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Nº 14 - TOMO 78 - 14 DE FEBRERO DE 2001

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

ASAMBLEA GENERAL

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LA XLV LEGISLATURA

14ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES SEÑOR MARIO FARACHIO Y DOCTOR HORACIO D. CATALURDA

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo al Presupuesto Nacional Ejercicio 2000-2004

- Manifestaciones del señor Legislador Sanabria. Intervención de varios señores Legisladores.
- Por moción de varios señores Legisladores la Asamblea General resuelve levantar los vetos interpuestos por el Poder Ejecutivo a los artículos números 329, 331, 468, 470, 549 y 557 del Presupuesto Nacional.

5) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

«Montevideo, 13 de febrero de 2001.

La ASAMBLEA GENERAL se reunirá en sesión extraordinaria, mañana miércoles 14, a la hora 16, a fin de hacer cesar el receso, informarse de los asuntos entrados y considerar las observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo a diversas disposiciones del proyecto de ley por el que se aprueba el Presupuesto Nacional Ejercicio 2000-2004.

(Carp. N° 24/2001 - Rep. N° 7/2001)

Horacio D. Catalurda Secretario - Mario Farachio Secretario.»

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Marcos Abelenda, Danilo Astori, Alejandro Atchugarry, Gustavo Borsari, Alberto Brause, Victorio Casartelli, Ruben Correa Freitas, Alberto Couriel, Susana Dalmás, José de Boismenu, Yamandú Fau, Eleuterio Fernández Huidobro, Francisco Gallinal, Carlos M. Garat, Reinaldo Gargano, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Rodolfo Nin Novoa, Manuel Núñez, Carlos Julio Pereyra, María Julia Pou, Walter Riesgo, Ambrosio Rodríguez, Enrique Rubio, Wilson Sanabria, Roberto Scarpa, Juan A. Singer, Orlando Virgili y Mónica Xavier; y los señores Representantes Washington Abdala, Odel Abisab, Ernesto Agazzi, Guillermo Alvarez, Gustavo Amen Vaghetti, Mario Amestoy, Raúl Argenzio, Beatriz Argimón, Roberto Arrarte Fernández, Roque E. Arregui, Carlos Baráibar, Raquel Barreiro, Jorge Barrera, Artigas A. Barrios, José Bayardi, Edgard Bellomo, Humberto Bellora, Juan José Bentancor, Ricardo Berois Quinteros, Daniel Bianchi, José L. Blasina, Nelson Bosch, Brum Canet, Julio Cardozo Ferrerira, Ruben Carminatti, Nora Castro, Ricardo Castroman Rodríguez, Roberto Conde, Silvana Charlone, Eduardo Chiesa Bordahandy, Guillermo Chifflet, Sebastián Da Silva, Ruben H. Díaz, Daniel Díaz Maynard, Miguel Dicancro, Juan Domínguez, Alejandro Falco, Ricardo Falero, José E. Fernández, Alejo Fernández Chaves, Ramón Fonticiella, Luis José Gallo Imperiale, Orlando Gil Solares, Carlos González Alvarez, Gonzalo Graña, Gustavo Guarino, Tabaré Hackenbruch Legnani, Arturo Heber Füllgraff, Doreen Javier Ibarra, Luis Alberto Lacalle Pou, Julio Lara, Luis M. Leglise, Ramón Legnani, Henry López, Guido Machado, Oscar Magurno, José Carlos Mahía, Diego Martínez, Juan Máspoli Bianchi, Artigas Melgarejo, José Homero Mello, Felipe Michelini, José M. Mieres, Pablo Mieres, Ricardo Molinelli, Andrés Oribe, Jorge Orrico, Francisco Ortiz, Gustavo Osta, Gabriel Pais, Ronald Pais, Gustavo Penades, Margarita Percovich, Alberto Perdomo, Darío Pérez, Enrique Pintado, Carlos Pita, Martín Ponce de León, Iván Posada, Yeanneth Puñales Brun, Glenda Rondán, Víctor Rossi, Adolfo Pedro Sande, Julio Luis Sanguinetti, Diana Saravia Olmos, Leonel Heber Sellanes, Julio C. Silveira, Lucía Topolansky, Daisy Tourné, Wilmer Trivel, Stella Tucuna y Fernando Vázquez.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Marina Arismendi, Alberto Cid, Guillermo García Costa, Luis Alberto Heber, Pablo Millor y José Mujica; y los señores Representantes Juan Justo Amaro Cedrés, José Amorín Batlle, Nahum Bergstein, Jorge Chápper, Daniel García Pintos, Feliz Laviña, Ruben Obispo, Enrique Pérez Morad, Alberto Scavarelli y Raúl Sendic; con aviso los señores representantes Guzmán Acosta y Lara, Martha Montaner, María Alejandra Rivero Saralegui, Pedro Señorale, Gustavo Silveira y Walter Vener Carboni.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 10 minutos)

-Dése cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

«La Presidencia de la Asamblea General remite expediente conteniendo recursos de revocación y jerárquico de la firma BENECH Y RODRIGUEZ SRL., con resolución de la Secretaría de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo de 19 de mayo de 2000.

-A LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.

El Poder Ejecutivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del TOCAF, remite Mensaje comunicando la aprobación del Reglamento de Condiciones Especiales para la Concesión de Obra Pública por Iniciativa Privada.

-TENGASE PRESENTE.

La Suprema Corte de Justicia remite un Mensaje relacionado con el posible levantamiento del veto interpuesto por el Poder Ejecutivo a los artículos 468 a 470 del proyecto de ley de Presupuesto Nacional.

-AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite nota adjuntando la comunicación cursada por el Banco Central del Uruguay de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley Nº 16.713 de 3 de setiembre de 1995, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 16.884, de 10 de noviembre de 1997 que autorizó al Poder Ejecutivo a emitir y mantener en circulación títulos de ahorro previsional hasta por igual cantidad al ochenta por ciento de la suma de las transferencias realizadas por el Banco de Previsión Social a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional con un máximo equivalente a treinta millones de unidades reajustables.

-REPARTASE.

El Tribunal de Cuentas remite nota adjuntando la reiteración de las observaciones formuladas a varios expedientes durante el trimestre comprendido entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre de 2000.

-TENGASE PRESENTE. Queda la documentación a disposición de los señores Legisladores en la Secretaria de la Asamblea General.

La Oficina Nacional del Servicio Civil, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 17.216, de 24 de setiembre de 1999, remite información relacionada con la provisión de vacantes en la administración pública con personal discapacitado.

-TENGASE PRESENTE.

Las Juntas Departamentales de Canelones, Artigas y Rocha comunican, de conformidad con lo establecido en el artículo 225 de la Constitución, la no aceptación de las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas a sus respectivos Presupuestos Quinquenales para el período 2000-2004.

-PASEN A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.»

4) OBSERVACIONES INTERPUESTAS POR EL PODER EJECUTIVO AL PRESUPUESTO NACIONAL, EJERCICIO 2000 - 2004

SEÑOR PRESIDENTE.- La Asamblea General entra a considerar el único punto del orden del día: "Consideración de las observaciones interpuestas por el Poder Ejecutivo a diversas disposiciones del proyecto de ley por el que se aprueba el Presupuesto Nacional Ejercicio 2000 - 2004. (Carp. Nº 24/2001 - Rep. Nº 7/2001, Anexos I, II y III)"

(Antecedentes:)

«Carp.Nº 24/2001
Rep. Nº 7/2001

Presidencia de la Republica
Oriental del Uruguay
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas
Ministerio de
Defensa Nacional
Ministerio de
Educación y Cultura
Ministerio de
Obras Públicas
Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca
Ministerio de Turismo
Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente
Ministerio de
Deporte y Juventud

Montevideo, 10 de enero de 2001.

Sr. Presidente de la

Asamblea General

Don Luis Hierro López

Presente

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse al Señor Presidente de la Asamblea General para formular observaciones respecto de diversos artículos contenidos en el Proyecto de Ley por el que se aprueba el Presupuesto Nacional de Sueldos, Gastos, Inversiones y Recursos para el período 2000 - 2004.

El Presente mensaje se funda tanto en razones de constitucionalidad como de mérito que llevan a este Poder del Estado a ejercer las facultades que les asignan los artículos 137 y 168 numeral 6) de la Constitución de la República.

Los artículos respecto de los cuales se formulan observaciones son los siguientes:

1) Observaciones al Artículo 24

Se observa parcialmente por razones de conveniencia el artículo 24.

La redacción del texto sancionado otorga un plazo de sesenta días a toda persona física o jurídica que perciba fondos en carácter de recaudador, depositario o pagador, o que administre, utilice o custodie otros bienes o pertenencias del Estado a los efectos de efectuar la correspondiente rendición de cuentas de dichos fondos. Se estima que el mencionado plazo puede resultar en ciertas circunstancias exiguo, por la cual se propone incluir al final del artículo en cuestión un aditivo en los siguientes términos: «La reglamentación podrá establecer otros plazos de presentación para casos determinados y debidamente fundados».

2) Observaciones al Artículo 65

Se observa parcialmente por razones de conveniencia el artículo 65.

La observación propuesta se funda en la necesidad de evitar la duplicación en la actividad de evaluación de las regulaciones. En efecto, los órganos reguladores como la Unidad Reguladora de Energía Eléctrica creada por la Ley Nº 16.832 de 17 de junio de 1997 o la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones creada por el propio proyecto, constituyen esferas competenciales especializadas, con atribuciones de asesoramiento al Poder Ejecutivo en sus materias específicas, incluyendo el control del cumplimiento de los marcos regulatorios, el dictado de reglamentos de medición y facturación.

En el sentido expresado, se entiende conveniente, a efectos de prevenir un doble control de los temas, introducir en el artículo 65 del Proyecto de Ley de Presupuesto, un inciso final, que en forma clara exceptúe estas iniciativas de la evaluación que con carácter general se comete a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

En tal sentido el artículo 65 quedaría redactado de la siguiente manera:

«Artículo 65.- Toda iniciativa en materia de regulaciones y restricciones administrativas que afecten la competencia entre particulares o la competitividad, así como en materia de tasas, a ser percibidas por las unidades ejecutoras de la Administración Central por concepto de trámites, servicios o similares, requerirá informe previo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

La oficina de Planeamiento y Presupuesto actuará de conformidad con los criterios establecidos en los artículo 699 a 702 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996.

Exceptúase de lo dispuesto en los incisos precedentes, toda iniciativa en materia de regulaciones y
restricciones administrativas que afecten la competencia entre particulares o la competitividad, que fuere evaluada por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) o por la Unidad Reguladora de la energía Eléctrica (UREE).»

3) Observaciones a los Artículos 70 y 71

El Poder Ejecutivo observa en forma total los artículos 70 y 71 por razones de conveniencia. La norma referida en el artículo 70, establece que el Comité Nacional de Calidad tendrá la calidad de ordenador secundario de los gastos correspondientes a la asignación presupuestal, lo cual no se considera oportuno.

Asimismo, entre los cometidos asignados al Comité en el artículo 71 se establece la posibilidad que haga efectivo el cobro de los gastos que se generen por sus actividades y la libre disponibilidad de la totalidad de los fondos que perciba, lo cual no resulta compatible con las políticas fijadas por el Poder Ejecutivo.

Por último, se estima conveniente mantener los cometidos establecidos por la reglamentación para el Comité Nacional de Calidad (Decreto 177/991 de 1º de abril de 1991, Decreto 152/995 de 18 de abril de 1995 y Decreto 184/000 de 23 de junio de 2000).

4) Observaciones al Artículo 72

Se observa parcialmente el artículo 72 por razones de mérito. Se entiende necesario que la desconcentración otorgada a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones sea no privativa y por tanto el Poder Ejecutivo tenga la facultad de avocación. En consecuencia, se considera oportuno que el artículo 72 quede redactado de la siguiente manera: «Artículo 72.- Créase como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, sin perjuicio de su facultad de avocación, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC)».

5) Observaciones al Articulo 90

Se observa parcialmente el Artículo 90 por razones de conveniencia.

El Poder Ejecutivo considera conveniente que se mantenga la transferencia de diez por ciento (10%) al Programa 001 «Administración Central del Ministerio de Defensa Nacional», establecido en el artículo 140 de la ley 16.170, de 28 de diciembre de 1990 en la redacción dada por el artículo 119 de la ley 16.736, de 5 de enero de 1996.

En tal sentido, se objeta la redacción dada al artículo 90 y se propone la siguiente redacción sustitutiva:

«Artículo 90.- Hasta tanto no se sancione el primer presupuesto de la URSEC se faculta a la Contaduría General de la Nación a transferir los créditos presupuestales que fueron sancionados para la Dirección Nacional de Comunicaciones, con excepción de la transferencia prevista en el artículo 140 de la ley 16.170, de 28 de diciembre de 1990 en la redacción dada por el artículo 119 de la ley 16.736, de 5 de enero de 1996».

6) Observaciones al Artículo 109

Se observa en forma parcial por razones de oportunidad el artículo 109. El artículo en cuestión excluye de las exoneraciones previstas en el inciso final del artículo 29 de la ley Nº 13.319, de 28 de diciembre de 1964 y de toda otra exoneración respecto a las tasas y aranceles que percibe la Dirección General de Aviación Civil.

El Poder Ejecutivo entiende que únicamente se debe excluir de los beneficios antes mencionados a las aeronaves comerciales de bandera nacional en sus vuelos internacionales. En consecuencia, se considera conveniente que el artículo 109 contenga la siguiente redacción: «Artículo 109.- Exclúyense a las aeronaves comerciales de bandera nacional en sus vuelos internacionales de las exoneraciones previstas en el inciso final del artículo 29 de la ley Nº 13.319, de 28 de diciembre de 1964 y de toda otra exoneración respecto a tasas y aranceles que percibe la Dirección General de Aviación Civil».

7) Observaciones al Artículo 114

Se observa integramente el artículo 114 en cuanto limita la libertad de trabajo en la actividad privada de los funcionarios dependientes de la Dirección Nacional de Meteorología. En lo que respecta a la actividad en la Administración Pública, existe prohibición legal al respecto.

8) Observaciones al Artículo 118

Se observa totalmente el artículo 118 por razones de inconstitucionalidad. La norma en cuestión carece de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del Artículo 86 de la Constitución de la República.

9) Observaciones al Artículo 185

Se observa totalmente el artículo 185 por razones de mérito. El artículo antes mencionado transforma dos cargos de Fiscales III en un cargo de particular confianza «Subdirector de Casinos», Escalafón Q, previéndose para dicho cargo la retribución prevista en el literal C) del artículo 9 de la ley 15.809. De esta forma el cargo a crearse percibirá una mayor remuneración respecto de su superior jerárquico, el Director General de Casinos, lo cual crea distorsiones en el funcionamiento de la oficina en cuestión.

10) Observaciones al Artículo 198

Se observa totalmente el artículo 198 por razones de oportunidad, en virtud que la redacción dada por el mencionado artículo resulta contraria a los principios que regulan la carrera diplomática al disponer el ascenso directo de aproximadamente 100 funcionarios por vía legal. De esta forma se altera el principio general del concurso que regula los ascensos del personal diplomático.

Asimismo, se observa por razones de inconstitucionalidad, en virtud de carecer de la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo establecida en el inciso segundo del artículo 86 de la Carta.

11) Observaciones al Artículo 199

Se observa parcialmente el artículo 199 por razones de conveniencia.

El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un sistema de remuneración para funcionarios del Inciso 07 «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca» que desempeñan tareas prioritarias para el cumplimiento de los cometidos sustantivos del mismo y con alto grado de dedicación.

El sistema se estructuraba en dos artículos (artículos 199 y 227), uno de los cuales, el 199, fue aprobado por la Cámara de Senadores en términos distintos a los remitidos por el Poder Ejecutivo en el artículo 71 del Mensaje Complementario.

Tal situación genera una distorsión que atenta contra la homogeneidad del sistema planteado el cual se ve así desvirtuado en cuanto a los objetivos perseguidos.

En consecuencia, se propone la siguiente redacción para el artículo 199:

«Artículo 199.- Habilítase una partido para el funcionamiento del Programa 001, Unidad Ejecutora 001 «Administración Superior» del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por un monto anual de $11:620.000 (once millones seiscientos veinte mil pesos uruguayos).

Dicha partida será distribuida en los siguientes objetos del gasto:

199  

$

790.160

299  

$

1:400.000

399  

$

133.840

521  

$

9:296.000

La partida asignada al objeto 521 podrá ser reasignada al grupo 0 «Servicios Personales» con destino a compensar a los funcionarios que desempeñan tareas prioritarias para el cumplimiento de los cometidos sustantivos del mismo, y con un alto grado de especialización y dedicación».

12) Observaciones al Artículo 225

Se observa parcialmente el Artículo 225 por razones de mérito, ya que la redacción oportunamente enviada por el Poder Ejecutivo (Artículo 75 del Mensaje Complementario) en la cual se atribuían cometidos a la nueva Dirección General, fue modificada por el Parlamento omitiendo dicha atribución de competencias lo que provoca la existencia de un nuevo programa vacío de contenido.

Sabido es que las atribuciones y competencias de un órgano que se crea por ley sólo pueden ser conferidas por ésta.

En consecuencia, se propone la siguiente redacción para el Artículo 225:

«Artículo 225.- Créase en el Inciso 07 «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca» el Programa 008 «Programa Forestal», cuya Unidad Ejecutora será la Dirección General Forestal.

Los cometidos de dicha Unidad Ejecutora serán los actualmente asignados a la División Forestal de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables, así como los previstos en los artículos 24, literal b) y 25 inciso 2) de la ley Nº 15.939, de 28 de diciembre de 1987 y artículo 273, inciso 2) de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 en la redacción dada por el artículo 211 de la ley Nº 16.320, de 17 de diciembre de 1992 y normas reglamentarias correspondientes.

Será aplicable a la Dirección General Forestal lo dispuesto por el artículo 185 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

La Contaduría General de la Nación a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, transferirá los créditos presupuestales y los cargos y contratos de función pública necesarios para su funcionamiento, del Programa 003 «Recursos Naturales Renovables».

13) Observaciones al Artículo 319

Se observa parcialmente el artículo 319 por razones de conveniencia.

De acuerdo a las políticas establecidas por el Poder Ejecutivo resulta necesario eliminar la expresión contenida al final del inciso primero del referido artículo que establece «sin necesidad de ninguna otra intervención».

14) Observaciones al Artículo 329

Se observa en forma total el artículo 329 por razones de mérito. En efecto, no resulta compatible con las políticas establecidas por el Poder Ejecutivo el destino asignado en el proyecto de los recursos que eventualmente recaude el Centro de Diseño Industrial.

15) Observaciones al Artículo 331

El Poder Ejecutivo observa en forma integra el artículo 331 por razones de inconstitucionalidad, en virtud de carecer de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 133 de la Constitución de la República.

16) Observaciones al Artículo 354

Se observa en forma parcial el artículo 354 por razones de oportunidad, proponiendo la eliminación del inciso segundo de la referida norma que establece: «En el caso de los familiares de primer grado de consanguinidad dicha asistencia se limitará a los hijos menores de edad e incapaces».

17) Observaciones al Artículo 388

Por razones de mérito se observa parcialmente el artículo 388. El Poder Ejecutivo entiende necesario limitar la asignación de la partida anual contenida en el mencionado artículo, únicamente para los ejercicios 2002 y 2003, en la medida que con las partidas de dos años se cumple con la finalidad de las inversiones previstas en el área informática.

18) Observaciones al Artículo 390

Se observa parcialmente el Artículo 390 por razones de conveniencia. Se entiende necesario que, en forma armónica con la normativa vigente para arrendamiento de obra, sea el Poder Ejecutivo el que efectúe estas contrataciones.

19) Observaciones al Artículo 416

El Poder Ejecutivo observa en forma parcial por razones de oportunidad el Artículo 416. Se propone incluir un párrafo final al artículo que establezca: «No podrán realizarse nuevas contrataciones al amparo del régimen establecido en el inciso segundo del presente artículo».

20) Observaciones al Artículo 435

Por razones de mérito el Poder Ejecutivo observa al Artículo 435. Se propone la siguiente redacción al artículo:

«Artículo 435.- Los becarios, personal que trabaja en el Ministerio de Deporte y Juventud en régimen de «Cachet» y toda otra persona, que a juicio de dicha Secretaría haya demostrado especiales condiciones de capacidad, y contracción a las tareas encomendadas, podrán ser contratados en funciones equivalentes al último grado y serie de cada escalafón. Para el caso de que las remuneraciones que perciban sean superiores a la correspondiente al puesto asignado quedarán como compensaciones personales, las cuales serán absorbidas por futuras regularizaciones de su situación funcional.

Este régimen se aplicará para aquellas personas que al 1º de setiembre de 2000 se encontraren prestando funciones en las dependencias que hoy integran el Ministerio de Deporte y Juventud de acuerdo al artículo 81 y siguientes de la ley 17.243, de 29 de junio de 2000.

Se faculta al Poder Ejecutivo a transferir y habilitar los créditos necesarios en el grupo 0 previo informe de la Contaduría General de la Nación hasta un monto máximo anual de $ 7:000.000 (siete millones de pesos uruguayos)».

21) Observaciones al Artículo 460

Se observa por razones de conveniencia el artículo 460. Se propone la modificación del texto aprobado ya que implica la reducción salarial del Subdirector General de los Servicios Administrativos.

Se propone el siguiente texto modificativo:

«Artículo 460.- Sustitúyese el artículo 132 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994 por el siguiente:

«Artículo 132.- Las retribuciones del Director General de los Servicios Administrativos y Subdirector General de los Servicios Administrativos serán equivalentes al 80% de las que perciben, por todo concepto, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros de Tribunal de Apelaciones, respectivamente.

Deróganse a estos efectos y exclusivamente para estos cargos todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el inciso anterior».

22) Observaciones al Artículo 463

Se observa la redacción dada al artículo 463 por razones de conveniencia. A los efectos de mantener la congruencia con el artículo 462, se considera conveniente que el artículo 463 especifique que no es una partida sujeta a aportes a la seguridad social ni integra la base de cálculo de equiparaciones.

El texto con la modificación propuesta sería:

«Artículo 463.- Asígnase una partida anual de $ 4:800.000 (pesos uruguayos cuatro millones ochocientos mil) a los Defensores de Oficio y Actuarios (Actuarios Adjuntos, Secretarios I, Inspectores y Directores de División), con destino a contribuir al perfeccionamiento académico de los mismos que se distribuirá de acuerdo a la naturaleza de los cargos.

Las partidas otorgadas no integran la base de cálculo de cualesquiera equiparaciones y no estarán sujetas a contribuciones especiales a la seguridad social ni a otro tipo de gravámenes».

23) Observaciones al Artículo 464

Se observa el artículo 464 por razones de mérito. El artículo, dejando de lado la reestructura y racionalización propuesta por la Suprema Corte de Justicia, prevé para el año 2003 una reestructura, racionalización de la escala y normativa sobre ascensos sin especificaciones claras. Se propone una nueva redacción a los efectos de no provocar que el sueldo de los grados superiores alcance niveles que no podrían cubrirse con la partida asignada y que por otro lado no lograrían el objetivo de racionalización.

En particular y a modo de ejemplo la racionalización propuesta por la Suprema Corte de Justicia establecía una escala salarial con una diferencia de 11% entre grado y grado y ello implicaba un costo de aproximadamente U$S 20:000.000 (dólares estadounidenses veinte millones).

El texto con la modificación propuesto sería:

«Artículo 464.- Asígnase al Inciso 16 «Poder Judicial» con destino al rubro «Compensación por alimentación sin aportes» para quienes ocupen cargos en los escalafones II a VI, una partida anual de $ 23:240.000 (pesos uruguayos veintitrés millones doscientos cuarenta mil).

Asígnase en carácter de partida adicional al Grupo 0 (Servicios Personales), la suma de $ 46:480.000 (pesos uruguayos cuarenta y seis millones cuatrocientos ochenta mil) para el año 2003 en adelante, la cual tendrá como destino la reestructura y racionalización de los escalafones II (no equiparados ) a VI, cuya finalidad será incentivar y mejorar la eficiencia de sus recursos humanos. A tal efecto, los ascensos derivados de la reestructura deberán realizarse por concursos de oposición y méritos o méritos y antecedentes.

Las compensaciones otorgadas no integran la base de cálculo de cualesquiera equiparaciones.

Igual cantidad a las partidas referidas será deducida en cada ejercicio de los créditos del Inciso 01 «Poder Legislativo».

