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Nº 103 - TOMO 407 - 23 DE MAYO DE 2001

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

21ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente,

el SEÑOR SENADOR WALTER RIESGO Primer Vicepresidente

y el SEÑOR SENADOR CARLOS JULIO PEREYRA Tercer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO y ARQ. HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI y LA PROSECRETARIA SEÑORA EMMA ABDALA

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyecto presentado

- El señor Senador Singer presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se suspenden los lanzamientos en el período comprendido entre el 1º de junio y el 30 de setiembre de 2001, de casas habitación, locales o predios que hubieran sido destinados a tales efectos por sus ocupantes, siempre que estén viviendo en los mismos menores de 14 años de edad, mujeres embarazadas o personas mayores de 70 años de edad.
- A la comisión de Constitución y Legislación.

5 y 7) Solicitudes de licencia

- Las formulan los señores Senadores Singer y Pereyra
- Concedidas.

6 y 8) Integración del Cuerpo

- Notas de desistimiento. La presentan los señores Lago, Bonilla y Da Rosa comunicando que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.

9) Rebaja de impuestos a la producción nacional y creación de un impuesto denominado Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFIS)

- Continúa la discusión general del proyecto de ley por el que se procede a la creación del mencionado impuesto.
- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

10) Nuevas modalidades delictivas

- Proyecto de ley por el que se las tipifica.
- Por moción del señor Senador Sanabria, el Senado declara la urgencia de este tema y su consideración inmediata.
- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

11) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

«Montevideo, 22 de mayo de 2001.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, en régimen de cuarto intermedio, mañana miércoles 23, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se propicia la rebaja de varios impuestos que afectan el costo de la producción nacional, al tiempo que se establece un régimen de financiamiento a la seguridad social mediante la creación de un impuesto denominado Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFIS).

(Carp. N° 444/01 - Rep. N° 230/01 y Anexo I)

Hugo Rodríguez Filippini Secretario - Mario Farachio Secretario.»

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Antonaccio, Astori, Atchugarry, Borsari, Brause, Casartelli, Cid, Correa Freitas, Couriel, de Boismenu, Fau, Fernández Huidobro, Gallinal, Garat, Gargano, Heber, Korzeniak, Larrañaga, Michelini, Millor, Mujica, Nin Novoa, Núñez, Pou, Rubio, Sanabria, Virgili y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores, Arismendi, García Costa y Singer.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 15 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

«Montevideo, 23 de mayo de 2001.

La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se concede pensión graciable a la señora Olga Hernández Barreto.

-A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

El Poder Ejecutivo remite Mensajes comunicando la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

por el que se autoriza el ingreso al país de efectivos del Ejército de los Estados Unidos de América para realizar un ejercicio bilateral con personal de las Fuerzas Armadas uruguayas,

por el que se autoriza la salida del país del Velero Escuela ROU 20 "Capitán Miranda" y su tripulación, a efectos de realizar el XXI Viaje de Instrucción,

por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, suscrita por la República en la Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado,

por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, suscrita por la República en la Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado,

por el que se aprueba el Tratado sobre Asistencia Mutua en Materia Penal entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Canadá

y por el que se declara feriado laborable para el departamento de Florida, el día 3 de junio de cada año, con motivo de celebrarse la fiesta de San Cono.

-TENGANSE PRESENTE Y ARCHIVENSE.

El Ministerio de Salud Pública remite la información solicitada:

por el señor Senador Rodolfo Nin Novoa, relacionada con la propuesta de pago a Profesionales que prestaron y prestan servicios en el marco de la Ley Nº 13.223 de Asistencia Integral;

-OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR RODOLFO NIN NOVOA.

y por la señora Senadora María Julia Pou relacionada con la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes.

-OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADA A LA SEÑORA SENADORA MARIA JULIA POU.

El Tribunal de Cuentas remite la información solicitada por la señora Senadora Marina Arismendi y los señores Senadores Roque Arregui, Danilo Astori, Alberto Cid, Alberto Couriel, Eleuterio Fernández Huidobro, Reinaldo Gargano, Felipe Goiriena, José Korzeniak, Héctor Lescano, José Mujica y Manuel Núñez relacionada con los arrendamientos de obra y servicios en los que tuvo intervención ese Tribunal desde el año 1990 a la fecha.

-OPORTUNAMENTE LE FUE ENTREGADA A LOS PETICIONANTES.

La Cámara de Representantes remite varias notas:

adjuntando la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Representante Nacional José Enrique Fernández, con destino a la Comisión de Medio Ambiente, relacionada con la construcción de un terraplén o dique, en el Padrón Rural 19.714, del Balneario El Tesoro, departamento de Maldonado

-A LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE.

adjuntando la versión taquigrafía de las palabras pronunciadas por el señor Representante Nacional Carlos Baráibar, con destino a la Comisión de Asuntos Internacionales, relacionadas con la reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo de la Conferencia Interparlamentaria de las Américas, celebrada en la cuidad de Quebec, Canadá.

-A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

y comunicando que ha designado para integrar la Comisión Permanente del Segundo Período Ordinario de la XLVa. Legislatura con los señores Representantes Ramón Legnani, Gustavo Silveira, Ricardo Berois Quinteros, Ernesto Agazzi, Ronald Pais, Sebastián Da Silva y Doreen Javier Ibarra como titulares, y a Artigas Melgarejo, Glenda Rondán, Raúl Argenzio, Lucía Topolansky, Oscar Magurno, Henry López y Enrique Pérez Morad como sus suplentes respectivos.

-TENGASE PRESENTE.»

4) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Juan Adolfo Singer presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se suspenden los lanzamientos en el período comprendido entre el 1º de junio y el 30 de setiembre de 2001, de casas habitación, locales o predios que hubieran sido destinados a tales efectos por sus ocupantes, siempre que estén viviendo en los mismos menores de 14 años de edad, mujeres embarazadas o personas mayores de setenta años de edad."

-A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

(Texto del proyecto presentado:)

«PROYECTO DE LEY

Art. 1º.- En el período comprendido entre el 1º de junio y el 30 de setiembre del año 2001 no podrán ejecutarse lanzamientos de casas habitación ni locales o predios que hubieren sido destinados a tales efectos por sus ocupantes, siempre que existan morando en los mismos, menores de 14 años de edad, mujeres embarazadas o personas mayores de setenta años de edad.

Art. 2º.- La suspensión del lanzamiento operara para aquellas situaciones en que los ocupantes o arrendatarios ya se encontraren instalados con anterioridad al 1º de junio de 2001

Art. 3º.- No estarán comprendidos por las disposiciones precedentes los arrendamientos de casas habitación cuyo monto a la fecha de esta Ley sea superior a $ 4.000.oo (cuatro mil pesos uruguayos) mensuales. Tampoco se considerarán amparados quienes hayan ingresado a las fincas o predios o cualquier otro lugar o recinto con clandestinidad, violencia o engaño.

Art. 4º.- La prueba de los beneficios que por esta ley se otorgan surgirá de los propios autos si existiere o de la presentación de los testimonios acreditantes de la edad o certificación medica extendida por médico ginecólogo.

Art. 5º.- Presentada la solicitud el Juez resolverá sin más trámite, admitiendo únicamente esta decisión el recurso de reposición, resuelto el cual será inapelable.

Acogido el beneficio, regirá en su totalidad, no pudiendo fraccionarse ni revertirse salvo abandono o desocupación total del lugar por los beneficiarios; tampoco podrá revocarse para el caso que el menor cumpla 15 años de edad o ante el fallecimiento de algún beneficiario o por pérdida del embarazo.

Art. 6º.- Verificada la suspensión del lanzamiento por el periodo establecido en esta ley, deberá señalarse nueva fecha en el propio auto.

Art. 7º.- Los arrendatarios malos pagadores no tendrán derecho al amparo previsto en el Art. 62 del Decreto Ley N° 14.219 y sus modificativas en caso de haber optado por el régimen de la presente ley.

Art. 8º.- Comuníquese, etc.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La difícil situación que vive el país por la acumulación, desde hace mas de tres años, de factores económicos adversos, en su inmensa mayoría de origen externo, ha disminuido el nivel de empleo y consecuentemente los problemas que afectan a sectores de bajos ingresos.

Uno de esos problemas, que podría adquirir características especialmente graves en la próxima etapa invernal, es el desahucio de sus hogares de familias pobres con niños, con ancianos y/o con mujeres embarazadas ante una acción judicial de lanzamiento de las casas habitación o fincas que alquilan u ocupan.

El proyecto no pretende, obviamente, resolver ninguno de los problemas habitacionales existentes sino atender una situación de emergencia y desamparo para familias cuya composición es de riesgo más alto.

Se dispone, entonces, que durante los próximos cuatro meses de máximo rigor invernal -junio a setiembre- no se puedan realizar lanzamientos de casas habitación o lugares donde con ese objeto se encuentren niños, ancianos o mujeres embarazadas. Se procura la protección de esos grupos, sin alterar en lo más mínimo la actividad procesal de quienes intentan por medio de la justicia recuperar un bien inmueble al cual tienen derecho. Queda claro en el texto del articulado del proyecto que no se paraliza la iniciación ni el desarrollo de ningún desalojo o rescisión de contrato; tampoco la solicitud ni el auto de lanzamiento. Se trata, sí, que en esos cuatro meses no se señalen fechas ni se efectúen lanzamientos.

Podría argüirse que los jueces poseen la facultad prevista en el articulo 62 del Decreto-Ley N° 14.219, de fecha 4 de julio de 1974 y sus modificativas, por la cual en casos de enfermedad o fuerza mayor justificada pueden aplazar el lanzamiento hasta por ciento veinte días. No obstante ello, puede ocurrir que los ciento veinte días o parte de ellos ya fueron agotados o que no se considere fuerza mayor la existencia de un anciano o un niño sano, extremo que además depararía el control y análisis de la situación por el Juez con la consiguiente expectativa de quienes padecen la situación. En los hechos las prórrogas se solicitan dos o tres días antes o el mismo día con las consecuencias de ansiedad e inseguridad que genera la espera de una decisión. Aquí proponemos cortar por lo sano, evitando no solamente la situación de calle sino su expectativa, con trámites previos de resultado incierto por solicitudes de prórroga que suelen forzar el concepto de fuerza mayor o crean una jurisprudencia que, sensibilizada por el drama social, admite conceptos mas extensos que los protegidos por la actual normativa e incluso inerme ante situaciones donde agotados los plazos legales se imponen soluciones humanitarias. Se ahorrarían, entonces, trámites e incertidumbres, extremo que generaría una economía procesal saludable.

Es bien claro que no se prohíjan actos de ocupación clandestina o violenta (extremos sancionados por el Código Penal) tendientes a lograr acomodarse a las situaciones que se intenta amparar. Se atiende a las situaciones de asentamiento o comodato, públicas o conocidas, incluidas las precarias ya existentes, de modo que los grupos de riesgo que ya se encontraban ocupando una casa o predio destinado a vivienda no vayan a la calle en los meses del próximo invierno.

El contenido y alcance del articulado es claro y las razones humanitarias que lo fundamentan requieren, a nuestro juicio, que el Senado lo considere como un asunto grave y urgente.

Juan Adolfo Singer. Senador

5) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una solicitud de licencia.

( Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Singer solicita licencia por los días 24 y 25 del corriente mes."

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 22 de mayo de 2001.

Señor Presidente del Senado
Luis Hierro López
Presente

Señor Presidente:

Debiendo presidir una Mesa del Seminario sobre Libertad de Prensa y Democracia en América Latina, organizado por UNESCO y el Parlamento Latinoamericano, que se llevará a cabo el jueves 24 próximo en San Pablo, vengo a solicitar licencia por 48 horas a partir del día de mañana inclusive.

Hago constar que los gastos de pasajes y viáticos corren por cuenta de los organizadores del evento.

Sin otro particular, saludo a Ud. con mi personal estimación.

Juan Adolfo Singer. Senador

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de dos notas de desistimiento.

(Se da de las siguientes:)

"Los doctores Raúl Lago y Conrado Bonilla comunican que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto."

Corresponde convocar al suplente respectivo, que lo es el señor Senador Antonaccio, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encontrare en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

(Ingresa a Sala el señor Senador Antonaccio)

7) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Carlos Julio Pereyra solicita licencia los días 30 y 31 del corriente mes."

-Léase.

(Se lee:)

«Montevideo, 23 de mayo de 2001.

Señor Presidente del Senado
Don Luis Hierro López
Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito licencia por los días 30 y 31 del corriente mes, por motivos personales.

Sin más, lo saludo atentamente.

Carlos Julio Pereyra. Senador.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-14 en 15. Afirmativa.

8) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de una nota de desistimiento.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Da Rosa comunica que en esta oportunidad no acepta la convocatoria de que ha sido objeto."

-Corresponde convocar al suplente respectivo, que lo es el señor Senador Juan Ignacio Mangado, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

9) REBAJA DE IMPUESTOS A LA PRODUCCION NACIONAL Y CREACION DE UN IMPUESTO DENOMINADO CONTRIBUCION PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (COFIS)

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la discusión general del proyecto de ley por el que se propicia la rebaja de varios impuestos que afectan el costo de la producción nacional, al tiempo que se establece un régimen de financiamiento a la seguridad social mediante la creación de un impuesto denominado: Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFIS). (Carpeta Nº 444/01 - Rep. Nº 230/01 Anexo I).

(Antecedentes: Ver 20ª S.E)

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: ayer iniciamos el análisis de este proyecto de ley con la exposición del señor Senador Atchugarry. Al respecto, podemos decir que este proyecto de ley es uno de los temas importantes a la luz de lo que está ocurriendo hoy en el país, ya que se vive una situación de recesión que lleva dos años y medio. A ello se agregan algunos elementos internacionales, sobre todo, el caso de la aftosa que, sin ninguna duda, agravó la situación. Por ese motivo, el Gobierno está enviando un proyecto de ley general -y no por el caso de la aftosa- que intenta mejorar la situación de competitividad, así como también pretende mejorar la problemática de los distintos sectores de la actividad económica y no sólo del sector agropecuario, pero con una característica muy especial.

Hace muchos años venimos exponiendo la característica de una política económica que afecta a los sectores productivos. Lo que hoy queremos decir es que la situación es de tal encerramiento -nos encontramos en un círculo vicioso- que las acciones en el sector productivo, lamentablemente, terminarán afectando lo que siempre se quiso salvar, a quien siempre se le dio prioridad, que es el sector financiero. Por lo tanto, estamos ante una situación relativamente prevista, pero que está generando una situación crítica muy superior a la de años anteriores y a ella nos queremos referir a propósito de este proyecto de ley, pero antes quisiéramos dejar una constancia, probablemente, para los historiadores. Un viejo compañero de bancada, el ex Senador Helios Sarthou, decía que aquí hablábamos pero las actas parecen clandestinas, porque nadie se entera de ellas. Posiblemente, ello esté pasando porque el Parlamento está dando muestras de que se va alejando de la realidad nacional y, sobre todo, de la sociedad civil. Hubo una elección, ganó el doctor Jorge Batlle ayudado por el Partido Nacional y se generó un Gobierno de coalición legítimo, con todo derecho y absolutamente correcto. Ese Gobierno de coalición realiza acuerdos legítimos -tiene todo el derecho de llevarlos adelante- y gobierna sobre la base de dichos acuerdos. El país está en una situación crítica, el Gobierno de coalición interpreta dicha situación, hace su diagnóstico, presenta propuestas y las va a votar. Eso es legítimo y, con todo derecho, lo hace correctamente. El Gobierno de coalición dice que cuanto antes quiere cobrar el impuesto del 3%; lo quiere cobrar a partir del 1º de junio, lo que es legítimo y tiene derecho a hacer.

Sólo quiero advertir en qué situación queda el Parlamento. El Partido Colorado y el Partido Nacional tienen todo el derecho a que esto se resuelva antes del 1º de junio, pero una de las funciones centrales que tiene el Parlamento es el vínculo, el diálogo con la sociedad civil y su representación. Si tenemos un plazo que vence el 1º de junio, evidentemente, los tiempos no son suficientes. Es cierto que concurrió el Banco de la República y también el PIT-CNT.

SEÑOR FAU.- Tarde, pero vino.

SEÑOR COURIEL.- Es verdad. Pero en la consideración de un proyecto de esta naturaleza, que tiene que ver con el sector agropecuario, no han venido representantes de esa actividad ni tampoco delegados del sector industrial, de los exportadores o del transporte, que también están vinculados con las disposiciones que se van a aprobar en este proyecto de ley.

Insisto en que el Gobierno de coalición tiene todo el derecho a hacer sus acuerdos, pero también es muy claro que el Parlamento queda en una situación de limitación. Por ejemplo, desde nuestras filas se propuso la suspensión del Impuesto al Patrimonio al sector agropecuario, en lugar de su eliminación, pero la respuesta que se dio es que hay un acuerdo político y es necesario cumplirlo. Me parece absolutamente legítimo que haya un acuerdo político, pero con este tipo de acciones el Parlamento se queda sin la oportunidad de debatir y de oír a la sociedad civil, a la que, evidentemente, le resulta mucho más fácil venir a hablar con los Legisladores que ir al Poder Judicial, a los Directorios de los Entes Autónomos o al propio Poder Ejecutivo. Esta es una función básica del Parlamento que está quedando debilitada. Todos sabemos que el Parlamento no tiene una buena imagen, pero mi sensación es que con este tipo de accionar se lo sigue alejando de la sociedad en la medida en que no tiene los tiempos para oírla. De manera que, por esta vía, se profundiza la imagen negativa que el Parlamento tiene en la opinión pública, que es inferior, incluso, a la de las Fuerzas Armadas, lo cual da la pauta del grado al que llega ese deterioro. Y también se acentúa, en consecuencia, la imagen negativa del sistema político que hoy tiene la sociedad.

Desde este mismo punto de vista, otro aspecto que nos interesa comentar es que estamos votando leyes con muchos artículos que comienzan con la palabra "Facúltase". Estas disposiciones son, de alguna manera, cheques en blanco que le estamos dando al Poder Ejecutivo, y tenemos la sensación de que, por esta vía, nos estamos quitando la responsabilidad. Ya en la Constitución de la República el Poder Ejecutivo tiene muchas funciones legislativas: puede vetar las leyes, tiene iniciativa privativa en determinadas materias, puede resolver Medidas Prontas de Seguridad, sus vetos pueden ser levantados solamente mediante mayorías especiales, etcétera. Pero con estos artículos estamos transfiriendo al Poder Ejecutivo otras funciones legislativas que son propias del Parlamento, con lo cual en la relación entre ambos Poderes sigue habiendo una brecha cada vez mayor y se deteriora la imagen de una institución fundamental, central, básica, la de mayor vínculo con la sociedad civil, que es la institución parlamentaria. Hago estos comentarios, simplemente, como un análisis de una situación que se está dando, porque sé que probablemente esto seguirá ocurriendo y estas reflexiones quedarán para los historiadores. Tal vez, si algún día al Parlamento le pasa algo, los historiadores encontrarán que en el Poder Legislativo alguien hablaba de este tipo de procedimientos que multiplican su debilidad.

Voy a hacer ahora algunos comentarios sobre lo que está ocurriendo en el país, tema al que también se refirió el señor Ministro de Economía y Finanzas, en la Comisión de Hacienda y el señor Senador Atchugarry en la sesión de ayer, que también tocó algunos aspectos vinculados con el MERCOSUR.

Uno de los elementos que más me preocupan -que también tiene que ver con el Parlamento, con la política económica y, por supuesto, con la situación internacional- está relacionado con los estados de ánimo de la sociedad. Personalmente, a veces siento a la gente triste, con frustración. No estoy diciendo que esta sensación se dé sólo en el Uruguay; sé que también existe en otros países de América Latina. Por ejemplo, acabo de leer un trabajo sobre Chile, que tiene mejores indicadores económicos que el Uruguay, pero en donde, sin embargo, también existe el miedo al otro, el miedo a la exclusión. Estos estados de ánimo se profundizan, evidentemente, en algunos sectores. Ya he dicho en este Senado que mi sector político ha comenzado una recorrida por el interior del país, pueblo a pueblo. Esta recorrida comenzó por el departamento de Artigas, y la teníamos prevista desde el año pasado. Allí, en algunos lugares, además de frustración, dolor y tristeza, encontramos rabia, bronca, y no creo que sea bueno para el Uruguay que el estado de ánimo de sus ciudadanos tenga esta característica. Pero no es el uruguayo cualquiera el que tiene ese estado de ánimo; también lo tienen los agentes económicos, los productores rurales, los industriales, los exportadores y otros sectores de la actividad económica, como lo demuestran a través de sus declaraciones públicas en los medios de comunicación. Entonces, creo que para el Uruguay no es bueno que este estado de ánimo se dé no sólo en la población en general, sino principalmente en el sector empresarial y de los trabajadores.

No voy a hacer, de ninguna manera, un análisis de lo que está sucediendo en el campo económico; con sólo dos frases alcanza y sobra. Además de la recesión y de la crisis, con elementos de carácter internacional agudizados por la aftosa, aparece en los medios de comunicación de hoy que la tasa de desempleo abierto -que corresponde a quienes se ofrecen en el mercado de trabajo y que afirman haber trabajado menos de una hora la semana anterior- está en 14,9%. Creo que esta cifra no es la peor desde que se llevan estadísticas; mi impresión es que hubo cifras más altas a principios de la década del 80, pero, de todas maneras, 14,9% es una tasa muy alta.

A esto se agrega el fenómeno de la emigración, que es preocupante por la sangría de los jóvenes que se pierden y por los recursos que el Estado gastó en esos jóvenes, ya que normalmente quienes se están trasladando al exterior son los que tienen mayor nivel educativo. Incluso, no son sólo jóvenes quienes se están yendo, sino también mayores de 40 años, generalmente los más calificados. La consecuencia de todo esto, señor Presidente, es una sensación de mediocridad en distintos sectores del país, que no fue exactamente la característica del Uruguay del pasado. Nuestro país, que tuvo un sistema educativo que generaba relaciones de igualdad, se ve afectado en estos momentos por esta caracterización a la que estoy haciendo referencia.

El Presidente de la República y el equipo económico aparecen permanentemente ante la opinión pública con expresiones de optimismo, y creo que están cumpliendo su función.

Por supuesto, no le vamos a decir al Presidente de la República que no sea optimista; está bien. No le vamos a decir al contador Bensión que no sea optimista; está bien. Me hace acordar a la situación de Argentina, donde se criticaba al ex Ministro Machinea porque no ponía una cara bonita y alegre, como si la culpa de la problemática económica que vivía ese país fuese consecuencia de las caras, de los optimismos o pesimismos del Ministro de Economía. Me parece que es muy lógico que el señor Presidente de la República tenga optimismo y lo mismo en el caso del señor Ministro de Economía y Finanzas, pero de alguna manera lo siento como una operación de marketing y como que estamos "tirando" temas arriba de la mesa, que a veces funcionan como cortina de humo.

Ayer o antes de ayer parecía que el tema básico que iba a resolver todos los problemas del Uruguay era la moneda única, como si fuese lo central que había que discutir. Todas las radios estaban detrás para saber qué se pensaba acerca de la moneda única, como si fuese el tema clave, planteado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Presidente de la República en el Foro de Buenos Aires. Pienso que introducir una moneda única es atarse las manos y decirle al mundo que no queremos usar política monetaria ni cambiaria ni crediticia ni tampoco influir sobre la tasa de interés, porque se va a resolver en otros ámbitos. Para que haya moneda única tiene que haber coordinación de políticas macro.

Recuerdo que cuando se aprobó el Tratado de Asunción, a los pocos meses de culminar, escribí un largo artículo que terminó en un libro junto a un trabajo del doctor Sergio Abreu y con una introducción del doctor Julio María Sanguinetti. En ese momento, planteábamos que no podía haber coordinación de políticas macroeconómicas porque para Brasil las exportaciones al MERCOSUR eran el 5%. Entonces, no le podíamos pedir a Brasil que coordinara la política cambiaria con Uruguay y con Argentina, cuando el 95% de sus exportaciones las tenía fuera del área. Era imposible. Hoy aparecen regímenes cambiarios tan dispares que también es absolutamente imposible que pueda haber coordinación de políticas macroeconómicas. Por otra parte, la moneda única no tiene ninguna viabilidad. Brasil ya ha realizado innumerables manifestaciones sobre este tema, en el sentido de que cree firmemente que no tiene ningún sentido, para ese país, la introducción de una moneda única; Argentina también, aunque allí hay discusión sobre la dolarización, o no, de su economía.

En los hechos, es posible que el señor Ministro de Economía y Finanzas crea en la moneda única. ¡Cómo no! En el fondo, el señor Ministro considera que el mercado resuelve todo y que lo único que hay que hacer es bajar la inflación. El otro día declaró que él no cree en políticas activas. Por lo tanto, si no tuviese que usar ni la política cambiaria ni la monetaria ni la crediticia ni la de tasa de interés, sino dejar al mercado, estaría acorde con sus ideas básicas. Entonces, siento que de pronto hay un elemento de carácter ideológico, pero insisto en que me parece que se trata de operaciones de marketing, porque el Uruguay está pasando por una situación difícil y porque la desocupación y la emigración son temas que abarcan a toda la sociedad, a todos los sectores sociales. En ese sentido, a mi entender, los temas no son menores.

Claro que hay una situación internacional que nos afecta. No voy a hablar de la situación general, estructural. Acompaño al señor Presidente de la República cuando critica las barreras proteccionistas y los subsidios de la Unión Europea. ¡Claro que lo acompaño! Me gustaría que dijera lo mismo sobre Estados Unidos, porque en ese país existen los mismos subsidios y las mismas barreras. Pero no es de eso que quiero hablar, sino de la coyuntura del 2001, de estos cuatro meses del 2001. Por un lado, hay algunos elementos positivos. En otros años, difícilmente se podía bajar un punto y medio la tasa de interés en los Estados Unidos como decisión de la Reserva Federal. Quiere decir que en los Estados Unidos hay política activa y se baja la tasa de interés para tratar de que haya reactivación económica. De pronto a ellos les da resultado, y a otros países, no. Lo cierto es que allí hay una política económica de reactivación. Se desaceleró la economía y bajan la tasa de interés. La bajaron medio punto en un mes, al siguiente, medio punto más y al otro mes, nuevamente medio punto. Un punto y medio no es poca cosa y a nosotros eso también nos ayuda en los servicios de intereses que tiene que pagar el Uruguay.

Por otro lado, Brasil crece, pero después de la devaluación de enero de l999 y de la política cambiaria de Uruguay, no somos competitivos con ese país. Además, es verdad que en el año 2001 Brasil volvió a modificar su tipo de cambio porque el mercado así lo resolvió, y su devaluación en el 2001 ya es del 20%. Por supuesto que esto afecta la competitividad de Uruguay y también a la Argentina. Asimismo, es absolutamente cierto que las empresas se van a Brasil.

Una situación aún mucho más crítica que en Brasil se da en la Argentina. A nuestro entender, señor Presidente, Argentina sigue pagando las consecuencias de lo que nosotros llamamos ley de convertibilidad. Esta ley afectó la competitividad de sus exportaciones y de su producción interna, porque entran las importaciones más baratas. Se genera, entonces, un déficit de balanza comercial que requiere endeudamiento, y éste, a su vez, vuelve a requerir déficit de balanza de pagos. Allí está la causa de la recesión y del 15% de desempleo que Argentina tiene.

¿Cuál es el tema central de Argentina en este momento, que es fruto de la ley de convertibilidad? El tema central es su deuda. Volvemos a la década del 80. Argentina tiene 80.000:000.000 de vencimiento, de ahora al 2005. Entonces, con ochenta mil millones de vencimiento y exportaciones anuales de U$S 26.000:000.000, la chance de que Argentina entre en "default", en cesación de pagos, es muy alta. Por eso sube la tasa riesgo-país, es decir, la tasa que deben pagar los Títulos argentinos en el mercado financiero internacional por encima de lo que pagan los Bonos norteamericanos. Llegó al 13%. Está en alrededor de 10%; ayer estaba en un poco más de 9%. Esto quiere decir que para que Argentina pueda salir de la situación que está viviendo tiene que renovar su deuda. Para ello, hace un canje de deuda, llevando la que vence en el 2001 a un plazo superior al 2005; la que vence en el 2002, a un plazo superior al 2005; la que vence en el 2003, a un plazo superior al 2005. El punto clave es a qué tasa de interés lo hace, porque si tiene que pagar 15% de tasa de interés, como aparece en los medios de comunicación, la deuda externa en Argentina se duplica cada 5 años. Si paga 15%, no puede aguantar. De modo que tiene una situación de riesgo desde el punto de vista económico, difícil desde el punto de vista social -lo estamos viendo permanentemente en los informativos de la televisión- y un problema político. El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires habla de estallido social; otros, de elecciones anticipadas, y otros, del potencial encarcelamiento del ex Presidente de la República, doctor Menem. En consecuencia, desde este punto de vista, estamos en una situación internacional difícil para Uruguay, por las incertidumbres que genera esta situación argentina.

En este contexto, personalmente siento que la política económica de Uruguay está encerrada, está en un círculo vicioso; está sin estrategia, sin orientación, sin línea de acción. Está sin línea para conseguir crecimiento, para conseguir empleo y para conseguir competitividad.

¿Qué quiere decir esto de que la política económica está encerrada y está en un círculo vicioso? Ha sido muy claro que en este nuevo Gobierno, en continuidad con la política económica de los otros dos anteriores -y habiendo recibido su herencia- se puso todo el énfasis en lograr la estabilidad de precios -lo que no está mal- para lo cual se mantuvo, fundamentalmente, la política cambiaria y se buscaron todos los mecanismos tendientes a bajar el déficit fiscal. La estabilidad de los precios es un objetivo, y la imagen hacia el exterior, para la entrada de capitales y para asegurar el "investment grade", es la segunda gran finalidad de esta política económica. ¿Qué se exige, según el Gobierno, a los efectos de mantener esta imagen hacia el exterior? Básicamente, bajar el déficit fiscal, y esa ha sido la línea seguida por el Gobierno. Si el déficit fiscal se baja, el "investment grade" existe, se puede colocar a tasas de interés infinitamente más bajas, junto con Chile y con México, en estos momentos, en la región latinoamericana. Sin embargo, a cierta altura de la vida, uno empieza a plantearse que, si bien es bueno y positivo que haya "investment grade", lo es si hay crecimiento, inversión, mejora del empleo; pero estos elementos no concurren junto con este "investment grade".

Por lo demás, la meta para el año 2000 en lo que refiere al déficit fiscal era de 1.8 con respecto al Producto; finalmente, se terminó llegando a los 4 puntos, es decir, más del doble. Esto tiene que ver -pese al hecho de que se bajó la inversión pública, lo que afectó al empleo y en forma específica al sector de la construcción- con la propia recesión económica, que hace que se recaude menos, y si se recauda menos, el déficit fiscal se acrecienta. Quiere decir que el objetivo clave, central, la piedra angular de la política económica, era bajar el déficit fiscal. Sin embargo, no sólo no se bajó en el año 2000, sino que se elevó dos veces y media. Entonces, el tema clave en la política económica es intentar volver a bajar ese déficit, aunque esta vez con una característica novedosa, que se relaciona con este encerramiento de dicha política. Hay reservas internacionales en el país y son elevadas. Se pueden usar en momentos de crisis financiera o productiva. Hoy, el país se encuentra en una situación de crisis productiva, pero el Gobierno señala que usará las reservas internacionales si se produce una crisis financiera. Asimismo, sostiene que, como tiene un problema de incertidumbre en la Argentina, no utilizará dichas reservas ahora. Al parecer, el Gobierno se encerró. Podría incrementar el endeudamiento; de hecho, lo hará en U$S 500:000.000. Pero el Gobierno argumenta que si sigue endeudándose, estará en riesgo el "investment grade"; además, la deuda externa no es muy alta, aunque sí la deuda en moneda extranjera. Desde ese punto de vista, nos preguntamos -también interrogamos sobre esto al señor Ministro, pero no obtuvimos respuesta- cuál es el nivel de deuda sobre el Producto en el que se pueda perder el grado de inversor. Reiteramos que no hubo respuesta.

A mi juicio, como he dicho, el Gobierno se va encerrando. De pronto, no es exactamente así; tal vez tiene necesidad de explicitarlo o de generar una especie de cuco y por ello argumenta que no se puede. Pero lo cierto es que, desde este punto de vista, el Gobierno señala que no puede utilizar las reservas internacionales ni el endeudamiento externo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay una moción para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 18. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Gracias, señor Presidente, señores Senadores.

El país tiene ahorros, señor Presidente. ¿Dónde se colocan esos ahorros? Fundamentalmente, en el sistema financiero. Pero acá hay un hecho nuevo que tiene que ver con este círculo vicioso, con este encerramiento que he mencionado; concretamente, me refiero al hecho de que en el mercado de valores hoy sólo se transan Títulos de Deuda Pública. No se están transando, prácticamente -si se lo hace, es en un grado mínimo- Títulos emitidos por el sector privado y, en especial, Obligaciones.

Todos estamos viviendo, diría que con angustia, el cierre de las actividades fabriles, como acaba de ocurrir con Sudamtex en Colonia, lo que afecta a los obligacionistas. Estos se vieron afectados también por el cierre de la Granja Moro, por ejemplo. Entonces, desde esta óptica, empezamos a tener un mercado de capitales muy incipiente, con muchas dificultades, donde la recesión y la crisis del sector productivo empiezan a afectar al mercado de valores. Es más: cuando una empresa que emitió Títulos y Obligaciones en el mercado de valores tiene deuda con la Banca y quiere refinanciar, ésta responde que está dispuesta a refinanciar, pero que se le debe llevar a todos los obligacionistas para que acepten también la refinanciación de las Obligaciones. Esto es muy grave, señor Presidente. Lo que está pasando en estos momentos en el mercado de valores del Uruguay es muy grave; es como una especie de círculo vicioso o de proceso dialéctico, pero encerrándonos, en lugar de facilitarnos la apertura. El sector productivo, al verse afectado, afecta al mercado de valores; éste también se ve afectado por el sistema financiero. Este sistema financiero que afectó al sector productivo, a su vez, resulta afectado por dicho sector, y todo esto vuelve a tener consecuencias, otra vez, en el sector productivo.

Desde este punto de vista, estamos en presencia de un modelo, de una política económica que ya había afectado al sector productivo, al agro, a la industria y al turismo, y que ahora, al afectar al sector productivo, hace que este termine influyendo negativamente -ojalá no lo haga en forma total- sobre el sector financiero. Estamos hablando de un sector que, de alguna manera, era el que tenía prioridad; era el sector clave, la imagen, relacionado con la entrada de capitales, el "investment grade" y la estabilidad. En estos momentos están empezando a aparecer problemas -que ojalá no se concreten- aunque en el mercado de valores ya están arriba de la mesa. Esto no es bueno, señor Presidente.

Cabe señalar que las medidas intentan, básicamente, solucionar el problema de la recesión económica que tiene el país, tratando de mejorar los niveles de competitividad. Dije esto, también, cuando estuvo aquí el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, en oportunidad de sesionar el Senado en régimen de Comisión General. La competitividad es un problema sistémico y depende del sistema educativo, de la tecnología y de la formación de recursos humanos. Sin embargo, en lo inmediato, hay tres elementos claves para incrementarla: mejorar la productividad, bajar los costos y mejorar los precios. En materia de productividad, el sector industrial ha mejorado muchísimo en lo que refiere a mano de obra; sin embargo, esto no ha generado mejoras en el crecimiento ni en el bienestar de los trabajadores del sector, así como tampoco mejoras de competitividad, porque todavía no se puede competir con los productos importados, que vienen, básicamente, subsidiados por el propio atraso cambiario. El sector agropecuario, el de los lácteos y el del arroz, por ejemplo, también han mejorado la productividad en lo que tiene que ver con la tierra y la mano de obra. Los empresarios han hecho esfuerzos en este sentido; sin embargo, todavía hoy no existe rentabilidad ni competitividad.

Además, la productividad no se arregla de un día para el otro.

Como segundo elemento, en materia de precios, los internacionales son un dato. La posibilidad de poder influir es prácticamente nula, pero en el precio entra el tipo de cambio y como la política económica nos lleva a mantener la estabilidad de precios -la imagen para la entrada de capitales y el "investment grade"- la política cambiaria sigue siendo la misma que se instaló en el Uruguay a fines de 1990, que tantos costos productivos y sociales le ha generado al país.

El tercer elemento a tener en cuenta es el relativo a los costos, donde el Gobierno intenta influir. Quiso hacerlo en las leyes de inversiones y de urgencia. Lo primero a tener en cuenta es rebajar impuestos, pero resulta que esto significa aumentar el déficit fiscal, que es la piedra angular de la política económica. El año pasado habíamos establecido que fuera el 1.8; sin embargo, llegó a 4. ¿Qué se busca hacer en este momento? Rebajar los aportes patronales. El tema es que si sólo se disminuyen los aportes patronales, aumenta el déficit fiscal. Por lo tanto, se los sustituye por un impuesto al consumo. De esta manera, se lleva a cabo una transferencia de ingresos de los consumidores hacia algunas actividades productivas que, sin duda, terminará afectando al consumo y la distribución del ingreso, porque en los hechos, si no se suben los sueldos, este impuesto constituirá una rebaja del salario real. Lo mismo ocurre cuando se aumenta el IVA. Reconozco que este impuesto no es igual al IVA, pero con la situación de recesión es indudable que provocará una caída del salario real. Además, se usa un mecanismo ya utilizado permanentemente en las leyes de urgencia, sin obtener resultados.

En 1996, se rebajó de 14% a 6% los aportes patronales para la industria manufacturera. ¿Esto hizo que mejorara su competitividad, su producción y empleo? No. Quiere decir, entonces, que ya hay una demostración. Quizás, en los libros se diga que al rebajar los aportes patronales aumentará el empleo. El problema es que en la realidad eso no se da. Más allá de que uno pueda seguir insistiendo con la medida, en los hechos estas rebajas no creo que den resultado desde el punto de vista de posibilitar un aumento del crecimiento, de la competitividad o del empleo.

Señor Presidente: en algún momento discutimos si queríamos que mejorara la competitividad de las empresas públicas. Ellas no pagan el 14% que luego se rebajó a 6%; abonan el 26% por concepto de aportes patronales, tal como la Intendencia paga el 18%. ¿Por qué no se les rebaja el aporte patronal? Porque en los hechos están funcionando como recaudadoras de impuestos para Rentas Generales, ya sea vía pago por compra de moneda extranjera -que no tiene ningún sentido-, por el 26% de aporte patronal o el aumento de tarifas que tienen como búsqueda fundamental pasarle al Tesoro Nacional parte de sus ingresos.

También se utiliza el mecanismo de eliminación del Impuesto al Patrimonio que sin duda puede atender requerimientos y necesidades de algunos propietarios de más altos ingresos, pero a todos aquellos que son arrendatarios no los alcanza. Deseo reiterar algo que expresé en otra oportunidad. En la Comisión nuestro movimiento político propuso la suspensión por un período de tiempo; sin embargo, se nos contestó que había un acuerdo político que lo impedía.

Por lo tanto, el tema central es que no puede haber rebajas impositivas para atender la competitividad, porque de esa manera se afecta el déficit fiscal. En consecuencia, se busca una transferencia. Recuerdo que el señor Senador Atchugarry manifestó que no querían cobrar más impuestos porque el país ya no aguanta más. Sin embargo, se pretende establecer un 3% que van a pagar los consumidores.

