estado Parte que se desea inspeccionar en un plazo de seis horas. El Director General se cerciorará de que la solicitud cumple los requisitos especificados en el párrafo 41 de la parte II del Protocolo y, en caso necesario, ayudará al Estado Parte solicitante a cumplimentar la solicitud en la forma correspondiente, y comunicará la solicitud al Consejo Ejecutivo y a todos los demás Estados Partes en un plazo de 24 horas.

41. Cuando la solicitud de inspección in situ cumpla los requisitos, la Secretaría Técnica comenzará sin demora los preparativos para la inspección in situ.

42. El Director General, cuando reciba una solicitud de inspección in situ concerniente a una zona de inspección sometida a la jurisdicción o control de un Estado Parte, pedirá inmediatamente aclaraciones al Estado Parte que se desea inspeccionar a fin de aclarar y resolver la preocupación suscitada en la solicitud.

43. El Estado Parte que reciba una petición de aclaración de conformidad con el párrafo 42, proporcionará al Director General las explicaciones y demás información pertinente de que disponga tan pronto como sea posible, pero, a más tardar, 72 horas después de haber recibido la petición de aclaración.

44. El Director General, antes de que el Consejo Ejecutivo adopte una decisión sobre la solicitud de inspección in situ, transmitirá inmediatamente al Consejo Ejecutivo toda la información adicional disponible procedente del Sistema Internacional de Vigilancia o facilitada por cualquier otro Estado Parte en relación con el fenómeno especificado en la solicitud, incluida cualquier aclaración que se hubiera presentado de conformidad con los párrafos 42 y 43, así como cualquier otra información procedente de la Secretaría Técnica que el Director General pudiera considerar pertinente o que solicite el Consejo Ejecutivo.

45. A menos que el Estado Parte solicitante considere que la preocupación suscitada en la solicitud de inspección in situ haya sido resuelta y retire la solicitud, el Consejo Ejecutivo adoptará una decisión sobre la solicitud de conformidad con el párrafo 46.

Decisiones del Consejo Ejecutivo

46. El Consejo Ejecutivo adoptará una decisión sobre la solicitud de inspección in situ, 96 horas después, a más tardar, de haber recibido la solicitud del Estado Parte solicitante. La decisión de aprobar una inspección in situ deberá adoptarse por 30 votos favorables, por lo menos, de los miembros del Consejo Ejecutivo. Si el Consejo Ejecutivo no aprueba la inspección, se detendrán los preparativos y no se adoptará ninguna otra medida en relación con la solicitud.

47. A más tardar, 25 días después de que se haya aprobado la inspección in situ de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 46, el grupo de inspección transmitirá al Consejo Ejecutivo, por conducto del Director General, un informe sobre la marcha de la inspección. Se considerará que la continuación de la inspección ha sido aprobada a menos que el Consejo, 72 horas después, a más tardar, de haber recibido el informe sobre la marcha de la inspección, decida no proseguir la inspección por mayoría de todos sus miembros. En caso de que el Consejo Ejecutivo decida no proseguir la inspección, se dará ésta por terminada y el grupo de inspección saldrá de la zona de inspección y del territorio del Estado Parte inspeccionado tan pronto como sea posible de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 109 y 110 de la parte II del Protocolo.

48. Durante una inspección in situ, el grupo de inspección podrá presentar al Consejo Ejecutivo, por conducto del Director General, una propuesta para efectuar perforaciones. El Consejo Ejecutivo adoptará una decisión sobre esa propuesta 72 horas después, a más tardar, de haberla recibido. La decisión de aprobar una perforación deberá adoptarse por mayoría de todos los miembros del Consejo Ejecutivo.

49. El grupo de inspección podrá pedir al Consejo Ejecutivo, por conducto del Director General, que prorrogue la inspección durante un máximo de 70 días más allá del plazo de 60 días especificado en el párrafo 4 de la parte II, del Protocolo, si el grupo de inspección considera que esta prórroga es fundamental para poder cumplir su mandato. El grupo de inspección indicará en su solicitud cuáles son las actividades y técnicas enumeradas en el párrafo 69 de la parte II del Protocolo que se propone aplicar durante el período de prórroga. El Consejo Ejecutivo adoptará una decisión sobre la solicitud de prórroga 72 horas después, a más tardar, de haber recibido la solicitud. La decisión de prorrogar el plazo de la inspección se adoptará por mayoría de todos los miembros del Consejo Ejecutivo.

50. En cualquier momento después de que se apruebe la continuación de la inspección in situ de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 47, el grupo de inspección podrá presentar al Consejo Ejecutivo, por conducto del Director General, una recomendación de que se dé por terminada la inspección. Esa recomendación se considerará aprobada a menos que el Consejo, 72 horas después, a más tardar, de haber recibido la recomendación, decida por mayoría de dos tercios de todos sus miembros no aprobar la terminación de la inspección. En caso de que se dé por terminada la inspección, el grupo de inspección saldrá de la zona de inspección y del territorio del Estado Parte inspeccionado tan pronto como sea posible de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 110 y 111 de la parte II del Protocolo.

51. El Estado Parte solicitante y el Estado Parte solicitado podrán participar en los debates del Consejo Ejecutivo sobre la solicitud de inspección in situ sin derecho a voto. El Estado Parte solicitante y el Estado Parte inspeccionado también podrán participar sin derecho a voto en las deliberaciones ulteriores del Consejo Ejecutivo relacionadas con la inspección.

52. En un plazo de 24 horas, el Director General notificará a todos los Estados Partes cualquier decisión acerca de los informes, las propuestas, las solicitudes y las recomendaciones que se hagan al Consejo Ejecutivo de conformidad con los párrafos 46 a 50.

Medidas complementarias de la aprobación de la inspección in situ por el Consejo Ejecutivo

53. Toda inspección in situ aprobada por el Consejo Ejecutivo será realizada sin demora por un grupo de inspección designado por el Director General y de conformidad con las disposiciones del presente Tratado y el Protocolo. El grupo de inspección llegará al punto de entrada seis días después, a más tardar, de que el Consejo Ejecutivo haya recibido la solicitud de inspección in situ enviada por el Estado Parte solicitante.

54. El Director General expedirá un mandato de inspección para la realización de la inspección in situ. El mandato de inspección contendrá la información especificada en el párrafo 42 de la parte II del Protocolo.

55. El Director General notificará al Estado Parte inspeccionado acerca de la inspección con 24 horas de antelación, por lo menos, a la llegada prevista del grupo de inspección al punto de entrada, de conformidad con el párrafo 43 de la parte II del Protocolo.

La realización de la inspección in situ

56. Cada Estado Parte permitirá que la Organización realice una inspección in situ en su territorio o en lugares sometidos a su jurisdicción o control de conformidad con las disposiciones del presente Tratado y del Protocolo. Ahora bien, ningún Estado Parte estará obligado a aceptar la realización simultánea de inspecciones in situ en su territorio o en lugares sometidos a su jurisdicción o control.

57. De conformidad con lo dispuesto en el presente Tratado y el Protocolo, el Estado Parte inspeccionado tendrá:

a) El derecho y la obligación de hacer cuanto sea razonable para demostrar su cumplimiento del presente Tratado y, con este fin, de permitir que el grupo de inspección desempeñe su mandato;

b) El derecho de adoptar las medidas que considere necesarias para proteger los intereses de seguridad nacional e impedir la revelación de información confidencial no relacionada con el propósito de la inspección;

c) La obligación de facilitar el acceso a la zona inspeccionada, al solo efecto de determinar los hechos relacionados con el propósito de la inspección, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado b) y cualquier obligación constitucional que pudiera tener en relación con derechos amparados por patentes o los registros y decomisos;

d) La obligación de no invocar el presente párrafo o el párrafo 88 de la parte II del Protocolo para ocultar cualquier violación de las obligaciones que le impone el artículo I; y

e) La obligación de no impedir que el grupo de inspección pueda trasladarse dentro de la zona de inspección y llevar a cabo las actividades de la inspección de conformidad con el presente Tratado y el Protocolo.

En el contexto de una inspección in situ, acceso significa a la vez el acceso físico del grupo de inspección y del equipo de inspección a la zona de inspección y la realización de las actividades de la inspección dentro de ésta.

58. La inspección in situ se realizará de la manera menos intrusiva que sea posible y compatible con el eficaz y oportuno desempeño del mandato de inspección y de conformidad con los procedimientos establecidos en el Protocolo. Siempre que sea posible, el grupo de inspección comenzará utilizando los procedimientos menos intrusivos y solamente pasará luego a los procedimientos más intrusivos si considera necesario obtener suficiente información para aclarar la preocupación acerca de un posible incumplimiento del presente Tratado. Los inspectores tratarán de obtener únicamente la información y los datos necesarios para el propósito de la inspección y se esforzarán por reducir al mínimo las injerencias en las operaciones normales del Estado Parte inspeccionado.

59. El Estado Parte inspeccionado asistirá al grupo de inspección durante toda la inspección in situ y facilitará su tarea.

60. En caso de que el Estado Parte inspeccionado, de conformidad con los párrafos 86 a 96, parte II, del Protocolo limite el acceso dentro de la zona de inspección, hará todo cuanto sea razonable, en consulta con el grupo de inspección, para demostrar por otros medios su cumplimiento del presente Tratado.

Observadores

61. Por lo que se refiere a los observadores, se aplicará lo siguiente:

a) El Estado Parte solicitante podrá, con el asentimiento del Estado Parte inspeccionado, enviar un representante, que podrá ser nacional del Estado Parte solicitante o de un tercer Estado, para que observe el desarrollo de la inspección in situ;

b) El Estado Parte inspeccionado notificará al Director General si acepta, o no, el observador propuesto dentro de las 12 horas siguientes a la aprobación de la inspección in situ por el Consejo Ejecutivo;

c) En caso de aceptación, el Estado Parte inspeccionado concederá acceso al observador de conformidad con el Protocolo;

d) Normalmente, el Estado Parte inspeccionado aceptará al observador propuesto, pero, en caso de que el Estado Parte inspeccionado se niegue a ello, hará constar este hecho en el informe de la inspección.

No podrá haber más de tres observadores de un conjunto de Estados Partes solicitantes.

Informes de una inspección in situ

62. Los informes de las inspecciones incluirán:

a) Una descripción de las actividades realizadas por el grupo de inspección;

b) Las conclusiones de hecho del grupo de inspección que sean pertinentes para el propósito de la inspección;

c) Una relación de la colaboración prestada durante la inspección in situ;

d) Una descripción fáctica del grado de acceso concedido, incluidos los medios optativos puestos a disposición del grupo durante la inspección in situ; y

e) Cualquier otro particular pertinente para el propósito de la inspección.

Podrán adjuntarse al informe las observaciones discrepantes de los inspectores.

63. El Director General facilitará al Estado Parte inspeccionado un proyecto del informe de inspección. El Estado Parte inspeccionado tendrá el derecho de presentar al Director General sus observaciones y explicaciones en un plazo de 48 horas, y de precisar toda información y datos que, a su juicio, no estén relacionados con el propósito de la inspección y que no deberían ser distribuidos fuera de la Secretaría Técnica. El Director General examinará las propuestas de modificación del proyecto de informe de inspección que formule el Estado Parte inspeccionado y las aceptará siempre que sea posible. El Director General incluirá en anexo las observaciones y explicaciones facilitadas por el Estado Parte inspeccionado sobre el informe de inspección.

64. El Director General transmitirá sin demora el informe de inspección al Estado Parte solicitante, al Estado Parte inspeccionado, al Consejo Ejecutivo y a todos los demás Estados Partes. El Director General transmitirá también prontamente al Consejo Ejecutivo y a todos los demás Estados Partes todos los resultados de los análisis de muestras efectuados en laboratorios homologados, de conformidad con el párrafo 104 de la parte II del Protocolo, los datos pertinentes del Sistema Internacional de Vigilancia, las evaluaciones de los Estados Partes solicitante e inspeccionado, y cualquier otra información que el Director General considere pertinente. En el caso del informe sobre la marcha de la inspección mencionado en el párrafo 47, el Director General lo transmitirá al Consejo Ejecutivo dentro del plazo especificado en ese párrafo.

65. El Consejo Ejecutivo, con arreglo a sus poderes y funciones, examinará el informe de la inspección y cualquier otro dato facilitado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 64, y se ocupará de cualquier preocupación sobre:

a) Si ha habido incumplimiento del presente Tratado; y

b) Si se ha abusado del derecho a solicitar una inspección in situ.

66. Si, con arreglo a sus poderes y funciones, el Consejo Ejecutivo llega a la conclusión de que se requieren ulteriores disposiciones en relación al párrafo 65, adoptará las medidas correspondientes de conformidad con el artículo V.

Solicitudes de inspección in situ arbitrarias o abusivas

67. Si el Consejo Ejecutivo no aprueba la inspección in situ basándose en que la solicitud de inspección in situ es arbitraria o abusiva, o si se pone fin a la inspección por los mismos motivos, estudiará y decidirá si han de aplicarse medidas adecuadas para tratar de remediar la situación, entre ellas:

a) Pedir al Estado Parte solicitante que sufrague los costos de cualquier preparativo realizado por la Secretaría Técnica;

b) Dejar en suspenso el derecho del Estado Parte solicitante a solicitar una inspección in situ por el plazo que determine el Consejo Ejecutivo; y

c) Dejar en suspenso el derecho del Estado Parte solicitante a formar parte del Consejo Ejecutivo durante un determinado período.

E. Medidas de fomento de la confianza

68. Con el fin de:

a) Contribuir a la oportuna resolución de cualquier preocupación sobre el cumplimiento derivada de la posible interpretación errónea de datos sobre verificación concernientes a explosiones químicas; y

b) Ayudar a la calibración de las estaciones que forman parte de las redes integrantes del Sistema Internacional de Vigilancia, cada Estado Parte se compromete a cooperar con la Organización y con los demás Estados Partes en la aplicación de las medidas pertinentes que se indican en la parte III del Protocolo.

Artículo V
Medidas para remediar una situación y garantizar el cumplimiento,
incluidas las sanciones

1. La Conferencia, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, adoptará las medidas necesarias, según se indica en los párrafos 2 y 3, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones del presente Tratado y remediar y solucionar cualquier situación que contravenga esas disposiciones.

2. Cuando la Conferencia o el Consejo Ejecutivo haya pedido a un Estado Parte que remedie una situación que suscite problemas respecto de su cumplimiento y dicho Estado no atienda esa petición dentro del plazo estipulado, la Conferencia podrá, entre otras cosas, decidir restringir o suspender el ejercicio de los derechos y privilegios que otorga a ese Estado Parte el presente Tratado hasta que la Conferencia decida otra cosa.

3. En los casos en que pueda resultar daño para el objeto y propósito del presente Tratado por incumplimiento de sus obligaciones básicas, la Conferencia podrá recomendar a los Estados Partes medidas colectivas acordes con el derecho internacional.

4. La Conferencia, o bien, si el caso es urgente, el Consejo Ejecutivo podrá señalar la cuestión a la atención de las Naciones Unidas, incluyendo la información y las conclusiones pertinentes.

Artículo VI
Solución de controversias

1. Las controversias que se susciten en relación con la aplicación o interpretación del presente Tratado se solucionarán de conformidad con las disposiciones pertinentes de éste y las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

2. Cuando se suscite una controversia entre dos o más Estados Partes, o entre uno o más Estados Partes y la Organización, en relación con la aplicación o interpretación del presente Tratado, las partes interesadas se consultarán con miras a la rápida solución de la controversia mediante negociación o por cualquier otro medio pacífico que elijan, entre ellos el recurso a los órganos competentes establecidos por el presente Tratado y, por consentimiento mutuo, la remisión a la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el Estatuto de ésta. Las partes interesadas mantendrán informado al Consejo Ejecutivo de las medidas que se adopten.

3. El Consejo Ejecutivo podrá contribuir a la solución de una controversia que se suscite en relación con la aplicación o interpretación del presente Tratado por cualquier medio que considere oportuno, incluido el ofrecimiento de sus buenos oficios, el llamamiento a los Estados Partes en la controversia para que traten de llegar a una solución mediante el procedimiento que elijan, el sometimiento de la cuestión a la Conferencia de los Estados Partes y la recomendación de un plazo para cualquier procedimiento convenido.

4. La Conferencia de los Estados Partes examinará las cuestiones relacionadas con las controversias suscitadas por los Estados Partes o que señale a su atención el Consejo Ejecutivo. La Conferencia, según lo considere necesario, creará órganos para encomendarles tareas relacionadas con la solución de esas controversias o confiará dichas tareas a órganos ya existentes, de conformidad con el apartado j) del párrafo 26 del artículo II.

5. La Conferencia de los Estados Partes y el Consejo Ejecutivo están facultados cada uno, a reserva de la autorización de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a solicitar una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre cualquier cuestión jurídica que se suscite dentro del ámbito de las actividades de la Organización. Se concertará con tal fin un acuerdo entre la Organización y las Naciones Unidas, de conformidad con el apartado h) del párrafo 38 del artículo II.

6. El presente artículo se entiende sin perjuicio de los artículos IV y V.

Artículo VII
Enmiendas

1. En cualquier momento siguiente a la entrada en vigor del presente Tratado, cualquier Estado Parte podrá proponer enmiendas a él, al Protocolo o a los anexos al Protocolo. Cualquier Estado Parte podrá también proponer modificaciones, de conformidad con el párrafo 7, al Protocolo o a los anexos al Protocolo. Las propuestas de enmienda estarán sujetas al procedimiento previsto en los párrafos 2 a 6. Las propuestas de modificación, estarán sujetas, de conformidad con el párrafo 7, al procedimiento previsto en el párrafo 8.

2. Las propuestas de enmienda solamente serán examinadas y adoptadas por una Conferencia de Enmienda.

3. Toda propuesta de enmienda será comunicada al Director General, quien la distribuirá a todos los Estados Partes y al Depositario y solicitará las opiniones de los Estados Partes sobre si debe convocarse una Conferencia de Enmienda para examinar la propuesta. Si la mayoría de los Estados Partes notifica al Director General, 30 días después, a más tardar, de haber sido distribuida la propuesta, que apoya el ulterior examen de ésta, el Director General convocará una Conferencia de Enmienda a la que se invitará a todos los Estados Partes.

4. La Conferencia de Enmienda se celebrará inmediatamente después de un período ordinario de sesiones de la Conferencia, salvo que todos los Estados Partes que apoyen la convocación de una Conferencia de Enmienda pidan que se celebre antes. En ningún caso se celebrará una Conferencia de Enmienda menos de 60 días después de la distribución de la propuesta de enmienda.

5. Las enmiendas serán adoptadas por la Conferencia de Enmienda por el voto positivo de la mayoría de los Estados Partes, sin que ningún Estado Parte emita un voto negativo.

6. Las enmiendas entrarán en vigor para todos los Estados Partes 30 días después del depósito de los instrumentos de ratificación o de aceptación por todos los Estados Partes que hayan emitido un voto positivo en la Conferencia de Enmienda.

7. Para garantizar la viabilidad y eficacia del presente Tratado, las Partes I y III del Protocolo y los anexos 1 y 2 del Protocolo serán objeto de modificaciones de conformidad con el párrafo 8, si las modificaciones propuestas se refieren sólo a cuestiones de carácter administrativo o técnico. Todas las demás disposiciones del Protocolo y de sus anexos no estarán sujetas a modificación de conformidad con el párrafo 8.

8. Las modificaciones propuestas a que se hace referencia en el párrafo 7 se introducirán de conformidad con el procedimiento siguiente:

a) El texto de las modificaciones propuestas será transmitido, junto con la información necesaria, al Director General. Cualquier Estado Parte y el Director General podrán proporcionar información adicional para la evaluación de la propuesta. El Director General comunicará sin demora esas propuestas e información a todos los Estados Partes, al Consejo Ejecutivo y al Depositario;

b) A más tardar, 60 días después de haber recibido la propuesta, el Director General procederá a su evaluación para determinar todas sus posibles consecuencias sobre las disposiciones del presente Tratado y su aplicación y comunicará tal información a todos los Estados Partes y al Consejo Ejecutivo;

c) El Consejo Ejecutivo examinará la propuesta a la luz de toda la información de que disponga,
incluido el hecho de si la propuesta se ajusta a los requisitos del párrafo 7. A más tardar, 90 días después de haber recibido la propuesta, el Consejo Ejecutivo notificará su recomendación con explicaciones apropiadas a todos los Estados Partes para su consideración. Los Estados Partes acusarán recibo de la recomendación en un plazo de diez días;

d) Si el Consejo Ejecutivo recomienda a todos los Estados Partes que se apruebe la propuesta, se considerará aprobada ésta si ningún Estado Parte opone objeciones a ella dentro de los 90 días siguientes a haber recibido la recomendación. Si el Consejo Ejecutivo recomienda que se rechace la propuesta, se considerará rechazada ésta si ningún Estado Parte se opone al rechazo dentro de los 90 días siguientes a haber recibido la recomendación;

e) Si una recomendación del Consejo Ejecutivo no recibe la aceptación necesaria con arreglo al apartado d), la Conferencia, en su próximo período de sesiones, adoptará como cuestión de fondo una decisión sobre la propuesta, incluido el hecho de si se ajusta a los requisitos del párrafo 7;

f) El Director General notificará a todos los Estados Partes y al Depositario toda decisión que se adopte conforme al presente párrafo;

g) Las modificaciones aprobadas con arreglo a este procedimiento entrarán en vigor para todos los Estados Partes 180 días después de la fecha en que el Director General notifique su aprobación, salvo que se establezca otro plazo por recomendación del Consejo Ejecutivo o decisión de la Conferencia.

Artículo VIII
Examen del Tratado

1. A menos que la mayoría de los Estados Partes decida otra cosa, diez años después de la entrada en vigor del presente Tratado se celebrará una Conferencia de los Estados Partes para examinar el funcionamiento y la eficacia del presente Tratado, con miras a asegurarse que se estén cumpliendo los objetivos y propósitos del Preámbulo y las disposiciones del Tratado. En dicho examen se tomará en cuenta toda nueva evolución científica y tecnológica relacionada con el presente Tratado. Sobre la base de la petición de cualquier Estado Parte, la Conferencia de Examen estudiará también la posibilidad de permitir que se realicen explosiones nucleares subterráneas con fines pacíficos. Si la Conferencia de Examen decide por consenso que pueden autorizarse esas explosiones nucleares, iniciará sin demora una labor para recomendar a los Estados Partes una enmienda adecuada del Tratado que impida que se obtengan beneficios militares de esas explosiones nucleares. Toda enmienda de esta índole que se proponga será comunicada al Director General por cualquier Estado Parte y se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el artículo VII.

2. En lo sucesivo, a intervalos de diez años, podrán convocarse otras conferencias de examen con el mismo objetivo si la Conferencia así lo decide el año anterior como cuestión de procedimiento. Dichas conferencias podrán convocarse después de un intervalo de menos de diez años si así lo decide la Conferencia como cuestión de fondo.

3. Normalmente toda conferencia de examen se celebrará inmediatamente después del período ordinario anual de sesiones de la Conferencia previsto en el artículo II.

Artículo IX
Duración y retirada

1. La duración del presente Tratado será ilimitada.

2. Todo Estado Parte tendrá derecho, en ejercicio de su soberanía nacional, a retirarse del presente Tratado si decide que acontecimientos extraordinarios relacionados con la materia objeto de éste, han puesto en peligro sus intereses supremos.

3. La retirada se efectuará mediante notificación hecha con seis meses de antelación a todos los demás Estados Partes, al Consejo Ejecutivo, al Depositario y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En la notificación de retirada se expondrá el o los acontecimientos extraordinarios que, en opinión del Estado Parte, ponen en peligro sus intereses supremos.

Artículo X
Condición jurídica del Protocolo y los anexos

Los anexos al presente Tratado, el Protocolo y los anexos al Protocolo forman parte integrante del Tratado. Toda referencia al presente Tratado incluye los anexos al presente Tratado, el Protocolo y los anexos al Protocolo.

Artículo XI
Firma

El presente Tratado estará abierto a la firma de todos los Estados antes de su entrada en vigor.

Artículo XII
Ratificación

El presente Tratado será objeto de ratificación por los Estados Signatarios de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.

Artículo XIII
Adhesión

Todo Estado que no firme el presente Tratado antes de su entrada en vigor podrá adherirse a él con posterioridad en cualquier momento.

Artículo XIV
Entrada en vigor

1. El Presente Tratado entrará en vigor 180 días después de la fecha en que hayan depositado los instrumentos de ratificación todos los Estados enumerados en el anexo 2 al presente Tratado, pero, en ningún caso, antes de que hayan transcurrido dos años desde el momento en que quede abierto a la firma.

2. Si el presente Tratado no hubiera entrado en vigor tres años después de la fecha del aniversario de su apertura a la firma, el Depositario convocará una Conferencia de los Estados que ya hayan depositado sus instrumentos de ratificación a petición de la mayoría de esos Estados. Esa Conferencia examinará el grado en que se ha cumplido la exigencia enunciada en el párrafo 1 y estudiará y decidirá por consenso qué medidas compatibles con el derecho internacional pueden adoptarse para acelerar el proceso de ratificación con objeto de facilitar la pronta entrada en vigor del presente Tratado.

3. Salvo que la Conferencia a que se refiere el párrafo 2 u otras conferencias de esta índole decidan otra cosa, este proceso se repetirá en ulteriores aniversarios de la apertura a la firma del presente Tratado, hasta su entrada en vigor.

4. Se invitará a todos los Estados Signatarios a que participen en la Conferencia a que se hace referencia en el párrafo 2 y en cualquiera de las conferencias posteriores a que se hace referencia en el párrafo 3, en calidad de observadores.

5. Para los Estados que depositen sus instrumentos de ratificación o adhesión con posterioridad a la entrada en vigor del presente Tratado, éste entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha de depósito de sus instrumentos de ratificación o adhesión.

Artículo XV
Reservas

Los artículos y los anexos del presente Tratado no podrán ser objeto de reservas. Las disposiciones del Protocolo del presente Tratado y los anexos al Protocolo no podrán ser objeto de reservas que sean incompatibles con su objeto y propósito.

Artículo XVI
Depositario

1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el Depositario del presente Tratado y recibirá las firmas, los instrumentos de ratificación y los instrumentos de adhesión.

2. El Depositario comunicará sin demora a todos los Estados Signatarios y a todos los Estados que se adhieran al Tratado la fecha de cada firma, la fecha de depósito de cada instrumento de ratificación o de adhesión, la fecha de entrada en vigor del Tratado y de cualquier enmienda y modificación a él, y la recepción de otras notificaciones.

3. El Depositario remitirá copias debidamente certificadas del presente Tratado a los Gobiernos de los Estados Signatarios y de los Estados que se adhieran al Tratado.

4. El presente Tratado será registrado por el Depositario de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo XVII
Textos auténticos

El presente Tratado, cuyos textos árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, quedará depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Anexo 1 al Tratado
LISTA DE ESTADOS CON ARREGLO AL PARRAFO 28 DEL ARTICULO II

Africa

Angola, Argelia, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Chad, Camerún, Comoras, Congo, Côte d'Lvoire, Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Jamahiriya Arabe Libia, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Unida de Tanzania, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Swazilandia, Togo, Túnez, Uganda, Zaire, Zambia, Zimbabwe.

Europa oriental

Albania, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovania, Estonia, Federación de Rusia, Georgia, Hungría, la antigua República Yugoslava de Macedonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, República de Moldova, Rumania, Ucrania, Yugoeslavia.

América Latina y el Caribe

Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitss y Nevis, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay, Venezuela.

Oriente Medio y Asia meridional

Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Bhután, Emiratos Arabes Unidos, India, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Jordania, Kazakstán, Kirguistán, Kuwait, Líbano, Maldivas, Nepal, Omán, Pakistán, Qatar, República Arabe Siria, Sri Lanka, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Yemen.

América del Norte y Europa occidental

Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Canadá, Chipre, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, San Marino, Santa Sede, Suecia, Suiza, Turquía.

Asia sudoriental, Pacífico y Lejano Oriente

Australia, Brunei Darussalam, Camboya, China, Fiji, Filipinas, Indonesia, Japón, Kiribati, República Democrática Popular Lao, Malasia, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Micronesia (Estados Federados de), Mongolia, Myanmar, Nauru, Niue, Nueva Zelandia, Palau, Papua Nueva Guinea, República de Corea, República Popular Democrática de Corea, Samoa, Singapur, Tailandia, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Viet Nam.

Anexo 2 al Tratado
LISTA DE ESTADOS CON ARREGLO AL ARTICULO XIV

Lista de los Estados miembros de la Conferencia de Desarme, al 18 de junio de 1996, que participaron oficialmente en la labor del período de sesiones de 1996 de la Conferencia y que figuran en el cuadro 1 de la edición de abril de 1996 de "Nuclear Power Reactors in the World", del Organismo Internacional de Energía Atómica, y de los Estados miembros de la Conferencia de Desarme, al 18 de junio de 1996, que participaron oficialmente en la labor del período de sesiones de 1996 de la Conferencia que figuran en el cuadro 1 de la edición de diciembre de 1995 de "Nuclear Research Reactors in the World" del Organismo Internacional de Energía Atómica: Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Colombia, Egipto, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Israel, Italia, Japón, México, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Perú, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Viet Nam y Zaire.

PROTOCOLO AL TRATADO DE PROHIBICION COMPLETA DE LOS
ENSAYOS NUCLEARES

Parte I

EL SISTEMA INTERNACIONAL DE VIGILANCIA Y LAS FUNCIONES DEL
CENTRO INTERNACIONAL DE DATOS

A. Disposiciones generales

1. El Sistema Internacional de Vigilancia comprenderá las instalaciones de vigilancia previstas en el párrafo 16 del artículo IV y los medios de comunicación correspondientes.

2. Las instalaciones de vigilancia incluidas en el Sistema Internacional de Vigilancia serán las instalaciones especificadas en el anexo 1 al presente Protocolo. El Sistema Internacional de Vigilancia cumplirá las exigencias técnicas y operacionales que se especifiquen en los manuales de operaciones pertinentes.

3. La Organización, de conformidad con el artículo II y en colaboración y consulta con los Estados Partes, con otros Estados y con las organizaciones internacionales que proceda, establecerá y coordinará la operación y el mantenimiento, así como cualquier modificación o desarrollo que pueda convenirse en el futuro del Sistema Internacional de Vigilancia.

4. De conformidad con los acuerdos o arreglos y procedimientos del caso, un Estado Parte u otro Estado que acoja instalaciones del Sistema Internacional de Vigilancia o que de otro modo sea responsable de ellas y la Secretaría Técnica se pondrán de acuerdo y cooperarán para establecer, hacer funcionar, mejorar, financiar y mantener las instalaciones de vigilancia, los laboratorios homologados conexos y los medios de comunicación correspondientes emplazados en las zonas sometidas a su jurisdicción o control o en cualquier otro lugar de conformidad con el derecho internacional. Esa cooperación se llevará a cabo de acuerdo con las exigencias de seguridad y autenticación y las especificaciones técnicas contenidas en los manuales de operaciones pertinentes. Dicho Estado permitirá el acceso de la Secretaría Técnica a la instalación de vigilancia para comprobar el equipo y los enlaces de comunicaciones, y convendrá en introducir los cambios necesarios en el equipo y en los procedimientos operacionales para satisfacer las normas convenidas. La Secretaría Técnica facilitará a esos Estados la asistencia técnica apropiada que el Consejo Ejecutivo considere necesaria para el buen funcionamiento de la instalación como parte del Sistema Internacional de Vigilancia.

5. Las modalidades para esa cooperación entre la Organización y los Estados Partes que acojan instalaciones del Sistema Internacional de Vigilancia o que de otro modo sean responsables de ellas se establecerán en acuerdos o arreglos según convenga en cada caso.

B. Vigilancia sismológica

6. Cada Estado Parte se compromete a cooperar en un intercambio internacional de datos sismológicos para facilitar la verificación del cumplimiento del presente Tratado. Esa cooperación abarcará el establecimiento y funcionamiento de una red mundial de estaciones de vigilancia sismológica primarias y auxiliares. Esas estaciones proporcionarán datos al Centro Internacional de Datos con arreglo a procedimientos convenidos.

7. La red de estaciones primarias estará integrada por las 50 estaciones especificadas en el cuadro 1-A del anexo 1 al presente Protocolo. Esas estaciones cumplirán los requisitos técnicos y operacionales especificados en el Manual de Operaciones para la vigilancia sismológica y el intercambio internacional de datos sismológicos. Los datos ininterrumpidos procedentes de las estaciones primarias se transmitirán de manera instantánea al Centro Internacional de Datos, directamente o por conducto de un centro nacional de datos.

8. Al fin de complementar la red primaria, una red auxiliar de 120 estaciones proporcionará información al Centro Internacional de Datos previa solicitud, directamente o por conducto de los centros nacionales de datos. Las estaciones auxiliares que hayan de utilizarse se enumeran en el cuadro 1-B del anexo 1 al presente Protocolo. Las estaciones auxiliares satisfarán los requisitos técnicos y de funcionamiento especificados en el Manual de Operaciones para la vigilancia sismológica y el intercambio internacional de datos sismológicos. Los datos procedentes de las estaciones auxiliares podrán ser solicitados en cualquier momento por el Centro Internacional de Datos y serán facilitados inmediatamente a través de conexiones directas de computadoras.

C. Vigilancia de radionúclidos

9. Cada Estado Parte se compromete a cooperar en un intercambio internacional de datos sobre los radionúclidos de la atmósfera para facilitar la verificación del cumplimiento del presente Tratado. Esa cooperación abarcará el establecimiento y funcionamiento de una red mundial de estaciones de vigilancia de radionúclidos y laboratorios certificados. La red proporcionará datos al Centro Internacional de Datos con arreglo a procedimientos convenidos.

10. La red de estaciones para la medición de radionúclidos en la atmósfera comprenderá una red general de 80 estaciones, según se especifica en el cuadro 2-A del anexo 1 al presente Protocolo. Todas las estaciones deberán poder vigilar la presencia de las macropartículas pertinentes en la atmósfera. Cuarenta de ellas deberán también ser capaces de vigilar la presencia de los gases nobles pertinentes una vez que entre en vigor el presente Tratado. A tal efecto, la Conferencia aprobará en su período inicial de sesiones una recomendación de la Comisión Preparatoria acerca de cuáles serán las 40 estaciones del cuadro 2-A del presente Protocolo que podrán vigilar los gases nobles. En su primer período ordinario anual de sesiones, la Conferencia examinará un plan para aplicar la capacidad de vigilancia de los gases nobles en toda la red y adoptará una decisión al respecto. El Director General preparará un informe a la Conferencia acerca de las modalidades de esa aplicación. Todas las estaciones de vigilancia satisfarán los requisitos técnicos y operacionales especificados en el Manual de Operaciones para la vigilancia de los radionúclidos y el intercambio internacional de datos sobre radionúclidos.

11. La red de estaciones para la vigilancia de los radionúclidos contará con el apoyo de laboratorios, que serán homologados por la Secretaría Técnica de conformidad con el manual de operaciones correspondiente, para realizar, bajo contrato con la Organización y mediante el sistema de pago por servicios, los análisis de las muestras obtenidas por las estaciones de vigilancia de radionúclidos. La Secretaría Técnica recurrirá también, según proceda, a los laboratorios especificados en el cuadro 2-B del anexo 1 al presente Protocolo, y adecuadamente equipados, para realizar análisis adicionales de muestras obtenidas por las estaciones de vigilancia de los radionúclidos. Con el asentimiento del Consejo Ejecutivo, la Secretaría Técnica podrá homologar más laboratorios para que realicen el análisis normal de las muestras obtenidas por estaciones de vigilancia manual cuando sea necesario. Todos los laboratorios homologados proporcionarán los resultados de esos análisis al Centro Internacional de Datos y, al hacerlo, satisfarán los requisitos técnicos y operacionales que se especifican en el Manual de Operaciones sobre la vigilancia de radionúclidos y el intercambio internacional de datos sobre radionúclidos.

D. Vigilancia hidroacústica

12. Cada Estado Parte se compromete a cooperar en un intercambio internacional de datos hidroacústicos para facilitar la verificación del cumplimiento del presente Tratado. Esa cooperación abarcará el establecimiento y funcionamiento de una red mundial de estaciones de vigilancia hidroacústica. Esas estaciones proporcionarán datos al Centro Internacional de Datos con arreglo a procedimientos convenidos.

13. La red de estaciones hidroacústicas comprenderá las estaciones especificadas en el cuadro 3 del anexo 1 al presente Protocolo, e incluirá una red mundial de 6 hidrófonos y 5 estaciones de fase T. Esas estaciones satisfarán los requisitos técnicos y operaciones especificados en el Manual de Operaciones para la vigilancia hidroacústica y el intercambio internacional de datos hidroacústicos.

E. Vigilancia infrasónica

14. Cada Estado Parte se compromete a cooperar en un intercambio internacional de datos infrasónicos para facilitar la verificación del cumplimiento del presente Tratado. Esa cooperación abarcará el establecimiento y funcionamiento de una red mundial de estaciones de vigilancia infrasónica. Esas estaciones proporcionarán datos al Centro Internacional de Datos con arreglo a procedimientos convenidos.

15. La red de estaciones infrasónicas estará integrada por las estaciones enumeradas en el cuadro 4 del anexo 1 al presente Protocolo, y comprenderá una red general de 60 estaciones. Esas estaciones satisfarán los requisitos técnicos y operacionales especificados en el Manual de Operaciones para la vigilancia infrasónica y el intercambio internacional de datos infrasónicos.

F. Funciones del Centro Internacional de Datos

16. El Centro Internacional de Datos recibirá, recopilará, tratará, analizará y archivará datos de las instalaciones del Sistema Internacional de Vigilancia, incluidos los resultados del análisis realizado en laboratorios homologados e informará al respecto.

17. Los procedimientos concretos y criterios uniformes de examen de fenómenos que haya de adoptar el Centro Internacional de Datos para realizar las funciones convenidas, en particular para la elaboración de productos uniformes de presentación de informes y el desempeño de una gama uniforme de servicios para los Estados Partes, constarán en el Manual de Operaciones para el Centro Internacional de Datos y se detallarán progresivamente. Esos procedimientos y criterios serán desarrollados inicialmente por la Comisión Preparatoria y serán aprobados por la Conferencia de los Estados Partes en su primer período de sesiones.