24) Observaciones al Artículo 468

Se observa en forma total el artículo 468 por razones de inconstitucionalidad, en virtud de que carece de iniciativa tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo artículo 220 y artículo 86 inciso segundo de la Constitución de la República) y además desvirtúa la escala jerárquica de sueldos al establecer para un cargo cuya función es de perito asesor una retribución que supera la que perciben sus jerarcas.

25) Observaciones al Artículo 470

Se observa en forma íntegra el artículo 470 por razones de inconstitucionalidad, en virtud de carecer de iniciativa tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo prevista en el artículo 220 y en el artículo 86 inciso segundo de la Constitución de la República.

26) Observaciones al Artículo 545

Se observa en forma parcial el Artículo 545 por razones de conveniencia. Se propone la siguiente redacción:

«Artículo 545.- La Administración Nacional de Educación Pública y sus Consejos desconcentrados priorizarán en los programas curriculares de las instituciones públicas y privadas de los ciclos primarios y secundarios las siguientes materias: conservación e higiene del Medio Ambiente; alcoholdependencia, drogadependencia y tabaquismo; familia y violencia familiar; fisiología, salud e higiene sexual; y, seguridad vial».

Observaciones a los Artículo 546 y 547

Se observa en forma íntegra los artículos 546 y 547 por razones de inconstitucionalidad, en virtud de lo establecido en los artículos 202 a 205 de la Constitución de la República.

27) Observaciones al Artículo 549

Se observa en forma parcial por razones de oportunidad el artículo 549. Se propone la siguiente redacción sustitutiva:

«Artículo 549.- A partir del ejercicio 2001 la Administración Nacional de Educación Pública podrá contribuir con las Comisiones de Fomento de Escuelas Públicas con parte del costo de los aportes de seguridad social de la contratación por dichas comisiones de auxiliares de servicios que se constituyan en empresas unipersonales.

A tales efectos la Contaduría General de la Nación, dentro de la apertura de los créditos referidos en el artículo 534 de la presente ley, habilitará una partida de transferencia».

28) Observaciones al Artículo 557

El Poder Ejecutivo observa en forma total el artículo 557 por razones de inconstitucionalidad, en virtud de carecer de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 133 de la Constitución de la República.

29) Observaciones al Artículo 576

El Poder Ejecutivo observa por razones de conveniencia el artículo 576. Se propone la siguiente redacción sustitutiva:

«Artículo 576.- Modifícase el artículo 2 del Título 15 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

Artículo 2º.- Las empresas cuya actividad habitual y principal sea la de administrar créditos interviniendo en las ventas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por terceros, o la de realizar préstamos en dinero, cualquiera sea la modalidad utilizada a tal fin, serán contribuyentes de este impuesto. Se extenderán a dichas empresas todas las referencias contenidas en el Título 14 de este Texto Ordenado relativas a Bancos y Casas Financieras.

No estarán comprendidas en las disposiciones de este artículo las asociaciones y las cooperativas de cualquier naturaleza, con excepción de las de ahorro y crédito comprendidas en el artículo 28 del Decreto-Ley 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y aquéllas cuyo monto total de monto administrado supera las UR 150.000 (unidades reajustables ciento cincuenta mil). El impuesto será de cargo de las empresas sujetos pasivos del mismo, no pudiendo ser trasladado a los usuarios».

30) Observaciones al Artículo 583

Se observa parcialmente el artículo 583 por razones de oportunidad, en cuanto al destino del tributo que se crea. La determinación de formular nuevas políticas de estímulo a la práctica de los deportes especialmente en las edades tempranas, hace necesario identificar recursos nuevos a esos fines, especialmente vinculados con la prevención de la salud psico-física de la población.

La creación de un tributo directamente vinculado al deporte, en tanto es resultado de la transferencia de los derechos de un deportista, se relaciona esencialmente con el financiamiento de políticas de promoción de estas actividades. Es por tanto razonable establecer que un porcentaje de su producido se destine al apoyo a programas que el Ministerio de Deporte y Juventud desarrolla para fomentar y mejorar las condiciones de la práctica de los deportes por los niños y los jóvenes.

Se entiende conveniente asimismo, que una proporción de los fondos producidos por este tributo se destine al fondo de la lucha contra el SIDA por la necesidad de dotar de fondos a las acciones preventivas relacionadas con esa enfermedad.

Se propone el siguiente texto modificativo del inciso tercero del artículo 583: «El producido del tributo se destinará en un 50% (cincuenta por ciento) al Ministerio de Deporte y Juventud para la promoción de actividades deportivas, especialmente en las etapas de la niñez y la juventud, y un 50% (cincuenta por ciento) al Fondo Nacional de Lucha Contra el SIDA».

31) Observaciones al Artículo 584

Se observa por razones de conveniencia el artículo 584. Se propone la siguiente redacción sustitutiva:

«Artículo 584.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 4º del título 11 del Texto Ordenado 1996 por el siguiente: «En el caso de automóviles adquiridos o importados para ser arrendados por las empresas cuya actividad consiste en el arrendamiento de automóviles sin chofer que estén autorizadas por el Ministerio de Turismo, se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior, siempre que el vehículo tenga una cilindrada superior a los 2000 centímetros cúbicos. Esta exoneración regirá cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo. Si la cilindrada es igual o inferior a los 2000 centímetros cúbicos, el impuesto deberá abonarse en ocasión de la adquisición o importación del vehículo. En el caso de automóviles adquiridos o importados para remises, el impuesto deberá abonarse en ocasión de la primera transferencia que se realice durante el transcurso de los cinco años contados desde la adquisición o importación del vehículo».

32) Observaciones al Artículo 585

Se observa en forma parcial por razones de conveniencia el artículo 585, en cuanto a la vigencia de la aplicación del Impuesto al Valor Agregado para la Administración Nacional de Correos a los efectos de adecuar los costos de la empresa. Como es sabido esa Administración se encuentra con mayores costos respecto de sus competidores privados en virtud de la aplicación del Impuesto a la Compra de Moneda Extranjera (ICOME) y a mayores tasas de aportación a la seguridad social. El Artículo 594 de este Presupuesto establece que el Poder Ejecutivo podrá disminuir las tasas del ICOME y las contribuciones especiales de la seguridad social de las empresas públicas, exclusivamente si se da cumplimiento con las metas de déficit fiscal autorizado. En consecuencia, se pretende que el IVA a los servicios postales prestados por la Administración Nacional de Correos se aplique en forma concomitante con lo previsto en el artículo 594 ya citado. En consecuencia, se propone la siguiente redacción para la norma en cuestión:

«Artículo 585- Facúltase al Poder Ejecutivo a gravar con el Impuesto al Valor Agregado a la tasa básica los servicios postales que presta la Administración Nacional de Correos de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 2º de su Carta Orgánica».

33) Observaciones al Artículo 588

Se observa por razones de mérito el Artículo 588. Se propone la siguiente redacción sustitutiva:

«Artículo 588.- Créase un impuesto denominado «De Control de Sistema Financiero» que gravará a los contribuyentes comprendidos en el Título 15 del Texto Ordenado 1996.

La tasa del Impuesto será de hasta 0,18% (cero con dieciocho por ciento) anual, calculada sobre el total del monto de los créditos de los sujetos pasivos, computables para la liquidación del IMABA, según lo establece el Título 15 del Texto Ordenado 1996, valuados según las normas del Banco Central.

Los importes generados y pagados en cada ejercicio podrán ser deducidos del monto devengado en el mismo periodo por concepto del Impuesto a la Renta de la Industria y Comercio.

Este impuesto no regirá para las operaciones de crédito hipotecario con destino a la vivienda concedidas antes de la vigencia de esta ley.

Quedan excluidas las colocaciones realizadas por los sujetos pasivos en otros sujetos pasivos.

El impuesto se liquidará y recaudará en la forma y condiciones que determine el Poder Ejecutivo».

34) Observaciones al Artículo 597

El Poder Ejecutivo observa por razones de conveniencia el artículo 597. Se propone la siguiente redacción sustitutiva:

«Artículo 597.- Agrégase al numeral 2) del inciso 1º del artículo 19 del título 10 del Texto Ordenado 1996 el siguiente literal:

«N) Los servicios prestados por hoteles fuera de alta temporada. Esta exoneración regirá cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo quedando facultado además para fijar la forma, plazo y condiciones, así como la aplicación por zonas geográficas en que se podrá ejercer la presente exoneración».

Dada la necesidad de contar con la urgente aprobación del Presupuesto Nacional, el Poder Ejecutivo en ejercicio de la potestad que le confieren los artículos 104 y 168 numeral 8 de la Carta, devuelve a la Asamblea General el texto antes mencionado y solicita a ese Cuerpo el levantamiento del receso parlamentario para la consideración de las observaciones que se han formulado.

Saluda al Señor Presidente con la mayor consideración.

Dr. Jorge Batlle Ibáñez PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Daniel Borrelli, Alberto Bensión, Alfonso Varela, Sergio Abreu, Carlos Cat, Alvaro Alonso, Roberto Yavarone, Martín Aguirrezabala, Lucio Cáceres, Guillermo Valles, Antonio Mercader, Luis Fraschini y Jaime Mario Trobo. 

Carp. Nº 24/2001
Rep. Nº 7/2001
Anexo I

ARTICULO 24.- Incorpórase al artículo 567 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987 (artículo 114 del TOCAF), el siguiente inciso:

«Las rendiciones de cuentas y valores establecidas en el inciso anterior deberán presentarse en un plazo de sesenta días contados a partir del último día del mes en que se recibieron los fondos o valores, cualquiera sea la fuente de financiación».

1) Observaciones al Artículo 24

Se observa parcialmente por razones de conveniencia el Artículo 24.

La redacción del texto sancionado otorga un plazo de sesenta días a toda persona física o jurídica que perciba fondos en carácter de recaudador, depositario o pagador, o que administre, utilice o custodie otros bienes o pertenencias del Estado a los efectos de efectuar la correspondiente rendición de cuentas de dichos fondos. Se estima que el mencionado plazo puede resultar en ciertas circunstancias exiguo, por lo cual se propone incluir al final del artículo en cuestión un aditivo en los siguientes términos: «la reglamentación podrá establecer otros plazos de presentación para casos determinados y debidamente fundados».

ARTICULO 65.- Toda iniciativa en materia de regulaciones y restricciones administrativas que afecten la competencia entre particulares o la competitividad, así como en materia de tasas a ser percibidas por las unidades ejecutoras de la Administración Central por concepto de trámites, servicios o similares requerirá informe previo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto actuará de conformidad con los criterios establecidos en los artículos 699 a 702 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

2) Observaciones al Artículo 65

Se observa parcialmente por razones de conveniencia el artículo 65.

La observación propuesta se funda en la necesidad de evitar la duplicación en la actividad de evaluación de las regulaciones. En efecto, los órganos reguladores como la Unidad Reguladora de Energía Eléctrica creada por la Ley Nº 16.832, de 17 de junio de 1997 o la Unidad Reguladoras de Servicios de Comunicaciones creada por el propio proyecto, constituyen esferas competenciales especializadas, con atribuciones de asesoramiento al Poder Ejecutivo en sus materias específicas, incluyendo el control del cumplimiento de los marcos regulatorios, el dictado de reglamentos de seguridad y calidad de los servicios, y de normas y procedimientos de medición y facturación.

En el sentido expresado, se entiende conveniente, a efectos de prevenir un doble control de los temas, introducir en el artículo 65 del Proyecto de Ley de Presupuesto, un inciso final, que en forma clara exceptúe estas iniciativas de la evaluación que con carácter general se comete a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

En tal sentido el artículo 65 quedaría redactado de la siguiente manera:

«Artículo 65.- Toda iniciativa en materia de regulaciones y restricciones administrativas que afecten la competencia entre particulares o la competitividad, así como en materia de tasas, a ser percibidas por las unidades ejecutoras de la Administración Central por concepto de trámites, servicios o similares, requerirá informe previo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto actuará de conformidad con los criterios establecidos en los artículos 699 a 702 de la ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Exceptúase de lo dispuesto en los incisos precedentes, toda iniciativa en materia de regulaciones y restricciones administrativas que afecten la competencia entre particulares o la competitividad, que fuere evaluada por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) o por la Unidad Reguladora de la Energía Eléctrica (UREE).»

ARTICULO 70.- El Presidente del Comité Nacional de Calidad tendrá la calidad de ordenador secundario de los gastos correspondientes a la asignación presupuestal.

ARTICULO 71.- Facúltase al Comité Nacional de Calidad de la Presidencia de la República a celebrar convenios con instituciones públicas o privadas para la consecución de sus objetivos o la prestación de servicios específicos acordes a dichos objetivos.

El Comité podrá reconocer y certificar los niveles de avance en los procesos de mejora continua, y hacer efectivo el cobro de los gastos que se generen por dicha actividad.

Asimismo, se autoriza a dicho Comité a impartir cursos en forma onerosa, a efectuar la venta de los Modelos de Mejora Continua que edite, los libros que produzca y cualesquiera otros materiales que publique.

Los fondos que perciba el Comité Nacional de Calidad quedan incluidos en lo dispuesto por el artículo 595 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, los que serán destinados en su totalidad a la difusión del concepto de calidad como herramienta esencial en la producción de bienes y prestación de servicios, así como a la afirmación de la competitividad y la productividad como base para la integración regional.

3) Observaciones a los Artículos 70 y 71

El Poder Ejecutivo observa en forma total los artículos 70 y 71 por razones de conveniencia. La norma referida en el artículo 70, establece que el Comité Nacional de Calidad tendrá la calidad de ordenador secundario de los gastos correspondientes a la asignación presupuestal, lo cual no se considera oportuno.

Asimismo, entre los cometidos asignados al Comité en el artículo 71 se establece la posibilidad que haga efectivo el cobro de los gastos que se generen por sus actividades y la libre disponibilidad de la totalidad de los fondos que perciba, lo cual no resulta compatible con las políticas fijadas por el Poder Ejecutivo.

Por último, se estima conveniente mantener los cometidos establecidos por la reglamentación para el Comité Nacional de Calidad (Decreto 177/991, de 1º de abril de 1991, Decreto 152/995, de 18 de abril de 1995 y Decreto 184/000, de 23 de junio de 2000).

ARTICULO 72.- Créase como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC).

4) Observaciones al Artículo 72

Se observa parcialmente el artículo 72 por razones de mérito. Se entiende necesario que la desconcentración otorgada a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones sea no privativa y por tanto el Poder Ejecutivo tenga la facultad de avocación. En consecuencia, se considera oportuno que el artículo 72 quede redactado de la siguiente manera: «Artículo 72.- Créase como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, sin perjuicio de su facultad de avocación, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC)».

ARTICULO 90.- Hasta tanto no se sancione el primer presupuesto de la URSEC, se faculta a la Contaduría General de la Nación a transferirle los créditos presupuestales que fueron sancionados para la Dirección Nacional de Comunicaciones, así como los que se consideren necesarios, dando cuenta a la Asamblea General y al Tribunal de Cuentas.

5) Observaciones al Artículo 90

Se observa parcialmente el Artículo 90 por razones de conveniencia.

El Poder Ejecutivo considera conveniente que se mantenga la transferencia de diez por ciento (10%) al Programa 001 «Administración Central del Ministerio de Defensa Nacional», establecido en el artículo 140 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 en la redacción dada por el artículo 119 de la ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

En tal sentido, se objeta la redacción dada al artículo 90 y se propone la siguiente redacción sustitutiva:

«Artículo 90.- Hasta tanto no se sancione el primer presupuesto de la URSEC se faculta a la Contaduría General de la Nación a transferir los créditos presupuestales que fueron sancionados para la Dirección Nacional de Comunicaciones, con excepción de la transferencia prevista en el artículo 140 de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 en la redacción dada por el artículo 119 de la ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996».

ARTICULO 109.- Exclúyense a las aeronaves comerciales de bandera nacional de las exoneraciones previstas en el inciso final del artículo 29 de la Ley Nº 13.319, de 28 de diciembre de 1964 y de toda otra exoneración respecto a las tasas y aranceles que percibe la Dirección General de Aviación Civil.

6) Observaciones al Artículo 109

Se observa en forma parcial por razones de oportunidad el artículo 109. El artículo en cuestión excluye de las exoneraciones previstas en el inciso final del artículo 29 de la ley Nº 13.319, de 28 de diciembre de 1964 y de toda otra exoneración respecto a las tasas y aranceles que percibe la Dirección General de Aviación Civil.

El Poder Ejecutivo entiende que únicamente se debe excluir de los beneficios antes mencionados a las aeronaves comerciales de bandera nacional en sus vuelos internacionales. En consecuencia, se considera conveniente que el artículo 109 contenga la siguiente redacción: «Artículo 109.- Exclúyense a las aeronaves comerciales de bandera nacional en sus vuelos internacionales de las exoneraciones previstas en el inciso final del artículo 29 de la ley Nº 13.319, de 28 de diciembre de 1964 y de toda otra exoneración respecto a tasas y aranceles que percibe la Dirección General de Aviación Civil».

ARTICULO 114.- Los funcionarios que prestan servicios en la Dirección Nacional de Meteorología no podrán desempeñar funciones en otras instituciones públicas o privadas, cualquiera sea su forma jurídica, ni realizar actividad a título personal, en el área de la meteorología y afines, salvo el ejercicio de la docencia o aquellas que deban realizarse dentro del marco de un convenio del que sea parte la Dirección Nacional de Meteorología.

7) Observaciones al Artículo 114

Se observa íntegramente el artículo 114 en cuanto limita la libertad de trabajo en la actividad privada de los funcionarios dependientes de la Dirección Nacional de Meteorología. En lo que respecta a la actividad en la Administración Pública, existe prohibición legal al respecto.

ARTICULO 118.- A los Oficiales de la Armada en actividad que al 1º de febrero de 2001 computen con exceso los tiempos mínimos establecidos en sus diferentes grados, como consecuencia exclusiva de falta de vacantes, se les retrotraerán las fechas de ascenso, según el exceso de años pasados en cada grado, computándose su «Antigüedad en el Grado» en la jerarquía actual o en la siguiente, según corresponda.

Lo establecido en la presente disposición, no confiere derecho a diferencias de sueldos, compensaciones, ni otros conceptos, con anterioridad al 1º de febrero de 2001.

El procedimiento previsto en este artículo se aplicará por única vez.

8) Observaciones al Artículo 118

Se observa totalmente el artículo 118 por razones de inconstitucionalidad. La norma en cuestión carece de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del Artículo 86 de la Constitución de la República.

ARTICULO 185.- Transfórmase dos cargos Fiscales III de la Dirección General de Casinos del Estado, en un cargo de particular confianza Sub-Director de Casinos, Escalafón Q, cuya retribución será la establecida en el literal C) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809.

9) Observaciones al Artículo 185

Se observa totalmente el artículo 185 por razones de mérito. El artículo antes mencionado transforma dos cargos de Fiscales III en un cargo de particular confianza «Subdirector de Casinos», Escalafón Q, previéndose para dicho cargo la retribución prevista en el literal C) del artículo 9 de la ley Nº 15.809. De esta forma el cargo a crearse percibirá una mayor remuneración respecto de su superior jerárquico, el Director General de Casinos, lo cual crea distorsiones en el funcionamiento de la oficina en cuestión.

ARTICULO 198.- Los funcionarios comprendidos en las categorías 1 a 4 (Secretarios de Tercera a Consejeros) del Escalafón M (Servicio Exterior), único escalafón no incluido en la reestructura dispuesta por el artículo 234 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, que benefició a los funcionarios de los escalafones de apoyo al Servicio Exterior («A», «B», «C», «D», «E» y «F»), que computen una antigüedad mínima de 6 años o en sus respectivas categorías y reúnan las condiciones generales para el ascenso, serán ascendidos un grado.

Los ascensos conferidos en virtud de lo establecido en la presente disposición, no otorgan derecho a deferencias de sueldos, compensaciones, ni otros conceptos con anterioridad al 31 de marzo de 2001 y las generadas a partir de esa fecha se financiarán con economía del grupo 0 de la recaudación generada por la derogación del artículo 473 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

El procedimiento previsto en este artículo se aplicará a cada funcionario una sola vez en el curso de su carrera funcional.

10) Observaciones al Artículo 198

Se observa totalmente el artículo 198 por razones de oportunidad, en virtud que la redacción dada por el mencionado artículo resulta contraria a los principios que regulan la carrera diplomática al disponer el ascenso directo de aproximadamente 100 funcionario por vía legal. De esta forma se altera el principio general de concurso que regula los ascensos del personal diplomático.

Asimismo, se observa por razones de inconstitucionalidad, en virtud de carecer de la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo establecida en el inciso segundo del artículo 86 de la Carta.

ARTICULO 199.- Habilítase una partida de Rentas Generales para el funcionamiento del programa 001, unidad ejecutora 001 «Administración Superior» del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de un monto anual de $ 11:620.000 (pesos uruguayos once millones seiscientos veinte mil).

11) Observaciones al Artículo 199

Se observa parcialmente el artículo 199 por razones de conveniencia.

El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un sistema de remuneración para funcionarios del Inciso 07 «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca» que desempeñan tareas prioritarias para el cumplimiento de los cometidos sustantivos del mismo y con alto grado de dedicación.

El sistema se estructuraba en dos artículos (artículos 199 y 227), uno de los cuales, el 199, fue aprobado por la Cámara de Senadores en términos distintos a los remitidos por el Poder Ejecutivo en el artículo 71 del Mensaje Complementario.

Tal situación genera una distorsión que atenta contra la homogeneidad del sistema planteado el cual se ve así desvirtuado en cuanto a los objetivos perseguidos.

En consecuencia, se propone la siguiente redacción para el artículo 199:

«Artículo 199.- Habilítase una partida para el funcionamiento del Programa 001, Unidad Ejecutora 001 «Administración Superior» del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por un monto anual de $11:620.000 (once millones seiscientos veinte mil pesos uruguayos).

Dicha partida será distribuida en los siguientes objetos del gasto:

199  

$

790.160

299  

$

1:400.000

399  

$

133.840

521  

$

9:296.000

La partida asignada al objeto 521 podrá ser reasignada al grupo 0 «Servicios Personales» con destino a compensar a los funcionarios que desempeñan tareas prioritarias para el cumplimiento de los cometidos sustantivos del mismo, y con un alto grado de especialización y dedicación».

ARTICULO 225.- Créase en el Inciso 07 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Programa 008 «Programa Forestal», cuya Unidad Ejecutora será la Dirección General Forestal.

La Contaduría General de la Nación, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, transferirá los créditos presupuestales y los cargos contratos de función pública necesarios para su funcionamiento, del Programa 003 Recursos Naturales Renovables.

12) Observaciones al Artículo 225

Se observa parcialmente el Artículo 225 por razones de mérito, ya que la redacción oportunamente enviada por el Poder Ejecutivo (Articulo 75 del Mensaje Complementario) en la cual se atribuían cometidos a la nueva Dirección General, fue modificada por el Parlamento omitiendo dicha atribución de competencias lo que provoca la existencia de un nuevo programa vacío de contenido.

Sabido es que las atribuciones y competencias de un órgano que se crea por ley sólo pueden ser conferidas por ésta.

En consecuencia, se propone la siguiente redacción para el Artículo 225:

«Artículo 225.- Créase en el Inciso 07 «Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca» el Programa 008 «Programa Forestal», cuya Unidad Ejecutora será la Dirección General Forestal.

Los cometidos de dicha Unidad Ejecutora serán los actualmente asignados a la División Forestal de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables, así como los previsto en los artículos 24, literal b) y 25 inciso 2) de la ley Nº 15.939, de 28 de diciembre de 1987 y artículo 273, inciso 2) de la ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 en la redacción dada por el artículo 211 de la ley Nº 16.320, de 17 de diciembre de 1992 y normas reglamentarias correspondientes.

Será aplicable a la Dirección General Forestal lo dispuesto por el artículo 185 de la ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.

La Contaduría General de la Nación a propuesto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, transferirá los créditos presupuestales y los cargos y contratos de función pública necesarios para su funcionamiento, del Programa 003 «Recursos Naturales Renovables».

ARTICULO 319.- Declárase aplicable a los proyectos aprobados por la Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación lo dispuesto por el artículo 444 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, sin necesidad de ninguna otra intervención.

Las empresas que pretendan acceder al referido beneficio deberán solicitarlo ante la Dirección Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en las condiciones previstas por el decreto reglamentario de la norma citada, en lo que fuere aplicable.

13) Observaciones al Artículo 319

Se observa parcialmente el artículo 319 por razones de conveniencia.

De acuerdo a las políticas establecidas por el Poder Ejecutivo resulta necesario eliminar la expresión contenida al final del inciso primero del referido artículo que establece «sin necesidad de ninguna otra intervención».