Desde el punto de vista de las tarifas, se prevé rebajar el gasoil en la misma proporción en que aumentó en el mes de febrero. Por consiguiente, no creo que las repercusiones vayan a ser mayores. Además, en este modelo cerrado, que está en un círculo vicioso, las tarifas no se pueden rebajar porque afecta a Rentas Generales, al déficit fiscal y la imagen hacia el exterior. Entonces, si no se pueden bajar impuestos ni tarifas, deberían disminuirse las tasas de interés. En este aspecto creo que hay un elemento ideológico: se deja que el mercado sea el que fije la tasa de interés. En estos días, la Reserva Federal bajó medio punto la tasa de interés; sin embargo, en el Uruguay los Bancos la aumentaron. Lo hicieron por un problema de riesgo, de seguridad, porque no se tiene certeza de si hay una recesión y le prestan al sector productivo, luego puedan cobrar. Entonces, se vuelve a dar este encerramiento del que hablaba: los Bancos no pueden prestar, el sector productivo no puede recibir, los Bancos temen prestar ante la eventualidad de que no les devuelvan el dinero y el sector productivo, que ya tiene recesión, que no tiene productividad ni rentabilidad, no puede recibir créditos y, si lo hace, es con una tasa de interés tan alta que luego le será muy difícil pagar. O sea, en los hechos, los Bancos por razones de seguridad reciben depósitos y los colocan afuera, sea los de no residentes o los de residentes. Esto lo hace la banca privada y la estatal. Por lo tanto, se da otro círculo vicioso: la gente ahorra, deposita y en vez de aprovecharse ese ahorro para colocarlo en el mercado interno, se lo envía al exterior.

Por otro lado, señor Presidente, diría que en este proyecto de ley colocamos al Banco de la República en una especial situación. Recordemos que ya tuvo problemas de patrimonio y hubo que hacer reservas de patrimonio por U$S 200:000.000. Por la información que nos brindó el Presidente del Banco de la República en la Comisión de Hacienda, por diferimiento de intereses, la Institución perdería entre U$S 40:000.000 y U$S 60:000.000, cuando el total que se recibe por este concepto son U$S 230:000.000. Quiere decir que se va a perder entre el 20% y el 25% de los ingresos, con lo que el banco va a tener un problema de liquidez. Las pérdidas calculadas con esta operación son de U$S 40:000.000 y el Estado, a través de esta ley, le va a pasar U$S 20:000.000. Es verdad que los costos del Banco de la República son altos, pero no por gracia de la Virgen María, sino porque hubo una política de clientela al igual que en el Banco Hipotecario, en el Banco de Seguros, en UTE, en ANCAP, en OSE, etcétera, que los superpobló de funcionarios públicos. Además, en un banco del Estado de pronto hubo una política de colocaciones que tuvo que ver con políticas de clientela. Por eso, ahora, aparece la discusión y se dice que el sector político no se meta en las instituciones públicas financieras del Estado. Claro: llevamos alrededor de 30 ó 40 años en los que al final de cuentas se pagan los costos de esta situación.

El Banco de la República fue el que nos salvó de la caída de los Bancos privados al inicio de la democracia. Por ejemplo, cuando caía el Banco de Italia o el Banco Pan de Azúcar, el que puso los pesos sobre la mesa fue el Banco de la República. Ahora, esta Institución también va a tener problemas de liquidez en el 2005 porque no va a recibir las amortizaciones. En ese sentido, le preguntamos al Presidente del Banco de la República cuáles eran los fundamentos financieros para que el Cupón Cero se tenga que comprar en el 2005 y no en el 2004 o en el 2006, y nos contestó que este tema no pasó por su Institución. Es más, ninguno de estos temas pasó por el Banco de la República. Asimismo, nos hizo notar los efectos indirectos que van a tener que ver con la sicología, con los estados de ánimo, con lo que piensan los otros deudores de ese Banco, o el público en general sobre esta situación. Quiero dejar constancia que lo que queremos es defender al Banco de la República y a los sectores productivos; esta Institución es una especie de identidad nacional, de patrimonio histórico del país que hay que defender y que ha sido vital en la historia del Uruguay, máxime cuando siguen existiendo personas como el doctor Ramón Díaz, que hace 35 ó 40 años que escribe editoriales contra el Banco de la República y que ha pedido privatizarlo en innumerables oportunidades. Ahora los expertos del Banco Mundial piden lo mismo. Entonces, cuando una institución estatal no funciona bien o no tiene competitividad hay que privatizarla, pero hay que tener en cuenta que le estamos cobrando impuestos a la moneda extranjera y un 26% de aporte patronal. Después le vamos a echar la culpa a que es una empresa del Estado y por eso, sin ninguna duda, vamos a tener que afectarla.

En consecuencia, en cuanto a la competitividad, ya se dieron aumentos de productividad, por lo que difícilmente van a producirse en el corto plazo; tampoco se van a dar aumentos de precio por la vía de una política cambiaria gradual mínima. A su vez, no se van a dar rebajas de costos, de impuestos, de tarifas ni de tasas de interés. Por lo tanto, sólo queda la baja de salarios. El Ministro de Economía y Finanzas, contador Bensión, ya dijo que hay que bajar los salarios de los funcionarios públicos y pidió al sector privado que bajara los salarios reales. Eso está ocurriendo, pero tampoco da resultado y, además, a nosotros nos duele. Cuando se producen beneficios, ojalá se pudieran distribuir equitativamente, pero cuando hay costos, también queremos que se repartan equitativamente entre los distintos sectores de la sociedad y que no sean los asalariados los únicos que pagan las situaciones críticas que está viviendo el país. Entonces, a esto es a lo que yo llamo política económica encerrada, sin salida; es un círculo vicioso que no puede usar las reservas internacionales, aumentar el endeudamiento -fíjense hasta dónde llega el endeudamiento, que dicen que no se puede usar más- bajar el déficit fiscal -y por ende los impuestos-, modificar la política cambiaria ni influir sobre la tasa de interés. En los hechos, la situación productiva va a terminar afectando -como hoy está ocurriendo- a lo que nosotros entendemos que es el sistema financiero en el mercado de valores y en el de capitales del país. Es cierto que se bajan algunos costos, pero se dice que eso es insuficiente. Personalmente, creo que no es un problema de insuficiencia sino de encerramiento; el país está encerrado con su propia política económica y está en un círculo vicioso. Esto es lo más terrible que le puede suceder a una política económica.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Walter Riesgo)

-En cuanto a las medidas a tomar, el sector exportador dice que la rebaja de aportes le significa una disminución del 2% en los costos, lo que le es insuficiente. Los exportadores están insatisfechos, así lo manifestaron hace pocos días cuando concurrieron a la Comisión de Asuntos Internacionales y nos mostraron que ellos no tienen salida.

Entonces, uno se pregunta para quién se están tomando estas medidas de política económica: seguramente para el sector privado, para los empresarios privados. Pero si los empresarios privados no creen en esa política, ¿qué es lo que realmente se está haciendo? Por lo menos, la política económica no los convenció.

Con total franqueza y nitidez digo que la reactivación del país, en última instancia, depende de que aumenten las exportaciones porque eso es vital, dado que es un país muy chico. Por lo tanto, centraría mi conducta de política económica en ayudar a los exportadores antes que a nadie para que ellos inviertan, sean competitivos y puedan exportar. Sin embargo, este proyecto de ley prácticamente no ayuda a los exportadores. De alguna manera, en cuanto a los exportadores, entramos en la misma situación que Argentina, pese a que ese país tiene una situación infinitamente más crítica. Se busca rebajar el déficit fiscal, aumentar los aranceles a las importaciones de bienes de consumo, bajar el Arancel Cero para la importación de bienes de capital, pero nos preguntamos cuál es la medida para el sector exportador. ¿Por dónde aparece la competitividad para ese sector? Si no le doy competitividad a los sectores exportadores, esta ley es extremadamente limitada. A mi entender, no es tarea menor el estado de ánimo de los exportadores. ¡Caramba! Estoy en una economía de mercado donde el sector privado es central, vital; si no lo convenzo y no le doy los elementos claves, ¿cómo va a haber reactivación en el país si las medidas de política económica no lo ayudan?

Con respecto al sector agropecuario, puede ser que estas medidas consigan mejorar en parte su endeudamiento con este diferimiento de intereses, pero ¿cómo va a hacer en el 2005 para comprar el Cupón Cero, si hoy no tiene rentabilidad ni competitividad? En el pasado ya no pudieron. Entonces, si no podemos ayudar al sector agropecuario con precios -vía política cambiaria- ni con rebaja de costos, porque, básicamente, en esta ley estoy eliminando el Impuesto al Patrimonio que ayuda a unos pero no a una parte importante del sector, y estoy difiriendo los intereses, ¿cómo sale adelante? Es verdad que esta ley no quiere atender solamente al sector agropecuario, pero le vino el problema de la aftosa. Es cierto que esto fue mala suerte y no culpo a nadie, ya que seguramente no habrá responsabilidad, pero en los hechos el Gobierno como tal, como quiere una moneda única y una política económica pero no usar instrumentos de política económica, se encierra.

A su vez, el sector industrial hace muchos años que está sin competitividad. Se le rebajan los aportes patronales, pero eso ya se hizo. Se bajó de 14% a 6% y no dio resultado; ahora se va a rebajar a 0%, pero no va a dar resultado.

El sector de la construcción está afectado porque se rebajó la inversión pública en el 2000 y en el 2001. ¿Cuál es el estado de ánimo de los empresarios del sector de la construcción que salen a la opinión pública a decir que se sienten en una situación similar a la que se dio a principios de la década del ochenta, cuando se rompió la tablita? Peor no pueden estar.

También está afectado el sector turismo, porque no puede competir con Brasil. Si Brasil volvió a devaluar un 20% este año, este sector va a tener aún menos competitividad. A su vez, el turismo interno está afectado por la recesión, el estado de ánimo y la desocupación actual. Me pregunto qué se puede hacer para reactivar este sector. Si tomamos las grandes variables económicas, observamos que las exportaciones no tienen por qué mejorar, pues no se han tomado medidas. Por supuesto, ¡ojalá mejoren!

Por su parte, el consumo no puede subir, porque si se aumenta un impuesto que va a afectar el ingreso y bajar el salario real es muy difícil que así suceda. Además, hay que recordar que el señor Ministro Bensión dijo que no le importaba bajar el salario real para aumentar el consumo, porque quería que hubiera un aumento de los sectores de altos ingresos que son los que pagan impuestos.

En cuanto a la inversión, ella es la clave de todo proceso económico en las economías de mercado. El Estado resolvió bajar la inversión pública, por lo que sólo nos queda lo relativo a la inversión privada. El Uruguay es el país que tiene el más bajo coeficiente de inversión de la década del noventa en toda América Latina. ¿Se va a invertir en el sector exportador? No creo. ¿Se va a invertir en el agro? No creo. ¿Se va a invertir en la industria? No creo. ¿Se va a invertir en la construcción? No creo. ¿Se va a invertir en el turismo? No creo. Entonces, ¿dónde se va a invertir? Vamos a quedarnos nuevamente en el sistema financiero y, en los hechos, comprando títulos públicos, que es lo que está ocurriendo en este momento en el mercado de valores.

Las interrogantes están arriba de la mesa; esto es lo que yo llamo un círculo vicioso: ¿cómo crecer?, ¿cómo reactivar?, ¿cómo mejorar? y, en especial, ¿cómo cambiar el estado de ánimo de los uruguayos y de los agentes económicos? Este es el gran tema que debemos resolver actualmente.

Personalmente, pienso que esta continuidad no ayuda, porque si el país no crece, no va a mejorar el desempleo y si el país no crece, va a seguir la emigración. Supongo que al día de hoy ya nadie puede creer que si se disminuye el costo de la mano de obra por la vía de la rebaja de los aportes patronales va a haber más empleo y ocupación; reitero que nadie puede creer eso. Muchas veces, en la década del noventa, se pensó que rebajando los aportes patronales y el costo de la mano de obra se generaría más empleo, pero ello no fue así, y lo sabíamos. Además, somos conscientes de que hay libros de texto que no son aplicables a la realidad, y lo dijimos muchas veces.

Nos estamos jugando a la entrada de capitales, pero me pregunto quién puede invertir en esta situación. Para nada es nuestro deseo espantar la entrada de capitales; al contrario, queremos que haya capitales, inversión, empleo y crecimiento. Pero ésta es la cruda realidad. Se trata de una herencia que viene de la política económica de la década del noventa, de su continuidad y, sin ninguna duda, de elementos externos, tal como señalé al principio.

Creo que en los momentos de crisis es muy importante cerrar filas. Así lo ha hecho el país en un tema clave como es el de los derechos humanos. Es mi deseo que resolvamos con rapidez la eliminación de los artículos 612 y 613 de la Ley de Presupuesto, para poder sentarnos a una mesa de negociación y discutir el tema de las empresas públicas. Pero, evidentemente, primero debe haber una resolución de esta naturaleza, para luego dialogar como es nuestro deseo.

Termino diciendo que el doctor Batlle ha dicho muchas veces que él está en la Estación Carnelli, pero su apellido es Batlle y los Batlle fueron figuras extraordinariamente importantes en la historia del Uruguay. Él va a querer pasar a la historia, pero con esta política económica, lamentablemente, eso no se va a dar. A mi entender, llegó la hora de repasar las características de esta política económica que tanto ha afectado a los uruguayos. Si hay disposición para este tipo de debate sobre las modificaciones de la política económica, como siempre nosotros vamos a estar abiertos para ayudar a que el Uruguay pueda salir de esta crisis.

Muchas gracias.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Señor Presidente: es la segunda vez en menos de dos meses que hago uso de la palabra en este Senado para referirme a un impuesto. Nuevamente se trata de un impuesto al consumo, esta vez denominado COFIS.

El proyecto de ley que hoy tratamos consiste básicamente en la creación de este impuesto que, como ya dije, es un impuesto al consumo, algo así como un IVA mayorista, pero que grava sólo la circulación de bienes industrializados, ya sean nacionales o importados, a una tasa o alícuota del 3%, y excluye la etapa de venta al público.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR NUÑEZ.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: quisiera solicitar públicamente a mis compañeros de bancada autorización para realizar un cuarto intermedio de cinco minutos, porque el funcionamiento de este Cuerpo me parece irregular.

En consecuencia, formulo moción en el sentido de realizar un cuarto intermedio de cinco minutos.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por cinco minutos.

(Así se hace. Es la hora 17 y 22 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 17 y 28 minutos)

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: como se ha podido constatar, desde que comenzó esta sesión se ha dado un hecho que se viene reiterando en forma bastante habitual. Me refiero a que normalmente este Cuerpo funciona porque su quórum lo mantiene la bancada del Encuentro Progresista - Frente Amplio. No estamos diciendo que esto esté mal, que no deba ser así, sino que inclusive reconocemos que está acorde con nuestra conducta. Sin embargo, no nos parece justo que ni siquiera los señores Senadores y las Senadoras del Frente Amplio sean escuchados por los integrantes del Partido de Gobierno; lo lógico sería que los más interesados en llevar adelante una propuesta de esta naturaleza fueran quienes enviaron el proyecto de ley al Senado y quienes lo aprobaron en Comisión. Asimismo, al comienzo de esta sesión se reconoció que en Comisión también se había dado esta circunstancia en forma casi permanente.

Solicitamos el cuarto intermedio para decir que, en nuestra opinión, esto no es bueno, no le hace bien al Cuerpo ni a la interrelación entre las fuerzas políticas. Es correcto que discrepemos y que tengamos opiniones diferentes, pero por una cuestión de talante mínimo -no estoy hablando de respeto- por lo menos se debería escuchar a los demás, inclusive debatir y justificar los planteos discrepantes que se tengan.

Vamos a seguir atentamente todo el curso de la discusión de este proyecto de ley y vamos a dar nuestro punto de vista, pero a nuestro juicio no puede ser que el funcionamiento del Cuerpo esté garantizado por la bancada de la oposición.

Era cuanto quería manifestar, señor Presidente.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Puede continuar el señor Senador Núñez.

SEÑOR NUÑEZ.- Señor Presidente: espero que se descuente de mi alocución el tiempo que insumió el cuarto intermedio.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Así se hará, señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Señor Presidente: como decía, el COFIS -Impuesto a la Contribución Financiera de la Seguridad Social- es algo así como un IVA mayorista, pero que grava sólo la circulación de los bienes industrializados ya sean nacionales o importados a una tasa o alícuota del 3% y excluye la etapa de venta al público. En esta norma que hoy se va a aprobar -aclaro que vamos a votar en contra de ella- el 65% de su articulado refiere a este impuesto. Luego de la modificación realizada por la Comisión de Hacienda, quedaron 15 artículos sobre ese impuesto, en un total de 23. Apenas el 35% restante se dedica a medidas que actúan sobre los costos de las empresas de varias ramas de la actividad, fundamentalmente la reiterada rebaja de los aportes patronales al BPS. Contiene además la exoneración total del Impuesto al Patrimonio del sector agropecuario y, por último, una transferencia hacia el BROU de U$S 20:000.000 para financiar una parte del costo de las medidas sobre el endeudamiento agropecuario.

Decimos que otra vez debemos referirnos a un impuesto porque hace apenas 57 días se votó en este Senado la creación de un Impuesto Específico a la Salud que, como no podía ser de otra manera con el Gobierno que tenemos, también grava a los consumidores, o sea, a los usuarios de los servicios de salud humana.

Pero esto no es todo, señor Presidente. Desde que asumió el actual Gobierno he contabilizado -aunque me puedo equivocar- la creación de siete nuevos impuestos, por lo que éste ocuparía el octavo lugar, y me estoy refiriendo a nuevos impuestos, quiere decir que no existían. Pero además de crear esos impuestos, en la ley de Presupuesto se introdujeron por lo menos otras siete modificaciones importantes a impuestos ya existentes, como el IVA y el IMESI que son los impuestos al consumo por excelencia, ya sea ampliando su base imponible, modificando las formas de cálculo del impuesto o las alícuotas, pero en todos los casos el resultado fue el mismo: aumento de la recaudación o, lo que es lo mismo, aumento de la presión fiscal sobre los consumidores.

Este no es un cálculo a ojo de buen cubero sino que es producto de un estudio pormenorizado de lo establecido por la Ley Nº 17.296 (Presupuesto Nacional). Allí se crean: 1) Impuesto a las Compañías de Seguros (Art. 558); 2) Impuesto a la Cesión o Transferencia de Deportistas (Art. 575); 3) Impuesto al Control del Sistema Financiero (Art. 580); 4) Impuesto del 3% -obsérvese que el 3% parece un porcentaje mágico, pues se repite en varios gravámenes- a la Prestación de Servicios Personales del Estado por un monto mensual superior a 29 Salarios Mínimos Nacionales (Art. 587); 5) el monotributo para pequeñas empresas (artículos 590 a 601); 6) un adicional al Fondo de Solidaridad destinado a la Universidad de la República (artículo 542); 7) por último, el 27 de marzo -por eso hablé de hace 57 días- del corriente se derogaron los artículos 553 a 555 de la Ley de Presupuesto y se creó un Impuesto Específico a la Salud del 3% que grava la última etapa de la prestación de Servicios de Salud Humana (Ley Nº 17.309).

Esto da una idea de lo que pasó en el Presupuesto en torno a la creación de impuestos que no existían anteriormente; todos impuestos básicamente al consumo.

Al mismo tiempo, también en la Ley de Presupuesto, se modificaron o ampliaron otros impuestos al consumo con el objetivo de aumentar su recaudación. Vamos a enumerar esas modificaciones, para que queden claras: 1) se amplía el IVA tasa mínima a los paquetes turísticos (artículo 561); 2) IMESI a los motores diesel, del 60% (artículo 564); 3) IMESI a los combustibles por partida fija por litro (artículo 565). La consecuencia de esto ya la vimos en la última interpelación que realizara nuestro compañero el señor Senador Astori. 4) IMESI a la importación de vehículos a arrendar y remises (artículo 576); 5) se facultó al Poder Ejecutivo para gravar con IVA tasa básica a los servicios postales de la Administración Nacional de Correos (artículo 577); 6) IVA tasa mínima al suministro de energía eléctrica a las Intendencias Municipales (artículo 578); 7) IVA tasa mínima al servicio de hotelería por la parte que corresponde al hospedaje (artículo 588).

Todo esto, señor Presidente, contradice flagrantemente la buena voluntad expresada al comienzo del mandato, tanto por el señor Presidente de la República como por el señor Ministro de Economía y Finanzas, de que "este país no soportaba más impuestos". Pero, ¿qué significó para la población el conjunto de los impuestos mencionados más arriba? Según nuestros cálculos, para el año 2001, el resultado neto entre impuestos y rebajas, antes del COFIS, implica un aumento de la carga impositiva sobre la población. O sea que para el 2001 se verifica un incremento de la presión fiscal de U$S 80:000.000; presión fiscal que, como vimos, recae básicamente sobre el consumo.

Para este cálculo, señor Presidente, hemos tenido en cuenta las estimaciones realizadas por el propio Gobierno en oportunidad del tratamiento de la Ley de Urgencia Nº 1 y del Presupuesto Nacional. Además, hemos tenido en cuenta tanto la recaudación estimada de los impuestos antes mencionados, como las rebajas del 18% de la Contribución Inmobiliaria Rural y de los aportes patronales establecidos en las Leyes de Urgencia.

A todo esto, ahora, hay que sumar la propia recaudación del COFIS, que el señor Ministro, en la Comisión de Hacienda, estimó en un mínimo de U$S 145:000.000 anuales.

Aquí quiero adelantar una primera conclusión sobre lo que, a mi juicio, hoy nos queda como sistema tributario. En la Facultad de Ciencias Económicas, en la carrera de Economía existía, señor Presidente, una materia llamada Finanzas Públicas. Dicha asignatura trata de los Presupuestos, de los ingresos y egresos del Estado y de las formas de financiación del déficit fiscal. Allí aprendimos que los impuestos se pueden clasificar según la base imponible en: 1) impuestos sobre la renta o ingresos; 2) impuestos sobre la riqueza, tanto a la tenencia como a la transmisión de capital o patrimonio; 3) impuestos sobre el consumo o el gasto, con alguna discusión teórica sobre estos conceptos.

También aprendimos que el sistema de seguridad social solidario se financia en forma tripartita con: 1) aportes personales del trabajador que, si bien gravan a la renta derivada de su trabajo, también son un aporte que se acredita en su cuenta personal y luego se tiene en cuenta a la hora de calcular su pasividad; 2) aportes patronales que son un gravamen sobre el monto total de salarios que paga el empresario, pero que al mismo tiempo implican una redistribución más equitativa del costo de la seguridad social; 3) aportes del Estado a través de Rentas Generales, o de rentas afectadas.

Este esquema de financiamiento de la seguridad social implicó muchas décadas de lucha de los trabajadores, mucho sacrificio y mucha organización sindical para conseguirlo y arrancarlo a las clases dominantes.

La conclusión que quería extraer señor Presidente es que, cada vez más aceleradamente -y esta ley es un ejemplo vivo de ello- se retoca el sistema tributario uruguayo eliminando impuestos al capital, eliminando impuestos a la renta -salvo las derivadas del trabajo o de los servicios personales- eliminando los aportes de los empresarios a la seguridad social, pero se aumentan los impuestos al consumo como única y exclusiva base impositiva.

Queremos, asimismo, analizar el contexto económico y social del país en la actual coyuntura para darle un marco más general a las medidas que en este proyecto de ley nos propone el Gobierno. Quiero decir aquí, señor Presidente, que sobre quien es el proponente de las medidas me ha entrado en los últimos tiempos una gran confusión, porque no tenemos claro si es el Gobierno, si es la coalición gobernante o, como expresó el señor Ministro Bensión en la Comisión de Hacienda, es producto del acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Partido Nacional.

Para este análisis -prometo no aburrirlos con muchas cifras- haré apenas una síntesis para ver dónde estamos parados. No voy a leer los cuadros que tengo sobre la mesa, pero sí quisiera, señor Presidente, que figuraran en la versión taquigráfica, para lo cual los entregaré al Cuerpo de Taquígrafos.

Los indicadores económicos.

Cuadro I

Tipo de cambio $ 12.11 por dólar

Principales variables en millones de dólares y porcentaje sobre el PBI

PBI  

U$S

20.036

· Déficit de la Balanza de pagos  

U$S

618

3,1%

· Déficit del Gobierno Central

U$S

705

3,5%

· Déficit Sector Público Consolidado

· (incluye Empresas Púb. y BCU)(1)  

U$S

828

4,1%

Déficit comercial (Exp. - Imp.)  

U$S

1.170.6

5,8%

· Deuda bruta del Sector Público(2)  

U$S

9.633,3

48,1%

· Reservas Internac. Netas BCU  

U$S

2.274,9

13,7%

· Deuda Externa Bruta Total  

U$S

14.583.8

72,8%

· Recaudación de la DGI  

U$S

3.902

15,4%

· Recursos totales  

U$S

4.078

20,4%

Cuadro II

Variación de las principales variables en porcentaje

· Decrecimiento del PBI  

1,3%

· Crecimiento de las Exportaciones  

4%

· Decrecimiento de las Importaciones  

0,9%

· Reducción de la Inversión Pública  

3,1%

· Reducción de la Inversión Privada  

14,4%

· Reducción del Consumo Privado  

0,5%

· Reducción de la recaudación de la DGI  

4,8%

· Inflación  

5,1%

· Devaluación  

7,3%

· Reducción Ingresos del gobierno central  

(p. constantes)  

4,6%

· Reducción de Ingresos no tributarios  

(p. constantes)  

7,5%

· Reducción Gastos del gobierno central  

(p. constantes)  

5,7%


Los indicadores sociales.

Cuadro III

Nivel o Variación de las principales variables en porcentaje

· Tasa de desempleo s/ PEA (año2000)  

13,6%

· Tasa de empleo s/población de 14 y más años  

51,5%

· Personas por debajo de la Línea de Pobreza (1997)

24.6%

· Niños menores de 5 años nacidos en hogares pobres (1997)

46,5%

· Cobertura pública de la salud  

47,8%

· Cobertura privada de la salud  

47,8%

· Población sin cobertura de salud  

4,4%

· Personas pobres mayores de 65 años  

8,3%

· Número de Personas que emigraron  

entre 1995 y junio de 2000  

260.975


Los indicadores productivos.

Cuadro IV

Variación de las principales variables en porcentajes

· Decrecimiento del PBI  

1,3%

· Decrecimiento del Producto Agropecuario  

2,7%

· Decrecimiento del Producto Pesquero  

5,3%

· Decrecimiento del Producto Industrial  

2,4%

· Decrecimiento del Producto Electricidad, gas y agua  

3,1%

· Decrecimiento del Producto Construcción  

8,9%

· Decrecimiento del Producto del Comercio  

5,5%

· Crecimiento del Producto de Transportes y Comunicaciones   

2,4%

El año 2000 es el segundo año consecutivo de recesión económica, con decrecimiento del PBI, en 1.3%; reducción de la inversión pública, en 3.1%; reducción de la inversión privada, en 14,4%; reducción del consumo privado, en 0,5%; reducción de la recaudación de la DGI, en 4,8%.

A pesar del optimismo primario sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas, la realidad llevó al Gobierno durante el año 2000 a modificar en más de una oportunidad las estimaciones financieras anuales y, como consecuencia, asistimos nuevamente a un déficit fiscal -correspondiente al sector público consolidado- de U$S 828:000.000, es decir, el 4.1% del PBI. Prácticamente igual al del año anterior. Asistimos también a un crecimiento de la deuda externa tanto de la bruta como de la neta, tanto la pública como la privada, si bien mantenemos buenos niveles de reservas internacionales netas, como bien dijo el señor Senador Couriel.

Tomando el promedio del año 2000, la tasa de desempleo abierto subió al 13,6% -hoy, el señor Senador Couriel daba cifras actualizadas al mes de abril de este año, que son muy superiores a las que doy en este momento- y además aumentaron gravemente otros indicadores sociales como, por ejemplo, el número de personas en el seguro de paro, el incremento de la precariedad y la informalidad en el trabajo, a pesar de que se impuso un monotributo a los precarios y a los informales. Existe también una situación social cada vez más preocupante: falta de perspectivas productivas y laborales que se evidencia quizás en la forma más dolorosa a través de la emigración de los jóvenes con educación y talento.

La recesión alcanzó a casi todos los sectores productivos, todos menos transportes y comunicaciones, que creció el 2,4% en el año pasado. Sin embargo, decrecieron durante el año 2000 el Producto Agropecuario en 2,7%, el Producto Pesquero en 5,3%, el Producto Industrial en 2,4%, el Producto de Electricidad, Gas y Agua en 3,1%, el Producto de la Construcción en 8,9%, el Producto del Comercio en 5,5%. Según datos oficiales, si bien la inflación se mantuvo en un nivel bajo, del 5,1%, la recesión y el descenso del nivel del consumo interno quedan evidenciados por el descenso del PBI per cápita en dólares en 4,84%. Nuestro Producto Bruto Interno tomado por habitante descendió en un 4,84% en el año 2000. Esto fue así porque el Producto en dólares decreció en el año 2000 y se sitúa ahora en U$S 20.036:000.000 y nuestra población creció poco, apenas un 0,72%, pero creció. Y el juego de los dos nos da un descenso importante del PBI por habitante.

Pero como éramos pocos, señor Presidente, llegó la aftosa y obviamente agravó la situación. Se agregó mayor dramatismo a la crisis que ya estábamos viviendo y quizás porque esto representó -también lo queremos decir- un chivo expiatorio. Yo no minimizo la incidencia de la aftosa, creo que fue vivida y es aún hoy sentida como un flagelo por el país entero. En primer lugar por los productores y trabajadores rurales, por los pobladores de las ciudades, villas y pueblos de este país que viven fundamentalmente del agro. Pero también fue sentida por todos, porque a pesar de los augures de la nueva economía o de los nuevos sectores de punta, ha quedado demostrado -quiérase o no- que aún por muchos años más, nuestro paisito levantará cabeza o sucumbirá según le vaya a nuestra producción agropecuaria. La propagación de la aftosa por todos los rincones del país, la vacunación masiva y la pérdida del estatus correspondiente fueron vividas como una desgracia por la población, pero -como ya señalaron otros señores Senadores- fue sólo la gota que derramó el vaso.

La crisis ya existía a nivel del país y del sector agropecuario. La producción agropecuaria siguió su decrecimiento según las cifras que hemos expuesto, el endeudamiento del agro ya tiene varios años y ya se han refinanciado y reperfilado algunas deudas; pero siguen desapareciendo productores, se sigue ampliando la morosidad y se sigue pasando a ejecución a productores hasta el día de hoy; y el conjunto de las empresas agropecuarias sigue más endeudado que antes. Pero lo peor es que los productores continúan sin tener perspectiva alguna de obtener una razonable rentabilidad que los haga viables. Los productores agropecuarios necesitan socorro, pero no a costa del mercado interno y de los consumidores, porque esto retroalimenta la crisis y la recesión que es de todo el país, de los sectores productivos y de los consumidores.

La crisis ya existe desde hace varios años, pero se dijo y se argumentó hasta el cansancio que se debía, básicamente, a la desastrosa "coyuntura internacional y regional" que se registró en 1999. Sin embargo, aunque el año 2000 se presentó favorable para Uruguay en el contexto internacional, los indicadores internos siguieron desmejorando. Salvo Argentina, nuestros principales socios comerciales (Brasil, EEUU y Europa) están creciendo, en su economía y en su comercio; por tanto, las causas de la recesión están más en la política económica interna, aplicada desde el Gobierno, que en factores regionales e internacionales, porque contrae la demanda interna, porque reduce la inversión pública, porque el país en su conjunto no es competitivo en el plano del comercio internacional, al haberse atado a políticas cambiarias que produjeron un atraso considerable del tipo de cambio. Todo en aras del objetivo de equilibrio fiscal que, a la postre, tampoco se obtuvo en estos años.

No sólo el sector agropecuario está en crisis, tal como se viera en las cifras que expusimos. Todos los sectores productivos están en crisis y recesión. Reconocemos que el agro tiene factores agravantes y dramáticos a los que hay que responder en forma especial. Según pensamos, el conjunto de medidas propuestas son una respuesta coyuntural y fruto de la presión impuesta por la propia situación, que con la aftosa explota. Son medidas de corto plazo, pero la falta de competitividad y de rentabilidad es un problema estructural del país entero, un problema de mediano plazo, por lo menos. Las soluciones requieren del cambio de las políticas productivas que dieron lugar a esta situación. Estas son medidas paliativas que, a mi juicio, por sí solas no garantizan que dentro de unos años tengamos planteado el mismo o similar problema. Pero, además, llegan tarde. Llegan cuando la crisis y la recesión ya destruyeron parte del aparato productivo del agro en particular, pero también de otros sectores productivos, como la industria. Una buena parte de pequeños y medianos -y a veces no tanto- empresarios ha quedado por el camino y a ellos ya no llegará este SOS.

A continuación, queremos hablar sobre este proyecto de ley y, fundamentalmente, en lo que tiene que ver con las medidas sobre el endeudamiento agropecuario.

Un escueto artículo 22 refiere a las medidas sobre el endeudamiento agropecuario, destinando al Banco de la República Oriental del Uruguay un monto de U$S 20:000.000, dado que éste será el único encargado de instrumentar el mecanismo del llamado Cupón Cero. La propuesta final sobre el endeudamiento agropecuario aún no está del todo clara, por lo menos para nosotros; quizás, para algunos señores Senadores que han estado conversando hasta el último momento, sea más clara. El propio Presidente del BROU, en su comparecencia en la Comisión de Hacienda, enfatizó en que el Directorio está conversando con el Poder Ejecutivo sobre algunos aspectos de la instrumentación, que tienen por objeto atenuar el impacto negativo sobre el Banco, tratando de que el nuevo sistema -estas son, casi, palabras textuales- sea atractivo solamente para aquel productor que realmente lo necesite. Hablaremos sobre estas medidas una vez que se conozcan sus características definitivas.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Hay una moción de los señores Senadores Heber y Cid para que se le prorrogue el término de que dispone el señor Senador Núñez.

Se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Núñez.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR NUÑEZ.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- A raíz del punto que está encarando el señor Senador Núñez, tengo ganas -sé que no está dentro del Reglamento- de reiterar el planteo del señor Senador Gargano acerca de un llamado a Sala al Gobierno, es decir, una interpelación a los Senadores del Gobierno, que ayer se retiraron, a pesar de que, según pude leer en la versión taquigráfica de la Comisión, al señor Ministro de Economía y Finanzas y a los Senadores del Gobierno les urgía el tratamiento de este proyecto de ley.

Lo digo, porque lo que está tratando el señor Senador Núñez se refiere a una parte del paquete encarado por la coalición de Gobierno para solventar -dicen- la situación que vive el país.

En el día de ayer quedamos muy preocupados cuando representantes del Gobierno se retiraron de Sala y nos enteramos que había un problema muy serio en el Gobierno con relación a este tema que está tratando el señor Senador Núñez.

Pienso que para tomar una debida posición sobre este proyecto de ley, que está muy vinculado a la rebaja del gasoil y a la solución de los problemas del endeudamiento del agro, de acuerdo con lo que se nos dijo en la prensa desde hace meses, sería bueno -y de aquí el sentido del llamado a Sala- implorar a los señores Senadores de la coalición de Gobierno que nos cuenten en qué estamos con relación a ese tema. Esto dio lugar a un temor, por lo menos de mi parte, de ver llegar a las dos o tres de la mañana una nueva hoja de ruta.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Puede continuar el señor Senador Núñez.

SEÑOR NUÑEZ.- Continúo refiriéndome a las medidas sobre endeudamiento agropecuario.

La situación del endeudamiento agropecuario es un elemento agravante de la crisis del sector y hace insostenible la situación del conjunto de los productores, especialmente los pequeños y medianos, y -más especialmente aún- los que han invertido para desarrollar actividades intensivas. Nuestra fuerza política ha presentado en los últimos meses, en cuanta oportunidad le fue posible, propuestas de solución para el problema: propuesta de refinanciación por franjas de deuda; propuesta de suspensión de embargos y ejecuciones; en la Ley de Urgencia Nº 1, sustitutivos y aditivos; en el Presupuesto, también sustitutivos y aditivos; en la interpelación realizada por nuestro compañero, Senador Gargano, el pasado 20 de diciembre y en las Comisiones de Ganadería de ambas Cámaras propusimos, ante los oídos sordos de la coalición de Gobierno, las medidas mencionadas, una y otra vez sin resultados prácticos.

Tuvo que llegar la aftosa, señor Presidente, para que la realidad se hiciera evidente y se tomaran algunas medidas. Celebramos que se haya producido el milagro, pero tenemos la convicción de que aquí también se llega un poco tarde.

Aunque -como dijimos- las características finales de la propuesta aún no están definidas, queremos hacer algunas reflexiones y dejar constancia de algunos elementos de alerta sobre las medidas de refinanciación anunciadas.

Según publicó en su última edición el semanario "Búsqueda" en un artículo que demostraba estar muy pero muy bien informado, al 31 de diciembre de 2000 las deudas bancarias del sector agropecuario totalizaban U$S 1.495:000.000, de las cuales U$S 402:000.000 correspondían al sector de la Banca Privada y U$S 1.093:000.000 pertenecían al BROU. Digo que esta publicación estaba muy bien informada porque se difundió antes de la venida del Presidente del Banco de la República a la Comisión de Hacienda y las cifras coinciden matemáticamente. Si bien las deudas del agro con la Banca Privada son menores a las del BROU, son igualmente importantes y no se entiende, salvo por razones ideológicas, la exclusión de la Banca Privada en estas circunstancias.

Otra de las puntualizaciones o alertas es que si no se adoptan disposiciones complementarias, esta será una medida peligrosa para la estabilidad institucional del Banco de la República porque, según el propio Directorio del Banco, el costo estimado de las medidas asciende, por lo menos, a U$S 40:000.000, que es el doble de lo que se le transfiere en el presente proyecto.

Por otra parte, no es una propuesta selectiva, porque engloba a todos los productores que tengan menos de U$S 200.000 de deuda -es posible que ahora se ubique entre U$S 200.000 y U$S 300.000- independientemente de que se encuentren al día, en mora o en ejecución, de que hayan reperfilado sus deudas anteriormente, o no, y utilizado sus créditos para invertir o para gastos que no tienen que ver con la explotación.

Además, esta disposición no viene acompañada -por lo menos en el presente proyecto de ley o en el paquete anunciado- de la suspensión de ejecuciones como medida cautelar, problema que es una verdadera "espada de Damocles" sobre el productor y la producción agropecuaria.

A continuación, me voy a referir a las medidas que tratan de reducir los costos empresariales, que pueden dividirse en cuatro tipos.

La primera de ellas tiene que ver con la reducción del 10% en el precio del gasoil, lo que lo llevaría al nivel anterior al del incremento resuelto en febrero del presente año, y que provocara una recordada interpelación de parte de nuestra fuerza política. Obviamente, compartimos la actual rebaja, de la misma manera que no coincidimos con el aumento de febrero. Pero esto será objeto de instrumentación por parte de ANCAP y no figura en este proyecto de ley.

El segundo tipo de medidas refiere a la exoneración del Impuesto al Patrimonio afectado a las explotaciones agropecuarias, lo cual figura en el artículo 16 de este proyecto. En Comisión propusimos que se cambiara el término "exoneración" por "suspensión", lo que no fue aceptado por la mayoría. Aunque la forma en que se debatió el Presupuesto Nacional, guía de ruta mediante, no nos permitió expedirnos sobre una medida similar que facultaba al Poder Ejecutivo a reducir paulatinamente el cobro de dicho Impuesto hasta llegar a cero en el año 2003, creemos aceptable la reducción de los costos tributarios del agro en esta situación de crisis, pero no la consideramos adecuada como una medida permanente. En momentos de crecimiento -que pueden llegar algún día, si rezamos o cambiamos las políticas económicas- es absolutamente aconsejable contar con instrumentos de imposición directa, más aún si se piensa establecer un impuesto sobre la renta real del sector agropecuario, ya que la existencia conjunta de dos impuestos directos facilitaría el mejoramiento de la administración y el control.

Esta exoneración -reitero que, a nuestro juicio, es positiva como paliativo a la actual crisis- en realidad alcanza a pocos productores, generalmente los menos afectados por la recesión y el endeudamiento. En la situación actual del agro, señor Presidente, son muy pocos los productores con patrimonio positivo.

