Retorno a página principal

Nº 91 - TOMO 406 - 4 DE ABRIL DE 2001

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

9ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

y el SEÑOR SENADOR CARLOS GARAT Tercer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR ARQ. HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI Y LA PROSECRETARIA SEÑORA EMMA ABDALA

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Pedido de informes

- La señora Senadora López solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas con destino a PLUNA Ente Autónomo relacionado con varios aspectos del convenio celebrado entre PLUNA Ente Autónomo y VARIG S.A.
- Se procederá como se solicita.

4) Comienzo de la zafra arrocera. Necesidades del sector

- Manifestaciones del señor Senador Nin Novoa.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Consejo de Educación Técnico Profesional, al CODICEN, a la Intendencia Municipal y Junta Departamental de Treinta y Tres, a la Asociación de Cultivadores de Arroz y a la Junta Local de Vergara.

5) Movimiento de mujeres a nivel mundial

- Manifestaciones de la señora Senadora López.
- Por moción de la propia señora Senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Ministerio de Educación y Cultura y al Instituto de la Mujer y Familia.

6) Obligatoriedad de conservación y mejora del Medio Ambiente

- Manifestaciones del señor Senador Riesgo.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a ANEP y a INFOVIAL.

7) Relacionamiento comercial y político del Uruguay con los países de la región y de fuera de ella

- Manifestaciones del señor Senador Gargano.

8) Tarifas de ANTEL

- Manifestaciones del señor Senador Larrañaga.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Directorio de ANTEL, a los Gobiernos y Juntas Departamentales, y a los centros industriales y comerciales de todo el país

9) Centenario de la peregrinación al santuario de la Virgen del Verdún

- Manifestaciones del señor Senador Gallinal.
- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Arzobispado, a la Nunciatura, a la Diócesis de Minas y a la Intendencia Municipal de Lavalleja.

10) Concurrencia del señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca a la Comisión respectiva del Senado

- Manifestaciones del señor Senador Millor solicitando la autorización del Cuerpo para que la Comisión pueda sesionar y retirarse de Sala.
- El Senado autoriza la realización de la sesión de la Comisión y el retiro de Sala de sus miembros.

11) Doctora Adela Reta. Homenaje a su memoria

- Manifestaciones del señor Senador Correa Freitas. Intervención de varios señores Senadores.
- Por moción de los señores Senadores Correa Freitas y Korzeniak, el Senado resuelve ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en homenaje a la memoria de la ciudadana desaparecida y enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a sus familiares, al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y a la Universidad de la República con destino a la Facultad de Derecho y al Instituto de Derecho Penal.

12) Numerales primero, segundo y tercero del Orden del Día. Postergación

- Por moción de varios señores Senadores, el Senado resuelve postergar la consideración de estos temas.

13 y 19) Efectivos del Ejército de los Estados Unidos de América realizan un ejercicio bilateral con personal de nuestras Fuerzas Armadas entre el 7 de mayo y el 18 de junio de 2001

- Proyecto de ley por el que se autoriza su ingreso al país.
- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

14, 16 y 18) Pedido de informes

- Proyecto de ley por el que se determinan plazos para su contestación.
- En consideración.
- Por moción del señor Senador Gallinal, el Senado resuelve devolver este proyecto de ley a la Comisión de Constitución y Legislación.

15) Asuntos entrados fuera de hora

17) Sesión extraordinaria

- Manifestaciones del señor Senador Riesgo solicitando la realización de una sesión extraordinaria el día 5 de los corrientes.
- Por moción del señor Senador Astori, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de la sesión hasta considerar un proyecto de ley por el que se exonera del Impuesto al Valor Agregado a los cortes de carne bovina provenientes del departamento de Artigas.

20) Exoneración del Impuesto al Valor Agregado a las enajenaciones de carne bovina proveniente del departamento de Artigas

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

21) Prórroga de la hora de finalización de la Sesión

-Manifestaciones del señor Senador Millor.

22) Pedido de informes

- Manifestaciones del señor Senador Gallinal.

23) Se levanta la Sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

«Montevideo, 3 de abril de 20001.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá, en sesión ordinaria, mañana miércoles 4, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de Vicepresidentes.

2º) Elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo (artículo 127 de la Constitución).

3º) Elección de miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

4º) por el que se autoriza el ingreso al país de efectivos del Ejército de Estados Unidos de América para realizar un ejercicio bilateral con personal de nuestras fuerzas armadas.

(Carp. Nº 380/2001 - Rep. Nº 189/2001)

5º) por el que se establecen plazos para la contestación de los pedidos de informes cursados a solicitud de los señores Legisladores.

(Carp. Nº 242/2000 - Rep. Nº 194/2001)

6º) Informes de la Comisión de Defensa Nacional relacionados con los Mensajes del Poder Ejecutivo solicitando venia para:

conferir los ascensos al grado de Coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya a varios señores Tenientes Coroneles.

(Carp. Nº 399/2001 - Rep. Nº 192/2001)

conferir los ascensos al grado de Capitán de Navío de la Armada a varios señores Capitanes de Fragata.

(Carp. Nº 384/2001 - Rep. Nº 190/2001)

conferir los ascensos al grado de Coronel del Ejército Nacional a varios señores Tenientes Coroneles.

(Carp. Nº 400/2001 - Rep. Nº 193/2001)

designar al señor Teniente General en situación de retiro don Juan C. Curuchet como Miembro integrante militar de la Suprema Corte de Justicia.

(Carp. Nº 398/2001 - Rep. Nº 191/2001)

Emma Abdala Prosecretaria - Hugo Rodríguez Filippini Secretario.»

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abelenda, Arismendi, Astori, Atchugarry, , Bayardi, Brause, Cid, Correa Freitas, de Boismenu, Dubra, Fau, Gallinal, García Costa, Gargano, Goiriena, Korzeniak, Larrañaga, López, Malladote, Millor, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Pou, Riesgo, Rodríguez, Sanabria, Singer y Virgili.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores, Couriel, Fernández Huidobro, Heber, Michelini, Mujica, Rubio y Xavier.

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 12 minutos.)

3) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

«Montevideo, 4 de abril de 2001.

- De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución la señora Senadora Sara López solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas con destino a PLUNA Ente Autónomo relacionado con varios aspectos del Convenio celebrado entre PLUNA Ente Autónomo y VARIG S.A.»

(Texto del pedido de informes:)

«Montevideo, 4 de abril de 2001.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don LUIS HIERRO LOPEZ

Presente

Solicito a usted, en mérito a lo preceptuado por el artículo 118 de la Constitución de la República, se sirva cursar el siguiente pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y por su intermedio a PLUNA Ente Autónomo.

ANTECEDENTES

1.- Por resolución del Poder Ejecutivo del 28 de agosto de 1996, se autorizó a PLUNA Ente Autónomo, a celebrar con VARIG S.A. un convenio que comprendía diversos temas, celebrándose dicho convenio el mismo día de la fecha de ser aprobada la resolución (28/08/96).

En el mismo se preveía la recomposición del patrimonio de PLUNA S.A., a través del literal B) del artículo 2º, donde se establece que VARIG S.A. aporta para la futura integración de capital, los créditos de que es titular respecto a PLUNA S.A. y cede a PLUNA Ente Autónomo la cuota parte de dicho aporte, necesaria para mantener su participación accionaria del 49% del capital integrado.

PLUNA Ente Autónomo recibió de VARIG S.A. un préstamo cuyo monto ascendió a U$S 3.473.448.

En ese mismo convenio PLUNA Ente Autónomo se obliga a pagar a VARIG S.A. el monto del crédito cedido, con mayor interés sobre saldo, calculado a la tasa Libor de un año, más 2.5 puntos, restituyendo lo recibido antes del 30/06/2000.

Pueden aplicarse para su cancelación las utilidades de PLUNA S.A. El plazo puede ser prorrogado hasta el 30/06/2002, devengando una tasa Libor a un año, con más 4 puntos. En cualquier momento PLUNA Ente Autónomo puede cancelar el saldo adeudado e intereses devengados pagando en efectivo, o transfiriendo a VARIG S.A. las acciones recibidas, cancelando así la deuda.

2.- En virtud de lo anteriormente expresado, los plazos citados precedentemente (30/06/2000 - 30/06/2002), algunas resoluciones adoptadas y otras aparentemente en proyecto, que apuntarían a aumentar la asociación PLUNA VARIG, así como algunas declaraciones de prensa publicadas en el diario "El Observador" el 31 de marzo de 2001, bajo el título "Pluna proyecta renovación de su flota", nos parece fundamental, conocer con la mayor precisión posible, la situación actual de la empresa. Situación que, sin duda, de alguna manera, debería reflejarse en los balances de PLUNA Ente Autónomo.

En ese sentido realizamos el siguiente Pedido de Informes:

1.- ¿Cuál es la deuda actual de PLUNA Ente Autónomo con VARIG S.A., considerando lo establecido en el convenio marco para la recomposición del patrimonio de PLUNA Sociedad Anónima, financiamiento de sus operaciones corrientes, modificaciones al contrato de gerenciamiento y cuestiones conexas? ¿Qué perspectivas tiene el Ente de poder repagar y/o renegociar con VARIG esa deuda? El Ente ¿ha obtenido utilidades de PLUNA S.A., como resultado de cinco años de gestión?

2.- ¿Cuáles son las pérdidas actuales de PLUNA S.A. por año y por mes? ¿Cuál es el déficit acumulado? ¿Qué rutas dan pérdida y cuáles no? ¿Cuál es el criterio de imputación de costos en operaciones compartidas?

3.- El Ente Autónomo, ¿ha realizado y/o realiza algún tipo de control de la gestión de VARIG S.A. al frente de PLUNA S.A.?

4.- Los aviones se toman en arriendo o subarriendo de VARIG, las tripulaciones se entrenan en instalaciones de VARIG. ¿Se piden o no, otras cotizaciones? ¿Los precios resultantes, son o no adecuados al mercado? ¿La ecuación costo/beneficio, en materia de flota, ha dejado un saldo positivo para PLUNA S.A., y por tanto para el 49% representado por PLUNA Ente Autónomo?

¿Cómo se soluciona el conflicto de intereses en la negociación de estos contratos, en los que por PLUNA S.A. intervienen funcionarios dependientes de VARIG que negocian con sus jefes? ¿Qué salvaguardias tiene el accionista Estado?

5.- ¿Por qué PLUNA no aplica, o no ha aplicado, las tarifas promocionales que la DGAC aprobó para fomentar el turismo receptivo en las rutas de puente aéreo y Punta del Este/Buenos Aires?

6.- ¿PLUNA S.A. cumple o no con todos los requisitos establecidos por el país y a nivel internacional en materia de seguridad de la operación de sus aviones? ¿La DGAC controla adecuadamente a PLUNA S.A.?

7.- ¿Por qué PLUNA S.A. no ha logrado obtener el Certificado de Explotador Aéreo que sí tienen empresas más nuevas y pequeñas como AEROMAS y TRAVELAIR? ¿VARIG apoya o no a PLUNA S.A. en materia de seguridad de sus aviones y operaciones?

8.- La falta de Certificación de PLUNA S.A., ¿es o no condicionante (entre otras) de la permanencia del Uruguay en categoría 2* por la F.A.A. de U.S.A.?

9.- ¿Qué planes concretos de corto, mediano y largo plazo, tiene VARIG para revertir la actual situación deficitaria de PLUNA S.A.?

10.- ¿El Estado tiene o no planes al respecto de PLUNA S.A. en la preservación de la fuente de trabajo y la supervivencia, equilibrio y desarrollo de la empresa bandera, integrada a un proyecto turístico de alcance nacional?

11.- ¿El Ente Autónomo PLUNA tiene directivas del ejecutivo para su actuación en PLUNA S.A.?

12.- ¿El Estado considera llamar a VARIG a responsabilidad por las pérdidas generadas en PLUNA S.A.?

Sin otro particular, saludo a Usted con la mayor consideración.

Lic. Sara López. Senadora.»

4) COMIENZO DE LA ZAFRA ARROCERA. Necesidades del sector.

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Nin Novoa.

SEÑOR NIN NOVOA.- Hoy comienza oficialmente la zafra de arroz y en el departamento de Treinta y Tres, en forma simbólica, creemos que con la presencia del señor Presidente de la República y del señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, entre otros.

Hablar del arroz en el Uruguay es hablar del cultivo más dinámico de la producción nacional desde muchos puntos de vista. Este es el cultivo que ha crecido en el área sembrada más rápidamente. De las aproximadamente 2.000 hectáreas que se plantaban en la década del treinta, hoy se van a cosechar más de 120.000. Se ha convertido en el único cultivo que tiene el país cuyos promedios de cosecha son superiores al promedio mundial. Somos el séptimo exportador mundial: por cada dólar que se importa para producir, el sector exporta tres. Es el segundo rubro de exportación del país, con U$S 195:000.000 en 1999. La productividad es de alrededor de seis toneladas por hectárea y la producción anual supera el millón de toneladas. El arroz ocupa a un trabajador cada 42 hectáreas directamente en el cultivo y si agregamos los administrativos y quienes cumplen funciones anexas como mecánicos, soldadores, herreros, carpinteros, gomeros, camioneros y alguno más, estaríamos en el orden de una persona cada 31 hectáreas; si consideramos la parte de secado, almacenaje e industrialización llegamos a una persona cada 24 hectáreas. Con estos datos inferimos que si se siembran 120.000 hectáreas en todo el país el arroz ocupa 5.000 personas. Es bueno recordar que 120.000 hectáreas ganaderas ocupan aproximadamente 500 trabajadores.

En la actualidad, el sector arrocero nacional está atravesando una de las peores crisis de su historia, debido a la caída de los precios internacionales, a las dificultades de colocación en los mercados y a los subsidios agrícolas que aplica la mayoría de los países productores de arroz. Sin embargo, cuando se superen estos problemas coyunturales, habrá que seguir atacando los problemas estructurales y, dentro de estos, uno de los más importantes, que es la reducción de los costos de producción. Esta es una tarea difícil, donde no existe un rubro específico donde se pueda operar una reducción drástica y tampoco hay alguna nueva tecnología disponible que opere una reducción significativa de inmediato. La estrategia sería ahorrar un poco de cada lado. Dentro de esa estructura actual de costos, uno de los rubros más importantes es la maquinaria. El uso inadecuado de la misma se manifiesta en roturas ocasionadas generalmente por mala operación, falta de mantenimiento o exigencias fuera de las especificaciones de diseño. Cualquiera de las tres causas son expresión de falta de capacitación de los operarios. En general, como se dice en campaña, la gente aprende rompiendo. Igual problemática se presenta en la operación y regulación de los implementos como, por ejemplo, una incorrecta profundidad de siembra o una cosechadora mal regulada que deteriora la calidad del grano y ocasiona graves perjuicios económicos. Lo mismo ocurre con el manejo del agua en el riego al drenar una chacra después de una lluvia durante la siembra o en el manejo de un secador.

El Uruguay hoy está expuesto a una dura competencia en éste y en otros rubros, con los demás países y, sobre todo, con sus socios del MERCOSUR. Entonces, resulta difícil concebir en este contexto que el sector mejore su competitividad sin mejorar más tarde o más temprano la capacitación de su gente.

Por estas razones, el sector arrocero necesita a la brevedad la creación de un centro de capacitación orientado hacia el cultivo del arroz que apunte a la formación de mandos medios, tractoristas, maquinistas, regadores, secadoristas, molineros, etcétera. Para eso, un conjunto de ciudadanos de la zona de Vergara, en el departamento de Treinta y Tres, está impulsando una propuesta para la creación de una Escuela Agraria Industrial Arrocera en aquella localidad. El autor de esta iniciativa es el ingeniero agrónomo Ariel Etcheverry, técnico del Arrozal Treinta y Tres, quien también ha contado con el apoyo de técnicos locales.

Como el Senado comprenderá, este es un tema de vital importancia, no ya para el departamento de Treinta y Tres, sino para toda la zona este del país, ya que en ella se produce más del 70% del arroz uruguayo. Es de vital importancia porque la carencia de escuelas dedicadas a la enseñanza del cultivo del arroz en la zona ha determinado que los trabajadores, en su mayoría, comiencen a trabajar sin formación previa, operando las mismas empresas como centros de aprendizaje, lo que hoy se hace cada vez más difícil por los altos costos de la maquinaria y las exigencias que la propia tecnología determina, siendo cada vez más evidente la necesidad de la capacitación previa del trabajador.

Uruguay tiene, además, una gran preocupación por arraigar las poblaciones rurales en sus lugares de origen, hecho cada vez más difícil de lograr por las grandes transformaciones del agro, la carencia de servicios a la familia rural y el enorme atractivo que ejercen las ciudades con su desarrollo urbano. De este tema todos hablamos, pero son contadas las realizaciones concretas que se llevan a cabo para detener el éxodo de la gente del campo. Los jóvenes rurales merecen la oportunidad de capacitarse para obtener trabajos más calificados y mejor remunerados.

Nosotros compartimos la idea de que sea Vergara el asiento de esa futura escuela, ya que es la zona de mayor concentración de cultivos arroceros del país. Se halla a 55 kilómetros de Treinta y Tres y a 43 kilómetros del campo experimental de Paso de la Laguna del INIA, a 15 kilómetros de Rincón, a 25 kilómetros de Dragón y a 75 kilómetros de Río Branco. En un radio menor de 25 kilómetros se encuentran varios sistemas de riego por bombeo, desde 200 a 8.000 hectáreas, varias represas para regar por desnivel desde 300 a 2.500 hectáreas y en esa zona hay un total de 15.000 hectáreas de cultivo. Existen seis plantas de secado y almacenamiento que reciben cerca de 220.000 toneladas de arroz cáscara que es la cuarta parte de la producción nacional; dos molinos que procesan algo más de 100.000 toneladas de arroz cáscara; una planta envasadora de paquetes de un kilogramo y cinco kilogramos de arroz y dos laboratorios de análisis de arroz industrial y de semilla, además de una planta procesadora de semillas.

La Iglesia Católica ofrece las instalaciones del centro Vicente Pallioti, que cuenta con aulas y salón de actos, que con pequeñas remodelaciones se adecua para el funcionamiento de la escuela y la Intendencia Municipal ofrece resolver el hospedaje de los alumnos. La firma de plaza Saravia Jorge Hnos. ofrece tractores e implementos para las prácticas estáticas. La empresa Arrozal 33, que siembra 7.500 hectáreas de arroz y está considerada como la empresa arrocera individual más grande del mundo, ofrece sus chacras, maquinarias y sistema de riego para las prácticas dinámicas durante el desarrollo del cultivo, así como también otros productores.

La empresa SAMAN ofrece su planta de secado, almacenaje e industrialización, que es la más grande del Uruguay, así como también un laboratorio para las tácticas industriales. También se cuenta con el molino de Arrozal Treinta y Tres.

Por estas y otras consideraciones, señor Presidente, estamos apoyando esta iniciativa y pedimos que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al Consejo de Educación Técnico Profesional, al CODICEN -que ya son conocedores de esta iniciativa-, a la Intendencia Municipal y Junta Departamental de Treinta y Tres, a la Asociación de Cultivadores de Arroz y a la Junta Local de Vergara.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

5) MOVIMIENTO DE MUJERES A NIVEL MUNDIAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora López.

SEÑORA LOPEZ.- Es ampliamente conocido y reconocido que el movimiento de mujeres a nivel mundial cuenta ya con una profunda experiencia en la producción de conocimientos, a los que se han sumado los nuevos modelos asociativos y las redes establecidas desde donde se cuestionaron explícitamente los aspectos centrales del orden vigente en lo que atañe a la discriminación de género.

Esta interacción, entre las diferentes expresiones del movimiento y su actuación en los diversos espacios sociales y públicos, hizo posible que sus reflexiones y reivindicaciones fueran permeando la sociedad toda y ésta asumiera esos temas en los debates locales, regionales e internacionales, pasando sus propuestas, a nuestro juicio, a formar parte de los temas políticos más relevantes de los últimos 30 años del Siglo XX.

Se reconoce también por parte de gran número de Gobiernos, de Instituciones y Agencias Internacionales, la imperiosa necesidad de elaborar políticas y planes de acción a fin de alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Mucho fue lo realizado en distintas Conferencias y Cumbres Mundiales que enriquecieron la convocatoria a la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijin en 1995, evento que tendría la virtud de ubicar el tema de la discriminación de las mujeres, en el centro de la atención mundial y nacional, de cara al Siglo XXI.

Es a partir de la Conferencia de Beijin, que muchos Gobiernos asumen acuerdos expresados en la Plataforma de Acción, cuyo objetivo final es trabajar por los derechos de las mujeres, la igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Han transcurrido casi ya seis años desde la Conferencia Mundial y sabemos que muchos de los compromisos asumidos por nuestro Gobierno no se han podido cumplir. Sí, somos conscientes que hay ámbitos que desde el Estado se han potenciado como la Comisión Tripartita creada en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Programa sobre Violencia que, con financiamiento del BID, se desarrolla en el ámbito del Ministerio del Interior y la instalación de Centros de Información a la Mujer, así como otras acciones impulsadas de distintos espacios públicos.

También recordamos _creo que fue en oportunidad del 8 de marzo- que el Ministro de Educación y Cultura manifestó el interés de su Cartera de presentar una iniciativa en el sentido de la discriminación positiva en el sistema político. Sin embargo, remitiéndonos a la publicación "Indice de los Compromisos Cumplidos de Género en América Latina", del Instituto del Tercer Mundo en el año 2000, donde se detalla el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por los diversos Gobiernos del área, nos encontramos con que a pesar de haber transcurrido más de un año de su instalación, el Gobierno del Uruguay no está, por lo menos, en situación de comenzar a implementar alguno de ellos.