ARTICULO 329.- Facúltase al Centro de Diseño Industrial a prestar los servicios técnicos, asesorías y diagnósticos, así como a la comercialización de lo productos y servicios de sus talleres que le fueren requeridos por los particulares o instituciones públicas o privadas.

La totalidad de lo recaudado por este concepto será destinado, por el programa, a financiar los gastos de funcionamiento de dicho Centro de Estudios.

No serán de aplicación, en este caso, lo dispuesto por los artículos 594 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, y 771 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

14) Observaciones al Artículo 329

Se observa en forma total el artículo 329 por razones de mérito. En efecto, no resulta compatible con las políticas establecidas por el Poder Ejecutivo el destino asignado en el proyecto de los recursos que eventualmente recaude el Centro de Diseño Industrial.

ARTICULO 331.- Extiéndense los beneficios establecidos por el artículo 596 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, a las empresas allí mencionadas que efectúen donaciones o realicen inversiones en investigación o tecnología que desarrolle el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.

El Poder Ejecutivo, dentro de los noventa días de promulgada la presente ley, reglamentará esta disposición y fijará el límite anual con cargo a Impuestos.

15) Observaciones al Artículo 331

El Poder Ejecutivo observa en forma íntegra el artículo 331 por razones de inconstitucionalidad, en virtud de carecer de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 133 de la Constitución de la República.

ARTICULO 354.- Sustitúyense los artículos 1º y 4º de la Ley Nº 13.223, de 26 de diciembre de 1963, por los siguientes:

«ARTICULO 1º. Los funcionarios y ex funcionarios jubilados dependientes del Ministerio de Salud Pública y los trabajadores que a la fecha de vigencia de la presente ley pertenezcan a la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa, así como el cónyuge y sus familiares de primer grado de consanguinidad, tendrán derecho a la asistencia integral gratuita en todos los establecimientos asistenciales de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

En el caso de los familiares de primer grado de consanguinidad dicha asistencia se limitará a los hijos menores de edad e incapaces.

Quedan excluidas del derecho todas aquellas personas que sean beneficiarias de cualquier otro tipo de cobertura asistencial integral, pública o privada, respecto de las prestaciones cubiertas».

«ARTICULO 4°.- El Poder Ejecutivo, en acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía y Finanzas, reglamentará la presente ley, estableciendo que las canasta de prestaciones incluida en la asistencia integral no será inferior a la que brinda la Administración de los Servicios de Salud del Estado a sus usuarios ni a la que reciben actualmente los funcionarios, ex funcionarios jubilados y trabajadores referidos en el artículo 1º de la presente ley».

16) Observaciones al Artículo 354

Se observa en forma parcial el artículo 354 por razones de oportunidad, proponiendo la eliminación del inciso segundo de la referida norma que establece: «En el caso de los familiares de primer grado de consanguinidad dicha asistencia se limitará a los hijos menores de edad e incapaces».

ARTICULO 388.- Autorízase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social partidas anuales para financiar inversiones en el Area Informática de $ 5:150.000 (pesos uruguayos cinco millones ciento cincuenta mil) cada una.

Dichas partidas serán financiadas con cargo a los ingresos de libre disponibilidad que superen el tope fijado para los gastos de funcionamiento de dicha Secretaría de Estado.

17) Observaciones al Artículo 388

Por razones de mérito se observa parcialmente el artículo 388. El Poder Ejecutivo entiende necesario limitar la asignación de la partida anual contenida en el mencionado artículo, únicamente para los ejercicios 2002 y 2003, en la medida que con las partidas de dos años se cumple con la finalidad de las inversiones previstas en el área informática.

ARTICULO 390.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a contratar, en forma directa y en régimen de arrendamiento de obra, hasta 18 profesionales abogados, a fin de prestar funciones de conciliadores en las Oficinas de Trabajo del Interior de la República.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes.

18) Observaciones al Artículo 390

Se observa parcialmente el Artículo 390 por razones de conveniencia. Se entiende necesario que, en forma armónica con la normativa vigente para arrendamiento de obra, sea el Poder Ejecutivo el que efectué estas contrataciones.

ARTICULO 416.- Autorízase al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a realizar la apertura asignada en el Renglón 0.92 «Partidas Globales a Distribuir» entre los respectivos programas y las correspondientes funciones contratadas.

La designación de las funciones contratadas autorizadas por el presente artículo se realizarán entre los funcionarios que al 30 de junio de 2000, se encuentren contratados al amparo de lo dispuesto por el artículo 446 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, ya sea en su redacción original o en la redacción dada por el artículo 456 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

A tales efectos, dentro de los sesenta días de promulgada la presente ley, la mencionada Secretaría de Estado elevará a la Contaduría General de la Nación la estructura de funciones necesarias en los diferentes programas y la nómina de las personas propuestas para ocuparlas. El costo generado se financiará reduciendo igual monto afectado a proyectos de inversión.

19) Observaciones al Artículo 416

El Poder Ejecutivo observa en forma parcial por razones de oportunidad el Artículo 416. Se propone incluir un párrafo final al artículo que establezca: «No podrán realizarse nuevas contrataciones al amparo del régimen establecido en el inciso segundo del presente artículo».

ARTICULO 435.- Los becarios, personal que trabaja en el Ministerio de Deporte y Juventud en régimen de «cachet» y toda otra persona, cualquiera sea la forma de su vinculación, que a juicio de dicha Secretaría de Estado hayan demostrado especiales condiciones de capacidad, contracción a las tareas encomendadas, podrán ser contratados en funciones equivalentes al último grado y serie de cada escalafón. Para el caso de que las remuneraciones que perciban sean superiores a las correspondientes al puesto asignado, quedarán como compensaciones personales, las cuales serán absorbidas por futuros ascensos.

Facúltase al Poder Ejecutivo a transferir y a habilitar los créditos necesarios en el grupo 0 previo informe de la Contaduría General de la Nación.

20) Observaciones al Artículo 435

Por razones de mérito el Poder Ejecutivo observa el Artículo 435. Se propone la siguiente redacción al artículo:

«Artículo 435.- Los becarios, personal que trabaja en el Ministerio de Deporte y Juventud en régimen de «cachet» y toda otra persona, que a juicio de dicha Secretaría haya demostrado especiales condiciones de capacidad, y contracción a las tareas encomendadas, podrán ser contratados en funciones equivalentes al último grado y serie de cada escalafón. Para el caso de que las remuneraciones que perciban sean superiores a la correspondiente al puesto asignado quedarán como compensaciones personales, las cuales serán absorbidas por futuras regularizaciones de su situación funcional.

Este régimen se aplicará para aquéllas personas que al 1º de setiembre de 2000 se encontraren prestando funciones en las dependencias que hoy integran el Ministerio de Deporte y Juventud de acuerdo al artículo 81 y siguientes de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000.

Se faculta al Poder Ejecutivo a transferir y habilitar los créditos necesarios en el grupo 0 previo informe de la Contaduría General de la Nación hasta un monto máximo anual de $ 7:000.000 (siete millones de pesos uruguayos)».

ARTICULO 460.- Sustitúyese el artículo 132 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994 por el siguiente:

«ARTICULO 132.- Las retribuciones del Director General de los Servicios Administrativos y Subdirector General de los Servicios Administrativos serán equivalentes al 80% de las que perciben, por todo concepto, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y los Jueces Letrados de Primera Instancia de la Capital, respectivamente.

Deróganse a estos efectos y exclusivamente para estos cargos todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el inciso anterior».

21) Observaciones al Artículo 460

Se observa por razones de conveniencia el artículo 460. Se propone la modificación del texto aprobado ya que implica la reducción salarial del Subdirector General de los Servicios Administrativos.

Se propone el siguiente texto modificativo:

«Artículo 460.- Sustitúyese el artículo 132 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994 por el siguiente:

«Artículo 132.- Las retribuciones del Director General de los Servicios Administrativos y Subdirector General de los Servicios Administrativos serán equivalentes al 80% de las que perciben, por todo concepto, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros de Tribunal de Apelaciones, respectivamente.

Deróganse a estos efectos y exclusivamente para estos cargos todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el inciso anterior».

ARTICULO 463.- Asígnase una partida anual de $ 4:800.000 (pesos uruguayos cuatro millones ochocientos mil) a los Defensores de Oficio y Actuarios, (Actuarios Adjuntos, Secretarios I, Inspectores y Directores de División), con destino a contribuir al perfeccionamiento académico de los mismos que se distribuirá de acuerdo a la naturaleza de los cargos.

22) Observaciones al Artículo 463

Se observa la redacción dada al artículo 463 por razones de conveniencia. A los efectos de mantener la congruencia con el artículo 463 especifique que no es un partida sujeta a aportes a la seguridad social ni integra la base de cálculo de equiparaciones.

El texto con la modificación propuesta sería:

«Artículo 463.- Asígnase una partida anual de $ 4:800.000 (pesos uruguayos cuatro millones ochocientos mil) a los Defensores de Oficio y Actuarios (Actuarios Adjuntos, Secretarios I, Inspectores y Directores de División), con destino a contribuir al perfeccionamiento académico de los mismos que se distribuirá de acuerdo a la naturaleza de los cargos.

Las partidas otorgadas no integran la base de cálculo de cualesquiera equiparaciones y no estarán sujetas a contribuciones especiales a la seguridad social ni a otro tipo de gravámenes».

ARTICULO 464.- Asígnase al Inciso 16 Poder Judicial con destino al rubro «compensación por alimentación sin aportes» para quienes ocupen cargos en los escalafones II a VI, la partida anual de $ 23:240.000 (pesos uruguayos veintitrés millones doscientos cuarenta mil).

Asígnase una partida adicional para el Grupo 0 la suma de $ 46:480.000 (pesos uruguayos cuarenta y seis millones cuatrocientos ochenta mil) para el año 2003 en adelante, la cual estará sujeta a la reestructura de todos los escalafones de funcionarios del Poder Judicial salvo el Nº 1 (Magistrados) que quedará exceptuado a todos los efectos de la presente disposición y cuya finalidad será incentivar y mejorar la eficiencia de sus recursos humanos y por tal motivo, las mismas deberán destinarse exclusivamente a dicho fin (Grupo 0 - Servicios Personales-). A tal efecto, la reestructura deberá promover el concurso de oposición y mérito fundado en la antigüedad calificada y garantizará una diferencia entre grado y grado de por lo menos un 20% (veinte por ciento) de las retribuciones básicas por todo concepto y de un 30% (treinta por ciento) en los grados superiores, a los cuales únicamente se podrá acceder por concurso.

Las compensaciones otorgadas no integran la base de cálculo de cualesquiera equiparaciones.

Igual cantidad a las partidas referidas será deducida en cada ejercicio de los créditos del inciso 01 Poder Legislativo.

23) Observaciones al Artículo 464

Se observa el artículo 464 por razones de mérito. El artículo, dejando de lado la reestructura y racionalización propuesta por la Suprema Corte de Justicia, prevé para el año 2003 una reestructura, racionalización de la escala y normativa sobre ascensos sin especificaciones claras. Se propone una nueva redacción a los efectos de no provocar que el sueldo de los grados superiores alcance niveles que no podrían cubrirse con la partida asignada y que por otro lado no lograrían el objetivo de racionalización.

En particular y a modo de ejemplo la racionalización propuesta por la Suprema Corte de Justicia establecía una escala salarial con una diferencia de 11% entre grado y grado y ello implicaba un costo de aproximadamente U$S 20:000.000 (dólares estadounidenses veinte millones).

El texto con la modificación propuesta sería:

«Artículo 464.- Asígnase al Inciso 16 «Poder Judicial» con destino al rubro «Compensación por alimentación sin aportes» para quienes ocupen cargos en los escalafones II a VI, una partida anual de $ 23:240.000 (pesos uruguayos veintitrés millones doscientos cuarenta mil).

Asígnase en carácter de partida adicional al Grupo 0 (Servicios Personales), la suma de $ 46:480.000 (pesos uruguayos cuarenta y seis millones cuatrocientos ochenta mil) para el año 2003 en adelante, la cual tendrá como destino la reestructura y racionalización de los escalafones II (no equiparados) a VI, cuya finalidad será incentivar y mejorar la eficiencia de sus recursos humanos. A tal efecto, los ascensos derivados de la reestructura deberán realizarse por concursos de oposición y méritos o méritos y antecedentes.

Las compensaciones otorgadas no integran la base de cálculo de cualesquiera equiparaciones.

Igual cantidad a las partidas referidas será deducida en cada ejercicio de los créditos del Inciso 01 «Poder Legislativo».

ARTICULO 468.- Las retribuciones de los Asesores Contadores del Instituto Técnico Forense, será del 60% (sesenta por ciento), de lo que perciben por todo concepto los Jueces Letrados de Primera Instancia de la Capital.

Deróganse a estos efectos y exclusivamente para estos cargos, todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el inciso anterior.

24) Observaciones al Artículo 468

Se observa en forma total el artículo 468 por razones de inconstitucionalidad, en virtud de que carece de iniciativa tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo (artículo 220 y artículo 86 inciso segundo de la Constitución de la República) y además desvirtúa la escala jerárquica de sueldos al establecer para un cargo cuya función es de perito asesor una retribución que supera la que perciben sus jerarcas.

ARTICULO 470.- Sustitúyese el artículo 487 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente:

«ARTICULO 487.- Transfórmanse en Defensores de Oficio Adjuntos en lo Penal a los funcionarios administrativos con título habilitante de abogado, y que revisten prestando funciones en la Defensoría de Oficio en lo Penal, al 30 de agosto de 1995, quienes tendrán incompatibilidad para el ejercicio profesional en la materia referida. Su retribución mensual será equivalente al 70% (setenta por ciento) de las que perciben por todo concepto los Defensores de Oficio de la capital que se hallen en régimen de dedicación exclusiva.

Transfórmanse los cargos «Administrativos» (escalafón V, grados 9º al 13, del programa 4, unidad ejecutora 4) en procurador (escalafón II, grado 7º, programa 4, unidad ejecutora 4), de aquellos funcionarios que, poseyendo título profesional habilitante (abogado, escribano, procurador), para la realización de actividades como procurador de acuerdo al artículo 151 y siguientes de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985, y que al 15 de setiembre de 1995, estuvieran desempeñando tales funciones en las Defensorías de Oficio y de los funcionarios que estando en las mismas condiciones de cargo y título que los anteriores y habiendo prestado actividades como procurador en las Defensorías, se hallaren a la fecha mencionada desempeñando tareas en comisión. El cargo de procurador se incluirá en el escalafón profesional».

25) Observaciones al Artículo 470

Se observa en forma íntegra el artículo 470 por razones de inconstitucionalidad, en virtud de carecer de iniciativa tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo prevista en el artículo 220 y en el artículo 86 inciso segundo de la Constitución de la República.

ARTICULO 545.- La Administración Nacional de Educación Pública y sus Consejos Desconcentrados incluirán a título prioritario en los programas curriculares de las instituciones públicas y privadas de los ciclos primarios y secundarios las siguientes materias:

Conservación e higiene del medio ambiente.

Alcoholdependencia, drogadependencia y tabaquismo

Familia y violencia familiar

Fisiología, salud e higiene sexual

Seguridad vial

Con excepción de seguridad vial, la carga horaria para la totalidad de las materias será de un mínimo de 20 horas por año lectivo, pudiendo aumentarse discrecionalmente en tanto no signifique interferencia con el resto de las materias curriculares.

26) Observaciones al Artículo 545

Se observa en forma parcial el Artículo 545 por razones de conveniencia. Se propone la siguiente redacción:

«Artículo 545.- La Administración Nacional de Educación Pública y sus Consejos Desconcentrados priorizarán en los programas curriculares de las instituciones públicas y privadas de los ciclos primarios y secundarios las siguientes materias: conservación e higiene del Medio Ambiente; alcoholdependencia, drogadependencia y tabaquismo; familia y violencia familiar; fisiología, salud e higiene sexual; y, seguridad vial».

ARTICULO 546.- Los programas temáticos de las materias referidas se estructurarán y desarrollarán conforme a las siguientes directivas:

a) La docencia, más que a informar, deberá apuntar a la generación de visión, sensibilidad, conciencia, criterio, actitud y ética, a cuyo efecto se mantendrá al educando en constante relación con la realidad y se le motivará a visualizarse a si mismo como parte componente de la problemática y de sus soluciones.

b) La enseñanza se impartirá por técnica directa, inserción transversal o mediante la modalidad de taller, según se determine, incluyendo, en cuanto sea posible, la participación personal de miembros del núcleo de educandos, especialmente sus padres.

c) Se reputará prioritaria la participación activa en la docencia de representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, profesionales y funcionarios vinculados a las referidas áreas temáticas.

d) Sin perjuicio de los usuales, repútanse instrumentos pedagógicos válidos y deseables las visitas guiadas a lugares o instituciones públicas o privadas, la concepción y realización por los propios educandos de proyectos vinculados a las diversas materias, los testimonios directos de personas afectadas por los problemas tratados y los concursos, eventos, exposiciones y ferias temáticas.

ARTICULO 547.- En lo relativo a la seguridad vial se la incluirá como materia específica dictada en forma directa en los programas de todos los grados del ciclo primario con el objeto de conformar las pautas básicas de conducta segura de los usuarios viales y en los quintos y sextos años del ciclo secundario cualquiera sea su orientación por tratarse de los educandos que accederán a la franja etaria de mayor morbilidad y a la posibilidad de conducir automotores sin perjuicio que en los demás grados se imparta obligatoriamente mediante inserción transversal en las demás materias curriculares.

La Comisión Nacional de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito creada por la Ley Nº 16.585, de 2 de setiembre de 1994, asesorará a los organismos de enseñanza sobre los contenidos y puntos prioritarios que deberán incluirse en los programas de educación de seguridad vial.

En el ciclo primario la carga horaria mínima será de 40 horas por año lectivo y de 60 horas en el secundario pudiendo aumentarse discrecionalmente en tanto no signifique interferencia con el resto de las materias curriculares.

Sin perjuicio de las acciones ad-hoc que se inicien inmediatamente en el campo de la educación vial las autoridades responsables de la enseñanza tendrán un plazo de 12 meses para la estructuración e implementación de los programas y la formación o reciclaje de los docentes el cual podrá ser extendido por el Poder Ejecutivo por causa fundada.

Observaciones a los Artículo 546 y 547

Se observa en forma integra los artículos 546 y 547 por razones de inconstitucionalidad, en virtud de lo establecido en los artículo 202 a 205 de la Constitución de la República.

ARTICULO 549.- Durante los ejercicios 2001 y 2002 se regularizarán a los auxiliares de servicio contratados por Comisiones de Fomento y que presten funciones en las escuelas públicas.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes.

27) Observaciones al Artículo 549

Se observa en forma parcial por razones de oportunidad el artículo 549. Se propone la siguiente redacción sustitutiva:

«Artículo 549.- A partir del ejercicio 2001 la Administración Nacional de Educación Pública podrá contribuir con las Comisiones de Fomento de Escuelas Públicas con parte del costo de los aportes de seguridad social de la contratación por dichas comisiones de auxiliares de servicios que se constituyan en empresas unipersonales.

A tales efectos la Contaduría General de la Nación, dentro de la apertura de los créditos referidos en el artículo 534 de la presente ley, habilitará una partida de transferencia».

ARTICULO 557.- Incorpórase a los beneficios establecidos en el artículo 462 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, a las empresas contribuyentes del Impuesto a la Renta de la Industria y Comercio, Impuesto a las Rentas Agropecuarias e Impuesto al Patrimonio, por las donaciones que realicen al Instituto Nacional del menor (INAME).

El contribuyente entregará su donación al Instituto Nacional del Menor (INAME), debiendo éste expedirle recibos canjeables por Certificados de Crédito de la Dirección General Impositiva. El Poder Ejecutivo fijará el límite.

28) Observaciones al Artículo 557

El Poder Ejecutivo observa en forma total el artículo 557 por razones de inconstitucionalidad, en virtud de carecer de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 133 de la Constitución de la República.

ARTICULO 576.- Modifícase el artículo 2º del Título 15 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

«ARTICULO 2º.- Las empresas cuya actividad habitual y principal sea administrar créditos interviniendo en las ventas de bienes y prestaciones de servicios realizados por terceros, así como aquellas que realizan préstamos en dinero, cualquiera sea la modalidad utilizada a tal fin, serán contribuyentes de este impuesto. También serán contribuyentes de este impuesto las administradoras de grupos de ahorro previo. Se extenderán a dichas empresas todas las referencias contenidas en el Título 14 de este Texto ordenado relativas a bancos y casas financieras.

No estarán comprendidas en las disposiciones de este artículo las asociaciones y las cooperativas de cualquier naturaleza, con excepción de las de ahorro y crédito comprendidas en el artículo 28 del Decreto Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982 y aquellas cuyo monto total de monto administrado supera las UR 150.000 (unidades reajustables ciento cincuenta mil). En el caso de las administradoras de grupos de ahorro previo, el impuesto gravará además el total del capital administrado. El impuesto será de cargo de las empresas sujetos pasivos del mismo, no pudiendo ser trasladado a los usuarios».

29) Observaciones al Artículo 576

El Poder Ejecutivo observa por razones de conveniencia el artículo 576. Se propone la siguiente redacción sustitutiva:

«Artículo 576.- Modifícase el artículo 2 del Título 15 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

Artículo 2º.- Las empresas cuya actividad habitual y principal sea la de administrar créditos interviniendo en las ventas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por terceros, o la de realizar préstamos en dinero, cualquiera sea la modalidad utilizada a tal fin, serán contribuyentes de este impuesto. Se extenderán a dichas empresas todas las referencias contenidas en el Título 14 de este Texto Ordenado relativas a Bancos y Casas Financieras.

No estarán comprendidas en las disposiciones de este artículos las asociaciones y las cooperativas de cualquier naturaleza, con excepción de las de ahorro y crédito comprendidas en el artículo 28 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y aquéllas cuyo monto total de monto administrado supera las UR 150.000 (unidades reajustables ciento cincuenta mil). El impuesto será de cargo de las empresas sujetos pasivos del mismo, no pudiendo ser trasladado a los usuarios».

ARTICULO 583.- Créase un impuesto que gravará con una alícuota de hasta el 10% (diez por ciento) las cesiones o permutas de los derechos sobre la prestación de la actividad de un deportista realizadas por las instituciones a que hace referencia el artículo 2º del decreto-ley Nº 14.996, de 18 de marzo de 1980, a personas jurídicas del exterior, independientemente del lugar de celebración del contrato, domicilio, residencia o nacionalidad.

Desígnase como agentes de retención y de percepción a las personas jurídicas que intervengan en este acto de intermediación, gestión o representación.

El producido del tributo se destinará al Fondo Nacional de lucha contra el SIDA.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición en un plazo que no excederá de noventa días.

30) Observaciones al Articulo 583

Se observa parcialmente el artículo 583 por razones de oportunidad, en cuando al destino del tributo que se crea. La determinación de formular nuevas políticas de estímulo a la práctica de los deportes especialmente en las edades tempranas, hace necesario identificar recursos nuevos a esos fines, especialmente vinculados con la prevención de la salud psico-física de la población.

La creación de un tributo directamente vinculado al deporte, en tanto es resultado de la transferencia de los derechos de un deportista, se relaciona esencialmente con el financiamiento de políticas de promoción de estas actividades. Es por tanto razonable establecer que un porcentaje de su producido se destine al apoyo a programas que el Ministerio de Deporte y Juventud desarrolla para fomentar y mejorar las condiciones de la práctica de los deportes por los niños y los jóvenes.

Se entiende conveniente asimismo, que una proporción de los fondos producidos por este tributo se destinen al fondo de la lucha contra el SIDA por la necesidad de dotar de fondos a las acciones preventivas relacionadas con esa enfermedad.

Se propone el siguiente texto modificativo del inciso tercero del artículo 583: «El producido del tributo se destinará en un 50% (cincuenta por ciento) al Ministerio de Deporte y Juventud para la promoción de actividades deportivas, especialmente en las etapa de la niñez y la juventud, y un 50% (cincuenta por ciento) al Fondo Nacional de Lucha Contra el SIDA.

ARTICULO 584.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 4º del Título 11 del Texto Ordenado 1996 por el siguiente:

«En el caso de automóviles adquiridos o importados para ser arrendados por las empresas cuya actividad consiste en el arrendamiento de automóviles sin chofer que estén autorizadas por el Ministerio de Turismo, se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior, siempre que el vehículo tenga una cilindrada superior a los 2000 centímetros cúbicos. Si la cilindrada es igual o inferior a los 2000 centímetros cúbicos, el impuesto deberá abonarse en ocasión de la adquisición o importación del vehículo. En el caso de automóviles adquiridos o importados para remises, el impuesto deberá abonarse en ocasión de la primera transferencia que se realice durante el transcurso de los cinco años contados desde la adquisición o importación del vehículo».