Productos uniformes del Centro Internacional de Datos

18. El Centro Internacional de Datos aplicará regularmente métodos de elaboración automática y análisis humano interactivo a los datos primarios del Sistema Internacional de Vigilancia para producir y archivar los productos uniformes del Centro Internacional de Datos en nombre de todos los Estados Partes. Estos productos serán suministrados gratuitamente a los Estados Partes y no prejuzgarán las decisiones definitivas respecto de la naturaleza de ningún fenómeno, cuya adopción seguirá correspondiendo a los Estados Partes, e incluirán:

a) Listas integradas de todas las señales detectadas por el Sistema Internacional de Vigilancia, así como listas y boletines uniformes de fenómenos, incluidos los valores e incertidumbres asociados, calculados para cada fenómeno localizado por el Centro Internacional de Datos, sobre la base de un conjunto de parámetros uniformes;

b) Los boletines uniformes de fenómenos examinados que resulten de la aplicación por el Centro Internacional de Datos de los criterios uniformes de examen de fenómenos a cada fenómeno, utilizando los parámetros de caracterización especificados en el anexo 2 al presente Protocolo, con el objetivo de caracterizar, destacando en el boletín uniforme de fenómenos, y por consiguiente excluyendo de este modo, los fenómenos que se considere corresponden a fenómenos naturales o no nucleares o fenómenos artificiales. Los boletines uniformes de fenómenos indicarán numéricamente para cada fenómeno el grado en que éste cumple, o no, los criterios de examen de fenómenos. Al aplicar los criterios uniformes de examen de fenómenos, el Centro Internacional de Datos utilizará al mismo tiempo los criterios de examen mundiales y suplementarios para tener en cuenta las variaciones regionales cuando proceda. El Centro Internacional de Datos irá mejorando paulatinamente sus capacidades técnicas a medida que se obtenga experiencia en el funcionamiento del Sistema Internacional de Vigilancia;

c) Resúmenes ejecutivos, en los que se resuman los datos obtenidos y archivados por el Centro Internacional de Datos, los productos del Centro Internacional de Datos y el rendimiento y el estado operacional del Sistema de Vigilancia y el Centro Internacional de Datos; y

d) Extractos o subconjuntos de los productos uniformes del Centro Internacional de Datos especificados en los apartados a) a c), seleccionados de acuerdo con la solicitud de un Estado Parte concreto.

19. El Centro Internacional de Datos llevará a cabo estudios especiales, gratuitamente para los Estados Partes, a fin de proceder a un examen técnico a fondo mediante análisis por expertos de los datos del Sistema Internacional de Vigilancia, si así lo solicita la Organización o un Estado Parte, para mejorar los valores estimados de los parámetros uniformes de la señal y el fenómeno.

Servicios del Centro Internacional de Datos a los Estados Partes

20. El Centro Internacional de Datos proporcionará a los Estados Partes un acceso abierto, igual, oportuno y conveniente a todos los datos del Sistema Internacional de Vigilancia, primarios o tratados, a todos los productos del Centro Internacional de Datos y a todos los demás datos del Sistema Internacional de Vigilancia incluidos en el archivo del Centro Internacional de Datos o, por conducto del Centro Internacional de Datos, a las instalaciones del Sistema Internacional de Vigilancia. Los métodos para apoyar el acceso a los datos y el suministro de éstos incluirán los servicios siguientes:

a) Envío automático y periódico al Estado Parte de los productos del Centro Internacional de Datos o de la selección de éstos pedida por el Estado Parte y, si así se solicita, la selección de los datos del Sistema Internacional de Vigilancia indicada por el Estado Parte;

b) Suministro de los datos o productos generados en respuesta a peticiones especiales de Estados Partes para que se recuperen del Centro Internacional de Datos y de las instalaciones de archivo de datos y productos del Sistema Internacional de Vigilancia, incluido el acceso electrónico interactivo a la base de datos del Centro Internacional de Datos; y

c) Asistencia a Estados Partes, a petición de éstos y gratuitamente si se trata de esfuerzos razonables, para el análisis técnico por expertos de los datos del Sistema Internacional de Vigilancia y otros datos pertinentes facilitados por el Estado Parte solicitante, a fin de ayudar al Estado Parte interesado a identificar la fuente de fenómenos concretos. El resultado de todos esos análisis técnicos se considerará un producto del Estado Parte solicitante, pero se pondrá a disposición de todos los Estados Partes.

Los servicios del Centro Internacional de Datos especificados en los apartados a) y b) se facilitarán gratuitamente a todos los Estados Partes. Los volúmenes y formatos de datos se determinarán en el Manual de Operaciones para el Centro Internacional de Datos.

Examen nacional de fenómenos

21. Si así lo solicita un Estado Parte, el Centro Internacional de Datos aplicará a cualquiera de sus productos uniformes, de manera habitual y automática, los criterios para el examen nacional de fenómenos establecidos por ese Estado Parte, y proporcionará los resultados de dicho análisis a ese Estado Parte. Ese servicio se prestará gratuitamente al Estado Parte solicitante. El resultado de esos procesos de examen nacional de datos se considerará como un producto del Estado Parte solicitante.

Asistencia técnica

22. El Centro Internacional de Datos proporcionará asistencia técnica a los Estados Partes que se la soliciten:

a) En la formulación de sus necesidades para la selección y examen de datos y productos;

b) Instalando en el Centro Internacional de Datos, gratuitamente para el Estado Parte solicitante si se trata de esfuerzos razonables, algoritmos de computadora o programas facilitados por ese Estado Parte para computar nuevos parámetros de la señal y el fenómeno que no estén incluidos en el Manual de Operaciones para el Centro Internacional de Datos, considerándose el resultado como producto del Estado Parte solicitante; y

c) Prestando asistencia a los Estados Partes para desarrollar la capacidad de recibir elaborar y analizar datos del Sistema Internacional de Vigilancia en un centro nacional de datos.

23. El Centro Internacional de Datos vigilará constantemente el estado operacional de las instalaciones del Sistema Internacional de Vigilancia, de los enlaces de comunicaciones y de sus propios sistemas de elaboración, y presentará informes al respecto. Notificará inmediatamente a los responsables si el rendimiento operacional de cualquier componente no satisface los niveles convenidos que se indiquen en el Manual de Operaciones correspondiente.

Parte II
INSPECCIONES IN SITU

A. Disposiciones generales

1. Los procedimientos incluidos en la presente parte se aplicarán de conformidad con las disposiciones previstas para las inspecciones in situ en el artículo IV.

2. La inspección in situ se llevará a cabo en la zona donde se haya producido el fenómeno que haya motivado la solicitud de inspección in situ.

3. La zona de una inspección in situ será continua y su superficie no excederá de 1.000 km2. No deberá haber ninguna distancia lineal superior a los 50 km en ninguna dirección.

4. La inspección in situ no durará más de 60 días a partir de la fecha en que se haya aprobado la solicitud de inspección in situ de conformidad con el párrafo 46 del artículo IV, si bien se podrá prorrogar por un máximo de 70 días de conformidad con el párrafo 49 del artículo IV.

5. Si la zona de inspección especificada en el mandato de inspección se extiende por el territorio u otro lugar bajo la jurisdicción o control de más de un Estado Parte, las disposiciones para las inspecciones in situ se aplicarán, según convenga, a cada uno de los Estados por los que se extiende la zona de inspección.

6. Cuando la zona de inspección esté bajo la jurisdicción o control del Estado Parte inspeccionado, pero se encuentre en el territorio de otro Estado Parte, o cuando el acceso desde el punto de entrada a la zona de inspección requiera transitar por el territorio de un Estado Parte que no sea el Estado Parte inspeccionado, este último ejercerá los derechos y cumplirá las obligaciones concernientes a tales inspecciones de conformidad con el presente Protocolo. En ese caso, el Estado Parte en cuyo territorio esté situada la zona de la inspección facilitará la inspección y proporcionará el apoyo necesario para que el grupo de inspección pueda desempeñar sus tareas de manera oportuna y eficaz. Los Estados Partes por cuyo territorio sea necesario transitar para llegar a la zona de inspección facilitarán dicho tránsito.

7. Cuando la zona de la inspección esté bajo la jurisdicción o control del Estado Parte inspeccionado pero se encuentre en el territorio de un Estado que no sea parte en el presente Tratado, el Estado Parte inspeccionado adoptará las medidas necesarias para garantizar que la inspección pueda llevarse a cabo de conformidad con el presente Protocolo. El Estado Parte que tenga bajo su jurisdicción o control una o más zonas situadas en el territorio de otro Estado que no sea parte en el presente Tratado adoptará las medidas necesarias para garantizar que el Estado en cuyo territorio se encuentra la zona de inspección acepte a los inspectores y los ayudantes de inspección designados para ese Estado Parte. Si un Estado Parte inspeccionado no está en condiciones de garantizar el acceso, deberá demostrar que ha adoptado todas las medidas necesarias para hacerlo.

8. Cuando la zona de inspección se encuentre situada en el territorio de un Estado Parte pero esté bajo la jurisdicción o control de un Estado que no sea parte en el presente Tratado, el Estado Parte adoptará todas las medidas que quepa exigir a un Estado Parte inspeccionado y a un Estado Parte en cuyo territorio se encuentre la zona de inspección, sin perjuicio de las normas y prácticas del derecho internacional, para garantizar que la inspección in situ pueda realizarse de conformidad con el presente Protocolo. Si el Estado Parte no está en condiciones de garantizar el acceso a la zona de inspección, deberá demostrar que ha adoptado todas las medidas necesarias para hacerlo, sin perjuicio de las normas y prácticas del derecho internacional.

9. El número de miembros del grupo de inspección se mantendrá al mínimo necesario para el adecuado cumplimiento del mandato de inspección. El número total de miembros del grupo de inspección presentes en el territorio del Estado Parte inspeccionado en un momento dado, salvo cuando se realicen perforaciones, no excederá 40 personas. Ningún nacional del Estado Parte solicitante ni del Estado Parte inspeccionado podrá ser miembro del grupo de inspección.

10. El Director General determinará el número de miembros del grupo de inspección y lo seleccionará a partir de la lista de inspectores y ayudantes de inspección teniendo en cuenta las circunstancias de la solicitud de que se trate.

11. El Estado Parte inspeccionado proporcionará o hará lo necesario para proporcionar al grupo de inspección los servicios necesarios, tales como medios de comunicación, interpretación, transporte, espacio de trabajo, alojamiento, comida y atención médica.

12. La Organización reembolsará al Estado Parte inspeccionado, en un plazo razonablemente breve después de terminada la inspección, todos los gastos, incluidos los mencionados en los párrafos 11 y 49, relacionados con la estancia y las actividades funcionales del grupo de inspección en el territorio del Estado Parte inspeccionado.

13. Los procedimientos para la realización de las inspecciones in situ se detallarán en el Manual de Operaciones para las inspecciones in situ.

B. Arreglos permanentes

Designación de inspectores y ayudantes de inspección

14. El grupo de inspección podrá estar constituido de inspectores y ayudantes de inspección. Las inspecciones in situ solamente serán realizadas por inspectores calificados designados especialmente para esta función. Podrán ser asistidos por ayudantes de inspección designados especialmente, tales como personal técnico y administrativo, tripulaciones aéreas e intérpretes.

15. El nombramiento de los inspectores y los ayudantes de inspección será propuesto por los Estados Partes o, en el caso de personal de la Secretaría Técnica, por el Director General, sobre la base de sus conocimientos y experiencia que sean pertinentes para el propósito y las funciones de las inspecciones in situ. Los candidatos serán aprobados previamente por los Estados Partes de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 18.

16. Cada Estado Parte comunicará al Director General, 30 días después, a más tardar, de la entrada en vigor para él del presente Tratado, el nombre, la fecha de nacimiento, el sexo, la categoría, las calificaciones y la experiencia profesional de las personas propuestas por el Estado Parte para ser nombradas inspectores y ayudantes de inspección.

17. A más tardar, 60 días después de la entrada en vigor del presente Tratado, la Secretaría Técnica comunicará por escrito a todos los Estados Partes, una lista inicial con el nombre, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, el sexo y la categoría de los inspectores y los ayudantes de inspección propuestos para nombramiento por el Director General y los Estados Partes, así como una descripción de sus calificaciones y experiencia profesional.

18. Cada Estado Parte acusará recibo inmediatamente de la lista inicial de inspectores y ayudantes de inspección propuestos para nombramiento. Se considerará aceptado a todo inspector o ayudante de inspección incluido en esa lista a menos que un Estado Parte declare por escrito, 30 días después, a más tardar, de haber acusado recibo de la lista, que no acepta el nombramiento. El Estado Parte podrá indicar el motivo de la objeción. En caso de no aceptación, el inspector o ayudante de inspección propuesto no realizará actividades de inspección in situ ni participará en ellas en el territorio del Estado Parte que haya declarado que no acepta el nombramiento, ni en cualquier otro lugar sometido a la jurisdicción o control de ese Estado. La Secretaría Técnica confirmará inmediatamente el recibo de la notificación de objeción.

19. Siempre que el Director General o un Estado Parte proponga adiciones o cambios en la lista de inspectores y ayudantes de inspección, se designarán suplentes de los inspectores y ayudantes de inspección del mismo modo previsto para la lista inicial. Cada Estado Parte deberá notificar prontamente a la Secretaría Técnica si un inspector o ayudante de inspección propuesto por él no puede seguir desempeñando las funciones de inspector o ayudante de inspección.

20. La Secretaría Técnica mantendrá actualizada la lista de inspectores y ayudantes de inspección y notificará a todos los Estados Partes cualquier adición o cambio que se haga en la lista.

21. El Estado Parte que solicite una inspección in situ podrá proponer que un inspector de la lista de inspectores y ayudantes de inspección actúe como observador suyo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 61 del artículo IV.

22. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 23, un Estado Parte tendrá el derecho de rechazar en cualquier momento a un inspector o ayudante de inspección que ya hubiera sido aceptado. Notificará por escrito su objeción a la Secretaría Técnica y podrá incluir el motivo de ella. La objeción surtirá efecto 30 días después de que la Secretaría Técnica haya recibido la notificación. La Secretaría Técnica confirmará inmediatamente el recibo de la notificación de objeción y comunicará a los Estados Partes objetante y nombrante la fecha del cese de nombramiento de ese inspector o ayudante de inspección para ese Estado Parte.

23. El Estado Parte al que se le haya notificado una inspección no tratará de excluir del grupo de inspección a ninguno de los inspectores o ayudantes de inspección incluidos en el mandato de inspección.

24. El número de inspectores y ayudantes de inspección aceptados por un Estado Parte debe ser suficiente para que se disponga de un número adecuado de inspectores y ayudantes de inspección. Si el Director General considera que el hecho de que un Estado Parte no acepte los inspectores o ayudantes de inspección propuestos obstaculiza el nombramiento de un número suficiente de inspectores y ayudantes de inspección o dificulta de otro modo el cumplimiento eficaz de los propósitos de la inspección in situ, remitirá la cuestión al Consejo Ejecutivo.

25. Todo inspector incluido en la lista de inspectores y ayudantes de inspección recibirá la formación correspondiente. Esa formación será impartida por la Secretaría Técnica de conformidad con los procedimientos descritos en el Manual de Operaciones para las inspecciones in situ. La Secretaría Técnica coordinará, de acuerdo con los Estados Partes, un calendario de formación para los inspectores.

Privilegios e inmunidades

26. Tras la aceptación de la lista inicial de inspectores y ayudantes de inspección conforme a lo dispuesto en el párrafo 18, o según haya sido modificada posteriormente de conformidad con el párrafo 19, cada Estado Parte deberá expedir, con arreglo a sus procedimientos nacionales y previa solicitud de los inspectores o ayudantes de inspección, visados para múltiples entradas/salidas y/o tránsito y los demás documentos que necesite cada inspector o ayudante de inspección para entrar y permanecer en el territorio de ese Estado Parte con el solo objeto de realizar actividades de inspección. Cada Estado Parte expedirá los visados o documentos de viaje necesarios a tal efecto, 48 horas después, a más tardar, de haber recibido la solicitud o inmediatamente después de la llegada del grupo de inspección al punto de entrada en el territorio del Estado Parte. Esos documentos tendrán la validez necesaria para que los inspectores o ayudantes de inspección permanezcan en el territorio del Estado Parte inspeccionado con el solo objeto de realizar las actividades de inspección.

27. Para el eficaz ejercicio de sus funciones, se otorgará a los miembros de los grupos de inspección los privilegios e inmunidades establecidos en los apartados a) a i). Los privilegios e inmunidades se otorgarán a los miembros del grupo de inspección en consideración al presente Tratado y no para el provecho particular de las personas. Los privilegios e inmunidades les serán otorgados para la totalidad del período que transcurra entre la llegada al territorio del Estado Parte inspeccionado y la salida de él y, posteriormente, respecto de los actos realizados con anterioridad en el ejercicio de sus funciones oficiales.

a) Se otorgará a los miembros del grupo de inspección la inviolabilidad de que gozan los agentes diplomáticos en virtud del artículo 29 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 18 de abril de 1961;

b) Se otorgará a las viviendas y locales de oficina ocupados por el grupo que realice actividades de inspección de conformidad con el presente Tratado la inviolabilidad y la protección de que gozan los locales de los agentes diplomáticos en virtud del párrafo 1 del artículo 30 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas;

c) Los documentos y la correspondencia, incluidos los archivos, del grupo de inspección gozarán de la inviolabilidad otorgada a todos los documentos y la correspondencia de los agentes diplomáticos en virtud del párrafo 2 del artículo 30 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El grupo de inspección tendrá derecho a utilizar códigos para sus comunicaciones con la Secretaría Técnica;

d) Las muestras y el equipo aprobado que lleven consigo los miembros del grupo de inspección serán inviolables, a reserva de las disposiciones contenidas en el presente Tratado, y estarán exentos de todo derecho arancelario. Las muestras peligrosas se transportarán de conformidad con los reglamentos correspondientes;

e) Se otorgará a los miembros del grupo de inspección las inmunidades de que gozan los agentes diplomáticos en virtud de los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 31 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas;

f) Se otorgará a los miembros del grupo de inspección que realicen las actividades prescritas con arreglo al presente Tratado la exención de derechos e impuestos de que gozan los agentes diplomáticos en virtud del artículo 34 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas;

g) Se permitirá a los miembros del grupo de inspección introducir en el territorio del Estado Parte inspeccionado, libres de derechos arancelarios o gravámenes semejantes, artículos de uso personal, con excepción de aquellos artículos cuya importación o exportación esté prohibida por la ley o sujeta a cuarentena;

h) Se otorgará a los miembros del grupo de inspección las mismas facilidades en materia de moneda extranjera y cambio de que gozan los representantes de los gobiernos extranjeros en misiones oficiales temporales;

i) Los miembros del grupo de inspección no realizarán ninguna actividad profesional o comercial en beneficio propio en el territorio del Estado Parte inspeccionado.

28. Cuando estén en tránsito por el territorio de Estados Partes que no sean el Estado Parte inspeccionado, se otorgará a los miembros del grupo de inspección los privilegios e inmunidades de que gozan los agentes diplomáticos en virtud del párrafo 1 del artículo 40 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Se otorgará a los documentos y la correspondencia, incluidos los archivos, las muestras y el equipo aprobado que lleven consigo, los privilegios e inmunidades enunciados en los apartados c) y d) del párrafo 27.

29. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, los miembros del grupo de inspección estarán obligados a respetar las leyes y los reglamentos del Estado Parte inspeccionado y, en la medida que sea compatible con el mandato de inspección, estarán obligados a no injerirse en los asuntos internos de ese Estado. Si el Estado Parte inspeccionado considera que ha habido abuso de los privilegios e inmunidades especificados en el presente Protocolo, se celebrarán consultas entre dicho Estado Parte y el Director General para determinar si se ha producido un abuso y, si así se considera, impedir su repetición.

30. El Director General podrá renunciar a la inmunidad de jurisdicción de los miembros del grupo de inspección en aquellos casos en que, a su juicio, dicha inmunidad dificulte la acción de la justicia y pueda hacerlo sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del presente Tratado. La renuncia deberá ser siempre expresa.

31. Se otorgará a los observadores los mismos privilegios e inmunidades concedidos a los miembros del grupo de inspección en virtud de la presente sección, salvo los previstos en el apartado d) del párrafo 27.

Puntos de entrada

32. Cada Estado Parte designará sus puntos de entrada y facilitará la información necesaria a la Secretaría Técnica, 30 días después, a más tardar, de la entrada en vigor para él del presente Tratado. Esos puntos de entrada deberán estar situados de forma que el grupo de inspección pueda llegar a cualquier zona de inspección desde un punto de entrada, por lo menos, en el plazo de 24 horas. La Secretaría Técnica comunicará a todos los Estados Partes la ubicación de los puntos de entrada. Los puntos de entrada podrán servir también de puntos de salida.

33. Cada Estado Parte podrá cambiar sus puntos de entrada, mediante una notificación de dicho cambio a la Secretaría Técnica. Los cambios serán efectivos 30 días después de que la Secretaría Técnica reciba dicha notificación, con el fin de poder hacer la debida notificación a todos los Estados Partes.

34. Si la Secretaría Técnica considera que los puntos de entrada son insuficientes para la realización de las inspecciones en tiempo oportuno o que los cambios de los puntos de entrada propuestos por el Estado Parte dificultarían dicha realización en tiempo oportuno, entablará consultas con el Estado Parte de que se trate para resolver el problema.

Arreglos para la utilización de aeronaves de vuelo no regular

35. Cuando no sea posible viajar en tiempo oportuno hasta el punto de entrada utilizando vuelos comerciales regulares, el grupo de inspección podrá utilizar aeronaves de vuelo no regular. A más tardar, 30 días después de la entrada en vigor del presente Tratado, cada Estado Parte comunicará a la Secretaría Técnica el número de la autorización diplomática permanente para aeronaves de vuelo no regular que transporten un grupo de inspección y el equipo necesario para la inspección. El plan de vuelo de las aeronaves corresponderá a las rutas aéreas internacionales convenidas entre los Estados Partes y la Secretaría Técnica como base para dicha autorización diplomática.

Equipo de inspección aprobado

36. En su período inicial de sesiones, la Conferencia examinará y aprobará una lista de equipo para su utilización durante las inspecciones in situ. Cada Estado Parte podrá presentar propuestas para la inclusión de equipo en la lista. Las especificaciones para el empleo del equipo, tal como se detallan en el Manual de Operaciones para las inspecciones in situ, tendrán en cuenta las consideraciones de seguridad y confidencialidad del lugar donde probablemente se vaya a utilizar ese equipo.

37. El equipo que se vaya a utilizar durante la inspección in situ consistirá en el equipo básico para las actividades y técnicas de inspección especificadas en el párrafo 69 y el equipo auxiliar necesario para llevar a cabo de manera eficaz y oportuna las inspecciones in situ.

38. La Secretaría Técnica garantizará que pueda disponerse cuando sea necesario de todos los tipos de equipo aprobado para las inspecciones in situ. Cuando se requiera para una inspección in situ, la Secretaría Técnica certificará debidamente que el equipo ha sido calibrado, mantenido y protegido. Con objeto de facilitar la comprobación del equipo en el punto de entrada por el Estado Parte inspeccionado, la Secretaría Técnica proporcionará documentación y fijará sellos para autentificar la certificación.

39. Todo equipo mantenido permanentemente estará custodiado por la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica será la responsable del mantenimiento y calibración de ese equipo.

40. Según proceda, la Secretaría Técnica concertará arreglos con los Estados Partes para proporcionar el equipo mencionado en la lista. Esos Estados Partes serán los responsables de mantener y calibrar tal equipo.

C. Solicitud de inspección in situ, mandato de inspección
y notificación de inspección

Solicitud de inspección in situ

41. De conformidad con el párrafo 37 del artículo IV, en la solicitud de una inspección in situ se incluirá como mínimo la información siguiente:

a) Las coordenadas geográficas y verticales estimadas de la localización del fenómeno que haya motivado la solicitud, con indicación del posible margen de error;

b) Los límites propuestos para la zona de inspección, especificados en un mapa y de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2 y 3;

c) El Estado o los Estados Partes que deban ser inspeccionados o una indicación de que la zona que haya de inspeccionarse o parte de ella no está sometida a la jurisdicción o el control de ningún Estado;

d) El probable medio del fenómeno que haya motivado la solicitud;

e) La hora en que se estima se produjo el fenómeno que haya motivado la solicitud, con indicación del posible margen de error;

f) Todos los datos en que se basa la solicitud;

g) Los datos personales del observador propuesto, en caso de haberlo; y

h) Los resultados de un proceso de consulta y aclaración de conformidad con lo dispuesto en el artículo IV o una explicación, si procede, de las razones por las que no se ha realizado un proceso de consulta y aclaración.

Mandato de inspección

42. El mandato de inspección in situ incluirá:

a) La decisión del Consejo Ejecutivo acerca de la solicitud de inspección in situ;

b) El nombre del Estado o los Estados Partes que deban ser inspeccionados o una indicación de que la zona de inspección o parte de ella no está sometida a la jurisdicción o el control de ningún Estado;

c) La ubicación y los límites de la zona de inspección especificados en un mapa teniendo en cuenta toda la información en que se haya basado la solicitud y toda la demás información técnica de que se disponga, en consulta con el Estado Parte solicitante;

d) Los tipos de actividades del grupo de inspección previstos en la zona de inspección;

e) El punto de entrada que vaya a utilizar el grupo de inspección;

f) Los puntos de tránsito o de base según proceda;

g) El nombre del jefe del grupo de inspección;

h) Los nombres de los miembros del grupo de inspección;

i) El nombre del observador propuesto, en caso de haberlo; y

j) La lista del equipo que vaya a utilizarse en la zona de inspección.

Si el Consejo Ejecutivo adopta alguna decisión de conformidad con los párrafos 46 a 49 del artículo IV que exija una modificación del mandato de inspección, el Director General podrá actualizar el mandato en relación con los apartados d), h) y j) según proceda. El Director General notificará inmediatamente al Estado Parte inspeccionado cualquier modificación de ese tipo.

Notificación de la inspección

43. La notificación hecha por el Director General de conformidad con el párrafo 55 del artículo IV incluirá la información siguiente:

a) El mandato de inspección;

b) La fecha y la hora estimadas de llegada del grupo de inspección al punto de entrada;

c) Los medios para llegar al punto de entrada;

d) Cuando proceda, el número de la autorización diplomática permanente para las aeronaves en vuelo no regular; y

e) Una lista del equipo que el Director General pida que facilite el Estado Parte inspeccionado al grupo de inspección para su utilización en la zona de inspección.

44. El Estado Parte inspeccionado acusará recibo de la notificación hecha por el Director General, 12 horas después, a más tardar, de haberla recibido.

D. Actividades previas a la inspección

Entrada en el territorio del Estado Parte inspeccionado, actividades en el punto de entrada y traslado a la zona de inspección

45. El Estado Parte inspeccionado que haya sido notificado de la llegada de un grupo de inspección adoptará las medidas necesarias para la entrada inmediata de éste en su territorio.

46. Cuando se utilice una aeronave en vuelo no regular para el viaje hasta el punto de entrada, la Secretaría Técnica facilitará al Estado Parte inspeccionado, por conducto de la Autoridad Nacional, el plan de vuelo de la aeronave desde el último aeropuerto utilizado antes de entrar en el espacio aéreo del Estado Parte hasta el punto de entrada, por lo menos seis horas antes de la hora de salida prevista de ese aeropuerto. Dicho plan se presentará de conformidad con los procedimientos de la Organización de Aviación Civil Internacional aplicables a las aeronaves civiles. La Secretaría Técnica incluirá en las observaciones del plan de vuelo el número de la autorización diplomática permanente y la notificación apropiada para identificar la aeronave como aeronave de inspección. Si se utiliza una aeronave militar, la Secretaría Técnica solicitará previamente autorización al Estado Parte inspeccionado para entrar en su espacio aéreo.

47. Por lo menos tres horas antes de la prevista para la salida del grupo de inspección del último aeropuerto utilizado antes de entrar en el espacio aéreo del Estado Parte inspeccionado, éste garantizará la aprobación del plan de vuelo presentado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 46 a fin de que el grupo de inspección pueda llegar al punto de entrada a la hora prevista.

48. En caso necesario, el jefe del grupo de inspección y el representante del Estado Parte inspeccionado determinarán de común acuerdo el punto de base y el plan de vuelo desde el punto de entrada hasta el punto de base y, de ser preciso, hasta la zona de inspección.

49. El Estado Parte inspeccionado proporcionará estacionamiento, protección de seguridad, los servicios de mantenimiento y el combustible que pida la Secretaría Técnica para la aeronave del grupo de inspección en el punto de entrada y, cuando sea necesario, en el punto de base y en la zona de inspección. Dicha aeronave no estará sujeta al pago de derechos de aterrizaje, tasas de salida ni gravámenes semejantes. El presente párrafo se aplicará también a las aeronaves utilizadas en sobrevuelos durante la inspección in situ.

50. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 51, el Estado Parte inspeccionado no podrá oponerse en modo alguno a que el grupo de inspección lleve consigo al territorio de ese Estado Parte el equipo aprobado de conformidad con el mandato de inspección, ni podrá oponerse a su empleo de conformidad con las disposiciones del Tratado y del presente Protocolo.

51. Sin perjuicio del plazo previsto en el párrafo 54, el Estado Parte inspeccionado tendrá derecho a comprobar en presencia de miembros del grupo de inspección en el punto de entrada que el equipo ha sido aprobado y certificado de conformidad con el párrafo 38. El Estado Parte inspeccionado podrá excluir cualquier parte del equipo que no sea conforme al mandato de inspección o que no haya sido aprobada y certificada con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 38.

52. Nada más llegar al punto de entrada y sin perjuicio del plazo especificado en el párrafo 54, el jefe del grupo de inspección presentará al representante del Estado Parte inspeccionado el mandato de inspección y el plan inicial de inspección preparado por el grupo de inspección, con especificación de las actividades que éste vaya a llevar a cabo. El grupo de inspección será informado por representantes del Estado Parte inspeccionado con ayuda de mapas y otros documentos según proceda. La sesión de información abarcará las características naturales pertinentes del terreno, cuestiones de seguridad y confidencialidad y arreglos logísticos para la inspección. El Estado Parte inspeccionado podrá indicar lugares dentro de la zona de inspección que, a su juicio, no estén relacionados con el propósito de la inspección.

53. Tras la sesión de información previa a la inspección, el grupo de inspección, según proceda, modificará el plan inicial de inspección teniendo en cuenta cualquier observación hecha por el Estado Parte inspeccionado. Se facilitará el plan de inspección modificado al representante del Estado Parte inspeccionado.

54. El Estado Parte inspeccionado hará todo cuanto esté a su alcance para proporcionar asistencia y garantizar el traslado en condiciones de seguridad del grupo de inspección, el equipo aprobado especificado en los párrafos 50 y 51 y el equipaje desde el punto de entrada hasta la zona de inspección, 36 horas después, a más tardar, de la llegada al punto de entrada, de no haberse convenido otros horarios dentro del plazo especificado en el párrafo 57.

55. Para confirmar que la zona a que se ha transportado al grupo de inspección corresponde a la zona de inspección especificada en el mandato de inspección, el grupo de inspección tendrá derecho a utilizar el equipo de determinación de la localización aprobado. El Estado Parte inspeccionado ayudará al grupo de inspección en esta tarea.

E. Realización de las inspecciones

Normas generales

56. El grupo de inspección desempeñará sus funciones de conformidad con las disposiciones del Tratado y del presente Protocolo.

57. El grupo de inspección comenzará sus actividades de inspección en la zona de inspección tan pronto como sea posible, pero, en ningún caso, más tarde de 72 horas después de la llegada al punto de entrada.

58. Las actividades del grupo de inspección se organizarán de manera que pueda desempeñar oportuna y eficazmente sus funciones y que cause el menor inconveniente posible al Estado Parte inspeccionado y la menor perturbación posible en la zona de inspección.

59. En los casos en que se haya pedido al Estado Parte inspeccionado, de conformidad con el apartado e) del párrafo 43 o durante la inspección, que facilite equipo al grupo de inspección para su utilización en la zona de inspección, el Estado Parte inspeccionado satisfará la solicitud en la medida que le sea posible.

60. Entre los derechos y obligaciones del grupo de inspección durante la inspección in situ figurarán:

a) El derecho a determinar la forma en que deba realizarse la inspección, de conformidad con el mandato de inspección y teniendo en cuenta las medidas que hubiera podido adoptar el Estado Parte inspeccionado con arreglo a las disposiciones relativas al acceso controlado;

b) El derecho a modificar el plan de inspección, según sea necesario, para garantizar la eficaz realización de la inspección;

c) La obligación de tener en cuenta las recomendaciones y modificaciones sugeridas por el Estado Parte inspeccionado respecto del plan de inspección;

d) El derecho a solicitar aclaraciones en relación con las ambigüedades que puedan surgir durante la inspección;

e) La obligación de utilizar solamente las técnicas especificadas en el párrafo 69 y de abstenerse de actividades que no guarden relación con el propósito de la inspección. El grupo obtendrá y documentará los hechos que estén relacionados con el propósito de la inspección, pero no tratará de documentar la información que claramente no guarde relación con ello. Todo material obtenido y que ulteriormente pueda considerarse sin pertinencia será devuelto al Estado Parte inspeccionado;

f) La obligación de tener en cuenta y de incluir en sus informes los datos y las explicaciones acerca del carácter del fenómeno que haya motivado la solicitud facilitados por el Estado Parte inspeccionado y procedentes de las redes nacionales de vigilancia de ese Estado y de otras fuentes;

g) La obligación de facilitar al Estado Parte inspeccionado, a solicitud suya, ejemplares de la información y de los datos obtenidos en la zona de inspección; y

h) La obligación de respetar la confidencialidad y los reglamentos de seguridad y sanidad del Estado Parte inspeccionado.

61. Entre los derechos y obligaciones del Estado Parte inspeccionado durante la inspección in situ figurarán:

a) El derecho a formular recomendaciones en cualquier momento al grupo de inspección respecto de una posible modificación del plan de inspección;

b) El derecho y la obligación de asignar un representante de enlace con el grupo de inspección;

c) El derecho a que representantes suyos acompañen al grupo de inspección durante el desempeño de sus tareas y observen todas las actividades de inspección realizadas por el grupo. Esto no demorará o dificultará de otro modo en el ejercicio de las funciones del grupo de inspección;

d) El derecho a facilitar información suplementaria y a pedir que se obtengan y documenten nuevos datos que considere pertinentes para la inspección;

e) El derecho de examinar todos los productos fotográficos y de medición, así como las muestras, y a quedarse con cualesquier fotografías o partes de éstas que muestren lugares sensibles no relacionados con el propósito de la inspección. El Estado Parte inspeccionado tendrá derecho a recibir duplicados de todos los productos fotográficos y de medición. El Estado Parte inspeccionado tendrá el derecho de quedarse los originales fotográfico y productos fotográficos de primera generación y de precintar bajo sello conjunto las fotografías o partes de ellas dentro de su territorio. El Estado Parte inspeccionado tendrá el derecho de proporcionar su propio fotógrafo para que tome las fotografías fijas o los videos que solicite el grupo de inspección. De no ser así, esas funciones serán realizadas por miembros del grupo de inspección.

f) El derecho a proporcionar al grupo de inspección datos y explicaciones sobre el carácter del fenómeno que haya motivado la solicitud procedentes de sus redes nacionales de vigilancia y de otras fuentes; y

g) La obligación de ofrecer al grupo de inspección las aclaraciones que necesite para resolver cualquier ambigüedad que pudiera surgir durante la inspección.

Comunicaciones

62. Durante la inspección in situ, los miembros del grupo de inspección tendrán derecho en todo momento a comunicarse entre sí y con la Secretaría Técnica. A tal efecto podrán utilizar su propio equipo debidamente aprobado y homologado, con el consentimiento del Estado Parte inspeccionado, en la medida en que éste no les facilite acceso a otros medios de telecomunicación.

Observador

63. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 61 del artículo IV, el Estado Parte solicitante se mantendrá en contacto con la Secretaría Técnica para coordinar la llegada del observador al mismo punto de entrada o punto de base que el grupo de inspección dentro de un plazo razonable a partir de la llegada del grupo de inspección.

64. El observador tendrá derecho durante todo el período de inspección a estar en comunicación con la embajada que el Estado Parte solicitante tenga en el Estado Parte inspeccionado o, de no haberla, con el propio Estado Parte solicitante.

65. El observador tendrá derecho a personarse en la zona de inspección y a tener acceso a ella según lo haya concedido el Estado Parte inspeccionado.

66. El observador tendrá el derecho de formular recomendaciones al grupo de inspección durante toda la inspección.

67. El grupo de inspección mantendrá informado al observador acerca de la realización de la inspección y de sus conclusiones durante toda la inspección.

68. El Estado Parte inspeccionado proporcionará o dispondrá los servicios necesarios para el observador, análogos a los que disfruta el grupo de inspección según se describen en el párrafo 11, durante todo el período de inspección. Todos los gastos relacionados con la estancia del observador en el territorio del Estado Parte inspeccionado serán sufragados por el Estado Parte solicitante.

Actividades y técnicas de inspección

69. Se podrán realizar las actividades de inspección y utilizar las técnicas siguientes, de conformidad con las disposiciones relativas al acceso controlado, la obtención, manipulación y análisis de muestras y los sobrevuelos:

a) Determinación de la posición desde el aire y en la superficie para confirmar los límites de la zona de inspección y establecer coordenadas de emplazamientos situados en ella, en apoyo de las actividades de inspección;

b) Observación visual y obtención de imágenes de video y fotográficas y multiespectrales, incluidas mediciones por rayos infrarrojos, en la superficie y debajo de ella y desde el aire para buscar anomalías o artefactos;

c) Medición de los niveles de radiación por encima de la superficie, en ella y debajo de ella, sirviéndose de la vigilancia de las radiaciones gamma y del análisis de resolución energética desde el aire, en la superficie o debajo de ella, para buscar e identificar anomalías de radiación;

d) Obtención de muestras del medio ambiente y análisis de sólidos, líquidos y gases por encima de la zona, en la superficie y debajo de ella para detectar anomalías;

e) Vigilancia sismológica pasiva de las réplicas para localizar la zona de búsqueda y facilitar la determinación del carácter del fenómeno;

f) Sismometría de resonancia y levantamientos sismológicos activos para buscar y localizar anomalías subterráneas, incluidas cavidades y escombreras;

g) Planimetría magnética y gravitatoria, radar de penetración en el suelo y mediciones de la conductividad eléctrica en la superficie y desde el aire, según proceda, para detectar anomalías o artefactos; y

h) Perforaciones para obtener muestras radiactivas.

70. Hasta 25 días después de la aprobación de la inspección in situ de conformidad con el párrafo 46 del artículo IV, el grupo de inspección tendrá el derecho de realizar cualquiera de las actividades y de utilizar cualquiera de las técnicas enumeradas en los apartados a) a e) del párrafo 69. Tras la aprobación de la continuación de la inspección de conformidad con el párrafo 47 del artículo IV, el grupo de inspección tendrá el derecho de realizar cualquiera de las actividades y de utilizar cualquiera de las técnicas enumeradas en los apartados a) a g) del párrafo 69. El grupo de inspección solamente realizará perforaciones con la aprobación del Consejo Ejecutivo, de conformidad con el párrafo 48 del artículo IV. En caso de que el grupo de inspección solicite una prórroga de la duración de la inspección de conformidad con el párrafo 49 del artículo IV, indicará en su solicitud las actividades y técnicas enumeradas en el párrafo 69 que se propone realizar o utilizar a fin de poder cumplir su mandato.