Queremos destacar en especial el compromiso asumido en lo que atañe a la elaboración de un Plan de Igualdad de Oportunidades, punto que constituía, entre otros, tema clave en la Plataforma de Acción aprobada en Beijin. Allí se señalaba: "En casi todos los países se han creado mecanismos nacionales, institucionales para el progreso de las mujeres. Su tarea es incorporar la perspectiva de igualdad de género entre los géneros, en todas las esferas de la política y del Gobierno."

Entre otros puntos, los Gobiernos se comprometen -y cito textualmente- a: "Facilitar la formulación y aplicación de políticas gubernamentales sobre igualdad entre hombres y mujeres e integrar perspectivas de género en legislaciones políticas, programas y proyectos estatales."

También quisiera leer parte del informe del Indice de los Compromisos Cumplidos, que dice: "La idea y la iniciativa del Plan de Igualdad de Oportunidades, parece comenzar a arraigarse en América Latina. Con la excepción de Perú, Nicaragua, Colombia, Uruguay y Brasil, en el resto de los países existen planes ya implementados a nivel nacional: Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, estatal: México y proyectos o iniciativas en marcha con diferente estado de avance: Argentina, Bolivia, Brasil (en este último caso, hay 56 proyectos de ley en trámite y se trata de iniciativas vinculadas al trabajo y beneficios para las mujeres, pero están siendo tramitados lentamente por el Congreso Nacional)."

En el caso de Uruguay, existen iniciativas a nivel de empleo solamente, y aún en formulación.

Voy a seguir citando textualmente el informe del Indice de los Compromisos Cumplidos, que dice: "En la mayoría de los casos, los planes corresponden a fechas próximas o siguientes a la Conferencia Mundial de Mujeres. Aunque los impactos sean aún muy limitados, en los países en que el Plan ya está implementado, vale la pena recoger la evaluación que llega desde Chile, donde se manifiesta que `...básicamente ha ayudado a institucionalizar ciertas temáticas' y `ha conseguido algunas reformas legales' ".

Si bien sabemos que el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Intendencia Municipal de Montevideo, resolvió crear una Comisión con la finalidad de diseñar para las vecinas del Departamento un Plan de Igualdad de Oportunidades, entendemos que a nivel nacional y desde la perspectiva de una política de Estado, corresponde que el Instituto de la Mujer y Familia, que funciona en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, asuma, a partir de la más amplia convocatoria, el compromiso de proponer mecanismos institucionales que coordinen, impulsen y den cuenta, en un Plan de Trabajo pautado, de las diferentes políticas que se estén implementando o de aquellas que se encuentran en proceso de discusión, con el objetivo _y desde la perspectiva de una política de Estado- de alcanzar la necesaria formulación de un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades.

En ese sentido, agradecemos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea remitida al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Instituto de la Mujer y Familia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) OBLIGATORIEDAD DE CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Riesgo.

SEÑOR RIESGO.- Señor Presidente: en ocasión de tratarse el Presupuesto, con el señor Senador Correa Freitas, presentamos el famoso artículo 545 que hacía materias obligatorias el tema de la conservación e higiene del medio ambiente, alcohol dependencia, droga dependencia y tabaquismo, familia y violencia familiar, fisiología, salud e higiene sexual y seguridad vial.

Respecto a este tema fuimos enormemente castigados el señor Senador Correa Freitas y yo por invasión de fueros técnicos, autonomía y no sé que otros aspectos más, según los organismos rectores de la enseñanza nos contestaron. De cualquier manera, quiero hacer una salvedad: en el artículo 262 de la Constitución se hace mención a los servicios de seguridad y nosotros estamos convencidos -por lo menos yo- de que el tema de la seguridad vial está comprendido en el mismo. Los organismos rectores de la enseñanza estuvieron omisos a los artículos 12 y 13 de la Ley Nº 16.585 en materia de educación de tránsito.

El aspecto relativo a seguridad vial -que es el que queríamos tratar hoy y que nos preocupa mucho, al igual que los otros puntos que planteamos en ese artículo y que el Poder Ejecutivo nos vetó parcialmente- tenemos que empezar a encararlo muy seriamente, y todos los uruguayos debemos entender esto. Hay que tener en cuenta que en nuestro país mueren aproximadamente seiscientas personas por año, pero indiscutiblemente deben ser más porque Salud Pública entiende que la persona fallece por accidente de tránsito si su deceso se produce dentro de los treinta días a partir del día en que tuvo el accidente. Si fallece más allá de los treinta días de haber estado internada, la razón de su fallecimiento sería otra. De modo que esta cifra ha de ser, aunque no mucho, algo superior. Quiero destacar que la mayor parte de estas personas es gente joven. Además, por la misma razón quedan aproximadamente 8.000 lesionados graves.

El costo anual por accidentes de tránsito en el país está rondando los U$S 927:000.000, aunque se sabe bien que esta cifra es un poco mayor. Este dato surge de un cálculo que han hecho determinados organismos sobre el costo de los fallecidos, de los lesionados, el costo por pérdidas materiales y otros ítems. Por lógica, no podemos hablar de costo, que creo no es la palabra correcta; tampoco lo es la expresión "posibilidad de cálculo", porque el dolor que experimenta la familia por la pérdida o la lesión permanente de uno de sus integrantes se mide por otros parámetros.

Es necesario tener en cuenta que el parque automotor en el Uruguay es de 578.256 automóviles, 406.094 motos, 44.966 camiones y 6.019 ómnibus. Afortunadamente, ANEP, que ha estado omisa en este tema, quiere empezar a preocuparse por la seguridad vial y ahora se encuentra manteniendo conversaciones con una entidad argentina de nombre CIAAT, con el fin de contratarla para instruir a los docentes en las materias del caso. Es una pena que ANEP no sepa que en el Uruguay existen organismos como INFORVIAL, que es la primera revista latinoamericana que aborda el tema de la seguridad vial. Están trabajando y ayudando en la confección del próximo Código Nacional de Circulación para que el país tenga reglas únicas, penas únicas y registro único de conductores, de vehículos, de infractores, etcétera. Asimismo, asesoran a la Comisión Nacional de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito y van a trabajar en un centro de capacitación vial para la Policía Caminera. Ahora, el Departamento de Educación Vial colabora con ésta y trabaja en contacto con liceos y escuelas; también tiene solicitudes de manejo de alto riesgo por parte de Comisarías de Montevideo, como la Seccional 14.

INFORVIAL es un instituto sin fines de lucro en el que las personas son vocacionales, preocupadas por el tema vial y dispuestas a servir -muchas de ellas quizás nacidas de esta problemática- trabajan para evitar que más uruguayos pasen por esta situación.

No entiendo por qué ANEP no tiene en cuenta a este tipo de organismos nacionales; no sé si es por desconocimiento, pero el hecho es que sale a contratar empresas extranjeras que persiguen fines de lucro, aunque no discuto la gran labor que pueden hacer. Lo cierto es que contamos con institutos nacionales excelentes que asesoran y trabajan en un primer nivel de calidad. Creo que ANEP tendría que prestar atención al tema y por lo menos consultar a este instituto y conversar con sus autoridades. En el mismo sentido, entiendo que también todas las Intendencias Municipales deberían organizarlo.

Es esta una preocupación que tenemos al ver que disponemos de tan buenos institutos que están trabajando para salvar al país y sin embargo salimos a contratar los mismos servicios en el exterior y por los que nos van a cobrar .

Señor Presidente: formulo moción en el sentido de que la versión taquigráfica de las palabras que acabo de pronunciar sea enviada a ANEP y a INFORVIAL.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador.

(Se vota:)

- 20 en 21. Afirmativa.

7) RELACIONAMIENTO COMERCIAL Y POLITICO DEL URUGUAY CON LOS PAISES DE LA REGION Y DE FUERA DE ELLA

SEÑOR PRESIDENTE.- Para referirse a otro tema, tiene la palabra el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: nos vamos a ocupar de lo que consideramos el tema más importante que consulta el país en el tiempo presente: su relacionamiento comercial y político con los países de la región y más allá de ésta, con los países del continente.

Como es sabido, hace diez años se firmó en Asunción el Tratado que dio inicio al giro de MERCOSUR, una integración regional que comenzó por una zona de libre comercio y que se proyectó luego a través del Protocolo de Ouro Preto con el objetivo de crear un Arancel Externo Común para los países de la región. Esta fue la segunda etapa que culminaría con la creación del mercado común integral una vez que se cumplieran las etapas de coordinación de las políticas macroeconómicas y de establecimiento de los organismos supranacionales que darían vida a ese mercado común.

No estamos describiendo ninguna realidad desconocida para el Cuerpo ni para las señoras Senadoras y los señores Senadores. En los últimos años, el proceso de integración ha atravesado serias dificultades, las que comenzaron a procesarse cuando el país de mayor peso económico y poblacional y también de mayor desarrollo relativo en la región, el Brasil, consultó serias dificultades económicas y apeló a un recurso comprensible pero de gran repercusión para todos los países que están relacionados económicamente con él en una zona de libre comercio, como los del MERCOSUR. Me estoy refiriendo a la devaluación de su moneda.

Quiero recordar, señor Presidente, que escasamente cuarenta días antes, frente a la advertencia que distintos sectores políticos de la región plantearon acerca de la posibilidad de que existiera una decisión unilateral de este tipo en el Brasil y que ello repercutiera negativamente para los demás países, aquí, en el Uruguay, nosotros pudimos escuchar la grabación de un video del Ministro de Economía Malán, en donde sostenía que era absolutamente erróneo que el Brasil pudiera apelar a una medida de esta naturaleza. Sin embargo, transcurrieron cuarenta días y ese país devaluó su moneda en forma apreciable; actualmente esa moneda, con relación al valor que tenía en la oportunidad en que el Ministro de Economía brasileño hizo estas manifestaciones, ha perdido casi el 50% de su valor con respecto al dólar. Ello, naturalmente, trajo aparejadas serias dificultades a nuestro país para colocar sus exportaciones y, además, un resentimiento del funcionamiento económico de todo el sistema regional.

Luego se consultaron diferencias que ya habían sido insinuadas con la Argentina, que inicialmente había aplicado lo que ellos llaman la tasa estadística para nuestras exportaciones, dificultando así la colocación de los productos exportables, fundamentalmente aquéllos de la región litoral que se colocaban en el mercado de Buenos Aires. Todo esto ocasionó intensas gestiones por parte de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores para que las mismas fueran solventadas. Hoy mismo en otros aspectos tenemos dificultades similares, lo que ha provocado que en el país, a raíz de las dificultades económicas que se consultan aquí, tengamos prácticamente dos años y medio de recesión, que el producto haya caído un 3,2% en el año 1999 y un 1,2% en el año 2000, y que no se vean signos de recuperación frente a distintas expresiones de búsqueda de soluciones a los problemas que se plantean en la región para incentivar el desarrollo de nuestra economía.

Quiero decir, señor Presidente, que desde hace bastante tiempo estamos analizando, a nivel de las Comisiones de Asuntos Internacionales del Senado y de la Cámara de Representantes, cuál es la estrategia que debe seguir nuestro país a efectos de fortalecer la posición de nuestros países en el plano económico regional y continental. Como se sabe, han surgido dos opciones muy claras, que al día de hoy ya están planteadas. Una de ellas es la de impulsar la expansión del MERCOSUR, propiciando la integración de otros países de América del Sur, fundamentalmente de aquellos que ya están relacionados con él -es decir, los que de alguna manera son socios pero no pertenecen al Mercado Común, como es el caso de Chile y Bolivia-, así como de Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador, para que ingresen al área.

Esto tendría dos objetivos principales. En primer lugar, expandir el mercado aumentando la cantidad de países involucrados en la experiencia de integración, lo que permitiría expandir a todas las economías de la región y, en segundo término, equilibrar más el sistema de relacionamiento entre los socios, porque actualmente la situación que se plantea es que los dos socios mayores normalmente apelan al entendimiento bilateral pasando por encima de los dos socios menores, lo que es absolutamente negativo desde el punto de vista de la concepción de integración que nosotros tenemos.

La otra postura es apuntar a que el relacionamiento sea por fuera de la región de nuestro país con otros países de las Américas, a través de ese proyecto -todavía proyecto no negociado ni aceptado por nuestro país- que tendería a constituir una zona de libre comercio de las Américas, lo que se conoce como el ALCA.

Esto ha motivado, señor Presidente, que en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado _aquí hay varios señores Senadores que la integran- tuviéramos un intenso intercambio, el año pasado, con el señor Ministro de Relaciones Exteriores y que programáramos para el día de mañana la posibilidad de tener otro intercambio más a fondo, a efectos de saber qué opinión tiene el Poder Ejecutivo sobre este tema de tanta trascendencia. No voy a comentar cuál es la posición del Poder Ejecutivo o lo que yo presumo es su opinión, porque todo el mundo ya lo sabe. Las declaraciones han menudeado y también la tesis de que es más beneficioso negociar bilateralmente con los Estados Unidos, porque ahí está el mercado. Esta concepción, modestamente, nosotros no la compartimos. Creemos que no hay una base racional para considerar que el país pueda entenderse bilateralmente con una nación continente, principal economía del mundo, con trescientos millones de habitantes y el 71% del Producto Bruto Interno de todas las Américas. Digo esto para tener una idea de la comparación en la dimensión de estos dos países.

Pero lo más importante es que si se adoptara esta dirección de política iría a contrapelo de aquellas que, por ejemplo, se informan en la prensa del día de hoy y que están llevando adelante Brasil y Venezuela. Se ha informado que Venezuela ha planteado públicamente su adhesión al MERCOSUR y la prensa de hoy dice: "Los presidentes de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y de Venezuela, Hugo Chávez, concordaron en la misma estrategia básica de no adelantar la creación del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), ayer martes en una reunión en Brasilia, previa a la Cumbre de las Américas este mes en Quebec.

La estrategia que llevará Brasil a la reunión presidencial de Quebec se concentra en que no se adelante la fecha del 2005 para finalizar las negociaciones del ALCA, ante la propuesta chilena de que se cambie la fecha al 2003. Ese fue el punto básico en el que coincidió el presidente venezolano.

Ambos presidentes emitieron un comunicado conjunto en el que ratificaron que asistirán a la Cumbre y expresaron `su convencimiento de que la creación del ALCA debe tener en cuenta los principios de equilibrio, gradualidad y progresividad de las negociaciones, así como las diferencias en los niveles de desarrollo de las economías del Hemisferio'.

También señalaron su compromiso de `suscribir en el más breve plazo posible el acuerdo MERCOSUR - Comunidad Andina, considerándolo fundamental para la consolidación del espacio económico sudamericano y para el examen en mejores condiciones, sobre el principio del regionalismo abierto, de su participación en las negociaciones para la formación del ALCA".

Esta declaración política es de enorme trascendencia para nuestro país y también para el MERCOSUR. Nuestro objetivo, señor Presidente, era poder intercambiar, en el día de mañana, con la presencia de los señores Ministros de Relaciones Exteriores y de Industria, Energía y Minería, doctores Didier Opertti y Sergio Abreu, opiniones acerca de cuál iba a ser la posición del Poder Ejecutivo ante esta reunión de Quebec que se iniciará el 20 de abril. Esto no va a ser posible y yo lo lamento profundamente, porque los Ministros tienen otras tareas más importantes que la de comunicarse con el Parlamento. Digo esto, porque en el día de hoy se nos comunicó que la reunión no se iba a poder realizar, ya que los señores Ministros no van a comparecer aquí. Por lo tanto, el Parlamento y las fuerzas políticas que lo integran no saben cuál es la posición que va a llevar el Poder Ejecutivo a la reunión de Quebec. Esto era lo más importante y, seguramente, para nosotros lo más trascendente, porque de los pasos que se den ahora estará signado el futuro del proceso de integración regional. Posiblemente, este tema no sea evaluado como suficientemente trascendente para el Uruguay y que pase como algo más, pero es probable que no pasen muchos meses sin que veamos los reflejos de lo que ocurra en Quebec y de la política exterior hacia la región y el continente del Poder Ejecutivo.

Muchas gracias.

8) TARIFAS DE ANTEL

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: quiero hacer una breve intervención y referirme al tema de las tarifas de ANTEL.

En el mes de enero pasado fue muy publicitado todo lo que tuvo que ver con un intento de rebalanceo tarifario dentro del organismo tendiente, precisamente, a un incremento de sus tarifas. Este intento después no tuvo andamiento y terminó con una resolución del Directorio de ANTEL en la que se dejó sin efecto ese rebalanceo tarifario dictado el 16 de enero de 2001 y se dispuso modificar, en lo pertinente, la resolución Nº 147 del 30 de enero de 2001, aprobando los boletines de tarifas sustitutivos elaborados en base a las tarifas vigentes a esa fecha, ajustadas por la aplicación del coeficiente del 5,05% correspondiente a la modificación del IPC del período transcurrido desde el último ajuste tarifario. Asimismo, se dispuso que se mantuviera en el boletín de servicios telefónicos y telegráficos la introducción de la tarifa interurbana única, fijándole un precio, pero sólo para los días domingo.

En el mes de enero, ingresó al Directorio de ANTEL, en representación de nuestro Partido, el doctor Oscar González Alvarez quien, en lo medular, solicitó tres puntos. Primero, que en el nuevo modelo tarifario debería tenderse a la unificación de la tarifa nacional de telefonía básica, sin discriminar su carácter local o de larga distancia. Segundo, en el mismo sentido, expresaba que se debían buscar las soluciones para proceder finalmente a la unificación de las tarifas departamentales ya aprobadas por el Directorio, resolviendo las situaciones que aún no se han incorporado al sistema como, por ejemplo, las de Santa Clara de Olimar y del departamento de Soriano. Tercero, que la nueva estructura tarifaria, que él califica como un rebalanceo, no debe implicar un incremento real del costo país ni un aumento tarifario.

Lo concreto, señor Presidente y señores Senadores, es que el Ente de las comunicaciones en la telefonía nacional está aplicando dos conceptos: el de llamada local y el de larga distancia nacional. Y en lo que tiene que ver con la larga distancia nacional, tenemos tres tarifas según la distancia, además de tres tarifas horarias, que son las siguientes: de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, hasta 50 quilómetros, la tarifa es de $ 0.73 el minuto; entre 50 y 100 quilómetros, es de $ 2.16 el minuto, y si se trata de más de 100 quilómetros, la cifra asciende a $ 5.78 el minuto. De lunes a viernes, de 0 a 9 horas y de 21 a 24 horas, sábados y feriados todo el día, se aplica una rebaja del 40 %, pero se continúa con la discriminación hasta 50 quilómetros; en ese caso, la tarifa es de $ 0.44 el minuto. Entre 50 y 100 quilómetros, es de $ 1.30 el minuto, y para más de 100 quilómetros, asciende a $ 3.47 el minuto. Los domingos todo el día y a todos los destinos, se aplica una tarifa única de $ 0.42 el minuto.

Esto implica, señor Presidente, que en función de una mayor lejanía de la capital de la República se va generando un incremento en las tarifas de la telefonía. El minuto de comunicación a Paysandú, por ejemplo, cuesta ocho veces más que el minuto a la ciudad de Las Piedras. Con toda sinceridad, entendemos que es necesario ir hacia una tarifa única nacional. Seguramente, aquí hay financiamiento cruzado entre las distintas franjas tarifarias, pero creemos que se debe ir progresivamente hacia su eliminación, como fuera solicitado con acierto y justicia por el doctor González Alvarez.

Conociendo la integración del Directorio, estamos convencidos de que el Ente culminará todo este proceso de reajuste tarifario buscando precisamente una tarifa única nacional, porque es algo de estricta justicia.

Cabe señalar que las tarifas que pagamos, por ejemplo a UTE en Artigas, Salto, Paysandú o Montevideo son iguales, y lo mismo acontece con OSE y con los combustibles, en todo el país. Entendemos que lo que ocurre ahora significa una discriminación, un perjuicio para el interior de la República, porque todo comerciante, todo industrial radicado en el interior, paga una tarifa telefónica más onerosa en función de la mayor lejanía de la capital del país. Entonces, me pregunto cuáles son los beneficios para radicar emprendimientos productivos en el interior de la República si, por ejemplo, tenemos tarifas vinculadas a telefonía -importantes a los efectos de la comunicación- que son diferenciales, en perjuicio de quienes precisamente están radicados fuera de la capital.

Concretamente, señor Presidente, me parece que a raíz de ese perfeccionamiento tecnológico que ha ido generándose a lo largo de los últimos años -y que nosotros realmente aplaudimos- no existe ya una justificación seria y válida para mantener franjas con diferencias tarifarias de larga distancia nacional en un país tan pequeño como el nuestro. Quizás antes esto se podía justificar, porque estaban las líneas y los cables que tenían que mantenerse, pues cuando se cortaban, también quedaban cortados las comunicaciones y los servicios que el Ente brindaba en todo el país. La tarifa única nacional debe sustituir a la tarifa de larga distancia, discriminatoria dentro del país y que perjudica, a nuestro juicio, al comercio, a la industria y al propio proceso de comunicación en el Uruguay.

Confiamos en que, de la misma manera que se ha impulsado que los días domingo y para todos los destinos, haya una tarifa única nacional, ésta se pueda extender a todos los días y, de esa forma, aplicar un criterio de equidad, de justicia y de igualdad en todo el territorio nacional para todos sus habitantes.

Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al Directorio de ANTEL, a los Gobiernos Departamentales, a las Juntas Departamentales y a los centros comerciales e industriales de todo el país.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Larrañaga.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) CENTENARIO DE LA PEREGRINACION AL SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL VERDUN

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: el próximo 19 de abril tendrá lugar un acontecimiento de enorme trascendencia para el departamento de Lavalleja y también para el país en su conjunto. Me refiero a una de las festividades populares más importantes que tiene nuestro país, que es la peregrinación a la Virgen del Verdún, que precisamente en la fecha mencionada cumplirá su primer centenario.