31) Observaciones al Artículo 584

Se observa por razones de conveniencia el artículo 584. Se propone la siguiente redacción sustitutiva:

«Artículo 584.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 4º del título 11 del Texto Ordenado 1996 por el siguiente: «En el caso de automóviles adquiridos o importados para ser arrendados por las empresas cuya actividad consiste en el arrendamiento de automóviles sin chofer que estén autorizadas por el Ministerio de Turismo, se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior, siempre que el vehículo tenga una cilindrada superior a los 2000 centímetros cúbicos. Esta exoneración regirá cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo. Si la cilindrada es igual o inferior a los 2000 centímetros cúbicos, el impuesto deberá abonarse en ocasión de la adquisición o importación del vehículo. En el caso de automóviles adquiridos o importados para remises, el impuesto deberá abonarse en ocasión de la primera transferencia que se realice durante el transcurso de los cinco años contados desde la adquisición o importación del vehículo.»

ARTICULO 585.- Los servicios postales que presta la Administración Nacional de Correos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º de su Ley Orgánica, estarán gravados por el Impuesto al Valor Agregado a la tasa básica.

32) Observaciones al Artículo 585

Se observa en forma parcial por razones de conveniencia el artículo 585, en cuanto a la vigencia de la aplicación del Impuesto al Valor Agregado para la Administración Nacional de Correos a los efectos de adecuar los costos de la empresa. Como es sabido esa Administración se encuentra con mayores costos respecto de sus competidores privados en virtud de la aplicación del Impuesto a la Compra de Moneda Extrajera (ICOME) y a mayores tasas de aportación a la seguridad social. El artículo 594 de este Presupuesto establece que el Poder Ejecutivo podrá disminuir las tasas del ICOME y las contribuciones especiales de la seguridad social de las empresa públicas, exclusivamente si se da cumplimiento con las metas de déficit fiscal autorizado. En consecuencia, se pretende que el IVA a los servicios postales prestados por la Administración Nacional de Correos se aplique en forma concomitante con lo previsto en el artículo 594 ya citado. En consecuencia, se propone la siguiente redacción para la norma en cuestión:

«Artículo 585.- Facúltase al Poder Ejecutivo a gravar con el Impuesto al Valor Agregado a la tasa básica los servicios postales que presta la Administración Nacional de Correos de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 2º de su Carta Orgánica».

ARTICULO 588.- Créase un impuesto denominado «de control del sistema financiero» que gravará a los contribuyentes comprendidos en el Título 15 del Texto Ordenado de 1996.

La tasa del impuesto será de hasta 0,18% (cero con dieciocho por ciento) anual calculada sobre el total del monto de los créditos de los sujetos pasivos, computables para la liquidación del IMABA, según lo establece el Título del Texto Ordenado de 1996 valuados según las normas del Banco Central del Uruguay.

En el caso de las administradoras de grupos de ahorro previo, el impuesto gravará además el total del capital administrado, valuado de acuerdo a las normas aludidas.

Los importes generados y pagados en cada ejercicio podrán ser deducidos del monto devengado en el mismo período por concepto del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio.

Este impuesto no regirá para las operaciones de crédito hipotecario con destino a vivienda concedidas antes de la vigencia de esta ley.

Quedan excluidas las colocaciones realizadas por los sujetos pasivos en otro sujeto pasivo.

El impuesto se liquidará y recaudará en la forma y condiciones que determine el Poder Ejecutivo.

33) Observaciones al Artículo 588

Se observa por razones de mérito el Artículo 588. Se propone la siguiente redacción sustitutiva:

«Articulo 588.- Créase un impuesto denominado «De Control de Sistema Financiero» que gravará los contribuyentes comprendidos en el Título 15 del Texto Ordenado 1996.

La tasa del Impuesto será de hasta 0,18% (cero con dieciocho por ciento) anual, calculada sobre el total del monto de los créditos de los sujetos pasivos, computables para la liquidación del IMABA, según lo establece el Título 15 del Texto Ordenado 1996, valuados según las normas del Banco Central.

Los importes generados y pagados en cada ejercicio podrán ser deducidos del monto devengado en el mismo período por concepto del Impuesto a la Renta de la Industria y Comercio.

Este impuesto no regirá para las operaciones de crédito hipotecario con destino a la vivienda concedidas antes de la vigencia de esta ley.

Quedan excluidas las colocaciones realizadas por los sujetos pasivos en otros sujetos pasivos.

El impuesto se liquidará y recaudará en la forma y condiciones que determine el Poder Ejecutivo».

ARTICULO 597.- Agrégase al numeral 2) del inciso 1º del Título 10 del Texto Ordenado de 1996 el siguiente:

«N) Los servicios prestados por hoteles fuera de alta temporada. El Poder Ejecutivo queda facultado para fijar la forma, plazo y condiciones, así como la aplicación por zonas geográficas en que se podrá ejercer la presente exoneración.»

34) Observaciones al artículo 597

El Poder Ejecutivo observa por razones de conveniencia el artículo 597. Se propone la siguiente redacción sustitutiva:

«Artículo 597.- Agrégase al numeral 2) del inciso 1º del artículo 19 del título 10 del Texto Ordenado 1996 el siguiente literal:

«N) Los servicios prestados por hoteles fuera de alta temporada. Esta exoneración regirá cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo quedando facultado además para fijar la forma, plazo y condiciones, así como la aplicación por zonas geográficas en que se podrá ejercer la presente exoneración.»

Carp. Nº 24/2001
Rep. Nº 7/2001
Anexo II

Sr. Presidente de la Comisión de

Presupuesto y Hacienda de la Asamblea General

Senador Wilson Sanabria

Presente

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de evacuar la consulta que me hiciera el honor de formular esa Comisión de la Asamblea General, sobre el alcance de lo dispuesto por los artículos 137 y siguientes de la Constitución de la República, en materia de observaciones u objeciones interpuestas por el Poder Ejecutivo a un proyecto de ley.

Concretamente se plantea la cuestión si el Poder Ejecutivo puede proponer textos sustitutivos, cuando veta un proyecto de ley sancionado por el Poder Legislativo.

Sobre este tema me he pronunciado en forma afirmativa hace quince años, en un reportaje publicado en el Diario «El Día» el 17 de enero de 1986, tesis que reafirmé en mi libro «Derecho Constitucional Contemporáneo», publicado en 1993, Tomo II, páginas 53 y siguientes.

Antes de analizar las diferentes tesis sobre este tema, considero que es necesario estudiar cuales son las hipótesis que plantea la Constitución de la República, ante la interposición del veto por parte del Poder Ejecutivo a un proyecto de ley.

a).- Una primera hipótesis es la prevista por el artículo 138 de la Constitución, por el cual la Asamblea General puede ratificar por tres quintos de los miembros presentes de cada una de las Cámaras, las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo, objeciones que pueden ser totales o parciales.

b).- Una segunda hipótesis, prevista también en el artículo 138 de la Constitución, es cuando vetado un proyecto de ley, en forma total o parcial, la Asamblea General por tres quintos de los miembros presentes de cada una de las Cámaras puede rechazar las observaciones, manteniendo el proyecto sancionado.

c).- Una tercera hipótesis, es la prevista por el artículo 139 de la Constitución, que se produce con el pronunciamiento ficto de la Asamblea General, una vez transcurridos treinta días de la primera convocatoria. Esto es, el silencio de la Asamblea General se considera como un pronunciamiento afirmativo aceptando las objeciones u observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo.

d) Una cuarta hipótesis, la encontramos con el artículo 40 de la Constitución que es cuando la Asamblea General desaprueba el proyecto de ley devuelto por el Poder Ejecutivo, en cuyo caso queda sin efecto y no puede ser presentado hasta la siguiente Legislatura.

Frente al problema de los textos sustitutivos formulado por el Poder Ejecutivo al momento de vetar un proyecto de ley, en la doctrina nacional nos encontramos con dos tesis: una tesis amplia o afirmativa y otra tesis restrictiva o negativa.

Corresponde analizar cada una de ellas:

A).- Tesis amplia o Afirmativa.-

La tesis amplia o afirmativa, en cuanto a que el Poder Ejecutivo puede proponer textos sustitutivos en el momento de ejercer la facultad de vetar las leyes, ha sido sostenida en nuestra doctrina por Justino Jiménez de Aréchaga en «La Constitución Nacional», Tomo IV, página 192, y por Horacio Cassinelli Muñoz en «Derecho Público», Volumen I número 186, página 191. A esta tesis han adherido el Dr. Luis Alberto Solé en un artículo publicado en el Diario «El Día» el 14 de enero de 1986, pagina 4 y el Senador Dr. Américo Ricaldoni en entrevista publicada por el Diario «El Día», el 17 de enero de 1986, página 5.

Concretamente, enseña el tercero de los Aréchaga:

«Dice la Constitución en el artículo que comentamos que el Poder Ejecutivo devolverá el proyecto «con ellas», es decir con las observaciones. Pero debe agregarse que las observaciones deben ser fundadas, deben ser acompañadas de sus fundamentos.- No se obtendría el resultado que la Constitución quiere, que es la cooperación intelectual entre los distintos órganos cuya actividad se conjuga para el cumplimiento de la función legislativa, si el Poder Ejecutivo remitiera el proyecto acompañado de enmiendas o de fórmulas sustitutivas cuyo alcance no fuera explicado» («La Constitución Nacional», página 192).

Cassinelli Muñoz, por su parte, afirma que si las observaciones del Poder Ejecutivo se refieren «a determinados artículos proponiendo modificaciones o textos sustitutivos, aprobar las observaciones quiere decir que el proyecto queda sancionado con las modificaciones que el Poder Ejecutivo consideraba convenientes» («Derecho Público», número 186, página 191).

B) Tesis restrictiva o negativa.

La tesis restrictiva o negativa en cuanto a que el Poder Ejecutivo no puede enviar textos sustitutivos cuando interpone el veto contra una ley, ha sido expuesta en nuestro país por el Dr. José Espalter en 1920, por el Dr. Juan Andrés Ramírez en 1921, por el Senador Martín R. Echegoyen en 1957, por el Senador Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez y por el Representante Nacional Dr. Héctor Martín Sturla en 1987. Esta tesis restrictiva que es conocida como la tesis Echegoye, ha recibido la adhesión parcial en cuanto a los presupuesto de los organismos del artículo 220 de la Constitución, como por ejemplo el presupuesto de los entes de enseñanza, del Dr. Ramón Valdéz Costa, en artículo publicado por el Diario «El País» el 15 de enero de 1986, página 7, y por el ex presidente del Consejo Nacional de Gobierno, Dr. Washington Beltrán, en el editorial del Diario «El País» del 12 de enero de 1986, página 6.

¿Cuáles son los argumentos de la tesis Echegoyen?

Sobre el particular, expuso el Dr. Echegoyen su posición en la sesión de la Asamblea General de los días 19 y 20 de diciembre de 1957, expresando entre otras cosas lo siguiente: «Corresponde decir que la Asamblea General no es un órgano propiamente legislativo, en sentido estricto. Esto puede explicar la filosofía de las soluciones que da la Constitución, a los problemas planteados. No es un cuerpo más que legisle paralelamente a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Es legislativo por excepción, porque importa un apartamiento del régimen bicameral.

«Por consiguiente, el intérprete ha de moverse teniendo en presente cuál es el rumbo cardinal del constituyente en materia legislativa: que los proyectos de ley que tengan dos discusiones en órganos separados y ha de ser muy cauteloso en las interpretaciones cuando se refiera a atribuir a la Asamblea General una función que, dentro del régimen esencial, el constituyente entendió indispensable se realizara por la vía de los dos exámenes».

Y más adelante, en la misma sesión de la Asamblea General, aclaró su pensamiento el Dr. Echegoyen con los siguientes conceptos:

«El Poder Ejecutivo, lo único que puede transportar al Parlamento, son las objeciones u observaciones que le merezca el texto sancionado.

«¿Qué hace el Poder Legislativo, la Asamblea General, frente a esas objeciones u observaciones? Puede estar conforme con el o las puede discrepar.

«Pero el único que llega al cuerpo para que las examine, son esas objeciones u observaciones.

«Y no hay medio posible que permita extender al campo del artículo 135, en el caso del artículo 139, el método o procedimiento del primer precepto.

¿Qué hace la Asamblea General, frente a las observaciones del Poder Ejecutivo? Está, entonces, para responder, el artículo 139: «Si las observaciones del Poder Ejecutivo se refiriesen a una parte del proyecto, la Asamblea por mayoría absoluta de presentes podrá ratificarlo (se refiere al proyecto devuelto) ajustándose a aquéllas».

¿Cuál es el cauce que traza el constituyente a la Asamblea General, para que resuelva el conflicto? Si está conforme con las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo. Llegan las observaciones o las objeciones de la Asamblea General. Esta hará, si las encuentra satisfactorias, las adaptaciones pertinentes para que tengan sentido como formula legal.

«El único dueño o titular de esa adaptación o traducción a fórmulas legales, es la Asamblea General. No hay otro. Entonces, el contexto se ilumina por esta interpretación, y tiene perfecto sentido el artículo 141 cuando dice que, en todo caso de reconsideración de un proyecto devuelto por el Poder Ejecutivo, las votaciones serán nominales por sí o por no, los nombres y fundamentos de los sufragantes como las objeciones u observaciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa.

«Resultaría un absurdo que lo que faltara, fuera nada menos que el proyecto del Poder Ejecutivo, si esta iniciativa fuera posible. ¿Cómo no dice que se publicará el proyecto del Poder Ejecutivo si lo hubiere?

«Vale decir que, también a luz del artículo 141 llegamos a la conclusión de que el constituyente no ha pensado en que pudiera plantearse ningún proyecto de la ley enviado por el Poder Ejecutivo»:

Finalmente el Senador Echegoyen formuló otro argumento en cuanto a las relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo:

«Para el constituyente, no existe paralelismo total o equivalencia entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento.» El Poder Legislativo está organizado sobre la base de la representación integral de la opinión, de manera que si se equivoca, están agotadas todas las previsiones democráticamente posibles para llevar al plano la función legislativa, la voz auténtica de la soberanía, y, por ende, las garantías máximas.

«El Poder Ejecutivo no está en esa situación. Es representante de una simple mayoría vencedora. Por consiguiente, se explica que en el cuadro de procedimientos o fórmulas para resolver los conflictos, haya diferencia cuando las partes son las dos Cámaras, titulares normales de la función legislativa, y cuando el diferendo es entre el Poder Ejecutivo que, desde el punto de vista legislativo, sólo tiene la función de iniciativa y la de promulgación pero que son, desde el punto de visto del proceso legislativo, de muy relativo alcance.

«La iniciativa, salvo algunos casos de excepción, consignados en el texto, también corresponde al Poder Legislativo, y éste es dueño, además, de dar curso o no, de modificar o no, los que el Poder Ejecutivo le envía.

«Y respecto del veto, es tan precario y limitado el alcance, en cuanto a su suerte definitiva, que el Parlamento sigue siendo dueño de la última palabra, dentro del procedimiento constitucional.

«Es perfectamente armónico el pensamiento del constituyente, cuando fija procedimientos distintos, cuando admite que un nuevo proyecto pueda ser la solución, en el caso del artículo 135, y en cambio, no lo expresa así cuando el otro interlocutor es el Poder Ejecutivo.

«lo que se ha querido es ceñir la competencia del Poder Ejecutivo, y aunque ello pudiera ser criticable, es el régimen que ha preferido el constituyente, coordinando con su propio concepto acerca de la primacía institucional del Poder Legislativo» (véase Diario de Sesiones de la Asamblea General Nº 15.361 de fecha 19 - 20 de diciembre de 1957, Páginas 230 - 231).

Luego de analizadas las tesis afirmativa y negativa, habré de formular las siguientes reflexiones, considerando que debe realizarse una interpretación utilizando el método «Lógico - sistemático - teleológico» con la finalidad de poder precisar el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo en materia de observaciones u objeciones a los proyectos de ley (Constitución, artículo 137 y 168 ordinal sexto).

Utilizando el método de interpretación que preconizo, nos encontramos con que:

a) Según el artículo 139 de la Constitución, si transcurren treinta días de la primera convocatoria de la Asamblea General sin mediar rechazo expreso de las observaciones del Poder Ejecutivo, las mismas se considerarán aceptadas. En mi concepto, si el Poder Ejecutivo tuviera que remitir las objeciones u observaciones del artículo 137 de la Constitución sin texto sustitutivo alguno, el pronunciamiento ficto de la Asamblea General no serviría para nada, porque vencidos los treinta días, lo único que habrían serían huecos o vacíos en una ley, dado que según la tesis restrictiva lo único que puede hacer el Poder Ejecutivo es oponerse a un determinado proyecto de ley. Sinceramente, me parece un absurdo total, contrario a los más mínimos principios de hermenéutica constitucional, que pueda afirmarse por parte del constituyente que vencidos los treinta días se tienen por aceptadas las observaciones del Poder Ejecutivo, y que la doctrina a su vez pueda sostener que el Poder Ejecutivo no puede enviar un texto sustitutivo de un proyecto de ley vetado. Entonces, ¿qué es lo que la Constitución manda que se consideran aceptadas?, ¿la simple objeción u observación que dice no estoy de acuerdo con tal artículo de tal ley?, o en cambio ¿la objeción u observación conjuntamente con el nuevo texto propuesto? Estimo que esta es la solución correcta. Sostener lo contrario, es hacerle perder sentido, finalidad práctica, al instituto del veto y al pronunciamiento tácito de la Asamblea General.

b) Otro argumento de texto que utilizo en esta interpretación, es la que surge del artículo 138 de la Constitución que prevé que la Asamblea General podrá ajustarse a las observaciones por los tres quintos de los miembros presentes de cada una de las Cámaras. ¿Qué significa «ajustarse a las observaciones»? A mi juicio ajustarse a las observaciones significa que la Asamblea General acepta los fundamentos por los cuales el Poder Ejecutivo veta y porque acepta los textos sustitutivos propuestos. El constituyente no dijo en ningún momento que la Asamblea General tuviera que redactar un nuevo texto ajustándose a las objeciones o a las observaciones. Ha dicho en forma lacónica: «quienes podrá ajustarse a las observaciones».

c) Un tercer argumento de texto, es el artículo 141 de la Constitución que establece que «tanto los nombre y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones u observaciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa». Esto es que el constituyente ha impuesto la obligación de que la ciudadanía se entere, se informe, de cómo fueron las votaciones en la Asamblea General y cuáles fueron las objeciones u observaciones del Poder Ejecutivo.

En consecuencia, interpretando en forma lógico-sistemática estas tres disposiciones citadas (Constitución artículo 138, 139 y 141), puede llegarse a la conclusión, sin violencia alguna, de que el Poder Ejecutivo puede enviar conjuntamente con las objeciones u observaciones, textos sustitutivos, los que por supuesto podrán ser rechazados por la Asamblea General, tanto en la hipótesis de levantamiento de los vetos (artículo 138), como en la hipótesis del rechazo del proyecto de ley (artículo 140); pero también podrán ser modificados por los tres quintos de miembros presentes de cada una de las cámaras. El o los textos sustitutivos del Poder Ejecutivo no pueden ser modificados en dos hipótesis, una, cuando transcurren los treinta días sin que haya pronunciamiento de la Asamblea General (artículo 139); otra, cuando la Asamblea General por los tres quintos de los miembros presentes de cada una de las cámaras, acepta las observaciones del Poder Ejecutivo (artículo 139).

Me parece esencial el hecho de que el Poder Ejecutivo es un órgano colegislador con el Poder Legislativo. En efecto, el Poder Ejecutivo tiene iniciativa legislativa, y en algunas materias, tiene iniciativa privativa, pudiendo, además, remitir proyectos de ley con declaratoria de urgente consideración (Constitución, arts. 79 inciso segundo, 85 ordinal 6º, 86, 133 y 168 ordinal 7º; interviene en la etapa de promulgación y publicación de las leyes (Constitución, Art. 168 ordinal 4º, etapa del procedimiento de elaboración de las leyes en la que, dentro del plazo perentorio de diez días (Que deben contarse en forma corrida en mi concepto, es decir que se deben contar los días hábiles y los sábados, domingos y feriados), puede poder objeciones u observaciones (Constitución, Art. 137 y 168 ordinal 6º), devolviéndolo a la Asamblea General «con ellas», o sea con las «objeciones y observaciones».

Es elemental que un órgano que tiene competencias colegislativas con el Poder Legislativo, como es el Poder Ejecutivo, tenga a su vez la facultad o la potestad de proponer textos sustitutivos a los proyectos de ley que veta. Aquí es donde entra el criterio de interpretación «teleológico», es decir el fin o la finalidad de la norma jurídica a ser aplicada. ¿Cuál es la finalidad del instituto del veto contra las leyes? Es que el Poder Ejecutivo haga conocer al Poder Legislativo su opinión contraria o desfavorable a la aprobación de un determinado texto legislativo, pudiendo expresar a la vez cuál debería ser la solución en el punto concreto. Así, por ejemplo, si el Poder Legislativo aprueba un proyecto de ley por el cual se conceden treinta días de licencia por paternidad a los funcionarios públicos, extremo que ocurrió en 1989, y el Poder Ejecutivo dice estar conforme con la licencia por paternidad a los funcionarios públicos, pero que en vez de treinta días estima que deben ser cinco días, me pregunto ¿es irrazonable, es ilógico, es absurdo que el Poder Ejecutivo proponga un texto sustitutivo diciendo que la licencia por paternidad debe ser de cinco días en vez de treinta días? Creo que negar esta facultad al Poder Ejecutivo, como lo pretende la tesis Echegoyen, es contraria a la voluntad del constituyente, al fin perseguido con el instituto del veto a las leyes, que no es otra cosa que una colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en el proceso legislativo.

En síntesis, pues, pienso que el Poder Ejecutivo está habilitado para remitir a la Asamblea General textos sustitutivos acompañando las objeciones u observaciones que realice a un proyecto de ley aprobado por el Poder Legislativo, conforme a lo dispuesto por los artículos 137 y 168 ordinal 6º de la Constitución, compartiendo la tesis de los ilustres constitucionalistas uruguayos, Dres. Justino Jiménez de Aréchaga (el tercero de los Aréchaga) y Horacio Cassinelli Muñoz.

Saluda a usted, muy atentamente.

Dr. Ruben Correo Freitas. Senador.

Carp. Nº 24/2001
Dist. Nº 6/2001

Montevideo, 1º de febrero de 2001.

Sr. Senador Don Wilson Sanabria

Presidente de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto de la Asamblea General

De mi mayor consideración:

Por comunicación de 30 de enero del corriente, se me ha solicitado opinión sobre la aplicación de los arts. 137 y ss. de la Constitución de la República. Se interpreta que la consulta consiste en determinar si el Poder Ejecutivo, al ejercitar el llamado popularmente «veto», esto es, oponer objeciones o formular observaciones a un proyecto de ley, está facultado para proponer nuevos textos.

Nuestra posición, sostenida ya desde hace mucho tiempo - y sin perjuicio de que haya otras opiniones - es en el sentido de que está imposibilitado constitucionalmente para hacerlo, en virtud de los siguientes fundamentos:

1.- La duda surge de la interpretación del propio texto de los arts. 137 y 138, que se refieren a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo devolviera un proyecto con «objeciones» u «observaciones». En alguna oportunidad, se ha esgrimido que el vocablo «objeción» supone una oposición a lo expresado por el proyecto, mientras que la expresión «observación» habilita a la presentación de un texto sustitutivo por parte del Poder Ejecutivo. Nos parece que tal distinción es carente de fundamento. Es la opinión de Justino Jiménez de Aréchaga (La Constitución Nacional. Tomo II Págs. 428 y ss) y, a nuestro juicio, lo que surge de una interpretación contextual: el Art. 138 «in fine» y el Art. 139 sólo hablan de «observaciones» realizadas por el Poder Ejecutivo, y resulta evidente la intención del Constituyente de englobar cualquier tipo de manifestación de oposición del Poder Ejecutivo a promulgar un proyecto de ley. En síntesis: la distinción entre «objeción» y «observación» es irrelevante desde la perspectiva técnico jurídica.