El tercer tipo de medidas propuestas consiste en la reducción a cero de los aportes jubilatorios patronales en el agro y la industria manufacturera privada, lo cual se establece en los artículos 17 y 18 del proyecto. Esta reducción también se amplía en ambos sectores a una parte de los Aportes Patronales correspondientes a los Seguros Sociales por Enfermedad.

Oportunamente hemos votado medidas similares a estas en las anteriores Leyes de Urgencia, aun a sabiendas de que -como ya se dijo en Sala- tienen una mínima incidencia sobre los costos de producción, especialmente en el agro. El monto de los salarios en este sector, como efecto sobre el costo, es muy bajo. En un análisis histórico y retrospectivo, dichas medidas no se han reflejado mayormente en el mejoramiento, en el nivel de empleo ni en el de actividad y, mucho menos, en la competitividad externa del país. Si al mismo tiempo no se reducen los costos tarifarios o los financieros, esta medida aislada puede ser válida, pero insuficiente. En torno a los costos tarifarios se baja el gasoil, pero siguen estando ausentes otras medidas que reducirían el costo país. Ni se menciona la disminución de los costos financieros; y el Cupón Cero posterga, pero no reduce los intereses.

Una preocupación adicional, señor Presidente, es saber qué ocurre con los Aportes Patronales a los Seguros de Enfermedad, denominados Cajas de Auxilio -lo planteamos en Comisión y los asesores del Ministerio de Economía y Finanzas nos dijeron que habían estudiado esta redacción con los técnicos del BPS, y que esto sólo afectaba los Aportes Patronales y no los que se vierten a estos seguros complementarios o Cajas de Auxilio- creados en la ley de ASSE, cuyo funcionamiento está autorizado especialmente por el BPS. Si esta disposición no se interpreta correctamente, con seguridad perderán parte de los Aportes Patronales que a ellos se vierten, con el correspondiente desfinanciamiento.

Por último, se faculta al Poder Ejecutivo a reducir a cero los Aportes Jubilatorios Patronales en el sector transporte -aquí no se reduce, sino que se faculta a hacerlo- y a estudiar la posibilidad de disminuir hasta en un 1% los de los demás sectores no comprendidos. Suponemos que este tratamiento diferencial en la rebaja de aportes se debe a la necesidad de verificar, en la práctica, cuál será el monto de recaudación real del COFIS y si es posible darle otro destino. Es un cheque en blanco que se le da al Poder Ejecutivo, para ver si es posible reducir o no esos aportes.

En general, creemos conveniente que, tanto la exoneración del Impuesto al Patrimonio Rural, como la reducción de los Aportes Patronales al BPS tengan un horizonte temporal acotado y estén sujetos a revisión y análisis de sus resultados. No nos parece conveniente que, aprovechando esta situación crítica, se legisle en forma definitiva sobre estos asuntos porque, entre otras cosas, ello significaría un cambio sustancial desde el punto de vista conceptual en la forma de financiamiento del BPS. Todo el tema de la seguridad social, y en particular el financiamiento del BPS, que nos preocupa mucho, merece ser discutido nuevamente, a la luz de una evaluación seria de la situación, pero no a través de la rebaja de costos a los sectores productivos, bajo la presión de una crisis sin precedentes.

A continuación, quisiera referirme a la manera en que se financia este paquete de medidas denominado COFIS. En realidad se trata de un impuesto, a pesar de que se lo denomine "contribución".

Como ya anunciamos al comienzo de nuestra exposición, discrepamos radicalmente con el sistema de financiamiento propuesto, ya que gravará a los consumidores, transfiriendo recursos de esta área -de por sí muy castigada- hacia los empresarios de todos los sectores productivos. En realidad, el costo país no se reduce, ya que se mejora la situación de unos, a costa de muchos otros. Esta es la principal causa de nuestro voto negativo, en general, a este proyecto de ley.

El COFIS es un impuesto al consumo que grava las etapas de comercialización previas a la venta final al consumidor, pero que afecta inexorablemente el precio que éste paga en un tres por ciento adicional. Grava únicamente los bienes y no los servicios, pero con esta salvedad y con la de que no funciona en la etapa final, debemos decir que funciona igual que el IVA y se adiciona y superpone a éste. Como es sabido, el IVA grava no solamente el precio neto de un bien, sino también los impuestos anteriores que tenga incluidos. Por lo tanto, en la medida en que el COFIS se va a cobrar antes que el IVA, habrá un efecto suplementario de impuesto sobre impuesto, del 23% de IVA sobre el 3% de COFIS, que también afectará y aumentará el precio final al consumidor en un 0,69% adicional. Nosotros queremos ser realistas y no creemos que la reducción de costos sectoriales por la eliminación de los Aportes Patronales se traslade al precio final que paga el consumidor. En consecuencia, para los bienes industriales que no están exentos de IVA, el efecto combinado de ambos impuestos funcionará como si la tasa del IVA fuera de un 26,69%.

Este instrumento, si bien es de fácil y rápida recaudación, es absolutamente inconveniente en la situación estructural de recesión, porque presiona a la reducción aún mayor del mercado interno y, en consecuencia, ahondará la recesión general de la economía. Pero es también absolutamente injusto seguir aumentando la presión fiscal en los mismos bolsillos que pagan ya el 80% de los impuestos de este país, es decir, los de los consumidores, habida cuenta que el ingreso per cápita es de por sí muy bajo y que en el año 2000 se redujo aún más. Digo esto porque se sigue gravando por igual a personas que tienen capacidades de pago diferentes: al que cobra $ 2.000 por mes, al que no tiene ingresos o al que los tiene de miles de dólares, que también los hay en este país. En ello radica la profunda injusticia social y económica de este impuesto.

Por todas las razones expuestas, señor Presidente, nuestra bancada votará el presente proyecto en forma negativa en la discusión general.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Este proyecto de ley llega al Senado después de que nuestro Partido, en la figura del señor Presidente de su Directorio, se entrevistara con el señor Presidente de la República con motivo de la crisis de la aftosa que golpea al país. En función de eso es que el Partido Nacional promueve una serie de medidas que le parecen necesarias frente a esta crisis que afrontamos, dados los costos y los precios que el Uruguay va a tener con motivo de la misma.

Asimismo, es bueno recordar que el Uruguay ya estaba interesado en propuestas que algunos señores Legisladores habían realizado públicamente, a fin de abatir costos a la industria, el comercio y el agro para que fueran competitivos en la región. Concretamente, el señor Senador Atchugarry -no sé si en nombre del Gobierno o en el suyo propio- había expresado públicamente que era necesario bajar los costos de todo lo que estuviese relacionado con la competitividad que la industria y nuestro trabajo tienen en la región. Incluso, ya se había hablado de una tercera Ley de Urgencia; ya circulaba en el ambiente político el anuncio de esta norma y el Gobierno proponía el famoso 3%, de modo de poder abatir, entre otras cosas, el costo de nuestra mano de obra para poder ser, reitero, competitivos en la región.

En un principio, esto no fue bien recibido por el Partido Nacional -así lo declaramos públicamente- porque no veíamos con buenos ojos que se instrumentara un impuesto donde solamente tuviéramos como contrapartida una rebaja de aportes patronales para el sector de la industria y del comercio. Insisto en el hecho de que no veíamos bien que fuera únicamente una rebaja de aportes patronales para los sectores de la industria y el comercio, porque todos sabemos que ya estábamos haciendo el esfuerzo en la rebaja de los aportes patronales del sector agropecuario y, por lo tanto, había muy poco para abatir en este sector.

En medio de la discusión respecto del Proyecto de la Tercera Ley de Urgencia, el Partido Nacional expresaba que no quería más impuestos en función de la crisis que, según sus cálculos, va a provocar una caída en los precios que sustraerá de la economía nacional entre U$S 100:000.000 y U$S 150:000.000 de ganancia. Es decir que vamos a perder de ganar esas sumas por no poder ingresar a los mercados no aftósicos. Esto se va a sentir -ya se está sintiendo- en los niveles de desempleo. Muchos Legisladores ya han hecho alusión a la situación de congelamiento que existe en nuestra campaña y que va a durar, lamentablemente, algunos meses más, hasta que se pueda vacunar todo el ganado. Mientras no se puedan abrir nuevos mercados, vamos a sufrir una situación complicada, comprometida.

Por eso es importante enmarcar el proyecto de ley que tenemos sobre nuestras mesas en los hechos que están viviendo el país y la región. Acá se están buscando soluciones y yo creo que están apareciendo.

Me gustaría desafiar -lo digo en el buen sentido- a las fuerzas políticas a que propongan mejores soluciones; si hay una solución mejor que no hayamos estudiado o que no se nos haya ocurrido, ¡bienvenida sea! De esta manera, estaremos ayudando ahora. No somos una fuerza política avara en cuanto a las ideas a proponer, que espera la oportunidad de ser Gobierno el día de mañana para plantearlas. Si tenemos alguna idea buena, la aportamos ahora, sin especular. No digo que otras fuerzas políticas lo hagan, pero sí que mi Partido no le hace eso al país. Reitero que si tenemos una idea, la proponemos ahora, porque ello va a repercutir en un beneficio para la sociedad en su conjunto y para el país en general.

Estas medidas que tenemos sobre nuestras mesas no pretenden ser la varita mágica que active las transformaciones que el país necesita; nunca fueron planteadas de esa manera. Fue un paliativo, una reacción, un mensaje, una búsqueda desesperada por encontrar caminos alternativos a un horizonte negro que se presentaba al país. Creo que esto, señor Presidente, se logra.

Se logra porque para los distintos sectores hay un buen mensaje. Sin embargo, se hacía especial hincapié, por parte del señor Senador Couriel -lo escuchamos en la Antesala, mientras atendíamos a una delegación de periodistas- en que no hay mensajes y para los exportadores no hay nada.

Creo que el país inicia una discusión con este tema; son pasos que van en la dirección correcta, pero no son los únicos que hay que dar. Hemos tenido planteos por parte del Gobierno, y nuevamente aparece la figura del señor Senador Atchugarry con relación a la posibilidad de estudiar los servicios públicos y el costo que significan para el Estado y para el país. Hemos visto que técnicos de todos los partidos han elaborado, inclusive, un denominador común para ponernos de acuerdo en la tarea que hay que emprender hacia adelante. Pienso que ese es el camino de fondo y esto que hoy estamos votando, va en la dirección correcta; lo hemos hablado en el ambulatorio, incluso con Senadores del Encuentro Progresista. Es necesario que nos pongamos de acuerdo, por lo menos, en un mínimo indispensable de modificaciones de costos que el país tiene. Contamos con técnicos y asesores de todos los partidos que han dicho que es factible caminar y hallar puntos de encuentro -aunque no sean "progresistas"- que serán de prosperidad, que es lo mismo que decir de progreso para el país. Estos puntos de encuentro ameritan un trabajo que tenemos que realizar durante todo el año.

Repito que este no es un plan de reactivación económica sino una señal en la dirección correcta, donde el Gobierno se reúne para dar mensajes, creo que positivos, para la sociedad en su conjunto. ¿Por qué creo que son positivos? Porque se rebaja el gasoil. ¿No es positivo rebajar el gasoil un 10%? Creo que sí. El señor Ministro de Economía, en varias oportunidades, concurrió a la Comisión Permanente que presidió la señora Senadora Xavier para discutir a fondo el tema de los combustibles y explicar lo negativo que era para la sociedad el aumento, punto que compartimos. Nosotros no estábamos de acuerdo con la solución que buscaba el Gobierno para abatir un agujero fiscal que era difícil de financiar, pero tampoco ello significaba tener una discrepancia al punto tal de tomar distancia del Gobierno o abandonar la coalición. Decimos y seguimos diciendo que no fue buena la medida de aumentar los combustibles. Por eso, para ser coherentes, cuando tenemos la posibilidad de rebajar un 10% el gasoil, lo apoyamos; si aquello era negativo, esto es positivo. No hay otra opinión. Creo que nadie en esta Sala puede decir que eso es negativo o que es insuficiente. Como consecuencia de esa rebaja, el boleto urbano tendría que bajar.

Esta es una de las medidas más importantes que se toman, porque nos cuesta U$S 45:000.000. Supongo que aquellos que dicen que esta medida es insuficiente, también dirán de dónde sacar otros U$S 45:000.000 para generar, así, una rebaja del 20% en el precio del gasoil. Esto, señor Presidente, tiene dos caras, pero los partidos tienen una y deben mostrarla de modo tal de ser coherentes. Si decimos que queremos bajar el 10%, la otra cara de la verdad es decir de dónde salen los dineros.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Sí, enseguida se la concedo, señor Senador.

Entonces, cuando acá se dice que se está de acuerdo en bajar un 10% y que eso cuesta U$S 45:000.000, también tenemos que expresar de dónde salen esos dineros.

El Partido Nacional -digo esto antes de conceder la interrupción para que quizás pueda contestar algunas de las objeciones que estas reflexiones puedan tener- en reuniones con el señor Ministro Bensión, una y otra vez buscó alternativas para que no se estableciera el 3%. Los señores Senadores Atchugarry y Larrañaga son testigos presenciales de que analizamos la posibilidad del endeudamiento, que fue una propuesta que hemos escuchado en Sala. Hemos estudiado con el señor Ministro si era factible generar los U$S 150:000.000 que hoy rebajamos en presión fiscal, mediante un mayor endeudamiento del país. Analizamos esto, al punto tal de no perder la calificación que el país tiene; no hay que insistir en la posibilidad de que el país se endeude en U$S 150:000.000 a riesgo de perder la calificación de "investment grade" que tiene el Uruguay y que significa pagar un 6% o un 7% de tasa de interés por servicio de deuda. No quiero correr ese riesgo y ser responsable -y soy responsable, también, en la discusión que nuestra fuerza política realizó de los distintos juicios que el Ministro de Economía hizo- de que mañana perdamos la calificación de país, lo que implicaría U$S 500:000.000 o U$S 600:000.000 más por concepto de los servicios de deuda. Entonces, descartamos un riesgo que no sé cómo resolver si la medida tomada sale mal. Esto me parece demasiado audaz frente a una difícil situación regional y de monitoreo internacional que se tiene del país y que no depende de la calificación, sino de la posibilidad de responder a los intereses de nuestra deuda externa. Estoy seguro -y no tengo que preguntar a ningún señor Senador, sin importar el partido- de que nadie está de acuerdo en perder esta calificación. Algunos dirán que no la perdemos por U$S 150:000.000, lo que es razonable y quizás atendible, pero no corro ese riesgo porque si me sale mal, no tengo los U$S 500:000.000 o U$S 600:000.000 que me va a costar en adelante cumplir con los intereses que el país adeuda.

Ahora concedo la interrupción al señor Senador Michelini.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Estaba escuchando con cierto asombro al señor Senador Heber, quien comienza su intervención diciendo que desafía al resto de los señores Senadores que no vamos a votar estas medidas a que pongamos nuestros argumentos sobre la mesa.

Empieza diciendo que esto va por el buen camino, pero que no es un paquete de reactivación. Entonces me pregunto qué se está esperando, porque el país necesita medidas para reactivarse, pero quizás entendí mal y lo dejo pasar.

Luego, pregunta dónde están las ideas y pide que si la oposición tiene ideas, las ponga sobre la mesa. Voy a ahondar más en la intervención que realice posteriormente -y no quiero robar el tiempo del señor Senador Heber- pero debo decir que desde 1999 estamos poniendo ideas arriba de la mesa. En enero, cuando nos entrevistamos con el señor Presidente, propusimos referirnos al tema de los servicios públicos, no a los efectos de vender o para tratar el tema de la propiedad, sino para generar condiciones que permitan la inversión, porque la inversión del país no fue propulsada por la coalición, sino que fue el propio General Seregni que convocó a un seminario al respecto.

Posteriormente, el señor Senador Heber nos desafía y pregunta si teniendo en cuenta que era malo haber aumentado el gasoil, era bueno rebajarlo. Por supuesto que sí, pero esto lo venimos pidiendo hace un año. Además, hay que tener en cuenta la inseguridad que generan los procesos de subir y bajar como parte de las políticas públicas de los gobernantes, lo cual es también un efecto disuasivo que tira abajo la inversión. Por supuesto que antes criticábamos las subas del gasoil, pero teníamos propuestas para bajarlo. Se nos dice que entonces ahora no los critiquemos, pero esta medida tendría que haberse tomado antes. Además, esta política genera desconcierto en la población y en los inversores, ya que se trata de una política errática, que es la peor de todas.

También se pregunta dónde están los recursos para poder bajar los precios. Creo que esta es una cuestión elemental y se nos está tratando como si fuéramos niños de escuela. Digo esto con sinceridad y pienso que el señor Senador Heber tiene mala memoria, pues el Presupuesto del país subió U$S 110:000.000, lo cual no debería haber sido así. Tenemos un problema de competitividad y de costos, ya que existe un costo muy alto a partir del entorno regional, entre otras razones porque Brasil devaluó, pero esto ocurrió hace dos años; sin embargo, igualmente subimos el Presupuesto Nacional.

Asimismo, se expresa que para bajar el costo país hay que analizar de dónde se sacan los recursos necesarios. Al respecto, pienso que lo primero es no aumentarlo, a pesar de lo cual lo hacemos.

No quiero quitarme responsabilidad porque no voté el Presupuesto; por el contrario, me siento muy embarcado en el destino de este país, independientemente del rol que uno desempeñe, ya que actualmente integro el sector de la oposición, pero mañana podré ser parte del Gobierno.

Entonces, subimos el Presupuesto y el costo país hoy es más caro que hace un año. En consecuencia, no se trata de cuestionarse cómo lo vamos a bajar, sino que lo primero que hay que hacer es no aumentarlo.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Quizás esta interrupción nos saca un poco de la vía argumental, pero debemos contestar los cuestionamientos planteados. Discrepo con las manifestaciones del señor Senador Michelini, pues tenemos dos visiones distintas de la realidad presupuestal. Nosotros votamos financiaciones para cada uno de los gastos que se propusieron en la etapa presupuestal. Si el señor Senador Michelini no lo sabe, le pido que revise sus papeles, donde encontrará el registro de todos los impuestos que pusimos, lamentablemente, para financiar el aumento del gasto.

SEÑOR MICHELINI.- Justamente, se trata de un aumento del gasto.

SEÑOR HEBER.- Pero financiado, señor Senador. Aquí existe una rebaja de los ingresos del Estado financiada, de U$S 45:000.000, y que hay que decir de dónde salen.

Señor Presidente: no escapará a nadie que la etapa presupuestal fue dificultosa, en función de que teníamos que abatir un déficit de U$S 800:000.000 y que vino con una propuesta de U$S 500:000.000 por parte del Poder Ejecutivo. ¿No nos acordamos de esas cifras? Las mismas fueron analizadas en la Rendición de Cuentas y luego nuevamente en la etapa presupuestal. Cabe aclarar que no escuché ninguna propuesta de otro Senador para financiar eso.

Volviendo a la línea argumental que estábamos siguiendo, debo decir que en el precio del gasoil también está funcionando un nuevo sistema -esto fue una propuesta de nuestro sector político- que posibilita que en el día de mañana los aumentos y las variaciones de los precios a nivel internacional no incidan en los precios del país, haciendo un ficto y garantizando al Estado un fluido de lo que recauda por los impuestos a las naftas y al gasoil, de modo de no variar ese porcentaje. Asimismo, se trata de brindar la posibilidad de que en el futuro pueda hacerse una rebaja en el caso de que el precio internacional baje. Lamentablemente, el precio del petróleo sigue subiendo, pero esperemos que baje en algún momento, aunque no han sido buenas las señales.

Lo último que quería responder al señor Senador Michelini es que la devaluación brasileña no fue solamente hace dos años, sino que ayer también devaluó. O sea que tenemos una situación compleja en la región y en función de ello nosotros nos tenemos que mover con soluciones y no con discursos. Solucionar la competitividad de nuestras industrias y sector agropecuario mediante un endeudamiento, es un riesgo que mi partido no quiere correr.

SEÑOR ASTORI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Prometo que mi intervención va a ser muy breve y que no va a sacar al señor Senador Heber de su línea argumental.

Quería aportar un razonamiento para que manejemos con precisión algunas cifras con respecto a lo que significaría el camino del endeudamiento. El país tiene una deuda pública neta de aproximadamente U$S 2.900:000.000, reservas por más de U$S 2.000:000.000 y una deuda bruta que supera los U$S 5.000:000.000. Por cada punto de tasa de interés que aumente en el servicio de una deuda, el monto máximo que podríamos estar manejando es de U$S 50:000.000 al año. Esto es si tomamos la deuda bruta como base, ya que las reservas también generan rentabilidad a favor del país, es decir que el país no las tiene ociosas. Es más, el Presidente se vanagloria todos los días de haber vendido el oro, haberlo pasado a reservas monetarias y tenerlas trabajando; está bien. Por eso considero que es una exageración calcular un monto de U$S 50:000.000 por punto de tasa de interés y tendríamos que tomar la deuda neta como referencia. Además, quiero agregar que en lo que va del año el costo de servicios de interés que paga el Uruguay cayó U$S 90:000.000, en base anual, como consecuencia del descenso de las tasas de interés internacionales, que es la mejor noticia que hemos tenido en el Uruguay en los últimos tiempos.

Quería aportar estos datos simplemente para que se vea que la vía del endeudamiento -naturalmente, respeto todas las discrepancias- no tiene de ninguna manera el dramatismo que el Gobierno ha expuesto para descalificarla como camino posible. Desde luego, también discrepo con las cifras que maneja el señor Senador Heber, pues de ninguna manera podemos llegar a las mismas, aunque perdamos todos los grados de inversión que tengamos en la vida. Personalmente, estoy absolutamente seguro -discúlpeseme por hablar en primera persona- de que el grado de inversión del país no depende de U$S 140:000.000; estoy absolutamente seguro de ello, dada la estructura financiera del país. Obviamente, reitero que respeto la posición contraria, la admito, aunque discuto con ella. Pero debemos manejar cifras que estén directamente relacionadas con la realidad financiera del país y que no son en modo alguno de ese nivel, sino mucho más bajas.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: la calificación del país no solamente está dada por el tema del endeudamiento, sino por el riesgo país. Inclusive, en la mañana de hoy nos comentaba el señor Ministro de Economía y Finanzas -estuvimos hasta casi el mediodía discutiendo y acordando posiciones- que estas medidas de refinanciación que llevaremos a cabo a través del Banco de la República fueron observadas y vigiladas en función de que quizás estuviéramos encubriendo un cierto endeudamiento en el país, dado el esfuerzo que le estamos pidiendo a este Banco.

A esto hemos contestado que los U$S 20:000.000 buscan resolver la iliquidez que el Banco República va a generar, al dar oxígeno a los productores agropecuarios en los primeros cuatro años. Ahora bien, señor Presidente, esta medida no es ortodoxa ni del todo trasparente porque surge de una decisión política de los partidos y genera un esfuerzo a una institución financiera del país, que debe competir en igualdad de condiciones con la Banca Privada. Esto no lo puede hacer, porque tiene órdenes políticas a los efectos de solucionar problemas político-sociales del Uruguay. Esto es observado por todo el mundo y a veces genera desconfianzas que nosotros debemos atenuar, explicando y tranquilizando para que no se emita una señal en la dirección equivocada. Lo que buscamos es atraer la inversión para generar el empleo que el país necesita. La confianza y la falta de riesgo a la inversión extranjera es parte integrante de lo que tenemos que cuidar, como gobernantes, ya sea que estemos en el Gobierno o en la oposición.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Solicito que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Continuando con la explicación, digamos también que se deroga el Impuesto al Patrimonio al sector agropecuario, que significa U$S 12:000.000. ¡Doce millones de dólares! Eliminamos casi todos los impuestos nacionales del sector agropecuario; queda solamente el Impuesto a la Renta de los Activos. Es decir que el sector agropecuario paga solamente cuando vende. Además, en discusiones que he mantenido con algunos de los Legisladores, en la Comisión de Ganadería y Agricultura, se ha hablado obsesivamente de bajar impuestos a dicho sector en estos momentos tan difíciles para el país. Le hemos pedido esfuerzos e históricamente los ha brindado en favor del país. En la última década esos esfuerzos fueron trasladados, del sector primario de la economía al sector consumidor, generando una situación artificial de bienestar que fue renga, porque fue rengo el proyecto que no se nos dejó instrumentar cuando empezamos el plan de estabilización del país.

Entonces, son U$S 12:000.000 por la derogación del Impuesto al Patrimonio. Además, se eliminan los aportes patronales a la seguridad social de la industria manufacturera, que cuesta U$S 45:000.000. Pregunto: ¿esto no es bueno para el sector exportador? ¿No es bueno bajarle U$S 45:000.000 de costo de mano de obra? ¿Quién puede decir una cosa así? Que sea insuficiente, puede ser; que haya que trabajar más, claro que sí. Pero no pasa por este tipo de medidas sino por revisar el costo país; pasa por la convocatoria que nos ha hecho el señor Senador Atchugarry en cuanto a llevar técnicos y Legisladores a trabajar por la reforma del sector público y pasa por mirar estos problemas con sentido práctico y no con ideología. No podemos ideologizar. Me va a perdonar el señor Senador Núñez, a quien he escuchado con mucha atención, pero no es en desmedro de muchos y en beneficio de pocos, como me pareció entender en el transcurso de su exposición. Si bajamos y dejamos que la industria nacional sea más competitiva, aflojándole una presión fiscal que es de U$S 45:000.000 en los aportes patronales, pero del 2.5% en los aportes a DISSE, que son U$S 15:000.000 más no se llega a la panacea de la solución a los problemas de desempleo -que no se pretende-; pero si bajamos los costos país y miramos desideologizadamente el Estado buscando que sea un socio de la producción nacional y no un peso de ella y de la industria, estaríamos generando una visión diferente de la que parecería ser una visión vetusta del papel del Estado, que tiene que sacarle a uno para darle a otros. No es esa la función del Estado. El Estado tiene que ser socio de unos y solidario con otros. Pero socio. Porque estamos en un mundo competitivo, señor Presidente, no aislados de él. En tal sentido, debemos buscar que el Estado no sea un peso que inviabilice la inversión y la empresa. Se terminó aquello de que unos y otros pelean en el Uruguay. No hay más enfrentamientos de clase, señor Presidente. Somos socios de clase. Esa es una visión vieja de lo que es la constitución del mundo y del país. El sector productivo no está en contra del industrial y enfrentado a él. Reitero: son socios. No están el sector industrial y el productivo contra la clase obrera nacional. Son socios. Justamente, estamos analizando la necesidad de la unión nacional, que busque y se entienda y que no solamente se tenga que pagar el trabajo. Ojalá lleguemos a la instancia en que podamos tener mercados suficientes, industrias estables y un país política y económicamente estable como para que las industrias sean permanentes y no se premie al trabajador solamente con el salario, sino también con una participación en las ganancias de una empresa. Pero esa será una instancia posterior a que consigamos lo que tenemos que conseguir: la estabilidad de mercados y la economía necesaria como para poder crecer y avanzar en ese sentido, sin pensar ahora en lo que todavía no tenemos garantizado.

(Ocupa la Presidencia el señor Luis Hierro López)

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Estoy escuchando con mucha atención y la verdad es que alabo el esfuerzo que hace el señor Senador por tratar de convencernos de la bondad del proyecto. Pero él se refirió en el último Capítulo -por eso le pido la interrupción ahora, para no desviarlo- a los beneficios que traería el proyecto para la industria. Tengo aquí, en mi poder, un trabajo que solicité a la Cámara de Industrias me enviara -con el que no sé si también cuentan los demás señores Senadores- donde los cálculos que esta hace acerca de los resultados del proyecto -no digo que esté bien ni que esté mal- son los siguientes. Por aportes patronales, la reducción será de U$S 45:700.000 y el 50% del aporte a DISSE será de U$S 17:600.000. El total del impuesto a pagar -es decir, lo que el impuesto del 3% le cobra a la industria- es de U$S 73:200.000. El resultado es menos U$S 10:000.000, lo que quiere decir que la industria se siente afectada en esa cantidad. Supongo que es un cálculo hecho por los asesores de la Cámara de Industrias, que no digo que esté bien o mal. Lo que me interesaría -no digo que lo haga el señor Senador Heber quien, de pronto, no tiene los elementos- es que los miembros informantes que han estudiado este proyecto nos dijeran si estos datos están errados. Yo los pedí en función de que había escuchado inicialmente al Presidente de la Cámara de Industrias -que después no quiso referirse a los comentarios que yo había hecho con relación al tema- decir que esto afectaba a la industria porque iba a disminuir el consumo y a aumentar la informalidad. Estos fueron los términos en que se había expresado.

También escuché a la Intergremial de Productores Agropecuarios decir que estas medidas eran inconvenientes e insuficientes. Entonces, en la medida de lo posible, pido que esto sea explicado, porque lo que acabo de decir se encuentra en la vereda de enfrente de lo expuesto por el señor Senador Heber. Reitero que la Cámara de Industrias ha dicho que estas medidas, en lugar de traer beneficios, provocarán perjuicios.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Gracias, señor Presidente.

SEÑOR ATCHUGARRY.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto le concedo la interrupción, pero aclaro que me gustaría seguir avanzando en mi exposición, ya que me faltan muchas cosas por decir.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- En realidad, hace rato que estoy tentado de pedirle una interrupción, pero no quería cortar su exposición. Telegráficamente, por su orden, quisiera aclarar que cuando el señor Senador exponente dice -a mi juicio, con absoluta justicia- que buscar un impacto en la reducción de costos de U$S 150:000.000 anuales y plantear que el país se puede endeudar en los próximos cuatro años en aproximadamente U$S 700:000.000 -es decir, U$S 600:000.000 más sus intereses- tiene, sin ninguna duda, un impacto en la calificación de país, la pérdida de la calificación de país, señor Presidente, naturalmente tiene un efecto que es diferente a la baja o suba de un punto de la Tasa Líbor. Es correcto decir que cuando sube o baja la tasa internacional se debe hacer un neto entre las reservas y la deuda bruta. Ahora bien, cuando el país es castigado por falta de confianza, esto no hace subir la rentabilidad de las reservas y, por lo tanto, se aplica a la totalidad de la deuda bruta, que resulta castigada. O sea que un punto sobre la deuda bruta por la pérdida de confianza -y, por lo general, cuando se pierde la confianza no hablamos de un punto, sino de varios- analizando la tasa que pagan Brasil y Argentina, trasladado a nuestra deuda bruta, tendremos que hablar de cientos de millones de dólares.

Por otra parte, creo que en esta discusión se han hecho afirmaciones correctas en el sentido de que alguna gremial ha realizado diferentes manifestaciones sobre este tema. En primer lugar, deseo señalar que, a juicio de la Dirección General Impositiva, el sector local va a contribuir entre un 27% y un 32%, siendo el resto con cargo a los productos importados. En segundo término, existe una falla de razonamiento, ya que no se puede decir que la industria u otro sector vayan a pagar una determinada cifra, que la rebaja que se les realice sea ésta o aquélla y, al mismo tiempo, sostener que todo esto incrementa el costo de vida. Entonces, la pregunta es si trasladamos esto a los precios o no. Si no se traslada a los precios, es correcto que se diga que, por un lado, hay una suba y, por otro, una rebaja. Si esto es así, no se puede afirmar que existe una suba en el costo de vida, porque si traslado todo, el beneficio es neto. Si el importador traslada precios, el productor local también puede hacerlo, porque su competidor, que es el importador, también lo hizo. En este caso, la baja es neta y, por lo tanto, se produce una ganancia neta de competitividad.

También podría tener otra opción, señor Presidente. A juicio de la DGI, la baja de impuestos directos al sector industrial es de U$S 65:000.000. Esta cifra es mayor de lo que van a pagar por concepto de tasa y a eso se deben agregar las bajas indirectas por concepto de combustible y otros aspectos. También entiendo -y ojalá así sea, porque de esta forma el consumidor no va a pagar un centavo más- que será positivo que el producto nacional traslade toda la baja a su precio, ya que el efecto que se busca con este tipo de medidas -que, por supuesto, como bien dijo el señor Senador Heber, no son suficientes, sino un paso en esa dirección- es que el producto nacional cueste menos, se pueda vender más y genere puestos de trabajo. Básicamente, esta es la idea. Con gran humildad, digo que Brasil y Argentina hicieron esto hace algunos años y debemos pensar que no deben haber estado tan equivocados al hacerlo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Gracias, señor Presidente.

SEÑOR ASTORI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI.- No puedo compartir, de ninguna manera, la primera parte del razonamiento del señor Senador Atchugarry, que parte de la base de que todos los años hay que repetir el endeudamiento para financiar la reactivación nacional. No es así, porque eso es como decir que las medidas que tiene este proyecto no van a surtir un efecto reactivante sobre la producción y, por lo tanto, el país no va a tener fuentes de recaudación adicionales, que permitirían evitar reiterar el endeudamiento de todos los años. Decir esto es afirmar que lo que estamos haciendo ahora no sirve para nada, y no creo que esa sea la intención del señor Senador Atchugarry. En cambio, si las medidas de reactivación tienen éxito y el nivel de actividad sube, no hay razón para seguir endeudándose por una cifra de U$S 150:000.000 y, por lo tanto, el resto del razonamiento cae y no es válido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Gracias, señor Presidente.

SEÑOR ATCHUGARRY.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto, pero, por favor, sea breve.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Como el señor Senador Astori es conocido por su inteligencia, concordará conmigo en que si estas medidas se pagan solas, porque son tan buenas, entonces tendremos los U$S 150:000.000 en COFIS para el año que viene, para hacer nuevas rebajas. Porque, si tomando estas medidas, con endeudamiento, no se necesita endeudarse el año que viene porque se cubren solas, entonces el año próximo tendremos los U$S 150:000.000 del COFIS libres para hacer nuevas cosas.

SEÑOR PRESIDENTE.- La discusión es muy interesante, pero le devolvemos la palabra al señor Senador Heber, para que pueda continuar con el hilo de su razonamiento.

SEÑOR HEBER.- Gracias, señor Presidente.

Continuando con la consideración de las medidas, aclaro que el 3% mencionado lo pagan, básicamente, los productos importados. De los U$S 150:000.000, U$S 85:000.000 los tendrá que abonar en la Aduana el producto importado. Resalto esto porque no estoy muy de acuerdo con este tipo de soluciones. No me parece que sean las mejores, y creo que sería más factible que pudiéramos buscar, a través del ahorro del gasto público, las economías necesarias como para que no fuera imprescindible implementar este 3%, que es una mala señal hacia el mundo, ya que el Uruguay depende de sus exportaciones. Si esto es así, y si necesita mercados, no puede dar otras señales que no sean las de abrirse para que los demás se abran. Esta es una regla que, a nuestro juicio, es básica en lo que tiene que ver con el comercio: uno se abre para que el otro también lo haga, de modo que uno gana más al adquirir ciento cincuenta millones de consumidores, frente a los tres millones que tenemos en nuestro país y que son insuficientes para nuestra propia industria y nuestras exportaciones.

Entonces, medidas como ésta y como la que se anuncia en la construcción -mañana ingresará un proyecto de ley para abatir costos de la construcción, de modo tal que se reactive- van, a nuestro juicio, en una dirección correcta, aunque no pretenden ser la panacea de las soluciones para la reactivación económica, pero van en el camino que debemos empezar a recorrer y que seguramente transitaremos en el transcurso del año.

En cuanto a otro de los temas relacionado con las deudas del sector agropecuario, quiero decir que no se puede realizar dos discursos; o se dice que los productores no pueden pagar o se busca proteger al órgano financiero que les da posibilidades y oxígeno, al que parecería que estas medidas están -según algunos Legisladores- cuestionando e inviabilizando. Se ha dicho que este es un golpe muy fuerte para el Banco de la República, pero nosotros creemos que no es así, ya que se ha destinado una asistencia de U$S 20:000.000 que resuelve el problema de la iliquidez de este Banco, que se esfuerza por dar plazos.

Hace varios días tuvimos una discusión con el señor Ministro de Economía y Finanzas porque también pretendíamos buscar, como alternativa, el hecho de que no fuera el Banco de la República el que hiciera este esfuerzo, sino un sistema de cupón que fuera factible de otorgar ahora al productor rural, de modo de no esperar cuatro años, ya que ese parece ser el esfuerzo que se le pide a este Banco. Pero hay dos cosas, señor Presidente, que son de recibo y que fueron esgrimidas por el señor Ministro en las distintas reuniones que hemos tenido. Una de ellas fue la de no dar señales de mayor endeudamiento público. Si hoy emitimos desde el Banco Central Cupón Cero de modo tal de afectar la deuda pública, nos encontramos en el mismo camino que se quiere evitar. Se podrá discrepar con esta situación, pero es algo que a nuestro partido le preocupa y que debe de cuidar. Me estoy refiriendo a la calificación del país, porque es un buen negocio para el país. No es un tema ideológico, más allá de que escuchemos discursos de distinta índole. El mundo no es como a mí me gusta, sino que es como es. A mí me ponen aquí para que haga las cosas mejor, y por eso no puedo perder la calificación del país. Si llegara a suceder, no sería bueno o malo, sino un tonto. Eso es lo que no se puede ser; no se puede ser tonto. Repito, perder la calificación es una tontería para el Uruguay y en eso, señor Presidente, no podemos caer. Por esa razón debemos cuidar la calificación del país y ayudar al sector agropecuario. El señor Ministro precisa plazos y eso fue lo que se le dio. Se dio, como nunca se había dado en la historia -y apelo a los más memoriosos que hemos votado refinanciaciones en el Parlamento- un año y medio de gracia. En ese tiempo no tendrán que pasar por el Banco ni para amortizar capital ni pagar intereses. Pero, ¿esto es gratis? No puede serlo porque si el discurso es coherente y no queremos que pague el resto de la sociedad, ni el Banco de la República, esto no puede ser a fondo perdido. En este año y medio que no tienen que pagar, los intereses pasarán a la deuda y cuando compren el Cupón, allí estará. Se trata de darle oxígeno, porque tampoco podemos hacer tanta diferencia entre los distintos sectores de la actividad económica del país. Podemos comprender la situación generada por la aftosa, y que hay atraso cambiario, que no es por culpa del plan de estabilización que estableció el Uruguay en la década del noventa, sino porque no se dejó instrumentar un proyecto de país que fue rengo y que terminó golpeando a la producción nacional. El atraso cambiario es producto del desentendimiento del sistema político que no dejó instrumentar un proyecto de país. Cuando se votó en contra de la reforma del Estado, se provocó que no pudiera aliviar el costo del atraso cambiario que se iba a producir y que se produjo, porque las cosas a medias no salen. El proyecto era uno y no se dejó instrumentar; sólo con la estabilización del país no se resuelven los problemas. Eso ya lo hemos dicho y estamos de acuerdo.

Con respecto al tema del endeudamiento, en el Banco de la República hemos abarcado al 95% o 96% de los productores rurales. ¿Cómo alguien puede decir que esto es insuficiente? ¿Cómo pueden decir esto si, repito, abarca al 96% de los productores rurales? Se ha dicho que no está incluida la banca privada, pero eso es un error. Está la banca gestionada, que mediante circulares del Banco Central tendrá las mismas condiciones que establece el Banco de la República. En este Parlamento, en una Comisión de la Cámara de Diputados se estableció claramente que la banca cooperativa iba a instrumentar las mismas medidas que el Banco de la República. En los próximos días nos vamos a entrevistar con el resto de la banca privada para tener señales claras de que por su parte se van a instrumentar las mismas o similares condiciones para los productores. Asimismo, de los U$S 1.400:000.000 o casi U$S 1.500:000.000 que señalaba con acierto el señor Senador Núñez, U$S 1.100:000.000 están en el Banco de la República y más de U$S 300:000.000 están en la banca gestionada. Es decir que la banca privada cooperativa y el Banco Comercial -que son las otras dos instituciones que ayudan al sector- han prestado muy poco al sector agropecuario. La banca gestionada -a la que le corresponden U$S 300:000.000- está obligada por el Banco Central y, asimismo, vamos a hablar con la banca privada para que dé señales claras de que instrumentará medidas similares a las del Banco de la República. Se ha hablado de un año y medio de gracia y de cuatro años sin la amortización del capital a una tasa de interés que como techo será de 9,25%. El señor Senador Fernández Huidobro se preocupaba por lo que había pasado en el día de ayer cuando pedimos un cuarto intermedio, y le informo que el problema era que la circular que le había dado el señor Ministro de Economía y Finanzas al Banco de la República para cumplir lo acordado hablaba de una tasa de interés del 10,75%, lo que a juicio del Partido Nacional volvía inviable que muchos pudieran ampararse a la refinanciación. Por esa razón, en una reunión que mantuvimos hoy de mañana con el señor Ministro, hemos dejado establecido como techo un 9,25%. Ese fue el motivo por el cual solicitamos el cuarto intermedio, ya que queríamos aclarar el último punto que nos quedaba pendiente.