Este movimiento de piedad hacia la Inmaculada Concepción llevará hasta el lugar, seguramente, una verdadera multitud que, en algunas ocasiones, en los últimos años, ha sobrepasado las cien mil personas.

Por ese motivo, el próximo jueves 19 de abril, las autoridades de la Iglesia Católica, de la Diócesis de Minas y del departamento de Lavalleja, han preparado una serie de actos con el propósito de recordar este evento que mueve a tantas personas atraídas, muchas de ellas en una profesión de fe, desde todos los rincones del país y aun del exterior.

En ese sentido, se han preparado intensos actos conmemorativos, a los que seguramente asistirán numerosas personalidades, peregrinaciones y misiones de toda la Iglesia y de la sociedad en su conjunto.

En la falda del Cerro Verdún, a los pies de la Virgen, donde se ha preparado un gran altar y un recinto especial, se realizará una Misa que será concelebrada por el Arzobispo de Montevideo, Monseñor Nicolás Cotugno, el Nuncio Apostólico, Monseñor Janusz Bolonek, el Obispo de la Diócesis de Minas, Monseñor Víctor Gil y los restantes diez Obispos que componen la Conferencia Episcopal Uruguaya, además de los sacerdotes y misioneros de la Gruta de Lourdes. La ceremonia comenzará a la hora 10 de la mañana y durante la misma se dará lectura a un mensaje especial que desde Roma enviará el Papa, Su Santidad Juan Pablo II, así como misivas de otras altas autoridades eclesiásticas.

Paralelamente, tendrá lugar un sinnúmero de actividades. Desde todas las localidades, parroquias y capillas del departamento de Lavalleja, partirán delegaciones que portarán un mensaje a su llegada conjunta al pie del Verdún, lo que dará un colorido muy especial al acontecimiento.

También habrán de actuar orquestas y grupos de baile de la Unión de Colectividades Gallegas del Uruguay; como es sabido, año a año esta numerosa colectividad concurre en forma masiva a esta peregrinación.

Historiando la génesis y ulterior desarrollo de este fenómeno religioso y sociológico que es el Verdún, el Obispo de Minas, Monseñor Víctor Gil, ha señalado que todo se inició a comienzos del siglo pasado, por idea del entonces párroco de Minas, José De Luca, un religioso italiano que realizó una proficua obra en el medio, antes de retornar a su país natal. Precisamente, fue él quien creó el Santuario del Verdún, que fue inaugurado en 1901.

La idea de De Luca fue acompañada por el Arzobispo de Montevideo, Mariano Soler, encontrando eco en el pueblo, más el condigno estímulo y perfeccionamiento que le imprimieron los cuatro Obispos locales: Monseñor José María Cavalhero; Monseñor Humberto Quaglia; Monseñor doctor Carlos Mullins, Sagrado Jesuita, y Monseñor Víctor Gil.

El Presbítero Don José De Luca fue un hombre de espíritu innovador y entusiasta que concibió la idea de colocar una estatua de la Virgen en uno de los cerros más altos que rodean a Minas.

Es así que en el año 1900 los propietarios del Cerro Verdún, Doña María Ariza de Dartayete y su esposo, Don Pedro Dartayete, accedieron al planteamiento del sacerdote, secundándolo y apoyándolo con esta obra.

Se fijó la fecha de la inauguración para el 19 de abril de 1901, pero debido a la gran lluvia de ese día se realizó el domingo 21 de abril de 1901. En la oportunidad llegó hasta allí una gran peregrinación de Montevideo en tren expreso, encabezada por Monseñor Mariano Soler, quien después de la misa bendijo el pedestal. Fueron padrinos el doctor Alejandro Gallinal y quien donara la estatua, doña Catalina O´Neill de Fernández. Después de la misa campal, el Arzobispo bendijo el pedestal. Asistieron en aquella circunstancia más de tres mil personas, número que ha venido incrementándose en el correr de los últimos años.

En 1906, Monseñor Soler encargó al arquitecto Don Cayetano Bringas un proyecto de monumento a la Virgen en la cumbre del Verdún. El proyecto original tenía tres grandes pilastrones que representaban las tres virtudes teologales: Fe, Esperanza y Caridad.

El 4 de junio se colocó la piedra fundamental del monumento actual y el 18 de noviembre de 1909 una numerosa peregrinación, en tren expreso, llevó la estatua actual, que mide 3 metros 15 centímetros de alto y que fue traída de Francia. Monseñor Isasa bendijo la imagen.

De esa forma, la devoción por la Inmaculada Concepción se fue extendiendo espontáneamente a todo el país, Argentina, Paraguay y el sur de Brasil.

Se aprestan, entonces, la ciudad de Minas, el Cerro Verdún y la Virgen a recibir una manifestación popular de singulares características al conmemorarse este próximo 19 de abril el centenario de la inauguración del Santuario. Allí concurrirán quienes profesan su religión, pero también ciudadanos y ciudadanas de todas las creencias que han hecho de esta peregrinación una institución en la vida del país y, en particular, en la vida del departamento.

Solicito, señor Presidente, que la versión taquigráfica de mis palabras se haga llegar a conocimiento del Arzobispado, de la Nunciatura, de la Diócesis de Minas y de la Intendencia Municipal de Lavalleja.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Gallinal.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) CONCURRENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA A LA COMISION RESPECTIVA DEL SENADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay una moción del señor Senador Correa Freitas para que el Senado pase a rendir un homenaje a la doctora Adela Reta.

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Señor Presidente: en el día de hoy la Comisión formada en este Senado para atender la problemática del departamento de Artigas con motivo del brote aftósico va a recibir a la hora 17 y 30 al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Desde ya destaco la sensibilidad que el señor Ministro ha tenido para buscar sobre la marcha una hora para poder concurrir, pero por esa razón queremos solicitar la autorización del Cuerpo para poder sesionar y, por ende, retirarnos de Sala, sin que esto se tome como una descortesía, teniendo en cuenta que a continuación se va a realizar un homenaje a la doctora Adela Reta, al cual adherimos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el planteamiento realizado por el señor Senador Millor.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) DOCTORA ADELA RETA. Homenaje a su memoria.

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde poner a votación la moción del señor Senador Correa Freitas, en el sentido de que el Senado pase a realizar un homenaje a la doctora Adela Reta.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Tiene la palabra el señor Senador Correa Freitas.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: en la mañana de hoy recibimos la infausta, triste y dolorosa noticia del fallecimiento, en la noche de ayer, a la hora 21 y 30, de la doctora Adela Reta, quien falleció como consecuencia de un infarto cardíaco, a los 79 años de edad.

La doctora Adela Reta era una mujer con un enorme prestigio personal, por su compromiso permanente con la cultura, con el Derecho, con la vida, con los derechos humanos. Tuve el honor de conocerla allá por el año 1971, cuando fui su alumno en el curso de Derecho Penal II en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Era Catedrática de Derecho Penal, cargo al que accedió a través de un memorable concurso en el que intervino un tribunal internacional presidido por el doctor Sebastián Soler, destacado penalista argentino, y en el que la doctora Adela Reta, allá por el año 1958, demostró sus enormes dotes y cualidades intelectuales, haciendo una brillante exposición sobre la más moderna dogmática alemana, lo que llevó a que Sebastián Soler dijera una frase que todos los que hemos pasado por la Facultad de Derecho recordamos: "¡Cómo sabe esta gorda!". Y esa expresión, por su tamaño físico, por su tamaño intelectual, quedó asociada a lo que fue Adela Reta a lo largo de su vida: una mujer estudiosa, emprendedora, luchadora, con gran coraje cívico y con enorme entereza moral. Fue un referente ético y moral para toda la sociedad uruguaya.

Adela Reta ocupó algunos de los cargos más importantes de este país. Fue Ministra de la Corte Electoral y Presidenta del Consejo del Niño, donde desarrolló una tarea muy importante en favor de la niñez abandonada, tema sobre el cual la doctora siempre tuvo una posición muy firme. En efecto, los señores Senadores recordarán cuál fue su actitud cuando más de una vez se pretendió rebajar la edad de imputabilidad de los menores a 16 años. Siempre tuvo una actitud fuerte, corajuda y valiente, para defender la posición de que la mayoría de edad debía estar en los 18 años y que el problema de los menores infractores no se solucionaba con rebajar la edad de imputabilidad.

Fue Ministra de Educación y Cultura en el primer Gobierno del doctor Sanguinetti, entre 1985 y 1990, y culminó su actuación pública como Presidenta del SODRE entre 1995 y fines del año pasado.

Allí llevó adelante una obra muy importante que, lamentablemente, el destino le impidió ver terminada, como es la concreción de las obras del SODRE, de tanta importancia para la cultura uruguaya. Y aunque muchos ven en ello un gasto inútil, Adela Reta siempre indicaba la importancia de esa obra para el país y para nuestra cultura porque, desgraciadamente, las grandes orquestas filarmónicas del mundo pasan de largo por Montevideo por no contar con un salón auditorio donde poder brindar un espectáculo de esa naturaleza.

Adela Reta fue una de las penalistas más importantes de este país durante los últimos treinta años y también una mujer vinculada al teatro. Fue fundadora del teatro independiente y allí, con enorme humildad -muy característica en ella- y como su propio físico, de alguna manera, se lo imponía, se vio obligada -y lo hizo con gusto- a llevar a cabo las tareas más sencillas en el teatro. Así, todos reconocieron en ella a una mujer de teatro y de la cultura.

Fue defensora de los derechos humanos, actuando como abogada de presos políticos durante la dictadura. La veíamos transitando por Juzgados militares durante aquellos tiempos difíciles con valentía y coraje. Recuerdo una vez que la encontré en un juzgado militar de la Avenida 8 de Octubre _en ese momento, yo estaba defendiendo a un joven amigo de Paso de los Toros- estudiando un enorme expediente de la llamada Justicia Militar.

Fue una mujer profundamente comprometida con la vida y con un hondo sentido humano. También fue militante política del Partido Colorado desde sus primeras horas.

Pese a sus profundos conocimientos jurídicos, Adela Reta era una persona sencilla, respetuosa y tolerante con las ideas ajenas.

Además, Adela fue una entusiasta promotora de los derechos de la mujer en nuestro país. No podríamos decir que fue una feminista, pero sí una intensa luchadora por la igualdad y el respeto de los derechos de la mujer.

Por otra parte, vivió preocupada por la situación de los niños. Hoy veíamos cómo en el Cementerio Central, en el momento de inhumarse sus restos, uno de esos hombres que fueron niños del llamado Consejo del Niño en forma emocionada le rendía su tributo a aquella gran obra que Adela hizo por los niños, que permitió que muchos de ellos hoy sean hombres útiles a la sociedad.

La muerte de Adela Reta, sin duda, es una pérdida dolorosa para el Partido Colorado, al que ella perteneció, pero pienso que también es una pérdida para el Derecho y para la cultura. En definitiva, más allá de sus ideas políticas o de sus posturas jurídicas, el fallecimiento de Adela Reta es, sin ninguna duda, una dolorosa pérdida para el país y para la sociedad en su conjunto.

Dice Paulo Coelho que cada persona puede tener dos actitudes en su existencia: construir o plantar. Los constructores tal vez demoren años, pero un día terminan aquello que estaban haciendo. Entonces, se detienen y quedan limitados por sus propias paredes; la vida pierde sentido cuando la construcción acaba.

Los que plantan, sufren con las tempestades, las estaciones, y raramente descansan. Pero al contrario de un edificio, el jardín jamás deja de crecer, y al mismo tiempo que exige la atención del jardinero, también permite que para él la vida sea una gran aventura.

No tengo dudas de que Adela fue una mujer que plantó. Plantó la semilla de la tolerancia; plantó la semilla de la justicia; plantó, en definitiva, la semilla de la vida. Así, Adela ha pasado a ser una de esas grandes mujeres que ha tenido el Uruguay.

La doctora Adela Reta, señor Presidente -y lo digo con un convencimiento profundamente espiritual, aunque me comprendan las generales de la ley- me había declarado su ahijado y así me sentí a partir de 1985. El episodio fue el siguiente: un día me llamó al 7º piso del Edificio Libertad para decirme que era mi madrina porque ese día había sido la primera Ministra que había firmado mi designación como Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil. A partir de ese momento, acepté públicamente ese parentesco _no sé de qué manera llamarlo- político y espiritual por el cual Adela Reta fue y es mi madrina; así lo siento y así lo he dicho.

Por eso creo que Adela Reta no murió, sino que vivió, vive y vivirá en todos aquellos que luchan por la Justicia, por la tolerancia y por los derechos humanos.

Señor Presidente: solicito que el Senado rinda homenaje a la doctora Adela Reta poniéndose de pie y guardando un minuto de silencio, y que la versión taquigráfica de las palabras que se expresen en Sala sea remitida a sus familiares y al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado.

Muchas gracias.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: no voy a hacer una biografía ni una descripción de las brillantes aristas que rodearon a la doctora Adela Reta, con quien, una vida universitaria y en cierto modo de defensa de los derechos humanos, había determinado que nos uniera un grado de amistad importante del que me siento honrado.

Voy a destacar algunos episodios que, como en una rápida miscelánea, van pasando cuando uno recuerda una personalidad tan avasallante y, al mismo tiempo, tan brillante de este país, como lo fue la doctora Adela Reta.

De mi época de estudiante, recuerdo cuando me presenté a un examen de primer año de Derecho Penal -creo que en el año 1953- en una mesa presidida por el doctor Carballa, de quien la doctora Adela Reta era adjunta; el otro miembro no me interrogó en esa oportunidad. Incluso, recuerdo la pregunta que me formuló la doctora Adela Reta: el dolo eventual. Se trataba de una de esas preguntas punzantes que realizaba y estaba relacionada con el artículo 18 del Código Penal, que define el dolo, la culpa y la ultraintención. Allí está la figura del dolo eventual, creada por la Doctrina, sobre la cual la doctora Reta trabajó muy especialmente en sus clases. Me formuló la pregunta con una sonrisa, como diciendo "a ver si estudiaste", aspecto que me aclaró cuando terminó el examen.

También la recuerdo en algún congreso de Derecho, en especial uno de Derecho Comparado con Argentina, realizado en Santa Fe en el año 1960, donde estuvimos un par de semanas. Tengo presente que allí había una especie de duelo intelectual entre un profesor del Uruguay y uno de la Argentina. Personalmente, concurrí como un joven profesor que recién iniciaba mi carrera docente en Derecho Constitucional y la doctora Adela Reta ya era profesora titular de Derecho Penal. En oportunidad de su brillante exposición, se recordaron las consideraciones que Sebastián Soler había efectuado en el Uruguay cuando la doctora Adela Reta ganó el concurso para la titularidad de la Cátedra de Derecho Penal.

Recuerdo a la doctora Adela Reta como defensora de presos políticos, en una época en la que no éramos muchos los abogados que concurríamos a los juzgados militares, algunos porque consideraban que ello generaba riesgos, y así era. En los primeros tiempos, si se tenía más de cinco defensas empezaba a correr la idea de que iban a procesar al abogado por complicidad con organizaciones subversivas. Trascendía esa información, y algún empleado de los juzgados militares que no participaba tan férreamente del concepto represivo del momento, lo hacía saber como prevención. Al mismo tiempo, otros abogados _brillantes también- como Justino Jiménez de Aréchaga, no concurrían a los juzgados militares porque decían que la Justicia Militar no era Justicia, y él era abogado ante tribunales en serio. Evidentemente, la Justicia Militar no era tal en aquel momento y actuaba como un instrumento de represión. De manera que distintas motivaciones hacían que fuéramos pocos los abogados que nos encontrábamos en ese peregrinar que, más bien, era una actividad de asistencia social, porque los argumentos jurídicos obviamente no valían de mucho. En realidad, los juicios no eran procesos penales sino farsas burocráticas de papelerío, y debajo de ellos existían decisiones de la dictadura acerca de cuándo había que mandar preso o dejar en libertad a alguien.

También recuerdo la actitud de Adela Reta en oportunidad de estar intervenida la Universidad de la República, cuando destituyeron a un grupo de profesores de la Facultad de Derecho, en una tanda que fue muy grande. En ella estaban comprendidos el profesor José Arlas, la doctora Adela Reta, el doctor Aníbal Barbagelata -tres figuras excepcionales de la Facultad de Derecho- así como otras personas esforzadas en la docencia, como quien habla. En esa misma tanda, estaba incluido el doctor Grille. En momentos de la destitución presencié una escena muy emotiva. El "Decano" -dicho esto entre comillas- Interventor de la Facultad de Derecho había sido compañero de estudios de la doctora Adela Reta y de Aníbal Barbagelata; Arlas era un poco mayor. Como decía, presencié el momento en que se estaba notificando la destitución y el interventor pedía, rogaba, a Barbagelata, a Arlas y a Adela Reta, que no lo hicieran firmar una decisión de destituirlos. Ese interventor estaba muy enfermo en ese momento. Vi entonces una especie de curiosa transacción. Se conmovieron _los tres habían sido condiscípulos del interventor- y le autorizaron a que pusiera "les acepto la renuncia", aunque ellos, en el escrito de renuncia, declaraban enfáticamente que habían sido destituidos por la dictadura y que para no crearle esa situación emocional tan difícil al interventor _repito que había sido amigo de ellos desde joven- accedían a que no firmara una destitución. Repito que fue una escena muy emotiva. Mi actitud fue distinta en ese momento, pero no tenía esa carga de haber sido condiscípulo de quien rogaba que no le hicieran firmar un acta de destitución.

Más adelante tuvimos un tiempo de trabajo conjunto con la doctora Adela Reta, en un período muy apasionado y convulso del Uruguay, pero con la alegría de que habíamos salido de la dictadura. Eran momentos en que se estaba discutiendo qué se hacía con los juicios a los militares que habían violado gravemente los derechos humanos durante la dictadura, sobre lo cual, naturalmente, había distintas posturas. En una oportunidad se designó una Comisión, denominada Comisión de Juristas, integrada con un abogado por cada lema. Tuve el honor de ser designado por el entonces Presidente del Frente Amplio, General Seregni, para trabajar en ella, junto a la doctora Adela Reta como abogada Representante del Partido Colorado, el doctor Claudio Williman por el Partido Nacional y el doctor Blengio Britos por la Unión Cívica de la época. Trabajamos unos cuantos días, y puedo decir que en esa Comisión se elaboró una solución acordada por los cuatro miembros _no vale la pena mencionarla, pero no era la de caducidad-, que la doctora Adela Reta compartió, con una enorme honestidad intelectual. Reitero que se llegó a una solución que, de haber triunfado, hubiera implicado no más de veinte juicios, con garantías, es decir, con intervención de la Suprema Corte de Justicia. Se acordó mantenerla en especial reserva durante un tiempo y luego, con esa franqueza y honestidad intelectual que la caracterizaba, la doctora Reta nos comunicó que, si bien la compartía, no era aceptada por las personas, los partidos o las fuerzas que representaba. Entonces, esa solución que _creo- nos había entusiasmado a los cuatro, naufragó.

Señor Presidente: me parece que estamos frente a una personalidad excepcional del Uruguay; una personalidad en el campo del Derecho, del arte, de la cultura, y una personalidad en el campo del humanismo, para utilizar un vocablo que es un tanto impreciso pero que tiene un sentido muy profundo. No sólo defendió los Derechos Humanos como figura jurídica, sino también el Derecho de la minoridad, de la mujer, de los débiles y de los enfermos. El humanismo comprende todo eso.

Adhiero a este homenaje y presento mis condolencias al Partido Colorado -del que fue una destacadísima militante-, a sus familiares, a sus amigos y formulo moción en el sentido de complementar la propuesta del señor Senador Correa Freitas, solicitando que el texto de la versión taquigráfica de este homenaje se envíe no sólo al Partido Colorado y a sus familiares, sino también a la Universidad de la República, específicamente a la Facultad de Derecho y al Instituto de Derecho Penal.

Muchas gracias.

SEÑORA POU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA POU.- Hoy el país se despertó conociendo la noticia de la muerte de Adela Reta. En lo personal, quiero decir que cada vez que uno toma conocimiento de la muerte de un ser excepcional, en general trata de estudiar, de hacer un poco de arqueología en la propia vida y ver qué contactos existieron, qué nos dejó, qué intercambios de opiniones y experiencias pudimos haber tenido.

Al igual que todos los integrantes de esta Cámara, conocemos lo que fue la labor académica y de jurista de Adela Reta, por lo cual no vamos a abundar en ello porque ya lo han hecho magníficamente quienes nos precedieron en el uso de la palabra. En cambio, nos ha gustado más hurgar en esa otra faceta amable -quizás más fácilmente compartible por su contenido- que tuvo la vida de esta mujer excepcional.

Compartíamos una francofilia con Adela Reta. Cuando nos encontrábamos _no era muy a menudo- nos gustaba cruzar algunas palabras en francés. Ella había sido educada en el Liceo Francés y había dirigido una revista literaria denominada "Latitud 35" en dicho instituto, de alguna manera, convergiendo sus pasiones: el francés, que tanto le daba, y su faceta literaria. Al respecto, no podemos olvidarnos de que fue adscripta en la Cátedra de Literatura y ejerció la docencia de dicha materia en el Bachillerato Nacional y en el Liceo Francés, lo que implica, más que el conocimiento de la lengua francesa, el conocimiento de esa literatura que, por francesa, es universal; pero, además, sabiendo captar el espíritu que esa lengua y esa literatura entrañan, que solamente conociéndolo en su propia lengua luego se puede transmitir, cosa que ella hacía magníficamente.