2.- El principio de especialidad determina que el Poder Ejecutivo tiene iniciativa legislativa ante una de las Cámaras. No se indica en la Constitución que tenga tal iniciativa en oportunidad de «vetar», sin perjuicio de que cuando remite la iniciativa, la envíe al Presidente de la Asamblea General.

3).- La única manera de que se legisle sin la participación de ambas Cámaras en actuación sucesiva, es el caso del Art. 135 «in fine». Y esta hipótesis está prevista para resolver las disidencias entre las Cámaras por la Asamblea General, estableciéndose a texto expreso que la Asamblea General puede, además de dirimir la diferencia, aprobar un nuevo proyecto.

Pero esa facultad no está mencionada al referirse a la oportunidad del «veto» del Poder Ejecutivo.- Lo anterior supone que no hay una nueva propuesta del Ejecutivo ni existe, por tanto, la facultad correlativa de la Asamblea General de aprobarlo.

4.- El otro argumento que podría esgrimirse para sostener la tesis contraria a la nuestra, sería el derivado del Art. 138, cuando dice «... se convocará a la Asamblea General y se estará a lo que decidan los 3/5 de los miembros presentes de cada una de las Cámaras...».

Se ha dicho que si el Poder Ejecutivo al vetar un proyecto de ley, propone nuevos textos y la Asamblea General los aprueba por dicha mayoría, estaría haciendo uso de la citada facultad constitucional. Y en la práctica, así ha ocurrido. El argumento no nos parece de recibo, ya que razona bajo una «petición de principio». En efecto, lo que se discute es si el Poder Ejecutivo puede proponer nuevos textos en oportunidad del «veto», por lo tanto si no tiene esa facultad como creemos, es erróneo sostener que la Asamblea General pueda aprobar un texto que jurídicamente no podía proponerse.

5.- En la misma orientación de este informe - sólo para dirimir diferencias entre las Cámaras puede la Asamblea General aprobar un nuevo proyecto - se pronuncia el ex presidente de la Asamblea General Dr. Gonzalo Aguirre (Derecho Legislativo. Tomo I Teoría General de la Ley. FCU. Montevideo, 1997, pág. 198).

6.- Todo lo anterior es sin perjuicio de que la objeción u observación a un artículo o párrafo de un proyecto de ley, pueda determinar que el alcance de ésta varíe. Pero esto no significa admitir que el Poder Ejecutivo pueda proponer nuevos textos.

Saluda a Ud. atentamente.

José Korzeniak. Senador.

Carp. Nº 24/2001
Dist. Nº 5/2001

Montevideo, 2 de febrero de 2001.

Señor

Presidente de la Comisión

de Hacienda y Presupuesto de la Asamblea General

Senador Wilson Sanabria

De mi mayor consideración:

Me es grato emitir la opinión que se me ha solicitado sobre la interpretación y aplicación de los artículos 137 y siguientes de la Constitución. Formulo, al respecto, algunas precisiones iniciales y aclaratorias.

Primera: La referencia a los artículos «siguientes» al 137, la considero circunscripta a los arts. 138, 139, 140, 141 y 145, que son los que regulan el instituto comunmente conocido como «veto» o facultad de objetar u observar proyectos de ley ya sancionados y remitidos al Poder Ejecutivo a los efectos de su promulgación.

Segunda: Si bien se ha tenido la delicadeza, en la nota recibida, de no fijárseme un plazo para evacuar la presente consulta, soy consciente de que es urgente la respuesta, pues así me lo ha manifestado telefónicamente la estimada secretaria de vuestra Comisión, señora Raquel Suárez. He debido, por consiguiente, recurrir a opiniones vertidas durante mis años de actuación parlamentaria, asi como a juicios emitidos recientemente en la prensa sobre alguno de los problemas involucrados en las cuestiones objeto de consulta.

Tercera: La interpretación de los citados preceptos plantea una variada gama de problemas jurídicos, varios de los cuales han generado tradicionales debates doctrinarios y parlamentarios por cuya causa serían necesarios extensos desarrollos para tratar el tema con profundidad. Como ello no es posible por razones obvias trataré de señalar someramente los puntos que no dan lugar a dudas y de abundar algo más en los que sí tienen carácter controversial y polémico.

Y entro en materia.

1. Conviene aclarar en primer término, el sentido y la finalidad de las modificaciones realizadas a los arts. 138 y 139 de la Carta en ocasión de la última reforma constitucional. Las mismas fueron el resultado de un acuerdo político entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, en cuya gestación y concreción participé. Más aún, fui el redactor de los textos modificados previamente acordados - respecto del sentido que convenía darles - con el Senador Alejandro Atchugarry y el Dr. Miguel A. Semino.

A efectos de ilustrar esta cuestión conviene transcribir los preceptos modificados y los modificativos, lo que paso a hacer.

A) Anterior Art. 138. Cuando un proyecto de ley fuese devuelto por el Poder Ejecutivo con objeciones u observaciones, se convocará a la Asamblea General y se estará a lo que decidan los tres quintos de los miembros presentes.

Transcurridos sesenta días de la primera convocatoria sin mediar pronunciamiento de la Asamblea General, se considerarán aceptadas las observaciones del Poder Ejecutivo.

B) Actual Art. 138. Cuando un proyecto de ley fuese devuelto por el Poder Ejecutivo con objeciones u observaciones totales o parciales se convocará a la Asamblea General y se estará a lo que decidan los tres quintos de los miembros presentes de cada una de las Cámaras, quienes podrán ajustarse a las observaciones o rechazarlas, manteniendo el proyecto sancionado.

C) Anterior Art. 139. Si las observaciones del Poder Ejecutivo se refiriesen a una parte del proyecto, la Asamblea por mayoría absoluta de presentes, podrá ratificarlo ajustándose a aquéllas.

D) Actual Art. 139. Transcurridos treinta días de la primera convocatoria sin mediar rechazo expreso de las observaciones del Poder ejecutivo, las mismas se considerarán aceptadas.

2. En síntesis, las reformas realizadas fueron las siguientes:

1ª) El quórum de «los tres quintos de los miembros presentes» establecido a los efectos de la decisión que la Asamblea General debe adoptar sobre las observaciones (anterior Art. 138) se computa ahora separadamente respecto de los Senadores y de los Diputados presentes (actual Art. 138). Estando presentes los 130 Legisladores, para «levantar» un veto se requería antes el voto de 78 Legisladores, sin importar cuántos Senadores y cuántos Diputados contribuían con su voto a conformar esa mayoría especial. En la misma situación y a partir de la enmienda del Art. 138, se requiere ahora, separadamente, el voto de 60 Diputados y de 19 Senadores. Si no se obtiene una de esas dos mayorías de tres quintos, la observación no queda «levantada».

2ª) El plazo de sesenta días, cuyo transcurso a partir «de la primera convocatoria» (de la Asamblea General) y «sin mediar pronunciamiento» de ésta, ocasionaba la aceptación ficta de las observaciones (anterior Art. 138, inciso segundo), fue reducido a treinta días y opera, ahora, todas vez que no medie «rechazo expreso de las observaciones» (actual Art. 139).

3ª Se ha unificado el régimen de tratamiento y resolución sobre los vetos por parte de la Asamblea General, con independencia de que sean ellos totales o parciales (actual Art. 138). En el régimen anterior, la regla especial del Art. 139, en cuyo mérito y en caso de observaciones «a una parte del proyecto» la Asamblea, «por mayoría absoluta de presentes», podía «ratificarlo ajustándose a aquéllas», determinaba que la resolución por el voto de tres quintos de presentes (anterior Art. 138) sólo regía para el rechazo o levantamiento de los vetos. El actual Art. 138 establece, en cambio que la nueva y doble mayoría de tres quintos «de los miembros presentes de cada una de las Cámaras» rige tanto para rechazar vetos - totales o parciales - y ratificar los proyectos de ley observados como para «ajustarse a las observaciones» si éstas fueren parciales.

3. La primera de las enmiendas señaladas tuvo una doble finalidad reforzar moderadamente la fuerza del Poder Ejecutivo en este tipo de conflictos con el Parlamento, pues ya no basta contar con una amplia mayoría de Diputados para rechazar observaciones sino que es ahora menester a dicho efecto contar con esa mayoría en ambas Cámaras y reforzar asimismo el principio bicameral en defensa del Senado, ya que en el sistema anterior era posible adoptar resolución contra la opinión y el voto de la unanimidad de sus miembros.

Se recogió así, en este último aspecto la crítica de Justino Jiménez de Aréchaga al sistema anterior (véase. «La Constitución Nacional». ed. del Senado T. II, p. 440).

4. La segunda modificación también respondió a un doble propósito. En primer lugar la reducción del plazo, que algunos interpretan erróneamente como un fortalecimiento de la posición del Poder Ejecutivo, obedece en realidad a la conveniencia de abreviar un término durante cuyo transcurso existe incertidumbre acerca de si entrará o no en vigor - total o parcialmente - una ley ya sancionada por las Cámaras, y se mantiene un conflicto entre los dos Poderes políticos del Gobierno. La Asamblea General, cuyos integrantes ya habían analizado y tomado posición sobre el proyecto de ley vetado, no precisa un plazo de sesenta días para adoptar resolución sobre las observaciones.

En segundo término, la locución «sin mediar pronunciamiento» - del anterior Art. 138 - era de significado equívoco y generaba dificultades interpretativas y prácticas. ¿Qué se entendía por «pronunciamiento»? ¿Una decisión expresa, adoptada por la mayoría y con los efectos establecidos por el Art. 138 o bien por el Art. 139? ¿Una votación cualquiera aunque no alcanzara ni una ni otra mayoría y, en consecuencia no produjera el rechazo ni la aprobación de las observaciones? En consecuencia y para terminar con esas dudas, se exige ahora, por el nuevo Art. 139, que la votación determine el «rechazo expreso de las observaciones» y la consiguiente «última sanción» del proyecto según la expresión que utiliza el Art. 145 de la Carta. En caso contrario - y salvo que las observaciones fueren parciales y se aprobaren expresamente por la doble mayoría del Art. 138 - el vencimiento del término de treinta días determina la aprobación ficta de los vetos sean estos totales o parciales.

5. La tercera enmienda, vinculada al segundo aspecto analizado respecto del texto del actual Art. 139, también tuvo por objeto eliminar situaciones confusas y graves dudas interpretativas que se daban en la práctica.

En efecto, en el sistema anterior solía ocurrir que no hubiere « mayoría absoluta de presentes» para aprobar observaciones parciales respaldadas por 60 Legisladores en 130, ni mayoría de tres quintos de presentes para rechazar esas observaciones, cuyo levantamiento votaban 70 Legisladores en 130. El ejemplo no es de laboratorio. Situaciones como esa se dieron durante la primer presidencia del Dr. Sanguinetti y, alguna vez siendo Presidente el Dr. Lacalle.

¿Qué ocurría, entones, al vencer el plazo de sesenta días fijado por el Art. 139? No había habido decisión válida para rechazar ni para aprobar las observaciones. Algunos, forzando la interpretación, sostenían que igualmente había existido «pronunciamiento» y que correspondía entonces, dar por aceptadas las observaciones del Poder Ejecutivo, comunicándole a éste el proyecto con supresión de las disposiciones vetadas.

Y así se procedió en la práctica, en alguna oportunidad, cuando el Dr. Tarigo presidía la Asamblea General. Yo sostuve siempre la posición contraria, con el respaldo de un dictamen del Prof. Horacio Cassinelli Muñoz, de fecha 29 de enero de 1986, referido a las observaciones parciales interpuestas por el Poder Ejecutivo a la que luego fue la Ley de Presupuesto Nº 15.809, de 9.04.1986. A ese dictamen di lectura parcial siendo Presidente de la Asamblea General, en su sesión de 27.12.1990, en la que fundé «in extenso» la tesis de que en tal caso no había pronunciamiento válido de la Asamblea General. En consecuencia, no se podía comunicar el proyecto al Poder Ejecutivo al expirar el plazo de sesenta días, (véase Diario de Sesiones de la Asamblea General, T. 66, pp. 101-105).

El problema tiene a esta altura importancia solamente en el plano de la historia parlamentaria y constitucional del país, pero sirve para iluminar el claro sentido de la reforma introducida en el Art. 138, al disponerse que la doble mayoría de tres quintos de los miembros presentes de cada una de las Cámaras rige tanto para considerar observaciones totales como observaciones parciales. Ello, unido a la exigencia del «rechazo expreso» (Art. 139), para que no opere la aprobación ficta de las observaciones por el transcurso del plazo de treinta días, elimina las serias dudas anteriores y clarifica por completo cómo debe procederse si la Asamblea no logra adoptar decisión por la doble mayoría exigida por el Art. 138.

6. Todo lo expresado desde el num. 3, que supongo podrá ser ratificado por el Senador Atchugarry, me lleva a afirmar que son erróneas, a mi juicio, algunas conclusiones de ciertos doctrinos sobre el sentido de las enmiendas constitucionales precedentemente examinadas. Así, por ejemplo, la posición de Risso Ferrand respecto a su posible incidencia en la cuestión de si el Poder Ejecutivo por vía de vetos, puede proponer textos con redacción sustitutiva de la de los artículos observados, (véase «Reforma Constitucional de 1997», en Rev. Ur. de Der. Const. y Pol., Serie Congresos y Conferencias Nº 16. pp. 80-83). Dichas enmiendas, en nuestra opinión nada tienen que ver con la cuestión referida que, examinaré infra. Nº 8.

7. Paso ahora a analizar el Art. 137, que no fue modificado en 1996 y cuyo texto es el siguiente:

«Si recibido un proyecto de ley, el Poder Ejecutivo tuviera objeciones que oponer u observaciones que hacer, lo devolverá con ellas a la Asamblea General, dentro del plazo perentorio de diez días».

La disposición plantea una serie de problemas «Brevitatis causa», me remito a la opinión de Jiménez de Aréchaga, que suscribo en todos sus términos («La Constitución Nacional», ed. cit. T. II, pp. 429-433), respecto de los siguientes puntos.

a) fundamentos de la observación; b) forma de la observación; c) comunicación de la observación; d) plazo para observar; e) casos especiales.

Una cuestión interesante es la de si el Poder Ejecutivo puede solicitar la devolución del proyecto observado, a fin de ponerle el cúmplase, retirando así su veto. Jiménez de Aréchaga examinó la cuestión al analizar el actual Art. 138 (127 de la Carta de 1942) y no el actual Art. 137 (126 de la Carta de 1942). Sostuvo siguiendo la opinión de su padre y del Dr. Juan Andrés Ramírez, - catedráticos de Derecho Constitucional ambos y Legisladores cuando la cuestión se planteó en 1920 - que la Asamblea General no podía oponerse al retiro de las observaciones, como sí lo sostuvieron los Dres. Julio M. Sosa, Manuel B. Otero, Lorenzo Vicens Thievent y Franciso Ghiliani, con argumentos dignos de consideración.

La cuestión es opinable, pero me inclino a la posición de Jiménez de Aréchaga, cuya opinión puede consultarse en su citada obra (pp. 437-439), si bien añade, en función de antecedentes de la Convención Constituyente de 1934, que la solución correcta había pasado a ser la contraria, lo que también me parece discutible, desde que tales antecedentes no fueron conocidos por el Cuerpo Electoral cuando sancionó la Constitución de dicho año. En cuanto a la opinión de Juan Andrés Ramírez, véase su «Selección de discursos y trabajos parlamentarios», pp. 407-415.

8. Respecto a los poderes del Poder Ejecutivo al formular observaciones llega el momento de examinar la cuestión de si éstas pueden consistir en textos sustitutivos de los observados, práctica seguida por dicho Poder en distintas oportunidades y que ha vuelto a reiterarse en el mensaje que está a consideración de vuestra Comisión, con relación al ya sancionado proyecto de ley de Presupuesto Nacional.

El problema no es nuevo y ya en 1957 el entonces Senador Martín Echegoyen tuvo oportunidad de sostener brillantemente la tesis contraria (véase Diario de Sesiones de la Asamblea General, 19 y 20.12.1957, p. 227 y sigs.). Estoy categóricamente convencido de la exactitud jurídica de esa tesis. La sostuve en la prensa, en el diario «El País», el 5 de enero de 1992. Y termino de reiterarla en el mismo órgano de prensa, sin firma, en editoriales de los días 23 y 28 de enero ppdo.

También lo hice, en más de una oportunidad, en la Asamblea General. Así, en su sesión del 30 de octubre de 1985, en forma breve (Diario de Sesiones de ese Cuerpo, T. 61, pp. 117-118), en la del 7 de enero de 1986 (Diario de Sesiones cit., pp. 139-140) y algo más clara y extensamente en la del 9 de diciembre de 1986 (Diario de Sesiones cit,. T. 62, pp. 262-263). Como ese material está a disposición de los señores miembros de la Comisión, omito reiteraciones innecesarias.

Y adjunto fotocopia del segundo de los referidos editoriales del diario «El País», del día 28 de enero, en el que desarrollé con cierta extensión mi opinión sobre la absoluta inconstitucionalidad de los vetos sustitutivos, que coliden con dos de los principios básicos del procedimiento legislativo: el principio bicameral y el de que jamás puede haber ley contra la voluntad mayoritaria - expresa o tácita - de los miembros de la Asamblea General.

Mi artículo, creo, es suficientemente explícito. Algo debo agregar a él, sin embargo respecto a la opinión de algunos colegas que han admitido los vetos sustitutivos en razón de la distinción entre «objeciones que oponer u observaciones que hacer», contenida en el Art. 137 de la Carta. Aduje, periodísticamente, que el argumento es erróneo pues «las mismísimas palabras entrecomilladas ya figuraban en el Art. 63 de la Carta de 1830, la cual como es sabido no permitía los vetos parciales y, por ende, tampoco los vetos sustitutivos».

Me explico más. Cuando el veto es total, como tenía que serlo bajo las Cartas de 1830 y 1918, se opone «in totum», al conjunto de la ley observada y no admite, en consecuencia, textos sustitutivos de una ley a cuya promulgación el Poder Ejecutivo se opone integralmente. En razón de ello, la distinción entre «objeciones» y «observaciones» - términos, a mi juicio, sustancialmente similares - no tenía relación alguna con la posibilidad de interponer vetos sustitutivos de algunas disposiciones, desde que los vetos parciales fueron una innovación de la Carta de 1934. Esa innovación, por tanto no pudo tener por consecuencia modificar la interpretación y aplicación tradicional del actual Art. 137, adjudicándole a la palabra «objeciones» el sentido de oposición total o parcial a la ley y a la palabra «observaciones» el sentido de una discrepancia de menor cuantía, superable mediante el arbitrio de la proposición de textos sustitutivos.

Por otra parte, el Art. 139 sólo refiere al rechazo expreso «de las observaciones», sin mentar a las «objeciones». Si éstas fueran cosa distinta de las observaciones, el Art. 139 y el efecto aprobatorio del vencimiento del plazo que este precepto establece no serían aplicables a los vetos no sustitutivos, lo que nadie sostiene y sería un clarísimo error.

9. Respecto al Art. 138, ya hemos esclarecido su interpretación, al analizar el sentido de su modificación, supra nums. 2, 3 y 5.

Sin embargo, corresponde examinar a su respecto un problema clásico en nuestros anales parlamentarios. ¿La Asamblea General, al adoptar resolución sobre las observaciones, puede modificar las disposiciones observadas y aun agregar nuevos artículos?

El eminente parlamentario Dr. José Espalter fue el primero en sostener con argumentos irrefutables, en 1920, que la Asamblea carece de ese poder jurídico (véanse sus «Discursos parlamentarios», T. VI, pp. 205-237). Otro tanto hizo el Dr. Juan Andrés Ramírez en sesión del 17.06.1921, en la Cámara Baja (véase su «Selección...», cit., pp. 337-346). El Dr. Jiménez de Aréchaga («La Constitución Nacional», T. II, ed. cit., pp. 434-437), adhirió a la tesis del Dr. Espalter.

Por nuestra parte, hemos sostenido en la Asamblea General la misma tesis. Ahorramos ahora nuestros argumentos, que expuse en sesión del 9.12.1986, con el apoyo del Senador Ricaldoni y de los Diputados Sturla y Lamas (Diario de Sesiones de la Asamblea General, T. 62 pp. 262-269).

10. En relación al Art. 139, me remito a lo expresado supra nums 2, 4 y 5. Su texto actual por otra parte es claro y estimo que no genera dudas interpretativas.

11. En lo que tiene que ver con el Art. 140 su sentido no es dudoso. La hipótesis regulada es aquella en que al reconsiderarse «el proyecto devuelto por el Poder Ejecutivo», la Asamblea no «levanta» las observaciones por cuya causa no se produce la «última sanción» a que alude el Art. 145 de la Lex Magna y el proyecto queda «sin efecto por entonces», «hasta la siguiente Legislatura». Deberá, pues, cambiar la Legislatura para que sea válida la proposición del mismo proyecto.

Esta consecuencia no debe intepretarse más allá de su sentido estricto sin darle un efecto extensivo y, por ende, prohibitivo de presentar proyectos de ley sobre la misma materia y de orientación similar al proyecto desaprobado. En la Asamblea General, creo que en 1985 u 86, se sostuvo esa interpretación extensiva y errónea a la que me opuse haciendo ver que el Art. 140 no equivale a una veda total de presentación de proyectos de ley que versen sobre la misma materia de un proyecto desaprobado tras el veto del Poder Ejecutivo por el resto de la Legislatura en que tal hecho se produzca.

12. Con respecto al Art. 141, debe comprenderse que lo que se reconsidera es el «proyecto devuelto por el Ejecutivo» y no sus observaciones. En consecuencia quienes votan otra vez el proyecto a fin de dejar sin efecto los vetos lo hacen por sí, y quienes acompañan el criterio del Poder Ejecutivo lo hacen por no, desaprobando el proyecto en su totalidad o sus disposiciones observadas, de modo que aquél o éstas queden sin efecto.

Esto no siempre se entiende así, sobre todo por parte de los Legisladores nuevos, por cuya causa durante los cinco años en que presidí la Asamblea General, siempre hice esta explicación y apliqué este criterio, antes de tomar la votación nominal conforme a este Art. 141.

Otro asunto que ha planteado dudas, respecto a la forma de votar en caso de observaciones parciales es si estas deben considerarse conjuntamente - en una sola votación - o si debe recaer una votación y
resolución separada, sobre cada una de las observaciones. Este último criterio respaldado por el hecho habitual de que no pocos Legisladores suelen estar de acuerdo con ciertas observaciones y en desacuerdo con otras, es el generalmente seguido en la práctica.

Sostuve su pertinencia constitucional en la ya referida sesión de la Asamblea General del 27.12.1990, con el apoyo del citado dictamen del Prof. Cassinelli Muñoz (Diarios de Sesiones de dicho Cuerpo, T. 66, —. 101-105).

13. Por último, el art, 145 es de sentido inequívoco y transforma la promulgación en un acto debido. Es útil, sin embargo, para ratificar que cuando se interponen vetos, su efecto es obligar a la Asamblea General a una reconsideración del proyecto vetado - en todo o en parte - el que debe ser votado nuevamente a fin de ser otra vez sancionado o dejado sin efecto, también en todo o en parte.

La interposición y consideración de observaciones no es una nueva instancia legislativa, que permita votar disposiciones nuevas o distintas a las anteriormente sancionadas, sea por iniciativa del Poder Ejecutivo o de la propia Asamblea General.

14. Para finalizar, corresponde una aclaración. Mi oposición a los vetos sustitutivos es únicamente de carácter jurídico. No representa un juicio contrario al mérito u oportunidad de las disposiciones que han sido objeto de tales observaciones, cuyos fundamentos fácticos he leído y en algunos casos comparto.

Creo que el presente dictamen evidencia claramente que mi opinión sobre este aspecto de la interpretación del Art. 137 de la Carta no es sino la que siempre sostuve en mi gestión parlamentaria, tanto cuando fui Senador como cuando tuve el alto honor de presidir la Asamblea General.

Hago propicia la oportunidad para saludar al señor Presidente y demás miembros con mi más distinguida consideración.

Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez.»

-En consideración.

Tiene la palabra el señor Legislador Sanabria.