El señor Senador Núñez dijo muy bien, cuando señaló críticas a esta refinanciación, que no se toman en cuenta los distintos comportamientos de los deudores en el Banco. Frente a esto quiero señalar que el margen del techo del 9,25% es para que se bonifique la tasa de interés, para dejarle al Banco el margen de maniobra necesario como para atender, en plazo y en tasa de interés, aquellas soluciones que sean mejores que las que estamos escribiendo y narrando ahora. El Banco de la República quiere liquidez y no le interesa, como institución bancaria, recibir cupones y papeles a veinte años.

Son varios los señores Senadores que me piden una interrupción y quiero aclarar que estoy tratando de avanzar en el tema para luego sí concederlas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero informarle al señor Senador, para el manejo del tiempo de que dispone, que le restan cuatro minutos.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- En esta situación es que el Banco de la República va a dar mejores condiciones de las que nosotros estamos poniendo ahora en el papel. Esto será así porque dicho Banco va a querer hacerse de la liquidez para que ningún productor vaya a comprar un cupón americano -y ese dinero vaya al Banco Central americano y no al uruguayo- cuando tenga que comprar un cupón uruguayo. Repito que como este es el techo. Se van a buscar mejores condiciones para que el productor rural se entienda con el Banco. Por esa razón debemos darle margen para que pueda bonificar, ayudar y hacer atractivas las soluciones que el propio Banco va a establecer una vez que se instrumente este proyecto. Nadie puede decir que esto no es bueno; es buenísimo, aunque ciertamente no abarcará a todos los productores.

Supongo que los argumentos que el Encuentro Progresista ha expuesto con respecto a esta refinanciación no abogan por el 6% restante, que está por encima de los U$S 300.000 de deuda, lo que supone el 52% de la deuda del Banco de la República. Si es así, que se diga claramente. Nosotros creemos que tienen que entrar todos, inclusive, aquel 6% que tiene el 52% de la deuda. Además, si se dice que hay que abarcar el 6% restante, también habrá que aportar información para saber de dónde sale el esfuerzo económico que pueda asistir a la Institución. En lo que me es personal, con relación al 95% al que le aporto una solución, digo cómo lo hago, y lo hago, aquí, con este impuesto del 3%. Esto quiere decir que habrá U$S 20:000.000 que irán al Banco de la República para atender al 95% de sus deudores. Si abarcara al resto, tendría que aplicar otro impuesto para conseguir, por lo menos, otros U$S 30:000.000 de asistencia. Insisto en que, de ser así, hay que decir de dónde se pueden sacar. Exijo propuesta contra propuesta. Yo traigo esto. ¿Es insuficiente y no abarca al 100% de los productores? Es cierto; sólo incluye al 96%. Perdón; me quedó un 4% afuera que -insisto- mantiene el 52% de la deuda del Banco, pero es algo que no tengo cómo resolver. No es que no quiera hacerlo, pero no conozco la forma de hacerlo. Me tienen que decir de dónde saco el dinero para poder financiar a productores que mantienen una deuda de más de U$S 300.000 y que suponen el 52% de la cartera del Banco. Es muy fácil decir que esto es insuficiente, cuando no se propone nada.

Estimo que esta es una buena solución, que son buenas medidas y que este 3% es la única alternativa que teníamos. De todas formas, no he visto ninguna otra alternativa sobre la mesa, aunque me gustaría ver alguna.

Hace pocos días leí que un Gobierno socialista en Europa sostenía que, frente a la crisis que tenía su país, era factible revertir la situación del desempleo con la creación de 300.000 empleos públicos. Quien lo decía era el Presidente Jospin, socialista, que fue ponderado y recordado por varios de sus correligionarios nacionales. Sin embargo, esos 300.000 empleos nunca aparecieron. Actualmente el Gobierno de Jospin plantea vender -y lo está haciendo- las empresas del Estado. No somos nosotros, señor Presidente, quienes planteamos esto; se trata del Gobierno que ha tenido más conflictos sociales en los últimos cincuenta años en Europa, el que dijo que resolvía con "facilismos" estos temas generando 300.000 empleos, y lo que hizo fue bajar la carga horaria de los funcionarios públicos y generar algunos puestos de trabajo, situación que al poco tiempo tuvo que revertir. Además, a este Presidente se lo considera, en la actualidad, uno de los más privatizadores de la historia de Francia. Esto lo han dicho corresponsales de diarios, en el día de ayer, y los señores Legisladores lo pueden corroborar. Reitero que el más privatizador de los Gobiernos de Francia es el del Presidente Jospin. No digo que ese sea el camino; creo que sí hay un camino por delante y que, en lugar de discutir ideologías, tenemos que ver qué es lo que conviene más para el país. Estimo que lo que conviene más para el país es bajar nuestros costos internos, que son muy altos y por ello no somos competitivos. Reitero que estas medidas son buenas; son de buen recibo en función de que se alivia la carga tributaria y de que servirán para generar el atractivo que el país debe tener para la inversión nacional y extranjera.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- La alusión está referida a que en este Senado el que ha hablado de la economía francesa he sido yo, pero no lo he hecho apelando a imágenes, sino con documentos. No defiendo las medidas que pueden haber adoptado, de acuerdo con las condiciones internas de sus países, los ingleses, los franceses o los alemanes. Sin embargo, la verdad es que -y me gustaría que el señor Senador Heber se informara al respecto- desde que asumió el Presidente Lionel Jospin como Jefe de Gobierno -ya que él no es Presidente de la República sino Presidente del Gobierno- se crearon 800.000 puestos de trabajo y el mecanismo fue financiado con impuestos a la riqueza. ¡Vaya si se armó escándalo, porque los que tuvieron que pagar fueron los ricos! La economía francesa es la que crece en forma más pareja en Europa, y esto no lo digo yo, sino los editoriales y los artículos de "Le Monde Diplomatique". Me parece que el señor Senador Heber leyó un cable del día de ayer que se refiere a una empresa que se llama Matra -aunque ahora tiene otro nombre- que es la que fabrica carros de combate y demás, y es mitad privada y mitad estatal. Esta empresa va a aumentar su capital en un 30% y el Gobierno, por razones que él sabrá, no puede hacer un aporte parejo a lo que puede ser el capital privado, por lo que quedará en minoría. No sé si esto está bien o está mal, y no estoy discutiendo sobre eso. Pero sí quiero decir al señor Senador que la economía francesa parece marchar bien, no como la uruguaya, ya que aquí hace tres años que estamos en recesión y la carga impositiva se vuelca sobre los trabajadores. Precisamente, este proyecto es pagado por absolutamente todos los consumidores finales.

Quiero decir algo más, que ampliaré más tarde si el tiempo me lo permite. Este impuesto no sólo se aplica a los consumidores finales sino que además va a traer como consecuencia que el Fisco recaude más para pagar el déficit fiscal. Habrá una brecha entre lo que se auxilia a determinados sectores -que está bien- y lo que va a sobrar para poder pagar el déficit.

Me asombra que el señor Senador Heber plantee reiteradamente que no quiere aumentar la deuda y haya votado en oportunidad del Presupuesto que en cinco años más se aumente el endeudamiento público en U$S 700:000.000 a fin de pagar el déficit. Hace unos días escuché al señor Ministro de Economía y Finanzas en la televisión donde él decía que no vota un peso más de endeudamiento que no sea para pagar déficit. Es decir que tiene el criterio de que vale endeudarse para pagar déficit, pero no para reactivar la producción.

Muchas gracias.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Quiero agradecer formalmente al señor Senador Heber que nos haya brindado la información acerca de lo que pasó en la lucha que el Partido Nacional tuvo con el Gobierno. Quedamos tranquilos e informados. Asimismo, quería pedirle al mismo señor Senador Heber, que ha tenido a bien darnos esa información y que hoy nos ha propuesto algunos asuntos que vamos a considerar como, por ejemplo, la derogación de la lucha de clases y, en lugar del socialismo, el "sociolismo", que le pregunte a la banca privada, cuando se reúna con ella -la que, aparentemente, no le ha prestado nada al agro uruguayo- a quién le ha prestado y si estaría dispuesta a ser tan socia de todos nosotros y del agro como de los importadores y de los consumidores que ahora van a tener que pagar el 3%. Quedamos a la espera de esa respuesta, una vez que se realice esa reunión.

SEÑOR PRESIDENTE.- La instrumentación de la alusión fue utilizada con cierto ingenio por el señor Senador Fernández Huidobro, aunque ya está dicha.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Carlos Julio Pereyra)

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: si fuéramos solamente a analizar el impuesto como tal, podríamos tener una visión, quizás, mucho menos parcial que ésta, más general. Técnicamente, en la situación en que se ha creado, tiene ingenio. Lo propuso el señor Senador Atchugarry y ya lo están aplicando en la Argentina y en el Brasil. ¿Qué es lo que establece? Podría decirse que plantea que carguemos todo al consumo para evitar cargar solamente a los productos nacionales, y si hay cierta viveza, se van a aguantar en el mismo precio en la medida en que los importadores van a tener que trasladar su costo, al precio. En consecuencia, van a ganar en aumento de demanda y, por ende, en lo que son sus gastos fijos. Esta propuesta, señor Presidente, a primera vista, parece ingeniosa y creativa; como dije antes, ya la están aplicando la Argentina y el Brasil.

Del otro lado, con la intervención del señor Senador Heber, se nos reprocha el hecho de que algunos no entendemos que esto va por el buen camino. Entonces, no comprenden los argumentos que hacemos otros, señor Presidente, con respecto a que el problema no está estrictamente en un instrumento, sino en el conjunto de todos los instrumentos.

Acá tenemos un primer problema, que es de diagnóstico. Mientras no nos pongamos de acuerdo en el diagnóstico, no vamos a hacer lo propio con el instrumento. En realidad, podemos decir que desde enero o febrero de 1999 tenemos un problema de diagnóstico. Cuando devaluó Brasil, algunos expresaron: "esto es un problema temporal, de costo" y otros dijimos -Brasil, en ese momento, era nuestro principal mercado-: "la devaluación brasilera vino para quedarse". Entonces, tenemos un problema de costo relativo por el que, si no lo solucionamos, Uruguay va entrar en una recesión de la cual no va a salir. Se nos podrá decir que en los últimos meses, antes de la devaluación, ya la industria brasileña venía enlenteciéndose; es cierto, Brasil se estaba enlentenciendo y, como consecuencia, nosotros también: habían caído los precios agrícolas, teníamos problemas de colocación en otros mercados y nuestra apuesta, muy fuerte, era vender a Brasil y a Argentina y, sobre todo, fomentar el turismo para los argentinos y los uruguayos residentes en el exterior. Pero, como dije antes, teníamos un problema de diagnóstico sobre lo cual algunos decían que era temporal y nosotros decíamos que era permanente.

Precisamente, algunas de las propuestas que se están poniendo encima de la mesa nosotros las planteamos hace dos años y en ese entonces dijimos que teníamos un problema de diagnóstico. En nuestra opinión, algunas de estas medidas llegan tarde pero, además, no nos convencen en el sentido de que realmente cambien el diagnóstico. ¿Qué quiero decir con esto? Que a nuestro entender esto está peor; estamos en una situación delicada. Si este proyecto de ley implica sólo trasladar U$S 60:000.000, U$S 70:000.000 o U$S 80:000.0000 de los importadores a los productores nacionales o, en un sentido más amplio, U$S 20:000.000 del Banco de la República que, según ha manifestado el señor Ministro, se van a cobrar -lo que, por lo tanto, representa una atención circunstancial- en los hechos, significa trasladar U$S 120:000.000 haciendo una especie de rejuego, apostando al productor nacional. El problema es que no alcanza con esto y no es que sea insuficiente. En realidad el problema es que si nosotros no reactivamos el país, no sólo vamos a tener mayor desempleo -a lo cual me voy a referir más adelante- sino también un problema de déficit y otro con el pago de nuestras cuentas en el exterior, porque nuestra calificación la hemos obtenido en virtud de que somos buenos pagadores. Pero el riesgo no está en función de que el país pague sus cuentas y de la capacidad de endeudamiento, sino también en su actividad; si no tenemos actividad, tenemos problemas de calificación. Quien no vea esto, señor Presidente, en mi opinión, no está viendo el problema real.

Tampoco se trata de que no había que hacer refinanciaciones. El problema es que si nosotros, hace un año, hubiéramos propuesto esta refinanciación, nos habrían dicho que estábamos actuando ligeramente, que éramos demagogos y que no teníamos en cuenta la situación del país. Con toda sinceridad, digo que no sé si es bueno para el país aplicar refinanciaciones a las apuradas; éstas, debieron haberse estudiado y profundizado, para poder, luego, llegar a una solución. Para llegar a ella, ¿de qué debemos partir? De un diagnóstico, en función del cual observamos que la situación de Brasil -nuestro principal mercado- repercute en la Argentina -que, a su vez, es nuestro segundo mercado- y, en conjunto, conforman el 50% más el turismo, y que llegó para quedarse. Esto es así: tenemos un problema de costos.

¿Por qué hablamos de un problema de diagnóstico? Porque las medidas que se tomaron a propósito del diagnóstico, en mi opinión, fueron en sentido contrario; en realidad, se debió tener una política anticíclica y, sin embargo, se aplicó una política cíclica. Fue así que se cortaron las obras públicas; se necesitaba inversión y el Estado lo primero que hizo fue cortarla. Esto ocurría cuando ya a nivel privado se estaba disminuyendo la inversión. Ahora, lo hace el Estado.

A mi entender todo esto implica que subimos el gasto, lo discuta o no el señor Senador Heber -quien ahora no está en Sala-; insisto: subimos el gasto. Pero no subimos los impuestos para bajar gastos, o sea, cuando teníamos que bajar unos impuestos y crear otros, por el contrario, subimos los impuestos para gastar más; en otras palabras, subimos el costo país. Este es el primer argumento, quizás el más contundente, que tenemos con respecto al COFIS. ¿Qué sucede, señor Presidente? Es muy fácil, el Estado plantea la opción de hacer un rejuego entre los privados lo que, supuestamente, al final no se va a trasladar al consumo; esto es lo que dicen pero, en todo caso, será un 0,75%, en el peor de los escenarios. De todos modos, es un juego entre privados, o sea, un traslado de importadores a productores nacionales, pero el Estado no hace ningún esfuerzo. Dicho de otro modo, el sector público no traslada al privado de forma tal que también los productores nacionales puedan beneficiarse.

Entonces, supuestamente, a través de una ley, hacemos un esfuerzo del que se encargarán los privados, pero el sector público, el costo país, no hace ningún esfuerzo. Y no lo hace porque estamos en una política procíclica y no anticíclica.

Lo mismo ocurrió con el combustible. Ahora se podrá decir que se baja pero, disculpen, ya lo habíamos subido. ¿Hacia dónde estaba orientado el país? A pagar las cuentas, a no generar más déficit; pero la forma de combatir el déficit no fue generando actividad, sino recaudando y esperando que Brasil y Argentina mejoraran sus precios relativos con respecto a Uruguay. Este es otro problema de diagnóstico: Brasil no va a mejorar la situación de sus precios relativos, si Uruguay no los mejora. Como nadie quiere situaciones extremas, tenemos que ir ajustando la máquina día a día, mes a mes, para tener mejores precios relativos.

Existe un dato que no es menor. En esto, discrepo con algunas aseveraciones del señor Senador Couriel con respecto al tema de la moneda única del MERCOSUR y no porque la esté defendiendo. En realidad, creo que el señor Ministro no le habló a la Argentina y al Brasil -y pienso que es inteligente- y seguramente no les propuso ya el tema de la moneda única. Tampoco considero que esa sea la única solución y que deba tomarse hoy, urgentemente. Digo esto, no porque no se pueda hacer a largo plazo, pero el señor Ministro sabe las dificultades macroeconómicas que tienen Brasil y Argentina como para que el socio menor, el que tiene menos volumen en la producción del MERCOSUR, proponga la instrumentación de la moneda única y todos corramos para concretarlo. Con todo respeto al señor Ministro, en mi opinión, de haber sido así, ni lo habrían escuchado. En realidad, me parece que el señor Ministro dijo otra cosa. Estoy tratando de desentrañar sus manifestaciones pero entiendo que expresó, por primera vez, que tenemos un problema de precios relativos. Recuerden los señores Senadores que según él, el año pasado teníamos que ir a un sistema de cambio fijo. Hoy nos dice que no, que tenemos que armar una moneda única.

¿Qué quiere decir esto? No que los problemas los tenga Brasil, porque el problema de la moneda única ya tiene varios meses. Lo que dice el señor Ministro en el día de hoy es que tenemos inconvenientes con los precios relativos. Ya hay un diagnóstico hecho y la situación de Brasil llegó para instalarse. Como bien dijo el señor Senador Heber, Brasil devaluó nuevamente. ¡Ojalá esa fuera una llamita para empezar a entender que no podemos seguir fijándonos en el tema de la situación económica, sólo por la caja! Y no estoy queriendo decir que tengamos que desentendernos de la caja, sino que debemos comenzar a entender el problema. La caja va a aumentar cuando el país tenga actividad, y los impuestos se cobran en la medida en que la gente produzca. Pero mientras no se alivie el costo del Estado, no se va a poder producir y se pierden mercados. Este Gobierno ya lleva un año y medio de gestión y hace más de dos que Brasil hizo el cambio de precios relativos.

Escuché, con gran atención, al señor Senador Couriel y voy a hacer un comentario, no con el ánimo de recargar las tintas. Estoy preocupado por el tema del desempleo. El señor Ministro a este respecto dice que en los últimos cinco meses anteriores a ese trimestre se fue generando empleo. Es cierto, pero también lo es que ese trimestre terminó con una tasa de desempleo de un 14,9%. Pero, ¿por qué culminó con este porcentaje? Porque en marzo se dio un pico de desocupación muy alto. Para que el trimestre dé una tasa de desempleo del 14,9%, marzo tuvo que terminar con una desocupación de más del 16%. De otra manera, no me dan las cuentas, ya que desde hace un año tenemos una tasa promedio trimestral de un 14%. Si ese promedio asciende, quiere decir que el último mes la tasa fue más alta. Como pienso que abril va a ser similar a marzo, el próximo trimestre tendremos una tasa de desempleo de más del 15%. Como dije, es verdad que en ese momento había una mejor actividad, entre otras cosas, porque en el turismo no nos fue tan mal. Pero, si consideramos que en mayo se produjeron los focos de fiebre aftosa y, además, las expectativas existentes, la situación se complica más.

Sinceramente, creo que las tasas de desempleo de los próximos trimestres van a estar por encima del 16%. Pero no se trata de que esto vaya a pasar o no; el pronóstico de marzo ya se hizo. Entonces, me parece que debería haber algo que nos conmoviera. No nos conmovió la devaluación brasileña ni nos conmueve la situación argentina. Tampoco nos conmovió la medida procíclica que se tomó. Entonces, ¿cuándo nos vamos a conmover por la situación que se está viviendo? Algunos dirán que, como en el Uruguay el desempleo se ajusta por emigración, dado que la gente se va, esto no será tan problemático. En lo personal, creo que ese desgarro nacional que significa que la gente se vaya es algo que erosiona la propia identidad del país.

Mi preocupación, señor Presidente, no consiste en tener razón. Ojalá no la tuviera en nada de lo que estoy diciendo. Lo que sí me preocupa es que existe una inmovilidad. En el Presupuesto Nacional se votó lo de ANCEL y todos estamos convencidos de que no hay que discutir la propiedad, de que eso fue un error, tanto quienes lo votaron como los que anunciamos que no había que hacerlo. Ahora estamos tratando de que haya varios oferentes para que las tarifas de los servicios públicos bajen y, aparentemente, estamos todos contestes en ello. Que yo sepa, nadie criticó que se pudiera licitar una banda -antes se otorgaban gratis- y percibir más de U$S 100:000.000. ¿Por qué no se hizo esto? ¿Tan difícil es? ¿Dónde está el proyecto sobre concesiones de obra pública? Y no hablo de obras públicas, sino de concesiones de obra pública. ¿No hay una carretera, no hay un elemento, no existe algo que se pueda dar en concesión? Los privados no invierten y tampoco el Estado porque tiene problemas, entonces, tenemos que encontrar a alguien que ponga recursos, que haga inversiones, que genere empleo. ¿Dónde está? ¿No hay ninguna idea, un paquete para estudiar? Se me dirá que en el Presupuesto se explicó todo lo que se debe hacer, todas las obras que hay necesidad de realizar, y algunas con recursos propios. Ahora, yo pregunto ¿no puede adelantarse, por parte de privados, alguna obra que se precise para dentro de tres o cuatro años y que ello implique empleo y gente que no se vaya del país? Quizás no me guste a mí, pero por lo menos serían menos orientales que dejan el país. No olvidemos que de cada U$S 100:000.000 que se invierten, se recuperan U$S 30:000.000 o U$S 35:000.000 en impuestos. Si tuviéramos en concesión un plan de obras públicas por U$S 200:000.000 o U$S 300:000.000, entrarían U$S 100:000.000, pues hay que emplear personas, pagar BPS, cargar combustible, etcétera. Esto significaría una salida de la inmovilidad.

De pronto, el mayor problema no sea el de la inmovilidad, sino el de la situación errática, y lo digo con sinceridad; además se lo comenté a algunos señores Senadores, por supuesto que no de nuestro partido, que tiene una sola banca en este Cuerpo. Estamos inmersos en una situación errática: se sube el gasoil, se baja el gasoil; se vota lo de ANCEL y ahora nos tiramos para atrás porque no sirve de nada. Esto no sucede porque alguien lo esté plebiscitando o no, sino porque es un error tener un oferente preponderante que quiera sacar su renta monopólica. Asimismo, fue un error el anuncio que formuló el señor Presidente de la refinanciación hasta cien mil y luego hasta doscientos mil. ¿No se podía esperar un día más? ¿El país no podía esperar para hacer ese anuncio? Ese fue un error, pero también lo es la improvisación.

Por otra parte, toda la refinanciación del Banco de la República Oriental del Uruguay se hizo sin conocimiento del propio Presidente de su Directorio. A mí me parece que habría que cuidar un poco las formas, porque la sensación que se da es que el sistema político se pone de acuerdo -en este caso, dos dirigentes del triunvirato de la coalición- para determinar la refinanciación que luego implementarán los demás. Esto se asemeja a una estancia donde los peones tienen que implementar las decisiones que toman los dueños. Ayer se suspendió la sesión del Senado y en el día de hoy dos integrantes del Partido Nacional, los señores Senadores Larrañaga y Heber -no están en Sala, pero lo digo con sinceridad- pretenden discutir con el señor Ministro de Economía y Finanzas la tasa que se va a fijar para esa refinanciación, aunque quizás no haya sido así, de pronto la prensa nos informó mal. Sin embargo, de lejos da la sensación de que hubiera un grupo de presión, integrado con dos o tres Legisladores de la coalición, que logra hacer determinadas cosas bajo presión. Entonces, en lugar de tener empresarios eficientes que compitan en el mundo y tengan producción nacional lograda junto a los trabajadores, se ejerce presión hacia el Estado y se le saca la renta. Esa es la sensación que yo tengo: la de un Estado que improvisa, que es inseguro y que no planifica. Por lo tanto, la premisa es la de que "es mejor buscar la renta que ser un buen empresario". Personalmente, quiero tener buenos empresarios y trabajadores, y que los productos nacionales se puedan vender en todo el mundo y no sólo en el mercado interno porque, si no, estamos perjudicando a los uruguayos, a quienes les estamos haciendo comprar productos de mala calidad. ¿Para qué quiero que los empresarios obtengan productos de mala calidad? No, quiero que tengan productos de buena calidad. No sólo quiero que los productos uruguayos se vendan acá, sino que el resto del mundo nos los saque, nos los venga a comprar y a pedir. Quiero dar a todos los ciudadanos uruguayos el mejor bienestar, y parte del bienestar se consigue fabricando buenos productos y vendiendo nuestro trabajo, tanto en el mercado interno, como en los regionales y mundiales.

En mi opinión, el tema del COFIS no cumple con las expectativas del conjunto de la población. Más allá del aspecto ingenioso que pueda tener, hay una sensación de que las crisis en el Uruguay se resuelven poniendo más impuestos. Algunos podrán decir que van por la buena dirección; otros dirán que los estamos cambiando porque vamos por la mala dirección. En conclusión, hay una presión del Estado que no disminuye y no sólo eso, sino que hay más desempleo.

Algunos cuestionarán: ¿por qué, con todo lo que estamos viviendo -fiebre aftosa incluida- el señor Senador Michelini es tan exigente? Y es porque soy exigente conmigo mismo.

De pronto, cuando el año pasado se dejaron de lado planes de obra pública debí haber hablado más alto y decir que estaba en una actitud procíclica y no anticíclica; debimos haber levantado mucho más la voz. Inclusive, no sé si no tendría que haber hecho uso de la palabra esa noche nefasta en que se discutió el Presupuesto y hablar durante el tiempo previsto en el Reglamento para que el país se quedara sin Presupuesto, a los efectos de que, por lo menos, tuviéramos U$S 100:000.000 menos de costo país. Digo esto con sinceridad, porque hay momentos en los que uno cree que es la oportunidad de hacer algo así, de no seguir aumentando la presión fiscal del Estado.

Por supuesto que había algunos aspectos del Presupuesto con los que estaba de acuerdo, pero los gastos tendrían que haberse cubierto con las economías correspondientes a los Ministerios de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores y a otros tantos ámbitos. Debió hacerse economía y entenderse el problema que estamos viviendo.

Creo que estamos en un momento delicado, y ni qué hablar si la situación argentina se complica más. Estamos viendo la orilla cuando se nos viene encima la ola.

Me pregunto si la propuesta del Gobierno para el tema de la competitividad es solucionarlo a través del COFIS. Y si no se arregla con el COFIS, ¿dónde están las medidas? Perdón, pero creo que el problema de competitividad que tenemos con el resto de la región y del mundo no se arregla con el COFIS.

¿Estamos realmente defendiendo el mercado nacional? ¿La solución que plantea el Gobierno es que frente a un mundo que nos es ajeno y adverso, hay que defender el mercado nacional? ¿Acaso se puede pensar que con eso vamos a lograr la reactivación?

Algunos dirán que para lograr algunos cambios deberíamos tener un Ministro de Economía y Finanzas distinto. Digo todo esto con mucho respeto hacia el contador Bensión, cuya intelectualidad y honorabilidad no pongo en duda. Pero creo que esto está pasando porque tenemos un Ministro que orienta su labor hacia que cada medida tiene que cerrar con la caja.

Llevamos quince meses de este Gobierno y la reactivación no se ha producido. Entonces, me pregunto qué estamos esperando. La reactivación no se da porque tenemos un problema de precios relativos. No vendemos nuestros productos, no porque no sean de buena calidad, sino porque no pueden competir por un problema de costo uruguayo. Nadie está dispuesto a importar impuestos. ¿Cómo puedo hacer para convencer a un francés de que compre un producto uruguayo que incluye una carga fiscal para pagar el presupuesto de Uruguay? Seguramente, ese ciudadano, como un alemán o un brasilero, se preguntará por qué, además de solventar sus Estados tiene que hacer lo propio con el uruguayo. De pronto, podría plantear que tengamos un poco de coraje y reduzcamos nuestras Fuerzas Armadas, que suponen una defensa sobredimensionada para lo que es nuestro país.

Insisto en que estamos en un momento muy delicado y que esto no lo resuelve sólo el COFIS. Creo que el Presidente de la República debería convocar a todos los partidos para analizar qué está ocurriendo en la Argentina. Esto parece algo así como una madre que cuida a su hijo que se baña en la orilla cuando está por llegar una ola de cinco metros de altura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Negar la realidad? Me parece que todavía estamos a tiempo para implementar rápidamente -lo digo para quienes estaban pidiendo ideas- un plan de concesión de obra pública, para hacer algunas cosas en las empresas públicas que generen el consenso de todos los partidos y que ayuden a bajar los costos de la producción nacional. Se pueden hacer cosas. Por ejemplo, bajar impuestos, crear alguna Comisión que estudie los costos de algunos ítems del Presupuesto. Mencioné a los Ministerios de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, pero podríamos elegir esos dos u otros tres y realizarles una auditoría, para ver cómo están gastando los dineros públicos, a los efectos de poder hacer un corte importante.

No soy optimista en cuanto a que la coalición escuche esto. Siento que, en algunos casos, las últimas medidas son erráticas y no van en la buena dirección. No se trata sólo del COFIS, sino del conjunto de seguridades que la coalición y el Gobierno están dando a la población.

Por otra parte, creo que hoy el señor Ministro de Economía y Finanzas está más desgastado que hace unos meses, inclusive, por lo que en las últimas horas ha estado discutiendo con Legisladores del Gobierno -inclusive, esto hizo que en el día de ayer se pidiera un cuarto intermedio en el Senado- en torno a la tasa no incluida en este proyecto de ley, a lo que haría el Banco de la República. Esto es algo que veo con mucha preocupación.

Ojalá me equivoque. Ojalá la coalición tenga razón. Ojalá que lo de Brasil se solucione de una vez por todas y que en la Argentina no pase nada. Ojalá que la competitividad de la producción nacional, esto es, del agro, de la industria, del comercio, del turismo, etcétera, sea un mero capricho de los actores económicos, que sea una invención. Ojalá que el desempleo caiga y que, por lo tanto, el trimestre febrero, marzo y abril esté por debajo del de enero, febrero y marzo. Ojalá que dentro de un mes o de sesenta días, cuando se empiece a recaudar este impuesto, la coalición haya tenido razón y no quien habla.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: me voy a limitar a dejar algunas constancias de orden político en algún caso, y similares en otro. Espero ser breve, pero a veces las promesas no se corresponden con la realidad, aunque sea esa mi intención. Me voy a limitar a algunas constancias por aquello de la economía de esfuerzos del Cuerpo y también personales porque en cierto sentido, viendo los niveles de atención y del debate, uno preferiría invertir las energías en otras discusiones públicas que sobre estos problemas se están dando con la población.

La primera constancia la voy a formular de la siguiente manera: ¿a la luz de qué acuerdos hay que evaluar este proyecto de ley? Me parece que el procedimiento seguido no reviste la menor seriedad política, y digo esto con todo respeto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el señor Presidente de la República hace anuncios políticos que comunica por fax a nuestra fuerza política diciendo de qué modo incluye la refinanciación del endeudamiento agropecuario. Pero resulta que al otro día el límite se duplica y el hecho de que se duplique ese límite y se aumente un cierto porcentaje, en millones de dólares supone una diferencia extraordinaria.

El Presidente del Banco de la República -que merece el mayor de los respetos y cuyas opiniones, como diremos más adelante, compartimos prácticamente en su totalidad en la intervención que hizo en la Comisión de Hacienda el viernes pasado- dijo que no estaba enterado de esto. En realidad, el economista García Peluffo amagó con un pedido de licencia y obtuvo U$S 20:000.000. A uno le daban ganas de decirle que si por cuatro días obtuvo esa cantidad, de pronto hubiera sido mejor que siguiera de licencia, porque lo que luego vino a sustentar en la Comisión indica que el problema que queda pendiente es muy grave. No digo que sea tremendo -no me gusta hacer tremendismo-; pero repito que, a la luz de los números, es muy importante.

Ahora bien, el tema es que la piedra angular -como le gusta decir ahora a algún Ministro- del razonamiento del Presidente del Banco de la República es lo relativo a la consistencia de las tasas, esto es, la posibilidad de dar tasas preferenciales a muchos deudores para que no se acojan al Bono Cupón Cero pero sí a la línea de refinanciamiento del Banco. El economista García Peluffo insistió varias veces en este tema -creo que lo hizo tres o cuatro veces- que era clave en la discusión, dicho de una manera técnica.

Ahora bien, si en el medio de todo esto continúa la negociación, entre la reunión en que la Comisión de Hacienda escucha al Presidente del Banco y la instancia más reciente, cuando los Senadores del Partido Nacional -que integran la coalición- logran un acuerdo con el Ministro de Economía y Finanzas -que ignoramos si es avalado por el Presidente del Banco de la República- pensamos que desde el punto de vista del trámite parlamentario estas actuaciones no revisten la menor seriedad política.

No estoy evaluando la cuestión de fondo, porque puede haber discrepancias. En realidad, el último artículo es el monto de la transferencia al Banco de la República. Me pregunto cómo podemos evaluar y discutir en el Senado cuál es el monto necesario de esa transferencia, si los términos de la refinanciación han sido negociados y cambiados en las últimas horas y en una reunión de esta mañana con el Ministro de Economía y Finanzas, que no se ha entendido con el Presidente del Banco Central del Uruguay, según es público y notorio.

Evidentemente, podría invertir la hora entera argumentando sobre el fondo de este proyecto de ley, pero me voy a limitar y a autocensurar, porque desconozco, en última instancia, sobre qué cosas estamos adoptando decisiones. Digo esto, porque para la Bancada del Encuentro Progresista, la situación en la que quede -como para todos en esta Sala- el Banco de la República es un dato absolutamente trascendental para el futuro de la economía nacional y de la sociedad uruguaya.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR RUBIO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: me voy a referir al asunto de la seriedad parlamentaria que está desarrollando el señor Senador Rubio.

Con toda franqueza y teniendo en cuenta que no haré una exposición, confieso que este proyecto de ley que estamos discutiendo no es serio ni en el fondo ni en la forma. En mi opinión, no sirve para nada. Es más; la falta de seriedad parlamentaria se refleja en esta sesión: la Bancada que va a votar en general en contra de esta iniciativa porque no la comparte, es la que está manteniendo el quórum necesario. En estos momentos se encuentran presentes seis Senadores miembros de la coalición de Gobierno; son siete Senadores, si contamos al señor Presidente. En consecuencia, el Senado está funcionando por la presencia de la Bancada del Frente Amplio. La imagen que se da, entonces, es desastrosa. Si hubiera gente en la barra, me pregunto: ¿qué diría? Es cierto que esta iniciativa es una calamidad, pero lo es mucho más la falta de seriedad en el trámite parlamentario.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra).- Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- En segundo lugar, deseo acotar que el señor Senador Heber ha pedido algunas ideas pero, en realidad, las propuestas se han hecho reiteradamente al señor Presidente de la República. También se han alcanzado ideas y propuestas al Partido Nacional, en la figura del Presidente de su Directorio. Como parece que no nos hemos entendido, en estos días vamos a elaborar otra serie de iniciativas.

Deseo señalar que me parece muy bien preocuparse por el "investment grade", es decir, el riesgo país, porque de eso depende mucha cosa. También creo entender algo cuando los economistas se refieren a la turbulencia financiera, pero además me preocuparía por las turbulencias sociales. Ignoro si todos tenemos la misma apreciación en cuanto a dónde estamos parados actualmente en el Uruguay, pero basta recorrerlo un poco para darse cuenta de que, como consecuencia de un conjunto de factores acumulados, los niveles de depresión espiritual y de rabia contenida en la población son de los más profundos que quizás hemos visto algunos de nosotros en nuestra vida.

En consecuencia, antes de pedir ideas, me preocuparía por elaborar planes sociales de emergencia, que pueden no costar demasiado, pero seguramente signifiquen mucho para la gente. Creo que en este tema la sociedad uruguaya no tiene la percepción de que alguien se interesa por la situación de los cientos de miles de personas que sufren una inestabilidad absoluta o que se encuentran en condiciones de postración y exclusión. Reitero que me parece correcto preocuparse por un estrato de los productores agropecuarios, y creo que deberíamos hacer un mayor esfuerzo, pero de cara al interior, habría que diseñar planes sociales de emergencia, empezando por los alimentarios y para este invierno. Si la coalición de Gobierno adopta este camino, contará con el apoyo de todos los sectores políticos, puesto que se relaciona con un problema que termina tocando el entramado social y lo rompe de tal manera que, a su vez, genera consecuencias políticas profundas para el funcionamiento del sistema.

En este proyecto de ley que discutimos no se da la menor señal para los trabajadores rurales y tampoco están incluidos otros sectores importantes del agro. Por lo tanto, la preocupación debería estar en esa línea. Repito que si se quieren ideas, las vamos a poder conversar después, de manera amigable, con el fin de encontrar un camino.

La tercera constancia que quiero dejar se relaciona con la rentabilidad de las empresas agropecuarias, cuestión en la que no veo un camino. Quizás este punto es el que me preocupa más de todos. No quisiera que en materia de endeudamientos se firmara un cheque diferido para el próximo Gobierno, que es lo que está ocurriendo. No sé de quién será el próximo Gobierno, pero en este tema la pelota se pasó para adelante, para el período comprendido entre el 1ª de marzo y el 31 de agosto del año 2005, que es cuando se enviará el proyecto de presupuesto. Puede tratarse de una buena táctica, pero no sé si será una buena estrategia, porque si bien se quita el problema del medio por ahora, el de la rentabilidad agropecuaria, como no se toca en absoluto por este lado, continuará.

En último término, cuando se debate sobre el costo del Estado en el sector agropecuario como uno de los orígenes básicos de la baja rentabilidad, pediría que se manejaran números. Luego de este paquete, me pregunto qué más se va a inventar para la reducción de costos estatales, a fin de generar rentabilidad en las empresas agropecuarias, porque de acuerdo con guarismos a los que han arribado diversos expertos, en los últimos dos años llevamos entre U$S 50:000.000 y U$S 55:000.000 de rebaja tributaria para el agro. Acá hay, por lo menos, U$S 23:000.000. No tengo cuantificado lo que significa la continuidad en la rebaja de los aportes patronales, pero no es mucho con relación a lo actual. Ahora se agregan U$S 23:000.000, porque U$S 4:000.000 corresponden a DISSE, U$S 12:000.000 al Patrimonio y alrededor de U$S 7:000.000 como consecuencia, en el sector, de la rebaja en el gasoil. Entonces, nos vamos a alrededor de U$S 80:000.000, lo que coloca a la presión tributaria por debajo de los U$S 100:000.000.

Quedan, pues, dos impuestos como paquete tributario: uno, que pagan quienes venden a la industria su producción, que es el IMEBA -que luego se imputa al IRA y, por lo tanto, lo que queda es el Impuesto a las Ventas- y otro es la contribución reducida a las Intendencias Municipales. Si evaluamos, a partir de la actual decisión tributaria, cuánto transfiere el sector agropecuario al Estado y cuánto va de éste al sector agropecuario, seguramente la cuenta dará a favor del Estado. Para ello, basta sumar cuatro o cinco Ministerios, algunas Intendencias y algunas carreteras y caminos de penetración, y veremos que la cuenta no da. Por lo tanto, si mañana persiste la baja rentabilidad del sector agropecuario, va a ser necesario explorar por otros caminos, porque la causa debe estar ligada a la política económica o a que somos totalmente inviables. Como no creo esto último, concluyo que la causa está en otro lugar.

Ahora bien, si mañana nos "rebota la pelota", atengámonos, por lo menos, al reconocimiento elemental de que éramos conscientes de este problema el día que se votaron estas medidas, y no que después sucedió por azar o como circunstancia no prevista.