Todo esto le valió el reconocimiento del Gobierno francés con las Palmas Académicas, que no es generoso a la hora de otorgarlo, sino que, por el contrario, está muy seguro hacia dónde apunta y de qué reconocimiento tienen en su propio país las personas a las que se les conceden estas distinciones.

Entonces, seguimos acumulando esas facetas tan compartibles de esta mujer excepcional que, como bien dijo el señor Senador Correa Freitas, no era feminista, a lo cual agrego que no necesitaba serlo porque los seres excepcionales no tienen que recurrir a la variable género ya que su peso, por sí mismo, les está marcando una situación de privilegio y nada les impide llegar porque todo tienen para así hacerlo.

Adela Reta fue fundadora del Teatro Universitario del Uruguay -esta es otra de las facetas que también se mencionaron- que tanto disfrutaba y, a su vez, comentaba.

No sé si a los señores Senadores les sucede lo mismo que me ocurre a mí. Cuando leo la historia de estas vidas de casi ochenta años, como es el caso de Adela Reta, pienso: ¡Esta mujer tenía tiempo para todo! Las horas del día para Adela Reta eran como más concentradas y más largas que para el resto de la gente. Esta actividad en el Teatro Universitario la combinaba con la del Consultorio Jurídico gratuito del Centro de Estudiantes de Derecho, el cual dirigió, y con la de profesora fundadora de la Escuela de Servicio Social, dictando clases de Recursos de la Comunidad, Legislación de Menores y Criminología. Por supuesto, por otro rumbo también estaba la Cátedra de Derecho Penal, pero vuelve a darse tiempo para presidir el Movimiento Gustavo A. Volpe y crear el Servicio de Libertad Vigilada. Además actuaba en el Patronato de Encausados y Liberados y en el Asesoramiento del Instituto de Criminología.

Cuando fue designada como integrante de la Comisión de Teatros Municipales sabemos, por gente que compartió esa Comisión, lo destacado e incansable de su actividad.

Es por esto, señor Presidente, que en nombre de la Bancada del Partido Nacional, así como cuando rendimos homenaje con motivo de otra muerte también muy significativa para el país, queremos volver a dejar nuestro pensamiento frente al episodio de la muerte, más allá de la visión cristiana que tenemos, en el sentido de que creemos que la vida no se termina acá, sino que debe haber alguna hoja en donde los créditos están anotados y deben de valer mucho. Cuando suceden estos episodios del corte de la vida física, siempre sostenemos que la gente deja en este mundo lo que tiene y se lleva lo que dio. Este es otro caso de un equipaje, no digo pesado, porque en el más allá no debe haber sensación de peso, pero sí de abultado, de pleno.

Para nosotros, vidas como ésta significan mojones, faros iluminados que nos están diciendo cosas, sobre todo viniendo estas enseñanzas de la vida de una mujer que vivió en un mundo todavía altamente masculinizado y que, gracias a su trabajo y a sus condiciones excepcionales, unidas a su voluntad, pudo abrirse camino.

Como Senadora del Partido Nacional quiero expresar nuestras condolencias al Partido Colorado y creo que también deben extenderse a todo el país. Adhiero a la moción presentada por los señores Senadores para que la versión taquigráfica de este homenaje se pasen no solamente a quienes ellos solicitaron, sino también a sus familiares.

SEÑOR MALLADOTE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLADOTE.- Deseamos sumarnos a este homenaje y hacer llegar nuestras palabras de condolencias al Partido Colorado y también señalar que la figura de la doctora Adela Reta trasciende a su Partido. En ese sentido, sería mezquino cerrarla al ámbito de un solo partido ya que sus méritos, sin duda, la elevaron a una estatura nacional. Es obvio que no me voy a referir, como lo hicieron antes algunos señores Senadores, al conocimiento personal que tuvieron con ella, porque no lo tuve. Sí quiero circunscribirme a dos aspectos que me parece que son medulares, desde nuestro punto de vista y de nuestra formación humanista. Me refiero a su aplicación del Derecho en defensa de los derechos humanos y a su trabajo en el ámbito de la cultura. Creo que la doctora Reta en ambos campos deja un legado muy grande para lo que van a ser las generaciones futuras, desde el Consejo del Niño, el Ministerio de Educación y Cultura y desde el ámbito del SODRE, así como también en aquel trabajo anónimo _que también fue destacado aquí- que realizó a través de los mostradores de los Juzgados.

Muchas veces escuchamos una frase que siempre nos parece aplicable para el caso de personas que trascienden la frontera de la vida y que dice: "Un homenaje, mucho más que recuerdo, debe ser compromiso." Creo que en este momento, para quienes integramos este órgano y para todas aquellas personas que trabajan en el ámbito del Derecho y de la cultura, el mejor homenaje a la doctora Reta es asumir el compromiso y de alguna forma seguir su senda para que su trabajo sea permanente.

En nombre de nuestro Partido, el Nuevo Espacio, hacemos llegar nuestras condolencias al Partido Colorado y nos sumamos a las mociones presentadas por los señores Senadores que nos precedieron en el uso de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por los señores Senadores Korzeniak y Correa Freitas.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Mesa invita al Senado y a la Barra a ponerse de pie y a hacer un minuto de silencio.

(Así se hace)

12) NUMERALES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DEL ORDEN DEL DIA. Postergación.

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día.

Ha llegado a la Mesa una moción de algunos señores Senadores coordinadores de bancadas para postergar la consideración de los asuntos que figuran en 1º, 2º y 3º término del orden del día.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 24. Afirmativa.

13) EFECTIVOS DEL EJERCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA REALIZAN UN EJERCICIO BILATERAL CON PERSONAL DE NUESTRAS FUERZAS ARMADAS ENTRE EL 7 DE MAYO Y EL 18 DE JUNIO DE 2001

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se autoriza el ingreso al país de efectivos del Ejército de Estados Unidos de América para realizar un ejercicio bilateral con personal de nuestras Fuerzas Armadas (Carp. Nº 380/01 _ Rep. Nº 189/01)"

(Antecedentes:)

«Carp. Nº 380/01
Rep. Nº 189/01

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Defensa Nacional
Ministerio del Interior
Ministerio de
Relaciones Exteriores

Montevideo, 12 de enero de 2001

Señor Presidente de la Asamblea General

Don Luis Hierro López

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a su consideración el presente Proyecto de Ley, acorde a lo preceptuado por el numeral 7) del artículo 168 de la Constitución de la República, a efectos que ese Cuerpo conceda la autorización a que refiere el numeral 11) del artículo 85 de la Constitución de la República, para el ingreso a nuestro país de efectivos del Ejército de los Estados Unidos de América, a efectos de realizar un entrenamiento conjunto con el Batallón de Infantería Paracaidista Nro. 14 de nuestro Ejército, a llevarse a cabo entre el 7 de mayo y el 18 de junio del año 2001.

El objetivo del mencionado entrenamiento, es el intercambio de experiencias al mismo tiempo que el fortalecimiento de los lazos de confraternidad entre ambas Fuerzas Armadas.

Debe tenerse presente que se han realizado con anterioridad ejercicios similares, obteniéndose grandes ventajas en lo que se refiere al entrenamiento de instructores en las últimas técnicas correspondientes a operaciones de campo (paracaidismo y despliegue táctico aerotransportado), incrementándose nuestra capacitación y niveles de seguridad, actualizándose asimismo en el rescate de rehenes.

El Ejercicio Bilateral planificado, consiste en operaciones de campo que incluyen paracaidismo y despliegue táctico aerotransportado con dos aviones MC-130.- El material de instrucción, así como el apoyo aéreo para paracaidismo, será proporcionado por el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos de América.

Por los motivos expuestos, se solicita a ese Cuerpo la consideración del adjunto Proyecto de Ley, cuya aprobación se encarece.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Luis Brezzo, Daniel Borelli, Roberto Yavarone, Guillermo Valles.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Autorízase el ingreso al territorio nacional de 15 efectivos pertenecientes a una Unidad de Infantería Ligera del Ejército de los Estados Unidos de América, portando su armamento individual, material de instrucción y apoyo aéreo para paracaidismo, transportado en dos aviones MC-130, a efectos de realizar un Ejercicio Bilateral con Personal de nuestras Fuerzas Armadas, entre el 7 de mayo y el 18 de junio del año 2001.

Artículo 2º. - Comuníquese, publíquese y oportunamente archívese.

Luis Brezzo, Daniel Borelli, Roberto Yavarone, Guillermo Valles.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR FAU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FAU.- La Comisión de Defensa Nacional informa este proyecto de ley oportunamente remitido por el Poder Ejecutivo para dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales del artículo 168, numeral 7), y 85, numeral 11), mediante el cual se autoriza el ingreso al país de efectivos del Ejército de los Estados Unidos de América para participar en un entrenamiento conjunto con efectivos militares uruguayos, en este caso, pertenecientes al Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14 del Ejército Nacional.

De acuerdo a lo que se ha proyectado, estos operativos conjuntos se van a realizar entre el 7 de mayo y 18 de junio de este año, y tienen como objetivo esencial intercambiar experiencias entre regimientos de ambos Ejércitos, el norteamericano y el uruguayo. Al mismo tiempo, el trabajo profesional conjunto de estos efectivos contribuye, sin duda, al fortalecimiento de los lazos de confraternidad que reiteradamente expresan efectivos armados de Uruguay y de los Estados Unidos de América.

No es ésta la primera vez que estos ejercicios se llevan a cabo. El Parlamento en otras oportunidades también ha debido pronunciarse sobre diferentes proyectos de ley para que efectivos de esta naturaleza ingresaran al país a efectos de poder desarrollar estos ejercicios. Los que se han cumplido hasta el momento _de acuerdo a los informes provenientes del Ejército Nacional- han ofrecido marcadas y notorias ventajas en lo que tiene que ver con el entrenamiento de instructores en lo que pueden ser las últimas técnicas que corresponden a operaciones propias de los efectivos militares que lo van a llevar a cabo y que tienen que ver con el campo del paracaidismo y el despliegue táctico aerotransportado, tal como se expresa textualmente en el Mensaje. Esto ha permitido, y permitirá en esta oportunidad, incrementar la capacitación y los niveles de seguridad, así como también _creo que este es un elemento importante y relevante- la posibilidad de actualizar los conocimientos profesionales de los cuadros especializados del Ejército en lo que tiene que ver con la eventualidad del rescate de rehenes. Este último es un fenómeno que la comunidad internacional viene registrando con mayor frecuencia de la que se desearía, y para ello, los ejércitos del mundo y los institutos de seguridad con que los estados cuentan, también van formando y capacitando equipos especializados que actúen en estas circunstancias tan dramáticas.

Este ejercicio bilateral _en este caso se realizará exclusivamente con la presencia del Ejército de los Estados Unidos a través de los efectivos que ingresarán al país si el Parlamento así lo aconseja, junto a efectivos uruguayos- ha sido planificado y consiste en operaciones de campo que incluyen no sólo paracaidismo, sino también despliegue táctico aerotransportado con dos aviones de las características de los DC-130. Asimismo, el material de instrucción, o sea, el que se va a utilizar en este operativo conjunto norteamericano-uruguayo, así como el apoyo aéreo para las operaciones de paracaidismo, va a ser proporcionado por el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos de América, cuyo Comandante en Jefe visitó hace muy pocos días el Uruguay. En esa oportunidad, la Comisión de Defensa Nacional que hoy aconseja este proyecto en su calidad de asesora del Cuerpo, tuvo la posibilidad de recibir e intercambiar algunas impresiones y reflexiones con este joven General de la más alta graduación de los Estados Unidos y pudimos apreciar las dotes profesionales que lo caracterizaban.

Estos son, señor Presidente, los informes que la Comisión de Defensa Nacional aporta al Senado de la República, en función de los cuales -y como surge de los mismos- solicita del Cuerpo la oportunidad, en cuanto procede su conveniencia, de aprobar el proyecto de ley que en mandato de la Constitución el Poder Ejecutivo remite para que se habilite el ingreso de estos efectivos extranjeros al territorio nacional, a efectos de poder cumplir estos operativos que tanto contribuyen al profesionalismo, la destreza y la capacitación de estas especialidades del Ejército uruguayo.

Era cuanto tenía para informar.

SEÑOR ABELENDA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABELENDA.- Muy brevemente, señor Presidente, quiero informar que nosotros no vamos a acompañar, en esta ocasión, este proyecto de ley. El mismo responde a una iniciativa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, el que envió por nota la proposición de este ejercicio en setiembre de 2000.

Reconocemos que esto fue estudiado en profundidad a nivel del Estado Mayor del Ejército _hay un informe que así lo acredita-, así como a nivel jurídico dentro de las Fuerzas Armadas. También reconocemos que si bien este informe vino con tiempo a la Comisión correspondiente, lamentablemente estábamos bastante sobrecargados en tareas vinculadas con una serie de temas que priorizamos, entre ellos, el estudio de los 66 ascensos que están planteados en el orden del día de esta sesión. En consecuencia, no tuvimos tiempo para solicitar el ampliar la información ni para deliberar en profundidad el tema en nuestra bancada.

Independientemente de todo esto, tenemos un informe de la Comisión de Defensa de nuestra fuerza política que nos aconseja no acompañar la realización de este ejercicio y, de alguna manera, también pesaron en nosotros, en el momento de la votación, ciertas preocupaciones sobre algunas actitudes de la nueva administración estadounidense en el momento actual.

Por estas razones es que señalamos que en esta ocasión no acompañamos la realización de este ejercicio.

Muchas gracias.

SEÑOR FAU.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FAU.- Oportunamente el Cuerpo autorizó a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca a reunirse, a los efectos de poder recibir al señor Ministro, respecto a obligaciones muy importantes. Sin embargo, éstas no lo son menos. A esos efectos, tal vez podría solicitarse a dicha Comisión que hiciera un breve intermedio para que sus integrantes pudieran concurrir a este ámbito a efectos de participar de la votación de este proyecto de ley. Sería bueno que así como el Senado tuvo tiempo para discutirlo, también lo tenga la Cámara de Representantes. De esta forma incorporamos una práctica de estudiar las cosas sin precipitación.

Sería conveniente que la Comisión pudiera suspender momentáneamente su sesión, a efectos de poder dar o no aprobación a este proyecto de ley, con la presencia de todos los señores Senadores.

SEÑOR PRESIDENTE.- Otra posibilidad que sugiere la Mesa es postergar la consideración de este proyecto de ley y avanzar en el subsiguiente, hasta que termine la sesión de la Comisión.

SEÑOR FAU.- Habría que informar al señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca que lo estaremos llamando en su momento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la postergación de la consideración del numeral cuarto del orden del día hasta que el Cuerpo se integre con los Senadores que forman parte de la Comisión Especial que trata el tema sobre la situación del departamento de Artigas.

(Se vota:)

- 17 en 19. Afirmativa.

14) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se establecen plazos para la contestación de los pedidos de informes cursados a solicitud de los señores Legisladores. (Carp.Nº 242/00 _ Rep. Nº 194/01)."

(Antecedentes:)

«Carp.Nº 242/00
Rep. Nº 194/01

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Constitución y Legislación

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Constitución y Legislación eleva a consideración del Cuerpo el adjunto proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, y por la unanimidad de miembros de la Comisión, en virtud del cual se reglamenta el artículo 118 de la Constitución de la República referido a la solicitud de datos e informes realizados por los Legisladores a los Ministros de Estado, Suprema Corte de Justicia, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas, Oficina del Servicio Civil y Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

El referido artículo adquirió rango constitucional en la reforma a la Carta Magna del año 1918, y pese a que sendos proyectos de ley fueron presentados en distintas legislaturas con el propósito de reglamentarlo, llegando incluso alguno de ellos a lograr media sanción, ninguno alcanzó aprobación definitiva.

El instituto del pedido de datos e informes es un instrumento de singular valor para el desarrollo de las facultades y competencias del Legislador, tanto en la que refiere a su actividad legislativa propiamente dicha como a las de contralor de la gestión del Estado que se le asignan por la Constitución de la República; su correcta reglamentación conforme al mandato constitucional, ha de contribuir al normal y eficaz ejercicio del mismo.

El origen del artículo 118 y el porqué de su incorporación a la Constitución de la República, arroja luz sobre el alcance del mismo y la instrumentación que se le pretende dar por el presente proyecto de ley. El proceso de reforma de la Constitución de 1830 iniciado a través de la convocatoria de la Convención Nacional Constituyente del año 1916, culminó con un conjunto de reformas singulares al sistema político e institucional vigente de indudable trascendencia desde el momento que se colegializa la autoridad ejecutiva, se establece la descentralización funcional y regional del país, se tipifica por vez primera el voto secreto y la representación constitucional, proporcional primero e integral luego.

Todas modificaciones importantes que tuvieron una arista señalada al establecer una nueva forma de relacionamiento del Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo, cuyas características más destacadas fueron la posibilidad del llamado a Sala de los Ministros de Estado por un tercio de los integrantes de cada una de las Cámaras, y la facultad de los Legisladores de realizar pedidos de informes con fines legislativos, de inspección o de legislación, tal como se denominaba en la redacción de aquella Constitución de 1918.

Se trata pues de un elemento que hace a la esencia de la actividad parlamentaria, más allá de la condición de oficialista o no del Legislador solicitante, que a través de la presente reglamentación se pretende jerarquizar.

Los artículos primero y segundo del proyecto establecen un plazo de cuarenta y cinco días hábiles para la remisión de las respuestas a los pedidos de datos e informes, y habilitan la posibilidad de extender en treinta días hábiles dicho plazo para el caso que la información solicitada resultase particularmente compleja, en cuyo caso el plazo del que dispone el `organismo requerido' para dar cumplimiento al pedido alcanza los setenta y cinco días hábiles.

Por el artículo tercero se habilita al Legislador a reiterar el pedido a través de la Cámara a la que pertenece, `estándose a lo que ésta resuelva' tal como lo establece el texto constitucional. Por el inciso segundo de dicho artículo, para el caso que la Cámara hiciera suyo el pedido se habilita un nuevo plazo de treinta días hábiles para remitir respuesta.

Si la Cámara hiciere suyo el pedido de datos e informes y aún en esa circunstancia la respuesta no fuera remitida dentro del plazo establecido en el artículo tercero, el artículo cuarto establece la posibilidad del ejercicio de las facultades establecidas en los artículos 119 y 121 de la Constitución, que refieren al llamado a Sala de los Ministros de Estado y a la posibilidad de efectuar declaraciones por la Cámara, respectivamente.

El artículo quinto previene la hipótesis en que el organismo requerido pretenda, invocando reserva o secreto, no confiar a la difusión del trámite administrativo los datos e informes solicitados. Se trata de una norma pensada en favor del Legislador solicitante, de cuya redacción se infiere que ninguna información le está vedada y que aquella cuya difusión pública pudiera causar algún perjuicio, le sea entregada con la reserva del caso.

Por el artículo sexto se establecen distintos procedimientos para el cómputo de los plazos referidos en el proyecto de ley, mientras en el artículo séptimo y último se define la forma en que los mismos serán computados para aquellos pedidos realizados a partir del 15 de febrero de 2000 hasta la promulgación del proyecto de ley en trámite.

En definitiva esta Comisión se permite sugerir a la Cámara de Senadores la aprobación del proyecto adjunto surgido de un consenso que nuclea a todos los sectores parlamentarios, y que tiene como propósito otorgarle al Parlamento Nacional y a sus miembros, una herramienta más para el fiel cumplimiento de sus obligaciones.

Sala de la Comisión, el 20 de marzo de 2001

Francisco Gallinal (Miembro Informante), Ruben Correa Freitas, Yamandú Fau, Guillermo García Costa, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Manuel Núñez. Senadores.

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Establécese que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, los Ministros de Estado, la Suprema Corte de Justicia, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas y los organismos a que refiere el artículo 17 de la Ley Nº 16.134, de 24 de setiembre de 1990 (Oficina Nacional del Servicio Civil y Oficina de Planeamiento y Presupuesto) dispondrán de un plazo de cuarenta y cinco días hábiles para remitir los datos e informes solicitados por los Legisladores conforme a las facultades que les otorgan dichos artículos.

Artículo 2º. - Si por la complejidad de la información solicitada no fuera posible remitirla en el plazo referido en el artículo 1º de la presente ley, antes de su vencimiento, se deberá enviar al Presidente de la Cámara que corresponda, con destino al Legislador solicitante, informe circunstanciado sobre las causas que impiden la remisión en plazo.

A partir del vencimiento del plazo referido en el artículo 1º de la presente ley, el organismo requerido dispondrá de un plazo de treinta días hábiles, para dar cumplimiento al pedido.

Artículo 3º. - Vencidos los plazos establecidos en los artículos 1º o 2º de la presente ley, en su caso, sin que el organismo requerido haya remitido la información solicitada, el Legislador podrá pedirlos por intermedio de la Cámara a la que pertenece, estándose a lo que ésta resuelva.

Si la Cámara correspondiente hiciera suyo el pedido, el organismo requerido dispondrá de treinta días hábiles para remitir respuesta.

Artículo 4º. - El vencimiento del plazo establecido por el inciso segundo del artículo 3º de la presente ley, sin que el organismo requerido evacuare la información solicitada, podrá dar lugar al ejercicio de las facultades establecidas en los artículos 119 y 121 de la Constitución de la República.

Artículo 5º. - Cuando el organismo al que se solicitare datos e informes estimare pertinente no confiarlos a la difusión del trámite administrativo, los dará al interesado en forma confidencial, por la vía más adecuada a tal propósito.

Artículo 6º. - Los plazos establecidos en la presente ley se computarán a partir del día siguiente al que el o los organismos referidos en el artículo 1º de la presente ley reciban la solicitud correspondiente.