SEÑOR SANABRIA.- Señor Presidente: la Comisión Especial de la Asamblea General referida al Presupuesto e integrada con Hacienda, ha realizado un sinnúmero de reuniones vinculadas con el estudio de las observaciones que el Poder Ejecutivo ha enviado con respecto a algunos artículos del Presupuesto General de Gastos y Recursos que ha aprobado el Parlamento. En ese entendido, debemos señalar, en nombre del Partido Colorado -de igual forma va a proceder un Legislador de cada una de las fuerzas políticas representadas en este Parlamento- que haremos informes en mayoría, en virtud de que hemos acordado la votación de levantamiento de veto para seis artículos -sobre los cuales el Poder Ejecutivo ha interpuesto recursos- con el apoyo unánime y la comprensión del Poder Ejecutivo. Nos estamos refiriendo al artículo 329, que tiene que ver con el Centro de Diseño Industrial, que le va a permitir generar posibilidades de prestación de servicios técnicos, de asesoría y diagnósticos, así como la comercialización de sus productos y de los servicios de sus talleres. Además, también le permitirá contar con ingresos importantes desde el punto de vista económico, a los efectos de sustentar y financiar gastos de funcionamiento y programas especiales.

También tenemos el artículo 331 que extiende los beneficios establecidos en el artículo 596 de la Ley Nº 16.736 a las empresas allí mencionadas que efectúen donaciones o realicen inversiones en la investigación o la tecnología que desarrolla el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.

Del mismo modo, por unanimidad la Comisión votó el levantamiento del veto al artículo 468, relativo al Poder Judicial. Más allá de este artículo, el Partido Colorado deja constancia de que el Poder Ejecutivo cumple con su misión de enviar a la Asamblea General el veto solicitado por la Suprema Corte de Justicia y, en definitiva, ésta resolverá al respecto.

Por unanimidad también ha sido votado el artículo 470 que tiene que ver también con el Poder Judicial, con las mismas constancias políticas. Lo mismo ocurre con el artículo 549, relativo a las auxiliares de servicio que prestan funciones en las escuelas públicas de todo el país y, en especial, en el interior de la República. En ese aspecto, se cuenta con el compromiso político del Poder Ejecutivo en el sentido de reglamentar dicho artículo, en la medida de las posibilidades de las autoridades de la enseñanza. En definitiva, seguramente esto generará los aportes correspondientes al Banco de Previsión Social y a la Dirección General Impositiva de más de 2.500 auxiliares de servicio que están prestando importantes funciones en las escuelas públicas del país, especialmente en aquellas donde la Comisión de Fomento, los Directores o los vecinos, tienen dificultades para regularizar los aportes correspondientes a esas trabajadoras. Evidentemente, este artículo es de profundo contenido social y todos los partidos políticos, junto con el Poder Ejecutivo, hemos coincidido en la necesidad de que, aparte de levantar el veto, exista el compromiso de ir resolviendo paulatinamente -en dos o tres años- esta situación irregular.

También está el artículo 557, que es el que incorpora los beneficios establecidos en el artículo 462 de la Ley Nº 16.226 a las empresas contribuyentes del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio, el Impuesto a la Renta Agropecuaria y el Impuesto al Patrimonio, para las donaciones que se realicen al Instituto Nacional del Menor.

Evidentemente, todos estos artículos tienen que ver con la decisión política de que el Presupuesto General de Gastos y Recursos, en su totalidad, tienda a generar las condiciones de ley marco que el Poder Ejecutivo, en un gobierno que se está iniciando, está instrumentando. Esto también tiene que ver con que estas observaciones no son sustanciales, más allá de la importancia que tiene a los efectos de los acuerdos políticos que se han originado en la Comisión respectiva.

Por último, debo señalar el buen clima de diálogo y entendimiento, así como también la contribución generosa de todos los partidos en este acuerdo. En este sentido, hacemos moción para que, en el momento que se estime conveniente, se voten estos seis artículos en bloque, a fin de lograr un buen desarrollo de esta Asamblea General.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: la actitud política de nuestra Bancada, en relación con los numerosos vetos interpuestos por el Poder Ejecutivo, ha sido, como en las anteriores oportunidades del trámite presupuestal, responsable y seria, procurando buscar acuerdos para los temas que nos parecen gravitantes. Pretendemos señalar y puntualizar nuestras diferencias en aquellos temas en los que tenemos apreciaciones diferentes.

En ese sentido, hemos trabajado en los últimos quince días en forma intensa, tanto en la Bancada de Senadores como en la de Diputados. Fue así que mantuvimos numerosos intercambios con representantes de otros partidos que integran este Parlamento, en particular, con el Partido Nacional. Debo decir que este trabajo se desarrolló en buen clima. A nuestro juicio, ha tenido, por lo menos, un resultado importante, es decir, un acuerdo político que incluye a todas las fuerzas para levantar seis vetos. Pensamos que son importantes por su contenido y por el impacto que tendrán en algunos sectores e instituciones de nuestro país. Concretamente, tendrán un efecto positivo. En el resto de los vetos interpuestos, las diferencias han sido importantes. A continuación, voy a hacer un breve raconto de las distintas apreciaciones.

En realidad, este tema relacionado con los vetos culmina un trámite muy complicado de la Ley de Presupuesto, en la cual hubo sorpresas de distinta entidad, algunas de ellas inéditas en el Parlamento. Debemos recordar que tuvimos un Presupuesto muy extenso, un Mensaje Complementario que fue un verdadero récord, una fe de erratas que fue sucedida por otra, la incorporación de numerosas leyes orgánicas que nada tenían que ver con el Presupuesto, como por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, y ciertos disparates mayúsculos en relación con temas muy sensibles, como ser, la cuestión educativa. El trámite no fue bueno; esto ya fue debatido en otras oportunidades. Ahora debemos tratar 34 vetos que se refieren, aproximadamente, a 40 artículos. Nuestra Bancada estima importante levantar esos vetos.

El veto número 14, se refiere al artículo 329, en relación con el Centro de Diseño Industrial. Estimamos que la posibilidad de prestar servicios técnicos y de comercializar productos o servicios, es útil e importante para una actividad que se ha llevado a cabo con seriedad, tiene reconocimiento y donde numerosos jóvenes se están capacitando.

El veto número 15 tiene que ver con el artículo 331. Mediante esta norma se extiende el régimen de beneficios a las empresas que realicen donaciones al Instituto Clemente Estable. Este tema fue largamente discutido, creemos que es de justicia, puesto que otorga un ingreso extraordinario al Instituto, potencia la investigación científica y técnica, así como la innovación de nuestro país. Ya se han realizado muchos discursos y existe abundante literatura sobre la innovación tecnológica. Sin embargo, los recursos han sido sumamente escasos. En este sentido, nuestro país se encuentra en un tercer o cuarto lugar en el mundo, en esta materia. Estamos muy por detrás del lugar que sería necesario ocupar. Basta leer alguna de las literaturas que en estos días se difunden en los principales centros académicos, acerca de la innovación tecnológica, para entender que en materia de decisiones Uruguay está absolutamente atrasado.

El veto número 24 se ha interpuesto al artículo 468. Allí se fija las retribuciones de los Asesores Contables del Instituto Técnico Forense. Entendemos de justicia -y nos parece conveniente- levantar este veto, porque va a favorecer a auxiliares claves en el trabajo de los Jueces. Se ha hablado y se ha escrito mucho, y han surgido diferencias muy profundas respecto a problemas que se vinculan, en algunos casos, con la corrupción. Pero el delito de cuello blanco exige un seguimiento con capacitación técnica en la fase indagatoria. Es imposible realizar esto si no se cuenta con el personal calificado. Sabemos que hay un diferendo con la Suprema Corte de Justicia con respecto a las cuestiones de constitucionalidad. No vamos a ingresar en este tema. Pero este asunto nos parece intrínsecamente de justicia.

El veto número 25 ha sido interpuesto al artículo 470. Dicha norma transforma cargos administrativos de la Defensoría de Oficio en lo Penal en Defensores Adjuntos, y cargos de otras Defensorías, en Procuradores. Nos parece que consagra legalmente una situación que se da de hecho desde hace varios años. Numerosos funcionarios con títulos habilitantes prestan la tarea de Procurador y de Defensores Adjuntos, permitiendo que se cumpla el servicio adecuadamente. Sin embargo, no perciben los sueldos correspondientes.

El veto número 27 se interpone al artículo 549. Tal como señaló el señor Senador Sanabria, se refiere a la situación en la que se encuentran los Auxiliares de Servicio contratados por Comisiones de Fomento. Sería útil que los señores parlamentarios leyeran el informe que realizó el maestro Héctor Florit, como Secretario General de la FUM, en relación con este tema. El maestro Florit, normalmente, no hace apreciaciones que no estén seriamente fundadas. En dicho informe señala que hay contrataciones de auxiliares -estamos hablando de, aproximadamente, 2.500 casos- que violan los derechos laborales. Los ingresos aleatorios de las Comisiones de Fomento y los trámites burocráticos para tener personal en planilla impiden, en los hechos, hacer contratos respetando la legislación vigente. Hay auxiliares que limpian una escuela por $ 500 o $ 600, o que cocinan por un plato de comida. Estos casos evocan formas de esclavitud. Sin embargo, de ellos depende el funcionamiento de cientos de escuelas. Este es un tema muy sentido, en particular en el interior del país, y va a demandar una reglamentación. En ese sentido, existe un compromiso de parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Se trata de que esa reglamentación llene los vacíos que tenía el artículo aprobado en la Ley de Presupuesto que se va a restablecer, en caso de que el veto sea levantado.

Por otra parte, proponemos que se tenga una conducta similar a la que se propuso en relación con el Instituto Clemente Estable, con respecto al INAME. Este Instituto quedó en una situación totalmente postergada en materia presupuestal. Pensamos que, tratándose de una política de desarrollo social, que es absolutamente relevante, debemos dar una válvula para que distintas empresas realicen aportes, ya que les significaría desgravaciones desde el punto de vista tributario. Pensamos que dichos aportes podrían fortalecer el trabajo que hace el INAME en nuestro país, que es de primera línea, tal como ocurre en el resto del mundo.

Este sería el capítulo de los vetos que, en acuerdo político, pretendemos levantar. También hemos propuesto, y así se votó en la Comisión, considerar el levantamiento del veto número 30, interpuesto contra el artículo 583 que se refiere al impuesto que se crea en el Presupuesto para las transferencias deportivas. El Poder Ejecutivo propone dividirlo entre el Ministerio de Deporte y Juventud y el Fondo Nacional de Lucha Contra el SIDA modificando el criterio que aprobó el Parlamento consistente en destinar todos los recursos para este último. Si bien consideramos muy importante destinar recursos para el Ministerio de Deporte y Juventud debe admitirse que cuando se analizó la primera Ley de Urgencia y se creó esta Cartera uno de los principales argumentos esgrimidos consistía en decir que, en el marco de austeridad de nuestro país, los recursos estaban y sólo había que transferir las unidades ejecutoras con sus recursos al ámbito de este nuevo Ministerio y que esto no significaba un incremento de gastos.

También estamos proponiendo, al igual que lo hicimos en la Comisión -aunque fue votado negativamente en la mañana de hoy- que se levante el veto interpuesto contra el artículo 597, que exonera de IVA a los servicios de hoteles fuera de la alta temporada. No comprendemos ni compartimos la observación del Poder Ejecutivo; creemos que prácticamente hay un discurso compartido en el sentido de que es necesario promover la actividad turística y fundamentalmente tratar de generar un ciclo anual que no tenga las diferencias y los altibajos actuales. Nos parece que esto no tiene un costo muy importante y debería ser apoyado el temperamento y el criterio de levantar este veto.

Estos son los vetos que la Bancada del Encuentro Progresista propone levantar.

Por otro lado, también queremos expresar con mucha claridad que compartimos y apoyamos algunos de los vetos planteados por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, compartimos el veto número 7 relativo al artículo 114, que establece prohibiciones para la actividad laboral de los funcionarios de la Dirección de Meteorología porque sentimos que es una verdadera exageración. Asimismo compartimos el criterio expuesto por el Poder Ejecutivo en relación con el polémico y debatido asunto del artículo 118 que tiene que ver con la Armada y establece modificaciones en los cómputos de antigüedad en el grado. No hemos adoptado una decisión de disciplina de bancada con carácter de asunto político porque entendemos que, en algún aspecto, es un tema que ha merecido distintas opiniones. Sin embargo ha sido el criterio absolutamente mayoritario de esta Bancada respaldar el veto. A nuestro juicio -esto lo decimos a título personal, pero también de numerosos integrantes de esta Bancada- no resulta conveniente realizar modificaciones puntuales fuera de un contexto general de leyes orgánicas. Por otro lado, esto crea una asimetría en relación con el Ejército y con la Fuerza Aérea muy significativa. Si la proporción de Capitanes de Navío en relación del número de integrantes de la Fuerza -en este caso la Armada- después de esta reforma en caso de levantarse el veto, se fuera a mantener en equivalencia con el número de Coroneles en el Ejército o su equivalente en la Fuerza Aérea, tendríamos un engorde en este punto de la pirámide. Esto contradice las políticas que se piensan instrumentar o se cree conveniente poner en práctica en lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas.

Compartimos también el veto que se refiere al artículo 185, que transforma cargos en la Dirección Nacional de Casinos, así como aquel que se aplicaría al artículo 319, que elimina la discrecionalidad en el manejo de fondos para inversión que le otorga a la Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura. Compartimos el veto al artículo 354 porque genera un régimen de cobertura sanitaria para los hijos de los funcionarios en el Ministerio de Salud Pública que es mejor que el que figura en la Ley de Presupuesto. Finalmente compartimos los vetos a los artículos 546 y 547 que incurrían en una grosera inconstitucionalidad en la medida en que legislaban sobre materias, programas, metodología, didáctica, pedagogía y currícula en el interior de Enseñanza Primaria y Secundaria, o sea, en el marco del CODICEN.

Quiero decir que nos ha preocupado mucho el aspecto formal de cerca de la mitad de los vetos que, a nuestro juicio, tienen un problema serio y es que empiezan a escribir fuera de los marcos. En realidad no dicen que sí o que no a todo o en parte, sino que establecen y desarrollan nuevos textos; es lo que se ha dado en llamar vetos sustitutivos. Nos parece absolutamente consistente y convincente la argumentación desarrollada por el doctor Gonzalo Aguirre, con absoluta solvencia, como usualmente lo hace, en relación con este punto. Ella ha sido de conocimiento público y por eso solicitamos informes en la Comisión, de la misma forma en que lo hicimos con la argumentación llevada a cabo por nuestro compañero, el señor Senador Korzeniak. Reitero que nos parecen medularmente sólidas porque, en realidad, por una vía oblicua y extemporánea se violenta el principio bicameral y se desconoce un principio básico de funcionamiento democrático por el cual ninguna disposición puede transformarse en ley contra la voluntad del Parlamento. Aquí, de aceptarse esta tesis, podría suceder una situación que se califica por sí misma: un nuevo texto viene en un veto, no tiene nada que ver con el artículo que se está vetando y puede haber una mayoría de Senadores y Diputados que en esta Asamblea General esté en contra, que tenga un punto de vista distinto, se aprueba el veto porque hay mayoría pero no se llega a los tres quintos y, por lo tanto, el Poder Ejecutivo legisla, hace leyes por su cuenta. Creo que este punto de vista que ha sido desarrollado por esta Bancada tiene una indudable solidez, teniendo en cuenta lo que es el análisis del marco de nuestros textos constitucionales que son el pacto supremo de esta sociedad en el campo político.

Deseamos expresar que esta situación se puede advertir en numerosos vetos y diría que hay algunos que son antológicos, por ejemplo, como en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca donde hay dos vetos; en uno de ellos hay una partida global, pero allí se discrimina las unidades ejecutoras y cuánto le toca a cada una.

Parece estar bastante bien en cuanto al contenido, pero, en todo caso, podría ser motivo de un decreto o de otro tipo de decisiones, pero no de marcos legales. En otros casos, se crea, a través de la Ley de Presupuesto, una unidad ejecutora nueva, el programa forestal, y entonces, como no estaban fijados los cometidos, el veto los desarrolla extensamente.

En otras situaciones, son compartibles los contenidos. Me refiero, por ejemplo, al hecho de convertir el IVA al Correo; se trata de un impuesto que se fija para esta actividad, es decir, se pasa de hacerlo en forma preceptiva a realizarlo en forma facultativa. Entonces, compartimos el contenido y el espíritu de todo esto, pero creemos que la forma no es la adecuada.

Es en base a estos criterios que nuestra Bancada ha entendido importante levantar los vetos que hemos mencionado y, fundamentalmente, los que forman parte del acuerdo político a que se ha llegado; comparte, además, todo lo que hemos mencionado y, por nuestro intermedio, desea manifestar ante este Parlamento, su preocupación por el problema que representan los denominados "vetos sustitutivos".

Muchas gracias.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: en esta sesión de la Asamblea General, muy probablemente se votará conforme a lo acordado en el día de hoy y aprobado en el seno de la Comisión Especial; en el caso de que los otros vetos no se traten, es decir, no sean confirmados o levantados, en el transcurso de las próximas horas pondremos fin al tema de la aprobación del Presupuesto Nacional. Por mi parte, agregaría que felizmente le pondremos fin a este asunto que durante tanto tiempo mantuvo preocupado al Parlamento Nacional, así como también a toda la opinión pública.

Ahora bien, me parece muy importante que seamos capaces de distinguir entre lo principal y lo accesorio; me refiero al hecho de ver al Presupuesto como lo principal, y a estos vetos que hoy estamos considerando, como accesorios.

Seguramente, el Presupuesto Nacional no habrá dejado conforme plenamente a ninguna de las colectividades políticas representadas en el Parlamento -porque es muy difícil obtener un buen Presupuesto Nacional en una situación de crisis económica, de recesión y de desempleo- y si bien no me parece que este sea el momento oportuno de destacar sus virtudes y defectos, sí creo importante señalar que en este Presupuesto el Partido Nacional -a través del trabajo de los Ministros que lo representan en el Poder Ejecutivo y de sus Legisladores- ha cumplido con una labor muy importante, con una gran incidencia en determinados rumbos de la vida del país, para nosotros, fundamentales. Así, quiero mencionar los aportes que se han logrado en este Presupuesto en materia de enseñanza pública, tanto a nivel del CODICEN como de la Universidad de la República. En ambos casos, se han otorgado recursos muy importantes, que superan largamente lo que en forma tradicional se han venido dando en los últimos presupuestos. En el caso de la Universidad de la República, además, se estableció una facultad a favor del Poder Ejecutivo para incrementar, en el transcurso de los próximos años, los fondos con los que aquélla contará, para atender sus necesidades fundamentales. Las importantes mejoras que se han logrado en materia salarial, tanto para docentes como para no docentes, que constituyen para nosotros, un avance sustantivo. También lo son los recursos logrados para las Intendencias Municipales de todo el país. A través del artículo 214 de la Constitución de la República, se verterán, en el transcurso de los próximos años, no U$S 30:000.000, como se ha dicho insistentemente, sino U$S 43:000.000 promedio por año, destinados a atender las necesidades de las Intendencias Municipales y, en particular, de las del interior del país. Como es sabido, U$S 13:000.000 venían ya en el Presupuesto Nacional, por iniciativa del Poder Ejecutivo, y los U$S 30:000.000 adicionales fueron logrados a través de negociaciones mantenidas por representantes del Partido Nacional.

Destaco, asimismo, los aumentos para policías y militares y también para el Poder Judicial, los que seguramente no serán suficientes, pero tienen su importancia en relación con lo establecido en Presupuestos anteriores. La transformación jurídica de ANCEL, posibilitándole la competencia en los próximos años, y la creación de un organismo regulador, para dotar al país de un marco normativo necesario, adecuado y ecuánime, a efectos de regular la competencia.

Se han establecido también soluciones para los becarios y pasantes, inversiones en materia social y la baja de impuestos, con respecto al Mensaje Complementario del Poder Ejecutivo. En relación con esto último, como es sabido, se logró convenir con otras colectividades políticas la reducción sustancial de la carga impositiva que inicialmente se establecía en el discutido Mensaje Complementario.

Todo lo que hemos señalado, entre muchas otras cosas, constituyen avances importantes que nosotros, como Partido Nacional, consideramos fundamental recalcar y definir -especialmente, en momentos en que estamos poniendo fin al tratamiento del Presupuesto Nacional- ya que, verdaderamente, se realizó un trabajo intenso, serio y responsable por parte de todo el Parlamento Nacional pero, en particular, por la Bancada del Partido Nacional.

En el día de ayer, nuestra agrupación parlamentaria decidió promover el levantamiento de siete vetos; seis de ellos han sido acordados hoy en la mañana en el seno de la Comisión Especial. En lo que refiere al levantamiento del séptimo veto, que tiene relación con las regularizaciones en la Armada Nacional, la votación en Comisión fue de 3 votos en 13, por lo que, presumiblemente, de acuerdo a lo actuado, no sería posible levantar este veto.

Los seis vetos que seguramente serán levantados en esta sesión son importantes, pero queremos destacar muy especialmente el que refiere a los auxiliares de servicio de las escuelas. El señor Legislador Lacalle Pou fue uno de los primeros parlamentarios que a comienzos del año pasado trajo el tema a consideración de la Cámara de Representantes, preocupado por la situación difícil e irregular por la que han estado atravesando estos empleados.

SEÑOR LACALLE POU.- ¿Me permite una interrupción, señor Legislador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Legislador Lacalle Pou.

SEÑOR LACALLE POU.- No quisiera dejar pasar esta instancia del tratamiento de los vetos sin mencionar el tema de los auxiliares de servicio.

El 4 de abril del año pasado, la primera vez que hice uso de la palabra en el seno de la Cámara de Representantes, intenté plantear un tema que había recogido caminando por el departamento de Canelones y observando la situación angustiante de estas personas. Luego, al comentarlo con otros colegas del interior, supe que este caso se repetía en todos los departamentos. En aquel momento tratamos de ilustrar una tarea que era desempeñada por compatriotas encargados de mantener el orden y la limpieza y de cocinar actuando, muchas veces, como la segunda madre de los "gurises", de los escolares. Estos compatriotas son solventados a través del esfuerzo y la buena voluntad de las Comisiones de Fomento que integran los padres de los chicos que van a esas escuelas. Así, se podían pagar magros salarios y los padres debían optar entre pagarles a esos funcionarios algunos "pesitos" o cumplir con las leyes sociales. Entonces, como se dice comúnmente, estos ciudadanos terminaban trabajando en negro. Realizamos este planteo en oportunidad de la visita de los nuevos integrantes del CODICEN a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes.

También en oportunidad del tratamiento del Presupuesto en la Comisión de la Cámara de Representantes, con la ayuda del Legislador José Mieres, tratamos de redactar un aditivo, que no tuvo andamiento. Asimismo, hubo un compromiso posterior del Partido de Gobierno en el sentido de que se llevaría al Senado esto junto con otros artículos de la ANEP. Hoy es uno de los vetos que estamos intentando levantar.

En nuestro país existe un sistema ecléctico en lo que refiere al desempeño de los cargos de auxiliares de servicio. Hay escuelas en la capital, en la zona metropolitana, en las capitales departamentales y en otras ciudades del interior, en las cuales el CODICEN suministra este cargo. Cabe aclarar que en algunos casos estos cargos están vacantes. Pero la situación que planteamos hoy es otra, porque se refiere a aquellas escuelas más alejadas, principalmente ubicadas en zonas rurales, en las que ni siquiera existe el cargo provisto por el CODICEN.

Ultimamente he leído en los diarios que más de dos mil compatriotas se encuentran en esta situación. Hemos tomado contacto con esta gente y decimos que no son simplemente cifras, números. Hay una compatriota nuestra, llamada Nelly Seguesa, que trabaja en la escuela de Empalme Olmos, que realiza su labor por un plato de comida y algunos pesitos que le pueda arrimar la Comisión de Fomento. Esta persona tiene varias recomendaciones de la Directora de la escuela y ha hecho mil y un pedidos al CODICEN para que fije esta partida. Por otro lado, Danilo García es un compañero de la zona de Castellanos, quien es el Presidente de la Comisión de Fomento de una escuela rural. Nos decía el otro día que estaba pensando en disolver este año dicha Comisión, porque tiene miedo de que le hagan un juicio por los aportes que hace años que no se vuelcan y le embarguen hasta los pollos, de lo que vive toda su familia. Asimismo, la familia Moreira en Rincón del Conde, posee un tambo muy pequeño y entre los pesos que tienen para mantenerse, sacan algunos para poder aportar como todos sus vecinos a la olla de aquella auxiliar de servicio.

Se podría decir que hoy estamos ante un veto, por razones económicas, y la solución alternativa que propone el Poder Ejecutivo es regular las leyes sociales. El Estado está en una omisión que creemos grave, porque no se puede alegar falta de rubros para cumplir con esta gente que, al igual que Ministros, Diputados y Directores, trabajan como si fueran funcionarios públicos. Entonces, no le podemos poner precio a esto ni podemos esgrimir este tipo de razones.