Sobrevuelos

71. El grupo de inspección tendrá el derecho de realizar un sobrevuelo de la zona de inspección durante la inspección in situ para proporcionar al grupo de inspección una orientación general de la zona de inspección, reducir y determinar el emplazamiento más favorable para la inspección basada en tierra y facilitar la obtención de pruebas fácticas, utilizando el equipo especificado en el párrafo 79.

72. El sobrevuelo se realizará lo antes posible. La duración total del sobrevuelo no excederá de 12 horas.

73. Se podrán efectuar ulteriores sobrevuelos, utilizando el equipo especificado en los párrafos 79 y 80, con el asentimiento del Estado Parte inspeccionado.

74. La zona que vaya a ser sobrevolada no rebasará los límites de la zona de inspección.

75. El Estado Parte inspeccionado tendrá el derecho de imponer restricciones o, en casos excepcionales y razonablemente justificados, prohibiciones a los sobrevuelos de las zonas sensibles que no estén relacionadas con los propósitos de la inspección. Las restricciones podrán concernir a la altitud de vuelo, el número de pasadas y de vuelos en círculo, la duración del tiempo de permanencia inmóvil en el aire, el tipo de aeronave, el número de inspectores a bordo y el tipo de mediciones y observaciones. Si el grupo de inspección considera que las restricciones o prohibiciones al sobrevuelo de zonas sensibles pueden obstaculizar el desempeño de su mandato, el Estado Parte inspeccionado hará todo cuanto sea razonable para ofrecer otros medios de inspección.

76. Los sobrevuelos se realizarán con arreglo a un plan de vuelo debidamente presentado y aprobado de conformidad con las normas y reglamentos de aviación del Estado Parte inspeccionado. Durante todas las operaciones de vuelo se observarán estrictamente los reglamentos de seguridad en vuelo del Estado Parte inspeccionado.

77. Como norma general, durante los sobrevuelos solamente se autorizará el aterrizaje a los fines de
descanso o para reposar.

78. Los sobrevuelos se realizarán a las altitudes solicitadas por el grupo de inspección que sean compartibles con las actividades que haya de realizarse y las condiciones de visibilidad, así como los reglamentos de aviación y de seguridad del Estado Parte inspeccionado y su derecho a proteger información sensible no relacionada con los propósitos de la inspección. Los sobrevuelos se realizarán a una altura máxima de 1.500 m sobre la superficie.

79. Para los sobrevuelos que se realicen de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 71 y 72, se podrá utilizar a bordo de la aeronave el siguiente equipo:

a) Prismáticos;

b) Equipo de determinación pasiva de la localización;

c) Videocámaras; y

d) Cámaras de foto fija manuales.

80. Para cualquier sobrevuelo adicional que se realice de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 73, los inspectores que estén a bordo de la aeronave podrán utilizar también equipo portátil y de instalación fácil para:

a) Obtención de imágenes multiespectrales (incluso de infrarrojos);

b) Espectroscopia de rayos gamma; y

c) Planimetría magnética.

81. Los sobrevuelos se realizarán con una aeronave relativamente lenta de ala fija o rotatoria. La aeronave deberá ofrecer una vista amplia y sin obstrucción de la superficie.

82. El Estado Parte inspeccionado tendrá el derecho de proporcionar su propia aeronave equipada previamente de la manera adecuada, de conformidad con las exigencias técnicas del Manual de Operaciones pertinente, y su tripulación. De no ser así, la Secretaría Técnica proporcionará o fletará la aeronave.

83. En caso de que la Secretaría Técnica proporcione o flete la aeronave, el Estado Parte inspeccionado tendrá el derecho de comprobar la aeronave para asegurarse de que esté provista del equipo de inspección aprobado. Esa comprobación deberá concluirse dentro del plazo especificado en el párrafo 57.

84. El personal a bordo de la aeronave estará integrado por:

a) El número mínimo de tripulantes compatible con la operación segura de la aeronave;

b) Hasta cuatro miembros del grupo de inspección;

c) Hasta dos representantes del Estado Parte inspeccionado;

d) Un observador, de haberlo, a reserva de la autorización del Estado Parte inspeccionado; y

e) Un intérprete, en caso necesario.

85. Los procedimientos para llevar a cabo los sobrevuelos se detallarán en el Manual de Operaciones para las inspecciones in situ.

Acceso controlado

86. El grupo de inspección tendrá el derecho de acceder a la zona de inspección de conformidad con las disposiciones del Tratado y del presente Protocolo.

87. El Estado Parte inspeccionado proporcionará acceso a la zona de inspección de conformidad con los plazos especificados en el párrafo 57.

88. De conformidad con el párrafo 57 del artículo IV y el párrafo 86 supra, entre los derechos y obligaciones del Estado Parte inspeccionado figurarán:

a) El derecho a tomar medidas para proteger las instalaciones y emplazamientos sensibles de conformidad con el presente Protocolo;

b) La obligación de hacer todo esfuerzo razonable para satisfacer las exigencias del mandato de inspección por otros medios cuando se limite el acceso dentro de la zona de inspección. La solución de las cuestiones que pudieran plantearse respecto de uno o más aspectos de la inspección no demorará la realización de otros aspectos de la inspección por el grupo ni se injerirá en ellas; y

c) El derecho a adoptar la decisión final respecto de cualquier acceso del grupo de inspección, teniendo en cuenta sus obligaciones en virtud del presente Tratado y las disposiciones sobre el acceso controlado.

89. De conformidad con el apartado b) del párrafo 57 del artículo IV y el apartado a) del párrafo 88 supra, el Estado Parte inspeccionado tendrá derecho de adoptar medidas en toda la zona de inspección para proteger las instalaciones y emplazamientos sensibles, y para impedir que se divulgue información confidencial que no esté relacionada con el propósito de la inspección. Entre esas medidas podrán figurar:

a) Recubrimiento de presentaciones visuales, material y equipo sensibles;

b) Limitación de las mediciones de la actividad de radionúclidos y la radiación nuclear a la comprobación de la presencia o ausencia de los tipos y energías de radiación pertinentes para el propósito de la inspección;

c) Limitación de la toma o el análisis de muestras a la comprobación de la presencia o ausencia de productos radiactivos y otros productos pertinentes para el propósito de la inspección;

d) Control del acceso a los edificios y otras estructuras de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 90 y 91; y

e) Declaración de lugares de acceso limitado de conformidad con los párrafos 92 a 96.

90. Se aplazará el acceso a los edificios y otras estructuras hasta que se haya aprobado la continuación de la inspección in situ de conformidad con el párrafo 47 del artículo IV, salvo el acceso a los edificios y otras estructuras que alberguen la entrada a una mina, otras excavaciones o cavernas de gran volumen a las que no se pueda acceder de otra forma. En relación con esos edificios y estructuras, el grupo de inspección solamente tendrá derecho de tránsito, según lo disponga el Estado Parte inspeccionado, a fin de entrar en esas minas, cavernas u otras excavaciones.

91. Si, una vez aprobada la continuación de la inspección de conformidad con el párrafo 47 del artículo IV, el grupo de inspección demuestra de forma verosímil al Estado Parte inspeccionado que el acceso a los edificios y otras estructuras es necesario para cumplir el mandato de inspección y que las actividades necesarias autorizadas en el mandato no pueden realizarse desde el exterior, el grupo de inspección tendrá derecho de acceso a esos edificios y otras estructuras. El jefe del grupo de inspección solicitará acceso a un edificio o estructura específico indicando la finalidad de ese acceso, el número de inspectores y las actividades previstas. Las modalidades de acceso serán objeto de negociación entre el grupo de inspección y el Estado Parte inspeccionado. El Estado Parte inspeccionado tendrá el derecho de imponer restricciones o, en casos excepcionales y con una justificación razonable, prohibiciones al acceso a edificios y otras estructuras.

92. Cuando se declaren zonas de acceso restringido de conformidad con el apartado e) del párrafo 89, ninguna de ellas podrá tener más de 4 km2. El Estado Parte inspeccionado tendrá el derecho de declarar hasta 50 km2 de zonas de acceso restringido. Si se declara más de una zona de acceso restringido, cada una de ellas estará separada de las demás por una distancia mínima de 20 m. Cada zona de acceso restringido tendrá límites claramente definidos y accesibles.

93. Se comunicará al jefe del grupo de inspección la superficie, la ubicación y los límites de las zonas de acceso restringido no más tarde del momento en que el grupo de inspección solicite acceso a un emplazamiento que incluya la totalidad o parte de esa zona de acceso restringido.

94. El grupo de inspección tendrá el derecho de emplazar equipo y adoptar otras medidas necesarias para realizar la inspección hasta el límite de una zona de acceso restringido.

95. Se permitirá al grupo de inspección que observe visualmente todas las zonas abiertas dentro de la zona de acceso restringido desde el límite de esa zona.

96. El grupo de inspección hará todo cuanto sea razonable para cumplir el mandato de inspección fuera de las zonas que hayan sido declaradas de acceso restringido antes de solicitar acceso a ellas. Si, en cualquier momento, el grupo de inspección demuestra de forma verosímil al Estado Parte inspeccionado que las actividades necesarias autorizadas en el mandato no podrían llevarse a cabo desde el exterior y que es necesario el acceso a las zonas de acceso restringido para cumplir el mandato, se concederá acceso a algunos miembros del grupo de inspección para realizar tareas específicas dentro de la zona. El Estado Parte inspeccionado tendrá el derecho de recubrir o proteger de otro modo equipo, objetos y materiales sensibles que no estén relacionados con el propósito de la inspección. El número de inspectores se mantendrá al mínimo necesario para llevar a término las tareas relacionadas con la inspección. Las modalidades de ese acceso serán objeto de negociación entre el grupo de inspección y el Estado Parte inspeccionado.

Obtención, manipulación y análisis de muestras

97. A reserva de lo dispuesto en los párrafos 86 a 96 y 98 a 100, el grupo de inspección tendrá el derecho de obtener muestras pertinentes en la zona de inspección y sacarlas de ella.

98. Siempre que sea posible, el grupo de inspección analizará las muestras in situ. El Estado Parte inspeccionado tendrá derecho a que representantes suyos presencien el análisis de las muestras in situ. A petición del grupo de inspección, el Estado Parte inspeccionado, de conformidad con procedimientos convenidos prestará asistencia para el análisis de muestras in situ. El grupo de inspección tendrá el derecho de transferir muestras para que sean analizadas fuera de la zona de inspección en laboratorios designados por la Organización únicamente si demuestra que el análisis de muestras necesario no puede realizarse in situ.

99. El Estado Parte inspeccionado tendrá derecho a conservar porciones de todas las muestras obtenidas cuando se analicen dichas muestras y podrá tomar duplicados de las muestras.

100. El Estado Parte inspeccionado tendrá derecho a pedir que se le devuelvan todas las muestras no utilizadas o porciones de ellas.

101. Los laboratorios designados realizarán los análisis químicos y físicos de las muestras enviadas para su análisis fuera de la zona de inspección. Los detalles para esos análisis se expondrán en el Manual de Operaciones para inspecciones in situ.

102. El Director General tendrá la responsabilidad principal de garantizar la seguridad, la integridad y la conservación de las muestras, así como de asegurar la confidencialidad de las muestras transferidas para su análisis fuera de la zona de inspección. El Director General así lo hará de conformidad con los procedimientos contenidos en el Manual de Operaciones para las inspecciones in situ. En todo caso, el Director General:

a) Establecerá un régimen estricto para la obtención, manipulación, transporte y análisis de las muestras;

b) Homologará los laboratorios designados para realizar diferentes tipos de análisis;

c) Supervisará la normalización del equipo y los procedimientos en los laboratorios designados y del equipo analítico móvil y los procedimientos;

d) Supervisará el control de calidad y las normas generales en relación con la homologación de esos laboratorios y con el equipo móvil y los procedimientos; y

e) Elegirá entre los laboratorios designados los que hayan de realizar funciones analíticas o de otra índole en relación con investigaciones concretas.

103. Cuando sea necesario realizar análisis fuera de la zona de inspección, las muestras serán analizadas por lo menos en dos laboratorios designados. La Secretaría Técnica garantizará el rápido desarrollo de los análisis. La Secretaría Técnica será responsable de las muestras, y toda muestra no utilizada o porciones de ella se devolverán a la Secretaría Técnica.

104. La Secretaría Técnica recopilará los resultados de los análisis de las muestras efectuados en laboratorios que guarden relación con el propósito de la inspección. De conformidad con el párrafo 63 del artículo IV el Director General transmitirá prontamente esos resultados al Estado Parte inspeccionado para que éste formule observaciones, y seguidamente al Consejo Ejecutivo y a todos los demás Estados Partes e incluirá información detallada respecto del equipo y los métodos utilizados por los laboratorios designados.

Realización de inspecciones en las zonas no sometidas a la jurisdicción o control de ningún Estado

105. En el caso de una inspección in situ en una zona que no esté sometida a la jurisdicción o control de ningún Estado, el Director General consultará a los Estados Partes interesados a fin de convenir los puntos de tránsito y base para facilitar la rápida llegada del grupo de inspección a la zona de inspección.

106. Los Estados Partes en cuyo territorio estén situados los puntos de tránsito y base contribuirán, en la medida de lo posible, a facilitar la inspección, incluido el transporte del grupo de inspección, su equipaje y equipo a la zona de inspección y proporcionarán también los servicios correspondientes especificados en el párrafo 11. La Organización reembolsará a los Estados Partes que presten asistencia todos los gastos en que hayan incurrido.

107. A reserva de la aprobación del Consejo Ejecutivo, el Director General podrá negociar arreglos permanentes con los Estados Partes para proporcionar asistencia en el caso de una inspección in situ en una zona que no esté sometida a la jurisdicción o control de ningún Estado.

108. En el caso de que uno o más Estados hayan realizado una investigación de un fenómeno ambiguo en una zona no sometida a la jurisdicción o control de ningún Estado antes de que se haya formulado una solicitud de inspección in situ en dicha zona, el Consejo Ejecutivo podrá tener en cuenta los resultados de esa investigación en las deliberaciones a que proceda de conformidad con el artículo IV.

Procedimientos posteriores a la inspección

109. Una vez finalizada la inspección, el grupo de inspección se reunirá con el representante del Estado Parte inspeccionado para examinar las conclusiones preliminares del grupo de inspección y aclarar cualquier ambigüedad. El grupo de inspección proporcionará por escrito al representante del Estado Parte inspeccionado sus conclusiones preliminares redactadas según un formato normalizado, junto con una lista de muestras y cualquier otro material que hubiera tomado de la zona de inspección de conformidad con el párrafo 98. El jefe del grupo de inspección firmará ese documento. Para indicar que ha tomado conocimiento de su contenido, el representante del Estado Parte inspeccionado firmará a su vez el documento. La reunión concluirá, a más tardar, 24 horas después de que haya finalizado la inspección.

Partida

110. Una vez concluidos los procedimientos posteriores a la inspección, el grupo de inspección y el observador saldrán tan pronto como sea posible del territorio del Estado Parte inspeccionado. El Estado Parte inspeccionado hará cuanto esté a su alcance para ofrecer asistencia y garantizar el traslado del grupo de inspección, el equipo y los equipajes hasta el punto de salida en condiciones de seguridad. A menos que el Estado Parte inspeccionado y el grupo de inspección acuerden otra cosa, se utilizará para la salida el mismo punto que para la entrada.

Parte III
MEDIDAS DE FOMENTO DE LA CONFIANZA

1. De conformidad con el párrafo 68 del artículo IV, cada Estado Parte notificará de manera voluntaria a la Secretaría Técnica cualquier explosión química en la que se utilicen 300 o más toneladas de material explosivo equivalente de TNT, detonado en una sola explosión en cualquier lugar de su territorio o en cualquier lugar sometido a su jurisdicción o control. De ser posible, esa notificación se hará con antelación. La notificación deberá incluir particulares completos sobre la localización, el momento, la cantidad y el tipo de explosivo utilizado, y sobre la configuración y finalidad prevista de la explosión.

2. Cada Estado Parte, de manera voluntaria y tan pronto como sea posible después de la entrada en vigor del presente Tratado, proporcionará a la Secretaría Técnica información relacionada con la utilización nacional de todas las demás explosiones químicas de potencia superior a 300 toneladas de equivalente de TNT y actualizará posteriormente esa información a intervalos anuales. En especial, el Estado Parte se esforzará por comunicar:

a) La localización geográfica de los emplazamientos en que se originen las explosiones;

b) La naturaleza de las actividades que producen esas explosiones y el perfil general y la frecuencia de éstas;

c) Cualquier otro particular pertinente, de disponerse de él; y por ayudar a la Secretaría Técnica a aclarar los orígenes de cualquier fenómeno de ese tipo que pudiera detectar el Sistema Internacional de Vigilancia.

3. De manera voluntaria y según arreglos mutuamente aceptables, el Estado Parte podrá invitar a representantes de la Secretaría Técnica o de otros Estados Partes a que visiten los emplazamientos situados en su territorio a que se hace referencia en los párrafos 1 y 2.

4. A los fines de calibrar el Sistema Internacional de Vigilancia, los Estados Partes podrán ponerse en contacto con la Secretaría Técnica para llevar a cabo explosiones químicas de calibración o para proporcionar la información pertinente sobre las explosiones químicas previstas con otros fines.»

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Garat.

SEÑOR GARAT.- Señor Presidente: este proyecto tiene que ver con el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, suscrito en Nueva York el 24 de setiembre de 1996. Como se expresa en su preámbulo, en los acuerdos internacionales y demás medidas positivas adoptados en los últimos años en la esfera del armamento nuclear, incluida la reducción de armas nucleares, así como la prevención de la proliferación de la producción en todos sus aspectos -y teniendo en cuenta que la situación internacional actual ofrece la oportunidad de adoptar nuevas medidas eficaces para el desarme nuclear- se concluye en la necesidad de seguir realizando los esfuerzos sistemáticos y progresivos para reducir las armas nucleares a escala mundial. Por todo esto, es fundamental ir a la cesación de todas las explosiones de ensayos de armas nucleares y explosiones nucleares en general para contribuir, como medida eficaz, a la no proliferación de las mismas. El fin de las explosiones de toda índole en materia nuclear constituye un paso fundamental en la consecución del desarme nuclear. Este Tratado busca la prohibición completa de los ensayos nucleares internacionales eficazmente verificables como uno de los objetivos de mayor prioridad de la comunidad internacional en materia de desarme y no proliferación nuclear.

En la búsqueda de lo que ya se hablaba en el Tratado de 1963, por el que se prohíben los ensayos de armas en la atmósfera, en el espacio ultraterrestre y en las profundidades del mar, como así también su suspensión permanente, se obliga a los Estados a no realizar ninguna explosión de armas nucleares o explosión nuclear y a prohibir y prevenir cualquiera de éstas en algún lugar sometido a su jurisdicción.

De igual modo, se establece el compromiso de no causar ni alentar la realización de cualquier explosión nuclear.

Asimismo, se crea una Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, con sede en Viena, República de Austria, que tendrá a su cargo el control del cumplimiento del Tratado, así como su vigilancia, inspecciones y consultas a realizar con los Estados partes para llevar adelante el cumplimiento del presente Tratado.

Dada la importancia de este Tratado, se aconseja su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Apruébase el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, suscrito en New York, el 24 de setiembre de 1996."

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

19) CONVENCION PARA REDUCIR LOS CASOS DE APATRIDIA

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba la Convención Para Reducir los Casos de Apatridia (Carp. Nº 343/00 - Rep. Nº 239/01)".

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 343/00
Rep. Nº 239/01

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, suscrita en Nueva York, el 30 de agosto de 1961.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 5 de diciembre de 2000.

Ricardo Berois Quinteros 1er. Vicepresidente
Horacio D. Catalurda Secretario

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado somete a la consideración del Plenario, el presente proyecto de ley por el cual se aprueba la Convención para reducir los casos de Apatridia, suscrita en Nueva York, el 30 de agosto de 1961, en cumplimiento de la Resolución 896 (IX), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 4 de diciembre de 1954.

El Mensaje del Poder Ejecutivo fue remitido a la Asamblea General el 15 de junio de 2000 y el proyecto de ley cuenta con media sanción, al haber sido aprobado por la unanimidad de la Cámara de Representantes el 5 de diciembre de 2000.

La Convención trata de resolver el problema de aquellas personas que jurídicamente carecen de nacionalidad.

Este problema no se da en nuestro país, gracias a la sabiduría de nuestras leyes en cuanto a la concesión de la ciudadanía, causa y efecto de la formación de nuestra identidad, que bien ha sido definida como la de "un crisol de razas".

No obstante, el tema ha resurgido en la comunidad internacional como un verdadero problema, desde finales de la guerra fría y el posterior desmembramiento de los estados federados y el surgimiento de estados nuevos en Europa y Africa.

En 1999, la Organización de las Naciones Unidas destacó la necesidad de adoptar urgentemente medidas al respecto, poniendo énfasis en fortalecer la adhesión a instrumentos ya aprobados, como la presente Convención.

Rusia ha sido uno de los países que ha planteado esta inquietud, en relación a la situación de rusos que en las Repúblicas de Ucrania y Ubekistán, fueron despojados de su nacionalidad al declararse la independencia.

Esta situación ha repercutido en América Latina, con la llegada de trabajadores inmigrantes y/o refugiados de estos países.

Uruguay cuenta con un importante caudal de rusos refugiados, muchos de los cuales son menores de edad y carecen de nacionalidad.

Nuestros socios del MERCOSUR, Argentina y Brasil, han planteado el problema de refugiados apátridas que llegaron del antiguo Zaire, hoy República del Congo, y las dificultades de documentación que ello trae aparejado.

El artículo 1º de la Convención estipula como regla general que los Estados contratantes concederán la nacionalidad a aquellas personas nacidas en su territorio, al tiempo que regula aquellos casos en que la nacionalidad puede adquirirse a través de una solicitud presentada ante la autoridad competente. El mismo artículo estipula que todo Estado contratante concederá su nacionalidad a las personas que de otro modo serían apátridas y que no hubieran podido adquirir la nacionalidad del Estado en el cual han nacido, sea por no haber reunido las condiciones necesarias o bien por haber pasado el límite de edad para la presentación de tal solicitud de nacionalidad.

El artículo 2º establece las condiciones que cada Estado puede establecer ante las solicitudes de nacionalidad.

El artículo 3º establece que aquellas personas nacidas a bordo de un buque o una aeronave se considerarán, según sea el caso, con la nacionalidad del Estado cuyo pabellón enarbole el buque o con la nacionalidad del Estado en el cual esté matriculada la aeronave.

Es de especial destaque el artículo 9º, que estipula que los Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a ninguna persona por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos.

La Constitución Nacional establece que la nacionalidad no se pierde, no obstante, la apatridia es una figura que ha resurgido en la comunidad internacional.

Conteste con este fenómeno, y sensibles a la recomendación de las Naciones Unidas, se recomienda la aprobación de la presente Convención.

Sala de la Comisión, 31 de mayo de 2001.

Pablo Millor (Miembro Informante), Alberto Couriel, Carlos Garat, Reinaldo Gargano, Juan Ignacio Mangado, Wilson Sanabria, Juan Adolfo Singer. Senadores.

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio del Interior
Ministerio de
Educación y Cultura

Montevideo, 15 de junio de 2000.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 numeral 20 y el artículo 85 numeral 7 de la Constitución Nacional, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, suscrita en Nueva York, el 30 de agosto de 1961.

El tema de la "apatridia" ha resurgido como problema de derecho internacional, a partir de finales de la guerra fría. En efecto, el desmembramiento de los Estados federados y el surgimiento de Estados nuevos ha generado en Europa y Africa, un problema severo en esta materia.

Este tema ha sido motivo de preocupación en la 6ta. Comisión de la Asamblea General de la ONU, quien destacó la urgencia de adoptar medidas al respecto, una de las cuales es fortalecer la adhesión a instrumentos ya aprobados como la Convención para Reducir los casos de Apatridia. (Doc. A/CN.4/497 de 8.3.99).

En igual sentido, la Comisión de Derechos Humanos viene aprobando desde hace unos años, una resolución nominada "Derecho a la nacionalidad", introducida por Rusia y que cuenta con el voto conforme de Uruguay.

En la resolución, se declara la privación arbitraria de la nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o sexuales como una violación grave a los derechos humanos y es en si misma una condena implícita a la situación de los rusos en las distintas Repúblicas (Ucrania, Ubekistán) que fueron despojados de la nacionalidad al declararse la independencia.

Ciertamente en América Latina la situación no tiene gravedad. Sin perjuicio de ello, la llegada de trabajadores migrantes y/o refugiados de estos países instala el problema en estas latitudes. En efecto, Uruguay por ejemplo, cuenta con un importante caudal de rusos refugiados, muchos de ellos, sobre todo los menores de edad, carecen de nacionalidad.

En oportunidad de un Seminario que tuvo lugar en Buenos Aires, en noviembre de 1998, Argentina y Brasil plantearon el problema de los refugiados apátridas que llegaron del antiguo Zaire, hoy República del Congo, y las dificultades de documentación que ello trae aparejado.

Todas estas razones justifican la adhesión del Uruguay a este Instrumento internacional, ya que se trata de un problema vigente en el derecho internacional contemporáneo.

La Convención que se adjunta, suscrita en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, tiene como objetivo general reducir los casos de apatridia, mediante un acuerdo internacional.

A tales efectos, el artículo 1º estipula como regla general que los Estados contratantes concederán la nacionalidad a aquellas personas nacidas en su territorio, al tiempo que regula aquellos casos en que la nacionalidad puede adquirirse a través de una solicitud presentada ante la autoridad competente. El mismo artículo estipula que todo Estado contratante concederá su nacionalidad a las personas que de otro modo serían apátridas y que no hubieran podido adquirir la nacionalidad del Estado en el cual han nacido, sea por no haber reunido las condiciones necesarias o bien por haber pasado el límite de edad para la presentación de tal solicitud de nacionalidad.

El artículo 3º siguiendo las normas de derecho internacional, estipula que aquellas personas nacidas a bordo de un buque o una aeronave se considerarán, según sea el caso, con la nacionalidad del Estado cuyo pabellón enarbole el buque o con la nacionalidad del Estado en el cual esté matriculada la aeronave.

Los artículos siguientes prevén distintos casos para la concesión de la nacionalidad, con la intención de evitar que una persona carezca de la misma, por cambios relacionados con el derecho civil, tales como el matrimonio, la disolución del mismo, el reconocimiento o la adopción.

Finalmente, el artículo 9º estipula que los Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a ninguna persona por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos.

Vale la pena recordar que si bien la Constitución Nacional regula que la nacionalidad no se pierde, la apatridia no es una figura desconocida en el mundo internacional, lo cual justifica el interés del Poder Ejecutivo en que la República adhiera a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, para lo cual se solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Luis Hierro López VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA, Didier Opertti, Guillermo Stirling, Antonio Mercader.

Montevideo, 15 de junio de 2000.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, suscrita en Nueva York, el 30 de agosto de 1961.

Didier Opertti, Guillermo Stirling, Antonio Mercader.

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA SUPRESION O LA REDUCCION DE LA APATRIDIA EN LO PORVENIR

CONVENCION PARA REDUCIR LOS CASOS DE APATRIDIA NACIONES UNIDAS

1961

Los Estados Contratantes

Actuando en cumplimiento de la resolución 896 (IX), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1954, y

Considerando conveniente reducir la apatridia mediante un acuerdo internacional,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1

1. Todo Estado contratante concederá su nacionalidad a la persona nacida en su territorio que de otro modo sería apátrida. Esta nacionalidad se concederá:

a) de pleno derecho en el momento del nacimiento, o

b) mediante solicitud presentada ante la autoridad competente por el interesado o en su nombre, en la forma prescrita por la legislación del Estado de que se trate. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, la solicitud no podrá ser rechazada.

Todo Estado contratante cuya legislación prevea la concesión de su nacionalidad mediante solicitud, según el apartado b) del presente párrafo, podrá asimismo conceder su nacionalidad de pleno derecho a la edad y en las condiciones que prescriba su legislación nacional.

2. Todo Estado contratante podrá subordinar la concesión de su nacionalidad según el apartado b) del párrafo 1 del presente artículo a una o más de las condiciones siguientes:

a) que la solicitud se presente dentro de un período fijado por el Estado contratante, que deberá comenzar a más tardar a la edad de 18 años y que no podrá terminar antes de la edad de 21 años, entendiéndose que el interesado deberá disponer de un plazo de un año, por lo menos, para suscribir la solicitud personalmente y sin habilitación;

b) que el interesado haya residido habitualmente en el territorio nacional por un período fijado por el Estado contratante, sin que pueda exigirse una residencia de más de 10 años en total ni que el período inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud exceda de cinco años;

c) que el interesado no haya sido condenado por un delito contra la seguridad nacional ni a una pena de cinco o más años de prisión por un hecho criminal;

d) que el interesado no haya adquirido una nacionalidad al nacer o posteriormente.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 1 y en el párrafo 2 del presente artículo, todo hijo nacido dentro del matrimonio en el territorio de un Estado contratante cuya madre sea nacional de ese Estado, adquirirá en el momento del nacimiento la nacionalidad de dicho Estado, de otro modo sería apátrida.

4. Todo Estado contratante concederá su nacionalidad a la persona que de otro modo sería apátrida y que no ha podido adquirir la nacionalidad del Estado contratante en cuyo territorio ha nacido por haber pasado la edad fijada para la presentación de su solicitud o por no reunir los requisitos de residencia exigidos, si en el momento del nacimiento del interesado uno de los padres tenía la nacionalidad del Estado contratante mencionado en primer término. Si los padres no tenían la misma nacionalidad en el momento del nacimiento de la persona, la legislación del Estado contratante cuya nacionalidad se solicita determinará si esa persona sigue la condición del padre o la de la madre. Si la nacionalidad así determinada se concede mediante la presentación de una solicitud, tal solicitud deberá ser presentada por la persona interesada o en su nombre ante la autoridad competente y en la forma prescrita por la legislación del Estado contratante.

5. Todo Estado contratante podrá subordinar la concesión de su nacionalidad según el párrafo 4 del presente artículo a una o varias de las condiciones siguientes:

a) que la solicitud se presente antes de que el interesado alcance la edad determinada por el Estado contratante, la que no podrá ser inferior a 23 años;

b) que el interesado haya residido habitualmente en el territorio del Estado contratante durante un período inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud determinado por ese Estado, sin que pueda exigirse que dicho período exceda de tres años;

c) que el interesado no haya adquirido una nacionalidad al nacer o posteriormente.

Artículo 2

Salvo prueba en contrario, se presume que un expósito que ha sido hallado en el territorio de un Estado contratante ha nacido en ese territorio, de padres que poseen la nacionalidad de dicho Estado.

Artículo 3

A los efectos de determinar las obligaciones de los Estados contratantes en la presente Convención, el nacimiento a bordo de un buque o en una aeronave se considerará, según sea el caso, como ocurrido en el territorio del Estado cuyo pabellón enarbole el buque o en el territorio del Estado en que esté matriculada la aeronave.

Artículo 4

1. Todo Estado contratante concederá su nacionalidad a una persona que no haya nacido en el territorio de un Estado contratante y que de otro modo sería apátrida si en el momento del nacimiento del interesado uno de los padres tenía la nacionalidad del primero de esos Estados. Si los padres no tenían la misma nacionalidad en el momento del nacimiento de la persona, la legislación de dicho Estado contratante determinará si el interesado sigue la condición del padre o la de la madre. La nacionalidad a que se refiere este párrafo se concederá:

a) de pleno derecho en el momento del nacimiento, o

b) mediante solicitud presentada ante la autoridad competente por el interesado o en su nombre, en la forma prescrita por la legislación del Estado de que se trate. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo, la solicitud no podrá ser rechazada.

2. Todo Estado contratante podrá subordinar la concesión de la nacionalidad, según el párrafo 1 del presente artículo, a una o varias de las condiciones siguientes:

a) que la solicitud se presente antes de que el interesado alcance la edad determinada por el Estado contratante, la que no podrá ser inferior a 23 años;

b) que el interesado haya residido habitualmente en el territorio del Estado contratante durante un período inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud determinado por ese Estado, sin que pueda exigirse que dicho período exceda de tres años;

c) que el interesado no haya sido condenado por un delito contra la seguridad nacional;

d) que el interesado no haya adquirido una nacionalidad al nacer o posteriormente.

Artículo 5

1. Si la legislación de un Estado contratante prevé la pérdida de la nacionalidad como consecuencia de un cambio de estado tal como el matrimonio, la disolución del matrimonio, la legitimación, el reconocimiento o la adopción, dicha pérdida estará subordinada a la posesión o a la adquisición de la nacional de otro Estado.

2. Si, de conformidad con la legislación de un Estado contratante, un hijo natural pierde la nacionalidad de dicho Estado como consecuencia de un reconocimiento de filiación, se le ofrecerá la posibilidad de recobrarla mediante una solicitud presentada ante la autoridad competente, solicitud que no podrá ser objeto de condiciones más estrictas que las determinadas en el párrafo 2 del artículo 1º de la presente Convención.

Artículo 6

Si la legislación de un Estado contratante prevé que el hecho de que una persona pierda su nacionalidad o se vea privada de ella entraña la pérdida de esa nacionalidad por el cónyuge o los hijos, la pérdida de la nacionalidad por estos últimos estará subordinada a la posesión o a la adquisición de otra nacionalidad.

Artículo 7

1. a) Si la legislación de un Estado contratante prevé la renuncia a la nacionalidad, dicha renuncia sólo será efectiva si el interesado tiene o adquiere otra nacionalidad.

b) La disposición del apartado a) del presente párrafo no se aplicará cuando su aplicación sea incompatible con los principios enunciados en los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

2. El nacional de un Estado contratante que solicita la naturalización en su país extranjero no perderá su nacionalidad a menos que adquiera o se lo haya dado la seguridad de que adquirirá la nacionalidad de dicho país.

3. Salvo lo dispuesto en los párrafos 4 y 5 del presente artículo, el nacional, de un Estado contratante no podrá perder su nacionalidad, si al perderla ha de convertirse en apátrida, por el hecho de abandonar el país cuya nacionalidad tiene, residir en el extranjero, dejar de inscribirse en el registro correspondiente o cualquier otra razón análoga.

4. Los naturalizados pueden perder la nacionalidad por residir en el extranjero durante un período fijado por la legislación del Estado contratante, que no podrá ser menor de siete años consecutivos, al no declarar ante las autoridades competentes su intención de conservar su nacionalidad.

5. En el caso de los nacionales de un Estado contratante nacidos fuera de su territorio, la legislación de ese Estado podrá subordinar la conservación de la nacionalidad, a partir del año siguiente a la fecha en que el interesado alcance la mayoría de edad, al cumplimiento del requisito de residencia en aquel momento en el territorio del Estado o de inscripción en el registro correspondiente.

6. Salvo en los casos a que se refiere el presente artículo, una persona no perderá la nacionalidad de un Estado contratante, si dicha pérdida puede convertirla en apátrida, aunque dicha pérdida no esté expresamente prohibida por ninguna otra disposición de la presente Convención.

Artículo 8

1. Los Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a una persona si esa privación ha de convertirla en apátrida.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, una persona podrá ser privada de la nacionalidad de un Estado contratante:

a) en los casos en que, con arreglo a los párrafos 4 y 5 del artículo 7, cabe prescribir que pierda su nacionalidad;

b) cuando esa nacionalidad haya sido obtenida por declaración falsa o por fraude.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los Estados contratantes podrán conservar la facultad para privar a una persona de su nacionalidad si en el momento de la firma, ratificación o adhesión especifican que se reservarán tal facultad por uno o varios de los siguientes motivos, siempre que estos estén previstos en su legislación nacional en ese momento:

a) cuando, en condiciones incompatibles con el deber de lealtad al Estado contratante, la persona,

i) a pesar de una prohibición expresa del Estado contratante, haya prestado o seguido prestando servicios a otro Estado, haya recibido o seguido recibiendo dineros de otro Estado, o

ii) se haya conducido de una manera gravemente perjudicial para los intereses esenciales del Estado;

b) cuando la persona haya prestado juramento de lealtad o hecho una declaración formal de lealtad a otro Estado, o dado pruebas decisivas de su determinación de repudiar la lealtad que debe al Estado contratante.

4. Los Estados contratantes solamente ejercerán la facultad de privar a una persona de su nacionalidad, en las condiciones definidas en los párrafos 2 ó 3 del presente artículo, en conformidad con la ley, la cual proporcionará al interesado la posibilidad de servirse de todos sus medios de defensa ante un tribunal o cualquier otro órgano independiente.

Artículo 9

Los Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a ninguna persona, o a ningún grupo de personas, por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos.

Artículo 10

1. Todo tratado entre los Estados contratantes que disponga la transferencia de un territorio incluirá disposiciones para asegurar que ninguna persona se convertirá en apátrida como resultado de dicha transferencia. Los Estados contratantes pondrán el mayor empeño en asegurar que dichas disposiciones figuren en todo tratado de esa índole que concierten con un Estado que no sea parte en la presente Convención.

2. A falta de tales disposiciones, el Estado contratante al que se haya cedido un territorio o que de otra manera haya adquirido un territorio concederá su nacionalidad o las personas que de otro modo se convertirían en apátridas como resultado de la transferencia o adquisición de dicho territorio.

Artículo 11

Los Estados contratantes se comprometen a promover la creación dentro de la órbita de las Naciones Unidas, tan pronto como sea posible, después del depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión, de un organismo al que podrán acudir las personas que se crean con derecho a acogerse a la presente Convención, para que examine su pretensión y las asista en la presentación de la misma ante la autoridad competente.

Artículo 12

1. En relación con un Estado contratante que no conceda su nacionalidad de pleno derecho, según el párrafo 1 del artículo 1 o el artículo 4 de la presente Convención, en el momento del nacimiento de la persona, una u otra disposición, según sea el caso, serán de aplicación a las personas nacidas tanto antes como después de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención.

2. El párrafo 4 del artículo 1 de la presente Convención será de aplicación a las personas nacidas tanto antes como después de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención.

3. El artículo 2 de la presente Convención se aplicará solamente a los expósitos hallados en el territorio de un Estado contratante después de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención para ese Estado.

Artículo 13

Nada de lo establecido en la presente Convención se opondrá a la aplicación de las disposiciones más favorables para la reducción de los casos de apatridia que figuren en la legislación nacional en vigor o que se ponga en vigor en los Estados contratantes, o en cualquier otro tratado, convención o acuerdo que esté en vigor o que entre en vigor entre dos o más Estados contratantes.