SEÑOR NIN NOVOA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR RUBIO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos J. Pereyra).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR NIN NOVOA.- Creo que el enfoque del señor Senador Rubio va en el camino correcto, porque ha atacado uno de los aspectos esenciales del tema productivo nacional y que habla, precisamente, de la rentabilidad.

Por cierto que es un tema difícil, pero para medir la rentabilidad o algunas variables que hablan del ingreso neto con datos oficiales, se podría arribar a la conclusión de que este sistema de refinanciación es absolutamente impagable para el sector agropecuario. Coincido con algunos señores Senadores que han dicho públicamente que esto más bien sería una suspensión de ejecuciones; creo que es así. Digo esto, porque los estudios que hay en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Agropecuario, en los que se tiene estratificada la deuda por rubros y en escala, demuestran, por ejemplo, que para el sector ganadero, los productores de hasta 500 hectáreas tienen un promedio de deuda de U$S 94 por hectárea. Si pensamos en los datos que aquí se han dado por parte de los señores Senadores de la coalición, de una tasa de 9,25%, y tomamos un productor promedio de 500 hectáreas que deba U$S 94 por hectárea, concluiremos que tendría que disponer de U$S 8,69 por hectárea para pagar los intereses. Si restamos esto de los U$S 10 que recibe por ingreso neto, vemos que le queda un saldo de U$S 2,21 por hectárea al año, que son los que se supone tiene que ahorrar para pagar dentro de cuatro años el 20% del Cupón, cosa que es absolutamente imposible, porque no podría comer, vestirse, mandar a sus hijos a la escuela ni ponerle gas oil a la camioneta, si es que la tiene, cosa que sería difícil si quisiera ahorrar ese dinero durante cuatro años y llegar a juntar U$S 4.420, cuando el costo de la deuda del 20% anda en U$S 9.400.

Debemos preguntarnos acerca de cuáles son las hipótesis que se han manejado desde el punto de vista de los hipotéticos precios de los productos que se van a vender. ¿Cuál es la hipótesis de precio de la carne, de la lana, del arroz, de la leche o de la cebada para dentro de tres o cuatro años, para poder afirmar que se puede pagar esta deuda? Con estos números, realmente la deuda es absolutamente impagable; y más aun si la llevamos a otros sectores donde el endeudamiento por hectárea es muchísimo mayor y donde las pérdidas -no ya los ingresos netos- son absolutas y totales, como por ejemplo en el sector arrocero. Según este estudio de la OPYPA, un productor de 500 hectáreas está debiendo un promedio de U$S 665 y perdiendo U$S 3 por bolsa, porque el costo de producción de la bolsa de arroz es de U$S 8 y la van a vender a U$S 5. Francamente, la pregunta que hay que hacerse con toda honestidad es cómo hacemos para visualizar la posible salida del endeudamiento agropecuario sin una hipótesis de precios y de mercado que, a mi juicio, no se ha tenido en cuenta.

Siento que en el Senado y en el país hay una gran discusión sobre el tema costo país, y cuando se habla de esto, en general se apunta a las empresas públicas. Precisamente, la causa de los abultados costos que tiene el país son las empresas públicas. Al respecto, me pregunto: el costo del dinero en este país, ¿no tiene nada que ver? Aquí quedó demostrado, o por lo menos establecido muy claramente, que el costo del dinero en el Uruguay es el más caro del mundo y que la banca uruguaya es la que tiene mayor rentabilidad respecto a la de casi todas partes del mundo. ¿Eso nadie lo va a arreglar? ¿No lo vamos a tocar? ¿Eso no está incidiendo en el costo país?

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra). Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR GALLINAL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR RUBIO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- El señor Senador Nin Novoa comenzó su exposición diciendo que iba a centrarla en la misma dirección que el señor Senador Rubio, pero mientras éste último nos decía que la coalición de Gobierno estaba poniendo demasiado énfasis en atender una solución para el sector agropecuario, quizás descuidando otros sectores de la población, el señor Senador Nin Novoa nos dice que la solución que pretendemos darle al sector agropecuario es insuficiente y no va a poder llegar a buen puerto ni a buen destino. Sería bueno saber cuál es el tipo de solución que propone el Encuentro Progresista y el señor Senador Nin Novoa en particular, porque de esa manera podríamos comenzar a entablar una discusión.

Quiero referirme a las tres puntualizaciones que ha hecho el señor Senador Rubio. Primero, que esto ha tenido un trámite absolutamente desordenado, por el solo hecho de que el último artículo del proyecto de ley es el que dispone la transferencia de U$S 20:000.000 al Banco de la República. En ese sentido, quiero señalar que no necesariamente debería haberse hecho por ley; podríamos no haber establecido ninguna norma de esas características, ya que el Poder Ejecutivo igualmente está habilitado para transferir recursos al Banco de la República en la medida que lo estime necesario. Evidentemente, el Poder Ejecutivo está preocupado por mantener en buena situación económica y financiera a la principal institución de crédito y fomento estatal. O sea que la cantidad de dinero que se le transfiere al Banco de la República no es un tema que haga al centro de la cuestión que hoy estamos discutiendo en virtud del actual proyecto de ley; y no solamente porque podría haberse hecho a través de un mecanismo distinto al establecido, sino además, porque el tema del conjunto de la refinanciación es absolutamente distinto del proyecto de ley que estamos tratando. Lo que se trata de hacer a través de este proyecto es de dar beneficios adicionales al sector agropecuario y luego a otros sectores de la economía nacional.

El hecho de establecer por ley la transferencia de U$S 20:000.000 al Banco de la República nos va a habilitar la posibilidad de reglamentar la ley y, a través del decreto correspondiente -por lo menos en lo que refiere a este artículo- establecer las condiciones generales de la refinanciación que la banca estatal y la gestionada le van a otorgar al sector agropecuario en el transcurso de los próximos tiempos. De otra manera no lo podríamos hacer, porque estaríamos violando la autonomía técnica de los Entes Autónomos.

En segundo lugar, respecto a la puntualización que hacía el señor Senador Rubio acerca de los trabajadores rurales, quería señalar lo que hemos afirmado públicamente en los últimos días como consecuencia de una negociación que, junto a los señores Senadores Heber y Larrañaga, llevamos adelante con el señor Ministro de Economía y Finanzas, en el sentido de que el Poder Ejecutivo está dispuesto a implementar en las próximas semanas el seguro de desempleo para los trabajadores rurales. Con esto se hace justicia a un sector del trabajo nacional que estaba injustamente desprotegido en este aspecto. Se va a hacer por decreto, por la sencilla razón de que si bien la ley original estableció el seguro de desempleo con carácter general para todos los trabajadores dependientes del país, y fue aprobada -¡vaya paradoja!- por la dictadura militar en 1981, por un decreto de esa misma dictadura se estableció exclusivamente para los trabajadores que aportaban a la entonces Caja de Industria y Comercio. De ahí que hayan quedado excluidos algunos sectores que ahora felizmente se van a beneficiar. Quiere decir que también los trabajadores rurales están amparados en esto, más allá de que siempre se dijo -por lo menos por parte del Partido Nacional- cuando presentábamos la necesidad de bajar los aportes patronales en el sector rural, que sería bueno que gran parte de esos ahorros se destinaran a mejorar precisamente el salario de los trabajadores rurales.

En tercer lugar, creo que el señor Seregni, correligionario del señor Senador Rubio, planteó la posibilidad de que, en los próximos días, se comience a crear un ámbito parlamentario y técnico, a fin de estudiar la reforma de las empresas públicas, con la premisa de que lo que vamos a buscar no es consenso ni unanimidades, sino un escenario de discusión de este gran tema nacional. Luego de ello, se buscarán las mayorías necesarias para modificar las empresas públicas, por el bien de estas y del ciudadano compatriota que, en materia de insumos, está pagando un precio por demás exagerado en cada uno de esos servicios esenciales que está recibiendo de parte del Estado.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra).- Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Me parece muy encomiable el esfuerzo que hacen algunos Senadores del Partido Nacional por demostrar que las cosas buenas que están sucediendo, o que pueden ocurrir, son producto de su obra; en todo caso, algunas de las que poseen las otras características provienen de los socios de la coalición y no de ellos mismos. Eso me parece muy meritorio.

El señor Senador Gallinal comprenderá que para nosotros, prácticamente, es como resolver un acertijo tratar de desentrañar los vericuetos de esta coalición porque ni siquiera en las exposiciones de motivo, anuncian el paquete de medidas. El señor Presidente de la República, cuando envía una exposición de motivos de un proyecto de ley, podría tener la gentileza, por ejemplo, de decir: "Además, por la vía del decreto, vamos a incorporar el tema relacionado con el seguro de paro de los trabajadores agropecuarios". En realidad, si esto sucediera, me alegraría mucho, ya que esta fuerza política ha invertido años reivindicando esto; aclaro que no estoy diciendo que la nuestra haya sido la única fuerza política. Asimismo, pienso que lo relacionado con el Banco República lo podría resolver por otro camino.

Para poder comprender el alcance de este proyecto, así como también los impactos y los costos que ocasionará la refinanciación agropecuaria, debemos analizar globalmente los datos. Al respecto, comparto la opinión vertida por el señor Presidente del Banco de la República. En realidad -y aquí está el problema- cuando concurrió a Comisión indicó que había costos directos e indirectos. Los primeros derivan de los ingresos que no se generan por 18 meses, en materia de intereses que no se pagan y de amortizaciones que no se realizan. A su vez, nacen de la necesidad de adoptar medidas, al cambiar el perfil de los deudores, ya que se los recategoriza. Entonces, es necesario tomar medidas en materia de fondeos del Banco. Esas previsiones nuevas -que son unos cuantos millones de dólares de costo adicional- junto con los recursos -provenientes de los intereses y de las amortizaciones- que hay que captar, porque se pierden como ingresos, tienen nuevos costos. La suma de ambos costos se ubica entre U$S 20:000.000 y U$S 40:000.000. Para que no llegue a esta última cifra, el Banco generará una ingeniería mediante la cual premiará a los deudores que se acojan a una refinanciación directa con el Banco, compren algún documento de éste y le aporte dinero, en lugar de darlo al emisor del Bono Cupón Cero, que puede ser el Gobierno de Estados Unidos u otra entidad del exterior.

Me parece bien, pero todo esto se basa en que se convenza a una gran parte de los deudores que deben menos de U$S 200.000 a acogerse al sistema del Banco. Para ello, se le ofrecen tasas preferenciales. Pero el Presidente del Banco dice que no le toquen la consistencia de las tasas porque, en ese caso, por ejemplo, si le bajan mucho las tasas de los que se acogen al Cupón Cero, le quedará poco margen para darle tasas preferenciales a los deudores, a quienes es necesario convencer para que sigan en la Institución aportando su dinero. De esa manera, evita que la suma se le dispare de U$S 20:000.000 a U$S 40:000.000. Además, agrega que hay un problema que se llama costos indirectos, y estos constituyen la credibilidad. Si el resto de los deudores tiene un comportamiento que parta de la hipótesis de que, en realidad, la refinanciación se puede extender hasta U$S 600:000.000 no comprendidos -que son los que se ubican entre U$S 500:000.000 y U$S 1.100:000.000- como a su vez el perfil de endeudamiento de estos últimos es mucho peor que el de los comprendidos -o sea, los que están por debajo de U$S 200.000- entonces, todo se complica enormemente, ya que se adopta un razonamiento consiguiente en relación con el Banco. De esta forma, el impacto es mucho más fuerte que el de los U$S 40:000.000.

SEÑOR NIN NOVOA.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NIN NOVOA.- Mociono para que se prorrogue el término de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Gracias, señor Presidente.

El señor Presidente del Banco República también dice que si se maneja nuevamente con órdenes de magnitud, con hipótesis de máximas y se atienden los efectos directos de la medida -entendiendo por tales el costo que tiene para el Banco responder al estrés financiero que significa el diferimiento de intereses y también el aumento del fondeo general o sea, de las precauciones que debe tomar el Banco- se puede concluir que el valor actual del costo de esta medida es de, aproximadamente, U$S 40:000.000.

Por mi parte, agrego que para que no se llegue a esa cifra -porque después el Presidente del Banco República dice que la transferencia de U$S 20:000.000 cubriría la mitad- el Banco, vía gestión de la medida, va a tratar de amortiguar los costos. Pero toda la ingeniería que desarrolla para ello, parte de la base de que el interés que se cobra en el caso del Bono Cupón Cero no es muy bajo. Si se lo disminuye, no puede ofrecer tasas preferenciales atractivas a los deudores que tiene el Banco y que le pagan. En realidad, en el perfil de deudores -categorizados según las normas del Banco Central de 1 a 5- el 36% se ubica en las categorías 1 y 2 -o sea, las que están pagando- y el 25% -correspondientes a la categoría 3- no tiene una situación de angustia fuerte. Ambas categorías son bastante más de la mitad de los deudores.

Este es el dilema de fondo. Este es el tema que impacta al Banco de la República y que nosotros no podemos discutir en profundidad, porque no sabemos cuáles son los términos de los acuerdos políticos, ya que no pasan por el Senado; de pronto, no deben pasar como ley, pero sí como información política previa a la discusión de un proyecto de esta naturaleza, contando con la presencia de los actores y de los productores agropecuarios. Si en la Comisión de Hacienda no se hicieron presentes los productores agropecuarios fue porque no hubo interés político en que vinieran. En realidad, insistimos con el Banco y lo logramos a duras penas.

SEÑOR DE BOISMENU.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR RUBIO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra).- Puede interrumpir el señor Senador de Boismenu.

SEÑOR DE BOISMENU.- Confieso que escuché con máxima atención la discusión de este tema, a pesar de que recibí un reto -no sé si justificado; por un tiempo muy corto- de parte del señor Senador Gargano, por no haber estado siempre presente en la reunión de hoy.

Me parece que esta discusión es enriquecedora. Con respecto a las palabras iniciales del señor Senador Rubio, y en honor a la verdad -por lo menos, en cuanto a lo que estaba discutiendo en un principio- debo indicar que quedó como sobreentendido que en esas desprolijidades aparecía la acción de compañeros nuestros del Cuerpo que participaron en la negociación de este tema. Si lo razonamos desde el punto de vista empresarial, creo que lo que debería suceder, normalmente, es que cuando se adopta un crédito o se enfrenta a una entidad financiera, el productor o empresario -en este caso, el Banco y los productores agropecuarios- es el que negocia en una operación seria las tasas de interés correspondientes.

Quiero considerar, para ser totalmente justo, la acción de los señores Senadores Heber, Larrañaga y Atchugarry -no participé en absoluto de esto, o sea, que hablo estando fuera del tema- que participaron en las negociaciones con el señor Ministro y con el señor Presidente del Banco de la República. A mi entender, se trató de una discusión de partes en donde todos lucharon por sus intereses. Así son las negociaciones con las entidades financieras y, evidentemente, los tres Senadores que mencioné cumplieron la función de representar a la parte débil. En este caso, eran los productores rurales, que todavía se encuentran en una posición desventajosa frente a una entidad financiera fuerte, aunque sea la que representa los intereses del país.

Creo que es verdad que hubiese sido bueno que en esa negociación participaran productores e instituciones rurales, así como también organizaciones allegadas a los productores. Sin embargo, al igual que las conversaciones sobre el tema impositivo a nivel de las organizaciones de productores, el tema del endeudamiento -lo digo muy respetuosamente- siempre ha generado largas discusiones en las que cada uno tiene una solución para su caso particular. Si hubiera participado -lo digo con toda honestidad- en esa Comisión y en lugar de tres hubieran sido cuatro los integrantes, no tengo ningún empacho en decir que hubiese presentado otras ideas. Si hubiéramos sido más los integrantes de esa reunión, cualquier negociación de este tipo se hubiera convertido en una verdadera Torre de Babel. Por lo tanto, a pesar de que considero que es importante mantener un diálogo, quiero tratar de salvaguardar la idea de que aquí hubo desprolijidades. Personalmente, llegué tarde a la primera reunión en la que se hicieron declaraciones en la Presidencia de la República, pero sé que mientras estaban discutiendo, más allá de que había apuro por encontrar soluciones para el sector agropecuario y para el resto de la comunidad del país, luego del problema que se venía a raíz de la aftosa -y se viene porque, como muy bien han señalado algunos señores Senadores, aún no ha llegado- la solución del aumento de las hectáreas le llegó al señor Presidente en una negociación posterior realizada en el Ministerio con Legisladores representantes de la coalición.

Comprendo que en estas cosas puede haber desprolijidades, pero también entiendo que la práctica lleva a estas situaciones. Lo digo con todo respeto y ustedes tienen que entenderme. Desde el punto de vista empresarial, cuando enviamos a alguien a negociar en un Banco, a veces lo esperamos afuera, porque el negocio se hace entre dos partes. En estos casos, la noticia nos llega después de que se concreta el negocio y es difícil que el mismo se dé con la participación de un conglomerado de gente.

En lo que a mí respecta, debo agradecer a los Legisladores por el esfuerzo que han hecho. Sé que habrá que seguir trabajando, consiguiendo mejores condiciones económicas en la negociación de los intereses y que todavía queda un largo camino por transitar.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra).- Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Está lejos de mí la intención de inmiscuirme en los problemas de negociación que puedan tener otros sectores políticos. El tema para nosotros, y que nos ha molestado -motivo por el cual estamos haciendo un reproche claro- tiene que ver con el trámite reglamentario, en el Senado, de un proyecto de ley de esta envergadura, notoriamente vinculado a otros temas. Si no se cierra el paquete con anterioridad y sigue transcurriendo en forma simultánea, las dificultades que tiene la oposición política para poder evaluar o discrepar, desde este punto de vista, se agravan. Nuestro problema es éste. No es la primera vez que esto sucede, ni se trata de un problema con tal o cual Senador en particular. Es más; sucedió con más gravedad en el tramo final de la negociación presupuestal. Creo que si estuviéramos en el Gobierno y practicáramos este estilo, muchos Legisladores de la oposición estarían molestos ante un procedimiento de esta naturaleza.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR RUBIO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Esté seguro el señor Senador Rubio que, si ustedes fueran Gobierno y precisaran de nuestra ayuda, los estaríamos apoyando, cosa que está en nuestro espíritu. Obviamente, si hay un problema con los productores rurales y no se encuentran soluciones que ayuden a paliar la crisis por la que atraviesan, seguramente vamos a estar aportando soluciones. Lo hemos hecho en la Intendencia de Montevideo, me acota el señor Senador Borsari.

Tiene razón el señor Senador Rubio, pero también es cierto que terminamos de negociar en la mañana de hoy, porque todavía faltaba ajustar algunos detalles. Los demás Legisladores me podrán decir por qué, entonces, no se demoró el tratamiento de este proyecto de ley para poder recibir a todos los involucrados y para discutirlo ampliamente, cosas que -me parece- forman parte del reproche del señor Senador Rubio. A mi entender, de esa manera demoraríamos la aplicación de las medidas y, en consecuencia, los resultados y los beneficios a obtener. Creo que estamos ante una situación de emergencia, por lo que hemos procurado dar herramientas al Gobierno para que pueda actuar.

El otro tema al que quería referirme -y que el señor Senador Rubio ha mencionado- tiene que ver con la diferencia entre lo que dice el Presidente del Banco de la República y el Ministro de Economía y Finanzas sobre los U$S 40:000.000 de costo, que todavía se sigue discutiendo, es decir, la evaluación de la iliquidez del mencionado Banco, sobre todo frente al plazo, porque ese año y medio en que no va a cobrar intereses ni amortizaciones genera una incertidumbre en cuanto a la evaluación del propio Banco, porque nadie sabe cuánta gente se va a afiliar a esta tesis. Por este motivo, la tasa de interés, señor Presidente, busca dar margen al Banco República para que no lo llenen de papeles y sí de liquidez. Si le damos un poder de maniobra a dicha Institución entre el techo del 9.25 y un piso del 8.10 -que es donde llegan las tasas más bonificadas que el Banco de la República ha generado- con el largo plazo en que no se cobra el IMABA, dejamos un margen al Banco que no le genera iliquidez. Sin embargo, eso es lo que no se sabe hasta este momento y no se va a saber hasta que no se instrumenten las medidas, que serán buenas o malas, en función de que sean o no una respuesta a los productores rurales. Digo más; lo que hemos establecido en el Decreto Reglamentario no es la verdad; la verdad va a ser la del propio Banco. En realidad, lo que estamos haciendo con esto es fortalecer la capacidad negociadora del productor rural frente al Banco, diciéndole a ese productor que debe y que tiene que negociar con esa Institución que tiene una posición de fortaleza, porque cuenta con la distancia del Cupón Cero para ingresar. ¿Cuál va a ser la verdad? No lo sabemos. Quizás sea ésta que estamos narrando y que es parte del entendimiento. Sin embargo, esto es un techo y al Banco va a interesarle no perder liquidez. Por lo tanto, a mi juicio, va a mejorar las condiciones del Cupón Cero, de modo de hacerse de mayor liquidez y no perder. La pregunta que no nos hemos hecho en toda esta discusión es: ¿si no hubiera existido esto, qué le pasaba al Banco de la República? ¿Cobraba algo o tenía que salir a rematar y a hacerse dueño de los campos del 95% de los productores del país? Así, hubiéramos tenido un Banco propietario de no sé cuántas miles de hectáreas en el Uruguay. Por su lado, la apuesta a cinco años, no intenta relacionarse con el tema electoral ni pasar a otra Administración. Se trata de darnos tiempo para hacer rentables las empresas agropecuarias y, en general, todas las del país. Si no tenemos tiempo, no sólo no habrá solución para los 19.000 productores que tienen una situación comprometida con el Banco, sino que tampoco la habrá para los 60.000 productores que tiene el país. Entonces, el tiempo es para trabajar en los temas de fondo, de los que hemos hablado y que forman parte de la convocatoria del costo país. Ese es el tiempo: para operar las transformaciones que el país precisa y fortalecer la capacidad negociadora del productor en estos momentos.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra).- Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Me parece que el tema está claro. Agotada la devaluación fiscal -me parece que aquí la agotan y se liquidan los márgenes de devaluación fiscal- por el lado de los costos y salvo que se dé un cambio espectacular en la situación de precios internacionales o que la misma se combine con una devaluación monetaria, la ecuación de rentabilidad no se modifica. Por eso, lamentablemente, nuestras previsiones no son coincidentes con nuestras expectativas.

Me parece que el Gobierno no sabe dónde está parado, ni conoce los marcos de incertidumbre regional, entonces, está tratando de resolver una situación por un lado y un problema por otro porque, en realidad, como dije, no sabe dónde está parado por un conjunto de factores sobre los cuales, teniendo en cuenta la inteligencia de los presentes, no es necesario dar explicaciones sobreabundantes.

Nosotros adoptamos una posición que se va expresar en la votación y, por los motivos dados, señor Presidente, no vamos a votar en general este proyecto, fundamentalmente, por las diferencias que tenemos con este impuesto. Votaremos algunas de las medidas que significan rebajas de aportes patronales, pero como tampoco sabemos cuáles son los marcos que esto puede llegar a tener en el mediano plazo, vamos a proponer un artículo aditivo por el cual esta medida se limite a un año y se haga una evaluación en esa circunstancia, con relación a todas las reducciones y desgravaciones que se hacen. Nos preocupa cómo va a reaccionar la gente y el consumo, así como también qué recaudación se tendrá de este Impuesto y qué va a suceder con el Banco de Previsión Social. Las estimaciones que hay fueron realizadas por la Asesoría Económica y Actuarial del Banco de Previsión Social y estuvieron a cargo de una persona muy competente, como lo es el contador Luis Camacho, a solicitud de miembros del Directorio de dicho organismo. La mencionada estimación da que las reducciones, si se cumplieran -me refiero a las preceptivas y a las facultativas- andarían en el orden de los U$S 80:000.000 de costo para el Banco; más concretamente entre los U$S 79:000.000 y U$S 84:000.000. Si no atiendo esos cálculos y me guío por los números que dio el contador Bensión, hay U$S 62:000.000 en la industria manufacturera y, si los acumulo al resto, me voy a un entorno de U$S 90:000.000. Se trata de una cifra muy significativa, que quisiéramos verificar.

Por consiguiente, y por los motivos ya expresados por nuestra Bancada, vamos a tener la lógica de votación que mencioné y acercaremos a la Mesa un aditivo que queremos que se vote antes del último artículo, porque se refiere a todos los que tienen exoneraciones y reducciones de impuestos y de aportes. El referido aditivo sostiene que se entenderán establecidas por el plazo de un año, contado desde la promulgación de esta ley, y al término de dicho plazo el Poder Ejecutivo realizará una evaluación de los resultados de tales medidas, dando cuenta de la misma a la Asamblea General. Si en ese momento se quiere proponer la prórroga, se podrá hacer, y si se desea proponer alternativas, como es obvio, también se podrá llevar a cabo.

Muchas gracias.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Prof. Carlos Julio Pereyra).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: rápidamente, quisiera hacer algunas acotaciones. Este virus que, al parecer, tiene una fuerza fenomenal y que luego de dos horas de entrar en una célula es capaz de liberar cien mil -o más- nuevos seres, ha demostrado tener una gran fuerza y todos los discursos, idas y venidas, llamados a Comisión, campañas electorales, déficit fiscal y "la mar en coche", no dieron ningún fruto. Por lo menos, hay que reconocerle a este virus que sacudió una estrategia económica basada en la recesión deflacionaria, tomada como una opción de política económica donde, inclusive, se reconocía que íbamos a aparecer como no haciendo nada. Este era el resumen de "la pata en la barranca"; nada de medidas activas. Se cuestionaba todo lo que fuera propuesta de planes de políticas anticíclicas y se pretendía corregir buena parte de la competitividad del país mediante una estrategia larga, reconocida como dolorosa, de tácita rebaja del precio del trabajo de los uruguayos por las leyes del mercado, como método más idóneo -dentro de las dificultades en las que se estaba- para corregir los efectos de la competitividad, largamente perdidos por los fenómenos monetarios y financieros que heredaba este Gobierno. También se apostaba a que, en parte, la región tironeara. Hace poco más de un año se pensaba que la Argentina no iba a estar en la situación en la que se encuentra y que la economía brasileña, que venía creciendo, también iba a ser un arrastre. Por estas razones, digo que la economía es una ciencia relativa, una protociencia, porque la realidad es terca y porfiada. La economía de Brasil siguió creciendo a caballo de sucesivas devaluaciones y quitándonos la poca competitividad posible, y de Argentina, mejor ni hablar. Para sujetar la crisis fiscal que suponía esto, el Gobierno tenía dos caminos: vender activos del Estado o endeudarse. El endeudamiento tiene límites y las presiones en materia de déficit fiscal continuaban,y continúan, por efecto de la propia recesión. El modelo amagaba con morderse la cola, y en eso estamos.

¿Cuáles son las condiciones internaciones o nacionales distintas para esta financiación a la deuda agropecuaria? ¿Cuáles son las condiciones nacionales distintas a lo que sucedía hace dos o tres años? Hace tres años la deuda global bancaria era de más de U$S 1.200:000.000. Realmente, esta acumulación que ha habido a posteriori es una calesita de intereses y no mucho más. Esta deuda estaba laudada hace años y este problema de la rentabilidad también existía hace años. Entonces, ¿por qué se atiende ahora con estos recursos y no se intentó atenderlo antes? No entro a opinar acerca de si la decisión es buena o mala, porque esa es otra historia. Tengo que decir que este virus es maravilloso, porque fue lo único que cambió ya que el cuadro era el mismo; es más, creo que había mejores condiciones económicas, menor grado de endeudamiento y mejores disponibilidades, incluso, de precios internacionales. Tuvimos que llegar a esto. Este es un cambio en la realidad; el virus le torció la muñeca a la decisión ortodoxa de la economía del Gobierno. Aquí hay un cambio de la terca realidad. En todos los discursos que expresábamos en la campaña electoral decíamos que había que tomar una medida reactivadora, pero ahora eso no.

(Ocupa la Presidencia el señor Luis Hierro López)

-Aunque las medidas sean tibias y poca cosa, la realidad ha obligado al Gobierno, por lo menos, a intentar algo. Esto es desde el punto de vista teórico, del camino; después están las medidas en sí.

El segundo hecho importante, a mi juicio, es que hay un reconocimiento, para mí oficial, del Partido Nacional, en cuanto al efecto histórico que tuvo el atraso cambiario como parte de un proyecto fallido, que quería otra cosa, que tenía otra parte del paquete que no se pudo concretar. Entonces, es posible que el error histórico haya estado en medir la realidad política, fuere lo que fuere. Pero hay un reconocimiento de que el atraso cambiario supuso una transferencia, de hecho, de riqueza del sector productivo nacional, no sólo del agro, en la base de esta cuestión, por más que se subraya que ese costo fue inevitable, como consecuencia de no haber podido concretar un proyecto por dificultades políticas. Para decirlo más claramente, la culpa la tuvo nuestra posición política y una parte del Partido Colorado; de lo contrario, no habría habido el costo productivo que ha existido. Pero se reconoce que ha habido, de hecho, una transferencia de riqueza muy importante y debo subrayarlo, porque esto no lo vi planteado por nadie del Gobierno a lo largo de tres años de discusión, y creo que esto es un progreso, por lo menos, de carácter intelectual.

Quiero señalar, como otro factor, que propuestas ha habido. Hace más de cuatro meses -se pueden consultar las actas- leí una propuesta de franjeo. Y no lo hice en mi nombre; incluso, leí la nómina de Diputados que la habían redactado. Pero no tuvo ninguna importancia. AEBU acaba de hacer una propuesta muy seria con respecto a la situación del Banco de la República, pero, ¿de qué sirve hacer propuestas, si no son escuchadas? Queridos colegas, en el medio del drama de la aftosa le pedimos al Gobierno, en una Comisión, que hiciera lo posible por vacunar en la frontera, ofrecimos todo lo que podíamos poner, y señalamos con claridad que era el peor error trasmitir la enfermedad al Brasil. No nos dieron ni pelota; ni siquiera nos llamaron por teléfono para considerar algo. Y hace dos años, en plena crisis de rentabilidad arrocera, hicimos una propuesta sencilla, concreta, con respecto a U$S 1,50 de gasoil; la fuimos a discutir con el señor Ministro quien nos contestó que si se les daba a uno, a otros no les podía dar. No nos pidan propuestas cuando, a cuanta cosa arrimamos, le dan cero bola. Entonces, vamos a hablar claro. Tienen todo el derecho de hacer esto, porque son mayoría, pero entonces tenemos que entender cómo son las cosas. Si las leyes del juego son así, aceptémoslas, pero que no se nos ande refregando que no hacemos propuestas o que no tenemos interés ni tratamos de participar. Uno no se puede meter donde no lo invitan. Hemos hecho propuestas y propuestas a lo largo de los años, pero la puerta cerrada es un lenguaje, y hay que entenderlo y adoptar posiciones políticas en función de eso. Y no se puede dialogar con quien no quiere dialogar o entiende que el diálogo es un monólogo. Esto vale para cualquier gobierno y para cualquier escenario político.

Se habla mucho del costo de las empresas públicas. Yo lamento que nunca se hable del costo de los Aportes Patronales de las empresas públicas. Acá rebajamos todos los Aportes Patronales, pero los de las empresas públicas no existen, y vaya si tienen participación y repercusión larga. Se me puede contestar, con razón, que la caja del Estado es única; es cierto.

Por otra parte, no ha habido una sola vez, a lo largo de estos años, en que nosotros no hayamos terminado, en las interpelaciones, planteando el tema del Banco de la República, independientemente de esta financiación, porque existe una contradicción casi somática: el crédito agrícola en todas partes del mundo es subsidiado, y ésta es una característica de la economía contemporánea. Entonces, el Uruguay tiene que competir con 4:600.000 productores agrícolas brasileños que, prácticamente, están trabajando con tasa cero. Esa es una realidad. Pero para que un Banco pueda hacer eso, debe tener otras posibilidades de ganar en otros sectores, en otros renglones. Y es curioso: cuando las papas queman, le tiramos todas las crisis al Banco de la República para que las banque y después le pedimos que sea tan rentable como un banco privado. Es inconcebible que el Banco de la República no tenga una fuerte presencia en el mercado de las tarjetas. ¿Saben cuál fue la respuesta que me dio la Dirección del Banco? Me dijeron que es imposible, por falta de flexibilidad. Es obvio que si el Banco se tiene que comer esto, hay que darle comida por otros lados, porque si a la gallina no se le da de comer, no puede amparar a los pollitos. Esto es de cajón. Me parece totalmente lógico que un país que se preocupe por el trabajo tenga un Banco que gane por un lado para hacer tareas que son fundamentales en la base productiva de la sociedad. No se puede tratar el crédito al consumo con el mismo criterio con que se trata al crédito a la producción, en términos generales, y mucho más con respecto a la producción agropecuaria. Pero ello supone una política bien diferenciada y que otorgue ciertas preferencias. No es casual que casi el único crédito diferenciado que tiene la banca privada sea un crédito comercial de corto plazo en alguna feria; no le interesa, ni le va a interesar. Regalamos el crédito que deja ganancia para que se lo coma la banca privada, y a nuestro Banco de la República le decimos que se coma los clavos, que levante los choclos, y todavía después le decimos que no es eficiente. Yo creo que el problema es otro. Entonces, cuando se plantee la reforma del Estado, hay que pensar en incluir a los bancos de la Nación, porque si no hablamos del precio del crédito, del precio del dinero, de las diferenciaciones entre consumo y producción, es inútil; el precio del dinero termina siendo el impuesto mayor que paga toda la producción en este país.

Reconozco que la rentabilidad de la tierra es baja y que es muy alta su capitalización cuando se habla en términos de 15 ó 20 años. Esto normalmente es así allí donde en el horizonte no existan revoluciones socialistas a la antigua. En todas partes el valor promedio de la tierra tiende a subir, salvo en momentos tan críticos como este, que -sin duda- se deben a un fenómeno coyuntural. La rentabilidad de la agropecuaria, por lo menos de la ganadería neta, puede situarse en el 3% o 4% de la rentabilidad histórica del 11% o 12% y no mucho más, pero donde el fuerte componente es la suba del valor del patrimonio de la tierra, lo que se da en largos períodos. La evolución del valor de la tierra es una de las garantías que la agropecuaria tiene para pagar sus deudas y por ello necesita, naturalmente, tiempo. El problema consiste en saber quién va a pagar el costo de ese tiempo, pero hay que reconocer -y se presenta un problema aún mayor- que la bajísima rentabilidad se ha acentuado en los últimos años y este problema no se puede unir sólo a los precios internacionales que, si bien en los dos años que pasaron estuvieron extremadamente bajos, a lo largo de la década hasta el año 1999 estaban en promedios que son históricos. Entonces, esta baja rentabilidad que ha sido una de las grandes causas del endeudamiento, creo que, inevitablemente, hay que buscarla en otras cosas.

Hemos estado hablando de moneda única y entramos en la misma contradicción que tiene el precio del dinero para trabajar en el Uruguay. Creo que nuestro país hace mucho tiempo se ha embarcado en un modelo monetario que es muy recomendable para un país que quiere ser plaza financiera. Se trata de un modelo que le da seguridad al sistema bancario, pero que es negativo para un país agroexportador, tomador de precios, que necesita, históricamente, tener flexibilidad con su dinero, porque se relaciona con el mundo a través de los valores de ese dinero. Es evidente que hay una contradicción país, porque no se puede chiflar y comer gofio. Somos una cosa o somos la otra y esto es algo que no tiene discusión, pero que no se quiere aceptar. Entonces, vamos a pagar eternamente el costo de una agropecuaria que se hace inviable por ser exportadora con un sistema monetario contrario a su relación flexible con el mundo. No hay ningún país agroexportador típico, de los que compiten, que se maneje con un modelo como el nuestro. Por el contrario, aquí se critica a Brasil porque devalúa, cuando habría que preguntarse: ¿cómo puede devaluar y no tener inflación? Ese país está vendiendo productos agropecuarios por dos tercios más de lo que está importando y lo hace, en gran medida, por su juego monetario. Sería bueno estudiar cómo se dan estas situaciones en Australia, en Nueva Zelandia y en Sudáfrica, para extraer conclusiones porque, si no podemos variar este tipo de definición, tendríamos que dejar de hacer refinanciaciones y decirle al mundo agropecuario que esto no va más. Creo que ningún maquillaje monetario puede asegurar la competitividad en un largo plazo, ya que esta es hija de la inversión y de su buen uso, que no necesariamente es lo mismo, porque hay que sacar partido de la inversión, porque si bien en un largo plazo esto trae productividad y con ello se mejora la competitividad, hay que reconocer que en una economía ecléctica de un país tomador de precios y sujeto a los vaivenes de los precios del mercado mundial, el no tener flexibilidad monetaria significa, en los momentos críticos, quedarse poco menos que postrado. Esto le ha pasado, proporcionalmente, a la mayor economía agropecuaria, la que tenemos enfrente, el mayor productor de alimentos "per cápita" que existe en este planeta. Sin embargo, caído también en el mismo camino, se ha quedado prácticamente sin asunto. Entonces, si se quiere discutir la reforma del Estado, aquí hay una: la reforma monetaria. Reconozco que en un país endeudado en dólares, esto no es magia para ningún gobierno, pero por lo menos tendríamos que poner una proa o de lo contrario hablarle claro al país y decir que un país agroexportador no va más.

Muchas gracias.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero decir que me preocupa el método con el cual se ha trabajado en este y otros proyectos de ley. La coalición de Gobierno acuerda fuera del marco legislativo y nuestro trabajo aquí se reduce a ratificar esos acuerdos lo más rápido posible. Este proyecto entró el miércoles de la semana pasada y la primera propuesta fue hacer dos reuniones: una el jueves y otra el martes, para traerlo el mismo martes a la sesión. En total, fueron seis días para tratar algo un poco complejo, aunque no demasiado farragoso ni complicado y la sapiencia de mis compañeros ha permitido demostrar los contenidos en forma muy clara y en no mucho tiempo. Además, se acuerda no tocar nada aunque se demuestra que existen errores y algunos muy serios. Esto trae a mi memoria algunos episodios y frases sobre el Poder Legislativo, tales como: "Yo conozco ese gallinero" o "Aquí no piso nunca más", lo que no me parece bueno sino más bien negativo, porque el trabajo legislativo, hecho de esta forma, no tiene mayor sentido. Sin duda así se agrava la opinión que la gente tiene sobre el Parlamento y el Poder Legislativo. Se presume que aquí no hacemos nada y que estamos sobrando. El Poder Ejecutivo nos trata de esta forma, no jerarquizando nuestra función sino más bien disminuyéndola. Reitero que me parece que esto es malo para el conjunto de las instituciones democráticas.

En segundo término, voy a describir el proyecto tal como lo leí. Esta iniciativa contiene la creación de un impuesto cuya tasa es del 3% -al respecto decía el señor Senador Núñez que era el sesenta y cinco del texto del proyecto- y aumenta globalmente un 0.69% el precio final del producto para los consumidores.

Por mi parte, en este punto sí celebro la creatividad del Gobierno -porque la tiene, y mucha- en lo que refiere al nombre de los proyectos por los cuales se crean impuestos. Aquí se refiere a la creación de un impuesto denominado Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social, COFIS. Se aplica sobre la factura y luego, sobre la factura más el COFIS, se aplica el IVA. Según decía el señor Senador Núñez, estamos hablando de un 26.69% en total. Parece descomunal que los productos industrializados paguen este gravamen. Aquí se señalaba que no hay un margen fiscal para adelante; por lo tanto, nos preguntamos: ¿a cuánto se lo podría llevar? Quizás a un 30%.

Personalmente, verifiqué hoy el incremento que, sobre cada cuota mutual de la entidad a la que estoy afiliado, genera el 3% que se votó en este ámbito correspondiente al impuesto a la salud; en total, se trata de $28.90, es decir, casi $30 por afiliado. Ahora, este otro mazazo viene en la misma dirección, hacia el consumidor final.