Quiero hacer referencia también al aditivo presentado en la Cámara de Representantes, porque nos parecía bastante coherente. Al respecto, en algún medio de prensa se dijo que esta medida, al Estado, le costaba U$S 9:000.000. En el aditivo que presentamos junto con el Diputado Mieres y con el apoyo de asesores, se destina U$S 1:500.000 anuales con los cuales el Estado podría cumplir con 460 escuelas que se encuentran en esta situación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha terminado el tiempo de su interrupción. Supongo que el señor Legislador Gallinal le va a conceder una nueva interrupción.

SEÑOR GALLINAL.- Así es, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Legislador Lacalle Pou.

SEÑOR LACALLE POU.- Gracias, señor Presidente.

Entonces, con esta partida de U$S 1:500.000 se podría solucionar la situación de 460 escuelas, pagando $ 3.000 por cada una de estas personas. De esta suma, se volcarían alrededor de $ 1.200 para el aporte de leyes sociales y otro tanto para pagar la mutualista. En consecuencia, les quedaría un salario de $ 1.800. Quien conoce el interior, sabe que no se suspenderían los "raids", la lotería, los bingos, la venta de tortas fritas, los bailes y todas esas actividades con las cuales la gente demuestra su solidaridad al centro escolar más cercano.

Estamos entrando en el siglo XXI y todos decimos que nuestro país necesita educar a sus jóvenes para apuntar a la excelencia y poder competir en la región. Los uruguayos siempre estuvimos orgullosos de esta educación y nosotros creemos que ella nos va a sacar adelante.

Señor Presidente: hagamos justicia. Hoy no estaríamos concediendo beneficios, préstamos ni regalías; simplemente, el Estado estaría cumpliendo con sus obligaciones. Al levantar este veto, estaremos siendo nada más ni nada menos que un Parlamento justo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Legislador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: con respecto a estos seis vetos que hoy va a levantar y dejar sin efecto la Asamblea General, nos había preocupado desde un primer momento el relativo a los auxiliares de servicio, al que se ha referido muy claramente el señor Legislador Lacalle Pou.

Quiero decir que nos satisface más la norma presupuestal que la sustitutiva que viene en el veto. Más allá de ello, la redacción original tampoco termina de contemplar todas nuestras aspiraciones. Velaremos y trabajaremos en el transcurso de los próximos tiempos porque efectivamente esa regularización que el Poder Ejecutivo va a llevar adelante, se complete en todas sus formas, de manera tal de regularizar los aspectos impositivos y de tributación al Banco de Previsión Social, pero también de forma de ayudar y respaldar a esas Comisiones de padres y de Fomento que hacen un sacrificio muy grande para poder cumplir con sus obligaciones.

Respecto a los demás vetos, bastaría con que me sumara a lo que han expresado quienes me precedieron en el uso de la palabra. Simplemente, quisiera agregar respecto a los dos vetos que vamos a levantar sobre el Poder Judicial, que en el caso de los Defensores de Oficio, es una norma justa y un merecimiento conquistado por ellos por el trabajo que han desarrollado en el transcurso de los próximos años. El Parlamento aprobó en otra instancia una norma de características similares a las que hoy estamos votando. Todos conocemos los bemoles que debió atravesar la misma respecto a su vigencia y todos suponemos los bemoles que tendrá que atravesar ésta para intentar sobrevivir. De todos modos, haremos votos para que ésta sí llegue hasta el final de sus consecuencias y ampare una situación legítima y justa, a fin de contemplar a estos ciudadanos y ciudadanas que desempeñan una tan loable y esforzada función.

Los vetos que refieren al Instituto Nacional del Menor y al Instituto Clemente Estable son de características similares y, desde luego, cuentan con nuestro respaldo en cuanto al levantamiento de la observación. Por otra parte, el veto que refiere al Centro de Diseño Industrial, fue una norma introducida por nuestros compañeros de la Cámara de Representantes, que creemos que es justa porque faculta a este Centro a la comercialización, de forma tal que con la venta que resulte de los productos y servicios que se realizan en sus talleres, se dote de mayores recursos a su funcionamiento.

Finalmente, quiero señalar muy claramente que desde el momento en que llegan a conocimiento del Parlamento las observaciones del Poder Ejecutivo, los representantes del Partido Nacional consideramos nuestra responsabilidad y obligación estudiarlas y, en aquello en que no estuviéramos de acuerdo, promover su levantamiento. Esto no tenía ni puede tener como propósito generar fricciones a nivel del Poder Ejecutivo, con el Partido de Gobierno, ni dentro de este Poder Legislativo.

Si el Poder Ejecutivo tiene derecho constitucional a observar las normas legales, tanto derecho y responsabilidad tienen el Parlamento y el Partido Nacional de velar por el cumplimiento de los acuerdos logrados en la discusión del Presupuesto, así como por el cumplimiento de los objetivos que nosotros nos hemos planteado al momento de entrar a considerar esta ley de carácter quinquenal. Muchos de ellos fueron contemplados originalmente y otros se contemplarán con la decisión que se va a tomar en la jornada de hoy.

Muchas gracias.

SEÑOR POSADA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR POSADA.- No estaba en nuestro ánimo hacer ninguna referencia ni valoración respecto a la Ley de Presupuesto que, en definitiva, va a quedar aprobada como consecuencia del vencimiento de los plazos y, por otra parte, de las resoluciones que hoy tome la Asamblea General. Sin embargo, en la medida en que se han hecho algunas valoraciones, nos parece que debemos dejar expresadas algunas ideas que como Bancada del Nuevo Espacio hemos venido señalando con respecto a este tema. Hubiéramos querido que aquello que se planteaba incluso antes del comienzo de la discusión del proyecto de ley de Presupuesto se hubiera plasmado definitivamente, pero la realidad de esta ley de Presupuesto es que en nuestro país se va a registrar, como consecuencia de la vigencia definitiva de la ley, un nuevo incremento del gasto público y del déficit fiscal. Nuestro país tiene el más alto gasto público en términos del PBI de la región; estamos hablando de un porcentaje de más de un 35%. Se trata de un dato de la realidad que está condicionando, sin duda, la propia competitividad del Uruguay en el futuro. Lo que es más grave, señor Presidente, es que de alguna manera está poniendo una nota de mayor preocupación en lo que eventualmente pueda significar el cambio de calificación de "investment grade" que hoy tiene el Estado uruguayo. Por lo tanto, queríamos aprovechar esta oportunidad para reafirmar nuestra convicción de que el país debió volcar los mayores recursos para la educación y para las políticas destinadas a la niñez en función del crecimiento del Producto Bruto Interno, lo que, en definitiva, es en función del crecimiento de la producción nacional. Ese fue el camino que planteó el Nuevo Espacio y que fue rechazado por las demás fuerzas políticas, por lo que importaba dejar esta constancia.

Con respecto a los vetos interpuestos por el Poder Ejecutivo, queremos señalar que vemos con beneplácito a alguno de ellos porque, ciertamente -y sin entrar en mayores detalles- implica que se eviten graves violaciones que se daban, como por ejemplo, la del principio fundamental de la libertad de trabajo que, por vía del artículo 114, se recortaba en forma muy importante para aquellos funcionarios que prestan servicios en la Dirección Nacional de Meteorología. Este aspecto fue destacado ampliamente por nuestro compañero de bancada, el Legislador Mieres, en oportunidad de analizar las modificaciones realizadas por el Senado de la República al proyecto de ley de Presupuesto. Desde este punto de vista, queremos señalar esta clara inconstitucionalidad, ya que nuevamente se reitera un procedimiento que, en realidad, no es nuevo, sino que se ha venido aplicando desde l985. Me refiero a la interposición de vetos que termina cambiando la redacción y voluntad del propio Poder Legislativo. La naturaleza del veto es impedir que algo se aplique y por esta vía lo que se está haciendo es transformar la voluntad del Poder Legislativo, pues termina quedando vigente, entre comillas, la formulación de determinados artículos de la Ley de Presupuesto que en ningún caso fueron considerados en las Cámaras. El Nuevo Espacio va a atenerse a votar exclusivamente los seis levantamientos de vetos que contiene el informe en mayoría. Si bien manejamos, en las reuniones a nivel partidario, la posibilidad de incorporar el levantamiento del veto de algún otro artículo, consideramos del caso atenernos exclusivamente a los seis artículos para los cuales las cuatro fuerzas políticas reunieron la voluntad de promover el levantamiento del veto interpuesto por el Poder Ejecutivo.

Los señores Legisladores que me han precedido en el uso de la palabra se han referido extensamente a todos ellos y quizás sí importa destacar en particular la importancia que tienen tres de estos vetos. Dos de ellos han sido desarrollados reiteradamente. En lo que refiere al tema de las donaciones, la exoneración al Impuesto a la Renta para las donaciones que tengan como destino el Instituto Clemente Estable, en un país que tiene baja inversión en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, parece saludable. Es una señal que el Parlamento de la República está dando a través del levantamiento de este veto. Es muy claro, además, que la exoneración del IRIC a las donaciones al INAME como principal herramienta que tiene el Estado uruguayo para desarrollar las políticas sociales con relación a la niñez, es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que en nuestro país el 40% de los niños entre cero y trece años siguen naciendo en hogares que están por debajo de la línea de pobreza.

Por último, con respecto al tema de las auxiliares de servicio quisiera señalar que se trata de una situación que se ha venido generando en los últimos tiempos y que, con el levantamiento de este veto creemos que generaríamos un primer paso en la solución del problema. Aguardamos con expectativa la reglamentación de este artículo a los efectos de comenzar a erradicar un problema que está instalado hace mucho tiempo. Pensamos que no sólo importa regularizar la situación de quienes hoy son auxiliares de servicio contratados por las Comisiones de Fomento, porque la realidad, sobre todo de las escuelas carenciadas, es que muchas veces ni siquiera tienen Comisiones de Fomento. Generalmente, algunos vecinos son designados a los efectos de permitir la administración de los fondos donde las Comisiones de Fomento tienen que tener alguna participación y esas son las que no tienen auxiliar de servicio, justamente las escuelas más carenciadas en el departamento de Montevideo y en las zonas rurales del interior de la República.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la Asamblea General no acepte las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a los artículos 329, 331, 468, 470, 549 y 557 del Presupuesto Nacional. La votación afirmativa significa el levantamiento de dichas observaciones". (Firman: los señores Legisladores Rubio, Gallinal, Sanabria y Posada).

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de pasar a la votación, corresponde dar la palabra a dos señores Legisladores que han solicitado se les permita intervenir para referirse a algunos artículos en particular.

Tiene la palabra la señora Legisladora Pou.

SEÑORA POU.- Señor Presidente: me gustaría compartir algunas reflexiones con la Asamblea General.

En primer lugar, quisiera celebrar que, en un mundo político que tantas veces nos divide, en el día de hoy, en determinados artículos que son representativos de aspectos importantes de la vida nacional, hayamos podido aunar criterios. Digo esto, porque muchas veces miramos el medio vaso vacío, en lugar de mirar el medio vaso lleno. Creo que es bueno que nos alegremos y seamos conscientes de que, cuando tenemos objetivos nacionales claros, podemos juntarnos en torno a determinados propósitos.

Ahora quisiera referirme a dos artículos que han sido vetados. En uno de estos casos vamos a tener la alegría de levantar el veto, y creo que realmente es una alegría nacional; concretamente, estoy aludiendo al veto que se aplicó al artículo sobre el Instituto Clemente Estable. En varias oportunidades durante el año pasado nos hemos ocupado de este Instituto que, desde su mismo nombre, nos trae a la memoria la figura de un ser excepcional, como fue su creador. En efecto, Clemente Estable dedicó su vida a la investigación, fue un visionario, y nos dejó, mucho más que sus obras escritas, cosas que son como la prolongación de su vida, confirmando una tesis a la que me afilio desde hace mucho tiempo: cuando uno se va de este mundo, deja lo que tiene pero se queda con lo que dio. Y creo que Clemente Estable se ha quedado con lo que nos dio a los uruguayos, que es, en un mundo donde el avance se ve cada día más en lo que es la tecnología, un ámbito único en nuestro país, quizás a veces más valorado afuera que adentro, como sucede tantas veces.

Este Instituto, desde su creación, tuvo el apoyo de la Fundación Rockefeller; de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, luego de la guerra; y de UTE y ANCAP, dos empresas estatales. Es decir que lo que estamos habilitando hoy es recuperar la fuerza de que el capital privado pueda incorporarse a algo que está siendo cada vez más caro, pero cada vez más necesario.

Como el Instituto Clemente Estable se dedica a la ciencia y a la tecnología, quizás mucha gente lo vea alejado de la vida cotidiana del país. Por eso, quería compartir hoy con los señores Legisladores solamente algunos títulos de algunos proyectos en los que está trabajando este Instituto y a los cuales vamos a contribuir todos y cada uno de nosotros al levantar este veto y habilitar a que el capital privado confluya en él.

Por ejemplo, allí se están ocupando de las bacterias que afectan las colmenas de abejas melíferas. El Uruguay es un gran exportador de miel, y tenemos mucho camino, todavía, para recorrer en ese sentido.

Se están ocupando también de la caracterización molecular de levaduras y plantas de vid. En Canelones, Durazno, Rivera y otros muchos lugares del país, nuestras plantas de vid se ven favorecidas por nuestros estudios, y ¡vaya si ha mejorado la calidad de las uvas y de los vinos uruguayos!

También están investigando allí las bacterias que causan infecciones urinarias y vacunas contra ellas. Se están ocupando de la vacuna contra la queratoconjuntivitis infecciosa bovina, y creo que en un año como éste, en el que hemos visto que cualquier enfermedad que aqueje a los bovinos del Uruguay nos perjudica en gran forma, tendríamos que celebrar, una vez más, que estos compatriotas se estén ocupando de solucionar problemas que ya existen o que -y esta es la parte más importante- pueden venir.

A la vez, el proceso de implantación de pasturas en suelos del Uruguay es parte de su ocupación cotidiana. Se está trabajando también en las bacterias nativas para disminuir el empleo de pesticidas químicos, y en el genoma de bacterias de interés agropecuario. En estos días, creo que la palabra "genoma" nos hace ver cuánta "geografía" humana y, en este caso, cuánta "geografía" animal estamos conociendo y nos va a hacer avanzar.

También queremos mencionar el Servicio Nacional de Clasificación Celular y Citometría de Flujo, los métodos biotecnológicos para la identificación del virus de los cultivos de cítricos -otro tema importante, en algunas partes del país más que en otras- la capacidad antioxidante de los vinos nacionales -siempre buscando mejorar en algo en lo que ya hemos mejorado mucho- y los fármacos de algas y plantas uruguayas para la protección del cerebro.

Estos son algunos de los títulos de los proyectos que he mencionado como los más interesantes y los más vinculados a la vida nacional. De manera que creo que hoy estamos haciendo justicia, pero también estamos agregando un criterio que, a mi juicio, es válido, y con esto termino con respecto al Instituto Clemente Estable. Alguien, que fue el portavoz del Senado de los Estados Unidos en la época de la Administración Kennedy, una de las épocas en las que el gobierno y la sociedad se acercaron más, decía que a una sociedad se la juzga por cómo es con quienes están en la aurora de la vida, es decir, los niños. Y en este caso tenemos también un veto levantado con respecto al INAME, que nos está haciendo colaborar con esta visión. Pero también nos decía que se la juzga por cómo es con quienes están en el atardecer de la vida, es decir, nuestros mayores, y por cómo es con quienes están en la sombra de la vida, es decir, aquellas personas que tienen capacidad diferente. Y agregaba -y este no es un aspecto de los menos importantes- que una sociedad se juzga a sí misma y se entiende a sí misma cuando mira cómo trata a aquellos que enseñan, es decir, maestros y profesores; a aquellos que la cuidan, es decir, policías, soldados, médicos, enfermeras; y yo me permitiría agregar a aquellas palabras, que ya tienen una treintena de años, que: también una sociedad se juzga a sí misma, ya en los albores de este nuevo milenio, por cómo aborda el campo tecnológico y cómo es capaz de captar la relación entre la inversión en tecnología y la calidad de vida de sus ciudadanos. De manera que sentimos alegría por partida doble, entonces, ante el levantamiento de este veto.

Pero en la vida hay verdes y hay maduras, y nosotras hemos sido promotoras, junto con Legisladores de otras bancadas, del levantamiento del veto del artículo 198, que tenía que ver con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual no ha encontrado unanimidad, si bien hubo algunas voces favorables. Creo que mi deber, para ser consecuente conmigo misma y con aquella gente con la que nos comprometimos a defender lo que para nosotros era un derecho, es proponer el levantamiento de este veto, porque así como se había reestructurado todo el resto de los escalafones de la Cancillería, considerábamos de justicia una reestructura en el escalafón "M". En nuestro concepto, en este artículo no se establecía otra cosa que hacer por una única vez lo que ya se había hecho con otra gente en la Cancillería. Pero, como me parece que el Presupuesto no es el fin del mundo, si bien es el comienzo de algo, quiero desde ya comprometerme a trabajar conjuntamente con la Cancillería y con el señor Ministro Opertti, para pensar en una reestructura de la Cancillería y para pensar también qué Cancillería queremos, para qué y cómo la queremos, y en qué la tenemos que agrandar o achicar. Queremos hacer esto, siempre con un criterio de justicia porque, en definitiva, muchos se han rasgado las vestiduras en esta última etapa con respecto al concurso, que fue una incorporación del año 1996, y a nosotros nos parecía que no reparaba todas las injusticias -porque las injusticias nunca se reparan todas, ni del todo- pero sí acotaba el margen de injusticia que se había cometido con esa reestructura.

En definitiva, quiero agradecer este tiempo a la Asamblea, comprometiéndonos, en lo que a nosotros respecta, a estudiar la reestructura de la Cancillería, porque, así como es importante la ciencia y la tecnología, también lo es tener una Cancillería que nos haga conocer por el mundo y que venda nuestros productos.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR FERNANDEZ CHAVES.- Pido la palabra.

SEÑOR BARAIBAR.- ¿Me permite una interrupción, señor Legislador?

SEÑOR FERNANDEZ CHAVES.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Legislador.

SEÑOR BARAIBAR.- Antes de comenzar, quiero manifestar que tal vez sea ese el método que se utiliza en la Cámara de Senadores pero en la Cámara de Representantes se ha adoptado otra metodología, la que provocó que hoy el señor Presidente saliente, señor Legislador Washington Abdala, haya reconocido la gran actitud de distensión que ha habido en esta Cámara y la buena relación que hubo entre todas las bancadas, mencionando en primer término la nuestra que, como él dijo, tiene diferencias importantes.

Me quiero referir a lo expresado por la señora Legisladora Julia Pou y decir que compartimos plenamente esta aspiración de estudiar a fondo el funcionamiento de nuestro Servicio Exterior. Este es un tema que nuestra fuerza política, desde hace varios años, está estudiando sistemáticamente. De las distintas áreas que tienen que ver con las relaciones internacionales, una particularmente importante tiene que ver con el funcionamiento de la Cancillería y con la manera en que nuestras representaciones diplomáticas cumplen con las finalidades y objetivos que la política exterior de nuestro país tiene para llevar adelante nuestra representación. Sin duda, como hemos dicho más de una vez, la única multinacional que tiene nuestro país es, precisamente, nuestra representación diplomática o consular y para presentar al Uruguay en el exterior, es imprescindible su aporte, dadas las limitaciones que tenemos en el plano económico.

Desde ya le digo a la señora Legisladora Pou, que con mucho gusto comprometemos el apoyo de nuestra Bancada para encarar -y, sin duda, creo que los Partidos Colorado y Nuevo Espacio van a trabajar en el mismo sentido- en este año que comienza, un trabajo a fondo para que nuestra Cancillería se ponga en las condiciones que reclama hoy un mundo globalizado, donde las relaciones internacionales juegan un papel preponderante en las relaciones nacionales de los países.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Legislador Fernández Cháves.

SEÑOR FERNANDEZ CHAVES.- En nombre de la bancada de Legisladores del Foro Batllista, muy brevemente, vamos a señalar nuestra posición respecto al veto interpuesto al artículo 470 del proyecto de Presupuesto. Se trata de un veto que, naturalmente, por razones formales tuvo que interponer el Poder Ejecutivo pero, sustancialmente, como es de público conocimiento, lo hizo incitado por la Suprema Corte de Justicia. Nuestra posición se funda en razones de fondo, en razones de contenido, en tanto entendemos que es una disposición absolutamente justa la transformación, en Defensores de Oficio Adjuntos, de aquellos funcionarios administrativos que ya están ejerciendo desde hace varios años ese cargo. Dicho sea de paso, son muchos menos que los Defensores de Oficio Adjuntos que propuso la Suprema Corte de Justicia en su proyecto de Presupuesto. Además, si en este momento nosotros no levantásemos ese veto estaríamos provocando una situación de "crac" en el sistema de Defensoría, tan importante en nuestro país. También hacemos esto por razones de forma, porque tenemos una absoluta disciplina partidaria y, de no haber existido este acuerdo político al que han hecho mención los anteriores oradores, hubiéramos apoyado todos los vetos del Poder Ejecutivo, pero los que auténticamente fueron planteados por éste. No estábamos dispuestos a apoyar aquellos vetos que, en realidad, no provenían del Poder Ejecutivo, con quien naturalmente nosotros nos vemos obligados por disciplina partidaria, sino que fueron planteados por la Suprema Corte de Justicia, a quien no reconocemos ningún tipo de subordinación o autoridad desde el punto de vista partidario.

Quisiera recalcar que estamos bien acompañados en esta posición, porque en ocasión de tratarse el anterior Presupuesto en la última Legislatura, ésta fue la postura que sostuvo, en esta misma Sala, el entonces Senador Jorge Batlle, hoy Presidente de la República.

Deseamos manifestar, por último, que rechazamos absoluta, total y frontalmente la nota enviada por la Suprema Corte de Justicia a la Presidencia de la Asamblea General, donde se opone al levantamiento del veto del artículo 470 y adjunta, inclusive, una copia de una sentencia donde eventualmente declaraba inconstitucional una norma igual a la que hoy estamos tratando. Creemos que la Suprema Corte de Justicia, de un plumazo, se ha olvidado de Montesquieu y del principio de separación de Poderes. Es como si nosotros remitiéramos una nota a la Suprema Corte de Justicia aconsejándole que declare inconstitucional una norma. Sólo plantear esta idea muestra lo absurdo que sería este tipo de relacionamiento. De la misma manera, la Suprema Corte de Justicia no nos puede decir a nosotros cuándo es conveniente vetar o levantar el veto.

En definitiva, estos son los motivos que a nuestra bancada la han llevado a votar el levantamiento del veto de este artículo. Reitero que, de todas maneras, hubiéramos votado en cualquier circunstancia el levantamiento del veto de este artículo 470 del Presupuesto Nacional.

SEÑOR LARA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR LARA.- Señor Presidente: violando el acuerdo que habíamos realizado, en el día de hoy, en la Comisión, por el cual iba a hablar sólo un Legislador por Partido, queremos hacer una breve referencia al artículo 549.

Tengo en mi poder una denuncia realizada en al año 1997, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por un auxiliar de servicio que fue a jubilarse después de haber trabajado 25 años, sin haber hecho ningún tipo de aporte. Como este caso, hay muchos más en la Justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trata de un tema nuevo y si hace 25 años que esta persona estaba trabajando, quiere decir que pasaron muchos gobiernos -entre ellos, el de mi Partido- que no regularizaron la situación. Por estas razones entendemos que es muy positivo lo que hemos logrado en el día de hoy. Se trata de un acuerdo realizado por todos los Partidos presentes, con una votación muy importante de los 13 Legisladores. Si mal no tengo entendido, se precisan tres quintos de votos para levantar un veto, lo que surge a través de un acuerdo político que se inicia, primero, entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, y luego se suman el Encuentro Progresista y el Nuevo Espacio. Hoy lo que se está haciendo es regularizar una injusticia que se viene cometiendo desde hace muchos años. Además esto, por encima de banderas políticas, tiene que ser un ejemplo de funcionamiento.

Para terminar, queremos expresar el beneplácito a la integración -compuesta por todos los Partidos- que se va a dar a una Comisión para reglamentar esta situación que no termina con la contratación de los auxiliares, sino que también hay que rever la realidad de aquellos que hace muchos años que están trabajando y no van a tener derecho a una jubilación.

SEÑOR IBARRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR IBARRA.- Voy a ser muy breve, porque soy consciente de que hay un acuerdo político para así actuar en el tratamiento del levantamiento de estos seis vetos y la consideración de otros.