La prórroga establecida en el artículo 2º de la presente ley se computará a partir del día siguiente al que el Presidente de la Cámara que corresponda reciba el informe circunstanciado a que refiere dicho artículo.

Artículo 7º. - En los pedidos de informes solicitados a partir del 15 de febrero de 2000 y no contestados a la promulgación de la presente ley, los plazos referidos en los artículos anteriores se computarán a partir de ésta.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 2 de agosto de 2000.

Washington Abdala Presidente
Horacio D. Catalurda Secretario»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: la Comisión de Constitución y Legislación de esta Cámara trae a consideración del Senado de la República el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes y aprobado sin modificaciones y por unanimidad de los miembros de la Comisión de Constitución y Legislación, en virtud del cual se reglamenta el artículo 118 de la Constitución de la República que refiere a los pedidos de datos e informes que realizan las señoras y los señores Legisladores.

Esto está vinculado a una de las tareas más importantes que junto con la de legislar desarrolla el Parlamento Nacional, o sea, la de contralor de la actividad que realizan el Poder Ejecutivo, los Ministros de Estado y los distintos organismos que conforman la estructura institucional de nuestro país.

Este proyecto de ley que hoy traemos a consideración -justo es reconocerlo- tuvo como base de estudio uno presentado en esta Legislatura por el Nuevo Espacio. En ocasión de mi integración a la Cámara de Representantes, tuve oportunidad de discutir y de participar en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración en la redacción de esta propuesta, que es producto de un acuerdo realizado entre todos los sectores políticos con representación parlamentaria. En consecuencia, supone mutuas y recíprocas concesiones que se realizaron por parte de los distintos sectores, con el propósito de llegar finalmente y después de 83 años a un texto que reglamentara un artículo tan importante de la Constitución, que en su propia redacción mandata al Legislador a la reglamentación que hoy estamos discutiendo. Seguramente, no es la redacción ideal ni la que conforme en todas sus intenciones y dimensiones a las aspiraciones de los distintos Legisladores que conformamos la Comisión de Constitución y Legislación, pero es un paso significativo. Tan es así que, como señalaba al comienzo, después de 83 años de aprobada la Constitución de 1918 -en la que por primera vez se introduce esta disposición- estamos reglamentando este artículo.

La historia de esta disposición está vinculada a la historia del país de los dos siglos pasados. Está relacionada a la historia de la reforma constitucional del año 1918, que comienza con una Convención Nacional Constituyente, convocada en el año 1916, elegida, por primera vez en la historia del país, con voto secreto y representación proporcional integral. Esta Convención Nacional Constituyente dio forma a esta nueva Carta y tras un plebiscito realizado en 1918, la nueva Constitución empezó a tener vigencia el 1º de marzo de 1919.

Comprenderán las señoras y los señores Legisladores la importancia que para la colectividad política que represento tiene esa Convención Nacional Constituyente de 1916. Es allí donde nuestro Partido Nacional logra introducir en la vida política del país y en sus sistemas institucionales, un conjunto de conceptos, de preceptos y de principios que se habían defendido, incluso, a través de la revolución. También es verdad que aquella Convención Nacional Constituyente de 1916, convocada por elecciones populares -quizás sea, en buena medida, la explicación de las reformas que se propiciaron- nucleó en su mayoría a representantes de la oposición al gobierno de turno. Quiere decir que estuvo allí latente, en la concepción de los Constituyentes de 1916 -repito, mayoritariamente opositores al régimen de turno- una visualización del relacionamiento entre los distintos Poderes del Estado distinta a la que se había venido practicando desde 1830 hasta ese entonces, a tal punto que se sustituye en esa Carta un régimen presidencialista.

La Constitución de 1918 tenía como caracteres diferenciales y salientes la colegialización en la organización de la autoridad ejecutiva -parcial en lo nacional e integral en lo municipal- la descentralización funcional y regional, la tipificación del régimen de garantías de la libertad electoral -como el voto secreto y la representación proporcional- y la coparticipación de los partidos políticos en el ejercicio del gobierno, todos ellos postulados muy caros a la actividad política de la época desplegada por nuestra colectividad. Entonces, el Poder Ejecutivo se abría en dos órganos: Presidencia de la República, unipersonal, y Consejo Nacional de Administración, pluripersonal. A su vez, se introducían allí conceptos de descentralización administrativa que ya figuraban en la labor legislativa previa, pero que no tenían jerarquía constitucional. Es allí donde aparece en la Constitución de la República que los diversos servicios que constituyen el dominio industrial del Estado, la instrucción superior, primaria y secundaria, la asistencia y la higiene públicas serán administrados por Consejos autónomos.

Respecto al tema que hoy estamos tratando, lo más saliente son las modificaciones que se refieren al Poder Legislativo, que se relacionan con sus facultades y, básicamente, con las potestades de las Cámaras para controlar la actividad del Poder Ejecutivo o del poder administrador. Al respecto, se facilita el hoy denominado proceso de interpelación a los Ministros o Secretarios de Estado, al disminuirse a un tercio el quórum o las mayorías necesarios para la convocatoria a Sala a un Ministro, con el propósito de pedirle y recibir los informes que se estimare convenientes. A su vez, se establece la posibilidad para las Cámaras de conformar Comisiones Investigadoras. Finalmente, se atribuye a los Legisladores la facultad individual de pedir los datos e informes que estimen convenientes.

Quiere decir que bajo esa filosofía, instaurando un nuevo sistema de relacionamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, atribuyéndole nuevas facultades a este último y estableciendo la posibilidad de un mayor contralor del Parlamento sobre el poder administrador, surge esta Constitución del año 1918 y este artículo que hoy estamos estudiando.

Desde entonces hasta hoy, se presentó un conjunto muy importante de proyectos de ley con el propósito de reglamentar esta norma constitucional. El primero de ellos fue en 1948 por parte del señor Representante Nacional Salvador García Pintos. En el año 1956 lo hizo el entonces señor Representante Dardo Ortiz. En 1963 los señores Representantes Zelmar Michelini, Aquiles Lanza, Hugo Batalla, Enrique Martínez Moreno, Alberto Roselli y Julio Da Rosa presentaron un proyecto con el mismo propósito. En el año 1967 los señores Legisladores Enrique Beltrán, Guillermo García Costa, Alembert Vaz, Julio Arocena, Ariel de la Sierra, Alfonso Requiterena, Jorge Larrañaga y Juan José Avellanal propusieron un proyecto análogo al que hoy estamos tratando. En la Exposición de Motivos, entre otras cosas, se indica que "el derecho del Legislador a solicitar informes a los señores Ministros de Estado figuraba ya en el artículo 49 de la Constitución de 1918. Desde entonces nació la necesidad de fijar un plazo determinado para que sea debidamente contestada la consulta que el Legislador entienda oportuno hacer, a fin de cumplir sus cometidos. Resulta evidente que tan improductivo como no contar con la información necesaria, es obtenerla tardíamente". En 1985, los señores Representantes Fuentes y Pita también presentaron un proyecto similar, que obtuvo media sanción en la Cámara de Representantes y cuyo tratamiento quedó luego archivado en la Cámara de Senadores.

Como señalaba al comienzo, ahora estamos verdaderamente cerca de transformar en ley esta reglamentación. Aclaro que llego a esta circunstancia pensando no como un Legislador de la oposición -si nos remitimos a una definición terminante del concepto, obviamente, en esta coyuntura política no lo soy- y reconociendo que la norma que inspira a la Constitución de la República fue propiciada por Legisladores que militaban en la oposición. En tal sentido, cabe recordar que sí era mayoritaria la composición de aquella Convención Nacional Constituyente, en lo que se refiere a los Legisladores o Constituyentes convencionales, dado que no pertenecían al Gobierno.

Es significativo señalar que todos estos proyectos de ley a los que he hecho referencia -no menos de siete, presentados en el transcurso de las últimas décadas por distintos Legisladores y sectores políticos- fueron presentados por Legisladores que no pertenecían al Partido de Gobierno; siempre integraron la oposición. Esto nos da una idea bastante clara de lo difícil que resulta conseguir las mayorías necesarias para legislar en esta materia. Más difícil es aún lograr -como se hizo en principio- que todos los sectores políticos respalden hoy una iniciativa de estas características. Seguramente, como consecuencia de la transacción, se atenuarán los alcances de la reglamentación. Dichos alcances, sin duda, están precedidos de un concepto que demuestra que cualquiera de los Partidos Políticos que tienen representación parlamentaria está en condiciones de alcanzar el Gobierno Nacional. Nuestra responsabilidad al momento de legislar no debe circunscribirse a aprobar un proyecto de ley por el solo hecho de ser opositor, sino también pensando en que, eventualmente -lo digo con un optimismo racional de nuestra parte- en cualquier momento nos puede tocar la responsabilidad de ejercer el Gobierno.

En consecuencia, queremos que exista una reglamentación que sea válida, eficaz y efectiva para los Legisladores que integran uno u otro sector de la vida política nacional. Es bueno contar con una ley que reglamente los pedidos de informes y que su aprobación cuente con el respaldo y el consenso de todos los sectores políticos.

Con ese mismo criterio, tuve una participación protagónica en la nueva reglamentación del proyecto de ley de referéndum aprobado en el transcurso de esta Legislatura. Más aun, en aquella Comisión de Constitución de la Cámara de Representantes, coordinamos y consensuamos conjuntamente el proyecto de ley por el que se reglamentan los pedidos de informes y el procedimiento para recurrir una ley. Somos conscientes de que mañana nos puede tocar ser Gobierno o que, quizás, sean otros los que tengan esa oportunidad y nosotros seamos los que tengamos la intención de promover un recurso de referéndum contra una ley. En consecuencia, era necesario establecer mecanismos sensatos y racionales que permitieran que la ciudadanía, en su conjunto, se expresara sobre una norma cuestionada. A su vez, quisimos que eso no fuera producto de minorías tan singulares como las que se establecían en el proyecto anterior.

Ese mismo espíritu es el que hoy nos lleva a respaldar una iniciativa de estas características. Como decía, no es el proyecto ideal. Además, no establece ni define qué se entiende por debida respuesta a un pedido de informes. Por tanto, en cuanto a la aplicación del mecanismo que aquí se establece, el jerarca puede perfectamente salvar su responsabilidad brindando la respuesta que estime conveniente. Aquí no se tiene en consideración, a los efectos de la aplicación de este sistema, si el Legislador se da por satisfecho o no con la respuesta. Es suficiente, se da por cumplido con que se responda; después, el Legislador podrá hacer un nuevo pedido de informes para completar aún más los datos que está solicitando.

Pero por sobre todas las cosas -y creo que en esto estamos de acuerdo- la respuesta a estos pedidos siempre depende de la buena voluntad que ponga el requerido para contestarlos. En estos últimos tiempos, tenemos muchos ejemplos acerca de la buena o mala voluntad. Incluso, ayer, tuvimos oportunidad de discutir en profundidad una de esas respuestas en las que no se puso, no digo mala, sino la más mínima voluntad. Sinceramente, creo que el Directorio del organismo requerido, al momento de brindar la contestación, no prestó debida atención al contenido que la misma traía desde las oficinas técnicas. De otra manera, no se explica que haya aceptado dar trámite a una respuesta de esas características.

No obstante, he tenido oportunidad de comprobar la buena disposición de varios jerarcas de Estado pertenecientes a las más distintas colectividades. Hay jerarcas, Ministros, organismos autónomos o descentralizados que, a pocos días de recibir un pedido de informes, se comunican directamente con el Legislador solicitante para darle una primera aproximación de respuesta al requerimiento. También existen organismos del Estado que han convocado, inmediatamente de recibir un pedido de informes, al propio Legislador solicitante a comparecer ante el organismo, a fin de explicarle acabadamente todas y cada una de las particularidades de la información que allí se está solicitando.

Quiere decir que la buena voluntad del jerarca de turno es muy importante para, no solamente dar debida respuesta a lo que se pueda estar preguntando, sino también para mantener un cordial y normal relacionamiento entre los distintos Poderes del Estado.

Asimismo, es importante la buena voluntad del Legislador que solicita los informes, porque no toda información tiene la misma envergadura y, además, porque quienes han tenido la oportunidad de ejercer cargos ejecutivos saben muy bien -sobre todo en algunos organismos del Estado en particular, o en algunas épocas o circunstancias- que a veces no sólo los pedidos de informes son muy numerosos, sino muy extensos e inquisitorios. Está bien que así sea pero, en muchas oportunidades, significa disponer de recursos humanos y de un tiempo muy importante para poder dar respuesta seria y formal a lo que se está preguntando. Y eso muchas veces puede distraer la atención o el trabajo eficiente que cada organismo está obligado a desempeñar. De allí que también resulta importante en este tema de los pedidos de informes, la voluntad de las dos partes al momento de solicitarlos. Esto está directamente vinculado también a lo que discutíamos ayer sobre si hay algunos aspectos de la vida institucional que puedan ser secretos, reservados, confidenciales o estar vedados al conocimiento del Parlamento Nacional. Creo que se puede sostener, como principio general, que ninguna información le está vedada al conocimiento del Parlamento, que no existen temas secretos, que pueden sí existir temas reservados o confidenciales, que en determinadas circunstancias puede admitirse que no se conteste en toda su dimensión un pedido de informes porque se podría exponer públicamente una estrategia de un organismo del Estado, porque esta exposición pública podría lesionar el derecho individual de algún ciudadano o de un conjunto de personas, o porque en alguna circunstancia pudiera ser de recibo que el secreto bancario resulte un impedimento para responder.

También va en la responsabilidad del Legislador saber qué se puede preguntar y qué es lo que no corresponde preguntar. Pero todos estos casos se resuelven, a mi juicio, con la buena voluntad que una y otra parte pongan al momento de tener dudas de estas características. Por si acaso fuera necesario -creo que hace bien el proyecto de ley en introducirse en la cuestión- aquí también se regula el tema, puesto que en el artículo 5º, como señalaba ayer, se establece una norma que directamente refiere a todo esto. Concretamente, dice: "Cuando el organismo al que se solicitare datos e informes estimare pertinente no confiarlos a la difusión del trámite administrativo, los dará al interesado en forma confidencial, por la vía más adecuada a tal propósito". Diría que el espíritu que anima la redacción de un artículo de estas características -artículo que se recoge, no solamente en el proyecto de ley presentado en el correr de esta Legislatura, sino también en varios de los presentados en los últimos 60 años- es marcar muy claramente que no hay información que esté vedada al conocimiento del Legislador y que, si acaso, alguna tuviera cierta dificultad peculiar, o por consecuencia de su exposición pública, significara la posibilidad de generar algún daño, se arbitrarán los mecanismos de confidencialidad necesarios, por la vía que se estime más adecuada, para que el Legislador reciba esa información y no tenga la trascendencia pública que pudiera terminar convirtiéndose en un daño eventual o concreto.

En términos generales el proyecto establece plazos por demás extensos: 45 días hábiles para los Ministros de Estado, la Suprema Corte de Justicia, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas, la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Se trata de 45 días hábiles que luego pueden extenderse en 30 días más, de acuerdo a lo que establece el inciso segundo del artículo 2º en donde, además, a diferencia de lo que se estipula en el artículo 1º, se define la figura del organismo requerido para diferenciarla de la Secretaría de Estado que, generalmente, no hace más que intermediar la solicitud de pedidos de informes.

Cuando se piden informes a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, en donde siempre hay un Ministerio que es referencia y vínculo con el Poder Ejecutivo, obviamente la responsabilidad primera está en el organismo requerido al que alude el inciso segundo del artículo 2º del proyecto de ley en trámite. Va de suyo, pues, que se pueden pedir informes y datos a los Entes Autónomos y a los Servicios Descentralizados.

A su vez, en el inciso primero del artículo 2º se establece la posibilidad de argüir la complejidad de la información a la que hacía referencia, porque muchas veces resulta una tarea ardua y complicada llegar a recabar toda la información requerida. Por ello, allí se plantea que se comunique al Legislador las complicaciones que tiene el organismo para responder a esa información. En este sentido, recuerdo un ejemplo muy claro en oportunidad de mi pasaje por el Directorio de ANTEL, a donde algunas Comisiones del Parlamento habían solicitado -traigo el ejemplo porque vale por dos aspectos; en primer lugar, por la complejidad que muchas veces significa dar respuesta a un pedido de informes, y en segundo término, por el tema de la confidencialidad- información sobre los números telefónicos a que se había llamado desde determinados celulares. Esta es una información muy compleja de procesar; mucho más lo es hoy. Si en el Uruguay hay 400.000 ó 500.000 teléfonos celulares en funcionamiento, imagínense la cantidad de llamadas que se realizan por día. Todas las cintas grabadas se van depositando en locales especialmente dedicados a ese propósito y cuando se pretende averiguar qué llamadas se hicieron, por ejemplo, el 17 de abril de 1991, se necesita un trabajo de muchos días para, primero, identificar el año, el mes y el día, y por último, el teléfono desde el que se realizaron. Pero decía que, a su vez, a esto debía agregarse un tema de confidencialidad, porque hurgar en las llamadas que se realizan desde un determinado teléfono que tiene su propio titular, significa también en alguna medida hurgar en la intimidad de ese ciudadano o ciudadana. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de disponer de esa información, porque la intimidad es un derecho protegido por nuestra Constitución y nuestra legislación.

Es por ello que, a lo largo de esta exposición, he hecho tanto hincapié en la complejidad que muchas veces significa para un Secretario de Estado disponer de una información. Aquí hay ex Secretarios de Estado que están en condiciones de argumentar sobre este tema.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Solicito se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 15 en 17. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Muchas gracias.

A su vez, he hecho hincapié en lo que tiene que ver con el secreto, confidencialidad o intimidad, que sin duda daría para más de un debate.

Este proyecto también introduce una variante respecto al sistema tradicional, porque el verdadero vencimiento de los plazos está establecido en el artículo 4º, que dispone: "El vencimiento del plazo establecido por el inciso segundo del artículo 3º de la presente ley, sin que el organismo requerido evacuare la información solicitada". Quiere decir que si se dan estos hechos surgirían las consecuencias que prevé el proyecto. El vencimiento de los plazos está referido a los cuarenta y cinco días iniciales de que dispone el organismo al que se cursa el pedido de informes, más los treinta días hábiles a que refiere el inciso segundo del artículo 2º. En total estaríamos hablando de setenta y cinco días hábiles. Vencido este plazo se puede pedir en la Cámara correspondiente que ella haga suyo el pedido de informes. Si así procede, creo que es una buena oportunidad para estudiar el contenido de los pedidos de informes, ya que han transcurrido los setenta y cinco días, que es un plazo más que suficiente, si tenemos en cuenta que se trata de días hábiles. Seguramente la no respuesta obedece a alguna circunstancia, problema o temática profunda que, a mi juicio, debería obligarnos -desde el momento en que la Cámara hace suyo el pedido de informes correspondiente- a considerar si corresponde o no optar por ese procedimiento. Cabe destacar que hasta hoy no es más que un mecanismo que se aplica por costumbre y en forma tradicional sin que nadie se detenga a estudiar por qué es necesario que una Cámara haga suyo el pedido correspondiente. Si así lo hace, se cuenta con treinta días más, por lo que llegaremos a ciento cinco días hábiles, lo que equivale, prácticamente, a cuatro meses sin que se haya contestado el pedido de informes. En ese caso serían de aplicación los artículos 119 y 121 de la Constitución de la República, si así lo estima la Cámara correspondiente. El artículo 119 establece la posibilidad del llamado a Sala de los Secretarios de Estado por un tercio del total de los componentes de la Cámara correspondiente y el 121 establece, ni más ni menos, lo que hicimos en la sesión de ayer, o sea, aprobar una declaración de la Cámara vinculada al punto. Esto es así porque, tal como lo señala la Constitución de la República, cualquiera de las Cámaras está en condiciones de formular declaraciones cuando no se cumpla con ninguno de los acontecimientos previstos en los artículos 118, 119 y 120. Quiere decir, entonces, que en alguna medida hay una jerarquización en cuanto a lo que la Cámara entiende que debe hacer suyo -es decir, el pedido de informes- y, para la eventualidad de que tampoco fuera contestado, existen consecuencias que, en definitiva, significan la aplicación de los artículos 119 y 121 de la Constitución.

El artículo 5º del proyecto que estamos estudiando refiere al tema que discutimos en el día de ayer y los artículos 6º y 7º simplemente establecen la forma en que deben computarse los plazos y que, para los pedidos de informes -esto consta en el artículo 7º- que se hayan solicitado desde el 15 de febrero de 2000 hasta la promulgación de la ley empiezan a regir los plazos que se establecieron.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Garat)

- Es cuanto tengo para informar, señor Presidente, acerca de este proyecto de ley que, como señalaba, cuenta con el respaldo de la Comisión de Constitución y Legislación que cree que este es un instrumento, una herramienta muy útil para el fiel cumplimiento de nuestras obligaciones. En consecuencia, aconsejamos, en nombre de la Comisión, la aprobación de este proyecto de ley.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Carlos Garat).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: en la sesión de la tarde de ayer, cuando se planteó la cuestión de fueros por parte del señor Senador Pereyra, anuncié que hoy me iba a referir al tema. Aunque el quórum del Senado languidece y no sé si vamos a poder votar, como dije que iba a hacer mención a algunos hechos que a mi juicio son muy graves, voy a hacer uso de la palabra para referirme a este proyecto de ley.

Quiero analizar su importancia y cuánto puede mejorar o no la realidad presente en torno a este tema que está vinculado con la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Se trata de una parte de los mecanismos que la Constitución prevé para relacionar al Poder Ejecutivo con el Legislativo. También tiene la función de contralor de este último sobre el primero.