Artículo 14

Toda controversia que surja entre Estados contratantes referente a la interpretación o la aplicación de la presente Convención, que no pueda ser solucionada por otros medios, podrá ser sometida a la Corte Internacional de Justicia por cualquiera de las partes en la controversia.

Artículo 15

1. La presente Convención se aplicará a todos los territorios no autónomos en fideicomiso, coloniales y otros territorios no metropolitanos de cuyas relaciones internacionales esté encargado cualquier Estado contratante; el Estado contratante interesado deberá, sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 2 del presente artículo, declarar en el momento de la firma, ratificación o adhesión a qué territorio o territorios no metropolitanos se aplicará ipso facto la Convención en razón de tal firma, ratificación o adhesión.

2. En los casos en que, para los efectos de la nacionalidad, un territorio no metropolitano no sea considerado parte integrante del territorio metropolitano, o en los casos en que se requiera el previo consentimiento de un territorio no metropolitano en virtud de las leyes o prácticas constitucionales del Estado contratante o del territorio no metropolitano para que la Convención se aplique a dicho territorio, el Estado contratante tratará de lograr el consentimiento necesario del territorio no metropolitano dentro del término de 12 meses a partir de la fecha de la firma de la Convención por ese Estado contratante, y cuando se haya logrado tal consentimiento el Estado contratante lo notificará al Secretario General de las Naciones Unidas. La presente Convención se aplicará al territorio o territorios mencionados en tal notificación desde la fecha en que la reciba al Secretario General.

3. Después de la expiración del término de 12 meses mencionado en el párrafo 2 del presente artículo, los Estados contratantes interesados informarán al Secretario General de los resultados de las consultas celebradas con aquellos territorios no metropolitanos de cuyas relaciones internacionales están encargados y cuyo consentimiento para la aplicación de la presente Convención haya quedado pendiente.

Artículo 16

1. La presente Convención quedará abierta a la firma en la Sede de las Naciones Unidas del 30 de agosto de 1961 al 31 de mayo de 1962.

2. La presente Convención quedará abierta a la firma:

a) de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas;

b) de cualquier otro Estado invitado a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la supresión o la reducción de la apatridia en lo porvenir;

c) de todo Estado al cual la Asamblea General de las Naciones Unidas dirigiere una invitación al efecto de la firma o de la adhesión.

3. La presente Convención será ratificada y los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

4. Los Estados a que se refiere el párrafo 2 del presente artículo podrán adherirse a esta Convención. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 17

1. En el momento de la firma, la ratificación o la adhesión, todo Estado puede formular reservas a los artículos 11, 14 y 15.

2. No podrá hacerse ninguna otra reserva a la presente Convención.

Artículo 18

1. La presente Convención entrará en vigor dos años después de la fecha de depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión.

2. Para todo Estado que ratifique o se adhiera a la presente Convención después del depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha del depósito por dicho Estado de su instrumento de ratificación o de adhesión o en la fecha de entrada en vigor de la Convención de acuerdo con el párrafo 1 del presente artículo si esta última fecha es posterior.

Artículo 19

1. Todo Estado contratante podrá denunciar la presente Convención en cualquier momento, mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto respecto de dicho Estado un año después de la fecha en que el Secretario General la haya recibido.

2. En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 la presente Convención se haya hecho aplicable a un territorio no metropolitano de un Estado contratante, ésta, con el consentimiento del territorio de que se trate, podrá, desde entonces, notificar en cualquier momento al Secretario General de las Naciones Unidas que denuncia la Convención por lo que respecta a dicho territorio. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que haya sido recibida la notificación por el Secretario General quien informará de dicha notificación y de la fecha en que la haya recibido a todos los demás Estados contratantes.

Artículo 20

1. El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros mencionados en el artículo 16:

a) las firmas, ratificaciones y adhesiones previstas en el artículo 16;

b) las reservas formuladas con arreglo a lo previsto en el artículo 17;

c) la fecha en que la presente Convención entrará en vigor en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18;

d) las denuncias previstas en el artículo 19.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas señalará a la atención de la Asamblea General, a más tardar después del depósito del sexto instrumento de la ratificación o de adhesión, la cuestión de la creación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, del organismo mencionado en ese artículo.

Artículo 21

La presente Convención será registrada por el Secretario General de las Naciones Unidas en la fecha de su entrada en vigor.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos han firmado la presente Convención.

HECHA en Nueva York, el treinta de agosto de mil novecientos sesenta y uno, en un solo ejemplar, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso hacen fe por igual, que será depositado en los archivos de las Naciones Unidas y del cual el Secretario General de las Naciones Unidas entregará copias debidamente certificadas a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a todos los Estados no miembros a que se hace referencia en el artículo 16 de la presente Convención.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Final Act and Convention on the Reduction of Statelessness, adopted by the United Nations Conference on the Elimination or Reduction of Future Statelessness, held at the Headquarters of the United Nations in New York from 15 to 28 August 1961, the original of which is deposited with Secretary-General of the United Nations.

For the Secretary-General,
The Legal Counsel
(Under-Secretary-General for Legal Affairs)
United Nations, New York
4 April 1997

Je certifie que le texte qui précéde est une copie conforme de l'Acte final et de la Convention sur la réduction des cas d'apatridie, adoptés par la Conférence des Nations Unies pour l'élimination ou la réduction des cas d'apatridie dans l'avenir, qui s'est tenue au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 15 au 28 aout 1961, Acte final et Convention dont le texte original est déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Por le Secrétaire général,
Le Conseiller juridique
(Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques)
Hans Corell
Organisation des Nations Unies
New York, le 4 avril 1997.»

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR.- Este proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes el 5 de diciembre y, también por unanimidad, la Comisión de Asuntos Internacionales recomienda su aprobación.

Se trata de la Convención Para Reducir los Casos de Apatridia, suscrita en Nueva York el 30 de agosto de 1961, en cumplimiento de la Resolución Nº 896 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1954.

Simplemente a título anecdótico y a los efectos de que conste en la versión taquigráfica, debo decir que nos surgió una duda con respecto a esta expresión, que fue compartida por el resto de los miembros de la Comisión. En lo personal, busqué en el diccionario su definición y comprobé que no aparece tal como viene anunciada en el texto de la Convención. No obstante, evidentemente, a lo que tiende este proyecto de ley es a resolver los problemas que surgen con relación a los apátridas, término cuya definición es la de una figura de tipo jurídico que se aplica a aquellas personas que, precisamente desde ese punto de vista, carecen de nacionalidad. Este es el problema que trata de resolver esta Convención.

La falta o carencia de nacionalidad no se ha dado en el Uruguay, ya que nuestro país ha tenido una gran generosidad para el otorgamiento de la ciudadanía, aunque, en realidad, en los últimos tiempos también aquí se han dado algunos casos de apatridia. A pesar de que esta Convención está por cumplir cuarenta años, el tema surge con fuerza -más bien resurge- hacia el final de la Guerra Fría en coincidencia con el desmembramiento de Estados muy importantes como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que nucleaba a quince Repúblicas, la ex Yugoslavia y algún movimiento que se ha dado en Africa. Esto originó el nacimiento de Estados nuevos, tanto en Europa como en Africa.

En 1999 la Organización de las Naciones Unidas destacó la necesidad de adoptar urgentemente medidas al respecto, poniendo énfasis en el fortalecimiento de la adhesión a instrumentos ya aprobados, como es el caso de esta Convención.

Tal como ya he dicho, en Uruguay estos casos no se daban y, por lo tanto, el Parlamento no se ocupó del asunto. Ahora bien; Rusia ha sido uno de los países que ha planteado este asunto con mayor intensidad en el seno de las Naciones Unidas, con relación a ciudadanos que realmente son rusos, pero que están radicados en las ex Repúblicas Socialistas Soviéticas, fundamentalmente en Ucrania y Uberkistán, quienes fueron privados de su ciudadanía. Por otro lado, nuestros socios del MERCOSUR, Argentina y Brasil, han planteado problemas con relación a refugiados apátridas, que llegaron de lo que era el Zaire -hoy República del Congo- y que también carecen de ciudadanía. Aquí en Uruguay, sin contradecirnos con lo que habíamos expresado en cuanto a que estos temas no se daban, existe un número de ciudadanos rusos -no puedo cuantificarlo- la mayoría menores de edad, que por este fenómeno del desmembramiento que sufrió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas también carecen, desde el punto de vista jurídico, de ciudadanía.

Estos son los temas que trata de resolver esta Convención, de la cual es bueno destacar su artículo 9º, que estipula que los Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a ninguna persona, o a ningún grupo de personas, por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos.

Esta Convención no está en contradicción con nuestra Constitución, que establece que la ciudadanía no se pierde jamás. Sin embargo, resulta que en el mundo estos casos se están dando e, incluso, han llegado al Uruguay, aunque en un pequeño número.

Por todas estas razones, atendiendo a la recomendación de las Naciones Unidas y a lo que está sucediendo en buena parte del planeta, la Comisión de Asuntos Internacionales recomienda la aprobación de esta Convención.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"ArtIculo Unico.- Apruébase la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, suscrita en Nueva York, el 30 de agosto de 1961."

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

20) CONVENCION SOBRE LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS CRIMENES DE GUERRA Y DE LOS CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (Carp. Nº 411/01 - Rep. Nº 240/01)".

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 411/01
Rep. Nº 240/01

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 26 de noviembre de 1968.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 3 de abril de 2001.

Gustavo Penadés Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado somete a la consideración del Plenario, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 26 de noviembre de 1968.

El Mensaje del Poder Ejecutivo fechado el 11 de julio de 2000, es reiteración del oportunamente remitido al Parlamento el 15 de julio de 1999. El proyecto de ley ya cuenta con media sanción, al haber sido aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes el 3 de abril de 2001.

La Convención entró en vigencia el 11/11/1970, al haber sido depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, noventa días antes, el décimo instrumento de ratificación o adhesión, requisito establecido en el artículo VIII.

La Convención en su artículo 1 hace referencia a los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, definidos en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, de 8 de agosto de 1945, confirmados por resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de febrero de 1945 y de 11 de diciembre de 1946, que incluye las "infracciones graves" enumeradas en los Convenios de Ginebra el 12 de mayo de 1949.

Se refiere también a la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de Apartheid y el delito de genocidio definido en la Convención de 1948 para la prevención y la sanción del delito de genocidio, aun si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos.

El estatuto al cual se remite el Convenio, fue sancionado en Londres, el 8 de agosto de 1945, finalizada la Segunda Guerra Mundial, por los gobiernos de las potencias vencedoras: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y URSS.

En el referido estatuto se definían a los crímenes de guerra en sentido estricto, a los asesinatos, malos tratos o deportación, para trabajos forzados u otros fines, de las poblaciones civiles en los territorios ocupados; asesinato o malos tratos a los prisioneros de guerra, ejecución de rehenes, saqueo de bienes públicos o privados, destrucción de ciudades o pueblos sin motivo y devastaciones no justificadas por exigencias militares.

A su vez se consideraban crímenes contra la humanidad al asesinato, exterminio, reducción a la esclavitud, deportación o cualquier otro acto inhumano cometido contra poblaciones civiles, antes o durante la guerra, persecuciones por motivos políticos, religiosos o raciales.

En el Convenio se agrega, específicamente (literal B del artículo 1) los actos inhumanos debido a la política del Apartheid y el delito de genocidio definido en la Convención de 1948, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1948.

Se entiende allí, por genocidio, cualquiera de los actos mencionados con el propósito de destrucción, total o parcial, de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, tales como: a) matanza de miembros del grupo; b) producción de graves daños corporales o mentales a los miembros del grupo; c) sumisión deliberada del grupo a condiciones de vida calculadas para producir su destrucción física total o parcial; d) imposición de medidas encaminadas a evitar los nacimientos dentro del grupo; e) transferencia forzada de niños de un grupo a otro.

Es evidente que los horrores constatados en la Segunda Guerra Mundial establecieron un punto de inflexión en la historia del Derecho, que se plasma en esta Convención.

Antes del conflicto bélico, una larga evolución jurídica que insumió siglos, consagró el principio de la prescripción. Pero con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, de forma gradual, con resistencias en su momento, comenzó a instaurarse el concepto de imprescriptibilidad para determinados tipos de crímenes, difíciles de encasillar en el universo delictivo vigente hasta ese momento.

Los hechos de la Segunda Guerra Mundial no fueron los primeros actos de barbarie relacionados con la guerra, perpetrados, sin adentrarnos a un análisis histórico, en el Siglo XX. Basta recordar, como mero y estremecedor ejemplo, el genocidio del pueblo armenio de 1915.

Pero es evidente que fue el Holocausto y otras atrocidades de la Segunda Guerra lo que marca esta nueva tendencia del Derecho Internacional.

Esta evolución debe enraizarse en el concepto de que si la justicia penal nacional es necesaria para asegurar el orden social de cada país, la justicia criminal internacional contribuirá para asegurar la paz.

La interpretación inteligente del derecho -en este tema- conduce a la armonización del orden interno (justicia criminal nacional), con el orden internacional (justicia criminal internacional) y ello nos habilita a sostener que ambos órdenes son complementarios.

Por las razones expuestas, la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, recomienda al Cuerpo, por unanimidad, la aprobación de la presente Convención.

Sala de la Comisión, 31 de mayo de 2001.

Pablo Millor (Miembro Informante), Alberto Couriel, Carlos Garat, Reinaldo Gargano, Juan Ignacio Mangado, Wilson Sanabria, Juan Adolfo Singer. Senadores.

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio del Interior
Ministerio de
Economía y Finanzas
Ministerio de
Defensa Nacional
Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de
Transporte y Obras Públicas
Ministerio de Industria,
Energía y Minería
Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social
Ministerio de
Salud Pública
Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca
Ministerio de Turismo
Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

Montevideo, 11 de julio de 2000.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje de fecha 15 de julio de 1999 que se adjunta, por el cual se solicita la aprobación parlamentaria de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 26 de noviembre de 1968.

Al continuar en vigencia para los intereses y el prestigio internacional de la República los fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación de la misma.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Didier Opertti, Guillermo Stirling, Alberto Bensión, Luis Brezzo, Antonio Mercader, Lucio Cáceres, Sergio Abreu, Alvaro Alonso Tellechea, Luis Fraschini, Gonzalo González, Alfonso Varela, Carlos Cat.

Montevideo, 11 de julio de 2000.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 26 de noviembre de 1968.

Didier Opertti, Guillermo Stirling, Alberto Bensión, Luis Brezzo, Antonio Mercader, Lucio Cáceres, Sergio Abreu, Alvaro Alonso Tellechea, Luis Fraschini, Gonzalo González, Alfonso Varela, Carlos Cat.

Montevideo,

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 numeral 20 y el artículo 85 numeral 7 de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el día 26 de noviembre de 1968.

La Convención comienza en sus primeras líneas recordando que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad figuran entre los delitos de derecho internacional más graves, y que la aplicación de normas de derecho interno relativas a la prescripción de los delitos ordinarios a los mencionados crímenes impide el justo enjuiciamiento y castigo a las personas responsables de esos crímenes y barbaries cometidos durante la II Guerra Mundial; lamentablemente esta experiencia no fue la última y, en consecuencia, esta Convención no ha perdido vigencia y es plenamente aplicable en la actualidad. Firmada apenas por 10 Estados pero ratificada por 43, esta Convención entró en vigor el 11 de noviembre de 1970, según lo estipulado por su artículo VIII.

Es por las razones antes expuestas, y dado que nuestro país ha condenado de hecho este tipo de crímenes, es que el Poder Ejecutivo considera necesaria la aprobación de la presente Convención, para lo cual remite a consideración de la Asamblea General el presente proyecto de ley.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Luis A. Mosca, Yamandú Fau, Didier Opertti, Guillermo Stirling, Juan Chiruchi, Juan Luis Storace, Benito Stern, Ignacio Zorrilla, Lucio Cáceres, Julio Herrera, Analía Piñeyrúa, Raúl Bustos.

Montevideo,

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 26 de noviembre de 1968.

Luis A. Mosca, Yamandú Fau, Luis A. Mosca, Yamandú Fau, Didier Opertti, Guillermo Stirling, Juan Chiruchi, Juan Luis Storace, Benito Stern, Ignacio Zorrilla, Lucio Cáceres, Julio Herrera, Analía Piñeyrúa, Raúl Bustos.

CONVENCION SOBRE LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS CRIMENES
DE GUERRA Y DE LOS CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

Preámbulo

Los Estados Partes en la presente Convención,

Recordando las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 170 (II) de 31 de octubre de 1947, sobre la extradición y el castigo de los criminales de guerra, la resolución 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, que confirma los principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg y por el fallo de este Tribunal, y las resoluciones 2184 (XXI) de 12 de diciembre de 1966 y 2202 (XXI) de 16 de diciembre de 1966, que han condenado expresamente como crímenes contra la humanidad la violación de los derechos económicos y políticos de la población autóctona, por una parte, y la política de apartheid, por otra,

Recordando las resoluciones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 1074 D (XXXIX) de 28 de julio de 1965 y 1158 (XLI) de 5 de agosto de 1966, relativas al castigo de los criminales de guerra y de las personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad,

Observando que en ninguna de las declaraciones solemnes, instrumentos o convenciones para el enjuiciamiento y castigo de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad se ha previsto limitación en el tiempo,

Considerando que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad figuran entre los delitos de derecho internacional más graves,

Convencidos de que la represión efectiva de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad es un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales, y puede fomentar la confianza, estimular la cooperación entre los pueblos y contribuir a la paz y la seguridad internacionales,

Advirtiendo que la aplicación a los crímenes de guerra y a los crímenes de lesa humanidad de las
normas de derecho interno relativas a la prescripción de los delitos ordinarios suscita grave preocupación en la opinión pública mundial, pues impide el enjuiciamiento y castigo de las personas responsables de esos crímenes,

Reconociendo que es necesario y oportuno afirmar en derecho internacional, por medio de la presente Convención, el principio de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y asegurar su aplicación universal,

Convienen en lo siguiente:

Artículo I

Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido:

a) Los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, sobre todo las "infracciones graves" enumeradas en los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra;

b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, de 8 de agosto de 1945 y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid y el delito de genocidio definido en la Convención de 1948 para la prevención y la sanción del delito de genocidio aun si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos.

Artículo II

Si se cometiere alguno de los crímenes mencionados en el artículo I, las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a los representantes de la autoridad del Estado y a los particulares que participen como autores o cómplices o que inciten directamente a la perpetración de alguno de esos crímenes, o que conspiren para cometerlos, cualquiera que sea su grado de desarrollo, así como a los representantes de la autoridad del Estado que toleren su perpetración.

Artículo III

Los Estados Partes en la presente Convención se obligan a adoptar todas las medidas internas que sean necesarias, legislativas o de cualquier otro orden, con el fin de hacer posible la extradición, de conformidad con el derecho internacional, de las personas a que se refiere el artículo II de la presente Convención.

Artículo IV

Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a adoptar, con arreglo a sus respectivos procedimientos constitucionales, las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena, establecida por ley o de otro modo, no se aplique a los crímenes mencionados en los artículos I y II de la presente Convención y, en caso de que exista, sea abolida.

Artículo V

La presente Convención estará abierta hasta el 31 de diciembre de 1969 a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado o del Organismo Internacional de Energía Atómica, así como de todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en la presente Convención.

Artículo VI

La presente Convención está sujeta a ratificación y los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo VII

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquiera de los Estados mencionados en el artículo V. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo VIII

1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha en que haya sido depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el décimo instrumento de ratificación o de adhesión.

2. Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo IX

1. Una vez transcurrido un período de diez años contado a partir de la fecha en que entre en vigor la presente Convención, todo Estado parte podrá solicitar en cualquier momento la revisión de la presente Convención mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá sobre las medidas que deban tomarse, en su caso, respecto a tal solicitud.

Artículo X

1. La presente Convención será depositada en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas hará llegar copias certificadas de la presente Convención a todos los Estados mencionados en el artículo V.

3. El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados mencionados en el artículo V:

a) Las firmas puestas en la presente Convención y los instrumentos de ratificación y adhesión depositados conforme a las disposiciones de los artículos V, VI y VII,

b) La fecha en que la presente Convención entre en vigor conforme a lo dispuesto en el artículo VIII;

c) Las comunicaciones recibidas conforme a lo dispuesto en el artículo IX.

Artículo XI

La presente Convención, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso, son igualmente auténticos, llevará la fecha 26 de noviembre de 1968.

EN FE DE LO CUAL, los suscritos, debidamente autorizados al efecto, han firmado la presente Convención.»

SEÑOR PRESIDENTE.- (Don Walter Riesgo).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR.- Esta Convención también fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes y recientemente, también por unanimidad, en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado. Fue suscrita hace bastante tiempo por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968, entrando en vigencia el 11 de noviembre de 1970 en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 8º de la Convención, que establecía que la misma entraría en vigencia noventa días después de que se depositase el décimo instrumento de ratificación o de adhesión. En el artículo 1º, la Convención hace referencia a los crímenes de guerra y de lesa humanidad que están definidos en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, del 8 de agosto de 1945, que fueron confirmados por diversas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Se refiere, también, a la expulsión por ataque armado u ocupación y a los actos inhumanos debidos a la política del Apartheid y al delito de genocidio, definido en la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aun si estos actos no constituyesen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos.

Este Estatuto, al que se remite el Convenio, fue sancionado en Londres el 8 de agosto de 1945. Cuando finalizó la Segunda Guerra mundial, se instaló una suerte de Tribunal conformado por los gobiernos de las potencias vencedoras, concretamente, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En el referido Estatuto se definían los crímenes de guerra, en el sentido estricto, los asesinatos, malos tratos o deportación para trabajos forzados u otros fines, de las poblaciones civiles en los territorios ocupados, asesinato o malos tratos a los prisioneros de guerra, ejecución de rehenes, saqueo de bienes públicos o privados, destrucción de ciudades o pueblos sin motivo, y devastaciones, no justificados por exigencias militares. Omito algunas cosas que figuran en el informe escrito. Sin embargo, es bueno señalar que en la Convención de 1948 hay una definición de genocidio. Concretamente, se entiende por genocidio la matanza de miembros del grupo, la producción de graves daños corporales o mentales a miembros del grupo, la sumisión deliberada del grupo a condiciones de vida calculadas para producir su destrucción física, total o parcial, la imposición de medidas encaminadas a evitar los nacimientos dentro del grupo y la transferencia forzada de niños de un grupo a otro.

Estamos hablando de la no prescripción y, en ese sentido, es conveniente señalar que, evidentemente, la Segunda Guerra Mundial y sus secuelas marcan un punto de inflexión histórico en lo que tiene que ver con la historia del Derecho. La norma es que las disposiciones penales prescriben, pero los horrores, sobre todo los del genocidio del pueblo judío, difíciles de encasillar en el decálogo de los delitos cometidos hasta la época, fueron haciendo avanzar en el mundo del Derecho Internacional la teoría contraria, es decir, la de la no prescripción de determinados crímenes de guerra. Sin embargo, quiero aclarar que el punto de inflexión ocurrió en el año 1945 y que está relacionado con el genocidio u holocausto del pueblo judío, que no fue el primer genocidio ni el último. En esta Convención, no se incluye, por ejemplo, el genocidio del pueblo armenio del año 1915, así como tampoco se incluye -y esto es algo que me genera dudas- aquel otro genocidio del pueblo biafrano durante la guerra civil nigeriana -que, según creo, fue allá por la década del setenta- del que poco se habló, pero que fue tremendo. Reitero que se trata de un punto de inflexión importante en la historia del Derecho. Aquí se parte de la base de que luego de esta Convención, hay crímenes horrendos que no van a prescribir jamás, y yo agregaría que no deberían prescribir jamás.

Considero que acá se trata, además, de armonizar -esto lo digo a título personal, porque para eso están los Legisladores y los gobernantes- dos cosas que necesariamente deben estarlo, cuanto más globalizado se encuentra el mundo. Me refiero, concretamente, al orden jurídico internacional y al orden jurídico interno. Si se supone que la normativa interna garantiza la seguridad pública o el orden nacional, se supone también que el orden jurídico internacional debería garantizar la paz. Por mi parte, creo que este es un camino extenso, que se está comenzando a transitar. Reitero que esta Convención es del año 1968, pero me parece que ambos órdenes jurídicos son compatibles y, precisamente, esta Convención tiende a eso.

Es por todas estas razones que la Comisión recomienda, por unanimidad, la aprobación de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO.- Apruébase la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 26 de noviembre de 1968."

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

21) ACUERDO SOBRE ASISTENCIA RECIPROCA ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA SOBRE COOPERACION Y COLABORACION EN LA LUCHA CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS Y SU ABUSO EN EL MARCO DE LA CONVENCION DE NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS

SEÑOR PRESIDENTE.- (Don Walter Riesgo).- Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo sobre Asistencia Recíproca entre la República Oriental del Uruguay y la República de Colombia sobre Cooperación y Colaboración en la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y su Abuso, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. (Carp. Nº 422/01 - Rep. Nº 241/01)."

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 422/01
Rep. Nº 241/01

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Apruébase el Acuerdo sobre Asistencia Recíproca entre la República Oriental del Uruguay y la República de Colombia sobre Cooperación y Colaboración en la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y su Abuso, en el Marco de la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrito en Santa Fe de Bogotá el 17 de febrero de 1998.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 18 de abril de 2001.

Gustavo Penadés Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado somete a la consideración del Plenario el Acuerdo sobre Asistencia Recíproca entre la República Oriental del Uruguay y la República de Colombia sobre Cooperación y Colaboración en la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y su Abuso, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y de Sustancias Psicotrópicas suscrito en Santa Fe de Bogotá, el 17 de febrero de 1998.

El Acuerdo atiende la grave amenaza que para la salud y el bienestar de los pueblos representan el uso indebido, la demanda de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la producción, el tráfico y la distribución de los mismos, incluidas las drogas sintéticas.

Se contempla en el Acuerdo las recomendaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, realizada en Viena, el 20 de diciembre de 1988.

En ese sentido, el Acuerdo, respetando las normas constitucionales, legales y reglamentarias de los Estados firmantes, y sobre todo los principios de soberanía nacional, integridad territorial, y de no intervención en los asuntos internos de los respectivos Estados, pretende armonizar las legislaciones a los efectos de tornar más fluido el intercambio de información y más efectivas las acciones para la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los adictos.

También pretende enfrentar los problemas de la organización y financiamiento de actividades ilícitas relacionadas con estas sustancias.

Se establece a los efectos de alcanzar estos objetivos un Grupo de Trabajo Colombo-Uruguayo. El mismo tendrá como contraparte Nacional, por la República Oriental del Uruguay, a la Junta Nacional de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas de la Presidencia de la República. La contraparte Colombiana será comunicada por vía diplomática.

Atendiendo los fines perseguidos y por las razones expuestas, la Comisión de Asuntos Internacionales, recomienda la aprobación del presente acuerdo.

Sala de la Comisión, 31 de mayo de 2001.

Pablo Millor (Miembro Informante), Alberto Couriel, Carlos Garat, Reinaldo Gargano, Juan Ignacio Mangado, Wilson Sanabria, Juan Adolfo Singer. Senadores.

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio del Interior
Ministerio de
Economía y Finanzas
Ministerio de
Defensa Nacional
Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de Salud Pública

Montevideo, 16 de mayo de 2000.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje de fecha 26 de enero de 1999 que se adjunta, por el cual se solicita la aprobación parlamentaria del Acuerdo sobre Asistencia Recíproca entre la República Oriental del Uruguay y la República de Colombia sobre Cooperación y Colaboración en la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y su Abuso, en el Marco de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, suscrito en Santa Fe el 17 de febrero de 1998.

Al continuar en vigencia para los intereses y el prestigio internacional de la República los fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación del mismo.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, Didier Opertti, Guillermo Stirling, Alberto Bensión, Luis Brezzo, Antonio Mercader, Horacio Fernández.

Montevideo, 16 de mayo de 2000.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Acuerdo sobre Asistencia Recíproca entre la República Oriental del Uruguay y la República de Colombia sobre Cooperación y Colaboración en la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y su Abuso, en el Marco de la Convención de Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, suscrito en Santa Fe el 17 de febrero de 1998.

Didier Opertti, Guillermo Stirling, Alberto Bensión, Luis Brezzo, Antonio Mercader, Horacio Fernández.

Montevideo, 26 de enero de 1999.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 numeral 20 y el artículo 85 numeral 7 de la Constitución nacional, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo sobre Asistencia Recíproca entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República de Colombia sobre Cooperación y Colaboración en la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y su Abuso, en el Marco de la Convención de Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrito en Santa Fe, el 17 de febrero de 1998.

El Acuerdo consta de seis artículos, señalando en el Artículo Primero la importancia de la armonización de políticas sobre la materia y la realización de programas para la prevención y la educación acerca del uso indebido de drogas.

Para el logro de los objetivos del Acuerdo, su Artículo Segundo estipula el intercambio de información sobre el control y la represión del tráfico ilícito de estupefacientes, y las acciones emprendidas para la prestación de asistencia a los toxicómanos, entre otros. Al mismo tiempo, se fomenta el intercambio de expertos de los organismos competentes así como la programación de encuentros, seminarios y conferencias de entrenamiento y especialización para la atención y tratamiento de los toxicómanos.

A los efectos de cumplir con los propósitos fijados, el Acuerdo establece un Grupo de Trabajo Colombo-Uruguayo, integrado por representantes de los organismos y servicios nacionales competentes, siendo para la República la Junta Nacional de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas.

El Artículo Cuarto, establece las funciones del Grupo, destacándose la elaboración de planes y programas para prevención del uso indebido y la represión coordinada del tráfico ilícito de estupefacientes, así como la evaluación del cumplimiento de estos programas y acciones.

Considerando que el narcotráfico es una actividad delictiva que trasciende las fronteras nacionales, es de suma importancia encarar una lucha efectiva y coordinada entre los Estados para combatir dicho flagelo, por lo que la instrumentación de este tipo de acuerdos resulta de gran utilidad para ese alto fin.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Luis A. Mosca, Yamandú Fau, Roberto Rodríguez Pioli, Luis Hierro López, Juan Luis Storace, Raúl Bustos.

Montevideo, 26 de enero de 1999.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Acuerdo sobre Asistencia Recíproca entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República de Colombia sobre Cooperación y Colaboración en la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y su Abuso, en el Marco de la Convención de Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, suscrito en Santa Fe, el 17 de febrero de 1998.

Luis A. Mosca, Yamandú Fau, Roberto Rodríguez Pioli, Luis Hierro López, Juan Luis Storace, Raúl Bustos.

ACUERDO SOBRE ASISTENCIA RECIPROCA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA SOBRE COOPERACION Y COLABORACION EN LA LUCHA CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS Y SU ABUSO, EN EL MARCO DE LA CONVENCION DE NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS, SUSCRITA EN VIENA EL 20 DE DICIEMBRE DE 1998.

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, denominados en adelante "las Partes".

CONSCIENTES que la supresión del tráfico y la producción ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y sus delitos conexos, y de su consumo, como seria amenaza a la salud y al bienestar de los pueblos y problemas que afecta las estructuras políticas, económicas y culturales de la sociedad, es una responsabilidad compartida de la comunidad internacional y para obtener resultados eficaces contra las diversas manifestaciones de este fenómeno es necesario un tratamiento integral y equilibrado;

TENIENDO ESPECIALMENTE EN CUENTA la necesidad de emprender medidas eficaces contra la organización, facilitación y financiamiento de actividades ilícitas relacionadas con estas sustancias y sus materias primas y delitos conexos (lavado de dinero, tráfico ilícito de sustancias químicas y tráfico ilegal de armas), la de intercambiar información sobre estas trascendentes materias y la de adoptar acciones para la prevención tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los toxicómanos y farmacodependientes;

CONSIDERANDO que la cooperación a la que se refiere el presente Acuerdo se enmarca en las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, en adelante la Convención, de la cual ambos Estados son Parte;

TENIENDO PRESENTE el Programa Interamericano de Acción de Río del 24 de abril de 1986 contra el consumo, la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas así como el Programa de Acción de Ixtapa (México) de abril de 1990;

CON EL ANIMO DE incrementar la eficacia de la cooperación entre las Partes y teniendo en cuenta en especial lo previsto en los artículos 7, 9 y 12 de la Convención.

INTERESADOS en desarrollar una colaboración recíproca frente al tráfico y la distribución ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y su consumo, mediante la coordinación y armonización de políticas y la ejecución de programas concretos, lo cual ya tuvo un auspicioso comienzo con la firma en marzo de 1995, por los respectivos Gobiernos, junto a la Secretaría General de la OEA del Acuerdo de Cooperación y Coordinación de Actividades en Materia de Información Estadística sobre Drogas en el marco de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y con la firma el 10 de junio de 1994 del Tratado sobre Cooperación Judicial Mutua.

Con estricto respeto y observancia del ordenamiento constitucional, legal y administrativo y el respeto de los derechos inherentes a la soberanía nacional de sus respectivos Estados, acuerdan lo siguiente:

ARTICULO PRIMERO
OBJETO

1. Las Partes se proponen cooperar para armonizar políticas y realizar programas coordinados en materia de educación y prevención, control del consumo indebido de drogas, de rehabilitación al farmacodependiente, de adopción de medidas eficaces contra la producción y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y del lavado de dinero, así como para evitar el desvío de las sustancias químicas precursoras y esenciales que se utilizan con frecuencia en la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias sicotrópicas y actividades delictivas conexos como el tráfico ilegal de armas;

2. Las Partes se prestarán asistencia para el intercambio de información a que se refiere este Acuerdo, con el fin de detectar organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y demás conductas descritas en el artículo 3º, numeral 1 de la Convención, según lo autorice el ordenamiento jurídico interno de cada Parte.

ARTICULO SEGUNDO
AMBITO DE APLICACION

La cooperación objeto del presente Acuerdo comprenderá:

a) Intercambio constante de información y datos sobre el control y represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas dentro de los límites permitidos por los respectivos ordenamientos jurídicos;

b) Intercambio de información sobre las acciones emprendidas en ambos Estados para prestar la asistencia necesaria a los toxicómanos y los métodos de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, así como las iniciativas adoptadas por las Partes para facilitar la labor de las entidades que se ocupen de su atención y tratamiento;

c) Colaboración técnica mutua con el fin de intensificar las medidas para detectar, controlar, erradicar cultivos ilícitos de los cuales se pueden extraer sustancias estupefacientes y sicotrópicas en sus respectivos territorios, y en su caso cooperar con programas de desarrollo alternativo;

d) Intercambio de información sobre exportaciones y/o importaciones de sustancias químicas precursoras que se utilizan con frecuencia en la preparación lícita de sustancias sicotrópicas, cuya comercialización se encuentra sujeta a controles legales de cada Parte, con el objeto de prevenir casos de desvío hacia usos ilícitos;

e) Intercambio de expertos de los organismos competentes para actualizar las técnicas, procedimientos y estructuras de organización en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas;

f) Intercambio de visitas del personal de los respectivos organismos competentes para coordinar actividades conjuntas en las áreas de prevención, control al consumo y capacitación para la represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas;

g) Programación de encuentros entre autoridades nacionales de ambos Estados, a fin de organizar seminarios, conferencias y cursos de entrenamiento y especialización para la atención y tratamiento de los toxicómanos;

h) Intercambio de información y experiencias sobre sus respectivas legislaciones en materia de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y sobre control de los precursores químicos que se utilizan con frecuencia en la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias sicotrópicas;

i) Asistencia judicial recíproca sobre el lavado de dinero y de activos provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

j) Intercambio de información en materias referidas a armas y explosivos en lo pertinente.

ARTICULO TERCERO
GRUPO DE TRABAJO COLOMBO - URUGUAYO

Para el logro de los objetivos y acciones establecidas en el presente Acuerdo, las Partes acuerdan la creación de un Grupo de Trabajo Colombo-Uruguayo integrado por representantes de los organismos y servicios nacionales competentes de ambos Estados que actuarán como mecanismo de coordinación y cooperación en todas las áreas y materiales a la que se refiere el presente Acuerdo.

Los servicios Estatales competentes según los casos de cada Estado, prestarán la colaboración necesaria para facilitar el cumplimiento de las cláusulas del presente Acuerdo.

Será contraparte nacional por la República Oriental del Uruguay en el presente Acuerdo, la Junta Nacional de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas de la Presidencia de la República, la cual actuará en coordinación en lo pertinente con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay.

La contraparte colombiana será comunicada por la vía diplomática.

ARTICULO CUARTO
FUNCIONES DEL GRUPO DE TRABAJO COLOMBO - URUGUAYO

1. El Grupo de Trabajo tendrá las siguientes funciones:

a) Formular por mutuo acuerdo entre las Partes, recomendaciones a sus Gobiernos en el marco del presente Acuerdo, respecto de la manera más eficaz en que puedan prestarse cooperación, para dar plena efectividad a las obligaciones asumidas por el presente Acuerdo;

b) Elaborar planes y programas de cooperación para el desarrollo alternativo, prevención del uso indebido y la represión coordinada del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y de los precursores químicos que se utilizan con frecuencia en la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias sicotrópicas, así como para la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social del toxicómano;

c) Proponer a los respectivos Gobiernos las recomendaciones que consideren pertinentes para la mejor aplicación del presente Acuerdo;

d) Evaluar el cumplimiento de los programas y acciones contempladas en el presente Acuerdo.

2. El Grupo de Trabajo será convocado y coordinado por los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambas Partes en coordinación con los servicios competentes de las mismas, y se reunirá alternativamente en Colombia y en el Uruguay en la oportunidad en que se convenga por vía diplomática, debiendo verificarse el primer encuentro en un término no mayor de ciento ochenta días después de la entrada en vigencia del presente Acuerdo.

3. El Grupo de Trabajo aprobará durante sus reuniones sus informes y todas sus recomendaciones por mutuo acuerdo.

4. Los Gobiernos tomarán en cuenta las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo para el diseño y ejecución de programas de cooperación y acciones concretas para el desarrollo del presente Acuerdo.

ARTICULO QUINTO
SUBGRUPOS

El Grupo de Trabajo podrá conformar subgrupos para el desarrollo de las acciones y programas específicos en relación con las áreas de cooperación contempladas en el presente Acuerdo.

ARTICULO SEXTO
DISPOSICIONES FINALES

Las Partes se comunicarán por vía diplomática el cumplimiento de sus respectivos requisitos internos para la entrada en vigor del presente Acuerdo. El mismo entrará en vigencia, el primer día del segundo mes después de la segunda comunicación en este sentido.

El presente Acuerdo regirá indefinidamente y podrá ser denunciado en cualquier momento por cualquiera de las Partes Contratantes.

La denuncia producirá sus efectos noventa días después de que una de las Partes haya recibido la notificación de la Parte denunciante.