En primer término, quisiera manifestar que estamos totalmente de acuerdo con lo expresado por el señor Legislador Rubio con referencia a la argumentación brindada sobre estas 34 observaciones y 37 artículos que nos remitiera el Poder Ejecutivo. De alguna forma, en el día de hoy, al menos a nivel del Poder Legislativo, culmina el tratamiento del Presupuesto Quinquenal, que ha implicado un trabajo engorroso y complejo en ambas Cámaras.

Todos sabemos que ha habido errores y desprolijidades de cierta importancia. No obstante, destaco que realmente es de tener en cuenta el acuerdo al que se ha llegado a nivel de los cuatro partidos políticos que integran esta Asamblea General, en el sentido de levantar, como mínimo, seis vetos.

A continuación, quisiera referirme a los artículos 331, relacionado con el Instituto Clemente Estable, y al 557, relativo al INAME. Ambas disposiciones tienen que ver con las donaciones o la realización de inversiones por parte de determinadas empresas, que se verían exoneradas en el pago de determinados impuestos. Según me han informado algunos asesores y técnicos, en estos dos artículos sería necesaria una reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, a fin de que se puedan aplicar con absoluta amplitud, para que aquellas empresas que tengan deseos de aportar a ambos Institutos, lo puedan hacer sin ninguna dificultad. También se nos ha dicho que, con respecto a las donaciones, hay varios organismos que pueden percibirla, como por ejemplo, ANEP, Educación Secundaria, UTU y Universidad de la República. Ello está comprendido en los artículos 56 a 61 del Texto Ordenado. Sin embargo, el único que está reglamentado es el relativo a ANEP, por lo cual no existen problemas para llevarlo a la práctica.

Por lo tanto, quiero dejar constancia de la necesidad de que el Poder Ejecutivo se aboque, con el asesoramiento correspondiente, a reglamentar lo más rápidamente posible los artículos 331 y 557.

Por último, quiero señalar que nuestra fuerza política también aprueba el levantamiento del veto aplicado al artículo 549, relacionado con los Auxiliares de Servicio de las escuelas primarias. Todos sabemos -en especial los Senadores y Diputados que recorren el interior o pertenecen a algún departamento- que cada vez que visitamos un pueblo, una villa o una ciudad donde hay una escuela pública, se nos plantea la preocupación por parte de los vecinos, docentes, padres y las propias Direcciones de las escuelas, con respecto a los auxiliares de servicio. Si bien este artículo 549 no los contempla en su totalidad, creemos que es sumamente oportuno comenzar a regularizar esta situación, ya que un gran número de ellos son solventados con el esfuerzo que realizan las Comisiones de Fomento integradas por vecinos y padres. Debemos tener en cuenta que hay 2.363 escuelas públicas en todo el país, y que solamente existen 2.500 auxiliares en Primaria, lo que significa que apenas alcanza a un poco más de un auxiliar para cada escuela, lo cual es realmente insuficiente.

En consecuencia, tendremos que seguir trabajando sobre el particular. Es cierto lo que señalaba hace unos instantes el señor Legislador Lara, acerca de que esta preocupación de los sectores sociales interesados en el tema, y de los ciudadanos en general, no ha surgido en forma espontánea, puesto que se viene planteando desde hace varios años. Sin embargo, ninguno de los Gobiernos ha alcanzado una solución para este tema. Por lo tanto, vamos a acompañar con nuestro voto el levantamiento del veto interpuesto al artículo 549.

SEÑOR GARAT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR GARAT.- Señor Presidente: en términos generales, debo decir que hubiera deseado que no se interpusiera ningún veto. Todos los vetos me dejan un sabor amargo.

Quiero señalar que acompañé esta Ley de Presupuesto -que tuvo todas las anomalías que se han señalado en Sala- y, como integrante del Partido Nacional, siento que el país y el Gobierno tienen Presupuesto por la acción, la presencia y el voto de nuestro Partido. De lo contrario, el Gobierno no tendría Presupuesto. Por eso, como Legislador que ha cumplido con esa responsabilidad -votando muchas cosas que no le gustaban- frente al Gobierno y al país, reitero que los vetos me causan un sabor amargo. Pienso que cuando el Poder Ejecutivo veta un proyecto de ley, quienes lo hemos votado sentimos que es como una reprimenda hacia los Legisladores, como si nos dijera: "¿Qué fue lo que votaron? ¡Miren lo que han hecho! ¡Votaron inconstitucionalidades, cosas que distorsionan el sistema jurídico o funcional del país!" Como Legislador que ha cumplido con el deber patriótico de brindarle al Gobierno un Presupuesto -recuérdese que, en determinado momento, hasta se pensó que no habría Presupuesto- me siento defraudado, pienso que no se ha tomado en cuenta ese esfuerzo que hemos hecho y que, por supuesto, nos valió tantas críticas. Naturalmente -como lo han hecho notar algunos colegas- eso significó que el Partido Nacional pudiera mejorar muchísimo lo que en un principio parecía imposible de lograr.

Por eso digo que hubiera deseado que no hubiera habido vetos. Hubiera deseado lo que era lógico, es decir, que en una etapa de consulta, de análisis previo a la votación de la Ley de Presupuesto -ya fuera en el Senado o en la Cámara de Representantes- se realizaran todos los trámites correspondientes a fin de evitar esto que estamos viviendo hoy. Personalmente siento una sensación de molestia, es decir que no se ha tenido en cuenta a quienes hemos realizado una tarea noble al servicio del país, no valorándola en su verdadera dimensión.

Ya he dicho que habría deseado que no hubieran vetos y estaría de más agregar que voy a acompañar los vetos que han sido votados en general en la Comisión para ser levantados. Sin embargo, teniendo en cuenta tanto los vetos que serán levantados como aquellos que no, coincido con mis compañeros de Bancada y hago mías sus palabras. Quisiera hacer mención, en especial, al artículo 118 al que se ha aludido, a fin de aclarar algunos equívocos -de otra forma no me referiría a él- y precisamente, en el día de hoy en la Comisión fue votado por el Partido Nacional absolutamente en soledad. Ante todo, como lo he expresado a algunos compañeros y jerarcas que me han consultado, debo decir que este artículo 118, que hace referencia a un reconocimiento de antigüedad perdida en el grado en los casos de la Armada Nacional, no fue presentado por mí. En realidad, se presentó en la Cámara de Representantes y fue aprobado allí con los votos del Partido Nacional y del Partido Colorado, pero insisto en que no lo presenté yo. Una vez que este artículo pasó al Senado me hice eco de lo que se aprobó en la otra Cámara, y valoré en toda su dimensión -porque conozco el tema- la justicia que él encerraba. Insisto en que aquí ha habido expresiones equivocadas, por lo que voy a explicitarlas para que no hayan dudas -tanto en lo que refiere a los vetos como a algunos Legisladores, no de mi Partido que está dispuesto a acompañarlo, sino de otros- aunque este artículo no se va a tratar porque no cuenta con los votos necesarios. No voy a hacer referencia al veto en cuanto al tema de la inconstitucionalidad porque pienso que no tiene nada que ver. Sin embargo, aquí se ha dicho que esto podría tener influencia en otros sectores de las Fuerzas Armadas y, frente a ello, debo aclarar que el caso de la Armada Nacional es totalmente distinto a lo que pueda suceder en otros sectores. En este caso se pretende cubrir una injusticia tremenda que se arrastra desde la época del gobierno de facto y que sólo se dio en la Armada Nacional. Se trata de un tema que ya expliqué claramente en el Senado, pero por si alguno no lo conoce, puedo decir que en la época del gobierno de facto hubo un Comandante de la Armada que a fin de favorecer los ascensos en determinados sectores de esa Arma, le quitó vacantes a otras reparticiones, como fueron el Cuerpo de Administración y el de Ingenieros para aumentarlas en el Cuerpo General. Esto significó que todos los oficiales jóvenes que estaban en edad o en tiempo de ascender en la Escuela Naval, en los primeros grados, al carecer de vacantes no pudieran hacerlo como correspondía. También motivó que oficiales de una misma generación vieran que los del Cuerpo General contaban con vacantes que les habían sustraído a ellos y los superaran en dos o tres grados de diferencia en la escala profesional, lo cual en materia disciplinaria y de organización es muy grave.

Lo único que establecía el artículo 118 no era la creación de vacantes o de grados -lo que sí implicaría modificar la Ley Orgánica- sino que reconocía la antigüedad perdida en el grado para que, de haber posibilidades en un grado superior, éste se pudiera disputar. Reitero que se trataba de un reconocimiento que no costaba absolutamente nada, no significaba ninguna violación constitucional y sólo pretendía reparar una injusticia que una vez más había provocado la dictadura contra la Armada Nacional. No fue porque sí que todas las injusticias incurrieran con la Armada Nacional. En definitiva, se pretendía un reconocimiento y así lo iban a sentir esos oficiales y subalternos de la Marina que han sido despojados de sus posibilidades.

También debo aclarar que esto no tiene influencia sobre otros sectores de las Fuerzas Armadas, porque si esta solución que le dábamos a la Armada, que no tiene costo ni crea vacantes, solucionara los problemas que tiene el Ejército o la Fuerza Aérea, también la votaríamos. Lo que sucede es que los problemas que puedan tener otras Armas de las Fuerzas Armadas no son de la misma entidad. Por lo tanto, me congratulo de que el Partido Nacional, en soledad, haya visto y haya defendido esta injusticia que se arrastra desde aquel tiempo de los cuales ya nadie quiere hablar, pero que en la Armada, como tantas veces me habrán oído decirlo, todavía están teniendo una influencia decisiva en la vida de aquellos que eran casi niños en la época del proceso militar. Debo agregar que ha habido jerarcas que tienen poder decisorio en este tema que no me han dado ninguna explicación que cambie mi manera de pensar en este aspecto.

Los que me conocen desde hace tiempo en el Parlamento saben que si por algo me caracterizo, es por ser un Legislador serio y racional; cuando me convencen de algo, cambio de actitud, porque no tengo dogmas, es decir, yo soy nacionalista, no sigo influencias ni doctrinas de ningún lado, sino las de mi país. Por eso soy nacionalista y creo que mi obligación principal como Legislador es atender todos los problemas de la gente, de la gente que me llevó a ocupar este sitial, del cual me siento orgulloso. Por eso, mientras haya una injusticia de cualquier oriental, de cualquier ciudadano, que pueda ser corregida, lucharé para que sea corregida. Y en este caso, estamos ante una injusticia flagrante en relación con la cual la sociedad entera y, por supuesto, los gobiernos -que son, en definitiva, los jefes de las Fuerzas Armadas- tienen una deuda pendiente.

Se me ha dicho por parte de algunos jerarcas -quienes no me han dado razones de su actitud- que pronto habrá proyectos para solucionar este tema. Bienvenidos sean; por nuestra parte, lucharemos por ellos. Ahora, decimos que esta circunstancia -a la que estamos tan acostumbrados- la hemos perdido, la hemos perdido en soledad. La ha perdido nuestro Partido, que tanto ha hecho para ayudar y contribuir a la estabilidad y a que este Gobierno tuviera un Presupuesto. Verdaderamente, no hemos encontrado hasta ahora eco para solucionar esta injusticia y otras que esperamos se vayan corrigiendo en el futuro. Así, con el mismo espíritu constructivo pero firme en defender que no existan injusticias y menos aún en las Fuerzas Armadas -independientemente de cosas equivocadas que ocurrieron hace ya tiempo- seguiremos luchando y batallando por lo que hemos señalado.

SEÑOR BORSARI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR BORSARI.- Voy a ser muy breve, señor Presidente. Simplemente, deseo dejar constancia de una declaración.

Ante todo, quiero decir que estoy de acuerdo con la totalidad de las palabras pronunciadas por el señor Legislador Garat.

Por otro lado, quiero referirme al artículo 549, al cual se le han interpuesto observaciones por parte del Poder Ejecutivo. El mismo refiere a los auxiliares de servicio, y fue ya fundamentado por el señor Legislador Lacalle Pou. Se trata, naturalmente, de un tema crucial para nuestro país y también para nuestro Partido. Pero aquí se ha dicho que en los sucesivos Gobiernos anteriores no se había tenido consideración con respecto a este tema. Debo aclarar que en el gobierno del Partido Nacional se regularizó la situación de centenares de auxiliares de servicio -fueron casi mil- de escuelas de todo el país. Así, todos ellos pasaron a ser funcionarios públicos. Muchas veces, aquellos que desde hacía 15 ó 20 años estaban trabajando en las escuelas metropolitanas o rurales, cobraban un mes sí y un mes no. Sin embargo, a raíz de las medidas adoptadas por el gobierno del Partido Nacional, esa situación fue corregida. Ya las Comisiones de Fomento, en esos casos, no tuvieron que enfrentar las erogaciones que les demandaban estos colaboradores. Esta actitud del gobierno del Partido Nacional mereció en su época el reconocimiento de los funcionarios de la Enseñanza y de su gremio. Ahora que todos los Partidos Políticos vamos juntos a solucionar un tema, es justo y necesario recordar estas cosas y decir que el principio de todo esto estuvo en aquella oportunidad.

SEÑOR ARREGUI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa no tiene más remedio que seguir dando la palabra, pero señala que había un acuerdo para que hablara un orador por Bancada.

Tiene la palabra el señor Legislador Arregui.

SEÑOR ARREGUI.- Señor Presidente: por nuestra parte, íbamos a cumplir fielmente ese acuerdo; tanto es así que nos habíamos anotado para hacer uso de la palabra y, enterados del mismo, nos borramos. La Mesa puede dar cuenta de esto. Pero hemos visto que por parte del Partido Nacional ese acuerdo no se ha cumplido en absoluto. Y como aquí se han dicho algunas cosas inexactas, me veo en la obligación intelectual de tener que hacer algunas precisiones, sobre todo en lo que refiere al artículo 549, relacionado con las auxiliares de servicio, que tanto ha dado que hablar.

Ante todo, quiero decir que, como maestro, conozco profundamente la situación; he estado en íntimo contacto con la misma al militar en la actividad sindical de la Federación Uruguaya de Magisterio.

Es muy cierto todo lo que se ha dicho aquí en cuanto a que lo que se paga a las auxiliares de servicio contratadas por Comisiones de Fomento son cantidades irrisorias; y ello es así no precisamente por la voluntad de los sacrificados integrantes de dichas Comisiones que, en definitiva, deben hacer grandes esfuerzos para poder llegar a fin de mes costeando esto. Así se dan las situaciones de bajos ingresos. Se constataron casos de auxiliares de servicio que trabajan por un plato de comida, como se pudo saber en el ámbito de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes cuando recibió a una delegación de auxiliares del departamento de Artigas. Y se da el hecho de que todo esto está afectando incluso al trabajo docente, porque hay escuelas rurales donde, al no haber recursos para pagar a las auxiliares de servicio, son los propios maestros los que cocinan en horario de clase para poder atender el comedor. Hasta aquí, hemos coincidido en todo lo que se ha expresado.

Pero hay algunas precisiones que deseamos realizar. Período tras período, se ha constatado un aumento de la cantidad de auxiliares de servicio que van quedando a cargo de las Comisiones de Fomento, porque hay una norma que establece que cuando los cargos de estas auxiliares -que son funcionarias del Consejo de Educación Primaria- van quedando vacantes, no se llenan, sino que pasan a ser cubiertos por dichas Comisiones de Fomento. Quiero decir que en los tres períodos de gobierno anteriores, esta situación se fue agravando, principalmente entre los años 1990 y 1995, consideración que no habíamos querido hacer para no generar multiplicidad de opiniones y enfrentamientos y para cumplir con el acuerdo político al que se arribó en el sentido de no extender la sesión. Pero cuando el momento lo requiere, hay que plantear la verdad, y hacerlo muy claramente. En el período comprendido entre los años 1990 y 1995 se multiplicó la cantidad de auxiliares de servicio que fueron atendidas por las Comisiones de Fomento. Bienvenido el hecho de que hoy, desde el Partido Nacional, se intente solucionar también esta situación.

Lo habíamos intentado hacer en forma infructuosa en el período anterior. Levantado el veto, vamos a estar vigilantes para que se cumpla con la norma prevista y para que se habiliten los créditos correspondientes por parte de la Contaduría.

Es cuanto queríamos decir. Muchas gracias.

SEÑOR BORSARI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador Borsari.

SEÑOR BORSARI.- No estoy de acuerdo con lo que ha expresado el Legislador preopinante. No es así que en el período 1990-1995 haya aumentado la cantidad de gente nombrada por las Comisiones de Fomento, sino que, por el contrario, centenares de los colaboradores que estaban nombrados por dichas Comisiones, pasaron a ser funcionarios públicos nombrados por el Gobierno del Partido Nacional. Este es un hecho irreversible, pues pasaron a ser funcionarios del Escalafón F -y el señor Legislador preopinante bien lo sabe- con seguridad de trabajo a partir de ese momento, con equiparación salarial y derecho jubilatorio. Naturalmente, la solución no fue total ni universal, pero fue un principio de solución. Además, considero que no puede opinar de esta manera quien no ha votado este Presupuesto, pues en el mismo se está proponiendo una solución concreta y universal para todos. Que yo sepa, el señor Legislador preopinante no ha votado esta disposición.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a dar lectura a la moción llegada a la Mesa.

Léase.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la Asamblea General no acepte las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a los artículos 329, 331, 468, 470, 549 y 557 del Presupuesto Nacional. La votación afirmativa significa el levantamiento de dichas observaciones." Firman los Legisladores Rubio, Gallinal, Sanabria y Posada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción.

(Se vota:)

-116 en 117. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor Legislador Sanabria en el sentido que la votación nominal se tome en bloque respecto a los artículos informados por la Comisión.

(Se vota:)

-116 en 116. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se va a tomar la votación nominal.

(Se toma en el siguiente orden:)

SEÑOR ABELENDA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR ASTORI.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR ATCHUGARRY.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR BRAUSE..- Voto por la afirmativa.

SEÑOR BORSARI.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR CASARTELLI.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR CORREA FREITAS.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR COURIEL.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA DALMAS.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR DE BOISMENU.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR FAU.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR GALLINAL.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR GARAT.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR GARGANO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR MICHELINI.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR NIN NOVOA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR NUÑEZ.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR PEREYRA.-. Voto por la afirmativa.

Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: aquí se ha dado cuenta de un acuerdo celebrado entre los Partidos que integran este Parlamento, a los efectos de proceder de determinada forma en cuanto a la votación y también en lo que tiene que ver con el pronunciamiento del tema que estamos tratando. En la cuestión de forma, considero que no se trata de un tema de principios, por lo que no he tenido ningún inconveniente en acatar ese acuerdo, y no he hecho uso de la palabra cuando debí hacerlo, si hubiera sido una discusión abierta como todas las demás, para fundamentar mi voto en cuanto a la negativa del levantamiento del veto al artículo 470 del Presupuesto. Entonces, hago la salvedad de que he votado la moción presentada, no sólo porque existe un acuerdo político, sino porque no había otra forma de votar si no era en bloque. Pude haber pedido que se desglosara ese artículo pero, evidentemente, con la votación nominal repetida que hubiera traído como consecuencia, no habría arrojado ningún resultado positivo.

Por lo tanto, en el fundamento de voto quiero decir por qué no estaría dispuesto a acompañar el levantamiento del veto al artículo 470. Un artículo con igual contenido, prácticamente idéntico en su redacción, fue incorporado por el Parlamento al Presupuesto anterior. La Suprema Corte de Justicia integrada resolvió que esa disposición era inconstitucional. Es sabido que ese organismo tiene la facultad exclusiva de dictaminar en materia de constitucionalidad de las leyes; no hay ningún otro organismo que pueda hacerlo. Entonces, ejerciendo esa competencia, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional un artículo idéntico al que hoy se le levanta el veto.

Creo, pues, que habiendo un pronunciamiento del órgano competente, la repetición de un artículo idéntico es una especie de enfrentamiento al Poder Judicial, cuya independencia todos debemos respetar y prestigiar para que realmente sobre ella se afirme el principio de la libertad y todas las garantías de la democracia política.

Señor Presidente: podría ampararme diciendo que habiendo un acuerdo político no tengo más remedio que votarlo, pero en más de una oportunidad he dicho que cuando están en juego cuestiones de principios, a mí no me alcanza la disciplina partidaria. Creo que es deber elemental de un Legislador defender sus principios y aquellas cuestiones que atañen a estos elementos fundamentales para definir su acción política. Entonces, no quiero ampararme simplemente en la disciplina partidaria, y si hubiera sido posible, hubiera votado en contra del levantamiento del veto a este artículo.

Mi Partido lo resolvió en la reunión de Bancada del día de ayer con mi opinión contraria, que habría sostenido si hubiera habido discusión de ese artículo. Dejo la salvedad de que he votado en virtud de que no había otra manera, salvo solicitar el desglose, pero sólo se hubiera hecho perder tiempo al Cuerpo, porque no habría alterado el resultado de la votación.

SEÑORA POU.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR RIESGO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR RODRIGUEZ.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR RUBIO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR SANABRIA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR SCARPA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR SINGER.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR VIRGILI.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA XAVIER.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Voto por la afirmativa.

Continúa la votación nominal con los señores Representantes.

SEÑOR ABDALA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR ABISAB.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR AGAZZI.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR ALVAREZ.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR AMEN VAGHETTI.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR AMESTOY.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR ARGENZIO.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA ARGIMON.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR ARRARTE FERNANDEZ.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR ARREGUI.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR BARAIBAR.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA BARREIRO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR BARRERA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR BARRIOS.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR BAYARDI.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR BELLOMO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR BELLORA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR BENTANCOR.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR BEROIS QUINTEROS.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR BIANCHI.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR BLASINA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR BOSCH.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR CANET.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR CARDOZO FERREIRA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR CARMINATTI.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA CASTRO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR CASTROMAN RODRIGUEZ.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR CONDE.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA CHARLONE.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR CHIESA BORDAHANDY.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR CHIFFLET.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR DA SILVA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR DIAZ.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR DIAZ MAYNARD.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR DICANCRO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR DOMINGUEZ.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR FALCO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR FALERO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR FERNANDEZ.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR FERNANDEZ CHAVES.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR FONTICIELLA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR GIL SOLARES.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR GONZALEZ ALVAREZ.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR GRAÑA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR GUARINO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR HACKENBRUCH LEGNANI.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR HEBER FÜLLGRAFF.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA IBARRA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR LACALLE POU.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR LARA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR LEGLISE.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR LEGNANI.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR MACHADO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR MAGURNO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR MAHIA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR MARTINEZ.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR MASPOLI BIANCHI.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR MELGAREJO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR MELLO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR MICHELINI.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR MIERES (Don José M.).- Voto por la afirmativa.

SEÑOR MIERES (Don Pablo).- Voto por la afirmativa.

SEÑOR MOLINELLI.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR ORIBE.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR ORRICO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR ORTIZ.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR OSTA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR PAIS (Don Gabriel).- Voto por la afirmativa.

SEÑOR PAIS (Don Ronald).- Voto por la afirmativa.

SEÑOR PENADES.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA PERCOVICH.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR PERDOMO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR PEREZ.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR PINTADO.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR PITA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR PONCE DE LEON.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR POSADA.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA PUÑALES BRUN.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA RONDAN.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR ROSSI.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR SANDE.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR SANGUINETTI.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA SARAVIA OLMOS.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR SELLANES.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR SILVEIRA (Don Julio C.).- Voto por la afirmativa.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Voto por la afirmativa.

SEÑORA TOURNE.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR TRIVEL.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR TUCUNA.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR VAZQUEZ.- Voto por la afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta del resultado de la votación.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Mario Farachio).- Han sufragado 121 señores Legisladores y todos lo han hecho por la afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde señalar que la votación comprende los tres quintos de Senadores requeridos y los tres quintos de Diputados requeridos.

En consecuencia, quedan levantadas las observaciones y así se comunicará al Poder Ejecutivo.

(Aplausos en la Barra)

-La Mesa hace saber a la Barra que no puede hacer manifestaciones.

SEÑOR SANABRIA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANABRIA.- Señor Presidente: por razones políticas, solicitamos que la Asamblea General pase a cuarto intermedio por quince minutos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-105 en 117. Afirmativa.

La Asamblea General pasa a cuarto intermedio hasta la hora 18 y 45 minutos.

(Así se hace. Es la hora 18 y 24 minutos)

5) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No hay número para continuar sesionando. Se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 18 y 46 minutos)

SEÑOR LUIS HIERRO LOPEZ Presidente

Sr. Mario Farachio Secretario - Dr. Horacio Catalurda Secretario

Sr. Freddy A. Massimino Director General del Cuerpo de Taquígrafos del Senado

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.