Para comenzar, voy a hacer un juicio de valor en general. Creo que el proyecto que tenemos en consideración, al establecer plazos hasta hoy inexistentes para la respuesta a los pedidos de informes, da un paso adelante. Esto contribuiría a excitar la diligencia del Poder Ejecutivo en cuanto a contestar dichos pedidos. También puede considerarse un paso adelante el hecho de que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina Nacional del Servicio Civil estén obligadas a contestar los pedidos de informes, ya que hasta ahora se discute -dependiendo de la Presidencia de la República- si estas dependencias del Poder Ejecutivo tienen o no la obligación de responderlos.

Considero que estas dos medidas son un paso adelante sobre la no legislación existente y, en última instancia, pueden convertirse en un progreso manuscrito, ya que el proyecto establece como sanción o actitud pasible de ser asumida por el Parlamento -ante el no cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de los plazos correspondientes para la respuesta- dos mecanismos que ya están establecidos por la Constitución: la reiteración del pedido de informes y lo que expresa el artículo 121 de la Constitución. Quiere decir que hoy ya se puede resolver y se puede emitir una declaración de condena o de rechazo a la actitud no diligente del Poder Ejecutivo a contestar los pedidos de informes.

Entiendo que en el proyecto que el Senado había considerado en la anterior Legislatura -realizado por el señor Senador Korzeniak y presentado por la Bancada del Frente Amplio- se establecían otros mecanismos de sanción, como la publicación en los medios de comunicación de la actitud del Poder Ejecutivo en forma automática cuando se vencían los plazos sin haberse dado una respuesta. De alguna manera colocaba en la opinión pública la renuencia del Poder Ejecutivo de hacer conocer lo que los Legisladores le solicitaban como información.

Voy a votar el texto que se propone, que es producto de un acuerdo y que, como he dicho, significa una mejora en materia de incitar la conducta del Poder Ejecutivo a dar respuesta a los pedidos de informes, hecho que no existe actualmente. Si bien tengo una corta experiencia como Legislador -y era un hombre maduro cuando empecé a trabajar como tal- llevo 16 años realizando esta tarea y puedo decir que durante ese lapso he constatado que a medida que pasa el tiempo, cada vez se cumple menos. Esto pasa a ser una entidad que tiene que ver, principalmente, con el administrador, cualquiera sea éste ya que no excluyo que si en el día de mañana mi partido está en el Gobierno no se incurra en el incumplimiento de normas que hacen al funcionamiento correcto de las instituciones democráticas. Creo que si este sistema no funciona, lo mejor sería eliminarlo, que no exista dentro de la legislación. Entonces, creo que esto va a depender de que estas conductas cambien y se instaure un nuevo estilo de relacionamiento. Esto sucede especialmente en el mundo moderno en el que estamos insertos, a pesar de que nosotros no somos un régimen presidencialista puro, aunque tampoco somos uno parlamentarista; en realidad, en el ejercicio concreto de los poderes prima, fundamentalmente, el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, creo que también hay que luchar denodadamente por incrementar el poder del Legislativo. Cuando aquí se discutieron los proyectos de reforma constitucional, tuvimos importantes debates en torno a este tema y, fundamentalmente, triunfó la tesis que privilegiaba al Poder Ejecutivo frente al Poder Legislativo en las reformas que fueron aprobadas contra nuestra opinión. Reitero que todo va a depender de que las conductas cambien.

Por mi parte, quisiera poner algunos ejemplos, ya que los mismos me parecen exultantes. En el año 1997, en la Dirección General Impositiva se cometió un delito por parte de un ex funcionario de dicha Institución, cuyo nombre no voy a decir aquí porque todo el mundo lo conoce. Esta persona fue procesada a raíz de la comercialización de certificados truchos, según el lenguaje porteño, es decir, falsos. Estos documentos certificaban que el tenedor de los mismos podía presentarse ante la Dirección General Impositiva y pagar sus impuestos mediante estos papeles que certificaban la devolución de impuestos por exportación. El falsificador se había instituido como presunto exportador, aunque no exportaba nada y falsificaba el documento, vendiéndolo luego a quien tenía obligaciones tributarias y esa persona se presentaba con dicho documento a la Dirección General Impositiva a quien se le descontaba del pago de sus impuestos. A mí se me ocurrió algo elemental, poco ortodoxo en el manejo de las cuestiones tributarias, pero de sentido común. Pensé que si este señor es tan conocido y fue un funcionario de jerarquía dentro de la DGI, el que le compró los certificados sabía quién era; además, si tenía muchos impuestos para pagar, no se trataba de una persona poco importante. De manera que importaba tanto conocer cómo lo había hecho como saber quiénes habían comprado los certificados, ya que resultaba evidente que los habían comprado a conciencia de que eran o podían ser falsos, con lo cual se estaba incurriendo también en un delito. Era muy importante que se supiera esto ya que, en realidad, en el Uruguay se conocen rápido esas cosas y los nombres se saben, aunque como no lo puedo probar, tampoco los puedo decir. Pero la Dirección General Impositiva sí sabe quien los descontó.

Por mi parte, realicé un pedido de informes y a los diez días me llamaron por teléfono solicitándome una entrevista, a lo que yo contesté que quería respuestas escritas y no entrevistas que no sirven para nada. Lo que yo quería saber era si me podían o no responder y, en caso negativo, saber por qué. En ocasión del trámite del Presupuesto, hablé con el nuevo Ministro de Economía y Finanzas, ya que hasta ese momento no había habido ninguna respuesta al pedido de informes. En dicho momento, el Senado votó la reiteración del pedido de informes. Debo decir que se me manda una respuesta -yo nunca había visto una cosa así, ya que es realmente insólito- con fecha 17 de octubre de 2000 transcribiéndome una contestación de la DGI al Ministro de Economía y Finanzas, economista Luis Mosca, fechada el 22 de mayo de 1998. Es decir que esto estuvo en el despacho del Ministro desde el 22 de mayo de 1998 hasta el presente. La nota mediante la cual me envían el documento es del 20 de febrero de 2001. Creo que es algo insólito que un Ministro tenga en su despacho dos años y medio la respuesta a unas preguntas tan importantes sin ser enviada. Esto puede ser agregado y transcrito en la versión taquigráfica, ya que me gustaría que quedara allí porque es una prueba incontrovertible. Digo esto porque todo lo demás puede quedar como si fuera una versión mía. Debo decir que cuando me llegó esta respuesta me moría del asombro. Se puede pensar que esto puede ser incuria burocrática, es decir, podría tratarse de que un funcionario recibe este documento, lo deja en una gaveta y luego se olvida. Pero yo, por esa, no paso; esto fue hecho premeditadamente porque el tema era demasiado importante y no es incuria burocrática, sino que esto se dejó enterrado. Y cabe aclarar que esto me importa no porque me haya ocurrido a mí, sino que importa, como decía el miembro informante en el día de ayer, por lo que significa para un Legislador. En el día de mañana puede estar otro partido en el Gobierno y a alguien que esté en la oposición puede sucederle que quiera conocer alguna información y le ocurra este tipo de cosas. Considero que esta es una manera absolutamente despectiva, despreciativa, de soberbia e ignorancia del otro Poder del Estado. Este tema no se corrige con este proyecto, ya que es producto de la conducta que se tenga en el tratamiento de la relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Por otra parte, me quería referir a otros dos elementos. Ahora se ha actualizado el tema de ANCAP porque se está procesando la discusión en cuanto a si la refinería se va a privatizar o no, se va a vender, se va a crear una sociedad anónima, etcétera. Pero en ANCAP durante los últimos cinco años han ocurrido cosas muy importantes. Por ejemplo, aquí se analizó en la Legislatura pasada que se había llevado a cabo por parte del anterior Directorio de ANCAP, que estuvo en el período 1990-1995, una reforma de la planta, lo que actualmente se está discutiendo de nuevo.

Era público y notorio -y se planteó aquí en Sala por algún señor Legislador; creo que yo también lo dije alguna vez como versión, porque no teníamos los datos concretos- que la reforma de la refinería, su transformación para adaptarla a las nuevas exigencias que ANCAP tenía, había sido presupuestada en U$S 30:000.000 y que la ejecución llevó el gasto a U$S 130:000.000. Como lo que estaba en danza era una especie de disparate, nosotros hicimos un pedido de informe el 5 de abril de 1996 a raíz de que además de esto, había ocurrido que un funcionario de ANCAP que trabajaba en la planta se cayó de una escalera y golpeó contra una válvula. Ello llevó a que se disparara un seguro y éste realizó un proceso inverso al que la máquina tenía que hacer y la refinería rompió todo el proceso del cracking catalítico. Fue así que el proceso de refinamiento de la nafta estuvo detenido un año con costos brutales para ANCAP, perdiéndose decenas de millones de dólares.

El accidente ocurrió el 5 de abril de 1996 y nosotros solicitamos una respuesta. Fue necesario hablar nuevamente de este tema y reiterar el pedido; personalmente, lo hice varias veces y antes de fines del año pasado pedí al Senado que lo hiciera. El informe se responde el 29 de noviembre del año 2000. La respuesta viene firmada por el señor Eduardo Ache Bianchi, que es el anterior Presidente de ANCAP. Allí cuenta toda la historia de la transformación y se comprueba que lo que había sido una versión ocurrió exactamente, ya que el costo fue de U$S 130:000.000; esto, por diversas consideraciones. Ahora bien, ¿qué juicio podemos hacer y a quién podemos responsabilizar de esto? ¿Puede ser que se demore cuatro años en responder un pedido de informes? Es un manejo discrecional del poder político destinado a ignorar a quien está en la oposición y tiene que ejercer el control.

Tengo dos ejemplos más para mencionar. Se puede responder con mediana diligencia, es decir a los cuatro o cinco meses, pero también se puede responder no respondiendo, esquivando las preguntas. Hice dos pedidos de informes adicionales, uno al Ministerio de Economía y Finanzas para que se me informara sobre lo que era "vox populi" en relación a cómo fueron los negocios de la empresa "Mi Granja". Como no tengo acciones en ella -ni las tuve nunca- puedo actuar con absoluta libertad en la materia. Todo el mundo comenta que a esa empresa se le prestaron U$S 45:000.000 o U$S 40:000.000. Los productores rurales dicen que mientras a "Mi Granja" se le da tanta cantidad de dinero, a ellos no se les proporciona el auxilio necesario que les permita salir de su situación de endeudamiento. Yo hice el pedido de informes, señor Presidente, y la conclusión es que efectivamente hay varios millones de dólares de préstamo y cuando uno pregunta el total, se responde que la Corporación tuvo una participación -además del préstamo- de un tanto por ciento en el paquete accionario, del 15% en una oportunidad, del 30% después y hoy del 100%. ¿A cuánto equivale el dinero gastado para hacerse del 100% del paquete accionario? No está contestado; de hecho no se dice, pero se contesta elusivamente y se comprueba que hay más dinero gastado. No puedo saberlo. También se responde -y aquí está la otra parte- que por el derecho de reserva no se menciona quiénes eran los accionistas titulares de esos créditos que se otorgaron a la empresa. Concretamente, era muy importante saber quiénes eran los dueños del paquete accionario, ya que el dinero no se le presta a cualquiera sino a determinadas personas. La Corporación no es un banco sino una institución, que además el Estado capitaliza para que pueda funcionar. Y bien, no se menciona. Lo que se dice es que no se puede dar esa información porque implicaría hacer público lo que a lo mejor los ciudadanos involucrados no desean. Lo que sucede es que el Estado puede saberlo y yo, como Legislador, soy una parte del Estado.

La última mención que voy a hacer es a la realidad que se vive actualmente en ANCAP. Yo hice un pedido de informes, señor Presidente, relacionado con las operaciones realizadas en la Argentina por la empresa petrolera uruguaya, la refinería y distribuidora de productos refinados en Uruguay. La información que teníamos de los uruguayos expertos en la Bolsa de Valores de ese país nos indicaba que ANCAP había comprado al valor nominal las acciones de una empresa, Sol Petroleum, cuando éstas no tenían cotización en la Bolsa puesto que no valían ni el 50% y la empresa estaba en quiebra. Como el tema era demasiado "grueso", correspondía informarnos al respecto y entonces elevamos un pedido de informes. En ese sentido dijimos en cuánto se estimaba que habían sido dañadas las finanzas de ANCAP por esta operación.

Creo que aquí hay muchos elementos en juego, pero lo que importa fundamentalmente es si se administra bien y saber cómo se ha manejado esta empresa que tiene un patrimonio de U$S 1.000:000.000. Cuando uno pide la cuantificación de las pérdidas, la respuesta es que no fueron millonarias. ¿Esa es una respuesta? Es algo insólito, es no responder. Pero lo vamos a saber, porque esta información tendrá que estar cuantificada en los balances de ANCAP, deberá ser declarada y de alguna manera se conocerá el motivo por el cual el organismo el año pasado no ganó nada y tuvo pérdidas operativas. Lo dijo aquí el Ministro Bensión. ¿De dónde se derivan? ¿De la suba de los precios del petróleo o de que esta fue una operación pésimamente hecha y que trajo consecuencias absolutamente negativas? La respuesta fue la que indiqué: que no hubo pérdidas millonarias. Pero esa no es una respuesta; eso es burlarse del Poder Legislativo.

En consecuencia, señor Presidente, como me había comprometido a decir esto -naturalmente que tengo la total seguridad de que sobre este tema no va a salir nada fuera de las fronteras de esta Sala, porque es demasiado "grueso"- también me voy a ocupar de difundirlo a través de los escasos medios de que uno dispone, de hacer presente que éstas son las cosas que hay que cambiar y de establecer que el proyecto de ley que está a consideración -y que voy a votar- no modifica absolutamente nada. El Poder Ejecutivo puede seguir haciendo exactamente lo mismo que ha hecho hasta ahora; o estas dependencias del Poder Ejecutivo, porque de pronto no es sólo un Ministro de Economía y Finanzas el que retiene tres años una respuesta a un pedido de informes sobre su escritorio y no lo envía, sino que también los Entes Autónomos pueden no contestar como el Directorio de ANCAP durante tres años y medio o hacerlo de la forma elusiva en que lo ha hecho, o también la Corporación Nacional para el Desarrollo puede dar una respuesta de la naturaleza que yo comentaba. Creo que depende mucho más del estilo y de la praxis política, de una manera de ver y entender la democracia que no se practica hoy en el Uruguay como debería. De lo contrario, estas cosas que estoy comentando y que están probadas -porque aquí están los documentos- no deberían ocurrir.

Es todo, señor Presidente.

(Ocupa la Presidencia el señor Luis Hierro López)

15) ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE HORA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de dos asuntos entrados fuera de hora.

(Se da de los siguientes:)

«El Ministerio de Economía y Finanzas remite un proyecto de ley exonerando del Impuesto al Valor Agregado a la enajenación de carne bovina originada en la faena de ganado proveniente del departamento de Artigas.

-A LA COMISION DE HACIENDA.

El Poder Ejecutivo remite Mensajes solicitando venia para designar en calidad de Presidente del Directorio del Instituto Nacional de Colonización, al señor Numa Faliveni Moreno y para designar en calidad de miembro del Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay, al señor Carlos Luján Soria Rodríguez."

- A LA COMISION ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.»

16) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del proyecto de ley sobre pedido de informes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se va a votar una moción llegada a la Mesa en el sentido de que se suprima la lectura.

(Se vota:)

- 16 en 17. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD

En consideración el artículo 5º.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Señor Presidente: sobre este artículo creo que es pertinente hacer algunas consideraciones.

En su singular redacción pone las relaciones entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo en una línea muy poco frecuente. Leído de otra manera y respetando sus conceptos, dispone que el Organismo al que se le solicita un informe si lo cree necesario, deje de lado el trámite administrativo normal y reglado, y haga llegar dicho informe al interesado en forma confidencial.

Señor Presidente, no logramos entender qué es lo que se busca con esta disposición. En la Comisión de Constitución se dijo que la misma favorecería el cumplimiento de los pedidos de informes. Creo que no es ni una cosa ni la otra: ni lo logra ni lo evita. Ningún informe se va a contestar si no hay intención de hacerlo por esta disposición.

En realidad, el tema debe analizarse con otros conceptos de los cuales ayer se habló en esta Sala, y que son los relativos a las potestades del Poder Legislativo, o de sus integrantes, y de las obligaciones del Poder Ejecutivo frente a eso. En el transcurso de ese debate se fueron significando algunos conceptos que personalmente no comparto.

No es verdad, señor Presidente, que todo pedido de informes deba ser necesariamente contestado en su alcance. A veces, la vía argumental de los ejemplos no sirve, pero en este caso sí. Supongamos que el Ministerio de Salud Pública reciba un pedido de informe para dar cuenta a algún Legislador de cuáles fueron las causas específicas de la muerte o enfermedad de determinada persona remitiendo los antecedentes, y si esa muerte o enfermedad responde al SIDA y a la homosexualidad de ese asistido. Dicho Ministerio no debe contestarlo. Más aún: no puede contestarlo.

Nos hemos olvidado en el tema que en la contestación de pedidos de informes están involucrados el Poder Ejecutivo y los Legisladores, pero también están los derechos de los ciudadanos. Cuando se dice que el Banco de la República tiene que contestar pedidos de informes sobre operaciones que realiza, con nombre propio, con monto y características, ¿tiene potestad el Parlamento frente a los derechos de ese ciudadano, de ese habitante del país, a ventilar públicamente, lo que es naturalmente reservado? Lo mismo puede decirse en el caso de que la Policía, en uno de sus tantos naturales operativos realice una investigación sobre una persona a la que tiene demorada en un interrogatorio que termina sin pena ni gloria, y luego de la cual, probablemente, el inquirido vuelve a su actividad. Pero supongamos que se hace un pedido de informes sobre esos hechos y que los mismos refieren a alguien muy notorio y la Policía lo contesta. ¿Después qué? No demos respuesta pero las imaginamos todos.

Planteo estas preguntas porque el informe no es secreto y se difunde. Naturalmente, se va a decir que no ha pasado nada, que no intervino el Juez, que el ciudadano no ha sido inculpado. Por supuesto que no intervino el Juez; los únicos que intervienen al final son los medios de difusión mediante unos titulares enormes diciendo que "Fulano de Tal", notoria persona de la actividad nacional, estuvo detenido diez horas y fue sometido a un interrogatorio que perseguía saber de su involucramiento en presuntos delitos. No debe ser así. Cada ciudadano tiene derecho, y voy a leer lo que los señores Senadores tienen más que conocido. Me refiero al artículo 7º que es el meollo del sistema democrático y que dice: "Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad". Todos los habitantes y enfatizo el "todos", aun los que están interviniendo en algo concernido a los Ministerios, a los Entes Autónomos, a un Diputado o a un Senador. ¿Quién preserva los derechos del habitante, quién se acordó del mismo? La única manera de acordarse válidamente es manteniendo en reserva las actuaciones que le conciernen.

El Banco de la República, por ejemplo, dice que no puede dar información porque está frente a una persona que vino dentro de los límites legales a desarrollar una operación financiera. ¿Es posible exhibir y poner de manifiesto esa operación y la persona que la realizó? Al parecer, se pretende preguntar hasta qué garantía tienen esas personas. No es al Banco de la República al que hay que preservar, sino a la persona que hizo la operación. No es al Ministerio de Salud Pública, al Diputado o al Senador que hizo el pedido de informes en la hipótesis que antes planteamos y se debe preservar los derechos de la persona que ha estado enferma o falleció en el curso de una enfermedad en un hospital, pues la misma tiene derecho a que se le respete y no se exhiba su situación.

¿Acaso los médicos -en este ámbito hay algunos- no tienen derecho a decir que no pueden revelar esos datos? Es el juramento hipocrático, es su obligación elemental. ¿No la tenemos también los abogados?

¿O dentro de poco se podrá inquirir, por vía del pedido de informes, a los abogados de alguna oficina cuál es su impresión en el sumario que llevó adelante? A esto, el abogado contestará: "como funcionario, allí está el expediente; pero como abogado, no me pidan que revele lo que me dijeron mis clientes". No tiene sentido ambientar estos errores. Nos estamos sobrepasando de nuestras potestades al creer que las mismas llegan a un nivel de ese tipo.

¿Que no es fácil establecer dónde están los límites? Seguro que no lo es. ¿Que no es fácil establecerlos, cuando al Ministerio de Salud Pública se le piden ciertos informes? ¿Que es difícil establecer los límites cuando a ANCAP se le preguntan determinados aspectos de su actividad comercial? Puede ser; pero para eso está el juego de los contrapesos constitucionales. Uno, el Legislador, cree que hay derecho a preguntar y obligación de contestar y, el otro, el Estado, cree que esa obligación no llega hasta el nivel de la petición que se ha formulado.

Señor Presidente, mucho me temo que este artículo 5º significa que no hay ninguna reserva y la única diferencia radica en que se nos manda un sobre lacrado, en vez de enviarlo por la Mesa. ¿Acaso el tema es que llegue a la Mesa -en nuestro caso la del Senado- y que funcionarios, uno o dos, acceden a ese material y se lo llevan al Senador? Ahora, con ese artículo no podemos pensar que sería diferente, ya que alguien tocaría el timbre y se le entregaría al Legislador un sobre lacrado. Preguntemos también: ¿qué derecho hay a usar sobres lacrados?, y más importante aún: ¿quién juzga que hay que lacrarlos? ¿Acaso es el Ministro o quien contesta el informe? ¿Por qué razones? ¿Qué hago yo, como Senador, si frente a un pedido de informes, me mandan un sobre lacrado? ¿Eso se supone que significa reserva que la Constitución no me pide? ¿Debo mantener reserva y estoy comprometido al silencio, o abro el sobre y se lo doy al primer diario que se me ocurra para que lo publique? Creo que hay que tener cuidado con establecer estas potestades para los Legisladores. A veces, en el natural devenir de un razonamiento no nos damos cuenta hasta dónde llegamos. En el caso podemos llegar muy lejos, demasiado lejos para el sistema democrático nacional.