En fe de lo cual se firma el presente Acuerdo en dos ejemplares del mismo tenor e igualmente válidos, elaborados en idioma español en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, el día diecisiete del mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998).

Luce firma
POR EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY
Luce firma
POR EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA REPUBLICA
DE COLOMBIA.»

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR.- Este punto será tratado en forma casi idéntica a los puntos octavo y noveno del orden del día; habrá apenas alguna pequeña variante, que expresaremos sucintamente en su oportunidad.

Tal como el título lo anuncia, se trata de un acuerdo sobre asistencia recíproca, en este caso con la República de Colombia, sobre cooperación en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y su abuso. Se enmarca en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Fue suscrito en la ciudad de Santa Fe de Bogotá el 17 de febrero de 1998 y atiende a la grave amenaza que para la salud y el bienestar de los pueblos representa el uso indebido, la demanda de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el tráfico y la distribución de los mismos, incluidas las drogas sintéticas.

En el Acuerdo se contemplan las recomendaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, realizada en Viena, el 20 de diciembre de 1988. En ese sentido, el Acuerdo, respetando las normas constitucionales, legales y reglamentarias de los Estados firmantes y, sobre todo, los principios de soberanía nacional e integridad territorial y de no intervención en los asuntos internos de los respectivos Estados, pretende armonizar las legislaciones a los efectos de tornar más fluido el intercambio de información y más efectivas las acciones para la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los adictos.

Este informe vale para este Convenio y también para los otros dos que, vienen después, como he dicho al principio de mi exposición. La única variante radica en que para implementar todo esto -con lo cual todos los integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales estamos de acuerdo- se instrumenta una especie de Comisión a la que se llama "grupo de trabajo", en la que hay representantes de las dos partes, y es en este aspecto, reitero, donde surgen las variaciones. En ese grupo de trabajo, es decir, en el integrado por Colombia y Uruguay -aunque también en todos los que tengan que ver con Tratados similares a éste- la representación de la República Oriental del Uruguay estará integrada por la Junta Nacional de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas, de la Presidencia de la República. En el caso de este Acuerdo con Colombia, las autoridades colombianas, al menos hasta la fecha en que llegó este Mensaje al Parlamento nacional, no habían designado, a través de la vía diplomática, cuál sería la contraparte colombiana. Sólo falta este trámite para que el mecanismo establecido aquí pueda entrar en vigor.

Por todo lo dicho, por los fines que se persiguen -y que se anuncian en el propio título- la Comisión recomienda al Senado la aprobación de este Acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO.- Apruébase el Acuerdo sobre Asistencia Recíproca entre la República Oriental del Uruguay y la República de Colombia sobre Cooperación y Colaboración en la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y su Abuso, en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrito en Santa Fe de Bogotá el 17 de febrero de 1998."

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado.)

22) ACUERDO CON EL REINO DE ESPAÑA SOBRE COOPERACION EN MATERIA DE PREVENCION DEL USO INDEBIDO Y LA LUCHA CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Se pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo entre la República y el Reino de España sobre la Cooperación en Materia de Prevención del Uso Indebido y la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. (Carp. Nº 423/01 - Rep. Nº 242/01)".

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 423/01
Rep. Nº 242/01

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Acuerdo entre la República y el Reino de España sobre la Cooperación en Materia de Prevención del Uso Indebido y la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrito en Montevideo el 18 de marzo de 1998.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 18 de abril de 2001.

Gustavo Penadés Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado somete a la consideración del Plenario entre la República y el Reino de España sobre la Cooperación en Materia de Prevención del Uso Indebido y la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrito en Montevideo el 18 de marzo de 1998.

El Acuerdo atiende la grave amenaza que para la salud y el bienestar de los pueblos representan el uso indebido, la demanda de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la producción, el tráfico y la distribución de los mismos, incluidas las drogas sintéticas.

Se contempla en el Acuerdo las recomendaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, realizada en Viena el 20 de diciembre de 1988.

En ese sentido, el Acuerdo, respetando las normas constitucionales, legales y reglamentarias de los Estados firmantes y sobre todo los principios de soberanía nacional, integridad territorial, y de no intervención en los asuntos internos de los respectivos Estados, pretende armonizar las legislaciones a los efectos de tornar más fluido el intercambio de información y más efectivas las acciones para la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los delitos.

También pretende enfrentar los problemas de la organización y financiamiento de actividades ilícitas
relacionadas con estas sustancias.

Se establece a los efectos de alcanzar estos objetivos una Comisión Mixta. La misma estará integrada por la Junta Nacional de Prevención y Represión del Tráfico y Uso Abusivo de Drogas, por parte de la República Oriental del Uruguay; y la delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas y el Ministerio de Asuntos Exteriores, por la parte Española.

Atendiendo los fines perseguidos y por las razones expuestas, la Comisión de Asuntos Internacionales, recomienda la aprobación del presente acuerdo.

Sala de la Comisión, 31 de mayo de 2001.

Pablo Millor (Miembro Informante), Alberto Couriel, Carlos Garat, Reinaldo Gargano, Juan Ignacio Mangado, Wilson Sanabria, Juan Adolfo Singer. Senadores.

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio del Interior
Ministerio de
Economía y Finanzas
Ministerio de
Defensa Nacional
Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de
Salud Pública.

Montevideo, 15 de junio de 2000.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje de fecha 3 de febrero de 1999 que se adjunta, por el cual se solicita la aprobación parlamentaria del Acuerdo entre la República y el Reino de España sobre la Cooperación en Materia de Prevención del Uso Indebido y la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, suscrito en Montevideo el 18 de marzo de 1998.

Al continuar en vigencia para los intereses y el prestigio internacional de la República los fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación del mismo.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Luis Hierro López VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA, Guillermo Stirling, Alberto Bensión, Luis Brezzo, Antonio Mercader, Guillermo Valles, Horacio Fernández.

Montevideo, 15 de junio de 2000.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Acuerdo entre la República y el Reino de España sobre la Cooperación en Materia de Prevención del Uso Indebido y la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, suscrito en Montevideo el 18 de marzo de 1998.

Guillermo Stirling, Alberto Bensión, Luis Brezzo, Antonio Mercader, Guillermo Valles, Horacio Fernández.

Montevideo, 3 de febrero de 1999.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 numeral 20 y el artículo 85 numeral 7 de la Constitución nacional, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo entre la República y el Reino de España sobre la Cooperación en Materia de Prevención del Uso Indebido y la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrito en Montevideo, el 18 de marzo de 1998.

El Acuerdo consta de ocho artículos, señalando en el Artículo Primero los objetivos del mismo, destacándose la armonización de políticas y la coordinación para realizar programas para la educación y la prevención del uso indebido de drogas, así como la rehabilitación del farmacodependiente.

Para el logro de los objetivos del Acuerdo, el Artículo Segundo estipula los ámbitos de cooperación, comprendiendo el intercambio de información sobre el control y la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes, y las acciones emprendidas para la prestación de asistencia a los toxicómanos, entre ellos.

Considerando que el narcotráfico es una actividad delictiva que trasciende las fronteras nacionales, es de suma importancia encarar una lucha efectiva y coordinada entre los Estados para combatir dicho flagelo, por lo que la instrumentación de este tipo de acuerdos resulta de gran utilidad para ese alto fin.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su alta consideración.

Hugo Fernández Faingold VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA, Luis A. Mosca, Yamandú Fau, Roberto Rodríguez Pioli, Luis Hierro López, Juan Luis Storace, Raúl Bustos.

Montevideo, 13 de febrero de 1999.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España sobre la Cooperación en Materia de Prevención del Uso Indebido y la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrito en Montevideo, el 18 de marzo de 1998.

Luis A. Mosca, Yamandú Fau, Guillermo Stirling, Alberto Bensión, Luis Brezzo, Antonio Mercader, Guillermo Valles, Horacio Fernández.

Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España sobre
Cooperación en Materia de Prevención del Uso Indebido y la Lucha Contra
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas

La República Oriental del Uruguay y el Reino de España, en adelante denominados "las Partes";

CONSCIENTES de que los problemas del uso indebido, la demanda de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la producción, el tráfico y la distribución de los mismos, incluidas las drogas sintéticas, representan una grave amenaza a la salud y al bienestar de sus pueblos;

TENIENDO especialmente en cuenta la necesidad de intercambiar información sobre estas importantes materias y la conveniencia de adoptar acciones estratégicas para la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los toxicómanos y farmacodependientes, y habida cuenta de la necesidad de enfrentar los problemas de la organización y financiamiento de actividades ilícitas relacionadas con estas sustancias;

TENIENDO presente la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988 y demás normas de legislación internacional vigente sobre la materia y en vigor en ambas Partes;

TOMANDO en consideración sus sistemas constitucionales, legales y administrativos y el deber de
respetar los principios del derecho internacional, en particular los de la soberanía nacional, integridad territorial y de no intervención en los asuntos internos de los respectivos Estados;

CONSCIENTES de la importancia de desarrollar un intercambio y una colaboración recíproca para la prevención del uso indebido y la represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas mediante la coordinación y armonización de políticas y la ejecución de programas específicos;

Han acordado lo siguiente:

ARTICULO PRIMERO
Objeto del Acuerdo

Las Partes, en el respeto a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes en sus respectivos países, así como a los derechos inherentes a la soberanía de ambos Estados, se proponen armonizar políticas y coordinar la realización de programas para la educación y la prevención del uso indebido de drogas, la rehabilitación del farmacodependiente, y contra la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y delitos conexos.

Las políticas, acciones y programas antes mencionados tomarán en cuenta las convenciones internacionales en vigor para ambos países.

ARTICULO SEGUNDO
Ambito de Cooperación

La cooperación objeto del presente Acuerdo comprenderá:

a) La colaboración técnica mutua, con el fin de intensificar las medidas para la detección, control, erradicación y sustitución de la producción ilícita de sustancias y cultivos ilícitos de los cuales se pueden extraer sustancias consideradas como estupefacientes y psicotrópicas en sus respectivos territorios.

b) El intercambio periódico de información y datos sobre el control, así como de la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y de delitos conexos, dentro de los límites permitidos por sus respectivos ordenamientos jurídicos.

c) El intercambio de información sobre las acciones emprendidas en ambos Estados para prestar la asistencia necesaria a los toxicómanos y los métodos de prevención, tratamiento, apoyo, rehabilitación y reinserción social, así como las iniciativas tomadas por las Partes para favorecer a las entidades que se ocupan de la asistencia de los toxicómanos.

d) El intercambio de expertos de los organismos competentes para actualizar las técnicas y estructuras de organización en las acciones contra el problema del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

e) La promoción de visitas de expertos de los respectivos organismos competentes de ambos Estados para coordinar actividades en el área de prevención, control del uso indebido y la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como con relación al blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico y al desvío de precursores y sustancias químicas, de las que se utilizan frecuentemente en la elaboración de drogas ilícitas, tráfico ilegal de armas y otros delitos conexos.

f) La promoción de encuentros y foros; la organización de seminarios, conferencias y cursos de capacitación y especialización para la asistencia y rehabilitación de los toxicómanos; el intercambio de información y experiencias personales sobre sus respectivas legislaciones en materia de estupefacientes y capitales, el tráfico ilícito de armas y explosivos, el tráfico de precursores químicos esenciales y el desvío de precursores y sustancias químicas, de las que se utilizan frecuentemente en la elaboración de drogas ilícitas, tráfico ilegal de armas y otros delitos conexos.

g) La asistencia judicial recíproca e información sobre los delitos conexos a la producción y al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de acuerdo con la legislación, vigente en cada país y
con su seguridad y orden público.

ARTICULO TERCERO
Comisión Mixta de Cooperación sobre Drogas

Para el logro de los objetivos, programas y acciones del presente Acuerdo, las Partes acuerdan el establecimiento de una Comisión Mixta Hispano-Uruguaya de Cooperación sobre Drogas, en adelante denominada "la Comisión".

La Comisión estará integrada por los representantes de los siguientes órganos competentes de las Partes: la Junta Nacional de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas, por parte uruguaya; y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y el Ministerio de Asuntos Exteriores, por parte española.

Las Autoridades competentes de ambas Partes podrán solicitar de las instituciones públicas y privadas de sus respectivos Estados relacionadas por su actividad con la materia del presente Acuerdo, que presten la asesoría especializada y la asistencia, colaboración y apoyo técnico que de ellas se requiera.

ARTICULO CUARTO
Funciones de la Comisión

La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

a) Recomendar a las Partes, en el marco del presente Acuerdo, los programas y acciones específicos coordinados para el logro de los objetivos propuestos en el mismo, los que se desarrollarán a través de los organismos y servicios competentes de cada Parte.

b) Elaborar planes y programas para la prevención del uso indebido y la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

c) Proponer a las Partes las recomendaciones que considere pertinentes para mejorar la aplicación e instrumentación del presente Acuerdo.

d) Evaluar el cumplimiento de los objetivos, programas y acciones contempladas en el presente Acuerdo.

La Comisión será convocada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay y por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España, a propuesta de las autoridades responsables en materia de drogas de ambos países, reuniéndose alternativamente en Uruguay y en España, notificándose por vía diplomática.

Durante sus reuniones, la Comisión aprobará sus informes, sus recomendaciones y decisiones por mutuo acuerdo.

ARTICULO QUINTO
Consultas Bilaterales

Ambas Partes sostendrán a través de la vía diplomática consultas periódicas sobre el alcance en la cooperación entre las autoridades competentes, a fin de perfeccionar dicha cooperación y elevar su eficacia. La coordinación deberá llevarse a cabo dentro de un año, a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo.

ARTICULO SEXTO
Revisión del Acuerdo

Se puede modificar el presente Acuerdo por decisión común de ambas Partes. Las modificaciones tendrán validez una vez que se hayan intercambiado notas diplomáticas y siempre que correspondan a las leyes internas de ambos países.

ARTICULO SEPTIMO
Entrada en Vigor

El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la última notificación de las Partes en que comuniquen, a través de la vía diplomática, el cumplimiento de sus requisitos constitucionales y legales internos para tal efecto.

ARTICULO OCTAVO
Vigencia y Terminación

El presente Acuerdo tendrá una vigencia indefinida y podrá ser denunciado por cualesquiera de las Partes mediante notificación escrita, a través de la vía diplomática, con noventa (90) días de antelación a la fecha que se desee darlo por terminado.

Hecho en la ciudad de Montevideo, a los dieciocho días del mes de marzo del año mil novecientos noventa y ocho, en dos ejemplares originales, en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Luce firma
POR LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY
Luce firma
POR EL REINO DE
ESPAÑA»

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: este Acuerdo nos merece idénticas consideraciones al anterior. En este caso, es con el Reino de España, y fue suscrito en Montevideo el 18 de marzo de 1998.

La finalidad que se persigue es la misma que en el Acuerdo o Convenio anterior. En la Comisión Mixta, Uruguay estará representado por la Junta Nacional de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas, de la Presidencia de la República, mientras que por el Reino de España lo harán: el Plan Nacional Sobre Drogas y el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Por estas consideraciones, entonces, la Comisión de Asuntos Internacionales recomienda, por unanimidad, la aprobación de este Acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO.- Apruébase el Acuerdo entre la República y el Reino de España sobre la Cooperación en Materia de Prevención del Uso Indebido y la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrito en Montevideo el 18 de marzo de 1998."

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado.)

23) CONVENIO CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA PORTUGUESA PARA LA PREVENCION DEL USO INDEBIDO Y REPRESION DEL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS Y SUS PRECURSORES Y PRODUCTOS QUIMICOS ESENCIALES

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Se pasa a considerar el asunto que figura en noveno término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República Portuguesa para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Esenciales. (Carp. Nº 424/01 - Rep. Nº 243/01)".

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 424/01
Rep. Nº 243/01

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Convenio entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República Portuguesa para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Esenciales, suscrito en Lisboa el 20 de julio de 1998.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 18 de abril de 2001.

Gustavo Penadés Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado somete a la consideración del Plenario el Convenio entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República Portuguesa para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Esenciales, suscrito en Lisboa el 20 de julio de 1998.

El Convenio atiende la grave amenaza que para la salud y el bienestar de los pueblos representan el uso indebido, la demanda de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la producción, el tráfico y la distribución de los mismos, incluidas las drogas sintéticas.

Se contempla en el Convenio las recomendaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, realizada en Viena, el 20 de diciembre de 1988.

En ese sentido, el Convenio, respetando las normas constitucionales, legales y reglamentarias de los Estados firmantes y sobre todo los principios de soberanía nacional, integridad territorial, y de no intervención en los asuntos internos de los respectivos Estados, pretende armonizar las legislaciones a los efectos de tornar más fluido el intercambio de información y más efectivas las acciones para la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los adictos.

También pretende enfrentar los problemas de la organización y financiamiento de actividades ilícitas relacionadas con estas sustancias.

Se establece a los efectos de alcanzar estos objetivos una Comisión Mixta. La misma estará integrada por las Autoridades competentes de las partes, que serán por la República Oriental del Uruguay, la Junta Nacional de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas y, por de la República Portuguesa, la Policía Judicial, el Proyecto Vida -Programa Nacional de Prevención de la Tóxicodependencia- el Gabinete de Planeamiento y Coordinación del Combate a la Droga, y el Ministerio de Asuntos Extranjeros, que será la entidad coordinadora, y los demás que para tal efecto se designen.

Atendiendo los fines perseguidos y por las razones expuestas, la Comisión de Asuntos Internacionales recomienda la aprobación del presente acuerdo.

Sala de la Comisión, 31 de mayo de 2001.

Pablo Millor (Miembro Informante), Alberto Couriel, Carlos Garat, Reinaldo Gargano, Juan Ignacio Mangado, Wilson Sanabria, Juan Adolfo Singer. Senadores.

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio del Interior
Ministerio de
Economía y Finanzas
Ministerio de
Defensa Nacional
Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de
Salud Pública

Montevideo, 15 de junio de 2000.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje de fecha 26 de enero de 1999 que se adjunta, por el cual se solicita la aprobación parlamentaria del Convenio entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República Portuguesa para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Esenciales, suscrito en Lisboa el 20 de julio de 1998.

Al continuar en vigencia para los intereses y el prestigio internacional de la República los fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación del mismo.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Luis Hierro López VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA, Guillermo Valles, Guillermo Stirling, Alberto Bensión, Luis Brezzo, Antonio Mercader, Horacio Fernández.

Montevideo, 15 de junio de 2000.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Convenio entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República Portuguesa para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Esenciales, suscrito en Lisboa el 30 de julio de 1998.

Guillermo Valles, Guillermo Stirling, Alberto Bensión, Luis Brezzo, Antonio Mercader, Horacio Fernández.

Montevideo, 26 de enero de 1999.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 numeral 20 y el artículo 85 numeral 7 de la Constitución nacional, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República Portuguesa para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Esenciales, suscrito en Lisboa, el 20 de julio de 1998.

El presente Convenio, resalta en su preámbulo la importancia de la suscripción de un acuerdo de este tipo, dada la gran amenaza que el uso indebido y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas significa para los pueblos, al tiempo que resalta la legislación internacional en la materia, y en especial la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.

El Convenio consta de ocho artículos, señalando en el artículo I la importancia de la armonización de políticas sobre la materia y la realización de programas para la prevención y la educación acerca del uso indebido de drogas.

Para el logro de los objetivos del Convenio, el artículo II estipula el intercambio de información sobre el control y la represión del tráfico ilícito de estupefacientes, y las acciones emprendidas para la prestación de asistencia a los drogadependientes, entre otros. Al mismo tiempo, se fomenta el intercambio de expertos de los organismos competentes así como el intercambio de información sobre la metodología de investigación referida al uso indebido de drogas en ambos países.

A los efectos de cumplir con los propósitos fijados, el Convenio establece una Comisión Mixta Luso-Uruguaya de Cooperación Contra el Narcotráfico y la Toxicodependencia, integrada por autoridades competentes de la Junta Nacional de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas de la Presidencia de la República y de la Policía Judicial, el Proyecto Vida, el Gabinete de Planeamiento y Coordinación del Combate a la Droga y el Ministerio de Asuntos Extranjeros de la República Portuguesa.

El artículo V, establece las atribuciones de la Comisión, destacándose la elaboración de planes y programas para la eliminación de la producción ilícita de sustancias y la prevención del uso indebido de drogas. Asimismo, el artículo VI prevé que la Comisión Mixta elaborará anualmente un informe sobre la aplicación del Convenio.

Considerando que el narcotráfico es una actividad delictiva que trasciende las fronteras nacionales, es de suma importancia encarar una lucha efectiva y coordinada entre los Estados para combatir dicho flagelo, por lo que la instrumentación de este tipo de acuerdos resulta de gran utilidad para ese alto fin.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su alta consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Luis A. Mosca, Yamandú Fau, Didier Opertti, Guillermo Stirling, Raúl Bustos, Juan Luis Storace.

Montevideo, 26 de enero de 1999.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Convenio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Portuguesa para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Esenciales, suscrito en Lisboa, el 20 de julio de 1998.

Luis A. Mosca, Yamandú Fau, Didier Opertti, Guillermo Stirling, Raúl Bustos, Juan Luis Storace.

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA PORTUGUESA PARA LA PREVENCION DEL USO INDEBIDO Y REPRESION DEL TRAFICO ILICITO
DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS Y SUS
PRECURSORES Y PRODUCTOS QUIMICOS ESENCIALES

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Portuguesa, en adelante denominados las "Partes";

Conscientes que el uso indebido y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas representan una grave amenaza a la salud y al bienestar de sus pueblos, que tiende a socavar sus economías, en detrimento del desarrollo político, cultural y socio-económico de sus países;

Teniendo especialmente en cuenta la necesidad de combatir la organización, facilitación y financiamiento de actividades ilícitas relacionadas con estas sustancias y sus materias primas, la necesidad de intercambiar información sobre estos trascendentes temas, así como la necesidad de adoptar acciones para la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los toxicodependientes;

Teniendo presente la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobada en Viena el 20 de diciembre de 1988, y demás normas de la legislación internacional vigente sobre la materia;

Tomando en consideración sus sistemas constitucionales, legales y administrativos y el respeto de los derechos inherentes a la soberanía nacional de sus respectivos Estados;

Conscientes de la importancia de desarrollar una colaboración recíproca para la prevención del uso indebido y la represión del tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias sicotrópicas y, en general, en materia de narcóticos, mediante la coordinación y la armonización de políticas y la ejecución de programas específicos.

Acuerdan lo siguiente:

ARTICULO I

Las Partes, sobre la base del respeto a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes en sus respectivos países, así como a los derechos inherentes a la soberanía de ambos Estados, se proponen armonizar políticas y realizar programas para la educación y la prevención de uso indebido de drogas, el tratamiento y la rehabilitación del toxicodependiente, el combate a la producción y al tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, así como sus precursores y productos químicos esenciales.

Las políticas y programas antes mencionados tomarán en cuenta las convenciones internacionales en vigor para ambos países.

ARTICULO II

La cooperación objeto del presente Convenio comprenderá:

a) Intercambio periódico de información y datos sobre el control y represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas dentro de los límites permitidos por sus respectivos ordenamientos jurídicos;

b) Intercambio de información sobre las acciones emprendidas en ambos Estados para prestar la asistencia necesaria a los toxicodependientes, sobre los métodos de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, así como sobre las iniciativas tomadas por las Partes para favorecer a las entidades que se ocupan de los toxicodependientes;

c) Prestar colaboración técnica mutua, con el fin de intensificar las medidas para detectar, controlar, erradicar y sustituir la producción ilícita de sustancias y cultivos ilícitos de los cuales se puedan extraer sustancias consideradas como estupefacientes y sicotrópicos en sus respectivos territorios;

d) Intercambio de información sobre exportaciones y/o importaciones de precursores inmediatos, componentes químicos, estupefacientes y sicotrópicos en sus respectivos territorios;

e) Intercambio de expertos de los organismos competentes para actualizar las técnicas y estructuras de la organización en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y contra el lavado de dinero procedente de estas actividades;

f) Intercambio de información sobre los programas de intervención de ambas Partes sobre los grupos de riesgo, en particular niños de la calle, niños hijos de toxicodependientes, embarazadas toxicodependientes, así como intercambio de material de apoyo al desarrollo de estos programas;

g) Intercambio de información sobre programas de reducción de efectos perniciosos y acciones en el área de la salud pública, en particular sobre las enfermedades infecto-contagiosas;

h) Visitas de funcionarios de los respectivos organismos competentes para coordinar actividades en el área de la prevención, el control del uso indebido y la represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, del control y la reglamentación sobre precursores químicos, de la legislación en materia de drogas, de la coordinación de programas contra el lavado de dinero procedente del narcotráfico y del comercio legal de armas y explosivos, etc.;

i) Programar encuentros entre autoridades nacionales de ambos Estados, a fin de organizar seminarios, conferencias y cursos de entrenamiento y especialización para la recuperación y rehabilitación de los toxicodependientes;

j) Promover encuentros y seminarios para empresarios de ambas Partes, con visitas a su formación como emprendedores de una cultura empresarial caracterizada por la promoción del bienestar de los trabajadores;

k) intercambio de información y experiencias sobre sus respectivas legislaciones y reglamentaciones en materia de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, precursores y productos químicos específicos, así como en materia de lavado de dinero procedente del narcotráfico y del comercio ilegal de armas y explosivos, etc.;

l) Asistencia judicial recíproca sobre el lavado de dinero y de activos provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias sicotrópicas, de acuerdo con la legislación vigente en cada país, con su seguridad y orden público; y

m) Velar por la celeridad de los procedimientos cuando una de las Partes solicite a la otra asistencia judicial, así como de los exhortos y cartas rogatorias librados por las autoridades judiciales en el curso de los procesos judiciales contra traficantes individuales o asociados, o contra cualquiera que viole las leyes sobre combate al uso indebido y al tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias sicotrópicas, sus precursores y productos químicos específicos, de acuerdo al ordenamiento jurídico de cada país.

ARTICULO III

Para el logro de los objetivos y la concreción y coordinación de acciones del presente Convenio, las Partes acuerdan crear una Comisión Mixta Luso-Uruguaya de Cooperación contra el Narcotráfico y la Toxicodependencia, en adelante denominada la "Comisión Mixta".

ARTICULO IV

La Comisión Mixta estará integrada por las autoridades competentes de las Partes que serán, por la República Oriental del Uruguay la Junta Nacional de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas y, por la República Portuguesa, la Policía Judicial, el Proyecto Vida - Programa Nacional de Prevención de la Toxicodependencia-, el Gabinete de Planeamiento y Coordinación del Combate a la Droga, y el Ministerio de Asuntos Extranjeros, que será la entidad coordinadora, y las demás que para tal efecto se designen.

Las autoridades competentes de ambas Partes podrán solicitar a las instituciones públicas y privadas de sus respectivos Estados, cuya actividad esté relacionada con la materia del presente Convenio, que presten el asesoramiento especializado, la asistencia y el apoyo técnico que se requiera.

ARTICULO V

La Comisión Mixta tendrá las siguientes atribuciones:

a) Recomendar a las Partes, en el marco del presente Convenio, los programas y las acciones específicas coordinadas para alcanzar los objetivos propuestos en el mismo, que se desarrollarán a través de los organismos y servicios competentes;

b) Elaborar planes y programas para eliminar la producción, para sustituir cultivos y desarrollar productos alternativos, para prevenir el uso indebido y para la represión coordinada del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y narcóticos en general, sus precursores y productos químicos específicos, así como para la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social del toxicodependiente;

c) Proponer a las Partes las recomendaciones que estime pertinentes para mejorar la aplicación y la instrumentación del presente Convenio;

d) Evaluar el cumplimiento de los programas y de las acciones contempladas en el presente Convenio; y

e) Elaborar su propio reglamento.

La Comisión Mixta será convocada por los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambas Partes, de acuerdo con los servicios competentes en la materia a la que se refiere el artículo IV del presente Convenio, y se reunirá alternativamente en Uruguay y en Portugal, en las fechas que se convengan por la vía diplomática. El primer encuentro tendrá lugar en un plazo inferior a los 180 días desde la firma del presente Convenio.

En el desempeño de su función principal, la Comisión Mixta llevará a cabo otras funciones complementarias con el fin de, en el marco del combate al narcotráfico y la toxicodependencia, prever la eficaz aplicación de otros instrumentos convencionales de carácter bilateral, incluyendo los instrumentos referidos a la asistencia mutua en materia judicial y la ejecución de sentencias, que fueren suscritos entre las Partes.

Durante sus reuniones, la Comisión Mixta aprobará, de común acuerdo, sus informes y todas sus recomendaciones y decisiones.

ARTICULO VI

Para conocimiento de las Partes, la Comisión Mixta elaborará anualmente un informe sobre la aplicación del presente Convenio, en el que consigne el estado de la cooperación al nivel de las acciones contra el narcotráfico y la toxicodependencia.

ARTICULO VII

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la última fecha en la que las Partes se comuniquen, por la vía diplomática, el cumplimiento de sus requisitos constitucionales internos a tales efectos.

El presente Convenio tendrá una vigencia indefinida y podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes mediante notificación escrita por la vía diplomática, la denuncia surtirá efectos noventa (90) días después de la fecha de dicha notificación.

Hecho en la ciudad de Lisboa, a los veinte días del mes de julio de mil novecientos noventa y ocho, en dos ejemplares originales en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la
República Oriental del Uruguay
Didier Opertti
Ministro de
Relaciones Exteriores
Por el Gobierno de la
República Portuguesa
Jaime Gama
Ministro de
Negocios Extranjeros

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Millor.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: este Convenio me merece idénticas consideraciones que el Acuerdo anterior. La finalidad es la misma y la variante aquí es que no se habla de "grupo de trabajo", sino de Comisión Mixta.

Al igual que en el Acuerdo anterior, Uruguay estará representado por la Junta Nacional de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas, de la Presidencia de la República, y la República Portuguesa por la Policía Judicial, el Proyecto Vida -Programa Nacional de Prevención de la Toxicodependencia-, el Gabinete de Planeamiento y Coordinación del Combate a la Droga y el Ministerio de Asuntos Extranjeros, que será la entidad coordinadora y los demás que para el efecto se designen.

Por los fines que se persiguen y por los mismos argumentos que en el Acuerdo anterior, la Comisión de Asuntos Internacionales recomienda al Senado la aprobación de este Convenio.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO.- Apruébase el Convenio entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República Portuguesa para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Esenciales, suscrito en Lisboa el 20 de julio de 1998".

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado.)

24) ACUERDO DE COPRODUCCION CINEMATOGRAFICA ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA ARGENTINA

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Se pasa a considerar el asunto que figura en décimo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina. (Carp. Nº 372/01 - Rep. Nº 244/01)".

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 372/01
Rep. Nº 244/01

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre la República y la República Argentina, suscrito en Montevideo, el 18 de agosto de 1999.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 16 de enero de 2001.

Washington Abdala Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El presente Convenio se basa sobre las identidades culturales que unen al pueblo uruguayo con el argentino.

Siendo la cinematografía una fuerte expresión de la cultura y con el fin de fortalecer la actividad, se procuran facilidades para que se puedan realizar emprendimientos conjuntos.

En tal sentido, tal como lo expresa el artículo 2º "las películas realizadas entre coproductores de las
partes serán consideradas como nacionales por las autoridades de ambas partes". Para que tal extremo se cumpla integramente, los coproductores deberán ajustarse a los requisitos exigidos por las leyes de ambos Estados. Los proyectos, finalmente, deberán ser aprobados por el Instituto Nacional del Audiovisual en nuestro país y el similar de la República Argentina.

Por el artículo 5º se prevé que podrán integrarse productores de terceros Estados con aportes financieros, técnicos o artísticos, previa autorización de las autoridades ya mencionadas.

Por el artículo 6º se establece que las películas deberán ser realizadas por directores uruguayos o argentinos, con la participación de técnicos e intérpretes de las mismas nacionalidades o residentes permanentes en los países que firman el presente acuerdo.

Se establecen, además -artículo 7º- facilidades para la entrada, estancia y salida de sus respectivos territorios de personal técnico o artístico de cada parte. Se permitirá, también, la importación y reexportación del material utilizado.

En el artículo 11 se estipula que, cuando las películas realizadas en coproducción sean exportadas a países de ingreso restringido, la película se imputará a aquel que haya tenido participación mayoritaria. Si la participación de las partes fuese igualitaria, se imputará a aquel que tenga mejores posibilidades para la exportación. Las mismas determinaciones se establecen para el caso de presentación de las películas en festivales internacionales.

La circulación de películas uruguayas y argentinas no será sometida a otras exigencias que las ya señaladas o a las legislaciones ya existentes en ambos países.

En el artículo 15 se prevé la creación de una Comisión Mixta Cinematográfica para instrumentar la cooperación acordada.

Se establece la obligatoriedad del uso del idioma español para las producciones realizadas al amparo de este acuerdo (artículo 19).

El acuerdo contiene un anexo que fija normas de procedimiento para beneficiarse de las disposiciones de este acuerdo.

Por lo expuesto, esta Asesora recomienda la aprobación del presente Convenio.

Sala de la Comisión, 31 de mayo de 2001.

Carlos Julio Pereyra (Miembro Informante), Alberto Couriel, Carlos Garat, Reinaldo Gargano, Pablo Millor, Wilson Sanabria, Juan Adolfo Singer. Senadores.

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Educación y Cultura

Montevideo, 25 de abril de 2000.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo de conformidad con los artículos 168 numeral 20 y 85 numeral 7 de la Constitución de la República a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre la República y la República Argentina, suscrito en Montevideo, el 18 de agosto de 1999.

INTRODUCCION

La materia objeto del presente Acuerdo constituía uno de los escasos aspectos todavía regulados de las relaciones bilaterales uruguayo-argentinas, aunque cabe señalar que, antes de su suscripción, los vínculos dentro del mundo cinematográfico rioplatense ya existían a niveles bastante considerables, concretándose fundamentalmente con el aporte de artistas y creadores uruguayos a las producciones argentinas.

PREAMBULO

El Preámbulo del Acuerdo destaca las múltiples afinidades culturales e históricas de los pueblos del Plata; la contribución que las coproducciones pueden aportar a las relaciones culturales y económicas entre ambos Estados y la obtención en esta área de una efectiva suma de mercados que los dos países conforman.

PARTE DISPOSITIVA

El artículo I define los conceptos de "película" y "personal creativo", disponiendo que, en principio, el aporte de cada Parte, incluirá, por lo menos, dos elementos creativos, un actor principal y un actor en papel secundario. Si se tratara del Director, el aporte podrá circunscribirse sólo a este componente. El Acuerdo proporciona una definición amplia de "película" comprensiva de las distintas modalidades existentes en la actualidad (obras cinematográficas, televisivas, en videocassette y videodisco), así como de cualquier otro medio creativo o por crearse, conforme a las disposiciones que sobre esta materia se encuentran vigentes en el territorio de cada una de las Partes.

De la misma forma se procede con respecto al "personal creativo" incluyendo en esta categoría desde los autores de la obra preexistente hasta los directores de fotografía y de arte.

El artículo II confiere el tratamiento de películas nacionales a las películas realizadas entre coproductores de las Partes por lo que estas gozarán de las ventajas previstas por las disposiciones legales vigentes o que puedan dictarse en el futuro sobre esta disciplina en uno y otro Estado.

Una buena organización técnica, un respaldo financiero sólido y una categoría profesional reconocidos son establecidos en el artículo III como requisitos para que los proyectos de coproducción emprendidos en el marco del Acuerdo se beneficien de sus disposiciones. Estas circunstancias serán evaluadas por las Autoridades de Aplicación (el Instituto Nacional del Audiovisual de la República Oriental del Uruguay y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de la República Argentina) quienes, luego de consultas recíprocas, aprobarán o desaprobarán las propuestas presentadas.

En cuanto a la proporción de los aportes respectivos, se fija un porcentaje variable que podrá oscilar entre el veinte y el ochenta por ciento, estableciéndose además, como principio general preferente, aunque no excluyente, que la contribución en personal creativo, en actores y técnicos de cada coproductor sea proporcional a la inversión (artículo IV).

El artículo V prevé la posibilidad para los productores de terceros estados de integrarse con aportes de distinta índole, pero sujetos a las disposiciones del Acuerdo y previa aprobación de las Autoridades de Aplicación.

En la realización de las películas participarán, como regla general, directores, técnicos e intérpretes uruguayos o argentinos, aunque se admitirá también la intervención de residentes permanentes en el territorio de cada una de las Partes y de otros intérpretes o técnicos además de los ya referidos (posibilidad de incorporar nacionales de terceros estados). Los rodajes podrán ser realizados total o parcialmente en estados que no sean los de los coproductores, en cuyo caso y en forma preeminente se utilizarán cuadros de producción provenientes de los Estados Partes y eventualmente de terceros estados; pero en este último caso se integrarán a la coproducción de conformidad con lo dispuesto en el artículo I (artículo VI).

El depositario del negativo original será el Estado del coproductor mayoritario. Sin embargo cada coproductor tendrá derecho a obtener un internegativo (artículo VII).

En el artículo VIII cada Parte establece el compromiso de brindar facilidades a la otra para la entrada, estancia y salida de su territorio del personal técnico y artístico que intervenga en las coproducciones, así como de permitir la importación temporal y la reexportación de los materiales y equipos necesarios para la producción de las películas.

El artículo IX determina la ley que regirá para los contratos relacionados con personas, bienes o servicios en el marco del presente Acuerdo. Ella será la ley del Estado en el cual las transacciones hayan sido formalizadas. La jurisdicción de los tribunales que deban intervenir en estos casos será definida aplicando la misma regla.

El artículo X referido a la distribución de los beneficios consagra, en principio, la regla de la proporcionalidad a la contribución total de cada uno de los coproductores y la necesidad de la previa aprobación de las Autoridades de Aplicación de los dos países.

El Acuerdo contempla tres distintas situaciones de imputación a los contingentes de cada Parte derivadas de la exportación de las coproducciones hacia un estado en el cual las importaciones de obras cinematográficas estén sujetas a contingentes o cupos (artículo XI).

El artículo XII regula la forma en que se identificarán las coproducciones en los créditos de presentación de cada película al proyectarla, en función del origen del coproductor mayoritario o según lo acuerden los coproductores.

El artículo XIII fija el criterio a seguir en la presentación de las obras cinematográficas coproducidas en festivales internacionales, teniendo en cuenta la participación mayoritaria o igualitaria de los coproductores en la realización de los mismos.

Cada Parte se compromete a no someter a ninguna restricción salvo las establecidas en su derecho interno vigente a la importación, distribución y exhibición de las películas provenientes de la otra Parte, así como a favorecer y desarrollar su difusión en ambos territorios (artículo XIV).