Por otro lado, debemos considerar también las exoneraciones. Aquí se deroga para las explotaciones agropecuarias, a partir del 1º de enero de 2001, el Impuesto al Patrimonio. El aporte patronal en el agro se reduce a cero y se disminuye en un 50% el aporte patronal al BPS del sector rural para DISSE. Asimismo, el aporte patronal a la industria manufacturera privada se reduce a cero, reduciendo también en un 2.5% el aporte a DISSE. También se reduce a cero la alícuota de los Aportes Jubilatorios Patronales al BPS sobre los dependientes de las empresas de transporte terrestre. Finalmente, se faculta al Poder Ejecutivo a disminuir hasta un 1% del aporte jubilatorio patronal de los servicios. En este último aspecto, confieso que tengo una incógnita, pues no sé cómo se define a los servicios ya que simplemente se lo hace por exclusión, es decir, no se trata de los rurales ni de los de la industria manufacturera. Así, podría comprender a los servicios financieros, que no tributan a la Caja Bancaria pero que, de todas maneras, son servicios financieros. El siguiente artículo es el que destina la suma de U$S 20:000.000 al Banco de la República Oriental del Uruguay.

Continuando con mi exposición -pretendo que sea lo más concisa posible- quiero decir que celebro que la coalición de Gobierno tenga tan buena opinión sobre este proyecto de ley, aunque la misma no es compartida por los productores rurales. Concretamente, los productores de la intergremial, cuando conocieron el texto -que no ha sido modificado sustancialmente- dijeron que no resolvía su problema y que creaba más inconvenientes que soluciones. Por mi parte, en el día de hoy leí la opinión de la Cámara de Industrias según la cual, este proyecto, en lugar de beneficiarla, la afecta. Asimismo, hemos escuchado decenas de opiniones de los protagonistas de la producción, que son, en el Uruguay, el agro y la industria y por eso creemos que, por lo menos, se debería meditar en torno a ello.

En lo que refiere al tema de los costos, debo decir que hice una suma de lo que he logrado valorar. Aquí se dijo que hay U$S 45:000.000 que se sacan a ANCAP, lo que afirmó el propio Presidente del Ente. Los cálculos de la menor recaudación del Banco de Previsión Social dan como resultado U$S 84:000.000; hay U$S 20:000.000 para el Banco de la República y otros U$S 14:000.000 del Impuesto al Patrimonio. Esto me da un total de U$S 163:000.000. Simplemente, dejo planteada esa cifra.

Personalmente, tengo dos estimaciones sobre la recaudación del COFIS. Una es la que me proporcionó el Miembro Informante, señor Senador Atchugarry, quien calculó la cifra de U$S 145:000.000, y la llamó una estimación conservadora. Pero tengo otra, realizada por el equipo de asesores de nuestra bancada, que arribó a las cifras de U$S 139:000.000, como mínimo y U$S 217:000.000 como máximo. No soy un experto en esta materia, sino sólo un aficionado a leer los números, pero en el caso del mínimo de recaudación -esa recaudación conservadora a la que se refería el señor Senador Atchugarry- hay un empate entre lo que se recauda y las exoneraciones y plazos. Pero se debe tener en cuenta, además, que cuando se recauda un impuesto, se lo está cobrando; después podremos discutir sobre quién recae y todo lo demás. Pero lo cierto es que se cobra, es decir, alguien paga ese tributo. Como decía, en el caso del mínimo hay un empate, pero, a mi juicio, el impuesto será pagado por la gente, por quienes consumen productos industrializados, aun importados, porque es sobre ellos que el tributo recae. Es cierto que se excluyen algunos productos suntuarios, sobre lo que aquí no se ha dicho nada. Precisamente, voy a tratar de hablar de las cosas que aquí no se han mencionado, para no cansar ni aburrir al Cuerpo. En definitiva, creo que este impuesto va a golpear duramente a una población que está saturada y con enormes dificultades de tipo económico, viviendo prácticamente al límite. Cuando digo esto, asumo la cuota parte que nos corresponde, no sólo por los tributos nacionales, sino también por la carga que significan los tributos municipales para la gente, porque realmente son muy duros, aunque financian cosas imprescindibles que cada vez le cuestan más al país.

En este mismo capítulo, todo lo referente al endeudamiento de los productores agropecuarios está referido al Banco de la República y hoy nos enteramos aquí, porque nos informaron los Legisladores del Partido Nacional, que se ha logrado algo con respecto a la banca gestionada, que es también banca estatal, porque la hacemos funcionar con dinero que ponemos nosotros votando aquí U$S 45:000.000 para que el Banco de Crédito siga operando y compre al Banco Pan de Azúcar y para que el Banco La Caja Obrera pueda aliviar su Cartera y seguir adelante, etcétera. Pero la banca privada no pone nada, como se ha dicho muy bien aquí; como sabemos los miembros de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca -que hemos trabajado en el tema durante un año y medio- sus créditos son a corto plazo, son como los créditos de la feria, es decir, se da el dinero para comprar y cuando se venden de nuevo los animales, cobra. No hay manera de escapar de esto. Con relación al Banco de la República, la situación es diferente.

Pienso que aquí debemos preguntarnos si esto constituye un alivio para los productores. En realidad, creo que sería una inconsciencia decir que no; hay algunas cosas que sí constituyen un alivio. Me refiero, por ejemplo, al no pago de intereses y a la exoneración de aportes. Pero el eje de la cuestión está en que estos alivios, por sí solos, no resolverán los problemas que tiene planteados la agropecuaria. El problema de los productores agropecuarios es que no ganan, y esto es algo que han dicho una y mil veces. No hay rentabilidad, y esto significa que no hay ganancia. Si no hay ganancia no hay plata con que pagar los intereses y si estos se difieren y se otorgan plazos de gracia de dos, tres o cuatro años, finalmente se acumulan sobre el capital y habrá que pagar de todas maneras. Habría que ver de dónde saldrá el dinero, porque la rentabilidad es negativa. Se ha hablado de U$S 10.000:000.000 de pérdida en una década y de U$S 12.000:000.000 en otro cálculo. Con la política cambiaria, con el ancla cambiaria, no hay manera de que se pueda producir con rentabilidad, máxime pagando intereses de un 12% en dólares. Por nuestra parte, estuvimos en el departamento de Artigas y la gente de allí nos decía que pagaba hasta un 14% de intereses en dólares. A propósito de esto, voy a relatar un episodio de un productor arrocero -supongo que es cierto y, siendo así, se me ocurre que no tendrá ningún inconveniente de que lo cite en este ámbito- que plantaba 1.200 hectáreas de arroz y que mandó a la industria 140.000 bolsas.

Indudablemente, este hombre mueve un capital de varios millones de dólares, ya que es un productor de 2.000 hectáreas. Sin embargo, no tenía U$S 3.000 para pagar los sueldos. Recuerdo que también estaba presente el señor Senador Mujica. Además, los productores nos aclararon que el gran problema que tienen es que cuando llega fin de mes tampoco tienen dinero para pagar el teléfono, la luz y el agua, por lo que deben recurrir a algún prestamista privado que les cobra el 4% mensual de interés en dólares. Creo que esa gente no me estaba mintiendo; ¿para qué lo iba a ser? Además -vamos a poner todas las cartas sobre la mesa- no habían votado al Encuentro Progresista - Frente Amplio. Aclaro que esto lo dijeron ellos mismos. Es evidente que se trata de una situación de extrema gravedad, que no creo se resuelva si no se cambian algunas políticas.

En relación con los exportadores, días atrás señalé aquí lo que expuso en la Comisión de Asuntos Internacionales el ingeniero Soloducho. Hace una semana dijo que eran cuatro las empresas textiles, pero ahora sólo quedan tres porque ayer cerró SUDAMTEX; quebró. Dijo que así no se podía seguir trabajando porque no había posibilidades de exportar en forma normal y ganar. También habló del ancla y el atraso cambiario. Voy a referirme específicamente a esto porque me parece importante. Creo que las políticas cambiaria y tributaria asfixian a la economía y creo que se ha conducido al país durante muchos años -por lo menos 15 ó 16- en forma errada. Sé que se ha buscado la estabilidad, pero su costo ha traído la parálisis; estamos estabilizados porque estamos paralizados.

A mi juicio, señor Presidente, esto del ancla se acabó. Lo digo, porque esto que tantas veces hemos dicho desde la oposición, hoy lo reconoce el Presidente de la República, quien está planteando la serpiente monetaria. ¿Qué quiere decir "serpiente monetaria"? Es una figura gráfica que se aplicó en Europa: cuando Francia devaluaba, inmediatamente lo hacía España; cuando devaluaba Alemania pasaba exactamente lo mismo y, por lo tanto, todos quedaban parejos para poder competir hacia el exterior. La devaluación en Europa se hace para poder competir hacia el exterior, es decir, para no perder mercados. El Presidente de la República ya admite que hay que abandonar esta política y acompañar a nuestros vecinos. Brasil devaluó un 120% en dos años; ayer volvió a hacerlo y, en realidad, eso sucede todos los días. Entonces, si se aplicara la serpiente, habría que empezar a devaluar así y no según el programa que tiene el Banco Central, que nos lo envió y que es un mamotreto que nadie puede leer y que, personalmente, ni siquiera he tenido tiempo de abordar. Vamos a girar con ellos, y si Argentina devalúa y la convertibilidad no se aguanta, nosotros tendremos que ir atrás. No sé si el señor Presidente de la República tiró un pelotazo, una idea para ver qué pasa, pero lo cierto es que ya están admitiendo que hay que cambiar. De hecho, cuando nosotros afirmábamos esto hace uno o dos años atrás, éramos unos irresponsables totales y absolutos. Sin embargo, insisto, ahora es una realidad.

Por otra parte, le recomendaría al señor Senador Heber -perdón por la alusión, aunque después si quiere me contestará- que leyera también lo que opina el señor Presidente de la República sobre el "investment grade" y las consultoras. Como hay que reírse un poco y no hacer tanto dramatismo con esto, voy a leer lo que dijo el Presidente de la República en un foro celebrado ayer en la Argentina. Allí hizo referencia -dice el periodista- a las calificadoras de riesgo -que son las que dan el "investment grade"- a las que definió como un conjunto de jóvenes que nos anuncian que "como a la Argentina le va regular, a nosotros nos va a ir peor y por las dudas nos embroman para que no nos vaya mejor". Es una opinión bastante negativa acerca de las calificadoras de riesgo. ¡Caramba! ¿Nosotros valoramos tanto lo que dicen las calificadoras de riesgo cuando el Presidente de la República las valora de esta manera? O el Presidente está equivocado, o nos guiamos demasiado por lo que son las políticas que se instrumentan desde algunos lugares.

Repito que esto lo dijo el señor Presidente de la República, no son palabras mías. El Presidente dice muchas cosas, algunas para reírse, otras para llorar pero, en definitiva, es el Presidente de la República.

Creo que van a tener que cambiar, poco a poco, o a lo mejor hay un gran porrazo a no muy largo plazo, porque esto no aguanta más; no hay más soportes.

Acerca de la valoración del proyecto, estimo que en última instancia lo que buscan el Presidente y su Ministro es recaudar más y fortalecer las finanzas deficitarias del Estado. Haciendo los cálculos, por un lado me da un empate y, por otro, cierto margen. En el proyecto, señor Presidente, hay un artículo que establece que todo lo recaudado, excepto los U$S 20:000.000 que este año van para el Banco de la República Oriental del Uruguay, se destinará al Banco de Previsión Social. Si se recaudan U$S 200:000.000, este año van U$S 180:000.000, y el próximo U$S 200:000.000. Veo que el señor Senador Atchugarry me dice que sí.

Aclaro que hago cuentas de almacenero, porque nunca fui bancario ni estudié economía, pero lo importante de esto es que como el Estado le transfiere U$S 1.000:000.000 a la Seguridad Social anualmente, si le aporta esto y es en demasía de la caída de los aportes -que totaliza U$S 84:000.000- la diferencia la saca de la transferencia y se queda con dinero que antes iba a verter al Banco de Previsión Social. Esto hay que decirlo para que se entienda; somos cortos de entendimiento, pero no excesivamente cortos. A través de este tipo de operaciones hechas con la libreta del almacenero, conseguimos darnos cuenta cómo vamos.

Creo, señor Presidente, que el Banco de Previsión Social va a sufrir un duro golpe. Con estas decisiones que se adoptarán en el día de hoy, o mañana, habrá un cambio definitivo en el régimen de la seguridad social uruguaya; no hay vuelta de hoja.

Acá se eliminan los aportes patronales. La estructura de la seguridad social uruguaya fue creada durante el siglo pasado, sobre la base de ser un mecanismo de reparto al que aportaban, para asegurar el retiro cuando ya no estuvieran en condiciones de trabajar, los empleados, como base de un financiamiento sacado de su salario, y los patrones, haciendo uso de sus ganancias. En definitiva, era una quita a la plusvalía, para hablar en términos marxistas, que a mi no me asustan. Se trataba de un mecanismo de redistribución del ingreso, que ahora se elimina.

Quisiera que alguien me diga cuándo, después de haber bajado algún aporte patronal a la seguridad social, se volvió a aumentar. El señor Senador Couriel decía que hace 10 años atrás pagaban el 14% o el 16% y ahora van a pagar el 0%. Nadie va a poder subir el aporte patronal de los productores rurales ni a los del transporte terrestre, por lo que esto va a desaparecer. Obviamente, ello es una suposición y los hechos dirán si tengo o no razón. No creo que en el estado crítico en que se encuentra la economía se puedan subir los aportes que se quitan ahora, al menos por 10 años.

Todo esto se hace para dar competitividad. No se cambia la política monetaria y, por este lado, se intenta aportar elementos a fin de darle aire a la gente para que pueda trabajar y producir.

Creo que se cambia el régimen. Yo no comparto la idea de que el Aporte Patronal sea un impuesto al trabajo; creo que fue concebido de una manera distinta. Sé que los cambios tecnológicos han aportado diferencias al mecanismo, porque hay gente que tiene una gran inversión en capital y poca en mano de obra, y no paga por el capital sino por la gente que tiene trabajando. Es cierto que hay cambios, pero hay que manejarse de otra manera con ellos.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GARGANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Deseo comentar algo acerca de los aportes patronales. Creo que no todos los que se denominan aportes patronales se han rebajado. Ya se ha citado el caso de las empresas del Estado, pero quiero contar algo que me sucedió hace poco. Recién nacida una hija mía, tuve que llenar una carpeta de papeles que el Estado me hizo llegar, redactada en términos bastante perentorios -esa ciudadana de pocos años hoy tiene más papeles que un Senador- y, entre otras cosas, decía que en un determinado plazo de días hábiles tenía que ser anotada en el Registro Civil. Fui allí y tuve que pagar -mejor dicho, fue la ciudadana de pocos años, totalmente improductiva, ineficiente, intolerante, etcétera, a la que le presté la plata, que le voy a cobrar más adelante- un timbre para financiar la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Aclaro que no tengo nada en contra de los profesionales aquí presentes, pero hace bien poco recibimos de dicha Caja algunos documentos contra el Gobierno en general y contra ciertas políticas que dicen que se querían implementar. Cerca del 30% de los aportes a dicha Caja es financiado por esos timbres que debe pagar la gente: los recién nacidos, los obreros de la construcción, los de las fábricas, e incluso los desocupados cuando tienen que hacer un trámite, por ejemplo, por un divorcio o un "quítame de allí esas pajas". Esto es un Aporte Patronal, es decir, sustituye, para los profesionales, lo que para los obreros sería el Aporte Patronal, y este no ha sido tocado en el proyecto; creo que es una especie de gran injusticia.

De paso, quería decir que si se quiere discutir a fondo la reforma del Estado habría que incluir estos temas, estas grandes injusticias que me parece que hoy rigen en nuestro país. Además, no hay que quedarse en las empresas del Estado, sino que hay que incluir al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, porque hace bien poco el Ministro de Salud Pública se fue diciendo cosas muy graves que nos hacen pensar que también ahí hay graves ineficiencias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Creo que hay otra reforma de la Seguridad Social introducida aquí. En el breve articulado sobre la eliminación de los aportes patronales ya hay un cambio que creo que es irreversible. No sé si un Gobierno de distinta orientación podría revertir esto en el futuro; más bien pienso que no. Hacer esto es hacer una revolución.

En cierta oportunidad un amigo mío, que gobernó España durante catorce años, me decía que hay que buscar la salida por el lado de la política fiscal, pero yo le respondía que de esa forma apuntamos al Impuesto a la Renta. El me dijo que así era y yo comenté que si entrábamos al Gobierno y poníamos un Impuesto a la Renta nos mataban, porque acá hay gente que nunca pagó nada y ha ganado mucho dinero. Si ganamos vamos a tener que hacerlo, pero corriendo el riesgo de que nos apunten con un cañón.

Cuando nosotros hablábamos del Impuesto a la Renta, el Presidente de la República decía que él era San Jorge y venía a matar al dragón. Tengo la desgracia de tener una memoria casi gráfica para los dichos del Presidente y regularmente no me olvido. De todas maneras, si llegamos al Gobierno, como vamos a tener los mecanismos del poder, a lo mejor podemos hacerlo sin quebrar la paz entre los uruguayos, que sería muy importante.

SEÑOR PEREYRA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GARGANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- He pedido la interrupción porque el señor Senador menciona que su Partido ha propuesto el Impuesto a la Renta en distintas circunstancias, y que significaría un peligro para quienes lo auspicien por la resistencia que generaría. Quiero recordar que en forma reiterada me he expresado de manera positiva con respecto a este Impuesto, y en dos oportunidades muy concretas presenté soluciones. Tanto cuando se realizó el primer ajuste fiscal como cuando se implementó el segundo -bajo los Gobiernos de Sanguinetti y Lacalle- como en los hechos se establecía un Impuesto a la Renta para los trabajadores, quisimos hacerlo extensivo a todas las personas físicas. El argumento que se da casi siempre en el Uruguay es que se aplicó una vez y no dio resultado, pero creo que ese argumento no sirve porque estamos en una época absolutamente distinta; con los medios informáticos que hoy tenemos es muy posible que se pueda llevar a cabo. Por otra parte, lo hacen la mayoría de los países del mundo y me parece que es un impuesto justo que tendría que venir a sustituir una masa muy grande de cargas que está castigando a la población.

Simplemente quería dejar constancia de este recuerdo, no porque quiera disputarle ninguna bandera al Frente Amplio, sino porque es mi convicción arraigada desde mucho tiempo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado a la Mesa una moción para prorrogar el tiempo de que dispone el orador.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Deseo que esto vaya bien y que los cálculos salgan, pero mi impresión es que pueden no salir, porque este impuesto se aplica en un país en recesión económica, con graves problemas en la producción y en el consumo. A lo mejor tiene razón la Cámara de Industrias y se acentúa la recesión. Puede suceder que, como dicen los españoles, esta sea una sardina que se muerde la cola; esto quiere decir que tal vez nos quedemos parados en el mismo lugar, porque a lo mejor no salen las cuentas, no se recauda lo previsto o después los números no dan, y dentro de ocho o diez meses estaremos de nuevo aquí sentados, discutiendo qué hacer con la realidad que tenemos.

Quiero señalar que lo que manejaban hoy los señores Senadores sobre el estado del mercado de trabajo, con casi un 15% de parados, es un conteo hecho a fines de marzo, que no tiene en cuenta los meses de abril y mayo -si no estoy equivocado- porque son datos del Instituto Nacional de Estadísticas sobre el primer trimestre del año. En realidad, se refirió a un 14.9% de promedio. Como decía antes el señor Senador Michelini, estimo que muy posiblemente estemos por encima del 16% o 17%, porque esa medición se hizo antes de la aftosa y sólo con este problema se incorporaron miles de trabajadores al paro en la industria frigorífica, y seguramente hay varios miles de trabajadores rurales que no han ido al Seguro de Paro porque no lo tienen, pero que van a terminar formando parte de la legión de parados.

En realidad, no tenemos forma de contar ni de estimar estos porcentajes en el medio rural. Sin embargo, celebro lo que nos han anunciado en cuanto a que los trabajadores rurales van a tener seguro de paro. En este sentido, quiero recordar -tengo buena memoria- que el Presidente del Directorio del Partido Nacional hace doce años se opuso a que se sancionara una propuesta que venía en el proyecto de Ley de Presupuesto o en el de Rendición de Cuentas porque creía que significaba un gravamen para los empresarios rurales cuando, en realidad, se ha demostrado que los empresarios y los empleados rurales aportan al mismo Banco, por lo que, simplemente, se debe disponer que la Institución pague y no los excluya arbitrariamente. Reitero que celebro esta propuesta aunque considero que ha llegado tarde y es poco, porque el seguro de paro es un porcentaje del salario y se cobra durante unos pocos meses y, como todos sabemos, los trabajadores rurales ganan, cuando están bien remunerados, alrededor de $ 1.200, por lo que difícilmente lleguen a cobrar más de $ 600 por ese concepto. Sin duda, es mejor poco que nada y reitero que voy a apoyarlo si se propone como ley, y a aplaudirlo si se plantea como decreto, aunque insisto en que es una medida que se toma algo tarde.

Con respecto al tema de las empresas públicas, nosotros tuvimos razón: al país le vino muy bien que interpusiéramos el recurso de referéndum y que ANTEL no se privatizara. Precisamente, el Presidente de ANTEL, ingeniero Bracco, comentó en el día de ayer -me dirijo al señor Senador Fau, pues formó parte de su equipo- que el Ente transfirió el año pasado al Tesoro Nacional U$S 176:000.000 por concepto de rentas; insisto, por concepto de rentas, no de impuestos. Quisiera recordar a los señores Senadores que once años atrás el paquete accionario de ANTEL se iba a vender en U$S 300:000.000. Por lo tanto, me parece que fue un buen negocio para el país que el 72% de la población votara para que el Ente se mantuviera dentro del patrimonio del Estado.

Personalmente, estoy dispuesto a negociar la reforma de la gestión de las empresas públicas, pero no a vender su patrimonio. En ese sentido, tengo la misma posición que en el año 1992: no estoy para vender, sino para mejorar la gestión y para ampliar en lo posible su patrimonio. Además, quiero decir que mientras no se den algunos pasos, difícilmente vamos a poder negociar; podremos charlar, pero no negociar. Si el método que se utiliza es el de ahora, no hay negociación posible.

SEÑOR FAU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARGANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR FAU.- Señor Presidente: voy a referirme a unas reflexiones que el señor Senador Gargano hizo al inicio de su intervención. Preferí aguardar a que estuviera culminando su discurso porque -no me causa ninguna violencia reconocerlo- el señor Senador Gargano se caracteriza por ser un estudioso de los temas de que se ocupa y, por lo tanto, arma sus intervenciones de tal forma que deben generar el respeto para que las pueda desarrollar en su totalidad. Eso fue lo que me llevó a que aguardara a que culminara su intervención para no interrumpir los aspectos medulares de su discurso sobre este proyecto de ley.

El señor Senador Gargano usó algunos argumentos que reiteran otros efectuados por sus compañeros de coalición en el día de hoy -y que también han utilizado en otras oportunidades- cuestionando la forma en que actúa la mayoría del Senado. Debemos recordar que quien decide aquí, en este Cuerpo, es la mayoría del Senado, una mayoría absolutamente legítima, producto de una coalición de Gobierno, a través de la cual dos Partidos se comprometieron a impulsar determinadas soluciones, no después de haberse instalado en esta Casa, sino antes de comenzar esta Legislatura y de que culminara el proceso electoral. Más precisamente, en la mitad de ese proceso electoral y antes del pronunciamiento del soberano se genera un acuerdo político, casi sin precedentes, que luego se manifiesta en el Senado.

Admito que se le puedan hacer críticas al Gobierno, y ello forma parte de la esencia de un sistema plural, pero lo que me cuesta aceptar es que se realice una crítica a que esa mayoría se pueda expresar. En una democracia no hay otra forma de gobernar si no es mediante la voluntad de las mayorías. En este caso, ésta es legítima; sin embargo, como es la mayoría que forman dos partidos históricos, el Partido Nacional y el Partido Colorado, esta coalición generalmente es tomada hasta con ánimo despectivo. Se la denomina la coalición "blanquicolorada", casi como un término descalificativo para dos Partidos que en su conjunto expresan la mayoría electoral del país y de este Cuerpo.

No estoy pidiendo clemencia en las críticas que al Gobierno se le puedan hacer, pero no puedo admitir que se critique que esa mayoría opere, resuelva y determine los tiempos de trabajo parlamentario, siempre y cuando respete la Constitución, la Ley y el Reglamento. ¿Aquí se ha desconocido eso? En la tarde de hoy, en un porcentaje mayoritario, no hemos escuchado otra cosa que la crítica de la oposición. Me pregunto si se presentó alguna moción mordaza para limitar el debate, cerrar la lista de oradores o acotar el tiempo de los Senadores. ¡No! Los señores Senadores están manifestándose con la mayor libertad y amplitud y, en su momento, la mayoría va a operar y aprobar este proyecto de ley. ¿Dónde está el desconocimiento de que la mayoría funcione? Inclusive, hay que destacar que en la Comisión de Hacienda se trabajó normal y pacíficamente; es más, debo decir que en una oportunidad la coalición política que integra el señor Senador Gargano habilitó el quórum para seguir trabajando. ¿No hubo pedidos para que se recibieran delegaciones? El PIT-CNT solicitó audiencia y recibimos a sus delegados, a quienes incluso tuvimos que esperar durante cuarenta minutos porque se habían confundido con la hora de la citación.

Entonces pregunto: si todo esto funciona correctamente, de acuerdo con las normas que rigen esta actividad, ¿por qué los agravios a la forma en que actúa una mayoría? En ese caso, tendría que decir que también tenemos derecho a agraviarnos con respecto a la forma en que opera y se expresa, en un Gobierno tan importante como el de Montevideo, la mayoría representada por la coalición que integra el señor Senador Gargano. Sin embargo, nosotros no la cuestionamos, porque es una mayoría respaldada por la Constitución de la República y por los votos. Por lo tanto, se trata de una mayoría legítima la que tiene el Frente Amplio en la Junta Departamental de Montevideo. ¿Nos quejamos porque esa mayoría no modifica el Presupuesto como nosotros quisiéramos? ¿Nos enojamos con esa mayoría porque no investiga cuando queremos hacerlo o cuando no hace caso a las sugerencias de la oposición? ¡No! Criticamos al Gobierno municipal desde el punto de vista político. Lo hacemos con dureza y severidad, pero no cuestionamos que haga jugar sus mayorías, porque se las brindan la Constitución y los votos. Por lo tanto, tienen todo el derecho a determinar los tiempos, la forma y lo que quieren que se apruebe en la Junta Departamental de Montevideo. Pienso que está bien que lo hagan, porque para eso los eligieron, para eso tienen la mayoría y para eso tienen la obligación de gobernar. Entonces, no puede ser que nos cuestionen una mayoría igualmente legítima a esa, cuando ésta tiene la voluntad política, en el acierto o en el error, de darle a este país, en el menor tiempo posible, las soluciones que creemos son más indicadas.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Estoy sustancialmente de acuerdo con lo manifestado y creo que era innecesaria la intervención del señor Senador. La legitimación se la dio la mayoría popular que juntos consiguieron el Partido Colorado y el Partido Nacional. Por esa razón, el Presidente de la República es el doctor Batlle Ibáñez. Además, la coalición funciona con la suma de los Legisladores del Partido Nacional y el Partido Colorado.

¿Cuánto va a durar? No lo sé; a lo mejor todo el Período, o quizás no culmine, pero están legitimados. Personalmente, no ataqué el origen genuino ni la actuación, sino que me referí a la mecánica del trabajo parlamentario, y el señor Senador Fau tiene que admitir que se pueden tener distintas opiniones acerca de la mejor forma de proceder. Lo que dije fue que, a mi juicio, no es bueno sancionar una ley prácticamente sin modificaciones, ya que de pronto puede ayudar una opinión de la oposición o de gestores económicos que se puedan convocar, tal como se planteó en la Comisión, en el sentido de invitar a productores rurales o industriales; sin embargo, dicha sugerencia no tuvo andamiento.

En definitiva, lo que criticamos es esta mecánica que, a nuestro entender, no le hace nada bien al sistema democrático. Y si a la legitimidad se le suma el buen hacer, mayor legitimidad se tiene. De modo que la cuestión no sería esa, y yo tampoco me quejo excesivamente de esto; simplemente, hice una puntualización al principio, pero no es el centro de mi preocupación. Lo que sí me genera inquietud es que, a mi juicio, con este proyecto de ley no se mejora la situación económica de los productores rurales, de los agentes económicos industriales ni de los comerciantes; por el contrario, podría arrojar un resultado negativo para el conjunto de la población.

Es cuanto quería decir, señor Presidente.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: no pretendo contestar una alusión política, sino esclarecer uno de los tantos puntos que tocó el señor Senador Gargano en su alocución, absolutamente serena y documentada.

Más allá de las discrepancias o coincidencias, me interesa señalar algo con respecto al tema del aporte patronal. Cuando en la sociedad se creó el concepto de aporte tripartito y demás, se lo pretendió independizar del de reparto, que refiere a otro tipo de solidaridad, a la solidaridad intergeneracional. Quiere decir que en el sistema de reparto, lo que yo pago hoy es para mis mayores y, a su vez, mis hijos pagarán para mí; no se conforma un ahorro particular. Pero teniendo en cuenta ese concepto, el aporte patronal significa un costo, por lo que se integra al precio del producto. ¿De qué producto? ¿Del extranjero? No, sólo del nacional. Y ¿en qué proporción? Si la empresa está muy automatizada, paga menos impuestos porque genera menos mano de obra, y a más mano de obra, más impuesto paga y lo incorpora al costo del producto. En definitiva, ¿quién paga este impuesto? En última instancia, toda la vida lo pagó el consumidor, porque es un costo.

Por otra parte, creo que la sustancia de este proyecto de ley, más allá de la urgencia y de la necesidad de tomar medidas, apunta a que como el aporte patronal se traslada como un costo y sólo en proporción al empleo que crea la empresa nacional, no contribuyendo a ello el producto extranjero, sería bueno repartir esa carga en forma más pareja entre el producto nacional y el importado, aunque más no sea porque los argentinos y los brasileños nos hacen lo mismo.

Esa era la constancia que queríamos dejar a propósito del tema del aporte patronal, respetando por supuesto y conociendo el origen y la filosofía a que dio lugar. Sin embargo, teniendo en cuenta el momento en que vivimos, la manera en que esto llega a la opinión pública y los efectos que genera en el trabajo nacional, debemos coincidir en que, en el error o en el acierto, este es el punto de vista que ilustra el proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: queremos comenzar nuestra exposición diciendo que vamos a dar nuestro voto afirmativo al proyecto de ley que está siendo considerado.

No nos vamos a referir a las rebajas tributarias en sí mismas que aquí se establecen, dado que ya han sido debidamente analizadas por quienes tienen un punto de vista positivo y por aquellos que las consideran negativas. Sí debemos decir que fue la solución que encontraron nuestros compañeros en el ámbito del Gobierno para lograr paliar un problema vital de la economía nacional, como es la situación de la agropecuaria del país y por esa razón lo votamos.

Además, quiero señalar que siento la obligación de hacer uso de la palabra porque desde 1985 a la fecha, cada vez que se ha discutido este tema, hemos vertido nuestra opinión e incluso hemos participado en todas las soluciones legislativas que se han instrumentado; primero para combatir el problema del endeudamiento interno creado por la ruptura de "la tablita" -que fue un proceso largo- y luego para llevar adelante las iniciativas planteadas tanto en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca como en el ámbito del Senado.

Reitero que voy a votar este proyecto de ley porque esta solución legislativa es la base sobre la que se va a afirmar una salida, que quizás no sea definitiva, pero que es muy importante adoptar en este momento dramático que vive la economía del país. Aquí se ha dicho que es un alivio; yo creo que significa algo más que un alivio, y ojalá por este camino se puedan continuar implementando algunas otras soluciones que puedan brindar tranquilidad a los productores agropecuarios del país. ¡Ojalá que esta solución tenga efectos positivos y permanentes!

Por otra parte, quiero señalar que en los últimos tiempos hemos trabajado con nuestros asesores en la elaboración de un proyecto de ley cuya redacción culminó hace pocos días, y que refiere al Cupón Cero que se podría crear a través de una emisión especial del Estado, el que contribuiría luego a su adquisición -por lo menos en el caso de los pequeños productores- y extendería a un plazo de veinte años el pago del fuerte endeudamiento que tiene el sector.

No hemos presentado dicho proyecto de ley al Parlamento Nacional porque en el momento en que íbamos a hacerlo el Directorio de nuestro Partido y la bancada de Legisladores consideraron oportuno recorrer la vía del diálogo con el Poder Ejecutivo para ver si rápidamente, mediante una solución administrativa, se encontraba un camino que aliviara la situación de la producción agropecuaria del país. A este respecto, los compañeros de bancada, los señores Senadores Heber y Larrañaga, han trabajado intensamente. Estoy completamente de acuerdo con el trabajo que han realizado y voy a apoyar la solución, pero debido a la larga experiencia acumulada a lo largo de estos años, creo que es mi obligación referirme al tema de fondo, que es el del endeudamiento. Y, ¿por qué no decirlo? Hubiera preferido la ley a la solución administrativa, porque aquélla da mayores garantías. No es que desconfíe de la buena voluntad del Poder Ejecutivo, sino que la ley tiene una permanencia mayor que el decreto, que una disposición administrativa y, además, como aquí se ha dicho -y hay que reconocerlo- dentro de cinco años un Gobierno puede, simplemente por la vía administrativa, echar por la borda lo que hoy es una conquista importante. En definitiva, pienso que la ley da mayor firmeza y es por esa razón que hemos trabajado tanto en ese sentido.

Decía que cuando salimos de la dictadura nos encontramos con el problema del endeudamiento interno, con la parálisis del aparato productivo del agro, por la famosa ruptura de "la tablita" del año 1982. La primera Ley que se dictó fue la Nº 15.786, de diciembre de 1985, que no nos conformó y que la enjuiciamos bastante duramente en el Senado. Luego de su fracaso -que no deseamos, pero que anunciamos que se iba a producir- contribuimos a la instrumentación de dos leyes de refinanciación que pusieron fin al drama de aquel endeudamieto; drama que hoy reaparece con mayor fuerza.

Aquella ley inicial quiso comprender a todas las instituciones de intermediación financiera, pero la verdad es que hubo problemas graves de incumplimiento por parte de la banca privada y de la entonces banca gestionada. Tuvimos que intervenir reiteradas veces para que la ley se cumpliera y esa es una de las razones por la que hubiéramos preferido el camino de la ley para esta solución. Pero ello no ha sido posible y entonces apoyamos esta iniciativa.

Decíamos hace unos momentos que no presentamos nuestro proyecto en el ámbito legislativo, porque había mediado esta gestión del Directorio y de la bancada; entonces hicimos entrega del documento al Directorio del Partido Nacional y al señor Presidente de la República, con la esperanza de que algunas de las disposiciones allí contenidas pudieran ser de su agrado, como forma de contribuir, modestamente, a una solución que consideramos de vital importancia.

Tengo anotadas las distintas peripecias ocurridas durante ese largo período de cinco años que va de 1985 a 1990, hasta que se logra una solución final. Podría leer una a una las múltiples oportunidades en que cada vez que se intentaba, por la vía legal, una solución al problema, los Ministros -no un Ministro de un gobierno- en general se mostraban contrarios a esa solución y preferían la vía administrativa, con todos los inconvenientes que, a nuestro juicio, eso puede tener. No se quería comprometer al sector financiero.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Walter Riesgo)

-En este momento tan especial de la vida nacional, cuando el agro está siendo duramente castigado, aparece una solución por la vía administrativa que apoyamos con todo calor, con la esperanza de que sea la solución definitiva al problema. Ahora bien, tenemos nuestras dudas, no en cuanto a que no cumpla el Banco de la República -que seguramente lo va a hacer- y por eso creo que el partido que integro y que ha colaborado en esta solución debe estar vigilante para que la banca gestionada y la banca privada permitan, también, la salida que se ha intentado a través de este mecanismo. ¿Por qué? Porque eso fue algo que eludió durante estos cinco años y porque violó abiertamente la ley, y voy a demostrar en qué forma grosera lo hizo. Al fijar los intereses de la refinanciación se había establecido como fecha para la liquidación de la deuda, el 15 de octubre del año en que se aprobó la ley. Luego de eso se daban dos años de gracia y cualquiera sabe que los años de gracia empiezan a correr desde el momento en que se firma el documento de adeudos. Pero los bancos -todos- contra la opinión de cuatro de los cinco asesores jurídicos que opinaron, establecieron que los intereses comenzaban a correr desde el momento del ajuste de la deuda -es decir, desde el 15 de octubre que he mencionado- ignorando y pasando por arriba de los dos años de gracia. Digo esto, no para enjuiciar la solución a que llegamos, sino para recomendar que hagamos la debida vigilancia a fin de que no se nos escape, por ese lado, la solución a que queremos arribar.

Aprovecho esta circunstancia para entrar en el tema de la defensa del agro, de la tierra y sus trabajadores, me apasiona. Entonces, esta es una oportunidad para hablar de ello y naturalmente que para hacerlo hay que referirse a la magnitud del endeudamiento.

Los datos proporcionados por OPYPA señalan que la deuda se ubica -no de ahora, sino tal vez de un año atrás- en U$S 1.441:000.000. Si tenemos en cuenta que ha transcurrido casi un año, que hay otras deudas que no son las de los bancos -por desesperación, sabemos que hay mucha gente que ha recurrido a los prestamistas privados y otra que está fuertemente endeudada con los proveedores, todo lo cual constituyen importantes deudas- esa cifra rondaría hoy los U$S 2.000:000.000. ¿Cómo se compone? Aquí también tenemos datos de OPYPA que ubica la deuda por hectárea. Hasta 500 hectáreas, son U$S 94 por hectárea; de 500 a 1.000, U$S 73; de 1.000 a 2.500, U$S 65; de 2.500 en adelante, U$S 48 por hectárea. Como se podrá observar, aquí aparecen mucho más endeudados los pequeños productores, es decir, los que tienen hasta 500 hectáreas o los medianos que poseen hasta 1.000. Este es el sector más empobrecido, porque es el ovejero, el que vive de la producción de los lanares. La gente que tiene pequeñas extensiones no puede criar y menos invernar novillos; su capacidad económica, generalmente, no le permite trabajar con vacunos y es por ello que lo hace con ovejas. Todos sabemos de qué manera la crisis de la lana ha determinado que nuestro rodeo que llegó a alrededor de 30:000.000 de cabezas, hoy se ubique en el entorno de 13:000.000.

Entonces, es fácil ver el agudo problema social que tienen los pequeños y medianos productores, y por lo tanto la necesidad de buscar medidas heroicas, aunque sea por la vía que no nos satisface plenamente, que es la administrativa, pero es una solución posible, por lo menos por ahora.

Voy a hacer una serie de referencias y comparaciones, no para que se aprecie por los Legisladores que lo conocen, sino porque creo que si esto trasciende puede servir para que la gente vea la magnitud del problema, ya que me he encontrado con algunos que se preguntan por qué hay que encontrarle una solución al agro y no a otros sectores de la vida nacional.

Creo que esta situación de cierta ignorancia de la realidad es el fruto que viene de muchos años atrás, de una literatura muy especial y de una intelectualidad que conocía mucho de las realidades exteriores y poco de la realidad interior del país. Eran casi extranjeros en su propia tierra y por eso menospreciaban lo que provenía del trabajo de la tierra, ignorando la importancia que tiene ese trabajo para la vida económica del país.

Miremos, pues, los números comparándolos con algunos elementos que parecen fundamentales, como por ejemplo el monto de la deuda sobre el valor del rodeo vacuno que tiene el país. Si en términos generales tenemos 10:000.000 de vacunos, pongamos un promedio actual en cuanto a su valor de U$S 200 por pieza.