Señor Presidente: es verdad lo que señalaba con acierto el señor Senador Gargano en el sentido de que en este proyecto no hay sanciones. No las hay porque así es el sistema que establece nuestra Constitución y no las podemos crear nosotros. Hay empero sanciones o procedimientos constitucionales que por la vía del juicio político y por la de los artículos que habilitan después una interpelación permiten llegar hasta una nueva elección. Todo eso es la etapa que podríamos llamar de responsabilidades y sanciones. ¿Cómo no va a haber responsabilidades? Sin duda que las hay. El señor Senador Gargano, con todo su derecho, no pidió en los casos que ejemplificó que se llevaran adelante determinadas sanciones. En caso contrario, no sé lo que habría pasado. Pero él prefirió -está en su derecho- llegar hasta ahí. ¿Y si hubiera solicitado otro tipo de sanción y se hubiera considerado -lo que me parecería una exageración- una violación de la Constitución? ¿No habría lugar a juicio político? Lo habría. Quizás alguien me podría decir que ni el Senador propondría ni el Cuerpo acompañaría tamaño exceso. Pero en definitiva en la Constitución hay sanciones y hay que tenerlo en cuenta, para no decir que estamos en manos de la voluntad omnímoda del Poder Ejecutivo.

Frente a muchos de quienes están aquí, tengo una gran ventaja: estuve de los dos lados del mostrador. Integré el Poder Ejecutivo y también al Parlamento, y lo hice durante muchos años, porque algunos quizás ni siquiera se acuerden de que estuve en el Ministerio de Ganadería y Agricultura hace nada más que treinta y ocho años. Allí aprendí y confirmé después que es muy difícil suponer que meramente la no contestación a un pedido de informes es mala voluntad. Lo que sucede es que a veces sólo se hace lo que se considera posible, necesario o suficiente, y más aún, legítimo.

Si este artículo no tiene las implicaciones que he mencionado -lo cual podría sostenerse- quizás se podría mejorar su redacción para señalar con claridad que es así. Ahora bien, si el artículo tiene ese alcance general y discutible que señalé, tendríamos que entrar al fondo del tema. El meollo es responder a algunas preguntas: ¿Todo lo que pide el Parlamento, inequívocamente, debe ser informado en su total alcance? ¿Todo, y en todas las circunstancias, hiera o no los derechos individuales y aunque atente contra los derechos de un habitante de este país o de diez? ¿En todos los casos? Mi contestación es negativa porque la Constitución nunca puede leerse en un solo artículo.

Considero que el artículo no dice lo que, a mi entender, podría decir, a cuyos efectos me gustaría ver un proyecto _que acompaño y estoy votando, excepto en este artículo- mejorado en esta disposición. Por lo tanto, me parece que este asunto podría volver al ámbito de la Comisión al solo efecto de reconsiderar el artículo 5º. Incluso, podría continuarse con la consideración del resto del proyecto, a fin de cerrar su análisis.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Debemos entender que el señor Senador García Costa está formulando una moción concreta en el sentido de que el proyecto vuelva a ser tratado en Comisión?

SEÑOR GARCIA COSTA.- Creo que si formulara moción en ese sentido, estaría cerrando el debate.

SEÑOR PRESIDENTE.- Estábamos finalizando la consideración del artículo 5º, para proceder a votarlo. Entonces, si el Senado lo vota, no se estará teniendo en cuenta la sugerencia del señor Senador García Costa.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Señor Presidente: francamente, considero que los puntos de vista que ha manifestado el señor Senador preopinante, en muchos casos nos hacen reflexionar y creo, además, que le asiste razón. Al fin y al cabo, en un Estado de Derecho, como tal, a veces podemos llegar a olvidarnos, al regular las relaciones entre organismos, de algún aspecto que refiere a los derechos que todos reconocemos y valoramos. Asimismo, debo señalar que en la Comisión este fue el único artículo que generó dudas, incluso por la vía contraria, es decir, por el razonamiento de si significaba o no una forma de limitar también los derechos de los Legisladores. A mi juicio, se trata de un artículo que no me da la sensación de que agregue mucho porque, en definitiva, el juez de esto es el propio Parlamento y los Legisladores, que se darán por satisfechos o no con la forma en que se les contesta. Si queremos regular la confidencialidad, vamos a tener que hacer un código y, de todos modos, no quedaremos satisfechos. En último caso, reitero, nosotros mismos somos los jueces de si se nos contestó bien o no, porque todos sabemos los derechos que tenemos. En lo personal, casi me vería inclinado a comentar _pido perdón por utilizar esta forma, pero no tuve tiempo suficiente- que, a raíz de esa manifestación del señor Senador, unida a las dudas que se plantearon en Comisión, estaría dispuesto a no votar el artículo 5º, porque creo que enviarlo nuevamente a Comisión generaría las mismas dudas, ya que a unos les preocupa por poco y a otros por mucho. Como decía un ex Senador, sería mejor dejar algo a los intérpretes que, en este caso, somos nosotros mismos.

En este caso los intérpretes somos nosotros mismos, por lo que si al resto de los miembros de la Comisión no les resulta un obstáculo, sugeriría esta única modificación, o sea, no aprobar el artículo 5º. Esto implica que tenga que volver a la Cámara de Representantes, pero como es una modificación que no hace a la esencia del asunto, no creo que tenga dificultades.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARCIA COSTA.- Adhiero al pensamiento del señor Senador Atchugarry; omitiendo el artículo restablecemos los conceptos obvios, naturales, que están en la Constitución con mayor o menor alcance, y en cada momento se definirá. Este artículo 5º da para demasiados problemas cuando lo que queremos es evitarlos.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: lamentablemente en el debate que hubo ayer en este Cuerpo no pude contestar algunas argumentaciones que se hicieron, dado que el Reglamento establece que cada orador puede hablar únicamente por cinco minutos y vi que con mucho entusiasmo varios señores Senadores se refirieron a la obligación de la Administración de responder los pedidos de informes que requieren los Legisladores.

Sinceramente, debemos tener mucho cuidado, porque si esa respuesta al pedido de informes que formula un Legislador o que eventualmente hace suyo la Cámara, constituye un delito, ni el Legislador ni la Cámara podrán relevar al Ministro o al Directorio del organismo que ha cometido un delito. Por ejemplo, en nuestra legislación está previsto el delito de violación del secreto bancario. Entonces, si con la respuesta que nos da el Directorio de un Banco está violando el secreto bancario y cometiendo un delito, ¿cómo lo relevamos? El Cuerpo o el Legislador que ha solicitado el informe quedará satisfecho políticamente, pero el Ministro o el Directorio deberán ir a la cárcel, porque han cometido un delito. Lo mismo sucede con el ejemplo que hace un momento ponía el señor Senador Gallinal, tema sobre el cual yo soy responsable. Seguramente el señor Senador Gallinal no se acordó de que yo fui el responsable de la interpretación del artículo 28 de la Constitución en cuanto a las llamadas telefónicas. En determinado momento en el Parlamento, concretamente en una Comisión Investigadora de la Cámara de Representantes sobre las licitaciones en la Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo, se empezó a solicitar informes a ANTEL y a Movicom sobre las llamadas de unas veinte o treinta personas. En una entrevista que me hizo el semanario "Búsqueda", publicada el 8 de enero de 1999, yo establecí la tesis que me pareció correcta y que por suerte la mayoría de la Doctrina acompañó, en el sentido de que era violatorio de la Constitución de la República. Se estaba violando nada menos que el artículo 28 de la Constitución de la República, que consagra la inviolabilidad del registro de la correspondencia de cualquier naturaleza, en la que está incluida la telefónica.

Entonces, yo pregunto al Senado si el Directorio de ANTEL está obligado a responder un pedido de informes que le formula un Legislador o el Cuerpo. No; se está violando la Constitución. Me parece que tenemos que reflexionar y lamentablemente, como no podía hablar a causa del Reglamento, no pude responder a esto, pero creo que debemos plantear este tema con franqueza. Hoy soy Senador de la República y veo que a veces hay espíritu de Cuerpo y empezamos a sostener que hay una cuestión de fueros y que se nos debe responder lo que nosotros queramos; pero no es así. Nosotros tenemos nuestras competencias limitadas por la Constitución; este no es el Parlamento inglés, que puede hacer de todo menos de un hombre una mujer, aunque ya sabemos que las cosas han cambiado. No somos un Parlamento soberano. El soberano es la Nación, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4º de la Constitución. Nosotros, como Parlamento, y la Cámara de Senadores en particular, ejercemos aquellas potestades establecidas en la Constitución de la República, y si establecimos por ley que determinada conducta es un delito no podemos pretender después, salvo que dictemos una ley relevando a esos funcionarios u organismos de ese delito, exigir que cometan un delito o que violen la Constitución de la República.

Quería hacer estas reflexiones porque, insisto, lamentablemente no pude hablar ayer y vi un espíritu de Cuerpo de defender los fueros y creo que de solidaridad corporativa. Debemos tener cuidado en estos temas y les pido a los señores Senadores que reflexionemos. Por tanto, acompaño las reflexiones muy inteligentes que ha hecho _como siempre las hace- el señor Senador García Costa, así como su posición y la del señor Senador Atchugarry de no aprobar el artículo 5º.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BAYARDI.- Por suerte, hemos tenido más tiempo que ayer de discutir los temas a raíz de la intervención que hace el señor Senador García Costa, que es inteligente en la línea en que él se posiciona para tratar de fundamentar en contra del artículo 5º. Pero debemos separar los contenidos de este artículo.

Yo voy a reivindicar este artículo, que voté en la Cámara de Representantes, y quisiera identificar el alcance que le queremos dar.

En primer lugar, el artículo 5º no está pidiendo que se viole el secreto profesional de la relación médico-paciente _me tengo que poner el sayo determinado por Hipócrates- ni la confidencialidad del secreto que debe existir entre el defensor y su asistido.

¿Qué está pidiendo el artículo 5º? Además, creo que hay que interpretar qué se entiende por "pertinente". Este artículo dice: "Cuando el organismo al que se solicitare datos e informes estimare pertinente no confiarlos a la difusión del trámite administrativo, los dará al interesado en forma confidencial, por la vía más adecuada a tal propósito".

En realidad, este proyecto no está planteando -ni podría hacerlo- que ningún funcionario público haga algo que viola la Constitución. Así expresamente este artículo dijera que está obligado a dar cualquier tipo de información aunque viole la Constitución, en realidad el funcionario público no puede hacer aquellas cosas que violen la Constitución o la ley.

El señor Senador Brause decía que la interpretación que leía el señor Senador García Costa era de Justino Jiménez de Aréchaga, previa a la Ley de Intermediación Financiera, y se extendía sobre la base de interpretar que el artículo 25 sobre el secreto bancario cubría todo tipo de información bancaria, cosa que quedó claro que no es así. El secreto bancario cubre una sola parte. Quiere decir que si yo pidiera a un organismo bancario que me dijera cuáles son los depósitos bancarios, por ejemplo, del señor Senador Riesgo -que me está mirando con atención- podría invocar que en realidad no me responde, no porque lo considere no pertinente, sino porque entiende que mi pedido es ilegal. Por extensión, podríamos hacer referencia a la norma constitucional, pero alcanza con que se transformara en una norma ilegal.

Entonces, no se trata de que considere pertinente o no darme los datos que solicito en función de que, por ejemplo, un Ente Autónomo esté en proceso de negociación y no estime conveniente pasar esa información al trámite administrativo. Debe quedar claro que nunca está obligado a dar una información considerada inconstitucional o ilegal porque la interpretación de la Constitución no es un hecho que solamente esté sujeto al acto jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia, sino que es un acto al que cada uno de nosotros, como funcionarios públicos, nos debemos permanentemente. Sólo la esfera jurisdiccional saldará, o no, si hay un acto inconstitucional o ilegal. En los actos cotidianos de la Administración, aquel que tiene la función de administrar permanentemente está sujeto a interpretar la Constitución y las leyes para saber cómo se pronuncia.

En consecuencia, el razonamiento del señor Senador García Costa es inteligente para tratar de explayar la duda acerca de cuál es el alcance del artículo 5º.

A continuación, quiero hacer referencia a un aspecto sobre el cual debatimos por radio con el señor Senador Correa Freitas. Si le pidiera a ANTEL el registro de las llamadas telefónicas que se hayan hecho desde un teléfono de la Administración, perfectamente el Ente podría invocar que le estoy solicitando violar el artículo 28 de la Constitución. En ese caso, entraríamos a desencadenar los mecanismos de responsabilidad política que prevé la Constitución para saber si se la está violando o no. Reitero: esto lo discutí con el señor Senador Correa Freitas. A mi juicio, el registro de los destinatarios de las llamadas telefónicas no está cubierto por el precepto constitucional del artículo 28 _ni siquiera desde 1830- porque si lo asimilamos a la correspondencia _que, en última instancia, es la extensión que se hace-, en realidad se registraba la correspondencia de los chasques acerca de a qué destinatario iba y quién lo emitía. Lo que no se podía hacer era abrir la correspondencia para darse por enterado de sus contenidos, lo que de alguna manera viola la Constitución. Sin duda, también la viola el hecho de llevar adelante una intervención telefónica sin el aval judicial correspondiente. Sin embargo, insisto, si brindar el registro de hacia dónde va una llamada es interpretado como una violación a la Constitución, la Administración Nacional de Telecomunicaciones lo hace permanentemente porque en las pantallas de sus computadoras y en cada uno de los registros telefónicos aparecen las llamadas de mi celular a todos los celulares y teléfonos de línea a los que quiera llamar. Además, muchas veces los recibos llegan abiertos a nuestros despachos y nunca he planteado que se esté violando el derecho constitucional a la privacidad y a la inviolabilidad de mi correspondencia.

Esto daría lugar a que si un organismo se suma a la tesis _que no es nueva para mí- que defiende el señor Senador Correa Freitas y me la invocase, habría que desencadenar los mecanismos políticos que permitieran llegar a la interpretación de si el organismo que me niega la información en ese fundamento está en condiciones de hacerlo. No nos estamos refiriendo a eso, como así tampoco lo hace el artículo 5º.

La pertinencia de dar o no una información no puede presuponer que los preceptos constitucionales y legales pueden ser violados por esta norma ni por otro acto que realice el Administrador.

En la tarde de ayer, algún Senador de mi bancada me planteaba que cuando uno tiene la responsabilidad por estar en el Gobierno, a veces hay información que no quiere que trascienda desde el punto de vista administrativo, ya sea por un problema de seguridad, de negociación comercial, etcétera. Entonces, el mecanismo del artículo 5º lo que pretende es habilitar a que no se dé información pasible de no ser dada desde el punto de vista constitucional. La información, al ser dada, no violaría ninguna norma legal, por lo cual la debería dar; sin embargo, la Administración puede entender que desde el punto de vista de la oportunidad y de la conveniencia por el proceso en que se encuentre en la negociación es prudente mantener un espacio de reserva. Cualquiera lo entendería si se tratara de un problema de seguridad o de una negociación, tal como sucedió en el marco del proceso de integración del MERCOSUR. Ahora bien; si no es inconstitucional ni ilegal, me la tendría que dar, pero no le parece conveniente hacerla pública. Entonces, acá entramos a equilibrar las responsabilidades. Si un Legislador al que se le da la información que solicitó en forma reservada la hace pública entregándosela a un medio de prensa _es el ejemplo que ponía el señor Senador García Costa- es un irresponsable. Si lo es, la Constitución de la República tiene los mecanismos para llamarlo a responsabilidad. Creo que el Legislador que trasmite información _sea Senador o diputado- en forma anónima a un medio de comunicación _ya sea que lo haya hecho en el pasado o que lo haga en el futuro- es un irresponsable que no merece estar sentado aquí ni responde a la alta investidura institucional que tiene. Siempre he tratado de actuar con esta premisa porque defiendo la investidura que tengo y, repito, aquel que trasmite información a los medios de comunicación en forma anónima, no calza los puntos de representar la investidura que tiene. Esa es mi opinión. A su vez, si estuviera identificado quién fue, habría que aplicar el artículo 93 y llamarlo a responsabilidad política. ¡Ojalá! Le haría bien al sistema político, que algún día se expulsara del Cuerpo a uno de sus integrantes por actuar de esa manera.

Por consiguiente, debemos determinar quién tiene más responsabilidad política. Esto es lo que reivindico en la defensa que hago de este proyecto de ley. ¿La tiene un burócrata calificado de la Administración Pública, un burócrata designado en la Administración Pública, o un Legislador? No digo esto con un sentido corporativo sino con el de preciarme por integrar ámbitos constitucionales de elevada responsabilidad en la conducción del país. Entonces, reivindico que no puede interponerme ningún secreto ni reserva, salvo aquellas que obviamente, con ley o sin ella, violaran la Constitución de la República. La pertinencia es un acto de conveniencia acerca de dar a conocer o no la información que se ha solicitado en función de los intereses que se pretende salvaguardar. ¿Por qué tiene más responsabilidad para calificarla un Director de un Ente Autónomo que un Senador o un diputado? Creo que no la tiene. Por consiguiente, reivindico este artículo porque pretende allanar el espacio de intercambio entre quien pedía la información y quien la debe suministrar. Se trata de que exista un mecanismo que permita procesarla sin incurrir en falta ante lo que el mandato legal le determina.

Puedo tener la apreciación _sin duda la tengo- de que acá no cabe ninguna de las responsabilidades políticas que determina la Constitución para hacer efectivo el no cumplimiento del marco legal. Creo que eso es entendible. Considero que si alguien piensa que debe seguir avanzando, podría interpelar a un Ministro o pedir juicio político para quien lo entendiera del caso.

Reivindico el carácter de que exista ese espacio, porque si no, me temo _en realidad, lo temimos cuando discutimos el tema en el seno de la Cámara de Representantes- que no existiría la posibilidad de la reserva en un sentido de conveniencia o de inconveniencia. Ese era el objetivo; no perseguía ningún otro, así como tampoco plantear que ninguna de las disposiciones contenidas en este articulado presupusiera que quienes tienen que dar la información, sólo por la existencia de esta ley, pueden violar las leyes o la Constitución de la República. Es más: no pueden ni deben hacerlo.

Por lo tanto, reivindico el artículo 5º, porque creo que deja el espacio a que hacíamos referencia. Obviamente, se está apelando a la responsabilidad. No olvidemos que en el Senado juramos respetar la Constitución y la ley; no lo hacemos en la Cámara de Representantes, pero existe una responsabilidad institucional. Me precio mucho de dicha responsabilidad que, accidentalmente, me ha tocado asumir en estos 11 años. Como mecanismo me resulta sano, ya que para nada pone sobre el poder administrador la espada de Damocles de tener que entender que puede violar la Constitución o la ley.

Reitero que este es el objetivo con que está planteado el artículo y en virtud de ello, reivindicaría su permanencia tal como está redactado.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: entiendo que fui aludido, porque varios señores Senadores se han referido al debate que ayer se promovió en este Cuerpo por parte de quien habla. En función de ello escuché atentamente, no sólo por la importancia del tema que contiene este artículo que ha sido cuestionado, sino precisamente porque quería responder en el caso de que se hiciera alguna alusión con respecto al asunto concreto planteado en el día de ayer. Eso no se ha hecho, pero se ha realizado algo peor o que por lo menos me llega más profundamente.

Se ha dicho, por parte de algún señor Senador, que lo que se hizo en el día de ayer se realizó por solidaridad con alguien, esto es, conmigo, que fui quien planteó el tema. También se dijo que se efectuó con un espíritu de Cuerpo. Yo creí que se había tomado la decisión que se adoptó porque se entendió que ello era justo y razonable y no por solidaridad o complacencia con integrantes del Cuerpo. Es más: cuando llegó el momento de presentar mociones, dije que no iba a formular ninguna para que el Cuerpo quedara en absoluta libertad de entender si había o no cuestión de fueros o si había o no lesión de derechos de un Legislador. Sin embargo, hoy me encuentro con que un señor Senador _cuya opinión es muy respetada- señala que ayer se actuó bajo el entusiasmo de un espíritu de Cuerpo y de solidaridad con un Legislador.

Si es así, lo rechazo y tendré que reconsiderar y replantear el tema del día de ayer. No admito que por solidaridad, complacencia o generosidad se haya dado aprobación a una moción que fue planteada por quien habla en el entendido de que no buscaba una solidaridad personal ni promover un espíritu de Cuerpo, sino que se midiera el alcance del tema que hoy está en discusión nuevamente.

Reitero que en el caso del secreto bancario a que se ha hecho referencia, demostré claramente que en el 90% o 99% del total del pedido de informes nadie podía sostener que se violaba el secreto bancario porque se refería, por ejemplo, a cuándo se había vendido en remate público un bien que era del Banco de la República. De manera que se estaría negando a un Legislador lo que toda una multitud pudo apreciar y presenciar en ese momento. Se preguntaba, además, en cuánto se había vendido un bien que era del Estado, cosa que tiene derecho a saber cualquier ciudadano de este país.

Por lo tanto, creo que en el entusiasmo por defender una posición, se ha dicho algo que me hiere. Tengo que decirlo sinceramente. Si fue por complacencia, solidaridad o si acaso por compasión con quien habla, hay que replantear el tema y que cada uno exprese lo que piensa al respecto.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Señor Presidente: creo que el señor Senador Pereyra _que no me ha nombrado, pero que naturalmente ha hecho alusión a mis palabras- me ha interpretado mal. Le pido disculpas si no me ha entendido o no me supe expresar claramente en mi razonamiento.