Una de las responsabilidades de las Autoridades de Aplicación de las Partes es resolver las eventuales dificultades que pueda plantear la puesta en práctica de las disposiciones del Acuerdo, examinando, en caso de necesidad, las condiciones de su implementación, y estudiando y promoviendo las modificaciones necesarias de las normas que pueden oponerse a él (artículo XV numeral 1).

El órgano encargado de desarrollar la cooperación cinematográfica bilateral será la Comisión Mixta Cinematográfica que se crea en virtud del artículo XV numeral 2 y que, en principio, se reunirá una vez por año, en forma alternada, en cada Estado Parte. No obstante, en determinados casos, la Comisión podrá ser convocada extraordinariamente a petición de una de las Autoridades de Aplicación (artículo XV numeral 3).

El artículo XVI establece que para la obtención de los beneficios de la cooperación será necesario presentar una solicitud en función del procedimiento previsto en el Anexo, el cual se considera parte del Acuerdo. La aprobación de la solicitud tendrá el carácter de irrevocable, salvo que los compromisos iniciales en materia artística, económica y técnica no sean respetados.

Los capitales de riesgo podrán intervenir en la financiación de las coproducciones a través de medidas promocionales tomadas por las Partes de común acuerdo (artículo XVII).

En cuanto a las obras nacionales, cada Parte otorgará a las producciones provenientes de la otra, cuotas de exhibición no menores a las que cuenten en la otra Parte sus propias producciones (artículo XVIII).

Las coproducciones emprendidas deberán ser habladas en idioma español (artículo XIX).

El artículo XX engloba disposiciones de carácter formal referidas a la entrada en vigor, la duración, la renovación y la denuncia del Acuerdo.

ANEXO

Finalmente, cabe destacar que el Anexo contiene las normas de procedimiento a que deberán sujetarse los productores de cada uno de los Estados para beneficiarse de las disposiciones del Acuerdo. A estos efectos, los productores deberán presentar ante las autoridades respectivas las solicitudes de admisión a la coproducción como mínimo un mes antes del inicio del rodaje, incluyendo la documentación exigida.

Las Autoridades de Aplicación se intercambiarán dicha documentación a partir de su recepción. La Autoridad de Aplicación del Estado coproductor minoritario sólo concederá su autorización después de haber recibido el dictamen de la Autoridad de Aplicación del Estado del coproductor de participación mayoritaria.

Si a la fecha de terminación del Acuerdo existieren proyectos de películas en desarrollo o en trámite, habiendo sido presentados sus antecedentes a las Autoridades de Aplicación, las normas del Acuerdo seguirán siendo aplicables desde el rodaje hasta su comercialización final.

CONSIDERACIONES FINALES

El presente Acuerdo constituye un hito de gran importancia para el desarrollo de las relaciones culturales uruguayo-argentinas y su implementacion coadyuvará a proyectar las innegables cualidades del sector cinematográfico nacional y a fomentar los intercambios entre los dos Estados en un marco jurídico para la cooperación, que a pesar de las marcadas diferencias de potencial existentes, está caracterizado por lo moderno y equilibrado de sus pautas y principios.

Por todo lo expuesto se solicita a ese Cuerpo la pronta aprobación de este Instrumento Jurídico bilateral que se transformará, sin lugar a dudas, en un factor de dinamización para las actividades cinematográficas de nuestro país.

El Poder Ejecutivo hace propicia la ocasión para reiterar a ese Cuerpo las seguridades de su más alta consideración.

Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Didier Opertti, Antonio Mercader.

Montevideo 25 de abril de 2000.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre la República y la República Argentina, suscrito en Montevideo, el 18 de agosto de 1999.

Didier Opertti, Antonio Mercader.

ACUERDO DE COPRODUCCION CINEMATOGRAFICA ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA ARGENTINA

La República Oriental del Uruguay y la República Argentina, en adelante denominadas "las Partes",

Con el propósito de afianzar las múltiples afinidades culturales e históricas de ambos pueblos del Plata,

Conscientes de la contribución que las coproducciones pueden aportar al desarrollo de los intercambios culturales y económicos entre ambos Estados; y,

Resueltas a estimular el desarrollo de la cooperación cinematográfica, impulsando a la obtención de una efectiva suma de mercados que ambos Estados conforman;

Han convenido lo siguiente:

Artículo I

1. A los fines del presente Acuerdo, se entiende:

a) por "película" a las obras cinematográficas, televisivas, en videocassette, videodisco, o cualquier otro medio creado o por crearse, conforme a las disposiciones relativas a la industria cinematográfica, existentes en el territorio de cada una de las Partes.

b) por "personal creativo" a los autores de la obra preexistente, los guionistas, adaptadores, directores, compositores, así como al montador jefe, el director de fotografía y el director de arte.

2. El aporte de cada uno de estos elementos creativos será considerado individualmente. En principio, el aporte de cada Parte incluirá, por lo menos, dos elementos considerados como creativos (uno solo si se tratara del director), un actor en papel principal y un actor en papel secundario.

Artículo II

1. Las películas realizadas entre coproductores de las Partes serán consideradas como películas nacionales por las Autoridades de Aplicación de ambas Partes.

2. En consecuencia, gozarán de las ventajas previstas por las disposiciones legales vigentes en uno y otro Estado para las películas nacionales, o por las que podrán ser dictadas en el futuro.

3. A los fines de obtener los beneficios establecidos en el presente Acuerdo y para tener derecho a las facilidades previstas en favor de la producción cinematográfica nacional, los coproductores deberán satisfacer todos los requisitos exigidos por las respectivas leyes nacionales, como también los requisitos establecidos por las normas de procedimiento dispuestas en este Acuerdo.

Artículo III

1. Los proyectos de coproducción emprendidos en virtud del presente Acuerdo deberán ser aprobados, luego de recíproca consulta, por las siguientes Autoridades de Aplicación: en la República Oriental del Uruguay, el Instituto Nacional del Audiovisual y en la República Argentina, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

2. Los beneficios de las disposiciones de este Acuerdo se aplicarán solamente a coproducciones emprendidas por productores que posean una buena organización técnica, un respaldo financiero sólido, y una categoría profesional reconocidos por las Autoridades de Aplicación.

Artículo IV

1. La proporción de los aportes respectivos de cada coproductor puede variar entre el veinte por ciento y el ochenta por ciento.

2. En principio, se considerará preferente, aunque no excluyente, que el aporte en personal creativo, en técnicos y en actores, de cada coproductor, sea proporcional a su inversión.

Artículo V

En la realización de las coproducciones contempladas en el presente Acuerdo, y sujetándose a las disposiciones del mismo, podrán integrarse productores de terceros Estados con aportes financieros, artísticos o técnicos, previa aprobación por las Autoridades de Aplicación mencionadas en el artículo III.

Artículo VI

1. Las películas deberán ser realizadas por directores uruguayos o argentinos o residentes permanentes en la República Oriental del Uruguay o en la República Argentina, con la participación de técnicos e intérpretes de nacionalidad uruguaya o argentina, o residentes permanentes en la República Oriental del Uruguay o en la República Argentina.

2. Asimismo, será admitida la participación de otros intérpretes y técnicos, además de los mencionados en el párrafo precedente.

3. En caso de rodajes realizados total o parcialmente en Estados que no sean los de los coproductores, serán utilizados preferentemente cuadros de producción provenientes de los Estados Partes del presente Acuerdo, y de un tercero que, eventualmente, se integrará a la coproducción, según lo dispuesto en el artículo V.

Artículo VII

El negativo original (imagen y sonido) será depositado en el territorio del Estado del coproductor mayoritario. Cada coproductor tiene derecho a un internegativo.

Artículo VIII

1. En el marco de sus legislaciones y reglamentaciones respectivas, cada una de las Partes facilitará la entrada, estancia y salida de su territorio, del personal técnico y artístico de la otra Parte.

2. Igualmente permitirá la importación temporal y la reexportación del material y equipos necesarios para la producción de las películas realizadas en el marco del presente Acuerdo.

Artículo IX

Los contratos relacionados con personas, bienes, o servicios, se regirán por la ley del Estado en el cual hayan sido formalizados. La misma regla se aplicará para la jurisdicción de los Tribunales que deban intervenir en estos casos.

Artículo X

En principio, la distribución de los beneficios será proporcional a la contribución total de cada uno de los coproductores, y será sometida a la aprobación de las Autoridades de Aplicación de ambos Estados.

Artículo XI

En el caso de que una película realizada en coproducción, sea exportada hacia un Estado en el cual las importaciones de obras cinematográficas tengan ingreso restringido, es decir, estén sujetas a contingentes o cupos:

a) La película se imputará, en principio, al contingente de la Parte cuya participación sea mayoritaria.

b) En el caso de películas que comportan una participación igualitaria entre las Partes, la obra cinematográfica se imputará al contingente de la Parte que tenga las mejores posibilidades de exportación.

c) Si una de las Partes dispone de la libre entrada de sus películas en el territorio del Estado importador, las coproducciones se beneficiarán de pleno derecho de esta posibilidad.

Artículo XII

1. En los créditos de presentación de cada película, al proyectarla, se deberá identificar la coproducción como "Coproducción Uruguayo-Argentina" o como "Coproducción Argentino-Uruguaya", dependiendo del origen del coproductor mayoritario o según lo convengan los coproductores.

Tal identificación aparecerá en toda la propaganda comercial y material de promoción, y dondequiera que se proyecte la coproducción.

Artículo XIII

Salvo acuerdo en contrario de los coproductores, las obras cinematográficas realizadas en coproducción serán presentadas en los Festivales Internacionales por el Estado del coproductor mayoritario, o, en el caso de coproducciones igualitarias, por el Estado del coproductor del cual el director sea originario, siempre que el director sea nacional de una de las Partes.

Artículo XIV

1. La importación, distribución y exhibición de películas uruguayas en la República Argentina y de las argentinas en la República Oriental del Uruguay, no serán sometidas a ninguna restricción, salvo las establecidas en la legislación y reglamentación en vigor en cada uno de los Estados.

2. Asimismo, las Partes reafirman su voluntad de favorecer y desarrollar, por todos los medios, la difusión en el territorio de cada Estado de las películas provenientes del otro.

Artículo XV

1. Las Autoridades de Aplicación de las Partes examinarán, en caso de necesidad, las condiciones de aplicación del presente Acuerdo, con el fin de resolver las eventuales dificultades de la puesta en práctica de sus disposiciones. Asimismo, estudiarán y promoverán las modificaciones necesarias de las disposiciones que eventualmente puedan llegar a oponerse al presente Acuerdo.

2. Con el objeto de desarrollar la cooperación cinematográfica bilateral, las Partes acuerdan la creación de una Comisión Mixta Cinematográfica, que se reunirá, en principio, una vez cada año alternadamente en el territorio de cada Estado.

3. No obstante, esta Comisión podrá ser convocada en sesión extraordinaria a petición de una de las Autoridades de Aplicación, especialmente en caso de importantes modificaciones legislativas o de reglamentaciones aplicables a la industria cinematográfica, o en caso de que el Acuerdo encuentre en su aplicación dificultades de una particular gravedad.

Artículo XVI

1. La solicitud de admisión a los beneficios de la coproducción presentada por los productores de cada una de las Partes, deberá redactarse, para su aprobación, según el procedimiento de Aplicación previsto en el Anexo del presente Acuerdo, el cual se considera parte integrante del mismo.

2. Esta aprobación es irrevocable, salvo en caso de que no se respeten los compromisos iniciales en materia artística, económica y técnica.

Artículo XVII

Las Partes podrán establecer, de común acuerdo, medidas promocionales simétricas, que fomenten la inclusión de capitales de riesgo en coproducciones uruguayo-argentinas o argentino-uruguayas que faciliten el proceso de formación de capital para la producción de las mismas.

Artículo XVIII

Cada Parte otorgará a las producciones provenientes de la otra, beneficios de cuotas de exhibición no menores a los que disfruten en la otra Parte sus propias producciones.

Artículo XIX

Las coproducciones emprendidas en virtud del presente Acuerdo, deberán ser habladas en idioma español.

Artículo XX

1. El presente Acuerdo está sujeto a ratificación y entrará en vigor treinta días después de la fecha en que las Partes hayan procedido al canje de los respectivos instrumentos de ratificación.

2. El presente Acuerdo se establece para una duración de tres años a contar de su entrada en vigor y es renovable tácitamente por períodos de tres años, salvo denuncia por escrito efectuada por cualquiera de las Partes, con previo aviso de por no menos de tres meses.

ANEXO
NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Los productores de cada uno de los Estados, para beneficiarse de las disposiciones del Acuerdo, deberán presentar a las autoridades respectivas sus solicitudes de admisión al beneficio de la coproducción, como mínimo un mes antes del inicio del rodaje, incluyendo:

* Un documento concerniente a la adquisición de los derechos de autor para la utilización de la obra.

* Un guión detallado y un guión técnico de secuencias que el director considere relevantes.

* Una lista de elementos técnicos y artísticos de las dos Partes.

* Un presupuesto, un plan de financiación detallado, un plan de explotación comercial, y acuerdos de distribución que hayan formulado.

* Un plan de trabajo de la película.

* Un contrato de coproducción concluido entre coproductores.

* Todo otro requisito que cada Parte establezca para sus producciones exclusivamente nacionales.

Los instrumentos, facturas o compromisos relativos a la realización de las coproducciones se regirán, en cuanto a sus formalidades y validez, por la ley del Estado en que se emitan, y deberán tener la autenticación consular correspondiente y el dictamen profesional reconocido. En esas condiciones, las Autoridades de Aplicación del otro Estado los reconocerán como válidos.

Las Autoridades de Aplicación de las dos Partes se intercambiarán la anterior documentación a partir de su recepción. La Autoridad de Aplicación del Estado coproductor minoritario sólo concederá su autorización después de haber recibido el dictamen de la Autoridad de Aplicación del Estado del coproductor de participación mayoritaria.

En caso de que a la fecha de terminación del presente Acuerdo existieren proyectos de películas en desarrollo o en trámite, habiendo sido presentados sus antecedentes a las Autoridades de Aplicación mencionadas en el artículo III, las normas de este Acuerdo seguirán siendo aplicables desde el rodaje hasta su comercialización final.

Hecho en la ciudad de Montevideo, a los dieciocho días del mes de agoto de mil novecientos noventa y nueve de en dos originales en español, siendo los dos textos igualmente auténticos.

Yamandú Fau
POR LA
REPUBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY
Luce firma
POR LA
REPUBLICA ARGENTINA.»

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: la Comisión de Asuntos Internacionales, por unanimidad, ha aprobado el Acuerdo que tenemos a consideración. En él se establece que debido a lo que nos une al pueblo y a la nación argentina, se facilitaría la expresión de la identidad cultural por medio de manifestaciones cinematográficas que hoy, desde el punto de vista técnico y también cuantitativo, tienen una gran difusión e importancia en ambos países.

Se establece que las películas podrán ser realizadas entre coproductores de las dos naciones y que, en ese caso, serán consideradas nacionales por cada uno de ellos, sin que eso sea impedimento para que los proyectos sean aprobados por el Instituto Nacional Audiovisual de nuestro país y el similar existente en la República Argentina.

También se prevé que podrán integrarse a esta tarea productores de terceros países, con aportes financieros, técnicos y artísticos, naturalmente, previa autorización de las autoridades mencionadas.

Las películas podrán ser realizadas por directores uruguayos o argentinos, con participación de técnicos e intérpretes de la misma nacionalidad o residentes habituales en los dos países.

Cuando las películas sean exportadas a países donde haya ingresos restringidos, se imputarán al que haya tenido participación mayoritaria; y si la participación fuera igualitaria, se lo hará a aquel que tenga mejores posibilidades para la exportación y la exhibición en el país a que se remitan.

Para llevar a cabo el Acuerdo, se crea una Comisión Mixta Cinematográfica, que tendrá a su cargo todo lo relativo a la coordinación de esfuerzos de ambos países para las coproducciones señaladas.

También se establece la obligatoriedad -es obvio señalarlo- del uso del idioma español.

Se trata de un Acuerdo sencillo, que facilita la interconexión de la actividad cinematográfica entre ambos países.

Es cuanto podemos informar al respecto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO.- Apruébase el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre la República y la República Argentina, suscrito en Montevideo, el 18 de agosto de 1999".

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado.)

25) ACUERDO CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL PARA LA CONSTRUCCION DE UN SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RIO YAGUARON EN LAS PROXIMIDADES DE LAS CIUDADES DE YAGUARON Y RIO BRANCO, Y RESTAURACION DEL ACTUAL PUENTE BARON DE MAUA

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Se pasa a considerar el asunto que figura en undécimo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Construcción de un Segundo Puente sobre el Río Yaguarón y Restauración del Actual. (Carp. Nº 412/01 - Rep. Nº 245/01)".

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 412/01
Rep. Nº 245/01

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Construcción de un Segundo Puente sobre el Río Yaguarón en las Proximidades de las Ciudades de Yaguarón y Río Branco y Restauración del Actual Puente Barón de Mauá, suscrito en el límite Uruguay-Brasil, Puente Barón de Mauá, el 21 de noviembre de 2000.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 3 de abril de 2001.

Gustavo Penadés Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El 19 de febrero de 1927, los Gobiernos de Uruguay y Brasil firmaron un acuerdo para la construcción del puente internacional que uniera las ciudades de Río Branco y Yaguarón, el que fuera inaugurado en 1930, conocido con el nombre de Puente Barón de Mauá.

Debido al transcurso de más de 70 años de su uso, considerando el alto tráfico a que la realidad de hoy lo somete, se ha acordado la necesidad de construir uno nuevo, en las proximidades del actual, destinado al pasaje de transporte pesado y reservando el actual -que representa un valioso patrimonio histórico y arquitectónico- para el tránsito liviano.

El acuerdo logrado con tal fin se inscribe en el Tratado de Cooperación para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín y al Protocolo para el Aprovechamiento de los Recursos Hídricos del Tramo Limítrofe del Río Yaguarón, que fuera firmado por ambos países el 16 de setiembre de 1991.

En los considerandos del presente acuerdo se recuerda también la voluntad de ambos países expresada en los encuentros que los Ministros de Transporte de las Partes celebraron en Punta del Este el 23 de junio de 1999 y en Montevideo el 23 de marzo del año 2000.

EL ARTICULADO

Artículo 1º. - Las Partes se comprometen, en el plazo más breve, a la construcción del nuevo puente y a su explotación por el régimen de concesión de obra pública. Igualmente se comprometen a establecer un sistema integrado de paso de frontera de la zona.

Arts. 2º y 3º. - Se crea una Comisión Mixta Brasileño-Uruguaya integrada por cinco miembros por cada parte, con representación de los Ministerios de Transporte y de Relaciones Exteriores de ambas Partes, así como de los gobiernos locales limítrofes y de la CIM.

Art. 4º. - Determina las atribuciones de la Comisión Mixta:

a) Tener en cuenta los aspectos físicos, ambientales, económicos, financieros y legales que rodearán la construcción del nuevo puente y se señala que la construcción y uso del mismo no tendrán aval ni garantía de los gobiernos.

b) Preparar la documentación y llevar a cabo la licitación y adjudicación de las obras y sus accesos.

c) Supervisar su ejecución.

d) y e) Establecer las condiciones exigibles al concesionario y monitorear y supervisar la operación de construcción y la explotación de la concesión.

Art. 5º. - Los gobiernos que firman este acuerdo fijan su contribución al nuevo puente y a la recuperación del existente en un máximo del 50%, en partes iguales para ambas, quedando el resto a cargo del concesionario. Las expropiaciones necesarias para las obras en cada territorio se harán por cuenta de las Partes. En cuanto a los gastos de la Comisión Mixta se cubrirán por los signatarios en partes iguales y cada una de ellas será responsable de los gastos de su representación en aquélla. Los costos de estudios y proyectos estarán a cargo del ganador de la licitación para la concesión.

Por lo expuesto, se recomienda al Cuerpo la aprobación del presente Acuerdo.

Sala de la Comisión, 31 de mayo de 2001.

Carlos Julio Pereyra (Miembro Informante), Alberto Couriel, Carlos Garat, Reinaldo Gargano, Pablo Millor, Wilson Sanabria, Juan Adolfo Singer. Senadores.

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de Transporte
y Obras Públicas

Montevideo, 15 de diciembre de 2000.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 85 numeral 7 y el artículo 168 numeral 20 de la Constitución de la República a fin de someter a su consideración, para la correspondiente sanción parlamentaria, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Construcción de un Segundo Puente sobre el Río Yaguarón en las Proximidades de las Ciudades de Yaguarón y Río Branco y Restauración del Actual Puente Barón de Maúa", suscrito en el límite Uruguay-Brasil, Puente Barón de Mauá, el 21 de noviembre del año 2000.

De los estudios efectuados oportunamente en el ámbito de la Comisión Mixta Brasileño-Uruguaya para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín, surgió la necesidad de construir un nuevo puente carretero sobre el Río Yaguarón, en la frontera entre Uruguay y Brasil, en las proximidades de las ciudades de Yaguarón y Río Branco destinado al tráfico internacional de pasajeros y de cargas, cuyo fundamento jurídico lo constituye el Tercer Memorándum de Entendimiento Relativo al Tratado de Cooperación para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín y al Protocolo para el Aprovechamiento de los Recursos Hídricos del Tramo Limítrofe del Río Yaguarón, firmado entre los dos países el 16 de setiembre de 1991.

Teniendo en cuenta lo señalado precedentemente, las Partes, en el artículo I, se comprometen a iniciar las acciones tendientes a la construcción y explotación, en régimen de concesión de obra pública del nuevo puente, incluyendo la infraestructura complementaria necesaria y sus accesos.

A dichos fines, las Partes establecen una Comisión Mixta Brasileño-Uruguaya de Licitación (artículo II) cuyo principal cometido es la elaboración de los Términos de Referencia relativos a los aspectos físicos, ambientales, económicos, financieros y legales del emprendimiento, teniendo en cuenta que la construcción y explotación de la obra sean efectuadas sin aval de los Gobiernos y sin garantía de tránsito mínimo, con su atribución a un consorcio privado en el que participen empresas uruguayas y brasileñas en proporción significativa (artículo IV numeral I literal a).

Las inversiones relativas a la construcción del nuevo puente, sus accesos y obras complementarias, así como la recuperación del Puente Barón de Mauá serán distribuidas de la siguiente manera: un máximo de 50% (cincuenta por ciento) a cargo de las Partes, en cantidades iguales, y el resto a cargo del consorcio ganador de la licitación (artículo V numeral 1). Los costos de los estudios y proyectos correspondientes serán responsabilidad del consorcio ganador de la licitación para la concesión (artículo V numeral 4).

Asimismo, las Partes se comprometen a examinar las cuestiones pertinentes al Puente Barón de Mauá, en funcionamiento desde 1930, cuya recuperación estará vinculada a la concesión de obra pública relativa al segundo puente (artículo I numeral 2); de esta manera se reconoce la urgencia de adecuar mejor esa importante obra a la función de elemento esencial de comunicación de las ciudades de Río Branco y Yaguarón y la necesidad de preservarla por representar ella un valioso patrimonio histórico-arquitectónico, común al Uruguay y al Brasil.

En el artículo I numeral 3 las Partes se comprometen igualmente a examinar la posibilidad de establecer un sistema integrado de paso de frontera, reservándose el Puente Barón de Mauá al tránsito de vehículos livianos.

La Comisión Mixta Brasileño-Uruguaya de Licitación deberá tener en cuenta en sus trabajos las disposiciones del Tratado de Cooperación para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín, firmado entre las Partes el 7 de julio de 1977, así como las decisiones y acuerdos relativos al transporte internacional terrestre firmados por ambas Partes (artículo III).

La entrada en vigor del Acuerdo está prevista a partir de la fecha de recepción de la segunda de las notificaciones por las cuales las Partes se notificarán el cumplimiento de las respectivas formalidades legales internas necesarias para su vigencia (artículo VI numeral I).

La suscripción de este Acuerdo en lucida y participativa ceremonia realizada en el límite Uruguay-Brasil, Puente Barón de Mauá, representa un acontecimiento histórico para las relaciones uruguayo-brasileñas, especialmente en el ámbito de la integración física, económica y socio-cultural de ambos países; y se traduce además en un eslabón fundamental para el fortalecimiento de los vínculos que en el transcurso de la historia han unido a los pueblos de ambas naciones de manera indisoluble, seguros de compartir un futuro en común.

Por todo lo expuesto, y en atención al impacto socio-económico altamente positivo que este Acuerdo bilateral tendrá en las comunidades fronterizas con la hermana República Federativa del Brasil, es que el Poder Ejecutivo solicita a ese Cuerpo su pronta aprobación.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Didier Opertti, Lucio Cáceres.

Montevideo, 15 de diciembre de 2000.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Construcción de un Segundo Puente sobre el Río Yaguarón en las Proximidades de las Ciudades de Yaguarón y Río Branco y Restauración del Actual Puente Barón de Mauá, suscrito en el límite Uruguay-Brasil, Puente Barón de Mauá, el 21 de noviembre del año 2000.

Didier Opertti, Lucio Cáceres.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL PARA LA  CONSTRUCCION DE UN SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RIO YAGUARON
EN LAS PROXIMIDADES DE LAS CIUDADES DE YAGUARON Y
RIO BRANCO Y RESTAURACION DEL ACTUAL
PUENTE BARON DE MAUA

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil (en adelante denominados "Partes");

De acuerdo con lo dispuesto en el Tercer Memorándum de Entendimiento Relativo al Tratado de Cooperación para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín y al Protocolo para el Aprovechamiento de los Recursos Hídricos del Tramo Limítrofe del Río Yaguarón, firmado entre los dos países el 16 de setiembre de 1991;

Reconociendo, en razón de los estudios realizados en el ámbito de la Comisión Mixta Brasileño-Uruguaya para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín (CLM), la necesidad de construcción de un nuevo puente carretero sobre el Río Yaguarón, en la frontera entre los dos países, en las proximidades de las ciudades de Yaguarón y Río Branco, para el tráfico internacional de pasajeros y de cargas;

Reconociendo, además, la urgencia de realizar trabajos de recuperación del Puente Barón de Mauá, en funcionamiento desde 1930, para de esta manera adecuarlo mejor a la función de elemento esencial de comunicación de las áreas urbanas de estas dos ciudades fronterizas, teniendo en cuenta asimismo la necesidad de preservar esta importante obra, objeto del Acuerdo firmado entre los dos Países el 19 de febrero de 1927, la cual representa un valioso patrimonio histórico-arquitectónico, común al Brasil y al Uruguay; y

Teniendo presente la voluntad expresada por los Ministros de Transporte de ambos Países en los encuentros de trabajo que mantuvieran en Punta del Este, el 23 de junio de 1999 y en Montevideo, el 23 de marzo de 2000.

Acuerdan:

ARTICULO I

1. Las Partes se comprometen a iniciar, por intermedio de sus respectivas Autoridades competentes y a la brevedad requerida, las acciones referentes a la construcción y explotación, en régimen de concesión de obra pública, de un segundo puente sobre el Río Yaguarón, incluyendo la infraestructura complementaria necesaria y sus accesos, situado en las proximidades de las ciudades de Yaguarón, en Brasil y de Río Branco, en Uruguay.

2. Simultáneamente, las Partes se comprometen a examinar las cuestiones pertinentes al Puente Barón de Mauá, actual conexión vial entre las dos citadas ciudades fronterizas, cuya recuperación estará vinculada a la concesión de obra pública relativa al segundo puente mencionado ut supra.

3. Igualmente, se comprometen a examinar la posibilidad de establecer un sistema integrado de paso de frontera, reservándose el Puente Barón de Mauá al tránsito de vehículos livianos.

ARTICULO II

Para los fines mencionados en el artículo I del presente Acuerdo, las Partes establecen una Comisión Mixta Brasileño-Uruguaya de Licitación, en adelante denominada Comisión Mixta, integrada por cinco (5) miembros en cada Delegación, con representantes de los Ministerios de Transporte (2) y de Relaciones Exteriores (1) de ambos países, de los Gobiernos locales (1) y de la CLM (1), cuya designación cada Parte comunicará a la otra en el plazo de sesenta (60) días corridos, a contar de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo.

ARTICULO III

La Comisión Mixta deberá tener en cuenta en sus trabajos las disposiciones del Tratado de Cooperación para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín (Tratado de la Cuenca de la Laguna Merín) firmado entre las Partes, el 7 de julio de 1977, así como las decisiones y acuerdos relativos al transporte internacional terrestre firmados por ambas Partes.

ARTICULO IV

1. La Comisión Mixta tendrá las siguientes atribuciones:

a) reunir los antecedentes necesarios con el fin de elaborar los Términos de Referencia relativos a los aspectos físicos, ambientales, económicos, financieros y legales del emprendimiento, teniendo en cuenta la decisión de ambos países de que la construcción y explotación del nuevo puente sean efectuados bajo el régimen de concesión de obra pública, sin aval de los Gobiernos y sin garantía de tránsito mínimo, con su atribución a un consorcio privado en el que participen empresas brasileñas y uruguayas en proporción significativa;

b) preparar la documentación necesaria y llevar a cabo la licitación pública y la posterior adjudicación para la construcción y explotación del segundo puente, la realización de sus obras complementarias y accesos, así como las obras simultáneas de recuperación del Puente Barón de Mauá, debiendo la adjudicación contar con la previa aprobación de las Partes;

c) supervisar la ejecución y ejercer la fiscalización de los estudios, servicios y trabajos contratados, durante la etapa de realización de los mismos, teniendo en cuenta el plazo determinado en literal e) de este artículo.

d) establecer las condiciones a ser cumplidas por el concesionario para la realización de las obras y la explotación de la concesión;

e) monitorear y supervisar el mantenimiento, la operación y la explotación del nuevo puente durante el primer año del período de vigencia de la explotación de la concesión.

2. La Comisión Mixta tendrá plenos poderes para solicitar la asistencia técnica y toda información que se consideren necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

ARTICULO V

1. Las inversiones relativas a la construcción del segundo puente sobre el Río Yaguarón, sus accesos y obras complementarias, así como la recuperación del Puente Barón de Mauá serán distribuidas de la siguiente manera: un máximo de 50% (cincuenta por ciento) a cargo de las Partes, en cantidades iguales, y el resto a cargo del consorcio ganador de la licitación.

2. Los costos referentes a las expropiaciones necesarias para la implantación de las obras en cada territorio nacional serán de responsabilidad exclusiva de la Parte respectiva, según las condiciones que sean acordadas internamente con sus Gobiernos locales.

3. Cada Parte será responsable de los gastos derivados de su representación en la Comisión Mixta.

4. Los costos de los estudios y proyectos relativos a la construcción del nuevo puente, sus obras complementarias y accesos, así como los relativos a la recuperación del Puente Barón de Mauá, estarán a cargo del consorcio ganador de la licitación para la concesión.

ARTICULO VI

1. Las Partes se notificarán el cumplimiento de las respectivas formalidades legales internas necesarias para la vigencia del presente Acuerdo, el cual entrará en vigor a partir de la fecha de recepción de la segunda de las notificaciones.

2. Las Partes, sea la que fuere, podrán en cualquier momento, denunciar el presente Acuerdo, por vía diplomática y con una antelación de un año.

Hecho en el límite Uruguay-Brasil, Puente Barón de Mauá, a los 21 días del mes de noviembre de 2000, en dos ejemplares originales, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Luce firma
POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY
Luce firma
POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA FEDERATIVA
DEL BRASIL.»

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: también en este caso, la Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Senado la aprobación del presente proyecto de ley, que refiere a la construcción de un nuevo puente internacional sobre el río Yaguarón, entre las localidades de Yaguarón y Río Branco.

El puente existente en la actualidad, conocido con el nombre "Barón de Mauá", fue inaugurado en 1930. Los más de setenta años transcurridos han hecho que responda a las necesidades de otra época y no a la presente. Por otra parte, en este momento es lugar de pasaje de la producción de ambos países dentro de su intercambio comercial.

Naturalmente, entonces, que un puente construido hace setenta años atrás no está en condiciones de resistir, fundamentalmente, el tránsito pesado. Por esa razón, los países han acordado mantenerlo en uso por su significación histórica y su valor artístico, pero para el tránsito liviano. En cambio, para el tránsito pesado se construirá uno nuevo.

Las Partes estipulan que se realizará este puente por concesión de obra pública, sin que los Estados garanticen al consorcio que se haga cargo de su construcción y explotación; es decir, no garantizan ningún mínimo de tránsito o de contribuciones a los efectos de compensar un eventual escaso uso.

Los estudios para la realización del puente se inscriben en los trabajos ya conocidos de la Comisión Mixta Brasileño-Uruguaya para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín y para el Aprovechamiento de los Recursos Hídricos del Tramo Limítrofe del Río Yaguarón entre los dos países, lo que fue acordado el 16 de setiembre de 1991 en esta última parte.

Por otro lado, para la concreción de esta obra se recoge la voluntad de ambos países, expresada en dos encuentros de los Ministros de Transporte de las Partes que celebran el Acuerdo, uno realizado en Punta del Este el 23 de junio de 1999 y el otro en Montevideo el 23 de marzo de 2000.

Como ya dijimos, el puente se hará por concesión de obra pública. Para los distintos efectos, por los artículos II y III, se crea una Comisión Mixta Brasileño-Uruguaya, que tendrá por misión recoger todos los informes relacionados con la zona donde se va a construir el puente, así como los elementos necesarios para elaborar también el pliego de llamado a licitación a fin de adjudicar la obra, para controlarla y realizar el monitoreo correspondiente.

Esa Comisión Mixta estará integrada por cinco miembros de cada país, donde estarán representados los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Transporte de ambas naciones, así como las autoridades locales de las ciudades que une el puente, o sea, Yaguarón y Río Branco.

Los Gobiernos que firman este Acuerdo fijan su contribución al nuevo puente y a la recuperación del existente en un máximo del 50%, en partes iguales para ambas. Las expropiaciones necesarias para las obras en cada territorio se harán por cuenta de las Partes. Los costos de los estudios y proyectos estarán a cargo del ganador de la licitación para la concesión.

Por otra parte, al construirse el nuevo puente y al mantener el viejo en funcionamiento para el tránsito liviano, se prevé una zona de integración de frontera, que también será estudiada por esta Comisión Mixta que se crea. Esto se realiza a los efectos de una positiva integración de la zona a través del puente que las une.

A grandes rasgos, esto es lo que establece el Convenio.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: tanto el informe escrito como el verbal que ha realizado el señor Senador Pereyra, se han caracterizado por la claridad y contundencia a las que nos tiene acostumbrados. Sin perjuicio de ello, quiero dejar una constancia a título personal, porque cuando estos Acuerdos vienen así, no podemos hacer otra cosa que desear que suceda lo mejor.

Este es un puente emblemático del Uruguay. Soy abogado; aunque quizá mi vocación haya sido la de arquitecto, lo cierto es que soy abogado y, por tener un espíritu diletante, debo decir que ese puente es una belleza. Entonces, quiero que quede registrado en la versión taquigráfica mi deseo: que, cuando se establezcan las condiciones y todo lo que -con tanta claridad- ha informado el señor Senador Pereyra -porque me han dicho que desde el punto de vista estético no sería más caro- si el puente va a estar pegado al actual, que tenga algún parecido. Francamente, es cierto lo que dice el señor Senador Pereyra en el sentido de que los tiempos cambian. Precisamente, este puente tiene 70 años y por él pasaba el ferrocarril, pero ahora eso ya no es posible. Sería una lástima que una de las obras emblemáticas del Uruguay, que tiene connotaciones culturales y estéticas, se arruinara con la construcción de otro puente moderno -aunque necesario- que no tenga nada que ver con la calidad del anterior. A propósito, pongo como ejemplo el caso de ese puente, tan hermoso, sobre la Barra de Maldonado, con características tan particulares: hubo un momento en que el tránsito hizo necesario que se construyera uno nuevo, y se tuvo el cuidado de que fuera idéntico.

Reitero que quería dejar esta constancia porque, a veces, estas pequeñas cosas que tienen que ver con la memoria cultural, están muy relacionadas con la identidad del país.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: solicito que este punto vuelva nuevamente a Comisión para analizarlo con mayor profundidad, porque no hay opinión unánime de nuestra Bancada, y quisiera hacer las consultas del caso con sus integrantes, antes de votarlo.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- En razón de que la moción planteada es de orden, se va a votar si el tema vuelve a Comisión.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

26) CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRABAJO Nº 167 SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCION

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Se pasa a considerar el asunto que figura en duodécimo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se ratifica el Convenio Internacional del Trabajo Nº 167 sobre Seguridad y Salud en la Construcción (Carp. Nº 292/00 - Rep. Nº 246/01)."

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 292/00
Rep. Nº 246/01

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Ratifícase el Convenio Internacional del Trabajo Nº 167 sobre Seguridad y Salud en la Construcción, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en la 75ª reunión celebrada en Ginebra en junio de 1988.

Art. 2º. - Facúltase al Poder Ejecutivo a reglamentar la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 13 de setiembre de 2000.

Washington Abdala Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

La Cámara de Representantes, recibió el proyecto de ley propiciando la ratificación del Convenio Internacional del Trabajo Nº 167 (CIT) sobre Seguridad y Salud en la Construcción, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en la 75ª reunión celebrada en Ginebra en junio de 1988, y lo sancionó en su sesión del 13 de setiembre de 2000.

En su Mensaje del 28 de junio de 2000, el Poder Ejecutivo señala que en mayo de 1991, en virtud de las obligaciones previstas por el Art. 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), había puesto en conocimiento de la Asamblea General el texto del mencionado convenio, sin solicitar su ratificación en virtud de las objeciones planteadas a algunos artículos por el sector empleador.

El CIT Nº 167 en su Introducción señala que, recordando los Convenios y Recomendaciones (R) que a continuación se enumeran (entre paréntesis se señalan las Leyes de ratificación por Uruguay):

1. Convenio y recomendación sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937. (CIT Nº 62, Ley Nº 12.030 del 27/11/53).

2. Recomendación sobre la colaboración para prevenir los accidentes (edificación), 1937. (R Nº 55).

3. Convenio y recomendación sobre la protección contra las radiaciones, 1960. (CIT Nº 115, Ley Nº 15.325 del 30/9/82 y R Nº 114).

4. Convenio y recomendación sobre la protección de la maquinaria, 1963. (CIT Nº 119, Ley Nº 14.565 del 30/8/76 y R Nº 118).

5. Convenio y recomendación sobre el peso máximo, 1967. (R Nº 128).

6. Convenio y recomendación sobre el cáncer profesional, 1974. (CIT Nº 139, Ley Nº 14.976 del 14/12/79 y R Nº 147).

7. Convenio y recomendación sobre el medio ambiente de trabajo, (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977. CIT Nº 148, (Ley Nº 15.695 del 23/6/88 y R Nº 156).

8. Convenio y recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981. (CIT Nº 155, Ley Nº 15.965 del 23/6/88 y R Nº 175).