Si aplicamos ese valor sobre un stock de 10:000.000 de vacunos, nos da U$S 2.000:000.000. Eso es lo que vale el rodeo vacuno del país y esa cifra es la que está debiendo, aproximadamente, el agro. En una palabra, los productores están debiendo todo el stock vacuno que tiene el país. ¡Si será grave el problema, señor Presidente!

Si comparamos con el valor tierra, debemos decir que de 17:000.000 a un promedio que me parece puede ser aproximado de U$S 350 la hectárea, tendríamos un total de U$S 4.300:000.000. Si aplicamos los U$S 2.000:000.000 de deuda, nos daría que el 46.5% de la tierra estaría comprometido. Si se llegara a la instancia del remate de esas tierras, ¿quién las compraría? Las van a comprar, creo yo, como está sucediendo, algunos que adquieren los derechos que tienen los Bancos frente a los deudores y compran los créditos a estas instituciones. Entonces, los Bancos no ejecutan, pero sí aquéllos que compraron el crédito. Por tanto, esos podrán aprovechar la situación. Esto sucede en las oficinas de la Banca privada, donde se busca al cliente a quien venderle el crédito. Esto sucede, porque el Banco no quiere ir a la ejecución directamente, sino indirectamente por intermedio de estas personas que adquieren el crédito. Lo peor es que también se hace -no sé si con conocimiento pleno o no de todos los Directores- en el Banco de la República. Entonces, los Bancos no ejecutan, pero sí lo hacen otros por ellos, lo cual es grave, por sus derivaciones sociales.

Si no las compran estos aprovechadores de las circunstancias, ¿quiénes pueden hacerlo? Los extranjeros, con lo cual tendremos un rápido crecimiento de la extranjerización de la tierra. En última instancia, puede hacerlo gente de nuestro país que no tiene vocación para el trabajo agropecuario y que se ha enriquecido con otras actividades, generalmente en el campo financiero, que es el que realmente ha ganado con la situación actual. Por tanto, no irán a manos de auténticos y vocacionales productores.

Creo que se ha hecho muy bien en dar este paso para encontrar una solución. Como era necesario hacerlo rápidamente, quizás no sea perfecta, pero como aquí se ha dicho, representa más que un alivio. Considero que se hace bien porque hay una responsabilidad del Estado en este asunto. Lo señalamos muy claramente al hacer referencia al tema de la ruptura de "la tablita", que provocó un endeudamiento cuyo responsable directo es ese acto mismo. Digo esto, porque se adelantaba el tipo de cambio para tal fecha; esto es, el Estado lo garantizaba con antelación y la gente operaba sobre esas reglas. Cuando se rompe "la tablita", como es natural primero lo supieron los banqueros antes de que eso sucediera e hicieron cambiar las deudas de pesos a dólares a toda la gente provocando así un endeudamiento atroz a sus clientes. Como hay una responsabilidad del Estado, buscamos que éste contribuyera a la solución del problema. Creemos que hoy también hay un grado de responsabilidad del Estado, porque durante años hemos padecido el atraso cambiario. En la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado se escucharon opiniones técnicas que señalaban un traslado de entre U$S 11.000:000.000 y U$S 13.000:000.000 del sector de la producción agropecuaria hacia otros por este factor del atraso cambiario. En este endeudamiento hay, también, una responsabilidad del Estado y, por eso, está bien que éste busque la solución.

Pienso que se debe reiterar -aunque parezca obvio; creo que hoy nadie lo ha cuestionado, pero por ahí se hace- la importancia de la actividad agropecuaria para el país, máxime después de que hemos visto las consecuencias del país financiero que inventó la dictadura y que se ha ido proyectando hasta nuestros días. Se trata del fracaso, no para el sector financiero, sino para el país. El sector financiero se ha enriquecido y los Bancos han logrado ganancias importantísimas. El país financiero nos ha llevado a esta situación. Hemos pensado en el país turístico, pero no hemos logrado despegar en este sentido. Asimismo, se nos atribuyó, a raíz del MERCOSUR, que íbamos a ser el país de servicios. A muchos no nos gusta que un país que tiene tanta riqueza en su tierra, se convierta simplemente en uno de servicios. Por ese lado tampoco hemos visto la salida. Esta va a estar dada, como siempre, por el país agropecuario, porque lo determinan las condiciones naturales del país. Considero que si en el Uruguay hubiera -ya lo he dicho en otras oportunidades- los vientos huracanados de una violenta revolución o cualquier situación catastrófica que dejara al país en una situación de extrema gravedad, donde no quedara piedra sobre piedra y otra vez hubiera que empezar a edificar el país, habría que trabajar sobre la tierra, que es la gran riqueza que tenemos los uruguayos.

Consecuencia de determinadas políticas y de cierta ignorancia y actitud despectiva hacia el trabajo agropecuario, así como también de errores en la política de los gobiernos que vienen de lejos y que no hemos sabido superar, la campaña se nos sigue despoblando. De esto han hablado todos los Legisladores. Simplemente, recuerdo cuando en el año 1985 tratamos la Ley de Refinanciación y decíamos que la población de más de 14 años había bajado un 16% en el período de 10 años desde 1970 a 1980. Según los datos suministrados por el Consejo de Enseñanza Primaria, la población escolar en 1973 era de 51.442 niños y en 1985, de 39.128. Es decir que la población escolar había disminuido en 12.314 niños. Pero desde 1985 a la fecha hemos presenciado el cierre casi masivo de las escuelas rurales debido a que no quedan niños en la campaña porque las familias han emigrado. Aquí se han repetido las cifras de población que pierde el campo y gana la ciudad, generalmente para que vivan en los asentamientos ilegales en medio de carencias económicas, con necesidades básicas insatisfechas -como se acostumbra decir- y en un clima de promiscuidad a veces proclive a que se incremente el delito.

El macrocefalismo se agranda en la medida en que se despuebla la campaña y los males del macrocefalismo se agigantan. La cabeza se agranda y los miembros del cuerpo productivo se atrofian.

Nuestro sector tenía un proyecto de ley pronto para presentar al Parlamento, pero no lo hicimos por respeto a la decisión que el partido tomó y a la labor que los señores Senadores Larrañaga y Heber realizaron con entusiasmo y con fe hasta lograr esta solución que hoy estamos votando. Simplemente, quisiera dejar alguna sugerencia sobre lo que contiene parte del proyecto que entregamos al Directorio y al Poder Ejecutivo, pretendiendo ayudar en la búsqueda de soluciones.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Ha llegado a la Mesa una moción presentada por los señores Senadores Correa Freitas y Michelini, en el sentido de que se prorrogue el término de que dispone el orador.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Muchas gracias.

A pesar de que he sido informado, no tengo en la memoria todo el proyecto de ley que estamos considerando; por lo tanto, no recuerdo si se corren los intereses de mora al liquidarse el monto de la deuda. En ese sentido, hemos establecido en el artículo 10 de nuestro proyecto que la reliquidación de la deuda se haría sin la aplicación de los intereses de mora. Los intereses de mora no se pagaron y son tales porque la gente no ha tenido con qué hacerlo. Asimismo, tenemos que decir que el reperfilamiento del que suele hablar el Banco de la República no ha dado los resultados esperados por cuanto hemos encontrado muchos productores rurales que lo hicieron y no pueden pagar los intereses.

En nuestro proyecto de ley también establecemos la sustitución gradual de garantías por el monto efectivo del Cupón Cero que se creaba, a los efectos de ir liberando las que se habían establecido. Es decir, hablábamos de la posible sustitución de garantías, por otros elementos, como -por ejemplo- el seguro de crédito o el certificado de depósito de productos del país. Establecemos que el Banco Central acepte como encaje a las instituciones financieras que propiciaran esta solución, el valor efectivo de los Bonos de Cupón Cero que garanticen la operativa. Este sería un atractivo para que las instituciones que no aparecen obligadas por una disposición de carácter administrativo, se sintieran atraídas a cumplir con ellas. Asimismo, proponíamos la no exigencia de nuevas garantías una vez establecido el Cupón Cero y la inclusión de los deudores en torno al Instituto Nacional de Colonización.

Estas son sugerencias que, de pronto, podrían incorporarse a las soluciones administrativas que se están instrumentando y por eso las dejamos señaladas.

Si nos hemos salido un poco del tema es por la importancia que le damos al fondo del mismo. Más allá de la opinión que tengamos sobre los impuestos, esta alternativa, de alguna manera, debe ser financiada y para ello, se han encontrado las soluciones de liberaciones tributarias e impositivas que contiene el proyecto de ley que vamos a votar esta noche y que mi partido apoya integralmente. Reitero que valoro el esfuerzo de los compañeros que han trabajado y espero que esta solución se extienda en el tiempo exitosamente. En todo caso, siempre nos queda el camino de la ley para poder suplir aquella situación que no fuera solucionada y, de esa manera, contribuir al refortalecimiento de la base de la economía nacional que ha sido, es y será el esfuerzo de los trabajadores del sector agropecuario.

Muchas gracias.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Walter Riesgo).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Se ha repartido a los señores Senadores un texto con un cambio de redacción proveniente de la Dirección General Impositiva que procura, en un caso, solucionar un tema de devolución de la tasa a los contribuyentes del IMESI que no lo son del IVA, que -como los miembros de la Comisión de Hacienda recordarán- constituía el apartado cuarto del artículo 9º, que se ha tratado de resolver modificando los artículos 5º, 6º y el propio 9º, haciendo que esos contribuyentes pasen a tributar la tasa que, a su vez, hará que el Gobierno disminuya el IMESI en igual proporción y, por lo tanto, la traslade de una forma más técnica que la planteada originalmente, que es una restitución.

(Ocupa la Presidencia el señor Luis Hierro López)

-Claramente, se deja afuera de esta tasa a los combustibles, en sentido amplio, incluyendo el gas, el gas natural, el supergás y la electricidad, ya que estamos ante un bien material, como dice la Dirección General Impositiva.

Después, hay una propuesta de modificación al artículo 10 a raíz de que no quedaba clara -tal como lo señaló el señor Senador Astori en Comisión- la intención del Gobierno de no cobrarlo sobre los bienes de capital. Por lo tanto, la Dirección General Impositiva propone una modificación, expresando o ampliando sus facultades para que los bienes de capital no queden incluidos.

Por último, también recogiendo una inquietud que tuvo la Comisión, hay un aditivo que refiere a los seguros convencionales que tiene el aporte de DISSE, dirigido a ellos, para que no sean afectados por la reducción.

Quería hacer esta constancia previo a la votación general, sin perjuicio de repetir algunas en la discusión particular, a efectos de que se tuviera un panorama al respecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-18 en 30. Afirmativa.

En discusión particular.

Hay una moción para que se suprima la lectura de los artìculos.

Se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 30. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: con mucha síntesis quisiera aprovechar esta discusión particular para hacer unos breves comentarios acerca de las normas que se proponen.

Como es notorio, nuestra fuerza política ha discrepado con la instauración de este impuesto que ya ha sido fundamentado por diversos integrantes de nuestra bancada. Simplemente quiero decir que me parece que es la peor manera de financiar las medidas que se están tomando, no sólo porque se crea un impuesto adicional en un país que ya tiene una carga fiscal altísima, sino porque viene a gravar las características más negativas de esa estructura tributaria que pesa como una lápida sobre toda la economía nacional, sin contar la presión fiscal departamental que es extraordinariamente importante.

Creo que este impuesto tiene dos características muy importantes. En primer lugar, es muy injusto porque no repara en la capacidad retributiva de quienes integran la sociedad uruguaya. Es como un Impuesto al Valor Agregado avergonzante, porque va a tener prácticamente el mismo efecto por más que se haya excluido la última etapa de la comercialización a escala minorista; se están agravando las características negativas que ya tiene el tributo principal de la estructura tributaria nacional, que es el IVA, un impuesto que, por diversos problemas que se han venido acumulando en la sociedad uruguaya, llegó a la altísima alícuota del 23% y que hoy va a impactar sobre el país en los diversos ámbitos de su economía como si fuera del 26%. Sé que técnicamente no es un incremento del IVA; estoy sosteniendo otra cosa: que el impacto es igual.

En segundo término, lo considero un impuesto bastante inepto para estimular la reactivación o para financiarla, según se lo mire. Es muy probable que en amplios sectores de la producción uruguaya juegue exactamente el efecto contrario al que se busca. Todo dependerá del tipo de bien de que se trate, de la elasticidad de su demanda; además, se generarán diversas situaciones posibles, a mi juicio, todas negativas. En el caso de que el consumidor no pueda pagar el precio más alto y las empresas no puedan trasladar este impuesto, tendrán que absorberlo sobre sus resultados, y para muchas empresas del Uruguay esto no es posible.

Es probable que en una situación de este tipo esa especie de absorción termine por neutralizar totalmente el eventual beneficio de la rebaja impositiva o de la reducción de aportes patronales. El único estudio serio que conozco hecho al respecto es el de la Cámara de Industrias, que abre la interrogante sobre lo que puede ocurrir en extensos sectores de la producción nacional como la industria manufacturera.

En definitiva, si se trata de bienes con una demanda muy rígida, por ser importantes para la canasta familiar, estaremos ante una disminución salarial porque si el salario se mantiene constante y los precios aumentan, el efecto es el mismo que una caída del poder adquisitivo.

Temo -a las otras medidas me referiré oportunamente, cuando lleguemos a ellas porque están en un segundo capítulo- que por estas razones que he expuesto, este impuesto, que simplemente está destinado a financiar las medidas de reactivación, termine por atenuarlas o neutralizarlas en muchos casos. Por eso siempre he defendido la posibilidad de recurrir a una salida que por cierto no es la ideal, pero que estimo es la menos mala. Incluso hoy, en un debate muy telegráfico que tuvimos gracias a la generosidad del señor Senador Heber, señalamos que a nuestro juicio se dramatiza enormemente la posibilidad de que se pierda la calificación de riesgo del país por un aumento del endeudamiento. Creo que estamos muy lejos de eso, teniendo en cuenta -entendámonos bien- las cifras que se manejan aquí. Hoy mencionábamos y ofrecíamos algunos elementos de juicio acerca de cuánto podría -en el caso en que al país le fuera mal desde el punto de vista de su calificación de riesgo- aumentar su servicio de intereses, en el supuesto caso de que se modificara la calificación de riesgo. Creo que estamos muy lejos de llegar a cifras preocupantes porque, afortunadamente, el país hizo un sacrificio muy importante en los últimos años y está en una situación financiera perfectamente manejable. Además, tiene una posición de crédito internacional que por lejos es la mejor de la región. Como muchas veces he dicho, esta posición no es para exhibirla públicamente, sino para usarla cuando se la necesita, y hoy la estamos necesitando. Si no, ¿para qué trabajar tanto por lograrla? Además -adelanto que voy a terminar esta fundamentación breve sobre el artículo 1º que inspira todo este Capítulo- la calificación de riesgo del país también se ve comprometida si Uruguay no equilibra sus cuentas en un plazo razonable. Hoy estamos con un déficit fiscal consolidado de aproximadamente U$S 800:000.000 base anual, el 4% del PBI. Esto también compromete el riesgo del país y estoy convencido de que si no hay reactivación, va a ser muy difícil equilibrar las cuentas. Hoy no lo están por la vía de gastos sino de ingresos, y se recauda mucho menos porque el nivel de actividad está muy bajo. Entonces, la manera más segura de apostar a un equilibrio fiscal es reactivar a la producción, no por la vía de mayores, sino por la del impulso a una mayor producción. Por eso creo que tenemos visiones diferentes sobre cómo juegan los riesgos del país.

Desde hace unos cuantos años -incluso cubriendo más de un Gobierno- he tenido la oportunidad de reunirme todos los años con todas las calificadoras de riesgo que vienen a definir el país y otorgarle su calificación anual. Les puedo asegurar que entre todas las variables que toman en cuenta, el endeudamiento es uno, por cierto, pero también la capacidad del país para manejarse en el terreno financiero, la capacidad de repago, su posición de reservas y, al mismo tiempo, cómo está manejando las grandes variables macroeconómicas, entre las que se encuentra, en un lugar central, el equilibrio fiscal o el déficit fiscal, en una palabra, el resultado de las cuentas públicas.

Por eso quisiera que el país arriesgara en una política de reactivación audaz y por eso pienso que una parte de esa jugada que tiene que hacer el Uruguay tiene que ver con el financiamiento de una política de reactivación.

Sinceramente, no creo que con el incremento tributario, sobre todo exagerando, agudizando y exacerbando las características más negativas que tiene el Impuesto al Valor Agregado, se logren los objetivos que se persiguen.

Quería agregar estos elementos de juicio sobre un tema que es tan importante en este proyecto de ley, que ha motivado un voto general negativo de nuestra bancada, ya que este impuesto se transforma en una base de sustentación fundamental de las medidas que están acá y de las que no están. El Gobierno está esperando a que se apruebe este proyecto para poner en práctica algunas disposiciones en el área administrativa, lo que quiere decir que este impuesto es absolutamente fundamental. De todos modos, eso no nos impide tener algunas reflexiones de signo positivo en cuanto a otras disposiciones que contiene el proyecto de ley, las que oportunamente habremos de comentar.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: vamos a votar este artículo, en primer lugar, porque tenemos la clara percepción de que se trata de una medida de carácter permanente, favorable al trabajo nacional. Si esto lo miramos desde donde el país puede crecer, que son sus exportadores, se bajan en un impuesto nueve puntos porcentuales en forma permanente lo que, de otra forma, no podríamos devolver. Todos conocemos las reglas de la Organización Mundial del Comercio en las que se prohíbe devolver los aportes. Entonces, cuando uno los elimina y los sustituye por un impuesto que en sus dos terceras partes van a pagar los bienes importados, claramente está haciendo ganar competitividad al país en forma permanente. Además, es lo que necesitamos para generar más puestos de trabajo. Los tipos de cambio podrán ir y venir, pero la presión tributaria que grava al exportador es algo permanente. Por otra parte, cuando se toman decisiones de ampliar los puestos de trabajo o instalar inversiones ese es un dato permanente. En segundo término, tenemos la clara sensación de que hay dos cosas que no se pueden sostener al mismo tiempo: que un estudio de la Cámara de Industrias parta de la base de que no traslada precios y, por lo tanto, a juicio de ella no habría una espectacular mejora en la suma y resta, y -al mismo tiempo- que lo va a pagar el consumidor. Si no se traslada a precios es correcto que la industria, en su conjunto, no tendrá una disminución sustantiva. Entonces, es claro que habría una disminución de las rentas de los importadores, que absorberían con cargo a sus rentas del 3% o un traslado a precios sólo de los artículos importados, con lo cual habría una gran expansión de venta de los productos nacionales.

SEÑOR ASTORI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: no sé a quién va dirigida esa reflexión.

En lo que respecta a nuestra exposición, no creo que se pueda decir que estamos sosteniendo al mismo tiempo una cosa y la otra. Hemos diferenciado -y por las dudas lo aclaro- la situación de los bienes según su tipo de demanda. Por tanto, en algunos bienes puede pasar una cosa y en otros, otra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- No fue mi intención aludir al señor Senador, quien hizo una reflexión sobre el carácter de demanda elástica e inelástica. En definitiva, todos tenemos la duda de cuál es el grado de traslado a precios, el que puede ir del 0 al 3% y será variable según los sectores.

Desde hace dos meses estamos discutiendo en forma general esta tasa y se han venido sosteniendo -o le llega al público- estas dos afirmaciones: esto castiga al consumidor y no es una gran ventaja. Lo que digo es que ambas afirmaciones son incompatibles porque, si hay traslado a precios, el beneficio de la industria, del agro, de los servicios y del transporte es absolutamente neto, ya que se recibe todo el beneficio y se traslada a la tasa. En ese caso hay un mayor incremento al consumidor, lo que no quiere decir que empeore su calidad de vida. Si hablamos de U$S 140:000.000 y decimos que U$S 100:000.000 van a salir de los productos importados, ¿eso a dónde va, señor Presidente? El Gobierno ha sido muy claro al decir que a las arcas generales no va, entonces va a la disminución de impuestos y si se traslada a precios será porque esa fábrica de otro modo no podría seguir funcionando, por lo que se conserva el empleo o se expande. Sin duda, también va a fortalecer el esfuerzo exportador, así como a bajar otros costos de vida. Digo esto porque, si disminuye el precio del gas oil y se reducen los aportes patronales de las empresas de transporte de pasajeros, va a bajar el boleto. Puede ser que una galleta importada o nacional cueste un poco más, pero en otros rubros habrá una rebaja. En resumen, si el Estado no captura nada de este impuesto, siento que en principio no hay motivos para suponer y dar por bueno que habrá una disminución del poder adquisitivo de la población. Creo que hay un cambio relativo fuerte que se busca y se desea a favor de abaratar la situación de los productos nacionales. Desde ese punto de vista, si mañana hay una variación del 3% del tipo de cambio, ¿qué va a pasar? Que los productos importados van a costar 10% más. Aquí la diferencia no se hace por la vía del tipo de cambio, sino de los impuestos y con un agregado bastante significativo: hay una ganancia de competencia mucho mayor del exportador, que es por donde todos sentimos que tenemos que intentar salir.

Por todas estas razones, así como por otras que no voy a exponer debido a la hora en que estamos, y respetando que es un tema opinable como todos los tributarios, vamos a votar el artículo, porque sentimos que ese es el camino.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: el señor Senador Atchugarry dice que se le rebaja a las exportaciones el 9%. Nosotros recibimos en la Comisión de Asuntos Internacionales y no en la de Hacienda -porque no se dieron los tiempos- a la delegación de exportadores, quienes nos dijeron repetidas veces que esta medida les rebaja el 2%. Esta es una primera constatación. Para mí, apoyar y ayudar a los exportadores es la clave para salir de esta situación, pero si se les rebaja un 2% ellos van a seguir manteniendo prácticamente la misma situación de hoy. Por otra parte, para la industria manufacturera hay dos situaciones. Si el impuesto se traslada, lo que va a ocurrir es que bajará el salario real para los consumidores de ese producto. Si el impuesto no se traslada no tiene rebaja impositiva el sector industrial. Por lo tanto, en las dos situaciones hay dificultades. En otro orden de cosas, quisiera recordar que a la industria manufacturera ya se le han rebajado los aportes patronales en los últimos cinco años por cifras mucho más concluyentes que éstas, pues se fue del 14% al 6%. Con esto se esperaba una mejora en la industria, un crecimiento y una mejora en el empleo, pero no dio resultado. Se sigue manteniendo ese criterio y por eso digo que está agotado este tipo de acciones. Sobre todas las cosas sostengo esto porque se trata de un proyecto de ley donde los agentes económicos no han aceptado la medida, no se ha podido convencer a los exportadores de que esto es positivo y bueno, así como tampoco se ha podido convencer a otros sectores empresariales. Entonces, se está considerando un proyecto de ley que, a nuestro entender, no da los estímulos necesarios, no va por la buena senda y, por sobre todas las cosas, no ha convencido a quienes tendrían que cambiar sus conductas a partir de esta ley. Por todo esto, no podemos apoyar este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º.

(Se vota:)

-17 en 27. Afirmativa.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- Por la vía del fundamento de voto, señor Presidente, quiero hacer alguna aclaración sobre la forma como interpreto debe ser considerada esta disposición.

En primer lugar, cuando habla de importaciones de bienes industrializados, quiere decir, a mi juicio, que las importaciones de materia prima no están alcanzadas.

En segundo término, cuando refiere a las enajenaciones de bienes, está tomando la estructura con la cual se define el Impuesto al Valor Agregado que, como los señores Senadores saben, es un impuesto indirecto que alcanza a la circulación de bienes, pero, como expresamente lo establece la norma respectiva, refiere a la circulación interna de bienes. De manera que, a mi modo de ver, la disposición refiere a las enajenaciones internas de bienes, con lo cual va de suyo que quedan excluidas del alcance de este impuesto aquellas enajenaciones de bienes que se produzcan dentro de los enclaves tributarios a donde no llega la potestad tributaria del Estado, por propia definición de la ley. Es el caso, concretamente, a título de ejemplo, de las zonas francas del país.

En definitiva, las enajenaciones de bienes que se realicen dentro de las zonas francas no están alcanzadas por este tributo, por cuanto la disposición refiere exclusivamente a la circulación interna de bienes.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa deja constancia de que la solicitud debe hacerse en forma inmediata, para que haya el mismo quórum.

Si no se hace uso de la palabra, se va a rectificar la votación del artículo 1º.

(Se vota:)

-18 en 28. Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 5º, en la redacción dada por el señor Senador Atchugarry, que es sustitutiva del proyecto aprobado en Comisión y que está en la mesa de todos los señores Senadores.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Aquí hay un esfuerzo, como señalaba el señor Senador Atchugarry, por excluir los bienes de capital de la aplicación de este Impuesto, si no me equivoco, porque no sólo está cubriendo a los bienes de capital comprendidos en los proyectos de interés nacional -como se contestó en Comisión- sino que también está contemplada la posibilidad de extenderlo a todos los bienes de capital. En tal sentido, quiero decir que no obstante el hecho de que no estoy acompañando estas disposiciones, me parece una extensión saludable, entre otras cosas, porque así se salva la contradicción entre un gobierno que procura aplicar el arancel cero a los bienes de capital -precisamente, el Ministro Bensión ha anunciado que prolongará en Uruguay la medida aplicada por el Ministro Cavallo en la Argentina- y establecer un impuesto del 3% a la importación de bienes de capital. Ahora bien, queda un rubro muy importante que va a pagar el impuesto del 3%, que es el correspondiente a las materias primas en términos generales, y me parece que este es un problema, porque la materia prima importada juega un papel muy importante en la economía uruguaya. Incluso, en muchos proyectos de desarrollo industrial nacional del país, que se verifican con materia prima importada, ahora habrá un incremento de costos por la aplicación de este Impuesto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 6º sustitutivo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 7º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 8º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 9º sustitutivo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 28. Afirmativa.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Los artículos 5º, 6º y 9º, que hemos votado con la redacción sustitutiva propuesta por la DGI, tienen la intención de dejar bien claro que los combustibles, incluidos el gas natural, los derivados del petróleo y el supergas, quedan excluidos de la tasa, de la misma manera que la exclusión de la expresión "bienes materiales" excluye la energía eléctrica. La idea es, por supuesto, no gravar las fuentes de energía. Y me señalaba el señor Senador Brause que, naturalmente, las materias primas que no sean industrializadas tampoco están gravadas.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 10 sustitutivo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 11.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 12.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 13.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 14.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 15.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 26. Afirmativa.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- No hemos acompañado con nuestro voto al artículo 15 -que básicamente es la afectación al Banco de Previsión Social de la recaudación del impuesto creado por el artículo 1º- porque hemos votado negativamente todos los artículos que tienen que ver con la creación de este nuevo impuesto. Pero queremos aclarar que, dado que en las otras medidas que se toman en este proyecto de ley se reducen grandemente los ingresos del Banco de Previsión Social, nos parece adecuado que lo recaudado por este impuesto se destine a ese Organismo.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 16.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Señor Presidente: de la misma manera en que hoy formulé algunos comentarios sobre el impuesto que se está creando por este artículo, voy a solicitar que se me permita hacer unas breves referencias a toda esta segunda parte del proyecto, concerniente a las medidas relativas a la reducción de costos para la producción. Creo que lo mejor es concentrarlas brevemente en este primer artículo de esa segunda parte. Me siento obligado a hacerlo, señor Presidente, porque a mi juicio tenemos aquí la parte positiva de esta iniciativa y no quiero dejar de decirlo. Tengo sí una discrepancia de visión general con el proyecto, porque incluso en su presentación pública el señor Presidente de la República lo ligó directamente a la expansión lamentable de la fiebre aftosa en el país. Y a mí me parece que estas medidas, que ojalá tengan éxito -lo deseo fervientemente como uruguayo- se vienen necesitando en el Uruguay desde hace mucho tiempo. Hace treinta meses que la producción está pidiendo medidas de reactivación que el Gobierno no tomaba y que ahora, por fin, en una ocasión que considero bastante tardía, pone en práctica. De todas maneras, celebro que el Gobierno se haya decidido a actuar, porque una de las características que motivan discrepancias más fuertes respecto a la conducción económica, es la pasividad que había existido hasta ahora en relación a la situación económica del país.

Señor Presidente: cuando un país -y esto lo quiero decir con mucha claridad, porque es una convicción que tengo desde hace tiempo- vive una situación de este tipo, es decir de pérdida de competitividad y al mismo tiempo de estructura económica interna como la que tiene el Uruguay, con una muy fuerte dolarización, hay dos caminos posibles: uno es el fiscal y el otro es el monetario y cambiario. Creo que el Gobierno hace bien en elegir el campo fiscal, porque elegir el monetario y cambiario es profundizar enormemente la crisis en que se encuentra hoy el Uruguay. Lo quiero decir con mucho énfasis. Sé que es un punto que puede motivar polémica y discusión. Creo que lo peor que podría hacer nuestro país es alterar su política cambiaria en las actuales circunstancias. Lo he dicho siempre y lo sostengo una vez más ahora. Me queda el campo fiscal, en el cual se mueve este proyecto, tanto desde el punto de vista del impuesto que está creando -con el que discrepo- como en el caso de estas medidas que considero en general compartibles. Se trata de medidas que procuran, obviamente, disminuir el costo de la producción a través de acciones en el campo fiscal. Queda la incógnita de la insuficiencia de las medidas. Lo veremos en la práctica.

En términos generales, como señalé antes, yo habría hecho un programa un poco más audaz, que incluyera algunas medidas adicionales como la devolución de impuestos, no sólo la reducción de ellos que aquí se dispone. Naturalmente que eso requiere mayor financiamiento, porque cuesta dinero. También habría incluido la eliminación de otros impuestos que considero nefastos para la producción, como el Impuesto a los Activos Bancarios, que todos alguna vez creímos era un impuesto a los bancos pero luego nos dimos cuenta rápidamente de que no lo es. De hecho, los bancos lo trasladan inmediatamente a quienes toman crédito y se transforma en un incremento de las tasas de interés que, por cierto, ya están bastante altas. Pero en todo caso, considero que la orientación de estas medidas es compartible y abre la interrogante de la suficiencia.

Hay reducciones impositivas; por ejemplo, el Impuesto al Patrimonio, que precisamente está tratado en el artículo 16. Confieso que preferiría una suspensión del Impuesto, no una eliminación. Es uno de los pocos impuestos justos que tiene el país, aunque hoy represente una carga fiscal sobre un sector muy castigado que -está bien- es menester levantar, pero a mi juicio sin eliminar el Impuesto. Aquí hay un período abierto: tiene fecha de comienzo pero no tiene fin, de modo que es como eliminarlo. Naturalmente, mañana puede venir otra ley y reimplantarlo. Sin duda. Pero en el terreno de las señales legislativas, no es lo mismo esperar a que en el futuro una ley lo reimplante a decir que se lo va a suspender por tal período, que a mí se me ocurre no podría ser inferior a los cuatro o cinco años. De todas maneras, la orientación es compartible.

También es compartible la rebaja o la eliminación de aportes patronales a la seguridad social. Aquí hay toda una discusión y un doble significado de esta reducción. Se puede ver, sí, como un cambio en el financiamiento de la seguridad social. Lo es. Pero me pregunto si un país con un 15% de desempleo puede seguir con el mismo financiamiento de la seguridad social que viene de épocas en que el desempleo era mucho menor. Es una discusión a procesar. Aquí se está proponiendo un cambio de financiamiento en el sistema de seguridad social, que es producto de las circunstancias que vivimos. Yo discrepo con la fuente de fondo, pero no con el cambio de financiamiento, porque el aporte patronal tiene otra cara, que es el costo de producción. Y aquí hay toda una discusión acerca de si el aporte patronal genera más empleo o no. Una visión podría ser que hasta ahora ha fracasado y no creó empleo, porque se toma la serie de la evolución del aporte patronal y la serie del desempleo. Pero yo pregunto: si no se hubiera hecho la reducción que se hizo, ¿qué cifras de desempleo tendríamos? Esta es la demostración que hay que hacer para sostener que esto no sirve, y esa demostración no está hecha. Así que yo comparto que se tome esta medida y, por supuesto, la vamos a votar.

Asimismo, comparto la rebaja de algo que se ha llamado tarifa, pero que en realidad no son tarifas sino precios públicos. Una -que no está en el proyecto- la del gasoil, la reclamamos en esta misma Sala; o, mejor dicho, reclamamos que no se tomara la medida del incremento, y no por la aftosa, porque aunque había aftosa aquel martes 13 de marzo -que fue el día de la interpelación- por lo menos no sabíamos que había. A nuestro juicio, la medida de incremento de este precio no se debió haber tomado. Pero ahora se la deja sin efecto. Tuvo que venir la aftosa, por desgracia, para que se tomara esta medida.

Por otro lado, el Ministro de Industria, Energía y Minería anunció hoy la rebaja de otro precio: el de la energía eléctrica, rebaja que espero sea relevante -tampoco está en el proyecto, de modo que se manejará en la esfera administrativa- sobre todo para algunos sectores de la producción, como el lechero. De la rebaja del gasoil, aprovechará fundamentalmente el arroz -se utilizan 38:000.000 de litros por año agrícola- y de la rebaja de la energía eléctrica, aprovechará sustancialmente la leche, segundo y tercer rubro de exportación del país. Deseo fervientemente que esto tenga el efecto reactivante que todos los uruguayos queremos que tenga.

Culmino estas apreciaciones señalando que la duda que adelanté la irá despejando la práctica, y si esa duda se despeja por el lado de la insuficiencia de las medidas, ojalá podamos corregirlas y, evaluando la aplicación de las mismas, tengamos capacidad para redoblar la apuesta y reconocer que no hay nada más importante para el equilibrio fiscal que elevar el nivel de actividad. Ojalá tengan éxito. Vuelvo a repetir que tengo la incógnita -se lo señalaba hoy al señor Presidente a través de gestos- de cómo van a operar en la práctica, porque en realidad tenemos poca información sobre estos temas. Hay muchas cosas que no están dilucidadas seriamente con estudios que nos permitan disponer de evidencia indiscutible. No podemos disponer de evidencia acerca de cómo va a operar el COFIS ni del efecto que van a tener estas medidas. De todas maneras, la orientación es compartible y por esa misma razón, señor Presidente, nosotros acompañamos esta disminución de costos de la producción nacional.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: nosotros no podíamos pasar por alto el tratamiento del artículo 16, referido a la exoneración del Impuesto al Patrimonio. Esta es una vieja bandera del Partido Nacional, y debo ser honesto al decir que las veces que lo hemos presentado como proyecto en la Comisión respectiva, hemos tenido el apoyo del actual Presidente de la República. En el período pasado, hicimos cuatro formulaciones diferentes con respecto a la derogación de este Impuesto y obtuvimos, como sector político, el apoyo de la gran mayoría de mi Partido y del entonces Senador doctor Jorge Batlle. Por fin, esto llega ahora. No obstante, deseo hacer un comentario sobre esta exoneración. Aclaro que en lo único en lo que no estoy de acuerdo de la larga exposición del señor Senador Astori, es en lo que tiene que ver con que esta exoneración fuera provisoria, ya que lo que queda de este Impuesto es un ficto por hectárea. Ha habido distintas tesis, entre ellas, las de algunos tributaristas que sostienen que este tributo, que genera un ficto, invita o alienta a que el productor produzca más. Aclaro que no estoy de acuerdo con esta filosofía tributaria y creo que es injusta, porque si mañana, al productor agropecuario se le muere el ganado que tiene en su campo debido a una sequía, para el Fisco, para el Estado, el productor tiene que pagar igual cuando no cuenta con la maquinaria de producción que, en este caso, es la vaca o el animal de que se trate. Hemos hecho comparaciones con la industria, y hemos visto que ésta tiene exonerada de este Impuesto a su maquinaria y, en lo productivo, la maquinaria es el animal que, de alguna manera, es el que produce, ya sea carne, leche o lo que fuere. En todo caso, quizás sería más justificable el Impuesto al Patrimonio de la tierra que el del animal, ya que nos parece que no puede existir un ficto cuando las inclemencias del tiempo pueden golpear duramente la economía y la viabilidad de una empresa agropecuaria. Si esto sucede, el Estado, ciego y sordo, cobra de todas formas, lo que contradice el concepto de que el Estado es un socio de la producción y no una carga.

Por todo esto, nos alegra que se derogue, en este caso, el Impuesto al Patrimonio, facultad que ya estaba establecida para el Poder Ejecutivo en la etapa presupuestal para el 2003. Además, me parece positivo que se pueda adelantar y financiar en estas instancias para poder hacer justicia tributaria con este sector.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- La formulación del Impuesto ha empeorado con el transcurso del tiempo. Inclusive, al eliminar muchas deducciones de pasivos, este tributo se ha transformado muchas veces en un impuesto a los activos y a veces no a los más indicados. Como señalaba el Senador Heber, hoy en día es un ficto por hectárea que alude a semovientes y mejoras. Mi defensa de la vigencia del Impuesto -que considero uno de los más justos en teoría, en concepción, porque es un impuesto directo- no debe interpretarse como una defensa de la formulación actual de este tributo, y yo estaría dispuesto a reformularlo teniendo en cuenta, entre otras cosas, los argumentos que acaba de exponer el señor Senador Heber con respecto al sector agropecuario. Pero, para eso, es muy importante mantener la vigencia del Impuesto, porque eliminarlo ahora -como lo estamos haciendo con este proyecto de ley- aumenta la dificultad de retomar el tema en el futuro, aun cuando fuera para reformularlo.

Esas son las razones que he tenido en cuenta para hacer la propuesta que hice en su momento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 16.

(Se vota:)

-18 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 17.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 18.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Hemos presentado a la consideración del Senado, en forma de aditivo, un nuevo inciso, que sería el tercero del artículo que estamos considerando. Por este artículo, se disminuye en 2.5 puntos porcentuales el aporte patronal de las industrias manufactureras al Banco de Previsión Social correspondiente a los seguros sociales por enfermedad. De acuerdo con la redacción del artículo, alcanzaría a todas las empresas que tengan la calidad de industria manufacturera, ya sea para el mercado interno como para el exportador. A su vez, de acuerdo con el Decreto-Ley Nº 14.407, de julio de 1975, existe un conjunto importante de empresas, precisamente manufactureras, que crearon Cajas convencionales de seguro de enfermedad, administradas por Comisiones paritarias. Esas Cajas tienen a su cargo la cobertura integral de enfermedades comunes de sus trabajadores, tanto en lo que refiere al pago de la cuota mutual, como a la percepción del subsidio correspondiente. Estas se financian con aportes de las empresas y de los trabajadores y, en algunos casos, exclusivamente con el aporte patronal, y brindan, en ciertas circunstancias, incluso beneficios adicionales a la cobertura que otorga el Banco de Previsión Social, ya sea en la cuota de los familiares, de los pasivos, percepción del subsidio desde el primer día de la enfermedad, atención odontológica y subsidios sin topes. Para estas Cajas convencionales, las empresas aportan hasta un 5% sobre las remuneraciones de todo el personal dependiente; de la misma manera y de acuerdo con el Decreto-Ley al que hice referencia, las mismas deben aportar mensualmente, al Banco de Previsión Social, el 0,5% calculado sobre el total de las remuneraciones de sus trabajadores, compartiendo de ese modo el financiamiento global de la cobertura. Además, estas Cajas convencionales están reconocidas por el Poder Ejecutivo, tienen personería jurídica y sus respectivos estatutos, que las rigen. Estas industrias, entre las que se cuenta la química, CONAPROLE, y otra variedad importante, a partir de la creación de las Cajas convencionales, quedaron eximidas de efectuar aportes patronales al Banco de Previsión Social para los seguros sociales de enfermedad que, a la fecha, tienen una tasa de aproximadamente un 5%, que en estos casos son vertidos directamente a dichas Cajas. Por lo tanto, si nosotros aprobáramos sin más este proyecto de ley, con la creación del COFIS estaríamos disminuyendo el aporte patronal del 2,5%, por lo que automáticamente quedaría reducido también el porcentaje del aporte que se realiza a las Cajas convencionales y produciría, desde luego, una desfinanciación importante.