En lo que refiere a la votación del tema en el Cuerpo en la sesión de ayer haciendo nuestro el pedido de informes que formulara oportunamente el señor Senador Pereyra y que el Banco de la República le contestara en la forma en que lo hizo, no satisfaciéndolo, debo aclarar que no hay arrepentimiento de nadie. Por supuesto que existe solidaridad, desde el momento en que votamos y hacemos nuestro el pedido de informes. Me refiero a la solidaridad institucional, como Legisladores. Además, entendimos _yo lo entiendo y figura en la versión taquigráfica de la sesión de ayer- que desde el primer momento dije que estaba dispuesto a votar para que el Cuerpo hiciera suyo el pedido de informes realizado por el señor Senador Pereyra.

A lo que aludí con respecto a las solidaridades, fue a las argumentaciones de las cuestiones de fuero, que es un tema distinto; a las argumentaciones en cuanto a que el Senado o los Legisladores podemos hacer cualquier tipo de pedido de informes y que del modo que sea, se nos debe responder. Insisto en que ese es un tema distinto.

Deseo que el Senado me comprenda que es a ese tema que me refiero y no al asunto concreto planteado por el señor Senador Pereyra, porque es diferente y con respecto al cual el Cuerpo se manifestó a favor, en el día de ayer, en el sentido de que se reiterara ese pedido de informes, porque no fue contestado en la forma en que lo solicitó dicho señor Senador. Pido que por favor tanto el señor Senador Pereyra como los demás Legisladores entiendan el sentido de mis palabras.

Estuve atento al debate porque, como siempre lo hago en las sesiones, permanecí en Sala. Es muy claro que en el día de ayer se realizaron argumentaciones que no pude contestar porque era imposible hacerlo desde el punto de vista reglamentario, hecho que me dejó muy preocupado. Pienso que debemos reflexionar al respecto.

Reitero que es en ese sentido que he hablado y, por tanto, pido que me entiendan que con los pedidos de informes que hagamos los Legisladores, tanto en forma individual como a nivel del Cuerpo, las instituciones públicas, los Ministerios o los organismos de que se trate, no están obligados a cometer delito. Insisto: es a eso a que me refiero. Debemos tener cuidado en el ejercicio de las competencias.

Espero aclarar con esto el alcance de mis palabras. Repito que si en algo molesté al señor Senador Pereyra, le pido me disculpe, pues me merece un enorme respeto por su trayectoria política y personal.

SEÑOR BRAUSE.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRAUSE.- En la discusión del día de ayer intervine para efectuar algún comentario respecto del planteo que había hecho el señor Senador Pereyra, referido al pedido de informes respecto del cual la Constitución ampara a los Legisladores. Me refería, concretamente, a la existencia de una norma jurídica, es decir, al artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.322, sobre el secreto profesional. Ese comentario lo precisé leyendo algunas líneas de dicho artículo, de manera tal que quedara bien claro que a través de él se limita a aspectos puntuales la información comprendida dentro del secreto. Por lo tanto, hay que interpretar la norma en forma restrictiva y no amplia, y no creer que se trata de una especie de bolsón donde cualquier información que se solicitare a un Banco público o privado estará vedada como consecuencia de esta norma prohibitiva. Esto lo quiero dejar bien claro, porque no deseo que de la versión taquigráfica del día de hoy, en la que se mencionó mi intervención de ayer, surja que esa interpretación que le di a la norma es tan amplia, contrariando el verdadero sentido de la misma.

La norma existe y establece determinadas condiciones en el que el presupuesto, de hecho, se verifica. La ley establece que estas empresas, que son las instituciones públicas y privadas de intermediación financiera, no podrán facilitar noticia alguna sobre los fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto, pertenecientes a persona física o jurídica determinada. Tampoco podrán dar a conocer informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes.

Deseo que quede claro que esta norma de secreto profesional opera cuando se verifican estos concretos presupuestos, de hecho. Esto no hay que interpretarlo de tal manera que cualquier pedido de informes hecho por los señores Legisladores a estas instituciones pueda estar amparado por el secreto profesional si no se verifica alguno de estos presupuestos específicamente definidos en la norma.

17) SESION EXTRAORDINARIA

SEÑOR RIESGO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIESGO.- Formulo moción para que en el día de mañana, a la hora 15, se convoque a una sesión extraordinaria, a los efectos de considerar el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo -acerca de un tema sobre el que se trabajó bastante la semana pasada por parte de nuestra bancada-, a través del cual se exonera del Impuesto al Valor Agregado a las enajenaciones de carne bovina originadas en las faenas de ganado provenientes del departamento de Artigas.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Quisiera complementar la moción del señor Senador Riesgo, solicitando que también se incluya el tratamiento de solicitud de venia por parte del Poder Ejecutivo en el caso de un integrante del Instituto Nacional de Colonización, otro del Banco de Previsión Social y uno del Banco Hipotecario, además de la integración del Correo.

SEÑORA ARISMENDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI.- Quisiera poner en conocimiento de los señores Senadores que desde el año pasado la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social ha programado para el día jueves 5 de abril un seminario-taller con la presencia de Representantes del Banco de Previsión Social, del Banco de Seguros del Estado, del Ministerio de Salud Pública y de la COMIN, que es la Comisión que vincula las organizaciones de personas con capacidades diferentes. Se trata de una sesión especial que comenzará a las 14 horas y estudiará el tema que tiene que ver con los baremos de discapacidad y con las posibles modificaciones y efectos que tiene la aplicación de dichos baremos en el Banco de Previsión Social. Cabe destacar que ya habíamos suspendido, por razones obvias, esta sesión en momentos de la discusión presupuestal y, como ya dije, ha sido citada para el día de mañana con muchísima antelación. Incluso, concurrirá gente del interior de nuestro país. Como el señor Presidente comprenderá, empezando a las 14 horas, este seminario no terminará antes de las 17 y 30 horas.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa desea informar que el proyecto del Poder Ejecutivo al que hizo referencia el señor Senador Riesgo acaba de ingresar al Senado y en esa medida se dispuso la citación de la Comisión de Hacienda para el día de mañana. A su vez, la Cámara de Representantes solicita que el Senado sesione a las 15 horas para estar en condiciones de convocar a una reunión a las 17 horas, bajo el entendido de que el proyecto de ley se va a aprobar. Hubo algún señor Senador que sugirió aprobarlo ahora.

Informamos esto para ver cuáles serán los procedimientos de trabajo que tiene el Senado para dar atención, en forma urgente, a tan importante tema.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Para atender los planteos de la señora Senadora Arismendi y la necesidad de la Cámara de Representantes, visto la importancia de este proyecto de ley, me atrevería a decir que, dadas las circunstancias, no sería necesario leerlo para aprobarlo.

En tal sentido, formulo moción para que se prorrogue la hora de finalización de la presente sesión del Senado, a los efectos de considerar el proyecto de ley y votarlo.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa tiene una duda en cuanto a qué proyectos se incluirían en la prórroga, porque anteriormente habíamos votado que una vez terminada la consideración del proyecto en discusión, se consideraría el proyecto de ley sobre autorización de una misión militar de Estados Unidos.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Formulo moción para que luego de terminado el debate del proyecto que está a consideración, se vote el proyecto de ley que quedó en suspenso, concluyendo con el orden del día y se prorrogue la sesión hasta votar el proyecto de ley sugerido.

SEÑOR GARAT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT.- Estoy de acuerdo con el proyecto de ley que se quiere votar, pero quiero recordar al Senado que a las 20 horas tenemos una reunión especial en la cual se dejará constituido el Grupo de Amistad Parlamentaria con la República Popular China , con la presencia de la señora Embajadora de ese país.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se trata de un acto al cual varios señores Senadores estamos invitados; sin embargo, creo que podríamos aligerar la discusión y concluir a tiempo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor Senador Astori.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

18) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la discusión particular del artículo 5º del proyecto en discusión.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Quiero señalar dos ideas, a mi juicio muy claras, con respecto al artículo 5º. En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con el espíritu y con el objetivo que se persigue a través de la redacción del mismo, porque si lo leemos detenidamente, lo único que establece es que en aquellos casos en que la información que se va a proveer es de carácter confidencial, se instrumente la manera de mantener la reserva correspondiente.

En segundo término, estoy de acuerdo con el razonamiento del señor Senador García Costa en cuanto a que la redacción del artículo no es la más feliz que se podría pretender. Simplemente, como este proyecto tiene una antigüedad de 83 años, en Comisión se entendió que lo mejor era aprobarlo tal como venía de la Cámara de Representantes.

No soy partidario de eliminar el artículo, pero como comparto el razonamiento del señor Senador García Costa, me parece más razonable devolverlo a la Comisión, a los efectos de darle una redacción conforme a los objetivos que se persiguen a través del mismo.

No quiero extenderme demasiado, pero me veo en la necesidad de decir algunas cosas sobre lo que aquí se ha discutido. Tanto en la discusión del día de ayer como en la de hoy, he señalado que el principio general que a mi juicio rige el sistema institucional uruguayo, tiene que ver con el hecho de que no existen temas de carácter secreto o que tengan una confidencialidad tal que estén vedados al conocimiento de los señores Legisladores.

Sin embargo, de la misma manera que existe el principio general, también existen algunos casos de excepción en los cuales hay toda una graduación de posibilidades, desde aquellas que hacen, a mi juicio, imposible que algunos pedidos de informes puedan ser respondidos _muchos ejemplos los ha puesto el señor Senador García Costa- hasta otras muchas vinculadas al tema del secreto bancario, ya que si existe este impedimento con relación a la información que se solicita, parece lógico que no se responda. Del mismo modo también hay temas relacionados con el estado civil que no pueden ser divulgados, y otros que merecen una discusión.

Cuando aquí se habla, por ejemplo, de las inversiones que ha hecho ANCAP en la Argentina, existen informaciones que si tomaran estado público podrían conspirar contra los intereses del país y de la propia ANCAP, por la sencilla razón que esas empresas que ésta posee en este momento en aquel país, cotizan en Bolsa. En consecuencia, si damos a conocer públicamente algunas informaciones que pueden ser de carácter estratégico, podemos influir negativamente sobre la suerte de la empresa.

Sobre el tema de ANTEL en particular, que aquí se ha discutido, tendría mucho para agregar señor Presidente, en virtud que me tocó vivir una situación muy difícil cuando fui Director del Ente. Desde una Comisión Investigadora del Parlamento se solicitaron informes sobre las llamadas que se habían realizado desde un teléfono. Siempre he compartido el criterio que el derecho a la intimidad y a la confidencialidad protegía al ciudadano en cuanto a la posibilidad de divulgar públicamente esa situación. No pretendo traer nuevamente al debate un tema sobre el que pienso no agregaríamos nada nuevo si lo volvemos a discutir; sin embargo, bastaría con situarse en la posición de este ciudadano, Director de ANTEL en representación del Partido Nacional, que era en aquellas circunstancias el acusado en la Comisión Investigadora. En aquel momento, durante 48 ó 72 horas el país esperaba a través de los medios de prensa _no sé si tanto la ciudadanía, pero sí los medios de prensa estaban ansiosos- la información sobre aquellos faxes que se habían traído como prueba y que tenían, además, un número de teléfono, fecha y hora, y si se habían realizando verdaderamente desde ese teléfono las llamadas hacia el exterior, enviando los faxes correspondientes, ese día y a esa hora. De ser así, si se confirmaba todo esto, serían ciertas determinadas acusaciones.

Por otro lado, que ese Director de ANTEL, que estaba en representación del Partido Nacional defendiendo un derecho constitucional a la intimidad, se negara a recepcionar la prueba que podría ser muy elocuente, como lo fue definitivamente, para esclarecer tamaña acusación, lo situaba en una posición muy difícil. Lo que nos salvó, en aquellas circunstancias, es lo que dijo el señor Senador Bayardi. Me refiero al hecho que en el Uruguay las facturas telefónicas registran lo que se denomina como información detallada. Esto significa que en todas las facturas telefónicas se incluye el detalle de las llamadas que se realizan desde un número de teléfono, las cuales, además, se envían por correo y generalmente llegan abiertas a los domicilios. Del mismo modo _como también lo señalaba el señor Senador Bayardi-, a través de las computadoras que están instaladas en ANTEL, también se puede acceder a esa información. Sin embargo, también es cierto que se viola toda intimidad porque sabiendo las llamadas que una persona realiza, se puede conocer mucho sobre su vida. O sea que, verdaderamente, hay temas que pueden generar dudas sobre si merecen tener un tratamiento de contestación de pedidos de informes o contestaciones de otras características.

Por último, formularía moción _y creo que los miembros de la Comisión compartirán este criterio- para que el proyecto de ley que estamos discutiendo retorne a la Comisión de Constitución y Legislación a efectos de ver si compartiendo muchos de los razonamientos que hacía el señor Senador García Costa, se le puede dar al artículo una redacción más adecuada al objetivo que persigue.

SEÑOR PRESIDENTE.- El procedimiento adecuado sería votar por sí o no el artículo 5º.

De todas maneras, tengo dos propuestas antagónicas: por un lado, el pase a Comisión de este proyecto de ley y, por otro, su votación negativa.

SEÑOR ASTORI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI.- Entiendo, señor Presidente que el orden sería poner a votación el artículo 5º y, en la medida en que fuera aprobado, no se estaría proponiendo ni aprobando su devolución a la Comisión. En caso de que no se incluya el artículo 5º en el proyecto de ley porque es votado negativamente, tendríamos que votar una eventual devolución a la Comisión. Esa es mi impresión.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa entiende que si se vota negativamente el artículo 5º tal como presumiblemente ocurra, habría que votar el pase a Comisión.

SEÑOR ASTORI.- Exacto.

SEÑOR SINGER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SINGER.- Señor Presidente: la moción de pase a Comisión es una moción de orden que interrumpe la consideración de un proyecto de ley, en cualquier etapa en la que éste se encuentre y aunque falte un solo artículo. Por lo tanto, es un trámite previo.

En consecuencia, una vez que se presenta una moción, la Cámara está habilitada para discutir esa moción de orden, que admite discusión y debe votarla, por sí o por no. Si se resuelve que el proyecto de ley debe volver a Comisión, queda suspendida su consideración. Este es el procedimiento; no hay otro.

SEÑOR ASTORI.- La moción no fue presentada en esos términos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Así es: la moción no había sido formulada en esos términos, pero si se presenta en esas condiciones, el procedimiento es el que indica el señor Senador Singer.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada en el sentido de que el proyecto de ley vuelva a Comisión.

(Se vota:)

- 13 en 21. Afirmativa.

19) EFECTIVOS DEL EJERCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA REALIZAN UN EJERCICIO BILATERAL CON PERSONAL DE NUESTRAS FUERZAS ARMADAS ENTRE EL 7 DE MAYO Y EL 18 DE JUNIO DE 2001

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado continúa con la consideración del proyecto de ley por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de efectivos del Ejército de los Estados Unidos.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

- 13 en 21. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

«Artículo Unico. - Autorízase el ingreso al territorio nacional de 15 efectivos pertenecientes a una Unidad de Infantería Ligera del Ejército de los Estados Unidos de América, portando su armamento individual, material de instrucción y apoyo aéreo para paracaidismo, transportado en dos aviones MC-130, a efectos de realizar un Ejercicio Bilateral con Personal de nuestras Fuerzas Armadas, entre el 7 de mayo y el 18 de junio del año 2001.»

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Simplemente, para una cuestión de procedimiento. No recuerdo bien _quizás la Mesa lo pueda aclarar- pero creo que esta decisión exige una mayoría especial, de acuerdo con la Constitución de la República. No lo sé; de todas formas, el Gobierno tiene mayoría para aprobar este proyecto de ley. Lo planteo porque creo que cometeríamos un error si se exigiera una mayoría especial.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CORREA FREITAS.- El numeral 11 del artículo 85 de la Constitución, en lo que se refiere a las competencias del Poder Legislativo, establece: "Permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el territorio de la República, determinando para el primer caso, el tiempo en que deban salir de él. Se exceptúan las fuerzas que entran al solo efecto de rendir honores, cuya entrada será autorizada por el Poder Ejecutivo."

En consecuencia, la Constitución no establece ninguna mayoría especial, razón por la cual sólo se requiere una mayoría simple de este Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el artículo único.

(Se vota:)

-12 en 20. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

20) EXONERACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A LAS ENAJENACIONES DE CARNE BOVINA PROVENIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ARTIGAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto cuya inclusión en el orden del día resolvió el Senado: "Proyecto de ley sobre la exoneración del IVA a las enajenaciones de carne bovina originada en la faena de ganado proveniente del departamento de Artigas".

(Antecedentes:)

PODER EJECUTIVO
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 4 de abril de 2001

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto Proyecto de ley, por el que se consagra la exoneración del Impuesto al Valor Agregado aplicable a las enajenaciones de carne bovina originadas en la faena de ganado proveniente del departamento de Artigas.

Esta disposición se encuadra en las medidas impulsadas por el Gobierno con el propósito de mejorar las difíciles condiciones económicas a las que se ha visto sometida la producción del referido departamento.

La Ley proyectada establece que el Poder Ejecutivo reglamentará las condiciones de aplicación del beneficio, en virtud de que alcanza a todas las enajenaciones de carne originadas en ganado del departamento, lo que amerita el establecimiento de criterios objetivos para discriminar las operaciones gravadas y exentas.

Saluda al Sr. Presidente con la mayor consideración.

Jorge Batlle Ibáñez Presidente de la República, Aldo Bonsignore.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Exonérase del Impuesto al Valor Agregado a las enajenaciones de carne bovina originada en la faena de ganado proveniente del departamento de Artigas.

El Poder Ejecutivo establecerá las condiciones en las que el beneficio se hará efectivo, pudiendo hacerlo en función del domicilio de los productores, el monto de las adquisiciones de ganado y de las enajenaciones de carne, y otros índices representativos.

Esta exoneración regirá por ciento ochenta días.

Aldo Bonsignore.»

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

VARIOS SEÑORES SENADORES.- Que se vote, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

«ARTICULO UNICO.- Exonérase del Impuesto al Valor Agregado a las enajenaciones de carne bovina originada en la faena de ganado proveniente del departamento de Artigas.

El Poder Ejecutivo establecerá las condiciones en las que el beneficio se hará efectivo, pudiendo hacerlo en función del domicilio de los productores, el monto de las adquisiciones de ganado y de las enajenaciones de carne, y otros índices representativos.

Esta exoneración regirá por ciento ochenta días.»

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

21) PRORROGA DE LA HORA DE FINALIZACION DE LA SESION

SEÑOR MILLOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MILLOR.- Quisiera saber si existe la posibilidad de citar a una sesión extraordinaria para el día de mañana, a fin de tratar las venias que quedaron pendientes o, de lo contrario, hacerlo ahora, en esta misma sesión, prorrogando la hora de finalización.

SEÑOR PRESIDENTE.- No, señor Senador. La hora fue prorrogada específicamente para tratar estos proyectos de ley.

SEÑOR MILLOR.- Entonces, podríamos analizar ese punto ahora.

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado es dueño de su horario; si se vota prorrogar la hora para considerar las venias, naturalmente se hará.

SEÑORA ARISMENDI.- Pero la sesión ya se levantó, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- No, señora Senadora. El señor Senador Millor hizo una consulta; proclamé el resultado de la votación y dije que el proyecto se comunicaría a la Cámara de Representantes.

SEÑORA ARISMENDI.- Deseo que el señor Presidente me aclare una duda, porque tengo entendido que puso a consideración la prórroga de la hora para tratar puntos específicos. Una vez analizados éstos, entiendo que la prórroga terminó.

SEÑOR PRESIDENTE.- Es así, señora Senadora, pero no había levantado la sesión y si hay un Senador que solicita una prórroga, podemos darle la oportunidad. Sólo se trata de que haya acuerdo o no en el Cuerpo.

22) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Independientemente de la prórroga que se ha solicitado, quisiera plantear _no sé si reglamentariamente corresponde- que se rectifique la votación del proyecto de ley que tiene que ver con los plazos para contestar los pedidos de informes. Debo decir que había hecho moción pensando que contaba con el acuerdo de todos los integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación, para que la iniciativa volviera a ese ámbito y, en ese acuerdo, la votaba. Como señalé previamente, había un compromiso asumido en la Comisión de aprobar el proyecto de ley tal como venía de la Cámara de Representantes. Digo esto porque la bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio no votó la moción del pase a Comisión. Supongo que habrá sido no sólo porque estará de acuerdo con el artículo, sino también por el compromiso que existía. Personalmente, asumí ese compromiso para cumplirlo. Entonces, en ese caso votaría el artículo. Hago esto en aras de buscar el acuerdo para llevarlo a Comisión, contando también con el consenso de la bancada del Encuentro Progresista y, de esa manera, repito, estaríamos cumpliendo con los compromisos asumidos. De lo contrario, daría mi voto al proyecto de ley porque, si no, corremos el riesgo de que quizás, dentro de 83 años, recién se considere alguna iniciativa parecida.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Senador: la reconsideración debió haberse planteado de inmediato para mantener el mismo quórum, porque de variar éste, puede cambiarse una decisión del Cuerpo asumida correctamente. Con toda cortesía, la Mesa no acepta el pedido de reconsideración.

23) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo otros asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace, siendo la hora 20 y 5 minutos, presidiendo el señor Luis Hierro López y estando presentes los señores Senadores Abelenda, Arismendi, Astori, Atchugarry, Bayardi, Brause, Correa Freitas, de Boismenu, Dubra, Fau, Gallinal, Gargano, Goiriena, Larrañaga, López, Malladote, Millor, Nin Novoa, Núñez, Pereyra, Pou, Rodríguez, Sanabria, Singer y Virgili.)

SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario - Sra. Emma Abdala Prosecretaria

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.