9. Convenio y recomendación Convenio y recomendación sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985. (CIT Nº 161, Ley Nº 15.965 del 26/6/85 y R Nº 171).

10. Convenio y recomendación sobre el asbesto, 1986, y la lista de enfermedades profesionales, en su versión modificada de 1980 (CIT Nº 162, Ley Nº 16.643 de 1/2/94), anexa al Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo, 1964, CIT Nº 121, Ley 14.116 del 30/4/73, la Conferencia General de la OIT, reunida en Ginebra el 1º de junio de 1988, decide adoptar diversas proposiciones relativas a la seguridad y la salud en la construcción y que dichas proposiciones revistan la forma de un Convenio que revise el CIT Nº 62.

Luego de la Introducción, en sus cuarenta y cuatro (44) artículos, organizados en cinco (5) Capítulos desarrolla un exhaustivo análisis: I) Campo de Aplicación y Definiciones; II) Disposiciones Generales; III) Medidas de Prevención y Protección; IV) Aplicación y V) Disposiciones Finales.

El Capítulo I), en el Art. 1º establece que el Convenio se aplicará a las tareas y técnicas de todas las actividades de construcción, es decir, trabajos de edificación, obras públicas, montaje y desmontaje, incluidos cualquier proceso, operaciones o transporte en las obras, desde la preparación hasta la conclusión del proyecto. Que su aplicación se hará siempre en acuerdo con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas y que alcanzará también a los trabajadores por cuenta propia que pueda designar la legislación nacional. En el Art. 2º se definen a los efectos del Convenio, las expresiones utilizadas: "construcción", "obras", "lugar de trabajo", "trabajador", "empleador", "persona competente", "andamiaje", "aparato elevador" y "accesorio de izado".

El Capítulo II), en los Arts. 3º a 12 establece un conjunto de disposiciones que los miembros ratificantes del Convenio deberán observar: - consulta a las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores; - compromiso de evaluar los riesgos para la seguridad y salud y de adoptar una legislación que asegure la aplicación de las disposiciones del Convenio; - que la legislación podrá adoptar formas de normas técnicas o repertorios de recomendaciones prácticas; -adoptar medidas para asegurar la coordinación entre empleadores y trabajadores; - previsión de que empleadores y trabajadores por cuenta propia deban cumplir las medidas prescritas en materia de seguridad e higiene; - definir la responsabilidad en la aplicación de normas de seguridad e higiene cuando dos o más empleadores realicen actividades en forma simultánea en una misma obra (la cual recaerá en el contratista principal); - el derecho y deber de los trabajadores de participar en el establecimiento de condiciones seguras de trabajo y de expresar opiniones sobre los métodos de trabajo; - que la legislación nacional estipule las obligaciones que tendrán los trabajadores de cooperación, de velar por su propia seguridad, de utilizar los medios puestos a su disposición para su protección, de informar a su superior jerárquico y al delegado de obra de los trabajadores de toda situación de riesgo; - el derecho del trabajador de alejarse de una situación de peligro cuando tenga motivos razonables e informar sin demora a sus superiores y la obligación del empleador de interrumpir las actividades ante riesgo inminente para la seguridad de los trabajadores.

El Capítulo III), en los Arts. 13 a 34 establece las Medidas de Prevención y Protección que los Miembros deberán adoptar en su legislación en virtud del presente Convenio. Con meticulosidad se analizan los siguientes temas: Seguridad en los lugares de Trabajo; Andamiajes y Escaleras de Mano; Aparatos Elevadores y Accesorios de Izado; Vehículos de transportes y Maquinaria de Movimiento de Tierras y de Manipulación de Materiales; Instalaciones, Máquinas, Equipos y Herramientas Manuales; Trabajos en Alturas, incluidos los Tejados; Excavaciones, Pozos, Terraplenes, Obras Subterráneas y Túneles; Ataguías y Cajones de Aire Comprimido; Trabajos en Aire Comprimido; Armaduras y Encofrados; Trabajos por Encima de una Superficie de Agua; Trabajos de Demolición; Alumbrado; Electricidad; Explosivos; Riesgos para la Salud; Precauciones contra Incendios; Ropas y Equipos de Protección Personal; Primeros Auxilios; Bienestar; Información y Formación y, finalmente, Declaración de Accidentes y Enfermedades.

El Capítulo IV), en su Art. 35 establece que cada Miembro deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones del Convenio y organizar servicios de inspección para supervisar la aplicación, dotándolos de los medios necesarios para realizar su tarea.

El Capítulo V) en sus Arts. 36 a 44 establece las disposiciones de práctica en los Convenios Internacionales del Trabajo, indicando en el Art. 36 que este Convenio revisa el CIT Nº 62 de 1937 y en las disposiciones siguientes norma acerca de la firma, ratificación, fecha de entrada en vigor, mecanismos de Denuncia (que fija a partir de un plazo de 10 años) y organismos de contralor del cumplimiento, que será del Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Es de señalar que nuestro país, al haber ratificado los CIT vinculados con el tema, como se establece ut supra, cubría parcialmente las previsiones del CIT Nº 167 y que con el Decreto 111/990 se dictaron disposiciones pormenorizadas sobre seguridad e higiene en la construcción y se creó (en virtud del Art. 175 del mismo), una Comisión Tripartita encargada de adecuar las disposiciones relativas a dicha materia.

Esa Comisión elaboró un extenso análisis y diagnóstico, que fue adoptado como Decreto 89/995, actualmente en vigencia, que perfeccionó y amplió la normativa sobre seguridad e higiene en la construcción, en consonancia con las disposiciones del CIT Nº 167.

Con posterioridad, en febrero de 1996, ante el incremento de la siniestralidad en la industria de la construcción se dictaron los siguientes decretos: A) Decreto 53/996, que crea la figura del delegado de obra; B) Decreto 76/996, que determina los requisitos del delegado de obra; C) Decreto 82/996 relativo al Libro de Obra y D) Decreto 83/996 que crea el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

También es importante señalar, que a nivel regional, el Subgrupo de Trabajo Nº 11 del MERCOSUR (actual SGT Nº 10 de Relaciones Laborales, Seguridad Social y Empleo) incluyó al CIT Nº 167 en la lista de convenios cuya ratificación los representantes de los Gobiernos de los Estados Partes se comprometen a promover.

El análisis del proceso reseñado, que evidenciaba un avance en la dirección de las previsiones del CIT Nº 167, determinó que el Poder Ejecutivo, en su Mensaje de 28 de junio de 2000, solicitara: "...la reconsideración de la cuestión de la ratificación del CIT Nº 167 al Grupo Tripartito creado en el marco del CIT Nº 144, con la finalidad de asesorar en las relaciones con la OIT, promoviendo un cambio de opinión del sector empleador, para así continuar con la práctica de solicitar la ratificación de aquellos convenios acerca de los cuales existe consenso en tal sentido, asegurando por anticipado el compromiso efectivo y voluntario del cumplimiento de las disposiciones del Convenio por parte de los interlocutores sociales.

Con fecha 21 de agosto de 1996, se logró el consenso tripartito para la ratificación del Convenio".

En función de lo anterior, considerando la trascendencia de la actualización que este Convenio sobre la Seguridad y Salud en la Construcción implica para uno de los sectores más importantes y dinámicos de nuestra actividad económica pero que, lamentablemente muestra el índice de siniestralidad más alto en nuestro país, y en virtud de que se han salvado, mediante la negociación tripartita, las objeciones presentadas en su momento por el sector empleador, (que impidieron su ratificación con anterioridad), solicito a los miembros de la Comisión, aprobar la ratificación del CIT Nº 167.

Sala de la Comisión, 31 de mayo de 2001.

Reinaldo Gargano (Miembro Informante), Alberto Couriel, Carlos Garat, Juan Ignacio Mangado, Pablo Millor, Wilson Sanabria, Juan Adolfo Singer. Senadores.

Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de Salud Pública

Montevideo, 28 de junio de 2000.

Señor Presidente de la Asamblea General
Don Luis Hierro López

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el proyecto de ley que se acompaña, por el que se propicia la ratificación del Convenio Internacional del Trabajo Nº 167 sobre Seguridad y Salud en la Construcción, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en su septuagésima quinta reunión celebrada en Ginebra el 1º de junio de 1988.

En mayo de 1991 el Poder Ejecutivo, cumpliendo con la obligación de "sumisión" prevista en el artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, envió un mensaje a la Asamblea General, poniendo en conocimiento el texto del referido instrumento sin solicitar su ratificación en virtud de las objeciones planteadas a algunos artículos por el sector empleador.

Debe señalarse que Uruguay, por Ley Nº 12.030 de fecha 27/11/53, ratificó el Convenio Internacional del Trabajo Nº 62 relativo a la Prevención de Accidentes de Trabajo en la Industria de la Construcción, el que se reglamentó por Decreto 678/967. Esas normas y el Decreto 406/988 cubrían parcialmente las previsiones del CIT Nº 167.

Posteriormente, se dictó el Decreto 111/90 del 21 de febrero de 1990 que establece disposiciones pormenorizadas sobre seguridad e higiene en la construcción. El artículo 175 de dicha norma creó una comisión tripartita para adecuar las disposiciones de seguridad e higiene en la materia.

Esa Comisión, luego de un extenso análisis y diagnóstico elaboró el Decreto Nº 89/95 de 21/02/95 actualmente vigente, que perfeccionó y amplió la normativa estableciendo, entre otras cosas, los servicios de seguridad en el trabajo y la creación de una comisión tripartita permanente para el tratamiento de los temas de seguridad e higiene en la industria de la construcción.

En el marco de las medidas específicas que se han implementado a partir del mes de febrero de 1996 para revertir la siniestralidad en la industria de la construcción se han dictado los siguientes decretos:

A) Decreto Nº 53/996, que crea la figura del delegado de obra;

B) Decreto Nº 76/996 de 1º de marzo de 1996, que determina los requisitos del delegado de obra;

C) Decreto Nº 82/996 relativo al Libro de Obra

D) Decreto N° 83/996 que crea el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El Poder Ejecutivo, estima que a través de esos decretos se cubre la materia objeto del CIT Nº 167.

Sin perjuicio de esto último, nos permitimos señalar a la Asamblea General que el CIT Nº 167 fue analizado en el ámbito del Subgrupo del Trabajo Nº 11 del MERCOSUR (actual SGT Nº 10 de Relaciones Laborales, Seguridad Social y Empleo), específicamente a través de su "Comisión Tripartita de Principios" (Nº 8). Por acuerdo de los países miembros del MERCOSUR el CIT Nº 167 fue incluido en una lista de convenios cuya ratificación los representantes de los gobiernos de los Estados Partes se comprometieron a promover.

Previo a dar cumplimiento al compromiso regional asumido, el Poder Ejecutivo solicitó la reconsideración de la cuestión de la ratificación del CIT Nº 167 al Grupo Tripartito creado en el marco del CIT Nº 144, con la finalidad de asesorar en las relaciones con la Organización Internacional del Trabajo, promoviendo un cambio de opinión del sector empleador, para así continuar con la práctica de solicitar la ratificación de aquellos convenios acerca de los cuales existe consenso en tal sentido, asegurando por anticipado el compromiso efectivo y voluntario del cumplimiento de las disposiciones del convenio por parte de los interlocutores sociales.

Con fecha 21 de agosto de 1996, se logró el consenso tripartito para la ratificación del convenio. El Poder Ejecutivo mediante el presente mensaje solicita a ese Alto Cuerpo la aprobación del Convenio Internacional del Trabajo Nº 167 sobre seguridad y salud en la construcción, 1988.

Reiteramos al señor Presidente las seguridades de nuestra más alta consideración.

Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Alvaro Alonso Tellechea, Didier Opertti, Horacio Fernández Ameglio.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - RATIFICASE el Convenio Internacional del Trabajo Nº 167 sobre seguridad y salud en la construcción, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en la 75ª reunión celebrada en Ginebra en junio de 1988.

Art. 2º. - Facúltase al Poder Ejecutivo a reglamentar la presente ley.

Art. 3º. - Comuníquese, etc.

Alvaro Alonso Tellechea, Didier Opertti, Horacio Fernández Ameglio.

ACTA Nº 11

En Montevideo, a los veintiún días del mes de agosto de 1996, en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad social, sito en la calle Juncal 1511, 3er. Piso, Oficina 308, se reúnen los integrantes del Grupo Tripartito. Ellos son: Dr. Raúl Varela (Sector Trabajador), Sra. Directora General Dra. María Carmen Ferreira (MTSS), Dra. Celia Fernández Castro (MTySS), Dra. Mercedes Silvera y Dra. Adriana Xalambri (MTySS).

LECTURA DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR

Se da lectura del acta de la sesión anterior, la que es aprobada.

MEMORIAS CIT 87 y 138

Se hace entrega de las memorias de los CIT 87 y 138.

CONVENIO Nº 167

La Directora General manifiesta que el motivo principal de su concurrencia a esta sesión, es el compromiso asumido por la Sra. Ministro de pedir al Parlamento la ratificación del Convenio 167. Continúa manifestando que no es intención del Ministerio romper con la práctica de solicitar ratificación al Parlamento previo consenso de esta Comisión Tripartita, y, conociendo la posición contraria del sector empleador en lo que tiene que ver con la solicitud de ratificación de este Convenio, quiere recordarles que en este año se adelantó mucho en el tema seguridad y salud en la industria de la construcción, gracias a la entrada en vigencia de los Decretos. Por lo anteriormente mencionado, puede afirmar que se está en condiciones de solicitar la ratificación de este Convenio, sin que esto signifique cambios sustanciales respecto de lo que existe hoy en día. Por este motivo, solicita al sector empleador revea su posición.

El Sr. Jacobo Varela quiere dejar constancia de las siguientes puntualizaciones:

1) El sector empleador está preocupado por la siniestralidad en la industria de la construcción;

2) Considera que la manera de terminar con ella no es la mera ratificación de normas, sino que es necesario un compromiso de todas las partes para atacar el problema;

3) Reivindica el criterio de que los Convenios vayan al Parlamento consensuados, ya que es un modo de que tengan más fuerza.

A continuación informa que el sector empleador levanta las reservas, apoyando el pedido de ratificación del Convenio Nº 167, y espera que aquellos conceptos que le merecían dudas, sean estudiados en la recomendación, como un modo de no generar problemas a las empresas.

La Directora General agradece en nombre del Ministerio al representante del Sector empleador.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Convenio 167

Convenio sobre seguridad y salud en la construcción

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo;

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 1º de junio de 1988 en su septuagésima quinta reunión;

Recordando los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo pertinentes, y en particular el Convenio y la Recomendación sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937; la Recomendación sobre la colaboración para prevenir los accidentes (edificación), 1937; el Convenio y la Recomendación sobre la protección contra las radiaciones, 1960; el Convenio y la Recomendación sobre la protección de la maquinaria, 1963; el Convenio y la Recomendación sobre el peso máximo, 1967; el Convenio y la Recomendación sobre el cáncer profesional, 1974; el Convenio y la Recomendación sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977; el Convenio y la Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981; el Convenio y la Recomendación sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985; el Convenio y la Recomendación sobre el asbesto, 1986, y la lista de enfermedades profesionales, en su versión modificada de 1980, anexa al Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes de trabajo, 1964;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la seguridad y la salud en la construcción, que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional que revise el Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937,

adopta, con fecha veinte de junio de mil novecientos ochenta y ocho, el presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988:

I. CAMPO DE APLICACION Y DEFINICIONES

Artículo 1

1. El presente Convenio se aplica a todas las actividades de construcción, es decir, los trabajos de edificación, las obras públicas y los trabajos de montaje y desmontaje, incluidos cualquier proceso, operación o transporte en las obras, desde la preparación de las obras hasta la conclusión del proyecto.

2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá, previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, si las hubiere, excluir de la aplicación del Convenio o de algunas de sus disposiciones determinadas ramas de actividad económica o empresas respecto de las cuales se planteen problemas especiales que revistan cierta importancia, a condición de garantizar en ellas un medio ambiente de trabajo seguro y salubre.

3. El presente Convenio se aplica también a los trabajadores por cuenta propia que pueda designar la legislación nacional.

Artículo 2

A los efectos del presente Convenio:

a) la expresión "construcción" abarca:

i) la edificación, incluidas las excavaciones y la construcción, las transformaciones estructurales, la renovación, la reparación, el mantenimiento (incluidos los trabajos de limpieza y pintura) y la demolición de todo tipo de edificios y estructuras;

ii) las obras públicas, incluidos los trabajos de excavación y la construcción, transformación estructural, reparación, mantenimiento y demolición que, por ejemplo, aeropuertos, muelles, puertos, canales, embalses, obras de protección contra las aguas fluviales y marítimas y las avalanchas, carreteras y autopistas, ferrocarriles, puentes, túneles, viaductos y obras relacionadas con la prestación de servicios, como comunicaciones, desagües, alcantarillado y suministros de agua y energía;

iii) el montaje y desmontaje de edificios y estructuras a base de elementos prefabricados, así como la fabricación de dichos elementos en las obras;

b) la expresión "obras" designa cualquier lugar en el que se realicen cualesquiera de los trabajos u operaciones descritos en el apartado a) anterior;

c) la expresión "lugar de trabajo" designa todos los sitios en los que los trabajadores deban estar o a los que hayan de acudir a causa de su trabajo, y que se hallen bajo el control de un empleador en el sentido del apartado e);

d) la expresión "trabajador" designa cualquier persona empleada en la construcción;

e) la expresión "empleador" designa:

i) cualquier persona física o jurídica que emplea uno o varios trabajadores en una obra, y

ii) según el caso, el contratista principal, el contratista o el subcontratista;

f) la expresión "persona competente" designa a la persona en posesión de calificaciones adecuadas, tales como una formación apropiada y conocimientos, experiencia y aptitudes suficientes, para ejecutar funciones específicas en condiciones de seguridad. Las autoridades competentes podrán definir los criterios apropiados para la designación de tales personas y fijar las obligaciones que deban asignárseles;

g) la expresión "andamiaje" designa toda estructura provisional, fija, suspendida o móvil, y los componentes en que se apoye, que sirva de soporte a trabajadores y materiales o permita el acceso a dicha estructura, con exclusión de los aparatos elevadores que se definen en el apartado h);

h) la expresión "aparato elevador" designa todos los aparatos, fijos o móviles, utilizados para izar o descender personas o cargas;

i) la expresión "accesorio de izado" designa todo mecanismo o aparejo por medio del cual se pueda sujetar una carga a un aparato elevador, pero que no sea parte integrante del aparato ni de la carga.

II. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3

Deberá consultarse a las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas sobre las medidas que hayan de adoptarse para dar efecto a las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 4

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se compromete, con base en una evaluación de los riesgos que existan para la seguridad y la salud, a adoptar y mantener en vigor una legislación que asegure la aplicación de las disposiciones del Convenio.

Artículo 5

1. La legislación que se adopte de conformidad con el artículo 4 del presente Convenio podrá prever su aplicación práctica mediante normas técnicas o repertorios de recomendaciones prácticas o por otros métodos apropiados conformes con las condiciones y a la práctica nacionales.

2. Al dar efecto al artículo 4 del Convenio y al párrafo 1 del presente artículo, todo Miembro deberá tener debidamente en cuenta las normas pertinentes adaptadas por las organizaciones internacionales reconocidas en el campo de la normalización.

Artículo 6

Deberán tomarse medidas para asegurar la cooperación entre empleadores y trabajadores, de conformidad con las modalidades que defina la legislación nacional, a fin de fomentar la seguridad y la salud en las obras.

Artículo 7

La legislación nacional deberá prever que los empleadores y los trabajadores por cuenta propia estarán obligados a cumplir en el lugar de trabajo las medidas prescritas en materia de seguridad y salud.

Artículo 8

1. Cuando dos o más empleadores realicen actividades simultáneamente en una misma obra:

a) la coordinación de las medidas prescritas en materia de seguridad y salud y, en la medida en que sea compatible con la legislación nacional, la responsabilidad de velar por el cumplimiento efectivo de tales medidas incumbirán al contratista principal u a otra persona u organismo que ejerza un control efectivo o tenga la responsabilidad principal del conjunto de actividades en la obra;

b) cuando el contratista principal, o la persona u organismo que ejerza un control efectivo o tenga la responsabilidad principal de la obra, no esté presente en el lugar de trabajo deberá, en la medida que ello sea compatible con la legislación nacional, atribuir a una persona o un organismo competente presente en la obra la autoridad y los medios necesarios para asegurar en su nombre la coordinación y la aplicación de las medidas previstas en el apartado a);

c) cada empleador será responsable de la aplicación de las medidas prescritas a los trabajadores bajo su autoridad.

2. Cuando empleadores o trabajadores por cuenta propia realicen actividades simultáneamente en una misma obra tendrán la obligación de cooperar en la aplicación de las medidas prescritas en materia de seguridad y de salud que determine la legislación nacional.

Artículo 9

Las personas responsables de la concepción y planificación de un proyecto de construcción deberán tomar en consideración la seguridad y la salud de los trabajadores de la construcción de conformidad con la legislación y la práctica nacionales.

Artículo 10

La legislación nacional deberá prever que en cualquier lugar de trabajo los trabajadores tendrán el derecho y el deber de participar en el establecimiento de condiciones seguras de trabajo en la medida en que controlen el equipo y los métodos de trabajo, y de expresar su opinión sobre los métodos de trabajo adoptados en cuanto puedan afectar a la seguridad y la salud.

Artículo 11

La legislación nacional deberá estipular que los trabajadores tendrán la obligación de:

a) cooperar lo más estrechamente posible con sus empleadores en la aplicación de las medidas prescritas en materia de seguridad y de salud;

b) velar razonablemente por su propia seguridad y salud y la de otras personas que puedan verse afectadas por sus actos u omisiones en el trabajo;

c) utilizar los medios puestos a su disposición, y no utilizar de forma indebida ningún dispositivo que se les haya facilitado para su propia protección o la de los demás;

d) informar sin demora a su superior jerárquico inmediato y al delegado de seguridad de los trabajadores, si lo hubiere, de toda situación que a su juicio pueda entrañar un riesgo y a la que no puedan hacer frente adecuadamente por sí solos;

e) cumplir las medidas prescritas en materia de seguridad y de salud.

Artículo 12

1. La legislación nacional deberá establecer que todo trabajador tendrá el derecho de alejarse de una situación de peligro cuando tenga motivos razonables para creer que tal situación entraña un riesgo inminente y grave para su seguridad y su salud, y la obligación de informar de ello sin demora a su superior jerárquico.

2. Cuando haya un riesgo inminente para la seguridad de los trabajadores, el empleador deberá adoptar medidas inmediatas para interrumpir las actividades y, si fuere necesario, proceder a la evacuación de los trabajadores.

III. MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION

Artículo 13

SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

1. Deberán adoptarse todas las precauciones adecuadas para garantizar que todos los lugares de trabajo sean seguros y estén exentos de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

2. Deberán facilitarse, mantenerse en buen estado y señalarse, donde sea necesario, medios seguros de acceso y de salida en todos los lugares de trabajo.

3. Deberán adoptarse todas las precauciones adecuadas para proteger a las personas que se encuentren en una obra o en sus inmediaciones de todos los riesgos que pueden derivarse de la misma.

Artículo 14

ANDAMIAJES Y ESCALERAS DE MANO

1. Cuando el trabajo no pueda ejecutarse con plena seguridad desde el suelo o partir del suelo o de una parte de un edificio o de otra estructura permanente, deberá montarse y mantenerse en buen estado un andamiaje seguro y adecuado o recurrirse a cualquier otro medio igualmente seguro y adecuado.

2. A falta de otros medios seguros de acceso a puestos de trabajo en puntos elevados, deberán facilitarse escaleras de mano adecuadas y de buena calidad. Estas deberán afianzarse convenientemente para impedir todo movimiento involuntario.

3. Todos los andamiajes y escaleras de mano deberán construirse y utilizarse de conformidad con la legislación nacional.

4. Los andamiajes deberán ser inspeccionados por una persona competente en los casos y momentos prescritos por la legislación nacional.

Artículo 15

APARATOS ELEVADORES Y ACCESORIOS DE IZADO

1. Todo aparato elevador y todo accesorio de izado, incluidos sus elementos constitutivos, fijaciones, anclajes y soportes, deberán:

a) ser de buen diseño y construcción, estar fabricados con materiales de buena calidad y tener la resistencia apropiada para el uso a que se destinan;

b) instalarse y utilizarse correctamente;

c) mantenerse en buen estado de funcionamiento;

d) ser examinados y sometidos a prueba por una persona competente en los momentos y en los casos prescritos por la legislación nacional; los resultados de los exámenes y pruebas deben ser registrados;

e) ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación apropiada de conformidad con la legislación nacional.

2. No deberán izarse, descenderse ni transportarse personas mediante ningún aparato elevador, a menos que haya sido construido e instalado con este fin, de conformidad con la legislación nacional, salvo en caso de una situación de urgencia en que haya que evitar un riesgo de herida grave o accidente mortal, cuando el aparato elevador pueda utilizarse con absoluta seguridad.

Artículo 16

VEHICULOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
Y DE MANIPULACION DE MATERIALES

1. Todos los vehículos y toda la maquinaria de movimiento de tierras y de manipulación de materiales deberán:

a) ser de buen diseño y construcción teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la ergonomía;

b) mantenerse en buen estado;

c) ser correctamente utilizados;

d) ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada de conformidad con la legislación nacional.

2. En todas las obras en las que se utilicen vehículos y maquinaria de movimiento de tierras o de manipulación de materiales:

a) deberán facilitarse vías de acceso seguras y apropiadas para ellos;

b) deberá organizarse y controlarse el tráfico de modo que se garantice su utilización en condiciones de seguridad.

Artículo 17

INSTALACIONES, MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MANUALES

1. Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales, sean o no accionadas por motor, deberán:

a) ser de buen diseño y construcción, habida cuenta, en la medida de lo posible, de los principios de la ergonomía;

b) mantenerse en buen estado;

c) utilizarse únicamente en los trabajos para los que hayan sido concebidos, a menos que una utilización para otros fines que los inicialmente previstos haya sido objeto de una evaluación completa por una persona competente que haya concluido que esa utilización no presenta riesgos;

d) ser manejados por los trabajadores que hayan recibido una formación apropiada.

2. En casos apropiados, el fabricante o el empleador proporcionará instrucciones adecuadas para una utilización segura en una forma inteligente para los usuarios.

3. Las instalaciones y los equipos a presión deberán ser examinados y sometidos a prueba por una persona competente, en los casos y momentos prescritos por la legislación nacional.

Artículo 18

TRABAJOS EN ALTURAS, INCLUIDOS LOS TEJADOS

1. Siempre que ello sea necesario para prevenir un riesgo, o cuando la altura de la estructura o su pendiente excedan de las fijadas por la legislación nacional, deberán tomarse medidas preventivas para evitar las caídas de trabajadores y de herramientas u otros materiales u objetos.

2. Cuando los trabajadores hayan de trabajar encima o cerca de tejados o de cualquier otra superficie cubierta de material frágil, a través del cual puedan caerse, deberán adoptarse medidas preventivas para que no pisen por inadvertencia ese material o puedan caerse a través de él.

Artículo 19

EXCAVACIONES, POZOS, TERRAPLENES, OBRAS SUBTERRANEAS Y TUNELES

En excavaciones, pozos, terraplenes, obras subterráneas o túneles deberán tomarse precauciones adecuadas:

a) disponiendo apuntalamientos apropiados o recurriendo a otros medios para evitar a los trabajadores el riesgo de desmoronamiento o desprendimiento de tierras, rocas u otros materiales;

b) para prevenir los peligros de caídas de personas, materiales u objetos, o de irrupción de agua en la excavación, pozo, terraplén, obra subterránea o túnel;

c) para asegurar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo a fin de mantener una atmósfera apta para la respiración y de mantener los humos, los gases, los vapores, el polvo u otras impurezas a niveles que no sean peligrosos o nocivos para la salud y sean conformes a los límites fijados por la legislación nacional;

d) para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de incendio o de una irrupción de agua o de materiales;

e) para evitar a los trabajadores riesgos derivados de eventuales peligros subterráneos, particularmente la circulación de fluidos o la existencia de bolsas de gas, procediendo a realizar investigaciones apropiadas con el fin de localizarlos.

Artículo 20

ATAGUIAS Y CAJONES DE AIRE COMPRIMIDO

1. Las ataguías y los cajones de aire comprimido deberán:

a) ser de buena construcción, estar fabricados con materiales apropiados y sólidos y tener una resistencia suficiente;

b) estar provistos de medios que permitan a los trabajadores ponerse a salvo en caso de irrupción de agua o de materiales.

2. La construcción, la colocación, la modificación o el desmontaje de una ataguía o cajón de aire comprimido deberán realizarse únicamente bajo la supervisión directa de una persona competente.

3. Todas las ataguías y los cajones de aire comprimido serán examinados por una persona competente, a intervalos prescritos.

Artículo 21

TRABAJOS EN AIRE COMPRIMIDO

1. Los trabajos en aire comprimido deberán realizarse únicamente en condiciones prescritas por la legislación nacional.

2. Los trabajos en aire comprimido deberán realizarse únicamente por trabajadores cuya aptitud física se haya comprobado mediante un examen médico, y en presencia de una persona competente para supervisar el desarrollo de las operaciones.

Artículo 22

ARMADURAS Y ENCOFRADOS

1. El montaje de armaduras y de sus elementos, de encofrados, de apuntalamientos y de entibaciones sólo deberá realizarse bajo la supervisión de una persona competente.

2. Deberán tomarse precauciones adecuadas para proteger a los trabajadores de los riesgos que entrañe la fragilidad o inestabilidad temporales de una estructura.

3. Los encofrados, los apuntalamientos y las entibaciones deberán estar diseñados, construidos y conservados de manera que sostengan de forma segura todas las cargas a que puedan estar sometidos.

Artículo 23

TRABAJOS POR ENCIMA DE UNA SUPERFICIE DE AGUA

Cuando se efectúen trabajos por encima o a proximidad inmediata de una superficie de agua deberán tomarse disposiciones adecuadas para:

a) impedir que los trabajadores puedan caer al agua;

b) salvar a cualquier trabajador en peligro de ahogarse;

c) proveer medios de transporte seguros y suficientes.

Artículo 24

TRABAJOS DE DEMOLICION

Cuando la demolición de un edificio o estructura pueda entrañar riesgos para los trabajadores o para el público:

a) se tomarán precauciones y se adoptarán métodos y procedimientos apropiados, incluidos los necesarios para la evacuación de desechos o residuos, de conformidad con la legislación nacional;

b) los trabajos deberán ser planeados y ejecutados únicamente bajo la supervisión de una persona competente.

Artículo 25

ALUMBRADO

En todos los lugares de trabajo y en cualquier otro lugar de la obra por el que pueda tener que pasar un trabajador deberá haber un alumbrado suficiente y apropiado, incluidas, cuando proceda, lámparas portátiles.

Artículo 26

ELECTRICIDAD

1. Todos los equipos e instalaciones eléctricos deberán ser construidos, instalados y conservados por una persona competente, y utilizados de forma que se prevenga todo peligro.

2. Antes de iniciar obras de construcción como durante su ejecución deberán tomarse medidas adecuadas para cerciorarse de la existencia de algún cable o aparato eléctrico bajo tensión en las obras o encima o por debajo de ellas y prevenir todo riesgo que su existencia pudiera entrañar para los trabajadores.

3. El tendido y mantenimiento de cables y aparatos eléctricos en las obras deberán responder a las normas y reglas técnicas aplicadas a nivel nacional.

Artículo 27

EXPLOSIVOS

Los explosivos sólo deberán ser guardados, transportados, manipulados o utilizados:

a) en las condiciones prescritas por la legislación nacional;

b) por una persona competente, que deberá tomar las medidas necesarias para evitar todo riesgo de lesión a los trabajadores y a otras personas.

Artículo 28

RIESGOS PARA LA SALUD

1. Cuando un trabajador pueda estar expuesto a cualquier riesgo químico, físico o biológico en un grado tal que pueda resultar peligroso para su salud deberán tomarse medidas apropiadas de prevención a la exposición.

2. La exposición a que hace referencia el párrafo 1 del presente artículo deberá prevenirse:

a) reemplazando las sustancias peligrosas por sustancias inofensivas o menos peligrosas, siempre que ello sea posible; o

b) aplicando medidas técnicas a la instalación, a la maquinaria, a los equipos o a los procesos; o

c) cuando no sea posible aplicar los apartados a) ni b), recurriendo a otras medidas eficaces, en particular al uso de ropas y equipos de protección personal.

3. Cuando deban penetrar trabajadores en una zona en la que pueda haber una sustancia tóxica o nociva o cuya atmósfera pueda ser deficiente en oxígeno o ser inflamable, deberán adoptarse medidas adecuadas para prevenir todo riesgo.

4. No deberán destruirse ni eliminarse de otro modo materiales de desecho en las obras si ello puede ser perjudicial para la salud.

Artículo 29

PRECAUCIONES CONTRA INCENDIOS

1. El empleador deberá adoptar todas las medidas adecuadas para:

a) evitar el riesgo de incendio;

b) extinguir rápida y eficazmente cualquier brote de incendio;

c) asegurar la evacuación rápida y segura de las personas.

2. Deberán preverse medios suficientes y apropiados para almacenar líquidos, sólidos y gases inflamables.

Artículo 30

ROPAS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

1. Cuando no pueda garantizarse por otros medios una protección adecuada contra riesgos de accidentes o daños para la salud, incluidos aquellos derivados de la exposición a condiciones adversas, el empleador deberá proporcionar y mantener, sin costo para los trabajadores, ropas y equipos de protección personal adecuados a los tipos de trabajo y de riesgos, de conformidad con la legislación nacional.

2. El empleador deberá proporcionar a los trabajadores los medios adecuados para posibilitar el uso de los equipos de protección personal y asegurar la correcta utilización de los mismos.

3. Las ropas y equipos de protección personal deberán ajustarse a las normas establecidas por la autoridad competente habida cuenta, en la medida de lo posible, de los principios de la ergonomía.

4. Los trabajadores tendrán la obligación de utilizar y cuidar de manera adecuada la ropa y el equipo de protección personal que se les suministre.

Artículo 31

PRIMEROS AUXILIOS

El empleador será responsable de garantizar en todo momento la disponibilidad de medios adecuados y de personal con formación apropiada para prestar los primeros auxilios. Se deberán tomar las disposiciones necesarias para garantizar la evacuación de los trabajadores heridos en caso de accidentes o repentinamente enfermos para poder dispensarles la asistencia médica necesaria.

Artículo 32

BIENESTAR

1. En toda obra o a una distancia razonable de ella deberá disponerse de un suministro suficiente de agua potable.

2. En toda obra o a una distancia razonable de ella, y en función del número de trabajadores y de la duración del trabajo, deberán facilitarse y mantenerse los siguientes servicios:

a) instalaciones sanitarias y de aseo;

b) instalaciones para cambiarse de ropa y para guardarla y secarla;

c) locales para comer y para guarecerse durante interrupciones del trabajo provocadas por la intemperie.

3. Deberían preverse instalaciones sanitarias y de aseo por separado para los trabajadores y las trabajadoras.

Artículo 33

INFORMACION Y FORMACION

Deberá facilitarse a los trabajadores, de manera suficiente y adecuada:

a) información sobre los riesgos para su seguridad y su salud a que pueden estar expuestos en el lugar de trabajo;

b) instrucción y formación sobre los medios disponibles para prevenir y controlar tales riesgos y para protegerse de ellos.

Artículo 34

DECLARACION DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

La legislación nacional deberá estipular que los accidentes y enfermedades profesionales se declaren a la autoridad competente dentro de un plazo.

IV. APLICACION

Artículo 35

Cada Miembro deberá:

a) adoptar las medidas necesarias, incluido el establecimiento de sanciones y medidas correctivas apropiadas, para garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones del presente Convenio;

b) organizar servicios de inspección apropiados para supervisar la aplicación de las medidas que se adopten de conformidad con el Convenio y dotar a dichos servicios de los medios necesarios para realizar su tarea, o cerciorarse de que se llevan a cabo inspecciones adecuadas.

V. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 36

El presente Convenio revisa el Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937.

Artículo 37

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 38

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 39

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que haya entrado inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 40

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 41

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 42

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 43

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 34 siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 44

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.»

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: este Convenio, como tratamos de sintetizarlo en el informe, es muy importante y regula la protección en materia de seguridad y salud de los trabajadores de la construcción.

Nuestro país firmó este Convenio hace ya mucho tiempo; sin embargo, como lo indica el propio informe del Poder Ejecutivo, durante quince años no lo mandó al Parlamento porque la parte patronal discrepaba con su contenido, lo que es todo un indicador de la forma en que se trató el tema. Hoy parece que, afortunadamente, la parte patronal ha evolucionado y ha entendido que las medidas de protección de los trabajadores que aquí se contemplan son adecuadas.

Creo que hay muy poco más para decir. La lectura del propio Convenio establece, minuciosamente, las normas de protección en cada una de las etapas de trabajo en materia de construcción. Abarca la principal rama de actividad de nuestro país, que es la construcción, donde trabaja mucha gente y donde se produce la mayor cantidad de accidentes y de lesiones graves y mortales por el trabajo que se realiza, así como por la no observancia de las medidas de seguridad que transcriben las normas nacionales e internacionales.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: lamento la constancia que voy a realizar, porque se trata de un Convenio Internacional de tremenda importancia, tal como ha sido destacado por el señor Senador Gargano, y porque, además, el informe lo explica con total detalle y precisión. En última instancia, lo votaría así, pero viene de la Cámara de Representantes con un texto que considero equivocado.

El Parlamento no ratifica los Tratados Internacionales, sino que los aprueba. El que los ratifica es el Poder Ejecutivo. El Tratado empieza con su suscripción y firma; después se envía al Parlamento y éste lo aprueba por ley. La tercera etapa es su ratificación por parte del Poder Ejecutivo. Luego, hay una cuarta etapa, que no figura en la Constitución porque es del Derecho Internacional, por la cual se canjean las ratificaciones o se depositan.

El numeral 20) del artículo 168 de la Constitución estipula que al Poder Ejecutivo le corresponde "Concluir y suscribir tratados," -primera etapa- "necesitando para ratificarlos" -se refiere al Poder Ejecutivo- "la aprobación del Poder Legislativo". En tal sentido, las leyes dicen: "Apruébase el Tratado suscrito en tal fecha". Acá viene: "Ratifícase" y después, ¿qué hace el Poder Ejecutivo? ¿Lo ratifica otra vez?