Esto traería como consecuencia la imposibilidad de cumplir con los cometidos para las que fueron creadas. Esta situación afecta a los organismos paritarios de la seguridad social que sustituyen al Banco de Previsión Social en la cobertura de seguro de enfermedad, y nosotros con el propósito de contemplar este aspecto en el proyecto de ley, le hemos dado forma a este artículo aditivo que lleva la firma de los señores Senadores Heber y Atchugarry. En virtud de esto, la disminución que se establece por el inciso 2º del artículo 18, de 2,5 puntos porcentuales del aporte patronal al Banco de Previsión Social de los contribuyentes referidos, correspondientes al seguro social por enfermedad, no será de aplicación en los casos de seguros convencionales realizados al amparo del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975, en virtud del cual se crearon los mismos.

Este es, señor Presidente, el fundamento que nos lleva a presentar un aditivo de estas características.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: la intención de nuestra intervención va casi en el mismo sentido de lo que acaba de expresar el señor Senador Gallinal. Quisiera saber si el Miembro Informante puede aceptar lo que voy a plantear.

En primer lugar, la rebaja del aporte jubilatorio patronal es para la industria manufacturera privada. En la exposición que hoy realicé, mostré que las empresas del Estado siguen pagando, y mucho -no recuerdo si es un 26%- con lo cual les afecta la competitividad. Pero en las empresas del Estado se dan dos situaciones distintas: aquellas que trabajan en régimen de monopolio y las que lo hacen en un régimen competitivo. Voy a citar el ejemplo del asfalto, que hoy está compitiendo. Lo que ocurre es que a la empresa privada de asfalto se le rebaja el aporte patronal y a la pública, que compite con esa empresa, no se le rebaja. Entonces, me gustaría saber si estamos en condiciones de incorporar a las empresas públicas no monopólicas que están compitiendo con el sector privado, de manera que tengan la misma chance de la rebaja del aporte patronal. Esta es la propuesta que quería hacer.

Independientemente de este planteo, quiero dejar constancia de que he votado todas las leyes que se han presentado sobre rebajas de aportes patronales. Así lo he hecho porque creo que la situación de las empresas es de tal naturaleza y están tan afectadas, que en algo les puede servir. Sin embargo, quiero manifestar que no creo que la rebaja de aportes patronales mejore el empleo. Es posible que cuando se rebajó de 14% al 6% en la industria manufacturera no haya sido sólo esto lo que no dio resultado, sino que haya habido otros factores. Pero, en concreto, es absolutamente imposible saber qué hubiera pasado si no se hubiera aplicado dicha rebaja; eso nadie lo puede saber. Entonces, desde ese punto de vista, voto este artículo porque de alguna manera va a mejorar la situación, aunque en realidad no creo en eso.

Mi intervención, básicamente era para encontrarle una salida a las empresas del Estado que compiten con el sector privado para que se les pueda rebajar el aporte patronal.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Como bien señaló el señor Senador Gallinal, que nos hizo llegar esta inquietud, la hemos acompañado porque cuando en Comisión -creo que fue el señor Senador Núñez- se le preguntó al contador Mouchauteff, quien venía en nombre del Ministerio de Economía y Finanzas, dijo que a su juicio estos seguros no estaban comprendidos. En consecuencia, concordando con el señor Senador Gallinal en cuanto a que la redacción dejaba dudas, apoyamos este aditivo convencidos de que va en el mismo sentido de lo que aspiraba el Poder Ejecutivo en cuanto a no perjudicar el funcionamiento de estos Fondos, ya que en realidad nunca estuvo en sus cálculos cambiar las reglas de juego.

Por otro lado, con relación a la referencia que plantea el señor Senador Couriel acerca de los sectores industriales manufactureros del Estado, quiero decir que puede tener la seguridad de que es un asunto que estamos estudiando y empujando favorablemente, como así también el tema vinculado al ICOME, por lo menos de las empresas que tienen clara actividad industrial. Como seguramente los señores Senadores recordarán, este tema se intentó solucionar en el Presupuesto y quedó por el camino en aras de mayores gastos que se votaron en otras áreas. Pero lo cierto es que sí hay una fuerte intención -y en la Ley de Urgencia, así como en el Presupuesto, hay facultades para hacerlo- y comparto lo que plantea el señor Senador. Me consta que el Gobierno está estudiando este tema, en particular los casos de ANCAP y UTE, que son las situaciones más claras de industrias manufactureras. Se podrá imaginar que no estoy en condiciones de extender la exoneración en este momento sin que haya terminado este proceso, pero sí les digo que no discrepo con la intención, como así tampoco el Gobierno pues está buscando, diríamos, el cierre de cuentas para ver si es posible incorporarlas en esas medidas.

SEÑOR COURIEL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ATCHUGARRY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Es cierto que podríamos hablar del ICOME o del aporte patronal. Cuando hay empresas monopólicas, lo estudiamos, pero hoy en esta ley están las empresas del Estado que en determinados rubros compiten con el sector privado. Reitero que hoy no estoy planteando el tema del ICOME ni la rebaja de aportes patronales de empresas del Estado, sino que estoy tratando de atender a aquellos rubros que son competitivos, que puede ser en la industria manufacturera y en los servicios. Por lo tanto, la idea es hacer un agregado explícito que establezca que las empresas del Estado en sus rubros competitivos con el sector privado también tendrán el derecho a la rebaja de aportes patronales. Estoy diferenciando nítidamente a las empresas que hoy compiten. Las otras las estudiaremos, pero hoy quiero, repito, resolver el vinculado a los rubros competitivos. En esta ocasión me acordé del asfalto pero debe haber unos cuantos rubros más.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- En el entendido de que estamos en el acápite del artículo 18 que dice "Gran División 3 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme", o sea claramente manufactureras, quiero decir que no tengo diferencias con el planteo del señor Senador Couriel, por lo que estaría dispuesto, si los demás miembros de la Comisión no se oponen, a incorporar "la Industria Manufacturera Privada y las Estatales por o en aquellas actividades libradas a la competencia". Después, la reglamentación dirá cuáles son esos casos.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa desea advertir que en el momento de votar vamos a dar forma a la redacción.

SEÑOR NUÑEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NUÑEZ.- Quiero referirme a este inciso que proponen los señores Senadores Atchugarry, Gallinal y Heber. El mismo implica reconocer que hay un conjunto de aportes patronales que se destinan a los seguros de enfermedad que no van directamente al Banco de Previsión Social, sino que pasan a través de las llamadas cajas de auxilio o seguros convencionales que comprenden a un conjunto de empresas, no todas manufactureras. Pero como aquí el artículo reduce el aporte de éstas, está bien que se refiera solamente a ellas.

Como decía, señor Presidente, no todas esas empresas son manufactureras. Precisamente, aquí tengo una lista parcial de esos seguros convencionales donde están, por ejemplo, los trabajadores de la salud, la Fábrica Nacional de Papel, la industria química, CAUTE - ANTEL y otras. O sea que hay un conjunto muy grande de empresas, no todas manufactureras, que de alguna forma cuentan con estos seguros convencionales y por más que el contador Mouchauteff, en nombre del Ministerio de Economía y Finanzas, dijera en la Comisión que no estaban comprendidas en esta reducción de aportes, me quedó la duda. Me parece muy sano dejar esta constancia en forma explícita en el artículo; celebro que así se haya entendido y obviamente lo vamos a votar con gusto.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Ante todo quiero decir que voy a votar el agregado presentado por los señores Senadores Gallinal, Heber y Atchugarry, pero también quiero dejar constancia de que ese tipo de empresas no va a recuperar la competitividad que sí recuperarán otras, incluso, en su mismo ramo. Por lo tanto, independientemente de este proyecto de ley, como se quiere preservar el empleo y la baja de los aportes, en este caso a la industria manufacturera, nos vamos a encontrar con que a algunas actividades o empresas no le estamos rebajando todo lo esperado.

Por otro lado, si el Miembro Informante no dispone de la redacción, dada la inquietud presentada por el señor Senador Couriel, propongo avanzar con los otros artículos y luego volver al número 18.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ya está pronta la redacción, por lo que se dará lectura al artículo con el inciso propuesto por los señores Senadores Gallinal, Heber y Atchugarry que, según entiendo, pasa a ser el tercero, quedando como cuarto el que antes estaba en tercer lugar.

Léase.

(Se lee:)

"Aportes patronales en la industria manufacturera privada.- Redúcese a cero el aporte jubilatorio patronal al Banco de Previsión Social de la Industria Manufacturera Privada comprendida en la Gran División 3 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) Revisión 2 (Industria Manufacturera).

Disminúyese en 2.5 (dos y medio) puntos porcentuales el aporte patronal al Banco de Previsión Social de los contribuyentes referidos en el inciso precedente correspondiente a los Seguros Sociales por Enfermedad. A efectos del cálculo del complemento establecido en el artículo 338 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, se considerará como efectivamente aportada la reducción dispuesta en este inciso.

Dicha disminución no será de aplicación en los casos de seguros convencionales realizados al amparo del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975.

Facúltase al Poder Ejecutivo a extender esta reducción a las empresas estatales por las mismas actividades en cuanto estuvieren en libre competencia. En el caso en que coexistan otras actividades con las mencionadas en los incisos precedentes, el Poder Ejecutivo establecerá la forma y condiciones en que se determinará el beneficio."

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- En realidad el agregado final debería ir junto al primer inciso porque lo que se faculta a reducir son los aportes jubilatorios. Es decir que el primer inciso quedaría como está, luego se incorpora el que dice "Facúltase"..., después el que comienza por "Disminúyese". El que comienza por "Dicha disminución" es el cuarto, y el quinto es el final.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Me pregunto si en realidad el acápite no debería decir "Aporte patronal en la industria manufacturera" y nada más, porque al incluirse la "facultad" no veo por qué debería ser restrictivo.

SEÑOR ATCHUGARRY.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR RUBIO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Atchugarry.

SEÑOR ATCHUGARRY.- El inciso primero es ya una disminución y no una simple facultad, por más que hayamos concordado y no tengo ninguna duda de que también lo va a hacer el Gobierno. Como me ha acotado algún señor Senador, en realidad no tengo iniciativa para hacerlo en forma automática y por eso se utiliza la palabra "facúltase". Se dice "redúcese" porque hay una iniciativa del Gobierno. El aporte en forma automática se da porque hay una iniciativa del Gobierno y se habla de "facúltase a reducir" en el caso de las empresas estatales porque el Cuerpo no tiene iniciativa para reducirlo "per se"; sí la tiene para otorgar la facultad de reducirlo y, además, no tengo dudas de que así se hará; pero reitero que se trata de cumplir -como me acotó algún colega- con la forma de la iniciativa preceptiva en estos casos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Simplemente para observar que en realidad se trata del título que se refiere a todo el artículo y, por lo tanto, no veo dónde está el inconveniente.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- En el mismo sentido que el señor Senador Rubio, digo que el "nomen juris" no legisla y se refiere a todo el artículo, no sólo al primer inciso.

Por otro lado, pediría si se puede dar lectura al segundo inciso o al artículo en su conjunto.

Como última sugerencia, diría que tal como viene la redacción del artículo, quizás no sea lo mejor decir "Dicha disminución no será de aplicación", sino "La disminución dispuesta por el inciso precedente no será de aplicación". De lo contrario queda un poco confusa la redacción global.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése lectura nuevamente al artículo.

(Se lee:)

"Aportes patronales en la industria manufacturera.- Redúcese a cero el aporte jubilatorio patronal al Banco de Previsión Social de la Industria Manufacturera Privada comprendida en la Gran División 3 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) Revisión 2 (Industria Manufacturera).

Facúltase al Poder Ejecutivo a extender esta reducción a las empresas estatales por las mismas actividades en cuanto estuvieren en libre competencia.

Disminúyese en 2.5 (dos y medio) puntos porcentuales el aporte patronal al Banco de Previsión Social de los contribuyentes referidos en el inciso precedente correspondiente a los Seguros Sociales por Enfermedad. A efectos del cálculo del complemento establecido en el artículo 338 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, se considerará como efectivamente aportada la reducción dispuesta en este inciso.

La disminución dispuesta por el inciso precedente no será de aplicación en los casos de seguros convencionales realizados al amparo del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975.

En el caso en que coexistan otras actividades con las mencionadas en los incisos precedentes, el Poder Ejecutivo establecerá la forma y condiciones en que se determinará el beneficio."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el artículo 18 en su nueva redacción.

(Se vota:)

-27 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 19.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 20.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-27 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 21.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 22.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE-. Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Solicito la reconsideración del artículo 19.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se reconsidera el artículo 19.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Propongo que se suprima la expresión "sobre los dependientes". Desde luego, se trata de una facultad, pero podríamos ampliarla e incorporar, por ejemplo, el patrón unipersonal. De lo contrario, el dependiente quedaría sin aporte, lo cual es bueno, pero si está organizado en una empresa unipersonal, no se vería beneficiado con la disminución. Entonces, como se trata de una facultad, podríamos ampliarla y que el Poder Ejecutivo considere hasta dónde puede llegar, concretamente, si la puede ampliar o no.

En consecuencia, el texto diría lo siguiente: "Facúltase a reducir a cero la alícuota de los aportes jubilatorios patronales al Banco de Previsión Social de las empresas de transporte terrestre".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 19 con la redacción propuesta por el señor Senador Atchugarry.

(Se vota:)

-27 en 28. Afirmativa.

Léase el texto sustitutivo del artículo 23 presentado por la Bancada del Frente Amplio.

(Se lee:)

"Las exoneraciones y reducciones de impuestos y aportes, previstas en los artículos 16 al 19 y artículo 21, se entenderán establecidas por el plazo de un año, contando desde la promulgación de esta ley; al término de dicho plazo, el Poder Ejecutivo realizará una evaluación de los resultados de tales medidas, dando cuenta de la misma a la Asamblea General."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Ya me referí a este texto sustitutivo, señor Presidente, y a los motivos por los cuales nuestra bancada entendió conveniente plantearlo dado el trámite que había tenido este proyecto de ley y el conjunto de incertidumbres que existe en cuanto a sus resultados, así como la oposición que teníamos en lo que refiere a su financiación. Realizamos esta propuesta, en esa medida, a los efectos de que se realice una evaluación y si al cabo de esta se entiende que los resultados fueron positivos, se planteará la continuidad de la misma; de lo contrario, sería revisada.

SEÑOR CASARTELLI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CASARTELLI.- No escapa a la percepción de los compañeros Senadores que hemos votado negativamente todos los artículos referidos a las exoneraciones o rebajas de los aportes patronales. Lo hemos hecho en base a una serie de consideraciones, algunas de las cuales fueron incluso expuestas por los compañeros Couriel y Núñez en el desarrollo de sus argumentos. Pero quisiera agregar otro argumento que para mí es fundamental en tanto refleja que nuestra fuerza política visualiza que este tipo de acciones se inscriben en una filosofía que tiende a plasmar el desmantelamiento de lo que ha sido tradicionalmente la seguridad social en nuestro país, e ir reduciéndola al mínimo, transformándola, en definitiva, en un seguro personal en base al ahorro de cada uno de los trabajadores.

Naturalmente, en el marco de otras consideraciones que tengan que ver con un cambio radical en lo que es el sistema impositivo, sin duda, es posible fijar otro criterio y concretar la eliminación de esos aportes patronales sustituyéndolos por otro tipo de aportes que estén relacionados con los sectores más privilegiados. Pero esto no está en nuestra posibilidad de iniciativa, por lo menos, por ahora. Por lo tanto, mantenemos nuestra posición en esta cuestión.

Sin embargo, vamos a votar afirmativamente la posibilidad de la implantación transitoria en el tiempo y con las limitaciones que corresponden a la necesaria verificación de las contrapartidas impositivas que una medida de este tipo pueda traer consigo. En este sentido, somos coherentes, porque este tema lo hemos presentado a través del Plan de Emergencia en las distintas entrevistas del doctor Tabaré Vázquez con el señor Presidente de la República. En distintas oportunidades presentamos iniciativas y propuestas, diría, decenas de propuestas, respecto a estos casos, así como también en lo que tiene que ver con las Leyes de Urgente Consideración y de Presupuesto.

De este modo, creo fundamentar esta propuesta sin necesidad de crear polémicas acerca de que no tenemos iniciativas en contraposición a las que plantea la coalición de Gobierno.

En virtud de ese antecedente es que nosotros mostramos nuestra sensibilidad en lo que respecta a la necesidad de un período determinado -frente a la situación de los sectores afectados por esta crisis fruto, fundamentalmente, de la política económica de los Gobiernos anteriores y, además, de determinadas coyunturas internacionales- para dilucidar esa duda que se plantea acerca de si este tipo de rebaja de aportes genera o no empleo. El período de un año puede dar cierta idea luego de una evaluación. No coincidimos exactamente con la redacción del texto sustitutivo porque, en realidad, lo que queríamos era que fuese más preciso en lo que respecta a las contrapartidas. De todos modos, entendemos que esta disposición implica la posibilidad de una evaluación, lo que nos dejaría a todos en un mismo pie de igualdad en cuanto a cómo hemos de considerar la validez o no, la incidencia positiva o no, de estas medidas que aquí se han votado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 23 sustitutivo, presentado por el Frente Amplio.

(Se vota:)

-7 en 23. Negativa.

En consideración el artículo 23 del proyecto de ley.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 23. Afirmativa.

Queda aprobado el texto del proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"I) Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social

«ARTICULO 1º. Estructura.- Créase el Impuesto de Contribución al Financiamiento de la Seguridad Social (COFIS) que gravará las importaciones de bienes industrializados, y las enajenaciones a cualquier título de dichos bienes, sean nacionales o importados, realizadas a organismos estatales, a las empresas y a quienes se encuentren incluidos en el hecho generador del Impuesto al Valor Agregado o del Impuesto Específico Interno.

ARTICULO 2º. Hecho Generador.- Se considerará enajenación la entrega de bienes con transferencia del derecho de propiedad, así como toda operación que otorgue al receptor de los referidos bienes la facultad de disponer económicamente de ellos como si fuera su propietario.

Por importación se entenderá la introducción definitiva del bien al mercado interno.

ARTICULO 3º. Acaecimiento del hecho generador.- El hecho generador acaecerá cuando el contrato o acto equivalente tenga ejecución mediante la entrega o la introducción del bien.

ARTICULO 4º. Territorialidad.- Estarán alcanzadas las entregas de bienes efectuadas en territorio nacional y su introducción efectiva al citado ámbito espacial, independientemente del lugar en que se haya celebrado el contrato y del domicilio, residencia o nacionalidad de quienes intervengan en las operaciones y no lo estarán las exportaciones.

ARTICULO 5º. Bienes gravados.- Estarán gravadas las importaciones y las enajenaciones de los bienes materiales que sean producto de la actividad industrial y que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

a) Su circulación interna esté gravada por el Impuesto al Valor Agregado con una tasa distinta de cero.

b) Estén incluidos en el artículo 1º del Título 11 del Texto Ordenado 1996.

No estarán gravadas las importaciones y las enajenaciones de los bienes mencionados en el numeral 14)
del artículo 1º del Título 11 del Texto Ordenado 1996.

ARTICULO 6º. Contribuyentes.- Serán contribuyentes:

A) Los contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Específico Interno que enajenen bienes gravados por el COFIS.

B) Los que introduzcan al país los referidos bienes y no se encuentren comprendidos en el literal anterior.

ARTICULO 7º. Tasa.- La tasa será de hasta el 3% (tres por ciento). El Poder Ejecutivo fijará la tasa aplicable quedando facultado para modificarla dentro de dicho límite.

ARTICULO 8º. Materia imponible.- La materia imponible estará constituida por la contraprestación correspondiente a la entrega de la cosa o por el valor del bien importado.

En el caso de entrega de bienes, la alícuota se aplicará sobre el importe total neto contratado o facturado, excluido el Impuesto al Valor Agregado.

En las importaciones la alícuota se aplicará sobre la suma del valor en aduana más el arancel, incrementada en hasta un 21,75% (veintiuno con setenta y cinco por ciento).

ARTICULO 9º. Liquidación.- El tributo a pagar se liquidará partiendo del total de los impuestos facturados según lo establecido en el inciso segundo del artículo anterior. De la cifra así obtenida se deducirá el impuesto incluido en las adquisiciones e importaciones de bienes destinados a integrar directa o indirectamente el costo de las operaciones gravadas.

Cuando se realicen a la vez operaciones gravadas y no gravadas, la deducción del impuesto no destinado exclusivamente a unas y otras se efectuará en forma proporcional al monto de las operaciones que den derecho a crédito.

En el caso de exportaciones podrá deducirse el impuesto correspondiente a los bienes que integran directa o indirectamente el costo del producto exportado; si por este concepto resultare un crédito a favor del exportador, éste será devuelto o imputado al pago de otros impuestos o aportes previsionales en la forma que determine el Poder Ejecutivo.

Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar el tratamiento establecido en el inciso anterior a las enajenaciones de bienes incluidos en el numeral 14) del artículo 1º del Título 11 del Texto Ordenado 1996. Esta facultad podrá ejercerse para los distintos tipos de bienes mencionados en dicho numeral.

El Poder Ejecutivo podrá establecer procedimientos simplificados de liquidación del impuesto en atención al volumen de las operaciones y a la naturaleza de la explotación.

ARTICULO 10. Exoneraciones.- Estarán exoneradas de este impuesto las enajenaciones realizadas por quienes se encuentren comprendidos en el literal E) del artículo 33 del Título 4 del Texto Ordenado 1996.

Asimismo estarán exentas las enajenaciones efectuadas por los contribuyentes del tributo creado por los artículos 590 y siguientes de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Serán aplicables para este impuesto los beneficios dispuestos en el literal B) del artículo 8º de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998. El Poder Ejecutivo podrá ampliar para este impuesto la nómina de bienes comprendidos, así como la de actividades alcanzadas por el referido beneficio.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el inciso anterior, facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar las importaciones y enajenaciones de bienes de capital. La reglamentación establecerá la nómina de bienes comprendidos en la exención.

ARTICULO 11. Documentación.- El Poder Ejecutivo establecerá los requisitos formales que deberá observar la documentación de las operaciones gravadas, quedando facultado a no exigir la discriminación del impuesto en la factura o documento equivalente.

ARTICULO 12. Recaudación.- El Poder Ejecutivo reglamentará la forma y fecha de recaudación del impuesto, pudiendo requerir en el curso del año fiscal, pagos a cuenta del mismo calculados en función de los ingresos gravados del Ejercicio, sin la limitación establecida en el artículo 21 del Título 1 del Texto Ordenado 1996.

Autorízase al Poder Ejecutivo a fijar períodos de liquidación mensual para aquellos contribuyentes que designe en función de características tales como el nivel de ingresos, la naturaleza del giro, forma jurídica o por la categorización de contribuyentes que realice la administración. Cuando se realicen a la vez operaciones gravadas y no gravadas, la deducción del impuesto incluido en los bienes no destinados exclusivamente a unas o a otras, se efectuará en la proporción correspondiente al monto de las operaciones gravadas del Ejercicio, sin perjuicio de su liquidación mensual.

Facúltase al Poder Ejecutivo a designar agentes de retención y percepción, así como a exigir a los contribuyentes en ocasión de la importación de bienes gravados, pagos a cuenta del impuesto sin la limitación referida en el inciso primero.

ARTICULO 13. Derogaciones.- Deróganse a efectos de este impuesto las exoneraciones genéricas de impuestos establecidas a favor de determinadas entidades o actividades.

ARTICULO 14. Inmunidad.- Extiéndese a este impuesto lo dispuesto por el artículo 581 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

ARTICULO 15. Afectación.- Aféctase al Banco de Previsión Social la recaudación del impuesto creado por el artículo 1º de la presente ley, con excepción de los montos establecidos en el artículo 22 de la misma.

II) Disposiciones relativas a la reducción de costos para la producción

ARTICULO 16. Exoneración.- Exonérase del Impuesto al Patrimonio el patrimonio afectado a las explotaciones agropecuarias.

Esta exoneración regirá para ejercicios cerrados a partir del 1º de enero de 2001.

El crédito fiscal emergente de los anticipos y de los pagos del saldo del Impuesto al Patrimonio del ejercicio cerrado en el año 2001 realizados hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, será exigible a partir del 1º de enero de 2002.

ARTICULO 17. Aporte Patronal en el agro.- Redúcese a cero la alícuota de los componentes patronales jubilatorios de la contribución patronal rural global establecida en el artículo 3º de la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986 y sus modificativas.

Disminúyese en un 50% (cincuenta por ciento) el aporte patronal al Banco de Previsión Social del sector rural correspondiente a los Seguros Sociales por Enfermedad de la referida ley.

Facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir el aporte mínimo a que se refiere la norma mencionada en el inciso primero del presente artículo, en la proporción que fuere necesaria para aplicar la reducción de aportes establecida.

ARTICULO 18. Aporte patronal en la industria manufacturera.- Redúcese a cero el aporte jubilatorio patronal al Banco de Previsión Social de la Industria Manufacturera Privada comprendida en la Gran División 3 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) Revisión 2 (Industria Manufacturera).

Facúltase al Poder Ejecutivo a extender esta reducción a las empresas estatales por las mismas actividades en cuanto estuvieren en libre competencia.

Disminúyese en 2,5 (dos y medio) puntos porcentuales el aporte patronal al Banco de Previsión Social de los contribuyentes referidos en el inciso precedente correspondiente a los Seguros Sociales por Enfermedad. A efectos del cálculo del complemento establecido en el artículo 338 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, se considerará como efectivamente aportada la reducción dispuesta en este inciso.

La disminución dispuesta por el inciso precedente no será de aplicación en los casos de seguros convencionales realizados al amparo del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975.

En el caso en que coexistan otras actividades con las mencionadas en los incisos precedentes, el Poder Ejecutivo establecerá la forma y condiciones en que se determinará el beneficio.

ARTICULO 19. Aporte patronal en el transporte.- Facúltase a reducir a cero la alícuota de los aportes jubilatorios patronales al Banco de Previsión Social de las empresas de transporte terrestre.

ARTICULO 20. Derogación.- Derógase el artículo 279 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

ARTICULO 21. Aporte patronal en los servicios.- Sin perjuicio de lo previsto por el artículo 2º de la Ley Nº 17.243, de 6 de julio de 2000, facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir hasta un punto porcentual el aporte jubilatorio patronal al Banco de Previsión Social de los sectores de actividad privada no comprendidos en los artículos 18 y 19 de la presente ley ni en la Ley Nº 15.852, de 24 de diciembre de 1986 (rurales), con cargo a los recursos provenientes del COFIS.

ARTICULO 22. Transferencias.- Facúltase al Poder Ejecutivo a transferir al Banco de la República Oriental del Uruguay hasta la suma de U$S 20:000.000 (dólares estadounidenses veinte millones) durante el primer año de vigencia de la presente ley.

ARTICULO 23. Vigencia.- Esta ley entrará en vigencia el primer día del mes siguiente al de su promulgación.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 23 de mayo de 2001.

LUIS HIERRO LOPEZ Presidente
MARIO FARACHIO Secretario"

10) NUEVAS MODALIDADES DELICTIVAS

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Señor Presidente: en el día de ayer habíamos planteado la necesidad de hacer el repartido de la Carpeta Nº 451/01, relacionado con el proyecto de ley referente a Nuevas Modalidades Delictivas que fuera aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes. En mi opinión, si hacemos un pequeño esfuerzo, podríamos abocarnos al tratamiento de este proyecto de ley en virtud de la importancia que reviste en el tiempo y por la necesidad de contemplar el resultado de la votación que tuvo en la Cámara de Representantes que fue, reitero, por unanimidad.

Concretamente, formulo moción en el sentido de que se declare urgente este proyecto de ley y se considere de inmediato.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción del señor Senador Sanabria.

(Se vota:)

-17 en 22. Afirmativa.

Se pasa a considerar el proyecto de ley cuya urgencia fue votada: "Nuevas Modalidades Delictivas, Tipificación. (Carp. Nº 451/2001 - Rep. Nº 235/2001)".

(Antecedentes:)

«Carp. N° 451/2001
Rep. N° 235/2001

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Incorpórase el siguiente Capítulo al artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998:

"CAPITULO XIV

ARTICULO 81.- Los delitos tipificados en los artículos 54 a 57 de la presente ley se aplicarán también cuando su objeto material sean los bienes, productos o instrumentos provenientes de delitos tipificados por nuestra legislación vinculados a las siguientes actividades: terrorismo; contrabando superior a U$S 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América); tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción; tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; tráfico ilícito de hombres, mujeres o niños; extorsión; secuestro; proxenetismo; tráfico ilícito de sustancias nucleares; tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos.

ARTICULO 82.- En los casos previstos en el artículo 81 de la presente ley serán aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 58 a 67 y 71 a 80 de la presente ley.

ARTICULO 83.- Las disposiciones de la presente ley regirán aun cuando el hecho antecedente origen de los bienes, productos o instrumentos hubiera sido cometido en el extranjero, en tanto el mismo también hubiera estado penado en el lugar de su comisión y en la República Oriental del Uruguay."

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 16 de mayo de 2001.

GUSTAVO PENADES Presidente
HORACIO D. CATALURDA Secretario

Ministerio del Interior
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas
Monisterio de
Defensa Nacional
Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de Industria
Energía y Minería
Ministerio de
Salud Pública

Montevideo, 4 de abril de 2001.

Señor Presidente de la
Asamblea General

El Poder Ejecutivo, tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a efectos de someter a su consideración el Proyecto de Ley que se acompaña por el que se regulan nuevas modalidades de accionar delictivo y en especial las de conversión y transferencia de bienes y activos procedentes de otras actividades tales como: terrorismo, contrabando o tráfico ilícito de armas, municiones o material destinado a su producción; tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; tráfico ilícito de hombres, mujeres o niños; tráfico ilícito de sustancias nucleares; tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos y cualquier delito de crimen organizado.

Se trata de actividades delictivas que asumen en la actualidad modalidades nuevas generadoras de cuantiosos beneficios económicos que pueden llevar a que organizaciones criminales transnacionales afecten las estructuras económicas sociales y políticas de la comunidad.

Las actividades ilícitas referidas no han sido contempladas en nuestra legislación penal lo que conspira contra el interés de la colectividad y la adecuada represión de las personas que llevan a cabo las mismas.

En ese sentido, el presente Proyecto de Ley tiende a prevenir el blanqueo de capitales tipificando expresamente como tal la conversión o transferencia de dinero u otros valores patrimoniales procedentes de cualquiera de las actividades precitadas.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración.

Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Guillermo Stirling, Roberto Yavarone, Sergio Abreu, Didier Opertti, José Carlos Cardoso, Horacio Fernández, Aldo Bonsignore.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Comete blanqueo de activos el que, convierta o transfiera dinero u otros valores patrimoniales que provengan de cualquiera de las siguientes actividades: terrorismo; contrabando o tráfico ilícito de armas, municiones o material destinado a su producción; tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; tráfico ilícito de hombres, mujeres o niños; tráfico ilícito de sustancias nucleares; tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos y cualquier delito de crimen organizado.

Este delito se castiga con veinte meses de prisión a diez años de penitenciaría.

En la misma pena incurrirá el que adquiera, posea, utilice o realice cualquier transacción real o simulada, sobre los valores procedentes de las actividades enumeradas precedentemente o sobre aquellos que sean producto de su inversión.

Artículo 2º.- El que, oculte, suprima, altere los indicios, impida o frustre la determinación real de la naturaleza, la identificación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento, la propiedad real, la investigación, o la confiscación de los valores patrimoniales procedentes de las actividades enumeradas en el artículo 1º de la presente ley o de los que sean producto de su inversión, será castigado con una pena de doce meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Artículo 3º.- El que prestare cualquier ayuda o asistencia a los partícipes de cualquiera de los delitos tipificados o enumerados en la presente ley con el fin de asegurarles el beneficio o el resultado de su actividad, para obstaculizar las acciones de la Justicia o para eludir las consecuencias de sus acciones, será castigado con una pena de doce meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Artículo 4º.- Las disposiciones de esta ley regirán aun cuando el delito precedente hubiera sido cometido en el extranjero, en tanto el mismo también hubiera estado penado en el lugar de su comisión y en la República Oriental del Uruguay.

Artículo 5º.- Se considera agravante especial de los delitos previstos en los artículos 1º a 3º de la presente Ley que el autor o partícipe cometa el delito en su calidad de integrante de una asociación, grupo, organización o persona jurídica dedicada directa o indirectamente al lavado de activos o a la comisión de las actividades enumeradas en el artículo 1º de esta ley.

En tales casos la pena será aumentada a la mitad. Podrá elevarse hasta las dos terceras partes cuando el agente de la conducta sea jefe, director, administrador o encargado de los referidos grupos, organizaciones, asociaciones o personas jurídicas.

Artículo 6º.- El fin de obtener un provecho o lucro para sí o para un tercero en los delitos previstos en los artículos 2º y 3º de esta Ley será considerado una circunstancia agravante y la pena podrá ser elevada en un tercio.

Artículo 7º.- El blanqueo de capitales provenientes del tráfico de estupefacientes previsto en los artículos 54 y siguientes del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974 en la redacción dada por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998 y el previsto en el artículo 30 de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998 se regirá por lo dispuesto en las referidas normas legales, sus modificativas y concordantes.

Artículo 8º.- Serán aplicables a los delitos previstos en la presente ley las disposiciones contenidas en los artículos 62 a 67 y 71 a 80 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974 en la redacción dada por la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998.

Guillermo Stirling, Roberto Yavarone, Sergio Abreu, Didier Opertti, José Carlos Cardoso, Horacio Fernández, Aldo Bonsignore.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: el proyecto de ley que está a consideración del Senado y que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes, tipifica una serie de delitos en materia de lavado de dinero. En ese sentido, debemos destacar que el Poder Ejecutivo remitió una iniciativa en la que se explicaron los fundamentos por los cuales se regulan nuevas modalidades del accionar delictivo y, en especial, las de conversión y transferencia de bienes y activos procedentes del terrorismo, el contrabando o el tráfico ilícito de armas, municiones, o material destinado a su producción, el tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos, tráfico ilícito de hombres, mujeres o niños, tráfico ilícito de sustancias nucleares y tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos así como cualquier delito de crimen organizado.

Debemos decir que en la Cámara de Representantes se modificó el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. Para esto, la técnica legislativa que se utilizó fue la de aprobar un artículo único en lugar de la propuesta original del Poder Ejecutivo -se trataba de ocho artículos nuevos- por el cual se incorpora el Capítulo XIV al artículo 5º de la Ley Nª 17.016, de 22 de octubre de 1998.

Corresponde aclarar al Cuerpo que la ley marco en este tema es el Decreto - Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, y que la Ley Nº 17.016 introdujo una serie de modificaciones. Lo que hace este proyecto de ley que hoy está a consideración del Senado es, con una técnica legislativa que en lo personal entiendo es inconveniente -pero, en fin, es lo que tenemos para analizar- incorporar un nuevo capítulo a la estructura de la ley original. El nuevo Capítulo XIV contiene tres artículos: los artículos 81, 82 y 83.

Concretamente, lo que hace el artículo 81 es establecer que los delitos tipificados en los artículos 54 a 57 de la Ley Nº 17.016 se aplicarán, también, cuando su objeto material sean los bienes productos o instrumentos provenientes de delitos tipificados por nuestra legislación, vinculados a una serie de actividades que se enumeran.

Por las razones que se expusieron oportunamente por parte de todos los sectores políticos en la Cámara de Representantes -porque, en definitiva, se trata de combatir modalidades delictivas muy importantes que afectan mucho a la sociedad y que, por otra parte, mantienen o conservan las garantías establecidas oportunamente en la Ley Nº 17.016, que se encuadra en los lineamientos de la Convención de Viena de 1988 y que cuenta con las recomendaciones de todos los organismos internacionales especializados en la materia- estimamos conveniente la aprobación de este proyecto de ley.

Es todo, señor Presidente.

SEÑOR BORSARI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BORSARI.- Al igual que ya lo ha hecho en la Cámara de Representantes, el Partido Nacional va a votar este proyecto de ley. Consideramos que el blanqueo de activos es un delito que, como ha dicho el señor Senador Correa Freitas, no está contemplado en nuestra legislación penal vigente, y que el accionar delictivo nuevo, contemporáneo, moderno, tiene que ser incorporado a ella.

Evidentemente, la conversión y la transferencia de bienes y activos procedentes de estas actividades, también deben ser penadas. Pensamos que las organizaciones criminales trasnacionales que operan con cuantiosos beneficios económicos, afectan las estructuras económicas de nuestro país.

Por la razón muy simple de que no existe tipificación en nuestro ordenamiento jurídico, es que creemos que esta modificación a la Ley Nº 17.016 debe ser incluida, motivo por el cual el Partido Nacional la va a acompañar.

Muchas gracias.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Como ha dicho -en nombre del Partido Nacional- el señor Senador Borsari, nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley no obstante los reparos que tenemos en lo que refiere a esta nueva calificación que en el mundo se da a los países. Lo que estamos señalando no es un tema baladí, ni superficial. Esto de que otros países se arroguen el derecho de calificar es algo que, lamentablemente, forma parte de reglas de juego que, como nacionalistas, no estamos dispuestos a aceptar. Concretamente, no aceptamos que se diga que el Uruguay puede llegar a ser una plaza para lavar dinero, ni este tipo de calificaciones que parecen estar de moda últimamente y que se suman a otras regionales, no diferenciando lo que es la seriedad de un país en materia financiera, como ocurre en nuestro caso, y asimilándonos con situaciones que lamentablemente se están dando en el continente.

Simplemente, queríamos dejar esta constancia. Esto no quiere decir que estemos aprobando nada en ese sentido; la tipificación de estos delitos, como ha dicho el señor Senador Borsari, es de recibo y supone un buen mensaje, lo cual no quiere decir que aceptemos este tipo de calificaciones que sobre el Uruguay se están haciendo.

Queríamos dejar esta constancia para saber qué es lo que estamos votando y a lo que puede llegar a pasar en el futuro inmediato.

Muchas gracias.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: hace un tiempo leímos un informe redactado por personal de las Naciones Unidas sobre esta materia, y quiero recordar apenas lo siguiente. Los estudiosos de este asunto consignan que la ganancia que deja el lavado de dinero de origen criminal es una cifra que puede oscilar en alrededor de U$S 150.000:000.000 anuales. Semejante cifra es imposible para los mecanismos financieros corrientes y solamente puede tener una explicación cuando esto constituye intrínsecamente una de las partes de los movimientos en que participan las grandes cadenas bancarias.

Es increíble que con la polaridad y los recursos de este mundo, exista un conjunto de paraísos fiscales, islas, etcétera, con la tolerancia de los países centrales. Uno tiene que pensar que esta función sirve a ciertos sistemas macrofinancieros contemporáneos. Por esta razón, suscribo las expresiones del señor Senador Heber.

Con seguridad, en nuestra plaza debe haber pecadillos, como los hay en otras, pero los nuestros son menos que veniales, si se considera el volumen de las cifras que se manejan. Lamentablemente, somos pequeños y nuestros gritillos no llegan a ser oídos. Es curioso que en los últimos dos años, por tres veces, una codiciada cadena bancaria multinacional haya tenido asuntos con la Justicia americana, pero no han pasado de eso. Ahí aparecen las clasificaciones, en las que se nos coloca en el index, como sucede con otros países, y tal vez no miren en casa.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Formulo moción para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-18 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo único del proyecto de ley.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

11) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 23 y 57 minutos, presidiendo el señor Luis Hierro López y estando presentes los señores Senadores Antonaccio, Astori, Atchugarry, Borsari, Brause, Cid, Correa Freitas, de Boismenu, Fau, Gallinal, Heber, Larrañaga, Michelini, Millor, Mujica, Pereyra, Pou, Riesgo, Sanabria y Virgili).

SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Sr. Mario Farachio Secretario - Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.