Sé que es un error común o, por lo menos, un apartamiento del texto, con el que nadie se va a llamar a engaño; pero, sinceramente, no sé qué va a hacer el Poder Ejecutivo cuando reciba esta ley, la promulgue y vuelva a ratificar el Tratado. Por otro lado me queda un enorme cargo de conciencia si dijera que debemos devolver el proyecto de ley a la Cámara de Representantes diciendo "Apruébase", en lugar de "Ratifícase". No obstante, no puedo dejar de hacer esta constancia. Recuerdo que ya hace muchos años sucedió algo similar con un Tratado que mandó mal la Cámara de Representantes pero, como en esa oportunidad no tenía demasiada trascendencia, como tiene éste, volvió y se arregló.

Me veo obligado a señalar esto, porque el Poder Ejecutivo lo puede ratificar otra vez, y va a tener que hacerlo. Dejo esta constancia y señalo que igualmente voy a acompañar el proyecto de ley con mi voto, porque el Tratado es muy importante, con la aclaración de que la palabra "Ratifícase" quiere decir que se aprueba y pasa a tener carácter de ley. Por este prurito gramatical no voy a solicitar que vuelva a la Cámara de Representantes. Insisto en que es un error generalizado, que debe corregirse porque a veces puede generar alguna cuestión en el ámbito internacional.

Cuando dice, por ejemplo, "Este Tratado entrará en vigor cuando lo ratifiquen tantos países" -como ocurre con el de Roma, que creo que debería ratificarse- aunque el Parlamento lo apruebe, igualmente no entra en vigor hasta que lo apruebe el país número sesenta, si no hay ratificación por parte del Poder Ejecutivo. De manera que no es meramente una cuestión de palabras.

En este caso, en el entendido de que todas las Bancadas estamos de acuerdo en que queremos la aprobación de lo que estamos haciendo, y con esta constancia para la historia fidedigna de la sanción de esta ley, la votaré tal como está para que no vuelva a la Cámara de Representantes.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: creo que técnicamente le asiste razón al señor Senador Korzeniak, pero es un detalle de naturaleza formal, y no sustancial, de la voluntad expresada por el Cuerpo. En tal sentido, formulo moción para que se apruebe el Tratado tal como está y que la versión taquigráfica de las palabras del señor Senador Korzeniak se remitan al Poder Ejecutivo a efectos de que, en el futuro, la articulación de los proyectos de ley venga con ese criterio, es decir, en el entendido de que el Parlamento aprueba los tratados y luego el Poder Ejecutivo los ratifica.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Coincido con las observaciones formuladas por el señor Senador Korzeniak, pero no estoy de acuerdo con aprobar el proyecto tal como está. Creo que hay que utilizar en el ámbito legislativo los términos correctos que ordena la Constitución de la República.

En el tema de los tratados, pactos y convenciones, la Constitución de la República y el Derecho Internacional establecen una serie de pasos o procedimientos diferentes al de la sanción de las leyes ordinarias. Los tratados comienzan con las negociaciones que hace el Poder Ejecutivo, luego sigue la suscripción por parte de ese mismo Poder, que es el órgano competente en este tema, y más adelante el Poder Legislativo los aprueba, no los ratifica. La ratificación es un acto jurídico que hace el Poder Ejecutivo y, por lo tanto, creo que el Senado de la República no puede ratificar este Tratado porque estaría violando la norma constitucional expresa.

En consecuencia, considero que lo adecuado es hacer la corrección correspondiente, estableciendo que se aprueba el Convenio, y devolverlo a la Cámara de Representantes. En este sentido formulo moción, para que el Senado cumpla estrictamente con lo que manda la Constitución de la República.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- En primer lugar, se va a votar el proyecto tal como viene de la Cámara de Representantes, luego la moción formulada por el señor Senador Correa Freitas y, por último, la que hace el señor Senador Gargano.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Creo que todos estamos de acuerdo con el hecho de que el Parlamento aprueba los tratados y no los ratifica. También estamos de acuerdo con que este proyecto de ley viene con un error de la Cámara de Representantes, cuyos integrantes, seguramente, también entendieron que estaban aprobándolo, aunque diga: "Ratifícase". Primero hay que votar el proyecto de ley tal como viene -como lo acaba de expresar el señor Presidente- con el agregado que hizo el señor Senador Gargano antes de la moción del señor Senador Correa Freitas. Entonces, cuando se pone a votación el proyecto de ley, simultáneamente se vota el envío de la aclaración -si es que se aprueba- al Poder Ejecutivo, para que tenga en cuenta cuál es la voluntad del Senado es decir, aprobar el Convenio y no ratificarlo.

En todo caso, debemos aclarar que el Convenio que se envió al Parlamento para su aprobación, tal como lo señaló el señor Senador Gargano, viene con un Mensaje del Poder Ejecutivo donde se redactó mal el proyecto de ley, lo cual es bastante llamativo porque eso debe hacerse en el Ministerio de Relaciones Exteriores que, seguramente, debe dominar muy bien estas cosas porque, además, no es algo demasiado sutil. De todos modos, el señor Senador Gargano formuló moción en el sentido de votar el proyecto de ley tal como está, con la aclaración acerca de la voluntad de lo que está haciendo el Senado, y posteriormente habría que votar la moción del señor Senador Correa Freitas en el sentido de devolver el proyecto de ley a la Cámara de Representantes, porque su texto está mal redactado.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- La Mesa entiende que se debe votar el proyecto tal como viene de la Cámara de Representantes y luego la moción del señor Senador Correa Freitas; y, si ella resultara afirmativa, el proyecto de ley volverá a la Cámara de Representantes. Si la primera moción resultara afirmativa, se votará la moción formulada por el señor Senador Gargano.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Por qué la Mesa cambia el orden en que se fueron planteando las cosas?

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: a los efectos de colaborar con la Mesa, digo que el proyecto de ley se tiene que tratar tal como viene de la Comisión y, por lo tanto, ser votado en primer lugar. Si la votación resultara negativa, entonces se abriría otra discusión. Después se votarían las otras cosas; por tanto, si el resultado es afirmativo, se vota la moción que hemos formulado nosotros, y si resulta negativo, se vota la moción del señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Efectivamente, la Mesa plantea que se vote, en primer lugar, el proyecto de ley tal como viene de Comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 15 en 19. Negativa.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Hemos votado negativamente el proyecto de ley porque contraviene una disposición clara de la Constitución de la República que establece que el Parlamento aprueba los convenios y los tratados, no que los ratifica, pues éste es un acto que debe hacer el Poder Ejecutivo.

En ese sentido, formulo moción para que se modifique el artículo 1º estableciéndose: "Apruébese el Convenio Internacional del Trabajo Nº 167", etcétera, y que, en consecuencia, se devuelva a la Cámara de Representantes.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Quiero expresar que el fundamento de voto del señor Senador Correa Freitas es representativo del de todos los integrantes del Partido Colorado.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- En primer lugar, creo que fui explícito en cuanto a que hay un error claro en el texto, pero también me parece que el Parlamento es explícito en cuanto a que no está pretendiendo invadir las competencias del Poder Ejecutivo, ya que no pretende ratificar un Tratado.

De cualquier manera -solicito que esto no se tome como una alusión política- me hubiera gustado que en el Senado estuvieran presentes más representantes de la coalición de Gobierno, hecho que ocurre con mucha frecuencia.

Este proyecto de ley que estamos analizando fue enviado por el Poder Ejecutivo. Estamos ante un error cometido por ese Poder y luego por la Cámara de Representantes. Acá se advirtió y algunos queremos sustituirlo por una voluntad interpretativa; otros, también con razón, aconsejan devolverlo porque el texto no es correcto. En todo caso, esto hubiera resultado más claro si estuvieran presentes más representantes de las Bancadas del Partido Colorado y del Partido Nacional, aunque -obviamente- la opinión del señor Senador Correa Freitas expresa la voluntad del partido de Gobierno.

De todas maneras, quería fundamentar el voto en el sentido de que estamos dando largas a un proyecto de ley respecto al que se ha señalado un error cometido por el Poder Ejecutivo y por la Cámara de Representantes. Intentamos corregirlo por la vía de dejar, en los antecedentes, la constancia de cuál era la voluntad que se perseguía.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Se va a votar la moción del señor Senador Correa Freitas, previa lectura de la modificación realizada en el artículo correspondiente.

Léase.

(Se lee:)

"ARTICULO 1º.- Apruébase el Convenio Internacional del Trabajo Nº 167 sobre Seguridad y Salud en la Construcción, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en la 75ª reunión celebrada en Ginebra en junio de 1988."

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

"ARTICULO 1º.- Apruébase el Convenio Internacional del Trabajo Nº 167 sobre Seguridad y Salud en la Construcción, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en la 75ª reunión celebrada en Ginebra en junio de 1988."

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"ARTICULO 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a reglamentar la presente ley."

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- En consideración.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Deseo referirme a este artículo 2º. Ya que no fue aprobado el Tratado y lo estamos mejorando, pienso que debemos corregirlo.

Este artículo 2º, a mi juicio, es inútil porque la capacidad reglamentaria del Poder Ejecutivo está en la Constitución, artículo 168, numeral 4º -si no me equivoco- y es genérica para cualquier ley.

Además, parece que la ley está facultando al Poder Ejecutivo para que pueda reglamentar. A veces se establece una norma cuando se quiere fijar un plazo al Poder Ejecutivo para que efectúe la reglamentación, pero decir que se le faculta a reglamentar una ley es darle una potestad que ya tiene o reducirla, si se le quiere dar rango legal. En definitiva, creo que lo único que tendría que quedar es el artículo único y eliminar este artículo segundo.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- La Presidencia entiende que lo correcto es votar este artículo 2º en forma negativa.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Coincido con el señor Senador Korzeniak en el sentido de que este artículo 2º es absolutamente inútil. Lo único que debe hacer el Poder Legislativo ante un Convenio o Tratado, es aprobarlo. Este artículo 2º, que establece "Facúltase al Poder Ejecutivo a reglamentar la presente ley.", a mi juicio, no es necesario y, reitero, coincido con el señor Senador Korzeniak, por lo que tendría que votarse negativamente.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Comparto las reflexiones de los constitucionalistas en Sala, pero creo que la importancia del proyecto de ley y la situación que tenemos en la Constitución, tal como expresaba el señor Senador Gargano, hace que la voluntad de este Cuerpo, que fue aprobar por unanimidad ese nuevo artículo, se deba expresar -y creo que todos vamos a trabajar en ese sentido para que sea así- en el hecho de que los señores Representantes, de inmediato, aprueben este nuevo proyecto de ley en aquella Cámara. Es más, debería tener el carácter de grave y urgente. Sería una aspiración -naturalmente, nosotros no podemos votar esto- que los Senadores que estamos en Sala en este momento nos comprometamos a conversar con las respectivas Bancadas para que este proyecto de ley tenga una inmediata aprobación en la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º.

(Se vota:)

-0 en 19. Negativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes y todos los Senadores seremos expeditivos en hablar con nuestros compañeros Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado)

"Artículo Unico. - Apruébase el Convenio Internacional del Trabajo N° 167 sobre Seguridad y Salud en la Construcción, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en la 75a reunión celebrada en Ginebra en junio de 1988.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 5 de junio de 2001.

Luis Hierro López Presidente
Mario Farachio Secretario."

27) ACUERDO SOBRE COMERCIO Y COOPERACION ECONOMICA ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA DE BULGARIA

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- El Senado pasa a considerar el asunto que figura como décimo tercer punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo sobre Comercio y Cooperación Económica entre la República Oriental del Uruguay y la República de Bulgaria. (Carp. Nº 395/ 01- Rep. Nº 247/01)."

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 395/01
Rep. Nº 247/01

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Acuerdo sobre Comercio y Cooperación Económica entre la República Oriental del Uruguay y la República de Bulgaria, suscrito en la ciudad de Sofía, el 31 de agosto de 1998.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 7 de marzo de 2001.

Gustavo Penadés Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El presente proyecto de ley refiere a la aprobación del ACUERDO SOBRE COOPERACION ECONOMICA ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA DE BULGARIA, suscrito en la Ciudad de Sofía, a los treinta y un días del mes de agosto de 1998.

Objeto del Acuerdo. Según establece el artículo 1º las Partes respaldarán el desarrollo y el fortalecimiento de sus relaciones comerciales, apoyarán y promoverán la cooperación comercial entre personas físicas y/o jurídicas nacionales. Con el fin según lo establecido en el artículo 9º de: reforzar y ampliar sus relaciones económicas; explotar y desarrollar nuevos mercados, fomentar la transferencia de tecnologías, favorecer la cooperación en los sectores productivos de interés mutuo, desarrollar la colaboración entre cámaras, asociaciones, sociedades sectoriales y comerciales, estimular y proteger recíprocamente las inversiones.

Principio de Nación más favorecida. El artículo 2º incorpora la aplicación del principio de nación más favorecida y no discriminación, con arreglo a las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). El artículo 3º regulas las excepciones al principio del artículo 2º: a) las ventajas que cualquiera de las Partes haya concedido o pueda conceder a países limítrofes con vistas a facilitar el comercio fronterizo; b) las preferencias u otras ventajas que cualquiera de las Partes haya concedido o pueda conceder en virtud de acuerdos provisionales para la creación de uniones aduaneras o zonas de libre comercio, o como resultado de la constitución de uniones aduaneras o zonas de libre comercio; c) las preferencias y otras ventajas, concedidas o que puedan ser concedidas por cualquiera de las Partes a países en vías de desarrollo, de conformidad con el GATT 1994 u otro acuerdo internacional multilateral a favor de países en vías de desarrollo.

Facilidades Comerciales. En su artículo 7º el Acuerdo refiere a que cada Parte Contratante promoverá y facilitará la celebración de actividades de apoyo al comercio como ferias, exposiciones, seminarios, y conferencias en su territorio y en el territorio de la otra, de conformidad con el respectivo orden jurídico vigente.

El artículo 8º incluye la exoneración de derechos aduaneros a la importación de muestras y bienes sin valor comercial, y materiales de publicidad, objetos y mercancías importados temporalmente y destinados a ferias y exposiciones siempre que no sean objeto de venta, equipos destinados a pruebas, investigaciones y estudios científicos.

Comisión Mixta. En su artículo 10 el Acuerdo establece la creación de una Comisión Mixta, con el fin de facilitar la ejecución del presente Acuerdo y elaborar recomendaciones, destinadas a ampliar y fortalecer las relaciones comerciales y económicas recíprocas. Esta comisión funcionará de común acuerdo, toda vez que sea necesario, a solicitud de cualquiera de las Partes.

Aplicación de Medidas Restrictivas. En su artículo 14 el Acuerdo establece la posibilidad, a cualquiera de las Partes, de la aplicación de Medidas Restrictivas destinadas a garantizar la seguridad nacional, así como la vida y la salud de las personas, los animales, o las plantas, así como proteger el medio ambiente y los recursos naturales agotables y, a conservar los tesoros nacionales de valor artístico, histórico o arqueológico. Sin embargo, se establece que tales restricciones, no podrán constituir un medio de discriminación o restricción encubierta del comercio entre ambos países.

Solución de controversias. En su artículo 13 el Acuerdo expresa que cualquier problema, controversia, o divergencia que pueda surgir entre las Partes en cuanto a la interpretación o a la aplicación del presente Acuerdo, se solucionará mediante negociaciones directas.

Modificaciones al Tratado. El artículo 15 se establece que las modificaciones al Acuerdo podrán ser introducidas por consentimiento mutuo y formalizado por escrito.

Duración. El Acuerdo tendrá una duración de 5 años según lo dispone el artículo 17, renovándose su vigencia por períodos anuales sucesivos, a menos, que una de las Partes exprese su intención de denunciarlo, con una antelación de por lo menos tres meses a la expiración del respectivo período de vigencia.

Las disposiciones del presente Acuerdo, referentes a contratos comerciales, celebrados durante su vigencia y cuya ejecución se encuentre parcialmente pendiente a la fecha de terminación del Acuerdo, seguirán aplicándose aún luego de su terminación.

Entrada en Vigor. El presente Acuerdo entrará en vigor (artículo 16) en la fecha de recepción de la segunda de las Notas, por las cuales las Partes se comuniquen el cumplimiento de los respectivos requisitos previstos en sus órdenes jurídicos nacionales, para la manifestación de su consentimiento en obligarse por tratados.

Derogaciones. El artículo 16 inciso b establece que a partir de la entrada en vigor del presente tratado, quedará sin efecto el Convenio Comercial entre la República Oriental del Uruguay y la República Popular de Bulgaria firmado el 15 de noviembre de 1967.

Por lo anteriormente expuesto, cabe señalar que el presente Acuerdo fortalecerá las relaciones y el intercambio bilateral entre la República Oriental del Uruguay y la República de Bulgaria en el plano de las relaciones comerciales entre las Partes, como en el apoyo y la cooperación comercial entre las personas físicas y/o jurídicas nacionales. Por tal motivo se recomienda la aprobación de este Acuerdo.

Sala de la Comisión, 31 de mayo de 2001.

Alberto Couriel (Miembro Informante), Pablo Millor, Carlos M. Garat, Reinaldo Gargano, Juan Mangado, Wilson Sanabria, Juan A. Singer. Senadores.

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 23 de mayo de 2000.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con los artículos 168 numeral 20 y 85 numeral 7 de la Constitución de la República, para someter a su consideración el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo sobre Comercio y Cooperación Económica entre la República y la República de Bulgaria, suscrito en la ciudad de Sofía, el 31 de agosto de 1998.

INTRODUCCION

El antecedente inmediato de este Instrumento lo constituye el Convenio Comercial entre la República y la ex República Popular de Bulgaria, de fecha 15 de noviembre de 1967, que respondía a las necesidades de vinculación entre dos países con distintos regímenes políticos y sociales, pero que deseosos de desarrollar sus relaciones económicas, aunaron voluntades para alcanzar este propósito a través de mecanismos específicos de carácter comercial, utilizados en forma invariable en nuestras relaciones con el entonces segundo mundo o campo socialista, hoy desintegrado.

El dramático proceso de transformaciones profundas emprendido en los países de Europa Central y Oriental a partir de la década actual, con consecuencias trascendentes y removedoras para esas sociedades en los órdenes político, económico, social y cultural, trajo aparejado la exigencia, para los estados afectados, de redimensionar sus relaciones internacionales en función de las nuevas realidades y por lo tanto de actualizar los marcos jurídicos regulatorios respectivos.

El Acuerdo con la República de Bulgaria se inscribe en este contexto histórico-político y refiere a la reformulación de los parámetros y principios que regulaban el comercio y la cooperación económica entre ambos Estados.

PREAMBULO

El Preámbulo del Acuerdo, luego de la característica enunciación de las Partes, considera los lazos de amistad que existen entre los dos países; reconoce el importante rol del comercio para la promoción del desarrollo económico; y establece el propósito de intensificar las relaciones comerciales y económicas bilaterales sobre la base del beneficio mutuo, conforme al principio de la nación más favorecida (no discriminación).

PARTE DISPOSITIVA

El artículo 1º es el que fija el propósito fundamental del Acuerdo al establecer que las Partes respaldarán el desarrollo y el fortalecimiento de sus relaciones comerciales mediante el apoyo y la promoción de la cooperación comercial entre personas físicas y/o jurídicas nacionales, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos.

En el comercio de bienes las Partes se comprometen a aplicar en forma recíproca el principio fundamental de no discriminación (nación más favorecida) contenido en las normas multilaterales de la Organización Mundial de Comercio (OMC) (artículo 2º).

El artículo 3º establece las excepciones clásicas al tratamiento de la nación más favorecida, a saber: ventajas a favor de países limítrofes para facilitar el comercio fronterizo; preferencias concedidas en base a acuerdos de integración económica; y beneficios otorgados a países en desarrollo, con arreglo al GATT 1994 u otro Acuerdo internacional multilateral.

El artículo 4º exime a las Partes de responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones emanadas de contratos entre personas físicas y/o jurídicas privadas los cuales deberán celebrarse según el orden jurídico vigente en cada una de ellas, las prácticas internacionales de comercio y las disposiciones del presente Acuerdo.

El artículo 5º se refiere al compromiso de las Partes de facilitar, siempre que sea necesario, el otorgamiento de licencias de exportación o importación como medio de promover el intercambio comercial bilateral.

Con respecto a los pagos acordados para las transacciones comerciales, el Acuerdo dispone su efectivización en moneda libremente convertible a menos que sea convenida otra cosa en las operaciones concertadas entre personas físicas y/o jurídicas de ambos países (artículo 6º).

La celebración de actividades de apoyo al comercio tales como ferias, exposiciones, seminarios y conferencias constituye la materia objeto del artículo 7º, por el cual las Partes concuerdan en promover dichos eventos en sus respectivos territorios y propiciar la participación en los mismos de los agentes económicos de cada país.

En el artículo 8º se detallan los casos de exoneración de derechos aduaneros aplicables a la importación y exportación de mercancías: muestras, material de publicidad, objetos destinados a ferias y exposiciones, siempre que no sean objeto de venta, y equipos cuyo fin sea la realización de pruebas, investigaciones o estudios científicos.

El artículo 9º establece las metas particulares a alcanzar a través de la cooperación económica bilateral entre las que se destacan el fomento de la transferencia tecnológica, la cooperación en los sectores productivos de interés mutuo y la promoción y protección recíproca de las inversiones.

El capítulo institucional del Acuerdo está regulado por el artículo 10. En el se dispone el establecimiento de una Comisión Mixta con el cometido de facilitar la ejecución del Convenio y elaborar recomendaciones destinadas a ampliar y fortalecer las relaciones económicas y comerciales entre los dos Estados. Dicho órgano ejecutor se reunirá alternadamente en Montevideo y Sofía toda vez que las Partes, en forma conjunta, así lo estimen necesario.

Las Partes, en base al pedido de cualquiera de ellas, se solicitarán mutuamente la información necesaria relativa a las posibilidades de suministro de bienes originarios de sus respectivos territorios a los efectos de dinamizar las operaciones comerciales entre ambos Países en el período de vigencia del presente Acuerdo (artículo 11).

El intercambio de visitas de delegaciones, grupos y representantes comerciales también es abordado en el Acuerdo. A este respecto las Partes, en el artículo 12, se comprometen a promover dichas acciones conforme a sus respectivos órdenes jurídicos nacionales y la práctica habitual.

El artículo 13 referido a la solución de controversias dispone que cualquier problema o divergencia que se suscite entre las Partes a raíz de la interpretación o aplicación del Acuerdo, se solucionará mediante negociaciones directas.

Las medidas restrictivas adoptadas para garantizar la seguridad nacional, la vida y la salud de las personas, los animales o las plantas; para proteger el medio ambiente y los recursos naturales agotables; y las destinadas a conservar los tesoros nacionales de valor artístico, histórico o arqueológico, no podrán ser obstaculizadas por la aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo aunque tales restricciones no deberán constituirse en un medio de discriminación arbitraria o restricción encubierta del comercio recíproco (artículo 14).

Los artículos finales (15, 16 y 17) están referidos a los aspectos jurídico-formales (modificaciones del texto, entrada en vigor, duración y denuncia), destacándose el inciso 2 del artículo 17 que asegura la aplicación del Acuerdo aun luego de su terminación con respecto a los contratos comerciales celebrados durante su vigencia y cuya ejecución se encuentra parcialmente pendiente a la fecha de dicha terminación.

CONSIDERACIONES FINALES

La renovación del marco jurídico internacional que vincula a la República con la República de Bulgaria en el área económica y comercial es una necesidad impuesta por las nuevas condicionantes históricas surgidas de la transformación de las antiguas economías de planificación centralizada en economías de mercado que a partir del proceso de reformas iniciado luego de la caída del Muro de Berlín comenzaron a experimentar en su desarrollo productivo la incidencia edificante y dinamizadora del sector privado, cuyo desenvolvimiento futuro en el caso búlgaro será un factor decisivo para el ingreso del país eslavo a la Unión Europea.

Por otra parte el presente Acuerdo representa un medio y un desafío para los empresarios uruguayos pues su entrada en vigor brindará a la oferta exportable nacional la oportunidad de diversificar sus mercados internacionales de consumo en una zona geográfica poco explotada comercialmente por los agentes económicos de nuestro país y con vínculos cada vez más estrechos con Europa Occidental y con los Estados asociados en la Cooperación Económica del Mar Negro (CEMN).

Por todo lo expuesto es que se solicita a ese Cuerpo la pronta sanción parlamentaria de este Instrumento Jurídico Internacional.

El Poder Ejecutivo hace propicia la ocasión para reiterar a ese Cuerpo las seguridades de su más alta consideración.

Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Didier Opertti, Alberto Bensión.

Montevideo, 23 de mayo de 2000.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Acuerdo sobre Comercio y Cooperación Económica entre la República Oriental del Uruguay y la República de Bulgaria, suscrito en la ciudad de Sofía, el 31 de agosto de 1998.

Didier Opertti, Alberto Bensión.

ACUERDO SOBRE COMERCIO Y COOPERACION ECONOMICA
ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Y LA REPUBLICA DE BULGARIA

La República Oriental del Uruguay y la República de Bulgaria, en adelante denominadas las "Partes";

Considerando los lazos de amistad que existen entre los dos países;

Reconociendo el papel relevante que el comercio desempeña en la promoción del desarrollo económico;

Deseando intensificar las relaciones comerciales y económicas entre ambos países sobre la base del beneficio mutuo, derivado del tratamiento conforme al principio de la nación más favorecida;

Han acordado lo siguiente:

ARTICULO 1

Las Partes respaldarán el desarrollo y el fortalecimiento de sus relaciones comerciales, de conformidad con el orden jurídico vigente en cada una de ellas. A tal fin las mismas apoyarán y promoverán la cooperación comercial entre personas físicas y/o jurídicas nacionales.

ARTICULO 2

Las Partes aplicarán recíprocamente, en el comercio de bienes, un tratamiento conforme a los principios de nación más favorecida y no discriminación, con arreglo a las normas de la Organización Mundial de Comercio.

ARTICULO 3

Las disposiciones del artículo 2 no serán aplicables a:

a) las ventajas que cualquiera de las Partes haya concedido o pueda conceder a países limítrofes con vistas a facilitar el comercio fronterizo;

b) las preferencias u otras ventajas que cualquiera de las Partes haya concedido o pueda conceder en virtud de acuerdos provisionales para la creación de uniones aduaneras o zonas de libre comercio, o como resultado de la constitución de uniones aduaneras o zonas de libre comercio;

c) las preferencias y otras ventajas, concedidas o que puedan ser concedidas por cualquiera de las Partes a países en vías de desarrollo, de conformidad con GATT 1994 u otro acuerdo internacional multilateral en favor de países en vías de desarrollo.

ARTICULO 4

El comercio de bienes en el marco del presente Acuerdo se llevará a cabo a través de contratos comerciales, celebrados entre personas físicas y/o jurídicas nacionales de las Partes, de conformidad con el orden jurídico vigente en cada una de ellas, las prácticas internacionales de comercio y las disposiciones del presente Acuerdo. Ninguna de las Partes será responsable del incumplimiento de obligaciones de personas físicas y/o jurídicas privadas que se deriven de tales contratos.

ARTICULO 5

Con el fin de promover y facilitar el intercambio comercial, efectuado en el marco del presente Acuerdo, cada Parte, de conformidad con su orden jurídico nacional, adoptará todas las medidas pertinentes para asegurar el otorgamiento de licencias de exportación o importación, siempre que su obtención sea exigida por el orden jurídico del respectivo país y admisible dicho otorgamiento en el caso concreto.

ARTICULO 6

Los pagos en el período de vigencia del presente Acuerdo se efectuarán en moneda libremente convertible, de conformidad con el orden jurídico vigente en cada Parte, a menos que sea convenida otra cosa en las transacciones comerciales concertadas entre personas físicas y/o jurídicas de ambos países.

ARTICULO 7

Cada Parte promoverá y facilitará la celebración de actividades de apoyo al comercio como ferias, exposiciones, seminarios y conferencias en su territorio y en el territorio de la otra, de conformidad con el respectivo orden jurídico vigente. A tal fin, cada Parte hará lo necesario para promover y facilitar la participación de personas físicas y jurídicas de su país en tales actividades.

ARTICULO 8

Cada Parte, de conformidad con su orden jurídico vigente, exonerará de derechos aduaneros la importación y la exportación de:

a) muestras y bienes sin valor comercial y, materiales de publicidad;

b) objetos y mercancías importados temporalmente y destinados a ferias y exposiciones siempre que no sean objeto de venta;

c) equipos destinados a pruebas, investigaciones y estudios científicos, conforme a los programas que se establezcan en el marco del presente Acuerdo por el organismo competente respectivo.

ARTICULO 9

1. Las Partes promoverán la cooperación económica con el objeto de contribuir a:

a) reforzar y ampliar sus relaciones económicas;

b) explotar y desarrollar nuevos mercados;

c) fomentar la transferencia de tecnología;

d) favorecer la cooperación en los sectores productivos de interés mutuo;

e) desarrollar la colaboración entre cámaras, asociaciones y sociedades sectoriales y comerciales;

f) estimular y proteger recíprocamente las inversiones.

2. Para lograr una aplicación eficaz del presente Acuerdo, las Partes podrán elaborar programas de ejecución en el área económico-comercial.

ARTICULO 10

1. Con vistas a facilitar la ejecución del presente Acuerdo y elaborar recomendaciones, destinadas a ampliar y fortalecer las relaciones comerciales y económicas recíprocas, las Partes establecerán una Comisión Mixta que se reunirá de común acuerdo, toda vez que sea necesario, a solicitud de cualquiera de ellas.

2. Las reuniones de la Comisión Mixta se celebrarán alternativamente en la República Oriental del Uruguay y en la República de Bulgaria.

ARTICULO 11

Con vistas a incentivar y facilitar las operaciones comerciales en el período de vigencia del presente Acuerdo, las Partes se comprometen a proporcionarse recíprocamente en base a la solicitud de cualquiera de ellas, la información necesaria en cuanto a las posibilidades de suministro de bienes originarios de sus respectivos territorios.

ARTICULO 12

Las Partes promoverán el intercambio de vistas de delegaciones, grupos y representantes comerciales; fomentarán con finalidad comercial el intercambio de tecnologías; y proporcionarán todo tipo de facilidades a organizaciones de la otra Parte para la realización de exposiciones y otras actividades destinadas a incrementar el comercio en el territorio de cada una de ellas, conforme a las disposiciones correspondientes de sus órdenes jurídicos nacionales y la práctica habitual.

ARTICULO 13

Cualquier problema, controversia o divergencia que pueda surgir entre las Partes en cuanto a la interpretación o a la aplicación del presente Acuerdo se solucionará mediante negociaciones directas.

ARTICULO 14

Las disposiciones del presente Acuerdo no obstaculizarán la aplicación, por cualquiera de las Partes, de medidas restrictivas destinadas a garantizar la seguridad nacional, así como la vida y la salud de las personas, los animales o las plantas, así como a proteger el medio ambiente y los recursos naturales agotables y, a conservar los tesoros nacionales de valor artístico, histórico o arqueológico.

Tales restricciones, sin embargo, no podrán constituir un medio de discriminación arbitraria o restricción encubierta del comercio entre ambos países.

ARTICULO 15

1. Las modificaciones del presente Acuerdo podrán ser introducidas por consentimiento mutuo formalizado por escrito, entrando en vigor conforme al parágrafo 1 del artículo 16.

2. Las modificaciones del presente Acuerdo no podrán afectar los derechos o impedir el cumplimiento de compromisos surgidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la respectiva modificación.

ARTICULO 16

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de recepción de la segunda de las Notas por las cuales las Partes se comuniquen el cumplimiento de los respectivos requisitos previstos en sus órdenes jurídicos nacionales para la manifestación de su consentimiento en obligarse por tratados.

2. A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, quedará sin efecto el Convenio Comercial entre la República Oriental del Uruguay y la República Popular de Bulgaria firmado el 15 de noviembre de 1967.

ARTICULO 17

1. El presente Acuerdo tendrá una duración de cinco años, renovándose su vigencia automáticamente por períodos anuales sucesivos, a menos que una de las Partes notifique por escrito a la otra Parte su intención de denunciarlo, con una antelación de por lo menos tres meses a la expiración del respectivo período de vigencia.

2. Las disposiciones del presente Acuerdo seguirán aplicándose aún luego de su terminación con respecto a los contratos comerciales celebrados durante su vigencia y cuya ejecución se encuentre parcialmente pendiente a la fecha de la terminación del Acuerdo.

En fe de lo cual, los suscriptos plenipotenciarios, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Acuerdo.

Hecho en la ciudad de Sofía, a los treinta y un días del mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho, en dos ejemplares originales, cada uno de ellos en los idiomas español y búlgaro, teniendo ambos textos igual validez.

Luce firma
POR LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY
Luce firma
POR LA REPUBLICA
DE BULGARIA.»

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo) .- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Muy brevemente, señor Presidente. Este es un Acuerdo sobre Comercio y Cooperación entre la República Oriental del Uruguay y la República de Bulgaria, cuyos fines básicos están en el artículo 9 de este Tratado. En el mismo, se hace referencia a la necesidad de reforzar y ampliar sus relaciones económicas, explotar y desarrollar nuevos mercados, fomentar la transferencia de tecnologías, favorecer la cooperación en los sectores productivos de interés mutuo, desarrollar la colaboración entre cámaras, asociaciones, sociedades sectoriales y comerciales, estimular y proteger recíprocamente las inversiones.

De los distintos artículos del Tratado, vale la pena mencionar la creación de una Comisión Mixta, con el fin de facilitar la ejecución del presente Acuerdo y elaborar recomendaciones, destinadas a ampliar y fortalecer las relaciones comerciales y económicas recíprocas.

También importa señalar que en muchos tratados comerciales hemos tenido diferencias con otros sectores políticos, acá, en el ámbito parlamentario, respecto al tema de solución de controversias. En este caso, cualquier problema, controversia o divergencia que pueda surgir entre las Partes en cuanto a la interpretación o a la aplicación del presente Acuerdo, se solucionará mediante negociaciones directas.

(Ocupa la presidencia el señor Senador Astori)

-Por último, señor Presidente, la Comisión de Asuntos Internacionales, por unanimidad, recomienda la aprobación de este Acuerdo, en el entendido de que fortalecerá las relaciones y el intercambio bilateral entre la República Oriental del Uruguay y la República de Bulgaria, en las relaciones comerciales entre las Partes, con el apoyo y la cooperación comercial entre las personas físicas y/o jurídicas nacionales.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el Artículo Unico.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - Apruébase el Acuerdo sobre Comercio y Cooperación Económica entre la República Oriental del Uruguay y la República de Bulgaria, suscrito en la ciudad de Sofía, el 31 de agosto de 1998."

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

28) ASOCIACION DE AMISTAD PARLAMENTARIA ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL ESTADO DE ISRAEL. Creación.
ASOCIACION DE AMISTAD PARLAMENTARIA ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA FEDERACION RUSA Y RUMANIA. Actualización de su integración.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- El Senado pasa a considerar los asuntos que figuran en décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto punto del orden del día: "Proyectos de resolución por los que:

-Se crea la Asociación de Amistad Parlamentaria entre la República Oriental del Uruguay y el Estado de Israel. (Carp. Nº 457/ 01- Rep. Nº 237/01)

-Se actualiza la Asociación de Amistad Parlamentaria entre la República Oriental del Uruguay y la Federación Rusa y Rumania. (Carps. Nº 168/95 y Nº 1047/98 - Rep Nº 238/01.

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 457/01
Rep. Nº 237/01

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1º. - Créase, conforme al principio de reciprocidad internacional, la Asociación de Amistad Parlamentaria entre la República Oriental del Uruguay y el Estado de Israel, la cual estará integrada por los Legisladores miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado y los demás Legisladores que expresen su deseo de integrarla.

Art. 2º. - Se procederá a su constitución, una vez efectuada la correspondiente coordinación con la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes.

Sala de la Comisión, 24 de mayo de 2001.

Carlos M. Garat (Miembro Informante) (Informe verbal), Alberto Couriel, Reinaldo Gargano, Pablo Millor, Carlos Julio Pereyra, Wilson Sanabria, Juan Adolfo Singer. Senadores.

Carp. Nº 168/95
Carp. Nº 1047/98
Rep. Nº 238/01

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Asuntos Internacionales

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1º. - Facúltase a la Comisión de Asuntos Internacionales a constituirse en sesión conjunta con la Comisión homóloga de la Cámara de Representantes, a los efectos de actualizar la integración de la Asociación de Amistad Parlamentaria con la Federación Rusa y la Asociación de Amistad Parlamentaria con Rumania, y designar sus autoridades.

Al respecto, resultan antecedentes documentales de la integración de ambas Cámaras del Parlamento uruguayo a las precitadas Asociaciones, el Acta constitutiva y los Estatutos aprobados y protocolizados, de fechas 13 de julio de 1998 y 16 de mayo de 1995, respectivamente.

Sala de la Comisión, 24 de mayo de 2001.

Carlos M. Garat (Miembro Informante) (Informe verbal), Alberto Couriel, Reinaldo Gargano, Pablo Millor, Carlos Julio Pereyra, Wilson Sanabria, Juan Adolfo Singer. Senadores.»

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Léase el proyecto de resolución de Asociación de Amistad Parlamentaria entre la República Oriental del Uruguay y el Estado de Israel.

(Se lee)

-En consideración.

En este momento no se encuentra en Sala el Miembro Informante, señor Senador Garat.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Como integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales y creo que con la anuencia de los compañeros integrantes que están aquí presentes, propongo que, como los tres proyectos de resolución se refieren a grupos de amistad parlamentaria -que se conforman con el Estado de Israel, que tanto representa para nosotros, Rumania y la Federación Rusa- se voten en forma conjunta. Se trata de actos de buena voluntad y sería una lástima que quedáramos sin número en una instancia que tiene que ser de congratulación por la amistad con los parlamentos de estos países.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- En la medida en que se trata de proyectos de resolución que no requieren la misma metodología de votación que un proyecto de ley, estoy de acuerdo con el señor Senador Millor. Por lo tanto, si ningún señor Senador se opone, procederíamos de esa manera.

Se van a votar los tres proyectos de resolución, en conjunto.

(Se votan:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Han quedado aprobados los proyectos de resolución por los que, en primer lugar, se crea la Asociación de Amistad Parlamentaria entre la República Oriental del Uruguay y el Estado de Israel; en segundo término, se actualiza la integración de la Asociación de Amistad Parlamentaria con Rumania y, por último, se actualiza la integración de la Asociación de Amistad Parlamentaria con la Federación Rusa.

(No se publican los textos de los proyectos de resolución aprobados, por ser iguales a los considerados).

29) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE (Cr. Danilo Astori).- Agotado el orden día, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 19 y 06 minutos, presidiendo el contador Danilo Astori, y estando presentes los señores Senadores Arismendi, Borsari, Brause, Correa Freitas, Couriel, de Boismenu, Korzeniak, Larrañaga, Millor, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Rubio, Sanabria, Virgili y Xavier.)

SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Sr. Mario Farachio Secretario - Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.